El 7 de enero de 1919 tuvo lugar un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los huelguistas de los Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena. El suceso, que dejó un saldo de varios trabajadores muertos, constituyó el detonante de la huelga general obrera más importante que hubiera conocido el país hasta esa fecha, un movimiento que superó ampliamente los marcos de la acción reivindicativa y adquirió una notable significación política.

La primera parte de La Semana Trágica está consagrada a la narración de los dramáticos acontecimientos de esos días. En la segunda, el autor investiga a los actores sociales del conflicto: describe las actitudes conciliadoras de socialistas y sindicalistas, analiza las tácticas insurreccionales del anarquismo, echa luz sobre la real coherencia de la aparentemente ambigua política del gobierno radical, analiza las posiciones de las fuerzas conservadoras, de las organizaciones patronales y de la gran prensa, así como la actividad de los grupos de «defensores del orden» que tan destacada participación tuvieron en la represión del movimiento huelguístico.

Julio Godio

La Semana Trágica

de Enero de 1919

ePub r1.0

rafcastro 06.08.2017

Título original: La Semana Trágica

Julio Godio, 1972

Retoque de cubierta: rafcastro

Editor digital: rafcastro

ePub base r1.2

ADVERTENCIA

La presente edición es una versión corregida de la de 1972. El autor ha realizado algunas modificaciones en lo referente a categorías teóricas utilizadas para explicar el comportamiento de las fuerzas sociales durante la huelga general. Con esta excepción, el texto permanece sin alteraciones.

I

RELATO DEL ACONTECIMIENTO

CAPITULO 1

EL FACTOR DETONANTE: LOS SUCESOS DEL 7 DE ENERO DE 1919

Desde hacía un mes se encontraban en huelga los obreros de los Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena, cuyos depósitos estaban situados en la calle Pepirí y Santo Domingo, cerca del Riachuelo, y la planta industrial en Cochabamba y Rioja. Esta empresa era una de las más importantes del país, la parte principal del paquete accionario estaba en manos del capital británico que se había asociado con Pedro Vasena a principios de la segunda década de este siglo. Empleaba unas dos mil quinientas personas, entre obreros y empleados[1].

Los huelguistas exigían la reducción de la jornada de trabajo de 11 a 8 horas, aumentos escalonados de jornales, la vigencia del descanso dominical y la reposición de los delegados obreros echados por la empresa al iniciarse el conflicto. El día 7 de enero de 1919, a las 16 horas, marchaban hacia los depósitos de la empresa, situados en las calles mencionadas, varias chatas en busca de materias primas para la planta industrializadora.

Las máquinas funcionaban con una pequeña parte de obreros no adheridos a la huelga y rompehuelgas contratados para la empresa por la Asociación del Trabajo. Las chatas, conducidas por rompehuelgas, eran acompañadas por la policía.

Cuando estas se acercaron a la Avenida Alcorta y Pepirí, un grupo de obreros huelguistas, acompañados de mujeres y niños, intentaron pacíficamente detener a los «crumiros»:

«Al penetrar en el barrio obrero, relata La Nación el 8 de enero, los peones que iban en los carros del convoy eran a cada momento interpelados por los huelguistas. Hombres, mujeres y niños los seguían a pocos metros de distancia, los incitaban a abandonar el trabajo y les gritaban «carneros». Los huelguistas siguieron así hasta que los carros pasaron frente al destacamento policial, pero a medida que estos se iban alejando del destacamento y aproximándose a los talleres, crecía la indignación de los obreros».

Los «crumiros» no se detuvieron. Entonces los obreros comenzaron a tirarles piedras y maderas. En defensa de aquellos acudió la policía que custodiaba las chatas y cargó contra hombres, mujeres y niños. Varios policías dispararon sus fusiles. Dos horas después había terminado la refriega: en el suelo había cuatro obreros muertos, uno de ellos de un sablazo en la cabeza, y más de treinta heridos, algunos de los cuales fallecieron después.

El hecho indignó a los obreros metalúrgicos: la Comisión Administradora de la Sociedad de Resistencia Metalúrgica lanza la huelga general en todo el gremio. (En esos años los sindicatos se denominaban en su mayoría «sociedades de resistencia». Utilizaremos una u otra denominación indistintamente. Los obreros marítimos, que se encontraban también en huelga, apoyan a sus compañeros metalúrgicos.

Los sucesos del día 7 pasaron casi inadvertidos para la gran prensa. Tampoco el gobierno les dio inicial-mente gran importancia. Sin embargo, este asesinato de obreros actuaría como el factor detonante que desalaría las fuerzas revolucionarias de una clase obrera socialmente sumergida y marginada de los asuntos políticos en el país. Daría lugar a la huelga general obrera más importante hasta esa fecha; una huelga que superó los marcos tradicionales de la acción reivindican va y que por ello dio lugar a violentos enfrentamientos entre los obreros y las fuerzas represivas. Fue una huelga de gran significación política y pasó a la historia con el nombre de la Semana Trágica.

CAPITULO 2

INDUSTRIALIZACIÓN Y CONFLICTOS DE CLASE

El proceso de expansión económica, sobre bases agropecuarias y condiciones de dependencia de las economías dominantes, en particular la británica, había conformado una estructura económico-social capitalista dependiente con eje agropecuario. Si bien la Argentina era un país agropecuario, su inserción en el mercado mundial como uno de los principales exportadores de artículos primarios había estimulado notablemente a los inversores extranjeros. Junto con el capital extranjero entraron al país durante el período 1880-1914, más de 4 millones de inmigrantes. La zona de principal desarrollo fue la pampeana, acentuándose el desarrollo desigual entre las distintas regiones del país.

El desarrollo capitalista dependiente tuvo su eje en la producción agrícola-ganadera, con predominio de la gran explotación; simultáneamente, en las grandes ciudades y principalmente en la Capital Federal y alrededores, se produjo un importante desarrollo de industrias de carácter liviano. La composición orgánica del capital era baja, la mayoría de las empresas eran pequeños talleres artesanales, que coexistían con un número reducido de grandes empresas extranjeras y nacionales. En 1914 los obreros y empleados industriales sumaban, en todo el país 401.201.

La clase obrera argentina se tormo sobre la base de los inmigrantes. Muchos extranjeros tenían experiencias sindicales y políticas, adquiridas en las luchas sociales en sus países de origen. Esto se reflejó tempranamente en el movimiento obrero argentino, de allí que ya desde fines del siglo existiera una importante red de sindicatos y que la clase obrera contase formalmente con un partido de clase, el Socialista.

Como consecuencia de este rápido proceso de organización sindical y política de la clase obrera, se generalizaron las huelgas obreras en la Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario y otras ciudades importantes. En 1902 se realizó la primera huelga general de carácter nacional.

Hasta 1915 el Estado aparece frente al movimiento obrero como algo opuesto radicalmente a sus intereses más elementales: en efecto, lo dominante es el enfrentamiento abierto del Estado a los sindicatos. Las fracciones de las clases dominantes hegemónicas en el Estado agrupadas principalmente en el Partido Autonomista Nacional (PAN) tratan de resolver la cuestión obrera por medio de la represión (leyes de Residencia, Defensa Social y otras) al movimiento sindical. Solo se registra una variante de esta línea, tendiente a canalizar la acción obrera por medio de una legislación laboral en 1904. Este intento no prosperó. Los únicos resquicios para la incidencia obrera en las decisiones políticas se crean con la exigua representación parlamentaria socialista que en 1904 logra su primer diputado, el doctor Alfredo Palacios.

Con el ascenso al poder del radicalismo, en 1911, se producen cambios en la relación Estado-sindicatos. El gobierno liberal popular da mayor libertad de movimientos al sindicalismo organizado y en algunos casos el propio gobierno influye a favor de huelguistas. Pero tiene dificultades en su política populista por la crisis económica de posguerra, que afecta a las exportaciones agropecuarias. Durante 1917-1918, las condiciones de vida y de trabajo de los obreros empeoraron rápidamente, hecho que influyó notablemente sobre los trabajadores que ya soportaban jornadas extenuantes de trabajo, bajos salarios, etcétera. El costo de la vida subió bruscamente de 1917 a 1918: con respecto a 1910 (valor 100), pasó a 146 en 1917 ya 173 en 1918[2]. La desocupación en la Capital Federal alcanza en 1918 al 10, 8 por ciento[3].

Mientras los trabajadores pasaban hambre y miseria, llegaban a principios de 1918, hasta las barriadas obreras y las empresas, las noticias de la triunfante Revolución Rusa y las continuas huelgas en Alemania, Italia. Gran Bretaña y otros países europeos. La primera guerra mundial había desembocado en profundos conflictos sociales; en Europa y en todo el mundo los obreros vivían momentos de profunda agitación y rebeldía. En la Argentina, los periódicos anarquistas La Protesta y Bandera Roja, el periódico socialista internacionalista La Internacional y el periódico socialista La Vanguardia. que eran muy leídos por los obreros, informaban —desde posiciones diversas— sobre los acontecimientos revolucionarios en Europa.

Ciertos círculos de las fracciones de las clases dominantes percibían que la situación revolucionaria europea influiría directamente en la Argentina, especialmente por la existencia de una gran masa de trabajadores extranjeros. El diario La Prensa era el principal órgano de difusión de ciertas capas lúcidas de la gran burguesía argentina, que desde mediados de 1918 venían alertando sobre la necesidad de satisfacer los reclamos obreros para impedir que los «maximalistas», como se denominaba entonces indistintamente a los partidarios de la Revolución Rusa, pudiesen transformar el descontento obrero en una acción revolucionaria de masas.

Sin embargo, los grandes industriales nativos y extranjeros se resistían a conceder las mejoras exigidas por los obreros. Más aun, en 1918 se había organizado la Asociación del Trabajo, organización patronal que se preocupaba centralmente de romper por diversos medios cualquier intento huelguístico. La Unión Industrial Argentina (UIA) tampoco tomaba ninguna iniciativa en ese sentido.

Por eso los sucesos del 7 solo fueron el factor que «fusionó» la explosiva contradicción entre el capital y el trabajo: la lucha entre obreros y policías, con el saldo de varios obreros muertos, «sobredeterminó» el conflicto social, desencadenando una huelga general de carácter político.

El día 8 se vio claramente que la mayoría de los obreros estaban dispuestos a ir a la huelga general en solidaridad con sus compañeros metalúrgicos: se sucedían reuniones en las empresas y talleres convocadas por las organizaciones sindicales adheridas a una u otra de las centrales obreras: la Federación Obrera Regional Argentina del IX.º Congreso (FORA del IX.º) y la Federación Obrera Regional Argentina del V.º Congreso (FORA del V.º).

Durante toda la noche de los días 7 y 8, miles de obreros habían concurrido a los locales de la Sociedad de Resistencia Metalúrgica y del Partido Socialista, donde se velaba a los obreros caídos. La huelga general era un hecho.

CAPITULO 3

LAS POSICIONES SINDICALES

En 1919 existían, como hemos visto, dos centrales obreras. La FORA del IX.º y la FORA del V.º. Requiere el análisis de este acontecimiento una breve explicación de las causas de esta división en el movimiento sindical argentino. Hasta mediados de la primera década del siglo actual, la dirección del movimiento era disputada por dos corrientes: el anarcosindicalismo y el socialismo. Pero, a fines de esa década, comenzó a perfilarse una nueva corriente, el sindicalismo. Esta corriente, desprendimiento del Partido Socialista, era una prolongación en la Argentina del llamado sindicalismo revolucionario europeo, especialmente de la corriente influida por el francés. Criticaban al Partido Socialista por su tendencia puramente electoralista y sostenían que la actividad parlamentaria solo podía ser auxiliar de la lucha sindical, la única lucha revolucionaria[4].

Sostenían que los sindicatos eran el principal instrumento de lucha obrera y los órganos naturales de poder proletario. Para los sindicalistas, el socialismo era solo una consigna agitativa, lo fundamental residía en encabezar las luchas reivindicativas de los obreros, cuya mecánica interna devendría en instauración del socialismo. El espontaneísmo anarquista, y ambos, coincidían en la oposición a la tesis marxista de la necesidad del partido político de la clase obrera. Al comienzo, el sindicalismo se manifestaba partidario de la acción directa, lo que lo acercaba a las posiciones francamente violentas de los anarquistas. También anarcosindicalistas y sindicalistas coincidían en el papel de las huelgas: para unos y otros cada huelga despertaba la conciencia obrera, cada huelga ponía en tela de juicio al sistema social en su conjunto. Por último, tanto los sindicalistas como los anarquistas se oponían a la tesis marxista de la necesidad de la dictadura del proletariado, tesis tan básica para el marxismo que hasta de vez en cuando aparecía «adaptada» en los propios trabajos teóricos del revisionismo en general, y el argentino en particular. Anarquistas y sindicalistas tenían un enemigo común en el movimiento obrero: el Partido Socialista. Las bases para la unidad eran, temporariamente, sumamente poderosas.

A partir de 1909, una parte del anarcosindicalismo, encabezada por Senra Pacheco, comenzó a coordinar sus acciones con los sindicalistas. Pero se mantenían en distintas organizaciones: los primeros en la FORA y los segundos en la CORA (Confederación Obrera Regional Argentina).

Había, sin embargo, un punto en que la mayoría de los anarquistas se oponían frontalmente a los sindicalistas: era la cuestión de la neutralidad de los sindicatos. Los sindicalistas eran partidarios de esta tesis, los anarcosindicalistas, en cambio, afirmaban que los sindicatos debían definirse, tal como lo había hecho el V.º Congreso de la FORA (agosto de 1905), por el comunismo anárquico y veían en esta posición sindicalista una apertura a posibles posiciones oportunistas, es decir la reducción del sindicato a la simple lucha por reivindicaciones inmediatas.

En 1915, en abril, se celebra el IX.º Congreso de la FORA. El ala anarquista, proclive a la alianza con los sindicalistas, facilita la incorporación de estos a la FORA, disolviéndose la CORA. Los sindicalistas tienen como pivote el control sobre la Federación Obrera Ferrocarrilera, que en marzo de ese año había celebrado su primer congreso con más de 4000 cotizantes y 15 000 asociados. Durante el congreso se sella una alianza entre sindicalistas, socialistas y un grupo anarco-sindicalista de Sema Pacheco, que desaloja a la corriente anarcosindicalista de la dirección del organismo. Se aprueba una resolución que declara que la FORA es una organización que excluye por principio toda adhesión a doctrina filosófica o política. De hecho, es anulada la resolución del V.º Congreso. El triunfó de los sindicalistas es innegable: en primer lugar, dirigen o tienen influencia decisiva sobre las asociaciones obreras que agrupan los oficios vinculados a las ramas más concentradas de la industria y servicios; en segundo lugar, han escindido a los anarquistas, convirtiendo al sindicalismo a una parte encabezada por Sema Pacheco; en tercer lugar, han atraído a los socialistas a una alianza bajo su hegemonía. Los anarco-sindicalistas se retiran del IX.º Congreso: restablecen la FORA del V.º y afirman (pie marchan a formar una Federación Obrera Mundial, sobre la base de la alianza de la regional argentina y la regional catalana en España.

En diciembre de 1918 se realiza el Xº Congreso de la FORA dirigido por los sindicalistas; los anarcosindicalistas no concurren. Los acontecimientos de enero de 1919 encontrarán al movimiento obrero dividido: dos centrales obreras existen en el país: La FORA del IX.º (o también del X.º, pero preferimos denominarla del IX.º porque así era conocida entonces en los medios obreros) y la FORA del V.º.

Ambas líneas operaban sobre un verdadero «polvorín», es decir, sobre una clase obrera brutalmente explotada pero, al mismo tiempo, organizada e influida por la situación revolucionaria en Europa[5]. Al mismo tiempo, las condiciones políticas internas facilitaban que una huelga general pudiese desembocar en una lucha de magnitud por cuanto existía en el país Un clima de libertades democráticas y cierto ambiente favorable a las ideas de progreso social, fenómeno explicable por las modificaciones producidas en el Estado argentino, con el ascenso del radicalismo al poder en 1916. Como hemos visto, durante los primeros años del gobierno yrigoyenista, no solo algunas huelgas (especialmente ferroviarias) habían logrado laudos favorables por el Estado, sino que al mismo tiempo se vislumbraba que tanto en el seno del gobierno como entre ciertos núcleos de las fuerzas conservadoras se tendía a aceptar la idea de la necesidad de un movimiento obrero legalizado. Sobre esta nueva posibilidad especulaban los sindicalistas, ahora ya en una postura evolucionista y dispuestos a impulsara una acción sindical moderada y reconocida por el Estado.

Sin embargo, las tensiones en el seno de la clase obrera y la resistencia de los patrones a reconocerá las asociaciones obreras, llevaba objetivamente a un enfrentamiento frontal. Sobre esta tendencia cabalgaban los anarquistas de la FORA del V.º. Si bien habían perdido posiciones en el movimiento sindical y eran minoría, todavía controlaban totalmente una asociación obrera muy importante, la Asociación Obrera Marítima, en huelga desde diciembre de 1918, y otras sociedades.

Los primeros en lanzar la consigna de la huelga general, luego de conocidos los sucesos del 7, fueron los anarcosindicalistas a través de una virulenta declaración publicada el mismo día 8 en las páginas de La Protesta, el diario anarquista vocero de la FORA del V.º. Por la noche, también la FORA del X.º lanzó la huelga general. La lecha fijada por ambas organizaciones fue el día 9, día en que se realizaría el sepelio de las víctimas.

En la reunión celebrada el día 8 por la FORA del IX.º hubo tres posiciones en cuanto a los objetivos de la huelga: una, sostenida por el Consejo Federal, es decir, por la dirección de la central, que proponía restringir el programa a dos puntos: solución del conflicto en la empresa Vasena, satisfaciendo el pliego de reivindicaciones obreras, y la libertad de todos los presos por cuestiones sindicales; otra, propuesta por los ferroviarios, que propiciaban se agregasen al programa sus propias reivindicaciones, pues se encontraban en conflicto con las empresas extranjeras por mejores salarios; por último, una proposición del sindicato del calzado que proponía un programa de reivindicaciones generales para toda la clase, haciendo hincapié en los siguientes puntos centrales: satisfacción del pliego de los obreros de la empresa Vasena, reincorporación de los municipales, telegrafistas y empleados postales cesantes a raíz de sus respectivas huelgas fracasadas, la jornada legal de ocho horas, derogación de las leyes de Defensa Social y de Residencia, abaratamiento del costo de la vida y libertad a los presos gremiales[6].

Triunfó la posición del Consejo Federal por 19 votos, contra 6 de los ferroviarios y 3 del calzado. La dirección de la FORA del IX.º se proponía limitar al máximo los objetivos de la huelga general para mantenerla dentro de un marco reivindicativo que permitiese la negociación con el gobierno y la empresa. Puede suponerse que la dirección de la FORA del IX.º, ante el creciente descontento obrero, ante la evidente predisposición de una parte considerable de los obreros a lanzarse a una lucha verdaderamente anticapitalista, estuviese preocupada por la posible transformación de la huelga pacífica en violenta. El llamado de los anarquistas, muchos de los cuales estaban entusiasmados por la Revolución Rusa, indicaba también qué fuerzas organizadas podían incidir en tal sentido.

De allí que la dirección de la FORA del IX.º se esforzase por limitar la huelga general a un día y a dos puntos el programa reivindicativo.

CAPITULO 4

EL CONFLICTO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El mismo día 8, el diputado socialista Nicolás Repetto propone que en el temario de las sesiones extraordinarias se incluya el tratamiento de los sucesos del 7 de enero. La perspectiva del paro general hace que los diputados accedan a tratar el tema pese a que la sesión tenía carácter de extraordinaria. El diputado Repetto comienza diciendo:

«Un importante barrio de la ciudad ha sido teatro ayer, señor presidente, de un episodio sangriento que debe haber producido una impresión muy desagradable, muy dolorosa para todos los argentinos que se interesaran en el progreso real de la cultura colectiva[7]».

Seguidamente señala la responsabilidad tanto de la empresa Vasena como de la policía:

«Los conflictos sangrientos en las huelgas se deben principalmente a estas causas: 1º a la falta de serenidad por parte de la autoridad encargada de mantener el orden, 2º a la falta de comprensión, a la impermeabilidad cerebral de algunos patrones que se resisten obstinadamente a aceptar de una vez las buenas prácticas gremiales y obreras que ya están difundidas en el mundo todo».

Sin embargo, Repetto reconoce que también los obreros tienen algo de culpa por

«la (alta de serenidad de los mismos obreros que toman parte en los movimientos».

La posición asumida por el diputado socialista es coherente: la doctrina y la táctica del socialismo en Argentina se ajustan a la corriente revisionista europea, cuya principal expresión teórica era el alemán Eduard Bernstein. Para los socialistas bernsteinianos era posible dentro del sistema capitalista una evolución pacífica hacia el socialismo, mediante la conquista de sucesivas reformas sociales tanto a nivel económico-social como político. En consecuencia, según Repetto lo que correspondía era crear mecanismos estatales que facilitasen el accionar obrero dentro de

«… el concepto moderno de la asociación y la lucha gremial».

O, en otros términos, democratizar la estructura estatal para garantizar que los poderes públicos, al reconocer a los sindicatos, permitiesen la canalización de los conflictos entre obreros y patrones por vía de las negociaciones. Repetto propone como modelo la Ley Federal Norteamericana de 1887 porque:

«Dispone un conjunto de medidas que fomentan el desarrollo del buen gremialismo y previenen estos conflictos que en realidad no solucionan nada y llenan de vergüenza y dolor al país».

Repetto recuerda a la Cámara que existe un proyecto del diputado Juan B. Justo, ausente en la sesión, elaborado sobre la base de la mencionada ley norteamericana, y pide que sea aprobado.

La Cámara rechaza la pretensión del diputado socialista. Se pasa a discutir la cuestión obrera, en particular los sucesos del día 7.

Derrotados en la votación sobre el tratamiento de los proyectos existentes sobre legislación laboral, los socialistas pasan a exigir que el ministro del Interior, Dr. Ramón Gómez, se presente ante la Cámara a fin de establecer las responsabilidades de la policía y la empresa, y «terminar con la masacre de obreros». Tal proposición es realizada por el diputado socialista Mario Bravo.

La insistencia socialista en que la Cámara trate el problema tiene su explicación: están sumamente interesados en que sea el parlamento el lugar donde los obreros logren la satisfacción de sus reivindicaciones, demostrándose así la justeza de su postura doctrinaria, es decir, de la posibilidad de lograr el socialismo por vía evolutiva. Los diputados socialistas comprenden también que su prestigio, bastante decaído entre los sindicatos, puede resurgir, si logran un triunfo a nivel parlamentario.

La postura socialista, paradójicamente, es apoyada por los diputados conservadores: estos parecen estar interesados (lo mismo que algunos partidos de origen provincial) en romper la táctica del Poder Ejecutivo de resistir toda coacción del Poder Legislativo, especialmente de la Cámara de Diputados, donde los radicales se encontraban en minoría desde el ángulo cuantitativo, frente al resto de los bloques y partidos. Por eso, los conservadores, a través de su diputado Agote apoyan la proposición socialista de interpelar al ministro del Interior del gobierno yrigoyenista.

La defensa de la política oficialista la realiza el diputado Horacio B. Oyhanarte. Sus ideas centrales son las siguientes: comienza afirmando que uno de los resultados de la primera guerra mundial ha sido la emergencia de las clases trabajadoras en todo el mundo, que se vive un clima de transformaciones sociales y que por lo tanto:

«Sé, señor, que las clases trabajadoras, o como se dice aquí, en mal castellano, las clases proletarias de mi país, sienten en su vientre fecundo, germinaciones nuevas, ansias hasta ahora no concretadas[8]».

Luego sostiene que con el ascenso del radicalismo al poder en 1916 se ha abierto una nueva época para los trabajadores: el gobierno es sensible a las reivindicaciones obreras.

«Ninguno de sus derechos será hollado, que ninguna de sus legítimas aspiraciones será defraudada y esto lo ha comprendido y lo ha ratificado, de suyo propio, la clase trabajadora, nombrando por árbitro al presidente de la República[9]».

Esta mención a la buena voluntad del presidente Hipólito Yrigoyen tiene una gran signficación, que aumentará en los días venideros, pues la FORA del IX.º le ha pedido que interceda en el con dicto. Oyhanarte critica violentamente a los dueños de la empresa Vasena. Ve en ellos al prototipo del capitalista que no comprende que es necesario hacer concesiones al movimiento obrero, ve en los dueños de la empresa a mentes cerradas a los cambios sociales, aferradas al pasado:

«El señor Vasena, a quien no conozco ni de vista, no quería efectivamente dar audiencia a sus obreros, le parecía en su rigorismo— empleemos la palabra de excomunión— en su rigorismo burgués, que eso era un renuncio, algo así como una «capitis diminutio». Claro está que si no se daba esa audiencia al primer término del conflicto, mal podían las partes avenirse, mal podían entenderse[10]».

De allí que, sostiene Oyhanarte, el gobierno se vio obligado, luego de los sucesos del día 7, a intervenir y obligar a que:

«El señor Vasena decline esa actitud, que indudablemente no es la que corresponde y que, sobre todo, no es la que ha de dirimir el conflicto».

El gobierno ha presionado sobre Vasena. Oyhanarte dice que lo hará para que realice concesiones; por eso mismo el gobierno no está dispuesto a permitir que continúe la agitación obrera. Más aun, justifica la intervención policial del día 7 en defensa de los «crumiros» pues entre los huelguistas, dice, había «agitadores armados». Trata de probarlo afirmando que la lucha entre los huelguistas y policías demuestra preparación por parte de los primeros, pues

«duró dos horas, ha abarcado no cuatro manzanas, sino seis, y ha producido, entre muertos y heridos, veinte víctimas».

Por último, Oyhanarte trata de demostrar que los intereses obreros están cabalmente reflejados en la política gubernamental: primero, porque el gobierno se ha mantenido neutral en la guerra mundial, evitando que mueran argentinos; segundo, porque poco a poco va atendiendo a los reclamos de los trabajadores. Por lo tanto, no vacila en afirmar que:

«Parafraseando la frase final del Manifiesto Comunista, que así se llamó al primer manifiesto del socialismo internacional: trabajadores de la república, unios bajo la fe de nuestro destino, bajo la justicia de nuestra causa, bajo la sombra de nuestra bandera, unios trabajadores y sabed esperar. He terminado».

Los diputados conservadores no son tan optimistas como el colega radical. Al contrario, piensan que la huelga que se prepara para el día 9 puede tener alcances inusitados. Pide la palabra el diputado Luis Agote, quien comienza afirmando que la situación es grave y que no puede subestimarse la acción de grupos revolucionarios. Para demostrarlo afirma:

«Hace muy poco tiempo, estando en uno de los balcones de mi casa, vi pasar una manifestación que estaba terminantemente prohibida por la ley 7029, y esta manifestación, a pesar de esa prohibición terminante de la ley, iba acompañada, defendida por la policía de la Capital. Esa multitud, señor presidente, cada vez que se encontraba una bandera argentina en los balcones de las casas particulares o en los topes de los edificios nacionales, gritaba “abajo la bandera argentina” y los vigilantes escuchaban impasibles esos gritos subversivos[11]».

y agrega:

«Hemos dejado que hierva todo eso y nos declaramos ahora alarmados de las consecuencias de tanto descuido y de tanto abandono, llegando la licencia y el desorden a términos increíbles por lo odiosos».

De modo que para Agote la responsabilidad es del gobierno, que ha permitido la violación de la legislación represiva:

«El Poder Ejecutivo ha tenido, sin embargo, la obligación de respetar esa ley, él, que hace tanta gala de respetar las leyes. Y si la ley, en el artículo que acabo de citar (se refiere a la ley 7029) le prohibía terminantemente que se efectuaran manifestaciones ácratas, no debió consentirlas… El Poder Ejecutivo tiene, pues, una grave responsabilidad en estos asuntos».

Al mismo tiempo acusa al gobierno de haber destituido al anterior jefe de policía, el Dr. José O. Casas, porque este se proponía perseguir a ‘'gran número de agitadores profesionales". Agrega que también los socialistas deberían estar interesados en que desaparezcan tales agitadores porque

«… van mucho más, muchísimo más lejos que los señores socialistas y que se convierten, por la tuerza de las cosas, en sus peores enemigos. Esos hombres ofrecen a la multitud un programa máximo, los señores diputados un programa mínimo. En el máximo figuran todas las violencias y en el mínimo todas las reivindicaciones, pero dentro del respeto a la ley».

Toda la intervención del diputado Agote está destinada, por un lado, a exigir mayor represión al movimiento obrero; por otro, a golpear al radicalismo. Su elogio a los socialistas encuadra perfectamente dentro de su táctica, pues parte de que el peligro principal en el movimiento obrero son los «ácratas», denominación aplicada a los anarquistas.

Naturalmente, los socialistas —hasta entonces aliados de hecho con los conservadores para conseguir los votos necesarios a fin de que la Cámara exigiese la presencia del ministro—, deben atacar ahora al diputado conservador. El diputado socialista Dickmann acusa a los conservadores de recurrir a la represión y defender la ley 7029 de Defensa Social:

«Ley social que es una vergüenza para la legislación argentina, ley que restringe la libertad de asociación, que prohíbe el derecho de pensar[12]».

y ataca simultáneamente a los radicales:

«el señor diputado ha afirmado que la represión policial ayer fue excesiva y brutal. El señor diputado Oyhanarte ha afirmado, por el contrario, que era exactamente la necesaria para el caso de ayer…».

y agrega:

«… con referencia a la conducta del gobierno, permítaseme también evocar los dos años de gobierno radical con respecto al movimiento obrero. La huelga ferroviaria, señor presidente, ha tenido más víctimas obreras, caídas bajo el plomo policial, que todas las huelgas anteriores».

El debate va diluyendo la cuestión, planteada por los socialistas. Estos intentan desesperadamente que no se transforme en una simple ronda de exposiciones teóricas y que se resuelva algo concreto en favor de los huelguistas. Persiguen, por los menos, el castigo a la policía.

Pero tal objetivo no corresponde a los intereses de conservadores, radicales y de otros partidos. Tanto los radicales como los conservadores están dispuestos a defender, abierta o encubiertamente, a la policía, pues saben que constituye un pilar básico contra la agitación obrera, más aun cuando se avecina una huelga general.

El diputado Agote vuelve a intervenir. Señala que no se opone a que la Cámara apruebe un proyecto de legislación de las organizaciones obreras y que con ese mismo espíritu votó contra la proposición inicial del diputado Repetto pues el problema debe ser discutido primero en comisión. No acepta por eso los cargos del diputado Dickmann y afirma que está dispuesto a apoyar la derogación de la ley 7029, pero que ahora lo importante es resolver la cuestión «ácrata» y tomar medidas contra la huelga que se avecina.

El diputado Oyhanarte responde también al ataque socialista. Reafirma que el gobierno está dispuesto a resolver la cuestión social obrera pero que para ello se requiere primero orden, es decir, superar la huelga.

Hablan otros oradores, pero ya ha decaído el interés de los diputados burgueses, conservadores y radicales, por el debate; están ahora más preocupados por las noticias que llegan sobre la agitación que, en favor de la «huelga revolucionaria», realizan los militantes de la FORA del V.º Los propios conservadores no vuelven a insistir por el momento en requerir la presencia del ministro del Interior a la Cámara. Los socialistas quedan aislados. La Cámara de Diputados queda sin quórum y se levanta la sesión. Es que ahora el conflicto social se resolverá en las calles de la gran ciudad.

CAPITULO 5

PARO GENERAL: COMIENZA LA VIOLENCIA

Día 9. Desde muy temprano, grupos de huelguistas se lanzaron a las calles, los barrios y a las puertas de las principales empresas, para garantizar el paro. La Nación relata:

«Poco antes de mediodía, numerosas comisiones de huelguistas se diseminaron por las calles de la la ciudad, incitando a los conductores de vehículos y a los trabajadores que se encontraban al paso o en los talleres de las fábricas a plegarse al movimiento. Los obreros obtuvieron así la adhesión de una gran cantidad de trabajadores de todos los gremios, iniciándose con ello, de hecho, la huelga general[13]».

En distintas zonas de la Capital y Avellaneda, los piquetes de huelguistas promovieron actos callejeros; así muchos obreros que inicialmente pensaban trabajar se adhirieron a la huelga. También el paro afectó a los empleados de comercio. Adhiriéndose unos por solidaridad con los obreros industriales y otros por temor a represalias. Al mediodía, el comercio había cerrado sus puertas, incluidas importantes casas mayoristas.

Las formas violentas de lucha obrera se manifestaron desde la mañana: en distintas zonas de la ciudad se voltearon un tranvías y se echaron abajo cables de electricidad. Los obreros tranviarios y del subterráneo pararon a las 12 horas. La Capital quedó prácticamente paralizada.

El paro general había logrado una magnitud extraordinaria. Si bien no existen datos precisos sobre porcentaje de huelguistas en relación a la población ocupada en la industria, el comercio y los servicios, los documentos de la época permiten afirmar que casi la totalidad de los obreros de la Capital se plegaron al paro y que la cifra de empleados privados fue también muy elevada. Toda la prensa recalcaba este hecho en sus columnas del día 10.

Desde la mañana, los huelguistas bloquearon la planta de la empresa Vasena. Se formaron barricadas en las calles San Juan, Cochabamba, Oruro, Urquiza, Rioja y otras. En el interior se encontraban varios miembros del directorio (Lockwood, Prudam y Yasena), miembros de la Asociación del Trabajo (Pedro Christophersen, J.F. Macadam, D.L. Mongay y Atilio Dell’ Oro Maini) y delegados de la FORA del IX.º, que negociaban con la patronal las condiciones para un acuerdo. Los propietarios y los otros capitalistas eran protegidos por matones a sueldo, contratados por la Asociación del Trabajo. Esta «policía privada» —así la designaba el periodismo— había ocupado posiciones estratégicas en los techos, ventanas y puertas del local. Contaba con abundante armamento, especialmente máuseres. La situación, dentro y fuera de la planta industrializadora, era tensa.

A las 15 horas, aproximadamente, desde el barrio de Nueva Pompeva, comenzó a marchar el cortejo fúnebre. Según Sebastián Marotta, reunió a decenas de miles de personas[14]. A la vanguardia del cortejo marchaba un grupo de obreros de autodefensa compuesto por cien personas armadas con revólveres y carabinas. Entre los participantes se contaban muchas mujeres y niños.

Al llegar la columna a la esquina de Yatay y Corrientes, una parte de la manifestación penetró en el convento del Sagrado Corazón de Jesús gritando consignas anticlericales y ateas. Dentro del convento estaban apostados policías y bomberos armados que ametrallaron a los incursores y mataron a varios.

Nunca la Capital había presenciado una manifestación obrera tan numerosa. Se percibía claramente que una parte considerable de la clase obrera, la más avanzada política e ideológicamente, no concebía esta huelga solo como jornada de protesta por la muerte de los huelguistas, sino que estaba dispuesta a emprender acciones vigorosas, de emprender una lucha decidida contra la explotación capitalista. Es muy importante calibrar este aspecto de la huelga obrera por los acontecimientos que se sucederán.

Los anarquistas, que eran los que componían la mayor parte del grupo de autodefensa, tenían seguramente algunos objetivos vinculados al propio desarrollo de la manifestación. Es probable que intentasen transformar el cortejo en una manifestación contra el «sistema capitalista» y que pensasen que era el punto de partida para lanzarse a la lucha por la «revolución social». Un indicio de esta posible actitud reside en que pequeños grupos se iban escindiendo de la manifestación cuando esta pasaba frente a alguna armería. Entonces, la asaltaban y retiraban revólveres, carabinas y cuchillos. El asalto más importante se produjo en la armería de Juan Picasso, ubicada en San Juan al 3900, donde se sustrajeron armas por valor de 2000 pesos de entonces.

Los manifestantes aprobaban las expropiaciones, pues los que sustraían las armas volvían a integrarse a la columna sin dificultad. Por otra parte, estos robos fueron la única actividad expropiatoria de las personas que marchaban hacia el cementerio de la Chacarita. No hubo pillaje de ningún tipo, hecho que destacó La Nación como argumento para demostrar los claros objetivos políticos de la huelga general[15].

A las 17 horas, el cortejo llegó al cementerio. Aquí se produjo la gran masacre. Mientras hablaba un delegado de la FORA del IX.º, la policía y los bomberos armados, atrincherados en los murallones, balearon impunemente a la multitud. Cundió el pánico. Todos querían escapar mientras llovían balas por todas partes. Los grupos obreros de autodefensa respondieron, pero varios factores les eran desfavorables: en primer lugar lo hacían en medio de una masa que trataba de huir desordenadamente; en segundo lugar, por el número y la calidad de las armas, la superioridad de la policía y los bomberos era decisiva; en tercer lugar, estaban rodeados por la policía que disparaba desde posiciones favorables (murallones), mientras ellos no tenían defensas, excepto los montículos de tierra de las tumbas. Todos estos factores llevaron a la policía a elegir esa situación para atacar. El entierro terminó en una gran masacre. La gran prensa registró doce muertos, entre los cuales dos eran mujeres[16] un periódico obrero elevó la suma a más de cincuenta[17].;

La represión desató las iras y combatividad de las masas trabajadoras. Por una parte, grupos de personas que se alejaban del cementerio comenzaron a atacar a cuanto policía veían en las esquinas; decenas de tiroteos se produjeron en distintos barrios, y en Retiro y Palermo fueron baleados algunos trenes. Por otra parte, al conocer los sitiadores de la empresa Vasena los sucesos del cementerio, cundió la furia y el odio. Los huelguistas comenzaron a disparar sobre los sitiados y se inició un violento tiroteo. La policía, que discretamente vigilaba a los huelguistas, atacó con máuseres y una ametralladora a los sitiadores de la empresa. Pero estos resistieron esta operación de liberación de los sitiados: a las 19 horas tuvo que intervenir el ejército. Un destacamento del Regimiento 3 de Infantería avanzó sobre los obreros y logró desalojarlos.

La intervención del ejército había sido prevista por el presidente Hipólito Yrigoyen para el caso de que la violencia superase a la policía: ese mismo día había nombrado al general Luis J. Dellepiane como comandante militar de la Capital Federal. El enfrentamiento entre los huelguistas y la empresa Vasena no solo había desembocado en una huelga general, sino que esta a su vez involucraba ahora también a las Fuerzas Armadas, que tan celosamente el gobierno trataba de marginar de las cuestiones civiles[18].

Al llegar la noche, la gran ciudad fue escenario de nuevas violencias. Pequeños grupos de huelguistas armados atacaban a las patrullas policiales, y con la misma velocidad con que aparecían en una esquina desaparecían entre los conventillos y casas particulares. El barrio de la Boca fue el principal lugar de estas pequeñas batallas que se prolongaron hasta altas horas de la noche y causaron pánico entre los policías, que no sabían cuándo y dónde iban a ser baleados. Pero, ya estas formas embrionarias de lucha armada demostraban que eran exclusivamente encabezadas por grupos restringidos: la enorme masa que había participado en el cortejo fúnebre, continuaba dispuesta a proseguir la huelga, exasperada incluso por las nuevas matanzas, pero estaba marginada en las nuevas operaciones llevadas a cabo por estos grupos selectos. No cabe duda de qué estos respondían al anarquismo, cosa que reconoce La Protesta del 21 de enero, cuidando de no aparecer directamente como instigadora de los ataques que ese día y posteriores se llevaron a cabo contra las fuerzas policiales y del ejército.

El gobierno no suministró datos sobre los caídos el día 9. La prensa oficial registra más de cuarenta muertos y varios centenares de heridos[19] pero la prensa obrera hace ascender los caídos a más de cien personas y cuatrocientos heridos[20]., En uno y otro caso, era un fenómeno no conocido todavía en el país por su magnitud, pese a que en 1904 y en 1909 se habían producido enfrentamientos entre obreros y policías con muchos muertos por parte de los primeros. En las jornadas del día 9 no hubo bajas entre las fuerzas policiales y militares.

CAPITULO 6

LA FORA DEL IX.º Y EL GOBIERNO NEGOCIAN

El gobierno, aunque los conservadores lo acusasen de «pusilánime», comprendía claramente el peligro de que la huelga pudiese transformarse en un movimiento de tipo insurreccional. El día 9, por la mañana, es decir antes de los sucesos relatados precedentemente, el editorial del periódico oficialista La Época advertía a los trabajadores que los anarquistas querían llevarlos a actividades «extragremiales», y que si bien el Poder Ejecutivo simpatizaba con los trabajadores, reprimiría violentamente aquellas huelgas que intentaran «violar el orden social[21]».

Al mismo tiempo, ese editorial trataba de tranquilizar a la gran burguesía argentina, afirmando que no había ninguna razón para caer en el pánico porque el gobierno era lo suficientemente fuerte para reprimir cualquier intento subversivo.

La política de Yrigoyen frente a la huelga tenía dos aspectos: por un lado, utilizar la fuerza pública al máximo si los hechos lo requerían: para ello declaró a la Capital Federal zona militarizada, nombrando, como hemos visto, al general Dellepiane comandante militar, y al Dr. Elpidio González, otro hombre de su confianza, como jefe de policía; pero, por otro lado, intentaba ganar aliados en el propio campo sindical, para llegar a un acuerdó con una parte de los sindicatos, aislando a los anarquistas. Este aliado potencial era la FORA del IX.º.

El Poder Ejecutivo no vaciló en aplicar las medidas necesarias para conseguir sus objetivos: hizo entrar en la ciudad algunos regimientos «preventivos», aumentó los sueldos de la tropa policial en un 20 por ciento el mismo día 9 y encargó al Dr. González que estableciera contactos con los dirigentes de la FORA del IX.º. Todo esto el mismo día 9.

El Poder Ejecutivo ofrecía bases de negociación con la FORA del IX.º: estaba dispuesto a presionar sobre la empresa Vasena para que accediese al petitorio obrero y también a liberar a los presos gremiales, «sin proceso», tal como lo había adelantado el diputado Oyhanarte.

La misma noche del día 9 se reunió el Dr. González con los dirigentes de la FORA del IX.º, encabezados por su secretario Sebastián Marotta. Se sentaron las bases del acuerdo. El Dr. González se comprometió a que en 24 horas la empresa Vasena aprobase las mejoras exigidas por los obreros y que el gobierno comenzaría por la mañana del siguiente día liberar poco a poco a los detenidos. En esa reunión, el Dr. González precisó a los dirigentes obreros que entre los presos que se excluían de negociación, es decir, que seguirían encarcelados, estaba Simón Radowitzky, preso desde 1909 por haber asesinado al jefe de policía de la Capital, Ramón Falcón. Radowitzky, militante anarquista, lo había ultimado por ser el responsable de la matanza de varios obreros por la policía, en un acto de esa tendencia en celebración del 1º de mayo de 1909.

Desde entonces, los anarquistas no cejaban en la lucha por recuperar su libertad: Radowitzky era muy popular entre amplias capas de obreros.

CAPITULO 7

NUEVA SESIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El mismo día 9, por la tarde, se reunió nuevamente la Cámara de Diputados para tratar exclusivamente el problema de la huelga general. El primero en hablar fue el diputado conservador Agote:

«Han pasado 24 horas, señor presidente, y cualquier ciudadano que pase por la ciudad de Buenos Aires creerá que se encuentra en uno de los países que han estado en guerra y en donde las agitaciones populares han suprimido todo control y todo poder[22]».

El diputado conservador reflejaba así la preocupación de las clases altas por los sucesos. Tenía información completa de los acontecimientos, y su intervención en la Cámara se producía después de la matanza en la Chacarita.

Agote planteó así la situación:

«En las bancas corren versiones de una gravedad tal, señor presidente, que si lucran exactas, quizás mañana tuvieran que constituirse batallones cívicos para defenderá todo lo que es más caro en el país».

Ha ido al fondo del problema. Si esto se transforma en una insurrección, quiere decir, los medios tradicionales de poder y coerción del estado liberal dejarán de tener vigencia. Entonces, solo el ejército y las organizaciones paramilitares compuestas por civiles armados, podrán enfrentar al «maximalismo». En consecuencia agrega—:

«Ya no tiene sentido enfrascarnos en una discusión por la venida o no del ministro; esperémoslo, él se dará cuenta de que la situación no está para esperar días, sino para ganar tiempo, y saber lo que debemos hacer».

Los conservadores Se inclinan ahora por una suspensión provisoria de las sesiones: Agote propone que la Cámara pase a cuarto intermedio hasta el día lunes 14, y que ese día se haga presente el ministro del Interior. La táctica conservadora es sumamente clara: no pierden el objetivo de obligar de una u otra manera al Poder Ejecutivo a someterse a la Cámara, pero ahora lo subordinan a la necesidad de evitar discusiones que debiliten el frente de las fuerzas del «orden» contra los huelguistas, contra los anarquistas y «maximalistas».

