Para Elena 

PRÓLOGO

El término —en singular— «derecha» se aplica comúnmente en los sistemas políticos a un amplio sector de opciones doctrinales y a las organizaciones —partidos, plataformas sociales, medios de comunicación— que las representan públicamente en un momento determinado, en oposición a otro sector ideológico que se agrupa bajo el concepto de «izquierda». Sin embargo, salvo situaciones concretas de dictaduras de partido único, esta condición bipolar obliga a amplias matizaciones en la definición de las corrientes ideológicas, sistemas de partidos, conductas políticas y estructuras sociales de apoyo de la díada izquierda-derecha. De modo que, a partir de una definición espectral genérica —«la derecha»— cabe hablar de la pluralidad de «las derechas», tanto en un modelo estasiológico concreto como, sobre todo, en el estudio de su evolución a largo plazo.

En ambos planos, las diferencias doctrinales y programáticas entre las corrientes derechistas —desde el neofascismo hasta el liberalismo progresista— suelen ser radicales. Entre el modelo económico corporativista y de alto control estatalita del falangismo y los desarrollos neoliberales de desregulación extrema del Partido Popular hay un mundo. También entre el Estado unitario y administrativamente centralizado del franquismo y la creciente descentralización asumida por las principales formaciones de la derecha estatal a partir de 1978 o el soberanismo, en vía al independentismo, de los nacionalismos de la derecha periférica, así como entre la férrea defensa de la moral católica tradicional por parte del régimen franquista y de las formaciones ultraconservadoras que se han ido sucediendo tras su desaparición, y los valores secularizadores crecientemente asumidos por el centroderecha liberal mediante los desarrollos normativos de la Constitución. Por no hablar de la diferencia entre el modelo autoritario orgánico institucional y de representación política del franquismo, heredado de la derecha antiliberal del primer tercio del siglo XX —tradicionalismo, fascismo, catolicismo social—, y la defensa del pluralismo político y de la representación ciudadana basada en el sufragio universal que han postulado la gran mayoría de los partidos de la derecha desde la Transición.

Resulta posible, sin embargo, señalar por encima de estas diferencias algunos puntos comunes que facilitan una taxonomía genérica de las derechas en nuestro país: la continuidad evolutiva, el nacionalismo identitario y el catolicismo.

a) En primer lugar, su propio desarrollo histórico, hilvanado en un continuum en el que se yuxtaponen los partidos y su personal político, aunque modificando estructuras y programas en función de la coyuntura. Así, la derecha franquista y su Movimiento Nacional eran fruto de la fusión de las organizaciones de la derecha antiliberal existentes en 1936 (es decir, de casi toda la derecha del momento). Durante la Transición, las corrientes internas del Movimiento dieron origen a partidos como la conservadora Alianza Popular, la ultraderechista Fuerza Nueva o la Unión de Centro Democrático (UCD), a la que se incorporó la reducida derecha antifranquista de filiación liberal y democristiana, mientras que los nacionalismos catalán y vasco recuperaron la funcionalidad de la tradición de su derecha de preguerra. Y, tras la atomización producida por la desaparición de la UCD, el Partido Popular fue construido con la reunificación de sus antiguas facciones bajo el patronazgo de una Alianza Popular que se disolvió en el nuevo espacio político común de la derecha.

b) Otra característica genérica, y no específicamente de España, es el nacionalismo identitario, la consideración de la comunidad nacional como eje de la acción política y de la estructura del Estado. Pero, a diferencia de otros países de su entorno, el nacionalismo en España ha estado tradicionalmente enfocado desde diferentes perspectivas, incompatibles en sus planteamientos. Se trata del nacionalismo unitario de la tradición liberal, asumido luego por el franquismo bajo parámetros distintos; el arcaico modelo fuerista del tradicionalismo; el «patriotismo constitucional», defensor del actual Estado de las Autonomías como sistema comunitario, o los nacionalismos «periféricos» de derecha y su pulsión separatista. Además, en su conceptuación genérica, el nacionalismo identitario no es un patrimonio exclusivo de la derecha, sino que también lo comparten fuerzas que se proclaman de izquierdas, tanto quienes formulan a España, con una perspectiva federalista, como «nación de naciones», como los sectores ultrapatriotas de la izquierda catalana, vasca o gallega.

c) Un tercer elemento, que podríamos calificar de «cosmovisión», parece más seguro que el nacionalismo a la hora de definir la naturaleza común y específica del ámbito derechista hispano. Sería la defensa de una sociedad conservadora basada en valores morales vinculados a la doctrina de la Iglesia católica. Con todo, es evidente que la mayor parte de este amplio sector de la política española ha ido moderando sus impulsos de religiosidad integral, desde el clericalismo estricto del viejo tradicionalismo o el nacionalcatolicismo franquista, más próximo, hasta la aceptación de principios secularizadores —pero no laicistas— por los partidos constitucionalistas propugnadores del flexible «humanismo cristiano» a partir de la Transición.

En otro orden de cosas, aunque el texto del libro sigue un procedimiento de relato cronológico, lo vertebra una idea global: la aplicación del concepto de «destrucción creativa», propuesto por Werner Sombart y desarrollado por Joseph Schumpeter. Establece este último que los sectores proactivos de la economía proceden periódicamente a disolver sus viejas empresas, víctimas de la rutina o de la decadencia, y las refundan bajo innovadores patrones organizativos y procesos productivos que atiendan a la cambiante demanda del mercado, a fin de asegurar «la persistencia del orden capitalista» mediante una renovación radical.[1]

Este concepto parece sumamente útil para explicar la evolución de la derecha política en la España del último siglo; una derecha que siempre ha actuado conforme al principio schumpeteriano, disolviendo sin grandes problemas aquellas de sus organizaciones que resultaban ya disfuncionales —la Unión Patriótica, el Movimiento Nacional, la Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, etcétera— y renovándolas acto seguido con otras que rescataban a su militancia y a sus votantes, pero bajo una pragmática modificación de programas y modelos de partido para adaptarlos a las nuevas condiciones del mercado político. Un sistema que requiere capacidad camaleónica para, en el más breve plazo posible, transformar estructuras, adaptar doctrinas, crear nuevos líderes y lavar pasados personales o jubilar a los poseedores de historiales indefendibles.

En el periodo que estudia este libro, cuatro generaciones de españoles ejercieron la condición política de militantes de partido o la de electores y emisores de opinión. Unas generaciones separadas, más que por periodizaciones biológicas, por lo que Ortega y Gasset denominó su «sensibilidad vital»:

Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa; es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia y, por decirlo así, el gozne sobre que ésta ejecuta sus movimientos.[2]

El desarrollo de estas generaciones orteguianas vino condicionado en España por dos cesuras históricas de enorme trascendencia: la Guerra Civil de 1936-1939 y el establecimiento en 1978 de una democracia constitucional que puso fin a la larga dictadura franquista. Fueron vivencias generacionales muy distintas que marcaron el modo de entender la acción política, desde la radical antítesis franquismo-antifranquismo hasta las generalizadas fórmulas de negociación y convivencia propias de un sistema democrático. Cuatro generaciones sucesivas que generaron pautas de evolución política muy disímiles entre los militantes y votantes de las diversas derechas; más, desde luego, que en sus coetáneas izquierdistas. Sus características específicas, y las dinámicas intergeneracionales en torno a cuestiones como la innovación organizativa, la evolución doctrinal o el relevo de cuadros dirigentes, explican en buena medida el recurrente proceso de «destrucción creativa» vivido por la derecha española en el periodo objeto de este estudio. De forma muy esquemática, la sucesión de generaciones políticas sería la siguiente:

•  La Generación de la Guerra Civil (o de la Cruzada), integrada por quienes eran ya adultos en 1936 e «hicieron la guerra» en el bando nacional como combatientes, como cuadros políticos, como clérigos, como intelectuales comprometidos, etcétera. Procedentes en un elevado porcentaje de la base humana de los partidos derechistas de preguerra o incorporados a la militancia en la posguerra, los miembros de esta primera generación coparon los altos puestos del personal político durante casi toda la era franquista, asumieron en su etapa final, como corriente sociopolítica, la defensa de la continuidad impoluta de la dictadura, y dirigieron en los años de la Transición los partidos y las plataformas de opinión opuestos a la apertura a la democracia.

•  La Generación intermedia, la de los nacidos en el periodo de entreguerras que no disfrutaron de la condición de «combatientes» en el conflicto español, por lo que se iniciaron en la militancia en las filas del Movimiento Nacional franquista en los años cincuenta y ascendieron lentamente en la clase política, fundamentalmente a través de sus méritos profesionales. Tras copar los puestos intermedios en el escalafón político de la Administración, a mediados de los años sesenta miembros de esta generación alcanzaron cargos políticos de primer nivel y se decantaron, mayoritariamente, por impulsar la vía «aperturista» a fin de renovar la adhesión popular a la dictadura y modernizar sus estructuras. Pero cuando, apenas una década después, la derecha hubo de asumir con urgencia la rápida transición a una democracia parlamentaria, los integrantes de esta segunda generación se vieron rápidamente superados por el más ágil y desacomplejado reformismo de la tercera generación franquista.

•  La Generación del Príncipe, coetáneos de Juan Carlos I, cuyos miembros llegaron a la política en la última etapa de la dictadura y, en general, evitaron utilizar la obsoleta vía del Movimiento Nacional para dedicarse a la actividad política y verter sus opiniones en el seno de la corriente reformista —para la que inventaron el concepto de «centrismo»—, o bien nutrieron en mucha menor medida la base social del inmovilismo e incluso actuaron en las filas de la oposición moderada, promoviendo o renovando núcleos doctrinales democratacristianos y liberales. Tras dinamitar las estructuras del Movimiento, reunificaron a la mayor parte de las corrientes derechistas en la gobernante Unión de Centro Democrático. Cuando, apenas seis años después, esta se deshizo, reconstruyeron el sistema de partidos, por primera vez desde 1936 en la oposición a la izquierda en el poder, a través del proyecto conservador de una renovada Alianza Popular, de diversos partidos menores de carácter liberal, democristiano o ultraderechista y de una miríada de formaciones regionalistas surgidas al calor del proceso autonómico, en competencia con las localmente pujantes derechas nacionalistas vasca y catalana.

•  La Generación de la Transición, nacida en los años cincuenta y primeros sesenta, encabezó un nuevo proyecto de reconstrucción de la hegemonía política a través de la fórmula del centroderecha unitario; fórmula plasmada, a partir de 1989, en el Partido Popular, que fue incorporando pequeñas formaciones democristianas, liberales y regionalistas hasta superar el «techo» electoral del 25 por ciento que había limitado a las coaliciones electorales encabezadas por Alianza Popular y alcanzar el Gobierno en 1996 y la mayoría parlamentaria absoluta cuatro años después.

Se abría con ello una nueva etapa, que trasciende los límites cronológicos de este libro, en la que esa cuarta generación mantuvo al Partido Popular como fuerza hegemónica de la derecha española. Hasta que, a partir de 2015, el PP entró en un rápido proceso de disfuncionalidad que favoreció la aparición de un nuevo escenario, en el que la derecha se diversificó con afán cainita, bajo el impulso de los miembros de una quinta generación nacida ya en el posfranquismo.

Pero eso no es, aún, historia.

1

LA GRAN COALICIÓN

LA DERECHA UNIFICADA

1937-1945

El 20 de abril de 1937, el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto número 255 del «Gobierno del Estado», el eufemismo con el que se citaba desde septiembre del año anterior la dictadura personal del general Francisco Franco Bahamonde. Fechado en Salamanca el día 19, su preámbulo explicaba:

Una acción de gobierno eficiente, cual cumple ser la del Nuevo Estado Español, nacido por otra parte bajo el signo de la unidad y la grandeza de la Patria, exige supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de todos los españoles […]. Esta unificación que exijo en el nombre de España y en el nombre sagrado de los que por ella cayeron —héroes y mártires—, a los que todos y siempre guardaremos fidelidad, no quiere decir ni conglomerado de fuerzas ni mera concentración gubernamental, ni unión pasajera. Para afrontarla de modo decisivo y eficaz hay que huir de la creación de un partido de tipo artificial, siendo por el contrario necesario recoger el calor de todas las aportaciones para integrarlas, por vía de superación, en una sola entidad política nacional, enlace entre el Estado y la Sociedad, garantía de continuidad política y de adhesión viva del pueblo al Estado.

El decreto establecía un nuevo orden político basado en la unificación de los dos partidos que habían adquirido mayor protagonismo en el bando nacional durante los meses de guerra civil transcurridos y en la disolución de los restantes:

Artículo 1º. Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Esta organización, intermedia entre la sociedad y el Estado, tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad […]. Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.

Tras un siglo de fundaciones, divisiones, desapariciones y refundaciones, la derecha española se convertía, a través de FET-JONS, en un cuerpo político único.

EL RÉGIMEN

En 1939 no existía en España fuerza política alguna, con capacidad para actuar dentro de la legalidad, que pudiera identificarse como demócrata, liberal, socialista, progresista o laica. En 1975, nada había cambiado. A lo largo de casi cuarenta años el franquismo buscó dominar y orientar en su propio beneficio todos los aspectos de la vida española, imponiendo de modo coercitivo no solo un modelo de Estado dictatorial, sino también pautas obligatorias de vertebración de la sociedad y de desarrollo de la cultura, y estableciendo rígidas normas de moralidad colectiva y de conducta individual, fuera de las cuales los ciudadanos quedaban expuestos a la represión legal y a la marginación social. En este aspecto, no cabe sino apreciar en la dictadura española una permanente naturaleza totalitaria.

No obstante, el régimen franquista tuvo desde sus inicios un carácter peculiar. Surgido de un pronunciamiento realizado por militares profesionales, se fue construyendo a lo largo de una guerra civil en la que el Ejército organizó la colaboración subordinada de un variado espectro de organizaciones políticas de carácter genéricamente derechista, para hacerlas desaparecer luego en una nueva estructura de partido único. El auténtico beneficiario de la Unificación no fue, pues, un «bloque de poder» tradicional que hubiera vivido durante la República una «crisis de hegemonía», o un partido político ya existente con un líder carismático. El gran vencedor fue el general Franco, autoinvestido como jefe nacional de FET-JONS. A diferencia de Hitler o de Mussolini, no era un caudillo fascista bregado en la lucha opositora, sino un novel dictador militar de talante conservador que sometió al Partido Único, que había creado por decreto, a su poder absoluto y lo llevó a asumir una mixtura doctrinal y un modelo de representación institucional que se entenderían propiamente como «franquismo».[3]

En cuatro décadas, el sistema en su conjunto evolucionó a impulsos de los cambios de coyuntura. Mantuvo su pulsión totalitaria en el afán de organizar y dirigir todos los aspectos de la vida pública, de la emisión de pensamiento, de las relaciones sociales y de la conducta personal de los españoles. Pero en lo referente a su funcionamiento político, la dictadura experimentó cambios muy notables, desde su identificación con los regímenes de partido único del fascismo europeo de entreguerras hasta la «democracia orgánica» preconizada por el autoritarismo tecnocrático de los años sesenta. Y, siempre, con la justificación de que el modelo político y administrativo del Nuevo Estado surgido de la Guerra Civil y su Partido Único eran una etapa provisional y evolutiva hacia el objetivo final, el retorno a un pasado mítico en el que se habría construido la nación —la monarquía de los Reyes Católicos y de los primeros Austrias— que ya se marcaba en el Decreto de Unificación: «Cuando hayamos dado fin a esta ingente tarea de reconstrucción espiritual y material, si las necesidades patrias y los sentimientos del país así lo aconsejaran, no cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la Nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica».

El sistema político presidido por Francisco Franco entre 1936 y 1975 no puede ser calificado, en exclusiva, como una dictadura de las Fuerzas Armadas, de un partido político o de una clase social dominante, ni como una teocracia católica. Hay elementos de todo ello. Pero el principal rasgo identificador que se mantuvo a lo largo de las cuatro décadas fue —aparte del hecho mismo de su naturaleza antidemocrática, claro— la permanencia del Caudillo en la Jefatura del Estado. El general encarnó todos los poderes estatales y, en virtud de la legitimidad aportada por un triunfo bélico cuyo mérito se le atribuía y del abrumador culto a la personalidad que lo envolvió, pudo identificarse ante sus partidarios como la personificación misma de la soberanía nacional y de la voluntad divina.

La autoridad de Franco como dictador procedía no solo de este liderazgo carismático, o del apoyo incondicional del Ejército y de una parte de la sociedad española, sino del ejercicio de un papel arbitral incontestable, que supo dosificar con habilidad.[4] Arbitró sobre las distintas facciones políticas, las familias que integraban el Movimiento Nacional. También en los conflictos entre las instituciones del Estado, cuya más alta autoridad poseía en exclusiva. Arbitró incluso sobre la dinámica de las fuerzas sociales, sometidas a una continua intervención correctora de los aparatos estatales que él dirigía. Pero arbitró no con el fin de administrar justicia o equidad, sino de cerrar conflictos y redistribuir cuotas de poder delegado en función de sus personales criterios. Como Caudillo victorioso en la guerra, como cabeza del Estado, como jefe político del Movimiento Nacional, como Generalísimo de los Ejércitos, Francisco Franco se situó por encima de las banderías de sus partidarios y no se hizo responsable ante nadie de sus actos. Ni ante los compañeros militares que lo elevaron al poder ni ante las fuerzas políticas que lo apoyaban, a las que supo mantener divididas y sometidas a su autoridad indiscutible de árbitro y sancionador.

Otra cuestión es la conceptualización tipológica del franquismo. La misma expresión utilizada por sus partidarios para designar al sistema político, «el Régimen», amparaba en su imprecisión semántica la necesidad de rehuir en su definición términos tan poco ambiguos como «dictadura» o «monarquía sin rey».

Una visión muy extendida de la naturaleza del régimen franquista es la de una dictadura fascista, políticamente equiparable a las que vivieron Alemania e Italia en los años treinta, aunque con un modelo económico y social menos moderno. Tal punto de vista para las cuatro décadas, de trazo grueso y fuertemente doctrinario, es relativizado o rechazado por la mayoría de los historiadores, que aprecian en el franquismo considerables diferencias con respecto a los sistemas totalitarios más puros de la Europa de entreguerras. En expresión de Ismael Saz, el franquismo «fue una dictadura reaccionaria que tomó del fascismo todo aquello que no entraba en contradicción con los intereses de las clases dominantes y los dirigentes, de las clases medias, de la Iglesia y del Ejército». De modo que en el Nuevo Estado habrían competido dos «culturas políticas», la fascista y la nacionalcatólica, esta última «hegemónica» a la hora de explicar su naturaleza.[5]

Y esta ambivalencia resultaba ya evidente incluso en algunos análisis realizados en la fase final del franquismo. Así, en uno de los primeros estudios sobre el tema, Amando de Miguel le aplicó los conceptos de «autoritarismo básico» y «antiparlamentarismo», propios del fascismo, pero también de la derecha radical. Y señalaba la resistencia de los grupos no falangistas de la coalición franquista al mantenimiento de la estructura de partido único, el «antiestatismo» de los sectores más vinculados al catolicismo político e incluso una latente «nostalgia liberal» que habría impedido al Régimen llevar hasta sus últimas consecuencias su vocación totalitaria y facilitado el proceso de transición a la democracia iniciado, en buena parte, desde la ruptura en el interior del sistema en su fase crepuscular.[6]

Durante los años de la Transición, los politólogos profundizaron en esta visión multifacética y evolutiva del franquismo. Especialmente valiosa puede ser la aportación de Manuel Ramírez, quien señaló tres etapas en su naturaleza doctrinal y su evolución institucional:

a) El régimen totalitario (1939-1945), asimilable al fascismo y caracterizado por cinco notas: «una ideología oficial absoluta»; «un partido único, en principio concebido tanto como pieza destinada a efectuar el encuadramiento de sus súbditos que el Estado reclama, como cuanto agente esparcidor y depositario principal de la ideología»; la «existencia de un jefe carismático y de una élite protagonista del régimen»; la «crisis de una situación de Estado de Derecho, con la aparición más o menos manifiesta de un Estado policial», y el «control total, o casi total, de los medios de comunicación».

b) La dictadura empírico-conservadora (1945-c. 1960), cuya característica fundamental es que «siempre supo anteponer o sacrificar lo que fuera por la permanencia del régimen y por la defensa de sus intereses». La nota más destacada sería en esta coyuntura «el poder personal del general Franco», que «se consolida desde los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial al pórtico de los años sesenta» y que lleva a que «su figura destaque sobre los mismos grupos que le sirvieron de soporte en la configuración politicoideológica del llamado Nuevo Estado», incluso sobre la élite falangista del Partido que antes había buscado construir el Estado fascista. Y ello como consecuencia de que «el talante» de FET-JONS está «ya internacionalmente muy mal visto», pero también de que el Caudillo ha consolidado «lealtades personales [que] hacen olvidar otras vinculaciones ideológicas o de grupos […]. Se puede ser monárquico o propagandista, pero en segundo plano: ante todo y por encima de todo, se exige ser franquista».

c) El franquismo tecnopragmático (c. 1960-1975). Un periodo en el que «la élite tradicional entra en crisis frente al apogeo cada vez más pujante de la nueva élite modernizadora, que encuentra su más nítida expresión en la aparición política de los tecnócratas». Se mantenía el carácter personalista de la dictadura de Franco, pero «el régimen, al llegar estos años, ha conseguido hacer calar en grandes sectores de la sociedad española sus pautas, sus valores, su concepción de las cosas». Y aunque persistía «el exclusivo arbitrio de la decisión unipersonal final […] la clase dirigente aprendió a actuar con unos amplios márgenes de autonomía, que no quebraba más que cuando aquella decisión final, por un motivo u otro, quebraba». Ayuno ya de cualquier potencialidad ideológica, el franquismo buscaba básicamente permanecer; «había que cambiar, pero bien entendido que se trataba de cambiar para continuar».[7]

No ha existido unanimidad entre los especialistas respecto de la naturaleza global del franquismo, que ha fluctuado desde las definiciones como «Estado totalitario», «Estado burgués de excepción», «fascismo rural» o «fascismo del subdesarrollo» en análisis marxistas hasta «régimen autoritario de pluralismo limitado», la definición de Juan José Linz que ha sido adoptada de modo generalizado por la historiografía liberal, pasando por «despotismo moderno», «régimen de restauración oligárquica», «dictadura militar», «dictadura paternalista» o «régimen autoritario de modernización».[8]

Tal diferencia de planteamientos reside, posiblemente, más en la duración temporal de la dictadura que en su naturaleza intrínseca. El predominio de sus diversos componentes políticos y doctrinales osciló mucho según el momento histórico y la dimensión que consideremos. A lo largo de cuatro décadas, la estructura del Estado evolucionó lentamente y apenas se alteró su carácter omnipresente en la vida española. Sin embargo, nacido en pleno auge del totalitarismo europeo, el franquismo fue sensible a los giros de la situación internacional y a los cambios sociales internos, motivado por la prioridad de su propia supervivencia y limitado, a la vez, por su irrenunciable carácter dictatorial.

Sería una propuesta razonable asumir una primera etapa totalitaria incardinada en el universo fascista del nacionalsindicalismo y, luego, un largo periodo autoritario marcado por el predominio del nacionalcatolicismo, el occidentalismo anticomunista —pero nada de democracia— y una paulatina pérdida de referentes ideológicos proactivos, aunque conservando un doctrinarismo cada vez más estereotipado.

Analizaremos, en las páginas que siguen, cuatro etapas consecutivas de la derecha franquista que marcaron cesuras históricas y giros doctrinales e institucionales.

a) En una primera etapa que se ha denominado «Era Azul», por el color de la camisa del uniforme falangista, la identificación de este sector hegemónico con sus correligionarios europeos otorgó al franquismo un marcado carácter fascista no solo definido por la existencia de un partido único y unas instituciones politicosociales parcialmente asimilables al modelo mussoliniano, sino también por el propio discurso ideológico, paladinamente orientado a la verbalización —y poco más— de los componentes revolucionarios del falangismo «joseantoniano» anterior a 1937.

b) El giro producido ante el final de la Segunda Guerra Mundial condujo, en cambio, a una autocracia pragmática, donde los elementos totalitarios, sobre todo los más evidentes, fueron suavizados en beneficio de una identificación con el modelo de dictadura anticomunista que toleraban las grandes potencias democráticas. Es en ese sentido en el que cabe considerar la renuncia a la defensa teórica del carácter totalitario del Régimen en beneficio de una conceptualización más abstracta, y parcialmente adoptada del viejo tradicionalismo, como era la democracia orgánica. O, en consonancia con ello, la transformación de un partido único, muy ideologizado y dotado de funciones de control político de la vida social y del funcionamiento institucional del Estado, en el Movimiento Nacional, de naturaleza más indefinida y con menor presencia en la sociedad, aunque no menos burocratizada.

c) Cuando, en los años sesenta, el proceso histórico aleja las mentalidades de una sociedad en rápida evolución de los referentes doctrinales en que basaba el franquismo su legitimación, este acentúa el carácter pragmático y la desmotivación ideológica en una nueva etapa, la tecnocracia, asumida mediante una sesgada identificación del caso español con los exitosos procesos desarrollistas de las sociedades occidentales, tanto sociales como económicos, aunque no políticos.

d) A la larga, sin embargo, esta cuidada evolución no pudo impedir que durante el tardofranquismo (1969-1976) el Régimen fuera relegado a posiciones meramente defensivas, pese a sus recurrentes y fallidos intentos de «apertura» hacia procesos participativos populares, y que no pudiera sobrevivir a su fundador más allá de unos meses.

FRANQUISMO SOCIOLÓGICO Y MAYORÍA SILENCIOSA

Una visión del franquismo largamente sostenida por politólogos e historiadores vinculados a las corrientes marxistas fue la de que constituía un modelo de «dominación de clase», una «dictadura de la burguesía» que había sometido a servidumbre a las clases trabajadoras tras vencer por las armas la resistencia popular. Apoyado en una perspectiva más amplia como era la antítesis fascismo-antifascismo de la Europa de entreguerras, este planteamiento consideraba un enfrentamiento polarizado entre fuerzas democráticas y antidemocráticas que se habría dado en el conflicto español. Pero eludía el hecho de que el apoyo social al bando franquista había congregado, por encima de las diferencias de clase, a la práctica totalidad de la población católica, cuya importancia en la España de la época no es necesario ponderar. Y que ese apoyo social, aunque en lento descenso y condicionado por la naturaleza coactiva de la dictadura, se había mantenido como una profesión doctrinal y política de masas a lo largo de casi cuarenta años.

Tanto o más dogmática y carente de matices era la propuesta contraria, la de los apologistas del Régimen, que incidía en la visión casi teológica de «las dos Españas»: la que defendía en positivo valores nacionales y religiosos catalizados por el Alzamiento y la que buscaba la destrucción de la nación a través de la revolución comunista y el separatismo territorial. Socialmente interclasista la España vencedora; propia del lumpemproletariado rencoroso y de la pequeña burguesía envidiosa en la derrotada. Partiendo de esta visión maniquea, resultaba absolutamente prioritario mantener la unidad de los verdaderos españoles en torno a su Caudillo, a fin de impedir el retorno del enemigo.

Nuestra victoria no fue una victoria parcial, sino una victoria total y para todos. No se administró en favor de un grupo ni de una clase, sino en el de toda la nación. Fue una victoria de la unidad del pueblo español confirmada al correr de estos veinte años […]. A las batallas de la guerra siguieron las no menos importantes de la paz, en las que desde el exterior se intentó la reversión de nuestra victoria y que dio lugar a que se exteriorizase la fortaleza de nuestro Movimiento político, al unirnos como un solo hombre en defensa de nuestra razón, y en el que cada uno desde el puesto que le correspondía en la vida habéis venido asistiéndome con vuestra recia fidelidad.[9]

El espectro social de apoyo al bando nacional durante la Guerra Civil era amplio. Terratenientes del centro y sur del país, la burguesía industrial y financiera, determinados sectores de la clase media —especialmente entre los vinculados a la función pública y al pequeño comercio—, el campesinado propietario o arrendatario de la España interior y noroccidental, aquellos sectores del proletariado que se identificaban con el sindicalismo católico o fascista, el clero, la oficialidad del Ejército adherida al Alzamiento o de nueva creación, etcétera. En líneas generales, lo que habían sido las bases electorales de los partidos de derechas en 1936, en torno a la mitad de la población. Un conjunto de fuerzas muy dispares, pero identificadas como católicas y socialmente conservadoras, a las que, finalizada la guerra, era preciso mantener cohesionadas en la adhesión a los principios del Nuevo Estado y en la participación en sus tareas políticas.[10]

En este sentido cabría considerar en el franquismo lo que J. J. Linz definió como un «régimen de movilización» a través de un partido único capaz de suscitar lealtades y apoyos activos entre la población, pero radicalmente diferente en ello al pluralismo de una democracia, ya que en aquel «en cada aspecto de la vida, y para cada propósito, existe un canal único posible de participación, y el objetivo final y la dirección son fijados desde un único centro, que define las metas legítimas de tales organizaciones y, en último término, las controla».[11]

Esta amplia base humana, sometida a muy escasos cambios en su composición a lo largo de cuatro décadas y que se ha denominado «franquismo sociológico», mantuvo su apoyo al Caudillo y a su dictadura en situaciones tan difíciles como las derivadas de la ruina económica y el aislamiento internacional de la posguerra mundial, gracias a una hábil combinación de propaganda ideológica y de estímulo de los intereses materiales de cada grupo social. El aparato propagandístico de «captación de las masas»[12] actuó para mantener entre sus partidarios un nexo de solidaridad basado en la autosatisfacción por su genérica condición de vencedores del enemigo «rojo» y por su aportación a la construcción de un nuevo modelo de Estado con el que se sentían identificados.[13] Una solidaridad que alcanzaba no solo a los combatientes sino a quienes, miembros de la sociedad conservadora o fascistas noveles, también se consideraban vencedores.

La guerra se convirtió en un elemento legitimador y mítico, en un factor simbólico indispensable en el Nuevo Estado, estableciendo, junto a la afirmación del éxito político, la mucho más solemne y corrosiva lógica de la victoria. Esta, y no solo el combate, facilitó extraordinariamente la unidad en quienes ganaban, convertidos no solo en ocupantes del Estado, en representantes de un nuevo proyecto totalitario, sino también —y de forma tan decisiva— en vencedores en un conflicto armado de masas.[14]

Y, en sentido contrario, también actuaba como efectivo mecanismo solidario, socialmente transversal, el temor a que un retorno de la República facilitara el triunfo de los vencidos. Que vendría acompañado, según una visión machaconamente difundida por la propaganda oficialista, del establecimiento de una dictadura comunista y de una implacable y sanguinaria represión contra quienes hubieran apoyado la sublevación de 1936.

Sin embargo, no bastaba con estimular el orgullo por la victoria y el miedo a un futuro alternativo, o con instrumentalizar como perenne imaginario colectivo los enormes costos humanos y materiales de la Guerra Civil en beneficio de la legitimación de la «paz de Franco». Este y sus colaboradores comprendieron muy pronto la necesidad de gratificar a sus partidarios con ventajas de orden económico y social. Las compensaciones fueron muy desiguales pero, por un largo periodo, sumamente eficaces.

Los principales beneficiados fueron los integrantes del «bloque de poder», las «clases dominantes», las «clases privilegiadas», o como se quiera definir a los sectores sociales que disfrutaban de un estatus económico superior en la preguerra y que habían combatido por todos los medios al reformismo republicano. Eliminados por el exilio o la represión interior los activistas revolucionarios del proletariado agrícola, los terratenientes vieron alejarse de su horizonte la amenaza de la reforma agraria y de los sindicatos de clase. Igualmente, el empresariado industrial y de servicios encontró en la Organización Sindical Española (OSE) —los sindicatos verticales que incardinaban a patronos y asalariados en las mismas secciones de ramo— la solución a los problemas planteados por las reivindicaciones obreras durante la preguerra. Favorecidos por una legislación elaborada por sus representantes en los aparatos políticos del Estado, los empresarios obtuvieron un modelo económico sumamente proteccionista, que alejaba la competencia extranjera del mercado interior a cambio de una limitada vigilancia de la burocracia estatal sobre sus mecanismos reguladores.

Estos sectores de la burguesía, que siguieron constituyendo una élite socioeconómica indiscutida por el Régimen —al que tampoco discutía—, vieron, sin embargo, reducido su papel en la política por la emergencia de las clases medias a través de la militancia en unas opciones —la derecha radical, el falangismo, el carlismo— que habían ocupado posiciones marginales en el sistema de partidos de preguerra y que ahora, en el Nuevo Estado, constituían la base del alistamiento del personal político cualificado. Un personal «extraído de unas clases sociales distintas de las que tradicionalmente servían de base para el reclutamiento» y cuyo acceso se produce «a través de unos nuevos mecanismos» con alto protagonismo en la política oficial, como la promoción de la alta oficialidad del Ejército, las Hermandades de Alféreces Provisionales o los jerarcas del complejo aparato burocrático de organismos políticos, sindicales, culturales y asistenciales vinculados al Partido Único. Un personal al que «las clases dominantes ceden su especial y tradicional protagonismo político» en modo subrogado mientras ellas se concentran en el poder económico.[15]

La clase media urbana que había participado en la guerra en el bando nacional se vio recompensada mediante el pago de pensiones a los excombatientes o a los familiares de los «caídos», la inclusión de miles de ellos en la depurada burocracia estatal como funcionarios o «cuadros políticos intermedios»,[16] incluida la permanencia de muchos en unas Fuerzas Armadas dotadas de un enorme cuerpo de oficiales, y la promoción en su entorno social que suponía, frente a la marginada pequeña burguesía demócrata, el haber colaborado en el esfuerzo bélico de los vencedores.

Otras eran las prioridades de quienes habían constituido la principal base humana del Ejército franquista, es decir, el campesinado propietario o arrendatario. Aquí, las recompensas morales desempeñaron un papel más importante que entre las clases acomodadas. Pero también actuó en favor de su adhesión al sistema el mantenimiento del modelo de propiedad agraria, que garantizó el disfrute de sus parcelas a los pequeños y medianos propietarios así como los derechos de los aparceros, y el desarrollo de una política proteccionista que, mediante el Servicio Nacional del Trigo y otros organismos oficiales reguladores del mercado agrario, aseguró al campesinado un nivel mínimo de ingresos.

El proletariado agrícola e industrial había sido tradicionalmente contemplado como un elemento de desestabilización revolucionaria por la sociedad conservadora. Y a lo largo de la etapa franquista persistieron las cautelas, ya que continuó siendo un factor clave en la desafección popular al Régimen. Pero ello no impidió que un considerable porcentaje de los trabajadores industriales, reforzado por la creciente emigración rural a las ciudades, asumiera su adhesión al franquismo, o al menos lo consintiera, en su condición de beneficiario de las políticas de protección social y laboral —pluses familiares, casas baratas de protección oficial, sanidad pública, convenios colectivos, pensiones de jubilación, etcétera— desarrolladas fundamentalmente por los equipos falangistas.

El régimen franquista convirtió la política social en un elemento central del discurso político, y desde el Ministerio de Trabajo, desde la Organización Sindical o desde la Sección Femenina, todos ellos en manos falangistas, el régimen se revistió de un manto de «Estado asistencial»; para el franquismo, el asistencialismo constituyó un óptimo vehículo de propaganda, e indudablemente fueron muchos los que tuvieron la sensación de que por primera vez el Estado se preocupaba por ellos. Se olvida con facilidad que las duras condiciones de vida provocaban que amplias capas de trabajadores valorasen positivamente cualquier pequeña mejora en sus condiciones de vida, fueran materiales o de ocio. Miles de jornaleros que huían del hambre, la miseria y la explotación de los terratenientes se desplazaban a la ciudad, donde encontraban mayores garantías y Seguridad Social que, por primera vez, les prestaba el Estado.[17]

De modo que el franquismo puso en valor social la división ideológica radical entre las dos Españas, la católica y conservadora y la progresista y laica, convirtiendo a la primera en teórica administradora de su victoria militar y receptora de los beneficios. Con todo, una parte importante de la población no excluida, cuyo peso social se incrementaría con el tiempo hasta constituir la llamada «mayoría silenciosa», evitó la adhesión explícita a la dictadura, manteniendo un mero «consentimiento político»,[18] que debía mucho a la memoria de la Guerra Civil. Esta mayoría silenciosa, trasunto de la «masa neutra» del conservadurismo maurista y cuyos individuos solían autodefinirse como «apolíticos» para evitar peligrosos compromisos actuales o futuros, se movía entre la satisfacción por una situación de «paz» que hacía imposible el retorno de la revolución y de la guerra y el silencioso repudio de los métodos coercitivos de la dictadura. Con la modernización social y el relevo generacional, la mayoría silenciosa fue engrosando las filas del antifranquismo y rechazando los cantos de sirena del «aperturismo» franquista. Cuando pudo manifestarse libremente, ya en 1976, realizó una apuesta generalizada por la democracia.

Finalmente, los vencidos en la guerra, que antes del conflicto constituían grupos sociales muy heterogéneos, por más que ahora se los clasificara genéricamente como «rojos», se enfrentaron a la cárcel y las purgas laborales bajo la «jurisdicción especial de responsabilidades políticas»[19] o quedaron expuestos a la marginación social. Un proceso de exclusión que convirtió a un amplio porcentaje de las generaciones que vivieron la guerra y que experimentaron tras su finalización la aplicación oficial del «miedo como terapia»,[20] en un subproletariado provisor de mano de obra barata, no silencioso sino silenciado, sometido a una continua vigilancia gubernativa y eclesiástica y obligado a apurar hasta las últimas consecuencias su condición de derrotado.[21]

UN MODELO DICTATORIAL

La coalición política del Alzamiento, de la que salieron las élites gobernantes franquistas, estaba integrada por un conjunto de partidos de derecha antiliberal en los que tenían gran fuerza las doctrinas corporativistas, que buscaban la articulación del Estado a través de un sistema de representación orgánica que rechazaba el igualitarismo político y que se pretendía vinculado a los procesos naturales de organización social tradicional: la familia, el vecindario y la corporación laboral.

Las tres corrientes doctrinales que influyeron de un modo decisivo en la construcción del entramado ideológico e institucional del franquismo fueron la nacionalsindicalista de Falange Española, trasmisora del modelo totalitario fascista, la socialcatólica, representada políticamente por el conservadurismo autoritario y organicista de la CEDA, y la neotradicionalista, defendida por un núcleo de pensadores monárquicos vinculados a la escuela teórica de Acción Española y a otros dos partidos concurrentes a la coalición, la Comunión Tradicionalista y Renovación Española. Franco procuró imprimir al entramado doctrinal e institucional de su dictadura una bien dosificada mezcla de las tres corrientes, que se atribuían una especialización por áreas. Así, en FET-JONS predominaba el componente «social» falangista, al igual que en las políticas asistenciales del Estado y en los sindicatos verticales. Los organismos de representación institucional, como las Cortes Españolas, el Parlamento creado en 1942, o el Consejo del Reino, de 1947, respondían en su composición y en sus procedimientos a una concepción orgánica más propia del tradicionalismo arcaizante y de un catolicismo social estrechamente vinculado a la jerarquía eclesiástica, que se imponía también en los ámbitos de la cultura, el sistema educativo y la emisión de pautas de moralidad colectiva. Por otra parte el Ejército, un poder fáctico corporativo e inmerso en la sociedad conservadora, con un peso político fundamental en el sistema, asumió la función de garante último de la continuidad de la dictadura a través de su control de las facetas policiales del Estado y de la enérgica, pero discreta, oposición a las veleidades fascistizantes del falangismo, como se demostró en las crisis de 1941-1942 y 1956.[22]

El Nuevo Estado poseía una serie de características propias que definieron su evolución y marcaron diferencias notables, sobre todo a partir de 1945, con el resto de los sistemas políticos europeos, quizá con excepción de la vecina dictadura portuguesa. Cabría considerar siete notas de especial relevancia:

1) Concentración personal del poder. Este hecho, clave en la naturaleza del Régimen, permitió a Franco mantener incólumes en sus manos todas las fuentes de autoridad en su condición de jefe del Estado, presidente del Gobierno (hasta 1973), Generalísimo de los Ejércitos, jefe nacional del Movimiento y líder de la comunidad nacional como Caudillo de España. Este carisma personal, presentado como excepcional y estrictamente necesario, se mantuvo intacto en la mentalidad del franquismo sociológico a lo largo de toda la vida del Régimen, y empapó doctrinalmente un sistema de enseñanza donde los adolescentes aprendían a reverenciar al Caudillo como representación suprema de la nación a través de la asignatura Formación del Espíritu Nacional.[23]

2) Confesionalidad religiosa del Estado. El franquismo adquirió su legitimidad de origen, además de mediante un golpe de Estado militar contra la República devenido en guerra civil, en la Cruzada anticomunista con la que la Iglesia católica había revestido ese proceso bélico. El factor religioso se convirtió en un elemento doctrinal de enorme peso en la evolución política y social del país durante las décadas siguientes. El estamento eclesiástico asumió una función de control de la educación, de la moral pública y de la creación cultural, y las sucesivas Leyes Fundamentales, así como la legislación derivada de sus principios, se ajustaron estricta y paladinamente a la confesionalidad católica. A cambio, y con escasas aunque notables excepciones, la Iglesia protegió al Régimen y su jerarquía admitió que Franco era «Caudillo de España por la gracia de Dios», carisma religioso propio de las monarquías absolutas y desconocido en el resto de la Europa de la época.[24] Unas «prestaciones mutuas»,[25] reforzadas por el Concordato de 1953 con el Vaticano, que rindieron enormes beneficios a ambas partes.

3) Carencia de una Constitución. El Estado franquista no poseyó un texto constitucional, sino un conjunto de siete normas orgánicas que informaban al resto de la legislación, las Leyes Fundamentales del Reino, promulgadas a lo largo de tres décadas.[26] Las ventajas del sistema, que se definió como «de Constitución abierta», eran evidentes para una dictadura: aunque cada una de las leyes era, en teoría, «permanente e inmutable» su seriación permitía ir modelando el Estado según las necesidades de cada momento y otorgaba al dictador, que era la fuente suprema de la ley, una discrecionalidad absoluta sobre los mecanismos de funcionamiento de la política y sobre las modificaciones puntuales de las propias Leyes Fundamentales.

4) Limitación legal de los derechos fundamentales. Nacida de una guerra civil, construida doctrinalmente por la derecha antiliberal y dotada de una naturaleza autoritaria en su forma de arbitrar las relaciones de poder, la dictadura franquista mantuvo la política de restricción de derechos ciudadanos y de represión de disidencias como uno de los ejes fundamentales de su eficacia y permanencia. Hasta 1945 funcionó con la legislación propia de un estado de guerra permanente, aplicando bajo jurisdicción militar penas de prisión, trabajos forzados y ejecuciones. Ese año, el Fuero de los Españoles garantizó algunos derechos a los ciudadanos, aunque no la libertad de expresión, la de asociación o la de reunión.[27] Y esos derechos estaban siempre limitados por normas represivas, como las salvaguardas de la moral católica en los códigos legales, como la legislación de prensa que mantuvo la censura gubernativa previa sobre cualquier publicación entre 1938 y 1966, o como las sucesivas leyes de control policial de la sociedad: la de Responsabilidades Políticas (1939) y de Represión del Comunismo y la Masonería (1940) y sus tribunales especiales, que permitieron depurar sin límites la Administración pública y combatir críticas y disidencias; la Ley de Seguridad del Estado (1941) y el Decreto Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo (1947, renovado en 1968), que mantenían la jurisdicción militar para juzgar a civiles, o el Tribunal de Orden Público, creado en 1963 para castigar las acciones de rebeldía manifiesta.[28] Y la fuente suprema de limitación de derechos era la voluntad de Franco, que podía anularlos libremente cuando lo estimara oportuno mediante la proclamación del estado de excepción, en todo el país o en alguna provincia.

5) Potestad legislativa del jefe del Estado. Sucesivas normas legales le atribuyeron la iniciativa en la elaboración de las leyes e incluso, tras la creación de las Cortes en 1942, se le siguió asignando, por motivo de urgencia, «la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general» que le había otorgado la ley de 30 de enero de 1938.[29] Ello anulaba, de hecho y de derecho, cualquier independencia que hubieran pretendido arrogarse los miembros de una Cámara parlamentaria sobre la que, además, ejercía funciones de control un Consejo Nacional del Movimiento, la «Cámara de las ideas», presidido por el propio dictador.

6) Inexistencia de partidos. Pese a la calificación oficiosa de Falange Española Tradicionalista como Partido Único, el modelo constitucional franquista no admitía la existencia de partidos políticos, considerados como banderías destructoras de la unidad nacional. Disueltos con la Unificación de 1937, fueron formalmente sustituidos, a través de la estructura funcional de FET-JONS, por un cuerpo único de participación doctrinal y política, el Movimiento Nacional, definido más tarde como la «comunión de todos los españoles» en los principios constituyentes del franquismo.

7) Pluralismo político limitado en el seno del Régimen. Al margen del monopolio de ejercicio de las vías políticas atribuido a FET-JONS, los antiguos partidos de la Gran Coalición fueron sustituidos en la dinámica interna del Movimiento y en los equipos dirigentes de la Administración por las familias políticas, carentes de entidad legal, informales pero reconocibles grupos ideológicos y de intereses, aglutinadoras del «personal político», que se repartían la gestión pública y la generación de ideología bajo el arbitraje y el control de Franco.

El proceso institucionalizador del Estado fue largo y complicado, y dependió tanto de la voluntad del dictador como de la coyuntura internacional, de la evolución de la sociedad española y de la capacidad de gestión otorgada en cada momento a las familias políticas rivales. En un principio, las necesidades de la guerra y el excesivo peso del elemento militar impidieron la puesta en marcha de estructuras civiles de carácter institucional, con excepción de la Junta Técnica del Estado, formada por especialistas encargados de la gestión de los asuntos públicos, y de la Junta Política y el Consejo Nacional de FET-JONS, órganos de representación de las fuerzas de la Gran Coalición integradas en el Partido Único. La constitución de un Gobierno en enero de 1938 dio paso a una mayor responsabilidad de los civiles en las decisiones políticas y abrió el camino al establecimiento del marco institucional del Régimen.[30] Este desarrollo institucional se puede dividir en cuatro grandes etapas:

a) La primera abarcaría los años de la Guerra Civil (1936-1939). Entre sus iniciativas políticas se encuentran el Decreto de la Junta de Generales, de septiembre de 1936, que invistió a Franco con «la Jefatura del gobierno del Estado»; el Decreto de Unificación de abril de 1937, por el que el dictador fusionó en una sola organización a todos los partidos derechistas que apoyaron a los militares sublevados; las leyes de enero de 1938 y de agosto de 1939 que reforzaron los poderes del jefe del Estado y regularon el ejercicio del Poder Ejecutivo mediante la creación del Consejo de Ministros y la atribución a Franco de su presidencia; el Fuero del Trabajo, de marzo de 1938, primera de las Leyes Fundamentales, emitido como decreto tras ser elaborado por el Consejo Nacional de FET e inspirado en la Carta del Lavoro del fascismo italiano y en la doctrina del catolicismo social, que establecía los derechos y deberes de trabajadores y empresarios y sancionaba el rígido control estatal de las relaciones laborales —la huelga era declarada «delito de lesa patria»—, canalizado a partir de 1940 por la Organización Sindical Española,[31] y el decreto de julio de 1939 que reorganizó el Consejo Nacional de FET-JONS y lo convirtió en guardián de la ortodoxia política y doctrinal.

b) En la etapa de intensa institucionalización que transcurre entre 1940 y 1947, el Régimen se dotó de cuatro Leyes Fundamentales: la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), que creó un Parlamento unicameral «orgánico» integrado por procuradores elegidos mediante criterios semicorporativos; el Fuero de los Españoles (1945), que constituía una restringida carta de derechos ciudadanos; la Ley de Referéndum Nacional, de ese mismo año, que establecía consultas plebiscitarias entre la población para refrendar la legislación constitucional cuando así lo decidiera el jefe del Estado, y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), que definía a España como reino, recalcaba la condición vitalicia de Franco como dictador y establecía su sucesión en la figura de un rey, designado por él y con sus poderes limitados por las restantes instituciones del Régimen.

c) Durante la etapa que se extiende entre 1947 y 1967, y que constituye la época de madurez del franquismo, se promulgaron dos Leyes Fundamentales destinadas a sintetizar y fijar definitivamente los principios doctrinales y el modelo organizativo del Estado. La Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), que pretendía actualizar los viejos postulados falangistas, sustituyendo los hasta entonces vigentes puntos programáticos de FET-JONS por unos genéricos principios doctrinales menos cercanos al fascismo y más acordes con la pluralidad —o la mixtura— de corrientes en el interior del Régimen. Y la Ley Orgánica del Estado (1967), que fijó la estructura de funcionamiento institucional y modificó el articulado de las anteriores Leyes Fundamentales para adaptarlo a los tiempos, eliminando algunas de las connotaciones totalitarias en la organización estatal que pervivían desde la guerra. A partir de entonces se separan los cargos de jefe del Estado y presidente del Gobierno y se inicia el estudio de un proceso de «asociacionismo político» para estimular el debate y la participación popular en el seno del Movimiento Nacional.

d) La fase conocida como tardofranquismo (1969-1976) apenas aportó variaciones en el cuadro de las instituciones. Entre 1972 y 1973 se promulgaron algunas leyes para garantizar el mantenimiento del sistema tras la ya inminente sucesión del anciano dictador. Pero el programa global de «apertura» planteado a comienzos de 1974 en el marco de lo que se denominó «el espíritu del 12 de febrero», así como su medida estrella, la Ley del Derecho de Asociación Política, continuamente torpedeada por el sector «inmovilista» opuesto al aperturismo, llegaron demasiado tarde para incentivar la movilización política de una mayoría silenciosa que permanecía en los cauces de consentimiento acrítico impuestos por la clase política dictatorial.

DIVERSIDAD DENTRO DE LA UNIDAD

Aunque se ha consolidado la forma de afrontar la diversidad interna del franquismo a través del concepto global de «culturas políticas»[32] —fascismo y nacionalcatolicismo, básicamente—, parece necesario mantener una variable estasiológica que introduzca mayor riqueza de matices en la conceptualización histórica de los elementos políticos concurrentes a la fase fundacional y en la percepción de la evolución de las dinámicas grupales del sistema. La dictadura del general Franco había tenido como primer basamento político una coalición de fuerzas derechistas unificadas contra su voluntad por los militares en 1937 y colocadas bajo la directa e indiscutible autoridad del jefe del Estado. Estos partidos iniciales, desaparecida su organización y eliminados los cauces de representación política pluralista, pervivieron en el seno del Movimiento Nacional como corrientes doctrinales y grupos de intereses. Conocidas como las «familias políticas», estas corrientes experimentaron una evolución muy accidentada, ya que cada una de ellas disfrutó de épocas de gran influencia en los aparatos del Estado y, en otras, la voluntad del Generalísimo las relegó a una posición secundaria.[33] Para comprender la naturaleza de un proceso de vertebración política tan singular, que nutrió los equipos directivos de las instituciones del Estado en todos sus niveles entre 1937 y 1969, es preciso tener en cuenta diversos rasgos identificativos:

a) Las familias tienen su origen en cuatro partidos derechistas actuantes en la Segunda República y que integraron la Gran Coalición de apoyo a los militares sublevados: la Confederación Española de Derechas Autónomas, la Comunión Tradicionalista, Falange Española de las JONS y Renovación Española. En cierto modo, los cuadros y dirigentes de estos partidos mantuvieron sus antiguos referentes grupales en el seno del Régimen. Y la relevancia dada a las escasas disidencias de la primera hora —Hedilla, Fal Conde, Gil-Robles— confirma la tónica general, que fue de sumisión incondicional a Franco hasta su muerte. Este, que era consciente de ello, utilizó siempre en favor de su poder personal esta realidad plural de su Movimiento.

b) Carecían de estructura y de capacidad de representación formales, y también de existencia legal. La exigencia constitucional, presente ya en el Decreto de Unificación, de una única organización de encuadramiento político en el Régimen, y el hecho de que la promoción personal de las élites institucionales fuera virtual potestad del dictador, reprimían cualquier interés de sus partidarios en constituir organizaciones políticas al margen de FET-JONS. Organizaciones que se verían prácticamente abocadas a la clandestinidad o, al menos, a un limbo de alegalidad, como le sucedió a la renacida Comunión Tradicionalista. No obstante, la existencia de las familias era conocida y admitida por el conjunto del establishment político, y aun por amplios sectores de la opinión pública. Pese a jugar en su propio interés con la variable de las cuotas globales de representación institucional que les asignaba, Franco impuso desde sus primeros gobiernos una suerte de acuerdo tácito por el que cada familia mantenía, en líneas generales, su continuidad al frente de determinadas áreas de la Administración. En cambio, la organización del Partido Único/Movimiento Nacional fue celosamente controlada en todo momento por políticos que se autodefinían como falangistas.

c) Por otra parte, los integrantes de las familias eran, salvo excepciones, una élite funcionarial de la Administración del Estado o del aparato del Movimiento, por lo que actuaban como «centros de extracción» para seleccionar el personal político;[34] lo que, en el ámbito profesional, situaba a sus miembros en manifiesta dependencia de sus mentores políticos, que los promocionaban como personal de confianza en sus áreas de gestión. Así pues, las familias tendían a perpetuarse en el seno de equipos burocráticos cerrados en las diversas áreas especializadas y niveles territoriales de la Administración estatal mediante una suerte de informal estructura clientelar, justificada ante la opinión pública en una pretendida meritocracia técnica de los beneficiarios que fue ganando posiciones en el discurso político. Ello hacía posible el relevo generacional controlado y el mantenimiento de los intereses genéricos de cada familia en la gestión de lo público.

d) Eran conglomerados lábiles, surgidos de un núcleo político, pero dotados de unos referentes ideológicos bastante laxos, ya que en buena medida procedían del autorreconocimiento de sus miembros. Por eso, en el seno de cada familia cabía una amplia gama de matices doctrinales e incluso de niveles de adhesión al Régimen. Desde un sector propiamente franquista, que era el que participaba en las instituciones del Estado, hasta una disidencia que incluso podía llegar a abandonar el sistema para situarse en un antifranquismo más o menos combativo. Esto último sucedió con el falangismo auténtico, con el carlismo javierista, con un sector del monarquismo juanista o con los movimientos católicos de base. Incluso se dio el caso de políticos —Joaquín Ruiz-Giménez, Dionisio Ridruejo, Pedro Sainz Rodríguez— que, tras haber ocupado carteras ministeriales y otros altos cargos, rompieron con el dictador por motivos ideológicos y asumieron posturas activas en las filas de la oposición. Por otra parte, y ello dificulta considerablemente el análisis de estas corrientes, era frecuente que los políticos profesionales poseyeran rasgos definitorios de dos o más familias, aunque incluso en estos casos prevalecía un núcleo de identificación unifamiliar. Sería el caso de los falangistas miembros del Opus Dei, de los que podía pensarse que eran en cierto modo próximos a la tecnocracia, o de los tecnócratas, los tradicionalistas y los católicos activistas de la causa monárquica del conde de Barcelona o de la de su hijo, el príncipe de España.

e) Las familias del Régimen mantenían una gran rivalidad con respecto a sus proyectos de futuro, tanto en lo que afectaba al desarrollo de líneas doctrinales y programas de gobierno como a la promoción personal de sus respectivas clientelas. En realidad, sus diferencias en cuanto a doctrina y procedimientos políticos eran tan variadas que puede hablarse de auténticas incompatibilidades entre ellas. Era Franco, desempeñando su privativa función arbitral, quien mantenía la cohesión en el seno de la coalición política integrada en el Movimiento, reduciendo en sucesivas etapas el poder acumulado por la familia hegemónica del momento y primando el ascenso de otras situadas más en consonancia con la evolución de la sociedad española y con las tendencias dominantes en el contexto internacional.

Al no estar formalmente organizadas, los politólogos e historiadores han recurrido a una gran variedad de interpretaciones sobre el número y las características intrínsecas de las familias, así como de la adscripción de los miembros de la élite politicoburocrática del Estado a cada una de ellas.[35] Pero lo que no parece posible es negar la existencia de estas variables gentilicias en la clase política a lo largo de cuatro décadas, como si el establishment franquista hubiera sido una única entidad sin fisuras ideológicas ni agrupamientos de intereses más allá del servicio genérico al Generalísimo o a las clases dominantes. Descartando algunas propuestas analíticas de carácter más profesional que político, como los militares y su poder corporativo autónomo, o los denominados técnicos, vinculados al franquismo de manera meramente funcional y carentes de cohesión política, pero muy presentes en los equipos de gobierno de la etapa final de la dictadura, cabría considerar cinco familias consolidadas a efectos de interpretar la evolución del Régimen y del conjunto de las derechas actuantes en él: las cuatro fundacionales de la Gran Coalición —falangistas, tradicionalistas, católicos y monárquicos— y una aparecida con posterioridad, los tecnócratas, cuyos equipos gobernaron la gestión económica y desempeñaron un destacado papel doctrinal y político en la segunda mitad del periodo franquista.

•  Los falangistas procedían de la Falange Española de las JONS, el partido de índole fascista fundado en 1934 y liderado por José Antonio Primo de Rivera.[36] A partir de la Unificación, que terminó formalmente con el partido y lo fusionó con el carlismo, el nacionalsindicalismo falangista fue el componente doctrinal más identificable en el primer franquismo, al que transmitió un discurso fascistizante y una concepción totalitaria del Estado y de la sociedad. A cambio del control ideológico y de la preeminencia de sus cuadros en el Partido Único, los sindicatos oficiales y las áreas sociales del Gobierno, la familia azul tuvo que desprenderse de su proyecto «revolucionario» de preguerra —un fascismo radical atemperado por un catolicismo tradicional—, renunciar a su discurso anticapitalista y asumir la línea de mayor moderación que le imponían su nuevo jefe de filas, el general Franco, y los sucesivos secretarios generales de FET-JONS: Raimundo Fernández-Cuesta, José Luis de Arrese, José Solís Ruiz, etcétera.

•  Los tradicionalistas tenían una historia política de un siglo, organizados en el movimiento carlista.[37] La Unificación, que convirtió al carlismo en una de las dos fuerzas básicas de FET-JONS, lo relegó políticamente en beneficio de su nuevo socio, el falangismo. Luego la familia se dividió progresivamente entre quienes se adhirieron plenamente al Movimiento Nacional y acabarían apoyando a partir de 1969 a la futura monarquía juancarlista, y los que mantuvieron su lealtad al regente, y luego rey carlista, don Javier de Borbón-Parma, a quien acompañaron en una disidencia que los llevó a la militancia antifranquista como Partido Carlista (véase el capítulo 6). Los tradicionalistas que colaboraron con la dictadura ejercieron un virtual monopolio sobre el Ministerio de Justicia y mantuvieron discretas cotas de representación en las instituciones representativas —Cortes, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etcétera—, pero su presencia en los aparatos del Estado fue muy inferior a la que correspondía a su aportación inicial a la causa franquista.

•  Los monárquicos eran los partidarios de la restauración de la casa de Borbón en la figura de Alfonso XIII y, tras su fallecimiento, en la de su hijo Juan de Borbón, conde de Barcelona. Al inicio de la guerra tenían como principales organismos el partido Renovación Española y el grupo doctrinal de Acción Española.[38] Poco numerosos respecto a otras familias, pero con amplia experiencia en el manejo de la Administración y bien situados en las élites económicas y sociales y en la cúpula de las Fuerzas Armadas, mantuvieron una amplia gama de actitudes ante la dictadura, desde la abierta colaboración, que acabaría asumiendo la forma de juancarlismo en aceptación del designio de Franco de hacer rey al hijo del conde de Barcelona, hasta la disidencia intermitente de los juanistas más activos al reclamar la vuelta inmediata de don Juan al trono. Pero incluso estos últimos se encontraban muy divididos entre los partidarios de una monarquía tradicional y autoritaria y quienes evolucionaron hacia el monarquismo liberal a partir de los años cincuenta.

•  La existencia de una familia católica parece un contrasentido, ya que España era un Estado confesional y todo el que pretendía hacer carrera política debía hacer pública profesión de adhesión a la Iglesia. Con este calificativo se alude, en primer lugar, a quienes procedían de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA),[39] pero ante todo se asigna a esta familia a los franquistas vinculados a entidades religiosas muy militantes y colocadas bajo la autoridad de la jerarquía episcopal, como la Acción Católica y, sobre todo, la selecta Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). Tradicionalmente enfrentados a los falangistas, los católicos vivieron su apogeo en el periodo comprendido entre 1945 y 1957, cuando controlaban el sistema educativo y la política exterior.[40] Con el paso del tiempo, la familia católica fue engrosando las filas de la disidencia o de la oposición a la dictadura a través de grupos autodefinidos como democratacristianos.

•  Los tecnócratas no formaron parte de la coalición franquista inicial, sino que la familia se desarrolló en los años cincuenta para alcanzar rápidamente parecida influencia a la del falangismo. Se distinguían por dos circunstancias: por pertenecer o ser próximos al Opus Dei, una organización para católicos seglares fundada en 1928 por el sacerdote José María —o Josemaría— Escrivá de Balaguer y muy extendida internacionalmente, y, en segundo lugar, por defender principios políticos de confesionalidad religiosa y conservadurismo social, pero otorgando prioridad a la eficacia en la gestión empresarial del Estado, el llamado «desarrollismo». Los tecnócratas entraron en el Gobierno de la mano del vicepresidente, el almirante Carrero Blanco, y se hicieron con el control de la planificación económica a partir del Plan de Estabilización de 1959.[41] Su principal figura, Laureano López Rodó, fue el cerebro de los Planes de Desarrollo que industrializaron el país en los años sesenta. Pertrechados en este éxito y fuertemente implantados en todos los niveles de la burocracia estatal, se impusieron a sus rivales falangistas tras la crisis gubernamental de 1969. Paradójicamente, la llegada de Carrero a la presidencia del Gobierno, en 1973, marcó su declive, cuando comenzaron a manifestarse los costes sociales y políticos del desarrollismo.[42]

LA TENTACIÓN TOTALITARIA

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial la política interior española estuvo vinculada en gran medida a los avatares del conflicto. El Nuevo Estado, definido entonces por sus teóricos como «totalitario», respondía tanto a la influencia del fascismo europeo como a las peculiaridades y equilibrios de las fuerzas —el Ejército, la Iglesia, la coalición de partidos derechistas y su herencia en FET-JONS— que habían hecho posible el triunfo bélico y la consolidación de la dictadura. Los analistas han denominado «Era Azul» a esta etapa por el predominio ideológico del falangismo y su masiva presencia en los aparatos políticos y administrativos del Estado. En este tiempo, el Régimen se dotó de una estructura institucional concebida ya para una larga permanencia: se creó un organismo parlamentario, las Cortes Españolas, se establecieron los principios constitucionales abstractos mediante los Fueros, se puso en marcha la Organización Sindical Española, etcétera.

El predominio militar y monárquico en el Gobierno de enero de 1938, dedicado a ganar la guerra, se había equilibrado con la hegemonía falangista en el Partido. Pero esta situación fue rota en favor del falangismo con el Gabinete de agosto de 1939, cuyos miembros no representaban ya al espectro de partidos integrantes de la Gran Coalición de 1936. Presidido por Franco, su figura más destacada era el ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, un neofalangista procedente de la CEDA que era concuñado del dictador y que pasó a encarnar las tendencias más totalitarias en el seno del franquismo, convirtiéndose «en hombre puente entre el Generalísimo y los falangistas».[43] Serrano, que también presidía la Junta Política de FET, lo que le convertía en virtual líder del Partido, movía hábilmente sus piezas y no tardó en ser considerado una suerte de valido de Franco, a quien animaba a embarcarse en un abierto proceso de fascistización siguiendo la vía populista de su admirado Mussolini. Entre 1939 y 1942, España vivió prácticamente bajo un régimen fascista en el que la movilización política se orquestaba en torno a las tesis nacionalsindicalistas y a un nacionalismo militante que tenía como núcleo simbólico la hispanidad, doctrina basada en gran medida en valores religiosos y en la exaltación de las glorias del pasado imperial.[44]

Como sucedía en sistemas similares, el español de este periodo se organizó en torno a dos ejes paralelos y, en ocasiones, competitivos. Por un lado, las instituciones del Estado: el Consejo de Ministros y la Administración central, las Cortes Españolas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos…; era en este plano donde se producían fundamentalmente las interacciones del poder civil estatal con el Ejército y la Iglesia, dos «poderes fácticos» autónomos pero estrechamente vinculados al mantenimiento de la dictadura personal de Franco. El otro nivel lo constituían los aparatos políticos y sociales asociados mayoritariamente al falangismo a través de FET-JONS,[45] cuyos servicios y delegaciones nacionales, dependientes de la Secretaría General, tendían a duplicar las competencias de los ministerios y demás organismos de la Administración, hasta el punto de que a veces cargos públicos y jerarquías del Partido se mezclaban, como sucedía con gobernadores civiles y alcaldes designados por el ministro de la Gobernación, que asumían el papel de jefes provinciales y locales del Partido, o con el propio secretario general de este, que era ministro.[46]

Los estatutos de FET-JONS de 31 de julio de 1939, inspirados por Serrano Suñer, consagraban el liderazgo indiscutido de Franco, su jefe nacional: «Como Autor de la Era Histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del Movimiento, el Jefe asume, en su entera plenitud, la más absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia» (art. 47). Reservaban, no obstante, importantes cometidos a la Secretaría General, la Junta Política y el Consejo Nacional.[47] En este último, designados por el dictador, se sentaban representantes de las diversas facciones que integraban el Movimiento, con hegemonía falangista pero con presencia de monárquicos conservadores y tradicionalistas, así como militares. De hecho, en el verano de 1939 Franco nombró secretario general del Partido al general Muñoz Grandes, de abiertas simpatías falangistas, pero que no dejaba de ser un representante del Ejército.[48]

En los primeros años cuarenta, FET era una organización de masas. Las estadísticas oficiales señalaban 240.000 varones afiliados en 1937, 650.000 en 1939 y 932.000 en 1942.[49] Los verdaderos militantes eran, en su práctica totalidad, de filiación falangista. En teoría, los miembros de las dos familias monárquicas y de la católica solo podían hacer política en el seno del Partido, pero se alejaban cada vez más de una organización que controlaban los azules y en la que, aunque estaba teóricamente separada de la Administración del Estado, su Consejo Nacional poseía capacidad de orientar políticas oficiales. Los falangistas serranistas, entre los que figuraban intelectuales como Dionisio Ridruejo, responsable de propaganda de FET, y Antonio Tovar, que dirigía la política de prensa del Ministerio de la Gobernación, sostuvieron en estos años una ardua batalla con los círculos intelectuales vinculados a la Iglesia por el control de la información, la cultura y la educación.[50] Pretendieron también crear una milicia de partido, a imagen de las de Italia y Alemania, pero se estrellaron contra el muro infranqueable que era el Ejército, claramente opuesto a la existencia de una organización paramilitar.[51]

El entramado burocrático que constituía la base orgánica de FET disponía de varias organizaciones especializadas de carácter social, más o menos autónomas y destinadas a encuadrar a sectores concretos de la población, como las mujeres y los jóvenes. La Sección Femenina, creada en el seno de la primitiva Falange en 1934 y encomendada a Pilar Primo de Rivera, incluía a todas las afiliadas a FET —en 1939 eran 580.000— dedicadas preferentemente a labores administrativas o de beneficencia, estas últimas a través del Auxilio Social.[52] También procedía de la Falange de preguerra el Sindicato Español Universitario (SEU), que en 1939 se convirtió en sindicato único, de afiliación obligatoria para todos los estudiantes de enseñanza superior a partir de 1943, lo que supuso un golpe mortal al antes boyante asociacionismo estudiantil católico.[53] El 6 de diciembre de 1940 se creó el Frente de Juventudes, inspirado en las Juventudes Hitlerianas y dedicado a la formación ideológica y militar de los adolescentes, esta última a través de la Instrucción Premilitar Elemental. Con todo, ni esta ni las milicias del Partido, creadas legalmente el 2 de julio de 1940, tuvieron el alcance esperado por los falangistas dada la frontal oposición del Ejército.[54] Y dos años después se formaron las Falanges Juveniles de Franco, que debían servir para formar a los futuros cuadros azules de FET-JONS, «los selectos entre los mejores», como los definía la propaganda oficial.[55]

Tras la ley de 13 de julio de 1940, que nacionalizó los medios de comunicación que habían apoyado al bando republicano, estos pasaron a depender de la Delegación de Prensa y Propaganda de FET y constituyeron la Cadena de Prensa del Movimiento, que llegó a alcanzar las cuarenta cabeceras y cuyo buque insignia, el diario Arriba, actuaba como órgano oficial del Partido.[56] También los sindicatos contaban con sus propios medios de comunicación, sobre todo el diario Pueblo. La Vicesecretaría de Educación Popular se ocupaba de la difusión de los ideales nacionalsindicalistas entre la población.[57] El deporte, una actividad con creciente importancia política en su condición de espectáculo de masas, fue puesto bajo el más estricto control oficial a través de la Delegación Nacional de Deportes, dependiente de la Secretaría General del Movimiento, y, en su vertiente popular, mediante la Obra Sindical de Educación y Descanso, dedicada a organizar el ocio de los trabajadores.[58]

Conforme a los principios corporativistas del Fuero del Trabajo, promulgado en 1938, las organizaciones sindicales y patronales que habían sobrevivido al conflicto civil fueron unificadas por la Ley de Unidad Sindical, de 26 de enero de 1940, y la de Bases de la Organización Sindical, de 6 de diciembre de ese año. El resultado fue la oficialista Organización Sindical Española (OSE), con veinticuatro sindicatos nacionales, corporaciones laborales o sindicatos verticales que agrupaban a trabajadores —«productores», en la terminología franquista— y empresarios por ramos de producción. Y ello supuso, también aquí, la desaparición del sindicalismo vinculado a la Iglesia, así como de las organizaciones patronales, que tan eficazmente habían combatido la legislación reformista de la República. Los sindicatos de la OSE estaban controlados por la burocracia falangista a través de delegaciones provinciales, dependientes de una Delegación Nacional de Sindicatos integrada en la estructura de la Secretaría General del Partido.[59] Su primer titular fue Gerardo Salvador Merino, miembro del ala «izquierda» de FET y admirador del nazismo. Su defensa de un Estado Sindical totalitario, que promoviera políticas sociales radicales a través de la Revolución Nacional falangista, le enfrentó a los sectores conservadores del Régimen.[60]

El poder acumulado por Serrano Suñer y su equipo en el Partido y los aparatos del Estado, así como la resistencia a ello de los monárquicos, la Iglesia y muchos altos mandos del Ejército, acabaron alertando al Generalísimo sobre una situación que podía llegar a ser una amenaza para su poder como dictador.

Tras obtener en febrero de 1941 un Fuero de las Jerarquías de FET-JONS que les garantizaba a sus colaboradores práctica inmunidad judicial e impunidad política en función de «la dignidad del Mando», Serrano protagonizó en mayo una maniobra destinada a derribar a Franco u obligarle, al menos, a incrementar el tono fascista del Régimen y el poder del Partido. Pero el Generalísimo fue capaz de resistir, apoyado por un amplio frente antiserranista, y pasó a la ofensiva. Tras garantizarse el apoyo de los dirigentes de la vieja guardia de Falange, procedió a una remodelación de su Gobierno en la que los hombres de Serrano perdieron posiciones. Pedro Gamero del Castillo, que había sustituido un año antes al general Muñoz Grandes al frente de FET, aunque solo con rango de vicesecretario general, fue reemplazado por José Luis de Arrese, un histórico dirigente ajeno al grupo, que recuperó el cargo de secretario general. Serrano había abandonado el Ministerio de la Gobernación, y con ello el control de la policía y de los medios de comunicación, en octubre de 1940, para pasar a Asuntos Exteriores, una cartera más vistosa, pero con menos poder efectivo. No obstante, el «cuñadísimo», como se le conocía popularmente, había logrado que continuaran en Gobernación buena parte de sus colaboradores, lo que le permitía mantener su influencia en la política interna. No obstante, en el cambio de Gobierno de mayo de 1941, Gobernación le fue encomendado a Valentín Galarza, un militar de la plena confianza de Franco y poco simpatizante del falangismo.

Este, sin embargo, seguía siendo una fuerza demasiado importante para relegarla en los aparatos del Régimen. En consecuencia, el general actuó para domesticarla. En el nuevo Gobierno incorporó, junto con Arrese, a otros dos camisas viejas, de cuya lealtad tampoco tenía dudas: Miguel Primo de Rivera, como ministro de Agricultura, y José Antonio Girón de Velasco, en Trabajo. Este giro franquista de FET no tardó en hacerse patente en nuevas medidas contra el ala radical del Partido. En julio fue cesado el líder de los sindicatos, Salvador Merino, cuyo pasado masónico se hizo público entonces. De menor relevancia, pero de gran trascendencia para el futuro, fue el nombramiento de un militar antifalangista, el marino Luis Carrero Blanco, para el puesto clave de subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

LA FALANGE DE FRANCO

Sin embargo, la reconversión del falangismo tardó aún en llegar al partido cuyo organismo clave, la Junta Política, seguía dirigiendo Serrano Suñer. Ello generaba fuertes tensiones con los restantes sectores franquistas, que se resistían al predominio azul en una organización que era la única vía legal para actuar en la política. Tras la derrota parcial de mayo de 1941, Serrano continuó acaudillando el sector del falangismo que rechazaba la coalición conservadora y defendía la «revolución pendiente» para levantar un Estado fascista. A finales de ese año promovió un proyecto de Ley de Organización del Estado, que afirmaba en su preámbulo: «El Estado español es un instrumento totalitario al servicio de la integridad de la Patria. Todo su poder y todos sus órganos se deben a este servicio y están sometidos a Derecho y a los principios políticos y morales del Movimiento Nacional». El proyecto elevaba la Junta Política de FET al rango de «Supremo Consejo Político», una especie de Senado o segunda Cámara del Régimen.

Las demás familias del Movimiento, y también el episcopado y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, cerraron filas contra este intento de establecer un sistema político calcado de la Italia fascista. Las tensiones, que dieron lugar a reiterados incidentes entre jóvenes falangistas y monárquicos, desembocaron en la crisis política de agosto de 1942. Durante una concentración carlista en el santuario de Begoña (Guipúzcoa), presidida por el ministro del Ejército, general Varela, un grupo de falangistas lanzó dos bombas de mano que causaron 117 heridos, algunos muy graves. Tanto Varela como el ministro de la Gobernación, Galarza, se pusieron enseguida en contacto con varios jefes militares para estudiar medidas de castigo. Seis falangistas fueron sometidos a consejo de guerra y se fusiló a uno de ellos, Juan José Domínguez Muñoz, considerado responsable del comando atacante.[61]

Consciente de que la situación se le podía ir de las manos, la reacción de Franco ante un hecho que ponía de manifiesto la existencia de facciones enfrentadas en el seno de su régimen fue fulminante. Cesó de sus carteras a Varela, Galarza y Serrano Suñer —que desapareció del escenario político—, y él asumió un papel más firme en el liderazgo de FET. Fortaleció, además, la política de orden público llevando al Ministerio de la Gobernación a Blas Pérez González, jurídico militar y un «técnico» eficaz y absolutamente leal a su persona, que endureció extraordinariamente los mecanismos de control político y social de la población. En adelante, el dictador evitaría cuidadosamente alentar toda veleidad de cesarismo entre sus colaboradores, para lo cual no volvió a dar tanto poder a un ministro, y buscó rebajar, con la ayuda de un complaciente Arrese, la peligrosa belicosidad del falangismo mediante un rápido proceso de «burocratización y domesticación», funcionarizando a sus representantes en el Partido y la Administración y depurándolo de elementos de dudosa lealtad a su persona.[62]

Para entonces, el Generalísimo había acometido un importante paso institucionalizador. El 17 de julio de 1942 promulgó la Ley Constitutiva de las Cortes, negociada entre Arrese, en nombre de los falangistas, y el ministro de Justicia, Esteban Bilbao, en el de los tradicionalistas, que establecía un Parlamento unicameral como «órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado». Las Cortes orgánicas, que comenzaron a actuar en marzo del año siguiente, se inspiraban en el modelo corporativo del tradicionalismo, de raíces medievales, pero con concesiones a la modernidad del nacionalsindicalismo y a la capacidad decisoria del jefe del Estado. Sus miembros, denominados con el nombre medieval de procuradores, eran reclutados mediante un sistema mixto, que eludía el sufragio universal pero también la representación corporativa pura, que hubiera debido desarrollar en exclusiva el esquema de los tercios de procuradores como representantes electos de las tres «entidades naturales de vida social»: familia, sindicato y municipio. En realidad, muchos de los parlamentarios representaban, como designados y no como elegidos, al Partido y a las instituciones del Estado, por lo que recogían, aunque no de forma expresa, el equilibrio del momento entre las familias políticas.[63] Eran procuradores natos, en razón del cargo, los ministros, los consejeros nacionales del Movimiento, los rectores de las universidades y los presidentes de los altos tribunales del Estado. Lo eran electivos, pero por procedimientos indirectos o también designados en función del cargo, 141 delegados de los sindicatos, siete representantes de los colegios profesionales y 102 alcaldes (los procuradores del tercio familiar se activaron en 1967). Y se sumaban «aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar, administrativa o social, o por relevantes servicios a España, designe el Jefe del Estado en número no superior a cincuenta».

Las competencias de las Cortes Españolas, Cámara parlamentaria de una dictadura, eran muy limitadas y le cuadra el calificativo de «dócil» en su relación con el Poder Ejecutivo.[64] Los procuradores, que no podían asociarse en grupos parlamentarios, debatían, enmendaban —casi nunca— y aprobaban las leyes, pero no podían proponerlas. Esta facultad recaía en el Gobierno y en su presidente. Otra función parlamentaria, la fiscalización del Ejecutivo, también les estaba vedada y no podían derribarlo con una moción de censura. Hasta su desaparición, tras la muerte de Franco, las Cortes orgánicas cumplieron fundamentalmente una función de resonancia y legitimación de la gestión del Gobierno —se les llamaba «la Cámara del aplauso»— y de punto de encuentro de las familias políticas y de los grupos de intereses económicos. Tuvieron que competir con el Consejo Nacional del Movimiento, cuyas funciones de control político y doctrinal rozaban con frecuencia sus competencias, o las suplían, como sucedía con la vigilancia de la ortodoxia legal de la acción normativa del Ejecutivo.

Los teóricos de la Falange franquista elaboraron en estos años un entramado doctrinal para justificar el giro ideológico del nacionalsindicalismo con respecto a la casi extinta línea joseantoniana, revistiéndolo de un pretendido continuismo, y avalar de paso el poder absoluto del Generalísimo. Especialmente relevante fue en este sentido la elaboración, en consonancia con el Führerprinzip alemán, de la teoría del caudillaje, del carisma de Franco como caudillo no solo del Movimiento, sino de toda la nación.[65] Con todo, esta característica del liderazgo del militar gallego no fue defendida solo por los teóricos falangistas. Ya en enero de 1939 se la asignó el ideólogo tradicionalista Francisco Elías de Tejada ciñéndola a la tradición histórica española, sobre todo a la teorización de Donoso Cortés, y adaptándola a la trayectoria de un Franco sin pasado político como conductor natural de un movimiento fascista: «El Caudillo es, esencialmente, un jefe militar […]. Su misión esencial es lanzar las consignas supremas de cada hora, puesto que él es el único intérprete legítimo de la empresa misionera que es la nacionalidad española. Suprema autoridad del Nuevo Estado, fuente de la soberanía, raíz última del poder en la tierra».[66]

Pero la aportación fundamental a la definición del carisma oficial que acompañaría a Franco hasta su muerte fue la del politólogo falangista Francisco Javier Conde,[67] autor de Contribución a la teoría del Caudillaje (1942), en el que veía «la dictadura revolucionaria apoyada en el poder constituyente del pueblo, cuya voluntad se manifestó en el recurso a las armas». La autoridad excepcional de un caudillo ante su pueblo residía «en la devoción extraordinaria a la ejemplaridad o temple heroico de una persona y de las órdenes por ella establecidas». En función de ello, el Caudillo era solo «responsable ante Dios y ante la Historia».

Reforzada así su autoridad absoluta, Francisco Franco, Caudillo de España, jefe del Estado, del Gobierno, del Movimiento Nacional y de las Fuerzas Armadas, pudo concentrarse desde finales de 1942 en preparar respuestas a la evolución de la guerra mundial, que se decantaba ya en favor de los Aliados. Debía afrontar una posguerra que se preveía llena de peligros para un régimen que los vencedores identificaban abiertamente con el modelo de Estado fascista que estaba siendo derrotado en los campos de batalla europeos.

Este proceso de innovación no fue radical e instantáneo y conllevó cambios en los equilibrios de poder de las familias franquistas. Aunque la etapa más propiamente totalitaria fue dejada atrás en 1942, con la salida de Serrano Suñer del Gobierno, el falangismo seguía siendo una referencia política fundamental, con su control de FET y de los sindicatos y su nutrida presencia en el Ejecutivo y en las Cortes. Pero el Partido había ido perdiendo su capacidad de arbitrar políticas propias y de dar marco a las reivindicaciones de la revolución pendiente para convertirse «en una gran maquinaria de encuadramiento, ideologización y control de la población, proveedora de empleos, pisos protegidos y prebendas a sus cuadros».[68]

A partir de 1943, su identificación como una fuerza fascista se convirtió en un pesado lastre para un régimen que buscaba, por la vía de la democracia orgánica, un lugar bajo el sol en la nueva Europa. En la primavera del año siguiente, el nuevo secretario general del Partido, Raimundo Fernández-Cuesta, avaló una circular a los delegados provinciales estableciendo que cesaran las alusiones al Partido, o a FET-JONS, en beneficio de la más descafeinada denominación de «Movimiento Nacional». El crecimiento de este, tan espectacular en los primeros años cuarenta, se detiene; de los 932.000 afiliados de 1942 se pasa a los 908.000 de 1939, en parte por la drástica purga de elementos serranistas acometida por Arrese. También los símbolos experimentaron transformaciones. Los uniformes políticos —camisa azul mahón falangista, boina roja tradicionalista, correajes y en los jerarcas chaqueta blanca y gorra de plato— desaparecerían poco a poco de la cotidianidad de la vida pública. Y en septiembre de 1945 el saludo brazo en alto dejó de ser oficial, aunque amplios sectores de la militancia franquista lo mantendrán hasta el final como signo identificador.[69]

Frente al puño cerrado, símbolo de odio y de violencia, que el comunismo levantaba, el saludo brazo en alto y con la palma de la mano abierta, de rancio abolengo ibérico, espontáneamente adoptado en pueblos y lugares; saludo que ya en los albores de nuestra historia patria constituyó símbolo de paz y de amistad entre sus hombres […]. Mas circunstancias derivadas de la gran contienda han hecho que lo que es signo de amistad y cordialidad venga siendo interpretado torcidamente […]. Esto aconseja el que, en servicio de la Nación, deban abandonarse en nuestra vida de relación aquellas formas de saludo que, mal interpretadas, han llegado a privar a las mismas, en muchos casos, de su auténtica expresión de amabilidad y cortesía.[70]

Se cerraba la Era Azul y la derecha española, confortablemente instalada en la dictadura del general Franco, pero enfrentada a un peligroso escenario exterior, liquidaba a efectos prácticos el Partido Único y su proyecto de Estado totalitario para abrir paso a la versión suave y orgánica del Movimiento Nacional.

2

FAMILIAS EN DISPUTA

LA DERECHA ORGÁNICA

1946-1967

El final de la Segunda Guerra Mundial, y la consiguiente desaparición del Nuevo Orden implantado por el nazismo en la mayor parte de Europa, forzó a la derecha española integrada en el Movimiento Nacional a profundizar en el proceso de reconversión iniciado tres años antes, cuando el intento falangista de instaurar un Estado plenamente fascista fue frenado por la conjunción de las restantes facciones políticas de la coalición franquista, del Ejército y de la Iglesia, con la aquiescencia del jefe del Estado.

A lo largo del siguiente cuarto de siglo, el Régimen experimentó una lenta evolución hacia la consolidación de sus estructuras, con el objetivo central de perpetuar la dictadura personal del general Franco, mediante la estrategia de implantar un sistema de «Constitución abierta» que, bajo la ecléctica formulación teórica de la democracia orgánica, facilitara el juego de equilibrios de las familias políticas y la canalización de la participación popular a través del cauce único del Movimiento,[71] pero manteniendo una vocación totalitaria en el control de los usos sociales y de la creación cultural y con un modelo de orden público propio de un Estado policial.

En esta larga fase de autoritarismo pragmático, que podría calificarse de franquismo maduro, el Régimen distó, pues, de obedecer a un esquema inmovilista, porque tenía una capacidad de adaptación a los cambios de coyuntura que garantizaba su eficacia y permanencia. A diferencia de la anterior etapa azul y del posterior tardofranquismo, las tensiones internas del aparato político e institucional se manifestaban, básicamente, en los cambios de personal en el Gobierno, mediante los que Franco iba modificando con suma discreción el equilibrio de poder delegado que atribuía a las distintas familias derechistas. En todo el periodo solo se produjeron dos crisis internas de gran magnitud, en las que las modificaciones del equipo ministerial se enmarcaron en procesos más amplios de reajuste del sistema: la de 1956, que marcó el punto cenital del enfrentamiento entre católicos y falangistas, y la de 1969, que evidenció la pugna entre falangistas y tecnócratas, resueltas por el Generalísimo con sendos golpes de autoridad y sanciones ejemplarizantes.

RECTIFICANDO EL RUMBO

En la segunda mitad de 1945, conforme se cernía sobre el régimen español la tormenta diplomática que llevaría a su aislamiento internacional en la posguerra mundial, el sistema político abordó cambios más profundos que el mero maquillaje escénico para alejarse de las connotaciones fascistas. Cambios destinados a dar la impresión, a la sociedad española y a la comunidad internacional, de que contaba con posibilidades de desarrollo constitucional que podrían resultar equiparables a las de una democracia parlamentaria y de que el sistema político asumía progresivamente algunas dinámicas liberalizadoras, dentro de sus propios cauces institucionales y lejos ya de cualquier tentación totalitaria.

Tres Leyes Fundamentales

Una primera muestra de esta voluntad de reinventar el franquismo estuvo en el Fuero de los Españoles, promulgado como Ley Fundamental el 17 de julio de 1945.[72] Fijaba los principios jurídicos básicos del Estado y de cada español —se eludía la palabra «ciudadano»—, a quien se atribuía la condición básica de «portador de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común». El Fuero establecía la confesionalidad católica del Estado: «La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial […] no se permitirán otras ceremonias, ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica», aunque asumía «la protección de la libertad religiosa», que, sin embargo, no fue regulada hasta junio de 1967. Garantizaba la igualdad de los españoles ante la ley y el derecho a la propiedad privada, aunque subordinado a «las necesidades de la Nación y al bien común». Parte del articulado se destinaba, sin embargo, a normar los mecanismos de control de la población, regulando de forma muy restrictiva los derechos cívicos de asociación, reunión y expresión. Así, aunque establecía que «todo español podrá expresar libremente sus ideas», solo podría hacerlo «mientras no atenten contra los principios fundamentales del Estado», lo que equivalía a prohibir actitudes críticas y disidencias. Un artículo se dedicaba a constitucionalizar el principio católico de la indisolubilidad del matrimonio y otro, a fijar como prioritaria la protección de la familia, «institución natural y fundamento de la sociedad». Y como «el ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España», se concedía al presidente del Gobierno —es decir, a Franco— total libertad para suspender mediante un decreto ley la garantía de los derechos individuales cuando estimase que el orden público o la soberanía nacional estaban en peligro.[73]

Al día siguiente de la promulgación del Fuero, en el noveno aniversario de su Alzamiento, el dictador acometió una modificación del Gobierno con un cambio de titulares de las carteras políticamente muy significativo. Su decisión de dar mayor protagonismo al catolicismo político, como le aconsejaba un Carrero Blanco que ejercía una influencia creciente en sus decisiones, no solo buscaba reducir el peso del falangismo y frenar la radicalidad de sus proyectos en los aparatos del Estado, o gratificar la adhesión de la Iglesia a su régimen. Trataba de profundizar en las supuestas similitudes con la nueva Europa occidental, dando relieve político a un sector del Movimiento, la familia católica, que podía alegar un pasado común y proximidad ideológica con la democracia cristiana que empezaba a formar parte de los nuevos sistemas democráticos europeos.[74]

En el Gobierno figuraban dos representantes señalados de esta corriente franquista. A José Ibáñez Martín, un miembro de la ACNP que ocupaba el cargo de ministro de Educación Nacional desde 1939, se sumó Alberto Martín-Artajo, también propagandista y presidente de la Acción Católica. Asumió el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la misión de obtener el reconocimiento de las democracias occidentales y un apoyo más abierto del Vaticano. Enfrente, el nacionalsindicalismo mantenía algunas posiciones, pero estrictamente como francofalangismo. José Antonio Girón, uno de los ministros más populares del Régimen, seguía en Trabajo. Raimundo Fernández-Cuesta asumía la cartera de Justicia, hasta entonces en manos de los tradicionalistas. Por el contrario, perdían el Ministerio de Agricultura, donde Miguel Primo de Rivera era sustituido por un técnico, el ingeniero agrónomo Carlos Rein. Pero lo realmente significativo era la desaparición de Arrese de la Secretaría General del Movimiento. Esta perdía su rango ministerial y sería desempeñada, con carácter más burocrático que político, por un vicesecretario y luego por el ministro de Justicia. Un organismo tan importante como la Vicesecretaría de Educación Popular, responsable del adoctrinamiento político, fue sacado de la Secretaría General, donde se había convertido en una opción doctrinal falangista, y pasó a depender del católico Ministerio de Educación.[75] También era significativa la presencia de hasta seis militares en el Gabinete, sin contar al propio Franco, preocupado como estaba este por evitar las adhesiones castrenses a los proyectos juanistas de restauración monárquica.

A lo largo de un sexenio, este Gobierno acometió transformaciones legislativas importantes, comenzando por las Leyes Fundamentales de Referéndum y de Sucesión en la Jefatura del Estado, que reflejaban el nuevo equilibrio de fuerzas en el seno de la derecha franquista. Con la puesta en funcionamiento de las Cortes Españolas, en 1943, la elaboración de esta normativa constitucional se presentaría como un procedimiento democrático a cargo de una Cámara representativa de la soberanía nacional. Fueron, por lo tanto, los procuradores los encargados de aprobar los textos de las dos nuevas Leyes Fundamentales que, a poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, pretendían ofrecer a la población española y a la comunidad internacional la imagen de un Estado de derecho, muy alejado de los fascismos derrotados, en el que la democracia orgánica habilitaba cauces de participación popular en las grandes decisiones políticas.

La Ley de Referéndum Nacional, de 22 de octubre de 1945, establecía, como posible alternativa al inexistente sufragio universal, la convocatoria de consultas entre la población, con voto obligatorio, «cuando la trascendencia de determinadas leyes lo aconseje o el interés público lo demande». Pero siempre por voluntad del Generalísimo, que era el único que tenía capacidad de convocar el referéndum. Esta medida solo se aplicó tres veces, en 1947, 1966 y 1976 —esta última en el posfranquismo—, para sancionar otras tantas Leyes Fundamentales ya aprobadas por las Cortes Españolas. En los tres casos, el Gobierno obtuvo resultados favorables en torno al 90 por ciento de los votantes, las llamadas «votaciones a la búlgara», aunque el referéndum de 1976, convocado para aprobar la octava Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política que abría paso a la transición a la democracia, se realizó bajo condiciones y expectativas populares muy distintas a las que habían tenido lugar en vida de Franco.

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado llegó a las Cortes en marzo de 1947. La debatió una comisión especial en la que monárquicos y falangistas plantearon objeciones, aunque solo José Luis de Arrese se negó a firmar el dictamen.[76] Aprobada en el pleno con una calurosa defensa del presidente de la Cámara, el tradicionalista Esteban Bilbao, fue sometida a referéndum popular el 6 de julio y promulgada veinte días después. Puesto que la dictadura debía sobrevivir a su creador, este buscó encauzar su sucesión mediante una ley que, por su carácter de fundamental, no pudiera ser soslayada a su muerte. Establecía que España era un «Estado social, católico y representativo», que se constituía en reino. Pero la monarquía no sería restaurada en la familia de los Borbones de pasado liberal, sino instaurada a partir de los «principios del 18 de Julio» y en la persona real que Franco designara libremente, cuando él quisiera. Dada la excepcionalidad en el caudillaje vitalicio del Generalísimo, su sucesor sería un rey con sus poderes limitados por las restantes instituciones del Estado.

Según los datos oficiales, en el referéndum para la aprobación de la Ley de Sucesión votó el 88,59 por ciento del cuerpo electoral y el 92,94 por ciento fueron votos favorables, mientras que los negativos, 722.656, suponían el 4,75 por ciento. El contexto politicosocial y las medidas utilizadas por las autoridades civiles y eclesiásticas para animar el voto favorable de la población explican, probablemente tanto como la cocina estadística, el apabullante éxito propagandístico de la consulta.

[…] ausencia de un contexto político con garantía de los derechos fundamentales; ausencia de garantías en el proceso electoral: legislación, campaña, censo, recuento, etc.; amenaza de excomunión para los refractarios al sí incondicional; sello de votación necesario para las cartillas de racionamiento en el momento de emitir el voto; negación del certificado de buena conducta a los abstencionistas considerados activos; terror de importantes sectores de la población que habían perdido la guerra, etc.[77]

La aplicación de las previsiones sucesorias —que, no tardó en quedar claro, pasaba por el previo fallecimiento del Caudillo— implicaría a dos nuevas instituciones. El Consejo del Reino, un órgano consultivo, se pronunciaría sobre cuestiones como la designación de su heredero o la declaración de guerra y designaría una terna para que el jefe del Estado eligiera al presidente del Gobierno; lo presidía el presidente de las Cortes —un tradicionalista hasta 1969— y su composición recogía a los jerarcas de las altas instituciones del Estado y a procuradores de los distintos sectores orgánicos de las Cortes, incluido un representante de la Iglesia. En cuanto al Consejo de Regencia, asumiría la dirección del país entre la muerte de Franco y la entronización del rey; lo integraban el presidente de las Cortes, el general de mayor antigüedad en las Fuerzas Armadas y el prelado católico de mayor rango, miembros a su vez del Consejo del Reino. Pero la promulgación de la Ley de Sucesión no supuso que el general abordara inmediatamente el asunto. De hecho, tardó aún veintidós años en designar como sucesor al príncipe Juan Carlos de Borbón.

Levantando la democracia orgánica

Junto con estas leyes constitucionales, en la segunda mitad de los años cuarenta el Gobierno y las Cortes introdujeron algunas otras medidas de índole política que iban dirigidas a consolidar el asentamiento del modelo institucional de la democracia orgánica. Pero su alcance era tan limitado y poco operativo que las «consignas oficiales» que el Ministerio de la Gobernación imponía en la línea editorial de los periódicos tuvieron que extremar su imaginación para plantearlas como avances democratizadores Así, la modificación del Reglamento de las Cortes de 17 de julio de 1946, que aumentaba la representación municipal en la Cámara, buscaba reforzar la idea de que la composición del órgano parlamentario respondía a la realidad del cuerpo social conforme a los principios corporativistas y no al domino de un partido único fascista o a intereses de clase. Sin embargo, una medida básica en el funcionamiento de la democracia parlamentaria, como era la iniciativa legislativa, les quedaba vedada a los procuradores, al igual que el control de la actuación del Poder Ejecutivo. Se les autorizaba a «dirigir ruegos y preguntas por escrito a los Ministros» sobre materias de su competencia, pero estos podían «excusar la respuesta cuando así lo exija el interés nacional».

El establecimiento del sistema de democracia orgánica fue progresivo, hasta llegar a la Ley Orgánica del Estado, en vigor en 1967, que fijó las líneas básicas del modelo institucional y representativo hasta el final de la dictadura. Pero la mezcla de principios corporativos del tradicionalismo y estatalitas del falangismo nunca funcionó plenamente según el sistema de las tres entidades «naturales» de representación, la familia, el municipio y el sindicato. La Organización Sindical Española (OSE), que agrupaba a empresarios y trabajadores en sindicatos verticales de carácter corporativo, dependió orgánicamente del Movimiento a través de la Delegación Nacional de Sindicatos, y cuando se independizó, en 1971, el delegado nacional pasó a ser miembro del Gobierno como ministro de Relaciones Sindicales. Una Ley Sindical que hubiera fortalecido el papel de mediador social de los sindicatos, y en la que los falangistas pusieron mucho empeño, fue obstaculizada por los equipos tecnócratas y no vio la luz hasta 1971, muy lejos ya del nivel de poder y autonomía pretendido por el sector azul para el sindicalismo vertical.

En cuanto a la representación familiar, a pesar de que desde la Secretaría General del Movimiento se promocionaron las Asociaciones de Cabezas de Familia como pretendido elemento dinamizador de la participación popular,[78] su tercio en las Cortes no se activó hasta 1967 mediante un sistema de elección orgánico por sufragio directo —solo cabezas de familia y mujeres casadas— que supuso una novedad en el modelo de representación, pero que llegó tarde para que las asociaciones familiares del Movimiento promovieran una movilización social que a partir del año siguiente asumirían espontáneamente unas asociaciones de vecinos crecientemente ganadas por el antifranquismo.

Y, por lo que respecta a la democracia municipal, en 1947 se promulgó la Ley de Régimen Local, que pretendía ofrecer una mayor representatividad de los ayuntamientos mediante elecciones con carácter corporativo, en las que los vecinos elegían al tercio de concejales de representación familiar. Las primeras se celebraron en 1948, con una participación media cercana al 70 por ciento. Aun así, resultó un experimento de democratización fallido, por cuanto ignoraba el sufragio universal, los candidatos lo hacían a título individual y con manifestación expresa de lealtad del Régimen, y los gobernadores civiles y los aparatos territoriales del Movimiento —los alcaldes, nombrados libremente por los gobernadores, solían ser también sus jefes locales— siguieron ejerciendo un férreo control sobre la vida municipal. Ello restaba el interés por un proceso político en el que la población percibía «que no se producía una renovación de las corporaciones municipales, sino exclusivamente un relevo de concejales, que se iban y eran sustituidos por otros». El resultado fue «una dejadez y apatía» del electorado, que llegó a cifras de participación inferiores al 30 por ciento del censo.[79]

LAS VÍAS DEL CATOLICISMO POLÍTICO

En una dictadura resulta imposible cuantificar el grado real de adhesión popular al régimen. Pero en los años cincuenta el recuerdo de la aún reciente Guerra Civil, el miedo personal a ser identificado como disidente, alentado por la escasez de derechos ciudadanos, la dureza de la actuación de los aparatos represivos oficiales y la eficacia de la censura y de los sistemas de propaganda ideológica, pero también la mentalidad conservadora y religiosa y la percepción de que la «paz de Franco» ofrecía posibilidades aún inéditas de progreso material y estabilidad social, eran elementos básicos en el mantenimiento de un alto nivel de adhesión al Régimen, aunque también, y de un modo creciente, del conformismo de una mayoría silenciosa que no la manifestaba explícitamente.

Sin embargo, los cambios en la aceptación integral de la dictadura por la opinión pública que no le era hostil, no dejaban de representar un peligro para la estabilidad futura del franquismo, ya que marcaban una tendencia que no dejaría de crecer a partir de entonces. Así como no debe exagerarse el impacto social de los actos puntuales de disidencia colectiva de esos años —las huelgas laborales de 1947, las urbanas de 1951, la protesta estudiantil de 1956— tampoco se puede negar que un porcentaje creciente de ciudadanos, cada vez menos limitado a los rojos derrotados en 1939, percibía con descontento las pésimas condiciones económicas y la perpetuación de la política de restricción de las libertades formales.[80] Aunque los conflictos sociolaborales del periodo 1947-1951 no revestían un carácter estrictamente político, su espontaneidad y la resonancia que alcanzaron en el exterior inquietaron a Franco. Decidió, pues, dar un golpe de timón a la vida política.

El 18 de julio de 1951, el general designó un nuevo Gabinete, presidido una vez más por él mismo, que introdujo un mayor equilibrio entre la influencia falangista, guardiana de la ortodoxia del Movimiento, y la del catolicismo político, donde se desarrollaban tendencias hacia una tímida liberalización del control estatal sobre la cultura y la economía. Los falangistas situaban a Fernández-Cuesta, un histórico fundador de la Falange joseantoniana pero ahora representante muy señalado del francofalangismo, al frente de la Secretaría General de FET, que recuperaba su rango ministerial. Y José Antonio Girón seguía en Trabajo, garantizando el discurso popular y populista de la Falange «social». En el nuevo Ministerio de Información y Turismo entraba Gabriel Arias-Salgado, que había sido delegado nacional de Prensa y Propaganda y cuyo falangismo se veía atemperado por su adhesión al pensamiento católico más rigorista y tradicional. Los miembros de la ACNP, por su parte, retenían en el vital Ministerio de Asuntos Exteriores a Martín-Artajo e incorporaban en Educación a Joaquín Ruiz-Giménez, hasta entonces embajador ante el Vaticano.

Pese a lo escaso de su representación ministerial, los años cincuenta contemplaron el apogeo de la familia católica del Movimiento y su diversificación en corrientes que adquirieron desarrollo propio.[81] Sin plantear distinciones en la ortodoxia religiosa, encarnaban diversas visiones de la evolución de la dictadura y de sus posibles salidas. El sector más exitoso era el que a veces se denomina «colaboracionista», leal al Régimen pero opuesto al predominio falangista, estrechamente vinculado a la jerarquía eclesiástica y heredero de las tradiciones del «catolicismo social» autoritario de preguerra. Con la Asociación Católica Nacional de Propagandistas como referente doctrinal y núcleo de captación de su élite, la corriente poseía como bazas fundamentales su control de los equipos ministeriales de Asuntos Exteriores y Educación Nacional. En el primero, los ministros Alberto Martín-Artajo y luego Fernando María Castiella adquirieron especial protagonismo en algunas operaciones de la primera mitad de la década: los pactos militares con Estados Unidos, el ingreso en Naciones Unidas y el Concordato con el Vaticano. El Régimen los presentó ante los españoles como grandes éxitos diplomáticos que, tras los años de cerco internacional, devolvían a España al concierto de las naciones y la situaban en el contexto anticomunista del «mundo libre», al tiempo que alejaban definitivamente la amenaza de un apoyo exterior al antifranquismo.

Martín-Artajo asumió, además, la representación de la estrategia interior del catolicismo colaboracionista, defendiendo una pronta restauración de la monarquía tradicional, la estrecha asociación entre la Iglesia y el Estado y una aplicación efectiva de los limitados derechos ciudadanos a los que se aludía en el Fuero de los Españoles. Apoyado por los Círculos de Estudios de la ACNP, llegó a elaborar un proyecto constitucional de orden político nacionalcatólico —«es esencial huir de la representación individualista, de los partidos políticos y de la ilimitada libertad de prensa o de expresión»—, con el fortalecimiento de la democracia orgánica frente al poder del Partido Único y una aspiración a la restauración de la monarquía tradicional.[82]

Educando a la sociedad conservadora

En el terreno de la educación y la cultura, el nacionalcatolicismo venía librando una sorda pugna con el nacionalsindicalismo desde los tiempos de la Guerra Civil. Aunque este distaba de ser una doctrina laicista, desde sus orígenes la Falange había mantenido una clara actitud de recelo hacia el clericalismo en materia educativa y, a estos y otros efectos, propugnado la separación de la Iglesia y el Estado. Pero en el terreno educativo había perdido la batalla desde que, en enero de 1938, se encomendara su planificación al primer ministro de Educación Nacional, el integrista católico Pedro Sainz Rodríguez.[83] El sistema, del que desaparecieron la coeducación o cualquier connotación liberal, se organizó conforme a los principios del nacionalcatolicismo, definido por «su espíritu reaccionario, la lucha ideológica contra la modernidad, su nostalgia del “Imperio Católico” y, a menudo, su adhesión a una concepción gremialista y estamental de la sociedad, a un Estado corporativo».[84] Así formados —los niños por frailes, las niñas por monjas y todos por sacerdotes—, los pedagogos nacionalcatólicos creían que, en su adultez, los escolares se adherirían naturalmente a los valores de la sociedad conservadora y permanecerían leales al Nuevo Estado franquista.

El Ministerio de Educación Nacional estuvo gestionado, entre 1939 y 1951, por un equipo marcadamente confesional al frente del que se encontraba José Ibáñez Martín, un antiguo catedrático de instituto, exdiputado de la CEDA y miembro destacado de la ACNP.[85] Su labor fundamental, finalizada la depuración del profesorado, se orientó al establecimiento de un sistema de planes de estudio para la enseñanza primaria y media y al impulso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un reducto fundamental de la cultura oficial en los años cuarenta y cincuenta.[86] El preámbulo de la Ley de Enseñanza Primaria de julio de 1945 era muy revelador del espíritu educacional del Régimen:

La nueva Ley invoca entre sus principios inspiradores, como el primero y más fundamental, el religioso. La Escuela española, en armonía con la tradición de sus mejores tiempos, ha de ser ante todo católica […]. Se reconoce a la Iglesia el derecho que de manera supereminente, e independiente de toda potestad terrena, le corresponde para la educación por títulos de orden sobrenatural, y la potestad que le compete, cumulativamente con el Estado, de fundar Escuelas de cualquier grado, y, por tanto, Primarias y del Magisterio, con carácter de públicas, en armonía con la naturaleza jurídica de la Iglesia como sociedad perfecta y soberana.[87]

En la enseñanza secundaria, la Iglesia desempeñaba un papel fundamental a través de su red de colegios privados, donde se educaban las élites sociales y buena parte de la clase media. Si en 1946 existían 119 institutos estatales de Bachillerato, había 802 colegios de la Iglesia. Una década después, los institutos seguían siendo 119 y los colegios, 1.018.[88] El anteproyecto de ley que en 1947 elaboró el ministerio, y que no llegó a prosperar, fijaba ocho objetivos en la formación de los adolescentes, entre ellos los que se inspiraban

a) En los principios del dogma y de la moral católica y en las disposiciones del derecho canónico vigente, para asegurar necesariamente a todos los alumnos la cultura religiosa y la formación moral consustanciales con la tradición escolar española.

b) En el firme amor a la Patria mediante el estudio de su Geografía, de su Historia y de su Lengua, de acuerdo con las ideas y sentimientos que suscitaron la Cruzada Nacional […].

h) En la preparación especial de la mujer para la vida del hogar mediante el cultivo de la artesanía y de las industrias domésticas.[89]

En el mundo de la enseñanza universitaria eran los falangistas quienes ejercían un mayor control sobre los planes de estudio y encuadraban obligatoriamente a todos los estudiantes en el SEU, aunque dejando en manos del clero la vigilancia de la ortodoxia católica de los profesores, los alumnos y los contenidos docentes y unas pocas instituciones propias de enseñanza superior, como el CSIC, el Centro de Estudios Universitarios (CEU), de la ACNP, la Universidad de Deusto, administrada por los jesuitas, o la de Navarra, fundada por el Opus Dei en 1952.

La perspectiva de un sistema educativo férreamente basado en el nacionalcatolicismo varió a partir de 1951, cuando llegó al Ministerio de Educación Joaquín Ruiz-Giménez.[90] El joven político, que aunaba las lealtades familiares católica y falangista, se rodeó de un equipo de intelectuales procedentes de la Falange, entre los que destacaban tres rectores universitarios: Pedro Laín Entralgo, de Madrid, Antonio Tovar, de Salamanca, y Torcuato Fernández-Miranda, de Oviedo. Este último fue el subsecretario del ministerio, mientras que Joaquín Pérez Villanueva asumió la dirección general de Universidades con propósitos aperturistas. El equipo impulsó medidas como la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 1953, que sometía la educación privada a un riguroso control estatal, y un ambicioso Plan de Construcciones Escolares, de diciembre de ese año, que establecía convenios entre el ministerio y ayuntamientos y diputaciones para abrir centros de enseñanza públicos. Medidas que provocaron mucha irritación en los medios eclesiásticos, conscientes de que el Estado recuperaba roles que amenazaban su virtual monopolio educativo.

En el terreno cultural, el equipo de Ruiz-Giménez parecía empeñado en facilitar algún tipo de reconciliación entre los españoles que habían vivido la Guerra Civil. Entre sus principales golpes de efecto se encuentra el homenaje al filósofo José Ortega y Gasset, una figura mundial de talante liberal, admirada y denostada a la vez por el falangismo y que, en el exilio hasta 1945, pasó sus últimos tiempos en España recogiendo el tributo debido a su obra y sin abjurar de los principios que habían regido su vida. En vísperas de su fallecimiento, en octubre de 1955, el Ministerio de Información y Turismo había enviado una consigna obligatoria a los periódicos: «Ante la posible contingencia del fallecimiento de D. José Ortega y Gasset, y en el supuesto de que así ocurra, este diario dará la noticia con una titulación máxima de dos columnas y la inclusión, si se quiere, de un solo artículo encomiástico, sin olvidar en él errores religiosos y políticos del mismo, y en todo caso, eliminando siempre la denominación de maestro».[91] Sin embargo, frente a esta actitud oficial, Ruiz-Giménez presidió su entierro católico y las instancias de su ministerio animaron algunas iniciativas de homenaje, manifiestamente heterodoxas desde una perspectiva política y que están en el origen de la crisis universitaria de 1956.

La Obra de Dios

La hegemonía en el catolicismo político de los hombres vinculados a la ACNP, enfrentada a profundas divisiones entre franquistas y antifranquistas,[92] fue cuestionada, desde mediados de la década, por miembros de otra asociación religiosa, el Opus Dei. Su papel en la vida social y cultural española y sus relaciones con la tecnocracia ministerial que impulsó el desarrollismo económico y social de los años sesenta, han hecho verter ríos de tinta y están lejos de suscitar una opinión unánime entre los historiadores.[93]

La Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei —la Obra, como se la conoce coloquialmente— fue fundada en Roma, en 1928, por el sacerdote aragonés Josemaría Escrivá de Balaguer. Comenzó muy pronto a actuar en España, con unas dimensiones modestas, pero la intensa recatolización de la sociedad de la posguerra fue un caldo adecuado para su crecimiento, iniciado por un grupo de universitarios madrileños que, a partir de 1939, emprendieron viajes de apostolado.[94] Aprobada como asociación religiosa por el episcopado español en 1941, en 1944 se ordenaron los primeros sacerdotes del Opus y a partir de 1950 funcionó como instituto secular, con entidad jurídica autónoma dentro de la Iglesia católica. Se expandió por numerosos países, favorecido por una estructura interna jerarquizada y muy militante y por un mensaje religioso impregnado de fuerte espiritualidad y conservadurismo social, que tenía su aportación más popular en el libro Camino, de Escrivá de Balaguer. El Opus Dei alcanzó un rápido desarrollo en los medios intelectuales vinculados al catolicismo. En 1952 patrocinó la creación de una universidad privada, la de Navarra, y tuvo especial éxito en la masiva llegada de sus miembros a las cátedras universitarias y otros puestos de relieve cultural y científico, especialmente el CSIC, donde descollaron opusdeístas como su secretario general, José María Albareda, o Florentino Pérez-Embid, director general de Propaganda en el equipo del ministro Arias-Salgado.[95]

La presencia de hombres del Opus Dei en los círculos gubernamentales, aunque no expresamente en su condición de miembros de la sociedad religiosa, se haría muy patente desde finales de los años cincuenta, con el apoyo de Carrero Blanco, y pronto sustituirían a los propagandistas en las fobias del falangismo. Pero ya años antes se había producido la irrupción en el panorama ideológico de la derecha española de un peculiar miembro de la Obra, Rafael Calvo Serer. Filósofo vinculado a la tradición de pensamiento antiliberal de Menéndez Pelayo y del grupo de Acción Española, se dio a conocer en 1949 con un libro, España sin problema, obra de fervoroso franquismo, galardonada con el Premio Nacional de Literatura, con la que replicaba a otra —España como problema— del falangista Pedro Laín Entralgo, entonces en pleno proceso de alejamiento del Régimen.

Director de la influyente revista de pensamiento Arbor, editada por el CSIC,[96] Calvo se convirtió en un activista monárquico, apoyando la candidatura de don Juan de Borbón, pero vinculándola a una dictadura tecnocrática y a la fidelidad a los ideales del nacionalcatolicismo, como expuso en su libro Teoría de la restauración (1952). A partir de esta mixtura impulsó la idea de la «tercera fuerza», como proyecto de salida ordenada del franquismo hacia una monarquía juanista de carácter tradicional. La propuesta, que dirigía de paso sus baterías contra los «demócrata cristianos complacientes» del equipo de Ruiz-Giménez y contra los «oportunistas revolucionarios» de la Falange, no concitó muchas adhesiones, aunque halló cierto eco en el entorno político de Arias-Salgado.[97]

La condición de monárquico juanista pesó fundamentalmente en la trayectoria de Calvo Serer, que se fue distanciando del franquismo y asumiendo posiciones próximas al liberalismo, que se hicieron patentes en el diario Madrid, del que era propietario y que dirigía otro miembro liberal del Opus, Antonio Fontán. Su línea editorial llegó a ser tan crítica con el Régimen, y especialmente con el falangismo, que el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, impulsó una maniobra para cerrar la publicación, aunque ello no se logró hasta 1971, cuando el político gallego ya no estaba en el Gobierno. La ofensiva del sector movimientista del Ejecutivo se extendería luego a otros dos diarios de una empresa vinculada al Opus, El Alcázar y Nuevo Diario.[98]

Los ejemplos de Calvo Serer y de Fontán o el del jerarca falangista Fernando Herrero Tejedor, entre otros, se utilizan para avalar la tesis, defendida por los portavoces del Opus Dei, de que la asociación religiosa no poseía una orientación política concreta durante los años del franquismo y de que sus miembros actuaban en ese terreno a título personal. Sin embargo, en esa época tanto la clase política como la opinión pública lo implicaban en la conformación y la orientación de una familia del Movimiento, la tecnócrata, surgida en la segunda mitad de los años cincuenta, que consolidó sus posiciones en los aparatos institucionales fundamentalmente a través de equipos de planificación y gestión económica, y cuya impronta ideológica quedó patente en las líneas evolutivas del Régimen a lo largo de la década siguiente.

LA CRISIS DE 1956

A mediados de los años cincuenta, en el seno de la coalición franquista no parecían posibles nuevos movimientos de disidencia como los surgidos en la década anterior —monárquicos juanistas, democratacristianos, falangistas «auténticos»— en forma de minúsculas opciones opositoras. Pero las tensiones internas entre las familias del Movimiento persistían, estimuladas por la rivalidad en las visiones de desarrollo político, las diferencias doctrinales y la necesidad de promocionar a sus clientelas. Tensiones que, fundamentalmente, enfrentaban a los falangistas con las corrientes monárquicas y con los propagandistas católicos, y en otro plano con la jerarquía eclesiástica y los altos mandos del Ejército, pero que también afectaban al propio equilibrio interno de las familias, en función de los diversos grados de colaboracionismo con las instituciones del Estado o de identificación con el modelo doctrinal de la democracia orgánica que estaban conformando las Leyes Fundamentales. Unas tensiones que acabaron confluyendo en la doble crisis política de 1956.

El conflicto universitario

La llegada al Ministerio de Educación Nacional de Ruiz-Giménez y su equipo trajo aires de renovación educativa y cultural, que estimularon una apertura intelectual en la que participaban tanto los discípulos de Ortega y Gasset como los intelectuales de la «Falange liberal» —Dionisio Ridruejo, Pedro Laín, Antonio Tovar— que habían contactado progresivamente con los orteguianos a través de Escorial y otras revistas de pensamiento. A la ebullición de este naciente sector crítico de la intelectualidad se sumaba la aparición de tensiones en el seno del SEU entre los activistas del sindicato vinculados al Movimiento y otros estudiantes que asumían posiciones distanciadas del Régimen.[99] Una de las primeras iniciativas de los jóvenes contestatarios fueron los Encuentros entre la Poesía y la Universidad, organizados por el estudiante Enrique Múgica Herzog, con la colaboración de Ridruejo. Patrocinados por el Aula de Cultura del SEU, los Encuentros contaron con la participación de Luis Rosales, Gerardo Diego, Luis Felipe Vivanco y José Hierro. Sirvieron al propósito de establecer un intercambio de ideas, al margen de los cauces oficiales, entre estudiantes con inquietudes políticas e intelectuales consagrados.

La experiencia animó a sus organizadores a emprender un proyecto más ambicioso, un Congreso de Escritores Jóvenes que, como escribió Ridruejo en sus memorias, sirviera para que «los jóvenes universitarios intercambiasen sus ideas con alguna comodidad, dando ocasión a un diálogo que les esclareciera mejor que a un silencio que les envenenara». El rector Laín se sumó entusiasmado, les habilitó un despacho en el rectorado y les entregó una ayuda económica para editar un boletín, confeccionado en la imprenta del Ministerio de Educación, que publicó tres números. Bendecido así por las autoridades educativas, el Congreso llegó a ser presentado en público en mayo de 1955. Pero el boletín molestaba a los responsables del SEU por su tono crítico. Y el homenaje laico al fallecido Ortega y Gasset, convocado en los medios universitarios en noviembre de ese año, convenció a las autoridades policiales de que el Congreso no debía celebrarse, y fue prohibido por el ministro de la Gobernación.

Pese a la suspensión gubernativa, los promotores siguieron alentando el activismo juvenil disidente en las filas del SEU. El 19 de enero de 1956, en el círculo cultural Tiempo Nuevo, de Madrid, se celebró una reunión a la que asistieron Ridruejo, Javier Pradera, Múgica, Ramón Tamames, Jesús López Pacheco y otros. Se redactó un manifiesto, que llegó a reunir tres mil firmas de adhesión, dirigido «al Gobierno de la Nación, a los Ministros de Educación Nacional y Secretario General del Movimiento», en el que, tras poner de relieve la pobreza material e intelectual de la universidad española, se pedía la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes.[100]

La reacción de los falangistas, conscientes de que lo que se jugaba en el envite era el futuro del SEU, fue fulminante. A comienzos de febrero de 1956, estudiantes falangistas y antifranquistas compitieron en las elecciones de delegados del sindicato oficial. Se produjeron enfrentamientos en la Universidad Central, que alcanzaron su cenit con un violento asalto a la Facultad de Derecho. El día 9 de febrero, una concentración de falangistas que conmemoraban el día del Estudiante Caído y en la que participaban varios altos cargos del Régimen, se cruzó con una manifestación de jóvenes antifranquistas. En el enfrentamiento cayó herido de un disparo en la cabeza, parece que efectuado por alguien del grupo falangista, Miguel Álvarez, miembro del Frente de Juventudes.

Durante los días siguientes, mientras el herido se debatía entre la vida y la muerte, circuló el rumor de que escuadras de activistas de FET, alentados por su vicesecretario general, el ultra Tomás Romojaro —con el secretario general de gira por Hispanoamérica—, planeaban una «noche de los cuchillos largos» en la que serían eliminados una serie de adversarios de Falange incluidos en listas negras. Algunos jefes locales del Movimiento llegaron a repartir armas entre sus hombres.[101] Como sucediera años atrás con el atentado de Begoña, Franco se inhibió mientras se gestaba la crisis, lo que le permitiría ejercer su papel arbitral y meter en cintura a las familias de su régimen. Luego reaccionó de manera enérgica, animado por los altos mandos del Ejército. El Gobierno suspendió por tres meses cinco artículos del Fuero de los Españoles, que hacían referencia a los derechos individuales, cerró la universidad madrileña y forzó la dimisión de su rector.

Como ya hiciera en 1942, el Generalísimo repartió castigos ejemplares entre los ministros. El 25 de febrero reorganizó su Gobierno introduciendo dos cambios. Ruiz-Giménez fue sustituido en Educación por Jesús Rubio, camisa vieja de Falange que reintroduciría la ortodoxia en el sistema educativo y actuaría con mano dura contra los disidentes en la universidad. Y regresaba a la Secretaría General del Movimiento, en lugar de un Fernández-Cuesta que parecía haber perdido el control del Partido, José Luis de Arrese, arquitecto de la Falange franquista que, junto con el incombustible ministro de Trabajo, Girón, debía encargarse de mantener viva la presencia del nacionalsindicalismo en las altas esferas del Estado, acatando a la vez la autoridad de Franco.

Aunque la crisis no fue más allá, aquello había sido el auténtico bautismo de una nueva oposición, encarnada por antiguos militantes franquistas, activistas católicos y jóvenes estudiantes de extracción burguesa, en muchos casos hijos de notables del Régimen.[102] Se trataba de una oposición no organizada en partidos, que asumiría la acción política pacífica como una estrategia a largo plazo contra la dictadura y que en los años siguientes protagonizaría nuevas vías del antifranquismo, un tanto alejadas de los afanes de un exilio republicano que, a mediados de los años cincuenta, seguía teniendo enormes problemas para conectar con la oposición interior.

El proyecto constitucional de Arrese

El protagonismo de las corrientes del catolicismo político y el surgimiento de movimientos protestatarios entre trabajadores y estudiantes sacaron de un prolongado sopor a los jerarcas de FET-JONS. Este era, sobre el papel, un partido único formidable, una organización de masas cercana al millón de afiliados. Pero los recursos económicos, dependientes de una magra partida de los presupuestos del Estado, eran demasiado escasos para sostener su presencia en todos los ámbitos sociales.

Enfrentados al reto de recuperar la supremacía de la que habían disfrutado en los aparatos del Estado antes de 1945, los políticos falangistas buscaron reforzar la idea de que su control del Movimiento les otorgaba el monopolio de la movilización política de la población y de la emisión de ideología. En octubre de 1953 se reunió en Madrid el I Congreso Nacional de FET-JONS. Allí, Girón, Fernández-Cuesta y otros camisas viejas se esforzaron en ofrecer una imagen de unidad de la familia azul. Abundaron en la retórica de la Revolución Nacional, con propuestas como el aumento del peso de la Organización Sindical en la política económica o la revitalización del papel político del Consejo Nacional, entonces prácticamente un cadáver político. Las «Bases de acción política» aprobadas por los congresistas hacían hincapié en el monopolio de la organización, que no consentiría «bajo ningún pretexto la ilegítima actuación de camarillas que pretendan mermarle su condición de única inspiradora del Estado y, consiguientemente, la autoridad de su Jefe y Caudillo». No obstante, en el multitudinario acto de clausura, Franco se encargó de poner límites a tales propósitos con la permanente amenaza del contrapeso castrense: «La Falange está por encima de las contingencias […] flanqueando y respaldando la fuerza constituyente de nuestro Ejército».[103]

Entre los falangistas reinaba un creciente disgusto por el papel que desempeñaban en el sistema político, que a su juicio era el de poco más que meros comparsas. En diciembre de 1956, un agraviado Arrese señaló ante el Consejo Nacional, en lo que parece una notable exageración, que solo un 5 por ciento de los cargos políticos de la Administración podían ser considerados auténticos falangistas: dos de los dieciséis ministros, uno de los diecisiete subsecretarios, ocho de los 102 directores generales, dieciocho de los cincuenta gobernadores civiles, seis de los cincuenta presidentes de diputaciones, 766 de los 9.155 alcaldes, etcétera.[104] A ello se unía la constatación de la pérdida de peso ideológico y educacional del falangismo frente al auge de sectores más conservadores y las previsiones de sucesión en la Jefatura del Estado, que apuntaba a una restauración de los Borbones que la familia azul no deseaba.

Arrese, con el concurso algo reticente de Girón, impulsó la «refalangistización» del Movimiento, que a lo largo de 1956 reactivó su Consejo Nacional, tras once años inactivo, recobró parte de su antiguo protagonismo político y social, y recuperó para la militancia a unos treinta y cinco mil falangistas que lo habían abandonado, descontentos con la devaluación del antiguo partido único. Los planes del ministro consistían en la elaboración de un conjunto de leyes fundamentales que pusieran fin a la etapa de «Constitución abierta» iniciada el 18 de julio de 1936 y permitieran la construcción de un auténtico Estado nacionalsindicalista.[105] Ya el 3 de marzo de 1956 lo anunció a un auditorio entusiasmado en una concentración falangista en Valladolid, al que propuso «ganar la calle y estructurar el régimen», tras afirmar que «si estamos insatisfechos los falangistas es porque muchas de nuestras ambiciones revolucionarias están pendientes de realizar y porque la sociedad que nos circunda tiene mucho de injusta y mucho de sucia».[106] Puede que hubiera bastante de retórica vacua en esta reivindicación de la «revolución pendiente», pero ello tuvo la virtud de alarmar a los restantes sectores del Régimen, que se movilizaron para frenar unos planes tras los cuales muchos veían un repunte del totalitarismo fascista.

El equipo de Arrese basó su proyecto de reforma en la elaboración de tres leyes constitucionales: la de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, la Orgánica del Movimiento Nacional y la de Ordenación del Gobierno. A tal fin, el ministro designó una ponencia del Consejo Nacional, presidida por él mismo e integrada por otros cinco falangistas —el vicesecretario general del Movimiento, Diego Salas Pombo, y los consejeros nacionales Rafael Sánchez Mazas, Francisco Javier Conde, José Antonio Elola y Luis González Vicén—, así como por los ministros no falangistas Carrero Blanco y Antonio Iturmendi. En un primer momento asumió el protagonismo González Vicén, representante del ala más radical de la Falange, quien redactó un anteproyecto de Ley Orgánica del Movimiento que defendía su democratización interna, hasta el extremo de que el jefe nacional sería elegido, y podría ser cesado, por los miembros del Consejo Nacional. El anteproyecto no llegó más lejos.

Arrese incorporó entonces a la comisión al falangista Emilio Lamo de Espinosa, director del Instituto de Estudios Políticos, quien se encargó de redactar, durante el verano de 1956, un texto más moderado.[107] El anteproyecto de Ley Orgánica del Movimiento Nacional otorgaba a la organización, cuya militancia de base era casi exclusivamente falangista, el práctico monopolio legal de la movilización de masas, manteniendo en su seno a la OSE y al SEU.

El jefe del Estado seguiría siendo jefe nacional, pero a la muerte de Franco su sucesor —se obviaba el que tuviera que ser un rey— ejercería la jefatura solo de forma simbólica y la auténtica dirección del Movimiento recaería en su secretario nacional, elegido por el Consejo Nacional. Este vería enormemente reforzado su poder, ya que el anteproyecto le atribuía funciones propias de una segunda Cámara parlamentaria, tales como la vigilancia de la aplicación de los principios constitucionales, la fiscalización de la actividad del Gobierno y el derecho de veto sobre los presupuestos del Estado y cuantas leyes fueran tramitadas por las Cortes. Todo ello suponía elevar el Movimiento, y su Consejo Nacional, a la categoría de instancia soberana dentro del Régimen, un renovado partido único definido en el texto como «organización intermedia entre el Estado y la Sociedad» o, en palabras de Arrese, «el estadio común de la voluntad política de todos los españoles que piensan en la Revolución Nacional». A nadie se le escapaba que el anteproyecto otorgaba al aparato del Movimiento, y sobre todo a su secretario nacional, capacidad para controlar la actuación del Gobierno y de las Cortes, dos de los ejes básicos del poder personal de Franco.

En cuanto a la Ley de Ordenación del Gobierno, el anteproyecto preveía que el sucesor de Franco en la Jefatura del Estado —seguía sin mencionarse al rey— no ejerciera la presidencia del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, designado por cinco años por el jefe del Estado tras ser consultados el presidente de las Cortes y el secretario nacional del Movimiento, vería su actividad fiscalizada por el Consejo Nacional, que podría destituirlo mediante una moción de censura.

