Desde la paz relativa instaurada en el siglo XIX —la cual descansaba en el equilibrio de sus instituciones— hasta nuestros días signados por guerras de baja y alta intensidad, es posible observar cómo se han privilegiado ciertas políticas que, al entronizar la economía mercantil y convertir en aleatorias las transformaciones sociales, exhiben a un hombre que pierde progresivamente su libertad y sus rasgos humanos.

Karl Polanyi cuestiona en estas páginas clásicas esa subordinación del perfil social al progreso económico y propone invertir el planteamiento: encontrar primero la esencia de la convivencia histórica a través de una plena reorganización internacional de las instituciones sociales, antes de que el pragmatismo económico anule los valores esenciales de la vida humana que tan trabajosamente sobreviven en este siglo.

Esta edición incluye un prólogo de Joseph Stiglitz y una introducción de Fred Block, que analizan claramente el pensamiento de Polanyi y subrayan la vigencia de esta obra, a casi 60 años de su publicación, en estos tiempos de neoliberalismo y globalización.

Karl Polanyi

La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo

ePub r1.2

marianico_elcorto 25.10.15

Título original: The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time

Karl Polanyi, 1944

Traducción: Eduardo L. Suárez

Traducción prólogo e introducción: Ricardo Rubio

Diseño de cubierta: FCE

Editor digital: marianico_elcorto

Corrección de erratas: Chinasky

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A mi amada esposa Ilona Duczynska dedico este libro, que lo debe todo a su ayuda y su crítica

Prólogo

Es un placer escribir este prólogo a la obra clásica de Karl Polanyi que describe la gran transformación de la civilización europea desde el mundo preindustrial hasta la era de la industrialización, así como los cambios de ideas, ideología y políticas sociales y económicas que la acompañaron. Debido a que la transformación de la civilización europea es análoga a la que enfrentan hoy los países en desarrollo en todo el mundo, a menudo parece que Polanyi hablase directamente de asuntos actuales. Sus argumentos —y preocupaciones— corresponden a los problemas planteados por los manifestantes que tomaron las calles en Seattle y Praga en 1999 y 2000 para oponerse a las instituciones financieras internacionales. En su introducción a la primera edición, de 1944, cuando el FMI, el Banco Mundial y las Naciones Unidas existían sólo en papel, R. M. Maclver demostró una presciencia similar al observar: «De primera importancia hoy es la lección que conlleva para los creadores de la organización internacional por venir». ¡Cuánto mejores habrían sido las políticas que defendían de haber leído, y tomado con seriedad, las lecciones de este libro!

Es difícil, y quizás hasta equivocado, intentar resumir un libro de tal complejidad y sutileza en unas cuantas líneas. Si bien hay aspectos del lenguaje y la economía de una obra escrita hace medio siglo que la hacen menos accesible en la actualidad, los problemas y perspectivas que aborda Polanyi no han perdido importancia. Entre estas tesis centrales está la idea de que los mercados autorregulados nunca funcionan; sus deficiencias, no sólo en lo tocante a sus mecanismos internos sino también a sus consecuencias (es decir, respecto a los pobres), son tan grandes que se hace necesaria la intervención gubernamental; y el ritmo del cambio es de importancia toral para determinar estas consecuencias. El análisis de Polanyi deja en claro que las doctrinas populares de la economía del goteo —según las cuales todos, incluso los pobres, se benefician del crecimiento— tienen poco sustento histórico. También aclara el rejuego entre ideologías e intereses particulares: la forma en que la ideología del libre mercado fue el pretexto de nuevos intereses industriales, y cómo tales intereses se valieron de forma selectiva de esa ideología, al apelar a la intervención gubernamental cuando la necesitaban en beneficio de sus propios intereses.

Polanyi escribió La gran transformación antes de que los economistas modernos explicaran las limitaciones de los mercados autorregulados. Hoy en día, no hay apoyo intelectual razonable para la proposición de que los mercados, por sí mismos, generan resultados eficientes, mucho menos equitativos. Siempre que la información resulta imperfecta o los mercados están incompletos —es decir, en esencia todo el tiempo—, las intervenciones que se dan en principio mejorarían la eficiencia de la asignación de recursos. Nos dirigimos, en general, a una postura más equilibrada, una que reconoce tanto el poder como las limitaciones de los mercados, así como la necesidad de que el gobierno desempeñe un papel visible en la economía, aunque sigan en discusión los límites de tal papel. Hay un consenso general sobre la importancia, por ejemplo, de la normatividad gubernamental de los mercados financieros, pero no sobre la manera en que ésta deba aplicarse.

Hay asimismo abundantes evidencias en la era moderna que apoyan la experiencia histórica: el crecimiento puede generar un aumento de la pobreza. Pero sabemos también que el crecimiento conlleva enormes beneficios para la mayoría de los segmentos de la sociedad, como es el caso de algunos de los países industriales más avanzados.

Polanyi destaca la interrelación de las doctrinas de los mercados laborales libres, el libre comercio y el mecanismo monetario autorregulado del patrón oro. Su obra es así precursora del enfoque sistémico predominante hoy en día (que la obra de economistas del equilibrio general de finales de siglo presagió a su vez). Hay aún algunos economistas que se adhieren a las doctrinas del patrón oro, y quienes consideran que los problemas de la economía moderna surgieron del abandono de tal sistema, pero esto presenta a los defensores del mecanismo de los mercados autorregulados un desafío incluso mayor. Las tasas de cambio flexibles están a la orden del día, y se podría argumentar que esto fortalecería la postura de quienes creen en la autorregulación. Después de todo, ¿por qué los mercados cambiarios externos deben gobernarse según principios diferentes de los que determina cualquier otro mercado? No obstante, es también aquí donde se expone la debilidad de las doctrinas de los mercados autorregulados (al menos la de los que no ponen atención a las consecuencias sociales de las doctrinas). Hay amplia evidencia de que tales mercados (como muchos otros mercados de bienes) exhiben un exceso de volatilidad, es decir, más de la explicable por los cambios de sus fundamentos subyacentes. Hay asimismo abundantes pruebas de que los cambios en apariencia excesivos en esos precios, y en un sentido más amplio las expectativas de los inversionistas, pueden causar estragos en una economía. La crisis financiera global más reciente recordó a la generación actual las lecciones que sus abuelos aprendieron con la Gran Depresión: la economía autorregulada no siempre funciona tan bien como sus defensores quieren hacemos creer. Ni siquiera el Tesoro estadunidense (con administraciones republicanas o demócratas) o el FMI, esos bastiones institucionales de la creencia en el sistema de libre mercado, piensan que los gobiernos no deben intervenir en la tasa de cambio, aunque nunca hayan presentado una explicación coherente y convincente de por qué este mercado debe recibir un trato distinto del de otros mercados.

En los debates ideológicos del siglo XIX se presagiaban las inconsistencias del FMI: a pesar de profesar la creencia en el sistema de libre mercado, es una organización pública que interviene de forma regular en los mercados cambiarios, y proporciona fondos para rescatar a los acreedores externos al tiempo que presiona por tasas de interés usureras que hacen quebrar a empresas nacionales. Nunca han existido los mercados laborales o de bienes en verdad libres. La ironía es que hoy pocos defienden siquiera el libre tránsito de la mano de obra, y mientras los países industriales avanzados sermonean a los subdesarrollados sobre los vicios del proteccionismo y los subsidios gubernamentales, ellos mismos han estado más dispuestos a abrir mercados en países en desarrollo que a abrir los propios a los bienes y servicios que representan ventajas comparativas al mundo en desarrollo.

Sin embargo, hoy en día el frente de batalla está en un lugar distinto de cuando Polanyi escribió. Como observé ya, sólo los reaccionarios defenderían una economía autorregulada, en un extremo, o un gobierno que la operara, en el otro. Todos están conscientes del poder de los mercados, y todos reverencian sus limitaciones. Pero dicho esto, hay diferencias importantes entre las opiniones de los economistas. De algunas es fácil prescindir: la ideología y los intereses particulares que se hacen pasar por ciencia económica y política. La reciente presión para liberalizar el mercado financiero y de capital en los países en desarrollo (que encabezaron el FMI y el Tesoro estadunidense) es un ejemplo claro. De nuevo, hubo pocos desacuerdos en que muchos países tenían normas que no fortalecían su sistema financiero ni promovían el crecimiento económico, las cuales quedó claro que debían retirarse. Pero los «libremercaderes» fueron más lejos, con consecuencias desastrosas para países que siguieron sus consejos, como evidenció la reciente crisis financiera global. Pero incluso antes de estos episodios había pruebas de que tal liberalización impondría enormes riesgos a un país, y que dichos riesgos los correrían de forma desproporcionada los pobres, mientras la prueba de que tal liberalización promovería el crecimiento era, en el mejor de los casos, insuficiente. Y hay otros problemas en que las conclusiones están lejos de ser claras. El libre comercio internacional permite que un país aproveche sus ventajas comparativas al aumentar sus ingresos en promedio, aunque algunas personas pierdan sus empleos. Pero en los países en desarrollo con altos índices de desempleo, la destrucción de plazas resultado de la liberalización del comercio quizá sea más evidente que su creación, y éste es en especial el caso de los paquetes de «reformas» del FMI que combinan la liberalización del comercio con altas tasas de interés, lo que virtualmente imposibilita la creación de empleos y empresas. Nadie debió pretender que llevar a los trabajadores con empleos de baja productividad al desempleo reduciría la pobreza o aumentaría el ingreso nacional. Quienes creían en los mercados autorregulados creían de manera implícita en una suerte de ley de Say: que la oferta de trabajo crearía su propia demanda. Para los capitalistas que prosperan gracias a los salarios bajos, el alto desempleo podría resultar incluso un beneficio, pues desacelera las exigencias de mejores remuneraciones. No obstante, para los economistas, los desempleados representan una economía disfuncional, y vemos en demasiados países pruebas abrumadoras de estos y otros errores. Algunos partidarios de la economía autorregulada culpan de una parte de estos errores a los gobiernos mismos; pero tengan razón o no, el punto es que el mito de la economía autorregulada está hoy virtualmente muerto.

Sin embargo, Polanyi subraya un defecto particular de la economía autorregulada que sólo hasta hace poco volvió a ponerse a discusión. Se trata de la relación entre la economía y la sociedad, de la forma en que los sistemas económicos, o reformas, afectan la manera en que los individuos se relacionan entre sí. De nuevo, conforme se reconoce cada vez más la importancia de las relaciones sociales, el vocabulario cambia. Ahora hablamos, por ejemplo, de capital social. Reconocemos que los largos periodos de desempleo, los persistentemente altos índices de desigualdad y las predominantes pobreza y miseria en gran parte de América Latina han tenido un efecto desastroso en la cohesión social, y han sido una fuerza contribuyente de los altos y crecientes índices de violencia que se padecen ahí. Reconocemos que la forma y rapidez con que se pusieron en práctica las reformas en Rusia erosionaron las relaciones sociales, destruyeron el capital social y generaron la creación y quizás el predominio de la mafia rusa. Reconocemos que la eliminación, por parte del FMI de los subsidios alimentarios en Indonesia, cuando los salarios caían en picado y el índice de desempleo remontaba, generó una predecible (y predicha) revuelta política y social, posibilidad que debió ser especialmente clara dada la historia del país. En cada caso, las políticas económicas no sólo contribuyeron a una ruptura de relaciones sociales duraderas (si bien, en algunos casos, frágiles): la ruptura misma de las relaciones sociales tuvo efectos económicos muy adversos. Los inversionistas recelaban de colocar su dinero en países donde las tensiones sociales parecían tan graves, y muchos dentro de esos países sacaron su dinero, lo que creó una dinámica negativa.

La mayoría de las sociedades ha desarrollado formas de encargarse de sus desposeídos, sus discapacitados. En la era industrial fue cada vez más difícil para los individuos asumir una responsabilidad plena de sí mismos. Es decir, un agricultor podía perder su cosecha, y para un campesino de subsistencia era difícil apartar dinero para un mal día (o, con más precisión, para una sequía). Pero nunca les faltaba trabajo remunerado. En la era industrial moderna, a los individuos les golpean fuerzas ajenas a su control. Si el desempleo es alto, como lo fue en la Gran Depresión y lo es hoy en día en muchos países en desarrollo, es poco lo que los individuos pueden hacer al respecto. Pueden o no tener acceso a conferencias de promotores del libre mercado acerca de la importancia de la flexibilidad salarial (palabras en clave para aceptar despidos sin compensaciones, o aceptar con presteza una rebaja de su salario), pero ellos mismos poco pueden hacer para promover tales reformas, aunque tuviesen el efecto deseado y prometido de abatir el desempleo. Y sencillamente no sucede que las personas, al ofrecerse a trabajar por un salario menor, obtengan empleo de inmediato. Las teorías de la eficiencia salarial, las internas-externas y una multitud de otras teorías explican de forma contundente por qué los mercados laborales no operan como sugieren los partidarios de los mercados autorregulados. Pero sea cual sea la explicación, el hecho es que el desempleo no es un fantasma, las sociedades modernas necesitan formas de reducirlo y la economía de mercado autorregulado no lo ha hecho, al menos no de una manera socialmente aceptable. (Hay explicaciones incluso para esto, pero me alejaría demasiado de mis temas principales). La transformación rápida destruye los mecanismos antiguos de contención, las antiguas redes de seguridad, al tiempo que crea un nuevo conjunto de demandas antes de que se desarrollen nuevos mecanismos de contención. Los partidarios del consenso de Washington, la versión moderna de la ortodoxia liberal, olvidan por desgracia demasiado a menudo esta lección del siglo XIX.

El fracaso de estos mecanismos de contención contribuyó a su vez a la erosión de lo que antes denominé capital social. La última década presenció dos ejemplos dramáticos. Hablé ya del desastre de Indonesia, parte de la crisis del sureste de Asia. Durante esa crisis, el FMI, el Tesoro estadunidense y otros defensores de las doctrinas neoliberales se resistieron a lo que debió ser una parte importante de la solución: la moratoria. En su mayoría, se trataba de préstamos del sector privado a prestatarios privados; hay una forma general de abordar situaciones en que los prestatarios no pueden pagar lo que deben: bancarrota. La bancarrota es una parte central del capitalismo moderno. Pero el FMI dijo no, que la bancarrota sería una violación de la santidad de los contratos. Pero no tuvieron escrúpulo alguno para violar un contrato aún más importante, el social. Prefirieron dar fondos a los gobiernos para sacar de apuros a los acreedores extranjeros, que se equivocaron al asignar los préstamos. Al mismo tiempo, el FMI presionó por políticas con altos costos para espectadores inocentes, los trabajadores y pequeños comerciantes que nada tuvieron que ver con el advenimiento de la crisis en primer lugar.

Los fracasos en Rusia fueron aún más dramáticos. El país que había sido ya víctima de un experimento —el comunismo— fue objeto de uno nuevo, el de poner en práctica la noción de una economía de mercado autorregulada, antes de que el gobierno tuviese oportunidad de echar a andar la infraestructura legal e institucional necesaria. Igual que más o menos setenta años antes, los bolcheviques forzaron una rápida transformación de la sociedad, con resultados desastrosos. Se le prometió al pueblo que una vez que se dejara en libertad a las fuerzas del mercado, la economía repuntaría: el ineficiente sistema de planeación central, esa distorsionada asignación de recursos, con su ausencia de incentivos producto de la propiedad social, sería remplazado con descentralización, liberalización y privatización.

No hubo repunte alguno. La economía se hundió casi a la mitad y el porcentaje de personas en la pobreza (con una media de cuatro dólares al día) aumentó de 2 a casi 50 por ciento. Mientras la privatización provocó que algunos oligarcas se convirtieran en multimillonarios, el gobierno no tenía dinero siquiera para pagar las modestas pensiones que debía; todo esto en un país rico en recursos naturales. Se suponía que la liberalización del mercado del capital anunciaría al mundo que éste era un lugar atractivo para la inversión; pero fue sólo en un sentido. El capital salió a raudales, y era de esperarse. Debido a la ilegitimidad del proceso de privatización, no había consenso social que la sustentara. Quienes dejaron su dinero en Rusia tenían todo el derecho de temer perderlo una vez que se instalara un nuevo gobierno. Aun aparte de estos problemas políticos, es obvio por qué un inversionista racional pondría su dinero en el boyante mercado accionario estadunidense y no en un país con una depresión evidente. Las doctrinas de la liberalización del mercado de capitales eran una invitación abierta para que los oligarcas sacaran del país sus riquezas mal habidas. Ahora, si bien demasiado tarde, se ponderan las consecuencias de esas políticas equivocadas; pero será poco menos que imposible atraer de nuevo al país el capital que salió, excepto con garantías de que se puede conservar, sin importar la forma en que se adquirió, y hacer esto implicaría, de hecho requeriría, el mantenimiento de la oligarquía misma.

La ciencia económica y la historia económica han llegado a reconocer la validez de los argumentos de Polanyi. Pero la política pública —en particular como se refleja en las doctrinas del consenso de Washington respecto de la manera en que el mundo en desarrollo y las economías en transición deben realizar sus grandes transformaciones— parece demasiado a menudo no haberlo hecho. Como observé ya, Polanyi expone el mito del libre mercado: nunca hubo un sistema de mercado autorregulado de verdad libre. En sus transformaciones, los gobiernos de los países hoy industrializados tuvieron un papel activo no sólo en la protección de sus industrias mediante aranceles, sino también en la promoción de nuevas tecnologías. En los Estados Unidos, el primer cable de telégrafo recibió financiamiento del gobierno federal en 1842, y el gran aumento de la productividad agrícola que fue la base de la industrialización contó con servicios de investigación, enseñanza y ampliación gubernamentales. Europa occidental mantuvo restricciones de capitales hasta hace muy poco tiempo. Incluso hoy en día, el proteccionismo y las intervenciones gubernamentales gozan de cabal salud: el gobierno estadunidense amenaza a Europa con sanciones comerciales a menos que abra sus mercados a los plátanos de corporaciones estadounidenses en el Caribe. Si bien en ocasiones estas intervenciones se justifican como necesarias para compensar las intervenciones de otros gobiernos, hay abundantes ejemplos de un proteccionismo y subsidios en verdad imperturbables, como los de la agricultura. Mientras fui presidente del Council of Economic Advisers [Consejo de asesoría económica], vi caso tras caso: desde jitomates y aguacates mexicanos hasta rollos de película japoneses, abrigos de mujer ucranianos y uranio ruso. Durante mucho tiempo se consideró a Hong Kong como bastión del libre mercado, pero cuando ahí vieron que los especuladores neoyorquinos trataban de devastar su economía al especular al mismo tiempo en los mercados accionarios y de moneda, intervinieron en ambos de forma masiva. El gobierno estadunidense protestó con gran alharaca, y afirmaba que era una renuncia a los principios del libre mercado. No obstante, la intervención de Hong Kong rindió frutos: pudieron estabilizar ambos mercados, se protegieron contra futuras amenazas a su moneda y además ganaron grandes cantidades de dinero al hacerlo.

Los defensores del consenso neoliberal de Washington destacan que las intervenciones gubernamentales son el origen del problema; la clave para la transformación es «poner el precio adecuado» y sacar al gobierno de la economía mediante la privatización y la liberalización. Con esta perspectiva, el desarrollo es poco más que la acumulación de capital y mejoras en la eficiencia con que se asignan los recursos; asuntos técnicos puros. Esta ideología no entiende la naturaleza de la transformación misma, una transformación de la sociedad, no sólo de la economía, y una transformación de la economía que es mucho más profunda que lo que sugieren sus simples recetas. Su perspectiva representa una lectura equivocada de la historia, como sostiene Polanyi con eficacia.

Si él hubiese escrito hoy, habría más pruebas que sustentasen sus conclusiones. Por ejemplo, en el sureste de Asia, la parte del mundo con el desarrollo más exitoso, los gobiernos asumieron un papel central inamovible, y de maneras explícita e implícita reconocieron el valor de conservar la cohesión social, y no sólo protegieron el capital social y humano, sino que lo ampliaron. En toda la región no sólo se dio un crecimiento económico acelerado, sino también un marcado descenso de la pobreza. Si el fracaso del comunismo fue la prueba dramática de la superioridad del sistema de mercado respecto del socialismo, el éxito del Lejano Oriente fue asimismo la evidencia dramática de la superioridad de una economía en la que el gobierno asume una función activa en el mercado autorregulado. Fue justamente por esta razón que los ideólogos del mercado se veían casi jubilosos durante la crisis asiática, que sentían que exponía las debilidades fundamentales del modelo del gobierno activo. Mientras, en lo general, en sus conferencias incluían referencias a la necesidad de sistemas financieros mejor regulados, aprovecharon esta oportunidad para presionar por una mayor flexibilidad de mercado; palabras en clave para eliminar la clase de contratos sociales que dieron una seguridad económica que amplió la estabilidad social y política, una estabilidad que fue condición sine qua non del milagro asiático.

Por supuesto, la verdad es que la crisis asiática fue la ilustración más dramática del fracaso del mercado autorregulador fue la liberalización de los flujos de capital de corto plazo, los miles de millones de dólares que chapoteaban alrededor del mundo en busca de los réditos más altos, sujetos a los cambios racionales e irracionales de ánimo, lo que subyacía en la raíz de la crisis.

Permítaseme concluir este prólogo retomando dos de los temas centrales de Polanyi. El primero se refiere al complejo entretejido entre política y economía. El fascismo y el comunismo no sólo eran sistemas económicos alternos; representaban el abandono de importantes tradiciones políticas liberales. No obstante, como observa Polanyi, «el fascismo, como el socialismo, se arraigaba en una sociedad de mercado que se negaba a funcionar». El apogeo de las doctrinas neoliberales tuvo lugar quizás entre 1990 y 1997, tras la caída del Muro de Berlín y antes de la crisis financiera global. Algunos tal vez argumenten que el final del comunismo marcó el triunfo de la economía de mercado y la creencia en los mercados autorregulados. Pero esa interpretación, me parece, es equivocada. Después de todo, dentro de los mismos países desarrollados, este periodo estuvo marcado casi en todas partes por un rechazo de tales doctrinas, las del libre mercado de Reagan y Thatcher, en favor de políticas «demócratas nuevas» o «laboristas nuevas». Una interpretación más convincente es que durante la Guerra Fría, los países industrializados sencillamente no pudieron arriesgarse a imponer estas políticas, que tanto afectan a los países en desarrollo. Estos últimos tenían una opción; Occidente y el Este se granjeaban su apoyo, y los evidentes fracasos de las recetas occidentales los hacía voltear hacia el otro lado. Con la caída del Muro de Berlín, estos países ya no tenían a dónde ir. Ahora podían imponérseles estas doctrinas riesgosas con impunidad. Pero esta perspectiva no sólo es insensible; es también estrecha: hay una miríada de formas desagradables que el rechazo a una economía de mercado que no funciona al menos para la mayoría, o para una gran minoría, puede asumir. Una economía de mercado supuestamente autorregulada puede generar un capitalismo mafioso —y un sistema político mafioso—, preocupación que por desgracia es ya algo muy real en algunas partes del mundo.

Polanyi vio el mercado como parte de una economía más amplia, y ésta como parte de una sociedad aún más amplia. Vio la economía de mercado no como un fin en sí misma, sino como un medio para fines más fundamentales. Demasiado a menudo se ha señalado a la privatización, la liberalización e incluso la macroestabilización como objetivos de reforma. Se llevan las puntuaciones de la rapidez con que diversos países privatizan —sin importar que la privatización es en realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio—. Pero demasiado a menudo se olvida llevar la puntuación de la cantidad de individuos a quienes se les empuja a la pobreza, o de los empleos perdidos respecto de los que se crean, o del incremento de la violencia, o del aumento de la sensación de inseguridad o el sentimiento de impotencia. Polanyi habló acerca de valores básicos. La disyuntiva entre estos valores básicos y la ideología del mercado autorregulado es tan clara hoy en día como lo era en el momento en que escribió. Les decimos a los países en desarrollo lo importante que es la democracia, pero, cuando se trata de asuntos que les preocupan más, los que afectan sus niveles de vida, la economía, se les dice: las leyes de hierro de la economía te dan pocas opciones, o ninguna; y puesto que es probable que tú (mediante tu proceso político democrático) desestabilices todo, debes ceder las decisiones económicas clave, digamos las referentes a la política macroeconómica, a un banco central independiente, casi siempre dominado por representantes de la comunidad financiera; y para asegurar que vas a actuar conforme a los intereses de la comunidad financiera, se te dice que atiendas en exclusiva la inflación y te olvides de los empleos o del crecimiento; y para aseguramos de que hagas eso, se te dice que te sometas a las reglas del banco central, como expandir la oferta de dinero a una tasa constante, y cuando una regla no opere como se esperaba, se impondrá otra, como centrarse en la inflación. En resumen, mientras en apariencia fortalecemos a los individuos en las ex colonias mediante la democracia con una mano, con la otra les arrebatamos esa misma democracia.

Polanyi termina su libro, de manera muy adecuada, con un análisis de la libertad en una sociedad compleja. Franklin Delano Roosevelt afirmó, en medio de la Gran Depresión: «No tenemos nada que temer, sino al temor mismo». Hablaba de la importancia no sólo de las libertades clásicas (de expresión, de prensa, de reunión, de religión), sino también de liberarse del temor y del hambre. Las reglas pueden arrebatar las libertades de algunos, pero al hacerlo aumentan las de otros. La libertad de meter y sacar capitales de un país a voluntad es una libertad que ejercen algunos, con un costo enorme para los demás. (En la jerga de los economistas, hay grandes externalidades). Por desgracia, el mito de la economía autorregulada, sea en su antigua apariencia de laissez-faire (dejar hacer) o en el nuevo atuendo del consenso de Washington, no representa un equilibrio de dichas libertades, pues el pobre enfrenta más que nadie un mayor sentimiento de inseguridad, y en algunos lugares, como Rusia, el número absoluto de pobres aumentó con rapidez y se desplomaron los niveles de vida. Para ellos hay menos libertad, menos libertad ante el hambre, menos libertad ante el temor. Si escribiese hoy, estoy seguro de que Polanyi sugeriría que el desafío que ahora enfrenta la comunidad global es la posibilidad de equilibrar la balanza, antes de que sea demasiado tarde.

Joseph E. Stiglitz

Introducción[*]

Un eminente historiador economista, al revisar la recepción e influencia que ha tenido y ejercido con los años La gran transformación, señaló que «algunos libros se niegan a desaparecer». Ésta es una declaración adecuada. Aunque se escribió a principios de la década de 1940, la pertinencia e importancia de la obra de Karl Polanyi sigue en ascenso. A pesar de que pocos libros estos días tienen una vida en los libreros de más de unos cuantos meses o años, después de más de medio siglo La gran transformación sigue fresco en muchos sentidos. De hecho, es indispensable para comprender los dilemas que enfrenta la sociedad global a principios del siglo XXI.

Hay una buena explicación para esta perdurabilidad. La gran transformación es la crítica más aguda hasta ahora del liberalismo de mercado, de la creencia de que tanto las sociedades nacionales como la economía global pueden y deben organizarse mediante mercados autorregulados. Desde los años ochenta, y en particular con el final de la Guerra Fría a principios de los noventa, esta doctrina del liberalismo de mercado —con las etiquetas de thatcherismo, reaganismo, neoliberalismo y el «consenso de Washington»— llegó a dominar la política global. Pero poco después de publicarse la obra por primera vez, en 1944, se intensificó la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y oscureció la importancia de la contribución de Polanyi. En los debates tan polarizados entre los defensores del capitalismo y los del socialismo soviético, quedaba poco espacio para los sutiles y complejos argumentos de Polanyi. Por ende, hay cierta justicia en el hecho de que con el fin de la Guerra Fría la obra de Polanyi comience a ganar la visibilidad que merece.

El debate central de este periodo posterior a la Guerra Fría es sobre la globalización. Los neoliberales insisten en que las nuevas tecnologías de las comunicaciones y el transporte hacen tanto inevitable como deseable que la economía mundial se integre de manera estrecha mediante un comercio y flujos de capitales extendidos, así como que se acepte el modelo angloestadunidense de capitalismo de libre mercado. Diversos movimientos y teóricos en todo el mundo rechazan esta visión de globalización desde distintas perspectivas políticas, algunas de las cuales se resisten con base en identidades étnicas, religiosas, nacionales o regionales; otras, al sostener visiones alternas de coordinación y cooperación globales. Todos quienes participan en estos debates tienen mucho que aprender de La gran transformación; tanto los neoliberales como sus críticos obtendrán una mayor comprensión de la historia del liberalismo de mercado y de las trágicas consecuencias de proyectos anteriores de globalización económica.

Vida y obra de Polanyi

Karl Polanyi (1886-1964) creció en Budapest, en una familia notable por su compromiso social y sus logros culturales[1] Su hermano Michael fue un importante filósofo de la ciencia, cuya obra aún se lee con amplitud. El mismo Polanyi fue una personalidad influyente en los círculos académicos e intelectuales húngaros antes de la Primera Guerra Mundial. En Viena, en los años veinte, Polanyi trabajó como jefe de redacción del primer semanario económico y financiero de Europa central, Der Österreichische Volkswirt.

Durante esta época tuvo contacto por primera vez con los argumentos de Ludwig von Mises y conoció al famoso estudiante de éste, Friedrich Hayek. Mises y Hayek intentaban recuperar la legitimidad intelectual del liberalismo de mercado, que resultó tan afectado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución soviética y el atractivo del socialismo[2]. En el corto plazo, Mises y Hayek tuvieron poca influencia. Desde mediados de los años treinta y hasta los sesentas, las ideas económicas keynesianas, que legitimaban una conducción activa gubernamental de la economía, dominaron las políticas nacionales en Occidente[3]. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Mises y Hayek fueron incansables promotores del liberalismo de mercado en los Estados Unidos y el Reino Unido, y de manera directa inspiraron a seguidores tan influyentes como Milton Friedman. Hayek vivió hasta 1992, lo suficiente para sentirse reivindicado por el colapso de la Unión Soviética. Para la época de su muerte, se le celebraba como el padre del neoliberalismo, la persona que inspiró tanto a Margaret Thatcher como a Ronald Reagan en sus políticas de desregulación, liberalización y privatización. Sin embargo, ya desde los años veinte Polanyi desafiaba directamente los argumentos de Mises, y la crítica a los liberales de mercado siguió siendo su preocupación teórica central.

Durante su trabajo en Der Österreichische Volkswirt, Polanyi vio el derrumbe del mercado accionario estadunidense de 1929, el fracaso de la Kreditanstalt de Viena en 1931, que precipitó la Gran Depresión, y el ascenso del fascismo. Pero con la llegada de Hitler al poder en 1933, las opiniones socialistas de Polanyi se tornaron conflictivas, y se le pidió que renunciase al semanario. Viajó a Inglaterra, donde trabajó como profesor universitario en la Workers’ Educational Association, extensión de las universidades de Oxford y de Londres[4]. El desarrollo de sus cursos permitió a Polanyi profundizar en los materiales de historia social y económica inglesa. En La gran transformación Polanyi fusionó estos materiales históricos con su crítica de las ahora tan extraordinariamente influyentes posturas de Mises y Hayek.

La escritura en sí del libro tuvo lugar cuando Polanyi fue profesor visitante en el Bennington College en Vermont, a principios de los años cuarenta[5]. Con el apoyo de una beca, pudo dedicar todo su tiempo a escribir, y el cambio de ambiente ayudó a Polanyi a atar los distintos cabos de su argumento. De hecho, una de las contribuciones más perdurables del libro —su atención a las instituciones que regulan la economía mundial— se vincula de forma directa a los múltiples exilios de Polanyi. Sus mudanzas de Budapest a Viena, de ahí a Inglaterra y después a los Estados Unidos, junto con un profundo sentido de responsabilidad moral, hicieron de Polanyi una suerte de ciudadano del mundo. Hacia el final de su vida escribió a un viejo amigo: «Mi vida fue ‘mundial’; viví la vida del mundo humano […] Mi obra es para Asia, para África, para los nuevos pueblos»[6]. Mientras conservaba un fuerte vínculo con su nativa Hungría, Polanyi trascendió la visión eurocéntrica y entendió las maneras en que las manifestaciones agresivas de los nacionalismos generaron y apoyaron cierto conjunto de acomodos económicos globales.

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Polanyi dio clases en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, donde él y sus alumnos se dieron a la tarea de una investigación antropológica sobre dinero, comercio y mercados en sociedades precapitalistas. Con Conrad M. Arensberg y Harry W. Pearson, publicó Trade and Market in the Early Empires [Comercio y mercado en los imperios antiguos]; más tarde, sus alumnos prepararon para su publicación volúmenes postumos basados en la obra de Polanyi de este periodo. Abraham Rotstein contribuyó con la publicación de Dahomey and the Slave Trade; George Dalton compiló una colección de ensayos inéditos, que incluía extractos de La gran transformación, en Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi; y Pearson también compiló The Livelihood of Man, a partir de las notas de clase de Polanyi en Columbia[7].

Argumento de Polanyi: estructura y teoría

La gran transformación se organiza en tres partes. La primera y la tercera se centran en las circunstancias inmediatas que generaron la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el ascenso del fascismo en la Europa continental, el Nuevo Trato en los Estados Unidos y el primer plan quinquenal en la Unión Soviética. En estos capítulos, el introductorio y el de conclusiones, Polanyi prepara un rompecabezas: ¿por qué un periodo prolongado de relativa paz y prosperidad en Europa, de 1815 a 1914, de repente dio paso a una guerra mundial seguida de un colapso económico? En la segunda parte, el centro del libro, está la solución. De regreso a la Revolución industrial inglesa, en los primeros años del siglo XIX, Polanyi nos dice cómo respondieron los pensadores ingleses a los trastornos de la primera época de la industrialización al elaborar la teoría del libre mercado, con su creencia central en que la sociedad humana debe subordinarse a mercados autorregulados. Como resultado del papel protagónico inglés como «taller del mundo», explica, estas creencias se convirtieron en el principio organizativo de la economía mundial. En la segunda mitad de esta parte central del libro, capítulos XI a XVIII, Polanyi sostiene que el liberalismo de mercado generó una respuesta inevitable: se dieron esfuerzos concertados para proteger a la sociedad del mercado. Estos esfuerzos implicaron que el mercado no podía funcionar como se pretendía, y las instituciones que gobernaban la economía global crearon tensiones crecientes dentro de las naciones y entre las naciones. Polanyi esboza el colapso de la paz que llevó a la Primera Guerra Mundial y muestra el colapso del orden económico que permitió que la Gran Depresión fuese la consecuencia directa del intento de organizar la economía global con base en el liberalismo de mercado. La segunda «gran transformación» —el ascenso del fascismo— es resultado de la primera —el ascenso del liberalismo de mercado.

En la elaboración de este argumento, Polanyi recurre a sus vastos conocimientos de historia, antropología y teoría social[8]. La gran transformación tiene cosas importantes que decir sobre acontecimientos históricos desde el siglo XV hasta la Segunda Guerra Mundial; también aporta una contribución original a temas tan diversos como el papel de la reciprocidad y la redistribución en las sociedades premodernas, las limitaciones del pensamiento económico clásico y los peligros de hacer de la naturaleza una simple mercancía. Muchos científicos sociales contemporáneos —antropólogos, científicos políticos, sociólogos, historiadores y economistas— han encontrado inspiración teórica en los argumentos de Polanyi. Hoy en día, una cantidad creciente de libros y artículos se enmarca dentro de citas clave de La gran transformación.

Debido a la riqueza misma de este libro, es inútil tratar de resumirlo; lo más que se puede hacer es elaborar algunas de sus ideas principales. Pero hacer esto requiere primero reconocer la originalidad de su postura teórica. Polanyi no encaja con facilidad en mapas generales del paisaje político; aunque estaba de acuerdo con muchas de las críticas de Keynes hacia el liberalismo de mercado, difícilmente podría decirse que fuese keynesiano. A lo largo de su vida se identificó como socialista, pero tenía diferencias profundas con los determinismos económicos de cualquier tipo, incluso el marxismo convencional[9]. Su definición misma de capitalismo y socialismo difiere de las comprensiones acostumbradas de estos conceptos.

El concepto de arraigo de Polanyi

El punto de partida lógico para analizar el pensamiento de Polanyi es su concepto de arraigo. Quizá su contribución más famosa al pensamiento social, este concepto ha sido asimismo origen de una enorme confusión. Polanyi comienza por destacar que la tradición entera del pensamiento económico moderno, hasta nuestros días, descansa en el concepto de la economía como un sistema de mercados entrelazados que de manera automática ajusta la oferta y la demanda mediante el mecanismo de los precios. Aunque los economistas reconocen que el sistema de mercado en ocasiones necesita ayuda del gobierno para superar sus imperfecciones, aún confían en este concepto de la economía como un sistema equilibrado de mercados integrados. Polanyi intenta mostrar la manera tan clara en que este concepto difiere de la realidad de las sociedades humanas a lo largo de la historia registrada. Antes del siglo XIX, insiste, la economía humana se arraigaba siempre en la sociedad.

El término «arraigo» expresa la idea de que la economía no es autónoma, como debe serlo en la teoría económica, sino que está subordinada a la política, la religión y las relaciones sociales[10]. El uso que Polanyi da al término sugiere más que la ahora conocida idea de que las transacciones mercantiles dependen de la confianza, el entendimiento mutuo y la aplicación legal de los contratos. Emplea el concepto para destacar la radicalidad del rompimiento de los economistas clásicos, en especial Malthus y Ricardo, respecto de pensadores anteriores. En lugar del patrón históricamente normal de subordinar la economía a la sociedad, su sistema de mercados autorregulados requiere que la sociedad se subordine a la lógica del mercado. Escribe en la primera parte:

En última instancia, ésa es la razón por la que el control del sistema económico por parte del mercado tiene consecuencias abrumadoras para la organización completa de la sociedad: significa nada menos que la sociedad opere como un accesorio del mercado. En lugar de que la economía se arraigue en las relaciones sociales, éstas son las que se arraigan en el sistema económico.

No obstante, este pasaje y otros similares permiten una mala interpretación del argumento de Polanyi. A menudo se entiende de forma equivocada a Polanyi como si éste afirmase que, con el ascenso del capitalismo en el siglo XIX, la economía se desarraigó con éxito de la sociedad, sólo para dominarla[11].

Esta mala interpretación oscurece la originalidad y riqueza teórica del argumento de Polanyi. Él señala que los economistas clásicos deseaban crear una sociedad en que la economía se desarraigase con éxito y que animaban a los políticos a ir en busca de este objetivo. Con todo, insiste en que no lograron y no podían lograr esta meta. De hecho, Polanyi afirma en repetidas ocasiones que una economía de mercado desarraigada y por completo autorregulada es un proyecto utópico; es algo que no puede existir. En la primera página de la primera parte, por ejemplo, escribe: «Nuestra tesis es que la idea de un mercado autorregulado implicaba una utopía total. Tal institución no podría existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto».

Por qué el desarraigo no puede ser

Polanyi sostiene que la creación de una economía de mercado autorregulada requiere que los seres humanos y el ambiente natural se conviertan en simples mercancías, lo que asegura la destrucción tanto de la sociedad como del ambiente. En su opinión, los teóricos de los mercados autorregulados y sus aliados empujan de forma constante a las sociedades humanas al borde de un precipicio. Pero conforme se hacen evidentes las consecuencias de los mercados irrestrictos, los pueblos se resisten; se niegan a actuar como lémures que marchan por un acantilado hacia un suicidio colectivo. En lugar de esto, se apartan de los dogmas de la autorregulación de los mercados para salvar de la destrucción a la sociedad y a la naturaleza. En este sentido, podría decirse que el desarraigo del mercado es similar a tensar una liga gigante. Los intentos de dar mayor autonomía al mercado aumentan la tensión. Si se estira más esta liga, se romperá —lo que representaría la desintegración social— o la economía regresará a una posición de mayor arraigo.

La lógica de este argumento descansa en la distinción de Polanyi entre mercancías reales y ficticias. Para Polanyi, la definición de mercancía es algo que se produce para venderse en un mercado. Así, la tierra, el trabajo y el dinero son mercancías ficticias porque no se produjeron originalmente para venderse en un mercado. El trabajo es tan sólo la actividad de los seres humanos, la tierra es la naturaleza fraccionada y la oferta de dinero y crédito en las sociedades modernas necesariamente se moldea según políticas gubernamentales. La economía moderna parte de la pretensión de que estas mercancías ficticias se comportan igual que las reales, pero Polanyi insiste en que este juego de manos tiene consecuencias fatales. Significa que la teorización económica se basa en una mentira, mentira que pone en peligro a las sociedades humanas.

Hay dos niveles en el argumento de Polanyi. El primero es moral, según el cual tratar a los seres humanos y la naturaleza como objetos cuyo precio se determine por entero mediante el mercado es simple y llanamente un error. Tal concepto viola los principios que rigieron a las sociedades durante siglos: a la naturaleza y a la vida humana casi siempre se les ha reconocido una dimensión sagrada. Es imposible reconciliar esta dimensión sagrada con la subordinación del trabajo y la naturaleza al mercado. En esta objeción al tratamiento de la naturaleza como mercancía Polanyi anticipa muchos de los argumentos de ambientalistas contemporáneos[12].

El segundo nivel en el argumento de Polanyi se centra en el papel del Estado en la economía[13]. Aunque se supone que la economía se autorregula, el Estado debe desempeñar la función actual de ajustar la oferta de dinero y crédito para evitar los peligros de la inflación y la deflación. De manera similar, el Estado debe manejar la demanda cambiante de mano de obra con el alivio en periodos de desempleo, con educación y capacitación para los futuros trabajadores y con el esfuerzo por influir en los flujos migratorios. En el caso de la tierra, los gobiernos han buscado mantener la continuidad en la producción alimentaria con diversos instrumentos que liberan la presión de los campesinos respecto de las presiones de las cosechas fluctuantes y los precios volátiles. En las áreas urbanas, los gobiernos manejan el uso de la tierra disponible mediante normas ambientales y de uso de suelo. En resumen, el papel de manejar las mercancías ficticias coloca al Estado dentro de tres de los mercados más importantes; es a todas luces imposible sostener la postura del liberalismo de mercado de que el Estado está «fuera» de la economía[14].

Las mercancías ficticias explican la imposibilidad de desarraigar la economía. Las sociedades de mercado reales necesitan que el Estado desempeñe una función activa en el manejo de los mercados, y esa función requiere decisiones políticas; no puede reducirse a alguna suerte de función técnica o administrativa[15]. Cuando las políticas estatales se mueven en dirección del desarraigo al confiar más en la autorregulación de los mercados, el pueblo se ve obligado a absorber costos mayores. Los trabajadores y sus familias se vuelven más vulnerables ante el desempleo, los campesinos se exponen a una mayor competencia de las importaciones, y a ambos grupos se les pide que lo hagan con menos derechos asistenciales. A menudo son necesarios mayores esfuerzos estatales para asegurar que estos grupos absorban dichos costos incrementados sin comprometerse en acciones políticas drásticas. Esto es parte de lo que Polanyi mencionaba respecto de que «el laissez-faire estaba planeado»; se requiere el aparato y la represión estatales para imponer al pueblo la lógica del mercado y sus riesgos subsecuentes[16].

Las consecuencias de la imposibilidad

Los esfuerzos de los teóricos del libre mercado por desarraigar la economía de la sociedad están condenados al fracaso. Pero el utopismo en sí del liberalismo de mercado es un origen de su extraordinaria capacidad intelectual de recuperación. Debido a que las sociedades invariablemente retroceden ante el precipicio de la experimentación cabal de la autorregulación del mercado, sus teóricos siempre pueden sostener que cualquier fracaso no es resultado del diseño de estos mercados, sino de la falta de voluntad política para ponerlos en práctica. De este modo, no es posible desacreditar el credo de la autorregulación de los mercados por experiencias históricas; sus defensores tienen una excusa hermética para sus fracasos. El asunto más reciente en que sucedió esto fue la imposición del capitalismo de mercado en la ex Unión Soviética mediante «terapia de choque». Aunque el fracaso de este esfuerzo es obvio para todo el que quiera verlo, los apologistas de la «terapia de choque» aún culpan del fracaso a los políticos que cedieron demasiado pronto a las presiones sociales; si sólo hubieran persistido, se habrían materializado los beneficios prometidos de un cambio rápido hacia el mercado[17].

El escepticismo extremo de Polanyi acerca del desarraigo de la economía es también el origen de su sólido argumento sobre el «doble movimiento». Debido a que los intentos por desarraigar la economía encuentran resistencia, Polanyi sostiene que las sociedades de mercado consisten en dos movimientos opuestos: el movimiento de laissez-faire hacia la expansión del alcance del mercado y el contramovimiento protector que surge de la resistencia al desarraigo de la economía. Aunque los movimientos laborales han sido una pieza clave del contramovimiento protector, Polanyi declara de forma explícita que todos los grupos de la sociedad han participado en este proyecto. Por ejemplo, cuando los descensos económicos periódicos destruyeron el sistema bancario, los grupos empresariales insistieron en que debía fortalecerse el banco central para aislar la oferta interna de crédito de las presiones del mercado global[18]. En una palabra, incluso los capitalistas se resisten de manera periódica a la incertidumbre y las fluctuaciones que genera la autorregulación del mercado y participan en los movimientos para aumentar la estabilidad y predecibilidad mediante formas de protección.

Polanyi insiste en que «el laissez-faire estaba planeado; la planeación, no». Ataca de forma explícita a los liberales del mercado que culparon a una «conspiración colectivista» por la construcción de barreras protectoras contra el funcionamiento de los mercados globales. En lugar de esto, él sostiene que esta creación de barreras fue una respuesta espontánea de todos los grupos de la sociedad contra las presiones imposibles de un sistema de mercado autorregulado. Tenía que darse el contramovimiento protector para prevenir el desastre de una economía desarraigada. Polanyi sugiere que el movimiento hacia una economía de laissez-faire necesita el contramovimiento para crear estabilidad. Por ejemplo, cuando el movimiento de laissez-faire es muy fuerte, como lo fue en los años veinte (o los noventa) en los Estados Unidos, los excesos especulativos y la creciente desigualdad destruyen las bases de una prosperidad sostenida. Y aunque las simpatías de Polanyi están por lo general con el contramovimiento protector, también reconoce que en ocasiones se crea un peligroso punto muerto político-económico. Su análisis del ascenso del fascismo en Europa reconoce que cuando ningún movimiento fue capaz de imponer su solución a la crisis, las tensiones aumentaron hasta que el fascismo obtuvo la fortaleza para acceder al poder y romper tanto con el laissez-faire como con la democracia[19].

La tesis de Polanyi del doble movimiento contrasta nítidamente tanto con el liberalismo de mercado como con el marxismo ortodoxo en la variedad de posibilidades que se imaginaron en cualquier momento particular. Tanto el liberalismo de mercado como el marxismo sostienen que las sociedades sólo tienen dos opciones reales: capitalismo de mercado o socialismo. Aunque con preferencias opuestas, ambas posturas concuerdan en excluir cualquier otra opción. En contraste, Polanyi insiste en que el libre capitalismo de mercado no es una opción real, sino sólo una visión utópica. Más aún, en el capítulo XIX define al socialismo como «la tendencia inherente en una civilización industrial a trascender al mercado autorregulado subordinándolo conscientemente a una sociedad democrática». Esta definición permite un papel continuo para los mercados dentro de las sociedades socialistas. Polanyi sugiere que hay distintas posibilidades disponibles en todo momento histórico, puesto que los mercados pueden arraigarse de muy diversas maneras. En general, algunas de éstas serán más eficientes en su capacidad de expandir la producción y promover las innovaciones, y otras serán más «socialistas» en la subordinación del mercado a la dirección democrática, pero la tesis de Polanyi implica que las alternativas que son tanto eficientes como democráticas estuvieron disponibles en los siglos XIX y XX[20].

El centralismo del régimen global

No obstante, Polanyi es un pensador demasiado complejo para imaginar que los países individuales están en libertad de elegir la Forma particular en que desean reconciliar las dos caras del doble movimiento. Al contrario, el argumento de Polanyi es pertinente para la situación global actual justamente porque coloca las reglas que rigen la economía mundial en el centro de su marco teórico. Su argumento sobre el ascenso del fascismo en el periodo de entreguerras gira en torno al papel del patrón oro internacional en limitar las opciones disponibles para los actores dentro de los países. Para comprender esta parte del argumento de Polanyi se requiere una breve excursión a la lógica del patrón oro, pero esta excursión es apenas una digresión, pues los propósitos subyacentes del patrón oro ejercen aún una poderosa influencia en los liberales del mercado contemporáneos. Polanyi vio en el patrón oro un extraordinario logro intelectual[21]; fue una innovación institucional que puso en práctica la teoría de los mercados autorregulados, y una vez hecho esto, tuvo el poder de hacer que estos mercados parecieran algo natural.

Los liberales del mercado desearon crear un mundo con oportunidades máximas de ampliar el alcance internacional de los mercados, pero tenían que hallar una manera en que las personas en los diversos países, con diferentes monedas, se comprometieran de manera libre en transacciones entre sí. Razonaron que si cada país accedía a tres reglas sencillas, la economía global contaría con el mecanismo perfecto para una autorregulación global. Primera, cada país establecería el valor de su moneda en relación con una cantidad fija de oro y se comprometería a comprarlo y venderlo a ese precio. Segunda, cada país basaría su oferta local de moneda en la cantidad de oro que tuviese en sus reservas, es decir, su moneda circulante se respaldaría con oro. Tercera, cada país procuraría dar a sus residentes la máxima libertad para realizar transacciones económicas internacionales.

El patrón oro echó a andar una fantástica maquinaria de autorregulación global. Las empresas en Inglaterra estaban en posibilidad de exportar bienes e invertir en todas partes del mundo, con la confianza de que las monedas en que obtenían ganancias serían «tan buenas como el oro». En teoría, si un país tiene una posición deficitaria en algún año en particular porque sus ciudadanos gastaron más en el extranjero de lo que ganaron, el oro que sale de las reservas de ese país garantiza los pagos que se deben al extranjero[22]. La oferta interna de dinero y crédito se reduce de forma automática, las tasas de interés suben, caen los salarios y los precios, desciende la demanda de importaciones y las exportaciones adquieren competitividad. El déficit del país sería por tanto autoliquidatorio. Sin la pesada mano del gobierno, las cuentas internacionales de cada país alcanzarían su equilibrio. El mundo se unificaría en un solo mercado sin la necesidad de alguna clase de gobierno mundial o autoridad financiera global; la soberanía permanecería dividida entre muchos Estados-nación cuyos propios intereses los llevarían a adoptar las reglas del patrón oro de forma voluntaria.

Las consecuencias del patrón oro

Con el patrón oro se intentó crear un mercado global integrado que redujese el papel de las instancias y los gobiernos nacionales, pero sus consecuencias fueron exactamente las contrarias[23]. Polanyi muestra que cuando se adoptó con amplitud, en la década de 1870, tuvo el irónico efecto de intensificar la importancia de la nación como entidad unificada. Aunque los liberales del mercado soñaban con un mundo pacífico en el que las únicas luchas internacionales fuesen las de los individuos y las empresas para superar a sus competidores, sus intentos por realizar esos sueños mediante el patrón oro generaron dos terribles guerras mundiales.

La realidad fue que las sencillas reglas del patrón oro impusieron a los pueblos costos económicos literalmente incosteables. Cuando la estructura de precios interna de un país divergía de los niveles de precios internacionales, el único medio legítimo para que ese país se ajustara al flujo de las reservas de oro era la deflación. Esto significaba permitir que su economía se contrajese hasta que los salarios en descenso redujeran el consumo lo suficiente para restaurar la balanza externa. Esto implicaba descensos drásticos de los salarios y de los ingresos agrícolas, aumento del desempleo y una aguda alza en bancarrotas empresariales y bancarias.

No sólo a los trabajadores y campesinos les pareció alto el costo de este tipo de ajuste. La comunidad empresarial misma no toleraba la incertidumbre e inestabilidad resultantes. Por ende, casi tan pronto como se puso en práctica el mecanismo del patrón oro, sociedades enteras comenzaron a organizarse para tratar de contrarrestar sus efectos. Un primer recurso para los países fue aumentar sus aranceles proteccionistas en bienes tanto agrícolas como manufacturados[24]. Al hacer los flujos comerciales menos sensibles a los cambios de precios, los países ganaban cierto grado de certidumbre en sus transacciones internacionales y eran menos vulnerables a las salidas repentinas e inesperadas de oro.

Otro asunto fue la prisa de las principales potencias europeas, los Estados Unidos y Japón por establecer colonias formales en el último cuarto del siglo XIX. La lógica del libre comercio tenía un fuerte carácter anticolonialista, pues los costos de ser un imperio no se compensaban con los beneficios correspondientes si todos los comerciantes tenían acceso a los mismos mercados y oportunidades de inversión. Pero con el auge del proteccionismo en el comercio internacional, este cálculo se revirtió. Las colonias recién adquiridas se protegerían con los aranceles de las potencias imperialistas, y los comerciantes colonizadores tendrían un acceso privilegiado a los mercados de las colonias y a sus materias primas. La «prisa por ser imperio» de este periodo intensificó la rivalidad política, militar y económica entre Inglaterra y Alemania que culminó en la Primera Guerra Mundial[25].

Para Polanyi, el impulso imperialista no se encuentra en algún lugar del código genético de las naciones, sino que se materializa conforme las naciones luchan por encontrar alguna manera de protegerse de las presiones implacables del sistema del patrón oro. El flujo de recursos de una colonia lucrativa podía salvar a la nación de una dolorosa crisis ocasionada por una salida súbita de oro, y la explotación de las poblaciones extranjeras ayudaría a evitar que las relaciones internas de clase adquiriesen aún más explosividad.

Polanyi sostiene que el utopismo de los liberales del mercado los llevó a inventar el patrón oro como un mecanismo que produciría un mundo sin fronteras y de prosperidad creciente. En cambio, los choques despiadados del patrón oro obligaron a las naciones a consolidarse en torno a intensificadas fronteras nacionales y después imperiales. El patrón oro siguió ejerciendo una presión disciplinaria en las naciones, pero su funcionamiento se vio socavado de manera electiva por el aumento de diversas formas de proteccionismo, desde barreras arancelarias hasta la formación de imperios. E incluso cuando este contradictorio sistema se vino abajo por completo con la Primera Guerra Mundial, el patrón oro era aceptado a un grado tal que los hombres de Estado se apresuraron a restaurarlo. Todo el drama tuvo lugar de forma trágica una vez más en los años veinte y treinta, conforme las naciones se vieron obligadas a elegir entre proteger la tasa de cambio o a sus ciudadanos. Fue de este punto muerto de donde surgió el fascismo. En opinión de Polanyi, el impulso fascista —proteger a la sociedad del mercado mediante el sacrificio de las libertades personales— era universal, pero las circunstancias locales determinaron dónde llegarían al poder los regímenes fascistas.

Importancia contemporánea

Los argumentos de Polanyi son importantes para los debates contemporáneos acerca de la globalización porque los neoliberales tienen la misma visión utópica que inspiró el patrón oro. Desde el final de la Guerra Fría, insisten en que la integración de la economía global hace obsoletas las fronteras nacionales y echa los cimientos para una nueva era de paz mundial. Una vez que las naciones reconozcan la lógica del mercado global y abran sus economías al libre paso de bienes y capitales, los conflictos internacionales se sustituirán con una competencia benigna para producir bienes y servicios cada vez más apasionantes. Como sus predecesores, los neoliberales insisten en que todo lo que deben hacer las naciones es confiar en la efectividad de los mercados autorregulados.

En general, el sistema financiero global actual es muy distinto del patrón oro. Las tasas de cambio y las monedas nacionales ya no se fijan en relación con el oro; se permite que el valor de la mayoría de las monedas fluctúe en los mercados cambiarios extranjeros. Hay también instituciones financieras internacionales poderosas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que desempeñan un papel central en el manejo del sistema global. Pero detrás de estas importantes diferencias hay un común denominador fundamental: la creencia de que si se les da a los individuos y las empresas total libertad para perseguir sus intereses económicos, el mercado global haría rico a todo el mundo.

Esta creencia básica está detrás de los intentos sistemáticos de los neoliberales por desmantelar las limitaciones a los flujos comerciales y de capitales, y por reducir la «interferencia» gubernamental en la organización de la vida económica. Thomas Friedman, influyente defensor de la globalización, escribe:

Cuando un país reconoce […] las reglas del libre mercado en la economía global actual, y decide acatarlas, se pone lo que llamo «la camisa de fuerza dorada». Esta camisa de fuerza dorada es la prenda político-económica distintiva de esta era de globalización. La Guerra Fría tuvo el traje estilo Mao, el saco estilo Nehru, los abrigos de pieles rusos. La globalización, sólo la camisa de fuerza dorada. Si un país aun no se prueba la suya, lo hará pronto[26].

Friedman continúa y afirma que la «camisa de fuerza dorada» requiere adelgazar al Estado, retirar restricciones a los movimientos de bienes y capitales y desregular los mercados cambiarios. Además, describe gozoso la forma en que las limitaciones de esta prenda son impuestas por un «rebaño electrónico» de comerciantes internacionales en mercados cambiarios y financieros internacionales.

El análisis de Polanyi de las tres mercancías ficticias nos enseña que esta visión neoliberal de ajuste automático de los mercados en el ámbito global es una fantasía peligrosa. Así como las economías nacionales dependen de un activo papel gubernamental, también la economía global necesita instituciones regulatorias fuertes, incluso un aval de último recurso. Sin tales instituciones, las economías particulares —y quizá la economía global entera— sufrirán crisis económicas abrumadoras.

Sin embargo, el punto más importante que se aprende de Polanyi es que el liberalismo de mercado exige a la gente normal lo que sencillamente no puede dar. Trabajadores, campesinos y pequeños comerciantes no tolerarán ningún periodo de organización económica que los sujete a drásticas fluctuaciones periódicas de sus circunstancias económicas cotidianas. En resumen, la utopía neoliberal de un mundo pacífico sin fronteras requiere que millones de personas comunes y corrientes en todo el inundo tengan la flexibilidad de tolerar —quizá con tanta frecuencia como cada cinco o 10 años— una prolongada racha en la que deban subsistir con la mitad o menos de lo que ganaban antes. Polanyi cree que esperar esa clase de flexibilidad es tanto moralmente equivocado como profundamente irreal. Para él, es inevitable que los pueblos se movilicen para protegerse de estos choques económicos.

Más aún, el reciente periodo de ascenso del neoliberalismo ya fue testigo de amplias protestas en todo el mundo para resistir los trastornos económicos de la globalización[27]. Conforme se intensifiquen las incomodidades, el orden social se hará más problemático y aumentará el peligro de que los líderes políticos busquen distraer el descontento con chivos expiatorios internos o externos. Así es cómo la visión utópica de los neoliberales lleva no a la paz sino a mayores conflictos. Por ejemplo, en muchas partes de África los efectos devastadores de las políticas estructurales de ajuste han desintegrado a sociedades y generado hambrunas y guerras civiles. En otros lugares, el periodo posterior a la Guerra Fría ha visto el surgimiento de regímenes nacionalistas castrenses con intenciones agresivas hacia sus vecinos y sus propias minorías étnicas[28]. Por si no bastase, en cada esquina del globo los movimientos militantes —a menudo entremezclados con fundamentalismos religiosos— están listos para sacar partido de los choques económicos y sociales de la globalización. Si Polanyi está en lo correcto, estos signos de desestabilización son heraldos de circunstancias aún más peligrosas en el futuro.

Opciones democráticas

Aunque escribió La gran transformación durante la Segunda Guerra Mundial, Polanyi se mantenía optimista sobre el futuro; creía que el ciclo de conflictos internacionales podía romperse. El paso clave era eliminar la creencia de que la vida social debía subordinarse al mecanismo de mercado. Una vez libre de esta «obsoleta mentalidad de mercado», se abriría el camino para subordinar tanto las economías nacionales como la global a las políticas democráticas[29]. Polanyi vio en el Nuevo Trato de Roosevelt un modelo de estas posibilidades futuras. Las reformas de Roosevelt implicaron que la economía estadunidense seguiría organizándose en torno a los mercados y a la actividad mercantil, pero un nuevo conjunto de mecanismos regulatorios posibilitaban ahora proteger, tanto a los seres humanos como a la naturaleza, de las presiones de las fuerzas del mercado[30]. Mediante una política democrática, el pueblo decidiría que la gente mayor recibiera protección contra la necesidad de ganar dinero mediante la seguridad social. De manera similar, las políticas democráticas ampliaron los derechos de la clase trabajadora para formar sindicatos eficaces mediante la National Labor Relations Act [Ley Nacional de Relaciones Laborales]. Polanyi vio en estas iniciativas el comienzo de un proceso mediante el cual la sociedad decidiría con medios democráticos proteger a los individuos y a la naturaleza de ciertos peligros económicos.

En el ámbito global, Polanyi anticipó un orden económico internacional con altos índices de comercio y cooperación internacionales. No esbozó planos, sino que fue claro en los principios:

Sin embargo, con la desaparición del mecanismo automático del patrón oro, los gobiernos estarán en posibilidad de eliminar las características más obstruccionistas de la soberanía absoluta, el rechazo a colaborar en la economía internacional. Al mismo tiempo, les será posible tolerar de buen grado que otras naciones manejen sus instituciones internas según sus inclinaciones, y trasciendan de este modo el pernicioso dogma decimonónico de la uniformidad necesaria de los regímenes internos dentro de la órbita de la economía mundial.

En otras palabras, la colaboración entre los gobiernos produciría un conjunto de acuerdos que facilitarían altos índices de comercio internacional, pero las sociedades tendrían múltiples medios para protegerse de las presiones de la economía global. Además, con el fin de un modelo económico único, las naciones en desarrollo tendrían mayores oportunidades de mejorar el bienestar de sus pueblos. Esta visión supone también un conjunto de estructuras regulatorias que pondría límites a las fuerzas del mercado[31].

La visión de Polanyi depende de la expansión del papel del gobierno de manera tanto interna como externa. Desafía la opinión hoy de moda de que más gobierno genera de modo inevitable tanto malos resultados económicos como un excesivo control estatal de la vida social. Para él, es indispensable un papel gubernamental sustancial para controlar las mercancías ficticias, por lo que no hay razón para tomar en serio el axioma liberal de mercado de que los gobiernos son ineficaces por definición. Pero también refuta la pretensión de que la expansión del gobierno adopta por fuerza una forma represiva. Polanyi sostiene en cambio que «el transcurso de una economía de mercado puede ser el comienzo de una era de libertad sin precedentes. La libertad jurídica y real puede ampliarse y generalizarse más que nunca antes; la normatividad y el control pueden conseguir la libertad no sólo para unos cuantos, sino para todos». No obstante, el concepto de libertad que describe va más allá de una reducción de injusticias económicas y sociales; también pide una expansión de las libertades civiles, y destaca que «en una sociedad establecida, el derecho a la inconformidad debe tener una protección institucional. El individuo debe estar en libertad de seguir su conciencia sin temor de los poderes a los que pudiera habérseles confiado tareas administrativas en algunas de las áreas de la vida social».

Polanyi termina el libro con estas elocuentes palabras:

Mientras [el ser humano] permanezca fiel a su tarea de crear una libertad más abundante para todos, no tendrá que temer que el poder o la planeación se vuelvan en su contra y destruyan la libertad que está construyendo por conduelo de aquéllos. Éste es el significado de la libertad en una sociedad compleja, el que nos da toda la certidumbre que necesitamos[32].

Por supuesto, el optimismo de Polanyi acerca del periodo inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial no se justificaba por el curso real de los acontecimientos. La llegada de la Guerra Fría significó que el Nuevo Trato fuese el fin de las reformas en los Estados Unidos, no el principio. La cooperación económica global planeada dio paso relativamente rápido a nuevas iniciativas para extender el papel global de los mercados. En general, los considerables logros de los gobiernos socialdemócratas europeos, en particular en Escandinavia, desde los años cuarenta hasta los ochenta, son prueba concreta de que la visión de Polanyi era tanto sólida como realista. Pero en países más grandes la opinión de Polanyi quedó huérfana, y las posturas opuestas de los liberales del mercado, como Hayek, cobraron fuerza sostenida para triunfar en los ochenta y noventa.

No obstante, ahora que la Guerra Fría es historia, el optimismo inicial de Polanyi quizá por fin se reivindique. Hay una alternativa posible al escenario en el que la insustentabilidad del liberalismo de mercado produce crisis económicas y el resurgimiento de regímenes autoritarios y agresivos. La alternativa es que la gente común y corriente de las naciones del mundo se comprometa en un esfuerzo común para subordinar la economía a políticas democráticas y reconstruir la economía global con base en la cooperación internacional. De hecho, en los últimos años de la década de 1990 hubo signos claros de que un movimiento social trasnacional semejante para remodelar la economía global es hoy más que una posibilidad teórica[33]. Grupos de activistas en países tanto desarrollados como en desarrollo organizan manifestaciones de protesta contra las instituciones internacionales —la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial— que imponen las reglas del neoliberalismo. Muchos grupos en todo el mundo comenzaron un intenso diálogo global sobre la reconstrucción del orden financiero también global[34].

Estos movimientos nacientes enfrentan obstáculos enormes; no será fácil forjar una alianza duradera que reconcilie los a menudo conflictivos intereses de pueblos del Sur con los del Norte. Más aún, mientras más éxito tenga el movimiento, más formidables serán los retos estratégicos que enfrente. Es aún muy incierto que el orden global pueda reformarse desde abajo sin hundir a la economía mundial en la clase de crisis que se da cuando los inversionistas se atemorizan. No obstante, es muy significativo que por primera vez en la historia la estructura de gobierno de la economía mundial sea el objetivo central de la actividad de los movimientos sociales trasnacionales.

Este movimiento trasnacional es un indicador de la continua vitalidad y viabilidad de la visión de Polanyi. Para él, el mayor defecto del liberalismo del mercado es que subordina los propósitos humanos a la lógica de un impersonal mecanismo de mercado. Sostiene en cambio que los seres humanos debemos usar los instrumentos de un gobierno democrático para controlar y dirigir la economía con el fin de satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas. Polanyi demuestra que la decisión de no aceptar este reto produjo enormes sufrimientos el siglo pasado. Su profecía para el nuevo no puede ser más clara.

Fred Block

Nota a la edición de 2001

Al preparar esta revisión de La gran transformación se realizaron varios cambios menores a la edición de 1957 del texto de Polanyi. Primero, el texto incorpora pequeños cambios editoriales a cargo de Polanyi tras imprimirse la primera edición estadunidense; estos cambios se introdujeron cuando Gollancz publicó el libro en el Reino Unido en 1945. Segundo, se trasladó la «nota adicional» sobre la Ley de pobres que aparece al final de las notas en la edición de 1957 al lugar adecuado en las Notas sobre las fuentes. Tercero, se corrigieron algunos nombres propios y se actualizaron la ortografía y puntuación. Por último, el texto se repaginó, por lo que ya no hay páginas 258A ni 258B, que aparecieron en ediciones estadounidenses anteriores.

Fred Block

Reconocimientos del autor

Este libro fue escrito en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero se inició y terminó en Inglaterra, donde el autor era conferencista de la Delegación Extramuros de la Universidad de Oxford y las instituciones correspondientes de la Universidad de Londres. Su tesis principal se desarrolló durante el año académico de 1939-1940, en unión de su trabajo en los Cursos Tutoriales, organizados por la Asociación Educativa de los Trabajadores, en Morley College, Londres, en Canterbury y en Bexhill.

La historia de este libro es una historia de generosas amistades. Mucho se debe a los amigos ingleses del autor, en particular Irene Grant, con cuyo grupo se asoció el autor. Estudios comunes lo ligaron a Felix Schafer de Viena, un economista que ahora se encuentra en Wellington, Nueva Zelanda. En los Estados Unidos, John A. Kouwenhoven ayudó como un amigo confiable con la lectura y la edición; muchas de sus sugerencias han sido incorporadas en el texto. Entre otros amigos útiles se contaron Horst Mendershausen y Peter F. Drucker, colegas del autor en Bennington. Drucker y su esposa lo alentaron sin descanso, a pesar de su desacuerdo profundo con las conclusiones del autor; la simpatía general de Mendershausen se sumó a la utilidad de su consejo. El autor agradece también la lectura cuidadosa de Hans Zeisel de la Universidad Rutgers. La impresión del libro fue vigilada enteramente por Kouwenhoven, con la ayuda de Drucker y Mendershausen, por cuyo acto de amistad el autor se siente profundamente agradecido.

A la Fundación Rockefeller le debe el autor una beca de dos años, de 1941 a 1943, que le permitió completar el libro en Bennington College, Vermont, tras una invitación que le hiciera Robert D. Leigh, a la sazón rector de ese colegio. Los planes del libro se iniciaron con una serie de conferencias públicas y un seminario celebrado durante el año académico de 1940-1941. La Biblioteca del Congreso en Washington, D. C., y la Biblioteca Seligman de la Universidad de Columbia, Nueva York, proporcionaron amablemente los medios para la invesligación. Mi agradecimiento para todos ellos.

K. P.

Shoreham, Sevennaks, Kent

Primera Parte

El sistema internacional

I. La paz de los cien años

La civilización del siglo XIX se ha derrumbado. Este libro se ocupa de los orígenes políticos y económicos de este evento, y de la gran transformación que inició. La civilización del siglo XIX descansaba en cuatro instituciones. La primera era el sistema del balance de poder que durante un siglo impidió el surgimiento de una guerra larga y devastadora entre las grandes potencias. La segunda era el patrón oro internacional que simbolizaba una organización peculiar de la economía mundial. La tercera era el mercado autorregulado que produjo un bienestar material sin precedente. La cuarta era el Estado liberal. Clasificadas en una forma, dos de estas instituciones eran económicas y dos políticas. Clasificadas en otra forma, dos eran nacionales y dos internacionales. Entre ellas, todas estas instituciones determinaron los lineamientos característicos de la historia de nuestra civilización.

Entre estas instituciones, el patrón oro resultó crucial; su caída fue la causa próxima de la catástrofe. En el momento de su caída, la mayoría de las otras habían sido sacrificadas en un esfuerzo vano por salvarlo.

Pero la fuente y la matriz del sistema era el mercado autorregulado. Fue esta innovación la que originó una civilización específica. El patrón oro era sólo un intento por extender el sistema de mercado interno al campo internacional; el sistema de la balanza de poder era una estructura erigida sobre el patrón oro y en parte forjada a través del mismo; el propio Estado liberal era una creación del mercado autorregulado. La clave del sistema institucional del siglo XIX se encontraba en las leyes gobernantes de la economía de mercado.

Nuestra tesis es que la idea de un mercado autorregulado implicaba una utopía total. Tal institución no podría existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto. Inevitablemente, la sociedad tomó medidas para protegerse, pero todas esas medidas afectaban la autorregulación del mercado, desorganizaban la vida industrial, y así ponían en peligro a la sociedad en otro sentido. Fue este dilema el que impuso el desarrollo del sistema de mercado en forma definitiva y finalmente perturbó la organización social basada en él.

Tal explicación de una de las crisis más profundas en la historia humana no podrá dejar de parecer demasiado simplificada. Nada podría ser más inepto que el intento de reducir una civilización, su sustancia y carácter, a un número determinado de instituciones; de seleccionar una de ellas como fundamental y sostener la inevitable autodestrucción de la civilización como resultado de alguna calidad técnica de su organización económica. Las civilizaciones, como la vida misma, derivan de la interacción de gran numero de factores independientes que no pueden reducirse, por regla general, a instituciones circunscritas. La descripción del mecanismo institucional de la caída de una civilización podría parecer una empresa imposible.

Y sin embargo, es tal empresa la que estamos intentando. Para tal propósito, estamos ajustando conscientemente nuestro objetivo a la singularidad extrema de la cuestión. Porque la civilización del siglo XIX era peculiar precisamente por tener su centro en un mecanismo institucional definido.

Ninguna explicación será satisfactoria si no toma en cuenta el carácter repentino del cataclismo. Como si las fuerzas del cambio se hubiesen represado durante un siglo, un torrente de eventos se está desatando sobre la humanidad. Una transformación social de alcance planetario está desembocando en guerras de un tipo sin precedente en las que chocaron muchos Estados, y de un mar de sangre están surgiendo los contornos de nuevos imperios. ¡Pero este hecho de demoniaca violencia está sólo superpuesto a una corriente de cambio rápido y silencioso que devora al pasado, a menudo sin provocar la menor ondulación en la superficie! Un análisis razonado de la catástrofe deberá explicar la acción tempestuosa y la disolución callada por igual.

Ésta no es una obra histórica; no estamos buscando una secuencia convincente de eventos prominentes, sino una explicación de su tendencia en términos de las instituciones humanas. Utilizaremos las escenas del pasado sólo para arrojar alguna luz sobre las cuestiones del presente; haremos análisis detallados de algunos periodos críticos y pasaremos casi totalmente por alto los lapsos de tiempo que los conectan; penetraremos al campo de varias disciplinas en la búsqueda de este objetivo singular.

Primero nos ocuparemos del colapso del sistema internacional. Trataremos de demostrar que el sistema de la balanza de poder no podía asegurar la paz una vez que se había derrumbado la economía mundial en la que descansaba. Esto explica que el rompimiento haya ocurrido en forma tan abrupta, así como la rapidez inconcebible de la disolución.

Pero si el derrumbe de nuestra civilización surgió con la falla de la economía mundial, ciertamente no fue causado por ella. Sus orígenes se encuentran más de 100 años atrás, en esa marejada social y tecnológica de donde surgió la idea de un mercado autorregulado en Europa occidental. El final de esta aventura ha llegado en nuestra época, cerrando una etapa bien definida en la historia de la civilización industrial.

En la parte final del libro me ocuparé del mecanismo que gobernó el cambio social y nacional en nuestra época. En términos generales, creemos que la condición actual del hombre ha de definirse en términos de los orígenes institucionales de la crisis.

El siglo XIX produjo un fenómeno desconocido en los anales de la civilización occidental, a saber: una paz de 100 años, de 1815 a 1914. Aparte de la Guerra de Crimea —un evento más o menos colonial— Inglaterra, Francia, Prusia, Austria, Italia y Rusia sólo guerrearon entre sí durante 18 meses. Un cálculo de cifras comparables para los dos siglos precedentes nos da un promedio de 60 a 70 años de grandes guerras en cada uno. Pero incluso la más feroz de las conflagraciones del siglo XIX, la Guerra francoprusiana de 1870-1871, terminó menos de un año después de iniciada, de modo que la nación derrotada pudo pagar una suma sin precedente, por concepto de indemnización, sin perturbación alguna de las monedas involucradas.

Este triunfo de un pacifismo pragmático no se debió ciertamente a una ausencia de graves causas de conflicto. Cambios casi continuos de las condiciones internas y externas de naciones poderosas y grandes imperios acompañaron a este espectáculo idílico. Durante la primera parte del siglo, las guerras civiles, las intervenciones revolucionarias y antirrevolucionarias estaban a la orden del día. En España, 100 000 soldados comandados por el duque de Angulema arrasaron Cádiz; en Hungría, la Revolución magiar amenazó con derrotar al propio emperador en una batalla enconada, y finalmente fue reprimida sólo por un ejército ruso que luchó en el suelo húngaro. Intervenciones armadas en las Alemanias, en Bélgica, Polonia, Suiza, Dinamarca y Venecia marcaron la omnipresencia de la Santa Alianza. Durante la segunda mitad del siglo se desató la dinámica del progreso; surgieron o se desmembraron el Imperio otomano, el Imperio egipcio y el de Sherille; China fue forzada por los ejércitos invasores a abrir sus puertas a los extranjeros, y el continente de África se repartió en un movimiento gigantesco. Simultáneamente, dos potencias cobraron importancia mundial: los Estados Unidos y Rusia. Alemania e Italia lograron la unidad nacional; Bélgica, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Serbia y Hungría asumieron o reasumieron sus lugares como Estados soberanos en el mapa de Europa. Una serie casi incesante de guerras abiertas acompañó la marcha de la civilización industrial hacia los dominios de culturas obsoletas o pueblos primitivos. Las conquistas militares de Rusia en Asia central, las innumerables guerras de Inglaterra en India y en África, las incursiones de Francia en Egipto, Argelia, Túnez, Siria, Madagascar, Indochina y Siam crearon entre las potencias ciertos problemas que, por regla general, sólo la fuerza puede resolver. Pero cada uno de estos conflictos estaba localizado, y muchas otras ocasiones de cambio violento se afrontaron por la acción conjunta o se disolvieron por transacciones entre las grandes potencias. Como quiera que cambiaran los métodos, el resultado era el mismo. Mientras que en la primera parte del siglo se proscribió el constitucionalismo y la Santa Alianza reprimió la libertad en nombre de la paz, durante la otra mitad —y de nuevo en nombre de la paz— se encargaron los banqueros comerciales de imponer las constituciones a déspotas turbulentos. Así pues, bajo formas variadas e ideologías siempre cambiantes —a veces en nombre del progreso y la libertad; a veces por la autoridad del trono y el altar; a veces por la gracia de la bolsa de valores y la chequera; a veces por la corrupción y el soborno; a veces por la argumentación moral y la apelación ilustrada; a veces por los cañonazos y las bayonetas— siempre se obtenía el mismo resultado: la preservación de la paz.

Esta actuación casi milagrosa se debió al funcionamiento de la balanza de poder, la que aquí producía un resultado que normalmente le es ajeno. Por su propia naturaleza, esa balanza impone un resultado enteramente diferente: la supervivencia de las unidades de poder involucradas; en efecto, sólo postula que tres o más unidades capaces de ejercer el poder se comportarán siempre en forma tal que se combine el poder de las unidades más débiles en contra de cualquier incremento de poder de la más fuerte. En el terreno de la historia universal, la balanza de poder operaba entre Estados cuya independencia ayudaba a mantener. Pero alcanzaba este fin sólo mediante una guerra continua entre socios cambiantes. La práctica de la antigua Grecia o de las ciudades-Estado del norte de Italia constituye un ejemplo de tal situación; las guerras entre grupos de combatientes cambiantes mantenían la independencia de tales Estados durante largo tiempo. La acción del mismo principio salvaguardó durante más de 200 años la soberanía de los Estados que formaban a Europa en la época del Tratado de Munster y Westfalia (1648). Setenta y cinco años después, cuando los signatarios del Tratado de Utrecht declararon su adhesión formal a este principio, lo incorporaron en un sistema, y así establecieron mutuas garantías de supervivencia para fuertes y débiles por igual a través de la guerra. El hecho de que, en el siglo XIX, el mismo mecanismo condujera a la paz en lugar de la guerra, es un desafío para el historiador.

Creo que el factor enteramente nuevo era el surgimiento de un agudo interés por la paz. Tradicionalmente, tal interés se consideraba fuera del alcance del sistema estatal. La paz con sus corolarios de artes y oficios se encontraba entre los meros adornos de la vida. La Iglesia podría rogar por la paz como por una cosecha abundante, pero en el terreno de la acción estatal propugnaría la intervención armada; los gobiernos subordinaban la paz a la seguridad y la soberanía, es decir, a intentos que sólo podrían alcanzarse recurriendo a los medios últimos. Pocas cosas se consideraban tan nocivas para una comunidad como la existencia de un interés de paz organizado en su seno. Todavía en la segunda mitad del siglo XVIII, J. J. Rousseau censuraba a los comerciantes su falta de patriotismo, porque se sospechaba que preferían la paz a la libertad.

Después de 1815, el cambio es repentino y completo. El reflujo de la Revolución francesa reforzó la ascendente marea de la Revolución industrial para establecer los negocios pacíficos como un interés universal. Metternich proclamó que los pueblos de Europa no deseaban la libertad sino la paz. Gentz llamó a los patriotas los nuevos bárbaros. La Iglesia y el trono iniciaron la desnacionalización de Europa. Sus argumentos encontraron apoyo en la ferocidad de las recientes formas populares de la guerra y en el incremento enorme del valor de la paz bajo las economías nacientes.

Los sostenedores del nuevo «interés por la paz» eran, como siempre, quienes más se beneficiaban con él, a saber: el cartel de dinastías y feudalismos cuyas posiciones patrimoniales se veían amenazadas por la oleada revolucionaria de patriotismo que estaba barriendo el continente. Así pues, durante cerca de un tercio de siglo, la Santa Alianza proveyó la fuerza coercitiva y el impulso ideológico necesarios para la implantación de una política activa en favor de la paz; sus ejércitos subían y bajaban por Europa, aplastando a las minorías y reprimiendo a las mayorías. Desde 1846 hasta cerca de 1871 —«uno de los cuartos de siglo más confusos y hacinados de la historia europea»[35]— la paz se estableció con menor seguridad, pues la declinante fuerza de la reacción se enfrentaba a la creciente fuerza del industrialismo. En el cuarto de siglo siguiente a la Guerra francoprusiana, vemos al resucitado interés por la paz representado por esa nueva entidad poderosa, el Concierto de Europa.

Pero los intereses, como las intenciones, siguen siendo inevitablemente platónicos si no se traducen en política por medio de algún instrumento social. Superficialmente, se carecía de tal vehículo de realización; tanto la Santa Alianza como el Concierto de Europa eran en última instancia meros agrupamientos de Estados soberanos independientes, sujetos por tanto a la balanza de poder y su mecanismo de guerra. ¿Cómo se mantuvo entonces la paz?

Es cierto que todo sistema de balanza de poder tenderá a impedir que alteren el statu quo las guerras que surgen de la incapacidad de una nación para prever el realineamiento de poderes que resultará de su intento. Entre algunos ejemplos famosos se encuentra la detención hecha por Bismarck de la campaña de prensa librada en contra de Francia, en 1875, a propósito de la intervención rusa y británica (la ayuda de Austria a Francia se daba por descontada). En esta ocasión, el Concierto de Europa operó en contra de Alemania, que se encontró aislada. En 1877-1878, Alemania no pudo impedir la Guerra ruso-turca, pero logró localizarla apoyando la oposición inglesa a un avance ruso hacia los Dardanelos; Alemania e Inglaterra apoyaron a Turquía en contra de Rusia, salvando así la paz. En el Congreso de Berlín se lanzó un plan a largo plazo para la liquidación de las posesiones europeas del Imperio otomano; así se evitaron las guerras entre las grandes potencias, a pesar de todos los cambios subsecuentes del statu quo, ya que las partes involucradas podrían estar prácticamente seguras, por adelantado, de las fuerzas que tendrían que afrontar en la batalla. En estos casos, la paz fue un subproducto afortunado del sistema de la balanza de poder.

De igual modo, a veces se evitaban las guerras eliminando deliberadamente sus causas, cuando sólo estaba involucrada la suerte de potencias pequeñas. Se controlaba a las naciones pequeñas y se impedía que perturbaran el statu quo en cualquier forma que pudiera precipitar la guerra. La invasión holandesa a Bélgica, en 1831, condujo eventualmente a la neutralización de ese país. En 1855, Noruega fue neutralizada. En 1867, Luxemburgo fue vendido por Holanda a Francia; Alemania protestó y Luxemburgo fue neutralizado. En 1856 se declaró que la integridad del Imperio otomano era esencial para el equilibrio de Europa, y el Concierto de Europa se esforzó por mantener ese imperio; después de 1878, cuando su desintegración se consideró esencial para ese equilibrio, su desmembramiento se realizó en una forma similarmente ordenada, aunque en ambos casos la decisión significaba la vida o la muerte para varios pueblos pequeños. Entre 1852 y 1863 Dinamarca, entre 1851 y 1856 las Alemanias, amenazaron con perturbar la balanza; en ambas ocasiones, los pequeños Estados fueron forzados por las grandes potencias a conformarse. En estos casos, la libertad de acción que les ofrecía el sistema fue usada por las potencias para obtener un interés común, que resultaba ser el de la paz.

Pero media una distancia enorme entre el impedimento ocasional de las guerras por una aclaración oportuna de la situación de poder o por la coerción de pequeños Estados y el hecho masivo de la Paz de cien años. El desequilibrio internacional puede ocurrir por innumerables razones, desde un enredo amoroso dinástico hasta la obstrucción de un estuario, desde una controversia teológica hasta una invención tecnológica. El mero crecimiento de la riqueza y la población, o eventualmente su declinación, tendrán que poner en movimiento a las fuerzas políticas; y la balanza externa reflejará invariablemente la balanza interna. Ni siquiera un sistema organizado de balanza de poder podrá asegurar la paz, sin la amenaza permanente de la guerra, si no puede actuar directamente sobre estos factores internos e impedir el desequilibrio in statu nascendi. Una vez que el desequilibrio ha cobrado impulso, sólo la fuerza podrá corregirlo. Es un lugar común la aseveración de que, a fin de asegurar la paz, debemos eliminar las causas de la guerra; pero no suele advertirse que, para lograr tal cosa, el flujo de la vida debe ser controlado en su fuente.

La Santa Alianza se propuso lograr esto con el auxilio de instrumentos peculiares. Los reyes y las aristocracias de Europa formaron una internacional del parentesco; y la Iglesia católica los proveía de un servicio civil voluntario que abarcaba desde el peldaño más alto hasta el más bajo de la escala social del sur y el centro de Europa. Las jerarquías de la sangre y la gracia se fusionaron en un instrumento de gobierno localmente efectivo que sólo tenía que ser complementado por la fuerza para asegurar la paz continental.

Pero el Concierto de Europa, que la sucedió, carecía de los tentáculos feudales y clericales; equivalía a lo sumo a una laxa federación, cuya coherencia no era comparable a la de la obra maestra de Metternich. Sólo en raras ocasiones podía convocarse a una reunión de las potencias, y sus celos daban amplio margen para la intriga, las corrientes cruzadas y el sabotaje diplomático; la acción militar conjunta se volvió cosa rara. Y sin embargo, lo que la Santa Alianza, con su completa unidad de pensamiento y propósito, pudo lograr en Europa sólo con el auxilio de frecuentes intervenciones armadas, se lograba aquí, a escala mundial, por una entidad fantasmagórica llamada el Concierto de Europa, con el auxilio de un uso de la fuerza mucho menos frecuente y opresivo. Para explicar esta hazaña asombrosa, debemos buscar en el nuevo ambiente la operación de algún poderoso instrumento social oculto, que pudiera desempeñar el papel de las dinastías y los episcopados bajo el ambiente antiguo, e imponer el interés de la paz. Este factor anónimo fue el de la haute finance.

No se ha realizado todavía ninguna investigación exhaustiva sobre la naturaleza de la banca internacional en el siglo XIX; esta institución misteriosa apenas ha surgido del claroscuro de la mitología politicoeconómica[36]. Algunos sostienen que fue sólo un instrumento de los gobiernos; otros afirman que los gobiernos fueron instrumentos de la sed insaciable de ganancias de tal institución; algunos creen que sembraba la discordia internacional; otros dicen que fue el vehículo de un cosmopolitismo afeminado que mermaba el vigor de las naciones viriles. Ninguno estaba del todo equivocado. La haute finance, una institución sui generis, peculiar del último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, funcionó como la conexión principal entre la organización política y la organización económica del mundo en este periodo. Proveyó los instrumentos necesarios para un sistema de paz internacional, forjado con el auxilio de las potencias, pero que ellas mismas no podrían haber establecido ni mantenido. Mientras que el Concierto de Europa actuaba sólo a intervalos, la haute finance funcionaba como un agente permanente sumamente elástico. Independiente de los gobiernos singulares, incluso de los más poderosos, estaba en contacto con todos ellos; independiente de los bancos centrales, incluso del Banco de Inglaterra, estaba estrechamente conectada con ellos. Había un contacto estrecho entre las finanzas y la diplomacia; ninguna de ellas consideraría ningún plan a largo plazo, ya fuese pacífico o belicoso, sin asegurarse de contar con la buena voluntad de la otra. Pero el secreto del exitoso mantenimiento de la paz general residía indudablemente en la posición, la organización y las técnicas de las finanzas internacionales.

Tanto el personal como las motivaciones de este organismo singular lo investían de una calidad cuyas raíces se encontraban seguramente en la esfera privada de los intereses estrictamente comerciales. Los Rothschild no estaban sujetos a un gobierno; como una familia, incorporaban el principio abstracto del internacionalismo; su lealtad se entregaba a una firma, cuyo crédito se había convertido en la única conexión supranacional entre el gobierno político y el esfuerzo industrial en una economía mundial que crecía con rapidez. En última instancia, su independencia derivaba de las necesidades de la época que exigían un agente soberano que contara con la confianza de los estadistas nacionales y de los inversionistas internacionales; era a esta necesidad vital que la extraterritorialidad metafísica de una dinastía de banqueros judíos domiciliada en las capitales de Europa proveía una solución casi perfecta. Tales banqueros no tenían nada de pacifistas; habían hecho su fortuna en el financiamiento de las guerras; eran impermeables a toda consideración moral; no tenían ninguna objeción contra cualquier número de guerras menores, breves o localizadas. Pero sus negocios se perjudicarían si una guerra general entre las grandes potencias interfiriera con los fundamentos monetarios del sistema. Por la lógica de los hechos, les correspondía el mantenimiento de los requisitos de la paz general en medio de la transformación revolucionaria a la que estaban sujetos los pueblos del planeta.

Por lo que se refiere a la organización, la haute finance era el núcleo de una de las instituciones más complejas que ha producido la historia humana. Aunque era transitoria, se comparaba en universalidad, en la profusión de formas e instrumentos, sólo con el total de las actividades humanas en los campos de la industria y el comercio del que se convirtió en una especie de espejo y contrapartida. Además del centro internacional, la haute finance propiamente dicha, había cerca de media docena de centros nacionales que giraban alrededor de sus bancos de emisión y sus bolsas de valores. De igual modo, la banca internacional no se restringía al financiamiento de los gobiernos, y a sus aventuras en la guerra y en la paz; abarcaba la inversión extranjera en la industria, los servicios públicos y los bancos, así como los préstamos a largo plazo a corporaciones públicas y privadas en el exterior. Las finanzas nacionales eran también un microcosmos. Sólo Inglaterra tenía medio centenar de tipos de bancos diferentes; la organización bancaria de Francia y de Alemania era igualmente específica; y en cada uno de estos países variaban las prácticas de la Tesorería y sus relaciones con el financiamiento privado de la manera más sorprendente, y a menudo muy sutil en los detalles. El mercado de dinero se ocupaba de una multitud de documentos comerciales, aceptaciones extranjeras, documentos puramente financieros, así como del dinero en efectivo y de otras facilidades de los corredores de bolsa. El conjunto estaba integrado por una infinita variedad de grupos y personalidades nacionales, cada uno de ellos con su tipo peculiar de prestigio y posición, autoridad y lealtad, sus activos de dinero y contactos, de patronazgo y aureola social.

La haute finance no estaba diseñada como un instrumento de la paz; esta función le llegó por accidente, como dirían los historiadores, mientras que el sociólogo preferiría hablar aquí de la ley de la disponibilidad. La motivación de la haute finance era la ganancia; para lograrla, había necesidad de mantenerse en contacto con los gobiernos cuya finalidad era el poder y la conquista. En esta etapa podríamos pasar por alto la distinción existente entre el poder político y el poder económico, entre los propósitos económicos y políticos de los gobiernos; en efecto, los Estados nacionales de este periodo se caracterizaban por el hecho de que tal distinción tenía escasa realidad: cualesquiera que fuesen sus objetivos, los gobiernos trataban de alcanzarlos mediante el uso y el incremento del poder nacional. Por su parte, la organización y el personal de la haute finance eran internacionales, pero no por ello enteramente independientes de la organización nacional. Porque la haute finance como un centro activador de la participación de los banqueros en sindicatos y consorcios, grupos de inversión, préstamos extranjeros, controles financieros, u otras transacciones de ambicioso alcance, tenía que buscar la cooperación de la banca nacional, el capital nacional, las finanzas nacionales. Aunque las finanzas nacionales estaban por regla general menos sometidas que la industria nacional al gobierno, su sometimiento bastaba todavía para hacer que las finanzas internacionales se mostrasen ávidas por mantenerse en contacto con los propios gobiernos. Pero en la medida en que —en virtud de su posición y personal, su fortuna privada y sus afiliaciones— era efectivamente independiente de cualquier gobierno singular, la haute finance podía servir a un nuevo interés, sin ningún órgano específico propio, a cuyo servicio no se encontraba ninguna otra institución, y que era sin embargo de vital importancia para la comunidad: el mantenimiento de la paz. No la paz a toda costa, ni siquiera la paz al precio de cualquier ingrediente de independencia, soberanía, gloria investida o aspiraciones futuras de las potencias involucradas, pero de todos modos la paz, si era posible alcanzarla sin tal sacrificio.

De otro modo no. El poder tenía precedencia sobre el beneficio. Por estrechamente que se interpenetraran sus campos, era en última instancia la guerra la que imponía su ley a los negocios. Por ejemplo, Francia y Alemania eran enemigas desde 1870. Esto no excluía las transacciones que no crearan compromisos entre ellas. Ocasionalmente se formaban sindicatos bancarios para propósitos transitorios; había participación privada de bancos de inversión alemanes en empresas del otro lado de la frontera, que no aparecían en los balances; en el mercado de préstamos a corto plazo había un descuento de letras de cambio y un otorgamiento de préstamos a corto plazo sobre avales y papeles comerciales por parte de bancos franceses; había inversión directa, como en el caso de la unión del hierro y el coque, o de la planta de Thyssen en Normandía, pero tales inversiones se restringían a áreas definidas en Francia y se encontraban bajo la crítica permanente de nacionalistas y socialistas; la inversión directa era más frecuente en las colonias, como lo ejemplificaban los esfuerzos tenaces de Alemania por obtener el mineral de alto grado de Argelia, o la embrollada historia de las participaciones en Marruecos. Pero sigue siendo cierto que en ningún momento, después de 1870, se eliminó de la Bolsa de París la prohibición oficial, aunque tácita, contra los valores alemanes. Francia simplemente «optó por no correr el riesgo de soportar en su contra la fuerza del capital de préstamo»[37]. Austria también era sospechosa; en la crisis marroquí de 1905-1906, la prohibición se extendió a Hungría. Los círculos financieros de París rogaron que se admitieran los valores húngaros, pero los círculos industriales apoyaron al gobierno en su firme oposición a toda concesión a un posible antagonista militar. La rivalidad político-diplomática continuó sin mengua. Los gobiernos vetaban toda medida que pudiera incrementar el potencial de avance del enemigo. Superficialmente más de una vez parecía que el conflicto se hubiese reducido, pero los círculos internos sabían que sólo se había desplazado a puntos más profundamente ocultos aún bajo la superficie amistosa.

O veamos las ambiciones de Alemania en el Oriente. Aquí también se entremezclaban la política y las finanzas, pero la política era suprema. Tras un cuarto de siglo de peligrosas escaramuzas, Alemania e Inglaterra formaron un acuerdo comprensivo sobre el ferrocarril de Bagdad, en junio de 1914, demasiado tarde para impedir la Gran Guerra, según se afirmaba a menudo. Otros sostenían que, por el contrario, la firma del acuerdo probaba concluyentemente que la guerra entre Inglaterra y Alemania no había sido causada por un choque del expansionismo económico. Los hechos no avalan ninguna de estas dos concepciones. En efecto, el acuerdo dejaba sin decisión la controversia principal. La línea ferroviaria alemana no podía extenderse todavía más allá de Basora sin el consentimiento del gobierno británico, y las zonas económicas del tratado no podrían dejar de conducir a una colisión frontal en el futuro. Mientras tanto, las potencias continuarían preparándose para El Día más cercano aún de lo que ellas creían[38].

Las finanzas internacionales debían enfrentarse a las ambiciones en conflicto y a las intrigas de las potencias grandes y pequeñas; sus planes se veían frustrados por las maniobras diplomáticas, sus inversiones a largo plazo se veían en peligro, sus esfuerzos constructivos se veían obstruidos por el sabotaje político y la obstrucción a trasmano. Las organizaciones bancarias nacionales, sin las cuales no podían funcionar las finanzas internacionales, actuaban a menudo como los cómplices de sus respectivos gobiernos, y ningún plan estaba seguro si no aseguraba por adelantado el botín de cada participante. Sin embargo, las finanzas del poder no eran a menudo la víctima sino el beneficiario de la diplomacia del dólar que proveía los huesos de acero al guante de terciopelo de las finanzas. Porque el éxito de los negocios involucraba el uso despiadado de la fuerza en contra de los países más débiles, el soborno a gran escala de las administraciones atrasadas, y el uso de todos los medios clandestinos para la obtención de fines familiares a la selva colonial y semicolonial. Y sin embargo, la determinación funcional hacía que a la haute finance le correspondiera evitar las guerras generales. La gran mayoría de los tenedores de valores gubernamentales, así como de otros inversionistas y negociantes, tenía que estar entre los primeros perdedores en tales guerras, sobre todo si se veían afectadas las monedas. La influencia ejercida por la haute finance sobre las potencias era consistentemente favorable a la paz europea. Y esta influencia era efectiva en la medida en que los propios gobiernos dependían de su cooperación en más de una dirección. En consecuencia, no había jamás un momento en que el interés de la paz no estuviese representado en los concilios del Concierto de Europa. Si sumamos a esto el creciente interés por la paz que existía en cada nación donde se había arraigado el hábito de la inversión, empezaremos a entender que la temible innovación de una paz armada de docenas de Estados prácticamente movilizados pudiera pender sobre Europa desde 1871 hasta 1914 sin estallar en una conflagración total.

Las finanzas —éstas eran uno de sus canales de influencia— actuaban como un moderador poderoso en los consejos y las políticas de varios Estados soberanos más pequeños. Los préstamos, y la renovación de los préstamos, dependían del crédito, y el crédito dependía del buen comportamiento. Dado que bajo el gobierno constitucional (los gobiernos inconstitucionales eran severamente rechazados), el comportamiento se refleja en el presupuesto y el valor externo de la moneda no puede separarse de la apreciación del presupuesto, los gobiernos deudores debían vigilar sus tasas de cambio con cuidado y evitar las políticas que pudieran afectar la solidez de la posición presupuestaria. Esta máxima útil se convirtió en una sólida regla de conducta una vez que un país hubiese adoptado el patrón oro, que limitaba al mínimo las fluctuaciones permisibles. El patrón oro y el constitucionalismo eran los instrumentos que hacían oír la voz de la City de Londres en muchos países pequeños que habían adoptado estos símbolos de adhesión al nuevo orden internacional. La Pax Británica se imponía a veces por la ominosa presencia de las cañoneras, pero más frecuentemente prevalecía por el estirón oportuno a un hilo de la red monetaria internacional.

La influencia de la haute finance se aseguraba también a través de su administración no oficial de las finanzas de vastas regiones semicoloniales del mundo, incluidos los decadentes imperios del Islam en la zona altamente inflamable del Cercano Oriente y el norte de África. Era aquí que el trabajo rutinario de los financieros tocaba a los factores sutiles que se encontraban detrás del orden interno, y proveía una administración de facto para las regiones problemáticas donde la paz era más vulnerable. Era así como podían llenarse a menudo los numerosos requisitos de las inversiones de capital a largo plazo en estas áreas, frente a obstáculos casi insuperables. La épica de la construcción de ferrocarriles en los Balcanes, en Anatolia, Siria, Persia, Egipto, Marruecos y China es una historia de persistencia y de giros pasmosos reminiscentes de una hazaña similar en el continente americano. Pero el principal peligro que acechaba a los capitalistas de Europa no era el fracaso tecnológico o financiero, sino la guerra, y no una guerra entre países pequeños (que pudiera ser aislada fácilmente) ni una guerra de una gran potencia contra un país pequeño (un suceso frecuente y a menudo conveniente), sino una guerra general entre las grandes potencias. Europa no era un continente vacío sino el hogar de muchos millones de pueblos antiguos y nuevos; cada nuevo ferrocarril debía abrirse camino a través de fronteras de variable solidez, algunas de las cuales podrían verse fatalmente debilitadas por el contacto, mientras que otras se reforzaban vitalmente. Sólo el puño de hierro de las finanzas sobre los gobiernos postrados de regiones atrasadas podría evitar la catástrofe. Cuando Turquía dejó de cumplir con sus obligaciones financieras en 1875, estallaron de inmediato conflagraciones militares, las que duraron desde 1876 hasta 1878, cuando se firmó el tratado de Berlín. La paz se mantuvo luego durante 36 años. Esa paz sorprendente se implantó por el Decreto de Muharrem de 1881, que creó la Deuda otomana en Constantinopla. Los representantes de la haute finance se encargaron de la administración del grueso de las finanzas turcas. En numerosos casos elaboraron compromisos entre las potencias; en otros casos, impidieron que Turquía creara sus propias dificultades; en otros más, actuaron simplemente como los agentes políticos de las potencias; en todos los casos sirvieron a los intereses monetarios de los acreedores y, de ser posible, a los intereses de los capitalistas que trataban de obtener beneficios en ese país. Esta tarea se complicó enormemente por el hecho de que la Comisión de la Deuda no era un organismo representativo de los acreedores privados, sino un órgano del derecho público de Europa donde la haute finance estaba representada sólo de manera no oficial. Pero era precisamente por esa capacidad anfibia que podía cerrar la brecha existente entre la organización política y la organización económica de la época.