Los socialistas están desconcertados. Por un lado, los acontecimientos han tomado tal envergadura, que su papel en el parlamento se ha reducido al mínimo; por otro, comprenden que el violento enfrentamiento de clases puede conducir al implantamiento del estado de sitio. Descartan la posibilidad de profundizar la huelga y solo les preocupa que la implantación del estado de sitio dificulte su tradicional postura evolucionista, pacifista y parlamentarista.

Por eso, lo primero que atinan a hacer es tratar de convencer al resto de los diputados, es decir, a diputados que no comparten la ideología socialista, de que la si nación no es tan grave:

«Lo que pasa hoy en Buenos Aires —dice el diputado Repetto— es un hecho previsto y que ha debido descontar todo el que ha estudiado serenamente la situación obrera… De manera, señor presidente, que conviene tomar las cosas con la mayor tranquilidad. Si el gobierno atribuye a esta situación una gravedad excesiva, si aquí, de parte de los opositores, de los llamados conservadores, se hace sonar la voz de alarma, se estimula al gobierno a la adopción de medidas extremas, entonces podría lamentarse más tarde esta exageración[23]».

Hay en la intervención de Repetto una velada amenaza: si se reprime con violencia desmesurada, puede suceder que la mayoría de los obreros se vuelquen a favor de los anarquistas, abandonando a los líderes sindicales que negocian con el gobierno. Esto, según Repetto, no puede quererlo, en primer lugar, el gobierno, que rebasado puede ser volteado por un golpe de derecha, ni tampoco los conservadores, para quienes ponerse a la cabeza de un régimen dictatorial puede significar su ocaso político.

El diputado socialista no niega el peligro «maximalista», pero sostiene que solo en un clima de democracia y de comprensión de las reivindicaciones obreras puede impedirse que los obreros se vean representados por corrientes no revolucionarias. Es Inglaterra, para Repetto, el ejemplo:

«No vemos allí que los parlamentarios se agiten tan intensamente[24]».

Y agrega que esto se debe exclusivamente a la vigencia del liberalismo y los derechos sindicales.

La arenga de Repetto no logra impresionar a radicales, conservadores y otros diputados. No se trata de que estos no estén dispuestos a considerar el problema de la legislación obrera; al contrario, entre radicales y conservadores por igual es cada vez más evidente que consideran necesario un instrumento legal de control del movimiento sindical, pero no en ese momento, pues lo inmediato es reprimir toda posibilidad de insurrección, quebrar a los anarquistas y «maximalistas».

Los radicales viran hacia la derecha: comprenden que deben aliarse a los conservadores, no para aplicar la política puramente represiva de aquellos, sino para formar un amplio frente que les permita dar más base a la política del Poder Ejecutivo de combinar la represión con la negociación. Por eso, lo primero que afirma el diputado radical A raya es la necesidad de no facilitar ninguna discusión que afecte la moral de la policía y el ejército:

«No es esta la hora de debilitar los medios que la Constitución y las leves ponen en manos de los poderes públicos para la defensa de los ciudadanos[25]».

y agrega:

«no es posible que acusemos a la policía en el momento mismo en que se la ataca, no es posible que debilitemos la tuerza del Gobierno en esta hora que tiene, por la Constitución, la obligación de garantir nuestras vidas».

porque:

«tenemos que defender en esta hora, a la vez los derechos fundamentales de nuestra carta fundamental, tenemos que defender la propiedad, el derecho a la vida, la libertad, el derecho a transitar libremente, el derecho de vivir en paz dentro de nuestro territorio sin estar sujetos a las vejaciones de las puebladas callejeras».

y por eso:

«no es hora de formular interpelaciones y menos en la forma menguada y fragmentaria propuesta por los señores miembros del Partido Socialista. No tengo porqué aceptar la acusación que se hace contra los industriales. No tengo porqué formar juicios ni abrigar prejuicios respecto de la forma como el gobierno ha procedido en este suceso. Me parece que si votásemos esta interpelación sería una acusación contra el Poder Ejecutivo que no tenemos el derecho de hacer. En estas horas de disturbios en las calles, debemos estar por el afianzamiento del orden y de la paz dentro del territorio de la República».

Los conservadores, rápidamente, van al encuentro de la posición radical. El diputado Agote señala:

«Comprendo y comprendí perfectamente el significado que encerraba esta minuta cuando se decía “para terminar con la masacre de los obreros”. Ahí se hacían acusaciones a la policía que lleva en todos sus actos un principio que la guía: la abnegación, el sacrificio y la obediencia, que cuida la ciudad mientras nosotros dormimos[26]».

y, mostrando con suma claridad que los conservadores tienen como única meta, momentáneamente, liquidar la posible insurrección, afirma:

«¿Es acaso cuando están en juego las instituciones, la tranquilidad de los hogares, los bienes del país, los intereses y los derechos de todo el mundo, es acaso la oportunidad de que me acuerde de que el presidente de la República ha sido llevado por un partido del que soy adversario? El presidente de la República tiene la responsabilidad de sus actos, el Poder Ejecutivo sabe muy bien que en esta hora que para mí es más grave que lo que considera, tiene todos los ojos de la Nación puestos en él, no pidiendo que castigue a un desgraciado más o menos perturbado por ideas avanzadas, sino que devuelva la tranquilidad, el derecho a transitar, el derecho de vivir, tal como nuestras leyes tan hermosas nos permiten».

La posición de los conservadores es sumamente clara: no resignan la necesidad de la venida del ministro, dice Agote, pero comprenden que debe ser citado para cuando el conflicto haya sido superado. En el momento en que encauzada la cuestión en una interpelación, en una vía legal y en la discusión parlamentaria, las cosas se calmen, se produzca la tranquilidad.

Por eso, vuelve a sostener que debe fijarse una fecha adecuada para la venida del ministro. Pero los radicales no están dispuestos a ceder. Se sienten ahora más fuertes por la escisión en el bloque socialista-conservador. Consideran que es posible capear el temporal sin necesidad de conceder en la citación y están seguros de (nulos conservadores no tienen otra alternativa que buscar el acuerdo con el gobierno. Se efectúa la votación: los socialistas, pese a que han quedado aislados, votan junto con los conservadores, previa modificación de la moción, que es depurada de toda alusión al papel de las fuerzas policiales, y no lija fecha. El debilitado bloque socialista-conservador solo logra 23 votos sobre 64 diputados presentes; lo que indica que los radicales lograron escindir momentáneamente a una parte de los diputados conservadores y de los partidos provinciales y atraerlos hacia su posición.

Luego de rechazarse la moción, la sesión se levantó.

Al día siguiente, volvió a reunirse la Cámara de Diputados. La situación, como veremos más adelante, se había complicado: el paro no solo continuaba en la Capital sino que se extendía al interior del país. Entre los diputados, especialmente entre los conservadores y algunos diputados radicales ultrarreaccionarios crecía la preocupación por el desarrollo de los acontecimientos. Entre estos radicales se contaba Carlos F. Melo, futuro líder de la corriente antipersonalista; no por casualidad. Melo se caracterizará durante la huelga por su posición patronal: era abogado de la empresa Vasena. (Véase Babini, Nicolás: ob, cit.. pág. 10). En suma, se pensaba que el gobierno podía ser rebasado por la envergadura y la violencia de la huelga general, y comenzó a circular la idea de la necesidad de implantar el estado de sitio.

Hasta ahora, el gobierno, a través de su bloque de diputados, en el cual tenía mayoría el sector yrigoyenista, había resistido cualquier presión de la Cámara de Diputados tendiente a condicionar la política del Poder Ejecutivo. Pero, el grado de enfrentamiento entre los trabajadores y el Estado, obligaba, objetivamente, al Poder Ejecutivo a coordinar su acción con el Poder Legislativo o quedar flanqueado no solo por los trabajadores sino también por las distintas fuerzas políticas tradicionales opositoras, en particular por los conservadores. El Poder Ejecutivo no estaba dispuesto a implantar el estado de sitio, medida que exigían ahora varios diputados conservadores, dado que creía que podía controlar la situación sin necesidad de recurrirá un instrumento de coerción que dañaba su imagen, que daba sensación de debilidad más aun cuando se avecinaban las elecciones parciales de marzo de 1919.

Pero su capacidad de maniobra se restringía en la medida en que no atendía a los reclamos de los diputados. La táctica de los bloques opositores al gobierno consistió, ahora, en obligarlo a asistir a la Cámara bajo el argumento de la necesidad de coordinar y no bajo la amenaza de imponerle la aplicación del estado de sitio. Así lo dijo el diputado demócrata progresista Del Barco:

«No lo llamo para que nos pida ley de emergencia alguna, lo llamo para que explique a la Cámara y al país lo que ocurre, lo que hace el Poder Ejecutivo, lo que piensa hacer, lo que es necesario hacer… Yo lo llamo con propósito patriótico de cooperación con el Poder Ejecutivo y a ese objeto fijaba la sesión de hoy[27]».

A continuación, el diputado demócrata progresista exige que se trate la moción del diputado conservador De María, quien al proponer la citación del ministro, había dicho:

«Sufrimos, aun en circunstancias como las actuales, de la sistemática política de aislamiento de poderes que caracteriza la acción del Poder Ejecutivo, pero debemos sufrirla silenciosamente durante un par de días más, para dar al Poder Ejecutivo el tiempo necesario a que se desenvuelva según su ciencia y conciencia».

La posición de los conservadores puede sintetizarse así: estaban dispuestos a mantener la cohesión del Estado frente al embate de los trabajadores y por eso actuarían con mesura frente al Poder Ejecutivo pero presionándolo para que actuase con rigor contra los huelguistas. Aceptaban dar un nuevo margen al Poder Ejecutivo, pero no resignaban su derecho al control parlamentario. De allí que fijasen como fecha el día 14. Los socialistas, guiados por la idea de lograr transformar la Cámara en eje de la solución del conflicto, apoyaron a los conservadores. Una parte de los radicales, encabezada por Melo, apoyó a los conservadores. Se había logrado la mayoría necesaria: la votación registró 35 votos a favor y 31 en contra (negativos más abstenciones). La correlación de fuerzas se había modificado bruscamente por la presión de los acontecimientos sobre la Cámara.

CAPITULO 8

DOS DÍAS DECISIVOS

El día 9 por la noche, después de la primera reunión de la FORA del IX.º con el Dr. González, se reunió el plenario de asociaciones adheridas a esta organización. Se consideró que tanto la brutal represión gubernamental como la persistente negativa de la empresa Vasena a aceptar el pliego de condiciones, obligaba a continuar la huelga general hasta conseguir ambos objetivos. Se acordó también la iniciación de una huelga general ferroviaria con el objetivo de reforzar la presión sobre el gobierno. La poderosa Federación Obrera Ferroviaria, dirigida por los sindicalistas (agrupaba a la mayoría de los asalariados, excepto a los maquinistas que, adheridos a la Fraternidad, se mantenían al margen del conflicto, aunque solo operaban reducidamente por temor a represalias) se puso en movimiento.

No cabe duda de que la disposición mostrada por los obreros para la lucha incidió en esta reunión junto con la presión de muchos sindicatos que consideraban la situación favorable para lograr reivindicaciones específicas. Así, por ejemplo, los obreros del riel habían elevado a las empresas británicas su propio pliego de reivindicaciones el mismo día 9.

Por su lado, la FORA del V.º impulsaba con todas sus tuerzas la continuación de la huelga general. Toda su orientación residía en dirigir la huelga hacia un enfrentamiento directo con el Estado y los patrones, se negaba obstinadamente a levantar cualquier programa reivindicativo que orientase el accionar obrero al plano de las reformas. Sus líderes pensaban que la envergadura del movimiento daba para empujar a gran parte de los obreros a realizar una experiencia política revolucionaria y, eventualmente, incluso iniciar la «revolución social».

Dos líneas, dos tácticas, se enfrentaban dentro del movimiento obrero. Venían pugnando desde años, pero ahora dirimían sus diferencias en medio del conflicto de clases más profundo, más abierto, que conocía la sociedad argentina moderna.

La Capital Federal amaneció el día 10 totalmente paralizada.

Desde muy temprano, en los barrios obreros, se escuchaba la voz de los propagandistas anarquistas, que voceaban simultáneamente La Protesta y un manifiesto de la FORA del V.º Congreso. El periódico anarquista (el último número que apareció durante la huelga, pues la imprenta fue destruida esa misma tarde por la policía y miembros de la Liga Patriótica), luego de relatar los acontecimientos, decía:

«El pueblo está para la revolución. Lo ha demostrado ayer al hacer causa común con los huelguistas de los talleres Vasena. El trabajo se paralizó en la ciudad y los barrios suburbanos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos de dolor[28]».

Los anarquistas afirmaban que «el pueblo está para la revolución» y tenían una idea propia sobre esa revolución. En efecto, pensaban que el movimiento debía escalonar durante la huelga reivindicaciones cada vez mas significativas hasta llegar a reivindicaciones de enfrentamiento frontal con el sistema. Al mismo tiempo, por medio de la acción directa de

pequeños grupos se iría, rápidamente, aleccionando a las masas para la insurrección. Era una concepción puramente espontaneísta, cuyos efectos negativos se verían con claridad en los días 10 y 11.

Inicialmente, la FORA del V.º había impulsado la huelga bajo la consigna de solidaridad con los obreros de los talleres Vasena; ahora, creían que el objetivo era exigir la libertad de todos los presos políticos y sociales. En efecto, el manifiesto mencionado decía:

«Reunido este Consejo con representantes de todas las sociedades federadas y autónomas, resuelve:

Proseguir el movimiento huelguístico como acto de protesta contra los crímenes del Estado, consumados en el día de ayer y anteayer.

Fijar un verdadero objetivo al movimiento, el cual es pedir la excarcelación de todos los presos por cuestiones sociales.

Conseguir la libertad de Radowitzky y Barrera, que en estos momentos puede hacerse, ya que Radowitzky es el vengador de los caídos en la masacre de 1909, y sintetizar una aspiración superior.

Desmiente categóricamente las afirmaciones hechas por la titulada FORA del IX.º Congreso, que hasta el miércoles a la noche solo «protestó moralmente», sin ordenar ningún paro. La única que lo hizo fue esta Federación.

En consecuencia, la huelga sigue por tiempo indeterminado. A las iras populares no es posible ponerles plazo: hacerlo es traicionar al pueblo que lucha. Se hace un llamamiento a la acción.

Reivindicaos, proletarios. Viva la huelga general revolucionaria».

El Consejo General[29]”.

La audacia de los anarquistas preocupaba al gobierno, a los conservadores, a las organizaciones patronales y a los propios dirigentes sindicalistas y socialistas. No fueron, por eso, solo los anarquistas los que aparecieron ese día con su propia propaganda. Diversos grupos se lanzaron a influir sobre la población.

La Época, el periódico del gobierno, señalaba:

«Desde hace veinticuatro horas se halla la Capital de la República bajo la sugestión de acontecimientos que, desfigurados y agrandados por el comentario popular, están ejerciendo excepcional presión sobre el espíritu público. Es necesario, entonces, hablar con serenidad y valentía. Conviene establecer con toda precisión lo que ocurre, para disipar malentendidos emanados de falsas informaciones. Se trata de una tentativa absurda, provocada y dirigida por elementos anarquistas, ajenos a toda disciplina social y extraños también a las verdaderas organizaciones de trabajadores. Porque no se trata de un movimiento obrero. Mienten quienes lo afirman».

y agrega:

«Debe examinarse con frialdad el proceso del movimiento, que tiene por escenario las calles de la Capital y discernir con exactitud la aleación de sus elementos componentes. Entonces se advertirá que se trata de una minoría sediciosa contra cuyos excesos basta oponer la firmeza y la cordura de las gentes partidarias del orden».

y, para que no queden dudas, precisa:

«La huelga será reprimida en toda tentativa que desnaturalice su verdadero carácter y que denuncie intenciones de violar el orden social o atentar contra los derechos civiles garantizados por la Constitución a todos los habitantes de la República».

«No es prudente, entonces, engañarse ni confundir moderación con debilidad. Las simpatías del Ejecutivo por los obreros son bien conocidas y están probadas con hechos consecutivos. Pero jamás el Presidente de los argentinos cederá a la sugestión amenazante de turbas desorbitadas que quieren sustituir su voluntad al juego libre de las leyes que rigen la actividad social[30]».

Y en efecto, el gobierno se preparó para enfrentar a las «turbas desorbitadas» y a sus más audaces dirigentes, los anarquistas. A las 8 de la mañana, el presidente Yrigoyen se reunió con sus ministros, adoptándose dos medidas. La primera consistió en proceder, según el plan del general Dellepiane, a la distribución de los efectivos militares en la ciudad. Aproximadamente 30 000 hombres había destinado el ejército para la operación: Regimientos 1, 2, 3 y 4 de Infantería, 2 de Artillería, 2 y 10 de Caballería, 1 de Ferroviarios, 2 de

Obuses y las Escuelas de Tiro y Suboficiales. A estas fuerzas había que agregar 2000 hombres de la Marina de Guerra y las tropas policiales. La segunda consistió en citar para esa misma mañana a Pedro Vasena a la Casa Rosada. Reprimir a los huelguistas y hacer retroceder al «incivilizado» patrón, resumía la táctica del gobierno para enfrentar y resolver la compleja situación política.

Durante la mañana llegaron a la Casa Rosada noticias inquietantes. Por un lado, tanto el paro ferroviario como el paro marítimo habían aislado, por tierra y mar, a la Capital del resto del país. Por otra parte, llegaban las primeras informaciones sobre la extensión del paro a otras ciudades del interior: en Rosario estaban en huelga ferroviarios, municipales y portuarios; en Santa Fe, ferroviarios y municipales; en Mar del Plata, portuarios, ferroviarios, albañiles y de Obras Sanitarias; en Bahía Blanca, ferroviarios y panaderos; y en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe se registraban huelgas de obreros de las máquinas trilladoras que exigían mejores jornales y menos horas de trabajo[31].

Al mismo tiempo, las noticias provenientes de Montevideo indican que la huelga general que se ha desatado simultáneamente en esa ciudad adquiere características violentas. Los principales periódicos uruguayos comienzan a difundir la idea de que ambos movimientos, en Argentina y Uruguay, responden a un plan «maximalista[32]».

Mientras estas inquietantes noticias llegaban a la Casa Rosada, la huelga comenzaba a mostrar nuevamente sus rasgos violentos: a las 10 de la mañana comenzaron a operar grupos huelguistas armados. En Boedo, atacaron a grupos de civiles que perseguían y maltrataban a obreros bajo el nombre de Defensores del Orden (nombre inicial de la Liga Patriótica Argentina). Estos verdaderos terroristas blancos repelieron el ataque y murieron dos obreros. En la calle La valle, entre Paso y Larrea, se produjo un intenso tiroteo entre obreros y un pelotón de la Guardia de Seguridad de Caballería; murieron otros dos obreros. En la calle Brasil, entre Piedras y Chacabuco, hubo otro encuentro armado entre obreros y policías, recibiendo estos apoyo de civiles. A las 11 horas se entabló, en la intersección de las calles Defensa y Martín García, un combate entre electivos de la Marina de Guerra y grupos obreros atrincherados en las azoteas de los edificios, registrándose varios heridos entre los trabajadores y algunos habitantes del barrio. Hubo también otros encuentros de este tipo en otras partes de la ciudad, registrados por la prensa[33].

Los distintos enfrentamientos de obreros contra policías y civiles no eran casuales. La coordinación en el tiempo de estos sucesos, el dato de que los obreros estuviesen armados y otros hechos a producirse durante la noche, muestran la existencia de un plan, y este plan estaba en manos de los anarquistas. Todo indica que los anarquistas creían que a través de esta especie de guerrilla urbana se creaban las condiciones para que las masas, guiadas por estos ejemplos de lucha armada, se volcasen espontáneamente a la lucha por la «anarquía». La preocupación de los anarquistas no residía en organizara esas masas militarmente, sino emplear grupos de gran capacidad operativa que según ellos causarían el «terror» entre la burguesía y alentarían a la insurrección obrera.

Los obreros miraban con simpatía, con esperanza, a esos intrépidos grupos de «acción directa», pero no sabían cómo participar en las acciones: de allí que, como tan acertadamente comenta La Nación[34], en los barrios obreros se comentaba y se discutía sobre esos sucesos pero nadie tomaba otra actitud que la de esperar «a ver qué pasa».

Los anarquistas, desde temprano, se habían dedicado a otra tarea que inicialmente causó estupor entre las fuerzas policiales: en distintas zonas de la ciudad, pequeños grupos, en los cuales participaban niños, rompían los focos de luz. Romper focos de la luz durante el día preparaba condiciones para operar durante la noche.

Una excepción a la táctica anarquista de ataques con pequeños grupos (ataques que, lógicamente, dado el carácter sumamente embrionario de estos comandos, a veces tenían su origen como respuesta a las actividades de la policía, que sorprendían a los huelguistas armados y los reprimían) se produjo a las 15 horas. Una masa de quinientas personas, entre las cuales solo algunas estaban armadas, atacó la Comisaría 9a. El objetivo era liberar a varios obreros presos. No existen documentos que expliquen qué organización reunió a tantas personas para tal acción, pero dado que en esa Comisaría había varios obreros metalúrgicos presos de la empresa Vasena, se puede deducir que los participantes eran obreros de esa industria, que se reunían en asamblea diariamente, lo que facilitaba su nucleamiento. El ataque consistió en un intento de romper las puertas de la oficina policial y fue repelido por la policía causando varios muertos y el desbande de los atacantes.

Mientras tanto, el gobierno apuraba las tratativas. Al mediodía había sido ubicado el empresario Pedro Vasena y conducido a la presencia del presidente Yrigoyen. Fue acompañado del embajador inglés[35].

El presidente presionó al industrial. Conceder a los obreros metalúrgicos en huelga era ahora una necesidad imperiosa para el propio gobierno, que veía crecer la huelga. Era una necesidad para la propia clase capitalista, que veía con estupor que un pequeño conflicto se había transformado en una huelga con formas embrionarias de lucha armada. Pedro Vasena accedió.

El presidente citó luego a los dirigentes de la FORA del IX.º. Aproximadamente a las 13 horas, entraron al despacho presidencial y a las 14 horas, al salir, Sebastián Marotta informo a los periodistas que el secretario de la FORA del IX.º, luego de haber comprobado que el gobierno había cumplido con sus promesas, había resuelto levantar la huelga. La resolución era ad referendum del Consejo Federal, que había sido citado para esa misma noche.

Comenzaba ahora una lucha feroz la FORA del IX.º y la FORA del V.º: los primeros estaban por terminar el conflicto guiados por su línea sindicalista-economista, los segundos por profundizar la huelga.

Las dos posiciones encontradas encontrarían nuevas formas de manifestarse durante la noche.

A las 21 horas se reunió la FORA del IX.º; luego de escuchar el informe del secretario general Marotta, la mayoría resolvió levantar el paro dando publicidad a un comunicado en cuya parte final se decía:

«Dar por terminado el movimiento recomendando a todos los huelguistas reanuden de inmediato el trabajo. La Asamblea de Delegados hace un llamado entusiasta al proletariado huelguista en acción solidaria con los obreros de Vasena y protesta por los hechos acaecidos, para que la misma unión mantenida durante el grandioso movimiento sea sostenida al volver al trabajo, dando la prueba elocuente de que el proletariado organizado sabe cumplir sus compromisos y tiene derecho a reclamar que le sean cumplidos[36]».

A esta posición se sumaron el Partido Socialista y el Partido Socialista Argentino, cuyas posiciones analizaremos en capítulo aparte, pero que, puede adelantarse, correspondían plenamente a sus actividades evolucionistas y reformistas. También adhirió aunque con diferencias el Partido Socialista Internacional.

Pero, la posición adoptada por la FORA del IX.º Congreso era, en las condiciones predominantes, una posición que no correspondía al pensamiento de la mayoría de los trabajadores. En efecto, los obreros habían percibido la enorme fuerza de la huelga general, habían comprendido que era posible arrancar reivindicaciones de fondo al Estado y a la patronal. Un hecho significativo de este estado de ánimo de los trabajadores era el siguiente: en numerosas empresas los obreros presentaban petitorios de mejoras al margen de las resoluciones de la FORA del IX.º Congreso de reducir el conflicto a los dos puntos mencionados. Al mismo tiempo la mayoría de los trabajadores estaba impactada por la audacia de los anarquistas y no eran pocos los que creían que se avecinaba la revolución social.

También, otro factor que incidía en contra de la resolución de la FORA de IX.º era la generalización del conflicto al interior del país, dado que tanto una como otra central obrera habían resuelto impulsar la huelga general en otras ciudades y en regiones agrarias de Buenos Aires, donde pesaba el obrero rural. El movimiento en el interior recién comenzaba y las organizaciones obreras regionales estaban en plena tarea para llevar adelante la huelga, por lo cual era difícil detenerla.

En consecuencia, y como producto de todos estos factores, la resolución de la FORA del IX.º Congreso no fue acatada incluso por obreros organizados en esta central obrera. En cambio, los anarquistas, al tiempo que continuaban su propaganda contra los sindicalistas y socialistas, se lanzaban a nuevas acciones.

Los anarcosindicalistas habían preparado un plan para asaltar comisarías por la noche: de allí la rotura de los focos de luz en las esquinas cercanas a aquellas.

Esta posibilidad había sido contemplada por el gobierno, quien concentró en las comisarías a la tropa policial, mientras el ejército se mantenía vigilante. En la tropa policial había aumentado la tensión hasta el punto de que, según lo relata el ex oficial de policía José R. Romariz, en muchas comisarías los oficiales daban las órdenes a punta de pistola[37].

Las acciones anarquistas comenzaron aproximadamente a las 22 horas: pequeños grupos armados, amparados por la oscuridad, se acercaron hasta las comisarías 4.a, 6.a, 8.a y 9.a, produciéndose largos tiroteos.

Los únicos relatos sobre estos sucesos provienen de Romariz, quien asegura que si las comisarías no cayeron fue simplemente porque los atacantes no poseían armamento adecuado y atacaban desorganizadamente. En muchas comisarías, dice Romariz, los oficiales empujaban a la tropa a combatir por medio de amenazas verbales y materiales[38].

Esa noche se produjo un acontecimiento que muestra el grado de histeria colectiva que se había generalizado entre los policías: a las 21 sonaron cerca del Congreso Nacional algunos disparos y la tropa acuartelada en el Departamento Central de Policía creyó que era el inicio de un ataque contra este. Entonces:

«Al sonar los primeros tiros, no se supo disparados por quién, uno de los sargentos de servicio, por propia determinación, corrió al tablero de las llaves de luz y las cerró, dejando a oscuras a todo el edificio, es decir, a todo el Departamento de Policía. La batahola se hizo entonces infernal. Los agentes corrían desesperadamente haciendo fuego al aire; los oficiales, al salir de las oficinas para asumir el mando de sus secciones y no obstante sus voces de mando, tenían que volverá refugiarse en el casino, dormitorios, etc., pues no solo les era imposible dominar el tumulto, sino que hasta se veían en peligro de ser muertos por las balas que disparaban en todo sentido las tropas dominadas por el pánico[39]».

En esos momentos, relata Romariz, llegó al Departamento el propio general Dellepiane, quien fue baleado por error, por la propia guardia, sin ser herido. Su presencia fue decisiva para lograr restaurar el orden.

El relato de Romariz tiene una importancia extraordinaria: en efecto, muchos obreros fueron condenados por haber «participado» en el ataque al Departamento de Policía, «ataque» que fue largamente comentado por La Nación, La Prensa, e inicialmente aceptado como verdadero por la propia publicación socialista La Vanguardia. Como se ve, este «ataque» nunca existió. Pero muestra el estado de ánimo de policías que durante el día eran atacados por los activistas, que rápidamente desaparecían, y por la noche, nuevamente por los mismos activistas que actuaban ocultos en la penumbra.

Ninguno de los verdaderos ataques de los huelguistas anarquistas logró éxito. Las comisarías resultaban bastiones inexpugnables para pequeños grupos mal armados y separados totalmente de la masa obrera que escuchaba los tiroteos desde las casas y conventillos.

Por la mañana se conocieron los resultados de los artesanales ataques anarquistas: los distintos tiroteos durante el día y la noche del 10 de enero, daban como balance no menos de cincuenta muertos entre los trabajadores y solo un muerto del Cuerpo de Bomberos y un conscripto del Ejercito Nacional[40].

Por la mañana del día 11 se conocieron los resultados de las tratativas entre el gobierno, la empresa Vasena y la FORA del IX.º. La empresa había concedido a los obreros las siguientes mejoras: jornada de 8 horas, 20 por ciento de aumento sobre los jornales mayores de 4,99 pesos, 30 por ciento para los de 3 a 4,99 pesos, 40 por ciento para los inferiores a 3,50 pesos, 50 por ciento de aumento sobre los jornales abonados por horas extras o trabajo en días feriados; para la jornada de trabajo en día domingo se aumentaba el jornal de trabajo en un 100 por ciento, se abolía el trabajo a destajo y se reponía a todos los obreros cesantes. El gobierno, a su vez, se comprometía a liberara los presos y mantenerse neutral en el conflicto entre los obreros portuarios y las empresas exportadoras-importadoras.

Los principales diarios del país publicaron esta noticia en grandes titulares: se daba por terminada la huelga. Sin embargo, la huelga continuaría.

En efecto, el día 11 solo volvieron a sus tareas los obreros de los frigoríficos, gran parte de los cuales habían ido a la huelga no tanto por conciencia sindical.

como por los bloqueos a las empresas por grupos de huelguistas de otras ramas industriales, una parte de los obreros de los tranvías y una parte numerosa de empleados de comercio. El paro general continuaba, a despecho de la resolución de la FORA del IX.º Congreso, y se extendía al interior. Además de los sindicatos del interior ya en huelga el día 11, se sumaron varios sindicatos en Mar del Plata, por lo cual la ciudad quedó paralizada; en San Fernando se plegaron los obreros de los aserraderos; en San Pedro el paro de los obreros de las máquinas trilladoras era total; en Santa Fe se habían plegado los trabajadores del Ferrocarril Central Norte; en Rosario había huelga general y la ciudad estaba paralizada, con algunos choques entre huelguistas y policías durante el día 10; en Tucumán, la Federación Local, que respondía en su mayoría a la FORA del IX.º, había lanzado la huelga general, paralizando a los ferrocarriles. Por último, en Avellaneda persistía el paro en las industrias metalúrgicas, alimentación (excepto frigoríficos), madera, textiles, además del paro en los talleres ferroviarios. En esta localidad, durante el día 10, se habían producido choques entre huelguistas y policías, y la prensa registra un ataque de hombres, mujeres y niños a una iglesia[41].

Gran parte de los obreros estaban dispuestos a continuar la huelga general. De esto no cabe ninguna duda si se tiene en cuenta que la huelga se prolongó pese a la decisión de levantarla por parte de la FORA del IX.º. Al mismo tiempo explica por qué la FORA del V.º, pese a carecer de una doctrina capaz de conducir a la clase obrera por un camino efectivamente revolucionario, pudo con sus consignas generales anticapitalistas y antiestatistas, convertirse en la fuerza dirigente del movimiento huelguístico durante varios días.

Al comienzo de la huelga, importantes capas de la pequeña burguesía vieron bien el accionar de los trabajadores, pero ya desde el día 10 cundían en este agrupamiento social verdaderos sentimientos de terror. En efecto, por un lado, la gran prensa no cesaba en propagar que los anarquistas tenían como programa la liquidación de todas las libertades y la pequeña propiedad. Por otro lado, ya desde el día 10 habían salido a la calle el Partido Radical, los Defensores del Orden, y otras fuerzas tradicionales bajo la consigna de restablecer la tranquilidad. Hubo actos en la Capital, especialmente sobre la Avenida de Mayo, que la prensa de esos días relatá con detalles, en los cuales participaron importantes núcleos de la pequeña burguesía exigiendo orden. La pequeña burguesía, especialmente en el centro de la ciudad, deseaba que terminase la pesadilla de los tiroteos y la amenaza de la guerra civil. En el campo, excepto en sectores restringidos donde accionan obreros rurales, nadie apoya a los huelguistas de los centros industriales. El movimiento está aislado. Se ve claro que la huelga había llegado a un límite. Los sindicalistas habían sido rebasados. Pero tampoco podía continuar sin objetivos inmediatos claros.

Pero para los anarquistas, todas estas cuestiones eran «secundarias»: lo importante era empujar a los obreros y transformar esa «explosión instintiva de solidaridad proletaria», como la define su máximo historiador, en una acción revolucionaria[42]. En realidad la «explosión» estaba muy lejos de tener fines revolucionarios explícitos, era más bien el producto de una acumulación de tensiones en el seno de una clase obrera politizada pero que ante todo accionaba para no permanecer sumergida y superexplotada, sin derechos de ningún tipo. Por su amplitud y el grado de violencia podía haber permitido a la clase obrera conquistar importantes reivindicaciones y lograr una situación política más favorable. Pero tal objetivo era totalmente ajeno al utopismo anarquista, que desechaba teóricamente toda táctica de acumulación de fuerzas, todo escalonamiento en las luchas sociales bajo la bandera de la lucha contra las reformas. De allí que los obreros, que no se resignaban a las migajas de los sindicalistas, tampoco encontraban posición dentro de la táctica anarquista.

La FORA del V.ºCongreso continuaba la lucha: a las 16 horas hubo un tiroteo en Plaza Constitución y en las intersecciones de las calles Anchorena y Bartolomé Mitre. Hubo también un tiroteo en el Mercado de Abasto. A las 18.30 un grupo de huelguistas intentó asaltar el Depósito de Aguas Corrientes con el objetivo de dejar sin agua a la ciudad y hubo, entre esa hora y las 20, nuevos encuentros entre huelguistas y las fuerzas combinadas de la policía y la futura Liga Patriótica Argentina[43].

El día 11 fue también el de gran redada de dirigentes sindicales y socialistas. Los detenidos llegaron a casi 5000, entre los cuales se encontraba un personaje que se haría famoso, Pedro Wald. También ese día, por la tarde, los grupos armados de la futura Liga Patriótica se lanzaron a la persecución de los judíos. Decenas de negocios fueron baleados e incendiados, muchos judíos vejados, detenidos y hasta asesinados, cosa que alarmó hasta al diario La Nación, quien llamó a la cordura a este grupo paramilitar de derecha. La persecución de judíos originó incluso enfrentamientos entre algunos comisarios y miembros de los Defensores del Orden: aquellos, que por resolución del general Dellepiane habían entregado armas a los «señoritos del orden» y les habían facilitado las instalaciones de las comisarías, veían ahora que actuaban por las suyas, deteniendo judíos sin consultar a nadie, y alojándolos en las comisarías. Tal situación preocupaba a los comisarios, que no querían verse en aprietos con la colectividad judía[44].

Al intensificarse la represión y al carecer la huelga de objetivos claros, comenzó a cundir la confusión entre los obreros. La explosión estaba llegando a su fin. El día 11, por la tarde, se produjo una entrevista entre los dirigentes de la FORA del IX.º Congreso y el Dr. González. Los dirigentes obreros manifestaron al jefe de policía que nada tenían que ver con los sucesos y que:

«La FORA solo se solidariza con los actos propios de la clase obrera, rechazando toda responsabilidad con actos como el asalto al Correo y al Departamento de Policía, hechos con intervención de elementos extraños a la Federación Obrera Regional[45]».

El cerco contra los anarquistas era completo. Todos los diarios empujaban a la represión contra el anarquismo. Un periódico de gran influencia incluía entre los aliados del orden al propio Partido Socialista:

«Creemos de buena fe que el socialismo tiene que rechazar los sucesos de estos días, la anormalidad que padecemos con tanto horror como el partido gobernante. Rebusquen los hombres sensatos en el fondo de su corazón y no encontrarán más sentimiento que este[46]».

Mientras se desataba una gran represión contra los anarquistas (represión que en muchos casos era indiscriminada y abarcaba a socialistas, sindicalistas, etc.) diversas organizaciones presionaban sobre los obreros para dar por finalizado el paro. La FORA del IX.º Congreso, cuyos volantes y resoluciones encontraron siempre eco en los grandes diarios (mientras que la FORA del V.º Congreso no encontró nunca lugar para una mísera declaración) y el Partido Socialista llamaban a levantar el paro general, pues los objetivos del movimiento, según ellos, se habían cumplido.

Los anarquistas comenzaron a dispersarse. Si bien el día 11 por la noche hubo nuevos ataques a comisarías, como la 26.a, 23.a, 24.a, 29.a y 21.a, estos solo fueron producto de la agonía del movimiento y no de una nueva Jase de auge de la lucha. La policía continuó masacrando a estos guerrilleros de la noche, aunque no sin poco susto:

«Mortalmente pálidos y anhelantes, esperamos el ataque, aferrando las armas con nuestras manos crispadas. De improviso alcanzamos a ver que un sujeto sin saco, desprendiéndose del grupo de combatientes en la puerta de la comisaría, avanzaba a la carrera en nuestra dirección, esgrimiendo un cuchillo en su mano derecha. Al aproximarse a la línea de tiradores, que ya se había reconstituido, de pie y frente al local policial, se le intimó se entregara y en vez de rendirse, al mismo tiempo que vociferaba con voz iracunda: “Viva la anarquía”, atropellaba blandiendo el cuchillo, a los agentes que le interceptaban el paso, los que debieron abrirse para no ser heridos. Un cabo, Ojeda, le disparó a boca de jarro, sin resultado alguno, los seis tiros de su revólver. Varios otros hicieron fuego sin acertarle por la nerviosidad que les dominaba, la oscuridad reinante y el temor de herir a sus compañeros. Un proyectil de mi fusil lo desplomó mortalmente herido[47]».

Así relata Romariz el ataque a la Comisaría 26.a. Como se observa, este tipo de ataque no podía destruir al «Estado y al capital», era más bien el último acto de la audacia de los anarquistas que finalizaba ahora en evidente derrota, con sus secuelas de desesperación y arrojo.

Mientras tanto, los obreros que continuaban en huelga, comenzaban a pensar que la lucha había finalizado y que había que contentarse con los exiguos éxitos conseguidos. La táctica de la FORA del IX.º comenzaba a imponerse.

CAPITULO 9

FIN DE LA HUELGA Y NUEVO DEBATE PARLAMENTARIO

Un nuevo rasgo del proceso de levantamiento del paro consistió, a partir del 11, en que los obreros no retornaron simultáneamente al trabajo, sino que varios persistieron aún hasta el día 13 en su actitud huelguística. Si bien la mayoría de los sindicatos, inclusive muchos sindicatos nacionales o locales dirigidos por anarcosindicalistas, habían resuelto volver al trabajo, en muchas empresas los obreros querían retornar solo habiendo conquistado sus reivindicaciones específicas; entre ellos se destacaban numerosas seccionales de la Federación Obrera Ferrocarrilera. La persistencia a mantenerse en huelga de varias seccionales de este sindicato, que, como hemos dicho era dirigido por la corriente sindicalista, con alguna influencia de los socialistas, tenía un efecto importante sobre el resto de la clase obrera. En efecto, los movimientos de fuerza en este sector de la economía nacional afectaban a la propia producción en otras ramas, facilitando así la huelguística general.

Pero, el paro no podía continuar. La FORA del IX.º Congreso estaba dispuesta a normalizar la situación y los anarcosindicalistas de la FORA del V.º, además de carecer de objetivos claros, habían pasado a la clandestinidad total, rompiéndose así sus vínculos con las masas trabajadoras. Su periódico, La Protesta, no salía desde el día 10.

Poco a poco se fue normalizando la situación en la Capital y en el interior. El día 13 la mayoría de los obreros trabajaban. Las noticias de que la huelga había finalizado en la Capital, influyeron decididamente en el interior, donde el día mencionado comenzaron a levantarse los últimos focos huelguísticos.

Solo algunos tiroteos aislados se escuchaban en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de estos se debían a la nerviosidad de la policía que disparaba «preventivamente» en los barrios populares.

En estas condiciones se realizó el día 14 por la mañana, la sesión de la Cámara de Diputados, citada especialmente para escuchar la voz del ministro del Interior, doctor Ramón Gómez.

El ministro comenzó su discurso reafirmando una vez más que el Poder Ejecutivo había sido firme contra los revoltosos y que había contado con la fuerza suficiente para afrontar los intentos maximalistas. Agregó que por eso el Poder Ejecutivo no había consultado a los diputados, pero que ahora lo hacía, dado que el Gobierno siempre estaba dispuesto a lograr una armónica coordinación entre ambos poderes[48].

El discurso dejó pasmados a los diputados; solo duró cinco minutos y no incluyó ninguna idea importante que mereciese ser mencionada en este trabajo. La brevedad del informe respondía a una táctica, y esta consistía en imponer el criterio del Poder Ejecutivo de no dejara la Cámara de Diputados inmiscuirse en los asuntos del gabinete.

Pero los conservadores no estaban dispuestos a perder esta oportunidad. Había sido necesaria una huelga general para que el Ejecutivo concurriese a la Cámara y ahora todo indicaba que, si no mediaba una actitud conservadora rígida, nuevamente Yrigoyen y susministros escaparían a la maniobra opositora.

Tanto las fuerzas conservadoras como una fracción radical y otras fuerzas políticas menores consideraban necesaria la implantación del estado de sitio. Por un lado el impacto de la huelga había sido muy grande en la clase terrateniente y los círculos imperialistas, especialmente británicos, y se exigía una radical represión a los anarcosindicalistas, e incluso a los propios sindicalistas y socialistas. La Nación había publicado ese día un editorial en el cual, si bien reconocía la necesidad de una legislación obrera, alertaba que:

«el Estado no puede mirar con indiferencia estas tentativas de predominio violento, que empiezan por prescindir de la nacionalidad argentina para formar sus elencos y que se manifiestan dispuestos a no reconocer ninguna valla para asegurar su imperio[49]».

y La Prensa afirmaba:

«No somos partidarios de una política de fuerza, y antes, en contrario nos pronunciaremos contra ella, pero en el momento el Ejecutivo debe tener a su disposición la fuerza pública necesaria para prevenir y reprimir y para moverse de un lado a otro, cerca o lejos, con el sentido de la autoridad eficaz. La mano firme y fuerte cuando se pone en juego el interés del país y causa esencial de orden, será también honrada. Así la queremos y esperamos porque el lema de la acción en estos momentos debe ser “serenidad y energía” para el bien de todos[50]».

Al mismo tiempo existía en amplios círculos de las fracciones de las clases dominantes, el temor de que la huelga resurgiese con nuevos brotes de violencia, dado que los trabajadores, al generar semejante movimiento, habían comprobado su gran capacidad de movilización.

Los conservadores, reflejando por un lado la preocupación de amplios círculos de la «elite» ante los acontecimientos, y apoyándose en el temor de la pequeña burguesía urbana, a que se repitiesen nuevas jornadas de «terror rojo», pasaron a la ofensiva. El diputado conservador Gibert manifiesta tajantemente:

«en mi concepto y en el de muchos de los señores diputados radicales, el remedio estaría en el estado de sitio[51]».

El gobierno no quería implantarlo. Consideraba que no era necesario. Quería diluir esa imagen de gendarme de los capitalistas que había adquirido en pocos días. Sabía que la implantación del estado de sitio lo llevaría a enfrentarse aún más con los trabajadores y debilitar seriamente el acuerdo con la FORA del IX.º. La Época se había opuesto a la implantación del estado de sitio con estos argumentos:

«Porque la represión no puede ser área total de la acción gubernativa. Conviene desentrañar las causas de agitaciones como la presenciada y después de analizar los elementos extraños y refractarios, procederá prevenir la repetición de hechos análogos mediante leyes que contemplen y resuelvan situaciones derivadas del malestar económico que se hace sentir especialmente sobre las clases menos acomodadas[52]».

Pero los conservadores, que han calibrado bien la situación del gobierno, jaqueado por un lado por la acción de la «elite» y su flamante organización paramilitar, la Liga Patriótica, y por otro, por la acción del movimiento obrero, comprenden que aquel debe obligatoriamente dar a las fracciones de las clases dominantes una imagen de solidez y decisión para enfrentara los «insurgentes», saben que incluso en el seno del propio Partido Radical hay una fuerte corriente que pugna por una acción firme contra los anarquistas.

Naturalmente, entre los diputados conservadores estaban aquellos que, sin oponerse a la implantación del estado de sitio, consideraban que la represión era, derrotada la huelga, solo un aspecto del problema y que la cuestión «maximalista» exigía un análisis más profundo. Comienza Agote precisando que:

«Es que aquí, señor presidente, no están en juego únicamente las clases obreras, sino elementos extraños que todo lo complican, por eso ellos no solicitan el auxilio de los representantes del Partido Socialista. Estos no están al frente de ninguno de estos movimientos, porque estos movimientos no los quieren a su frente. Es que allí domina el sindicalismo, que es una cosa muy distinta, y detrás del sindicalismo está el ácrata y más atrás el maximalista, y ni el ácrata ni el maximalista quieren la ley, porque la ley es un obstáculo para satisfacer sus apetitos con la rapidez de sus deseos. Esta es la verdad dura, clara y desnuda, y es por eso que la palabra de los representantes del Partido Socialista, palabra sincera, permanece sorda para los oídos de esos exaltados que pretenden cubrir de horrores el territorio de la Nación[53]».