Cuando ambos anteproyectos fueron remitidos al Consejo Nacional para su estudio, a finales de septiembre, se acumularon hasta 106 enmiendas de consejeros, 33 de ellas a la totalidad y la mayoría procedentes de los sectores monárquicos y católicos. El mismo Franco, a quien Carrero había advertido por escrito de los peligros que para su régimen personal entrañaba la nueva normativa, entregó a Arrese quince observaciones que, en su conjunto, invalidaban sus planes.

El ministro, lejos de ser el instrumento útil que quería el Generalísimo para domeñar los ímpetus de la Falange, se había convertido en un personaje peligroso para muchos, sobre todo cuando se filtró el rumor de que sopesaba la convocatoria de un referéndum popular, a la muerte de Franco, que decidiese el futuro entre monarquía y república. Los sectores políticos no falangistas, encabezados por los ministros Carrero Blanco, Martín-Artajo e Iturmendi, los empresarios y la jerarquía eclesiástica se movilizaron contra lo que tachaban de «proyecto totalitario».[108] Martín-Artajo llegó a hacer circular su proyecto constitucional alternativo, con seis propuestas de modificación legislativa en la línea del nacionalcatolicismo.[109] En diciembre de 1956, tres cardenales, entre ellos el primado, Pla y Deniel, visitaron a Franco para protestar, en sintonía con el Vaticano, contra una reforma constitucional que veían cercana al nazismo.[110]

A partir de entonces, el cese de José Luis de Arrese era algo cantado, sobre todo cuando el ministro-secretario general, tras ver rechazado en diciembre un nuevo y mucho más limitado texto de sus leyes políticas, efectuó el día 29 de dicho mes una intervención ante el Consejo Nacional que sonó a despedida —«que no nos duela la herida, porque si todo falla, es agradable la vuelta silenciosa al cariño del hogar»— y dejó de aparecer en público. Ciertos sectores falangistas comenzaron a agitarse y hubo algunas manifestaciones callejeras en apoyo del ministro, lo que probablemente aceleró su caída.

LLEGAN LOS TECNÓCRATAS

La doble crisis de 1956, política y social, puso de manifiesto que el equipo gubernamental que se estrenó con la década había agotado ya su impulso. Era preciso dar una nueva orientación a la política del Régimen en busca de un reforzamiento del entramado institucional y, a la vez, de un auténtico despegue económico, que terminara con los tiempos de la autarquía y alejase el recurrente fantasma de la protesta social.

La salida que defendía Carrero Blanco, convertido en el más influyente consejero del Generalísimo, pasaba por un relevo generacional que disminuyera el peso de las tradicionales familias franquistas en beneficio de nuevos dirigentes sin compromiso manifiesto con la Gran Coalición derechista de la Guerra Civil y capaces, por lo tanto, de asumir, libres de viejas servidumbres doctrinales, programas que modernizaran las estructuras sociales y económicas sin alterar la naturaleza autoritaria del régimen. Carrero encontraría estas figuras a promocionar, fundamentalmente, entre la élite funcionarial y profesional vinculada al Opus Dei.

El 25 de febrero de 1957 se produjo el esperado reajuste del Gobierno. Esta vez, el movimiento de carteras fue espectacular, una verdadera crisis de Gabinete, ya que afectó a doce de los dieciocho ministros. Algunos cambios resultaban muy significativos, como los que tendían a volver a la Falange al redil. Arrese, puesto «a enfriar», según expresión de Franco, en el nuevo y muy secundario Ministerio de la Vivienda,[111] fue sustituido en la Secretaría General del Movimiento por José Solís Ruiz, coronel jurídico, responsable de la Organización Sindical, y cuyo falangismo franquista estaba lejos de cualquier preocupación teórica o veleidad autonomista. El populista Girón, al que los empresarios responsabilizaban en buena parte de la crisis económica por el elevado coste de su política laboral «obrerista», desaparecía de Trabajo, tras quince años en el cargo. Le sustituyó Fermín Sanz Orrio, un sindicalista que figuraba desde hacía tiempo en la nómina de sus enemigos personales. La debacle azul apenas sería compensada con la sustitución de Martín-Artajo, jefe de filas de la familia católica, por Fernando María Castiella, de pasado falangista y menos significado políticamente, pese a sus vínculos con las familias católica —era miembro de la ACNP— y monárquica.

Pero, sobre todo, marcaría un hito la llegada a las áreas de decisión económica del Gobierno de los primeros tecnócratas, Mariano Navarro Rubio en Hacienda y Alberto Ullastres en Comercio. Más discreta, por cuanto no era ministro, pero ya fundamental desde el punto de vista de la planificación política, era la presencia de Laureano López Rodó, como segundo de Carrero en su condición de secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno.[112] Estos y otros representantes de la tecnocracia iban a encabezar el giro económico y político que llevaría al régimen, en pocos años, de la autarquía al desarrollismo y facilitaría que, a más largo plazo, el infante Juan Carlos de Borbón recuperara el trono de sus mayores.

La tecnocracia era una forma «gerencial» de entender la gestión de los asuntos públicos presente en la política europea desde hacía mucho tiempo. La visión de un gobierno de los «técnicos» se relacionaba con la capacidad y la eficacia de «los mejores» frente a la aleatoriedad de las decisiones adoptadas por los políticos profesionales, especialmente en unos sistemas democráticos en los que la suerte de tales políticos dependía de las decisiones episódicas de las masas.[113] Desde el punto de vista de los tecnócratas, la democracia era posible si se les otorgaba a ellos la necesaria autonomía en la gestión administrativa —la Quinta República francesa sería un ejemplo—, pero resultaban especialmente propicios a su modelo de gestión del Estado sistemas autoritarios como las dictaduras ibéricas de los años cincuenta y sesenta, que habían entrado en una fase madura, con una pérdida de capacidad de encuadramiento político y de movilización ideológica a través del Partido Único y la necesidad de sustituirlos por el crecimiento económico y la modernización social como recursos para mantener la adhesión popular en torno a los principios de la estabilidad política y la eficacia técnica en una gestión de la Administración no dogmática, sino virtualmente empresarial.[114]

Aunque ya se empleaba al comienzo de la etapa del desarrollismo para aludir al sector de la clase política que defendía sus políticas, el término «tecnócratas» para identificar a una familia del Régimen comenzó a utilizarse como un lugar común a comienzos de los años setenta.[115] Antes se les solía asignar un significado grupal de militancia religiosa, «el grupo del Opus Dei», o se les identificaba con su presencia en los medios científicos, el «grupo de Arbor». Bajo la influencia de pensadores como Rafael Calvo Serer y Florentino Pérez Embid, la revista Arbor, del CSIC, o la editorial Rialp a través de su Biblioteca de Pensamiento Actual, realizaron en los años cincuenta una intensa labor de difusión de un pensamiento vinculado a la monarquía tradicional y al catolicismo integrista, pero también al liberalismo económico y a la función de las élites técnicas en la conducción de las políticas de Estado.

Era en esta segunda faceta donde resultaba posible identificar una corriente política del franquismo como tecnócrata.[116] Sus miembros se movían a caballo de dos visiones. Por una parte, apreciaban la necesidad de la «liberalización» en el terreno económico que rompiera con la vieja idea de la autarquía y facilitara un rápido proceso de industrialización y de inmersión del país en los circuitos del mercado capitalista, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la naciente Comunidad Económica Europea (CEE), que se convirtió en un objetivo estratégico de primer nivel para sus equipos económicos, que sacarían un buen rendimiento político al cicatero acuerdo preferencial de 1970.[117] Se oponían, por lo tanto, a las rígidas visiones del orden socioeconómico corporativista y autárquico del falangismo o del tradicionalismo. Pero, por otra parte, deseaban evitar cualquier apertura del Régimen que debilitara a las instituciones del Estado o que introdujera mecanismos de representación democrática en su gestión política y económica, ya que ello restaría capacidad de actuación a la élite técnica que, mediante mecanismos de cooptación, debía asumir tales tareas de planificación y desarrollo por un largo periodo. El sistema ideal era, pues, la democracia orgánica.

La contradicción básica a que se enfrentaban los tecnócratas, y que supuso una causa fundamental de su fracaso político, era el hecho de que el desarrollo económico acelerado y los cambios de modelo social que ello traería aparejados acabarían creando las condiciones precisas para que se generara una demanda creciente de libertades, especialmente entre el nuevo proletariado industrial y la clase media emergente, que terminaría desestabilizando el orden autoritario y abriendo paso a una democracia parlamentaria. Bien mediante un movimiento revolucionario, como le sucedió al tecnocrático caetanismo portugués, bien mediante una transición política, como sucedió en España.

Una característica común a los regímenes tecnocráticos es el menor valor que asignan a la filosofía política, a la teorización del sistema, frente a los planteamientos de eficiencia técnica y desarrollo material. Pero ello no significa que carezcan de justificaciones doctrinales a la hora de defender los valores del desarrollismo económico, del papel dirigente de las élites técnicas y funcionariales o de los mecanismos autoritarios en la gestión política. En la familia franquista alcanzaron especial relieve y popularidad los equipos económicos, protagonistas del Plan de Estabilización y de los Planes de Desarrollo y nada preocupados por las cuestiones filosóficas. Pero existía también una fundamentación teórica de la corriente que, junto a la propia racionalización de la tecnocracia, incorporaba elementos del integrismo católico y del tradicionalismo monárquico. En este último sentido cabe considerar cómo la familia —con su mentor político, Carrero Blanco, a la cabeza— desempeñó un importante papel en la promoción del infante Juan Carlos de Borbón como titular de la monarquía del 18 de Julio.

En ese plano dual se puede señalar como fundamental la aportación de dos catalanes de muy distinta trayectoria profesional, que ocuparon cargos ministeriales en los años del apogeo de la corriente: en la planificación económica y administrativa, Laureano López Rodó, y en el campo del pensamiento político, Gonzalo Fernández de la Mora.

López Rodó era un barcelonés con una larga y meritoria carrera al servicio del Estado. Catedrático de derecho administrativo, durante una estancia en la Universidad de Coímbra trabó amistad con Marcelo Caetano, el más destacado representante de la tecnocracia lusa, con quien compartía muchos rasgos doctrinales.[118] Monárquico y miembro del Opus Dei, entró en contacto con las teorías económicas liberales de Rostow y con el modelo de planificación indicativa «antiazar» de Pierre Massé, en el que cimentó su proyecto de desarrollo económico. Sus tesis sobre la reforma de la administración atrajeron la atención de Carrero Blanco, que le convirtió en uno de sus asesores, le encomendó la Ley de Principios del Movimiento y le incorporó al Ejecutivo como secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que acometió una profunda reforma de la Administración española. En 1962 se hizo cargo de la Comisaría del Plan de Desarrollo, con categoría de ministro tres años después, desde donde impulsó, como líder del equipo de planificadores tecnócratas, los procesos de modernización y liberalización de la economía que le convirtieron en una figura clave del aparato político franquista, en el que imprimió una profunda huella con su participación en la elaboración de la Ley Orgánica del Estado (1966), destinada a consolidar el modelo institucional del Régimen y a limitar el poder de sus rivales falangistas.

El también barcelonés Gonzalo Fernández de la Mora, diplomático y autor de textos de pensamiento claves para la corriente, como El crepúsculo de las ideologías (1965) y Del Estado ideal al Estado de la razón (1972), en su etapa de ministro de Obras Públicas (1970-1973) representó una de las cimas más publicitadas de la eficacia técnica del desarrollismo. Aunque influido por Ortega y Zubiri, buscó actualizar conforme a su visión monárquica la línea de pensamiento neotradicionalista de Acción Española y Arbor a través de un corpus doctrinal que sus discípulos denominaron «racionalismo».[119] Fernández de la Mora representaba un punto de inflexión entre el pensamiento nacionalcatólico clásico y la nueva tecnocracia autoritaria, en un intento de conjugar los valores «espirituales» del primero y las ventajas «materiales» de la segunda.

Avances institucionales

Mientras el equipo de la Secretaría General del Movimiento reconvertía el falangismo y procuraba mantener el control de la organización en la movilización de la masa de partidarios del Régimen, los tecnócratas se iban haciendo con los mecanismos gubernamentales de planificación, dando paso a un modelo institucional que ha sido calificado de «autoritarismo burocrático». Ello no se hizo sin resistencias de quienes veían en la nueva familia un desembarco en la cúpula del Régimen del Opus Dei y de los medios empresariales contrarios al Estado «social» levantado por la Falange, cuyas conquistas estarían ahora en peligro por la reforma de la Administración, los programas económicos liberalizadores y los recortes presupuestarios de la élite tecnocrática.[120]

Fracasado el proyecto de Arrese en 1956, el proceso de institucionalización de la dictadura dio un giro radical. El principal responsable de ello fue López Rodó en su condición de secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno. Al no ser aconsejable utilizar el cauce de las Leyes Fundamentales para modernizar el sistema de funcionamiento de la Administración estatal durante una delicada etapa de ajuste económico —el Plan de Estabilización— que se entendía también de transición política en el seno del Régimen, se recurrió a la legislación ordinaria. En 1957 se promulgaron el Decreto Ley sobre Reorganización de la Administración Central del Estado y la Ley de Régimen Jurídico de la Organización del Estado.[121] Esta venía a ser una réplica de la frustrada Ley Orgánica del Gobierno ideada por Arrese, pero ignoraba olímpicamente la existencia del Movimiento Nacional. La nueva ley definía los órganos superiores de la Administración y consolidaba las potestades ejecutivas del presidente del Gobierno —función que no se asimilaba, aunque tampoco se separaba expresamente, de la del jefe del Estado— y la capacidad de este último para legislar mediante decretos leyes, al margen de las Cortes y sin otro trámite que el dictamen no vinculante del Consejo de Estado. De gran importancia era el artículo 9, que establecía una Oficina de Coordinación y Programación Económica. Dirigida por una comisión presidida por el ministro subsecretario de la Presidencia —Carrero— e integrada por los secretarios generales técnicos de la Presidencia y de los ministerios económicos, la Oficina se convertiría en el primer fortín de los tecnócratas y les brindaría el liderazgo en el desarrollo de la planificación indicativa.

Otro hito importante fue la Ley de Procedimiento Administrativo, de julio de 1958, que fijaba los procedimientos de gestión y las obligaciones de la Administración pública con respecto a los ciudadanos, aunque dejaba un amplio margen a la discrecionalidad de los funcionarios, dotados del arma temible del «silencio administrativo». Luego, en 1964, culminaría la reforma administrativa con la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que fijaba los derechos y obligaciones de este numeroso colectivo profesional.

En el mes de enero de 1962 se creó la Comisaría del Plan de Desarrollo, dentro de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno, encomendada a López Rodó. Se daba con ello por liquidada la difícil etapa de transición marcada por el Plan Nacional de Estabilización Económica lanzado en 1959, que no había repercutido en una mejora ostensible de los indicadores económicos, pero había frenado su prolongado deterioro durante los años de la autarquía. Ahora las áreas económicas del Ejecutivo, en manos de los tecnócratas, se disponían a lanzar un ambicioso proyecto de modernización y crecimiento que tendría su plasmación en los planes cuatrienales de Desarrollo Económico, el primero entre 1964 y 1967, el segundo entre 1968 y 1971, y el tercero hasta 1975, momento en el que, se pensaba, España sería una potencia industrial comparable a las del entorno europeo.

Si era necesario mantener al Movimiento Nacional como organización de encuadramiento de masas, entre otras cosas para cerrar una posible vía a unos partidos políticos que los tecnócratas rechazaban de plano, también parecía conveniente fijar una síntesis doctrinal que definiera, en esta etapa del franquismo maduro, cuáles eran los «principios del 18 de Julio» que se consideraban inmutables y dónde estaban los límites de equilibrio institucional en los que las diferentes familias políticas podían desenvolver sus propios proyectos. Pero ya había pasado la hora de la Falange y Franco deseaba impulsar nuevas —en realidad, viejas— orientaciones doctrinales. Ahora serían los dos más destacados ideólogos de la tecnocracia, Gonzalo Fernández de la Mora y Laureano López Rodó, quienes se encargarían de redactar el anteproyecto de la postergada Ley de Principios del Movimiento Nacional, aunque con una naturaleza muy diferente a como la habían imaginado los falangistas en 1956. Fue promulgada por Franco el 17 de mayo de 1958, sin permitir que la debatieran unas Cortes en las que no hubiera suscitado unanimidades. Declarada Ley Fundamental, pretendía una relectura de los postulados joseantonianos, sustituyendo los hasta entonces vigentes veintiséis puntos programáticos de FET-JONS por otros doce más acordes con la pluralidad del franquismo.

El texto, que no tenía una aplicación legal concreta y en el que no se leía ni una sola vez la palabra «Falange», era una declaración de principios doctrinales que confirmaba el monopolio del Movimiento Nacional en la vida política. Sin embargo, ya no lo veía como una «organización intermedia entre la Sociedad y el Estado», es decir, el Movimiento-Organización, un partido único de índole básicamente falangista, sino como el Movimiento-Comunión, algo espiritual propiedad de toda la comunidad nacional: «Comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada». Por otra parte, la ley fijaba como principios para la futura monarquía los de «tradicional, católica, social y representativa», conforme al acervo nacionalcatólico de sus autores. Incidía en la confesionalidad del Estado: «La nación española considera como legítimo timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la santa Iglesia católica, apostólica y romana […] que inspirará su legislación». Y sancionaba el modelo de representación política conforme a los principios tradicionalistas de la democracia orgánica: «La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica».[122] Una colección, en definitiva, de viejos principios de la derecha antiliberal, «permanentes e inalterables», que constituirían una garantía a la hora de frenar nuevos intentos de fascistizar el Estado desde la estructura de un Movimiento que ahora, como «patrimonio de todos los españoles», no podría reivindicase como estrictamente falangista.

LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL ENTE: SOLÍS Y EL DESARROLLO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO

Un año antes de la promulgación de la Ley de Principios, la llegada de José Solís Ruiz a la Secretaría General inició una etapa de cambios en la organización de la pretendida plataforma de masas del franquismo, lo que denominó «el desarrollo político», en busca de reanimar su función movilizadora de adhesiones populares a la dictadura y de emisora de ideología. Político populista, apoyado por las bases sindicales del Régimen —gracias en cierta medida al diario Pueblo, el influyente órgano de los sindicatos que dirigía uno de sus más estrechos colaboradores, Emilio Romero—, Solís no era precisamente un aliado para los equipos tecnócratas que llegaban a las áreas económicas del Gobierno,[123] pero sí un hombre dispuesto a mantener al Movimiento bajo una estricta dependencia de las directrices del Caudillo, potenciando el carácter burocrático de sus organismos y renunciando a cualquier planteamiento utópico de revolución permanente, a cambio de que se mantuviera como refugio básico del falangismo.

Sacudiendo las estructuras

Solís tenía ya decidida esta línea de actuación cuando llegó a la Secretaría General. Lo más realista parecía ser hacer migrar el concepto de partido único de FET-JONS, políticamente desaparecido con la Ley de Principios de 1958, hacia el más ambiguo e integrador del Movimiento Nacional y, a la vez, centralizar al máximo su organización administrativa y doctrinal, a fin de fortalecer la capacidad organizativa de la Secretaría General y, con ello, aumentar el peso de su titular en el Consejo de Ministros. Ello requería limitar el papel de organismos con cierta autonomía política, propensos al alboroto y de difícil encaje en la estructura de la Secretaría, como la Hermandad de la Vieja Guardia, que integraba a los veteranos falangistas de la Segunda República, o la Guardia de Franco, que desde julio de 1944 venía a ser un pobre sustituto de la fracasada Milicia de FET. También sería necesario ampliar la base de apoyo social y el activismo del Movimiento, mediante el incremento de la capacidad de movilización popular de sus organizaciones provinciales y locales y la potenciación del asociacionismo social en su seno. En su primera intervención pública como secretario general, Solís llamó a «la incorporación total del pueblo a la acción del Movimiento», abriendo paso así al concepto de «desarrollo político» como impulso a la implicación global de la comunidad nacional en las dinámicas de la institución y al fortalecimiento de su monopolio en el encuadramiento político de masas.[124] La base popular del franquismo ganaría así la partida a la emergente élite tecnocrática en una definición de los procesos políticos de participación y de toma de decisiones, que seguirían siendo orientados por los dirigentes de la familia azul.

El equipo que rodeó al nuevo secretario general representó la llegada a los puestos ejecutivos del Movimiento de la segunda generación de la derecha franquista, la que no «había hecho» la guerra y que, además de la lógica impaciencia ante el tapón generacional que representaban los veteranos, poseía una visión distinta a la de estos sobre los rumbos del francofalangismo. Eran falangistas que luego desempeñarían un importante papel en el tardofranquismo, o en la formación de los partidos de la derecha durante la Transición y en la propia democratización del sistema político: el vicesecretario general, Fernando Herrero Tejedor, José Miguel Ortí Bordás, Rodolfo Martín Villa, Gabriel Cisneros, Pío Cabanillas, etcétera. Y especialmente, dada la relevancia de su trayectoria futura, Manuel Fraga Iribarne. Nacido en la localidad lucense de Villalba, en 1922, había hecho una brillante carrera funcionarial: diplomático, letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Político. En la política, vinculado al falangismo y al catolicismo político, tuvo un ascenso igualmente rápido. Secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951, dos años después Ruiz-Giménez le nombró secretario del Consejo de Educación y en 1955 secretario general técnico del ministerio, puesto del que dimitió al año siguiente en solidaridad con el ministro cesado. En la jerarquía del Partido, Fraga progresó bajo la protección de Arrese y luego de Solís, hasta ser consejero nacional y entrar en la Junta Política. Tenido por uno de los más sólidos valores intelectuales de la segunda generación falangista, en 1956 ocupó la subdirección del Instituto de Estudios Políticos y en 1961 asumió su dirección. Pero antes, el 17 de diciembre de 1957, el BOE publicó el decreto por el que se le nombraba delegado nacional de Asociaciones del Movimiento, puesto desde el que realizó un gran esfuerzo para desarrollar las Asociaciones de Cabezas de Familia como cauce popular revitalizador del Movimiento. Para entonces, también era procurador en Cortes por nombramiento directo de Franco.[125]

La primera medida de Solís al llegar al Gobierno fue significativa de los nuevos rumbos de la democracia orgánica. Un decreto de la Jefatura Nacional del Movimiento de 20 de julio de 1957, en el que no aparecía ni una sola vez la palabra «Falange», reestructuró los servicios de la Secretaría General y terminó con la semiautonomía del SEU, convertido en un organismo más del engranaje administrativo del Movimiento. En el preámbulo se definía un concepto de este muy lejano ya de la etapa totalitaria de FET-JONS:

La sugestiva atracción que ofrecen a grandes sectores nacionales nuestros propósitos y nuestras ideas en el mejor servicio de la unidad, de la grandeza y de la libertad de la Patria, han producido un estado de opinión popular tendente a estimar al Movimiento como una acción de todos los españoles a favor de aquellos sustanciales objetivos y, accediendo este a ser un sistema de movilización nacional, de entusiasmos y de adhesiones, precisa un entendimiento más amplio en lo funcional que el citado artículo veintitrés de los Estatutos [de FET-JONS], no quedando por ello limitado o dificultado el cauce político natural que el Movimiento ha de ofrecer a todos los españoles sin excepción, asegurando la base popular del Estado nacido de la Cruzada de Liberación.[126]

Subordinados al secretario general, en la sede central de la madrileña calle de Alcalá funcionarían en adelante diez organismos: la Vicesecretaría General, la Organización Sindical y las delegaciones nacionales de la Sección Femenina, de Juventudes, de Provincias, de Prensa, Propaganda y Radio, de Educación Física y Deportes, de Organizaciones del Movimiento, de Auxilio Social y de Asociaciones, esta última de nueva creación.

El proyecto de desarrollo político se les encomendó a la Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento y, sobre todo, a la de Asociaciones. La misión de la primera era «ensanchar las bases de adhesión al Movimiento a grupos colectivos» y «programar, dirigir y vigilar el desarrollo de toda actividad de cualquier orden que corresponda a los afiliados». Asumiría el control de las entidades de encuadramiento político ya existentes, como la Vieja Guardia o la Guardia de Franco. Por su parte, la naciente Delegación Nacional de Asociaciones, la que dirigía Fraga, encargada de «canalizar las inquietudes y aspiraciones de los españoles […] a fin de que lleguen al seno del Gobierno canalizadas por la Secretaría General», agruparía a las entidades sociales especializadas en seis «niveles»: hermandades de antiguos combatientes y excautivos, asociaciones de profesorado de enseñanza superior, el SEU, el Servicio Español del Magisterio y otras entidades «que reglamentariamente se determine», en especial las profesionales no sindicales y las Asociaciones de Cabezas de Familia, destinadas estas últimas a atender «al principio doctrinal que considera a las familias como cauce de participación del hombre en las tareas públicas» y reguladas por una ley de diciembre de 1964.[127]

Un sentido semejante tenía, dentro de la Delegación Nacional de Juventudes del Movimiento, la transformación del Frente de Juventudes, una organización de encuadramiento juvenil creada en 1940 con manifiestas connotaciones fascistizantes, y de las más selectas Falanges Juveniles de Franco en la Organización Juvenil Española. La OJE, creada en junio de 1960, era definida como «un movimiento fundado para la hermandad y el entrenamiento de los jóvenes que deseen hacer de su vida un acto permanente de servicio a la justicia y a la Patria dentro del espíritu cristiano de sus mayores». Miles de niños y adolescentes españoles, encuadrados según la edad en las «legiones» de flechas, arqueros y cadetes, recibirían durante la siguiente década y media adoctrinamiento político y una base de formación paramilitar —aunque en menor grado que en el Frente de Juventudes— impartidos por los «oficiales instructores» en los hogares urbanos y los albergues y campamentos de verano que la OJE tenía repartidos por toda la geografía nacional.[128]

Poco desarrollo político se podría sacar de este cajón de sastre, aunque durante algún tiempo los jerarcas falangistas alentaron la esperanza de «articular un vasto movimiento asociativo familiar, que tuviera capacidad de promocionar, a través de elecciones, a políticos a las más altas esferas del Estado».[129] A tal efecto, Fraga organizó dos espectaculares Congresos de la Familia Española y el 30 de mayo de 1966 una orden de la Secretaría General creó la Unión Nacional de Asociaciones Familiares, vinculada a la Delegación Nacional de Asociaciones del Movimiento.[130]

En cuanto al Consejo Nacional del Movimiento, una vez derrotada la reforma constitucional de 1956 que lo hubiera convertido en una especie de poderoso Senado, siguió teniendo unas funciones muy limitadas en la vida política. La institución evidenciaba la acumulación de años de la dictadura. La media de edad de los 110 consejeros era de sesenta y un años en 1969 y la mayoría representaban a la Gran Coalición de 1936, sobre todo camisas viejas de la Falange, pero también requetés, monárquicos alfonsinos o activistas católicos. Una parte de ellos, los llamados Cuarenta de Ayete, habían sido designados personalmente por el jefe del Estado, quien como jefe nacional del Movimiento nombraba además otros seis consejeros. El resto, representantes de las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, los sindicatos y las Asociaciones de Cabezas de Familia, eran miembros de la segunda generación de Falange, con una media de edad de cincuenta y un años. Pero a partir de 1968 se incorporaron al Consejo algunos de los recién creados procuradores del tercio familiar de las Cortes, varios de los cuales no llegaban a la cuarentena.[131]

El desarrollo político vinculado a la dinamización de las entidades encuadradas orgánicamente en la estructura del Movimiento no ofreció los resultados previstos. Según los datos aportados por la Secretaría General en marzo de 1963, la afiliación masculina llevaba dos décadas estancada. Si en 1942 el Movimiento afirmaba tener unos 932.000 militantes varones y 952.000 en 1953, en 1963 eran 931.802, mientras que ese último año la Sección Femenina contaba con 294.931 afiliadas. Por entidades, 372.069 pertenecían a las hermandades de excombatientes, 43.419 a las de excautivos, la Vieja Guardia contaba con 37.534 miembros y la Guardia de Franco con 80.037, y la Organización Juvenil Española encuadraba a 173.578 niños y adolescentes.[132] Muy probablemente, la estadística estaba hinchada. Para ese año se han señalado 172.451 afiliados «normales», es decir, afiliados a través de la estructura de las delegaciones provinciales y no de las asociaciones de excombatientes, aunque ello no significa que estuviesen activos.[133] Y la mayoría de ellos serían trabajadores del propio Movimiento, que los tenía en nómina en los diversos escalafones de su compleja estructura burocrática.

La decadencia de la organización movimientista era especialmente manifiesta en el SEU, donde se fogueaban entonces los cuadros políticos de la tercera generación azul, pero que nunca se había repuesto de la crisis estudiantil de 1956. Según las estimaciones oficiales, en 1963 solo contaba con 3.310 militantes activos, pese a que la afiliación era automática para todos los universitarios.[134] En abril del año siguiente, tras la dimisión de un desalentado Rodolfo Martín Villa, que llevaba solo un año presidiendo el SEU, su sucesor, José Miguel Ortí Bordás, un joven converso al falangismo procedente de las filas carlistas, hubo de asumir la liquidación del sindicato estudiantil, reemplazado a partir de abril de 1965 por unas efímeras e inoperantes Asociaciones Profesionales de Estudiantes, un «sucedáneo pseudodemocrático»[135] que ya no dependía de la Secretaría General del Movimiento pero cuya vinculación con su aparato era evidente. La desafección de los universitarios, los futuros cuadros profesionales e intelectuales del país, era una prueba más del porvenir que le esperaba al Movimiento si no recuperaba la iniciativa en la movilización social.

Una ordenada concurrencia de criterios

A mediados de los sesenta era evidente que el proyecto de Solís había fracasado en su apuesta por el desarrollo político. La reforma de las estructuras del Movimiento no había reducido su burocratismo, sino todo lo contrario, y las asociaciones «especializadas», sobre todo el proyecto estrella de las de cabezas de familia, se nutrían con franquistas convencidos, lo que frustraba la visión de una política de apertura a la sociedad que facilitara la adhesión de la mayoría silenciosa y rejuveneciera la base humana del Movimiento. El éxito de los tecnócratas en su planificación del desarrollo económico estaba impulsando, por otra parte, una modernización social que tenía sus aspectos más evidentes en el fortalecimiento del proletariado industrial y de la clase media urbana. Las estructuras de la Organización Sindical, las Asociaciones Profesionales de Estudiantes o la OJE habían mostrado ya su escasa capacidad de dinamización en estos sectores y se enfrentaban a una creciente presencia de las fuerzas antifranquistas —como las Comisiones Obreras, el movimiento vecinal o el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios— y de una Iglesia que, animada por el giro doctrinal del Concilio Vaticano II, mostraba actitudes críticas con la dictadura y poseía organizaciones que replicaban a las del Movimiento, desde las Hermandades del Trabajo o las Hermandades Obreras de Acción Católica hasta los boy-scouts católicos o sus medios de comunicación, como el diario Ya y los demás periódicos de la Editorial Católica o Radio Popular, mucho más influyentes que la decadente prensa del Movimiento. En la Secretaría General consideraban, pues, necesaria una reforma de la organización que, más allá de las modificaciones estructurales planteadas en el decreto de julio de 1957, abriera cauces a una participación política más activa de los partidarios del Régimen, a quienes —pero solo a ellos— el Fuero de los Españoles había abierto la posibilidad de «reunirse y asociarse libremente».

Nada se movió hasta 1967, cuando la Ley Orgánica del Estado definió al Movimiento como el terreno en el que debería establecerse «la vida política en ordenada concurrencia de criterios» y «el contraste de pareceres sobre la acción política» abierto a todos los españoles. En el seno de la organización, un sector aperturista, alentado por el secretario general, comenzó a preparar los nuevos cauces de participación popular mediante la creación de un sistema de asociaciones de emisión de opiniones sobre los problemas políticos, encauzado en el seno del Movimiento. Enfrente tuvieron, desde el comienzo, a un influyente sector del franquismo, luego definido como inmovilista, que consideraba suicida cualquier apertura hacia la pluralidad pública de opiniones y que contaba con el apoyo del vicepresidente del Gobierno, el almirante Carrero, contrario al proyecto asociativo desde el principio. Así, en unas declaraciones efectuadas al diario Pueblo, a comienzos de 1968, afirmaba que «el contraste de pareceres, en cada momento y sobre cada cuestión determinada», tenía sus cauces «en los foros de la Organización Sindical, en las reuniones de Ayuntamientos y Diputaciones y, sobre todo, en el seno de las comisiones de las Cortes Españolas y del Consejo Nacional [del Movimiento]». Por esto, consideraba que «formar grupos, ligarse al mandato de quien los dirija, es inadmisible».[136]

Pese a ello, Solís y sus colaboradores siguieron adelante, aunque con cautela. Entre 1967 y 1969, a iniciativa de la Secretaría General y con base en la ponencia sobre desarrollo político redactada a petición suya por el Consejo Nacional en 1964, elaboraron un entramado jurídico consistente en cuatro normas de muy distinto rango, destinadas a consolidar el edificio institucional y participativo del Movimiento por un largo periodo y a crearle un amplio espacio de autonomía, ajeno a la fiscalización del Gobierno o de las Cortes.

a) El 28 de junio de 1967 se aprobó la Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional, que reorganizaba su estructura y la abría a posibles nuevas formas. Como desarrollo de esta ley, en septiembre del año siguiente se aprobó el Reglamento del Consejo Nacional, que otorgaba a los consejeros la posibilidad de promover, en el seno del organismo, «el análisis crítico de soluciones de gobierno y la formulación de medidas y programas», así como «deliberaciones sobre asuntos de carácter político». Con ello, se investía al órgano superior del Movimiento de unas funciones que no poseía el propio Parlamento orgánico y se hacía plausible que los consejeros encabezaran corrientes políticas más o menos reconocidas.

b) Un mes después, el Consejo Nacional iniciaba el estudio de un Estatuto Orgánico del Movimiento, encargado a una ponencia integrada por tres pesos pesados del falangismo de la época: Torcuato Fernández-Miranda, Fernando Herrero Tejedor y José Utrera Molina. El proyecto establecía, en su título III, unas asociaciones que actuarían «sobre la base común de los principios del Movimiento». Entre los fines enunciados para ellas figuraban el desarrollo de la participación familiar en la vida pública y la defensa y promoción de los intereses de la familia española, la formulación de la opinión pública sobre la base común de los Principios del Movimiento, la promoción de los valores culturales, la defensa de aquellas profesiones que no contaran con sindicato de ramo en la Organización Sindical o los colegios profesionales, etcétera. Se evitaba cuidadosamente, por lo tanto, apostar por cualquier finalidad que sonara a partidos políticos, y, de hecho, en el texto no se hablaba de asociaciones políticas, sino de «asociaciones de opinión pública». Y, por si no quedaba claro, se especificaba que las asociaciones no tendrían carácter electoral, que deberían ser aprobadas por el Consejo Nacional del Movimiento y que este organismo las controlaría y podría clausurarlas si se apartaban de la ortodoxia política.

c) Promulgado el Estatuto como decreto, el 20 de diciembre de 1968, el siguiente paso era la elaboración de un anteproyecto de Bases de Régimen Jurídico Asociativo, que deberían aprobar las Cortes. Para tal fin, el Consejo Nacional designó otra ponencia integrada por Fernández Sordo, Hernández Gil, Labadíe Otemin, Rodríguez de Valcárcel y Martínez Esteruelas. Los debates en lo que los propagandistas del régimen llamaban «la Cámara de las Ideas» fueron muy vivos y demostraron que incluso algo tan lene como el modelo de asociaciones de opinión propuesto creaba grandes alarmas en el sector inmovilista de la clase política. Ni siquiera lo calmaban las enormes precauciones tomadas, entre otras la de que cada asociación tuviera estructura, en el momento de su legalización, en por lo menos veinticinco provincias, con más de mil adheridos en cada una, a fin de desalentar veleidades regionalistas. Eran muchos los franquistas que temían que el experimento terminase pulverizando al Movimiento en auténticos partidos políticos, difícilmente controlables por el Consejo Nacional. Y entre quienes pensaban así se encontraba el propio jefe del Estado.

Pese a todas estas reservas, el dictamen pactado fue aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo el 3 de julio de 1969. Inmediatamente algunos promotores se adelantaron a anunciar proyectos: Reforma Social Española, Fuerza Nueva, Acción Política, Democracia Político-Social-Económica… Quedaba ahora decidir qué rango legal tendría el documento. Tras mucho pensarlo, Franco solo aceptó, y con grandes reticencias, que se publicara como una simple orden ministerial, lo que reducía tanto el alcance político de la medida —podía ser modificada o suprimida en cualquier momento por el Gobierno— que prácticamente la dejaba sin valor. Solís firmó la orden y envió el texto al BOE. Pero hubo que detener inmediatamente su publicación ante la reiteración de las dudas que surgieron sobre su oportunidad, con el escándalo MATESA en todo su apogeo. Moría así el proyecto del desarrollo político, y su patrocinador fue cesado como ministro-secretario general en octubre a consecuencia de dicho escándalo. El sucesor de Solís, Torcuato Fernández-Miranda, se negó a caer en «trampas saduceas» y retiró el polémico proyecto asociativo, que tardaría casi cinco años en salir adelante, como fruto de la «apertura Arias».

CULMINANDO LA OBRA: LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO

Los gobiernos de la llamada «etapa tecnocrática» promovieron, junto con la puesta en marcha de los modelos desarrollistas de índole económica y social, un intenso proceso de promulgación de textos legales, bien como leyes propuestas por el Gobierno y aprobadas por las Cortes, bien como decretos leyes emanados de las jefaturas del Estado y del Gobierno. A esta legislación se la creía destinada a culminar el proceso de institucionalización del Régimen y el modelo representativo de la democracia orgánica, pero también a adaptar, en la medida en que ello era posible en un sistema autoritario, el marco legal a las nuevas realidades sociales, así como a facilitar el tránsito, que ya no podía demorarse mucho por razones biológicas, hacia una monarquía que respetara las esencias del Estado del 18 de Julio y que sería instaurada conforme a las estipulaciones de la Ley de Sucesión de 1947.

El plan legislativo de renovación, al que realizaban aportaciones, a veces antagónicas, tecnócratas y falangistas, tuvo sus principales hitos en la Ley Orgánica del Estado y en la Ley de Prensa e Imprenta, pero implicó otras varias medidas, como la Ley del Derecho Civil a la Libertad en Materia Religiosa, la Orgánica del Movimiento, la de Representación Familiar o la Ley Sindical. Tuvieron irregular suerte en su tramitación, pero fracasaron en su propósito de insuflar nueva vida a una dictadura que entonces parecía en su apogeo, pero que no tardaría en entrar en fase terminal.

Así, la Ley Sindical, una apuesta de Solís Ruiz para aumentar la autonomía y el poder social de la OSE, no salió adelante hasta 1971, y entonces lo hizo muy menguada en sus propósitos por el veto de los equipos económicos tecnocráticos, alarmados por el hecho de que en las elecciones a delegados sindicales de 1966 se hubieran impuesto los candidatos de las ilegales Comisiones Obreras, próximas al Partido Comunista.[137] La de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967, prácticamente forzada por el cambio de postura sobre el tema de la Iglesia tras el Vaticano II, y especialmente la encíclica Dignitatis humanae, obligó a modificar el Fuero de los Españoles para pasar de la teórica «tolerancia» a una aún más teórica «libertad» religiosa, lo que suscitó enormes resistencias entre los sectores ultraconservadores del clero y la clase política que no querían otorgar estatus legal a los restantes cultos.[138] El propio ministro de Justicia, el tradicionalista Antonio María de Oriol, redujo al mínimo su alcance al defender la ley en las Cortes: «Que no se confunda la regulación de un derecho civil de la libertad en materia religiosa con torcidas interpretaciones que busquen descarada o encubiertamente, cobarde o neciamente, debilitar o destruir nuestra unidad católica».

La Ley de Prensa e Imprenta fue promovida por Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo y, pese a las resistencias que encontró en el propio Gobierno y entre los sectores inmovilistas de la clase política, fue aprobada en las Cortes el 15 de marzo de 1966. Sobre el papel, la conocida popularmente como «Ley Fraga» era una medida liberalizadora, que buscaba favorecer la pluralidad de corrientes de opinión en los medios y ofrecer mayores garantías a estos frente a posibles arbitrariedades gubernativas. Así, el artículo 1 consagraba la libertad de expresión en los medios escritos y el artículo 3 suprimía la denostada censura previa. Se ampliaban además las posibilidades de crear periódicos y revistas a cargo de empresas privadas, y la designación del director de la publicación quedaba al criterio del empresario.[139]

No se trataba, sin embargo, de una ley de libertad de prensa. Buena parte del articulado estaba dedicado a restringir los criterios liberalizadores, lo que en la práctica acabó reduciendo en gran medida los efectos positivos de un texto presentado como la panacea del aperturismo. El famoso artículo 2, auténtica espada de Damocles, establecía los siguientes límites a la información: «El respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales; las exigencias de la Defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica a la acción política y administrativa; la independencia de los tribunales y la salvaguarda de la intimidad y del honor personal y familiar». Pocas eran, pues, las críticas que se podrían verter en una publicación sin que su autor corriera el albur de ser sometido a los rigores del artículo segundo.[140] Y el Gobierno se atribuyó luego la potestad de declarar algunos temas delicados como «materia reservada», lo que impedía informar sobre ellos por cualquier procedimiento (Ley de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968).

Dentro de esta batería legislativa tuvo especial importancia la Ley Orgánica del Estado (LOE), séptima de las Leyes Fundamentales. Era una preocupación personal de Franco, que buscaba, ya en la ancianidad, un texto constitucional que rematara la institucionalización del Estado y lo dejara todo «atado y bien atado», garantizando la continuidad de su obra. En el verano de 1966, una comisión ministerial presidida por el subsecretario Carrero Blanco elaboró un anteproyecto a partir de un borrador del propio general. El texto, considerado por la propaganda del Régimen como una verdadera Constitución,[141] que cerraba el proceso «abierto» de constitucionalización de las anteriores Leyes Fundamentales, fue concluido en octubre. Y el 22 de noviembre, en un pleno solemne de las Cortes, el mismo dictador lo defendió ante unos procuradores que acababan de recibirlo y que aprobaron la ley por aclamación, sin haberla estudiado ni debatido.

La LOE incorporaba numerosas novedades al aparato institucional del franquismo, aunque eran más importantes sobre el papel de lo que supusieron luego en la práctica.[142] Así, por primera vez en tres décadas, se diferenciaban las personas del jefe del Estado y del presidente del Consejo de Ministros, pero Franco tardaría aún siete años en decidirse a traspasar este último cargo. Se delimitaban las competencias de la Jefatura del Estado tras la sucesión del Caudillo por un rey, que carecería prácticamente de poderes ejecutivos. Y se establecía el recurso de contrafuero, que permitía al Consejo Nacional del Movimiento y a la Comisión Permanente de las Cortes recurrir ante el Consejo del Reino cualquier medida del Gobierno que vulnerase las Leyes Fundamentales. Con ello se establecían ciertos límites a la discrecionalidad gubernamental, pero también se cerraba la puerta a futuras medidas reformistas que fueran más allá de lo deseable para los defensores del Régimen.[143]

Esta ley introdujo nuevos elementos institucionales y reorganizó sistemáticamente las funciones de los restantes —administraciones locales y del Estado, Fuerzas Armadas, sindicatos, etcétera—, eliminando algunas de las connotaciones totalitarias que pervivían en el sistema desde la Guerra Civil. La ley abría la posibilidad de una cierta apertura política que estimulara el apoyo de la población al Movimiento Nacional, asumiendo el concepto ideológico del Movimiento-Comunión frente a la realidad burocratizada del Movimiento-Organización. Esto era urgente, ya que la desmovilización del electorado alcanzaba cotas alarmantes ante la falta de credibilidad de los procesos electorales. Ese mismo año se celebraron elecciones municipales y solo participó un 15 por ciento del censo.

Cumplido el trámite parlamentario, quedaba por realizar la prometida consulta popular, un referéndum convocado para el 14 de diciembre de 1966, que debía regirse por lo establecido en una Ley Fundamental anterior. Que el Gobierno no iba a mostrarse neutral en la campaña informativa previa al referéndum quedó claro enseguida. El Régimen se jugaba demasiado en una consulta popular con voto secreto, que atrajo la atención internacional. El Ministerio de Información y Turismo, con los modernos mecanismos de propaganda de masas bien ensayados en la reciente campaña «XXV Años de Paz», se implicó a fondo con una espectacular operación a favor del «sí», que era asimilado al lema «Vota paz». Así, en un cartel se veía a una joven ama de casa que animaba: «Piensa en tu hogar. Vota la paz», y en otro un niño jugaba a construir en un rompecabezas la frase «vota paz», bajo la leyenda: «Ellos no votan… tú sí». El mismo Franco apareció en la televisión, el 23 de noviembre, para solicitar el «sí» a los españoles.

Llevo treinta años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero, pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años mozos, empleando lo que me queda de vida útil a vuestro servicio. ¿Es mucho exigir el que yo os pida, a mi vez, vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum?

Radio, televisión, prensa, el No-Do… Todos los medios de comunicación se implicaron en la campaña oficial lanzada por el equipo ministerial de Manuel Fraga a favor del voto afirmativo, mientras la oposición clandestina debía recurrir a pintadas y hojas volanderas para recomendar el voto negativo o la abstención, considerada por muchos como la única forma de realizar un boicot a la dictadura.

La jornada del 14 de diciembre se convirtió en una suerte de mágico plebiscito popular a favor del régimen; según los datos del Ministerio de la Gobernación, votó casi el 90 por ciento del censo, con un 95,8 por ciento favorable a la ley y un 1,9 por ciento en contra. La prensa española, unánimemente, celebró la consulta como un triunfo de la democracia y de la popularidad del Generalísimo; popularidad que incluso habría ganado a los más recalcitrantes entre los «excombatientes rojos».

En Proaza (Asturias) un excomisario político declaró: «Franco nos ganó la guerra, pero a cambio nos dio la paz, por eso, aunque en algunas cosas no esté de acuerdo con él, voy a votar que sí». En Infiesto, un excombatiente del Ejército Rojo manifestó al acercarse a votar: «Voto sí porque una cosa es lo que yo pueda opinar y otra muy distinta el futuro de España».[144]

Lógicamente, la oposición y la prensa extranjera denunciaron que los resultados estaban manipulados. Pero el Régimen pudo sacar partido de una movilización que, al margen de la fantástica magnitud de las cifras, demostró que una mayoría de los españoles, con la memoria de la Guerra Civil todavía muy activa, estaban dispuestos a apoyar sus iniciativas cuando se les requiriera para ello o, al menos, que no estaban por la labor de oponerse a ellas.

3

ESPERANDO A LA PARCA

LA DERECHA APERTURISTA

1969-1976

La entrada en vigor de la Ley Orgánica del Estado, en 1967, debía ser el epítome que culminara la construcción del Estado Nuevo, iniciada treinta años atrás, y que facilitara al franquismo el cierre de su sistema pseudoconstitucional, esa «especie de estructura jurídica»[145] basada en la democracia orgánica. El Régimen vivía entonces su apogeo, con las políticas del desarrollismo tecnocrático facilitando una rápida modernización económica y social, y los aparatos de control político y policial garantizando la inanidad de una oposición democrática cuyas actividades todavía se circunscribían a sectores muy minoritarios de la población.

Sin embargo, tan solo dos años después este panorama comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Dos acontecimientos que llevaban tiempo gestándose coincidieron para variar radicalmente las condiciones en que se desenvolvía el sistema político y abrir paso a su breve e inestable etapa final, la que se conoce como «tardofranquismo».

NUEVO HORIZONTE PARA UN CREPÚSCULO POLÍTICO

El 22 de julio Franco presentó a las Cortes Españolas una ley proponiendo como su sucesor en la Jefatura del Estado, a título de rey, al infante Juan Carlos de Borbón, quien hasta entonces ostentaría el título de príncipe de España con tratamiento de Alteza Real. La nueva monarquía, la elección de cuyo titular había sido reservada al Generalísimo en 1947 por la Ley de Sucesión, no consistiría en una restauración de la desaparecida en 1931, por más que don Juan Carlos fuera nieto del último monarca. Sería una instauración de nueva planta en virtud de la cual, dijo Franco en las Cortes, la futura Corona «nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de Julio que constituye un hecho histórico trascendente, que no admite pactos ni condiciones». Con ello se ponía fin a dos décadas de soterrado debate sobre qué Borbón —Juan, Juan Carlos, Javier, Carlos Hugo, Alfonso— era el candidato ideal para suceder al dictador. Y finalizaban también los intentos falangistas de evitar la monarquía mediante la propuesta de una regencia. En adelante nadie que se considerara franquista, o que quisiera hacer política dentro de la legalidad, podría rechazar al sucesor designado. Un monarca que, aun con los poderes muy recortados con respecto a los omnímodos que la «gracia de Dios» había otorgado al Caudillo, podría desempeñar un papel protagonista en los esfuerzos por perpetuar el Régimen, o por liquidarlo.

Para entonces se había desencadenado un escándalo político que, al catalizar una década de rivalidad entre las familias del Régimen, tendría hondas repercusiones en el sistema político.

A la altura de 1969 las disputas entre los equipos tecnócratas y los de otros sectores políticos de la Administración, sobre todo los falangistas, habían llevado a un punto de virtual ruptura. Fuera de las cuestiones doctrinales o de los intereses grupales, las había azuzado el inacabable tema de la elección del sucesor en la Jefatura del Estado, en la que los tecnócratas habían apoyado al príncipe de España. Se añadía a ello, desde 1966, un proyecto de Ley Sindical muy intervencionista, que José Solís, el ministro-secretario general del Movimiento, se empeñaba en sacar adelante para fortalecer el papel de la Organización Sindical Española en las relaciones laborales. El ministro falangista incluso había intentado, al ser creada la Comisaría del Plan de Desarrollo, adscribirla a la OSE, pero se encontró con una férrea negativa de los tecnócratas, quienes, respaldados por Carrero Blanco, lograron frustrar el intento y luego torpedearon la Ley Sindical. Con todo, lo que contribuyó a acelerar el enfrentamiento y a convertirlo en una de las crisis políticas más aparatosas de la historia del franquismo fue lo que se conoció como «el escándalo MATESA».

Maquinaria Textil del Norte S. A. era una empresa radicada en Pamplona y presidida por el empresario Juan Vilá Reyes, que obtenía subvenciones estatales concedidas por el Banco de Crédito Industrial a cuenta de sus operaciones de exportación internacional de un revolucionario telar sin lanzadera del que poseía la patente. Se calcula que recibió unos 10.000 millones de pesetas en cinco años. La operación, sin embargo, implicaba un presunto delito económico, ya que MATESA se vendía a sí misma buena parte de la maquinaria a través de sus filiales en Hispanoamérica, que almacenaban los telares a la espera de volver a venderlos, y por ello la empresa matriz recibía créditos y dejaba de pagar impuestos.

Este método tan irregular de hacerse con crecidas ayudas oficiales fue denunciado por la Dirección General de Aduanas en julio de 1969. Pero los ministerios económicos, fortines del sector tecnócrata, no reaccionaron con la rapidez necesaria, lo que permitió a sus rivales tomar la iniciativa. Solís llevó el asunto a la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos. Los ministros de Hacienda y de Comercio, Juan José Espinosa San Martín y Faustino García Moncó, responsables políticos de las operaciones crediticias, intentaron quitarle importancia al asunto, si bien tuvieron que reconocer la existencia de presuntos delitos.

Durante las semanas siguientes se fue gestando una operación de largo alcance en la que Solís contó con el apoyo de su antiguo colaborador en el aparato del Movimiento, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. El 14 de agosto, en el consejo celebrado en el pazo de Meirás, residencia estival de Franco, los ministros tecnócratas aconsejaron la incautación de la empresa, pero se impuso la opinión de sus rivales, que consideraban que el asunto tenía una dimensión política. Al día siguiente, Fraga dio estado público al escándalo en una nota de prensa en la que prometía «el total esclarecimiento de los hechos y la exigencia de las responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar». Se sabía que Vilá Reyes era íntimo de López Rodó y que era muy próximo al Opus Dei, si es que no era miembro de la sociedad religiosa. Ello facilitaba los rumores sobre la complicidad con el empresario de los ministros económicos y de los altos cargos de la banca oficial, miembros en su mayoría de la Obra. Fraga alentó en esta ocasión una interpretación sumamente liberal de la Ley de Prensa y la población pudo informarse profusamente sobre un escándalo politizado, que explotó especialmente el Diario SP, de propiedad privada, falangista y muy próximo al secretario general del Movimiento, que pidió con gran despliegue tipográfico el cese de los ministros económicos. Los dardos apuntaban directamente hacia el sector gubernamental que encabezaba el tándem Carrero Blanco-López Rodó y la batalla se desencadenó con toda crudeza. El 23 de octubre se formó una comisión de investigación en las Cortes, presidida por el falangista Raimundo Fernández-Cuesta.

Para Franco el tema había ido demasiado lejos. No solo se habían puesto de relieve hondas disensiones entre las familias del Régimen, sino que quedaba al descubierto la ineficacia del sistema de ayudas públicas a la industria privada establecido por los Planes de Desarrollo. El general decidió tomar cartas en el asunto, con una resolución fulminante y salomónica: castigar a los responsables políticos del escándalo, pero también a quienes lo habían destapado. El 29 de octubre, el BOE publicó los decretos de cese de cinco ministros: los tecnócratas García Moncó y Espinosa, así como Fraga, Solís y una víctima colateral, Castiella, el ministro de Asuntos Exteriores, derrotado en su pugna con Carrero por la política de descolonización.[146] Y semanas atrás el Diario SP había tenido que cerrar, formalmente a causa de sus problemas económicos.

Los acontecimientos de 1969 alteraron de un modo definitivo tanto la configuración del juego de repartos de poder como los identificadores grupales entre las familias —referentes históricos, pautas doctrinales, clientelas políticas— y las llevaron a su desaparición. Cuando, en junio de 1973, el anciano dictador cedió la presidencia del Gobierno a Carrero, las familias clásicas habían dejado de contar en el panorama institucional y sus miembros, conscientes de la inminencia de un franquismo sin Franco, se redistribuían en torno a nuevas y perentorias opciones políticas con la mirada puesta en la monarquía del 18 de Julio. La certeza de que todo estaba «atado y bien atado» de cara al futuro, que había presidido en 1967 la pretendida culminación constitucional mediante la LOE, daba paso a crecientes incertidumbres sobre la forma en que el personal político del Régimen y las bases populares que lo apoyaban abordarían un futuro sin su Caudillo.

TRES TENDENCIAS Y UN SOLO MOVIMIENTO

El 4 de mayo de 1972, José Antonio Girón de Velasco, camisa vieja de Falange, exministro de Trabajo y consejero nacional del Movimiento, pronunció en Valladolid una sonada conferencia en la que llamó a la movilización del falangismo para preparar, desde la hegemonía política, la conducción del Estado durante el reinado de Juan Carlos I. Las viejas familias del Régimen, enfrentadas y deshechas en cien combates, serían incapaces entonces de reeditar la Gran Coalición unitaria de 1936-1937 para afrontar las nuevas condiciones. Y la línea de «desarrollo político» que había lanzado José Solís y que pretendía dar un nuevo impulso al Movimiento Nacional estimulando en su seno un pluralismo limitado, era inaceptable para aquellos de sus dirigentes que, como Girón, defendían la estructura monolítica, con predominio falangista, de la organización de masas del franquismo. Sin embargo, existía el peligro de que la falta de respuesta del anquilosado aparato orgánico del Movimiento a las nuevas condiciones políticas y sociales diera alas a un proceso de reforma que desembocara en algo cercano a la temida democracia de partidos. El exministro proponía, pues, un encauzamiento del debate interno mediante el reconocimiento de la existencia de tres «tendencias» doctrinales; orientadoras de la opinión pero sin estructura orgánica, dedicadas a debatir proyectos de desarrollo político y social, aunque siempre dentro de la más estricta lealtad a las Leyes Fundamentales y bajo la tutela del Consejo Nacional y la Secretaría General: «La primera, más progresista y revolucionaria; la segunda, más conservadora y tradicional; y la tercera más templada, más en disposición de asumir la misión moderadora».[147]

En la propuesta resonaban ecos de los momentos fundacionales, cuando falangistas, tradicionalistas y católicos sociales —los tres referentes de las tendencias gironianas— habían vertebrado las grandes líneas del esquema doctrinal e institucional de la dictadura. Aspiraba, pues, a perpetuar un orden político caduco, que ya no se ajustaba al desarrollo interno del Régimen. Pero este esquema tripartito para articular un nuevo modelo de derecha franquista estuvo desde entonces presente en el debate político. E incluso inspiró, en los meses centrales de 1974, la fallida iniciativa gubernamental de promover, dentro del Movimiento, tres grandes asociaciones que recogieran las sensibilidades y los proyectos de la tríada de corrientes de opinión —inmovilista, aperturista y reformista— que estaban tomando forma entre el personal político y sus bases sociales de apoyo.

En estos años la élite política franquista se planteó con toda crudeza sus opciones de supervivencia en el futuro próximo. A esas alturas la cuestión no era, como en los años sesenta, si el Régimen debía permanecer fiel a las esencias del 18 de Julio o evolucionar proactivamente sus estructuras para adaptarlas a las nuevas realidades sociales. Solo un sector reducido de los partidarios del Generalísimo se oponía a cualquier modificación del sistema político vigente. Para la mayoría la duda era hacia dónde, hasta dónde y en qué plazos debía producirse la evolución, ya que era evidente que al anciano general no le quedaba mucha vida y que lo que estaba en juego era la propia pervivencia de un orden autoritario que se enfrentaba a serias amenazas. La Revolución de los claveles de abril de 1974 en el vecino Portugal y la caída del régimen de los coroneles griegos, en julio, fueron auténticos aldabonazos para los franquistas. Y el aumento de las diversas formas de protesta popular contra la dictadura, consecuencia de los radicales cambios experimentados en el país durante la década del desarrollismo, ponía en cuestión la «paz de Franco», la estabilidad social de que presumía, y la obligaba a reactivar políticas extremas de represión contra los movimientos sociales que demandaban el establecimiento de una democracia.

Enfrentadas a una crisis sistémica cada vez más patente, las familias políticas habían cedido el paso a nuevas tendencias doctrinales informales, basadas ya no en referentes pretéritos sino en visiones antagónicas del futuro del Régimen: inmovilistas, aperturistas y reformistas; las encarnaban las tres generaciones de la clase política, pero implicaban al amplio sector de la población que más tarde sería conocido como «franquismo sociológico». Las tres corrientes compitieron hasta 1976 por imponer sus puntos de vista en los aparatos de la Administración del Estado y del Movimiento, en los circuitos culturales oficialistas y en los medios de comunicación de masas.

El inmovilismo

Los inmovilistas se oponían a cualquier liberalización política. Para ellos, los principios ideológicos que habían guiado el Alzamiento de 1936 y la construcción del Nuevo Estado seguían teniendo plena vigencia, y la evolución final del sistema era la LOE de 1967, que incluso les parecía demasiado avanzada en algún aspecto. Miraban, pues, con suspicacia los inevitables cambios sociales y culturales que había traído el desarrollismo económico; modernizaciones que veían como fuente de alimentación de un creciente antifranquismo en determinados sectores de la población. Y también rechazaban la apertura de vías pluralistas dentro del Movimiento Nacional o cualquier relajación en el control gubernativo de los medios de comunicación y en la represión de las actividades de la oposición; procesos que de consolidarse, denunciaban, debilitarían primero a las estructuras del Régimen y acabarían dando paso a una democracia liberal o a una dictadura marxista.

Muy influyentes entre los altos mandos del Ejército y con las hermandades de excombatientes cultivando la memoria histórica de la Guerra Civil como principal argumentario contra el aperturismo, los inmovilistas estaban encabezados por figuras de la primera generación del Movimiento, en cuyo Consejo Nacional poseían un gran poder. Aunque con abrumadora mayoría de falangistas, la procedencia de los dirigentes y activistas definía en la corriente la existencia de sensibilidades diversas, derivadas de las viejas familias y aunadas en su resistencia a la apertura política, por lo que sus rivales las denominaron «el búnker», expresión esta que aludía al último reducto berlinés de Hitler en 1945 y cuyo uso se hizo muy popular. Ya en fecha tan temprana como 1967, el analista político Torcuato Luca de Tena exponía cómo «los defensores del statu quo», que acusaban a los aperturistas «de pretender desmantelar el Movimiento», estaban elaborando la «teoría política del búnker».[148]

En este había algunos tecnócratas defensores del Movimiento-Comunión e ideológicamente neutros o próximos al pensamiento tradicionalista, como el tecnócrata Gonzalo Fernández de la Mora, y veteranos carlistas pasados al juancarlismo, como Antonio María Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Más numerosos eran los falangistas con actividad en el Movimiento y en entidades afines, como la Confederación Nacional de Excombatientes, con Raimundo Fernández-Cuesta y José Antonio Girón de primeras figuras. Había también altos mandos de las Fuerzas Armadas, como los tenientes generales Tomás García Rebull y Carlos Iniesta Cano; clérigos, como el obispo José Guerra Campos, muy popular por sus charlas semanales en televisión, o Miguel Oltra y Venancio Marcos, dirigentes de la Hermandad Sacerdotal Española, así como políticos difícilmente clasificables, fuera de genéricas identificaciones con los principios del 18 de Julio o el integrismo católico, como Blas Piñar, líder del grupo de opinión Fuerza Nueva.[149]

Desde el punto de vista de los inmovilistas, el debilitamiento de los mecanismos de control y movilización social en manos del Estado, o del Movimiento, supondría dar bazas al antifranquismo. Cuando se produjo el «golpe de los capitanes» portugueses, en abril de 1974, los portavoces del búnker, un espacio en el que la caída de la dictadura lusa provocó «terror y espanto»,[150] se apresuraron a señalar la responsabilidad de un postsalazarismo que, de la mano de políticos «liberales», había descuidado los mecanismos defensivos del régimen y alentado con sus críticas los planes revolucionarios de la oposición. El paralelismo con el «espíritu del 12 de febrero», el proyecto aperturista con el que acababa de estrenarse el Gobierno de Carlos Arias Navarro, les parecía tan manifiesto que no dudaron en trazar ominosas comparaciones entre Arias, el tecnócrata Marcelo Caetano y sus respectivos equipos ministeriales. «El ejemplo de Caetano —escribió Blas Piñar— es tan nítido y evidente que no tenerlo en cuenta será propio de ciegos voluntarios, de tercos suicidas o de cómplices ocultos de la revolución»;[151] a quienes —a estos últimos— el líder de Fuerza Nueva bautizó como «enanos infiltrados».

El aperturismo

Los aperturistas, mayoritariamente miembros de la segunda generación del Movimiento, buscaban flexibilizar el sistema político adaptándolo a las nuevas condiciones de la sociedad española e internacional, pero conservando las «esencias del Régimen», esto es, su naturaleza autoritaria. Para esta operación de maquillaje potenciaron un discurso de desarrollo político y económico vinculado a las teóricas posibilidades de evolución interna del franquismo. Y promovieron análisis objetivos y críticos del sistema político y de la sociedad españoles, como los influyentes informes Foessa, iniciados en 1966, suaves en sus conclusiones negativas pero orientados a brindarles claves de modernización controlada de las estructuras políticas y sociales. Dueña de la Secretaría General y, por lo tanto, del aparato burocrático del Movimiento y fuerte en las Cortes y en la Administración del Estado, en el seno de la corriente aperturista se desarrollaron dos visiones sobre la estrategia de preparación del posfranquismo y los límites a alcanzar en ello: una que podríamos calificar de continuista y otra de evolucionista.

La primera era la responsable de la línea del desarrollo político del Movimiento Nacional que preconizaba su principal figura, José Solís Ruiz. Estos aperturistas moderados deseaban que casi todo cambiara un poco, dentro de unos estrechos cauces prefijados, para que el conjunto se mantuviera incólume. Centraron su proyecto en nuevas líneas de acción sociopolítica para el Movimiento, que revitalizaría su condición de organización de masas con dinámicas participativas y seguiría ostentando el monopolio doctrinal y el control de la acción política. En fecha tan tardía como junio de 1975, Solís afirmaba en su toma de posesión como secretario general del Movimiento: «Si hay que perfeccionar algo, lo perfeccionaremos nosotros, si hay que modificar algo, lo modificaremos nosotros, si hay que avanzar en lo social, avanzaremos nosotros».[152]

Pero esta visión resultaba poco atractiva para los evolucionistas, que querían ir más lejos y más deprisa. En este sector militaban muchos políticos de segunda fila, incluidos bastantes procuradores en Cortes conocidos entonces por su actitud moderadamente crítica con respecto a los viejos usos de la democracia orgánica: Esperabé de Arteaga, Cantarero del Castillo, Fanjul Sedeño, Tarragona Corbella, etcétera. Su núcleo más combativo fueron los procuradores del tercio familiar, activado en 1967, que eran los únicos elegidos directamente por los ciudadanos (pero solo por varones cabeza de familia y mujeres casadas, y entre candidatos leales al Régimen). Muchos de estos «familiares» celebraron en 1968 una serie de reuniones programáticas en diversas ciudades —por lo que fueron calificadas de «Cortes trashumantes»— en las que llegaron a adoptar planteamientos muy críticos con el sistema, aunque sin proponer reformas sustanciales, hasta que, alarmados, el Gobierno y los demás procuradores reaccionaron poniendo fin a aquel conato de independencia.[153]

Mientras los continuistas deseaban la supervivencia integral de la dictadura —«Después de Franco, las instituciones», era uno de sus lemas— los evolucionistas preveían un proceso de confluencia, pero relativo y a largo plazo, del régimen español con las democracias parlamentarias de su entorno; concepto que eludían con alusiones a la necesidad de facilitar la «participación política de todos los españoles» o la «homologación de nuestro régimen con el de los países occidentales». Su visión a corto plazo, conscientes de que en vida de Franco el arranque de una transición era imposible, se concretaba en ciertas modificaciones institucionales, que respondían de modo muy lejano a los principios básicos del parlamentarismo liberal. A la separación de poderes apuntaba su petición de incompatibilidad entre los cargos de la Administración y la representación parlamentaria. Con las elecciones libres pretendían relacionar su demanda de reducir al mínimo el número de puestos designados a dedo por Franco en las Cortes y el Consejo Nacional y fortalecer la capacidad de control y representación de los procuradores del tercio familiar, a los que otorgaban un plus de legitimidad por su forma de elección. Y su principal apuesta, las asociaciones políticas, buscaba dar juego legal a la participación ciudadana en entidades independientes de las instituciones, pero obligatoriamente leales al Régimen.

Casi todo ello figuraba, o se entreveía, en el programa evolucionista del primer Gobierno de Arias Navarro, el espíritu del 12 de febrero, por el día en que fue presentado a las Cortes en 1974. Pero el proyecto llegaba, como pudo comprobarse en unos meses, demasiado pronto para unos y demasiado tarde para otros.

El reformismo

Estos últimos, los reformistas, tenían como meta a no muy largo plazo el establecimiento de una democracia representativa y, en lo que respecta a ellos como miembros de la clase política, «sobrevivir después de Franco» mediante «un pacto con la oposición moderada».[154] Pero querían realizarlo partiendo de la legalidad franquista y manteniendo un pleno control sobre los ritmos y objetivos de la transición a fin de asegurar el éxito de su proyecto de modificación paulatina del sistema, es decir, del cambio democrático frente a la ruptura democrática que pretendía el antifranquismo.[155] Estarían así en lo que J. J. Linz definió como «semioposición» y el sociólogo Carlos Huneeus como una buffer zone:

Los titulares de buffer zone no se encuentran en el interior o fuera del régimen; sencillamente ocupan posiciones de autoridad y poder en las cuales no es necesario hacer esa definición, pues sus tareas son consideradas técnicas y no políticas; están al servicio del Estado y no de su régimen político, menos aún del gobierno.[156]

Esta mayoritaria condición de técnicos promovidos por méritos profesionales era una gran ventaja de los reformistas respecto a las otras dos corrientes, definidas por la condición política de sus miembros. Su pedigrí como servidores de un régimen autoritario era más difuso y podrían expiarlo sin pagar un precio humillante durante su reconversión hacia espacios democráticos. Y los reformistas eran mucho más capaces que los inmovilistas o los aperturistas a la hora de anticipar la proyección futura de los profundos cambios culturales, sociales y económicos que había traído la etapa del desarrollismo y de planificar con ello estrategias evolutivas y de mantenimiento de la hegemonía para la derecha española a largo plazo.

Nadie podía negar ya el alcance de las transformaciones sociales que producían procesos como el trasvase masivo de población del mundo rural al urbano, con la pérdida de peso demográfico del campesinado y el crecimiento en los sectores industrial y de servicios; el surgimiento de movimientos de reivindicación social o política en una clase obrera que organizaba su lucha sindical, o la asunción de una conciencia colectiva de necesidades y demandas por parte de una clase media en la que, a comienzos de los años setenta, se consideraban incluidos más de la mitad de los españoles.

Desde la perspectiva de los aperturistas, esto último era un hecho tranquilizador. Pensaban que la gratificante promoción social de un amplio sector de las clases populares que asumía ahora una autodefinición, más o menos realista, como pequeña burguesía, y su acceso a los bienes de gran consumo, reforzarían su adhesión al régimen que les había procurado su nuevo estatus, fortalecerían su conservadurismo social y le alejarían de las veleidades socializantes de la izquierda antifranquista. Por lo tanto, los aperturistas defendían que el Movimiento Nacional debería ser capaz de movilizar este apoyo ciudadano, fundamental para la supervivencia del franquismo, activando un sistema plural, pero muy controlado, de «concurrencia de criterios» a través de las asociaciones políticas encuadradas en el Movimiento y dando entrada en ellas de forma masiva a la nueva clase media, a fin de canalizar sus inquietudes.

En cambio, los reformistas eran conscientes de que este pujante sector social no tardaría, en paralelo con la clase obrera, en demandar libertades formales, individuales y colectivas, más allá de lo que un sistema autoritario podía permitir; de que sus jóvenes, que accedían en tropel a la enseñanza superior y con ello a espacios intelectuales que ni los aparatos oficiales ni el clero católico controlaban, formularían exigencias de democracia plena y adoptarían actitudes opositoras crecientemente identificadas con los postulados de un antifranquismo que ya estaba elaborando vías unitarias para sus partidos con vistas a lograr la «ruptura democrática». Y también asumían los reformistas que el nuevo proletariado industrial y de servicios rechazaba masivamente los artificiosos cauces «verticales» del sindicalismo oficial y fortalecía un movimiento obrero ilegal y reprimido, pero cada vez más visible en su oposición al Régimen. Creían necesario entender que si, como afirmaban los aperturistas, «la transformación de la estructura social no exigía el tipo de transición que después tendría lugar», resultaba imprescindible reconducir «los factores políticos, entendiendo por tales la competencia por el poder y los privilegios derivados del mismo, y las diferentes concepciones y estrategias desarrolladas por las fuerzas que participan, en mayor o menor medida, primero en el diseño de una reforma del sistema y después en el proceso de cambio de régimen».[157]

Para el reformismo, pues, la vía aperturista del espíritu del 12 de febrero era inadecuada porque llegaba tarde y no facilitaba una verdadera evolución del sistema político que atendiera la demanda de liberalización de sectores cada vez más amplios de la población. Cuando la ofensiva inmovilista forzó, en octubre de 1974, la salida de los equipos ministeriales más progresistas y la rectificación o el abandono de los proyectos de febrero, ello reafirmó en los reformistas la necesidad de abrir paso a una rápida transición a la democracia impulsada desde el Gobierno y las Cortes, que dejara fuera de juego al búnker y concitara la adhesión, o por lo menos evitara el rechazo, de las fuerzas democráticas; algo así como utilizar el sistema para volarlo controladamente desde dentro, con el asentimiento del antifranquismo si se le planteaban plazos breves en la reconversión y democratización de las instituciones. Era, sin embargo, algo difícil de vender a una opinión pública a la que le resultaría extraño contemplar a procuradores en Cortes, consejeros del Movimiento y altos cargos ministeriales de la dictadura como gestores de una transición a la democracia.

A la altura de 1975 el reformismo adolecía de un déficit de legitimación, tanto ante el franquismo recalcitrante, fiel a las esencias del 18 de Julio y que consideraba poco menos que traidores a los miembros de la corriente, como ante la oposición, que criticaba su pertenencia a la clase política y su lealtad al Caudillo. Deberían adquirir credibilidad para su proyecto no solo alcanzando cotas de poder dentro del Régimen para impulsar, tras la muerte del dictador, un rápido y convincente proyecto de transición a la democracia, sino forzando a la vez un drástico relevo generacional en la élite dirigente. Ello era imprescindible para el desarrollo de una corriente que apenas incorporaba veteranos de la generación de la Cruzada y que acogía fundamentalmente a miembros de la segunda generación del Movimiento, evolucionados desde el aperturismo. Aunque también poseía un alto porcentaje de jóvenes de la tercera generación, franquistas treintañeros, técnicos que se estrenaban en la actividad política en el seno de una corriente que apenas había empezado a organizarse cuando murió Franco. Para entonces, en torno a la vía reformista se movía una compleja e informal estructura de clientelas políticas, grupos de opinión mediática y entidades culturales y de estudios socioeconómicos ajenos a los aparatos del Movimiento o directamente en semioposición al Régimen. Constituían una activa base sobre la que se pudo levantar en pocos meses el proyecto político centrista que orientó, en sus líneas generales, la Transición.

REFORMAR SIN REFORMISTAS

La constitución del Gobierno de Carrero Blanco, en junio de 1973, había representado un triunfo para quienes no deseaban nuevas evoluciones del Régimen tras la LOE, fuesen tecnócratas desarrollistas, católicos tradicionalistas o falangistas del Movimiento. Pero su asesinato por ETA seis meses después y la formación del Gabinete presidido por Carlos Arias Navarro no solo trajeron el final de la representación de las viejas familias políticas en el Ejecutivo, sino que facilitaron al aperturismo el desarrollo de su primer proyecto de evolución integral del sistema político. Cuando el 12 de febrero de 1974 Arias presentó a las Cortes el programa de su Gobierno, la opinión entendió que se ofertaba un verdadero cambio político, un «espíritu» de aperturismo avanzado. Aunque redactado por el falangista Gabriel Cisneros, consejero nacional del Movimiento, lo habían inspirado los ministros más influyentes en aquel momento: el de la Presidencia, Antonio Carro, y el de Información y Turismo, Pío Cabanillas.

Incluía cuatro proyectos legislativos presentes en el temario del evolucionismo: una Ley de Régimen Local, que conllevaría la elección popular de los alcaldes; otra de Incompatibilidades de los Procuradores en Cortes, para hacerlos más independientes del Ejecutivo; una Ley Sindical, que debía remover los obsoletos esquemas de organización del sindicalismo oficial y reconocer legalmente la existencia de conflictos laborales, y, coronando el edificio, la reiteradamente intentada Ley del Derecho de Asociación Política, que introduciría el pluralismo en la vida política española, aunque limitado solo a los partidarios de la dictadura. «El consenso nacional en torno al Régimen en el futuro habrá de expresarse en forma de participación», dijo entonces Arias. Se trataba, por encima de todo, de un proyecto para la defensa y continuidad de la dictadura, y el presidente no dejó de resaltar esta vertiente ante los procuradores:

La clave de la permanencia y fecundidad de nuestro sistema solo puede ser entendida si se tiene presente la capacidad de Franco para conectar, en cada momento, con las aspiraciones más acusadas entre las anchas maneras de nuestro pueblo, haciendo de los principios de nuestro Movimiento savia vivificadora de una realidad dinámica y no letra muerta; punto de partida y firme cabeza para abordar los horizontes más ambiciosos y no ancla en el pasado; incitación y no lastre; estímulo, no freno.

Una de las preocupaciones fundamentales de los aperturistas era la paulatina pérdida de capacidad de la organización del Movimiento Nacional en lo tocante al fomento y la canalización de la adhesión popular al Régimen. Los tecnócratas, nada preocupados por el encuadramiento político de la población, habían ideado la fórmula del Movimiento-Comunión, una etérea y pasiva identificación de los españoles, en forma de adhesión a los actos de gobierno de la élite política, con los ideales plasmados en la Ley de Principios Fundamentales y con la futura monarquía del 18 de Julio. Defendían, pues, liquidar el Movimiento-Organización, la compleja e ineficiente plataforma política de generación de doctrina y encuadramiento de masas que era el bastión de sus rivales falangistas.[158]

Estos, como los tradicionalistas leales al Régimen, eran conscientes de la necesidad de revitalizar la vieja estructura doctrinal y de asociacionismo corporativista del Movimiento. En ello, sin embargo, los inmovilistas defendían una estrategia distinta a la de los aperturistas, por lo que rechazaron el espíritu de febrero y su apuesta por las asociaciones políticas y defendieron reforzar la naturaleza orgánica del Movimiento relanzando su función de movilizador de apoyos populares al Régimen. Minoritarios en una compleja estructura burocrática controlada por la Secretaría General, optaron por potenciar las competencias políticas de su Consejo Nacional, donde eran fuertes, y ampliar el espacio de adhesión ciudadana vinculando al entorno político del Movimiento conglomerados sociales de carácter corporativo —grupos de presión, en realidad—, como la Confederación Nacional de Excombatientes o la Hermandad Sacerdotal Española; o núcleos doctrinales autónomos, como Fuerza Nueva y los círculos doctrinales tradicionalistas.

Los aperturistas, en cambio, querían animar en la opinión pública el «contraste de pareceres», la emisión de opiniones divergentes sobre la trayectoria del Régimen en la que pudieran implicarse activamente todos los españoles que quisieran hacerlo. Pero este contraste, advertían, no sería libre y espontáneo, sino que se realizaría en «ordenada concurrencia de criterios», cerrada a la crítica subversiva, y se canalizaría a través de la adhesión ciudadana a unas asociaciones políticas legales, paladinamente franquistas, en las que los aperturistas veían una continuidad del limitado juego plural de las antiguas familias de la clase política, abierto ahora a la participación de la mayoría silenciosa, pero sin otorgarle la capacidad de intervenir directamente en las políticas de Estado.

Una considerable dificultad para ello, como se demostraría reiteradamente, era la resistencia del sector inmovilista a cualquier activación, desde las instituciones o los medios de comunicación, del debate público sobre la naturaleza y el futuro del Régimen. Y, aún más, a la introducción de nuevos órganos de participación popular que, frente a la escasa operatividad de los ya asentados con criterios orgánicos (asociaciones de cabezas de familia, sindicatos verticales de ramo, Sección Femenina del Movimiento, Organización Juvenil Española, etcétera), asumieran funciones políticas reales. Los aperturistas tenían en el Consejo Nacional del Movimiento el principal obstáculo a su proyecto.[159] Teórico sanedrín de confluencia de las familias políticas, pero firmemente controlado por los falangistas y escasamente operativo durante dos décadas, había recibido un generoso tratamiento en la LOE, que en su artículo 21 le encomendaba:

a) Fortalecer la unidad entre los hombres y entre las tierras de España. b) Defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional y velar por que la transformación y desarrollo de las estructuras económicas, sociales y culturales se ajusten a las exigencias de la justicia social. c) Velar por el desarrollo y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por las Leyes fundamentales y estimular la participación auténtica y eficaz de las entidades naturales y de la opinión pública en las tareas políticas. d) Contribuir a la formación de las juventudes españolas en la fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional e incorporar las nuevas generaciones a la tarea colectiva. e) Encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de pareceres sobre la acción política. f) Cuidar de la permanencia y perfeccionamiento del propio Movimiento Nacional.

Junto con el control de la emisión de doctrina política y el diseño del encauzamiento de la participación popular, el Consejo Nacional tardofranquista disponía de importantes mecanismos de vigilancia de la acción del Ejecutivo. En primer lugar, el recurso de contrafuero, contemplado en el artículo 59 de la LOE y regulado por ley de 5 de abril de 1968, que permitía a los consejeros, por mayoría de dos tercios, interponerlo contra cualquier normativa gubernamental —proyectos de ley, decretos leyes o decretos— que a su juicio, o el de algún ciudadano denunciante, vulnerara las Leyes Fundamentales. Aunque los consejeros se limitaban a elevar la denuncia al Consejo del Reino o al jefe del Estado, el simple repudio de la norma por la Cámara encargada de velar por la pureza constitucional detendría el procedimiento y pondría en la picota la iniciativa de los ministros.

No obstante, si el contrafuero otorgaba al Consejo tales poderes de control sobre la acción gubernativa, el decreto ley promulgado por Franco el 3 de abril de 1970 —sin intervención de las Cortes— elevó las facultades de la Cámara del Movimiento hasta darle capacidad legislativa propia al establecer que aquellos de sus acuerdos «que tengan carácter de disposiciones generales, revestirán la forma de Leyes, Decretos u Órdenes ministeriales, ajustándose a la tramitación establecida por la Ley Constitutiva de Cortes». Ello significaba que el Consejo Nacional podía elaborar normativa legal en aquello que afectara a las funciones organizativas y políticas del Movimiento mediante un procedimiento interno —anteproyecto presentado por la Secretaría General, proyecto redactado en comisión, debate y aprobación por el pleno y rúbrica por su jefe nacional, es decir, Franco— totalmente independiente del Gobierno y las Cortes. Y, además, el Consejo estudiaría cualquier iniciativa de ambos susceptible de alterar las Leyes Fundamentales, emitiendo un informe que, si bien no era de obligado cumplimiento, condicionaba políticamente a la institución legisladora.

De modo que, a partir de 1970, el Consejo Nacional del Movimiento adquirió características propias de una Cámara Alta, con parte de sus miembros, los Cuarenta de Ayete, nombrados a capricho por Franco y con la peculiaridad de que podía elaborar legislación sin que intervinieran las Cortes. Dada la gran presencia del búnker en su composición, el Consejo se reveló entre 1974 y 1976 como un eficaz contrapeso a los equipos aperturistas-reformistas de los sucesivos gobiernos de Arias Navarro. Es lo que sucedió en el tema de las asociaciones políticas que, en contra de los propósitos gubernamentales, cayeron bajo el control exclusivo del Consejo; o en la crisis del primer Gobierno Arias, que supuso la salida de sus elementos reformistas, en buena medida por los obstáculos y las críticas de los consejeros inmovilistas a su labor, y también en la caída del tercer Gobierno, a finales de la primavera de 1976, tras el exitoso empeño del Consejo Nacional en frenar la reforma del sistema político intentada por el vicepresidente Fraga Iribarne.

A fin de superar la obstrucción de los inmovilistas, los aperturistas elaboraron un argumentario bastante sofisticado acerca de la necesidad de las asociaciones políticas para garantizar la adhesión popular a la dictadura y su Movimiento Nacional. Con ellas no haría falta ir más lejos en la liberalización, decían, pero era suicida evitarlas.

A partir de 1967, por lo tanto, sucesivos ministros-secretarios generales del Movimiento —José Solís, Torcuato Fernández-Miranda, José Utrera Molina y Fernando Herrero Tejedor— buscaron crear un sistema de asociaciones que, según pasaba el tiempo, se consideraba menos como un modo de devolver vigor a la vieja organización oficialista y más como la construcción de un completo sistema de opciones independientes de concurrencia de masas y promoción de nuevos cuadros políticos, a fin de conservar el monopolio político de la derecha franquista tras la muerte del Generalísimo. Con ello, pensaban los más optimistas, se transferiría la lealtad de los partidarios de Franco a la Monarquía del 18 de Julio, encarnada por Juan Carlos I, se mantendría en la marginación a los partidos de la oposición, que nunca asumirían la legalidad surgida de las Leyes Fundamentales, y se vendería al exterior una imagen de pluralismo democrático que podría servir de coartada para la consecución de viejos objetivos, como el ingreso en la OTAN y en el Mercado Común europeo.

Sin embargo, la visión de un sistema orgánico de asociaciones que articularan las tendencias políticas de la derecha para renovar y potenciar el Movimiento solo interesó a los aperturistas. El inmovilismo denunció el tema como una puerta abierta al pluripartidismo que podría liquidar al Régimen y buscó hundir los sucesivos proyectos, aunque cuando el último de ellos, el «Estatuto Arias», entró en vigor, el búnker se subió al carro asociativo dispuesto a utilizarlo para promover sus opciones y cerrar el paso a los reformistas. Estos, por su parte, rechazaron tajantemente participar en las asociaciones, ya que consideraban que se trataba de un intento de perpetuar el sistema autoritario que dificultaría la construcción de una futura derecha integrada por partidos democráticos.

LOS LÍMITES DEL PLURALISMO LIMITADO

Entre 1969 y 1974, la Secretaría General redactó tres anteproyectos sucesivos de asociaciones de carácter político vinculadas al Movimiento. Ofrecían, con distintas intensidades, reformar el sistema de participación popular en él, generando debates que facilitaran la actualización doctrinal de la democracia orgánica, que atrajeran nueva militancia a las filas movimientistas y que promocionaran cuadros políticos para renovar un organismo que se había convertido en poco más que una estructura burocrática de control social. Los tres textos fueron recibidos por los inmovilistas con enorme suspicacia, enmendados por la Comisión de Leyes Fundamentales del Consejo Nacional y, en el caso de los dos primeros, adecuadamente torpedeados y hundidos.

La primera de estas iniciativas la patrocinó José Solís en la primavera de 1969, mediante un proyecto de Ley de Bases del Régimen Jurídico de Asociaciones. Era un texto que no hablaba de asociaciones políticas, sino de «asociaciones de opinión pública», sin otra misión que esa, dar opiniones. Aun así, a los inmovilistas les pareció que se abría la puerta a los odiados partidos. Y Franco, aconsejado por su círculo de íntimos, rechazó firmar la ley una vez que la hubo aprobado, el 3 de julio, un reticente Consejo Nacional, por lo que el texto hubo de ser publicado como una simple orden ministerial, susceptible de todo tipo de modificaciones instantáneas. Además, la crisis de MATESA se llevó por delante a Solís y su sucesor, Fernández-Miranda, y envió el tema al congelador. Tardó casi cinco años en decidirse a recuperarlo, aunque en el ínterin transformó la Delegación de Asociaciones del Movimiento en otra de Familia, Acción Política y Participación, más adecuada para una futura etapa de «contraste de pareceres».

Tras convertirse en vicepresidente del Gobierno de Carrero Blanco, en octubre de 1973 el secretario general Fernández-Miranda lanzó un proyecto de Ley General de Participación Política de los Españoles, que preveía unas «asociaciones de acción política», estas sí con estructura orgánica aunque rígidamente encuadradas en el sistema funcional del Movimiento. Pero de nuevo el proyecto encontró una fuerte reticencia en el Generalísimo y su entorno más cercano. Cuando, en la mañana del 20 de diciembre, el Consejo Nacional se reunió para debatir el texto, llegó la noticia de que acababan de asesinar al presidente del Gobierno en un atentado con bomba, y el asunto de las asociaciones quedó nuevamente aparcado.

No mucho después arrancó al tercer intento, a cargo del Gobierno de Carlos Arias Navarro. El programa aperturista del Gabinete volvió a poner a las asociaciones en el centro del debate político, pero ahora ya con la urgencia de construir el sistema en pocos meses, antes de que falleciera el octogenario dictador. A lo largo de la primavera y el verano de 1974, aperturistas e inmovilistas sostuvieron una pugna para fijar el carácter de las asociaciones políticas y su función de madres de la derecha posfranquista. El gran escollo era el papel que debería desempeñar en ello el aparato institucional del Movimiento, al que su secretario general, José Utrera Molina, describía como «unitario en lo esencial, pero no uniforme».[160] Algunos ministros pretendían que fuera el Gobierno quien aprobara las asociaciones y vigilase su funcionamiento, con lo que quedarían fuera del control del Consejo Nacional. Otros, en cambio, deseaban extremar las garantías de fidelidad de las asociaciones al Movimiento y, sobre todo, evitar que pudieran actuar con la autonomía propia de los partidos, por lo que defendían entregar su control íntegramente al Consejo.

Los primeros apadrinaron un anteproyecto elaborado por el Instituto de Estudios Administrativos (IEA), un organismo dependiente del ministro de la Presidencia del Gobierno, Antonio Carro, que entregaba al Ejecutivo la aprobación y el control de las asociaciones, les otorgaba amplias capacidades políticas, incluida la participación en los procesos electorales, y colocaba el régimen de garantías y sanciones en la jurisdicción del Tribunal Supremo. El Estatuto, según esta propuesta, sería aprobado como ley por las Cortes.

Por su parte, el Consejo Nacional encomendó otro anteproyecto a una sección interna creada al efecto. Como era de esperar, el borrador reflejaba los puntos de vista inmovilistas predominantes en el Consejo, al que entregaba la elaboración del Estatuto y la legalización, el control ideológico y el régimen de sanciones de unas asociaciones a las que se les encomendaban únicamente las misiones de canalizar opiniones y de aportar militancia y nuevos cuadros a las envejecidas estructuras del Movimiento. Este era un punto de vista que compartía Franco, quien rechazó el borrador elaborado por el IEA y apoyó las tesis movimientistas aunque, según confesó al ministro-secretario general del Movimiento, Utrera Molina, seguía manteniendo sus reticencias sobre lo que consideraba «una cabeza de puente para llegar a la institucionalización de los partidos».

Finalmente, lo que se preveía como una audaz iniciativa liberalizadora del Gobierno quedó frustrada por la ofensiva inmovilista de octubre de 1974, que obligó al presidente a modificar su Gabinete y a rebajar al mínimo el alcance del proyecto aperturista. También tuvo que aceptar que fuera el Consejo Nacional, y no el Gobierno y las Cortes, quien legislara y controlara las asociaciones. El propio Utrera Molina había actuado como un caballo de Troya del inmovilismo en el Gobierno para asegurar el monopolio del Consejo frente a unas asociaciones en las que apreciaba peligro de «desviación ideológica».[161] Su papel de rémora para el asociacionismo llegó a ser tan evidente que el propio Arias hubo de plantearle a Franco el dilema de que escogiera entre ambos. Utrera fue cesado en el Gobierno y en la Secretaría General en marzo de 1975 y sustituido por Fernando Herrero Tejedor, un aperturista que al igual que su sucesor, José Solís —Herrero murió en un accidente de automóvil tras solo cien días en el cargo—, dio impulso al proceso de legalización de las asociaciones.

El Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política fue aprobado, sin votos en contra, por el pleno del Consejo Nacional el 16 de diciembre de 1974. Días después lo convalidó el Gobierno, como decreto ley y sin validación de las Cortes. El Estatuto definía a las asociaciones como «medios complementarios para la participación de los españoles en las tareas políticas a través de las entidades naturales, a la vez que cauces de expresión de la opinión pública», y las situaba en estricta obediencia a «los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino». Los procedimientos establecidos contenían todo tipo de cautelas. Los promotores de una asociación tenían que entregar en la «ventanilla» de la Secretaría del Consejo Nacional una documentación que incluía su programa político y certificados de antecedentes penales, sin condenas judiciales, de todos ellos. Si el Consejo autorizaba su funcionamiento provisional, comenzaba la carrera para hacerse con las firmas, en fichas de afiliación, de veinticinco mil españoles mayores de dieciocho años y sin antecedentes de oposición política. Cumplido este trámite, y con comisiones organizadoras por lo menos en quince provincias —se trataba de evitar cualquier veleidad regionalista—, la asociación pasaba un último escrutinio del Consejo, tras lo cual quedaba legalizada. Y controlada. Las asociaciones deberían desenvolverse como meros foros de debate, sin concurrir a elecciones ni formar grupos parlamentarios. Un amplio régimen de sanciones iba desde las multas por faltas «leves» hasta la disolución de la asociación, por decisión del Consejo del Movimiento, si sus afiliados pretendían «impugnar el orden institucional vigente o modificarlo por medios distintos a los previstos en las Leyes Fundamentales».

DE LAS MACROASOCIACIONES A LAS MICROASOCIACIONES

Entre la primavera de 1975 y la de 1976 el Consejo Nacional estuvo orientando y vigilando la creación de las asociaciones. El Estatuto, trabado por la reacción en contra del búnker y el ninguneo de los reformistas, resultó un fiasco a la hora de ampliar la clientela social del franquismo y anudar la solidaridad entre sus fracciones políticas de cara al futuro. Los aperturistas, que entonces controlaban de forma precaria la Administración del Estado y la Secretaría General del Movimiento, apostaron fuerte, conscientes de que lo habían puesto en marcha ellos y de que no les quedaba tiempo para explorar otras vías legales de participación ciudadana antes de que arrancara el posfranquismo. Era necesario que, en ese momento, existiera una oferta plural que cubriese un amplio espacio doctrinal y la práctica totalidad del espectro político de las derechas, pero siempre desde la lealtad al entramado institucional del Régimen y la defensa de su legado.

Durante la elaboración del Estatuto, el Gobierno Arias había intentado promover tres macroasociaciones, que reconocieran la ya evidente existencia de una tríada de corrientes políticas en el tardofranquismo. La de los inmovilistas hubiera debido recuperar la pretendida alianza carlista-falangista de 1937, en la línea de lo que suponían la recién constituida Confederación Nacional de Excombatientes o Fuerza Nueva. Pero ambos sectores ideológicos estaban entregados a sus propias luchas entre facciones —los hombres fieles al Movimiento contra los carlohuguistas del Partido Carlista y la miríada de grupos opositores falangistas— y fue imposible la concertación, que requería, además, el reconocimiento unánime de Juan Carlos de Borbón como futuro rey. Tradicionalistas y falangistas del Movimiento terminarían creando asociaciones separadas.

A fin de atraer al reformismo, el Gobierno intentó patrocinar una ambiciosa operación política de «izquierda», colocando al frente de una asociación a tres supuestos representantes del sector: el neófito liberal José María de Areilza, el exministro Federico Silva Muñoz, que había asumido el papel de albacea de la antigua familia «católica» y que encabezaba una corriente autodefinida como democratacristiana, y Manuel Fraga Iribarne, la gran promesa para quienes pretendían levantar un conservadurismo posfranquista. Sin embargo, las conversaciones preliminares para crear lo que la prensa calificó de «Triple Alianza» solo sirvieron para demostrar que el reformismo estaba ya en un plano político muy alejado del Movimiento. Tanto Fraga como Areilza se negaron a someterse al arbitrio del Consejo Nacional y a asumir los principios del Movimiento. Además, en febrero de 1975 Fraga entregó a Arias un proyecto de Constitución para sustituir a las Leyes Fundamentales, que preveía unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo, autonomía administrativa y cultural para las regiones, la legalización de las huelgas o la «aplicación práctica de los derechos del hombre definidos por la ONU». Ahí acabó la aventura de la Triple Alianza.

Solo salió adelante, por lo tanto, la tercera propuesta de macroasociación, la de un centro aperturista. La Unión del Pueblo Español, o UDPE —la «D» era para evitar penosas equiparaciones con la Unión Patriótica Española (UPE) del dictador Primo de Rivera—, fue la primera asociación en ser plenamente legalizada por el Consejo Nacional. Patrocinada por el Gobierno y la Secretaría General del Movimiento, se constituyó con una masiva operación de marketing político que incluyó entre sus promotores a deportistas de élite, rutilantes actores de cine, conocidos empresarios y una pléyade de altos cargos de la Administración y del Movimiento. Bajo la presidencia de Adolfo Suárez González, un joven falangista delfín político de Herrero Tejedor, la oficialista UDPE extendió rápidamente su organización territorial y fue la única asociación realmente masiva. A mediados de 1976, con Suárez actuando como ministro-secretario general del Movimiento, afirmaba contar con 95.000 afiliados.

Fracasado el intento de levantar tres grandes asociaciones que recogieran las tendencias políticas del tardofranquismo, la apertura de la «ventanilla» del Consejo Nacional a las iniciativas ciudadanas lanzó una carrera para legalizar docenas de ellas, en lo que se asemejaba ominosamente a la construcción de un extenso sistema de partidos de aluvión… todos estrictamente franquistas. El Consejo se empleó a fondo para contener la avalancha, dando vía libre a las que consideraba solventes o necesarias y rechazando, o aparcando en el limbo de la provisionalidad, a la mayoría de las iniciativas, algunas realmente absurdas. En el otoño de 1975 solo estaban legalizadas la oficialista UDPE de Adolfo Suárez y la Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales (ANEPA), procedente de una entidad cultural que amparaba el presidente de las Cortes, el falangista Alejandro Rodríguez de Valcárcel, aunque la presidía Leopoldo Stampa Braun. Otra media docena de asociaciones, que habían conseguido llegar a las veinticinco mil firmas de ciudadanos, se encontraban en régimen provisional y fueron autorizadas plenamente durante la primera mitad de 1976. Y en torno a una decena estaban realizando los trámites iniciales de inscripción cuando, ese verano, se legalizaron los partidos políticos.[162]

Los francofalangistas, con Raimundo Fernández-Cuesta a la cabeza, intentaron crear una asociación llamada Falange Española de las JONS, pero la reacción en contra de otros sectores azules llevó al Consejo Nacional a prohibir a las asociaciones políticas utilizar nombres y símbolos «patrimonio del Movimiento». Los raimundistas adoptaron, pues, el nombre de Frente Nacional Español (FNE). También tenía un origen falangista Reforma Social Española, surgida de la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes y dirigida por Manuel Cantarero del Castillo, aunque pronto mudaron su condición de joseantonianos por la de «socialdemócratas no marxistas».[163]

Los tradicionalistas del Movimiento promovieron dos asociaciones que aceptaron la futura monarquía de Juan Carlos I. Por una parte, la Unión Nacional Española (UNE), con José María de Oriol y Urquijo a la cabeza, aunque luego la acabaría presidiendo el exministro e ideólogo neotradicionalista Gonzalo Fernández de la Mora. Y, por otra, el Frente Institucional, con un sector de la Hermandad Nacional Monárquica del Maestrazgo encabezado por su fundador, el tarraconense Ramón Forcadell Prats.

Miembros de la antigua familia católica agrupados en torno a Silva Muñoz promovieron la Unión Democrática Española (UDE), que se proclamaba democratacristiana sin dejar de ser estrictamente franquista. En su seno, sin embargo, no tardó en surgir un ala reformista, encabezada por Alfonso Osorio, que cuestionaba la adhesión al Movimiento y aun el futuro de este. Por ello, la UDE no acometió su plena legalización y a finales de 1976 los silvistas se adhirieron a la neofranquista Alianza Popular, mientras el sector que encabezaba Osorio, ahora vicepresidente del Gobierno Suárez, se embarcaba en la operación reformista que llevaría hasta la Unión de Centro Democrático.[164]

Si todas estas asociaciones encarnaban proyectos que podían identificarse, de un modo u otro, con las clásicas familias del franquismo, otras eran propuestas más heterodoxas. Tal fue el caso de la Asociación Proverista, del latín pro veritas («por la verdad»), presidida por el abogado Manuel Maysounave, que preconizaba una salida democrática —y un tanto antifranquista— a la dictadura, aunque aseguraba actuar desde la ortodoxia del Movimiento. Llegó a presentar un proyecto constitucional de la Unión Federal Española que establecía once estados soberanos federados, con la provincia de Madrid como Distrito Federal.[165] Sorprendentemente, el Consejo Nacional la legalizó, quizá para recalcar el pluralismo de la oferta asociativa.

El resto de la nómina era muy variada. Había propuestas falangistas, como la Alianza Popular de Izquierdas, Nueva Izquierda Nacional o la Asociación Laborista. Del catolicismo social procedían Unidad y Convivencia Cívica Nacional, Acción Social Popular y Opinión Obrera Española. Militares retirados y excombatientes promovían Gran Unidad Española-Nuevo Orden Social. Y algunas asociaciones buscaban directamente al hombre de la calle «apolítico», como Mayoría Silenciosa Unida o Unión Popular Democrática.

La legalización de los partidos de la oposición moderada y la formación en julio de 1976 del Gobierno reformista de Adolfo Suárez obligaron a las antiguas asociaciones del Movimiento a competir por la primacía en un espacio exclusivamente neofranquista, cerrado a cualquier pacto con la oposición democrática y limitado, por lo tanto, a los nostálgicos de la dictadura. Cinco de ellas, UDPE, ANEPA, UDE, UNE y FNE, constituyeron en la primavera de 1976 una Comisión Conjunta de Asociaciones para dar respuesta al reto que suponía la concertación de todas las fuerzas antifranquistas en la Plataforma de Coordinación Democrática. Pero los raimundistas del FNE, interesados en resaltar su singularidad dentro del Movimiento y embarcados en el intento de reconstruir Falange Española con los demás grupos nacionalsindicalistas, rechazaron el frente común. Las otras cuatro pusieron entonces en marcha Alianza Popular, una federación a la que en el momento fundacional se unió Reforma Democrática, el minúsculo partido de un Manuel Fraga que había perdido la batalla por liderar el nuevo centro reformista y que encabezaba ahora lo que, hasta su reconversión en 1979, sería la más importante organización neofranquista.

PLANIFICANDO EL CENTRODERECHA

Surgidos de la difusa corriente aperturista a partir de la crisis de 1969 y, sobre todo, de la formación del Gobierno Arias a finales de 1973, los reformistas plantearon una vía de salida de la dictadura que implicaba una reconversión del sistema político. Pero con una peculiaridad que les diferenciaba de las fuerzas opositoras: «Se mostraron siempre partidarios de utilizar las leyes y los procedimientos contemplados en la propia legalidad franquista para hacer posible el tránsito de un régimen autoritario a otro democrático».[166]

Políticos vinculados a los aparatos políticos del Régimen, procuradores en Cortes muchos de ellos e incluso miembros del Consejo Nacional, los reformistas rechazaron organizarse en la vía propuesta de las asociaciones políticas del Movimiento y buscaron cauces externos para concertar su actuación, basada entonces en el debate doctrinal y la preparación de programas de gobierno con la vista puesta en el posfranquismo. Constituidos como corriente informal fuera del Movimiento Nacional, pero también ajenos a la oposición democrática, carecían entonces de cualquier posibilidad de convocar a la ciudadanía a crear partidos y tampoco podían contar con el apoyo oficial que sí poseían las asociaciones del Estatuto de 1974. Su acción debería limitarse, pues, a la concertación de una reducida élite de políticos, empresarios y profesionales de alto nivel, futuros cuadros de una derecha posfranquista que admitiera la democracia representativa. En algún caso les sirvieron las propias instituciones del Régimen, como las Cortes Españolas. En la Cámara legislativa, donde estaban prohibidos los grupos parlamentarios, jóvenes procuradores falangistas firmaron la llamada Carta de los 39, que enviaron a Franco en enero de 1973, reclamando nuevos cauces de participación política y «un responsable ejercicio de todas las libertades». Conocidos como los «reformistas azules», el grupo —Rodolfo Martín Villa, Miguel Primo de Rivera, Gabriel Cisneros, José Manuel Ortí Bordás, Juan José Rosón, etcétera— se mantuvo cohesionado y desempeñó un papel fundamental, ya como Grupo Parlamentario Independiente, en la aprobación por las Cortes orgánicas de la Ley para la Reforma Política, que abrió paso a la transición a la democracia en los meses finales de 1976.[167]

Sin embargo, el terreno preferido por los reformistas para organizarse fueron las empresas mercantiles y las entidades culturales, bien bajo la fórmula de «sociedades de estudios y proyectos» y «sociedades editoriales», bien bajo la de «clubes de debate». Las dos primeras utilizaban el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas para ocultar, bajo el telón de gabinetes de estudios económicos y sociológicos o empresas editoras de revistas y libros, lo que sería el embrión de futuros partidos. Por otro lado, la Ley de Asociaciones de 1964, que abarcaba todas las que carecían de ánimo de lucro, acogió a una pléyade de clubes formalmente «culturales», donde se realizaba, mediante seminarios y ciclos de conferencias, un intenso debate doctrinal y sociológico, se discutían programas y se mantenían contactos con otros sectores políticos. A partir de 1974, los reformistas adoptaron estas actuaciones de un modo creciente.

Una iniciativa precursora fue Promociones de Lecturas S. A. (PROLESA), creada en 1968 por un grupo de jóvenes activistas de la Acción Católica, bajo la dirección de Salvador Sánchez-Terán. Aunque formalmente era una entidad cultural, «servía como tapadera para la constitución de un grupo político alternativo al régimen franquista y de apertura hacia la democracia». Asumiendo un difuso componente liberal, PROLESA se situó en la línea de Manuel Fraga y su proyecto reformista de aquellos años. Buena parte de los socios figurarían durante la Transición entre los cuadros de segundo nivel de la Unión de Centro Democrático y de sus gobiernos.[168]

Otra iniciativa, propia del limbo político en que se movían los reformistas, fue Promotora de Estudios S. A. (PROMESA), en cuyo lanzamiento coincidían Manuel Fraga, Pío Cabanillas, Antonio Barrera de Irimo, Francisco Fernández Ordóñez, Jesús Polanco, Enrique Fuentes Quintana y otros destacados políticos y profesionales vinculados a la corriente. La sociedad anónima fue promovida en el otoño de 1973, bajo el nombre clave de Operación PROMESA, por tres agentes del SECED, el servicio secreto militar dependiente de Presidencia del Gobierno. La idea era que supuestos miembros del ala progresista del Ejército convocaran —y vigilaran— a los políticos reformistas, que elaborarían «estudios sobre el desarrollo político», con propuestas para el posfranquismo, y contactarían con la oposición moderada. «Era de dominio público —escribe uno de los militares— que manteníamos reuniones políticas supuestamente autorizadas con la oposición de dentro, pacífica, no rupturista.»[169] Pero a finales de año, tras el asesinato de Carrero, la iniciativa fue abortada por altos mandos del Ejército.[170]

El diario Ya y los demás periódicos de la Editorial Católica, vinculada a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, sirvieron de trampolín para el Grupo Tácito, un colectivo de opinión nacido también en 1973 por iniciativa de algunos propagandistas madrileños, cuyas colaboraciones semanales en la prensa pretendían crear opinión favorable a una transición a la democracia tras la muerte de Franco.[171] Definidos genéricamente como democratacristianos, los tácitos —José Luis Álvarez, Marcelino Oreja, Alfonso Osorio, Íñigo Cavero, Óscar Alzaga, Fernando Álvarez de Miranda, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, etcétera— procedían tanto del catolicismo franquista como del opositor, lo que parecía abrir cauces a una confluencia de fuerzas definidas como de centroderecha que asumieran el protagonismo en la transición a la democracia. No obstante, el intento se reveló prematuro, lastrado por el debate sobre la actitud a mantener ante los proyectos aperturistas del Gobierno Arias Navarro, y a comienzos de 1975 los miembros no franquistas, con Cavero y Álvarez de Miranda a la cabeza, abandonaron el grupo. El sector mayoritario se negó a romper abiertamente con la dictadura, pero rechazó participar en el juego asociativo del Movimiento.

Las empresas de Fraga: GODSA y FEDISA

Para entonces, con las iniciativas teóricas de reformistas azules y tácitos difundiéndose entre la opinión pública, el reformismo buscaba concertarse como corriente organizada. Su referente fundamental en esos momentos era Manuel Fraga, quien, desde su puesto de embajador en Reino Unido, estaba perfilando una teoría sobre la construcción del «centrismo» que permitiría una evolución sin sobresaltos de la dictadura a un sistema parlamentario de raíz conservadora. Lejana ya su militancia en el Movimiento, fuera de las Cortes y del Consejo Nacional, el político gallego carecía de una base institucional en la que apoyarse, por lo que «sus esfuerzos se centraron fundamentalmente en la transformación de sus extensas relaciones personales en una red organizativa».[172] Entre 1969, tras su abrupto cese como ministro, y 1976, con su salida del espacio centrista en construcción, Fraga fue uno de los más activos portavoces del reformismo. Su libro El desarrollo político, aparecido en 1972 y destinado en principio a combatir las prioridades desarrollistas de sus rivales tecnócratas, sirvió durante algún tiempo como una especie de hoja de ruta para los miembros de la joven corriente. En torno a su figura se movían algunos grupos, como los exfalangistas del Equipo Siglo XXI —Antonio Cortina, Carlos Argos, José María Adán— o el barcelonés Club Ágora, que dirigía Manuel Milián. La concertación de ambos y de algunos colaboradores personales del exministro, como Gabriel Elorriaga o Luis González Seara, condujo, en mayo de 1974, a la creación de una sociedad mercantil, el Gabinete de Orientación y Documentación S. A. (GODSA), que se centró en el estudio y elaboración de un extenso corpus programático con la vista puesta en convertirse en un partido político que impulsara el cambio, la vía reformista de salida del franquismo.[173]

El equipo de GODSA entró enseguida en contacto con otras iniciativas deslavazadas, interesadas en constituir una plataforma reformista global —con tendencias homologables como conservadora, liberal y democristiana— que ofreciese una alternativa a la continuidad del Movimiento cubriendo un espacio que ya definían como centrista. No cabían los pactos con un antifranquismo moderado que rechazaba el endurecimiento de la resistencia de la dictadura a lo largo de 1975, y terminó concertándose con socialistas y comunistas en diversos organismos unitarios propugnadores de la ruptura democrática. Mientras Fraga permanecía en la embajada londinense, Pío Cabanillas, uno de sus más estrechos colaboradores en la etapa ministerial, y José María de Areilza, su interlocutor liberal en la frustrada operación de la Triple Alianza, asumieron el protagonismo en la creación del centro reformista a través de la Federación de Estudios Independientes S. A. (FEDISA).

FEDISA fue constituida el 11 de julio de 1975 como sociedad mercantil con un consejo de administración que recogía un esbozo de tendencias moderadas en un futuro sistema multipartidista. Formaban parte de él los exministros Fraga y Cabanillas, los democristianos tácitos Marcelino Oreja y José Luis Álvarez, quien asumió la presidencia del consejo, los procuradores del tercio familiar Jesús Esperabé de Arteaga y Manuel Escudero Rueda, que habían desempeñado un papel muy activo en el movimiento protestatario de las «Cortes trashumantes», Juan José Rosón, procurador falangista del grupo de los reformistas azules, los técnicos de la Administración Francisco Fernández Ordóñez y Leopoldo Calvo-Sotelo y dos personalidades situadas en la oposición moderada, José María de Areilza y el democristiano José Luis Ruiz-Navarro, que había asistido al «contubernio de Múnich» de 1962. Entre los restantes socios de la Federación había representantes de la corriente reformista, como el sociólogo Luis González Seara y el periodista Carlos Mendo, entonces estrechos colaboradores de Fraga, y antifranquistas como el liberal Joaquín Satrústegui.

La primera sesión del consejo de administración de FEDISA se celebró en Santiago de Compostela el 25 de agosto. Sus miembros acordaron rechazar la vía del Estatuto de Asociaciones y mantenerse como sociedad de estudios. A la salida entregaron un comunicado a la prensa en el que afirmaban haberse reunido a fin de «establecer el plan de actividades de la sociedad para los próximos meses», que incluiría temas como «representatividad y ley electoral, regionalismo, reforma constitucional, sucesión en la Jefatura del Estado, reforma fiscal, política educativa y reforma sindical». Para ello decidieron «solicitar la participación activa de los accionistas y de cuantas personas quieran colaborar en la investigación de estos temas, con la finalidad de obtener, con la mayor precisión posible, un riguroso análisis de la realidad social española y darla a conocer a través de publicaciones y de otros medios idóneos».

La aparición de FEDISA alarmó a inmovilistas y aperturistas ante lo que representaba la puesta de largo del reformismo con una estructura política al margen del Movimiento; inquietó en especial a los promotores de las asociaciones políticas del Estatuto, que denunciaron la constitución de la sociedad de estudios como un intento de saltarse la legalidad, actuando como grupo político sin pasar por la «ventanilla» del Consejo Nacional. Y en las Cortes el sindicalista Manuel Mendoza Ruiz intentó sin éxito una modificación del reglamento interior para prohibir a los miembros de la Federación, y de entidades mercantiles con objetivo político similar, ocupar un escaño de procurador.

DE ARIAS A SUÁREZ

La muerte del general Franco, acaecida el 20 de noviembre de 1975, sorprendió a la derecha, desorganizada y dividida respecto a sus proyectos de futuro. El Movimiento Nacional había dejado de funcionar tiempo atrás como partido único impulsor de dinámicas políticas y doctrinales, pero seguía siendo una masiva estructura burocrática cuyos órganos rectores, la Secretaría General y el Consejo Nacional, mantenían una notable capacidad de control sobre las restantes instituciones políticas. La composición orgánica de las Cortes Españolas concedía a los sectores opuestos al reformismo un peso fundamental en la actividad legislativa, que, sin embargo, siempre había estado subordinada a los intereses de la Jefatura del Estado y del Gobierno. Las asociaciones políticas del Estatuto Arias, la prevista vía de transición hacia la derecha posfranquista, estaban en sus primeras etapas de creación y consolidación, excluidas de cualquier actividad electoral y sometidas a la estrecha vigilancia del Consejo Nacional, que velaba por su ortodoxia doctrinal.

No contaban estas asociaciones en los planes de transición hacia el multipartidismo del sector reformista. En el invierno de 1976 este actuaba todavía a través de sociedades mercantiles y culturales, vinculadas a una élite de funcionarios y profesionales liberales; ello le otorgaba una base de militancia muy reducida y escasamente interclasista, aunque su influencia era creciente entre la mayoría silenciosa gracias a las colaboraciones de sus portavoces y de los periodistas afines en los medios de comunicación y a la actividad de sus representantes en las Cortes. En cuanto a la derecha no franquista, se desenvolvía en una ilegalidad más o menos tolerada, reducida a pequeños núcleos militantes liberales o democristianos, con muy escaso apoyo social y basculando entre la confluencia con la izquierda en las plataformas unitarias de partidos opositores y la alianza con el reformismo franquista.

El frustrado proyecto reformista de Fraga

Tras su proclamación como rey, Juan Carlos I renovó la confianza a Arias Navarro para que continuara al frente del Gobierno. Seguía con ello la orientación del recién elegido presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda, de no introducir un giro brusco en la dirección de la política oficial, sino de recuperar el liberalizador espíritu del 12 de febrero como referente de partida. Sin embargo, el tercer Gabinete Arias no retrotrajo la situación al efímero apogeo del aperturismo, sino que supuso la llegada al Ejecutivo del sector reformista con un proyecto propio de modificación del sistema institucional. El vicepresidente del Gobierno para asuntos políticos, Manuel Fraga, también ministro de la Gobernación, y José María de Areilza, responsable de Asuntos Exteriores, eran destacados dirigentes de FEDISA. También estaban en el reformismo los responsables de la Presidencia, Alfonso Osorio, de Justicia, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, de Comercio, Leopoldo Calvo-Sotelo, de Educación, Carlos Robles Piquer, y de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, mientras que el aperturismo devenía minoritario, con el ministro de Trabajo, José Solís, y el secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, como figuras destacadas, y el inmovilismo se circunscribía prácticamente a los cuatro representantes de las Fuerzas Armadas y, aunque con alguna mayor ambigüedad, al propio presidente del Gobierno.

Pronto se vio que la figura más potente del Ejecutivo era Fraga, y no tardaron en surgir voces en la prensa oficialista que comparaban su futura trayectoria política con la de Cánovas del Castillo, el estadista conservador arquitecto de la primera Restauración monárquica. Otros ministros, Garrigues y Osorio, diseñaron precoces esbozos de transición a la democracia, que quedaron en meras propuestas informales.[174] Pero no sucedió lo mismo con el proyecto de Fraga, más continuista y que se consolidó como línea oficial del Gobierno. El día de Navidad el político gallego preparó un programa de evolución política desarrollada por las propias instituciones del Régimen que, como le confió lleno de optimismo a su subsecretario, «era bastante simple», pero que, en su opinión, «no solo llevaba a la democracia, sino que además era una reforma que se podía implantar ya, sin mayores esperas ni problemas».[175]

El proyecto, que entregó como informe al Consejo de Ministros el 2 de enero y que el presidente del Gobierno presentó en las Cortes el día 28, pasaba por recuperar el modelo de «reforma constitucional» que, en sus grandes líneas, había intentado negociar con el primer Gobierno Arias justo un año antes. Incluía una Ley del Derecho de Asociación Política, que anularía el control del Movimiento sobre las asociaciones a fin de legalizar a los partidos de la oposición, aunque con exclusión de los comunistas y separatistas; una reforma del Código Penal, para dejar de criminalizar la militancia en partidos o la actividad política opositora; una radical modificación de la Ley Constitutiva de Cortes de 1942 que, a partir de la legalidad franquista, establecería en un Parlamento bicameral con una Cámara de los Diputados, trescientos de ellos elegidos por sufragio universal, pero como «representantes de la familia» en un guiño a la legalidad franquista, y una Cámara Corporativa o Senado con 285 miembros, unos natos y otros elegidos corporativamente con criterios orgánicos, que sustituiría al Consejo Nacional. Preveía celebrar el referéndum popular sobre la reforma antes del verano; se daría con ello la puntilla a un Movimiento-Organización que con el pluripartidismo habría perdido todo sentido. Y, finalmente, Fraga quería una Ley Electoral que facilitara el sufragio universal y directo, con sistema mayoritario, en la Cámara de los Diputados y en la representación local. Un Tribunal de Garantías Constitucionales y un Consejo Económico y Social completarían el nuevo marco institucional.[176]

El político lucense era consciente de que en un amplio sector de la derecha franquista habían prendido las demandas de descentralización regionalista del Estado, con la coartada del desarrollismo económico. «En este terreno, la conjunción entre las dinámicas y experiencias regionalizadoras europeas y las perspectivas de la planificación “regional” del desarrollo, podría dibujar las mejores expectativas en clave regionalizadora. No fue así, y no lo fue, claramente, por las resistencias antirregionalistas que venían, una vez más, del sector falangista.»[177]

Ya en 1973 Fraga se pronunció a favor de crear diez entes regionales dotados de cierta autonomía, aunque en paridad de condiciones, ya que «el instrumento regional no puede ser una excepción, ni menos un privilegio». Al llegar al Gobierno defendió la creación de «mancomunidades regionales», lo que ya disponía, de un modo general, la Ley de Bases del Régimen Local de noviembre de 1975, que establecía la posibilidad de crear «entes regionales o comarcales de carácter asociativo» a fin de asumir «algunos de los fines atribuidos a las Entidades Locales».[178] Pero en el nuevo proyecto legislativo de Fraga se admitían hechos diferenciales en ellas. Concretamente su propuesta, sugerida por el presidente de la diputación provincial de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, de un «Régimen Administrativo Especial» para Cataluña, con mayores competencias autonómicas que los restantes entes regionales, al que añadió otro para las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. El 9 de abril de 1976 se constituyó la Comisión de Estudio del Régimen Especial de Cataluña, presidida por el barcelonés Federico Mayor Zaragoza, subsecretario de Educación y Ciencia en el anterior Gobierno Arias, mientras que el propio Fraga presidiría la de las dos provincias vascongadas.[179]

El problema era que todas estas reformas no iban a realizarse mediante un proceso constituyente a cargo de un Parlamento elegido democráticamente, sino a iniciativa legislativa del Gobierno de una monarquía que conservaba la forma de dictadura, y con la aquiescencia de las Cortes orgánicas, cuya legislatura se había prolongado para evitar renovarlas y en las que eran necesarios los votos de dos tercios de los procuradores para modificar una Ley Fundamental, así como de un Consejo Nacional que era un auténtico fortín del búnker. Además, sin contar para nada con la aquiescencia, o la pasividad, de un antifranquismo que crecía a ojos vista y era abiertamente hostil al proyecto. «Fraga intentó una apertura controlada que consistía en ampliar el campo definiendo desde el Gobierno quiénes y bajo qué condiciones podían participar en el nuevo juego político»;[180] un modelo pretendidamente semiliberal que ya se había dado en las dictaduras suaves del este de Europa en el periodo de entreguerras —la Polonia de Piłsudski, la Hungría de Horthy— bajo la fórmula de la «democracia guiada». Democracia sí, dijo Arias ante las Cortes, «pero española, no copiada, desarrollada por nosotros mismos, a partir de nuestras necesidades, experiencias y modo de ser», abierta a «todas las tendencias de la sociedad española que sintonicen con los Principios Fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, colocando algunas barreras tan solo para aquellas iniciativas que, en sí mismas, lleven los gérmenes de la autoexclusión».

Ignorando que su programa nacía muerto, Fraga pudo avanzar sus primeros pasos tras crearse, a propuesta del ministro-secretario general Adolfo Suárez, una Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional que negociaba las reformas en su plasmación en proyectos de ley. Por su parte, el nuevo presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, adoptaba algunas medidas que favorecerían los proyectos reformistas del Gabinete.[181] Con vistas a consolidar opciones plurales de derechas dentro de la clase política oficial, el 5 de febrero se autorizó la constitución de grupos parlamentarios en las Cortes, que asociarían a los procuradores por afinidades ideológicas.

Surgieron así en las filas del inmovilismo el Grupo Parlamentario Institucional, el más numeroso de la Cámara, que se nutría de cuadros de la Administración y del Movimiento, y el Grupo Laboral Democrático, con representantes del sindicalismo vertical. El aperturismo contaba con grupos como el Parlamentario Regionalista, en realidad un auténtico cajón de sastre, el de la Unión Democrática Española o el de la Unión del Pueblo Español. Y los minoritarios reformistas crearon el Grupo Parlamentario Independiente, que integraban treinta y siete procuradores. A finales de abril, Fernández-Miranda patrocinó una audaz modificación del reglamento de la Cámara para establecer un «procedimiento de urgencia» en la tramitación de los proyectos de ley, a fin de que fueran debatidos y votados en el pleno en menos de un mes y sin pasar antes por comisión. Con ello se cerraba el paso a las tácticas dilatorias del inmovilismo.

Otras medidas, destinadas a suavizar algunas estructuras represivas dictatoriales, salieron también adelante. El 6 de febrero el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de Justicia, Garrigues, un decreto estableciendo garantías judiciales para los ciudadanos, en el que se limitaban la acción de la jurisdicción militar sobre civiles y el tiempo de detención policial. El 25 de mayo Fraga presentó en las Cortes la Ley del Derecho de Reunión y Manifestación, que ponía fin al virtual estado de excepción en la materia, legislado en 1939. Fue aprobada por el pleno mediante procedimiento de urgencia y con solo cuatro votos en contra, pero incluía tantas cortapisas a ambos derechos que no convenció a casi nadie de que suponía un avance democratizador. El 9 de junio, el secretario general del Movimiento, Suárez, defendió en el hemiciclo una Ley sobre el Derecho de Asociación Política que, aprobada por 338 procuradores, frente a 91 que votaron en contra, abría paso a los partidos sin control del Movimiento, aunque quedarían excluidos los de carácter comunista o separatista. Los primeros en ser legalizados, de forma automática, serían las asociaciones del Estatuto de 1974, que de esa forma partirían con ventaja.

Un proyecto tan tímido de transición a la democracia, poco más que una modificación parcial del sistema vigente, generó escasos entusiasmos. Los sectores antifranquistas, que el 26 de marzo de 1976 constituyeron una plataforma unitaria, Coordinación Democrática, rechazaron de plano los planes gubernamentales. No aceptaron legalizar sus partidos ante las exigencias planteadas por la nueva Ley de Asociaciones y en solidaridad con los comunistas. Y el Gobierno, que se enfrentaba a la actividad desestabilizadora de las bandas terrorista ETA y GRAPO y a una creciente protesta social en forma de huelgas, animadas por la irrupción de una dura crisis económica, utilizaba una amplia variedad de recursos represivos maximizados por unas fuerzas policiales férreamente franquistas. Se produjo un goteo de ciudadanos muertos, con puntas como los sucesos de Montejurra, un enfrentamiento entre facciones carlistas con la intervención de pistoleros neofascistas italianos y latinoamericanos, el 9 de mayo, o la matanza a tiros de trabajadores en huelga en una iglesia de Vitoria llevada a cabo por fuerzas de choque de la Policía Armada. Fraga, ministro de la Gobernación, aparecía como responsable de esta política de dureza represora —con un talante autoritario resumido en una fase que se le atribuía: «La calle es mía»—, y ello mermaba enormemente su credibilidad como responsable ideológico del giro democratizador que prometía el primer Gobierno de la monarquía.

En cuanto al inmovilismo, como sucediera dos años antes, recibió con la mayor hostilidad un paquete de reformas que introducía los partidos políticos. Contaba con resortes suficientes para coartar la labor de un Gabinete en el que una parte de sus ministros, comenzando por los militares y su propio presidente, mantenían una lealtad básica al régimen del 18 de Julio y miraban con recelo la hoja de ruta fraguista. Algunos miembros de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional eran consejeros adscritos al búnker, como José Antonio Girón y Jesús Fueyo, y actuaban abiertamente para dilatar o impedir la negociación de los acuerdos sobre los proyectos gubernamentales de reforma política y derechos ciudadanos. Y cuando estos pasaban ese primer filtro, debían enfrentarse al escrutinio del Consejo Nacional en pleno y luego a unas Cortes donde los reformistas estaban en minoría.

Tras la aprobación del pluripartidismo, el Gobierno promovió una necesaria reforma del Código Penal, para impedir que la militancia en los partidos que se iban a legalizar acarreara penas de cárcel, ya que la nueva Ley del Derecho de Asociación definía como actividades ilícitas «las tipificadas como tales en el Código Penal». Es decir, las de cualquier partido político. Pero el Gabinete se encontró con que una mayoría de procuradores, en el marco emocional de un reciente atentado terrorista, rechazaban la medida, por lo que retiró el proyecto antes de que se debatiera. Y días después el Consejo Nacional del Movimiento elaboró un informe muy negativo sobre la Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de Cortes y otras Leyes Fundamentales, el proyecto estrella de Fraga, destinado a introducir el sufragio universal para elegir a los diputados de las nuevas Cortes bicamerales. El Gobierno detuvo entonces su tramitación antes de que llegara al Parlamento orgánico, donde, dado su rango de modificadora de las Leyes Fundamentales, hubiera necesitado el apoyo de dos tercios de los procuradores. Ello suponía congelar el resto del programa de reforma constitucional y representaba, de hecho, la derrota política del Ejecutivo. El rey presionó para forzar la dimisión de Arias Navarro, que renunció el 1 de julio. Con él cayó Fraga, cuya imagen de gran esperanza del reformismo se había hundido con este fracaso.

La Ley para la Reforma Política

El Consejo del Reino asumió la tarea de ofrecer al monarca una terna de sucesores. Su presidente, Fernández-Miranda, maniobró para incluir a Adolfo Suárez, que figuró junto con Silva Muñoz y López Bravo. A comienzos de junio, Suárez había asumido un rápido y espectacular giro desde su moderado aperturismo falangista, en la estela de su mentor político, Herrero Tejedor, hacia un reformismo avanzado, en línea con la visión de una transición rápida y controlada a la democracia. Para sorpresa de todos, el secretario general del Movimiento superó el tímido reformismo de Fraga en el debate de la Ley de Asociaciones al pronunciarse rotundamente a favor de la democracia de partidos: «Es preciso organizar esa pluralidad, y es preciso organizarla de modo que dé cabida a todos los grupos sinceramente democráticos, con aspiraciones de poder, con voluntad de ofrecer una alternativa de Gobierno, pero con programas válidos para la Administración y la acción política, bajo el compromiso de respeto a los demás […] hay que rectificar lo que el paso del tiempo y el relevo de generaciones haya dejado anticuado [y] poner en marcha los mecanismos necesarios para la consolidación definitiva de una democracia moderna». Aunque, afirmó con cautela, sin renegar «de la gigantesca obra de ese español irrepetible al que siempre deberemos homenajes de gratitud y que se llamaba Francisco Franco».