El comercio se había ligado a la paz. En el pasado, la organización del comercio había sido militar y guerrera; era un adjunto del pirata, el ladrón, la caravana armada, el cazador y trampero, el comerciante espadachín, los burgueses armados de los pueblos, los aventureros y exploradores, los plantadores y conquistadores, los cazadores de hombres y los comerciantes de esclavos, los ejércitos coloniales de las compañías certificadas. Ahora, todo esto se había olvidado. El comercio dependía de un sistema monetario internacional que no podía funcionar en una guerra general. Demandaba la paz y las grandes potencias se esforzaban por mantenerla. Pero el sistema de la balanza de poder, como hemos visto, no podía asegurar por sí solo la paz. Esto lo hacían las finanzas internacionales, cuya existencia misma incorporaba el principio de la nueva dependencia del comercio frente a la paz.

Nos hemos acostumbrado demasiado a pensar en la difusión del capitalismo como un proceso que no tiene nada de pacífico, y en el capital financiero como el instigador principal de innumerables crímenes coloniales y agresiones expansionistas. Su afiliación íntima con las industrias pesadas llevó a Lenin a afirmar que el capital financiero era responsable del imperialismo, sobre todo de la lucha por esferas de influencia, concesiones, derechos extraterritoriales, y las innumerables formas en que las potencias occidentales estrangulaban a las regiones atrasadas para invertir en ferrocarriles, servicios públicos, puertos y otros establecimientos permanentes en los que sus industrias pesadas obtenían beneficios. En efecto, los negocios y las finanzas fueron responsables de muchas guerras coloniales, pero también de la evitación de una conflagración general. Sus afiliaciones con la industria pesada, aunque sólo en Alemania eran realmente estrechas, explicaban ambas cosas. El capital financiero como la organización cúpula de la industria pesada estaba afiliado a las diversas ramas de la industria en demasiadas formas para permitir que un grupo determinara sus políticas. Por cada interés que era promovido por la guerra, había una docena que se verían adversamente afectados. Por supuesto, el capital internacional estaba condenado a ser el perdedor en caso de una guerra; pero incluso las finanzas nacionales podrían ganar sólo excepcionalmente, aunque con frecuencia lo suficiente para explicar docenas de guerras coloniales, mientras permanecieran aisladas. Casi toda guerra era organizada por los financieros; pero también la paz estaba organizada por ellos.

La naturaleza precisa de este sistema estrictamente pragmático, que protegía con extremo rigor contra una guerra general al proveer negocios pacíficos en medio de una secuencia interminable de guerras menores, se demuestra mejor por los cambios que provocó en el derecho internacional. Mientras que el nacionalismo y la industria tendían claramente a volver las guerras más feroces y totales, se erigían salvaguardias efectivas para la continuación de los negocios pacíficos en tiempos de guerra. Federico el Grande pasó a la historia por haberse rehusado, en 1752, a pagar el préstamo silesiano debido a súbditos británicos, «por represalia»[39]. «Desde entonces no se ha hecho ningún intento de esta clase», dice Hershey. «Las guerras de la Revolución francesa nos proveen los últimos ejemplos importantes de la confiscación de la propiedad privada de súbditos enemigos que se encuentran en territorio beligerante al estallar las hostilidades». Tras el estallido de la Guerra de Crimea se permitió que los comerciantes enemigos abandonaran los puertos, una práctica respetada por Prusia, Francia, Rusia, Turquía, España, Japón y los Estados Unidos durante los siguientes 50 años. Desde el inicio de esa guerra se permitió un alto grado de comercio entre beligerantes. Por ejemplo, en la Guerra española-americana, algunos barcos neutrales cargados de mercancías estadounidenses distintas del contrabando de guerra llegaban a puertos españoles. Es un prejuicio la idea de que las guerras del siglo XVIII eran en todos sentidos menos destructivas que las del XIX. Por lo que se refiere a la situación de los extranjeros enemigos, al servicio de los préstamos debidos a ciudadanos enemigos, a la propiedad enemiga, o al derecho de los comerciantes enemigos a abandonar los puertos, el siglo XIX mostró un giro decisivo en favor de medidas de salvaguardia para el sistema económico en tiempos de guerra. Sólo el siglo XX revirtió esta tendencia.

Así pues, la nueva organización de la vida económica proveyó el trasfondo de la Paz de cien años. En el primer periodo las nacientes clases medias eran principalmente una fuerza revolucionaria que ponía en peligro la paz, como se observó en la marejada napoleónica; fue contra este nuevo factor de perturbación nacional que la Santa Alianza organizó su paz reaccionaria. En el segundo periodo, la nueva economía resultó victoriosa. Las clases medias eran ahora las portadoras de un interés por la paz, mucho más poderoso que el de sus predecesores reaccionarios, y nutrido por el carácter nacional-internacional de la nueva economía. Pero en ambos casos sólo se hizo efectivo el interés por la paz porque pudo lograr que el sistema de la balanza de poder sirviera a su causa proveyéndose de órganos sociales capaces de afrontar directamente a las fuerzas internas activas en el área de la paz. Bajo la Santa Alianza, estos órganos eran el feudalismo y los tronos, apoyados por el poder espiritual y material de la Iglesia; bajo el Concierto de Europa, eran las finanzas internacionales y los sistemas bancarios nacionales aliados a ellas. No hay necesidad de exagerar la distinción. Durante la Paz de los treinta años, 1816-1846, Gran Bretaña estaba presionando ya en favor de la paz y los negocios, y la Santa Alianza no desdeñó la ayuda de los Rothschild. Bajo el Concierto de Europa, de nuevo, las finanzas internacionales debieron recurrir a menudo a sus afiliaciones dinásticas y aristocráticas. Pero tales hechos sólo tienden a fortalecer nuestro argumento de que, en todo caso, no se mantuvo la paz simplemente a través de las cancillerías de las grandes potencias, sino con el auxilio de agencias organizadas concretas que actuaban al servicio de intereses generales. En otras palabras, sólo sobre el trasfondo de la nueva economía podía lograr el sistema de la balanza de poder que se volvieran evitables las conflagraciones generales. Pero el logro del Concierto de Europa fue incomparablemente mayor que el de la Santa Alianza, ya que esta última mantuvo la paz en una región limitada de un continente inmutable, mientras que el primero triunfó en la misma tarea a escala mundial, cuando el progreso social y económico estaba revolucionando el mapa del globo. Esta gran hazaña política fue el resultado del surgimiento de una entidad específica, la haute finance, que era la conexión dada entre las organizaciones política y económica de la vida internacional.

Ya debe estar claro que la organización de la paz descansaba en la organización económica. Pero ambas organizaciones tenían una consistencia muy diferente. Sólo en el sentido más amplio del término se podía hablar de una organización política para la paz del mundo, ya que el Concierto de Europa no era esencialmente un sistema de paz sino sólo de soberanías independientes protegidas por el mecanismo de la guerra. Ocurre lo contrario con la organización económica del mundo. A menos que aceptemos la práctica poco reflexiva de restringir el término «organización» a los organismos de dirección centralizada que actúan a través de sus propios funcionarios, debemos conceder que nada podría ser más definido que los principios universalmente aceptados en los que descansaba esta organización y nada podría ser más concreto que sus elementos fácticos. Los presupuestos y los armamentos, el comercio exterior y los abastos de materias primas, la independencia y la soberanía nacionales eran ahora las funciones del dinero y el crédito. Para el último cuarto del siglo XIX los precios mundiales de las mercancías eran la realidad central en la vida de millones de campesinos continentales; las repercusiones del mercado de dinero de Londres eran anotadas diariamente por los negociantes de todo el mundo; y los gobiernos discutían los planes para el futuro a la luz de la situación existente en los mercados mundiales del capital. Sólo un loco habría dudado de que el sistema económico internacional era el eje de la existencia material de la cañera. En virtud de que este sistema necesitaba la paz para funcionar, se hizo que la balanza de poder lo sirviera. Quítese este sistema económico y el interés por la paz desaparecerá de la política. Aparte del sistema económico, no había una causa suficiente para tal interés, ni una posibilidad de salvaguardarlo, en la medida en que existiera. El éxito del Concierto de Europa se debió a las necesidades de la nueva organización internacional de la economía, y terminaría inevitablemente con su disolución.

En la época de Bismarck (1861-1890) estuvo en su apogeo el Concierto de Europa. En los dos decenios siguientes al ascenso de Alemania a la calidad de gran potencia fue ella el beneficiario principal del interés por la paz. Alemania se había colocado en primera fila a costa de Austria y Francia; le convenía mantener el statu quo y prevenir una guerra que sólo podría ser una guerra de revancha en su contra. Bismarck impulsó deliberadamente la noción de la paz como una aventura común de las potencias, y evitó los compromisos que pudieran forzar a Alemania a abandonar la posición de una potencia pacífica. Se opuso a las ambiciones expansionistas en los Balcanes o en ultramar; utilizó consistentemente el arma del libre comercio en contra de Austria e incluso en contra de Francia; frustró las ambiciones balcánicas de Rusia y de Austria con el auxilio del juego de la balanza de poder, manteniendo así buenas relaciones con aliados potenciales y evitando situaciones que pudieran involucrar a Alemania en una guerra. El agresor artificioso de 1863-1870 se convirtió en el honesto corredor de 1878 y en el censurador de las aventuras coloniales. Conscientemente tomó el liderazgo en lo que consideraba la tendencia pacífica de la época, a fin de servir a los intereses nacionales de Alemania.

Sin embargo, para fines de los años setenta había terminado el episodio del libre comercio (1846-1879); el uso efectivo del patrón oro por parte de Alemania marcó el inicio de una época de proteccionismo y de expansión colonial[40]. Alemania estaba reforzando ahora su posición al establecer una alianza sólida con Austria-Hungría e Italia; poco tiempo después Bismarck perdía el control de la política del Reich. A partir de entonces, Gran Bretaña fue el líder del interés por la paz en una Europa que seguía siendo un grupo de Estados soberanos independientes y por ende sujetos a la balanza de poder. En los años noventa se encontraba en su apogeo la haute finance y la paz parecía más segura que nunca. Los intereses británicos y franceses diferían en África; británicos y rusos estaban compitiendo en Asia; el Concierto continuaba funcionando, así fuese con tropiezos; a pesar de la triple alianza, había todavía más de dos poderes independientes que se vigilaban recíprocamente con suspicacia. Esta situación no duró mucho tiempo. En 1904, Gran Bretaña hizo con Francia un arreglo global sobre Marruecos y Egipto; un par de años más tarde transó con Rusia sobre Persia, y se formó la contralianza. El Concierto de Europa, esa laxa federación de poderes independientes, fue finalmente remplazado por dos grupos de poder hostiles; ahora dejaba de existir la balanza de poder como un sistema. Su mecanismo dejó de funcionar cuando sólo quedaban dos grupos de poder rivales. Ya no existía un tercer grupo que se uniera a uno de los otros dos para frenar al que quisiera incrementar su poder. Por la misma época se agudizaron los síntomas de la disolución de las formas de la economía mundial existentes: la rivalidad colonial y la competencia por mercados exóticos. La capacidad de la haute finance para impedir la difusión de las guerras disminuía con rapidez. La paz subsistió durante otros siete años, pero era inevitable que la disolución de la organización económica del siglo XIX terminara con la Paz de los cien años.

En tal virtud, la verdadera naturaleza de la organización económica muy artificial en la que se basaba la paz cobra extrema importancia para el historiador.

II. Los años veinte conservadores, los treinta revolucionarios

El derrumbe del patrón oro internacional fue el lazo invisible entre la desintegración de la economía mundial desde principios del siglo y la transformación de toda una civilización en los años treinta. Si no se advierte la importancia vital de este factor, no podrán evaluarse correctamente el mecanismo que empujó a Europa hacia la catástrofe ni las circunstancias que explicaban el hecho asombroso de que las formas y los contenidos de una civilización dependieran de cimientos tan precarios.

La verdadera naturaleza del sistema internacional en el que estábamos viviendo sólo se advirtió cuando se derrumbó. Casi nadie entendía la función política del sistema monetario internacional; en consecuencia, el carácter extremadamente repentino de la transformación tomó al mundo completamente por sorpresa. Y sin embargo, el patrón oro era el único pilar subsistente de la economía mundial tradicional; cuando se derrumbó, el efecto tenía que ser instantáneo. Para los economistas liberales, el patrón oro era una institución puramente económica; incluso se negaban a considerarlo como parte de un mecanismo social. Ocurrió así que los países democráticos fueron los últimos en advertir la verdadera naturaleza de la catástrofe y los más lentos en afrontar sus efectos. Ni siquiera cuando el cataclismo estaba ya encima de ellos advirtieron sus líderes que detrás del colapso del sistema internacional había un largo proceso dentro de los países más avanzados que volvía más anacrónico ese sistema; en otras palabras, la falla de la economía de mercado se les escapaba todavía.

La transformación llegó en forma más abrupta aún de lo que suele advertirse. La Primera Guerra Mundial y las revoluciones de la posguerra formaban parte todavía del siglo XIX. El conflicto de 1914-1918 sólo precipitó y agravó inmensamente una crisis que no había creado. Pero las raíces del dilema no podían discernirse en ese momento; y los horrores y las devastaciones de la Gran Guerra aparecían ante los ojos de los supervivientes como la fuente obvia de los obstáculos que habían surgido tan inesperadamente para la organización internacional. De pronto dejaron de funcionar el sistema económico y el sistema político del mundo, y los terribles daños infligidos a la sustancia de la carrera por la Primera Guerra Mundial parecían ofrecer una explicación. En realidad, los obstáculos surgidos en la posguerra contra la paz y la estabilidad derivaban de las mismas fuentes de las que había surgido la Gran Guerra. La disolución del sistema de la economía mundial que había venido avanzando desde 1900 era responsable de la tensión política que explotara en 1914; el resultado de la guerra y los tratados habían aflojado la tensión superficialmente al eliminar la competencia alemana al mismo tiempo que agravaba las causas de la tensión y agrandaba así enormemente los impedimentos políticos y económicos de la paz.

En el terreno político, los tratados albergaban una contradicción fatal. Mediante el desarme unilateral de las naciones derrotadas, impedían toda reconstrucción del sistema de la balanza de poder, ya que el poder es un requisito indispensable de tal sistema. En vano buscaba Ginebra la restauración de tal sistema en un Concierto de Europa agrandado y mejorado, llamado la Liga de las Naciones; en vano se establecieron facilidades para la consulta y la acción conjunta en la Carta de la Liga, porque ahora faltaba la condición esencial de las unidades de poder independientes. La Liga no pudo establecerse jamás en realidad; jamás se aplicaron el Artículo 16 sobre el cumplimiento forzoso de los tratados, ni el Artículo 19 sobre su revisión pacífica. La única solución viable del candente problema de la paz —la restauración del sistema de la balanza de poder— se volvía así completamente inalcanzable; tanto así que el verdadero objetivo de los estadistas más constructivos de los años veinte no era comprendido siquiera por el público, el que se mantenía en un estado de confusión casi indescriptible. Ante el hecho aterrador del desarme de un grupo de naciones, mientras que el otro grupo permanecía armado —una situación que impedía todo paso constructivo hacia la organización de la paz— prevalecía la actitud emocional de que la Liga era en alguna forma misteriosa el anuncio de una época de paz que sólo necesitaba del frecuente aliento verbal para volverse permanente. En los Estados Unidos prevalecía la idea de que si este país se hubiese unido a la Liga, las cosas habrían sido muy diferentes. No podía aducirse mejor prueba que ésta para explicar la falta de entendimiento de las deficiencias orgánicas del llamado sistema de la posguerra, porque lo cierto es que Europa carecía ahora de todo sistema político. Un statu quo como éste sólo puede durar mientras persista el agotamiento físico de las partes; no es extraño así que un retorno al sistema del siglo XIX pareciera la única salida. Mientras tanto, el Consejo de la Liga podría haber funcionado por lo menos como una especie de directorio de Europa, como lo hiciera el Concierto de Europa en su cénit, si no hubiese existido la fatal regla de la unanimidad que convertía al turbulento Estado pequeño en árbitro de la paz mundial. El instrumento absurdo del desarme permanente de los países derrotados descartaba toda solución constructiva. La única alternativa a esta situación desastrosa era el establecimiento de un orden internacional dotado de un poder organizado que trascendiera la soberanía nacional. Pero tal camino estaba por entero fuera del horizonte de la época. Ningún país de Europa se habría sometido a tal sistema, ya no digamos los Estados Unidos.

En términos económicos, la política de Ginebra era mucho más consistente al presionar por el restablecimiento de la economía mundial como una segunda línea en defensa de la paz. Porque incluso un sistema de balanza de poder exitosamente restablecido habría operado en favor de la paz sólo si se restableciera el sistema monetario internacional. En ausencia de tasas de cambio estables y de la libertad de comercio, los gobiernos de las diversas naciones considerarían la paz como un interés menor, por el que sólo lucharían en la medida en que no interfiriera con ninguno de sus grandes intereses, como lo habían hecho en el pasado. El primero entre los estadistas de la época, Woodrow Wilson, parece haber advertido la interdependencia de la paz y el comercio, no sólo como una garantía del comercio, sitio también de la paz. No es extraño así que la Liga se esforzara persistentemente por reconstruir la organización internacional del dinero y el crédito como la única posible salvaguardia de la paz entre Estados soberanos, y que el mundo dependiera como nunca antes de la haute finance. J. P. Morgan había remplazado a N. M. Rothschild como el demiurgo de un siglo XIX rejuvenecido.

De acuerdo con las normas de ese siglo, el primer decenio de la posguerra aparecía como una época revolucionaria; a la luz de nuestra propia experiencia reciente, ocurría precisamente lo contrario. La intención de ese decenio era profundamente conservadora y expresaba la convicción casi universal de que sólo el restablecimiento del sistema anterior a 1914, «esta vez sobre cimientos sólidos» podría restablecer la paz y la prosperidad. En efecto, la transformación de los años treinta surgió del fracaso de este esfuerzo por retornar al pasado. Por espectaculares que fuesen las revoluciones y contrarrevoluciones del decenio de la posguerra, representaban meras reacciones mecánicas ante la derrota militar o, a lo sumo, una repetición del familiar drama liberal y constitucionalista de la civilización occidental en el escenario de Europa central y oriental; fue sólo en los años treinta que entraron a la trama de la historia occidental algunos elementos enteramente nuevos.

Con excepción de Rusia, las revueltas en Europa central y oriental durante el periodo de 1917-1920 eran, a pesar de su escenario, sólo procedimientos indirectos para reproducir los regímenes que habían sucumbido en el campo de batalla. Cuando se disolvió el humo contrarrevolucionario, se vio que los sistemas políticos de Budapest, Viena y Berlín no eran muy diferentes de lo que habían sido antes de la guerra. Esto se aplicaba también, en términos generales, a Finlandia, los Estados Bálticos, Polonia, Austria, Hungría, Bulgaria, y aun Italia y Alemania, hasta mediados de los años veinte. En algunos países se logró un gran avance en materia de libertad nacional y de reforma agraria, algo que había sido común en Europa occidental desde 1789. En este sentido, Rusia no era una excepción. La tendencia de la época era simplemente el establecimiento (o restablecimiento) del sistema comúnmente asociado con los ideales de la revolución inglesa, la estadunidense y la francesa. No sólo Hindenburg y Wilson, sino también Lenin y Trotsky, se encontraban en la línea de la tradición occidental en este sentido amplio.

A principios de los años treinta surgió abruptamente el cambio. Sus aspectos más prominentes fueron el abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña; los Planes quinquenales de Rusia; la iniciación del Nuevo Trato[41]; la Revolución nacionalsocialista en Alemania, y el colapso de la Liga en favor de los imperios autárquicos. Mientras que al final de la Gran Guerra prevalecían los ideales del siglo XIX y su influencia dominó el decenio siguiente, para 1940 había desaparecido todo vestigio del sistema internacional y, aparte de unos cuantos enclaves, las naciones estaban viviendo en un ambiente internacional enteramente nuevo.

Postulamos que la causa radical de la crisis era el amenazante colapso del sistema económico internacional. Este sistema había funcionado sólo intermitentemente desde principios del siglo, y la Gran Guerra y los tratados lo habían destruido finalmente. Esto se hizo evidente en los años veinte, cuando casi no hubo en Europa ninguna crisis interna que no alcanzara su clímax a propósito de algún problema de la economía externa. Los estudiosos de la política no agrupaban ahora los diversos países de acuerdo con los continentes, sino de acuerdo con su grado de adhesión a una moneda sólida. Rusia había asombrado al mundo por la destrucción del rublo, cuyo valor se había reducido a nada por el simple medio de la inflación. Alemania repitió esta hazaña desesperada para cumplir aparentemente con el tratado; la expropiación de la clase rentista, que vino inmediatamente después, echó los cimientos de la revolución nazi. El prestigio de Ginebra descansaba en su éxito al ayudar a Austria y a Hungría a restablecer sus monedas, y Viena se convirtió en la Meca de los economistas liberales gracias a una operación brillantemente exitosa con la corona austríaca, a la que desgraciadamente no sobrevivió el paciente. En Bulgaria. Grecia, Finlandia, Latvia, Lituania, Estonia, Polonia y Rumanía, la restauración de la moneda proveyó a la contrarrevolución de una pretensión al poder. En Bélgica, Francia e Inglaterra, la izquierda fue arrojada del gobierno en nombre de las sanas normas monetarias. Una secuencia casi ininterrumpida de crisis monetarias conectó a los indigentes Balcanes con los ricos Estados Unidos mediante la banda elástica de un sistema de crédito internacional que transmitía la tensión de las monedas imperfectamente restauradas, primero de Europa oriental a Europa occidental, luego de Europa occidental a los Estados Unidos. En ultima instancia, también los Estados Unidos se vieron devorados por los efectos de la estabilización prematura de las monedas europeas. Se había iniciado el derrumbe final.

El primer choque ocurrió dentro de las esferas nacionales. Algunas monedas, tales como las de Rusia, Alemania, Austria y Hungría, desaparecieron en el curso de un año. Aparte de la tasa de cambio sin precedente en el valor de las monedas, existía la circunstancia de que este cambio ocurría en una economía completamente monetizada. Se introdujo a la sociedad humana un proceso celular, cuyos efectos escapaban a la experiencia. En lo interno y lo externo, la declinación de las monedas anunciaba la perturbación. Las naciones se encontraban separadas de sus vecinos, como si mediara un abismo, al mismo tiempo que los diversos estratos de la población se veían afectados en formas enteramente diferentes y a menudo opuestas. La clase media intelectual estaba literalmente empobrecida; los tiburones financieros amasaban repulsivas fortunas. Había entrado en escena un factor de incalculable fuerza integradora y desintegradora.

La «fuga de capital» era un novum. Ni en 1848 ni en 1866, ni siquiera en 1871 se registró tal evento. Y sin embargo, era patente su papel vital en el derrocamiento de los gobiernos liberales de Francia en 1925, y de nuevo en 1938, así como en el desarrollo de un movimiento fascista en Alemania en 1930.

La moneda se había convertido en el pivote de la política nacional. Bajo una economía monetaria moderna, nadie podía dejar de experimental a diario la contracción o expansión de la vara financiera, las poblaciones se hicieron conscientes de la moneda; el efecto de la inflación sobre el ingreso real era descontado por adelantado por las masas; hombres y mujeres de todas partes parecían considerar al dinero estable como la necesidad suprema de la sociedad humana. Pero tal conciencia era inseparable del reconocimiento de que los fundamentos de la moneda podrían depender de factores políticos ubicados fuera de las fronteras nacionales. Así pues, el bouleversement que sacudió la confianza en la estabilidad inherente del medio monetario destruyó también el ingenuo concepto de la soberanía financiera en una economía interdependiente. En adelante, las crisis internas asociadas a la moneda tenderían a provocar graves controversias externas.

La creencia en el patrón oro era la fe de la época. Para algunos era un credo ingenuo, para otros un credo crítico o un credo satánico que implicaba la aceptación de la carne y el rechazo del espíritu. Pero la creencia era la misma, a saber: que los billetes tienen valor porque representan el oro. Por una vez, no importaba que el oro mismo tuviera valor porque incorpore trabajo, como sostenían los socialistas, o porque sea útil y escaso, como afirmaba la doctrina ortodoxa. La guerra entre el cielo y el infierno pasaba por alto la cuestión monetaria, uniendo milagrosamente a capitalistas y socialistas. Allí donde Ricardo y Marx eran uno solo, el siglo XIX no dudó. Bismarck y Lassalle, John Stuart Mill y Henry George, Philip Snowden y Calvin Coolidge, Mises y Trotsky aceptaban por igual la fe. Karl Marx había hecho grandes esfuerzos para demostrar que los utópicos billetes de trabajo de Proudhon (que habrían de remplazar al circulante) se basaban en un autoengaño; y Das Kapital implicaba la teoría del dinero como mercancía, en su forma ricardiana. Sokolnikoff, el bolchevique ruso, fue el primer estadista de la posguerra en restablecer el valor de la moneda de su país en términos del oro; Hillerding, el socialdemócrata alemán, puso en peligro a su partido con su defensa tenaz de los sanos principios monetarios; Otto Bauer, el socialdemócrata austríaco, aceptaba los principios monetarios que se encontraban detrás del restablecimiento de la corona intentado por su enconado oponente Seipel; Philip Snowden, el socialista inglés, se volvió contra los laboristas cuando creyó que la libra esterlina no estaba segura en sus manos; y el Duce hizo grabar en piedra el valor de la lira en oro, al nivel de 90, y juró morir en su defensa. Sobre este punto, sería difícil encontrar alguna divergencia entre las manifestaciones de Hoover y de Lenin, Churchill y Mussolini. En efecto, el carácter esencial del patrón oro para el funcionamiento del sistema económico internacional de la época era el único lema común a hombres de todas las naciones y todas las clases, denominaciones religiosas y filosofías sociales. Era ésta la realidad invisible a la que podía aferrarse la voluntad de vivir, cuando la humanidad se abrazaba a la tarea de restablecer su existencia que se desmoronaba.

El esfuerzo, fallido, era el más comprensivo que jamás hubiese visto el mundo. La estabilización de las monedas destruidas de Austria, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Rumanía o Grecia no era sólo un acto de fe de parte de estos países pequeños y débiles, que literalmente se morían de hambre para alcanzar las playas doradas, sino que también ponía severamente a prueba a sus poderosos y ricos patrocinadores, los victoriosos de Europa occidental. Mientras fluctuaran las monedas de los victoriosos la tensión no se haría evidente; los victoriosos continuaban prestando en el exterior como antes de la guerra y así ayudaban a mantener las economías de las naciones derrotadas. Pero cuando Gran Bretaña y Francia volvieron al oro, empezó a sentirse la carga sobre sus tasas de cambio estabilizadas. Eventualmente, una silenciosa preocupación por la seguridad de la libra ingresó a la posición de Estados Unidos, el país líder ligado al oro. Esta preocupación que cruzaba el Atlántico colocaba inesperadamente a Estados Unidos en la zona de peligro. Este punto parece técnico, pero debe entenderse claramente. El apoyo estadunidense, otorgado a la libra esterlina en 1927, implicaba bajas tasas de interés en Nueva York, a fin de impedir grandes movimientos de capital desde Londres hasta Nueva York. En consecuencia, la Junta de la Reserva Federal prometió al Banco de Inglaterra que mantendría baja su tasa; pero poco tiempo después eran los propios Estados Unidos quienes necesitaban tasas elevadas porque su propio sistema de precios empezó a inflarse peligrosamente (este hecho se oscurecía por la existencia de un nivel de precios estable, mantenido a pesar de la tremenda disminución de los costos). Cuando la oscilación habitual del péndulo, tras siete años de prosperidad, provocó en 1929 la depresión pospuesta durante tanto tiempo, las cosas se agravaron inmensamente por el estado existente de criptoinflación. Los deudores, enflaquecidos por la deflación, pudieron ver el colapso de los acreedores inflados. Era un portento. Por un gesto instintivo de liberación los Estados Unidos se separaron del oro en 1933, y se desvaneció el último vestigio de la economía mundial tradicional. Aunque casi nadie discernía el significado más profundo del evento en ese momento, la historia revirtió su tendencia casi de inmediato.

Durante más de un decenio, la restauración del patrón oro había sido el símbolo de la solidaridad mundial. Se reunieron innumerables conferencias, desde Bruselas hasta Spa y Ginebra, desde Londres hasta Locarno y Lausana, a fin de alcanzar las condiciones políticas necesarias para la estabilidad de las monedas. La propia Liga de las Naciones había sido complementada por la Oficina Internacional del Trabajo, en parte para igualar las condiciones de la competencia entre las naciones, de modo que pudiera liberalizarse el comercio sin poner en peligro los niveles de vida. La moneda se encontraba en la base de las campañas emprendidas por Wall Street para superar el problema de la transferencia y comercializar primero y movilizar después las reparaciones; Ginebra actuaba como la patrocinadora de un proceso de rehabilitación en el que la presión combinada de la City de Londres y de los puristas monetarios neoclásicos de Viena se ponía al servicio del patrón oro; todos los esfuerzos internacionales se dirigían en última instancia hacia este fin, mientras que los gobiernos nacionales, por regla general, acomodaban sus políticas a la necesidad de salvaguardar la moneda, en particular las políticas que se referían al comercio exterior, los préstamos, la banca y los cambios. Aunque todos convenían en que la estabilidad de las monedas dependía en última instancia de la liberación del comercio, todos sabían —a excepción de los dogmáticos partidarios del libre comercio— que debían tomarse de inmediato ciertas medidas que restringirían inevitablemente el comercio exterior y los pagos externos. Cuotas de importación, acuerdos de moratoria y de suspensión, sistemas de compensación y tratados comerciales bilaterales, arreglos de trueque, embargos a las exportaciones de capital, control del comercio exterior y fondos de igualación de divisas se desarrollaron en la mayoría de los países para afrontar el mismo conjunto de circunstancias. Pero el demonio de la autosuficiencia vigilaba las medidas que se tomaban para proteger a la moneda. Mientras que la intención era la liberación del comercio, el efecto era su estrangulamiento. En lugar de ganar acceso a los mercados del mundo, los gobiernos estaban por sus propios actos separando a sus países de todo nexo internacional, y se requerían sacrificios cada vez mayores para conservar siquiera un mínimo de flujo comercial. Los esfuerzos frenéticos que se hacían para proteger el valor externo de la moneda como vehículo del comercio exterior arrastraban a los pueblos, contra su voluntad, hacia una economía autárquica. Todo el arsenal de las medidas restrictivas, que formaban un alejamiento radical de la economía tradicional, era en realidad el resultado de propósitos conservadores del libre comercio.

Esa tendencia se revirtió abruptamente con la caída final del patrón oro. Los sacrificios que se habían hecho para restablecerlo deberían hacerse ahora una vez más para que pudiéramos vivir sin él. Las mismas instituciones diseñadas para restringir la vida y el comercio a fin de mantener un sistema de monedas estables se usaban ahora para ajustar la vida industrial a la ausencia permanente de tal sistema. Quizá por esa razón sobrevivió la estructura mecánica y tecnológica de la industria moderna al impacto del colapso del patrón oro. Porque en la lucha por retenerlo, el mundo se había venido preparando inconscientemente para la clase de esfuerzos y el tipo de organizaciones necesarios para adaptarse a su pérdida. Pero la intención era ahora la contraria; en los países que más habían sufrido durante la larga lucha, por lo inalcanzable, se liberaron fuerzas titánicas de rebote. Ni la Liga de las Naciones ni la haute finance internacional sobrevivieron al patrón oro; con su desaparición salieron de la política el interés organizado por la paz de la Liga y sus instrumentos de imposición principales: los Rothschild y los Morgan. El rompimiento de la hebra dorada fue la señal para una revolución mundial.

Pero el derrumbe del patrón oro apenas fijaba la fecha de un evento demasiado grande para ser causado por él. Nada menos que una destrucción completa de las instituciones nacionales de la sociedad del siglo XIX acompañó a la crisis en gran parte del mundo, y en todas partes se cambiaron y reformaron estas instituciones hasta el punto de quedar casi irreconocibles.

El Estado liberal fue remplazado en muchos países por dictaduras totalitarias, y la institución central del siglo —la producción basada en mercados libres— se vio superada por nuevas formas de la economía. Mientras que algunas naciones grandes forjaron de nuevo el molde mismo de su pensamiento y se enzarzaron en guerras para esclavizar al mundo en nombre de concepciones nuevas de la naturaleza del universo, otras naciones mayores aún corrieron a la defensa de la libertad que adquirió en sus manos un significado igualmente trascendental. El derrumbe del sistema internacional desató la transformación, pero ciertamente no podría haber explicado su profundidad y contenido. Aunque podríamos saber por qué ocurrió repentinamente lo que ocurrió, todavía podríamos ignorar por qué ocurrió en primer lugar.

No fue por accidente que la transformación se vio acompañada de guerras a escala sin precedente. La historia se ligó al cambio social; la suerte de las naciones se ligó a su papel en una transformación institucional. Tal simbiosis no es ninguna excepción en la historia; aunque los grupos nacionales y las instituciones sociales tienen sus propios orígenes, tienden a conectarse en su lucha por la supervivencia. Un ejemplo famoso de tal simbiosis conectó al capitalismo con las naciones costeras del Atlántico. La Revolución comercial, tan estrechamente conectada con el ascenso del capitalismo, se convirtió en el vehículo del poder para Portugal, España, Holanda, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, cada uno de los cuales se beneficiaba de las oportunidades ofrecidas por ese movimiento amplio y profundo, mientras que el capitalismo mismo se difundía por el planeta a través de estas potencias en ascenso.

La ley se aplicaba también en reversa. Una nación podría verse negativamente afectada en su lucha por la supervivencia por el hecho de que sus instituciones, o algunas de ellas, pertenecieran a un tipo que casualmente estaba declinando: el patrón oro en la Segunda Guerra Mundial era un ejemplo de tal equipamiento anticuado. Por otra parle, los países que por razones propias se opongan al statu quo se apresurarán a descubrir las deficiencias del orden institucional existente y a adelantarse en la creación de instituciones mejor adaptadas a sus intereses. Tales grupos están empujando a lo que se cae y sosteniendo lo que, bajo su propio impulso, se está moviendo a su favor. Podría parecer entonces que los grupos en cuestión hubiesen originado el proceso del cambio social, cuando en efecto eran sólo sus beneficiarios, y podrían incluso pervertir la tendencia para ponerla al servicio de sus propios objetivos.

Por ejemplo Alemania, una vez derrotada, estaba en posición de reconocer las fallas ocultas del orden del siglo XIX, y de emplear este conocimiento para acelerar la destrucción de tal orden. Una especie de siniestra superioridad intelectual benefició a sus estadistas que en los años treinta se aplicaron a esta tarea de destrucción, la que a menudo se extendía hasta el desarrollo de nuevos métodos de financiamiento, comercio, guerra y organización social, en el curso de su esfuerzo por hacer que las cosas marcharan de acuerdo con sus políticas. Pero es claro que estos problemas no eran creados por los gobiernos que los utilizaban en su provecho; tales problemas eran reales —objetivamente dados— y permanecerán entre nosotros independientemente de la suerte que corran los países individuales. De nuevo es evidente la distinción existente entre la primera y la segunda guerras mundiales: la primera era todavía del tipo decimonónico, un simple conflicto de potencias, desatado por el derrumbe del sistema de balanza de poder; la última formaba parte ya de la marejada mundial.

Esto debiera permitirnos separar las interesantes historias nacionales del periodo de la transformación social que estaba en marcha. Entonces podría apreciarse fácilmente la forma en que Alemania y Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, como unidades de poder, se veían auxiliadas o perjudicadas por su relación con el proceso social subyacente. Pero lo mismo se aplica al propio proceso social: el fascismo y el socialismo encontraron un vehículo en el ascenso de potencias individuales que ayudaban a difundir su credo. Alemania y Rusia se convirtieron respectivamente en los representantes del fascismo y del socialismo en el mundo. El verdadero alcance de estos movimientos sociales sólo podrá calibrarse si, para bien o para mal, se reconoce su carácter trascendente y separado de los intereses nacionales puestos a su servicio.

Los papeles que Alemania o Rusia están desempeñando en la Segunda Guerra Mundial, o incluso Italia o Japón, Gran Bretaña o los Estados Unidos, forman parte de la historia universal, pero no son el interés directo de este libro; en cambio, el fascismo y el socialismo que eran fuerzas vivas de la transformación institucional sí lo son. El élan vital que produjo la urgencia inescrutable del pueblo alemán y el pueblo ruso por obtener una mayor participación en la carrera debe tomarse como un dato fáctico de las condiciones bajo las cuales se desarrolla nuestra historia, mientras que el propósito del fascismo y el socialismo o el Nuevo Trato forma parte de la historia misma.

Esto conduce a nuestra tesis que aún no ha sido probada: que el origen del cataclismo se encontraba en el esfuerzo utópico del liberalismo económico por establecer un sistema de mercado autorregulado. Tal tesis parece investir a ese sistema de poderes casi míticos; implica nada menos que la balanza de poder, el patrón oro y el Estado liberal —los elementos fundamentales de la civilización del siglo XIX— estaban forjados en última instancia por una matriz común: el mercado autorregulado.

La afirmación parece extremosa, si no es que estrujante, en su abierto materialismo. Pero la peculiaridad de la civilización cuyo colapso hemos presenciado era precisamente el hecho de que descansaba en fundamentos económicos. Otras sociedades, y también otras civilizaciones, estaban limitadas por las condiciones materiales de su existencia: éste es un rasgo común de toda vida humana, en efecto, de toda vida, ya sea religiosa o irreligiosa, materialista o espiritualista. Todos los tipos de sociedades están limitados por factores económicos. Pero la civilización del siglo XIX era económica en un sentido diferente y distintivo, ya que optó por basarse en una motivación que raras veces se ha reconocido como válida en la historia de las sociedades humanas y que ciertamente no se había elevado jamás al nivel de una justificación de la acción y el comportamiento consuetudinarios: la ganancia. El sistema de mercado autorregulado derivaba peculiarmente de este principio.

El mecanismo puesto en marcha por la motivación de la ganancia era comparable en eficacia sólo al estallido más violento del fervor religioso en la historia. En el curso de una generación, todo el mundo humano estaba sujeto a su influencia irrestricta. Como todos sabemos, este mecanismo maduró en Inglaterra, tras la Revolución industrial, durante la primera mitad del siglo XIX. El mecanismo llegó al continente ya los Estados Unidos cerca de 50 años después. Eventualmente en Inglaterra, en el continente e incluso en los Estados Unidos, alternativas similares convirtieron la práctica cotidiana en un patrón cuyos rasgos principales eran idénticos en todos los países de la civilización occidental. Debemos buscar el origen del cataclismo en el ascenso y la declinación de la economía de mercado.

La sociedad de mercado nació en Inglaterra, pero fue en el continente donde sus deficiencias engendraron las complicaciones más trágicas. A fin de comprender el fascismo alemán, debemos volver a la Inglaterra ricardiana. No puede exagerarse al afirmar que el siglo XIX fue el siglo de Inglaterra. La Revolución industrial fue un evento inglés. La economía de mercado, el libre comercio y el patrón oro fueron inventos ingleses. Estas instituciones se derrumbaron por todas partes en los años veinte: en Alemania, Italia o Austria, el evento fue simplemente más político y más dramático. Pero cualesquiera que hayan sido el escenario y la temperatura de los episodios finales, los factores de largo plazo que destruyeron esa civilización deben estudiarse en la cuna de la Revolución industrial: Inglaterra.

Segunda Parte

Ascenso y declinación de la economía de mercado

A. El molino satánico

III. «Habitación contra mejoramiento»

En el centro de la Revolución industrial del siglo XVIII se encontraba un mejoramiento casi milagroso de los instrumentos de producción, acompañado de una dislocación catastrófica de la vida de la gente común.

Trataremos de desentrañar los factores que determinaron las formas de esta dislocación, tal como surgió en Inglaterra, en su peor forma, hace cerca de un siglo. ¿Cuál «molino satánico» molió a los hombres en masas? ¿Cuánto dependió de las nuevas condiciones físicas? ¿Cuánto dependió de las dependencias económicas, operando bajo las nuevas condiciones? ¿Y cuál fue el mecanismo que destruyó el antiguo tejido social y por el que se buscó con tan escaso éxito una nueva integración del hombre y la naturaleza?

La filosofía liberal no ha fallado en nada tan conspicuamente como en su entendimiento del problema del cambio. Por el fuego de una fe emocional en la espontaneidad, se descartó la actitud de sentido común hacia el cambio en favor de una disposición mística a aceptar las consecuencias del mejoramiento económico, cualesquiera que fuesen. Primero se desacreditaron y luego se olvidaron las verdades elementales de la ciencia política y la administración estatal. No hay necesidad de insistir en que un proceso de cambio sin dirección, cuyo ritmo se considera demasiado rápido, debiera frenarse, si ello es posible, para salvaguardar el bienestar de la comunidad. Tales verdades elementales de la administración pública tradicional, que a menudo reflejaban sólo las enseñanzas de una filosofía social heredada de los antiguos, se borraron durante el siglo XIX, de la mente de las personas educadas, por la acción corrosiva de un crudo utilitarismo combinado con una aceptación irreflexiva de las supuestas virtudes autocurativas del crecimiento inconsciente.

El liberalismo económico leyó mal la historia de la Revolución industrial porque insistía en juzgar los eventos sociales desde el punto de vista económico. Para ilustrar esto, abordaremos lo que a primera vista podría parecer un tema remoto: los cercamientos de los campos abiertos y las conversiones de tierras cultivables a pastizales durante el periodo anterior de los Tudor en Inglaterra, cuando los señores cercaban campos y tierras comunales, y cuando condados enteros se veían amenazados por la despoblación. Al evocar así los sufrimientos provocados en el pueblo por los cercamientos y las conversiones, trataremos por una parte de demostrar el paralelo existente entre las devastaciones causadas por los cercamientos que en última instancia eran benéficos y las devastaciones derivadas de la Revolución industrial, y por otra —y más ampliamente— trataremos de aclarar las alternativas afrontadas por una comunidad tras el mejoramiento económico no regulado.

Los cercamientos constituían un mejoramiento obvio si no había ninguna conversión a pastizales. La tierra cercada valía el doble o el triple de la tierra no cercada. Cuando se mantenía el cultivo, el empleo no bajaba y la producción de alimentos aumentaba marcadamente. El rendimiento de la tierra aumentaba a todas luces, sobre todo cuando se dejaba la tierra en barbecho.

Pero ni siquiera la conversión de la tierra cultivable a pastizales para borregos era perjudicial para la vecindad, a pesar de la destrucción de las habitaciones y la restricción del empleo que involucraba. Para la segunda mitad del siglo XV se estaba expandiendo la industria artesanal, y un siglo más tarde empezó a ser una característica del campo. La lana producida en la granja ovejera daba empleo a los pequeños inquilinos y a los artesanos sin tierras que habían sido expulsados de la agricultura, y los nuevos centros de la industria lanar proveían de ingreso a algunos artesanos.

Pero lo importante es que sólo en una economía de mercado pueden darse por sentados tales efectos compensatorios. En ausencia de tal economía, la ocupación altamente rentable de la cría de ovejas y la venta de su lana podría arruinar al país. La oveja que «convirtió la arena en oro» pudo haber convertido el oro en arena, como ocurriera en última instancia con la riqueza de la España del siglo XVII, cuyo suelo erosionado no se recuperó jamás de la expansión excesiva de la ganadería lanar.

Un documento oficial de 1607, elaborado para los señores del Reino, planteó el problema del cambio en una frase poderosa: «El hombre pobre será satisfecho en su objetivo: habitación; y el caballero no se verá afectado en su deseo: mejoramiento». Esta fórmula parece dar por sentada la esencia del progreso puramente económico, que es el mejoramiento al precio de la dislocación social. Pero también sugiere la necesidad trágica por la que el hombre pobre se aferra a su cabaña, condenado por el deseo del hombre rico de obtener un mejoramiento público que lo beneficia privadamente.

Con razón se ha dicho que los cercamientos fueron una revolución de los ricos contra los pobres. Los señores y los nobles estaban perturbando el orden social, derogando antiguas leyes y costumbres, a veces por medios violentos, a menudo por la presión y la intimidación. Estaban literalmente robando a los pobres su participación en las tierras comunales, derribando las casas que, por la fuerza insuperable de la costumbre, los pobres habían considerado durante mucho tiempo como suyas y de sus herederos. Se estaba perturbando la urdimbre de la sociedad; las aldeas desoladas y las ruinas de viviendas humanas atestiguaban la fiereza con que arrasaba la revolución, poniendo en peligro las defensas del país, vaciando sus pueblos, diezmando a su población, convirtiendo en polvo su suelo sobrecargado, hostigando a sus habitantes y convirtiéndolos en una muchedumbre de pordioseros y ladrones cuando antes eran agricultores inquilinos. Aunque esto ocurrió sólo en algunos lugares, las manchas negras amenazaban con fundirse en una catástrofe uniforme[42]. El rey y su consejo, los cancilleres y los obispos estaban defendiendo el bienestar de la comunidad, y en efecto a la sustancia humana y natural de la sociedad en contra de este azote. Casi sin interrupción alguna, durante siglo y medio —desde el decenio de 1490, por lo menos, hasta el decenio de 1640— lucharon en contra de la despoblación. El lord protector Somerset perdió la vida a manos de la contrarrevolución que derogó las leyes de cercamientos y estableció la dictadura de los señores ganaderos, tras la derrota de la Rebelión de Kett con varios millares de campesinos sacrificados en el proceso. Somerset fue acusado, no sin razón, de haber alentado a los campesinos rebeldes con su firme denuncia de los cercamientos.

Fue casi 100 años más tarde cuando una segunda prueba de fuerza enfrentó a los mismos oponentes, pero ahora los cercadores eran con frecuencia mucho más ricos hidalgos rurales y comerciantes que señores y nobles. Ahora estaba involucrada la alta política, laica y eclesiástica, en el uso deliberado, por parte de la corona, de su prerrogativa para impedir los cercamientos, y en su uso no menos deliberado de la cuestión para fortalecer su posición frente a los hidalgos rurales en una lucha constitucional que llevó a la muerte a Strafford y Laúd a manos del parlamento. Mas su política no era reaccionaria sólo en el sentido industrial del término sino también en el sentido político; además, los predios cercados se dedicaban ahora a la agricultura, y no a la ganadería, con mucha mayor frecuencia que antes. Al poco tiempo, la marea de la guerra civil se tragaba para siempre a la política pública de los Tudor y de los primeros Estuardo.

Los historiadores del siglo XIX condenaban en forma unánime a la política de los Tudor y de los primeros Estuardo como demagógica, si no es que como francamente reaccionaria. Sus simpatías se encontraban naturalmente del lado del parlamento, que a su vez simpatizaba con los cercadores. H. de B. Gibbins, siendo un ardiente defensor de la gente común, escribió sin embargo: «Tales leyes protectoras eran totalmente vanas, como suelen serlo las leyes protectoras»[43]. Innes fue más categórico aún: «Fallaron, como de costumbre, los remedios habituales de castigar el vagabundeo y tratar de forzar a la industria en campos inadecuados y de canalizar el capital hacia inversiones menos lucrativas para proveer empleo»[44]. Gairdner no vaciló en apelar a las nociones del libre comercio como una «ley económica»:

Por supuesto, no se entendían las leyes económicas, y se hicieron algunos intentos legislativos para impedir que los terratenientes destruyeran las viviendas de los agricultores, ya que les resultaba más rentable dedicar la tierra cultivable a la formación de pastos para incrementar la producción de lana. La repetición frecuente de estas leyes sólo demuestra su ineficacia práctica[45].

Recientemente, un economista de la talla de Heckscher expresó su convicción de que el mercantilismo debiera explicarse principalmente por un entendimiento insuficiente de las complejidades de los fenómenos económicos, un tema que la mente humana sólo podría dominar obviamente varios siglos después[46]. En efecto, la legislación anticercamientos no parece haber detenido nunca el curso del movimiento de cercamientos, ni siquiera haberlo obstruido seriamente. John Hales, sin igual en su fervor por los principios de los hombres de la mancomunidad, admitía que resultaba imposible la recaudación de pruebas en contra de los autores de los cercamientos, quienes colocaban a menudo a sus sirvientes como jurados, y era tal el número «de sus empleados y dependientes que no podía formarse ningún jurado sin ellos». A veces, el simple expediente de trazar un solo surco a través del campo salvaba del castigo a un señor infractor.

Tal predominio fácil de los intereses privados sobre la justicia se considera a menudo como un indicio seguro de la ineficacia de la legislación, y la victoria de la tendencia en vano obstruida se aduce luego como una prueba concluyente de la supuesta inutilidad de «un intervencionismo reaccionario». Pero tal concepción parece errar enteramente. ¿Por qué debiera tomarse la victoria final de una tendencia como prueba de la ineficacia de los esfuerzos por frenar su progreso? ¿Y por qué no podría ser el propósito de estas medidas precisamente lo que lograron, es decir, el frenamiento del ritmo del cambio? Lo que no puede detener por completo cierto desarrollo no es, por ese solo hecho, completamente ineficaz. El ritmo del cambio es a menudo no menos importante que la dirección del cambio mismo; pero mientras que esta última no depende con frecuencia de nuestra volición, sí podemos controlar a veces el ritmo al que permitimos que ocurra el cambio.

La creencia en el progreso espontáneo debe cegarnos al papel del gobierno en la vida económica. Este papel consiste a menudo en una alteración de la tasa de cambio, acelerándola o frenándola según el caso; si creemos que esa tasa es inalterable —o peor aún, si consideramos un sacrilegio el hecho de interferir con ella— no habrá margen alguno para la intervención. Los cercamientos nos ofrecen un ejemplo. En una visión retrospectiva, nada podría estar más claro que la tendencia del progreso económico en Europa occidental que trataba de eliminar una uniformidad artificialmente mantenida de la técnica agrícola, las franjas entremezcladas y la institución primitiva de las tierras comunales. Por lo que se refiere a Inglaterra, no hay duda de que el desarrollo de la industria lanar era un activo para el país, ya que condujo al establecimiento de la industria algodonera, el vehículo de la Revolución industrial. Además, es claro que el incremento de los tejidos domésticos dependía del incremento de un abasto interno de lana. Estos hechos bastan para identificar el cambio de la tierra cultivable a los pastos y el movimiento consiguiente de los cercamientos como la tendencia del progreso económico. Sin embargo, para la política consistentemente mantenida por los estadistas Tudor y primeros Estuardo, el ritmo de ese progreso pudo haber sido ruinoso, convirtiendo al proceso mismo en un evento degenerativo, antes que constructivo. Porque de este ritmo dependía principalmente que los desposeídos pudieran ajustarse al cambio de las condiciones sin dañar fatalmente su sustancia humana y económica, física y moral; que pudieran encontrar un empleo nuevo en los campos de oportunidades indirectamente conectados con el cambio; y que los efectos de las mayores importaciones inducidas por el incremento de las exportaciones permitieran que quienes perdían su empleo a causa del cambio encontraran nuevas fuentes de sostenimiento.

La respuesta dependía en cada caso de las tasas relativas del cambio y el ajuste. Las habituales consideraciones «de largo plazo» de la teoría económica son inadmisibles; tales consideraciones prejuzgarían la controversia suponiendo que el evento ocurrió en una economía de mercado. Tal supuesto es injustificado, por natural que pueda parecemos: la economía de mercado es una estructura institucional que, aunque lo olvidamos con gran facilidad, sólo ha existido en nuestra época, y sólo en forma parcial. Pero fuera de este supuesto, carecen de sentido las consideraciones «de largo plazo». Así pues, si el efecto inmediato de un cambio es nocivo, su efecto final será más nocivo, salvo prueba de lo contrario. Si la conversión de tierras de cultivo en pastos involucra la destrucción de cierto número de viviendas, la destrucción de cierta cantidad de empleos y la disminución del abasto de provisiones alimenticias disponibles en la localidad, estos efectos deberán considerarse definitivos, mientras no haya pruebas de lo contrario. Esto no excluye la consideración de los posibles efectos del aumento de las exportaciones sobre los ingresos de los terratenientes; de las posibles oportunidades de empleo creadas por un incremento eventual del abasto local de lana, o de los usos que pudieran dar los terratenientes a sus incrementados ingresos, ya sean nuevas inversiones o gastos lujosos. El ritmo del cambio, por comparación con el ritmo del ajuste, decidirá lo que deba considerarse como el efecto neto del cambio. Pero en ningún caso podremos suponer el funcionamiento de las leyes del mercado si no se demuestra la existencia de un mercado autorregulado. Las leyes del mercado sólo son relevantes en el ambiente institucional de la economía de mercado; no fueron los estadistas de la Inglaterra Tudor quienes se olvidaron de los hechos, sino los economistas modernos, cuyos enjuiciamientos de tales hechos implicaban la existencia previa de un sistema de mercado.

Inglaterra soportó sin graves daños la calamidad de los cercamientos sólo porque los Tudor y los primeros Estuardo usaron el poder de la corona para frenar el proceso del mejoramiento económico hasta que se volviera socialmente tolerable: empleando el poder del gobierno central para ayudar a las víctimas de la transformación, y tratando de canalizar el proceso de cambio para lograr que su curso fuese menos devastador. Sus cancillerías y tribunales de prerrogativas no tenían ninguna perspectiva conservadora: representaban el espíritu científico de la nueva gobernación, favoreciendo la inmigración de artesanos extranjeros, implantando con avidez técnicas nuevas, adoptando métodos estadísticos y hábitos de reportes precisos, rechazando la costumbre y la tradición, oponiéndose a los derechos prescriptivos, reduciendo las prerrogativas eclesiásticas, pasando por alto el Derecho común. Si la innovación hace al revolucionario, ellos eran los revolucionarios de la época. Su compromiso se establecía con el bienestar de la comunidad glorificada en el poder y la grandeza del soberano; pero el futuro pertenecía al constitucionalismo y al parlamento. El gobierno de la corona dejó su lugar al gobierno de una clase: la que dirigió el progreso industrial y comercial. El gran principio del constitucionalismo se ligó a la revolución política que despojó a la corona, que para esa época había perdido casi todas sus facultades creativas, mientras que su función protectora ya no era vital para un país que había sorteado la tormenta de la transición. La política financiera de la corona restringía ahora el poder del campo excesivamente, y empezó a restringir su comercio; a fin de mantener sus prerrogativas, la corona abusaba de ellas más y más, y así dañaba los recursos de la nación. Su brillante administración de la mano de obra y de la industria, su control circunspecto del movimiento de los cercamientos, fue su última hazaña. Pero esto se olvidó con gran facilidad, porque los capitalistas y empleadores de la clase media en ascenso eran las víctimas principales de sus actividades protectoras. Debieron transcurrir otros dos siglos para que Inglaterra disfrutara otra administración social tan eficaz y bien ordenada como la que destruyó la mancomunidad. Desde luego, ahora era menos necesaria una administración de esta clase paternalista. Pero en cierto sentido el cambio causó daños indudables, ya que ayudó a borrar de la memoria de la nación los horrores del periodo de los cercamientos, así como las hazañas gubernamentales al superar el peligro de la despoblación. Es posible que esto ayude a explicar que no se haya advertido la naturaleza real de la crisis cuando, cerca de 150 años más tarde, una catástrofe similar —bajo la forma de la Revolución industrial— amenazó la vida y el bienestar del país.

También ahora, el evento era peculiar a Inglaterra; también ahora, el comercio internacional era la fuente de un movimiento que afectaba a todo el país; y también ahora era el mejoramiento a la mayor escala lo que perturbaba de modo sin precedente la habitación de la gente común. Antes de que el proceso hubiese avanzado mucho, los trabajadores se habían hacinado en nuevos sitios de desolación, los llamados pueblos industriales de Inglaterra; los campesinos se habían deshumanizado en habitantes de barrios citadinos miserables; la familia estaba en camino de la perdición, y grandes partes del país estaban desapareciendo bajo los montones de escoria vomitados por los «molinos satánicos». Los escritores de todas las convicciones y todos los partidos, conservadores y liberales, capitalistas y socialistas, invariablemente se referían a las condiciones sociales existentes bajo la Revolución industrial como un verdadero abismo de degradación humana.

No se ha presentado todavía ninguna explicación del evento que resulte enteramente satisfactoria. Los contemporáneos se imaginaban que habían descubierto la clave de la condena en las férreas regularidades gobernantes de la riqueza y la pobreza, a las que llamaron la ley de los salarios y la ley de la población; tales leyes han sido refutadas. La explotación se presentó como otra explicación de la riqueza y la pobreza; pero esto no podía explicar el hecho de que los salarios fuesen más elevados en los miserables barrios industriales que en cualesquiera otras áreas; y en general continuaron aumentando durante otro siglo. A menudo se adujo un conjunto complejo de causas, tampoco muy satisfactorio.

Nuestra propia solución no tiene nada de simple; en efecto, ocupa la mayor parte de este libro. Postulamos que una avalancha de dislocaciones sociales, mucho más poderosa que la del periodo de los cercamientos, cayó sobre Inglaterra; que esta catástrofe acompañó a un vasto movimiento de mejoría económica; que un mecanismo institucional enteramente nuevo empezaba a actuar en la sociedad occidental; que jamás se superaron realmente sus peligros, especialmente agudos, cuando aparecieron por primera vez, y que la historia de la civilización del siglo XIX fue en gran medida una serie de intentos de protección de la sociedad contra los ataques de tal mecanismo. La Revolución industrial fue sólo el inicio de una revolución tan extrema y radical como jamás había inflamado la mente de los sectarios, pero el nuevo credo era completamente materialista y creía que todos los problemas humanos podrían resolverse si se contara con una cantidad ilimitada de bienes materiales.

La historia ha sido narrada en innumerables ocasiones: cómo la expansión de los mercados, la presencia de carbón y hierro y de un clima húmedo favorable para la industria algodonera, la multitud de personas desposeídas por los nuevos cercamientos del siglo XVIII, la existencia de instituciones libres, la invención de máquinas y otras causas, interactuaron en tal forma que produjeron la Revolución industrial. Se ha demostrado concluyentemente que ninguna causa singular merece ser separada de la cadena como la causa de ese evento repentino e inesperado.

¿Pero cómo se definirá esta revolución? ¿Cuál fue su característica básica? ¿Fue el surgimiento de los pueblos fabriles, la aparición de barrios miserables, las largas jornadas de trabajo de los niños, los bajos salarios de ciertas categorías de trabajadores, la elevación de la tasa del crecimiento demográfico, o la concentración de las industrias? Postulamos que todos estos eventos fueron meramente incidentales de un cambio básico: el establecimiento de la economía de mercado, y que la naturaleza de esta institución no puede captarse plenamente si no se advierte el impacto de la máquina sobre una sociedad comercial. No queremos afirmar que la máquina causó lo que en efecto ocurrió, pero insistimos en que en cuanto se usaron máquinas y plantas refinadas en la producción de una sociedad comercial, la idea de un mercado autorregulado no podía dejar de tomar forma.

El uso de máquinas especializadas en una sociedad agraria y comercial debe producir efectos característicos. Tal sociedad está integrada por agricultores y comerciantes que compran y venden el producto de la tierra. La producción con la ayuda de herramientas y plantas especializadas, refinadas, caras, puede introducirse en tal sociedad sólo volviéndola incidental de la compra y la venta. El comerciante es la única persona disponible para que se encargue de esto, y estará dispuesto a hacerlo mientras que esta actividad no le signifique una pérdida. El comerciante venderá los bienes de la misma manera que lo viene haciendo con sus demandantes, pero ahora los obtendrá de manera diferente: no comprándolos hechos, sino comprando la mano de obra y las materias primas necesarias. La reunión de los dos factores de acuerdo con las instrucciones del comerciante, más cierta espera que podría tener que hacer, generan el nuevo producto. Ésta no es una descripción de la industria casera solamente, sino de cualquier clase de capitalismo industrial, incluido el de nuestra propia época. De aquí se siguen consecuencias importantes para el sistema social.

Dado que las máquinas refinadas son caras, sólo son costeables si se producen grandes cantidades de bienes[47]. Tales máquinas pueden operar sin pérdida sólo si la venta de los bienes se encuentra razonablemente asegurada y si la producción no tiene que interrumpirse por falta de los bienes primarios necesarios para su alimentación. Esto significa, para el comerciante, que todos los factores involucrados deberán estar en venta, es decir, deben estar disponibles en las cantidades necesarias para cualquiera que esté dispuesto a pagar por ellos. Si no se satisface esta condición, la producción con el auxilio de máquinas especializadas resulta demasiado riesgosa para emprenderla desde el punto de vista del comerciante que arriesga su dinero y de la comunidad en conjunto que pasará a depender de la producción continua de ingresos, empleos y provisiones.

Tales condiciones no estarían naturalmente dadas en una sociedad agrícola, sino que tendrían que crearse. El hecho de que se crearan gradualmente no afecta en modo alguno la naturaleza sorprendente de los cambios involucrados. La transformación implica un cambio en la motivación de la acción de parte de los miembros de la sociedad: la motivación de la subsistencia debe ser sustituida por la motivación de la ganancia. Todas las transacciones se convierten en transacciones monetarias, y éstas requieren a su vez la introducción de un medio de cambio en cada articulación de la vida industrial. Todos los ingresos deben derivar de la venta de algo a otros, y cualquiera que sea la fuente efectiva del ingreso de una persona deberá considerarse como el resultado de una venta. Nada menos está implicado en el simple término de «sistema de mercado», con el que designamos el patrón institucional descrito. Pero la peculiaridad más sorprendente del sistema reside en el hecho de que, una vez establecido, debe permitirse que funcione sin interferencia externa. Los beneficios ya no están garantizados, y el comerciante debe obtener sus beneficios en el mercado. Debe permitirse que los precios se regulen solos. Tal sistema de mercados autorregulados es lo que entendemos por una economía de mercado.

La transformación de la economía anterior en este sistema nuevo es tan completa que se asemeja más a la metamorfosis de la oruga que a cualquier alteración que pueda expresarse en términos de un crecimiento y un desarrollo continuos. Contrástense, por ejemplo, las actividades de venta del comerciante-productor con sus actividades de compra; sus ventas se refieren sólo a artefactos; la urdimbre de la sociedad no se verá afectada necesariamente si tales actividades tienen éxito o no. Pero lo que compra son materias primas y mano de obra: naturaleza y hombre. En efecto, la producción de máquinas en una sociedad comercial involucra nada menos que una transformación de la sustancia natural y humana de la sociedad en mercancías. La conclusión, horrible, es inevitable; nada menos que eso servirá al propósito: obviamente, la dislocación causada por tales instrumentos deberá destruir las relaciones humanas y amenazar con la aniquilación de su hábitat natural.

En efecto, tal peligro era inminente. Percibiremos su carácter verdadero si examinamos las leyes que gobiernan el mecanismo de un mercado autorregulado.

IV. Las sociedades y los sistemas económicos

Antes de iniciar la discusión de las leyes que gobiernan una economía de mercado, como la que estaba tratando de establecer el siglo XIX, debemos tener un entendimiento claro de los extraordinarios supuestos que se encuentran detrás de tal sistema.

La economía de mercado implica un sistema de mercados autorregulado; en términos ligeramente más técnicos, es una economía dirigida por los precios del mercado y nada más. Tal sistema, capaz de organizar toda la vida económica sin ayuda o interferencia externa, merecería sin duda el calificativo de autorregulado. Estas indicaciones generales bastarán para mostrar la naturaleza enteramente insólita de tal aventura en la historia de la humanidad.

Precisemos un poco. Ninguna sociedad podría vivir naturalmente durante un periodo cualquiera sin poseer una economía de cierta clase; pero antes de nuestra época, no ha existido jamás ninguna economía que estuviese controlada por los mercados, ni siquiera en principio. A pesar del coro de encantamientos académicos tan persistente en el siglo XIX, la ganancia y el beneficio obtenidos en el intercambio no desempeñaron jamás una parte tan importante en la economía humana. Aunque la institución del mercado era bastante común desde finales de la Edad de piedra, su papel era sólo incidental en la vida económica.

Tenemos buenas razones para insistir en este punto con todo el vigor a nuestro alcance. Un pensador de la talla de Adam Smith sugirió que la división del trabajo en la sociedad dependía de la existencia de mercados, o de «la propensión del hombre a intercambiar una cosa por otra». Esta frase generaría más tarde el concepto del Hombre económico. A posteriori podemos decir que ninguna mala apreciación del pasado resultó jamás tan profética del futuro. Porque hasta la época de Smith, esa propensión no había aparecido en una escala considerable en la vida de ninguna comunidad conocida, y en el mejor de los casos había sido un aspecto subordinado de la vida económica; pero 100 años más tarde estaba en su apogeo un sistema industrial en la mayor parte del planeta, lo que en la práctica y en la teoría implicaba que la humanidad se veía arrastrada por esa propensión particular en todas sus actividades económicas, si no es que también en sus aspiraciones políticas, intelectuales y espirituales. En la segunda mitad del siglo XIX, Herbert Spencer pudo equiparar el principio de la división del trabajo al trueque y el intercambio, sin tener más que un conocimiento superficial de la ciencia económica; y 50 años más tarde, Ludwig von Mises y Walter Lippmann pudieron repetir la misma falacia. Para ese momento, ya no había necesidad de discutir. Una multitud de autores en los campos de la economía política, la historia social, la filosofía política y la sociología general había seguido los pasos de Smith y establecido su paradigma del salvaje trocador como un axioma de sus ciencias respectivas. En realidad, las sugerencias de Adam Smith acerca de la psicología económica del hombre primitivo eran tan falsas como la psicología política del salvaje de Rousseau. La división del trabajo, un fenómeno tan antiguo como la sociedad, surge de diferencias inherentes en los hechos del sexo, la geografía y la dotación individual; y la supuesta propensión del hombre a trocar, comerciar e intercambiar es casi enteramente apócrifa. La historia y la etnografía señalan varias clases de economías, la mayoría de las cuales incluyen la institución de los mercados, pero no señalan ninguna economía anterior a la nuestra que se aproxime siquiera a la sociedad controlada y regulada por mercados. Esto será evidente luego de una reseña general de la historia de los sistemas económicos y de los mercados que se presentará por separado. Se verá que el papel desempeñado por los mercados en la economía interna de los diversos países fue insignificante hasta épocas recientes, y el cambio a una economía dominada por el patrón del mercado destacará con mayor claridad.

Para principiar, debemos descartar algunos prejuicios decimonónicos que se encontraban detrás de la hipótesis de Adam Smith acerca de la supuesta predilección del hombre primitivo por las ocupaciones lucrativas. Dado que su axioma era mucho más relevante para el futuro inmediato que para el pasado remoto, indujo en sus seguidores una actitud extraña hacia la historia inicial del hombre. La información disponible parecía indicar que el hombre primitivo, lejos de tener una psicología capitalista, tenía en efecto una psicología comunista (esto también resultó errado). En consecuencia, los historiadores económicos tendían a confinar su interés en el periodo comparativamente reciente de la historia en el que el pago en especie y el intercambio aparecían a escala considerable, y la economía primitiva se relegó a la prehistoria. Inconscientemente, esto condujo a una inclinación de la balanza a favor de una psicología de comercialización, porque dentro del periodo relativamente corto de los últimos siglos todo podría tender hacia el establecimiento de lo que eventualmente se estableció, es decir, un sistema de mercado, con independencia de otras tendencias temporalmente sumergidas. Como es evidente, la corrección de tal perspectiva de «corto plazo» habría consistido en la conexión de la historia económica con la antropología social, un camino que consistentemente se evitó.

No podemos continuar ahora por ese camino. El hábito de mirar los últimos 10 000 años y al conjunto de las sociedades primitivas como un mero preludio a la verdadera historia de nuestra civilización, iniciada aproximadamente con la publicación de La riqueza de las naciones en 1776, es por lo menos anticuado. Es este episodio el que ha terminado en nuestros días, y al tratar de evaluar las opciones del futuro debemos reprimir nuestra inclinación natural a seguir las preferencias de nuestros ancestros. Pero el mismo sesgo que llevó a la generación de Adam Smith a creer que el hombre primitivo se concentraba en el trueque y el pago en especie, indujo a sus sucesores a desechar todo interés en ese hombre primitivo, ya que ahora se sabía que no había albergado tan laudables pasiones. La tradición de los economistas clásicos, que trataron de basar la ley del mercado en las supuestas propensiones del hombre en estado natural, fue sustituida por un abandono de todo interés por las culturas del hombre «incivilizado», consideradas irrelevantes para el entendimiento de los problemas de nuestra época.

Tal actitud de subjetivismo en lo referente a las civilizaciones anteriores no debiera atraer a la mente científica. Las diferencias existentes entre los pueblos civilizados y los pueblos «incivilizados» ha sido muy exagerada, sobre todo en la esfera económica. De acuerdo con los historiadores, las formas de la vida industrial en la Europa agrícola eran, hasta hace poco tiempo, no muy diferentes de lo que habían sido varios milenios antes. Desde la introducción del arado —en esencia una azada larga tirada por animales— los métodos de la agricultura permanecieron sustancialmente inalterados en la mayor parte de Europa occidental y central hasta los inicios de la época moderna. En efecto, el progreso de la civilización fue en estas regiones principalmente político, intelectual y espiritual; por lo que se refiere a las condiciones materiales, la Europa occidental del año 1 100 apenas se equiparaba al mundo romano de 1 000 años atrás. Incluso más tarde, el cambio fluía con mayor facilidad por los canales de la forma de gobernar, la literatura y las artes, pero sobre todo en los de la religión y el aprendizaje, que en los de la industria. En su economía, la Europa medieval se encontraba básicamente al mismo nivel de Persia, India o China antiguas, y ciertamente no podía rivalizar en riqueza y cultura con el Nuevo reino de Egipto, de 2 000 años atrás. Max Weber fue el primero de los historiadores económicos modernos que protestó contra la eliminación de la economía primitiva como algo irrelevante para la cuestión de las motivaciones y los mecanismos de las sociedades civilizadas. El trabajo subsecuente de la antropología social demostró que Weber estaba completamente en lo justo. Porque sí hay una conclusión que destaque más que cualquiera otra en el estudio reciente de las sociedades primitivas, tal es la inmutabilidad del hombre como un ser social. Sus dotaciones naturales reaparecen con una constancia notable en las sociedades de todos los tiempos y lugares; y las condiciones necesarias para la supervivencia de la sociedad humana parecen ser siempre las mismas.

El gran descubrimiento de la reciente investigación histórica y antropológica es que la economía humana está sumergida por regla general en las relaciones sociales de los hombres. El hombre no actúa para salvaguardar sus intereses individuales en la posesión de bienes materiales, sino para salvaguardar su posición social, sus derechos sociales, sus activos sociales. El hombre valúa los bienes materiales sólo en la medida en que sirvan a este fin. Ni el proceso de producción ni el de distribución se conectan a los intereses económicos específicos ligados a la posesión de bienes; pero cada paso de ese proceso se conecta con varios intereses sociales que eventualmente aseguran que se dé el paso apropiado. Estos intereses serán muy diferentes en una pequeña comunidad de cazadores o pescadores en relación con los existentes en una vasta sociedad despótica, pero en ambos casos se administrará el sistema económico por motivaciones no económicas.

La explicación es simple en términos de la supervivencia. Veamos el caso de una sociedad tribal. El interés económico del individuo es raras veces predominante, porque la comunidad protege a todos sus miembros contra la inanición, a menos que ella misma afronte una catástrofe, en cuyo caso los intereses se verán de nuevo amenazados en forma colectiva, no individual. Por otra parte, el mantenimiento de los lazos sociales es fundamental. Primero, porque al violar el código de honor o de generosidad aceptado se separará el individuo de la comunidad y se convertirá en un desterrado; segundo, porque a la larga son recíprocas todas las obligaciones sociales, y su cumplimiento sirve mejor también a los intereses egoístas del individuo. Tal situación debe ejercer sobre el individuo una presión continua para eliminar de su conciencia el interés económico propio, hasta el punto de incapacitarlo, en muchos casos (pero no en todos), incluso para comprender las implicaciones de sus propias acciones en términos de tal interés. Esta actitud se refuerza por la frecuencia de actividades comunales tales como la obtención de alimentos de la pesca común o la participación en el botín de alguna expedición tribal remota y peligrosa. El premio otorgado a la generosidad es tan grande, medido en términos del prestigio social, que simplemente no es conveniente ningún comportamiento distinto de la abnegación total. El carácter personal tiene poco que ver con el asunto. El hombre puede ser bueno o malo, sociable o insociable, celoso o generoso, respecto de un conjunto de valores u otro. En efecto, el hecho de no dar a nadie alguna razón para la envidia es un principio aceptado de la distribución ceremonial, así como el elogio público es el premio del hortelano industrioso, hábil o exitoso (a menos que sea demasiado exitoso, en cuyo caso podría hacérsele desaparecer bajo la ilusión de ser la víctima de la magia negra). Las pasiones humanas, buenas o malas, se dirigen hacia fines no económicos. El rito ceremonial sirve para alentar la imitación al máximo, y la costumbre del trabajo comunal tiende a elevar los niveles cuantitativos y cualitativos a su mayor intensidad. La realización de todos los actos de intercambio tales como los regalos que se espera recibir en reciprocidad, aunque no necesariamente de los mismos individuos —un procedimiento minuciosamente articulado y perfectamente salvaguardado por métodos refinados de publicidad, por ritos mágicos y por el establecimiento de «dualidades» en las que se ligan los grupos en obligaciones mutuas— debiera explicar por sí misma la ausencia de la noción de la ganancia, o aun de la riqueza, fuera de los objetos que tradicionalmente elevan el prestigio social.

En este bosquejo de las características generales de una comunidad melanesia occidental no tomamos en cuenta su organización sexual y territorial, por referencia a la cual ejercen su influencia la costumbre, la ley, la magia y la religión, ya que sólo tratamos de mostrar la manera como las llamadas motivaciones económicas surgen del contexto de la vida social. Es sobre este punto negativo que convienen los etnógrafos modernos: la ausencia de la motivación de ganancia; la ausencia del principio de trabajar por una remuneración; la ausencia del principio del menor esfuerzo, y sobre todo la ausencia de cualquier institución separada y distinta basada en motivaciones económicas. ¿Pero cómo se asegura entonces el orden en la producción y la distribución?

La respuesta deriva principalmente de dos principios del comportamiento que no se asocian primordialmente con la economía: la reciprocidad y la redistribución[48]. Entre los isleños Trobriand de Melanesia occidental, que sirven como una ilustración de este tipo de economía, la reciprocidad opera principalmente en lo referente a la organización sexual de la sociedad, es decir, la familia y el parentesco; la redistribución es efectiva principalmente en lo que se refiere a todos aquellos que se encuentren bajo un jefe común, de modo que tiene un carácter territorial. Veamos estos principios por separado.

El sostenimiento de la familia —las mujeres y los niños— es obligación de sus parientes matrilineales. El hombre, que provee a su hermana y a la familia de su hermana, entregando lo mejor de su cosecha, ganará principalmente el crédito otorgado a su buen comportamiento, pero obtendrá escaso beneficio material inmediato a cambio; si es negligente, será ante todo su reputación la que sufrirá. El principio de reciprocidad operará en beneficio de su esposa y sus hijos, y así lo compensará económicamente por sus actos de virtud cívica. La exhibición ceremonial de alimentos en su propio huerto y ante el almacén del receptor asegurará que todos conozcan la alta calidad de su trabajo. Es evidente que la economía del huerto y el hogar forma parte aquí de las relaciones sociales conectadas con el buen trabajo y la buena ciudadanía. El principio general de la reciprocidad ayuda a salvaguardar la producción y el sostenimiento familiar.

El principio de la redistribución no es menos eficaz. Una parte sustancial del producto total de la isla es entregada por los cabecillas de la aldea al jefe que la almacena. Pero en virtud de que la actividad se centra en su totalidad en las fiestas, las danzas y otras ocasiones en que los isleños se divierten a sí mismos y divierten a sus vecinos de otras islas (cuando se entregan los bienes comerciados a larga distancia, se dan regalos y se reciben de acuerdo con las reglas de la etiqueta, y el jefe distribuye los obsequios habituales entre todos), se hace evidente la importancia decisiva del sistema de almacenamiento. En términos económicos, ésta es una parte esencial del sistema existente de división del trabajo, de comercio exterior, de tributación para propósitos públicos, de provisiones para la defensa. Pero estas funciones de un sistema económico propiamente dicho son absorbidas completamente por las experiencias intensamente vividas que ofrecen una motivación no económica en abundancia para cada acto realizado en el marco del sistema social en conjunto.

Sin embargo, los principios del comportamiento de esta clase sólo pueden volverse eficaces si los patrones institucionales existentes propician su aplicación. La reciprocidad y la redistribución pueden asegurar el funcionamiento de un sistema económico sin el auxilio de registros escritos y una administración refinada sólo porque la organización de las sociedades en cuestión satisface los requerimientos de tal solución con el auxilio de patrones tales como el de la simetría y la centralidad.

La reciprocidad se facilita enormemente por el patrón institucional de la simetría, una característica frecuente de la organización social entre los pueblos analfabetos. La notable «dualidad» que observamos en las subdivisiones tribales propicia el pareo de las relaciones individuales y ayuda así al intercambio de bienes y servicios en ausencia de registros permanentes. Las reparticiones de la sociedad salvaje que tienden a crear «pendientes» para cada subdivisión, derivan de los actos de reciprocidad en los que descansa el sistema, a cuya realización cooperan también. Poco se sabe del origen de la «dualidad»; pero cada aldea costera de las islas Trobriand parece tener su contrapartida en una aldea interior, de modo que el importante intercambio de frutas y pescado puede organizarse regularmente, aunque se disfrace de una distribución recíproca de regalos y en efecto se separe en el tiempo. En el comercio Kula, igualmente, cada individuo tiene su socio en otra isla, lo que personaliza en gran medida la relación de reciprocidad. Sin la frecuencia del patrón simétrico en las subdivisiones de la tribu, de la ubicación de los asentamientos, y de las relaciones intertribales, resultaría impracticable una amplia reciprocidad basada en la realización a largo plazo de actos de intercambio separados.

De nuevo, el patrón institucional de la centralidad, que está presente en alguna medida en todos los grupos humanos, provee un procedimiento para la recolección, el almacenamiento y la redistribución de bienes y servicios. Los miembros de una tribu de cazadores suelen entregar la caza al jefe para su redistribución. La naturaleza de la cacería hace que la producción de caza sea irregular, además de ser el resultado del esfuerzo colectivo. En tales condiciones, ningún otro método de repartición resulta practicable si se quiere evitar que el grupo se desintegre después de cada cacería. Pero en todas las economías de esta clase existe una necesidad similar a medida que crece el grupo. Y entre mayor sea el territorio y más variada la producción, más conducirá la redistribución a una efectiva división del trabajo, ya que ésta debe ayudar a conectar grupos de productores geográficamente diferenciados.

La simetría y la centralidad satisfarán a medias las necesidades de la reciprocidad y la redistribución; los patrones institucionales y los principios del comportamiento se ajustan mutuamente. Mientras que la organización social corra por sus vías, no surgirán motivaciones económicas individuales; no tendrá que temerse ninguna reducción del esfuerzo personal; la división del trabajo se asegurará automáticamente; las obligaciones económicas se cumplirán puntualmente; y sobre todo se proveerán los medios materiales para una exhibición exuberante de abundancia en todos los festivales públicos. En tal comunidad queda descartada la idea del beneficio; se desprecia el regateo; se aclama como una virtud la donación; no aparece la supuesta propensión a trocar e intercambiar. En efecto, el sistema económico es una mera función de la organización social.

No debe inferirse en modo alguno que los principios socioeconómicos de este tipo se restrinjan a procedimientos primitivos o a comunidades pequeñas; que una economía sin ganancia y sin mercado debe ser necesariamente simple. El anillo de Kula, en la Melanesia occidental, basado en el principio de la reciprocidad, es una de las transacciones comerciales más refinadas que conoce el hombre; y la redistribución estaba presente a escala gigantesca en la civilización de las pirámides.

Las islas Trobriand pertenecen a un archipiélago que forma aproximadamente un círculo, y un segmento importante de la población de este archipiélago dedica una parte considerable de su tiempo a las actividades del comercio Kula. Lo describimos como un comercio, aunque no hay ningún beneficio involucrado, ya sea en dinero o en especie; los bienes no se atesoran ni se poseen permanentemente; los bienes recibidos se disfrutan regalándolos; no hay regateo, ni pago en especie, ni trueque ni intercambio; y todos los procedimientos están enteramente regulados por la etiqueta y la magia. Sin embargo, hay comercio, y los nativos de este archipiélago emprenden periódicamente grandes expediciones para llevar algún objeto valioso a quienes viven en islas situadas en la dirección de las manecillas del reloj, mientras que otras expediciones llevan otra clase de objetos valiosos a las islas del archipiélago situadas en la dirección contraria. A la larga, ambos conjuntos de objetos —pulseras de conchas blancas y collares de conchas rojas de fabricación tradicional— circularán por el archipiélago, en un trayecto que puede durar diez años. Además, existen en Kula, por regla general, socios individuales que se reciprocan los regalos Kula con pulseras y collares igualmente valiosos, preferiblemente los que hayan pertenecido antes a personas distinguidas. Un intercambio sistemático y organizado de objetos valiosos, transportados a largas distancias, se describe justamente como un comercio. Pero este conjunto complejo se administra exclusivamente sobre la base de la reciprocidad. Un intrincado sistema de tiempo-espacio-persona que cubre centenares de kilómetros y varios decenios, conectando a muchos centenares de personas respecto de miles de objetos estrictamente individuales, se maneja aquí sin ningún registro o administración, pero igualmente sin ninguna motivación de ganancia o pago. En el comportamiento social domina la reciprocidad, no la propensión al trueque. Sin embargo, el resultado es una organización estupenda en el campo económico. En efecto, sería interesante considerar si incluso la organización más avanzada del mercado moderno, basada en una contabilidad exacta, podría realizar tal tarea si decidiera emprenderla. Es de temerse que los negociantes desafortunados, afrontados a innumerables monopolistas que compran y venden objetos individuales con restricciones extravagantes impuestas a cada transacción, no pudieran obtener un beneficio normal y prefirieran dejar la actividad.

La redistribución tiene también su historia larga y variada que llega casi hasta la época moderna. El Bergdama que retorna de su excursión de caza, la mujer que regresa de su búsqueda de raíces, frutas u hojas, deberán ofrecer la mayor parte de su botín a la comunidad. Esto significa, en la práctica, que el producto de su actividad se repartirá con las otras personas que viven con ellos. Hasta aquí prevalece la idea de la reciprocidad: la entrega de hoy será recompensada por la recepción de mañana. Entre algunas tribus, sin embargo, hay un intermediario en la persona del jefe u otro miembro prominente del grupo; es él quien recibe y distribuye los abastos, sobre todo si deben ser almacenados. Ésta es la redistribución propiamente dicha. Obviamente, las consecuencias sociales de tal método de distribución podrían ser profundas, ya que no todas las sociedades son tan democráticas como las de los cazadores primitivos. Si la redistribución está a cargo de una familia influyente o un individuo prominente, una aristocracia gobernante o un grupo de burócratas, tratarán a menudo de incrementar su poder político por la manera como redistribuyen los bienes. En el potlatch de los Kwakiutl, es un punto de honor que el jefe exhiba la riqueza de pieles y las redistribuya; pero también lo hace para imponer a los receptores una obligación, para convertirlos en sus deudores y, en última instancia, en sus dependientes.

Todas las economías grandes de transacciones en especie eran administradas con el auxilio del principio de redistribución. El reino de Hamurabi en Babilonia, y en particular el Nuevo reino de Egipto, eran despotismos centralizados de tipo burocrático fundados en tal economía. La economía de la familia patriarcal se reproducía aquí a escala enormemente agrandada, mientras que su distribución «comunista» era graduada, con raciones marcadamente diferenciadas. Un vasto número de almacenes estaba preparado para recibir el producto de la actividad campesina, ya se tratara de los ganaderos, los cazadores, panaderos, cerveceros, alfareros, tejedores o cualquiera otra clase. El producto se registraba minuciosamente y, en la medida en que no se consumiera localmente, se transfería de los almacenes más pequeños a los más grandes, hasta llegar a la administración central ubicada en la corte del faraón. Había casas del tesoro separadas para las telas, las obras de arte, los objetos ornamentales, los cosméticos, la platería, el guardarropa real; había enormes almacenes de granos, arsenales y cavas de vino.

Pero la redistribución a la escala practicada por los constructores de pirámides no se restringía a las economías que no conocían el dinero. En efecto, todos los reinos arcaicos usaban monedas metálicas para el pago de impuestos y salarios, pero por lo demás realizaban pagos en especie tomados de los graneros y almacenes de todas clases, de donde distribuían los bienes más variados para uso y consumo principalmente de la parte no productiva de la población, es decir, de los funcionarios, los militares y la clase ociosa. Éste era el sistema practicado en la antigua China, en el imperio de los Incas, en los reinos de la India, y también en Babilonia. Éstas y muchas otras civilizaciones de vastos logros económicos elaboraron una refinada división del trabajo por el mecanismo de la redistribución.

Este principio privaba también bajo las condiciones feudales. En las sociedades étnicamente estratificadas de África ocurre a veces que los estratos superiores están integrados por ganaderos establecidos entre agricultores que están usando todavía el palo o la azada para perforar la tierra. Los regalos recibidos por los ganaderos son principalmente agrícolas —tales como los cereales y la cerveza— mientras que los regalos otorgados por ellos podrían ser animales, especialmente cabras u ovejas. En estos casos hay división del trabajo, aunque de ordinario desigual, entre los diversos estratos de la sociedad: la distribución puede encubrir a menudo cierta explotación, al mismo tiempo que la simbiosis beneficia los niveles de vida de ambos estratos, debido a las ventajas de una división del trabajo mejorada. En términos políticos, tales sociedades viven bajo un régimen de feudalismo, ya se prefiera al ganado o a la tierra. En África oriental hay «feudos ganaderos regulares». Thurnwald, a quien seguimos de cerca sobre el tema de la redistribución, pudo decir así que el feudalismo implicaba en todas partes un sistema de redistribución. Este sistema se vuelve predominantemente político sólo bajo condiciones muy avanzadas y circunstancias excepcionales, como ocurrió en Europa occidental, donde el cambio surgió de la necesidad de protección del vasallo, y los regalos se convirtieron en tributos feudales.

Estos ejemplos demuestran que la redistribución tiende también a involucrar al sistema económico propiamente dicho en relaciones sociales. Descubrimos, por regla general, que el proceso de redistribución forma parte del régimen político prevaleciente, ya sea el de la tribu, la ciudad-Estado, el despotismo, o el feudalismo del ganado o de la tierra. La producción y distribución de bienes se organiza principalmente mediante la recolección, el almacenamiento y la redistribución, centrándose el patrón en el jefe, el templo, el déspota o el señor. Dado que las relaciones del grupo conductor con los grupos conducidos difieren de acuerdo con el fundamento del poder político, el principio de la redistribución involucrará motivaciones individuales tan diferentes como la repartición voluntaria de la caza por los cazadores y el temor al castigo que mueve al fedayín a entregar sus impuestos en especie.

En esta presentación omitimos deliberadamente la vital distinción existente entre las sociedades homogéneas y las estratificadas, es decir, las sociedades que están socialmente unificadas en conjunto, y las sociedades divididas entre gobernantes y gobernados. La posición relativa de los esclavos y los amos puede ser muy diferente de la que existe entre los miembros libres e iguales de algunas tribus cazadoras, de modo que diferirán ampliamente las motivaciones de las dos sociedades, pero la organización del sistema económico podría basarse todavía en los mismos principios, si bien acompañada de rasgos culturales muy diferentes, de acuerdo con las diferentes relaciones humanas que interconectan al sistema económico.

El tercer principio, destinado a desempeñar un gran papel en la historia y que llamaremos el principio del hogar, consiste en la producción para el uso propio. Los griegos lo llamaron oeconomia, el origen de la palabra «economía». De acuerdo con los registros etnográficos, no debiéramos suponer que la producción para la propia persona o el propio grupo sea más antigua que la reciprocidad o la redistribución. Por el contrario, la tradición ortodoxa y algunas teorías más recientes sobre el tema han sido enfáticamente refutadas. Jamás ha existido el salvaje individualista, recolector de frutos y de caza para sí mismo o para su familia. En efecto, la práctica de atender a las necesidades del propio hogar se convierte en un aspecto de la vida económica sólo en un nivel agrícola más avanzado; pero aun entonces no tiene nada en común con la motivación de la ganancia o con la institución de los mercados. Su patrón es el grupo cerrado. El principio era invariablemente el mismo, independientemente de que las entidades muy diferentes de la familia o el asentamiento o el feudo formaran la unidad autosuficiente, a saber: la producción y el almacenamiento para la satisfacción de las necesidades de los miembros del grupo. El principio tiene una aplicación tan amplia como la de la reciprocidad o de la redistribución. La naturaleza del núcleo institucional es indiferente: podría ser el sexo como ocurre con la familia patriarcal, la localidad como ocurre con el asentamiento aldeano, o el poder político como ocurre con el feudo señorial. Tampoco importa la organización interna del grupo. Podría ser tan despótica como la familia romana o tan democrática como la zadruga de los eslavos sureños; tan grande como los vastos dominios de los magnates carolingios o tan pequeña como el predio campesino característico de Europa occidental. La necesidad del comercio o de los mercados no es mayor que en el caso de la reciprocidad o la redistribución.

Era este estado de cosas el que Aristóteles trataba de establecer como una norma hace más de 2 000 años. Mirando hacia atrás desde las alturas rápidamente declinantes de una economía de mercado mundial, debemos aceptar que su famosa distinción entre la actividad hogareña propiamente dicha y la ganancia de dinero, en el capítulo introductorio de su Política, fue probablemente el señalamiento más profético que se hiciera jamás en el campo de las ciencias sociales; sigue siendo sin duda el mejor análisis que poseemos sobre el tema. Insiste Aristóteles sobre la producción para el uso frente a la producción para la ganancia como la esencia de la actividad hogareña propiamente dicha; pero la producción accesoria para el mercado no destruye necesariamente la autosuficiencia, ya que el cultivo comercial se utilizaría también en el predio para el sostenimiento, en forma de ganado o de granos; la venta de los excedentes no destruye necesariamente la base de la actividad hogareña. Sólo un genio del sentido común podría sostener, como lo hizo Aristóteles, que la ganancia era un motivo peculiar para producir para el mercado, y que el factor monetario introducía un elemento nuevo en la situación; pero mientras que los mercados y el dinero fuesen meros accesorios para una familia por lo demás autosuficiente, podría operar el principio de la producción para el uso. En esto tenía razón, sin duda, aunque no veía cuán impracticable resultaba la omisión de los mercados en una época en que la economía griega se había vuelto dependiente del comercio de mayoreo y del capital prestado. Porque éste era el siglo en que Delfos y Rodas se estaban convirtiendo en emporios del aseguramiento de las cargas, de préstamos marítimos y de giros bancarios, comparados con los cuales Europa occidental, un milenio más tarde, era la imagen misma del primitivismo. Pero Jowett, director de Balliol, se equivocó rotundamente cuando dio por sentado que su Inglaterra victoriana entendía mejor que Aristóteles la naturaleza de la diferencia existente entre la actividad hogareña y la ganancia de dinero. Excusó a Aristóteles concediendo que «los temas del conocimiento que se ocupan del hombre se entrelazan; y en la época de Aristóteles no se distinguían fácilmente». Es cierto que Aristóteles no reconoció claramente las implicaciones de la división del trabajo y su conexión con los mercados y el dinero; tampoco advirtió los usos del dinero como crédito y como capital. Hasta aquí se justificaban las reticencias de Jowett, pero fue el director de Balliol, no Aristóteles, quien no pudo advertir las implicaciones humanas de la ganancia de dinero. No pudo ver que la distinción existente entre el principio del uso y el de la ganancia era la clave para la civilización completamente diferente cuyos grandes lineamientos pronosticó correctamente Aristóteles 2 000 años antes de su advenimiento, contando apenas con los rudimentos de una economía de mercado a su disposición, mientras que Jowett, teniendo frente a sí el animal de cuerpo completo, pasó por alto su existencia. Al denunciar el principio de la producción para la ganancia como algo «no natural para el hombre», como algo ilimitado, Aristóteles estaba apuntando al hecho fundamental: el divorcio de una motivación económica separada frente a las relaciones sociales en las que se daban estas limitaciones.

En términos generales, la proposición sostiene que todos los sistemas económicos conocidos hasta el final del feudalismo en Europa occidental se organizaron de acuerdo con los principios de la reciprocidad o la redistribución, o de la actividad hogareña, o alguna combinación de los tres. Estos principios se institucionalizaron con el auxilio de una organización social que, entre otras cosas, utilizaba los patrones de la simetría, la centralidad y la autarquía. En este marco se obtenía la producción y la distribución ordenada de los bienes mediante gran diversidad de motivaciones individuales disciplinadas por los principios generales del comportamiento. La ganancia no era prominente entre estas motivaciones. La costumbre y el derecho, la magia y la religión cooperaban para inducir al individuo a obedecer las reglas del comportamiento que eventualmente aseguraban el funcionamiento del sistema económico.

A pesar de su comercio altamente desarrollado, el periodo grecorromano no representaba ninguna excepción en este sentido; se caracterizaba por la gran escala en que se practicaba la redistribución de los granos por la administración romana, en una economía que por lo demás era hogareña, de modo que no violaba la regla de que los mercados no desempeñaron ningún papel importante en el sistema económico hasta el final de la Edad media; prevalecían otros patrones institucionales.

A partir del siglo XVI, los mercados eran numerosos e importantes. Bajo el sistema mercantilista, se volvieron en efecto la preocupación principal del gobierno; pero todavía no había señales del futuro control de los mercados sobre la sociedad humana. Por el contrario, la regulación y la regimentación eran más estrictas que nunca; la idea misma de un mercado autorregulado estaba ausente. Para comprender el cambio repentino a un tipo de economía totalmente nuevo, en el siglo XIX debemos ocupamos ahora de la historia del mercado, una institución que prácticamente olvidamos en nuestra reseña de los sistemas económicos del pasado.

V. La evolución del patrón de mercado

El papel dominante desempeñado por los mercados en la economía capitalista, aunado a la importancia básica del principio del trueque o el intercambio en la economía, requiere una investigación cuidadosa de la naturaleza y el origen de los mercados, si quieren descartarse las supersticiones económicas del siglo XIX[49].

El trueque, el pago en especie y el intercambio constituyen un principio del comportamiento económico cuya eficacia depende del patrón del mercado. Un mercado es un lugar de reunión para la realización del trueque o la compra-venta. Si tal patrón no está presente, por lo menos en parches, la propensión al trueque encontrará un campo insuficiente: no podrá generar precios[50]. Así como la reciprocidad se ve auxiliada por un patrón de organización simétrico, como la redistribución se facilita por cierto grado de centralización, y como la actividad hogareña debe basarse en la autarquía, el principio del trueque depende del patrón de mercado para ser eficaz. Pero del mismo modo que la reciprocidad, la redistribución o la actividad hogareña deben ocurrir en una sociedad sin predominar en ella, el principio del trueque puede ocupar también un lugar subordinado en una sociedad donde otros principios van en ascenso.

Sin embargo, el principio del trueque no se encuentra estrictamente a la par con los otros tres principios en algunos otros sentidos. El patrón de mercado, con el que se asocia, es más específico que la simetría, la centralidad o la autarquía, que en contraste con el patrón de mercados son meros «rasgos» y no crean instituciones diseñadas sólo para una función. La simetría no es más que un arreglo sociológico, que no origina instituciones separadas sino que sólo difunde las existentes (el hecho de que una tribu o una aldea tengan un patrón simétrico o no, no involucra una institución distintiva). La centralidad crea con frecuencia instituciones distintivas, pero no implica ninguna motivación que separe a la institución resultante para una sola función específica (por ejemplo, el jefe de una aldea o el funcionario central podrían asumir diversas funciones políticas, militares, religiosas o económicas, indiscriminadamente). Por último, la autarquía económica es sólo un rasgo accesorio de un grupo cerrado existente.

Por otra parte, el patrón de mercado, relacionado con una peculiar motivación propia, la motivación del pago en especie o el trueque, es capaz de crear una institución específica: el mercado. En última instancia, es por ello que el control del sistema económico por parte del mercado es fundamentalmente importante para la organización total de la sociedad: ello significa nada menos que la administración de la sociedad como un adjunto del mercado. En lugar de que la economía se incorpore a las relaciones sociales, éstas se incorporan al sistema económico. La importancia vital del factor económico para la existencia de la sociedad impide cualquier otro resultado. Una vez organizado el sistema económico en instituciones separadas, basadas en motivaciones específicas y creadoras de una posición especial, la sociedad deberá configurarse de tal modo que ese sistema pueda funcionar de acuerdo con sus propias leyes. Éste es el significado de la aseveración familiar de que una economía de mercado sólo puede funcionar en una sociedad de mercado.

Es en efecto crucial el paso que convierte a los mercados aislados en una economía de mercado, los mercados regulados en un mercado autorregulado. El siglo XIX —ya fuese aclamado el hecho como la cúspide de la civilización o deplorándolo como un crecimiento canceroso— imaginaba ingenuamente que tal desarrollo era el resultado natural de la difusión de los mercados. No se advertía que la conexión de los mercados en un sistema autorregulado de enorme poder no se debía a ninguna tendencia inherente de los mercados hacia la excrescencia, sino al efecto de estimulantes muy artificiales, administrados al cuerpo social para afrontar una situación creada por el fenómeno no menos artificial de la máquina. No se reconoció la naturaleza limitada y nada expansiva del patrón de mercado como tal; y sin embargo, es un hecho que surge con claridad convincente de la investigación moderna.

«Los mercados no se encuentran en todas partes; su ausencia indica cierto aislamiento y una tendencia hacia la seclusión, pero no se asocia a ningún desarrollo particular, como ocurre también con su presencia». Esta frase seca de la Economics in Primitive Communities, de Thurnwald, resume los resultados importantes de la investigación moderna sobre el tema. Otro autor repite acerca del dinero lo que Thurnwald dijera de los mercados: «El mero hecho de que una tribu usara dinero la diferenciaba muy poco, en términos económicos, de otras tribus del mismo nivel cultural que no lo usaran». Convendrá señalar algunas de las implicaciones más sorprendentes de estas aseveraciones.

La presencia o ausencia de mercados o de dinero no afecta necesariamente al sistema económico de una sociedad primitiva: esto refuta el mito decimonónico de que el dinero fue una invención cuya aparición transformó inevitablemente a una sociedad creando mercados, acelerando el paso de la división del trabajo, y liberando la propensión natural del hombre a trocar, pagar en especie e intercambiar. En efecto, la historia económica ortodoxa se basaba en una concepción inmensamente exagerada de la importancia de los mercados como tales. «Cierto aislamiento», o quizá una «tendencia hacia la seclusión», es el único aspecto económico que puede inferirse correctamente de su ausencia; por lo que se refiere a la organización interna de una economía, su presencia o ausencia no importará necesariamente.

Las razones son simples. Los mercados no son instituciones que funcionen principalmente dentro de una economía, sino fuera de ella. Son lugares de reunión para el comercio a larga distancia. Los mercados locales propiamente dichos tienen escasa importancia. Además, ni los mercados a larga distancia ni los mercados locales son esencialmente competitivos, y en consecuencia hay en ambos casos escasa presión para crear un comercio territorial, un mercado interno o nacional. Cada una de estas aseveraciones ataca algún supuesto axiomático de los economistas clásicos, pero se deriva estrictamente de los hechos revelados por la investigación moderna.

En efecto, la lógica es casi la opuesta a la que se encuentra detrás de la doctrina clásica. La enseñanza ortodoxa partía de la propensión individual al trueque; deducía de allí la necesidad de mercados locales y de la división del trabajo; e infería por último la necesidad del comercio, eventualmente del comercio exterior, incluido el de larga distancia. De acuerdo con lo que ahora sabemos, casi debiéramos invertir la secuencia del argumento: el verdadero punto de partida es el comercio a larga distancia, un resultado de la ubicación geográfica de los bienes, y de la «división del trabajo» dada por la ubicación. El comercio a larga distancia engendra a menudo mercados, una institución que involucra actos de trueque y, si se usa dinero, de compraventa, de modo que eventualmente, pero de ningún modo necesariamente, ofrece a algunos individuos una ocasión para aplicar la supuesta propensión a la negociación y el regateo.

El aspecto dominante de esta doctrina es el origen del comercio en una esfera externa no relacionada con la organización interna de la economía. «La aplicación de los principios observados en la caza y la obtención de bienes ubicados fuera de los límites del distrito condujeron a ciertas formas del intercambio que más tarde contemplamos como comercio[51]». Cuando buscamos el origen del comercio, nuestro punto de partida debe ser la obtención de bienes a distancia, como en una cacería.

Cada año, en julio o en agosto, los Dieri de Australia central realizan una expedición hacia el sur para obtener el ocre rojo que usan para pintar sus cuerpos… Sus vecinos, los Yantruwunta, organizan expediciones similares para recolectar ocre rojo y piedras areniscas, para moler la semilla de zacate, en las colinas de Flinders, a 800 kilómetros de distancia. En ambos casos podría haber necesidad de pelear por los artículos deseados, si los habitantes locales se resisten a su extracción.