Agote es claro. No hay barreras sólidas contra anarquistas y maximalistas dentro del propio movimiento obrero. Los socialistas están aislados de lo más activo de la clase obrera y los sindicalistas solo constituyen un escalón para los designios de los «exaltados». Se requiere, por lo tanto, que las propias fracciones de las clases dominantes, a través de partidos, organizaciones gremiales, etc., pasen a disputar las masas obreras a los anarquistas:

«Señor presidente: yo no veo sino dos remedios a este mal, uno el de oponer a la violencia el sentimiento nacional hoy tan olvidado en el país que todo ciudadano que tenga en sus venas sangre argentina o que siendo nacionalizado presta el concurso de su brazo o de su mente al país, se oponga defendiendo todo lo que debe sernos sagrado, nuestras tradiciones, nuestro pasado, nuestros hombres. Hagamos mover la República entera, de un extremo a otro, estimulando el sentimiento nacional, y a las fuerzas conservadoras, a los que llevamos sangre argentina, como a la masa extranjera nacionalizada o no, a todos los hombres de buena voluntad, a los que aman el orden, que respetan la ley y que aman a nuestro país para que se opongan a la turba bárbara[54]».

Lo principal para Agote es lograr que las fracciones de las clases dominantes de la sociedad argentina recuperen el consenso, es decir, logren restablecer su hegemonía ideológica y cultural sobre las masas trabajadoras.

Agote no propone para ello retornar simplemente a la situación anterior al Centenario, pues sabe perfectamente bien que los tiempos han cambiado. Que ahora no es posible continuar considerando a los trabajadores como bestias. Lo que Agote propone es retomar la tradición oligárquico-liberal, incorporándole una dosis de comprensión de la cuestión obrera pues:

«considero oportuno nombrar una comisión de nueve miembros —lo resolverá la Cámara— que se llamará comisión de la legislación obrera, si es que se desea darle el nombre, comisión que debe entregarse de lleno a la tarea de estudiar las causas que están royendo nuestro organismo nacional, que propondría a la Cámara las leyes que considere necesarias…».

Por último Agote reafirma que es necesario ir al fondo del problema pues está en juego el futuro del país agroexportador. Solo la solución de la cuestión obrera puede impedir que:

«los capitales (extranjeros, J.G.) se retraigan, que nuestro desenvolvimiento económico se paralice y que estemos en peligro de ira la ruina[55]».

Dedicada la Cámara a resolver, según la proposición de Agote, el problema obrero en sus términos ideológicos y políticos, no podía faltar la palabra de los socialistas. Interviene el diputado Repetto, quien, luego de criticar al ministro del Interior por el carácter general de sus declaraciones, dice:

«La huelga de Vasena fue un conflicto, un episodio banal diría yo, dentro de los acontecimientos corrientes de la industria, pero ese conflicto vulgar fue el punto de partida de los sucesos que llevaron a la situación por la que atraviesa el país, gracias a la falta absoluta de tino por parte del gobierno, de capacidad y de concepto moderno para comprender el movimiento obrero en lo que tiene de específicamente propio y difícil[56]».

y agrega:

«El Gobierno radical —y no digo con esto una novedad— ha creído que el movimiento obrero se trata con una exquisita amabilidad y concesión de formas exteriores y que a eso se agregan promesas que nunca se miden en toda su extensión y que jamás se sabe tampoco si podrán cumplirse».

Según Repetto, el gobierno radical, por un lado, realiza una actividad demagógica frente a los obreros, y por otro, pierde la serenidad frente a los movimientos huelguísticos y los reprime violentamente dando lugar a hechos sangrientos. Ha sido la policía la responsable de estos sucesos y agrega que él, como socialista, repudia también a los activistas porque:

«El conflicto fue originado por una imprudencia de la policía, por una falta de valor sereno, por una falta de dominio de la situación, y todo eso se agravó enormemente al día siguiente con las descargas hechas sobre el cortejo fúnebre, con la excesiva represión de algunos desmanes que yo reconozco, porque no estoy ni he estado jamás en el movimiento socialista para proclamar los desmanes y el abuso».

Al mismo tiempo señala, refiriéndose a la solución lograda:

«Pero yo me preguntaba: para llegar a esta conclusión, para que el Poder Ejecutivo intercediera entre los obreros y el señor Vasena y obtuviera en favor de los obreros lo que el señor Vasena no quería conceder, ¿era necesario hacer primero aquella pequeña masacre, realizar después la segunda en proporciones mayores y mantener finalmente a la ciudad de Buenos Aires en estado de convulsión durante cinco días?».

Todo el discurso de Repetto está destinado a demostrar que otorgando mejoras al movimiento obrero es posible impedir estas explosiones populares de protesta; por eso se opone a la implantación del estado de sitio. Para Repetto es necesario que la Cámara de Diputados elabore una serie de leyes sociales que, por un lado, resuelvan los problemas económicos de los trabajadores, y por otro permitan al movimiento encauzarse dentro de la acción «legal»:

«Es preciso que hagamos una política progresiva y liberal, y que la hagamos con la santa intención de cumplir la reforma. Y una vez que entremos por ese camino se ha de suavizar la situación y han de mejorar las condiciones de vida. Estos conflictos han de tomar un carácter más pacífico, más razonador, porque no será la desesperación lo que se inocule en ellos, sino la conciencia serena y dueña de sí misma para darles a veces el carácter explosivo y desordenado que hoy tenemos que lamentar».

Por último, en un esfuerzo por convencerá conservadores y radicales sobre la bondad de sus proposiciones, hace un «llamado al buen sentido de la Cámara, un llamado a la reflexión».

La táctica de Repetto, como se observa, consiste esencialmente en lograr un acuerdo general de los diputados para construir una Argentina liberal con contenido social, un país idílico donde los diputados, como los legisladores de Aristóteles, adopten medidas imparciales beneficiosas para toda la comunidad.

Pero, esta táctica de no enfrentar abiertamente a los conservadores y centrar la crítica, moderada por cierto, en los radicales para empujar a un acuerdo general, carecía de toda lógica, puesto que ni los conservadores ni los radicales estaban dispuestos a reducir los alcances de la huelga a una simple manifestación de «descontento». Ya lo había demostrado el diputado Agote.

Como respuesta hace una breve intervención el diputado Gibert, quien también «pedagógicamente» se dirige a Repetto para señalarle que, al oponerse a la implantación del estado de sitio, comete

«otro error al creer que es la implantación de la violencia, cuando, por el contrario, el estado de sitio es una medida esencialmente indicada para reprimir movimientos como los actuales y para evitar nuevas explosiones en el futuro[57]».

Pide la palabra el diputado radical Oyhanarte. Lo primero que le interesa aclarar es la actitud del gobierno frente al movimiento obrero y refutar a los socialistas. Se mofa brutalmente de estos:

«La opinión sensata, el pueblo trabajador de la República, sabe que este Poder Ejecutivo ha hecho en los dos años y medio breves de su gobierno en que ha tenido que afrontar los problemas más capitales y más trascendentales que puedan jamás haberse planteado a nuestra soberanía, mucho más que las “sonatas” baladíes de los verbalismos insustanciales de estos señores socialistas que los veo sentarse, en este momento agitado de la lucha proletaria argentina, en estas bancas del Congreso, preguntando en mi perplejidad explicable, si aquí están bien sentados o si debieran estar compartiendo responsabilidades de hecho allá en lo de Vasena, en las trincheras, en la calle, donde se muere y donde se mata».

Luego de haber ajustado cuentas con los socialistas, agrega:

«Este Poder Ejecutivo ha entendido, señor, que los conflictos entre el capital y el trabajo deben estar precedidos en orden a los gobiernos, en orden a las autoridades directivas del país, por una gran serenidad y que el fiel de la balanza simbólica debe permanecer en una recta absoluta, sin inclinarse por catequizaciones inaceptables hacia los muchos y sin doblarse, señor, por complacencias culpables hacia los pocos y hacia los poderosos».

Sentada claramente la «filosofía» del gobierno, que como se observaba radicaba en tratar de equilibrar los intereses entre el capital y el trabajo, interviniendo políticamente en tal sentido, el diputado Oyhanarte continúa:

«… hay un doble fenómeno en la actual situación de hechos por que atraviesa la República. Hay en este momento esa faz de la lucha eterna entre los poseídos, entre los trabajadores y los potentados; al lado de esta faz hay otra circunstancia con la cual ni siquiera los obreros agitados en estas horas por estas reclamaciones han querido solidarizarse: esta es la otra faz, la faz anárquica, la faz maximalista, que no es nuestra, que ha entrado por la puerta del mar y que en estos, momentos conturba todas las civilizaciones del mundo».

Como se ve, a diferencia de los conservadores, el radical Oyhanarte acepta como un hecho histórico las luchas sociales. Para él, para resolver la cuestión, hay que partir de esa realidad y apuntalar la acción de las corrientes moderadas en el movimiento obrero. En efecto, mientras los conservadores —y lo hará luego con virulencia el diputado Matías Sánchez Sorondo— acusan al gobierno de debilidad al tratar con la FORA del IX.º Congreso, Oyhanarte reivindicará esta actitud.

«Los obreros de la Federación Obrera Regional Argentina del IX.º Congreso, a cuyas huestes están agremiadas casi todas las asociaciones de trabajadores de la Capital y del país, ya que por cierto no obedecen a la dirección —ausente siempre— de los señores diputados socialistas, esos obreros del IX.º Congreso acaban de declarar en un documento que les honra, y que prueba que ni en la misma lucha ni en los momentos desesperantes en que se encuentran los trabajadores frente a tales graves responsabilidades, han perdido, como se dice vulgarmente, la cabeza, pues en él declaraban que no se solidarizan con los ataques y atropellos realizados — dicen— por elementos extraños a las reivindicaciones obreras, como el intento contra la jefatura de policía, inaudito ataque que debió ser repelido no con sonrisas ni con palabras ni con tinta, sino que se repelió, como el del Correo, con la voz ruda pero elocuente de las ametralladoras».

Resulta muy interesante la exposición del diputado radical. En una breve alocución ha sintetizado la política sindical del gobierno: buscar el acuerdo con los sindicalistas, prestigiarse frente a los obreros como gobierno del pueblo pero actuar con mano dura frente a cualquier acción obrera que se oriente contra los intereses básicos de las clases dominantes y de su Estado.

En un momento de su intervención, el diputado radical admite de hecho que la actitud policial el 7 de enero escapó al control del gobierno, pero pronto agrega:

«Pero sobre todo, señor, no es el momento de saber si la policía tiró un tiro más o un tiro menos. Puede haber en estos movimientos de desorden colectivo algunos excesos de orden individual, pero sería, señor, una miseria, sería una infamia que fuéramos a llevar una palabra de desencanto y desilusión para esos chinos, para esos veteranos, para esos muchachos conscriptos nuestros que parece que hubieran recibido de antaño el santo y seña de la libertad y del coraje…».

Tan seguro se siente Oyhanarte de la impotencia socialista que llega a proponerle al mismo Repetto que se despoje de

«… esa nebulosidad doctrinaria jamás cumplida, aunque siempre invocada, para dar, junto conmigo y con la Cámara, un voto de aplauso, un voto argentino, un voto macho a los conscriptos, a los vigilantes y a los bomberos y a todos los guardianes armados del orden y de la tranquilidad pública».

Luego de afirmar que, tanto él como el Poder Ejecutivo, están en contra del estado de sitio, reconoce sin embargo que esta posición no es definitiva, porque si bien el gobierno controla la situación, surge el siguiente interrogante:

«¿Qué debe hacer el Poder Ejecutivo? Seguir como hasta aquí, desenvolviéndose por sus propios medios, que son bastantes para restablecer la normalidad pero que tal vez no lo sean para evitar otros actos de violencia y de sangre o acogerse al estado de sitio que, como se sabe, empieza por prevenir las cosas porque impide reuniones, evita asambleas y hasta evita el comentario, a veces insidioso, muchas veces ligero, de la prensa».

«¿Qué será mejor, señor presidente? Este interrogante que puede ser que no lo tenga definido ya en mi espíritu, es el que entrego a la serena reflexión de los hombres honrados que se sientan en este momento en el Congreso argentino: de ellos es la palabra, de ellos ha de ser la responsabilidad y que ellos se definan».

La posición de Oyhanarte, que como hemos dicho expresaba la opinión del Poder Ejecutivo, es aparentemente ecléctica. Pero un cuidadoso análisis de la situación del gobierno nos permite afirmar que correspondía a una táctica flexible. En efecto, por un lado el gobierno necesitaba instrumentos legales para reprimir a los «maximalistas» y si bien pensaba que el estado de sitio era una medida exagerada —así lo manifestó inicialmente el doctor Ramón Gómez— estaba sometido a una dura presión por parte de los conservadores y otros grupos de derecha, algunos inclusive pertenecientes al propio Partido Radical. Por eso la táctica yrigoyenista consistió esencialmente en esa reunión en abrir un poco las puertas a los conservadores para que se sintiesen escuchados por el gobierno. En caso de que estos impulsasen la medida represiva, el radicalismo podría optar por aceptarla y absorber así las críticas desde la derecha, aun con el riesgo de enfrentar a la FORA del IX.º Congreso. No cabía duda, y así ocurrió, de que el gobierno utilizaría con discreción los poderes emanados del estado de sitio.

La táctica radical era demasiado compleja para que la comprendieran de golpe todos los diputados radicales yrigoyenistas. Se puede suponer que esta táctica, había sido elaborada con cierta rapidez, quizás durante la misma sesión, y que no la había discutido el bloque radical, por lo que originó resistencias. En efecto, un diputado, Rogelio Araya, trata de demostrar que dentro del radicalismo hay personas que se oponen al estado de sitio no solo por ser «consecuentes con la doctrina liberal» sino porque creen que solo implantando una legislación laboral se ordenará la cuestión social, lo que a su vez facilitará el proceso de industrialización que la Argentina necesita para escapar del círculo de dominación británico y constituirse en país exportador de manufacturas a toda América latina[58].

Las frases más significativas de este diputado fueron las siguientes:

«La Unión Cívica Radical, que es un partido democrático y que ha hecho de la libertad medio y fin de su existencia, no puede, sin que el Poder Ejecutivo lo solicite, votar el estado de sitio… si entiende que el estado de sitio es necesario, se lo hemos de votar porque todos estamos interesados como él en volver a la normalidad del trabajo y al orden; si el Poder Ejecutivo Nacional entiende que no es necesario votar el estado de sitio, nosotros no podemos, como diputados de la Unión Cívica Radical, votar una disminución innecesaria de las libertades argentinas».

Y, en relación con las causas de las huelgas, precisó:

«Es el resultado de un industrialismo que se ha producido de golpe en nuestro país, que nos ha tomado de sorpresa a todos y que no nos permitió dictar en oportunidad la legislación protectora del trabajo».

Según este diputado había que aprobar una ley que estableciese impuestos más justos de manera que con obreros satisfechos y con un proceso de industrialización más amplio,

«los productores de los países sudamericanos debemos derribar no ya como una señal de solidaridad americana sino para abrirnos el horizonte, esas fronteras y cordones de guardas aduaneros que hacen imposible la vida en nuestro país».

Para esto, hay que producir cambios porque:

«… tenemos un sistema rentístico atrasado. ¿Cómo es posible que la clase obrera no se levante en sus reivindicaciones, que todos reconocemos justísimas? Estamos viviendo sobre los impuestos de consumo, estamos viviendo sobre los impuestos de Aduana y hasta ahora no se nos ha ocurrido, como debió ocurrírsenos, que los derechos aduaneros deben servir como una definición de política comercial para establecer por ellos normas de protección a nuestro comercio, industria y riqueza».

Pero luego de semejante discurso, agacha el lomo y dice:

«Nos estamos engañando con palabras y por eso tienen razón los señores diputados socialistas cuando dicen que es necesario hacer y no estar prometiendo para no hacer… Los diputados de la Unión Cívica Radical no votarán favorablemente el estado de sitio si el Poder Ejecutivo no demuestra que esa medida es indispensable para asegurar el respeto y la tranquilidad de los hogares, del comercio y de la población del país».

Preocupado por resolver la cuestión obrera desde una perspectiva que él creía acorde con una política industrialista, no comprendía Araya que lo dominante era, en esa coyuntura, la contradicción entre los obreros y las fracciones superiores de las clases dominantes (entrelazamiento entre capitales extranjeros y nativos) y que esa contradicción debía resolverse en el terreno en que se había presentado y no con especulaciones marginadas del contexto social existente.

En efecto, su discurso fue algo realmente «exótico», al cual nadie se refirió en las siguientes intervenciones. Al final, el propio diputado Araya quedó atrapado por la disyuntiva de hierro —en favor o en contra del estado de sitio— y terminó votando a favor, como buen diputado del «orden».

La táctica de los radicales de ceder abrió campo a la ofensiva conservadora. Los socialistas, atónitos, veían cómo se fortalecía la tendencia proclive a imponer el estado de sitio.

Pide la palabra el diputado conservador Sánchez Sorondo. Su crítica central está dirigida al gobierno:

«¿Qué ha hecho el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, señor presidente, ha vivido al día, arrastrado por los acontecimientos, convirtiendo por una pasividad inexplicable el territorio de la República en la tierra de promisión del anarquismo internacional. Ha mirado con extremada indulgencia a los delincuentes, especialmente a los delincuentes contra el orden social, indultándolos en masa, ha tolerado los excesos huelguistas contra la propiedad privada, sin perseguirá los autores con el rigor de la ley…»[59].

y además:

«hemos visto durante el primer día de huelga a la ciudad indefensa, a la ciudad abandonada, a la ciudad entregada a sí misma, sin más vigilancia que la de sus propios vecinos, sin más autoridad que la de las turbas, sin más gobierno que el gobierno de las calles».

Según Sánchez Sorondo, la complacencia del gobierno frente a los desmanes de la «turba» fue la causa de la organización de la Liga Patriótica:

«Yo hago aquí un acto de homenajea la virilidad, a la decisión y al patriotismo de esos jóvenes que se constituyeron en el Centro Naval, pero encuentro en esa misma actitud la crítica más severa a los procederes del Ejecutivo…».

Para el diputado conservador, lo central, lo primordial es impedir que el gobierno cumpla con el segundo punto acordado con los huelguistas. En efecto, como hemos visto, el gobierno llegó a un acuerdo con la FORA del IX.º sobre la base de comprometerse a influir sobre la empresa Vasena para que cediese a los reclamos obreros y, por su parte, a liberara los presos. A Sánchez Sorondo no le preocupa el acuerdo entre Vasena y los obreros, eso constituye lo accesorio. Lo que verdaderamente le preocupa es lo siguiente:

«¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo haya comprometido su alta investidura ante el reclamo de una comisión de obreros, prometiéndoles así en globo, sin examen de ninguna especie, la liberación de los detenidos? ¿Acaso los detenidos contra el orden social no son delincuentes, no son incendiarios, asaltantes o asesinos? Y el Poder Ejecutivo, cuando esos delincuentes han debido estar ya sometidos al imperio de sus jueces naturales, ¿cómo puede comprometerse a liberarlos?».

Según Sánchez Sorondo, esto no hará sino envalentonar más a los anarquistas:

«El problema de la huelga, que ha querido solucionar el señor presidente de la República, no ha sido solucionado y el problema del anarquismo queda fomentado con esa cláusula».

y agrega:

«¿Por qué? Porque si los detenidos por delitos de orden social tienen la seguridad de que el Poder Ejecutivo los va a indultar, la ley social, las leyes represivas de orden social, pierden instantáneamente toda su virtualidad, toda su eficacia».

Sobre la base de una profunda represión al anarquismo, el diputado Sánchez Sorondo está dispuesto a considerar el problema obrero; pues admite que:

«Nos faltan leyes orgánicas fundamentales que reglen las relaciones entre el capital y el trabajo, las leyes que las naciones civilizadas se han apresurado a inscribir en sus anales, como la de asociaciones profesionales, la de institución de tribunales de conciliación y arbitraje, la del contrato colectivo de trabajo, la de retiro obrero, la de seguros contra la enfermedad, la invalidez y la muerte».

Para elaborar una ley que, teniendo en cuenta las existentes en el mundo, contemple las peculiaridades del «medio», propone la creación de una comisión parlamentaria de cinco miembros, retomando la proposición del diputado Agote.

En cuanto al estado de sitio, exige! Sánchez Sorondo que el Poder Ejecutivo se defina claramente. Es responsabilidad del presidente —dice— exigir o no su aprobación por la Cámara. Busca comprometer personalmente al astuto Yrigoyen en la medida.

En medio de este complicado juego entre radicales y conservadores, pide la palabra el diputado socialista Dickmann para intentar un postrer esfuerzo contra la implantación del estado de sitio:

«Todos, señor presidente, estamos de acuerdo en que la situación del país es anormal, que en ciertos momentos ha sido grave, que ahora se está normalizando y que para que se normalice totalmente hay que tomar medidas inteligentes y eficaces. Pero donde discrepamos es en el punto de las medidas a tomar».

«¿El estado de sitio será un remedio contra la actual situación del país, señor presidente;¹ Niego que lo sea, apenas es un paliativo, apenas combate un síntoma, agravando en el fondo la situación general del país. Es un remedio de médicos chambones. No hay que combatir un síntoma en un momento dado sino que es necesario buscar las causas de la enfermedad y aplicar los remedios que la situación exige[60]».

Luego de relatar, emocionado, cómo el presidente de Estados Unidos, «aquel gran demócrata» (se refiere al presidente Wilson, J.G.), se presentó ante las Cámaras en relación con una huelga, y en vez de exigir el estado de sitio exigió la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas, afirma que este es el ejemplo a seguir, porque según él y con razón en el país no hay peligro de «revolución social»:

«Se nos dice que en el interior se propaga, no la huelga, sino la revolución social. Pero, señor presidente, yo no supongo a ningún diputado tan ingenuo en creer en la posibilidad de una revolución social en la República Argentina ni por los procedimientos de violencia que se quiere hacer creer».

«¡Qué revolución social ni que ocho cuartos en este momento histórico del país! Apenas los obreros formulan reclamaciones humanas y justas que todos conocen que es indispensable sean otorgadas».

Admite que el gobierno tiene derecho a estar preocupado por la continuación de la huelga ferroviaria. Pero según su opinión tampoco la aplicación del estado de sitio será solución:

«Pero yo preguntaría: ¿aun para la misma huelga sería un remedio? No; la huelga puede continuar bajo el estado de sitio, pues es bueno no confundir la huelga con la violencia. La huelga significa cruzarse de brazos y quedarse en su casa. Es no trabajar; no necesita violencia, porque la violencia la perjudica, la estorba, la compromete y a veces la hace fracasar, y si los obreros ferroviarios realmente quieren continuar en huelga, con quedarse en sus casas la huelga continúa y el estado de sitio no remedia nada».

Además están los socialistas para combatir toda posibilidad de nuevas violencias porque:

«… declaro también a la honorable Cámara que repudiamos a la anarquía, venga de donde venga, de abajo o de arriba. La anarquía es el desorden, es el caos, no construye nada y destruye todo. Nuestros más mortales enemigos son los anarquistas de todos los ambientes sociales…».

En consecuencia, afirma que lo que hay que hacer es satisfacer los reclamos obreros y no implantar el estado de sitio. Pasa a explicar los distintos problemas de clase obrera, y reafirma una vez más que los socialistas apuntalarán cualquier salida constructiva, porque:

«Estamos, pues, señor presidente, en nuestros puestos los diputados socialistas, muy en nuestros puestos, estamos en nuestras bancas, conquistadas por el esfuerzo de abajo, por el esfuerzo inteligente de un grupo de hombres a quienes una gran masa del pueblo —no diré la mayoría porque no lo es— ha enviado al parlamento a proponer leyes y no a batirse en los talleres Vasena».

Es muy clara la actitud socialista. Toda su táctica se orienta a convencer a los diputados de que los socialistas son, en realidad, solo el ala «liberal de izquierda de la Cámara» y que es necesario que los escuchen porque constituyen un mecanismo de mediación entre las aspiraciones obreras y una política «civilizada y moderada». La huelga ha dejado centenares de muertos y heridos, ha conmovido a todo el país, ha enfrentado claramente a distintas clases sociales, pero para los socialistas no ha pasado nada que no pueda ser solucionado con una «legislación progresista».

La línea socialista era incapaz de frenar la tendencia que se desarrollaba en el seno de la Cámara: implantar el estado de sitio. Bastó una nueva intervención conservadora a cargo del diputado Gibert para que se implantase por treinta días[61]. Un diputado conservador, Marco A. Avellaneda, se encarga de explicar que la aplicación y regulación de la medida queda exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo, y esta aclaración satisface al ministro del Interior, quien aprueba, en esas condiciones, la implantación de la medida. Radicales, conservadores y otras agrupaciones menores votan a favor. Solo cinco diputados socialistas se oponen. Resultado: 63 votos a favor, 5 en contra[62].

Se resuelve que en la próxima sesión se constituirán las comisiones exigidas por algunos legisladores, tanto para considerar la cuestión obrera como para investigar denuncias de torturas a detenidos durante los días de huelga.

CAPITULO 10

LAS PERSECUCIONES

El periódico socialista La Vanguardia, el día 14 de enero[63], registraba 700 muertos y más de 2000 heridos durante los días de huelga. En cambio, La Nación registraba aproximadamente 100 muertos y más de cuatrocientos, heridos[64]. Que este diario de las clases altas y por lo tanto proclive a disminuir la cantidad de muertos proletarios, registre tal cantidad de muertos, demuestra que el enfrentamiento fue de una violencia inusitada, jamás conocida en la historia breve pero vertiginosa y llena de acontecimientos, del conflicto entre el capital y el trabajo en la Argentina.

Se asesinó a obreros, mujeres y niños sin ninguna contemplación; es esa la auténtica verdad. Pero no solo hubo eso. A partir del día 10, y particularmente del 11, comenzó una verdadera caza de los dirigentes de la huelga. Los anarquistas fueron los principales blancos de la policía y la Liga Patriótica, pero también fueron detenidos y apaleados judíos, rusos, polacos, alemanes, etc., es decir, todos aquellos extranjeros que «olían» a «maximalistas». En cuanto a los judíos, el antisemitismo y el hecho de que de la colectividad surgían ideólogos de izquierda los asoció involuntariamente con los obreros huelguistas. La colectividad israelita protestó y organizó actos de repudio[65].

Las detenciones se operaron, ya por medio de grandes redadas en los barrios obreros, ya por la persecución metódica a grupos pequeños de activistas. Según Diego Abad de Santillán más de veinte mil personas fueron detenidas durante los días 10, 11 y 12, y si se computan todos los detenidos durante la semana (incluidos los detenidos en el interior del país)la suma asciende a más de cincuenta mil[66].

Los asesinatos, detenciones y progroms no fueron los únicos actos represivos. Hubo también actos terroristas contra los locales e imprentas de los anarquistas, socialistas y sindicalistas. Si bien los socialistas y sindicalistas se lavaron las manos por los actos terroristas contra los anarquistas, tuvieron que salir a enfrentarlos porque ellos, aunque en menor grado, también los sufrieron.

Entre la gran masa de detenidos se contaban pocos dirigentes anarquistas de primera línea: todo indica que lograron esconderse a tiempo. Pero, fue detenido Pedro Wald, judío y socialista, cuyos datos ya hemos dado. La policía lo sindicó como uno de los principales dirigentes del movimiento. También fue detenido un tal Suslow, comerciante de la Boca, de origen ucraniano, a quien se acusaba de haberse autotitulado «Secretario del Soviet Central de la República», que luego se comprobó nada tenía que ver con los sucesos.

El gobierno comenzó a liberar a los presos el día 16, pero estas liberaciones se hacían directamente por resoluciones del Poder Ejecutivo, de modo que muchos presos que tenían antecedentes aunque no fueron deportados quedaron en las cárceles.

Fines de enero: quedan centenares de presos, la huelga ferroviaria había agonizado y solo se mantiene en pie el conflicto de los obreros portuarios.

Al mismo tiempo, también en Uruguay los trabajadores habían vuelto al trabajo. La situación se había normalizado. En estas condiciones pasó a primer plano la lucha entre las corrientes políticas que representaban a las clases explotadoras. Los temas en discusión fueron la aplicación o no del estado de sitio, vinculada esta medida con el nuevo tratamiento a los extranjeros.

Se desarrolló una extraña polémica que para un análisis más completo requeriría, sin duda, una investigación sobre el propio juego político entre partidos y corrientes para las elecciones de marzo de ese año.

Quizás esto explique por qué fueron ahora los radicales los más fervorosos partidarios de la aplicación del estado de sitio, luego de aprobarse en Diputados. Desde las páginas de La Época se exigía al Senado su aprobación como la medida más efectiva en «defensa de la nacionalidad». En cambio, los conservadores (también La Nación y La Prensa) pasaron ahora a atacar al gobierno, por querer impulsar la aprobación de una medida represiva que ellos —sus promotores— consideraban innecesaria. La extraña polémica terminó con la negativa de la Cámara de Senadores a aprobar la medida, a principios de febrero. Trataremos en la segunda parte de este trabajo de reflejar en forma más completa el contenido de las proposiciones de los partidos y grupos sobre este aspecto. Lo fundamental, puede ser adelantado desde ahora: los mecanismos normales de poder de las clases altas habían sido suficientes para impedir que los anarquistas lograsen concretar su soñada sociedad. Sobre la base de esta derrota, no solo comenzarían a marchar hacia su ocaso irreversible, sino qué también un nuevo movimiento obrero urbano emergía signado ahora por la hegemonía efectiva de las corrientes reformistas en el marco de la legalización de las luchas obreras, reducidas por la ideología predominante en el movimiento obrero a una práctica puramente sindicalista. Tal hegemonía será estable hasta mediados de la década del treinta.

II

LAS CLASES SOCIALES Y SUS EXPRESIONES POLÍTICAS DURANTE EL ACONTECIMIENTO

CAPITULO 11

LOS PARTIDOS OBREROS

El principal partido obrero era el Socialista, formalmente marxista y adherido a la Segunda Internacional. Enfrascado como estaba en la actividad parlamentaria —bastante aislado de los trabajadores—, fue tomado por sorpresa por el movimiento. En la sesión de la Cámara de Diputados del día 14, el diputado Dickmann hizo la siguiente acotación:

«¿Quién de nosotros hubiera pensado hace pocos días en discutir asuntos de esta gravedad? Pensábamos discutir tranquilamente el presupuesto y estamos discutiendo en forma solemne el estado de sitio[67]».

Su actitud inicial frente a la huelga en gestación fue sumamente oportunista, pues el Comité Ejecutivo solo el día 9 resolvió apoyar al movimiento en cuanto

«que el abandono general del trabajo puede llenar estos propósitos[68]».

En esa palabra «puede» está quizá la clave de la actitud de los socialistas. Para la dirección del partido cada huelga debía apuntalar el trabajo parlamentario y por lo tanto no exceder jamás de los moldes del paro pacífico. La violencia obrera endurecía a las clases dominantes, cerrando toda posibilidad al reformismo. Los socialistas quedaban entonces aprisionados entre las fuerzas en pugna sin mayores posibilidades de convertirse en eje de los conflictos. Para los socialistas, su ideal de Nación era un país capitalista «civilizado», librecambista, un país donde, bajo la égida de una Constitución liberal, pudiese avanzar el ideario socialista[69].

La misión histórica del partido era realizar una tarea lenta pero segura, destinada a mejorar las condiciones de trabajo y el nivel cultural de los trabajadores. Así, el capitalismo iría evolucionando, adoptando formas más humanas y facilitando que en su propia interioridad se desenvolviese el embrión de la futura sociedad socialista. El advenimiento del socialismo fue imaginado así por su principal líder Juan B. Justo:

«Será un proceso progresivo, constructivo, cuyos rigores ha de atenuar todo lo que la clase gobernante haga de verdadera solidaridad humana, consciente y activa, todo lo que en su obra ponga de inteligencia, de previsión[70]».

El evolucionismo de los socialistas sufrió un duro contraste el día 9, cuando la violencia signó el enfrentamiento entre los obreros y los patrones. Su preocupación se centró entonces en evitar la perspectiva de una colisión violenta de los obreros con el Estado, un enfrentamiento que afectaba su tradicional concepción de la posibilidad de transformar pacíficamente al Estado de clase en Estado al servicio de todo el pueblo.

En efecto, el día 10, el diario La Vanguardia publicó un largo editorial titulado «Prudencia y sensatez», que en esencia llamaba tanto a los obreros como al gobierno a encontrar puntos de acuerdo para impedir que los acontecimientos se desarrollasen a través del enfrentamiento violento[71].

Ese mismo día, fue profusamente difundida por la gran prensa una declaración del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, donde después de acusar tanto al gobierno por la represión, como efectuar una velada acusación a los anarquistas, llamaba a cesar la huelga:

«El Comité del Partido Socialista, inspirándose solo en los intereses de las clases trabajadoras, considera conveniente la cesación del actual estado de cosas con el reconocimiento al volver al trabajo de sus más justas y altas reivindicaciones[72]».

Salta a la vista que con tal posición era muy difícil que los socialistas pudiesen dirigir el movimiento. Este recién comenzaba y ya los socialistas llamaban a levantar la huelga.

Como hemos relatado en los apartados correspondientes a los debates parlamentarios, la actitud de los socialistas consistió esencialmente en tratar de que se aprobase una ley de asociaciones profesionales y se diese satisfacción a los reclamos de los obreros de la empresa Vasena. Ese fue su objetivo estratégico y por eso fracasaron, porque redujeron toda la problemática del movimiento a un «civilizado» debate en la Cámara. Con tal política quedaron atrapados, quedaron aislados en la propia Cámara, y hasta fueron humillados por el diputado Oyhanarte cuando ya la huelga llegaba a su fin. Reducían su papel a simple oposición «constructiva» en el Parlamento, y como esta política generalmente es impracticable cuando las masas escapan al control de las clases dominantes, cuando los trabajadores cuestionan, aunque empíricamente, las relaciones de dominación en el interior de la Nación, su papel fue totalmente secundario durante la gran huelga.

Trataron de influir sobre ella para canalizarla por la vía pacífica, por la estrechez de la práctica parlamentaria y por ello atacaron simultáneamente a la empresa Vasena, al gobierno y a los anarquistas. En el editorial de La Vanguardia del día 12, decían:

«Todo lo que los trabajadores organizados han conseguido, débese a su disciplina, a sus sentimientos solidarios».

Lo que habría perjudicado al importante acto de protesta y de reivindicación, serían, en cambio, los tenebrosos planes de elementos irresponsables, movidos nadie sabe con qué fines. Y finalizaba:

«El sistema de terror podrá haber respondido al miedo, impresionando a las clases conservadoras que, por todas partes, ven los más terribles peligros. Pero no ha de inquietar al pueblo, que, al contrario, encontrará en el recuerdo de sus muertos las fuerzas necesarias para continuar animoso, sereno y sin violencias inútiles, su marcha adelante[73]».

Como ha sido verificado a través del relato de los debates, conservadores y radicales, al mismo tiempo que rechazaban todo proyecto socialista que pudiese colocar a la Cámara en una situación claramente favorable a los intereses obreros maniobraban para utilizara los propios socialistas como eslabones de vinculación entre las propias clases dominantes y los trabajadores. Halagaban y aplaudían a los socialistas cuando estos reconocían que su irreconciliable enemigo eran los anarquistas. La gran prensa no escatimó elogios a la dirección del Partido Socialista:

«En medio, pues, del caos en que ha caído inopinadamente nuestra gran metrópoli, la ciudad-luz del país, es satisfactorio comprobar que ninguna fuerza orgánica y en acción como entidad política y social, guarda siquiera silencio frente a los desmanes cometidos y bastaría tener presente las manifestaciones categóricas que han lanzado el Comité Ejecutivo del Partido Socialista y algunas asociaciones de obreros respectivamente, condenando las violencias de la anormal situación actual[74]».

El día 14 de enero, La Vanguardia publicó un extenso editorial titulado «Sensatez y Firmeza», que constituye toda una síntesis del comportamiento socialista durante la huelga, y que como tal, incluye los presupuestos doctrinales básicos de tal comportamiento[75].

El eje del artículo consiste en tratar de demostrar que los hechos de violencia, «inauditos» —según el periódico socialista—, tenían como causa principal el interés del gobierno por recomponer su unidad interna y su prestigio ante las elecciones a' celebrarse en marzo de ese año. Según los socialistas, el gobierno aprovechó «algunos actos de violencia aislados y anónimos» para reprimir con* violencia a los huelguistas. Los motivos del gobierno eran los siguientes:

«La anarquía, el desorden y el caos producidos por incontenibles apetitos y ambiciones, amenazaban la existencia misma del partido gubernista en vísperas electorales en la Capital Federal; había que acallarlos y aplazarlos por algún hecho muy grande y grave».

«La oposición parlamentaria crecía y aumentaba con la incorporación a ella de gran parte de la diputación radical, quedando la defensa del gobierno a cargo de muy pocos diputados radicales, y no de los más calificados. El Congreso se ponía cada vez más irreductible frente al Poder Ejecutivo, y la opinión pública empezaba a ponerse decididamente al lado del Congreso. Y todo ello en vísperas de la discusión del presupuesto’. Había que reducir la oposición parlamentaria y separar a los legisladores radicales de la misma. Había que demostrar a las clases conservadoras y reaccionarias del país que este gobierno demagógico, compuesto de hombres de tradición revolucionaria y popular y surgido del sufragio universal y que coqueteaba con el movimiento obrero y gremial, había que demostrar que en el fondo era tanto o más conservador o reaccionario que los gobiernos anteriores».

«Y había que debilitar ante la opinión pública, cuya creciente simpatía se manifiesta por el único partido orgánico, consciente y vigoroso que con tanta energía y valor controla los actos del actual gobierno, y denuncia sus desaciertos. Había que debilitar al Partido Socialista, sobre todo en vísperas electorales, tratando de empujarlo, confundirlo y mezclarlo en movimientos anárquicos desordenados y caóticos, haciéndolo aparecer excesivamente revolucionario ante cierta opinión pública del país».

Salta a la vista el esfuerzo de los socialistas por buscar una explicación que esté en correspondencia con su línea política. En efecto, tenían obligatoriamente que demostrar que los obreros, por naturaleza, eran pacíficos, no amigos de la violencia. En la primera parte de este editorial tratan de fundamentar esa tesis llegando incluso a minimizar al máximo el papel de los anarquistas y maximalistas. De manera que para los socialistas, solo la actitud del gobierno pudo haber desatado semejante lucha social en la Capital Federal y zonas del interior del país.

Es posible que el gobierno maniobrase ante los acontecimientos para conducirlos hacia los objetivos que denuncian los socialistas, pero resulta totalmente forzado tratar de demostrar que el gobierno «maquiavélicamente» — palabra utilizada por los socialistas en el editorial— provocó los hechos para aplicar una u otra política. Eso resulta totalmente ridículo porque lo ideal para el gobierno era mantener esa imagen de movimiento populista y progresista ante la masa obrera y en cambio la violencia gubernamental contra los huelguistas lo perjudicaba; además de su pérdida de prestigio ante las clases dominantes si facilitaba desórdenes como los ocurridos. Naturalmente, cuando la huelga comenzó a tomar proyecciones violentas, cuando se atisbo que podía haber un intento putchista de «revolución social», el gobierno, sin perder la serenidad, recurrió a la violencia estatal, tratando simultáneamente de mantener su rol dirigente en el Estado frente a la ofensiva conservadora.

Los socialistas fuerzan los hechos porque carecían de una línea para acontecimientos como la huelga de enero. La táctica de los socialistas consistía, como lo decía el editorial, en:

«huir de la promesa del milagro del paraíso católico como de la promesa del milagro de la sociedad futura a base de un concepto catastrófico».

Justamente por eso los socialistas solamente podían supervivir en un clima político que no los colocase demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda. En el primer caso se alejaban de los trabajadores, en el segundo, de amplios sectores de las capas medias urbanas. De allí que, después de una huelga general que había sacado a luz la potencialidad revolucionaria de los trabajadores, o que por lo menos había mostrado tal disposición, los socialistas debían redoblar sus esfuerzos por encauzar las luchas sociales hacia sus objetivos, y estos eran:

«En el campo gremial, cooperativo, político y cultural, hay que realizar una labor enorme. No vayamos, pues, tras vanos, efímeros e ilusorios fantasmas revolucionarios de un verbalismo hueco, estéril e inconducente. No nos dejemos empujar ni conducir por nuestros enemigos maquiavélicos y solapados a donde no queremos ni debemos ir. Trabajemos por la unificación ética, política y social del país, para que la democracia argentina se consolide y progrese…».

y agregaba:

«trabajemos por la elevación cultural del pueblo, para que desaparezcan la ignorancia y la superstición, y trabajemos por el advenimiento de una sociedad de más Razón, de más Justicia y de más Belleza».

Esta postura llevaba a los socialistas a operar en las líneas demarcatorias de la política en el interior del Estado capitalista. Así, a veces aparecían aliados a los radicales, las más a los conservadores, alianza esta última que les permitía dar valora sus escasos votos y jugar su rol de oposición al gobierno, aunque, naturalmente, totalmente maniatados a fuerzas diferentes y opuestas a los intereses obreros. Su independencia política de los demás bloques se manifestaba, por cierto, en que eran el partido más avanzado de la Cámara de Diputados, pero en tanto partido de las reformas sociales, no podía elegir nunca su propio terreno para la lucha. Supuestos portavoces de los intereses obreros, en la práctica eran solo la oposición legalizada dentro del sistema. Sus metas reformistas, también expresadas en la cita anterior, signaban toda su actividad política.

Cuando se aprobó en la Cámara el estado de sitio no atinaron a hacer una defensa de principios, a oponerse firmemente desde un ángulo socialista, sino que trataron de especular con las diferencias internas entre los partidos tradicionales, asociaciones patronales, medios de información, etc. Así, en el editorial de La Vanguardia del día 16, titulado «El Senado y el Estado de Sitio[76]», se analiza con suma superficialidad las causas que movieron al gobierno a implantar el estado de sitio. Más bien se afirma que ha sido el gobierno el principal interesado en su implantación, reduciendo la responsabilidad del resto de los diputados:

«Debilidad, indiferencia, irreflexión, egoísmo de clase, todo menos la comprensión de la realidad del momento, ha podido determinar el voto de los diputados, inquietos ante la idea de que no se les crea hombres de orden, y vueltos fácilmente a la confianza en un gobierno del que hasta ahora todo lo han temido».

Como se observa, no solo no se atienen al hecho de que en la implantación del estado de sitio el factor determinante fue el reagrupamiento de las fuerzas burguesas contra un movimiento obrero que había «excedido» las formas de protesta permitidas por el sistema, sino que además tratan de especular, infantilmente, con las conocidas contradicciones entre la mayoría antiradical de la Cámara y el Poder Ejecutivo, contradicción que muchas veces expresaba el temor de los sectores más conservadores y tradicionalistas frente a la política populista-nacionalista del radicalismo.

En el mismo editorial tratan de buscar aliados entre los propios periódicos y diarios inscriptos en la defensa del sistema social, alertando que el gobierno no necesita el estado de sitio para terminar con los últimos focos de la huelga ferroviaria, sino para:

«amordazar la prensa que puede hacer luz sobre los aspectos misteriosos de este grave momento, aun a trueque de nuevas barbaridades y de mantener intranquilo al país con perjuicio para su crédito en el mundo».

Por último, llamaban al Senado a actuar con «responsabilidad» y no refrendando el estado de sitio.

Su línea de educar a la clase obrera en una práctica política moderada llevó a los socialistas a atacar furibundamente a todo lo que significase «maximalismo», Cuando ya la huelga había terminado y se aplicaba el estado de sitio, trataron de aprovechar la difícil situación de los trabajadores para demostrarles que la violencia había sido contraproducente. Lo que habían solo sugerido durante la huelga se volvió ahora claro, descarnado y directo:

«Concurrió a prestar algún viso de justificación a la vil tragedia que se estaba urdiendo en la sombra, cierta literatura maximalista “sui generis”, encargada —no sabemos con cuánta ceguera e inconciencia de parte de sus autores— de sembrar la alarma en los timoratos burgueses, ya dispuestos, por temperamento y la propia idiosincrasia, a temer o simular la reproducción en nuestro país de los excesos de que es teatro Rusia actualmente».

y agregaba:

«Como consecuencia de tan torpes como criminales propósitos, tuvimos que presenciar en nuestra ciudad escenas de vandalismo y barbarie que, por lo dolorosas y vergonzosas, habríamos considerado imposibles en nuestros días y que es necesario evitar en lo sucesivo, en virtud de la terrible enseñanza que importan».