Adolfo Suárez mantenía una buena relación personal con don Juan Carlos, quien veía en él al político joven capaz de encarrilar la frustrada vía de reforma iniciada por el Gobierno saliente. Al proponerle en la terna, Fernández-Miranda manifestó: «Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido».[182] Tras ser elegido por el monarca, Suárez tomó posesión como presidente del Gobierno el 5 de julio de 1976. Era un Gabinete marcadamente reformista, del que, sin embargo, desaparecían Fraga y Areilza, los pesos pesados de este sector en el anterior equipo. Ascendía a vicepresidente para asuntos de Interior el hasta entonces ministro de la Presidencia, Alfonso Osorio, encargado ahora de la planificación logística de la compleja operación de reforma política que orientaba, en sus líneas generales, el presidente de las Cortes. Y llegaban al Consejo de Ministros reformistas acreditados, como los miembros de la ACNP Marcelino Oreja, Landelino Lavilla y Eduardo Carriles, los falangistas Rodolfo Martín Villa e Ignacio García López, que sería el último secretario general del Movimiento, o técnicos con perfil político, como Fernando Abril Martorell y Leopoldo Calvo-Sotelo. Los ministerios militares continuaban en manos de generales doctrinalmente vinculados al inmovilismo. Pero cuando, en septiembre, el vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Fernando de Santiago, dimitió como protesta por el proyecto de legalizar los sindicatos obreros, Suárez le sustituyó por el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, un representante del ala «liberal» de las Fuerzas Armadas, que desempeñaría luego un papel crucial en la reconversión de estas a la nueva situación democrática.

Obviamente, la transición a la democracia y el consiguiente desmontaje del franquismo institucional no hubieran sido posibles sin una oposición democrática que, en largo y permanente combate, creó las condiciones de alternativa suficientes para que la continuidad de la dictadura fuera indeseable a ojos de la opinión pública y de la mayoría de la clase política. No obstante, en el seno de esta última también se dieron las condiciones —las contradicciones, más bien— para que esa salida democratizadora no solo fuera asumible por un amplio sector de ella, sino clave para su propia supervivencia: «La presión y la moderación de la oposición democrática fueron, sin duda, factores importantes que contribuyeron al establecimiento de la democracia. Sin embargo, la existencia de un sector reformista dentro del régimen fue también, sin duda, esencial para el éxito del proceso».[183]

El proyecto reformista de desmontar el franquismo desde dentro, en la clave reformista del cambio democrático, requería de una compleja estrategia política. Osorio, vicepresidente para asuntos políticos, sabía que la vía intentada por Fraga no funcionaría. «Desde hacía tiempo estaba convencido que los proyectos del Gobierno anterior, todavía detenidos en el Consejo Nacional, estaban condenados al fracaso, pues al ser rechazados por la oposición democrática hacían inviable la incorporación de esta al juego político bajo la Corona.»[184]

La idea de, en frase de Fernández-Miranda, «ir de la Ley a la Ley» suponía modificar el aparato institucional y abrir paso al multipartidismo y al sufragio universal desde la legalidad franquista, es decir, desde el marco de las Leyes Fundamentales. Habría que anular, en el Consejo Nacional del Movimiento y en las Cortes, la capacidad de los inmovilistas para detener el arranque de la transición utilizando enmiendas y recursos de contrafuero. Sería necesario convencer a la oposición democrática de que aparcara su ruptura en tanto se sustanciaba el proceso. El Gobierno debería amparar una ambiciosa operación de creación de una estructura partidista de centro reformista, capaz de sustituir al Movimiento en el control político de las instituciones y de asumir la dirección del futuro proceso constituyente. Y sería preciso el apoyo manifiesto del rey a la reconversión de la neonata monarquía del 18 de Julio en otra asumible por las fuerzas democráticas.

El Gobierno Suárez impuso un criterio distinto al de su predecesor en las relaciones con el Consejo Nacional del Movimiento. A los nueve días de su toma de posesión logró que las Cortes aprobaran la reforma pendiente de algunos artículos del Código Penal para permitir la acción política de oposición. Seguía pesando el informe negativo del Consejo Nacional, cuya aceptación por el Gabinete Arias había resultado suicida. Pero el equipo de Suárez, consciente de que el dictamen de los consejeros no era de obligado cumplimiento y de que, al no afectar a una Ley Fundamental, no cabía el recurso de contrafuero, hizo caso omiso del veto y sacó adelante la reforma penal en las Cortes. Y el 30 de julio el Gabinete aprobó una amnistía para los delitos políticos que buscaba hacer borrón y cuenta nueva y que constituía un gesto de acercamiento al antifranquismo. Poco después, el presidente comenzó a entrevistarse con los dirigentes de Coordinación Democrática, la plataforma de la oposición, para explicarles sus proyectos.

El basamento legal de la construcción reformista debía ser una nueva ley constitucional del franquismo sobre la que cimentar el resto de los avances en el desmontaje de la dictadura. «Se trataba, por paradójico que parezca, de dar “seriedad” a la reforma con ayuda del continuismo.»[185] Durante el verano de 1976 Suárez animó varias propuestas (Landelino Lavilla, José Manuel Otero Novas y Eduardo Navarro), pero acabó valiendo el borrador de una «Ley Básica de Reforma Política» elaborado por Fernández-Miranda, quien se lo entregó al presidente el 23 de agosto. Tras consultarlo este con los altos mandos militares, cuyo apoyo o neutralidad eran fundamentales en ese momento y a los que garantizó que el comunismo no sería legalizado, y habiéndolo estudiado una comisión restringida de siete miembros del Gobierno que introdujo ligeras modificaciones, el Consejo de Ministros lo aprobó el 10 de septiembre.[186] Ese mismo día, Suárez lo dio a conocer a la ciudadanía como Ley para la Reforma Política (LRP) en una intervención televisiva en la que anunció la apertura de un proceso de transición institucional que conduciría a una democracia representativa. «El pueblo debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes.» Por ello proponía «elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal; quitarle dramatismo y ficción a la política por medio de unas elecciones».

Al día siguiente, el proyecto entró en el Consejo Nacional del Movimiento para que este emitiera el preceptivo informe. Porque el Gobierno lo presentaba formalmente como una más, la octava, de las Leyes Fundamentales del Reino, arrancando de «la legalidad vigente» mediante los «procedimientos previstos en ella», es decir, con aprobación de las Cortes orgánicas y convocatoria de un referéndum nacional. Un nuevo proceso legal agregado en la estructura jurídica de Constitución abierta de la dictadura, pero esta vez destinado a terminar con ella; sin incluir en ella, no obstante, una cláusula derogatoria de la anterior legislación, ya que «parecía prudente mantener la ficción política de que aquel proyecto era compatible con el sistema legal vigente y no exteriorizar de forma demasiado evidente la imagen de desmantelamiento institucional e ideológico que realmente subyacía en el texto de la LRP».[187]

La Comisión de Leyes Fundamentales del Consejo elevó al pleno un informe con recomendaciones de algunas enmiendas de carácter corporativista sobre el planteado régimen parlamentario bicameral. Y, sobre todo, una modificación de la redacción del preámbulo que anulaba en la práctica el espíritu democratizador de la Ley. El pleno aceptó las enmiendas el 8 de octubre y las comunicó al Ejecutivo. Pero este no tenía la obligación de asumirlas y, de nuevo, Suárez hizo caso omiso de los consejeros; se limitó a eliminar el preámbulo del proyecto. Y el escaso poder del Consejo Nacional del Movimiento frente a un Gobierno decidido y con suficiente apoyo popular y parlamentario resultó aún más evidente cuando ningún consejero presentó un recurso de contrafuero para cerrar el paso a la nueva Ley Fundamental. Recurso que, a estas alturas era patente, habría fracasado de sustanciarlo un Consejo del Reino que presidía el propio autor del proyecto de la ley, Fernández-Miranda, o un jefe nacional del Movimiento que, conforme al artículo 5 de su Ley Orgánica, era el presidente del Gobierno, Suárez, quien actuaba «en nombre del Jefe del Estado», es decir, de un monarca comprometido en la transición a la democracia.

El debate de aprobación de la Ley para la Reforma Política se inició en las Cortes el 16 de noviembre. La Cámara estaba ya estructurada en grupos parlamentarios, pero los procuradores no estaban obligados a la disciplina de voto. Además, se había producido un realineamiento de última hora que resultó crucial. La fundación, el 9 de octubre, de la Federación de Alianza Popular en la que, bajo la presidencia de Silva Muñoz pero bajo el liderazgo efectivo de Fraga Iribarne, se habían integrado las principales asociaciones del Estatuto de 1974, permitió aunar un grupo parlamentario de unos doscientos procuradores, que, bajo la dirección de Cruz Martínez Esteruelas, hasta entonces presidente de la Unión del Pueblo Español, otorgaron un respaldo reticente a la LRP. De modo que la oposición a la ley en la Cámara quedó reducida a los límites estrictos del búnker cívico-militar.

Evitando cuidadosamente a los veteranos de la primera generación franquista, Fernández-Miranda encomendó la ponencia parlamentaria sobre el proyecto a cinco procuradores, que asumieron también su defensa en el pleno. Miguel Primo de Rivera, alcalde de Jerez y uno de los portavoces del reformismo azul, presentó el informe de la ponencia. El jurista Fernando Suárez, vicepresidente del último Gobierno franquista, contestó a las enmiendas a la totalidad presentadas por Blas Piñar, Manuel Escudero Rueda y José María Fernández de la Vega. Y de justificar el rechazo de las enmiendas parciales se encargaron Belén Landáburu, procuradora familiar, el sindicalista Noel Zapico y Lorenzo Olarte, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria.

En su réplica a Piñar, Fernando Suárez expuso los propósitos que guiaban a los reformistas en la alambicada reconversión doctrinal, sin solución de continuidad, de la derecha franquista a otra democrática en la que desempeñarían un papel fundamental los reformistas procedentes de la clase política dictatorial.

Hemos pensado siempre —y no desde hace unos meses— que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban abocados, desde sus momentos germinales, a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional, una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado y en la que no sea posible que un español llame misérrima oposición a quienes no piensan como él porque habremos sido capaces de rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político pacífico, que tiene una visión del futuro tan digna de consideración, por lo menos, como la nuestra y el irrenunciable derecho de proponerla a los demás y de trabajar por su consecución, sin que ello deba producir nuevos desgarramientos y nuevos traumas, porque se ha garantizado, de manera permanente, la posibilidad de acceso pacífico al poder.

El 18 de noviembre, una vez debatidas las enmiendas parciales, especialmente la de Martínez Esteruelas, que en nombre de AP proponía un sistema electoral mayoritario en lugar del proporcional, se votó la ley. Superando todas las expectativas del reformismo, 425 procuradores votaron a favor, 59 en contra, 13 se abstuvieron y 34 se ausentaron. La LOE de 1967 había permitido la modificación parcial de las anteriores Leyes Fundamentales. La LRP de 1976 abría un brevísimo plazo para su desaparición, incluida la suya propia, cuando unas elecciones por sufragio universal dieran paso a unas nuevas Cortes bicamerales que redactaran una Constitución democrática.

Al tratarse de una Ley Fundamental, la LRP debía ser sometida a referéndum popular, que convocó el rey para el 15 de diciembre. España era todavía, formalmente, una dictadura, por más que la Ley del Derecho de Asociación Política diera cobertura legal a un sistema de partidos. Estos se dividieron ante la consulta. A favor se pronunciaron Alianza Popular y el amplio panorama de nuevas formaciones que, con etiquetas liberales, democristianas o socialdemócratas, se situaban en posiciones de reformismo centrista y al lado del Gobierno. Pidieron el voto negativo la Confederación de Excombatientes, FE-JONS, Fuerza Nueva y las restantes organizaciones del inmovilismo franquista. Y la izquierda en bloque, denunciando la falta de libertades, se pronunció por la abstención, ofreciendo así la no beligerancia a una opción reformista surgida del franquismo pero en la que apreciaba la voluntad de establecer un sistema democrático.

El Gobierno se volcó en la defensa del «sí», para lo que utilizó una intensa campaña en Televisión Española e incluso empleó al todavía considerable aparato logístico del Movimiento para organizar la propaganda puerta a puerta. La campaña se dirigió, en primer lugar, a movilizar el voto, para neutralizar la opción abstencionista de la oposición democrática. Y utilizó el eslogan «Tu voz es tu voto» y una canción del grupo Vino Tinto, repetida hasta la saciedad en la televisión y la radio públicas, que comenzaba: «Habla, pueblo, habla. / Tuyo es el mañana. / Habla y no permitas que roben tu palabra». El resultado de la consulta fue presentado, pues, como un triunfo del suarismo. Votó el 77,8 por ciento del censo. Los votos favorables fueron el 94,17 por ciento y los negativos el 2,56 por ciento, por debajo incluso de los votos en blanco, que eran el 2,97 por ciento. Una vez expresada en las urnas la voluntad soberana de la nación, se abría paso una legitimidad que nada tenía que ver con el Estado del 18 de Julio.

Al terminar el año 1976, la dictadura estaba en trance de liquidación institucional y, tras la convocatoria de Cortes Constituyentes, iba a ser sustituida a corto plazo por un régimen constitucional democrático. Las tres corrientes de la derecha tardofranquista seguían activas, pero habían cambiado sus tácticas y objetivos. Los inmovilistas, obviamente, habían dejado de serlo y, ahora que pretendían retroceder el tiempo político a los años de apogeo dictatorial, se les calificaba de «involucionistas». Los antiguos aperturistas, identificados genéricamente como conservadores, pugnaban por una evolución controlada de la nueva monarquía, que limitara los cambios a la eliminación de los aspectos más autoritarios del viejo sistema, admitiera en el nuevo a la oposición moderada y dejara fuera del juego político legal a los partidos marxistas. Finalmente, los reformistas, dueños del Ejecutivo, impulsaban un proyecto de cambio democrático, en el que ellos pasarían a ser la fuerza capital del nuevo orden, el centro que arbitraría la vida política a fin de anular las tensiones antisistema que procedieran de la derecha involucionista y de la izquierda rupturista.

4

RETORNO A LAS TRINCHERAS

LA DERECHA INMOVILISTA

1969-1976

El año 1969 marcó un punto inflexión en el devenir de la dictadura franquista, al abrir paso a la solución sucesoria de la monarquía del 18 de Julio en la persona de Juan Carlos de Borbón y señalar el principio del fin de la limitada entidad de las familias políticas con la crisis de MATESA. Y otro giro trascendente fue el de 1973, cuando la efímera experiencia gubernamental de Carrero Blanco certificó el final de la presencia institucional de esas corrientes herederas de la Gran Coalición de 1936. Su sucesor, Arias Navarro, reflejó ya en la composición de su Gabinete y en su programa la pugna entre las tres «tendencias» —inmovilistas, aperturistas y reformistas— que se estaban configurando con vistas a la evolución del Régimen tras el ya cercano fallecimiento de su fundador.

El desarrollo del espíritu del 12 de febrero suponía la derrota del inmovilismo, el triunfo del aperturismo limitado y gradualista, y una vía abierta a los reformistas para el momento en que pudieran intentar una salida de la dictadura pactada con las fuerzas de la oposición democrática. Ello situaba a los inmovilistas fuera de la evolución del sistema político, o, más bien, enfrentados a ella. Si se cumplían los proyectos de aperturistas y reformistas, alternativos pero en cierto modo compatibles ambos en un primer estadio, la estructura de partido único sobre la que se había asentado hasta entonces el Movimiento Nacional desaparecería. Y la apertura de este, por muy limitada que fuera, a la pluralidad de asociación política y de emisión de opiniones, incompatibles con la naturaleza de la dictadura y con su ordenamiento constitucional, terminaría abriendo las puertas a una democracia «inorgánica» que los franquistas ultraconservadores pretendían evitar a toda costa; incluso combatiendo al propio Gobierno franquista.

EN EL BÚNKER

Heredero del pretendido espíritu «nacional» y unitario de la Cruzada de 1936-1939 y, en gran medida, de los planteamientos de partido único del fascismo español de anteguerra, el inmovilismo tardofranquista negaba la condición de derecha o de conservador para sí mismo y para el propio sistema político, aunque no la de sector radical, extremo, dentro del teórico esquema doctrinal monolítico del Movimiento. Para sus partidarios, la corriente se habría convertido en el único defensor legítimo y eficaz del Régimen —es decir, de España— contra la revolución izquierdista frente al aperturismo vacuo y oportunista y el reformismo modernista y suicida.

Sí, nada más que ULTRAS. Esto es lo que no solamente nos agrada, sino que en modo alguno nos disgusta cuando así nos denominan. Otra cosa es cuando se nos añade el calificativo «de derechas». Porque precisamente nuestro «ultraísmo» no es «derechista» ni de «izquierdas». Tampoco quiere esto decir que estemos en esa posición absurda, insípida y acomodaticia que es el «centro» […]. Y, desde luego, nosotros, los ULTRAS, solo admitimos la calificación de ESPAÑOLES, sin etiqueta.[188]

No cabían, en su actitud, críticas frontales a Franco, al ordenamiento de las Leyes Fundamentales o al Movimiento Nacional como organización de partido único. En la medida en que se consideraban guardianes de las esencias, es decir, franquistas puros, adoptaban posiciones de radical defensa del statu quo que veían ya violado por los aperturistas y llamaban a la movilización popular en nombre de él.

Las actividades de la oposición, especialmente en los años del maquis y en la etapa final, cuando los sectores más radicalizados de la extrema izquierda iniciaron acciones terroristas —incluido el asesinato de un presidente del Gobierno—, así como las actitudes de boicot contra la dictadura española en los países democráticos, fueron referentes movilizadores muy eficaces para la ultraderecha. Ambas circunstancias se dieron en el caso Grimau —el fusilamiento, tras un consejo de guerra lleno de irregularidades, de Julián Grimau, un dirigente comunista condenado en 1963 por «rebelión militar continuada», que enfrentó las posiciones duras del inmovilismo con las de un aperturismo tímidamente partidario de evitar la ejecución—[189] y en el Proceso de Burgos, de diciembre de 1970, un juicio sumarísimo en el que un tribunal militar condenó a muerte a seis miembros de ETA, que fueron indultados por Franco tras la ola de protestas internacionales que desató el juicio. Las masivas movilizaciones orquestadas por las entidades del Movimiento en apoyo de las sentencias y contra la injerencia extranjera —en la principal de las cuales ante el Palacio de Oriente de Madrid, y con Franco presente, la prensa informó de medio millón de asistentes— fueron, en cierto modo, el caldo de cultivo del que nació el búnker.

En el trienio 1974-1976 se sumaron un par de nacientes procesos internos del sistema que, para los inmovilistas, podrían ser causa de su colapso final si no se reaccionaba a tiempo. Por un lado, la pretendida relajación de los mecanismos de control cultural y del orden público a cargo de los «blandos» equipos aperturistas en los gobiernos presididos por Arias. Y, por otro, la «traición» de los reformistas, dispuestos a levantar una alternativa política de centro ajena al Movimiento y capaces de pactar con el antifranquismo la liquidación del Estado del 18 de Julio.

En estos años, las entidades de diversa naturaleza que conformaban el sustrato de la ultraderecha utilizaron momentos de especial conflictividad, sobre todo en relación con el nacionalismo vasco —el asesinato de Carrero, el caso del obispo Añoveros, la matanza de la calle del Correo—, para promover campañas antigubernamentales, demandando dureza contra sus adversarios y un cierre de filas de la clase política, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Ello implicaba, de un modo creciente, ataques a políticos «aperturistas», militares «liberales» y clérigos «progresistas». Contra ellos se utilizaban la tribuna pública o los medios de comunicación afines, sobre todo a partir de la primavera de 1974, cuando el Gobierno de Carlos Arias asumió un programa reformista que acabó desmontado por una pertinaz campaña ultra.[190] Esta tuvo sus momentos cenitales en dos manifiestos antigubernamentales de gran dureza, el «gironazo» de José Antonio Girón y el «piñarazo» de Blas Piñar.

El primero, escrito a las pocas horas del levantamiento militar en Portugal, supuso un auténtico punto de arranque de la ofensiva general del búnker, apenas dos meses después de la presentación del programa gubernamental. Girón lo había entregado al director del diario Arriba, Antonio Izquierdo, y allí se publicó el 28 de abril sin que el Gobierno lo supiera previamente. Se trataba de un durísimo ataque a las políticas aperturistas del Gabinete y a los planteamientos del reformismo.

Es la hora de los falsos liberales: de quienes, cuando no consiguen lo que se proponen, asoman con intransigencia sus instintos sectarios de poder. Por eso advertimos las maniobras sinuosas que nos recuerdan la técnica disgregadora y corruptora de sectas que tanto daño causaron a España en otros tiempos […]. Queremos reafirmar que lucharemos hasta la extenuación de nuestras fuerzas humanas por el cumplimiento de los principios revolucionarios que justifican la existencia del Estado español, y que no hemos de consentir ni la frustración de ese Estado en vida de quien lo fundó y lo encarna, ni que ese Estado se frustre cuando sea llamado a la tarea de continuar la obra alcanzada la persona designada para la sucesión.

Durante la primavera y el verano de 1974 la ofensiva política del inmovilismo se multiplicó en centenares de artículos y conferencias, dirigidos especialmente contra la política de apertura informativa y cultural del ministro Pío Cabanillas, en aquellos meses la bestia negra de los ultras.

He aquí por qué la Guerra Civil, o mejor dicho, la Cruzada, no es un capítulo cerrado. Podrá serlo como manifestación histórica y temporal de un fenómeno permanente, pero en modo alguno como lucha o combate contra las fuerzas del Mal, que sigue existiendo entre nosotros, y que pretenden retrotraernos a los desgraciados días en que se incendiaban conventos y se asesinaba a obispos, sacerdotes y religiosos de uno y otro sexo […]. Por eso estamos en contra de muchas cosas: de la libertad de prensa, de la libertad de espectáculos y de otras libertades perfectamente suicidas. Porque la libertad es para todo y para todos, cierto, pero no para el mal y los malhechores. No para que se propaguen doctrinas contrarias a las esencias del Movimiento Nacional […]. Fomentar la subversión, siquiera parezca ella mansa y pacífica, es incurrir en traición al abrir las puertas a la Revolución y ayudarla a que descabalgue del clásico caballo de Troya.[191]

El tradicional contubernio avanzaría, pues, en su lucha contra España con la complicidad de equipos ministeriales reformistas del propio Gobierno, trufados de «enanos infiltrados», como los motejó Blas Piñar. «De sobra sabe España que la antañona trilogía —judaísmo, masonería y comunismo— agazapados en las sombras se disponen a saltar sobre su presa.»[192] Y Franco y su entorno íntimo eran sumamente sensibles a estos cantos de sirena. En octubre de 1974 Arias tuvo que remodelar su Gobierno, del que salieron sus miembros más progresistas, el ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, y el de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo. Luego la ofensiva se mantuvo, en demanda de la paralización de las reformas, y alcanzó su mayor nivel en el pulso ganado por el búnker con motivo de los fusilamientos de miembros de ETA en septiembre de 1975, en medio de una fortísima presión internacional que condujo al aislamiento de la dictadura española, enrocada en una resistencia numantina que solo iba a durar dos meses, los que le quedaban de vida a Francisco Franco.

LA GUERRA DE LOS EXCOMBATIENTES

Las hermandades de excombatientes y de excautivos de la Guerra Civil aspiraban a ejercer una considerable influencia en los aparatos institucionales de la dictadura y en sus medios de propaganda. La condición de excombatiente del bando nacional no solo otorgaba una posición privilegiada —puestos de trabajo, pensiones, etcétera— frente al resto de la sociedad civil, sino que mantenía en sus miembros la convicción de ser una hermandad paramilitar —o, directamente, de militares en la reserva— guardiana del imaginario colectivo del bando vencedor y custodia de los principios morales y políticos del 18 de Julio.[193] Pero ello solo en la medida en que los excombatientes conservaran su cohesión grupal y el reconocimiento de la vigencia del «combatismo» contra el enemigo por parte de las autoridades. Como afirmaba una publicación dirigida a su colectivo:

El excombatiente, como tipo humano, es un elemento de dispersión y amargamiento [sic] si queda aislado, rumiando estérilmente su hora heroica, y es, en cambio, un elemento de unión y de eficacia social si queda incorporado a compañeros de armas. La hermandad militar, proseguida en formas civiles, conserva intacto el sagrado hueco de los muertos […]. El excombatiente tiene, además, una magnífica virtud: cierta mesura de hombre que sufrió, mesura que incluye y supone el ímpetu y la decisión de repetir siempre que sea necesaria la acción heroica.[194]

No se trataba solo, pues, de mantener lazos de solidaridad personal entre los miembros de dos colectivos —excombatientes y excautivos— con especial presencia en la mitología de la Cruzada, sino de explotarlos actuando como grupo de presión en el seno del Movimiento, con una tendencia marcadamente inmovilista. Ya en 1939, los estatutos de FET-JONS establecieron en el seno del Partido las Delegaciones Nacionales de Excautivos y de Excombatientes.[195] A la segunda, destinada a «incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo, de honor o de mando a los que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes», se le marcaban los siguientes fines:

a) Mantener en los excombatientes la fe ciega en el Caudillo y la estricta obediencia a sus órdenes y consignas. b) Conseguir la unidad de pensamiento político en las doctrinas del Movimiento de todos los que fueron excombatientes. c) Conservar y exaltar las virtudes de disciplina, hermandad y jerarquía nacidas en las trincheras. d) Rendir culto externo a la memoria de los camaradas caídos en el frente de combate y tutelar a sus viudas y huérfanos. e) Servir de instrumento realizador de las tareas que le encomiende la Falange Española Tradicionalista de las JONS. f) Fomentar la mutua ayuda entre los excombatientes. g) Crear las instituciones que se hagan necesarias para elevar el nivel de vida espiritual y material de los excombatientes. h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que se dicten para la protección de los excombatientes.

El puesto de delegado nacional recayó, en agosto de 1939, en José Antonio Girón, el más caracterizado representante de la vertiente «social» de la Falange franquista. En enero de 1954 asumió el cargo el teniente general García Rebull, que dio un sesgo mucho más político a la Delegación, hasta convertirla en el núcleo original de lo que luego sería el búnker cívico-militar.

A partir de julio de 1957, ambas delegaciones nacionales quedaron englobadas dentro de la nueva de Asociaciones del Movimiento, dirigida por Manuel Fraga Iribarne. Los excombatientes se diversificaron en diversas entidades especializadas: las asociaciones de Alféreces Provisionales, Sargentos Provisionales, Caballeros Legionarios, Marineros Voluntarios, Tercios de Requeté y Banderas de Falange —esta última creada en 1964—, todas ellas con combatientes de la Guerra Civil, y la Hermandad Nacional de la División Azul.[196] La que alcanzó mayor importancia política fue la de Alféreces Provisionales, creada en abril de 1958, que incorporaba a numerosos altos mandos del Ejército entre sus dieciséis mil afiliados. En sus filas estuvieron un centenar de procuradores en Cortes y varios ministros: Ruiz-Giménez, Solís, Utrera, Oriol y Urquijo, García Ramal, Herrera Esteban, etcétera.[197]

En principio, las organizaciones de excombatientes franquistas eran «apolíticas», en la idea de que el Movimiento Nacional estaba por encima de las banderías y de que ellos eran los guardianes de su pureza doctrinal y de su memoria histórica. Esta misión de vigilancia, asumida sin reservas y que se justificaba en su sacrificio personal por la comunidad nacional y su aportación a la victoria en la guerra, hubiera podido conducir hacia lo que George L. Mosse, al estudiar el combatismo en la Alemania de Weimar, definió como «brutalización de la política», una cultura de guerra tendente a «energizar al hombre, impulsarlo a la acción contra el enemigo político, o adormecer a hombres y mujeres ante la crueldad humana y la pérdida de vidas».[198] Un proceso en el que las hermandades de excombatientes alemanes, los Freikorps, o, en menor medida, los arditi italianos, se convirtieron durante los años veinte en núcleos paramilitares de control de la vida pública y justificación de la violencia represora, y nutrieron a los movimientos fascistas que conquistaron el Estado.

Sin embargo, en la España de la posguerra esto no era necesario, ni siquiera posible. El régimen fascista y su Estado totalitario se habían implantado en paralelo al desarrollo de la guerra, no tras ella. Los franquistas vencedores lo habían sido plenamente y disfrutaban de las mieles de la victoria que les proporcionaba el sistema. Nada de frustraciones, pues. El enemigo interior derrotado había desaparecido de la vida pública y de la presencia social. Y gobernaba un dictador apoyado sin fisuras por la oficialidad profesional de las Fuerzas Armadas, que actuaban como gran poder corporativo del Régimen. Los excombatientes del bando nacional no necesitaban, por lo tanto, desencadenar la «brutalización» del sistema político contra la amenaza del adversario derrotado, porque ya la fomentaba oficialmente el propio sistema. Constituían, a resultas de su sacrificio juvenil, una suerte de coartada moral para la perpetuación de la dictadura y de espejo de virtudes para las nuevas generaciones, pero sin mayor protagonismo político que el que alcanzaban sus miembros individualmente en las instituciones. En una concentración de la Hermandad de Alféreces Provisionales ante el jefe del Estado, en 1962, su presidente afirmó:

Hemos de seguir en la lucha de cada día por la pervivencia de España en las esencias que vos, Caudillo, le disteis y nos disteis, porque la Hermandad no es un grupo político ni quiere serlo. Somos, eso sí, los enlaces entre ayer y mañana, y estad seguro que lo conseguido no nos lo arrebatará nadie.[199]

Sin embargo, a mediados de los años sesenta muchos miembros de las hermandades, falangistas o tradicionalistas militantes, comenzaron a apreciar la necesidad, como colectivo, de participar más activamente en la política, tanto para frenar la deriva desideologizante que traía consigo el auge de la tecnocracia como, sobre todo, para combatir por todos los medios a un enemigo rojo que se recuperaba a través de la consolidación del antifranquismo en el interior del país. La vinculación a un organismo burocrático y escasamente movilizador como la Delegación Nacional de Asociaciones no era el vehículo adecuado, por lo que el 1 de abril de 1964, día de la Victoria en el que se conmemoraban los «XXV Años de Paz», se firmaron los estatutos de una Unión Nacional de Excombatientes, destinada a «velar por la pervivencia y pureza del espíritu e ideales de unidad, libertad, justicia, honor y paz del 18 de Julio y, además, transmitirlos a las nuevas generaciones». La Unión no tuvo efectos prácticos, ya que la vinculación a la Delegación Nacional se mantuvo. Pero respondía a un nuevo espíritu de defensa activa de la integridad de la ortodoxia doctrinal del Movimiento que se vio fortalecido en el mes de julio con la creación de la ya muy politizada Hermandad de Banderas de Falange a iniciativa de Girón, que asumió su presidencia.[200]

La reestructuración acometida por Fernández-Miranda en la Secretaría General llevó a las hermandades, a partir de febrero de 1970, a depender de la nueva Delegación Nacional de Participación Política, lo que venía a reconocer la realidad de que habían perdido la condición de meros organismos asistenciales. Su protagonismo político quedó expresamente de manifiesto cuando a comienzos de 1974 Carlos Arias presentó su programa aperturista de gobierno. Los dirigentes de las hermandades se movilizaron para ofrecer un frente común contra lo que consideraban un proyecto suicida y pactaron una Confederación Nacional de Hermandad y Asociación de Excombatientes (CNE), cuya Junta Gestora presidía el teniente general —en activo— García Rebull.

La Confederación se constituyó el 16 de noviembre de ese año, en un acto celebrado en un organismo oficial, el Instituto Nacional de Previsión, en el que se designó la Junta Nacional: José Antonio Girón, presidente; Luis Benítez de Lugo y Francisco Guinea, vicepresidentes; Luis Valero Bermejo, secretario general, y José Martínez Emperador, tesorero. Tanto García Rebull como Girón fueron meridianamente claros al definir los objetivos de la Confederación. Para el primero:

No olvidemos que la misión que tenemos es la de servir al régimen y potenciarlo, como firmes guardianes de la España eterna, de la España del 18 de Julio. Así estamos dispuestos a defenderla siempre, con uñas y dientes, si es preciso. Nuestro sino es servir, servir y solo servir, como hasta ahora hemos hecho. Si no lo hiciéramos, que nuestros muertos nos señalen como cobardes y traidores.

Y, por su parte, Girón cargó contra la política aperturista del Gobierno:

Nos incumbe un grave compromiso en esta hora; os diré más: nos incumbe la misma responsabilidad que por razones de honor nos echó al monte en 1936. Existen, ya lo sabéis, interpretaciones para todos los gustos. Según alguna de ellas fuimos a la guerra por capricho o con la alegre felicidad de quien hace una festiva incursión en el Parnaso. Ni lo uno ni lo otro. Fuimos a la guerra para poner a España en orden de paz. Y por eso aceptamos un destino de dolor y de muerte. El compromiso de esta hora reside por tanto en evitar que sobre aquel holocausto y aquel sacrificio enorme se corra hoy un tupido velo y la esperanza de la nueva España, de la nueva sociedad, de la nueva Justicia, se desvanezca con un «aquí no ha pasado nada». Aquí han pasado muchas cosas y van a pasar muchas más.

La declaración programática de la asamblea tampoco dejaba dudas sobre el carácter de la que se iba a convertir en la principal organización del búnker:

No somos excombatientes. Somos combatientes de España y de la revolución nacional […]. Proclamamos nuestra inquebrantable lealtad al Caudillo y a las Leyes Fundamentales por él promulgadas […]. Confiamos en las Fuerzas Armadas como vanguardia de nuestra libertad y nuestro futuro. En ellas residen todas las virtudes de nuestro pueblo a lo largo de la historia y de cara al porvenir […]. Aspiramos a mantener el espíritu religioso del pueblo español frente al materialismo capitalista y marxista de la sociedad. Aspiramos a que las tendencias políticas encuentren el cauce de su legítima expresión. Y exigimos que ningún derrotero de la política haga posible que alguien pueda sentirse avergonzado de sus heridas de combate. No admitimos que se nos reproche nuestro esfuerzo y sacrificio. No abdicamos de la memoria y el mandato de los muertos. Tampoco creemos que el primero y último fin del régimen sea aniquilar a sus leales.

Con 532.000 afiliados a sus distintas organizaciones en el momento de su constitución, la CNE se convertía en un formidable grupo de presión vinculado a las tesis del inmovilismo. Para entonces cualquier atisbo de reformismo en el Gobierno había sido liquidado en la crisis de octubre de ese año. Pero la Confederación, y su principal medio de expresión, el diario El Alcázar —adquirido por los Alféreces Provisionales en 1968 y oficializado como órgano de la CNE en 1975—,[201] se convirtieron en fieros guardianes de las esencias del Movimiento frente a un aperturismo que encajaba una derrota tras otra. Como veteranos combatientes de la Cruzada anticomunista, se veían capaces de animar un ahora necesario sesgo de «brutalización» social a través de las políticas de resistencia del búnker, ya que el enemigo marxista volvía a levantar cabeza y peligraban los frutos de la Victoria. No habría medias tintas frente a los tibios, como advirtió Girón en la primera asamblea de la Confederación, reunida en Zaragoza en marzo de 1975.

Aspiramos a una democracia libre y consecuente con la propia doctrina de nuestro sistema político. Rechazaríamos cualquier crisis de autoridad […]. Una crisis de autoridad impediría cualquier clase de posibilidad democrática […]. Lo fácil es olvidar y también lo suicida […] ni un paso atrás ¿o es que hemos olvidado a nuestros hermanos muertos en esta o aquella trinchera? […]. Ni un paso atrás, pese a quien pese.

Los excombatientes estaban dispuestos a repetir su gesta de julio de 1936 y volver al campo de batalla si la salida del franquismo conducía al retorno del orden demoliberal o se atisbaba el peligro de una revolución comunista. Pero, antes de que ello fuera necesario, estaría al quite el Ejército, «la columna vertebral de la Patria», como lo definiera José Calvo Sotelo tras la Revolución de octubre de 1934. Un terreno, las Fuerzas Armadas, que los excombatientes consideraban como propio, dado que los altos mandos militares compartían su condición de veteranos de guerra de la primera generación franquista. Sus contactos llegaban tan alto que Girón y el teniente general en la reserva Iniesta Cano convocaron a una entrevista secreta a dos ministros del Gobierno Arias, los generales De Santiago y Álvarez Arenas. En la reunión, mantenida el 12 de enero de 1976, poco más de un mes después de la muerte de Franco, en un restaurante de la localidad madrileña de Las Rozas, los dos dirigentes del búnker advirtieron a los ministros de la necesidad de que el Ejército se mantuviera alerta para impedir de modo fulminante cualquier cambio político significativo.[202]

SACERDOTES EN CRUZADA

En 1972 una macroencuesta sociológica, el Informe Foessa, puso de relieve que el 84 por ciento de los españoles se declaraban católicos practicantes. Ello obedecía, sin duda, a arraigadas tradiciones culturales que hacían del catolicismo en España un complejo sistema de creencias espirituales y de valores individuales asumidos desde la infancia y un elemento fundamental de socialización para gran parte de los ciudadanos. Pero también respondía, en buena medida, a la acción de un sistema autoritario que había implantado un Estado confesional en el que todos los españoles eran adoctrinados como católicos mientras no manifestaran expresamente lo contrario, con las complicaciones de toda índole que ello les reportaría.

Las instituciones políticas y culturales del franquismo estaban llenas de obispos y sacerdotes. Había entre ellos procuradores en Cortes y miembros del Consejo del Reino. Su presencia, a través de los capellanes, era muy notable al frente de las funciones ideológicas en el Ejército, donde la práctica religiosa católica era obligatoria para todos los jóvenes varones. También en los organismos de encuadramiento juvenil del Movimiento, como el Sindicato Español Universitario, el Frente de Juventudes o su sucesora, la Organización Juvenil Española, de donde surgirían miles de vocaciones sacerdotales, o en la Sección Femenina, que se encargaba del adoctrinamiento de las mujeres. El sistema educativo y, sobre todo, el modelo de valores conservadores que incorporaba estaban en gran medida en manos del clero, al igual que los aparatos de censura cultural de la dictadura. Resultaba difícil, por lo menos hasta el Concordato de 1953, señalar límites de separación entre los ámbitos de actuación pública del Estado y de la Iglesia. Y ello, que era fuente de enormes beneficios para ambos socios, lo era también de algunos conflictos de competencias, acallados ante la necesidad de ofrecer un frente común a las amenazas interiores y del exterior.

En el otoño de 1962, el papa Juan XXIII abrió las sesiones del Concilio Ecuménico de la Iglesia católica conocido como Vaticano II. Cuando lo clausuró su sucesor, Pablo VI, en 1965, los padres conciliares habían sometido al catolicismo a una de sus más profundas sacudidas, en busca del aggiornamento, la puesta al día de los principios eclesiales en un mundo en el que la Iglesia se enfrentaba al avance de los valores seculares y a la competencia creciente de otros credos. Y en la muy católica España el Concilio tuvo efectos especialmente profundos sobre el clero, sobre el pueblo creyente y sobre las relaciones entre las instituciones civiles y las eclesiásticas.

También entre los políticos franquistas fueron rápidamente visibles los efectos del Vaticano II. Servidores de un régimen autoritario que profesaba una religiosidad muy tradicional, muchos no podían sino acogerlos con desagrado. No obstante, católicos practicantes todos ellos, tampoco podían ignorar las nuevas directrices emanadas del Concilio en lo tocante a las relaciones Iglesia-Estado o a la organización interna del catolicismo español. Ante todo, urgía adaptar —no eliminar— la confesionalidad del Estado a la luz de la Declaración sobre Libertad Religiosa aprobada por el Concilio. La LOE modificó el artículo 6 del Fuero de los Españoles en tal sentido: «La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público».

Conforme a este mandato, las Cortes aprobaron, el 28 de junio de 1967, la Ley del Derecho Civil a la Libertad en Materia Religiosa. Su tramitación fue complicada, ya que una parte del Gobierno, encabezada por Carrero Blanco, se opuso al articulado más aperturista y algunos clérigos llamaron públicamente a la resistencia para mantener el monopolio religioso del catolicismo. Destacó en esta labor la catalana Hermandad Sacerdotal de San Antonio María Claret, creada un año antes por el jesuita Jaime Piulachs Oliva como reacción contra el proceso de secularización de los usos sociales. «Junto con su campaña a favor del Estado confesional iniciaron una lucha bastante desesperada para preservar su estatus, quejándose de haber perdido el respeto del que antaño gozaban los curas españoles.»[203]

En los años siguientes, el debate entre las posturas conservadora y progresista en el catolicismo español se enconó hasta bordear actitudes rupturistas, en las que el componente político cobraba paulatina importancia.[204] Para la corriente inmovilista de la clase política, la Iglesia oficial estaba dejando ser un aliado que insuflaba vigor al Régimen, y llevaba camino de convertirse en una voz crítica, colaboradora voluntaria o involuntaria del antifranquismo. Era una auténtica revolución doctrinal, una ruptura traumática. En 1972 un portavoz tan autorizado del búnker como Girón exigía al clero que se atuviera exclusivamente al ámbito religioso.

Quiero decir, en síntesis, que el pueblo español se siente profundamente respetuoso ante la Iglesia y sus problemas y por ello espera de los representantes legítimos de esa venerable institución que concentren sus esfuerzos en el ecumenismo apostólico, en la cura de almas, y dejen los asuntos mundanos de la política, la economía, la industria, los negocios y todas las demás actividades de orden temporal, sometidas al cuidado de quienes han contraído el grave compromiso de regirlas.[205]

Una de las ideas emanadas del Concilio era la colegialidad en el ejercicio de la autoridad eclesial. Siguiendo este patrón, a comienzos de 1966 se creó la Conferencia Episcopal Española, que agrupaba a todos los obispos en un organismo de gobierno formalmente democrático. En adelante, la jerarquía eclesiástica tuvo mayores posibilidades de debatir y acordar las decisiones más trascendentales para la Iglesia y de hacer llegar su voz colectiva al clero y al conjunto de la sociedad. El episcopado ganó con ello credibilidad y capacidad de comunicación. Quedaron, en cambio, más expuestas ante la opinión pública las divergencias entre sus miembros.

En mayo de 1971 asumió la presidencia de la Conferencia Episcopal el cardenal primado, Vicente Enrique y Tarancón, uno de los más relevantes miembros del ala progresista del colectivo. Inmediatamente comenzó a notarse un giro eclesial. En septiembre se reunió la I Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que generó expectación enorme. Las conclusiones presentadas al pleno mostraban hasta qué punto había variado la situación y en qué medida el clero conservador estaba perdiendo batallas. La conclusión n.º 34 de la Asamblea, la más polémica —que no prosperó al no alcanzar los dos tercios de adherentes—, decía: «Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre supimos en su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». Y la n.º 45: «Los representantes de la Iglesia deben mantenerse al margen de los órganos de gobierno o de representación política (Cortes, Consejo del Reino…) otorgada desde el Poder». Aunque la Conferencia Episcopal desautorizó las conclusiones, era un duro varapalo para el Régimen. Una parte del clero español parecía ya en condiciones de enterrar definitivamente el espíritu de la Cruzada.[206]

Pero otro sector, que se suele denominar, con escasos matices, conservador, tradicionalista o integrista, llevaba algún tiempo movilizado contra una deriva posconciliar del catolicismo hispano cuya trayectoria identificaban como antifranquista y socialmente revolucionaria, cuando no como abiertamente filomarxista. Ello situó a esta parte del clero, y a los seglares que los apoyaban, en posiciones políticas inmovilistas, y luego abiertamente antigubernamentales. La campaña contra la Ley de Libertad Religiosa fue el caldo de cultivo que facilitó la aparición, en 1969, de la Hermandad Sacerdotal Española, inspirada en la labor del jesuita Piulachs. Su fundador y presidente, el valenciano Miguel Oltra Hernández, era un franciscano formado como universitario en la Alemania nazi. Sirvió en el Ejército como capellán en la Guerra Civil española y participó luego en actividades de apostolado social y de enseñanza, en la que fue el promotor de la Hermandad Universitaria. La presencia del sacerdote se hizo muy habitual en las actividades de los excombatientes, hasta el punto de que fue nombrado capellán nacional de la Hermandad de la División Azul sin haber estado en la campaña de Rusia.[207]

Hasta su desaparición en 1978,[208] la Hermandad Sacerdotal desempeñó un papel relevante en la ultraderecha española, articulando la movilización del clero tradicionalista contra las tendencias progresistas en la Iglesia y vinculándolo al combate político del búnker, y, en el arranque de la Transición, transmitiendo pautas doctrinales involucionistas a un porcentaje no desdeñable del electorado derechista español.

La Hermandad llegó a contar con unos seis mil sacerdotes afiliados y promovió unas Uniones de Seglares que seguían sus orientaciones.[209] Sus actividades recibían difusión y sus afiliados colaboraban en revistas como ¿Qué Pasa?, Fuerza Nueva o Roca Viva, y a partir de 1970 contó con una publicación propia, el boletín Dios lo Quiere. Pero su principal medio de comunicación vinculado fue la revista Iglesia-Mundo, aparecida en abril de 1971. Su primer director fue el periodista asturiano Jaime Caldevilla, un carlista que había combatido en un tercio requeté durante la Guerra Civil y que para crear la revista impulsó un sodalicio canónico integrado por trece obispos opuestos a la candidatura a la presidencia de la Conferencia Episcopal de Enrique y Tarancón. Destacaba entre ellos el obispo de Cuenca, José Guerra Campos, un procurador en Cortes que desarrollaba una gran actividad como portavoz del búnker politicorreligioso. Iglesia-Mundo, que fue un impulso fundamental en la fundación de la Hermandad, parece que también contó, mediante la aportación de fondos, con el CESED, el servicio secreto vinculado al vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco, interesado en promover las actividades antisubversivas en el seno de la clerecía. La revista «se convirtió en un altavoz crítico con la evolución de la Conferencia Episcopal Española en sus relaciones con el régimen franquista, con los grupos de sacerdotes y seglares progresistas y con las interpretaciones consideradas desviadas del Concilio Vaticano II».[210]

En teoría, la actividad de la Hermandad Sacerdotal se ceñía estrictamente al terreno religioso, y en especial a orientar la labor pastoral en clave básicamente preconciliar. Entre los rasgos identificativos de sus miembros, por ejemplo, se encontraba la defensa del uso de la sotana y el rechazo al traje clériman, por considerarlo una vestimenta propia del clero proconciliar. Pero sus iniciativas poseían un innegable componente político, como brazo eclesial del búnker. Fue el caso del Congreso Internacional de Asociaciones Sacerdotales celebrado en Madrid en febrero de 1970, en el que se leyó una ponencia del polémico obispo integrista francés Marcel Lefebvre. Cuando, en septiembre del año siguiente, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes debatió pedir perdón por la implicación de la Iglesia en la Guerra Civil, la Hermandad Sacerdotal asumió el protagonismo de la respuesta y organizó en Zaragoza, en septiembre de 1972, unas Jornadas Sacerdotales Internacionales a las que asistieron unos dos mil clérigos, con Lefebvre como invitado de honor.[211]

En el plano nacional, la Hermandad convocó un sonado encuentro de sacerdotes en Cuenca durante el verano de 1974, en plena ofensiva inmovilista contra el aperturismo. El acto derivó en un memorial de agravios del clero tradicionalista contra la Conferencia Episcopal y la política gubernamental. Especial relevancia tuvo la conferencia del canónigo malagueño Luis Vera, «en la que, con claridad meridiana, supo exponer las doctrinas erróneas y ambiguas de los innovadores progresistas, liberales y marxistas […] reduciendo al ridículo a la caterva de desviaciones doctrinales hoy en boga».[212] A la salida del acto, Vera fue paseado a hombros por las calles de la ciudad por docenas de exaltados sacerdotes.

Una de las actividades habituales de la Hermandad era la promoción de campañas de concienciación politicorreligiosa de los seglares católicos. Así, a comienzos de 1974 su Presidencia solicitó por carta a todos los afiliados que pusieran en marcha en sus templos el «Rosario diario por la salvación de España». Explicaba que la humanidad recibía periódicos mensajes de la Virgen sobre la sucesión de castigos divinos en forma de «calamidades»; también los españoles, que acababan de ser avisados mediante «el asesinato del almirante Carrero Blanco». La Hermandad temía que fuese «el primer eslabón de una cadena de amonestaciones más serias» por la deriva aperturista. La Campaña del Rosario Diario sería un eficaz método de lucha «por la salvación de España de todos aquellos males que el ateísmo-materialismo y las doctrinas comunistas tratan de introducir en nuestra Patria». Si se le rezaba adecuadamente, la Virgen podía incluso provocar una crisis internacional, o un golpe de Estado, en festividades de exaltación mariana, para detener el comunismo.

Dos han sido las últimas ocasiones «nacionales» en que su favor ha podido comprobarse, precisamente por medio del Rosario: la liberación inesperada de Austria, que vio su territorio libre de fuerzas rusas un 13 de mayo (1955), y la de Chile el 12 de septiembre de 1973: ambas tras una campaña de compromiso de rezar un rosario diario por la liberación de la Patria.[213]

VIEJOS IDEALES PARA UNA FUERZA NUEVA

Si los excombatientes representaban la capacidad de movilización política del inmovilismo para conservar las estructuras y las líneas políticas del Movimiento, y la Hermandad Sacerdotal la respuesta nacionalcatólica a la apertura conciliar, las esencias ideológicas de la Unificación, tal y como se pretendía que habían sido en 1937, las asumió de modo relevante en el tardofranquismo una iniciativa empresarial con vocación de grupo político e intelectual, que buscaba aunar el falangismo y el tradicionalismo en una síntesis doctrinal específicamente franquista.

La idea de fundar Fuerza Nueva surgió en abril de 1964, durante unos ejercicios espirituales en el monasterio de San Miguel de las Victorias, en la localidad conquense de Priego. De allí salió el proyecto de una editorial que publicara libros y folletos destinados a combatir al aperturismo en el seno del Régimen y a rearmar doctrinalmente al catolicismo, que sus promotores consideraban gravemente amenazado por la deriva posconciliar del clero español. Y, sobre todo, editar una revista destinada a ser vanguardia teórica en la movilización de la extrema derecha. Al frente de la iniciativa se situaba el toledano Blas Piñar López, un notario miembro de la ACNP que había dirigido el Instituto del Cultura Hispánica entre 1957 y 1962, cuando sus críticas a la penetración norteamericana en los ámbitos culturales de la Hispanidad le costaron la destitución. Dotado de una oratoria vibrante y persuasiva, Piñar destacaba como uno de los portavoces más mediáticos del búnker en su condición de procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento, e impuso sin problemas su liderazgo a los restantes promotores.

En el año 1964 vi con absoluta claridad que el Régimen nacido de la Cruzada no solo era atacado por quienes lo habían combatido, sino que se deterioraba como fruto de una clase política rectora que se despegaba de sus principios. La conmemoración de los 25 años de la Victoria fue para mí esclarecedora. Así lo puse de manifiesto aquel año en un acto inolvidable, que para conmemorar el 1.º de abril se celebró, convocado por los antiguos combatientes, en el teatro Calderón de Valladolid. Me consideré obligado, por una parte, a dar la voz de alerta en cuantas ocasiones me fuera posible, pero también a convocar a quienes suponía copartícipes de idéntica inquietud.[214]

El proyecto editorial, presentado en el Registro de Publicaciones el 2 de mayo de 1966, cuajó enseguida en la publicación del semanario Fuerza Nueva, cuyo primer número apareció el 18 de julio de ese año (nótese el simbolismo de ambas fechas). Piñar declaró que la publicación iba destinada a combatir las tres «revoluciones anticristianas y antinacionales: la liberal, la marxista y la erótica». La portada del primer número era una hoja de calendario del 18 de julio, a punto de ser pisada, acompañada del titular «España ha dicho: ni se pisa ni se rompe». Y el editorial era meridianamente claro sobre los principios de la publicación.

Fuerza Nueva, como semanario aspira a ser portavoz de una línea clara de pensamiento tradicional y revolucionario de la que muchos han desertado; pero también quiere servir a una amplia corriente de opinión que, por desgracia, se siente afónica, confusa e indignada por el desecho progresivo, y a veces descarado, de dicho pensamiento, y por la influencia creciente en todos los ámbitos de las tesis que, hasta hace muy poco, se consideraban y vituperaban como nocivas.

A lo largo de la siguiente década, FN buscó convertirse en portavoz de los defensores de las «esencias» del 18 de Julio desde una rocosa posición integrista, combatiendo lo que a su juicio eran tendencias liberales y disolventes en el seno del Régimen y de la Iglesia.[215] Dependiente de la publicidad, de las suscripciones y de las aportaciones de socios y amigos de la editorial, la revista tuvo un éxito relativo, ya que pasó de unos veinte mil ejemplares de tirada en 1970 a unos cuarenta mil en 1974. Muchos de ellos terminaban en las salas de banderas de los cuarteles, en locales municipales y del Movimiento o en edificios religiosos —los vínculos de FN con los excombatientes y la Hermandad Sacerdotal eran estrechos—, lo que multiplicaba la cifra de sus lectores y la influencia de sus mensajes. Su discurso era incendiario y con frecuencia crítico con la actuación de los ministros aperturistas, hasta el punto de que acarreó varios secuestros de la publicación en vida de Franco.

La revista, y Piñar como procurador y consejero del Movimiento, desempeñaron un papel destacado en la tarea de combatir la línea aperturista del primer Gobierno Arias. Especial relevancia tuvo el ataque frontal del notario mediante el llamado «piñarazo», un artículo titulado «Señor Presidente» y publicado en Fuerza Nueva el 27 de septiembre de 1974 que reafirmaba la declaración de guerra del búnker al Ejecutivo:

Señor presidente, nos autoexcluimos de su política. No podemos, después de lo que usted ha dicho, colaborar con usted, ni siquiera en la oposición. No hemos renunciado a combatir por España, pero hemos comprendido que nuestro puesto no está en una trinchera dentro de la cual se dispara contra nosotros y se airean y enarbolan estandartes adversarios […]. Nosotros no queremos obedecerle ni acompañarle. Pero fíjese bien en quiénes le acompañan y a dónde le acompañan. Piense si le dirigen o le empujan. Y no se lamente al final si contempla cómo ese tipo de democratización que tanto urge se levanta sobre una legión de cadáveres.

MELÓMANOS CON CAMISA PARDA

Aunque el nacionalsocialismo alemán había contado con sus admiradores en el seno del fascismo español —desde Ramiro Ledesma Ramos hasta Gerardo Salvador Merino—, algunos de sus postulados más radicales, sobre todo los condenados por la Iglesia, marcaban una frontera que el falangismo nunca quiso traspasar. Y mucho menos bajo la dictadura nacionalcatólica del general Franco. Sin embargo, tras el final de la Segunda Guerra Mundial se estableció en el país, con cierta complicidad oficial y apoyo de un sector del clero, una reducida colonia de fugitivos nazis, algunos de los cuales, como los austriacos Theodor Soucek y Otto Skorzeny, se convirtieron en fuente de inspiración doctrinal para el neofascismo autóctono.[216] En el seno del falangismo ajeno a la estructura de FET-JONS se produjeron, especialmente tras la fallida reforma política promovida por Arrese, algunos intentos de identificación con la derecha neofascista europea. En octubre de 1962 se abrió en Madrid la delegación española de Joven Europa, el movimiento que dirigía el belga Jean Thiriart. Presidida por Antonio Méndez García, la rama española estaba integrada por un puñado de falangistas radicales, que apenas desarrollaron actividad.[217]

Pero era en Barcelona donde, lejos del aparato central del Movimiento, se daban las mejores condiciones para el surgimiento de una nueva derecha fascista. Existían diversas empresas editoriales de marcado sesgo falangista, como Ediciones Acervo, Editorial Caralt y Editorial Mateu, que producían en los años sesenta abundante literatura favorable al fascismo europeo, incluido Mi lucha, de Adolf Hitler. En febrero de 1964 el propietario de Acervo, José Llorens Borrás, antiguo miembro de la División Azul, lanzó en la Ciudad Condal la revista Juanpérez, dirigida por Narciso Perales y en cuyas páginas era patente la admiración por la cruzada anticomunista y antisemita del hitlerismo y por el sentido paneuropeo del neofascismo.[218]

En este contexto se produjo, en el otoño de 1965, la convocatoria de una reunión para la creación en Barcelona de una sociedad de audiciones y estudios wagnerianos. Aunque no se celebró, permitió aglutinar un núcleo de simpatizantes del nazismo que en septiembre de 1966 constituyó el Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), legalizado como entidad cultural dedicada a la difusión musical.[219] En un principio, los vínculos de la sociedad wagneriana con el falangismo eran evidentes. La asamblea constitutiva tuvo lugar en los locales barceloneses del Instituto de Estudios Sindicales, su sede provisional fue un local del Movimiento y los primeros dirigentes —el presidente, Ángel Ricote, el vicepresidente, Pedro Aparicio, Jorge Mota, Carmelo Abellán, etcétera— eran falangistas de la segunda generación, relacionados en su mayoría con la Guardia de Franco. La asociación recibía ayuda económica de algunos medios del Movimiento y entre sus simpatizantes se encontraban personalidades del búnker militar, como los generales Tomás García Rebull y Alfonso Pérez-Viñeta, o del civil, como Blas Piñar.

Las referencias extranjeras fueron muy evidentes desde el comienzo, sobre todo en las páginas de su revista, CEDADE. Compartía con la extrema derecha europea sus principios doctrinales básicos: anticomunismo, antisemitismo y paneuropeísmo.[220] Sus miembros mantenían contactos con la Joven Europa y colaboraba con ellos Léon Degrelle, el líder del rexismo belga, refugiado en España. Entre 1967 y 1971 la sociedad se mostró muy activa en la recogida de firmas para la campaña «Libertad para Rudolf Hess». Pero sus actividades como organización cultural fueron muy limitadas durante los años de presidencia de Ricote; en 1970 contaba con unos doscientos socios y evitaba actuaciones que las autoridades pudieran considerar políticas. Cuando, en febrero de ese año, llegó a la presidencia de la Junta Nacional Jorge Mota, hasta entonces líder de la Sección Juvenil, ello condujo a una modesta expansión de la militancia, hasta unos seiscientos miembros en 1974, que podrían haber llegado al millar en los inicios de la Transición. Facilitó asimismo la pérdida de la influencia falangista y una radicalización filonazi en cuestiones doctrinales como la defensa racial indoeuropea, el antisemitismo o el negacionismo del Holocausto. Un afiliado al Círculo, Ramón Bau, fundó en 1974 Ediciones Bau, la primera editorial española de línea identificable con el neonazismo.

Si CEDADE presentaba en público una actividad relacionada con la cultura y el pensamiento político y cuidaba evitar los pronunciamientos a favor de la violencia física, el Partido Español Nacional Socialista (PENS), aparecido también en Barcelona en 1969, era una organización pensada para la acción política radical. A diferencia de la entidad wagneriana —con la que compartió el Círculo España/Occidente—, el partido manifestaba una marcada preferencia por los métodos expeditivos, inspirada en la labor de Stefano della Chiae y otros activistas del Movimiento Social Italiano con los que mantenía una estrecha relación Ernesto Milá, lo más parecido a un teórico en las filas del partido. Los jóvenes del PENS asaltaban librerías y salas de espectáculos relacionadas con la izquierda y mantenían una estrecha relación con los responsables del Servicio Central de Documentación (SECED), la agencia de espionaje de la Presidencia del Gobierno, a la que ayudaban a combatir las actividades antirrégimen en las universidades.

Cuando murió el general Franco, las fuerzas políticas opuestas al aperturismo de su régimen y activas en la lucha contra cualquier proceso de transición a una democracia representativa mostraban una panorámica muy variada, pero complementaria. Desde el escaño en las Cortes o en el Consejo Nacional, desde el aparato del Movimiento y de los sindicatos oficiales, desde el púlpito, desde las salas de banderas, desde la tribuna del orador, desde las páginas de las publicaciones…, el inmovilismo había demostrado en los años del tardofranquismo una considerable capacidad para defender las posiciones doctrinales, las situaciones de privilegio personal y la estructura institucional de la dictadura española. Pero el inicio de la transición a la democracia le enfrentaría a su auténtica realidad social, una vez perdidas esas ventajas y obligado a contender en el terreno del sufragio universal con la pluralidad de opciones políticas que había pretendido anular a perpetuidad.

5

LAS OTRAS FALANGES

LA DERECHA INCÓMODA

1939-1976

A lo largo de casi cuatro décadas (1939-1976) los franquistas que habían participado en la Guerra Civil y sus epígonos, los franquistas de las segunda y tercera generaciones, mantuvieron el monopolio de la vida política legal en España, jugando con la muy limitada pluralidad que permitía la dinámica de las familias políticas. Pero esa pauta, que el dictador manejaba a su discreción, provocó antes o después la asunción de posturas críticas por parte de algunos de sus sectores doctrinales, o de personalidades individuales con proyección pública en el seno del Régimen. Tales actitudes se dieron desde el momento mismo de la Unificación y con el paso del tiempo fueron facilitando el desarrollo de una serie de grupos de acción política al margen del Partido Único. Heterodoxos e ilegales por ello, pero más o menos tolerados según la coyuntura y su propio grado de disidencia y de actividad. Se conformó así un espectro de derecha no franquista —en algunos casos, manifiestamente antifranquista— en la que actuaron básicamente cuatro outsiders del sistema derivados de las familias del Movimiento: el falangismo «auténtico», el carlismo (vinculado mayoritariamente a la causa dinástica de los Borbón-Parma), la democracia cristiana y el liberalismo monárquico.

No constituían un conjunto organizado de partidos. O no lo constituían, al menos, en igual medida que sucedía con la izquierda, cuyas organizaciones, con sus aparatos directivos fuera de España, mantenían una continuidad con la etapa republicana, poseían una tradición más o menos arraigada de colaboración entre ellas y contaban con modelos de organización contrastados y una ininterrumpida militancia en el interior y en el exilio. Los grupos de la derecha no franquista tenían también referentes históricos anteriores a la Unificación. Pero sus miembros venían de un régimen de partido único que no toleraba las disidencias, por lo que iniciaban su rebeldía en una suerte de vacío orgánico en el que todo estaba por construir. Sus pequeños partidos aparecían y desaparecían con rapidez, más como fruto de sus conflictos internos que de una represión policial esporádica y muy selectiva con ellos. La militancia, forzada a una actuación alegal cuando no clandestina, era escasa, con la excepción del carlismo en algunas zonas de la nación. Y sus métodos de oposición eran tan deslavazados, desde la tribuna de la prensa o los actos culturales de los clubes de opinión liberales y democristianos hasta la protesta callejera o los conatos de lucha armada de las alas más radicales del carlismo y del falangismo, que les impedían consolidar ante la opinión pública la imagen de una oposición al Régimen dispuesta a lavar los pecados familiares del colaboracionismo dictatorial a partir de sólidas alternativas de gobierno.

Por otra parte, el rechazo al Generalísimo y a su régimen, incluso el activismo antifranquista, no otorgaba necesariamente la condición de demócrata tal y como se concebía en el resto de la Europa occidental. La derecha de la Segunda República, con escasas excepciones, no había defendido principios básicos de la democracia como el pluralismo político, la representación parlamentaria mediante el sufragio universal o una real separación de poderes. Y entre las posteriores familias del Movimiento Nacional la defensa de tales principios era impensable.

Los disidentes de estas hubieron de plantearse, pues, la conveniencia de realizar una suerte de peregrinación iniciática hacia el campo democrático, que no siempre fue realizada o se estimó como necesaria. Sí sucedió en la familia católica, de la que surgieron algunos pequeños partidos de ideología democratacristiana. También en la más difusa familia monárquica, donde un sector del juanismo desarrolló una corriente de pensamiento democrático poco más que testimonial durante el segundo franquismo. Pero no en el falangismo, cuya adhesión a la doctrina joseantoniana implicaba la defensa del Estado nacionalsindicalista y su modelo de representación orgánica y de partido único. En el carlismo, hasta la última etapa de la dictadura, predominó la paralizante tensión franquismo-antifranquismo. E incluso entre los carlistas críticos con el Régimen las posturas acabaron polarizándose en torno al tradicionalismo clásico, antiliberal y ultracatólico, y a una visión revolucionaria de la «monarquía socialista». Posiciones ambas que resultaron ser suicidas cuando advino la Transición.

JOSEANTONIANOS EN LAS CATACUMBAS

El inicio de la Guerra Civil sorprendió a Falange Española en una situación muy compleja. Por una parte, desde el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936 las filas del partido se veían nutridas con miles de nuevos afiliados, en su mayoría jóvenes que acudían atraídos por la posibilidad de participar en las acciones desestabilizadoras de la Primera Línea, la milicia armada de la organización. Esta, por otra parte, se veía obligada a actuar fuera de la ley. José Antonio Primo de Rivera y la mayoría de los miembros de la Junta de Mando del partido, encarcelados o en la clandestinidad, tenían grandes dificultades para mantener el control sobre una formación de tipo fascista altamente jerarquizada. De modo que, cuando los miembros de la Junta de Generales buscaron el apoyo falangista a su golpe, tuvieron que negociarlo con jefes provinciales prácticamente autónomos, mientras que Primo de Rivera, encarcelado en Alicante, mantenía todo tipo de reservas sobre un pronunciamiento castrense en el que FE-JONS actuaría prácticamente como mero auxiliar civil.

A lo largo de la segunda mitad de 1936 y el invierno del año siguiente, Falange se convirtió en uno de los ejes políticos y militares del bando sublevado. Sus milicias, aunque puestas bajo la autoridad de los altos mandos del Ejército, conservaban su autonomía organizativa, adaptada a las necesidades bélicas, y formaban, junto con el Requeté carlista, una masa combatiente con una fuerte connotación política. Pero en el seno del Partido, con José Antonio convertido en el Ausente hasta que se hizo público su fusilamiento en la cárcel en noviembre de 1936, se desató una guerra de facciones. Por un lado, aquellos que, como Agustín Aznar y Sancho Dávila, se mantenían fieles a la jefatura de su líder preso y defendían la permanencia de un interregno en el que Falange fuera gobernada por una Junta de Mando provisional. Cuando se formó, en septiembre de 1936, bajo la dirección del santanderino Manuel Hedilla, este comenzó a ser postulado por otro sector como el nuevo jefe nacional. Por otro lado, junto a estas dos facciones de veteranos nacionalsindicalistas aparecía la masa de nuevos militantes, miles de ellos tras el comienzo de la guerra, afiliados o votantes de otras formaciones políticas con anterioridad y que aportaban un espíritu ecléctico y escasa o nula fidelidad al pasado revolucionario que reivindicaban los camisas viejas. «Surgía así el evidente peligro de que el partido se convirtiera en una masa amorfa y sin dirección, manipulada por elementos exteriores o desbordados por dentro por una corriente de elementos exconservadores, pertenecientes a la clase media.»[221]

La falta de un liderazgo tras la desaparición de José Antonio y la rivalidad entre las diversas corrientes de una Falange que había crecido exponencialmente tras el inicio de la guerra, impidieron ofrecer resistencia al Decreto de Unificación de abril de 1937. Resistencia que hubiera resultado perfectamente inútil, como demostró el inmediato encarcelamiento de decenas de falangistas, incluido Manuel Hedilla, sometidos por el Ejército a consejos de guerra que dictaron cuatro penas de muerte —conmutadas— y varias de prisión perpetua.[222]

La inmensa mayoría de quienes se consideraban nacionalsindicalistas y la práctica totalidad de los cuadros de FE-JONS acataron, de mejor o peor gana, la Unificación y el Nuevo Estado. Se beneficiaron de las ventajas otorgadas a los excombatientes y a los militantes del Partido Único, incluido el control familiar de importantes parcelas de la Administración. Y no asumieron actitudes estridentes de rebeldía cuando Franco frustró los sucesivos intentos de «falangizar» el Estado. Dentro y fuera de España, el falangismo era el elemento identificador más evidente del sistema político, el que justificaba que buena parte de la opinión mundial y la oposición española mantuvieran vigente, hasta el final, la calificación de «fascista» para el franquismo.

Aunque la Falange fue el sector de la Gran Coalición más favorecido por la creación del Partido Único, desde el comienzo existió en una parte de sus bases populares y en no pocos de sus mandos la convicción de que el sincretismo doctrinal franquista era una desviación del proyecto joseantoniano. Si los escuetos puntos programáticos de la Falange de preguerra se convirtieron en el prontuario doctrinal del Nuevo Estado, fue al precio de perder el último, que decía: «Nos afanaremos por triunfar en la lucha con solo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Pactaremos muy poco. Solo en el empuje final por la conquista del Estado gestionará el mando las colaboraciones necesarias, siempre que esté asegurado nuestro predominio». Y, a resultas de ello, estimaban los falangistas que la Revolución Nacional que debían llevar a cabo tras la conquista del poder seguía siendo una «revolución pendiente», que solo podría alcanzarse mediante su imposición forzosa a las restantes familias del Movimiento, a la Iglesia y a los poderes económicos. Y ello fue así hasta el final. Cuando, en el verano de 1975, uno de los dirigentes de la Falange crítica dedicó un libro a analizar los aspectos incumplidos por el franquismo del proyecto nacionalsindicalista necesitó 488 páginas.[223]

Podía haber bastante de retórico en las quejas de un Arrese o de un Solís, jerarcas del Partido y miembros de sucesivos gobiernos de la coalición franquista, sobre la infrarrepresentación de la Falange en las verdaderas estructuras de poder del Estado. Pero existía entre muchos de quienes se consideraban falangistas un sincero sentimiento de haber sido traicionados por el establishment, aunque no necesariamente por Franco. Sobre todo entre los miembros de la segunda generación azul del Movimiento, que no participaron en el triunfo bélico y se vieron perjudicados por el auge del catolicismo político y luego de la tecnocracia en todos los niveles de la Administración. Uno de ellos, el periodista Rodrigo Royo, exdirector de Arriba, puso voz en una novela a este resentimiento: «Nos engañaron, somos muchos los engañados. Nos dijeron que íbamos a hacer la revolución y nos utilizaron como la fuerza de choque de la más negra reacción».[224]

Casi siempre estas disonancias se resolvían en el interior de los aparatos franquistas y no implicaba, por ello, rupturas ni disidencias manifiestas. Sin embargo, desde el comienzo hubo falangistas que no aceptaron los hechos consumados y que ejercieron, definiéndose como joseantonianos «auténticos», un antifranquismo políticamente autista, a veces denominado por ellos «izquierda nacional», que actuó a través de grupos más o menos clandestinos.

Ya a finales de 1937 comenzó a mostrar actividad una Falange «alternativa» que rechazaba las consecuencias de la Unificación y sostenía la legitimidad de la elección como jefe nacional de un Hedilla que permaneció encarcelado hasta 1941.[225] Durante la Guerra Civil, el dirigente sevillano Patricio González de Canales dirigió una minúscula Falange Autónoma, que difundió propaganda contra FET. Luego, en las filas del Partido oficial surgió una corriente crítica, con González de Canales, Narciso Perales, Luis de Caralt o Eduardo Ezquer, que buscaba recuperar las esencias nacionalsindicalistas de la extinta Falange frente a la mixtura doctrinal traída por la Unificación. En diciembre de 1939, el coronel Emilio Rodríguez Tarduchy, dirigente de la Unión Militar Española durante los años de la República, asumió la presidencia de la Junta de Mando de una Falange Española Auténtica (FEA), motejada de «hedillista», que se desenvolvía en la clandestinidad y editaba hojas informativas atacando al partido único:

La Revolución Nacionalsindicalista aún no está hecha. […] Y hoy sigue gobernando a España el capitalismo. Esta es una verdad agobiadora y tremenda. El nivel de vida de los trabajadores españoles no se ha elevado; no se cumplen con rigor las leyes de protección al trabajador; no se han tomado medidas para garantizar el pan. Y lo que es peor, no se procura atraerlo a la Falange. Nosotros alzamos nuestro grito rebelde […]. Sabemos que la mayoría de los hombres que nos gobiernan, aquellos que principalmente llevan la política española, no harán la Revolución que la Falange proclamó desde la primera hora; por eso, nosotros emprendemos la lucha abierta desde fuera para asaltar el Poder. Aunque en esta lucha perdamos hasta el último de los hombres. Más vale morir combatiendo que asistir sin protesta al fraude de nuestro más entrañable ideal.[226]

La Junta de Tarduchy, de la que era secretario González de Canales, mantuvo contactos con otros falangistas descontentos, como el general Juan Yagüe o Gerardo Salvador Merino, el dirigente de los sindicatos oficiales, intentó conseguir ayuda alemana e incluso, en marzo de 1941, estudió asesinar a Franco el 1 de abril, durante la celebración del día de la Victoria.[227] Mientras que el grupito de la Ofensiva de Recobro Nacionalsindicalista, creado por Ezquer en 1942 y con actividad en Cataluña y Extremadura, detonó pequeños artefactos, lo que llevó a prisión a su fundador en noviembre de ese año, peor suerte corrió José Pérez de Cabo, miembro de la Junta de Mando de FEA, que, detenido como estraperlista por desviar partidas de trigo al mercado negro para financiar a la organización, fue fusilado en noviembre de 1941, al igual que Juan Domínguez, acusado de participar en el atentado del santuario de Begoña al año siguiente. Finalmente, la llegada a la Secretaría General de Arrese con su promesa de «falangizar» el Movimiento y la eficaz represión policial, sobre todo tras el atentado de Begoña, restaron posibilidades de actuación a estos grupos disidentes, que para 1943 prácticamente habían desaparecido. Quedaba, sí, un poso de resentimiento por la «revolución traicionada» incluso en los jerarcas del aparato de FET-JONS, que hizo patente Dionisio Ridruejo en una carta de ruptura con Franco fechada el 7 de julio de 1942: «Y lo cierto es que los falangistas no se sienten dirigidos como tales, no ocupan los resortes vitales del mando, pero, en cambio, los ocupan en buena proporción sus enemigos manifiestos y otros disfrazados de amigos, amén de una buena cantidad de reaccionarios y de ineptos. El resultado es catastrófico».[228]

Tras estos primeros conatos, el falangismo inconformista entró en una prolongada etapa de hibernación. Hedilla permanecía apartado de la vida política y los restantes dirigentes del ala radical mantenían una relación con FET, como mínimo, ambigua. Perales fue nombrado gobernador civil de León por Serrano Suñer, de quien se convirtió en un decidido partidario. Y, bajo la protección de Arrese, González de Canales fue secretario nacional de Propaganda del Movimiento, Rodríguez Tarduchy, inspector provincial del mismo servicio y González Vicén, lugarteniente general de la Guardia de Franco y consejero nacional de FET-JONS.[229]

Sin embargo, el emotivo discurso de la revolución pendiente calaba entre muchos de los jóvenes que nutrían el SEU, el Frente de Juventudes y los cuadros locales de la Organización Sindical. A partir del anodino I Congreso Nacional de FET-JONS, celebrado en 1953, y de la traumática crisis de 1956-1957, asumieron posiciones crecientemente críticas contra «el sistema». Pero dentro de unos límites, ya que estos falangistas de la segunda generación «se sentían demasiado vinculados a la herencia del 18 de Julio como para emprender iniciativas que realmente pudiesen ponerla en peligro. Cada vez que se implicaban en un conflicto con las autoridades, el temor a verse desbordados por la “disidencia externa” los devolvía por sí solos al redil».[230] Esto y la continua vigilancia de las fuerzas policiales impidieron que iniciativas de disidencia surgidas a finales de los años cuarenta y en los cincuenta fueran algo más que grupúsculos sin eco en la vida política. Como sucedió con los Grupos de Unidad Hispánica, fundados en 1947 y dirigidos por José Luis Rubio Cordón, el santanderino Haz Ibérico, los Grupos de Acción Nacional Sindicalistas, dirigidos por Eduardo Ezquer, o la efímera refundación de las JONS por miembros de la Guardia de Franco.

UN PERFECTO ANACOLUTO: LA FALANGE LIBERAL

Al margen de las actividades de los auténticos, durante las dos primeras décadas del franquismo, fue tomando cuerpo en las filas falangistas otra forma de disidencia del régimen, o al menos de distanciamiento, con un carácter intelectual; un sector que con frecuencia se define mediante el oxímoron de «la Falange liberal».[231] Procedía, sin embargo, del ala más identificable como fascista del Partido. Se había ido fraguando entre los colaboradores de la pamplonesa Jerarquía, «la Revista Negra de la Falange», publicada entre 1936 y 1938 —Fermín Yzurdiaga, Dionisio Ridruejo, Rafael García Serrano, Luis Rosales, Pedro Laín Entralgo, Eugenio Montes, Agustín de Foxá, etcétera—, presentes también en Vértice, publicación politicoliteraria editada entre 1937 y 1946.[232] Convocados por Ridruejo, jefe del Servicio Nacional de Propaganda de FET, varios de ellos y otros, como Gonzalo Torrente Ballester, Felipe Vivancos, Ignacio Agustí, Leopoldo Panero o Manuel Aznar, integraron el denominado Grupo de Burgos, que se reunían en la ciudad castellana para intercambiar opiniones sobre la doctrina nacionalsindicalista y la actualidad política, que se concretaron en varios casos en el apoyo al proyecto totalitario de Serrano Suñer.[233]

En este sentido, el libro de Laín Entralgo Los valores morales del nacionalsindicalismo (1941) vino a convertirse en prontuario intelectual de un falangismo radical que, sin embargo, permanecía leal a Franco en las filas del Partido Único. Algunos de sus miembros más jóvenes participaron en el equipo de la revista Escorial (1940-1951).[234] La publicación, dirigida por Ridruejo, con Laín como subdirector y editada por la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET, contó con la pluma de intelectuales falangistas, como Torrente Ballester, Pedro Mourlane Michelena, Emiliano Aguado o José María Alfaro, y otros colaboradores ajenos al nacionalsindicalismo, como Antonio Marichalar, secretario de redacción de la revista, José López Ibor, José Camón Aznar o Gerardo Diego. Inequívocamente totalitaria en su planteamiento global y ortodoxa desde la perspectiva del francofalangismo, Escorial sirvió, sin embargo, de punto de encuentro intelectual, de núcleo de debate —«integración de valores», lo denominaban sus responsables— entre los joseantonianos del Movimiento y quienes procedían del liberalismo conservador de corte orteguiano: «Antiliberal por su contenido, Escorial habría sido entonces liberal por su actitud».[235]

Ello facilitó la cohesión del grupo de jóvenes intelectuales «serranistas» —Ridruejo, Tovar, Laín, Pérez Villanueva— cuyo pensamiento, tras la caída de Serrano Suñer y su salida de Escorial, siguió evolucionando en revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, fundada en febrero de 1948 y dirigida por otro miembro del grupo, el poeta Luis Rosales. Algunos de ellos formaron parte del equipo ministerial de Joaquín Ruiz-Giménez (1951-1956), desde el que adoptaron actitudes difícilmente conciliables con la ortodoxia del Movimiento, como los homenajes a Unamuno y a Ortega y Gasset, ambos en 1953, en los que se hizo hincapié en la vertiente liberal de los dos pensadores. Se trataría, en definitiva, de un grupo de intelectuales de pasado fascista, pero «formados en una tradición liberal que había alcanzado el máximo esplendor durante el periodo republicano [y que] buscaban todavía en ella su legitimación y respetabilidad cultural».[236] Y ello pasaba por manifestar, negro sobre blanco, un cierto arrepentimiento por sus actitudes totalitarias —el «descargo de conciencia», como tituló sus reflexivas memorias Laín— y buscar alguna redención en la defensa de la libertad cultural y en la reconciliación política con los vencidos.[237] Aunque el precio fuera quedar apartados del sistema o, incluso, agregarse moralmente a las filas de los derrotados.

La crisis de 1956, que acarreó la caída de Ruiz-Giménez y su equipo, llevó a estos falangistas a asumir posiciones crecientemente críticas con el Régimen, primero mediante una reflexión personal y una expresión literaria y luego, aunque solo por parte de algunos de ellos, con una acción política. En principio, pues, se produjo la disidencia intelectual, que implicaba tanto de autocrítica como de crítica al sistema al que habían servido. Desde ella, Laín Entralgo había establecido un precedente con la publicación, en 1949, del ensayo España como problema, en el que definía a la generación de la Guerra Civil como «espiritualmente ensangrentada y astillada» y pedía la reintegración de los vencidos en el «ser español». Lo que, al ser contestado desde el campo neotradicionalista con el libro España sin problema, de Rafael Calvo Serer, encendió una polémica filosófica sobre la esencia de lo español y abrió vía, en ese contexto, a las rupturas «liberales» dentro del franquismo con respecto al pensamiento único nacionalcatólico.[238] En 1961 Ridruejo publicó —en Argentina, por problemas con la censura— el libro Escrito en España, un formidable alegato contra la dictadura franquista, pero también un intento de justificación de los propósitos del nacionalsindicalismo de preguerra y una explicación de la evolución intelectual, y luego política, del propio autor y de sus compañeros.

Pero si la crisis de 1956 representó la puesta de largo del criticismo posibilista que asumía el grupo falangista que aglutinaba el políticamente defenestrado Ruiz-Giménez, a partir de ese momento el pretendido falangismo «liberal» como opción democratizadora dentro del Régimen dejó de tener relevancia. Sus figuras, alejadas ya del nacionalsindicalismo e incapaces de superar un componente individualista que desperdigaba sus esfuerzos, quedaron relegadas a tomas de postura personales, que iban desde la sostenida disidencia intelectual de un Laín hasta la acción política antifranquista de un Ruiz-Giménez que en los años sesenta asumió la dirección de un partido democratacristiano —la clandestina Izquierda Democrática— o de un Ridruejo que fue encarcelado varias veces por sus actividades opositoras, participó en 1962 en la reunión de demócratas europeístas españoles conocida como el «contubernio de Múnich», pasó años en el exilio y se decantó por la socialdemocracia no marxista al fundar el Partido de Acción Democrática.[239]

PURISTAS FRENTE A POSIBILISTAS

A lo largo de los años sesenta, en el seno del falangismo cuajaron las condiciones para que una nueva generación de militantes marcara distancia con el Régimen desde posiciones que reclamaban de pureza joseantoniana. Era necesario para ello recuperar y actualizar las originales esencias nacionalsindicalistas y sustituir al ecléctico Movimiento Nacional por una Falange recuperada, que reunificara a la familia azul y disputara a monárquicos y tecnócratas los espacios de influencia y poder en el establishment y la adhesión popular del franquismo sociológico. Los falangistas estaban convencidos de que bastaría recuperar la unidad y la coherencia doctrinal para recobrar lo ganado en 1936. El camisa vieja Jesús Suevos, que oficiaba de principal teórico nacionalsindicalista en el tardofranquismo, lo manifestaba así:

Es evidente que la Falange como organización ha desaparecido. Pero no su manera de ser. Existen muchos más falangistas de lo que la gente cree. Porque, por un lado, están los falangistas que son conscientes de serlo y, por otro, los falangistas sin serlo […]. En España hay muchísima gente que es falangista sin darse cuenta. Y me doy cuenta de que aquellos que son claramente antifalangistas utilizan, sin darse cuenta, la misma técnica, el mismo estilo que la Falange ha propagado y ha hecho como una segunda naturaleza en la conciencia de los españoles.[240]

Para ello, resultaba imprescindible depurar la nebulosa doctrinal y política del falangismo. La promulgación de la Ley de Principios del Movimiento y luego de la Ley Orgánica del Estado, textos elaborados por equipos tecnócratas en los que desaparecía cualquier alusión a Falange, fueron sendas sacudidas en la moral de la familia azul. Incluso los más sinceros francofalangistas eran capaces de admitir, sobre todo a partir de su derrota de 1969 en la pugna gubernamental con los tecnócratas, que los valores del nacionalsindicalismo habían sido disueltos en la mixtura doctrinal que se había forjado en tres décadas largas de franquismo. Emilio Romero, director del diario Pueblo, órgano de los sindicatos oficiales, y consejero nacional del Movimiento, lo explicaba con no poca crudeza a la altura de 1973:

La Falange histórica, la de Raimundo Fernández Cuesta, la de José Luis de Arrese, la de José Antonio Girón, está disuelta en la «legalidad», asumida en el Régimen, subsumida en el Movimiento Nacional, desnaturalizada en sus esencias por las mezclas recibidas y por su participación en el poder; aparece excluida de la Constitución[241] por carecer el orden político de una estructura de Partidos, o de Partido Único. No existe el falangismo en el vocabulario legal, en las leyes: únicamente está en los labios. Existen algunos de sus símbolos en los frontispicios, en los rótulos, en los caminos sobre los nombres de los pueblos, en el escudo nacional (a la parte con los Reyes Católicos); y hay todavía camisas azules, que es raro verlas en las altas personalidades, ni siquiera en las de origen falangista. La mayor parte de su ideología aparece en una masa común, con otras harinas, con las que Franco ha fabricado el pan del Régimen.[242]

En ese empeño por recuperar la hegemonía y la autenticidad, las visiones y los intereses no podían ser sino muy variados y contradictorios. Ello condujo al enrocamiento de los francofalangistas o movimientistas, partidarios de mantener intocados, pero recuperados en exclusiva para la Falange, el Nuevo Estado y su Movimiento Nacional. Animó, por otra parte, la reaparición de la disidencia, aunque es más cuestionable que se pueda hablar de auténtica oposición, de los grupos independientes, o auténticos, opuestos a la democracia orgánica tal y como la pretendía el franquismo, pero también a la democracia pluralista. Y favoreció el surgimiento de una protesta pública que, aunque puntual y muy limitada, llegó a crear situaciones conflictivas. Como sucedió con la conmemoración anual de la fundación de Falange Española, que se celebraba en el teatro de la Comedia hasta que, en octubre de 1969, el temor a un alboroto callejero de los falangistas disidentes llevó a la anulación del acto, que en adelante se celebró en la sede del Consejo Nacional del Movimiento. Al día siguiente, Arriba advertía a los revoltosos: «No entra en el rigor joseantoniano una indulgencia para la discrepancia inarticulada».

En general, no obstante, predominaron los esfuerzos de un tercer sector, el de los posibilistas, por reconducir el falangismo hacia una depuración y renovación ideológicas que le aportasen una vía de futuro, pero sin rechazar el marco institucional franquista. Para ello, pensaban, habría que actuar a la vez dentro y fuera del Movimiento, pero no contra él.

Posiblemente el más influyente de estos intentos fue el de los Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA).[243] Surgieron como elementos ortodoxos del francofalangismo, en el marco del impulso dado al desarrollo político por la Secretaría General del Movimiento, y la iniciativa de su creación fue del consejero nacional Jesús Fueyo, director del Instituto de Estudios Políticos. En el primer CDJA, el de Madrid, creado en el invierno de 1960 tras una serie de reuniones en el Círculo Cultural Medina, de la Sección Femenina, confluyeron camisas viejas —Fueyo, Miguel y Pilar Primo de Rivera, González de Canales, Lula de Lara o Julián Pemartín, que fue su primer presidente— con miembros de la segunda generación azul, como Antonio Castro Villacañas, Eduardo Navarro, José Gárate o Diego Márquez Horrillo.

Los Círculos, que se extendieron rápidamente por las ciudades españolas hasta alcanzar los ochenta y cuatro a finales de 1974, fueron legalizados como «sociedades de estudios» controladas por el Ministerio de la Gobernación y ajenas, por lo tanto, a la Delegación Nacional de Asociaciones del Movimiento. Su finalidad oficial era el «estudio, difusión y desarrollo del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera». Pero, aunque dirigidos al principio por la vieja guardia de FET, fueron quedando en manos de socios de la segunda generación, algo más díscolos con el Régimen, que los convirtieron en una plataforma de debates políticos. Fueron desarrollados sobre todo en «cenas de camaradería» y en los ciclos de conferencias de la Tribuna Libre, donde movimientistas e independientes confrontaban sus visiones de la doctrina y la acción nacionalsindicalistas.

Esta pugna interna, que no se correspondía con el propósito de forzar una «refalangización» del Movimiento Nacional que había guiado a sus promotores, condicionó la evolución de los Círculos. En 1961, debido a una grave enfermedad de Pemartín, fue elegido presidente del Círculo madrileño González Vicén, conocido por sus posiciones de falangismo radical, al igual que algunos miembros de su equipo, como el vicepresidente, González de Canales, o el secretario, Enrique Villoria. Bajo su influencia, la entidad madrileña, que inspiraba a las del resto de España, se mostró muy activa en las críticas al predominio de los tecnócratas en la Administración, frente a los que los CDJA aspiraban ahora a convertirse en un grupo de presión que reagrupara a la familia azul. Así, en octubre de 1963 los Círculos remitieron una carta colectiva al ministro-secretario general del Movimiento criticando «una estabilización [económica] mal planteada y peor realizada», cuyo duro peso había caído exclusivamente «sobre las espaldas de los trabajadores» merced a la «aplicación inflexible de las tesis capitalistas más ortodoxas» por «una tecnocracia, infiltrada en el Estado, separada física y espiritualmente del pueblo», que había ido eliminando a «los ministros encargados de velar por la justicia social», es decir, a los falangistas.[244] Estas y otras protestas llevaron al ministro de la Gobernación a prohibir los encuentros de la Tribuna Libre de los Círculos y al cierre, en mayo de 1964, de su órgano de prensa, el boletín Es Así. Periódico Sindicalista Español, algunos de cuyos artículos, en los cinco números publicados, habían irritado a las autoridades.

Dos años después, con motivo de las modificaciones de las Leyes Fundamentales que acompañaban a la nueva Ley Orgánica del Estado, un sector de los afiliados hizo circular un escrito al Gobierno en el que volvían a la carga contra los estrategas de la tecnocracia.

Debemos advertir que la forma en que, al parecer, se han confeccionado las leyes que están a punto de aparecer, es irregular y por ello tememos que no tengan la eficacia ni la garantía de continuidad que, por nuestro amor a España, deseamos para su futuro. La Comisión que, al parecer, ha redactado las leyes de que tratamos no reúne las mínimas condiciones de representantes, ni siquiera en cuanto a comunión ideológica, del pueblo español […]. El secreto en que han sido elaboradas sitúa fuera de la vida democrática a las presentes leyes, puesto que el desconocimiento del pueblo, e incluso de las instituciones políticas del país, cierran la posibilidad de tomar postura en el supuesto de que no conviniese a aquellos lo elaborado.[245]

Enfrentado a las presiones oficiales y a la creciente división entre los socios pro y antisistema, González Vicén presentó la dimisión en junio de 1966 y los Círculos entraron en una fase de estancamiento. En cambio, cobraba auge la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, creada en paralelo a los Círculos en octubre de 1960 y cuya directiva, presidida por Manuel Cantarero del Castillo, asumía las tesis posibilistas del «aperturismo» movimientista, mayoritarias en la segunda generación falangista. En junio de 1965 la Agrupación elaboró un documento, conocido como «Esquema ideológico actualizado», en el que se buscaba conciliar la herencia doctrinal de la primera Falange con lo aportado por el francofalangismo, una vía intermedia con la que tenía la esperanza de hacer posible la unificación de la familia nacionalsindicalista.

El sucesor de González Vincén al frente del CDJA madrileño, Diego Márquez Horrillo, jefe de la XX Centuria de la Guardia de Franco, inspector nacional de Organizaciones del Movimiento y antiguo secretario nacional del SEU, asumió las tareas de restablecer la armonía entre los Círculos y el aparato del Movimiento. Buscó integrar a los diversos Círculos provinciales en una auténtica federación, a través de una Junta Nacional de Presidentes, creada en 1968 y cuya jefatura asumió él mismo. Para entonces, los responsables de los CDJA habían relegado un tanto la prioridad otorgada al debate ideológico interno y buscaban aunar a todos los sectores azules en torno al proyecto de reconstruir FE-JONS como una de las futuras asociaciones políticas del Movimiento. A tal fin, en abril de 1972 se constituyó una Junta Promotora de Falange Española de las JONS que presidía Márquez, con Carlos Ruiz Soto como secretario, y que patrocinó diversas reuniones en busca de la reconstrucción de una Falange autónoma.

ANTIFRANQUISMO AZUL MAHÓN

Pese a este último episodio, los Círculos José Antonio, frecuentemente subvencionados por la Secretaría General del Movimiento y cuyo aparato administrativo se nutría del servicio social obligatorio para todas las mujeres jóvenes, que gestionaba la Sección Femenina,[246] nunca pudieron sacudirse la imagen oficialista que estaba en su génesis. Ello llevó a una parte de sus socios a implicarse en diversas operaciones que buscaban, desde los primeros años sesenta, recuperar el falangismo auténtico, el que definían como anticapitalista y joseantoniano, al margen del Movimiento y en oposición más o menos declarada al sistema político de los años del desarrollismo tecnocrático. Se vieron así enfrentados a una alternancia de situaciones de tolerancia/intolerancia por parte de las autoridades, que les condujo a la actuación semiclandestina en unas condiciones que permitieron hablar de «la Falange proscrita».[247]

Tal fue el caso de los antiguos hedillistas de la izquierda nacional, encabezados por Narciso Perales y Ceferino Maestú. Abrieron en 1963 una vía sindicalista, el Frente Nacional de Trabajadores (FNT), que buscaba una alternativa obrera a «la sociedad burguesa, corrompida por la propaganda, el erotismo, el lujo y la comodidad»,[248] y al modelo de sindicalismo vertical de la Organización Sindical franquista, y que pronto contó con una rama universitaria, el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES). Pero el FNT, que no hacía alarde de identificación con el falangismo, sucumbió en 1966 a las divisiones internas. Un Perales manifiestamente radicalizado lo refundó como Frente Sindicalista Revolucionario (FSR), con el que inició «un proceso de readecuación» doctrinal en el que ya apenas pervivían los componentes joseantonianos.[249] El minúsculo FSR, que no utilizaba símbolos falangistas al considerarlos «quemados» por el franquismo y donde desempeñaba un importante papel el profesor José Luis Rubio Cordón, exfalangista que se había aproximado al marxismo durante su militancia en el Frente de Liberación Popular, intentó constituir un bloque obrero en torno a principios sindicalistas y revolucionarios más generales y a un antifranquismo más activo, para lo que mantuvo contactos con las nacientes Comisiones Obreras.

La esperanza de revitalizar el falangismo auténtico movió a Manuel Hedilla a salir de un aislamiento político de casi tres décadas y aceptó la presidencia del FSR, con un valor casi simbólico. Pero el santanderino, que seguía considerándose jefe nacional de Falange, acabó distanciándose de Perales, al que acusaba de traicionar el purismo nacionalsindicalista y de adoptar posiciones próximas a la izquierda marxista. En 1968 Hedilla abandonó el grupo, que acabaría creando un Partido Sindicalista Autogestionario en los inicios de la Transición, y, en colaboración con González Vicén y González de Canales, fundó su propio partido, el Frente Nacional de la Alianza Libre (FNAL), que actuaba bajo la cobertura legal de una empresa editorial. El FNAL buscó recuperar los principios del falangismo auténtico de la posguerra, aunque con un sentido más ecléctico que el desaparecido FNT —anunció que participaría en el fracasado proyecto de asociaciones políticas del Movimiento en 1969 y entre sus socios estaban Blas Piñar y el teniente general García Rebull—, y no dudó en colaborar con los CDJA en los intentos de unificación falangista.[250] Este hecho, y la muerte de Hedilla en 1970, frenaron un tanto el crecimiento del FNAL, cuya presidencia asumió entonces González de Canales.

Otros grupos disidentes procedían de las filas de un SEU que el Movimiento liquidó en 1965. En abril del año anterior había nacido el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), en su origen la rama estudiantil del Frente Nacional de Trabajadores. Su manifiesto fundacional informaba:

Hoy, un grupo de estudiantes no conformes con el estado actual de cosas, descontentos con la persistente injusticia social que reina en España, que padece los problemas básicos que se prometieron resolver con el Alzamiento en 1936 (reforma agraria, reforma radical de la empresa capitalista, separación de funciones entre la Iglesia y el Estado, regionalismo, etc.) y asqueados del planteamiento alicorto de los problemas universitarios, queremos hacer una llamada de atención y convocatoria a todos aquellos que sientan esta misma inquietud y disconformidad.

En torno al FES se articuló un conjunto de organizaciones vinculadas —«el tinglado», en la jerga interna—, como el Círculo Doctrinal Ruiz de Alda, que presidía el líder frentista Sigfredo Hillers de Luque, las Juventudes Falangistas, que actuaban como el núcleo más militante, Ediciones FES, la Asociación Juvenil Octubre, creada en octubre de 1971, y la Asociación Juvenil Amanecer, de marzo de 1975, que funcionaban como fachadas legales del Frente, o la Unión de Trabajadores Sindicalistas. El Frente actuó en las filas de la protesta estudiantil contra la dictadura, sobre todo en la universidad, pero también en los institutos de bachillerato, donde militó José María Aznar, futuro presidente del Gobierno. El FES defendía posiciones que sus militantes consideraban de izquierda revolucionaria, aunque mantuvo en todo momento su estricta condición falangista y antimarxista, mejoró su sintonía con el Movimiento-Organización a partir de 1972 y tuvo un destacado protagonismo —aunque frecuentemente para disentir— en las negociaciones para reconstruir FE-JONS auspiciadas por los Círculos José Antonio en los últimos tiempos del franquismo.[251]

INTENTOS UNIFICADORES

Esta iniciativa era, como hemos visto, la estrategia marcada para los CDJA por el equipo de Márquez Horrillo y su Junta Promotora de Falange Española de las JONS. Aunque siempre habían existido lugares de encuentro, incluso de colaboración, entre movimientistas e independientes, fue la consolidación de una tercera vía posibilista en el seno de los Círculos y de otras organizaciones, como la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, lo que permitió normalizar los contactos para lo que se definía como la «reunificación» del falangismo.

A comienzos de 1973 los periodistas Miguel Veyrat y José Luis Navas publicaron el libro Falange hoy. Falangistas de todas las tendencias respondían en él, libre y abiertamente, a un cuestionario político que causó sensación en la opinión pública. Dentro de la familia azul, la ocasión de dar a conocer a los españoles una actualización de los principios nacionalsindicalistas propició un amplio debate sobre coincidencias y disidencias y acerca de las posibilidades de la unificación en una nueva FE-JONS. Las posiciones de un Fernández-Cuesta, un Hillers o un Cantarero estaban muy alejadas pero, por lo menos, se mostraban propensos al diálogo.

El 28 de enero de 1974, en el madrileño Club Don Hilarión, una especie de espacio neutral para el dividido falangismo que era presentado como «club privado de actividades artístico-culturales-recreativas», unos doscientos representantes de las diversas corrientes iniciaron el proceso negociador mediante lo que se denominó «Conversaciones sobre el presente y el futuro de los falangistas». Pronto quedó claro lo amplio de las disensiones. Frente a la posición del FNAL o del FES, que defendían la Revolución Nacional y la recuperación de la FE-JONS joseantoniana, el posibilista Cantarero del Castillo afirmó en una de las sesiones:

La Falange tiene que sustituir el ritmo revolucionario de emergencia de ayer por un ritmo digamos reformista, para hacer por vía gradual lo que en los años treinta, en sus supuestos básicos, no había más remedio que hacer por vía quirúrgica […]. Lo indicado es el uso de los mecanismos democráticos y no de los mecanismos autoritarios de conquista y ejercicio del poder.

Reformismo que Fernández-Cuesta rechazó en defensa de la ortodoxia:

El desarrollo a base de una democratización con sufragio universal inorgánico, pluralidad sindical y política, responsabilidad del Gobierno ante las Cortes, etc., reformas que algunos propugnan para nuestra democrática europeización, pienso que, por mucho que se retuerza la interpretación de las leyes constitucionales no podría alcanzarse sin una flagrante violación de las mismas […]. Claro está que si el día de mañana se estableciese la actuación independiente de cada uno de los grupos integrados en el Movimiento, bien en forma directa, bien mediante un Régimen de Asociaciones, la Falange recobraría su personalidad y su libertad de acción para probar su enorme fuerza de atracción popular y conseguir lo que hasta ahora no haya podido conseguir en cuanto a la implantación de su doctrina.[252]

En el verano, mientras el Consejo Nacional preparaba el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, los contactos interfalangistas se estancaron. Algunos negociadores se pronunciaban a favor de participar en las asociaciones políticas anunciadas por el Gobierno de Arias Navarro, pero otros lo rechazaban de plano. Entre los primeros se encontraban los posibilistas promotores de la asociación Reforma Social Española, con Cantarero a la cabeza, que se negaron a seguir manteniendo las conversaciones de unificación, ya que no abordaban «la posición del falangismo» en los temas realmente importantes de cara al futuro: «Objetivos fundamentales inmediatos, concepto de la soberanía política, libertades básicas, libertad religiosa y relaciones Iglesia-Estado, libertad política y derecho de asociación, modelo de organización social, modelo de organización económica, etc.». Una semana después, el Círculo José Antonio de Barcelona se pronunciaba también, aunque con notable reluctancia, a favor de la participación en el sistema asociativo: «El Régimen, hoy por hoy, carece de mentalidad revolucionaria […] por eso el asociacionismo, experimento de expresión, hasta cierto nivel, de las discrepancias de una sociedad clasista e insolidaria, puede ser la fórmula más congruente con la actual sociedad española».[253] Enfrente, los grupos independientes rechazaban de plano una reunificación que pasara por sumarse al asociacionismo del Movimiento o cualquier otra iniciativa que sirviera para apuntalar la agonizante dictadura franquista.

El conflicto en torno a la reaparición de Falange Española de las JONS bajo la fórmula de asociación del Estatuto de 1974 puso fin a los conatos de reunificación. A comienzos del año siguiente la dirección de los Círculos José Antonio intentó adoptar el histórico nombre. Pero el falangismo movimientista, con Raimundo Fernández-Cuesta a la cabeza, pretendía también denominar FE-JONS a la asociación que preparaba y, además, reivindicaba la herencia de la vieja guardia joseantoniana, a la que pertenecían muchos de sus dirigentes, para exigir la primacía de su sector en el proceso reunificador. El Consejo Nacional del Movimiento vetó el uso del nombre histórico, pero mientras que los raimundistas sacaron adelante su proyecto como Frente Nacional Español, los CDJA prefirieron renunciar a ello tras una dura pugna que puso de relieve ante la opinión pública lo profundo de las divisiones internas del falangismo. Y, para complicar las cosas, Cantarero logró la legalización de su Reforma Social Española, también como asociación política de pretendida raigambre joseantoniana.

A finales de 1975 el falangismo era, pues, una nebulosa de grupos y tendencias doctrinales. La inmensa mayoría de quienes se consideraban nacionalsindicalistas permanecían instalados, de un modo más o menos confortable, en la ortodoxia franquista del Movimiento Nacional y de entidades afines, como la Organización Sindical Española, la Confederación Nacional de Excombatientes, Fuerza Nueva, la Hermandad Sacerdotal, la Asociación de Antiguos Miembros del SEU, la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes o la asociación política Frente Nacional Español.

El falangismo independiente estaba representado por numerosos grupos antifranquistas, pequeños e inestables, que se unían y se dividían sin que sus movimientos apenas trascendieran más allá de su propia militancia —Acción Revolucionaria Sindicalista, Juntas de Oposición Falangista, Juventudes Obreras Falangistas, Frente Sindicalista Universitario—, y por entidades culturales de actuación legal, como los Círculos Doctrinales 4 de Marzo o la Asociación Juvenil Amanecer. Incluso los principales de estos grupos, el FNAL y el FES, contaban solo con unos centenares de militantes. Y tenían mayor entidad numérica asociaciones posibilistas como Reforma Social Española y los Círculos José Antonio, con miles de adherentes, pero, por los días en que murió el general Franco, vivían una situación esquizofrénica, a caballo entre la ortodoxia y la disidencia respecto del Régimen. Situación que limitaría, aún más que a los falangistas independientes, sus posibilidades de constituirse en una alternativa azul a la continuidad del Movimiento Nacional en el arranque de la Transición.

6

DEL TRADICIONALISMO AL SOCIALISMO

LA DERECHA CARLISTA

1939-1976

El tradicionalismo carlista concluyó la Guerra Civil con la sensación de no haber obtenido los beneficios correspondientes a su participación en el esfuerzo bélico o, incluso, de haber sido postergado por los restantes participantes de la Gran Coalición en el disfrute de la victoria. La Unificación había supuesto el final de su autonomía política, representada por la extinta Comunión Tradicionalista (CT), y la incorporación de su fuerza militar, el Requeté, al nuevo ejército regular franquista.[254] Y su absorción en FET-JONS había situado a los tradicionalistas en una posición secundaria en el Partido con respecto a la apabullante hegemonía política y organizativa de los cuadros falangistas.

Sin embargo, el carlismo podría vivir algunos años de la ilusión unificadora, incluso asumir como propios buena parte de los principios doctrinales con que se construyeron los sincréticos entramados teóricos del Nuevo Estado. El doctrinarismo franquista privilegió, en paralelo a las aportaciones del nacionalsindicalismo, la visión de la escuela neotradicionalista —Víctor Pradera, Ramiro de Maeztu, Eugenio Vegas Latapié, etcétera— que había fomentado durante la Segunda República la entente alfonsino-carlista a través de instrumentos doctrinales como la revista Acción Española, y que tuvo cierta continuidad en el acervo doctrinal de la familia tecnócrata de los años cincuenta y sesenta. Un neotradicionalismo relativamente ecléctico, que era rechazado por aquellos sectores del carlismo que, en nombre de la legitimidad dinástica y la pureza doctrinal, se oponían a cualquier acuerdo con los monárquicos alfonsinos o a la inmersión en un partido único bajo hegemonía falangista.

Esta cuestión había causado serios problemas en el interior de la CT hasta que, en 1934, el dirigente de carlismo andaluz, Manuel Fal Conde, se hizo con el control político del partido imponiéndose a la facción proalfonsina que acaudillaba el conde de Rodezno. Pero el purismo del exintegrista Fal privó a la Comunión de aquellos apoyos que hubieran revalorizado su papel en la Unificación, comenzando por el de Franco y los restantes mandos militares. Los carlistas no se opusieron más que los falangistas al decreto de abril de 1937 y Fal Conde sufrió un castigo más suave que el de Hedilla por ello. Pero mientras que la Falange aceptó enseguida la nueva situación, disolvió su organización de preguerra y asumió el control de FET mediante una generación de joseantonianos reconvertidos en franquistas, el carlismo persistió enrocado en una orgullosa y paralizante posición de aislamiento. Tras volver de su confinamiento, Fal se mantuvo hasta 1955 al frente de una renacida Comunión Tradicionalista, situada en una suerte de limbo político, ya que funcionaba como una familia informal de la Gran Coalición franquista, pero también como una organización autónoma que carecía de existencia legal y rechazaba cualquier colaboración con el Partido Único; donde, en buena medida gracias a ello, los falangistas no tenían rivales.

DENTRO Y FUERA DEL MOVIMIENTO

El resultado fue que la CT, hasta su conversión en el Partido Carlista a finales de los años sesenta, vivió continuas fricciones internas entre su ala unificada, o colaboracionista —todo era cuestión del punto de vista—, presente en las estructuras del Movimiento Nacional, en el Gobierno, en el Consejo del Reino o en las Cortes Españolas, y aquellas otras tendencias que defendían, bien la fusión con la rama alfonsina encarnada por don Juan de Borbón, bien un proyecto autónomo, con una monarquía carlista «legítima» ajena a la mixtura franquista.[255]

Estas ambigüedades políticas y divisiones internas facilitaron que la familia tradicionalista mantuviera cotas de poder muy reducidas en el seno de los aparatos institucionales de la dictadura, casi siempre a cargo de veteranos que habían apoyado la Unificación en 1937 y que actuaban en el seno de FET-JONS. Solían tener un único representante en el Gobierno, el ministro de Justicia, y asumían la Presidencia de las Cortes —quizá la institución donde la herencia tradicionalista era más patente— y algunas presidencias de diputaciones, alcaldías y gobiernos civiles, sobre todo en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el País Valenciano, las regiones de mayor arraigo del carlismo. Su minoritaria representación en el Consejo Nacional del Movimiento y en las Cortes fue disminuyendo con el tiempo, aunque en el segundo caso la creación de los procuradores del tercio familiar, en 1967, permitió a los carlistas aportar nuevos bríos y algunas actitudes críticas a la vida parlamentaria del franquismo.

Uno de los temas que más impulsó las disensiones en el seno del tradicionalismo, y que le restó posibilidades de acción política dentro de la coalición franquista, fue el problema dinástico. La muerte de don Alfonso Carlos, en septiembre de 1936, y el establecimiento de la regencia afectaron a las condiciones políticas en el seno de la Comunión Tradicionalista y a su papel en la coalición antirrepublicana. El general Franco había puesto fin, a lo largo de 1937, a los intentos de autonomía política de la CT descabezándola con la condena a prisión de Fal Conde y la expulsión de España del regente, don Javier de Borbón-Parma, que era ciudadano francés. Durante los dos años siguientes, el carlismo se implicó en el esfuerzo de guerra sin mayores resistencias a los efectos de la Unificación y buena parte de sus cuadros, con el conde de Rodezno a la cabeza, colaboraron en la tarea de asentar el Nuevo Estado y el Partido Único. Y ello a pesar de que en las bases populares se iba gestando un malestar creciente ante el escaso juego otorgado por el dictador a su familia política.

La Segunda Guerra Mundial planteó nuevos motivos de distanciamiento entre la organización de FET y el carlismo, cuyos partidarios distaban de sentir los entusiasmos filonazis del falangismo. En la primavera de 1940, don Javier combatió a los alemanes como coronel del Ejército belga y después se integró en la Resistencia francesa hasta que, detenido en julio de 1944 por la Gestapo, se le condenó a muerte, fue recluido luego en varios campos de concentración y permaneció prisionero hasta el final de la guerra. Entonces comunicó que se encontraba dispuesto a «llevar a buen término íntegramente los ideales de nuestra Santa Causa», es decir, a alcanzar una monarquía tradicionalista.

En el interior de España, mientras tanto, se acentuaba la división entre aquellos carlistas que aceptaban actuar en FET-JONS y marcaban distancias, por lo tanto, con don Javier y su regencia, y quienes, aun manteniendo la lealtad a Franco y al «espíritu de la Cruzada», rechazaban una colaboración con las restantes familias del Régimen, y sobre todo con los falangistas. A partir de 1940, Fal Conde activó la Junta Nacional de la Comunión y dio instrucciones para reconstruir, en virtual clandestinidad, las secciones del Requeté y de las Margaritas.[256] No parece posible hablar del antifranquismo como una actitud mayoritaria entre los carlistas, por lo menos hasta finales de los años sesenta. Pero la participación de sus dirigentes en las instituciones políticas del Régimen, o la adhesión de las bases populares, el «pueblo carlista», al Movimiento Nacional, estuvieron también lejos de ser unánimes.[257] Destacó, en un principio, la resistencia de los miembros de la Asociación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) a disolverla en el seno del SEU de origen falangista. Los estudiantes madrileños siguieron reuniéndose, en la primera mitad de los años cuarenta, en la Academia Mella, un centro privado de bachillerato propiedad del sacerdote Máximo Palomar del Val donde Luis Hernando de Larramendi, un dirigente que había rechazado el Decreto de Unificación, orientaba la formación doctrinal de futuros cuadros de la renacida Comunión. A tal efecto, Palomar impulsó una Agrupación Católica de Formación de Especialistas, pero a mediados de la década tuvo que vender la academia, frecuentemente visitada por la policía, que desapareció como centro de formación tradicionalista. En otros lugares, los estudiantes carlistas mantuvieron una actividad casi clandestina, como en Valencia, donde se reunían en el bar El Murciélago.[258]

Cuando se puso en marcha la División Azul, Fal Conde hizo pública una carta, con fecha 13 de julio de 1941, reafirmando la posición neutral de la CT en la contienda mundial y prohibiendo, por lo tanto, la participación de los carlistas en la División. La respuesta oficial fue un nuevo confinamiento forzoso del dirigente en Menorca, y luego permaneció en arresto domiciliario en Sevilla más de cuatro años.[259] La animosidad hacia sus antiguos compañeros de armas llevó a un sector del carlismo a adoptar muy temprano actitudes rupturistas. Con los antiguos órganos de prensa de la Comunión asumidos por el Partido Único, hubieron de recurrir a la difusión de boletines y folletos prácticamente clandestinos. Los requetés navarros llegaron a hacer circular un panfleto antifalangista a finales de 1944, en el que afirmaban que «todos los regímenes del tipo que sufre España van cayendo irremisiblemente, no tanto porque se haya desatado contra ellos una enemiga internacional, sino por el germen de muerte que llevan dentro de su carácter dictatorial antihumano», por lo que animaban a los carlistas a combatir a la Falange para «salvar a España, tan necesitada de ello como aquel día glorioso de julio de 1936».[260]

El falangismo respondió con creciente beligerancia a la hostilidad de quienes eran, en teoría, sus aliados políticos. Desde el final de la Guerra Civil no pocos miembros del Requeté o de la AET sufrieron detenciones por sus actividades políticas, fue relativamente frecuente la clausura gubernativa de círculos carlistas, situados en un limbo legal, y el eficaz aparato censor que controlaba el equipo serranista del Ministerio de la Gobernación puso empeño en silenciar la manifestación de un reciente pasado carlista ajeno a la Unificación. En 1940, por ejemplo, se prohibió la edición del libro El Tercio de Montejurra entre los salvadores de España, de Francisco López Sanz, director de El Pensamiento Navarro, que exaltaba la contribución del Requeté al triunfo en la Guerra Civil y lo relacionaba con las guerras carlistas del siglo XIX. A finales de 1943, en Madrid dos centurias de milicianos falangistas intentaron impedir por la fuerza la misa anual de la festividad carlista de Cristo Rey, lo que provocó una violenta refriega con los requetés a las puertas del templo. En diciembre de 1945 hubo serios enfrentamientos con la Policía Armada durante una concentración carlista en Pamplona, lo que llevó al cierre gubernativo de los centros navarros vinculados a la Comunión.[261] Y, sobre todo, el atentado falangista cometido en el santuario de Begoña en agosto de 1942, en el que un comando atacó con bombas de mano una concentración carlista, marcó un límite y mostró a las claras, mediante una fulminante crisis de Gobierno que le costó la cartera al filocarlista general Varela, lo profundo del enfrentamiento y el escaso poder del carlismo en el seno de los aparatos del Estado y del Partido.

UN BORBÓN FRANQUISTA

En parte como consecuencia de ello, al año siguiente el tradicionalismo vivió su primera escisión tras la Guerra Civil. La originó la cuestión de la sucesión dinástica, que durante los años de la República había provocado tensiones en el interior de la CT entre quienes defendían la unión con la rama alfonsina en una monarquía neotradicionalista encarnada por el hijo de Alfonso XIII, el infante don Juan, y aquellos que rechazaban tal pacto con la rama «liberal» de los Borbones. Entre estos últimos eran especialmente beligerantes el pequeño Núcleo de la Lealtad y su revista, El Cruzado Español. El «cruzadismo» combatió abiertamente el proyecto juanista de unificación de las derechas monárquicas, pero también se opuso a la instauración de la regencia en la figura de don Javier, que calificaba de ilegítima. Exigían los cruzadistas que a Alfonso Carlos le sucediera un rey que encarnase la legitimidad dinástica y su ortodoxia doctrinal. Y lo encontraron, mediante una interpretación de la Ley Sálica, en el archiduque de Austria, Carlos Pío de Habsburgo-Lorena y Borbón. Nacido en 1909, era hijo de Blanca de Borbón, la hermana mayor de los dos últimos pretendientes, a la que los cruzadistas consideraban portadora de los derechos sucesorios. La proclamación de la futura regencia carlista en la figura de don Javier decidió a Carlos Pío a reclamar sus derechos dinásticos en mayo de 1936. Pero la acción no halló eco en la CT, ya que fue condenada por el anciano don Alfonso Carlos.

Los miembros del Núcleo de la Lealtad continuaron, sin embargo, defendiendo la candidatura Habsburgo-Lorena. Tras la guerra crearon una Comunión Católico-Monárquica, a veces denominada Comunión Carlista, encabezada por Jesús de Cora y Lira, general auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada, y animaron a Carlos Pío a dar el paso definitivo. El 29 de junio de 1943 el archiduque firmó en su residencia italiana el Manifiesto de Viareggio, por el que reclamó el trono como Carlos VIII.

Quizás debiera permanecer en silencio ante las circunstancias en que el Generalísimo Franco tiene que hacer frente a tantos peligros como rodean la Patria. Pero cuando otros se agitan y apremian, pretendiendo restauraciones, que no serán jamás sin la enérgica y viril protesta carlista, mi silencio pudiera ser juzgado como deserción; y ante esta posibilidad y aquellas pretensiones, debo, como representante de la Dinastía Legítima, alzar mi voz para hacer presente que no se ha extinguido la Raza familiar a que tengo la honra de pertenecer, ni ha sido ganada por la comodidad ni por la cobardía.[262]

Para la inmensa mayoría de los españoles el argumentario de las bizantinas diputas familiares de la rama carlista de los Borbones —que en estos años podrían ejemplarizarse en sendos ensayos legitimistas de Fernando Polo y Francisco Javier de Lizarza—[263] era algo ajeno e incomprensible. Pero en el seno del tradicionalismo la aparición del fenómeno carloctavista sembró un momentáneo desconcierto, aunque Fal Conde se apresuró a expulsar de la CT a los partidarios del nuevo pretendiente. Ello fue aprovechado por los carlofranquistas para asumir su causa. En 1947 los partidarios de Carlos VIII respaldaron la Ley de Sucesión, convencidos de que el Caudillo le designaría como sucesor. La estrategia que desarrollaban era ofrecerle a Franco un joven rey tradicionalista favorable a la colaboración con FET-JONS —incluso había militado en el filofascista Heimwehr austriaco— y que, por lo tanto, resultaría un candidato idóneo para una futura monarquía del 18 de Julio. Tanto el dictador como los jerarcas falangistas y algunos destacados francocarlistas, como Esteban Bilbao y Antonio Iturmendi, ambos ministros de Justicia y presidentes de las Cortes, dieron carrete a una iniciativa que introducía confusión en la cuestión monárquica y perjudicaba, por lo tanto, a juanistas y javieristas.

Carlos Pío viajó a España en marzo de 1944 y se estableció en Barcelona. No recibió apoyo oficial, aunque parece que sí financiación para su causa.[264] Pudo propagarla libremente a través de la revista ¡Volveré!, sin que las autoridades, que le consideraban inocuo, le impidiesen calificarse de rey, aunque en público se presentaba como duque de Madrid.[265] Concedió catorce títulos de nobleza y estableció una Orden de San Carlos Borromeo, cuyo gran collar impuso a Franco en 1952, durante un discreto encuentro en el barcelonés Palacio de Pedralbes. Pero cuando falleció Carlos Pío, en la Nochebuena de 1953, su causa, manifiestamente dependiente del favor del dictador, declinaba y la mayoría de sus partidarios se reintegraron a la obediencia de la CT. No obstante, un reducido núcleo de ellos se mantuvo activo en una Comunión Católico-Monárquica que continuó reconociendo como legítima línea dinástica la de los Habsburgo-Borbón.[266]

REGENCIALISTAS, FUSIONISTAS Y POSIBILISTAS

Para entonces se habían producido dos acontecimientos fundamentales en la trayectoria de la Comunión Tradicionalista. Por un lado, el 22 de junio de 1947 se restableció su Consejo Nacional, disuelto durante la Guerra Civil, y se formó una Junta de Gobierno presidida por don Javier y con Fal Conde como su delegado en el interior, José María Valiente, José María Lamamié de Clairac, José Luis Zamanillo y Juan Sáenz-Díez. Con ello, la Comunión reforzó su alegal estructura de gobierno y, de paso, rompió formalmente con FET-JONS y su Consejo Nacional. Por otro lado, un mes después la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, preparada por el carloctavista Esteban Bilbao, definía a España, por primera vez desde 1931, como reino y depositaba en manos de Franco la designación del monarca destinado a sucederle. Ello suponía negar la continuidad en la legitimidad histórica que reclamaban para sí las dos ramas borbónicas. Don Juan se proclamaba rey legítimo como heredero de Alfonso XIII y era reconocido como Juan III por sus partidarios, incluidos los que eran franquistas acérrimos, pero su entronización dependería de la voluntad del dictador. Y en el carlismo quien se reclamaba rey era Carlos VIII, mientras que la Comunión Tradicionalista, a la que se adherían la gran mayoría de las bases carlistas, obedecía a don Javier, no un rey sino un mero príncipe regente que no poseía, además, la nacionalidad española.

En el seno de la CT tomó cuerpo, pues, un movimiento para animar a don Javier, que se estableció en el interior de forma muy discreta en junio de 1950, a dar el paso irrevocable de proclamarse rey carlista. Sus partidarios aducían una panoplia apabullante de títulos para ello.

La augusta persona indicada, por el derecho como Rey de las Españas es, por consiguiente, el Serenísimo Señor Infante Don Francisco Javier Carlos, duque de Parma, Plasencia y Guastalla, en quien recaen no solo los derechos al Trono español y al Ducado de Parma, sino también al Reino de las Dos Sicilias, a la Jefatura de la Real Casa de Francia o de Borbón, con la Maestranza de las Órdenes Reales de San Luis, San Miguel y el Espíritu Santo, y al Vicariato perpetuo del Santo Imperio en Italia.[267]

El 31 de mayo de 1952, durante su estancia en Barcelona con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, don Javier presidió una reunión del Consejo Nacional de la Comunión en la que, a la vista de lo argumentado por los consejeros sobre su derecho al trono, aceptó asumir «la realeza de las Coronas de España en sucesión del último Rey».[268] Pero seguía sin estar seguro del efecto que provocaría en Franco un paso tan trascendental, y exigió postergar sine die la proclamación formal, alegando que permanecería a la espera de que así lo decidieran unas Cortes reunidas conforme al modelo tradicionalista.[269] Parece que pesó también en la decisión dilatoria el espaldarazo que supuso para la dictadura la firma del Concordato con la Santa Sede, ya que don Javier creía que su proclamación como rey «rompería la unión de los católicos contra el comunismo».[270] Era una indecisión que profundizó la crisis de representación política que vivía el carlismo. A pesar de ello, el gesto simbólico disgustó al Gobierno, que respondió decretando la expulsión de España de la familia Borbón-Parma y les negó reiteradamente la concesión de la nacionalidad, en la idea de que ello los eliminaba como candidatos al trono.

El acuerdo alcanzado en diciembre de 1954 por Franco y don Juan de Borbón durante su entrevista en la finca cacereña Las Cabezas sobre la educación del primogénito del segundo, Juan Carlos, en España y a cargo del entorno del dictador, abrió un nuevo compás en el carlismo. No era desde luego el cierre de la incógnita sucesoria, pero el nieto de Alfonso XIII se situaba visiblemente al frente de los candidatos con los que contaría Franco para designar a su sucesor. En las filas de la CT se redobló el debate entre los partidarios de marcar mayores distancias con el Régimen reivindicando la instauración de la monarquía carlista y los de recuperar presencia en la política oficial a través de la colaboración con los aparatos franquistas.

Al margen del colaboracionismo carlofranquista que actuaba en el Movimiento y que admitía la Ley de Sucesión de 1947 y, por tanto, el rey que designara libremente Franco, en el seno de la Comunión competían tres tendencias. Estaban los regencialistas o javieristas, con Fal Conde y la Junta Nacional a la cabeza, que rechazaban la participación en las instituciones de la dictadura y reafirmaban la continuidad de la legitimidad dinástica a través de don Javier —primero regente, luego rey—, aunque evitando una actuación manifiestamente antifranquista. Se perfilaba un sector fusionista o juanista —Rodezno hasta su muerte en 1952, José María Oriol y Urquijo, Rafael Olazábal, José María Arauz de Robles—, que veía en don Juan de Borbón al más firme candidato para levantar una monarquía neotradicionalista mediante la integración de las dos legitimidades dinásticas en su persona, lo cual, creían, sería aceptado por el Generalísimo. Y surgía una tercera opción, los posibilistas encabezados por José María Valiente, que, aun reivindicando el trono para la familia Borbón-Parma, buscaban una mejora de la relación con el Régimen, lo que pasaba por una mayor presencia de la CT en los aparatos políticos y doctrinales del Estado franquista y un reconocimiento por todos los carlistas de la excepcional legitimidad del caudillaje vitalicio del general Franco.[271]

Enfrentado a la disyuntiva de una prolongada decadencia del tradicionalismo en la marginalidad franquista o de nuevas rupturas internas asumiendo plenamente el colaboracionismo en el Movimiento, don Javier optó por la vía intermedia del posibilismo, que no implicaba un compromiso rotundo con la dictadura y, a la vez, no lo descartaba a él en la sucesión del Caudillo. En febrero de 1955 nombró una nueva Junta Nacional integrada por miembros de esta corriente, entre ellos Valiente y José Luis Zamanillo, y el 11 de agosto le comunicó al combativo Fal su cese como jefe delegado, a lo que el sevillano no puso obstáculos y se apartó de la política activa.

Don Javier asumió entonces personalmente la dirección de la CT y procedió a la reorganización de sus órganos de gobierno, a fin de «apartar a los hombres que podían irritar a Franco, e iniciar una política posibilista».[272] Designó una Secretaría Nacional integrada por Valiente, Zamanillo —que en 1956 se convirtió en delegado nacional de Requetés— y Juan Sáenz-Díez, a los que luego se unió Ignacio Hernando de Larramendi. La trayectoria de Valiente era sintomática de la encrucijada que vivía el carlismo. Antiguo líder de las Juventudes de Acción Popular y diputado por la CEDA, había sido luego diputado de Renovación Española y estrecho colaborador de Calvo Sotelo en el Bloque Nacional, para acabar integrándose en la Comunión Tradicionalista en noviembre de 1935. A partir de la Unificación buscó convertirse en una alternativa a Fal Conde como delegado de don Javier.[273] Por su parte Zamanillo, un carlista histórico, no tuvo inconveniente en aceptar un puesto en el Consejo Nacional del Movimiento por nombramiento directo de Franco.

En los años siguientes se reafirmó el pragmatismo de la nueva vía posibilista de la Comunión en su relación con el franquismo, pero también el impulso de la causa javierista. Tras haber aceptado asumir el título de rey en 1952, don Javier había desactivado en la práctica una decisión que habría lanzado al carlismo hacia el antifranquismo. Pero la persistencia del fusionismo juanista en las filas tradicionalistas y, sobre todo, la presencia del joven Juan Carlos de Borbón en el entorno de El Pardo acabaron por decidirle a dar el paso. Si el conde de Barcelona proclamaba su condición de rey como depositario legítimo de la legitimidad dinástica de los Borbones y, a la vez, no negaba a su primogénito la posibilidad de beneficiarse de una vía alternativa en la sucesión de Franco, un rey carlista haría lo propio. El 17 de enero de 1956 ratificó ante el Consejo Nacional de la Comunión, como Javier I, su derecho a «la sucesión legítima de la monarquía española», que reclamara cuatro años antes y que ahora hacía efectiva asumiendo el título de rey. Y con ello colocaba a su primogénito, Hugues, un parisino formado como economista en Oxford, en situación de disputar el trono a Juan Carlos de Borbón si los plazos de la sucesión se dilataban y Franco decidía prescindir de los padres y dar paso a la juventud.