Esta clase de requisa o caza de tesoros es claramente tan similar al robo y la piratería como a lo que estamos acostumbrados a considerar como un comercio; básicamente, es un asunto unilateral. Se vuelve bilateral, es decir, «cierta forma de intercambio», a menudo sólo mediante el chantaje practicado por los poderes establecidos; o mediante arreglos de reciprocidad, como en el anillo Kula, como con las fiestas de visitantes de los Pengwe de África occidental, o con los Kpelle, donde el jefe monopoliza el comercio exterior al insistir en entretener a todos los huéspedes. Es cierto que tales visitas no son accidentales, pero en nuestros términos, no en los de ellos: genuinos viajes comerciales; sin embargo, el intercambio de bienes se realiza siempre bajo el disfraz de regalos recíprocos y de ordinario mediante devoluciones de visitas.

Llegamos a la conclusión de que, mientras que las comunidades humanas no parecen haber renunciado jamás por entero al comercio exterior, tal comercio no involucraba necesariamente a los mercados. Originalmente, el comercio exterior tiene más de aventura, exploración, cacería, piratería y guerra que de trueque. Puede implicar tan poca paz como bilateralidad, y aun cuando implique a ambos, se organiza de ordinario de acuerdo con el principio de la reciprocidad, no del trueque.

La transición al trueque pacífico puede rastrearse en dos direcciones: la del trueque y la de la paz. Como antes vimos, una expedición tribal podría tener que satisfacer las condiciones establecidas por los poderosos locales, quienes podrían extraer cierta contrapartida de los extranjeros; este tipo de relación no es enteramente pacífica, pero podría dar lugar al trueque: la actividad unilateral se transformará en una actividad bilateral. La otra línea de desarrollo es la del «comercio silencioso», como se observa en la selva africana, donde se evita el riesgo del combate mediante una tregua organizada, y el elemento de paz y confianza se introduce en el comercio, con la debida circunspección.

En una etapa posterior, como todos sabemos, los mercados se vuelven predominantes en la organización del comercio exterior. Pero desde el punto de vista económico, los mercados externos son enteramente distintos de los mercados locales o los mercados internos. No sólo difieren en tamaño, sino que sus instituciones tienen funciones y orígenes diferentes. El comercio exterior se realiza mientras se carezca de algunos tipos de bienes en la región: el intercambio de lanas inglesas por vinos portugueses era un ejemplo. El comercio local se limita a los bienes de esta región, los que no se pueden transportar porque son demasiado pesados, voluminosos o perecederos. Así pues, el comercio exterior y el comercio local se relacionan con la distancia geográfica: uno se confina a los bienes que no pueden superarla; el otro sólo a los bienes que sí pueden hacerlo. El comercio de este tipo se describe justamente como complementario. El intercambio local entre la ciudad y el campo, y el comercio exterior entre diferentes zonas climáticas, se basan en este principio. Tal comercio no implica necesariamente la competencia, y si ésta tendiera a desorganizar al comercio, no habrá contradicción en su eliminación. En cambio, el comercio interno es esencialmente competitivo, por oposición al externo y al local; aparte de los cambios complementarios, incluye un número mucho mayor de intercambios en los que se ofrecen en competencia recíproca bienes similares provenientes de fuentes diferentes. En consecuencia, la competencia tiende a aceptarse como un principio general del comercio sólo con el surgimiento del comercio interno o nacional.

Estos tres tipos de comercio que difieren marcadamente en su función económica difieren también en su origen. Hemos examinado los inicios del comercio exterior. Los mercados se desarrollaron naturalmente a partir de tal comercio cuando las caravanas tenían que detenerse en los vados, los puertos marítimos, las desembocaduras de los ríos, o donde se unían las rutas de dos expediciones terrestres. Se desarrollaron «puertos» en los lugares de trasbordo[52]. El breve florecimiento de las famosas ferias de Europa fue otro caso en que el comercio a larga distancia produjo un tipo de mercado definido; los emporios ingleses constituyeron otro ejemplo. Pero si las ferias y los emporios desaparecieron también con una rapidez desconcertante para los evolucionistas extremos, el portus estaba destinado a desempeñar un papel prominente en la formación de ciudades en Europa occidental. Pero aun cuando las ciudades se fundaron en los sitios de mercados externos, los mercados locales permanecían a menudo separados, no sólo en lo referente a la función sino también a la organización. Ni el puerto, ni la feria, ni el emporio fueron los antecesores de los mercados internos o nacionales. ¿En dónde deberíamos buscar entonces su origen?

Podría parecer natural suponer que, dados los actos de trueque individuales, a través del tiempo conducirían al desarrollo de mercados locales, y que tales mercados, una vez establecidos, conducirían naturalmente al establecimiento de mercados internos o nacionales. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los actos individuales de trueque o intercambio no conducen por regla general al establecimiento de mercados en las sociedades donde prevalecen otros principios del comportamiento económico. Tales actos son comunes en casi todos los tipos de la sociedad primitiva, pero se consideran incidentales porque no proveen los bienes de subsistencia. En los vastos sistemas de redistribución de la Antigüedad, los actos de trueque y los mercados locales constituían un aspecto habitual pero subordinado. Lo mismo se aplica cuando rige la reciprocidad: los actos de trueque se incorporan aquí, de ordinario, en relaciones de largo alcance que implican la confianza, una situación que tiende a ocultar el carácter bilateral de la transacción. Los factores limitantes surgen de todos los puntos del abanico sociológico; la costumbre y el derecho, la religión y la magia contribuyen igualmente al resultado: la restricción de los actos de intercambio respecto de personas y objetos, tiempo y ocasión. Por regla general, quien trueca realiza simplemente un tipo de transacción establecido en el que están dados los objetos y sus cantidades equivalentes. Utu denota en el lenguaje de los tikopia[53] tal equivalente tradicional como parte del intercambio recíproco. Lo que parecía la característica esencial del intercambio para el pensamiento del siglo XVIII, el elemento voluntarista de la negociación, y el regateo tan expresivo de la motivación supuesta del trueque, apenas aparece en la transacción efectiva; en la medida en que esta motivación se encuentre detrás del procedimiento, raras veces se permite que salga a la superficie.

De ordinario se da vía libre a la motivación opuesta. El donante podría dejar caer simplemente el objeto al suelo, y el receptor pretenderá recogerlo accidentalmente, o incluso dejar que uno de sus dependientes lo haga. Nada podría ser más contrario al comportamiento aceptado que examinar cuidadosamente la contrapartida recibida. Ya que tenemos todas las razones para creer que esta actitud refinada no es el resultado de una genuina falta de interés en el aspecto material de la transacción, podríamos describir la etiqueta del trueque como un desarrollo contrario, destinado a limitar el alcance de la negociación.

En efecto, de acuerdo con la información disponible sería apresurado afirmar que los mercados locales surgieron de actos de trueque individuales. Aunque los inicios de los mercados locales son oscuros, puede afirmarse lo siguiente: esta institución se vio rodeada desde el principio por varias salvaguardias destinadas a proteger la organización económica prevaleciente en la sociedad contra la interferencia de las prácticas del mercado. La paz del mercado se logró al precio de rituales y ceremonias que restringieron su alcance al mismo tiempo que aseguraban su capacidad para funcionar dentro de límites estrechos dados. En efecto, el resultado más importante de los mercados —el surgimiento de las ciudades y de la civilización urbana— se debió a un desarrollo paradójico. Las ciudades, criaturas de los mercados, no fueron sólo sus protectores, sino también los medios para impedir su expansión hacia el campo y la afectación de la organización económica prevaleciente en la sociedad. Los dos significados de la palabra «contener» expresan quizá con mayor precisión esta doble función de las ciudades en lo referente a los mercados que albergaban y cuyo desarrollo impedían a la vez.

Sí el trueque está rodeado de tabúes diseñados para impedir que este tipo de relación humana abuse de las funciones de la organización económica propiamente dicha, la disciplina del mercado era más estricta aún. Veamos un ejemplo del país de los Chaga:

El mercado debe ser regularmente visitado los días de mercado. Si algún suceso impidiera la celebración del mercado en uno o más días, los negocios no podrían reanudarse mientras no se hubiese purificado el sitio del mercado… Toda lesión que ocurriera en el sitio del mercado y que involucrara derramamiento de sangre requería una expiación inmediata. A partir de ese momento, ninguna mujer podría salir del sitio del mercado y no podría tocarse ninguno de los bienes; éstos tendrían que limpiarse antes de que pudieran llevarse y usarse como alimento. Por lo menos una cabra tendría que ser sacrificada de inmediato. Se requería una expiación más cara y más seria si una mujer diera a luz o sufriera un aborto en el sitio del mercado. En ese caso se requería un animal lactante. Además, la casa del jefe tendría que ser purificada mediante la sangre de sacrificio de una vaca lechera. Todas las mujeres del país serían así rociadas, distrito por distrito[54].

Esta clase de reglas no facilitarían la difusión de los mercados.

El mercado local característico, en el que las amas de casa obtienen sus abastos diarios y los cultivadores de granos o vegetales ofrecen en venta sus productos, al igual que los artesanos locales, revela una sorprendente indiferencia acerca del tiempo y el lugar. Las reuniones de esta clase no son sólo bastante generales en las sociedades primitivas, sino que permanecen casi sin cambio hasta mediados del siglo XVIII en los países más avanzados de Europa occidental. Son un adjunto de la existencia local y difieren poco si forman parte de la vida tribal de África central o de una cité de Francia merovingia, o de una aldea escocesa de la época de Adam Smith. Pero lo que se aplica a la aldea se aplica también a la ciudad. Esencialmente, los mercados locales son mercados de vecindad, y aunque son importantes para la vida de la comunidad, en ninguna parte parecen reducir el sistema económico prevaleciente a su patrón. No eran los puntos de partida del comercio interno o nacional.

El comercio interno de Europa occidental fue creado efectivamente por la intervención del Estado. Hasta la época de la Revolución comercial, lo que podría parecemos un comercio nacional no era tal, sino un comercio municipal. La hansa no eran comerciantes alemanes; era una corporación de oligarcas comerciantes, provenientes de varias ciudades del Mar del norte y del Báltico. Lejos de «nacionalizar» la vida económica alemana, la hansa excluyó deliberadamente el interior del comercio internacional. El comercio de Amberes o Hamburgo, Venecia o Lyon, no era holandés o alemán, italiano o francés. Londres no era una excepción: era tan poco «inglés» como Luebeck era «alemán». El mapa comercial de Europa en este periodo debiera mostrar sólo ciudades y dejar en blanco el campo, el que podría no haber existido por lo que se refiere al comercio organizado. Las llamadas naciones eran sólo unidades políticas, y muy laxas incluso, integradas en lo económico por innumerables familias más pequeñas y en gran medida autosuficientes y por mercados locales insignificantes en las aldeas. El comercio se limitaba a las ciudades organizadas que lo realizaban localmente, como comercio de vecindad, o como comercio a larga distancia; ambos comercios estaban estrictamente separados, y no se permitía que ninguno de ellos se infiltrara en el campo indiscriminadamente.

Tal separación permanente del comercio local y el comercio a larga distancia dentro de la organización de la ciudad debe constituir otro choque para el evolucionista, para quien siempre parecen encajar muy bien las cosas. Y sin embargo, este hecho peculiar constituye la clave para la historia social de la vida urbana en Europa occidental. Tiende a apoyar fuertemente nuestra tesis acerca del origen de los mercados que inferimos de las condiciones existentes en las economías primitivas. La nítida distinción trazada entre el comercio local y el comercio a larga distancia pudo haber parecido demasiado rígida, sobre todo porque nos condujo a la sorprendente conclusión de que ni el comercio a larga distancia ni el comercio local fueron los ancestros del comercio interno de la época moderna, de modo que aparentemente no queda más alternativa que buscar una explicación en el deus ex machina de la intervención estatal. Veremos en seguida, en este sentido, que también las investigaciones recientes soportan nuestras conclusiones. Pero antes presentaremos un bosquejo de la historia de la civilización urbana configurada por la separación peculiar del comercio local y el comercio a larga distancia dentro de los confines del pueblo medieval.

En efecto, esta separación se encontraba en la base de las instituciones de los centros urbanos medievales[55]. La ciudad fue una organización de los burgueses. Sólo ellos tenían el derecho de ciudadanía, y el sistema descansaba sobre la distinción existente entre los burgueses y los demás. Ni los campesinos del campo ni los comerciantes de otras ciudades eran naturalmente burgueses. Pero si la influencia militar y política de la ciudad permitía tratar con los campesinos de los alrededores, tal autoridad no podía ejercerse respecto del comerciante extranjero. En consecuencia, los burgueses se encontraban en una posición enteramente diferente respecto del comercio local y el comercio a larga distancia.

En cuanto a los abastos de alimentos, la regulación involucraba la aplicación de métodos tales como la publicidad forzosa de las transacciones y la exclusión de los intermediarios, a fin de controlar el comercio y protegerse contra los precios altos. Pero tal regulación sólo era eficaz en lo referente al comercio realizado entre la ciudad y sus alrededores. La posición era enteramente diferente en lo que se refiere al comercio a gran distancia. Las especias, el pescado salado o el vino debían ser transportados a grandes distancias, de modo que estaban en el dominio del comerciante extranjero y sus métodos capitalistas de comercio de mayoreo. Este tipo de comercio escapaba a la regulación local y sólo se le podía excluir del mercado local en la medida de lo posible. La prohibición completa de las ventas de menudeo por parte de los comerciantes extranjeros trataba de alcanzar este fin. A medida que crecía el volumen del comercio capitalista de mayoreo, más se le excluía de los mercados locales en lo referente a las importaciones.

Por lo que se refiere a los productos industriales, la separación del comercio local y de larga distancia era más profunda aún, ya que en este caso se veía más afectada toda la organización de la producción. La razón de esto se encontraba en la naturaleza misma de los gremios de artesanos donde se organizaba la producción industrial. En el mercado local, la producción se regulaba de acuerdo con las necesidades de los productores, restringiendo así la producción a un nivel remunerador. Naturalmente, este principio no se aplicaría a las exportaciones, donde los intereses de los productores no fijaban límites para la producción. En consecuencia, mientras que el comercio local estaba estrictamente regulado, la producción para la exportación sólo estaba formalmente controlada por las corporaciones de oficios. La industria de exportación más prominente de la época, el comercio de telas, estaba efectivamente organizada sobre la base capitalista del trabajo asalariado.

Una separación cada vez más estricta del comercio local frente al comercio de exportación fue la reacción de la vida urbana ante la amenaza del capital móvil de desintegrar las instituciones de la ciudad. La ciudad medieval característica no trataba de evitar el peligro salvando la brecha existente entre el mercado local controlable y las vicisitudes de un comercio a larga distancia incontrolable, sino que afrontó el peligro directamente, aplicando con el mayor rigor la política de exclusión y protección que era la razón de su existencia.

En la práctica, esto significaba que las ciudades planteaban todos los obstáculos posibles para la formación del mercado nacional o interno por el que estaba presionando el comerciante mayorista. Manteniendo el principio de un comercio local no competitivo y un comercio a larga distancia igualmente no competitivo que iba de una ciudad a otra, los burgueses obstruían por todos los medios a su disposición la inclusión del campo en el abanico del comercio y la apertura del comercio indiscriminado entre las ciudades y el campo. Fue este desarrollo el que llevó al primer plano el criterio territorial como el instrumento de la «nacionalización» del mercado y el creador del comercio interno.

En los siglos XV y XVI, la acción deliberada del Estado impulsó al sistema mercantilista entre las ciudades y los principados ferozmente proteccionistas. El mercantilismo destruyó el obsoleto particularismo del comercio local e intermunicipal derrumbando las barreras que separaban estos dos tipos de comercio no competitivo y allanando así el camino para un mercado nacional que omitía cada vez más la distinción existente entre la ciudad y el campo, así como la distinción existente entre las diversas ciudades y provincias.

En efecto, el sistema mercantil era una respuesta a muchos retos. En términos políticos, el Estado centralizado era una creación nueva, impulsada por la Revolución comercial que había trasladado el centro de gravedad del mundo occidental, de la costa del Mediterráneo a la costa del Atlántico, obligando así a los pueblos atrasados de los países agrarios más grandes a organizarse para el comercio interior y exterior. En la política externa, el establecimiento del poder soberano era la necesidad de la época; en consecuencia, la gobernación mercantilista involucraba la reunión de los recursos de todo el territorio nacional para los fines del poder en los asuntos extranjeros. En la política interna, la unificación de los países fragmentados por el particularismo feudal y municipal era el subproducto inevitable de tal esfuerzo. En el terreno económico, el instrumento de la unificación era el capital, es decir, los recursos privados disponibles en forma de acumulaciones de dinero y por ende peculiarmente propicios para el desarrollo del comercio. Por último, la técnica administrativa que servía de base a la política económica del gobierno central era proveída por la extensión del sistema municipal tradicional al territorio más grande del Estado. En Francia, donde los gremios de oficios tendían a convertirse en órganos estatales, el sistema gremial se extendió simplemente a todo el territorio del país; en Inglaterra, donde la declinación de la ciudad amurallada había debilitado fatalmente ese sistema, el campo se industrializaba sin la supervisión de los gremios, mientras que en ambos países se expandían el comercio exterior e interior por todo el territorio de la nación y se convertían en la forma dominante de la actividad económica. En esta situación se encuentra el origen de la política de comercio interno del mercantilismo.

La intervención estatal, que había liberado el comercio de los confines de la ciudad privilegiada, debía afrontar ahora dos peligros estrechamente conectados que la ciudad ya había afrontado con éxito: el monopolio y la competencia. Que la competencia debe conducir en última instancia al monopolio era una verdad bien entendida en esa época, mientras que el monopolio era más temido ahora que más tarde, ya que a menudo se aplicaba a los bienes básicos y así se convertía fácilmente en un peligro para la comunidad. La regulación total de la vida económica, sólo que ahora a escala nacional, ya no sólo municipal, fue el remedio encontrado. Lo que para la mentalidad moderna podría parecer fácilmente como una exclusión miope de la competencia, era en realidad el procedimiento adecuado para salvaguardar el funcionamiento de los mercados bajo las condiciones dadas. Toda intrusión temporal de los compradores o los vendedores en el mercado debe destruir el equilibrio y decepcionar a los compradores y vendedores regulares, de modo que el mercado dejará de funcionar. Los antiguos proveedores dejarán de ofrecer sus bienes porque no pueden estar seguros de obtener un precio por ellos, y el mercado insuficientemente abastecido será una presa fácil para el monopolista. En menor grado, los mismos peligros existían del lado de la demanda, donde a una rápida declinación podría seguir un monopolio de la demanda. Con cada paso dado por el Estado para liberar al mercado de restricciones particularistas, de gabelas y prohibiciones, ponía en peligro el sistema organizado de la producción y distribución que ahora se veía amenazado por la competencia sin regulación y la intrusión del forastero que «exploraba» el mercado sin ofrecer ninguna garantía de permanencia. Ocurrió así que si bien eran inevitablemente competitivos hasta cierto punto, los mercados nacionales nuevos se distinguían por el aspecto tradicional de la regulación antes que por el nuevo elemento de la competencia[56]. La familia autosuficiente del campesino que laboraba por su subsistencia seguía siendo la base general del sistema económico, integrado en grandes unidades nacionales mediante la formación del mercado interno. Este mercado nacional se desarrollaba ahora al lado del mercado local y del mercado extranjero, y en parte traslapándolos. La agricultura se complementaba ahora con el comercio interno, un sistema de mercados relativamente aislados que resultaba enteramente compatible con el principio de la unidad familiar todavía dominante en el campo.

Así concluye nuestra sinopsis de la historia del mercado hasta la época de la Revolución industrial. Como sabemos, la etapa siguiente de la historia de la humanidad contempló un intento de establecimiento de un gran mercado autorregulado. No había en el mercantilismo, esa política distintiva del Estado-nación occidental, nada que presagiara tal desarrollo singular. La «liberación» del comercio realizada por el mercantilismo sólo liberó al comercio del particularismo, pero al mismo tiempo extendió el alcance de la regulación. El sistema económico se sumergió en las relaciones sociales generales; los mercados eran sólo una característica accesoria de un ambiente institucional controlado y regulado más que nunca por la autoridad social.

VI. El mercado autorregulado y las mercancías ficticias: mano de obra, tierra y dinero

Esta reseña rápida del sistema económico y de los mercados, tomados por separado, revela que antes de nuestra época los mercados no fueron jamás otra cosa que accesorios de la vida económica. Por regla general, el sistema económico quedaba absorbido en el sistema social, y cualquiera que fuese el principio de comportamiento que predominara en la economía, la presencia del patrón de mercados resultaba compatible con el sistema social. El principio del trueque o el intercambio que se encuentra detrás de este patrón no revelaba ninguna tendencia hacia la expansión a expensas del resto. Allí donde los mercados estaban más desarrollados, como ocurría bajo el sistema mercantilista, prosperaban bajo el control de una administración centralizada que promovía la autarquía de las unidades familiares campesinas y de la vida nacional. En efecto, la regulación y los mercados crecieron juntos. No se conocía el mercado autorregulado; en efecto, el surgimiento de la idea de la autorregulación invertía por completo la tendencia del desarrollo. Los extraordinarios supuestos en que se basa una economía de mercado sólo pueden comprenderse plenamente a la luz de estos hechos.

Una economía de mercado es un sistema económico controlado, regulado y dirigido sólo por los precios del mercado; el orden en la producción y distribución de bienes se encomienda a este mecanismo autorregulado. Una economía de esta clase deriva de la expectativa de que los seres humanos se comporten de tal manera que alcancen las máximas ganancias monetarias. Tal economía supone la existencia de mercados donde la oferta de bienes (incluidos los servicios) disponibles a un precio dado será igual a la demanda a ese precio. Supone la presencia del dinero, que funciona como un poder de compra en manos de sus propietarios. La producción estará controlada entonces por los precios, ya que los beneficios de quienes dirigen la producción dependerán de ellos; la distribución de los bienes dependerá también de los precios, ya que los precios forman ingresos, y es con la ayuda de estos ingresos que los bienes producidos se distribuyen entre los miembros de la sociedad. Bajo estos supuestos, los precios aseguran por sí solos el orden en la producción y distribución de los bienes.

La autorregulación implica que toda la producción se destine a la venta en el mercado, y que todos los ingresos deriven de tales ventas. En consecuencia, hay mercados para todos los elementos de la industria, no sólo para los bienes (siempre incluidos los servicios), sino también para la mano de obra, la tierra y el dinero, cuyos precios se llaman respectivamente precios de las mercancías, salarios, renta e intereses. Los términos mismos indican que los precios forman ingresos: el interés es el precio del uso del dinero y forma el ingreso de quienes se encuentren en posición de proveerlo; la renta es el precio del uso de la tierra y forma el ingreso de quienes la aportan; los salarios son el precio del uso del poder de trabajo y forman el ingreso de quienes lo venden; por último, los precios de las mercancías contribuyen a los ingresos de quienes venden sus servicios empresariales, de modo que el ingreso llamado beneficio es efectivamente la diferencia existente entre dos conjuntos de precios, el precio de los bienes producidos y sus costos, es decir, el precio de los bienes necesarios para su producción. Si se satisfacen estas condiciones, todos los ingresos derivarán de las ventas hechas en el mercado, y los ingresos serán justamente suficientes para comprar todos los bienes producidos.

Se deriva otro grupo de supuestos en lo referente al Estado y sus políticas. No debe permitirse que nada inhiba la formación de mercados, ni que se formen ingresos si no es a través de las ventas. Tampoco debe haber interferencia alguna con el ajuste de los precios al cambio de las condiciones del mercado, ya se trate de los precios de los bienes, la mano de obra, la tierra o el dinero. Por tanto, no sólo debe haber mercados para todos los elementos de la industria[57], sino que ninguna medida o política deberá influir sobre la acción de estos mercados. Ni el precio, ni la oferta ni la demanda deben ser fijados o regulados; sólo se permitirán las políticas y medidas que ayuden a asegurar la autorregulación del mercado creando condiciones que conviertan al mercado en el único poder organizador en la esfera económica.

A fin de entender plenamente lo que esto significa, volvamos por un momento al sistema mercantilista y a los mercados nacionales que tanto ayudó a desarrollar. Bajo el feudalismo y el sistema gremial, la tierra y la mano de obra formaban parte de la propia organización social (el dinero no se había convertido todavía en un elemento fundamental de la industria). La tierra, el elemento central del orden feudal, era la base del sistema militar, judicial, administrativo y político; su posición y su función estaban determinadas por reglas legales y consuetudinarias. El hecho de que su posesión fuese transferible o no, y en su caso a quién y bajo cuáles restricciones; de que los derechos de propiedad involucraran ciertas facultades; los usos que podrían darse a la tierra: todas estas cuestiones estaban alejadas de la organización de la compra y la venta, y sometidas a un conjunto de regulaciones institucionales enteramente diferentes.

Lo mismo se aplicaba a la organización de la mano de obra. Bajo el sistema gremial, como en todos los sistemas económicos de la historia anterior, las motivaciones y las circunstancias de las actividades productivas estaban incorporadas en la organización general de la sociedad. Las relaciones del maestro, el oficial y el aprendiz; los términos del oficio; el número de aprendices, y los salarios de los trabajadores, estaban regulados por la costumbre y por la ley del gremio y de la ciudad. El sistema mercantilista sólo unificó estas condiciones a través del estatuto, como en Inglaterra, o mediante la «nacionalización» de los gremios como en Francia. La posición feudal de la tierra sólo se abolió en la medida en que estuviera ligada a los privilegios provinciales; por lo demás, la tierra permaneció extra commercium, así en Inglaterra como en Francia. Hasta la época de la Gran revolución de 1789, la propiedad inmobiliaria era la fuente del privilegio social en Francia, y aun después de esa fecha era esencialmente medieval, en Inglaterra, el Derecho común. El mercantilismo, con toda su tendencia hacia la comercialización, jamás atacó las salvaguardias que protegían a estos dos elementos básicos de la producción —la mano de obra y la tierra— para que no se volvieran objeto del comercio. En Inglaterra, la «nacionalización» de la legislación laboral a través del Estatuto de artífices (1563) y de la Ley de pobres (1601), sacaba a los trabajadores de la zona de peligro, y la política anticercamientos de los Tudor y los primeros Estuardo era una protesta consistente contra el principio del uso lucrativo de la propiedad inmobiliaria.

El hecho de que el mercantilismo, por enfáticamente que haya insistido en la comercialización como una política nacional, considerara a los mercados en una forma exactamente contraria a la de la economía de mercado, se revela sobre todo en su vasta extensión de la intervención estatal en la industria. Sobre este punto no había ninguna diferencia entre mercantilistas y feudalistas, entre los planeadores de la corona y los intereses creados, entre los burócratas centralizadores y los particularistas conservadores. Sólo diferían en lo referente a los métodos de regulación: gremios, ciudades y provincias apelaban a la fuerza de la costumbre y la tradición, mientras que la nueva autoridad estatal favorecía el estatuto y la ordenanza. Pero todos se oponían igualmente a la idea de la comercialización de la mano de obra y de la tierra: la condición necesaria para la economía de mercado. Los gremios de oficios y los privilegios feudales se abolieron en Francia apenas en 1790; en Inglaterra, el Estatuto de artífices sólo se derogó en 1813-1814, y la Ley de pobres de la época Isabelina sólo en 1831. La creación de un mercado de mano de obra libre no se discutió en ninguno de estos dos países antes del último decenio del siglo XVIII; y la idea de la autorregulación de la vida económica estaba por completo fuera del horizonte de la época. Al mercantilista le interesaba el desarrollo de los recursos del país, incluido el pleno empleo, a través del comercio interior y exterior; daba por sentada la organización tradicional de la tierra y la mano de obra. En este sentido, estaba tan alejado de los conceptos modernos como del campo de la política, donde su creencia en los poderes absolutos de un déspota ilustrado no disminuía por ningún sentimiento democrático. Y así como la transición a un sistema democrático y una política representativa involucraba una inversión completa de la tendencia de la época, el cambio de los mercados regulados a los mercados autorregulados, a fines del siglo XVIII, representaba una transformación completa en la estructura de la sociedad.

Un mercado autorregulado requiere nada menos que la separación institucional de la sociedad en una esfera económica y una esfera política. En efecto, tal dicotomía es sólo la presentación, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, de la existencia de un mercado autorregulado. Podría argüirse que la separación de las dos esferas se da en todo tipo de sociedad en todo momento. Pero tal inferencia se basaría en una falacia. Es cierto que no puede existir ninguna sociedad sin algún sistema de cierta clase que asegure el orden en la producción y distribución de los bienes. Pero ello no implica la existencia de instituciones económicas separadas; normalmente, el orden económico es sólo una función del orden social en el que se contiene. Como hemos visto, ni bajo las condiciones tribales, ni feudales, ni mercantilistas, había un sistema económico separado en la sociedad. La sociedad del siglo XIX, en el que la actividad económica estaba aislada y se imputaba a una motivación claramente económica, constituyó en efecto una excepción singular.

Tal patrón institucional sólo podría funcionar si la sociedad se subordinara de algún modo a sus requerimientos. Una economía de mercado sólo puede existir en una sociedad de mercado. Llegamos a esta conclusión en términos generales en nuestro análisis del patrón de mercado. Ahora podemos especificar las razones de esta afirmación. Una economía de mercado debe comprender todos los elementos de la industria, incluidos la mano de obra, la tierra y el dinero. (En una economía de mercado, el último es también un elemento esencial de la vida industrial, y su inclusión en el mecanismo del mercado tiene consecuencias institucionales de largo alcance, como veremos más adelante). Pero la mano de obra y la tierra no son otra cosa que los seres humanos mismos, de los que se compone toda sociedad, y el ambiente natural en el que existe tal sociedad. Cuando se incluyen tales elementos en el mecanismo del mercado, se subordina la sustancia de la sociedad misma a las leyes del mercado.

Ahora podremos desarrollar en forma más concreta la naturaleza institucional de una economía de mercado y los peligros que involucra para la sociedad. Describiremos en primer término los métodos por los que el mecanismo de mercado puede controlar y dirigir los elementos efectivos de la vida industrial; luego trataremos de evaluar la naturaleza de los efectos de tal mecanismo sobre la sociedad sujeta a su acción.

Es con el auxilio del concepto de la mercancía que el mecanismo del mercado se conecta a los diversos elementos de la vida industrial. Se definen aquí empíricamente las mercancías como objetos producidos para su venta en el mercado; los mercados se definen también empíricamente como contactos efectivos entre compradores y vendedores. En consecuencia, se considera cada elemento de la industria como algo producido para la venta, ya que entonces, y sólo entonces, estará sujeto al mecanismo de la oferta y la demanda que interactúa con el precio. En la práctica, esto significa que debe haber mercados para cada elemento de la industria; que en estos mercados, cada uno de estos elementos se organiza en un grupo de oferta y uno de demanda; y que cada elemento tiene un precio que interactúa con la demanda y la oferta. Estos mercados —innumerables— están interconectados y forman un Gran mercado[58].

El punto crucial es éste: la mano de obra, la tierra y el dinero son elementos esenciales de la industria; también deben organizarse en mercados; en efecto, estos mercados forman una parte absolutamente vital del sistema económico. Pero es obvio que la mano de obra, la tierra y el dinero no son mercancías; en el caso de estos elementos, es enfáticamente falso que todo lo que se compra y se vende debe de haber sido producido para su venta. En otras palabras, estos elementos no son mercancías, de acuerdo con la definición empírica de una mercancía. El trabajo es sólo otro nombre para una actividad humana que va unida a la vida misma, la que a su vez no se produce para la venta sino por razones enteramente diferentes; ni puede separarse esa actividad del resto de la vida, almacenarse o movilizarse. La tierra es otro nombre de la naturaleza, que no ha sido producida por el hombre; por último, el dinero es sólo un símbolo del poder de compra que por regla general no se produce sino que surge a través del mecanismo de la banca o de las finanzas estatales. Ninguno de estos elementos se produce para la venta. La descripción de la mano de obra, la tierra y el dinero como mercancías es enteramente ficticia.

Sin embargo, es con el auxilio de esta ficción que se organizan los mercados de mano de obra, tierra y dinero[59]; estos elementos se compran y venden efectivamente en el mercado; su demanda y oferta son magnitudes reales; y todas las medidas o políticas que inhibieran la formación de tales mercados pondrían en peligro ipso facto la autorregulación del sistema. Por lo tanto, la ficción de la mercancía provee un principio de organización vital en lo referente al conjunto de la sociedad, afectando casi todas sus instituciones en la forma más variada, a saber: el principio según el cual no debiera permitirse ningún arreglo o comportamiento que pudiera impedir el funcionamiento efectivo del mecanismo del mercado según los lineamientos de la ficción de las mercancías.

Ahora bien, tal postulado no puede sostenerse en lo referente a la mano de obra, la tierra y el dinero. Si se permitiera que el mecanismo del mercado fuese el único director del destino de los seres humanos y de su entorno natural, incluso de la cantidad y el uso del poder de compra, se demolería la sociedad. La supuesta mercancía llamada «fuerza de trabajo» no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa, sin afectar también al individuo humano que sea el poseedor de esta mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema dispondría incidentalmente de la entidad física, psicológica y moral que es el «hombre» al que se aplica ese título. Privados de la cobertura protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por los efectos del desamparo social; morirían víctimas de una aguda dislocación social a través del vicio, la perversión, el crimen y la inanición. La naturaleza quedaría reducida a sus elementos, las vecindades y los paisajes se ensuciarían, los ríos se contaminarían, la seguridad militar estaría en peligro, se destruiría el poder de producción de alimentos y materias primas. Por último, la administración del poder de compra por parte del mercado liquidaría periódicamente a las empresas, ya que las escaseces y los excesos de dinero resultarían tan desastrosos para las empresas, como las inundaciones y las sequías para la sociedad primitiva. No hay duda de que los mercados de mano de obra, tierra y dinero son esenciales para una economía de mercado. Pero ninguna sociedad podría soportar los efectos de tal sistema de ficciones burdas, ni siquiera por muy breve tiempo, si su sustancia humana y natural, al igual que su organización empresarial, no estuviesen protegidas contra los excesos de este molino satánico.

La artificialidad extrema de la economía de mercado deriva del hecho de que el propio proceso de producción está organizado aquí bajo la forma de la compraventa. En una sociedad comercial no se puede organizar la producción para el mercado en ninguna otra forma[60]. A fines de la Edad Media, la producción industrial para la exportación estaba organizada por burgueses ricos, y se realizaba bajo su supervisión directa en la ciudad. Más tarde, en la sociedad mercantilista, la producción estaba organizada por los comerciantes y ya no estaba restringida a las ciudades; ésta fue la época del «trabajo a domicilio», cuando el capitalista comerciante proveía a la industria nacional de materias primas y controlaba el proceso de la producción como una empresa puramente comercial. Fue entonces que la producción industrial se colocó en forma definitiva y a gran escala bajo el liderazgo organizador del comerciante. Éste conocía el mercado, el volumen y la calidad de la demanda; y podía controlar también los abastos, que por cierto consistían sólo en la lana y a veces los telares o los husos utilizados por la industria doméstica. Si fallaban los abastos, eran los trabajadores los más afectados, ya que se quedaban sin trabajo; pero no estaba involucrada ninguna planta cara, y el comerciante no incurría en riesgo grave al asumir la responsabilidad de la producción. Durante varios siglos, este sistema creció en poder y alcance hasta que, en un país como Inglaterra, la industria de la lana, el principal producto nacional, cubría grandes sectores del país donde la producción era organizada por el fabricante de telas. Éste compraba y vendía, e incidentalmente proveía a la producción: no se requería ninguna motivación separada. La creación de bienes no involucraba las actitudes reciprocantes de la ayuda mutua, ni la preocupación del jefe de familia por cubrir las necesidades de quienes estaban bajo su cuidado, ni el orgullo del artesano en el ejercicio de su oficio, ni la satisfacción del elogio público: sólo la motivación de la ganancia, tan familiar para el hombre cuya profesión es la compraventa. Hasta fines del siglo XVIII, la producción industrial de Europa occidental era un mero accesorio del comercio.

Mientras que la máquina fuese un instrumento poco caro y específico, no cambiaba esta posición. El mero hecho de que el taller familiar pudiera producir cantidades mayores que antes durante el mismo periodo podría inducirlo a usar las máquinas para incrementar sus ingresos, pero este hecho no afectaba necesariamente, por sí mismo, la organización de la producción. El hecho de que la maquinaria barata fuese propiedad del trabajador o del comerciante hacía cierta diferencia en la posición social de las partes, y casi seguramente hacía una diferencia en los ingresos del trabajador, quien estaba mejor mientras fuese propietario de sus herramientas; pero no obligaba al comerciante a convertirse en un capitalista industrial, ni lo restringía a prestar su dinero a tales capitalistas. La venta de bienes raras veces cesaba; la mayor dificultad seguía estando del lado de la oferta de materias primas, la que a veces se interrumpía inevitablemente. Pero incluso en tales casos, no sería sustancial la pérdida para el comerciante propietario de las máquinas. No era la aparición de la máquina como tal, sino la invención de una maquinaria y una planta refinadas, y por ende específicas, lo que cambiaba por completo la relación del comerciante con la producción. Aunque el comerciante introdujo la nueva organización productiva —un hecho que determinaba todo el curso de la transformación— el uso de maquinaria y planta refinadas involucraba el desarrollo del sistema fabril y por ende un cambio decisivo en la importancia relativa del comercio y la industria en favor de esta última. La producción industrial dejó de ser un accesorio del comercio organizado por el comerciante como una actividad de compraventa; ahora involucraba la inversión a largo plazo con riesgos correspondientes. Si no se aseguraba razonablemente la continuación de la producción, tal riesgo no era soportable.

Pero entre más se complicaba la producción industrial, más numerosos eran los elementos de la industria cuyo abasto tenía que salvaguardarse. Por supuesto, tres de estos elementos tenían una importancia prominente: la mano de obra, la tierra y el dinero. En una sociedad comercial, su abasto sólo podría organizarse en una forma: volviéndolo disponible para su compra.

Por lo tanto, tendrían que organizarse para su venta en el mercado, es decir, como mercancías. La extensión del mecanismo del mercado a los elementos de la industria —mano de obra, tierra y dinero— era la consecuencia inevitable de la introducción del sistema fabril en una sociedad comercial. Los elementos de la industria tendrían que venderse.

Esto era sinónimo de la demanda en un sistema de mercado. Sabemos que los beneficios se aseguran bajo tal sistema sólo si se salvaguarda la autorregulación mediante mercados competitivos interdependientes. Dado que el desarrollo del sistema fabril se había organizado como parte de un proceso de compraventa, la mano de obra, la tierra y el dinero debían transformarse en mercancías para mantener en marcha la producción. Por supuesto, no podrían transformarse realmente en mercancías, ya que en efecto no se producían para su venta en el mercado. Pero la ficción de que sí se producían para tal propósito se convirtió en el principio organizador de la sociedad. Se destaca uno de esos tres elementos: la mano de obra es el término técnico usado para los seres humanos, en la medida en que no sean empleadores sino empleados; se sigue que la organización del trabajo cambiaría en adelante junto con la organización del sistema de mercado. Pero en virtud de que la organización del trabajo es sólo otra palabra para designar las formas de la vida de la gente común, esto significa que el desarrollo del sistema de mercado iría acompañado de un cambio en la organización de la sociedad misma. La sociedad humana se había convertido en un accesorio del sistema económico.

Recordaremos aquí el paralelo que trazamos entre los destrozos de los cercamientos en la historia inglesa y la catástrofe social que siguió a la Revolución industrial. Dijimos que los mejoramientos se obtenían por regla general al precio de la dislocación social. Si la tasa de dislocación es demasiado grande, la comunidad deberá sucumbir en el proceso. Los Tudor y los primeros Estuardo salvaron a Inglaterra de la suerte de España regulando el curso del cambio para que resultara tolerable y sus efectos pudieran ser canalizados por caminos menos destructivos. Pero nada salvó a la gente común de Inglaterra del impacto de la Revolución industrial. Una fe ciega en el progreso espontáneo se había apoderado de la mente de la gente, y con el fanatismo de los sectarios, los más ilustrados presionaban por un cambio ilimitado y no regulado en la sociedad. Los efectos sobre la vida de la gente fueron terribles. En efecto, la sociedad humana habría sido aniquilada si no hubiesen existido medidas contrarias, protectoras, que minaban la acción de este mecanismo autodestructivo.

La historia social del siglo XIX fue así el resultado de un movimiento doble: la extensión de la organización del mercado en lo referente a las mercancías genuinas se vio acompañada por su restricción en lo referente a las mercancías ficticias. Mientras que los mercados se difundieron por toda la faz del globo y la cantidad de los bienes involucrados creció hasta alcanzar proporciones increíbles, una red de medidas y políticas se integraba en instituciones poderosas, destinadas a frenar la acción del mercado en relación con la mano de obra, la tierra y el dinero. Mientras que la organización de los mercados mundiales de mercancías, los mercados mundiales de capital y los mercados mundiales de dinero daba un impulso nunca antes visto al mecanismo de los mercados bajo la égida del patrón oro, surgía al mismo tiempo un movimiento profundamente arraigado para resistir los perniciosos efectos de una economía controlada por el mercado. La sociedad se protegía contra los peligros inherentes a un sistema de mercado autorregulado: éste fue el aspecto comprensivo en la historia de la época.

VII. Speenhamland, 1795

La sociedad del siglo XVIII se resistió inconscientemente a todo intento de convertirla en un mero apéndice del mercado. No podía concebirse ninguna economía de mercado que no incluyera un mercado de mano de obra; pero el establecimiento de tal mercado, sobre todo en la civilización rural de Inglaterra, implicaba nada menos que la destrucción total de la urdimbre tradicional de la sociedad. Durante el periodo más activo de la Revolución industrial, de 1795 a 1834, la Ley de Speenhamland impedía la creación de un mercado de mano de obra en Inglaterra.

En efecto, el mercado de mano de obra fue el último de los mercados organizados bajo el nuevo sistema industrial, y este paso final sólo se dio cuando la economía de mercado estaba lista para empezar a operar, y cuando la ausencia de un mercado de mano de obra resultaba ya un mal mayor, incluso para la gente común, que las calamidades acompañantes de su introducción. En última instancia, el mercado de mano de obra libre resultaba financieramente benéfico para todos los involucrados, a pesar de los métodos inhumanos empleados en su creación.

Pero apenas ahora estaba apareciendo el problema fundamental. Las ventajas económicas de un mercado de mano de obra libre no podían compensar la destrucción social por él generada. Tenía que introducirse un nuevo tipo de regulación en que la mano de obra estuviese de nuevo protegida, pero ahora de la operación del propio mecanismo del mercado. Las nuevas instituciones protectoras, tales como los sindicatos y las leyes fabriles, se adaptaban en la mayor medida posible a los requerimientos del mecanismo económico, pero interferían con su autorregulación y en última instancia destruyeron el sistema.

En la lógica general de este desarrollo, la Ley de Speenhamland ocupaba una posición estratégica.

En Inglaterra, la tierra y el dinero se movilizaron antes que la mano de obra. Esta última no podía formar un mercado nacional por efecto de estrictas restricciones legales sobre su movilidad física, ya que los trabajadores estaban prácticamente atados a su parroquia. La Ley de asentamientos de 1662, que estableció las reglas de la llamada servidumbre parroquial, se aflojó en 1795. Esta medida habría posibilitado la creación de un mercado nacional de mano de obra, si no se hubiese promulgado el mismo año la Ley de Speenhamland con su «sistema de subsidios». Esta ley tendía en dirección contraria, es decir, hacia un poderoso refuerzo del sistema paternalista de organización de la mano de obra heredado de los Tudor y los Estuardo. Los jueces de Berkshire, reunidos en el Pelican Inn de Speenhamland, cerca de Newbury, el 6 de mayo de 1795, en una época de grandes dificultades, decidieron que deberían otorgarse subsidios en ayuda de los salarios, de acuerdo con una escala dependiente del precio del pan, de modo que se asegurara un ingreso mínimo a los pobres, independientemente de sus salarios. La famosa recomendación de los magistrados decía:

[Cuando el galón de pan de cierta calidad] cueste un chelín, toda persona pobre e industriosa dispondrá para su sustento de tres chelines semanales, proveído por su propio trabajo o el de su familia, o un subsidio tomado de las tasas de pobres, y para el sostén de su esposa y cada uno de los demás miembros de su familia un chelín y seis peniques; cuando el galón de pan cueste 1/6 se dispondrá de cuatro chelines semanales, más 1/10; por cada penique que aumente el precio del pan sobre un chelín, tendrá el trabajador tres peniques para él y un penique para los demás.

Las cifras variaban un poco entre los condados, pero en la mayoría de los casos se adoptó la escala de Speenhamland. Esta era una medida de emergencia y se introdujo informalmente. Aunque se le designaba comúnmente como una ley, la escala misma no se promulgó jamás. Pero pronto se convirtió en la ley de la tierra en la mayor parte del campo, y más tarde incluso en varios distritos manufactureros. En efecto introducía una innovación social y económica no menos importante que el «derecho a la vida», y hasta su abolición en 1834 impidió efectivamente el establecimiento de un mercado de mano de obra competitivo. Dos años antes, en 1832, la clase media se había hecho del poder, en parte para eliminar este obstáculo de la nueva economía capitalista. En efecto, nada podía ser más obvio que el hecho de que el sistema salarial demandaba imperativamente la abolición del «derecho a la vida» proclamado en Speenhamland: bajo el nuevo régimen del hombre económico, nadie trabajaría por un salario si podía vivir sin hacer nada.

Otro aspecto de la eliminación del método de Speenhamland era menos obvio para la mayoría de los autores del siglo XIX, a saber: que el sistema salarial tenía que universalizarse también en aras de los propios asalariados, aunque esto significara privarlos de su derecho legal a la subsistencia. El «derecho a la vida» había resultado una trampa mortal.

La paradoja era sólo aparente. Supuestamente, Speenhamland significaba que la Ley de pobres tendría que administrarse liberalmente; en efecto, obtuvo resultados contrarios a los de su intención original. Rajo la ley Isabelina, los pobres estaban obligados a trabajar a cualquier salario que pudieran obtener, y sólo quienes no pudieran obtener trabajo tenían derecho al subsidio; no se intentaba ni se otorgaba el subsidio en lugar de los salarios. Bajo la Ley de Speenhamland, se subsidiaba a un hombre aunque estuviera empleado, si sus salarios eran menores que el ingreso familiar que le correspondía en la escala. Por lo tanto, ningún trabajador se interesaba realmente por satisfacer a su empleador, puesto que su ingreso era el mismo independientemente del salario que ganara; esto era diferente sólo en el caso de que los salarios normales, o sea los salarios efectivamente pagados, superaran a la escala, lo que no constituía la regla general en el campo, puesto que el empleador podía obtener mano de obra casi a cualquier salario; por poco que pagara, el subsidio proveniente de las tasas elevaba los ingresos de los trabajadores hasta el nivel de la escala. En el curso de pocos años, la productividad de la mano de obra empezó a bajar al nivel de los trabajadores miserables, proveyendo así una razón adicional para que los empleadores no elevaran los salarios por encima de la escala. Porque en cuanto la intensidad del trabajo, el cuidado y la eficiencia con que se realizaba, bajaban más allá de cierto nivel, se volvían indistinguibles del «boondoggling» o sea la simulación del trabajo sólo para cubrir las apariencias. Aunque en principio se obligaba todavía a trabajar, en la práctica se generalizó el subsidio franco; y aunque el subsidio se administraba en el hospicio, la ocupación forzada de los internos apenas merecía el nombre de trabajo. Esto equivalía al abandono de la legislación Tudor, no en aras de una reducción del paternalismo sino de su incremento. La extensión del subsidio franco, la introducción de ayudas en los salarios complementados por cantidades separadas para la esposa y los hijos, donde cada renglón aumentaba y bajaba con el precio del pan, significaba un dramático retorno, para los trabajadores, del mismo principio regulador que se estaba eliminando rápidamente de la vida industrial en su conjunto.

Ninguna medida fue jamás tan popular[61]. Los padres se liberaban del cuidado de sus hijos, y los hijos ya no dependían de sus padres; los empleadores podían reducir los salarios a su antojo y los trabajadores estaban seguros contra el hambre, independientemente de que estuviesen ocupados u ociosos; los humanitarios aplaudieron la medida como un acto de misericordia, aunque no de justicia, y los egoístas se consolaron gustosamente pensando que no era una medida liberal, aunque fuese misericordiosa; y hasta los contribuyentes tardaron en advertir lo que ocurriría con los impuestos bajo un sistema que proclamaba el «derecho a la vida» independientemente de que un hombre ganara un salario suficiente para subsistir o no.

A la larga, el resultado fue espantoso. Aunque hubo de transcurrir cierto tiempo antes de que el autorrespeto del hombre común se hundiera hasta el punto de que prefiriera el subsidio a los salarios, sus salarios que estaban subsidiados con fondos públicos tendrían que bajar eventualmente sin límite, obligando al trabajador a recurrir al subsidio franco. Poco a poco, los habitantes del campo cayeron en la miseria; el adagio de que «una vez en la beneficencia, no se sale de ella», era absolutamente cierto. Sin los efectos extensos del sistema de subsidios, sería imposible encontrar una explicación de la degradación humana y social de principios del capitalismo.

El episodio de Speenhamland reveló a los habitantes del país más avanzado de la época la verdadera naturaleza de la aventura social en la que se estaban embarcando. Ni los gobernantes ni los gobernados olvidaron jamás las lecciones de ese paraíso de tontos; si el Decreto de reforma de 1832 y la Enmienda a la Ley de pobres de 1834 eran comúnmente considerados como el punto de partida del capitalismo moderno, ello se debió al hecho de que terminaban con el dominio del terrateniente benevolente y su sistema de subsidios. El intento de creación de un orden capitalista sin un mercado de mano de obra había fracasado desastrosamente. Las leyes que gobernaban tal orden se habían afirmado y habían manifestado su antagonismo radical contra el principio del paternalismo. El rigor de estas leyes se había vuelto evidente y su violación había castigado cruelmente a quienes las habían desobedecido.

Bajo Speenhamland, la sociedad se había debatido en medio de dos influencias opuestas: una emanaba del paternalismo y protegía a los trabajadores contra los peligros del sistema de mercado; la otra organizaba los elementos de la producción, incluida la tierra, bajo un sistema de mercado, privando así a la gente común de su posición anterior y obligándola a ganarse la vida ofreciendo en venta su trabajo, al mismo tiempo que privaba al trabajo de su valor de mercado. Se estaba creando una nueva clase de empleadores, pero no podía constituirse una clase correspondiente de empleados. Una nueva oleada gigantesca de cercamientos estaba movilizando a la tierra y produciendo un proletariado rural, mientras que la «mala administración de la Ley de pobres» les impedía ganarse la vida con su trabajo. Con razón se asombraban los contemporáneos ante la aparente contradicción de un incremento casi milagroso de la producción acompañado de la inanición de las masas. Para 1834 se había creado la convicción general —en muchos observadores apasionadamente— de que todo era preferible a la continuación de Speenhamland. Había necesidad de demoler las máquinas, como habían tratado de hacerlo los ludistas, o debía crearse un mercado regular de mano de obra. Así se veía obligada la humanidad a iniciar un experimento utópico.

No es éste el lugar apropiado para profundizar en la economía de Speenhamland; tendremos ocasión de hacerlo más adelante. El hecho es que el «derecho a la vida» debió haber terminado por completo con el trabajo asalariado. Los salarios normales debían haber bajado gradualmente a cero, echando a la parroquia toda la carga de la nómina salarial, un procedimiento que habría puesto de manifiesto lo absurdo del arreglo. Pero ésta era una época esencialmente precapitalista, cuando la gente común tenía todavía una mentalidad tradicional, y lejos estaba de dirigir su comportamiento sólo por motivaciones monetarias. La gran mayoría de los habitantes del campo eran ocupantes propietarios o posesionados a perpetuidad, quienes preferían cualquier clase de existencia a la posición de miserables, aunque tal posición no estuviese deliberadamente cargada de inconveniencias irritantes o ignominiosas, como ocurriría más tarde. Por supuesto, si los trabajadores hubiesen estado en libertad para unirse en aras de sus intereses, el sistema de subsidios pudo haber tenido un efecto contrario sobre los salarios normales: la acción sindical se habría visto grandemente promovida por el subsidio a los desempleados implicado en una administración tan liberal de la Ley de pobres. Ésa era presumiblemente una de las razones de las injustas Leyes antiasociación de 1799-1800, que de otro modo no habrían podido explicarse, puesto que los magistrados de Berkshire y los miembros del Parlamento estaban en general preocupados por la condición económica de los pobres, y la intranquilidad política había desaparecido después de 1797. En efecto, podría argüirse que la intervención paternalista de Speenhamland provocó las Leyes antiasociación, que constituyeron una nueva intervención, pero sin las cuales pudo haber conducido Speenhamland a una elevación de los salarios, en lugar de deprimirlos como realmente ocurrió. En unión de las Leyes antiasociación, que permanecieron vigentes durante otro cuarto de siglo, Speenhamland produjo el resultado irónico de que el «derecho a la vida», financieramente implantado, arruinó finalmente a las personas a quienes trataba presuntamente de socorrer.

Para las generaciones futuras, nada podría haber sido más patente que la mutua incompatibilidad de instituciones como el sistema salarial y el «derecho a la vida», o la imposibilidad de un orden capitalista eficaz mientras se subsidiaran los salarios con fondos públicos. Pero los contemporáneos no comprendían el orden cuyo advenimiento estaban preparando. Sólo cuando se deterioró gravemente la capacidad productiva de las masas —una verdadera calamidad nacional que estaba obstruyendo el progreso de la civilización de las máquinas— advirtió la comunidad la necesidad de abolir el derecho incondicional de los pobres al subsidio. La complicada economía de Speenhamland escapaba a la comprensión de los observadores más expertos de la época; pero se afirmaba la conclusión de que el auxilio salarial debía ser inherentemente vicioso, ya que milagrosamente perjudicaba a quienes lo recibían.

No eran evidentes las fallas del sistema de mercados. Para entender esto claramente debemos distinguir entre las diversas vicisitudes a las que se exponían los trabajadores en Inglaterra desde el advenimiento de la máquina: primero, las del periodo de Speenhamland, hasta 1834; segundo, las penurias causadas por la reforma de la Ley de pobres, en el decenio siguiente a 1834; tercero, los efectos nocivos de un mercado competitivo de mano de obra después de 1834, hasta que en el decenio de 1870 les ofreció una protección suficiente el reconocimiento de los sindicatos. En términos cronológicos, Speenhamland antecedió a la economía de mercado; el decenio de la reforma a la Ley de pobres fue una transición a esa economía. El último periodo —que se superpone al anterior— fue el de la economía de mercado propiamente dicha.

Los tres periodos diferían marcadamente. Speenhamland fue diseñado para impedir la proletarización de la gente común, o por lo menos para frenarla. El resultado fue simplemente el empobrecimiento de las masas, quienes casi perdieron su forma humana en el proceso.

La reforma de la Ley de pobres de 1834 acabó con esta obstrucción al mercado de mano de obra: se abolió el «derecho a la vida». La crueldad científica de esa ley resultaba tan repulsiva para el sentimiento público en los decenios de 1830 y 1840 que las vehementes protestas contemporáneas nublaron la imagen a los ojos de la posteridad. Muchos de los más necesitados fueron sin duda abandonados a su suelte, al retirar el subsidio franco, y entre quienes más padecían se encontraban los «pobres meritorios», demasiado orgullosos para entrar al hospicio que se había convertido en un lugar vergonzoso. Es posible que la historia moderna no registre un acto de reforma social más despiadado; la reforma aplastó a grandes multitudes, aunque sólo pretendía proveer un criterio de genuina necesidad en la prueba del hospicio. La tortura psicológica era fríamente aconsejada y tranquilamente puesta en práctica por filántropos moderados como un recurso para aceitar los engranes del molino del trabajo. Pero la mayoría de las quejas se debían realmente a la forma abrupta en que se desunía una institución tan antigua y se ponía en práctica una transformación radical. Disraeli denunció esta «revolución inconcebible» en la vida de la gente. Pero si solamente se contaran los ingresos monetarios, pronto se habría considerado mejorada la condición de la gente.

Los problemas del tercer periodo fueron incomparablemente más profundos. Las atrocidades burocráticas cometidas en contra de los pobres durante el decenio siguiente a 1834, por las nuevas autoridades centralizadas de la Ley de pobres, fueron meramente esporádicas y nada comparables con los efectos totales del mercado de mano de obra, la más potente de todas las instituciones modernas. Su alcance era similar a la amenaza planteada por Speenhamland, con la significativa diferencia de que la fuente del peligro no era la ausencia sino la presencia de un mercado competitivo de mano de obra. Si Speenhamland había impedido el surgimiento de una clase trabajadora, ahora los pobres trabajadores estaban conformando tal clase por la presión de un mecanismo insensible. Si bajo Speenhamland se había cuidado de la gente como bestias no demasiado preciosas, ahora se esperaba que se cuidara sola, con todas las probabilidades en su contra. Si Speenhamland significaba la miseria tranquila de la degradación, ahora el trabajador se encontraba sin hogar en la sociedad. Si Speenhamland había exagerado los valores de la vecindad, la familia y el ambiente rural, ahora se encontraba el hombre separado de su hogar y sus parientes, separado de sus raíces y de todo ambiente significativo. En suma, si Speenhamland significó la pudrición de la inmovilidad, el peligro era ahora el de la muerte por desamparo.

Apenas en 1834 se estableció en Inglaterra un mercado competitivo de mano de obra; por lo tanto, no se puede afirmar que antes de esa fecha existiera el capitalismo industrial como un sistema social. Sin embargo, casi de inmediato se estableció la autoprotección de la sociedad: leyes fabriles y legislación social, y un movimiento político e industrial de la clase trabajadora. Era en este intento por alejar enteramente los nuevos peligros del mecanismo del mercado que la acción protectora entraba fatalmente en conflicto con la autorregulación del sistema. No es exagerado afirmar que la historia social del siglo XIX se vio determinada por la lógica del sistema de mercado propiamente dicho, tras ser liberado por el Acta de reforma de la Ley de pobres de 1834. La Ley de Speenhamland fue el punto de partida de este movimiento dinámico.

Si sugerimos que el estudio de Speenhamland es el estudio del nacimiento de la civilización del siglo XIX, no tenemos en mente sólo su efecto económico y social, ni siquiera la influencia determinante de estos efectos sobre la historia política moderna, sino el hecho de que nuestra conciencia social se forjó en su molde, sin que la generación actual lo advirtiera en su mayor parte. La figura del miserable, casi olvidada desde entonces, dominó una discusión cuya huella fue tan poderosa como el más espectacular de los eventos históricos. Si la Revolución francesa estaba en deuda con el pensamiento de Voltaire y Diderot, Quesnay y Rousseau, la discusión de la Ley de pobres formó la mente de Bentham y Burke, Godwin y Malthus, Ricardo y Marx, Robert Owen y John Stuart Mili, Darwin y Spencer, quienes compartieron con la Revolución francesa el parentesco espiritual de la civilización del siglo XIX. Fue en los decenios siguientes a Speenhamland y la reforma de la Ley de pobres que la mente del hombre se volvió hacia su propia comunidad con una nueva angustia de preocupación: la revolución que los jueces de Berkshire habían tratado en vano de detener, y que eventualmente liberó la reforma de la Ley de pobres, desplazó la visión de los hombres hacia su propio ser colectivo, como si antes hubiesen pasado por alto su presencia. Se ponía al descubierto un mundo cuya existencia misma no se había sospechado siquiera: el de las leyes que gobiernan una sociedad compleja. Aunque el surgimiento de la sociedad en este sentido nuevo y distintivo ocurrió en el campo económico, su referencia era universal.

La realidad naciente llegó a nuestra conciencia bajo la forma de la economía política. Sus regularidades sorprendentes y sus contradicciones aplastantes debían ubicarse en el marco de la filosofía y la teología para que adquirieran significados humanos. Los hechos tercos y las inexorables leyes brutas que parecían abolir nuestra libertad debían conciliarse en una forma u otra con la libertad. Éste fue el origen de las fuerzas metafísicas que secretamente sostenían los positivistas y los utilitarios. La esperanza ilimitada y la desesperación sin límite derivadas de la exploración de regiones de posibilidades humanas antes inexploradas, eran la respuesta ambivalente de la mente ante estas terribles limitaciones. La esperanza —la visión de la perfectibilidad— se destilaba de la pesadilla de la población y las leyes salariales, y se incorporaba en un concepto del progreso tan inspirador que parecía justificar las vastas y dolorosas dislocaciones que habrían de venir. La desesperación habría de ser un agente de la transformación más poderoso aún.

El hombre tenía que resignarse a la perdición secular: estaba condenado a detener la procreación de su raza o a liquidarse voluntariamente a través de la guerra y la peste, el hambre y el vicio. La pobreza era la naturaleza que sobrevivía en la sociedad; la ironía sólo se volvía más amarga por el hecho de que la limitación de los alimentos y el carácter ilimitado de los hombres se enfrentaban justo cuando la promesa de un incremento sin límites de la riqueza llegaba hasta nosotros.

Así se integró el descubrimiento de la sociedad con el universo espiritual del hombre; ¿pero cómo se traduciría esta nueva realidad, la sociedad, en términos de la vida? Como guías prácticas, los principios morales de la armonía y el principio se tensaban al máximo y adoptaban inevitablemente un patrón de completa contradicción. La armonía era inherente a la economía, según se decía, porque los intereses del individuo y de la comunidad eran idénticos en última instancia; pero tal autorregulación armoniosa requería que el individuo respetara la ley económica aunque lo destruyera. También el conflicto parecía inherente a la economía, ya fuese como una competencia entre individuos o como una lucha de clases; pero tal conflicto podría ser sólo el vehículo de una armonía más profunda inmanente en la sociedad actual o quizás en la sociedad futura.

El pauperismo, la economía política y el descubrimiento de la sociedad se entrelazaban estrechamente. El pauperismo centraba la atención en el hecho incomprensible de que la pobreza parecía ir de la mano con la abundancia. Pero ésta era sólo la primera de las intrigantes paradojas que la sociedad industrial habría de plantear al hombre moderno, quien había entrado a su nuevo mundo por la puerta de la economía, y esta circunstancia adventicia investía a la época de una aureola materialista. Para Ricardo y Malthus nada parecía más real que los bienes materiales. Las leyes del mercado significaban para ellos el límite de las posibilidades humanas. Godwin creía en las posibilidades ilimitadas, y por ende debía negar las leyes del mercado. El hecho de que las posibilidades humanas no estuviesen limitadas por las leyes del mercado sino por las leyes de la sociedad misma, era un reconocimiento reservado para Owen, el único que discernió tras el velo de la economía de mercado la realidad emergente: la sociedad. Pero su visión se perdió de nuevo durante un siglo.

Mientras tanto, fue en relación con el problema de la pobreza que la gente empezó a explorar el significado de la vida en una sociedad compleja. La inducción de la economía política en el campo de lo universal ocurrió en dos perspectivas opuestas, la del progreso y la perfectibilidad por una parte, y el determinismo y la condenación por la otra; su traslado a la práctica se logró también en dos formas opuestas: a través del principio de la armonía y la autorregulación por un lado, de la competencia y el conflicto por el otro lado. En estas contradicciones se configuró el liberalismo económico y el concepto de clase. Con el carácter inapelable de un evento elemental, un nuevo conjunto de ideas entraba a nuestra conciencia.

VIII. Antecedentes y consecuencias

El sistema de Speenhamland no fue originalmente más que un artificio. Sin embargo, pocas instituciones han forjado el destino de toda una civilización de manera más decisiva que ésta, la que debía descartarse antes de que pudiera iniciarse la nueva época. Era el producto característico de una época de transformación y merece la atención de todo estudioso de los asuntos humanos en la actualidad.

Bajo el sistema mercantilista, la organización laboral de Inglaterra descansaba en la Ley de pobres y el Estatuto de artífices. La Ley de pobres, aplicada a las leyes de 1536 a 1601, es sin duda un nombre inadecuado; estas leyes, y las enmiendas subsecuentes, formaban en efecto la mitad del código laboral de Inglaterra; la otra mitad era el Estatuto de artífices de 1563. Este último se ocupaba de los empleados; la Ley de pobres se ocupaba de lo que llamaríamos los desempleados y los inempleables (aparte de los ancianos y los niños). Como antes vimos, a estas medidas se sumó la Ley de asentamientos de 1662, referente al domicilio legal de la gente y que restringía su movilidad al máximo. (Por supuesto, la distinción nítida entre los empleados, los desempleados y los inempleables resulta anacrónica por cuanto implica la existencia de un sistema salarial moderno que estuvo ausente durante otros 250 años, aproximadamente; aquí usaremos estos términos en aras de la simplificación en esta muy amplia presentación).

De acuerdo con el Estatuto de artífices, la organización laboral descansaba en tres pilares: obligatoriedad del trabajo, un aprendizaje de siete años, y evaluaciones salariales anuales por parte de funcionarios públicos. Debe destacarse que la ley se aplicaba a los jornaleros agrícolas tanto como a los artesanos y se observaba en los distritos rurales tanto como en las ciudades. El Estatuto se ejecutó estrictamente durante cerca de 80 años; más tarde, las cláusulas del aprendizaje cayeron parcialmente en desuso, restringiéndose a los oficios tradicionales; no se aplicaban a las nuevas industrias, tales como la algodonera; las evaluaciones salariales anuales, basadas en el costo de la vida, tampoco se aplicaban en gran parte del país después de la Restauración (1660). Formalmente, las cláusulas de evaluación del Estatuto sólo fueron abrogadas en 1813, mientras que las cláusulas del aprendizaje quedaban abrogadas en 1814. Sin embargo, la regla del aprendizaje sobrevivió en muchos sentidos al Estatuto; todavía es la práctica general en las actividades calificadas de Inglaterra. La obligatoriedad del trabajo en el campo se abandonó poco a poco. Pero puede afirmarse que, durante los dos y medio siglos en cuestión, el Estatuto de artífices estableció los lineamientos generales de una organización nacional del trabajo basada en los principios de la regulación y el paternalismo.

El Estatuto de artífices se complementó así con las Leyes de pobres, un término muy confuso para los oídos modernos, para los que «pobre» e «indigente» suenan muy parecidos. En realidad, los caballeros de Inglaterra juzgaban pobres a todas las personas que no obtuvieran un ingreso suficiente para mantenerlas en el ocio. «Pobre» era así prácticamente sinónimo de «gente común» y la gente común comprendía a todos, fuera de las clases terratenientes (casi no había un comerciante de éxito que no adquiriera propiedades inmobiliarias). Por lo tanto, el término «pobre» se aplicaba a todas las personas necesitadas, y a todas las personas cuando tuvieran una necesidad. Por supuesto, esto incluía a los indigentes, pero no sólo a ellos. Los ancianos, los enfermos, los huérfanos debían ser atendidos en una sociedad que proclamaba que dentro de sus confines había un lugar para cada cristiano. Pero había sobre todo los pobres capacitados para trabajar, a quienes llamaríamos los desempleados, bajo el supuesto de que podrían ganarse la vida con el trabajo manual sólo si podían encontrar un empleo. La mendicidad se castigaba severamente; la vagancia, en caso de repetición, era una ofensa capital. La Ley de pobres de 1601 decretó que los pobres en capacidad de trabajar debían trabajar para ganar su sustento, que la parroquia debía proveer; la carga del sostenimiento correspondía exclusivamente a la parroquia, la que estaba facultada para recaudar las sumas necesarias mediante impuestos o gravámenes locales. Tales impuestos gravaban a todos los propietarios de casas e inquilinos, ricos y no ricos por igual, de acuerdo con la renta de la tierra o las casas que ocuparan.

El Estatuto de artífices y la Ley de pobres proveían en conjunto lo que podría llamarse un Código laboral. Sin embargo, la Ley de pobres se administraba localmente; cada parroquia —una unidad minúscula— tenía sus propias provisiones para determinar quiénes estaban en posibilidad de trabajar; para mantener un hospicio; para el aprendizaje de los huérfanos y los niños abandonados; para cuidar de los ancianos y los enfermos; para el entierro de los indigentes, y cada parroquia tenía su propia escala de contribuciones. Todo esto suena más grande de lo que era a menudo; muchas parroquias no tenían hospicios; muchas más no tenían provisiones razonables para la ocupación útil de quienes estaban capacitados para trabajar; había una diversidad interminable de formas en las que la haraganería de los contribuyentes locales, la indiferencia de los encargados de los pobres, la dureza de los intereses centrados en el pauperismo viciaban la operación de la ley. Sin embargo, las cerca de 16000 autoridades de la Ley de pobres que había en el país, se las arreglaban en general para mantener la urdimbre social de la vida aldeana maciza e incólume.

Pero bajo un sistema nacional de trabajo, la organización local del desempleo y la ayuda a los pobres era una anomalía patente. Entre mayor fuese la diversidad de las provisiones locales para los pobres, mayor el peligro que corría una parroquia bien atendida de verse inundada por los indigentes profesionales. Después de la Restauración se promulgó la Ley de asentamiento y remoción para proteger a las «mejores» parroquias contra la llegada de indigentes. Más de un siglo después, Adam Smith censuraba esta Ley porque inmovilizaba a la gente y así le impedía que encontrara un empleo útil al impedir que el capitalista encontrara empleados. Sólo con la buena voluntad del magistrado local y las autoridades parroquiales podría permanecer un individuo en cualquier parroquia que no fuese la suya; en cualquiera otra parte estaba expuesto a la expulsión aunque se encontrara en buena posición y empleado. Por lo tanto, la situación legal de la gente era de libertad e igualdad sujetas a incisivas limitaciones. Eran iguales ante la ley y libres como personas. Pero no eran libres para escoger sus ocupaciones o las de sus hijos; no eran libres para asentarse donde quisieran, y estaban obligados a trabajar. Los dos grandes estatutos isabelinos y la Ley de asentamientos constituían en conjunto una carta de libertad para el pueblo común, así como un cerrojo de sus incapacidades.

La Revolución industrial estaba bastante avanzada cuando, en 1795, bajo la presión de las necesidades de la industria, se derogó parcialmente la Ley de 1662, se abolió la servidumbre parroquial y se restableció la movilidad física de los trabajadores. Ahora podría establecerse un mercado laboral a escala nacional. Pero en el mismo año, como sabemos, se introdujo una práctica de administración de la Ley de pobres que significaba la reversión del principio isabelino del trabajo obligatorio. Speenhamland aseguraba el «derecho a vivir»; se generalizaban los subsidios salariales; se añadían los subsidios familiares, y todo esto tendría que otorgarse sin obligar al receptor a entrar al hospicio. La escala del subsidio era exigua, pero bastaba para sobrevivir. Esto era un retorno al regulacionismo y al paternalismo, con creces, justo cuando parecía que la máquina de vapor estaba clamando por la libertad y las máquinas estaban gritando por manos humanas. Pero la Ley de Speenhamland coincidió en el tiempo con la derogación de la Ley de asentamientos. La contradicción era patente: se estaba derogando la Ley de asentamientos porque la Revolución industrial requería una oferta nacional de trabajadores dispuestos a trabajar por un salario, mientras que Speenhamland proclamaba el principio de que ningún hombre padecería hambre y que la parroquia lo sostendría a él y a su familia por poco que ganara. Había una contradicción clara entre las dos políticas industriales; ¿qué podría esperarse de su simultánea aplicación continua sino una atrocidad social?

Pero la generación de Speenhamland ignoraba lo que le esperaba. En vísperas de la mayor revolución industrial de la historia, no había señales ni portentos. El capitalismo llegó sin anunciarse. Nadie había previsto el desarrollo de una industria de maquinaría, que llegó como una sorpresa total. Durante algún tiempo, Inglaterra había estado esperando en realidad una recesión permanente del comercio exterior cuando la presa se rompió, y el mundo antiguo fue barrido en un impulso incontenible hacia una economía planetaria.

Sin embargo, hasta el decenio de 1850 nadie podría haberlo asegurado. La clave para la comprensión de la recomendación de los magistrados de Speenhamland residía en su ignorancia de las implicaciones más amplias del desarrollo que estaban afrontando. A posteriori, parecería que no sólo habían intentado lo imposible, sino que lo habían hecho por medio de las contradicciones internas que debieran haber sido evidentes en su época. En realidad, lograron su objetivo de proteger a la aldea contra la dislocación, mientras que los efectos de su política eran desastrosos en otras direcciones imprevistas. La política de Speenhamland era el resultado de una fase definida del desarrollo de un mercado de fuerza de trabajo y debiera entenderse a la luz de las opiniones que se formaron de esa situación quienes se encontraban en posición de configurar las políticas. Desde este ángulo, el sistema de subsidios aparecerá como un dispositivo urdido por los caballeros rurales para afrontar una situación en la que ya no podía negarse a los trabajadores la movilidad física, mientras que los caballeros deseaban evitar tal desarreglo de las condiciones locales, incluida la elevación de los salarios, involucrada en la aceptación de un mercado laboral nacional libre.

La dinámica de Speenhamland se arraigaba así en las circunstancias de su origen. El aumento del pauperismo rural fue el primer síntoma del levantamiento que se acercaba. Pero nadie parecía haberlo pensado en ese momento. La conexión existente entre la pobreza rural y el impacto del comercio mundial no tenía nada de obvia. Los contemporáneos no tenían ninguna razón para conectar el número de los aldeanos pobres con el desarrollo del comercio en los Siete mares. El incremento inexplicable del número de pobres se imputaba casi siempre al método de administración de la Ley de pobres, y con buenas razones. En realidad, el crecimiento ominoso del pauperismo rural se ligaba directamente a la tendencia de la historia económica general, debajo de la superficie. Pero apenas era perceptible esta conexión. Muchos autores investigaron los canales por los que llegaban los pobres a la aldea, y el número y la diversidad de las razones aducidas para explicar su aparición eran sorprendentes, pero pocos de los investigadores contemporáneos señalaron los síntomas de las dislocaciones que estamos acostumbrados a conectar con la Revolución industrial. Hasta 1785, el público inglés no tenía ninguna conciencia de algún cambio importante en la vida económica, excepto por un incremento inestable del comercio exterior y el crecimiento del pauperismo.

¿De dónde venían los pobres? Tal era el interrogante planteado por una oleada de panfletos que se incrementaba al avanzar el siglo. No podía esperarse que las causas del pauperismo y los medios para combatirlo se mantuvieran separados en una literatura inspirada por la convicción de que si pudieran aliviarse suficientemente los males más evidentes del pauperismo, éste dejaría de existir por completo. Sobre un punto parece haber habido un acuerdo general, a saber: la gran diversidad de las causas que explicaban el hecho del incremento. Entre ellas se encontraban la escasez de granos; los salarios agrícolas demasiado elevados, que generaban precios elevados de los alimentos; los salarios agrícolas demasiado bajos; los salarios urbanos demasiado elevados; la irregularidad del empleo urbano; la desaparición de los pequeños terratenientes; la ineptitud del trabajador urbano para las ocupaciones rurales; la renuencia de los agricultores a pagar salarios mayores; el temor de los terratenientes de que debieran reducirse las rentas si se pagaban salarios mayores; la incapacidad del trabajo a domicilio para competir con la maquinaria; la carencia de una economía doméstica; la incomodidad de las habitaciones; la alimentación excesiva; la drogadicción. Algunos autores culpaban a un nuevo tipo de ovejas grandes; otros culpaban a los caballos que deberían ser remplazados por bueyes; otros aconsejaban que se tuvieran menos perros. Algunos creían que los pobres deberían comer menos pan, o nada de pan, mientras que otros pensaban que «ni siquiera el mejor pan debería cargárseles». El té perjudicaba la salud de muchos pobres, según se creía, mientras que la «cerveza casera» la restablecería; quienes insistían más sobre este punto afirmaban que el té no era mejor que la bebida alcohólica más barata. Cuarenta años más tarde, Harriet Martineau creía todavía en la prédica de las ventajas del abandono del hábito del té para aliviar el pauperismo[62]. Es cierto que muchos autores se quejaban de los efectos distorsionantes de los cercamientos; varios otros insistían en el daño hecho al empleo rural por los altibajos de los fabricantes. Pero en conjunto prevalecía la impresión de que el pauperismo era un fenómeno sui generis, una enfermedad social provocada por diversas razones, la mayoría de las cuales se activaron sólo por el hecho de que la Ley de pobres no pudo aplicar el remedio correcto.

La respuesta era, casi seguramente, que el agravamiento del pauperismo y de los subsidios se debía a un incremento de lo que llamaríamos ahora el desempleo invisible. Tal hecho no sería obvio en una época en la que incluso el empleo era invisible por regla general, como ocurría inevitablemente, hasta cierto punto, bajo una industria doméstica. Sin embargo, subsistían ciertos interrogantes: ¿Cómo explicar este incremento del número de desempleados y subempleados?; ¿y cómo no advertían, ni siquiera los observadores contemporáneos, las señales de cambios inminentes en la industria?

La explicación reside primordialmente en las fluctuaciones excesivas del comercio en los primeros tiempos, lo que tendía a superar al incremento absoluto de tal comercio. Mientras que este último explicaba el aumento del empleo, las fluctuaciones explicaban el aumento mucho mayor del desempleo. Pero mientras que el aumento del nivel general del empleo era lento, el aumento del desempleo y el subempleo tendía a ser rápido. En consecuencia, la acumulación de lo que Friedrich Engels llamara el ejército industrial de reserva superaba ampliamente a la creación del ejército industrial propiamente dicho. Esto tenía la importante consecuencia de que pudiera pasarse por alto fácilmente la conexión existente entre el desempleo y el aumento del comercio total. A menudo se señalaba que el aumento del desempleo se debía a las grandes fluctuaciones del comercio, pero no se advertía que estas fluctuaciones formaban parte de un proceso subyacente más amplio aún, a saber: un crecimiento general del comercio basado cada vez más en las manufacturas. Para los contemporáneos, no parecía haber ninguna conexión entre las principales manufacturas urbanas y el gran incremento de los pobres en el campo.

El incremento del comercio exterior aumentó naturalmente el volumen del empleo, mientras que la división territorial de la mano de obra, combinada con la severa dislocación de las ocupaciones en la aldea y la ciudad, provocaba el rápido crecimiento del desempleo. El distante rumor de grandes salarios hacía que los pobres se sintieran insatisfechos con los salarios que podía pagar la agricultura, y que se rechazara un trabajo tan pobremente remunerado. Las regiones industriales de esa época parecían un nuevo país, como otra América, que atraía inmigrantes por millares. La migración suele ir acompañada de un reflujo muy considerable. La existencia de tal reflujo hacia la aldea parece encontrar apoyo también en el hecho de que no se observó ninguna disminución absoluta de la población rural. Así se acumulaba una perturbación de la población, a medida que diferentes grupos se veían atraídos durante variables periodos de tiempo hacia la esfera del empleo comercial y manufacturero, y luego tenían que regresar a su hábitat rural original.

Gran parte del daño social causado al campo inglés derivó al principio de los efectos distorsionantes del comercio exterior que se hacían sentir directamente sobre el campo mismo. La Revolución agrícola fue sin duda anterior a la Revolución industrial. Los cercamientos de las tierras comunales y las consolidaciones en predios compactos que acompañaron a los grandes avances de los métodos agrícolas, tuvieron un efecto muy desestabilizador. La invasión de las industrias domésticas, la absorción de los huertos y las tierras domésticas, la confiscación de derechos en las tierras comunales, privaban a la industria doméstica de sus elementos principales: los ingresos familiares y las raíces agrícolas. Mientras que la industria doméstica se viera complementada por las facilidades y amenidades de un huerto, un pedazo de tierra, o derechos de pastoreo, la dependencia del trabajador frente a los ingresos monetarios no era absoluta; el huerto de papas o los gansos, una vaca o incluso un asno en los terrenos comunales hacían toda la diferencia, y los ingresos familiares actuaban como una especie de seguro de desempleo. La racionalización de la agricultura desarraigaba inevitablemente al jornalero agrícola y minaba su seguridad social.

En el escenario urbano, los efectos de la nueva plaga del empleo fluctuante eran por supuesto manifiestos. La industria se consideraba generalmente como una ocupación de callejón sin salida. «Los trabajadores que están ahora plenamente empleados podrían estar mañana mendigando en las calles…», escribió David Davies, y añadió: «La incertidumbre de las condiciones laborales es el resultado más vicioso de estas nuevas innovaciones [sic]…». «Cuando un pueblo empleado en una Manufactura se ve privado de ella, los habitantes se quedan como paralizados, y se convierten instantáneamente en una carga de renta para la Parroquia; pero el daño no se acaba en esa generación…». Entretanto, la división del trabajo cobra su cuota: el artesano desempleado retorna en vano a su aldea, ya que «el tejedor no puede ocuparse de nada más». La fatal irreversibilidad de la urbanización dependía de este hecho simple que Adam Smith previo cuando describió al trabajador industrial como intelectualmente inferior al más pobre cultivador del suelo, quien de ordinario podía desempeñar cualquier tarea. Sin embargo, el pauperismo no estaba aumentando alarmantemente hasta la época en que Adam Smith publicó La riqueza de las naciones.

La situación cambió repentinamente en los dos decenios siguientes. En Thoughts and Details on Scarcity, presentada por Burke a Pitt en 1795, el autor admitió que, a pesar del progreso general, había habido un «último ciclo malo de 20 años». En efecto, en el decenio siguiente a la Guerra de siete años (1763), el desempleo aumentó perceptiblemente, como lo revelaba el aumento de los subsidios francos. Por primera vez, un auge del comercio se veía acompañado de crecientes dificultades para los pobres. Esta contradicción aparente habría de convertirse para la siguiente generación de la humanidad occidental en el más intrigante de todos los fenómenos recurrentes en la vida social. El espectro de la sobrepoblación empezaba a preocupar al pueblo. William Townsend previno en Dissertation on the Poor Laws: «Aparte de la especulación, es un hecho que en Inglaterra tenemos más habitantes de los que podemos alimentar, y muchos más de los que podemos emplear con provecho bajo el sistema legal actual». En 1776, Adam Smith había reflejado el talante del progreso tranquilo. Townsend, escribiendo apenas 10 años más tarde, ya estaba consciente de un mar de fondo.

Sin embargo, muchas cosas habrían de transcurrir antes de que un hombre tan alejado de la política, tan exitoso y tan práctico como Telford, el escocés constructor de puentes, pudiera lamentar amargamente (apenas cinco años más tarde) el poco cambio que pudiera esperarse del curso ordinario de la gobernación, y que la revolución fuera la única esperanza. Un solo ejemplar de Rights of Man de Paine, que Telford enviara por correo a su aldea natal, provocó disturbios allí. París estaba catalizando la fermentación europea.

Según Canning, la Ley de pobres salvó a Inglaterra de una revolución. Estaba pensando primordialmente en el decenio de 1790 y en las guerras francesas. La nueva oleada de cercamientos redujo más aún los niveles de vida de los pobres en el campo. J. H. Clapham, apologista de estos cercamientos, concedió que «resulta notable la coincidencia del área donde se aumentaron los salarios más sistemáticamente, gracias a los subsidios, con el área de máximos cercamientos recientes». En olí as palabras, de no haber existido los subsidios salariales, los pobres se habrían hundido por debajo del nivel de la inanición en grandes áreas de la Inglaterra rural. Proliferaban los incendios de heno. Se creía ampliamente en la Conjura de las escopetas. Los disturbios eran frecuentes; los rumores sobre disturbios eran más frecuentes aún. En Hampshire —y en otras partes— los tribunales amenazaban con la muerte todo intento de «bajar forzadamente el precio de las mercancías, ya sea en el mercado o en el camino»; pero al mismo tiempo, los magistrados de ese mismo condado pedían con urgencia el otorgamiento general de subsidios para los salarios. Era claro que había llegado el momento de una acción preventiva.

¿Pero por qué, entre todos los cursos de acción, se escogió el que más tarde resultaría ser el menos practicable de todos? Consideremos la situación y los intereses involucrados. Hidalgos y clérigos gobernaban la aldea. Townsend resumió la situación diciendo que el caballero terrateniente mantiene las manufacturas «a conveniente distancia porque considera que las manufacturas fluctúan; que el beneficio que puede derivar de ellas no será proporcional a la carga que debe involucrar para su propiedad…». La carga consistía principalmente en dos efectos aparentemente contradictorios de las manufacturas, a saber: el incremento del pauperismo y la elevación de los salarios. Pero sólo había contradicción si se suponía la existencia de un mercado de mano de obra competitivo, lo que por supuesto habría tendido a disminuir el desempleo reduciendo los salarios de los empleados. En ausencia de tal mercado —y el Acta de asentamiento estaba en vigor todavía— el pauperismo y los salarios podrían aumentar simultáneamente. En tales condiciones, el «costo social» del desempleo urbano era soportado principalmente por la aldea nativa a la que frecuentemente regresaban los desempleados. Los salarios altos en la ciudades constituían una carga mayor aún sobre la economía rural. Los salarios agrícolas eran mayores de lo que el agricultor podía pagar, pero menores que lo necesario para la subsistencia del jornalero. Parece claro que la agricultura no podía competir con los salarios de las ciudades. Por otra parte, se aceptaba generalmente que debería derogarse el Acta de asentamientos, o por lo menos aflojarse, para que los trabajadores pudieran encontrar empleo y los empleadores pudieran encontrar trabajadores. Se pensaba que esto aumentaría la productividad de la mano de obra por todas partes, y de paso disminuiría la carga real de los salarios. Pero la cuestión inmediata del diferencial salarial entre la ciudad y la aldea se volvería obviamente más apremiante aún para la aldea, permitiendo que los salarios «encontraran su propio nivel». El flujo y reflujo del empleo industrial, alternado con espasmos de desempleo, dislocaría a las comunidades rurales más que nunca. Tenía que construirse una represa que protegiera a la aldea de la inundación de los salarios crecientes. Tenían que encontrarse métodos que protegieran al ambiente rural contra la dislocación social, que reforzaran la autoridad tradicional, impidieran la fuga de trabajadores rurales, y elevaran los salarios agrícolas sin afectar demasiado al agricultor. Tal instrumento fue la Ley de Speenhamland. Hundida en las turbulentas aguas de la Revolución industrial, no podía dejar de crear un vórtice económico. Sin embargo, sus implicaciones sociales se ajustaban precisamente a la situación, en opinión del interés dominante en la aldea: el de los terratenientes.

Desde el punto de vista de la administración de la Ley de pobres, Speenhamland fue un grave paso hacia atrás. La experiencia de 250 años había demostrado que la parroquia era una unidad demasiado pequeña para la administración de la Ley de pobres, ya que ningún tratamiento de este asunto sería adecuado si no distinguía entre los desempleados capacitados para trabajar por una parte, y los ancianos, enfermos y niños por la otra. Era como si un municipio tratara ahora de resolver por sí solo el problema del desempleo mediante un seguro, o si tal seguro se mezclara con el cuidado de los ancianos. En consecuencia, la Ley de pobres sólo pudo ser más o menos satisfactoria en los breves periodos en que su administración era a la vez nacional y diferenciada. Uno de tales periodos fue el de 1590 a 1640, bajo Burleigh y Laud, cuando la corona administraba la Ley de pobres mediante los jueces de paz, y se inició un plan ambicioso de construcción de hospicios junto con la obligatoriedad del trabajo. Pero la Mancomunidad (1642-1660) destruyó de nuevo lo que ahora se denunciaba como el gobierno personal de la corona, y la Restauración completó irónicamente la obra de la Mancomunidad. El Acta de asentamientos de 1662 restringía la Ley de pobres a los límites parroquiales, y la legislación prestaba escasa atención al pauperismo hasta el tercer decenio del siglo XVIII. Por fin, en 1722 se iniciaron ciertos esfuerzos de diferenciación; las uniones de parroquias habrían de construir talleres, por oposición a los hospicios locales; y se permitía ocasionalmente el subsidio franco, porque el hospicio proveía ahora una prueba de la necesidad. En 1782, con la Ley de Gilbert, se dio un gran paso hacia la expansión de las unidades administrativas alentando la creación de uniónes de parroquias; en ese tiempo se instaba a las parroquias a encontrar empleo para quienes pudieran trabajar en la vecindad. Tal política habría de complementarse con el otorgamiento de subsidios francos y aun de ayudas salariales, a fin de disminuir el costo del subsidio para quienes pudieran trabajar. Aunque la creación de uniones de parroquias era permisiva, no obligatoria, significaba un avance hacia la unidad administrativa mayor y la diferenciación de las diversas categorías de los pobres subsidiados. Así pues, a pesar de las deficiencias del sistema, la Ley de Gilbert representaba un esfuerzo en la dirección correcta, y mientras el subsidio franco y las ayudas salariales fuesen meramente subsidiarias de la legislación social positiva, no serían necesariamente fatales para una solución racional. Speenhamland detuvo la reforma. Al generalizar el subsidio franco y las ayudas salariales no seguía los lineamientos de la Ley de Gilbert (como se ha afirmado erróneamente), sino que revertía por completo su tendencia y en efecto demolía todo el sistema de la Ley de pobres Isabelina. Perdió su sentido la distinción, laboriosamente establecida, entre el taller y el hospicio; las diversas categorías de indigentes y desempleados capacitados para trabajar tendían a fundirse ahora en una masa indiscriminada de pobreza dependiente. Se estableció lo opuesto a un proceso de diferenciación: el taller se fundió con el hospicio, el propio hospicio tendía más y más a desaparecer, y la parroquia era de nuevo la unidad final y única de esta verdadera obra maestra de degeneración institucional.

La supremacía del hidalgo rural y el clérigo se fortaleció incluso a resultas de Speenhamland, si ello era posible. La «benevolencia indistinguible del poder», de la que se quejaban los supervisores de los pobres, estaba en la cúspide en ese papel de «socialismo Tory» en el que los jueces de paz esgrimían el poder benevolente, mientras que la clase media rural pagaba la mayor parte de los subsidios. El grueso de los pequeños agricultores se había desvanecido en las vicisitudes de la Revolución agrícola, y los restantes poseedores perpetuos y propietarios ocupantes tendían a fundirse con los pequeños terratenientes en un solo estrato social a los ojos del potentado del campo, quien no distinguía bien entre la gente desposeída y la que accidentalmente tenía una necesidad; desde las alturas donde se contemplaba la lucha por la vida en la aldea, no parecía haber ninguna línea divisoria clara entre el pobre y el indigente, y probablemente le sorprendería saber que en un mal año ingresaba un pequeño agricultor «a las listas de subsidios», tras haber sido arruinado por esos mismos subsidios que debía pagar. Tales casos no eran frecuentes, pero su mera posibilidad destacaba el hecho de que muchos pagadores de subsidios eran pobres. En conjunto, la relación existente entre el pagador de subsidios y el indigente era similar a la que existe entre empleados y desempleados de nuestra época bajo diversos planes de seguros que echan sobre los hombros de los empleados la carga del mantenimiento de quienes se quedan temporalmente desempleados. Sin embargo, el característico pagador de subsidios no solía ser elegible para recibir tales subsidios, y el también característico jornalero agrícola no pagaba subsidios. En términos políticos, se fortalecía con Speenhamland el control ejercido por los terratenientes sobre los pobres aldeanos, mientras que se debilitaba el de la clase media rural.

El aspecto más alocado del sistema era su economía propiamente dicha. Prácticamente no podía contestarse a este interrogante: «¿Quién pagaba por Speenhamland?». Directamente, la carga principal recaía, por supuesto, en los contribuyentes. Pero los agricultores se veían parcialmente compensados por los bajos salarios que debían pagar a sus jornaleros, como resultado directo del sistema de Speenhamland. Además, al agricultor se le perdonaba con frecuencia una parte de sus contribuciones, si estaba dispuesto a emplear a un aldeano que de otro modo tendría que ser subsidiado. El hacinamiento consiguiente de la cocina y los patios de los agricultores con manos innecesarias, algunas de ellas no demasiado dispuestas a trabajar, debía anotarse del lado del debe. La mano de obra de quienes disfrutaban efectivamente de subsidios debía disfrutarse más baratamente aún. A menudo tenían que trabajar como «milusos» en diversos lugares, por el solo pago de la comida, o se ponían en subasta en el «mercado» de la aldea, por unos cuantos peniques diarios. Cuánto valía esta clase de trabajo servil era otra cuestión. Además, a veces se ayudaba a los pobres a pagar la renta, mientras que el propietario inescrupuloso de las cabañas ganaba dinero rentando habitaciones insalubres; las autoridades aldeanas tendían a hacer la vista gorda mientras siguieran pagándose las contribuciones por los tugurios. Es evidente que tal mezcla de intereses minaría cualquier sentido de responsabilidad financiera y alentaría toda clase de pequeñas corrupciones.

En un sentido más amplio, sin embargo, Speenhamland era costeable. Se inició con un programa de ayudas salariales, beneficiando ostensiblemente a los empleados, pero usando en realidad fondos públicos para subsidiar a los empleadores. El efecto principal del sistema de subsidios fue la reducción de los salarios por debajo del nivel de subsistencia. En las áreas completamente empobrecidas, los agricultores no emplearían jornaleros que todavía fuesen propietarios de un pedazo de tierra, «porque ningún propietario podía recibir subsidios parroquiales y el salario convencional era tan bajo que, sin una ayuda de cualquier clase, resultaba insuficiente para un hombre casado». En consecuencia, en algunas áreas sólo podían emplearse quienes estuviesen en las listas de indigentes; quienes trataran de mantenerse fuera de tales listas y ganarse la vida con sus propios esfuerzos, no podrían conseguir un empleo. En el país en conjunto, sin embargo, la gran mayoría debe de haber sido de la última clase, y en cada uno de ellos se beneficiaban los empleadores como clase, obteniendo una ganancia adicional del bajo nivel de los salarios, sin tener que acudir a los subsidios. A la larga, un sistema tan antieconómico como éste no podía dejar de afectar la productividad de la mano de obra y deprimir los salarios convencionales, y en última instancia incluso la «escala» fijada por los magistrados en beneficio de los pobres. Para el decenio de 1820, la escala del pan se estaba reduciendo efectivamente en varios condados, y los magros ingresos de los pobres se reducían más aún. Entre 1815 y 1830, la escala de Speenhamland, que era más o menos igual por todo el país, se redujo en casi la tercera parte (esta reducción fue también prácticamente universal). Clapham duda de que la carga total de los subsidios fuese tan severa como podría hacernos creer la repentina oleada de quejas. En eso tiene razón, porque si bien es cierto que la elevación de los subsidios fue espectacular y en algunas regiones debe de haberse sentido como una calamidad, parece muy probable que no haya sido tanto la carga misma, como el efecto económico de las ayudas salariales sobre la productividad de la mano de obra, lo que se encontraba en la raíz, del problema. El sur de Inglaterra, que se vio muy severamente afectado, pagaba en subsidios para los pobres menos de 3.3% de su ingreso, lo que constituye una carga muy tolerable, en opinión de Clapham, ya que una parte considerable de esta suma «debe de haberse entregado a los pobres por concepto de salarios». En realidad, los subsidios totales estaban bajando de continuo en el decenio de 1830, y su carga relativa debe de haber disminuido con mayor rapidez aún, en vista del creciente bienestar nacional. En 1818, la suma efectivamente gastada en ayuda a los pobres ascendió en total a cerca de ocho millones de libras; luego bajó casi continuamente hasta llegar a menos de seis millones en 1826, mientras que el ingreso nacional aumentaba rápidamente. Y sin embargo, la crítica a Speenhamland se hacía cada vez más violenta, en vista de que, al parecer, la deshumanización de las masas empezaba a paralizar la vida nacional, y en particular a restringir las energías de la industria misma.

Speenhamland precipitó una catástrofe social. Nos hemos habituado a descontar las presentaciones escandalosas del capitalismo temprano como «sentimentalismo puro». No hay justificación para esta actitud. La imagen trazada por Harriet Martineau, el fervoroso apóstol de la reforma de la Ley de pobres, coincide con la de los propagandistas Cartistas que encabezaban la protesta contra la reforma de la Ley de pobres. Los hechos establecidos en el famoso Informe de la Comisión para la Ley de pobres (1834) que aconsejaba la derogación inmediata de la Ley de Speenhamland, pudieron haber servido de material para la campaña de Dickens contra la política de la comisión.

Ni Charles Kingsley ni Friedrich Engels, ni Blake ni Carlyle estaban errados al creer que la imagen misma del hombre se había deteriorado por alguna catástrofe terrible. Y más impresionante aún que los estallidos de dolor y de ira producidos por poetas y filántropos resultaba el silencio glacial con el que Malthus y Ricardo contemplaban los escenarios de los que había surgido su filosofía de la perdición secular.

Indudablemente, el dislocamiento social provocado por la máquina y las circunstancias bajo las cuales el hombre se veía condenado ahora a servirla tuvo muchos resultados inevitables. La civilización rural de Inglaterra carecía del ambiente urbano del que surgieron las ciudades industriales posteriores en el continente[63]. En las ciudades nuevas no había ninguna clase media urbana asentada, ningún núcleo de artesanos, de respetables pequeños burgueses y habitantes urbanos que pudiese haber servido como medio de asimilación para el jornalero rudo que —atraído por los altos salarios o lanzado de sus tierras por cercadores tramposos— acudiera a los primeros molinos. La ciudad industrial de las Midlands y el noroeste era un desierto cultural; sus barrios miserables sólo reflejaban su falta de tradición y de autorrespeto cívico. Hundido en este sombrío pantano de miseria, el campesino inmigrante, o incluso el antiguo pequeño agricultor o inquilino, se transformó pronto en un indescriptible animal de la ciénega. No era que se le pagara muy poco, ni que trabajara demasiado —aunque ambas cosas ocurrían con frecuencia— sino que vivía ahora en condiciones físicas que negaban la forma humana de vida. Los negros del bosque africano que se encomiaban enjaulados, sin poder respirar en las garras de un traficante de esclavos, podrían haberse sentido como estas gentes. Y sin embargo, todo esto no era irremediable. Mientras que un hombre tuviese una posición a la cual aferrarse, un patrón establecido por sus parientes o semejantes, podría luchar por él y recuperar su alma. Pero en el caso del jornalero sólo podría lograrse esto de una forma: constituyéndose en uno de los miembros de una clase nueva. Si no podía ganarse la vida con su propio trabajo, no era un trabajador sino un indigente. Reducirlo artificialmente a tal condición era la suprema abominación de Speenhamland. Este acto de humanitarismo ambiguo impedía que los jornaleros se constituyeran en una clase económica y así los privaba del único medio existente para eludir el destino al que estaban condenados en el molino económico.

Speenhamland era un instrumento infalible de la desmoralización popular. Si una sociedad humana es una máquina automática para el mantenimiento de los patrones sobre los que se construye, Speenhamland era un autómata para la demolición de los patrones en los que podría basarse cualquier clase de sociedad. No sólo premiaba la abstención del trabajo y la pretensión de inadecuación, sino que aumentaba el atractivo del pauperismo precisamente en la coyuntura en que un hombre estaba luchando por escapar a la suerte de los desposeídos. Una vez que un hombre se encontraba en el hospicio (de ordinario acabaría allí si él y su familia hubiesen disfrutado por algún tiempo de los subsidios), estaba atrapado y raras veces podría salirse. La decencia y el autorrespeto de siglos de vida tranquila desaparecían rápidamente en la promiscuidad del hospicio, donde un hombre debía cuidarse de no parecer en mejor situación que su vecino, so pena de verse forzado a buscar trabajo, en lugar de «hacerse tonto» en el ambiente familiar.

El subsidio a los pobres se había convertido en un botín público… Para obtener su parte, el bruto insultaba a los administradores, el promiscuo exhibía a sus bastardos que debía alimentar, el flojo se cruzaba de brazos y esperaba a que lo descubrieran; los jóvenes ignorantes se casaban confiando en él; los cazadores furtivos, los ladrones y las prostitutas lo usurpaban por intimidación; los jueces rurales hacían repartos para ganar popularidad, y los guardianes lo hacían por conveniencia. Así se desenvolvía el fondo… En lugar de contratar al número adecuado de trabajadores para que labraran su tierra —pagados por él mismo— el agricultor se veía obligado a contratar el doble, con salarios pagados parcialmente por los subsidios. Y estos hombres, empleados por él obligatoriamente, escapaban a su control —trabajaban o no, según su elección—, permitían que se redujera la calidad de su tierra, y le impedían emplear a los mejores hombres que habrían luchado duro para lograr su independencia. Estos hombres mejores se hundían en medio de los peores; el aldeano pagador de subsidios, tras una lucha vana, acudía él mismo a pedir auxilio…

escribía Harriet Martineau[64]. Los avergonzados liberales de épocas posteriores olvidaron ingratamente el recuerdo de esta vociferante apóstol de su credo. Pero incluso sus exageraciones, ahora temidas, ponían los puntos sobre las íes. Ella misma pertenecía a esa clase media luchadora, cuya digna pobreza la volvía más sensible a las complejidades morales de la Ley de pobres. Entendía y expresaba claramente la necesidad que tenía la sociedad de una clase nueva, una clase de «trabajadores independientes». Ellos eran los héroes de sus sueños, y a uno de ellos —un trabajador crónicamente desempleado que se niega a pedir ayuda— lo hace decir orgullosamente a un colega que decide anotarse en las listas de subsidios: «Aquí estoy, y reto a cualquiera a que me desprecie. Podría colocar a mis hijos en medio del pasillo de la iglesia y retar a cualquiera a que les enseñe el lugar que ocupan en la sociedad. Podría haber gente más sabia, más rica, pero no hay nadie más honorable». Los grandes hombres de la clase gobernante estaban todavía lejos de comprender la necesidad de esta clase nueva. Martineau señaló «el error vulgar de la aristocracia, de suponer que sólo existe una clase social por debajo de la rica, con la que están obligados a hacer negocios». Se quejaba de que lord Eldon, como otros que debieran estar mejor enterados, «incluyera bajo un rubro [“las clases bajas”] a todos los que estuviesen por debajo de los banqueros más ricos: fabricantes, comerciantes, artesanos, jornaleros e indigentes…»[65] Pero el futuro de la sociedad dependía de la distinción existente entre estos dos últimos, según recalcaba apasionadamente Martineau. «Excepto por la distinción existente entre el soberano y el súbdito, no hay en Inglaterra diferencia social tan amplia como la que se plantea entre el trabajador independiente y el indigente; y la confusión de ambas categorías es un acto ignorante, inmoral e impolítico». Por supuesto, esto no era cierto; la diferencia existente entre los dos estratos se había borrado bajo Speenhamland. Era más bien una recomendación política basada en una anticipación profética. La política era la de los comisionados para la reforma de la Ley de pobres; la profecía contemplaba un mercado de mano de obra libre competitiva, y el surgimiento consiguiente de un proletariado industrial. La abolición de Speenhamland fue el verdadero nacimiento de la clase trabajadora moderna, cuyo interés inmediato la destinaba a convertirse en la protectora de la sociedad contra los peligros intrínsecos de una civilización de máquinas. Pero cualquiera que fuese el futuro que les aguardara, la clase trabajadora y la economía de mercado aparecieron juntas en la historia. El desprecio de la ayuda pública, la desconfianza de la acción estatal, la insistencia en la respetabilidad y la confianza en sí mismo caracterizaron durante varias generaciones al trabajador británico.