Refiriéndose nuevamente a los anarquistas, señalaba:

«Dejemos esa innoble tarea a los charlatanes, que a la postre resultan los mejores cooperadores de la violencia reaccionaria y tengamos le en las armas de la organización, la cultura y la cooperación consciente, y la reacción se estrellará en vano contra nuestro movimiento[77]».

La sinuosa línea socialista llevaba potencialmente los gérmenes de su autodestrucción, pero esto se produciría a largo plazo. A corto plazo, la «mesura y la cordura», la «tenacidad» para luchar por reformas en la legislación social y política, daría sus frutos. En efecto, momentáneamente los socialistas salieron relativamente fortalecidos, puesto que en ciertas capas del proletariado se había producido el clásico repliegue de posiciones que siempre sobreviene ante luchas de esta magnitud que no se transforman en movimientos triunfantes. Partido del «progreso moderado», los socialistas lograron en las elecciones parciales de marzo de 1919 un aumento considerable de votos: en la Capital Federal, su principal reducto, lograron 60 000 votos, casi 20 000 más que en 1916. Es que muchos obreros descontentos con la línea anarquista, o simpatizantes convencidos del evolucionismo socialista, votaron por el partido junto con pequeños burgueses partidarios de reformas sociales en un clima de paz y democracia política.

El proyecto socialista sobre asociaciones profesionales fue rechazado en el seno de la comisión formada en la Cámara de Diputados, cuyo dictamen por mayoría sintetizó, en junio de ese año, las ideas de los conservadores. Pero, la acción unida de los socialistas, sindicalistas, socialistas internacionalistas y algunos radicales — disidentes—, como José P. Tamborini, lograron impedir que la Cámara llegase a tratarlo, por medio de actos, manifestaciones y amenazas de nuevas huelgas.

Durante los meses de junio, julio y agosto de ese año se desató una campaña contra el proyecto, sobre la cual volveremos más adelante. Los socialistas pasaron ahora a ocupar las tribunas junto a los sindicalistas y miembros del Partido Socialista Internacional, empujando con todas sus fuerzas para que estos actos obrasen como factores de presión sobre las instituciones parlamentarias.

Durante la huelga general también se hizo presente el Partido Socialista Argentino. Se había formado en 1915 por iniciativa de Alfredo L. Palacios, sancionado en aquel año por el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, por sus actitudes «duelistas[78]».

El nuevo agrupamiento político se diferenció del nucleamiento madre, en lo que a siglas se refiere, por lo siguiente: el viejo partido se denominaba Partido Socialista de la Argentina, denominación que indicaba su carácter de sección de la Segunda Internacional. El nuevo partido eliminaba las tres últimas palabras y las reemplazaba por «Argentino». Parecería que existía una diferencia de principios sobre cuestiones como el internacionalismo, o diferentes conceptos sobre la cuestión nacional. Sin embargo, ideológica y pragmáticamente, los socialistas argentinos no se diferenciaban en absoluto del Partido Socialista de la Argentina. Y adoptaron una línea prácticamente similar a la de sus ex compañeros durante la huelga, pese a que intentaron diferenciarse de ellos desde posiciones de «izquierda».

Su peso numérico era muy débil, no contaban con diputados y la única actividad que registra este partido durante la huelga es una declaración publicada el día 12[79]. Comienza por criticar al viejo partido por coincidir con las clases dominantes en su ataque a los anarquistas y maximalistas y

«repudia el concepto expresado equivocadamente por el viejo Partido Socialista, para quien los hechos que lamentamos son producidos por intromisión de “factores extraños”, pues ese es el peligroso concepto que determinó la Ley de Residencia».

Afirma luego que, tanto los diputados socialistas como todos los integrantes de las Cámaras, han transformado a las instituciones parlamentarias en algo muerto y ridículo, pues:

«en tanto que los obreros y la policía se hacen luego en las calles, en la Cámara de Diputados los representantes del pueblo, infantilmente, se arrojan carpetas y papeles».

Agrega que es necesario dotar al país de una política socialmente avanzada y que por ello

«los hechos producidos en la Capital, lejos de servir de pretexto para prédicas de odio y desbordamiento de pasión, deben ser el punto de partida de una alta política social que atenúe la lucha de clases y que permita la colaboración de clases en beneficio de la democracia».

y finaliza diciendo:

«el Consejo Nacional del Partido Socialista Argentino aconseja a los obreros que depongan sus rencores y vuelvan al trabajo y a los poderes públicos que eviten los excesos y dicten leyes que mejoren la situación de los trabajadores».

Como se observa, la actitud de los socialistas argentinos era claramente oportunista. Se colocaban aparentemente más a la «izquierda» que sus ex compañeros solo para capitalizar el descontento de muchos obreros socialistas, con su dirección. Pero en definitiva coincidían con esta no solo programáticamente sino también tácticamente en cuanto a la salida del conflicto. Su crítica a la situación social y política del país no excedía los marcos de un liberalismo de izquierda. Con tal política no podían constituirse en alternativa efectiva frente al viejo partido; de allí su vida efímera; se disuelve en marzo de 1919.

Tuvo alguna participación en la huelga del Partido Socialista Internacional, que a partir de 1921 adoptó el nombre de Partido Comunista de la República Argentina, adherido a la Tercera Internacional o Internacional Comunista, con sede en la Rusia Soviética. Había nacido como escisión del Partido Socialista. Como había ocurrido otras veces en el viejo partido, las diferencias surgieron entre un sector que, agrupado en el Comité de Propaganda Gremial, comenzó, a partir de 1916, a criticar desde la izquierda la desviación parlamentarista de la dirección y su abandono de las reivindicaciones de la clase obrera. Pero a diferencia de lo ocurrido con la escisión sindicalista, estas diferencias se producen durante la primera guerra mundial y el advenimiento de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia. Las diferencias se trasladaron a la cuestión de la actitud de los socialistas frente a la guerra. La posición proanglófila de la mayoría de la dirección del partido y la totalidad de los diputados, había conducido al partido a tomar una posición coincidente con los sectores de la clase dominante partidarios del rompimiento de relaciones con los países centrales y de alianza con los países de la Entente. Esta posición fue resistida desde el Comité de Propaganda Gremial y desde la dirección de las Juventudes Socialistas, quienes adhirieron a la famosa resolución de la izquierda socialdemócrata europea, aprobada en Zimmerwald (Suiza) en 1915, que caracterizaba a la guerra como conflicto antiimperialista y llamaba a luchar por la revolución socialista como única salida realmente obrera.

Los disidentes de izquierda, entre los cuales se encontraban J.F. Penelón y Juan Ferlin (ambos miembros del Comité Ejecutivo del Partido Socialista), Luis Recabarren, Victorio Codovilla, Rodolfo Ghioldi y otros, pasaron a editar el periódico La Internacional a partir de agosto de 1916, y lograron la mayoría en el XIII.º Congreso del Partido Socialista, celebrado en julio de 1917, imponiendo una declaración que se oponía abiertamente a la línea predominante y señalaba que

«es combatiendo a la guerra como podemos sincerar luchas futuras en pro de la paz que será una conquista del derecho socialista y no del derecho burgués[80]».

La dirección del partido, que controlaba el aparato partidario, logró, sin embargo, mantenerse en el poder, maniobrando poco a poco hasta invalidar la resolución del Congreso. La ruptura se hizo inevitable.

El 5 y 6 de enero de 1918, sesionó el Primer Congreso del Partido Socialista Internacional: el eje del Congreso no fue ahora la guerra, sino la actitud frente a la Revolución Rusa, y se adoptó una extensa resolución que en uno de sus párrafos decía:

«un ardiente e impetuoso soplo revolucionario parece cruzar triunfante por el planeta. Ha comenzado en Rusia y se extiende hacia todos los rincones del mundo. Su móvil: la instauración del socialismo[81]».

Todavía estaba el Partido Socialista Internacional enfrascado en discusiones sobre marxismo y revolución, sobre la naturaleza de la desviación reformista en el movimiento obrero internacional y la sección en Argentina, etc., cuando fue arrastrado por la gigantesca huelga. No tenía base de apoyo entre los obreros, pese a la simpatía de muchos trabajadores por la Revolución Rusa; era un partido todavía de base social en la pequeña burguesía radicalizada y núcleos pequeños de obreros socialistas.

Tampoco había resuelto una línea que lo diferenciase claramente del socialismo reformista y todavía reinaba en sus filas la influencia confusa del programa de Zimmerwald.

Su influencia sobre los acontecimientos no fue significativa políticamente. En efecto, si bien adoptó una posición combativa, llamando a los obreros a transformar la huelga en lucha activa en las calles[82], no logró imprimir una línea diferente de las predominantes y apoyó la resolución de la FORA del IX.º Congreso (en cuya dirección participaba Penelón, miembro del partido):

«Frente a la huelga general, el Comité Central exige del Gobierno retirar las fuerzas armadas del Ejército y de la Policía de los lugares públicos, terminar con las represalias contra los obreros y apoyar la proposición de la FORA de terminar la huelga mediante la admisión de todos los obreros despedidos y la libertad de todos los presos sociales[83]».

CAPITULO 12

LOS ANARQUISTAS

Lo primero que debemos recordar es que, durante la huelga, tanto el gobierno como los conservadores, los «Defensores», la gran prensa, etc., englobaron a los anarquistas dentro de la denominación de «maximalistas».

En rigor, el término era aplicado en esos años a los bolcheviques y sus seguidores. Aquí, si se hubiese mantenido ese «rigor conceptual» por parte de las clases altas, se debía haber aplicado la definición exclusivamente a los militantes del Partido Socialista Internacional. Pero, las clases altas y sus partidos y órganos de propaganda no estaban tan desacertados cuando denominaban a nuestros anarcosindicalistas de la FORA del V.º «maximalistas». En efecto, no solo eran adversarios de todo programa mínimo sino que al mismo tiempo muchos de ellos estaban influidos por la doctrina bolchevique. En estos años, eran algo así como nuestra «variedad nacional» de «maximalismo», en su aspecto puramente práctico, porque doctrinariamente nada más lejano que los anarquistas del pensamiento marxista. Como veremos más adelante, la dirección anarquista hacía un gran esfuerzo para poder diferenciarse teóricamente del bolcheviquismo y mantenerse en posiciones revolucionarias. La influencia de la Revolución Rusa sobre sus filas era muy significativa.

Hemos observado, empíricamente, el comportamiento de los anarquistas durante el acontecimiento: sus dos instrumentos principales de organización era la FORA del V.º Congreso y La Protesta (también sacaban el diario Bandera Roja en esos años). Como hemos visto, para los anarquistas, la FORA no era un organismo puramente gremial sino más bien un movimiento organizativo, relativamente amplio, destinado a agrupar a los obreros para la lucha por la anarquía, mientras que el otro brazo —el periódico La Protesta— funcionaba por un lado como difusor de doctrina y por otro fijando desde sus páginas, posiciones para la acción cotidiana.

Cada lucha era, para los anarquistas, un paso hacia la revolución que ellos concebían más como el producto de la generalización en la conciencia obrera de los ideales de la anarquía que como producto de una crisis global de la sociedad. Por eso, cuando percibieron que la masacre del día 7 podía motivar a los trabajadores para la lucha revolucionaria, se lanzaron con audacia a propagandizar la necesidad de una acción frontal de los obreros contra el Estado y el capital, una acción directa y violenta, como se comprueba a través del primer llamamiento a la acción que hicieron y que hemos mencionado al comienzo de este trabajo:

«Y cerramos esta crónica —decía La Protesta del día 8— haciendo un llamado a todas las organizaciones obreras de la ciudad. Sin falta, trabajadores, vengad este crimen. Dinamita hace falta ahora más que nunca. Esto no puede morir en silencio. ¡No, y mil veces! ¡No!, el pueblo no ha de dejarse matar como mansa bestia. Incendiad, destruid sin miramientos, obreros. ¡Vengaos, hermanos! Frente al crimen de la justicia histórica, la violencia del pueblo como única e inmediata consecuencia y solución[84]».

El objetivo anarquista consistió esencialmente en tratar de transformar lo que ellos denominaron «un levantamiento popular de indignación y protesta contra los bárbaros atropellos policiales», en «huelga revolucionaria[85]». La táctica anarquista se centró en cinco aspectos centrales: Primero, la violencia como forma principal de lucha, la única forma de lucha capaz de derrumbar al sistema social. Reconocieron públicamente que habían empujado por ese camino porque debía «buscarse la solución, apelando a medios más expeditivos[86]». Segundo: la violencia debía ser ejercida por pequeños grupos, dado que pensaban que todavía la masa no estaba en condiciones de accionar como un todo en forma violenta. Esta táctica los aisló prácticamente de la parte más avanzada de los obreros, que como hemos visto, participó en contadas acciones. Si pudieron realizar sus planes durante dos días, se debió exclusivamente a que operaron sobre la base de una masa que respondió al llamamiento a la huelga general, pero que no encontró vías para participar. Tercero: negación por parte de los anarquistas de todo objetivo intermedio, conquistable durante la huelga, que llevase a los obreros a un éxito parcial pues eso significaba «rebajar» los objetivos revolucionarios de la lucha. En efecto, no cabe duda de que no bastaba con la unificación espontánea de los obreros contra la represión patronal-estatal para dar continuidad al movimiento, sino que había que generalizar a toda la clase las reivindicaciones salariales y de jornada de trabajo, etcétera. Pero para los anarquistas esto significaba rebajar el contenido del movimiento.

El punto fundamental para ellos fue conquistar la libertad de Radowitzky y Barrera, cuya prisión era para la clase oligárquica una cuestión de principio. Por eso, para los anarquistas la libertad de estos era algo así como una bofetada proletaria, que haría temblar los cimientos del sistema social. No se trataba, en consecuencia, para los «quimistas», solo de conquistar la libertad de estos presos, reivindicación que objetivamente sacaba de «libreto» a la táctica sindicalista de reducir las exigencias en este plano solo a los presos recientes, sino de luchar por una reivindicación que consideraban el summun del programa revolucionario y antiestatista. Cuarto: se oponían a toda política de negociación con el gobierno, temerosos de que esto significase integración en los mecanismos estatales de regulación de los conflictos sociales. Pero dado que no podían esta par al círculo vicioso que significaba exigir algo de alguien y luego hacer como si ese alguien no existiese, hicieron llegar sus peticiones al Gobierno por «medios indirectos[87]». Quinto: diferenciación de toda corriente reformista; es decir, polémica desde el comienzo de la huelga contra los socialistas y sindicalistas. Estaban dispuestos a luchar por las calles con ellos, reconocieron que en muchos casos lo hicieron, pero consideraban que esas ideologías eran contrarrevolucionarias. De allí que, como hemos visto en el relato, los atacaron duramente (en particular a los sindicalistas) durante la huelga y a ambas corrientes, con mucha insistencia, después de terminada. La diferenciación era práctica (violencia contra el pacifismo; intransigencia contra negociación) y teórica (revolución y anarquía contra toda forma de evolucionismo).

Al tercer día de huelga, los anarquistas quedaron solos. El centro de persecución estatal y patronal fue dirigido contra ellos y el centro de la polémica interna en el movimiento obrero fue también dirigido contra ellos pues tanto socialistas como sindicalistas los acusaron de servir consciente o inconscientemente a los fines de la reacción al impulsar una huelga revolucionaria que no tenía perspectivas de triunfo. De allí que, diezmadas sus filas, debieron abordar un conjunto de problemas políticos cuya solución era vital para mantener su influencia sobre los obreros.

Algunas de sus posiciones en La Protesta reflejaban análisis profundos, otras reflejaban el esquematismo y voluntarismo que los corroía y que, a corto plazo, los llevaría a una profunda descomposición.

Publicaron una serie de artículos durante el mes de enero con el título de «Los Días Pasados». Uno de ellos resulta interesante pues intenta estudiar las contradicciones concretas que condujeron al estallido de enero. Luego de señalar, en uno de estos artículos[88] que una de las causas hay que buscarla en la creciente presión de los intereses ingleses sobre el gobierno argentino por su posición neutralista durante la guerra, afirma:

«Existe el marcado propósito, en los círculos financieros, de crear dificultades económicas a este país. En Londres está el único gobierno argentino y desde allí se imprime a la política criolla sus características esenciales. Esto se debe a que la Argentina depende en absoluto de los capitalistas ingleses, que es una especie de colonia tributaria de la la poderosa Albión, no quedándole al gobierno, a pesar de su soberanía, otro recurso que seguir las oscilaciones de la Bolsa de Londres y ajustar su criterio a la opinión de la prensa inglesa, pronta siempre a sembrar la alarma y llevar el descrédito a este importantísimo mercado de exportación».

y agregaba:

«Que una simple huelga general, de protesta y solidaridad, se haya transformado, por obra y gracia de la prensa tendenciosa en una revolución maximalista se debe, precisamente, a las groseras especulaciones de esos capitalistas, a la política funesta de los acaparadores y agentes de bolsa, que quisieron aumentar sus capitales al amparo de una anormalidad provocada y al mismo tiempo obligar al gobierno a que tomara medidas represivas contra las organizaciones obreras, ya que estas, con su resistencia, malogran los propósitos egoístas de los que trafican con los frutos del país».

La interpretación de los anarquistas no carecía de audacia. Pero salta a la vista que la acusación a los ingleses de ser los causantes de la huelga general carece de fundamento pues la burguesía monopolista inglesa tenía una larga experiencia con el movimiento obrero en su propio país; sabía claramente que era jugar con fuego poner en movimiento las fuerzas de la clase obrera, no solo en su país sino en todo país capitalista.

Aun así, la interpretación anarquista contenía algunos aspectos rescatables. En primer lugar, los anarquistas señalan con precisión que la Argentina es un país dependiente, dominado por Inglaterra, y que esta tiene una influencia decisiva sobre la política argentina, en correspondencia con su poder económico. En segundo lugar, precisan que cualquier gobierno argentino por más nacionalista que se autodenomine tiene un margen de maniobra limitado frente al gobierno inglés. Esto también es cierto, e incluso demuestra que los anarquistas pensaban sobre el radicalismo como un gobierno nacional-populista, capaz de maniobrar y forcejear (política internacional durante la guerra) pero incapaz de lograr un control absoluto sobre el país.En tercer lugar, esbozan una interpretación que, pese a su rudimentarismo, es esencialmente correcta: solo la clase obrera puede oponerse consecuentemente a los intereses extranjeros. Estos tres aspectos, relacionados entre sí, permiten a los anarquistas determinar el juego de cada uno de ellos durante el conflicto. La teoría es la siguiente: la Argentina es algo así como una colonia inglesa, en esta son los obreros los únicos capaces de oponerse a la explotación extranjera, y el gobierno radical trata de cabalgar entre unos y otros para aplicar una política que, insinúan pero no califican, es distinta que la de los gobiernos oligárquicos anteriores. El gobierno es incapaz de romper con los lazos de dependencia, pero está interesado en apoyarse en los obreros para forcejear con los intereses extranjeros; por eso, estos intereses están interesados en un doble juego: reprimir a los obreros que son sus más profundos enemigos, y al mismo tiempo debilitar al gobierno.

Es que los anarquistas no eran solo ponebombas ni reducían todo su accionar al catequismo difundido por Errico Malatesta en su visita al país en la década del ochenta del siglo pasado, y conocido con el nombre de «Charlas en el Café», eran, dentro de su rudimentarismo ideológico, inteligentes cuando debían sacar conclusiones de las luchas en las que participaban, pero eran incapaces de proyectar esas conclusiones primarias en una teoría general. Comprobaban empíricamente que no era lo mismo un gobierno radical, y decían que había que estudiar estas diferencias[89], pero eran incapaces de integrar esas diferencias en una teoría general.

De allí que nunca los anarquistas pudiesen avanzar más allá de estos atisbos, porque en definitiva caían una y otra vez en el mesianismo universalista de la anarquía. Esos atisbos eran a su vez expulsados de la política efectiva de los anarquistas, porque en el fondo el mundo era para ellos solo la lucha de los proletarios contra los portadores terrenales del principio metafísico (Dios) de autoridad, es decir el Estado y los capitalistas.

La Protesta se enfrentó con los sindicalistas y socialistas. En un artículo titulado «Históricas responsabilidades. El valor del socialismo[90]», realizaron un exhaustivo análisis de sus diferencias. Es sabido que los anarquistas no eran, con los socialistas, muy contemplativos que digamos. En La Protesta habían escrito acerca de su comportamiento durante la huelga:

«¿Dónde, pues, estaban los socialistas? En la Cámara, unos llorando un “mea culpa” vergonzoso de puro miedo (se refiere al discurso de Dickmann del día 14, J.G.) en el “órgano”, otros escribiendo disculpas lamentables y propiciando renunciamientos y los demás… échele un galgo…, salvo unas pocas excepciones[91]».

En este artículo decían de los socialistas:

«Los últimos acontecimientos revolucionarios que conmovieron a esta tranquila y confiada ciudad nos han demostrado dos cosas: que el socialismo es simplemente un partido de oposición con propósitos de gobierno, enemigo de todo acto que signifique una subversión de órdenes sociales y que sus dirigentes no tienen la capacidad revolucionaria y la valentía suficientes para encarar decididamente una situación de fuerza, orientando al pueblo hacia la revolución».

Seguía:

«Cuando la huelga estaba en su apogeo y con más furia se ensañaban los sicarios en la carne dolorida del pueblo, cuando los asesinatos y los atropellos llegaban al máximo de la barbarie y la indignación popular aumentaba de grado, el órgano del “partido” publicó una declaración cobarde dando por terminada la huelga general sin exigencias al gobierno».

Y juntando a socialistas y sindicalistas afirmaba:

«Cualquiera sabe, en este Buenos Aires despreocupado, que los socialistas y sindicalistas negaron, a los dos o tres días, su concurso a la huelga general, tratando de eludir responsabilidades mientras la FORA del V.º y los anarquistas reafirmábamos el movimiento y asumíamos la actitud que correspondía en esos momentos a todo revolucionario. La defección síndicosocialista provocó la reacción burguesa estatal».

¿Por qué los anarquistas piensan que los socialistas han traicionado el movimiento? Por su desviación reformista. Pero cuando quieren fundamentar su posición, caen en su tradicional crítica a la participación de los partidos socialistas en el Parlamento. Para los anarquistas, participar en él, en cualquier país y circunstancia, era una traición al proletariado. Había que destruir el Estado burgués y no convalidar su existencia. Confundían participar en el Parlamento con el problema de con qué línea se participaba; confundían la cuestión de si se utilizaba el Parlamento solo para lograr reformas o para combinar la lucha por reformas con la difusión de la tesis de la necesidad de un nuevo bloque nacional-popular.

El simplismo antiparlamentario anarcosindicalista los llevaba a criticar de este modo a los socialistas:

«¿Quién ignora, si no es socialista recalcitrante, que los dirigentes del “partido” hicieron lo de Judas: “lavarse las manos”, para que el gobierno no los sindicara como directores del explotado “movimiento maximalista”? Sus declaraciones en el Parlamento eludiendo toda participación en la pasada huelga general, los retrata de cuerpo entero. Son cobardes y desvergonzados, a la vez incapaces de una acción viril, pero aprovechados como ellos solos».

«La Revolución social no se hará a base de discursos ni mucho menos por medios conciliadores, en esa estúpida colaboración de clases que los socialistas realizan por intermedio del Parlamento. ¿Cuáles son los triunfos del parlamentarismo, en cincuenta años de luchas electorales y de oposición a los gobiernos burgueses? ¿Qué ventajas aportaron al proletariado los reformadores socialistas con su legislación obrera y sus remiendos al viejo organismo social? Lo viejo, lo anacrónico, se apuntala con nuevas leyes y el mal sigue subsistiendo bajo formas diversas».

Resurge así la vieja polémica entre anarquistas y marxistas. La absurda postura anarquista frente a la cuestión parlamentaria era parte de sus tesis sobre la imposibilidad de conquistar reformas dentro del sistema capitalista. Su desubicación teórica era aún mayor cuando opinaban sobre reformas sancionadas legalmente por los parlamentarios. En la Argentina, esta falsa tesis llevaría a los anarquistas a un descalabro total, pues los incapacitaba para resolver el problema de la actitud clasista frente a la tendencia en el campo de fuerzas políticas burguesas, a buscar formas de integración de la clase obrera en el sistema capitalista por medio de una legislación laboral global.

Como es sabido, una de las comisiones formadas en la Cámara de Diputados tenía como fin elaborar un proyecto de legislación sobre asociaciones profesionales. Tanto los socialistas como los sindicalistas, apoyaban tal iniciativa y esperaban poder imponer un proyecto preparado por el diputado Bravo que analizaremos más adelante. Los anarquistas trataron de sentar posición legal sobre este punto en un artículo titulado «El gremialismo legal».

«Siempre han de ser los socialistas, en esta época, los que se adelanten a legislar sobre todas las cosas. Ahora le toca el turno al gremialismo, para el cual se desea, por iniciativa socialista en la Cámara de Diputados, una llamante personería jurídica que acredite la responsabilidad obrera en todos los conflictos y contratos que se susciten entre el capital y el trabajo. Los diarios burgueses apoyan esta iniciativa».

Precisa luego el objetivo de las clases dominantes:

«En resumidas cuentas lo que se pretende en esta cuestión no es más que la legalización de la lucha obrera. Claro está que al concederle al Estado la facultad de intervención, la lucha obrera tiene que desenvolverse dentro de las normas que el mismo Estado establezca: esas normas han de ser, sin duda, exclusivamente conservadoras».

Aparentemente los anarquistas tienen razón; el proyecto elaborado por la mayoría de la comisión será profundamente conservador. Pero no porque el Estado tiene la «facultad de intervención» —por lo que es absurdo negar que el Estado intervenga— sino porque una determinada correlación de fuerzas entre las clases sociales era lo que permitía, en las condiciones argentinas (y hasta cierto punto, como veremos), que las clases altas impusiesen determinada forma de intervención y control del Estado sobre los sindicatos, en favor de sus intereses. Es que, lo que los anarquistas afirmaban incorrectamente era la imposibilidad por principio de la existencia de organizaciones obreras que reconocidas legalmente operasen sobre la base de posturas clasistas:

«Con relación a este punto, muchas de las instituciones obreras actuales tendrían que desaparecer, pues, dado su carácter revolucionario, no podrán obtener del Estado la personería jurídica que las acredite en las luchas contra el capital».

La posición era mecanicista. Veían un solo costado del problema, la política de las clases altas, pero no veían la posibilidad objetiva de conquistar una legalidad que, aun precaria, era importante y que, sobre la base de una lucha clasista, podía lograr incluso una legislación más favorable a sus intereses. El esquematismo anarquista daba, como siempre, un amplio campo de maniobra al sindicalismo y al socialismo.

Los anarquistas seguían manejándose con una concepción errónea de lo ilegal en la lucha revolucionaria. En vez de concebir lo ilegal como lo conspirativo, concebían lo ilegal como lo opuesto a la legalidad burguesa. De allí que para ellos cualquier organización reconocida «legalmente» pasaba automáticamente a integrarse en el sistema. Tesis que naturalmente tenía su «summun» en la crítica a los partidarios socialistas que participan de los parlamentos, crítica que englobaba tanto a los socialistas evolucionistas como a los marxistas-leninistas. Como es sabido, estos últimos eran partidario de participar en los parlamentos o sindicatos legales, pero desde posiciones revolucionarias.

En su confusión, el autor del artículo mencionado, F. Ricard para poder salir del atolladero en que se había metido, trata de demostrar que una parte del gremialismo debe ser legal y otra no:

«La lucha obrera, como toda lucha humana, requiere libertad para que sus progresos sean efectivos. El mismo gremialismo legal debe desear la existencia de un gremialismo revolucionario que lo mantenga constantemente en actitud despierta».

Era, evidentemente, una solución ridicula. Era como decirle a Sebastián Marotta y su grupo: «Vosotros sois unos reformistas que, si sois honestos, deberéis aceptarnos a nosotros como los guardianes de la revolución. Así podremos marchar juntos».

La confusión, como hemos visto, no era casual y era el reflejo de la aplicación de una teoría no científica a la realidad argentina en un momento en el cual las clases altas tendían a reconstituir algunos mecanismos del Estado, para regular los conflictos sociales. No entender esto sería una de las causas por la cual los anarquistas se convertirían, en menos de una década, en una secta.

Otra cuestión abordada por La Protesta fue el problema del «culto a la argentinidad». Como es sabido, luego de finalizada la huelga, distintas fracciones políticas correspondientes a las clases dominantes, y a la gran prensa, comenzaron a insistir en la necesidad de regular la inmigración y restablecer la ley 4144 de Residencia. Se trataba, esencialmente, de «depurar» el país de aquellos extranjeros portadores de ideas revolucionarias, fueran anarquistas o partidarios del bolcheviquismo ruso. La propaganda a favor de la ley 4144 se puso en funcionamiento sobre la base de una amplia campaña en favor de la «defensa de la argentinidad». Así, La Nación del día 13 de enero publicó un virulento artículo acusando a los anarquistas y maximalistas de ser «doblemente extranjeros», es decir, de ser extranjeros no solo por el lugar de nacimiento sino también por sus ideologías. La Prensa publicó el día 22 de enero un largo comentario sobre este mismo tema, donde precisaba que era necesario seleccionar a los inmigrantes, sin que interesase la nacionalidad pero sí las ideologías que portaban. Los anarquistas se vieron ahora obligados a explicar qué pensaban sobre temas como «nacionalidad», «argentinidad», etc. Los problemas eran muy complejos.

En un país como la Argentina, la cuestión nacional no podía asemejarse a las cuestiones nacionales de los países europeos oprimidos, ni tampoco a las cuestiones nacionales de las colonias. No era Polonia, un país integrado culturalmente pero escindido artificialmente por la triple dominación rusa, alemana y austríaca. Tampoco era la nacionalidad de un país colonial, oprimido económica, militar y políticamente por la potencia imperialista colonial. La Argentina, país políticamente independiente, presentaba una forma específica de cuestión nacional, derivada del tipo de formación social (capitalismo dependiente).

La resolución de la cuestión nacional se unificaba, en la práctica objetiva de las clases, con la cuestión social; la lucha contra el imperialismo no podía separarse de la lucha contra el sistema capitalista-dependiente en su conjunto. Es cierto que el factor multinacional de la población (inmigración masiva) dificultaba transitoriamente al proletariado (tanto como su falta de concentración) para convertirse en clase nacional (clase central en la alianza de clases populares). Pero la práctica objetiva de la clase obrera generaba permanentemente condiciones para superar esta traba estructural; por lo que una política de izquierda debía trabajar para remontar la corriente desde una concepción popular de la cuestión nacional en la Argentina, facilitando así a los obreros los elementos teóricos, estratégicos, tácticos y prácticos para convertirse en clase nacional. «No se trataba de rebatir el concepto burgués de “argentinidad” solo desde el concepto de “proletariado internacional”, sino de oponer a la concepción de nación de las clases dominantes el concepto de nación de los obreros, sintetizando dialécticamente los intereses internacionales de los trabajadores con las tareas de liberación social y nacional». Los anarquistas estaban lejos de entender este problema.

En efecto, cuando La Nación, La Prensa y los partidos tradicionales hablaban de «nacionalidad» incluían en este concepto a los habitantes (nativos o extranjeros) «pacíficos, laboriosos y respetuosos del orden imperante»; los opuestos a lo nacional eran solo los extranjeros que actuaban como «agitadores extremistas». Esta era la concepción predominante entre los intelectuales de la gran burguesía argentina: una concepción empírica pero ajustada a los intereses económicos de las fracciones de las clases dominantes.

El culto a la «nacionalidad» de la elite argentina se articulaba sobre las premisas de los «buenos inmigrantes» y los «malos inmigrantes». Los anarquistas creían que esta concepción burguesa de lo nacional era muy endeble. Para ellos la debilidad residía en el hecho de que una parte decisiva de la población era extranjera. Así pasaron a ridiculizar las opiniones de los grandes diarios, afirmando que era imposible hablar de «nacionalidad» donde pesaban tanto los extranjeros. Elaboraron ingeniosos argumentos como los siguientes:

«Por favor, señores de la “argentinidad”, hijos de vascos lecheros, de gallegos changadores y de italianos almaceneros, ¿qué entendéis por patriotismo y qué diferencia encontráis entre vosotros, plantas exóticas y los que, siendo de otras tierras, se aclimataron en este suelo? Solo los indios podrían alegar su “argentinidad” y formular su repulsa al extranjero, al intruso que conquistó sus vírgenes bosques y destruyó sus tolderías».

y agrega:

«El extranjero, las razas diversas que pueblan este suelo están elaborando la nueva nacionalidad argentina que no será india ni europea, que será americana, un tipo especial que surgirá de esa mezcla de gringos y gallegos[92]».

Evidentemente, eran argumentos ingeniosos. Pero, no sacaban la polémica del marco fijado por la intelligentsia burguesa, por cuanto eludían la cuestión central: la relación entre internacionalismo proletario y problema nacional. Es que para los anarquistas, lo que había que liquidar era justamente toda noción de «nacionalidad», y por eso creían que este país era extremadamente favorable para sus teorías, dado el peso de los extranjeros. Su mesianismo universalista se transformaba en una abstracción hueca y estéril pues dejaban la bandera de la defensa de la Nación en manos de las clases y fracciones de clases que entrelazaban sus intereses con el capital extranjero. Así, los papeles quedaban invertidos. Los verdaderos enemigos de la nacionalidad aparecían como sus auténticos defensores; los defensores (aunque inconscientes) de los intereses nacionales, en cuanto se esforzaban por impulsar las luchas sociales y antiimperialistas como los principales responsables de la falta de «argentinidad».

Lo que en realidad querían combatir La Nación, La Prensa y los partidos tradicionales era la posibilidad de una revolución social; en consecuencia utilizaban la idea de «nacionalidad» para introducir el patrioterismo burgués en las filas de los trabajadores y aislar a los anarquistas de los obreros, a través de la insistente campaña contra los «agentes extranjeros». La única respuesta posible era demostrar que las huelgas obreras, no solo enfrentaban a Inglaterra, como ellos lo afirmaban, sino que eran la principal manifestación popular en defensa de los intereses nacionales contra la opresión extranjera, opresión que tenía su apoyo interior en la oligarquía burguesa terrateniente. De este modo la idea de revolución social se identificaba con resolución de la cuestión nacional. Pero, esto era imposible para los teóricos anarquistas: las «cuestiones nacionales» eran un «invento» de los marxistas.

Los socialistas intuían con razón que el futuro del país era transformarse en una Nueva Zelandia o Australia. Pero no les interesaba la lucha antiimperialista. Por eso no podían enfrentar la insidiosa campaña «nacionalista» de la burguesía argentina y llegaban a lamentables actitudes como la del diputado Dickmann en la Cámara de Diputados, cuando trató, el día 14, de demostrar que él era un fiel defensor de la Patria que, inmigrante, le había permitido llegar hasta a ser médico[93].

El rechazo al socialismo evolucionista empujaba a los anarquistas a recluirse en su mesianismo universalista, fenómeno que por otro lado operaba sobre una base social muy amplia, determinada tanto por la composición nacional de la clase obrera, donde, como hemos visto, predominaban los extranjeros, como por el peso de los obreros semiartesanales.

Un gran problema para los anarquistas fue sacarse también otro «mote», el de «maximalistas». En efecto, la teoría anarquista estaba siendo corroída por la influencia cada vez mayor del bolcheviquismo ruso, entre los obreros y en las propias filas del anarquismo.

Los principales teóricos del anarquismo comprendieron que las acusaciones del gobierno, la Liga Patriótica, etc., de «maximalistas», no constituían solo un peligro puramente represivo, no era esto lo que más les preocupaba a hombres valientes y decididos a hacer la revolución. A estos ataques del campo no proletario, ellos, a lo sumo, respondieron que lo de «maximalismo» era un invento, porque no se habían planteado todavía hacer la revolución social. En realidad, ellos se habían esforzado para impulsar la huelga hacia la revolución, aunque tomados de sorpresa y cabalgando sobre una explosión obrera a la que trataron de orientar hacia sus posiciones:

«No negamos, nunca hemos negado —decía el editorial “Represión del Anarquismo” de La Protesta del 31 de enero— nuestra participación en los pasados acontecimientos. Hemos sí, porque respondía a propósitos reaccionarios, desvirtuado las noticias estúpidas de la prensa, el mochuelo ese del maximalismo, ya que no existió plan alguno de revolución, ni maximalista ni anarquista, originándose lógicamente el movimiento, que fue de protesta y solidaridad y agravándose merced a las medidas brutalmente represivas tomadas por el gobierno y a los abusos incalificables de la horda policial, alcoholizada, para mejor defender el orden[94]».

Les preocupaba la creciente influencia de la Revolución Rusa entre los trabajadores y en sus propias filas. En efecto, la Revolución Rusa había liquidado el poder capitalista por medio de una revolución profunda y violenta, se habían instaurado formas de poder basadas en la democracia de base (los soviets) y los dirigentes de la revolución, los bolcheviques, decían a todo el mundo que su revolución era solo un eslabón de la revolución socialista mundial. La influencia de la Revolución Rusa era muy significativa entre los anarquistas y amenazaba a las propias bases teóricas y prácticas del movimiento. La Protesta comenzó a publicar artículos para delimitar posiciones. Un dirigente, Emilio López Aranco, escribió un largo y detallado artículo titulado «La República social y los anarquistas», cuyo subtítulo era «¿Qué es el maximalismo? ¿Qué se entiende por dictadura proletaria?».

Comenzaba afirmando que los anarquistas habían adoptado una posición de defensa de la Revolución Rusa, por «su carácter eminentemente proletario, antiburgués», pero a continuación señalaba que profundas divergencias separaban a los anarquistas y los bolcheviques. Como es sabido, la polémica entre marxistas y anarquistas venía de lejos: las diferencias iban desde distintas posiciones de carácter filosófico hasta las cuestiones de táctica concreta para el movimiento obrero.

En el siglo XIX, Karl Marx polemizó en dos oportunidades contra la corriente anarquista; en la década de 1840 contra Pierre Proudhon, y en la década de 1870, junto a su compañero Friedrich Engels, contra Mijail Bakunin, polémica esta última que se desarrolló en el seno de la llamada Primera Internacional (Asociación Internacional de los Trabajadores). Poco a poco, la polémica se fue depurando y se centró en una cuestión: la actitud de socialistas y anarquistas frente al Estado.

Para los anarquistas, la destrucción del estado capitalista y su reemplazo por formas de administración descentralizada era la única vía posible para impedir que nuevas formas autoritarias deformasen el curso del socialismo. Para los marxistas, en particular la corriente revolucionaria leninista que retomaba desde principios del siglo actual la tradición marxista, la destrucción del Estado capitalista exigía su reemplazo por un nuevo tipo de Estado, el Estado de la dictadura del proletariado, cuya vigencia se extendía durante toda la primera fase de la construcción de la sociedad comunista, fase denominada socialista. Luego, en el comunismo, el Estado, para los marxistas, se extinguiría[95].

La polémica estaba centrada en la cuestión del Estado; pero, naturalmente, solo resumía un conjunto de problemas teóricos y tácticos, que (algo de ello hemos adelantado en el trabajo) dividía profundamente a anarquistas de socialistas. Se puede esbozar esquemáticamente que la base de las divergencias estaba en que los anarquistas concebían al comunismo anárquico como una forma de sociedad basada en el agrupamiento federativo de pequeños productores, mientras que los comunistas marxistas partían de que el socialismo y el comunismo solo serían posibles sobre la base de la extensión de la gran industria mecanizada. Es esquemática esta conceptualización, pues tiene fundamentos teóricos más generales, pero resulta una aproximación al problema para entender qué era lo que los anarquistas criticaban.

En electo, López Aranco precisaba así las diferencias:

«El marxismo, tenemos entendido, es pura y simplemente la concepción marxista y defiende el principio colectivista, la organización social que coloca al Estado por encima de todo…».

y agregaba:

«Ateniéndose a este principio, los maximalistas rusos han nacionalizado las industrias y municipalizado a los servicios públicos, y solo en la división de los latifundios, en la distribución de la tierra a los campesinos, se puede encontrar una manifestación práctica del comunismo. Por lo que se refiere a su organización social, los Soviets no son otra cosa que asambleas de individuos delegados, una manifestación peculiar del parlamentarismo, llevado a formas sencillas, donde los autos de los representantes pueden ser discutidos y hasta juzgados por los electores, pero donde también es más fácil que el individuo inteligente domine e imponga su criterio a la mayoría».

Según López Aranco, era evidente que durante una primera fase de la revolución, los obreros debían aplicar medidas coercitivas contra la burguesía, pero en el caso ruso solo se atisbaba un creciente acuerdo de los bolcheviques con la burguesía, acuerdo que llevaba a mantener el Estado. Para López Aranco, esta involución de la revolución está implícita en la concepción marxista del Estado de la dictadura del proletariado:

«Los maximalistas, pasado el período revolucionario, deberán dedicarse a la reconstrucción del régimen social y la normalización de la vida ciudadana. Será entonces, en ese momento de cumplir las grandes promesas y materializar en hechos las teorías revolucionarias, cuando el marxismo sufrirá su proceso de adaptación, tomando formas orgánicas bien definidas y en concordancia con la mentalidad del pueblo ruso.

”El dominio, naturalmente, tendrá un nuevo carácter, la estructura social adquirirá nuevas formas, pero la tiranía y la esclavitud económica subsistirán como una nueva necesidad para la existencia del Estado socialista. Y los maximalistas serán, entonces, como los burgueses de hoy, los enemigos de toda idea revolucionaria y perseguirán a los anarquistas con la misma saña que hoy lo hacen los estados capitalistas”.

Para fundamentar esta aseveración, López Aranco transcribía un relato de la situación soviética hecho por un anarquista norteamericano, que confirmaba, según Aranco, la idea de que en Rusia se marchaba a nuevas formas estatales y sociales autoritarias.

Los párrafos transcriptos ilustran con claridad sobre las tesis de fondo de los anarquistas. Ellos criticaban centralmente dos cosas a la Revolución Rusa; en primer lugar que colectivizase los medios de producción cuando lo que había que hacer era distribuirlos o por lo menos establecer el dominio directo de los productores sobre fábricas, usinas, etc., sin ninguna subordinación a un Estado centralizado. El ejemplo verdaderamente revolucionario era por eso la distribución de la tierra, medida ejemplar para los anarquistas y que para los bolcheviques era solo una concesión temporaria a los campesinos para luego orientarlos hacia la producción colectiva; en segundo lugar, se oponían al sistema de Estado basado en los soviets pues implicaba también una centralización, idea que rebatían con una ingenuidad sorprendente al hacer del problema una cuestión de niveles de inteligencia.

Por último, deducían una tendencia inevitable hacia el conservadurismo y la autocracia (el partido) en la sociedad rusa. Como corolario, los anarquistas serían perseguidos. No se equivocaban los anarquistas. En 1921 serían reprimidos en la base de Cronstadt, en el Báltico, y en Ucrania, donde tenían influencia los anarquistas llamados majnovistas. Se equivocan solo en que ellos, guiados por el mesianismo incorregible de una teoría basada en los ideales igualitaristas del pequeño productor, no solo serían utilizados por la contrarrevolución burguesa rusa sino que al mismo tiempo pasarían poco a poco a la oposición frontal en todo el mundo contra el emergente movimiento comunista mundial.

Dejaron por eso pronto de ser denominados «maximalistas» pero, ante todo, porque dejarían de significar un peligro serio para las clases altas.

Fugazmente «maximalistas», pronto la gran prensa recuperaría para ellos la vieja denominación de ácratas.

CAPITULO 13

LOS SINDICALISTAS

El sindicalismo revolucionario surge en Europa a fines del siglo pasado[96].

Aparece en Argentina como tendencia de izquierda, opuesta a la política oficial del Partido Socialista. La escisión en el socialismo, como hemos visto, se produjo en 1905. Los hechos que originaron las diferencias fueron distintas interpretaciones en el seno del socialismo acerca del proyecto González de Ley Nacional del Trabajo, acerca de cómo enfrentar la implantación del estado de sitio por los sucesos huelguísticos de setiembre de ese año en Rosario, etc. Los sindicalistas acusaban a la dirección del Partido Socialista de practicar una política oportunista y reivindicaban el valor primordial de los sindicatos:

«Existe un concepto equivocado de la función que cumple el sindicato en el proceso de la revolución social y una falsa apreciación acerca de su importancia; se le asigna un papel secundario, aun cuando encierra los elementos revolucionarios del nuevo orden y es escuela maestra de la conciencia proletaria. Tal concepción adjudica al Estado “condiciones de agente social abstracto e independiente de los intereses económicos de clase”, su adaptación por simple ejercicio del sufragio universal, olvidando que en tal caso toda amputación o transformación se ajustará a las “condiciones efectivas de la clase dueña de los instrumentos de producción, en el momento histórico que no sea ya útil a la defensa de sus intereses materiales”».