En esta etapa, la Comunión Tradicionalista experimentó una modernización de sus estructuras, beneficiada por la tolerancia oficial.[274] Valiente completó su promoción al ser nombrado, el 6 de junio de 1960, jefe delegado regio, lo que le otorgaba la dirección efectiva de la CT, al tiempo que Zamanillo asumía el puesto de secretario general. Perdieron visibilidad algunas unidades de encuadramiento ya arcaicas, como la sección femenina (las margaritas) o la infantil (los pelayos), mientras que se potenciaban otras, legales o toleradas por las autoridades, como la AET[275] que mantenía cierta rivalidad con el SEU oficial o, a partir de 1962, la Hermandad Nacional de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés, conocida como Hermandad del Maestrazgo, que vivió una permanente tensión en su seno entre javieristas y franquistas. En el terreno cultural aparecieron algunas revistas, como Azada y Asta, fundada en Santander en 1957, la zaragozana Esfuerzo Común y la pamplonesa Montejurra, ambas de 1960, que se convirtieron en un foco de producción doctrinal y de debate interno para el carlismo. Y lo mismo sucedió a partir de 1959 con el Círculo Cultural Aparisi y Guijarro, abierto en Valencia, y con el más de medio centenar de Círculos Culturales Vázquez de Mella, que servían de fachada legal a las secciones locales de la CT y entre los que cobraron importancia los de Madrid y Zaragoza.[276]

ENTRE MONTEJURRA Y ESTORIL

La proclamación de Javier de Borbón-Parma como rey provocó nuevos movimientos en las filas del carlismo, que pusieron de relieve lo frágil de la unidad de una CT que se movía en el filo de la ilegalidad. Bajo la gestión de Valiente, la Comunión mantenía una política interna muy difícil. Siempre había existido un sector de las bases populares del carlismo que, insatisfecho con los frutos políticos cosechados con la Cruzada, asumía públicamente posiciones disidentes respecto al Régimen; insatisfacción que se manifestaba en la Fiesta de los Mártires de la Tradición, en la conmemoración anual de la primera concentración de requetés en El Quintillo (Sevilla) en mayo de 1934, en el Aplec de Montserrat, que celebraban los carlistas catalanes, o, con una especial belicosidad, en la romería anual de Montejurra (o del monte Jurra), que se convirtió en el acto político más importante del carlismo. Iniciado con carácter local en 1939, en memoria de dos batallas libradas por los carlistas en 1835 y 1873, y consolidado como ritual nacional en 1954, el vía crucis que ascendía una montaña de 1.042 metros próxima a la localidad navarra de Estella era un acto tanto religioso como político. Adquirió enseguida resonancias míticas —la Montaña Sacra— como una suerte de monte Tabor del carlismo cuya persistencia preludiaba la victoria final frente a sus enemigos;[277] incluidos, claro está, los falangistas del Movimiento.

¡Montejurra! Al resonar en todos los corazones el eco de su nombre santificado por tantos heroísmos y martirios, dice a los españoles todos que el Carlismo sigue vivo, fuerte, potente, y que si un día sus banderas vuelven a desplegarse será para continuar la gesta gloriosa hasta la liberación de España por la Tradición y la Legitimidad.[278]

El 5 de mayo de 1957, Hugues, que llevaba meses residiendo en secreto en España, acudió al vía crucis de Montejurra y se presentó ante los asistentes como Carlos Hugo, príncipe de Asturias y heredero legítimo, por lo tanto, de la Corona española a través de su padre. En su discurso defendió los aspectos «populares» del carlismo y asumió principios de renovación: «La tradición no es repetición del pasado. Es el pasado que sobrevive para hacerse futuro […]. Tradición y libertad, continuidad y creación, son los dos pilares del porvenir». Ello le granjeó a Carlos Hugo una popularidad inmediata entre las bases de la Comunión, pero le mereció la enemistad de los elementos más afines a la ortodoxia tradicionalista y de los partidarios de la fusión de las fuerzas monárquicas.

Irritó también a Franco, que se consideraba único depositario del derecho a elegir al futuro rey. Como explicaba a su primo y secretario:

La rama que defienden los señores Valiente y Zamanillo se está portando muy bien con el régimen; pero no se comprende que sean partidarios y hagan propaganda a favor de un príncipe extranjero que no tiene el menor arraigo en el país y que nada inspira a los españoles.[279]

Y dos años después repetía la crítica ante el mismo testigo:

[Los tradicionalistas] olvidan que la sucesión legal a la Corona de España está en el actual príncipe Don Juan, heredero de Alfonso XIII. Al rey que ellos preconizan no lo conoce nadie, y los españoles nunca permitirán que reine un rey francés […]. La monarquía vendrá con estos príncipes [don Juan o don Juan Carlos] o con un regente, pero nunca con reyes tradicionalistas.[280]

En el seno de la CT, la asunción de la realeza por don Javier y, sobre todo, el paulatino alejamiento de su primogénito de las posiciones del tradicionalismo clásico provocaron dos reacciones secesionistas, juanista e integrista, respectivamente.

La opción juanista en el carlismo, el llamado «fusionismo», tuvo su momento de gloria en febrero de 1946, cuando el conde de Barcelona, en el curso de uno de sus múltiples virajes tácticos para hacerse con la Corona, negoció con el conde de Rodezno las Bases de Estoril, en las que prometía una monarquía tradicionalista con Cortes corporativas, unidad católica y un rey investido con el Poder Ejecutivo «con la obligada asistencia de los ministros». El documento no tuvo consecuencias a corto plazo —salvo la expulsión de la CT de Rodezno y sus compañeros «estorilos»—, pero mantuvo viva la candidatura de don Juan en un sector del tradicionalismo opuesto a los Borbón-Parma. Sus miembros lo argumentaban en el hecho de que don Alfonso Carlos había designado a su sobrino Javier como regente, pero no como heredero, y que don Juan poseía mayores derechos.[281]

Tras el acto de Montejurra de mayo de 1957, que ponía de manifiesto el nacimiento de una nueva rama dinástica del carlismo, la javierista, los fusionistas se concertaron para relanzar su proyecto juanista. El 20 de diciembre de ese año, en Villa Giralda, la residencia portuguesa de don Juan, cuarenta y cinco destacados miembros de la CT volvieron a escenificar, mediante la llamada Acta de Estoril, la unión de las dos ramas borbónicas en la persona del conde de Barcelona, a quien reconocieron como rey de España tras su aceptación de los principios del tradicionalismo.[282]

En la Comunión, entre cuyas bases la opción juanista era minoritaria, los miembros de la Junta Nacional reaccionaron inmediatamente. Emitieron una declaración tachando a don Juan de «liberal» y afirmando que su posible instauración como rey «asusta a los monárquicos españoles, que temen que no sea más que el vehículo para una nueva república».[283] El intento fusionista no fue a más en el seno de la CT, pero contribuyó a la imagen de dispersión e indefinición política que transmitía el carlismo y a que «el gran beneficiario» de la maniobra fuera, «como ocurrió en todas y cada una de las rencillas dinásticas de la época, el régimen y la persona de Francisco Franco».[284]

En el otro extremo del carlismo, el del antifranquismo manifiesto, un sector rechazaba la proclamación real de don Javier y su vinculación al giro posibilista de la Comunión. La disidencia se había originado en Cataluña y estaba organizada en torno a Mauricio de Sivatte, que había sido cesado como jefe regional en 1949 por sus enfrentamientos con Fal Conde. Sivatte mantenía un núcleo de seguidores agrupados en el Círculo Familiar Montserrat con los que, en abril de 1958, constituyó la denominada Regencia Nacional Carlista de Estella (RENACE), que negaba los derechos dinásticos de los Borbón-Parma y del conde de Barcelona.[285] Hasta mediados de los años sesenta el «sivattismo» tuvo notable arraigo entre la comunidad carlista de Cataluña, en competencia y colaboración alternas con unas Juntas de Defensa del Carlismo, aparecidas en 1962 bajo la dirección de Joaquín García de la Concha y básicamente dedicadas a combatir al javierismo desde planteamientos integristas. Entre las actividades de la Regencia destacó, por su virulencia, la campaña contra la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967, que sus miembros veían como una barra libre para las «pseudoconfesiones acatólicas» y que comenzaron a combatir apenas se anunció el proyecto.[286]

UN PLANO INCLINADO HACIA EL ANTIFRANQUISMO

Los años centrales de esta década marcaron cambios sustanciales en el carlismo, tanto en el terreno ideológico como en el organizativo. Desde 1955, la Comunión se beneficiaba de una considerable tolerancia de las autoridades franquistas. Bajo la jefatura delegada de Valiente siguió jugando la baza del pragmatismo, manteniéndose ajena a la estructura orgánica del Movimiento Nacional y por lo tanto fuera del marco político legal, pero procurando tener presencia en la vida institucional a través de las diputaciones y ayuntamientos. Por su parte, Carlos Hugo buscó mejorar su posición como rival de los Borbones «liberales» en la carrera por la futura monarquía.[287] En mayo de 1962 fue recibido en audiencia por un Franco a quien le convenía agitar el fantasma de un posible sucesor carlista frente a las impaciencias de los monárquicos juancarlistas y, de paso, estimular una rivalidad entre los dos Borbón-Parma, padre e hijo, algo que ya sucedía entre don Juan y don Juan Carlos con cargo a las posibilidades sucesorias de cada uno. En esa ocasión, Franco oficializó a Carlos Hugo como duque de San Jaime, título que utilizaba desde el año anterior y que había usado don Alfonso Carlos.

No obstante, mientras parecía consolidarse el posibilismo respecto del Régimen en la dirección de la CT, las bases sociales del movimiento, el definido como «pueblo carlista», experimentaban una trasmutación ideológica en sentido contrario. Esta tuvo que ver, sin duda, con el relevo biológico que llevó a la militancia a una generación que no había vivido las luchas de los años treinta, pero también con la modernización de la sociedad española, que incrementó el peso de la presencia obrera y urbana en el carlismo, con el auge del catolicismo progresista tras el impacto del Concilio Vaticano II, con la difusión de las corrientes marxistas en los medios universitarios y obreros, y con la evolución de la sensibilidad fuerista del carlismo hacia el regionalismo federalista, en contacto con los nacionalismos vasco y catalán.[288] En otros ámbitos del carlismo, que se identificaban como tradicionalistas, todas estas circunstancias provocaban actitudes de rechazo, que ahondaban las divisiones en el movimiento.

La «modernización» venía propiciada, además, por la actividad de entidades vinculadas a la Comunión, especialmente la AET, cuyos universitarios, carentes de la identificación emocional de sus mayores con la Cruzada, asumieron un creciente protagonismo en instituciones culturales como el Círculo Vázquez de Mella zaragozano, editor de influyentes publicaciones doctrinales a través de la editorial SUCCVM. En 1964, la Secretaría Nacional de la AET publicó un «Esquema doctrinal» que puede considerarse uno de los hitos iniciales en la evolución del carlismo hacia el socialismo sui géneris que asumirían gran parte de sus bases y dirigentes no mucho después. Este proceso de inmersión en el antifranquismo tuvo iniciativas importantes, por supuesto ilegales, en la creación del Movimiento Obrero Tradicionalista (MOT), en marzo de 1963, que pronto estableció una estrecha relación con las filocomunistas Comisiones Obreras, y en la de los Grupos de Acción Carlista (GAC) en 1965, que pretendían recuperar el espíritu de militancia combativa del Requeté y que jugaron con la idea de dedicarse a la guerrilla revolucionaria.[289]

Todo ello situaba a José María Valiente y su vacilante política de «oposición constructiva» al Régimen en una situación cada vez más delicada. Carlos Hugo, que no cuestionaba los pretendidos derechos de su padre al trono español pero que aspiraba a representarle en el interior, asumía posiciones contrarias al jefe delegado. Con la colaboración de sus «secretarios», media docena de jóvenes de la AET entre los que destacaron su presidente, Ramón Massó, y José María de Zavala, Carlos Hugo acometió la tarea de asumir el liderazgo político del carlismo mediante «un proceso de marketing original y único: convertir a un universitario francés en un príncipe español».[290] En 1962 estableció su residencia en Madrid —en el edificio donde vivía Carrero Blanco— y recorrió el país con sus hermanas, María Teresa, María de las Nieves y Cecilia, dándose a conocer a los núcleos locales de la Comunión en una situación de «clandestinidad tolerada» por las autoridades.[291] En julio de ese año llegó a trabajar veinte días como peón minero en una explotación carbonífera asturiana, con identidad falsa, hasta que fue «descubierto» por un periodista especializado en casas reales y la noticia fue publicada en toda la prensa española.[292] Cuando en 1964 Carlos Hugo contrajo matrimonio con Irene, hija de la reina de Holanda, se abrió una vía dinástica que podía fortalecer las opciones de la dinastía carlista ante un Franco que recibió a la pareja en El Pardo.

Asimismo, el grupo carlohuguista, respaldado de forma creciente por las bases carlistas, estaba ya iniciando su ofensiva contra un veterano sector posibilista que perdía terreno. Ya en 1962 el secretario general, Zamanillo, presentó su dimisión y, tras abandonar la CT, acabó en el bando juancarlista. En enero de 1965, en el castillo austriaco de Puchheim y ante la Junta Nacional, don Javier renovó su candidatura al trono y expuso una línea programática que incluía la regionalización administrativa del Estado y el futuro reconocimiento de los partidos políticos. En abril impulsó la creación de una Junta de Gobierno de la Comunión, más reducida que la poco operativa Junta Nacional, aunque Valiente siguió al frente. Ello facilitó el inicio del relevo generacional en sus cuadros —el ascenso de la segunda generación carlista, equivalente a la falangista— y un cambio político de gran calado. Lo que se confirmó al año siguiente, cuando se reunió en el Valle de los Caídos un Congreso Nacional Carlista en el que la línea colaboracionista de Valiente fue abiertamente criticada por la mayoría de los delegados. Como consecuencia de ello, el posibilista Massó abandonó la Secretaría Política de Carlos Hugo y José María de Zavala pasó al primer plano al asumir una Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno de la CT dotada de grandes poderes ejecutivos en detrimento de los de su presidente. Con todo, ello no supuso todavía el abandono de una línea posibilista que practicaba el propio Carlos Hugo, pendiente aún de sus posibles opciones de suceder a Franco.

De hecho, pese a su derrota en el congreso del Valle de los Caídos, desde su presidencia de la Junta de Gobierno Valiente animó nuevas medidas conciliatorias con el Régimen, que ahondaron aún más las tensiones internas en la CT: por ejemplo, la recomendación hecha por don Javier de que los carlistas votasen en el referéndum de diciembre de 1966 sobre la Ley Orgánica del Estado, contraviniendo la consigna de abstención de todo el antifranquismo, aunque podrían hacerlo «según su conciencia»;[293] o la decisión de la Junta de alentar la presentación de candidaturas, aunque «no como grupo político», a las elecciones de procuradores del tercio familiar en las Cortes, en las que fueron elegidos un puñado de candidatos carlistas por Navarra y Guipúzcoa.[294]

Sin embargo, la vía posibilista estaba cada vez más lejos de alcanzar los resultados que prometía y el sector antifranquista de Zavala ganaba posiciones rápidamente.[295] El 6 de enero de 1968, don Javier forzó la dimisión de Valiente como jefe delegado y depositó sus funciones en una Junta Suprema presidida por Juan José Palomino, un bodeguero jerezano que había sido diputado carlista durante la República. Pero eran el secretario general, Zavala, y su equipo quienes llevaban la auténtica gestión de una CT que en 1971 perdió incluso su nombre en favor del de Partido Carlista (PC), denominación que, obviamente, era ilegal en la España franquista. En diciembre de 1968, el Gobierno volvió a expulsar del país a los miembros de la familia Borbón-Parma bajo la acusación de participar en actos políticos que como extranjeros tenían vetados, en este caso en una concentración carlista en el monasterio riojano de Valvanera.

La designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey de España en 1969 desató actitudes enfrentadas en el seno del carlismo. Un sector reafirmó su lealtad al dictador y asumió la futura monarquía juancarlista como la realización de los ideales de la tradición. Fue, notoriamente, el caso de Valiente y Zamanillo, que fueron nombrados por Franco, respectivamente, procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento; el de muchos requetés de la Hermandad del Maestrazgo con su presidente, Ramón Forcadell, a la cabeza, o el del influyente Círculo Cultural Vázquez de Mella madrileño, que bajo la dirección de Miguel Fagoaga, consejero del Movimiento, afirmó en un comunicado:

Hemos luchado siempre por la Monarquía Tradicional y si, por salvar esos principios hemos de sacrificar otras devociones —al fin y al cabo secundarias ante el interés supremo de la Patria y de la Institución—, creemos que no podemos dudar. Pero es que, además, la nueva Monarquía responde a la mejor Tradición española en su planteamiento: su proclamación se ha efectuado con arreglo fiel a nuestras leyes institucionales, refrendadas por el pueblo español, y cuenta con la decisión del Caudillo de España, artífice de la Victoria y de la Paz que disfrutamos ahora los españoles.[296]

Por su parte, la dirección de la CT, donde la expulsión gubernativa de los Borbón-Parma el año anterior había exacerbado las actitudes antifranquistas, manifestó un rechazo frontal a la designación del príncipe de España como futuro rey a través de una declaración de la Junta Suprema:

Por falta de desarrollo de algunas Leyes Fundamentales españolas, los organismos llamados representativos carecen de la representatividad necesaria para comprometer a todo el pueblo en una decisión tan trascendental. Es de grave responsabilidad hacer perder la esperanza de esta auténtica participación. No ha habido consulta nacional que legitime este acto […]. Nadie ignora que el Carlismo durante más de un siglo ha sido fiel a una Dinastía que representa la legitimidad histórica y la defensa de los principios democráticos de nuestro pueblo. Hoy, estas legitimidades concurren en Don Javier de Borbón-Parma, al cual expresamos y renovamos lealtad.[297]

MONARQUÍA FEDERAL Y SOCIALISTA

Perdidas las esperanzas en que Franco nombrara sucesor a Carlos Hugo, este, que había mantenido cierta reserva a la espera de la decisión, podía asumir la condición antifranquista sin las ambigüedades o, al menos, los silencios que habían constreñido la trayectoria política de su padre. Y lo mismo sucedía con el Partido Carlista. Tras el Montejurra de 1969, miles de jóvenes se concentraron en Estella para protestar por la expulsión de Carlos Hugo, quemaron públicamente un retrato del jefe del Estado y mantuvieron violentos altercados con la Policía Armada. Los GAC comenzaron a mostrarse más activos en su actividad clandestina, aunque no pasaron de realizar actos casi simbólicos, como atracos a empresas para recaudar fondos, la detonación de algún pequeño artefacto o el intento de boicotear la retransmisión televisiva del discurso de fin de año de Franco, en diciembre de 1970, que acabó con los cinco miembros del comando en la cárcel. En marzo de 1972 el sindicalismo carlista estrechó su vinculación a las Comisiones Obreras con la creación del Frente Obrero Socialista (FOS), «que alcanzó niveles de implantación notables».[298] Y en el seno del PC había surgido el año anterior una corriente de izquierda radical, las efímeras Fuerzas Activas Revolucionarias Carlistas.[299]

Las autoridades franquistas, a las que el carlismo ya no les aportaba nada una vez resuelto el tema de la sucesión monárquica, comenzaron a contemplarlo como un problema de orden público. La revista Montejurra, convertida en el principal medio de expresión doctrinal del carlohuguismo, sufrió denuncias, secuestros de ediciones y todo tipo de presiones oficiales, hasta que en mayo de 1971, tras una concentración en Montejurra especialmente conflictiva, fue cancelada su inscripción en el Registro de Publicaciones por decisión gubernativa y tuvo que cerrar. Ese mismo año fue expulsada de España Cecilia de Borbón-Parma, lo que llevó a la Junta Suprema del PC a anunciar que el carlismo se consideraba «en el campo de los vencidos» en la Guerra Civil y que «hoy está en la oposición» al Régimen.

El carlohuguismo buscaba dar respuesta a los cambios de mentalidad que se estaban gestando en las bases populares del carlismo. La generación de los requetés del 36 pasaba a ser minoritaria en una militancia que se renovaba mediante la captación de jóvenes que portaban valores de modernización social propios de la era del desarrollismo. Muchos, o la mayoría de ellos, veían el antifranquismo como su vía natural de acción política, y en las regiones básicas para el partido sustituían los viejos ideales del fuerismo localista por una visión federal de Estado que debía mucho al auge de los nacionalismos periféricos. Por otra parte, esta nueva generación estaba superando también el clásico concepto del papel secundario, pasivo y asistencial, de las mujeres en el carlismo para incorporarlas, conforme mostraban con su ejemplo las cuatro hijas de don Javier, a la militancia plena en las tareas políticas.[300]

Los teóricos carlohuguistas acometieron, pues, un radical giro doctrinal, definido por ellos como «clarificación ideológica», que encontró su plasmación en los congresos del Pueblo Carlista celebrados en la localidad francesa de Arbonne, lugar de residencia de Carlos Hugo.[301] En el primero, en diciembre de 1970, don Javier dio por definitivamente liquidada la vía posibilista respecto a la dictadura y también buena parte del bagaje tradicionalista del carlismo. En su discurso de cierre del congreso defendió una «revolución social» mediante una «promoción del pueblo» basada en tres libertades forales —«los fueros de las regiones, los fueros de los sindicatos y los fueros de los partidos políticos»— y en «el pleno reconocimiento de los diversos pueblos que forman la nación española». Quien no aceptara estos principios sería excluido.

Algunos tienen la osadía de lanzar condenas rememorando formas antiguas y caducas […]. Pero el llamarse carlista y hablar en nombre del carlismo no es un derecho que se puede otorgar uno a sí mismo, sino que es un compromiso con una lealtad y una disciplina. Lealtad a mi Dinastía, que lleva consigo disciplina a los representantes del carlismo. El que rompe constantemente esta disciplina es porque realmente ha roto su lealtad. Y por lo tanto no se puede llamar carlista.[302]

En febrero de 1972, don Javier sufrió un grave accidente de automóvil cuyas secuelas le animaron a traspasar a su hijo toda la responsabilidad política, hasta el punto de que en abril de 1975 abdicó en él sus derechos dinásticos. Para entonces, Carlos Hugo y su equipo, con Zavala a la cabeza y el periodista Carlos Carnicero como secretario de Organización, habían llevado a cabo la radical transformación del PC, del que había desaparecido la Junta Suprema y que era definido ahora como «un partido de masas, de clase, democrático, socialista y monárquico federal».[303] La vieja Comunión heredada del siglo XIX había dado paso a un partido muy descentralizado en organizaciones de carácter regional y presidido por un Consejo Federal, así como a diversos «frentes» de activismo militante: obrero, estudiantil, vecinal, profesional y campesino. En abril de 1971 y junio de 1972, el II y III congresos del Pueblo Carlista, con un marcado carácter asambleario, sirvieron para concretar las nuevas bases doctrinales: un reforzamiento del antifranquismo y el abandono de los viejos ideales tradicionalistas, sustituidos por un proyecto de Estado federal con reconocimiento del derecho de autodeterminación de las regiones, una «monarquía socialista» basada en la soberanía del pueblo, y la «democracia económica» y el «socialismo autogestionario» mediante la socialización y el control popular de los grandes medios de producción, proyecto este último que los carlistas tomaban de la Yugoslavia de Tito.[304] Asimismo, la ortodoxia nacionalcatólica del tradicionalismo daba paso entre las bases juveniles a un catolicismo progresista en el que resonaban ecos de la teología de la liberación.

En su discurso ante el II Congreso, Carlos Hugo utilizó un lenguaje que se acercaba al universo ideológico de la izquierda revolucionaria de la época:

Las formas que han fijado esas castas que perduran a través de la «selección de especies», o clases sociales, es lo que hay que cambiar. La Revolución Social será el primer paso para sentar las bases de la democratización de las élites. Será la que acabe con la función clasista, la que abra cauces para que el Pueblo pueda, libremente, promocionar sus élites, sus líderes, excluyendo el proceso de selección familiar y de clase […]. Las barreras que se impongan, del tipo que sean, a este ejercicio de la libertad, serán arrolladas por la Revolución, por las buenas o por las malas […]. En el Carlismo, y en algunas circunstancias de su historia, eran castas ajenas a él las que intentaban dirigirle y utilizarle como refugio y punto de apoyo para fomentar la contrarrevolución capitalista y burguesa. Hoy, desmontados los cuadros que irrumpieron en él, por razones bien conocidas, el Carlismo acelera la democratización de sus mandos y de sus élites.[305]

A lo largo de este proceso congresual, el PC se fue desprendiendo de su ala derecha, comenzando por los dirigentes y cuadros del periodo posibilista, cuya purga explicaba Zavala:

Los mandos de esta última etapa respondían a un concepto de clase. En su mayoría eran personas procedentes del integrismo que pertenecían a las clases burguesas: familias integristas que intentaron hacer del Carlismo un coto de su propiedad, inspirando una ideología derechista que representase la salvaguarda de sus intereses. Hoy, el Partido Carlista está dirigido por militantes de base, élites democratizadas.[306]

La interpretación del pasado por los carlohuguistas, nutrida en origen por la visión de Marx y Engels en su opúsculo La Revolución española[307] y repetida hasta la saciedad en libros y folletos en los últimos años del franquismo, era que en el carlismo histórico se habían combinado tres «líneas» a lo largo del siglo XIX:[308] una original y propiamente carlista, movimiento popular de rebeldía campesina, fuerista y con un gran potencial revolucionario frente al Estado liberal burgués y centralista, que tenía continuidad en el Partido Carlista del tardofranquismo y su profesión de izquierdismo, y otras dos de derecha, la tradicionalista, un conjunto de valores reaccionarios «totalmente ajeno al Carlismo», que actuaba en sintonía con los aparatos institucionales del franquismo, y la integrista ultracatólica, «el mayor enemigo del Carlismo», que perpetuaban grupos como Fuerza Nueva, cuyo líder, Blas Piñar, había sido invitado de honor en el Montejurra de 1964.[309]

Desde luego, el PC ya no mantenía relaciones con la ultraderecha. Pero, además, ahora debían irse los tradicionalistas del sector posibilista, comenzando por José María Valiente, que fue expulsado de la organización en enero de 1971, un mes después de que Franco le nombrara procurador en Cortes. Valiente reconoció a Juan Carlos de Borbón como futuro rey y se unió a Zamanillo, Oriol y Urquijo, Fagoaga, Araluce Villar y otros cuadros carlofranquistas en la creación de una asociación política dentro del Movimiento, la Unión Nacional Española. Y el mismo camino siguió una parte de los requetés de la Hermandad del Maestrazgo, presididos por Ramón Forcadell, conversos al juancarlismo desde el otoño de 1969 e impulsores de otra asociación política, el Frente Institucional. En el campo intelectual, el giro doctrinal introducido por el carlohuguismo despertó fuertes resistencias entre quienes defendían las esencias tradicionalistas de la antigua Comunión, refugiados en círculos culturales y agrupaciones de requetés. Tal fue el caso del Círculo Nacional Vázquez de Mella, presidido por Fagoaga, del Círculo Aparisi y Guijarro, bajo la dirección de Raimundo de Miguel, y sobre todo del Centro de Estudios Históricos y Políticos General Zumalacárregui, fundado en mayo de 1963 por el ideólogo Francisco Elías de Tejada, que organizó los Congresos de Estudios Tradicionalistas, el primero en 1964 y el segundo en 1968, como réplica a la interpretación marxista que hacían los historiadores del sector carlohuguista, con el que rompieron abiertamente.[310]

Este sector tradicionalista mantenía una relación más o menos fluida con las estructuras del Movimiento Nacional y contaba con una red de publicaciones afines: empresas editoriales como la sevillana Montejurra o la madrileña Editorial Tradicionalista, y periódicos como El Pensamiento Navarro, el histórico diario pamplonés cuyos propietarios rompieron en julio de 1970 con el Partido Carlista y pusieron fin a la línea progresista sostenida por su hasta entonces director, Javier María Pascual.[311] Más radicalizadas estaban publicaciones de carácter integrista como Dios lo Quiere, órgano de la Hermandad Sacerdotal Española, aparecida en marzo de 1970, Iglesia-Mundo, lanzada en abril de 1971 —destinadas ambas a combatir la deriva posconciliar de la Iglesia española—, El Cruzado Español, fundada en Barcelona en 1958 y dirigida por José-Oriol Cuffí Canadell, o Qué Pasa, subtitulada «Semanario político-carlista de actualidad», quizá la más combativa de todas ellas en la denuncia de la deriva izquierdista del carlohuguismo. Esta última se editó en Madrid entre 1941 y 1955 y luego entre 1964 y 1981. Su director y propietario era Joaquín Pérez Madrigal, diputado radicalsocialista y furibundo anticlerical durante la República, que tras recorrer su particular Camino de Damasco acabó en la extrema derecha y se convirtió en el más radical panfletario del integrismo carlista, con una especial obsesión por el «contubernio masónico-comunista».[312]

Para estos tradicionalistas la cuestión dinástica seguía abierta, ya que no reconocían ninguna solución personal posterior a 1936. «Portadora del Testamento de Carlos VII, la Comunión Tradicionalista reitera su fidelidad inquebrantable a la Dinastía que acaudilló la verdad española contra la revolución, condenando a quienes desconozcan los derechos de la ejemplar legitimidad proscrita en la línea egregia que va desde CARLOS V hasta ALFONSO CARLOS I.»[313]

Y el pecado que excluía al carlohuguismo de la opción sucesoria dinástica era haber ignorado «que la supuesta legitimidad de origen queda subordinada a la legitimidad de ejercicio», esto es, al cumplimiento de los principios tradicionalistas del carlismo.[314] En un texto de 1971, ello quedaba explícito comentando el lema carlista clásico, «Dios, Patria, Rey»:

Los grandes enemigos del Carlismo —aquellos que le han causado desde dentro más daño que el logrado por sus más encarnizados enemigos exteriores— son por ello quienes han cambiado el orden de los valores ideológicos. De señalar muy especialmente son, quienes han intentado anteponer las conveniencias dinásticas de una persona o una familia por encima de los intereses exigidos por los puntos más altos del lema. Por eso hay que sostener tajantemente aquel orden de valores, y no tolerar jamás su subversión o alteración.[315]

Mientras tanto, Zavala impulsaba la deriva del Partido Carlista hacia el socialismo y establecía una estrecha relación con el Partido Comunista de España (PCE), con cuyo secretario general, Santiago Carrillo, se entrevistó en secreto en París. En el otoño de 1973 la dirección del Partido Carlista aceptó la invitación del comité español para el Congreso Mundial de Fuerzas Amantes de la Paz y envió una delegación a Moscú, donde participó junto con representantes del PCE, de la plataforma unitaria Assemblea de Catalunya o de Comisiones Obreras en las tareas de un foro inaugurado por el líder soviético, Leonid Brézhnev. Allí, la delegación carlista, encabezada por María Teresa de Borbón-Parma, denunció la vigencia «del fascismo en España» gracias a la complicidad «de un capitalismo internacional que ve en su pervivencia un recurso».[316]

En adelante, el Partido Carlista desarrolló una actividad manifiesta en los organismos unitarios del antifranquismo. Ya en 1971, la sección catalana del PC se adhirió a la Assemblea de Catalunya. Dos años después el partido intentó lanzar, sin éxito, un Frente Democrático Revolucionario en el que llamó a participar a las restantes fuerzas de la oposición. En septiembre de 1974 se incorporó a la primera plataforma unitaria del antifranquismo, la Junta Democrática de España, con el PCE como socio mayor. Pero resultaron ser unos aliados incómodos y en junio de 1975 el PC se unió al organismo rival, la Plataforma de Convergencia Democrática, que lideraba el PSOE de Felipe González.

Por los días en que Franco agonizaba, el antiguo movimiento carlista aparecía dividido en media docena de sectores enfrentados, con abismales diferencias doctrinales.

Quedaban sendos restos, meramente testimoniales, del carloctavismo franquista en la Comunión Católico-Monárquica y del sivattismo antifranquista de la Regencia de Estella. Los tradicionalistas del Movimiento, los Oriol y Urquijo, Zamanillo, Fagoaga, Forcadell, etcétera, estaban dispuestos a admitir la apuesta de Franco por Juan Carlos de Borbón a través de sus dos asociaciones políticas, la Unión Institucional y la Unión Nacional Española. Y había un marcado componente tradicionalista en grupos de la ultraderecha franquista como Fuerza Nueva, los Guerrilleros de Cristo Rey o las Hermandades de Requetés que se integraron en la Confederación Nacional de Excombatientes.

En las antípodas estaba el Partido Carlista, la organización carlohuguista que preconizaba la lucha antifranquista y una monarquía federal y socialista. La abdicación de los derechos dinásticos de don Javier en favor de Carlos Hugo, en abril de 1975, abrió una nueva brecha cuando el hijo menor, Sixto Enrique, acusó a su hermano de traicionar los ideales religiosos y políticos del carlismo y, a finales de septiembre, alzó el estandarte de la rebelión al rechazarle como rey: «Hoy, después de la forzada abdicación de nuestro Padre, me obligas, con el documento que acabo de recibir, a definirme públicamente y tomar la firme decisión de mantener en alto la bandera de la Comunión Tradicionalista-Carlista, que tú has abandonado y ello por lealtad al pueblo carlista, al cual nos debemos, y por fidelidad a los grandes principios de nuestra Causa, que son inalterables».[317] Se le unieron los tradicionalistas refugiados en entidades como el Círculo Vázquez de Mella, el Círculo Aparisi y Guijarro o el Centro de Estudios Históricos y Políticos General Zumalacárregui, que se reagruparon, bajo la dirección de Raimundo de Miguel, en una renovada Comunión Tradicionalista-Carlista. Obsesionados por recuperar el purismo doctrinal, estos sixtinos quedaron englobados, sobre todo tras los sangrientos incidentes de Montejurra de 1976, en la nómina de grupos involucionistas de ultraderecha.

Al arrancar la Transición el carlismo era, pues, un sector político presidido por la confusión doctrinal y la división, en el que resultaba imposible reconocer a la antaño pujante Comunión Tradicionalista que había sido uno de los puntales de la Gran Coalición derechista de julio de 1936. Con la recuperación de la democracia, los españoles tendrían la última palabra sobre el futuro de aquella disputada herencia histórica.

7

DEMOCRISTIANOS Y LIBERALES

LA DERECHA HOMOLOGABLE

1956-1976

La derrota de las potencias fascistas en 1945 desvió a la derecha española de la trayectoria común de las derechas europeas y la situó en el único sistema dictatorial, junto con el más veterano Portugal salazarista, de la Europa occidental. El sistema político franquista permaneció ajeno, durante las siguientes tres décadas, a las tendencias de parlamentarismo democrático que se desenvolvían en su entorno continental, y los españoles que las defendían se veían obligados a actuar desde la clandestinidad o el exilio. Existió, no obstante, un reducido sector entre los vencedores de la Guerra Civil que, a partir de referentes previos al franquismo y superando una inicial identificación con él, buscó la construcción de opciones que pudieran imbricarse con la nueva derecha democrática europea. Constreñidos a actuar públicamente desde organizaciones culturales, empresas editoriales y asociaciones religiosas ajenas a los aparatos institucionales de la dictadura, silenciados o demonizados por la censura gubernamental de los medios de comunicación, basaron buena parte de su labor en la difusión de sus proyectos en el exterior, fiando en gran medida el futuro de su alternativa a la vocación europeísta y la homologación de sus partidos con las grandes corrientes del liberalismo y la democracia cristiana continentales. Y esperando el posfranquismo.

Los espacios interiores de esta derecha antifranquista —o no franquista, como correspondería a una lectura crítica— fueron, sin embargo, mínimos, y carecieron tanto de una militancia abundante como de una estructura interna y una unidad orgánica que les permitieran asemejarse a los grandes partidos afines del entorno europeo. La democracia cristiana tuvo que pagar peaje por su procedencia de la familia católica del Régimen, y también por su empeño en combinar la confesionalidad religioso-política con el antifranquismo democrático ante una población que identificaba nítidamente a las estructuras eclesiales con el nacionalcatolicismo franquista. Y cuando estuvo en condiciones de concurrir libremente a un proceso electoral democrático, ya en 1977, su homologación internacional no les sirvió de nada a aquellos grupos de ámbito nacional que se negaron a integrarse en la operación reformista que, desde las filas del franquismo, levantó la Unión de Centro Democrático (UCD). En cuanto a los liberales, siempre fueron una opción casi simbólica, y al final también se dejaron ganar la partida por los reformistas procedentes de las filas del Régimen (hasta el punto de que Adolfo Suárez, el líder de los dos principales partidos de confluencia liberal durante la Transición —la UCD y luego el Centro Democrático y Social, el CDS—, había sido el penúltimo ministro-secretario general del Movimiento Nacional).

DEMOCRISTIANOS DEMÓCRATAS

En la Europa en ruinas que surgió de la Segunda Guerra Mundial, la vanguardia de las derechas la representó una ideología y un modelo de partido que asumieron el nombre de democracia cristiana. Entroncaba, evidentemente, con la faceta política del «catolicismo social» de la primera mitad de la centuria e incluso reproducía el nombre con el que había sido conocida entonces. Pero respondía ahora a un propósito decidido de aggiornamento de los principios católicos frente a la realidad de las sociedades democráticas y liberalcapitalistas que se estaban levantando en la parte occidental del continente. En Francia, en Italia, en el Benelux o en la Alemania federal, los democratacristianos gobernaron sociedades inequívocamente democráticas, ampararon los principios de la integración europea y asumieron, en la medida en que les era doctrinalmente posible, la construcción del Estado de bienestar, impulsada por la también renovada socialdemocracia.

Todos estos procesos de democratización y modernización de las sociedades no alcanzaron a España mientras vivió el general Franco. La dictadura hispana, que tenía en el catolicismo político uno de sus referentes doctrinales, no hubiera tolerado una democracia cristiana que defendiera públicamente los principios que sustentaban los sistemas constitucionales de la nueva Europa. Todo lo más, hubo políticos franquistas, desde Martín-Artajo —impulsor, primero desde los Círculos de Estudios de la ACNP y luego desde el Gobierno, de un proyecto de «democracia cristiana orgánica»— hasta Silva Muñoz, que se apropiaron del término para preconizar una suavización de las pautas autoritarias del Régimen y la aplicación de alguna pluralidad de opiniones y programas en su seno. La existencia de esta influyente familia católica en las filas del franquismo, con vínculos abiertos con la jerarquía eclesiástica y una presencia activa en entidades de encuadramiento de seglares, como la Acción Católica o la ACNP, dejaba muy poco espacio para una democracia cristiana que, en cualquier caso, tendría vetadas las manifestaciones públicas de su existencia.

Sin embargo, desde los años del final de la guerra mundial, hubo pequeños grupos de católicos que entendieron la vertiente política de su confesionalidad en esa clave de pluralismo democrático y que buscaron, en frecuente pero difícil contacto con sus más afortunados correligionarios europeos, sentar las bases de una democracia cristiana española. Durante las décadas del franquismo sus esfuerzos dieron escaso fruto, condenados por el aparato institucional del Régimen, ignorados por una jerarquía religiosa acomodada a las bondades del nacionalcatolicismo y ajenos, por lo menos en gran medida, a las dinámicas opositoras de una izquierda antifranquista para la que «derecha» y «fascismo» seguían poseyendo siniestras equivalencias. Pero los pequeños partidos democristianos formaron parte de esa oposición y, aunque desaparecieron víctimas de la transición pacífica a la democracia que preconizaban, fueron un laboratorio de ideas y una escuela de formación de cuadros y militantes para la renovada derecha del último cuarto del siglo XX.[318]

Una democracia cristiana lastrada, sin embargo, por un pasado y un presente del catolicismo nacional que marcaban diferencias con el modelo europeo. Al respecto Guy Hermet ha señalado, en relación con la era franquista, que «la democracia cristiana y el liberalismo católico españoles proceden de fuentes poco democráticas, en la medida en que llevan el sello de una triple filiación más paternalista que liberal». En primer lugar, «el catolicismo social del final del siglo XIX», vinculado a ideas corporativistas; luego, la influencia de la visión de la ACNP «de una nueva concepción elitista de la participación de los católicos en la vida pública», y, en tercer lugar, el papel de la herencia tradicionalista, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, en partidos «en los que la fe democrática ha ido unida a un conservadurismo social y religioso poco liberal e incluso intolerante».[319] Y ello conllevaba el necesario aprendizaje de prácticas y teorizaciones democráticas, en un difícil contexto marcado por la clandestinidad o, al menos, la marginación de los cauces políticos públicos.

Durante los años de la posguerra, la lucha contra la hegemonía falangista y el interés en promocionar la confesionalidad religiosa en todos los ámbitos de la vida pública y privada de los españoles restaron tensiones internas en el catolicismo político. Existía una actividad mínima en el sector que podríamos identificar como no franquista, con escaso apoyo social y reducida militancia política, cuyos líderes eran otros antiguos dirigentes de la CEDA, José María Gil-Robles y Manuel Giménez Fernández.[320] El primero, en el exilio hasta 1953, estaba sustancialmente interesado por entonces en promover la causa de la restauración monárquica en la persona de don Juan de Borbón, pero mantenía contactos, a través del exsecretario general de la CEDA, Geminiano Carrascal, con algunos antiguos correligionarios, como Jesús Pabón, Manuel García Atance o Juan Luis de Simón Tobalina, interesados no solo en la restauración de la monarquía sino también en promover una vía de catolicismo político al margen de un Movimiento controlado por los falangistas. Gracias a ello se mantenía viva, aunque sin actividad conocida, una Acción Popular que servía de teórico soporte político a Gil-Robles, quien la había integrado en la Confederación Española de Fuerzas Monárquicas en mayo de 1946, pero que se disolvió en el verano de 1948, tras la entrevista de Franco y el conde de Barcelona a bordo del Azor. No obstante, el salmantino entreveía ya la reconstrucción del bloque católico heredero de la CEDA. En la primavera de 1950 le escribía a Carrascal:

Me parece de interés vital acometer la reorganización de nuestro grupo con espíritu muy amplio, para incorporar a él los elementos sanos que por fortuna no faltan. El ideal será que nuestro grupo constituya el núcleo en torno al cual se congregue la gran fuerza de la derecha del mañana. Creo que en ese propósito generoso está la mejor justificación de nuestra supervivencia.

En cuanto a Giménez Fernández, permanecía en su cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Sevilla, en una actitud de disidencia intelectual, dedicado a elaborar una doctrina del «orden social cristiano» que chocaba abiertamente con el nacionalcatolicismo oficial, lo que le llevó a romper con la ACNP y le obligó a publicar su obra en México con el seudónimo de fray Jesús de Segovia. En plena Guerra Civil y temiendo ser represaliado, el exministro le había prometido a Queipo de Llano no implicarse más en cuestiones políticas.[321] Pero, liberado de su promesa por el general en 1943, reanudó esporádicamente el contacto con Gil-Robles a través de Carrascal y otros antiguos correligionarios de la CEDA. Ya entonces le separaba una cuestión fundamental de su exjefe político. Mientras que este se había erigido en un referente fundamental del monarquismo juanista, Giménez Fernández persistía en el accidentalismo. El 25 de junio de ese año le escribía a Gil-Robles:

Nada tengo que oponer, dentro de nuestro accidentalismo en cuanto al régimen político, a tu noble aceptación de la Monarquía en Don Juan de Borbón, como forma externa de un Estado nacional que intente esa fundamental moderación, estabilizadora de las leyes y usos políticos, que la República no pudo lograr por culpa de los extremismos marxista y conservaduro […]. Pero mucho me temo que para casi todos los monárquicos de antes, y para no pocos de los de ahora, la Monarquía no sea más que la garantía del impunismo que necesitan […]. Son los mismos de siempre.[322]

En 1945, las expectativas abiertas por el final de la guerra mundial y la llegada al Gobierno de Alberto Martín-Artajo marcaron un punto de ruptura en el seno de la ACNP entre quienes como el ministro, siguiendo la línea del fundador de la asociación, Ángel Herrera Oria, aceptaban participar plenamente en el sistema para «desfalangizarlo» y potenciar sus contenidos fundados en la doctrina social de la Iglesia, y quienes —con Giménez Fernández como elemento más activo— consideraban que un régimen totalitario como el franquismo era insalvable y que el catolicismo debía ofrecer una alternativa democrática situándose nítidamente fuera del sistema.[323] También se negó a colaborar Gil-Robles, a quien el ministro solicitó que se adhiriese a sus proyectos aperturistas:

Creo gravemente equivocado el paso que has dado y abrigo serios temores de que, no obstante el cuidado con el que vas a pretender deslindar el campo político del de la Acción Católica, queda esta comprometida, tal vez de modo irremediable, en las responsabilidades de un régimen que ha concitado en el mundo odios tan extensos como irreconocibles […]. [Mi] falta de hostilidad no significa aprobación de la resolución que has tomado, ni aval de tu conducta política, ni solidaridad directa o indirecta con tus actos como gobernante.[324]

Una tercera vía posibilista, la del vicepresidente de la ACNP, Alfredo López, o de Francisco de Luis, último director de El Debate, buscaba evitar la confrontación con el Régimen, pero sorteando el manifiesto colaboracionismo que evidenciaba el sector de Martín-Artajo. Las divisiones en el seno de la Asociación en torno a este tema llegaron a ser tan graves que en 1953 su histórico presidente, Fernando Martín-Sánchez, alineado con el sector franquista, tuvo que renunciar a presentarse a la reelección «por representar una actitud colaboracionista de la ACNdP con el régimen».[325] Y dos años después Ángel Herrera dejó de ser consiliario nacional.

Para entonces había surgido el embrión de un grupo democratacristiano en Madrid. Lo aglutinaba el abogado José Rodríguez Soler, un miembro de la ACNP que había sido el último presidente de las Juventudes de Acción Popular. Tolerados por las autoridades, que únicamente exigían discreción, en su domicilio se reunían antiguos dirigentes de la CEDA, como Carrascal y Simón Tobalina, pero también jóvenes propagandistas que se iniciaban en la política, como Fernando Álvarez de Miranda, Alfonso Osorio, Íñigo Cavero y Jesús Barros de Lis. Durante las reuniones, que los asistentes denominaban «cafés Rodríguez Soler», se discutía la situación política, se rendía homenaje a figuras del viejo catolicismo político y se pergeñaban proyectos y programas para la creación de un movimiento democristiano. Eran manifiestamente juanistas, y en 1956 Rodríguez Soler encabezó una delegación del grupo para rendir homenaje a don Juan en su residencia portuguesa de Estoril. Aun así, su proyecto de restauración de la monarquía, aunque fuertemente conservador, quedaba lejos de un pacto con el franquismo como el que buscaba entonces el conde de Barcelona.

La crisis política de ese año, que generó fuertes tensiones en el seno del Régimen y precipitó una drástica modificación del Gobierno, representó también un punto de inflexión para el antifranquismo. Las movilizaciones estudiantiles que catalizaron la crisis, así como la actividad de los intelectuales que las animaron, pusieron en marcha un modelo de oposición interior, una nueva generación de opositores en la que tenían cabida jóvenes universitarios procedentes de familias identificadas con el Régimen, pero también políticos franquistas inmersos en un giro hacia posiciones democráticas. Tal habría sido el caso de algunos destacados representantes del catolicismo político, como Rafael Calvo Serer o, de un modo especialmente manifiesto, Joaquín Ruiz-Giménez.

LOS PRIMEROS GRUPOS NACIONALES

En este clima de renovación de la oposición, la posibilidad de cuajar un partido democratacristiano similar a los que gobernaban en las democracias consolidadas de la Europa occidental resultaba muy atractiva para los grupitos de veteranos militantes del catolicismo político y de jóvenes universitarios que se identificaban con esa ideología. Algunos de estos últimos pusieron en marcha en Madrid, en octubre de 1956, una pequeña organización, la Unión Demócrata Cristiana (UDC). Para su presidencia lograron la aceptación de Giménez Fernández, mientras que Barros de Lis, que había abandonado el grupo de Rodríguez Soler, asumió la dirección efectiva como secretario general, con Jaime Cortezo y Rafael Alcaraz acompañándole en la Comisión Ejecutiva. La UDC era un partido ilegal, con una base de militantes muy reducida y escasamente operativa, pero constituía la primera organización de la derecha española posterior a 1936 que planteaba una opción de democracia pluralista. Su manifiesto fundacional se pronunciaba por superar los efectos de la Guerra Civil mediante una amplia amnistía, defendía la confesionalidad católica del Estado pero sin menoscabo de la democracia representativa, incidía en los aspectos más avanzados del viejo catolicismo social y alentaba la aproximación de España al proceso de integración europea y su entrada en la OTAN. En cuanto a la salida del franquismo, el manifiesto proponía la creación de una regencia que impulsara una transición a la democracia, tras la que la ciudadanía se definiría mediante un plebiscito, o una asamblea constituyente, sobre la monarquía o la república. No obstante, Giménez Fernández y otros cuadros de la UDC se mostraban dispuestos a apoyar la opción juanista, siempre que esta apostara firmemente por la democracia.

El liderazgo del veterano político resultó pronto poco efectivo. Cerca de los setenta años, imposibilitado para una comunicación fluida entre su residencia en Sevilla y una militancia básicamente madrileña, Giménez Fernández era más un teórico que un político. Por otra parte, Geminiano Carrascal y otros asistentes a los «cafés Rodríguez Soler» próximos a Gil-Robles fundaron otro partido político, Democracia Social Cristiana. Tras ello, los dirigentes de la UDC consideraron que el término «Unión» aplicado a su partido carecía ya de sentido y en 1959 se reunieron discretamente en Madrid para proceder a su refundación como Izquierda Demócrata Cristiana (IDC), presumiendo que los gil-roblistas estaban situados en posiciones más conservadoras que las suyas —lo que era cierto— y que eran incondicionalmente monárquicos, mientras que ellos, los seguidores de Giménez Fernández, persistían en su accidentalismo táctico.[326]

La naciente democracia cristiana española buscaba ya su hueco en el antifranquismo. A finales de 1957 la sección juvenil de la UDC había pactado con la Agrupación Socialista Universitaria y las juventudes del Partido Social de Acción Democrática (PSAD) —el grupo de Ridruejo— la creación de una Unión Democrática de Estudiantes. Luego, ya como IDC, se produjo un acercamiento al socialismo y en septiembre de 1959 Barros de Lis, Cortezo y otros dirigentes viajaron a Bayona, donde firmaron con Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, y Pascual Tomás, de la UGT, un documento en el que se comprometían a darse apoyo mutuo para «precipitar la caída de la dictadura totalitaria que padece España». La ulterior negociación de un programa más concreto se vio impedida, no obstante, por la profesión republicana del PSOE, que los dirigentes de UDC no querían asumir.

Sin embargo, el conde de Barcelona apostaba entonces claramente por Gil-Robles, al que había incorporado a su Consejo Privado, por lo que IDC se vio libre para suscribir pactos con las fuerzas republicanas. En abril de 1961, Giménez Fernández presidió una reunión de la Comisión Ejecutiva de su partido en Palma de Mallorca en la que se acordó formalizar el acuerdo con el PSOE, la UGT y los partidos republicanos. Y el 4 de junio se difundió el manifiesto de la Unión de Fuerzas Democráticas (UFD), que firmaban Barros de Lis, Llopis, Tomás, José Maldonado, presidente de la República en el exilio, Francisco Javier de Landáburu por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Gregorio Ruiz de Ercilla por Solidaridad de Trabajadores Vascos. IDC, el único de los miembros de la UFD que tenía a su dirección en el interior, se hizo con la presidencia para Giménez Fernández, aunque el sevillano mostró en el cargo aún mayor inactividad que la exhibida en la dirección de su pequeño partido. Era Barros de Lis, por lo tanto, quien llevaba las relaciones con sus socios, resueltas con una falta de entendimiento que generaba desconfianza y que redujo el papel de IDC a poco más que testimonial dentro de la Unión.

José María Gil-Robles regresó a España en junio de 1953, tras diecisiete años de exilio, dispuesto ya a relegar la prioridad de la restauración monárquica en beneficio de la creación de una oposición democristiana. Ello le permitió afianzar su relación con el pequeño resto de Acción Popular que seguía sus orientaciones y participaba en el grupo Rodríguez Soler. Sin pretender constituirse en partido, el grupo adoptó en 1956 el nombre de Democracia Social Cristiana (DSC) y se dotó de unos «Postulados» que propugnaban la sustitución de la dictadura por una «democracia social y cristiana inspirada en los principios del catolicismo» radicalmente opuestos a la democracia liberal. Defendían el Estado confesional y una monarquía en la que el rey «reine y gobierne» en colaboración con unas Cortes bicamerales, con una Cámara Baja de elección por las familias y un Senado corporativo.

En el seno de la DSC se produjo enseguida un debate sobre la conveniencia de constituirse en partido político, con la forma ilegal y clandestina que ello entrañaba, y de reconocer el liderazgo de Gil-Robles. Un sector minoritario, encabezado por Rodríguez Soler, se oponía, pero quedó apartado en 1958, al constituirse la DSC en partido tras varias reuniones en el domicilio de uno de sus miembros, Juan Jesús González, en la localidad madrileña de Torrelodones. Una Junta Directiva provisional, integrada por González, Carrascal y Simón Tobalina, guio los pasos de la DSC hasta que, a mediados de 1960, en la I Asamblea Nacional del partido, celebrada en El Paular (Madrid), Gil-Robles asumió de un modo efectivo la presidencia. Pascual Sanjuán como secretario general y Fernando Álvarez de Miranda y Pablo Beltrán de Heredia como vicesecretarios conformaban el equipo dirigente. Entonces, para sustituir los «Postulados», se empezaron a elaborar unas «Bases doctrinales», que tardarían un par de años en concluirse, sobre todo por el debate generado en torno a la cuestión de la restauración monárquica. El proyecto de bases recogía la que en ese momento debía ser la opinión mayoritaria de los militantes, incluido su presidente:

Consideramos la Monarquía como la forma de gobierno que, por su arraigo histórico y por sus características esenciales de continuidad, puede asegurar de un modo más completo la efectividad del programa que queda esbozado […]. En esa convicción, reconocemos a Don Juan de Borbón y Battenberg como titular de la Monarquía constitucional a que aspiramos. Cualquier otra solución personal iría contra la esencia de la Monarquía histórica hereditaria.[327]

Las «Bases» recogían otros principios, como la doble representación política, individual y corporativa, con presencia parlamentaria de las asociaciones profesionales y las familias, la proscripción del comunismo, el reconocimiento de los derechos de la Iglesia católica «como sociedad perfecta» y la regulación de sus relaciones con el Estado mediante un concordato, o el apoyo al proceso de construcción de la Europa federal, compatible con «la unidad intangible de la Patria».

A comienzos de 1962, las «Bases doctrinales» de la DSC estaban ultimadas y listas para su difusión, que debería hacerse en la clandestinidad. Entonces, los dirigentes del partido recibieron invitaciones para asistir al Congreso del Movimiento Europeo que tendría lugar en Múnich. Y, bruscamente, cambió el panorama en el que se desenvolvía la naciente democracia cristiana española.

EL «CONTUBERNIO DE MÚNICH»

El complejo proceso histórico que lleva hasta la actual Unión Europea tuvo uno de sus primeros momentos clave en el Congreso de La Haya, en mayo de 1948, en el que diversas entidades europeístas de carácter no gubernamental, agrupadas en un Comité Internacional para la Unidad Europea, debatieron las líneas de acción para llegar a una federación de países del continente. Tras el congreso, el Comité se constituyó en Movimiento Europeo (ME). Presidido por el británico Duncan Sandys, el Movimiento asumió la tarea de convencer a los pueblos de la Europa occidental y a sus gobiernos de las bondades de la integración política y económica. Conforme a sus principios federalistas, se organizó a través de secciones nacionales, y el diplomático y exministro republicano Salvador de Madariaga recibió el encargo de organizar el Consejo Federal Español del ME, que se constituyó en 1949 en los círculos del exilio.

El europeísmo era uno de los estandartes de la naciente democracia cristiana española. En la familia católica franquista, y especialmente en los equipos de dos sucesivos ministros de Asuntos Exteriores, Martín-Artajo y Castiella, hubo serios intentos de llevar el tema a su terreno, como vía para obtener algún tipo de homologación con los democristianos europeos y, a la vez, convertir a la «familia» en un privilegiado mediador entre la dictadura española y los gobiernos occidentales. Con Martín-Artajo y otros miembros de la ACNP como impulsores, en 1952 se creó el Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI), dirigido por Alfredo Sánchez Bella, director del Instituto de Cultura Hispánica, y presidido por el archiduque Otto de Habsburgo. El Centro fue un foco de contactos de los sectores católicos del franquismo con la derecha europea —especialmente con el ala más conservadora de la democracia cristiana alemana— y de difusión del espíritu europeísta, aunque también de propaganda franquista entre los medios católicos del continente.[328]

Entre el sector minoritario de la ACNP que no estaba manifiestamente adherido a la dictadura surgió el propósito de alentar otras iniciativas europeístas que pusieran en valor su apuesta democrática. En julio de 1954 se creó la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), cuyo primer presidente fue Ricardo Fernández Mazas, sucedido en 1956 por Francisco de Luis, en 1960 por José de Yanguas Messía y por José María Gil-Robles a partir del año siguiente. Por su Junta Directiva pasaron buena parte de los políticos que en los siguientes veinte años asumirían protagonismo en las corrientes democristiana y liberal: Fernando Álvarez de Miranda, que ejercía de secretario general, Íñigo Cavero, Joaquín Satrústegui, Jaime Miralles, José Luis Ruiz-Navarro, etcétera. Aunque su apuesta europeísta coincidía, básicamente, con la del conservadurismo democrático continental, «procuró mantener una ambigua legalidad, sostenida por la presencia entre sus miembros de franquistas» como Yanguas o Gonzalo Fernández de la Mora.[329]

Legalizada como sociedad cultural, la AECE extendió su estructura por diversas ciudades españolas y entró en contacto con el Movimiento Europeo. La constitución de la Comunidad Económica Europea mediante el Tratado de Roma (1958) incrementó el interés de los socios por estar presentes en el proceso teórico de la construcción continental. A finales de 1960, la Asociación solicitó permiso gubernativo para celebrar en Palma de Mallorca una Primera Semana Europeísta en colaboración con el ME, prevista para mediados de septiembre de 1961. La Dirección General de Política Interior se lo otorgó de un modo rutinario. Pero en el Ministerio de la Gobernación acabaron por caer en la cuenta de que se trataba de una actividad de la oposición democrática y el ministro prohibió su celebración poco antes de que tuviera lugar.

En la primavera de 1962, el ME convocó su IV Congreso en Múnich. Para la ocasión, Madariaga decidió invitar a personalidades de la oposición interior y del exilio, republicanas y monárquicas, a lo que denominaba una «asamblea de notables», para debatir una ponencia sobre la situación de España, que el Consejo Federal Español presentaría al congreso, previsto para los días 7 y 8 de junio. A las sesiones de la asamblea, en los días 5 y 6, acudieron 118 españoles, de los que ochenta residían en el interior y eran, en su mayoría, miembros de la AECE. Como organizaciones políticas, estuvieron representados el PSOE, el PNV, Acción Republicana, los monárquicos de la Unión Española de Satrústegui y Miralles, el PSAD de Ridruejo y los dos partidos democristianos, la DSC, con Gil-Robles al frente de la delegación, e IDC, con Barros de Lis como primera figura.[330]

No se les escapaba a los asistentes del interior que su presencia en Múnich sería interpretada por el Gobierno como un acto de colaboración con los medios del exilio republicano y como una forma de crear obstáculos a la tímida aproximación del Régimen a la CEE, que estaba en la base de los proyectos desarrollistas de los equipos económicos tecnócratas. De hecho, los democristianos evitaron reunirse con republicanos y socialistas y ambos sectores trabajaron por separado en dos comisiones que elaboraron sendos borradores para la ponencia, consensuados luego bajo la dirección de Madariaga y Gil-Robles en un texto de cinco puntos. Sin entrar en la espinosa cuestión de la restauración de la monarquía o de la república, se proponían las condiciones para que el Movimiento Europeo apoyara el ingreso de España en las Comunidades Europeas; condiciones que pasaban, inequívocamente, por la liquidación de la dictadura y el establecimiento de un sistema democrático similar al existente entre los miembros de la CEE.[331] Al día siguiente, en su intervención ante el pleno del congreso del ME, Gil-Robles puso el acento en la necesidad de la acción opositora en el interior: «No se trata de pedir a nuestros amigos del Movimiento Europeo que resuelvan los problemas que afectan exclusivamente a España y que, por tanto, nos corresponde únicamente resolver a los españoles».[332]

El Gobierno reaccionó con extraordinaria furia cuando apreció que el acuerdo de Múnich constituía un severo ataque a su imagen y a sus intereses en Europa. La agencia de noticias gubernamental, EFE, difundió unas crónicas notablemente manipuladas de las reuniones mantenidas por los asistentes españoles al congreso, y ello sirvió al Ministerio de Información y Turismo para orquestar una masiva campaña de prensa, presentando su actuación como una traición a España, un «contubernio» orquestado por comunistas y masones destinado a traer la revolución, y cargando especialmente contra Gil-Robles, a quien el diario Arriba le calificó de «especie de revulsiva medusa curtida con todas las aguas turbias de la política», y el ABC descalificó al conjunto de los democristianos: «¿Qué turbias promiscuidades se están ahora mixturando por ahí, y a quién representan esos ingredientes físicos, personales, humanos, que aparecen en los periódicos extranjeros…? ¿Qué tienen que ver esos vejetes y mocetes con la España de ahora…? Se arrogan con fatuidad unos membretes, unos rotulillos de partidos políticos».

A fin de aplicar un castigo ejemplar, el Ejecutivo suspendió por dos años el artículo 14 del Fuero de los Españoles, que decía: «Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional». Con ello se abría la puerta al retorno del «confinamiento» gubernativo por motivos políticos, que se aplicó contra los más destacados asistentes del interior. A su regreso de Múnich, Joaquín Satrústegui y Jaime Miralles, de Unión Española, Alfonso Prieto, dirigente de la Acción Católica, Íñigo Cavero, Álvarez de Miranda y Ruiz-Navarro, de la DSC, y Barros de Lis, Félix Pons y Juan Casals, de IDC, fueron confinados en las Islas Canarias, con lo que el Gobierno evitó la publicidad de un proceso judicial. Gil-Robles optó por volver a exiliarse, en Suiza, y lo mismo hicieron algunos otros asistentes al congreso.

La campaña gubernamental se reveló rápidamente como un gran error. Durante década y media, la familia católica del franquismo había pugnado por asumir posiciones doctrinales identificables en alguna medida con la democracia cristiana europea, a fin de favorecer una apertura que permitiera al Régimen superar el estigma totalitario. Ahora tales planteamientos resultaban irreales ante el cierre de filas del franquismo ortodoxo y la facilidad con la que el dictador suprimía los escasos derechos cívicos que había otorgado a los españoles. La población pudo comprobar, a través del resquicio para la descalificación abierto por la propia censura, que existía un antifranquismo católico y de derechas aceptado en la Europa democrática, por más que los propagandistas del Régimen insistieran en situarlo como «compañero de viaje» del comunismo. Por otra parte, el escándalo internacional que suscitaron las represalias perjudicó extraordinariamente las expectativas europeístas del franquismo, que no solo defendían los católicos, con el ministro Castiella al frente, sino también los tecnócratas dispuestos a apoyar sus políticas de desarrollismo económico en una asociación con el Mercado Común. El propio Franco, a solicitud del Movimiento Europeo, hubo de reconocer que la prensa española había cargado excesivamente las tintas en la descalificación del acto y de sus protagonistas. Pocas semanas después, el 10 de julio, remodeló su Gobierno y cesó al responsable de la propaganda, el ministro Arias-Salgado.

POCOS Y DIVIDIDOS

Si bien el episodio de Múnich representó una especie de presentación en sociedad de la democracia cristiana española dentro y fuera del país, también reveló la debilidad de sus estructuras, especialmente la de sus dos partidos nacionales, DSC e IDC, dotados de bases de militancia muy reducidas, carentes de una dirección exterior a salvo de la represión gubernativa y escasamente apoyados por un clero católico que, todavía con muy pocas excepciones, perseveraba en la adhesión al régimen dictatorial. Para los democristianos representó, no obstante, un indudable refuerzo moral el que, en abril de 1963, el papa Juan XXIII publicara la encíclica Pacem in terris, cuya afirmación de que «no faltan en realidad hombres magnánimos que, ante situaciones que concuerdan poco o nada con las exigencias de la justicia, se sienten encendidos por un deseo de reforma total y se lanzan a ella con tal ímpetu que casi parece una revolución política», unida al aval para que «ciertos contactos de orden práctico que hasta ahora parecían totalmente inútiles, hoy, por el contrario, sean realmente provechosos o se prevea que pueden llegar a serlo en el futuro», parecía marcar nítidamente, según Gil-Robles, una línea de acción política para que la democracia cristiana española, en colaboración con otros sectores opositores, estimulara «la participación de los ciudadanos en la vida pública» como «un deber dimanado de nuestras propias creencias».[333]

Sin embargo, a lo largo de la segunda mitad de la década, la actividad de la democracia cristiana española fue muy reducida y poco efectivo el liderazgo de un Gil-Robles exiliado y de un Giménez Fernández casi aislado en su retiro sevillano, quien sufrió una trombosis cerebral en 1967 y falleció en febrero del año siguiente. Para entonces se habían producido algunos intentos de colaboración, incluso de unión, entre los grupos democristianos. En 1963, IDC y DSC crearon una comisión mixta para estudiar su fusión. El monarquismo de los segundos y su visión más conservadora creaban fuertes dudas entre los seguidores de Giménez Fernández —quien, además, recelaba de los que durante la República le habían atacado desde el interior de la CEDA por sus ideas más progresistas—, mientras que el ala derecha de la DSC mantenía todo tipo de reservas ante una fusión con IDC, a la que veían cercana al socialismo.

A mediados de los años sesenta era ya manifiesta la presencia en los partidos democristianos de una nueva generación que procedía del movimiento juvenil vinculado a la Acción Católica. Tal era el caso de la Unión de Estudiantes Demócratas (UDE), que asumió una definición democristiana y apoyó la acción europeísta de la AECE, cuya sección universitaria presidió Óscar Alzaga, miembro de la UDE. Esta se aproximó al grupo de Giménez Fernández y acabó federándose con IDC como Unión de Jóvenes Demócrata Cristianos (UJDC), cuya secretaría general asumió Alzaga. Enseguida comenzaron a colaborar con Joaquín Ruiz-Giménez, que, tras apartarse de la militancia franquista, había asumido un firme compromiso con la democratización, al servicio de la que ponía su revista, Cuadernos para el Diálogo —formalmente era presidente de la Junta de Fundadores—, abierta a las opiniones de distintas corrientes de la oposición al Régimen.[334]

Unión Demócrata Cristiana

La actitud abierta de la nueva generación democristiana animó a los responsables de IDC y DSC a aproximar sus posiciones a fin de fortalecer el papel de su opción en el seno de la oposición al Régimen y entre sus correligionarios europeos. En abril de 1964 acordaron unirse recuperando el nombre de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) y designaron una comisión mixta para estudiar la fusión. Sin embargo, las dificultades que surgieron a la hora de consensuar la fecha y el temario de la asamblea constituyente —y, en buena medida, la incompatibilidad personal entre los presidentes de ambos partidos— terminaron frustrando el intento.

Los días 9 y 10 de enero de 1965 se celebró la asamblea fundacional de la UDC en una casa de ejercicios del obispado de Madrid-Alcalá en la localidad de Los Molinos. Asistió la plana mayor de IDC —aunque no su presidente—, una representación de la UJDC, una veintena de independientes, entre los que había varios cuadros de los sindicatos católicos y colaboradores de las revistas Cuadernos para el Diálogo, Mundo Social y El Ciervo, así como observadores del Partido Nacionalista Vasco y de Unió Democràtica de Catalunya. No había representantes de la muy reticente DSC, aunque sus tres delegados alegaron luego haberse equivocado de hora, por lo que habrían abandonado el local sin ver a los restantes asistentes. En cuanto a Ruiz-Giménez, pese al interés de la UJDC, no fue invitado por los organizadores.[335]

La Unión Demócrata Cristiana, finalmente integrada solo por IDC y la UJDC, se regiría por una «Declaración de principios» y unas «Bases programáticas», documentos aprobados en la asamblea fundacional de Los Molinos, que marcaban la ruptura con la tradición del catolicismo social hispano y se abrían a la corriente democrática europea. El primer punto de la «Declaración» decía: «La Democracia Cristiana es un partido no confesional, inspirado en el Humanismo cristiano, personalista y comunitario». Y las «Bases» incluían declaraciones a favor del Estado de Derecho, del pluralismo democrático, de la división de poderes, de los derechos humanos —con una adhesión expresa a la Carta europea—, de la economía social de mercado o la renuncia a la guerra como instrumento político.

La UDC creó una estructura de partido compleja, a partir de una base de federalismo territorial. Con la Asamblea Nacional como órgano congresual del partido, entre sus reuniones funcionaba un Consejo Nacional Consultivo de veinte miembros, presidido, de modo más bien simbólico, por Giménez Fernández. Una Comisión Permanente que representaba a las federaciones regionales y a la UJDC, ahora la organización juvenil del nuevo partido, y un Secretariado dirigido por Barros de Lis, con cuatro Vicepresidencias encomendadas a Pedro Altares, José Gallo, Eduardo Cierco y Manuel Camacho, completaban los órganos de dirección.

Durante la asamblea de Los Molinos se habían puesto de relieve serias discrepancias en cuestiones como la estructura federal del partido o aspectos de las «Bases programáticas», que habían sido objeto de una prolija negociación, con tres redacciones sucesivas, y que un sector quería mantener inéditas más allá de la propia militancia. En el seno del Secretariado se produjo enseguida una división entre un sector «moderado», encabezado por Barros de Lis, y otro «radical», de planteamientos más progresistas, fuerte en el sector juvenil y cuyo portavoz era Pedro Altares.

Las tensiones en el seno de la UDC acabaron provocando la división a los pocos meses de su creación. El conflicto se polarizó en torno al ala derecha de Barros de Lis, que, como secretario general, era el auténtico director del partido, y un sector izquierdista que contaba con las simpatías de Giménez Fernández, encabezado por Pedro Altares y Gregorio Peces-Barba, muy próximos a Ruiz-Giménez. En la primavera de 1966 el presidente del partido ordenó a Barros de Lis que convocara al Comité Nacional, y al negarse este se produjo la ruptura. A finales de abril, el Comité destituyó a Barros, quien rechazó la sanción y un mes después reunió a sus partidarios en asamblea y expulsó del partido a la UJDC, a la que consideraba responsable de la ofensiva contra su sector. Barros y sus partidarios siguieron utilizando el nombre de Unión Demócrata Cristiana, mientras que el ala que se mantuvo fiel al liderazgo de Giménez Fernández recuperó el de Izquierda Demócrata Cristiana (IDC).

El anciano exministro de la CEDA murió en Sevilla en febrero de 1968. Se hizo cargo de las funciones presidenciales la Comisión Ejecutiva de IDC, integrada por el secretario general, José Gallo, Jaime Cortezo, hasta entonces representante personal de Giménez Fernández en Madrid, y el dirigente de las juventudes, Óscar Alzaga. Pero el partido había entrado en una fase de estancamiento, afectado por la escisión de dos años antes, y los miembros de la Ejecutiva estimaron necesario un relanzamiento que pasaba por impulsar un nuevo liderazgo unipersonal. Los tres estuvieron de acuerdo en que la persona más adecuada era Ruiz-Giménez y le ofrecieron la presidencia de IDC.[336]

Izquierda Democrática

El exministro de Educación llevaba años aproximándose al partido, fundamentalmente a través de la colaboración de algunos de sus miembros en Cuadernos para el Diálogo. La única publicación periódica de la oposición que poseía vida legal —pese a sus frecuentes tropiezos con la Fiscalía— se convirtió en un punto de encuentro para representantes de las más diversas tendencias del antifranquismo. A diferencia de Gil-Robles, el Ruiz-Giménez pasado a la oposición no dudaba a la hora de tomar parte en actividades conjuntas de la oposición sumamente ofensivas para el Régimen. Así, cuando el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Walter Scheel, visitó Madrid en 1970, le invitó a un desayuno en la embajada, junto con los liberales Areilza y Satrústegui y el socialista Tierno Galván, quienes ofrecieron al ministro una visión muy negativa de la evolución del Régimen. Intentaron, sin éxito, entregarle a Scheel un memorándum al respecto, que terminaron enviándole por valija diplomática. La reacción oficial fue fulminante. Ese mismo día, Franco afirmó ante una delegación de la Hermandad de Alféreces Provisionales: «Que no haga falta en lo sucesivo dar la voz de alarma, porque sé que estáis siempre dispuestos a luchar por la Patria».[337] Y también la de la mayoría de los medios de comunicación fue muy negativa: «Llovieron los dicterios y las amenazas. En el ABC apareció un artículo en el que se nos acusó de delito de lesa patria».[338]

Para poder desarrollar una actividad legal, los dirigentes de IDC crearon a comienzos de 1970 una empresa editorial por acciones, Información y Divulgación S. A., con Óscar Alzaga como administrador y cuyo consejo de administración daba cobertura a las actividades de la Comisión Ejecutiva de un partido que, al actuar en la clandestinidad, poseía unas estructuras muy lábiles.[339] Desde la presidencia de IDC, Ruiz-Giménez impulsó una serie de medidas para imprimir un nuevo rumbo al grupo, que dejó de tener cualquier rasgo confesional al perder el adjetivo «cristiana» en su denominación, que pasó a ser Izquierda Democrática (ID). En ese sentido, en 1972 llegó a afirmar: «Estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de un claro deslinde entre la profesión de fe religiosa y las actitudes sociales, culturales y políticas».[340] Era una visión que compartían muchos en el partido. Dos años antes, Alzaga señalaba:

Yo soy un democratacristiano consciente de la crisis que atraviesa, prácticamente en todo el mundo, la Democracia Cristiana. Estoy totalmente convencido de la necesidad de desconfesionalizar y desacralizar nuestra vida política y comprendo que ello no puede dejar de afectar a las tradicionales soluciones «DC».[341]

Sin embargo, Ruiz-Giménez y sus colaboradores más cercanos iban aún más lejos al defender abiertamente posiciones de diálogo y colaboración con el antifranquismo de izquierdas, especialmente con el PSOE, lo que implicaba radicalizar su crítica al orden socioeconómico vigente, reforzar su accidentalismo en la cuestión monarquía-república y asumir el federalismo como base estructural del Estado.[342] En un principio, la llegada del exministro dio impulso al partido. Se afiliaron colaboradores suyos, como Eugenio Nasarre y Juan José Toharia, se produjeron incorporaciones a la actividad política, como las de Manuel Villar Arregui y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, e incluso ingresaron disidentes de la DSC, como Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, Carlos Bru y Simón Tobalina. En cambio, un ala izquierda encabezada por Peces-Barba, que rechazaba la etiqueta democristiana, abandonó el partido en 1969 para integrase en el PSOE.[343]

En 1971 ID se dotó de unas «Bases de orientación política», en diez puntos, que se pronunciaban por la democracia pluralista tras una transición «sin violencia» desde el franquismo, la separación de la Iglesia y el Estado, la economía social, el accidentalismo en la cuestión monárquica, el regionalismo y la adhesión a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta Social Europea. Un antifranquismo moderado, en definitiva, que buscaba un punto equidistante entre la democracia cristiana y la socialdemocracia.

Pero un importante sector de los democristianos rechazaba la visión progresista de Ruiz-Giménez y sus colaboradores más estrechos. En septiembre de 1973 se produjo en Chile el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Pronto fue evidente cierto grado de colaboración de la democracia cristiana chilena con los militares golpistas, y al mes siguiente Cuadernos para el Diálogo publicó un número con artículos de gran dureza contra Pinochet y sus cómplices, abiertos con un editorial que acusaba a la democracia cristiana chilena de aliarse «con militares golpistas y monopolios». El editorial, y artículos como el de López Aranguren, que afirmaba que «la democracia cristiana en todos los países, a la hora de la verdad se vuelve hacia la derecha siempre», molestaron extraordinariamente en DSC. Jaime Cortezo y José María Gil-Robles y Gil-Delgado, hijo del presidente del partido, publicaron cartas de protesta en Cuadernos, a la que negaban su condición de revista democratacristiana. Por su parte, hubo un evidente malestar en un sector de la propia ID ante la línea editorial de Cuadernos, que muchos consideraban proclive al socialismo. En cambio, la línea democristiana moderada aparecía nítidamente en otra revista fundada en 1969, Discusión y Convivencia, dirigida por el periodista Luis Apostua y cuya empresa editora presidía Geminiano Carrascal. En diciembre, un artículo de Gregorio Peces-Barba en Cuadernos provocó una airada protesta de Alzaga, Ortega y Díaz-Ambrona, Toharia, Cierco y Marañón Bertrán de Lis, que en febrero de 1974 comunicaron a Ruiz-Giménez su renuncia a colaborar con una revista «de carácter socialista», en lo que parecía el comienzo de una escisión. El exministro buscó poner fin a la protesta abandonando la presidencia de ID, que retomó un mes después, una vez que se hubieron calmado un tanto las aguas. Pero la existencia de dos corrientes difícilmente compatibles en el seno del partido había quedado patente y no tardaría en pasarle factura.

Democracia Social Cristiana

La condena del conde de Barcelona a la presencia de partidarios suyos en el congreso de Múnich tuvo repercusiones inmediatas para el partido que presidía José María Gil-Robles. Tras la dimisión de este como consejero de don Juan, la respuesta de la DSC no se hizo esperar. El 8 de septiembre de 1962 Gil-Robles, de nuevo exiliado, presidió una asamblea del partido en la localidad francesa de Hossegor, cerca de Biarritz. Allí se alcanzó un acuerdo que cerraba el debate abierto durante la negociación de las «Bases programáticas» en 1960. Ahora se afirmaba «el derecho del pueblo español de elegir, por medio de procedimientos auténticamente democráticos, la forma de gobierno que prefiera». Con esta declaración de accidentalidad el grupo democristiano abandonaba la causa de don Juan.

En junio de 1963 el partido celebró una nueva asamblea que reafirmó el liderazgo de Gil-Robles y abrió la posibilidad de llegar a acuerdos con otros grupos afines. No obstante, la cuestión monárquica resultaba un talón de Aquiles para la DSC. Tras la reunión de Hossegor un sector, encabezado por Álvarez de Miranda, se enfrentó a la mayoría accidentalista en defensa del principio monárquico. En diciembre, la invitación de don Juan a varios directivos del partido —Gil-Robles, Álvarez de Miranda, Carrascal, García Atance, Juan Jesús González, Rafael Aizpún, Francisco de Luis y Antonio Melchor de las Heras— para que ingresaran en su Consejo Privado provocó una situación de virtual ruptura, ya que la negativa del líder dejó en evidencia a los otros, que sí aceptaron. Álvarez de Miranda fue sustituido inmediatamente como secretario general por Manuel Ramos Armero, aunque permaneció afiliado a la DSC hasta abril de 1966.[344]

En los años siguientes, la presencia pública del partido fue muy escasa, ya que lo reducido de su militancia y su carácter conservador lo alejaban de las acciones subversivas que pudieran atraer la represión policial y, por otra parte, no mantenía buenas relaciones con la oposición antifranquista, incluidos los otros grupos democristianos, y su anticomunismo era irreductible. Era en el terreno doctrinal y programático donde la DSC centraba su lucha contra la dictadura y su propuesta política. La revista Discusión y Convivencia y, de un modo menos evidente, el diario Ya y los otros periódicos de la Editorial Católica le servían de órganos de difusión de ideas. El controvertido libro de memorias de Gil-Robles, No fue posible la paz, publicado en 1967, suponía una justificación de la obra de la CEDA interpretada como un esfuerzo continuado por situar a la República en unos parámetros de moderación y convivencia frente al afán destructor de la izquierda revolucionaria y de la extrema derecha reaccionaria. Una visión que expresó dos años después, con vocación de aplicarla en un futuro democrático, en su libro Por un Estado de Derecho, en el que se pronunciaba por una democracia pluralista pero con un modelo institucional que primara la constitución de partidos de masas, a fin de evitar los errores del multipartidismo parlamentario de los años treinta. Otro libro que tuvo un cierto impacto en la opinión en esa época fue el colectivo, de treinta y dos miembros del partido, Cartas al pueblo español, en el que se exponía un renovado programa de gobierno, más democrático y socialmente avanzado que las ya obsoletas «Bases» de comienzos de la década. La idea central de la obra era la necesidad de iniciar una transición a la democracia que respetara el orden social y económico, reformando radicalmente el político bajo los principios del humanismo cristiano.

Unas reformas vigorosas serán el único medio de evitar graves males al país. La alternativa es clara: o transformación radical por vía evolutiva o revolución violenta […]. Sabemos que la palabra «revolución» seduce a muchos españoles, por lo mismo que es el eco de nobles impulsos que hierven en el fondo de su alma. A nosotros no nos asusta. Es más, creemos que lo que España reclama en los difíciles momentos que vivimos no es una actitud de rebeldía estéril y negativa, sino una verdadera, una auténtica revolución, cuya pauta mental se encuentra en el Nuevo Testamento.[345]

A finales de los años sesenta la DSC buscó consolidar su organización territorial y ofrecer una imagen regionalista para atraer a los pequeños grupos que estaban surgiendo en muchas provincias. En 1968 se creó, basada en el modelo que fuera el de la CEDA, una Confederación de Agrupaciones Regionales Demócratas Cristianas, en la que la DSC seguía siendo el tronco común, pero que pretendía dar autonomía a las iniciativas democristianas localistas. Pese a lo limitado de la reforma —ni Izquierda Democrática ni los nacionalistas vascos y catalanes mostraron interés—, terminó dando frutos en marzo de 1975 con la creación de la Federación Popular Democrática (FPD), un partido que se refugiaba tras la fachada de una entidad cultural acogida a la Ley de Asociaciones de 1964, con la finalidad declarada de la «búsqueda y difusión de soluciones democráticas inspiradas en los principios del humanismo cristiano».[346] En el seno de la Federación, cuya presidencia ostentaba Gil-Robles, la DSC se diluyó en beneficio de cinco partidos territoriales denominados «Democracia Cristiana de» (Castilla, Oeste, Murcia, Vasca y Aragonesa) más el Partido Popular Democrático de Andalucía. Se trataba, en cualquier caso, de una organización que seguía actuando en la clandestinidad, más o menos tolerada por las autoridades.

NACIONALISTAS Y REGIONALISTAS

Los nacionalismos vasco y catalán habían constituido un caso excepcional en el marco de la actuación de la derecha en la Guerra Civil. Con fuerte implantación en sus respectivas regiones, el nacionalismo conservador había desempeñado entonces un papel político complejo, entre la colaboración con las organizaciones del Frente Popular, ideológicamente muy lejanas pero que representaban la continuidad de los procesos de autonomía regional, y la adhesión a un Movimiento Nacional que garantizaba el mantenimiento del orden social y religioso pero que, desde el nacionalismo español más militante, exigía la recuperación plena del Estado unitario.

Tras el final de la Guerra Civil, los vasquistas siguieron la suerte de las organizaciones frentepopulares y buscaron reconstruir las suyas en el exilio, entre los cerca de cien mil vascos que habían huido del conflicto. En París, José Antonio Aguirre procedió a constituir un Gobierno en el exilio, independiente de las instituciones republicanas, con los partidos que habían integrado el de 1937 y estableció un consulado de Euskadi en Bayona. El Partido Nacionalista Vasco desplegó una considerable actividad en la creación de un sistema propio de ayuda a los refugiados, que tenía como eje la organización Hermandad Vasca, y en el restablecimiento del contacto con los núcleos que habían permanecido en territorio español. Pero la invasión alemana de Francia, en la primavera de 1940, obligó a sus políticos a un nuevo exilio. Ante la virtual desaparición del Gobierno autonómico, el presidente del PNV, Manuel de Irujo, creó en Londres un Consejo Nacional Vasco que, en noviembre de ese año, redactó un anteproyecto de «Constitución de la República de Euskadi», soberana pero que podría integrarse en una Federación Ibérica. En 1942, tras un accidentado periplo, Aguirre llegó a Nueva York, desautorizó al Consejo y reconstruyó su Gobierno.

Durante el resto de la guerra mundial, el lendakari desplegó una intensa actividad para establecer acuerdos de colaboración con los Aliados, al margen del Gobierno de la República, a fin de que ampararan la creación de un Estado vasco en el caso de que la derrota del Eje implicase la caída del franquismo. Incluso formó un Servicio Vasco de Información, que espió para la Inteligencia estadounidense hasta que la aproximación de Washington al régimen franquista puso fin al espejismo de su apoyo a la causa de la independencia vasca. En marzo de 1945 Aguirre retornó a Francia, donde prosiguió su actividad en el impulso de la causa nacionalista con iniciativas como la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, la reconstrucción del Pacto Galeusca con el exilio gallego y catalán, a fin de facilitar la creación de una Confederación de Repúblicas Ibéricas, o la formación de un Bloque Nacional Vasco mediante el Pacto de Bayona, firmado el 31 de marzo de 1945 con los socialistas y otros partidos y sindicatos para «constituirse en organismo consultivo que asesore, prepare y secunde la labor a desarrollar por el Gobierno de Euskadi, una vez lograda la caída del Régimen antidemocrático por el que han sido expulsados temporalmente del territorio vasco, a consecuencia de la guerra».

Sin embargo, ello le llevó a un enfrentamiento con el sector del PSOE que encabezaba Indalecio Prieto, mientras que las diferencias con los catalanistas redujeron Galeusca a la inoperancia. El PNV optó, pues, por la adhesión a las instituciones de la República en el exilio y Manuel Irujo entró como ministro en el Gabinete Giral, en agosto de 1945. En los años de la posguerra mundial el PNV desplegó una intensa actividad destinada a mantener los lazos entre las comunidades vascas en el exilio, sosteniendo numerosos círculos sociales y publicaciones, y en 1956 organizó en París un Congreso Mundial Vasco. Por otra parte, la abierta identificación de las organizaciones católicas españolas con el régimen franquista permitió al partido presentarse internacionalmente como la variante ibérica de la democracia cristiana y el europeísmo. Y estuvo presente en el congreso de La Haya de 1948, organizado por el Movimiento Europeo y considerado el punto de arranque de la integración continental.

De acuerdo con estos planteamientos, cuando en la primavera de 1947 los partidos democristianos europeos constituyeron un organismo de coordinación, los Nuevos Equipos Internacionales (NEI), el PNV se adhirió y también participó en la creación de la organización planetaria, la Unión Mundial Demócrata Cristiana (1961), y en la de la Unión Europea de Demócratas Cristianos, cuatro años después. El PNV mantuvo una activa presencia en foros de integración continental como los NEI o el Movimiento Europeo, donde defendía la construcción de una «Europa de los pueblos», una estructura federal que eliminara la forma de los estados tal y como existían para recoger la realidad de las «pequeñas naciones», de la que formaría parte una Euskadi soberana.[347]

La reconstrucción del nacionalismo vasco en el interior había sido lenta y costosa, pero poseía una base social, sobre todo en el medio rural, y un considerable apoyo entre el clero local. Sin embargo, su mensaje católico y conservador chocaba con las ideas de un sector juvenil que se acercaba a la ideología tercermundista de la lucha de liberación nacional inspirada por el marxismo. En 1952 nació en Bilbao el colectivo Ekin («Hacer»), que entró en contacto con la dirección del PNV en el exilio y se integró en el partido. Pero surgieron enseguida diferencias doctrinales radicales y el colectivo abandonó el PNV para fundar, en julio de 1959, una organización de izquierda nacionalista, Euskadi Ta Askatasuna («País Vasco y Libertad», ETA), que enseguida se adentró por el terreno de la actividad terrorista como vía hacia la independencia. El nacimiento de ETA, y con ella del conjunto de organizaciones políticas y sociales que integraron lo que se conocería como «izquierda patriota» (ezker abertzalea), supondría una amenaza a la hegemonía del PNV en el nacionalismo vasco, pero permitió al partido, cuya dirección asumió en 1960 Juan Ajuriaguerra, recuperar la línea política moderada que incidía en el logro inicial de la autonomía y en la profesión doctrinal democratacristiana.

Los catalanistas de la Lliga Catalana y de Unió Democràtica de Catalunya que habían permanecido en la región hasta 1939 sufrieron los procesos de depuración política a los que se sometía a los militantes de grupos desafectos al Alzamiento. En la mayoría de los casos, no obstante, el expediente de estos conservadores se sobreseía o se resolvía con multas tras comprobar, en ocasiones con informes favorables de sacerdotes, que era «persona de buena conducta y sentimientos religiosos, que si bien no se le puede considerar como desafecto, tampoco se le puede considerar adicto al Glorioso Alzamiento, ya que pudo pasar a la Zona Nacional, sin ningún peligro ni riesgo, y no lo hizo, prefiriendo su egoísmo al bien de la Nación», como se aseguraba de Jesús Cambó, sobrino del político regionalista.[348]

Los dispersos restos de UDC buscaron rápidamente reconstruir un mínimo de organización, bajo unas estrictas condiciones de clandestinidad.[349] El crecimiento fue muy limitado y en buena medida estuvo vinculado a la actividad cultural del Institut d’Estudis Catalans, restablecido en 1942, y de grupos políticos de origen universitario y vida breve, vinculados a las siglas históricas, como Creus de Sang, aparecido en 1940, el Front Universitari de Catalunya y la Joventut Catalana Democràtica, ambos creados en 1943, o los Grups Nacionals de Resistència, fundados en 1945. En los años cincuenta y sesenta, bajo la presidencia de Pau Romeva y luego de Miquel Coll Alentorn, UDC priorizó su presencia en el mundo cultural catalanista, recuperó una mínima estructura de partido —con una Comisión Permanente de quince miembros que asumía las funciones del Consejo Nacional, cuyas reuniones clandestinas eran muy esporádicas— y buscó obtener un reconocimiento internacional como partido democratacristiano en armonía con el PNV, que facilitó su ingreso en los NEI. Su incorporación como uno de los cuatro fundadores al Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español (EDCEE) le garantizó que en el interior de Cataluña no contaría con partidos rivales de esa ideología. Por otra parte, UDC fue una de las fundadoras, en 1971, de la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, lo que lo convirtió en el único grupo derechista español aliado en ese momento a un partido comunista, el PSUC.

En los últimos años de la dictadura se produjo, desde las filas del franquismo, un intento de plantear una democracia cristiana catalana alternativa a UDC. A tal fin se constituyó en 1974 la Unió Catalana bajo la presidencia de Santiago Udina Martorell, procurador en Cortes y subsecretario de Obras Públicas con Silva Muñoz, con cuya asociación política, la Unión Democrática Española, mantendría UC un estrecho vínculo (aunque con una actuación estrictamente ilegal, ya que, a diferencia del grupo de Silva, el de Udina no se afilió al Estatuto de Asociaciones).

La tradición de partidos regionalistas de la derecha se había interrumpido con la Guerra Civil. Su reconstrucción fue lenta y difícil, pero a la altura de 1975 existían ya algunos núcleos en Galicia y Valencia, de muy escasa entidad y obligados a competir con las estructuras locales de los partidos del EDCEE. Así, el galleguista histórico Xaime Isla aglutinó una Unión Democrática de Galicia que competía con la Izquierda Democrática Gallega de Fernando López Agudín, situada en la órbita de la ID de Ruiz-Giménez.

La democracia cristiana tenía en la región levantina una larga tradición, con la Derecha Regional Valenciana, de Luis Lucía —fallecido en 1943—, como precedente más destacado. En 1962 miembros de entidades regionalistas, con Vicent Miquel como principal animador, acordaron la creación de un partido democristiano, la Unió Democràtica del País Valencià. Se trataba de un núcleo muy pequeño, de apenas medio centenar de militantes, que dieron el paso constituyente en mayo de 1964. Pero un año después firmaron un acuerdo de colaboración con Unió Democràtica de Catalunya, que no dejó de despertar recelos en medios de la derecha regionalista contraria al pancatalanismo (la que luego se conocería como blaverista), y la UDPV fue acusada de ser un topo catalanista, hasta que en 1974 rompió el acuerdo con UDC. En noviembre del año anterior, pese a su escasa entidad, la UDPV había logrado el reconocimiento de socio por las restantes fuerzas de la democracia cristiana hispana al ingresar en el EDCEE.[350]

EL EQUIPO DEMÓCRATA CRISTIANO DEL ESTADO ESPAÑOL

Las relaciones entre los partidos nacionales de la democracia cristiana y los regionales estuvieron casi siempre cargadas de recelos mutuos, especialmente por lo que respecta al partido de Gil-Robles, que, apenas nacido, tuvo un serio choque con los vasquistas. En su propósito de obtener la homologación europea como democracia cristiana, la DSC solicitó la adhesión a los Nuevos Equipos Internacionales en 1950 y 1955, pero los NEI solo admitían un partido por Estado y el PNV, miembro de la internacional, se negó a representarla. Los nacionalistas estaban molestos por el hecho de que la DSC no se hubiera puesto previamente en contacto con ellos —mientras que habían aceptado la solicitud de IDC para que la representasen— y, además, consideraban que el grupo de Gil-Robles poseía rasgos básicamente conservadores y defendía una monarquía tradicional y unitaria, lo que lo alejaba de la moderna democracia cristiana y de sus propios intereses. La DSC quedó, por lo tanto, fuera de la comunidad democristiana europea hasta mediados de los años sesenta.

Con todo, la proximidad ideológica y el antifranquismo compartido constituían elementos de calado suficiente para facilitar un entendimiento. A partir de la reunión de Múnich, la dirección de los NEI puso mucho empeño en lograr el acuerdo entre sus correligionarios españoles a fin de que conformaran una alternativa democristiana sólida al franquismo. En una primera fase la internacional europea procedió a homologar provisionalmente a cuatro partidos por separado (Democracia Social Cristiana, Izquierda Democrática, Partido Nacionalista Vasco y Unió Democràtica de Catalunya) tras auspiciar su reunión en Barcelona en junio de 1963, en la que acordaron formar una Unión Demócrata Cristiana. Y en diciembre de 1965, en el XVII Congreso Europeo de Partidos Democristianos, celebrado en Taormina (Sicilia), donde los NEI dieron paso a la Unión Europea Demócrata Cristiana, IDC, PNV y UDC integraron una federación, de vínculos más bien laxos, que fue reconocida por la democracia cristiana europea como su sección española. La federación tomó el nombre de Equipo de la Democracia Cristiana Española, que pronto cambió por el de Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español (EDCEE), el eufemismo de corrección política que los nacionalismos periféricos y la izquierda sociológica comenzaban a emplear para eludir la connotación nacional de la palabra «España». No tardó mucho en unírseles la DSC, que había quedado en un peligroso aislamiento, pese a las reticencias manifestadas por vascos y catalanes hacia un partido «españolista» al que consideraban tan nacionalista como los suyos.

Integrado por partidos que actuaban en la clandestinidad, con objetivos y programas diferentes, el EDCEE tuvo una vida difícil. Los dos grupos nacionales mantenían una relación llena de recelos, con serios choques doctrinales. Y PNV y UDC se volcaban en sus propios proyectos nacionalistas. Las discrepancias entre los primeros y los segundos habían surgido muy temprano. En los congresos de la Unión Internacional Demócrata Cristiana de Estrasburgo (1961) y Lima (1963), los nacionalistas vascos se habían opuesto a que figurara la bandera española entre las nacionales de los partidos participantes, lo que había dado origen a una situación muy incómoda con sus futuros asociados.[351]

El primer encuentro del Equipo se demoró hasta 1972 y sirvió, básicamente, para poner de manifiesto las distancias entre ellos. En marzo del año siguiente se celebró una asamblea más formal, las llamadas I Jornadas del EDCEE, que tuvieron lugar en el monasterio de Montserrat. Se llegó a redactar unas «Bases de un orden político de inspiración democrática», pero persistieron las diferencias entre las visiones sobre la organización del Estado del PNV y UDC, partidarios de una laxa articulación federal, y una DSC que abogaba por un modelo unitario. En noviembre de 1973 se agregó al Equipo la Unió Democràtica del País Valencià, lo que vino a reforzar las tesis federalistas en el seno de la coalición.

La formación del Gobierno de Arias Navarro introdujo una nueva perspectiva en el panorama democristiano. El programa aperturista conocido como «espíritu del 12 de febrero» ofrecía ampliar las libertades ciudadanas y fomentar el pluralismo en el interior del Régimen a través de asociaciones políticas vinculadas al Movimiento, pero en las que se ofrecía cabida a los democristianos. Un sector de estos, el más vinculado a la ACNP, aceptó pasar por la «ventanilla» del Consejo Nacional del Movimiento para legalizar un par de grupos, la ANEPA y la Unión Democrática Española, que proclamaban su identificación con la democracia cristiana europea desde la lealtad al Régimen.

Los partidos integrados en el EDCEE tuvieron muy claro desde el principio que la oferta del Gobierno Arias carecía de interés, ya que solo buscaba consolidar la situación autoritaria. Cuando, a comienzos de 1975, entró en vigor el Estatuto de Asociaciones, Gil-Robles, actuando como portavoz del Equipo, manifestó que el nuevo marco legal no garantizaba evolución alguna hacia una situación democrática, por lo que era rechazable de plano.

LA PLATAFORMA DE CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA

Si el planteamiento del espíritu del 12 de febrero situó al franquismo reformista y a la derecha opositora en un rechazo compartido a la pervivencia del Movimiento Nacional, su fracaso convenció al conjunto de las fuerzas antifranquistas de que los aparatos del Régimen se preparaban para una defensa numantina del sistema autoritario. A partir del otoño de 1974 resultó patente que el búnker estaba en condiciones de cerrar cualquier vía aperturista y que una salida «a la portuguesa» se había tornado imposible tras el desmantelamiento de la minúscula Unión Militar Democrática, surgida en la clandestinidad a imagen del movimiento de los capitanes lusos. La alternativa para forzar la «ruptura democrática» era la unidad de las fuerzas de la oposición en torno a un programa común de desmontaje de la dictadura que suscitara un amplio consenso popular y obtuviera el apoyo de las democracias occidentales. Pero para ello tendrían que superar décadas de divisiones y salvar abismos ideológicos. Tras las oportunidades fallidas de 1948 y 1962, la urgencia de preparar el posfranquismo iba a facilitar ahora un mínimo entendimiento.

Curiosamente, en el origen de este proceso de colaboración se encontraba el monarquismo juanista, cuyo recurrente acercamiento a la dictadura no le había servido para sus fines. A finales de 1973 el asesinato de Carrero Blanco dejó a Franco sin su delfín, el hombre que veía capaz de asegurar la perpetuación incólume del Régimen tras su propia muerte. No parecía haber en el franquismo ortodoxo otro político con la suficiente capacidad para ello, algo que otorgaba especial relieve al papel futuro de quien sería sucesor del general en la Jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón. En las filas del antifranquismo, donde se quería que la ruptura democrática pusiera un rápido fin a su trayectoria al frente de la monarquía del 18 de Julio —«Juan Carlos I el Breve», como le vaticinaban—, no dejaba de considerarse la posibilidad de que el conde de Barcelona, que no había renunciado a sus derechos dinásticos, subiera al trono y asumiera el papel de jefe del Estado de una democracia. Desde finales de la década anterior, don Juan se había embarcado, animado por su Consejo Privado, en una línea de defensa de valores democráticos que permitía que su causa fuera vista por algunos como una alternativa a la monarquía franquista que encarnaría su hijo.

Durante la primera mitad de 1974 el juanismo conoció, pues, una cierta revitalización, impulsado por monárquicos liberales y democristianos. La «instauración» de la monarquía del 18 de Julio rompía, a sus ojos, la línea de legitimidad dinástica, por cuanto prescindía de la sucesión ordenada y respondía a la voluntad personal de un dictador. Don Juan se convirtió, pues, en protagonista de una serie de actuaciones que los medios de comunicación interpretaron como reivindicativos de la vigencia de sus derechos.

La disponibilidad del conde de Barcelona no dejó de atraer a Santiago Carrillo, el eurocomunista secretario general del PCE, que llevaba años demandando la acción unitaria de la oposición. La Revolución de los claveles de abril de 1974 en el vecino Portugal y la caída del régimen de los coroneles en Grecia, tres meses después, parecían marcar una tendencia que podía alcanzar a España, la última dictadura de derechas que quedaba en Europa. Carrillo pensaba que una «acción democrática nacional», esto es, una alianza de todas las fuerzas opositoras, podía conducir a una rápida transición a la democracia, pero que, para consolidarse y ser aceptada por las potencias occidentales, no debería ser considerada como un triunfo de los comunistas. Se puso en contacto con el abogado Antonio García-Trevijano, un liberal republicano que llevaba tiempo colaborando en las actividades antifranquistas del entorno de Estoril, y con Rafael Calvo Serer, el antiguo integrista que era ahora un puntal del liberalismo monárquico y consejero de don Juan.[352] Era impensable que el conde de Barcelona se prestara a una alianza con el Partido Comunista, pero la aceptación por este último de una restauración monárquica podía ser un elemento que sumara a la oposición moderada a la plataforma unitaria que pretendía Carrillo.

La ocasión la brindó la onomástica de don Juan el 24 de junio, que daba pie a un acto político anual en forma de almuerzo en Estoril, cuyo tono antifranquista representaba una suerte de «desquite lírico de los monárquicos».[353] Al de 1974 acudieron representantes de la oposición moderada. Pero don Juan se negó a entrar al trapo. Recordó que en su familia «nos sentimos profundamente unidos» y se negó a hacer manifestaciones explícitas sobre el futuro: «Algunos me han pedido declaraciones tajantes. Yo creo que cuando se tiene una conducta tan larga y casi sufrida, creo que merezco un poco de confianza, incluso en mis silencios». Y en el mes de julio, cuando el príncipe de España sucedió provisionalmente en la Jefatura del Estado a un Franco hospitalizado, el conde de Barcelona, que se encontraba recorriendo las costas españolas en su yate, se apresuró a regresar a Portugal para no provocar un problema a su hijo si el dictador fallecía repentinamente.

Sin la coartada monárquica, el antifranquismo moderado no secundó la iniciativa de Carrillo y García-Trevijano; que, de todos modos, habían logrado las suficientes adhesiones de partidos, colectivos profesionales, asociaciones de vecinos, etcétera para presentar en París, el 29 de julio, la Junta Democrática de España (JDE). La principal fuerza de la plataforma era el PCE, y estaban también el Partido Socialista Popular, el Partido Carlista —que no tardó en abandonarla—, el Partido Comunista de España (Internacional) —luego Partido del Trabajo de España—, la Alianza Socialista de Andalucía, colectivos profesionales y sociales, como Justicia Democrática, y personalidades individuales. Su programa, basado en el concepto de la ruptura democrática, defendía una Acción Nacional —una huelga general que hiciera caer la dictadura— y el establecimiento de un Gobierno provisional de fuerzas demócratas que abordaría una breve transición hacia un sistema de democracia parlamentaria a cargo de los partidos políticos, con reconocimiento de las libertades individuales, los derechos sindicales y de huelga, la separación del Estado y de la Iglesia, el ingreso en las Comunidades Europeas o una limitada autonomía regional «bajo la unidad del Estado español». Aunque la inmensa mayoría de los miembros de la Junta eran republicanos, no querían cerrarse a la oposición moderada de condición monárquica. En su punto decimoprimero, el manifiesto proponía:

La celebración de una consulta popular, entre los doce y los dieciocho meses —contados desde el día de la restauración de las libertades democráticas—, con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado.[354]

En la JDE faltaban los democristianos, que habían sido invitados a unirse. Ello desató nuevas tensiones en el seno de Izquierda Democrática. Ruiz-Giménez era, en principio, partidario. A finales de 1974 había propiciado un documento programático titulado «Estrategia del cambio sin violencia» en el que ID se abría a pactos con otras fuerzas de la oposición. Pero, consciente de que el resto de los partidos del EDCEE rechazaban la integración en la plataforma liderada por los comunistas, se limitó a promover un Comité de Enlace de su partido con los junteros. Pero el 11 de abril de 1975 la Junta Democrática aprobó un documento que sentaba el principio de que «la evolución democrática del Estado por la vía de las reformas legales es, objetiva y subjetivamente, imposible», por lo que la ruptura democrática debería producirse por la confluencia de la acción de las masas y de los militares demócratas, conforme al reciente modelo golpista portugués. Para los democristianos, esto era inasumible.

Otro problema, en sentido contrario, lo suponían las relaciones con el colectivo Tácito, algunos de cuyos miembros militaban en la oposición democristiana, pero que muchos identificaban con el reformismo franquista en el que se inscribía la mayoría. El 23 de febrero de 1975 un sector de Izquierda Democrática, encabezado por Álvarez de Miranda, reclamó en una asamblea del partido que este revalidara su condena del franquismo y de los franquistas. Por los de Tácito replicó Ortega y Díaz-Ambrona, que defendió la necesidad de alcanzar la integración de toda la democracia cristiana española en una organización común, sin exclusiones. Aunque, finalmente, las cosas quedaron como estaban, resultaba patente una dualidad de visiones que afectaba a la democracia cristiana en ese momento: o el mantenimiento de la línea antifranquista convergiendo con el resto de la oposición en un bloque favorable a la «ruptura democrática», o la formulación de una vía propia que pasara por una alianza —muerte del dictador mediante— con el ala reformista del franquismo en un centroderecha democrático. Era una situación paralizante ya que ID y la FPD «no parecían dispuestos a colaborar abiertamente con la clase política del régimen, pero tampoco parecían estar dispuestos a enfrentarse abiertamente con ella».[355] Una paradoja que acabaría pasándoles una dura factura.

Esta dicotomía pesó en las II Jornadas del EDCEE, celebradas en Valencia entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 1975 con asistencia de destacados políticos europeos e iberoamericanos. La reunión sirvió para fijar un auténtico programa democristiano con vistas a la Transición, que partía de la necesidad de la condena al pasado franquista del catolicismo y la formación de un Gobierno provisional que pusiera en marcha el proceso constituyente a fin de levantar un Estado «democrático, pluralista y federal». Sin embargo, los socios del Equipo volvieron a rechazar la integración en la Junta Democrática.

La constitución de esta como plataforma unitaria dejaba fuera de juego a partidos que, fundamentalmente, no deseaban aparecer sometidos a la hegemonía que el PCE ejercía en la Junta. Entre ellos se encontraba el PSOE del interior (o renovado, PSOE-r, como lo definían sus estrategas), que el año anterior, bajo la dirección de Felipe González, había roto con el exilio socialista en el congreso de Suresnes. El PSOE-r había rechazado la invitación a unirse a la JDE y entró en contacto con la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez y la Unión Social Demócrata Española (USDE) de Ridruejo a fin de plantear una alternativa común. En la primavera de 1975 los socialistas giraron un cuestionario a diversos grupos políticos sobre la posibilidad de una confederación alternativa a la que lideraba el PCE. Las respuestas recibidas permitieron el lanzamiento en julio de la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD), en la que se integraban el PSOE-r, ID, la USDE, la Unión General de Trabajadores, la Unión Social-Demócrata Galega, el Movimiento Comunista de España, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, la Unió Democràtica del País Valencià, el Partido Carlista —de regreso ya de su aventura en la JDE— y el Partido Nacionalista Vasco, aunque este último no lo hacía en su condición de socio de Izquierda Democrática en el EDCEE, sino de un organismo unitario regional denominado Consejo Consultivo Vasco. Por su parte, la FDP estudió adherirse, pero su desacuerdo con algunas de las propuestas de la Plataforma llevaron al partido de Gil-Robles a desestimar su ingreso el 12 de julio, tras ver rechazadas las enmiendas que intentaron a un programa que les parecía demasiado radical.

Cuando murió Franco, en noviembre de 1975, la democracia cristiana española había logrado configurar claramente un espacio político propio. Pero estaba lejos de haber alcanzado la unidad suficiente para plantear una alternativa sólida al reformismo franquista o a la socialdemocracia, fuerzas con las que tendría que competir por un amplio espacio de «centro» en la transición a la democracia. El EDCEE no era una federación cohesionada sino, todo lo más, una confederación muy laxa de grupos con afinidad doctrinal y serias incompatibilidades programáticas. Aunque a finales de 1975 mantenía su existencia, la creación de la Plataforma de Coordinación Democrática había establecido líneas de fractura entre una ID que no tenía inconveniente en compartir estrategias con grupos marxistas, una FDP que se había quedado sola en su rechazo a colaborar con la izquierda, y un PNV y una UDC que se orientaban hacia proyectos regionales de integración de fuerzas nacionalistas. Y, junto con los futuros pactos electorales, quedaba por despejar otra incógnita: cuál sería la actitud de los órganos de la Iglesia católica y, sobre todo, de su dirección colegiada, la Conferencia Episcopal, a la hora de ofrecer o negar su apoyo a los partidos de la veterana democracia cristiana antifranquista.

UN LIBERALISMO DE NUEVO CUÑO

Las corrientes liberales de preguerra, en su inmensa mayoría declaradas republicanas a partir de 1931, no habían tenido cabida en la Gran Coalición franquista. El antiliberalismo era uno de los rasgos básicos del Estado Nuevo, y una de las prioridades de los ideólogos del Movimiento era la erradicación del pasado «liberal» de las instituciones. Los liberales que habían sobrevivido a la Guerra Civil permanecían en el interior, reprimidos y silenciados, o se habían exiliado, presentes en las instituciones republicanas o apartados de la actividad política. El liberalismo clásico había quedado circunscrito a los partidos de la izquierda republicana, que tras la guerra carecían de bases en el interior de España, y a determinadas personalidades independientes —Salvador de Madariaga, Rafael Sánchez Guerra— que actuaban también en el exilio.

El liberalismo hubo de reinventarse prácticamente en el interior. Y lo hizo desde su propia tradición intelectual, especialmente a través de la influencia de un José Ortega y Gasset que había retornado del exilio y difundía sus principios, con no pocas trabas oficiales, a través del Instituto de Humanidades, fundado en 1948.[356] También influía el recuperado liberalismo europeo de la posguerra, cuyos principios doctrinales, fijados en el llamado Manifiesto de Oxford, un breve texto en cuya redacción participó Madariaga y que fue aprobado en abril de 1947 en el acto de constitución de la Internacional Liberal y Progresista, se convirtieron en una suerte de hoja de ruta para los nuevos liberales españoles.

Estos, como la mayoría de los democristianos, procedían de las filas del franquismo, desgajados de las familias fundacionales monárquica y falangista. Este último sector, poco más que anecdótico, lo integraba la llamada «Falange liberal». En paralelo, algunos monárquicos vinculados a las formaciones de extrema derecha durante la República rompieron con el franquismo y asumieron, desde la militancia juanista, posiciones políticas que identificaron como propias del liberalismo europeísta. Constreñidos por la evidente ilegalidad de sus planteamientos, la labor de estos liberales de la posguerra se basaba en la difusión doctrinal y en la toma de contacto entre correligionarios, así como en los esfuerzos para situar al juanismo en una senda de valores democráticos.

Se suele considerar como el decano de la recuperación de la tradición liberal al abogado Joaquín Satrústegui, un antiguo militante de Renovación Española que pasó de la adhesión a Franco a combatirle en nombre de la restauración de la monarquía en la persona de Juan III, lo que le valió multas y detenciones.[357] Ganado para la doctrina liberal, en 1957 fundó el grupo Unión Española, que no respondía al concepto de partido sino al de plataforma ideológica, «una conciencia activa, aglutinadora de un grupo de hombres»,[358] entre los que estaban Jaime Miralles, Vicente Piniés y Juan Antonio Zulueta. Unión Española editó numerosos panfletos y pudo organizar algunos actos públicos, entre los que tuvo especial resonancia el almuerzo celebrado en el hotel Menfis, de Madrid, en enero de 1959, en el que Satrústegui descalificó públicamente a Franco y a su régimen. Dos años después hizo público, mediante difusión clandestina, un «Proyecto de transición a una situación política regular y estable» en el que se demandaban libertades de prensa y asociación, liberalización económica y garantías jurídicas. Además, el político guipuzcoano se mostró muy activo en poner en contacto a personalidades que podían participar en la construcción de una derecha demócrata, lo que le permitió desempeñar un papel protagonista en el «contubernio de Múnich». Como otros monárquicos, Satrústegui fue experimentando una creciente desilusión ante los regates estratégicos del conde de Barcelona y ante la monarquía «domesticada» que Franco estaba preparando a través de la educación del infante Juan Carlos.

La trayectoria política del otro portavoz del liberalismo de la época, José María de Areilza, fue más complicada ya que tardó mucho más que Satrústegui en romper con el franquismo.[359] Miembro de una familia de la alta burguesía vasca y conde consorte de Motrico, en su juventud Areilza había combinado falangismo y monarquismo alfonsino. Alcalde de Bilbao en 1937 y miembro de la Junta Política de FET-JONS, como diplomático desempeñó cruciales embajadas en Buenos Aires, Washington y París. En esta entró en contacto con el liberalismo europeo y comenzó a distanciarse del Régimen. En 1964, tras abandonar la embajada parisina, rompió con su adhesión al dictador a través de una carta enviada al propio Generalísimo. Dos años después se vinculó activamente a la causa monárquica como miembro del Consejo Privado del conde de Barcelona y responsable de su Secretariado Político, puesto desde el que combatió la influencia de los conservadores filofranquistas en el juanismo. Cuando en 1969, con la sucesión de Franco ya establecida en favor del príncipe de España, don Juan disolvió su Consejo Privado, Areilza se centró en la promoción de la ideología liberal en el interior, apoyado por un reducido grupo de seguidores entre los que destacó el barcelonés Antonio de Senillosa. La publicación por Areilza del artículo «La vía española a la democracia», en el ABC del 24 de marzo de 1970, fue una de las primeras reivindicaciones de un sistema político pluralista publicitadas en un medio derechista durante el franquismo.

Que la soberanía resida en la sociedad, de la que emana el poder del Estado. Que el gobernante se sienta directamente responsable ante la opinión. Que la colectividad tenga un mecanismo para fiscalizar las decisiones del poder. Que los actos de gobierno sean una resultante de tendencias, libre y claramente expresadas en el seno de la comunidad. Que los hombres que ejercen el mando no se crean poseedores de la verdad política y admitan, en cambio, que los distintos grupos sociales pueden poseer, cada uno, su parcela de esa verdad total. Que se racionalice y no se dogmatice, el proceso y el estudio de los negocios públicos.

Pero Areilza estaba lejos de defender la ruptura democrática que proponía la oposición. Su idea era acercar la derecha antifranquista al franquismo reformista para posibilitar una transición a la democracia controlada desde una posición conjunta de centroderecha. Ello le llevó a implicarse, en 1974, en el intento de crear una Asociación Política con Manuel Fraga y Federico Silva mediante la operación conocida como la Triple Alianza. Tras su fracaso, Areilza participó en la constitución de FEDISA, la plataforma de grupos reformistas, y permaneció como un referente del liberalismo europeísta que aguardaba el comienzo del posfranquismo para lanzar el progresivo «cambio» político hacia la democracia.

CABER EN UN AUTOBÚS: LOS CLUBES LIBERALES

Hasta finales de los años sesenta, pues, las iniciativas para promover una derecha liberal en España estaban vinculadas a la causa juanista y carecían de la estructura orgánica y de la elaboración doctrinal de los democristianos. Aun así, en paralelo al surgimiento del reformismo franquista, en los últimos años de la dictadura se dieron algunas iniciativas societarias para poner en marcha entidades privadas dedicadas a propagar los principios del liberalismo y agrupar a sus partidarios. Las circunstancias no eran favorables para el rodaje de un político liberal que «debería prepararse en una vida política similar a la de los países occidentales, los anglosajones, por ejemplo. Pero como en España no existe ese tipo de vida, pues hay que hacerlo un poco artificialmente, digamos».[360]

Obviamente, los promotores de estas iniciativas no tenían vínculos con el Movimiento Nacional y eran, en su mayoría, jóvenes que empezaban a construirse un currículo profesional, entre los que había una significativa representación de diplomáticos familiarizados por su trabajo con los principios democráticos de las sociedades liberalcapitalistas. Surgieron así varios «clubes de debate» y «sociedades de estudios», concebidos como embriones de futuros partidos liberales a partir de un número muy reducido de socios.

Centro de Estudios de los Problemas Contemporáneos y Cambio Democrático

En 1967 un joven abogado madrileño que se identificaba como liberal monárquico, Antonio Gavilanes Dumont, impulsó la creación del Centro de Estudios de los Problemas Contemporáneos, constituido como un club de debates abierto a todas las corrientes de la derecha. El CEPC organizó las famosas «cenas políticas» en las que, con gran atención mediática, representantes de las diversas corrientes franquistas y de la oposición moderada discutían sobre las opciones de futuro del Régimen y las posibilidades de una reforma de índole democratizadora. En 1972, Gavilanes quiso lanzar un ambicioso proyecto para extender las actividades del Centro madrileño a otras provincias y dar entrada en la directiva a figuras del reformismo franquista. Pero ello desató las tensiones en la Junta Directiva, y Gavilanes y sus más estrechos colaboradores terminaron abandonando el club. Se concentraron entonces en un proyecto de centrismo liberal, que denominaron Cambio Democrático. Dispuestos a situarse en la vanguardia de la nueva derecha, no tuvieron la necesaria paciencia para esperar la muerte de Franco, ni querían actuar en la semiclandestinidad, y en mayo de 1975 solicitaron legalizar el grupo como asociación del Movimiento, pero con un programa de liberalismo democrático. El Consejo Nacional les negó la autorización y la tentativa quedó en suspenso hasta que sus promotores la desenterraron en abril de 1976, dispuestos a alumbrar un partido político. Pero para entonces florecían a docenas los grupos liberales, y Cambio Democrático no lograría superar el estigma de haber intentado la vía del Estatuto de Asociaciones del Movimiento.[361]

Club 1980

La primera iniciativa destinada a crear una propuesta liberal desligada del pasado tuvo como principal protagonista a Enrique Larroque de la Cruz, un diplomático en ejercicio con un largo recorrido por las embajadas de Europa occidental. En 1967 proyectó, con otras siete personas, la creación de una entidad cultural acogida al Estatuto de Asociaciones de 1964, formalmente «para promover el impulso de la investigación científica española […] así como las nuevas tendencias humanísticas de la época».[362] En mayo de 1968 fue legalizada con el nombre de Club 1980, pero apenas tuvo presencia en la vida pública. Desprovistos de sede, sus miembros se reunían en los locales del Patronato Juan de la Cierva, un organismo del CSIC, hasta que en 1970 invitaron a Manuel Fraga a impartir una conferencia y la dirección del Patronato oficial les vetó el acceso. Tras alquilar un local en Madrid, el grupito liberal —con unos ciento cincuenta miembros— se embarcó en un ciclo de conferencias titulado «Perspectivas de la sociedad española», pero no tuvo continuidad. La destinación de Larroque al consulado de Hong Kong supuso la hibernación del Club.

El retorno del diplomático a España, en 1973, abrió una nueva etapa para el Club 1980, en cuya directiva figuraban Ramiro Pérez-Maura, Bernardo Rabassa y Ubaldo Pérez Nieto. En busca de fortalecer la organización, suscribieron un acuerdo de colaboración con la Unión Social Demócrata Española, el grupo de Dionisio Ridruejo, dos de cuyos miembros, Fernando Chueca Goitia y Paulino Garagorri, se incorporaron a la directiva del Club. En el agitado panorama del tardofranquismo, el Club 1980 continuó perfilando su proyecto de liberalismo monárquico, con una mayor presencia en los medios de comunicación. Sus actividades acabaron resultándole molestas al Gobierno, que en octubre de 1975 suspendió un ciclo de conferencias de miembros de la oposición, incluido el comunista Ramón Tamames, cuya primera sesión, a cargo de Larroque, iba a versar sobre «el relanzamiento de la democracia».

Nueva Generación y el Partido Demócrata Popular

El Club 1980 era una iniciativa de liberales que, por edad, habían alcanzado la madurez, el equivalente a la segunda generación del Movimiento. Coexistió con otra de gente más joven, dotada de un concepto de renovación que tuvo reflejo en el nombre de Nueva Generación. Su principal impulsor fue el diplomático Ignacio Camuñas, copropietario de la editorial Guadiana. Fundada en 1967 por su familia, con Joaquín Ruiz-Giménez como accionista de referencia, el perfil de la editorial —convertida pronto en el grupo de empresas Guadiana de Publicaciones— oscilaba entre la democracia cristiana avanzada y el liberalismo, lo que le valió frecuentes denuncias de la Fiscalía, resueltas en multas y secuestros de sus libros y revistas, en aplicación de la Ley Fraga.[363]

La Sociedad de Estudios y Actividades Nueva Generación fue legalizada a comienzos de 1972 como entidad mercantil. En su directiva figuraban, bajo la presidencia de Camuñas, el abogado Víctor Carrascal, los periodistas Antonio Sánchez-Gijón y Juan Luis Cebrián, el diplomático Rafael Arias-Salgado y el profesor Luis Gámir. A diferencia del grupo de Larroque, más centrado en aspectos culturales, el de Camuñas optó muy pronto por seguir la vía de constituirse en partido político, aunque hubo de esperar hasta 1976 para poder hacerlo legalmente. En diciembre de 1974 se celebró en Ávila la asamblea constituyente del Partido Demócrata Popular (PDP), con un Comité Directivo Nacional en el que Fernando Chueca Goitia ocupaba una presidencia casi simbólica mientras Ignacio Camuñas, secretario general, ejercía la auténtica dirección. Inmediatamente se crearon los Comités de Acción y Promoción para extender la organización y se establecieron contactos externos. El PDP se negó a entrar en la Junta Democrática, por incompatibilidad con el PCE, y en cambio entabló relación política con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con cuya colaboración pasó en 1975 a formar parte de la Internacional Liberal.[364]

Tanto el partido como la sociedad que le daba cobertura legal utilizaban como foro político la revista mensual Gentleman, creada un año antes, propiedad del Grupo Guadiana y dirigida por Cebrián y luego por José Luis Gutiérrez; una publicación «para hombres», en la que se mezclaban los temas frívolos con los textos sobre política y economía y que fue adquiriendo un progresivo compromiso con la doctrina liberal, lo que le valió multas y el secuestro judicial de un número en junio de 1974, que incluía una entrevista a Calvo Serer sobre el lanzamiento de la Junta Democrática. En abril de 1975, Camuñas transformó la revista en el semanario Guadiana, de difusión modesta —perdió la batalla con Cambio 16, el otro referente liberal— pero influyente en los selectos círculos del liberalismo tardofranquista, donde el precoz PDP pretendía desempeñar un papel dirigente.

Sociedades de Estudios Libra

En el otoño de 1974, algunos abogados y periodistas que se consideraban liberales iniciaron contactos con vistas a la creación de una plataforma política. Se encontraban entre ellos Joaquín Garrigues Walker, Antonio Fontán, Miguel Herrero de Miñón, Jesús Aizpún y Ramón Pais. Compartían una visión federalista del Estado, por lo que recurrieron a la vía de crear, con carácter regional, las diversas Sociedades de Estudios Libra, acogidas a la legislación mercantil y con el propósito de dar voz a «un grupo que nos constituimos como tal para […] alcanzar el objetivo de formar un partido político». Un año después la red Libra estaba constituida por doce sociedades, que abarcaban prácticamente todo el territorio nacional, excepto Cataluña y el País Vasco. En estrecha relación con Libra, en enero de 1975 se creó un Partido Universitario Independiente en el que se movían activistas como Rafael Aizpún y Gustavo Villapalos.[365]

Aunque creadas en 1974, las Sociedades Libra, cuyos miembros lo eran en calidad de accionistas, se dieron a conocer en mayo del año siguiente con un folleto en el que afirmaban que «hay que poner un freno al creciente poderío del Estado en nuestro tiempo». Bajo un liderazgo compartido, pero en el que destacó enseguida la poderosa personalidad de Joaquín Garrigues,[366] las sociedades se mostraron muy activas en la organización de conferencias y mesas redondas y editaron textos doctrinales bajo el común epígrafe de Cuadernos Libra, de los que surgiría más tarde Unión Editorial. Aunque con el propósito final de constituir un partido político que las agrupara, las diversas sociedades actuaban con una completa independencia y rechazaban constituir ya el partido, que hubiera tenido que actuar al margen de la ley en aquellos meses. Por ese mismo criterio, se negaron a adherirse a la organización unitaria de centroderecha que pretendía ser FEDISA, ya que las Sociedades Libra rechazaban «la creación de una plataforma conjunta» con el franquismo reformista.[367]

Club Catalonia

En noviembre de 1975 un grupo de empresarios barceloneses lanzó una operación de liberalismo cuyo referente histórico era la Lliga Regionalista. Para ponerla en marcha recurrieron a la Ley de Asociaciones de 1964 y crearon una sociedad cultural, el Club Catalonia. Al frente se situó Joan-Antoni Maragall, un histórico militante de la Lliga, miembro del Consejo Privado de don Juan de Borbón y figura muy conocida en la promoción de actividades culturales en la Ciudad Condal. En la Junta Directiva se encontraban empresarios, como el secretario general Josep Antoni Linati, director de Aguas de Barcelona, Higini Torras Majem, editor de El Noticiero Universal, Jaume Carner Suñol, presidente de Banca Catalana, o Joan Alegre, de FECSA, junto con profesionales como el economista Salvador Millet. A los miembros del Club «les une el rechazo a la ruptura democrática, el temor a ser desbordados por la irrupción de las fuerzas de izquierda y se declaran partidarios de la vía evolutiva hacia la democracia; reivindican el regionalismo, el monarquismo y el liberalismo, en la tradición de la Lliga, con la pretensión de ser ellos el futuro gran partido burgués catalán».[368]

Con el arranque de la Transición y la legalización de los partidos políticos, a partir del verano de 1976 los diversos grupos liberales renunciaron a sus coberturas asociativas legales —sociedades mercantiles o clubes de opinión— para transformarse en una miríada de pequeños partidos. Satrústegui encabezó el Partido Liberal Progresista, las Sociedades Libra se constituyeron en Federación de Partidos Demócratas y Liberales, con el Partido Demócrata de Garrigues como eje fundamental, Larroque impulsó un Partido Liberal, Ignacio Camuñas legalizó el Partido Demócrata Popular, Salvador Millet fundó la Lliga Liberal Catalana, etcétera. La opción liberal encaraba así, atomizada en grupos minúsculos y mal avenidos, los tiempos de transición en los que la derecha española tendría que reinventarse a sí misma.

8

EN TRANSICIÓN

LA DERECHA QUE NO QUERÍA SERLO

1976-1982

A lo largo de las cuatro décadas del franquismo los españoles habían sido educados en un sistema dictatorial que fomentaba en ellos las actitudes de «desmovilización, despolitización, apatía y antipartidismo».[369] En su fase final, esta realidad condujo a una situación paradójica. El Régimen, sumido en un progresivo colapso de sus dinámicas políticas que podía interpretarse como una crisis interna de carácter terminal, quiso fortalecer la adhesión popular a su continuidad mediante las asociaciones políticas vinculadas al Movimiento. Pero estas constantes negativas sobre el ejercicio de la política estaban muy interiorizadas en el franquismo sociológico, nutridas por la creencia sembrada en él de que todo estaba «atado y bien atado», por lo que la movilización ciudadana en opciones plurales resultaría innecesaria e incluso contraproducente. Las asociaciones del Estatuto de 1974 fracasaron, pues, en su propósito de fomentar el apoyo a la dictadura, en gran medida por la criminalización del pluralismo impresa en la mentalidad de su base social de apoyo.

La puesta en marcha, en la primavera de 1976, de los procesos de parcial desmontaje institucional del franquismo hizo patente que entre la clase política solo el sector reformista estaba preparado para asimilar el cambio de tiempo y de escenario e impulsar a la sociedad conservadora hacia la participación en un sistema de partidos competitivo. Con la necesidad de responder al reto de la obligada legalización de un antifranquismo que los partidarios del Régimen percibían como potencialmente revolucionario y revanchista. También con la esperanza de que el nuevo orden facilitara la consecución de un proyecto de modernización política que otorgase a España la homologación con las democracias consolidadas de su entorno y el ingreso en los procesos de integración continental. Y todo ello sin rupturas, mediante una evolución moderada y controlada del sistema que partiese de los propios aparatos institucionales franquistas. El miedo por la memoria del pasado y la ilusión por la promesa del futuro fueron las dos racionalizaciones que la sociedad conservadora experimentó más intensamente durante los años de la Transición y que, de la mano del reformismo «centrista» que personalizó Adolfo Suárez, dieron existencia al sector hegemónico de la derecha en esa coyuntura.