La derogación de Speenhamland fue la obra de una clase nueva que entraba al escenario histórico: la clase media inglesa. Los caballeros rurales no pudieron realizar la tarea que estas clases estaban destinadas a realizar: la transformación de la sociedad en una economía de mercado. Docenas de leyes fueron derogadas y otras promulgadas antes de que se iniciara esa transformación. La Ley de reforma parlamentaria de 1832 privó de representación en el parlamento a los distritos abandonados y otorgó el poder en la Cámara de los Comunes, de una vez por todas, a la gente común. Su primer gran acto de reforma fue la abolición de Speenhamland. Ahora que advertimos el grado en que sus métodos paternalistas se mezclaban con la vida del país, entenderemos que incluso los defensores más radicales de la reforma vacilaran en sugerir un periodo menor de 10 o 15 años para la transición. En realidad, la transición ocurrió en forma tan abrupta que refuta la leyenda del gradualismo inglés promovida más tarde, cuando se buscaban argumentos en contra de la reforma radical. El choque brutal de ese evento espantó durante varias generaciones los ensueños de la clase trabajadora británica. Y sin embargo, el éxito de esta lacerante operación se debió a las profundas convicciones de amplios estratos de la población, incluidos los propios trabajadores, en el sentido de que el sistema, que según todas las apariencias los sostenía, en realidad los estaba despojando y que el «derecho a la vida» era la enfermedad que conduce a la muerte.

La nueva ley establecía que en el futuro no se otorgaría ningún subsidio franco. Su administración sería nacional y diferenciada. También en este sentido era una reforma a fondo. Por supuesto, se eliminaba la ayuda salarial. Se reimplantó la prueba del taller, pero con un sentido nuevo. El solicitante tendría que decidir ahora si estaba tan desprovisto de todo recurso que voluntariamente se refugiaba en un lugar convertido deliberadamente en una casa del horror. El hospicio estaba investido de un estigma; y la permanencia en tal sitio era una tortura psicológica y moral, sin dejar de cumplir con los requerimientos de la higiene y la decencia, sino usándolos ingeniosamente como una justificación de nuevas privaciones. No eran los jueces de paz, ni los supervisores locales, sino autoridades más generales —los guardianes— quienes habrían de administrar la ley bajo una supervisión central dictatorial. Hasta el entierro de un indigente se convirtió en un acto por el que sus semejantes renunciaban a la solidaridad con él incluso en la muerte.

En 1834 estaba listo el capitalismo industrial para iniciar su marcha, y se lanzó la Reforma de la Ley de pobres. La Ley de Speenhamland, que había protegido a la Inglaterra rural, y por ende a la población trabajadora en general, contra la fuerza aplastante del mecanismo del mercado, estaba devorando el meollo de la sociedad. En el momento de su derogación, masas enormes de la población trabajadora parecían espectros de pesadilla antes que seres humanos. Pero si los trabajadores estaban físicamente deshumanizados, las clases propietarias estaban moralmente degradadas. La unidad tradicional de una sociedad cristiana estaba siendo sustituida por una negación de la responsabilidad por parte de los ricos, en relación con las condiciones de sus semejantes. Las «Dos naciones» se estaban forjando. Para desconcierto de las mentes pensantes, al desconocimiento de la riqueza se unía de manera inseparable el desconocimiento de la pobreza. Los académicos proclamaban al unísono que se había descubierto una ciencia que dejaba fuera de toda duda a las leyes gobernantes del mundo del hombre. Fue en aras de estas leyes que se eliminó la compasión de los corazones, y que una determinación estoica de renunciar a la solidaridad humana en nombre de la mayor felicidad del mayor número obtuvo la dignidad de una religión secular.

El mecanismo del mercado se estaba afirmando y reclamando su terminación: el trabajo humano debía convertirse en una mercancía. El paternalismo reaccionario había tratado en vano de resistirse a esta necesidad. Saliendo de los horrores de Speenhamland, los hombres corrían ciegamente en busca del abrigo de una economía de mercado utópica.

IX. El pauperismo y la utopía

El problema de la pobreza se centraba alrededor de dos temas estrechamente relacionados: el pauperismo y la economía política. Aunque examinaremos su efecto sobre la conciencia moderna por separado, estos temas formaban parte de un todo indivisible: el descubrimiento de la sociedad.

Hasta la época de Speenhamland no había podido encontrarse ninguna respuesta satisfactoria al interrogante del origen de los pobres. Sin embargo, entre los pensadores del siglo XVIII se aceptaba generalmente que el pauperismo y el progreso eran inseparables. El mayor número de pobres no se encontrará en los países áridos ni en medio de las naciones bárbaras, sino en los países más fértiles y civilizados, escribía John M’Farlane en 1782. Giammaria Ortes, economista italiano, lo convirtió en el axioma de que la riqueza de una nación corresponde a su población, mientras que su miseria corresponde a su riqueza (1774). E incluso Adam Smith declaró, en su estilo cauto, que los salarios de los trabajadores no son más elevados en los países más ricos. Por lo tanto, M’Farlane no estaba aventurando una opinión poco usual cuando expresó su creencia de que en virtud de que Inglaterra se aproximaba ahora a la cúspide de su grandeza, «el número de los pobres continuará aumentando»[66].

Cuando un inglés pronosticaba el estancamiento comercial, sólo estaba expresando una opinión muy difundida. Si era notable el aumento de las exportaciones durante el medio siglo anterior a 1782, los altibajos del comercio exterior eran más marcados aún. El comercio empezaba a recuperarse apenas de una depresión que había reducido las cifras de las exportaciones al nivel de casi medio siglo atrás. Para los contemporáneos, la gran expansión del comercio y el crecimiento aparente de la prosperidad nacional que siguió a la Guerra de los siete años sólo significaba que también Inglaterra tenía una oportunidad, después de Portugal, España, Holanda y Francia. Su ascenso acelerado era ahora cosa del pasado, y no había ninguna razón para creer en la continuación de su progreso, que parecía sólo el resultado de una guerra afortunada. Casi unánimemente se esperaba una caída del comercio exterior, como antes vimos.

En realidad, la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina, una prosperidad de proporciones gigantescas que estaba destinada a convertirse en una nueva forma de vida, no sólo para una nación sino para toda la humanidad. Pero ni los estadistas ni los economistas tenían la menor idea de su proximidad. En cuanto a los estadistas, esto pudo haber sido indiferente, ya que las cifras del comercio en rápido crecimiento durante otras dos generaciones sólo disminuían en pequeña medida la miseria popular. Pero en el caso de los economistas resultaba tal cosa singularmente desafortunada, ya que todo su sistema teórico se erigió durante este periodo de «anormalidad» en el que un aumento enorme del comercio y la producción se vio accidentalmente acompañado de un incremento enorme de la miseria humana; en efecto, los hechos aparentes en los que se basaban los principios de Malthus, Ricardo y James Mili reflejaban simplemente algunas tendencias paradójicas prevalecientes durante un periodo de transición bien definido.

La situación era en verdad desconcertante. Los pobres aparecieron por primera vez en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XVI; luego se volvieron conspicuos como individuos que no estaban ligados al feudo, «o a ningún superior feudal» y su transformación gradual en una clase de trabajadores libres fue el resultado combinado de la feroz persecución de la vagancia y la promoción de la industria nacional, poderosamente ayudada por una expansión continua del comercio exterior. Durante el siglo XVII hubo una mención menor del pauperismo; incluso la incisiva medida del Acta de asentamientos se aprobó sin discusión pública. Cuando revivió la discusión a fines del siglo, la Utopía de Tomás Moro y las primeras Leyes de pobres tenían más de 150 años de antigüedad, y la disolución de los monasterios y la Rebelión de Kett se habían olvidado largo tiempo atrás. Algunos cerramientos y «engrosamientos» habían continuado en todo momento, por ejemplo durante el reinado de Carlos I, pero las clases nuevas se habían asentado en conjunto. Mientras que a mediados del siglo XVI eran los pobres un peligro para la sociedad, sobre la que descendían como ejércitos hostiles, a mediados del siglo XVII eran sólo una carga para los fondos públicos. Por otra parte, ésta ya no era una sociedad semifeudal sino una sociedad semicomercial, cuyos miembros representativos estaban a favor del trabajo por sí mismo y no podían aceptar la concepción medieval de que la pobreza no era un problema, ni la del cercador exitoso de que los desempleados eran simplemente ociosos capacitados para trabajar. A partir de este momento, las opiniones existentes acerca del pauperismo empezaron a reflejar una perspectiva filosófica, como había ocurrido antes con las cuestiones teológicas. Las opiniones sobre los pobres reflejaban más y más las opiniones sobre la existencia en conjunto. Así se explica la diversidad y la aparente confusión de estas opiniones, pero también su interés prominente para la historia de nuestra civilización.

Los cuáqueros, pioneros en la exploración de las posibilidades de la existencia moderna, fueron los primeros en reconocer que el desempleo involuntario debe ser el resultado de algún defecto en la organización del trabajo. Con su intensa fe en los métodos comerciales, aplicaron a los pobres de sus propias filas el principio de la autoayuda colectiva que ocasionalmente practicaban como disidentes de conciencia cuando deseaban evitar el apoyo a las autoridades pagando su estancia en prisión. Lawson, un cuáquero ferviente, publicó una Appeal to the Parliament Concerning the Poor that there Be no Beggar in England como una «Plataforma», en la que sugería el establecimiento de bolsas de trabajo en el sentido moderno de la agencia pública de empleo. Esto ocurría en 1660; una «Oficina de direcciones y encuentros» había sido propuesta diez años antes por Henry Robinson. Pero el gobierno de la Restauración prefería métodos más pedestres; la tendencia del Acta de asentamientos de 1662 era directamente contraria a todo sistema racional de bolsas de trabajo que hubiese creado un mercado de mano de obra más amplio; el asentamiento —un término usado por primera vez en el Acta— ataba a los trabajadores a la parroquia.

Después de la Revolución gloriosa (1688), la filosofía cuáquera produjo en John Bellers un notable pronosticador de la tendencia de las ideas sociales en el futuro distante. Fue en la atmósfera de las Reuniones de sufrimientos, en las que se usaban a menudo estadísticas para dar precisión científica a las políticas religiosas de socorro, que surgió en 1696 su sugerencia del establecimiento de «Colegios de industria», donde el ocio involuntario de los pobres pudiera utilizarse con provecho. Detrás de este plan no se encontraban los principios de una bolsa de trabajo, sino los principios muy diferentes del intercambio de trabajo. Los primeros se asociaban a la idea convencional de encontrar un empleador para los desempleados; los últimos, implicaban nada menos que los trabajadores no necesitaban ningún empleador mientras pudieran intercambiar sus productos directamente. «Si el trabajo de los pobres es la mina de los ricos», como dijera Bellers, ¿por qué no habrían de poder sostenerse explotando tales riquezas en su propio beneficio, dejando incluso algo pendiente? Sólo se necesitaba organizarlos en un «colegio» o corporación, donde pudieran reunir sus esfuerzos. Esta idea se encontraba en el fondo de todo el pensamiento socialista posterior sobre el tema de la pobreza, ya asumiera la forma de las Aldeas de unión de Owen, de los Falansterios de Fourier, de los Bancos de intercambio de Proudhon, de los Ateliers nationaux de Louis Blanc, de los Nationale Werkstätten de Las-salle, o incluso de los Planes quinquenales de Stalin. El libro de Bellers contenía in nuce la mayoría de las propuestas que se han conectado con la solución de este problema desde la primera aparición de las grandes dislocaciones producidas por la máquina en la sociedad moderna. «El compañerismo del colegio hará del trabajo, y no del dinero, el patrón del valor de todos los bienes básicos…». Se planeó como «un colegio de toda clase de oficios útiles que trabajarán por los demás sin subsidio…». Es importante la conexión de las notas de trabajo, la autoayuda y la cooperación. Los trabajadores, hasta llegar a 300, serían autosuficientes y trabajarían en común por su subsistencia, «lo que hagan de más, se les pagará». Así se combinaban las raciones de subsistencia y los pagos de acuerdo con los resultados. En el caso de algunos pequeños experimentos de autoayuda, la ganancia financiera se había destinado a las Reuniones de sufrimientos y se gastaban en beneficio de otros miembros de la comunidad religiosa. Esta ganancia estaba destinada a tener un gran futuro: la idea novedosa de los beneficios era la panacea de la época. ¡El plan nacional de Bellers para el alivio del desempleo iba a administrarse en realidad para beneficio de los capitalistas! En ese mismo año de 1696, John Cary promovió la Corporación de Bristol para los pobres, la que tras algún éxito inicial dejó de rendir beneficios, como ocurriera finalmente con todas las demás aventuras de esa clase. Pero la propuesta de Bellers se basaba en el mismo supuesto del sistema de tasas de trabajo, planteado también en 1696, en cuyos términos deberían asignarse los pobres de la aldea a los contribuyentes locales para que trabajaran en la proporción en que tales contribuyentes estuviesen contribuyendo a los subsidios. Éste fue el origen del frustrado sistema de los «milusos» practicado bajo la Ley Gilbert. La idea de que el pauperismo podría tener alguna utilidad se había apoderado firmemente de la mente de la gente.

Fue exactamente un siglo después que Jeremy Bentham, el más prolífico de todos los proyectistas sociales, elaboró el plan de usar a los indigentes en gran escala en la operación de la maquinaria inventada por Samuel, su hermano más inventivo aún, en el labrado de la madera y el metal. «Bentham, dice sir Leslie Stephen, se había unido a su hermano y ambos estaban buscando una máquina de vapor. Ahora se les había ocurrido emplear convictos en lugar de vapor». Esto ocurría en 1794; el plan Panopticon de Jeremy Bentham, con cuya ayuda podrían diseñarse cárceles de supervisión barata y eficaz, había sido elaborado dos años antes, y ahora decidía Bentham aplicarlo a su fábrica operada por convictos; los pobres debían tomar el lugar de los convictos. Pronto se fundió la aventura empresarial privada de los hermanos Bentham en un plan general para la solución del problema social en conjunto. La decisión de los magistrados de Speenhamland, la propuesta del salario mínimo de Whitbread, y sobre todo el proyecto de circulación privada de Pitt de un proyecto comprensivo para la reforma de la Ley de pobres, hacían del pauperismo un tema manejado por los estadistas. Bentham, cuya crítica del proyecto de Pitt había provocado supuestamente su retiro, aparecía ahora en los Anuals de Arthur Young con sus propias propuestas refinadas (1797). Sus Casas de industria, contempladas en el plan Panopticon —cinco talleres en 12 sectores— para el aprovechamiento del trabajo de los pobres subsidiados, serían administradas por una junta central establecida en la capital de acuerdo con el modelo de la Junta del Banco de Inglaterra, en la que tendrían un voto todos los miembros con acciones por valor de cinco o 10 libras. Un texto publicado pocos años más tarde decía: «1) La administración de las fábricas de los pobres por todo el sur de Gran Bretaña se encomendará a una autoridad, y los gastos se cargarán a un fondo. 2) Esta Autoridad, la de una Compañía por acciones, con el nombre de Compañía Nacional de la Caridad»[67]. Habrían de construirse no menos de 250 casas industriales, con cerca de 500. 000 internos. Acompañaba al plan un análisis detallado de las diversas categorías de desempleados, en el que Bentham se anticipaba en más de un siglo a los resultados de otros investigadores en este campo. Su mente clasificadora ponía de manifiesto al máximo su capacidad de realismo. «Las manos fuera de lugar», que habían sido recientemente despedidas de su empleo, se distinguían de quienes no podían encontrar empleo debido al «estancamiento casual»; el «estancamiento periódico» de los trabajadores estacionales se distinguía de las «manos sustituidas», que habíanse «vuelto superfluas por la introducción de maquinaria», o en términos más modernos, de los desempleados por la tecnología; un último grupo estaba integrado por las «manos desbandadas», otra categoría moderna que la Guerra francesa había puesto de relieve en la época de Bentham. Pero la categoría más importante era la del «estancamiento casual», antes mencionada, que no incluía sólo a los artesanos y artistas que desempeñan ocupaciones «dependientes de la moda», sino también el grupo mucho más importante de los desempleados «en el evento de un estancamiento general de las manufacturas». El plan de Bentham equivalía nada menos que a la eliminación del ciclo económico mediante la comercialización del desempleo a escala gigantesca.

Robert Owen reprodujo en 1819 los planes de Bellers, de más de 120 años atrás, para el establecimiento de Colegios de industria. La privación esporádica se había convertido ahora en un torrente de miseria. Sus Aldeas de unión diferían de las de Bellers principalmente porque eran mucho más grandes, comprendiendo 1 200 personas en igual número de acres de tierra. El comité que solicitaba suscripciones para este plan eminentemente experimental, a fin de resolver el problema del desempleo, incluía una autoridad como la de David Ricardo. Pero no surgieron suscriptores. Poco tiempo después, el francés Charles Fourier se veía ridiculizado por esperar día a día a que surgiera el «socio pasivo» que invirtiera en su plan del Falansterio, basado en ideas muy similares a las que patrocinara uno de los mayores expertos contemporáneos en materia de finanzas. ¿Y no había alcanzado fama mundial la empresa de Robert Owen en Nueva Lanark —con Jeremy Bentham como socio pasivo— gracias al éxito financiero de sus planes filantrópicos? No había todavía una concepción convencional de la pobreza ni un procedimiento aceptado para obtener beneficios de los pobres.

Owen tomó de Bellers la idea de las notas laborales y la aplicó en su Bolsa Nacional de Trabajo Equitativo en 1832, pero fracasó. El principio estrechamente relacionado de la autosuficiencia económica de la clase trabajadora —también una idea de Bellers— se encontraba detrás del famoso movimiento sindical en los dos años siguientes. El sindicato era una asociación general de todos los oficios, artesanías y artes, sin excluir a los pequeños maestros, con el vago propósito de constituirlos en el cuerpo de la sociedad, en una manifestación pacífica. ¿Quién habría pensado que éste era el embrión de todos los intentos violentos de un Gran sindicato durante los próximos 100 años? El sindicalismo, el capitalismo, el socialismo y el anarquismo eran efectivamente casi indistinguibles en sus planes para los pobres. El Banco de intercambio de Proudhon, la primera aplicación práctica del anarquismo filosófico en 1848, era esencialmente una secuela del experimento de Owen. Marx, el socialista estatal, atacó rudamente las ideas de Proudhon y en adelante sería el Estado el encargado de proveer el capital necesario para los planes colectivistas de este tipo, de los que pasaron a la historia los de Louis Blanc y Lassalle.

No debería haber ningún misterio acerca de la razón económica de que no pudiera sacarse dinero de los indigentes. Tal razón había sido expuesta casi 150 años antes por Daniel Defoe, cuyo panfleto, publicado en 1704, estancó la discusión iniciada por Bellers y Locke. Defoe insistía en que, si se subsidiara a los pobres, no trabajarían por un salario; y que si se les pusiera a fabricar bienes en instituciones públicas, sólo crearían más desempleo en las manufacturas privadas. Su panfleto llevaba este título satánico: Dar limosnas y no caridades, y emplear a los pobres constituye un agravio para la nación, y luego siguieron las más famosas coplas del doctor Mandeville acerca de las refinadas abejas cuya comunidad era próspera sólo porque alentaba la vanidad y la envidia, el vicio y el despilfarro. Pero mientras que el caprichoso doctor utilizaba una superficial paradoja moral, el panfletero había encontrado ciertos elementos básicos de la nueva economía política. Su ensayo se olvidó pronto, fuera de los círculos de la «política inferior» como se llamaba en el siglo XVIII a los problemas de la administración, mientras que la paradoja barata de Mandeville estimulaba mentes de la calidad de un Berkeley, un Hume y un Smith. Evidentemente, en la primera mitad del siglo XVIII la riqueza móvil constituía todavía un problema moral, mientras que la pobreza no lo era todavía. Las clases puritanas se escandalizaban ante las formas feudales del desperdicio conspicuo que su conciencia condenaba como un lujo y un vicio, mientras que convenía renuentemente con las abejas de Mandeville en que el comercio interior y exterior decaerían rápidamente si no existiesen tales males. Más tarde habría de tranquilizarse a estos comerciantes ricos respecto de la moralidad de sus negocios: los nuevos molinos de algodón ya no producirían para la ostentación ociosa sino para las prosaicas necesidades cotidianas, y se desarrollaron sutiles formas de dispendio que pretendían ser menos conspicuas cuando en realidad eran más dispendiosas que las antiguas. El señalamiento de los peligros de la ayuda a los pobres, hecho por Defoe, no era suficientemente convincente para penetrar en las conciencias preocupadas por los peligros morales de la riqueza; la Revolución industrial no asomaba aún. Y sin embargo, la paradoja de Defoe era un pronóstico de las perplejidades que habrían de venir: «Dar limosna, no caridad», porque al destruir el acicate del hambre se perjudicaba la producción y sólo se creaba hambruna; «el empleo de los pobres es un agravio para la nación», porque al crear empleo público sólo se incrementaba el congestionamiento de los bienes en el mercado y se apresuraba la ruina de los comerciantes privados. Entre John Bellers, el cuáquero, y Daniel Defoe, el periodista ocasional, entre el santo y el cínico, a fines del siglo XVII se estaban planteando los problemas a los que habrían de proveer soluciones laboriosas más de dos siglos de trabajo y pensamiento, esperanza y sufrimiento.

Pero en la época de Speenhamland, la verdadera naturaleza del pauperismo estaba oculta todavía de la mente de los hombres. Había un acuerdo completo sobre la conveniencia de una población grande, tan grande como fuese posible, ya que el poder del Estado consistía en hombres. Se aceptaban también las ventajas de la mano de obra barata, porque sólo así podrían florecer las manufacturas. Además, si no hubiese pobres, ¿quién manejaría los barcos e iría a la guerra? Sin embargo, había duda acerca de que el pauperismo no fuese un mal, después de todo. Y en todo caso, ¿por qué no podrían emplearse los indigentes con provecho público, como obviamente se empleaban para el beneficio privado? No podía encontrarse ninguna respuesta convincente para estos interrogantes. Defoe había captado casualmente la verdad que Adam Smith podría o no haber comprendido 60 años más tarde: la falta de desarrollo del sistema de mercado ocultaba sus deficiencias inherentes. Ni la nueva riqueza ni la nueva pobreza eran todavía enteramente comprensibles.

La cuestión estaba en su etapa de crisálida, como lo demostraba la sorprendente congruencia de los proyectos que reflejaban mentes tan diferentes como la del cuáquero Bellers, el ateo Owen y el utilitario Bentham. El socialista Owen era un ardiente creyente en la igualdad del hombre y sus derechos innatos, mientras que Bentham despreciaba el igualitarismo, ridiculizaba los derechos del hombre y se inclinaba marcadamente hacia el laissez-faire. Pero los «paralelogramos» de Owen se asemejaban tanto a las Casas de industria de Bentham que uno podría imaginar que sólo estaba inspirado por ellas hasta que recuerda su deuda con Bellers. Los tres hombres estaban convencidos de que una organización apropiada del trabajo de los desempleados debe producir un excedente, el que Bellers, el humanitario, esperaba usar sobre todo en el alivio de otros necesitados; Bentham, el liberal utilitario, quería que el excedente se entregara a los accionistas; Owen, el socialista, quería que se entregara a los propios desempleados. Pero mientras que sus diferencias sólo revelaban las señales casi imperceptibles de futuras escisiones, sus ilusiones comunes exhibían el mismo desconocimiento radical de la naturaleza del pauperismo en la naciente economía de mercado. Más importante que todas las otras diferencias existentes entre ellos, era el hecho de que había continuado creciendo el número de pobres: en 1696, cuando escribía Bellers, los subsidios totales se aproximaban a las 400 000 libras; en 1796, cuando Bentham atacó el provecto de Pitt, deben de haber pasado de dos millones; para 1818, cuando empezó su obra Robert Owen, se aproximaban a ocho millones. En los 120 años transcurridos entre Bellers y Owen, la población pudo haberse triplicado, pero los subsidios se multiplicaron por 20. El pauperismo se había vuelto un portento. Pero su significado era todavía oscuro para todos.

X. La economía política y el descubrimiento de la sociedad

Cuando se advirtió la importancia de la pobreza, el escenario estaba listo para el siglo XIX. La división ocurrió, alrededor de 1780. En la gran obra de Adam Smith, el auxilio de los pobres no constituía todavía ningún problema; sólo un decenio más tarde, se planteó como un problema general en la Dissertation on the Poor Laws de Townsend y nunca dejó de ocupar la mente de los hombres durante los siguientes 150 años.

El cambio de atmósfera, de Adam Smith a Townsend, fue en efecto sorprendente. El primero marcó el final de una época que se abrió con los inventores del Estado: Tomás Moro y Maquiavelo, Lutero y Calvino; el último pertenecía a ese siglo XIX en el que Ricardo y Hegel descubrieron desde ángulos opuestos la existencia de una sociedad que no estaba sujeta a las leyes del Estado sino que, por el contrario, sometía al Estado a sus propias leyes. Es cierto que Adam Smith trató la riqueza material como un campo de estudio separado; el hecho de que lo lograra con un gran sentido del realismo lo convirtió en el fundador de una nueva ciencia: la economía. Pero la riqueza era para él sólo un aspecto de la vida de la comunidad, a cuyos propósitos permanecía subordinada; era una característica de las naciones que luchan por su supervivencia en la historia y no podía separarse de ellas. En su opinión, un conjunto de condiciones que gobernaba la riqueza de las naciones derivaba del estado ascendente, estacionario o declinante del país como un todo; otro conjunto derivaba de la prominencia de la seguridad y la tranquilidad, así como de las necesidades del balance del poder; un conjunto más estaba dado por la política gubernamental que favorecía a la ciudad o al campo, a la industria o la agricultura; por lo tanto, consideraba que sólo dentro de cierto marco político podría formularse la cuestión de la riqueza, entendiendo por tal el bienestar material de «el gran conjunto del pueblo». No hay en su obra ninguna sugerencia de que los intereses económicos de los capitalistas impusieran su ley a la sociedad, de que tales intereses fuesen los voceros seculares de la divina providencia que gobernara al mundo económico como una entidad separada. Con Adam Smith, la esfera económica no está todavía sujeta a sus propias leyes que provean de un patrón de lo bueno y lo malo.

Smith quería considerar la riqueza de las naciones como una función de su vida nacional, física y moral; es por ello que su política naval encajaba tan bien en las Leyes de navegación de Cromwell y sus nociones de la sociedad humana armonizaban con el sistema de los derechos naturales de John Locke. En su opinión, nada indica la presencia de una esfera económica en la sociedad que pudiera convertirse en la fuente de la ley moral y la obligación política. El egoísmo sólo nos impulsa a hacer lo que intrínsecamente beneficiará también a otros, como el interés del carnicero nos abastecerá en última instancia de alimento. Un optimismo general impregna el pensamiento de Smith, porque las leyes que gobiernan la parte económica del universo concuerdan con el destino del hombre, como ocurre también con las leyes que gobiernan al resto del universo. Ninguna mano oculta trata de imponernos los ritos del canibalismo en nombre del interés propio. La dignidad del hombre es la de un ser moral, que como tal es un miembro del orden cívico de la familia, el Estado, y «la gran Sociedad de la humanidad». La razón y la humanidad imponen un límite al trabajo a destajo; la emulación y la ganancia deben ceder ante ellas. Es natural lo que concuerde con los principios incorporados en la mente del hombre; y el orden natural es el que concuerda con tales principios, Smith excluyó conscientemente a la naturaleza, en el sentido físico, del problema de la riqueza. «Cualquiera que sea el suelo, el clima o la extensión territorial de cualquier nación particular, la abundancia o escasez de su abasto anual debe depender de dos circunstancias en esa situación particular», a saber: la habilidad de los trabajadores y la proporción existente entre los miembros últimos y los miembros ociosos de la sociedad. Sólo intervienen los factores humanos, no los naturales. Esta exclusión del factor biológico y geográfico, al inicio mismo de su libro, fue deliberada. Las falacias de los fisiócratas le sirvieron de advertencia; su predilección por la agricultura los llevaba a confundir la naturaleza física con la naturaleza humana, y los inducía a sostener que sólo el suelo era verdaderamente creativo. Nada estaba más lejos de la mente de Smith que tal glorificación de la Physis. La economía política debía ser una ciencia humana; debía ocuparse de lo que era natural en el hombre, no de la naturaleza.

La Dissertation de Townsend, 10 años más tarde, se centraba en el teorema de las cabras y los perros. El escenario es la isla de Robinson Crusoe en el océano Pacífico, frente a las costas de Chile.

En esta isla, Juan Fernández dejó unas cuantas cabras para proveerse de carne en caso de futuras visitas. Las cabras se habían multiplicado a una tasa bíblica y se convirtieron en un conveniente almacén de alimentos para los corsarios, principalmente ingleses, que estaban obstruyendo el comercio español. A fin de destruirlas, las autoridades españolas llevaron un perro y una perra, los que también se multiplicaron grandemente a través del tiempo, disminuyendo el número de las cabras que se comían. «Entonces se restableció una nueva especie de balance», escribió Townsend. «La más débil de ambas especies fue la que primero pagó su deuda con la naturaleza; la más activa y vigorosa preservó la vida». A lo que añadía: «Es la cantidad de alimentos lo que regula el número de la especie humana».

Señalamos que una búsqueda[68] de las fuentes no pudo confirmar la historia. Juan Fernández trajo las cabras; pero los legendarios perros fueron descritos por William Funnell como hermosos gatos, y no se sabe que los perros o los gatos se hayan multiplicado; además, las cabras estaban habitando en rocas inaccesibles, mientras que las playas —en esto convienen todos los reportes— abundaban en focas gordas que habrían sido una presa mucho más tentadora para los perros salvajes. Pero el paradigma no depende del apoyo empírico. La carencia de una autenticidad de anticuario no puede restar nada al hecho de que Malthus y Darwin debieron su inspiración a esta fuente: Malthus la aprendió de Condorcet, Darwin de Malthus. Pero ni la teoría de la selección natural de Darwin, ni las leyes de la población de Malthus, podrían haber ejercido ninguna influencia apreciable sobre la sociedad moderna de no haber mediado las máximas siguientes que Townsend dedujo de sus cabras y perros y que deseaba aplicar a la Ley de pobres:

El hambre domará a los animales más feroces, les enseñará decencia y civilidad, obediencia y sujeción, al más perverso. En general, es sólo el hambre lo que puede aguijonearlos y moverlos [a los pobres] a trabajar; pero nuestras leyes han dicho que los pobres no tendrán hambre jamás. Debemos confesar que las leyes han dicho también que los pobres serán obligados a trabajar. Pero entonces la restricción legal se atiende con grandes problemas, violencias y ruidos; crea mala voluntad y nunca puede producir un servicio bueno y aceptable; en cambio, el hambre no es sólo pacífica, silenciosa, una presión constante, sino que, como la motivación más natural para la industria y el trabajo, induce los esfuerzos más poderosos; y cuando se satisface por la libre abundancia de otros, establece fundamentos duraderos y seguros para la buena voluntad y la gratitud. El esclavo debe ser obligado a trabajar, pero el hombre libre debe ser dejado a su propio juicio y discreción, debe ser protegido en el pleno disfrute de lo suyo, ya sea poco o mucho, y debe ser castigado cuando invada la propiedad de su vecino.

Aquí estaba un nuevo punto de partida para la politología. Al enfocar la comunidad humana desde el lado animal, Townsend omitió la cuestión supuestamente inevitable de los fundamentos del gobierno; y al hacerlo así introdujo un nuevo concepto de la ley en los asuntos humanos, el de las leyes de la naturaleza. El sesgo geométrico de Hobbes, así como la búsqueda ansiosa de las leyes newtonianas en la sociedad por parte de Hume y Hartley, Quesnay y Helvecio, habían sido puramente metafóricos: estaban en ascuas por descubrir una ley tan universal en la sociedad como la gravitación lo era en la naturaleza, pero la consideraban una ley humana, una fuerza mental como el temor en el caso de Hobbes, la asociación en la psicología de Hartley, el interés propio en el caso de Quesnay, o la búsqueda de la utilidad en el caso de Helvecio. No había demasiada delicadeza al respecto: Quesnay, como Platón, ocasionalmente consideraba al hombre como un criador, y Adam Smith no ignoraba la conexión existente entre los salarios reales y la oferta de mano de obra a largo plazo. Sin embargo, Aristóteles había enseñado que sólo los dioses o las bestias podrían vivir fuera de la sociedad, y el hombre no era ninguna de las dos cosas. Para el pensamiento cristiano, también el abismo existente entre el hombre y la bestia era constitutivo; ninguna excursión al campo de los hechos fisiológicos podría confundir a la teología acerca de las raíces espirituales de la mancomunidad humana. Si, según Hobbes, el hombre era como un lobo para el hombre, ello ocurría porque los hombres se portaban como lobos fuera de la sociedad, no porque hubiese algún factor biológico común al hombre y a los lobos. En última instancia, esto era así porque no se había concebido todavía ninguna comunidad humana que no fuese idéntica a la ley y el gobierno. Pero en la isla de Juan Fernández no había gobierno ni ley; y sin embargo había un balance entre cabras y perros. Ese balance se mantuvo por la dificultad encontrada por los perros para devorar a las cabras que huían a la parte rocosa de la isla, y por las inconveniencias que debían afrontar las cabras al buscar un refugio contra los perros. No se necesitaba ningún gobierno para mantener este balance, el que se restableció por los dolores del hambre por una parte y por la escasez de alimentos por la otra. Hobbes había sostenido la necesidad de un déspota porque los hombres son como bestias; Townsend insistió en que los hombres son efectivamente bestias, y que precisamente por esa razón sólo se requiere un mínimo de gobierno. Desde este punto de vista novedoso, una sociedad libre podía considerarse integrada por dos razas: la de los propietarios y la de los trabajadores. El número de estos últimos estaba limitado por la cantidad de alimentos; y mientras que la propiedad estuviese segura, el hambre los impulsaría a trabajar. No había necesidad de magistrados, ya que el hambre era más disciplinante que los magistrados. Apelar a los magistrados —observaba agudamente Townsend— sería «una apelación de la autoridad más fuerte a la más débil».

Los nuevos fundamentos correspondían muy bien a la sociedad que estaba surgiendo. Desde mediados del siglo XVIII se habían venido desarrollando mercados nacionales; el precio del grano ya no era local, sino regional; esto presuponía el uso casi general del dinero y una venta fácil de los bienes en el mercado. Los precios de mercado y los ingresos, incluidos los salarios y las rentas, mostraban una estabilidad considerable. Los fisiócratas fueron los primeros en advertir estas regularidades, las que ni siquiera en teoría pudieron estructurar en un conjunto, ya que los ingresos feudales prevalecían todavía en Francia, y la mano de obra era a menudo semiservil, de modo que ni las rentas ni los salarios se determinaban por regla general en el mercado. Pero en la época de Adam Smith el campo inglés se había convertido en una parte de la sociedad comercial; la renta debida al terrateniente, así como los salarios de los trabajadores agrícolas, mostraban una marcada dependencia de los precios. Las autoridades fijaban sólo por excepción los salarios o los precios. Y sin embargo, en este curioso orden nuevo, las antiguas clases sociales continuaban existiendo más o menos en su jerarquía anterior, a pesar de la desaparición de sus privilegios y desventajas legales. Aunque ninguna ley restringía al trabajador para que sirviera al agricultor, ni al agricultor para que mantuviera al terrateniente en la abundancia, trabajadores y agricultores actuaban como si existiera tal compulsión. ¿Cuál ley ordenaba al trabajador obedecer a un amo, a quien no estaba atado por ningún lazo legal? ¿Cuál fuerza mantenía separadas a las clases de la sociedad, como si fuesen clases de seres humanos diferentes? ¿Y qué cosa mantenía el balance y el orden en esta colectividad humana que no invocaba ni toleraba siquiera la intervención del gobierno político?

El paradigma de las cabras y los perros parecía ofrecer una respuesta. La naturaleza biológica del hombre aparecía como el fundamento dado de una sociedad que no era de orden político. Fue así que los economistas renunciaron pronto a los fundamentos humanistas de Adam Smith e incorporaron los de Townsend. La ley de la población de Malthus y la ley de los rendimientos decrecientes manejada por Ricardo, hacían de la fecundidad del hombre y el suelo elementos constitutivos del nuevo reino cuya existencia había sido puesta al descubierto. La sociedad económica había surgido como algo distinto del Estado político.

Las circunstancias bajo las cuales se hizo evidente la existencia de este agregado humano —una sociedad compleja— eran sumamente importantes para la historia del pensamiento del siglo XIX. Dado que la sociedad emergente no era otra que el sistema de mercado, la sociedad humana estaba ahora en peligro de ser colocada sobre cimientos totalmente extraños al mundo moral del que el cuerpo político había formado parte hasta ahora. El problema aparentemente insoluble del pauperismo estaba obligando a Malthus y a Ricardo a apoyar la fuga de Townsend hacia el naturalismo.

Burke enfocó la cuestión del pauperismo francamente desde el ángulo de la seguridad pública. Las condiciones existentes en Indias occidentales lo convencieron del peligro de alimentar a una gran población esclava sin ninguna provisión adecuada para la seguridad de los amos blancos, sobre todo porque a menudo se permitía que los negros anduvieran armados. Se aplicaban consideraciones similares al incremento del número de los desempleados dentro de su país, en vista de que el gobierno no disponía de ninguna fuerza policiaca. Aunque era un defensor decidido de las tradiciones patriarcales, Burke también era un partidario apasionado del liberalismo económico, en el que veía la respuesta al candente problema administrativo del pauperismo. Las autoridades locales estaban aprovechando con gusto la inesperada demanda, por parte de los molinos de algodón, de niños desamparados cuyo aprendizaje se encargaba a la parroquia. Muchos centenares de tales niños se entregaron a los fabricantes, a menudo en partes distantes del país. En conjunto, las nuevas ciudades desarrollaron un saludable apetito de indigentes; las fábricas estaban incluso dispuestas a pagar por el uso de los pobres. Los adultos se asignaban a un empleador que se encargaría de su sostenimiento, así como eran alojados por los agricultores de la parroquia, en una u otra forma del sistema del milusos. El empleo de los adultos resultaba más barato que la administración de «cárceles sin culpa», como se llamaba a veces a los hospicios. Desde el punto de vista administrativo, esto significaba que «la autoridad más persistente y más minuciosamente detallada del empleador»[69] tomaba el lugar del trabajo forzado de gobiernos y parroquias.

Aquí estaba involucrada claramente una cuestión de gobernación. ¿Por qué habría de convertirse a los pobres en una carga pública, encomendando su mantenimiento a la parroquia, si en última instancia la parroquia cumplía su obligación entregando a quienes podían trabajar a los empresarios capitalistas, quienes estaban tan ávidos por llenar sus fábricas con ellos que estarían dispuestos incluso a pagar dinero por obtener sus servicios? ¿No indicaba esto claramente que había también una forma menos cara de obligar a los pobres a ganarse el sustento, en lugar de recurrir a la parroquia? La solución se encontraba en la abolición de la legislación Isabelina sin remplazaría por ninguna otra. Que no se subsidiaran los salarios, ni se ayudara a los desempleados que pudieran trabajar, pero que tampoco hubiera salarios mínimos ni una salvaguardia del derecho a vivir. Debería tratarse a los trabajadores como lo que eran: una mercancía que debe encontrar su precio en el mercado. Las leyes del comercio eran las leyes de la naturaleza y en consecuencia las leyes de Dios. ¿Qué era esto sino una apelación del magistrado más débil al más fuerte, del juez de paz a los omnipotentes dolores del hambre? Para el político y el administrador, el laissez-faire era simplemente un principio del aseguramiento de la ley y el orden, con el mínimo de costo y esfuerzo. Que el mercado se encargue de los pobres, y las cosas se arreglarán por sí solas. Fue en este punto que Bentham, el racionalista, convenía con Burke, el tradicionalista. El cálculo del dolor y el placer requería que no se infligiera ningún dolor evitable. Si el hambre realizaba la tarea, no se requería ningún otro castigo. Al interrogante de «¿qué puede hacer la ley en relación con la subsistencia?», respondía Bentham: «Nada, directamente»[70]. La pobreza era la naturaleza que sobrevivía en la sociedad; su sanción física era el hambre. «Si la fuerza de la sanción física es suficiente, el empleo de la sanción política será superfluo»[71]. Sólo se requería el tratamiento «científico y económico» de los pobres[72]. Bentham se oponía fuertemente al Proyecto de Ley de pobres de Pitt que habría equivalido a una promulgación de Speenhamland, ya que permitía el subsidio directo y la ayuda a los salarios. Pero Bentham, contrariamente a sus discípulos, no era ahora un rígido liberal económico ni un demócrata. Sus Casas de industria eran una pesadilla de la administración utilitaria minuciosa, aplicada con todos los trucos de la administración científica. Bentham sostenía que siempre habría necesidad de tales casas, porque la comunidad no podría desentenderse por completo de la suerte de los indigentes. Creía que la pobreza formaba parte de la abundancia. «En la etapa más alta de la prosperidad social», decía Bentham, «es muy probable que la gran masa de los ciudadanos posea pocos recursos fuera de su trabajo diario, de modo que siempre estará cerca de la indigencia…». Por lo tanto, recomendaba que se creara «una contribución regular para las necesidades de los indigentes», aunque así «en teoría disminuye la NECESIDAD y se afecta la industria», según añadía Bentham con renuencia, porque desde el punto de vista utilitario el gobierno debe encargarse de incrementar la necesidad para que se haga efectiva la sanción física del hambre[73].

La aceptación de la semindigencia de la masa de los ciudadanos, como el precio que se debe pagar por la etapa más alta de la prosperidad, se veía acompañada de actitudes humanas muy diferentes. Townsend corregía su balance emocional recurriendo al prejuicio y el sentimentalismo. La improvidencia de los pobres era una ley natural, porque de otro modo nadie realizaría el trabajo servil, sórdido e innoble. ¿Y qué sería de la patria si no se pudiera recurrir a los pobres? «Porque si no prevalecen la angustia y la pobreza sobre las clases bajas de la población, nadie aceptará los horrores que aguardan en el océano tempestuoso o en el campo de batalla». Pero esta manifestación de patriotismo rudo dejaba lugar todavía para sentimientos más tiernos. Por supuesto, debía abolirse de inmediato el subsidio para los pobres. Las Leyes de pobres «proceden de principios que lindan con lo absurdo, ya que tratan de lograr lo que, de acuerdo con la naturaleza y la constitución del mundo, resulta impracticable». Pero una vez que los indigentes quedan a merced de los ricos, ¿quién podrá dudar que «la única dificultad» consiste en restringir la impetuosidad de la benevolencia de estos últimos? ¿Y no son mucho más nobles los sentimientos caritativos que los derivados de las obligaciones legales estrictas? «¿Podrá haber en la naturaleza algo más hermoso que la complacencia moderada de la benevolencia?», clamaba Townsend, contrastando esto con la fría insensibilidad de «la mesa de pagos de una parroquia» que no sabe nada de las escenas de una «expresión nada artificiosa de la gratitud sincera por favores inesperados…». «Cuando los pobres se ven obligados a cultivar la amistad de los ricos, éstos no dejarán jamás de inclinarse a aliviar la angustia de los pobres…». Nadie que haya leído esta descripción conmovedora de la vida íntima de las «Dos naciones» podrá dudar de que la Inglaterra victoriana derivó su educación sentimental, inconscientemente, de la isla de las cabras y los perros.

Edmund Burke era un hombre de estatura diferente. Allí donde los hombres como Townsend fallaban en pequeño, Burke fallaba en grande. Su genio exaltaba el hecho brutal en la tragedia, e investía al sentimentalismo con el halo del misticismo. «Cuando sentimos piedad por los pobres que deben trabajar para que el mundo exista, estamos jugando con la condición de la humanidad». Esto era sin duda preferible a la indiferencia brutal, las lamentaciones inútiles o la hipocresía de una palmada de simpatía. Pero la virilidad de esta actitud realista se veía afectada por la sutil complacencia con la que iluminaba Burke las escenas de los festejos aristocráticos. Así se superaba a Herodes pero se subestimaban las probabilidades de una reforma oportuna. Podríamos conjeturar que, si hubiese vivido Burke, la Ley de reforma parlamentaria de 1832 —que terminaba con el ancien régime— se habría promulgado sólo a costa de una evitable revolución sangrienta. Y sin embargo, Burke podría haber replicado que, estando las masas condenadas a debatirse en la miseria por las leyes de la economía política, ¿qué cosa era la idea de la igualdad sino una cruel camada para empujar a la humanidad hacia su propia destrucción?

Bentham no poseía la complacencia suave de un Townsend ni el historicismo precipitado de un Burke. Más bien, para este creyente en la razón y la reforma aparecía el recién descubierto campo de la ley social como la tierra prometida del experimento utilitario. Al igual que Burke, se negaba Bentham a rendirse ante el determinismo zoológico, y rechazaba igualmente el predominio de la economía sobre la política propiamente dicha. Aunque escribió el Essay on Usury y un Manual of Political Economy, Bentham era un aficionado en esa ciencia y ni siquiera pudo aportar la gran contribución que podría haberse esperado del utilitarismo para la economía, a saber: que el valor deriva de la utilidad. Por el contrario, se vio inducido por su psicología asociacionista a dar rienda suelta a sus ilimitadas facultades imaginativas de ingeniero social. Para Bentham, el laissez-faire era sólo otro instrumento de la mecánica social. La invención social, no la invención técnica, era la principal fuente intelectual de la Revolución industrial. La aportación decisiva de las ciencias naturales a la ingeniería sólo se hizo un siglo más tarde, cuando la Revolución industrial había terminado. Para el constructor práctico de puentes o canales, el diseñador de máquinas o motores, el conocimiento de las leyes generales de la naturaleza resultaba totalmente inútil antes del desarrollo de las nuevas ciencias aplicadas en la mecánica y la química. Telford, fundador y presidente vitalicio de la Sociedad de Ingenieros Civiles, negaba la admisión a ese organismo a los solicitantes que hubiesen estudiado física y, de acuerdo con sir David Brewster, jamás se familiarizó con los elementos de la geometría. Los triunfos de la ciencia natural habían sido teóricos en sentido estricto, y su importancia práctica no podía compararse con la de las ciencias sociales del día. El prestigio de la ciencia frente a la rutina y la tradición se debía a las ciencias sociales, y el prestigio de la ciencia natural aumentó en gran medida por su conexión con las ciencias humanas, por increíble que ello pueda parecer a nuestra generación. El descubrimiento de la economía fue una revelación sorprendente que aceleró en gran medida la transformación de la sociedad y el establecimiento de un sistema de mercado, mientras que las máquinas decisivas habían sido inventadas por artesanos sin educación, algunos de los cuales apenas sabían leer o escribir. Era así justo y apropiado que las ciencias sociales, no las naturales, aparecieran como los progenitores intelectuales de la revolución mecánica que sometía a los poderes de la naturaleza al control del hombre.

El propio Bentham estaba convencido de que había descubierto una nueva ciencia social: la de la moral y la legislación. Esta ciencia se fundaría en el principio de la utilidad, que permitía el cálculo exacto con el auxilio de la psicología asociacionista. Precisamente porque se hizo efectiva dentro del círculo de los asuntos humanos, la ciencia significaba invariablemente, en la Inglaterra del siglo XVIII, un arte práctico basado en el conocimiento empírico. En efecto, la necesidad de tal actitud pragmática era aplastante. En virtud de que no se disponía de estadísticas, a menudo no se podía saber si la población estaba aumentando o declinando, cuál era la tendencia de la balanza del comercio exterior, o cuál grupo de la población le estaba ganando terreno a los otros. Con frecuencia sólo podía conjeturarse si la riqueza del país estaba aumentando o disminuyendo, de dónde provenían los pobres, cuál era la situación del crédito, de la banca o de los beneficios. Un enfoque empírico, en lugar de un enfoque puramente especulativo o de anticuario, en cuestiones de esta clase, era lo que se entendía en primer lugar por «ciencia»; y en virtud de que los intereses prácticos eran naturalmente prominentes, a la ciencia le correspondía sugerir cómo habría de regularse y organizarse el vasto campo de los nuevos fenómenos. Hemos visto cómo desconcertaba a los santos la naturaleza de la pobreza, y con cuánto ingenio experimentaban con las formas de la autoayuda; cómo se proclamaba la noción de los beneficios como el remedio de los males más diversos; cómo nadie podía decidir si el pauperismo era una señal buena o mala; cómo se desconcertaban los administradores científicos de los hospicios al verse incapacitados para ganar dinero con los pobres; cómo hizo Owen su fortuna administrando sus fábricas según los lineamientos de una filantropía consciente y cómo fallaron desastrosamente varios otros experimentos que parecían involucrar la misma técnica de la autoayuda ilustrada, causando así gran perplejidad en sus filantrópicos autores. Si hubiésemos extendido nuestro examen del pauperismo al del crédito, los monopolios, el ahorro, los seguros, la inversión, las finanzas públicas, o incluso las prisiones, la educación y las loterías, podríamos haber aducido fácilmente nuevos argumentos respecto de cada una de estas variables.

Este periodo termina aproximadamente con la muerte de Bentham[74]; desde el decenio de 1840, quienes proyectaban negocios eran simplemente promotores de aventuras definidas, ya no los supuestos descubridores de nuevas aplicaciones de los principios universales de reciprocidad, confianza, riesgos y otros elementos de la actividad humana. En adelante, los empresarios imaginaban que sabían cuáles formas debieran asumir sus actividades; raras veces exploraban la naturaleza del dinero antes de fundar un banco. Los ingenieros sociales se encontraban ahora de ordinario sólo entre los charlatanes o los fraudulentos, y a menudo iban a dar a la cárcel. La oleada de sistemas industriales y bancarios que habían inundado las bolsas de valores, desde Paterson y John Law hasta los Pereires, con los proyectos de sectarios religiosos, sociales y académicos, se habían reducido a la insignificancia. Las ideas analíticas estaban en barata entre quienes se ocupaban de la rutina de los negocios. La exploración de la sociedad había concluido, según se creía; no quedaban manchas blancas en el mapa humano. Un hombre de la estampa de Bentham se había vuelto imposible durante un siglo. Una vez que la organización de mercado de la vida industrial se había vuelto dominante, todos los demás campos institucionales se subordinaban a este patrón; el genio de los artefactos sociales se había quedado sin hogar.

El Panopticon de Bentham no era sólo un «molino para volver honestos a los picaros, e industriosos a los ociosos»[75]; también pagaría dividendos como los del Banco de Inglaterra. Bentham patrocinó propuestas tan diferentes como un sistema mejorado de patentes; compañías de responsabilidad limitada; un censo de población decenal; el establecimiento de un Ministerio de Salud; billetes con intereses para generalizar el ahorro; un frigorífico para frutas y vegetales; fábricas de armamentos bajo nuevos principios técnicos, eventualmente administrados por trabajadores convictos, o bien por los pobres asistidos; una Escuela diurna crestomática para enseñar el utilitarismo a las clases medias altas; un registro general de inmuebles; un sistema de cuentas públicas; reformas de la instrucción pública; el registro uniforme; la libertad de la usura; la entrega de las colonias; el uso de anticonceptivos para mantener baja la tasa de reproducción de los pobres; la unión del Atlántico y el Pacífico por medio de una sociedad anónima, y otras. Algunos de estos proyectos contenían una multitud de refinamientos secundarios, como ocurría por ejemplo con las Casas de industria que eran un conjunto de innovaciones para el mejoramiento y la explotación del hombre basadas en los logros de la psicología asociacionista. Mientras que Townsend y Burke conectaban el laissez-faire con el quietismo legislativo, Bentham no vio allí ningún obstáculo para los proyectos de reforma.

Antes de examinar la respuesta dada por Malthus a Godwin en 1798, con la que se inicia propiamente la economía clásica, recordemos la época. La Political Justice, de Godwin, se escribió como una réplica a la Reflections on the French Revolution (1790), de Burke. Apareció justo antes de la oleada de represión iniciada con la suspensión del habeas corpus (1794) y la persecución de las democráticas Sociedades de correspondencia. En este momento, Inglaterra estaba en guerra con Francia y el terreur hacía que la palabra «democracia» fuese sinónimo de la revolución social. Pero el movimiento democrático en Inglaterra, inaugurado con el sermón sobre los «Viejos judíos» del Dr. Price (1789), que alcanzara la cumbre literaria en The Rights of Man (1791) de Paine, se restringía al campo político; el descontento de los pobres trabajadores encontró eco en tal movimiento; la cuestión de la Ley de pobres casi no se mencionaba en los panfletos que clamaban por el sufragio universal y los parlamentos anuales. Pero fue precisamente en la esfera de la Ley de pobres que llegó la represalia decisiva de los terratenientes, bajo la forma de Speenhamland. La parroquia se refugió tras un pantano artificial bajo cuya cubierta sobrevivió 20 años a Waterloo. Pero mientras que las malas consecuencias de los actos de la represión política del decenio de 1790 podrían haberse superado pronto, si hubiesen permanecido aisladas, el proceso degenerativo iniciado por Speenhamland dejó su marca indeleble en el país. La prolongación del dominio de los terratenientes, que produjo durante 40 años, se compró al precio del sacrificio de la virilidad del pueblo común.

Cuando las clases propietarias se quejaban de que el subsidio para los pobres se hacía cada día más pesado [dice Mantoux], olvidaban que tal cosa equivalía a un seguro contra la revolución, mientras que la clase trabajadora, al aceptar el escaso subsidio que se le entregaba, no advertía que ello se obtenía en parte por una reducción de sus propias ganancias legítimas. Porque el resultado inevitable de los «subsidios» era el mantenimiento de los salarios al nivel más bajo, incluso por debajo del límite correspondiente a las necesidades irreductibles de los asalariados. El agricultor o el fabricante dejaban que la parroquia pagara la diferencia entre la suma que pagaban a sus trabajadores y la suma que éstos necesitaban para vivir. ¿Pues cómo incurrirían en un gasto que podría arrojarse tan fácilmente sobre el conjunto de los contribuyentes? Por otra parte, quienes recibían un subsidio parroquial estaban dispuestos a trabajar por un salario menor, lo que imposibilitaba la competencia de quienes no recibían tal ayuda. Así se llegaba al resultado paradójico de que el llamado «subsidio de los pobres» significaba una economía para los empleadores, y una pérdida para el trabajador industrioso que no esperaba nada de la caridad pública. En esta forma, la interacción despiadada de los intereses había convertido una ley caritativa en un yugo férreo[76].

Creemos que la nueva ley de salarios y de población descansaba en este yugo. El propio Malthus, como Burke y Bentham, se oponía violentamente a Speenhamland y aconsejaba la derogación total de la Ley de pobres. Ninguno de ellos había previsto que Speenhamland haría bajar los salarios de los trabajadores al nivel de subsistencia y más allá; por el contrario, esperaban que Speenhamland elevara los salarios, o por lo menos los mantuviera artificialmente, como podría haber ocurrido si no hubiesen existido las Leyes anticolusivas. Esta falsa expectativa ayuda a explicar el hecho de que no imputaran a Speenhamland el bajo nivel de los salarios rurales, como en realidad ocurría, sino que lo consideraran como una prueba incontrovertible del funcionamiento de la llamada ley de hierro de los salarios. Ahora debemos ocuparnos de este fundamento de la nueva ciencia económica.

No hay duda de que el naturalismo de Townsend no era la única base posible para la nueva ciencia de la economía política. La existencia de una sociedad económica se manifestaba en las regularidades de los precios, y en la estabilidad de los ingresos dependientes de tales precios; en consecuencia, la ley económica podría haberse basado directamente en los precios. Lo que indujo a la economía ortodoxa a buscar sus fundamentos en el naturalismo fue la miseria de otro modo inexplicable de la gran masa de los productores que, como sabemos ahora, jamás podría haberse deducido de las leyes del antiguo mercado. Pero los hechos, tal como aparecían a los ojos de los contemporáneos, eran aproximadamente éstos: en el pasado los trabajadores habían vivido habitualmente al borde de la indigencia (por lo menos, si tomamos en cuenta los cambiantes niveles de los patrones convencionales); desde la aparición de la máquina, jamás se habían colocado por encima del nivel de subsistencia; y ahora que la sociedad económica se estaba conformando finalmente, era un hecho indudable que el nivel material de la existencia de los pobres trabajadores no mejoraba un ápice a través del tiempo, si no es que estaba empeorando.

Así pues, los indicios claros de los hechos parecían apuntar en una dirección, la de la ley de hierro de los salarios, en cuyos términos el nivel de subsistencia en el que vivían efectivamente los trabajadores era el resultado de una ley que tendía a mantener sus salarios tan bajos que ningún otro patrón era posible para ellos. Por supuesto, esta apariencia no sólo era engañosa sino que en efecto implicaba un absurdo desde el punto de vista de toda teoría consistente de los precios y los ingresos bajo el capitalismo. Pero, en última instancia, era a causa de esta falsa apariencia que la ley de los salarios no podía basarse en ninguna regla racional del comportamiento humano, sino que tenía que deducirse de los hechos naturales de la fecundidad del hombre y el suelo, tal como se presentaban al mundo por la ley de la población de Malthus combinada con la ley de los rendimientos decrecientes. El elemento natural de los fundamentos de la economía ortodoxa era el resultado de las condiciones creadas primordialmente por Speenhamland.

Se sigue de aquí que ni Ricardo ni Malthus entendían el funcionamiento del sistema capitalista. Apenas un siglo después de la publicación de La riqueza de las naciones se entendió claramente que los factores de producción comparten el producto bajo un sistema de mercado, y que su participación absoluta debe aumentar a medida que aumente el producto[77]. Adam Smith había seguido la falsa enseñanza de Locke sobre el trabajo como origen del valor, pero su sentido de realismo lo salvó de ser consistente. Por lo tanto, tenía opiniones confusas sobre los elementos del precio, mientras insistía con razón en que ninguna sociedad puede florecer si la gran mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Sin embargo, lo que ahora nos parece obvio resultaba una paradoja en su época. La posición de Smith era que la abundancia universal no podría dejar de filtrarse al pueblo; era imposible que la sociedad se volviera cada vez más rica y el pueblo cada vez más pobre. Por desgracia, los hechos no parecerían darle la razón durante largo tiempo en el futuro; y dado que los teóricos debían explicar los hechos, Ricardo sostuvo que, entre más avance la sociedad, mayores serán las dificultades para la obtención de alimentos y más ricos se harán los terratenientes, explotando por igual a capitalistas y trabajadores; que los intereses de capitalistas y trabajadores se oponen fatalmente, pero que esta oposición carece de importancia en última instancia porque los salarios de los trabajadores no podrían aumentar jamás por encima del nivel de subsistencia y los beneficios tendrían que contraerse en todo caso. En algún sentido remoto, todas estas aseveraciones contenían algo de verdad, pero como una explicación del capitalismo no podría haberse elaborado nada más abstruso e irreal. Sin embargo, los hechos mismos se formaban en patrones contradictorios y aun ahora tenemos dificultades para desentrañarlos. No es extraño así que haya debido invocarse el deus ex machina de la propagación de animales y plantas en un sistema científico cuyos autores pretendían haber deducido las leyes de la producción y la distribución del comportamiento de los hombres, no de las plantas o los animales.

Examinemos brevemente las consecuencias del hecho de que los fundamentos de la teoría económica se hayan echado durante el periodo de Speenhamland, lo que hizo aparecer como una economía competitiva de mercado lo que en realidad era el capitalismo sin un mercado de mano de obra.

Primero, la teoría económica de los economistas clásicos tenía una confusión esencial. El paralelismo existente entre la riqueza y el valor introdujo los seudoproblemas más desconcertantes en casi todos los departamentos de la economía ricardiana. La teoría del fondo salarial, un legado de Adam Smith, era una rica fuente de malentendidos. Aparte de algunas teorías especiales como la de la renta, la tributación y el comercio exterior, donde había algunas ideas profundas, la teoría era un intento imposible por obtener conclusiones categóricas acerca de términos vagamente definidos que trataban de explicar el comportamiento de los precios, la formación de los ingresos, el proceso de producción, la influencia de los costos sobre los precios, el nivel de los beneficios, los salarios y los intereses, que en su mayor parte permanecían tan oscuros como antes.

Segundo, dadas las condiciones bajo las cuales se presentaba el problema, no había otro resultado posible. Ningún sistema unitario podría haber explicado los hechos, porque éstos no formaban un solo sistema sino que derivaban de la acción simultánea, sobre el organismo social, de dos sistemas mutuamente excluyentes: una economía de mercado naciente y un regulacionismo paternalista en la esfera de la mano de obra, el más importante de los factores de la producción.

Tercero, la solución obtenida por los economistas clásicos tuvo consecuencias de muy largo alcance para el entendimiento de la naturaleza de la sociedad económica. A medida que se aprehendían gradualmente las leyes gobernantes de una economía de mercado, estas leyes se ponían bajo la autoridad de la naturaleza misma. La ley de los rendimientos decrecientes era una ley de la fisiología vegetal. La ley malthusiana de la población reflejaba la relación existente entre la fecundidad del hombre y la del suelo. En ambos casos actuaban las fuerzas de la naturaleza, el instinto animal del sexo y el crecimiento de la vegetación en un suelo dado. El principio involucrado era el mismo que en el caso de las cabras y los perros de Townsend: había un límite natural, más allá del cual no podían multiplicarse los seres humanos, y tal límite era fijado por la oferta alimenticia disponible. Al igual que Townsend, Malthus concluyó que los especímenes superfluos serían destruidos; mientras que las cabras son muertas por los perros, éstos deben morir por falta de alimento. En el caso de Malthus, el freno represivo consistía en la destrucción de los especímenes excedentes por las fuerzas brutas de la naturaleza. Dado que los seres humanos eran destruidos también por otras causas —tales como la guerra, la peste y el vicio— éstas se equipararon a las fuerzas destructivas de la naturaleza. Estrictamente, esto involucraba una inconsistencia, ya que hacía responsables a las fuerzas sociales por el logro del balance requerido por la naturaleza; sin embargo, Malthus pudo haber contestado a esta crítica que, en ausencia de las guerras y los vicios —es decir, en una comunidad virtuosa— tendrían que morir de hambre tantas personas como las que se salvaran por sus virtudes pacíficas. En esencia, la sociedad económica se fundaba en las duras realidades de la naturaleza; si el hombre desobedecía las leyes que regían a esa sociedad, el verdugo acabaría con la descendencia del imprudente. Las leyes de una sociedad competitiva quedaban bajo la sanción de la selva.

Ahora se revelaba la verdadera significación del torturante problema de la pobreza: la sociedad económica estaba sujeta a leyes que no eran leyes humanas. La escisión entre Adam Smith y Townsend se había convertido en un abismo; apareció una dicotomía que marcaba el nacimiento de la conciencia del siglo XIX. A partir de este momento, el naturalismo persiguió al hombre de ciencia, y la reintegración de la sociedad al mundo humano se convirtió en el objetivo persistentemente buscado de la evolución del pensamiento social. La economía marxiana —en esta argumentación— fue un intento esencialmente frustrado por alcanzar tal objetivo, debido al hecho de que Marx se adhirió demasiado estrictamente a Ricardo y a las tradiciones de la economía liberal.

Los propios economistas clásicos estaban conscientes de tal necesidad. Malthus y Ricardo no eran en modo alguno indiferentes a la suerte de los pobres, pero su preocupación humanitaria sólo hacía que una teoría falsa siguiera caminos más tortuosos aún. La ley de hierro de los salarios contenía una cláusula de ahorro bien conocida cuyos términos eran: entre mayores fuesen las necesidades convencionales de la clase trabajadora, más elevado sería el nivel de subsistencia por debajo del cual ni siquiera la ley de hierro podría deprimir los salarios. Malthus cifraba sus esperanzas en este «nivel de miseria»[78], y deseaba que se elevara por todos los medios posibles, porque sólo en esa forma podría salvarse de las formas más bajas de la miseria a quienes, en virtud de su ley, estaban condenados a ser miserables. Por la misma razón, también Ricardo deseaba que las clases trabajadoras de todos los países gustaran de las comodidades y los disfrutes, «y que se les estimulara por todos los medios legales para que se esforzaran a fin de alcanzarlos». Irónicamente, a fin de evadir la ley natural se empujaba a los hombres para que elevaran el nivel de su propia inanición. Y sin embargo, éstos eran esfuerzos indudablemente sinceros, de los economistas clásicos, por rescatar a los pobres de la suerte que sus propias teorías ayudaban a imponerles.

En el caso de Ricardo, la propia teoría incluía un elemento que contrarrestaba el naturalismo rígido. Este elemento, que impregnaba todo su sistema, y que estaba firmemente arraigado en su teoría del valor, era el principio del trabajo. Ricardo completó lo que Locke y Smith habían iniciado, la humanización del valor económico; lo que los fisiócratas habían acreditado a la naturaleza, Ricardo lo reclamaba para el hombre. En un teorema errado de enorme alcance, asignaba al trabajo la capacidad exclusiva de constituir el valor, reduciendo así todas las transacciones concebibles en la sociedad económica al principio del intercambio igual en una sociedad de hombres libres.

Dentro del propio sistema de Ricardo coexistían el factor naturalista y el humanista que estaban luchando por la supremacía en la sociedad económica. La dinámica de esta situación era muy poderosa. En consecuencia, la búsqueda de un mercado competitivo adquirió el ímpetu irresistible de un proceso de la naturaleza. Ahora se creía que el mercado autorregulado derivaba de las leyes inexorables de la naturaleza, y que la liberación del mercado era una necesidad ineluctable. La creación de un mercado de mano de obra era un acto de vivisección realizado en el cuerpo de la sociedad por quienes estaban aferrados a su tarea por una seguridad que sólo la ciencia puede proveer. La desaparición de la Ley de pobres formaba parte de esta certeza. «El principio de la gravitación no es más cierto que la tendencia de tales leyes a trocar la riqueza y el vigor en miseria y debilidad… hasta que por fin todas las clases se vean infectadas por la plaga de la pobreza universal», escribió Ricardo[79]. En efecto, habría sido un cobarde moral quien, sabiendo esto, no pudiera encontrar la fuerza suficiente para salvar a la humanidad de sí misma mediante la cruel operación de la abolición del subsidio a los pobres. Fue en este punto que Townsend, Malthus y Ricardo, Bentham y Burke, estaban de acuerdo. Con toda la ferocidad de sus diferencias de método y de perspectiva, convenían en su oposición a los principios de la economía política y a Speenhamland. Lo que convertía al liberalismo económico en una fuerza irresistible era esta congruencia de la opinión de pensadores diametralmente opuestos; porque lo aprobado igualmente por el ultrarreformador Bentham y el ultratradicionalista Burke adquiría automáticamente el carácter de la evidencia.

Sólo un hombre percibió el significado de la ordalía, quizá porque entre los espíritus más prominentes de la época sólo él poseía un conocimiento práctico íntimo de la industria y estaba abierto también a la visión interior. Ningún pensador avanzó nunca más que Robert Owen en el campo de la sociedad industrial. Owen estaba profundamente consciente de la distinción existente entre la sociedad y el Estado; aunque no albergaba prejuicios contra el Estado, como lo hacía Godwin, Owen buscaba en él sólo lo que podía realizar: una intervención útil, destinada a evitarle daños a la comunidad, y de ninguna manera para la organización de la sociedad. Del mismo modo, Owen no alimentaba animosidad alguna contra la máquina, cuyo carácter neutral reconocía. Ni el mecanismo político del Estado, ni el aparato tecnológico de la máquina, le ocultaban el fenómeno: la sociedad. Rechazaba el enfoque animal de la sociedad, refutando sus limitaciones malthusianas y ricardianas. Pero el meollo de su pensamiento era su alejamiento del cristianismo, al que acusaba de «individualización», o de fijar la responsabilidad del carácter en el individuo mismo, negando así, en opinión de Owen, la realidad de la sociedad y su omnipotente influencia formativa sobre el carácter. El verdadero significado del ataque contra la «individualización» residía en su insistencia sobre el origen social de las motivaciones humanas: «El hombre individualizado, y todo lo que es verdaderamente valioso en el cristianismo, están tan separados que son totalmente incapaces de unirse por toda la eternidad». Fue el descubrimiento de la sociedad por parte de Owen lo que le hizo trascender el cristianismo y alcanzar una posición más allá. Comprendió la verdad de que, en virtud de que la sociedad es real, el hombre debe sometérsele en última instancia. Podríamos decir que su socialismo se basaba en una reforma de la conciencia humana que se lograría mediante el reconocimiento de la realidad de la sociedad. «Si alguna de las causas del mal no pudiera eliminarse por las nuevas potencialidades que los hombres están a punto de adquirir», escribió Owen, «sabrán que se trata de males necesarios e inevitables; y dejarán de formularse infantiles lamentaciones inútiles».

Es posible que Owen haya tenido una noción exagerada de tales potencialidades, porque de otro modo no habría sugerido a los magistrados del condado de Lanark que la sociedad debiera empezar de nuevo a partir del «núcleo de la sociedad» que había descubierto en sus comunidades aldeanas. Tal flujo de la imaginación es el privilegio del genio, pero la humanidad podría no existir para tal genio porque no lo entiende. Más importante era la frontera insalvable de la libertad, señalada por Owen, derivada de los límites inevitablemente impuestos a la ausencia del mal en la sociedad. Pero Owen creía que esta frontera sólo se haría evidente cuando el hombre hubiera transformado la sociedad según los ideales de la justicia; sólo entonces tendría que aceptar esta frontera con el espíritu de madurez que no se lamenta infantilmente.

En 1817 describió Robert Owen el curso que había seguido el hombre occidental, y sus palabras resumían el problema del siglo siguiente. Señalaba entonces las potentes consecuencias de las manufacturas «abandonadas a su progreso natural».

La difusión general de las manufacturas por todo un país genera un carácter nuevo en sus habitantes; y en virtud de que este carácter se forma de acuerdo con mi principio muy desfavorable para la felicidad individual o general, producirá los males más lamentables y permanentes, a menos que su tendencia sea contrarrestada por la interferencia y la dirección legislativas.

La organización de toda la sociedad de acuerdo con el principio de la ganancia y el beneficio debe tener resultados de largo alcance. Owen formuló estos resultados en términos del carácter humano. El efecto más obvio del nuevo sistema institucional fue la destrucción del carácter tradicional de las poblaciones asentadas y su transmutación en un nuevo tipo de personas, migrantes, nómadas, carentes de respeto a sí mismas y de disciplina: seres rudos, insensibles, ejemplificados por el trabajador y el capitalista. De aquí pasó a la generalización de que el principio involucrado era desfavorable para la felicidad individual y social. Así se producirían graves males, a menos que las tendencias inherentes a las instituciones del mercado fuesen frenadas por la dirección social consciente, puesta en práctica por medio de una legislación. Es cierto que la condición de los trabajadores, deplorada por Owen se debía en parte al «sistema de subsidios». Pero lo que observaba era esencialmente aplicable a los trabajadores de la ciudad y el campo por igual, a saber: que «se encuentran ahora en una situación infinitamente más degradada y miserable que antes de la introducción de tales fábricas de cuyo éxito depende ahora su subsistencia». También aquí calaba hondo Owen, destacando la degradación y la miseria, no los ingresos. Y como causa primordial de esta degradación señalaba correctamente a la dependencia de la fábrica en lo referente a la mera subsistencia. Entendía que lo que aparecía primordialmente como un problema económico era esencialmente un problema social. En términos económicos, el trabajador estaba siendo ciertamente explotado: no recibía en el intercambio lo que le correspondía. Esto era importante, pero no era todo. A pesar de la explotación, el trabajador podría haber estado mejor que antes en términos financieros. Pero un principio muy desfavorable para la felicidad individual y general estaba destruyendo su ambiente social, su vecindad, su posición dentro de la comunidad, su oficio; en una palabra, estaba destruyendo las relaciones con la naturaleza y con el hombre en las que se materializaba anteriormente su existencia económica. La Revolución industrial estaba provocando una dislocación social de enormes proporciones, y el problema de la pobreza era sólo el aspecto económico de este evento. Con razón pronosticó Owen que se causarían males grandes y permanentes si la interferencia y la dirección legislativas no contrarrestaban estas fuerzas devastadoras.

En ese momento no preveía Owen que la autoprotección de la sociedad que estaba invocando resultaría incompatible con el funcionamiento del propio sistema económico.

B. La autoprotección de la sociedad

XI. El hombre, la naturaleza y la organización productiva

La dinámica de la sociedad moderna estuvo gobernada durante un siglo por un movimiento doble: el mercado se expandía de continuo, pero este movimiento se vio contrarrestado por otro que frenó la expansión en direcciones definidas. Tal movimiento contrario era vital para la protección de la sociedad, pero en última instancia resultaba incompatible con la autorregulación del mercado, y por ende con el propio sistema de mercado.

Ese sistema se desarrolló en forma intermitente; abarcó espacio y tiempo, y al crear dinero bancario produjo una dinámica hasta entonces desconocida. Alrededor de 1914, cuando alcanzó su máxima extensión, todos los rincones del planeta, todos sus habitantes y aun las generaciones no nacidas, las personas físicas y los enormes organismos ficticios llamados corporaciones, caían dentro de ese sistema. Una nueva forma de vida se difundió por todo el planeta, con una pretensión de universalidad sin precedente desde la época en que el cristianismo inició su carrera, sólo que ahora el movimiento se desarrollaba a un nivel puramente material.

Al mismo tiempo, sin embargo, se desarrollaba un movimiento contrario. Esto era algo más que el habitual comportamiento defensivo de una sociedad afrontada al cambio; era una reacción contra una dislocación que atacaba la urdimbre de la sociedad y que habría destruido la organización misma de la producción que el mercado había creado.

La intuición de Owen era correcta: la economía de mercado, evolucionando bajo sus propias leyes, crearía males grandes y permanentes.

La producción es interacción entre el hombre y la naturaleza; para que este proceso se organice a través de un mecanismo autorregulador de trueque e intercambio, el hombre y la naturaleza deberán ser atraídos a su órbita; deberán quedar sujetos a la oferta y la demanda, es decir, deberán ser tratados como mercancías, como bienes producidos para la venta.

Tal era precisamente el arreglo bajo un sistema de mercado. El hombre con la denominación de fuerza de trabajo, la naturaleza con la denominación de tierra, quedaban disponibles para su venta; el uso de la fuerza de trabajo podía comprarse y venderse universalmente a un precio llamado salario, y el uso de la tierra podía negociarse por un precio llamado renta. Había un mercado de mano de obra y un mercado de tierra, y la oferta y la demanda de cada mercado estaban reguladas por el nivel de los salarios y de las rentas, respectivamente; se mantenía consistentemente la ficción de que la mano de obra y la tierra se producían para la venta. El capital invertido en las diversas combinaciones de mano de obra y de tierra podía fluir así de una rama de la producción a otra, como lo requería una nivelación automática de las ganancias en las diversas ramas.

Pero mientras que la producción podía organizarse teóricamente en esta forma, la ficción de las mercancías omitía el hecho de que dejar la suerte del suelo y de las personas en manos del mercado equivaldría a aniquilarlos. En consecuencia, el movimiento contrario consistía en frenar la acción del mercado respecto de los factores de la producción: la mano de obra y la tierra. Ésta era la función principal del intervencionismo.

La organización productiva se veía amenazada también por la misma razón. El peligro era para la empresa singular —industrial, agrícola o comercial— por cuanto se veía afectada por los cambios ocurridos en el nivel de los precios. Bajo un sistema de mercado, las empresas pierden si los precios bajan; a menos que todos los elementos bajaran proporcionalmente, las «empresas existentes» se veían obligadas a desaparecer, mientras que la baja de los precios podría no haberse debido a una baja general de los costos sino sólo a la forma como estaba organizado el sistema monetario. En realidad, como veremos, así ocurría bajo un mercado autorregulado.

En principio, el poder de compra se provee y regula aquí por la propia acción del mercado; esto se entiende cuando decimos que el dinero es una mercancía cuya cantidad está controlada por la oferta y la demanda de los bienes que funcionan como dinero: la conocida teoría clásica del dinero. De acuerdo con esta doctrina, el dinero es sólo otro nombre de una mercancía usada en el intercambio con mayor frecuencia que otra, de modo que se adquiere principalmente para facilitar el intercambio. No importa que se usen para este fin las pieles, los bueyes, las conchas o el oro; el valor de los objetos que funcionan como dinero se determina como si se buscaran sólo por su utilidad en lo referente a la nutrición, el vestido, los ornamentos u otros propósitos. Si el oro se usa como dinero, su valor, su cantidad y sus movimientos se gobiernan exactamente por las mismas leyes que se aplican a otras mercancías. Cualquier otro medio de intercambio involucraría la creación de dinero fuera del mercado, constituyendo el acto de su creación —ya sea por los bancos o por el gobierno— una interferencia con la autorregulación del mercado. El punto crucial es que los bienes usados como dinero no son diferentes de otras mercancías; que su oferta y su demanda están reguladas por el mercado como las de otras mercancías; y que en consecuencia son inherentemente falsas todas las nociones que invistan al dinero de cualquier otro carácter distinto del de una mercancía usada como medio de cambio indirecto. Se sigue también que si el oro se usa como dinero, los billetes bancarios, si es que existen, deberán representar al oro. Fue de acuerdo con esta doctrina que la escuela ricardiana deseaba que el Banco de Inglaterra organizara la oferta monetaria. En efecto, no podía concebirse ningún otro método que impidiera que el sistema monetario fuese «interferido» por el Estado, salvaguardando así la autorregulación del mercado.

Por lo tanto, en lo referente a los negocios existía una situación muy similar a la que existía respecto de la sustancia natural y humana de la sociedad. El mercado autorregulado era una amenaza para todos ellos, y por razones esencialmente similares. Y si se requerían la legislación fabril y las leyes sociales para proteger al hombre industrial de las implicaciones de la ficción de las mercancías en lo que se refiere al poder de trabajo, si se necesitaban leyes de la tierra y aranceles agrarios para proteger los recursos naturales y la cultura del campo contra las implicaciones de la ficción de las mercancías a su respecto, era igualmente cierto que se necesitaban la banca central y la administración del sistema monetario para impedir que las manufacturas y otras actividades productivas se vieran perjudicadas por la ficción de las mercancías aplicada al dinero. Paradójicamente, no sólo los seres humanos y los recursos humanos, sino también la organización de la propia producción capitalista necesitaban una protección contra los efectos devastadores de un mercado autorregulado.

Volvamos a lo que hemos llamado un doble movimiento. Puede personificarse como la acción de dos principios de organización en la sociedad, cada uno de los cuales establece objetivos institucionales específicos, contando con el apoyo de fuerzas sociales definidas y usando sus propios métodos distintivos. Uno era el principio del liberalismo económico que buscaba el establecimiento de un mercado autorregulado, contaba con el apoyo de las clases comerciales, y usaba como métodos al laissez-faire y en gran medida al libre comercio; el otro era el principio de la protección social que buscaba la conservación del hombre y la naturaleza, así como de la organización productiva, que contaba con el apoyo variable de la mayoría de quienes se veían inmediatamente afectados por la acción nociva del mercado —sobretodo la clase trabajadora y la clase terrateniente, pero no exclusivamente— y que recurría a los métodos de la legislación protectora, las asociaciones restrictivas y otros instrumentos de intervención.

Es importante el hincapié que se hace en la clase. Los servicios prestados a la sociedad por la clase terrateniente, la clase media y la clase trabajadora forjaron toda la historia social del siglo XIX. Su papel les fue otorgado por el hecho de estar disponibles para el cumplimiento de diversas funciones derivadas de la situación total de la sociedad. Las clases medias eran las portadoras de la naciente economía de mercado; sus intereses comerciales corrían, en general, paralelos al interés general en lo referente a la producción y el empleo; si los negocios florecieran, habría oportunidad de empleo para todos y de rentas para los propietarios; si los mercados se expandieran, podrían realizarse inversiones abundantes sin ninguna dificultad; si la comunidad comercial compitiera exitosamente con el extranjero, la moneda estaría segura. Por otra parte, las clases comerciales no tenían ningún órgano para percibir los peligros involucrados en la explotación del vigor físico del trabajador, la destrucción de la vida familiar, la devastación de las vecindades, la deforestación de los bosques, la contaminación de los ríos, el deterioro de la calidad de las artesanías, la destrucción de las costumbres, y la degradación general de la existencia, incluidas la vivienda y las artes, así como las innumerables formas de la vida privada y pública que no afectan las ganancias. Las clases medias desempeñaron su función desarrollando una creencia sacramental en la beneficencia universal de las ganancias, aunque esto las descalificaba como los guardianes de otros intereses tan vitales para una buena vida como la promoción de la producción. Aquí residía la oportunidad de las clases que no estaban involucradas en la aplicación de máquinas caras, complicadas o específicas a la producción. En general, a la aristocracia terrateniente y al campesinado correspondió la tarea de salvaguardar las cualidades marciales de la nación que seguía dependiendo en gran medida de los hombres y el suelo, mientras que los trabajadores se volvieron, en mayor o menor medida, representantes de los intereses humanos comunes que se habían quedado sin hogar. Pero en un momento u otro, cada clase social defendió intereses más amplios que los propios, así fuese inconscientemente.

A fines del siglo XIX —cuando el sufragio universal se había generalizado— la clase trabajadora era un factor influyente en el Estado; en cambio las clases comerciales cuyo control de la legislatura ya no era indisputado, cobraron conciencia del poder político involucrado en su liderazgo sobre la industria. Esta localización peculiar de la influencia y el poder no causaba problemas mientras que el sistema de mercado continuara funcionando sin grandes tensiones; pero cuando ya no ocurría así, por razones inherentes, y cuando se desarrollaron tensiones entre las clases sociales, la sociedad misma se vio en peligro por el hecho de que las partes contendientes estaban haciendo sus baluartes del gobierno y los negocios, el Estado y la industria, respectivamente. Dos funciones vitales de la sociedad, la política y la económica, se estaban usando y abusando como armas en una lucha por los intereses seccionales. Fue de tal estancamiento peligroso que surgió la crisis fascista en el siglo XX.

Así pues, desde estos dos ángulos trataremos de bosquejar el movimiento que forjó la historia social del siglo XIX. Uno estaba dado por el choque de los principios organizadores del liberalismo económico y la protección social que condujo a una profunda tensión institucional; el otro, por el conflicto clasista que, interactuando con el primero, convirtió la crisis en una catástrofe.

XII. El nacimiento del credo liberal

El liberalismo económico fue el principio organizador de una sociedad empeñada en la creación de un sistema de mercado. Nacido como una mera preferencia por los métodos no burocráticos, evolucionó hasta convertirse en una verdadera fe en la salvación secular del hombre a través de un mercado autorregulado. Tal fanatismo se debió al agravamiento repentino de la tarea que se le encomendaba: la magnitud de los sufrimientos que habrían de infligirse a personas inocentes, así como el vasto campo de los cambios interconectados que estaban involucrados en el establecimiento del nuevo orden. El credo liberal asumió su fervor evangélico sólo en respuesta a las necesidades de una economía de mercado plenamente instalada.

Datar la política del laissez-faire, como se hace a menudo, en la época en que se usó por primera vez en Francia este término general, a mediados del siglo XVIII, sería cometer un grave error histórico; puede asegurarse que el liberalismo económico no fue más que una tendencia espasmódica durante otras dos generaciones. Sólo en el decenio de 1820 denotaba los tres lemas clásicos: que la mano de obra debía encontrar su precio en el mercado; que la creación de dinero debía someterse a un mecanismo automático; que los bienes debían fluir libremente entre los países, sin obstáculos ni preferencias; en suma, los lemas del mercado de mano de obra, el patrón oro y el comercio libre.

Acreditar a François Quesnay el haber contemplado tal estado de cosas sería algo poco menos que fantástico. Lo único que pedían los fisiócratas en un mundo mercantilista era la libre exportación de granos a fin de asegurar un ingreso mejor para los agricultores, los inquilinos y los terratenientes. Por lo demás, su ordre naturel no era más que un principio directivo para la regulación de la industria y la agricultura por un gobierno supuestamente todopoderoso y omnisciente. Las Máximes de Quesnay trataban de proveer a tal gobierno de las ideas necesarias para traducir a la política práctica los principios del Tableau sobre la base de datos estadísticos que ofreció proveer en forma periódica. La idea de un sistema autorregulado de mercados no había surgido jamás en su mente.

También en Inglaterra se interpretó estrechamente al laissez-faire: significaba libertad frente a las regulaciones en la producción; el comercio no estaba incluido. Las manufacturas de algodón, la maravilla de la época, habían salido de la insignificancia para convertirse en la principal industria de exportación del país; pero la importación de telas de algodón estampadas seguía estando prohibida por una legislación expresa. A pesar del monopolio tradicional del mercado interno, se otorgó un subsidio a la exportación de calicó o de muselina. El proteccionismo estaba tan arraigado que los fabricantes algodoneros de Manchester pidieron en 1800 la prohibición de la exportación de hilo, aunque estaban conscientes de que esto significaba una pérdida comercial para ellos. Una ley promulgada en 1791 extendía los castigos impuestos a la exportación de herramientas usadas en la fabricación de bienes de algodón a la exportación de modelos o especificaciones. Es un mito que la industria algodonera se haya originado en el libre comercio. La industria sólo deseaba que se la liberara de la regulación en la esfera de la producción; todavía se consideraba peligrosa la libertad en la esfera del intercambio.

Podríamos suponer que la libertad de la producción se difundiría naturalmente del campo puramente tecnológico al del empleo de mano de obra. Sin embargo, Manchester demandó la libertad de la mano de obra en una fecha relativamente tardía. La industria algodonera no había estado sujeta jamás al Estatuto de artífices, de modo que no se vio afectada por la fijación anual de los salarios ni por las reglas del aprendizaje. Por otra parte, la antigua Ley de pobres, tan ferozmente objetada por liberales tardíos, era una ayuda para los fabricantes: no sólo los proveía de aprendices de la parroquia sino que también les permitía liberarse de toda responsabilidad hacia sus empleados despedidos, arrojando así gran parte de la carga del desempleo sobre los fondos públicos. Ni siquiera el sistema de Speenhamland fue al principio impopular entre los fabricantes de telas de algodón; mientras que el efecto moral de los subsidios no redujera la capacidad productiva del trabajador, la industria podría haber considerado la dotación familiar como una ayuda para el sostenimiento del ejército de reserva de los trabajadores que se requería con urgencia para afrontar las enormes fluctuaciones del comercio exterior. En una época en que el empleo en la agricultura se contrataba todavía a un año de plazo, resultaba muy importante que tal fondo de mano de obra móvil estuviese a disposición de la industria en periodos de expansión. Así se explican los ataques de los fabricantes contra la Ley de asentamientos que obstruía la movilidad física de los trabajadores. Pero la Ley sólo fue derogada en 1795, para ser remplazada por un paternalismo mayor, no menor, en lo referente a la Ley de pobres. El pauperismo seguía preocupando a los terratenientes; e incluso críticos severos de Speenhamland como Burke, Bentham y Malthus, se consideraban mejor como defensores de los principios sanos de la administración rural que como representantes del progreso industrial.

Apenas en el decenio de 1830 surgió el liberalismo económico como una pasión de cruzada, y el laissez-faire se convirtió en un credo militante. La clase manufacturera estaba presionando por la enmienda de la Ley de pobres, ya que impedía el surgimiento de una clase trabajadora industrial cuyo ingreso dependiera de lo que hiciera. Ahora se hacía evidente la magnitud de la aventura implicada en la creación de un mercado libre de mano de obra, así como la extensión de la miseria que habría de infligirse a las víctimas del progreso. En consecuencia, a principios de ese decenio se manifestó un marcado cambio de actitud. Una reproducción de 1817, de la Dissertation de Townsend, contenía un prefacio donde se elogiaba la presciencia con la que el autor había atacado a las Leyes de pobres y demandado su abandono total; pero los editores prevenían contra su sugerencia «imprudente y precipitada» de que se aboliera el subsidio directo a los pobres en el breve lapso de diez años. El Principies de Ricardo, que apareciera en el mismo año, insistía en la necesidad de la abolición del sistema de subsidios, pero prevenía categóricamente que esto debería hacerse en forma muy gradual. Pitt, discípulo de Adam Smith, había rechazado tal camino por los sufrimientos que impondría a gente inocente. Y todavía en 1829, Peel «dudaba de que el sistema de subsidios pudiera eliminarse sin peligro, si no era en forma gradual»[80]. Pero tras la victoria política de la clase media, en 1832, se implantó el Proyecto de enmienda de la Ley de pobres en su forma más extrema, y se puso en vigor de inmediato, sin ningún periodo de gracia. El laissez-faire había sido catalizado en una corriente de ferocidad sin límite.

Una transformación similar del liberalismo económico, del interés académico al activismo sin límite, ocurrió en los otros dos campos de la organización industrial: la moneda y el comercio. En ambos casos, el laissez-faire se convirtió en un credo ferviente cuando se hizo evidente la inutilidad de toda solución que no fuese extrema.

El problema de la moneda se planteó primero a la comunidad inglesa bajo la forma de un aumento general del costo de la vida. Los precios se duplicaron entre 1790 y 1815. Los salarios reales bajaron y los negocios se vieron afectados por una declinación del comercio exterior. Pero fue apenas durante el pánico de 1825 que la moneda sana se convirtió en un lema del liberalismo económico, es decir, sólo cuando los principios ricardianos estaban ya tan marcados en la mente de políticos y empresarios por igual que se mantuvo el «patrón» a pesar del enorme número de las víctimas financieras. Éste fue el inicio de esa creencia indestructible en el mecanismo regulador automático del patrón oro sin el cual no podría haberse puesto en marcha jamás el sistema de mercado.

El libre comercio internacional involucraba un acto de fe no menor. Sus implicaciones eran enteramente extravagantes. Significaba que Inglaterra dependería de fuentes extranjeras para su abasto alimentario; sacrificaría su agricultura si fuese necesario, y adoptaría una nueva forma de vida en la que formaría parte de cierta unidad mundial del futuro, vagamente concebida; que esta comunidad planetaria tendría que ser pacífica, o bien tendría que volverse segura para Gran Bretaña por el poder de la Marina; y que la nación inglesa afrontaría las perspectivas de continuas dislocaciones industriales en la firme creencia en su inventiva superior y su capacidad productiva. Sin embargo, se creía que si todo el grano del mundo pudiera fluir libremente hacia Gran Bretaña, sus fábricas venderían más barato por todo el mundo. De nuevo, el grado de la determinación necesaria se fijaba por la magnitud de la proposición y la vastedad de los riesgos involucrados en la aceptación completa. Pero una aceptación que no fuese completa significaría la ruina segura.

Las fuentes utópicas del dogma del laissez-faire se entienden incompletamente mientras se contemplen por separado. Los tres lemas —un mercado competitivo de mano de obra, un patrón oro automático, el libre comercio internacional— formaban un todo. Los sacrificios involucrados en el logro de cada uno resultarían inútiles, o algo peor, si no se lograban los otros dos. Era todo o nada.

Cualquiera podía ver que el patrón oro, por ejemplo, significaba el peligro de una deflación mortal, y quizá de una astringencia monetaria fatal en un pánico. Por lo tanto, el fabricante sólo podría aspirar a mantener su posición si se le aseguraba una escala de producción creciente a precios remunerativos (en otras palabras, sólo si los salarios bajaban por lo menos en proporción a la baja general de los precios, a fin de permitir la explotación de un mercado mundial en continua expansión). Así pues, el Proyecto de Ley antigranos de 1846 era el corolario de la Ley bancaria de Peel de 1844, y ambas disposiciones legales suponían una clase trabajadora que, desde el Acta de enmienda a la Ley de pobres de 1834, se veía obligada a esforzarse al máximo bajo la amenaza del hambre, de modo que los salarios se regularon por el precio de los granos. Las tres grandes medidas formaban un todo coherente.

Ahora podemos echar un vistazo al alcance global del liberalismo económico. Nada menos que un mercado autorregulado a escala mundial podría asegurar el funcionamiento de este mecanismo estupendo. Si el precio de la mano de obra no dependía del grano más barato disponible, no habría ninguna garantía de que las industrias desprotegidas no sucumbieran en las garras del amo voluntariamente aceptado: el oro. La expansión del sistema de mercado en el siglo XIX era sinónima de la difusión simultánea del libre comercio internacional, el mercado competitivo de mano de obra y el patrón oro. No es extraño así que el liberalismo económico se convirtiera en una religión secular en cuanto se hicieron evidentes los grandes peligros de esta aventura.

El laissez-faire no tenía nada de natural; los mercados libres no podrían haber surgido jamás con sólo permitir que las cosas tomaran su curso. Así como las manufacturas de algodón —la principal industria del libre comercio— se crearon con el auxilio de los aranceles protectores, los subsidios a la exportación y los subsidios indirectos a los salarios, el propio laissez-faire fue impuesto por el Estado. Los años treinta y cuarenta no presenciaron sólo una avalancha de leyes que repelían las regulaciones restrictivas, sino también un incremento enorme de las funciones administrativas del Estado, que ahora estaba siendo dotado de una burocracia central capacitada para realizar las tareas fijadas por los defensores del liberalismo. Para el utilitario característico, el liberalismo económico era un proyecto social que debía ponerse en vigor para la mayor felicidad del mayor número; el laissez-faire no era un método para el logro de algo, sino lo logrado. Es cierto que la legislación no podía hacer nada directamente, fuera de derogar las restricciones nocivas. Pero ello no significaba que el gobierno no pudiera hacer nada, especialmente en forma indirecta. Por el contrario, el liberal utilitario veía en el gobierno la gran agencia para el logro de la felicidad. Por lo que se refiere al bienestar material, creía Bentham que la influencia de la legislación «no es nada» en comparación con la contribución inconsciente del «ministro de la policía». De las tres cosas necesarias para el éxito económico —la inclinación, el conocimiento y el poder— la persona privada poseía sólo la inclinación. Bentham enseñaba que el conocimiento y el poder pueden ser administrados por el gobierno a un costo mucho menor que el de las personas privadas. El ejecutivo debería reunir estadísticas e información, promover la ciencia y la experimentación, además de proveer los innumerables instrumentos de la realización final en el campo del gobierno. El liberalismo de Bentham significaba la sustitución de la acción parlamentaria por la acción de los órganos administrativos.

Había un amplio campo para ello. En Inglaterra, la reacción no había gobernado —como lo hiciera en Francia— con métodos administrativos, sino que sólo había utilizado la legislación parlamentaria para imponer la represión política.

Los movimientos revolucionarios de 1785 y de 1815-1820 no se combatieron por la acción departamental, sino por la legislación parlamentaria. La suspensión del Acta de habeas corpus, la promulgación del Acta de libelos y de las Seis actas de 1819, eran medidas severamente coercitivas; pero no revelaban ninguna intención de dar a la administración un carácter continental. La libertad individual sólo fue destruida por Actas del parlamento[81].

En 1832, cuando cambió completamente la situación en favor de los métodos administrativos, los liberales económicos no habían ganado ninguna influencia sobre el gobierno.

El resultado neto de la actividad legislativa que ha caracterizado al periodo transcurrido desde 1832, aunque con grados de intensidad diferentes, ha sido la construcción gradual de una maquinaria administrativa muy compleja que necesita constantemente de reparación, renovación, reconstrucción y adaptación a los nuevos requerimientos de la planta de una fábrica moderna[82].

Este crecimiento de la administración reflejaba el espíritu del utilitarismo. El fabuloso Panopticon de Bentham, su utopía más personal, era un edificio de forma estrellada desde cuyo centro podrían vigilar los guardianes de la prisión al mayor número de jaulas bajo la supervisión más eficaz, al menor costo para el público. De igual modo, en el Estado utilitario aseguraba su principio favorito de «posibilidad de inspección» que el ministro de más alto rango mantuviera un control eficaz sobre toda la administración local.

El camino hacia el mercado libre se había abierto y se mantenía abierto por un incremento enorme del intervencionismo continuo, centralmente organizado y controlado. Volver compatible la «libertad simple y natural» de Adam Smith con las necesidades de una sociedad humana era un asunto muy complicado. Así lo revela la complejidad de las provisiones de las innumerables leyes de cercamientos; el grado del control burocrático involucrado en la administración de las Nuevas leyes de pobres que por primera vez desde el reinado de la reina Isabel estaban efectivamente supervisadas por la autoridad central; o el incremento de la administración gubernamental involucrado en la meritoria tarea de la reforma municipal. Y sin embargo, todos estos baluartes de la interferencia gubernamental se erigieron tratando de organizar cierta libertad simple, como la de la tierra, la mano de obra o la administración municipal. Así como la invención de maquinaria ahorradora de mano de obra no había disminuido sino incrementado los usos del trabajo humano —contra lo esperado— la introducción de mercados libres, lejos de eliminar la necesidad del control, la regulación y la intervención, aumentaba enormemente su alcance. Los administradores debían estar constantemente alertas para asegurar el libre funcionamiento del sistema. Por lo tanto, incluso quienes deseaban más ardientemente liberar al Estado de todos los deberes innecesarios, y cuya filosofía demandaba la restricción de las actividades estatales, no podían dejar de otorgar al mismo Estado las facultades, los órganos y los instrumentos nuevos requeridos para el establecimiento del laissez-faire.

A esta paradoja se sumó otra. Mientras que la economía del laissez-faire era el producto de una acción estatal deliberada, las restricciones subsecuentes al laissez-faire se iniciaron en forma espontánea. El laissez-faire se planeó; la planeación no. Vimos antes la demostración de la primera mitad de esta aseveración. Si hubo alguna vez un uso consciente del ejecutivo al servicio de una política de control gubernamental deliberado, ello ocurrió con los benthamistas en el periodo heroico del laissez-faire. La otra mitad fue discutida por primera vez por el eminente liberal Dicey, quien quiso investigar el origen del «anti-laissez-faire», o sea la tendencia «colectivista» de la opinión pública inglesa, cuya existencia se puso de manifiesto a fines del decenio de 1860. Dicey se sorprendió al descubrir que sólo se encontraba tal tendencia en los propios actos legislativos. Más precisamente, no pudo encontrarse ninguna huella de una «tendencia colectivista» en la opinión pública antes de las leyes que parecían representar tal tendencia. En cuanto a la opinión «colectivista» posterior, Dicey infirió que la propia legislación «colectivista» podría haber sido su fuente principal. El resultado de esta investigación penetrante fue que no había existido ninguna intención deliberada de extender las funciones del Estado, o de restringir la libertad del individuo, por parte de quienes eran directamente responsables de las leyes restrictivas de los años setenta y ochenta. La acción legislativa de la reacción contra un mercado autorregulado, que surgiera en el medio siglo siguiente a 1860, fue algo espontáneo, no dirigido por la opinión, y movido por un espíritu puramente pragmático.

Los liberales económicos se opondrán fuertemente a esta concepción. Toda su filosofía social se basa en la idea de que el laissez-faire fue un desarrollo natural, mientras que la subsecuente legislación anti-laissez-faire fue el resultado de una acción deliberada de quienes se oponían a los principios liberales. En estas dos interpretaciones mutuamente excluyentes del doble movimiento está involucrada ahora la verdad o la falsedad de la posición liberal.

Autores liberales tales como Spencer y Sumner, Mises y Lippmann, presentan una explicación del doble movimiento sustancialmente similar al nuestro, pero lo interpretan de manera enteramente diferente. Mientras que en nuestra visión era utópico el concepto de un mercado autorregulado, y su progreso se vio detenido por la autoprotección realista de la sociedad, en la visión de tales autores todo proteccionismo fue un error debido a la impaciencia, la avaricia y la miopía, sin el cual el mercado habría resuelto sus dificultades. Determinar cuál de estas dos visiones es la correcta constituye tal vez el problema más importante de la historia social reciente, ya que involucra nada menos que una decisión sobre la pretensión del liberalismo económico de ser el principio de organización básico en la sociedad. Antes de pasar al testimonio de los hechos, necesitamos una formulación más precisa de la controversia.