Esta frase es de Sebastián Marotta, ex socialista, que será el principal teórico del sindicalismo en la Argentina durante más de treinta años.

El origen de izquierda del sindicalismo está aun más claro en esta otra idea de Marotta:

«Con puntos de vista dispares en torno a problemas circunstanciales, emanan divergencias de fondo. Si los trabajadores deben pugnar por la conquista de las instituciones burguesas y adaptarlas a su modalidad revolucionaria, o si, por el contrario, independizarse de ellas creando sus propios órganos, desarrollándolos, autónomamente, con inspiración y pensamiento propios[97]».

En julio de 1905 apareció el primer periódico puramente sindicalista: La Acción Socialista. Este periódico tenía su núcleo de dirección central en los ex socialistas militantes en la UGT (Unión General de Trabajadores), pero también abarcaba a anarquistas militantes en la propia FORA y en sindicatos autónomos. Contaba con el apoyo de algunos intelectuales, entre ellos Aquiles S. Lorenzo y Emilio Troise.

El programa de los sindicalistas era, resumido, el siguiente: 1) mantener el espíritu revolucionario del proletariado e impedir que el Estado controlase a los sindicatos; 2) demostrar el papel revolucionario de los sindicatos, su efectiva superioridad como instrumento de lucha y embrión de un sistema de producción y gestión colectivista; 3) adjudicar al parlamentarismo funciones estrictamente de crítica y descrédito a las instituciones del régimen capitalista; 4) negación del Estado como «institución por encima de las clases» y demostrar su carácter de clase.

El sindicalismo se apoyó en una idea central: el papel revolucionario de los sindicatos. Desde esta posición doctrinaria combatió la línea del Partido Socialista, tesis que aparentemente contenía una proposición de izquierda frente al reformismo socialista. Al mismo tiempo, esta tesis permitió un acercamiento a los anarquistas, puesto que en el orden internacional predominaba en esos años en el anarquismo la idea de que los sindicatos debían convertirse en la «escuela práctica de anarquismo»[98], Los anarquistas concebían a los sindicatos, como organizaciones presididas por la doctrina del comunismo anárquico. Este acento en el papel del sindicato como organizador de la lucha por el anarquismo, e instalado este, como organización libertaria que suprimiría de hecho toda coerción estatal, determinaría que en el anarquismo surgiese con fuerza lo que luego se denominaría el anarcosindicalismo.

Los anarquistas vieron con simpatía a la nueva tendencia sindicalista en el movimiento obrero, pero resistían la idea de neutralidad ideológica de los sindicatos. Los sindicalistas, en cambio, afirmaban que la «neutralidad sindical» era una táctica revolucionaria pues la misma mecánica de lucha sindical era revolucionaria «en sí». Imponer una ideología era dividir a los obreros. Por eso los sindicatos no debían adoptar ninguna postura filosófica o política.

Los anarquistas seguían aferrados a la idea de que los sindicatos se definían por el comunismo anárquico y defendían con uñas y dientes la declaración del V.º Congreso de la FORA. Esto determinó que varios intentos de fusión entre las centrales obreras dirigidas por sindicalistas (la UGT hasta 1906, la CORA a partir de 1909) y la FORA fracasasen.

Pero, por debajo de estas divisiones, la tendencia sindicalista era la que realmente se fortalecía. En efecto, su táctica de dar preeminencia al sindicato y al mismo tiempo reafirmar su neutralidad, y todo esto justificado por ideales socialistas y revolucionarios, respondía a las expectativas de gran parte de los obreros, particularmente de los que trabajaban en empresas de alta composición orgánica del capital en relación con la preeminencia de pequeños y medianos talleres. Eran estos obreros los más proclives a organizarse para lograr reivindicaciones inmediatas, eran estos los obreros que más fácilmente rechazaban el individualismo anarquista, que, de paso sea repetido, tenia base de sustentación en actividades semiartesanales y de senecios (cocheros especialmente).

Los sindicalistas, no solo en teoría sino también en política general, carecían de posiciones definidas aunque se decían «marxistas». En efecto, sus proposiciones en política internacional y nacional no podían convertirse en una alternativa obrera al proyecto de Nación de las clases dominantes: durante la guerra, su actitud internacional fue de un antimilitarismo pacifista, teñido de humanismo pequeño-burgués. Carecían de un proyecto de país y todo su análisis se centraba en los intereses inmediatos de los obreros. Jamás cuestionaron la esencia de la estructura capitalista-dependiente del país, base y premisa para permitir que la práctica puramente reivindicativa pudiera transformarse en una práctica totalizadora y revolucionaria. Al contrario, estaban impregnados de la ideología librecambista y se definían como antiproteccionistas.

Por eso la ideología sindicalista impedía de hecho a los obreros, construir a partir del socialismo un proyecto de Nación que les permitiese convertirse a través de la lucha, en la nueva clase hegemónica nacional. Su reduccionismo economista sirvió por eso no solo para mantener a los obreros en actividad puramente reivindicativa, sino también para reforzar, objetivamente, los elementos culturales aisladores que provenían del origen inmigratorio de la mayoría de los obreros.

¿Dónde encontraban entonces su fuerza? En las tendencias economistas del movimiento espontáneo, que ellos reforzaban al canalizarlas en la acción puramente gremial.

El embrión reformista que existía en potencia en el sindicalismo se desarrolló con fuerza a partir del ascenso del radicalismo al poder en 1916. Ahora las condiciones de mayor legalidad del movimiento obrero, las concesiones laborales otorgadas por el nuevo gobierno nacional-populista, etc., aceleraron más el desarrollo del núcleo teórico reformista existente en la doctrina sindicalista. La vieja idea de que los sindicatos debían operar como instrumentos de lucha revolucionaria opuestos a cualquier táctica obrera de participación parlamentaria, se convirtió ahora en teoría de que los sindicatos debían fortalecerse para actuar como factor de presión sobre el Estado. El pasaje al oportunismo, a esta forma de oportunismo, fue el rasgo predominante del sindicalismo, a partir de 1916.

Los sindicalistas se lanzaron a luchar por una legislación obrera progresista: lo único que los diferenciaba de los socialistas era que querían conquistarla sin mancharse con la «politiquería parlamentaria». Cuando se decían revolucionarios se negaban a ir al parlamento, aduciendo que el Estado era el instrumento de dominación de la clase explotadora, posición aparentemente intransigente; ahora evolucionistas, esa posición de raíz anarquista se transformaba en posibilidad de coexistencia del Estado y los sindicatos. Habían negado en otros años la estrechez corporativa de los sindicatos; ahora se apoyaban en la tendencia espontánea de los obreros hacia la estrechez corporativa para justificar su táctica sindicalista de lograr concesiones del Estado y mantenerse al margen de las luchas políticas.

Esta forma particular de reformismo logró desarrollarse rápidamente. Mientras los socialistas continuaban su tarea «educativa» en el Parlamento, un poco desorientados por la política radical, mientras los anarquistas continuaban enfrentando al Estado, sin darse cuenta dique había cambiado en el interior del Estado su gobierno, los sindicalistas operaban en condiciones favorables para conquistar reivindicaciones y fortalecer a los sindicatos.

Su táctica durante la huelga general de enero correspondió plenamente a sus objetivos estratégicos. Como hemos visto, la táctica consistió en regular la huelga, de manera de lograr los dos puntos del programa adoptado por la FORA del IX.º el día 9. La estrategia de los sindicalistas se reducía a conquistar sucesivas reivindicaciones económicas y políticas que permitiesen al movimiento obrero moverse en un plano similar al de las trade unions inglesas o los sindicatos franceses. Esta estrategia, indirectamente los vinculaba a los socialistas aunque, como también hemos visto, desde concepciones diferentes.

El gran problema de los sindicalistas fueron los anarquistas de la FORA del V.º. En efecto: por un lado, la contradicción entre los obreros y patrones, contradicción que se expresaba brutalmente en salarios bajos, jornadas de trabajo agotadoras, falta de los derechos sindicales mínimos, etc., era muy aguda. Los obreros argentinos eran estimulados a la huelga por los efectos ideológicos y políticos del fin de la guerra mundial y el ascenso del bolcheviquismo al poder en Rusia. Gran número de obreros eran inmigrantes o hijos de aquellos, lo que determinaba la gran sensibilidad de los trabajadores a los cambios políticos que se producían en Europa. A su vez la situación nacional se había agravado por la crisis de posguerra, y esta se desenvolvía en un momento peculiar de la vida política del país, signado por un gobierno burgués-populista que se autodenominaba a su vez «sepulturero» de un período de dominación oligárquica y por el comienzo de un período de «democracia social». El resquebrajamiento del viejo orden liberal-oligárquico era evidente. Esto a su vez facilitaba la emergencia del movimiento obrero. Por otro lado, esa contradicción sobredeterminada podía conducirá verdaderas explosiones sociales que empalmaban objetivamente más con la táctica anarquista que con el evolucionismo sindicalista.

Sebastián Marotta, el sindicalista de mayor importancia durante los sucesos, indica con claridad el origen del movimiento. El lo denomina «solidaridad obrera espontánea» y reconoce que la FORA del IX.º se vio obligada, en la noche del día 9, a asumir la dirección de la huelga, «dado que la situación se había agravado»[99]. No cabe duda de que el movimiento fue espontáneo, también esto lo reconocen los anarquistas. Pero no puede olvidarse que fue la FORA del V.º Congreso la que ya el día 8 llamó a la huelga revolucionaria. Los sindicalistas, hábilmente, se pusieron a la cabeza del movimiento para canalizarlo hacia sus objetivos reformistas.

La dirección de la FORA del IX.º se aferró por eso al programa de los dos puntos: era la clave para impedir que el movimiento espontáneo pudiera lograr un grado mayor de organicidad y extensión. Marotta lo dice claramente:

«El secretario de la FORA señala que la huelga general tiene por causa inmediata y concreta el conflicto metalúrgico. Se desnaturalizaría su carácter solidario y de protesta si se le añadiese un programa de reivindicaciones extraño a su motivo y propósito[100]».

Como se sabe, para imponer esta posición, Marotta y su grupo debieron luchar duramente en el seno de la FORA del IX.º. Su decisión de impedir que se agregaran nuevas reivindicaciones tenía un solo fin: restringir las posibilidades de profundización del conflicto. La argumentación de Marotta resulta totalmente inconsistente. En realidad, tal «programa de reivindicaciones», exigido por varios gremios, era una de las condiciones para profundizar politicamente la huelga. Los sindicalistas trataban de ocultar bajó el falso argumento de la «desnaturalización» su verdadera táctica: restringir al máximo los alcances del conflicto.

La misma noche del día 9, la FORA del IX.º entrevistó al jefe de policía, encargado por el gobierno para iniciar las tratativas. Al lograr, el día 11 por la noche, las reivindicaciones exigidas, el Consejo Federal se apresuró, como hemos visto, a levantar la huelga. Sin embargo, esta resolución no fue aceptada por la masa obrera que, un poco alentada por la FORA del V.º y otro poco por la propia dinámica del paro, continuó la huelga. Fue este el momento más difícil para los sindicalistas: Si pudieron capearlo, se debió exclusivamente a la impotencia de los anarquistas para dar continuidad al movimiento pues, como también hemos visto, al economismo sindicalista los anarquistas oponían su mesianismo congénito, sintetizado ahora en prolongar el movimiento exclusivamente bajo la bandera de la libertad de Radowitzky y Barrera.

La FORA del IX.º tuvo que optar entre continuar el conflicto o lanzarse violentamente contra la FORA del V.º. Hizo lo segundo.

En un intento por justificar el ataque sindicalista a los anarquistas, Sebastián Marotta afirma que, ante la presión que el gobierno ejercía sobre la FORA del IX.º tratándola de hacer aparecer como responsable de los actos de violencia, el Consejo Federal se vio obligado a desmentir la acusación[101]. Las motivaciones reales de la FORA del IX.º Congreso pudieron haber sido esas, pero la declaración emitida no dejaba lugar a dudas sobre contra quién iba dirigida:

«En presencia de los acontecimientos ocurridos ayer y hoy, de naturaleza ajena al movimiento huelguista, el Consejo de la Federación hace pública declaración de que solo se solidariza con actos propios de la clase obrera, rechazando toda responsabilidad con actos como el asalto al Correo y el Departamento de Policía, hechos con la intervención de elementos extraños y ajenos a la Federación Obrera Argentina y a los propósitos de protesta que persigue la clase trabajadora[102]».

La declaración es muy clara. Su objetivo es aislar a los anarquistas, haciéndose incluso cómplice de acusaciones falsas como los ataques citados, que, como reconoce el propio Marotta, los miembros sindicalistas sospechaban que no habían existido.

La huelga «conquistó» los objetivos que se había trazado la FORA del IX.º. Para los sindicalistas el movimiento culminó con un triunfo significativo, que Sebastián Marotta denomina «terminación victoriosa de la huelga general», título de uno de los subtemas del capítulo dedicado a este suceso[103].

El contenido principal de la victoria estaba determinado, según una declaración de la FORA del IX.º —citada por Marotta— en lo siguiente:

«Culminaba en esta forma asaz satisfactoria y positiva la FORA el compromiso solidario, contraído públicamente con los obreros de la Casa Vasena, dado que este recalcitrante capitalista ratificaba en un escrito ante sus obreros las declaraciones hechas al gobierno[104]».

No puede Marotta dejar de analizar las causas que permitieron que el movimiento se prolongase varios días más. Las explicaciones que da Marotta son las siguientes: 1) desconocimiento de la resolución, dando término a la huelga general; 2) continuación de la represión; 3) algunos gremios como Construcciones Navales, obreros del calzado, marítimos, no reanudan sus tareas por encontrarse sus locales sindicales ocupados por la policía; 4) algunos gremios como los ferroviarios continúan la huelga por reivindicaciones propias; 5) está pendiente la amenaza de la implantación del estado de sitio; 6) persistencia de la actividad de la Liga Patriótica.

Las explicaciones de Marotta no son convincentes. Al contrario, fuerzan la realidad para justificar una línea. Si la huelga persistió pese a que continuaba la represión, pese a que estaba pendiente el estado de sitio, pese a la actividad de la Liga Patriótica, pese a que muchos locales sindicales estaban ocupados por la policía, esto indica justamente lo opuesto a las afirmaciones del líder sindicalista. Lo único que explica la continuidad de la huelga en estas condiciones es la disposición de los trabajadores a continuar luchando por objetivos generales y particulares pese a los factores adversos mencionados. El desconocimiento de la resolución de la FORA del IX.º levantando la huelga puede haber jugado algún papel, es cierto, pero ninguna huelga se prolonga dos días más sin tener en cuenta la opinión de la dirección de la principal central obrera, simplemente porque algunos sindicatos no recibieron la comunicación de levantar el paro. Por último el hecho de que los ferroviarios continuaron la huelga permite explicar el fenómeno justamente al revés que Marotta. Si este núcleo de proletarios altamente concentrados continuaron la huelga al margen de la FORA del IX.º pese a que estaban afiliados a ella, es porque el estado de ánimo de los trabajadores del riel tendía a profundizar el movimiento (la importancia estratégica de los ferroviarios se convierte también en factor estratégico en cualquier movimiento social proletario) y no a frenarlo. Las explicaciones de Marotta son confusas. Y ello se debe exclusivamente a que tiene que hacer malabarismos para explicar la actitud política de la FORA del IX.º, cuyo eje pasaba por la presión sobre el Estado y los patrones.

El reformismo sindicalista había sido rebasado por los acontecimientos. Sin embargo, era la única línea capaz de formular una alternativa efectiva a las exigencias reivindicativas de los obreros. De allí que, paradójicamente, el resultado de la huelga favoreció a los sindicalistas y no a los anarquistas. Los primeros pudieron mostrar por lo menos que algo habían conquistado; los segundos solo pudieron «demostrar» que con un poco de esfuerzo más se hubiese podido conquistar la anarquía soñada.

Los anarquistas no podían eslabonar la lucha por las reivindicaciones inmediatas con un objetivo general revolucionario; su impotencia teórica y política para ello era evidente. Este vacío permitía a los sindicalistas —pese a las enormes dificultades que tuvieron para canalizar un conflicto que adquirió características masivas y violentas contra los patrones y el Estado— limitar el conflicto a un programa restringido, táctica que se impuso sobre la base del paulatino agotamiento de los trabajadores.

De allí que para una importante parte de la clase obrera la táctica sindicalista resultó la más valedera, pues permitió hacer retroceder a los patrones y demostrar que es posible arrancar concesiones al Estado. El reformismo sindicalista se afianzaba aún más en la Argentina, coyunturalmente favorecido por la existencia de un gobierno burgués-populista proclive a conceder ciertas reivindicaciones al movimiento obrero que permitiesen tanto el fortalecimiento del reformismo sindical como al mismo tiempo la influencia del propio radicalismo entre los trabajadores. Es que en el fondo, esta nueva situación planteada en el movimiento obrero se producía como parte de un esquema global de reordenamiento de la sociedad argentina, que impulsado por las fracciones más lúcidas de «sociedad política», buscaba subordinar el movimiento obrero a los mecanismos de consenso y coerción del Estado.

CAPITULO 14

EL RADICALISMO

Resulta aparentemente curioso que los principales historiadores enrolados en el radicalismo traten en sus obras sobre Hipólito Yrigoyen de no emitir un juicio definitivo sobre la actitud del gobierno durante los sucesos. Así, Gabriel del Mazo afirma que la actitud del gobierno se guio por la idea de resolver pacíficamente la cuestión, y que no puede dar una opinión categórica sobre la actuación del presidente[105]. Por su parte Félix Luna se autolimita a describir brevemente el acontecimiento, intenta hacer responsables de los hechos a «agitadores extremistas» por un lado, y a la Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo por otro, pero termina a firmando que le está vedado emitir un juicio absoluto sobre un episodio que considera desgraciado[106].

No cabe duda de que resulta muy difícil a los apologistas del yrigoyenismo emitir un juicio «definitivo» sobre los actos del gobierno durante la huelga pues un análisis objetivo de este comportamiento lleva inevitablemente a desarticular todo el andamiaje ideológico con el cual pretenden demostrar que el gobierno yrigoyenista se movía por encima de las clases sociales.

En realidad, y como ya hemos verificado relatando el comportamiento del Gobierno durante la semana, podemos afirmar que sus actos fueron la consecuencia inexorable del carácter liberal-populista del régimen.

En este ensayo no realizaremos un estudio profundo de la composición social e ideológica del radicalismo, y en particular de su fracción dominante en esos años —el yrigoyenismo—. Más bien lo que interesa describir es su actitud global, las medidas políticas que adoptó durante la semana y cómo se movió en una situación política sumamente compleja.

No cabe ninguna duda de que uno de los rasgos del yrigoyenismo residía en una comprensión mucho mayor que la de los conservadores y demócratas progresistas (las fracciones más importantes de la derecha argentina), de la importancia que tenía para dar amplia base de Sustentación al Estado y lograr que el movimiento obrero canalizase sus conflictos dentro de la legalidad establecida. Ya hemos dicho que el triunfo del yrigoyenismo no significó una modificación esencial del Estado (en cuanto permaneció inalterable el modelo de acumulación de capital) pero bajo la hegemonía de fracciones de la burguesía argentina modernizadoras, comienza un período de adecuación del Estado a intereses sociales burgueses anteriora!ente marginados de las decisiones gubernamentales.

Naturalmente, el radicalismo pretendía realizar una política de concesiones que facilitase la introducción de prácticas puramente economistas en el movimiento obrero. El radicalismo buscaba tanto el apoyo de una parte de los obreros como lograr establecer, bajo la acción de las concesiones, mecanismos de subordinación de los sindicatos al Estado.

Para aplicar esta política, el gobierno radical se vio obligado en diversas oportunidades a enfrentar a aque-líos industriales que creían que podían resolver las cuestiones obreras solo por medio de la represión. El eje del comportamiento del gobierno se movía sobre un sistema social que consideraba inalterable —el capitalismo— pero al cual deseaba extirpar sus aristas más conflictivas. En este aspecto era, al mismo tiempo, como también hemos dicho, la continuidad en un grado superior de los intentos de grupos avanzados del conservadurismo, que desde 1904, con la figura clave de Joaquín V. González, habían intentado que la Cámara de Diputados aprobase una legislación orgánica del trabajo y que en 1907 habían establecido el Departamento Nacional del Trabajo[107].

A fines de 1918, el malestar entre los trabajadores era evidente. Un sector muy importante para la economía del país —el puerto— estaba paralizado por la huelga marítima. El gobierno intentaba resolver estos problemas solo a través de una insistente propaganda, destinada a tratar de demostrar a los trabajadores que quería dar mejoras, pero que no podía hacerlo porque la economía argentina recién comenzaba a recuperar sus niveles de exportación de productos agropecuarios e importación de capitales y manufacturas extranjeras, luego de varios años de dificultades originadas por la guerra mundial.

El mismo día 8 de enero, el editorial de La Época se refiere a los sucesos del día 7, solo en forma indirecta, y centralmente trata de demostrar que cualquier huelga fracasará inevitablemente porque la situación económica del país no permite dar mejoras sustanciales. En cambio propone que trabajadores, empresarios y el Estado mancomunen sus esfuerzos para lograr la recuperación de la economía nacional, base para cualquier programa social:

«El bienestar emanará de un mejoramiento general de la situación económica del país. A los obreros conviene impulsarlos en su esfera de actividad, como al capital y al Estado en el suyo. Por lo que hace al Ejecutivo, está demostrada su preocupación por la situación de los trabajadores, atendida siempre con preferencia y que trata de mejorar con todos los medios a su alcance… Es necesario entonces que nadie segregue su esfuerzo de la tarea común. Y sobre todo que nadie emplee sus energías en daño del bienestar social, pues con ello labra su propio daño. La consigna del momento exige colaboración a todas las fuerzas sociales. Y las huelgas, airadas e inoportunas, al desobedecer a una consigna impuesta por las circunstancias, conspiran contra el interés colectivo[108]».

El gobierno se mantuvo en esta actitud de tipo pedagógico hasta el día 9. La intervención de Oyhanarte en la Cámara el día 8 fue, en definitiva, una exposición doctrinal de la concepción radical sobre la cuestión obrera en la Argentina, revelando que el populismo yrigoyenista no era solo «demagogia» —como acusaban conservadores y socialistas—, sino una política global destinada a lograr la integración de la clase obrera en el sistema.

Pero cuando se conocieron los sucesos del día 9, el gobierno cambió el tono de sus editoriales de La Época, que eran escritos por Víctor J. Guillot, luego de entrevistas diarias con el propio Yrigoyen. Estos editoriales guiaban la práctica política del radicalismo.

El editorial del día 10[109] señala que los hechos son graves; que la responsabilidad es de los anarquistas, y no de los trabajadores:

«Se trata de una tentativa absurda provocada y dirigida por elementos anarquistas, ajenos a toda disciplina social y extraños también a las verdaderas organizaciones de trabajadores. Porque no se trata de un movimiento obrero. Mienten quienes lo afirman. Mienten quienes pretenden asumir audazmente la representación de los trabajadores de Buenos Aires».

Según el editorial, los trabajadores que han participado han cedido a la propaganda anarquista, a la coerción anarquista, pero en realidad también ellos han sido confundidos. El gobierno les recuerda a estos trabajadores que no está contra todas las huelgas, pero que reprimirá violentamente aquellas que intenten modificar el orden social:

«El Ejecutivo — dice el editorial— simpatiza con los obreros, pero no cederá a la coerción».

Una parte significativa del editorial está destinada a mostrar a las clases altas que el gobierno no será derrumbado por esta huelga, y que, en cambio, sin ceder tampoco a las presiones de sectores derechistas que intenten resolver el problema al margen del «derecho», se mantendrá firme y resolverá el conflicto.

«La propiedad y la vida de las personas están perfectamente garantizadas por un gobierno que posee la autoridad moral y material necesarias para hacer respetar las disciplinas sociales. La anormalidad de las condiciones en que se desenvuelve la vida colectiva y el deseo de evitar choques y rozamientos cuyas consecuencias podrían ser lamentables, dan pauta de los actos gubernativos. La huelga es respetada en todo lo que no excede de los límites que a los trabajadores les asisten de abandonar el trabajo, dentro de condiciones determinadas. La huelga será reprimida en toda tentativa que desnaturalice su verdadero carácter y que denuncie intenciones de violar el orden social o atentar contra los derechos civiles garantizados por la Constitución a todos los habitantes de la República».

Y agrega:

«Las simpatías del Ejecutivo por los obreros son bien conocidas y están probadas con hechos consecutivos. Pero jamás el presidente de los argentinos cederá a la sugestión amenazante de turbas desorbitadas que quieran sustituir su voluntad al juego libre de las leyes que rigen la actividad social».

Los grandes hechos históricos obligan a las distintas clases y fracciones de clases a adoptar posiciones definidas, a mostrar su verdadera esencia, a defender abiertamente los intereses que representan. En el caso del radicalismo su actitud no podía ser otra que colocarse en el eje de la defensa de los intereses del capitalismo. Tanto la actitud de los diputados radicales como el mencionado editorial de La Época, lo demuestran. Pero, el gobierno se colocaba en el eje capitalista desde una concepción modernizadora de la sociedad argentina. De allí que si bien recurrió a la violencia antiobrera, no olvidó en ningún momento que la ocupación militar de la ciudad debía ser acompañada tanto de tratativas destinadas a llegar a un acuerdo con la FORA del IX.º, como de cierto enfrentamiento con los sectores más derechistas de la oligarquía terrateniente incluidas sus expresiones políticas. Si no, quedaría aprisionado entre unos y otros.

Tanto una como otra política fueron resueltas con habilidad por el gobierno, que, de paso sea dicho, tenía a su favor el hecho de que la huelga no podía, objetivamente, derrumbarlo. El gobierno operó hacia la FORA del IX.º y hacia las fuerzas conservadoras y patronales desde un eje político; este eje estaba condicionado por mente marginaba a los obreros de la vida social, a una sociedad que debía, para su supervivencia, integrar esta clase a los mecanismos de coerción y consenso (estatales y no estatales, como partidos, gremios, etc.) necesarios para dar continuidad al sistema social en su tonel hecho de que el radicalismo se afirmaba ante la presión obrera y patronal como el movimiento político capaz de operar el tránsito de una sociedad que práctica-junto, cuya base estaba determinada por las relaciones de producción capitalistas-dependientes

Hubo por eso una gran coherencia en las medidas y pasos que dio el gobierno durante los días decisivos. En primer lugar, recurrió a la policía val propio ejército para reprimir a los huelguistas; en segundo lugar, buscó la alianza con el ala moderada del movimiento obrero para restringir los efectos de la huelga y al mismo tiempo fortalecer a un ala reformista dentro del movimiento sindical, como condición básica para la integración del aparato sindical en el Estado; en tercer lugar, presionó abiertamente sobre los patrones, obligando a retroceder al «incivilizado» Vasena, que por egoísta y miope, estaba generando un movimiento que podía desembotar en un levantamiento obrero; en cuarto lugar, concedió tanto a los conservadores como al conglomerado de derecha que fue la Liga Patriótica, pero les concedió en aspectos no esenciales, tales como la aprobación del estado de sitio (a los conservadores) o el permiso para operar en las comisarías (a los miembros de los ‘'Defensores"), mientras que logró, temporalmente, que toda la derecha argentina se subordinase al accionar del Poder Ejecutivo, impidiendo así un enfrentamiento de esta con el gobierno.

Naturalmente que este último aspecto, es decir, las concesiones a los grupos más derechistas, permitieron su neutralización en la medida en que la huelga carecía de posibilidades históricas de impulsar una revolución social. En tal caso, no podía descartarse que el gobierno fuese barrido por el accionar conjunto de conservadores, altos oficiales, banqueros, capitalistas, terratenientes, etc., puesto que la actitud de la derecha fue muy decidida desde el comienzo de la huelga, demostrando la gran capacidad de las fracciones de las clases dominantes para organizar en forma paramilitar (Liga Patriótica) y su absoluta claridad en cuanto a la incapacidad potencial del Parlamento y el régimen democrático en momentos de conflictos sociales globales.

El 13 de enero, cuando la huelga ya agonizaba. La Época publicó un editorial que sintetiza magistralmente los objetivos políticos que guiaron al gobierno durante los sucesos[110].

En primer lugar, indica a los obreros que la gran lección que deben extraer es que no deben exceder en sus acciones el marco de las simples experiencias reivindicativas ni dejarse guiar por corrientes revolucionarias, si no quieren sentir el peso del aparato del Estado:

«Han tardado más tiempo del necesario en advertir que sus propósitos habían quedado subordinados a los designios de tuerzas disolventes que se sirvieron de ellos como instrumento, precipitándolos en direcciones totalmente opuestas a lasque les señalaban sus conveniencias. Por fortuna, la reacción se ha producido no sin que sea necesario lamentar algunos sacrificios que hubieran sido evitados de mediar mayor prudencia en los directores de la huelga. Hay que esperar que los obreros aprovechen la lección. Que lo ocurrido les sirva en adelante para examinar con más atención el lenguaje y procedencia de esos agitadores, que aparecen súbitamente en sus centros, sin ser obreros ni tener vinculación profesional alguna con los trabajadores».

El párrafo es muy claro, no solo en cuanto a las amenazas directas a los trabajadores, sino en cuanto explícita también la resolución del gobierno de resolver el «problema anarquista». Como hemos visto en la primera parte del trabajo, las cárceles se llenaron tanto de simples trabajadores como de dirigentes obreros, en particular anarquistas. Si bien el gobierno recurrió al estado de sitio, principalmente para absorber la contraofensiva de la oposición que se perfilaba desde la derecha, también lo utilizó para demostrar a los trabajadores que no vacilaría en recurrir al peso del aparato estatal contra cualquier intento «subversivo» (dos años más tarde el gobierno actuaría en el mismo sentido, al permitir que el ejército, junto con los grandes terratenientes de la Patagonia, fusilaran a cientos de trabajadores rurales, alzados en esa área, contra la dominación latifundista).

Pero el editorial no solo apuntaba contra la izquierda; golpeaba también a los conservadores y a los patrones reacios a los cambios sociales, pues afirmaba que el gobierno escucharía las sugerencias de la oposición conservadora sobre las causas que motivaron los sucesos, siempre que el conjunto de las clases dominantes comprendiesen la necesidad de producir cambios en la sociedad argentina:

«En cuanto a la acción de este se refiere, no perderá oportunidad de utilizar el aprendizaje siempre, naturalmente, que cuente con la colaboración del Congreso, el cual solamente puede prestarle los instrumentos legales necesarios para ampliar y perfeccionar la política social que el Ejecutivo viene desarrollando. Porque la represión no puede ser el área total de la acción gubernativa. Conviene desentrañar las causas de agitaciones como la presente y después de “dializar” los elementos extraños y refractarios, procederá prevenir la repetición de hechos análogos mediante leyes que contemplen y resuelvan situaciones derivadas del malestar económico que se hace sentir especialmente sobre las clases menos acomodadas».

Sobre la base de esta línea, el Poder Ejecutivo aplicó el estado de sitio. Su preocupación estuvo destinada a lograr que esa medida sirviese exclusivamente para frenar el movimiento huelguístico, golpeando centralmente a los anarquistas. El gobierno insistió una y otra vez en que la implantación del estado de sitio nada tenía en común con medidas de este tipo aplicadas en los años del «régimen», es decir, en épocas de gobiernos conservadores. La Época del día 15 decía[111]:

«El estado de sitio que ha de quedar sancionado no tendrá, como los de triste recordación, un carácter de política interna que amenace la libertad de los ciudadanos y de los partidos ni de la prensa que se mantenga en la natural discreción que los momentos actuales imponen sino un carácter verdaderamente patriótico nacional, como si fuese el estado de sitio ante una invasión extranjera. Y esta es precisamente la índole del movimiento subversivo reprimido desde que sus directores y ejecutores son elementos extraños a la nacionalidad que retribuyen con este atentado indigno y bárbaro la hospitalidad que desde largos años ofrece la República a todos los hombres del mundo que quieran habitar su suelo fecundo bajo la garantía de las leyes liberales y humanitarias. El movimiento subversivo realizado no pudieron realizarlo sino sedimentos anárquicos que de todas partes del mundo han buscado refugio entre nosotros desde largo tiempo atrás».

Resultaba sin embargo difícil al gobierno diferenciarse en sus medidas de las adoptadas por los gobiernos conservadores en este aspecto. Es que aun enmarcado en una política populista debía, al agravarse el problema, recurrir al viejo argumento de las derechas, por el cual las agitaciones obreras eran consecuencia de la actividad de los «agitadores extranjeros». En este punto, la política del gobierno empalma con la tradicional política conservadora de separar tajantemente lo que significase entrada al país de mano de obra para la expansión de la economía agropecuaria (básicamente necesaria para el desarrollo económico) de la entrada de extranjeros con experiencias políticas y sindicales, capaces de convertirse en líderes obreros. Naturalmente, resultaba muy complejo al gobierno demostrar, como ya lo habían indicado los anarquistas, qué era en concreto esa «nacionalidad» que defendía con tanto ardor junto con la Liga Patriótica, pues su idea de «nacionalidad» se reducía en la práctica a todo lo que se adaptase al statu quo, y lo «antinacional» a todo lo que resistiese e intentase cambiar el sistema social argentino.

El gobierno siempre vio en la aplicación del estado de sitio una medida de doble filo. Por un lado, lo llevaba a enfrentarse con los sindicalistas y socialistas; esto lo resolvió adecuando el carácter de la represión, limitando su alcance y permitiendo a sindicalistas y socialistas continuar sus actividades. Pero por otro, percibía que era en cierta forma una sujeción del gobierno a las fuerzas opositoras de la derecha. Y así ocurrió: al aplicar el estado de sitio, cedió ante la presión de conservadores, la gran prensa, grupos internos del radicalismo, etc., y esto naturalmente iba a ser utilizado por fuerzas que iban coincidiendo en política contra el gobierno y que años más tarde, en 1930, de uno u otro campo arremeterían frontalmente contra el yrigoyenismo. En audaz maniobra, los conservadores y una parte de los propios radicales (los que formarían luego la corriente antipersonalista) se negaron a convalidar en la Cámara de Senadores la implantación del estado de sitio, colocando al gobierno en una situación incómoda, pues aparecía, objetivamente, ante la opinión pública, como empeñado en aplicar el estado de sitio más para mantener su imagen de «poder efectivo» que por necesidad estatal, puesto que el país había entrado en la normalidad. Fue un juego de pequeña política el que se desarrolló a partir de la última semana del mes de enero. El gobierno, acosado ahora tanto por los conservadores como por el diario de esta tendencia, La Nación, se vio obligado a librar una batalla explicando que en realidad no necesitaba el estado de sitio pero que tampoco podía aceptar que se maniobrase contra su aplicación desde la oposición solo para deteriorar la imagen del gobierno. La Época se vio obligada a decir el día 17, cuando ya se vislumbraba que el Senado se resistía a convalidar la medida aprobada por la Cámara de Diputados[112]:

«No alcanzamos a comprender por qué el Senado no ha tenido la decisión exigida para aceptar o rechazar el proyecto de ley, a menos que con su actitud dilatoria haya pretendido causar desmedros al gobierno».

y finalizaba:

«Ya lo sabe el Senado: el gobierno ha escuchado el reclamo del país y de ahí su actitud, que solo con espíritu preconcebido puede discutirse tortuosamente, pero no necesita, no quiere el estado de sitio».

Durante la última quincena del mes de enero el gobierno debió también, al tiempo que tenía que ocuparse de resolver el con dicto que persistía en el puerto, reforzar su actitud propagandística tendiente a justificar doctrinariamente la actitud concreta del Ejecutivo frente a los sucesos. Algunos de estos editoriales adquieren una gran significación porque fundamentan doctrinariamente cómo integraban los radicales yrigoyenistas la cuestión obrera en su concepción de la Nación.

El día 18 de enero. La Época publicó un extenso artículo titulado «El Ejecutivo y las huelgas[113]». Empezaba enfrentando al diario conservador La Nación y a los diputados conservadores:

«Los últimos acontecimientos apenas explotados en su aspecto más llamativo han dado tema subsidiario a interminables glosas sobre un motivo constante: la actitud que debe asumir el Estado ante las huelgas. Por cierto que no ha fallado columna editorial donde en nombre de bárbaros y atrasados prejuicios se haya lamentado que el Ejecutivo no adopte ante los obreros una línea de conducta uniformemente inspirada en el propósito de represión a ultranza. Las mismas maneras de apreciar las cosas se han expuesto en sitios más autorizados. En pleno recinto del Senado y en el seno de alguna comisión del mismo cuerpo, también se ha invocado ásperamente la represión como la única relación admisible entre el Estado y los obreros en trance de huelga. Y no se han escatimado censuras al Ejecutivo, a quien hubiera deseado ver constantemente aplicado a la tarea de sofocar toda tentativa de paro, de destruir cualquier conato de organización sindical, de negar, en fin, en la teoría y en el hecho, el derecho de huelga que los trabajadores reclaman como una propiedad inherente a las condiciones de trabajo que les impone la ordenación industrial moderna».

y refutando esta concepción anacrónica, agregaba:

«Los hombres de gobierno, en tanto operan sobre hechos y realidades hace ya largo que están persuadidos de la necesidad de aceptar la huelga como el ejercicio de un derecho que solo podría ser limitado por sus propios excesos».

y por último identificaba la postura radical como parte de la evolución capitalista:

«De ahí que en todo estado moderno ya nadie discuta sobre el derecho de huelga y sí sobre el derecho de encausarlo dentro de normas pacíficas que lo conduzcan sin violencias hacia soluciones satisfactorias. La huelga es más aplicable en países como el nuestro, donde la falta de una legislación del trabajo completa y adelantada, deja subsistentes a ciertas superficies de rozamiento entre obreros y patrones, ya eliminados en países donde la legislación sobre cuestiones obreras ha descuidado puntos dudosos en la vida y relación entre unos y otros».

Era sin duda un violento ataque contra los grupos representativos del antiguo «régimen». Los radicales eran conscientes de que debían luchar contra las actitudes patronales anacrónicas que no comprendían los cambios que se habían producido en el mundo, especialmente luego de la guerra mundial. La Época va aún más lejos y reconoce la legalidad de las huelgas en la Argentina:

«La falta de legislación adecuada, por una parte, y —por qué negarlo— las malísimas condiciones en que trabaja el obrero argentino, cuyos salarios no guardan jamás relación con la prosperidad de las empresas que sirven, explican la constante renovación de las huelgas entre nosotros».

Movía a los radicales yrigoyenistas la idea utópica de poder suprimir los conflictos sociales reformando el capitalismo. Pensaban que un régimen avanzado socialmente podía lograrlo. Pero al mismo tiempo reafirmaban que el Estado no permanecería al margen de los conflictos sociales si estos amenazaban al sistema social. El mencionado editorial intenta levantar la figura de Yrigoyen frente a los obreros como el adalid de una política de concesiones al movimiento obrero pero sin dejar de señalar que estas concesiones se darían dentro del sistema.

«Bien lo saben los obreros que siempre encontraban en el gobierno del doctor Yrigoyen un árbitro imparcial deseoso de dirimir los desacuerdos en forma ecuánime y humana. Pero como en esa tolerancia no hay debilidad y sí solo espíritu de justicia, el Ejecutivo no puede aceptar las derivaciones sediciosas que obreros, más o menos auténticos, quieren dar al derecho de huelga. En este caso, ya no se trata de ejercer pacíficamente un derecho sino comprometer el orden social y atacara los poderes constituidos».

También el radicalismo tuvo que adoptar una posición en relación con el problema de los inmigrantes. Como hemos visto, el gobierno adhirió a la conocida tesis de los conservadores de que había que distinguir cuidadosamente entre los inmigrantes, al trabajador laborioso y al agitador extremista. El gobierno radical intenta introducir una nueva idea en esta fórmula, para diferenciarse de los conservadores. Esta diferenciación residía en que los radicales consideraban que poco se resolvería si se creía que con expulsar a los activistas se iba a resolver la cuestión obrera, y para ello recurría a los ejemplos de las leyes represivas aprobadas en la primera década del siglo, en particular a la Ley de Residencia (4144). Sus efectos habían sido mínimos porque lo que no se había resuelto eran los problemas económicos y sociales de los trabajadores. Así lo precisaba el editorial de La Época del día 20 de enero, titulado «Xenofobia[114]».

Decía:

«La Unión Cívica Radical, cuyo programa fuera y es la Constitución, ha llegado al gobierno para cumplirla en todas sus partes, de suerte que el gobierno radical del presidente Yrigoyen se hace un motivo de honra al hacer ampliamente electivo el magnífico preámbulo de nuestra carta orgánica. Se esfuerza en atraer y en garantizar la hospitalidad a todos los hombres de buena voluntad que procedentes de cualquier punto del mundo, pisen nuestra tierra con el propósito de mejorar, y traigan el concurso de sus ideas, de sus brazos, de sus capitales, de su hábito de orden».

Y agregaba:

«En cambio, ni el gobierno ni el pueblo argentino admitirán la incorporación de elementos disolventes, cargados de odios ancestrales, deseosos de vengar agravios que nos son extraños, inclinados a la subversión y a la violencia. A esos se les rechazará y se les castigará de acuerdo a nuestras leyes».

Este editorial era preciso. Los radicales partían de una posición distinta de la de los conservadores frente al fenómeno huelguístico. No reducían la cuestión a la simple introducción de elementos extranjeros revolucionarios y reconocían la existencia objetiva de los conflictos de clase. Pero, coincidiendo con los conservadores reafirmaban que inexorablemente recurrirían a los instrumentos legales institucionalizados durante el «régimen» contra los extranjeros peligrosos.

Que el gobierno estuviese ahora en manos de fracciones de la burguesía proclives a aplicar cierto programa nacionalista y populista, no implicaba, naturalmente, que ese gobierno permaneciese impasible o aceptase la subversión del orden social.

El gobierno radical mostró durante el acontecimiento una gran decisión en cuanto a la utilización del ejército como principal aparato represivo. Pero, no recurrió a él sino cuando fue evidente que la policía no podría, por sí sola, frenar el proceso.

El gobierno sabía que la utilización del ejército era un arma de doble filo. Sabía que por un lado atemorizaría a los huelguistas, liquidaría ciertos focos de violencia —y así ocurrió—; pero al mismo tiempo mostraría también su impotencia para resolver los conflictos sociales y la necesidad de utilizar el último recurso del Estado. Por eso, Yrigoyen y su grupo subordinaron el accionar del ejército a sus objetivos, no permitiendo que desde los mundos se objetase su política de negociación con la FORA del IX.º.

El gobierno radical yrigoyenista demostró claramente durante el acontecimiento que existían fuerzas significativas en el país, provenientes en gran medida, de las propias fracciones de las clases dominantes, capaces de dirigir un proceso político destinado a absorber los cambios que se habían producido en la correlación de fuerzas entre las clases sociales. La del radicalismo era una política global para el país. Estaba específicamente dirigida al problema de los trabajadores, tenía como eje lograr el fortalecimiento de corrientes reformistas, en particular el sindicalismo, lo que a su vez facilitaba la incorporación de obreros al propio partido radical a través del pasaje posible de una práctica puramente reivindicativa, a una práctica política encuadrada en los esquemas del movimiento populista radical.

El partido gobernante, bajo la hegemonía del ala yrigoyenista, demostró durante los sucesos que estaba dispuesto a enfrentara la patronal para hacerla recapacitar.

En ese sentido, es muy importante recordar los discursos de Oyhanarte, especialmente el primero y segundo, en la Cámara de Diputados durante la huelga general.

El gobierno operó hábilmente frente a la ultraderecha durante la huelga. Al mismo tiempo que enfrentaba a Vasena, no desautorizó el reagrupamiento de las clases altas en los inicialmente Defensores del Orden y luego Liga Patriótica. El propio general Luis Dellepiane fue uno de los primeros en adherir a esta organización paramilitar terrorista.

Esta política pendular hacia las clases altas respondía a la naturaleza de clase del radicalismo y a su proyecto de Nación: formaba parte del sistema, pero quería modificarlo realizando una política interior y exterior de signo nacional-populista.

Es cierto que durante los sucesos hubo, por momentos, desconcierto entre los diputados radicales, hubo también disidencias, pero esencialmente fue esta la política que se llevó adelante. Y, a mediados de año, cuando la comisión formada en la Cámara para elaborar un proyecto de legislación sobre asociaciones profesionales, se expidió por mayoría en un sentido reaccionario — como veremos más adelante—, la actitud radical fue primero la de aprobar el proyecto pero ante la presión de las fuerzas obreras, optó por archivar la iniciativa al mismo tiempo que promulgaba leyes parciales que abrían camino al entronque con el sindicalismo.