El «centrismo» no era algo nuevo en el sistema de partidos español. Desde la Unión Liberal de O’Donnell hasta el Partido Reformista de Melquíades Álvarez se habían sucedido las formaciones que aspiraban a ocupar un espacio de centralidad moderada que evitara el clivage político que conducía a las guerras civiles. Sin embargo, su última experiencia había sido tan desastrosa que en los largos años del franquismo se valoraba muy negativamente el concepto desde cualquier perspectiva. Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, había intentado levantar una opción de este tipo semanas antes de las elecciones de febrero de 1936 a fin de evitar el choque casi bélico entre derecha e izquierda. Con aportaciones de los pequeños partidos de la derecha liberal, el jefe del Gobierno, Manuel Portela Valladares, improvisó un Partido del Centro Democrático que, pese a contar con un apoyo manifiesto de los aparatos gubernativos, fue un fiasco ya que su propuesta moderada solo recibió el 3,5 por ciento de los votos. Para la izquierda en pleno, el «centro» portelista había sido un intento reaccionario de cerrar el paso al republicanismo progresista, y para la derecha antiliberal el experimento había contribuido a restarle votos y a mejorar la posición del Frente Popular.

Pero a partir de 1977 el término adquirió un valor taumatúrgico para amplios sectores de la sociedad conservadora. Porque había un nuevo escenario político en el que a la dictadura franquista ya se le asignaban públicamente las connotaciones negativas necesarias en una sociedad en proceso de democratización. La identificación de «la derecha» con «el franquismo» se habría convertido así en una rémora para los reformistas con un alto coste electoral en forma de rechazo de los votantes si no se desmarcaban de esas connotaciones. Y la recuperación del «centrismo» suponía una esperanzadora vía de escape para ellos, siempre y cuando también existiera en el espectro político una derecha que pudiera identificarse como neofranquista. No mucho antes del arranque de la Transición, José María Ruiz Gallardón, uno de los fundadores de Alianza Popular, había realizado una pertinente reflexión sobre las razones del cambio semántico patrocinado por los reformistas:

Recién terminada nuestra guerra, era frecuente oír a las gentes que «eran de derechas de toda la vida». Parecía entonces que, salvo excepciones, el autoproclamarse de izquierdas equivalía a situarse ideológicamente en el campo de los vencidos. Pero ha pasado el tiempo y lo difícil es hoy encontrar a alguien que se declare perteneciente a la derecha. Todos, o casi todos hoy, ven en este término, por lo pronto, un cierto grado de funesto regresismo. Ser de derechas hoy es equivalente a ser retrógrado, intransigente, paralizador, ahistórico, antiactual, no reformista, opresor, antiliberal, imperialista, casi totalitario y otras mil lindezas por el estilo.[370]

AGRUPANDO A LAS FAMILIAS

A comienzos de 1976 la corriente reformista del franquismo había avanzado mucho en su rápido proceso de formalización. Contaba con una porción minoritaria, pero muy activa, de los procuradores en Cortes, muchos de los cuales formaron en marzo el Grupo Parlamentario Independiente, integrado por parlamentarios de origen falangista.[371] Había levantado un complejo entramado de sociedades de estudios y colectivos mediáticos, que le servían para tender puentes con el antifranquismo moderado en busca de sumarlo a su proyecto de gradual «cambio democrático», como el grupo de opinión democristiano Tácito o la supuesta empresa consultora Federación de Estudios Independientes S. A. (FEDISA). Poseían los reformistas incluso sus víctimas, los altos cargos cesados o dimitidos en la purga gubernamental de octubre de 1974, con el ministro Pío Cabanillas como figura más destacada. Y en el primer Gobierno de la monarquía el sector había retomado el contacto con el poder a través de varios de sus miembros, especialmente el vicepresidente Manuel Fraga Iribarne, ideólogo y planificador de un programa de transición a un régimen político pluralista, aunque bastante limitado en sus objetivos democratizadores.

Entre la primavera de 1976 y la de 1977, la derecha tuvo que improvisar un sistema propio de partidos partiendo poco menos que de cero. Referentes como la informal estructura de gobernación institucional de las familias, la organización burocrática del Movimiento Nacional o el conjunto de asociaciones políticas surgidas del Estatuto de 1974, no servían sino como meros antecedentes o puntos de partida. No tardaría en comprobarse que, en realidad, constituían una rémora para el crecimiento de las formaciones que competirían en un sistema democrático. Y los pequeños partidos ilegales, las sociedades de estudios y los clubes culturales de los sectores derechistas disidentes de la dictadura eran prácticamente desconocidos por la opinión pública, tenían una afiliación muy escasa y carecían de experiencia, estructura orgánica y medios económicos para afrontar el ya cercano proceso de elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal.

Las expectativas que había creado FEDISA de que se convirtiera en la gran plataforma del centro reformista al iniciarse la Transición se vieron pronto defraudadas. El 13 de diciembre de 1975 dos consejeros de la sociedad, Fraga y Areilza, aceptaron la invitación de Arias Navarro para formar parte del primer Gobierno de la monarquía. Parecía el comienzo del proceso de reformas que preconizaban los socios de federación. Pero existía entre estos una suerte de acuerdo tácito de no aceptar carteras en un Gabinete que no tuviese un claro signo reformista, y la presencia de Areilza y Fraga en uno presidido por Arias, el ultraderechista que había lanzado la purga antirreformista de 1974, fue percibida por algunos accionistas de la empresa como una suerte de traición.

Pasaron escasas semanas antes de que se advirtiera que el sector aperturista del Movimiento, fuerte en las Cortes y en las asociaciones políticas, y sobre todo el inmovilista, muy influyente en el Consejo Nacional y en la cúpula de las Fuerzas Armadas, se oponían a un cambio político como el que demandaban los reformistas. Manuel Fraga, rechazado también por la oposición democrática, se quemó rápidamente, tanto en su papel de impulsor de unas reformas fallidas —derechos de asociación y reunión, Cortes bicamerales con sufragio universal directo, descentralización administrativa— como en su condición de represor ministro de la Gobernación. Todo ello, unido a la entrada en vigor de la legalización de los partidos políticos, trajo el cierre de FEDISA, que había dejado de ser útil a los propósitos de sus fundadores.

La aprobación de la Ley para la Reforma Política puso en marcha el reloj para la convocatoria de elecciones libres a Cortes y desató en las tres corrientes franquistas la carrera para construir opciones políticas capaces de competir con los partidos de la oposición. Para los reformistas ya no se trataba de plantear proyectos a medio plazo de cambio institucional a fin de salir lentamente de la dictadura. Ahora deberían formar, en cuestión de pocos meses, un sólido frente electoral capaz de triunfar en las urnas y garantizarles el control del rápido proceso de construcción de un sistema democrático, frente a la izquierda rupturista y la derecha inmovilista.

El problema era que ello requería un partido unificado o, al menos, una plataforma de partidos sólidamente disciplinada, con un programa común y un líder popular e indiscutido, mientras que el proceso iniciado en la derecha en el verano de 1976 fue el contrario: docenas de minipartidos noveles decididos a plantear su propia alternativa y repartidos en ideologías tópicas: democracia cristiana, liberalismo, conservadurismo. Sus planificadores creían que existía entre el electorado «un amplio apoyo a la democracia liberal», pero era evidente que ese respaldo se resentiría por la «competencia entre partidos pequeños», carentes prácticamente de estructuras y que servían básicamente de «vehículo para la promoción de sus líderes», muchos de ellos técnicos y empresarios sin currículo político. Los estrategas del reformismo eran conscientes de que, en esas condiciones, sus jovencísimos partidos carecían «de peso político real y presencia organizativa», lo que los volvía electoralmente inanes.[372] Y debía descartarse a priori la tentación de que Adolfo Suárez se convirtiera en otro Portela Valladares e improvisara en pocas semanas un nuevo Partido del Centro Democrático gubernamental, levantado en las provincias con el concurso de los gobernadores civiles.

En el ya cercano horizonte de los comicios parlamentarios se perfilaba la urgencia de negociar esa plataforma de partidos de derecha moderada que evitara la suicida dispersión de esfuerzos y sumara sus recursos. Pero cada uno quería hacerlo en paridad con los demás y situar a su líder en posición directiva en la coalición electoral resultante. Y ello con mínima o nula mediatización de un Gobierno como el de Suárez, quien, cabía temer, no se limitaría a ser un mero árbitro para facilitar la conjunción sino que buscaría erigirse en conductor del proceso. La estrategia de supervivencia para los pequeños partidos era evidente: primero, la coalición electoral paritaria apoyada por los votos de la «mayoría silenciosa»; tras la victoria, el reparto pactado del poder entre los socios, y luego el consenso en torno a un programa gubernamental de transición y una formulación ideológica común, aún por determinar pero que daría cuerpo al centrismo. Un documento interno elaborado en el otoño de 1976 por el Partido Demócrata, presidido por el liberal Joaquín Garrigues Walker, presentaba con crudeza estas condiciones:

Vamos a recibir propuestas e imitaciones. Unas del Gobierno. Hemos de responder con un condicionado, cuyo primer punto sería una participación efectiva en las decisiones de poder. Si nos invitan los que son Gobierno, que nos digan, primero, si nos la dan o no en ella, y cuánta. Sepamos qué precio están dispuestos a pagar y si son solventes (como si les pidiéramos un aval bancario). Luego vendrán las discusiones ideológicas y técnicas de detalle. Pero estando sentados en las mismas mesas y con sillas equivalentes.[373]

Suárez y sus ministros eran conscientes de estos recelos, pero también de las ambiciones personales que les daban existencia y de la posibilidad de manipularlas. Especialmente el vicepresidente para asuntos políticos, Alfonso Osorio. Era el segundo de Federico Silva Muñoz en la Unión Democrática Española (UDE), una asociación «católica» que estaba en fase provisional de creación acogida al Estatuto del Movimiento, pero que no salía adelante por la división entre el sector aperturista —o ya neofranquista— de Silva y el reformista de Osorio, cuyo puesto gubernamental le llevaba a delegar la jefatura de su facción en Alberto Monreal Luque. En la futura plataforma unitaria del reformismo, el vicepresidente del Gobierno quería primar al sector democratacristiano, con especial presencia de los hombres de la ACNP y del Grupo Tácito.

El 30 de agosto de 1976, Osorio se reunió con un grupo de correligionarios, la mayoría, como él mismo, procedentes de Tácito. Entre ellos se hallaban otros tres miembros de la UDE, Monreal, Andrés Reguera y Enrique de la Mata; los ministros Marcelino Oreja y Landelino Lavilla; José Luis Álvarez, el presidente del consejo de administración de FEDISA; José Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Pedro Pérez-Llorca y Fernando Álvarez de Miranda, dirigente de Izquierda Demócrata Cristiana, la pequeña formación surgida de la escisión del partido de Ruiz-Giménez. Les ofreció el apoyo gubernamental si constituían una coalición electoral democristiana, el Centro Democrático. Pero Álvarez de Miranda exigió una condición: los dirigentes y candidatos que fueran procuradores en Cortes en la legislatura en curso deberían renunciar enseguida a su escaño. Fue, pues, imposible alcanzar un acuerdo en ese momento. Además, Silva y sus partidarios en la UDE, en virtual ruptura con el sector de Osorio, rechazaban el proyecto centrista y negociaban agruparse con las otras asociaciones del Estatuto de 1974 en una coalición neofranquista, a la que denominarían Alianza Popular.

LA CARRERA HACIA EL CENTRO

El intento fallido de levantar la plataforma democristiana desde el Gobierno puso en marcha otra iniciativa. El 15 de julio Manuel Fraile Clivillés, estrecho colaborador de Pío Cabanillas, y José Antonio Ortega y Díaz-Ambrona habían inscrito en el registro un Partido Popular (PP), que comenzó a organizarse en septiembre bajo el liderazgo del exministro de Información y Turismo, quien el día 13 de ese mes almorzó con Areilza y Fraga para unirlos al proyecto. El primero aceptó la invitación de Cabanillas, pero Fraga no quiso participar, de modo que cuando, el 1 de diciembre de 1976, el PP fue presentado a la opinión pública como una organización funcional, promotora del centro político, el fraguismo figuraba ya en las filas de la derecha neofranquista como integrante de la Federación de Alianza Popular.

El Partido Popular se organizó al modo en que lo estaban haciendo la mayoría de las nuevas formaciones de la derecha, como una teórica federación entre la organización nacional, con sede en Madrid, y varios partidos autónomos de ámbito regional o provincial, siete en este caso, denominados Partido Popular de Cataluña, Balear, Extremeño, de Orense, Aragonés, Alicantino Autónomo y Regional Valenciano Autonomista. Pero, sin apenas estructura funcional, era un «partido de notables» con escasa afiliación.

Heredero de las experiencias de FEDISA y del Grupo Tácito, situado básicamente en las posiciones del reformismo franquista pero con evidentes nexos con la derecha procedente de la oposición a la dictadura, el PP evitó asumir la condición de democratacristiano, que era la más cercana a la mayoría de sus promotores, y adoptó la ecléctica definición de centrista, en la que podrían amalgamarse liberales, democristianos y reformistas independientes para constituir la gran opción de gobierno de la derecha en el posfranquismo. Se le definió como «partido ómnibus al que podía subirse quien quisiera, sin distinción de tendencia ideológica, antecedentes ni nada de nada».[374] Muchos de sus dirigentes poseían un pedigrí franquista, pero otros eran ajenos a la clase política, como Pedro Pérez-Llorca, José Luis Álvarez o Emilio Attard. Y algunos podían exhibir un cierto talante de oposición a la dictadura, como el democristiano Ortega y Díaz-Ambrona y Areilza, autodefinido como liberal aunque, tradicional blade runner de la política española, llevaba una década jugando también la baza del franquismo reformista, lo que valorizaba su condición de hombre puente.

La ambigüedad doctrinal que marcaba al PP lo convertía en el más adecuado eje de vertebración de la plataforma centrista entre los partidos que estaban surgiendo como setas en un bosque húmedo. Ya en la reunión constitutiva, el 15 de septiembre, sus promotores dejaron claro que el espacio político que preconizaban era un punto de convergencia ideológica: «Creemos en las ideas propias de la ética cristiana, del humanismo europeo y de la tradición liberal». Su manifiesto programático, hecho público el 1 de diciembre, afirmaba: «Nuestro partido aspira, en el ámbito de su actuación, a integrar a demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas e independientes mediante la unión o federación de cuantos esfuerzos se muevan de modo coherente en esa misma dirección».

Sin embargo, de momento, esa simbiosis doctrinal centrista no convencía a los promotores de otros partidos que necesitaban situarse, ante el electorado y sus propios afiliados, como representantes de una de las tres ideologías moderadas tópicas, triunfantes en los esquemas políticos de las democracias europeas:

a) La democracia cristiana. Había constituido la opción fundamental de derecha moderada durante los años del franquismo, pero la tensión en torno a su participación en la vida política oficial a través de la familia católica del Movimiento —cuya condición democristiana resulta más que discutible— o la asunción del antifranquismo con partidos ilegales habían ido abriendo brecha entre las diversas corrientes. Los dos principales partidos nacionales, Izquierda Democrática (Joaquín Ruiz-Giménez) y la Federación Popular Democrática (José María Gil-Robles), convivían en difícil armonía con partidos regionales de carácter nacionalista —el vasco PNV, la catalana UDC— de los que eran socios en el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español (EDCEE).

La negativa de un sector minoritario de Izquierda Democrática a pactar con los comunistas y los socialistas la plataforma unitaria de la oposición, Coordinación Democrática, llevó a la ruptura del partido en el congreso celebrado en El Escorial en abril de 1976. Los disidentes, encabezados por Fernando Álvarez de Miranda y entre los que figuraban Óscar Alzaga e Íñigo Cavero, crearon Izquierda Demócrata Cristiana, un partido que nacía en oposición al Gobierno Arias, con el propósito de aunar fuerzas para unificar a la corriente ideológica. No tardaron sus directivos en entablar negociaciones con los pequeños núcleos de Afirmación Social Española, que presidía el histórico José Rodríguez Soler, Grupo Democristiano Independiente, de Emilio Carrascal, e individualidades que habían figurado en Tácito o FEDISA. Constituyeron, el 8 de octubre, un Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC), presidido por Álvarez de Miranda y con Cavero como secretario general.

Por otra parte, la puesta en marcha en julio de 1974 del Estatuto del Derecho de Asociación Política dio lugar en el sector católico del franquismo a un agrio debate sobre la conveniencia de sumarse al programa aperturista que impulsaba el Gobierno Arias, lo que tuvo su primera manifestación en la división del Grupo Tácito, y también propició la ruptura en el seno de la Unión Democrática Española entre el ala silvista, identificada con el aperturismo y que deseaba promoverla como asociación política del Estatuto, y la reformista, encabezada por Alfonso Osorio, que apostaba por aguardar al posfranquismo para legalizar la asociación, ya como partido, y contribuir a la formación de una opción unitaria de democracia cristiana. El resultado fue que la UDE permaneció cubriendo la etapa provisional, funcionando sin plena legalización, hasta que se autorizaron los partidos políticos.

Como hemos visto, durante el verano de 1976 Osorio, vicepresidente del Gobierno Suárez —en el que había otros tres ministros de UDE—, quiso lanzar la operación progubernamental con los restantes grupos democristianos, pero se encontró con la oposición de Álvarez del Miranda y, en el otro extremo, con la de Federico Silva, más proclive a trabajar con la neofranquista Comisión Conjunta de Asociaciones. A lo largo del mes de septiembre las dos facciones de UDE escenificaron su ruptura, que se consumó el día 27, cuando se conoció que Silva había aceptado la integración en la Federación de Alianza Popular. El ala reformista demostró ser mayoritaria, los silvistas abandonaron UDE para crear su propio partido dentro de AP y Osorio reactivó entonces el proyecto de Centro Democrático. Pero la negativa de los partidos del EDCEE a concurrir hizo que solo la minúscula Unión Demócrata Cristiana, de Barros de Lis, y el Partido Popular Demócrata Cristiano de Álvarez de Miranda mostraran interés en ello. Si el Centro Democrático quería ser una propuesta electoral ganadora tendría que abrirse a otras corrientes.

b) El liberalismo. También los grupúsculos liberales, que llevaban algún tiempo funcionando como sociedades de estudios y clubes culturales, comenzaban a organizar una estructura propia de partidos. Aunque su base de apoyo social era muy reducida, prácticamente limitada a una élite de profesionales, empresarios y altos funcionarios, los liberales contaban con influyentes medios de comunicación vinculados a su corriente —revistas como Cambio 16 o Guadiana y periódicos como El País, aparecido en mayo de 1976, y Diario 16, en octubre— y con un privilegiado posicionamiento en el mundo de la gran empresa financiera e industrial.

En la carrera del sector por encabezar la organización del centro tomó enseguida ventaja el conglomerado de las Sociedades de Estudios Libra, que lideraba Joaquín Garrigues Walker, hijo del entonces ministro de Justicia y yerno de José María de Areilza. Las Sociedades fueron legalizadas como once partidos de ámbito regional, comúnmente denominados «Partido Demócrata de…», que formaron, en junio de 1976, la Federación de Partidos Demócratas y Liberales (FPDL), presidida por Garrigues, con Joaquín Muñoz Peirats en la vicepresidencia y Ramón Pais en la secretaría general. Se sumó también el Partido Universitario Independiente, creado en enero de 1975, que pasó a denominarse Federación de Juventudes Liberales. Las Sociedades Libra mantuvieron su funcionamiento impulsando Unión Editorial, editora de los Cuadernos Libra, libros de bolsillo destinados a difundir el programa del partido y los principios ideológicos del liberalismo. En su manifiesto fundacional, la FPDL afirmaba que «el paso sin traumas del actual régimen político a una auténtica democracia solo puede conseguirse a través de un triple pacto entre el Estado y las regiones, entre los empresarios y trabajadores y entre todos los partidos políticos, sin exclusiones».[375]

La Federación debía contender con otras iniciativas liberales, aunque de mínima entidad. El 9 de enero de 1976 cuarenta miembros del Club 1980, presidido por el diplomático Enrique Larroque, crearon la Agrupación Liberal Democrática, que en abril pasó a denominarse Partido Liberal con la finalidad declarada de buscar «la liberación respecto de las estructuras de opresión».[376] Lo presidía Larroque, con Ramiro Pérez-Maura en la vicepresidencia y Bernardo Rabassa en la secretaría general. Del Club Nueva Generación procedía el Partido Demócrata Popular, creado en fecha tan temprana como diciembre de 1974 y dirigido por Ignacio Camuñas. Se consideraba portavoz del «liberalismo social» y defensor del «principio de autodeterminación del hombre para establecer los objetivos y metas de su existencia».[377] Pese a su escasa entidad, el PDP resultaba un partido muy dinámico, y en septiembre de 1975 ingresó en la Internacional Liberal, ganando la carrera de la homologación a los restantes grupos. Juan García Madariaga dirigía el Partido Progresista Liberal, creado en marzo de 1976. Y en abril se constituyó como partido la Unión Española, presidida por el histórico Joaquín Satrústegui, que enseguida manifestó su «solidaridad» con los restantes grupos liberales. Dada la escasa entidad de estas organizaciones nacientes, dicha solidaridad era más que necesaria si querían llegar a algún sitio. El 12 de agosto la FPDL encabezó la constitución de la Alianza Liberal, integrada también por el Partido Liberal y la Unión Española. En su manifiesto reclamaban:

El establecimiento de la democracia en nuestro país, basada en la división efectiva de poderes, exige la apertura de un proceso constituyente con el previo reconocimiento de las libertades políticas vigentes en las democracias occidentales; de todos los partidos políticos; de las organizaciones sindicales que sean representativas de la clase trabajadora, independientes del Estado y libres; y de las asociaciones patronales. Asimismo, deberán celebrarse elecciones generales con igualdad de trato para todos los partidos, a fin de elegir un Parlamento representativo que elabore la constitución política del país.[378]

c) La socialdemocracia. Una tercera pata del trípode centrista era la «socialdemocracia no marxista», que buscaba identificarse ante el electorado con la corriente homónima que gobernaba en muchos países de la Europa occidental y central con una condición de izquierda parlamentaria. Por lo tanto, los noveles «socialdemócratas» españoles rechazaban cualquier connotación derechista, a pesar de la evidencia de los currículos políticos de casi todos sus dirigentes. Era un pequeño sector que hundía sus raíces en la visión «social» del falangismo, pero que luego se había visto engrosado con militantes procedentes del catolicismo progresista y del ala izquierda del reformismo franquista. Un verdadero cajón de sastre debido a «la facilidad con que se acudía a la etiqueta de socialdemocracia en la España posfranquista».

Analizando, pues, el espectro de los grupos políticos que reclamaban para sí el título de socialdemócrata se advierte que abarca desde un socialismo de cátedra burgués y antimarxista militante, pasando por las posiciones social-liberales y liberal-conservadoras, hasta grupos claramente conservadores, sin excluir al ala social y reformista de los falangistas.[379]

Estos socialdemócratas de centro «tuvieron una implantación territorial endeble y desequilibrada, contando con un muy reducido número de adherentes o militantes, y agrupándose como colectivos de notables con un marcado carácter personalista».[380] El fundador de la corriente fue Dionisio Ridruejo, que ya en 1957 había creado el Partido Social de Acción Democrática. En 1974 lo refundó como Unión Social Demócrata Española (USDE), que se definió como antifranquista y formó parte de la Plataforma de Convergencia Democrática.

La muerte de Ridruejo, el 29 de junio de 1975, supuso un varapalo para la pequeña organización y animó otros intentos de construir un gran partido de centroizquierda, aunque pronto resultó evidente que solo uniéndose tendrían estos grupúsculos algún protagonismo electoral. El 17 de julio de 1976 la USDE, presidida por Eurico de la Peña, el Partido Socialdemócrata, dirigido por Manuel Díez-Alegría, Izquierda Social Demócrata, fundada a finales del año anterior por Francisco Fernández Ordóñez, Causa Ciudadana, presidida por Arturo Moya, y una decena de partidos minúsculos de ámbito regional y provincial constituyeron la Federación Socialdemócrata, con el aragonés José Ramón Lasuén actuando de secretario general. Sin embargo, Fernández Ordóñez, un inspector de Hacienda muy bregado como técnico en los equipos reformistas de la Administración tardofranquista,[381] le disputó enseguida a Lasuén el liderazgo en una pugna que llevó a la ruptura entre ambos a finales de año. Y, en febrero de 1977, un Fernández Ordóñez que se mostraba dispuesto a implicarse con democristianos y liberales en la operación del Centro Democrático rebautizó su pequeño partido, en el que militaban profesionales prestigiosos como Rafael Arias-Salgado, Luis González Seara y Miguel Boyer, como Partido Socialdemócrata.

También se proclamaban miembros de esta corriente otros dos partidos que se abstuvieron de llamar a las puertas del Centro Democrático. El Partido Socialista Democrático Español, surgido en 1975 de una escisión derechista de USDE y dirigido por Antonio García López, y Reforma Social Española, constituido en junio de 1976 y presidido por Manuel Cantarero del Castillo, que había sido una asociación política del Movimiento y cuyos dirigentes y gran parte de su afiliación procedían de las filas del francofalangismo. Convencidos de que podían articular el centroizquierda, ambos partidos pactaron, para las elecciones de 1977, una Alianza Socialista Democrática, junto con un sector del PSOE que procedía del exilio y que fue legalizado como PSOE-Histórico. Lograron el 0,56 por ciento de los votos, tras lo cual dejaron de contar en el panorama político.

UN PARTIDO PARA ADOLFO

A comienzos de 1977 el panorama de las fuerzas autodefinidas como centristas era, pues, muy confuso: decenas de grupos débilmente organizados y con poquísima militancia, aferrados a referentes doctrinales tópicos, pero con programas de gobierno apenas esbozados. Los encabezaban, además, hombres de meritoria trayectoria profesional pero, con pocas excepciones, dotados de escaso o nulo currículo político y poco conocidos por la opinión pública. Eran conscientes de la proximidad de unas elecciones cruciales para el futuro del país, de la capacidad movilizadora de la izquierda rupturista y de las llamadas del búnker a la resistencia de las bases sociales del franquismo. En general, asumían la necesidad de que sus partidos se incorporan a una plataforma de centro reformista que atrajera el voto de la «mayoría silenciosa» de la etapa franquista, que identificaban como un electorado favorable a la democratización, pero reacio a los giros radicales. Sin embargo, los dirigentes de las distintas formaciones querían negociar individualmente su papel en la coalición electoral y sus futuras cuotas de poder en caso de victoria. Y la mayoría se mostraban reacios a que el Gobierno organizara la concertación de sus partidos y reservara el liderazgo de la futura plataforma a un Adolfo Suárez manifiestamente muy ambicioso y de sinuosa trayectoria política.

Lograr ambas cosas —crear la coalición y luego la plataforma de partidos, y otorgarle el liderazgo a Suárez— era la misión de cuya planificación se encargó Osorio. En principio, el vicepresidente contaba con su Unión Democrática Española, que afirmaba poseer una extensa red territorial tras dos años de organización. Pero se trataba de un grupo estrictamente democristiano y procedente del asociacionismo franquista, lo que limitaba su capacidad como promotor del Centro Democrático. En cambio, el Partido Popular poseía, por definición, la novedad y la naturaleza ecléctica e integradora que ello requería, y sus dos líderes, Cabanillas y Areilza, no solo eran políticos veteranos y muy conocidos, curtidos en todo tipo de negociaciones, sino que juntos cubrían los espacios del reformismo franquista y de la oposición derechista.

Apenas se anunció el calendario electoral, el PP se embarcó en el proyecto, con el apoyo fundamental de la UDE. El 20 de enero de 1977 se formalizó el Centro Democrático (CD) como un pacto de seis partidos: PP (Cabanillas), UDE (Osorio y Monreal), PPDC (Álvarez de Miranda), FPDL (Garrigues), PDP (Camuñas) y UDC (Barros de Lis); una entente de democristianos y liberales que despertó un interés enorme en la opinión pública y a la que no tardaron en incorporarse los socialdemócratas de Fernández Ordóñez (PSD) y los otros dos miembros de la Alianza Liberal, el PL de Larroque y la UE de Satrústegui. Parecía un bloque político impresionante, pero era apenas un boceto, partidos con poca base organizativa y escasa afiliación. La apuesta era que la plataforma electoral centrista resultara una propuesta atractiva para el electorado, que luego controlara el proceso constituyente en las Cortes y que sus líderes se convirtieran en los nuevos gobernantes del país. El poder daba dinero y el dinero otorgaba poder y crecimiento, vino a decir Óscar Alzaga:

Como las fusiones parecen imposibles por falta material de tiempo, abogo por respaldar hasta las últimas consecuencias una unión electoral democrática que cobije a liberales, demócrata cristianos y socialdemócratas […]. Hablando con franqueza os diré que, por fortuna, los partidos que se mueven en tal espectro carecen de financiación propia mínimamente significativa […]. Hoy el poder político, mediante una hábil legislación sobre financiación de partidos, o para sufragar gastos electorales, puede sacar de la ruina a las agrupaciones moderadas a cambio de que sean auténticos partidos políticos y no partidos de políticos.[382]

De modo que, cuando el PP celebró su congreso constituyente los días 5 y 6 de febrero, los restantes dirigentes de la operación centrista no acudieron como invitados, sino como socios. El congreso confirmó el liderazgo de Cabanillas como presidente y de Areilza y Attard como vicepresidentes, mientras que José Luis Álvarez asumió la función ejecutiva como secretario general. En el Secretariado estaban, entre otros, Pérez-Llorca, Ortega y Díaz-Ambrona, José Luis Ruiz-Navarro, Luis Ramallo y Fernando Castedo.

Cabanillas se reafirmaba así como cabeza visible de una federación de centro político formalmente independiente del Gobierno. Pero enseguida se pudo apreciar que «podía ser un gran negociador, un hábil componedor de intereses, un legislador de primera fila, pero no un líder». En cuanto al conde de Motrico, era un «político de cinco tenedores» pero se veía perjudicado por «su cultura refinada y cosmopolita», que le alejaba del calor popular. Y, además, pesaba en su contra, «sobre todo en el área gubernamental, su más que presumible intención de calzarse la presidencia del Gobierno tras las elecciones».[383] Areilza ya había sido derrotado por Suárez en este empeño en el verano de 1976, pero un año después las espadas volvían a estar en alto y, según le reveló Cabanillas, el Gobierno había ejercido «presiones durísimas» para que no fuera presidente del PP.[384]

A esas alturas, a Suárez y sus ministros les urgía rematar la operación centrista a tres meses de las elecciones. A modo de ensayo, el ministro de la Gobernación, Martín Villa, animó a sus antiguos compañeros, los procuradores falangistas del Grupo Parlamentario Independiente —Juan José Rosón, Gabriel Cisneros, José Luis Meilán, José Miguel Ortí Bordás, etcétera—, a promover una Federación Social Independiente (FSI) como partido «suarista», al que se sumaron antiguos colaboradores suyos en el Movimiento y en el Gobierno. Una fantasmal formación azul disfrazada de «socialdemócrata», que empezó a actuar en octubre de 1976 y que cobró vida legal a comienzos de marzo del año siguiente bajo la presidencia de Jesús Sancho Rof. Y que solo existió para aglutinar el bloque de «independientes» en que se apoyó Suárez para imponer sus intereses electorales.[385]

Sin embargo, estos no tendrían futuro si no pasaban por el Centro Democrático. Era necesario partir de los pactos internos ya atados por el PP y, sobre todo, que esta formación abriera el proceso de concertación con Adolfo Suárez y sus «independientes». Pero Areilza se oponía rotundamente a la intervención gubernamental de su partido. El 19 de marzo Osorio, acompañado del ministro de Justicia, Landelino Lavilla, y del de Obras Públicas, Leopoldo Calvo-Sotelo, cenó en casa de Ruiz-Navarro con Cabanillas, Cavero, Álvarez de Miranda, José Luis Álvarez, Pérez-Llorca y algunos otros políticos del Centro Democrático. Faltaba Areilza, que no fue invitado. El vicepresidente les planteó el interés de Suárez en asumir el liderazgo de la plataforma centrista y les expuso que la negativa del conde de Motrico ponía en peligro la victoria electoral, improbable, por otro lado, sin una implicación directa del Gobierno. Les sugirió que le forzaran a dimitir, algo que aceptaron todos incluido su yerno, Garrigues Walker. El día 23 fue el propio Suárez quien, en una entrevista de dos horas y media con Cabanillas y Areilza, logró de este la promesa de retirarse. Lo hizo al día siguiente, mediante una nota en la que renunciaba a la vicepresidencia del Partido Popular y anunciaba que no se presentaba a las elecciones.

La adhesión del PP al liderazgo político del presidente del Gobierno arrastró al resto del Centro Democrático. Este debería convertirse en una plataforma de vínculos sólidos y disciplina suprapartidista a fin de que sobreviviera a los comicios de junio y fuera un instrumento adecuado para nutrir y sostener al Ejecutivo centrista. Suárez encomendó la tarea a Leopoldo Calvo-Sotelo, quien renunció para ello a su cargo de ministro y retornó a su antiguo despacho de directivo de la Unión Explosivos Río Tinto, a fin de organizar lo que se denominaría Unión de Centro Democrático (UCD). Durante semanas, políticos de las tres familias acudieron allí para negociar —o, más bien, pedir— la incorporación de sus pequeñas formaciones a la plataforma gubernamentalista. No parece que fueran necesarias las presiones; el que no se apuntara quedaría fuera de juego.

El 19 de abril tuvo lugar la primera reunión conjunta, a la que fueron convocados por el presidente del Gobierno representantes de una decena de partidos de orientación «centrista». Pero tanto la Federación Demócrata Cristiana de Gil-Robles y Ruiz-Giménez como la Socialdemócrata de Lasuén rechazaron integrarse en la UCD, por lo que tres días después se formalizó el acuerdo con ocho formaciones: cuatro liberales —FPDL (Garrigues), PDP (Camuñas), PPL (Madariaga) y PL (Larroque)—, dos socialdemócratas —PSD (Fernández Ordóñez) y USDE (Eurico de la Peña)—, una democristiana —PPDC (Álvarez de Miranda)— y la mixtura doctrinal que representaba el PP de Cabanillas.

Cuando el 3 de mayo se presentó la Unión ante la opinión pública, se habían sumado la Federación Socialdemócrata de Lasuén, el Partido Socialdemócrata Independiente de Gonzalo Casado y cinco minúsculos partidos de «notables» de ámbito regional y reciente creación, en los que la acotación exclusiva de la territorialidad y el deseo de colaborar con el Gobierno primaban sobre la definición doctrinal o la preocupación por los aspectos organizativos: Acción Regional Extremeña, fundada por el consejero nacional del Movimiento Enrique Sánchez de León, el Partido Gallego Independiente, del procurador en Cortes José Luis Meilán Gil —ambos, falangistas, procedían de la «martinvillista» Federación Social Independiente—, el Partido Social Liberal Andaluz, de Manuel Clavero,[386] Unión Canaria, de Lorenzo Olarte, y la Unión Democrática Murciana, de profesión democristiana y liderada por Antonio Pérez Crespo. No existía, pues, en la plataforma de quince partidos uno específico de Adolfo Suárez, por lo que tanto él como varios de sus colaboradores concurrirían a las elecciones en las listas de la UCD con la condición formal de «independientes». Curiosos invitados los suaristas, llamados a colaborar individualmente con una federación de partidos que habían planificado ellos mismos.

LAS ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES

El 18 de marzo de 1977 se hizo público el real decreto «sobre normas electorales», que desarrollaba los preceptos de la Ley para la Reforma Política fijando los procedimientos para la elección de unas Cortes que, entendía todo el mundo, serían constituyentes y abrirían paso a la liquidación del aparato institucional franquista. Cuatro días antes había entrado en vigor el indulto general de «las penas impuestas a los incursos en responsabilidad penal por delitos y faltas de intencionalidad política», que venía a completar la amnistía con que se había estrenado el Gobierno Suárez en julio del año anterior y resolvía, al menos parcialmente, el espinoso asunto de los presos políticos de la dictadura. El 1 de abril, antaño día de la Victoria para el franquismo, el Gobierno promulgó el decreto disolviendo el Movimiento Nacional, y el día 9, en plena Semana Santa, el Partido Comunista fue legalizado, lo que le permitiría presentarse a las elecciones garantizando así la concurrencia del resto de la izquierda. Y los comicios fueron convocados el 15 de abril, mediante un real decreto que fijó su celebración el 15 de junio.

El Gobierno había negociado el sistema electoral con la Comisión de los Nueve, representantes de la oposición democrática. Carentes de experiencia en esas lides, los negociadores de ambas partes lograron alcanzar un cierto consenso. Partiendo de la aceptación del sufragio universal, se optó por un sistema proporcional, con dos alteraciones importantes en la asignación de escaños al Congreso y en la composición del Senado: el sistema D’Hondt y los senadores de designación real.

El modelo creado por el belga Victor D’Hondt en 1878 es un método de corrección mayoritaria del sistema de representación proporcional por listas electorales cerradas, lo que beneficia a los promedios más altos en la asignación de escaños, es decir, a los grandes partidos y a los de concentración regional frente a los medianos de voto disperso. En el procedimiento establecido por el decreto ley de normas electorales, las cincuenta provincias conformarían otros tantos distritos electorales, más Ceuta y Melilla. En cada uno se elegirían un mínimo de dos diputados, y la corrección D’Hondt aportaba una sobrerrepresentación proporcional importante a las circunscripciones de mayoría rural y menor demografía frente a las de gran población urbana, lo que a priori favorecía a las opciones conservadoras o, en otra lectura, a las situadas en posiciones centrales del arco político. En cuanto al Senado, se elegirían dos senadores por provincia mediante el sistema mayoritario, lo que reforzaba el papel de las menos pobladas circunscripciones de base rural y sesgo conservador. Asimismo, en las Cortes de 1977 habría 41 senadores de «designación real», elegidos por Juan Carlos I con criterios de representatividad social; un remedo antidemocrático de los Cuarenta de Ayete nombrados directamente por Franco para la Cámara Alta de su régimen, el Consejo Nacional del Movimiento.

Los comicios de 1977 planteaban un panorama inédito desde 1936. La inmensa mayoría del electorado, con la edad mínima fijada en veintiún años, participaba por vez primera en unas elecciones libres. Pocos partidos —PSOE, PCE, PNV, UDC— habían sobrevivido a la Guerra Civil, y lo habían hecho en condiciones de clandestinidad y represión, por lo que necesitaban partir prácticamente de cero en la creación de aparatos electorales. Y en la derecha, con muy pocas excepciones, los partidos habían sido creados a lo largo del último año, con poquísimos afiliados y escasa organización, lo que los obligaba a forjar alianzas coyunturales, o a construir plataformas electorales en la idea de cuajarlas luego en partidos parlamentarios. En lo referente a los líderes políticos, la derecha y la izquierda ofrecían perfiles muy distintos. Los partidos de la primera contaban con una impresionante nómina de ministros, procuradores y altos cargos de la dictadura, perfectamente reconocibles por el electorado y con una trayectoria política nítidamente definida. Las izquierdas, en cambio, tenían que dar a conocer líderes que se habían desenvuelto en la clandestinidad, o que habían sido largamente demonizados por la propaganda del Régimen, como sucedía con los históricos dirigentes del PCE.

La campaña electoral comenzó a efectos prácticos el 3 de mayo —la oficial, el día 22—, cuando Adolfo Suárez presentó en televisión la convocatoria electoral democrática como resultado de su obra de gobierno y notificó la subida de las pensiones públicas un 22,7 por ciento de media, al tiempo que se anunciaba la formalización de la coalición Unión de Centro Democrático, que él presidía. El documento de constitución fijaba nítidamente las bases de su programa electoral:

[La UCD] se propone ofrecer a los electores una posición moderada, como la que representan los partidos no marxistas preponderantes en Europa, de filiación democratacristiana, liberal y socialdemócrata, para apoyar en las próximas Cortes la política del presidente Suárez en la consolidación definitiva y pacífica de una democracia estable en España.

La campaña electoral obligó a los partidos a un insólito despliegue de actos de propaganda, tanto para dar a conocer sus candidatos —4.597 en total al Congreso, para 350 escaños— y programas como para captar el voto de una «mayoría silenciosa» que ahora debía decidirse por una opción concreta. La UCD publicitó su programa en un folleto en el que se presentaba como parte del movimiento democrático europeo y reivindicaba el protagonismo en la marcha hacia la democracia.

Es una coalición heterogénea, pero complementaria. Unión de Centro Democrático es la coincidencia de tres grandes ideologías: la liberal, la socialdemócrata y la democratacristiana, además de la presencia de partidos netamente regionales, atentos sobre todo a las necesidades de los pueblos de España […]. Es fruto del impulso de esas ideologías para salvar los derechos humanos y, en definitiva, por construir grandes naciones en la paz y el diálogo […]. Frente a las demás respetables opciones, UCD impone la realidad de los hechos a la aventura de las promesas. La acción de gobierno de hombres de UCD es ya una realidad comprobada.[387]

Generosamente financiada con créditos bancarios, la campaña electoral del partido presentó un abrumador despliegue de medios: cartelería, publicidad en prensa y radio, folletos y octavillas, mítines, caravanas de vehículos, etcétera. Su monto fue cifrado en unos mil millones de pesetas, algo más del doble del dinero que emplearon el PSOE o AP.[388] Con todo, el gran activo de la campaña para la UCD fue la figura de Adolfo Suárez. Un hombre capaz de pasar en un año de secretario general del Movimiento Nacional a líder de la construcción de la nueva democracia liberal. Un político con un discurso persuasivo y poseedor de un atractivo personal muy telegénico que, «consciente del poder mediático que conceden las palabras en televisión» —había sido director general de TVE durante el franquismo—, priorizó «vincular a este canal con el proceso que se está gestando políticamente».[389] Su intervención pidiendo el voto en la pequeña pantalla, en la que empeñó su prestigio en un ambicioso programa de gobierno bajo el reiterado eslogan «puedo prometer y prometo», fue entendida por los analistas como un factor clave en la movilización del antiguo franquismo sociológico en apoyo de la coalición centrista.

Frente a la UCD se presentaron numerosos partidos de derecha o centroderecha cuyas posibilidades se reducían, en el mejor de los casos, a obtener un puñado de diputados y senadores que les permitieran negociar apoyos a un Gobierno en minoría parlamentaria. Junto con una miríada de candidaturas independientes de partidos localistas, de los que solo el Partido Nacionalista Vasco demostró tener entidad suficiente, otras muchas de estas organizaciones hubieron de formar coaliciones, construidas apresuradamente para minimizar la penalización que imponía la ley electoral a los partidos con menores resultados. Tal fue el caso de la Alianza Nacional del 18 de Julio, la coalición de extrema derecha que encabezaban Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS, y que se oponía frontalmente al proceso democrático constituyente; el de la Federación de Partidos de Alianza Popular, que buscaba, en competencia con la UCD, los votos del franquismo sociológico, o el de la Coalición Electoral Equipo de la Democracia Cristiana, que agrupaba a parte de los democristianos históricos que rechazaban el suarismo.

Los resultados al Congreso no otorgaron a la UCD la mayoría absoluta que precisaba para desarrollar en solitario su proyecto reformista. Con 6.310.391 votos, el 34,44 por ciento de los válidos, se hizo con 165 escaños de un total de 350. El PSOE se configuró como la alternativa, con el 29,39 por ciento de los sufragios y 118 diputados. Y el tercer y cuarto puestos fueron para el PCE y AP, con el 9,33 y el 8,21 por ciento y 20 y 16 escaños, respectivamente. En cuanto al Senado, el sistema mayoritario con igualdad de escaños por circunscripción otorgó la mayoría absoluta a la UCD con 106 senadores.[390]

El centrismo había ganado el apoyo masivo de los votantes que procedían del franquismo sociológico y que ahora se encontraban cómodos identificándose como demócratas y no derechistas. En la nueva derecha quedaban una Alianza Popular cuyos planteamientos doctrinales podían identificarse, al menos parcialmente, con los de la desaparecida dictadura, y una extrema derecha fraccionada entre la Alianza Nacional del 18 de Julio y numerosos grupúsculos independientes, que había recibido en total el 0,84 por ciento de los votos y, lógicamente, no había obtenido ningún parlamentario.

La constitución de los grupos parlamentarios dejó bien a las claras una diferencia fundamental entre la UCD y AP. Al margen del muy diferente tamaño de ambas minorías, la centrista se nutría de un personal mayoritariamente procedente de los diversos niveles de la clase política dictatorial, pero que mantenía minoritarios —aunque notables— vínculos con el anterior modelo de representación orgánica: solo veinticinco de sus diputados, el 16 por ciento, habían sido procuradores, y la mayoría de ellos habían sido elegidos por el tercio familiar. En cambio, doce de los dieciséis parlamentarios de AP habían ocupado un asiento en las Cortes franquistas y siete de ellos habían sido ministros.[391] Y los resultados electorales mostraban otra peculiaridad del incipiente sistema de partidos: una mayor afiliación no garantizaba mejores resultados electorales. Los partidos derechistas poseían una base de militancia mucho menor que los izquierdistas. Una encuesta publicada en julio de 1978 por el Centro de Investigaciones Sociológicas ponía de relieve —con todas las reservas pertinentes— que, del total de quienes se declaraban afiliados, el 31,5 por ciento lo estaban al PCE y el 29,7 por ciento al PSOE, frente al 6,6 por ciento a la UCD y el 6,2 por ciento a AP. Eran cifras que no se correspondían, ni de lejos, con los resultados electorales y que relativizaban la importancia que en el éxito de los partidos se atribuía al activismo militante en la etapa preconstitucional.

UN PARTIDO DE GOBIERNO

En vista de los resultados electorales, el rey encomendó a Suárez la constitución de un nuevo Gabinete ministerial. Lo formó el 5 de julio de 1977 con el general Gutiérrez Mellado y el economista Enrique Fuentes Quintana como vicepresidentes y la práctica totalidad de los líderes de los partidos integrantes de la UCD —los conocidos como «barones»— ocupando carteras. Dado que España no vivía aún en un sistema democrático, el Gabinete y su programa evitaron pasar el trámite de una aprobación parlamentaria que, con 165 diputados centristas de un total de 350, hubiera obligado a pactar con otras formaciones.

Esta debilidad numérica de la minoría centrista podía ser un serio problema para sacar adelante la Constitución y las reformas de toda índole que debían acompañarla. A lo largo de más de un año la derecha reformista, con Suárez como principal activo, realizaría una delicada política de negociación permanente —el consenso— con las restantes fuerzas interesadas en asentar un sistema democrático. Pero existía otra dificultad que afectaba al funcionamiento interno de la UCD, que continuaba siendo una lábil plataforma de partidos. El proyecto suarista precisaba convertirse en una organización de partido unitario sólidamente estructurada, dotada de un proyecto constitucional y de gobierno del Estado, y en una situación de clara dependencia del liderazgo del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, este había incluido en su Gabinete a un conjunto de barones que le consideraban poco más que un primus inter pares y que tenderían a mantener su autonomía en el seno del Gobierno, en la plataforma conjunta que era la UCD y en los partidos que dirigían.

El proceso de reconversión y consolidación del centrismo dio inicio enseguida y se desarrolló, entre julio y diciembre de 1977, en tres fases: un pacto de legislatura de diputados y senadores para mantener cohesionadas a las dos minorías parlamentarias, la legalización de la UCD como partido político y la disolución en su seno del conjunto de los partidos fundadores.

Nacida como una joint venture, en junio en 1977 la UCD era apenas un aparato electoral levantado apresuradamente por un grupo de partidos vinculados a tres familias doctrinales, con apoyo de los independientes «suaristas». Ello se reflejaba en lo heterogéneo de su minoría parlamentaria en el Congreso. El Partido Popular (Cabanillas) contaba con treinta y dos diputados; el Partido Demócrata Cristiano (Álvarez de Miranda), con diecisiete; la Federación de Partidos Demócratas y Liberales (Garrigues Walker), con dieciséis; el Partido Socialdemócrata (Fernández Ordóñez), con catorce; el Partido Demócrata Popular (Camuñas), con seis, y la Federación Socialdemócrata (Lasuén) tenía cuatro escaños. Con estos partidos estatales coexistían cinco regionales, dispuestos a representar en exclusiva el «centro» en sus ámbitos territoriales: el Partido Social Liberal Andaluz (Clavero), con seis diputados; el Partido Gallego Independiente (Meilán), con cinco; cuatro tenía Acción Regional Extremeña (Sánchez de León) y dos, respectivamente, la Unión Canaria (Olarte) y la Unión Demócrata Murciana (Pérez Crespo).

Un total de 108 diputados, por lo tanto, respondían a la disciplina de los once partidos, unidos por lazos bastante débiles. Los restantes cincuenta y siete, incluido el propio líder de la coalición, así como cuarenta y cuatro senadores habían concurrido como «independientes». Incluso los había auténticos, como José Miguel Ortí Bordás, que logró un escaño por Castellón con una personalista Candidatura Independiente de Centro y luego se integró en la minoría centrista. Eran el núcleo suarista, en su práctica totalidad ministros y otros altos cargos de la Administración, muchos de ellos procedentes del reformismo falangista y su extinta Federación Social Independiente, que había acaudillado Martín Villa en su marcha hacia el centrismo.

El 28 de junio, Suárez convocó a los parlamentarios ucedistas y les solicitó la adhesión a un pacto de legislatura en el Congreso y el Senado. Hubo acuerdo y se constituyó la Unión Parlamentaria Centrista, que adoptó un programa genérico de apoyo a la democracia representativa, la economía social de mercado, la monarquía y las autonomías regionales que no menoscabaran la unidad del Estado. Eran unos puntos con los que, ausentes del Parlamento la ultraderecha y la extrema izquierda, se podrían negociar alternativamente apoyos de otras fuerzas para sacar adelante las iniciativas parlamentarias. La UCD dispondría de la presidencia del Congreso (el democristiano Álvarez de Miranda) y del Senado (el liberal Antonio Fontán), así como de una vicepresidencia y dos de las cuatro secretarías de la Mesa en cada caso. En cuanto a la vital portavocía de la minoría parlamentaria en el Congreso, Suárez la asignó a Leopoldo Calvo-Sotelo, el «independiente» que había tejido la coalición.

Logrado este consenso, el presidente del Gobierno planteó a los dirigentes coaligados la necesidad de reconvertir a la UCD en un auténtico partido político, cuya presidencia le correspondería a él. No tuvieron mucho tiempo para pensar la propuesta. El 4 de agosto volvió a reunirlos y les presentó los estatutos provisionales del partido. Ninguno de los presentes puso objeciones, por lo que el notario José Luis Álvarez, secretario general del PP, redactó el acta de constitución que permitió la legalización de la UCD el 12 de agosto de 1977.

Sin embargo, era prácticamente un brindis al sol. Cuando los líderes de los once partidos advirtieron que debían disolverlos en el seno de la Unión —es decir, dejar de ser ellos cabezas de ratón— opusieron una fuerte resistencia. Álvarez de Miranda solicitó el ingreso de su PPDC en la Unión Europea Demócrata Cristiana e Ignacio Camuñas mantuvo a su PDP en la Internacional Liberal, marcando distancias doctrinales con la amalgama centrista. En septiembre Camuñas dimitió como ministro de Relaciones con las Cortes y anunció que abandonaba con su partido la UCD en busca de «la unificación de los grupos españoles de ideología liberal», aunque luego dio marcha atrás y postergó la decisión hasta comprobar los resultados del I Congreso del partido gubernamental.[392] Los restantes barones también se resistían, hasta que el 2 de diciembre aceptaron en una reunión del Consejo Político disolver sus partidos, algo que hicieron entre el 12 y el 16 de ese mes. Todos menos el inquieto Lasuén, que quería mantener su Federación Socialdemócrata como partido autónomo dentro de la Unión y terminó abandonándola.

El resultado de esta fusión fue un partido muy complicado, unido fundamentalmente por el pegamento del poder compartido. Mientras el Gobierno Suárez desarrollaba las exitosas políticas de consenso con las restantes fuerzas constitucionalistas —el acuerdo de estabilidad socioeconómica de los Pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978, el arranque de las autonomías regionales, etcétera—, en el seno de la UCD se sucedían los movimientos para armonizar las facciones mal soldadas y resolver las luchas personalistas y las rebeldías de los barones fundadores, a los que se irían sumando los barones territoriales surgidos en la construcción de la estructura de la UCD en las nuevas autonomías regionales, todo ello en un partido dotado de escasos mecanismos disciplinarios.

Las dificultades que ello entrañaba quedaron de manifiesto cuando, en fecha tan tardía como la segunda semana de mayo de 1978, el Consejo Político, órgano de gobierno del partido entre congresos, se reunió para elegir un Comité Ejecutivo. En él se situaron miembros de segundo nivel de las familias constituyentes. Los democristianos (Landelino Lavilla, Álvaro Alonso Castrillo, Luis de Grandes, Guillermo Medina, Javier Rupérez, Enrique Galavís) eran el grupo más numeroso, seguido por los socialdemócratas (Gabriel Arias-Salgado, Carmela García Moreno, Arturo Moya) y los «independientes» suaristas (Jesús Viana, Luis Gámir). Para el cargo de coordinador general se había propuesto a Lavilla, pero Suárez no deseaba dar mayor preponderancia a los democristianos, por lo que impuso a Arias-Salgado.

Cuando, el 19 de octubre de 1978, se inauguró el I Congreso de la UCD, esta disponía ya de una sólida implantación territorial y los pequeños núcleos de militancia de los partidos fundacionales habían dado paso a una gran organización de ámbito estatal.[393] Los 1.504 compromisarios votaron sin problema las listas para los organismos dirigentes que habían elaborado Suárez, Arias-Salgado, Pérez-Llorca y Abril Martorell. En medio de una auténtica apoteosis, el presidente del Gobierno fue elegido para la presidencia del partido sin votos en contra. Y el socialdemócrata Arias-Salgado vio renovada su condición de segundo, como secretario general.

La clave del congreso estaba en la fijación de la ideología de la formación, ya que «ninguna de las tres familias tenía, antes de entrar en UCD, un desarrollo ideológico de importancia que pudiera haber significado un aporte decisivo en la formulación de una ideología integrada».[394] Era necesario establecer una teoría congruente para envolver el artilugio del centro político, que justificara la existencia del partido y, por lo tanto, la del Gobierno y la minoría parlamentaria. Y había que realizar una tarea inclusiva, a fin de conciliar doctrinas e intereses sociales muy diversos, en la que cupieran los principios básicos de la democracia cristiana, de la socialdemocracia y del liberalismo, así como el carácter transversal e interclasista de que se dotaba el partido. No cabía sino una visión ecléctica y escasamente comprometida, en la línea de lo que había intentado el Partido Popular dos años atrás. Así, el artículo 1 de los estatutos aprobados por el congreso definía al partido como «democrático, interclasista, reformista y progresista, de ámbito nacional y con organización regional, provincial y local».

La ponencia ideológica fue redactada por representantes de las tres familias: el democristiano Óscar Alzaga, el liberal Antonio Fontán y el socialdemócrata Luis Gámir. Los principios básicos guardaban un exquisito equilibrio, que reflejaba la tríada doctrinal, al preconizar «el humanismo: mediante la proclamación y la asunción de los valores humanistas de la ética de la tradición cristiana; la libertad: mediante una concepción liberal y pluralista de la vida y de la cultura», y «la igualdad: mediante la adopción de un sistema de economía de mercado corregida y socialmente avanzada, entendiendo que es obligación de los poderes públicos asegurar el predominio del interés general sobre los intereses particulares». Una síntesis que otorgaría a la UCD el espacio exclusivo de la centralidad en España. Y que, por ello, tendía a erigir lo que en la Europa del siglo XX se denominó un partido de Weltanschauung («cosmovisión»), capaz de ofrecer a la ciudadanía un proyecto propio de interpretación del mundo, de filosofía de la vida y de vertebración de la comunidad nacional por encima de una ideología tópica concreta. Ello llevó a los redactores de la ponencia a elaborar una alambicada teoría del «centro» como transversalidad integradora, política y socialmente, y de la necesidad de su acción exclusiva de gobierno en la España de la Transición.

UCD se configura como un partido de auténtico centro, con ética terminológica y, como tal, que propugna la síntesis y el desarrollo de los principios de libertad e igualdad y, al mismo tiempo, tiene el realismo de aceptar la posible tensión entre ambos en determinadas situaciones, que ha de resolverse con fórmulas integradoras, basadas en la solidaridad social, integración que nunca puede implicar disminuir la aplicación a la realidad de estos principios. El centro se define, pues, por su «ser», no por su «anti», por su «ser» único que no yuxtapone diversos «seres» y su «ser» implica un modelo de sociedad atractivo y atrayente para amplias capas de la sociedad […]. La configuración de UCD basándonos en sus principios ideológicos conduce a un tipo de acción política que, a su vez, se caracteriza por un modo de comportamiento que nos diferencia de otras fuerzas políticas.

El texto definía las líneas programáticas del partido mediante siete características que conformarían el núcleo de la doctrina centrista: democrático, reformista, progresista, interclasista, integrador, defensor de la seguridad, de la eficacia social y de la calidad de vida, y europeísta.[395]

A partir de su congreso fundacional, la Unión de Centro Democrático hubo de levantar rápidamente un tinglado organizativo que permitiera alcanzar las dos etapas de crecimiento previstas. Primero, el partido «de cuadros» que nutriera a la propia organización, en rápida expansión, a las minorías parlamentarias y los puestos políticos de una Administración estatal que monopolizaba la UCD y de algunas preautonómicas en cuyos organismos el partido iba asumiendo funciones de gobierno. Y luego el «partido de masas» que solo de un modo relativo llegó a ser, tanto por el número de afiliados, que no superó al parecer los cien mil, como, sobre todo, por la escasa capacidad de movilización, fuera de los periodos electorales, de la base social de apoyo que se identificaba con el Gobierno y sus políticas.

Esto último, la vinculación orgánica al Ejecutivo, fue la ventaja inicial y el inconveniente terminal en la vida del partido. Superada la fase de plataforma de grupos, la UCD experimentó un rápido crecimiento de la afiliación, fácilmente explicable por el efecto «poder» y sus posibilidades de promoción del personal, pero también por la ilusión política de contribuir a la democratización desde una perspectiva moderada. O, incluso, por el carisma de un Adolfo Suárez que poseía un innegable tirón mediático. Sin embargo, la extensión de la organización a la totalidad del territorio nacional desencadenó entre los cuadros locales una carrera por aumentar el protagonismo de sus aparatos, en muchos casos sin tamizar los antecedentes de los nuevos adheridos, sino buscando un aumento constante de la afiliación. La indefinición doctrinal y la flexibilidad programática del «centro» ayudaban a ello. En el I Congreso del partido, celebrado en octubre de 1978, Arias-Salgado presumió de que la militancia había crecido un 80 por ciento en tan solo cuatro meses.[396] Pero los datos totales son, como en el caso de los del resto de los partidos de la época, confusos y poco fiables. En ese momento se informó de que la UCD contaba con 75.000 miembros, mientras que en el II Congreso, celebrado en marzo de 1981, los compromisarios representaban teóricamente a 152.104 afiliados, aunque el nuevo secretario general, Calvo Ortega, reducía la militancia efectiva a 61.000.[397]

La composición de la afiliación que ofrecía la UCD en ese último año mostraba algunas peculiaridades curiosas. Desde el punto de vista porcentual poseía una base interclasista, probablemente más que cualquier otro partido anterior de las derechas españolas. Suponía, además, la incorporación plena de las mujeres a la actividad de sus partidos, una vez que estos habían superado la larga fase de recluirlas en una Sección Femenina, pero con un tributo al modelo laboral de la época: las «amas de casa» constituían el tercer grupo profesional de la afiliación, el 11,7 por ciento del total. Solo las superaban los pensionistas (22,6 por ciento) y los agricultores (19 por ciento), y a mayor distancia se situaban los empresarios y ejecutivos (9,2 por ciento), los administrativos (5,9 por ciento), los estudiantes (4,2 por ciento), los comerciantes (2,7 por ciento) o los docentes (2,3 por ciento), mientras que los juristas, que casi monopolizaban la élite dirigente del partido, representaban solo el 1,07 por ciento de la afiliación.[398] Otro dato significativo es el aportado durante el II Congreso Nacional del partido (febrero de 1981): cerca del 25 por ciento de sus afiliados ocupaban cargos públicos en diversas administraciones, el 84 por ciento de ellos en la municipal.[399]

En cuanto a la organización territorial, la UCD, un partido «de Estado» y gubernamental, estableció la provincia como unidad básica, por encima de la región. Ello era lógico en 1977 y ofrecía, además, la ventaja de que el ámbito provincial era demasiado limitado para promocionar barones demandantes de poder en el aparato central, avalados por su control de un espacio geográfico acotado. Incluso los partidos regionales fundadores habían desaparecido a finales de ese año, absorbidos por la organización central. Pero la reforma territorial surgida de la Constitución, que dotaba a las nacientes comunidades autónomas de una considerable soberanía política en ámbitos pluriprovinciales, dejó enseguida obsoleto el modelo del partido, desató la lucha entre los líderes provinciales por convertirse en barones autonómicos y fomentó actitudes de rebeldía en unas bases que, en algunas zonas, asumieron la reivindicación regionalista como antagónica con la estructura centralizada de la Unión, lo que terminó dando lugar a un rosario de disidencias.[400]

LA POLÍTICA DEL CONSENSO

En octubre de 1977, el Gobierno centrista firmó con los partidos de la oposición parlamentaria los Pactos de la Moncloa, el primer gran acuerdo público de lo que se definió como «la ritualización del consenso».[401] Suscritos en unos momentos de grave recesión económica y de crecimiento del paro, suponían un gran paquete de medidas de liberalización económica que, en clave liberal, desmontaban muchas de las políticas de intervencionismo estatal del franquismo, a cambio de garantías de que las libertades ciudadanas que demandaba la izquierda —asociación, expresión y reunión— serían recogidas ampliamente en la Constitución.[402]

Los Pactos concretaban, a corto plazo, la reducción del gasto público, el establecimiento de una tasa de cambio para incentivar las exportaciones y un nuevo método de cálculo de los aumentos salariales en función de la inflación prevista. A medio plazo se aceptaban un mayor control del gasto público y la limitación del déficit de la Seguridad Social, una reforma fiscal, destinada a incrementar la recaudación, que afectaría al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al de sociedades, la liberalización y sistematicidad del control monetario, la aprobación garantista del Estatuto de los Trabajadores, la flexibilización del despido laboral y el aumento del subsidio de desempleo, la disminución del 50 por ciento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en el primer año de empleo y la reforma de la empresa pública. Y a largo plazo se lanzarían un programa de autoabastecimiento energético para evitar la excesiva dependencia de las importaciones de petróleo, una reconversión industrial con el cierre de las empresas públicas ineficientes y una reforma agraria para aumentar y racionalizar la producción.[403] Desde la perspectiva de la UCD, los Pactos de la Moncloa no solo garantizaban la modernización económica y la paz social, sino que preparaban al país para su ingreso en la Comunidad Económica Europea.

Cuando los Pactos fueron sometidos a la aprobación parlamentaria, el 27 de octubre, se les unieron una serie de medidas que completaban un paquete de reformas consensuado y destinado a despejar el camino a la Constitución: la introducción de mecanismos de control parlamentario, una normativa de uso oficial de lenguas vernáculas alternativas al castellano, la regulación del Banco de España, el control y la vigilancia de entidades gestoras de la Seguridad Social y de las oficinas de desempleo, la revisión de la justicia militar y de la Ley de Orden Público, la reorganización de los cuerpos de seguridad, la participación de las organizaciones y sindicatos agrarios en lo relativo a la ordenación de cultivos, la comercialización y los precios, el aumento de la escolarización infantil, etcétera.

La negociación de la Constitución, con una larga y compleja tramitación, marcó la medida de la eficacia consensual promovida por la UCD. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados estaba presidida por Emilio Attard, dirigente de la UCD valenciana, y diecisiete de sus treinta y seis miembros eran ucedistas. En su primera reunión, el 1 de agosto de 1977, la Comisión designó una Ponencia Constitucional encargada de la redacción del proyecto: José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros, del Grupo Parlamentario Centrista, Gregorio Peces-Barba Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, Jordi Solé Tura, del Comunista, Manuel Fraga Iribarne, de Alianza Popular, y Miquel Roca Junyent, de Minoría Catalana.

La Ponencia celebró veintinueve reuniones hasta diciembre.[404] El 5 de enero de 1978 se publicó el anteproyecto que había elaborado y que, tras la fase de enmiendas, fue asumido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lo debatió durante los meses de mayo y junio. El pleno del Congreso se ocupó del proyecto en julio y lo aprobó en primera instancia el día 21, con 258 votos a favor, dos en contra y catorce abstenciones. A lo largo de agosto y septiembre, el proceso —Ponencia, Comisión y Pleno— se repitió en el Senado. Luego, una Comisión Mixta Congreso-Senado estudió las enmiendas de los senadores y emitió su dictamen el 28 de octubre, tras lo cual ambas cámaras celebraron sendos plenos para la aprobación definitiva. En el Congreso hubo 325 votos afirmativos, seis en contra y catorce abstenciones; en el Senado, 226 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones.

Estos resultados no dejaban lugar a dudas sobre los del referéndum popular, que se celebró el 6 de diciembre: aprobaron la Constitución el 87,78 por ciento de los votantes. Pero la abstención fue muy alta, ya que solo se acercaron a las urnas el 58,97 por ciento de los ciudadanos convocados. El 28 de diciembre se publicó la Constitución en el BOE. Ese día, el presidente del Gobierno anunció el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y municipales para el 3 de abril.

En los poco más de dos años que había durado el periodo constituyente, la UCD había pasado de ser una plataforma de partidos a conformar un partido unido bajo un liderazgo sólido. Pero la convocatoria electoral de 1979 planteaba tres retos. Existía el peligro de que el Partido Socialista, que había consolidado su organización en ese periodo y que mostraba ya actitud de oposición frontal, superara en votos al centrismo y, con la ayuda o no de los comunistas, estuviera en disposición de alcanzar el Gobierno. En caso contrario, era necesario mejorar los resultados de la UCD de 1977 para que el desarrollo de su programa no dependiera de arriesgados consensos puntuales con los conservadores de AP y las fuerzas regionales con representación parlamentaria. Y la disciplina interna debía funcionar adecuadamente para que las familias doctrinales presentes en el Consejo Político alcanzaran acuerdos en lo tocante a la formación de las candidaturas (sobre todo en lo relativo a la ubicación de los barones, cuyas trayectorias políticas eran mayoritariamente madrileñas y que debían buscar acomodo como cabezas de lista en competición con líderes territoriales). Hubo algunas dificultades, pero lo perentorio de los plazos, la reiteración de los sondeos publicados en los periódicos, que daban la victoria al PSOE, y las negociaciones internas de los barones bajo la supervisión final de un Suárez que evitó implicarse en ellas, permitieron solucionar los conflictos realizando algunos cambios de circunscripción para acomodar a los dirigentes. El presidente, en cambio, se mostró muy activo recorriendo el país en una campaña electoral en la que su partido desplegó grandes recursos económicos. Con todo, fueron las intervenciones de Suárez en televisión, el medio estrella de la campaña, aludiendo al peligro de un triunfo marxista —el PSOE aún lo era formalmente— lo que, según los análisis sociológicos, contribuyó más decididamente a movilizar el voto centrista.

Las elecciones del 1 de marzo de 1979 confirmaron a la UCD como el primer partido del país, pero volvieron a negarle la mayoría absoluta en un momento en el que la fase del consenso constituyente había finalizado. Con 6.268.593 votos, el 34,84 por ciento, obtuvo 168 diputados, tres más que en 1977. El resto de las fuerzas de derechas del arco político sumaban pequeñas cantidades: nueve diputados la Coalición Democrática, una coalición de ocho partidos que encabezaba Alianza Popular; ocho los catalanistas de CiU; siete el PNV y uno, respectivamente, la involucionista Unión Nacional y la Unión del Pueblo Navarro. En la izquierda el PSOE se consolidaba como futura alternativa, con 121 escaños, mientras que el PCE volvía a obtener un modesto resultado con 23 diputados. Con mayoría absoluta de la UCD en el Senado —119 escaños sobre 208— pero no en el Congreso, Suárez precisaba los votos de diputados de otras minorías para seguir gobernando, por lo que negoció con Fraga el apoyo de AP a su investidura, al que sumó el del Partido Socialista de Andalucía y el de dos diputados regionalistas, aragonés y navarro. Gracias a ello logró su renovación como presidente del Gobierno el 30 de marzo, en una sesión en la que el abulense, con la colaboración del nuevo presidente del Congreso, Landelino Lavilla, eludió el debate con los líderes de la oposición sobre los puntos tratados en su discurso de investidura.[405]

Las elecciones mostraron que la Unión de Centro había consolidado sus bases de apoyo territorial. A excepción de cinco provincias andaluzas, tres catalanas, Madrid, Murcia, Asturias (donde se había impuesto el PSOE), Vizcaya y Guipúzcoa (donde el PNV era el primer partido), la geografía electoral mostraba un abrumador predominio centrista, con resultados que superaban el 50 por ciento de los votos en las provincias de Ávila, Burgos, Ceuta, Cuenca, Las Palmas, León, Melilla, Orense, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Teruel y Zamora. Pero, dado el modelo de atribución territorial de escaños, no era un dato muy relevante. Estas quince circunscripciones aportaban 44 diputados en conjunto. La de Barcelona elegía 33 diputados, la de Madrid, 32 y la de Sevilla, 12, y en las tres se había impuesto el PSOE. El creciente avance socialista en las zonas más pobladas del país —sobre todo en la provincia de Madrid, perdida por la UCD en estos comicios— era una espada de Damocles para el partido centrista.

Algo similar sucedió en las elecciones municipales, las primeras democráticas, celebradas el 3 de abril de ese año y que ponían fin a una larga pugna de la oposición por renovar los ayuntamientos franquistas.[406] La UCD resultó vencedora, con el 30,63 por ciento de los votos y 28.960 concejales, más del doble que el PSOE, que, sin embargo, había recibido el 28,17 por ciento de los votos. Pero el pacto firmado el 18 de abril por este y el PCE para formar mayorías de izquierdas en los ayuntamientos funcionó en muchos municipios, relegando a los centristas a la oposición. Y se confirmó que la UCD predominaba en las ciudades pequeñas y en el medio rural, mientras que en las grandes ciudades sus apoyos eran minoritarios: 25 concejales de un total de 59 en Madrid, seis en Barcelona de un total de 43, cinco de 29 en Bilbao, siete de 31 en Zaragoza, etcétera. Aquello fue considerado en la práctica un triunfo de la izquierda, supuso un revés político para el partido gobernante y sembró el desconcierto en sus filas, tan solo un mes después de su victoria relativa en las elecciones generales. Comenzaba el proceso de decadencia de la UCD, que llevaría a su desaparición cuatro años después.

DESMONTANDO A SUÁREZ

Aunque fueron cuestiones de largo desarrollo, como el desgaste ante la opinión pública por la acción de gobierno —con la crisis económica, la cuestión autonómica y la política antiterrorista como puntos centrales—, la polémica por las iniciativas legislativas o las querellas internas por la confección de listas electorales, las que estuvieron detrás del proceso de autodestrucción de la UCD,[407] la causa más visible fue lo que se denominó «la rebelión de los barones». En un partido que había nacido como una plataforma de grupos independientes, estos habían mantenido un sesgo identitario basado en unos referentes doctrinales privativos de cada una de las tres familias concurrentes, la democristiana, la liberal y la socialdemócrata, que seguían siendo claramente reconocibles en el partido unificado. Los líderes fundadores perpetuaban sus clientelas particulares en función de su adscripción a una familia y su relevancia personal como dirigentes del partido, parlamentarios y ministros. No es extraño, por lo tanto, que los primeros en abandonar la coalición centrista, el Partido Liberal de Larroque, el Partido Progresista Liberal de García Madariaga y la Unión Socialdemócrata Española de Eurico de la Peña, lo hicieran ya en la primavera de 1977, a las pocas semanas de constituirse aquella, tras rechazar los puestos que se les ofrecían a sus dirigentes en las candidaturas a Cortes.

La guerra de las familias

Los «suaristas», vinculados personalmente al presidente, y los «azules» que encabezaba Martín Villa se consolidaron también como facciones clientelares, primero aliadas y luego rivales. Y el establecimiento de los regímenes preautonómicos había creado nuevos barones territoriales, cuya influencia superaba el cada vez más teórico sistema de organización provincial del partido. Eran los que dirigían, entre 1978 y 1982, los ejecutivos de los entes territoriales preautonómicos en Aragón, Galicia, Navarra, el País Valenciano, Canarias y Baleares, más los líderes centristas en las autonomías ya constituidas —Cataluña, País Vasco y Andalucía—, que reclamaban cuotas de poder en sus ámbitos locales y en la organización nacional. El primer conato de rebelión de los barones, a finales de 1977, había sido superado sin grandes problemas porque la prioridad era ganar elecciones y gobernar, y para ello se requerían un partido sólido y el liderazgo popular que ofrecía la figura de Suárez. Pero tras el II Congreso de la UCD y las elecciones generales de marzo de 1979, que pusieron de manifiesto la existencia de corrientes enfrentadas, la situación cambió.

El «sindicato de los descontentos», como les calificó entonces Arias-Salgado, había tenido una primera manifestación a finales del año anterior, cuando Alfonso Osorio, nada menos que el primer estratega del centrismo, abandonó la UCD para levantar un Partido Demócrata Progresista, de ideología democratacristiana, y pactó con Alianza Popular una coalición para las elecciones parlamentarias de 1979. En sus memorias, Osorio se mostró muy crítico con su anterior partido, en el que se habría integrado «buena parte del personal político del Movimiento Nacional, el sector llamado azul, cuya principal figura era el antiguo jefe del SEU, Rodolfo Martín Villa. Entraron familias enteras y grupos compactos de representantes de la vida pública local del régimen de Franco». Osorio estimaba que el proyecto centrista no había cuajado en una organización sólida: «En realidad, nunca llegó a constituirse en un auténtico partido político; era un conglomerado de pequeños grupos alrededor de personalidades; y que, sobre todo, pudo contar con la “imagen” de Adolfo Suárez».[408]

La existencia de la UCD se justificaba, primordialmente, por su papel de agente electoral y propagandístico del Gobierno y de su proyecto de transición moderada a la democracia. En su seno se produjo la fusión entre el reformismo franquista y la oposición derechista a la dictadura, y ello dio origen a una formulación teórica dentro del espectro derechista, el «centro» y más tarde el «centroderecha», que tendría un largo recorrido en la política nacional. Ello era, en sí mismo, un capital político que permitió, aunque de forma harto provisional, asentar una masa electoral centrista que, más allá de una coherencia doctrinal que nunca existió en el partido, apoyaba las políticas gubernamentales. Y eso convertía a la UCD en el «partido del presidente», un líder carismático ante la opinión pública que, sin embargo, nunca ejerció un control absoluto sobre unas familias cuyos barones reconocían su liderazgo en función de la utilidad que les reportaba; lo que planteaba un problema que se hizo patente a partir de 1979: «El liderazgo de un partido puramente electoral […] puede ser muy precario. Si la reivindicación del liderazgo por su principal figura se basa solamente en su atractivo electoral, el apoyo al líder partidista depende entonces de un éxito electoral continuado. Y si se pierden una o dos elecciones, la autoridad del líder puede ser cuestionada».[409]

Suárez se empeñaba en cohesionar el partido y situarlo bajo su control. Su tercer Gobierno, formado el 6 de abril de 1979, buscó en el reparto de las carteras un equilibrio entre las cinco familias: las tres doctrinales, los azules martinvillistas y los «independientes» suaristas. Un suarismo en el que los ministros de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, y de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, y sobre todo el vicepresidente, Fernando Abril Martorell, se configuraban como las figuras más influyentes y cercanas al presidente. Este buscó reducir el poder de los barones situando en el Gabinete a cuadros de segundo nivel de las familias, por lo que Fernández Ordóñez, Martín Villa, Sánchez de León o Cabanillas perdieron sus carteras ministeriales. Suárez contaba, pues, con un equipo más manejable pero otorgaba una amplia libertad de acción a dirigentes que se consideraban poco menos que sus iguales, ya que ahora los barones no se vinculaban al presidente como ministros, se sentían ofendidos por su postergación y mantenían un notable control sobre sus familias y sobre los diputados y senadores que se reconocían en ellas. Su reacción fue una suerte de rebelión interna y una pugna por el control del aparato de la UCD. En marzo de 1980 forzaron la creación de una Comisión Permanente, ya recogida en los estatutos y que, bajo la presidencia de Suárez, estaría integrada por Arias-Salgado, Abril Martorell, Álvarez de Miranda, Cabanillas, Calvo Ortega, Fernández Ordóñez, Garrigues Walker, Lavilla, Martín Villa y Pérez-Llorca. La Comisión se constituyó en el órgano efectivo de gobierno del partido, por encima del Comité Ejecutivo y con funciones decisorias que recortaban sustancialmente la libertad de acción del presidente.

Este terminó dándose cuenta del problema que se le planteaba en el partido y en los grupos parlamentarios y buscó recuperar la lealtad de los barones otorgándoles carteras en sucesivas remodelaciones de su equipo, en enero, mayo y septiembre de 1980. Además, Joaquín Garrigues Walker, el joven político al que se consideraba cabeza de «la rebelión de los barones», contrajo un cáncer y falleció en julio de 1980, lo que dejó sin su principal dirigente al sector liberal del partido, nunca muy boyante y que perdía progresivamente protagonismo. De hecho, en los dos gabinetes de ese año los liberales tuvieron el 5 por ciento de las carteras, frente al 23 por ciento de los socialdemócratas y el 13 por ciento de los democristianos, mientras que los ministros suaristas, martinvillistas e independientes se repartieron el 49 por ciento.[410]

Sin embargo, el carisma de Suárez no solo sufría por las pugnas internas entre la élite centrista y sus clientelas. Cuestiones como la dura crisis económica, que elevaba rápidamente la tasa de paro, el debate en torno a la formación y las competencias de las comunidades autónomas, la cuestión del ingreso en la OTAN, el peligro de golpismo castrense —presente desde la fracasada Operación Galaxia, en 1978— o la alarma social ante el incremento del terrorismo etarra contribuyeron al desgaste del presidente de la UCD, cuya imagen de líder se justificaba por la eficacia de su función de gobierno. Una prueba inicial de ello fueron las primeras elecciones al Parlamento vasco, en marzo de 1980. El partido se hizo con el 8,52 por ciento de los votos, frente al 16,88 por ciento logrado en esa comunidad en las generales del año anterior. En cambio, la organización derechista local, el PNV, pasó del 27,57 por ciento al 38,10 por ciento. Y ese mismo mes, en las elecciones catalanas, la UCD fue la cuarta fuerza, con un 10,53 por ciento de los votos, a considerable distancia de Convergència i Unió, la coalición de derecha catalanista, que obtuvo el 27,63 por ciento y la presidencia del Gobierno autonómico.

En mayo, una remodelación ministerial que incrementó el peso de los democristianos en detrimento de socialdemócratas y suaristas, y una moción de censura parlamentaria presentada por el PSOE a propósito del desarrollo del proceso autonómico, ahondaron en la visión de la decadencia de una UCD que ya no disponía del paraguas del consenso con la oposición. Suárez dejó a sus ministros la tarea de defenderse de las duras críticas de Felipe González en el hemiciclo y mostró una sorprendente falta de reflejos parlamentarios. La moción no prosperó, ya que los socialistas solo lograron agregar a otros grupos de izquierda para reunir 152 votos, frente a los 166 negativos de la UCD. Pero el Gobierno, que se había salvado gracias a la abstención de los diputados de Coalición Democrática y de los nacionalistas catalanes, quedó seriamente tocado. Y también la figura de su presidente, al que incluso una publicación tan cercana a su partido como Cambio 16 exigió la dimisión: «Un líder político que sirvió con excelencia al país en unas condiciones dadas, se ha convertido, al cambiar radicalmente las circunstancias, en una carga y un obstáculo grave para el futuro. Tras un año de parálisis, con problemas que requerían un liderazgo claro, Suárez no sirve ya».[411]

El acoso a Suárez, personificado por la oposición parlamentaria, pero al que se sumaban una facción de su propio partido, los grandes grupos mediáticos y buena parte del empresariado y del alto clero, llegó a ser tan agobiante que el 7 de julio de 1980 reunió a la Comisión Permanente de la UCD en un chalet situado en Manzanares el Real (Madrid) a fin de pulsar su opinión. De la llamada «reunión de la Casa de la Pradera» —en alusión a una popular serie televisiva de la época significada por su buenismo— Suárez sacó la certeza de que los barones buscaban su relevo, aunque, conforme a la propuesta de Cabanillas, logró una tregua a cambio de cederles parte de su poder, tanto en el partido como en el Ejecutivo, e incrementar el ritmo de la liberalización económica.[412] El llamado «compromiso de Manzanares» condujo a una modificación radical del Gobierno el 9 de septiembre, que llevó al despido del vicepresidente Fernando Abril, el hombre de confianza de Suárez, que había acumulado un enorme poder y fue sustituido por Leopoldo Calvo-Sotelo. En el Gabinete ingresaron pesos pesados del partido como Fernández Ordóñez, José Luis Álvarez, Ortega y Díaz-Ambrona o Cabanillas. En esa remodelación ministerial el sector azul, que se había convertido en una corriente autónoma, se hizo con tres carteras (para su jefe de filas, Martín Villa, Juan José Rosón y Jesús Sancho Rof). Y, al no contar con mayoría en el Congreso de los Diputados, un Suárez que tendría dificultades para controlar su propio equipo ministerial tuvo que pactar el apoyo a la investidura con la minoría de CiU y con la del Partido Socialista Andaluz, y aceptar el precio que ello conllevaba en la cuestión autonómica.

Rompiendo la baraja: las autonomías y el divorcio

No era la crisis del liderazgo de Adolfo Suárez el único problema de la UCD en la segunda mitad de 1980. El partido no dejaba de ser un collage de facciones cuya disputa de los espacios de poder se alimentaba de visiones contrapuestas del desarrollo de las políticas legislativas de un centrismo que resultaba cada vez más una entelequia. Las líneas maestras de la política exterior eran motivo de conflicto entre el núcleo suarista, que parecía apostar por un no alineamiento que muchos interpretaban como antiamericanismo, y los sectores críticos, decididos a la integración casi a cualquier precio en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN. En este sentido, el no reconocimiento del Estado de Israel y la visita del líder palestino Yasir Arafat en septiembre de 1979, recibido por Suárez con honores de jefe de Estado, o su resistencia a solicitar la adhesión a la OTAN, fueron jalones en el enfrentamiento del suarismo con las familias democristiana y liberal.

Otro motivo de disenso, esta vez con los barones regionales, fue la cuestión autonómica. Aunque la UCD era manifiestamente partidaria de la descentralización del Estado, en su seno se producían fuertes discrepancias en torno a los procesos de creación de las comunidades autónomas y a la política de transferencia de competencias estatales. En las «nacionalidades históricas» fijadas por la Constitución —Cataluña, Galicia y el País Vasco— donde la UCD competía en creciente desventaja con las fuerzas de la derecha nacionalista o regionalista, la canalización de la autonomía por la ventajosa «vía rápida» del artículo 151 de la Constitución permitía al centrismo local sumarse al proceso general sin mayor coste político. En otras zonas del país, la construcción de comunidades politicoadministrativas por la «vía lenta» del artículo 147 provocaba crecientes divergencias entre una dirección centrista que abordaba con todas las cautelas la nueva arquitectura y unos regionalismos que presionaban para cobrar velocidad y adquirir altas cuotas de autonomía en el proceso.

Ello llevó a uno de los primeros momentos de ruptura de la UCD, cuando su organización andaluza se unió a la izquierda en la demanda de que la región accediera a la autonomía por el artículo 151, a lo que el Gobierno se resistía. Cuando las diputaciones andaluzas se pronunciaron a favor de la vía rápida y convocaron un referéndum regional para el 28 de febrero de 1980, la UCD recomendó la abstención o el voto en blanco. Ello contribuyó a que la consulta, con solo un 55,42 por ciento de votos favorables, no saliera adelante al no lograr la mayoría en Jaén y Almería. Para entonces, el antiguo líder del Partido Social Liberal Andaluz, Manuel Clavero, uno de los fundadores de la UCD y a la sazón ministro de Cultura, había dimitido como protesta por la actitud del partido, y en abril lo abandonó con sus seguidores. A finales de diciembre de 1980 fundó uno nuevo, Unidad Andaluza, bajo el lema «El partido de Andalucía para Andalucía», que tuvo un recorrido de apenas dos años.[413] Tres meses después, las elecciones regionales vascas y catalanas pusieron de manifiesto el coste que tenía para la UCD su política autonómica.

Pero la cuestión fundamental que se le planteó a la derecha reformista a lo largo de la Transición fue la necesidad —o no— de aplicar algún freno a la adecuación del sistema legislativo a los procesos de laicización social que defendía la izquierda y que constituían una creciente demanda popular, incluso en amplios sectores del electorado centrista. Cuestiones como la equiparación legal de varones y mujeres, el divorcio, la educación no religiosa, el matrimonio civil o, en un horizonte más lejano e hipotético, el aborto quedaban fuera de las tradiciones ideológicas de la derecha española y planteaban un reto agonístico en relación con la defensa de su principal referente histórico sostenido, el catolicismo. Ya en vísperas de la muerte de Franco, el procurador Carlos Iglesias Selgas alertaba sobre un problema que se venía encima:

Los cambios en la mentalidad nacional cabe presumir que, antes o después, provoquen reformas que, por su mayor entidad, puede ser que lleguen a plantear graves problemas de conciencia a los hombres públicos que traten de hacer conciliables sus obligaciones de tales con su condición de católicos. Es este un terreno sumamente delicado en el que los políticos deben saber separar su vida privada —en la que deben atenerse, como el resto de los creyentes, a los dictados de su conciencia— y sus actuaciones públicas en las que deben respetar las convicciones de los otros.[414]

La tensión que ello generó en las filas de la UCD, o de los partidos democristianos independientes, llegó a ser un factor de considerable importancia en su evolución. Y trasladó a la política oficial los enconados debates que, desde hacía una década, sacudían al estamento eclesiástico (sobre todo cuando, en 1978, murió el conciliador papa Pablo VI y fue sucedido, tras un breve paréntesis, por el polaco Karol Wojtyła como Juan Pablo II, lo que reforzó las tendencias ultraconservadoras en la Iglesia).

En la remodelación gubernamental de julio de 1980 retornó al Gobierno, como ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, la figura más destacada del ala progresista del partido. Enseguida quedó claro su propósito de sacar adelante la legalización del divorcio y del matrimonio civil. Y otro tema pendiente, el debate parlamentario sobre la solicitud de adhesión a la OTAN, sufría una permanente postergación que el ala derecha del partido atribuía al desinterés del presidente del Gobierno. Este sector «crítico», apoyado por el aparato eclesiástico, pasó entonces a la ofensiva contra Suárez y el sector «oficial» que le apoyaba, ofensiva que asumió Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los ponentes de la Constitución. El 19 de septiembre publicó un belicoso artículo en el que repudiaba la línea política suarista.

No al caudillaje arbitrario que pretende ocultar la irremisible pérdida de liderazgo político en el partido, en el Parlamento y en el Estado […]. No al ejercicio o, lo que es peor, a la inerte posesión del poder, tendente a reducir el partido y la mayoría parlamentaria a un mero séquito fiel […]. No a los pactos y connivencias secretas con minorías de muy distinta laya: nacionalistas unas; seudonacionalistas otras […]. No a las ambigüedades de un programa vagaroso, apto solo para ir tirando. Porque el quid de la política no consiste en estar en el poder, sino en saberlo utilizar.[415]

Cuando, semanas después, dimitió el portavoz centrista en el Congreso, Antonio Jiménez Blanco, que pasó a presidir el Consejo de Estado, Suárez promovió la candidatura del socialdemócrata Santiago Rodríguez Miranda. Pero le disputó el puesto Miguel Herrero, que contaba con el apoyo del presidente del Congreso, Landelino Lavilla. Herrero se impuso por 103 votos a 45, en lo que se entendió como la prueba de que Suárez había perdido el control de la minoría centrista y, por ende, el del partido. En diciembre los «críticos» lanzaron un manifiesto exigiendo un poder colegiado en la dirección de la UCD a fin de limitar el de su presidente, y el 12 de enero de 1981 Lavilla lanzó un ataque contra Suárez desde las páginas de Diario 16, haciendo patente su condición de cabeza del sector antisuarista, en el que ahora se amalgamaban democristianos, liberales y martinvillistas. Los barones estaban hundiendo el liderazgo del presidente del Gobierno. En definición del semanario Tiempo:

A Adolfo Suárez quienes le hacían las crisis eran los barones. Los sumos sacerdotes de la Nueva Democracia. Los que quitaban y ponían. Una raza política aparte. Jamás hubo entonces Gobierno centrista sin el plácet del sanedrín. Landelino, Garrigues, Ordóñez, Martín Villa y, lógicamente, Pío. Cada uno de ellos se convirtió en un pequeño tirano de la Transición.[416]

Cada vez más solo, Adolfo Suárez decidió arrojar la toalla. La explicación funcional era la contestación a su liderazgo en el partido y la caída de su popularidad por el desgaste del ejercicio del poder. Una encuesta recién publicada le daba un 26 por ciento de intención de voto, frente al 43 por ciento del socialista Felipe González.[417] Además, el rey Juan Carlos evidenciaba una fuerte pérdida de confianza en quien había sido su mano derecha,[418] y este era consciente de que su llegada al Gobierno, en el verano de 1976, se había debido a la decisión del monarca en un proceso similar sufrido por su antecesor, Arias Navarro. Pero también se ha señalado que, más allá de las presiones políticas o de su hartazgo personal, la clave de la apresurada dimisión pudo estar en el golpe de Estado «blando» que se estaba preparando para pocas semanas después y que buscaba sustituirle por el general Alfonso Armada al frente de un «Gobierno de salvación nacional».[419] El día 26 comunicó a los ministros su decisión. «Nos dijo que se sentía solo, que ya no tenía más conejos que sacar de la chistera y que siquiera tenía chistera ni conejos. Estuvo duro con el comportamiento de algunos componentes de los llamados “poderes fácticos”, concretamente de las finanzas y de la Iglesia.»[420] El 27 almorzó con el rey para informarle, y el 28 convocó a la Comisión Permanente y pidió a los barones que designaran allí mismo a su sucesor en el Ejecutivo. El elegido fue Leopoldo Calvo-Sotelo. A Suárez solo le restaba despedirse de la ciudadanía, para lo que utilizó su medio favorito, la televisión.[421] «He sufrido —afirmó— un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidencia […]. Creo que tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal.»

CRISIS Y DEFUNCIÓN DE LA UCD

La marcha de Suárez supuso, como luego se comprobó, el principio del fin de la UCD. Fue relativamente sencillo asignarle al vicepresidente segundo, Calvo-Sotelo, la presidencia del Gobierno. No despertaba especiales animadversiones en las familias centristas, y la conmoción causada en todas las fuerzas políticas por el intento de golpe de Estado producido durante la sesión de su investidura —el 23-F— fortaleció su posición al frente de un Ejecutivo que mantuvo, pese a la reducción del número de carteras, el equilibrio familiar del último equipo de Suárez.[422]

Pero no sucedía lo mismo con la presidencia de la UCD. Cuando se inauguró su II Congreso Nacional, el 6 de febrero de 1981 en Palma de Mallorca, la sucesión de Suárez estaba abierta. El congreso consagró la división entre oficialistas y críticos y entre la presidencia del partido y la del Gobierno. En principio, la causa del enfrentamiento entre las dos alas ucedistas fue el sistema de elección de los órganos internos: proporcional y con menos miembros, como exigían los críticos, o mayoritario, como defendían los oficialistas. Lo que se solventaba en realidad era la totalidad del poder en el seno del partido, así como cuestiones doctrinales que provocaban crecientes enfrentamientos entre conservadores y progresistas, con la Ley de Divorcio en primer plano. El oficialismo se alzó con el triunfo. Suárez, que había hecho una apelación a la concordia, fue designado presidente de honor y sus estrechos colaboradores Rodríguez Sahagún y Calvo Ortega, presidente y secretario general, derrotando a Landelino Lavilla e Ignacio Camuñas, respectivamente. En el Comité Ejecutivo se hicieron con treinta y dos puestos, mientras que los críticos lograron solo siete. Algo más equilibrado quedó el Consejo Político, donde la facción crítica obtuvo el 39 por ciento de los votos.[423] Pero, pese al triunfo oficialista en el partido, tanto en el Gobierno como en las minorías parlamentarias eran los críticos quienes llevaban la voz cantante.

El 11 de marzo estallaron las divisiones en el grupo parlamentario cuando el ministro de Justicia presentó el proyecto de Ley de Divorcio, al que se enfrentaba otro mucho más restrictivo elaborado por Íñigo Cavero. No hubo acuerdo y los barones de la Comisión Permanente dictaron una solución tan salomónica como absurda. El texto de Fernández Ordóñez, apoyado por la izquierda parlamentaria, sería aprobado en el Congreso, pero luego la mayoría absoluta centrista lo enmendaría en el Senado. Tras una visita del nuncio pontificio a Calvo-Sotelo, el proyecto fue enmendado ya en el Congreso por las restantes minorías derechistas y parte de los diputados ucedistas. El consenso parlamentario interno, tan trabajosamente construido en 1978, quedó roto y treinta y nueve diputados se unieron, el 23 de julio, en una «Plataforma Moderada», encabezada por Álvarez de Miranda, Herrero y Rodríguez de Miñón, Alzaga y Attard, para enfrentarse a los suaristas y los socialdemócratas.

El 28 de noviembre de 1981 se reunió el Consejo Político en un intento de restaurar el liderazgo. El sector oficial se había ido deshaciendo, por lo que el bloque crítico pudo imponer un cambio radical en el equipo directivo. Rodríguez Sahagún dimitió y fue sustituido en la presidencia del partido por Leopoldo Calvo-Sotelo, mientas que el democristiano Íñigo Cavero ocupó la Secretaría General. Una nueva remodelación gubernamental otorgó a Martín Villa la vicepresidencia primera, y se intentó equilibrar la derechización del partido dando entrada a ministros como el socialdemócrata Juan Antonio García-Díez, la liberal Soledad Becerril o el suarista Arias-Salgado. Pero ello no detuvo el proceso de desintegración de la Unión de Centro Democrático.

Y la batalla interna se mantuvo con sucesivas escaramuzas. Fueron el caso de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), de julio de 1982, que buscaba detener la creciente presión centrífuga de las fuerzas regionalistas en la creación del Estado de las Autonomías y que encontró una fuerte resistencia en algunos núcleos territoriales de la UCD, que acusaron de centralismo a la organización nacional, o de la adhesión, el 30 de mayo, de España a la OTAN, una apuesta del leopoldismo —como ahora denominaba la prensa al antiguo sector crítico— que suscitó una viva resistencia en suaristas y socialdemócratas.

La dispersión

Las disidencias en el seno de la UCD se producían conforme al viejo sistema clientelar de creación de un partido de notables en la Restauración canovista. Un barón alzaba la bandera de la rebeldía y era seguido por un grupo de diputados y senadores afines que, con la coherencia doctrinal como justificación, fundaban un partido. Luego lo abrían a la militancia, que podía proceder de las filas de la UCD o ser de nuevo cuño, pero siempre escasa, y esperaban a la siguiente cita electoral, confiando en suscribir alianzas con otras formaciones y en que el partido madre se hundiera en las urnas. Esto no tardó en producirse en forma de un primer aviso. En las elecciones al Parlamento andaluz, del 23 de marzo de 1982, la UCD retrocedió del 31,79 por ciento de los votos obtenidos en la región en las generales de 1979 al 13,07 por ciento. Y, por primera vez, cosechó unos resultados peores que Alianza Popular.

En un último intento de reconstruir la unidad del partido, el 2 de abril Calvo-Sotelo convocó a la Ejecutiva para pactar un triunvirato presidencial con Suárez y Lavilla, pero el primero se negó incluso a asistir a la reunión. Finalmente, el 13 de julio el Consejo Político hubo de afrontar la crisis que suponían las deserciones de cuadros y afiliados para crear nuevos partidos y el impacto que ello tendría en las elecciones generales que se celebrarían en otoño. En un nuevo giro a la derecha, destinado a cerrar el paso al peligro de un sorpasso electoral de Alianza Popular, Landelino Lavilla fue elegido presidente, mientras que Cavero se mantenía como secretario general.

Desde el otoño de 1981 se venía produciendo un goteo de abandonos individuales en protesta por los desarrollos legislativos, pero a finales de enero de 1982 lo hicieron juntos los diputados Miguel Herrero, Ricardo de la Cierva y Francisco Soler Valero, que ingresaron en Alianza Popular marcando el camino al sector más conservador del centrismo. Para entonces una parte del ala socialdemócrata, descontenta con el giro del partido a la derecha, iba camino de la disidencia. En noviembre de 1981, Fernández Ordóñez dimitió como ministro de Justicia. Luego, al frente de once diputados abandonó la minoría en busca de un grupo parlamentario propio[424] e impulsó unas Asociaciones de Acción Democrática de ámbito regional. A partir de ellas, el 2 de febrero de 1982 el exministro y sus colaboradores constituyeron el Partido de Acción Democrática (PAD), que reivindicaba la línea socialdemócrata de Dionisio Ridruejo. Aunque celebró un congreso constituyente, la línea de actuación del PAD estaba clara desde el principio: contribuir al triunfo electoral de la oposición socialista en los próximos comicios.[425] Cuando estos se celebraron, en octubre, el PAD se presentó en coalición con el PSOE y aportó dos ministros, Javier Moscoso y el propio Fernández Ordóñez, al primer Gobierno de Felipe González, tras lo cual el partido se disolvió formalmente en enero de 1983 y su militancia pasó individualmente al PSOE.

El suarismo había perdido el control de la UCD en noviembre de 1981, pero esperó hasta finales de julio de 1982, tras la llegada de Lavilla a la presidencia del partido, para romper con este. El abulense y muchos de sus colaboradores fundaron uno nuevo, el Centro Democrático y Social (CDS), que se reclamaba doctrinalmente liberal progresista y en cuyo Comité Directivo, presidido por Suárez, figuraban, entre otros, Rodríguez Sahagún, Calvo Ortega, Fernando Castedo, Manuel Jiménez de Parga y José Ramón Caso. Por su parte, el sector del centrismo liberal que se había enfrentado a los suaristas abandonó el partido ese mismo mes para constituir el Partido Demócrata Liberal, presidido por el abogado Antonio Garrigues Walker, hermano del fallecido Joaquín.

Pero tampoco reinaba la unidad en el campo democristiano, pese a que se había convertido en el impulsor y teórico beneficiario de la crisis centrista. El liderazgo de Lavilla y Cavero era contestado por un sector de la familia, que asumía que la aventura del centro estaba agotada y que buscaba nuevas vías en la derecha para afrontar el crecimiento de las expectativas electorales del PSOE. Se reveló como jefe de filas Óscar Alzaga, que reclamó la necesidad de consolidar una opción democratacristiana autónoma. Le siguieron una docena de diputados, con los que el 21 de julio de 1982 inscribió un Partido Demócrata Popular, que no debe confundirse con la formación liberal que se integró en la UCD en 1976. El PDP celebró su congreso fundacional a finales de septiembre, y a él asistieron un millar de compromisarios. Alzaga fue elegido presidente, Eduardo Carriles y José Luis Álvarez, vicepresidentes y José Manuel Otero Novas, secretario general. En su intervención, el presidente definió a la nueva formación como «un partido popular inspirado en el humanismo cristiano» y «destinado a ser el vehículo político más idóneo para la comunicación del sentir de las clases medias y populares españolas». Pero a continuación anunció que se negociaba con Alianza Popular una colación electoral para hacer frente al ascenso del PSOE, en la que los conservadores mostrarían un «escrupuloso respeto» a la nueva formación.[426] Semanas después, el naciente PDP se hizo con quince escaños en el Congreso, integrados en la Minoría Popular que acaudillaba AP.

Las elecciones de octubre de 1982

Así pues, la Unión de Centro Democrático llegó a los comicios generales en pésimas condiciones para enfrentarse a un Partido Socialista al que todas las encuestas auguraban un triunfo arrollador. Y lo fue, con una mayoría absoluta de 202 diputados. Para la UCD, en cambio, la convocatoria resultó desastrosa. Contraviniendo la opinión de otros miembros de la menguada ala democristiana, Lavilla se negó a un pacto con Alianza Popular por considerarlo «desnaturalizador de la idea de centro».[427] Aunque ya había serios augurios sobre el sorpasso de AP —«los últimos mohicanos de UCD no teníamos ya apenas capacidad de convocatoria», escribe Álvarez de Miranda—,[428] los resultados fueron sorprendentes. En tan solo tres años, y conservando el monopolio del Ejecutivo, el partido centrista había pasado del 34,84 por ciento de los votos al 6,77 por ciento, y de 168 a once diputados. La coalición de AP, PDP, Unión del Pueblo Navarro, Partido Aragonés Regionalista, Centristas de Galicia y Unión Valenciana se convertía en la segunda fuerza parlamentaria, con 107 diputados y el 26,36 por ciento de los votos. En cuanto al CDS de Suárez, sus resultados eran muy modestos —2,87 por ciento y dos diputados—, pero también contribuyeron a restar fuerza a su antiguo partido. Ni una sola circunscripción electoral había otorgado la mayoría a la UCD. Especialmente significativo era el hundimiento en la provincia de Madrid, donde solo alcanzó el 3,35 por ciento de los votos válidos.

La derrota electoral precipitó el final de una organización que nunca había superado la imagen de «partido del Gobierno». Los días 11 y 12 de diciembre se reunió en Madrid un congreso extraordinario. Los compromisarios debatieron nuevas líneas programáticas de un partido que se definía como democrático, reformista, aconfesional, progresista… y que se reafirmaba como representante genuino del centrismo progresista, dispuesto a constituirse en alternativa al socialismo.[429] El congreso confirmó la presidencia de Lavilla, disputada por un Areilza que, en una extraña pirueta, se había afiliado a última hora. Pero no hubo tiempo para más. Con la organización sacudida por la pérdida total del poder y amenazada por la enorme deuda económica contraída —cifrada en unos 4.000 millones de pesetas—, el Consejo Político acordó la disolución de la UCD el 18 de febrero de 1983. Los afiliados que quedaban encaminaron sus pasos hacia los partidos de la Coalición Popular que encabezaba Alianza Popular o hacia el CDS de Adolfo Suárez.

Causas de un fracaso

El proceso de disolución de la UCD fue explicado, desde que se produjo, en función de dos claves con distinto enfoque. Una hace referencia a las circunstancias generales en las que se desenvolvió un partido creado para gestionar el «cambio democrático» y evitar la «ruptura» a través de un programa reformista que no hubiera podido asumir el neofranquismo. Su función básica habría sido suavizar el clivaje derecha-izquierda en el naciente sistema de partidos y negociar el consenso, facilitándoles su adhesión a un orden constitucional de naturaleza básicamente liberal a la nueva derecha conservadora que encarnaba AP, a las derechas nacionalistas catalanista y vasquista, a los emergentes regionalismos y a la izquierda parlamentaria. Tras los Pactos de la Moncloa y la Constitución, la labor de mediación que justificaba el apoyo del electorado al centrismo, y aun la condición de este como segmento político con naturaleza propia, habrían dejado de tener sentido ante la aparición de un fenómeno de competencia abierta por la hegemonía parlamentaria entre las fuerzas predominantes en la derecha y la izquierda ya plenamente asentadas en el sistema constitucional, es decir, doctrinalmente «centradas» en defensa de este. Y, una vez acontecido eso, el centro «puro» que había inventado el reformismo franquista revelaba su falta de sustancialidad. El trasvase de sufragios de la UCD a AP en el otoño de 1982 habría sido, pues, un temprano ejemplo de «voto útil» ante el crecimiento de la izquierda y la pobreza de las expectativas electorales de un centrismo que ya había agotado en un lustro de gobierno su coyuntural proyecto reformista.[430]

El otro punto de vista incidiría en los problemas estructurales de la Unión de Centro Democrático y en la crisis de liderazgo interno tras la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.[431] Surgida como una plataforma electoral en la que un Ejecutivo sin apoyo político y un grupo de pequeñas formaciones nacientes sin apoyo social establecieron un pacto de colaboración, la UCD tuvo un proceso de consolidación como partido unitario impuesto por el suarismo. Una transformación que derivó en una estructura interna rígida, que «dio tanta importancia a su propia organización que prácticamente se quedó reducida a esa burocracia moviéndose en el vacío e incapaz de conectar con la sociedad»;[432] algo que podría atribuirse al delicado juego de equilibrios organizativos y doctrinales en que las familias competían por imponer sus puntos de vista y promocionar a sus barones.

Pero ni estos ni el aparato del partido en su conjunto desempeñaron un papel preferente en la elaboración de las políticas de consenso que orientaban el desarrollo constitucional. Las cuales, inevitablemente marcadas por la carencia de una mayoría absoluta centrista en el Congreso de los Diputados, se basaron en el modelo consociacional de resolución de conflictos concretos —también de los internos de la UCD—, que no respondía a procedimientos institucionales reglados, sino a «negociaciones y compromisos informales, que podrían ser menos eficaces para concitar cohesión y eficacia política».[433] En ese marco, eran Suárez y su informal equipo de colaboradores más estrechos —los fontaneros de la Moncloa— quienes asumían funciones de negociación y mediación con la oposición parlamentaria en una compleja sucesión de temas, en los que el aparato político de la UCD era prácticamente un interlocutor más y sus barones quedaban relegados a un papel casi marginal. Los Pactos de la Moncloa, el segundo gran éxito del suarismo tras la Ley para la Reforma Política, serían un ejemplo evidente de cómo la acción gubernativa subordinaba al partido. Y cuando, tras las elecciones de 1979, el presidente prescindió prácticamente de los jefes de facción en la remodelación ministerial para fortalecer su propia posición, se abrió el abanico de rebeldías y escisiones que terminaron, primero, con el liderazgo del abulense y, luego, con el propio partido.

En cualquier caso, la UCD y el espacio de centro puro que había pretendido crear no sobrevivieron ni a sus debilidades estructurales ni a las variaciones en la coyuntura política. Sin embargo, no parece que esto provocara un cambio en la percepción del valor del centrismo por parte del electorado. Como señaló Richard Gunther refiriéndose a las elecciones de 1982, ello podría haber mantenido la vigencia de la UCD si esta hubiera poseído una organización interna sólida y disciplinada:

La consolidación de un partido político suele atravesar etapas de cambio de contexto político, lo cual supone un cambio de funciones y objetivos. Es más, los datos disponibles sobre el electorado español en este periodo no demuestran ningún desplazamiento de electores hacia la derecha o la izquierda de UCD, sino todo lo contrario: un estudio sobre la ideología del electorado demuestra que la mayoría de los votantes continuaba situándose a sí misma en el centro del espectro ideológico, espacio político que aún se atribuía a UCD […]. Podría así concluirse que el colapso de UCD y el crecimiento consiguiente del PSOE y AP no fueron primariamente las consecuencias del abandono por los votantes españoles de sus posiciones ideológicas moderadas, sino que representaron ante todo una reacción contra algunos aspectos del comportamiento de la élite de UCD.[434]

Esa puesta en valor del «centro» se mantendría en adelante como un patrimonio electoral de la derecha constitucional. Y no solo en las formaciones de carácter liberal que se reivindicarían como puramente centristas y ajenas al esquema bipartidista PSOE/AP-PP, como sería sucesivamente el caso del Centro Democrático y Social, del Partido Reformista Democrático, de Unión Progreso y Democracia o de Ciudadanos, sino también en las coaliciones derechistas aglutinadas por Alianza Popular y en su culminación en un Partido Popular hegemónico y monolítico. La definición de este último como «centroderecha» respondía al propósito decidido de ocupar, en relación con una ultraderecha casi inexistente pero útil en la medida en que le correspondería en este esquema la definición específica de «derecha», el atractivo espacio de moderación política y respeto a la democracia parlamentaria que había aportado a la evolución de las derechas españolas la UCD, su gran partido de la Transición.

9

LEJOS DEL PARAÍSO

LA DERECHA RELEGADA

1976-1982

El proceso que llevó a la creación de la Unión de Centro Democrático y a su sexenio en el Gobierno dejó fuera de los espacios de poder a los dos sectores de la derecha franquista, inmovilistas y aperturistas, que en 1974-1975 habían apostado, bajo estrategias distintas, por la continuidad del sistema autoritario. Pero ese proceso también marginó a elementos de la élite política reformista que no quisieron incorporarse al proyecto que lideraba Adolfo Suárez. Los años de la Transición fueron testigo de la convulsa construcción de un sistema de partidos de la derecha que, a partir de su diferenciación en unos referentes ideológicos concretos —liberalismo, democracia cristiana, conservadurismo, nacionalsindicalismo, tradicionalismo—, se estructuraron en cuatro niveles distintos:

a) La Unión de Centro Democrático fue el partido del Ejecutivo, la primera formación política en las Cortes y la promotora de las fórmulas de reformismo y consenso que posibilitaron el asentamiento del sistema constitucional. Entre 1977 y 1982 no hubo espacio en la derecha para que otro partido asumiera funciones de gobierno del Estado o se convirtiera en un socio parlamentario estable del centrismo. Pero este, víctima del desgaste del gobernante y de sus inconsistencias internas —integraba a todas las familias doctrinales de la derecha democrática—, se derrumbó al final del periodo, una «destrucción creativa» que ofreció a otros grupos la oportunidad de asumir sus funciones en el seno de una fragmentada derecha de nuevo en reconstrucción.

b) En las dos legislaturas parlamentarias de la Transición solo hubo otra formación derechista de ámbito nacional que obtuviera representación estable en las Cortes, Alianza Popular. Sin embargo, no solo fue incapaz de crecer como organización, sino que sufrió una fractura entre su ala neofranquista y la constitucionalista, que refundó el partido en 1979. La presencia parlamentaria puntual de sus socios electorales, como Acción Ciudadana Liberal o el Partido Demócrata Progresista o la de Fuerza Nueva, el único grupo de la ultraderecha que logró un diputado en el Congreso, resultaba escasamente relevante en el panorama de la oposición al Gobierno de la UCD.

c) La derecha no parlamentaria de ámbito estatal estaba integrada por docenas de partidos de las más diversas ideologías, desde el liberalismo progresista y la democracia cristiana hasta el neofascismo, condenados a un continuo proceso de fusiones y divisiones, con una afiliación y unas estructuras escasas, y perjudicados por un sistema electoral que primaba a las formaciones mayores.

d) Los subsistemas regionales contaron con partidos nacionalistas y regionalistas de derechas que asumieron en ocasiones la dirección de los procesos de autonomía política y administrativa. Algunos de ellos procedían de formaciones históricas, pero la mayoría surgieron en los años de la Transición y no pocos nacieron de la fragmentación de la Unión de Centro Democrático. En este periodo se convirtieron en las fuerzas mayoritarias en los parlamentos autonómicos del País Vasco y Cataluña y asumieron, en 1979 y 1980, respectivamente, la presidencia de los ejecutivos regionales. Su representación en las Cortes Generales, aunque favorecida por su concentración del voto, era muy reducida. Con todo, lo relativo del modelo parlamentario bipartidista podía convertir el apoyo de sus diputados en un elemento clave a la hora de formar Gobierno, función «bisagra» que valorizaba el papel desempeñado en la política estatal por el Partido Nacionalista Vasco y la coalición Convergència i Unió muy por encima de su peso real en el cuerpo electoral.[435]

VIAJE DE IDA Y VUELTA DE FRAGA AL CENTRO POLÍTICO

En noviembre de 1975 Manuel Fraga Iribarne retornó a Madrid tras su etapa como embajador en Londres. Por esos días Franco agonizaba en un hospital y se abría un periodo de incertidumbre sobre el futuro de su régimen. Desde su salida del Gobierno y del Consejo Nacional del Movimiento, el político gallego se había convertido en un referente para el sector reformista que programaba una evolución hacia fórmulas democráticas tras el advenimiento de la monarquía. Como primer paso de su retorno a la política activa asumió la presidencia del consejo de administración del Gabinete de Orientación y Documentación S. A. (GODSA), la empresa mercantil, creada dos años antes por el exministro y sus colaboradores, que debía constituir el embrión de su proyecto de partido liberalconservador. A las pocas semanas, sin embargo, aceptó la vicepresidencia del Gobierno, a fin de poner en marcha su programa de forma inmediata, por lo que a comienzos de febrero de 1976 delegó la dirección del Gabinete en Rafael Pérez Escolar. Los fraguistas comenzaron a hablar en público de su futuro partido, Reforma Democrática. Ello no iba a suponer aún la desaparición de GODSA, sino que la sociedad mercantil centraría su actividad en la realización de «trabajos técnicos y de planificación» para el lanzamiento de RD, comenzando por un esperado Libro blanco para la reforma democrática, que llevaba meses preparando.[436]

Como anticipo del libro se presentó en Madrid, el 25 de febrero de 1976, un folleto de 95 páginas editado por GODSA, titulado Llamamiento para la Reforma Democrática, del que se hizo una tirada de ochenta mil ejemplares.[437] También se dio a conocer la Comisión Gestora del futuro partido, integrada por Pérez Escolar, Carlos Argos, Jesús Aparicio Bernal, Antonio Cortina, Francisco Giménez, Manuel Milián Metre, Félix Pastor Ridruejo, Nicolás Rodríguez y Luis Santiago de Pablos. El texto del Llamamiento constituía una suerte de manual para superar el franquismo en clave reformista. «Se pretende un cambio ordenado progresivo y no limitado en sus últimos objetivos de las estructuras sociales, políticas y económicas, actuando en el marco de la legalidad.»

A lo largo de la primavera de 1976, mientras Fraga intentaba desarrollar su proyecto de transición legal desde la vicepresidencia del Gobierno, la nonata Reforma Democrática buscaba acomodo ideológico en un futuro espacio de centro. El 2 de junio su líder reivindicó en una conferencia el legado del conservadurismo de Cánovas del Castillo, que debía inspirar una «segunda Restauración» dedicada a «configurar un orden de convivencia civil, libre, plural, pacífico y estable».[438] Pero el fracaso de sus planes de reforma institucional, la consiguiente caída del Gabinete Arias y su marginación en la designación por el rey del nuevo presidente dejaron a Fraga y a su partido embrionario muy escaso margen de maniobra para actuar de forma independiente con garantías de éxito. Finalmente se publicó el Libro blanco, un plúmbeo texto programático de 492 páginas que identificaba el «reformismo» con la «política de centro». El 13 de agosto Fraga se reunió en Santiago de Compostela con sus socios de FEDISA, Cabanillas y Areilza, que le ofrecían integrarse en el Partido Popular. No llegaron a ningún compromiso, pero tampoco cerraron el diálogo.

A comienzos de septiembre, el político lucense aún luchaba por mantener su imagen de líder centrista con una defensa a ultranza del reformismo desde las instituciones franquistas. El día 7 definió su postura en el curso de una conferencia pronunciada en Barcelona.

La derecha no ha de olvidar que, por justificadas que estuvieran sus posiciones en los años 30 y 40, el país vive ya en el mundo real de los años 70; que el inmovilismo es una estrategia equivocada; que por lo mismo la reforma es necesaria y ha de hacerse de buena fe […]. Frente al inmovilismo y a la ruptura, el reformismo cree en la superioridad del cambio gradual sobre el traumático, estima que no debe comprometerse lo mucho logrado en una coyuntura difícil, entiende que la democracia es un punto de llegada más que de partida, y en definitiva desea que el cambio político sea de verdad, que se consolide.[439]

Pero al día siguiente se entrevistó con el presidente Suárez y «se percató de que este iba a jugar a fondo la reforma y que no contaba con él».[440] Con RD a medio construir, falta de recursos económicos y con una afiliación que no superaba las mil personas, Fraga necesitaba desesperadamente negociar pactos que le permitieran participar en una colación electoral. Cuando el 13 de septiembre volvió a reunirse con Areilza y Cabanillas en un almuerzo y le invitaron a que se integrara en el Partido Popular, Fraga les expuso sus propios planes, que consistían en «hacer un partido conservador a la moderna» y convertirlo en el eje de una federación de derechas en la que él sería primus inter pares.

Quiero llegar hasta Gonzalo Fernández de la Mora, hasta Tomás [sic] de Carranza, Federico Silva por supuesto, Licinio de la Fuente y hasta López Rodó y Martínez Esteruelas y dejo fuera a Blas Piñar. Esto es, o será, la Derecha civilizada y reformista: He meditado mucho este verano y he llegado a la conclusión de que mis votos están ahí. El voto mío preponderante es el voto del franquismo.[441]

Era un planteamiento que sus interlocutores, convencidos de que la profesión de centrismo democrático debía superar —y hacer olvidar— la herencia franquista de la derecha reformista, no podían aceptar. No hubo, pues, acuerdo entre los dirigentes de FEDISA y cada parte siguió adelante con sus proyectos federativos;[442] Fraga, aparcada ya la «tentación canovista», hacia la creación de la neofranquista Alianza Popular en lo que resultaba «un giro completo, un regreso al punto de partida de 1969»,[443] y Areilza y Cabanillas en pos de la constitución del Centro Democrático.

Se suele considerar a Manuel Fraga como el muñidor de Alianza Popular, su fundador. Pero eso es, cuando menos, una verdad a medias e incluso podría rechazarse como algo incierto, aunque es innegable que asumió el liderazgo desde el primer día en que se implicó en ello.[444] El proyecto de AP procedía de la Comisión Conjunta de Asociaciones Políticas del Movimiento, a cuyos miembros Joaquín Satrústegui calificó de «eurofranquistas», en alusión a la versión de marxismo-leninismo renovado y suavizado que encarnaba entonces el eurocomunismo.[445] Tras su legalización como partidos, la Unión del Pueblo Español (UDPE), la Unión Nacional Española (UNE), ANEPA y el Frente Nacional Español (FNE) habían asumido la necesidad de organizar una plataforma política contrapuesta no solo a los partidos de la oposición, agrupados en Coordinación Democrática, sino también a la operación de centrismo reformista que patrocinaba el Gobierno. Enseguida se descolgó el FNE, cuyo interés residía en la unificación de los grupos nacionalsindicalistas en una renacida Falange Española. Quedaron, pues, los otros tres partidos negociando la creación de la Alianza Popular, algo en lo que también participaba el ala derecha de la Unión Democrática Española (UDE), que presidía Federico Silva Muñoz.

Fue Martínez Esteruelas, el líder de la UDPE, quien en agosto ofreció por carta al presidente de Reforma Democrática iniciar conversaciones para que se sumara a la iniciativa puesta en marcha por los responsables de la Comisión de Asociaciones. Cabe especular sobre las razones que llevaron a Fraga, hasta poco antes espejo de la nueva derecha reformista y democratizadora, a pactar una federación con grupos que manifestaban paladinamente su condición franquista. Ya se tratase de un giro político voluntario motivado por la visión de largo alcance del estadista dispuesto a transformar en «derecha civilizada» al franquismo autoritario, o bien que no le quedara otro remedio que unirse a él tras ser expulsado de la primera fila del «centro» por las maniobras de sus antiguos aliados, o incluso que fuese fruto del despecho personal de un político tantas veces postergado en su aspiración de presidir el Gobierno, lo cierto es que Fraga condujo a sus colaboradores de Reforma Democrática, no sin fuertes reticencias por parte de muchos de ellos y con unos cuantos abandonos, hacia la asociación con los grupos políticos nacidos al amparo del Estatuto de 1974, es decir, de vuelta al territorio del franquismo ortodoxo. El 23 de septiembre, la Comisión Gestora de RD autorizó a su presidente a suscribir el acuerdo. Un mes después se publicaba un libro del político gallego que ponía de relieve el final de su viaje de ida y vuelta al centrismo.

El liberalismo español, sin haber podido realizar la obra reformadora de otros liberalismos europeos, muere definitivamente en los años 20 […]. Me atrevo a afirmar que la Historia futura no revisará mucho el juicio que voy a adelantar: el régimen de Franco nació por la fuerza, pero sin que los vencidos pudieran quejarse, porque ellos habían abierto el peligroso fuego dos años antes; por otra parte deberá juzgársele hoy y mañana por sus frutos más que por sus orígenes. Ya vimos que en conjunto los resultados para la vida de los españoles han sido bastante aceptables. Nuestras gentes aceptaron de buena gana, tras siglo y medio de desórdenes, un periodo de orden, de trabajo serio y también de despolitización.[446]

NEOFRANQUISMO SUAVE: LA PRIMERA ALIANZA POPULAR

Desde el principio estuvo claro que sería Fraga quien actuaría como portavoz de los promotores de AP de cara a la opinión pública. Pero hubo que establecer las reglas del liderazgo compartido, el procedimiento de asociación de los diversos partidos y el papel de cada uno en la futura federación. Entre el 14 y el 24 de septiembre, Fraga, Fernández de la Mora, Martínez Esteruelas y Silva mantuvieron intensas conversaciones que pese a su carácter reservado terminaron trascendiendo a la prensa, si bien de forma un tanto confusa, ya que, utilizando conceptos muy caros al lucense, se definía la negociación como el intento de crear «un bloque de centro» similar al Partido Conservador británico.[447]

Sin embargo, no había nada de eso, sino un intento de recreación de la desaparecida corriente aperturista del franquismo a partir de elementos muy dispares. El acuerdo de lo que se conoció durante algunas semanas como la Cuádruple Alianza fue ampliado con otros tres políticos que no aportaban partidos organizados, pero que contribuían a diversificar el espectro teórico de tendencias políticas en lo que, en ese momento, ya se consideraba una coalición neofranquista. Desde ANEPA, de la que aún se reclamaba presidente pero de la que estaba a punto de ser expulsado por una oposición mayoritaria, llegó Enrique Thomas de Carranza con un puñado de seguidores, que se agruparon en la Unión Social Popular. Laureano López Rodó, el antiguo rival de Fraga, se incorporó a las conversaciones tras dejar su embajada en Viena. Aportaba miembros de sus equipos ministeriales y algunos procuradores del Grupo Parlamentario Regionalista que poseían cierta base de apoyo territorial, sobre todo en Cataluña, donde aspiraban a copar las derechas locales; a tal efecto, el exministro tecnócrata estaba constituyendo un partido que se denominaría Acción Regional. Y se contó también con Licinio de la Fuente, el falangista exministro de Trabajo, que tampoco poseía grupo propio, pero al que su muy publicitada política de pensiones, en la estela populista de Girón y de Solís, otorgaba popularidad entre las agradecidas clases pasivas. De la Fuente trabajaba ya con un grupo de amigos para poner en marcha un partido que se denominaría Democracia Social.

En los primeros días de octubre, los siete políticos llegaron a un acuerdo aunque, como se comprobaría más tarde, quedaron demasiados asuntos sin aclarar. En una reunión en el domicilio de Antonio María de Oriol y Urquijo, el día 6, acordaron crear Alianza Popular como una federación de partidos, de la que Julio Iranzo, vicepresidente del Banco Hipotecario y hombre de Reforma Democrática, sería el auténtico organizador en su condición de secretario general. Inmediatamente comenzó a actuar una Junta Coordinadora integrada por Iranzo, Argos y Pérez Escolar (RD), Serrats Urquiza (en teoría todavía por ANEPA), Álvaro Lapuerta (UDE), Octavio Carpena (UDPE), José María Gamazo, por los regionalistas de López Rodó, y Pedro García de Leániz, en representación de Licinio de la Fuente. Por la UNE estaba Fernández de la Mora, que presidía la Junta.[448] Se acordó que AP tendría una doble estructura: un Partido de Alianza Popular —desde marzo de 1977 denominado Partido Unido (PUAP)— en el que se integrarían RD, la UDPE y las formaciones que se incorporaran más tarde, y una Federación de Alianza Popular en la que estarían, en teórico pie de igualdad, el PUAP, la UNE de Fernández de la Mora y la UDE de Silva, quien asumiría la presidencia de la Federación, con Fraga como secretario general. En cuanto al núcleo procedente de ANEPA y a los grupos que preparaban López Rodó y Licinio de la Fuente, se esperaría a su legalización antes de incluirlos —y de paso disolverlos— en el PUAP.

El día 9 de octubre, en el domicilio de Iranzo, firmaron el manifiesto de AP los fundadores, a quienes la prensa bautizó enseguida como los Siete Magníficos, término que les aplicó el periodista Francisco Cerecedo en alusión al grupo de pistoleros justicieros de una popular película del Oeste.[449] El manifiesto se iniciaba con la afirmación de que «un grupo de ciudadanos procedentes de diversas tendencias, que se declara abierto a todo acuerdo válido y a toda participación positiva, renunciando a cualquier género de posiciones personales, se considera en el deber de establecer una alianza política y electoral». Seguía luego una declaración programática en catorce puntos en los que afirmaban compartir «la filosofía de los partidos popularistas, centristas y conservadores de Europa», lejos «de toda actitud extremosa o radical». Defendían la obra del franquismo («rechazamos toda ruptura y exigimos respeto para la obra de un pueblo durante casi medio siglo»). Admitían «la pluralidad de opciones» políticas, con exclusión de «los grupos comunistas, terroristas y separatistas». Defendían «la unidad de la Patria» y el reconocimiento «de la personalidad y autonomía de las regiones». Defendían a la monarquía en el entendido de que era la clave «de nuestras instituciones tradicionales y de las Leyes Fundamentales». Apoyaban «en sus líneas generales» el proceso de reforma planteado por el Gobierno Suárez, pero se oponían «a que se abra un proceso constituyente de reforma rupturista». El documento defendía la firmeza de la política de orden público, la economía social de mercado y «la familia, sus valores permanentes y la moralidad pública».

Alianza Popular nació con lo que durante la Transición constituía un doble estigma para la mayoría de la opinión pública: era derechista y era franquista. En un análisis unívoco, algunos han situado al partido, en el periodo 1976-1979, en el campo del involucionismo antirreformista por su condición de «extrema derecha neofranquista de carácter nacionalpopulista» en línea con el neofascismo europeo.[450] En la medida en que asumía la defensa de buena parte del legado de la dictadura, no parece posible negar que hubiera un vínculo con las posturas inmovilistas en el tardofranquismo (ni siquiera fantaseando con la interpretación según la cual AP era una creación del liderazgo personal de un Fraga que aportaba, con su Reforma Democrática, un pedigrí liberalconservador). Pero en la medida en que, hasta 1979, AP fue una federación de partidos, cabría considerar, al igual que en la UCD, la existencia de corrientes en disputa, desde el sector neofranquista que abandonó la FAP en rechazo de la Constitución hasta el «fraguismo» constitucionalista que guió la reconversión de AP como partido unitario en su III Congreso.

Durante sus primeros años, Alianza Popular contó con escaso apoyo mediático, ya que las grandes cadenas —Radiotelevisión Española, Prensa y Radio del Movimiento, Editorial Católica y otros medios vinculados a la Iglesia, etcétera— apostaron claramente por el «centro» gubernamental. Por otro lado, la prensa de la ultraderecha, con el diario El Alcázar a la cabeza, recelaba de la reivindicación de reformismo con la que se abanderaba la nueva formación. Entre los diarios más influyentes, solo el ABC saludó calurosamente la iniciativa: «Un partido conservador, pero muy en línea con los que hoy están en alza en Europa y con una profunda dimensión social».[451] En cambio El País, la apuesta personal en la que Fraga había puesto tanto empeño, tocó a rebato contra AP mediante un durísimo editorial en el que definía al partido como «la más pura esencia del neofascismo: su lenguaje, sus premisas, sus maneras, sus personas […]. Aquí está representado lo mejor del ideal totalitario de la religión y la política».[452]

Era una imagen que, de calar en la opinión pública, podía resultar desastrosa, ya que situaba a los aliancistas en las filas del inmovilismo frente a la apariencia reformista que ofrecía el Gobierno Suárez. Durante las semanas finales de 1976, los responsables de la Federación se esforzaron, aunque unos más que otros, en dar muestras de que apoyarían un proceso de transición a la democracia, pero más lento y limitado que el que ofrecía el centrismo. En las Cortes los procuradores de los distintos partidos de la FAP se constituyeron en una minoría parlamentaria única, la mayor de la Cámara, con 183 miembros. Si unían sus fuerzas a los representantes del búnker podían convertirse en un obstáculo insalvable a la hora de sacar adelante la Ley para la Reforma Política. Pero los aliancistas la aprobaron, aunque presentaron una batería de enmiendas dirigidas sobre todo a limitar la proporcionalidad electoral, ya que ellos defendían el sistema mayoritario. En cambio, sus representantes en el Consejo Nacional del Movimiento, con Fernández de la Mora al frente, mostraron una actitud mucho más crítica con la reforma política y no dudaron en alinearse para ello con los consejeros de extrema derecha.