En una contemplación retrospectiva se acreditará a nuestra época la terminación del mercado autorregulado. El prestigio del liberalismo económico alcanzó la cúspide en la década de 1920. Centenares de millones de personas se habían visto afligidas por el flagelo de la inflación; clases sociales enteras, naciones enteras, habían sido expropiadas. La estabilización de las monedas se convirtió en el punto focal del pensamiento político de personas y gobiernos; la restauración del patrón oro se convirtió en el objetivo supremo de todo esfuerzo organizado en el campo económico. Se reconoció que el pago de los préstamos externos y el retorno a las monedas estables eran las piedras de toque de la racionalidad en la política; y ningún sufrimiento privado, ninguna infracción de la soberanía, se consideraron sacrificios demasiado grandes para la recuperación de la integridad monetaria. Las privaciones de los desempleados que perdían su trabajo a causa de la deflación; la destitución de los empleados públicos despedidos sin indemnización; incluso la renuncia a los derechos nacionales y la pérdida de las libertades constitucionales se consideraron un precio justo por el logro de presupuestos equilibrados y monedas sanas, fundamentos del liberalismo económico.

En los años treinta se pusieron en tela de duda los juicios absolutos de los años veinte. Después de varios años de restauración de las monedas y de presupuestos balanceados, los dos países más poderosos —Gran Bretaña y los Estados Unidos— se encontraban en dificultades, abandonaron el patrón oro y empezaron a administrar sus monedas. Las deudas internacionales fueron repudiadas a gran escala, y los más ricos y respetables abandonaron las creencias del liberalismo económico. A mediados de los años treinta, Francia y otros Estados que todavía se adherían al oro fueron obligados por las tesorerías de Gran Bretaña y los Estados Unidos —que antes habían sido guardianes celosos del credo liberal— a abandonar el patrón.

En los años cuarenta, el liberalismo económico sufrió una derrota peor. Gran Bretaña y los Estados Unidos se alejaron de la ortodoxia monetaria, pero conservaron los principios y los métodos del liberalismo en la industria y el comercio, la organización general de su vida económica. Esto ayudaría a precipitar la guerra y se convertiría en un obstáculo para el combate, ya que el liberalismo económico había creado y promovido la ilusión de que las dictaduras estaban condenadas a la catástrofe económica. En virtud de este credo, los gobiernos democráticos fueron los últimos en entender las implicaciones de las monedas administradas y el comercio dirigido, aun cuando ellos mismos estaban aplicando estos métodos por la fuerza de las circunstancias; de igual modo, el legado del liberalismo económico obstruía el camino del rearme oportuno en nombre de los presupuestos balanceados y la libre empresa, que supuestamente proveerían los únicos fundamentos seguros de la fortaleza económica en la guerra. En la Gran Bretaña, la ortodoxia presupuestaria y monetaria inducían la adhesión al principio estratégico tradicional de los compromisos limitados en un país efectivamente enfrentado a la guerra total; en los Estados Unidos, algunos intereses creados —tales como los del petróleo y el aluminio— se refugiaban tras los tabúes del comercio liberal y lograban resistirse a los preparativos para una emergencia industrial. A no ser por la insistencia terca y apasionada de los liberales económicos en sus falacias, los líderes de la carrera y las masas de hombres libres habrían estado mejor equipados para la ordalía de la época y quizás hubiesen podido incluso eludirla por completo.

Las creencias seculares de la organización social que abarcan a todo el mundo civilizado no se destruyen por los eventos de un decenio. Tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, millones de unidades empresariales independientes derivaron su existencia del principio del laissez-faire. Su fracaso espectacular en un campo no destruyó su autoridad en todos los campos. En efecto, su eclipse parcial pudo haber fortalecido su control, ya que permitió a sus defensores argüir que la aplicación incompleta de sus principios era la razón de todas las dificultades que experimentaba.

Éste es ahora, ciertamente, el último argumento del liberalismo económico. Sus apologistas están repitiendo en variaciones interminables que el capitalismo habría entregado los bienes si no se hubiesen aplicado las políticas defendidas por sus críticos; que los responsables de nuestros males no son el sistema competitivo y el mercado autorregulado, sino la interferencia con ese sistema y las intervenciones realizadas en ese mercado. Y este argumento encuentra apoyo no sólo en innumerables infracciones recientes a la libertad económica sino también en el hecho indudable de que el movimiento tendiente a la difusión del sistema de los mercados autorregulados se encontró en la segunda mitad del siglo XIX con una persistente corriente contraria que obstruía el libre funcionamiento de tal economía.

El liberal económico puede formular así una posición que conecta al presente con el pasado en un todo coherente. ¿Pues quién podría negar que la intervención gubernamental en la actividad económica podría minar la confianza? ¿Quién podría negar que el desempleo sería menor a veces si no existiese el subsidio de desempleo establecido por la ley? ¿Que las empresas privadas se ven perjudicadas por la competencia de las obras públicas? ¿Que el financiamiento deficitario podría poner en peligro a las inversiones privadas? ¿Que el paternalismo tiende a dañar a la iniciativa empresarial? Si esto es así ahora, seguramente no fue diferente en el pasado. Alrededor del decenio de 1870, cuando se inició en Europa un movimiento —social y nacional— proteccionista general, ¿quién podría dudar de que dañaba y restringía al comercio?; ¿quién puede dudar de que las leyes fabriles, el seguro social, el comercio municipal, los servicios de salud, los servicios públicos, los aranceles, las exenciones y los subsidios, los carteles y los monopolios, la prohibición de la inmigración, de los movimientos de capital, de las importaciones —para no mencionar las restricciones menos francas de los movimientos de hombres, bienes y pagos— deben de haber actuado como tantos otros obstáculos para el funcionamiento del sistema competitivo, prolongando las depresiones económicas, agravando el desempleo, ahondando los estancamientos financieros, disminuyendo el comercio y dañando severamente el mecanismo autorregulador del mercado? El liberal insiste en que la raíz de todos los males estaba precisamente en esta interferencia con la libertad del empleo, el comercio y las monedas, practicada por las diversas escuelas del proteccionismo social, nacional y monopólico desde el tercer cuarto del siglo XIX; de no haber mediado la falsa alianza de los sindicatos y los partidos laboristas con los fabricantes monopólicos y los intereses agrarios, que en su miope avaricia unieron sus fuerzas para ilustrar la libertad económica, el mundo estaría disfrutando ahora las ventajas de un sistema casi automático de creación de bienestar material. Los líderes liberales no se cansan jamás de repetir que la tragedia del siglo XIX derivó de la incapacidad del hombre para mantenerse fiel a la inspiración de los primeros liberales; que la generosa iniciativa de nuestros ancestros se vio frustrada por las pasiones del nacionalismo y de la guerra de clases, por los intereses creados y los monopolistas y, sobre todo, por la ceguera de los trabajadores ante la beneficencia final de la libertad económica irrestricta para todos los intereses humanos, incluidos los suyos. Se afirma que así se frustró un gran avance intelectual y moral por las debilidades intelectuales y morales de la masa de la población; las fuerzas del egoísmo destruyeron lo que había logrado el espíritu de la Ilustración. En resumen, ésta es la defensa del liberal económico. Si no se le refuta, continuará ocupando el primer plano en la contienda de los argumentos.

Precisamente la controversia. Se conviene en que el movimiento liberal, que trataba de difundir el sistema de mercado, chocó con un movimiento proteccionista que tendía a su restricción; en efecto, tal supuesto se encuentra detrás de nuestra tesis del doble movimiento. Pero mientras que nosotros afirmamos que el absurdo inherente en la idea de un sistema de mercado autorregulado habría destruido eventualmente a la sociedad, el liberal acusa a los elementos más variados de haber destruido una gran iniciativa. Incapaz para aducir pruebas en favor de tal esfuerzo concertado para frustrar el movimiento liberal, se refugia en la hipótesis prácticamente irrefutable de la acción encubierta. Éste es el mito de la conspiración antiliberal que en una forma u otra es común a todas las interpretaciones liberales de los eventos de los decenios de 1870 y 1880. De ordinario se acredita al ascenso del nacionalismo y el socialismo el carácter de agente principal de ese cambio del escenario; las asociaciones de fabricantes y los monopolistas, los intereses agrarios y los sindicatos, son los villanos de la obra. Así pues, en su forma más espiritualizada la doctrina liberal es la hipótesis de la operación de alguna ley dialéctica en la sociedad moderna que frustra los esfuerzos de la razón ilustrada, mientras que en su versión más cruda se reduce a un ataque contra la democracia política, como el supuesto origen fundamental del intervencionismo.

El testimonio de los hechos contradice decisivamente a la tesis liberal. La conspiración antiliberal es pura invención. La gran diversidad de las formas en las que apareció la contracorriente «colectivista» no se debió a ninguna preferencia por el socialismo o el nacionalismo entre intereses concertados, sino exclusivamente al mayor alcance de los intereses sociales vitales afectados por la expansión del mecanismo del mercado. Esto explica las reacciones universales, de carácter predominantemente práctico, desatadas por la expansión de ese mecanismo. Las modas intelectuales no desempeñaron ningún papel en este proceso; por lo tanto, no había lugar para el prejuicio que el liberal considera como la fuerza ideológica que se encuentra detrás del movimiento antiliberal. Aunque es cierto que los decenios de 1870 y 1880 presenciaron el fin del liberalismo ortodoxo, y que todos los problemas cruciales del presente pueden datarse en ese periodo, es incorrecto afirmar que el cambio hacia el proteccionismo social y nacional se debió a alguna causa distinta de la manifestación de las debilidades y los peligros inherentes a un sistema de mercado autorregulado. Esto puede demostrarse en varias formas.

Primero, tenemos la sorprendente diversidad de los campos en los que se actuó. Esto excluiría por sí solo la posibilidad de la acción concertada. Podemos citar una lista de intervenciones compilada por Herbert Spencer en 1884, cuando acusaba a los liberales de haber desertado de sus principios en aras de la «legislación restrictiva»[83]. Difícilmente podría ser mayor la diversidad de los temas. En 1860 se otorgó una autoridad para proveer «analistas de alimentos y bebidas que serían pagados con los impuestos locales»; vino luego una ley que establecía «la inspección de las instalaciones de gas»; una extensión de la Ley de minas «que convertía en un delito el empleo de niños menores de 12 años que no asistían a la escuela y no sabían leer o escribir». En 1861 se otorgó poder «a los guardianes de la Ley de pobres para que impusieran la vacunación»; se autorizó a las juntas locales «para que establecieran tasas fijas de alquiler de los medios de transporte»; y ciertos organismos de formación local «quedaron facultados para gravar a la localidad a fin de pagar las obras rurales de riego y drenaje, y para proveer agua al ganado». En 1862 se promulgó una ley que declaraba ilegal «una mina de carbón de un solo socavón»; una ley que otorgaba al Consejo de Educación Médica el derecho exclusivo de «proveer una farmacopea, cuyo precio deberá ser fijado por la Tesorería». Spencer, lleno de horror, llenó varias páginas con una enumeración de estas medidas y otras similares. En 1863 llegó la «extensión de la vacunación obligatoria a Escocia e Irlanda». Hubo también una ley que designaba inspectores de «la sanidad o falta de sanidad de los alimentos»; una Ley de barredores de chimeneas para prevenir la tortura y la muerte eventual de los niños que debían barrer ductos demasiado estrechos; una Ley de enfermedades contagiosas; una Ley de bibliotecas públicas que otorgaba facultades locales «por las que una mayoría puede gravar a una minoría por sus libros». Spencer adujo que éstas eran pruebas irrefutables de una conspiración antiliberal. Y sin embargo, cada una de estas leyes se ocupaba de algún problema derivado de las condiciones industriales modernas y trataba de salvaguardar algún interés público contra los peligros inherentes en tales condiciones o en el método de mercado utilizado para su solución. Para una mente carente de prejuicios, estas leyes probaban la naturaleza puramente práctica y pragmática de la contracorriente «colectivista». La mayoría de los ejecutores de estas medidas eran convencidos partidarios del laissez-faire, y ciertamente no deseaban que su consentimiento a la creación de un cuerpo de bomberos en Londres implicara una protesta contra los principios del liberalismo económico. Por el contrario, los patrocinadores de estas leyes eran por regla general enemigos declarados del socialismo o de cualquier otra forma del colectivismo.

En segundo lugar, el cambio de las soluciones liberales a las «colectivistas» ocurría a veces de la noche a la mañana y sin ninguna conciencia por parte de los involucrados en el proceso de la meditación legislativa. Dicey adujo el ejemplo clásico de la Ley de compensación de los trabajadores que se ocupaba de la responsabilidad de los empleadores por los daños causados a sus trabajadores en el curso de su empleo. La historia de las diversas leyes que incorporaban esta idea, a partir de 1880, mostraba una adhesión consistente al principio individualista de que la responsabilidad del empleador para con su empleado debe ser regulada en una forma estrictamente idéntica a la que gobierna su responsabilidad para con otros, digamos para con los extraños. Sin que hubiese cambiado en nada la opinión, en 1897 se convirtió repentinamente al empleador en el asegurador de sus trabajadores contra todo daño sufrido en el curso de su empleo, lo que constituía una «legislación enteramente colectivista», como señalara justamente Dicey. No podría haberse aducido una prueba mejor de que ningún cambio ocurrido en el tipo de los intereses involucrados, o en la tendencia de las opiniones aplicadas a la cuestión, provocó la sustitución de un principio liberal por un principio antiliberal, fuera de la evolución de las condiciones bajo las cuales surgió el problema y se buscó una solución.

En tercer lugar tenemos la prueba indirecta, pero muy notable, proveída por una comparación del desarrollo de una configuración política e ideológica muy diferente en diversos países. La Inglaterra victoriana y Prusia en la época de Bismarck eran polos aparte, y ambas eran muy diferentes de Francia durante la Tercera república o del Imperio de los Habsburgo. Sin embargo, cada uno de estos países experimentó un periodo de libre comercio y de laissez-faire, seguido de un periodo de legislación antiliberal en lo referente a la salud pública, las condiciones fabriles, el comercio municipal, el seguro social, los subsidios a los embarques, los servicios públicos, las asociaciones comerciales, etc. Podría elaborarse sin dificultad un calendario regular que estableciera los años en los que ocurrieron cambios análogos en los diversos países. La compensación de los trabajadores se promulgó en Inglaterra en 1880 y 1897, en Alemania en 1879, en Austria en 1887, en Francia en 1899; la inspección fabril se introdujo en Inglaterra en 1833, en Prusia en 1853, en Austria en 1883, en Francia en 1874 y 1883; el comercio municipal, incluida la administración de los servicios públicos, fue introducido por Joseph Chamberlain, disidente y capitalista, en Birmingham en el decenio de 1870; por el «socialista» católico y antijudío, Karl Lueger, en la Viena imperial de los años noventa; en los municipios alemanes y franceses por una diversidad de coaliciones locales. Las fuerzas de apoyo eran a veces violentamente reaccionarias y antisocialistas como en Viena, en otras ocasiones eran «imperialistas radicales» como en Birmingham, o del liberalismo más puro como en el caso del francés Edouard Herriot, alcalde de Lyon. En la Inglaterra protestante, gabinetes conservadores y liberales trabajaron intermitentemente en la terminación de la legislación fabril. En Alemania, los católicos y los demócratas sociales participaron en esa tarea; en Austria, lo hicieron la Iglesia y sus simpatizantes más entusiastas; en Francia, los enemigos de la Iglesia y los anticlericales recalcitrantes lograron la promulgación de leyes casi idénticas. Así pues, bajo los lemas más variados, con motivaciones muy diferentes, una multitud de partidos y de estratos sociales pusieron en vigor casi las mismas medidas en una serie de países, respecto de un gran número de temas complicados. En consecuencia, no hay nada más absurdo que la inferencia de que estos grupos estaban secretamente movidos por los mismos prejuicios ideológicos o por estrechos intereses grupales, como lo sostiene la leyenda de la conspiración antiliberal. Por el contrario, todo tiende a apoyar el supuesto de que razones objetivas de naturaleza imperiosa obligaron a actuar a los legisladores.

En cuarto lugar tenemos el hecho importante de que, en varias ocasiones, los propios liberales económicos sugirieron que se restringieran la libertad de contrato y el laissez-faire en varios casos bien definidos de gran importancia teórica y práctica. Naturalmente, el prejuicio antiliberal no podría haber sido su motivación. Tenemos en mente el principio de la asociación de los trabajadores por una parte, la ley de las corporaciones por la otra. El primero se refiere al derecho de los trabajadores a coludirse para elevar sus salarios; la segunda se refiere al derecho de los monopolios, los carteles u otras formas de combinaciones capitalistas, para elevar los precios. En ambos casos se censuró justamente que la libertad de contrato o el laissez-faire se estaban usando para restringir el comercio. Ya se tratase de asociaciones de trabajadores para elevar los salarios, o de asociaciones empresariales para elevar los precios, el principio del laissez-faire podía emplearse obviamente, por las partes interesadas, para reducir el mercado de mano de obra o de otras mercancías. Es muy significativo el hecho de que, en ambos casos, liberales consistentes, que van desde Lloyd George y Theodore Roosevelt hasta Thurman Arnold y Walter Lippmann, subordinaran el laissez-faire a la demanda de un mercado competitivo libre; estos liberales presionaron en favor de las regulaciones y las restricciones, de las leyes penales y la compulsión, arguyendo como lo haría cualquier «colectivista» que los sindicatos o las corporaciones estaban «abusando» de la libertad de contratación. En teoría, el laissez-faire o la libertad de contratación implicaban la libertad de los trabajadores para rehusar su mano de obra en forma individual o conjunta si así lo decidían; también implicaban la libertad de los empresarios para ponerse de acuerdo sobre los precios de venta, sin que importaran los deseos de los consumidores. En la práctica, sin embargo, tal libertad entraba en conflicto con la institución de un mercado autorregulado, y en tal conflicto se otorgaba invariablemente la precedencia al mercado autorregulado. En otras palabras, si las necesidades de un mercado autorregulado resultaban incompatibles con las demandas del laissez-faire, el liberal económico se volvía contra el laissez-faire y prefería —como lo haría cualquier antiliberal— los llamados métodos colectivistas de la regulación y la restricción. El derecho sindical y la legislación antimonopólica surgieron de esta actitud. No podría ofrecerse una prueba más concluyente de la inevitabilidad de los métodos antiliberales o «colectivistas» bajo las condiciones de la sociedad industrial moderna, que el hecho de que incluso los propios liberales económicos usaban tales métodos en campos decisivamente importantes de la organización industrial.

Por cierto, esto ayuda a aclarar el significado verdadero del término «intervencionismo», por el que los liberales económicos gustan de denotar lo opuesto a su propia política económica, pero que sólo revela una confusión del pensamiento. Lo opuesto al intervencionismo es el laissez-faire y acabamos de ver que el liberalismo económico no puede identificarse con el laissez-faire (aunque en el lenguaje común no se causa ningún daño si se usan estos términos como sinónimos). En términos estrictos, el liberalismo económico es el principio organizador de una sociedad donde la industria se basa en la institución de un mercado autorregulado. Es cierto que, una vez establecido aproximadamente tal sistema, se requiere menos intervención de cierto tipo. Pero esto dista mucho de significar que el sistema de mercado y la intervención sean términos mutuamente excluyentes. Mientras no se establezca ese sistema, los liberales económicos deberán pedir la intervención del Estado a fin de establecerlo, y a fin de mantenerlo una vez establecido, y lo harán sin vacilar Por lo tanto, el liberal económico puede pedir que el Estado use la fuerza de la ley, sin ninguna inconsistencia; puede apelar incluso a las fuerzas violentas de la guerra civil para establecer las condiciones necesarias para un mercado autorregulado. En los Estados Unidos, el sur apeló a los argumentos del laissez-faire para justificar la esclavitud; el norte apeló a la intervención de las armas para establecer un mercado libre de mano de obra. Así pues, la acusación de intervencionismo formulada por autores liberales es un lema vacío, ya que implica la denuncia del mismo conjunto de acciones según que lo aprueben o no. El único principio que pueden mantener los liberales económicos sin inconsistencia es el del mercado autorregulado, ya los involucre en las intervenciones o no.

Resumimos: La corriente contraria al liberalismo económico y el laissez-faire poseía todas las características inconfundibles de una reacción espontánea. En innumerables puntos desconectados surgió tal corriente sin ningún lazo visible entre los intereses directamente afectados o alguna conformidad ideológica entre ellos. Incluso en la solución del mismo problema, como en el caso de la compensación para los trabajadores, los remedios variaban desde lo individualista hasta lo «colectivista», desde lo liberal hasta lo antiliberal, desde las formas de «laissez-faire» hasta las intervencionistas sin cambio alguno del interés económico, las influencias ideológicas o las fuerzas políticas en juego, sólo como resultado de la creciente conciencia de la naturaleza del problema en cuestión. También podría demostrarse que un cambio muy similar, del laissez-faire al «colectivismo», ocurrió en diversos países en una etapa definida de su desarrollo industrial, lo que indica la profundidad y la independencia de las causas básicas del proceso tan superficialmente acreditadas por los liberales económicos al cambio de la opinión o a la diversidad de intereses. Por último, el análisis revela que ni siquiera los partidarios radicales del liberalismo económico podían escapar a la regla que vuelve inaplicable el laissez-faire a las condiciones industriales avanzadas; en el caso decisivo del derecho sindical y las regulaciones antimonopólicas, los propios liberales extremos debieron pedir variadas intervenciones del Estado a fin de asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento de un mercado autorregulado frente a los arreglos monopólicos. Incluso el libre comercio y la competencia requerían de la intervención para funcionar. El mito liberal de la conspiración «colectivista» de los decenios de 1870 y 1880 es contrario a todos los hechos.

Vemos que los hechos corroboran nuestra interpretación del doble movimiento. Si la economía de mercado era una amenaza para los componentes humanos y naturales de la urdimbre social, como hemos señalado con insistencia, ¿qué otra cosa podríamos esperar sino la presión de muy diversos grupos a favor de alguna clase de protección? Esto fue lo que encontramos. Sería de esperarse que esto ocurriera también sin ningún prejuicio teórico o intelectual de su parte, e independientemente de sus actitudes hacia los principios básicos de una economía de mercado. Y así ocurrió. Sugerimos además que la historia comparada de los gobiernos podría ofrecer un apoyo semiexperimental a nuestra tesis si pudiera demostrarse que los intereses particulares son independientes de las ideologías específicas existentes en diversos países. También en este caso pudimos aducir hechos claros. Por último, el comportamiento de los propios liberales demostró que el mantenimiento del libre comercio —en nuestros términos, el mantenimiento de un mercado autorregulado— lejos de excluir la intervención, exigía en efecto tal acción, y que los propios liberales pedían regularmente la acción imperiosa del Estado, como ocurrió en el caso del derecho sindical y de las leyes antimonopólicas. Así pues, nada podría ser más decisivo que la prueba de la historia acerca de cuál de las dos interpretaciones opuestas del doble movimiento era la correcta: la del liberal económico en el sentido de que su política económica no tuvo jamás una oportunidad de demostrar su eficacia, estrangulada por sindicalistas miopes, intelectuales marxistas, ambiciosos fabricantes y reaccionarios terratenientes; o la de sus críticos que pueden señalar la universal reacción «colectivista» en contra de la expansión de la economía de mercado en la segunda mitad del siglo XIX como una prueba concluyente del peligro inherente, para la sociedad, en el principio utópico de un mercado autorregulado.

XIII. El nacimiento del credo liberal (continuación):
El interés clasista y el cambio social

Es necesario que se disipe por completo el mito liberal de la conspiración colectivista para que pueda apreciarse plenamente la base real de las políticas del siglo XIX. Esta leyenda sostiene que el proteccionismo fue simplemente el resultado de los siniestros intereses de terratenientes, fabricantes y sindicalistas, quienes en forma egoísta destruyeron la maquinaria automática del mercado. En otra forma, y por supuesto con una tendencia política opuesta, los partidos marxianos utilizaron términos igualmente seccionales (Poco importa aquí que la filosofía esencial de Marx se centrara en la totalidad de la sociedad y en la naturaleza no económica del hombre)[84]. El propio Marx siguió a Ricardo al definir las clases en términos económicos, y la explotación económica caracterizaba indudablemente a la época burguesa.

En el marxismo popular, esto produjo una burda teoría clasista del desarrollo social. La presión en favor de los mercados y las zonas de influencia se imputaba simplemente a la motivación del beneficio de un puñado de financieros. Se explicaba el imperialismo como una conspiración capitalista para inducir a los gobiernos a que emprendieran guerras en favor de las grandes empresas. Se sostenía que las guerras eran causadas por estos intereses en combinación con empresas armamentistas que milagrosamente ganaban la capacidad necesaria para empujar a naciones enteras hacia políticas fatales, contrarias a sus intereses vitales. En efecto, liberales y marxistas deducían el movimiento proteccionista de la fuerza de los intereses seccionales, explicaban los aranceles agrícolas por la presión política de terratenientes reaccionarios, imputaban el crecimiento de las formas monopólicas de la actividad económica al hambre de beneficios de los magnates industriales, presentaban la guerra como el resultado de las ambiciones empresariales.

Así pues, la perspectiva económica liberal encontraba un apoyo poderoso en una estrecha teoría clasista. Sosteniendo el punto de vista de clases opuestas, liberales y marxistas defendían proposiciones idénticas. Afirmaban tajantemente que el proteccionismo del siglo XIX era el resultado de la acción clasista, y que tal acción debe de haber servido primordialmente a los intereses económicos de los miembros de las clases involucradas. En conjunto, liberales y marxistas obstruían por completo una visión global de la sociedad de mercado y de la función del proteccionismo en tal sociedad.

En efecto, los intereses clasistas ofrecen sólo una explicación limitada de los movimientos ocurridos en la sociedad a largo plazo. La suerte de las clases se determina por las necesidades de la sociedad con mucho mayor frecuencia de lo que ocurre cuando la suerte de la sociedad se determina por las necesidades de las clases. Dada una estructura definida de la sociedad, funciona la teoría clasista; ¿pero qué ocurre cuando cambia la estructura misma? Una clase que ha perdido su función podría desintegrarse y ser sustituida de la noche a la mañana por una nueva clase o por varias clases nuevas. De igual manera, las oportunidades de las clases en una lucha dependerán de su capacidad para obtener apoyo fuera de su propio círculo, lo que de nuevo dependerá de su desempeño de tareas fijadas por intereses más amplios que los propios. Por lo tanto, ni el nacimiento ni la muerte de las clases, ni sus objetivos ni el grado en que los logran; ni sus cooperaciones ni sus antagonismos, pueden entenderse aparte de la situación del conjunto de la sociedad.

Por regla general, esta situación se crea por causas externas tales como un cambio del clima, del rendimiento de los cultivos, un nuevo enemigo, una nueva arma usada por un antiguo enemigo, el surgimiento de nuevos fines comunales, o bien el descubrimiento de métodos nuevos para el logro de los fines tradicionales. Los intereses seccionales deben relacionarse en última instancia con tal situación total para que se aclare su función en el desarrollo social.

El papel esencial desempeñado por los intereses clasistas en el cambio social se encuentra en la naturaleza de las cosas. Toda forma generalizada del cambio debe afectar a las diversas partes de la comunidad en formas diferentes, aunque sólo sea por las diferencias existentes en la ubicación geográfica o en el equipo económico y cultural. Los intereses seccionales son así el vehículo natural del cambio social y político. Ya sea la fuente del cambio la guerra o el comercio, las invenciones sorprendentes o los cambios de las condiciones naturales, las diversas secciones de la sociedad defenderán diferentes métodos de ajuste (incluidos los violentos) y ajustarán sus intereses en forma diferente de los de otros grupos a los que podrían tratar de guiar; por lo tanto, sólo cuando podamos señalar al grupo o los grupos que efectuaron un cambio se explicará cómo ha ocurrido ese cambio. Pero la causa final depende de fuerzas externas, y la sociedad recurre a las fuerzas internas sólo por lo que se refiere al mecanismo del cambio. El «desafío» se formula para la sociedad en conjunto; la «respuesta» se produce a través de los grupos, las secciones y las clases.

Así pues, los meros intereses clasistas no pueden ofrecer una explicación satisfactoria de ningún proceso social a largo plazo. Primero, porque el proceso en cuestión podría decidir acerca de la existencia de la clase misma; segundo, porque los intereses de clases dadas determinan sólo los objetivos y los propósitos perseguidos por tales clases, no el éxito o el fracaso de tales esfuerzos. No hay en los intereses clasistas ninguna magia que asegure a los miembros de una clase el apoyo de los miembros de otras clases. Pero tal apoyo es un evento cotidiano. El proteccionismo es un ejemplo de esto. Aquí no se trataba tanto de saber por qué los terratenientes, los fabricantes o los sindicalistas deseaban incrementar sus ingresos mediante su acción proteccionista, sino de saber por qué lo lograron; no se trataba de saber por qué empresarios y trabajadores deseaban crear monopolios para sus productos, sino por qué lograron su propósito; no se trataba de saber por qué algunos grupos deseaban actuar en forma similar en varios países continentales, sino por qué existían tales grupos en estos países diferentes y por qué lograban sus propósitos en todas partes; no se trataba de saber por qué los cultivadores de granos trataban de venderlos caros, sino por qué lograban de ordinario persuadir a los compradores de granos para que les ayudaran a elevar su precio.

Segundo, existe la doctrina igualmente errada de la naturaleza esencialmente económica de los intereses clasistas. Aunque la sociedad humana está naturalmente condicionada por los factores económicos, las motivaciones de los individuos sólo están excepcionalmente determinadas por las necesidades de satisfacción de las necesidades materiales. Era una peculiaridad de la época el hecho de que la sociedad del siglo XIX se hubiese organizado bajo el supuesto de que tal motivación podría volverse universal. Por lo tanto, en el análisis de tal sociedad se justificaba un margen comparativamente amplio para la acción de las motivaciones económicas. Pero debemos cuidarnos de no prejuzgar la cuestión, que es precisamente la medida en que pudiera hacerse efectiva tal motivación desusada.

Las cuestiones puramente económicas que afectan la satisfacción de las necesidades son incomparablemente menos relevantes que las cuestiones del reconocimiento social para el comportamiento clasista. Por supuesto, la satisfacción de las necesidades podría ser el resultado de tal reconocimiento, sobre todo como su señal o su premio exterior. Pero los intereses de una clase se refieren muy directamente a la posición y el rango, a la calidad y la seguridad; es decir, son primordialmente sociales, no económicos.

Las clases y los grupos que intervinieron intermitentemente en el movimiento general hacia el proteccionismo, después de 1870, no lo hicieron primordialmente a causa de sus intereses económicos. Las medidas «colectivistas» implantadas en los años críticos revelan que sólo por excepción estaba involucrado el interés de cualquier clase singular, y que en tal caso podía describirse raras veces ese interés como económico. Es seguro que ningún «interés económico miope» se veía servido por una ley que autorizara a las autoridades locales a apoderarse de los espacios ornamentales descuidados, por las regulaciones que exigían la limpieza de las panaderías con agua caliente y jabón por lo menos cada seis meses, o por una ley que volviera obligatoria la prueba de cables y anclas. Tales medidas respondían simplemente a las necesidades de una civilización industrial que los métodos de mercado no podían afrontar. La gran mayoría de estas intervenciones no tenía ninguna conexión directa con los ingresos, y casi no tenía ninguna conexión indirecta. Esto se aplicaba prácticamente a todas las leyes referentes a la salud y las viviendas, las amenidades y las bibliotecas públicas, las condiciones fabriles y la seguridad social. También se aplicaba a los servicios públicos, la educación, la transportación y muchas otras materias. Pero incluso cuando estaban involucrados los valores monetarios, eran secundarios a otros intereses. Casi invariablemente estaban involucradas la posición profesional, la seguridad y tranquilidad, la forma de vida de un hombre, la amplitud de su existencia, la estabilidad de su ambiente. No debemos minimizar la importancia monetaria de algunas intervenciones características, tales como los aranceles aduaneros o la compensación de los trabajadores. Pero incluso en estos casos eran inseparables los intereses no monetarios de los intereses monetarios. Los aranceles que implicaban beneficios para los capitalistas y salarios para los trabajadores significaban, en última instancia, seguridad contra el desempleo, estabilización de las condiciones regionales, seguridad contra la liquidación de industrias y, quizá predominantemente, el evitar la dolorosa pérdida de posición que acompaña inevitablemente a la transferencia a un empleo en el que un hombre es menos hábil y experimentado que en su propio empleo.

Una vez liberados de la obsesión de que sólo los intereses seccionales, nunca los generales, pueden hacerse efectivos, así como del prejuicio relacionado de restringir los intereses de los grupos humanos a su ingreso monetario, la amplitud y la comprensión del movimiento proteccionista pierden su misterio. Mientras que los intereses monetarios son necesariamente expresados sólo por las personas a quienes pertenecen, otros intereses tienen una constitución más amplia. Tales intereses afectan a los individuos en formas innumerables como vecinos, profesionales, consumidores, peatones, pasajeros, deportistas, paseantes, jardineros, pacientes, madres o amantes, y en consecuencia pueden ser representados por casi cualquier tipo de asociación territorial o funcional, como las iglesias, los ayuntamientos, las fraternidades, los clubes, los sindicatos o, más comúnmente, los partidos políticos, basados en amplios principios de adhesión. Una concepción demasiado estrecha del interés debe generar en efecto una visión torcida de la historia social y política, y ninguna definición puramente monetaria de los intereses podrá dejar un margen para esa vital necesidad de protección social, cuya representación recae de ordinario en las personas encargadas de los intereses generales de la comunidad, es decir, en las condiciones modernas, los gobiernos en el poder. Precisamente porque el mercado amenazaba los intereses sociales —y no los intereses económicos— de diferentes secciones de la población, las personas pertenecientes a diversos estratos económicos unieron inconscientemente sus fuerzas para afrontar el peligro.

La difusión del mercado se veía así promovida y obstruida a la vez por la acción de las fuerzas clasistas. Dada la necesidad de la producción de máquinas para el establecimiento de un sistema de mercado, sólo las clases mercantiles podían tomar la delantera en esa transformación inicial. De los vestigios de las clases antiguas surgió una nueva clase de empresarios, a fin de hacerse cargo de un desarrollo consonante con los intereses de la comunidad en conjunto. Pero si el ascenso de los industriales, los empresarios y los capitalistas era el resultado de su liderazgo en el movimiento expansionista, la defensa correspondió a las clases terratenientes tradicionales y a la naciente clase trabajadora. Y si dentro de la comunidad mercantil tocó a los capitalistas la defensa de los principios estructurales del sistema de mercado, el papel de enconado defensor de la urdimbre social correspondió a la aristocracia feudal por una parte y al ascendente proletariado industrial por la otra. Pero mientras que las clases terratenientes buscarían naturalmente la solución de todos los males en el mantenimiento del pasado, los trabajadores podían, hasta cierto punto, trascender los límites de una sociedad de mercado y buscar soluciones en el futuro. Esto no implica que el retorno del feudalismo o la proclamación del socialismo se encontraran entre las líneas de acción posibles, pero sí indica las direcciones enteramente diferentes en las que la clase terrateniente y la clase trabajadora urbana tendían a buscar alivio en una emergencia. Si la economía de mercado se derrumbara, como amenazaba hacerlo en cada crisis profunda, las clases terratenientes podrían buscar el retorno a un régimen militar o feudal de paternalismo, mientras que los trabajadores fabriles apreciarían la necesidad del establecimiento de una mancomunidad cooperativa. En una crisis, las «respuestas» podrían apuntar hacia soluciones mutuamente excluyentes. Un mero choque de intereses clasistas, que de otro modo se habría resuelto mediante una transacción, adquiría una significación fatal.

Todo esto debiera prevenirnos para no depender demasiado de los intereses económicos de ciertas clases al explicar la historia. Tal enfoque implicaría tácitamente la rigidez de tales clases en un sentido que sólo puede existir en una sociedad indestructible. No se consideran así las fases críticas de la historia, cuando una civilización está derrumbándose o atravesando por una transformación, cuando se forman nuevas clases por regla general, a veces dentro de muy corto tiempo, salidas de las minas de las clases antiguas, o incluso de elementos extraños como los aventureros extranjeros o los exiliados. Frecuentemente, en una coyuntura histórica han nacido clases nuevas sólo en virtud de las demandas del momento. Por lo tanto, en última instancia es la relación de una clase con la sociedad en conjunto lo que proyecta su papel en el drama; y su éxito se determina por la amplitud y diversidad de los intereses que pueda servir, aparte de los propios. En efecto, ninguna política de un interés clasista estrecho puede salvaguardar bien ni siquiera ese interés, y esta regla tiene pocas excepciones. A menos que la alternativa al arreglo social sea un hundimiento en la destrucción total, ninguna clase crudamente egoísta podrá mantenerse en la delantera.

A fin de echar tranquilamente la culpa a la supuesta conspiración colectivista, los liberales económicos deben negar en última instancia que haya surgido alguna necesidad de protección de la sociedad. Recientemente aclamaron las opiniones de algunos académicos que habían rechazado la doctrina tradicional de la Revolución industrial según la cual estalló una catástrofe entre las infortunadas clases trabajadoras de Inglaterra alrededor del decenio de 1790. Según estos autores, el pueblo común no se vio afectado jamás por un deterioro repentino de su nivel de vida. En promedio, el pueblo común estaba sustancialmente mejor después de la introducción del sistema fabril, y nadie podía negar que su número había aumentado con rapidez. De acuerdo con los patrones aceptados del bienestar económico —las cifras de los salarios reales y de la población— jamás existió el infierno del capitalismo inicial; lejos de ser explotadas, las clases trabajadoras eran los ganadores económicos, y era obviamente imposible sostener la necesidad de la protección social contra un sistema que beneficiaba a todos.

Los críticos del capitalismo liberal estaban desconcertados. Durante cerca de 60 años, los académicos y las Comisiones reales por igual habían denunciado los horrores de la Revolución industrial, y una miríada de poetas, pensadores y escritores había destacado sus crueldades. Se consideraba un hecho establecido que las masas habían sido sacrificadas y mantenidas en la inanición por los insensibles explotadores de su indefensión; que los cercamientos habían privado a los habitantes rurales de sus viviendas y sus predios, y los habían arrojado al mercado de mano de obra creado por la reforma de la Ley de pobres; y que las tragedias documentadas de los niños pequeños que en ocasiones tenían que trabajar hasta la muerte en minas y fábricas eran una prueba macabra de la privación de las masas. En efecto, la explicación familiar de la Revolución industrial descansaba en el grado de la explotación posibilitada por los cercamientos del siglo XVIII, en los bajos salarios ofrecidos a trabajadores sin hogar y que explicaban los elevados beneficios de la industria algodonera tanto como la rápida acumulación del capital en manos de los primeros fabricantes. Y se les acusaba de explotación, una explotación sin límite de sus conciudadanos que era la causa fundamental de tanta miseria y degradación. En apariencia todo esto se refutaba ahora. Los historiadores económicos proclamaban el mensaje de que se había despejado la sombra negra que pendía sobre los primeros decenios del sistema fabril. Porque ¿cómo podría haber una catástrofe social allí donde había indudablemente un mejoramiento económico?

En realidad, por supuesto, una calamidad social es fundamentalmente un fenómeno cultural, no un fenómeno económico que pueda medirse por las cifras del ingreso o las estadísticas de la población. Naturalmente, no pueden ser frecuentes las catástrofes culturales que involucren a amplios estratos del pueblo común, pero lo mismo ocurre con los eventos cataclísmicos como la Revolución industrial, un terremoto económico que transformó, en menos de medio siglo, vastas masas de los habitantes del campo inglés, de campesinos asentados en migrantes sin recursos. Pero si tales avalanchas destructivas son excepcionales en la historia de las clases, son un evento común en la esfera de los contactos culturales entre pueblos de diversas razas. Intrínsecamente, las condiciones son las mismas. La diferencia reside principalmente en el hecho de que una clase social forma parte de una sociedad que habita la misma área geográfica, mientras que el contacto cultural ocurre de ordinario entre sociedades asentadas en diferentes regiones geográficas. En ambos casos, es posible que el contacto tenga un efecto devastador sobre la parte más débil. La causa de la degradación no es entonces la explotación económica, como suele suponerse, sino la desintegración del ambiente cultural de la víctima. Naturalmente, el proceso económico podría proveer el vehículo de la destrucción, y casi invariablemente la inferioridad económica hará que el débil se rinda, pero la causa inmediata de tal rendición no es por esa razón económica, sino que reside en el daño letal causado a las instituciones donde está incorporada su existencia social. El resultado es una pérdida del respeto a sí mismo y de los niveles de vida, ya sea la unidad un pueblo o una clase, ya derive el proceso del llamado «conflicto cultural» o de un cambio en la posición de una clase dentro de los confines de una sociedad.

Para el estudioso del capitalismo temprano, el paralelo es muy significativo. La condición actual de algunas tribus nativas de África se asemeja indudablemente a la de las clases trabajadoras inglesas durante los primeros años del siglo XIX. El kaffir de Sudáfrica, un salvaje noble que en su kraal nativo se sentía socialmente más seguro que nadie, se ha transformado en una variedad humana de los animales domesticados a medias, vestido con «los andrajos horribles, asquerosos, que no usaría el hombre blanco más degenerado»[85], un ser indescriptible, sin respeto por sí mismo o sin normas, verdadero desecho humano. La descripción nos recuerda el retrato hecho por Robert Owen de sus propios trabajadores cuando les hablaba en Nueva Lanark, diciéndoles cara a cara, de manera tan fría y objetiva como un investigador social podría registrar los hechos, por qué se habían convertido en la gentuza degradada que eran; y la verdadera causa de su degradación no podría describirse mejor que por su existencia en un «vacío cultural», el término usado por un antropólogo[86] para explicar la causa del deterioro cultural de algunas de las valientes tribus negras de África bajo la influencia del contacto con la civilización blanca. Sus artesanías han decaído, las condiciones políticas y sociales de su existencia han sido destruidas; se están muriendo de aburrimiento, según la famosa frase de Rivers, o malgastando sus vidas y su sustancia en la disipación. Mientras que su propia cultura no les ofrece ya ningunos objetivos dignos de esfuerzo o sacrificio, la petulancia y los prejuicios raciales impiden su participación adecuada en la cultura de los intrusos blancos[87]. Si sustituimos la barrera del color por la barrera social, surgen las «Dos naciones» del decenio de 1840, ya que el kaffir ha sido debidamente remplazado por los habitantes de tugurios de las novelas de Kingsley.

Sin embargo, algunos de quienes convendrían plenamente en que la vida en un vacío cultural no es vida en absoluto parecen esperar que las necesidades económicas llenen automáticamente ese vacío y hagan aparecer a la vida digna de ser vivida bajo cualesquiera condiciones. Este supuesto se ve claramente refutado por el resultado de la investigación antropológica. «Las metas por las que trabajarán los individuos están culturalmente determinadas, y no son una respuesta del organismo a una situación externa culturalmente indefinida, como una mera escasez de alimento», dice la doctora Mead.

El proceso por el que un grupo de salvajes se convierte en una cuadrilla de mineros del oro o de marineros, o simplemente pierde todo incentivo para el esfuerzo y se muere sin dolor al lado de corrientes todavía llenas de peces, puede parecer tan extraño, tan ajeno a la naturaleza de la sociedad y su funcionamiento normal, hasta ser patológico, [pero] precisamente le ocurrirá esto, por regla general, a un pueblo que experimente un cambio violento, externamente introducido o por lo menos externamente producido…

Y concluye la doctora Mead: «Este contacto rudo, este desarraigo de personas sencillas de sus mores, es tan frecuente que debiera merecer la atención seria del historiador social».

Pero el historiador social no se da por enterado. Todavía se niega a ver que la fuerza elemental del contacto cultural, que está revolucionando ahora al mundo colonial, es el mismo que un siglo atrás creara las escenas sombrías del capitalismo temprano. Un antropólogo[88] obtuvo la inferencia general:

A pesar de numerosas divergencias, hay ahora entre los pueblos exóticos las mismas dificultades básicas que existían entre nosotros hace varios decenios o siglos. Los nuevos instrumentos técnicos, el nuevo conocimiento, las nuevas formas de la riqueza y el poder incrementaron la movilidad social, es decir, la migración de los individuos, el ascenso y descenso de las familias, la diferenciación de los grupos, nuevas formas de liderazgo, nuevos modelos de vida, diferentes valuaciones.

La penetrante mente de Thurnwald reconoció que la catástrofe cultural afrontada ahora por la sociedad negra se asemeja mucho a la de una gran parte de la sociedad blanca en los primeros días del capitalismo. Sólo el historiador social pasa todavía por alto la analogía.

Nada oscurece nuestra visión social tan efectivamente como el prejuicio economicista. La explotación ha sido puesta tan persistentemente en el primer plano del problema colonial que este punto merece una atención especial. De igual modo, la explotación en un sentido humanitariamente obvio se ha perpetrado tan a menudo, con tanta persistencia y crueldad contra los pueblos atrasados del mundo, por el hombre blanco, que sería insensato no concederle un lugar prominente en cualquier discusión del problema colonial. Pero es precisamente este hincapié que se hace en la explotación lo que tiende a ocultar de nuestra vista la cuestión más amplia aún de la degeneración cultural. Si se define la explotación en términos estrictamente económicos como una inadecuación permanente de las razones del intercambio, resulta dudoso que haya en efecto una explotación. La catástrofe de la comunidad nativa es un resultado directo de la destrucción rápida y violenta de las instituciones básicas de la víctima (parece enteramente irrelevante que se use o no la fuerza en el proceso). Estas instituciones son destruidas por el hecho mismo de que se introduce una economía de mercado en una comunidad organizada de modo enteramente diferente; la mano de obra y la tierra se convierten en mercancías, lo que de nuevo es una fórmula breve para la liquidación de toda institución cultural en una sociedad orgánica. Los cambios ocurridos en las cifras del ingreso y de la población son evidentemente inconmensurables con tal proceso. Por ejemplo, ¿quién negaría que un pueblo anteriormente libre es explotado al ser sometido a la esclavitud, aunque su nivel de vida haya mejorado, en algún sentido artificial, en el país al que fue vendido, por comparación con el nivel que tenía en su bosque nativo? Y sin embargo, nada se alteraría si supusiéramos que los nativos conquistados habían sido dejados en libertad y ni siquiera hubiesen tenido que pagar en exceso los baratos productos de algodón que se les entregaban, y que su inanición era causada «sólo» por la destrucción de sus instituciones sociales.

Veamos el famoso caso de la India. En la segunda mitad del siglo XIX, las masas indias no morían de hambre porque fuesen explotadas por Lancashire; perecían en gran número porque la comunidad aldeana india había sido demolida. No hay duda de que esto se debía a las fuerzas de la competencia económica, es decir, el desplazamiento permanente del chaddar tejido a mano por las piezas hechas a máquina; pero ello prueba lo contrario de la explotación económica, ya que la producción excesivamente abundante implica lo contrario del recargo. La fuente efectiva de las hambrunas de los últimos 50 años fue la libre comercialización de los granos combinada con la baja local de los ingresos. Por supuesto, el fracaso de las cosechas formaba parte del escenario, pero el envío de granos por ferrocarril posibilitaba el envío de socorro a las áreas amenazadas; el problema era que la gente no podía comprar granos a precios tan elevados, lo que en un mercado libre, pero incompletamente organizado, tenía que ser la reacción ante una escasez. En épocas anteriores se habían mantenido pequeños inventarios para hacer frente al fracaso de las cosechas, pero tales inventarios se habían suspendido o se habían diluido en el gran mercado. Por esta razón, la prevención de la hambruna asumía ahora la forma de obras públicas para que la población pudiera comprar a precios mayores. Así pues, las tres o cuatro grandes hambrunas que diezmaron a la India bajo el gobierno británico desde la rebelión no se debían a los elementos, ni a la explotación, sino simplemente a la nueva organización del mercado de la mano de obra y la tierra que destruyó a la antigua aldea sin resolver efectivamente sus problemas. Mientras que bajo el régimen del feudalismo y de la comunidad aldeana la noblesse oblige, la solidaridad del clan y la regulación del mercado de granos prevenían las hambrunas, bajo la regla del mercado no podía impedirse que la gente pasara hambre de acuerdo con las reglas del juego. El término «explotación» describe mal una situación que sólo se volvió realmente grave después de la abolición del duro monopolio de la East India Company y la introducción del libre comercio en la India. Bajo los monopolistas, la situación se había controlado con el auxilio de la organización arcaica del campo, incluida la distribución gratuita de granos, mientras que bajo el intercambio libre e igual perecieron millones de indios. En términos económicos, es posible que la India se haya beneficiado —y no hay duda de que se benefició a largo plazo— pero socialmente se desorganizó y así cayó víctima de la miseria y la degradación.

Por lo menos en algunos casos, lo opuesto a la explotación, si podemos decirlo así, inició la desintegración del contacto cultural. La distribución forzada de tierras a los indios estadounidenses, en 1887, los benefició individualmente, de acuerdo con nuestra escala financiera. Pero esa medida destruyó a la raza en su existencia física, y éste es el caso más prominente de degeneración cultural que se ha registrado. El genio moral de un John Collier remedió la situación casi medio siglo más tarde, al insistir en la necesidad de un retorno a los predios tribales: ahora, la comunidad india estadunidense está viva de nuevo, por lo menos en algunos lugares, y lo que realizó el milagro no fue el mejoramiento económico sino la restauración social. El choque de un contacto cultural devastador se registró en el patético surgimiento de la famosa versión de la Danza de los espectros del Juego de la mano pawnee, alrededor de 1890, precisamente cuando el mejoramiento de las condiciones económicas volvía anacrónica a la cultura aborigen de estos Indios rojos. Además, el hecho de que ni siquiera una población creciente —el otro índice económico— excluya necesariamente el surgimiento de una catástrofe cultural se ha establecido también gracias a la investigación antropológica. Las tasas naturales de crecimiento de la población podrían ser efectivamente un índice de la vitalidad cultural o de la degradación cultural. El significado original de la palabra «proletario», que conecta la fecundidad con la mendicidad, es una expresión clara de esta ambivalencia.

El prejuicio economicista fue la fuente de la teoría cruda de la explotación del capitalismo temprano y del error no menos crudo, aunque más académico, que negó más tarde la existencia de una catástrofe social. La implicación importante de esta interpretación más reciente de la historia fue la rehabilitación de la economía del laissez-faire. Porque si la economía liberal no provocó el desastre, entonces el proteccionismo, que privó al mundo de los beneficios de los mercados libres, fue un crimen imperdonable. El mismo término de «Revolución industrial» se rechazaba ahora como expresión de una idea exagerada de lo que era esencialmente un lento proceso de cambio. Insistían estos académicos en que no había ocurrido más que un desenvolvimiento gradual de las fuerzas del progreso tecnológico que transformó la vida de los individuos; muchos padecieron sin duda en el curso del cambio, pero en general hubo un mejoramiento continuo. Este resultado feliz fue el efecto de la operación casi inconsciente de fuerzas económicas que realizaban su obra benéfica a pesar de la interferencia de algunos impacientes que exageraban las dificultades inevitables de la época. La inferencia no era nada menos que una negativa de que la sociedad se hubiese visto amenazada por el peligro de la nueva economía. Si la historia revisada de la Revolución industrial hubiese sido verídica, el movimiento proteccionista habría carecido de toda justificación objetiva y el laissez-faire se habría vindicado. La falacia materialista en lo referente a la naturaleza de la catástrofe social y cultural impulsó así la leyenda de que todos los males de la época habían sido causados por nuestro alejamiento del liberalismo económico.

En suma, ningún grupo o clase singular fue la fuente del llamado movimiento colectivista, aunque el resultado se vio decisivamente influido por el carácter de los intereses clasistas involucrados. En última instancia, lo que hizo que ocurrieran las cosas fueron los intereses de la sociedad en conjunto, aunque su defensa —con todo y la explotación— correspondió primordialmente a una sección de la población en preferencia a otra. Parece razonable que agrupemos nuestra explicación del movimiento proteccionista alrededor de las sustancias sociales puestas en peligro por el mercado y no alrededor de los intereses clasistas.

Los puntos de peligro se determinaron por las direcciones principales del ataque. El mercado de mano de obra competitivo afectó al poseedor de la fuerza de trabajo, es decir, al hombre. El libre comercio internacional era primordialmente una amenaza para la mayor de las industrias dependientes de la naturaleza, es decir, la agricultura. El patrón oro ponía en peligro a las organizaciones productivas cuyo funcionamiento dependía del movimiento relativo de los precios. En cada uno de estos campos se desarrollaron los mercados, lo que implicaba una amenaza latente para la sociedad en algunos aspectos vitales de su existencia.

Pueden distinguirse sin dificultad los mercados de mano de obra, de tierra y de dinero; pero no pueden distinguirse con tanta facilidad las partes de una cultura cuyo núcleo está formado por seres humanos, por su ambiente natural y por sus organizaciones productivas, respectivamente. El hombre y la naturaleza son prácticamente uno en la esfera cultural; y el aspecto monetario de la empresa productiva interviene sólo en un interés socialmente vital, a saber: la unidad y la cohesión de la nación. Así pues, mientras que los mercados de las mercancías ficticias llamadas mano de obra, tierra y dinero eran distintos y separados, las amenazas que involucraban para la sociedad no eran siempre estrictamente separables.

A pesar de eso, un bosquejo del desarrollo institucional de la sociedad occidental durante los 80 años críticos (1834-1914) podría referirse a cada uno de estos puntos de peligro en términos similares. Porque ya se tratara del hombre, de la naturaleza o de la organización productiva, la organización del mercado se convirtió en un peligro, y grupos o clases definidos presionaron en favor del proteccionismo. En cada caso, el considerable retraso existente entre el desarrollo inglés, continental y estadunidense tuvo consecuencias importantes, pero la contracorriente proteccionista había creado una situación análoga en todos los países occidentales hacia el final del siglo.

En consecuencia, nos ocuparemos por separado de la defensa del hombre, la naturaleza y la organización productiva: un movimiento de autoconservación como resultado del cual surgió un tipo de sociedad más estrechamente conectado, pero al que amenazaba la destrucción total.

XIV. El hombre y el mercado

La separación del trabajo de otras actividades de la vida y su sometimiento a las leyes del mercado equivalió a un aniquilamiento de todas las formas orgánicas de la existencia y su sustitución por un tipo de organización diferente, atomizado e individualista.

Tal plan de destrucción se vio muy bien servido por la aplicación del principio de la libertad de contrato. Esto significaba, en la práctica, que habrían de liquidarse las organizaciones no contractuales del parentesco, la vecindad, la profesión y el credo, porque reclamaban la lealtad del individuo y así restringían su libertad. La representación de este principio como la ausencia de interferencia, como lo hacían los liberales económicos, sólo expresaba un prejuicio arraigado en favor de una clase definida de interferencia: la que destruyera las relaciones no contractuales existentes entre los individuos e impidiera su reformación espontánea.

Este efecto del establecimiento de un mercado de mano de obra es evidente ahora en las regiones coloniales. Los nativos se ven obligados a ganarse la vida vendiendo su trabajo. Para tal fin, sus instituciones tradicionales deben ser destruidas, y debe impedirse su reconstitución, ya que el individuo de la sociedad primitiva no está en general amenazado por la inanición, a menos que toda la comunidad afronte tal situación. Bajo el sistema de tierra kraal de los kaffir, por ejemplo, «la destitución es imposible: quienquiera que necesite ayuda la recibirá incuestionablemente»[89]. Ningún kwakiutl «corrió jamás el riesgo de padecer hambre»[90]. «No hay inanición en las sociedades que viven en el margen de subsistencia»[91]. El principio de la ausencia de inanición se reconoció también en la comunidad aldeana india, y casi bajo cualquier tipo de organización social hasta principios del siglo XVI en Europa, cuando se debatían en la Sorbona las ideas modernas sobre los pobres sugeridas por el humanista Vives. Es la ausencia de la amenaza de inanición individual lo que vuelve a la sociedad primitiva, en cierto sentido, más humana que la economía de mercado, y al mismo tiempo menos económica. Irónicamente, la contribución inicial del hombre blanco al mundo del hombre negro consistió principalmente en su introducción a los usos del flagelo del hambre. Por ejemplo, los colonizadores podrían decidir la tala de árboles del pan a fin de crear una escasez artificial de alimentos, o podrían imponer a los nativos una tributación por choza para obligarlos a ofrecer su trabajo. En ambos casos, el efecto será similar al de los cercamientos de los Tudor con su secuela de hordas vagabundas. Un reporte de la Liga de las Naciones señalaba con justificado horror la aparición reciente de esa figura ominosa del escenario europeo del siglo XVI, el «hombre sin amo», en el breñal africano[92]. A fines de la Edad Media, esta figura se había encontrado sólo en los «intersticios» de la sociedad[93]. Pero fue el antecesor del trabajador nómada del siglo XIX[94].

Ahora bien, lo que todavía puede practicar ocasionalmente el hombre blanco en las regiones remotas de hoy, la destrucción de estructuras sociales para extraer de ellas el elemento del trabajo, lo hicieron hombres blancos a poblaciones blancas, para propósitos similares, durante el siglo XVIII. La grotesca visión que del Estado tenía Hobbes —un Leviatán humano cuyo enorme cuerpo estaba integrado por un número infinito de cuerpos humanos— se vio ampliamente superada por la construcción ricardiana del mercado de mano de obra: un flujo de vidas humanas cuya oferta estaba regulada por la cantidad de alimentos puesta a su disposición. Aunque se reconoció que existía un nivel tradicional, más allá del cual no podrían bajar los salarios de los trabajadores, se pensaba también que esta limitación se haría efectiva sólo si el trabajador se veía reducido a la elección de quedarse sin alimento u ofrecer su trabajo en el mercado por el precio que alcanzara. Por cierto, esto explica una omisión por lo demás inexplicable de los economistas clásicos, a saber: por qué sólo el castigo de la inanición, no la atracción de los salarios elevados, se consideraba capaz de crear un mercado de mano de obra funcional. También aquí, la experiencia colonial ha confirmado la de tales economistas. Porque entre mayores sean los salarios, menor será el incentivo para que los nativos se esfuercen, ya que al revés de lo que ocurre con el hombre blanco los nativos no se ven impulsados por sus patrones culturales a ganar todo el dinero que se pueda. La analogía era más notable aún por el hecho de que también los primeros obreros aborrecían la fábrica, donde se sentían degradados y torturados, como los nativos que a menudo se resignan a trabajar a nuestro modo sólo cuando se ven amenazados con el castigo corporal, si no es que con la mutilación física. Los fabricantes de Lyon del siglo XVIII pedían bajos salarios primordialmente por razones sociales[95]. Afirmaban que sólo un obrero excesivamente trabajado y deteriorado renunciaría a asociarse con sus camaradas para escapar de la condición de servidumbre personal en la que podía obligársele a hacer lo que su amo deseara. La compulsión legal y la servidumbre parroquial como en Inglaterra, los rigores de una política laboral absolutista como en el continente, el trabajo obligatorio como en las primeras colonias americanas, eran las condiciones del «trabajador obediente». Pero se alcanzó la etapa final con la aplicación del «castigo de la naturaleza»: el hambre. A fin de desatar tal castigo, había necesidad de liquidar la sociedad orgánica, la que se negaba a permitir que el individuo se muriera de hambre.

La protección de la sociedad se encomienda en primera instancia a los gobernantes, quienes pueden imponer directamente su voluntad. Sin embargo, los liberales económicos suponen con demasiada facilidad que los gobernantes económicos tienden a ser benéficos, lo que no ocurre con los gobernantes políticos. Adam Smith no parecía pensar así cuando aconsejaba la imposición del gobierno británico directo en la India, en lugar de la administración ejercida a través de una compañía certificada. Afirmaba Smith que los gobernantes políticos tendrían intereses paralelos a los de los gobernados cuya riqueza incrementaría sus recaudaciones, mientras que los intereses de los comerciantes eran naturalmente antagónicos de los intereses de sus clientes.

Por interés e inclinación, correspondió a los terratenientes de Inglaterra la protección de la vida de la gente común frente a los ataques de la Revolución industrial. Speenhamland fue un foso cavado en defensa de la organización rural tradicional, cuando el remolino del cambio estaba barriendo al campo, y de paso convirtiendo a la agricultura en una industria precaria. En su renuencia natural a plegarse a las necesidades de las ciudades manufactureras, los terratenientes fueron los primeros en oponer resistencia en la que seria la batalla perdida del siglo. Pero su resistencia no era vana; impidió la ruina por varias generaciones y ganó tiempo para un reajuste casi completo. Durante un periodo crítico de 40 años, retardó el progreso económico, y en 1834, cuando el parlamento de la reforma abolió a Speenhamland, los terratenientes cambiaron su resistencia hacia las leyes fabriles. La Iglesia y el feudo estaban azuzando ahora a la gente contra los propietarios de fábricas cuyo predominio haría irresistible el clamor por los alimentos baratos, lo que indirectamente amenazaría con reducir las rentas y los diezmos. Oastler, por ejemplo, era «un eclesiástico, un tory y un proteccionista»[96]; además, era también un humanitario. También lo eran, con mezclas variadas de estos ingredientes de socialismo tory, los otros grandes luchadores del movimiento fabril: Sadler, Southey y lord Shaftesbury. Pero la premonición de las amenazantes pérdidas pecuniarias que impulsó al grueso de sus seguidores estaba muy bien fundada: los exportadores de Manchester estaban pronto clamando por salarios más bajos que involucraban granos más baratos: la derogación de Speenhamland y el crecimiento de las fábricas allanó efectivamente el camino para el éxito de la agitación contra las Leyes de granos en 1846. Sin embargo, por otras razones, la ruina de la agricultura se pospuso en Inglaterra durante toda una generación. Mientras tanto, Disraeli basaba el socialismo tory en una protesta contra la reforma a la Ley de pobres, y los terratenientes conservadores de Inglaterra imponían a una sociedad industrial técnicas de vida radicalmente nuevas. La Ley de las diez horas de 1847, que Karl Marx aclamara como la primera victoria del socialismo, fue obra de reaccionarios ilustrados.

Los propios trabajadores tuvieron escasamente alguna influencia sobre este gran movimiento que tuvo el efecto, en sentido figurado, de permitir que sobrevivieran durante el pasaje intermedio. Tuvieron casi tan poco que decir en la determinación de su propio destino como la carga negra de los barcos de Hawkins. Pero fue precisamente esta ausencia de una participación activa de la clase trabajadora británica en la decisión de su propio destino lo que determinó el curso de la historia social inglesa y lo hizo, para bien o para mal, tan diferente del curso seguido en el continente.

Hay algo peculiar en las excitaciones aleatorias, los fracasos y errores de una clase naciente, cuya verdadera naturaleza ha revelado la historia desde hace largo tiempo. En términos políticos, la clase trabajadora británica que definida por la Ley de reforma parlamentaria de 1832 que le negó el voto; en términos económicos, por el Acta de reforma de la Ley de pobres de 1834, que la excluía del subsidio y la distinguía de los indigentes. Durante algún tiempo, la clase trabajadora industrial no estaba segura de que su salvación no residiera después de todo en un retorno a la existencia rural y las condiciones de la artesanía. En los dos decenios siguientes a Speenhamland, sus esfuerzos se concentraron en la cesación del libre uso de la maquinaria, ya fuese mediante la aplicación de las cláusulas del aprendizaje del Estatuto de artífices o mediante la acción directa como en el ludismo. Esta actitud de mirar hacia atrás persistió como una corriente subterránea a través del movimiento de Owen hasta fines de los años cuarenta, cuando la Ley de las diez horas, el eclipse del Cartismo y el inicio de la Edad dorada del capitalismo nublaron la visión del pasado. Hasta entonces, la clase trabajadora británica in statu nascendi era un enigma para ella misma; y sólo si seguimos con entendimiento sus esfuerzos seminconscientes podremos apreciar la inmensidad de la pérdida experimentada por Inglaterra a través de la exclusión de la clase trabajadora de una participación igual en la vida nacional. Cuando el owenismo y el cartismo se habían disipado, Inglaterra se había empobrecido por esa sustancia con la que el ideal anglosajón de una sociedad libre pudo haberse fortalecido para varios siglos futuros.

Aunque el movimiento owenista hubiese producido sólo actividades locales insignificantes, habría constituido un monumento a la imaginación creativa de la raza, Y aunque el cartismo no salió jamás de los confines del núcleo que concebía la idea de una «fiesta nacional» para ganar los derechos del pueblo, habría demostrado que algunos miembros del pueblo eran capaces todavía de soñar sus propios sueños, y estaban tomando la medida de una sociedad que había olvidado la forma del hombre. Pero no ocurrió ni una cosa ni otra. El owenismo no fue la inspiración de una secta pequeña, ni el cartismo se restringió a una élite política; ambos movimientos involucraron a centenares de miles de practicantes de oficios y artesanos, jornaleros y trabajadores, y con sus numerosos partidarios se colocaron entre los movimientos sociales más grandes de la historia moderna. Pero aunque eran tan diferentes y sólo coincidieron en la medida de su fracaso, estos movimientos sirvieron para probar cuán inevitable era desde el principio la necesidad de proteger al hombre contra el mercado.

El Movimiento owenista no era originalmente político ni de la clase trabajadora. Representaba las aspiraciones de la gente común, aplastada por la llegada de la fábrica, para descubrir una forma de existencia que hiciera del hombre el amo de la máquina. En esencia, buscaba lo que para nosotros parecería una evitación del capitalismo. Por supuesto, tal fórmula no podría dejar de ser algo engañosa, porque todavía se desconocían el papel organizador del capital y la naturaleza del mercado autorregulado. Sin embargo, es posible que constituya la mejor expresión del espíritu de Owen, quien obviamente no era un enemigo de la máquina. Creía Owen que, a pesar de la máquina, el hombre debiera seguir siendo su propio empleador; el principio de la cooperación o la «unión» resolvería el problema de la máquina sin sacrificar la libertad individual ni la solidaridad social, ni la dignidad del hombre ni su simpatía con sus semejantes.

La fuerza del owenismo residía en el hecho de que su inspiración era eminentemente práctica, pero sus métodos se basaban en una apreciación del hombre como un todo. Aunque los problemas eran intrínsecamente los de la vida cotidiana tales como la calidad de la alimentación, la vivienda y la educación, el nivel de los salarios, la evitación del desempleo, el sostén en la enfermedad y desgracias semejantes, las cuestiones involucradas eran tan amplias como las fuerzas morales a las que apelaban. La convicción de que la existencia del hombre podría restablecerse si sólo se encontrara el método correcto, permitió que las raíces del movimiento penetraran a esa capa más profunda donde se forma la personalidad misma. Raras veces se ha contemplado un movimiento social de alcance similar menos intelectualizado; las convicciones de quienes participaban en tal movimiento imbuían de significado incluso sus actividades aparentemente más triviales, de modo que no se necesitaba ningún credo establecido. En efecto, su fe era profética, ya que insistían en métodos de reconstrucción que trascendían a la economía de mercado.

El owenismo era una religión de la industria cuyos fieles eran los miembros de la clase trabajadora[97]. Su riqueza de formas e iniciativas no tenía rival. Prácticamente fue el inicio del movimiento sindical moderno. Se fundaron sociedades cooperativas, dedicadas principalmente al comercio de menudeo con sus miembros. Por supuesto, no se trataba de cooperativas de consumidores regulares, sino de tiendas apoyadas por entusiastas decididos a dedicar los beneficios de la aventura a la promoción de los planes owenistas, preferiblemente al establecimiento de Aldeas de cooperación. «Sus actividades eran tan educativas y propagandistas como comerciales; su objetivo era la creación de la Nueva sociedad mediante su esfuerzo asociado». Las «Tiendas sindicales», establecidas por miembros de los sindicatos, eran más bien cooperativas de productores donde los artesanos desempleados podían encontrar trabajo, o en el caso de las huelgas, ganar algo de dinero en lugar del subsidio de huelga. En la «Bolsa de trabajo» owenista, la idea de la tienda cooperativa se convirtió en una institución sui generis. En la base de la Bolsa o el Bazar se encontraba la confianza en la naturaleza complementaria de los oficios; al proveer a sus necesidades recíprocas, los artesanos se emanciparían de los altibajos del mercado; esto se vio acompañado más tarde por el uso de notas de trabajo que tuvieron una circulación considerable. Tal dispositivo podría parecer fantástico en la actualidad; pero en la época de Owen no se había explorado todavía el carácter del trabajo asalariado ni el de los billetes bancarios. El socialismo no era esencialmente diferente de los proyectos e inventos rebosantes en el movimiento benthamista. No sólo la oposición rebelde, sino también la respetable clase media, tenía todavía un talante experimental. El propio Jeremy Bentham invirtió en el proyecto de educación futurista de Owen en Nueva Lanark, y ganó un dividendo. Las Sociedades owenistas propiamente dichas eran asociaciones o clubes diseñadas en apoyo a los planes de Aldeas de cooperación como las que describimos en conexión con el subsidio otorgado a los pobres; éste fue el origen de la cooperativa de productores agrícolas, una idea de larga y distinguida prosapia. La primera organización nacional de productores con propósitos sindicalistas fue la Unión de constructores operativos, que trataba de regular directamente la actividad de la construcción mediante la creación de «edificios a la escala más extensa», la introducción de una moneda propia, y la aportación de los medios necesarios para la realización de «la gran asociación para la emancipación de las clases productivas». Las cooperativas de productores industriales del siglo XIX datan de esta aventura. Fue de la Unión o el Gremio de constructores y su «parlamento» que surgió el sindicato consolidado de oficios, más ambicioso aún, que durante breve tiempo incluyó a casi un millón de trabajadores y artesanos en su laxa federación de sindicatos y sociedades cooperativas. Su idea era la revuelta industrial por medios pacíficos, lo que no parecerá una contradicción en cuanto recordemos que en el amanecer mesiánico de su movimiento se suponía que la mera consciencia de su misión volvía irresistibles las aspiraciones de los trabajadores. Los mártires de Tolpuddle pertenecían a una rama rural de esta organización. La propaganda en favor de la legislación fabril se encargó a las Sociedades de regeneración; luego se fundaron sociedades éticas, antecesoras del movimiento secularista. En este ambiente se desarrolló plenamente la idea de la resistencia no violenta. Como el saint-simonianismo en Francia, el owenismo en Inglaterra exhibía todas las características de la inspiración espiritual; pero mientras que Saint-Simon trabajaba por un renacimiento del cristianismo, Owen fue el primer oponente del cristianismo entre los líderes modernos de la clase trabajadora. Por supuesto, las cooperativas de consumidores de Gran Bretaña, que encontraron imitadores por todo el mundo, fueron el fruto más eminentemente práctico del owenismo. El hecho de que su ímpetu se haya perdido —o mejor dicho, se haya mantenido sólo en la periferia del movimiento de los consumidores— fue la mayor derrota singular de las fuerzas espirituales en la historia industrial de Inglaterra. Pero un pueblo que —después de la degradación moral del periodo de Speenhamland— poseía todavía la resistencia requerida por un esfuerzo creativo tan imaginativo y sostenido, debe de haber tenido un vigor intelectual y emocional casi ilimitado.

El owenismo, con su dedicación al hombre como un todo, tenía todavía algo de esa herencia medieval de la vida corporativa que encontró su expresión en el Gremio de constructores y en el escenario rural de su ideal social, las Aldeas de cooperación. Aunque fue la fuente del socialismo moderno, sus propuestas no se basaban en la cuestión de la propiedad, que sólo es el aspecto legal del capitalismo. Al enfocar el nuevo fenómeno de la industria, como lo había hecho Saint-Simon, reconoció el desafío de la máquina. Pero, el rasgo característico del owenismo era su insistencia en el enfoque social: se negaba a aceptar la división de la sociedad en una esfera económica y una esfera política, y en efecto rechazaba por esa razón la acción política. La aceptación de una esfera económica separada habría implicado el reconocimiento del principio de la ganancia y el beneficio como la fuerza organizadora de la sociedad. Owen se negó a hacerlo. Su genio reconoció que la incorporación de la máquina sólo era posible en una sociedad nueva. Para Owen, el aspecto industrial de las cosas no se restringía en modo alguno a lo económico (esto habría implicado una visión comercializadora de la sociedad, lo que él rechazaba). Nueva Lanark le había enseñado que en la vida de un trabajador son los salarios sólo uno de muchos factores tales como el ambiente natural y hogareño, la calidad y los precios de los bienes, la estabilidad del empleo y la seguridad de su posición. (Las fábricas de Nueva Lanark, como lo hicieran antes otras empresas, mantenían a sus empleados en la nómina aunque no tuvieran trabajo para ellos). Pero el ajuste incluía mucho más que eso. La educación de niños y adultos, la provisión de entretenimiento, baile y música, y el supuesto general de elevadas normas morales y personales para viejos y jóvenes, creaban la atmósfera en la que la nueva posición era alcanzada por la población industrial en conjunto. Miles de personas de toda Europa (y aun de los Estados Unidos) visitaban Nueva Lanark como si fuese una reservación del futuro en la que se hubiese realizado la hazaña imposible de operar exitosamente una fábrica con una población humana. Y sin embargo, la empresa de Owen pagaba salarios considerablemente menores que los habituales en algunos pueblos vecinos. Los beneficios de Nueva Lanark surgían principalmente de la alta productividad de la mano de obra en jornadas más cortas, gracias a la excelente organización y al descanso de los trabajadores, ventajas que superaban al incremento de los salarios reales involucrado en las generosas provisiones para una vida decente. Pero tales provisiones explican por sí solas los sentimientos de adulación con los que sus trabajadores se aferraban a Owen. Fue de experiencias como éstas que extrajo Owen el enfoque social —es decir, más amplio que un enfoque puramente económico— para el problema de la industria.

Otro tributo a su perspicacia era el hecho de que, a pesar de esta visión comprensiva, captara la naturaleza incisiva de los hechos físicos concretos que dominaban la existencia del trabajador. Su sentimiento religioso se revolvía contra el trascendentalismo práctico de una Hannah More y sus «Cheap Repository Tracts». Uno de tales relatos elogiaba el ejemplo de una muchacha carbonera de Lancashire que fue bajada al socavón a la edad de nueve años para que actuara como sacadora junto con su hermano, dos años menor[98]. «Alegremente lo siguió [a su padre] hacia el socavón de carbón, hundiéndose en las entrañas de la tierra, y así a una tierna edad, sin excusarse en su sexo, se unió al trabajo con los mineros, una estirpe de hombres duros en verdad, pero muy útiles para la comunidad». El padre murió en un accidente dentro de la mina, a la vista de sus hijos. La niña solicitó entonces un empleo de sirvienta, pero había un prejuicio en su contra porque había sido carbonera, y su solicitud fue rechazada. Por fortuna, por esa dispensa reconfortante por la que las aflicciones se convierten en bendiciones, su abnegación y paciencia se hicieron notar, se realizaron algunas investigaciones en la carbonera, y ella recibió tantas alabanzas que se le dio el empleo. «Esta historia», concluía el relato, «podría enseñar a los pobres que raras veces podrán encontrarse en condición tan baja en la vida que no puedan alcanzar cierto grado de independencia si se esfuerzan, y no puede haber ninguna situación tan vil que impida la práctica de muchas virtudes nobles». Las hermanas More preferían trabajar con trabajadores hambrientos, pero no llegaban a interesarse por sus sufrimientos físicos. Se inclinaban a resolver el problema físico del industrialismo mediante el simple otorgamiento de posición y función a los trabajadores, movidas por la plenitud de su magnanimidad. Hannah More insistía en que el padre de su heroína era un miembro de la comunidad muy útil; el rango de su hija se establecía por el reconocimiento de sus empleadores. Hannah More creía que no se necesitaba más para el funcionamiento de una sociedad[99]. Owen se alejó de un cristianismo que renunciaba a la tarea de dominar el mundo del hombre, y que prefería exaltar la posición y la función imaginarias de la miserable heroína de Hannah More, en lugar de afrontar la horrible revelación que trascendía al Nuevo testamento, de la condición del hombre en una sociedad compleja. Nadie puede dudar de la sinceridad que inspiraba la convicción de Hannah More en el sentido de que entre más plenamente aceptaran los pobres su condición de degradación, con mayor facilidad alcanzarían las delicias celestiales de las que dependían su salvación y el funcionamiento regular de una sociedad de mercado en el que ella creía firmemente. Pero estas envolturas vacías del cristianismo, en las que estaba vegetando la vida interior de los más generosos de las clases altas, contrastaban lastimosamente con la fe creativa de esa religión de la industria en cuyo espíritu estaba el pueblo común de Inglaterra tratando de redimir a la sociedad. No obstante, el capitalismo todavía tenía un futuro por delante.

El Movimiento cartista apelaba a un conjunto de impulsos tan diferentes que casi habría podido pronosticarse su surgimiento tras el fracaso práctico del owenismo y sus prematuras iniciativas. Era un esfuerzo puramente político que trataba de influir sobre el gobierno a través de los canales constitucionales; su intento por presionar al gobierno se desenvolvía por los lineamientos tradicionales del Movimiento de reforma que había obtenido el voto para las clases medias. Los Seis puntos de la Carta demandaban un sufragio popular efectivo. La rigidez absoluta con la que tal extensión del voto fue rechazada por el Parlamento reformado durante un tercio de siglo, el uso de la fuerza en vista del apoyo masivo recibido por la Carta, el horror que sentían los liberales del decenio de 1840 por la idea del gobierno popular, probaban que el concepto de la democracia era extraño para las clases medias inglesas. Sólo cuando la clase trabajadora hubo aceptado los principios de una economía capitalista y los sindicatos habían hecho de la operación regular de la industria su preocupación principal, concedieron las clases medias el voto a los trabajadores mejor ubicados; es decir, mucho tiempo después de que el Movimiento cartista se había apagado y se había puesto en claro que los trabajadores no tratarían de usar su poder de voto en aras de sus propias ideas. Desde el punto de vista de la difusión de las formas de existencia del mercado, esto pudo haber estado justificado porque ayudaba a superar los obstáculos planteados por las formas de vida, orgánicas y tradicionales, sobrevivientes entre los trabajadores. Pero no se realizó la tarea enteramente diferente de la restauración de la gente común cuya vida había sido desarraigada en la Revolución industrial, para llevarla a una cultura nacional común. El otorgamiento del derecho de voto, en un momento en que se había causado un daño irreparable a su capacidad de participación en el liderazgo, no podía restablecer la posición. Las clases gobernantes habían cometido el error de extender el principio del gobierno absolutamente clasista a un tipo de civilización que exigía la unidad cultural y educativa de la mancomunidad para que pudiera librarse de las influencias degenerativas.

El Movimiento Cartista era político y por lo tanto más fácil de comprender que el owenismo. Pero es dudoso que la intensidad emocional, o incluso de la extensión de ese movimiento, pudiera entenderse sin una referencia imaginativa a la época. El periodo de 1789 a 1830 había hecho de la revolución una institución regular en Europa; en 1848, la fecha del levantamiento de París se pronosticó efectivamente, en Berlín y en Londres, con una precisión más habitual en lo referente a la apertura de una feria que a un estallido social, y pronto estallaron revoluciones de «secuela» en Berlín, Viena, Budapest y algunas ciudades italianas. También en Londres había alta tensión, porque todos —incluidos los propios cartistas— esperaban una acción violenta para obligar al Parlamento a otorgar el derecho de voto al pueblo (menos de 15% de los varones adultos tenía ese derecho). En toda la historia de Inglaterra, jamás hubo una concentración comparable de fuerzas listas para la defensa de la ley y el orden que el 12 de abril de 1848; ese día, centenares de miles de ciudadanos estaban preparados, en su capacidad de alguaciles especiales, para esgrimir sus armas en contra de los cartistas. La Revolución de París llegó demasiado tarde para llevar a la victoria un movimiento popular en Inglaterra. Para ese momento se estaba desvaneciendo el espíritu de la revuelta desatada por el Acta de reforma a la Ley de pobres y por los sufrimientos de los Cuarenta hambrientos; la oleada del creciente comercio exterior estaba incrementando el empleo, y el capitalismo empezaba a entregar los bienes. Los cartistas se dispersaron pacíficamente. Su caso no fue considerado siquiera por el Parlamento sino en una fecha posterior, cuando su solicitud fue derrotada por una mayoría de cinco a uno en la Cámara de los Comunes. En vano se habían recolectado millones de firmas. En vano se habían comportado los cartistas como ciudadanos respetuosos de las leyes. Su Movimiento fue destruido por los victoriosos en medio del ridículo. Así terminó el mayor esfuerzo político del pueblo de Inglaterra por constituir a ese país en una democracia popular. Uno o dos años más tarde, el Cartismo había sido olvidado.

La Revolución industrial llegó al continente medio siglo después. La clase trabajadora no había sido expulsada allí de la tierra por un movimiento de cercamientos; más bien, los atractivos de los mayores salarios y la vida urbana hacían que el jornalero agrícola semiservil desertara del feudo y emigrara a la ciudad, donde se unía a la clase media baja tradicional y tenía una oportunidad para adquirir un tono urbano. Lejos de sentirse rebajado, se sentía elevado por su nuevo ambiente. Las condiciones de la vivienda eran sin duda abominables, el alcoholismo y la prostitución proliferaban entre los estratos bajos de los obreros urbanos aun a principios del siglo XX. Pero no había comparación entre la catástrofe moral y cultural del aldeano inglés, o el inquilino de decente prosapia, que se hundía sin remedio en el pantano social y físico de los tugurios de alguna vecindad fabril, y el jornalero agrícola eslovaco, o pomeranio, que cambiaba casi de la noche a la mañana su situación de peón de residencia estable por la de un trabajador industrial en una metrópoli moderna. Un jornalero irlandés o galés, o de las Tierras Altas de occidente, podría haber tenido una experiencia similar al escurrirse por los callejones de Manchester o de Liverpool; pero el hijo del pequeño agricultor inglés, o el aldeano expulsado, no sentían que su posición se hubiese elevado. Pero no era sólo que el campesino burdo del continente, recientemente emancipado, tuviese una buena oportunidad para elevarse hasta el nivel de las clases medias bajas de artesanos y comerciantes con sus antiguas tradiciones culturales, sino que incluso la burguesía, socialmente muy por encima de él, estaba políticamente en su mismo barco, casi tan alejada de las filas de la clase gobernante como el propio campesino. Contra la aristocracia feudal y el episcopado romano, las fuerzas de las nacientes clase media y clase trabajadora estaban estrechamente aliadas. Los intelectuales, en particular los estudiantes universitarios, cementaron la unión existente entre estas dos clases en su ataque común contra el absolutismo y el privilegio. Las clases medias inglesas, ya fuesen agricultores y comerciantes como en el siglo XVII, o granjeros y exportadores como en el siglo XIX, eran suficientemente fuertes para vindicar sus derechos por sí solas, y ni siquiera en su esfuerzo semirrevolucionario de 1832 buscaron el apoyo de los trabajadores. Además, la aristocracia inglesa asimilaba infaliblemente a los más ricos de los recién llegados y ampliaba los estratos superiores de la jerarquía social, mientras que en el continente la aristocracia todavía semifeudal no se casaba con los lujos de la burguesía, y la ausencia de la institución de la primogenitura los aislaba herméticamente de las otras clases. Cada paso afortunado hacia la igualdad de derechos y las libertades beneficiaba así a las clases medias y trabajadoras del continente por igual. Desde 1830, si no es que desde 1789, la tradición continental establecía que la clase trabajadora ayudaría en las batallas de la burguesía contra el feudalismo, aunque sólo fuese —según se decía— para ser engañada por la clase media en la repartición de los frutos de la victoria. Pero independientemente de que la clase trabajadora ganara o perdiera, incrementaba su experiencia, y sus objetivos se elevaban a un nivel político. Esto era lo que significaba la adquisición de una conciencia clasista. Las ideologías marxianas cristalizaban la perspectiva del trabajador urbano, a quien las circunstancias le habían enseñado a usar su fuerza industrial y política como un instrumento de alta política. Mientras que los trabajadores británicos forjaron una experiencia incomparable en los problemas personales y sociales del sindicalismo, incluidas las tácticas y la estrategia de la acción industrial, y dejaban la política nacional a sus superiores, el trabajador de Europa central se convirtió en un socialista político, acostumbrado a manejar los problemas de la gobernación, sobre todo los que se referían a sus propios intereses, como las leyes fabriles y la legislación social.

Si hubo una brecha de medio siglo, aproximadamente, entre la industrialización de Gran Bretaña y la del continente, había una brecha mucho mayor entre el establecimiento de la unidad nacional. Italia y Alemania llegaron apenas durante la segunda mitad del siglo XIX a la etapa de unificación que Inglaterra alcanzara varios siglos atrás, y los pequeños Estados de Europa oriental alcanzaron esa etapa más tarde aún. En este proceso de construcción estatal, las clases trabajadoras desempeñaron un papel vital, lo que incrementó más aún su experiencia política. En la época industrial, tal proceso no podría dejar de incluir a la política social. Bismarck buscó la unificación del Segundo Reich mediante la introducción de un programa de legislación social que hiciera época. La unidad italiana se aceleró por la nacionalización de los ferrocarriles. En la monarquía austro-húngara, esa revoltura de razas y pueblos, la propia corona apeló en repetidas ocasiones a las clases trabajadoras en busca de apoyo para la obra de centralización y de unidad imperial. También en esta esfera más amplia, mediante su influencia sobre la legislación, los partidos socialistas y los sindicatos descubrieron muchos resquicios para servir a los intereses del trabajador industrial.

Los prejuicios materialistas han nublado los grandes lineamientos del problema de la clase trabajadora. A los escritores británicos les ha resultado difícil comprender la terrible impresión causada a los observadores continentales por las condiciones existentes en Lancashire al principio del capitalismo. Tales escritores señalaron los niveles de vida aún más bajos de muchos artesanos de las industrias textiles de Europa central, cuyas condiciones de trabajo eran a menudo quizá tan malas como las de sus camaradas ingleses. Pero tal comparación oscurecía el punto principal, que era precisamente el ascenso de la posición social y política del trabajador del continente, en contraste con el descenso de tal posición en Inglaterra. El trabajador continental no había pasado por el degradante empobrecimiento de Speenhamland, ni había ningún paralelo en su experiencia con la lumbre de la Nueva ley de pobres. De la posición de un aldeano pasó —o se elevó, mejor dicho— a la de un trabajador fabril, y muy pronto a la de un trabajador con derecho al voto y a la sindicalización. Así escapó a la catástrofe cultural que siguió en Inglaterra a la Revolución industrial. Además, el continente se industrializó en una época en que el ajuste a las nuevas técnicas productivas ya se había vuelto posible, gracias casi exclusivamente a la imitación de los métodos ingleses de la protección social[100].

El trabajador continental no necesitaba protegerse tanto contra el impacto de la Revolución industrial —en el sentido social, no hubo jamás tal cosa en el continente— como contra la acción normal de las condiciones fabriles y del mercado de mano de obra. Lo logró principalmente con la ayuda de la legislación, mientras que sus camaradas británicos recurrían en mayor medida a la asociación voluntaria —los sindicatos— y su poder para monopolizar la mano de obra. La seguridad social llegó relativamente mucho más pronto al continente que a Inglaterra. La diferencia se explicaba fácilmente por la inclinación política continental, y por la extensión comparativamente temprana del voto a las masas trabajadoras del continente. La diferencia existente entre los métodos de protección obligatorios y voluntarios —legislación contra sindicalismo— puede exagerarse fácilmente en términos económicos, pero en términos políticos tuvo grandes consecuencias. En el continente, los sindicatos fueron una creación del partido político de la clase trabajadora; en Inglaterra, el partido político fue una creación de los sindicatos. Mientras que en el continente se volvía el sindicalismo más o menos socialista, en Inglaterra hasta el socialismo político seguía siendo esencialmente sindicalista. Por lo tanto, el sufragio universal, que en Inglaterra tendía a incrementar la unidad nacional, tenía a veces el efecto opuesto en el continente. Allí, antes que en Inglaterra, se aplicaban las dudas de Pitt y Peel, Tocqueville y Macaulay, acerca de que el gobierno popular involucrara un peligro para el sistema económico.

En términos económicos, los métodos de la protección social de Inglaterra y del continente condujeron a resultados casi idénticos. Lograron lo que buscaban: la destrucción del mercado del factor de producción conocido como fuerza de trabajo. Tal mercado podría servir a su propósito sólo si los salarios bajaran al igual que los precios. En términos humanos, tal postulado implicaba para el trabajador la inestabilidad extrema de los ingresos, la ausencia total de normas profesionales, una disposición abyecta a ser empujado y pisoteado indiscriminadamente, una dependencia completa de los caprichos del mercado. Mises sostuvo correctamente que si los trabajadores «no actuaban como sindicalistas, sino que reducían sus demandas y cambiaban su ubicación y su ocupación de acuerdo con los requerimientos del mercado de mano de obra, podrían encontrar trabajo eventualmente». Esto resume la posición existente bajo un sistema basado en el postulado del carácter de mercancía del trabajo. La mercancía no puede decidir dónde se ofrecerá en venta, para qué propósito, a qué precio podrá cambiar de manos, y en qué forma deberá consumirse o destruirse. «No se le ha ocurrido a nadie», escribió este liberal consistente, «que la falta de salarios sería un término más apropiado que el de la falta de empleo, porque lo que le falta a la persona desempleada no es trabajo sino la remuneración del trabajo». Mises estaba en lo justo, aunque no debiera reclamar la originalidad; 150 años atrás, el obispo Whately había dicho: «Cuando un hombre implora por trabajo, no pide trabajo sino salario». Sin embargo, es cierto que en términos técnicos «el desempleo se debe en los países capitalistas al hecho de que las políticas gubernamentales y sindicales tratan por igual de mantener un nivel de salarios que no está en armonía con la productividad de la mano de obra existente». ¿Pues cómo podría haber desempleo, preguntaba Mises, si no es por el hecho de que los trabajadores «no están dispuestos a trabajar por los salarios que podrían obtener en el mercado de mano de obra por el trabajo particular que pueden y desean realizar»? Esto pone en claro lo que significa realmente la demanda de movilidad de la mano de obra y flexibilidad de los salarios por parte de los empleadores: precisamente lo que describimos antes como un mercado en el que el trabajo humano es una mercancía.

El objetivo natural de toda la protección social era la destrucción de tal institución y la imposibilidad de su existencia. En realidad, se permitió que el mercado de mano de obra conservara su función principal sólo a condición de que los salarios y las condiciones de trabajo, las normas y las regulaciones fuesen tales que salvaguardaran el carácter humano de la mercancía en cuestión: el trabajo. Cuando se arguye, como a veces se hace, que la legislación social, las leyes fabriles, el seguro de desempleo, y sobre todo los sindicatos, no han interferido con la movilidad de la mano de obra y la flexibilidad de los salarios, se implica que tales instituciones han fracasado por completo en su propósito, que era exactamente el de interferir con las leyes de la oferta y la demanda respecto del trabajo humano, sacándolo de la órbita del mercado.

XV. El mercado y la naturaleza

Lo que llamamos tierra es un elemento de naturaleza inextricablemente ligado a las instituciones humanas. Su aislamiento, para formar un mercado con ella, fue tal vez la más fantástica de todas las hazañas de nuestros ancestros.

Tradicionalmente, la tierra y la mano de obra no están separadas; el trabajo forma parte de la vida, la tierra sigue siendo parte de la naturaleza, la vida y la naturaleza forman un todo articulado. La tierra se liga así a las organizaciones del parentesco, la vecindad, el oficio y el credo; con la tribu y el templo, la aldea, el gremio y la iglesia. Por otra parte, un gran mercado es un arreglo de la vida económica que incluye a los mercados de los factores de producción. Dado que estos factores son indistinguibles de los elementos de las instituciones humanas, el hombre y la naturaleza, puede apreciarse sin dificultad que la economía de mercado involucra a una sociedad cuyas instituciones están subordinadas a los requerimientos del mecanismo de mercado.

La proposición es tan utópica respecto de la tierra como lo es respecto de la mano de obra. La función económica es sólo una de muchas funciones vitales de la tierra. Inviste de estabilidad a la vida del hombre; es el sitio de su habitación; es una condición de su seguridad física; es el paisaje y son las estaciones. Bien podríamos imaginar al hombre naciendo sin manos ni pies, como viviendo sin tierra. Y sin embargo, la separación de la tierra y el hombre, y la organización de la sociedad en forma tal que se satisficieran los requerimientos de un mercado inmobiliario, formaba parte vital del concepto utópico de una economía de mercado.

De nuevo, es en el campo de la colonización moderna que se manifiesta la verdadera importancia de tal aventura. A menudo es irrelevante que el colonizador necesite la tierra como un sitio a causa de la riqueza sepultada en ella, o sólo desee obligar a los nativos a producir un excedente de alimentos y materias primas; tampoco hace gran diferencia el hecho de que el nativo trabaje bajo la supervisión directa del colonizador o sólo bajo alguna forma de compulsión indirecta, ya que en todo caso deberá destruirse primero el sistema social y cultural de la vida nativa.

Hay una analogía estrecha entre la situación colonial actual y la de Europa occidental hace un siglo o dos. Pero es posible que la movilización de la tierra, que en regiones exóticas podría comprimirse en pocos años o decenios, haya requerido en Europa occidental de muchos siglos.

El desafío provino del surgimiento de ciertas formas del capitalismo distintas de las puramente comerciales. Empezando en Inglaterra con los Tudor, había un capitalismo agrícola con su necesidad de un tratamiento individualizado de la tierra, incluyendo las conversiones y los cercamientos. Había el capitalismo industrial que —en Francia al igual que en Inglaterra— era primordialmente rural y necesitaba sitios para sus instalaciones y para el asentamiento de los trabajadores, desde el inicio del siglo XVIII. Más poderoso que todo lo demás, aunque afectaba más al uso de la tierra que a su propiedad, era el surgimiento de las ciudades industriales con su necesidad de abastos prácticamente ilimitados de alimentos y materias primas en el siglo XIX.

Superficialmente, había escasa similitud en las respuestas a estos desafíos, pero eran etapas en la subordinación de la superficie del planeta a las necesidades de una sociedad industrial. La primera etapa era la comercialización del suelo, movilizando la recaudación feudal de la tierra. La segunda era la elevación de la producción de alimentos y materias primas orgánicas para que sirvieran a las necesidades de una población industrial rápidamente creciente a escala nacional. La tercera era la extensión de tal sistema de producción excedente a los territorios extranjeros y coloniales. Con este último paso, la tierra y sus productos encajaban finalmente en el esquema de un mercado mundial autorregulado.

La comercialización del suelo era sólo otro nombre para la liquidación del feudalismo, iniciada en los centros urbanos occidentales, al igual que en Inglaterra, en el siglo XIV y concluida unos 500 años más tarde en el curso de las revoluciones europeas, cuando se abolieron los vestigios del aldeanismo. La separación del hombre y el suelo significaba la disolución del organismo económico en sus elementos, de modo que cada elemento pudiera encajar en la parte del sistema donde fuese más útil. El nuevo sistema se estableció primero al lado del antiguo, el que trataba de asimilar y absorber, controlando el suelo que todavía se encontraba atado por lazos precapitalistas. Se abolió el secuestro feudal de la tierra. «Se buscaba la eliminación de todas las reclamaciones de las organizaciones de vecindad o parentesco, especialmente las de los aristócratas y las de la Iglesia, reclamaciones que exceptuaban a la tierra del comercio o la hipoteca»[101]. Algo de esto se logró mediante la fuerza y la violencia individuales, algo mediante la revolución desde arriba o desde abajo, algo mediante la guerra y la conquista, algo mediante la acción legislativa, algo mediante la presión administrativa, algo mediante la acción a pequeña escala de personas privadas durante largos periodos de tiempo. El hecho de que la dislocación sanara rápidamente o provocara una herida abierta en el organismo social dependía primordialmente de las medidas tomadas para regular el proceso. Los propios gobiernos introdujeron poderosos factores de cambio y ajuste. La secularización de las tierras de la Iglesia, por ejemplo, fue uno de los fundamentos del Estado moderno hasta la época del Risorgimento italiano, e incidentalmente uno de los conductos principales para la transferencia ordenada de la tierra hacia las manos de individuos privados.

Los pasos más grandes fueron dados por la Revolución francesa y las reformas benthamistas de los decenios de 1830 y 1840. «Existe la condición más favorable para la prosperidad de la agricultura», escribió Bentham, «cuando no hay heredades, ni dotaciones inalienables, ni tierras comunales, ni derecho de redención, ni diezmos…». Tal libertad para manejar la propiedad, y en particular la propiedad de la tierra, formaba parte esencial de la concepción benthamiana de la libertad individual. La extensión de esta libertad en una forma u otra era el objetivo y el efecto de una legislación como la de las Actas de prescripciones, el Acta de herencia, el Acta de multas y recuperaciones, el Acta de la propiedad real, el Acta general de cercamientos de 1801 y sus sucesoras[102], así como las Actas de inquilinato desde 1841 hasta 1926. En Francia y gran parte del continente, el Código napoleónico instituyó las formas de propiedad de la clase media, haciendo de la tierra un bien comerciable y de la hipoteca un contrato civil privado.

El segundo paso, que se traslapaba con el primero, fue la subordinación de la tierra a las necesidades de una población urbana en rápida expansión. Aunque el suelo no puede movilizarse físicamente, su producto sí se puede movilizar de ese modo, si lo permiten los medios de transporte y la ley. «Así pues, la movilidad de los bienes compensa en alguna medida la ausencia de una movilidad interregional de los factores; o bien (lo que es realmente la misma cosa) el comercio mitiga las desventajas de la inadecuada distribución geográfica de las instalaciones productivas»[103]. Tal noción era enteramente extraña para la perspectiva tradicional. «Ni entre los antiguos, ni a principios de la Edad Media —esto debe afirmarse enfáticamente— se compraban y vendían regularmente los bienes de la vida diaria»[104]. Se suponía que los excedentes de granos proveyeran a la vecindad, en particular al pueblo local; hasta el siglo XV, los mercados de granos tenían una organización estrictamente local. Pero el crecimiento de las ciudades indujo a los terratenientes a producir primordialmente para la venta al mercado y —en Inglaterra— el crecimiento de las metrópolis obligaba a las autoridades a aflojar las restricciones impuestas al comercio de granos y permitía que este comercio se volviera regional, aunque nunca nacional.

Eventualmente, la aglomeración de la población en las ciudades industriales de la segunda mitad del siglo XVIII cambió la situación por completo, primero a escala nacional y luego a escala mundial.

La realización de este cambio era el verdadero significado del libre comercio. La movilización del producto de la tierra se extendió desde el campo vecino hasta las regiones tropicales y subtropicales: se aplicó al planeta la división industrial-agrícola del trabajo. En consecuencia, gentes de zonas distantes se vieron atraídas al vórtice del cambio cuyos orígenes no entendían, mientras que las naciones europeas se hacían dependientes, para sus actividades diarias, de una integración todavía no asegurada de la vida de la humanidad. Con el libre comercio surgieron los azares nuevos y tremendos de la interdependencia planetaria.

El alcance de la defensa social contra la dislocación total era tan grande como el frente de ataque. Aunque el derecho común y la legislación en ocasiones aceleraban el cambio, también lo frenaban a veces. Pero el derecho común y la ley estatutaria no actuaban necesariamente en la misma dirección en todo momento dado.

En el advenimiento del mercado de mano de obra, el derecho común desempeñó principalmente un papel positivo: la teoría del trabajo como mercancía fue enunciada en primer término, de manera enfática, por los abogados antes que por los economistas. También en lo referente a las asociaciones de trabajadores y el derecho de la conspiración, el derecho común favorecía a un mercado de mano de obra libre, aunque esto significaba la restricción de la libertad de asociación de los trabajadores organizados.

Pero en lo referente a la tierra, el derecho común cambió su papel de promotor a opositor del cambio. Durante los siglos XVI y XVII, el derecho común insistía a menudo en el derecho del propietario a mejorar su tierra provechosamente, aunque esto involucrara graves dislocaciones en las habitaciones y el empleo. En el continente, este proceso de movilización involucraba, como sabemos, la recepción del derecho romano, mientras que en Inglaterra se mantenía el derecho común y lograba salvar la brecha existente entre los restringidos derechos de propiedad medievales y la propiedad individual moderna sin sacrificar el principio del derecho generado por los jueces, vital para la libertad constitucional. Desde el siglo XVIII, por otra parte, el derecho común de la tierra actuaba como un conservador del pasado frente a la legislación modernizante. Pero eventualmente ganaron los benthamistas, y la libertad de contratación se extendió a la tierra entre 1830 y 1860. Esta tendencia poderosa se revirtió sólo en el decenio de 1870, cuando la legislación alteró su curso radicalmente. Se había iniciado el periodo «colectivista».