CAPITULO 15

LOS CONSERVADORES

Nos limitaremos a considerar en este agrupamiento solo a los partidos que representaban durante los sucesos a los intereses tradicionales. Esta limitación tiende a facilitar una caracterización más precisa de las distintas fuerzas que se expresaban superestructuralmente como partícipes de ideas y programas que correspondían plenamente a la época de dominación absoluta de la oligarquía terrateniente-liberal (1880-1910). Así, no consideramos ahora tanto al diario La Nación como a la Liga Patriótica, pese a que ambos fueron expresión cabal de las posiciones conservadoras. Limitamos por eso el análisis a los intereses y programas tradicionales, expresa dos en organización partidaria.

Los conservadores no constituían un partido único nacional. Esta característica data desde la organización de partidos políticos en Argentina (década del 60 del siglo pasado); lo que sí era significativo en 1919 es que las fuerzas conservadoras actuaban ahora bajo dos polos provinciales de atracción: por un lado, los conservadores de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, organizados bajo la nomenclatura de Partido Conservador; por otro, los conservadores de la provincia de Santa Fe, organizados con el nombre de Partido Demócrata Progresista. Estos eran los principales nucleamientos conservadores, con prolongaciones en otras provincias. Les seguía en importancia el Partido Demócrata, expresión conservadora cordobesa, y otras agrupaciones de esta tendencia que, con diversas nomenclaturas, expresaban esta corriente en otras provincias.

El 2 de abril de 1916, la Unión Cívica Radical derrotó electoralmente a las fuerzas conservadoras; significó esto la expresión en política de los cambios que se habían operado en la correlación de clases en la sociedad argentina en favor de fracciones de la burguesía argentina, interesadas en transformar el país bajo un programa de tipo liberal-populista, conciliando con los intereses tradicionales exportadores.

Por eso, pese a la derrota electoral, los agrupamientos políticos conservadores mantuvieron su poder efectivo, basado tanto en la permanencia de las relaciones de producción como en el tipo de Estado que se había conformado a partir de 1880, es decir, un Estado de tipo liberal terrateniente.

Contra el poder de los conservadores arremetieron desde la última década del siglo pasado tanto el movimiento político consolidado como UCR, como las fuerzas obreras. Fueron estas fuerzas, que no podían plasmar por las características de la estructura social en un movimiento político único, las que objetivamente determinaron la caída de la «oligarquía» o, como decían los radicales, del «régimen».

Pero, como hemos dicho, la caída de los conservadores del poder no significó la pérdida de su poder efectivo. O mejor dicho, su influencia en la política argentina siguió siendo sumamente significativa pues eran el partido representativo de los poderosos terratenientes capitalistas y de los intereses asociados a esta fracción de las clases dominantes, hegemónicas sobre todas las clases y grupos durante decenas de años, y manteniendo su posición central en el sistema productivo.

El carácter del Estado no se había modificado: los conservadores seguían teniendo una influencia decisiva sobre el aparato administrativo-militar.

Cuando los conservadores acusaban al radicalismo de «demagógico», encerraban en esta palabra toda una caracterización de este nuevo partido, enmarcada en las alternativas posibles para la sociedad argentina.

En efecto, los conservadores temían que el radicalismo fuese un puente de ruptura de la sociedad tradicional. Les preocupaba particularmente que las modificaciones superestructurales (especialmente la democracia política) facilitasen la emergencia y organización de clases y fracciones de clases interesadas en cambios estructurales profundos. La ruptura con todo un período en que el poder estaba limitado a una élite selecta y el paso al accionar de masas en política era la principal preocupación de los conservadores. La acusación al gobierno radical de «demagógico» escondía ante todo esta preocupación.

Por eso, cuando se inició la huelga, la posición de los conservadores fue clara y terminante. Hemos visto cómo el diputado Agote señaló que la principal responsabilidad por los sucesos la tenía el gobierno, al permitir el libre movimiento de los anarquistas. La exigencia de los conservadores de presentación del ministro del Interior en la Cámara —exigencia vehemente durante los debates del día 8— respondía a la táctica de obligar al Ejecutivo a tener en cuenta al Poder Legislativo en el cual los radicales eran minoría. Esta táctica respondía a un objetivo político para los conservadores, y este era el de lograr controlar el accionar del gobierno. Y ahora, durante la huelga, más aún, porque los conservadores exigían ante todo la represión al movimiento huelguístico, exigían seguridades de que la huelga iba a ser derrotada por la acción del Estado.

Los conservadores no estaban seguros de que el gobierno actuase con mano firme. Su táctica se orientó por eso principalmente a lograr empujar al Poder Ejecutivo a abandonar su línea de concesiones al movimiento obrero. Al mismo tiempo, públicamente, a través de Agote, no vacilaron en afirmar que no se ataban al régimen constitucional sino que impulsarían toda forma de organización de las derechas, al margen del gobierno para reprimir en forma directa a los huelguistas y salvar al sistema de un posible derrumbe.

La intervención del mencionado diputado, el día 9, es muy clara a este respecto.

Naturalmente, los conservadores sabían muy bien que el radicalismo obligatoriamente terminaría enfrentando a los huelguistas. Esto los llevó a presionar al gobierno, para reprimir en forma directa a los huelguistas que al operar contra la huelga se viese obligado a buscar apoyo en las fuerzas conservadoras. En caso de vacilación gubernamental, allí estaban el ejército y los Defensores del Orden, como fuerzas a las cuales recurría el conservadorismo para impedir la «revolución social».

La continuidad del tipo de Estado conformado en Argentina: tal era la gran preocupación conservadora. Todo su enfoque de la cuestión obrera se enmarcaba en esta idea fundamental. Había que resolver la cuestión obrera sin afectar la esencia del Estado. Por eso, para los conservadores, si bien reconocían que existían dentro del movimiento obrero corrientes que iban desde el reformismo socialista hasta el maximalismo y que las corrientes moderadas podían servir como paragolpes del sistema social, consideraban a los acuerdos con los reformistas como aspectos secundarios de una táctica global. Lo primero era reprimir a los maximalistas para luego buscar formas de alianza con las corrientes moderadas: para ello había que recurrir a la violencia, a la aplicación plena de la legislación represiva. Los radicales, en cambio, trataban de caminar con ambas alternativas simultáneamente pues había en ello un proyecto de Nación diferente del tradicional.

Los conservadores no estaban dispuestos a aceptar una legislación del trabajo avanzada. Solo pudieron aceptar quince años después una proposición similar al mencionado proyecto de Joaquín V. González. Y así lo hicieron a través de Marcelo Sánchez Sorondo, elaborando un proyecto que con algunas modificaciones fue el que aprobó la mayoría de la comisión de la Cámara de Diputados, y que, como hemos visto, no llegó a aprobarse.

Los conservadores eran el pasado del país. Pero ese pasado era todavía su presente, dado que tanto la economía como el Estado argentino seguían siendo expresión de la Argentina capitalista-dependiente, con eje en la producción agropecuaria latifundista. Su poder era por eso muy grande; su influencia seguía siendo decisiva en la mayoría de las provincias. Su capacidad de decisión estaba intacta; lo demuestra la velocidad y claridad con que actuaron durante el conflicto; y si bien no lograron quebrar la política del gobierno radical en lo que se refiere a sus alianzas con el sindicalismo, lograron sí constituirse en polo de decisión en el Congreso; la implantación del estado de sitio fue una concesión significativa que arrancaron al gobierno.

La gran debilidad de los conservadores es que operaban sobre una nueva correlación de clases en el país. Esto sí era irreversible, y de allí que la huelga tuvo un resultado diferente del que los conservadores anhelaban. La «chusma», el «populacho» fue derrotado, la violencia contrarrevolucionaria triunfó, pero también la empresa Vasena tuvo que conceder para frenar el movimiento, con lo cual se reconoció en el país que también las opiniones de los patrones era materia de decisión estatal.

Después de finalizada la huelga, los conservadores, como partido, no emitieron opiniones globales que permitan analizar sus conclusiones finales. Solo E.S. Zeballos, viejo conservador (pie mantuvo siempre posiciones muy personales sobre la política nacional, escribió sobre el suceso en su Revista de Derecho, Historia y Letras.[115] Su opinión es crítica incluso en relación con la propia actuación de los diputados conservadores cuando promueven la aplicación del estado de sitio; crítica que hace desde el ángulo de la defensa abstracta de los principios liberales. Pero en su conjunto, el artículo «Gobierno Radical —los sucesos de enero—» refleja una opinión interesante sobre las causas de los sucesos.

Según Zeballos la causa principal de la huelga reside en que el gobierno permitió y toleró el accionar de los huelguistas:

«Los preparativos de la huelga revolucionaria eran públicos desde meses atrás. Se dice que un alto funcionario propuso medidas preventivas al Poder Ejecutivo y que no fue escuchado. Se tenía el propósito de dejar hacer. Por consiguiente la responsabilidad de los bochornosos días que ha pasado Buenos Aires es del Poder Ejecutivo».

Zeballos deforma la realidad para poder acusar al gobierno. Los «preparativos de la huelga revolucionaria» no existieron; la huelga fue solo producto de un hecho que «sobredeterminó» una situación conflictiva global, una situación explosiva que solo necesitaba una chispa y esa chispa fue la matanza de obreros el día 7. Lo que Zeballos objeta es el libre accionar del movimiento sindical, en especial de los sindicatos controlados por los anarquistas; por eso su crítica está dirigida centralmente a la política populista del radicalismo.

Según Zeballos el día jueves 9 de enero la ciudad quedó «abandonada a turbas irresponsables». Esto se debió a que el gobierno no comprendió que no se trataba de un movimiento dirigido por los socialistas, sino por «maximalistas»:

«El Poder Ejecutivo creía, en efecto, estar en presencia de un movimiento socialista, general, y como ha implantado desde 1916 una política de tolerancia y de impunidad para los obreros delincuentes, les dejó el campo libre».

«Esta libertad, este estímulo positivo, exaltó la agitación a extremos inauditos: la libertad, la propiedad, la seguridad de los habitantes quedaron durante los días 9 y 10, abandonados a la acción tumultaria de grupos implacables, formados en su mayoría por extranjeros y por mayor número de niños de 10 a 15 años. Solamente el 11, cuando el Poder Ejecutivo conoció la desaprobación de la huelga revolucionaria por la mayoría de los comités socialistas importantes, cuando supo que el aplazamiento era atribuido por dichos comités a anarquistas en mayoría extranjeros y poco numerosos, entonces abandonó su tradicional política de tolerancia y desplegó las Fuerzas Armadas contra los grupos de resistencia, formados durante el paro general».

Nuevamente la formulación de Zeballos peca de imparcialidad; es cierto que el gobierno especuló con que los reformistas hegemonizarían el movimiento, pero esto no significa que no usara simultáneamente la violencia a partir del día 9. No hubo por eso exactamente «el estímulo oficial de la impunidad», como afirma Zeballos, sino otra cosa. Lo que el gobierno subestimó fue la situación explosiva existente en la clase obrera y la capacidad de los anarquistas para constituirse en vanguardia efectiva. El gobierno fue sorprendido por los acontecimientos; pero se repuso y su táctica de reprimir y negociar, de aislar a los anarquistas, y atraer a los sindicalistas resultó al fin exitosa.

En el fondo la tesis de Zeballos se basa en este presupuesto: el gobierno actuó «demagógicamente», olvidando que:

«La jurisprudencia y aun leyes extranjeras responsabilizan a los comités que proclaman y dirigen las huelgas, arrestan a sus miembros inmediatamente y los someten a los jueces naturales».

«Esta debió ser la primera medida adoptada por el Poder Ejecutivo para preservar el orden público y en desagravio de los perjudicados, de las víctimas y de la población».

Como se ve, para Zeballos había que encarcelar hasta a los sindicalistas. El gobierno también lo hizo con algunos de ellos, pero esto fue más bien producto de la táctica de atemorizar a todo aquel que apoyara la huelga, y no de la idea zeballiana de que junto con los anarquistas había que suprimir por la fuerza a las demás corrientes obreras.

La lógica de la argumentación de Zeballos conduce inevitablemente a otra crítica al gobierno: haber recibido a la FORA del IX.º Congreso.

«En efecto, el Jefe de Estado ha admitido en su despacho a los comités que proclamaron la huelga general y que, al contrario, debieron ser reducidos a prisión, en el primer momento, pues así proceden los gobiernos que dan ejemplos a la “Humanidad”».

¿Por qué no debía haber recibido el jefe de Estado a la FORA del IX.º? Según Zeballos, porque si bien la negociación se hacía solo con aquellos que querían negociar, colocaba al Estado como juez entre los patrones y los huelguistas cuando a lo sumo debió haber presionado para que la huelga finalizase a través de un acuerdo entre las partes garantizado por un tribunal formado por «notables».

«La única actitud compatible con los deberes de un Jefe de Estado, en tal caso, era la imparcialidad. El debió aconsejar, pedir y hasta imponer, desde que estaban combatiendo sus tropas con la huelga, que ambas partes depusieran las armas y sometieran sus diferencias a un tribunal arbitral, que debió tener ya organizado con personas que inspiraran confianza a unos y otros. Pero él echó lodo el peso del poder del Estado en el platillo de los huelguistas delincuentes y obtuvo del capitalista (Sociedad Anónima organizada en Inglaterra) la aceptación de condiciones que estaba rechazando a balazos desde su fábrica, sostenido por un grupo de obreros fieles».

El párrafo es notable. Supuesta «imparcialidad» del Estado, es decir negociación, porque la huelga ha logrado una gran magnitud y hay que negociar. Pero sin comprometer a los mecanismos del Estado. Jamás negociación directa del Estado porque eso significa que el Estado reconoce a los sindicatos como instituciones normales en la sociedad capitalista.

Por último, hay en Zeballos una defensa de la propia actitud de la empresa de usar armas de fuego que, según él, eran portadas por «obreros fieles», pero que en realidad eran portadas por «crumiros» de la Asociación del Trabajo.

Las concesiones a los obreros no hacen sino envalentonarlos. Tal es otra de las conclusiones de este ex ministro conservador:

«Si el Poder Ejecutivo pensó en captarse la simpatía de los huelguistas sufrió un error, porque estos se retiraron ensoberbecidos, pensando que se habían impuesto al gobierno e hicieron nuevas publicaciones revolucionarias, exhortando a la lucha armada, fundados en que había llegado ya la oportunidad de conseguir todos sus fines, ante la vacilación y el temor de los poderes públicos».

Para Zeballos solo la dureza podía resolver la cuestión. La frase anterior nuevamente demuestra que en el fondo, para él, el tribunal arbitral era solo una táctica destinada en última instancia a confundir a los huelguistas, siendo lo esencial obligarlos a volver al trabajo por medio de las bayonetas.

Otra cosa que preocupó a Zeballos fue la participación de niños durante la huelga. Lo que más lo alarma es que:

«Se mostraban implacables y furiosos e invocaban el nombre del pueblo argentino para justificar exaltaciones vandálicas».

Es legítima su preocupación. En efecto, lo que percibe Zeballos es la ruptura del consenso ejercido por la oligarquía burguesa terrateniente durante décadas: ruptura del consenso que se transmite en el hogar obrero hasta a los niños y los lanza a la lucha política. Para Zeballos, esta ruptura del consenso en la estera específica de la niñez ha sido posible por la política radical de fomentar una enseñanza que ha olvidado transmitir sistemáticamente la cultura de la elite dirigente, de una enseñanza que no selecciona cuidadosamente las ideas a transmitir y que admite la coexistencia de ideas opuestas a las tradicionales:

«La mayor parte de estos niños han concurrido o concurren a las escuelas del Estado y el hecho comprueba una vez más el fracaso de nuestro sistema de educación. La instrucción abundante que reciben los niños en nuestras escuelas los prepara para fecundar el ambiente doméstico criminoso en que viven. El conventillo triunfa infelizmente sobre el noble maestro».

Otro tema sobre el que toma posición Zeballos es el que se refiere a la Liga Patriótica:

«No es menos deplorable el espectáculo de los sportmen, que se lanzaron a las calles movidos de noble patriotismo, a realizar la defensa social, ocupando el lugar y desempeñando las funciones de los poderes públicos. Los abusos a que estos hechos se prestan en todas partes, han tenido también lugar entre nosotros, donde la propiedad y las personas han sufrido vejaciones injustificadas. No se explica que en una Nación civilizada y con todos su órganos políticos en orden, sea necesario autorizar estas policías populares irresponsables, propias de los países en disolución y sin gobierno. Ellas importan un descrédito para la nación porque significan el reconocimiento público de la caducidad parcial de sus autoridades».

La crítica a la Liga responde a la seguridad que Zeballos manifiesta en cuanto a la vitalidad de las instituciones estatales. Ellas, sostiene, deben ser las únicas que se encarguen de suprimir los conflictos sociales.

También Zeballos critica lo que se llama «abusos de autoridad», acusando a la policía de actuar con demasiada violencia:

«Allí y en las comisarías se había desencadenado un ambiente de violencia que parece comprobado. Afirman numerosos testigos que en el Departamento se daban palizas y aun se llegó a herir a hombres calificados de ácratas, alguno de los cuales eran inocentes y habían sido tomados en la confusión por error».

Zeballos critica la violencia descontrolada. Según él es la contrapartida de la tolerancia desmedida.

«Los grupos del pueblo están convencidos de que tienen el derecho de imponerse a balazos, pues cuando así proceden, nadie los reprime y la impunidad los alienta y justifica. ¿Se piensa hasta dónde pueden sufrir las libertades públicas en este ambiente?».

En el artículo de Zeballos hay también un intento de buscar los mecanismos estatales que permitan la reorganización de los partidos tradicionales; es decir, hay una búsqueda de cómo recomponer los mecanismos de consenso y coerción que considera debilitados después de la aplicación de la ley Sáenz Peña:

«La falta de criterio de los ciudadanos, por otra parte, se pone en evidencia por el prurito de organizar nuevos partidos, que ha surgido de la huelga. La multiplicación de los partidos se va haciendo ya al in finito, porque cada caballero que cuenta con algunos amigos, apunta a una diputación por la minoría. De esta suerte aparecen constantemente nuevas agrupaciones que aumentan la anarquía y la disolución política funesta que prevalece en el país».

«Esta es la consecuencia fatal de la ley Sáenz Peña, cuya lista incompleta ha hecho imposible la organización de grandes partidos y, al contrario, fomenta la disolución de los existentes».

El artículo de Zeballos finaliza reafirmando su propia personalidad. El se considera una de las pocas cabezas pensantes de la política argentina; por eso termina su análisis de los sucesos diciendo que en Argentina no faltan hombres para corregir y cambiar el signo negativo de la situación política y social, sino que esos hombres

«capaces de encaminar la opinión pública hacia los altos destinos que corresponden a esta Nación existen, pero están solos».

Muy seguro de sí mismo afirma que no faltan hombres: «Falta PUEBLO».

CAPITULO 16

LA GRAN PRENSA

La Gran Prensa es un factor de poder. Para este trabajo hemos seleccionado solamente los editoriales más importantes de La Nación y La Prensa, los diarios que junto a La Época tenían mayor gravitación en esos años.

La Nación sostiene opiniones conservadoras, con la aclaración de que su dirección correspondía a la tendencia mitrista, cuyo comportamiento político en Argentina fue siempre el de pugnar por la hegemonía dentro de las derechas oligárquicas, tendencia que la llevó a actuar diferenciándose de la política del PAN, es decir, del roquismo, durante varias décadas. La Nación, desarticuladas las fuerzas políticas del mitrismo desde principios de siglo, mantenía cierta independencia en relación con los conservadores y demócratas progresistas; más bien, actuaba como centro ideológico-político de orientación de las derechas y se caracterizaba por su oposición al radicalismo. No había mostrado durante los últimos años mayores preocupaciones por la situación de los trabajadores. Recién el día 11 dedicó un extenso artículo como editorial a los sucesos, no cabe duda que reflejando la expectación de la clase alta por el desarrollo de los acontecimientos[116].

La idea central del editorial es promover el reagrupamiento de todas las fuerzas opuestas a la violencia de los huelguistas. De allí que no vacile en afirmar que hay que apoyar al propio gobierno para impedir el triunfo de la «subversión»:

«Es necesario desde luego apoyar a las autoridades con la unión efectiva de los hombres de buena voluntad, sean del campo político que sean, con tal que sientan como primera obligación la de defender el orden. Hoy es día de remediar, mañana habrá espacio para la discusión. Ahora es necesario, ante todo, volverá la vida a sus cauces normales, no ha de faltarnos tiempo para recordar y analizar lo ocurrido. Entendemos que es deber patriótico ver el problema desde esta serena altura. Mezclarlo con política, de cualquier clase que sea, puede ser, aun con el más sano propósito, contribución al aumento de sus dificultades, y, producido el éxito lo empequeñecería. En la defensa de la sociedad todos los partidos, y clasifiquemos como partido a la masa neutra, están interesados».

Unidad amplia contra la protesta obrera. Tal es la consigna del diario conservador. Y como nadie duda del carácter reformista del socialismo, no podía faltar tampoco al llamado a la participación de este partido, en esa especie de frente antisubversivo:

«Creemos de buena fe que el socialismo tiene que rechazar los sucesos de estos días, la anormalidad que padecemos con tanto horror, como el partido gobernante».

Otra idea importante de este editorial es la cuestión de las formas de resolver el conflicto. Según La Nación, lo mejor es que sea en el marco de la Constitución pero sin atarse a un «esquema» rígido, pues si bien afirma que la solución constitucional será la mejor, no descarta la posibilidad de otra solución extrema al margen de la misma. El párrafo siguiente muestra con claridad que hasta el liberalismo más ortodoxo esconde en potencia las soluciones más autoritarias cuando los conflictos sociales amenazan destruir los intereses de clase que expresa:

«La Nación tiene la seguridad de interpretar en estas palabras el más noble deseo de los ciudadanos que quieren, ante todo, que la paz vuelva a Buenos Aires y mejor todavía si viene por estos caminos, en que no hay odios ni abandono de ideas, porque conducen a la armonía social, por la misma senda por donde va el amor a la patria».

Finalizada la huelga, La Nación dedicó varios editoriales al análisis de las causas de las huelgas. Destacamos en este trabajo los dos más importantes. El primero se titulaba «Después de la huelga[117]» y su idea central era mostrar el nexo existente entre la inmigración y la agitación obrera:

«En nuestro medio social, tan ampliamente abierto a la invasión de elementos extraños, los movimientos de esta especie ofrecen peculiaridades que no son conocidas en otros países y que les prestan una filiación inconfundible. Sin contar con la enorme proporción de extranjeros residentes en la República, vinculados a suerte por los lazos de familia y del interés, es necesario computar el número crecido de los propagandistas transeúntes, agitadores de todas las procedencias que llegan con un objeto exclusivo de proselitismo, dispuestos a no reconocer ninguna valla para la realización de sus propósitos».

El editorial estaba por lo tanto dirigido centralmente a demostrar que la causa principal de los conflictos obreros está en la acción de estos agitadores:

«Traen sus teorías hechas de otros ambientes y pretenden imponerlas violentamente en el campo de la experimentación elegido para sus andanzas, aun cuando tengan que sacrificar las más altas conveniencias del país al logro de sus objetivos. Son aventureros del sectarismo, lanzados a todos los vientos desde los focos europeos, pescadores de río revuelto, al acecho de una oportunidad propicia para alterar el orden público y conmover los cimientos de la estabilidad social. No reivindican aspiraciones colectivas ni adaptan sus prédicas a condiciones políticas y económicas que les presten una sanción justificativa. De ahí la total irresponsabilidad con que actúan, no solo indiferentes sino también hostiles a todo concepto de ideas nacionalistas, doblemente extranjeros por su falla de arraigo y por el desconocimiento completo de los elementos locales cuya representación simulan arrogarse. Este rasgo dominante en nuestras agitaciones proletarias es el que determina el peligro excepcional de los zarpazos intentados a su sombra».

La idea de que el problema principal residía en impedir que los agitadores extranjeros tornasen contacto con los trabajadores extranjeros radicados en el país, era la preocupación central de La Nación. En ellos veía tanto la vinculación internacional de las huelgas obreras como el hecho de que estos propagandistas, al ser revolucionarios profesionales, nada tenían que perder y, en consecuencia, eran sumamente decididos para dirigir las luchas sociales. La idea de La Nación era exagerada. En realidad no eran tantos los agitadores que venían al país solamente para organizar a los trabajadores. Era en cambio más ajustada la idea de que decenas de dirigentes obreros europeos se radicaban en Argentina para lograr ocupación, lo que a su vez les permitía actuar en política. Pero de todos modos, el eje de la argumentación de La Nación era relativamente sólido pues desde un ángulo burgués era necesario impedir la entrada de extranjeros «extremistas» y proceder a la expulsión de los que ya estaban, a través de la aplicación de las leyes de Residencia y Orden Social.

Pero, decimos, era «relativamente sólido» porque atacaba solo los efectos, no las causas. En esto solo las corrientes más modernizadoras de la burguesía, expresadas principalmente en el radicalismo, buscan articular una política destinada a aislar socialmente a los dirigentes anarquistas y maximalistas de la base obrera. También los radicales estaban dispuestos a reprimirá los agitadores. Lo habían demostrado en la práctica, pero no reducían la cuestión obrera a un problema policial.

El segundo artículo, titulado «Las Enseñanzas del conflicto[118]», intentaba explicar la mecánica interna del proceso que había culminado en la huelga general. La idea central era la misma. Un grupo de extremistas (o sea anarquistas) había operado con habilidad para utilizar a su favor un conflicto aislado:

«Los obreros de tales o cuales gremios y sus patrones discutían el horario de trabajo y el monto de los salarios, con la actitud a que suelen llegar las controversias de esta especie, pero con el justificativo de los intereses propios que unos y otros defendían en el debate. Un incidente lamentable, surgido en el curso del movimiento, logra con su repercusión conmoverá otros gremios por razones de solidaridad. Unos gremios abandonan el trabajo para apoyar la actitud de sus compañeros y otros para no exponerse a las violencias de los revoltosos. Durante algunos días se paraliza la vida normal de la ciudad, y al amparo de esta perturbación, empiezan a producirse atentados que, en su inútil vandalismo, no tienen relación alguna con las reclamaciones pendientes ni pueden ejercer ninguna influencia a su favor. De la huelga pasamos insensiblemente a la maniobra subversiva, con caracterizaciones tan definidas como los asaltos a las comisarías o al Departamento Central de Policía. Los obreros, que han dado el impulso inicial, quedan en segundo término a un cuando muchos de ellos, dejándose llevar por exaltaciones enconadas, secundan, acaso sin darse cuenta exacta de su conducta, la acción revolucionaria de los comités secretos. Todos esos síntomas acusan la obra de una organización vigorosa, preparada de largo tiempo atrás, que ha estado al acecho de las perturbaciones huelguísticas para aprovecharlas en su favor».

El párrafo anterior es claro. No podía el diario conservador ir más lejos en la interpretación del fenómeno, pues su estrechez de miras estaba condicionada por los intereses de clase y la mentalidad predominante de esas fracciones de clase que él expresaba a través de la especificidad de la corriente liberal-mitrista. Por eso, para La Nación la responsabilidad principal era del gobierno, que no había sabido descubrir a tiempo el complot:

«No es este el momento más oportuno para poner de manifiesto la miopía policial, en cuya virtud han podido incubarse planes demoledores, ampliamente preconizados por los órganos del sectarismo, difundidos por una prédica constante en todas las agrupaciones gremiales».

Según La Nación, cierto relajamiento predominante a nivel estatal explica tal miopía; este relajamiento tenía varias causas, entre ellas la incomprensión de que luego de la guerra y la Revolución Rusa, no se podía continuar aceptando la entrada indiscriminada de extranjeros y el error del gobierno de no controlar al movimiento sindical, ajustando su actividad a premisas exclusivamente reivindicativas:

«Lo cierto es que al amparo de la hospitalidad argentina han llegado y se han instalado en el país, empresarios de revueltas que, sin estar vinculados en forma alguna a los intereses del trabajo nacional ni tener título alguno para asimilarse, se han erigido en factores de la reforma social, pretendiendo imponer y ejecutar por propia cuenta los planes que ella les sugiere. Y a mayor abundamiento han traído en sus bagajes los moldes cortados en Europa por la reacción contra una autocracia secular, con todos los desórdenes y todos los excesos que el sacudimiento de un estado social tan distinto al nuestro ha debido ocasionar al romper el yugo de la antigua servidumbre».

En relación a las condiciones que habían permitido que los agitadores arraigasen entre los trabajadores, agregaba:

«En realidad la parte puramente obrera no entra más qué como un factor de secundaria importancia en el proceso. Su mayor virulencia deriva de la participación tomada por elementos extraños que utilizan las condiciones propicias por el ambiente para llevar adelante la realización de sus designios. Pónese así en evidencia la necesidad de establecer distingos absolutos entre las libertades legítimas de que hacen uso los obreros para gestionar sus intereses y los planes clandestinos que siguen elementos extraños al país para llevar a cabo sus maquinaciones. El Estado no puede mirar con indiferencia estas tentativas de predominio violento, que empiezan por prescindir de la nacionalidad argentina para formar sus elencos y que se manifiestan dispuestas a no reconocer ninguna valla para asegurar su imperio».

Para el diario conservador no cabe duda de que hay que hacer reformas, pero estas deben realizarse manteniendo a toda costa la hegemonía absoluta de las fracciones de las clases dominantes en el Estado, de manera que cualquier cambio debe provenir exclusivamente de los grupos representativos de los intereses del entrelazamiento entre la burguesía terrateniente, el gran capital nacional y los monopolios:

«La idea de la reforma social que se difunde en todas partes como un signo de los tiempos, ha de abrirse camino también en la República, dentro de un régimen que ha sido siempre accesible a las reivindicaciones de la justicia, de la libertad y de la democracia. Pero han de ser las mismas fuerzas económicas del organismo nacional quienes la promuevan y la lleven a término, sin dejarse desviar por influencias perturbadoras que solo buscan revolver las aguas para pescar en ellas a su exclusivo provecho».

La Nación también expresó su concepción del papel que le correspondía al Estado frente a las huelgas. Partiendo de su tesitura liberal ortodoxa, se oponía naturalmente a que el Estado interviniese como parte en el proceso económico fijando montos de salarios, honorarios de trabajo, etc.; esto era infringir las «leyes» económicas del mercado. Pero justificaba totalmente que el Estado actuase como factor de coerción sobre los huelguistas. Era, por otra parte, una posición coherente con la doctrina liberal. Es que, si bien el liberalismo intentaba mantener su teoría del Estado, a la hora de la verdad, es decir, la hora de los conflictos entre el capital y el trabajo, esta teoría debía ir despojándose de algunos rasgos anticuados para permitir que el Estado actuase como instrumento de la clase poseedora. Por eso aprobó la idea de que el Estado debe actuar como árbitro de los conflictos laborales, imponiendo el principio de la conciliación obligatoria que esencialmente implicaba que los huelguistas debían resignar su principal forma de lucha mientras se realizasen negociaciones. El Estado obliga así a una parte a deponer las armas, mientras la otra puede recuperarse y operar sobre los trabajadores combinando los mecanismos de consenso y coerción correspondientes a la sociedad capitalista. Esta idea fue dada por La Nación en un artículo titulado «Los intereses públicos ante las huelgas», publicado el 22 de enero[119]. Este artículo estaba dirigido a presionar al gobierno para que actuase contra los obreros huelguistas del puerto, y renunciase al compromiso adoptado por Yrigoyen por el cual se obligaba a no inmiscuirse en esta huelga parcial que tenía ya varias semanas de duración. El artículo iba sin embargo más lejos. Si bien la preocupación inmediata era normalizar las actividades del puerto (exigencia que por otra parte planteaban los ingleses directamente desde Londres, como se comprueba en el artículo «Ambiente favorable», publicado por este mismo diario el día 24 de enero), intentaba fundamentar una posición doctrinaria:

«En cualquier parte, un paro de esta índole pondría acto continuo en movimiento el mecanismo de arbitraje obligatorio, instituido por la ley, de modo que los obreros y los patrones pudieran solventar sus divergencias ante una autoridad justiciera, sin perjudicar los intereses públicos afectados por el conflicto. Aquí la cuestión lleva miras de eternizarse, sin que ningún arbitrio legal establezca fórmulas fijadas para resolverlas».

La crítica al gobierno es directa:

«Pero nuestro gobierno, poco versado en la diferencia de matices, entiende de otro modo sus deberes y con la misma lógica con que el año anterior declaraba haber resuelto la cuestión social, se cruza ahora de brazos ante el restablecimiento de las operaciones suspendidas. A falta de una ley expresa sobre arbitraje obrero, lo natural sería que el Ejecutivo se preocupe de suplirla con una intervención conciliadora».

El gobierno so negaba a intervenir en el conflicto portuario, especulando con un arreglo entre las propias partes. Las diferencias eran muy profundas entre obreros y patrones y no quería verse involucrado en una definición tajante hacia una u otra parte. Para ello, paradójicamente, se escudaba ahora en principios ultraliberales (La Época reafirmaba la neutralidad del Estado en varios artículos publicados a mediados de enero) cuyo eje era la independencia del Estado frente a los conflictos laborales. La Nación acusaba al gobierno de apañar con su actitud a los huelguistas y dañar a la economía nacional, exigiéndole su intervención. Parece que los papeles se hubiesen trastocado. Sin embargo no era así. Gobierno y diario hacían su propio juego. El primero quería que madurasen las condiciones para una solución entre las partes o intervenir en condiciones favorables, los segundos querían que el gobierno las hiciese madurar a favor de los patrones.

Los radicales volvieron a triunfar. La huelga se levantó a principios de febrero, cuando obreros y patrones negociaron teniendo como juez al gobierno. El laudo tuvo en cuenta las reclamaciones obreras en una medida considerable; esto irritó a las empresas, que el 5 de lebrero resolvieron desconocerlo. El gobierno debió ahora presionar a los patrones, mientras que La Nación, tan ansiosa porque el Estado interviniese unas semanas antes, se llamaba ahora al silencio ante la actitud patronal.

Sobre el problema del estado de sitio tomó posición La Nación. Su crítica central al gobierno estaba destinada a demostrar que Yrigoyen jugaba con este terna en forma muy peligrosa, pues luego de haber tratado de absorber la presión conservadora en la Cámara, aceptando la implantación del estado de sitio, trataba, por un lado, de hacer aparecer a los promotores de esta medida como sus únicos responsables (actitud que se manifestaba en la reticencia del gobierno a aceptar públicamente la idea de la necesidad del estado de sitio) y por otro de presionar al Senado para que la reafirmase, con lo cual el Ejecutivo se lavaba olímpicamente las manos en esta cuestión.

La jugada del gobierno era hábil, pues dejaba a sus contrincantes sin armas para atacarlo (es decir, demostraba que era fuerte y que no vacilaba en enfrentar a la «revolución social» al mismo tiempo que aparecía frente a los sindicalistas como que no quería el estado de sitio, pero que no podía hacer otra cosa que aceptarlo). Este juego exasperaba a La Nación, que veía en él la mano del astuto Yrigoyen. La táctica del populismo liberal y la táctica de la tradición liberal-oligárquica luchaban y se enfrentaban en este punto.

La Nación atacó violentamente al gobierno no tanto porque el estado de sitio fuese necesario, porque expresamente afirmaba lo contrario a partir de la segunda quincena de enero, sino justamente por esta actitud dual del Poder Ejecutivo[120].

«El Ejecutivo actual se ha creado a este respecto un estilo propio (se refiere la concepción radical de subordinar el Poder Legislativo al Ejecutivo), acreditado ya en el Congreso por abundantes y originales precedentes. Sus representantes esquivan la tribuna parlamentaria con una decisión análoga a laque ponen los malos estudiantes al huir del banquillo del examen. Cuando van a las Cámaras, más que el propósito de manifestar un pensamiento y de defenderlo, llevan la preocupación de no exponerse a las eventualidades de un desgaste en terreno descubierto. Una vez agotada la lectura del papel que llevan escrito, no hay modo de arrancarles una palabra más. Y en todos los debates, la opinión del Ejecutivo queda desierta, sea porque no la tienen, sea porque sus representantes no se sienten con suficientes dominios en su banca para decidirse a articularla».

«Así pues, no puede causar mayor sorpresa la persistencia con que el Ministro se ha negado a abordar el tema. Bajo cualquier otro gobierno, el Ejecutivo habría manifestado su juicio en favor o en contra con una argumentación precisa y la unanimidad legislativa le habría acompañado sin vacilar».

El gobierno no se inmutaba ante la crítica del poderoso diario. Continuaba, a través de su propio órgano de propaganda. La Época, instando a la Cámara de Senadores a ser consecuente con la decisión de la Cámara de Diputados, es decir, aprobar el estado de sitio mientras que por otro lado insinuaba una y otra vez que el gobierno nunca lo había necesitado. Los senadores no lo aprobaron, pero su decisión no afectó al Gobierno, que había jugado hábilmente. Insistió en que se aprobase, como hemos visto anteriormente, pero maniobró para que no se lo colocase en el papel de verdugo de los huelguistas, para que la responsabilidad recayese sobre los conservadores. Ganó la jugada insistiendo en que era una medida que los conservadores debían aprobar para ser consecuentes con su posición en la Cámara de Diputados al mismo tiempo que reafirmaba que era una medida innecesaria.

Así, La Nación quería atacar al gobierno pero no podía. En esto residía una de las claves de la política del radicalismo: su habilidad táctica solo puede comprenderse en el marco de su política liberal-populista, que le daba base para gobernar temporalmente por encima de un Poder Legislativo en el cual los radicales eran minoría.

El diario La Prensa, a diferencia de La Nación, se guiaba por ideas que, sin desenmarcarse del sistema abordaban los problemas sociales desde un ángulo modernizador. Era el único gran diario que había manifestado simpatías por el radicalismo y por las alternativas más avanzadas del conservadurismo. Como hemos dicho anteriormente, durante el año 1918 permanentemente insistía en la necesidad de adecuar la legislación social a los nuevos tiempos, centrando en la idea de que era necesario hacer concesiones al movimiento obrero.

Analizó por eso el fenómeno huelguístico de una manera distinta que el diario mitrista. Así, el editorial del día 11 de enero, titulado «el orden, necesidad suprema[121]», acusaba al gobierno de haber prometido sin cumplir, alentando así el accionar de los trabajadores. Pero no reducía solo a este factor las causas de la huelga:

«Ya hemos expuesto en artículos anteriores las causas y errores de criterio que han conducido al extremo que hoy lamentamos».

«Se ha contundido la obra de reformas sociales por gravitación de la ley, con atracciones que se creyeron factores de éxito sobre un elemento cargado de agravios, justos o no, pero compenetrados en su solidaridad, y para los cuales solo resultan aceptables los factores objetivos. Unicamente así se explica que en nuestro medio, tan asequible a todos los progresos de la legislación y de las ideas, debamos enrojecer la crónica de la vida colectiva con sucesos punibles bajo todo concepto, como los desarrollados en las calles públicas. Mientras tanto, ningún obstáculo, sino es el muy relativo emergente de la idiosincrasia de nuestros funcionarios representativos, se oponen a la pacífica y continuada acción que hemos preconizado desde estas columnas, para dotar al país de la legislación social que requieren los nuevos tiempos. No nos encontramos dominados por el fetichismo inadecuado de estas épocas de crisis universal que llevó a otras naciones, hoy teatros de la mayor anarquía, a considerar inmutables fórmulas que por secular arraigo en la doctrina, constituyen reglas que la razón considera contrarias a la justicia, norma superior de todo derecho».

El párrafo es muy significativo. Mientras grupos como «los Defensores del Orden» (Liga Patriótica) se dedicaban al bandidaje organizado, este diario, con suma lucidez, exigía implantar el orden pero sin reducir toda la cuestión a la pura violencia.

Al contrario, pese a la confusión, no olvidaba sostener que tanto los socialistas corno los sindicalistas eran una alternativa electiva contra los extremismos:

«Es una significativa señal de los tiempos esta corriente que impulsa todas las fuerzas sociales hacia una completa renovación, pero es preciso, con relación a las masas trabajadoras, que estas se acostumbren a obrar con serenidad y reflexión, porque el hábito de pronunciarse irreflexivamente por la sugestión del espíritu colectivo de las multitudes inorgánicas, no conducirá sino a perder todo lo que una inteligente acción, especialmente electoral, puede asegurarles en beneficios sucesivamente obtenidos».

Creía La Prensa que la Argentina era un país en condiciones de absorber las reclamaciones moderadas de los trabajadores; la estructura social del país, a diferencia de otros países, era permeable a tales cambios:

«Las reacciones violentas se explican, aunque no se justifiquen, cuando son suscitadas por causas fundamentales con relación a los derechos creados o para medios en que se encontrara una tenaz resistencia en la constitución psicológica de la raza y la organización política del Estado, circunstancia que, felizmente, nos son ajenas, dada la libertad institucional del país y la formación heterogénea de su población».

Para La Prensa era necesario establecer una legislación laboral con eje en la conciliación obligatoria. Mientras esta legislación no fuese aprobada por los órganos de poder, el Estado debía utilizar los instrumentos existentes, en primer lugar el Departamento Nacional del Trabajo, institución creada, como hemos visto, por iniciativa del ministro conservador J.V. González:

«Ante la omisión de una legislación que obligue a recurrir a temperamentos de conciliación y arbitraje, ha debido, de acuerdo a la misión que por Carta Orgánica compete al Departamento Nacional del Trabajo, ofrecerse la mediación amistosa de esta institución, lo que seguramente hubiera bastado para evitar complicaciones en el conflicto originado».

Naturalmente, esta línea esbozada por La Prensa no significaba bajo ningún punto de vista reducir la acción del Estado a la simple negociación; no, La Prensa reconocía la importancia decisiva de la violencia contra los huelguistas:

«Como no os nuestro propósito hacer cátedra sino exponer conceptos precisos y categóricos que conduzcan a formar criterios salvadores de la situación actual que es sin duda grave, añadiremos que cuando la acción gubernativa se empeña en el restablecimiento del orden, no debe ni puede encontrar otros límites que los determinados por los factores que se le impongan, y en cuanto al tiempo por él necesario al restablecimiento de la normalidad».

El día 12, La Prensa se manifestó abiertamente a favor de la violencia estatal. En efecto, los acontecimientos del día 11 habían subordinado cualquier argumentación de tipo moderado al problema vital de ahogar la huelga por medio de la acción del Estado. El diario publicó un editorial titulado «¿Quiénes atentan contra el orden?»[122]. Era un llamado a la represión más violenta contra los huelguistas. Empezaba diciendo que:

«Habíamos alentado la esperanza de que el día de ayer sería el último en la serie de los anormales y terribles que hemos vivido. Los nuevos sucesos violentos burlaron aquellas esperanzas y aun cuando el sentimiento general estimula al gobierno para que adopte las medidas más enérgicas y prudentes, todavía no podemos asegurar hasta cuándo durará este inconcebible estado que degrada los anhelos del enorme vecindario de esta Capital y pone en peligro la vida de millares de honestos y leales servidores del orden público».

Luego de repetir conceptos vertidos por supuestas organizaciones obreras que se oponían al paro por considerarlo subversivo (organizaciones cuyas denominaciones como Asociación Ferroviaria Nacional, Comité de Obreros Ferroviarios, no registran existencia de actividades regulares, lo que hace suponer que eran instrumentos de la policía o de los dueños de empresas), el diario llama a la acción contra los huelguistas:

«Esos elementos (se refiere a los extremistas) que operan en dispersión están aprovechando el régimen de acuartelamiento de fuerzas que se ha impuesto el gobierno. Deseamos ver convencidas a las autoridades de que el pueblo entero ha de cooperar con ellas para el restablecimiento del orden en las calles, para que se reanude el tráfico público de todos los servicios, para que de una vez por todas no se vea el vecindario expuesto a desmanes, a violencias, o a vivir bajo la impresión de expectativas terribles. El vecindario honesto está dispuesto a cooperar enérgicamente, unido solo en un propósito, sin distinción de partidos y clases, de manera que no se reduzca la acción a dar y recibir tiros o a esperar acuartelado la agresión, sino a llevar la represión hasta la perfecta individualización de los que atentan contra el orden. Todos unidos por el orden, por el trabajo, por el honor y la vida del vecindario y del país. Las fuerzas del Ejército y de la Armada, lo mismo que los valiosos elementos de la policía, merecen un aplauso, pero con ellas desean obrar conjuntamente los vecinos calificados de esta ciudad».