Un desastre electoral

La Federación de Partidos de Alianza Popular celebró su congreso constituyente los días 5 y 6 de marzo de 1977 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. No dejaba de ser curioso, y muy revelador de las relaciones internas, que al mismo tiempo y en el mismo lugar celebraran sus propios congresos las distintas formaciones de la FAP, para constituirse o ratificar el acuerdo de asociación. Las sesiones del congreso federal pusieron de manifiesto el propósito de «unidad absoluta» que llevaba a RD, UDPE, USP, AR y DS a fusionarse en el Partido de Alianza Popular, mientras que ADE y UNE defendían enérgicamente su condición de socios autónomos. Federico Silva fue elegido presidente de la Federación, mientras que Fraga sería el secretario general.

En su discurso inaugural, este no ocultó, sino todo lo contrario, la vinculación emocional y política de AP con el legado franquista:

Alianza Popular ha sido reconocida como lo que es: como una fuerza política que se niega a aceptar la voladura de la obra gigantesca de los últimos cuarenta años; que no se avergüenza de un periodo histórico en el cual el país ha dado un salto colosal hacia adelante, convirtiéndose en la décima potencia industrial del mundo […]. Defendemos la unidad sagrada de España; propugnamos un Estado fuerte, capaz de defender el orden, la paz, la ley y los intereses internacionales de la Patria; defendemos el sistema económico-social basado en la economía social de mercado dentro de una máxima libertad y justicia social.[453]

La FAP concurrió a las elecciones de junio en condiciones muy desfavorables. La pluralidad de opciones doctrinales integradas en la plataforma —democracia cristiana, tradicionalismo, conservadurismo— dificultaba un encaje ideológico bien definido. La opinión pública y la práctica totalidad de los medios de comunicación la identificaban como una formación vinculada al franquismo y contraria, por lo tanto, al establecimiento de un sistema democrático concorde con los parámetros globales de la Europa occidental. Sin embargo, los procuradores del Grupo Parlamentario de Alianza Popular habían votado a favor de la Ley para la Reforma Política, alineándose con las posiciones del reformismo y marcando distancias con el inmovilismo; ofreciéndose, afirmaba la ponencia política de su congreso fundacional, como una «derecha civilizada» equidistante de la ultraderecha resistente y del centrismo liquidador. Pero no podían ocultar que carecían de un proyecto definido para el Estado democrático que deberían configurar las Constituyentes.

Esto se debía, en cierta medida, a un problema generacional del grupo dirigente. Los líderes de la plataforma Alianza Nacional del 18 de Julio —Girón, Fernández-Cuesta, Blas Piñar— eran miembros de la primera generación del Movimiento, cuya base social se identificaba mayoritariamente con posiciones inmovilistas frente al «cambio democrático». Los de la plataforma de la Unión de Centro Democrático pertenecían a la segunda generación, poseían un inequívoco perfil reformista, con la tríada de ideologías exitosas en el entorno europeo —democracia cristiana, socialdemocracia, liberalismo—, incorporaban a miembros de la oposición derechista al franquismo y en sus filas despuntaban las jóvenes promesas de la tercera generación. Por su parte, el perfil de los dirigentes de AP, situados entre los inmovilistas y los reformistas, correspondía mayoritariamente a los aperturistas autoritarios de la segunda generación del Movimiento, que se identificaban con el fallido espíritu del 12 de febrero. Mientras los inmovilistas se trasformaban en involucionistas y los reformistas, en centristas, los antiguos aperturistas tenían dificultades para identificarse como conservadores —¿conservar qué?— y contaban con dirigentes reconocibles por la opinión pública como poseedores de un reciente pasado de franquistas autoritarios, como el tecnócrata López Rodó, el falangista De la Fuente o el neotradicionalista Fernández de la Mora. «El brillante polemólogo Gonzalo Fernández de la Mora se deja ver en todos los actos públicos del búnker, siendo condecorado por el embajador de Chile en España, habida cuenta de su comprensión y estímulo para con el régimen de Pinochet.»[454]

La campaña electoral de AP fue catastrófica. No solo por la dificultad de difundir un mensaje equilibrado entre el continuismo franquista y el cambio centrista, sino también por graves errores en la estrategia de comunicación. La propaganda se centró en la imagen de Manuel Fraga como líder de la derecha y estadista de gran nivel, pero había quemado esa imagen en los meses en que fue vicepresidente del Gobierno. Para los franquistas recalcitrantes era el antiguo cabeza del reformismo que había iniciado la liquidación del Régimen. Para la izquierda era el ministro de la Gobernación que había ejecutado una política autoritaria y represiva en el arranque de la Transición y el hombre que había buscado, con su canijo proyecto de reforma, salvar todo lo salvable del franquismo. Y para el electorado centrista su partido era, esencialmente, franquista y antidemocrático.

A diferencia de otros partidos conservadores europeos, AP fue incapaz de superar su falta de legitimidad democrática a ojos del electorado o de adoptar una estructura política neoconservadora. La imagen de AP enfatizaba su excesivo conservadurismo (que estaba teñido de autoritarismo) y su rígida defensa de los valores tradicionales, incompatibles, en gran medida, con una sociedad secularizada y modernizada. Estas características no reflejaban los valores de la mayoría de los españoles y explican la permanente debilidad del conservadurismo en España.[455]

En docenas de artículos y mítines durante la campaña electoral, Fraga intentó revertir esa imagen afirmando el compromiso de su partido con la democracia. Pero, sometido a la presión de un aluvión de críticas y ataques, acabó mostrando un aspecto negativo de su vehemente personalidad, una radicalidad autoritaria en el gesto y en la oratoria que anulaba ese esfuerzo. Como en un mitin en Lugo, donde se quitó la chaqueta y se lanzó con agresividad contra un grupo de reventadores, en una secuencia televisiva que quedó en la retina de los electores. O su última intervención en televisión, donde transmitió una imagen tan negativa de personalidad prepotente que fue interpretada como el desastre final de la propaganda aliancista. Era, escribe Carlos Seco Serrano, una «contradicción que brota con frecuencia en su atropellada oratoria, como desliz demagógico brindado impúdicamente a los nostálgicos».[456] Con todo, el mayor error fue fichar como candidato al Senado por Madrid a un Carlos Arias Navarro que la opinión pública identificaba ya como ultraderechista y que en una intervención televisada insistió en su lealtad personal, y la del partido, a la figura y el legado del Generalísimo. «Un franquista pedía los votos del franquismo; ni más ni menos. Pero no los votos del franquismo sociológico, sino los del franquismo militante.»[457]

Como era de prever, los resultados electorales de AP defraudaron las expectativas de sus afiliados. El partido encaró las elecciones de 1977 convencido de que contaba con el respaldo masivo del franquismo sociológico. Pero, como luego se demostró reiteradamente a lo largo de casi dos décadas, ello respondía a «la continua reproducción de unas expectativas políticas o electorales casi siempre desorbitadas; unas expectativas que los economistas calificarían de “irracionales” por la frecuencia con la que los líderes conservadores sesgaban sus predicciones o utilizaban solo una parte de la información».[458] Con 1.469.870 votos, el 8,21 por ciento del total y dieciséis diputados, AP se convirtió en la cuarta fuerza en el Congreso, pero a una distancia abismal de la UCD y sus 165 escaños. Las circunscripciones en las que logró mejores resultados, por encima del 15 por ciento de los votos, estaban dispersas y elegían pocos diputados: Lugo, Zamora, Burgos, Guadalajara, Teruel, Toledo y Santa Cruz de Tenerife. Y en el Senado, donde el peso de las provincias menos pobladas era muy superior, los resultados fueron aún peores al obtener solo dos escaños tras presentar 143 candidatos.

LA RUPTURA

Diez días antes de las elecciones generales de 1977, Fraga expuso con concisión las cuatro líneas que, a su juicio, constituían la base doctrinal de AP y su proyecto constitucional.

Primero, la defensa incondicional de la unidad de España, de la sagrada unidad de la Patria. Somos regionalistas, aceptamos las autonomías, defendemos una eficaz política regional, rechazamos en absoluto los separatismos, no aceptamos los nacionalismos de vía estrecha, ni los supuestos derechos de autodeterminación; y nos parecen las soluciones federalistas inadecuadas para nuestro país […].

Segundo, defendemos un Estado fuerte, seguro y eficaz; capaz de mantener el orden, la paz y la ley en el interior, y de defender los intereses nacionales en el exterior […].

Tercero, defendemos el principio de identidad moral o de moral pública. No somos confesionales, ni menos farisaicos; pero sin moral pública no hay sociedad […].

Cuarto, entendemos que el sistema de economía social de mercado es el mejor de los modelos económico-sociales; el que ha creado mayor riqueza y mayor libertad.[459]

Esta visión «fraguista», derrota electoral mediante, generó fuertes tensiones en el II Congreso de la FAP, celebrado en enero de 1978, en el que fue imposible alcanzar un acuerdo para convertir a la Federación en un partido unificado. En la ponencia política presentada por Félix Pastor Ridruejo, el sector liberalconservador defendía la renuncia al pasado franquista y buscaba definir al partido como de centroderecha. «Un gran partido reformista, democrático, moderno, moderado, profundamente español, sin compromisos inconfesables, de talante a la vez tradicional y liberal, claramente orientado al futuro», palabras que Silva respondió con la defensa de «la unión de toda la derecha para la estabilidad y la supervivencia y el progreso de España».[460]

Los liberalconservadores consolidaban su hegemonía en el seno del PUAP, cuya presidencia asumió Pastor Ridruejo. Pero en la FAP siguió siendo presidente un Federico Silva cada vez más distanciado de las posiciones de Manuel Fraga, quien renovó como secretario general. Un problema para la línea que representaba el político gallego era la financiación del partido. Limitadas las ayudas oficiales, dado lo escaso de su representación parlamentaria, y con las dificultades para acceder al crédito bancario de un partido cuya perspectiva de gobernar se antojaba lejana, los aliancistas hubieron de recurrir, como la práctica totalidad de los partidos de la época, a las donaciones y al apoyo técnico de los partidos «hermanos» europeos. La fuente de financiación más generosa procedía de la República Federal Alemana, donde la democristiana Fundación Konrad Adenauer, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), había estudiado el interés de ayudar a los grupos de Ruiz-Giménez y Gil-Robles, o bien al de Silva Muñoz, para terminar decantándose por los democristianos que se integraron en la UCD. A Alianza Popular le quedó básicamente la financiación de la Unión Social Cristiana (CSU), el partido católico bávaro integrante como socio menor de la coalición democristiana alemana. Su presidente, el «ultra» Franz Josef Strauss, mantenía estrechas relaciones con políticos neofranquistas como Silva, Fernández de la Mora o Thomas de Carranza, que canalizaban las ayudas a la FAP de la Fundación Hanns Seidel, organismo doctrinal y económico vinculado a la CSU.[461]

La pequeña minoría parlamentaria aliancista en el Congreso abordó la elaboración de la Constitución en una situación delicada. Sus dieciséis votos resultaban escasamente relevantes a la hora de votar el articulado y las enmiendas, pero Fraga Iribarne fue incluido en la ponencia que elaboró el anteproyecto constitucional, si bien existía cierto recelo sobre su condición neofranquista entre los demás comisionados, por lo que «fue dejado fuera de las discretas sesiones nocturnas que configuraron una especie de segunda ponencia informal».[462] Entre los diputados aliancistas no había unanimidad de criterio, no ya sobre lo que había que rechazar como grupo, sino incluso en cuanto a lo que podían admitir individualmente. Y la base social de AP, tanto los afiliados como los votantes, era congruente en su no aceptación del reformismo centrista, y existía el riesgo de que, si sus parlamentarios no asumían posiciones de resistencia a un cambio democratizador, terminara pasando a apoyar la opción involucionista que representaban Fuerza Nueva y sus recientes aliados.

Las principales enmiendas al proyecto constitucional de la minoría parlamentaria aliancista en el Congreso pueden agruparse en tres grandes bloques.

•  La monarquía y el sistema político. Las enmiendas se centraban en resaltar el poder moderador del monarca, al que querían ofrecer la capacidad de nombrar o cesar al presidente del Gobierno y de vetar y devolver a las Cortes, para su revisión, las leyes aprobadas por estas, la presidencia de las reuniones del Consejo de Ministros cuando lo estimara oportuno o la designación directa de hasta veinte senadores a su libre elección. «Con estas medidas se materializaba de forma implícita el principio de la soberanía compartida, propia de los modelos del constitucionalismo conservador decimonónico.»[463]

•  La cuestión autonómica. Alianza Popular no defendía un Estado centralizado, sino unitario con autonomías regionales limitadas. Sin embargo, sus diputados rechazaron la inclusión del término «nacionalidades» en la Constitución —solo admitían el de «regiones»—, así como las propuestas federalistas procedentes de la minoría catalanista, y se manifestaron a favor de blindar las competencias estatales para evitar una paulatina deriva abandonista en favor de los entes regionales.

•  Religión y moralidad social. Alianza Popular representaba una indudable ortodoxia católica y, sin sostener la necesidad del mantenimiento del Estado confesional, asumió la defensa de las posiciones de la Iglesia en su rechazo a diversos artículos de la Carta Magna, que podían constitucionalizar prácticas como el divorcio matrimonial, la educación laica —y la restricción al clero en la enseñanza ideológica confesional y en la apertura de centros privados— o el aborto.

Como miembro de la Comisión Constitucional, Fraga desarrolló una intensa labor de negociación, dentro del espíritu del consenso, con los representantes de las restantes fuerzas parlamentarias. Pero sus tesis no concitaban apoyos en los restantes ponentes y, cuando aceptó el proyecto de Constitución, lo hizo con muchas reservas y anunció que AP modificaría la Carta Magna cuando tuviera capacidad para ello. Aun así, para un sector de la afiliación de la FAP, el texto constitucional era totalmente rechazable. Con Silva Muñoz a la cabeza, se negaban a aceptar principios del desarrollo constitucional como la aconfesionalidad del Estado, el divorcio, la secularización del sistema educativo o la vía de las autonomías regionales.[464] En la reunión de la Junta Nacional de la FAP celebrada el 30 de octubre para adoptar acuerdos sobre la Constitución, una escasa mayoría de 48 vocales frente a 44 aceptaron recomendar a los parlamentarios su aprobación, fiados «en el carácter pluralista y democrático del texto constitucional y en las instituciones políticas que establece». El documento aprobado en la reunión contenía no obstante serias críticas al reconocimiento de los privilegios de las «nacionalidades» admitidas en la organización territorial, al tratamiento de las relaciones familiares, a las salvaguardas del derecho de propiedad y al sistema electoral que preveía la Constitución, por lo que «Alianza Popular anuncia sus propósitos de promover, por los medios adecuados previstos en la propia Constitución, la reforma constitucional», y aunque recomendaba a sus electores votar a favor en el referéndum convocado para el 6 de diciembre, «respetaría su libertad de conciencia».[465]

El virtual empate entre partidarios y detractores de la Constitución se reprodujo al día siguiente en la Minoría Popular, con sus diputados amparados en la libertad de voto que les conferían los estatutos de la Federación. Ocho de ellos, con Fraga a la cabeza, votaron a favor; cinco lo hicieron en contra (Silva Muñoz, Fernández de la Mora, Jarabo Payá, Martínez Emperador y Mendizábal), y tres se abstuvieron (Licinio de la Fuente, Álvaro Lapuerta y Modesto Piñeiro).[466] La ruptura de la Federación se hacía inevitable y más aún cuando el PUAP pidió a los electores el voto afirmativo en el referéndum constitucional, algo que sus socios en la FAP entendieron poco menos que como una traición.

El primer dirigente que dio signos de querer abandonar la Federación fue su presidente, Silva Muñoz. Ya en marzo de 1978 buscó crear una plataforma específicamente democratacristiana, para lo que inició conversaciones a fin de aliar a su Acción Democrática Española con la Unión Demócrata Cristiana de Barros de Lis, la Unió Catalana de Santiago Udina y la Unión Regional Andaluza de Luis Jáudenes. Aunque la perspectiva de atraer al sector democristiano de la UCD les hacía creer que «el pacto entre dichos grupos podría tener un efecto multiplicador que generara nuevas adhesiones» hasta levantar «un gran bloque de derecha democrática»,[467] el intento, a cargo de partidos extraparlamentarios con una estructura mínima, quedó en nada. Y, tras la ruptura interna provocada en la FAP por los debates sobre la Constitución, especialmente en lo tocante al asunto de las «nacionalidades», los silvistas terminaron aliándose con los neotradicionalistas de la UNE en el mes de junio y juntos abandonaron la Federación aliancista para formar, a finales de año, Derecha Democrática Española, un partido de breve y frustrada existencia.[468]

LA REFUNDACIÓN

En los primeros tiempos de la Transición, Alianza Popular arrastraba una imagen de partido continuista del franquismo que le resultaba electoralmente muy perjudicial. Por una parte, su condición de formación constitucionalista le impedía acceder a la bolsa de votos con que contaban los partidos involucionistas, aunque, dado su escaso tamaño, tampoco le hubiera servido de mucho. Y el argumento del «voto útil» para frenar a las izquierdas, tan aprovechado a partir de 1982, no podía funcionar con la UCD hegemonizando el campo derechista. Las encuestas de opinión mostraban que, en 1978, un 73 por ciento de los votantes de AP calificaban al partido como «franquista» y solo el 47 por ciento como «democrático», mientras que los votantes de la UCD identificaban al suyo, respectivamente, con un 17 y un 72 por ciento. Y a la pregunta de si su partido sería capaz de «evitar la confrontación entre los españoles», el electorado de AP lo admitía en un 36 por ciento y el de la UCD, en un 68 por ciento.[469]

Sin embargo, las circunstancias en las que se desenvolvía el partido habían variado a lo largo de ese año. En primer lugar, la participación de Fraga en la ponencia constitucional y su adhesión al consenso con la izquierda parlamentaria habían fortalecido su imagen de líder político y la legitimidad democrática de AP. Es cierto que su minoría parlamentaria se dividió a la hora de aprobar la Constitución, pero en diciembre los dos partidos del ala neofranquista, claramente identificable con la extrema derecha por la opinión pública, había abandonado la Federación, dejando al PUAP como una opción independiente e integrada en el bloque constitucionalista. A partir de ese momento, Fraga quedó en condiciones de consolidar su liderazgo desde una perspectiva formal y de imprimir al partido un giro doctrinal hacia el liberalconservadurismo que, a su juicio, constituía una síntesis integradora de las dos tradiciones derechistas. «Lo liberal y lo conservador hace tiempo que dejaron de ser polos de confrontación para pasar a converger en una tendencia, la liberal-conservadora, que tiene características de ambos y se enriquece con aportaciones comunes.»[470]

No había tiempo, sin embargo, para realizar la transformación, ni siquiera para convocar un congreso del partido ante la inminencia de unas nuevas elecciones generales. La marcha de los partidarios de Silva y Fernández de la Mora no había supuesto una merma importante de la afiliación, pero podía afectar a la fidelidad del sector del electorado de AP que rechazaba el recién estrenado sistema constitucional. Por otra parte, los grupos involucionistas tenían expectativas de crecimiento haciendo que ese sector de votantes se adhiriera a ellos, y tanto Blas Piñar como José Antonio Girón se mostraban muy activos en la promoción de un Frente Nacional que agrupara a todas las fuerzas situadas a la derecha de la UCD, proyecto en el que contaban con los disidentes de Alianza, constituidos ahora en el partido Derecha Democrática Española (DDE). Consciente de que ello supondría abandonar el bloque constitucional y situar a su partido en la extrema derecha, Manuel Fraga rechazó la invitación que le planteó Federico Silva. El 16 de enero, el líder de AP publicó al respecto un demoledor artículo en el que afirmaba:

La única derecha posible hoy es una fuerza claramente democrática, progresista y constitucional, capaz de dialogar con las demás fuerzas políticas […] no es posible realizar la derecha válida para la España de hoy sumando una serie de personalidades y movimientos dispares, muchos de ellos orientados a visiones nostálgicas de un mundo que no ha de volver.[471]

No habría, pues, coalición de la «derecha nacional». Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS constituyeron entonces la Unión Nacional, una coalición involucionista, y los conservadores de DDE renunciaron a presentarse a las elecciones, asumiendo el fracaso de su iniciativa rupturista.

El peligro de que una AP asediada por los problemas económicos quedara reducida a la inanidad en caso de un avance electoral de la UCD y de la extrema derecha, había llevado a sus dirigentes a iniciar la búsqueda de una coalición alternativa desde noviembre de 1978. A mediados de ese mes, Fraga y Pastor Ridruejo almorzaron en el domicilio de José María de Areilza, presidente de Acción Ciudadana Liberal (ACL), con él y con Alfonso Osorio, líder del Partido Demócrata Progresista (PDP), recién constituido con democristianos procedentes de la UCD. Lo que la prensa denominó «el Pacto de Aravaca» fue solo una conversación exploratoria, pero sentó las bases para una futura coalición. El comunicado firmado por los tres después de la reunión establecía como puntos en común: «La unidad de España, el restablecimiento de la autoridad del Estado, la seguridad de la familia, las personas y las cosas, la garantía del trabajo y del ahorro, la libertad y la justicia, y la clara definición de un programa de gobierno». Explicaban también: «Partiendo del respeto a la identidad de las estructuras partidistas existentes, manifiestan su intención de coordinar desde ahora, de modo institucional y permanente, su acción conjunta».[472] Inmediatamente iniciaron los contactos para sumar nuevas fuerzas a la iniciativa.

A finales de enero de 1979 había un acuerdo más o menos firme para construir un gran espacio rival de la UCD, desde el conservadurismo hasta la socialdemocracia, con grupos que en solitario no tenían posibilidades de conseguir representación. Junto con AP, ACL y PDP estarían dos formaciones que se reclamaban de centroizquierda, la Federación Socialdemócrata, de Lasuén, y Reforma Social Española, de Cantarero del Castillo, así como una pléyade de minipartidos conservadores, varios de los cuales habían formado meses atrás una efímera coalición denominada Nueva Derecha Española: Renovación Española, la Confederación de Partidos Conservadores, el Centro Popular, con el sector de ANEPA que no se había integrado en AP, Cambio Ecologista y Social, el Partido Popular de Cataluña, Acción por Ceuta y la Asociación de Demócratas Independientes Vascos. Un conjunto muy variopinto que Fraga intentó disciplinar en una plataforma electoral que primero se denominó Confederación Democrática Española, luego Confederación Demócrata Progresista y, finalmente, Coalición Democrática, nombre con el que se presentó a las elecciones generales de marzo de 1979. Para entonces los grupos de Lasuén y Cantarero se habían retirado porque, como dijo el primero, «la ideología no se vende por unos cuantos escaños».[473] Y López Rodó, uno de los Siete Magníficos, había abandonado AP «a consecuencia de una áspera pugna por la hegemonía en el seno de la derecha catalana»,[474] que llevó a Fraga a negarle que fuera el cabeza de lista por Barcelona.[475]

En los dos meses que mediaron entre la constitución de CD y los comicios, los grupos integrantes de la coalición buscaron ofrecer un claro distanciamiento de la extrema derecha, pero también del centro reformista que ocupaba en su totalidad la UCD. El espacio que restaba era muy reducido, y las diferencias doctrinales, sobre todo en materia económica, y las expectativas de resultados de cada socio eran lo bastante considerables para que la armonía fuera harto difícil. En una coalición improvisada y con una perspectiva electoral relativamente modesta, «la prelación de los nombres en las listas daba lugar a verdaderas batallas entre los tres grupos, y amenazas de retirarse o de romper la frágil coalición […]. Fueron unos días y unas noches de atroces tensiones internas».[476]

Esta realidad casaba mal con la intención declarada de los líderes de consolidar a CD como un partido unido que planteara, como decía su eslogan de campaña, «la solución de centroderecha» para consolidar el sistema constitucional. En vísperas de las elecciones, Fraga, Areilza y Osorio firmaron un manifiesto conjunto en el que manifestaban propósitos de continuidad.

A semejanza de otros partidos de las democracias occidentales, Coalición Democrática se refundirá, después de los comicios del primero de marzo, en una estructura homogénea donde se concierten los postulados convenientes del centroderecha progresista, que asumen plenamente la tarea de consolidar la democracia española en todos sus términos […]. Todas las encuestas que se han realizado a lo largo de esta campaña han mostrado que ni UCD ni el PSOE van a obtener mayoría absoluta. Por tanto, para lograr esa mayoría necesaria para gobernar tendrán que llegar a acuerdos con otros partidos, y está muy claro que cuantos más escaños obtenga Coalición Democrática —es decir, el centroderecha— más garantías tienen los electores de que el Gobierno de los próximos cuatro años será un Gobierno que no mirará únicamente a la izquierda. Tendrá que contar con el peso de los votos de Coalición.[477]

Conscientes del rechazo que suscitaba Fraga entre el electorado centrista, la campaña se focalizó en buena medida en la imagen de Osorio, que aparecía en el centro de los carteles con las fotos del trío dirigente de CD. La confección del programa electoral obligó a los socios a alcanzar un consenso interno en el que hubieron de hacer concesiones. AP, por ejemplo, asimiló principios de reducción del sector público que le demandaban sus socios liberales y la economía social de mercado que defendían los democristianos. Estos, por su parte, aceptaron la defensa de valores identitarios propios del conservadurismo. Para los partidos de Lasuén y Cantarero, que se proclamaban socialdemócratas, eran unas cesiones excesivas y, como hemos visto, abandonaron la coalición antes de que se iniciara la campaña. En sus puntos principales, el programa de CD se resumía así para el hombre de la calle:

No al aborto, sí al matrimonio civil. Las autonomías: todas iguales en derechos y obligaciones. La enseñanza: gratuita con libertad para elegir escuela. La libre empresa: sí a la iniciativa privada, a la inversión, al ahorro; no a la economía socialista. El derecho al trabajo: sueldos justos, acabaremos con el paro y el vago. La seguridad ciudadana: orden y justicia de la Ley contra el terror y la cobardía. La Constitución: moderada y progresista, las leyes a desarrollar pueden convertir a España en un país marxista o moderado.[478]

Los resultados electorales fueron decepcionantes. Coalición Democrática obtuvo el 5,89 por ciento de los votos al Congreso y nueve diputados —seis de ellos de AP— así como tres senadores. Dos años antes, AP en solitario logró dieciséis escaños en la Cámara Baja, con el 8,2 por ciento de los sufragios, lo que representaba una pérdida de casi medio millón de electores. Se estima que una cuarta parte de los votantes de AP en 1977 apoyaron a la UCD en 1979 y que un 5 por ciento dio su voto a la ultraderecha.[479] Las circunscripciones donde la coalición liberalconservadora había conseguido mejores resultados eran las cuatro gallegas, Zamora, Logroño, León, Guadalajara y Navarra, pero no alcanzaba el 20 por ciento de los votos en ninguna.

Visiblemente afectado por la derrota, Fraga llegó a amagar con que abandonaba su escaño, para facilitar la incorporación del partido a la victoriosa UCD, y presentó su renuncia como secretario general de AP al presidente del partido, Pastor Ridruejo. «Pura y sencillamente, se había desmoralizado por completo.»[480] A fin de cerrar el paso a una situación de izquierdas, los votos de la exigua minoría de CD en el Congreso fueron básicos para asegurar la continuidad al frente del Gobierno de un Adolfo Suárez que no disponía de mayoría absoluta con su partido. La estructura electoral de Coalición Democrática comenzó a ser desmontada enseguida, pese a que un mes después se celebraban comicios municipales, los primeros por sufragio universal. De modo que a las elecciones locales del 3 de abril la coalición concurrió casi desarticulada, y las rivalidades en su seno se multiplicaron a la hora de formar las candidaturas locales, con lo que fue incapaz de presentarse como tal en una gran parte de España. CD acabó como sexta fuerza, con 489.970 votos (el 2,99 por ciento), menos de la mitad de los obtenidos un mes antes, y 2.339 concejales electos frente a los 28.860 de la UCD. Aquello supuso la congelación de la actividad para la coalición, a cuya presidencia renunció Fraga, aunque se mantendría el grupo parlamentario durante el resto de la legislatura.

Los fracasos electorales de la primavera de 1979 provocaron una nueva crisis en AP. Un trabajo de campo de politólogos evidenció «cómo muchos militantes habían dejado de participar activamente en los asuntos del partido, que algunos notables locales habían trasladado su apoyo a la triunfante UCD y varias oficinas del partido estaban vacías».[481] Sin embargo, en la estructura central reforzaron, paradójicamente, la voluntad de permanencia como partido unitario, de reducir la trama de clientelismo local, que le otorgaba una imagen caciquil y heredera del Movimiento Nacional, y de profundizar una línea ideológica claramente liberalconservadora. La dimisión de Fraga fue suplida por la Junta Nacional con el nombramiento de Guillermo Piera como secretario general, y Félix Pastor, que asumió mayor autoridad como presidente, dio paso a unos meses de interinidad política, embarcado en un proyecto de democratización interna del partido y de defensa de una línea centroderechista, hasta la cercana celebración del III Congreso. Pero Fraga, que mantenía un fuerte protagonismo mediático como portavoz de la minoría parlamentaria, no pensaba en terminar su carrera política. A partir del verano, con bríos renovados, comenzó a aunar voluntades entre los directivos para imprimir un giro al partido que le permitiera retornar a las esencias conservadoras, marcando distancia con la UCD y dotando a AP de una estructura unitaria y un liderazgo incuestionable, que evitaran en el futuro los problemas que le había acarreado la estructura societaria de la Federación.

Mientras tanto, el presidente del partido, Félix Pastor, preparaba el III Congreso de AP en busca de fortalecer la vía liberal y promocionaba a cuadros jóvenes llevándolos al Comité Ejecutivo: Antonio Hernández Mancha, Jorge Verstrynge, José María Aznar, etcétera. Para un sector de la militancia tradicional, Pastor y sus principales colaboradores —los vicepresidentes Carlos Argo e Isabel Barroso, el secretario general Guillermo Piera— se situaban en posiciones próximas a la UCD, incluso en vías de incorporar AP al partido centrista, lo que también creían los socios liberales y democristianos que se mantenían en CD. La cuestión de la aprobación en referéndum de los estatutos de autonomía vasco y catalán, que sembró la división en las filas aliancistas, ahondó las diferencias entre el ala oficialista y el sector de neoconservadores que, con destacado protagonismo de Verstrynge, buscaba el retorno de Fraga a la dirección. A finales de octubre, este acusó airadamente a Félix Pastor de estar tras la filtración a la prensa de noticias sobre un supuesto malestar entre la afiliación por su «personalismo» y le prometió «una guerra». Parece que el autor de la maniobra fue Verstrynge, «con la intención de hundir a Félix Pastor y a su equipo». Así desautorizado, el presidente de AP presentó la dimisión con carácter irrevocable, al igual que los dos vicepresidentes.[482] El 6 de noviembre, la comisión permanente de la Junta Directiva Nacional aceptó designar presidente interino a Fraga, con la unanimidad que había exigido quien sería candidato único al puesto en la próxima elección congresual.

Con este espíritu se abrió el 14 de diciembre de 1979 el III Congreso de Alianza Popular, «un Congreso decisivo en la historia del partido»[483] que se conoce como el de «la refundación». Los 1.291 delegados respaldaron la labor de la dirección y aprobaron la ponencia política, defendida por Fraga, con solo veinticuatro votos en contra. Como paso necesario, se dio por extinguida la vieja estructura de la Federación de Alianza Popular, y los dos partidos escindidos, ADE y UNE, fueron sustituidos como socios del PUAP por dos pequeñas entidades, Acción por Ceuta, que ya había figurado en CD, y la Unión Liberal, Popular y Democrática de Ibiza y Formentera (S’Unió), una formación creada en diciembre de 1976 por agrupaciones locales de varios partidos y que había evitado unirse a la UCD. El Comité Ejecutivo del PUAP, elegido mediante lista única sin votos en contra, estaba presidido por Fraga, con José María Ruiz Gallardón, Luis Ortiz Álvarez y Manuel García Amigo como vicepresidentes. En la Secretaría General estaba Jorge Verstrynge, un politólogo de treinta y un años que se ganó la confianza del nuevo presidente por sus dotes para controlar la organización, hasta convertirse en su mano derecha.[484] En cuanto a la nueva FAP, su Comité Ejecutivo era idéntico, aunque otorgaba las vicepresidencias a Álvaro Lapuerta y a los dos nuevos partidos asociados, con la significativa presencia de Abel Matutes, un acaudalado empresario ibicenco que tendría un largo recorrido en la formación conservadora.

El aspecto más conflictivo del congreso fue la ponencia de estatutos. Hasta entonces Fraga había sido el líder indiscutido de AP, pero no su presidente, por lo que los órganos de gobierno, en especial el Comité Ejecutivo, poseían cierta capacidad de contrapeso. En el nuevo esquema organizativo, Alianza, con una estructura unitaria reforzada, se convirtió en un partido estrictamente presidencialista, prácticamente personalista, en el que el exministro poseía todos los resortes de poder y el secretario general se convertía en su segundo al frente de una organización burocratizada, pese a la oposición en el III Congreso de algunos compromisarios, como Pastor Ridruejo, que, aunque no asistió a la asamblea, presentó sin éxito una enmienda a la totalidad de los estatutos.

En coherencia con la ponencia política, de marcado carácter conservador, en su discurso ante los congresistas Fraga eludió la etiqueta de centroderecha para un partido que definió como una «fuerza conservadora, reformista, democrática y progresista». Rechazó también la connotación neofranquista o autoritaria para la AP refundada y le fijó como meta la conquista de la mayoría natural, la sociedad conservadora, que definió como «la parte mayor y más sana de la sociedad».

Yo creo que somos la fuerza política que intenta (y lo logrará, si luchamos con tenacidad y organización) unir a los muchos españoles que queremos la unidad de España sin discusión; que rechazamos el marxismo con plena convicción de que el materialismo es lo más contrario a la esencia de nuestra Patria; que queremos una moral pública bien defendida; que defendemos las grandes instituciones sociales, como la familia, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y de Orden Público, las escuelas públicas y privadas, etc.; que queremos progreso en todos los frentes de la vida nacional, pero dentro del orden y el respeto a la ley; y que, en fin, queremos todo eso por vías pacíficas, ciudadanas y democráticas.

LIBERALES POR LIBRE

Entre el verano de 1976 y el otoño de 1977 se formalizó en España un sistema de partidos de ideología liberal que disputó, y luego compartió, el espacio del centro político con democristianos y socialdemócratas. Eran grupos sin experiencia política previa, aparte de la meramente teórica de sus clubes culturales, con liderazgos por consolidar y escasa organización y militancia. Casi todos concurrieron a la formación del Centro Democrático, de la plataforma electoral de Unión de Centro Democrático, y terminaron fusionándose en el partido unido que lideraba Adolfo Suárez, donde pasaron a formar una de las corrientes doctrinales.

En las elecciones a las Cortes Constituyentes de junio de 1977 el liberalismo acudió en bloque en las listas de la UCD. La excepción era Cataluña, donde estaba surgiendo un sistema de partidos autóctono, con varias formaciones de carácter liberal. Así, Esquerra Democràtica de Catalunya, fundada en 1975 y presidida por Ramon Trias Fargas, se integró en la coalición Pacte Democràtic per Catalunya con otros grupos nacionalistas y logró dos de sus once escaños. Por su parte, el Centre Català, creado en febrero de 1976 y liderado por Joaquim Molins, pactó con la democristiana Unió Democràtica de Catalunya y obtuvo un escaño. Otra formación que se proclamaba liberal, en la que desempeñaba un papel fundamental el empresariado barcelonés, era la Lliga de Catalunya-Partit Liberal Català, poco más que testimonial ya que logró el 0,66 por ciento de los votos en la región.[485]

El triunfo electoral de la UCD y su asunción en solitario del Gobierno de la nación fortalecieron los argumentos a favor de convertirla en un partido político. A finales de octubre de 1977 esta amenaza provocó la alianza de cinco pequeñas formaciones que habían optado por mantenerse independientes. La primera de ellas era el Partido Liberal, presidido por Enrique Larroque, que en mayo había abandonado la UCD descontento con el papel que se le asignaba en las listas electorales, y lo mismo había sucedido con el Partido Progresista Liberal, de Juan García de Madariaga, y el Partido Demócrata Gallego, de Ramón Pais, mientras que Antonio de Senillosa, con una carrera política muy vinculada a la de José María de Areilza, se había negado a integrar su pequeño Partido Popular de Cataluña en la UCD, al igual que el Partido Liberal Independiente, creado en abril para concurrir a las elecciones de junio, en las que obtuvo 805 votos. En diciembre, mientras que el resto de las formaciones liberales aceptaron el liderazgo de Adolfo Suárez, los cinco pactaron una Federación Liberal que en enero de 1978 se convirtió en un partido unido, Acción Ciudadana Liberal (ACL), cuya presidencia asumió Areilza. Sin embargo, una vez más, Larroque se negó a disolver su Partido Liberal y retomó su camino en solitario.

En los meses siguientes el liberalismo independiente buscó levantar cabeza en condiciones más que difíciles, enfrentado al poderoso aparato de gobierno y propaganda de la UCD. Areilza afirma en sus memorias haber sido avisado por un alto cargo ucedista de que Suárez «exterminará políticamente a los adversarios […]. No tendréis nunca sitio, tal y como están las cosas. Es un proyecto imposible».[486] ACL no tenía, en efecto, posibilidades de sobrevivir en solitario, por lo que sus portavoces cifraban su meta en integrarse en una amplia plataforma electoral de centroderecha.

¿Cómo y a quiénes debe extenderse este llamamiento? A cuantos grupos políticos ocupen el espacio a que una tal actitud se dirige. Y con el punto de partida de respetar plenamente su identidad propia, articulando su trabajo en forma de autónoma integración. Puede haber varias grandes formaciones o sectores en la iniciativa. Uno más progresista y liberal, situado a la izquierda. Otro en el centro. Un tercero más hacia la derecha. Cada cual recogería su clientela electoral afluyente en dirección a un mismo caudal mayoritario.[487]

Pero no era realista esperar que la UCD, en el pináculo de su éxito, se aviniera a compartir su espacio político, por lo que cualquier alternativa debería situarse a su derecha. Los dirigentes de ACL aceptaron entonces la oferta de pacto electoral que se les realizaba desde Alianza Popular y en diciembre de 1978 integraron, junto con el partido de Manuel Fraga y el democristiano Partido Demócrata Progresista, de Alfonso Osorio, la Confederación Democrática Española, que un mes después se convirtió en Coalición Democrática. Aun así, los malos resultados electorales y la siempre difícil relación entre Fraga y Areilza llevaron a este último a separase paulatinamente de la alianza con los conservadores. El conde de Motrico asumió la presidencia de la Asamblea del Consejo de Europa en mayo de 1981, lo que le alejó por un tiempo de la política nacional. Acabó disolviendo su partido y, en una sorprendente maniobra, a finales de julio de 1982 acordó con Calvo-Sotelo su ingreso en una UCD en fase de disolución.

De este proceso terminal del partido centrista surgía en ese momento una nueva propuesta liberal. La encabezaba Antonio Garrigues Walker, hermano de Joaquín, el prometedor jefe de filas de la corriente fallecido meses atrás. Prestigioso abogado y presidente de la empresarial Asociación para el Progreso de la Dirección, había constituido en Madrid, en diciembre de 1977, un Club Liberal en el que se habían ido agrupando políticos de esa tendencia disconformes con el papel del suarismo en su espacio político y que contaba con una generosa financiación de la alemana Fundación Friedrich Naumann.[488] La iniciativa se fue extendiendo y Garrigues pasó a presidir una Federación de Clubes Liberales que en junio de 1982 tomó la iniciativa de constituirse en partido. Este nació, con el nombre de Partido Demócrata Liberal, el 13 de julio, dos semanas antes de que Adolfo Suárez fundara el Centro Democrático y Social (CDS), también como opción de liberalismo.

Aunque contaba con la estructura inicial de los clubes liberales, el PDL procedió con mucha cautela en sus inicios. Garrigues pactó una coalición electoral con la UCD el 9 de septiembre de 1982, pero tan solo diez días después se rompió el acuerdo al no aceptar los negociadores centristas los puestos reclamados por el PDL. Por lo tanto, este evitó concurrir en solitario a las elecciones generales de octubre, que certificaron la muerte del centrismo y la conversión de Alianza Popular en la principal fuerza de la derecha. El CDS, en cambio, concurrió en solitario y, pese a lo escaso de los apoyos obtenidos —el 2,87 por ciento—, se configuró como una opción independiente renovadora del proyecto centrista (véase el capítulo 12).

CONVOCATORIA PARA UN SORPASSO

Frente al nuevo impulso que recibía AP con la refundación, sus socios de Coalición Democrática no lograron superar el fracaso electoral de marzo de 1979. La idea sostenida desde el Pacto de Aravaca era que tanto el Partido Demócrata Progresista como Acción Ciudadana Liberal terminaran integrándose en la FAP para hacer permanente la colaboración y articular la Gran Derecha capaz de hacer sombra a la UCD. Pero las fuertes disensiones surgidas durante la campaña, la pobreza de los resultados y, enseguida, la crisis interna de AP con la retirada parcial de Fraga y la resistencia de buena parte de las bases aliancistas a fundirse en pie de igualdad con sus socios, detuvieron momentáneamente el proceso, aunque la minoría parlamentaria de CD siguió funcionando.

No tardó en imponerse la realidad. Ni ACL ni el PDP tenían perspectivas de futuro como fuerzas independientes. A finales de 1979, el partido de Areilza se disolvió para integrar a sus miembros en la Alianza Popular refundada. Areilza se negó, sin embargo, a dar el paso y, tras unos meses presidiendo la Asamblea del Consejo de Europa, se afilió a la UCD en fase terminal, cuya presidencia disputó, sin éxito, a Landelino Lavilla. En el Partido Demócrata Progresista, Alfonso Osorio abandonó la presidencia ya en septiembre de 1979 y fue sustituido por Gabriel Camuñas, hasta entonces secretario general. Pese a que un sector del Comité Ejecutivo del pequeño partido se mostraba ya partidario de la disolución, o de la integración en la UCD, Camuñas mantuvo activa la organización. Pero en febrero de 1980 inició conversaciones con Fraga con vistas al ingreso del partido en AP, lo que se llevó a cabo en el mes de julio junto con Renovación Española, otro de los integrantes de Coalición Democrática.

A lo largo de los dos años siguientes, Alianza Popular vivió un intenso proceso de reestructuración organizativa, consolidando su estructura territorial y pactando alianzas locales o incorporando pequeños partidos liberales y democristianos, en busca de alcanzar el objetivo de la mayoría natural.

En la misma medida en que la Unión de Centro Democrático profundizaba su crisis, las expectativas de AP crecían. Los IV y V congresos nacionales, celebrados ambos en 1982, evidenciaron un ambiente de optimismo y fortalecieron las líneas de crecimiento organizativo y el liderazgo personal de Manuel Fraga sobre un partido preparado para suceder a la UCD como primera fuerza de las derechas. La orientación conservadora que habían recuperado los fraguistas en el III Congreso servía ahora para marcar distancias con los partidos liberales y democristianos que se iban desgajando de la formación centrista. No era el momento de innovar, sino de marcar una posición doctrinal en la que la mayoría natural se sintiera confortable en la continuidad.

El principio conservador parte del supuesto de que las cosas quietas es mejor no moverlas; que la acción se ha de basar en la experiencia […] que una sociedad que cumple a satisfacción sus funciones básicas es mejor dejarla; que las partes más profundas del orden social son las que más se benefician de la duración larga y las que más se perjudican por el cambio ligero e injustificado.[489]

En el V Congreso, reunido el 20 y 21 de febrero de 1982 bajo el lema «Trabajemos por la mayoría natural», desapareció la doble estructura de AP al convertirse en un partido unitario con sus órganos de gobierno centrales bien definidos para toda la organización: Congreso Nacional, Consejo Político, Junta Directiva Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, Secretaría General y Presidencia. En cuanto a la estructura territorial, se articulaba en los niveles regional, provincial y local con un modelo que reproducía, en líneas generales, el de los organismos nacionales. Reinaba el optimismo. La afiliación se había duplicado en medio año; en ese momento el partido afirmaba contar con 41.902 afiliados, cuando en octubre de 1981 estaban en torno a los veinte mil. Y cobraba creciente importancia la organización juvenil, Nuevas Generaciones, a la que se había dotado de cierta autonomía a fin de que fuera preparando futuros cuadros y militantes.[490]

A la espera de elecciones generales, Alianza Popular tuvo algunas ocasiones, en comicios autonómicos, de poner a prueba su capacidad de atraer el voto derechista, y lo hizo con éxito creciente. El partido no se presentó a las elecciones de marzo de 1980 en Cataluña, donde la ruptura del año anterior con López Rodó lo privaba de organización local, aunque apoyó a un pequeño partido conservador, Solidaritat Catalana, entre cuyos dirigentes se encontraba un estrecho colaborador de Fraga, Manuel Milián Mestre, y que poco después se incorporó a AP brindándole un nuevo núcleo territorial. En mayo de 1982, Alianza Popular superó a la UCD en los comicios al Parlamento andaluz, aunque solo con el 17 por ciento de los sufragios, y se convirtió en la segunda fuerza regional. En octubre Galicia constituyó el primer éxito electoral del partido, al obtener el primer puesto, con el 30,52 por ciento de los votos, en el Parlamento autonómico y alcanzar la presidencia de la Xunta, en enero de 1982, en la persona de Gerardo Fernández Albor, con José Manuel Romay, José Luis Barreiro y Mariano Rajoy como vicepresidentes.

El proceso de desintegración de la UCD, visiblemente acelerado a lo largo de ese año pese a conservar el Gobierno, no solo abrió expectativas de que su colapso brindara a AP la oportunidad de relevarla como fuerza mayoritaria de la derecha, sino que dio origen a una buena cantidad de partidos, de ámbito nacional, regional o provincial, cuyas posibilidades de consolidarse como opciones independientes antes de las elecciones autonómicas y municipales de 1983 eran prácticamente nulas. Para los estrategas de Alianza Popular representaba una ocasión de dar un paso decisivo hacia la mayoría natural repitiendo la operación de Coalición Democrática: primero la plataforma electoral de partidos y luego la integración de sus socios en una AP hegemónica en el campo de la derecha. Cuando el 27 de agosto de 1982 se convocaron elecciones generales para octubre, los órganos de gobierno del partido, que funcionaban en la madrileña calle de Silva, pusieron en marcha las negociaciones.

Entre los partidos de ámbito estatal surgidos de escisiones de la UCD había dos de carácter liberal, el Centro Democrático y Social y el Partido Demócrata Liberal, cuya formulación doctrinal y equipos dirigentes —encabezados, respectivamente, por Adolfo Suárez y Antonio Garrigues— se situaban en una posición demasiado lejana para pactar con los conservadores. En cambio, existía una formación democristiana recién constituida, el Partido Demócrata Popular (PDP), presidido por Óscar Alzaga, que podía convertirse en el socio estratégico de AP en la nueva coalición.

El PDP celebró su convención constituyente en julio de 1982 y su I Congreso Nacional en septiembre, a tiempo de atar pactos electorales. En su intervención en el congreso, Alzaga se refirió a la UCD como víctima de «una improvisación política permanente», frente a la que su partido preconizaba una «política de principios», reformista, europeísta y aconfesional pero inspirada en el humanismo cristiano, que «gire en torno a viejas verdades y valores permanentes», rechazando «el eclecticismo, la indefinición, las medias tintas y las posturas ambiguas», a fin, afirmó luego el secretario general, Otero Novas, de apartar de la abstención a «una gran parte de la inmensa zona de antiguos votantes de UCD».[491]

Sin embargo, el partido recién nacido carecía de organización capaz de hacer frente a la inminente consulta electoral, en la que debería competir con una UCD en la que se había reforzado el componente democristiano, así como con el CDS y otras formaciones desgajadas del tronco centrista. La solución lógica, desde un punto de vista táctico, era aunar fuerzas con Alianza Popular, que ahora parecía erigirse como principal valladar contra una mayoría absoluta del PSOE. La condición que exigía la dirección del PDP era que su pequeño partido no apareciera ante el electorado como un simple añadido a la formación conservadora sino como un socio igualitario y que, tras los comicios, mantuviera su autonomía como opción democristiana. Era algo que los aliancistas estaban dispuestos a aceptar, precisados de allegar fuerzas para garantizar el sorpasso a la UCD y sabedores de que su etiqueta electoral conservadora y la figura de Fraga suscitaban un amplio rechazo entre el electorado centrista. La coalición electoral AP-PDP careció de un nombre concreto en los comicios, por lo que sus listas recogían esa condición bipartita. No fue hasta la apertura de la nueva legislatura parlamentaria cuando se formalizó el nombre de Coalición Popular (CP).

Los dos socios acordaron añadir otros partidos a su plataforma. En busca de una «pata» liberal que ni el CDS ni el PDL iban a procurarles, agregaron a sus listas a un grupo de independientes encabezados por el economista Pedro Schwartz, que en enero de 1983 se constituirían como partido, la Unión Liberal, para formar parte de CP. Y se sumaron tres socios regionalistas, con cierta implantación en sus comunidades, pero sin posibilidad de tener grupo propio en las Cortes:

a) Unión del Pueblo Navarro (UPN). En el inicio de la Transición el Partido Demócrata Liberal de Navarra, presidido por Jesús Aizpún Tuero, se había integrado en la UCD. Al debatirse la Constitución, los centristas navarros se opusieron frontalmente a la Disposición Transitoria Cuarta —un pago de peaje parlamentario al PNV—, que establecía la posibilidad, única entre todas las comunidades autónomas, de que el País Vasco y Navarra se fusionaran. Los navarristas acusaron a Suárez de traición y abandonaron el partido. En enero de 1979 Aizpún encabezó la creación de UPN, aunque renunció a asumir la presidencia. Definido como «foralista», el partido tuvo unos comienzos difíciles, ya que se presentó a las elecciones a Cortes con solo dos meses de vida; quedó en tercer lugar, con el 11,1 por ciento de los votos y un diputado. Durante la campaña, parece que el líder navarrista alcanzó un acuerdo con Fraga para que Coalición Democrática no se presentara en la Comunidad Foral, en el entendido de que luego UPN se integraría en AP o entraría en su órbita. Pero, una vez pasados los comicios, mantuvo su independencia y en los tres años siguientes su discurso en defensa del Fuero y el desgaste del partido ucedista facilitaron su crecimiento como principal fuerza de la derecha navarra.[492]

b) Unió Valenciana había surgido en 1980 como una agrupación cultural de medio centenar de grupos valencianistas opuestos a la progresión del catalanismo en la región y adscritos al sector identitario regionalista que sus adversarios denominaban blaverista. El 30 de agosto de 1982, UV se constituyó como partido, bajo la presidencia de Vicente González-Lizondo, y suscribió enseguida la alianza con AP-PDP asumiendo la presencia de la coalición en la Comunidad Valenciana.[493]

c) El Partido Aragonés Regionalista (PAR) tuvo su origen en una Candidatura Aragonesa de Centro que concurrió a las elecciones legislativas de 1977. En enero del año siguiente se constituyó como partido bajo la presidencia del asturiano Hipólito Gómez de las Roces, que había sido el último presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza durante el franquismo.[494]

Como suele ser habitual, el acoplamiento de dirigentes nacionales y cuadros locales en las candidaturas de la coalición creó fricciones entre los partidos. Varias secciones provinciales de AP rechazaron a los candidatos del PDP que les imponían desde Madrid. Alzaga amenazó con retirar su partido de las listas conjuntas, lo que obligó a Fraga a forzar el consenso en los aparatos provinciales y a prometer a sus socios compensaciones postelectorales por el desaire.[495] Por otra parte, los puntos programáticos acordados entre los socios eran lo suficientemente amplios y vagos como para que en sus intervenciones públicas los democristianos pudieran marcar ciertas distancias con el conservadurismo de AP, haciendo implícita su condición de epígonos de la UCD y representantes del centroderecha. Así, el programa electoral de la coalición recogía «una concepción moral de la vida social basada en el humanismo cristiano, en el respeto a la tradición cristiana de la sociedad española, abierta a todos los desarrollos y reformas que exige su propio dinamismo espiritual», junto con «la patriótica decisión de servir a España» o el principio de que «la libertad humana y social solo puede funcionar dentro de un orden de leyes, garantizado por la autoridad legítima y enérgica de un Estado democrático». Durante la campaña electoral Fraga añadió algunas propuestas no pactadas, como el propósito de AP de abordar enseguida la reforma de la Constitución, o la reimplantación de la pena de muerte para los delitos de terrorismo.[496] Se iniciaba una historia de recelos y conflictos entre conservadores y democristianos en el seno de Coalición Popular, que llevaría en pocos años a la ruptura entre los socios.

Los resultados de las elecciones generales de octubre de 1982 vinieron a ser para AP lo que alguien calificaría, en otra coyuntura, como una «dulce derrota». La formación conservadora y sus socios lograron en las listas para el Congreso 5.548.107 votos, el 26,36 por ciento del total, a mucha distancia del PSOE, que con el 48,11 por ciento se hizo con la mayoría absoluta de escaños. La coalición obtuvo 107 diputados y 54 senadores, con resultados que iban desde el 41,53 por ciento de La Rioja hasta el 11,64 por ciento del País Vasco, y alcanzó la victoria solo en tres provincias gallegas y cuatro castellanoleonesas. Pero lo fundamental en ese momento era que su rival directo, la UCD, se había hundido con el 6,77 por ciento de los votos y doce diputados, y que la amenaza que representaba el naciente Centro Democrático y Social no se consolidaba. En el seno de la colación derechista era incontestable la hegemonía de Alianza Popular; tenía 83 diputados y 41 senadores, mientras que el PDP contaba con quince y diez, UPN, con dos y uno, el PAR, con dos y dos, UV había obtenido dos diputados y los independientes liberales, otros dos.

El progreso electoral de la alianza AP-PDP suponía «un importante éxito», pese a que había recibido casi ochocientos mil sufragios menos que la UCD en 1979 y que, con solo la cuarta parte de los votos emitidos, estaba lejos de ser una opción de gobierno.[497] En solo tres años, de Coalición Democrática a Coalición Popular, AP y sus socios democristianos y liberales habían quintuplicado la cifra de sus votantes y multiplicado por doce el número de diputados. Constituían el relevo de la fallida propuesta centrista que había encabezado Adolfo Suárez, la prueba, una vez más, de que la derecha española manejaba con habilidad y desparpajo los tiempos y los alcances de la «destrucción creativa» y era capaz de reinventarse a sí misma en el momento en que su propuesta básica se tornaba inservible para alcanzar o mantener el poder. Ahora tenía que recomenzar con nuevas etiquetas y planteamientos renovados, en una mala situación de partida. Serían precisos catorce años para que recuperara la gobernación del Estado.

10

HUÉRFANOS DEL MOVIMIENTO

LA DERECHA INVOLUCIONISTA

1976-1982

Uno de los fenómenos políticos que se han señalado como característicos de la España del último cuarto del siglo XX es la irrelevancia de una extrema derecha que, con una única y solitaria excepción, nunca estuvo en condiciones de ejercer una función parlamentaria y que obtuvo un apoyo popular variable, pero siempre muy escaso.[498] Ello, además de facilitar el asentamiento de un sistema democrático de representación, marca una diferencia importante con los países de su entorno continental, donde la ultraderecha tuvo una presencia autónoma cada vez más patente conforme se acercaba el cambio de milenio, hasta considerar la posibilidad de alternativas de gobierno frente a los partidos democráticos.[499]

Sobre esta diferencia, especialmente crucial para la propia historia de la derecha española, pero también para la evolución del sistema político a partir de 1976, se pueden señalar diversas causas:

a) La dictadura franquista, dotada en sus inicios de un marcado componente fascista, sobrevivió sin grandes problemas al colapso de la derecha totalitaria europea en 1945 y durante las tres décadas siguientes continuó en el ejercicio de un poder omnímodo sobre el Estado y la sociedad. El Régimen conoció una evolución ideológica pautada por las respuestas a los procesos coyunturales, que fueron desnaturalizando sus iniciales referentes totalitarios en beneficio de las prestaciones tecnocráticas. Pero siempre mantuvo su carácter autoritario y el monopolio de la acción política y doctrinal, que ejercía a través de la estructura de partido único del Movimiento Nacional. En este contexto, las opciones autónomas de ultraderecha al margen del Movimiento eran, además de ilegales, innecesarias.

b) El franquismo sociológico, el conjunto de españoles que apoyaban la continuidad de la dictadura, por convicción o por miedo a un cambio traumático, experimentó una notable variación en su composición humana a lo largo de las cuatro décadas. En 1976 se extendía desde la generación que «hizo la guerra», identificada con el carisma casi religioso del Caudillo y los inmutables principios del 18 de Julio pero ya un tanto mermada en sus efectivos, hasta los jóvenes de la tercera generación, que accedieron a la conciencia política en los años sesenta, en pleno auge del desarrollismo tecnocrático. Estos últimos, y una parte de los de la anterior generación «intermedia», asumieron en un alto porcentaje la necesidad del reformismo democratizador, con la vista puesta en el posfranquismo. Esta visión positiva de la transición a la democracia gozó a partir de 1977 de una aceptación muy mayoritaria en el conjunto de los españoles que habían apoyado activamente al franquismo o que, simplemente, lo habían aceptado como miembros de la pasiva mayoría silenciosa.

En cambio, el sector de la población que constituyó la ultraderecha política —aquellos que, desde la izquierda, eran calificados despectivamente como «fachas»— poseía un amplio hueco generacional en su militancia y electorado. Se trataba, en la mayoría de los casos, de personas maduras, que habían vivido el fervor doctrinal del primer franquismo y que ahora copaban los cuadros de los partidos involucionistas, o de jóvenes recién llegados a la edad de voto, cuya percepción de la política se estaba forjando en el posfranquismo, pero con los referentes aportados por los «viejos».

c) Caracteriza a la extrema derecha española de la Transición una dinámica de partidos en continua aparición, división, reagrupamiento y desaparición, con poca pero muy comprometida afiliación y escasos medios organizativos. Unos partidos que, por otra parte, representaban, desde una visión general de rechazo del proceso democratizador y del nuevo sistema constitucional, una gran variedad de enfoques y referencias doctrinales, desde el catolicismo tradicionalista hasta el neonazismo. Esta carencia de un eje aglutinador, unida a la ausencia de un líder carismático global, dificultó o impidió la formación de amplias coaliciones electorales, imprescindibles para los pequeños partidos de ámbito estatal en un sistema que primaba a las grandes formaciones o a la concentración territorial del voto. Y hay que señalar la corta trayectoria de sus alianzas, establecidas para coyunturas electorales concretas, así como la escasa fidelidad de sus votantes, enfrentados a una cambiante sopa de siglas y sometidos a la tentación permanente del «voto útil» a Alianza Popular.

d) También la caracteriza su muy limitada capacidad para articular programas de gobierno complejos, lastrada por el predominio de un doctrinarismo arcaizante —cuyos referentes más modernos se situarían en el periodo de entreguerras—, victimista en la medida en que atribuía su pérdida de influencia a la decadencia de los valores nacionales y morales entre la población, y un tanto ajena a las vanguardias renovadoras de la ultraderecha europea. No poseía la española una visión proactiva del futuro a construir, sino básicamente reactiva, de nostalgia del franquismo, resumida en el popular eslogan «Con Franco vivíamos mejor». De ahí que términos como «neofascismo» o «Nueva Derecha», generalizados para describir corrientes de la extrema derecha continental de la época, sean aplicables de modo muy relativo en España, donde los planteamientos históricos del tradicionalismo católico y del conservadurismo autoritario siguieron siendo básicos en esta «vieja extrema derecha» incapaz de modernizar sus programas por lo menos hasta los años ochenta del siglo pasado.[500]

e) Alejada del control de los medios audiovisuales —el monopolio televisivo oficial y la radio pública y privada— y de los periódicos propiedad del Estado —la antigua prensa del Movimiento y de los sindicatos verticales—, la ultraderecha dispuso de pocos órganos de comunicación propios durante la Transición, como El Alcázar, Fuerza Nueva, El Imparcial, Heraldo Español, ¿Qué Pasa? o Cedade, todos ellos de corta tirada. Tras su desaparición, los medios se redujeron prácticamente a los boletines internos, hasta que en los años del cambio de siglo la popularización de internet permitió a estos grupos abrirse a nuevas formas de difusión y propaganda.

f) Frustrada ya en 1977 la vía de la representación parlamentaria y liquidado ese año el Consejo Nacional del Movimiento, último reducto institucional del involucionismo, a este le restaba la salida golpista mediante la creación de tramas cívico-militares; ello en la confianza de que seguía existiendo un intenso componente de lealtad franquista en las Fuerzas Armadas y de que la disciplinada militancia de sus partidos se movilizaría eficazmente en apoyo de un pronunciamiento castrense. Esta vía rupturista «dura», que rememoraba la del año 36, se mantuvo activa en el sector hasta el intento de golpe de Estado de febrero de 1981. Pero su fracaso no solo la cerró, sino que consolidó en la ciudadanía la imagen de una extrema derecha integrada por un deslavazado e ineficaz conjunto de grupúsculos marginales en el sistema político, nostálgicos del franquismo y entregados, ante la evidencia de su falta de apoyos en la concurrencia electoral, al golpismo y a prácticas violentas que en ocasiones entraban en el campo del terrorismo organizado.

Sin embargo, pese a su escasa capacidad de movilización popular, basta repasar la prensa de la Transición, o los testimonios personales sobre la época, para apreciar el impacto que ejercían las ruidosas actividades de este sector político sobre una opinión pública recién salida de una larga dictadura que había dejado una intensa impronta en ella. Una ciudadanía sobrecogida por el sangriento goteo de acciones terroristas —sobre todo de extrema izquierda, pero también ultraderechistas—, a las que se atribuía capacidad de desestabilizar el proceso de democratización, y muy sensible a la posibilidad de que el ala involucionista de las Fuerzas Armadas diera un golpe de Estado que trajese un nuevo régimen autoritario o que, como sucediera en un tiempo que muchos españoles aún recordaban con terror, desembocara en un enfrentamiento bélico fratricida. Hasta el bienio 1981-1982, la presencia de la extrema derecha constituyó un elemento de peso en la evolución de los procesos políticos. Muy superior, desde luego, al que hoy podemos considerar en perspectiva histórica.[501]

LA ÚLTIMA BATALLA DEL FRANQUISMO

Si en el otoño de 1975 el sector inmovilista de la clase política pensaba que se cumpliría el tópico de que el futuro de la dictadura estaba «atado y bien atado», pronto salió de su engaño. Aunque el rey confirmó a Arias Navarro como presidente del Gobierno, lo hizo en el entendido de que se alejaría de su anterior dependencia del búnker y daría paso a los reformistas en su tercer Gabinete. La llegada al Ejecutivo de dos figuras tan destacadas del reformismo como Manuel Fraga y José María de Areilza era un claro indicio de los nuevos rumbos del sistema, como también lo era la presencia de otros ministros de este sector, como Alfonso Osorio o Rodolfo Martín Villa. La de ministros aperturistas como José Solís o Adolfo Suárez, hasta entonces presidente de la Unión del Pueblo Español, no constituía ninguna garantía de ortodoxia para el inmovilismo, que carecía de representantes civiles en el Gobierno y solo podía identificarse con los cuatro ministros militares que, por su condición profesional, no tendrían fácil los pronunciamientos políticos.

Aunque ya sin presencia en el Ejecutivo, los inmovilistas se mantenían en dos instituciones desde las que intentaron frenar la deriva reformista del programa gubernamental. Eran las Cortes Españolas y el Consejo Nacional de Movimiento. En el primero de los casos, la formación de los grupos parlamentarios en febrero de 1976 permitió a los procuradores del sector constituir el Grupo de Acción Institucional, el más numeroso de la Cámara. Podría contar con apoyos puntuales para detener las reformas en los grupos de la Unión del Pueblo Español y de la Unión Nacional Española, que acogían a los procuradores de ambas asociaciones políticas, y en el Grupo Laboral Democrático, que integraba a parlamentarios del tercio sindical. Pero, como se demostraría reiteradamente a lo largo de ese año, estos representantes del franquismo resistente no poseían una unidad orgánica ni una visión común de futuro, por lo que actuaban con notable independencia incluso dentro de su propio grupo, y su adscripción al búnker ultraderechista era minoritaria. Además, los reformistas y aperturistas encuadrados en el Grupo Parlamentario Independiente y en el Grupo Parlamentario Regionalista, así como muchos procuradores no adscritos, resultaban más que suficientes para aprobar los proyectos de reformas en una Cámara donde tres décadas de obediencia ciega a los designios del Gobierno otorgaban a este un fundamental plus de influencia.

En el Consejo Nacional, en cambio, el búnker ejercía un considerable poder. Aunque no controlaba la organización global del Movimiento, en manos del equipo del ministro-secretario general Adolfo Suárez, y pese a que su capacidad de influir en el curso de las reformas legislativas era menor que la de las Cortes, el Consejo poseía instrumentos para oponerse eficazmente a los reformistas. En primer lugar, todos los consejeros eran procuradores natos, lo que les aseguraba una influyente presencia en el Parlamento orgánico. Luego, era preceptivo el informe del Consejo sobre la constitucionalidad de los textos de contenido político que elaboraba el Gobierno. Esto era especialmente importante si la norma afectaba a aspectos de las Leyes Fundamentales —como sucedía con las medidas más relevantes del proyecto reformista de Fraga—, en cuyo caso el informe era elaborado por la sección específica, en la que predominaban los falangistas del ala inmovilista. Los informes no eran de aplicación obligatoria, pero detenían el procedimiento legal en tanto el pleno del Consejo los aprobaba y luego el Gobierno los valoraba. Y si este no retiraba o modificaba el proyecto normativo conforme le indicaban los consejeros, siempre quedaba el recurso de contrafuero establecido por la LOE en 1967, que bajo la figura de «protección del orden constitucional» permitía al Consejo Nacional iniciar el trámite de anulación de un acto del Gobierno —decreto, decreto ley o proyecto de ley— que, a su juicio, violase lo establecido en las Leyes Fundamentales.

El resultado de esta serie de obstáculos fue una contribución fundamental del búnker al fracaso del proyecto de transición política del tercer Gobierno Arias mediante una oposición frontal del Consejo Nacional y una resistencia pública en las Cortes a la batería de leyes que debían disolver el Movimiento y abrir la vía de los partidos políticos y del Parlamento bicameral. La Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, puesta en marcha en febrero de 1976 para pactar las propuestas legislativas, apenas alcanzó acuerdos al mostrar «la radical incompatibilidad de ambos puntos de vista», por lo que «la crispación fue visible en unos y en otros».[502] Se llegó así a la tramitación parlamentaria de la Ley del Derecho de Asociación Política, que legalizaba los partidos. Se debatió en el pleno el 8 y 9 de junio de 1976 y el procurador Fernández de la Vega expuso el punto de vista inmovilista: «Hoy se nos pide, al demandarnos carta de naturaleza para los partidos políticos, la abolición ideológica del Régimen del 18 de julio. Que nadie piense o crea otra cosa […] o defendemos ahora el Régimen que ha construido a España en la dignidad y en el progreso, diciendo no a los partidos políticos, o reinstauremos las caducas y envejecidas instituciones de nuestra disolución histórica».

Otra norma básica del proyecto de Fraga, la Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de Cortes y otras Leyes Fundamentales, destinada, con rango de Ley Fundamental, a desmontar buena parte del aparato político de la dictadura, ni siquiera llegó a las Cortes. La Sección de Leyes Fundamentales del Consejo la rechazó de plano, con lo que, sin el informe favorable, el Gobierno no se atrevió a enviarla al organismo parlamentario. Pero el golpe definitivo lo dieron los consejeros en su condición de procuradores al lograr, el 9 de junio, que el Ejecutivo retirara el proyecto de reforma del Código Penal que hubiera permitido la actividad legal de los partidos. Era la puntilla a la reforma política, que naufragó con el propio Gobierno.

El sucesor de Arias, Adolfo Suárez, era hasta ese momento el secretario general del Movimiento. Pero ya se había desmarcado de la opción de un aperturismo moderado que defendiera como colaborador de Solís y de Herrero Tejedor y aparecía como un firme reformista. Para el búnker, el exfalangista abulense sería un traidor dedicado desde el primer momento a destruir la obra de Franco. Con no poco rencor, Fernández de la Mora recapitulaba una década después:

Su mediocridad intelectual y su corta talla política le obligaron a formar un Gabinete que, con benevolencia, se podría calificar de grisáceo. Fraga y otros rehusaron ponerse bajo sus órdenes. Trabajosamente, el vicepresidente Osorio logró reclutar algunos democristianos mayoritariamente opacos; y el propio Suárez, con auxilios colaterales, consiguió fichar algún exfalangista para que, desde dentro, desmontara el Movimiento, los Sindicatos y, en general, toda la estructura del Estado.[503]

Suárez y Osorio se impusieron dos metas a corto plazo: romper la resistencia de los inmovilistas en las Cortes y el Consejo Nacional para sacar adelante el proceso de democratización institucional, y dar vida a una plataforma política en la que pudieran coincidir los reformistas y la oposición moderada, a fin de mantener en manos del nuevo «centro» el control de la Transición más allá de las elecciones al primer Parlamento democrático.

Ello requería preparar una última Ley Fundamental, liquidadora de las anteriores y del propio Régimen. El proyecto de Ley para la Reforma Política debía seguir, pues, el proceso de elaboración marcado por la legalidad franquista. Con la Secretaría General del Movimiento firmemente en manos de un hombre de confianza del presidente del Gobierno, los inmovilistas se plantearon una resistencia numantina en las Cortes y el Consejo Nacional, pero tuvieron que asumir una derrota tras otra. El 14 de julio de 1976 los procuradores aprobaron la modificación del Código Penal en relación con las actividades políticas opositoras. Los inmovilistas reunieron 175 votos negativos, insuficientes frente a los 245 que aprobaron el nuevo texto.

A mediados de septiembre llegó al Consejo Nacional el proyecto de Ley para la Reforma Política. Esta vez su Sección de Leyes Fundamentales lo aceptó parcialmente, pero remitió un informe muy crítico con su articulado para el debate en el pleno de la Cámara del Movimiento. El 8 de octubre este aprobó el texto remitido por el Gobierno pero con la exigencia de modificaciones radicales, como una nueva redacción del preámbulo que respaldara la continuidad de la democracia orgánica, o la equiparación de la capacidad legislativa del Congreso y de un Senado que debería mantener una estructura semicorporativa y en el que tendrían asiento los consejeros del grupo «los Cuarenta de Ayete». En la práctica, estas enmiendas anulaban el espíritu democratizador del proyecto. El Gobierno se dio por enterado pero, al no ser de obligado cumplimiento, suprimió el preámbulo, hizo caso omiso del resto del dictamen y remitió el proyecto a las Cortes.

En los tres días de sesiones del pleno de la Cámara se debatieron dos enmiendas a la totalidad, presentadas como si fueran recursos de contrafuero por los procuradores Blas Piñar y José María Fernández de la Vega. El primero fue muy tajante en la denuncia de lo que consideraba una «traición» al Régimen.

No solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma; pero no precisamente esta reforma, porque esta reforma, tal y como la quiere el Gobierno y tal y como la defiende la Ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. En este caso, lo importante es el fin que se pretende: la sustitución del Estado Nacional por el Estado Liberal; la liquidación de la obra de Franco, aunque los medios para lograrlos sean distintos.

El 18 de noviembre los inmovilistas dieron su última e inútil batalla. Por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, se aprobó la octava y última Ley Fundamental del Reino, que abría la puerta para la rápida liquidación del franquismo. Hasta qué punto los españoles estaban esperando el arranque del proceso democratizador quedó de manifiesto en el consiguiente referéndum popular, celebrado el 15 de diciembre, en el que la consigna de los grupos inmovilistas de votar «no» fue seguida por un 2,56 por ciento de los votantes. Ese día El Alcázar resumía la visión de la ultraderecha sobre el futuro que se abría: «A los ciudadanos hay que decirles que la ley sometida al referéndum favorece los esfuerzos de los marxistas, que va a convertir a España en una república marxista, federal y descristianizada. Y luego, que voten de arreglo con su conciencia».

Cuatro meses después, el BOE publicaba la normativa de liquidación del Movimiento y de su Consejo Nacional. Esa misma semana fue legalizado el Partido Comunista.

UN INESTABLE SISTEMA DE PARTIDOS

Las organizaciones que se movilizaron a favor del voto negativo en el referéndum de diciembre de 1976 vinieron a conformar el núcleo fundamental de lo que, en los años de la Transición, se denominó «extrema derecha», «derecha radical» o «ultraderecha»; que ya no era inmovilista, porque no había régimen que defender, sino involucionista, porque pretendía una vuelta al pasado reciente. Era un cambio vertiginoso, que se había producido en pocos meses. «La extrema derecha estaba en puertas de aparecer —no solo de ser— por primera vez como algo distinto del régimen. Perdía la legitimidad, la atracción que provoca el habitar en el recinto del poder, el ser el Estado.»[504]

A lo largo de la segunda mitad de ese año, una vez que la Ley del Derecho de Asociación Política hubo abierto paso a los partidos, la derecha franquista experimentó una rápida y caótica reconversión, a fin de encontrar encaje en el nuevo sistema. En principio, fueron transformadas automáticamente en partidos las asociaciones creadas bajo el Estatuto de 1974. Enfrentadas a un futuro inmediato de competencia con los partidos antifranquistas, buscaron algún tipo de coordinación. Pero solo las cuatro que procedían directamente de las filas del Movimiento —Unión del Pueblo Español, Unión Nacional Española, Frente Nacional Español y ANEPA— fueron capaces de concertarse en una Comisión Conjunta de Asociaciones que no llegó muy lejos ante la reticencia del falangista Frente Nacional a unir su suerte a los grupos «conservadores», y que prefirió, en cambio, encabezar las gestiones para reunir al disperso nacionalsindicalismo en una nueva FE-JONS. Las otras tres antiguas asociaciones se unieron al partido Reforma Democrática, liderado por Fraga Iribarne, en la Federación de Alianza Popular, una plataforma que, si bien puede calificarse genéricamente de neofranquista, asumiría en líneas generales la hoja de ruta de la democratización marcada por el Gobierno de la UCD.

En esos momentos iniciales de la Transición, la ultraderecha constituía un amplio conjunto de organizaciones de diversa naturaleza. Estaba la Confederación Nacional de Excombatientes, guardiana de la memoria histórica del franquismo y entregada a su carácter de grupo de presión, por lo que rechazó convertirse en un partido y, por lo tanto, en una fuerza parlamentaria. La Hermandad Sacerdotal Española agrupaba al clero tradicionalista opuesto a la apertura traída por el Vaticano II y defendía unos valores nacionalcatólicos identificables en el búnker. Estaban los diversos grupos falangistas, que arrastraban largas querellas mutuas y, al margen de su autodefinición como joseantonianos o nacionalsindicalistas, poseían pocos elementos que facilitaran su unificación. Había organizaciones del catolicismo integrista, como el Partido de Acción Nacional (PAN), que giró en la órbita de la UNE de Fernández de la Mora hasta la integración de esta en Alianza Popular, o Fuerza Nueva, la plataforma doctrinal aglutinada en torno a la revista del mismo nombre. Las divisiones fratricidas del carlismo habían llevado a que una de sus fracciones, la de los sixtinos, recreara una Comunión Tradicionalista en las antípodas de la «monarquía socialista» que preconizaba el Partido Carlista.[505] También estaban en este sector doctrinal la Agrupación de Juventudes Tradicionalistas, aparecida en septiembre de 1976 aunque no fue legalizada hasta diciembre de 1977, la Unión Carlista, creada al año siguiente por los sivattistas de la Regencia de Estella, y los carloctavistas de la Comunión Católico-Monárquica. Se movían en posiciones aún más radicales grupos neonazis como el Partido Europeo Nacional Revolucionario, surgido del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), o el Partido Español Nacional Sindicalista (PENS), aparecido en 1968. Y estaban las bandas dedicadas a la desestabilización por la violencia, como los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español o la Triple A.

Este conjunto de organizaciones constituían, pues, un verdadero cajón de sastre. Eran «ultras», o «fachas», en la medida en que rechazaban rotundamente los procesos de democratización en curso en nombre de valores identificables en el pasado franquista o el neofascismo europeo. Ocupaban genéricamente, por lo tanto, todo el espacio situado a la derecha de Alianza Popular, pero ahí terminaban prácticamente sus puntos en común. De las violentas bandas armadas a los partidos que concurrían a las elecciones parlamentarias, de los tradicionalistas a los neonazis, las diferencias e incompatibilidades eran radicales. Y los proyectos globales de organización del Estado y de la sociedad, en la escasa medida en que se planteaban en sus programas, variaban también extremadamente, más allá de la común descalificación del sistema «demoliberal».

FUERZA NUEVA

El colectivo doctrinal que se movía en torno a la revista no poseía a comienzos de 1976 una estructura orgánica, salvo la empresa editorial que lo cobijaba. Como representante genuino del búnker, el grupo se había negado a sumarse al Estatuto de Asociaciones de 1974, en el que veía una vía para la creación de partidos. Su líder, Blas Piñar, actuaba desde su escaño en las Cortes y en el Consejo Nacional del Movimiento como un radical debelador del reformismo gubernamental en defensa de la pervivencia integral del franquismo, hasta el punto de ser uno de los tres únicos procuradores que inscribieron una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley para la Reforma Política.[506] No obstante, la nueva estructura de representación a través de los partidos convenció a los dirigentes de FN de la conveniencia de actuar como fuerza parlamentaria. El 19 de octubre de 1976 quedó registrado en el Ministerio de la Gobernación el partido, aunque se evitó tal nombre mediante la denominación legal de Asociación Política Fuerza Nueva.[507]

Fuerza Nueva poseía un corpus doctrinal politicorreligioso complejo, en el que se mezclaban elementos de procedencia carlista y falangista bajo el tamiz del integrismo religioso. Un conjunto sincrético que fijaba el ideal político en una supuesta primera etapa, unitaria y nacionalcatólica, del Movimiento y sus familias. En la Transición este inmovilismo se convirtió en una rémora, incapaces sus ideólogos de elaborar propuestas alternativas a una deriva democratizadora frente a la que, como sucedió en los referéndums ciudadanos de 1976 y 1978, solo podían oponer un «no» categórico y ofrecer un simple retorno a la situación anterior a la muerte de Franco. En julio de 1976 la revista publicó una «Declaración programática» basada en «tres fidelidades»:

Primera: a los ideales del 18 de Julio, es decir, a la doctrina religiosa, política, social y económica que dio origen al Alzamiento Nacional.

Segunda: al recuerdo y a la obra de Francisco Franco, Caudillo de la Cruzada y artífice del Estado nuevo. La fidelidad al recuerdo y a la obra de Franco no suponen de ningún modo una postura estética, sino una tarea de depuración y de continuidad perfectiva, tomando como esquema orientador los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales que integran el ordenamiento constitucional.

Tercera: a la monarquía católica tradicional, social y representativa, instaurada por el Régimen que nació de la Cruzada.

De hecho, durante la Transición el partido evitó elaborar textos programáticos complejos, que incorporaran una planificación de gobierno, y se ciñó a breves documentos de carácter electoral, destinados a enardecer las emociones de sus votantes. Lo más parecido a una oferta política eran los diez puntos de la «Declaración programática» de julio de 1976. Entre ellos:

1.º El Estado español será confesionalmente católico y respetará el derecho a la libertad religiosa […].

2.º Defenderá con todos los medios a su alcance la integridad de la Patria, identificándose con la tradición española y respetando la rica variedad de regiones, lenguas y costumbres […].

3.º Reconstrucción de la Europa cristiana, a cuyo fin Fuerza Nueva contribuirá con todos sus medios […].

5.º Se considera que la economía está al servicio del hombre, y por tanto no puede adueñarse de la política en favor de los grandes monopolios nacionales o internacionales […]. Estimamos como un logro definitivo de la comunidad política el sindicato único vertical […].

8.º Postula un Estado nacional fruto de la ideología y la doctrina que hicieron posible el 18 de Julio, que nada tiene que ver con el marxismo ni con el liberalismo […].

9.º La Monarquía supone la unidad de mando que configura el Estado nacional y que queda limitada por las Cortes representativas.

Fuerza Nueva se enfrentaba a dos incógnitas que debían decidir su futuro como partido. En primer lugar, qué segmento del franquismo sociológico estaba dispuesto a apoyar su propuesta involucionista, y, en segundo lugar, cómo actuar frente a los numerosos grupos identificados como falangistas y tradicionalistas, incompatibles entre sí pero también con la mixtura doctrinal de FN. Si no se constituía bajo su impulso el Frente Nacional, la plataforma de organizaciones involucionistas que proponía Blas Piñar, el partido no solo fracasaría en su proyecto de asumir la hegemonía de una coalición neofranquista, sino que tendría enfrente una buena cantidad de listas electorales con las que competir abiertamente por el voto de su electorado potencial.

Para llegar al Frente Nacional era preciso que FN se dotara de un completo aparato organizativo e incrementara su afiliación y los apoyos institucionales y económicos. Logrado esto, se iniciarían los contactos con grupos más o menos afines, como la Confederación Nacional de Excombatientes, la Comunión Tradicionalista, el Partido de Acción Nacional o los procedentes de las antiguas asociaciones del Movimiento. En diciembre de 1976 FN celebró su I Congreso. La ponencia de organización y estrategia, redactada por Ernesto Milà, un dirigente de la rama juvenil, incidía en la necesidad de superar la fase de elaboración doctrinal, centrada en la revista, mediante un partido sólidamente configurado y muy jerarquizado que pudiera desempeñar un papel relevante, como unificador de «las fuerzas nacionales», en el sistema de pluralismo político que se estaba fraguando. Sin embargo, hacía semanas que se había constituido la Federación de Alianza Popular. Ello alejaba a Fuerza Nueva de una posible alianza con la UDPE, la ANEPA y la UNE, integradas en la Federación. Y, lo que era más importante, esta pasaría a ser para el electorado conservador la exitosa alternativa a un Frente Nacional involucionista que ya no llegó a constituirse.

RETORNO A LA FALANGE: HISTÓRICOS FRENTE A AUTÉNTICOS

La muerte del general Franco sorprendió a los sectores azules en una situación muy complicada. Era difícil conciliar las interpretaciones de movimientistas, posibilistas e independientes sobre el papel desempeñado por el falangismo en los aparatos de poder institucional de la dictadura. A ello se unía el conflicto sobre la atribución legal y, por lo tanto, el uso público del histórico nombre de Falange Española de las JONS. El intento de algunos grupos de hacerse con él durante la vigencia del Estatuto de Asociaciones había conducido al Consejo Nacional del Movimiento a prohibirlo. Pero la legalización del sistema de partidos volvía a plantear el asunto, e implicaba la primacía del grupo que se hiciera con las siglas en el realineamiento de un falangismo que debía abordar un proceso de unificación si quería tener un verdadero protagonismo en el nuevo orden político.[508]

A comienzos de 1976 los movimientistas o raimundistas, que se agrupaban tras la figura histórica de Raimundo Fernández-Cuesta en la asociación política Frente Nacional Español (FNE), se planteaban tres vías estratégicas. Por un lado, su continuidad como entidad legal vinculada al Movimiento, constituida al amparo del Estatuto de Asociaciones de 1974 y, por lo tanto, encuadrada en el sistema de «pluralismo limitado» franquista. A partir del verano, tras la legalización de los partidos, esa opción quedó descartada. Por otro, la convicción de que el FNE encarnaba las esencias más puras del nacionalsindicalismo tal y como este había concurrido a la Unificación de 1937, y de que, a la vez, era un mero punto de partida, una generosa oferta de liderazgo para todos los falangistas, que conduciría a su reagrupamiento en una nueva FE de las JONS fiel a la primigenia línea joseantoniana. Y, en tercer lugar, la necesidad de que desaparecieran los restantes grupos azules, de difícil conciliación con el FNE, y uno de los cuales, la Federación de Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA), le había plantado cara un año antes. Cuando se vislumbró en el horizonte la Ley del Derecho de Asociación Política, y se hizo patente la posibilidad de que otros núcleos falangistas se legalizaran a través de sus propios partidos políticos, los raimundistas afirmaron su voluntad de proceder de igual manera. Asumirían, en nombre de toda la familia azul, el marchamo de FE de las JONS, «saltando por encima de escrúpulos doctrinales, en homenaje a ese nombre y en aras de la unidad falangista».[509]

Los CDJA trabajaban para poner en pie una FE-JONS alternativa recuperando el frustrado intento de las Juntas Promotoras de 1974. Primero buscaron entablar contacto con dirigentes del hedillista Frente Nacional de la Alianza Libre (FNAL) y el 25 de enero de 1976 ambos grupos lanzaron el llamado Manifiesto de los Cuatrocientos, por el número de sus firmantes, el primero de los cuales era Diego Márquez Horrillo, líder de los Círculos. Anunciaba la formación de la Junta de Mando provisional de FE-JONS y un programa de gobierno del Estado en catorce puntos que definía a la nueva Falange como una «Organización Revolucionaria» que buscaba la «Democracia Popular Española». Sería «contraria a cualquier forma de violencia» pero castigaría «en forma adecuada la inmoralidad burguesa», defendería la unidad de España pero admitiendo la diversidad «comarcal y regional», proponía «comenzar a discutir» el derecho al divorcio matrimonial, rechazaba el ingreso en el Mercado Común si había que pagar un «precio político» y quería el control sindical de la vida económica y una Organización Sindical de los Trabajadores como sindicato único, desligado de la Administración y de las patronales.[510]

Pero el consenso entre los CDJA y el FNAL no duró mucho. El 1 de febrero falleció el líder del grupo hedillista, Patricio González de Canales, y el acuerdo quedó en suspenso en tanto se resolvía el interregno en la jefatura. A partir de abril, los dirigentes de los Círculos buscaron nuevos contactos y convocaron para el mes siguiente una reunión de todos los grupos para crear FE-JONS. Pero cuando los responsables del FNAL tuvieron conocimiento de que se había invitado a los raimundistas se negaron a acudir, dando por finalizado su acuerdo con Márquez.

El 12 de mayo, en los locales que ocupara en su momento la sede del SEU, en la madrileña plaza de Matute, se reunieron representantes de los Círculos José Antonio, Ruiz de Alda y 4 de Marzo, del Frente de Estudiantes Sindicalistas, de la Asociación de Antiguos Miembros del SEU, las agrupaciones Amanecer, Octubre y Bandera Roja y Negra, Jóvenes Falangistas y Hermandades de Banderas de Falange. Allí se acordó crear una Junta Coordinadora Nacionalsindicalista dedicada a negociar un pacto de unificación que diera origen a FE-JONS, para lo que se convocó un Congreso Nacionalsindicalista. Pero la Junta tuvo que enfrentarse enseguida a un serio problema. El 16 de junio los raimundistas del Frente Nacional Español solicitaron al Ministerio de la Gobernación su cambio de nombre a Falange Española de las JONS. En una carta abierta a todo el falangismo, reivindicaban sus derechos históricos sobre el nombre al ser sus dirigentes «camaradas sobrevivientes de los primeros carnés de FE de las JONS, consejeros nacionales de las JONS o nombrados por José Antonio, y de los que Manuel Hedilla designara durante su Jefatura Nacional».

La decisión unilateral del FNE fue recibida con hostilidad por los restantes grupos. Los CDJA se apresuraron a solicitar la inscripción de un partido político propio, llamado también Falange Española de las JONS, y los hedillistas del FNAL, los grupos articulados por el FES y otros independientes acumulaban nuevos agravios contra los falangistas del Movimiento. Por ello, cuando se celebró en Madrid, entre el 25 y el 29 de junio, el Congreso Nacionalsindicalista bajo los lemas «Hacia la unidad» y «Nuestra Revolución en marcha», solo estaban representados una parte de los grupos azules. El FES y sus entidades afines enviaron delegados, pero manifestaron que acudían extraoficialmente, y ni el FNE raimundista ni las organizaciones hedillistas —el FNAL, el sindicato CONS y el estudiantil FSU— acudieron al congreso.

El 28 de junio, los grupos presentes suscribieron el acuerdo que se conoce como Pacto de la Unidad, o Pacto de Matute. Constaba de solo tres breves párrafos y establecía que la unificación se haría «en igualdad de condiciones, sin privilegios jerárquicos o condicionamiento de cualquier clase», que «los falangistas, democráticamente, fijaremos nuestra posición política y elegiremos los cuadros de mando», y que «el nombre de Falange es patrimonio de todos los falangistas». El problema era que no se preveía una fusión inmediata, sino un proceso de convergencia en el que un grupo acabaría fijando el ritmo a los demás («el grupo o asociación que obtenga legalmente la denominación de Falange Española de las JONS abrirá el oportuno proyecto constituyente»).

Al día siguiente de la clausura del congreso, Fernández-Cuesta añadió su firma al Pacto de Matute. Aunque no puede negarse que fueran sinceros sus propósitos de unidad, la del exministro parecía una jugada táctica. Con su solicitud de legalización como FE-JONS ya presentada en la «ventanilla» del Registro de Partidos del Ministerio de la Gobernación, el FNE, que contaba además con la baza política de tener en sus filas procuradores en Cortes y consejeros del Movimiento, había cobrado ventaja sobre sus rivales en un asunto, el nombre del partido, que entonces era de la mayor importancia. Y, gracias a su adhesión al pacto, ello le otorgaría todas las bazas morales para presidir el proceso de unificación, conforme estaba acordado. Era algo demasiado evidente como para que los restantes grupos lo admitieran sin más. Los Círculos José Antonio y el conjunto de organizaciones que aglutinaba el FES presentaron sendas solicitudes para convertirse en FE-JONS.

En el ministerio ya no estaba Fraga sino Martín Villa, un antiguo falangista del Movimiento reconvertido al centrismo reformista, al igual que su subsecretario, Ortí Bordás. Se tomaron algún tiempo para decidir, mientras el asunto de la atribución del nombre seguía crispando los ánimos entre las facciones. Finalmente, el 16 de septiembre el Consejo de Ministros acordó que la creación de un partido político denominado Falange Española de las JONS se atribuía al Frente Nacional Español, que cambiaría su denominación y sus estatutos. La endeblez del Pacto de Matute quedó inmediatamente a la vista. El 29 de octubre, durante el acto conmemorativo de la fundación de la Falange, al que los raimundistas habían invitado a Blas Piñar y a Gonzalo Fernández de la Mora, el líder del FES, Sigfredo Hillers, criticó «cuanto se hizo mal o se dejó de hacer» en el franquismo y se refirió asépticamente a «la muerte del fundador del Régimen anterior», lo que Piñar interpretó como un desprecio a la figura de Franco. También provocó la réplica del líder de Fuerza Nueva otra frase del orador: «Es mil veces preferible la división que la unificación para ser utilizados como comparsas y compañeros de viaje de organizaciones de derechas». Tras marcharse Piñar y Fernández de la Mora, el enfrentamiento verbal y físico entre los asistentes al acto fue tan virulento que causó varios heridos y obligó a suspenderlo.

A partir de ese momento, el falangismo volvió a su radical fraccionamiento, agravado por una coyuntura de competencia electoral en la que numerosos partidos —se iban añadiendo otros, como Izquierda Falangista, Movimiento Falangista de España, Frente de Unificación Falangista o Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista— pugnarían por hacerse con los votos del electorado que se identificaba con las doctrinas joseantonianas, dotados de propuestas tan enfrentadas como para sembrar el desconcierto entre sus potenciales votantes.[511] Ya con ocasión del referéndum de la Ley para la Reforma Política se había hecho patente lo hondo de las diferencias. Mientras FE-JONS se alineaba en el campo de las fuerzas neofranquistas y solicitaba el «no» a la Transición, los hedillistas y otros grupos del antiguo sector independiente solicitaban la abstención, sumándose a la táctica de los partidos antifranquistas.

Los hedillistas optaron por reivindicar su condición de joseantonianos «auténticos» y su tradición de oposición al franquismo. Perseveraron en su idea de levantar un partido propio bajo las siglas de FE-JONS y de fortalecer su rama sindical, la CONS. En septiembre empezaron a editar un Boletín Informativo Semanal de FE de las JONS y realizaron acciones reivindicativas, como un encierro en la sede de la Secretaría General del Movimiento o una algarada en la Bolsa de Madrid. Haciendo caso omiso de la legalidad, en noviembre de 1976 celebraron en Alicante el I Congreso de FE-JONS. En su transcurso Narciso Perales, que acababa de ingresar en el FNAL, fue elegido tercer jefe nacional de Falange —después de José Antonio y de Hedilla— y Pedro Conde Soladana, un dirigente de la CONS, asumió la verdadera dirección, como presidente de la Junta de Mando.[512]

A diferencia de los raimundistas, los hedillistas no sentían ningún compromiso con el pasado franquista y buscaron radicalizar el discurso revolucionario de la izquierda nacional y adecuarlo a los nuevos tiempos. Pretendían «una República de tipo sindical, de democracia auténtica basada en la participación de todo el pueblo en las tareas del Estado a través de las comunidades de convivencia», y querían «el desmonte directo del sistema capitalista» mediante la nacionalización de «las grandes empresas de cabecera como las siderúrgicas, mineras, eléctricas, de comunicaciones, etc.» y la «autogestión empresarial» a cargo de los trabajadores, que dispondrían de libertad sindical.[513]

La proximidad de las elecciones a Cortes Constituyentes, a las que quería concurrir, obligó al FNAL a adoptar una estructura legal que ya sería imposible bajo el nombre de FE-JONS. Perales propuso la alternativa de Falange Española de las JONS Auténtica, en recuerdo del grupúsculo antifranquista de los años cuarenta, y así fue legalizada el 26 de febrero de 1977.[514] Pero el nuevo partido resultaba, en sí mismo, una acumulación de facciones mal soldadas. Al núcleo inicial del FNAL se sumaron las Juntas de Oposición Falangistas, creadas en 1972 de una escisión del FES, Acción Revolucionaria Sindicalista, presidida por Carlos Cantalapiedra, y el Frente de Estudiantes Nacionalsindicalistas, donde militaba Miguel Hedilla de Rojas, hijo del líder histórico. También ingresaron antiguos militantes del Frente Sindicalista Revolucionario o disidentes de los Círculos José Antonio, como el barcelonés Círculo Cultural Hispánico. Eran grupos muy pequeños, con algunas docenas de miembros, pero cada uno traía su líder y su propia concepción estratégica, y no tardaron en surgir problemas internos. Pedro Conde se confirmó como el hombre fuerte al sustituir a Perales como jefe nacional, en diciembre de 1976. Pero su liderazgo no era incontestable. En abril de 1977, tras el II Congreso de FE-JONS (A), se produjo la ruptura entre quienes pretendían desarrollar una estructura de partido político con vocación parlamentaria y aquellos que buscaban un movimiento asambleario de bases muy radicalizado, que incluso recurriera a la violencia de la «acción directa» como táctica política. Este segundo sector abandonó el partido durante la primavera y también lo hicieron militantes de la CONS, que en enero de 1978 constituyeron un sindicato rival legalizado como Confederación de Trabajadores Sindicalistas.

La legalización de la raimundista FE-JONS y de la hedillista FE-JONS (A) como partidos políticos venía a poner fin a los inútiles esfuerzos de la Junta Coordinadora Nacionalsindicalista, y dejaba en una situación complicada al Frente de Estudiantes Sindicalistas y a los demás organismos en su órbita, obligados a presentarse como una tercera vía. Por lo tanto, decidieron integrarse en un partido político, Falange Española Independiente (FE-I), legalizado en febrero de 1977. Se ofrecían, decía su comunicado fundacional, como alternativa a los raimundistas «ya que de tal grupo forman parte algunos de los hombres que más daño han hecho a la causa falangista», pero también distanciados de «la pretendida legitimidad excluyente del heterogéneo sector hedillista».[515] También los Círculos Doctrinales José Antonio se negaron a desaparecer en el nuevo escenario político. El 4 de marzo de 1977 fueron legalizados como partido con el nombre de Círculos José Antonio. Dos días después se abrió su congreso constituyente, en el que Diego Márquez fue elegido presidente de la Junta Nacional. La organización, que se declaró «partido de oposición» al Gobierno, afirmaba entonces contar con cincuenta mil «afiliados activos»,[516] pero en las elecciones parlamentarias de ese año apenas superó los ocho mil votos.

NEOFASCISMO

En los años de la Transición el neofascismo español de tendencia filonazi, que se autodefinía como nacionalrevolucionario, siguió constituyendo una minoría en el panorama de la extrema derecha.[517] Aparecían y desaparecían, sin apenas darse a conocer, grupúsculos como la Juventud Nacional Revolucionaria, la Nueva Guardia de España, el Ejército de Liberación Nacional, los Comandos de Acción Adolf Hitler o las Juventudes Vikingas. CEDADE buscó ampliar su presencia pública y a partir de 1978, bajo la presidencia de Pedro Varela, «abandonó la acción política puramente española para convertirse en un grupo europeo y latinoamericano».[518] Para ello fundó al año siguiente el Partido Europeo Nacional Revolucionario, que debía constituir la vertiente política de un movimiento en el que confluirían el propio Círculo cultural, una Juventud Nacional-Revolucionaria y un Frente Socialista Obrero. Pero el proyecto no despegó y el partido fue disuelto en 1993, al igual que el Círculo.

El PENS, con sus acciones violentas cada vez más dificultadas por la respuesta policial, buscó una cobertura legal que amparara su actuación y la confluencia con otros grupúsculos neofascistas: Guardia de José Antonio, Orden Ibérica, Vanguardia Nacional Sindicalista, Antiguos Miembros de la Legión Azul, Frente Nacionalista Patriótico, Vanguardias de Lucha Falangista, Grupos de Acción Nacional Sindicalista y Movimiento Independiente Nacional Sindicalista. En mayo de 1977 solicitaron su legalización con el nombre Juntas de Acción Nacional Sindicalista (JANS). Las Juntas rechazaban la vinculación al francofalangismo y reivindicaban la herencia nacionalrevolucionaria de las JONS de Ledesma Ramos, hasta el punto de que su emblema era la jonsista garra sobre el haz y las flechas, con el símbolo solar como fondo y el lema «¡No parar hasta conquistar!».

EL VEREDICTO DE LAS URNAS

El sexenio 1977-1982 representó, para el conjunto de la derecha antiliberal, la constatación de que el reformismo encarnado por la Unión de Centro Democrático había ganado su batalla gracias al apoyo masivo del franquismo sociológico, y de que los tradicionalistas y los falangistas, tan poderosos e influyentes en los aparatos del Estado pocos años antes, solo disponían ahora del voto de un sector realmente pequeño del electorado. Los sucesivos comicios nacionales, autonómicos y municipales vinieron a dar prueba fehaciente de ello. Sumadas todas las candidaturas involucionistas al Congreso de los Diputados, reunieron el 0,84 por ciento del total de los votos emitidos en las elecciones de 1977, el 2,35 por ciento en las de 1979 y el 0,67 por ciento en las de 1982. Y en este periodo los grupos se dividieron, se reorganizaron y se aliaron en continuo cambio, ofreciendo a la ciudadanía una imagen de inestabilidad e incoherencia doctrinal, frente a la realidad del consenso de los grandes partidos constitucionales.

En los tres comicios parlamentarios de la Transición, los grupos ultras se enfrentaron a idénticos e irresolubles problemas. Carentes de medios de comunicación de masas, al margen de diarios de tirada reducida —El Alcázar y luego El Imparcial—, la imagen que tenían de ellos los españoles era la de un sector defensor de la dictadura franquista, opuesto a la modernidad social y a las libertades ciudadanas y propenso a la violencia como forma de imponer sus ideas políticas. Sus recursos económicos para las campañas electorales eran muy limitados, ya que carecían de la generosa financiación internacional que recibían de sus correligionarios los grandes partidos constitucionales; el empresariado, con escasas excepciones, no apostaba por la ultraderecha, y su falta de diputados —solo uno en tres legislaturas— y el escaso número de concejales los alejaba de las subvenciones públicas. La importancia otorgada a las cuestiones doctrinales, los caudillismos enfrentados y la falta de experiencia organizativa conducían a continuas rupturas internas en los partidos, lo que transmitía a los ciudadanos una imagen de debilidad orgánica y dificultaba la formación de alianzas, que no funcionaban más allá de una coyuntura electoral concreta.

Menos, igual a nada. Las elecciones a Cortes Constituyentes

Desalojados de las instituciones tras la disolución de las Cortes orgánicas y del Movimiento, los ultras vivieron la primavera de 1977 como una reiteración de lo ocurrido cuarenta y un años atrás. No cabían medias tintas. O se recuperaba, por el medio que fuera, el Estado del 18 de Julio o se iba al comunismo. A finales del año anterior un orador del acto conmemorativo del discurso joseantoniano de La Comedia explicaba al público falangista de Barcelona:

Las fuerzas de la anti-España, financiadas por el oro de las multinacionales y el marxismo, han irrumpido en nuestro suelo en el momento en que unas circunstancias muy especiales les inducen a creer que las debilidades de todo orden y las traiciones en cadena lo hacían posible. Y así las huelgas, los atentados, la mentira, la procacidad, la destrucción en fin de lo edificado en tantos años de esfuerzo y sacrificio del pueblo español son la palanca para llevarnos al caos y la miseria, caldo de cultivo del marxismo internacional. No es ninguna elucubración camaradas, es la pura y objetiva realidad.[519]

Los intentos de formar un sólido bloque involucionista se remontaban a la primera mitad de 1976. Blas Piñar y José Antonio Girón habían alimentado entonces la idea del Frente Nacional —aunque su primer proponente había sido Gonzalo Fernández de la Mora, ahora directivo de AP—, pero las divisiones internas de los falangistas y su rechazo a colaborar con el tradicionalismo y el antiguo aperturismo conservador habían hecho imposible la plataforma unitaria. Ante la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, la Confederación Nacional de Excombatientes, una organización teóricamente apartidista, decidió tomar la iniciativa. El 28 de marzo de 1977 su III Asamblea aprobó una ponencia política que hacía

un solemne llamamiento para la constitución de un Frente Nacional, por los partidos coincidentes en la salvaguardia de los Principios que inspiraron el Estado Nacional del 18 de Julio, formado por la Comunión Tradicionalista, Falange Española de las JONS, Círculos José Antonio, Fuerza Nueva y cuantos quisieran sumarse con esta básica exigencia; Frente que negociará con Alianza Popular y otros grupos o independientes, la formación de listas únicas electorales.[520]

Respondieron Fuerza Nueva y los sixtinos de la Comunión Tradicionalista. Entre los grupos falangistas, sin embargo, el rechazo al pacto fue generalizado, por lo que a la Alianza Nacional del 18 de Julio solo se sumaron los antiguos movimientistas, ahora FE-JONS, y ni siquiera lo hicieron plenamente, sino otorgando libertad a sus organizaciones provinciales, dados los recelos surgidos en algunas de ellas por la mixtura doctrinal y el afán hegemónico que apreciaban en Fuerza Nueva. Por su parte la Confederación de Excombatientes, desanimada por el escaso eco de su llamamiento, evitó verse muy implicada en la campaña electoral.

Los resultados de los comicios fueron decepcionantes para la Alianza Nacional, que había desarrollado una propaganda volcada en la resistencia a la liquidación del régimen franquista y llena de alusiones al Alzamiento de 1936 y a la victoria de 1939. La coalición no obtuvo escaños y recibió el 0,17 por ciento del total de los votos emitidos para el Congreso de los Diputados. En el conjunto de las dieciséis provincias donde presentó candidaturas cosechó el 0,55 por ciento de los votos, desde el 2 por ciento de Valladolid hasta el 0,32 por ciento de Sevilla. Fuerza Nueva concurrió en solitario en cuatro provincias y alcanzó un 0,73 por ciento de media en ellas, desde el 1,08 por ciento de Ávila hasta el 0,37 por ciento de Castellón. Por su parte, FE-JONS tuvo listas propias en otras cinco circunscripciones, con el 1,65 por ciento de media. Su mejor resultado lo obtuvo en Guadalajara, donde se presentaba Fernández-Cuesta, con un 3,7 por ciento, y el peor, en Castellón —donde competía con una lista de Fuerza Nueva—, con el 0,58 por ciento. Especial relieve político tenía la candidatura falangista por Madrid, que recibió el 0,59 por ciento de los sufragios.

Un año y medio después de la muerte de Franco, la Falange del Movimiento se convertía en una fuerza política marginal. Pero los resultados de los otros partidos falangistas fueron todavía peores. FE-JONS (A) concurrió en veintiséis circunscripciones y recibió 46.548 votos, el 0,19 por ciento, cosechando su mejor resultado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (0,56 por ciento); los Círculos José Antonio obtuvieron 8.184 sufragios y FE-I, con listas en solo dos provincias, 938 votos. Por su parte, los tradicionalistas habían rechazado concurrir a los comicios.

Que solo el 0,84 por ciento de los votantes hubieran apoyado opciones de ultraderecha abría para ella un oscuro panorama. Sin diputados ni senadores, el búnker no podría oponer resistencia al proyecto constitucional desde el Parlamento, y sus medios de comunicación, muy agresivos contra el proceso, tenían un alcance bastante limitado. Por otra parte, la Alianza Nacional del 18 de Julio no llegó más allá de las elecciones, víctima de los pésimos resultados y de las divisiones entre sus miembros. De modo que, cuando en 1978 se celebró el referéndum ciudadano sobre la Constitución y la extrema derecha recomendó el «no», su aportación sirvió para engrosar una cifra de votos negativos de solo el 7,83 por ciento, en los que coincidió, aunque por motivos muy diferentes, con la extrema izquierda comunista y el radicalismo abertzale vasco. Previamente, la Junta Nacional de FE-JONS había intentado que el Tribunal Supremo anulara la convocatoria de la consulta en un gesto «simbólico y testimonial».[521] La campaña ultra se centró en señalar que la Constitución, de «carácter ateo», tendría como efectos «destrucción de la familia, aborto, control estatal de la enseñanza, ruptura de la unidad de España», por lo que era necesario rechazarla. Fue, además, la última vez que miembros del alto clero adscritos al búnker, como el cardenal primado Marcelo González Martín o el obispo de Cuenca, José Guerra Campos, y un sector del aparato orgánico eclesial, se implicaron activamente en una consulta electoral recomendando, con muy escaso éxito, el «no» a la Constitución como única opción válida para un católico.[522]

Remontando con esfuerzo

En los dos años siguientes el involucionismo vivió una readaptación. Fuerza Nueva no entendió como una catástrofe los resultados de las elecciones de 1977, producidos a los pocos meses de su constitución en partido. La figura de Blas Piñar como caudillo de la ultraderecha se potenció frente a un Fernández-Cuesta ya con ochenta y un años y un José Antonio Girón que se limitaba al papel de guardián de las esencias. Era el momento, pues, de reforzar la organización del partido a fin de atraer militancia y crear un sólido aparato propio, que hiciera realidad la pretensión de que FN era la más prometedora de las organizaciones neofranquistas.

En noviembre de 1978, Ricardo Alba, delegado regional en Castilla la Nueva, fue nombrado secretario general y puso en marcha un proyecto de reorganización. Un año después el organigrama estaba completado. Piñar seguía siendo el líder indiscutido al frente de una dócil Junta Directiva; la Secretaría General gestionaba una organización que abarcaba todo el territorio nacional, con delegaciones regionales y jefaturas provinciales, comarcales y locales, y se habían creado trece secretarías especializadas: Propaganda Electoral, Relaciones Públicas, Actos y Propaganda, Asesoría Religiosa, Familia, Justicia, Enseñanza, Sanidad, Trabajo, Bolsa de Trabajo, Finanzas, Relaciones Internacionales y Coordinación con las Provincias, aunque «la mayor parte de ellas solo existieron sobre el papel».[523] Tampoco la experiencia sindical, con la tardía creación —en 1979— de Fuerza Nacional del Trabajo, presidida por José Antonio Assiego y que afirmaba tener treinta mil afiliados, resultó satisfactoria ante su identificación popular como sindicato amarillo y la competencia con los pequeños sindicatos falangistas. En cambio, la sección juvenil, Fuerza Joven, una milicia uniformada con camisa azul y boina roja y que utilizaba simbología falangista y carlista, pero cuya opción doctrinal estaba ya marcadamente orientada hacia el campo neofascista, atrajo a numerosos chicos muy radicalizados, entre ellos gran parte de los dirigentes de la futura ultraderecha finisecular, que se hicieron famosos por su despliegue paramilitar y sus acciones puntuales de violencia callejera, en las que llegaron a utilizar armas de fuego.

Los afiliados a FN tenían la motivación de sus convicciones ideológicas, pero también —y en esto se diferenciaban, quizá, de otros partidos involucionistas— la confianza en que su actividad conduciría a su asociación a la conquista del poder a no muy largo plazo y en que su líder, el único diputado que tuvo el sector, sería el gobernante que retornaría a España a la senda de la unidad nacional y la confesionalidad religiosa. Ello daba lugar, sobre todo entre los jóvenes, a una militancia con una fuerte mística del tipo del monje soldado medieval, que se manifestaba en el juramento que firmaban los nuevos afiliados:

Por Dios y por mi honor, como militante de Fuerza Nueva, ante Cristo Rey crucificado y San Miguel Arcángel.

Juro hacer de mi vida un constante servicio a Dios, a la Patria y a la Justicia, aceptando con tal fin el puesto y la misión que se me asignen.

Juro poner de mi parte todo el esfuerzo necesario para vivir en gracia y hacer de mí un hombre nuevo, mitad monje y mitad soldado.

Juro lealtad y obediencia a mis jefes, honor a la memoria de los caídos, humildad en el éxito y fortaleza en el fracaso.

Juro vivir en fraterna camaradería con todos los militantes de Fuerza Nueva, ayudándoles siempre, y en especial en caso de peligro.

Juro cortar de raíz toda murmuración, brote de sedición o intento de discordia entre nosotros.

Juro mantener la unidad de la Patria, concebida como una unidad de historia, convivencia y destino en lo universal.

Juro combatir por la unidad, la grandeza y la libertad de la Europa Cristiana.

Juro entregarme sin desfallecimiento a la tarea restauradora de la Hispanidad.

Si así lo cumplo, que Dios y España me lo premien. Si no lo cumplo, despreciarme.[524]

A la altura de 1978, en el partido reinaba algo parecido a la euforia. A la sensación de ser una estructura en rápido crecimiento se unía la creencia de que constituía la única base razonable para la unificación de las «fuerzas nacionales» y de que los partidos constitucionalistas ya eran incapaces de cerrarle el paso. Bajo el título «¿Por qué nos tienen tanto odio? Miedo, miedo, miedo, miedo», la revista editorializaba:

Fuerza Nueva tiene en sus filas a la mejor juventud, a la más entregada y combativa, a un gran porcentaje de españoles sencillos de trabajo diario y a un número creciente, y muy activo, de la mujer española. No es extraño que si a esto le unimos una desmoralización feroz a todos los niveles, y un grado de cobardía impropio de un pueblo con agallas ancestrales, esta asociación de ideales —nunca de intereses— crezca como la espuma.[525]

Frente al auge de FN, a la que se le estima un máximo de sesenta mil afiliados en 1979, los grupos falangistas vivieron una prolongada decadencia. FE-I se mantuvo bajo la dirección de Sigfredo Hillers como un minúsculo partido de militancia básicamente juvenil recalcando su condición de «izquierda nacional» y evitando, por lo tanto, identificarse con los grupos procedentes del Movimiento. FE-JONS (A) entró en una complicada situación económica que favoreció la contestación a la línea política seguida por Pedro Conde por parte de un sector minoritario, conocido como «los junteros», que defendían un partido asambleario gobernado por sus bases. En marzo de 1978 los disidentes encabezados por Manuel Velasco y Miguel Hedilla, en torno al 20 por ciento de la militancia, fueron expulsados, pero respondieron reafirmándose como la facción legítima y constituyeron una Junta Nacional alternativa, presidida por Ana María Fernández-Llamazares, que fue llevada a los tribunales por el sector mayoritario. Conde logró que la Justicia le diera la razón, pero sus rivales inscribieron, en enero de 1979, un nuevo partido denominado Falange Española Auténtica (FEA), con sede social en Barcelona y que se autodefinía como «un movimiento político autogestionario y revolucionario, basado en el principio asambleario de la soberanía colectiva básica». Era un golpe que venía a mermar las escasas fuerzas del hedillismo, y en diciembre de ese año, tras un nuevo desastre electoral, se anunció la disolución de FE-JONS (A).

El proceso de crisis casi permanente que vivían los otros partidos falangistas ofrecía oportunidades de crecimiento a FE-JONS, que a lo largo de la Transición fue incorporando diversas organizaciones, comenzando, en noviembre de 1976, por la Agrupación de Hermandades de Banderas de Falange y acabando por el Partido Nacional Sindicalista, nombre que habían adoptado los Círculos José Antonio en octubre de 1978, que se integró en FE-JONS en abril del año siguiente. También se produjo cierta renovación de la militancia por la vía juvenil, lo que permitió la reaparición del SEU en 1977. Pero el crecimiento, siempre modesto, de la organización se veía obstaculizado por el control que ejercía un Consejo Nacional gerontocrático, con muchos camisas viejas que permanecían anclados en la defensa del pasado franquista y que tenían problemas para conectar con las nuevas generaciones.

Las elecciones de 1979

Tras la entrada en vigor de la Constitución se pusieron en marcha los procesos de democratización de las instituciones representativas. La debilidad del Gobierno Suárez, en minoría en el Congreso de los Diputados, el incremento de las demandas de autonomía política por parte de las fuerzas regionales o la persistencia del fenómeno terrorista fomentaban una imagen de inestabilidad que los partidos involucionistas consideraban favorable a sus intereses. De igual modo, el proceso de reconversión doctrinal impulsado por Manuel Fraga en la Federación de Alianza Popular para situarla plenamente en la órbita constitucionalista creaba resistencias en parte de su militancia y electorado, que podían ser captados por las formaciones ultraderechistas. Estas eran conscientes de su debilidad interna, pero sus dirigentes creían que una campaña de agitación permanente terminaría logrando resultados. Así, a mediados de diciembre de 1978 la Hermandad de Alféreces Provisionales promovió la firma de un mensaje al rey en el que se pedía el cese de Adolfo Suárez y la disolución de las Cortes. Los exconsejeros del Movimiento José Antonio Girón, Blas Piñar y José Luis Zamanillo figuraban entre los firmantes.[526]

En marzo de 1979 se celebraron elecciones parlamentarias. Ello animó una coalición más amplia que la Alianza Nacional del 18 de Julio. Se llamó Unión Nacional y la integraban Fuerza Nueva, FE-JONS, Partido Nacional Sindicalista (antiguos Círculos José Antonio), Comunión Tradicionalista, Asociación de Jóvenes Tradicionalistas y Confederación Nacional de Excombatientes. Piñar había buscado el ingreso de Derecha Democrática Española, el partido constituido a partir de la disidencia ultraconservadora de AP, pero no fue posible el acuerdo. Esta vez no hubo problemas internos en una plataforma electoral donde FN ejercía su hegemonía. La campaña electoral, bajo el lema «España en tus manos», supuso un enorme esfuerzo propagandístico, destinado a hacerle llegar al electorado visiones apocalípticas sobre la amenaza de destrucción del Estado por el lanzamiento de las autonomías regionales, la descristianización inducida por los procesos de modernización social y la legislación constitucional, o la amenaza de que llegara al poder un nuevo Frente Popular de la mano del PSOE y el PCE. Conscientes de dónde residía su crecimiento, los candidatos de UN destinaron buena parte de sus ataques a criticar la actitud de Fraga y Alianza Popular, que denunciaban como de claudicación ante la izquierda.

Los resultados no cubrieron las expectativas desatadas, pero supusieron un considerable avance respecto a los comicios de 1977 y, sobre todo, recuperaron miles de sufragios que entonces habían sido para Alianza Popular. Las listas de la Unión Nacional al Congreso obtuvieron 378.964 votos, el 2,11 por ciento, lo que suponía más que duplicarlos. Pero quedó más de cinco puntos por debajo de Coalición Democrática, la plataforma que lideraba AP, y solo logró un escaño, el de Blas Piñar. Por otra parte, los partidos falangistas que concurrían en solitario confirmaron su irrelevancia electoral. FE-JONS (A), que hizo el esfuerzo de presentar listas en veintinueve provincias, no superó el 0,5 por ciento en ninguna; los disidentes de FEA, con seis candidaturas, registraron de media el 0,27 por ciento de los sufragios, y FE-I aglutinó una coalición denominada Falange Española-Unidad Falangista, que presentó listas en Santander, Lugo y las cuatro provincias catalanas y que solo recibió 876 votos.

Blas Piñar era un orador muy efectivo, pero sus condiciones para el liderazgo eran limitadas. «Le faltó, ante todo, la iniciativa, la autoconfianza, la audacia, el oportunismo de los auténticos profesionales de la política.»[527] Permaneció en su escaño durante los tres años de la legislatura, pero tuvo que adscribirse a un grupo mixto integrado por diputados solitarios del más variado pelaje ideológico. Y el reparto de tiempos en el grupo apenas le dejaba espacio para ejercitar su oratoria debeladora de un orden constitucional que, a su juicio, no traería «un futuro de prosperidad, de paz, de bienestar y de grandeza, sino un futuro en el que se va a consumar el suicidio de España y el deterioro de un patrimonio, de un riquísimo patrimonio moral, espiritual y económico que España había logrado en años de esfuerzo y sacrificio».[528] En septiembre de 1979, en declaraciones al diario El Imparcial, llegó a defender una «república presidencialista» en lugar de un rey que había «traicionado» su juramento de lealtad al Régimen del 18 de Julio.

En abril de ese año se celebraron las primeras elecciones democráticas para renovar los ayuntamientos. La abstención alcanzó el 37,5 por ciento, lo que podía beneficiar a los pequeños partidos con un alto grado de implicación de sus electores. Pero, una vez más, la derecha antiliberal resultó ser una fuerza marginal, ya que el conjunto de las listas de sus partidos nacionales obtuvo 63.803 votos, el 0,38 por ciento de los emitidos. La Unión Nacional, que, cumplido su propósito, estaba ya en proceso de disolución, presentó listas en localidades de siete provincias y obtuvo 65 concejales; Fuerza Nueva, 45 concejales en listas propias y FE-JONS, once. En total 121 ediles, de los que solo cuatro residían en poblaciones con categoría de ciudad, frente a los 2.283 de Coalición Democrática o los 29.288 de la UCD.

La vía electoral al poder estaba, pues, cerrada para los herederos del Movimiento. Su pérdida paulatina, pero finalmente total, de presencia en las instituciones les había restado la influencia social, el acceso privilegiado a los medios de comunicación y los recursos económicos de los que habían disfrutado en las décadas del franquismo. Una ciudadanía abrumadoramente decantada por la construcción de una democracia pluralista y de formas moderadas les contemplaba como vestigios del reciente pasado autoritario y proyectaba en su radicalidad el miedo a una repetición de la ruptura de los años treinta. Y en la movilización de apoyos sociales no habían ido mucho más allá de sus propios aparatos de organización de partidos, apresuradamente levantados pero ya viejos de concepción en el momento de su nacimiento, de sus vocingleras milicias juveniles y de su intento de renovación de un fragmentado sindicalismo «vertical» que no tenía futuro.

LA DEBACLE DE 1982

Entre la primavera de 1981 y el otoño de 1982 la ultraderecha vivió la situación política con una creciente crispación. Las consecuencias negativas para ella del fracasado golpe de Estado de febrero de 1981 —el 23-F, o «Tejerazo»—, su fijación por lograr el retorno al pasado y lo escaso de su oferta programática pesaron dolorosamente sobre sus posibilidades de consolidación y crecimiento. Ello tanto porque las fuerzas constitucionalistas cerraron filas a la hora de potenciar su excusión del sistema político como porque su imagen filogolpista experimentó un verdadero deterioro entre un electorado conservador que contemplaba con alarma la implosión de la UCD y el fortalecimiento de la alternativa izquierdista que representaba el Partido Socialista, frente al que Alianza Popular parecía erigirse en única alternativa de voto «útil» en la inminente cita electoral.

Los partidos involucionistas poseían una militancia muy motivada. En el caso de Fuerza Nueva seguía siendo, además, numerosa. A comienzos de 1982 el partido afirmaba tener cincuenta mil militantes, unos cinco mil más que AP, lo que lo convertía en la cuarta fuerza política española por afiliación. Y en el análisis del nivel de implicación de los afiliados en tareas del partido, FN registraba un 50 por ciento, mientras que AP solo el 15 por ciento.[529] Sin embargo, eso no era relevante ante la realidad de un sistema parlamentario donde el apoyo del voto ciudadano a las opciones moderadas, favorecidas además por la fuerte prima de la legislación electoral a los partidos mayoritarios, anulaba en la práctica el esfuerzo de la militancia de las formaciones situadas en los extremos. El Partido Comunista de España, con doscientos mil militantes, era el primero del país en afiliados, doblando al PSOE, pero este contaba en el Congreso con 121 diputados frente a los 23 de los comunistas.

El 28 de octubre de 1982 se celebraron elecciones generales a Cortes, a falta de varios meses para que se agotara la legislatura. La extrema derecha llegó a estos comicios en una situación muy delicada. La fragmentación orgánica del sector era cada vez mayor, y también lo era su incapacidad para financiarse y para integrar alianzas estables, siempre destruidas por las incompatibilidades entre sus partidos. No obstante, el miedo a la llegada de los «rojos» al poder tras la desaparición del valladar centrista era un elemento poderoso en la movilización del electorado conservador y católico español. La Comunión Tradicionalista, que no presentó candidaturas, llegó a hacer pública una petición al Vaticano para que interviniera a fin de evitar el triunfo del PSOE.

Si no se oye más alta que hasta hoy la voz de Dios antes de las elecciones, un Catolicismo desorientado y débil no impedirá que las izquierdas, al no poder cumplir sus promesas económicas, contenten a sus masas con el desenfreno sexual y laico que ya apuntan, ni que la derecha liberal, temerosa, consienta a ello a cambio de conservar sus posiciones económicas, como sucedió desde 1833 a 1936. ¿Quién será entonces responsable ante Dios de la condenación de muchas almas y de la sangre de muchos no nacidos?[530]

Aun así, el sufragio confesional católico lo aprovechó básicamente Alianza Popular, una fuerza constitucionalista integrada en el sistema parlamentario, pero en la que aún era perceptible la herencia franquista y que ahora logró arrebatar a la ultraderecha casi trescientos mil votos, es decir, las tres cuartas partes de los logrados por esta en 1979.

La coalición entre Fuerza Nueva, FE-JONS y algunos grupos tradicionalistas, renovada dos veces como principal propuesta electoral del involucionismo, no se pudo repetir en 1982. Sobrestimando el carisma de su líder y la fortaleza orgánica y la solidez programática de su partido, los dirigentes de FN defendían que la suya era la única formación del sector con posibilidades de obtener un buen resultado electoral. Exigieron, pues, una rotunda posición de dominio en la nueva coalición, que sus antiguos socios no querían otorgarles; algo parecido a lo que sucedió entre la CEDA y los partidos monárquicos en febrero de 1936. La Confederación Nacional de Excombatientes, que asumía una función de árbitro moral y otorgador de legitimidades, emitió un comunicado devastador.

Ante la insolidaridad manifestada en contra del sentir del hombre de la calle, por aquellos partidos que pudieran haber formado un bloque nacional frente al indudable avance marxista y no han sabido anteponer el interés supremo de la Patria a unos intereses de partido […] nos vemos en la precisión de tener que mantener una actitud de neutralidad absoluta ante cada una de las formaciones electorales que se propongan de una u otra manera la estabilidad de España frente al actual caos en que se encuentra.[531]

El resultado de las elecciones fue catastrófico para la ultraderecha, no solo por la penalización sufrida a raíz de la dispersión de sus votos entre candidaturas enfrentadas o por la escasez de medios económicos para sostener campañas electorales separadas, sino por la fuga de buena parte de su electorado a la solución «útil» de votar a Alianza Popular. Si en 1979 la coalición Unión Nacional obtuvo 378.964 votos, el 2,11 por ciento de los emitidos, y un escaño en el Congreso, ahora FN y FE-JONS sumaron entre ambas 111.274, el 0,53 por ciento, y quedaron fuera del Parlamento.

Fuerza Nueva fue, con mucho, el partido más votado. Presentó listas al Congreso en todas las circunscripciones y obtuvo 108.746 sufragios, el 0,52 por ciento del total. De ellos, 22.602 correspondían a la provincia de Madrid, 12.431 a la de Valencia y 8.724 a la de Barcelona, mientras que en otras con grandes ciudades los resultados eran ínfimos: 2.227 votos en la de Sevilla, 1.298 en la de Málaga o 1.001 en la de Zaragoza. Blas Piñar perdió su escaño y, con ello, la última oportunidad de aglutinar bajo su liderazgo a la extrema derecha.

La dirección raimundista de FE-JONS rechazó las alianzas que le ofrecían FN y Solidaridad Española, el partido levantado por Antonio Tejero, y concurrió en solitario. No obstante, tras una breve campaña electoral marcada por el recurso a la nostalgia del franquismo, la Junta Nacional prefirió retirar las candidaturas, algo con lo que, según explicó Fernández-Cuesta, se pretendía no favorecer a «los partidos marxistas» dispersando el voto, aunque probablemente pesó más la evidencia de que los resultados serían desastrosos. Sin embargo, en algunas secciones provinciales se negaron a aceptar la medida y mantuvieron las candidaturas, en abierto enfrentamiento con FN y con sus recursos de propaganda al mínimo. El resultado fue un total de 2.528 votos para las nueve listas provinciales.

Las demás opciones obtuvieron unos resultados que definían la fase crepuscular del sector. La gran novedad la aportaba Solidaridad Española, un partido creado desde la cárcel por el exteniente coronel Tejero en septiembre de 1982 con la finalidad de otorgarle un acta de diputado y, con ello, la inmunidad que le excarcelara —no salió hasta diciembre de 1996— y le permitiera actuar en política. Dirigido a los nostálgicos del búnker, como lema electoral se utilizó «¡Entra en el Congreso con Tejero!». Pero los resultados no acompañaron: obtuvo 28.451 votos, 10.017 de ellos en la provincia de Madrid, donde el militar golpista aspiraba a un acta.

El resto de las formaciones falangistas y tradicionalistas tuvieron unos resultados igualmente muy pobres. Los mejores fueron para el Movimiento Falangista de España (MFE), creado en octubre de 1980 por miembros de los Círculos José Antonio que se habían negado a incorporarse a FE-JONS; en sus primeras elecciones el MFE apostó fuerte y presentó listas en veintitrés provincias, que lograron un total de 8.976 votos. FE-I, con cuatro candidaturas, logró 1.862 sufragios. También se presentaba por vez primera el Movimiento Católico Español, fundado a finales de 1981 por José Luis Corral, hasta entonces líder de la Fuerza Joven madrileña. Situado a la derecha de la propia Fuerza Nueva, el MCE respondía a un ideario heredado del tradicionalismo integrista, aunque incorporaba también influencias falangistas. Presentó solo una candidatura, por la provincia de Madrid, que le otorgó 1.694 votos.