La inercia del derecho común se agudizó deliberadamente por obra de estatutos expresamente promulgados para proteger las habitaciones y ocupaciones de las clases rurales contra los efectos de la libertad de contratación. Se emprendió un esfuerzo comprensivo para asegurar cierto grado de salud y salubridad en la vivienda de los pobres, proveyéndolos de asignaciones, dándoles una oportunidad para escapar de los tugurios y de respirar el aire fresco de la naturaleza, el «parque de los caballeros». Los miserables inquilinos irlandeses y los habitantes de los tugurios londinenses se vieron rescatados de las garras de las leyes del mercado por actos legislativos destinados a proteger sus habitaciones contra ese destructor inexorable: el mejoramiento. En el continente, eran principalmente la ley estatutaria y la acción administrativa las que salvaban al inquilino, al campesino, al jornalero agrícola, de los efectos más violentos de la urbanización. Los conservadores prusianos tales como Rodbertus, cuyo socialismo junker influyó en Marx, eran hermanos de sangre de los demócratas Tories de Inglaterra.

Poco tiempo después surgía el problema de la protección en lo referente a las poblaciones agrícolas de países y continentes enteros. Si no se frena al libre comercio internacional, éste eliminará inevitablemente organismos compactos de productores agrícolas cada vez más grandes[105]. Este proceso de destrucción inevitable se agravaba en gran medida por la discontinuidad inherente del desarrollo de medios de transporte modernos, cuya extensión a nuevas regiones del planeta resulta demasiado cara, a menos que pueda aspirarse a un premio elevado. Cuando fructificaron las grandes inversiones involucradas en la construcción de barcos y ferrocarriles, se abrieron continentes enteros y una avalancha de granos cayó sobre la desdichada Europa. Esto contrariaba el pronóstico clásico. Ricardo había expresado como un axioma que la tierra más fértil es la primera en ser colonizada. Esto fue ridiculizado de manera espectacular cuando los ferrocarriles encontraron tierras más fértiles en las antípodas. Afrontando la destrucción total de su sociedad rural, Europa central se vio obligada a proteger a sus campesinos mediante la introducción de leyes de granos.

Pero si los Estados organizados de Europa pudieron protegerse contra la estela del libre comercio internacional, los pueblos coloniales políticamente desorganizados no pudieron hacerlo. La revuelta contra el imperialismo fue principalmente un esfuerzo de pueblos exóticos por alcanzar la posición política necesaria para protegerse de las dislocaciones sociales provocadas por las políticas comerciales europeas. La protección que el hombre blanco podía procurarse fácilmente, a través de la posición soberana de sus comunidades, estaba fuera del alcance del hombre de color mientras careciera de un gobierno político.

Las clases mercantiles patrocinaron la demanda de movilización de la tierra. Cobden sorprendió a los terratenientes de Inglaterra con su descubrimiento de que la agricultura era «negocio» y que quienes quebraran deberían abandonar la actividad. Las clases trabajadoras se manifestaron a favor del libre comercio en cuanto se hizo evidente que abarataba los alimentos. Los sindicatos se convirtieron en los bastiones del antiagrarismo, y el socialismo revolucionario calificó a los campesinos del mundo como una masa indiscriminada de reaccionarios. La división internacional del trabajo era indudablemente un credo progresista; y sus oponentes se reclutaban a menudo entre aquellos cuyo juicio estaba viciado por los intereses creados o por la falta de inteligencia natural. Las pocas mentes independientes y desinteresadas que descubrieron las falacias del libre comercio irrestricto eran demasiado escasas para causar alguna impresión.

Pero sus consecuencias no eran menos reales por el hecho de que no se reconocieran conscientemente. En efecto, la gran influencia de los intereses terratenientes en Europa occidental, y la sobrevivencia de las formas de vida feudales en Europa central y oriental durante el siglo XIX, se explican fácilmente por la vital función protectora de estas fuerzas en el retardamiento de la movilización de la tierra. A menudo se planteaba este interrogante: ¿qué permitía que la aristocracia feudal del continente mantuviera su control en el estado de clase media, una vez que había perdido las funciones militares, judiciales y administrativas a las que debía su ascenso? La teoría de las «sobrevivencias» se aducía a veces como una explicación según la cual las instituciones o los rasgos sin función podrían continuar existiendo en virtud de la inercia. Pero sería preferible afirmar que ninguna institución sobrevive jamás a su función: cuando parece hacerlo, ello ocurre porque sirve a alguna otra función, u otras funciones, que no incluyen necesariamente a la original. Por ejemplo, el feudalismo y el conservadurismo terrateniente conservaron su vigor mientras sirvieron a un propósito que resultó ser el de la restricción de los desastrosos efectos de la movilización de la tierra. Para este momento, los partidarios del libre comercio habían olvidado que la tierra formaba parte del territorio del país, y que el carácter territorial de la soberanía no era sólo un resultado de asociaciones sentimentales, sino de hechos masivos, incluidos los económicos.

En contraste con los pueblos nómadas, el cultivador realiza mejoramientos fijos en un lugar particular. Sin tales mejoramientos, la vida humana debe seguir siendo elemental, y poco alejada de la de los animales. ¡Y cuán grande ha sido el papel de estas construcciones en la historia humana! Y son ellas, las tierras desmontadas y cultivadas, las casas y los otros edificios, los medios de comunicación, la variada planta necesaria para la producción, incluida la industria y la minería, todas las mejoras permanentes e inamovibles que atan a la comunidad humana a la localidad donde se encuentra. Tales mejoras no pueden improvisarse sino que deben construirse gradualmente por generaciones de paciente esfuerzo, y la comunidad no puede sacrificarlas y empezar de nuevo en otra parte. Así se explica el carácter territorial de la soberanía que impregna nuestras concepciones políticas[106].

Durante un siglo se ridiculizaron estas verdades obvias.

El argumento económico podría expandirse fácilmente para incluir las condiciones de la seguridad y la tranquilidad adheridas a la integridad del suelo y sus recursos, tales como el vigor y el dinamismo de la población, la abundancia de los abastos alimenticios, la cantidad y el carácter de los materiales de defensa, incluso el clima del país que podría padecer por la deforestación, las erosiones y las polvaredas, todo lo cual depende en última instancia del factor tierra, pero nada de lo cual responde al mecanismo de la oferta y la demanda del mercado. Dado un sistema enteramente dependiente de las funciones del mercado para la salvaguardia de sus necesidades existenciales, la confianza se depositará naturalmente en las fuerzas de fuera del mercado que son capaces de asegurar los intereses comunes puestos en peligro por ese sistema. Tal concepción está de acuerdo con nuestra apreciación de las verdaderas fuentes de la influencia clasista: en lugar de tratar de explicar los desarrollos contrarios a la tendencia general de la época por la influencia (inexplicada) de las clases reaccionarias, preferimos explicar la influencia de tales clases por el hecho de que, así sea incidentalmente, representan desarrollos sólo en apariencia contrarios al interés general de la comunidad. El hecho de que sus propios intereses sean a menudo bien servidos por tal política ofrece sólo otra ilustración de la verdad de que las clases se las arreglan para beneficiarse desproporcionadamente de los servicios que pueden prestar a la comunidad.

Speenhamland constituyó un ejemplo de esta situación. El terrateniente que gobernaba la aldea encontró un procedimiento para frenar el alza de los salarios rurales y la amenazante dislocación de la estructura tradicional de la vida aldeana. A largo plazo, el método escogido no podría dejar de tener los resultados más nocivos. Pero los terratenientes no habrían sido capaces de mantener sus prácticas si al hacerlo así no hubiesen ayudado al país en conjunto a echar las bases de la Revolución industrial.

De nuevo, el proteccionismo agrario era una necesidad en el continente europeo. Pero las fuerzas intelectuales más activas de la época estaban ocupadas en una aventura que desplazaba el ángulo de su visión para ocultarles la verdadera significación del problema agrario. Bajo tales circunstancias, un grupo que pudiera representar los intereses rurales amenazados podría ganar una influencia desproporcionada a su número. La contracorriente proteccionista logró estabilizar efectivamente al campo europeo y debilitar el éxodo hacia las ciudades, que era el azote de la época. La reacción se benefició con la función socialmente útil que realizaba. La función idéntica que permitió a las clases reaccionarias de Europa jugar con los sentimientos tradicionales en su lucha por los aranceles agrícolas fue responsable en los Estados Unidos, cerca de medio siglo después, del éxito de la TVA y otras técnicas sociales progresistas. Las mismas necesidades de la sociedad que beneficiaron a la democracia en el Nuevo mundo fortalecieron la influencia de la aristocracia en el Viejo mundo.

La oposición a la movilización de la tierra fue el trasfondo sociológico de la lucha entablada entre el liberalismo y la reacción que forjó la historia política de Europa continental en el siglo XIX. En esta lucha, los militares y el alto clero eran aliados de las clases terratenientes, las que habían perdido casi por completo sus funciones más inmediatas en la sociedad. Estas clases estaban ahora disponibles para cualquier solución reaccionaria al impasse al que amenazaban conducir la economía de mercado y su corolario, el gobierno constitucional, ya que no estaban limitadas por la tradición y la ideología a las libertades públicas y el gobierno parlamentario.

En resumen, el liberalismo económico estaba ligado al Estado liberal, mientras que los intereses terratenientes no lo estaban: ésta fue la fuente de su significación política permanente en el continente, la que produjo las contracorrientes de la política prusiana bajo Bismarck, alimentó la revanche clerical y militarista en Francia, aseguró una influencia en la corte para la aristocracia feudal en el Imperio Habsburgo, hizo de la Iglesia y el ejército los guardianes de tronos vacilantes. Puesto que la conexión superó a las dos generaciones críticas establecidas alguna vez por John Maynard Keynes como la alternativa práctica para la eternidad, ahora se acreditaba a la tierra y la propiedad terrateniente una inclinación congénita hacia la reacción. Inglaterra del siglo XVIII, con sus partidarios del libre comercio y sus pioneros agrarios Tories, estaba tan olvidada como los cercadores Tudor y sus métodos revolucionarios para ganar dinero con la tierra; los terratenientes fisiócratas de Francia y Alemania, con su entusiasmo por el libre comercio, habían sido borrados de la mente pública por el prejuicio moderno del atraso eterno del campo. Herbert Spencer, para quien una sola generación era una muestra bastante de la eternidad, simplemente identificaba al militarismo con la reacción. La adaptabilidad social y tecnológica exhibida recientemente por los japoneses, los rusos o el ejército nazi, habría sido inconcebible para él.

Tales ideas estaban estrechamente conectadas al tiempo. Los estupendos logros industriales de la economía de mercado se habían obtenido al precio de grandes daños para la sustancia de la sociedad. Las clases feudales encontraron allí una ocasión para recuperar algo de su prestigio perdido convirtiéndose en defensores de las virtudes de la tierra y sus cultivadores. En el romanticismo literario, la naturaleza había hecho su alianza con el pasado; en el movimiento agrario del siglo XIX, el feudalismo estaba tratando con éxito de recuperar su pasado presentándose como el guardián del hábitat natural del hombre: el suelo. Si el peligro no hubiese sido genuino, la estratagema no podría haber funcionado.

Pero el ejército y la Iglesia ganaron prestigio también al estar disponibles para la «defensa de la ley y el orden», que ahora se volvían muy vulnerables, mientras que la clase media gobernante no estaba capacitada para satisfacer este requerimiento de la nueva economía. El sistema de mercado era más alérgico a los tumultos que cualquier otro de los sistemas económicos que conocemos. Los gobiernos Tudor recurrieron a los tumultos para llamar la atención sobre quejas locales; unos cuantos líderes de los disturbios podrían ser colgados, pero fuera de eso no había daño. El ascenso del mercado financiero significaba un rompimiento completo con tal actitud; después de 1797, el tumulto cesa de ser un aspecto popular de la vida londinense, mientras que su lugar es tomado gradualmente por las reuniones en que, por lo menos en principio, se cuentan las manos que de otro modo estarían tirando golpes[107]. El rey prusiano que proclamó que el mantenimiento de la paz era el más importante de los deberes de los súbditos, se hizo famoso por esta paradoja; pero muy pronto era ya un lugar común. En el siglo XIX, los rompimientos de la paz cometidos por multitudes armadas se consideraban como una rebelión incipiente y un peligro grave para el Estado; las bolsas de valores se derrumbaban y los precios se hundían sin límite. Un tiroteo en las calles de las metrópolis podría destruir una parte sustancial del capital nacional nominal. Sin embargo, las clases medias se oponían a la disciplina militar; la democracia popular se enorgullecía de haber hecho hablar a las masas; y la burguesía del continente se aferraba todavía a los recuerdos de su juventud revolucionaria cuando había afrontado a una aristocracia tiránica en las barricadas. Eventualmente se reconoció al campesinado, el estrato menos contaminado por el virus liberal, como el único que defendería físicamente «la ley y el orden». Se entendía que una de las funciones de la reacción era el mantenimiento de las clases trabajadoras en su lugar, de modo que los mercados no conocieran el pánico. Aunque este servicio se requería con muy escasa frecuencia, la disponibilidad del campesinado como defensor de los derechos de la propiedad era un activo para el campo agrario.

La historia del decenio de 1920 sería inexplicable de otro modo. Cuando se rompió la estructura social de Europa central, bajo la tensión de la guerra y la derrota, sólo la clase trabajadora estaba disponible para la tarea de mantener en marcha al sistema. En todas partes se entregó el poder a los sindicatos y los partidos socialdemócratas: Austria, Hungría, incluso Alemania, se declararon repúblicas a pesar de que jamás había existido en estos países un partido republicano activo. Pero apenas había pasado el peligro grave de disolución y los servicios de los sindicatos se habían vuelto superfluos, cuando las clases medias estaban tratando de excluir a las clases trabajadoras de toda influencia sobre la vida pública. Esto se conoce como la clase contrarrevolucionaria de la posguerra. En realidad, no hubo jamás ningún peligro serio de un régimen comunista, ya que los trabajadores estaban organizados en partidos y sindicatos activamente hostiles a los comunistas. (En Hungría se impuso literalmente al país un episodio bolchevique cuando la defensa contra la invasión francesa no dejaba más alternativa a la nación). El peligro no era el bolchevismo sino el abandono de las reglas de la economía de mercado por parte de los sindicatos y los partidos obreros, en una emergencia. Bajo una economía de mercado, las interrupciones del orden público y los hábitos de comercio que de otro modo serían inocuos podrían constituir una amenaza letal[108], ya que podrían causar el derrumbe del régimen del que dependía la sociedad para su subsistencia diaria. Esto explicaba el notable cambio ocurrido en algunos países, de una dictadura de los trabajadores industriales, supuestamente inminente, a la dictadura efectiva del campesinado. A lo largo de los años veinte, el campesinado determinó la política económica en varios Estados en los que normalmente desempeñaba un papel apenas modesto. Ahora resultaba ser la única clase disponible para el mantenimiento de la ley y el orden en el elevado sentido moderno de este término.

El feroz agrarismo de Europa de la posguerra iluminaba oblicuamente el tratamiento preferente acordado a la clase campesina por razones políticas. Desde el movimiento Lappo en Finlandia hasta el Heimwehr austríaco, los campesinos se convirtieron en los campeones de la economía de mercado; esto los hacía políticamente indispensables. La escasez de alimentos en los primeros años de la posguerra, a la que se acreditaba a veces su ascenso, tenía poco que ver con esto. Austria, por ejemplo, a fin de beneficiar financieramente a los campesinos, debió rebajar sus normas alimenticias manteniendo aranceles para los granos, a pesar de que dependía en gran medida de las importaciones para satisfacer sus requerimientos de alimentos. Pero el interés campesino debía ser salvaguardado a toda costa, aunque el proteccionismo agrario podría significar la miseria para los habitantes urbanos y un costo de producción demasiado elevado para las industrias exportadoras. En esta forma, la clase campesina, que antes no ejercía ninguna influencia, ganó un ascendiente enteramente desproporcionado a su importancia económica. El temor al bolchevismo era la fuerza que volvía inexpugnable su posición política. Pero ese temor, como hemos visto, no era el temor de una dictadura de la clase trabajadora —nada lejanamente similar estaba en el horizonte— sino el de una parálisis de la economía de mercado, a menos que se eliminaran del escenario político todas las fuerzas que, bajo presión, pudieran dejar de lado las reglas del juego de mercado. Mientras que los campesinos fuesen la única clase capaz de eliminar estas fuerzas, su prestigio se mantenía elevado y ellos podían mantener como rehenes a la clase media urbana. En cuanto la consolidación del poder del Estado y —antes aún— la formación de la clase media baja urbana en tropas de asalto por parte de los fascistas, liberaron a la burguesía de su dependencia del campesinado, se derrumbó rápidamente el prestigio de este último. Una vez neutralizado o vencido el «enemigo interno» en la ciudad y en la fábrica, el campesinado quedó relegado a su modesta posición anterior en la sociedad industrial.

La influencia de los grandes terratenientes no compartió este eclipse. Un factor más constante operaba a su favor: la creciente importancia militar de la autosuficiencia agrícola. La Gran Guerra había puesto los hechos estratégicos básicos a la vista del público, y la confianza ciega en el mercado mundial cedió su lugar a una acumulación de la capacidad de producción de alimentos que llegaba al pánico. La «reagrarización» de Europa central, iniciada por el temor a los bolcheviques, se completó con el signo de la autarquía. Además del argumento del «enemigo interno», había ahora el argumento del «enemigo externo». Como siempre, los economistas liberales vieron apenas una aberración romántica inducida por doctrinas económicas insensatas, cuando en realidad los eventos políticos trascendentes estaban alertando hasta las mentes más simples de la irrelevancia de las consideraciones económicas frente a la inminente disolución del sistema internacional. Ginebra continuó sus inútiles esfuerzos por convencer a la gente de que estaba atesorando contra peligros imaginarios, y que si todos actuaran al unísono podría restablecerse el libre comercio y beneficiarse todos. En la atmósfera curiosamente crédula de la época, muchos dieron por sentado que la solución del problema económico (cualquiera que fuese su significado) no sólo disiparía la amenaza de la guerra sino que en efecto la eliminaría para siempre. Una paz de 100 años había creado una barrera insuperable de ilusiones que ocultaba los hechos. Los escritores de ese periodo destacaron por su falta de realismo. El Estado nacional fue considerado como un prejuicio parroquial por A. J. Toynbee, la soberanía como una ilusión ridícula por Ludwig von Mises, la guerra un cálculo comercial errado por Norman Angell. La conciencia de la naturaleza esencial de los problemas de la política bajó a un nivel sin precedente.

El libre comercio, que en 1846 había luchado y triunfado contra las Leyes de granos, luchó de nuevo 80 años más tarde y esta vez perdió sobre el mismo punto. El problema de la autarquía perseguía a la economía de mercado desde el principio. En consecuencia, los liberales económicos exorcizaron el espectro de la guerra e ingenuamente basaron su argumentación en el supuesto de una economía de mercado indestructible. No se advirtió que sus argumentos solamente demostraban cuán grande era el peligro para un pueblo que dependía para su seguridad de una institución tan frágil como el mercado autorregulado. El movimiento de autarquía de los años veinte era esencialmente profético: apuntaba a la necesidad de un ajuste ante el desvanecimiento de un orden. La Gran Guerra había mostrado el peligro y los hombres habían actuado en consecuencia; pero dado que ahora actuaban 10 años después, la conexión existente entre la causa y el efecto se había descartado como poco razonable. «¿Para qué protegernos contra peligros pasados?» era el comentario de muchos contemporáneos. Esta lógica deficiente impedía no solamente un entendimiento de la autarquía, sino también, lo que era aún más importante, el del fascismo. En efecto, ambos fenómenos se explicaban por el hecho de que, una vez que la mente común ha recibido la impresión de un peligro, el temor permanece latente en su interior, mientras no se destruyan sus causas.

Nosotros sostenemos que las naciones de Europa no superaron jamás el choque de la experiencia de la guerra que inesperadamente les planteara los peligros de la interdependencia. En vano se reanudó el comercio, en vano mostraron innumerables conferencias internacionales los idilios de la paz, y docenas de gobiernos se declararon en favor del principio de la libertad de comercio: ningún pueblo podría olvidar que si no posee sus propias fuentes de alimentos y de materias primas o está seguro de llegar a ellas por medios militares, ni la moneda sana ni el crédito sólido lo rescatará de la indefensión. Nada podría ser más lógico que la consistencia con la que esta consideración fundamental forjó las políticas de las comunidades. No se había eliminado la fuente del peligro. ¿Por qué esperar entonces que se desvaneciera el temor?

Una falacia similar afectaba a los críticos del fascismo —que formaban la gran mayoría— que lo describían como un capricho privado de toda ratio política. Se decía que Mussolini pretendía haber alejado el bolchevismo de Italia, mientras que las estadísticas probaban que la oleada de las huelgas se había desvanecido más de un año antes de la marcha a Roma. Se aceptaba que los trabajadores armados hubieran ocupado las fábricas en 1921. ¿Pero era ésa una razón para desarmarlos en 1923, cuando hacía mucho tiempo que se habían bajado de los muros donde habían montado guardia? Hitler pretendía haber salvado a Alemania del bolchevismo. ¿Pero no se podía demostrar acaso que la oleada de desempleo que precedió a su ascenso al poder se había disipado para ese momento? La pretensión de que Hitler evitó lo que ya no existía a su llegada, como se sostenía, era contraria a la ley de causa y efecto, la que debe privar también en la política.

En realidad, en Alemania tanto como en Italia, la historia del inicio de la posguerra probaba que el bolchevismo no tenía la menor probabilidad de triunfar. Pero también probaba concluyentemente que, en una emergencia, la clase trabajadora, sus sindicatos y partidos, podrían pasar por alto las reglas del mercado que establecían la libertad de contratación y la santidad de la propiedad privada como absolutos: una posibilidad que debe tener los efectos más perniciosos sobre la sociedad, desalentando las inversiones, impidiendo la acumulación de capital, manteniendo los salarios a un nivel poco remunerativo, poniendo en peligro a la moneda, minando el crédito exterior, debilitando la confianza y paralizando el espíritu de empresa. No el peligro ilusorio de una revolución comunista, sino el hecho innegable de que las clases trabajadoras se encontraban en posibilidad de imponer intervenciones posiblemente ruinosas, era la fuente del temor latente que, en una coyuntura crucial, surgió en el pánico fascista.

Los peligros para el hombre y para la naturaleza no pueden separarse nítidamente. Las reacciones de la clase trabajadora y del campesinado ante la economía de mercado condujeron al proteccionismo, la primera principalmente bajo la forma de una legislación social y de leyes fabriles; la segunda en los aranceles agrarios y las leyes aplicables a la tierra. Pero había esta diferencia importante: en una emergencia, los agricultores y los campesinos de Europa defendían al sistema de mercado, al que ponían en peligro las políticas de la clase trabajadora. Mientras que la crisis del sistema inherentemente inestable se generaba por la acción de las dos alas del movimiento proteccionista, los estratos sociales conectados con la tierra se inclinaban a transar con el sistema de mercado, mientras que la amplia clase laboral no temía romper sus reglas y desafiarlo francamente.

XVI. El mercado y la organización productiva

La propia empresa capitalista debía ser protegida contra la operación irrestricta del mecanismo del mercado. Esto debiera despejar la sospecha que los propios términos de «hombre» y «naturaleza» despiertan a veces en mentes refinadas, quienes tienden a denunciar toda mención de la protección de la mano de obra y de la tierra como el producto de ideas anticuadas, si no es que como un mero camuflaje de los intereses creados.

En realidad, en el caso de la empresa productiva como en el del hombre y la naturaleza, el peligro era real y objetivo. La necesidad de protección surgía de la forma en que estaba organizada la oferta de dinero en un sistema de mercado. La moderna banca central era en realidad esencialmente un instrumento desarrollado para ofrecer una protección sin la cual el mercado habría destruido a sus propios hijos, las empresas comerciales de todas clases. Eventualmente, sin embargo, fue esta forma de la protección lo que contribuyó de manera más inmediata a la caída del sistema internacional.

Mientras que son bastante obvios los peligros que acechan a la tierra y a los trabajadores como resultado del torbellino del mercado, no se aprecian tan fácilmente los peligros inherentes en el sistema monetario para las empresas. Pero si los beneficios dependen de los precios, los arreglos monetarios de los que dependen los precios deben ser vitales para el funcionamiento de todo sistema motivado por los beneficios. A largo plazo, los cambios ocurridos en los precios de venta no afectarán necesariamente a los beneficios, ya que los costos subirán y bajarán correspondientemente, pero esto no ocurre a corto plazo, ya que debe transcurrir cierto tiempo antes de que cambien los precios contractualmente fijados. Entre ellos se encuentra el precio de la mano de obra que, junto con muchos otros precios, estaría naturalmente fijado por contrato. Por lo tanto, si el nivel de los precios estuviera bajando por razones monetarias durante un periodo considerable, las empresas se verían en peligro de una liquidación acompañada de la disolución de la organización productiva y la destrucción masiva del capital. No son los precios bajos, sino los precios a la baja, el problema. Hume se convirtió en el fundador de la teoría cuantitativa del dinero con su descubrimiento de que las empresas no se ven afectadas si la cantidad de dinero se reduce a la mitad, ya que los precios se ajustarán simplemente a la mitad de su nivel anterior. Se le olvidó que las empresas podrían ser destruidas en el proceso.

Ésta es la razón fácilmente entendible de que un sistema de dinero-mercancía, como el que tiende a producir el mecanismo del mercado sin interferencia externa, sea incompatible con la producción industrial. El dinero-mercancía es simplemente una mercancía que funciona como dinero, de modo que su cantidad no puede aumentarse en principio, excepto disminuyendo la cantidad de las mercancías que no funcionan como dinero. En la práctica, el dinero-mercancía es de ordinario el oro o la plata, cuya cantidad puede incrementarse, pero no mucho, en breve tiempo. Pero la expansión de la producción y el comercio que no va acompañada de un aumento de la cantidad de dinero debe provocar una baja en el nivel de los precios: precisamente el tipo de deflación ruinosa que tenemos en mente. La escasez de dinero era una queja grave y permanente entre las comunidades mercantiles del siglo XVII. El dinero simbólico se desarrolló en fecha temprana para proteger al comercio contra las deflaciones forzadas que acompañaban al uso de metales preciosos cuando aumentaba el volumen de los negocios. No era posible ninguna economía de mercado sin el medio de tal dinero artificial.

La verdadera dificultad surgió de la necesidad de divisas estables y la introducción consiguiente del patrón oro, por la época de las guerras napoleónicas. Las divisas estables se hicieron esenciales para la existencia misma de la economía inglesa; Londres se había convertido en el centro financiero de un creciente comercio mundial. Pero sólo el dinero-mercancía podía servir para este fin por la razón obvia de que el dinero simbólico, ya fuese bancario o personal, no podría circular en suelo extranjero. Fue por ello que el patrón oro —el nombre aceptado para un sistema de dinero-mercancía internacional— apareció en la escena.

Pero para los fines internos, como sabemos, los metales preciosos son inadecuados como dinero precisamente porque son una mercancía y su cantidad no puede incrementarse a voluntad. La cantidad de oro disponible podría incrementarse en unos cuantos puntos de porcentaje durante un año, pero no en muchas docenas en el curso de pocas semanas, como podría requerirse para afrontar una expansión repentina de las transacciones. En ausencia del dinero simbólico, los negocios tendrían que reducirse o realizarse a precios mucho más bajos, lo que induciría una depresión y crearía desempleo.

En su forma más simple, el problema era éste: el dinero-mercancía era vital para la existencia del comercio exterior; el dinero simbólico, para la existencia del comercio interior. ¿Hasta dónde convenían entre sí?

Bajo las condiciones del siglo XIX, el comercio exterior y el patrón oro tenían una prioridad indisputada sobre las necesidades del comercio interior. El funcionamiento del patrón oro requería la reducción de los precios internos siempre que el intercambio se veía amenazado por la depreciación. Dado que la deflación ocurre mediante las restricciones crediticias, se sigue que la operación del dinero-mercancía interfería con la operación del sistema crediticio. Éste era un peligro permanente para las empresas. Pero no podía ni pensarse en descartar por completo el dinero simbólico y restringir el circulante al dinero-mercancía, ya que tal remedio habría sido peor que la enfermedad.

La banca central mitigaba este defecto del dinero crediticio en gran medida. Centralizando la oferta de crédito en un país, podía evitarse la dislocación total de la actividad económica y del empleo involucrada en la deflación, y organizarse la deflación de tal manera que se absorbiera el choque y se repartiera su carga por todo el país. En su funcionamiento normal, el banco estaba amortiguando los efectos inmediatos de las salidas de oro sobre la circulación de billetes, y de la disminución de la circulación de billetes sobre la actividad económica.

El banco podría usar varios métodos. Los préstamos a corto plazo podrían salvar la brecha causada por las pérdidas de oro a corto plazo, y evitar por completo la necesidad de las restricciones crediticias. Pero aunque las restricciones del crédito fuesen inevitables, como ocurría a menudo, la acción del banco tenía un efecto amortiguador: la elevación de la tasa bancaria, al igual que las operaciones de mercado abierto, difundían los efectos de las restricciones por toda la comunidad, mientras desplazaban la carga de las restricciones a los hombros más fuertes.

Examinemos el caso crucial de la transferencia de pagos unilaterales de un país a otro, como la que podría causar un cambio de la demanda, de los tipos de alimentos nacionales a los extranjeros. El oro que ahora debe enviarse al exterior en pago de los alimentos importados se usaría de otro modo para hacer pagos dentro del país, y su ausencia debe provocar una reducción de las ventas internas y una baja consiguiente de los precios. Diremos que este tipo de deflación es «transaccional», ya que se difunde de una empresa individual a otra de acuerdo con sus fortuitas relaciones comerciales. Eventualmente, la difusión de la deflación alcanzará a las empresas exportadoras y así logrará el excedente de exportación que representa la transferencia «real». Pero el daño causado a la comunidad en general será mucho mayor que el estrictamente necesario para alcanzar tal excedente de exportación. Porque siempre habrá empresas que estén a punto de exportar, las que sólo necesiten el estímulo de una reducción ligera de los costos para «brincar la bañera», y tal reducción puede lograrse a muy bajo costo repartiendo parejamente la deflación entre toda la comunidad empresarial.

Ésta era precisamente una de las funciones del banco central. La presión general de su política de descuento y de mercado abierto hacía bajar los precios internos aproximadamente en la misma proporción, y permitía que las empresas «cercanas a la exportación» reanudaran o incrementaran sus exportaciones, mientras que sólo las empresas menos eficientes tendrían que ser liquidadas. La transferencia «real» se habría logrado así a costa de una dislocación mucho menor que la que se habría necesitado para lograr el mismo excedente de exportación por el método irracional de los choques aleatorios y a menudo catastróficos transmitidos por los canales estrechos de la «deflación transaccional».

El hecho de que, a pesar de estos instrumentos para la mitigación de los efectos de la deflación, el resultado fuese una y otra vez una desorganización completa de los negocios y en consecuencia un desempleo masivo, es la más poderosa de todas las críticas contra el patrón oro.

El caso del dinero exhibía una analogía muy real con el de la mano de obra y la tierra. La aplicación de la ficción de las mercancías a cada uno de estos elementos condujo a su inclusión efectiva en el sistema de mercado, al mismo tiempo que se fraguaban graves daños para la sociedad. Con el dinero, la amenaza era para la empresa productiva, cuya existencia se veía en peligro por cualquier baja del nivel de precios causada por el uso del dinero-mercancía. Aquí también debían tomarse medidas protectoras, de modo que el mecanismo autorregulado del mercado quedó fuera de acción.

La banca central redujo el automatismo del patrón oro a una mera pretensión. Ello significaba un circulante centralmente administrado; la manipulación sustituía al mecanismo autorregulado de provisión de crédito, aunque el dispositivo no era siempre deliberado y consciente. Cada día se reconocía más que el patrón oro internacional podría ser autorregulado sólo si los países singulares renunciaban a la banca central. El único defensor consistente del patrón oro puro que en efecto aconsejó este paso desesperado fue Ludwig von Mises; si se hubiese seguido su consejo, las economías nacionales se habrían convertido en un montón de ruinas.

La mayor parte de la confusión existente sobre la teoría monetaria se debía a la separación de la política y la economía, esta característica destacada de la sociedad de mercado. Durante más de un siglo se consideró al dinero como una categoría puramente económica, una mercancía usada para el intercambio indirecto. Si el oro era la mercancía así preferida, se habría implantado un patrón oro. (El atributo de «internacional» en conexión con ese patrón carecía de sentido, ya que para el economista no existían las naciones; las transacciones no se realizaban entre naciones sino entre individuos cuya lealtad política era tan irrelevante como el color de su cabello). Ricardo adoctrinó a la Inglaterra del siglo XIX con la convicción de que el término «dinero» significaba un medio de cambio, que los billetes bancarios eran una mera cuestión de conveniencia, consistiendo su utilidad en el hecho de que resultaba más fácil manejar tales billetes que el oro, pero que su valor derivaba de la certeza de que su posesión nos provee de los medios de posesión, en cualquier momento, de la mercancía misma: el oro. Se seguía de aquí que el carácter nacional de las monedas carecía de importancia, ya que sólo eran símbolos diferentes, representativos de la misma mercancía. Y si era poco juicioso que un gobierno hiciera algún esfuerzo para poseer oro (ya que la distribución de esa mercancía se regulaba por sí sola en el mercado mundial como cualquier otra), resultaba menos juicioso aún imaginar que la nacionalidad diferente de los símbolos tenía alguna relevancia para el bienestar y la prosperidad de los países involucrados.

La separación institucional de la esfera política y la esfera económica no había sido completa jamás, y era precisamente en la cuestión del circulante que resultaba necesariamente incompleta; el Estado, cuya Casa de Moneda parecía certificar simplemente el peso de las monedas, era en efecto el garante del valor del dinero simbólico, que aceptaba como pago de los impuestos y en otras formas. Este dinero no era un medio de cambio, sino un medio de pago; no era una mercancía, sino un poder de compra; lejos de tener utilidad en sí mismo, era sólo un objeto que incorporaba un derecho cuantificado a las cosas que podría comprar. Desde luego, una sociedad donde la distribución dependía de la posesión de tales símbolos del poder de compra era una construcción enteramente diferente de la economía de mercado.

Por supuesto, no estamos tratando aquí con imágenes de la realidad sino con patrones conceptuales usados para fines de la aclaración. No es posible ninguna economía de mercado separada de la esfera política; sin embargo, era ésa la construcción que se encontraba detrás de la economía clásica desde David Ricardo, aparte de la cual resultaban incomprensibles sus conceptos y supuestos. De acuerdo con esta construcción, la sociedad estaba integrada por individuos practicantes del trueque y poseedores de un conjunto de mercancías: bienes, tierra, mano de obra y sus combinaciones. El dinero era simplemente una de las mercancías que se daban en trueque con mayor frecuencia que otras, de modo que adquiríase para usarla en el intercambio. Tal «sociedad» podría ser irreal, pero contiene lo esencial de la construcción de la que partieron los economistas clásicos.

Una economía del poder de compra es una representación de la realidad menos completa aún[109]. Sin embargo, algunas de sus características se asemejan a nuestra sociedad real en medida mucho mayor que el paradigma de la economía de mercado. Tratemos de imaginar una «sociedad» en la que cada individuo está dotado de una cantidad definida de poder de compra, lo que le permite reclamar bienes que tienen cada uno un precio. En tal economía, el dinero no es una mercancía; no tiene ninguna utilidad en sí mismo; su único uso es la compra de bienes que tienen un precio, como ocurre ahora en nuestras tiendas.

Mientras que el teorema del dinero-mercancía era muy superior a su rival en el siglo XIX, cuando las instituciones se conformaban en muchos puntos esenciales al patrón de mercado, desde principios del siglo XX ganó terreno de continuo la concepción del poder de compra. Con la desintegración del patrón oro, prácticamente dejó de existir el dinero-mercancía, y era natural que lo sustituyera el concepto del dinero como poder de compra.

A fin de pasar de los mecanismos y los conceptos a las fuerzas sociales en juego, es importante advertir que las propias clases gobernantes prestaron su apoyo a la administración del circulante a través del banco central. Por supuesto, tal administración no se consideraba como una interferencia con la institución del patrón oro; por el contrario, formaba parte de las reglas del juego bajo el que se suponía que operaba el patrón oro. Dado que el mantenimiento del patrón oro era axiomático y jamás se permitía que el mecanismo de la banca central actuara en forma tal que llevara a un país a abandonar el oro, sino que por el contrario la instrucción suprema para el banco era la de permanecer con el oro siempre y bajo todas las condiciones, no parecía estar involucrada ninguna cuestión de principio. Pero esto ocurría sólo mientras que los movimientos del nivel de precios involucrados fuesen a lo sumo de 2 a 3%, la separación de los llamados puntos del oro. En cuanto el movimiento del nivel de los precios internos necesario para mantener la estabilidad de las divisas era mucho mayor, cuando brincaba a 10 o 30%, la situación cambiaba por completo. Tales movimientos del nivel de los precios hacia abajo difundirían la miseria y la destrucción. El hecho de que las monedas fuesen administradas cobró una importancia fundamental, pues significaba que los métodos de la banca central eran una cuestión de la política económica, es decir, algo que el organismo político podría decidir. En efecto, la gran importancia institucional de la banca central residía en el hecho de que la política monetaria se llevaba así a la esfera de la política. Las consecuencias no podían dejar de ser trascendentales.

En el campo interno, la política monetaria era sólo otra forma del intervencionismo, y los choques de las clases económicas tendían a cristalizar alrededor de esta cuestión tan íntimamente ligada al patrón oro y los presupuestos balanceados. Como veremos más adelante, los conflictos internos de los años treinta se centraban a menudo en esta cuestión, la que desempeñó un papel importante en el crecimiento del movimiento antidemocrático.

En el campo externo, las monedas nacionales desempeñaron un papel muy importante, aunque este hecho casi no se reconoció a la sazón. La filosofía reinante en el siglo XIX era pacifista e internacionalista; «en principio», todas las personas educadas eran partidarias del libre comercio, y con reservas que ahora aparecen irónicamente modestas, no lo eran menos en la práctica. Por supuesto, la fuente de esta perspectiva era económica; gran parte del idealismo genuino derivaba de la esfera del trueque y el comercio: por una paradoja suprema, los deseos egoístas del hombre estaban validando sus impulsos más generosos. Sin embargo, desde el decenio de 1870 podía apreciarse un cambio emocional, aunque no había ninguna alteración correspondiente en las ideas dominantes. El mundo continuaba creyendo en el internacionalismo y la interdependencia, mientras actuaba bajo los impulsos del nacionalismo y la autosuficiencia. El nacionalismo liberal se estaba convirtiendo en un liberalismo nacional, con su inclinación marcada hacia el proteccionismo y el imperialismo en el exterior, el conservadurismo monopólico en el interior. En ninguna parte era la contradicción tan marcada y sin embargo tan poco consciente como en el campo monetario. La creencia dogmática en el patrón oro internacional continuaba contando con las lealtades ilimitadas de los hombres, al mismo tiempo que se creaban monedas simbólicas, basadas en la soberanía de los diversos sistemas de banca central. Bajo la égida de los principios internacionales, se estaban erigiendo bastiones inexpugnables de un nuevo nacionalismo, de manera inconsciente, bajo la forma de los bancos centrales de emisión.

En verdad, el nuevo nacionalismo era el corolario del nuevo internacionalismo. El patrón oro internacional no podría ser tolerado por las naciones a las que supuestamente debería servir, a menos que se aseguraran contra los peligros con los que amenazaba a las comunidades que se adherían a él. Las comunidades completamente monetizadas no podrían haber soportado los ruinosos efectos de los cambios abruptos del nivel de los precios requeridos por el mantenimiento de divisas estables, a menos que el choque fuese amortiguado por medio de una política de banca central independiente. La moneda nacional simbólica era la salvaguardia segura de esta seguridad relativa, ya que permitía que el banco central actuara como un amortiguador entre la economía interna y la externa. Si la balanza de pagos se veía amenazada por la iliquidez, las reservas y los préstamos externos permitirían superar la dificultad; si debiera crearse un balance económico enteramente nuevo, que involucrara una baja del nivel de los precios internos, la restricción del crédito podría repartirse en la forma más racional, eliminando al ineficiente y echando la carga sobre el eficiente. La ausencia de tal mecanismo habría vuelto imposible que cualquier país avanzado permaneciera ligado al oro sin efectos devastadores sobre su bienestar, en términos de la producción, el ingreso o el empleo.

Si la clase mercantil era el protagonista de la economía de mercado, el banquero era el líder innato de esa clase. El empleo y los ingresos dependían de la rentabilidad de las empresas, pero la rentabilidad de las empresas dependía de la estabilidad de las tasas de cambio y de las condiciones crediticias sanas, ambas bajo la responsabilidad del banquero. Era parte de su credo que las dos cosas eran inseparables. Un presupuesto sano y la estabilidad de las condiciones crediticias internas presuponían la estabilidad de las tasas de cambio; y esta estabilidad sólo podría lograrse si el crédito interno era seguro y las finanzas estatales estaban en equilibrio. En suma, la responsabilidad del banquero comprendía la salud de las finanzas internas y la estabilidad externa de la moneda. Es por ello que los banqueros, como una clase, fueron los últimos en advertir que ambas cosas habían perdido su significado. En efecto, no hay nada sorprendente en la influencia dominante de los banqueros internacionales durante los años veinte, ni en su eclipse durante los años treinta. En los años veinte, todavía se consideraba el patrón oro como la condición necesaria para el retorno a la estabilidad y la prosperidad, y en consecuencia ninguna demanda de sus guardianes profesionales, los banqueros, se consideraba demasiado onerosa, siempre que prometiera asegurar la estabilidad de las tasas de cambio; cuando esto resultó imposible, después de 1929, surgió imperativa la necesidad de una moneda interna estable, y nadie estaba menos calificado que el banquero para proveerla.

En ningún campo fue tan abrupto el derrumbe de la economía de mercado como en el del dinero. Los aranceles agrarios que interferían con la importación de los productos de tierras extranjeras destruían el libre comercio; el estrechamiento y la regulación del mercado de mano de obra restringían el regateo a los campos donde la ley permitía que decidieran las partes. Pero ni en el caso de la mano de obra ni en el de la tierra hubo un rompimiento formal del mecanismo del mercado, repentino y completo, como ocurriera en el campo del dinero. En los otros mercados no hubo nada comparable al abandono del patrón oro hecho por Gran Bretaña el 21 de septiembre de 1931; ni siquiera el evento subsidiario de la acción similar estadunidense en junio de 1933. Para ese momento, la Gran Depresión iniciada en 1929 había destruido la mayor parte del comercio mundial, pero esto no significaba ningún cambio en los métodos, ni afectaba las ideas vigentes. En cambio, el fracaso final del patrón oro era el fracaso final de la economía de mercado.

El liberalismo económico se había iniciado 100 años atrás, y había sido afrontado por un contraataque proteccionista que ahora asaltaba al último bastión de la economía de mercado. Un nuevo conjunto de ideas gobernantes sustituía al mundo del mercado autorregulado. Ante la estupefacción de la gran mayoría de los contemporáneos, surgieron fuerzas insospechadas del liderazgo carismático y el aislacionismo autárquico que fusionaron a las sociedades en formas nuevas.

XVII. El debilitamiento de la autorregulación

En el medio siglo transcurrido entre 1879 y 1929, las sociedades occidentales se convirtieron en unidades estrechamente unidas en las que estaban latentes poderosas tensiones destructivas. La fuente más inmediata de esta evolución era el debilitamiento de la autorregulación de la economía de mercado. En virtud de que la sociedad debía conformarse a las necesidades del mecanismo de mercado, las imperfecciones existentes en el funcionamiento de ese mecanismo creaban tensiones acumulativas en el organismo social.

El debilitamiento de la autorregulación era un efecto del proteccionismo. Por supuesto, hay un sentido en el que los mercados son siempre autorregulados, ya que tienden a producir un precio que los vacía; pero esto se aplica a todos los mercados, ya sean libres o no. Pero como hemos demostrado antes, un sistema de mercado autorregulado implica algo muy diferente, a saber: mercados para los elementos de la producción, el trabajo, la tierra y el dinero. Dado que el funcionamiento de tales mercados amenaza con la destrucción de la sociedad, la acción de autopreservación de la comunidad trataba de impedir su establecimiento o de interferir con su libre funcionamiento una vez establecidos.

Los liberales económicos han señalado la experiencia estadunidense como una prueba concluyente de la capacidad de funcionamiento de una economía de mercado. Durante un siglo, la mano de obra, la tierra y el dinero se negociaron en los Estados Unidos en entera libertad, pero supuestamente no se necesitaba ninguna medida de protección social y, aparte de los aranceles aduaneros, la vida industrial continuaba libre de la interferencia gubernamental.

Por supuesto, la explicación es simple: se trataba de mano de obra, tierra y dinero libres. Hasta el decenio de 1890, la frontera estaba abierta y abundaba la tierra libre[110]; hasta la Gran Guerra, la oferta de mano de obra poco calificada fluía libremente; y hasta principios del siglo no había ningún compromiso de mantener estable la tasa de cambio. Seguía existiendo una oferta libre de tierra, mano de obra y dinero, de modo que no existía ningún sistema de mercado autorregulado. Mientras permanecieran estas condiciones, ni el hombre, ni la naturaleza ni la organización empresarial necesitaban alguna protección de la clase que sólo la intervención gubernamental puede proveer.

En cuanto dejaron de existir estas condiciones, la protección social hizo su aparición. Dado que los trabajadores de menor calificación ya no podían ser libremente remplazados por una inagotable reserva de inmigrantes, mientras que los trabajadores mejor calificados no podían asentarse libremente en la tierra; que el suelo y los recursos naturales se volvían escasos y debían atenderse; que se introdujo el patrón oro para alejar el circulante de la política y conectar el comercio interior al comercio mundial, los Estados Unidos se emparejaron con un siglo de desarrollo europeo: la protección del suelo y sus cultivadores, la seguridad social para los trabajadores a través del sindicalismo y la legislación, y la banca central —todo ello a gran escala— hicieron su aparición. El proteccionismo monetario apareció primero: la creación del Sistema de la Reserva Federal trataba de armonizar las necesidades del patrón oro con los requerimientos regionales; luego vino el proteccionismo respecto de los trabajadores de la tierra. Un decenio de prosperidad en los años veinte bastó para generar una depresión tan aguda que en su curso el Nuevo Trato empezó a construir un foso alrededor de los trabajadores y de la tierra, más ancho que todo lo conocido basta entonces en Europa. Así pues, los Estados Unidos ofrecieron una prueba clara, tanto positiva como negativa, de nuestra tesis de que la protección social era el corolario de un mercado supuestamente autorregulado.

Al mismo tiempo, el proteccionismo estaba produciendo por todas partes la dura concha de la emergente unidad de la vida social. La nueva entidad se forjó en el molde nacional, pero por lo demás guardaba escasa semejanza con sus predecesoras, las naciones tranquilas del pasado. El nuevo tipo de nación crustácea expresaba su identidad mediante monedas simbólicas nacionales salvaguardadas por un tipo de soberanía más celosa y absoluta que todo lo conocido hasta entonces. Estas monedas eran observadas también desde el exterior, ya que el patrón oro internacional (el instrumento, principal de la economía mundial) estaba construido con ellas. Si el dinero regía ahora al mundo, ese dinero estaba estampado con una prensa nacional.

Tal hincapié en las naciones y las monedas habría sido incomprensible para los liberales, cuya mente omitía de ordinario las características verdaderas del mundo en que vivían. Si consideraban a la nación un anacronismo, las monedas nacionales no eran consideradas siquiera dignas de atención. Ningún economista de la época liberal que se respetara dudaba de la irrelevancia del hecho de que diferentes piezas de papel llevaran nombres diferentes en los lados diferentes de las fronteras políticas. Nada era más simple que cambiar una denominación por otra mediante el uso del mercado de cambios, una institución que no podría dejar de funcionar puesto que, por fortuna, no se encontraba bajo el control del Estado o de los políticos. Europa occidental estaba atravesando por una nueva Ilustración, y entre sus fantasmas ocupaba un lugar prominente el concepto «tribal» de la nación, cuya supuesta soberanía era para los liberales un fruto del pensamiento parroquial. Hasta los años treinta, la agenda económica incluía la información segura de que el dinero era sólo un instrumento de cambio y por lo tanto secundario por definición. El punto ciego de la mente comercializadora era igualmente insensible a los fenómenos de la nación y del dinero. El partidario de libre comercio era un nominalista respecto de ambos.

Esta conexión era muy importante, pero a la sazón pasaba inadvertida. De vez en cuando surgían críticos de las doctrinas del libre comercio, al igual que críticos de las doctrinas ortodoxas sobre el dinero, pero casi nadie reconocía que estos dos conjuntos de doctrinas estaban enunciando el mismo argumento en términos diferentes, y que si uno de ellos era falso también lo era el otro. William Cunningham o Adolph Wagner demostraron las falacias cosmopolitas del libre comercio, pero no las conectaron con el dinero; por otra parte, Macleod o Gesell atacaron las teorías clásicas del dinero mientras se adherían a un sistema de comercio cosmopolita. La importancia constitutiva de la moneda en el establecimiento de la nación como la unidad económica y política decisiva de la época era pasada por alto por los escritores de la Ilustración liberal tan completamente como la existencia de la historia había sido omitida por sus predecesores del siglo XVIII. Tal fue la posición adoptada por los más brillantes pensadores económicos, desde Ricardo hasta Wieser, desde John Stuart Mill hasta Marshall y Wicksell, mientras que el común de los hombres educados creía que la preocupación por el problema económico de la nación o de la moneda marcaba a una persona con el estigma de la inferioridad. La combinación de estas falacias en la monstruosa proposición de que las monedas nacionales desempeñaban un papel vital en el mecanismo institucional de nuestra civilización habría sido juzgada como una paradoja sin sentido, desprovista de significado.

En realidad, la nueva unidad nacional y la nueva moneda nacional eran inseparables. Era la moneda la que proveía a los sistemas nacionales e internacionales de su mecánica e introducía al cuadro los rasgos que generaban lo abrupto del rompimiento. El sistema monetario en el que se basaba el crédito se había convertido en la línea vital de la economía nacional e internacional.

El proteccionismo era una carrera en tres direcciones. La tierra, la mano de obra y el dinero desempeñaban su papel particular, pero mientras que la tierra y la mano de obra se ligaban a estratos sociales definidos aunque amplios, como los trabajadores o el campesinado, el proteccionismo monetario era en mayor medida un factor nacional, que a menudo fundía intereses diversos en un todo colectivo. Aunque también la política monetaria podía dividir al igual que unir, el sistema monetario era objetivamente la más vigorosa de las fuerzas económicas integradoras de la nación.

La mano de obra y la tierra explicaban primordialmente la legislación social y los aranceles de los granos, respectivamente. Los agricultores protestarían contra las cargas que beneficiaban al trabajador y elevaban los salarios, mientras que los trabajadores objetarían a todo incremento de los precios de los alimentos. Pero una vez que las leyes de granos y las leyes laborales estaban en vigor —en Alemania desde principios de los años ochenta— habría resultado difícil la derogación de las primeras sin la derogación de las últimas y a la inversa. La relación era más estrecha aún entre los aranceles agrícolas y los industriales. Dado que la idea del proteccionismo total había sido popularizada por Bismarck (1879), la alianza política de terratenientes e industriales para la salvaguardia recíproca de los aranceles había sido una característica de la política alemana; el apoyo recíproco de los aranceles era tan común como la creación de carteles para obtener beneficios privados de los aranceles.

El proteccionismo interno y el externo, el social y el nacional, tendían a fundirse[111]. El creciente costo de la vida inducido por las leyes de granos provocaba la demanda de aranceles protectores por parte de los fabricantes, quienes raras veces dejaban de utilizarlos como un implemento de la política del cartel. Los sindicatos insistían naturalmente en la elevación de los salarios para compensar los incrementos del costo de la vida, y no podían objetar los aranceles aduaneros que permitían al empleador satisfacer una nómina salarial inflada. Pero una vez que la contabilidad de la legislación social se basaba en un nivel salarial condicionado por los aranceles, no podía esperarse en justicia que los empleadores soportaran la carga de tal legislación si no se les aseguraba una protección continua. Por cierto, ésta era la escueta base fáctica de la acusación de una conspiración colectivista que supuestamente era responsable del movimiento proteccionista. Pero así se confunde el efecto con la causa. El origen del movimiento fue espontáneo y muy disperso, pero una vez iniciado no podía dejar de crear los intereses paralelos comprometidos con su continuación.

Más importante que la semejanza de intereses era la difusión uniforme de las condiciones reales creadas por los efectos combinados de tales medidas. Si la vida era diferente en países diferentes, como había ocurrido siempre, la disparidad podía imputarse ahora a actos legislativos y administrativos bien definidos, de tendencia proteccionista, ya que las condiciones de la producción y del trabajo dependían ahora principalmente de los aranceles, la tributación y las leyes sociales. Aun antes de que los Estados Unidos y los dominios británicos restringieran la inmigración, se había reducido el número de los emigrantes provenientes del Reino Unido, a pesar de un desempleo severo, debido sin duda al clima social muy mejorado de la madre patria.

Pero si los aranceles aduaneros y las leyes sociales producían un clima artificial, la política monetaria creaba lo que equivalía a condiciones del tiempo exageradamente artificiales, que variaban día a día y afectaban a todos los miembros de la comunidad en sus intereses inmediatos. El poder integrador de la política monetaria superaba ampliamente al de las otras clases del proteccionismo, con su aparato lento y pesado, ya que la influencia de la protección monetaria era siempre activa y cambiante. Lo que ponderaban el empresario, el trabajador sindicalizado, el ama de casa; lo que resolvían el agricultor que estaba planeando su cosecha, los padres que estaban calibrando las oportunidades de sus hijos, los amantes que esperaban casarse, al considerar lo propicio del momento, se determinaba más directamente por la política monetaria del banco central que por cualquier otro factor. Y si esto era cierto incluso con una moneda estable, se volvía incomparablemente más aplicable cuando la moneda era inestable y debía tomarse la decisión fatal de inflar o deflactar. En lo político, el gobierno establecía la identidad de la nación; en lo económico, tal tarea correspondía al banco central.

A nivel internacional, el sistema monetario asumía una importancia mayor aún, si ello era posible. Paradójicamente, la libertad del dinero derivaba de las restricciones impuestas al comercio exterior. Entre más numerosos fuesen los obstáculos opuestos al movimiento de bienes y hombres a través de las fronteras, más efectivamente debía salvaguardarse la libertad de los pagos. El dinero a corto plazo se movía de un punto a otro del globo en el curso de una hora; las modalidades de los pagos internacionales entre gobiernos y entre corporaciones privadas o individuos estaban uniformemente reguladas; el repudio de las deudas externas, o los intentos de manipulación de las garantías presupuestarias, incluso por parte de gobiernos atrasados, se consideraba como un ultraje y se castigaba con el destierro a la oscuridad exterior de quienes fuesen indignos de crédito. En todas las cuestiones relevantes para el sistema monetario mundial, se crearon instituciones similares por todas partes, como los organismos representativos, las constituciones escritas que definían su jurisdicción y regulaban la publicación de presupuestos, la promulgación de leyes, la ratificación de tratados, los métodos para la contratación de obligaciones financieras, las reglas de la contabilidad pública, los derechos de los extranjeros, la jurisdicción de los tribunales, el domicilio de las letras de cambio y, por implicación, la posición del banco de emisión, de los tenedores de bonos extranjeros, de los acreedores de todas clases. Esto involucraba la conformidad en el uso de billetes bancarios y de metales preciosos, de las regulaciones postales, y de los métodos de la bolsa de valores y de la banca. Ningún gobierno, con la posible excepción de los más poderosos, podía pasar por alto los tabúes del dinero. Para propósitos internacionales, la moneda era la nación; y ninguna nación podía existir por largo tiempo fuera del sistema internacional.

En contraste con los hombres y los bienes, el dinero estaba libre de todas las medidas restrictivas y continuaba desarrollando su capacidad para realizar transacciones comerciales a cualquier distancia y en todo tiempo. Entre más difícil se volvía el desplazamiento de los objetos reales, más fácil se volvía la transmisión de derechos sobre ellos. Mientras se frenaba el comercio de bienes y servicios y su balanza oscilaba precariamente, la balanza de pagos se mantenía líquida en forma casi automática con el auxilio de préstamos a corto plazo que viajaban por todo el globo, y de operaciones de financiamiento que sólo débilmente tomaban en cuenta al comercio visible. Los pagos, las deudas y los créditos no se veían afectados por las crecientes barreras erigidas en contra del intercambio de bienes; la elasticidad rápidamente creciente y la universalidad del mecanismo monetario internacional estaba compensando en cierto modo la contracción incesante de los canales del comercio mundial. A principios de los años treinta, cuando el comercio mundial se había reducido a un mínimo, los préstamos internacionales a corto plazo alcanzaron una movilidad jamás vista. Mientras funcionara el mecanismo de los movimientos internacionales del capital y de los créditos a corto plazo, ningún desequilibrio del comercio real era demasiado grande para que no se superara con los métodos de la contabilidad. Se evitaba la dislocación social con el auxilio de los movimientos del crédito; el desequilibrio económico se corregía por medios financieros.

En última instancia, el debilitamiento de la autorregulación del mercado condujo a la intervención política. Cuando el ciclo económico no pudo completarse para restablecer el empleo, cuando las importaciones no produjeron exportaciones, cuando las regulaciones de las reservas bancarias amenazaron con un pánico, cuando los deudores extranjeros se negaron a pagar, los gobiernos debieron responder a la emergencia. La unidad de la sociedad se afirmaba por medio de la intervención en tal situación.

La medida en que el Estado se viera inducido a interferir dependía de la constitución de la esfera política y del grado de la aflicción económica. Mientras que el voto estuviese restringido y pocos individuos ejercieran influencia política, el intervencionismo era un problema mucho menos urgente que el surgido cuando el sufragio universal hizo del Estado el órgano del millón gobernante: el mismo millón que, en el campo económico, debía llevar a menudo la carga amarga de los gobernados. Y mientras que el empleo fuese abundante, los ingresos estuviesen asegurados, la producción fuese continua, los niveles de vida fuesen confiables y los precios estables, la presión intervencionista sería naturalmente menor de lo que llegó a ser cuando los estancamientos prolongados hicieron de la industria un cementerio de herramientas ociosas y de esfuerzos frustrados.

También a nivel internacional se usaron métodos políticos para complementar la imperfecta autorregulación del mercado. La teoría ricardiana del comercio y la moneda omitió en vano la diferencia de posición existente entre los diversos países debido a su diferente capacidad de producción de riqueza, de capacidad de exportación, de comercio, de transporte y de experiencia bancaria. En la teoría liberal, Gran Bretaña era simplemente otro átomo en el universo del comercio internacional, exactamente igual que Dinamarca y Guatemala. En realidad, el mundo tenía un número limitado de países, divididos en países prestamistas y prestatarios, exportadores y prácticamente autosuficientes, países de variadas exportaciones y otros que dependían para sus importaciones y sus préstamos externos de la venta de un solo producto como el trigo o el café. La teoría podía omitir tales diferencias, pero sus consecuencias no podían pasarse por alto en la práctica. Con frecuencia, los países extranjeros se veían incapacitados para pagar sus deudas externas, o sus monedas se depreciaban poniendo en peligro su solvencia; a veces decidían corregir la balanza por medios políticos e interferían con la propiedad de los inversionistas extranjeros. En ninguno de estos casos podía confiarse en los procesos de autocorrección económica, aunque de acuerdo con la doctrina clásica tales procesos le pagarían infaliblemente al acreedor, restablecerían la moneda y salvaguardarían al extranjero contra la repetición de pérdidas similares. Pero esto habría requerido que los países involucrados participaran más o menos igualmente en un sistema de división mundial del trabajo, lo que desde luego no ocurría. Era inútil esperar que el país cuya moneda se derrumbaba incrementara invariablemente y de manera automática sus exportaciones, para restaurar así su balanza de pagos, o que su necesidad de capital extranjero lo obligara a compensar al extranjero y reanudar el servicio de su deuda. El aumento de las ventas de café o de nitratos, por ejemplo, podría sacar del mercado a los exportadores marginales, y el repudio de una deuda externa usuraria parecería preferible a una depreciación de la moneda nacional. El mecanismo del mercado mundial no podía correr tales riesgos. Por el contrario, se enviarían de inmediato las cañoneras, y el gobierno moroso afrontaría la alternativa del bombardeo o el arreglo, independientemente de que su mora fuese fraudulenta o no. No se disponía de ningún otro método para obligar al pago, evitar grandes pérdidas y mantener en marcha al sistema. Una práctica similar se había usado para inducir a los pueblos coloniales a reconocer las ventajas del comercio cuando el argumento teóricamente infalible de la ventaja recíproca no era entendido por los nativos con rapidez o de ninguna manera. Más evidente aún era la necesidad de los métodos intervencionistas cuando la región en cuestión era rica en materias primas requeridas por los fabricantes europeos, mientras que ninguna armonía previamente establecida aseguraba el surgimiento de una demanda de manufacturas europeas por parte de los nativos cuyas necesidades naturales habían tomado antes una dirección enteramente diferente. Por supuesto, se suponía que ninguna de estas dificultades surgiría bajo un sistema autorregulado. Pero entre más frecuentes fuesen los pagos hechos sólo bajo la amenaza de la intervención armada, con mayor frecuencia se mantendrían abiertas las rutas comerciales sólo con el auxilio de las cañoneras; entre más a menudo siguiera el comercio a la bandera, mientras que la bandera seguía a las necesidades de los gobiernos invasores, más patente se hacía que debían usarse instrumentos políticos para mantener el equilibrio en la economía mundial.

XVIII. Las tensiones destructivas

De tal uniformidad de los arreglos institucionales subyacentes derivó la intrigante semejanza del patrón de los eventos que en el medio siglo transcurrido entre 1879 y 1929 se hicieron sentir en un territorio enorme.

Una diversidad infinita de personalidades y antecedentes, mentalidades y experiencias históricas, daba color local e hincapié peculiar a las vicisitudes de muchos países; pero en la mayor parte del mundo tenía la civilización la misma urdimbre. Esta afinidad trascendía la de los rasgos culturales comunes a pueblos que usaban instrumentos similares, disfrutaban de diversiones similares y remuneraban el esfuerzo con premios similares. Más bien, la semejanza se refería a la función de eventos concretos en el contexto histórico de la vida, el componente temporal de la existencia colectiva. Un análisis de estas tensiones típicas revelaría gran parte del mecanismo que produjo el patrón singularmente uniforme de la historia durante este periodo.

Las tensiones pueden agruparse fácilmente de acuerdo con las principales esferas institucionales. En la economía interna, los síntomas de desequilibrio más variados —como la declinación de la producción, el empleo y los ingresos— se representarán aquí por el flagelo típico del desempleo. En la política interna había la lucha y el empate de las fuerzas sociales, que tipificaremos como la tensión clasista. Designaremos las dificultades surgidas en el campo de la economía internacional, centradas alrededor de la llamada balanza de pagos e integradas por una baja de las exportaciones, desfavorables términos de intercambio, escasez de materias primas importadas, y pérdidas de las inversiones extranjeras, como un grupo, por una forma característica de la tensión, a saber: la presión sobre los cambios. Por último, llamaremos rivalidades imperialistas a las tensiones existentes en la política internacional.

Consideremos ahora un país que, en el curso de una depresión económica, se ve azotado por el desempleo. Se advierte sin dificultad que todas las medidas de política económica que los bancos puedan tomar a fin de crear empleos están limitadas por las exigencias de la estabilidad de las tasas de cambio. Los bancos no podrán expandir ni otorgar créditos nuevos a la industria sin recurrir al banco central, el que por su parte denegará la petición porque la seguridad de la moneda requiere que se siga el camino opuesto. Por otra parte, si la tensión se difunde de la industria al Estado —los sindicatos podrían inducir a los partidos políticos afiliados para que plantearan el asunto en el parlamento— el alcance de toda política de subsidio o de obras públicas estará limitado por los requerimientos del equilibrio presupuestario, otra condición necesaria para la estabilidad de las tasas de cambio. El patrón oro frenará así la acción de la Tesorería tan eficazmente como la del banco de emisión, y la legislatura afrontará las mismas limitaciones aplicadas a la industria.

Por supuesto, dentro de la nación podría soportarse la tensión del desempleo alternativamente en la zona industrial o en la zona gubernamental. Si en un caso particular se superó la crisis por una presión deflacionaria sobre los salarios, podría decirse que la carga recayó primordialmente sobre la esfera económica. Pero si se evitó esa medida dolorosa con el auxilio de las obras públicas subsidiadas con los impuestos a la herencia, la mayor parte de la tensión recaería sobre la esfera política (lo mismo ocurriría si la disminución de los salarios se impusiera a los sindicatos por alguna medida gubernamental que violara los derechos adquiridos). En el primer caso —presión deflacionaria sobre los salarios— la tensión permanecía dentro de la zona del mercado y se expresaba en un desplazamiento de los ingresos transmitidos por un cambio de los precios; en el último caso —obras públicas o restricciones sindicales— había un cambio de la posición legal o de la tributación que afectaba primordialmente la posición política del grupo involucrado.

Además, la tensión del desempleo podría haberse difundido fuera de los confines de la nación y afectado a las divisas. Esto podría ocurrir independientemente de que se hubiesen empleado métodos políticos o económicos para combatir el desempleo. Bajo el patrón oro —que suponemos vigente todo el tiempo— toda medida gubernamental que provocara un déficit presupuestario podría iniciar una depreciación de la moneda; por otra parte, si se combatiera el desempleo con la expansión del crédito bancario, la elevación de los precios internos afectaría a las exportaciones y por ende a la balanza de pagos. En ambos casos se derrumbarían las divisas y el país sentiría la presión sobre su moneda.

Alternativamente, la tensión derivada del desempleo podría inducir una tensión externa. En el caso de un país débil, esto tenía a veces las consecuencias más graves para su posición internacional. Su posición se deterioraba, sus derechos eran violados, se le imponía el control extranjero, sus aspiraciones nacionales se frustraban. En el caso de los Estados fuertes, la presión podría conducir a una lucha por los mercados externos, las colonias, las zonas de influencia y otras formas de la rivalidad imperialista.

Las tensiones emanadas del mercado se desplazan así entre el mercado y las otras zonas institucionales principales, afectando a veces el funcionamiento del campo del gobierno, a veces el del patrón oro o el del sistema de la balanza de poder, según el caso. Cada campo era comparativamente independiente de los otros y tendía hacia su propio equilibrio; siempre que no se alcanzara esta balanza, el desequilibrio se difundía a las otras esferas. Era la relativa autonomía de la esfera lo que hacía que las tensiones se acumularan y generaran presiones que eventualmente explotaban en formas más o menos estereotipadas. Mientras que en la imaginación el siglo XIX se ocupó de la construcción de la utopía liberal, en la realidad estaba entregando las cosas a un número definido de instituciones concretas cuyos mecanismos estaban gobernando.

Es posible que el enfoque más cercano a la apreciación de la posición verdadera haya sido el interrogante retórico de un economista que, todavía en 1933, acusaba a las políticas proteccionistas de la gran mayoría de los gobiernos. ¿Puede ser correcta una política que está siendo condenada unánimemente por todos los expertos como completamente errada, obviamente falaz y contraria a todos los principios de la teoría económica? La respuesta del economista era un categórico «no»[112]. Pero en vano buscaríamos en la literatura liberal algo semejante a una explicación de los hechos patentes. La única respuesta era una corriente interminable de abusos por parte de los gobiernos, los políticos y los estadistas cuya ignorancia, ambición, avaricia y miope prejuicio eran supuestamente responsables de las políticas del proteccionismo aplicadas consistentemente en «la gran mayoría» de los países. Raras veces se encontraba siquiera un argumento razonado sobre el tema. Desde el desafío de los hechos empíricos de la ciencia por parte de los escolásticos, jamás se había exhibido el prejuicio franco en un conjunto tan temible. La única respuesta intelectual era la complementación del mito de la conspiración proteccionista con el mito de la locura imperialista.

En la medida en que se hacía articulado, el argumento liberal afirmaba que las pasiones imperialistas empezaron a agitarse en los países occidentales a principios del decenio de 1880 y destruyeron la obra fructífera de los pensadores económicos por su apelación emocional al prejuicio tribal. Estas políticas sentimentales cobraron fuerza gradualmente, hasta que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Después de la Gran Guerra, las fuerzas de la Ilustración tuvieron otra oportunidad para restablecer el imperio de la razón, pero una oleada inesperada de imperialismo, especialmente entre los pequeños países nuevos, y luego también en los «desheredados» como Alemania, Italia y Japón, descarriló el vagón del progreso. El «animal inventivo», el político, había derrotado a los centros intelectuales de la humanidad: Ginebra, Wall Street y la City de Londres.

En esta muestra de teología política popular, el imperialismo da la razón al viejo Adam. Se da por sentado que tanto los Estados como los imperios sufren de imperialismo congénito: devorarán a sus vecinos sin mostrar el menor escrúpulo moral. La segunda parte del argumento es verdad; no así la primera. Si bien el imperialismo, surja en el lugar y en el tiempo en que surja, no se detiene ante justificación racional o moral alguna para consumar su expansión, los hechos mismos demuestran que los Estados y los imperios no son invariablemente expansionistas. Las asociaciones territoriales no están necesariamente ansiosas por extender sus fronteras; ni las ciudades, ni los Estados ni los imperios sufren de una compulsión semejante. Argumentar lo contrario equivale a asumir que algunas situaciones típicas constituyen una ley universal. En efecto: en contra de las ideas preconcebidas populares, el capitalismo moderno comenzó en realidad con un largo periodo de contracción. Fue sólo hasta fechas recientes cuando ocurrió el giro hacia el imperialismo.

El antiimperialismo fue iniciado por Adam Smith, quien así no sólo se anticipó a la Revolución americana sino también al movimiento de la Pequeña Inglaterra del siglo siguiente. Las razones del cambio eran económicas: la rápida expansión de los mercados, iniciada por la Guerra de los siete años, hizo que los imperios pasaran de moda. Mientras que los descubrimientos geográficos, combinados con la relativa lentitud de los medios de transporte, favorecían a las plantaciones en el extranjero, las comunicaciones rápidas convertían a las colonias en un lujo caro. Otro factor desfavorable para las plantaciones era el hecho de que las exportaciones eran ahora más importantes que las importaciones; el ideal del mercado de compradores se veía desplazado por el mercado de vendedores, un objetivo que ahora podía alcanzarse simplemente vendiendo más barato que los competidores, incluidos eventualmente los propios colonizadores. Una vez perdidas las colonias de la costa atlántica, Canadá apenas podía permanecer dentro del Imperio (1837); hasta Disraeli aconsejaba la liquidación de las posesiones de África occidental; el Estado de Orange ofreció en vano unirse al imperio; y algunas islas del Pacífico, consideradas ahora como bases de la estrategia mundial, vieron consistentemente negada su admisión. Los partidarios del libre comercio y los proteccionistas, los liberales y los Tories ardientes se unieron en la convicción popular de que las colonias eran un activo inútil, destinado a convertirse en un pasivo político y financiero. Cualquiera que elogiara a las colonias en el siglo transcurrido entre 1780 y 1880 era mirado como partidario del ancien régime. La clase media denunció la guerra y la conquista como maquinaciones dinásticas y se adhirió al pacifismo (François Quesnay había sido el primero en reclamar para el laissez-faire los laureles de la paz). Francia y Alemania siguieron las huellas de Inglaterra. La primera frenó apreciablemente el ritmo de su expansión, e incluso su imperialismo era ahora más continental que colonial. Bismarck rechazaba airadamente el pago de una sola vida por los Balcanes y echó toda su influencia tras la propaganda anticolonial. Tal era la actitud gubernamental cuando las compañías capitalistas estaban invadiendo continentes enteros; cuando la East India Company se había disuelto a insistencia de ávidos exportadores de Lancashire, y traficantes anónimos de mercancías remplazaron en la India a las resplandecientes figuras de Warren Hastings y Clive. Los gobiernos se mantenían alejados. Canning ridiculizó la noción de la intervención en aras de inversionistas y especuladores en el extranjero. La separación de la política y la economía se llevaba ahora a los asuntos internacionales. Mientras que la reina Isabel se había resistido a distinguir demasiado estrictamente entre su ingreso privado y el ingreso del filibustero, Gladstone habría calificado de calumnia la afirmación de que la política exterior británica se estaba poniendo al servicio de los inversionistas extranjeros. La fusión del poder estatal y los intereses comerciales no era una idea del siglo XIX; por el contrario, algunos estadistas de principios de la época victoriana habían proclamado la independencia de la política y la economía como una máxima del comportamiento internacional. Se suponía que los representantes diplomáticos actuarían en aras de los intereses privados de sus nacionales sólo en algunos casos estrechamente definidos, y la subrepticia extensión de estas ocasiones se negaba en público y se reprimía en consecuencia si llegara a demostrarse. No sólo dentro del país, sino también en el extranjero, se mantenía el principio de la no intervención del Estado en los asuntos de la empresa privada. Se suponía que el gobierno nacional no intervendría en el comercio privado, y se esperaba que las oficinas del exterior no consideraran los intereses privarlos en el exterior sino de acuerdo con lineamientos nacionales. Las inversiones eran predominantemente agrícolas y ubicadas dentro del país; las inversiones extranjeras se consideraban todavía como un azar, y las frecuentes pérdidas totales sufridas por los inversionistas se consideraban ampliamente compensadas por los términos escandalosos de los préstamos usurarios.

El cambio llegó repentinamente, y esta vez al mismo tiempo en todos los países grandes de Occidente. Mientras que Alemania repitió el desarrollo interno de Inglaterra sólo después de medio siglo, los eventos externos de alcance mundial afectarían necesariamente a todos los países traficantes por igual. Tal evento era el incremento del ritmo y el volumen del comercio internacional, así como la movilización universal de la tierra, implicados en la transportación masiva de granos y materias primas agrícolas de una parte del planeta a otra, a un costo fraccional. Este terremoto económico dislocaba la vida de docenas de millones de habitantes de Europa rural. Al cabo de pocos años, el libre comercio era cosa del pasado, y la nueva expansión de la economía de mercado ocurrió bajo condiciones enteramente nuevas.

Estas condiciones eran fijadas por el «doble movimiento». El patrón del comercio internacional que ahora se difundía a ritmo acelerado se veía cruzado por la introducción de instituciones proteccionistas destinadas a frenar la acción general del mercado. La crisis agraria y la Gran Depresión de 1873-1886 habían menguado la confianza en que la economía se curaría sola. En adelante, las instituciones características de la economía de mercado podrían introducirse de ordinario sólo si fuesen acompañadas de medidas proteccionistas, sobre todo porque desde fines del decenio de 1870 y principios del decenio siguiente, se estaban constituyendo las naciones en unidades organizadas susceptibles de padecer gravemente por las dislocaciones involucradas en todo ajuste repentino a las necesidades del comercio exterior o de las divisas. El vehículo supremo de la expansión de la economía de mercado, el patrón oro, se acompañaba así habitualmente con la introducción simultánea de las políticas proteccionistas características de la época, como la legislación social y los aranceles aduaneros.

Sobre este punto resultaba errada también la versión liberal tradicional de la conspiración colectivista. El libre comercio y el sistema del patrón oro no eran caprichosamente destruidos por egoístas traficantes de aranceles y por leyes sociales de beneficencia; por el contrario, el propio surgimiento del patrón oro apresuró la difusión de estas instituciones proteccionistas, mejor recibidas entre más onerosas fuesen las tasas de cambio fijas. A partir de ese momento, los aranceles, las leyes fabriles y una política colonial activa eran condiciones necesarias para la estabilidad de la moneda externa (Gran Bretaña, con su vasta superioridad industrial, era la excepción que probaba la regla). Los métodos de la economía de mercado podían introducirse ahora con seguridad sólo cuando se diesen estas condiciones. Cuando tales métodos se aplicaban a un pueblo indefenso en ausencia de medidas protectoras, como ocurría en las regiones exóticas y semicoloniales, se producían sufrimientos inenarrables.

Aquí se encuentra la clave de la aparente paradoja del imperialismo: la negativa económicamente inexplicable y por ende supuestamente irracional de los países a comerciar entre sí en forma indiscriminada, buscando en cambio la adquisición de mercados extranjeros y exóticos. Lo que hacía a los países actuar en esta forma era simplemente el temor de consecuencias similares a las que los pueblos indefensos no podían evitar. La diferencia era simplemente que, mientras que la población tropical de la colonia pobre se veía arrojada a la miseria y la degradación totales, a menudo hasta el punto de la extinción física, la negativa del país occidental era inducida por un peligro menor pero todavía suficientemente real para ser evitado casi a toda costa. No importaba que la amenaza, como en el caso de las colonias, no fuese esencialmente económica; no había ninguna razón, aparte del prejuicio, para buscar la medida de la dislocación social en magnitudes económicas. En efecto, esperar que una comunidad permaneciera indiferente ante el flagelo del desempleo, el desplazamiento de industrias y ocupaciones y la tortura moral y psicológica que las acompaña, sólo porque los efectos económicos podrían ser insignificantes a largo plazo, equivalía a suponer un absurdo.

La nación era tan a menudo el recipiente pasivo como el iniciador activo de la tensión. Si algún evento externo pesaba grandemente sobre el país, su mecanismo interno funcionaba en la forma habitual, desplazando la presión de la zona económica a la política o viceversa. Durante la posguerra ocurrieron ejemplos importantes. Para algunos países de Europa central, la derrota creó condiciones muy artificiales que incluían una feroz presión externa bajo la forma de reparaciones. Durante más de un decenio, el escenario interno alemán se vio dominado por un desplazamiento de la carga externa entre la industria y el Estado: entre los salarios y los beneficios por una parte, entre los beneficios sociales y los impuestos por la otra. La nación en conjunto soportó las representaciones, y la posición interna cambió de acuerdo con la forma en que el país —gobierno y empresas combinados— atacara el problema. La solidaridad nacional se basaba así en el patrón oro, lo que hacía del mantenimiento del valor externo de la moneda una obligación imperiosa.

El Plan Dawes se elaboró expresamente para salvaguardar a la moneda alemana. El Plan Young volvió absoluta la misma condición. Si no fuese por la obligación de mantener incólume el valor externo del Reichsmark, el curso de los asuntos internos de Alemania durante este periodo sería ininteligible. La responsabilidad colectiva por la moneda creaba el marco indestructible dentro del cual se ajustaban a la tensión las empresas y los partidos, la industria y el Estado. Pero lo que una Alemania derrotada debía soportar como resultado de una guerra perdida lo habían soportado voluntariamente todos los pueblos antes de la Gran Guerra, a saber: la integración artificial de sus países a través de la presión de las tasas de cambio estables. Sólo la resignación ante las inevitables leyes del mercado podría explicar la orgullosa aquiescencia con la que se llevó la cruz.

Podría objetarse que este bosquejo es el resultado de una simplificación excesiva. La economía de mercado no se inició en un día, ni los tres mercados se movían con la coordinación de una danza, ni el proteccionismo tenía efectos paralelos en todos los mercados, etc. Esto es cierto, por supuesto; pero no ataca el fondo de la cuestión.

Desde luego, el liberalismo económico sólo creó un mecanismo novedoso a partir de mercados más o menos desarrollados; unificó diversos tipos de mercados ya existentes, y coordinó sus funciones en un solo conjunto. De igual modo, la separación de la mano de obra y la tierra estaba bien avanzada para ese momento, al igual que el desarrollo de los mercados de dinero y crédito. En todo momento, el presente estaba ligado al pasado, y en ninguna parte se hallaba un rompimiento.

Pero el cambio institucional empezó a operar abruptamente porque tal es su naturaleza. Se alcanzó la etapa crítica con el establecimiento de un mercado laboral en Inglaterra, donde los trabajadores afrontaban la amenaza de la inanición si no respetaban las reglas del trabajo asalariado. En cuanto se dio este paso drástico, el mecanismo del mercado autorregulado echó a andar. Su efecto sobre la sociedad fue tan violento que, casi instantáneamente y sin ningún cambio previo de la opinión, surgieron poderosas reacciones protectoras.

De igual modo, a pesar de su naturaleza y su origen ampliamente diferentes, los mercados de los diversos elementos de la industria mostraban ahora un desarrollo paralelo. Esto no podría haber sido de otro modo. La protección del hombre, la naturaleza y la organización productiva equivalía a una interferencia con los mercados de mano de obra y de tierra, así como en los mercados del medio de cambio, el dinero, lo que Ipso facto afectaba a la autorregulación del sistema. Dado que el propósito de la intervención era la rehabilitación de la vida de los hombres y su ambiente, para darles cierta seguridad en su posición, inevitablemente trataba de reducir la flexibilidad de los salarios y la movilidad de la mano de obra, dando estabilidad a los ingresos y continuidad a la producción, introduciendo el control público de los recursos nacionales y la administración de las monedas a fin de evitar los cambios perturbadores del nivel de los precios.

La Depresión de 1873-1886 y la adicción agraria de los años setenta agravó la tensión permanentemente. Al inicio de la Depresión, Europa había estado en el apogeo del libre comercio. El nuevo Reich alemán había impuesto a Francia la cláusula de la nación más favorecida, la había obligado a derogar los aranceles sobre el hierro en lingotes, y había introducido el patrón oro. Al terminar la Depresión, Alemania se había rodeado de aranceles protectores, había establecido una organización de cartel general, creado un sistema de seguridad social comprensivo, y estaba practicando políticas coloniales de alta presión. El prusianismo, que había sido un pionero del libre comercio, era evidentemente tan poco responsable del cambio al proteccionismo como de la introducción del «colectivismo». Los Estados Unidos tenían aranceles más elevados aún que el Reich, y eran tan «colectivistas» a su modo: subsidiaban fuertemente la construcción de ferrocarriles largos y desarrollaban la formación elefantiásica de los monopolios.

Todos los países de Occidente seguían la misma tendencia, cualesquiera que fuesen su mentalidad y su historia nacionales[113]. Con el patrón oro internacional se puso en operación el aparato de mercado más ambicioso de todos, el que implicaba la independencia absoluta de los mercados frente a las autoridades nacionales. El comercio mundial significaba ahora la organización de la vida en el planeta bajo un mercado autorregulado que incluía la mano de obra, la tierra y el dinero, con el patrón oro como el guardián de esta automatización gigantesca. Naciones y pueblos eran simples muñecos en un espectáculo que escapaba por completo a su control. Se protegían contra el desempleo y la inestabilidad con el auxilio de los bancos centrales y los aranceles aduaneros, complementados por las leyes migratorias. Estos dispositivos trataban de contrarrestar los efectos destructivos del libre comercio más las monedas fijas, y en la medida en que lograban este propósito interferían con el funcionamiento de tales mecanismos. Aunque cada restricción singular tenía sus beneficiarios, cuyos beneficios o salarios excedentes eran una carga para todos los demás ciudadanos, a menudo era sólo el monto de la carga lo que resultaba injustificado, no la protección misma. A largo plazo había una baja generalizada de los precios que beneficiaba a todos.

Ya estuviese justificada o no la protección, los efectos de las intervenciones ponían de relieve una debilidad del sistema de mercado mundial. Los aranceles impuestos a las importaciones de un país perjudicaban a las exportaciones de otro país y lo obligaban a buscar mercados en regiones políticamente desprotegidas. El imperialismo económico era principalmente una lucha entre las potencias por el privilegio de extender su comercio hacia mercados políticamente desprotegidos. La presión por las exportaciones se reforzaba por una rebatiña de los abastos de materias primas provocada por la fiebre manufacturera. Los gobiernos apoyaban a sus nacionales que realizaban negocios en los países atrasados. El comercio y la bandera se perseguían recíprocamente. El imperialismo y la preparación semiconsciente para la autarquía constituían la inclinación de las potencias que se veían cada vez más dependientes de un sistema de economía mundial cada vez menos confiable. Y sin embargo, era imperativo el mantenimiento rígido de la integridad del patrón oro internacional. Ésta era una fuente institucional de la perturbación.

Dentro de las fronteras nacionales operaba una contradicción similar. El proteccionismo ayudaba a transformar los mercados competitivos en mercados monopólicos. Los mercados podían describirse cada vez menos como mecanismos autónomos y automáticos de átomos competitivos. Cada vez más se veían los individuos remplazados por las asociaciones, los hombres y el capital unidos a grupos no competitivos. El ajuste económico se hizo lento y difícil. La autorregulación de los mercados se vio gravemente afectada. Eventualmente, las estructuras de precios y costos sin ajuste prolongaban las depresiones, el equipo sin ajuste retardaba la liquidación de las inversiones poco rentables, los niveles de precios e ingresos sin ajuste provocaban tensiones sociales. Y cualquiera que fuese el mercado en cuestión —mano de obra, tierra o dinero— la tensión trascendería a la zona económica y el balance tendría que restablecerse por medios políticos. Sin embargo, la separación institucional de la esfera política y la esfera económica era constitutiva de la sociedad de mercado y debía mantenerse cualquiera que fuese la tensión involucrada. Ésta era la otra fuente de la tensión perturbadora.

Nos acercamos a la conclusión de nuestra narración. Sin embargo, una parte considerable de nuestro argumento no ha sido desarrollada. Aunque hemos podido probar fuera de toda duda que en la base de la transformación se encontraba el fracaso de la utopía del mercado, todavía debemos mostrar la manera en que esta causa determinó los eventos reales.

En cierto sentido, ésta es una tarea imposible porque la historia no la fragua un solo factor. Pero con toda su riqueza y diversidad, el flujo de la historia tiene sus situaciones y alternativas recurrentes que explican la similitud general de la textura de los eventos de una época. No tenemos que preocuparnos por el borde de los pequeños remolinos imprevisibles, si podemos explicar hasta cierto punto las regularidades que gobiernan las corrientes y contracorrientes bajo condiciones típicas.

En el siglo XIX tales condiciones estaban dadas por el mecanismo del mercado autorregulado, cuyos requerimientos debían ser satisfechos por la vida nacional e internacional. De ese mecanismo se seguían dos peculiaridades de la civilización: su rígido determinismo y su carácter económico. La perspectiva contemporánea tendía a conectar ambas cosas y a suponer que el determinismo derivaba de la naturaleza de la motivación económica, según la cual se esperaba que los individuos persiguieran sus intereses monetarios. En realidad no había ninguna conexión entre las dos cosas. El «determinismo» tan prominente en muchos detalles era simplemente el resultado del mecanismo de una sociedad de mercado con sus alternativas previsibles, cuya severidad se atribuía erróneamente al vigor de las motivaciones materialistas. El sistema de oferta-demanda-precio estará siempre balanceado, cualesquiera que sean las motivaciones de los individuos, y las motivaciones económicas por sí mismas son notoriamente mucho menos eficaces que las llamadas motivaciones emocionales para la mayoría de la gente.

La humanidad no estaba atrapada por motivaciones nuevas sino por mecanismos nuevos. En suma, la tensión surgía de la zona del mercado; de allí pasaba a la esfera política, alcanzando así a toda la sociedad. Pero dentro de las naciones singulares, la tensión permanecía latente mientras que la economía mundial continuara funcionando. Sólo cuando se disolvió la última de sus instituciones sobrevivientes, el patrón oro, se liberó la tensión existente dentro de las naciones. Aunque sus respuestas ante la nueva situación eran diferentes, en esencia representaban ajustes ante la desaparición de la economía mundial tradicional; cuando tal economía se desintegró, la propia civilización del mercado se vio tragada. Esto explica el hecho casi increíble de que una civilización estaba siendo destruida por la acción ciega de instituciones sin alma, cuyo único propósito era el incremento automático del bienestar material.

¿Pero cómo ocurrió efectivamente lo que era inevitable? ¿Cómo se tradujo en los eventos políticos que forman el núcleo de la historia? En esta fase final de la caída de la economía de mercado intervino decisivamente el conflicto de las fuerzas clasistas.

Tercera Parte

La transformación en progreso

XIX. El gobierno popular y la economía de mercado

En los años veinte, cuando se derrumbó el sistema internacional, reaparecieron los problemas casi olvidados del capitalismo inicial. Entre ellos destacaba el del gobierno popular.

El ataque fascista contra la democracia popular sólo revivió la cuestión del intervencionismo político que nubló la historia de la economía de mercado, ya que esa cuestión no era sino otro nombre para la separación de la esfera económica y la esfera política.

La cuestión de la intervención se planteó por primera vez, en lo referente a los trabajadores, por Speenhamland y la Nueva ley de pobres por una parte, la Reforma parlamentaria y el Movimiento cartista por la otra. En lo que se refiere a la tierra y al dinero, no era menor la importancia del intervencionismo, aunque los choques eran menos espectaculares. En el continente surgieron dificultades similares respecto de la mano de obra, la tierra y el dinero, con cierto retraso, que trasladaron los conflictos a un ambiente industrialmente más moderno pero socialmente menos unificado. Por todas partes, la separación de la esfera económica y la esfera política era el resultado del mismo tipo de desarrollo. En Inglaterra, al igual que en el continente, los puntos de partida fueron el establecimiento de un mercado de mano de obra competitivo y la democratización del Estado político.

Con razón se ha descrito a Speenhamland como un acto preventivo de intervención que obstruye la creación de un mercado de mano de obra. La batalla por una Inglaterra industrial se libró primero y se perdió por el momento en Speenhamland. En esta lucha se acuñó el lema del intervencionismo por los economistas clásicos, y se marcó a Speenhamland con una interferencia artificial frente a un orden de mercado efectivamente inexistente. Townsend, Malthus y Ricardo construyeron sobre los endebles cimientos de las condiciones de la Ley de pobres el edificio de la economía clásica, el instrumento conceptual de destrucción más formidable que jamás se haya dirigido contra un orden desaparecido. Sin embargo, el sistema de subsidios protegió durante otra generación los confines de la aldea contra la atracción de los elevados salarios urbanos. A mediados del decenio de 1820, Huskisson y Peel estaban ampliando los caminos del comercio exterior, se permitió la exportación de maquinaria, se eliminó el embargo impuesto a las exportaciones de lana, se abolieron las restricciones del transporte marítimo, se facilitó la emigración, y a la revocación formal del Estatuto de artífices sobre el aprendizaje y la fijación de los salarios siguió la derogación de las Leyes anticolusivas. Pero la desmoralizante Ley de Speenhamland se difundía entre los países, disuadiendo al jornalero del trabajo honesto, y convirtiendo en una incongruencia el concepto mismo de un trabajador independiente. Había llegado el momento de un mercado de mano de obra, pero la «ley» de los terratenientes impedía su nacimiento.

El Parlamento de la reforma inició de inmediato la abolición del sistema de subsidios. Se ha dicho que la nueva Ley de pobres que logró este propósito fue el acto de legislación social más importante jamás realizado por la Cámara de los Comunes. Pero el meollo de la Ley era simplemente la derogación de Speenhamland. Nada podía probar más decisivamente que la ausencia total de intervención en el mercado de mano de obra se reconocía ahora como un hecho de importancia constitutiva para toda la estructura futura de la sociedad. Hasta aquí la fuente económica de la tensión.

Por lo que se refiere a la fuente política, la Reforma parlamentaria de 1832 realizó una revolución pacífica. Por la Enmienda a la Ley de pobres de 1834, se alteró la estratificación social del país y se reinterpretaron algunos de los hechos básicos de la lengua inglesa sentidos radicalmente nuevos. La Nueva ley de pobres abolió la categoría general de los pobres, el «pobre honesto», o el «pobre que trabaja», términos que Burke había censurado. Los antiguos pobres se dividían ahora en indigentes físicamente impedidos, cuyo lugar era el hospicio, y trabajadores independientes que se ganaban la vida trabajando por un salario. Esto creaba una categoría enteramente nueva de pobres, los desempleados, que hacían su aparición en el escenario social. Mientras que el indigente debía ser ayudado por razones humanitarias, el desempleado no debía ser ayudado en aras de la industria. Poco importaba que el trabajador desempleado fuese inocente de su suerte. Lo importante no era que el desempleado pudiera haber encontrado o no un empleo si lo hubiese buscado realmente, sino que si no estuviese en peligro de perecer de hambre, con la única alternativa del aborrecido hospicio, el sistema salarial se derrumbaría, arrojando a la sociedad a la miseria y el caos. Se reconoció que así se castigaba al inocente. La perversión de la crueldad consistía precisamente en la emancipación del trabajador para el propósito explícito de hacer efectiva la amenaza de la destrucción por medio del hambre. Este procedimiento hace inteligible ese sentimiento de desolación que nos invade en las obras de los economistas clásicos. Pero a fin de cerrar la puerta firmemente a los trabajadores excedentes que estaban ahora atrapados en los confines del mercado de mano de obra, se impuso al gobierno una ordenanza de abnegación en el sentido de que —como dijera Harriet Martineau— la provisión de toda ayuda a las víctimas inocentes por parte del Estado sería una «violación de los derechos del pueblo».

Cuando el Movimiento cartista demandó la entrada de los desheredados en los precintos del Estado, la separación de la economía y la política dejó de ser una cuestión académica para convertirse en la condición imperiosa del sistema de sociedad existente. Habría sido una locura que se encomendara la administración de la Nueva ley de pobres, con sus métodos científicos de tortura mental, a los representantes del mismo pueblo al que estaba destinado ese tratamiento. Lord Macaulay era consistente cuando pedía en la Cámara de los Lores —en uno de los discursos más elocuentes que pronunciara jamás un gran liberal— el rechazo incondicional de la petición cartista en nombre de la institución de la propiedad en la que descansaba toda la civilización. Sir Robert Peel dijo que la Carta era un desafío contra la Constitución. Entre más viciosamente distorsionara el mercado de trabajo la vida de los trabajadores, más insistentemente clamarían éstos por el voto. La demanda de un gobierno popular era la fuente política de la tensión.

En estas condiciones, el constitucionalismo cobraba un significado enteramente nuevo. Hasta entonces, las salvaguardias constitucionales contra la interferencia ilegal con los derechos de propiedad sólo se ocupaban de los actos arbitrarios de los poderosos. La visión de Locke no trascendía los límites de la propiedad terrateniente y comercial, y sólo trataba de excluir los actos prepotentes de la corona, tales como las secularizaciones bajo Enrique VIII, el robo de la Casa de Moneda bajo Carlos I o la «suspensión» del tribunal de Hacienda bajo Carlos II. La separación del gobierno y las empresas, en el sentido de Locke, se logró de manera ejemplar en la carta constitutiva de un Banco de Inglaterra independiente en 1694. El capital comercial había ganado en su lucha contra la corona.

Un siglo después, no era la propiedad comercial sino la industrial lo que debería protegerse, y no en contra de la corona sino en contra del pueblo. Sólo por un error podrían aplicarse a las situaciones del siglo XIX los significados del siglo XVII. La separación de poderes, que Montesquieu (1748) había inventado mientras tanto, se usaba ahora para separar al pueblo del poder durante su propia vida económica. La Constitución americana, forjada en un ambiente de granjeros-artesanos por líderes prevenidos por el escenario industrial inglés, aislaba por completo a la esfera económica de la jurisdicción de la Constitución colocaba así a la propiedad privada bajo la protección más elevada concebible, y creaba la única sociedad de mercado de base legal en el mundo. A pesar del sufragio universal, los votantes estadounidenses estaban indefensos ante los propietarios[114].

En Inglaterra se convirtió en la ley no escrita de la Constitución que debía negarse el voto a la clase trabajadora. Los líderes cartistas fueron encarcelados; sus seguidores, que sumaban millones, fueron burlados por una legislatura representativa de una pequeña fracción de la población y las autoridades trataban como un acto criminal la mera demanda de la votación. No había ninguna señal, del espíritu, de compromiso supuestamente característico del sistema británico que fue una invención posterior. No antes de que la clase trabajadora hubiese pasado por los Hambrientos cuarenta y hubiese surgido una generación dócil para cosechar los beneficios de la Edad dorada del capitalismo; no antes de que un estrato superior de trabajadores cualificados hubiese desarrollado sus sindicatos y se hubiesen separado de la masa oscura de los jornaleros miserables; no antes de que los trabajadores hubiesen aceptado el sistema que la Nueva ley de pobre, trataba de imponerles, se permitió que su estrato mejor pagado participara en los concilios de la nación. Los cartistas habían luchado por el derecho a detener el molino del mercado que aplastaba la vida de la gente. Pero se otorgaron derechos a la gente sólo cuando ya se había realizado el horrible ajuste. Dentro y fuera de Inglaterra, desde Macaulay hasta Mises, desde Spencer hasta Sumner, no había ningún liberal militante que no expresase su convicción de que la democracia popular era un peligro para el capitalismo.

La experiencia de la cuestión laboral se repitió en la cuestión monetaria. También aquí, la década de 1790 presagió la de 1920. Bentham fue el primero en reconocer que la inflación y la deflación eran intervenciones en el derecho de propiedad; la primera un impuesto a los negocios, la última una interferencia con tales negocios[115]. Desde entonces, la mano de obra y el dinero, el desempleo y la inflación, se han encontrado en la misma categoría desde el punto de vista político Cobbett denunció al patrón oro con la Nueva ley de pobres; Ricardo defendió a ambos, y con argumentos muy similares: la mano de obra y el dinero son mercancías, y el gobierno no tiene derecho a interferir con ninguno de ellos. Los banqueros que se opusieron a la introducción del patrón oro, como Atwood de Birmingham, se encontraron al lado de los socialistas como Owen. Y un siglo más tarde, Mises estaba reiterando todavía que la mano de obra y el dinero ya no le importaban al gobierno, como no le importaba ninguna otra mercancía del mercado. En el siglo XVIII, antes de la federación, el dinero barato era en los Estados Unidos el equivalente de Speenhamland, es decir, una concesión económicamente desmoralizante hecha por el gobierno ante el clamor popular. La Revolución francesa y sus assignats demostraron que el pueblo podía destruir a la moneda, y la historia de los Estados americanos no ayudaba a despejar esa sospecha. Burke identificó a la democracia estadunidense con los problemas monetarios, y Hamilton no temía sólo a las facciones sino también a la inflación. Pero mientras que las disputas de los partidos populistas y partidarios de la emisión de billetes con los magnates de Wall Street eran endémicas en los Estados Unidos durante el siglo XIX, la acusación del inflacionismo se volvió en Europa un argumento eficaz contra las legislaturas democráticas sólo en la década de los veinte, con consecuencias políticas de largo alcance.

La protección social y la interferencia con la moneda no eran simplemente cuestiones análogas sino a menudo idénticas. Desde el establecimiento del patrón oro, la moneda se veía en peligro por una elevación del nivel salarial tanto como por la inflación directa: ambos fenómenos podrían disminuir las exportaciones y deprimir eventualmente las tasas de cambio. Esta conexión simple entre las dos formas básicas de la intervención se convirtió en el pivote de la política en los años veinte. Los partidos preocupados por la seguridad de la moneda protestaban tanto contra los amenazantes déficit presupuestarios como contra las políticas de dinero barato, oponiéndose así a la «inflación de tesorería» tanto como a la «inflación del crédito», o bien, en términos más prácticos, denunciando las cargas sociales y los salarios elevados, los sindicatos y los partidos laboristas. No importaba la forma sino la esencia, ¿y quién podría dudar de que los beneficios de desempleo irrestrictos podrían ser tan eficaces para perturbar el balance del presupuesto como una tasa de interés demasiado baja para inflar los precios, y con las mismas consecuencias nefastas para las tasas de cambio? Gladstone había hecho del presupuesto la conciencia de la nación británica. En pueblos menos avanzados, una moneda estable podría tomar el lugar del presupuesto. Pero el resultado era muy similar. Si había necesidad de reducir los salarios o los servicios sociales, las consecuencias de una ausencia de reducción eran inevitablemente fijadas por el mecanismo del mercado. Desde el punto de vista de este análisis, el gobierno nacional de Gran Bretaña realizó en 1931, en forma modesta, la misma función que el Nuevo Trato estadunidense. Eran éstos dos movimientos de ajuste de países singulares en la gran transformación. Pero el ejemplo británico tenía la ventaja de estar libre de factores complejos, tales como las luchas civiles o las conversiones ideológicas, de modo que exhibía con mayor claridad los aspectos decisivos.

La moneda de Gran Bretaña había estado vacilante desde 1925. El retorno al oro no se vio acompañado de un ajuste correspondiente del nivel de los precios, el que se encontraba claramente por encima de la paridad mundial. Muy pocos estaban conscientes del absurdo camino emprendido conjuntamente por el gobierno y el banco, los partidos y los sindicatos. Snowden, ministro de Hacienda en el primer gobierno Laborista (1924), era un adicto al patrón oro como jamás se vio, pero no pudo advertir que al comprometerse a restablecer la libra comprometía a su partido a sostener una baja de los salarios o fracasar miserablemente. Siete años más tarde, los laboristas se vieron obligados —por el propio Snowden— a hacer ambas cosas. Para el otoño de 1931, el drenaje continuo de la depresión se dejaba sentir sobre la libra. El colapso de la Huelga general de 1926 había asegurado en vano contra un nuevo incremento del nivel de los salarios: no impedía un aumento de la carga financiera de los servicios sociales, especialmente a través de los subsidios incondicionales para el desempleo. No había necesidad de una «rampa» de los banqueros (aunque la rampa estaba allí) para convencer a la nación de la necesidad de una moneda sana y de presupuestos sanos por una parte, de mejores servicios sociales y una moneda depreciada por la otra ya fuese la depreciación causada por los altos salarios y las declinantes exportaciones o simplemente por el gasto deficitario. En otras palabras, debían reducirse los servicios sociales o la tasa de cambio. En virtud de que los laboristas no podían decidirse por ninguna de las dos cosas —una reducción salarial era contraria a la política sindical, y el abandono del oro se habría considerado como un sacrilegio— perdieron el poder, y los partidos tradicionales redujeron los servicios sociales y eventualmente abandonaron el oro. Se eliminó el subsidio incondicional para el desempleo; se introdujo una prueba de medios. Al mismo tiempo, las tradiciones políticas del país experimentaban un cambio importante. Se suspendió el sistema bipartidista y no se mostró ninguna precipitación para restablecerlo. Doce años después estaba todavía eclipsado, con todas las señales en contra de un regreso pronto. Sin ninguna pérdida trágica del bienestar o de la libertad, el país había dado un paso decisivo hacia una transformación al suspender el patrón oro. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto se vio acompañado por cambios en los métodos del capitalismo liberal. Pero estos cambios no se consideraban permanentes, de modo que no sacaron al país de la zona de peligro.