Era un llamado a la acción, era una crítica al gobierno por utilizar las tropas solo en casos de suma gravedad y. por último, era un apoyo a las exigencias de los entonces llamados Defensoras del Orden. Comportamiento concreto el de este diario durante uno de los días pico de la huelga; comportamiento que demuestra que su «serenidad» para analizar las causas objetivas de las huelgas no le impedía exigir la más abierta represión si el movimiento amenaza los cimientos de la estructura capitalista.

El día 14, cuando ya retornaba la situación a los «causes normales», La Prensa publicó un editorial destinado a lijar una línea para que se adoptasen las medidas necesarias para impedir nuevas explosiones sociales[123].

El editorial, por una parte, estaba destinado a presionar sobre los trabajadores, a instarlos a abandonar cualquier práctica insurreccional:

«Los obreros de verdad, los trabajadores que tienen planteadas sus huelgas y sus reclamaciones, no parece que hubieran advertido las infiltraciones de aquellos elementos malsanos, aun cuando los ferroviarios, por sus recientes declaraciones de honestidad insospechable, ya los definieron llamándolos “paladines falsos que persiguen propósitos inconfesados e inconfesables”. Hay que separar y definir clara e insistentemente los movimientos antisociales de las legítimas reivindicaciones de los obreros, los que deben mostrarse más diligentes en alejar de su campo de acción hasta las simples sospechas de convivencias con los que solo persiguen destruir el orden establecido por nuestras instituciones».

La premisa os clara: un movimiento obrero reformista era lo único que la «sociedad argentina» podía aceptar. Pero para que se afianzase tal perspectiva, afirmaba el diario, también desde el Estado y los patrones se debía articular una política que permitiese erradicar socialmente a los elementos subversivos:

«Los obreros que forman una parte de la población de la República deben saber que esta población ampara sus reclamaciones justas y las prestigia por sus órganos cuando no se salen de las líneas del derecho y del orden».

Esta política de concesiones era una cara de la moneda. La otra, la cara de la represión estatal al movimiento obrero, no era olvidada por La Prensa, quien de paso que apoyaba la actitud del gobierno, le exigía al mismo tiempo, una más cuidadosa preparación de los instrumentos represivos antihuelguistas:

«El Ejecutivo de la Nación, con las medidas adoptadas ayer, reacciona evidentemente contra indiferencias y lenidades en otros procedimientos del gobierno. No le faltan indudablemente recursos de hombres para prevenir: pero debe prepararse con toda seguridad. En ese sentido y con ese propósito, la medida del gobierno de convocara una clase del ejército no debe ser observada. Hay deberes de defensa social que es preciso cumplirlos en todo su alcance y amplitud. No somos partidarios de una política de fuerza, y antes, en contrario, nos pronunciaremos contra ella, pero en el momento, el Ejecutivo debe tener a su disposición la fuerza pública necesaria para prevenir y reprimir, y para moverse de un lado a otro, cerca o lejos, con el sentido de la autoridad eficaz. La mano firmé y Inerte, cuando se pone en juego el interés del país y su causa esencial de orden, será también honrada».

El importante diario dedicó un extenso editorial el día 18 de enero, titulado «Plan de Legislación Social[124]». Comenzaba afirmando que falta en Argentina una legislación global del trabajo, historiando el proceso y las leyes parciales aprobadas sobre estos aspectos:

«Esta rama de la legislación se inició en 1905, con la sanción de la ley sobre descanso dominical en la Capital, y desde entonces hasta ahora han sido dictadas leyes respecto al trabajo de mujeres y menores; a la organización del Departamento Nacional del Trabajo; Agencias Oficiales de Colocación; accidentes de trabajo, procedimiento para la represión de las infracciones a esas leyes, jubilatorias de ferroviarios, ahorro postal, edificación de casas baratas para obreros y trabajadores a domicilio. La ley de jubilación de ferroviarios no ha entrado en aplicación en la parte relativa a la electividad de las pensiones, por no haber sido sancionada la ley reglamentaria de la caja, ley que se encuentra a consideración del Senado».

«Aparte de esas que podríamos denominar propiamente competentes de la legislación obrera, fueron dictadas dos leyes represivas, denominadas la una de Residencia y la otra de Orden Social. Ambas constituyen el resultado de la improvisación y aun del apremio' de las circunstancias. La primera, en electo, fue dictada durante una agitación que no fue precisamente originada por una incidencia de la y ida obrera, sino más bien por un acto común de gobierno —como fue el provecto de unificación de las deudas públicas nacionales— que el pueblo conceptuó inconveniente. La segunda se adoptó a modo de una verdadera reacción contra el uso de las bombas explosivas como instrumento de lucha de clases y el debate que la precedió acusa una evidente nerviosidad impropia, por cierto, de la serenidad que debe dominar en el ánimo de los legisladores en todo momento. El origen de estas dos leves justifica las críticas que despertaron bajo un concepto constitucional y social. Ellas son, a más deficientes y no es aventurado a firmar que por tales motivos no han resultado eficaces en la medida lógica para la finalidad que se persiguió con su sanción. Mientras tanto se tas califica de impopulares. Ambas deben ser revisadas».

La historia de la legislación del trabajo demostraba, para este diario, centralmente, dos cosas. Primero, que había habido cierto espíritu favorable a incorporara la legislación argentina exigencias de los trabajadores y esto demostraba la capacidad de adaptación de la estructura social. Segundo, que tales leyes habían sido aprobadas por imperio de las circunstancias, sin un «plan armonioso y racional», lo que demostraba al mismo tiempo que persistían factores retardatarios y opuestos al cambio social; tercero, que había que continuar en la línea de instaurar una legislación del trabajo global, derogando leyes represivas innecesarias y caducas y estableciendo nuevas disposiciones represivas más «inteligentes».

Según La Prensa, la falta de una legislación global era un factor que de hecho anulaba el poco valor de algunas leyes parciales. En efecto, de lo que se trataba era de elaborar una legislación que estableciese un conjunto de medidas para garantizar el desenvolvimiento pacífico de los conflictos laborales; esta legislación debería tener un núcleo del cual se desprendieran luego aspectos secundarios y subordinados. Este núcleo lo constituían los mecanismos estatales de coerción sobre trabajadores y empresarios que obligarían a llegar a acuerdos entre las partes. Tenemos una vez más disfrazada la coerción real de ¡os trabajadores en una coerción formal (trabajadores y empleadores). El mecanismo de coerción era por eso el sistema de conciliación y arbitraje incrustado y encubierto en la satisfacción para los obreros de una vieja reivindicación:

«Se ha dejado do lado la reglamentación del contrato do trabajo, que os tronco inicial do todo este cuerpo de leyes, y se ha olvidado de instituir los sistemas de conciliación y arbitraje en los conflictos del Capital y del Trabajo, como si se quisiera desconocer que son estos los que originan comúnmente las agitaciones do que tenemos sobrada experiencia. Poro mientras tanto se han dictado sanciones sin finalidad práctica».

Se reconocía, como hemos dicho, en este párrafo, un derecho por el cual venía luchando la clase obrera desde hacía años: la vigencia de contratos de trabajo por oficio discutidos entre patrones y obreros. Sobre la base de esta concesión se articulaba una legislación con un núcleo coercitivo (sistema de conciliación y arbitraje) que permitía a los trabajadores movilizarse solo dentro de los límites establecidos por el Estado capitalista. Esta idea, patrimonio de las figuras más lúcidas de los distintos partidos tradicionales, correspondía al desenvolvimiento de la contradicción entre el capital y el trabajo a nivel mundial y nacional. Era una alternativa de la burguesía, destinada a fracturar el creciente revolucionarismo de los trabajadores, aun a costa de concesiones significativas.

La legislación debería tener un núcleo, pero no podía reducirse a ello, al contrario: debía incluir otros aspectos. Afirma La Prensa:

«Pero como es necesario complementar con fines permanentes siquiera los grandes cimientos de la legislación social del país, preciso es referirla a aquellas instituciones de más urgente sanción, especialmente el contrato de trabajo; régimen de salario y jornada, organizaciones obreras y patronales, conciliación y arbitraje; depuración de la inmigración y sobre huelgas que afectan servicios públicos. Con esto, por ahora, el país habría salvado sus apremios más inmediatos».

La proposición era atrayente. Por un lado se introducían medidas realmente «revolucionarias» para el nivel ideológico medio de la burguesía argentina, tales como la unificación de un único régimen de salarios y jornada de trabajo; por otro, se trasladaba a la propia legislación laboral las antiguas leyes represivas, previa depuración de sus aspectos más burdos y grotescos. La legislación del trabajo propuesta se constituía así en un conjunto de medidas que incorporaban el Estado argentino al grupo de Estados capitalistas más avanzados en esta materia.

Al mismo tiempo la sociedad capitalista nacional podría articular con una legislación de este tipo a los sindicatos dentro de los mecanismos de coerción de su Estado.

La Prensa proponía un estudio cuidadoso del proyecto de ley, y alertaba al Estado de que no debía mantenerse neutral ante ningún conflicto laboral, que debía ser consciente de que tal actitud podía acarrear una repetición de los sucesos vividos y que para ello debía implantar la conciliación y arbitraje obligatorio, según la ley 8999, que facultaba al Departamento Nacional del Trabajo a

«convocar y presidir consejos del trabajo, compuestos en cada caso por igual número de patrones y obreros, los que deberían intervenir en los conflictos que se suscitaran».

Sobre dos problemas importantes tomó también La Prensa posición: las cuestiones de los inmigrantes extremistas y la Liga Patriótica.

El 22 de enero publicó un artículo titulado «Los Elementos inmigratorios no deseables[125]». El artículo polemizaba indirectamente con ideas provenientes de grupos de extrema derecha, activos dentro de la Liga Patriótica, que pretendían extender las prohibiciones do entrada al país a nacionalidades disolventes. Seguramente estos extremistas de derecha pensaban en los judíos (nacionalidad sobre la cual el mismo diario había hecho una apasionada defensa el día 16 con el título de «La colectividad israelita»), rusos, ucranianos, y otras nacionalidades en cuyos países de origen había triunfado la revolución socialista o tenían influencia decisiva sobre los trabajadores las ideas revolucionarias (por ejemplo, el anarquismo en Cataluña).

La Prensa separaba cuidadosamente dos aspectos. Por un lado el origen nacional de los inmigrantes, por otro las ideas políticas de cada uno de ellos, y afirmaba enfáticamente que

«las prohibiciones deben dirigirse contra los individuos y no contra nacionalidades o razas, a menos que estas hayan demostrado una invencible inaptitud de asimilación».

No encontrando ningún ejemplo de nacionalidad «inasimilable», el editorial agregaba:

«El conflicto doloroso producido en la última semana, y que aún no ha sido perfectamente explicado, es el que ha provocado estas reflexiones por lo heterogéneo de los elementos sociales y que tomaron participación activa mezclándose con los obreros y a despecho de estos, porque la primera condenación de los hechos y a los actores ha venido precisamente de obreros que no han querido reconocer ninguna solidaridad con los actores en los desmanes y crímenes que tanto mal han hecho y tantas vidas cuestan».

”Los demoledores, cualquiera sea su origen extraño, son repudiados aquí. No se alienta ni es ello posible, un odio contra la Nación de donde procedan, pues el delito se juzga en el individuo que lo realiza. Es notorio, por otra parte, que actores conocidos de estos hechos, proceden de los extremos del mundo y de naciones donde opresiones inveteradas, rigores políticos y miserias sociales les han incubado odios y rencores que tienen a este país, ajeno a esa atmósfera viciada y desbordante en pasiones violentas que no pudieron exteriorizarse allá."

Como conclusión, el editorial proponía, tomando como ejemplo varias leyes norteamericanas, prohibir el ingreso al país de todas aquellas personas que se considerasen indeseables, pero cuidando de no afectar los intereses del país en materia de inmigración:

«Creemos que cumple nuestra misión decir que la opinión pública, trágicamente conmovida por los sucesos sin ejemplos y los complots revolucionarios que acabamos de presenciar, esperando de los poderes públicos medidas de curación y de seguridad futura adoptadas con especial prudencia para no perjudicar lesión alguna a la buena inmigración, de la que también necesitamos y estima el país, y tocar el mal severamente, en los individuos, estudiando sus antecedentes».

En el próximo punto de esta segunda parte, nos referiremos a la Liga Patriótica. Inicialmente fue una organización de carácter paramilitar, surgida con el nombre de Defensores del Orden, donde se agruparon diversas personalidades e instituciones representativas de las clases dominantes, con el fin de formar especies de batallones cívicos armados para enfrentar a los huelguistas y desatar el terror blanco. Fue un producto de la profundidad y gravedad del conflicto; expresó la decisión de los capitalistas de organizarse contra los obreros al margen del Estado, pues no confiaban en la actitud del gobierno y creían que solo un agrupamiento de este tipo, en alianza con el ejército, podía liquidar la «subversión». Finalizado el conflicto, la flamante Liga Patriótica, donde coexistían nacionalistas de derecha y liberales de derecha, personalidades «apolíticas» de la banca, la industria, el campo, etc., intentó transformarse en factor de presión estable con el objetivo inmediato de promover un reordenamiento del Estado argentino que extirpase los factores de desajuste social provenientes de la acción del proletariado.

Como hemos visto, durante la huelga, no solo el gobierno fue condescendiente con este agrupamiento sino que recibió apoyo abierto de grandes diarios: tanto La Nación como La Prensa, y hasta La Época, publicaron sus resoluciones. La defensa del capitalismo en Argentina era la causa de esta simpatía inicial por los valerosos «defensores del orden» que junto con la policía masacraron a obreros.

Pero como la huelga pasó y la Liga Patriótica quedó, no fueron pocos los que vieron en esta organización un factor de disolución de los partidos tradicionales.

La Liga Patriótica se decía apolítica, pero en su propia existencia estaba la crítica a los partidos tradicionales. Era posible por ello que surgiese de su seno una corriente proclive a buscar nuevas formas estatales, distintas de las predominantes en el país. La Prensa participó de esta preocupación y cuidadosa pero decididamente, se lanzó contra esta nueva forma de organización de las clases dominantes.

Un largo editorial publicó La Prensa el 26 de enero titulado «Las Ligas Patrióticas y los Partidos Políticos[126]». Comenzaba afirmando que no se justificaba la existencia de esta Liga pues la sociedad argentina gozaba de estabilidad, hecho demostrado por la capacidad para absorber los sucesos:

«¿Sufrimos una revolución social intentada por elementos extranjeros? Nuestras investigaciones no nos autorizan a afirmar sobre pruebas inequívocas, que las violencias y los hechos insólitos presenciados por el vecindario de esta ciudad respondieron a una intentona de “revolución social”. Todo es vago lo que a este respecto se conoce, y en cambio todo está precisado y puntualizado en cuanto se refiere a la absurda conducta de imprevisión policial, de tal manera que hoy puede repetirse lo mismo que dijimos en el primer día de los sucesos: que la autoridad, ausente total como vigilancia en las calles de esta metrópoli, dio margen a la impunidad de muchos elementos antisociales y delincuentes que pululan aquí como en todos los grandes centros humanos. No hubo vigilancia y se produjeron desmanes, se acuartelaron los agentes en las comisarías y se echaron a las calles los elementos maleantes. Son términos que se relacionan con los hechos vividos. Bastó que los agentes reaccionaran, que se decidieran, que aquellos salieran a cumplir con sus deberes habituales de vigilancia en la calles y que las fuerzas de la Nación que patrullaban la ciudad se retirasen, para que la tranquilidad pública quedara restablecida».

«Los mismos obreros en huelga se adelantaron, una vez restablecido el orden, a rechazar cualquier solidaridad con los actores de violencia extrema».

y agregaba:

«La revolución social organizada no ha sido vista y no hay elementos positivos de juicio para pronunciarse a su respecto. Luego, la acción definidamente temeraria debe ser atribuida a la acción de delincuentes que operaron al margen de un abandono inconcebible de la autoridad».

La actitud inicial del gobierno, sus vacilaciones — insinúa La Prensa—, tienen mucho que ver con el origen de la Liga:

«No se puede negar que en medio del fragor de las guerrillas callejeras, muchos hombres buenos y bien inspirados, creyeron que la República corría un grave peligro en su existencia institucional, olvidándose de lo que es la República como realidad de fuerza material y moral más allá de Buenos Aires. Creyeron también, por haber visto a extranjeros entre los maleantes que descargaban sus armas a través de las ventanas, que debían unirse y oponerse la nacionalidad y la agresión. De ahí “la argentinidad” convertida en tambor de convocatoria cívica y guerrera. Al sentimiento de otra nacionalidad debíamos oponer el sentimiento enardecido de nuestra nacionalidad. El propósito era noble: pero los hechos no justificaron la postura, ni luego demostraron que era exacta la causa del especial enardecimiento».

No dudaba La Prensa de los «altos fines» de la Liga Patriótica; de lo que dudaba, seriamente, era de que tal tipo de organización sirviese efectivamente para materializarlos.

«Ningún argentino ni extranjero leal, vinculado a nuestra obra de cultura, puede ser contrario al propósito, pero no creemos que todos ellos piensen lo mismo acerca de la forma escogida».

La crítica a la Liga era sumamente inteligente. En efecto, los fundadores de esta organización habían insistido una y otra vez en que no tenían fines políticos, que la institución era totalmente «apolítica», solo destinada a salvar a la nacionalidad; a esto respondió el diario, afirmando que toda defensa de la nacionalidad era una actividad política:

«Una cuestión patriótica, cualquiera sea ella, es una cuestión que solicita y abarca toda la acción de que son capaces moral y materialmente los ciudadanos, y no puede ser sometida a subdivisiones para aspirar precisamente a “la política”, que es la faz directiva de toda acción social eficiente. El patriotismo es la virtud por excelencia de los ciudadanos de una Nación, y se demuestra de mil diversas formas, permitiendo discernir sobre ella solo cuando confluye en la grandeza de una obra social colectiva; pero lo que no concebimos es la manera que tendría que adoptar para traducirse bajo la inhibición de la política».

«Pensamos que los iniciadores habrán querido decir, que esas ligas se desarrollarán sin dar entrada a las pasiones partidistas y que para ello habrán tenido en cuenta la desorganización tradicional de nuestros partidos, que según la vieja expresión de Estrada, aún valedera, se han movido siempre a los impulsos “del odio y la concupiscencia”. Si eso es exacto, aún lo que corresponde es la unión para modificar esa composición de los partidos y organizarlos de acuerdo con los ideales del patriotismo».

No podía coexistir la Liga Patriótica dentro del Estado liberal, tal era el argumento doctrinario de La Prensa. Su existencia se transformaría en factor de desajuste; debilitando así las bases mismas de la organización política del país. El ataque era mesurado, puesto que La Prensa se dirigía a personas con las cuales tenía muchas cosas en común. Más aún, justificaba incluso que tales organizaciones derechistas surgiesen en momentos de caos revolucionario, como nuevos gérmenes de reorganización del Estado, pero bajo ningún punto de vista admitía su supervivencia, si el estado liberal-terrateniente y los partidos tradicionales habían demostrado suficiente vitalidad para liquidar el foco insurgente.

La Prensa negaba de plano capacidad a estas ligas, suma coyuntural de voluntades ideológicamente diferentes aunadas para enfrentar a los huelguistas, para elaborar un proyecto de Nación:

Sutilmente, el diario acusaba a los miembros de la Liga de ilusionarse con golpes de Estado y, luego de reafirmar que era necesaria más que nunca la unión de los argentinos en defensa de la nacionalidad y la Constitución que era su soporte, finalizaba el artículo:

«Para esta acción están indicados los partidos en cava organización debernos poner todos el patriotismo práctico de que seamos capaces y el ideal de justicia, que es el sol de nuestra bandera. Hagamos patriotismo viviendo integralmente la vida, y cumpliendo integralmente los deberes cívicos».

Tampoco alentó mayormente La Prensa la implantación del estado de sitio. Si bien, como hemos visto, propuso durante los días álgidos de la huelga medidas represivas de fondo, puede deducirse que su dirección consideró innecesaria la medida en cuanto ya la huelga decaía. El último editorial violento contra los huelguistas fue el del día 14, que hemos comentado. Luego, los temas predilectos de este diario fueron la cuestión social y la legislación del trabajo, inmigración, colectividad israelita, fuga Patriótica y otros, destinados a sentar posición sobre medidas a adoptar y alternativas a largo plazo para fortalecer los intereses de la sociedad capitalista y su Estado. Sobre si el estado de sitio debía o no ser refrendado por los Senadores, no tomó posición hasta el día 31 de enero, es decir, hasta que la propia Cámara de Senadores lo rechazó. El editorial del día 31[127], titulado «Estado de Sitio», fue breve; luego de argumentar que tal medida era totalmente innecesaria, terminaba diciendo:

«Bien ha hecho el Senado al negar su sanción a un proyecto de ley que pudo ser la indicada en un momento trágico, pero que hoy nada justificaría. La amenaza que ha oído el Senado (se refiere a un supuesto llamado a una nueva huelga que circuló en Buenos Aires el día 16 de enero, J.G.) carece de fundamento, a nuestro leal entender, en los hechos pasados y en los que se anuncian en corrillos de políticos áulicos, y de todas maneras ahí están las Cámaras para responder al patriotismo cuando este lo exija —lo que esperamos que no sucederá— con leyes como la del estado de sitio, que es arma demasiado peligrosa en las democracias».

«Políticos áulicos»: la crítica estaba seguramente destinada una vez más a los entusiastas activistas de la Liga Patriótica, interesados como ninguno en que la medida fuese aprobada en la Cámara, con el fin de acentuar los rasgos autoritarios del Estado argentino.

CAPITULO 17

LA LIGA PATRIÓTICA

La formación de la Liga Patriótica constituye uno de los hechos más originales de los sucesos de enero. Su nacimiento data del 10 de enero. Ese día, en el Centro Naval, bajo la dirección del almirante Domecq García, se organizaron grupos terroristas de derecha con el nombre de “Defensores del Orden”. El temor de que el gobierno radical no fuese lo suficientemente drástico para reprimirá los huelguistas, movió a personalidades pertenecientes a la «elite» a crear una organización capaz de actuar con decisión, colaborando estrechamente con la policía y el ejército. Se sumaron liberales, conservadores, clericales, etc., lo que indica que la coyuntura política polarizaba a las fuerzas sociales en pugna, y al mismo tiempo era un índice del alto grado de homogeneización de la clase alta, que reaccionó con suma rapidez y decisión ante los graves sucesos. Fue el peligro de la revolución social lo que aglutinó a estas personas, cobijadas bajo un abstracto principio de «defensa de la nacionalidad».

Un rasgo peculiar de la Liga Patriótica reside en que no fue solo iniciativa de personalidades aisladas. Fue también producto de la influencia de instituciones que representaban intereses tanto patronales como de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. También la apoyó la Iglesia Católica a través de la Unión Democrática Cristiana y el reaccionario monseñor Miguel de Andrea[128].

Apoyó a los «defensores del orden», la llamada Asociación del Trabajo, fundada en 1918 por las siguientes asociaciones: Bolsa de Comercio, Sociedad Rural Argentina, Centro de Exportadores de Cereales, Centro de Importadores y Anexos, Centro de Navegación Transatlántica, Centro de Cabotaje Argentino, Compañías Importadoras de Carbón, Cámara Gremial de Molineros, Centro de Propietarios de Carros, Centro de Barraqueros y Frutos del País, Cámara Gremial de Cereales, compañías de los ferrocarriles Central Argentino, del Sud, del Oeste, del Pacífico, y otros gremios patronales.

El gran capital extranjero y el nacional se coaligaban con el fin de contrarrestar la creciente combatividad y espíritu revolucionario de los trabajadores argentinos. Su presidente, en 1918, era Pedro Christophersen, presidente de la Bolsa de Comercio, y su alma mater, Joaquín S. de Anchorena, con un alto cargo en la Sociedad Rural. La Asociación del Trabajo proveía de rompehuelgas a las empresas en conflicto y también guardias armados, reclutados entre ex policías, maleantes, etc. La UIA no participaba formalmente en esta institución, pero sus miembros recurrían a ella permanentemente; un ejemplo de ello era Pedro Vasena, socio fundador.

El día 10, la Asociación del Trabajo convocó a una reunión en la propia Bolsa de Comercio: lo puramente formal había sido dejado de lado ante la virulencia de la huelga; en esta reunión se exigió al gobierno adoptar medidas severas contra los huelguistas[129].

Ese mismo día, también se reunió el Comité Nacional de la juventud[130].

En la mencionada reunión se aprobó la asistencia de sus miembros al Centro Naval y se resolvió enviar una nota al jefe de policía, ofreciendo la colaboración de sus miembros con las fuerzas policiales, porque:

«es necesario el apoyo civil para contrarrestar con mayor eficacia la acción subversiva».

La línea aprobada en ambas organizaciones respondía plenamente a lo resuelto por la mañana en el Centro Naval, bajo el auspicio del almirante mencionado y de Carlés, ex interventor del gobierno radical en la provincia de Salta. Carlés, pocos días antes, había recibido grandes elogios del diario oficialista La Época, por su comportamiento como delegado del Poder Ejecutivo[131].

Los jovencitos del Comité entraron rápidamente en acción. Había en su seno liberales, nacionalistas oligárquicos y clericales, pero todos actuaban al unísono organizando progroms contra los judíos, baleando obreros y asaltando locales sindicales y partidarios. A eso se dedicaron los días 10, 11 y 12 de enero. Como hemos visto, el gobierno aceptó tan «distinguida» colaboración y los principales diarios la apoyaron abierta o tácitamente. Es que en esos momentos, la defensa de la «sacrosanta propiedad privada» era también patrimonio de estos playboys terroristas. Solo después de finalizada la huelga, La Prensa y personalidades conservadoras como Zeballos atacaron a los «defensores»; es que ahora todo había vuelto a la tranquilidad.

Pero mientras la lucha entre los obreros y los patrones y su Estado era aguda, nadie perteneciente al campo de la burguesía pensó en desechar tan importante colaboración.

El nacionalista Juan E. Canilla describe así una «valerosa acción» de los Defensores del Orden:

«Uno de los hombres que supieron aunar, en aquellos momentos, voluntades y esfuerzos fue Miguel Carlés, prestigioso ya por su actuación parlamentaria y sus elevadas dotes de jurista y orador. Agrúpase, a su alrededor, una falange de argentinos entusiastas que llevarían luego el nombre de Liga Patriótica Argentina… Oí decir que estaban incendiando el barrio judío y hacia allá dirigí mis pasos. Caminé por las calles Junín, Uriburu y Azcuénaga, al principio sin hallar signos patentes de disturbios, salvo la presencia en puertas y esquinas de grupos de hombres, mujeres y niños en actitud expectante. Fue al llegar a Viamonte, a la altura de la Facultad de Medicina, que me tocó presenciar lo que podría denominarse el primer progrom en la Argentina. En medio de la calle ardían pilas formadas con libros y trastos viejos, entre los cuales podían reconocerse sillas, mesas y otros enseres domésticos, y las llamas iluminaban tétricamente la noche destacando con rojizo resplandor los rostros de una multitud gesticulante y estremecida. Me abrí camino y pude ver que a pocos pasos de allí se luchaba dentro y fuera de los edificios. Inquirí y supe que se trataba de un comerciante judío al que se culpaba de hacer propaganda comunista. Me pareció, sin embargo, que el cruel castigo se hacía extensivo a otros hogares hebreos. El ruido de muebles y cajones violentamente arrojados a la calle se mezclaba con gritos de “mueran los judíos, mueran los maximalistas”. Cada tanto, pasaban a mi vera viejos barbudos y mujeres desgreñadas. Nunca olvidaré el rostro cárdeno y la mirada suplicante de uno de ellos al que arrastraban un par de mozalbetes, así como el de un niño sollozante que se aferraba a la vieja levita negra, ya desgarrada, de otro de aquellos pobres diablos. Aparté, no sin repugnancia, mi mirada de aquel cuadro chocante, pero fue solamente para aplicarla en otros del mismo jaez, pues el disturbio provocado por el ataque a los negocios y hogares hebreos se había propagado a varias manzanas a la redonda[132]».

Derrotada la huelga, los Defensores del Orden continuaron su «patriótica misión»: el día 15 de enero se reunieron nuevamente, ahora en el local de la Asociación del Trabajo y resolvieron lo que sigue, según lo relata La Nación:

«La Comisión constituida por el comercio, la industria, la banca y los ferroviarios para arbitrar fondos con que gratificar a los soldados, marineros, agentes y bomberos que en estos días han tenido a su cargo la parte materialmente más dura del mantenimiento del orden y la defensa de las instituciones y de la propiedad privada, ha comenzado sus tareas. Publicamos más adelante la nómina de las donaciones primeras, llegadas en un impulso de justicia y de ineludible generosidad que, lo esperamos, tendrá en la ciudad rica y ya tranquilizada abundantes imitadores».

«Buenos Aires —y más especialmente cuanto constituye la riqueza de Buenos Aires—: negocios, fábricas, empresas de todo género, tiene una deuda que no estará bien pagada solo con el reconocimiento de que cuantos han debido custodiarla en medio de los tiroteos en la exposición constante a la acechanza criminal, han cumplido como ciudadanos leales y patriotas. Sofocados los disturbios sangrientos, quedan como testimonios, consecuencia de su misma represión, muchos hogares donde la necesidad se ha presentado con más apremio que nunca. Y aun fuera de ellos, simples razones de equidad imponen a cuantos puedan afrontarlo sin esfuerzo, el deber de mostrar con algo más que palabras, que reconocen la gallardía de esa actitud que ha sido nota saliente de los lamentables sucesos últimos[133]».

Era el verdadero rostro de los dueños de las tierras, las industrias, el comercio: recolectaban dinero para «pagar» a los soldados, policías y marineros a cambio de la masacre de trabajadores. Y lo hacían sin ningún prurito «constitucional». Pasaban ellos directamente a financiar las actividades antihuelguistas de las fuerzas represivas. Los capitalistas colaboran abiertamente con la Liga[134]. El mismo artículo de La Nación transcribe que

«una larga lista de capitalistas agradecidos se apresuró a contribuir; los primeros en hacerlo fueron Federico y Alejandro Leloir, con 5000 pesos; Gath y Chaves con 1000; Celedonio Pereda con 5000; Ezequiel Paz con 500; Justa Urquiza de Campos e Hijos con 350 y muchas otras personas pertenecientes a la clase alta. La suscripción duró quince días».

Los principales bancos, extranjeros y nacionales, se apresuraron abrir cuentas para los suscriptores; entre ellos los bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, de Londres y Río de la Plata, Británico, América del Sur, First National Bank of Boston, Francés e Italiano, Italo Belga, Alemán, Popular Argentino y otros. La participación de los bancos extranjeros en las suscripciones demostraba hasta qué grado la economía y la política argentinas estaban subordinadas a los monopolios internacionales, particularmente británicos. Pero para ellos no se aplicaban los principios de «defensa de la nacionalidad» tan celosamente defendidos por la Liga Patriótica. Es que la «defensa de la nacionalidad» incluía también la defensa de los intereses de las metrópolis imperialistas.

Por su lado, el gobierno radical nada hizo para impedir semejantes colectas. Por otra parte, altos personajes del Partido Radical participaron en la primera Comisión promotora de la colecta y base de la futura liga. Elegida el día 15 en la reunión citada, entre sus miembros se destacaban el general Dellepiane, el radical Leopoldo Melo, Federico Leloir, Carlos Tornquist, Benito Nazar Anchorena, Estanislao Zeballos (el «crítico» de la Liga), Miguel Martínez de Hoz, Alberto Dodero, Guillermo Padilla, Julio A. Roca, el general Rosendo Fraga y muchos otros altos personajes.

El día 19 de enero se constituyó la Liga Patriótica, sesionando para ello en el Centro Naval. El diario radical La Época relató extensamente el carácter de la reunión y sus resoluciones[135].

Presidió la reunión el vicealmirante Domecq García, quien luego de exponer las razones por las cuales se formó la «guardia civil», dio lectura a las bases de la Liga Patriótica Argentina.

Las ideas centrales del proyecto eran las siguientes: Primero: «estimular el amor a la patria por parte de la población y reafirmar que toda solución a los problemas del país debería encauzarse por vía constitucional». Segundo: «constituirse en guardián de la “argentinidad” y prevenir a todo extranjero que para habitar en el país debería respetar sus instituciones».

Tercero: «actuar con decisión contra los agitadores, denunciándolos ante la justicia y presionando a esta para que actuase con firmeza».

Cuarto: «apoyar toda iniciativa favorable a estos objetivos, y apoyar el magisterio en su labor de inculcar los principios de la argentinidad».

Quinto: declaraba que la «Liga era una entidad autónoma, que las diversas asociaciones que se le habían adherido, solo lo habían hecho a los efectos de colaborar».

Sexto: «dar a la Liga el Lema de Patria y Orden».

La Época, luego de exponer los principios de la nueva institución, comenta sobre los más destacados participantes:

«La reunión de esta mañana se vio muy concurrida, encontrándose entre otros, los siguientes: Dr. Raúl Elia, por el Jockey Club, Dr. Artayeta Castex por el Círculo de Armas, Cap. de Navio J. Yalour por el Centro Naval, mayor J. Diana por el Círculo Militar, señoritas R. Oliden y G.L. Lucero por la Asociación de Damas Patricias, F. Leloir por el Yacht Club, monseñores Piaggio y D’Andrea, Dr. M. Oriondo y L. Agote y J. Gallego, coroneles Manzano y Fernández, señores A. Oliver, A. Schoo (h), E. Loreira, R. Lagos y otros».

Con tal «selecta concurrencia» se constituía una de las instituciones más negras y reaccionarias del país. El eje de su línea consistiría en golpear centralmente a la clase trabajadora, además de jugar un destacado papel en el golpe de Estado que derrocó a Yrigoyen en 1930.

CAPITULO 18

LA UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA

Esta institución gremial de los industriales, según Dardo Cúneo, se encontraba en esos años en crisis interna derivada de los efectos de la primera guerra mundial sobre la economía argentina[136]. No participaba formalmente de la Asociación del Trabajo aunque sus afiliados recurrían a los servicios de esta última[137].

Durante los días de huelga, la Unión Industrial Argentina no publicó ninguna resolución. Solo se registra la presencia de su presidente Guillermo Padilla entre los más entusiastas colaboradores de los Defensores del Orden, tal como lo podemos comprobar en la lista de adherentes citada anteriormente.

El día 19 de enero se reunió el Consejo Directivo de la UIA. resolviendo lo siguiente:

Contribuir a las suscripciones iniciadas por la flamante Liga Patriótica.

Exigir del Estado la reglamentación del funcionamiento de las asociaciones obreras, de manera que el trabajo obtenga el carácter de un contrato colectivo entre las asociaciones y las empresas.

Oponerse a la sanción de la jornada de trabajo de 8 horas, dado que encarecía los costos, facilitando así la penetración de manufacturas extranjeras. Se propone que, de establecerse una jornada legal máxima para todas las industrias privadas, sea de 9 horas.

Oponerse a toda reglamentación sobre salarios mínimos hasta que esté resuelto el problema de una legislación del trabajo global.

Exigir la selección de los inmigrantes para impedir la entrada de agitadores.

Requerir la modificación de la ley de accidentes de trabajo en un sentido más favorable a los trabajadores.

Exigir que toda legislación del trabajo tenga en cuenta las desigualdades entre las industrias de las diversas regiones[138].

El Consejo Directivo de la UIA fue adoptando medidas y resoluciones en relación con el futuro tratamiento del tema legislación del trabajo. El 21 de abril de 1919 se envió a los afiliados una circular que incluía una declaración de la UIA[139].

La parte introductoria de esta circular fijaba la posición de la institución ante los problemas de salario y jornada de trabajo:

«Habiéndose ocupado el Consejo Directivo en sus últimas sesiones de los graves trastornos que las huelgas ocasionan al funcionamiento de las industrias, ha resuelto, en cuanto al carácter general de la cuestión, elevar una nota a la Comisión de legislación social de la Cámara de Diputados solicitando el estudio de la legislación australiana sobre asociaciones profesionales y su inmediata adaptación a nuestro país como base esencial de las demás leyes llamadas a establecer un régimen igual permanente entre patrones y obreros».

«En cuanto a la faz particular o gremial de estos conflictos, escapa a toda intervención del Consejo Directivo, por tratarse de puntos que, como los salarios y su forma de pago, los honorarios y demás modalidades especiales del trabajo, son del resorte exclusivo de los gremios directamente interesados, puesto que variando las condiciones económicas y técnicas de las diversas industrias, no cabe juzgar la parte concreta de los petitorios obreros con un criterio uniforme ni someter en todos los casos a las mismas normas la solución de dichos conflictos. Así, por ejemplo, teniendo el trabajo a destajo mucha más importancia en unas industrias que en otras, su abolición o su restricción podrá ser concedida por las unas y no por las otras. Lo mismo ocurre con la jornada de trabajo, cuya reducción debe necesariamente consultar en muchas industrias, factores que, como la competencia de las industrias similares extranjeras, los patrones no pueden modificara voluntad».

Apoyándose en la diversidad de situaciones, la UIA trataba de quebrar cualquier posibilidad de unificación de la clase obrera por objetivos comunes. Insistía en el sistema de trabajo a destajo, restringía sus contradicciones con ciertas industrias europeas al máximo, tratando de centrar toda la cuestión en la defensa de la superexplotación de la mano de obra nacional como condición para poder competir (de paso hay que recordar que dentro de la UIA se encontraban también empresas predominantemente extranjeras, como el caso de los Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena).

En la misma circular se afirma que solo podrá implantarse la jornada de 8 horas cuando esta tenga vigencia internacional, de modo de impedir la desigualdad de costos.

Como se observa, la actitud de la UIA era de maniobrar ante una nueva correlación de fuerzas entre patrones y obreros, más favorable a estos últimos, haciendo solo concesiones mínimas.

La circular también trataba de elaborar una táctica para la clase patronal en su conjunto, centrando en la «solidaridad mutua» y combatiendo toda concesión exagerada de empresarios aislados que debilitase el frente común:

«Pero El Consejo Directivo cree de su deber llamar la atención de las secciones sobre la absoluta necesidad en que todas el las (las empresas) se encuentran de aunar sus fuerzas para defender con eficacia sus derechos e intereses esenciales en estos conflictos, tratando siempre de moderar por medio de la más estrecha solidaridad patronal la táctica obrera de las huelgas parciales, cuando las exigencias de los personales ultrapasen —como ocurre frecuentemente— los límites de lo razonable y de lo justo, de lo que real y positivamente pueda conceder cada industria sin condenarse a vegetar o a sucumbir. Todos los miembros de un mismo gremio deben tener en cuenta que lo que defienden en este terreno son derechos e intereses comunes y que toda concesión excesiva de un industrial a las imposiciones obreras redundará tarde o temprano en perjuicio colectivo y, tal vez, a la larga, ocasione la ruina de la industria».

También la UIA alentaba a las empresas a establecer salarios mínimos y reglamentos de trabajo por secciones, sin ingerencia estatal y tratando, en lo posible, de que las proposiciones y medidas de las empresas contasen con aprobación de los trabajadores. La iniciativa y el poder de decisión debían estar siempre en las empresas.

Al mismo tiempo, la UIA alertaba a los industriales de mentalidad atrasada que debían «adoptar una actitud conciliadora, exenta de prejuicios en todo lo que sea justo y razonable; y defender con firmeza las bases económicas y técnicas de la industria que cada una de ellas representa».

La UIA deseaba una legislación del trabajo que impidiese los «desbordes» proletarios:

«La legislación que sobre estas cuestiones viene reclamando la Unión Industrial Argentina desde 1904, no puede tardar en ser sancionada, ni cabe admitir, en presencia de los ingentes perjuicios que el país sufre por causa del huelguismo desorbitado y de la supresión casi completa de la libertad de trabajo, que no se modifique la actitud excesivamente pasiva de los poderes públicos al respecto. Mientras tanto, compete a los gremios posponer todo interés individual a los colectivos y procurar aunar a todos sus miembros en la legítima defensa de sus respectivas industrias».

La frase, crítica en relación con la política del gobierno, era un llamado a la acción común de una clase patronal que todavía no actuaba con espíritu de cuerpo. Todo ello para impedir el auge de las huelgas. Estas ideas se reflejarían en el proyecto de la UIA sobre legislación del trabajo.

Por último, la circular transcribía la declaración de la UIA aprobada por el Consejo Directivo el 9 de mayo:

«El Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina, reunido en la fecha, con asistencia de los delegados de las secciones gremiales, ratifica la opinión expuesta en la solicitud presentada el 21 de abril p.pdo., a la Comisión de la legislación social de la Cámara de Diputados y en la circular dirigida en la misma fecha a los gremios que integran la Asociación de que la solución de los conflictos obreros no debe buscarse en actitudes intransigentes ni en medidas extremas, sino en una razonada conciliación de los derechos e intereses de ambas partes, al amparo de la libertad de trabajo —que el Poder Ejecutivo ha prometido— y mediante una legislación que permita celebrar contratos colectivos e instituir organismos legales de conciliación y arbitraje. En consecuencia, el Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina, reconociendo la legitimidad de las peticiones obreras de carácter económico y la justicia de satisfacerlas en todo cuanto resulte compatible con el desarrollo de las industrias respectivas, y la inadmisibilidad de cualquier ingerencia extraña en la dirección y administración de las empresas, solo propiciará iniciativas que tiendan a conciliar el capital y el trabajo en la obra común de la producción. Entiende asimismo que dadas las características hoy inamovibles de los diversos factores de la economía nacional, no podrá realizarse en tal sentido nada verdaderamente eficaz y duradero amalgamando en una misma entidad gremios patronales prácticamente imposibilitados de sujetarse a un criterio uniforme ni de adoptar idénticas normas de procedimiento en sus conflictos particulares con empleados u obreros; por cuya razón insiste en opinar que, por lo menos en lo que concierne a las industrias fabriles y manufactureras, la apreciación de lo que sea o no aceptable en la parte completa de los petitorios obreros —inclusive el reconocimiento de los sindicatos de oficio— mientras su existencia no esté legalizada, es, en cada caso, del exclusivo resorte de los gremios directamente interesados. Estima, finalmente, que la constitución de todos los gremios patronales es urgente e indispensable, pero que la agrupación de todos los gremios constituidos o que se constituyan, debe realizarse de acuerdo con sus afinidades orgánicas».

El tono de la declaración reflejaba la situación generada por la explosión de enero. Los patrones reconocían el derecho de los obreros a exigir mejoras y organizarse para ello. Aceptaba la UIA la celebración de contratos colectivos de trabajo, pero insistiendo en que tales contratos se estableciesen sin la presión de la huelga obrera,en cuanto reafirmaba la necesidad de que el Estado impusiese mecanismos de coerción (conciliación obligatoria). Dejaba claramente sentado que bajo ningún punto de vista admitía que los obreros tuviesen otro derecho que el peticionar mejoras, excluyendo toda ingerencia en la dirección de las empresas. También se daba un margen para maniobrar aduciendo que la UIA solo apoyaría iniciativas obrero-empresariales que no afectaran los intereses patronales. Por último reafirmaba también la idea de que las negociaciones entre patrones y obreros debían ser lo más diversificadas posibles, de manera de fracturar el movimiento sindical obligándolo a negociar aisladamente, es decir, por oficio y por empresa. Por último insistía en que los industriales no aceptarían coacción estatal que los obligase a agruparse para negociar en bloque con los sindicatos nacionales.

La actitud de la UIA respondía plenamente a la táctica de los empresarios más lúcidos: retroceder solo algunos pasos para organizarse y pasar a exigir que el Estado estableciese mecanismos de control sobre los sindicatos. Desde 1904, la UIA, según esta crónica de La Prensa, venía predicando esta solución. Lo más probable es que haya formulado tal política como una de las alternativas, pero que mientras el movimiento sindical no hubo logrado la fuerza que mostró en 1919, la alternativa predominante había sido la marginación de las asociaciones obreras de la vida política y estatal del país, predominando mecanismos de coerción brutales y directos como las leyes de Residencia y Orden Social que la UIA apoyó.

Pero los tiempos habían cambiado. Ahora la alternativa que pasaba a primer plano era la subordinación de los sindicatos al Estado. La UIA la apoyaría fijando posición ante el proyecto de legislación elaborado por la comisión de la Cámara de Diputados en julio de ese año, que comentaremos a continuación.

CAPITULO 19

PROYECTO DE LEGISLACIÓN, CRITICAS Y NUEVAS MOVILIZACIONES OBRERAS

En junio de ese año se expidió la comisión de la Cámara de Diputados designada para elaborar un proyecto sobre Legislación Nacional del Trabajo. El despacho por mayoría estaba firmado por Carlos F. Melo, Rogelio Araya, Matías Sánchez Sorondo, Enrique Martínez, A. Méndez Casariego, Pedro L. Cornet y Rodolfo Moreno (h). El despacho por minoría estaba firmado por Mario Bravo.