A esas alturas ya se habían celebrado las primeras elecciones a varios parlamentos autonómicos, en las que tampoco obtuvieron los involucionistas resultados mínimamente satisfactorios. En Cataluña, en marzo de 1980, Fuerza Nueva recibió el 1,03 por ciento de los votos y FE-JONS, el 0,23 por ciento; en las gallegas de octubre de 1981 cosecharon, respectivamente, el 0,4 y el 0,15 por ciento, y en las andaluzas de mayo de 1982, el 1,23 y el 0,13 por ciento, mientras que el naciente MFE logró el 0,11 por ciento de los sufragios.

Las elecciones generales de 1982 no solo alteraron profundamente el escenario político general, con la mayoría absoluta del PSOE, la caída de la UCD y el ascenso de AP, sino que también tuvieron un efecto radical para la extrema derecha, que sufrió una sangría de afiliados y votantes en favor del partido de Fraga. En FE-JONS, el octogenario Fernández-Cuesta anunció en febrero de 1983 que dejaba la Jefatura Nacional, pero hasta julio no se puso en marcha el procedimiento de sustitución. Presentaron sus candidaturas Manuel Valdés Larrañaga y Dionisio Martín Sanz, dos veteranos cuadros del Movimiento, ambos con setenta y cuatro años, así como dos políticos de la segunda generación, Antonio Gibello, el exdirector de El Alcázar, y Diego Márquez, exdirigente de los Círculos José Antonio, que resultó elegido con un programa de profunda renovación del partido.

En Fuerza Nueva, donde las expectativas electorales habían sido mucho mayores, la derrota trajo consigo el final. En 20 de noviembre de 1982, en el acto conmemorativo de las muertes de José Antonio y Franco, un desalentado Blas Piñar anunció la disolución del partido y pronunció la lista de agravios. Contra los ciudadanos en su conjunto: «Y yo me pregunto: qué mal te hemos hecho, España; en qué te hemos ofendido para que nos respondas así. Ahora los hombres fieles de Fuerza Nueva estamos solos, aunque nuestra soledad sea la de los escogidos». Contra el clero: «Estamos absolutamente solos porque nos ha abandonado la Iglesia, nuestra madre, a la que tanto hemos defendido». Contra los militares: «Nos han dejado solos pese a que hemos predicado sus virtudes, y lo han hecho porque al criterio de honestidad le pudo el del interés». Contra los empresarios y propietarios: «Nos han dejado solos aunque Fuerza Nueva siempre defendió la necesidad de la iniciativa privada». Y apuntó un gran culpable de la crisis de la ultraderecha: «Alianza Popular, que ha ido hurgando en el interés de los espíritus burgueses de algunos, sembrando bulos y pidiendo el voto útil. Los que han desaparecido de nuestras filas han sido los cobardes, los miedosos, y hemos de aprovechar esta poda para convocar otra vez a quienes no se sientan derrotados, pero hemos de hacerlo por otro camino, porque el de partido no nos sirve».[532]

En 1983 habían desaparecido de la escena política prácticamente todos los dirigentes del ya histórico búnker. Miembros de la primera generación franquista, la de la Cruzada, habían impedido, con pocas excepciones, su relevo por los hombres de la segunda y la tercera. Y a los jóvenes ultras del posfranquismo les restaba ahora administrar poco más que un páramo. Los huérfanos del Movimiento dejaban sus propios huérfanos. Pero no había nada que heredar.

En siete años se había consumado el cierre de un largo ciclo de la historia de la derecha española, aquel en el que ejercieron la hegemonía dentro de ella los partidos y los referentes culturales y doctrinales que rechazaban los principios de la democracia parlamentaria y del Estado de Derecho. Un ciclo que se había iniciado en 1923, que había alimentado dos dictaduras y una guerra civil, y que ahora culminaba con la pulverización de estas opciones autoritarias y la recuperación del pleno protagonismo de la derecha por un liberalconservadurismo a cuya diestra solo existiría en adelante el vacío político.

11

EL VOTO DE LAS ARMAS

LA DERECHA SUBVERSIVA

1976-1982

Durante los años de la Transición la ultraderecha incluyó a una extensa nómina de grupos armados dedicados a la desestabilización del sistema político a través de la práctica de la violencia callejera o el terrorismo planificado, en paralelo a los de la izquierda radical. Como en otras muchas de sus pautas doctrinales o líneas de acción política en estos años, funcionaba un referente histórico a modo de guía y justificación intelectual: la violencia desarrollada durante la Segunda República por la Primera Línea falangista, el Requeté carlista y otras milicias para hacer frente al avance de la izquierda revolucionaria, desestabilizando de paso la democracia parlamentaria.[533] Pero también hay que considerar la influencia de las «tramas negras» del neofascismo europeo y en especial del italiano, cuyas organizaciones terroristas —Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale— colaboraron esporádicamente con las tramas españolas.[534]

LA ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN

El grado máximo de la violencia ultraderechista en los denominados «años de plomo», el asesinato selectivo, no lo asumían tanto las secciones juveniles de los partidos legales como las células especializadas de lo que, a comienzos del siglo pasado, se denominó «pistolerismo». Con la respuesta al terrorismo de extrema izquierda —ETA, GRAPO, FRAP— como principal coartada, estos grupos, que la prensa definía como «elementos incontrolados», contaban en realidad con apoyo táctico de sectores muy radicalizados de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden Público o de los servicios secretos, especialmente el Servicio Central de Documentación (SECED), creado en 1972 por Carrero Blanco y vinculado a Presidencia del Gobierno hasta su desaparición en 1977 para fusionarse con la inteligencia militar en el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID).[535]

Aunque los fenómenos terroristas suelen ser más limitados en sociedades con regímenes autoritarios que en las democracias con sistemas amplios de libertades civiles, también en los primeros se producirían «si se encuentran coyunturalmente debilitados, en crisis debido a su precaria legitimidad o acaso en trance de liberalización». En tal caso, la violencia terrorista sería «insurgente» y «extraestatal» cuando «su intención es modificar un orden político establecido», o bien «vigilante» y «paraestatal» cuando «aspira a preservar las relaciones de poder existentes» con el asentimiento más o menos expreso de los responsables del orden público.[536] Este último habría sido el caso de las bandas de «elementos incontrolados» de extrema derecha dedicadas a combatir a la oposición de izquierdas durante el tardofranquismo. Sin embargo, con la Transición y el nuevo orden constitucional, el terrorismo de este sector asumió el rol de insurgente contra la nueva situación política, buscando contraponer el «voto de las armas» —en expresión de Xavier Casals— al voto de las urnas. Con todo, podría cuestionarse para estos años el paso de la violencia paraestatal a extraestatal, dada la calidad de los apoyos que recibió desde algunas instancias oficiales.

La nómina de estos grupos terroristas, cuyas víctimas mortales se cifran, según criterios diversos, entre 33 y 76 a lo largo de la Transición[537] y a los que el ministro del Interior atribuyó en la primavera de 1981 la comisión de 576 actos violentos desde 1977, era amplia. Algunos procedían de los últimos años del franquismo y mantenían relaciones con las instancias oficiales que habían dirigido en ese tiempo la lucha antisubversiva en universidades y fábricas. Otros surgieron en la Transición, con planteamientos más duros y la pretensión de castigar con las armas al entorno político del terrorismo de ultraizquierda.[538] La actividad de estos grupos, milicias juveniles de partido o bandas armadas, tenía fundamentalmente un triple objetivo: atemorizar a los militantes de partidos y sindicatos de izquierdas, estorbando su actuación pública; levantar la moral de los partidarios de la derecha neofranquista con acciones punitivas, defendidas como una reacción a actitudes desestabilizadoras de las izquierdas, y frustrar el proceso democratizador en curso, poniendo de relieve la incapacidad del Gobierno para controlar el orden público y dando así una coartada al golpismo militar.

No parece adecuado hablar de la estrategia de la tensión como una pauta planificada globalmente, sino de líneas independientes que apuntaban a un fin parecido.[539] Parte de esta violencia armada procedía de militantes de las organizaciones juveniles de partidos legales, especialmente de Fuerza Nueva, que contaba con una Sección Especial al efecto. Era alimentada por los apocalípticos discursos de los ideólogos y dirigentes de la ultraderecha y para sus autores constituía muchas veces una suerte de ritual de iniciación política. Respondía a iniciativas aisladas y puntuales —«espontaneísmo armado», fue denominado— aunque no siempre improvisadas sobre la marcha, como la muerte a golpes en un parque madrileño de José Luis Alcanzo, seleccionado por su «aspecto izquierdista» por un grupo de siete jóvenes, que fueron apodados «los bateadores del Retiro», o el secuestro y asesinato de la Yolanda González, una militante comunista de diecinueve años, por miembros de Fuerza Nueva en febrero de 1980.

Un suceso que creó gran alarma social, y cuyo pretendido «espontaneísmo» es más que dudoso, fue el tiroteo durante la peregrinación carlista de Montejurra, el 9 de mayo de 1976. Los enfrentamientos entre elementos carlohuguistas y sixtinos culminaron cuando un grupo de estos, instalados en la cumbre en compañía de Sixto Enrique de Borbón-Parma, realizaron disparos de pistola y fusil automático contra los militantes del Partido Carlista. Hubo dos muertos y veinte heridos de bala y el acto fue suspendido, pero la policía no practicó detenciones sobre el terreno. Sixto, ciudadano francés, fue expulsado de España por orden gubernativa y se iniciaron acciones judiciales contra sus principales colaboradores, pero el Tribunal de Orden Público las cerró sin condenas. El descubrimiento en la cumbre de una caja de munición con el rótulo «Pirotecnia militar» hizo pensar enseguida en tramas desestabilizadoras de extrema derecha, y ello llevó a identificar a los agresores como una mezcla de integristas sixtinos y neofascistas italianos, argentinos y franceses, uno de los primeros indicios de las ramificaciones en la España de la Transición del terrorismo global de las «tramas negras».[540]

Existía otra práctica de la violencia, más sistemática pero sin estructura política concreta de apoyo, ejercida por partidas armadas. Su primera manifestación de gran importancia se produjo el 24 de enero de 1977 con la matanza de Atocha, el asesinato con disparos de pistola de siete abogados laboralistas en su bufete de esa calle madrileña, a cargo de sicarios vinculados al sindicalismo vertical y a un grupo terrorista, la Triple A. La masacre, que conmocionó a la opinión pública, tuvo efectos muy negativos para los sectores involucionistas y, en cambio, favoreció el clima que permitió la legalización del PCE.[541]

Con todo, el punto cenital de la violencia ultraderechista y ultraizquierdista se situó en los años 1979 y 1980; esto es, con la movilización popular reconducida de la calle a las urnas, la Constitución ya activada y un sistema de partidos democráticos desarrollándola en el Parlamento. Al respecto, se ha señalado lo siguiente:

La violencia de los años 1979 y 1980 puede entenderse entonces como un intento desesperado de los radicales por acabar con un nuevo régimen que no era el que ellos deseaban. Recurrieron a la violencia porque se quedaron sin apoyos sociales. La violencia fue el resultado de la situación de exclusión y marginalización en la que se encontraron los radicales una vez que el sistema democrático, tras las primeras elecciones, los Pactos de la Moncloa y la aprobación de la Constitución, fue asentándose.[542]

Las tramas terroristas de la ultraderecha se vieron favorecidas en no pocas ocasiones por oscuras conexiones con los ámbitos de las fuerzas policiales y de los servicios secretos que alguien denominó «las cloacas del Estado», y por la respuesta ambigua que sus acciones suscitaron en los responsables de los partidos del sector. Su historia en estos años está marcada por la aparición y desaparición de sus pequeñas organizaciones clandestinas, cuya genealogía es harto difícil de seguir. Las principales fueron:

•  Guerrilleros de Cristo Rey. Aparecieron en 1968, con el químico Mariano Sánchez Covisa como figura más visible. Como impulsora de su creación se ha señalado a la Organización Contrasubversiva Nacional, el servicio secreto antecesor del SECED y dedicado a tareas de «guerra sucia» contra el antifranquismo. Las acciones violentas de los Guerrilleros se radicalizaron durante la Transición, con ataques a librerías, sedes de partidos, estudios de radio y redacciones de publicaciones periódicas, así como el asesinato de varios jóvenes comunistas.[543]

•  Grupo de Acción Sindicalista (GAS). Surgió en Barcelona a comienzos de 1975 y asumió funciones de guerra sucia parecidas a las de los Guerrilleros, con asaltos a librerías, asociaciones de vecinos, centros de enseñanza, etcétera. Pero su existencia fue muy efímera, porque la policía lo desarticuló ya en enero de 1976. Lo sucedió el grupo Juventud Española en Pie (JEP), creado por Juan Bosch, un miembro de la Guardia de Franco que reunió a sesenta adolescentes que protagonizaron asaltos a facultades de la Universidad de Barcelona y enfrentamientos callejeros. Algunas fuentes le imputan la autoría del atentado con bomba contra la revista satírica El Papus, que se atribuyó otro grupo clandestino, la Triple A,[544] pero que acarreó una condena de trece años de cárcel para Bosch.

•  Triple A, o Alianza Apostólica Anticomunista. Copiaba el nombre de la organización terrorista parapolicial surgida en Argentina en 1973. Aunque se atribuye a sus miembros el asesinato del estudiante Arturo Ruiz durante una carga policial contra una manifestación en enero de 1977, la Triple A se dio a conocer públicamente en septiembre con el atentado contra la redacción de El Papus, que le costó la vida al portero del edificio. Se le asignan otras siete víctimas mortales, además de su posible participación en la matanza de Atocha. Su última acción terrorista reivindicada se produjo en enero de 1982.

•  Frente Nacional de la Juventud y Patriotas Autónomos. En febrero de 1978 un grupo de militantes de Fuerza Joven, descontentos con el sesgo tradicionalista que atribuían a Fuerza Nueva, crearon en Barcelona un nuevo partido, el Frente Nacional de la Juventud, dirigido por Ramón Graells. Asumió componentes neofascistas, con una marcada influencia del Movimiento Social Italiano, que explicitaba en su revista Patria y Libertad, nombre tomado de un grupo ultraderechista chileno que participó en el golpe de 1973. La policía desmanteló las células del FNJ en Madrid y Valencia por posesión de armas con las que cometían atracos para proveerse de fondos. Se trataba, sin embargo, de una organización básicamente política, por lo que un pequeño grupo de activistas más radicalizados, dirigido por Ernesto Milà, se separó para fundar Patriotas Autónomos, que llegó a arrojar cócteles molotov a alguna sede de partidos de izquierdas.

•  Frente de la Juventud. Surgió en Madrid a comienzos de 1979 de otra escisión del ala radical de Fuerza Joven bajo la presidencia de su secretario general, José Ignacio González. Tenía una vertiente política neofascista no muy elaborada,[545] pero su actividad se centraba en las acciones violentas —sobre todo tras la incorporación de Patriotas Autónomos—, como la comisión de asaltos o de atentados con bomba contra bares relacionados con la izquierda o con el tráfico de drogas, sedes de partidos, organizaciones culturales, librerías y ayuntamientos. Se les atribuye un mínimo de cuatro asesinatos. A partir de 1980, tras el asalto a la sede central de la UCD, sufrieron una creciente presión policial que obligó a Milà y a una treintena de sus miembros a refugiarse en Francia. Sus últimas acciones están registradas en 1982.

•  Batallón Vasco Español (BVE). Dedicado a responder con las armas a las acciones de ETA, parece que tuvo su origen en los ambientes policiales en el año 1975. Se le atribuyen dieciocho asesinatos de miembros de la izquierda radical vasca hasta el cese de su actividad, en la primavera de 1981. Se cree que a veces sus miembros utilizaban el nombre de otra banda, Antiterrorismo ETA (ATE), cuya primera reivindicación de un atentado tuvo lugar en julio de 1975.

•  Grupos Armados Españoles (GAE). También relacionados con círculos policiales, se dieron a conocer en 1979. Su acción más espectacular fue el atentado con bomba en el bar Aldama, de Baracaldo, que causó tres muertos en enero de 1980, y mantuvieron su actividad durante una década.

EL BÚNKER DE PAPEL

Perdido el acceso a los órganos de comunicación de titularidad pública, que controlaba el Gobierno —Televisión Española, Radio Nacional o la Cadena de Prensa del Movimiento, denominada Medios de Comunicación Social del Estado desde abril de 1977—, la extrema derecha de la Transición hubo de replegarse al ámbito privado para transmitir sus mensajes. Sin embargo, las grandes empresas del sector distaban mucho de simpatizar con la opción involucionista. En los medios de significación más conservadora la apuesta era Alianza Popular. Por lo tanto, el búnker hubo de concentrarse en publicaciones como Fuerza Nueva, las tradicionalistas ¿Qué Pasa? y Cruzado Español o las religiosas Roca Viva, fundada en 1968 por el sacerdote Luis Ruiz Galiana, e Iglesia Mundo, surgidas como reacción a la deriva progresista en la Iglesia española.[546] Pero el impacto de estas publicaciones era mínimo, y en el arranque de la Transición la ultraderecha solo contaba con un periódico con visibilidad social, el diario El Alcázar.

La cabecera del periódico fundado en el asedio toledano de 1936 pertenecía a la Santa Hermandad del Alcázar de Toledo. En 1949 había cedido su explotación a Prensa y Ediciones S. A. (PESA), empresa vinculada al Opus Dei y que en los años sesenta adoptó una línea aperturista. Ambos factores llevaron a la Hermandad a reclamar el final del contrato en 1968, y el Ministerio de Información y Turismo, que presidía Manuel Fraga, le dio la razón y suspendió la publicación.[547] Esta pasó a ser editada por Diarios y Revistas S. A. (DYRSA), cuyo consejo presidía el general Joaquín Agulla y en el que figuraban Blas Piñar y el periodista Lucio del Álamo, quien ejerció la dirección del periódico. Le sustituyó en 1971 el hasta entonces subdirector, Antonio Gibello, y El Alcázar adoptó una orientación plenamente francofalangista. El cambio de línea editorial le pasó rápidamente factura: de los 140.000 ejemplares diarios de tirada controlados por la OJD en 1968, bajó a 31.000 ejemplares un año después y siguió cayendo hasta alcanzar los 13.000 en 1975. En el mes de julio de ese año se convirtió en el órgano de la Confederación Nacional de Excombatientes, cuyo líder, José Antonio Girón de Velasco, asumió la presidencia de DYRSA.

Con la llegada de la monarquía el periódico asumió la función de portavoz del involucionismo, mejoró sus tiradas —76.000 ejemplares diarios de media en 1980— e inició una línea editorial que apelaba a la dignidad y al patriotismo de los militares para que vigilaran la deriva reformista. Ello hasta tal punto que un Gobierno renuente a la hora de reprimir las actitudes subversivas de la extrema derecha animó el procesamiento del director del periódico, en mayo de 1977, por un editorial titulado «El Día de las Fuerzas Armadas».

En julio de ese año, Gibello fue sustituido en la dirección por Antonio Izquierdo, muy próximo a José Antonio Girón. Con ello, El Alcázar aumentó su agresividad contra el sistema parlamentario y amplió su espectro de referencias falangistas al conjunto de las «fuerzas nacionales», con especial dedicación a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, a la que los editorialistas y una amplia nómina de colaboradores realizaban frecuentes y no muy discretas apelaciones al golpe de Estado. Algunos de los artículos del Colectivo Almendros, cuyos autores permanecían en el anonimato, fueron señalados como vehículo de transmisión de los planteamientos golpistas del 23-F.[548]

Pese a lo modesto de la difusión de El Alcázar, en diciembre de 1977 le surgió un competidor directo, El Imparcial. Su principal accionista era Domingo López, expresidente del Banco de Valladolid, y su primer director, Emilio Romero, quien ya había tenido una experiencia en la prensa involucionista al frente de la efímera revista La Jaula, aparecida en junio de 1976. En febrero de 1978 López dio entrada en el accionariado de El Imparcial al periodista Julio Merino, que había sido redactor jefe del periódico falangista SP y subdirector del diario Pueblo y de Pyresa, la agencia de prensa del Movimiento, y al que se consideraba un hombre de Girón. Merino logró el despido de Romero y asumió la dirección del periódico. Con ello inició una fase de radicalización ultraderechista, crecimiento del número de lectores y mejora en la financiación, acerca de la que corrían rumores de aportaciones del Gobierno libio, con el que se relacionaba a Fernando Latorre, subdirector de la publicación. Sometidos a una continua vigilancia gubernativa por sus actividades, ambos periodistas abandonaron sus cargos en el diario en abril de 1979 y crearon el semanario Heraldo Español. En diciembre fundaron un partido, Acción Nacional Progresista, que nunca funcionó, pero que les sirvió para convertir en su órgano de prensa al Heraldo, que hizo de la apelación a un golpe de Estado militar el leitmotiv de su línea política.

En cuanto a El Imparcial, mantuvo su radical enfrentamiento con el Gobierno ucedista bajo las direcciones de Jesús Pérez Varela, César de Navascués y Juan Pla, y fue señalado, junto con el Heraldo y El Alcázar, como una de las coberturas teóricas que animaron el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Con cifras de lectores bajas y pocos anunciantes —su fuente básica de ingresos, la publicidad institucional del Estado, les había sido retirada—, los tres periódicos terminaron cerrando hundidos por las pérdidas económicas, El Imparcial ya en diciembre de 1980, Heraldo Español en julio de 1982 y El Alcázar en 1987. Merino asumió, en marzo de 1982, la dirección de un nuevo diario titulado La Voz del Progreso, volcado en la defensa de los procesados por el 23-F y que tuvo un corto recorrido. Entre las revistas ultras, ¿Qué Pasa? cerró en julio de 1981 y Fuerza Nueva perdió su periodicidad semanal en diciembre de 1982, tras la disolución del partido.

LA SOLUCIÓN MILITAR

La constatación de lo escaso del apoyo ciudadano a los sectores involucionistas, en una consulta electoral tras otra, no mermó la convicción de sus activistas en lo justo de su causa, como tampoco en la posibilidad de que terminaran asumiendo la conducción del Estado antes de que la reconversión política traída por la Transición llevara a lo que profetizaban como el caos social y la destrucción de la unidad nacional. Esta visión, aunque fuertemente doctrinaria, no dejaba de contener cierto pragmatismo, ya que consideraba una vía alternativa a su fracasada opción parlamentaria de conquista del poder. Si en el imaginario franquista había sido el Ejército el que se había alzado contra el Frente Popular para «salvar a la Patria», era posible que repitiera la acción antes de que la política de consenso propiciada por la Unión de Centro Democrático diera paso, como creían, al proyecto de revolución marxista de la izquierda.

Cuando, a partir de 1979, la UCD entró en un proceso de inestabilidad que llevaría a su disolución, la salida golpista se volvió más urgente, pero también más asequible a ojos de los políticos del búnker. A diferencia de julio de 1936, la izquierda no controlaba ahora el Gobierno y las restantes instituciones del Estado, ni poseía milicias de partido o sindicato capaces de una resistencia armada. Además, los ultraderechistas creían que la gran mayoría de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de las policiales mantenía su fidelidad al franquismo. Una decidida acción insurreccional cívico-militar de las «fuerzas nacionales» permitiría, pues, volver a los tiempos anteriores al arranque de la Transición.

Durante cuatro décadas, los militares habían actuado como un poder fáctico con capacidad arbitral sobre el sistema legal y las instituciones civiles de la dictadura. En la Jefatura del Estado y del Gobierno, en las Cortes, en el Consejo del Reino y en el del Movimiento se sentaban generales y almirantes, y los gobiernos franquistas siempre habían tenido una amplia representación castrense, no solo en los ministerios militares, sino también en el de Gobernación y algún otro. El enorme sector público de la economía dependía en gran medida del Instituto Nacional de Industria, cuyas empresas contaban con muchos militares en activo como presidentes y consejeros.

Con la llegada de la monarquía la situación apenas cambió. En el trienio preconstitucional (1976-1978) la Jefatura del Estado respondía a un modelo de rey-soldado que situaba a Juan Carlos I, que poseía la graduación suprema de capitán general, en el centro de una estructura militar prácticamente autónoma respecto a los otros poderes estatales. En esos años los pronunciamientos políticos de los altos oficiales, retirados y a veces en activo, no eran siempre recatados. Y en sus colaboraciones periodísticas, libros de memorias, homenajes o conmemoraciones rituales se podían encontrar críticas de grueso calibre a la política oficial e invocaciones al intervencionismo militar. Algunos órganos de prensa dirigidos expresamente a las Fuerzas Armadas participaban de esta visión, significadamente la revista Reconquista, editada desde 1950 por un organismo episcopal de encuadramiento doctrinal, el Apostolado Castrense, y cuyo director y colaboradores eran militares en activo. La revista, definida como «de pensamiento militar», se convirtió en portavoz de los medios que criticaban por débil la política antiterrorista del Gobierno y exigían soluciones radicales, en las que las Fuerzas Armadas deberían desempeñar un papel efectivo.[549]

La reivindicación de la Cruzada de 1936 y la defensa de la dictadura seguían siendo no solo actitudes normales entre muchos militares, sino incluso oficializadas. El 17 de julio de 1977, cuatro días después de la apertura de las Cortes Constituyentes, la orden del día repartida para la siguiente y festiva jornada en una unidad militar tan estratégica como la Agrupación de Tropas del Ministerio del Ejército, celebraba la efeméride:

Aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional. De un lado, la España metafísica, perdurable y profunda; del otro, la Anti-España del Frente Popular, atea y esclava de Moscú; y surgió el ejército potente, no contaminado, de austera y perfecta fidelidad, y a la cabeza, capitán de leyenda, Cid de romance, arquitecto, pensador victorioso y gran soldado, el Generalísimo Franco.[550]

La obediencia a los poderes civiles podía cuestionarse en nombre de un patriotismo y un interés nacional de los que se consideraban intérpretes y valedoras las Fuerzas Armadas y entidades afines, como las Hermandades de Excombatientes. Dentro del propio Ejecutivo se dieron actitudes de rebeldía, comenzando por la dimisión de su vicepresidente, el general De Santiago, en septiembre de 1976, tras oponerse a la legalización de los sindicatos obreros. Y cuando, en vísperas de las elecciones de 1977, el Gobierno legalizó al Partido Comunista para que participara en ellas, el malestar se extendió por las salas de banderas de los acuartelamientos, hasta el punto de que surgieron los primeros rumores de «ruido de sables». Los tenientes generales que formaban el Consejo Superior del Ejército emitieron una dura nota contra la medida y el ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió.[551]

Tras el referéndum constitucional y la entrada en vigor de la Carta Magna, bajo un mando militar renovado en cuya cúspide política se situaba el constitucionalista general Gutiérrez-Mellado, el papel institucional de las Fuerzas Armadas se recondujo hacia el abandono de los vestigios de su pasado franquista. Con la llegada del régimen constitucional, los altos mandos estaban perdiendo los cargos oficiales y el protagonismo político que les había otorgado su privilegiada condición de poder autónomo armado en el franquismo. Durante la dictadura, siempre justificados en la memoria histórica de la Guerra Civil, se habían sentido legitimados para opinar y actuar corporativamente en política, en paridad con la derecha civil, como un poder fáctico manifiesto ante la sociedad. Ahora se les prohibía cualquier actitud pública destinada a ejercer influencia sobre los poderes constitucionales, que sería considerada una forma de injerencia y coacción en el funcionamiento democrático. Y desaparecía su peculiar y prolongada condición de «clase política», de corporación profesional con cuotas institucionales en la gestión del Estado.

Pero ello no cambió la mentalidad de un amplio sector de la oficialidad, que contemplaba con creciente disgusto, desde la interioridad de los casinos militares o de las salas de banderas de los acuartelamientos, procesos como la descentralización del Estado por la vía de las autonomías regionales, el aumento de la conflictividad social, consecuencia de una dura crisis económica pero que coincidía con el retorno del sindicalismo de clase a la legalidad, o el reconocimiento oficial de la desaparición de la confesionalidad católica del Estado, manifestada en medidas como el divorcio, el matrimonio civil o la libertad efectiva de prácticas religiosas.[552] La visión de un Ejército alerta, imbuido nuevamente de una misión salvífica en su condición de «columna vertebral de la Patria», como lo definió José Calvo Sotelo en la crisis de octubre de 1934, estaba bastante extendida entre los mandos de la milicia en el trienio 1979-1981 y resultaba potenciada por su pérdida de protagonismo en el seno de una derecha posfranquista mayoritariamente dedicada ahora a asentar la sociedad civil y la democracia representativa mediante el consenso con la izquierda.

Un elemento de considerable peso en el surgimiento de actitudes golpistas en las Fuerzas Armadas lo constituye el terrorismo de extrema izquierda, protagonizado en estos años por dos sanguinarias bandas armadas surgidas durante el franquismo, ETA y el GRAPO. Buena parte de su actividad de asesinatos selectivos se centró, con un claro propósito de desestabilización del proceso constitucional, en los oficiales de las Fuerzas Armadas y en los miembros de los cuerpos policiales. Si en 1976 fueron dieciocho las víctimas mortales en ambos colectivos profesionales, en 1978 fueron 75 y 98 en 1980. Este goteo incesante de muertos ejercía un efecto muy negativo sobre muchos militares, propensos a solucionar con políticas represivas lo que interpretaban como un mero problema de orden público que el débil Gobierno Suárez no era capaz de resolver. La ultraderecha civil era consciente de este creciente malestar, y sus órganos de prensa circulaban en las salas de banderas cargados de informaciones alarmistas y de incitaciones, más o menos veladas, a una intervención corporativa de las Fuerzas Armadas para alterar el rumbo de la Transición.

El ámbito en el que se podía desarrollar el golpismo castrense no se limitaba a los tres ejércitos. Los dos principales cuerpos de las Fuerzas de Orden Público, la Guardia Civil y la Policía Armada, estaban militarizados y su oficialidad procedía en buena medida de los escalafones del Ejército de Tierra, o se había formado en la Academia General Militar. Estos mandos poseían una condición peculiar: a diferencia de los de las Fuerzas Armadas, estaban en contacto cotidiano con la conflictividad social y parte de su trabajo consistía en tareas de represión física de las protestas de sindicalistas o estudiantes de izquierdas. Y en vivir las durísimas condiciones de la lucha contra los terroristas de ETA y sus violentas bases populares de apoyo en el País Vasco, lo que provocaba en no pocos agentes serios condicionamientos emocionales, que se denominaron «el síndrome del Norte»:

Policías y guardias viven sometidos en el País Vasco a constantes presiones y amenazas, prácticamente aislados de la sociedad, asistiendo periódicamente a funerales por compañeros suyos asesinados, ocultando su profesión a vecinos o esporádicos amigos y amigas, y comprobando, si están casados y con hijos, cómo su familia también sufre el aislamiento o el insulto en su entorno.[553]

Los asesinatos del terrorismo de ultraizquierda en toda España afectaban de un modo especial a los oficiales de las Fuerzas de Orden Público, ya que poseían una doble identificación emocional, como militares y como policías.

Estas circunstancias se daban de un modo notable en el teniente coronel Antonio Tejero Molina.[554] Nacido en Málaga en 1932 y formado en la Academia General de Zaragoza, era un prototipo del militar doctrinalmente educado en los valores del franquismo. Su amistad con Juan García Carrés, dirigente del Sindicato de Actividades Varias de la OSE, le introdujo en el ámbito de la ultraderecha en los años finales de la dictadura y mantuvo frecuentes contactos con Girón, Iniesta Cano, Utrera Molina y otros dirigentes del búnker. En enero de 1976 fue destinado a la comandancia guipuzcoana de la Guardia Civil. En contacto con el crispado ambiente del País Vasco, experimentó un proceso de radicalización que le llevó a asumir que solo con medidas expeditivas se podría poner fin al terrorismo y al separatismo. Comenzó a adoptar posiciones de abierta rebeldía que le costaron arrestos y una breve estancia en prisión, pero que no impidieron su ascenso a teniente coronel y que se le destinara a un mando en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid.

La entrada en vigor de la Constitución le convenció de que era necesario dar un golpe de Estado para detener su desarrollo. Se lo propuso a otro militar ultraderechista, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, comandante de Infantería destinado en la Policía Armada, y organizaron un plan para tomar el poder el 17 de noviembre de 1978, día en el que se reunía el Consejo de Ministros y el rey estaría de visita oficial en México. Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles, tomaría el palacio de la Moncloa y detendría a Suárez y a sus ministros, mientras Sáenz de Ynestrillas desplegaba policías en puntos neurálgicos de la capital, auxiliados por miembros de los partidos de extrema derecha. Confiaban en que los tanques de la División Acorazada Brunete (DAC), la unidad más fuerte de la guarnición de Madrid, y la Brigada Paracaidista (BRIPAC), con sede en Alcalá de Henares, se sumarían al golpe ante el vacío de poder creado y ello tendría un efecto dominó sobre el resto de España. Luego se formaría una Junta Militar, dirigida por un teniente general en la reserva, que procedería a ilegalizar los partidos comunistas y separatistas y adoptaría medidas enérgicas para solucionar los problemas del país.

La «Operación Galaxia», como la denominaron los servicios secretos porque los conspiradores se reunieron en una cafetería madrileña con ese nombre, fue añadiendo contactos a la trama, pero ningún militar con suficiente mando de tropas para hacer efectivo el golpe, aunque contaban con las simpatías del jefe de la DAC, el general Torres Rojas. Finalmente, una delación permitió la detención de los responsables de la trama veinticuatro horas antes de que pusieran en marcha su plan.[555]

Las sanciones impuestas en mayo de 1980 por el consejo de guerra fueron muy leves, ya que los jueces militares aceptaron que la Operación Galaxia había sido un simple debate teórico, una «charla de café», como la definieron los periódicos de la ultraderecha. Tejero fue condenado a siete meses y un día y Sáenz de Ynestrillas, a seis meses —que ya habían cumplido—, y siguieron en activo como «disponibles forzosos». Torres Rojas fue cesado en el mando de la División Acorazada.

EL 23-F

El capitán general de la I Región recurrió las sentencias por su levedad, pero el Consejo Supremo de Justicia Militar las confirmó. Ello creó en muchos militares la impresión de que el Gobierno Suárez encarnaba un poder civil débil y en la ultraderecha una sensación de impunidad si sus acciones encontraban respaldo en las Fuerzas Armadas. En consecuencia se reanudó el trabajo conspirativo, aunque con mayor discreción. Los mandos del Ejército dispuestos al golpe evitaron implicar al búnker civil excepto en aspectos muy puntuales y secundarios, como las campañas progolpistas de la prensa ultra a lo largo de 1980. Al igual que en la «Sanjurjada» de agosto de 1932, se desarrollaron varias líneas conspirativas, nunca bien coordinadas y parcialmente incompatibles, lo que contribuyó a abortar la intentona casi tanto como la reacción de las fuerzas democráticas y de las instituciones del Estado.[556] En la medida en que se han ido conociendo estas tramas, diversos autores han señalado hasta cuatro líneas distintas:

1) El grupo de El Alcázar, u Operación Azul. El diario, órgano de la Confederación Nacional de Excombatientes y férreamente orientado por su presidente, José Antonio Girón de Velasco, se había convertido en el portavoz de la «estrategia de la tensión». En su entorno se movían una constelación de políticos, periodistas y sindicalistas más o menos próximos al antiguo falangismo movimientista que, a título personal o en representación de grupos de intereses, apostaban por un golpe «duro» para que una Junta Cívico-Militar anulara lo hecho durante la Transición. La función fundamental de este grupo era la justificación a priori del golpe de Estado ante la opinión pública.

En ello desempeñaron un papel importante los artículos publicados en el periódico del Colectivo Almendros, cuyos integrantes se desconocen pero en el que, junto con miembros civiles del búnker, probablemente había varios altos militares. Sus colaboraciones, auténticas cargas de profundidad contra el suarismo y el sistema constitucional, iban marcando una suerte de hoja de ruta en la estrategia. Así, el 17 de diciembre de 1980 presentaron en su artículo «Análisis político del momento militar» un dramático retrato de unas Fuerzas Armadas a punto de saltar para evitar el caos social y la amenaza de disolución del Estado. Afirmaban sus autores «la innegable unidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas, que a diario se refuerza», una vez que, «al parecer, se ha superado la inicial perplejidad que les supuso la transición política». El 22 de enero de 1981, en «La hora de las otras instituciones» hacían un velado llamamiento al Ejército a que tomase el poder.

La Constitución, tal y como está, no funciona […]. ¿Puede el desguazador reconstruir la misma nave que ha desmantelado? En este imperativo lógico se detiene nuestra reflexión. Ahora bien, cuando nadie en el Estado parece poder desarrollar esta función, quizás sea la hora, no de apelar a congresos, partidos, Gobierno, de los que nada decisivo ya puede salir, sino a las restantes instituciones del Estado.

    Y el 1 de febrero un tercer artículo, «La decisión del mando supremo», constituía una suerte de invitación al rey Juan Carlos a que apoyara el golpe en preparación, ya que disponía de «una gran libertad de acción para el uso de las facultades de arbitraje que la Constitución le otorga para accionar hacia la búsqueda de la solución correctora del reciente proceso político, cuya herencia no tiene por qué sancionar».

2) El golpe de los coroneles. En las semanas finales de 1980 varios coroneles con destino en diversas regiones militares, como José Ramón Pardo de Santayana y Diego Ibáñez Inglés, celebraron reuniones con vistas a implicar a las unidades a su mando en un levantamiento armado contra el Gobierno. Su figura más activa era el coronel José Ignacio San Martín, economista de los sindicatos verticales y responsable de los espías del SECED en los últimos tiempos de la dictadura, que ahora ocupaba el vital puesto de jefe de Estado Mayor de la DAC.

Los coroneles preveían la llegada al poder de una Junta Militar que establecería una dictadura comisoria, destinada a poner coto a lo que estimaban un proceso destructor del Estado y de la convivencia nacional. Según algunas fuentes, trabajaban en contacto con ellos un grupo de tenientes coroneles, calificados de «técnicos» —Jesús y José Crespo Cuspinera, Carlos de Meer, etcétera—, dedicados a la planificación táctica de un golpe que habría llevado a la presidencia del Gobierno al exministro Federico Silva Muñoz.[557] Los conspiradores buscaron apoyo entre los capitanes generales de las regiones y en la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), órgano supremo colegiado en la cadena de mando militar. Pero, como sucediera con la Unión Militar Española durante la República, los altos mandos no quisieron incorporarse a la iniciativa golpista puesta en marcha por sus subordinados.

3) La Operación De Gaulle, o Solución Armada. Algunos miembros de la JUJEM se movían en otra dirección: el apoyo a un golpe «blando» que, con apenas una amenaza de intervención militar, impulsara una moción de censura parlamentaria que permitiese al rey cesar a Suárez y encomendar a un general prestigioso la presidencia de un Gobierno de Salvación Nacional. Este adoptaría una postura de extraordinaria firmeza frente al terrorismo de ETA y GRAPO y rectificaría el desarrollo constitucional, especialmente la cuestión de las autonomías regionales, hacia rumbos más conservadores y aceptables para las Fuerzas Armadas. Era un modelo que se había probado en Francia en 1958, cuando el general Charles de Gaulle se hizo con el poder mediante una maniobra parecida.

A partir del verano de 1977 un grupo de grandes empresarios y no pocos políticos de distinto signo se habrían mostrado dispuestos a respaldar la operación, que se presentaba como garantía del éxito del proceso constitucional. Tras muchas vacilaciones, para encabezarla se buscó al general Alfonso Armada Comyn, antiguo secretario general de la Casa Real, personalmente muy próximo al rey Juan Carlos y ajeno a cualquier imagen ultraderechista. Ello obedecía a la esperanza de que apoyaran la iniciativa Alianza Popular —un partido que saldría enormemente reforzado si triunfaba la operación— y sectores de la UCD y del PSOE, y de que el Partido Comunista no opusiera una firme resistencia. Tampoco lo haría el rey, ya que los conjurados estaban seguros de que estaba al tanto de sus propósitos y simpatizaba con ellos. En el otoño de 1980 se produjeron algunos contactos con dirigentes socialistas que hicieron concebir a Armada la esperanza de que el PSOE, cuyos diputados eran fundamentales para sacar la moción de censura, se sumara en bloque a su proyecto. El general y sus colaboradores trabajaban contrarreloj, en la idea de asumir el poder, por vía legal, a finales de marzo de 1981.[558]

4) La Operación Duque de Ahumada, u Operación Tejero. La Solución Armada consideraba una variable en caso de fracasar la vía política: crear una «situación de excepcionalidad» mediante un sorpresivo golpe de Estado militar a fin de imponer la formación de un Gobierno de Salvación Nacional que suspendería la Constitución y, eventualmente, desarrollaría políticas represivas de gran dureza.

Entre algunos de los once capitanes generales de las regiones militares había surgido la conciencia de que debían asumir responsabilidades en la iniciativa encaminada a frenar los procesos constitucionales en marcha, conforme al espíritu que prevalecía en la JUJEM. Descartada la adhesión a los planes golpistas de los coroneles, la solución más fácil era apoyar la «constitucional» que proponía Armada y, creían, aprobaría el rey. Entre sus valedores se encontraba el capitán general de la III Región (Valencia), Jaime Milans del Bosch, un militar monárquico y ultraconservador.[559]

Si esta solución parlamentaria «blanda» fallaba, era preciso tener un recambio inmediato, esa «situación de excepcionalidad» golpista que permitiera a Armada asumir poderes extraordinarios como presidente del Gobierno. Milans estaba para ello en contacto con el teniente general en la reserva Carlos Iniesta Cano, responsable de la Guardia Civil en el tardofranquismo, falangista y hombre del grupo de El Alcázar. Iniesta defendía una solución golpista pura, que implicaba una acción armada inicial en Madrid a cargo de su amigo Antonio Tejero al frente de guardias civiles. Ello provocaría una reacción en cadena al facilitar a los mandos comprometidos la proclamación del estado de guerra en sus regiones. En junio de 1980 el ayudante de Milans se entrevistó con Tejero y le dio el visto bueno para que organizara una acción de comando en la capital. Los golpistas esperaban que elementos civiles de la ultraderecha los auxiliaran, para lo que Tejero había contactado con miembros del grupo de El Alcázar, como Girón de Velasco o García Carrés, que accedieron a financiarle. Si triunfaba el pronunciamiento castrense, pensaban, se suspendería la Constitución y se formaría un Gobierno extraparlamentario o una Junta Militar.

En definitiva, las diferentes líneas para facilitar la fractura de la evolución constitucional poseían objetivos y métodos dispares, que están en el núcleo de su fracaso. Armada y otros altos mandos militares pretendían una operación de reconducción política que creían estrictamente legal, apoyada por el rey y negociada con los principales partidos parlamentarios, pero impuesta con la solapada amenaza de recurrir a la solución de recambio, el golpe de Estado castrense. Este figuraba como salida privilegiada para un búnker politicomilitar que, sin embargo, precisaba de la colaboración de la JUJEM y de los capitanes generales vinculados a la vía pseudoconstitucionalista de la Operación Armada. Mantenimiento de la monarquía juancarlista o proclamación de una República presidencialista, Junta Militar golpista o Gobierno de Salvación Nacional pactado con los partidos y comisorio, operación política parlamentaria o acción armada escenificada por personajes claramente identificables con el involucionismo franquista… Había demasiados cabos sueltos.

Las distintas líneas golpistas terminaron confluyendo en una operación mal coordinada y puesta prematuramente en marcha ante el hecho inesperado de la dimisión de Suárez, el 29 de enero de 1981, y su sustitución por Leopoldo Calvo-Sotelo. Ello cerraba la vía política antisuarista de la Solución Armada e imponía la activación de la vía militar, la Operación Duque de Ahumada, aprovechando que el nuevo Gobierno de la UCD debía ser refrendado por el pleno del Congreso de los Diputados el 23 de febrero.

Ese día Tejero se dirigió a la sede parlamentaria con varios autobuses llenos de guardias, entró con ellos en el hemiciclo disparando y secuestró a diputados y ministros al grito de «¡Todo el mundo al suelo!». Inmediatamente, Milans proclamó el estado de guerra en Valencia y sacó los tanques por las calles de la ciudad, mientras algunos coroneles tomaban iniciativas menores, como la ocupación de la radio y la televisión públicas en Madrid. Pero la operación fue un fracaso. La DAC, que debía tomar la capital, no se movió. Con la excepción del general Luis Torres Rojas, gobernador militar de La Coruña, los demás altos mandos comprometidos, entre ellos parece que un par de capitanes generales,[560] no se sumaron al pronunciamiento, a la espera de una invitación del rey que no llegó. Los elementos de la ultraderecha civil no se movilizaron en apoyo del golpe. Retenidos los ministros en el Congreso, sus subsecretarios formaron un gabinete de crisis que actuó decididamente en colaboración con los gobernadores civiles para aislar los núcleos rebeldes. Y don Juan Carlos, contra lo que esperaban los golpistas, se dirigió al país condenando su acción.

Esa noche, el general Armada entró en el Congreso, cercado por unidades del Ejército y de la policía, formalmente para negociar una salida con Tejero. Pero parece que su propósito era muy distinto: quería presentarse ante los diputados, con el aval del rey, como el hombre que desactivaba el golpe militar y, a cambio, asumiría la presidencia de un Gobierno de coalición con representantes de los partidos —el líder del PSOE, Felipe González, sería vicepresidente— cuya lista llevaba en una hoja.[561] Pero la reacción del monarca, negándose a recibir en persona al general, y la continuidad del Poder Ejecutivo en los subsecretarios ministeriales habían anulado ya tal posibilidad. Y Tejero tampoco la aceptó: «Yo no he asaltado el Congreso para esto». Al día siguiente, los guardias civiles golpistas se rindieron con condiciones (el «pacto del capó») y pusieron en libertad a sus rehenes.[562] Mandos constitucionalistas sustituyeron en sus puestos a los capitanes generales rebeldes o tibios.

Si la intentona había sobrecogido a la opinión pública y sembrado la lógica alarma entre la militancia de sindicatos y partidos de izquierda, su fracaso fue recibido como la confirmación de la solidez del rumbo constitucionalista y la imposibilidad de la involución que pretendía la extrema derecha. Los partidos parlamentarios llamaron a manifestaciones en apoyo de la Constitución en las calles de todas las capitales de provincia, que movilizaron a millones de ciudadanos.[563]

El consejo de guerra contra los golpistas se desarrolló entre los meses de febrero y junio de 1982 en las instalaciones militares de Campamento (Madrid). Ni la Justicia militar ni el Gobierno querían que el proceso se convirtiera en un escándalo mediático y los periodistas sufrieron serias limitaciones a la hora de informar. Se procesó a treinta y tres personas, aunque once salieron absueltas. Tejero y Milans del Bosch fueron condenados a treinta años de prisión, Torres Rojas, a doce, y Armada, a seis, aunque el Gobierno recurrió y el Tribunal Supremo elevó la pena a treinta años. Cuatro coroneles y tenientes coroneles y un comandante fueron condenados a penas de entre doce y seis años, y dieciséis oficiales de la Guardia Civil recibieron condenas menores. Se evitó investigar los aspectos políticos de las tramas, que en su versión «blanda» probablemente se hubieran extendido en el ámbito de los partidos constitucionalistas. El único civil procesado, García Carrés, cuya implicación en el «Tejerazo» era muy evidente, fue condenado a dos años de cárcel.[564] Y se oficializó la versión sobre la actitud inmaculadamente constitucional del rey Juan Carlos.[565]

La ultraderecha consideró el 23-F como una ocasión perdida en un momento que la debilidad institucional, con Suárez dimitido y la UCD en proceso de disolución, hacía especialmente favorable para un golpe de timón. Pero no hubo lugar para la autocrítica que debería haberse derivado de la incapacidad de sus organizaciones para movilizarse en apoyo de unos golpistas que fueron descritos como héroes, como visionarios que actuaron para evitar la destrucción de España.[566] Cuatro meses después, en la VII Asamblea de la Confederación Nacional de Excombatientes, Girón afirmaba:

El 23 de febrero de 1981, un grupo de hombres, miembros todos ellos cualificados de las Fuerzas Armadas de España, irrumpieron inesperadamente en el marco político en un pronunciamiento que se encaminaba a un intento de reconducir a la nación española por otros derroteros […]. Los hombres del 23 de febrero se pusieron al margen de la ley, pero solo puede analizarse el hecho en su dimensión política a la luz de la catástrofe pública que acaso llevó a la exasperación y al límite de la paciencia a quienes ¡también en función de razones constitucionales! pudieron sentirse llamados a intervenir en defensa de lo fundamental, cuando lo fundamental, lo permanente, lo esencial, corre riesgos de gasificación.[567]

El Gobierno deseaba evitar herir la sensibilidad corporativa de los militares, para no dar pie a la persistencia de actitudes de rebeldía. En diciembre de 1981 se difundió en los periódicos el Manifiesto de los Cien, en el que otros tantos oficiales exigían que las críticas a los golpistas de febrero fueran consideradas como ofensas intolerables a las Fuerzas Armadas.[568] Pese al respaldo popular al proceso democrático, el 23-F había creado temor entre la clase política a que se reanudaran las tramas conspirativas. El Gabinete Calvo-Sotelo buscó imprimir, pues, un cambio de rumbo al sistema de creación de las autonomías regionales, lo más contestado por el estamento castrense. En julio de 1982 pactó con el PSOE la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que intentaba poner orden en un proceso de descentralización del Estado cuyos efectos se estaban disparando con dudoso criterio por las presiones particularistas de los viejos nacionalismos periféricos y las reivindicaciones de autogobierno en otras regiones, justificadas mediante la apresurada tarea de compilación o creación de variados corpus identitarios locales. Aun así, la LOAPA no llegó a desarrollar sus previstos efectos armonizadores y limitativos de los procesos autonómicos, ya que los nacionalistas vascos y catalanes lograron que el Tribunal Constitucional la anulara en agosto de 1983.

Para entonces gobernaba el Partido Socialista, apoyado en su mayoría absoluta en las Cortes, y la amenaza de un golpe de Estado se había difuminado. Pero no sin un último coletazo. La forma en que se desarrolló el juicio por el 23-F y el secretismo oficial sobre las tramas y su actuación antes del golpe y durante él vinieron a reproducir, aunque de forma más limitada, la sensación de debilidad de los aparatos del Estado frente al golpismo que había producido el juicio de la Operación Galaxia. Quedaron sin procesar mandos intermedios más o menos comprometidos, entre ellos el grupo de los «técnicos», los tenientes coroneles, que se mantuvieron en contacto. Y cuando, a comienzos del otoño de 1982, se convocaron unas elecciones a Cortes que todo el mundo estimaba que ganarían holgadamente los socialistas, pusieron en marcha un plan muy elaborado para frenar los comicios mediante un golpe previsto para el 27 de octubre, la víspera de la consulta electoral. No obstante, esta vez los servicios secretos actuaron con diligencia y el 1 de octubre fueron detenidos sus cabecillas. Ello cerró la etapa de los pronunciamientos castrenses, y unas Fuerzas Armadas leales al sistema constitucional dejaron de contar como su último recurso para una extrema derecha que afrontaba el final de la Transición en las peores condiciones posibles.

12

HACIA LA MAYORÍA NATURAL

LA DERECHA EN PROGRESIÓN

1982-1996

El triunfo por mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español en octubre de 1982 y la subsiguiente disolución de la Unión de Centro Democrático crearon una situación que las derechas españolas no experimentaban desde 1936: la pérdida de su control sobre los aparatos del Estado en beneficio de una opción de izquierdas. El crecimiento de Alianza Popular, aunque se había convertido en la segunda fuerza política, distaba de ser suficiente para amenazar la era socialista y era impensable que grupos del nuevo centroderecha como el Centro Democrático y Social o el Partido Demócrata Popular asumiesen en el periodo de una legislatura la condición de alternativa al PSOE y a la propia AP. Los resultados electorales supusieron la primera manifestación del «techo Fraga», que en los años siguientes procuraría a Alianza en torno a la cuarta parte del electorado, pero también la imposibilidad de superarlo. El partido debería iniciar una etapa de crecimiento y reconversión doctrinal, abandonando sus posiciones ultraconservadoras en el esquema de los partidos constitucionalistas y asumiendo tesis más moderadas, a fin de recuperar a los votantes centristas que se habían ido al PSOE o a la abstención y construir la mayoría natural, es decir, la hegemonía de la sociedad conservadora en la nación a través de una derecha política unitaria.

El concepto de «mayoría natural» fue explicitado por Manual Fraga en su intervención ante el V Congreso Nacional del partido, en febrero de 1982. Se refería, en un primer momento, a la necesidad de un pacto electoral que sumase las fuerzas de AP y las de una UCD en proceso de dispersión para contener la amenaza de una victoria socialista. Más allá de ello, la idea era que la sociedad conservadora, una vez garantizado el apoyo masivo de las clases medias, constituía el segmento mayoritario de la población y que su implicación a largo plazo en un proyecto político de derecha democrática mantendría la evolución del sistema constitucional bajo unos criterios de moderación y reformismo, a salvo de las tentaciones revolucionarias de la izquierda.

Tras la desaparición de la UCD, Alianza Popular se convirtió en la piedra angular de la derecha, en el eje aglutinador de pactos y coaliciones y en la fuerza impulsora, en 1989, del Partido Popular (PP), la organización con vocación hegemónica que se consideró en condiciones de completar la marcha hacia una mayoría natural estabilizada bajo parámetros liberalconservadores.[569] Pero ese proyecto totalizador no se cumplió plenamente. Entre 1982 y 1996 las fuerzas políticas que debían acometerlo resultaron muy minoritarias en la preferencia manifiesta de los ciudadanos a través de las urnas. Y cuando, a partir de ese último año, el PP estuvo en condiciones de gobernar, solo dispuso de dos legislaturas separadas (2000-2004 y 2011-2015) para hacerlo sin requerir apoyos parlamentarios externos limitativos de su proyecto. A lo largo de todo este periodo, AP-PP y sus aliados coyunturales, democristianos y liberales, hubieron de competir por un amplio segmento electoral con formaciones de centroderecha de ámbito estatal que se iban sucediendo (el Centro Democrático y Social, el Partido Demócrata Liberal, el Partido Reformista Democrático, Ciudadanos…), con los partidos regionalistas, con el liberalpopulismo de las plataformas levantadas por empresarios —José María Ruiz-Mateos, Jesús Gil, Mario Conde— y, sobre todo, con las formaciones de la derecha nacionalista, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, hegemónicas en la sociedad conservadora de sus ámbitos territoriales.

COALICIÓN POPULAR

Las expectativas creadas por el resultado electoral que convirtió a AP en la segunda fuerza parlamentaria del país tendrían que renovarse poco después, con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1983. El pacto electoral que ya se conocía como Coalición Popular —Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y la Unión Liberal, fundada en marzo— se consolidaba y la desaparición de la UCD hacía pensar en un nuevo trasvase de sufragios de la extinta formación, que aún había retenido un 6,7 por ciento del voto en los comicios generales. Pero la Coalición permaneció estancada, con el 25,61 por ciento del voto válido en las municipales, mientras que el PSOE logró el 43,03 por ciento. Aun así, en las principales ciudades donde no competía con la derecha nacionalista no quedaba demasiado lejos del partido del Gobierno: veintitrés concejales frente a treinta en Madrid, trece frente a dieciocho en Valencia, diez frente a diecinueve en Sevilla, etcétera.

Las elecciones autonómicas ofrecían, en principio, mejores expectativas: aunque no se celebrarían en Galicia, feudo aliancista, tampoco lo harían en Cataluña, Andalucía y el País Vasco, donde el partido podía esperar sus peores datos. Los comicios resultaron prometedores. Colación Popular seguía a una distancia considerable del PSOE —solo lo superó en Baleares y Cantabria—, pero subió su media de votación a un 34,9 por ciento y obtuvo cifras superiores al 25 por ciento de las elecciones generales en todas las comunidades excepto en Asturias y Navarra, donde su reciente aliado, la Unión del Pueblo Navarro, se hizo con el primer puesto con una candidatura en solitario. Algo quedaba claro: si Alianza Popular quería convertirse en el partido de gobierno en España debía incrementar su apoyo electoral en las comunidades que acababan de votar y en Galicia, para compensar su mucha menor presencia en Andalucía, el País Vasco y Cataluña, así como fortalecer su condición recién adquirida de «partido de competición» por el poder, en continuo crecimiento de votos y afiliados, capaz de modificaciones doctrinales y programáticas en función de las preferencias de su electorado potencial y con una organización interna disciplinada y centralizada, que en febrero de 1983 se estableció en un edificio de siete plantas en el número 13 de la madrileña calle de Génova, convertido pronto en la esquina más famosa de la geografía política española.

Entre el 27 y el 29 de enero de 1984 AP celebró en Barcelona su VI Congreso Nacional, en un ambiente de euforia poco contenida ante los prometedores resultados electorales y el hecho de que el partido hubiera pasado a encabezar la oposición como segunda fuerza parlamentaria. Los compromisarios renovaron su apoyo incondicional a Fraga, que mantuvo en líneas generales a su equipo de colaboradores, aunque el vicepresidente Fernando Suárez no quiso seguir. El congreso aprobó unos nuevos estatutos destinados a adaptar la organización interna a las necesidades de una formación con vocación de partido de masas —se notificó entonces que contaba con 145.000 afiliados—[570] y con presencia institucional en varias comunidades autónomas: una estructura unitaria y centralizada, que tenía al Congreso Nacional como órgano soberano de representación de los afiliados, un amplio Consejo Político como organismo deliberante y un sistema piramidal de toma de decisiones: Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Presidencia, con la Secretaría General ocupándose de los aspectos organizativos.

Con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón redactando la ponencia política, no hubo grandes modificaciones doctrinales en un partido que se definía como «democrático, liberal-conservador, reformista e interclasista», aunque Herrero trasladó al texto «un claro deseo de matizar algunos aspectos ideológicos, suavizando formas, de manera que se posibilite para el futuro una posible unión o colaboración política con partidos menos conservadores de lo que, hasta ahora, se desprendía del programa y de la marcha de Alianza Popular».[571] La salida del ala neofranquista en 1978 y el hundimiento de la UCD dejaban al aliancismo, sin necesidad de acometer grandes giros ideológicos, en condiciones de ocupar un nuevo espacio político, el centroderecha, que sus coyunturales socios democristianos y liberales no estaban en situación de arrebatarle.

La llegada de afiliados y electores procedentes de la extinta UCD fortaleció la línea liberalconservadora en una AP que buscaba marcar distancias doctrinales con el franquismo. Y ello era especialmente patente en la adopción de un programa económico y social thatcheriano, que asumía como valores del conservadurismo el darwinismo social, el libre mercado y la pérdida de capacidad intervencionista del Estado. En el debate parlamentario de los Presupuestos de 1984, Fraga expuso esta visión con notoria claridad:

Hay que cancelar el proyecto de consolidar el Estado haciéndolo cada vez más grande y de maquillarlo para que se parezca al Estado de bienestar que ya está abandonando toda Europa. Es necesario reducir el Estado, es necesario descongestionarlo, es necesario desintervenirlo y es necesario descentralizarlo. Solo así se podrá hacer la política económica que España necesita.[572]

En la primera mitad de 1984 se celebraron elecciones parlamentarias en Cataluña y el País Vasco. El reto para AP era reproducir la estructura regional de la UCD y recuperar la no despreciable cifra de votantes del centrismo en los comicios autonómicos de 1980: el 10,53 por ciento en Cataluña y el 8,49 por ciento en el País Vasco, a los que había que sumar un 2,35 y un 4,76 por ciento, respectivamente, de AP y sus socios electorales. En la comunidad vasca, el 26 de febrero, fue el PDP el encargado de configurar la candidatura de CP, que obtuvo el 9,32 por ciento de los votos y siete diputados, resultado que se consideró positivo. En Cataluña, sin embargo, AP asumió el protagonismo electoral, lo que planteó un problema cuando la organización central quiso reactivar la catalana imponiendo como líder a Eduard Bueno y situando al frente de la sección barcelonesa a Domènec Romera, con una candidatura provincial al Parlament encabezada por Jorge Fernández Díaz. Ello desató tensiones en el III Congreso Regional de AP, lo que obligó a Fraga a implicarse activamente en la decisión. El 29 de abril Coalición Popular obtuvo el 7,7 por ciento de los votos, relativamente lejos del 12,88 por ciento que sumó en 1980 la coalición Centristes de Catalunya (la UCD local) y Solidaritat Catalana, parte de cuya militancia estaba ahora en AP. El pobre resultado —once escaños frente a los 73 de la coalición catalanista CiU— generó nuevas tensiones entre el aparato regional y el central, y el secretario general, Verstrynge, recibió críticas por su intervención en el proceso electoral, que allí juzgaban excesiva.

Socios mal avenidos

Para entonces comenzaban a producirse roces entre los organismos dirigente de AP y los del PDP, un partido al que los aliancistas solían tratar como un socio menor que se beneficiaba de su propio electorado, lo que no dejaba de ser algo bastante próximo a la realidad. Los democristianos se esforzaban en mostrar un perfil independiente. Al constituirse el Congreso de los Diputados, a finales de 1982, intentaron organizarse en un subgrupo dentro de la Minoría Popular, y sus diputados se sentaban juntos, ostensiblemente separados de los aliancistas.[573] Tras la formalización de Coalición Popular, un primer conflicto de cierta envergadura se produjo a raíz de la elección del presidente de la Comunidad de Cantabria. En la etapa anterior lo había sido José Antonio Rodríguez como líder local de la UCD, y en 1983 concurrió a las elecciones como independiente en la lista de CP. Cuando se postuló para seguir, encontró la oposición inicial de AP, que deseaba situar a un afiliado al frente del Gobierno autonómico. Finalmente, y gracias al decidido apoyo del PDP, Rodríguez pudo mantenerse como presidente. El 11 de septiembre de ese año Óscar Alzaga apareció, en compañía del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y del secretario general del CDS, Rodríguez Sahagún, en la cabecera de una multitudinaria manifestación convocada en Madrid por el PSOE para protestar contra la dictadura de Pinochet en Chile. El gesto, que era coherente con la trayectoria antifranquista de Alzaga, causó irritación en una AP que se había abstenido de apoyar la manifestación.

El 26 de enero de 1985 el PDP celebró su II Congreso Nacional en un clima de consenso, que facilitó la reelección de Alzaga y de su equipo, con las vicepresidencias para Eduardo Carriles, José Luis Álvarez, Javier Rupérez, José Manuel Otero Novas e Íñigo Cavero, mientras Julen Guillamón se hacía cargo de la Secretaría General. En la Ejecutiva figuraban, entre otros, José Manuel García Margallo, Luis de Grandes, José Ignacio Wert y Pilar Salarrullana. En su discurso, Alzaga manifestó que «por fin la democracia cristiana se encuentra unida en torno a un proyecto político homogéneo» y que el partido aspiraba a ser «el primero de España», y abrió una puerta a la posible colaboración con el naciente Partido Reformista Democrático (PRD) que estaba aglutinando Miquel Roca, aunque ateniéndose al «compromiso de lealtad» con CP. Alianza Popular no fue mencionada en el discurso en momento alguno.[574] Que se buscaba cierta distancia con los conservadores quedó de manifiesto al día siguiente, cuando el presidente del PDP publicó un artículo en El País.

El PDP no se define a sí mismo como un partido «conservador». Y ello no porque pensemos que esa etiqueta pueda tener matices peyorativos —ya que de hecho mantenemos lazos políticos con un buen partido conservador como es AP—, sino que entendemos que esa etiqueta no se ajusta a lo que proponemos y queremos significar en la sociedad española. Lo cierto es que no nos consideramos un partido de derechas. Del mismo modo que los partidos homólogos al nuestro, que son objetivamente el centro de la política europea (y así se refleja en el Parlamento Europeo), nosotros nos identificamos con esa posición tanto por nuestras metas como por nuestro estilo político.

Apenas concluido el Congreso del PDP se desató en el seno de CP la lucha por las listas al Parlamento gallego, hasta el punto de que el presidente autonómico, Fernández Albor, tuvo que retrasar las elecciones hasta finales de noviembre de 1985. Se rumoreó que los democristianos, capitaneados por el presidente de la Diputación coruñesa, Enrique Marfany, exigían la mitad de los puestos y tendían puentes hacia una alianza con Coalición Galega, el socio local de la «operación Roca». Los comicios, en los que CP mejoró sus resultados al hacerse con el 40,89 por ciento de los votos, dieron prueba de una correlación de fuerzas abrumadoramente favorable para los conservadores, con veintidós diputados de AP frente a los siete del PDP.

Para entonces se había renovado el pacto de Coalición Popular, en la que la Unión Liberal de Pedro Schwartz había sido sucedida por un Partido Liberal que lideraba el presidente de la patronal madrileña, José Antonio Segurado, con el incombustible Pío Cabanillas de vicepresidente. Pese a los frecuentes roces entre los socios, se impuso la consideración de que, si las fuerzas del centroderecha querían arrebatar el poder a los socialistas, debían permanecer aliadas. Tanto el PDP como el PL lograron, por fin, la aceptación de la dirección aliancista para constituir subgrupos autónomos con sus diputados dentro de la Minoría Popular. Sin embargo, en diciembre de 1985 se produjo un nuevo conflicto cuando, en vísperas del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, las Cortes procedieron a designar a la representación parlamentaria que se incorporaría al Parlamento de Estrasburgo en tanto no se celebrasen elecciones ordinarias. De acuerdo con la proporcionalidad, a Coalición Popular le correspondían diecisiete eurodiputados, miembros del Congreso y del Senado. Mientras que AP defendía un reparto estrictamente proporcional conforme a la composición de los tres subgrupos, el PDP y el PL querían incrementar su representación. No lo lograron y a la Eurocámara fueron tres representantes democristianos y uno liberal frente a los trece de AP, lo que reforzó el descontento de los socios minoritarios.

LA OTAN EN EL CORAZÓN, LA ABSTENCIÓN EN LA CABEZA

Uno de los primeros grandes problemas que hubo de afrontar el Gobierno socialista fue la cuestión del ingreso de España en la OTAN. Durante largos años, el régimen franquista había buscado alguna fórmula de adhesión a la Alianza Atlántica, que revalorizara el pobrísimo acuerdo de defensa biliteral con Estados Unidos. No había obtenido resultado alguno dado el rechazo que suscitaba la dictadura española entre las democracias europeas. El arranque de la Transición cambió la perspectiva, pero una serie de cuestiones, como la amenaza de un golpe militar involucionista, cierta tendencia al neutralismo en la política exterior de los gobiernos de Adolfo Suárez o el deseo de no crispar a la opinión pública con un debate enconado, impidieron llevar adelante los contactos que se mantenían al efecto. La llegada a la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo, un atlantista convencido, fue decisiva para que la diplomacia española cambiara la perspectiva que, en cualquier caso, aparecía meridianamente vinculada al proceso paralelo de negociación de la adhesión a la Comunidad Económica Europea. El 15 de septiembre de 1981 el pleno del Congreso de los Diputados admitió a trámite la solicitud para la adhesión a la OTAN, que fue aprobada a finales de octubre por 186 votos frente a 146. Tras su paso por el Senado, el Gobierno inició los trámites internacionales, que culminaron el 10 de diciembre con el protocolo de adhesión firmado en Bruselas.

Inmediatamente, las izquierdas, movilizadas en contra de la adhesión, rechazaron un acuerdo meramente parlamentario. El PSOE jugó una de las principales bazas de su campaña electoral de octubre de 1982 con la promesa de un referéndum que podría servir para anularlo. El eslogan utilizado al efecto —«OTAN, de entrada, no»— ocultaba, sin embargo, una ambigüedad que quedó de manifiesto cuando el Gabinete de Felipe González se vio en la necesidad de desplegar una Realpolitik que vinculaba los intereses europeístas de España a los atlantistas. El cumplimiento de la promesa se demoró, pero también la culminación del proceso de integración, aunque en octubre de 1984 González propuso una nueva fórmula: la permanencia en el aparato político de la Alianza, pero no en el militar; hasta que la proximidad del final de la legislatura, con unas elecciones generales en las que el socialismo podía sufrir un importante voto de castigo por su incumplimiento, llevó a convocar el referéndum para el 12 de marzo de 1986.

Necesariamente implicados en la consulta, los partidos de CP apreciaron que la opción de recomendar la abstención no dejaba de tener cierto sentido desde un punto de vista táctico. Una abstención elevada y, en paralelo, un triunfo del «no» a cargo del electorado de izquierdas serían un revés que podría volverse insuperable para el PSOE en las elecciones convocadas para tres meses después del referéndum. Las encuestas mostraban una caída continua del apoyo al ingreso en la OTAN, que había pasado del 57 por ciento en junio de 1975 al 20 por ciento en julio de 1981 y al 13 por ciento en marzo de 1983. En esos tres momentos, la cifra de partidarios de la no integración era del 24, el 35 y el 57 por ciento, respectivamente. Ello se debía en gran medida a «la influencia de la campaña anti-OTAN puesta en marcha por el PSOE en 1981».[575] Durante la etapa de gobierno socialista, esta tendencia se había mantenido. En noviembre de 1985 un 63 por ciento de los españoles apoyaba la celebración del referéndum y el 43 por ciento declaraba que votaría a favor de abandonar la Alianza Atlántica.

Cuando, el 6 de febrero de 1986, se publicó el real decreto de convocatoria, las direcciones de AP, PDP y PL se pronunciaron por la abstención. Las tres formaciones presumían de una firme vocación atlantista, por lo que la decisión resultaba cuando menos sorprendente, incluso si se entendía como una estrategia a corto plazo para ganar las elecciones. La ponencia de política exterior del III Congreso de AP, el de la refundación de 1979, defendía rotundamente el ingreso en la OTAN, tanto por favorecer la integración en un gran pacto de seguridad multinacional como por la ventaja de modernizar las Fuerzas Armadas e integrarlas en un contexto democrático. En sucesivos congresos y procesos electorales Alianza Popular había perseverado en esta vía, descalificando las acciones antiatlantistas de un PSOE de «pacifismo melifluo».[576] Pero cuando, a finales de 1985, el Gobierno anunció el referéndum y su apoyo a la permanencia, Fraga, Alzaga y Segurado firmaron una «Declaración conjunta» en nombre de sus partidos en la que criticaban una iniciativa que causaría un grave daño al sistema constitucional si una decisión previa del Parlamento era sometida a una consulta ciudadana «que ni la Constitución exige, ni la prudencia aconseja». Solicitaban su no celebración, lo que «rendiría un gran servicio a España» y supondría «el ahorro de un gasto innecesario». Pero, si se realizaba, Coalición Popular no participaría en la campaña ni aconsejaría votar en sentido alguno, y promovería en cambio una «abstención activa» para reprocharle su gesto al Ejecutivo y asumiría una labor de control de la limpieza de «tan estéril e innecesaria consulta».[577]

En las semanas anteriores al referéndum, los dirigentes de Coalición Popular realizaron un notable esfuerzo para explicar lo inexplicable: que aun siendo profundamente atlantistas recomendaban la abstención para que triunfase el «no», convencidos de que ello no tendría consecuencias prácticas porque provocaría un vuelco electoral radical pocos meses después y la llegada de CP al Gobierno, lo que garantizaría la permanencia en la Alianza. Ello les valió no solo las críticas del PSOE, el CDS y otras formaciones que apoyaban el «sí» a la permanencia, sino también de los partidos conservadores, liberales y democristianos de los países de la OTAN, que contemplaban con enorme disgusto la táctica obstruccionista de sus correligionarios.[578] Pocos días antes de la votación, Fraga manifestó ante un grupo de periodistas que su partido había tomado la decisión de abstenerse «por convicción y patriotismo», ya que «votar “sí” es hacer el juego al socialismo, y “no”, al comunismo y al Pacto de Varsovia». No obstante, aseguró que «Alianza Popular no sacará a España de la OTAN si vence en las próximas elecciones generales, al margen del resultado del referéndum».[579] Y desde el PDP José Luis Álvarez explicaba lo siguiente:

El país se encuentra sumido en una confusión gigantesca. Las encuestas arrojan resultados diversos y hasta contrapuestos. Las gentes van a votar sí o no, no pensando en la OTAN, sino en otras muchas cosas […]. Somos muchos los que decidimos pasar de este referéndum por innecesario, inútil y partidista, y nuestra abstención encierra un claro sí a la OTAN, pero de forma plena y no colocándonos en la Alianza de una forma vergonzante, de manera que tengamos menos derechos que Italia, Alemania o Portugal. Y hay muchos socialistas que no se atreven, por miedo, a llevar en público la contraria a su partido, pero en las encuestas sale que van a votar que no.[580]

Contra lo que cabía esperar a tenor de esas encuestas, la propuesta gubernamental fue refrendada por la ciudadanía con un estrecho margen del 52,49 por ciento de votos positivos. La abstención fue del 40,58 por ciento, superior a los votos favorables, pero ello no representó un obstáculo para que el Gobierno se adjudicara el resultado como un triunfo.

El referéndum de la OTAN supuso un serio revés para AP y sus socios, ya que ponía de manifiesto que una parte sustancial de su propio electorado había ignorado la consigna abstencionista para votar a favor, equilibrando la pérdida de apoyos a la propuesta del Gobierno entre los votantes socialistas.[581] Fraga intentó forzar el análisis: «Lo único claro de momento es que la abstención ha ganado y que el “no” ha sido derrotado; por tanto, nuestra estrategia era la buena». En los días siguientes a la consulta, los partidos de CP se plantearon activar una amplia batería de iniciativas legislativas para, según dijo el presidente de AP, «poner de manifiesto los problemas que de verdad tiene este país y la mala gestión del Gobierno». Incluso se llegó a plantear públicamente que la Minoría Popular presentara una moción de censura en el Congreso. Pero la medida era absurda incluso como tentativa de desgastar al Ejecutivo, ya que, como dijo José Antonio Segurado, «a pocos meses de la consulta electoral» la moción de censura era «improcedente».[582]

LA REBELIÓN DE LOS PUPILOS

El error estratégico en el referéndum le pasó factura al liderazgo de Fraga pero, a más corto plazo, también a su partido. Que el Gobierno socialista no había sufrido un problema a causa de su apuesta por la OTAN quedó claro tres meses después, cuando se celebraron elecciones generales. El PSOE renovó la mayoría absoluta en el Congreso con el 44,06 por ciento de los votos y 184 diputados. Coalición Popular quedó en segundo lugar, pero a mucha distancia; obtuvo 105 escaños y el 25,97 por ciento de los votos. El crecimiento del CDS, cuyos resultados lo situaron en el tercer puesto, dejaba de ser una amenaza rampante para los conservadores al quedar en unos pocos operativos diecinueve diputados, con el 9,22 por ciento de los sufragios. Sin embargo, era un consuelo muy pobre ante la evidencia de lo que empezó a denominarse «el techo Fraga», esa imposibilidad de que CP superara la cuarta parte de los votos en unos comicios nacionales, muy lejos de la mayoría natural que buscaba su líder. Ese mismo día se celebraron elecciones al Parlamento andaluz. Los resultados de CP fueron incluso inferiores: obtuvo el 23,3 por ciento de los votos y veintiocho diputados frente a los sesenta del PSOE.

El fracaso de las elecciones de junio vino a sumarse a la mala imagen ofrecida por la abstención en el referéndum de marzo. En julio, el PDP, que nunca se había sentido a gusto en la coalición pese a que en las recientes elecciones le habían correspondido veintiún diputados y once senadores, anunció que abandonaba Coalición Popular y que seguiría su camino en solitario, con grupo parlamentario propio. A lo largo del verano se desataron las tensiones en los organismos dirigentes de AP y comenzó a ganar terreno la idea de relevar a un presidente que parecía electoralmente amortizado. Desde los comienzos del partido, el político gallego había ejercido un auténtico liderazgo sobre su organización, e incluso se había impuesto la idea de que era el «fundador» de Alianza Popular. Y la refundación de 1979 había facilitado un modelo de partido presidencialista fuertemente jerarquizado por un aparato interno «fraguista» que dirigía el delfín del presidente, el secretario general Jorge Verstrynge.

Había comenzado un goteo de protestas y dimisiones. En defensa del «sí» en el referéndum se pronunciaron pesos pesados como el eurodiputado Abel Matutes, jefe de filas del pujante conservadurismo balear, el senador Luis Olarra, la figura más mediática de AP en el País Vasco, el influyente diputado Gabriel Camuñas o Juan Hormaechea, alcalde de Santander. Y la coruñesa María Victoria Fernández-España, histórica parlamentaria desde 1977, pasó al Grupo Mixto del Congreso en protesta por la postura del partido. Las elecciones de junio acentuaron la impresión de que Fraga estaba «quemado» y de que había que buscar una alternativa. Los responsables de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), sospechando que el político gallego no era una opción de futuro fiable, habían encargado y publicado, en vísperas de los comicios, una macroencuesta sobre las preferencias del electorado de derechas. Fraga figuraba en primer lugar, pero le seguía su hombre de confianza, el secretario general de AP, Jorge Verstrynge. Este hizo una lectura personal —y errada— del resultado:

La primera conclusión de la encuesta de la CEOE fue, pues, que no había alternativa momentánea a Fraga, pero que, en un futuro más lejano, esa alternativa podía ser yo. Segunda conclusión: para tener alguna posibilidad de ganar, Fraga tenía que sumergirse totalmente en la campaña, una campaña planificada científicamente. Lo cual equivalía a que Fraga dejara a alguien del partido en lo institucional y en lo relativo al aparato. Tercera: en todo caso, Fraga era una catástrofe como gestor práctico, por lo que, al menos hasta que llegasen las elecciones y hasta el día siguiente a las mismas, debía ser separado del funcionamiento del aparato. Y cuarta: quien podía mejor que nadie, aparentemente, dirigir este último era yo.[583]

Tras las elecciones de junio, que confirmaban el «techo Fraga», los dirigentes empresariales, entre los que se encontraba Segurado, el líder del Partido Liberal, comenzaron a ejercer presión a favor del relevo inmediato. En torno a Verstrynge se situó un grupo de cuadros que defendían que Fraga se presentara a la alcaldía de Madrid —la llamada «operación Chirac»— y delegara el poder dentro del partido en una dirección colegiada designada en un congreso extraordinario. El presidente reaccionó con vehemencia ante lo que consideraba una conspiración contra él. Le exigió la dimisión a Verstrynge, y como este se negó lo «cesó fulminantemente» el 2 de septiembre, sustituyéndolo por Alberto Ruiz-Gallardón, joven concejal del Ayuntamiento de Madrid, hijo de uno de los fundadores de AP.[584] A ello siguió «una escandalosa depuración de los posibles conspiradores».[585] El día 17 era suspendido de militancia Luis Olarra, miembro de la Junta Directiva Nacional, que había pedido públicamente la dimisión a Fraga. Y cuando el presidente de AP en Madrid, Carlos Ruiz Soto, se solidarizó con el empresario vasco y atacó al líder del partido afirmando en público «hay que cesar al Zapatones», los fraguistas organizaron una moción de censura en la Junta Directiva madrileña que, al prosperar, permitió cesarlo. Verstrynge, Ruiz Soto y otros dos diputados pasaron entonces al Grupo Mixto.

Los represaliados procedieron a formar sus propios partidos. Ruiz Soto fundó el Partido de Madrid, de carácter regionalista; a finales de año Olarra y Gabriel Camuñas promovieron un Partido Demócrata, y Verstrynge y Carlos Manglano inscribieron, el 2 de diciembre de 1986, Renovación Democrática, un partido «virtualmente de centroizquierda». El dinero lo ponía un acaudalado empresario, Mario Conde, que ya apuntaba una incipiente vocación de patronazgo político.[586] Pero la experiencia resultó un fracaso, Verstrynge liquidó el partido apenas un año después y, tras amagar con ingresar en el CDS, culminó su trayectoria afiliándose al PSOE en mayo de 1988.

Las purgas contra los rebeldes de finales del verano de 1986 parecieron restablecer la autoridad de Manuel Fraga sobre el aparato aliancista, pero no tardó en producirse un nuevo revés. El 30 de noviembre se celebraron elecciones al Parlamento vasco. Una menguada Coalición Popular, integrada por AP y el PL, solo pudo alcanzar el sexto puesto, con dos diputados de un total de 75. Los conservadores quedaron a diecinueve puntos porcentuales de sus rivales derechistas del PNV y redujeron sus votos a la mitad, un 4,84 por ciento, frente al 9,32 por ciento logrado dos años antes. A ello se unían crecientes dificultades económicas, ya que los bancos le concedían con cuentagotas a AP los créditos necesarios para las frecuentes campañas electorales y el empresariado tenía un interés muy relativo en financiar un partido al que no se le veían posibilidades de gobernar a corto o medio plazo. Fraga asumió por fin el problema y entendió que la solución podía pasar por el relevo en el liderazgo del partido. El 1 de diciembre de 1986, presentó su dimisión como presidente de Alianza Popular ante la Junta Directiva Nacional.

LA ETAPA DE HERNÁNDEZ MANCHA

La pérdida de quien se consideraba el padre fundador del partido y su verdadera personificación durante una década, planteó la necesidad de sustituirle con la mayor urgencia. En la primavera de 1987 se celebrarían elecciones europeas, autonómicas y municipales, y para entonces AP debía contar con un liderazgo asentado y unos cuadros dirigentes renovados. Se convocó, pues, con carácter de extraordinario el VIII Congreso Nacional para el 7 de febrero y comenzaron a surgir candidatos. El primero en manifestarse fue Miguel Herrero, que ejercía como presidente en funciones. Pero enseguida apareció un rival en el extremeño Antonio Hernández Mancha, entonces responsable de AP en Andalucía. En torno a los dos candidatos se agruparon las dos tradiciones de militancia presentes en el partido: la de quienes habían construido su currículo político en la organización, como Hernández Mancha, quien tenía también el apoyo de la sección juvenil, Nuevas Generaciones, y la de quienes, como Herrero, procedían de otras formaciones y se habían subido al carro aliancista a partir de la crisis de la UCD. Este contaba, además, con la colaboración de un grupo de jóvenes cuadros, como José María Aznar, Rodrigo Rato, Juan Ramón Calero, etcétera.

La celebración del congreso no supuso la catarsis que se esperaba. Hernández Mancha se impuso con rotundidad por 1.930 votos frente a 729, pero quedaron de manifiesto las divisiones en el seno del partido, y la victoria del nuevo presidente, un político de apasionado corte populista frente a la imagen de frío elitismo intelectual que ofrecía su oponente, se vio ensombrecida por la sospecha de que se debía al apoyo público que le había dado un Fraga en malas relaciones con Herrero y que seguía ejerciendo una gran autoridad moral sobre la afiliación.[587] Hernández Mancha hubo de hacer frente, además, a un intento de modificación de los estatutos para reducir el poder casi absoluto del que había disfrutado su antecesor y aumentar el del nuevo secretario general, Arturo García-Tizón. Pudo evitarlo pero, de nuevo, resultó evidente que tenía una ardua tarea por delante si quería alejarse de la imagen de ser un mero heredero del gran hombre.

Tras su toma de posesión, el nuevo presidente de AP se embarcó en el principal reto del partido: apartar a los socialistas del gobierno del Estado. Para ello era preciso desgastar la imagen del equipo ministerial de Felipe González, aumentando el tono de las críticas y asumiendo una postura marcadamente radical en la defensa de los valores conservadores a fin de superar el «techo Fraga», primero en las cercanas elecciones autonómicas y municipales y luego en unas generales. La ocasión inicial la ofrecería el debate parlamentario sobre el «estado de la nación». Pero Hernández Mancha tenía un problema: era senador, no diputado, por lo que no podría replicar en el hemiciclo al presidente del Gobierno en calidad de jefe de la oposición. Los aliancistas buscaron desesperadamente modificar la situación, solicitando un pleno conjunto de las dos cámaras o incluso un intercambio de escaños entre Fraga y Hernández Mancha. Sin embargo, el presidente del Congreso se opuso y tuvo que ser el portavoz de la minoría, Arturo García-Tizón, quien interviniera en un descafeinado debate celebrado el 24 y 25 de febrero de 1987, en el que otros políticos como Alzaga, Suárez o Roca adquirieron un protagonismo como portavoces de la oposición que hubiera sido imposible con Fraga en la tribuna. Ello resultó muy perjudicial para la imagen pública del nuevo presidente de AP y también lo había sido el hecho de que, a mediados de enero, el Partido Liberal abandonara Coalición Popular —que dejaba así de existir— y sus doce diputados dejaran el Grupo Popular, que en poco más de un año había perdido casi la mitad de sus escaños.

Hernández Mancha quiso responder a estos reveses con una medida de gran calado: una moción de censura contra Felipe González justificada en la creciente protesta ciudadana contra las políticas socioeconómicas que estaba desarrollando su Gobierno. Esta vez sí pudo el presidente de AP, en su condición de candidato alternativo a la presidencia, defender en el Congreso de los Diputados la moción, presentada en abril. Pero la minoría aliancista se quedó sola al sumar 67 votos a favor frente a 195 en contra y 71 abstenciones, la mayoría de estas promovidas por sus antiguos socios en Coalición Popular. Quien debía reafirmarse como líder de la oposición y futuro presidente del Gobierno quedó, de nuevo, en una situación desairada con esta derrota.

Las elecciones municipales, autonómicas y europeas de junio de 1987 eran la auténtica prueba de fuego. En los comicios locales AP se mantuvo en segundo lugar, pero perdió incluso el «techo Fraga» al hacerse con el 20,94 por ciento de los votos y 16.312 concejales frente al 37,08 por ciento obtenido por el PSOE. Las elecciones autonómicas depararon unos resultados algo mejores: AP consiguió el 28,4 por ciento de los votos frente al 37,5 del PSOE y las presidencias de las comunidades balear, castellanoleonesa, cántabra y riojana, aunque es más que probable que, si se hubieran celebrado los comicios regionales también en Andalucía, Cataluña y el País Vasco, los resultados globales habrían sido mucho peores. Un dato preocupante era el espectacular crecimiento del CDS, con un 16,1 por ciento de los votos. En las elecciones al Parlamento Europeo, en las que Fraga fue el cabeza de lista de AP, el partido no pudo tampoco superar el «techo», con el 24,65 por ciento de los votos y diecisiete eurodiputados. Y en septiembre de 1987 el presidente autonómico gallego, Fernández Albor, fue derribado por una moción de censura pactada por socialistas y regionalistas, con lo que AP perdió su principal feudo territorial.

La sensación de fracaso se iba instalando en las bases y los cuadros de Alianza Popular. No solo se estaba lejos de representar una amenaza para la hegemonía socialista, sino que los liberales del CDS se acercaban peligrosamente sin que el Partido Liberal de Segurado, que ahora actuaba en solitario, poseyera capacidad alguna para hacer frente al suarismo en su segmento doctrinal. En el seno de AP se abría paso la idea de que la política de coaligarse con partidos democristianos y liberales, para moderar el rechazo que la formación conservadora provocaba en los votantes de centro, no daba resultado y de que era preferible que el partido incorporara en su seno a esas familias doctrinales para dotar a la derecha de una cosmovisión ideológica, pero también de una estructura unitaria.

Aunque en teoría había obtenido un retiro dorado en Estrasburgo, Manuel Fraga seguía teniendo un fuerte sentido de liderazgo. El 2 de marzo de 1988 convocó a una comida en un restaurante madrileño a Antonio Hernández Mancha, Miguel Herrero y algunos de sus colaboradores —Arias Cañete, Ruiz-Gallardón, García-Tizón, Ortí Bordás y Aznar—, y les expuso su cruda visión acerca de la situación de AP y la necesidad de abrirse a otros espacios doctrinales, especialmente a la democracia cristiana. Fue un intento de conciliación que pocos días después se presentó ante la opinión pública mediante una convención del partido celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, en la que se escenificó el apoyo de la organización al liderazgo de su entonces presidente.

A lo largo del año 1988 se acumularon nuevos reveses para el equipo de Hernández Mancha, cuya situación como líder de la oposición se veía cuestionada por la disidencia interna y el creciente prestigio de la alternativa de centroderecha que asumía el CDS de Adolfo Suárez. En las elecciones catalanas del 29 de mayo, AP quedó en cuarto lugar, con solo el 5,41 por ciento de los votos —poco más que el CDS, que obtuvo el 4,14 por ciento—, lo que para los conservadores suponía perder casi la mitad de los sufragios de las autonómicas de 1984. En octubre el líder de AP en Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció una moción de censura contra el presidente regional, el socialista Joaquín Leguina. Afirmó que el CDS la apoyaría, pero los suaristas lo negaron, lo cual puso de manifiesto el aislamiento del partido conservador en el Parlamento regional.

Entre las bases aliancistas crecía el número de quienes pensaban que solo un retorno de Fraga salvaría la situación. Con la perspectiva de un nuevo congreso a celebrar en enero de 1989, comenzaron a producirse maniobras. Federico Trillo y Rodrigo Rato viajaron a Estrasburgo para convencer al expresidente de la necesidad de que recuperara el mando. La dirección manchista propuso aumentar el número de compromisarios, algo que el sector crítico interpretó como un intento de fortalecer la posición del aparato dirigente, y dos de sus miembros, Aznar y Trillo, amagaron con dimitir del Comité Ejecutivo. El primero anunció que se presentaría a la elección de presidente pero luego retiró el anuncio, lo cual demostraba que Fraga había aceptado volver. Este se reunió con Hernández Mancha el 24 de octubre, le comunicó que se presentaría y le ofreció integrarle en una candidatura única como vicepresidente, algo que su interlocutor rechazó. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y las organizaciones territoriales iban manifestando su apoyo al político gallego, la posición del todavía presidente se iba deteriorando.

Las últimas semanas de 1988 fueron testigo, pues, de un enfrentamiento cada vez más abierto entre el oficialismo manchista y el sector crítico, ahora fraguista, que fomentaba la idea de que el veterano político retornaba para detener el deterioro de la formación y refundarla, pero que, logrado ese objetivo, a partir de 1990 orientaría su carrera hacia la política gallega, dejando que sus segundos se hicieran cargo del partido. Cuando el 28 de noviembre ambas facciones se enfrentaron abiertamente en la Junta Directiva Nacional por el asunto de ampliar el número de compromisarios al congreso del partido, Hernández Mancha abandonó la reunión con un puñado de seguidores y la dio por finalizada, pero 160 miembros de la Junta permanecieron en sus puestos y siguieron debatiendo estrategias en ausencia del presidente. Al día siguiente, en el Comité Ejecutivo, algunos de los reunidos hicieron pública solicitud de que Hernández-Mancha dimitiera «por dignidad», mostrando así cuál era la relación de fuerzas y el futuro que le aguardaba al extremeño.[588] Y algo parecido sucedió cuando Fraga protagonizó en Valladolid su primer acto público como candidato, el 17 de diciembre, y fue constatable el entusiasmo de las bases locales del partido. Al día siguiente, Hernández Mancha le dirigió una carta solicitándole «hablar sosegadamente, dónde, cuándo y del modo que quiera».

La huelga general convocada por los sindicatos contra las políticas socioeconómicas liberales del Gabinete de Felipe González, que había paralizado al país el día 14, parecía mostrar el final del ciclo de gobierno del PSOE y, sin alternativas a la izquierda, la apertura del proceso hacia la consecución de la mayoría natural conservadora, para lo que era precisa la unidad de la derecha parlamentaria. El primer paso era resolver la fractura en AP, por lo que su presidente recibió una nueva oferta para incorporarse a la candidatura fraguista, en la que, sin embargo, no podría estar el secretario general, García-Tizón. El pulso se mantuvo algunos días, en los que Hernández Mancha insistió en integrar las dos candidaturas, hasta que el 3 de enero se entrevistó con Fraga y este no le ofreció ya otra salida que la retirada. Al día siguiente, tras obtener garantías de que no se tomarían represalias contra sus seguidores, Hernández Mancha anunció que no se presentaría a la reelección y ofició una obligada reconciliación pública con el futuro presidente.[589]

DE ALIANZA A PARTIDO: LA SEGUNDA REFUNDACIÓN

En los días que precedieron al IX Congreso de Alianza Popular, un Manuel Fraga que actuaba ya como presidente en funciones llegó a un acuerdo con Marcelino Oreja, quien se afilió al partido para impulsar el giro doctrinal y aunar fuerzas con la Democracia Cristiana, nombre que había adoptado el PDP en marzo de 1988. Ello no solo abriría a AP la vía de su reforzamiento con la adhesión de los democristianos, sino que le facilitaría el tan deseado ingreso en el Partido Popular Europeo. Y Fraga también contactó con José Antonio Segurado, cuyo Partido Liberal vivía ahora en permanente precariedad. Su planteamiento era que la unificación de los antiguos socios de CP debería realizarse a partir de la estructura de AP, muy superior en capacidad organizativa, afiliación y electorado a la de los otros dos, pero realizando las necesarias adaptaciones programáticas y doctrinales para que cupieran las nuevas familias e incorporando a los dirigentes de la DC y del PL a los órganos de dirección del partido. No sería, pues, la federación de derechas tantas veces fracasada, sino un partido unido y centralizado, bajo el liderazgo unipersonal de Fraga y de quien le sucediera.

La formación de lo que se definía como el gran partido del centroderecha comenzó a prepararse apenas resuelta la crisis de la presidencia de AP. El 5 de enero, Fraga, Hernández Mancha y Oreja escenificaron su armonía en el empeño en una rueda de prensa en la que plantearon el proceso de la refundación como un giro hacia la democracia cristiana que aunaría a las fuerzas de la derecha democrática. En cierta forma, era la culminación de un proceso evolutivo que el liderazgo de Fraga Iribarne venía impulsando desde 1979.

Solo Fraga pudo inducir en Hernández Mancha el giro copernicano que le llevó de «la nueva derecha» a los planteamientos democristianos, lanzándolo a los brazos de Oreja. Y solo él pudo conseguir que hombres como Herrero, Aznar, Trillo o Rato contemplasen impávidos la transformación de Alianza Popular en un partido democristiano. En ningún caso hubieran aceptado tal cosa por orden de Antonio Hernández Mancha.[590]

El IX Congreso Nacional de AP, que adoptó el lema «Avanzar en libertad» y fue titulado «de la refundación», celebró sus sesiones entre el 20 y el 22 de enero de 1989 y a él asistieron 2.800 compromisarios, con una media de edad de cuarenta años y de los que la cuarta parte eran mujeres.[591] Conforme había pactado con Oreja, Fraga, candidato único a la presidencia al frente de una lista de cargos también única, propuso sustituir el nombre de Alianza por el de Partido Popular. Encontró cierta resistencia entre los compromisarios a una medida que presentó como una idea exclusivamente suya, una «cuestión de confianza personal, vinculada a la aceptación de volver a la presidencia», y que terminó siendo ratificada por 441 votos a favor frente a 111 negativos y 64 abstenciones. Los estatutos aprobados para el nuevo partido se justificaban, según la ponencia, en la necesidad de aunar a las tres grandes familias de la derecha constitucionalista: «Un partido de ancha base donde quepan y convivan cómodamente las ideas liberales, conservadoras y democristianas».

Sin embargo, se evitaba reproducir los problemas que le había creado a la UCD la dinámica rival de sus familias. El cambio de nombre, de Alianza a Partido, recogía el propósito de mantener la estructura unitaria y presidencialista que informaba a AP desde 1979. No habría un proceso constituyente del PP mediante un congreso propio, sino que el IX de AP pasaría a ser el IX del PP, marcando así una continuidad histórica con la línea conservadora. Fraga volvía a ser el líder indiscutido y formó un equipo dirigente con aliancistas fieles a su persona y que en el agitado bienio anterior habían conformado el sector crítico. Sobre todo, la reconversión suponía la llegada de una nueva generación de políticos, la de la Transición, que carecían de currículo franquista. A ella pertenecían dos de los vicepresidentes del PP, Isabel Tocino y José María Aznar, aunque los otros cuatro, Marcelino Oreja, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Abel Matutes y Félix Pastor Ridruejo, eran ya veteranos. El secretario general, Francisco Álvarez Cascos, un hombre especialmente próximo a Fraga, era también un joven político de la generación de la Transición, al igual que sus adjuntos, Federico Trillo, Rodrigo Rato y Juan José Lucas. Y los vocales del Comité Ejecutivo alternaban los cuadros veteranos —Ortí Bordás, Martín Villa, José Luis Álvarez, Fernando Suárez, etcétera— con otros nuevos que marcarían en el futuro la historia del PP: Juan Ramón Calero, Loyola de Palacio, Mariano Rajoy, Celia Villalobos, Rafael Hernando, etcétera. En el estratégico puesto de tesorero siguió Rosendo Naseiro, un paisano de Fraga que no mucho después, en abril de 1990, sería procesado por un asunto de financiación ilegal del partido y de sobornos —el «caso Naseiro»— que abrió la senda judicial de los grandes escándalos de corrupción que, más tarde, afectarían reiteradamente a la formación conservadora.[592]

La ponencia ideológica admitía algunos principios pactados con los democristianos en los meses anteriores, como el «humanismo cristiano» o la «economía social de mercado», y hacía una concesión expresa al sector liberal al asumir la disminución de las funciones sociales y económicas del Estado. Estos principios se recogían en un decálogo: «1. Humanismo cristiano; 2. Pragmatismo frente al dogmatismo; 3. Reformismo; 4. Libertad de la persona. 5. Soberanía y pluralismo social; 6. Economía social de mercado; 7. Sentido social y solidaridad con los más débiles; 8. Reducción del peso del Estado; 9. Idea de nación y asunción del legado histórico; 10. Valoración regional desde la perspectiva del pluralismo y la diversificación».[593]

No parecía posible, a priori, que el relativo giro doctrinal desde las posiciones estrictamente conservadoras de AP implicara una rápida ampliación de su electorado hacia un «centrismo» que ahora votaba en gran medida a un PSOE que se situaba en posiciones de centroizquierda. Tanto en Coalición Democrática como en Coalición Popular habían figurado, con un pobre resultado, partidos democristianos y liberales. La ventaja residiría ahora en la posibilidad de desarrollar, en una formación única que se definiría genéricamente como centroderecha sin mayores matices, la mixtura ideológica propia de un partido de cosmovisión, como lo había sido la UCD; algo que se recogía en las conclusiones de la ponencia ideológica: «Inserción del Partido Popular en el proyecto político global que desempeñan en el resto de Europa los partidos democratacristianos, conservadores y liberales, compartiendo con ellos la comunidad ideológica, la defensa de la persona humana y las instituciones». Y otras ventajas del PP respecto a las coaliciones coyunturales estarían en la disciplina interna de la organización y de su aparato electoral, y en la imagen de cohesión proyectada al exterior por un partido dedicado al objetivo prioritario de constituirse en una clara alternativa de gobierno al socialismo.

EL ASCENSO DEL CLAN DE VALLADOLID

El IX Congreso de AP/PP sirvió para poner de manifiesto que la rivalidad Herrero-Hernández Mancha había sido sustituida por la mucho menos belicosa entre Aznar y Álvarez Cascos, los dos aspirantes al puesto de delfín de Fraga. La gran diferencia residía en que ahora era este quien tomaba todas las decisiones al respecto. Cuando los vicepresidentes Aznar y Matutes fracasaron en su presión para evitar el nombramiento del asturiano como secretario general, el posible conflicto fue resuelto con una «decisión salomónica tomada por Fraga. El control interno del partido corresponderá, en realidad, a los adjuntos al cargo, puestos que han ido a recaer en Federico Trillo, Rodrigo Rato y Juan José Lucas, hombre de confianza de Aznar. Cascos se limitará a ejecutar las decisiones de la dirección, mientras las áreas importantes —organización y coordinación— pasan a manos de Lucas y Trillo».[594]

Vuelto el PP a las aguas de la normalidad, el salto a la gobernación del Estado pasaba por incorporar a la estructura del partido a las restantes formaciones que podían hacerle competencia en su ampliado espacio de centroderecha, alternativas independientes en las tres familias doctrinales que el partido de Fraga deseaba integrar plenamente en su acervo. Y lo más urgente parecía ser lograrlo con el partido Democracia Cristiana, el díscolo PDP socio de los tiempos de CP que había emprendido un camino en solitario. El fichaje estrella por parte del PP de Marcelino Oreja, un verdadero referente moral para los democristianos, tenía en ello uno de sus objetivos.

Tras la ruptura entre AP y el PDP, este había llevado una existencia precaria en su condición de «tercera fuerza» entre los conservadores aliancistas y los liberales del CDS. En diciembre de 1986 el partido celebró su III Congreso, en el que fue reelegido Alzaga como presidente, con Javier Rupérez e Íñigo Cavero como vicepresidentes y Luis de Grandes como secretario general. Sin embargo, el verdadero protagonista del congreso fue Rodolfo Martín Villa, afiliado al partido en septiembre de 1985 y a quien se le encomendó la misión de disputar la presidencia de la Junta de Castilla y León a José María Aznar. En las elecciones municipales de junio de 1987 el partido obtuvo el 1,6 por ciento de los votos, y en las europeas, con un 0,89 por ciento de apoyo ciudadano al candidato, Javier Rupérez quedó fuera del Parlamento de Estrasburgo, con lo que el PDP no pudo acceder al Partido Popular Europeo (PPE), que agrupaba a las principales organizaciones democristianas de los países del Mercado Común. Tampoco lo logró Alianza Popular, excluida por su condición de conservadora y por el veto del PNV y de CiU, miembros entonces del PPE. No fueron mejores los resultados en las autonómicas. En Castilla y León, Martín Villa había renunciado a presentarse el 1 de mayo por disensiones con los aliados del Partido Liberal, y el PDP recibió el 2,44 por ciento de los votos frente al 34,36 por ciento de la lista de AP, encabezada por José María Aznar. En Castilla-La Mancha, donde Rupérez presentaba también su candidatura, obtuvo el 1,67 por ciento de los sufragios; en la Comunidad Valenciana el 1 por ciento; en Madrid el 0,38 por ciento; en Aragón el 1,23 por ciento, etcétera.

Semanas antes de estas elecciones, el 21 de mayo, el PDP había sufrido una grave crisis cuando Óscar Alzaga dimitió como presidente alegando que algunos dirigentes le habían manifestado que «era más una rémora que un activo» para el partido. Para sucederle, una vez que Martín Villa también abandonó la formación para incorporarse al PP, fue designado Rupérez, que inició un proceso de refundación culminado en marzo de 1988 con una convención en la que se adoptó el nombre de Democracia Cristiana. Pero ya no había lugar para una democracia cristiana independiente y en enero de 1989, coincidiendo con el congreso fundacional del PP, el Consejo Político aprobó la disolución del partido, la mayoría de cuyos parlamentarios y afiliados ingresaron en la nueva formación mientras un pequeño sector pasaba al CDS. Y en marzo tomó idéntica medida el Partido Liberal, cuyo líder, Segurado, se convirtió en uno de los vicepresidentes del PP.

Fraga había recuperado la presidencia de AP/PP advirtiendo de que era una medida provisional, ya que aspiraba a gobernar la comunidad gallega. A partir del otoño de 1989 se centró en ese objetivo, delegando el gobierno del PP en los vicepresidentes y el equipo de la Secretaría General. Y el 17 de diciembre, en coalición con Centristas de Galicia, obtuvo una gran victoria en las autonómicas al hacerse con el 44,02 por ciento de los votos y la mayoría absoluta en el Parlamento regional. El 5 de febrero de 1990 Fraga asumió la presidencia del Ejecutivo gallego, en la que se mantendría ininterrumpidamente hasta agosto de 2005. Reconocido como el «fundador» del PP, mantuvo una gran autoridad moral sobre el nuevo partido que se tradujo, en un primer momento, en el apoyo al ascenso de José María Aznar al liderazgo de la formación liberalconservadora.

Nacido en Madrid en 1953, en el seno de una familia de la burguesía —su abuelo y su padre, llamados ambos Manuel Aznar, fueron destacados periodistas—, en su adolescencia militó en el falangista Frente de Estudiantes Sindicalistas. Inspector de Hacienda desde 1976, tres años después se afilió a Alianza Popular e inició una rápida carrera política que le llevó al Comité Ejecutivo Nacional en 1981 y a ser diputado en el Congreso y adjunto a una vicesecretaría general al año siguiente. En la disputa por la sucesión de Fraga, Aznar apoyó a Miguel Herrero y luego actuó en el sector crítico contra Hernández Mancha. Relegado de los puestos ejecutivos por el equipo del nuevo presidente, en junio de 1987 obtuvo un escaño en las Cortes de Castilla y León, por la provincia de Ávila, y un mes después asumió la presidencia de la Junta de Gobierno de la comunidad, hasta entonces en manos del PSOE. Este triunfo relanzó su carrera en el seno del partido y, tras la refundación del IX Congreso, se convirtió en vicepresidente del PP.[595]

José María Aznar había ido forjando una red de amistades políticas que, tras su llegada a la Junta de Castilla y León, dio origen a un equipo de colaboradores de marcado sesgo ideológico liberal. A este grupo de jóvenes «aznaristas» se lo conoce como el Clan de Valladolid, nombre que, al parecer, les puso Federico Trillo en alusión a la etapa de Aznar en la capital castellanoleonesa. Allí los miembros más característicos del grupo eran Miguel Ángel Cortés y Arturo Moreno, que establecieron una estrecha amistad con el matrimonio formado por Aznar y Ana Botella cuando llegó a la ciudad. Luego el aznarismo se fue consolidando con jóvenes cuadros liberales que vincularon su futuro político al de su jefe de filas: Eduardo Zaplana, Pilar del Castillo, Guillermo Gortázar, Ana Mato, José María Michavila, Mercedes de la Merced, etcétera.[596]

Las elecciones generales del otoño de 1989 lanzaron al liderazgo del PP a un Aznar que era el único de los «jóvenes cachorros» fraguistas que había ganado una consulta electoral y que contaba con experiencia de gobierno en una autonomía. El 4 de septiembre, el Comité Ejecutivo le encomendó la dirección de la campaña de los comicios de octubre, a la espera del relevo presidencial en el partido. Las expectativas electorales eran altas. El Partido Popular era ya la suma de las fuerzas conservadoras, democristianas y liberales, con excepción del CDS y de los partidos independientes de ámbito regional. Las fuerzas situadas a su derecha, los «ultras» de mínima entidad y la Agrupación Ruiz-Mateos, una formación liberalpopulista de reciente aparición, no estaban en condiciones de combatir a un gran partido, que podía apelar al «voto útil» para desplazar del poder al PSOE. Y este comenzaba a experimentar un creciente desgaste tras el impacto de la exitosa huelga general convocada por los sindicatos de trabajadores contra la política económica del Gobierno. La publicidad del PP se centró en la figura de Aznar, el joven líder cuya imagen moderada y renovadora había que potenciar, y el eslogan que acompañaba a su foto era muy tajante: «¡Palabra!». Pero, una vez más, la formación conservadora fue incapaz de superar el «techo Fraga»: obtuvo el 25,79 por ciento de los votos y 107 diputados, solo dos más que los conseguidos por Coalición Popular en 1986. Sin embargo, el PSOE perdió nueve diputados y el CDS, cinco, cediendo el puesto de tercera fuerza parlamentaria a la nueva coalición Izquierda Unida. El PP sumaba la mayoría en Galicia, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Navarra, donde concurrió en alianza con la Unión del Pueblo Navarro.

Estos argumentos cambiaron el panorama interno del partido, cuya afiliación comenzó a entrever la victoria en la siguiente legislatura. Cuando Fraga asumió la Xunta de Galicia y renunció a la presidencia del PP, resultó natural que le sustituyera quien ya era considerado su delfín. El 31 de marzo de 1990 se inauguró en Sevilla el X Congreso del partido. La estadística que entonces publicó la Secretaría General señalaba 264.328 afiliados, con una edad media de treinta y ocho años y el 75 por ciento de los cuales eran varones. La implantación territorial era muy variada, e iba desde los 36.221 afiliados de Madrid y los 12.783 de Murcia hasta los 537 de Guipúzcoa. Aznar fue elegido presidente con el 98 por ciento de los votos de los compromisarios y Álvarez Cascos, confirmado como secretario general. Bajo el lema «Centrados con la Libertad» y con una ponencia política coordinada por Federico Trillo, el congreso escenificó el radical giro hacia el «centro» liberal que impulsaba el nuevo equipo dirigente, aunque se creó para Fraga la figura simbólica de presidente fundador y Aznar le entregó en público una carta con su dimisión, firmada pero sin fecha, por si quería utilizarla, que el gallego hizo pedazos en el acto. Los dirigentes del partido se esforzaron en alejar cualquier identificación con un pasado de derecha neofranquista y ahondar en una posición de centroderecha que asumía la democracia política y el liberalismo económico, dejando el espacio estrictamente derechista para los grupos antisistema. Con ello se podría recuperar al amplio segmento de electorado de la antigua UCD que venía dando su apoyo al PSOE y al CDS, y el PP estaría en condiciones de cohesionar una mayoría natural en apoyo de sus políticas moderadamente conservadoras. En su discurso ante los compromisarios, Aznar incidió en esta imagen:

Y llegado ese momento, que llegará, de alternancia en el poder, nosotros garantizamos esa alternancia sin traumas. Con estabilidad, con normalidad, con seguridad, democráticamente y en la que nadie va a tener nada que temer. Que no vengan diciendo que la alternancia es peligrosa porque es la negación del sistema. Será peligrosa para los que tan bien están sentados que no quieren levantarse de las sillas que dentro de poco no van a ser suyas.

La IV Legislatura de las Cortes (1989-1993) estuvo marcada por una escandalosa sucesión de presuntos delitos protagonizados por gestores públicos y miembros del aparato del Partido Socialista, que recogían una década de control prácticamente absoluto de los socialdemócratas sobre las instituciones del Estado (los casos GAL, Filesa, Ibercorp, Juan Guerra, Roldán, Urralburu, etcétera). Aunque le tocó bregar con un escándalo de corrupción de su partido, el «caso Naseiro», en el Congreso de los Diputados Aznar ejerció su condición de cabeza de la oposición acusando al PSOE de haber aportado a la vida española «despilfarro, paro y corrupción», posición en la que coincidió con Izquierda Unida y su líder, Julio Anguita, hasta el punto de que desde las filas socialistas se denunció un acuerdo entre las dos formaciones para ejercer una «pinza» contra el Gobierno con motivo de la cuestión de confianza a la que se sometió Felipe González en el Congreso para validar su política económica, y que ganó el 5 de abril de 1990 por 176 votos frente a 130, entre los que figuraban los del PP e IU.

Las expectativas de crecimiento electoral venían acompañadas del reconocimiento internacional al nuevo estatus político del PP, beneficiado por la incorporación de democristianos y liberales a la antigua formación conservadora. En octubre de 1989 ingresó en el Partido Popular Europeo y ello permitió a sus eurodiputados integrarse en el Grupo Popular del Parlamento de Estrasburgo, donde figuraban los grandes partidos de las derechas continentales. Un valor más simbólico, pero políticamente muy importante, lo tuvo la admisión del partido en la Internacional Demócrata Cristiana, en noviembre de 1991, y en la Unión Democrática Europea, al año siguiente. En ambas, Aznar ocupó una vicepresidencia.

En paralelo a esta proyección internacional, el presidente y su equipo iban modificando el discurso oficial en la interpretación de las tendencias históricas que habían conducido al modelo de derecha progresista con el que identificaban al PP. Huyendo de cualquier identificación con la vieja derecha antiliberal, adoptaron una línea que señalaba «a Cánovas, Costa, Unamuno y la generación del 98, Ortega, Cambó e incluso Azaña como predecesores, en un intento de establecer por primera vez un discurso abiertamente nacionalista no contaminado por el franquismo».[597] Aznar llegó a confesar su «profunda vocación azañista» en la primavera de 1993.[598]

Sin embargo, el giro hacia el liberalismo y el incremento del poder del presidente —que prescindió de las vicepresidencias— provocaron no pocas resistencias entre quienes procedían de la estructura de Alianza Popular. En ciertas agrupaciones regionales y provinciales se produjeron movimientos de disidencia, incluso intentos de plantear alternativas conservadoras con la coartada del regionalismo. Notoriamente fue el caso de algunos cuadros del partido en la Comunidad de Madrid, como el diputado Carlos Ruiz Soto, cesado como presidente regional de AP en 1986 y que dos años después fundó el Partido de Madrid. O el de Nicolás Piñeiro, un exdiputado regional de AP que, desde el Grupo Mixto, evitó en 1989 el triunfo de una moción de censura de los conservadores en la Asamblea madrileña para derribar al Gobierno del PSOE y que en 1991 formó un Partido Regional Independiente de Madrid. En Cantabria se produjo asimismo una secesión significativa cuando Juan Hormaechea, presidente de la comunidad, rompió con la dirección nacional y creó, también en 1991, la Unión para el Progreso de Cantabria, con la que volvió enseguida a presidir la región, hasta que en 1995 fue condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación y finalizó su carrera política.[599]

Vislumbrando la meta

Las elecciones municipales de abril de 1991 sembraron el optimismo en el PP. No tanto por los resultados globales —frente al 38,34 por ciento obtenido por el PSOE, los conservadores se mantuvieron en el 25,34 por ciento, mostrando que la superación del «techo Fraga» estaba todavía lejos—, sino porque su rival más directo, el Centro Democrático y Social —con el que habían suscrito un efímero pacto de colaboración autonómica y municipal en abril de 1989—, se hundía, con el 3,88 por ciento de los votos. En la reunión del Comité Ejecutivo del 3 de junio, Aznar anunció que su partido había ganado al CDS «la batalla del centro» y se aprestaba a «rematar la operación con flexibilidad, generosidad y grandeza […] ha culminado la primera fase de la renovación del PP y ahora empieza la segunda». Convencido de que, virtualmente reunificada la derecha, al PSOE se le podía ganar en las próximas elecciones generales, el presidente encargó a Álvarez Cascos que coordinara el programa electoral.[600]

La campaña electoral de 1993 fue muy bronca. El PSOE, gravemente afectado por los escándalos de corrupción y sometido a una dura y prolongada campaña mediática de la derecha, especialmente eficaz en las «tertulias» de las cadenas de radio, como La linterna, de la COPE, o La brújula, de Onda Cero, buscó movilizar el voto izquierdista advirtiendo de un retorno del franquismo de la mano del PP. Por primera vez, los candidatos a presidente de las dos formaciones hegemónicas debatieron dos veces, mano a mano, en la televisión pública, sancionando el hecho innegable de que España tenía un cerrado sistema bipartidista. Los resultados mostraron que ambos partidos estaban cerca de igualarse, aunque la ligera ventaja del PSOE permitió a González mantenerse al frente del Gobierno recabando puntuales apoyos parlamentarios de las pequeñas minorías, especialmente de CiU. Esta vez el PP obtuvo el 34,76 por ciento de los votos, frente al 38,78 por ciento de los socialistas, y 141 diputados contra 159. En el Senado la diferencia era aún más pequeña: 96 socialistas frente a 93 conservadores.

En las elecciones europeas de 1994 el PP consiguió desbancar a los socialistas por primera vez en una consulta de ámbito nacional —obtuvo el 40,12 por ciento de los votos frente al 30,79 por ciento— y se impuso en trece de las diecisiete comunidades autónomas. Un año después, las municipales y autonómicas confirmaron el vuelco electoral y la eficacia del liderazgo de un Aznar que pocos días antes de los comicios, el 19 de abril, sufrió un intento de asesinato por terroristas de ETA, lo que no dejó de impactar en el electorado. El PP, que en 1991 había ganado en los ayuntamientos de 21 capitales de provincia, lo hizo ahora en 44, extendió su control a zonas de tradicional dominio de la izquierda, como el «cinturón rojo» de ciudades en torno a Madrid, y fue nuevamente el partido más votado, con el 35,27 por ciento de los sufragios, diez puntos más que en 1991. En cuanto a las elecciones autonómicas, si en 1991 gobernaba en tres comunidades —Galicia, Baleares y Castilla y León— cuatro años después lo hacía en otras siete —Aragón, Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana— más la ciudad de Melilla. El PSOE solo conservaba sus gobiernos en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Al frente de su minoría parlamentaria, Aznar desarrollaba en el Congreso una eficaz operación de acoso a los socialistas, que el 15 de agosto de 1994 encontró su expresión más popular en el mantra «¡Váyase, señor González, váyase!», que repitió en el hemiciclo. El partido gubernamental se defendía fomentando el miedo de la sociedad progresista a un retorno del «franquismo» de la mano de un PP capaz de destruir el Estado de bienestar y las conquistas sociales de los trabajadores. En enero de 1995 reapareció la teoría de la «pinza» de Aznar y Anguita tras una entrevista de ambos dirigentes en la cafetería del Congreso y un intercambio de cartas en las que el líder del PP solicitó al dirigente comunista apoyo para presentar una moción de censura contra el Gobierno, a lo que este contestó con una negativa condicionada: «Para IU es muy difícil, por no decir imposible, votarle como presidente del Gobierno. Tiene usted más elementos de cercanía con CiU y PNV que con nosotros. Asegure dicho apoyo e IU no pondría obstáculos».[601]

La batalla final se libró el 3 de marzo de 1996 mediante unas elecciones generales anticipadas, convocadas tras la derrota del Gobierno en su intento de que las Cortes aprobaran los presupuestos. Utilizando el lema «Con la nueva mayoría», el PP ahondó en la imagen de un partido democrático y moderado, que nada tenía que ver con el pasado autoritario y que aportaría aires nuevos a la vida nacional tras la larga etapa de gobierno de un PSOE asolado por la corrupción. Los resultados de la jornada permitieron un vuelco radical en la política española. El Partido Popular se convirtió en la primera formación parlamentaria del país, aunque no logró la mayoría absoluta que le hubiera permitido gobernar sin pactos. Con 9.716.006 votos, el 38,79 por ciento y 156 diputados superó por un margen muy estrecho al PSOE, que obtuvo el 37,63 por ciento pero que, por las peculiaridades de la legislación electoral, quedó en 141 diputados. Izquierda Unida, con veintiún escaños, Convergència i Unió, con dieciséis, y el PNV, con cinco, podrían aspirar a ser árbitros de una nueva mayoría coyuntural. Si José María Aznar iba a ser presidente del Gobierno, tendría que lograrlo buscando como socios parlamentarios a estos dos últimos, a fin de que apuntalaran la idea de que el centroderecha había alcanzado, tras catorce años de progresión, la reivindicada dimensión de mayoría natural de la población española.

OPERACIÓN ROCA

La llegada del PSOE al poder en 1982 con una aplastante mayoría absoluta no solo suscitó recelos, sino que incluso generó alarma, en muchos ámbitos económicos, en las estructuras eclesiásticas o en un sector de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, tras la «campaña del miedo» desarrollada en los medios de comunicación derechistas.[602] También los nacionalismos periféricos, en los que eran mayoritarias las opciones derechistas, contemplaban con disgusto la situación de mayoría absoluta de un partido de ámbito nacional que, en función de su propio pasado, no tenía por qué asumir el complejo de culpa de la herencia «centralista» del franquismo que tanto había condicionado la actuación de la UCD en las políticas de Estado y la cuestión autonómica.

En esa coyuntura, al liberalconservadurismo catalanista, representado por Convergència Democràtica de Catalunya, se le planteaban dos opciones: o bien radicalizar el discurso nacionalista con un sesgo separatista, en busca de una confrontación abierta sobre los límites de la lealtad constitucional con el socialismo que ahora gobernaba «en Madrid», o bien recuperar el lema «Per Catalunya i l’Espanya Gran» y encabezar una operación camboniana de regeneración de la derecha española que le permitiera al catalanismo vertebrar una alternativa derechista de ámbito nacional al predominio de la izquierda socialista y favorecer con ello nuevas cotas de autogobierno para su región. Esta segunda opción, por la que se decantó entonces la coalición Convergència i Unió (CiU), suponía salir a la conquista del Estado y concitar la colaboración de suficientes fuerzas políticas y económicas como para tener opciones electorales en el conjunto de España. Ya el 6 de julio de 1982, un editorial de La Vanguardia explicaba:

Hay que estar en Madrid. Ya sea por articulación en partidos generales, ya sea formando coalición con partidos afines. A los catalanes no nos conviene volver la espalda al resto de España […]. En el propósito de pesar en Madrid, Convergència siente la necesidad de ampliar su base electoral y, por tanto, de abrir sus puertas a posiciones diversas.

Quien asumió la tarea fue Miquel Roca Junyent, un dirigente de cuarenta y dos años del ala moderada de Convergència —el socio mayor de CiU—, abogado muy vinculado al mundo empresarial barcelonés y madrileño, ponente de la Constitución en 1978 y que venía actuando como el interlocutor natural entre la Administración autonómica catalana, gobernada por su partido, y la central del Estado.

Desde Cataluña, pero sin Cataluña

La que se denominó Operación Roca fue planificada por sus promotores en tres vías de actuación en una primera etapa. Seguían, casi literalmente, los pasos de Francesc Cambó en 1930, cuando había formado el Centro Constitucional a partir del Partido Maurista y la agregación a aquel de varios grupos regionalistas, pero sin incorporar a su propio partido, la Lliga Regionalista, que se reservaba el ámbito catalán. Ahora se crearía una nueva agrupación política sobre la que vertebrar el proyecto: el Partido Reformista Democrático (PRD). Pero no se haría a partir de CiU ni levantándolo de la nada, sino aprovechando la estructura de un partido ya existente, que poseyera una organización de ámbito estatal que debería aportar a la nueva formación. Y, a la vez, se negociaría la asociación del naciente PRD con pequeños partidos regionalistas en diferentes comunidades —pero no en Cataluña— que aportarían a la operación estructuras locales y una común sensibilidad descentralizadora del Estado. Se afirmaba que el reformismo sería «liberal progresista», por lo que a priori podían descartarse como integrantes los partidos de ideología conservadora o democristiana y, por supuesto, no se buscaría un acercamiento a AP. La idea era que «una alternativa viable al PSOE no podía construirse partiendo de la tradicional actitud de derechas de Manuel Fraga» y que la victoria frente a los socialistas pasaba por «integrar más directamente a las fuerzas regionales en la política nacional».[603] Naturalmente, el nacionalismo catalán se mantendría fiel a su línea de no formar parte de un Gobierno español, pero podría aumentar su influencia a través de «su» partido en Madrid.

Había varias formaciones liberales con las que Roca Junyent podía intentar negociar. El CDS de Adolfo Suárez, en vías de crecimiento propio, quedó desde el principio fuera del proyecto. El Partido Liberal, fundado en 1976 por Enrique Larroque, mantenía una existencia precaria merced a sucesivas alianzas electorales con la UCD y AP. En marzo de 1983 apareció la Unión Liberal, presidida por el economista Pedro Schwartz, un partido de vida muy breve que a finales del año siguiente se fusionó con el grupo de Larroque en un renovado PL que se mantuvo en la órbita de AP, con la que integró la Coalición Popular.

Por lo tanto, la mejor y casi única opción disponible para dar cobertura nacional a la operación reformista era el Partido Demócrata Liberal (PDL), creado en julio de 1982 por disidentes de la UCD y presidido por el abogado Antonio Garrigues Walker. Su primera prueba electoral, las municipales y autonómicas del año siguiente, había sido un fracaso —un diputado en Castilla y León, otro por Baleares y seis concejales en toda España—, por lo que la continuidad de su proyecto, frente al pujante CDS o los liberales próximos a AP, era más que problemática.

En cuanto a los partidos regionales, casi todos restos del naufragio de la UCD, cinco de ellos, todos con escasos meses de vida y sin apenas organización, decidieron incorporarse a la estructura del PRD, aunque manteniendo su autonomía formal.

a) Coalición Galega se constituyó en marzo de 1983 mediante la integración del histórico Partido Galeguista y de Converxencia de Independientes de Galicia con dos grupos procedentes de la UCD: el Partido Gallego Independiente, presidido por José Luis Meilán Gil, y Centristas de Ourense.

b) Convergencia Canaria Reformista había sido fundada en septiembre de 1982, bajo la dirección del exsenador Gregorio Toledo, como Convergencia Nacionalista Canaria. Pero tras su fracaso en las autonómicas de mayo del año siguiente —obtuvo el 3,95 por ciento de los votos— cambió de nombre para ingresar en el PRD.

c) Unió Mallorquina, constituida en noviembre de 1982 y dirigida por el también exsenador ucedista Jerónimo Albertí, cosechó en cambio un relativo éxito en las autonómicas, con seis escaños y el 15,4 por ciento de los votos. Tras el rápido fracaso del PRD el partido mantuvo su actividad y a partir de 1991, bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, se convirtió en una de las principales fuerzas políticas de Mallorca, hasta que, afectada por graves escándalos de corrupción, se disolvió en 2011.

d) El Partido Riojano Progresista había sido fundado en diciembre de 1982 por el entonces presidente del Gobierno regional, Luis Javier Rodríguez Moroy, y en las autonómicas del año siguiente obtuvo el 7,2 por ciento de los votos y dos de los 35 escaños.

e) Finalmente, el Partido Independiente de Almería fue creado en marzo de 1983 por el exsenador de la UCD Ramón Ponce García y estaba volcado en la política local, en la que obtuvo el 4,9 por ciento de los votos en las elecciones autonómicas de mayo.

La Operación Roca encontró inmediatamente apoyos económicos. Desde los ámbitos de la CEOE, la gran patronal, llegaron firmes promesas de ayuda. En febrero de 1983, para levantar el partido, se constituyó una comisión gestora presidida por Florentino Pérez, un empresario de la construcción que había militado en la UCD y que años más tarde se haría muy conocido como presidente del club de fútbol Real Madrid. Y el 11 de marzo se inscribió en el registro oficial el Partido Reformista Democrático. Se anunció que se planteaba ser «la alternativa mayoritaria en 1986» al socialismo, que funcionaría como partido federal mediante la «integración flexible» de los grupos regionales y que el Partido Demócrata Liberal se disolvería para incorporar su militancia y su estructura a la nueva formación política. De momento, sin embargo, seguiría actuando de forma autónoma, y Garrigues, que no asistió a la presentación del PRD, negoció con Roca un largo aplazamiento de la fusión.

El PDL celebró su II Congreso en enero de 1984. Su ponencia doctrinal resaltaba la necesidad de reducir la Administración hasta «un Estado mínimo que mantenga la libertad individual y política de sus miembros» y de suprimir el sector público de la economía a fin de «devolver al sector privado la confianza en su capacidad creativa y los recursos necesarios para desarrollarla». Una modificación de los estatutos permitiría disolver el partido sin más trámite que el acuerdo de su órgano entre congresos, el Consejo Federal, con vistas a posibilitar «la creación de una nueva organización política de carácter reformista».[604]

Para entonces la operación reformista estaba ya bastante avanzada, aunque no dejaba de resultar un tanto atípica. Como hizo Cambó en 1930, ni Roca, su auténtico líder, ni Convergència, el más poderoso de los patrocinadores políticos, formarían parte del PRD. Del proyecto inicial de «catalanizar» España iba quedando poco y lo que se manifestaba ahora era la radical apuesta política neoliberal de la derecha económica. Entre el 23 y el 25 de noviembre de 1984, el partido celebró su Congreso Constituyente, al que asistieron unos 2.600 delegados. Garrigues fue elegido presidente, al frente de un Comité Ejecutivo de 39 miembros. Entre ellos no figuraba Miquel Roca, que asistía como «invitado», pero de quien todo el mundo sabía que oficiaba de líder indiscutido del partido, hasta el punto de que fue el encargado de pronunciar el discurso de clausura del congreso. Como responsable del funcionamiento interno, en su condición de secretario general, se situó a Florentino Pérez.

Durante año y medio, el Partido Reformista Democrático se presentó como la gran alternativa al PSOE, capaz incluso de quitarle parte de su electorado de centroizquierda. La suya fue una operación de marketing político diseñada con tiralíneas y que contó con importantes apoyos en la gran banca, en la CEOE y en los medios de comunicación que controlaban, que dedicaron una enorme atención a la propuesta neoliberal y a sus líderes. En la convicción de que en su seno anidaba gran parte del futuro de la derecha española, en el PRD ingresaron exministros ucedistas como Rafael Arias-Salgado, Carlos Bustelo y Juan Antonio García Díez, liberales históricos como Justino de Azcárate, Joaquín Satrústegui o Bernardo Rabassa y jóvenes políticos como Pilar del Castillo y Gabriel Elorriaga Pisarik.