En todos los países importantes de Europa funcionó un mecanismo similar y con efectos muy semejantes. En Austria en 1923, en Bélgica y Francia en 1926, en Alemania en 1931, los partidos laboristas fueron derrotados para «salvar a la moneda». Estadistas como Seipel, Francqui, Poincaré o Brüning eliminaron a los laboristas del gobierno, redujeron los servicios sociales y trataron de romper la resistencia de los sindicatos ante los ajustes salariales. Invariablemente, el peligro era para la moneda, y con igual regularidad se echaba la responsabilidad a los salarios inflados y los presupuestos desbalanceados. Tal simplificación no hace justicia a la diversidad de los problemas involucrados que abarcaban casi todos los aspectos de la política económica y financiera, incluidos los del comercio exterior, la agricultura y la industria. Pero entre más de cerca consideramos estas cuestiones, más claro se vuelve que eventualmente la moneda y el presupuesto concentraron las controversias pendientes entre empleadores y empleados, mientras que el resto de la población fluctuaba en su apoyo al uno o al otro de los grupos más prominentes.

El llamado experimento Blum (1936) constituyó otro ejemplo. Los trabajadores estaban en el gobierno, pero a condición de que no se impusiera ningún embargo a las expoliaciones de oro. El Nuevo Trato francés no tuvo jamás una oportunidad de triunfar, ya que el gobierno estaba atado a la cuestión crucial de la moneda. El caso es fehaciente porque en Francia, como en Inglaterra, una vez que los trabajadores se habían vuelto inocuos, los partidos de clase media renunciaron a la defensa del patrón oro sin mayor escándalo. Estos ejemplos demuestran cuán devastador era el efecto del postulado de la moneda sana sobre las políticas populares.

La experiencia estadunidense enseñaba la lección, pero en otra forma. El Nuevo Trato no podría haberse emprendido sin abandonar el oro, aunque las divisas importaban poco en realidad. Bajo el patrón oro, los líderes del mercado financiero reciben la encomienda de salvaguardar la estabilidad de la tasa de cambio y la salud del crédito interno de los que depende en gran medida el financiamiento gubernamental. La organización bancaria puede obstruir así todo movimiento interno de la esfera económica que le desagrade, por razones buenas o malas. En términos de la política, de la moneda y del crédito, los gobiernos deben escuchar los consejos de los banqueros, los únicos que pueden saber si alguna medida financiera pondría o no en peligro al mercado de capital y los cambios. El hecho de que el proteccionismo social no condujera en este caso a un estancamiento se debió a que los Estados Unidos abandonaron a tiempo el oro. Porque si las ventajas técnicas de este movimiento eran escasas (y las razones dadas por la Administración eran muy débiles, como de costumbre), el desarme político de Wall Street fue el resultado de este paso. El mercado financiero gobierna por medio del pánico. El eclipse de Wall Street en los años treinta salvó a los Estados Unidos de una catástrofe social del tipo continental.

Pero sólo en los Estados Unidos, con su independencia del comercio mundial y su posición monetaria excesivamente fuerte, era el patrón oro una cuestión de política interna primordialmente. En otros países, el abandono del oro involucraba nada menos que la salida de la economía mundial. Es probable que la única excepción fuese Gran Bretaña, cuya participación en el comercio mundial era tan grande que había podido establecer las modalidades bajo las que debería operar el sistema monetario internacional, desplazando así la carga del patrón oro en gran medida a otros hombros. En países como Alemania, Francia, Bélgica y Austria no existía ninguna de estas condiciones. En ellos, la destrucción de la moneda significaba la separación del mundo exterior y el sacrificio consiguiente de industrias dependientes de las importaciones de materias primas, desorganizando el comercio exterior del que dependía el empleo, y todo esto sin ninguna posibilidad de forzar un grado similar de depreciación en sus proveedores para evadir así las consecuencias internas de una baja en el valor de la moneda en oro, como lo había hecho Gran Bretaña.

Las tasas de cambio eran el brazo muy efectivo de la palanca que estaba presionando al nivel salarial. Antes de que la tasa de cambio planteara el problema, la cuestión salarial incrementaba de ordinario la tensión debajo de la superficie. Pero lo que las leyes del mercado no podían imponer a menudo a los asalariados renuentes, lo realizaba con gran eficacia el mecanismo de las divisas. El indicador monetario ponía a la vista de todos los efectos desfavorables de las políticas sindicales intervencionistas sobre el mecanismo del mercado (cuyas deficiencias inherentes se daban ahora por sentadas, incluido el ciclo económico).

En efecto, la naturaleza utópica de una sociedad de mercado no puede ilustrarse mejor que por los absurdos en los que debe involucrar a la comunidad la ficción de las mercancías en relación con la mano de obra. La huelga, esta arma de negociación normal de la acción industrial, se miraba cada vez más frecuentemente como una interrupción caprichosa del trabajo socialmente útil, la que al mismo tiempo disminuía el dividendo social del que deben provenir los salarios en última instancia. Se censuraban las huelgas de solidaridad, mientras que las huelgas generales se consideraban como una amenaza para la existencia de la comunidad. En realidad, las huelgas en los servicios vitales y en los servicios públicos mantenían a los ciudadanos como rehenes, al mismo tiempo que los involucraban en el problema laberíntico de las funciones auténticas de un mercado de mano de obra. Se supone que la mano de obra encuentra su precio en el mercado, siendo antieconómico cualquier otro precio distinto del establecido de ese modo. Mientras que los trabajadores cumplan con esta responsabilidad, se comportaran como un elemento de la oferta de la mercancía llamada «mano de obra», y se negarán a vender por debajo del precio que todavía puede pagar el comprador. Esto significa que la obligación principal de los trabajadores es la de estar casi continuamente en huelga, si han de ser consistentes. Esta proposición podría parecer absurda, pero es la única inferencia lógica de la teoría del trabajo como mercancía. Por supuesto, la fuente de la incongruencia de la teoría y la práctica es el hecho de que la mano de obra no es realmente una mercancía, y que si se retuviera la mano de obra sólo para determinar su precio exacto (así como se retiene en circunstancias similares un incremento de la oferta de todas las demás mercancías), la sociedad se disolvería muy pronto por falta de sostén. Resulta notable que esta consideración se mencione en muy escasas ocasiones, si acaso, a veces en la discusión del problema de la huelga por parte de los economistas liberales.

Volvamos a la realidad: el método de la huelga para la fijación de los salarios sería desastroso en cualquier tipo de sociedad, ya no digamos la nuestra, que se enorgullece de su racionalidad utilitaria. En realidad, el trabajador no tiene seguridad en su empleo bajo un sistema de empresa privada, una circunstancia que involucraba grave deterioro para su posición. Añádase a esto la amenaza del desempleo masivo, y la función de los sindicatos se volverá moral y culturalmente vital para el mantenimiento de niveles mínimos para la mayoría del pueblo. Pero es claro que cualquier método de intervención que ofrezca protección a los trabajadores obstruirá el mecanismo del mercado autorregulado, y eventualmente disminuirá el fondo mismo de bienes de consumo que los provee de salarios.

Los problemas básicos de la sociedad de mercado reaparecieron por una necesidad inherente: el intervencionismo y la moneda, que se convirtieron en el centro de la política en los años veinte. El liberalismo económico y el intervencionismo socialista dependían de las respuestas diferentes que se dieran a estas dos cuestiones.

El liberalismo económico hizo un esfuerzo supremo para restablecer la autorregulación del sistema eliminando todas las políticas intervencionistas que interfirieran con la libertad de los mercados de tierra, mano de obra y dinero. Trataba de resolver, en una emergencia, el problema secular involucrado en los tres principios fundamentales del libre comercio, un mercado de mano de obra libre, y un patrón oro que funcionara libremente. Se convirtió, en efecto, en la punta de lanza de un esfuerzo heroico por restablecer el comercio mundial, eliminar todos los obstáculos evitables de la movilidad de la mano de obra, y reconstruir las tasas de cambio estables. Este último objetivo tenía precedencia sobre los demás. Porque si no se restablecía la confianza en las monedas, no podría funcionar el mecanismo del mercado, en cuyo caso era ilusorio esperar que los gobiernos se abstuvieran de proteger la vida de su pueblo por todos los medios a su alcance. Estos medios eran, primordialmente, los aranceles y las leyes sociales destinadas a asegurar la alimentación y el empleo, precisamente el tipo de intervención que hacía inoperante un sistema autorregulado.

Había otra razón, más inmediata, para ubicar en el lugar preponderante al sistema monetario internacional: frente a los mercados desorganizados y los cambios inestables, el crédito internacional estaba desempeñando un papel cada vez más fundamental. Antes de la Gran Guerra, los movimientos internacionales del capital (fuera de los conectados con las inversiones a largo plazo) sólo ayudaban a mantener la liquidez de la balanza de pagos, pero estaban estrictamente limitados, incluso en esta función, por consideraciones económicas. Sólo se otorgaba crédito a quienes se consideraban dignos de confianza por razones comerciales. Ahora se invertía la posición: se habían creado deudas por razones políticas tales como las reparaciones, y se otorgaban préstamos por razones semipolíticas, a fin de posibilitar los pagos de reparaciones. Pero también se otorgaban por razones de la política económica, a fin de estabilizar los precios mundiales o restablecer el patrón oro. La parte relativamente sana de la economía mundial estaba utilizando el mecanismo del crédito para salvar las brechas existentes en las partes relativamente desorganizadas de esa economía, independientemente de las condiciones de la producción y el comercio. En varios países se equilibraban artificialmente las balanzas de pagos, los presupuestos, los intercambios, con el auxilio de un mecanismo de crédito internacional supuestamente todopoderoso. Este mecanismo se basaba en la expectativa de un retorno a las tasas de cambio estables, lo que de nuevo era sinónimo de un retorno al oro. Una banda elástica de fuerza sorprendente ayudaba a mantener la apariencia de unidad en un sistema económico en disolución; pero que la banda soportara la tensión dependía de un retorno oportuno al oro.

El logro de Ginebra fue notable en sí mismo. Si el objetivo no hubiese sido intrínsecamente imposible, seguramente se habría alcanzado, ya que el esfuerzo era inteligente, sostenido y decidido. Tal como estaban las cosas, es probable que ninguna intervención haya sido tan desastrosa en sus resultados como la de Ginebra. Justo porque siempre parecía ser casi exitosa, tal intervención agravó enormemente los efectos del fracaso final. Entre 1923, cuando el marco alemán se vio pulverizado en cuestión de meses, y el inicio de 1930, cuando todas las monedas importantes del mundo se basaban en el oro, Ginebra usó el mecanismo del crédito internacional para desplazar la carga de las economías incompletamente estabilizadas de Europa oriental, primero a los hombros de los occidentales victoriosos, luego a los hombros más anchos aún de los Estados Unidos[116]. El colapso se produjo en los Estados Unidos, en el curso del ciclo económico habitual, pero para ese momento ya se había enredado la economía del planeta en la red financiera creada por Ginebra y la banca anglosajona.

Pero más aún estaba involucrado. Durante los años veinte, de acuerdo con Ginebra, las cuestiones de la organización social debían subordinarse por entero a las necesidades del restablecimiento de la moneda. La deflación era la necesidad primaria; las instituciones nacionales debían ajustarse como mejor pudieran. Por el momento debía posponerse incluso el restablecimiento de los mercados internos libres y del Estado liberal. Porque como dijera la Delegación del oro, la deflación no había podido «afectar a ciertas clases de bienes y servicios, de modo que no pudo generar un nuevo equilibrio estable». Los gobiernos debieron intervenir para reducir los precios de los artículos monopólicos, reducir las tarifas salariales acordadas y bajar las rentas. El ideal deflacionista llegó a ser una «economía libre bajo un gobierno fuerte»; pero mientras que la frase sobre el gobierno significaba lo que decía: poderes de emergencia y suspensión de libertades públicas, «la economía libre» significaba en la práctica lo opuesto de lo que decía, a saber: precios y salarios ajustados por el gobierno (aunque el ajuste se hacía con el propósito expreso de restaurar la libertad de los cambios y los mercados internos libres). La primacía de los cambios involucraba un sacrificio no menor que el de los mercados libres y los gobiernos libres: los dos pilares del capitalismo liberal. Ginebra representaba así un cambio de objetivo, pero no un cambio de métodos: mientras que los gobiernos inflacionarios condenados por Ginebra subordinaban la estabilidad de la moneda a la estabilidad de los ingresos y el empleo, los gobiernos deflacionarios llevados al poder por Ginebra usaban un número no menor de intervenciones para subordinar la estabilidad de los ingresos y el empleo a la estabilidad de la moneda. En 1932, el Reporte de la Delegación del oro de la Liga de las Naciones declaraba que con el retorno de la incertidumbre de los cambios se había eliminado el principal logro monetario del último decenio. Lo que no decía el Reporte era que en el curso de estos vanos esfuerzos deflacionarios, no se habían restablecido los mercados libres, aunque se habían sacrificado los gobiernos libres. Aunque se oponían en teoría al intervencionismo y a la inflación por igual, los liberales económicos habían escogido entre los dos, colocando el ideal de la moneda sana por encima del de la no intervención. Así seguían la lógica inherente de una economía autorregulada. Pero tal curso de acción tendía a difundir la crisis, imponía a las finanzas la tensión insoportable de masivas dislocaciones económicas, y aumentaba los déficit de las diversas economías nacionales hasta el punto en que se volvió inevitable una destrucción de los vestigios de la división internacional del trabajo. La obstinación con que los liberales económicos habían apoyado al intervencionismo autoritario durante un decenio crítico, al servicio de las políticas deflacionarias, sólo condujo a un debilitamiento decisivo de las fuerzas democráticas que de otro modo podrían haber evitado la catástrofe fascista. Gran Bretaña y los Estados Unidos —amos y no sirvientes de la moneda— abandonaron el oro a tiempo para escapar de este peligro.

El socialismo es esencialmente la tendencia inherente en una civilización industrial a trascender al mercado autorregulado subordinándolo conscientemente a una sociedad democrática. Es la solución natural para los trabajadores industriales que no ven ninguna razón para que la producción no sea regulada directamente y para que los mercados no sean más que un aspecto útil pero subordinado de una sociedad libre. Desde el punto de vista de la comunidad en conjunto, el socialismo es sólo la continuación del esfuerzo por hacer de la sociedad una relación distintamente humana de personas que en Europa occidental se asociaba siempre a las tradiciones cristianas. Desde el punto de vista del sistema económico, es por el contrario un alejamiento radical del pasado inmediato, en la medida en que rompe con el intento de hacer de las ganancias monetarias privadas el incentivo general para las actividades productivas, y no reconoce el derecho de los individuos privados a disponer de los principales instrumentos de la producción. Es por ello, en última instancia, que la reforma de la economía capitalista por los partidos socialistas resulta difícil aunque estén decididos a no interferir con el sistema de propiedad. Porque la mera posibilidad de que decidieran hacerlo mina el tipo de confianza que en la economía liberal es vital, a saber: una confianza absoluta en la continuidad de los títulos de propiedad. Mientras que el contenido efectivo de los derechos de propiedad podría experimentar una redefinición a manos de la legislación, la seguridad de una continuidad formal resulta esencial para el funcionamiento del sistema de mercado.

Desde la Gran Guerra han ocurrido dos cambios que afectan la posición del socialismo. Primero, el sistema de mercado perdió su contabilidad hasta el punto del colapso casi total, una deficiencia que no habían esperado ni siquiera sus críticos; segundo, en Rusia se estableció una economía socialista, lo que representa un alejamiento enteramente nuevo. Aunque las condiciones bajo las cuales ocurrió esta aventura, la hacían inaplicable a los países occidentales, la existencia misma de la Rusia soviética era una influencia decisiva. Es cierto que Rusia había optado por el socialismo en ausencia de industrias, una población alfabeta y tradiciones democráticas: todas ellas condiciones necesarias para el socialismo de acuerdo con las ideas occidentales. Estas diferencias volvían inaplicables en otras partes sus métodos y soluciones, pero no impedían que el socialismo se convirtiera en una inspiración. En el continente, los partidos laboristas habían tenido siempre una perspectiva socialista, y en efecto toda reforma que quisieran hacer era sospechosa de servir a objetivos socialistas. En épocas tranquilas, tal sospecha habría sido injustificada; los partidos socialistas de la clase obrera estaban comprometidos en conjunto con la reforma del capitalismo, no con su derrocamiento revolucionario. Pero la posición era diferente en una emergencia. Entonces, si los métodos normales eran insuficientes, se experimentaría con métodos anormales, y con un partido obrero podrían involucrar tales métodos una falta de respeto a los derechos de propiedad. Bajo la tensión del peligro inminente, los partidos obreros podrían irse a la huelga en demanda de medidas socialistas o que por lo menos parecían serlo a los ojos de los partidarios acérrimos de la empresa privada. Y la mera sugerencia bastaría para llevar los mercados a la confusión e iniciar un pánico universal.

Bajo estas condiciones, el conflicto rutinario de los intereses de empleadores y empleados adoptó un carácter ominoso mientras que una divergencia de los intereses económicos terminaría normalmente en un compromiso, la separación de la esfera económica y la esfera política de la sociedad tendía a invertir tales choques de graves consecuencias para la comunidad. Los empleadores eran los propietarios de fábricas y minas, y por ende directamente responsables de la producción en la sociedad (aparte de su interés personal en los beneficios). En principio, tendrían el apoyo de todos en su esfuerzo por mantener a la industria en marcha. Por otra parte, los empleados representaban a gran parte de la sociedad; sus intereses coincidían también en medida importante con los de la comunidad en conjunto. Constituían la única clase disponible para la protección de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos, de los seres humanos como tales, y su número les daría una preponderancia en la esfera política bajo el sufragio universal. Sin embargo, la legislatura tenía, como la industria, ciertas funciones formales por desempeñar en la sociedad. Sus miembros debían formar la voluntad comunal, orientar la política pública, elaborar los programas internos y externos a largo plazo. Ninguna sociedad compleja podría operar sin el funcionamiento de organismos legislativos y ejecutivos de tipo político. Un choque de intereses grupales que conduzca a la paralización de los órganos de la industria o el Estado —cualesquiera de ellos o ambos— constituía un peligro inmediato para la sociedad.

Pero esto era precisamente lo que ocurría en los años veinte. Los trabajadores se atrincheraron en el parlamento, donde su número les daba un peso; los capitalistas hacían de la industria una fortaleza para dominar desde allí al país. Los organismos populares contestaron con una intervención despiadada en los negocios, pasando por alto las necesidades de la forma dada de la industria. Los capitanes de industria estaban subvirtiendo a la población, de la lealtad a sus propios gobernantes libremente elegidos, a ellos mismos, mientras que los organismos democráticos declaraban la guerra al sistema industrial del que dependía la subsistencia de todos. Eventualmente, llegaría el momento en que el sistema económico y el sistema político se vieran amenazados por la parálisis completa. El temor se apoderaría de la gente, y el liderazgo sería otorgado a quienes ofrecieran una salida fácil, cualquiera que fuese el precio final. La situación estaba madura para la solución fascista.

XX. La historia en el momento del cambio social

Si alguna vez hubo un movimiento político que respondiera a las necesidades de una situación objetiva y no el resultado de causas fortuitas, tal fue el fascismo. Al mismo tiempo, era evidente el carácter degenerativo de la solución fascista. Ofrecía un escape a un estancamiento institucional que era esencialmente similar en gran número de países, pero si se aplicara el remedio produciría por todas partes la enfermedad hasta llegar a la muerte. Ésta es la forma como perecen las civilizaciones.

La solución fascista del impasse alcanzado por el capitalismo liberal puede describirse como una reforma de la economía de mercado lograda al precio de la extirpación de todas las instituciones democráticas, en el campo industrial y en el campo político por igual. El sistema económico que estaba en peligro de destrucción se fortalecería de ese modo, mientras que la gente misma era sometida, a una reeducación destinada a desnaturalizar al individuo y volverlo incapaz de funcionar como la unidad responsable del organismo político[117]. Esta reeducación, que incluía las creencias de una religión política que negaba la idea de la hermandad del hombre en todas sus formas, se logró mediante un acto de conversión masiva impuesta a los recalcitrantes mediante los métodos científicos de la tortura.

La aparición de tal movimiento en los países industriales del globo, e incluso en varios países ligeramente industrializados, no debiera haberse imputado jamás a causas locales, a mentalidades nacionales o a antecedentes históricos, como lo hicieran tan consistentemente los contemporáneos. El fascismo tenía tan poco que ver con la Gran Guerra como con el Tratado de Versalles, con el militarismo junker como con el temperamento italiano. El movimiento apareció en países derrotados como Bulgaria y en países victoriosos como Yugoslavia; en países de temperamento norteño como Finlandia y Noruega y en países de temperamento sureño como Italia y España; en países de raza aria, como Inglaterra, Irlanda o Bélgica, y en países de otras razas como Japón, Hungría o Palestina; en países de tradiciones católicas como Portugal y de tradiciones protestantes como Holanda; en comunidades militarizadas como Prusia y civiles como Austria; en culturas antiguas como Francia y en culturas nuevas como los Estados Unidos y los países latinoamericanos. En efecto, no hubo ningún tipo de antecedente —religioso, cultural o de tradición nacional— que hiciera inmune a un país contra el fascismo, una vez que se daban las condiciones necesarias para su surgimiento.

Además, había una clara falta de relación entre su fuerza material y numérica y su eficacia política. El término mismo de «movimiento» era engañoso por cuanto implicaba alguna clase de conscripción o de participación personal de gran número de personas. Si algo caracterizó al fascismo, fue su independencia de tales manifestaciones populares. Aunque de ordinario buscaba un seguimiento masivo, su fuerza potencial no se medía por el número de sus partidarios sino por la influencia de las personas de alta posición que apoyaban a los líderes fascistas y cuya influencia en la comunidad podía darse por descontada para protegerlos de las consecuencias de una revuelta abortada, eliminando así los riesgos de la revolución.

Un país que se aproximaba a la fase fascista exhibía ciertos síntomas entre los que no se contaba necesariamente la existencia de un movimiento fascista propiamente dicho. Otros signos por lo menos igualmente importantes eran la difusión de filosofías irracionales, la estética racista, la demagogia anticapitalista, las posiciones monetarias heterodoxas, la crítica al sistema de partidos, el descrédito generalizado del «régimen», o cualquiera que fuese el nombre dado al arreglo democrático existente. En Austria, la llamada filosofía universalista de Othmar Spann; en Alemania, la poesía de Stephan George y el romanticismo cosmogónico de Ludwig Klages; en Inglaterra, el vitalismo erótico de D. H. Lawrence; en Francia, el culto al mito político de George Sorel, se contaban entre sus predecesores muy diversos. Hitler fue eventualmente llevado al poder por la camarilla feudal que rodeaba al presidente Hindenburg, así como Mussolini y Primo de Rivera fueron llevados al poder por sus respectivos soberanos. Pero Hitler tenía un vasto movimiento detrás de él; Mussolini tenía uno pequeño; Primo de Rivera no tenía ninguno. En ningún caso se realizó una revolución efectiva contra la autoridad constituida; las tácticas fascistas eran invariablemente las de una rebelión ficticia armada con la aprobación tácita de las autoridades que pretendían haber sido sometidas por la fuerza. Éstos son los grandes lineamientos de una situación compleja en la que tendrían que caber figuras tan diversas como el demagogo católico individualista del Detroit industrial, el «rey del pescado» en la atrasada Luisiana, los conspiradores del ejército japonés y los saboteadores ucranianos antisoviéticos. El fascismo fue una posibilidad política siempre dada, una reacción emocional casi instantánea en cada comunidad industrial desde los años treinta. Podríamos llamarlo una «movida», mejor que un «movimiento», para indicar la naturaleza impersonal de la crisis cuyos síntomas eran frecuentemente vagos y ambiguos. La gente no estaba segura a menudo de si un discurso o un drama políticos, un sermón o un desfile público, una metafísica o una moda artística, un poema o el programa de un partido, era fascista o no. No había criterios aceptados del fascismo, ni poseía éste creencias convencionales. Pero un aspecto significativo de todas sus formas organizadas fue la forma abrupta como aparecían y desaparecían de nuevo, sólo para surgir con violencia tras un periodo indefinido de latencia. Todo esto encaja en el cuadro de una fuerza social que crece y se desvanece de acuerdo con la situación objetiva.

Lo que llamamos de modo resumido una «situación fascista» no era más que la ocasión típica de las victorias fascistas fáciles y completas. De pronto se derrumbarían las tremendas organizaciones industriales y políticas de los trabajadores y otros devotos partidarios de la libertad constitucional, y minúsculas fuerzas fascistas luirían a un lado lo que hasta entonces parecía la fuerza incontrastable de gobiernos, partidos y sindicatos democráticos. Si una «situación revolucionaria» se caracteriza por la desintegración psicológica y moral de todas las fuerzas de resistencia, hasta el punto en que un puñado de rebeldes mal armados puede destruir los bastiones supuestamente inexpugnables de la reacción, la «situación fascista» era su paralelo absoluto, excepto que aquí los baluartes de la democracia y las libertades constitucionales fueron barridos y sus defensas fracasaron en la misma forma espectacular. En Prusia, en julio de 1932, el gobierno legal de los Social-demócratas, atrincherado en el sitio del poder legítimo, capituló ante la mera amenaza de la violencia anticonstitucional por parte de Herr von Papen. Unos seis meses más tarde, Hitler tomaba pacíficamente las más altas posiciones del poder, y de inmediato lanzó un ataque revolucionario de destrucción total contra las instituciones de la República de Weimar y los partidos constitucionales. Imaginar que fue la fuerza del movimiento lo que creó situaciones como éstas, y no ver que fue la situación la que en este caso dio origen al movimiento, es pasar por alto la lección más prominente de los últimos decenios.

El fascismo, como el socialismo, se arraigaba en una sociedad de mercado que se negaba a funcionar. Por lo tanto, era de alcance mundial, de aplicación universal; las controversias trascendían la estera económica y revelaban una transformación general, distintamente social. Irradiaba hacia casi todos los campos de la actividad humana, ya fuese política o económica, cultural, filosófica, artística o religiosa. Y hasta cierto punto se mezclaba con tendencias locales y particulares. No se puede entender la historia del periodo si no distinguimos entre el movimiento fascista subyacente y las tendencias efímeras con las que se fusionó en diferentes países.

En la Europa de los años veinte, dos de tales tendencias figuraban prominentemente y ocultaban al patrón del fascismo, más débil pero mucho más comprensivo: la contrarrevolución y el revisionismo nacional. Su punto de partida inmediato fue el de los tratados y las revoluciones de la posguerra. Aunque estrictamente condicionados, y limitados a sus objetivos específicos, se confundían fácilmente con el fascismo.

Las contrarrevoluciones eran el retroceso habitual del péndulo político hacia un estado de cosas que había sido violentamente perturbado. Tales movimientos han sido típicos en Europa por lo menos desde la Mancomunidad inglesa, y han tenido una conexión limitada con los procesos sociales de su época. En los años veinte surgieron numerosas situaciones de esta clase, ya que los levantamientos que destruyeron a más de una docena de tronos en Europa central y oriental se debieron en parte a la estela de la derrota, no al avance de la democracia. La tarea de la contrarrevolución era principalmente política y correspondía como cosa natural a las clases y los grupos despojados, tales como las dinastías, las aristocracias, las iglesias, las industrias pesadas y los partidos afiliados a ellos. Las alianzas y los choques de conservadores y fascistas durante este periodo se referían principalmente a la parte que debería corresponder a los fascistas en la empresa contrarrevolucionaria. Ahora bien: el fascismo era una tendencia revolucionaria dirigida contra el conservadurismo tanto como contra la fuerza revolucionaria rival del socialismo. Ello no impedía que los fascistas buscaran el poder en el campo político ofreciendo sus servicios a la contrarrevolución. Por el contrario, basaban su ascendiente principalmente en la alegada impotencia del conservadurismo para realizar esa tarea, inevitable si se quería destruir al socialismo. Naturalmente, los conservadores trataban de monopolizar los horrores de la contrarrevolución, y en efecto la realizaban solos, como ocurrió en Alemania. Privaban a los partidos de la clase trabajadora de influencia y poder, sin ceder ante los nazis. También en Austria, los Socialistas Cristianos —un partido conservador— desarmó en gran medida a los trabajadores (1927) sin hacer ninguna concesión a la «revolución de la derecha». Aun cuando era inevitable la participación fascista en la contrarrevolución, se establecieron gobiernos «fuertes» que relegaron el fascismo al limbo. Esto ocurrió en Estonia en 1929, en Finlandia en 1932, en Latvia en 1934. Los regímenes seudoliberales rompieron el poder del fascismo por el momento, en Hungría en 1922 y en Bulgaria en 1926. Sólo en Italia no pudieron los conservadores restablecer la disciplina del trabajo en la industria sin dar a los fascistas una oportunidad de ganar el poder.

En los países militarmente derrotados, pero también en la «psicológicamente» derrotada Italia, el problema nacional pesaba mucho. Aquí surgía una tarea cuya severidad no podía negarse. Más profunda que todas las demás cuestiones era el desarme permanente de los países derrotados; en un mundo donde la única organización existente de derecho internacional, orden internacional y paz internacional descansaba en la balanza del poder, varios países se habían quedado indefensos sin ninguna idea de la clase de sistema que remplazaría al antiguo. La Liga de las Naciones representaba, en el mejor de los casos, un sistema mejorado de balance de poder, pero no alcanzaba siquiera el nivel del antiguo Concierto de Europa, ya que ahora faltaba el requisito de una difusión general del poder. El naciente movimiento fascista se puso casi en todas partes al servio de la cuestión nacional; no habría podido sobrevivir sin este trabajo de «reparación».

Pero el movimiento fascista usaba esta cuestión sólo como un peldaño; en otras ocasiones tocó la nota pacifista y aislacionista. En Inglaterra y los Estados Unidos se alió al apaciguamiento; en Austria, el Heimwehr cooperó con diversos pacifistas católicos; y el fascismo católico era antinacionalista en principio. Huey Long no necesitó conflictos fronterizos con Mississippi o Texas para lanzar su movimiento fascista desde Baton Rouge. Movimientos similares en Holanda y Noruega eran no nacionalistas hasta el punto de la traición. Quisling pudo haber sido un nombre para un buen fascista, pero no para un buen patriota.

En su lucha por el poder político, el fascismo está en entera libertad para usar o dejar de usar las cuestiones locales. Su objetivo trasciende al marco político y económico: es social. Pone una religión política al servicio de un proceso degenerativo. En su ascenso excluye sólo muy pocas emociones de su orquesta; pero una vez victorioso excluye del vagón principal a todos, para sólo dejar un grupo muy pequeño de motivaciones, aunque de nuevo muy características. Si no distinguimos claramente entre esta seudointolerancia en el camino al poder y la intolerancia genuina una vez en el poder, no podremos entender la diferencia sutil pero decisiva existente entre el nacionalismo falso de algunos movimientos fascistas durante la revolución y el no nacionalismo específicamente imperialista que desarrollaron después de la revolución[118]

Mientras que los conservadores lograban por regla general el triunfo de las contrarrevoluciones internas por sí solos, raras veces podían poner en la mesa de las discusiones el problema nacional-internacional de sus países. Brüning sostenía en 1940 que él había resuelto el problema de las reparaciones y el desarme alemanes antes de que «la camarilla de Hindenburg» decidiera sacarlo del poder y entregar éste a los nazis porque no querían otorgarle los honores[119]. Parecería irrelevante que esto haya sido cierto no, en un sentido muy limitado, porque la cuestión de la igualdad de posición de Alemania no se restringía a un desarme técnico, como implicaba Brüning, sino que incluía la cuestión igualmente vital de la desmilitarización; tampoco podía pasarse por alto la fuerza que obtenía la diplomacia alemana de la existencia de masas nazis que habían jurado lealtad a las políticas nacionalistas radicales. Los eventos probaron concluyentemente que la igualdad de la posición de Alemania no podría haberse alcanzado sin un viraje revolucionario, y es bajo esta luz que se vuelve evidente la terrible responsabilidad del nazismo que metió a una Alemania libre e igual a una carrera de crímenes. Tanto en Alemania como en Italia, el fascismo pudo tomar el poder sólo porque pudo utilizar la palanca de las cuestiones nacionales insolutas, mientras que en Francia y en Gran Bretaña se veía decisivamente debilitado por su antipatriotismo. El espíritu de sometimiento a una potencia extranjera fue un activo para el fascismo sólo en países pequeños y naturalmente dependientes.

Como vemos, sólo por accidente se conectó el fascismo europeo con tendencias nacionales y contrarrevolucionarias en los años veinte. Fue un caso de simbiosis entre movimientos de origen independiente que se reforzaban recíprocamente y creaban la impresión de una semejanza esencial, cuando en realidad no tenían relación alguna.

En realidad, el papel desempeñado por el fascismo estaba determinado por un solo factor: la condición del sistema de mercado.

Durante el periodo de 1917-1923, los gobiernos buscaron ocasionalmente el auxilio fascista para ayudar a restaurar la ley y el orden: no se necesitaba más para echar a andar el sistema de mercado. El fascismo seguía sin desarrollarse.

En el periodo de 1924-1929, cuando la restauración del sistema de mercado parecía asegurada, el fascismo se desvaneció por completo como una fuerza política.

Después de 1930, la economía de mercado se encontraba en una crisis general. Al cabo de pocos años, el fascismo era un poder mundial.

El primer periodo, de 1917-1923, produjo poco más que el término. En varios países europeos —como Finlandia, Lituania, Estonia, Latvia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría— habían ocurrido revoluciones agrarias o socialistas, mientras que en otros —tales como Italia, Alemania y Austria— había ganado influencia política la clase trabajadora industrial. Eventualmente, las contrarrevoluciones restablecieron el balance del poder interno. En la mayoría de los países, los campesinos se volvieron contra los trabajadores urbanos; en algunos países, los movimientos fascistas fueron iniciados por oficiales y gente de alto rango, quienes señalaron el camino al campesinado; en otros, como en Italia, los desempleados y la pequeña burguesía formaron tropas fascistas. En ninguna parte se discutía algo más que la ley y el orden, o se planteaba alguna reforma radical; en otras palabras, no había ninguna señal evidente de una revolución fascista. Estos movimientos eran fascistas sólo en la forma, es decir, sólo en la medida en que algunas bandas civiles, los llamados elementos irresponsables, recurrían a la fuerza y a la violencia con la connivencia de personas dotadas de autoridad. La filosofía antidemocrática del fascismo ya había nacido, pero no era todavía un factor político. Trotsky presentó un informe voluminoso sobre la situación existente en Italia en vísperas del Segundo Congreso del Comintern, en 1920, pero ni siquiera mencionó al fascismo, aunque los fasci ya existían desde tiempo atrás. Debieron transcurrir otros 10 años o más, antes de que el fascismo italiano, establecido en el gobierno del país desde largo tiempo atrás, desarrollara algo parecido a un sistema social distintivo.

En 1924 y después, Europa y los Estados Unidos fueron escenario de un auge ruidoso que eliminaba toda preocupación por la solidez, del sistema de mercado. Se proclamó la restauración del capitalismo. Tanto el bolchevismo como el fascismo fueron liquidados, excepto en las regiones periféricas. El Comintern declaró que la consolidación del capitalismo era un hecho; Mussolini elogió al capitalismo liberal; todos los países importantes estaban en ascenso, excepto la Gran Bretaña. Los Estados Unidos disfrutaban una prosperidad legendaria, y al continente le iba casi tan bien. El putsch de Hitler había sido aplastado; Francia había evacuado el Ruhr; el Reichsntark se restableció como por un milagro; el Plan Dawes había sacado la política de las reparaciones; Locarno estaba muy distante, y Alemania iniciaba un auge de siete años. Antes de la terminación de 1926, el patrón oro reinaba de nuevo, desde Moscú hasta Lisboa.

Fue en el tercer periodo —después de 1929— que se hizo evidente la verdadera significación del fascismo. Era evidente el estancamiento del sistema de mercado. Hasta entonces, el fascismo había sido poco más que un aspecto del gobierno autoritario de Italia, el que por lo demás difería poco de los gobiernos más tradicionales. Ahora surgía como una solución alternativa para el problema de una sociedad industrial. Alemania tomó la delantera en una revolución de alcance europeo, y el alineamiento fascista proveía a su lucha por el poder de una dinámica que pronto abarcaría cinco continentes. La historia estaba en proceso de un cambio social.

Un evento adventicio, pero en modo alguno accidental, inició la destrucción del sistema internacional. Un hundimiento de Wall Street alcanzó dimensiones enormes y se vio seguido por la decisión británica de abandonar el oro y, dos años después, por un movimiento similar en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, dejó de reunirse la Conferencia del desarme, y Alemania dejó la Liga de las Naciones en 1934.

Estos eventos simbólicos iniciaron una época de cambio espectacular en la organización del mundo. Tres potencias —Japón, Alemania e Italia— se rebelaron contra el statu quo y sabotearon las vacilantes instituciones de la paz. Al mismo tiempo, la organización efectiva de la economía mundial se negaba a funcionar. El patrón oro fue puesto fuera de acción por sus creadores anglosajones, por lo menos temporalmente; las deudas externas eran repudiadas bajo el disfraz de la mora; los mercados de capital y el comercio mundial se derrumbaban. El sistema político y el sistema económico del planeta se desintegraban conjuntamente.

Dentro de las naciones mismas, el cambio no era menos profundo. Los sistemas bipartidistas fueron remplazados por gobiernos unipartidistas, a veces por gobiernos nacionales. Sin embargo, las semejanzas externas entre los países dictatoriales y los países que conservaban una opinión pública democrática sólo servían para poner de relieve la importancia superlativa de las instituciones libres de discusión y decisión. Rusia viró hacia el socialismo bajo formas dictatoriales. Desapareció el capitalismo liberal en los países que se preparaban para la guerra, como Alemania, Japón e Italia, y en menor medida también en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Pero los regímenes emergentes del fascismo, el socialismo y el Nuevo Trato sólo se asemejaban por el hecho de que descartaban los principios del laissez-faire.

Mientras que la historia era colocada así en su curso por un evento externo a todos, las naciones singulares reaccionaban al desafío de acuerdo con sus propias condiciones. Algunas sentían aversión por el cambio; otras se esforzaron al máximo para afrontarlo cuando llegó; algunas más eran indiferentes. También buscaban soluciones en diversas direcciones. Pero desde el punto de vista de la economía del mercado, estas soluciones a menudo radicalmente diferentes sólo representaban alternativas dadas.

Entre quienes estaban decididos a utilizar una dislocación general para promover sus propios intereses se encontraba un grupo de potencias insatisfechas para quienes la desaparición del sistema del balance de poder, incluso en su forma debilitada de la Liga, parecía ofrecer una rara oportunidad. Alemania estaba ahora deseosa de apresurar la caída de la economía mundial tradicional, que todavía daba un asiento al orden internacional, y previendo el colapso de tal economía se adelantó a sus oponentes. Deliberadamente se alejó del sistema internacional del capital, las mercancías y la moneda, a fin de reducir la influencia del mundo exterior sobre ella cuando considerara conveniente repudiar sus obligaciones políticas. Promovió la autarquía económica para asegurar la libertad requerida por sus planes de largo alcance. Despilfarró sus reservas de oro, destruyó su crédito externo mediante el repudio gratuito de sus obligaciones, e incluso borró el saldo favorable de la balanza comercial. Sin dificultad camufló sus verdaderas intenciones, ya que ni Wall Street, ni la City de Londres, ni Ginebra, sospechaban que los nazis estaban apostando en realidad a la disolución final de la economía del siglo XIX. Sir John Simon y Montagu Norman creían firmemente que Schacht restablecería eventualmente la economía ortodoxa en Alemania, la que estaba actuando bajo presión y retornaría a la senda correcta si se le asistía financieramente. Ilusiones como éstas sobrevivieron en Downing Street hasta la época de Munich y después. Mientras que Alemania se vio así grandemente asistida en sus planes conspiradores por su capacidad para ajustarse a la disolución del sistema tradicional, Gran Bretaña se vio severamente afectada por su adhesión a ese sistema.

Aunque Inglaterra había abandonado temporalmente el oro, su economía y sus finanzas siguieron basándose en los principios de las tasas de cambio estables y la moneda sana. De aquí surgían las limitaciones que afrontaba en lo referente al rearme. Así como la autarquía alemana era un resultado de consideraciones militares y políticas derivadas de su intención de impedir una transformación general, la estrategia y la política exterior de Gran Bretaña estaban restringidas por su perspectiva financiera conservadora. La estrategia de la guerra limitada reflejaba la visión de un emporio isleño, que se considera seguro mientras que su marina sea suficientemente fuerte para asegurar los abastos que su moneda sana pueda comprar en los Siete mares. Hitler se encontraba ya en el poder en 1933, cuando Duff Cooper, un obstinado, defendía los recortes del presupuesto destinado a las fuerzas armadas en 1932 «en vista de la quiebra nacional, que entonces se consideraba un peligro mayor aún que el de un servicio ineficiente de la guerra». Más de tres años después, lord Halilax sostenía que la paz podría lograrse mediante el ajuste económico y que no habría ninguna interferencia con el comercio, ya que tal cosa dificultaría más tales ajustes. En el mismo año de Munich, Halifax y Chamberlain formulaban todavía la política británica en términos de «balas de plata» y de los tradicionales préstamos estadounidenses para Alemania. En efecto, incluso después de que Hitler había cruzado el Rubicón y había ocupado Praga, lord Simon aprobaba en la Cámara de los Comunes la participación de Montagu Norman en la entrega de las reservas de oro checoslovacas a Hitler. Simon estaba convencido de que la integridad del patrón oro, a cuya restauración dedicaba sus esfuerzos de estadista, superaba todas las demás consideraciones. Los contemporáneos creían que la acción de Simon era el resultado de una política decidida de apaciguamiento. En realidad, era un homenaje al espíritu del patrón oro, que continuaba gobernando la perspectiva de los hombres prominentes en la City de Londres en las cuestiones estratégicas y políticas. En la misma semana del estallamiento de la guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, respondiendo a una comunicación verbal de Hitler a Chamberlain, formulaba la política británica en términos de los préstamos estadounidenses tradicionales para Alemania[120]. La falta de preparación militar de Inglaterra se debía sobre todo a su adhesión a la economía del patrón oro.

Al principio, Alemania cosechó las ventajas de quienes matan al condenado a muerte. Su delantera duró mientras que la liquidación del sistema obsoleto del siglo XIX se lo permitió. La destrucción del capitalismo liberal, del patrón oro y de las soberanías absolutas fue el resultado accidental de sus excursiones de pillaje. Al ajustarse a un aislamiento buscado por ella misma, y más tarde, en el curso de sus expediciones de traficante de esclavos, elaboró soluciones tentativas para algunos de los problemas de la transformación.

Pero su mayor activo político residía en su capacidad para forzar a los países del mundo a alinearse en contra del bolchevismo. Se convirtió en el principal beneficiario de la transformación tomando la delantera en la solución al problema de la economía de mercado que durante largo tiempo pareció contar con el apoyo incondicional de las clases propietarias, y en efecto no siempre sólo de tales clases. Bajo el supuesto liberal y marxista de la primacía de los intereses clasistas económicos, Hitler no podía dejar de ganar. Pero la unidad social de la nación resultó más relevante aún que la unidad económica clasista a largo plazo.

El ascenso de Rusia se ligaba también a su papel en la transformación. Entre 1917 y 1929, el temor al bolchevismo no era más que el temor al desorden que podría obstruir fatalmente la restauración de una economía de mercado que sólo podría funcionar en una atmósfera de confianza sin reservas. En el decenio siguiente, el socialismo se convirtió en una realidad en Rusia. La colectivización de las granjas significaba la sustitución de la economía de mercado por los métodos cooperativos en lo referente al decisivo factor de la tierra. Rusia, que había sido sólo un sitio de la agitación revolucionaria dirigida al mundo capitalista, surgía ahora como el representante de un sistema nuevo que pudiera remplazar a la economía de mercado.

No suele advertirse que los bolcheviques, ardientes socialistas, se rehusaban sin embargo tercamente a «establecer el socialismo en Rusia». Sus convicciones marxistas habrían bastado por sí solas para impedir tal intento en un país agrícola atrasado. Pero aparte del episodio enteramente excepcional del llamado «Comunismo de guerra» de 1920, los líderes creían que la revolución mundial debería iniciarse en la Europa occidental industrializada. El socialismo en un país les habría parecido una contradicción en sí mismo, y cuando se convirtió en una realidad, los viejos bolcheviques lo rechazaron casi unánimemente. Pero fue precisamente este desvío el que resultó un éxito sorprendente.

Revisando un cuarto de siglo de la historia rusa, vemos que lo que llamamos Revolución rusa consistió en realidad en dos revoluciones separadas, la primera de las cuales incorporaba los ideales tradicionales de Europa occidental, mientras que la segunda formaba parte del desarrollo enteramente nuevo de los años treinta. La Revolución de 1917-1924 fue en efecto el último de los levantamientos políticos de Europa que siguieron el patrón de la Mancomunidad inglesa y de la Revolución francesa; la revolución iniciada con la colectivización de las granjas, alrededor de 1930, fue el primero de los grandes cambios sociales que transformaron nuestro mundo en los años treinta. La primera Revolución rusa logró la destrucción del absolutismo, la tenencia feudal de la tierra y la opresión racial: un verdadero heredero de los ideales de 1789; la segunda Revolución estableció una economía socialista. En definitiva, la primera fue sólo un evento ruso —culminó un largo proceso de desarrollo occidental en el suelo ruso— mientras que la segunda formó parte de una transformación universal simultánea.

Aparentemente, Rusia se apartó de Europa en los años veinte y estaba trabajando por su propia salvación. Un análisis más detenido podría refutar esta apariencia. Entre los factores que le impusieron a Rusia una decisión en el periodo transcurrido entre las dos revoluciones se encontraba el derrumbe del sistema internacional. Para 1924, el «Comunismo de guerra» era un incidente olvidado y Rusia había restablecido un mercado libre de granos dentro del país, mientras se mantenía el control estatal del comercio exterior y de las industrias fundamentales. Ahora quería incrementar su comercio exterior, que dependía principalmente de las exportaciones de granos, madera, pieles y algunas otras materias primas orgánicas, cuyos precios estaban bajando marcadamente en el curso de la depresión agrícola que precediera al derrumbe general del comercio.

La incapacidad de Rusia para desarrollar un comercio de exportación en términos favorables restringía sus importaciones de maquinaria y por ende el establecimiento de una industria nacional; de nuevo, esto afectaba los términos de intercambio entre la ciudad y el campo —las llamadas «tijeras»— de modo desfavorable, agravando el antagonismo del campesinado hacia el gobierno de los trabajadores urbanos. En esta forma, la desintegración de la economía mundial agudizaba la tensión sobre las soluciones artificiosas de la cuestión agraria en Rusia y apresuraba el advenimiento del koljoz. La incapacidad del sistema político tradicional de Europa para proveer tranquilidad y seguridad operaba en la misma dirección, ya que inducía la necesidad de armamentos, incrementando así las cargas de la industrialización de alta presión. La ausencia del sistema de balance de poder del siglo XIX, así como la incapacidad del mercado mundial para absorber la producción agrícola de Rusia, la empujaban contra su voluntad hacia la autosuficiencia. El socialismo en un país se generó por la incapacidad de la economía de mercado para proveer una conexión entre todos los países; lo que aparecía como la autarquía rusa era simplemente la desaparición del internacionalismo capitalista.

El derrumbe del sistema internacional liberó las energías de la historia: los rieles fueron fijados por las tendencias inherentes a una sociedad de mercado.

XXI. La libertad en una sociedad compleja

La civilización del siglo XIX no fue destruida por el ataque externo o interno de los bárbaros; su vitalidad no se vio minada por las devastaciones de la Primera Guerra Mundial ni por la revuelta de un proletariado socialista o una clase media baja fascista. Su derrumbe no fue el resultado de supuestas leyes económicas tales como la de una tasa de beneficio declinante o la del subconsumo o la sobreproducción. Se desintegró como resultado de un conjunto de causas enteramente diferentes: las medidas adoptadas por la sociedad para no ser aniquilada a su vez por la acción del mercado auto-regulado. Aparte de circunstancias excepcionales como las que existían en los Estados Unidos en la época de la frontera abierta, el conflicto existente entre el mercado y los requerimientos elementales de una vida social organizada dieron su dinámica al siglo y produjeron las tensiones típicas que en última instancia destruyeron a esa sociedad. Las guerras externas sólo apresuraron su destrucción.

Tras un siglo de ciego «mejoramiento», el hombre está restaurando su «habitación». Si no se quiere que el industrialismo extinga a la humanidad, deberá subordinarse a los requerimientos de la naturaleza del hombre. La verdadera crítica de la sociedad de mercado no consiste en el hecho de que se base en la economía —en cierto sentido, toda sociedad debe tener tal base— sino que su economía se basa en el interés propio. Tal organización de la vida económica es enteramente antinatural, en el sentido estrictamente empírico de lo excepcional. Los pensadores del siglo XIX suponían que, en su actividad económica, el hombre busca el beneficio, que sus inclinaciones materialistas lo inducirán a optar por el menor esfuerzo y a esperar un pago por su trabajo; en suma, que en su actividad económica tenderá a guiarse por lo que describían los pensadores como la racionalidad económica, y que todo comportamiento en contrario se debía a una interferencia externa. Se seguía de aquí que los mercados son instituciones naturales, que surgen espontáneamente si se deja que los hombres actúen libremente. Por lo tanto, nada podría ser más normal que un sistema económico integrado por mercados y bajo el control exclusivo de los precios de mercado; y una sociedad humana basada en tales mercados aparecía así como la meta de todo progreso. Independientemente de lo deseable o indeseable de tal sociedad por razones morales, su viabilidad se basaba en las características inmutables de la humanidad. Esto era axiomático.

En realidad, como sabemos ahora, el comportamiento del hombre en su estado primitivo y a través de toda la historia ha sido casi lo opuesto de lo implicado en esta concepción. La observación de Frank H. Knight en el sentido de que «ninguna motivación específicamente humana es económica» no se aplica sólo a la vida social en general sino también a la propia vida económica. La tendencia hacia el trueque, en la que tanto confiaba Adam Smith para describir al hombre primitivo, no es una tendencia común del ser humano en sus actividades económicas, sino algo muy infrecuente. Los hallazgos de la antropología moderna refutan estas construcciones racionalistas, pero además la historia del comercio y de los mercados ha sido completamente diferente de lo supuesto en las enseñanzas armoniosas de los sociólogos del siglo XIX. La historia económica revela que el surgimiento de los mercados nacionales no fue en modo alguno el resultado de la emancipación gradual y espontánea de la esfera económica frente al control gubernamental. Por el contrario, el mercado ha derivado de una intervención consciente y a menudo violenta del gobierno, que impuso la organización del mercado a la sociedad por razones no económicas. Y el mercado autorregulado del siglo XIX resulta ser, en un examen más detenido, radicalmente diferente incluso de su predecesor inmediato por cuanto dependía para su regulación del propio interés económico. La deficiencia congénita de la sociedad del siglo XIX no era su carácter industrial sino su carácter de sociedad de mercado. La civilización industrial continuará existiendo cuando el experimento utópico de un mercado autorregulado no sea más que un recuerdo.

Pero muchos creen que el paso de la civilización industrial a una nueva base, distinta del mercado, es una tarea demasiado ardua. Temen un vacío institucional o, peor aún, la pérdida de la libertad. ¿Deberán prevalecer estos peligros?

Gran parte del sufrimiento masivo inseparable de un periodo de transición ha quedado atrás. En la dislocación social y económica de nuestra época, en las vicisitudes trágicas de la depresión, las fluctuaciones de la moneda, el desempleo masivo, los cambios de la posición social, la destrucción espectacular de los Estados históricos, hemos experimentado lo peor. Renuentemente hemos venido pagando el precio del cambio. Ya que la humanidad se encuentra todavía tan lejos de haberse adaptado al uso de las máquinas, y en vista de la magnitud de los cambios pendientes, la restauración del pasado es tan imposible como la transferencia de nuestros problemas a otro planeta. En lugar de eliminar las fuerzas demoniacas de la agresión y la conquista, tal intento inútil aseguraría en efecto la sobrevivencia de tales fuerzas, incluso después de su aplastante derrota militar. La causa del mal adquirirá la ventaja, decisiva en política, de representar lo posible, por oposición a lo que es imposible de lograr, por buena que sea la intención.

Ni el colapso del sistema tradicional nos deja en el vacío. No es posible que, por primera vez en la historia, los cambios artificiosos contengan el germen de instituciones grandes y permanentes.

Dentro de las naciones estamos presenciando un desarrollo bajo el cual el sistema económico deja de prescribir la ley a la sociedad y se asegura la primacía de la sociedad sobre ese sistema. Esto podría ocurrir en gran diversidad de formas, democráticas y aristocráticas, constitucionalistas y autoritarias, quizás incluso bajo una forma totalmente imprevista hasta ahora. El futuro de algunos países podría estar presente ya en otros, mientras que algunos podrían incorporar todavía el pasado del resto. Pero el resultado es común a todos ellos: el sistema de mercado ya no será autorregulado, incluso en principio, porque ya no abarcará la mano de obra, la tierra y el dinero.

Sacar a la mano de obra del mercado significa una transformación tan radical como lo fue el establecimiento de un mercado competitivo de mano de obra. El contrato salarial deja de ser un contrato privado, excepto en algunos puntos subordinados y accesorios. No sólo las condiciones fabriles, la duración de la jornada de trabajo y las modalidades del contrato, sino el propio salario básico, se determinan fuera del mercado; por lo tanto, el papel asignado así a los sindicatos, el Estado y otros organismos públicos no depende sólo del carácter de estas instituciones sino también de la organización efectiva de la administración de la producción. Aunque los diferenciales salariales deben continuar desempeñando un papel esencial en el sistema económico, algunas motivaciones distintas de las directamente involucradas en los ingresos monetarios podrían superar ampliamente al aspecto financiero de la mano de obra.

Sacar a la tierra del mercado equivale a incorporar a la tierra ciertas instituciones definidas tales como la heredad, la cooperativa, la fábrica, el municipio, la escuela, la iglesia, los parques, las reservas silvestres, etc. Por generalizada que siga siendo la propiedad individual de las granjas, los contratos referentes a la tenencia de la tierra se ocuparán sólo de los accesorios, ya que los aspectos esenciales se salen de la jurisdicción del mercado. Lo mismo se aplica a los alimentos básicos y a las materias primas orgánicas, ya que la fijación de sus precios no se encomienda al mercado. Para una variedad infinita de productos, los mercados competitivos siguen funcionando, pero ello no se opone a la constitución de la sociedad, así como la fijación de los precios fuera del mercado para la mano de obra, la tierra y el dinero no interfiere con la fijación de los precios, de acuerdo con los costos, de los diversos productos. Por supuesto, la naturaleza de la propiedad experimenta un cambio profundo a resultas de tales medidas, porque ya no hay ninguna necesidad de permitir que los ingresos provenientes del título de propiedad crezcan sin límites, sólo para asegurar el empleo, la producción y el uso de los recursos de la sociedad.

En todos los países se está sacando ahora, del mercado, el control del dinero. Inconscientemente, la creación de depósitos realizaba esto en gran medida, pero la crisis del patrón oro en los años veinte probó que la conexión existente entre el dinero-mercancía y el dinero simbólico no se había roto en modo alguno. Desde la introducción del «financiamiento funcional» en todos los Estados importantes, la dirección de las inversiones y la regulación de la tasa de ahorro se han convertido en tareas gubernamentales.

Así pues, la expulsión de los elementos de la producción —tierra, mano de obra y dinero— del mercado es un acto uniforme sólo desde el punto de vista del mercado, el que los trataba como si fuesen mercancías. Desde el punto de vista de la realidad humana, lo que se restaura con la destrucción de la ficción de las mercancías se encuentra en todas las direcciones del abanico social. En efecto, la desintegración de una economía de mercado uniforme está creando ya diversas sociedades nuevas. De igual modo, la desaparición de la sociedad de mercado no significa en modo alguno la ausencia de los mercados. Éstos continúan asegurando en diversas formas la libertad del consumidor, indicando el desplazamiento de la demanda, influyendo sobre el ingreso de los productores y sirviendo como un instrumento de la contabilidad, mientras termina por completo su función como un órgano de la autorregulación económica.

En sus métodos internacionales, al igual que en estos métodos internos, la sociedad del siglo XIX estaba restringida por la economía. El campo de las tasas de cambio fijas coincidía con el de la civilización. Mientras operaran el patrón oro y los regímenes constitucionales que eran casi su corolario, la balanza del poder era un vehículo de la paz. El sistema operaba a través de las grandes potencias, en particular de Gran Bretaña, que se encontraban en el centro de las finanzas mundiales, y presionaba por el establecimiento del gobierno representativo en los países menos avanzados. Esto se requería como un freno a las finanzas y las monedas de los países deudores, con la necesidad consiguiente de presupuestos controlados como los que sólo pueden proveer los organismos responsables. Aunque tales consideraciones no estaban conscientemente presentes en la mente de los estadistas por regla general, esto ocurría sólo porque los requerimientos del patrón oro tenían carácter axiomático. El patrón mundial uniforme de las instituciones monetarias y representativas era el resultado de la rígida economía del periodo.

Dos principios de la vida internacional del siglo XIX derivaban su relevancia de esta situación: la soberanía anarquista y la intervención «justificada» en los asuntos de otros países. Ambos principios estaban interrelacionados, aunque fuesen aparentemente contradictorios. Por supuesto, la soberanía era un término puramente político, ya que el comercio internacional sin regulación y el patrón oro no permitían que los gobiernos ejercieran algún control sobre la economía internacional. Estos gobiernos no podían imponer condiciones a sus países en lo referente a las cuestiones monetarias: tal era la posición legal. En realidad, sólo los países poseedores de un sistema monetario controlado por bancos centrales eran reconocidos como Estados soberanos. En el caso de los países poderosos de Occidente, esta soberanía monetaria nacional, ilimitada e irrestricta, se combinaba con su opuesto: una presión incesante para difundir a otras partes la urdimbre de la economía de mercado y la sociedad de mercado. En consecuencia, a fines del siglo XIX se encontraban los pueblos del mundo institucionalmente estandarizados a un grado desconocido hasta entonces.

Este sistema era obstructivo por su carácter refinado y por su universalidad. La soberanía anarquista era un obstáculo para todas las formas efectivas de la cooperación internacional, como lo demostró claramente la historia de la Liga de las Naciones; y la uniformidad forzada de los sistemas internos pendía como una amenaza permanente sobre la libertad del desarrollo nacional, especialmente en los países atrasados y a veces incluso en los países avanzados pero financieramente débiles. La cooperación económica se limitaba a instituciones privadas tan indefinidas e ineficaces como el libre comercio, mientras que la colaboración efectiva entre los pueblos, es decir entre los gobiernos, jamás podía contemplarse siquiera.

La situación podría plantear dos demandas aparentemente incompatibles a la política exterior: requerirá una cooperación más estrecha entre los países amigos, en relación con la que podría contemplarse bajo la soberanía del siglo XIX, al mismo tiempo que la existencia de mercados regulados hará que los gobiernos nacionales se muestren más celosos de la interferencia externa que nunca antes. Sin embargo, con la desaparición del mecanismo automático del patrón oro, los gobiernos podrán eliminar el aspecto más obstructivo de la soberanía absoluta, la negativa a colaborar en la economía internacional. Al mismo tiempo, podrá tolerarse de buena gana que otras naciones forjen sus instituciones internas de acuerdo con sus inclinaciones, trascendiendo así el dogma pernicioso del siglo XIX acerca de la necesaria uniformidad de los regímenes internos dentro de la órbita de la economía mundial. Pueden verse surgir, de las ruinas del Viejo mundo, algunos aspectos prominentes del Nuevo mundo: la colaboración económica de los gobiernos y la libertad para organizar deliberadamente la vida nacional. Bajo el sistema restrictivo del libre comercio no podría haberse concebido ninguna de estas posibilidades, lo que excluía una diversidad de métodos de cooperación entre las naciones. Mientras que la idea de la federación se consideraba con razón una pesadilla de centralización y uniformidad bajo la economía de mercado y el patrón oro, el fin de la economía de mercado podría significar la cooperación efectiva con libertad interna.

El problema de la libertad surge en dos niveles diferentes: el institucional y el moral o religioso. A nivel institucional se trata de balancear los incrementos y las disminuciones de las libertades; no se encuentran cuestiones radicalmente nuevas. Al nivel más fundamental está en duda la posibilidad misma de la libertad. Se observa que los propios medios del mantenimiento de la libertad están adulterándola y destruyéndola. La clave para el problema de la libertad en nuestra época debe buscarse en este último plano. Las instituciones son materializaciones de significados y propósitos humanos. Sólo podremos alcanzar la libertad que buscamos si comprendemos el verdadero significado de la libertad en una sociedad compleja.

A nivel institucional, la regulación extiende y restringe a la vez la libertad; sólo es importante el balance de las libertades perdidas y ganadas. Esto se aplica por igual a las libertades jurídicas y a las libertades efectivas. Las clases acomodadas disfrutan la libertad proveída por el ocio en seguridad; se muestran naturalmente menos ansiosas por extender la libertad en la sociedad que quienes, por falta de ingresos, deben contentarse con un mínimo de tal libertad. Esto se hace evidente en cuanto se sugiere la compulsión a fin de distribuir más justamente el ingreso, el ocio y la seguridad. Aunque la restricción se aplica a todos, los privilegiados tienden a resentirla como si sólo se dirigiera contra ellos. Hablan de esclavitud, aunque en efecto sólo se busque una extensión a otros de la libertad establecida que ellos disfrutan. Al principio podría tratarse de una reducción de su propio ocio y seguridad, y por ende de su libertad, de modo que aumentara el nivel de la libertad en el total de la sociedad. Pero tal desplazamiento, reforma y ensanchamiento de las libertades no debiera significar que la nueva condición es necesariamente menos libre que la anterior.

Sin embargo, hay algunas libertades cuyo mantenimiento tiene una importancia fundamental. Tales libertades eran, como la paz, un subproducto de la economía del siglo XIX, y hemos llegado a venerarlas por sí mismas. La separación institucional de la política y la economía, que resultaba mortalmente peligrosa para la sustancia de la sociedad, producía casi automáticamente la libertad a costa de la justicia y la seguridad. Las libertades cívicas, la empresa privada y el sistema salarial se fundieron en un patrón de vida que favorecía a la libertad moral y la independencia mental. También aquí, las libertades jurídicas y las libertades efectivas se fundieron en un fondo común, cuyos elementos no pueden separarse claramente. Algunos de tales elementos eran el corolario de males tales como el desempleo y los beneficios de los especuladores; algunos pertenecían a las tradiciones más preciosas del Renacimiento y la Reforma. Debemos tratar de mantener por todos los medios estos elevados valores heredados de la economía de mercado que se derrumbó. Ésta es sin duda una gran tarea. Ni la libertad ni la paz podrían institucionalizarse bajo tal economía, ya que su propósito era la creación de beneficios y bienestar, no de paz y libertad. En el futuro deberemos buscarlas conscientemente si hemos de poseerlas en absoluto; deberán convertirse en objetivos escogidos de las sociedades hacia las que estamos avanzando. Éste podría ser el propósito verdadero del actual esfuerzo mundial para el aseguramiento de la paz y la libertad. La solidez de la voluntad pacífica, una vez que ha dejado de operar el interés por la paz surgido de la economía del siglo XIX, dependerá de nuestro éxito en el establecimiento de un orden internacional. En cuanto a la libertad personal, existirá en la medida en que creemos deliberadamente nuevas salvaguardias para su mantenimiento y, en efecto, su extensión. En una sociedad establecida, debe protegerse institucionalmente el derecho a la disidencia. El individuo debe quedar en libertad para seguir a su conciencia sin temor a los poderes, a los que se encomiendan tareas administrativas en algún campo de la vida social. La ciencia y las artes deben estar siempre bajo la protección de la república de las letras. La compulsión no debiera ser absoluta jamás; debiera ofrecerse al «disidente» un reducto en el que pueda refugiarse, la elección de un «óptimo condicionado» que le permita vivir. Así se asegurará el derecho a la disidencia como la marca distintiva de una sociedad libre.

Cada avance hacia la integración de la sociedad debiera acompañarse así de un incremento de la libertad; los avances hacia la planeación debieran comprender el fortalecimiento de los derechos del individuo en la sociedad. Sus derechos inviolables deberán prevalecer bajo la lev, incluso frente a los supremos poderes, ya sean personales o anónimos. La verdadera respuesta a la amenaza de la burocracia como una fuente de abuso del poder es la creación de esferas de libertad arbitraria protegidas por reglas inviolables. Por generosamente que se practique la devolución del poder, habrá un fortalecimiento del poder en el centro, y por ende un peligro para la libertad individual. Esto es cierto incluso en lo referente a los órganos de las propias comunidades democráticas, así como en lo tocante a las asociaciones profesionales y los sindicatos cuya función es la protección de los derechos de cada miembro individual. Su mero tamaño podría hacer que el miembro individual se sienta indefenso, aunque no tenga ninguna razón para sospechar la existencia de una mala voluntad entre los líderes, sobre todo si sus opiniones o acciones ofenden las susceptibilidades de los poderosos. No bastará una mera declaración de Derechos: se requieren instituciones que hagan efectivos los derechos. El habeas corpus no será necesariamente el último dispositivo constitucional para amparar la libertad personal bajo la ley. Deberán añadirse a la Declaración de derechos otros derechos del ciudadano no reconocidos hasta ahora. Tales derechos deberán hacerse prevalecer contra todas las autoridades, ya sean estatales, municipales o profesionales. La lista debiera ser encabezada por el derecho del individuo a un empleo bajo condiciones aprobadas, independientemente de sus opiniones políticas o religiosas, de su color o su raza. Esto implica la existencia de garantías contra las violaciones, por sutiles que sean. Algunos tribunales industriales han protegido al miembro individual del público incluso contra aglomeraciones del poder arbitrario tales como las representadas por las primeras compañías ferroviarias. Otro ejemplo del posible abuso de poder encarado francamente por los tribunales fue el de la Orden de obras esenciales en Inglaterra, o la «congelación del trabajo» en los Estados Unidos, durante la emergencia, con sus oportunidades casi ilimitadas para la discriminación. Siempre que la opinión pública ha defendido firmemente las libertades cívicas, los tribunales o las cortes han sabido vindicar la libertad personal. Tal libertad debiera mantenerse a toda costa, incluso a costa de la eficiencia en la producción, la economía en el consumo o la racionalidad en la administración. Una sociedad industrial puede darse el lujo de ser libre.

El eclipse de la economía de mercado puede convertirse en el inicio de una era de libertad sin precedente. La libertad jurídica y la libertad efectiva pueden hacerse más amplias y generales que nunca; la regulación y el control pueden generar la libertad, no sólo para unos cuantos, sino para todos. No la libertad como cuestión de privilegio, manchada en la fuente, sino como un derecho prescriptivo que va mucho más allá de los estrechos confines de la esfera política para llegar a la organización íntima de la sociedad misma. Así se añadirán antiguas libertades y derechos cívicos al fondo de la nueva libertad generada por el ocio y la seguridad que la sociedad industrial ofrece a todos. Tal sociedad puede darse el lujo de ser a la vez justa y libre.

Pero encontramos el camino bloqueado por un obstáculo moral. La planeación y el control están siendo atacados como una negación de la libertad. Se declara que la libre empresa y la propiedad privada son elementos esenciales de la libertad. Se dice que ninguna sociedad podrá llamarse libre si está construida sobre otras bases. Se denuncia como una falta de libertad a la libertad creada por la regulación; se censura la justicia, la libertad y el bienestar que ella ofrece como un camuflaje de la esclavitud. En vano prometieron los socialistas un reinado de la libertad, porque los medios determinan los fines: la URSS, que usó la planeación, la regulación y el control como sus instrumentos, no ha puesto en práctica todavía las libertades prometidas en su constitución, y probablemente nunca lo hará, de acuerdo con sus críticos… Pero la oposición a la regulación significa una oposición a la reforma. Con el liberal, la idea de la libertad degenera así en una mera defensa de la libre empresa, reducida ahora a una ficción por la dura realidad de los carteles gigantescos y los monopolios gigantescos. Esto significa la plenitud de la libertad para aquellos cuyo ingreso, ocio y seguridad no necesitan ser incrementados, y una mera migaja de libertad para el pueblo, el que en vano tratará de usar sus derechos democráticos para protegerse contra el poder de los propietarios. Y eso no es todo. En ninguna parte pudieron los liberales restablecer la libre empresa, la que estaba condenada al fracaso por razones intrínsecas. Fue como resultado de sus esfuerzos que la gran empresa se instalo en varios países europeos, y de paso diversas formas del fascismo, como ocurriera en Austria. La planeación, la regulación y el control, que los liberales deseaban eliminar por considerarlos peligrosos para la libertad, fueron luego utilizados por los enemigos confesos de la libertad para aboliría por completo. Pero la victoria del fascismo se volvió prácticamente inevitable por la obstrucción de los liberales a toda reforma que involucra la planeación, la regulación o el control.

La Ilustración total de la libertad en el fascismo es en efecto el resultado inevitable de la filosofía liberal, la que proclama que el poder y la compulsión son males, que la libertad exige su ausencia en una comunidad humana. Tal cosa no es posible; en una sociedad compleja, esto se vuelve evidente. No queda así otra alternativa que permanecer fiel a una idea ilusoria de la libertad y negar la realidad de la sociedad, o aceptar esa realidad y rechazar la idea de la libertad. La primera es la conclusión del liberal; la última es la conclusión del fascista. No parece posible otra conclusión.

Inevitablemente llegamos a la conclusión de que está en duda la posibilidad misma de la libertad. Si la regulación es el único vehículo para la difusión y el fortalecimiento de la libertad en una sociedad compleja, pero el uso de este vehículo es contrario a la libertad en sí misma, tal sociedad no podrá ser libre.

Es claro que en la base del dilema se encuentra el significado mismo de la libertad. La economía liberal impartió una dirección falsa a nuestros ideales. Parecía aproximar el cumplimiento de expectativas intrínsecamente utópicas. No puede existir ninguna sociedad en la que el poder y la compulsión estén ausentes, ni un mundo donde la fuerza no desempeñe ninguna función. Era una ilusión suponer una sociedad forjada sólo por la voluntad y el deseo del hombre. Pero éste era el resultado de una concepción de la sociedad basada en el mercado que equiparaba a la economía con las relaciones contractuales, y a éstas con la libertad. Se promovió la ilusión radical de que no hay en la sociedad humana nada que no derive de la volición de los individuos, de modo que no pueda ser eliminado también por ella. La visión estaba limitada por el mercado que «fragmentaba» la vida en el sector de los productores que terminaba cuando su producto llegaba al mercado, y el sector de los consumidores para quienes todos los bienes provienen del mercado. Uno derivaba su ingreso «libremente» del mercado; el otro lo gastaba «libremente» allí. La sociedad en conjunto permanecía invisible. El poder del Estado no importaba, ya que el mecanismo del mercado operaría con mayor regularidad entre menor fuese tal poder. Ni los votantes, ni los propietarios, ni los productores, ni los consumidores podrían ser señalados como responsables de tan brutales restricciones de la libertad como estaban involucradas en el surgimiento del desempleo y la privación. Todo individuo decente podría imaginarse libre de toda responsabilidad por actos de compulsión perpetrados por un Estado que personalmente rechazara; o por el sufrimiento económico padecido por la sociedad, del que personalmente no se hubiese beneficiado. El individuo decente estaba «pagando lo suyo», no era «un pasivo para nadie», y no se mezclaba en el mal del poder y el valor económico. Su ausencia de responsabilidad por tales males parecía tan evidente que el individuo negaba su realidad en nombre de su libertad.

Pero el poder y el valor económico son un paradigma de la realidad social. No derivan de la volición humana; en relación con ellos, resulta imposible la falta de cooperación. La función del poder consiste en asegurar el grado de conformidad necesario para la supervivencia del grupo; su fuente última es la opinión. ¿Y quién podría dejar de tener opiniones de una clase u otra? El valor económico asegura la utilidad de los bienes producidos; debe existir antes de la decisión de producirlos; es un arreglo fijo de la división del trabajo. Su fuente es la necesidad y la escasez humana. ¿Y cómo podría esperarse que no deseáramos una cosa más que otra? Toda opinión o todo deseo nos hará participar en la creación del poder y en la constitución del valor económico. No es concebible ninguna libertad para hacer otra cosa.

Hemos llegado a la etapa final de nuestro argumento.

El abandono de la utopía del mercado nos pone cara a cara con la realidad de la sociedad. Es la línea divisoria entre el liberalismo por una parte, el fascismo y el socialismo por la otra. La diferencia existente entre estos dos extremos no es primordialmente económica, sino moral y religiosa. Aun cuando profesen una economía idéntica, no sólo son diferentes sino que incorporan principios opuestos. Y en última instancia los separa la libertad. Fascistas y socialistas por igual aceptan la realidad de la sociedad con la fatalidad con que el conocimiento de la muerte ha moldeado la conciencia humana. El poder y la compulsión forman parte de esa realidad; un ideal que trate de eliminarlos de la sociedad será inválido. Las dos visiones se dividen en lo referente a saber si podrá sostenerse o no la idea de la libertad a la luz de este conocimiento; ¿es la libertad una palabra vacía, una tentación, algo diseñado para arruinar al hombre y sus obras, o podrá el hombre reafirmar su libertad en vista de ese conocimiento y buscar su realización en la sociedad sin desembocar en el ilusionismo moral?

Este interrogante ansioso resume la condición del hombre. El espíritu y el contenido de este estudio deberán indicar una respuesta.

Invocamos lo que consideramos tres hechos constitutivos de la conciencia del hombre occidental; el conocimiento de la muerte, el conocimiento de la libertad, el conocimiento de la sociedad. El primero se reveló en la historia del Antiguo Testamento, de acuerdo con la leyenda judía. El segundo se reveló mediante el descubrimiento de la singularidad de la persona en las enseñanzas de Jesús registradas en el Nuevo Testamento. La tercera revelación nos llegó por el hecho de vivir en una sociedad industrial. Ningún gran nombre se asocia a este último conocimiento; es posible que Robert Owen haya estado más cerca de convertirse en su vehículo. Es el elemento constitutivo de la conciencia del hombre moderno.

La respuesta fascista al reconocimiento de la realidad de la sociedad es el rechazo del postulado de la libertad. El fascismo niega el descubrimiento cristiano de la singularidad del individuo y de la humanidad. Aquí se encuentra la raíz de su inclinación degenerativa.

Robert Owen fue el primero en advertir que los Evangelios omitían la realidad de la sociedad. Llamó a esto la «individualización» del hombre por parte del cristianismo, y parecía creer que sólo en una mancomunidad cooperativa podría dejar de separarse del hombre «todo lo que es verdaderamente valioso en el cristianismo». Reconoció Owen que la libertad ganada con las enseñanzas de Jesús resultaba inaplicable a una sociedad compleja. Su socialismo era el sostenimiento del derecho del hombre a la libertad en tal sociedad. Se había iniciado la era poscristiana de la civilización occidental, en la que ya no eran suficientes los Evangelios, y sin embargo seguían siendo la base de nuestra civilización.

El descubrimiento de la sociedad es así el final o el renacimiento de la libertad. Mientras que el fascista renuncia a la libertad y glorifica al poder que es la realidad de la sociedad, el socialista se resigna a esa realidad y mantiene el derecho a la libertad, a pesar de ello. El hombre madura y puede existir como ser humano en una sociedad compleja. Citemos de nuevo las inspiradas palabras de Robert Owen: «Si algunas causas del mal no pudieran ser erradicadas por los nuevos poderes que los hombres están a punto de adquirir, éstos sabrían que son males necesarios e inevitables; y ya no se formularían lamentaciones infantiles, inútiles».

La resignación fue siempre la fuente del vigor y la nueva esperanza del hombre. El hombre aceptó la realidad de la muerte y construyó sobre ella el significado de su vida material. Se resignó a la verdad de que tenía un alma que perder y que eso era peor que la muerte, y fundó su libertad sobre ella. Se resigna, en nuestra época, a la realidad de la sociedad que significa el final de esa libertad. Pero de nuevo surge la vida de la resignación final. La aceptación tranquila de la realidad de la sociedad provee al hombre de un valor indomable y del vigor necesario para eliminar toda la injusticia y la falta de libertad eliminables. Mientras permanezca fiel a su tarea de crear una libertad más abundante para todos, no tendrá que temer que el poder o la planeación se vuelvan en su contra y destruyan la libertad que está construyendo con sus instrumentos. Éste es el significado de la libertad en una sociedad compleja, el que nos da toda la certeza que necesitamos.

Notas sobre las fuentes

Capítulo I

1. La balanza de poder como política, ley histórica, principio y sistema

1. La política de la balanza de poder. La política de la balanza de poder es una institución nacional inglesa. Es puramente pragmática y fáctica, y no debe confundirse con el principio de la balanza de poder ni con el sistema de la balanza de poder. Esa política fue el resultado de su posición insular frente a un litoral continental ocupado por comunidades políticas organizadas. «Su ascendente escuela de diplomacia, desde Wolsey hasta Cecil, persiguió a la Balanza de Poder como la única posibilidad de que Inglaterra estuviera segura frente a los grandes Estados continentales que se estaban formando», dice Trevelyan. Esta política se estableció definitivamente bajo los Tudor; la practicó sir William Temple, al igual que Canning, Palmerston o sir Edward Grey. Precedió al surgimiento de un sistema de balanza de poder en el continente por casi dos siglos, y su desarrollo fue enteramente independiente de las fuentes continentales de la doctrina de la balanza de poder como un principio, sugerida por Fénélon o Vattel. Sin embargo, la política nacional de Inglaterra se vio grandemente auxiliada por el crecimiento de tal sistema, ya que eventualmente le facilitó la organización de alianzas contra cualquier potencia líder en el continente. En consecuencia, los estadistas británicos tendían a fomentar la idea de que la política de la balanza de poder de Inglaterra era en realidad una expresión del principio de la balanza de pagos, y que Inglaterra, siguiendo tal política, sólo estaba desempeñando su papel en un sistema basado en ese principio. Sin embargo, sus estadistas no oscurecieron deliberadamente la diferencia existente entre su propia política de autodefensa y cualquier principio que ayudara a promoverla. En su Twenty-five Years escribió sir Edward Grey lo siguiente:

En teoría, Gran Bretaña no se ha opuesto al predominio de un grupo fuerte en Europa, cuando ello parecía favorable para la estabilidad y la paz. El apoyo de tal combinación ha sido generalmente la primera elección. Es sólo cuando la potencia dominante se vuelve agresiva y siente amenazados sus propios intereses, que por un instinto de autodefensa, si no es que por una política deliberada, gravita hacia algo que podría describirse justamente como una balanza de poder.

Era así en su propio interés legítimo que Inglaterra apoyó el surgimiento de un sistema de balanza de poder en el continente, y que sostuvo sus principios. Ello formaba parte de su política. La confusión inducida por tal unión de dos referencias esencialmente diferentes de la balanza de poder se indica en estas citas: En 1787, Fox preguntaba indignado al gobierno «si Inglaterra ya no estaba en posibilidad de mantener la balanza de poder en Europa y de ser contemplada como el protector de sus libertades». Afirmaba Fox que Inglaterra debía ser aceptada como el garante del sistema de la balanza de poder en Europa. Y Burke, cuatro años más tarde, describió ese sistema como «el derecho público de Europa», supuestamente en vigor durante dos siglos. Tales identificaciones retóricas de la política nacional de Inglaterra con el sistema europeo de la balanza de poder harían naturalmente más difícil que los estadounidenses distinguieran entre dos concepciones que les resultaban igualmente odiosas.

2. La balanza de poder como una ley histórica. Otro significado de la balanza de poder se basa directamente en la naturaleza de las unidades de poder. Tal significado ha sido enunciado por primera vez en el pensamiento moderno por Hume. Su realización se perdió durante el eclipse casi total del pensamiento político que siguió a la Revolución industrial. Hume reconoció la naturaleza política del fenómeno y destacó su independencia frente a los hechos psicológicos y morales. El fenómeno operaba independientemente de las motivaciones de los actores, mientras se comportaran como las manifestaciones del poder. Según Hume, la experiencia demostraba que «los efectos son semejantes», ya sea su motivación «la emulación envidiosa o la política cautelosa». Dice a este respecto F. Schuman: «Si postulamos un Sistema de Estados compuesto por tres unidades, A, B y C, es obvio que un incremento de poder de cualquiera de ellas involucra una disminución de poder de las otras dos». Infiere entonces que la balanza de poder «está diseñada en su forma elemental para mantener la independencia de cada unidad del Sistema estatal». Bien podría haber generalizado el postulado para volverlo aplicable a todas las clases de unidades de poder, pertenecientes o no a sistemas políticos organizados. Es decir, en efecto a la forma como aparece la balanza de poder en la sociología de la historia. En su Study of History menciona Toynbee el hecho de que las unidades de poder pueden expandirse en la periferia de los grupos de poder antes que en el centro, donde la presión es mayor. Los Estados Unidos, Rusia y Japón, al igual que los dominios británicos, se expandieron prodigiosamente en una época en que incluso los cambios territoriales menores eran prácticamente imposibles en Europa occidental y central. Pirenne aduce una ley histórica similar. Señala este autor que, en las comunidades relativamente poco organizadas, suele formarse un núcleo de resistencia a la presión externa en las regiones más alejadas del vecino poderoso. Vemos algunos ejemplos en la formación del reino franco por Pipino de Heristal en el norte distante, o el surgimiento de Prusia oriental como el centro organizador de las Alemanias. Otra ley de esta clase podría verse en la ley del Estado amortiguador, del belga De Greef, que parece haber influido en la escuela de Frederick Turner y conducido al concepto del occidente estadunidense como «un vagabundeo belga». Estos conceptos del balance y el desbalance de poder son independientes de las nociones morales, legales o psicológicas. Sólo se refieren al poder, lo que revela su naturaleza política.

3. La balanza de poder como un principio y un sistema. Una vez que se reconoce como legítimo un interés humano, se deriva de él un principio de conducta. Desde 1648 se reconoció el interés de los Estados europeos en el statu quo establecido por los Tratados de Munster y Westfalia, y se estableció la solidaridad de los signatarios a este respecto. Prácticamente todas las potencias europeas firmaron el Tratado de 1648 y se declararon sus garantes. Holanda y Suiza obtuvieron de este tratado su postura internacional como Estados soberanos. En adelante, los Estados podían suponer que todo cambio importante del statu quo interesaría a todos los demás. Ésta es la forma rudimentaria de la balanza de poder como principio de la familia de naciones. Ningún Estado que actuara bajo este principio podría ser acusado de actuar con hostilidad hacia una potencia de la que con razón o sin ella se sospechara que trataba de cambiar el statu quo. Por supuesto, tal estado de cosas facilitaba enormemente la formación de coaliciones opuestas al cambio en cuestión. Sin embargo, el principio se reconoció en el Tratado de Utrecht apenas 75 años más tarde, cuando «para conservar el equilibrio en Europa» se dividieron los dominios españoles entre los Borbón y los Habsburgo. Por este reconocimiento formal del principio, Europa se organizaba gradualmente en un sistema basado en este principio. En virtud de que la absorción (o dominación) de las potencias pequeñas por las grandes perturbaría la balanza de poder, el sistema salvaguardaba indirectamente la independencia de las potencias pequeñas. Por confusa que fuese la organización de Europa después de 1648, e incluso después de 1713, el mantenimiento de todos los Estados, grandes y pequeños, en un periodo de cerca de 200 años, debe acreditarse al sistema de la balanza de poder. Innumerables guerras se libraron en su nombre, y aunque sin excepción deben considerarse tales guerras inspiradas por la consideración del poder, el resultado fue en muchos casos el mismo que habría ocurrido si los países hubiesen actuado de acuerdo con el principio de la garantía colectiva contra actos de agresión no provocada. Ninguna otra explicación aclarará la sobrevivencia continua de entidades políticas indefensas como Dinamarca, Holanda, Bélgica y Suiza en largos periodos, a pesar de las fuerzas muy superiores que amenazan sus fronteras. En términos lógicos parece clara la distinción existente entre un principio y una organización basada en él, es decir, un sistema. Pero no debemos subestimar la eficacia de los principios ni siquiera en su condición menos organizada, es decir, cuando todavía no han llegado a la etapa institucional, sino que sólo proveen una dirección para el hábito convencional o la costumbre. Incluso sin un centro establecido, reuniones regulares, funcionarios comunes o código de conducta obligatoria, Europa se había formado en un sistema simplemente por la continuidad del contacto estrecho entre las diversas cancillerías y los miembros de los cuerpos diplomáticos. La tradición estricta que regulaba las investigaciones, los démarches, los memorandos —entregados de manera conjunta y separada, en términos idénticos o diferentes— eran otros tantos medios de expresión de situaciones de poder sin llevarlas a un enfrentamiento, al mismo tiempo que se abrían nuevas rutas de compromiso, o eventualmente de acción conjunta, en caso de que fracasaran las negociaciones. En efecto, el derecho a la intervención conjunta en los asuntos de Estados pequeños, cuando se ven amenazados los intereses legítimos de las potencias, equivalía a la existencia de un directorio europeo en una forma menos organizada.

Es probable que el pilar más fuerte de este sistema informal haya sido la cantidad inmensa de negocios privados internacionales que con gran frecuencia se transaban en términos de algún tratado comercial u otro instrumento internacional hecho efectivo por la costumbre y la tradición. Los gobiernos y sus ciudadanos influyentes estaban envueltos en innumerables formas en los diversos tipos de las variedades financieras, económicas y jurídicas de tales transacciones internacionales. Una guerra local significaba sólo una breve interrupción de tales transacciones, mientras que los intereses creados en otras transacciones que permanecían incólumes en forma permanente, o por lo menos temporal, formaban una gran masa frente a los que podrían resolverse en una desventaja para el enemigo por las vicisitudes de la guerra. Esta presión silenciosa de los intereses privados, que impregnaba toda la vida de las comunidades civilizadas y trascendía las fronteras nacionales, era el invisible sostén de la reciprocidad internacional, y proveía de sanciones efectivas al principio de la balanza de poder, aunque no asumiera la forma organizada de un Concierto de Europa o una Liga de Naciones.

La balanza de poder como ley histórica

Hume, D., «On the Balance of Power», Works, vol. III (1854), p. 364. Schuman, F. International Polilics (1933), p. 55. Toynbee, A. J., Study of History, vol. III, p. 302. Pirenne, H., Outline of the History of Europe from the Fall of the Roman Empire to 1600 (inglés, 1939). Barnes-Becker-Becker, en De Greef, vol. V, p. 871. Hofmann, A., Das deutsche Land and die deutsche Ge schichte (1920). También la Escuela Geopolítica de Haushofer. En el otro extremo, Russell, B., Power. Lasswell, Psychopathology and Politics; World Politics and Personal Insecurity, y otras obras. Véase también Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic World, cap. 4, parte I.

La balanza de poder como principio y como sistema

Mayer, J. P. Political Thought (1939), p. 464. Vattel, Le droit des gens (1758). Hershey, A. S. Essentials of International Public Law and Organizaban (1927), pp. 567-569. Oppenheim, L., International Law. Heatley, D. P., Diplomacy and the Study of International Relations (1919).

La paz de los cien años

Leathes, «Modern Europe», Cambridge Modern History, vol. XII, cap. 1. Toynbee, A. J. Study of History, vol. IV (C), pp. 142-153. Schuman, E, International Polilics, libro I, cap. 2. Clapham, J. H,, Economic Development of trance and Germany, 1815-1914, p. 3. Robbins, L., The Great Depression (1934), p. 1. Lippmann, W., The Good Society. Cunningham, W., Growth of English Industry and Commerce in Modern Times. Knowles, L. C. A., Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the 19th Century (1927). Carr, E. H., The 20 Years’ Crisis, 1919-1939 (1940). Crossman, R. H. S., Government and the Governed (1939), p. 225. Hawtrey, R. G., The Economic Problem (1925), p. 265.

El ferrocarril de Bagdad

El conflicto considerado resuelto por el acuerdo británico-alemán de 15 de junio de 1914: Buell, R. L., International Relations (1929). Hawtrey, R. G., The Economic Problem (1925). Mowat, R. B., The Concert of Europe (1930), p. 313. Stolper, G., This Age of Fable (1942). Véase la posición contraria en Fay, S. B., Origins of the World War, p. 312. Feis, H., Europe, The World’s Banker, 1870-1914 (1930), pp. 335 ss.

Concierto de Europa

Langer, W. L., European Alliances and Alignments (1871-1890) (1931). Sontag, R. J., European Diplomatic History (1871-1932) (1933). Onken, H., «The German Empire», Cambridge Modern History, vol. XII. Mayer, J. P., Political Thought (1939), p. 464. Mowat, R. B., The Concert of Europe (1930), p. 23. Phillips, W. A., The Confederation of Europe 1914 (2a. ed., 1920). Lasswell, H. D., Politics, p. 53. Muir, R., Nationalism and Internationalism (1917), p. 176. Buell, R. L., International Relation (1929), p. 512.

2. La paz de los cien años

1. Los hechos. Las Grandes potencias de Europa se encontraron en guerra entre sí, durante el siglo de 1815 a 1914, sólo en tres breves periodos: por seis meses en 1859, seis semanas en 1866 y nueve meses en 1870-1871. La Guerra de Crimea, que duró exactamente dos años, tuvo un carácter periférico y semicolonial, como lo reconocen Clapham, Trevelyan, Toynbee y Binkley. Por cierto, los bonos rusos en manos de ciudadanos británicos se pagaron durante esa guerra en Londres.

La diferencia básica entre el siglo XIX y los anteriores es la que existe entre las guerras generales ocasionales y la ausencia completa de guerras generales. La afirmación del mayor general Fuller, de que en el siglo XIX no hubo un solo año libre de guerra, parece irrelevante. La comparación que hace Quincy Wright, del número de años de guerra en los diversos siglos, sin considerar la diferencia existente entre las guerras generales y las locales, parece omitir el punto importante.

2. El problema. La cesación de las guerras comerciales casi continuas entre Inglaterra y Francia, una fuente fecunda de guerras generales, debe explicarse primero. Se conectó tal fenómeno con dos hechos de la esfera de la política económica: a) la desaparición del antiguo imperio colonial, y b) la época del libre comercio que condujo a la del patrón oro internacional. Mientras que el interés por la guerra declinaba rápidamente con las nuevas formas del comercio, surgió un interés positivo por la paz como resultado de la nueva estructura internacional de la moneda y el crédito asociada al patrón oro. El interés de economías nacionales enteras estaba involucrado ahora en el mantenimiento de monedas estables y el funcionamiento de los mercados mundiales de los que dependían los ingresos y el empleo. El expansionismo tradicional que sustituido por una tendencia antiimperialista casi general entre las Grandes potencias hasta 1880. (De esto nos ocupamos en el capítulo XVIII).

Sin embargo, parece haber un intervalo de más de medio siglo (1815-1880) entre el periodo de las guerras comerciales, cuando se suponía naturalmente que la política exterior se preocupaba por la promoción de los negocios, y el periodo posterior en que se consideraban los intereses de los tenedores de bonos extranjeros y los inversionistas directos como una preocupación legítima de las secretarías de relaciones exteriores. Fue durante este medio siglo que se estableció la doctrina que negaba la influencia de los intereses comerciales privados sobre la conducción de los asuntos exteriores; y es sólo hacia el final de este periodo que las cancillerías consideran de nuevo tales reclamaciones como admisibles pero no sin fuertes reservas en atención a la nueva tendencia de la opinión pública. Postulamos que este cambio se debió al carácter del comercio que, bajo las condiciones del siglo XIX, ya no dependía directamente de la política del poder en lo referente a su alcance y su éxito; y que el retorno gradual a la influencia de los negocios sobre la política exterior se debió al hecho de que el sistema internacional de la moneda y el crédito había creado un nuevo tipo de interés empresarial que trascendía las fronteras nacionales. Pero mientras que este interés fuese sólo el de los tenedores de bonos extranjeros, los gobiernos se mostraban en extremo renuentes a permitirles cualquier opinión: durante largo tiempo se consideraron los préstamos externos puramente especulativos en sentido estricto; el interés creado se encontraba regularmente en los bonos públicos nacionales; ningún gobierno consideraba útil el apoyo a sus nacionales que se dieran a la muy riesgosa tarea de prestar dinero a gobiernos extranjeros de dudosa reputación. Canning rechazó perentoriamente las desfachateces de los inversionistas que esperaban que el gobierno británico se interesara por sus pérdidas en el extranjero, y categóricamente se negó a hacer depender el reconocimiento de las repúblicas latinoamericanas de su aceptación de las deudas externas. La famosa circular de Palmerston, de 1848, es la primera indicación de un cambio de actitud, pero el cambio no llegó jamás demasiado lejos; porque los intereses empresariales de la comunidad mercantil estaban tan difundidos que el gobierno no podía permitir que algún interés creado menor complicara la administración de los negocios de un imperio mundial. La reanudación del interés de la política exterior en empresas comerciales en el exterior se debía sobre todo a la declinación del libre comercio y el retorno consiguiente de los métodos del siglo XVIII. Pero en virtud de que el comercio se ligaba ahora estrechamente a las inversiones extranjeras de carácter no especulativo pero enteramente normal, la política exterior volvió a sus lineamientos tradicionales de servicio a los intereses comerciales de la comunidad. No es este último hecho, sino la cesación de tal interés durante el intervalo, lo que debe explicarse.

Capítulo II

3. El rompimiento de la trama dorada

El derrumbe del patrón oro se vio precipitado por la estabilización forzada de las monedas. Ginebra era la avanzada del movimiento estabilizador, la que transmitía a los Estados financieramente más débiles las presiones ejercidas por la City de Londres y por Wall Street.

El primer grupo de Estados que debían estabilizarse era el de los países derrotados, cuyas monedas se habían derrumbado después de la Primera Guerra Mundial. El segundo era el de los Estados europeos victoriosos que estabilizaron sus propias monedas en general después del primer grupo. El tercero estaba integrado por el beneficiario principal del patrón oro: los Estados Unidos.

I. Países derrotados

II. Países europeos victoriosos

III. Prestamista universal

Estabilizado

Estabilizado

Abandonó el oro

Abandonó el oro

Rusia

1923

Austria

1923

Gran Bretaña

1925

1931

Estados Unidos

1933

Hungría

1924

Francia

1926

1936

Alemania

1924

Bélgica

1926

1936

Bulgaria

1925

Italia

1926

1933

Finlandia

1925

Estonia

1926

Grecia

1926

Polonia

1926

El desequilibrio del primer grupo fue soportado durante algún tiempo por el segundo. En cuanto este segundo grupo estabilizó también su moneda, necesitó apoyo también, el que provino del tercer grupo. En última instancia, fue este tercer grupo, integrado por los Estados Unidos, el que se vio más severamente afectado por el desequilibrio acumulado de la estabilización europea.

4. Las oscilaciones del péndulo después de la Primera Guerra Mundial

La oscilación del péndulo después de la Primera Guerra Mundial fue general y rápida, pero su amplitud fue pequeña. En la gran mayoría de los países de Europa central y oriental, el periodo de 1918-1923 sólo produjo un restablecimiento conservador tras una república democrática (o socialista), como resultado de la derrota; varios años más tarde, se establecieron gobiernos unipartidistas casi por todas partes. Y el movimiento fue otra vez bastante generalizado.

País

Revolución

Contrarrevolución

Gobierno
unipartidista

Austria

Oct. 1918

república soc. dem.

1920

república de clase media

1934

Bulgaria

Oct. 1918

reforma agraria radical

1923

contrarrevolución fascista

1934

Estonia

1917

república socialista

1918

república de clase media

1926

Finlandia

Feb. 1917

república socialista

1918

república de clase media

—

Alemania

Nov. 1918

república soc. dem.

1920

república de clase media

1933

Hungría

Oct. 1918

república democrática

1919

contrarrevolución

—

Mar. 1919

soviets

Yugoslavia

1918

federación democrática

1926

estado militar autoritario

1929

Latvia

1917

república socialista

1918

república de clase media

1934

Lituania

1917

república socialista

1918

república de clase media

1926

Polonia

1919

república soc. dem.

1926

estado autoritario

—

Rumanía

1918

reforma agraria

1926

régimen autoritario

—

5. Las finanzas y la paz

Casi no hay materiales sobre el papel político del financiamiento internacional durante el último medio siglo. El libro de Corti sobre los Rothschild cubre apenas el periodo anterior al Concierto de Europa. No se incluye su participación en la negociación de Suez, el ofrecimiento de los Bleichroeder para financiar la indemnización de la Guerra francesa de 1871 mediante la emisión de un préstamo internacional, las vastas transacciones del periodo del Ferrocarril oriental. Las obras históricas de Langer y Sontag, por ejemplo, prestan escasa atención al financiamiento internacional (la última no menciona las finanzas en su enumeración de los factores de la paz); las observaciones hechas por Leathes en la Cambridge Modern History constituyen casi una excepción. La crítica libre trataba de demostrar la falta de patriotismo de los financieros o su inclinación a apoyar las tendencias proteccionistas e imperialistas en detrimento del libre comercio, como ocurre con Lysis en Francia o con J. A. Hobson en Inglaterra. Las obras marxistas, como los estudios de Hilferding o de Lenin, destacaban las fuerzas imperialistas emanadas de la banca nacional y su conexión orgánica con las industrias pesadas. Tal argumento, además de restringirse principalmente a Alemania, no podía ocuparse de los intereses bancarios internacionales.

La influencia de Wall Street sobre los acontecimientos de los años veinte parece demasiado reciente para un estudio objetivo. No hay duda de que, en general, su influencia se hizo sentir del lado de la moderación y la mediación internacional desde la óptica de los Tratados de paz hasta el Plan Dawes, el Plan Young y la liquidación de reparaciones en Lausana y después. La bibliografía reciente tiende a separar el problema de las inversiones privadas, como se observa en la obra de Staley que excluye expresamente los préstamos hechos a los gobiernos, ya sean de otros gobiernos o de inversionistas privados, una restricción que prácticamente excluye toda evaluación general del financiamiento internacional en su interesante estudio. La excelente reseña de Feis, en la que nos hemos basado profusamente, cubre casi todo el campo, pero padece también por la escasez inevitable de materiales auténticos, ya que aún no se abren los archivos de la haute finance. El valioso trabajo de Earle, Remer y Viner está sujeto a la misma limitación inevitable.

Capítulo IV

6. Algunas referencias a «las sociedades y los sistemas económicos»

El siglo XIX trató de establecer un sistema económico autorregulado sobre la motivación de la ganancia individual. Sostenemos que tal empresa resultaba imposible en sí misma. Aquí nos ocuparemos exclusivamente de la visión distorsionada de la vida y la sociedad que implicaba tal enfoque. Los pensadores del siglo XIX suponían, por ejemplo, que era «natural» el hecho de comportarse como un negociante en el mercado, que cualquier otro modo de comportamiento era una conducta económica artificial: el resultado de la interferencia en los instintos humanos; que los mercados surgirían espontáneamente si los hombres quedaran en libertad de hacer lo que quisieran; que independientemente de la conveniencia de tal sociedad por razones morales, por lo menos su viabilidad se fundaba en las características inmutables de la humanidad, etc. Casi exactamente lo opuesto de estas aseveraciones está implicado en el testimonio de la investigación moderna en diversos campos de las ciencias sociales tales como la antropología social, la economía primitiva, la historia de las primeras civilizaciones, y la historia económica general. En efecto, casi no hay un solo supuesto antropológico o sociológico —ya sea explícito o implícito— entre los contenidos en la filosofía del liberalismo económico, que no haya sido refutado. Veamos algunas citas.

a) La motivación de la ganancia no es «natural» en el hombre

«El aspecto característico de la economía primitiva es la ausencia de todo deseo de obtener beneficios con la producción o el intercambio» (Thurnwald, Economics in Primitive Communities, 1932, p. XIII). «Otra noción que debe excluirse, de una vez por todas, es la del Hombre primitivo económico de algunos libros de texto de economía de la actualidad» (Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, 1930, p. 60). «Debemos rechazar el Idealtypen del liberalismo manchesteriano, que no sólo en teoría, sino también en la historia, resulta engañoso» (Brinkmann, «Das soziale System des Kapitalismus», en Grundriss der Sozialökonomik, vol. IV, p. II).

b) Esperar un pago por el trabajo no es «natural» en el hombre

«La ganancia, que es tan frecuentemente el estímulo del trabajo en las comunidades más civilizadas, jamás actúa como un impulso para trabajar bajo las condiciones nativas originales» (Malinowski, op. cit., p. 156). «En la sociedad primitiva sin influencias no encontramos por ninguna parte al trabajo asociado a la idea del pago» (Lowie, «Social Organization», Enciclopedia of the Social Sciences, vol. XIV, p. 14). «En ninguna parte se alquila o se vende el trabajo» (Thurnwald, Die menschliche Gesellschaft, libro m, 1932, p. 169). «El tratamiento del trabajo como una obligación, que no requiere indemnización…» es general (Firth, Primitive Economics of the New Zealand Maori, 1929). «Incluso en la Edad Media es desconocido el pago a extraños por su trabajo». «El extraño no tiene ningún lazo personal de deber, y por lo tanto debe trabajar por el honor y el reconocimiento». Los músicos, siendo extraños, «aceptaban un pago y eran consiguientemente despreciados» (Lowie, op. cit.).

c) La restricción del trabajo al mínimo inevitable no es «natural» en el hombre

«No podemos dejar de observar que el trabajo no se limita jamás al mínimo inevitable, sino que supera la cantidad absolutamente necesaria, debido a una inclinación funcional, natural o adquirida, hacia la actividad» (Thurnwald, Economics, p. 209). «El trabajo tiende siempre a exceder de lo estrictamente necesario» (Thurnwald, Die menschliche Gesellschaft, p. 163).

d) Los incentivos habituales para el trabajo no son la ganancia sino la reciprocidad, la competencia, el disfrute de la obra, y la aprobación social

Reciprocidad: «La mayoría de los actos económicos, si no es que todos ellos, pertenece a alguna cadena de regalos recíprocos, los que a la larga se equilibran, beneficiando a ambas partes por igual… El hombre que desobedeciera persistentemente los dictados de la ley en sus tratos económicos se encontraría pronto fuera del orden social y económico, y lo sabe muy bien» (Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, 1926, pp. 40-41).