El despacho de la mayoría había sido elaborado sobre la base de un proyecto del diputado conservador Matías Sánchez Sorondo. Los radicales participantes en la comisión habían inicialmente presentado un proyecto pero luego lo retiraron, apoyando (con algunas modificaciones) el proyecto de Sánchez Sorondo. El proyecto del diputado socialista Mario Bravo era una reproducción de una iniciativa similar suya de 1918, que a su vez reproducía con algunos cambios un proyecto de Alfredo Palacios y Juan B. Justo, presentado a la Cámara en 1912.

La extensión del proyecto de la mayoría impide su reproducción en estas páginas. Comprendía: 1) las asociaciones profesionales, 2) los sindicatos gremiales, 3) los sindicatos patronales, 4) las condiciones y duración del trabajo, 5) los conflictos del trabajo y los medios de resolverlos, 6) el fuero del trabajo, 7) los delitos contra la liberad de trabajo. El proyecto en total contaba con 138 artículos[140].

Las ideas centrales del proyecto de la mayoría eran:

Primero: Establecía un control riguroso del Estado sobre la estructura de los sindicatos. El art. 34 determinaba que el Estado debía aprobar los estatutos de los sindicatos gremiales y patronales, condición para su funcionamiento. El art. 33 obligaba a los sindicatos a registrar a todos sus afiliados en el Departamento Nacional del Trabajo u oficina similar provincial. El 88 facultaba al Estado para disolver cualquier asociación cuando esta se constituyera en factor de «perturbación del orden público». El mismo artículo determinaba que el Estado podía tomar posesión de los bienes de una asociación disuelta. El 46 fijaba que la asamblea general del sindicato, reunida en primera citación, debía ser presidida por un inspector del trabajo, y que reunida en segunda, tercera, etc., debía contar también con la presencia del mencionado funcionario del Estado. El 48 indicaba que siempre debía participar en la mesa directiva de un sindicato, un inspector del trabajo. El 57, que para poder federarse los sindicatos por oficio, industria, etc., debían resolverlo en asamblea y con la presencia de dos tercios de los afiliados, de los cuales debían aprobar la fusión por lo menos tres cuartos de los presentes. El 58, que la Federación de Sindicatos, si bien podía participar en la discusión sobre contratos colectivos, no tenía representación gremial. Estas disposiciones y otras regían en toda su plenitud solo para los sindicatos obreros, no así para los sindicatos patronales, en cuanto su organización y dirección se regían por el Código de Comercio, según lo especificaba el art. 63.

Segundo: Al mismo tiempo que promovía la organización de sindicatos, establecía cláusulas que facilitaban y hasta imponían el fraccionamiento sindical. En efecto: el art. 28 determinaba que podía formarse un sindicato con veinte afiliados y como los contratos colectivos de trabajo se aprobaban directamente por fábrica, se imponía el fraccionamiento sindical inclusive dentro de la misma. El art. 27 permitía a cualquier obrero trabajar sin estar asociado, y el 68 facultaba a los obreros a establecer individualmente condiciones de trabajo con las empresas.

Tercero: Reglamentaba la participación de los extranjeros en los sindicatos con el espíritu de la Ley de Residencia. Por el art. 5 solo los extranjeros con más de cinco años en el país podían tener cargos directivos. Por el 36 se establecía que un extranjero, para ser afiliado de un sindicato, debía presentar un «certificado de moralidad» expedido por el Consulado respectivo, el Departamento Nacional del Trabajo u otro organismo estatal que lo reemplazare.

Cuarto: Trataba de excluir de la actividad sindical no solo a los activistas extranjeros, sino a la mayor cantidad posible de obreros politizados de origen argentino. En efecto, el art. 36 determinaba, a) que no podía ser miembro de un sindicato ninguna persona que hubiese sufrido en los últimos cinco años una condena de más de un año de prisión, y b) que para ser miembro del sindicato, el obrero debía residir en el lugar donde el sindicato tenía su domicilio.

Quinto: Establecía la obligatoriedad de que patrones y obreros celebrasen contratos de trabajo por empresa. El contrato, como hemos dicho, podía ser colectivo o individual. El art. 76 fijaba que los obreros no podían declarar el abandono del trabajo (huelga) o los patrones el cierre (lockout) mientras durase el contrato colectivo. Se cercenaba así el derecho de huelga ante, por ejemplo, el incumplimiento del contrato por los patrones.

Sexto: Un capítulo entero de la ley estaba dedicado a la reglamentación de las huelgas. Era posible a los obreros declarar la huelga solo cuando hubiese vencido el plazo para el contrato colectivo de trabajo o cuando ya se hubiesen expedido los tribunales de conciliación y arbitraje. Pero para la huelga era necesario que la aprobasen 2/3 de los miembros presentes en asamblea, dentro de las normas establecidas por el art. 43. Al mismo tiempo, cualquier miembro podía desacatar la resolución de huelga si simultáneamente se desafiliaba al sindicato, actitud que la ley protegía. Las Federaciones de gremios no podían decretar huelgas. Por último no podían ir a la huelga (lo que a su vez impedía la formación de sindicatos) los obreros y empleados de Correos, Telégrafos, Teléfonos, Agua, Higiene y Asistencia Pública. Alumbrado y Provisión de Fuerza Motriz. Transportes y Puerto, Administración Pública, Abastecimiento y Expendio de Artículos Alimenticios de Primera Necesidad, y Bancarios. Una parte importante de los trabajadores no podían, por lo tanto, realizar ninguna acción o ejecutar medidas de fuerza en defensa de sus derechos.

Séptimo: El art. 86 establecía severas penas para los obreros que «violasen» el contrato colectivo de trabajo. La pena podía llegar hasta una multa equivalente a dos semanas de jornal y la expulsión del sindicato. El patrón reducía el salario y el Estado lo echaba del sindicato: la subordinación de los sindicatos a los patrones y el Estado era completa. El 88 establecía que si el gremio violaba el contrato colectivo de trabajo, sería disuelto y sus miembros no podrían agremiarse (art. 89) hasta un año después de la disolución. El 89, en un alarde de imparcialidad, también penaba a los patrones con multas de 300 a 20 000 pesos por violación del contrato colectivo, suma que ingresaría en las arcas del sindicato.

Octavo: El contrato colectivo de trabajo era aprobado por las partes. Pero si no había acuerdo, participaba una persona elegida por las mismas partes o el Estado, dando lugar a la formación de un consejo de conciliación (art. 93). En caso de no llegarse a acuerdo, se (orinaría un tribunal arbitral con un delegado por el sindicato, uno por la patronal y otro por el Estado. El tiempo para expedirse, en caso de necesitarse la constitución de ambos organismos, era de 35 días. Mientras tanto no podía efectivizarse ni la huelga ni el lockout.

Al mismo tiempo se establecía una instancia judicial: los jurados del trabajo, que resolvían en caso de que los organismos anteriores no pudiesen hacerlo, o de que los problemas escapasen a los límites establecidos para problemas surgidos de los contratos colectivos de trabajo. Estos jurados estaban compuestos por un delegado de los obreros, uno de la patronal y uno del Estado. Para los dos primeros cargos debía ser presentada una terna de candidatos, de la cual se elegía uno por sorteo. Los delegados debían ser argentinos (art. 109).

Noveno: Un capítulo estaba dedicado a los «delitos contra la libertad de trabajo». El art. 124 reafirmaba que no podía haber huelga durante la vigencia del contrato y luego de conceptualizar una serie de delitos, fijaba la posibilidad de prisión de hasta 3 años para los huelguistas acusados de delitos contra los bienes de la empresa, por propaganda subversiva, etc. El art. 129 autorizaba a cualquier ciudadano a denunciar delitos contra la libertad de trabajo. Las asociaciones obreras no reconocidas por esta legislación eran declaradas ilícitas por el art. 130, serían disueltas y sus miembros podrían ser encarcelados de 6 meses a un año y deportados en caso de ser extranjeros.

Décimo: La ley establecía la jornada semanal de trabajo de 48 lloras (art. 131). Este mismo artículo autorizaba hasta una jornada semanal de 60 horas durante 60 días por año en las empresas donde se trabajaba bajo techo, y una jornada semanal de 60 horas durante 90 días cuando se trabajase al aire libre, en caso de necesidades de las empresas. Se pagaría por las horas extras un sobrejornal del 50 por ciento.

Undécimo: Como si no bastase con semejantes trabas al movimiento sindical, la ley apuntaba con habilidad a otra cuestión: la posibilidad de corrupción de los dirigentes obreros. En efecto, el art. 136 fijaba para los delegados obreros a los jurados del trabajo, 8300 pesos mensuales si pertenecían a la Capital y 600 si pertenecían a las provincias, sueldos altísimos para esa época.

La iniciativa conservadora de Sánchez Sorondo arrastró inicialmente a los diputados radicales. Por eso, solo la contraofensiva de los trabajadores podía dividir a conservadores y radicales, particularmente a los yrigoyenistas. Y así ocurrió. El 28 y 29 de junio, ya conocidos los términos del despacho de la mayoría, se reúne un congreso extraordinario de la FORA al IX.º para tratar la cuestión[141]. Concurren 255 delegados, que expresan su repudio al proyecto y que amenazan con lanzar la huelga general antes de «consentir que sus legítimas actividades puedan ser controladas por una ley llamada del trabajo, elaborada a gusto y paladar del capitalista[142]». Se resuelve iniciar una campaña pública contra el proyecto, con participación de los partidos obreros.

El Partido Socialista inicia también una campaña contra el proyecto, lo mismo que el Partido Socialista Internacional. Es el solitario Alfredo Palacios quien se encarga de elaborar una respuesta al proyecto de la mayoría de la Cámara, exposición que resume simplemente la proposición de ley del diputado Bravo[143].

Palacios agrupa las críticas en temas; estos son:

Exigibilidad del registro de sindicatos: Indica que el art. 28 inc. 3) cuando exige como condición para formar un sindicato someterse a las disposiciones de la ley, constituye una exigencia que prácticamente liquida la organización independiente de los trabajadores, constituyendo una violación al derecho a agremiarse libremente. Afirma que el proyecto de Ley Nacional del Trabajo presentado en mayo de 1904 por el presidente Roca y su ministro González era mucho más liberal, pues permitía la organización de sindicatos sin autorización previa.

Identidad de profesión u oficio: Critica el art. 28, que establece rigurosamente que los asociados a un sindicato deben ser por lo menos 20 y que se ocupen en el mismo arte, profesión, oficio, industria o comercio; según Palacios, la cifra es elevada y le parece mucho más aceptable la definición de Asociación Profesional dada en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de mayo (que dicho sea de paso era mucho más liberal que el elaborado por la mayoría de la comisión y que no fue defendido ni por los propios diputados radicales) que permitía formar sindicatos sobre profesiones y oficios similares o conexos que concurran a la fabricación de los mismos artículos. El proyecto de la mayoría, según Palacios, promueve una organización corporativa reaccionaria, por lo cual propone que «deben ser considerados de bien público los sindicatos de un mismo oficio o de oficios afines o de un mismo ramo de la industria, el comercio, el transporte, etc.». En la proposición de Palacios se encuentra así en forma embrionaria la formulación del sindicato por rama de la industria, tendencia que se abría camino como producto de la concentración y centralización del capital industrial.

Sindicatos de empleados: Critica el art. 29, que prohíbe formar sindicatos gremiales a los empleados de la Administración Pública; según él, esta medida contradice la Constitución nacional. Sostiene que es una ilusión tratar de excluir por decreto la lucha de clases en el seno del Estado; ellos también son asalariados. Por otra parte, afirma, es una medida poco prudente pues facilitará la agremiación ilegal de los empleados, lo que a su vez permitirá la emergencia de «movimientos inorgánicos».

División y refundición de sindicatos: Sostiene que el art. 31, al imponer cláusulas que imposibilitan la práctica en la formación de federaciones, pone obstáculos al derecho de asociación.

El Departamento de Trabajo, organizador de las asociaciones: Critica los artículos 33 y 34 que, como hemos visto, establecían la tutela absoluta del Estado sobre los sindicatos. Sostiene que basta con que las asociaciones presenten una solicitud en papel simple a la dependencia que corresponda, adjuntando una copia de los estatutos firmados por los solicitantes, para que se las reconozca.

Condiciones exigidas para ser miembro de un sindicato: Critica el art. 36 inc. 1) por el cual pueden ser miembros de un sindicato solo mayores de 18 años; considera que los menores que trabajan tienen también derecho a participar en los sindicatos, en cuanto que son tan explotados (o aun más) como el resto de los trabajadores.

Antigüedad en el ejercicio de la profesión: El art. 36 inc. 2 determinaba que para ser miembro de un sindicato se requería tener como mínimo un año de antigüedad en la profesión. Palacios argumenta que se excluye así de los sindicatos a los aprendices y a los obreros que cambian de oficio, afirmando que el artículo tiene una raíz corporativista. Argumenta que el capitalista no pregunta al obrero cuánto tiempo ha trabajado cuando lo incorpora a la producción; por lo mismo, el Estado no tiene derecho a exigir antigüedad para afiliarse a un sindicato.

Certificado de moralidad: Considera que el certificado exigido para los extranjeros según el art. 36 inc. 2) sencillamente coloca lucra de la legalidad a todo obrero con ideas políticas de origen extranjero, sobre el cual —agrega— pesan también las leyes de la Residencia y Orden Social. El Estado —dice Palacios— puede no dar así el certificado a un honesto trabajador extranjero y, en cambio, sí dárselo a un crumiro. Así uno puede ser excluido por la fuerza de los sindicatos, al otorgarse el certificado de acuerdo con los intereses patronales.

No haber sufrido condena de más de un año de prisión: El art. 36 inc. 4) selecciona arbitrariamente a los integrantes del sindicato. En efecto, todos aquellos que han sufrido condenas por luchar en defensa de los trabajadores no pueden participar en los sindicatos si su condena ha sido, en los últimos cinco años, de un año. Este artículo tiene un «avieso propósito’», dice Palacios.

Residencia: El art. 36 inc. 6) obliga al obrero a vivir en el radio donde el sindicato tiene su domicilio: Palacios sostiene que es otra forma de trabar la formación de sindicatos, dado que los obreros no pueden elegir su luigar de vivienda con tanta facilidad como los pudientes.

Alarde de moralidad: Así denomina Palacios al art. 37, que prohíbe la afiliación sindical de las mujeres que hayan ejercido la prostitución. Esas pobres mujeres — dice Palacios— muchas veces son obreras que deben «bajar al arroyo» para obtener de la prostitución el «complemento infame» de su insuficiente salario.

Estatutos: Critica la meticulosidad del proyecto de la mayoría, en particular de las disposiciones sobre quórums exigidos.

Ilegalidad de la FORA del IX.º: Tal fin se propone el proyecto de la mayoría, afirma Palacios: a esto apunta especialmente cuando exige quorums absurdos para poder federarse (arts. 58, 59, 61 especialmente); se pretende aquí limitar el derecho de asociación al nivel de corporaciones aisladas, con el fin de impedir la organización de los obreros como clase. Así, se intenta destruir a la FORA del IX.º y toda posibilidad de organización de los trabajadores a nivel nacional.

Con estos argumentos, el movimiento obrero comenzó a movilizarse contra el proyecto de ley. El reconocimiento legal de los sindicatos era una exigencia vital de los trabajadores, pero el proyecto de la comisión mostraba con claridad que el precio de este reconocimiento era demasiado elevado.

Ea corriente sindicalista predominante en la FORA del IX.º se aprestó para luchar contra este proyecto de legislación, apoyando simultáneamente la proposición socialista que exigía el reconocimiento de los sindicatos sobre bases distintas, es decir, sobre un control más limitado de los sindicatos por el Estado. El proyecto de la mayoría aparecería frente a los trabajadores como una «tercera ley», es decir, como una ley que completaba las disposiciones reaccionarias de las leyes de Residencia y Orden Social.

Fue la crítica socialista la única que mostraba solidez. En efecto, los anarquistas de la FORA del V.º, ya de por sí bastante contundidos frente al nuevo fenómeno del reconocimiento estatal de los sindicatos, solo atinaron a enfrentar este proyecto desde su concepción global de enfrentamiento al Estado. Simplemente se opusieron porque para ellos «jamás» debía buscarse el reconocimiento legal. En cambio, los socialistas centraron su crítica en los aspectos reaccionarios del proyecto y exigían una ley del tipo de la implantada en Inglaterra a fines del siglo pasado, legislando sobre las trade unions.

No había ningún objetivo «maximalista» en la crítica de socialistas y sindicalistas al proyecto de la comisión. Las críticas las hacían desde un punto de vista reformista, pero eran las únicas con sentido positivo para los obreros. Una vez más fueron los sindicalistas los que expresaron desde el campo gremial, la posición más «realista». Los socialistas, como hemos relatado anteriormente, se encontraron ahora en su salsa: todos los actos, todas las movilizaciones de la FORA del IX.º los tenían como oradores irreemplazables. Es que ahora todo indicaba que el problema no se resolvería en las barricadas sino a través de la presión pacífica sobre las Cámaras. La posible sanción de un proyecto de legislación del trabajo movilizó no solo a las fuerzas obreras. También los grandes diarios y las principales entidades empresarias tomaron posición. Era una decisión a nivel estatal de una enorme significación. Una ley de este tipo influiría en las relaciones laborales y en la propia economía del país.

El 7 de julio de 1919, la UIA envió a la Cámara de Diputados un proyecto que proponía modificaciones al de la mayoría de la comisión. Estaba precedido de una larga introducción. Firmaban la presentación Guillermo Padilla, presidente de la UIA y Ensebio García, secretario[144].

Comenzaba la presentación con una serie de alabanzas al despacho de la mayoría de la Cámara, pues:

«es ampliamente satisfactorio para la Unión Industrial Argentina el reconocer que V.H. ha buscado equilibrar sensatamente las fuerzas, para evitar que rebalsen el nivel de sus respectivas obligaciones».

Poro a continuación señalaba las tres objeciones de la UIA al proyecto de la mayoría do la comisión: a) el criterio que permite la existencia de varios sindicatos gremiales o patronales por oficio; b) la imposición do que el sindicato patronal debo constituirse con las prescripciones del Código de Comercio sobre sociedades anónimas y la necesidad legal de que sean diez por lo menos los afiliados necesarios para formar un sindicato patronal; c) la falta de legislación sobre federación do sindicatos.

Punto a) Critica los art. 28, 31 y 62 que permiten la organización de sindicatos gremiales con 20 obreros. Según la UIA la posibilidad de que en una sola empresa se organice más de un sindicato por oficio resulta caótica para el empresario:

«Pensar que un patrón, o el sindicato patronal en su caso, celebre múltiples contratos de trabajo debido a la existencia de diversos sindicatos nos parece inconducente. Una de dos: o los contratos son todos iguales o variarán en las disposiciones de sus cláusulas. Si sucede lo primero, no vemos la ventaja de la división, desde que todos los contratos conducirán al mismo fin, y si sucede lo segundo, llegaríamos a complicar inútilmente los confictos originados por la multiplicidad de contratos que reglamentarán condiciones de trabajo para un mismo gremio, sea en cuanto a la totalidad de la industria, o sea en cuanto a uno solo de sus establecimientos. Ello nos llevaría a los paros parciales de uno u otro sindicato, que jamás se salvarían con el apoyo de los otros, y de cuyas consecuencias tenemos ejemplos más recientes».

Resultaba una paradoja. Era la UIA la que adoptaba una actitud más avanzada en este aspecto que el despacho do la mayoría do la comisión, puesto que era el objetivo de fraccionar el movimiento obrero al máximo para trabar sus luchas, lo que había movido a los diputados a establecer los artículos mencionados, y este objetivo era calificado como inconducente por los propios patrones. Es que la UIA poseía una experiencia concreta del tipo de relaciones obrero-empresariales que había que establecer para permitir un desenvolvimiento normal de las empresas:

«Se nos dirá que así organizamos patrones y obreros bajo direcciones únicas, lo que daría lugar a los conflictos de carácter general que, precisamente, se pretende evitar. Nada más erróneo. No es la organización. H. Cámara, la que origina conflictos, sino, por lo contrario, lo es la desocupación».

Fundamentaba la UIA esta posición, afirmando que para resolver la cuestión obrera había que partir de la realidad, y la realidad indicaba que había una sola clase obrera; que esta clase obrera se movilizaba como tal por intereses objetivos no pasibles de ser suprimidos por un exagerado fraccionamiento de sus organizaciones sindicales. De lo que se trataba, en cambio, era de lograr sindicatos reformistas sobre la base de llegar a acuerdos con los trabajadores que permitiesen la penetración de ideologías proclives a la conciliación de clase:

«Procediendo así, reconoceremos la fuerza de los hechos que, repetimos, es superior al optimismo de las teorías: e insistimos en que, solo en doctrina podrán eliminarse asociaciones que marcan rumbos a obreros y patrones, porque en la práctica subsistirán en forma de asociaciones clandestinas, con peores electos de los que resultarían si se les reconociera y aceptara su responsabilidad».

y agregaba:

«Para la Unión Industrial Argentina, la dificultad no está ahí, ni la solución podría hallarse anulando de un golpe lo que se encuentra afianzado en los días que corremos. Lo necesario, insistimos H. Cámara, lo que desea la mayoría de los patrones, es saber con quién han de tratar y qué responsabilidad moral y material, representan los sindicatos obreros. Lo que debe interesar al patrón no es dividir para vencer, sino organizar coordinando esfuerzos; lo que debe interesarle, es saber que lo dispuesto hoy, en virtud de un arreglo o contrato, no quedará nulo mañana por capricho unilateral, lo que debe anhelar es que las convenciones tengan eficacia y una duración preestablecida, para que el valor de la producción no esté sujeto al vaivén de los conflictos obreros».

La precisión de la idea anterior era notable. No se trataba para la UIA de destruir ni buscar hacer retroceder al movimiento sindical organizativamente, sino partir esas organizaciones existentes para transformarlas en órganos reformistas. Tal era la tesis de la UIA. Sobre esta apoyaba la idea de promover la institucionalización del contrato colectivo de trabajo a nivel regional.

Punto b) Según la UIA, el proyecto, al exigir que sean por lo menos diez las empresas que pueden formar un sindicato, no tiene en cuenta que hay industrias (tejidos de algodón, papel, etc.) que no llegan a esa cifra; por lo tanto, la cantidad exigida excluye la asociación de muchas empresas.

Tampoco le parece correcto a la UIA aplicar el Código de Comercio como marco normativo; obligará a tener en cuenta disposiciones demasiado complejas para este tipo de organizaciones patronales.

Punto c) La UIA afirma que el proyecto de la mayoría es muy confuso en lo que se refiere a las federaciones de sindicatos patronales y sindicales. Una cosa, dice la UIA, es que las federaciones nacionales o regionales tengan poder de decisión; pero otra es impedir que tales federaciones existan. Tanto las disposiciones que impiden la creación de federaciones regionales como las exigencias establecidas para permitir el funcionamiento legal de las federaciones nacionales (por rama industrial o por sector de la economía) prácticamente liquidan a la misma UIA, que cuenta con organizaciones horizontales (regionales) y verticales por rama industrial).

«Si la preocupación de vuestra comisión de legislación ha sido evitar que las concentraciones obreras o patronales puedan constituirse en centros directores o provocadores de conflictos de carácter general, nos parece que podría llegarse a idéntico fin sin destruir en absoluto lo existente, sino simplemente quitando a esas federaciones todas aquellas facultades que se relacionen con los problemas de resistencia sindical».

O sea, la UIA aceptaba federaciones nacionales de obreros o patrones, pero sin derechos legales para tomar decisiones obligatorias para sus miembros. Los principales perjudicados eran los obreros: no podrían funcionar como centros de lucha, ni sindicatos nacionales ni la misma FORA.

Guiada por estas ideas, la UIA adjuntaba un proyecto de legislación del trabajo que recogía muchos artículos del proyecto de la mayoría (especialmente los artículos coercitivos sobre la subordinación del sindicato a las decisiones del Estado, sobre las exclusiones de obreros activistas argentinos y extranjeros, conciliación obligatoria, etc.) pero limando las cláusulas más reaccionarias en cuanto a las condiciones necesarias para formar sindicatos nacionales. Se mantenía el criterio de restringir las funciones de los sindicatos y federaciones nacionales, a formar cooperativas, realizar actividades culturales, etc., pero se especificaba que no habría más de un sindicato por localidad industrial y gremial.

El proyecto de la UIA empalmó objetivamente con la presión obrera. Desde ángulos distintos, obreros y empresarios se opusieron al proyecto de Sánchez Sorondo. La iniciativa conservadora fracasó.

En agosto el país fue recorrido por actos y manifestaciones, organizados por la FORA del IX.º con apoyo de los partidos Socialista y Socialista Internacional: aspiraban centralmente a impedir que no se aprobase el proyecto de los diputados. A su vez las distintas fracciones de las clases dominantes no estaban aglutinadas en un solo proyecto, y en el campo patronal se percibía que la aprobación del proyecto conservador originaría nuevas huelgas y revueltas. El frente patronal no consideraba oportuno tratar el proyecto.

El gobierno radical, que tampoco quería enemistarse

con sus aliados, los sindicalistas, aprovechó la coyuntura para mandar el proyecto al archivo. Las movilizaciones obreras cesaron.

Julio Godio (La Plata, provincia de Buenos Aires, 1939 - Buenos Aires, 20 de mayo de 2011) fue un sociólogo e historiador argentino, especialista en temas sindicales y movimiento obrero, considerado «una figura intelectual clave»​ de los estudios sobre el movimiento obrero argentino.

Fue investigador de la Universidad de Glasgow, Escocia, de las universidades venezolanas del Zulia y Central, y en las universidades argentinas de Buenos Aires, Nacional de La Plata y Nacional del Comahue. Íntimamente vinculado al movimiento obrero argentino y latinoamericano, se desempeñó como investigador en varias universidades de Argentina y el extranjero antes de cumplir funciones para la Organización Internacional del Trabajo entre 1986 y 1996 en ACTRAV (Oficina para las Actividades de los Trabajadores).

Fue autor de varias de las investigaciones más extensas existentes acerca de los movimientos obreros latinoamericanos, incluyendo una monumental Historia del Movimiento Obrero Argentino (1878-2000) en cinco volúmenes, y desarrolló una extensa actividad periodística.

Notas

[1] Por los ingleses participaban en el directorio Carlos Lockwood y A. G. Prudam. Alfredo Vasena conservaba el cargo de director general. Ver Babitii, Nicolás: «La Semana Trágica», en Todo es Historia. Buenos Aires. Año 1, Nº 3. <<

[2] Valle, Juan C. y Ferrari. Ludovico A.: «Costo de la vida en la Argentina de 1910 a 1919». Revista de Economía Argentina. Bs. As., 1920. t. IV, año 2, Nº 1. <<

[3] Revista de Economía Argentina, t. V, julio-agosto de 1920, pág. 62. <<

[4] Cf. Sorel. Jorge: Reflexiones sobre la violencia, Chile, Ercilia. 1933. <<

[5] Que la Revolución de Octubre en Rusia influyó sobre el proletariado argentino lo registró tempranamente la policía argentina. Escribe el entonces oficial en la Sección VII de la Capital Federal. Octavio A. Piñero, refiriéndose al «factor bolchevique» en la Semana Trágica:

«Tuvo también influencia en los preparativos del alzamiento la repercusión en las masas obreras de la Revolución Rusa, triunfante en el mes de noviembre de 1917 por un golpe de Estado comunista, estando el país aún en guerra, la que durante ese año y 1918, fue puesta de manifiesto con sentido psicológico por los agitadores de extrema izquierda en las reuniones gremiales que se llevaban a cabo, con cuya prédica lograron encender el espíritu de rebelión y arrastrarlos a la acción y a la violencia». Piñero. Octavio A.: Los orígenes y la Trágica Semana de Enero de 1919, Buenos Aires, 1956, pág. 30.

Otro signo del mismo fenómeno era la popularidad del tango de Battistela, Romero y Delfino, Se viene la maroma:

«Cachorro de bacán

andá achicando el tren

los ricos hoy están

al borde del sartén.

Y el vento del cobán

el auto y la mansión

bien pronto rajarán

por un escotillón.

Parece que está lista y ha rumbiao

la bronca comunista pa este lao.

Tendrás que laburar pa morfar

lo que te van a gozar

pedazo de haragán

bacán sin profesión

bien pronto te verán

chivudo y sin colchón.

Ya está, llegó, no hay más que hablar.

Se viene la maroma sovietista.

Los orres ya están hartos de morfar salame y pan.

Y hoy quieren morfar ostras con sauternes y champán.

Aquí ni Dios se va a piantar

el día del reparto a la romana.

Y hasta tendrás que entregar a tu hermana

para la comunidad».

Fuente: Pomer, León: «Nacionalismo de Derecha: Pálido final», en Revista Nuevos Aires, Bs. As., Nº 2, año 1970, pág. 22. <<

[6] Marotta, Sebastián: El Movimiento Sindical Argentino, su génesis y desarrollo, Bs. As., Lacio, 1961, t. II, pág. 243. <<

[7] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 1918-1919, tomo V, pág. 56. <<

[8] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, ob. cit., tomo V, pág. 67. <<

[9] Diario de Sesiones, ob. cit., tomo V, pág. 68. <<

[10] Diario de Sesiones, ob. cit., tomo V, pág. 69. <<

[11] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, ob. cit.. tomo V, pág. 70. <<

[12] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, ob. cit., tomo V, pág. 75. <<

[13] La Nación, 10 de enero de 1919. <<

[14] Marotta, Sebastián: ob. cit., t. II. pág. 242. <<

[15] La Nación, 10 de enero de 1919. <<

[16] La Prensa, 10 de enero de 1919. <<

[17] La Vanguardia, 10 de enero de 1919, Nº 4144. <<

[18] Los apologistas del yrigoyenismo, como Nicolás Babini. no solo han tratado de demostrar que «gracias» a Dellepiane la represión antiobrera no fue mayor, sino que incluso falsean los hechos históricos al sostener que el general mencionado entró a la ciudad sin acuerdo de Yrigoyen:

«Pero el hecho más importante, el que imprimió rumbo definido a la situación, fue la decisión personal e inconsulta de un alto jefe militar. Al atardecer del jueves 9, el comandante de la II División, con asiento en Campo de Mayo, general Luis J. Dellepiane, decidió bajara la Capital y ordenó a la tropa que lo siguiera horas más tarde… El ministro (de Guerra) ante el hecho consumado lo designó “jefe militar” de la Capital. A partir de ese momento, el general Dellepiane se propuso dos objetivos: obtener por una parte el arreglo del problema gremial de Vasena y el levantamiento de la huelga y contener, por la otra, el desborde de la represión policial…». Babini, Nicolás, ob. cit., pág. 16.

En realidad, Dellepiane, un hombre de confianza de Yrigoyen desde la revolución de 1893, entró para garantizar la represión a los huelguistas y avalar la línea del gobierno en búsqueda de un compromiso con los sectores más moderados del movimiento obrero. Lo movió, ante todo, la posibilidad de que las tropas de la I División, con asiento en la Capital fuesen influidas por los huelguistas. Como contradictoriamente lo reconoce el mismo Babini: «Le preocupaba sobremanera las condiciones en que se desenvolvía la I División con asiento en la Capital, cuyo comando estaba acéfalo y cuya tropa, integrada por elementos provenientes de sectores populares descontentos no ofrecía muchas garantías». Babini, Nicolás, ob. cit., pág. 16.

Que estos fueron los móviles de Dellepiane, lo demostraremos al estudiar el comportamiento gubernamental. <<

[19] La Prensa. 10 de enero de 1919. <<

[20] La Vanguardia. 11 de enero de 1919, Nº 4145). <<

[21] La Época. 9 de enero de 1919. <<

[22] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, oh. cit.. pág. 100. <<

[23] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit.. pág. 103. <<

[24] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 104. <<

[25] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 108. <<

[26] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit.. pág. 109. <<

[27] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 121. <<

[28] Abad de Santillán, Diego: FORA. Ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la Argentina, Bs. As., Nervio, 1933, pág. 259. <<

[29] Abad de Santillán, Diego: ob. cit., pág. 261 <<

[30] La Época. 10 de enero de 1919. <<

[31] La Nación, 11 de enero de 1919. <<

[32] La Nación, 11 de enero de 1919. <<

[33] La Nación, 11 de enero de 1919. <<

[34] La Nación, 11 de enero de 1919. <<

[35] La Prensa, 11 de enero de 1919. <<

[36] La Nación, 12 de enero de 1919. <<

[37] Romariz. José: La Semana Trágica. Relato de los hechos sangrientos del año 1919, Bs. As., Hemisferio, 1952, pág. 123. <<

[38] Romariz, José: ob. cit., pág. 121. <<

[39] Romariz, José: ob. cit., pág. 141. <<

[40] La Nación. 11 de enero de 1919. <<

[41] La Nación, 11 de enero de 1919. <<

[42] Abad de Santillán, Diego: ob. cit., pág. 261. <<

[43] La Prensa, 1 2 de enero de 1919. <<

[44] Romariz, José: ob. cit., pág. 1 71. Sobre la represión a los judíos ver el importante estudio de Nahum Solominsky: La Semana Trágica, Buenos Aires, Biblioteca Popular Judía, 1971. Este trabajo llegó a nuestras manos luego de haber terminado este ensayo, por lo que fue imposible utilizar su información. De todos modos digamos que en ese folleto se precisa la figura de Pedro Wald. a quien la policía acusó de ser «futuro» presidente de los soviets que se pretendían implantar en Buenos Aires”. En realidad era un redactor de Der Avangard, órgano del BUND. agrupación obrera socialista judía. También escribía en el periódico Di Presse. En relato del propio Wald sobre su odisea como «presidente», puede encontrarse en el estudio de Solominsky. <<

[45] La Prensa, 12 de enero de 1919. <<

[46] La Nación, 11 de enero de 1919. Editorial. <<

[47] Romariz, José: ob. cit., pág. 129. <<

[48] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit.. pág. 128. <<

[49] La Nación, 14 de enero de 1919, Editorial: «Las Enseñanzas del Conflicto». <<

[50] Diario La Prensa, 14 de enero de 1919, Editorial: «Serenidad y energía». <<

[51] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit.. pág. 133. <<

[52] La Época, 13 de enero de 1919. Editorial: «Consideraciones». <<

[53] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 136. <<

[54] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 137. <<

[55] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit.. pág. 137. <<

[56] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit.. pág. 138. <<

[57] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 143. <<

[58] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 148. <<

[59] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 151. <<

[60] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. ob. cit., pág. 155. <<

[61] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit.. pág. 161. <<

[62] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 162. <<

[63] La Vanguardia. 14 de enero de 1919, Nº 4150. <<

[64] La Nación, 14 de enero de 1919. <<

[65] Comité de la Colectividad Israelita. Protesta formal. Diario de 66 Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., tomo V. pág. 312. <<

[66] Abad de Santillán, Diego: ob. cit.. pág. 261. <<

[67] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit., pág. 157. <<

[68] Declaración del Partido Socialista, La Nación, 10-1-1919. <<

[69] Justo, Juan B.: Socialismo, Bs. As., Tipografía La Vanguardia, 1920, pág. 131. <<

[70] Justo, Juan B.: ob. cit.. pág. 119. <<

[71] La Vanguardia, 10-1-1919, Nº 4144. <<

[72] Declaración del Partido Socialista, 10-1-1919, La Nación, 11-1-1919. <<

[73] La Vanguardia. 12-1-1919. Nº 4146. <<

[74] La Prensa, 12 de enero de 1919. <<

[75] La Vanguardia. 14-1-1919. N.º 4 148. <<

[76] La Vanguardia. 16-1-1919, Nº 4150. <<

[77] La Vanguardia. Editorial: «Dura enseñanza», 20-1-1919. N.º 4154. <<

[78] Diekman, Adolfo: Los congresos socialistas. Bs. As., Ed. La Vanguardia. 1936, pág. 23. <<

[79] La Nación, 12 de enero de 1919. <<

[80] Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina. Bs. As., Anteo, 1947, pág. 20. <<

[81] Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina, pág. 26. <<

[82] Esbozo de Historia del Partido Comunista, pág. 40. <<

[83] Esbozo de Historia del Partido Comunista, pág. 40. <<

[84] La Protesta, 8-1-1919. N.º 3610. <<

[85] La Protesta. 21-1-1919, N.º 3617. «Los días pasados». <<

[86] La Protesta. 21-1-1919, N.º 3617. «Los días pasados». <<

[87] La Protesta. 21-1-1919, N.º 3617. «Los días pesados». <<

[88] La Protesta. 22-1-1919, N.º 3618. <<

[89] Protesta, 22-1-1919, N.º 3618. <<

[90] Protesta, 26-1-1919, N.º 3622. <<

[91] La Protesta, 21-1-1919, N.º 3617. «¿Dónde estaban los socialistas?». <<

[92] La Protesta. 23-1-1919, N.º 3619. <<

[93] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, ob. cit. <<

[94] La Protesta. 9-2-1919, N.º 3634. <<

[95] Ver Lenin, V. 1.: El Estado y la revolución, Bs. As., 1951. <<

[96] Losovski, A.: Marx y los sindicatos. Buenos Aires, Claridad, s/f. <<

[97] Marotta, Sebastián: ob. cit., t. 1, pág. 211. <<

[98] Guerin, Daniel: El Anarquismo, Bs. As.. Proyección, 1968, pág. 91. <<

[99] Marotta, Sebastián: ob. cit., t. II. pág, 242. <<

[100] Marotta, Sebastián: ob. cit.. t. II. pág. 243. <<

[101] Marotta, Sebastián: ob. cit., t. II, pág. 244. <<

[102] La Nación, 12-1-1919. <<

[103] Marotta, Sebastián: ob. cit., t. II. pág. 243. <<

[104] Declaración citada en Marotta, Sebastián: ob. cit., t. II. pág. 245. <<

[105] Del Mazo, Gabriel: El Radicalismo-Ensayo para su historia y su doctrina. Raigal. Bs. As., 1967, pág. 127. <<

[106] Luna, Félix: Yrigoyen, Bs. As., Desarrollo, 1964, pág. 216. <<

[107] Pereyra, Horacio: El hombre de estado y el cambio social, en el número dedicado por la Revista de la Universidad Nacional de La Plata al centenario del nacimiento de J. Y. González, enero-diciembre de 1963, N.º 17. <<

[108] La Época, 8 de enero de 1919. <<

[109] La Época. 10 de enero de 1919. <<

[110] La Época, 13 de enero de 1919: «Consideraciones». <<

[111] La Época, 15 de enero de 1919: «El Estado de Sitio». <<

[112] La Época, 17 de enero de 1919: «El Estado de Sitio». <<

[113] La Época, 18 de enero de 1919: «El Ejecutivo y las huelgas». <<

[114] La Época, 20 de enero de 1919: «Xenofobia». <<

[115] Revista de Derecho, Historia y Letras, fundador y director E. S. Zeballos, Bs. As.. 1919, año XXL tomo LXII, pág. 18. <<

[116] La Nación, 11 de enero de 1919. <<

[117] La Nación, 13 de enero de 1919. <<

[118] La Nación, 14 de enero de 1919. <<

[119] La Nación, 22 de enero de 1919. <<

[120] La Nación. «El Estado de Sitio», 19 de enero de 1919. <<

[121] La Prensa, 11 de enero de 1919. <<

[122] La Prensa, 12 de enero de 1919. <<

[123] La Prensa. Editorial: «Serenidad y energía», 14 de enero de 1919. 1919. <<

[124] La Prensa, 18 de enero de 1919. <<

[125] La Prensa, 22 de enero de 1919. <<

[126] La Prensa. 26 de enero de 1919. <<

[127] La Prensa. 31 de enero de 1919. <<

[128] Desde fines del siglo pasado la Iglesia Católica, en la Argentina, pasa a formar círculos obreros con el fin de oponerse al desarrollo del socialismo y el anarquismo. Su «apóstol» era el cura Grote. Este funda luego la Liga Democrática Cristiana, que unifica las actividades de los círculos.

Continúa la tradición de la Liga la Unión Democrática Cristiana. Pero ahora el apóstol es monseñor Miguel de Andrea, una de las figuras más reaccionarias de la Iglesia argentina. Enmascarado en colectas obreras, fundando comedores para empleadas, etc., este monseñor dedicó los mejores años de su vida a combatir al anarquismo, al socialismo y por último al comunismo. También fue golpista en 1955.

En una conferencia dictada en 1919, monseñor de Andrea calificó de este modo a la Semana Trágica:

«La consigna del comunismo era la de extenderse por el mundo entero, asegurando así el dominio que acababa de imponer sobre Rusia. Nuestra patria fue una de las primeras víctimas codiciadas. Tal es el verdadero origen de la Semana Trágica de enero de 1919. El comunismo intentó abolir la llamada aristocracia, neutralizar a la Iglesia y apoderarse del gobierno. Juzgó necesario abolir la aristocracia. porque —dijeron los comunistas— ella se consolidaba a expensas del proletariado que explotaba. Puedo dar fe de que se hallaban confeccionadas las listas de los acusados cuyas cabezas se debían tronchar y cuyas confortables mansiones se iban a distribuir».

«Juzgaron también necesario neutralizara la Iglesia, porque esta — según manifestaron— consultando sus propias conveniencias, se ha convertido en el sostén de la aristocracia, y porque las creencias religiosas que propaga son el “opio del pueblo” para contener sus reivindicaciones. Los desmanes consumados en aquellos días por las turbas instigadas y enfurecidas, lo han dejado documentado».

«Intentaron igualmente apoderarse del gobierno. Pero, al frente de Campo de Mayo se hallaba un patriota, un militar sin tacha y sin miedo. Marchó sobre la Capital. Le fueron conferidos los poderes necesarios. Se derramó mucha sangre. La Semana transcurrida desde el 11 al 17 de enero fue llamada la “semana roja”. Así se salvaron el gobierno y el honor. Lo que aún no se ha salvado es la omisión de la gratitud nacional, que todavía no ha hecho justicia al hombre, cuyas confidencias conservo invioladas en el alma: el general de división Luis Dellepiane».

Véase Romero Carranza, Ambrosio: Itinerario de monseñor de Andrea, Buenos Aires. 1957, pág. 131. Una biografía hecha por un discípulo que, sin quererlo, describe magistralmente la catadura moral de monseñor. <<

[129] Cúneo, Dardo: Comportamiento y crisis de la clase empresario argentina, Buenos Aires, Pleamar, 1967, pág. 67. <<

[130] El Comité Nacional de la Juventud surge durante la guerra mundial, agrupando a figuras de la intelectualidad y estudiantes universitarios que se oponen a la política neutral de Yrigoyen y exigen al gobierno la ruptura de relaciones con Alemania y la participación en la guerra junto a los países aliados. Uno de los principales animadores era Ricardo Rojas.

En 1918 se opone a la Reforma Universitaria. En noviembre de ese año, concluida la guerra, trata de transformarse en partido político para enfrentar tanto a la «política criolla como a la izquierda extranjerizante».

El 2 de enero de 1919 realiza un acto público en el teatro San Martín, en el cual Rojas leyó una «profesión de fe argentinista» e invitó a formar un movimiento político. Siete días después sus miembros tomaban como «profesión» la de matar obreros y vejar judíos. Ver: Babini. Nicolás: Enero de 1919, Buenos Aires. SEPA. 1956. pág. 23. <<

[131] La Época. 7 de enero de 1919. <<

[132] Canilla, Juan E.: Al filo del medio siglo, Paraná. Llanura, 1945). pág. 159. <<

[133] La Nación, 16 de enero de 1919, «Por los Defensores del Orden». <<

[134] La Nación, 16 de enero de 1919. «Por los Defensores del Orden». <<

[135] La Época. 20 de enero de 1919: «Liga Patriótica Argentina». <<

[136] Cúneo, Dardo: ob. cit.. pág. 98. <<

[137] Cúneo. Dardo: ob. cit.. pág. 99. <<

[138] La Prensa. 19 de enero de 1919, «Responsabilidad Jurídica de los Gremios». <<

[139] Boletín de la Unión Industrial, Bs. As., Junio 15 de 1919. N.º 606. pág. 18. <<

[140] Revista de Economía Argentina, ob. cit.. Bs. As., año 2, Nº 13-14, julio-agosto 1919, t. III, pág. 160. <<

[141] Marotta. Sebastián: ob. cit.. t. II, pág. 271. <<

[142] Marotta, Sebastián: ob. cit.. t. II, pág. 271. <<

[143] Palacios, Alfredo: El Nuevo Derecho. Bs. As.. El Ateneo, pág. 364. <<

[144] Legislación Obrera. Boletín de la Unión Industrial Argentina, año XLIII. Buenos Aires, agosto 15 de 1919, N.º 608. pág. 1. <<