Competencia: «La competencia es aguda; la actuación tiene un objetivo uniforme, pero su excelencia varía… Hay una lucha por la excelencia en la reproducción de los patrones» (Goldenveiser, «Loose Ends of Theory on the Individual, Pattern, and Involution in Primitive Society», en Essays in Anthropology, 1936, p. 99). «Los hombres compiten entre sí en su rapidez, en su acabado, y en los pesos que pueden levantar cuando traen grandes palos al huerto, o cuando se llevan los tubérculos cosechados» (Malinowski, Argonauts, p. 61).

La alegría del trabajo: «El trabajo por sí mismo es una característica constante de la industria Maorí» (Firth, «Some Features of Primitive Industry», E. J., vol. I, p. 17). «Se destina mucho tiempo y trabajo a propósitos estéticos, al cuidado y la limpieza de los huertos; a la construcción de cercas sólidas y bonitas, a proveer palos especialmente fuertes y grandes. Todas estas cosas se requieren en alguna medida para el crecimiento de la planta; pero no hay duda de que los nativos llevan su pulcritud mucho más allá de lo estrictamente necesario» (Malinowski, op. cit., p. 59).

La aprobación social: «La perfección en el cultivo es el índice general del valor social de una persona» (Malinowski, Coral Gardens and Their Magic, vol. II, 1935, p. 124). «Se espera que cada uno de los miembros de la comunidad exhiba un grado de aplicación normal» (Firth, Primitive Polynesian Economy, 1939, p. 161). «Los isleños de Andamán consideran la pereza como un comportamiento antisocial» (Ratcliffe-Brown, The Andaman Islanders). «El hecho de poner el trabajo propio a disposición de otro es un servicio social, no sólo un servicio económico» (Firth, op. cit., p. 303).

e) El hombre es el mismo a través del tiempo

En su Study of Man, previene Linton contra las teorías psicológicas de la determinación de la personalidad, y afirma que «las observaciones generales nos llevan a la conclusión de que el alcance total de estos tipos es muy similar en todas las sociedades… En otras palabras, en cuanto [el observador] penetra la cortina de la diferencia cultural, descubre que estos pueblos son fundamentalmente como nosotros» (p. 484). Thurnwald destaca la semejanza de los hombres en todas las etapas de su desarrollo: «La economía primitiva estudiada en las páginas anteriores no se distingue de ninguna otra forma de la economía, por lo que se refiere a las relaciones humanas, y descansa en los mismos principios generales de la vida social» (Economics, p. 288). «Algunas emociones colectivas de naturaleza elemental son esencialmente las mismas en todos los seres humanos y explican la repetición de configuraciones similares en su existencia social» («Sozialpsychische Abläufe im Volkerleben», en Essays in Anthropology, p. 383). La obra de Ruth Benedict, Patterns of Culture, se basa en última instancia en un supuesto similar: «He hablado como si el temperamento humano fuese bastante constante en el mundo, como si en toda sociedad se dispusiera potencialmente de una distribución aproximadamente similar, y como si la cultura seleccionada en consecuencia, de acuerdo con sus patrones tradicionales, hubiese moldeado a la gran mayoría de los individuos en la conformidad. La experiencia del trance, por ejemplo, de acuerdo con esta interpretación, es una potencialidad de cierto número de individuos en cualquier población. Cuando se reconoce y se recompensa, una proporción considerable la logrará o la simulará…» (p. 233). Malinowski sostuvo consistentemente la misma posición en sus obras.

f) Por regla general, los sistemas económicos están incorporados en las relaciones sociales; la distribución de bienes materiales se logra por motivaciones no económicas

La economía primitiva es «un asunto social, que trata con muchas personas como partes de un todo interconectado» (Thurnwald, Economics, p. XII). Esto se aplica igualmente a la riqueza, el trabajo y el trueque. «La riqueza primitiva no es de naturaleza económica sino de naturaleza social» (ibid). El trabajo puede realizar una «obra efectiva» porque «está integrado en un esfuerzo organizado por fuerzas sociales» (Malinowski, Argonauts, p. 157). «El trueque de bienes y servicios se realiza en su mayor parte dentro de una asociación permanente, o asociado a lazos sociales definidos, o aunado a una reciprocidad en asuntos no económicos» (Malinowski, Crime and Custom, p. 39).

Los dos principios fundamentales que gobiernan el comportamiento económico parecen ser la reciprocidad y el almacenamiento con redistribución:

«Toda la vida tribal está impregnada de un constante dar y tomar» (Malinowski, Argonauts, p. 167). «El dar de hoy será recompensado por el tomar de mañana. Éste es el resultado del principio de la reciprocidad que impregna todas las relaciones de la vida primitiva…» (Thurnwald, Economics, p. 106). Lo que posibilita tal reciprocidad en toda sociedad salvaje, es cierta «dualidad» de instituciones o cierta «simetría de la estructura como la base indispensable de las obligaciones recíprocas» (Malinowski, Crime and Custom, p. 25). «La partición simétrica de sus cámaras de espíritus se basa entre los Banaro en la estructura de su sociedad, similarmente simétrica» (Thurnwald, Die Gemeinde der Bánaro, 1921, p. 378).

Thurnwald descubrió que aparte de tal comportamiento recíproco, y a veces combinado con él, la práctica del almacenamiento y la redistribución tenía la aplicación más general, desde la tribu cazadora primitiva hasta los imperios más grandes. Los bienes se recolectaban centralmente y luego se distribuían a los miembros de la comunidad en gran diversidad de formas. Entre los pueblos micronesios y polinesios, por ejemplo, «los reyes como representantes del primer clan recibían la cosecha, redistribuyéndola más tarde bajo la forma de regalos entre la población» (Thurnwald, Economics, p. XII). Esta función distributiva es una fuente primordial del poder político de las agencias centrales (ibid., p. 107).

g) La recolección individual de alimentos para uso de su propia persona y familia no forma parte de la vida del hombre primitivo

Los clásicos suponían que el hombre preeconómico debía cuidarse a sí mismo y cuidar a su familia. Este supuesto fue retomado por Carl Buecher en su obra pionera de principios de siglo, la que ganó gran aceptación. La investigación reciente ha corregido unánimemente a Buecher sobre este punto. (Firth, Primitive Economics of the New Zealand Maori, pp. 12, 206, 350; Thurnwald, Economics, pp. 170, 268, y Die menschliche Gesellschaft, vol. III, p. 146; Herskovits, The Economic Life of Primitive Peoples, 1940, p. 34; Malinowski, Argonauts, p. 167, nota.)

h) La reciprocidad y la redistribución son principios del comportamiento económico que no se aplican sólo a pequeñas comunidades primitivas sino también a imperios grandes y prósperos

«La distribución tiene su propia historia particular, principiando por la vida más primitiva de las tribus cazadoras». «… La situación es diferente en las sociedades de estratificación más reciente y pronunciada…». «El ejemplo más impresionante es el del contacto de los pueblos ganaderos con los agrícolas». «… Las condiciones de estas sociedades difieren considerablemente. Pero la función distributiva aumenta con el creciente poder político de unas cuantas familias y el surgimiento de los déspotas. El jefe recibe los regalos del campesino, que ahora se convierten en ‘impuestos’, y los distribuye entre sus funcionarios, especialmente los asignados a su corte».

«Este desarrollo involucraba sistemas de distribución más complicados… Todos los Estados arcaicos —la antigua China, el Imperio de los incas, los reinos de la India, Egipto, Babilonia— utilizaron una moneda metálica para el pago de impuestos y salarios, pero recurrían sobre todo a los pagos en especie para su almacenamiento en graneros y almacenes… y los distribuían a los funcionarios, los guerreros y las clases ociosas, es decir, a la parte improductiva de la población. En este caso, la distribución desempeña una función esencialmente económica» (Thurnwald, Economics, pp. 106-108).

«Cuando hablamos del feudalismo, de ordinario estamos pensando en la Edad Media europea… Pero se trata de una institución que muy pronto hace su aparición en las comunidades estratificadas. El hecho de que la mayoría de las transacciones se hagan en especie y de que el estrato superior reclame toda la tierra o el ganado, son las causas económicas del feudalismo…» (ibid., p. 195).

Capítulo V

7. Algunas referencias a la «evolución del patrón de mercado»

El liberalismo económico trabajó bajo la ilusión de que sus prácticas y métodos eran el resultado natural de una ley general del progreso. A fin de ajustarlos a este patrón, se proyectaron hacia atrás los principios básicos de un mercado autorregulado, por toda la historia de la civilización humana. En consecuencia, la naturaleza y los orígenes auténticos del comercio, los mercados y el dinero, de la vida en la ciudad y los Estados nacionales, se distorsionaron hasta dejarlos casi irreconocibles.

a) Los actos individuales de «pago en especie, trueque e intercambio» se practican en la sociedad primitiva sólo por excepción

«Originalmente, el trueque es totalmente desconocido. Lejos de inclinarse hacia el trueque, el hombre primitivo lo rechaza» (Buecher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, 1904, p. 109). «Por ejemplo, resulta imposible la expresión del valor de un anzuelo en términos de una cantidad de alimento, ya que tal intercambio no se hace nunca y sería considerado por los Tikopia como algo fantástico… Cada clase de objeto es apropiado para una clase particular de situación social» (Firth, op. cit., p. 340).

b) El comercio no surge dentro de una comunidad; es un asunto externo que involucra a comunidades diferentes

«En sus inicios, el comercio es una transacción entre grupos étnicos; no ocurre entre miembros de la misma tribu o de la misma comunidad, pero en las comunidades sociales más antiguas es un fenómeno externo, dirigido sólo hacia tribus extranjeras» (Weber, General Economic History, p. 195). «Por extraño que pueda parecer, el comercio medieval se desarrolló desde el principio bajo la influencia del comercio de exportación, no del comercio local» (Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, p. 142). «El comercio a grandes distancias fue responsable del resurgimiento económico de la Edad Media» (Pirenne, Medieval Cities, p. 125).

c) El comercio no depende de los mercados; deriva del ofrecimiento unilateral, pacífico o de otra clase

Thurnwald estableció el hecho de que las formas más tempranas del comercio consistían simplemente en la obtención y el transporte de objetos a distancia. Esencialmente, es una expedición de caza. El hecho de que la expedición sea bélica, como en una cacería de esclavos o en la piratería, depende principalmente de la resistencia que se encuentre (op. cit., pp. 145, 146). «La piratería fue el inicio del comercio marítimo entre los griegos de la época homérica, al igual que entre los vikingos escandinavos; durante largo tiempo, las dos vocaciones se desarrollaron en concierto» (Pirenne, Economic and Social History, p. 109).

d) La presencia o ausencia de mercados no es una característica esencial; los mercados locales no tienden a crecer

«Los sistemas económicos que no poseen mercados, no tienen que tener por esta razón otras características en común» (Thurnwald, Die menschliche Gesellschaft, vol. III, p. 137). En los primeros mercados, «sólo cantidades definidas de objetos definidos podían intercambiarse entre sí» (ibid., p. 137). «Thurnwald merece un elogio especial por su observación de que el dinero y el comercio primitivos son esencialmente sociales, antes que económicos (Loeb, «The Distribution and Function of Money in Early Society», en Essays in Anthropology, p. 153). Los mercados locales no surgieron del «comercio armado», ni del «trueque silencioso», ni de otras formas del comercio exterior, sino de la «paz» mantenida en un lugar de reunión para el propósito limitado del intercambio de la vecindad. «El objetivo del mercado local era el abastecimiento de las provisiones necesarias para la vida diaria de la población asentada en los distritos. Esto explica su celebración semanal, el círculo de atracción muy limitado y la restricción de su actividad a pequeñas operaciones de menudeo» (Pirenne, op. cit., cap. 4, «Commerce to the End of the 13th Century», p. 97). Todavía en una etapa posterior, los mercados locales no exhibían ninguna tendencia a crecer, al revés de lo que ocurría con las ferias: «El mercado satisfacía las necesidades de la localidad y a él asistían sólo los habitantes de la vecindad; sus mercancías se producían en el campo y eran de uso ordinario» (Lipson, The Economic History of England, 1935, vol. I, p. 221). El comercio local «de ordinario se desarrolló por principio de cuentas como una ocupación auxiliar de los campesinos y las personas ocupadas en la industria doméstica, y en general como una ocupación estacional…» (Weber, op. cit., p. 195). «Sería natural suponer, a primera vista, que una clase mercantil creció poco a poco en medio de la población agrícola. Pero nada apoya esta teoría» (Pirenne, Medieval Cities, p. 111).

e) La división del trabajo no se origina en el comercio o el intercambio, sino en hechos geográficos, biológicos y de otra naturaleza no económica

«La división del trabajo no es en modo alguno el resultado de un cálculo económico complicado, como sostiene la teoría racionalista. Se debe principalmente a diferencias fisiológicas de sexo y edad» (Thurnwald, Economics, p. 212). «Casi la única división del trabajo se establece entre hombres y mujeres» (Herskovits, op. cit., p. 13). Otra forma como puede surgir la división del trabajo de hechos biológicos es el caso de la simbiosis de diferentes grupos étnicos. «Los grupos étnicos se transforman en grupos sociales profesionales» mediante la formación de «un estrato superior» en la sociedad. «Se crea así una organización basada, por una parte, en las contribuciones y los servicios de la clase dependiente, y por la otra parte en el poder de distribución poseído por los jefes de familia del estrato principal» (Thurnwald, Economics, p. 86). Aquí encontramos uno de los orígenes del Estado (Thurnwald, Sozialpsychische Abläufe, p. 387).

f) El dinero no es una invención decisiva; su presencia o ausencia no influye necesariamente, en forma esencial, sobre el tipo de economía

«El mero hecho de que una tribu usara dinero la diferenciaba muy poco, en términos económicos, de otras tribus que no lo hicieran» (Loeb, op. cit., p. 154). «Si se usa el dinero en absoluto, su función es muy diferente de la que desempeña en nuestra civilización. Nunca deja de ser un material concreto, y nunca se convierte en una representación enteramente abstracta del valor» (Thurnwald, Economics, p. 107). Las dificultades del trueque no desempeñaron ningún papel en la «invención» del dinero. «Esta antigua opinión de los economistas clásicos ha sido refutada por las investigaciones etnológicas» (Loeb, op. cit., p. 167, nota 6). En vista de las utilidades específicas de las mercancías que funcionan como dinero, así como de su significación simbólica como atributos del poder, no se puede considerar la «posesión económica desde un punto de vista racionalista unilateral» (Thurnwald, Economics). Por ejemplo, el dinero podría usarse sólo para el pago de salarios e impuestos (ibid., p. 108), o podría usarse para pagar una esposa, para el dinero de sangre, o para las multas. «Vemos así, en estos ejemplos de las condiciones preestatales, que la evaluación de los objetos de valor deriva del monto de las contribuciones habituales, de la posición mantenida por los personajes principales, y de la relación concreta que guardan con los hombres comunes de sus diversas comunidades» (Thurnwald, Economics, p. 263).

El dinero, como los mercados, es principalmente un fenómeno externo, cuya significación para la comunidad se determina primordialmente por las relaciones comerciales. «La idea del dinero se introduce habitualmente desde el exterior» (Loeb, op. cit., p. 156). «La función del dinero como un medio de cambio general se originó en el comercio exterior» (Weber, op. cit., p. 238).

g) El comercio exterior originalmente, no el comercio entre individuos sino entre colectividades

El comercio es una «actividad grupal»; se refiere a «artículos obtenidos colectivamente». Su origen se encuentra en los «viajes comerciales colectivos». «En los arreglos que se hacen para estas expediciones, que a menudo tienen el carácter de comercio extranjero, hace su aparición el principio de la colectividad» (Thurnwald, Economics, p. 145). «En cualquier caso, el comercio más antiguo es una relación de intercambio entre tribus diferentes» (Weber, op. cit., p. 195). El comercio medieval era sin duda algo diferente del comercio entre individuos. Era un «comercio entre ciertas ciudades, un comercio inter-comunal o inter-municipal» (Ashley, An Introduction to English Economic History and Theory, parte I, «La Edad Media», p. 102).

h) El campo no participaba en el comercio en la Edad Media

«Hasta el siglo XV, las ciudades eran los únicos centros del comercio y la industria, hasta el punto de que ninguno de ellos podía extenderse al campo abierto» (Pirenne, Economic and Social History, p. 169). «La lucha contra el comercio rural, y contra las artesanías rurales duró por lo menos siete u ocho siglos» (Heckscher, Mercantilism, 1935, vol. I, p. 129). «La severidad de estas medidas aumentó con el crecimiento del “gobierno democrático”…» «Durante todo el siglo XIV se enviaban expediciones armadas regulares contra todas las aldeas de la vecindad, y los telares o las cubas eran destruidos o confiscados» (Pirenne, op. cit., p. 211).

i) En la Edad Media no se comerciaba indiscriminadamente entre las ciudades

El comercio intermunicipal implicaba la existencia de relaciones preferentes entre ciudades o grupos de ciudades particulares, como la Hansa de Londres o la Hansa teutónica. La reciprocidad y la represalia eran los principios gobernantes de las relaciones existentes entre tales ciudades. Si no se pagaban las deudas, por ejemplo, los magistrados de la ciudad del acreedor podrían pedir a los magistrados de la ciudad del deudor que se hiciera justicia como ellos quisieran que se tratara a sus ciudadanos, «y amenazaban con que, si no se pagaba la deuda, se tomarían represalias contra tales ciudadanos» (Ashley, op. cit., parte I, p. 109).

j) El proteccionismo nacional era desconocido

«Para fines económicos, apenas es necesario distinguir entre diferentes países en el siglo XIII, ya que había menores barreras para la interrelación social, dentro de los límites de la cristiandad, de las que encontramos ahora» (Cunningham, Western Civilization in Its Economic Aspects, vol. I, p. 3). Apenas en el siglo XV aparecen los aranceles en las fronteras políticas. «Antes de esa época no hay pruebas del menor deseo de favorecer al comercio nacional protegiéndolo de la competencia extranjera» (Pirenne, Economic and Social History, p. 92). El comercio «internacional» era libre en todas las actividades (Power y Postan, Studies in English Trade in the Fifteenth Century).

k) El mercantilismo impuso un comercio más libre a ciudades y provincias dentro de las fronteras nacionales

El primer volumen del Mercantilism de Heckscher (1935) lleva el título de Mercantilism as a Unifying System. Como tal, el mercantilismo «se oponía a todo lo que atara la vida económica a un lugar particular y obstruyera el comercio dentro de las fronteras del Estado» (Heckscher, op. cit., vol. II, p. 273). «Ambos aspectos de la política municipal, la supresión del área rural y la lucha contra la competencia de ciudades extranjeras entraban en conflicto con los objetivos económicos del Estado» (ibid., vol. I, p. 131). «El mercantilismo ‘nacionalizó’ a los países mediante la acción del comercio que extendía las prácticas locales a todo el territorio del Estado» (Pantlen, Handel, en Handworterbuch der Staatswissenschaften, vol. VI, p. 281). «La competencia era promovida a menudo artificialmente por el mercantilismo, a fin de organizar los mercados con una regulación automática de la oferta y la demanda» (Heckscher). Schmoler (1884) fue el primer autor moderno que reconoció la tendencia liberalizadora del sistema mercantil.

l) El regulacionismo medieval era muy exitoso

«La política de las ciudades de la Edad Media fue probablemente el primer intento hecho en Europa occidental, tras la declinación del mundo antiguo, para regular la sociedad de acuerdo con principios, consistentes en su aspecto económico. El esfuerzo se vio coronado por un éxito insólito… El liberalismo económico o laissez-faire, en la época de su supremacía indisputada, es quizá tal ejemplo, pero en cuanto a su duración fue el liberalismo un episodio pequeño, evanescente, por comparación con la persistente tenacidad de la política de las ciudades» (Heckscher, op. cit., p. 139). «Lo lograron por un sistema de regulaciones, tan maravillosamente adaptado a su propósito que podría considerarse una obra maestra en su clase. La economía citadina era digna de la arquitectura gótica contemporánea» (Pirenne, Medieval Cities, p. 217).

m) El mercantilismo extendió las prácticas municipales al territorio nacional

«El resultado sería una política citadina, extendida a un área más amplia: una especie de política municipal, superpuesta sobre una base estatal» (Heckscher, op. cit., vol. I, p. 131).

n) El mercantilismo fue una política muy exitosa

«El mercantilismo creó un sistema magistral de satisfacción compleja y refinada de las necesidades» (Buecher, op. cit., p. 159). El logro de los Reglements de Colbert, que buscaban una calidad elevada de la producción como un fin en sí mismo, fue «tremendo» (Heckscher, op. cit., vol. I, p. 166). «La vida económica a escala nacional era principalmente el resultado de la centralización política» (Buecher, op. cit., p. 157). Debe acreditarse al sistema regulador del mercantilismo «la creación de un código de trabajo y una disciplina laboral, mucho más estrictos que los producidos por el particularismo estrecho de los gobiernos citadinos medievales con sus limitaciones morales y tecnológicas» (Brinkmann, «Das soziale System des Kapitalismus», en Grundriss der Sozialökonomik, vol. IV).

Capítulo VII

8. La bibliografía de Speenhamland

Sólo al principio y al final de la época del capitalismo liberal encontramos una conciencia de la importancia decisiva de Speenhamland. Había por supuesto, antes y después de 1834, una referencia constante al «sistema de subsidios y a la mala administración de la Ley de pobres», los que sin embargo no suelen datarse en Speenhamland, 1795, sino en la Ley Gilbert, 1782, y las características auténticas del sistema de Speenhamland no estaban claramente establecidas en la mente del público.

Ni lo están todavía ahora. Se sigue creyendo por lo general que el sistema de Speenhamland significaba sencillamente una asistencia indiscrimina para los pobres. En realidad era algo enteramente diferente, a saber: La ayuda sistemática a los salarios. Los contemporáneos reconocieron sólo parcialmente que tal práctica chocaba de frente con los principios del derecho Tudor, y no advertían en absoluto que era completamente incompatible con el sistema salarial emergente. Por lo que se refiere a los efectos prácticos, sólo más tarde —en relación con las Leyes anticolusivas de 1799-1800— se advirtió que la práctica tendía a deprimir los salarios y a convertirse en un subsidio para los empleadores.

Los economistas clásicos no cesaron jamás de investigar los detalles del «sistema de subsidios», como lo hicieron en el caso de la renta y la moneda. Bajo el rubro de las «Leyes de pobres», reunieron todas las formas de los subsidios francos y presionaron por su abolición de raíz. Ni Townsend, ni Malthus, ni Ricardo proponían una reforma de la Ley de pobres, sino que demandaban su derogación. Bentham, el único que había estudiado el tema, era menos dogmático que otros sobre este punto. Burke y Bentham entendieron lo que Pitt no había podido ver: que el principio verdaderamente vicioso era el de las ayudas salariales.

Engels y Marx no estudiaron la Ley de pobres. Sería de pensarse que nada habría sido más adecuado para ellos que demostrar el falso humanitarismo de un sistema que supuestamente respondía a los caprichos de los pobres mientras que en realidad deprimía sus salarios por debajo del nivel de subsistencia (poderosamente asistido en esto por una legislación antisindicalista especial), y entregaba dinero público a los ricos para ayudarlos a ganar más dinero con los pobres. Pero en su época era la Nueva ley de pobres el enemigo, y Cobbett y los Cartistas tendían a idealizar a la antigua. Además, Engels y Marx estaban justamente convencidos de que, si el capitalismo habría de llegar, la reforma de la Ley de pobres era inevitable. En consecuencia, no perdieron de vista sólo algunos puntos de debate de primera clase sino también el argumento con el que Speenhamland reforzaba su sistema teórico, a saber: que el capitalismo no podría funcionar sin un mercado de mano de obra libre.

Para sus vívidas descripciones de los efectos de Speenhamland, Harriet Martineau recurrió profusamente a los pasajes clásicos del Informe sobre la Ley de pobres (1834). Los Gould y los Baring que financiaron los pequeños volúmenes suntuosos en los que Martineau trató de ilustrar a los pobres acerca de la inevitabilidad de su miseria —estaba profundamente convencida de que la miseria era inevitable y de que sólo el conocimiento de las leyes de la economía política podría volver soportable su suerte para ellos— no podrían haber encontrado un defensor más sincero y, en general, mejor informado de su credo (Ilustrations to Political Economy, 1831, vol. III; también The Parish y The Hamlet en Poor Laws and Paupers, 1834). Su obra Thirty Years’ Peace, 1816-1846, se escribió con espíritu disciplinario y mostraba más simpatía hacia los Cartistas que hacia la memoria de su maestro Bentham (vol. III, p. 489, y vol. IV, p. 453). Concluía Martineau su crónica con este pasaje significativo: «Tenemos ahora las mejores mentes y los mejores corazones ocupados en esta gran cuestión de los derechos de los trabajadores con impresionantes prevenciones provenientes del exterior que no pueden ser desatendidas sin peligro de ruina para todos. ¿Será posible que no se encuentre la solución? Es probable que esta solución sea el hecho fundamental del siguiente periodo de la historia británica; y entonces, mejor que ahora, podrá apreciarse tal vez que en la preparación para tal periodo reside el interés principal de la precedente Paz de los treinta años». Ésta fue una profecía de acción retardada. En el periodo siguiente de la historia británica dejó de existir la cuestión laboral; pero regresó en los años setenta, y medio siglo más tarde produjo «la ruina para todos». Es obvio que en el decenio de 1840 podía discernirse con mayor facilidad que en el decenio de 1940 que el origen de tal cuestión residía en los principios gobernantes del Acta de reforma de la Ley de pobres.

Durante toda la época victoriana y después, ningún filósofo o historiador se ocupó de la economía detallada de Speenhamland. De los tres historiadores del benthamismo, sir Leslie Stephen no se molestó en inquirir los detalles; Elie Halevy, el primero en reconocer el papel fundamental de la Ley de pobres en la historia del radicalismo filosófico, tenía las nociones más confusas sobre el tema. En la tercera perspectiva, la de Dicey, la omisión es más notable aún. Su análisis incomparable de las relaciones existentes entre el derecho y la opinión pública trató al «laissez-faire» y al «colectivismo» como la trama y la urdimbre de la textura. Creía Dicey que el patrón mismo surgía de las tendencias industriales y comerciales de la época, es decir, de las instituciones que fraguaban la vida económica. Nadie podría haber enfatizado con mayor fuerza que Dicey el papel dominante desempeñado por el pauperismo en la opinión pública, ni la importancia de la reforma a la Ley de pobres en todo el sistema de la legislación benthamista. Y sin embargo, se sentía desconcertado ante la importancia fundamental asignada por los benthamistas a la reforma de la Ley de pobres en su proyecto legislativo, y en efecto creía que lo que se discutía era la carga de los subsidios sobre la industria. Historiadores del pensamiento económico de la talla de Schumpeter o Mitchell analizaron los conceptos de los economistas clásicos sin referencia alguna a las condiciones de Speenhamland.

Con las conferencias de A. Toynbee (1881), la Revolución industrial se convirtió en un tema de la historia económica. Toynbee responsabilizó al socialismo tory por Speenhamland y su «principio de la protección de los pobres por los ricos». Por esta época, William Cunningham se ocupó del mismo tema y como por obra de un milagro cobró vida; pero predicaba en el desierto. Aunque Mantoux (1907) tuvo el beneficio de la obra maestra de Cunningham (1881), se refirió a Speenhamland como apenas «otra reforma», y curiosamente le acreditó el efecto de «cazar a los pobres para llevarlos al mercado laboral» (The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, p. 438). Beer, cuya obra era un monumento al socialismo temprano inglés, apenas mencionó la Ley de pobres.

No fue sino hasta que los Hammond (1911) concibieron la visión de una nueva civilización anunciada por la Revolución industrial, que se redescubrió a Speenhamland. Con ellos, Speenhamland no formaba parte de la historia económica sino de la historia social. Los Webb (1927) continuaron esta obra, planteando la cuestión de las condiciones políticas y económicas de Speenhamland, conscientes del hecho de que estaban tratando con el origen de los problemas sociales de nuestra propia época.

J. H. Clapham se esforzó por combatir lo que podría llamarse el enfoque institucionalista de la historia económica como el representado por Engels, Marx, Toynbee, Cunningham, Mantoux y, más recientemente, los Hammond. Se negó Clapham a tratar el sistema de Speenhamland como una institución y lo examinó sólo como un aspecto de la «organización agraria» del país (vol. I, cap. 4). Esto no era adecuado, ya que precisamente fue su extensión a las ciudades lo que destruyó al sistema. También separó el efecto de Speenhamland sobre los subsidios de la cuestión salarial y examinó el primero bajo el rubro de las «Actividades económicas del Estado». De nuevo, esto era artificial y omitía la economía de Speenhamland desde el punto de vista de la clase de los empleadores que se beneficiaba de los salarios bajos tanto como perdía en los subsidios, o más aún. Pero el respeto consciente de Clapham por los hechos explica su mal tratamiento de la institución. El efecto decisivo de los «cercamientos de guerra» sobre el área en que se introdujo el sistema de Speenhamland, así como el grado efectivo en que los salarios reales se vieron deprimidos por tal sistema, fueron mostrados por primera vez por Clapham.

La incompatibilidad absoluta de Speenhamland con el sistema salarial se recordaba permanentemente sólo en la tradición de los liberales económicos. Sólo ellos advertían que, en un sentido amplio, toda forma de protección de los trabajadores implicaba algo del principio de intervencionismo de Speenhamland. Spencer lanzó la acusación de los «salarios ficticios» (como se llamaba en su región al sistema de subsidios) contra todas las prácticas «colectivistas», un término que extendió sin ninguna dificultad a la educación pública, la vivienda, la provisión de campos recreativos, etc. En 1913 resumió Dicey su crítica de la Ley de pensiones de vejez (1908) con estas palabras: «En esencia no es más que una forma nueva de subsidio directo para los pobres». Y dudaba de que los liberales económicos tuvieran alguna vez la oportunidad de sacar adelante su política económica. «Algunas de sus propuestas no se han puesto en práctica jamás; el subsidio directo, por ejemplo, jamás ha sido abolido». Si tal era la opinión de Dicey, era natural que Mises sostuviera «que el desempleo existirá mientras se pague el subsidio de desempleo» (Liberalismus, 1927, p. 74); y que «la asistencia a los desempleados ha resultado ser una de las armas más eficaces de la destrucción» (Socialism, 1927, p. 484; Nationalökonomie, 1940, p. 720). Walter Lippmann en su Good Society (1937) trató de separarse de Spencer, pero sólo para invocar a Mises. Lippmann y Mises reflejaban la reacción liberal ante el nuevo proteccionismo de los años veinte y treinta. No hay duda de que muchos aspectos de la situación recordaban ahora a Speenhamland. En Austria, el subsidio de desempleo estaba siendo pagado por una Tesorería quebrada; en Gran Bretaña, «el subsidio ampliado al desempleo» era indistinguible de la «beneficencia»; en los Estados Unidos se habían lanzado el WPA y el PWA; en efecto, sir Alfred Mond, presidente de Imperial Chemical Industries, proponía en vano, en 1926, que los empleadores británicos recibieran donativos del fondo de desempleo, a fin de que pudieran «completar» los salarios y ayudar así a incrementar el empleo. En la cuestión del desempleo como en la cuestión del circulante, el capitalismo liberal afrontaba en sus estertores de muerte los problemas aún insolutos heredados desde el principio.

9. La Ley de pobres y la Organización del trabajo

No se han investigado aún las implicaciones más amplias del sistema de Speenhamland, su origen, sus efectos y las razones de su cesación abrupta. Veamos algunos de los puntos involucrados.

a) ¿Hasta qué punto fue Speenhamland una medida de guerra?

Desde el punto de vista estrictamente económico, no puede decirse que Speenhamland haya sido una medida de guerra, como se ha afirmado a menudo. Los contemporáneos casi no conectaron la posición salarial con la emergencia de la guerra. En la medida en que hubiese una elevación perceptible de los salarios, el movimiento se había iniciado antes de la guerra. La Circular Letter de Arthur Young, de 1795, destinada a discernir los efectos del fracaso de las cosechas sobre el precio del trigo, contenía (punto IV) este interrogante: «¿Cuál ha sido el aumento (si hay alguno) de la paga de los jornaleros agrícolas, por comparación con el periodo precedente?» Característicamente, sus entrevistados no asignaron ningún significado definido a la frase del «periodo precedente». Las referencias variaban desde 3 hasta 50 años, e incluían los periodos siguientes:

3 años . .

. . J. Boys, p. 97

3-4 años . .

. . Boys, p. 90

10 años . .

. . Reportes de Shropshire, Middlesex, Cambridgeshire

10-15 años . .

. . Sussex y Hampshire

10-15 años . .

. . E. Harris

20 años . .

. . J. Boys, p. 86

30-40 años . .

. . William Pitt

50 años . .

. . Rev. J. Howlett

Nadie fijó el periodo en dos años, el término de la Guerra francesa, que se había iniciado en febrero de 1793. En efecto, ninguno de los interrogados mencionó la guerra.

Por cierto, la forma habitual de la defensa contra el aumento del pauperismo causado por una mala cosecha y por las malas condiciones del tiempo que generaban desempleo consistía en: 1) suscripciones locales que involucraban las caridades y la distribución de alimentos y combustibles gratuitos o a costo reducido; 2) la provisión de empleo. Los salarios permanecían de ordinario constantes; durante una emergencia similar, en 1788-1789, se proveyó empleo adicional localmente a tasas menores que las normales (véase J. Harvey, «Worcestershire», en Ann. of Agr., V, XII, p. 132, 1789. También E. Holmes, «Cruckton», l. c., p. 196).

Sin embargo, se ha supuesto con razón que la guerra tuvo por lo menos un impacto indirecto sobre la adopción del expediente de Speenhamland. En efecto, dos deficiencias del sistema de mercado en rápida expansión estaban siendo agravadas por la guerra y contribuían a la situación de la que surgió Speenhamland: 1) la tendencia hacia la fluctuación de los precios del trigo, 2) el efecto muy nocivo de los tumultos sobre estas fluctuaciones. El mercado del trigo, recientemente liberado, no podría soportar la tensión de la guerra y las amenazas del bloqueo. Ni podría impedir el pánico causado por el hábito de los tumultos que cobraba ahora una importancia ominosa. Bajo el llamado sistema regulador, las autoridades centrales habían considerado los «tumultos ordenados» más o menos como un indicador de la escasez local que debía manejarse con tolerancia; ahora se denunciaba como una causa de la escasez y un peligro económico para la comunidad en conjunto, sobre todo para los mismos pobres. Arthur Young publicó una prevención sobre las «Consecuencias de los tumultos debidos a los precios elevados de las provisiones de alimentos», y Hannah More ayudó a difundir opiniones similares en uno de sus poemas didácticos llamado «El tumulto, o la mitad de una hogaza es mejor que nada» (que debía cantarse con la tonada de «Había una vez un zapatero»). Su respuesta a las amas de casa sólo ponía en rimas lo que Young había expresado así en un diálogo ficticio: «“¿Nos vamos a quedar quietos hasta que muramos de hambre?” Seguramente no: deben quejarse; pero quejarse y actuar en forma tal que no se agrave el mal que se padece». Insistía Young en que no había el menor peligro de una hambruna «siempre que estemos libres de tumultos». Había buenas razones para preocuparse, ya que el abasto de trigo era muy sensible al pánico. Además, la Revolución francesa estaba dando una connotación amenazante incluso a los disturbios ordenados. Aunque el temor a una elevación de los salarios era sin duda la causa económica de Speenhamland, podría decirse que, por lo que se refería a la guerra, las implicaciones de la situación eran mucho más sociales y políticas que económicas.

b) Sir William Young y el relajamiento de la Ley de asentamientos

Dos medidas incisivas de la Ley de pobres datan de 1795: Speenhamland y el relajamiento de la «servidumbre parroquial». Resulta difícil creer que ésta fuese una mera coincidencia. Por lo que se refiere a la movilidad de la mano de obra, su efecto fue hasta cierto punto opuesto. Mientras que el último hacía más atractivo para el trabajador el vagabundeo en busca de empleo, la primera volvía menos imperativa tal alternativa. En los términos convenientes de «empujar» y «estirar» que se usan a veces en los estudios sobre migración, mientras aumentaba la «atracción» del lugar de destino, disminuía el «empuje» de la aldea nativa. El peligro de un desajuste a gran escala de los trabajadores rurales, como resultado de la revisión de la Ley de 1662, se veía así ciertamente mitigado por Speenhamland. Desde el punto de vista de la administración de la Ley de pobres, las dos medidas eran claramente complementarias. El relajamiento de la Ley de 1662 involucraba el riesgo que esa Ley trataba de evitar, a saber: la inundación de pobres en las parroquias «mejores». Esto podría haber ocurrido, a no ser por Speenhamland. Los contemporáneos apenas mencionaron esta conexión, lo que no deberá sorprendernos en cuanto recordemos que incluso la misma Ley de 1662 se aplicó prácticamente sin discusión pública. Pero en la mente de sir William Young debe de haber estado presente la convicción, ya que dos veces patrocinó ambas medidas conjuntamente. En 1795 defendió la enmienda de la Ley de asentamientos, al mismo tiempo que promovía el Proyecto de ley de 1796 por el que se incorporaba a la ley el principio de Speenhamland. Antes, en 1788, había patrocinado en vano las mismas dos medidas. Había promovido la derogación de la Ley de asentamientos casi en los mismos términos que en 1795, patrocinando al mismo tiempo una medida de alivio para los pobres que proponía el establecimiento de un salario de subsistencia, del que pagaría el empleador dos tercios, mientras que los fondos públicos pagarían un tercio (Nicholson, History of the Poor Laws, vol. III). Sin embargo, debió ocurrir otra mala cosecha, más la Guerra francesa, para que prevalecieran estos principios.

c) Efectos de los salarios urbanos elevados sobre la comunidad rural

La «atracción» de la ciudad provocó una elevación de los salarios rurales y al mismo tiempo tendía a sacar del campo a su reserva de mano de obra agrícola. De estas dos calamidades estrechamente conectadas, la última era la más importante. La existencia de una reserva de mano de obra adecuada era vital para la industria agrícola que necesitaba un número de brazos mucho mayor en primavera y en octubre que durante los flojos meses del invierno. Ahora bien, en una sociedad tradicional de estructura orgánica, la disponibilidad de tal reserva de mano de obra no es simplemente una cuestión del nivel salarial, sino del ambiente institucional que determina la posición de la parte más pobre de la población. En casi todas las sociedades conocidas encontramos arreglos legales o consuetudinarios que mantienen al trabajador rural a disposición del terrateniente para su empleo en los momentos de máxima demanda. Aquí se encuentra el meollo de la situación creada en la comunidad rural por la elevación de los salarios urbanos, una vez que la posición cedió su lugar al contrato.

Antes de la Revolución industrial había en el campo importantes reservas de mano de obra: había una industria doméstica u hogareña que mantenía a un hombre ocupado en invierno, al mismo tiempo que él y su esposa estaban disponibles para trabajar en los campos durante la primavera y el otoño. Había la Ley de asentamientos que mantenía a los pobres prácticamente en servidumbre a la parroquia y por ende dependientes de los agricultores locales. Había las diversas formas bajo las cuales convertía la Ley de pobres, al trabajador residente en jornalero flexible, tales como la tasa laboral, el alojamiento o el sistema de rondas. Bajo los estatutos de las diversas Cámaras de Industria, un indigente podría ser castigado cruelmente, no sólo a discreción sino efectivamente en secreto; la persona que buscaba ayuda podría ser aprehendida a veces y llevada a la Cámara si las autoridades que tenían facultades para entrar a su casa de día descubrían que «tenía necesidad y debía ser ayudado» (31 Geo. III. c. 78). En tales cámaras era espantosa la tasa de mortalidad. Agréguese a esto la condición del atrasado o fronterizo del norte, a quien se pagaba en especie y estaba obligado a ayudar en todo momento en los campos, así como las múltiples dependencias ligadas a las artesanías y las formas precarias de tenencia de la tierra de los pobres, y podremos apreciar la medida en que un ejército de reserva latente de trabajadores dóciles estaba a disposición de los empleadores rurales. Aparte de la cuestión salarial había, por lo tanto, la cuestión del mantenimiento de una reserva adecuada de mano de obra agrícola. La importancia relativa de las dos cuestiones podría haber variado en diferentes periodos. Mientras que la introducción de Speenhamland estaba íntimamente conectada al temor de los agricultores en lo referente a la elevación de los salarios, y mientras que la rápida difusión del sistema de subsidios durante los últimos años de la depresión agrícola (después de 1815) se debió probablemente a la misma causa, la insistencia casi unánime de la comunidad agrícola, a principios de los años treinta, sobre la necesidad de conservar el sistema de subsidios, no se debió al temor del incremento salarial sino a su preocupación por un abasto adecuado de mano de obra fácilmente disponible. Sin embargo, esta última consideración no pudo haber estado enteramente ausente de su mente en ningún momento, sobre todo durante el prolongado periodo de la prosperidad excepcional (1792-1813), cuando el precio medio del trigo se estaba disparando y superaba ampliamente al aumento del precio de la mano de obra. No los salarios, sino la oferta de mano de obra, era la preocupación permanente que se encontraba detrás de Speenhamland.

Podría parecer algo artificioso el intento de distinguir entre estos dos conjuntos de motivaciones, viendo que una elevación de los salarios tendería a atraer una oferta de mano de obra mayor. En algunos casos, sin embargo, se puede ver claramente cuál de las dos preocupaciones predominaba en la mente del agricultor.

Tenemos en primer lugar pruebas claras de que, incluso en el caso de los pobres residentes, los agricultores eran hostiles a cualquier forma del empleo externo que volviera al jornalero menos disponible para el empleo agrícola ocasional. Uno de los testigos del Reporte de 1834 acusaba a los pobres residentes de «irse a pescar para ganar hasta una libra por semana, mientras que sus familias se quedaban al cuidado de la parroquia. Al regresar son enviados a la cárcel, pero eso no les importa mientras puedan salir de nuevo para buscar el trabajo bien pagado…» (p. 33). Por eso, se queja el mismo testigo, «los agricultores no pueden encontrar a menudo un número suficiente de trabajadores para su trabajo de primavera y octubre» (Informe de Henry Stuart, ap. A, parte I, p. 334 A).

En segundo lugar estaba la cuestión crucial de las asignaciones. Los agricultores opinaban unánimemente que nada alejaría a un hombre y su familia de los subsidios tan seguramente como un predio propio. Pero ni siquiera la carga de los subsidios los induciría a convenir en alguna forma de distribución que volviera al pobre residente menos dependiente del trabajo agrícola ocasional.

Este punto merece nuestra atención. Para 1833, la comunidad agrícola estaba sólidamente a favor de retener a Speenhamland. Veamos algunos pasajes del Informe de los Comisionados de la Ley de pobres: el sistema de subsidios significaba «mano de obra barata, cosechas rápidas» (Power). «Sin el sistema de subsidios, los agricultores no podrían continuar cultivando la tierra» (Cowell). «Los agricultores prefieren que se pague a sus hombres con el libro de pobres» (J. Mann). «No creo que los grandes agricultores en particular deseen la reducción de las tasas. Mientras las tasas sean como son, siempre podrán obtener los brazos adicionales que necesiten, y mientras que esté lloviendo podrán regresarlos a todos a la parroquia…» (un testigo de los agricultores). Los administradores parroquiales «se oponen a cualquier medida que vuelva al jornalero independiente de la asistencia parroquial, de modo que, reteniéndolo dentro de sus confines, lo tiene siempre a su disposición cuando lo necesite para un trabajo urgente». Declaran que «los salarios altos y los jornaleros libres los derrotarán» (Pringle). Se oponen categóricamente a todas las propuestas de entregar a los pobres asignaciones que los vuelvan independientes. Los predios que los salvaran de la privación y los dejaran en la decencia y el autorrespeto los harían también independientes y los sacarían de las filas del ejército de reserva requerido por la industria agrícola. Majendie, un defensor de las reparticiones, recomendaba predios de 1/10 de hectárea, ya que cualquier cosa mayor que eso fracasaría porque «los ocupantes tienen miedo de que los jornaleros se vuelvan independientes». Power, otro partidario de las reparticiones, confirmó esto. «Los agricultores objetan muy generalmente», dijo, «la introducción de las reparticiones. Están celosos de tales deducciones de sus predios; deben ir más lejos por su abono; y objetan la creciente independencia de sus jornaleros». Okeden propuso reparticiones de 0.028 hectáreas, porque «esto agotaría casi exactamente el tiempo ocioso dedicado a la rueda y la rueca, la lanzadera y las agujas de tejer». ¡Agotarlas cuando estaban en plena actividad en todas las familias artesanales!

Esto casi no deja lugar a dudas acerca de la función verdadera del sistema de subsidios desde el punto de vista de la comunidad agrícola: el aseguramiento de una reserva agrícola de pobres residentes, disponible en todo momento. Por cierto, así creaba Speenhamland la apariencia de una población rural excedente, cuando en realidad no había ninguna.

d) El sistema de subsidios en las ciudades industriales

Speenhamland se diseñó primordialmente como una medida de alivio a las angustias del campo. Esto no significaba una restricción a las aldeas, ya que también los pueblos de mercado pertenecían al campo. A principios de los años treinta, en el área típica de Speenhamland, la mayoría de los pueblos había introducido el sistema de subsidios propiamente dicho. El condado de Hereford, por ejemplo, que se clasificaba como «bueno» desde el punto de vista de la población excedente, exhibía a seis de seis pueblos con los métodos de Speenhamland (cuatro «definitivamente», cuatro «probablemente»), mientras que el condado «malo» de Sussex exhibía tres pueblos con los métodos de Speenhamland y nueve sin ellos, en el sentido estricto del término.

Por supuesto, la situación de los pueblos industriales del norte y el noroeste era muy diferente. Hasta 1834, el número de los pobres dependientes era considerablemente menor en los pueblos industriales que en el campo, donde incluso antes de 1795 la cercanía de las manufacturas tendería a incrementar grandemente el número de los indigentes. En 1789, el reverendo John Howlett argüía convincentemente contra «el error popular de que la proporción de los pobres es mayor en las ciudades grandes y los pueblos manufactureros populosos que en las simples parroquias, cuando lo cierto es todo lo contrario» (Annals of Agriculture, V, XI, p. 6, 1789).

Por desgracia, no se sabe con exactitud cuál era la situación en los pueblos industriales. Los comisionados de la Ley de pobres parecían perturbados ante el peligro supuestamente inminente de la difusión de los métodos de Speenhamland hacia los pueblos manufactureros. Se reconocía que «los condados norteños son los menos infectados», pero todavía se afirmaba que «incluso en las ciudades es muy prominente». Los hechos no confirman esta opinión. Es cierto que en Manchester o en Oldham se ayudaba ocasionalmente a los individuos en lo referente a la salud y el empleo. Henderson escribió que en las reuniones de contribuyentes de Presión habló un indigente que «se había puesto en manos de la parroquia porque sus salarios se habían reducido de una libra a 18 chelines por semana». Los municipios de Salford, Padiham y Ulverston también practicaban «regularmente» el método de las ayudas salariales, según se decía; lo mismo ocurría en Wigan, en lo referente a hiladores y tejedores. En Nottingham se vendían medias por debajo del costo primo, «con una ganancia», debido obviamente a los subsidios salariales. Y Henderson, refiriéndose a Preston, estaba presintiendo ya este sistema nefasto «que se colaba y reunía intereses privados en su defensa».

De acuerdo con el informe de los comisionados de la Ley de pobres, el sistema prevalecía menos en las ciudades sólo «porque los capitalistas fabricantes forman una parte pequeña de los contribuyentes y en consecuencia tienen sobre las administraciones parroquiales una influencia menor que la de los agricultores en las áreas rurales».

Como quiera que esto haya ocurrido a corto plazo, parece probable que a largo plazo operaran varios factores en contra de una aceptación general del sistema de subsidios por parte de los empleadores industriales.

Uno de tales factores era la ineficiencia de los indigentes. La industria algodonera trabajaba principalmente por pieza o por tarea. Ahora bien, incluso en la agricultura «los pensionados degradados e ineficientes de la parroquia» trabajaban tan mal que «4 o 5 de ellos equivalían a uno en el trabajo por tarea». (Comité selecto sobre los Salarios de los trabajadores, Cámara de los Comunes, 4, VI, 1824, p. 4). El Informe de los comisionados de la Ley de pobres destacaba que el trabajo por pieza podría permitir el uso del método de Speenhamland sin destruir necesariamente «la eficiencia del trabajador manufacturero»; en esta forma, el fabricante podría «obtener realmente una mano de obra barata». La implicación era que los salarios bajos del jornalero agrícola no significaban necesariamente la existencia de una mano de obra barata, ya que la ineficiencia del jornalero podría superar al precio bajo de su mano de obra para el empleador.

Otro factor que tendía a hacer que el empresario se opusiera al sistema de Speenhamland era el peligro de los competidores que podrían estar produciendo a un costo salarial considerablemente menor a resultas de las ayudas salaríales. Esta amenaza no afectaba al agricultor que vendía en un mercado sin restricciones, pero podría haber perturbado grandemente al propietario de una fábrica urbana. El Informe de los comisionados de la Ley de pobres que afirmaba que «un fabricante de MacClesfield podría verse arruinado como resultado de la mala administración de la Ley de pobres en Essex».

William Cunningham percibió la importancia de la Ley de 1834 principalmente en su efecto «nacionalizador» sobre la administración de la Ley de pobres, lo que eliminaba un obstáculo grave del camino de desarrollo de los mercados nacionales.

Una tercera objeción contra Speenhamland, la que pudo haber sido más influyente en los círculos capitalistas, era su tendencia a mantener alejada del mercado de mano de obra urbana a «la vasta masa inerte de mano de redundante» (Redford). A fines de los años veinte había gran demanda de mano de obra por parte de los fabricantes urbanos; los sindicatos de Doherty provocaban grandes disturbios; éste fue el inicio del movimiento owenista que condujo a las mayores huelgas y paros que había experimentado Inglaterra jamás.

Así pues, desde el punto de vista de los empleadores había tres argumentos fuertes que operaban a largo plazo en contra de Speenhamland: su efecto nocivo sobre la productividad de la mano de obra; su tendencia a crear diferenciales de costos entre las diversas partes del país; su aliento a la formación de «masas de mano de obra estancadas» (Webb) en el campo, lo que fortalecía el monopolio de la mano de obra por parte de los trabajadores urbanos. Ninguna de estas condiciones ejercería gran influencia sobre el empleador individual, o siquiera sobre un grupo de empleadores locales. Podrían ser superadas fácilmente por las ventajas del bajo costo laboral, no sólo asegurando los beneficios sino también ayudando a las empresas a competir con los fabricantes de otras ciudades. Sin embargo, los empresarios como una clase adoptarían una postura muy diferente cuando, en el curso del tiempo, se apreció que lo que beneficiaba al empleador aislado o a ciertos grupos de empleadores, constituía un peligro para su colectividad. En realidad, fue la difusión del sistema de subsidios a las ciudades industriales del norte, a principios de los años treinta —así fuese en forma atenuada— lo que consolidó la opinión en contra de Speenhamland y condujo a una reforma a escala nacional.

Los datos apuntan hacia una política urbana más o menos conscientemente dirigida hacia la formación de un ejército industrial de reserva en las ciudades, sobre todo para afrontar las marcadas fluctuaciones de la actividad económica. No había, en este sentido, gran diferencia entre la ciudad y el campo. Así como las autoridades aldeanas preferían los subsidios elevados a los salarios elevados, las autoridades urbanas se resistían a regresar al indigente no residente a su lugar de procedencia. Había una especie de competencia entre los empleadores rurales y los urbanos por una participación en el ejército de reserva. Sólo en la depresión severa y prolongada de mediados de los años cuarenta resultó imposible el aumento de la reserva de mano de obra a costa de los subsidios. Aun entonces, los empleadores rurales y los urbanos se comportaban en forma similar: se estableció la expulsión a gran escala de los pobres de las ciudades industriales, mientras que los terratenientes, «limpiaban la aldea», en ambos casos con el objetivo de disminuir el número de los pobres residentes (véase Redford, p. 111).

e) La primacía de la ciudad sobre el campo

De acuerdo con nuestro supuesto, Speenhamland fue una medida protectora de la comunidad rural frente a la amenaza representada por un creciente nivel del salario urbano. Esto involucra la primacía de la ciudad frente al campo en lo referente al ciclo económico. Por lo menos en un caso —el de la depresión de 1837-1845— puede demostrarse que así ocurría en efecto. Una cuidadosa investigación estadística, realizada en 1847, reveló que la depresión se inició en las ciudades industriales del noroeste, pasó luego a los condados agrícolas, donde la recuperación se logró claramente después que en las ciudades industriales. Las cifras revelaban que «la presión que había afectado primero a los distritos manufactureros se alejó al último de los distritos agrícolas». Los distritos manufactureros estaban representados en la investigación por Lancashire y el West Riding de Yorkshire, con una población de 201 000 (en 584 Uniones de la Ley de pobres); los distritos agrícolas eran Northumberland, Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Bucks, Herts, Berks, Wilts y Devon, con una población de 208 000 (también en 584 Uniones de la Ley de pobres). En los distritos manufactureros se inició el mejoramiento en 1842, con un frenamiento del aumento del pauperismo de 29.37 a 16.72%, seguido de una disminución efectiva de 29.80% en 1843, 15.26% en 1844 y 12.24% en 1845. En marcado contraste con esta evolución, en los distritos agrícolas se inició el mejoramiento apenas en 1845, con una disminución de 9.08%. Se calculó en ambos casos la proporción del gasto de la Ley de pobres por cabeza de la población, mientras que esta última se calculó por separado por condado y por año (J. T. Danson, «Condition of the People of the UK, 1839-1847», Journ. of Stat. Soc., vol. XI, p. 101, 1848).

f) Despoblación y sobrepoblación del campo

Inglaterra era el único país de Europa con una administración uniforme de la mano de obra en la ciudad y el campo. Estatutos como los de 1563 o 1662 se aplicaron por igual en las parroquias rurales y urbanas, y los jueces de paz administraban la ley igualmente por todo el país. Esto se debió a la industrialización temprana del campo y a la industrialización subsecuente de los sitios urbanos. En consecuencia, no hubo ninguna escisión entre la organización del trabajo en la ciudad y en el campo, como ocurría en el continente. Esto explica también la peculiar facilidad con la que parecían fluir los trabajadores de la aldea a la ciudad y de regreso. Así se evitaban dos de los aspectos más calamitosos de la demografía continental: la repentina despoblación del campo por efecto de la migración de la aldea a la ciudad, y la irreversibilidad de este proceso de migración que así involucraba el desarraigo de quienes habían hallado un trabajo en la ciudad. Landflucht era el nombre de esta despoblación cataclísmica del campo que había sido el terror de la comunidad agrícola de Europa central desde la segunda mitad del siglo XIX. Por el contrario, vemos en Inglaterra una especie de oscilación de la población entre el empleo urbano y el empleo rural. Era casi como si una gran parte de la población hubiese estado en suspensión, una circunstancia que dificultaba en gran medida el movimiento de la migración interna, si no es que lo hacía imposible. Recuérdese además la configuración del país con sus puertos ubicuos que volvía innecesaria la migración a larga distancia, por decirlo así, y el ajuste fácil de la administración de la Ley de pobres a los requerimientos de la organización nacional de la mano de obra podrá entenderse sin dificultad. La parroquia rural pagaba a menudo subsidios directos a los indigentes no residentes que habían hallado empleo en alguna ciudad no muy distante, enviando el dinero de la ayuda a su lugar de residencia; por su parte, las ciudades manufactureras pagaban con frecuencia un subsidio a los pobres residentes que no se habían asentado en ellas. Sólo por excepción recurrían las autoridades urbanas a los desalojamientos masivos, como ocurrió en 1841-1843. Sólo el 1% de las 12 628 personas pobres desalojadas en esa ocasión de las 19 ciudades manufactureras del norte tenían su asiento en los nueve distritos agrícolas, de acuerdo con Redford. (Si sustituimos los condados de Redford por los nueve «distritos agrícolas característicos» seleccionados por Danson en 1848, el resultado varía apenas ligeramente, de 1 a 1,3%). Como ha mostrado Redford, había una migración muy escasa a larga distancia, y una gran parte del ejército de reserva de la mano de obra se mantenía a disposición de los empleadores por medio de liberales métodos de subsidios en aldeas y ciudades manufactureras. Con razón había una «sobrepoblación» simultánea en la ciudad y el campo, mientras que los fabricantes de Lancashire tenían que importar grandes cantidades de trabajadores irlandeses en los momentos de gran demanda, y los agricultores señalaban enfáticamente que no podrían levantar la cosecha a tiempo si se inducía a emigrar a uno solo de los indigentes aldeanos.

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10. Speenhamland y Viena

El autor se sintió inclinado inicialmente al estudio de Speenhamland y sus efectos sobre los economistas clásicos por la situación social y económica muy sugerente de Austria, tal como se desarrollara después de la Gran Guerra.

Aquí, en un ambiente puramente capitalista, un municipio socialista estableció un régimen que fue enconadamente atacado por los liberales económicos. No hay duda que algunas de las políticas intervencionistas practicadas por el municipio eran incompatibles con el mecanismo de una economía de mercado. Pero los argumentos puramente económicos no agotaban un tema que era primordialmente social, no económico.

Éstos eran los hechos principales acerca de Viena. Durante la mayor parte de los 15 años siguientes a la Gran Guerra, 1914-1918, el seguro contra el desempleo estaba fuertemente subsidiado en Austria con fondos públicos, lo que extendía indefinidamente los subsidios directos; las rentas se fijaban a una fracción minúscula de su nivel anterior, y el municipio de Viena construyó grandes casas de apartamentos sin fines de lucro, recaudando el capital requerido mediante la tributación. Aunque no se concedían ayudas salariales, la provisión de todos los servicios sociales, así fuese a nivel modesto, podría haber hecho que los salarios bajaran en efecto excesivamente, a no ser por la existencia de un movimiento sindical desarrollado que encontraba, por supuesto, un fuerte apoyo en la extensión de los subsidios del desempleo. En términos económicos, tal sistema era ciertamente anómalo. Las rentas, restringidas a un nivel muy poco remunerativo, eran incompatibles con el sistema existente de empresa privada, sobre todo en la industria de la construcción. Durante los primeros años, además, la protección social en el país empobrecido interfería con la estabilidad de la moneda: las políticas inflacionistas y las intervencionistas habían ido de la mano.

Eventualmente sucumbió Viena, como Speenhamland, bajo el ataque de fuerzas políticas poderosamente sostenidas por los argumentos puramente económicos. Los disturbios políticos de 1832 en Inglaterra y de 1934 en Austria trataban de liberar al mercado de mano de obra de la intervención proteccionista. Ni la aldea campirana ni la Viena de la clase trabajadora podían aislarse indefinidamente de su ambiente.

Pero era obvio que existía una diferencia muy grande entre los dos periodos intervencionistas. La aldea inglesa tenía que ser protegida en 1795 contra una dislocación causada por el progreso económico: un avance enorme de las manufacturas urbanas; en 1918, la clase trabajadora industrial de Viena tenía que ser protegida contra los efectos del retroceso económico derivado de la guerra, la derrota y el caos industrial. Eventualmente, Speenhamland condujo a una crisis de la organización del trabajo que abrió la puerta a una nueva época de prosperidad; en cambio, la victoria del Heimweht en Austria formaba parte de una catástrofe total del sistema nacional y social.

Lo que queremos destacar aquí es la diferencia enorme de los dos tipos de intervención en el aspecto cultural y moral: el esfuerzo de Speenhamland por impedir la llegada de la economía de mercado y el experimento de Viena que trataba de trascender tal economía por completo. Mientras que Speenhamland provocaba un verdadero desastre entre el pueblo común, Viena obtuvo uno de los triunfos culturales más espectaculares de la historia occidental. El año de 1795 condujo a un deterioro sin precedente de las clases laborales, las que no podían alcanzar la nueva posición de los trabajadores industriales; el año de 1918 inició un mejoramiento moral e intelectual igualmente sin precedente en la condición de una clase trabajadora industrial altamente desarrollada que, protegida por el sistema de Viena, soportó los efectos degradantes de la grave dislocación económica y alcanzó un nivel jamás superado por las masas populares en alguna sociedad industrial.

Es claro que esto se debió a los aspectos sociales, antes que económicos, de la cuestión. ¿Pero entendían adecuadamente, los economistas ortodoxos, la economía del intervencionismo? Los liberales económicos estaban sosteniendo, en efecto, que el régimen de Viena era otra «mala administración de la Ley de pobres», otro «sistema de subsidios», que necesitaba la escoba de hierro de los economistas clásicos. ¿Pero no estaban estos pensadores engañados por las condiciones relativamente duraderas creadas por Speenhamland? A menudo estaban en lo correcto en lo referente al futuro, que su profunda perspicacia ayudaba a forjar, pero totalmente errados acerca de su propia época. La investigación moderna ha demostrado que su reputación de un juicio práctico sensato era inmerecida. Malthus se equivocó palmariamente en lo referente a las necesidades de su tiempo; si sus prevenciones tendenciosas contra la sobrepoblación hubiesen sido efectivas entre las novias a quienes se las manifestaba personalmente, esto «podría haber paralizado por completo el progreso económico», dice T. H. Marshall. Ricardo enunció mal los hechos de la controversia monetaria y el papel del Banco de Inglaterra, y no pudo entender las causas verdaderas de la depreciación de la moneda, consistentes sobre todo en los pagos políticos y las dificultades de la transferencia, como sabemos ahora. Si se hubiese seguido su consejo sobre el Reporte del oro, Gran Bretaña habría perdido la Guerra napoleónica y «el Imperio no existiría hoy».

Así pues, la experiencia de Viena y sus semejanzas con Speenhamland, que envió a algunos de regreso a los economistas clásicos, hizo que otros dudaran de ellos.

Capítulo VIII

11. ¿Por qué no el proyecto de Whitbread?

La única alternativa a la política de Speenhamland parecía ser el Proyecto de Ley de Whitbread, presentado en el invierno de 1795. Demandaba este proyecto la extensión del Estatuto de artífices de 1563, para que incluyera la fijación de los salarios mínimos mediante un cálculo anual. Su autor sostenía que tal medida mantendría el decreto isabelino de la fijación salarial, extendiéndolo de los salarios máximos a los mínimos, e impidiendo así la inanición en el campo. No hay duda de que el Proyecto habría satisfecho las necesidades de la emergencia, y convendrá señalar que los diputados de Suffolk, por ejemplo, apoyaron el Proyecto de Whitbread, mientras que sus magistrados habían suscrito también el principio de Speenhamland en una reunión en la que estaba presente el propio Arthur Young; para la mente de un lego, la diferencia existente entre las dos medidas no podía haber sido muy grande. Esto no es sorprendente. Ciento treinta años más tarde, cuando el Plan Mond (1926) propuso que se empleara el fondo de desempleo para complementar los salarios en la industria, al público le resultaba todavía difícil comprender la decisiva diferencia económica existente entre la ayuda a los desempleados y la ayuda para los salarios de los empleados.

Pero en 1795 se trataba de escoger entre los salarios mínimos y la ayuda salarial. La diferencia existente entre las dos políticas podrá entenderse mejor relacionándolas con la derogación simultánea de la Ley de asentamientos de 1662. La derogación de esta Ley creaba la posibilidad de un mercado nacional de mano de obra, cuyo propósito principal era el de permitir que los salarios «encontraran su propio nivel». La tendencia del Proyecto de Salario mínimo de Whitbread era contraria a la de la derogación de la Ley de asentamientos, mientras que la tendencia de la Ley de Speenhamland no lo era. Extendiendo la aplicación de la Ley de pobres de 1601, en lugar de la aplicación del Estatuto de artífices de 1563 (como lo sugería Whitbread), los terratenientes volvían al paternalismo sólo en lo referente a la aldea primordialmente, y en formas que involucraban una interferencia mínima con la acción del mercado, al mismo tiempo que volvía inoperante su mecanismo de fijación de salarios. Jamás se admitió abiertamente que esta supuesta aplicación de la Ley de pobres era en realidad un abandono completo del principio isabelino del trabajo obligatorio.

Las consideraciones pragmáticas eran prominentes entre los patrocinadores de la Ley de Speenhamland. El reverendo Edward Wilson, canónigo de Windsor; y J. P. de Berkshire, quien pudo haber sido el proponente, expresó sus ideas en un panfleto en el que se declaró categórico partidario del laissez-faire. «La mano de obra, como todo lo demás que se lleva al mercado, había encontrado su nivel en todas las épocas, sin la interferencia de la Ley», dijo Wilson. Quizás hubiese sido más apropiado que un magistrado inglés dijera, por el contrario, que jamás había encontrado la mano de obra su nivel sin la intervención de la Ley. Sin embargo, las cifras demostraban —prosiguió el canónigo Wilson— que los salarios no aumentan tan de prisa como el precio del trigo, tras de lo cual procedió a someter respetuosamente, a la consideración de la magistratura: «Una medida para la cantidad de alivio que deberá concederse a los pobres». La ayuda llegaba a cinco chelines semanarios para una familia compuesta por el esposo, la esposa y un niño. Un «Anuncio» de su folleto decía: «La sustancia del Opúsculo siguiente se sugirió en la reunión del Condado de Newbury, el seis de mayo último». Como sabemos, la magistratura fue más allá que el canónigo: aprobó unánimemente una escala de cinco chelines y medio.

Capítulo XIII

12. Las «dos naciones» de Disraeli y el problema de las razas de color

Varios autores han destacado la semejanza existente entre los problemas coloniales y los del capitalismo temprano. Pero no han seguido la analogía en sentido contrario, es decir, la aclaración de la condición de las clases más pobres de Inglaterra un siglo atrás, presentándolas como eran en realidad: los nativos destribalizados, degradados, de su época.

La razón de que se pasara por alto esta semejanza obvia se encontraba en nuestra creencia en el prejuicio liberal que otorgaba una prominencia indebida a los aspectos económicos de lo que eran esencialmente procesos no económicos. Ni la degradación racial existente ahora en algunas áreas coloniales, ni la deshumanización análoga del pueblo trabajador un siglo atrás, eran esencialmente económicas.

a) El contacto cultural destructivo no es primordialmente un fenómeno económico

La mayoría de las sociedades nativas está experimentando ahora un proceso de transformación rápida y forzada, sólo comparable a los cambios violentos de una revolución, dice L. P. Mair. Aunque las motivaciones de los invasores son definitivamente económicas, y el colapso de la sociedad primitiva es causado a menudo por la destrucción de sus instituciones económicas, el hecho prominente es que las nuevas instituciones económicas no son asimiladas por la cultura nativa, la que en consecuencia se desintegra sin ser remplazada por ningún otro sistema coherente de valores.

Entre las tendencias destructivas inherentes a las instituciones occidentales destaca en primer lugar «la paz en una vasta área», que destruye «la vida del clan, la autoridad patriarcal, el adiestramiento militar de la juventud; es casi prohibitiva para la migración de clanes o tribus» (Thurnwald, Black and White in East Africa; The Fabric of a New Civilization, 1935, p. 394).

«La guerra debe de haber dado a la vida nativa una agudeza que falta tristemente en estos tiempos de paz…». La abolición de la lucha decrece la población, porque la guerra producía muy pocas bajas, mientras que su ausencia significa la pérdida de costumbres y ceremonias vivificantes y una consiguiente grisma y apatía insanas de la vida aldeana (F. E. Williams, Depopulation of the Suan District, 1933, «Anthropology», Reporte núm. 13, p. 43). Compárese esto con la «existencia sensual, animada, excitada» del nativo en su ambiente cultural tradicional (Goldenweiser, Loase Ends, p. 99).

El peligro real, como dice Goldenweiser, es el de un «intermedio cultural» (Goldenweiser, Anthropology, 1937, p. 429). Sobre este punto hay una unanimidad virtual. «Las barreras antiguas se están derrumbando y no se ofrecen nuevas orientaciones» (Thurnwald, Black and While, p. 1 11). «Mantener una comunidad donde se considere como antisocial la acumulación de bienes, e integrarla con la cultura blanca contemporánea, es tratar de armonizar dos sistemas institucionales incompatibles» (Wissel en la Introducción a M. Mead, The Changing Culture of an Indian Tribe, 1932). «Los portadores de cultura inmigrantes podrán extinguir una cultura aborigen, pero no podrán extinguir ni asimilar a sus portadores» (Pitt-Rivers, «The Effect on Native Races of Contact with European Civilization», en Man, vol. XXVII, 1927). O como dice Lesser en una frase cáustica referente a otra víctima de la civilización industrial: «De la madurez cultural como Pawnee, quedaron reducidos a la infancia cultural como hombres blancos» (The Pawnee Ghost Dance Hand Game, p. 44).

Esta condición de muerte en vida no se debe a la explotación económica en el sentido aceptado, donde la explotación significa una ventaja económica de un socio a costa del otro, aunque ciertamente se liga estrechamente a los cambios de las condiciones económicas conectados con la tenencia de la tierra, la guerra, el matrimonio, etc., cada uno de los cuales afecta a un vasto número de hábitos sociales, costumbres y tradiciones de todas clases. Cuando se introduce por la fuerza una economía monetaria en regiones escasamente pobladas de África occidental, no es la insuficiencia de los salarios lo que hace que los nativos «no puedan comprar alimentos para sustituir a los que no se han cosechado, porque nadie más ha cosechado un excedente de alimentos para vendérselos» (Mair, An African People in the Twentieth Century, 1934, p. 5). Sus instituciones implican una escala de valores diferente; son frugales y al mismo tiempo carecen de la mentalidad del mercado. «Pedirán el mismo precio cuando el mercado está saturado que cuando hay gran escasez, y sin embargo viajarán grandes distancias a un costo considerable de tiempo y energías para ahorrar una pequeña suma en sus compras» (Mary H. Kingsley, West African Studies, p. 339). Una elevación de los salarios conduce a menudo al absentismo. Los indios zapotecas de Tehuantepec trabajan con la mitad del esfuerzo por 50 centavos diarios que por 25 centavos, según se dice. Esta paradoja era muy general durante los primeros días de la Revolución industrial en Inglaterra.

El índice económico de las tasas demográficas no nos sirve mejor que el de los salarios. Goldenweiser confirma la famosa observación hecha por Rivers en Melanesia, en el sentido de que los nativos culturalmente despojados podrían «morir de aburrimiento». F. E. Williams, un misionero que trabajaba en esta región, escribe que la «influencia del factor psicológico sobre la tasa de mortalidad» se entiende sin dificultad. «Muchos observadores han señalado la notable facilidad con la que un nativo puede morir». «La restricción de intereses y actividades anteriores parece ser fatal para su espíritu. El resultado es que el poder de resistencia del nativo se ve minado, y con facilidad contrae toda clase de enfermedades» (op. cit., p. 43). Esto no tiene nada que ver con la presión de la necesidad económica. «Así pues, una tasa de crecimiento natural muy elevada puede ser un síntoma de vitalidad cultural o de degradación cultural» (Frank Lorimer, Observations on the Trend of Indian Population in the United States, p. 11).

La degradación cultural puede detenerse sólo con medidas sociales, inconmensurables con los patrones económicos de la vida, tales como la restauración de la tenencia de la tierra tribal o el aislamiento de la comunidad frente a la influencia de los métodos de mercado capitalistas. «La separación del indio de su tierra fue un golpe mortal», escribe John Collier en 1942. La Ley general de reparticiones de 1887 «individualizó» la tierra del indio; la resultante desintegración de su cultura le hizo perder 40 millones de hectáreas, o sea tres cuartas partes de su tierra. La Ley de reorganización india de 1934 reintegró las posesiones tribales y salvó a la comunidad india, revivificando su cultura.

Lo mismo se observa en África. Las formas de la tenencia de la tierra ocupan el centro del interés, porque de ellas depende muy directamente la organización social. Lo que parecen conflictos económicos —impuestos y rentas elevados, salarios bajos— son casi exclusivamente formas veladas de la presión con la que se trata de inducir a los nativos a renunciar a su cultura tradicional, de modo que los obligan a ajustarse a los métodos de la economía de mercado, es decir, a trabajar por salarios y obtener sus bienes en el mercado. Fue en este proceso que algunas de las tribus nativas como los kaffir y las que habían emigrado a la ciudad perdieron sus virtudes ancestrales y se convirtieron en una muchedumbre inerte, «animales semidomesticados», entre ellos ociosos, ladrones y prostitutas —una institución anteriormente desconocida entre ellos— semejantes a la masa de la población empobrecida de Inglaterra entre 1795 y 1834.

b) La degradación humana de las clases trabajadoras bajo el capitalismo temprano fue el resultado de una catástrofe social no medible en términos económicos

Robert Owen observaba acerca de sus trabajadores, ya en 1816, que «cualquiera que fuese el salario que reciban, la masa de ellos será miserable…» (To the British Master Manufacturers, p. 146). Se recordará que Adam Smith esperaba que el trabajador separado de la tierra perdiera todo su interés intelectual. Y M’Farlane esperaba «que el conocimiento de la escritura y la contabilidad sea cada día menos frecuente entre el pueblo común» (Enquiries Concerning the Poor, 1782, pp. 249-250). Una generación más tarde, Owen imputaba la degradación de los trabajadores a «la desatención en la infancia» y «el exceso de trabajo», que los volvía «incompetentes por ignorancia para hacer un buen uso de los salarios elevados cuando pueden obtenerlos». El propio Owen les pagaba salarios bajos y elevaba su posición creando artificialmente para ellos un ambiente cultural enteramente nuevo. Los vicios desarrollados por la masa del pueblo eran en general los mismos que caracterizaban a las poblaciones de color deterioradas por un contacto cultural desintegrador: disipación, prostitución, cleptomanía, falta de austeridad y providencia, suciedad, baja productividad de la mano de obra, falta de respeto por sí mismos y dinamismo. La difusión de la economía de mercado estaba destruyendo el tejido tradicional de la sociedad rural, la comunidad aldeana, la familia, la forma antigua de la tenencia de la tierra, las costumbres y los patrones que sostenían la vida dentro de un marco cultural. La protección proveída por Speenhamland sólo había empeorado las cosas. Para la década de 1830, la catástrofe social del pueblo común era tan completa como la del kaffir de la actualidad. Un eminente sociólogo negro, Charles S. Johnson, fue el único que revirtió la analogía señalada entre el deterioro racial y la degradación clasista, aplicándola ahora a la última: «En Inglaterra, donde por cierto la Revolución industrial estaba más avanzada que en el resto de Europa, el caos social que siguió a la drástica reorganización económica convirtió a los niños empobrecidos en las “piezas” en que habrían de convertirse más tarde los esclavos africanos… Las disculpas por el sistema servil de los niños eran casi idénticas a las del tráfico de esclavos» («Race Relations and Social Change», en E. Thompson, Race Relations and the Race Problem, 1939, p. 274).

KARL POLANYI. Historiador económico y antropólogo. Aunque nació en Viena en 1886, se formó en Budapest, donde cursó estudios de Derecho y de Filosofía. Llega a Gran Bretaña en 1933 encontrando el terreno abonado y medios para profundizar en sus estudios sobre la historia del capitalismo. De aquella época (1936) es el libro, escrito en colaboración con D. K. Kitchin y J. Lewis, Christianity and the Social Revolution (El cristianismo y la revolución social). A partir de 1940 comenzó su vinculación con los Estados Unidos, y especialmente con Nueva York, de cuya Universidad Columbia se convertiría en profesor desde 1947 hasta su jubilación en 1953. Allí realizó estudios clásicos, a veces en colaboración con diversos colegas y discípulos, sobre la historia de la economía y del capitalismo, sobre economía comparada, y sobre las instituciones y sistemas académicos de los pueblos tradicionales. Entre sus libros de aquella época destacan The Great Transformation (La gran transformación), publicado en 1944, y Trade and Market in the Early Empires. Economy in History and Theory (El comercio y el mercado de los primeros Imperios. La economía en la historia y en la teoría), publicado en 1957 en colaboración con C. M. Arensberg y H. W. Pearson. Tras su jubilación académica, se retiró a Canadá, donde todavía tendría tiempo de realizar un magno estudio sobre el trato esclavista desde África a América, que se publicaría en 1966, tras su muerte, con el título de Dahomey and the Slave Trade (Dahomey y el comercio esclavista). También póstuma (de 1968) es la recopilación de algunos de sus más importantes artículos, bajo el título de Primitive, archaic and modern economies. Essays of Karl Polanyi (Economías primitivas, arcaicas y modernas. Ensayos de Karl Polanyi).

Polanyi está considerado como uno de los pensadores que más agudamente han estudiado las relaciones entre sociedad, cultura y economía. Sus críticos estudios sobre la historia y la estructura del capitalismo, opuestas a las liberales, pero también a las marxistas ortodoxas, están dotadas de una dimensión humanista y de una erudición excepcionales, y están apoyadas, además, sobre unas bases sociológicas y antropológicas muy sólidas. A Polanyi se deben, entre otras teorías clásicas, la concepción de las tres llamadas «formas de integración» económica que existen, en proporción variable, en todas las sociedades (la reciprocidad, la redistribución y el intercambio), y la teoría de que la reciprocidad era la forma dominante en las llamadas sociedades tradicionales o primitivas.

Notas

[*] Contraje significativas deudas en la preparación de esta introducción. La mayor fue con Karl Polanyi Levitt, quien me proporcionó comentarios extensos y detallados, tanto sustantivos como editoriales, en varios borradores de este texto. Fue un privilegio poco común trabajar con ella. Michael Flota, Miriam Joffe-Block, Marguerite Mendell y Margaret Somers también me ofrecieron una retroalimentación valiosa. Margaret Somers me ayudó a comprender el pensamiento de Polanyi durante casi 30 años; mucho de lo que escribí refleja sus opiniones. Además, Michael Flota me asistió en la preparación de esta introducción y en la más amplia tarea de preparar esta nueva edición.

También reconozco una deuda considerable con Karl Polanyi Levitt y Marguerite Mendell por sus funciones como codirectoras del Karl Polanyi Institute of Polítical Economy, que se ubica en la Concordia University, Montreal, Quebec. Mi comprensión del pensamiento de Polanyi es resultado en gran medida de su academicismo y del archivo que mantienen de los documentos de Polanyi. Los lectores que deseen más información sobre el pensamiento de Polanyi y la comunidad internacional de estudiosos que trabajan en esta escuela deben ponerse en contacto con el Karl Polanyi Institute y consultar la importante serie de libros Critical Perspectives on Historie Issues, que publicó con Black Rose Press en Montreal. <<

[1] Aún no hay una biografía completa de Polanyi, pero mucho del material pertinente está en Marguerite Mendell y Karl Polanyi Levitt, «Karl Polanyi-His Life and Times», Studies in Political Economy, núm. 22, primavera de 1987, pp. 7-39. Véase también Levitt (comp.), Life and Work of Karl Polanyi, Black Rose Press, Montreal, 1990; y su ensayo «Karl Polanyi as Socialist», en Kenneth McRobbie (comp.), Humanity, Society, and Commitment: On Karl Polanyi, Black Rose Press, Montreal, 1994. También está disponible un extenso material biográfico en Kenneth McRobbie y Karl Polanyi Levitt (comps.), Karl Polanyi in Vienna, Black Rose Press, Montreal, 2000. Peter Drucker, teórico gerencial que conoció a la familia de Polanyi en Viena. escribió un ameno relato en sus memorias Adventures of a Bystander, John Wiley, Nueva York, 1994, pero muchos de los hechos específicos —incluso algunos de los nombres de los hermanos de Polanyi— son poco precisos. <<

[2] Hay información de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek desde los años veinte hasta los noventa en Richard Cockelt, Thinking the Unthinkable: Think Tanks and the Economic Counter-Revolution, 1931-1983, Fontana Press, Londres, 1995. Cockett señala la ironía de que Inglaterra, que inventó el liberalismo de mercado, tuviese que reimportarlo de Viena. <<

[3] Por coincidencia, el libro de Polanyi se publicó por primera vez el mismo año que Hayek publicó su libro más famoso, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago, 1944. Mientras la obra de Polanyi celebraba el Nuevo Trato en los Estados Unidos justamente porque ponía límites a la influencia de las fuerzas del mercado, el libro de Hayek insistía en que las reformas del Nuevo Trato colocaban a los Estados Unidos en una pendiente resbaladiza que los llevaría tanto a la ruina económica como a un régimen totalitario. <<

[4] Marguerite Mendell, «Karl Polanyi and Socialist Education», en Kenneth McRobbie, op. cit., pp. 25-42. <<

[5] Polanyi escribió el libro en inglés; desde su infancia hablaba con fluidez este idioma. <<

[6] Carta a Be de Waard, 6 de enero de 1958, citada por Ilona Duczynska Polanyi, «I First Met Karl Polanyi in 1920…», en Kenneth McRobbie y Karl Polanyi Levitt, op. cit., pp. 313, 302-315. <<

[7] Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg y Harry W. Pearson (coraps.), Trade and Market in the Early Empires: Economics in History and Theory, Free Press, Glencoe, 1957; Polanyi, Dahomey and the Slave Trade: An Analysis of an Archaic Economy, University of Washington Press, Seattle, 1966; George Dalton (comp.), Primitive, Archaic, and Modern Economics: Essays of Karl Polanyi, 1968, reimpresión, Beacon Press, Boston, 1971; y Harry W. Pearson (comp.), The Livelihood of Man, Academic Press, Nueva York, 1977. <<

[8] Hay un análisis de las fuentes clave de Polanyi en Margaret Somers, «Karl Polanyi’s Inlellectual Legacy», en Karl Polanyi Levitt (comp.), Life and Work of Karl Polanyi, Black Rose Press, Montreal, 1990, pp. 152-158. <<

[9] La relación de Polanyi con el marxismo es uno de los asuntos más complejos y debatidos en la literatura. Véanse Mendell y Polanyi Levitt, «Karl Polanyi-His Life and Times»; Fred Block y Margaret Somers, «Beyond the Economic Fallacy: The Holistic Social Science of Karl Polanyi», en Theda Skocpol (comp.), Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, pp. 47-84; Rhoda H. Haperin, Cultural Economies: Past and Present, University of Texas Press, Austin, 1994. <<

[10] El concepto de Polanyi de arraigo ha sido objeto de préstamo y elaboración por parte de importantes estudiosos contemporáneos, como John Ruggie, «International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order», International Organization, 36, primavera de 1982, pp. 379-415; Mark Granovetter, «Economic Action and Social Slructure: The Problem of Embeddedness», American Journal of Sociology, 91, noviembre de 1985, pp. 481-510; y Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton University Press, Princeton, 1995. No se conoce la inspiración precisa que lo llevó a acuñar el término, pero parece verosímil que Polanyi tomara la metáfora de las minas de carbón. Al investigar la historia económica inglesa, leyó abundantes materiales sobre la historia y tecnología de la industria minera que enfrentaba la tarea de extraer el carbón que estaba incrustado, arraigado, en las paredes de roca de la mina. <<

[11] Nada menos que el gran historiador francés Fernand Braudel lee a Polanyi de este modo. Véase Braudel, Civilization and Capitalista Fifteenth-Eighteenth Century, vol. 2, The Wheels of Cominerce, trad. de Sian Reynolds, University of California Press, Berkeley, 1992, pp. 225-229. <<

[12] Se indica su influencia en la economía ambiental en Herman E. Daly y John B. Cobb, Jr., For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainahle Future, Beacon Press, Boston, 1989. <<

[13] Implícita en el argumento de Polanyi hay una crítica más específica al mercado como mecanismo autorregulado. En el caso de los artículos manufacturados, un precio descendente para un artículo abundante restaura el equilibrio tanto por promover un consumo creciente como por desalentar una nueva producción. En el caso de los artículos ficticios, la efectividad del mecanismo de precios se reduce porque no es posible asumir los aumentos o descensos automáticos de la oferta. <<

[14] También para muchos otros artículos, la participación gubernamental es requisito para la competencia mercantil. Véase el bien titulado libro de Steven Vogel, Freer Markets, More Rules: Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries, Comell University Press, Nueva York, 1996. <<

[15] Los monetaristas han tratado sin éxito en repetidas ocasiones de establecer una regla fija para controlar el crecimiento de la oferta de dinero que elimine la discrecionalidad de los banqueros centrales. Sin una fórmula así, el siguiente recurso es oscurecer el papel político de los banqueros centrales al atribuirles una autoridad cuasirreligiosa y oracular. Véase William Greider, Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country, Simon & Schuster, Nueva York, 1987. <<

[16] Éste es el punto medular del informe de Polanyi sobre la New Poor Law [Nueva ley de pobres] en Inglaterra; la creación de un mercado de trabajo requirió un drástico aumento de la represión estatal. En este punto, la interpretación de Polanyi recibió el apoyo de estudiosos posteriores, en especial Karel Williams, From Pauperism to Poverty, Routledge, Londres, 1981. Sobre Speenhamland, se cuestionan varios argumentos de Polanyi. Dos trabajos importantes pero conflictivos sobre la Antigua ley de pobres son K. D. M. Snell, Atináis of the Labouring Poor: Social Change and Agrarian England, 1660-1900, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, y George Boyer, An Economic History of the English Poor Law, 1750-1850, Cambridge University Press. Cambridge, 1990. <<

[17] Hay análisis explícitamente de Polanyi de la transición en Europa oriental y en la ex Unión Soviética en Maurice Glasman, Unnecessary Sufferittg: Managing Markel Utopia, Verso, Londres, 1996; John Gray, False Dawti: The Delusions of Global Capitalism, Granta Books, Londres, 1998; y David Wnodruff, Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism, Cometí University Press, Nueva York, 1999. <<

[18] Polanyi escribe en el capítulo 16: «La moderna banca central era en realidad esencialmente un instrumento desarrollado para ofrecer una protección sin la cual el mercado habría destruido a sus propios hijos, las empresas comerciales de todas clases». <<

[19] Polanyi aborda el fascismo en «The Essence of Fascism», en J. Lewis, K. Polanyi y D. K. Kitchin (comps.), Christianity and the Social Revolution, Gollanz, Londres, 1935, pp. 359-394. <<

[20] Polanyi inspiró una corriente de pensamiento que floreció en los años ochenta y noventa; esta corriente analiza las «variedades del capitalismo» y muestra las diferencias tan significativas en las maneras en que los mercados se arraigaron en los Estados Unidos en comparación con Francia, Alemania, Japón y otras naciones. Véanse Rogers Hollingsworth y Robert Bover (comps.), Contemporary Capitalism: The Embedaedness of Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, 1997; y Colin Crouch y Wolfgang Streeck, Political Economy of Modern Capitalism: Mapping Convergence and Diversity, Sage, California, 1997. <<

[21] Isaac Gervuise y David Hume elaboraron la idea por primera vez, en el siglo XVIII. Frank Feller. Development of British Monetary Ortodoxy, 1797-1875, Harvard University Press, Cambridge, 1965, p. 4. <<

[22] El mecanismo mediante el cual saldría el oro es igual de ingenioso y no requiere acción gubernamental. Debido a que la gente en la nación deficitaria gasta más en el extranjero de lo que recibe, el valor de su moneda —al tener una mayor oferta— disminuye en relación con otras monedas. Cuando ese valor desciende más de cierto nivel, llamado el punto oro, es costeable para los banqueros internacionales cambiar esa moneda por oro y enviar éste al extranjero, donde tiene un precio mayor. De esta forma, el oro se desplaza de países deficitarios a países superavitarios. <<

[23] Como Polanyi sabía, en la práctica, la operación del patrón oro divergía de forma considerable de la teoría. Véase Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, Princeton University Press, Princeton, 1996. <<

[24] Peter Gourevilch, Politics in Hard Times: Comparative Responses to International Economic Clises, Cornell University Press, Nueva York, 1986, cap. 3; Christopher Chase-Dunn, Yukio Kawano y Benjamin Brewer, «Trade Globalization since 1795: Waves of Integration in the World System», American Sociological Review, 65, febrero de 2000, pp. 77-95. <<

[25] El argumento de Polanyi es muy distinto de la tesis de Lenin de que la intensificación de los conflictos interimperialistas es producto del crecimiento del capital financiero en la etapa final del desarrollo capitalista. Polanyi se esfuerza en sostener que los capitalistas financieros pueden ser una fuerza importante para prevenir la guerra. <<

[26] Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree. Farrar. Strauss, Nueva York. 1999, p. 80. <<

[27] John Walton y David Seddon, Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustinent, Blackwell, Cambridge, 1994. <<

[28] Hay un argumento de que muchos ejemplos recientes de trastornos globales se relacionan con el régimen económico internacional en Michel Cossudovsky, The Globalizalion of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms, Third World NetWork, Malasia, 1997. <<

[29] «Obsolete Market Mentality» [Mentalidad obsoleta de mercado] es el título que dio Polanyi a un importante ensayo de 1947, reimpreso en Dalton, Primitive, Archaic, and Modern Economies. <<

[30] En realidad el Nuevo Trato poco hizo por proteger el ambiente. No obstante, cuando más tarde los ambientalistas obtuvieron poder político para promover reformas, algunas secretarías, como la Environmental Protection Agency [Agencia para la Protección Ambiental], siguieron el modelo regulatorio del Nuevo Trato. <<

[31] Para más información sobre esfuerzos recientes de concretar esta visión, véase John Eatwell y Lance Taylor, Global Finance al Risk: The Case for International Regulation, New Press, Nueva York, 2000. <<

[32] Polanyi cree que una sociedad compleja requiere que el Estado ejerza el monopolio de la violencia: «El poder y la compulsión forman parte de esa realidad [las sociedades humanas]; un ideal que los proscriba de la sociedad debe ser inválido». <<

[33] Véase Peter Evans, «Fighting Marginalization with Transnational Networks: Counter Hegemonic Globalizalion», Contemporary Sociology, 29, enero de 2000, pp. 230-241. <<

[34] Para profundizar en una perspectiva estadunidense sobre estos análisis y aprovechar una guía de recursos adicionales, véase Sarah Anderson y John Cavanaugh, con Thea Lee, Field Guide to the Global Economy, New Press, Nueva York. 2000. <<

[35] Sontag, R. J., European Diplomatic History, 1871-1932,1933. <<

[36] Feis, U., Europe, the World’s Bunker, 1879-1914, 1930, una obra que a menudo hemos seguido textualmente. <<

[37] Feis, H., op. cit., p. 201. <<

[38] Véanse las notas sobre las fuentes, p. 323. <<

[39] Hershey, A. S., Essentials of International Public Law and Organization, 1927, pp. 565-569. <<

[40] Eulenburg, E, «Aussenhandel und Aussenhandelspolilik», en Crundriss der Sozialokonomik, Abt. viii, 1929, p. 209. <<

[41] New Deal [N. del E.] <<

[42] Tawney, R. H., The Agrarian Problem in the 16th Century, 1912. <<

[43] Gibbins, H. de B., The Industrial History of England, 1895. <<

[44] Innes, A. D., England under the Tudors, 1932. <<

[45] Gairdner, J. «Henry VIII», en Cambridge Modern History, vol. II, 1918. <<

[46] Heckscher, E. R, Mercantilism, 1935, vol. II, p. 104. <<

[47] Clapham, J. H., Economic History of Modern Britain, vol. III. <<

[48] Véanse las notas sobre las fuentes, p. 334. En este capítulo hemos usado extensamente las obras de Malinowski y de Thurawald. <<

[49] Véanse las notas sobre las fuentes, p. 340. <<

[50] Hawtrey, G. R., The Economic Problem, 1925, p. 13. «La aplicación práctica del principio del individualismo depende por entero del intercambio». Sin embargo, Hawtrey estaba errado al suponer que la existencia de los mercados seguía simplemente a la práctica del intercambio. <<

[51] Thurnwald, R. C., op. cit, pp. 162-164. <<

[52] Pirenne, H., Medieval Cities, 1925, p. 148 (nota 12). <<

[53] Firth, R., Primitive Polynesian Economics, 1939, p. 347. <<

[54] Thurnwald, R. C., op. cit, pp. 162-164. <<

[55] Seguimos en nuestra presentación las obras bien conocidas de H. Pirenne. <<

[56] Montesquieu, L’espirit des lois, 1748. «Los ingleses restringen al comerciante, pero con ello favorecen al comercio». <<

[57] Henderson, H. D., Supply and Demand, 1922. La práctica del mercado es doble: la asignación de los factores entre usos diferentes y la organización de las fuerzas que influyen sobre el abasto agregado de los factores. <<

[58] Hawtrey, G. R., op. cit, quien considera que su función consiste en hacer «los valores relativos de mercado de todos los bienes mutuamente consistentes». <<

[59] La afirmación hecha por Marx, del carácter de fetiche del valor de las mercancías, se refiere al valor de cambio de las mercancías genuinas y no tiene nada en común con las mercancías ficticias mencionadas en el texto. <<

[60] Cunningbam, W., «Economic Change», en Cambridge Modern History, vol. I. <<

[61] Meredith, H. O., Outlines of the Economic History of England. 1908. <<

[62] Martineau. H., The Hamlet. 1833. <<

[63] El profesor Usher ubica la fecha del inicio del la urbanización general alrededor de 1795. <<

[64] Martineau. H., History of England During the Thirty Years’ Peace (1816-1846), 1849. <<

[65] Martineau. H. The Parish, 1833. <<

[66] M’Farlane, J., Enquiries Concerning the Poor, 1782. Véase también la observación editorial de Postlethwayt, en el Diccionario Universal de 1757, sobre la Ley de pobres holandesa de 7 de octubre de 1531. <<

[67] Bentham, J., Pauper Management, primera publicación en 1797. <<

[68] Véase Antonio de Ulloa, Wafer, William Funnell, e Isaac James (que también contiene el relato del capitán Wood Rogers sobre Alexander Selkirk), así como las observaciones de Edward Cooke. <<

[69] Webb, S. y B., English Local Government, vols. VII-IX, «Poor Law History». <<

[70] Bentham, L, Principies of Civil Code, cap. 4 (Browning, vol. I, p. 333). <<

[71] Bentham, J., ibid. <<

[72] Bentham, J., Observation on the Poor Bill, 1797. <<

[73] Bentham, J., Principies of Civil Code, p. 314. <<

[74] En 1832. <<

[75] Stephen, sir L., The English Utilitarians, 1900. <<

[76] Mantoux, P. L., The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, 1928. <<

[77] Cannan, E., A Review of Economia Theory, 1930. <<

[78] Hazlitt, W., A Reply to the Essay on Population by the Rev. T. A. Malthus in a Series of Letters, 1803. <<

[79] Ricardo, D., Principies of Political Economy and Taxation (ed. Gonner, 1929, p. 86). <<

[80] Webb, S., y B., op. cit. <<

[81] Redlich y Hirst, J., Local Governent in England, vol. II, n. p. 240, citado en Dicey, A. V., Law and Opinión in England. p. 305. <<

[82] Albert, Legislative Methods, pp. 212-21.3, citado en Dicey, A. V., op. cit. <<

[83] Spencer, H., The Man vs. the State. 1884. <<

[84] Marx, K., «Nationalökonomie und Philosophie», en Der Historische Materialismus, 1932. <<

[85] Millin, S. G., The South Africans, 1926. <<

[86] Goldenweiser. A., Anthropology, 1937. <<

[87] Goldenweiser, A., op. cit. <<

[88] Thurnwald, R. C., Black and White in East Africa; The Fabric of a New Civilization, 1935. <<

[89] Mair, L. P., An African People in the Twentieth Century, 1934. <<

[90] Loeb, E. M., «The Distribution and Function of Money in Early Society», en Essays in Anthropology, 1936. <<

[91] Herskovils. M. J., The Economic Life of Primitive People, 1940. <<

[92] Thurnwald, R. C., op. cit. <<

[93] Brinkmann. C., «Das soziale System des Kapilalismus», en Grumdriss der Soziadökomomik, 1924. <<

[94] Toynbee, A., Lectures on Industrial Revolution, 1887, p. 98. <<

[95] Heckscher, E. F., op. cit., vol. 11, p. 168. <<

[96] Dicey, A. V., op. cit., p. 226. <<

[97] Cole, G. D. H., Robert Owen. 1925, una obra que hemos utilizado ampliamente. <<

[98] More, H., The Lancashire Colliery Girl, mayo de 1795; véase Hammond, J. L. y B., The Town Labourer, 1917, p. 230. <<

[99] Véase Drucker, P. E., The End of Economic Man, 1939, p. 93, por lo que se refiere a los evangelistas ingleses; y The Future of Industrial Man, 1942, pp. 21 y 194, por lo que se refiere a la posición y la función. <<

[100] Knowles, L., The Industrial and Commercial Revolution in Great Britain During the 19th Century, 1926. <<

[101] Brinkmann, C., «Das soziale System des Kapilalismus», en Grundriss der Sozialökonomik. 1924. <<

[102] Dicey, A. V., op. cit., p. 226. <<

[103] Ohlin, B., Interregional and International Trade, 1935, p. 42. <<

[104] Bücher, K., Entstehun der Volkswirtschtifl, 1904. Véase también Penrose, K. K, Population Theories and Their Application, 1914, quien cita a Longfield, 1834, como quien menciónala por primera vez la idea de que los movimientos de las mercancías podrían considerarse como sustitutos de los movimientos de los factores de la producción. <<

[105] Borkenau, F, The Totalitarian Enemy, 1939, capítulo «Towards Collectivism». <<

[106] Hawtrey, R. G., The Economic Problem, 1933. <<

[107] Trevelvan, G. M., History of England, 1926, p. 533. «Bajo Walpole, Inglaterra era todavía una aristocracia atemperada por los tumultos». La canción «de tesoro» de Hannah More, «The Riot», se escribió «en el 95, un año de escasez y alarma»: era el año de Speenhamland. Véase The Repository Tracts, vol. I, Nueva York, 1835, y también The Library 1940, cuarta serie, vol. XX, p. 295, sobre «Cheap Repository Tracts (1795-1798)». <<

[108] Hayes, C., A Generation of Materialism, 1870-1890, observa que «la mayoría de los Estados individuales, por lo menos en Europa occidental y central, poseía ahora una estabilidad interna aparentemente superlativa». <<

[109] La teoría básica ha sido elaborada por F. Schaler. Wellington, Nueva Zelanda. <<

[110] Penrose, E. F., op. cit. La ley maltusiana es válida sólo bajo el supuesto de que la oferta de tierra es limitada. <<

[111] Carr, E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939,1940. <<

[112] Haberler, O., Der Internationale Handel, 1933, p. VI. <<

[113] G. D. H. Cole afirma que el decenio de 1870 fue «con mucho el periodo más activo de todo el siglo XIX en lo referente a la legislación social». <<

[114] Hadley, A. T., Economics. An Account of the Relations betwen Private Property and Public Welfare, 1896. <<

[115] Bentham, J., Manual of Political Economy, p. 44, sobre la inflación como «frugalidad forzada»; p. 45 (nota a pie) como «tributación indirecta». Véase también Principies of Civil Code, cap. 15. <<

[116] Polanyi, K., «Der Mechanismus der Weltwirtschafskrise», en Der Österreichische Volkswirt, 1933 (suplemento). <<

[117] Polanyi, K., «The Essence of Fascism», en Chrislianity and the Social Revohilion, 1935. <<

[118] Rauschning, H., The Voice of Destruction, 1940. <<

[119] Heymann, H., Plan for Permanent Peace, 1941. Véase la carta de Brüning, 8 de enero de 1940. <<

[120] British Blue Book, núm. 74, Cmd. 6106, 1939. <<