La ciudadanía, sin embargo, siguió recibiendo mensajes confusos. No estaba claro si el PRD era un partido federal o una federación de partidos. Tampoco se entreveía el nivel de cohesión en una organización donde abundaban los «independientes» con muy escaso compromiso de militancia y cuyo líder ni siquiera estaba afiliado. Fuera de Cataluña, donde no tenía presencia, se le veía como una iniciativa catalanista con sucursal en Madrid, pero CiU mantenía una actitud un tanto distante hacia su criatura. Cuando el partido celebró su II Congreso, en mayo de 1986, y designó a Roca como su aspirante a la presidencia del Gobierno, el político seguía sin afiliarse y, por lo tanto, sin someterse a los teóricos procedimientos democráticos internos. Y las propuestas programáticas de inspiración thatcherista, que hacían hincapié en la absoluta libertad de las leyes del mercado y en la liquidación del Estado de bienestar, asustaban al electorado y casaban mal con un pretendido progresismo social que, en el ámbito liberal, encarnaba con mucha mayor nitidez el CDS. Con todo ello, se iban sentando las bases para que la Operación Roca se convirtiera en uno de los mayores fiascos políticos de la historia de España.

Solo se falla una vez

La convocatoria de elecciones generales para junio de 1986 puso en el disparadero al PRD. El partido protagonizó una campaña espectacular, presupuestada en unos diez millones de los futuros euros, en la que celebró 1.700 actos en las 37 provincias donde presentaba listas. Para la ocasión se realizó un fichaje de campanillas, el magistrado Federico Carlos Sainz de Robles, expresidente del Consejo General del Poder Judicial, que fue cabeza de lista por Madrid, desplazando al segundo lugar al propio presidente del partido, Garrigues Walker. Y la imagen de toda la propaganda del PRD era el rostro de Miquel Roca, que no se presentaba a las elecciones por el partido liberal español, sin candidaturas en Cataluña, sino como nacionalista catalán por la circunscripción de Barcelona.

El proyecto político, tal como se le brindó al electorado, consistía en «otra forma de hacer España» entre «la prepotencia» socialista y «una minoría conservadora, incapaz de ser una alternativa real». Ofrecía un repertorio de medidas para reducir el peso del Estado: «Flexibilizar la economía, dejando que los particulares avancen por los sectores de futuro y de ventajas competitivas», «abrir a la iniciativa privada áreas de la sanidad y educación», «flexibilizar las relaciones laborales […] con fraccionamiento del ordenamiento laboral unitario», «definir un calendario de privatización de empresas públicas», «financiación [pública] de centros privados, con estricto control de los fondos aportados», o «reforma de la organización periférica de la Administración central, para evitar duplicidades».[605]

Pero los tiempos no estaban aún maduros para el neoliberalismo en España. Las elecciones del 22 de junio, tras las grandes expectativas creadas por el marketing político, hundieron el proyecto. EL PRD obtuvo 194.538 votos para el Congreso, el 0,93 por ciento del total, y ningún diputado o senador propio, aunque en las comunidades donde se presentaban los partidos adheridos los resultados fueron algo mejores: Unió Mallorquina obtuvo el 7,1 por ciento; Coalición Galega, el 6,2 por ciento; el Partido Riojano Progresista, el 1,9 por ciento y Convergencia Reformista Canaria, el 1,4 por ciento. En Madrid, donde se esperaba un resultado especialmente bueno, el PRD solo recibió el 1,4 por ciento de los sufragios, y eran aún más dolorosos los resultados de sus dos rivales en la lucha por el centroderecha: AP y los restantes miembros de su Coalición Popular se mantuvieron como segunda fuerza parlamentaria, con el 25,9 por ciento de los votos y 105 diputados, mientras que el CDS obtuvo el tercer grupo parlamentario, con el 9,2 por ciento de los votos y diecinueve escaños.

Tras el fiasco electoral de 1986, el PRD se disolvió como un azucarillo y sus socios regionalistas recuperaron la plena autonomía. No obstante, la Operación Roca tuvo durante años ciertas repercusiones, ya que, según se ha señalado, sirvió para facilitar las actividades en Cataluña de algunos grupos económicos que habían apostado abiertamente por ella. Los principales acreedores bancarios se vieron incapaces de recuperar el dinero —unos 24 millones de euros en total— ante la disolución del partido y, según algunas fuentes, en una reunión con Jordi Pujol, Miquel Roca y Florentino Pérez, pactaron una especie de «pago en especie» en Cataluña.[606] Se trataría, según se señaló ya entonces, de la concesión por parte de la Generalitat al Grupo Ferrovial, propiedad del Banco Hispano-Americano y con participación de Banesto, de la autopista de pago Tarrasa-Manresa. El delegado de Ferrovial en Cataluña era el diputado autonómico convergente Jaume Camps, estrecho colaborador de Roca en el lanzamiento del PRD.[607]

EL SEGUNDO SUARISMO. AUGE Y OCASO DEL CDS

El Centro Democrático y Social había padecido una situación similar a la del PRD en los anteriores comicios generales, los de 1982.[608] Con el 2,87 por ciento de los votos y dos diputados, Adolfo Suárez por Madrid y Agustín Rodríguez Sahagún por Ávila, el recién creado partido parecía tener un futuro más que complicado. Cabía, sin embargo, la esperanza de que los cuadros y militantes que restaban en la ya casi extinta UCD pasaran al partido suarista, junto con su aparato organizativo, que, pese a la paulatina reducción de sus efectivos, tenía años de rodaje. Sumados los votos de ambas formaciones, representaban el 9,64 por ciento del total y hubieran superado la veintena de diputados. Parecía posible, también, que una parte del electorado ucedista que había dado sus votos al PSOE en 1982 volviera a confiar en un centroderecha progresista liderado por un Adolfo Suárez que conservaba un gran prestigio personal. No hubo prácticamente tiempo para facilitar el trasvase, ya que en mayo de 1983 el CDS tuvo que superar otro test electoral, los comicios municipales y autonómicos. Para entonces le disputaban su espacio político el Partido Liberal, integrado con AP en la Coalición Popular, y el naciente Partido Demócrata Liberal de Antonio Garrigues.

Las elecciones mostraron que el CDS estaba lejos de haber recuperado el electorado de la UCD. Logró el 3,18 por ciento de los votos en las diecisiete autonomías, por encima del 1,59 por ciento de sus rivales del PDL, pero con una representación electoral mínima: seis escaños en Canarias, dos en Castilla y León —ambos por Ávila— y uno en Aragón. Pero los resultados municipales eran aún más desalentadores: obtuvo el 1,77 por ciento de los votos y 658 concejales, pero solo diez en las capitales de provincia y ningún alcalde. Siguieron meses de estancamiento en lo que fue calificado de travesía del desierto.

Amos de la centralidad

Esa etapa, sin embargo, sirvió para consolidar la organización interna del partido. A finales de 1982 José Ramón Caso, antiguo secretario de organización de la UCD y hombre de confianza de Suárez, asumió la Secretaría General y buscó evitar los errores del ucedismo construyendo un partido de estructura unitaria y articulado doctrinalmente en torno a una coherente visión de liberalismo progresista, equidistante de AP y del PSOE. El fracaso en las elecciones autonómicas de 1983, que impidió la consolidación de barones territoriales apalancados en los parlamentos regionales —la excepción, quizá, era el canario Lorenzo Olarte—, facilitó la compactación del partido en torno a la figura de Adolfo Suárez y su equipo más cercano —Rodríguez Sahagún, Abril Martorell, Caso, Castedo, etcétera—, a los que se sumaron algunas incorporaciones, como las de Raúl Morodo y Carlos Revilla, militantes del PSOE hasta poco antes, el segundo de los cuales asumió la dirección del CDS en la Comunidad de Madrid.

Cuando se convocaron las elecciones generales de junio de 1986, el partido acariciaba la perspectiva de recuperar a los tradicionales electores de la UCD que habían votado al PSOE y a AP cuatro años antes y convertirse, a la vez, en el referente del centroderecha. Sin embargo, la aparición del Partido Reformista Democrático, que le disputaba ese espacio, era una amenaza muy seria, entre otras cosas porque redujo al mínimo el interés de la gran banca, abiertamente volcada en financiar al PSOE y a la Operación Roca, en apoyar con créditos a la opción de un Adolfo Suárez cuyo «liderazgo político no resultaba una inversión rentable».[609] La campaña electoral del CDS se centró en la figura de Suárez, su principal activo ante las urnas y con la idea de que su triunfo representaba la vuelta del centrismo, como recogían sus eslóganes electorales, «El centro avanza» y «El valor del centro». Al contrario de lo esperado por los analistas, las elecciones facilitaron el despegue del partido. AP y los restantes miembros de la Coalición Popular permanecieron en el 25 por ciento de los votos, mientras que el PSOE, aun manteniendo la mayoría absoluta, perdió quince diputados, que pasaron íntegramente al CDS, ya que el PRD se desinfló como un globo pinchado. El partido centrista se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria, con 1.861.912 votos y diecinueve diputados, diecisiete más que en 1982, a los que se añadieron tres senadores. Las tres comunidades que mostraron mayor apoyo al partido fueron Castilla y León, Canarias y Madrid, que, con cinco diputados, fue donde obtuvo su mejor resultado. En Ávila, la provincia natal de Suárez, el CDS se hizo con el primer puesto, con el 46 por ciento de los votos.[610]

Durante la legislatura de 1986-1989, el CDS vivió su momento de apogeo. La evidencia de que ocupaba una posición central entre los conservadores de AP y los socialistas le hacía concebir esperanzas de crecer en ambas direcciones. El grupo parlamentario votó en contra de la investidura de Felipe González como presidente del Gobierno y ejerció una dura y mediática oposición en las Cortes, favorecida por la crisis interna de Alianza, cuyo nuevo líder, Hernández Mancha, no era diputado. Además, el CDS incorporó parlamentarios procedentes de grupos de la derecha, como Íñigo Cavero, Modesto Fraile o José Ramón Lasuén, mientras que de la izquierda llegaba nada menos que un dirigente histórico del Partido Comunista, el economista Ramón Tamames. En 1989 el grupo parlamentario centrista había crecido hasta los 28 diputados.

En las elecciones municipales de junio de 1987, el CDS se convirtió en la tercera fuerza local del país, con el 9,76 por ciento del voto, 5.952 concejales y alcaldes en Ávila, Segovia y Las Palmas de Gran Canaria. En las autonómicas obtuvo resultados alentadores, que llegaron al 19,47 por ciento de los votos en Canarias, el 19,37 por ciento en Castilla y León y el 16,63 por ciento en Madrid. Los dos comicios convirtieron al CDS en un verdadero partido bisagra. Era, ciertamente, mucha la distancia que lo separaba del PSOE (37,08 por ciento en las municipales) y de AP (20,38 por ciento), pero sus pactos con uno u otra podían inclinar la balanza en centenares de ayuntamientos y en diversas comunidades autónomas. El partido se convirtió en un objeto de deseo para los beneficiarios del bipartidismo. Inmediatamente, Hernández Mancha ofreció a Suárez un pacto de apoyo a la fuerza más votada, lo que hubiera permitido al CDS gobernar en 33 grandes municipios y en ocho comunidades, mientras que de haber aceptado el acuerdo similar que le ofrecía el PSOE hubiera estado presente en doce gobiernos autonómicos.[611] Prefiriendo eludir un compromiso prematuro y seguir su propia vía de crecimiento, el presidente del CDS rechazó un pacto global, aunque facilitó el gobierno de AP en la región castellanoleonesa y el del PSOE en la madrileña. En cuanto a las elecciones europeas, el CDS obtuvo siete escaños, con el exministro Eduardo Punset a la cabeza, lo que facilitó su ingreso en la Internacional Liberal y Progresista, de la que Adolfo Suárez fue presidente entre abril de 1989 y abril de 1992.

El II Congreso del partido reflejó el optimismo que reinaba en la organización y la voluntad de singularizar en ella la centralidad política. El programa del partido defendía entonces medidas como la sanidad universal, la escolarización gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, la reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación, la eliminación del servicio militar obligatorio, etcétera. Pero también puso de relieve un problema que ya había padecido la UCD y que se agravaría con el paso del tiempo: el rechazo de las secciones regionales al excesivo dirigismo de «Madrid» en su organización interna, en los procesos electorales y en las relaciones con otras fuerzas autonómicas.

La creación del Partido Popular, en 1989, y su llamada a construir un centroderecha unitario cambiaron lentamente el panorama. En el seno del CDS surgió una corriente partidaria de integrarse en el proyecto de mayoría natural del nuevo partido, mientras que otro sector rechazaba la idea y defendía la colaboración con los socialistas. En abril de ese año, Federico Trillo y José Ramón Caso suscribieron un pacto para desalojar al PSOE de Madrid y de otras once capitales y formar gobiernos de centroderecha en las comunidades autónomas «allí donde la gestión socialista sea deficiente».[612] En la capital, una moción de censura otorgó en junio la alcaldía a Rodríguez Sahagún, portavoz parlamentario del CDS en el Congreso, y lo mismo sucedió en Ibiza y Jaén. Sin embargo, este giro a la derecha, que chocaba con la imagen de progresismo que ofrecía el partido, repercutió negativamente sobre el electorado centrista. En las elecciones generales de octubre de ese año, el CDS bajó a catorce diputados y al 7,89 por ciento de los votos, con lo que perdió casi medio millón. En enero de 1990 el III Congreso, reunido en Torremolinos, señaló la aparición de un sector crítico, mientras que los suaristas se alejaron del acuerdo con el PP, volvieron a reivindicar su carácter de centroizquierda progresista y ofrecieron apoyo al PSOE en las Cortes y en los parlamentos regionales. La estrategia se reveló, también ahora, nefasta, y el declive se acentuó con una pérdida progresiva de apoyo popular: en 1989-1990 obtuvo el 2,88 por ciento en Galicia, el 0,65 por ciento en el País Vasco y el 1,19 por ciento en Andalucía, y el 26 de mayo de 1991 solo alcanzó el 3,93 por ciento en las municipales y dejó de estar presente en casi todos los parlamentos autonómicos. Al conocer los resultados, en plena noche electoral, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del CDS. En opinión del exmilitante Ramón Tamames, «el hundimiento definitivo del CDS se debió a su propia derechización por sus pactos con el PP, que imprimieron a la organización una marcha muy distinta de la esperada».[613]

La pérdida de su fundador sumió al centrismo en una situación delicada. José Ramón Caso, el secretario general, se hizo cargo de la presidencia interina y convocó un congreso extraordinario para elegir al sucesor de Suárez. Se celebró en septiembre y compitieron el socialdemócrata Raúl Morodo, que contaba con el apoyo público del dimitido presidente, y Rafael Calvo Ortega, miembro del ala derecha del partido, que se alzó con el triunfo por 445 votos frente a 339. Concurría también el naciente sector crítico, la denominada Plataforma Renovadora, que logró la Secretaría General para el diputado Antoni Fernández Teixidó, dirigente del partido en Cataluña y a quien Caso había cesado meses atrás como portavoz del grupo parlamentario. Calvo, un político veterano, exministro de Trabajo con la UCD, pero sin el carisma de su antecesor —quien el 25 de octubre renunció a su escaño y se retiró de la política—, se enfrentaría inmediatamente a un proceso de disgregación interna y a las presiones del Partido Popular para lograr el trasvase de afiliados y electores a sus filas. Desde la sede de la calle de Génova esperaban la disolución del partido. «Entre el PP y el PSOE no le queda espacio al CDS», declaró Aznar en la primavera de 1990.[614]

Si la fuga individual de votantes y afiliados hacia los dos grandes partidos era alarmante, el CDS acabó enfrentado a un proceso de descomposición orgánica no muy distinto al que había vivido la UCD. En la primavera de 1992 recibió un duro golpe cuando el Centro Democrático Canario, una de sus bazas territoriales más firmes, abandonó su disciplina y, bajo la presidencia de Lorenzo Olarte, constituyó un partido independiente, el Centro Canario.[615] Ese mismo mes se reavivó la crisis no cerrada en la organización central tras el congreso de septiembre cuando el secretario general Fernández Teixidó, enfrentado a Calvo Ortega y Caso, fue destituido por el Comité Ejecutivo, que lo reemplazó por José Luis Gómez Calcerrada, del grupo de Caso. En junio abandonó el CDS Rosa Posada, una de sus figuras más populares, y en agosto dimitió de sus cargos en el partido el exministro Rafael Arias-Salgado, en desacuerdo con la dirección. Ambos ingresaron poco después en el PP. En este ambiente de enfrentamientos internos, las elecciones generales de junio de 1993 confirmaron que el CDS, que se había negado a presentarse como subordinado en una alianza con el partido de Aznar, se había convertido en una formación marginal en el sistema político, al obtener 414.000 votos al Congreso, el 0,76 por ciento, y quedar sin diputados.

La reiteración de estos desastres y la conciencia de que el Partido Popular era ahora la única apuesta segura en el espacio liberal, sembraron el desánimo en las menguadas bases y los dirigentes del CDS. En su VI Congreso, inaugurado el 28 de julio de 1993, a los pocos días del desastre electoral, se debatió la disolución. A ello se opuso Calvo Ortega, quien, con el apoyo de 399 delegados frente a 126, aseguró la continuidad de una formación que, sin embargo, en las semanas siguientes sufrió una sangría de abandonos, en su mayoría para unirse al PP, incluidos dirigentes históricos como José Ramón Caso, Alejandro Rebollo o el propio secretario general, José Luis Gómez Calcerrada. A fin de detener este proceso, a finales de año el Comité Nacional amparó un giro a la derecha al eliminar la definición del partido como «progresista» y dejarlo solo en «liberal».[616]

El 28 de abril de 1994, el CDS celebró su VII Congreso, que se definió como «de la refundación» y en el que Calvo Ortega fue renovado como presidente. El partido formalizó una alianza con un grupo de liberales independientes que actuaban en Foro, una «plataforma de debate» creada dos años antes con apoyo económico de Mario Conde y presidida por el eurodiputado Eduardo Punset.[617] Bajo la etiqueta Foro-CDS y con Punset como cabeza de lista, la coalición concurrió a las elecciones europeas de junio, pero solo obtuvo el 0,99 por ciento de los votos, con lo que el político catalán no pudo renovar su acta y la alianza de Foro con el CDS se deshizo enseguida.

Enfrentado nuevamente al peligro de desaparición, el partido recurrió al sistema de sumar recursos que habían utilizado años atrás el Centro Democrático de Cabanillas y luego Alianza Popular: la federación con otros partidos. A comienzos de febrero de 1995, Calvo Ortega suscribió la coalición Unión Centrista-Centro Democrático y Social con dos grupos minúsculos, la Unión Social Liberal, dirigida por el empresario mallorquín Bernardo Rabassa, un histórico del liberalismo español, y el Partido Verde, presidido por José Luis Barceló. Como era de esperar, la coalición, con Ferran García Fructuoso como coordinador general, no mejoró el panorama: en las elecciones municipales de junio obtuvo el 0,36 por ciento de los votos —cosechó sus mejores resultados, apenas por encima del 2 por ciento, en Zamora y Asturias—, y el ciclo de decadencia se acentuó aún más en los comicios generales de 1996, los que abrieron las puertas del Ejecutivo al PP, en los que la UC-CDS solo recogió el 0,18 por ciento de los votos válidos.

Tras veinte años, el «centrismo» desaparecía de la política española.

13

VOX CLAMANTIS IN DESERTO

LA DERECHA ANTISISTEMA

1982-2004

Culminada la transición a la democracia con la llegada del Partido Socialista al poder, a la altura de 1983 la derecha española sufría el impacto de la pérdida del control del Estado por primera vez en 47 años. Alianza Popular se había erigido en la segunda fuerza parlamentaria tras las elecciones de octubre del año anterior, pero solo con el apoyo de la cuarta parte del electorado. Ese momento de crisis y cambio en el panorama de la derecha constitucionalista podría haber ofrecido esperanzas de crecimiento a las opciones radicales. Pero, como los propios comicios de 1982 demostraban, estas habían fracasado estrepitosamente en su pulso con los partidos parlamentarios y ya no iban a ser capaces de recuperarse. «Las estrategias de agregación de grupos diversos no se consolidaron y habían fracasado a causa de las divergencias ideológicas, de las querellas personales, de las rivalidades internas y, a fin de cuentas, del desinterés del electorado.»[618]

RENOVANDO EL UTILLAJE EN UN ESCENARIO NUEVO

El desarrollo de este sector —extrema derecha, ultraderecha o derecha radical— en las dos últimas décadas del siglo XX se mantuvo en esta tónica de debilidad y fragmentación. No contó con representación en las Cortes ni en los legislativos regionales o el Parlamento Europeo; solo con un puñado de concejales, la mayoría en poblaciones medianas y pequeñas. Cada fractura de sus partidos, como sucedía históricamente con la extrema izquierda, daba origen a grupos más pequeños, condenados a dividirse a su vez en facciones, pero que justificaban su aparición con nombres que denotaban su propósito de erigirse en reconstructores de la totalidad: «Alianza», «Integración», «Unificado», «Nacional», «Movimiento», «Frente», etcétera. Ello marcaba una continuidad con el escaso relieve político de la ultraderecha en los años de la Transición, pero con algunas características diferenciadoras.

a) A partir de 1982 se produjo un relevo generacional en las direcciones de los grupos, en parte como consecuencia de los reiterados fracasos electorales. Por ejemplo, entre 1983 y 1985 tuvo lugar la jubilación de la vieja guardia del Movimiento que dirigía Falange Española de las JONS (FE-JONS). El nuevo jefe nacional, Diego Márquez Horrillo, contaba cincuenta y siete años y pertenecía a la segunda generación franquista. Y cuando Blas Piñar intentó recuperar su condición de líder carismático de la ultraderecha fundando el Frente Nacional en 1986, no fue capaz de imponerse a las tensiones internas que lo disgregaron rápidamente. En la mayoría de los nuevos partidos asumía el liderazgo una generación de dirigentes posfranquistas, muchos de los cuales, como José Luis Corral, Ramón Graells, Ernesto Milà o Ricardo Sáenz de Ynestrillas, se habían iniciado en la política a través de Fuerza Joven, la organización juvenil de Fuerza Nueva. Otro relevo significativo fue la aparición de Valencia y la confirmación de Barcelona como núcleos autónomos potenciadores de la extrema derecha en las décadas del cambio de siglo, hasta configurar tres polos difusores: «Una Barcelona innovadora, una Valencia activista y un Madrid que aspira a marcar el discurso dominante pero lastrado por el peso de los viejos moldes ideológicos […] la capital catalana ha sido el foco más dinámico, creativo e importador ideológicamente de la ultraderecha estatal».[619]

b) La extrema derecha de la Transición había tenido como referentes fundamentales la Cruzada de 1936 y el Estado del 18 de Julio y su acto catártico por excelencia la conmemoración, cada 20 de noviembre, de las muertes de Franco y José Antonio en la madrileña plaza de Oriente. Una profesión de fe en la vigencia del franquismo que con el paso del tiempo se había ido convirtiendo en nostalgia e inmovilismo ideológico. Aun sin renunciar a la defensa de ese pasado, las nuevas formaciones de derecha radical admitían el hecho constitucional de 1978 como punto de partida de su acción política, aunque fuera para rechazarlo. Y poseían la capacidad de innovar doctrinalmente, pero sin posibilidad de influir políticamente, para dar respuestas a asuntos que iban cobrando actualidad en el debate ciudadano, como la adscripción de la derecha conservadora a las teorías neoliberales y su Estado mínimo, la legalización del aborto, la aplicación de la normativa de la Unión Europea en España o el impacto social de la inmigración laboral extranjera.

c) Ese cambio afectó también a las formas de difusión pública de planteamientos teóricos, programas y convocatorias a la acción. Durante la Transición la ultraderecha había contado con un par de diarios afines —El Alcázar y El Imparcial— y con otras publicaciones de quiosco, como Heraldo Español, ¿Qué Pasa? o Fuerza Nueva. Perdidos diarios y revistas —pese a intentos como España Express, La Nación o la segunda época de Fuerza Nueva—, la extensión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en los años del cambio de siglo permitió a cualquier partido o grupúsculo ultra, mediante la difusión de internet, disponer de su propio órgano de comunicación y propaganda, webs «oficiales» a las que se sumaban una pléyade de blogs y foros destinados a militantes y simpatizantes, fruto a veces de iniciativas puramente personales. Sin embargo, no parece que esa renovación de las vías de difusión a través de las NTIC —completada con la edición de multitud de boletines internos y fanzines de escasa difusión— facilitara en las décadas del cambio de siglo un incremento notable de la militancia y el electorado o la presencia parlamentaria del sector, ya que en ningún caso se produjeron ambas circunstancias.

d) Se volvió imposible el mantenimiento de la «estrategia de la tensión» para debilitar el sistema constitucional. El activismo que en este sentido se había generado en algún sector de las Fuerzas Armadas y de las de orden público, manifestado en las tramas golpistas y el apoyo a las acciones violentas de la ultraderecha, desapareció con el final de la Transición.[620] Por otra parte, las sucesivas iniciativas parlamentarias para terminar con la práctica o la exaltación de la violencia política culminaron en la Ley de Partidos de 2002, cuyo artículo 9 les prohibía «fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos» y «complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública». Por lo tanto, las actividades violentas de la extrema derecha que antaño se relacionaban con la estrategia de la tensión quedaron paulatinamente limitadas a las acciones puntuales de grupos muy radicalizados, en su mayoría ajenos a la acción política legal. Se movían en un universo hermético, fluctuante e interrelacionado que iba desde los núcleos articulados de skinheads, los «cabezas rapadas», miembros de la violenta subcultura importada de Reino Unido, hasta los seguidores de las bandas musicales nacionalrevolucionarias o las peñas ultras de fanáticos seguidores de equipos de fútbol.

e) Las nuevas formaciones de extrema derecha de finales del siglo XX abandonaron en gran medida los planteamientos políticos estrictamente casticistas que, con excepciones casi siempre individuales, habían predominado en el sector en épocas anteriores. La constatación del crecimiento de las opciones similares en otros países europeos, la denominada «derecha radical populista», «derecha postindustrial» o «nueva derecha radical», con el Frente Nacional francés como principal referente, acercó a la española a los mensajes y métodos de acción —y en menor medida al universo filosófico— de la nueva ultraderecha continental.[621] Un europeísmo que, paradójicamente, se basaba en el euroescepticismo con respecto a la construcción de la Unión Europea, y que, erradicado el marxismo de la totalidad de los sistemas políticos continentales, ponía el acento en nuevas bestias negras, como el modelo capitalista neoliberal y su pulsión socioeconómica darwinista, el federalismo europeísta o el creciente flujo de inmigrantes económicos y refugiados políticos hacia los países de la Unión Europea.

f) Si bien las diferencias con la opción liberalconservadora que encarnaba AP-PP fueron cada vez más nítidas —lo que decantaba sus respectivas bases electorales—, la extrema derecha española se vio perjudicada en su propio espacio político por «la emergencia de personajes populistas que catalizaron el descontento psicológico».[622] Entre 1989 y 2000, las plataformas electorales de carácter personalista creadas por los empresarios José María Ruiz-Mateos, Jesús Gil y Gil y Mario Conde atrajeron muchos votos críticos con el establishment —70.970 en 1993— que, de no haber surgido esas opciones, hubieran podido nutrir a los partidos de derecha radical; aunque solo en cierta medida, ya que estos populismos coyunturales captaban a un electorado mayoritariamente maduro que se hubiera identificado con el relativo conservadurismo de la derecha involucionista anterior a 1982, pero que más difícilmente lo haría con los nuevos partidos de base juvenil.

POPULISMO EMPRESARIAL

En las décadas finales del siglo XX aparecieron en España formaciones políticas que buscaban ofrecer alternativas al discurso doctrinal y la práctica política de la derecha parlamentaria con dramáticas apelaciones a la retirada del apoyo de las clases populares a unos partidos a los que definían como burocráticos, corruptos y puestos al servicio de determinadas élites económicas. Este «populismo protestatario»,[623] defensor a ultranza de la libre empresa y del Estado mínimo, no buscaba la destrucción del orden constitucional, sino su reforma en clave neoliberal extrema, a través de la movilización de la protesta ciudadana contra «el sistema» y sus servidores: la clase política y el funcionariado público. Todo ello con una oferta programática que mezclaba métodos de gestión empresarial privada y de democracia participativa directa —pero sin rechazar la llegada al poder a través de las urnas—, y con la promesa de un estrecho control ciudadano sobre una Administración que sería depurada y reducida a su mínima expresión.

En el momento en que devino público el debate sobre la aparición de fenómenos «populistas» mundiales en contra del establishment político y económico, el concepto fue vinculado a los de «protesta» y «descontento», y separado por la gran mayoría de los analistas de las caracterizaciones tradicionales de la extrema derecha y la extrema izquierda.[624] Vendría a ser «un método o estilo de actuación política que se utiliza para lograr un particular tipo de movilización social y política, normalmente en situaciones de crisis económica y, sobre todo, de crisis política por procesos de deslegitimación de las élites políticas».[625]

El término «populista» adquirió rápidamente connotaciones negativas de radicalidad antisistema y demagogia. Se atribuyó, en un totum descalificatorio, a tres corrientes extremadamente dispares, dos de derechas protestatarias —el nacionalpopulismo, como corriente de extrema derecha, y el liberalpopulismo, vinculado a formulaciones radicales de neoliberalismo desregulatorio—, y una de izquierda «alternativa», el socialpopulismo.

Los dos primeros articularon su estructura de argumentación específica en torno a cuatro ejes: el paro, la inmigración, la inseguridad ciudadana y la ineficacia y corrupción en el sector público, aunque cada uno de ellos incidió más en un tema u otro. Asumieron un lenguaje y una concepción de la política basados en la confrontación entre «ellos» y «nosotros», en la idea de que estos últimos, el pueblo identitario al que defiende su partido, es culturalmente homogéneo y ajeno a las corruptas élites funcionariales, políticas y económicas. Esta identidad común, patriótica, de la comunidad nacional se contrapone a «las demás, habitualmente minorías, como los migrantes, que son supuestamente favorecidas por las élites». Por otra parte, fomentó un modelo de comunicación social basado en la ruptura de tabúes formales, como la «corrección política» coercitiva que imponía la izquierda en los usos lingüísticos comunes. O las apelaciones a la democracia extraparlamentaria y la descalificación global del adversario (las élites económicas controladoras del sistema, las comunidades inmigrantes ajenas al pueblo, la casta de los políticos profesionales y la de los intelectuales defensores del «pensamiento único» de la izquierda, etcétera). Y, para poner fin a esta situación, la exigencia de «soluciones quirúrgicas radicales a los problemas sociales, contrarias al burocratismo, al relativismo y a la búsqueda de consensos» propios de la política sistémica.[626]

Los «partidos anti-establishment político» organizan su discurso a partir de una visión maniquea:

Describen un conflicto específico como la división fundamental de la sociedad: el conflicto entre los «gobernados» y los «gobernantes» o, alternativamente, el conflicto entre público y política, votantes y partidos, ciudadanos y políticos, sociedad y Estado, electores y elegidos, mayoría (silenciosa) y élite, pueblo y establishment político, ciudadanos privados y funcionarios públicos, hombres comunes y élite de poder, o sociedad civil y partidocracia. El ropaje semántico puede variar, pero el mensaje básico sigue siendo el mismo: los servidores públicos forman una coalición antipopular; han degenerado en una clase política.[627]

En España fue el liberalpopulismo el que adoptó primero la forma de partidos autónomos enfrentados al establishment político, en línea con lo que representó desde 1994 el principal representante de la corriente, Forza Italia, el partido creado por el empresario Silvio Berlusconi. Pero con una diferencia fundamental: en el caso italiano, con un sistema de partidos desprestigiado y en disolución, la «berlusconización» de la política tuvo un rampante éxito electoral captando descontentos. Su autor, Il Cavaliere, fue tres veces primer ministro del país entre 1994 y 2011.

En el caso español, los tres empresarios que encabezaron las iniciativas berlusconianas contra los gobiernos del PSOE y del PP, José María Ruiz-Mateos, Jesús Gil y Gil y Mario Conde, buscaron en el caladero de votos del Partido Popular para formar sus propias agrupaciones liberalpopulistas y contender, o pactar, con la organización hegemónica de la derecha. Pero, con una única y episódica excepción, quedaron siempre muy lejos de alcanzar la representación parlamentaria para sus partidos, en momentos de solidez del sistema bipartidista.

Poseían tres personalidades muy distintas y otras tantas formas de desarrollar la acción política. Ruiz-Mateos, un hiperactivo gestor de empresas, conservador y muy religioso, estrechamente vinculado a su numerosa familia y paternalista en la relación con sus trabajadores, creó una plataforma con actividad básicamente electoral y con vocación de estar presente en las instituciones europeas. Jesús Gil, un self-made man surgido del pueblo llano, era un promotor inmobiliario interesado en hacerse con alcaldías y gerencias de urbanismo a través de un partido bajo su estricto control personal. Un hombre con una gran capacidad para la autopropaganda y el mensaje populista y agresivamente descalificatorio,[628] y, como se vio reiteradamente, nada respetuoso con el sistema legal cuando lo entendía como un obstáculo a sus planes empresariales. Mario Conde era un neoliberal, financiero de éxito arrollador, miembro de la beautiful people, la élite social emergente en la etapa de gobierno socialista. Su espectacular caída como banquero le llevó a teorizar un sofisticado argumentario contra el sistema al que había pertenecido —fue el único de los tres capaz de formalizar un corpus doctrinal y un programa de Estado— y a lanzar una frustrada carrera política a través de la virtual adquisición de un partido a punto del colapso.

Agrupación Ruiz-Mateos

A partir de la creación de una sociedad familiar en 1961, el jerezano José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada había levantado el mayor emporio empresarial de la España de la época: bancos, bodegas, grandes almacenes, financieras…, hasta un total de 774 sociedades, registradas con muy diversas formas legales bajo las siglas del holding Rumasa, popularmente conocido como «el imperio de la abeja», por su logo. En febrero de 1983, el Gobierno socialista expropió Rumasa manifestando que se encontraba «en quiebra técnica», con una inmensa deuda insalvable, y que su hundimiento constituiría un golpe muy duro para la economía española. Luego, las autoridades procedieron a reprivatizar por separado las distintas empresas del holding.[629] Ruiz-Mateos no aceptó la pérdida de su emporio y emprendió una larga y enconada lucha contra el Ejecutivo y contra destacados miembros del Opus Dei, asociación religiosa a la que pertenecía y a la que acusaba de haberle utilizado. Ello le costó procesos judiciales, fugas y temporadas en la cárcel. Respondió con una sobreexposición mediática destinada a que no se olvidara su reivindicación, desde presentarse ante el juzgado vestido de Supermán o golpear en la cabeza, al grito de «¡Que te pego, leche!», al ministro de Hacienda, Miguel Boyer, a quien consideraba responsable de la expropiación, hasta escapar durante un traslado a la Audiencia Nacional, en octubre de 1988, y pasar un tiempo fugado en el extranjero.

Esta política gestual, tendente a presentarle como una víctima de un sistema contra el que estaba alzando bandera de rebeldía, le ganó apoyos populares y una magnificada imagen de luchador contra las acciones colusivas de las oligarquías política y económica. Era un capital que el jerezano y su entorno decidieron convertir en un activo, pero dejando claro que la política no era lo suyo y que si intervenía en ella era para defender su trayectoria empresarial y los intereses del pueblo español: «Hace siete años, cuando yo contemplaba la sociedad española desde mi despacho profesional, jamás le hubiera creído a nadie que pudiera acabar aterrizando en la vida política. Mi propia formación es la de la empresa […]. Únicamente las circunstancias de la vida han hecho que me haya fajado en la lucha política contra un poder opresor».[630]

El 21 de marzo de 1986, el empresario registró una plataforma ciudadana que denominó Acción Social y cuyo fin declarado en la inscripción era «conseguir un nivel de vida económico para los ciudadanos semejante al de los países más desarrollados». Acción Social se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 1987, con unos resultados más bien modestos: 116.761 votos, el 0,61 por ciento del total.

Pese a ello, Ruiz-Mateos se animó a levantar una estructura más estable. El 30 de agosto de 1989 registró el Partido del Trabajo y el Empleo (TYE), del que fue secretaria general Carmen Lovelle, exsenadora de Alianza Popular. Siempre buscando «más la agitación y la propaganda que la construcción de un partido o de una oferta electoral novedosa»,[631] el TYE utilizó frecuentemente en los procesos electorales el nombre de Agrupación Ruiz-Mateos, atendiendo a su condición de plataforma personalista. Su mensaje se dirigía, básicamente, a los sectores populares que podían considerarse menos beneficiados por el desarrollo económico o la construcción del Estado de bienestar. Y, más allá del fin primordial de defender la causa personal de su fundador, incidía en la denuncia de los mecanismos de corrupción e ineficacia en la gestión pública que propiciaba el sistema constitucional que quería rectificar. Un tercer elemento era la promesa de que el TYE lograría «trabajo para todos», como habría procurado hacer su fundador en las empresas de Rumasa, desde una perspectiva de economía de mercado y de reducción al mínimo del papel regulatorio del Estado.

En junio de ese año la Agrupación dio la sorpresa en las elecciones al Parlamento Europeo, una institución que los españoles percibían como lejana a las preocupaciones nacionales y escasamente operativa, por lo que, entre el electorado conservador, la motivación de dar un voto útil al PP tenía menos sentido que en otros comicios. Además, las elecciones europeas registraban siempre una fuerte abstención, por lo que en ellas se hacía más resolutiva la presencia del voto militante o de protesta. Y no puede descartarse el beneficio que pudo obtener Ruiz-Mateos del hecho de que, un mes antes de la votación, propinara la mediática colleja al impopular ministro de Hacienda, lo que le facilitó el eslogan electoral «Esta vez tienes la oportunidad de dar fuerte». El empresario, en busca y captura por la agresión a Boyer, realizó diversas apariciones clandestinas, que acrecieron su leyenda antisistema. Entonces se estrenó un eslogan que el TYE repetiría en sucesivos comicios: «Déjese de pitorreos y vote a Ruiz-Mateos».

La Agrupación logró un total de 608.560 votos, el 3,84 por ciento, y se hizo con dos escaños en el Parlamento Europeo, uno para su fundador y otro para su yerno, Carlos Perreau de Pinninck. El mejor resultado lo obtuvo en la provincia de Zaragoza (6,53 por ciento), seguida de Cádiz (6,12 por ciento) y Baleares (5,74 por ciento). En Estrasburgo los dos eurodiputados encontraron una caja de resonancia para sus denuncias contra el Gobierno español. Evitaron, como hacían en la política nacional, ofrecer una imagen de colaboración con la extrema derecha antisistema y con el euroescepticismo, aunque tampoco se integraron en el grupo del Partido Popular Europeo, que conformaban los principales partidos de la derecha continental, incluido el PP español. La inscripción de la candidatura se había realizado como Agrupación Ruiz-Mateos-Alianza Democrática Europea, en referencia a un pequeño grupo de la Eurocámara integrado por partidos liberales y conservadores de menor entidad. Los dos españoles solicitaron el ingreso en el grupo, que tenía veinte miembros de los 518 del Parlamento, y Ruiz-Mateos se convirtió en su vicepresidente hasta el final de la legislatura, en julio de 1994.[632]

El éxito de la campaña protestataria del TYE en los comicios europeos animó a sus dirigentes a buscar un hueco en la política parlamentaria española. En las elecciones a Cortes de octubre de ese año el partido presentó listas en 49 circunscripciones y desarrolló una campaña dirigida contra el establishment político, con el lema «Oposición, oposición, oposición. Ahora más que nunca» y octavillas en las que se leía: «A por ellos. Hace falta hombría para defender tus intereses». Con una participación popular muy superior a las europeas, los resultados situaron a la Agrupación en unos márgenes parecidos a los de las restantes formaciones derechistas que competían con el PP. Obtuvo 219.883 votos al Congreso, el 1,07 por ciento del total —cosechó sus mejores porcentajes en Cádiz (3,46 por ciento) y Baleares (2,56 por ciento) y el peor en Guipúzcoa (0,35 por ciento)—, y quedó fuera del Parlamento.

A partir de ese momento el TYE, que no había consolidado una auténtica estructura de partido, entró en un proceso de decadencia. Concurrió a las elecciones autonómicas gallegas de diciembre de 1989, pero solo obtuvo el 0,53 por ciento de los votos, y a las andaluzas de junio de 1990, en las que se hizo con el 0,57 por ciento. En las autonómicas generales de mayo de 1991 presentó una candidatura por la Comunidad de Madrid, pero el resultado, un 0,20 por ciento de los votos, fue aún más decepcionante. Y peores fueron los comicios municipales, celebrados ese mismo día y en los que el partido populista, que se había marcado el ayuntamiento de la capital como principal objetivo —con el propio Ruiz-Mateos como candidato—, obtuvo el 0,12 por ciento en el conjunto de sus candidaturas en todo el país y el 1,57 por ciento en la ciudad de Madrid.

En busca de recuperar su menguante base electoral, el TYE conectó de forma creciente con el nacionalismo identitario que prendía entre las nuevas formaciones de la extrema derecha. En la campaña electoral al Parlamento Europeo de 1994, el cartel básico demandaba «España, para los españoles. Trabajo para todos», aunque incluía un guiño a su electorado tradicional: «¡Que me votes, leche!». Los resultados fueron, una vez más, pobrísimos: 82.410 votos, poco más de la décima parte de los obtenidos en 1989 en las mismas elecciones. Al año siguiente, el empresario jerezano anunció que renunciaba a presentarse a nuevos comicios a fin de «no restar votos al PP» a la hora de desalojar al PSOE del poder. El Partido del Trabajo y el Empleo quedó hibernado y así continúa.

Jesús Gil y el Grupo Independiente Liberal

Jesús Gil y Gil fue un empresario de polifacética y accidentada trayectoria.[633] Nacido en la localidad soriana de Burgo de Osma, en 1933, se introdujo muy joven en el negocio inmobiliario. Hasta que, en 1969, se derrumbó un restaurante en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael (Segovia), de la que era promotor. Murieron 57 personas y hubo 148 heridos, y a él le acusaron de emplear materiales de escasa calidad y de irregularidades en el proyecto. Pasó dieciocho meses en prisión, antes de que le indultara el jefe del Estado. Retomó entonces su actividad como constructor y consiguió amasar una fortuna considerable.

En junio de 1987 Gil asumió la presidencia de un club de fútbol, el Atlético de Madrid, al que en 1992 convirtió en Sociedad Anónima Deportiva, con él como accionista mayoritario y virtual propietario. Arropado por una de las mayores masas sociales del fútbol español, el empresario se embarcó en una campaña de promoción de su imagen que le llevó a conducir, como showman, un programa de entretenimiento en televisión —en una cadena controlada por Berlusconi—, a entablar polémicas con políticos y empresarios en las que utilizaba sin contención insultos y descalificaciones, y a elaborar un discurso para el «hombre de la calle» lleno de tópicos sobre los males de la política y las bondades del capitalismo desregulado. Comenzó a presentarse como un estadista en cierne, capaz de solucionar los problemas de España. «Cuando voy por ahí y veo que la gente me quiere tanto me pregunto: ¿pero qué diferencia hay entre arreglar un club [de fútbol] y arreglar un país?»[634] En la primavera de 1991 decidió embarcarse en la política, centrándose en el municipio de Marbella, localidad turística con prometedores desarrollos inmobiliarios pero cuyo ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ponía freno a sus desmedidos proyectos empresariales. Comprometiéndose a limpiar la ciudad de «prostitutas, lesbianas y drogadictos», pretendidos focos de degradación urbana que atribuía a los socialistas, su agrupación municipal de electores consiguió el 26 de mayo un rotundo triunfo al hacerse con la alcaldía y diecinueve de los veinticinco concejales del nuevo ayuntamiento. Días después declaró: «Yo me presenté a las elecciones para resolver los problemas de mi empresa inmobiliaria. Tengo 30.000 millones en apartamentos que vender».[635]

Ello le impulsó a metas más ambiciosas. En febrero de 1992 inscribió un partido, el Grupo Independiente Liberal, tan personalista que sus siglas, GIL, reproducían el apellido de su promotor. En agosto publicó un anuncio en los periódicos: «Grupo Independiente Liberal necesita 200 ejecutivos para la implantación del partido en todas las provincias de España. Dedicación total. Importantes incentivos. Abstenerse políticos en activo o quemados». Fiel a esta visión ultraliberal, el soriano prometía «gestionar los recursos nacionales como un empresa» y ofrecía su grupo como una «tercera vía» destinada a acabar con el bipartidismo PP/PSOE. Sin embargo, es difícil encontrar proyectos de Estado o definiciones doctrinales concretas en sus documentos. La coyuntura para el desarrollo de una formación populista parecía la adecuada, aunque el hueco lo ocupaba entonces la plataforma de Ruiz-Mateos. La economía española se veía sacudida por el inicio de un breve ciclo de crisis que disparó el paro y extendió entre el segmento de la población más afectado la idea de que el PSOE, que se veía envuelto en un rosario de escándalos de corrupción iniciados en 1989 con los casos Juan Guerra y Filesa, había fracasado en sus políticas económicas.

Pero, cuando buscó nuevos horizontes, Jesús Gil pudo comprobar lo corto de su vuelo. En las elecciones generales de junio de 1993 el GIL, apoyado por un crédito de más de 5.000 millones de pesetas otorgado por el Banesto de Mario Conde, presentó listas al Congreso en las ocho provincias andaluzas, pero solo recolectó 16.452 votos, el 0,42 por ciento de los emitidos en la región; en la que, sin embargo, casi triplicó los 6.765 votos de la Agrupación Ruiz-Mateos.

Retornó, por lo tanto, al ámbito municipal, donde la imagen populista y populachera de su líder, las alianzas con poderes económicos locales y, según denunciaron los medios de comunicación, la compra de afiliación y votos ofrecían mejores perspectivas. En las municipales de 1995, Jesús Gil revalidó su mayoría absoluta en Marbella, logró la alcaldía de Estepona para su hijo mayor y se hizo con el gobierno municipal de otras dos localidades integrando a tránsfugas del PSOE y del PP; partido este último que le apoyó para asumir la presidencia de la Mancomunidad de la Costa del Sol. En 1999 el GIL llegó a su apogeo, con 87.743 votos y 93 concejales, lo que le permitió obtener el primer puesto en trece municipios —Marbella, Estepona, La Línea, San Roque, Manilva, Ronda, Casares, etcétera— y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde ató pactos para formar el Ejecutivo autonómico. En la primera fue alcalde-presidente, entre agosto de 1999 y febrero de 2001, el catalán Antonio Sampietro, exconcejal de Urbanismo y Vivienda de Marbella, uno de los fundadores del GIL y coordinador general del partido.

Sin embargo, a esas alturas, la forma en que Gil manejaba su club de fútbol, sus promociones inmobiliarias, su partido y sus ayuntamientos, prácticamente como un todo a su libre disposición, comenzaba a pasarle factura judicial, especialmente en lo referente a las corruptelas urbanísticas. Los partidos de ámbito nacional desarrollaban estrategias para frenar su crecimiento en la región del Estrecho, que se tradujeron durante las municipales de 1999 en un pacto formal para no apoyar a sus ayuntamientos, con lo que quedaron reducidos a Marbella y La Línea.

A partir del año siguiente, el GIL comenzó a desmoronarse y un número creciente de sus ediles se fugaron a otros grupos municipales, especialmente a los del PP (en La Línea lo hicieron en bloque sus diecisiete concejales). En marzo de 2000 el partido se presentó a las elecciones generales en dieciséis circunscripciones con la idea, se apuntó en algunos medios, de otorgar a su fundador, candidato por Madrid, inmunidad parlamentaria ante los procesos judiciales que se le abrían. Pero el partido solo logró 72.162 votos, el 0,31 por ciento. En abril de 2002 el «caso camisetas», el desvío de dinero público marbellí para financiar al Atlético, le costó a Jesús Gil la condena de inhabilitación por parte del Tribunal Supremo y el consiguiente abandono de la alcaldía de Marbella. Y en febrero del año siguiente el «caso Atlético» llevó a la Audiencia Nacional a intervenir el club de fútbol, cuya presidencia perdió el constructor. Incluso su sucesor como alcalde, Julián Muñoz, un antiguo camarero que había entrado en la política local en las filas del PSOE y que se convirtió en su mano derecha en el GIL, acabó rechazando su patronazgo y cesando al gerente de Urbanismo, José Antonio Roca, el hombre de confianza de Jesús Gil para sus negocios inmobiliarios marbellíes. En agosto de 2003, el soriano se declaró «un político jubilado» y anunció la disolución de su partido, días después de impulsar una vengativa moción de censura que despojó a Muñoz de su bastón municipal. Gil falleció en agosto del año siguiente.

Mario Conde y la Unión Centrista

El 28 de diciembre de 1993 el Banco de España intervino el Banco Español de Crédito (Banesto), una entidad financiera que estaba conociendo una extraordinaria expansión bajo la presidencia de Mario Conde. Nacido en la localidad pontevedresa de Tuy en 1948, estudió Derecho y ganó las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado. Asociado al empresario Juan Abelló en la industria farmacéutica, en 1987 vendieron su empresa, Antibióticos S. A., a una multinacional por 58.000 millones de pesetas. Gracias a ello, ambos socios entraron en el capital de Banesto y Conde no tardó en alcanzar la presidencia. Se convirtió entonces en una figura popular gracias a su continua presencia en los medios de comunicación, presentado como un mago de las finanzas y estrechamente relacionado con empresarios, políticos o artistas en un glamuroso ambiente de alta sociedad y novorriquismo que fue calificado de «gente guapa» (beautiful people). Conde presumía incluso de tener amistad personal con el rey Juan Carlos, que presidió su investidura, en junio de 1993, como doctor honoris causa por la Universidad Complutense.[636]

Pero la política expansiva y de movimiento de capitales impulsada por el banquero terminó creando un agujero patrimonial a Banesto de 450.000 millones de pesetas, lo que movió al Banco de España a decretar su intervención para evitar la quiebra. Las investigaciones judiciales llevaron a Mario Conde al banquillo de los acusados. Por el caso Argentia Trust fue condenado a seis años de cárcel en 1997, y en 2002 a otros veinte años por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Junto con su defensa jurídica, Conde elaboró un argumentario que le presentaba como una víctima de la colusión entre sus rivales empresariales y corruptos dirigentes políticos. Lo hizo en libros como el texto de memorias Mis días de gloria, donde explicaba la intervención de Banesto como un pacto entre Felipe González y José María Aznar, las maniobras de los grandes grupos multimedia para cerrarle el acceso al control de medios de comunicación o sus enfrentamientos personales con otros banqueros y miembros de la beautiful socialista. Y, sobre todo, en El Sistema. Mi experiencia del poder (1994), donde elaboró el más explícito corpus doctrinal protestatario del liberalpopulismo. El libro planteaba un proyecto de acción política destinado a movilizar democráticamente a la «sociedad civil», bajo la dirección de ejecutivos empresariales altamente cualificados para ello, en la consecución de una radical reforma tecnocrática del sistema. Con ella se jubilaría a la clase política vigente y su «agobiante carga de una tradición autoritaria» propia del «despotismo ilustrado», y se reduciría al mínimo el poder intervencionista de las instituciones públicas.

En muchas sociedades contemporáneas registramos un resurgimiento de la sociedad civil […]. No cabe duda de que la reforma del modelo debe hacerse con cautela. El problema consiste, en mi opinión, en que, si no hacemos nada, la reforma se puede producir por la vía de los hechos y de forma incontrolada. Por tanto, es necesario anticiparse a ella. Ahora bien, en tanto en cuanto dicha reforma supone una alteración sustancial del modo de entender la acción política y afecta, evidentemente, al carácter endogámico de la clase política, es difícil creer que van a ser los políticos quienes la lleven a cabo. Esto solo sería posible tras una presión social muy potente, pero su propia potencia la convertiría en difícilmente controlable […].

Para abordar una reforma de esta categoría se necesitan tres condiciones. Primera, una situación social «propicia», es decir, un descontento derivado de la sensación de que «así no se funciona». Yo creo que, en gran medida, ese estado de cosas existe en España. Segunda, una «ideología», un cuerpo de pensamiento mínimamente articulado que contenga respuestas claras y contundentes para abordar la nueva situación, que sean capaces de explicitar en dónde radican los problemas y cuáles son las soluciones, o, al menos, las vías para encontrarlas. Tercera, un conjunto de personas que corporeicen la ideología del cambio.

El propósito básico de Conde era «una reducción del Estado tanto cuantitativa como cualitativamente», devolviendo «las funciones que no le corresponden» a la sociedad civil y evitando con ello «la instrumentalización de instituciones capitales del Estado en beneficio de un grupo». Y se preguntaba: «¿Por qué los empresarios no pueden asumir en un momento determinado un papel político? ¿Qué se quiere decir con esa pretendida “profesionalización” de los políticos? ¿No se está tratando de construir un modelo cerrado que provoca esa superestructura desligada de la sociedad?».

Dispuesto a predicar con el ejemplo, en septiembre de 1999, un mes después de salir de prisión en libertad condicional, Conde se afilió al Centro Democrático y Social. El antiguo partido de Adolfo Suárez vivía una situación delicadísima. Aunque en teoría encabezaba una coalición de pequeños partidos denominada Unión Centrista, en realidad no había prácticamente nada detrás y, a consecuencia de sucesivos conflictos internos, gran parte de sus cuadros y afiliados estaban ya en el Partido Popular. En las elecciones de 1996, la Unión Centrista había obtenido el 0,18 por ciento de los votos al Congreso. Dos años después la coalición se había transformado en una federación de partidos denominada UC-CDS bajo la presidencia de Teresa Gómez Limón, y Rafael Calvo Ortega había abandonado la presidencia de este último, que estaba ahogado por las deudas.[637]

Por ello se vio como una tabla de salvación la llegada de un Mario Conde que aportaría popularidad mediática y recursos económicos y que incluso editó una revista de contenido político titulada MC, donde jugaba con su nombre y el concepto de «movimiento civil». Enseguida la Asamblea Nacional le eligió presidente del Centro Democrático y Social, por 58 votos a favor y 12 en contra, y se presentó como cabeza de lista de la UC-CDS por la circunscripción de Madrid en las elecciones de marzo de 2000, con una campaña bajo el lema «Hace falta. Vota fuerte». La federación presentó listas en 49 circunscripciones, recogió poco más de la mitad de los votos obtenidos en 1996, 23.576, el 0,10 por ciento del total —registró su mejor resultado en Segovia, el 1,49 por ciento—, y Conde obtuvo 3.567 votos en Madrid, el 0,11 por ciento. Al conocerse los resultados, la misma noche electoral, el exbanquero dimitió como presidente del CDS y abandonó la política.

Se mantuvo activo como ideólogo del liberalpopulismo, que difundía en libros, tertulias de radio y televisión y colaboraciones en la prensa. En 2012 asumió la presidencia del partido Sociedad Civil y Democracia, registrado en Valladolid en junio del año anterior por Daniel Movilla, exabogado de Banesto y miembro del patronato de la Fundación Civil, presidida por Conde.[638] Enseguida anunció este su intención de retornar a la vida política a través de la comunidad autónoma gallega, a cuya presidencia aspiraba. Se presentó a las elecciones autonómicas de octubre de ese año, pero SCD solo cosechó el 0,11 por ciento de los votos. Fue su primera y última cita electoral. En mayo de 2013 Conde abandonó la presidencia del partido.

En España gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta. Y sus alternativas políticas en la derecha seguían siendo meras ilusiones y propósitos.

CON LA HERENCIA DE LA TRANSICIÓN A CUESTAS

El final de la reconversión del Estado autoritario a otro democrático puso de relieve el fracaso de los proyectos que habían alentado los numerosos partidos de extrema derecha surgidos entre 1976 y 1982. En este último año, la diferencia entre la coalición de derecha constitucionalista formada por AP y el PDP, por una parte, y Fuerza Nueva, el mayor partido involucionista, por otra, fue de 5.439.361 votos frente a 108.746, es decir, del 26,3 por ciento frente al 0,5 por ciento del total de los emitidos.

Cuadros y militantes de la ultraderecha fueron plenamente conscientes de un problema que buscaron racionalizar a través de múltiples causas, que en su mayoría consideraban externas a sus organizaciones. No podían negar, sin embargo, el perjuicio que les había causado el que sus partidos hubiesen permanecido anclados en el referente del Régimen del 18 de Julio, con escasa capacidad para articular iniciativas que fueran más allá del mero repudio de los cambios políticos y sociales que ponía en marcha la rápida evolución hacia el sistema democrático. Sistema en el que acabaron siendo un elemento marginal por su abominación de un nuevo orden constitucional casi universalmente asumido por la opinión pública, pero también por su práctica de la violencia y la apelación a la dictadura, que suscitaban una generalizada reacción de rechazo en la ciudadanía.

A partir de 1983 la extrema derecha española hubiera debido acometer una intensa reconversión interna, reagrupando a sus bases en unos pocos partidos bien estructurados, rejuveneciendo a sus cuadros y asumiendo una modernización doctrinal. En líneas generales hubo un proceso de readaptación para implementar en España el modelo finisecular de «adopción de estrategias» organizativas y programáticas de la ultraderecha europea. Ello marcó dos pautas evolutivas: la de legado fascista (los grupos falangistas, el Frente Nacional, Juntas Españolas), partidos que «parecían encontrarse cómodos en su asociación con el pasado y no buscaron activamente nuevas oportunidades para ganar influencia reposicionándose», y, por otro lado, la de los partidos emprendedores de finales del siglo XX y sus continuadores de comienzos de la siguiente centuria, que renovaron el modelo de organización de partido, «introdujeron líderes carismáticos, buscaron publicidad en los medios de comunicación» y asumieron un nuevo lenguaje «para distanciarse de la retórica fascista» o adaptarla a la sociedad postindustrial.[639] En España se puede identificar esta línea, en el primer momento, como la deriva neofascista (Movimiento Social Español, Alianza por la Unidad Nacional), y en su continuación como los partidos nacionalpopulistas (Democracia Nacional, España 2000).

En conjunto, tuvieron mucho menos éxito en la renovación que sus correligionarios europeos. Su futuro dependía de atraer hasta su terreno al electorado conservador que rechazaba los sucesivos desarrollos constitucionales y que estimaba que Alianza Popular, constituida en «leal oposición» al Gobierno del PSOE, sería incapaz de contener la deriva izquierdista y desnacionalizadora en los asuntos públicos. No dejaron de intentarlo, con la ilusión de conseguir formar a medio plazo el tan fantaseado Frente Nacional, la plataforma unitaria que se mantenía como mítico bálsamo de Fierabrás en las visiones de futuro del sector. Lo que, en el periodo 1983-2004, no solo no se logró, sino que resultó cada vez más alejada de su realidad.

La atomización del falangismo

Los sucesivos procesos electorales entre 1977 y 1982 pusieron de relieve la decadencia del antaño poderoso nacionalsindicalismo, que se mostró incapaz de superar sus divisiones o de actualizar su discurso político más allá de las tesis joseantonianas planteadas en los años treinta o de las herencias francofalangistas del Movimiento. Y también de relevar a sus equipos dirigentes, integrados en gran medida por veteranos miembros de la primera generación azul, en beneficio de políticos más jóvenes que no permanecieran anclados en la nostalgia del 18 de Julio o en la continuidad de las rencillas internas heredadas de la etapa franquista.

El nulo resultado de sus alianzas electorales con Fuerza Nueva precipitó un relevo generacional en FE-JONS. En febrero de 1983 dimitió el jefe nacional, Fernández-Cuesta, y en julio se celebró un congreso para elegir a su sucesor. Los cuadros procedentes del Movimiento apoyaban a uno de los suyos, el camisa vieja Manuel Valdés Larrañaga, hasta entonces subjefe nacional, pero se impuso la candidatura del otro subjefe, Diego Márquez Horrillo, el exdirigente de los Círculos José Antonio. No solo suponía la llegada al liderazgo de un político de la segunda generación sino también un más que simbólico abandono de la línea francofalangista que había justificado las alianzas con la ya desaparecida Fuerza Nueva. Ello dio paso a una situación de crispación interna que estalló en agosto, cuando el nuevo jefe nacional quiso eliminar la Primera Línea, cuyos jóvenes activistas aparecían envueltos en numerosos episodios de violencia callejera. La medida provocó meses de enfrentamientos, sobre todo en el seno del SEU, hasta que en enero de 1985 dimitieron veinticuatro consejeros nacionales, casi todos destacados miembros de la vieja guardia del Movimiento: Fernández-Cuesta, Pilar Primo de Rivera, Manuel Valdés Larrañaga, Diego Salas Pombo, Jesús Suevos, José Utrera Molina, Alfredo Jiménez-Millas, etcétera.

FE-JONS fue imponiéndose como el principal partido nacionalsindicalista al incorporar grupos más pequeños en un proceso en el que reivindicaba su condición de heredero del falangismo histórico. Si ya en 1979 se habían integrado los Círculos José Antonio, en 1984 lo hizo Unidad Falangista Montañesa y en 1994 ingresó un sector de Falange Española Auténtica, encabezado por Miguel Hedilla. Pese a estas y otras incorporaciones, que en ocasiones no pasaban de unas docenas de militantes, el partido cosechó unos resultados electorales muy pobres. Si en los comicios de 1986 obtuvo 43.449 votos en sus listas al Congreso, en los de 1989 descendió a 24.025 y a 12.114 en los de 1993. En las elecciones municipales sucedió algo parecido: en 1987 el partido presentó 63 candidaturas, recibió 18.920 votos y solo logró seis concejales. Estos fracasos deterioraron el liderazgo de Diego Márquez, que en octubre de 1995 fue sustituido como jefe nacional por su principal crítico, el periodista Gustavo Morales. El nuevo Consejo Nacional del partido publicó un documento programático en el que ponía el dedo en la llaga sobre los problemas del falangismo.

No existe fuera del Nacionalsindicalismo actual nada que lo supere como doctrina. Falange es la vanguardia política que sí dispone de un núcleo de creadores de ideas. El déficit parcial está en el estamento intermedio, donde las ideas se concretan en programas políticos […]. Toda política se construye a partir de compromisos orgánicos, con articulación de intereses semejantes que se agrupan para enfrentarse a los mismos enemigos y/o defender postulados, concretos o globales, semejantes. Debemos tender a la creación de un Frente amplio, con Falange como eje central, no confiándonos a microgrupos derechistas de confuso mensaje, reeditando la nefasta Alianza Nacional, sino, especialmente, buscar el diálogo con grupos diversos de la sociedad civil tales como asociaciones culturales y juveniles, de vecinos, grupos municipales, editoriales […]. Es necesario obtener mayores niveles de representación pública en los municipios, las regiones y la nación. Despreciar la concurrencia electoral es la fábula de la zorra y las uvas.[640]

La vida de las restantes formaciones falangistas durante este periodo fue aún más precaria. Falange Española Auténtica concluyó la etapa de la Transición en un contexto de enfrentamiento interno marcado por la creciente radicalización de una parte de sus reducidas bases, que condujo a sucesivas escisiones y expulsiones entre 1980 y 1983. El proceso de reorganización desembocó en el congreso celebrado en diciembre de 1984, que eligió una nueva Junta Política con Ángel Gómez Puértolas como secretario general. Pero el partido había perdido su capacidad de atraer seguidores en busca de la renovación del falangismo. En 1993 solo presentó una candidatura al Congreso, por la provincia de Barcelona, y obtuvo 747 votos. Al año siguiente se produjo una desbandada casi general de militantes y muchos de ellos ingresaron en FE-JONS.

La Falange Española Independiente, heredera del histórico Frente de Estudiantes Sindicalistas, arrastraba una existencia aún más limitada y en 1986 ya no presentó candidaturas a las elecciones generales. La salida lógica parecía, pues, un retorno a la negociación con otros grupos falangistas. En marzo de ese año Sigfredo Hillers y Diego Márquez entablaron un diálogo para alcanzar un pacto de unidad que, no tardó en quedar claro, pasaba por integrar a FE-I en FE-JONS. Sin embargo, aunque el acuerdo se oficializó, un sector de FE-I se opuso a la fusión y logró el relevo de Hillers como jefe nacional por Norberto Pico, quien se atuvo a la línea de independencia que garantizaba la autonomía de la pequeña organización. En cuanto al Movimiento Falangista de España, constituido en 1979, integraba a disidentes de los Círculos José Antonio y de FE-I, así como al Frente de Unificación Falangista de Aragón y Unidad Falangista de León. En las elecciones generales de 1982 logró 8.976 votos, pero cuatro años después se coaligó con dos grupos no estrictamente falangistas, el Partido de Acción Nacional y el Movimiento Católico Español, en una Coalición de Unidad Nacional que apenas superó los cinco mil sufragios.

Hijos de Fuerza Nueva

La desaparición en noviembre de 1982 del principal partido de la ultraderecha durante la Transición dejó un hueco que los cuadros y militantes buscaron llenar con organizaciones que reprodujeran su esquema doctrinal y político, basado en un catolicismo fundamentalista y en la conjunción de influencias políticas varias, desde el falangismo ortodoxo hasta el tradicionalismo, sin excluir las modernas tendencias neofascistas. Y ello conforme al propósito de los dirigentes de Fuerza Nueva, que al disolverla habían anunciado la continuidad «del movimiento ideológico en el marco de los objetivos que han sido siempre el hilo rector de nuestra conducta».[641] Surgieron así tres pequeños partidos: el Frente Nacional, Juntas Españolas y el Movimiento Católico Español. Era el modelo contrario al de Francia, donde el agrupamiento de la extrema derecha en el Frente Nacional, creado en 1972, permitió a este convertirse en un partido de masas y alcanzar el 11 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias de junio de 1984;[642] algo que facilitaba a su líder, Jean-Marie Le Pen, reforzar su condición de inspirador y padrino político de una ultraderecha española que, sin embargo, se mostraba incapaz de seguir su estela integradora de grupos y corrientes.

a) Frente Nacional. Tras la desaparición de Fuerza Nueva, Blas Piñar había quedado como una figura de referencia para la extrema derecha, aunque sin actividad política. Creó una asociación cultural, el Centro de Estudios Sociales, Políticos y Económicos, nutrida por algunas de las secciones locales de la extinta FN. Pero la incapacidad del sector para plantear alguna alternativa sólida a Alianza Popular le animó a retornar. Con el apoyo de sus antiguos socios del Frente Nacional francés y del Movimiento Social Italiano, en 1986 fundó un partido, el Frente Nacional (FN), que reproducía el nombre de la organización lepenista y las siglas de Fuerza Nueva. Piñar y sus colaboradores buscaron reactivar el modelo de su desaparecido partido y hasta crearon unas Juventudes del Frente Nacional con las que recuperar el espíritu de Fuerza Joven. No obstante, las circunstancias de la política española habían cambiado. La línea de socialdemocracia suave adoptada por el Gobierno del PSOE alejaba cualquier peligro de revolución social, la generación del búnker había desaparecido o acumulaba demasiados años y los cuadros juveniles de Fuerza Joven dirigían ahora formaciones rivales. El Frente obtuvo unos resultados mínimamente esperanzadores en su primera cita electoral, las europeas de julio de 1987, en las que recibió 122.799 votos, el 0,64 por ciento del total. Pero en las siguientes europeas, dos años después, apenas superó los 60.000 votos. El lema electoral del momento ya preludiaba el problema: «¡Ten coraje, vota al Frente Nacional!». En las elecciones a Cortes de octubre de 1989 el partido no presentó listas.

Ello disparó las tensiones internas, que pusieron en cuestión el liderazgo del septuagenario Piñar. Un sector de la militancia se mudó a las Juntas Españolas y en las Juventudes del FN se produjeron dos escisiones que dieron lugar a los grupúsculos Nación Joven y Frente de la Alternativa Nacional. Con acuciantes problemas económicos, Piñar estuvo cerca de ser sustituido por el secretario general, Miguel Bernad —más tarde dirigente del sindicato Manos Limpias—, pero pudo retrasar el proceso negociando una alianza con las Juntas Españolas, hasta que en marzo de 1993 el Frente dejó de tener actividad.

b) Juntas Españolas. El director de El Alcázar, Antonio Izquierdo, se convirtió en el promotor de la iniciativa a través de un «Manifiesto al pueblo español» publicado en el diario en octubre de 1984, coincidiendo con la X Asamblea de la Confederación Nacional de Excombatientes. El manifiesto sintetizaba las bases programáticas elaboradas por una Comisión Promotora que buscaba la creación de un nuevo partido, destinado a unificar a la ultraderecha en «una movilización popular de servicio a España», por lo que fue bautizado como Juntas Españolas de Integración (JEDI). Enseguida se constituyó la Comisión Gestora, presidida por el economista Pablo Ortega y con Izquierdo como secretario general y auténtico hombre fuerte, que inició una campaña de recogida de fondos a través de El Alcázar. Según algún testimonio, sirvió básicamente para financiar el crecido déficit del periódico, convertido en el órgano del partido, que, cuando se inscribió en el Registro de Asociaciones en junio de 1985, había simplificado su nombre, ahora Juntas Españolas (JJ. EE.).[643]

Juntas Españolas contó con una organización juvenil, Patria y Libertad, que difundía doctrinas neofascistas a través de la revista del mismo nombre; labor en la que destacó el barcelonés Ernesto Milà, procedente del Frente de la Juventud y difusor de las ideas del filósofo italiano Julius Evola. El cese de Izquierdo en El Alcázar supuso el final de su influencia en las Juntas y de la del falangista Antonio Gibello, que le había sucedido en la secretaría general. Una nueva dirección presidida por Ramón Graells, también procedente del Frente de la Juventud, asumió una postura más acorde con las tesis neofascistas, pero sus intentos de vertebrar una alianza de grupos acabaron en fracaso. En junio de 1994 se presentó a las elecciones europeas bajo la etiqueta de la coalición Alternativa Demócrata Nacional, a la que se sumaron elementos procedentes de CEDADE, Vanguardia Nacional Revolucionaria, el Frente Nacional y Bases Autónomas, y que recibió un activo apoyo del Frente Nacional francés, pero solo obtuvo 4.689 votos. Meses después, JJ. EE. se disolvió.

c) Movimiento Católico Español. Fundado a finales de 1981 bajo la presidencia de José Luis Corral, pretendía aunar influencias falangistas y tradicionalistas con un componente fundamental de catolicismo integrista, en la línea de lo que fue Fuerza Nueva. Aunque su militancia era escasa, mantuvo una activa presencia en sucesivas campañas de protesta contra la legislación de la etapa de gobierno socialista, en especial a través de los activistas de Acción Juvenil Española. En busca de recuperar el hueco electoral dejado por FN, en 1986 formó, junto con el Partido de Acción Nacional y el Movimiento Falangista de España, la Coalición por la Unidad Nacional, que cosechó 5.209 votos. Repitió en solitario en 1989, pero los 1.178 sufragios obtenidos demostraron la escasa relevancia de la organización.

Como sucediera en 1982 con Fuerza Nueva, la disolución del Frente Nacional en 1993 dejó un espacio que buscaron cubrir otras organizaciones doctrinalmente cercanas. A lo largo de la década anterior este difuso espacio socialpatriota, entre el integrismo católico y el neofascismo, había sido cubierto por numerosos partidos, el fruto de sucesivas divisiones, en un proceso que no había favorecido precisamente la solidez organizativa ni el crecimiento electoral. Parecía llegada la hora de sumar en lugar de restar.

En marzo de 1994 el joven abogado Ricardo Sáenz de Ynestrillas puso en marcha el Movimiento Social Español (MSE). Hijo del protagonista de la Operación Galaxia, al que había visto morir asesinado por ETA, fue acusado y posteriormente absuelto del asesinato del diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza. Militante de Fuerza Joven en su momento, entre sus primeras actuaciones se encontraba la fundación de un grupúsculo denominado Legión de San Miguel Arcángel, como el partido fascista rumano de entreguerras. El MSE, cuyo nombre reflejaba la influencia de los neofascistas italianos del MSI, buscó crear una gran organización en la línea de Fuerza Nueva. Desaparecido meses atrás el Frente Nacional piñarista, Sáenz de Ynestrillas entró en conversaciones con los responsables del Frente de Alternativa Nacional y de Nación Joven, los dos partidos procedentes de sus juventudes, así como con el Movimiento Católico Español, la Asociación Universitaria DISPAR y el sindicato Fuerza Nacional del Trabajo. Todos confluyeron, en octubre de 1994, en el pacto para constituir la Alianza por la Unidad Nacional (AUN), que fue legalizada en marzo del año siguiente.

Sin embargo, la iniciativa de construir un gran movimiento socialpatriota resultó un fracaso ante la escasa afiliación y la pervivencia de la autonomía de las organizaciones fundadoras dentro de lo que no pasaba de ser una plataforma de partidos. Contraviniendo su espíritu fundacional, no tardaron en producirse abandonos. Al poco de la creación de la Alianza se marchó el Movimiento Católico, y tras las elecciones de 1996, en las que las cuatro listas de AUN al Congreso de los Diputados —por Madrid, Murcia, Valencia y Sevilla— obtuvieron en total 3.397 votos, se recrudecieron los enfrentamientos doctrinales y al año siguiente se separaron Nación Joven y una parte de los integrantes del Frente de Alternativa Nacional. En las elecciones europeas de 1999 la Alianza logró 12.486 votos en su lista nacional, con una campaña en la que pedía un referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea. Ese año, no obstante, el secretario general, Sáenz de Ynestrillas, abandonó el semidesmantelado partido, que ya no concurrió a los comicios parlamentarios de 2000.

EXPLORANDO NUEVAS VÍAS: NACIONALREVOLUCIONARIOS, SKINHEADS Y HOOLIGANS

Una de las consecuencias más evidentes del fracaso de la extrema derecha en su esfuerzo por detener la progresión del constitucionalismo democrático fue la pérdida de prestigio de sus dirigentes y del modelo de organización y acción política de sus partidos ante unas bases juveniles que no habían conocido el franquismo y que recibían amplia información sobre las más pujantes corrientes de la derecha radical europea gracias a la difusión de las nuevas tecnologías y al propio régimen de libertades que querían combatir. Aunque en las décadas del cambio de siglo siguieron actuando partidos en los que era reconocible la confesionalidad neofascista, no aportaron mayor caudal político al sector, al margen de las críticas a la «vieja extrema derecha» falangista y tradicionalista y de una oferta de «alternativa». Entre ellos, las Juntas de Acción Nacional Sindicalistas no llegaron a cuajar, como tampoco lo hizo el Partido Europeo Nacional Revolucionario, órgano político de CEDADE. Y en abril de 1984 había aparecido en Barcelona, como escisión de CEDADE, el grupo Nuevo Socialismo, dirigido por Ramón Bau, que editó las revistas Mundo NS y Disidencias y que en agosto de 1985 lanzó un Partido Popular Alternativo, el cual tampoco tuvo presencia en la vida política.[644]

Una vía intelectual a la revolución conservadora

Frente al fracaso de la línea política, la cultural identificada como «nacionalrevolucionaria» por sus defensores y «neonazi» por sus detractores se mantuvo muy activa mediante organismos como el Centro de Estudios Históricos Revisionistas, que divulgaba las tesis negacionistas del Holocausto a través de la revista Revisión (1985), Ediciones Wotan, editora desde 1980 de abundante literatura nacionalsocialista y negacionista, o la barcelonesa Librería Europa, propiedad de Pedro Varela, el expresidente de CEDADE, que era un punto fundamental de distribución. Tras un registro policial en 1996, en el que se intervinieron más de veinte mil libros de apología del nazismo, Varela fue juzgado en 1998 y condenado a dos años de prisión por «incitación al odio racial». Pero en 2007 el Tribunal Constitucional, al que había recurrido, dictaminó que la negación del Holocausto entraba dentro del «ámbito de la libertad de expresión».[645]

Al margen de CEDADE y sus derivaciones, a partir de 1983 cobraron fuerza las corrientes culturales autodefinidas como «alternativas» o «terceristas» —ni capitalismo ni comunismo—, que respondían al concepto altamente ideologizado y elitista de la escuela de la Nueva Derecha europea y su «revolución conservadora» y que rechazaban como superado el orden nacionalcatólico de la ultraderecha tradicional. Desempeñaron en ello un papel fundamental una serie de publicaciones destinadas a difundir filosofía política derivada del pensamiento de Nietzsche, Julius Evola, Drieu La Rochelle, Alain de Benoist o de los teóricos nazis, tanto en la interpretación de la historia como en la propuesta filosófica del cristianismo esotérico, del gnosticismo, de la teosofía o incluso de un neopaganismo manifiestamente anticristiano.

Abrió el camino la revista Futuro Presente, dirigida entre 1971 y 1978 por el filósofo y teórico de la ultraderecha rumana Vintilă Horia, próximo al grupo de El Alcázar. Y también ejercieron influencia en este campo las revistas Graal (1975-1977), Ruta Solar (1976) o Excálibur. La Espada del Poder Perdido (1984), vinculada a CEDADE y que seguía la estela filosófico-doctrinal de la Sociedad Thule del nazismo alemán. Horia tomó parte activa en otra revista de pensamiento fundamental en la conformación teórica de la derecha nacionalrevolucionaria española, Punto y Coma (1983-1989), dirigida por Isidro-Juan Palacios, un antiguo miembro de CEDADE, responsable también de Graal, de Veintiuno (1989-2003) y de Próximo Milenio (1994-1996). En 1993 apareció el grupo del Proyecto Cultural Aurora, destinado a difundir el pensamiento filosófico de la escuela de la Nueva Derecha francesa, especialmente a través de la revista Hespérides (1993-2000), a cargo del periodista José Javier Esparza, que había sido redactor jefe de Punto y Coma. Su manifiesto fundacional expresaba claramente la argumentación nacionalrevolucionaria contra el multiculturalismo y el desorden neoliberal globalizado.

El viejo mundo moderno y el sistema que lo vertebra están agotados, son incapaces de satisfacer ese ansia de novedad permanente que ellos mismos han despertado. A cambio, lo que se nos ofrece es una especie de gran Disneylandia banal, cerrada, inmóvil, aparentemente protegida, pero perpetuamente amenazada por colapsos globales y crisis de todo género. Y ese no es el mundo que queremos. Es hora de pensar […]. Nuestra cultura nació cuando los primeros griegos se enamoraron del pensamiento, pero el mundo actual ha olvidado ese amor. Se trata de reinventarlo y, así, indagar en una posible nueva Aurora de nuestra cultura.[646]

A comienzos de 1994 apareció en Barcelona Alternativa Europea, definida como «Asociación Cultural», pero con cierta actividad política que se plasmaba en su principal publicación, Tribuna de Europa. Formaba parte del universo neofascista pero utilizaba una retórica nacionalbolchevique y recogía también herencia de la «izquierda» falangista, y en 1997 dio el paso de convertirse en partido político como Alternativa Europea-Liga Social Republicana. Su principal figura era el barcelonés José Antonio Llopart, que había pasado por el Frente de la Juventud, el Movimiento Falangista de España y el Frente Nacional. AE-LSR no rechazaba el pasado como fundamento teórico, sino que buscaba una mixtura doctrinal y política, como recogía su manifiesto fundacional.

Lejos de toda orfandad teórica, los nacionalrevolucionarios de finales del siglo XX nos inspiramos en el pensamiento de teóricos como Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, etc., y en el ejemplo de dirigentes políticos de la talla de Ramiro Ledesma, Ángel Pestaña, Ernst Niekisch, Otto Strasser, Georges Valois, Karl-Otto Paetel, Nicola Bombacci, Juan Domingo Perón, Manuel Hedilla, Jean Thiriart, etc.

En esta línea se fundó en Barcelona, en junio de 1998, el Círculo de Estudios Indoeuropeos, dedicado a promover la «cultura europea» desde la óptica nacionalsocialista. Lo presidía Ramón Bau, exsecretario general de CEDADE, propietario de Ediciones Bau y editor de la publicación mensual Mundo NS, probablemente la más influyente revista neonazi española.

El interés por la herencia identitaria indoeuropea se mantuvo, e incluso creció, en los inicios del siglo XXI. Entre sus medios teóricos destacó la revista UrKultuR («cultura originaria»), desde la que se divulgaban las tesis etnohistóricas de la Escuela de Viena y las paneuropeas de la Nueva Derecha y se denunciaban el multiculturalismo y la penetración islámica. Distanciándose de una vinculación expresa con el nazismo, sus colaboradores presentaron referentes previos, como la teoría trifuncional sobre el «esquema mental» común y privativo de los pueblos indoeuropeos elaborada por el filólogo francés Georges Dumézil y sus posteriores desarrollos en Alain de Benoist y otros teóricos de la Nueva Derecha. Ello, escribía Esparza, hacía posible «interrogar el pasado de un pueblo en crisis de identidad (el europeo) para encontrar allí los valores, la cosmovisión que late aún en nuestras mentalidades». Así, «la ideología indoeuropea podría invertir en buena medida la decadencia cultural europea».[647]

Un sector de los nacionalrevolucionarios asumieron los principios doctrinales del nacionalbolchevismo, expuestos en el periodo de entreguerras por el escritor alemán Ernst Niekisch, pero que encontraron nuevo impulso en el geopolítico ruso Alexandr Duguin y su teoría del euroasianismo, defensora del carácter plenamente europeo de la Rusia postsoviética. Su libro Rusia. El misterio de Eurasia fue publicado en España en 1992, con un estudio introductorio de Palacios, el director de Punto y Coma, en el que afirmaba: «Rusia —la Tercera Roma— es sin duda el prototipo de Eurasia: nuestro mito». Y los españoles readaptaron la teoría de Duguin como eurosiberismo, la comunidad cultural del mundo europeo desde el Atlántico hasta los Urales y la geopolítica hasta la Siberia oriental. Lo que constituiría, según Ernesto Milà,

el esquema confederal al que debería tender la Unión Europea, olvidando los lastres psicológicos que aún subsisten desde los tiempos de Yalta. Los movimientos identitarios y social patriotas europeos han puesto sus esperanzas en la reconstrucción del gran estado de Rus y en la articulación de un gran bloque que reúna a todos los pueblos europeos en un espacio independiente, autónomo, autosuficiente y con capacidad defensiva y tecnológica capaz de garantizar la paz, la prosperidad y la pervivencia de sus rasgos étnicos y culturales fundamentales. Este gran bloque recibe el nombre de Eurosiberia.[648]

La influencia de Duguin sobre el desarrollo doctrinal de la derecha nacionalrevolucionaria española tuvo otra faceta destacada pocos años después con su ensayo La Cuarta Teoría Política, donde defendía la necesidad de un movimiento político que posibilitara un nuevo esquema de desarrollo de las sociedades europeas, a fin de arrumbar las ya fracasadas tres teorías anteriores —liberalismo, comunismo y fascismo— y recuperar las históricas tradiciones culturales del continente para terminar con «el mundo posmoderno» basado en «el hiperpoder norteamericano». El libro fue publicado por Ediciones Nueva República, la editorial vinculada al Movimiento Social Republicano, y Duguin escribió un prólogo ad hoc en el que lamentaba que España fuese parte «del proyecto occidental responsable de la degradación de la Humanidad» y pedía su incorporación a la lucha «contra el inauténtico ser en el régimen del mundialismo/liberalismo».[649]

Cabezas rapadas

Este entorno intelectual «tercerista», que manejaba conceptos sofisticados como el «solidarismo» o el «comunitarismo», no dejaba de ser minoritario en la derecha radical. Si algo caracterizaba a lo alternativo en ella durante las dos últimas décadas del siglo pasado era la actividad de grupos de jóvenes ajenos a los partidos políticos, las organizaciones culturales o la militancia religiosa. Desde posiciones en muchos casos abiertamente neonazis y con argumentaciones anticapitalistas tomadas de la izquierda revolucionaria, apelaban a la violencia para destruir el Estado liberaldemocrático e instaurar un nuevo orden basado en la mística nacionalrevolucionaria y el racista «supremacismo blanco», aunque poseían escasa fundamentación teórica fuera de su culto a la violencia y su afán por destruir el sistema.

Muchos de estos grupos de activistas se integraban en subculturas como el movimiento de los skinheads («cabezas rapadas»), una tribu urbana antisistema donde tenían cabida distintos radicalismos políticos, desde el neonazi hasta el ultraizquierdista de los redskins, y que se caracterizaba por rasgos distintivos como el pelo rapado, la cazadora bomber o militar, las botas altas con cordones y los tejanos ajustados. O las hermandades de peñas «ultras» de seguidores de los equipos de fútbol, cuyos miembros, conocidos con el término inglés hooligans, se convirtieron en una pesadilla en el ámbito de este deporte de masas.[650] La aparición de estos fenómenos autónomos, centrados en el triángulo básico de la ultraderecha, Madrid-Barcelona-Valencia, y muy mediáticos gracias a su despliegue de estéticas tribales, causó el desconcierto en el neofascismo político, organizado en partidos y entidades culturales que, sin dejar de reconocer su aportación a la lucha antisistema, rechazaban sus comportamientos anárquicos y lo primario y disperso de sus concepciones doctrinales.

Entre las bandas neonazis violentas cobraron fama la valenciana Acción Radikal, en cuya sede la policía localizó un copioso arsenal de armas en noviembre de 1993, la también valenciana Hermandad Nacionalsocialista Armagedón, editora del boletín Resistencia y a la que a partir de 2000 se acusó de incendiar varias sedes de partidos y asociaciones culturales, o la barcelonesa Vanguardia Nacional Revolucionaria, cuyos panfletos contenían el eslogan «Por una revolución popular, nacionalista, anticapitalista». El grupo más característico de este sector fue Bases Autónomas (BB. AA.). Surgieron en 1984 en medios universitarios, a partir de una Coordinadora de Estudiantes Nacional-Revolucionaria, con el nombre de Confederación Nacional Revolucionaria de Bases Autónomas, pero no tardaron en extender su militancia a otros ámbitos juveniles. Se dieron a conocer por su actuación violenta, en la que grupos de jóvenes con vestuario identitario skin protagonizaban «agresiones» callejeras contra raperos, punkies, heavies o inmigrantes latinos y africanos —en solo una semana de diciembre de 1992 realizaron seis ataques con heridos en Madrid—,[651] o interrumpían actos políticos portando banderas con la cruz céltica del neonazismo europeo y sembraban el suelo de octavillas reclamando la muerte del capitalismo o la desaparición de los partidos.

Nosotros estamos orgullosos de que nos llamen fascistas, criminales, delincuentes, violentos, nazis… orgullosos porque quienes nos lo llaman son políticos, estafadores, demócratas, vividores, pacifistas y ladrones. Llegará un día en que las acusaciones que hoy vierten alegremente se las deberán tragar con aceite de ricino. Llegará un día en que la prensa burguesa pague con fuego las mentiras vertidas […]. Acordaos de nosotros: Bases Autónomas. ¡El porvenir!

Adoptaron sin mayores problemas un discurso propio de la extrema izquierda, por lo que recibieron calificativos como «anarconazis» o «nacionalbolcheviques». Las BB. AA. incorporaron a las asociaciones Disenso y Teoría y Praxis, editaron revistas como ¡A Por Ellos! y La Peste Negra y buscaron ampliar su nicho de actuación a grupos ecologistas, peñas deportivas radicales, colectivos de ocupantes de viviendas (squatters, u okupas en versión castiza), «radios libres» de barriada, etcétera. Carentes de una estructura política que organizara a la militancia, sus miembros fueron «instrumentalizados por determinados medios de extrema derecha que los han teledirigido y financiado, calculando que podrían ser útiles en un determinado momento como elemento de choque».[652] Pero por aquellos días resultaban muy poco controlables. Años después, un antiguo militante recapitulaba sobre la naturaleza del grupo:

Nos las dábamos de duros y de revolucionarios; Ramiro Ledesma era nuestro icono juvenil. Las Bases fueron las primeras en hablar en España, en nuestro ambiente, en aquellos lejanos años ochenta, de okupaciones, fondos sur, gradas repletas de banderas con la cruz céltica para salir en televisión, o importar ropa británica de marca para las nuevas hornadas de jóvenes que se incorporaban a nuestras filas. Nada importaba; solo la acción nacionalrevolucionaria […]. Estábamos contra todo: la derecha, la extrema derecha fascistizada, todos esos que llenaban la plaza de Oriente y luego votaban «útil»…[653]

Los skins «supremacistas blancos», o boneheads, hacían hincapié en los principios del racismo biológico, adoptados del nacionalsocialismo alemán. Su organización más importante, los Hammerskins, apareció en 1987 en Estados Unidos y se extendió a diversos países europeos, entre ellos España, donde su sección local, formada en el año 2000, se hizo famosa por su violencia callejera y sus actitudes de rechazo xenófobo, hasta que en marzo de 2004 la policía detuvo a sus activistas más destacados, quince de los cuales fueron procesados por asociación ilícita, tenencia de armas e incitación al odio. La actuación policial venía animada por el impacto en la opinión pública —once ediciones entre enero y mayo de 2003— del libro Diario de un skin, publicado con el pseudónimo de Antonio Salas por un periodista que se infiltró en la banda y en una peña de hooligans para narrar sus métodos.[654]

Los valores de los skins encontraron una expresión propia en algunos géneros musicales. Su origen se sitúa en 1977 con el nacimiento en Reino Unido de la corriente musical denominada Oi!, vinculada al llamado rock proletario y al movimiento punk y que en España tuvo su primer representante en el grupo barcelonés Decibelios. Algunas de sus bandas derivaron hacia una línea de música politizada y racista, el RAC (Rock Against Communism), plenamente integrada en el universo neonazi. En España dio origen a bandas como Batallón de Castigo, Estirpe Imperial, Reconquista, Tormenta Blanca y, sobre todo, División 250 —denominación oficial de la División Azul—, aparecida en 1991 en Valencia, que llegó a editar en discográficas de Francia e Italia. Su canción de mayor éxito decía:

¡Eh!, negro, vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Robando y mendigando queréis vivir, los jóvenes blancos, orgullosos skins, tarde o temprano os sacaremos de aquí […]. Aprovecháis nuestra hospitalidad, será un duro golpe a pagar […]. Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil.[655]

Un estudio del año 2000 informaba sobre el RAC español:

Los principales puntos de venta de esta música están en Internet, en los apartados de correos que publican los fanzines skins (No Surrender, Respuesta Sonora…) o en las tiendas de parafernalia nazi. Aunque su público no es cuantitativamente muy multitudinario, el alcance y la difusión van en aumento. Prueba de ello es la proliferación de grupos y la organización de conciertos.[656]

El fenómeno del «hooliganismo», nacido del fútbol británico e importado en España del italiano, representaba un estadio de violencia escasamente ideologizada —su actuación ha sido definida con frecuencia como «gamberrismo»—, pero que se relacionó con los grupos de ultraderecha por el perfil político de muchos de sus miembros y la parafernalia de grandes banderas, eslóganes en pancartas y cánticos de las diversas peñas en los que, al margen del culto a un club deportivo, eran apreciables la temática ultranacionalista y un racismo rampante. Entre las más conocidas peñas, con distinto grado de identidad con la extrema derecha y de presencia de skins, se encontraban entonces Ultras Sur o Ultrassur, del Real Madrid (1980), Boixos Nois, del F. C. Barcelona (1981), Frente Atlético, del Atlético de Madrid (1982), Ultras Yomus, del Valencia CF (1983), Brigadas Blanquiazules, del R. C. D. Español (1985), o Riazor Blues, del Deportivo de La Coruña (1987).[657]

El hooliganismo hispano, que despegó a partir del mundial de fútbol celebrado en el país en 1982, no trascendió mucho más allá de la rivalidad entre las propias peñas y de los violentos enfrentamientos entre hinchadas españolas y extranjeras. Solían ser sucesos puntuales, brotes espontáneos de violencia en vísperas de los partidos, o «quedadas» entre aficiones rivales. Pero la creciente importancia del fútbol como fenómeno sociológico transcendía los aspectos deportivos para otorgarle una fuerte carga social identitaria, con tintes de nacionalismo radical. E inevitables connotaciones políticas que hallaban su expresión más plástica en las coreografías de las hinchadas radicales, con activa presencia de skins, y sus acciones violentas, magnificadas por la influyente prensa deportiva.[658] Las instituciones públicas reaccionaron con lentitud, pero también con contundencia. El título IX de la Ley del Deporte de 1990 establecía una Comisión Nacional y un coordinador de seguridad para la «prevención de la violencia en los espectáculos deportivos». Pero el crecimiento del fenómeno hooligan, alentado en algunos casos por directivos de clubes que le daban trato de favor, forzó sucesivos decretos para ampliar las medidas de prevención y represión en un terreno que poseía cada vez mayores connotaciones políticas. Hasta la ley de 19 de julio de 2007, que estableció la Comisión Estatal «contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte», y que afrontó con éxito creciente los diversos problemas que planteaba la politización radical del deporte de masas.

PANORAMA PARA UN ARRANQUE DE MILENIO

Hacia el año 2000, la derecha española vivía su momento de mayor poder en el sistema político desde la desaparición del franquismo. En las elecciones parlamentarias de marzo de ese año el Partido Popular recibió el 44,5 por ciento de los votos y se garantizó una holgada mayoría de escaños en el Congreso —183 diputados, de 350—, con listas que se habían impuesto en cuarenta circunscripciones. Y lo mismo sucedía en el Senado, con 127 de los 214 puestos. Los conservadores gobernaban seis comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, y tras las elecciones del año anterior eran el partido con mayor poder municipal, con 24.623 concejales, y el que contaba con más diputados españoles en el Parlamento Europeo. Por su parte, la derecha de ámbito regional se mantenía, aunque con menos holgura, al frente de los gobiernos autonómicos en el País Vasco (PNV) y en Cataluña (CiU).

Tras un largo camino iniciado en 1976 con la Federación de Alianza Popular, las distintas familias de la derecha constitucionalista habían convergido en una gran organización unitaria, el partido que lideraba el presidente del Gobierno, José María Aznar. En el plano nacional no había espacio para el progreso de otros partidos de carácter liberal o conservador, como el antaño pujante Centro Democrático y Social (0,1 por ciento de los votos en los comicios de 2000), el populista Grupo Independiente Liberal (0,30 por ciento) o el Partido Demócrata Español, una escisión del PP en 1996 encabezada por Juan Ramón Calero (0,04 por ciento).

Esta traslación del modelo hegemónico conservador del gaullismo a la España de comienzos del siglo XXI era una situación poco común en los países de la Europa de la época, donde solían competir varios partidos derechistas en el sistema parlamentario nacional e integraban frecuentemente coaliciones de gobierno. En cuanto a la derecha no parlamentaria apenas existía, ya que la integraban las efímeras y personalistas formaciones del liberalpopulismo —Jesús Gil, Mario Conde— y una extrema derecha con decenas de minúsculas formaciones que, entre todas, apenas alcanzaban el apoyo del 1 por ciento del electorado.

En los años del cambio de siglo la ultraderecha había completado el relevo generacional de sus cuadros y militantes, así como la sustitución de los partidos que cubrieron la Transición por otros que ya no arrastraban la herencia directa de la Guerra Civil y del franquismo y que conectaban con las tendencias homólogas que se desarrollaban en la Europa del momento. Pero tampoco en esta nueva coyuntura pudieron remontar el vuelo y convertirse en una alternativa mínimamente sólida a la hegemonía absoluta del Partido Popular. Para ello hubieran debido darse, entre otras cosas, unas condiciones de crisis política y social que entonces no existían. La economía española vivía momentos de gran dinamismo expansivo; la inmigración era un fenómeno de escaso impacto social y la absorbía sin problemas el mercado laboral; tras catorce años de Gobierno del Partido Socialista, el bipartidismo parlamentario se había consolidado con la llegada al poder del PP y de su eficaz organización territorial; la adhesión ciudadana al sistema constitucional y al proceso de integración continental bajo los parámetros de la Unión Europea se mantenía en niveles muy altos, y la derecha conservadora aún no se resentía por la oleada de escándalos de corrupción política en que se vería inmersa durante la segunda década del siglo XXI.

A comienzos de la centuria se contabilizaban unas setenta pequeñas organizaciones de ultraderecha, de las que solo veinte actuaban legalmente como partidos políticos. Distintos estudios estimaban el número de sus militantes entre diez mil y quince mil, de los que en torno a un 20 por ciento eran mujeres.[659] Por otra parte, la práctica de la violencia por los grupos más radicalizados, muchas veces sin objetivos políticos concretos, incrementaba el nivel de rechazo de la opinión pública al sector. No se percibía con la alarma social de los años de la Transición, en los que la violencia ultra aparecía vinculada al golpismo militar. Pero no dejaba de estar presente en las calles de las grandes ciudades. Al margen de otro tipo de agresiones, se ha calculado que en las dos décadas del cambio de siglo las bandas ultraderechistas mataron a ochenta personas, miembros muchas de ellas de colectivos sociales que repudiaban, como los inmigrantes o los homosexuales.[660]

En esta situación de astenia, las orientaciones de vanguardia de la ultraderecha europea se convirtieron en un referente fundamental para la española, en la medida en que no solo le aportaban bases argumentales para interpretar las nuevas realidades comunes a los países de la Unión Europea, sino que marcaban sendas de futuro crecimiento electoral y nuevos modelos de organización y comunicación para sus grupos. Sin embargo, la realidad a la altura del año 2004 era que esa «nueva derecha no tenía relevancia política alguna en España, donde apenas apuntaba como una opción de futuro».[661] Y a lo largo de la década siguiente mostró sus estrechos límites de crecimiento, que la renovación de estrategias y programas no lograba romper.

EN LA ERA DE INTERNET

La irrupción de las NTIC y concretamente de internet, a la espera de las redes sociales, abrió una oportunidad a la derecha antisistema para expandir sus vías de difusión de doctrina y de captación de militancia, en consonancia con las «oportunidades políticas y culturales» que la tecnología ofrecía en las sociedades desarrolladas.[662] Ello permitiría suplir, en la medida de lo posible, la carencia de medios de comunicación de masas afines al sector y, en una época en la que aún no existía una estricta vigilancia oficial sobre los contenidos online, lanzar mensajes y abrir debates entre los simpatizantes de la ultraderecha, no solo en España sino también en Hispanoamérica, que en otros ámbitos hubieran sido imposibles. En una sociedad como la española del cambio de siglo, que se incorporaba al uso cotidiano de la red, la ultraderecha adoptó el sistema con rapidez, por más que sus webs reflejaran una pobreza de medios técnicos.

Y no solo los partidos políticos, cada uno de los cuales contaba con su sitio en internet. En un momento tan temprano como 2001, el observatorio SOS Racismo señalaba ocho webs como las principales difusoras del neofascismo y el movimiento skin en España.[663]

•  La más influyente era <www.nuevorden.net>, aparecida en 1997, ubicada en Estados Unidos y miembro del sistema de webs afiliadas a la Unión Mundial de Nacional Socialistas. Con el eslogan «España para los españoles», defendía «seguir en lucha por nuestra cultura, nuestra Nación y nuestra Europa».

•  <www.libreopinion.com> daba cobijo a páginas de pequeños colectivos —Bastión Norte, Blancas & Orgullosas, Centuria Hispánica, Decibelios— y se definía como «La Ciudad del Nacionalismo en internet».

•  <www.catalunya-ns.com>, destinada a los neonazis catalanes.

•  <www.lacensura.com>, dedicada a la difusión de textos nacionalsocialistas y cuya interfaz se iniciaba con una frase de Hitler: «Al amanecer de mañana encontraremos un Estado nacionalsocialista o nuestros cadáveres».

•  <www.resistenciaaria.com>, del grupo gallego Resistencia Aria, cuyo líder fue condenado en 2008 por defender el supremacismo blanco.

•  <www.bicefala.com>, cuyo contenido se definía como «música, actualidad, transgresión».

•  <www.celtiberianfront.cjb.net>, del Frente Celtíbero Pagano.

•  y <www.arrakis.es/~hispan/>, de la editorial granadina del mismo nombre, especializada en literatura sobre el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial.

En 2010 ya se censaban unas doscientas webs de este tipo, que, además de sus foros de debate y de la difusión doctrinal, publicitaban los conciertos de sesenta bandas de rock neonazis.[664]

No obstante, fuera de sus propios círculos juveniles, la innovación apenas tuvo impacto en su crecimiento orgánico. Un estudio publicado algunos años después, cuando internet era una herramienta habitual para la población española, concluía que si bien el medio facilitaba a los grupos radicales «difundir su mensaje y establecer contacto con otros grupos similares en el país», así como interactuar en busca de una «identidad colectiva», mostraba «las mismas contradicciones internas que sufrían en la realidad offline», en cuanto a la debilidad y fragmentación del sector, sus querellas internas y la ausencia de una relación fluida con la ultraderecha europea.

La extrema derecha española no hace un uso extensivo de internet […]. Caracterizada por su histórica debilidad organizativa y su fragmentación doctrinal, la extrema derecha parece reproducir estas características online. Se muestra incapaz de explotar plenamente el potencial ofrecido por internet, fracasando en su uso como un nuevo foro de comunicación, como un medio para renovarse a sí misma, para adoptar nuevos temas y estrategias o para construir una identidad que permanezca con el paso del tiempo.[665]

ESPAÑA, PARA LOS ESPAÑOLES

Los grupos más radicalizados de la nueva extrema derecha española adoptaron de sus homólogos europeos la defensa de la «identidad nacional» antes incluso de que se convirtiera en un tema con presencia en el debate social de la opinión pública del país. Con excepción del minoritario sector neonazi, estos grupos evitaron formalmente el racismo biológico característico de la derecha radical anterior a la Segunda Guerra Mundial y adoptaron el nativismo o racismo cultural, en el que la discriminación entre colectivos étnicos se relaciona no con las características físicas, sino con las pautas de identidad cultural de las comunidades asentadas: nativos frente a inmigrantes.[666] Su fundamento teórico parte de tres líneas conceptuales diferenciadas.

a) Por un lado, el condicionamiento básico del lugar de nacimiento y la línea familiar a la hora de señalar la pertenencia a la comunidad nacional, conforme al principio latino del «derecho de sangre», o ius sanguinis, frente al sobrevenido de la residencia, el «derecho de suelo», ius soli.

b) Por otro, la pretensión de una línea histórica y cultural sostenida, e igualmente excluyente, que identifica la naturaleza de lo español con el origen indoeuropeo, la tradición clásica grecorromana y el cristianismo.

c) Y, en los grupos abiertamente identificados con el nazismo, el planteamiento de la «supremacía blanca», la caracterización biológica de los auténticos españoles, basamento de una cultura superior que les definiría frente a las etnias racialmente inferiores de la inmigración.

La primera teorización del nativismo fue planteada por el estadounidense Louis Dow Scisco en 1901, en relación con la lucha del Partido Nacional Americano (1840-1860) contra la inmigración de irlandeses católicos.

La idea básica del nativismo era que una persona cuyas simpatías o intereses primarios fuesen ajenos al sistema cívico estadounidense no podía tener una verdadera identificación con ese sistema y constituía, por lo tanto, un peligro para él. Cuando la idea fue aplicada más específicamente, tomó dos formas principales. Defendió, primero, que cualquier persona de nacionalidad extranjera no fuese apta para obtener la ciudadanía hasta que el tiempo hubiera borrado su vinculación activa con la tierra de la que vino. Y, segundo, que cualquier persona perteneciente a la Iglesia católica romana tampoco era apta para la ciudadanía, porque obedecía a un poder extraterritorial.[667]

A comienzos del siglo XXI, el nativismo había tomado cuerpo en la Nueva Derecha europea, que aceptó «una ideología que sostiene que los estados deberían ser habitados exclusivamente por miembros del grupo nativo (“la nación”) y que los elementos no nativos son fundamentalmente una amenaza para un Estado-nación homogéneo».[668] Los dos conceptos originales han sido integrados en un nostálgico discurso «cultural» que identifica los valores comunitarios con los que se atribuyen a la Europa histórica y en que el islamismo desempeña el papel disruptor de la identidad nacional que habría representado el catolicismo en la antigua Norteamérica anglosajona.

La práctica ausencia de minorías étnicas en la España contemporánea —un país, además, de emigrantes— dificultó que la derecha adoptara doctrinas de supremacía cultural o biológica. El notorio rechazo al judaísmo por parte de tradicionalistas o fascistas había obedecido más a una mímesis con las teorizaciones de las corrientes homónimas del continente —la «conspiración judeomasónica»— que a la posibilidad de desarrollar un «problema judío» en el interior.[669] Y los prejuicios sobre «moros» y «negros» —«magrebíes» y «subsaharianos» en el posterior lenguaje de la corrección política— eran familiares a amplios sectores de la sociedad, pero se referían a los ámbitos coloniales, o poscoloniales, externos. Solo los gitanos constituían históricamente una minoría étnica reconocida y socialmente marginada, pero nadie negaba a sus miembros la plena condición de españoles. En los años del tardofranquismo y de la Transición, con excepción de aquellos grupúsculos que aceptaban abiertamente la ideología nazi y los principios globales del antisemitismo, como CEDADE,[670] la defensa explícita de la discriminación racial escapaba incluso a las opciones más radicalizadas de la extrema derecha. Así, el programa de las Juntas de Acción Nacional Sindicalista, de 1977, afirmaba: «Consideramos que todos los hombres son iguales ante Dios, al cual toca únicamente enjuiciar sus diferencias. Asimismo, no podemos aceptar el predominio económico de una raza sobre las demás».[671]

Sin embargo, en esos años existía ya en España un ámbito muy focalizado de confrontación, no vinculado al todavía inexistente nacionalpopulismo, que mostraba las potencialidades de un conflicto etnográfico extendido al resto del país. En las ciudades de Ceuta y Melilla el crecimiento de sus comunidades de inmigrantes musulmanes provocaba el recelo de la población de origen europeo, consciente de la permanente amenaza anexionista por parte del vecino Marruecos. Con motivo de la tramitación parlamentaria de la Ley de Extranjería de abril de 1986, una formación localista, el Partido Nacionalista Ceutí, elaboró un comunicado en el que era meridianamente perceptible el concepto del nativismo:

Nuestra nacionalidad no es algo que se adquiere como un mueble o un simple diploma. Ser español es —al igual que ser ciudadano de cualquier otra nación— una circunstancia esencial que tiene que imprimir carácter […]. Ser español habría de suponer un esfuerzo de identificación con las actitudes, con las costumbres, con las tradiciones y con el sistema de vida del pueblo español.

Para ser español no basta con reunir los requisitos previstos en el Código Civil a efectos de solicitar la nacionalidad. Para ser español es preciso merecerlo, y ese merecimiento es algo que al menos un sector de los que ahora demandan serlo no han tratado de demostrar, lo que contribuye decisivamente a la actitud de suspicacia y de escepticismo que mantiene de manera muy generalizada la población de raíz española de Ceuta y Melilla, al opinar que aun cuando las comunidades de origen marroquí obtuviesen la nacionalidad que instan muchos de sus componentes serían jurídicamente españoles, pero no se sentirían españoles.[672]

La entrada del país en la Comunidad Económica Europea (1986) y el fuerte desarrollo económico finisecular atrajeron una creciente inmigración de Iberoamérica, África y la Europa del Este. En principio, no suponía un problema su absorción en un mercado que demandaba mano de obra extranjera en sus fases de expansión. En 1987, la inmigración exterior a la Comunidad Europea solo representaba el 0,4 por ciento de la población del país y la extranjera en general, el 0,6 por ciento. Y, dos años después, los demandantes de asilo en España fueron 3.989, frente a los 121.318 de la República Federal Alemana.[673]

Pero hubo dos momentos en los que esta tendencia a la inclusión se vio cuestionada. La recesión económica europea iniciada en 1992, pese a su brevedad, tuvo en España efectos negativos sobre el paro, que, según la estadística oficial, pasó del 16,9 por ciento en 1991 al 24,1 por ciento en 1994. Entonces, la población foránea censada suponía ya el 1,2 por ciento. Y la Gran Depresión mundial de 2008, que disparó las migraciones planetarias, elevó la tasa de paro del 8,5 por ciento de ese año al 25,7 por ciento de 2012, momento en que la población extranjera en España alcanzó su mayor porcentaje de residentes, con el 12,1 por ciento del total. Dos momentos, sobre todo el segundo, en los que la extrema derecha pudo desarrollar un discurso dramático sobre los efectos negativos de la inmigración en la calidad del empleo y de los servicios públicos, que se resumía en la exigencia de poner freno a la contratación legal de trabajadores extranjeros y de expulsar en masa a los «sin papeles», ingresados en el país por vías clandestinas. El impacto de este discurso sobre la sociedad fue bastante limitado. Según la encuesta continental Eurobarómetro, en 1990 un 12 por ciento de los españoles manifestaba alguna actitud de rechazo a la inmigración masiva, porcentaje que en 1997 había subido al 20 por ciento. Ese año la cifra era del 71 por ciento en Grecia, del 60 por ciento en Bélgica o del 52 por ciento en Alemania, mientras que la media para la Europa occidental era del 45 por ciento. Y en el año 2000 otro Eurobarómetro resaltaba que un 5 por ciento de los españoles se sentían «incómodos» si se relacionaban con personas de otras razas, frente al 27 por ciento de los belgas, el 19 por ciento de los franceses o el 17 por ciento de los alemanes.[674]

Inspirado especialmente en el modelo de la ultraderecha francesa, el nativismo tuvo su primer impulso en España en esta ápoca en el impacto causado en los barrios obreros de las ciudades y en algunas zonas agrícolas por la competencia con los inmigrantes por los puestos de trabajo de baja cualificación, o en actividades estacionales, en momentos de crecimiento del paro. Y, sobre todo, en el choque de mentalidades y estilo de vida de la población local con las comunidades homogéneas establecidas por los recién llegados, especialmente la de origen norteafricano: «Hasta los años 2000, los problemas entre autóctonos y marroquíes no se interpretaban en referencia al islam, sino más bien en términos de costumbres y hábitos culturales, en definitiva, de la incompatibilidad secular entre el “moro” y el español».[675]

Aunque la movilización xenófoba como valor político no fue un fenómeno especialmente patente en la derecha radical española hasta la segunda década del siglo XXI, sus rasgos estaban asentados ya en el decenio anterior. En este sentido, pueden señalarse como jalones importantes algunos sucesos aislados en los que se produjeron violentos conflictos vecinales. Por ejemplo, los del barrio de Ca n’Anglada, en Tarrasa (Barcelona), donde en julio de 1999 un enfrentamiento entre jóvenes españoles y marroquíes movilizó a centenares de vecinos, que asaltaron la mezquita. O los de la localidad almeriense de El Ejido, donde en febrero de 2000, tras el asesinato de tres vecinos, presuntamente apuñalados por inmigrantes marroquíes, se desató una auténtica caza contra los peones agrícolas en la que una turba asaltó e incendió durante tres días comercios, sedes culturales y domicilios de la comunidad islámica local. Los enfrentamientos, que crearon una gran alarma social, captaron el interés de la ultraderecha, que apreció enseguida los réditos de protagonizar la corriente de xenofobia popular. Meses después de los altercados de El Ejido, la Plataforma España 2000 concurría a las elecciones a Cortes con el lema «Los españoles primero».

Los atentados de Nueva York de septiembre de 2001 y, sobre todo, la voladura con artefactos explosivos de varios vagones de tren en la estación madrileña de Atocha en marzo de 2004, que causó 191 muertos y 1.857 heridos, mostraron a la sociedad española la potencialidad destructiva del terrorismo yihadista y centraron el foco de atención en la cuestión religiosa. Ello pareció dar a la ultraderecha patente de corso para manifestar abiertamente posiciones islamófobas que trascendían los supuestos riesgos de la inmigración laboral para plantear la visión de una incompatibilidad cultural entre las sociedades europeas y unas comunidades musulmanas a las que consideraba alógenas y genéricamente enemigas de Occidente, pero a las que, según denunciaba, protegían los poderes públicos.[676] En julio de 2002, por ejemplo, la revista Intemperie, órgano del partido neonazi Estado Nacional Europeo, titulaba un dossier: «Statu quo: moro contento», y resumía en portada su visión acerca de la aportación de los inmigrantes africanos: «Invasión, violaciones, piojos, robos, drogas, etc.». Asimismo, en las elecciones municipales de 2007 otro partido, Democracia Nacional, centró su campaña en el lema «Inmigración, paro, terrorismo: no les permitas destruir España».

No obstante, estos mensajes, que incluían la necesidad de expulsar inmediatamente a los «sin papeles», apenas potenciaron en esos años el crecimiento del electorado de la ultraderecha, y ello por la inexistencia de una problemática en la conciencia de una sociedad generalmente abierta al multiculturalismo y que disfrutaba de años de crecimiento económico, pero también por la propia inanidad política del sector. Habría que esperar a la aguda crisis económica y social desencadenada en España en 2009 para que el debate sobre la inmigración adquiriera unas proporciones que trascendían sus propios círculos, pero que, a la postre, tampoco le aportó el ansiado crecimiento durante los largos años de la contracción económica.[677]

NUEVOS PARTIDOS PARA NUEVOS RETOS

Porque, si bien en el periodo 1996-2004 el número y la diversidad de los partidos de extrema derecha aumentaron con respecto a los años de gobierno socialista, ello solo representó un incremento modestísimo de sus apoyos electorales. Si el año de la llegada del PP al poder se presentaron seis listas al Congreso con partidos y coaliciones del sector, que obtuvieron 17.556 votos —el 0,07 por ciento del total—, a las de 2004 concurrieron once opciones, que lograron 95.994, el 0,22 por ciento. Que se trataba fundamentalmente de un coyuntural voto de castigo al PP y no de un nuevo incremento del electorado fidelizado lo demostraron los comicios de 2008, en los que diez formaciones alcanzaron en conjunto los 42.934 votos.

Al margen de que las coyunturas específicas de la estructura social o la economía españolas fueran un obstáculo para el crecimiento de la ultraderecha, y especialmente para el de su segmento más pujante en la Europa de comienzos del siglo XXI, la derecha nacionalpopulista, se han señalado tres causas externas como condicionantes de esta astenia. En primer lugar, el arraigo social y la capacidad de los partidos constitucionalistas para ir elaborando respuestas a «temas que son relevantes para su electorado». Después, la capacidad del partido hegemónico de la derecha, el PP, para «dar voz a los votantes de extrema derecha» en asuntos como las políticas de mantenimiento de «la ley y el orden», las de control de la inmigración o la afirmación de la unidad nacional de España. Y, en tercer lugar, que «el sistema electoral existente dificulta la entrada de nuevos partidos», lo que resultaba especialmente negativo para un sector como la ultraderecha, con multitud de pequeñas organizaciones enfrentadas en todos los niveles comiciales.[678]

Un breve repaso a las formaciones más características del sector existentes en 2004 permite apreciar su variedad, su volatilidad y lo escaso de su impacto en el esquema político global.

Los partidos falangistas siguieron siendo la corriente principal de la derecha no parlamentaria. Mantenían como referente doctrinal común el nacionalsindicalismo joseantoniano, la camisa azul y sus símbolos y rituales políticos. Pero buscaron actualizar programas para hacer frente a los problemas de la España finisecular y marcaron las distancias con los partidos neofascistas moderando su discurso anticapitalista, reivindicando valores morales del catolicismo y evitando las manifestaciones agresivas de xenofobia, aunque sin renunciar a la crítica de la inmigración masiva.

FE-JONS, hasta entonces el principal partido azul, se vio afectada por las luchas entre facciones, endémicas en el sector. En 1995 el ala crítica que encabezaba Gustavo Morales logró que este sustituyera a Diego Márquez como jefe nacional. No obstante, el asunto acabó en los tribunales y dos años después la Justicia dio la razón a Márquez, quien recuperó la jefatura nacional. Ello no supuso el fin de la facción disidente, que en 1999 abandonó FE-JONS para fundar FE-La Falange bajo la dirección de Jesús López y, desde octubre de 2003, de José Fernando Cantalapiedra. El nuevo partido, que asumió posiciones más radicalmente antisistema que el de Márquez Horrillo, mantuvo una dura pugna con este, que se reflejó en los resultados electorales. En las elecciones generales de 2000, FE-LF obtuvo 14.431 votos y la Falange 2000, la marca electoral de FE-JONS, 6.621. Cuatro años después, sin embargo, se invirtieron los términos y esta última recibió 12.266 votos frente a los 10.311 de La Falange.

El resto de los grupos que se reconocían como nacionalsindicalistas eran aún más pequeños. La ya veterana Falange Española Independiente solo obtuvo 1.550 votos en las generales de 1996, y a partir de febrero de 2003 entró en un proceso de ruptura que llevó al sector mayoritario a integrarse en FE-JONS un año después, mientras que los minoritarios acabaron ingresando en La Falange. En 2002 un grupo de miembros de esta, contrarios a su deriva radical y a su discurso antiinmigración, se separó y adoptó el nombre de Falange Auténtica, que dos años después recibió 4.589 votos en las generales. En cuanto al Movimiento Falangista de España, mantuvo su línea de independencia pero con muy escasa presencia en la vida política, con el único logro de dos concejales por Santoña en las municipales de 1999.

Fue en el espectro de la derecha autodefinida como socialpatriota o nacionalrevolucionaria, y combatida como radicalpopulista o nacionalpopulista, donde se produjo la mayor reconversión ideológica, unida a una considerable inestabilidad en su sistema de partidos y a la incapacidad para hacer crecer las bases electorales. Un repaso a seis que pueden ser representativos de las diversas tendencias da testimonio de estas circunstancias.

•  Democracia Nacional. Pese a los pobres resultados logrados por Juntas Españolas y sus aliados de la plataforma Alternativa Democrática Nacional en las elecciones europeas de 1994, al año siguiente decidieron convertirla en partido como Democracia Nacional (DN), bajo la dirección del abogado Juan Enrique Peligro Robledo, a quien pronto sucedió Francisco Pérez Corrales. DN, que recogía a parte de la militancia de CEDADE, disuelta dos años antes, concurrió por primera vez a un proceso electoral en junio de 1999, cuando su lista a las elecciones europeas cosechó el 0,04 por ciento de los votos. Un año después, con el Partido Nacional de los Trabajadores y el Movimiento Social Republicano, creó la Plataforma España 2000, definida como el «triángulo socialpatriota» orientado a unificar a la ultraderecha. Sin embargo, la alianza, que recibió el apoyo expreso de un Jean-Marie Le Pen que viajó a Madrid con tal fin,[679] no funcionó y en las elecciones al Congreso de ese año obtuvo el 0,04 por ciento de los votos emitidos. En las generales de 2004, de nuevo en solitario, DN mejoró algo sus resultados al obtener el 0,06 por ciento (15.180 votos). Ese año llegó a la presidencia del partido el líder de sus juventudes, Manuel Canduela, que había formado parte del grupo de rock skin División 250 y militado en Acción Radikal. Bajo su liderazgo, DN radicalizó su programa acentuando su identificación con la corriente neonazi europea e incrementó su oposición a la llegada de inmigrantes, su xenofobia cultural, el enfrentamiento con la extrema izquierda y el rechazo a la permanencia de España en la OTAN y la Unión Europea. En estrecho contacto con el Frente Nacional francés y otros grupos de la ultraderecha continental, fundó con ellos, en octubre de 2005, EuroNat, una plataforma de coordinación de sus políticas euroescépticas y xenófobas.

•  Alianza Nacional. Después de que Sáenz de Ynestrillas abandonara la dirección de la Alianza por la Unidad Nacional, la formación que había aspirado a unificar a la ultraderecha en la última década del siglo XX, esta continuó su decadencia bajo el liderazgo de un nuevo secretario general, Pedro Pablo Peña. En las elecciones generales de 2004 AUN solo pudo presentar una candidatura, por la circunscripción de Madrid, que recibió 923 votos. Un año después, el partido fue refundado como «movimiento social» con el nombre de Alianza Nacional y se incorporó a él la neonazi Asociación Cultural Rey Sisebuto, creada en 2003. Y en mayo de 2006 AN adoptó un programa que ponía el acento en la defensa identitaria de lo español y lo europeo, a los que se pertenece por «derecho de sangre», con la apelación a una larga y excluyente herencia histórica de los pueblos del continente. Así, en su declaración programática propugnaba:

2.º La defensa de la Nación española como heredera y continuadora de una Tradición y ejecutora de un quehacer colectivo. Esta defensa supone la reivindicación de:

a) La Unidad Nacional frente a cualquier desmembración territorial.

b) La identidad nacional frente a cualquier mixtificación antropológica o cultural de nuestra herencia hispánica (celtíbera, romana, visigoda y cristiana) […].

3.º La reivindicación y defensa de Europa, heredera de la Antigüedad clásica, de Roma, de los Círculos Carolingios, del Sacro Imperio y de la Cristiandad.[680]

•  Estado Nacional Europeo. Fundado en enero de 1995 en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat por un antiguo miembro de CEDADE. Este minúsculo partido neonazi, al que no se le conoce actividad fuera de esa provincia, fue de los primeros en incorporar un mensaje localista claramente xenófobo, que, junto con su culto a Hitler, la defensa de la «supremacía blanca» y la negación del Holocausto, le dotaron de una agresiva carga ideológica, que llevó al cierre judicial de su página web y de la revista bimensual Intemperie en 2011.

•  Movimiento Social Republicano. En 1999, el inquieto José María Llopart integró a sus seguidores de Alternativa Española y al colectivo filofalangista Vértice Social Español en un Movimiento Social Republicano (MSR) que al año siguiente se presentó a las elecciones en la colectiva Plataforma España 2000. Repitió en solitario en 2004 y recibió 6.768 votos, y en las europeas de 2009 obtuvo 6.009. El partido, que mantenía estrechos vínculos con la organización neonazi europea Blood & Honour —cuya sección española, creada también en 1999 en la localidad madrileña de Getafe, fue ilegalizada en 2010—,[681] contaba con diversas secciones especializadas: una Alternativa Joven, la Unión Sindical de Trabajadores, la Unión Sindical de Estudiantes, las asociaciones conservacionistas Hispania Verde —cuyo lema era «Ecología e identidad»— y Patriotas Españoles contra la Tortura Animal, el Círculo de Estudios La Emboscadura y la editorial presidida por Llopart, Ediciones Nueva República. Hasta su autodisolución, en enero de 2018,[682] el MSR formó parte del Frente Europeo de Liberación, que integraba a diversos partidos ultranacionalistas.

•  España 2000 (E-2000). Constituido legalmente en 2002 bajo la presidencia del empresario José Luis Roberto, a quien se había relacionado en años anteriores con grupos violentos como Acción Radikal y Frente Antisistema, el partido prácticamente limitó su crecimiento a la ciudad de Valencia y poblaciones cercanas y a algunas localidades del madrileño Corredor de Henares, con unos 3.500 afiliados en su primera época. Con todo, doctrinalmente representaba una síntesis novedosa en el panorama de los partidos españoles, el nacionalpopulismo. Su programa definía el sistema político como una «plutocracia» en la que los partidos estaban al servicio del gran capital, lo que había conducido al «desprestigio de la clase política». Propugnaba, por ello, «restar poder a los partidos políticos y procurar que la representación popular sea más directa y auténtica», para lo que proponía medidas como «la transformación del Senado en una Cámara corporativa con representación de los distintos sectores de la sociedad civil y sin representación de los partidos políticos», o «la consulta popular mediante referéndum vinculante en las decisiones políticas importantes». El partido estaba obsesionado con el proceso de desespañolización que apreciaba en la llegada de inmigrantes del Tercer Mundo, hasta el punto de proponer la expulsión de todo el que cometiera un delito y defender que se favoreciera «la inmigración necesaria de países de la Unión Europea, para evitar la llegada masiva de inmigrantes procedentes de otras culturas y religiones».[683]

En esta época, España 2000 se presentó a las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en la Comunidad Valenciana, en las que recibió 2.650 votos, y a las generales de marzo de 2004 con listas en once circunscripciones, en las que obtuvo 4.203 votos, el 0,04 por ciento de los emitidos, de los que 2.721 procedían de la comunidad levantina. Esta última siguió siendo su núcleo fundamental, donde logró su mejor resultado en las elecciones autonómicas de 2011, con 12.191 votos en las tres provincias, un 0,5 por ciento del total, y 8.066 votos en las municipales y 9.266 en las generales de ese año (el 0,36 por ciento). Pero luego llegó un cierto reflujo —7.456 votos en las autonómicas valencianas de 2015—, mientras que el partido no presentó candidaturas en las generales ni en las municipales. En cambio, en la Comunidad de Madrid, el segundo foco de E-2000, el partido pasó de 764 votos en las generales de 2008 (el 0,02 por ciento) a 7.511 (el 0,24 por ciento) en las municipales de 2015.

•  Plataforma per Catalunya (PxC) fue fundada en 2003 por Josep Anglada, un antiguo militante de Fuerza Nueva, como herencia de la movilización vecinal contra la construcción de una mezquita en Premiá de Mar (Barcelona), en marzo del año anterior. Como E-2000, respondía a las pulsiones antiinmigración de la Nueva Derecha europea, en este caso con especial incidencia islamófoba, pero ciñéndolas al ámbito catalán y más en concreto a la comarca de Osona (Barcelona), donde tuvo su origen el grupo. Su proyecto «social-identitario» se dirigía a una población autóctona que, afirmaban, veía «cómo sus barrios se degradan con la presencia cada vez mayor de inmigrantes, cómo su inseguridad aumenta y cómo sus conquistas sociales desaparecen». Los dirigentes de PxC centraron su estrategia en el ámbito municipal, donde su mensaje antiinmigración podía difundirse con mayor eficacia. En las municipales de 2007 el partido obtuvo diecisiete concejales en cuatro ayuntamientos, 67 en las de 2011, con 66.007 votos, así como 75.321 sufragios en las autonómicas de 2010, lo que atrajo la atención de los analistas sobre la pequeña formación, que pasó a figurar entre los modelos de ultraderecha xenófoba a escala europea.[684]

Cuando, en marzo de 2004, el PSOE retornó al Gobierno, la derecha antisistema española seguía sin tener capacidad alguna para figurar en las instituciones políticas y para propiciar procesos de radicalización doctrinal en una opinión pública masivamente decantada por las opciones más moderadas del espectro parlamentario. Era algo que marcaba una diferencia sustancial con la situación de la extrema derecha en otros países europeos. En las elecciones celebradas en junio de ese año al Parlamento de Estrasburgo, en las que el euroescepticismo avanzó de manera notable en el continente, el Partido de la Independencia del Reino Unido obtuvo el 16,1 por ciento de los votos en su país; la Alianza Nacional italiana, el 11,5 por ciento; la Autodefensa de la República de Polonia, el 10,8 por ciento; el Frente Nacional francés, el 9,8 por ciento y el Partido de la Libertad austriaco, el 6,3 por ciento. En España, la primera candidatura ultraderechista, la de Democracia Nacional, consiguió el 0,04 por ciento de los sufragios.

14

EL AZNARATO

LA DERECHA HEGEMÓNICA

1996-2004

En enero de 2004 apareció en las librerías una obra del historiador Javier Tusell titulada El aznarato. El Gobierno del Partido Popular, 1996-2003. Contenía, a pocos meses de que finalizara la segunda y última legislatura con José María Aznar al frente del Ejecutivo, un análisis del desarrollo de las diversas líneas de gestión política del partido en una etapa en que «nunca ha tenido la derecha española un instrumento tan perfecto para el ejercicio del poder como el PP actual».[685] El término «aznarato», o «aznaridad», como lo empleaba Manuel Vázquez Montalbán,[686] se debía a la idea de que la personalidad del presidente del partido y del Gobierno estaba marcando de modo decisivo la trayectoria de la derecha, y del conjunto de la nación, durante sus dos mandatos consecutivos al frente del Ejecutivo.

Ello sucedía por primera vez desde la muerte de Franco. Adolfo Suárez y Manuel Fraga habían presidido grandes formaciones políticas, sobre las que ejercieron un fuerte liderazgo, y el primero marcó una intensa impronta en la gobernación del país. Pero ambos fueron reiteradamente cuestionados en el seno de partidos complejos con tendencia a la indisciplina y a la confrontación ideológica, hasta verse obligados a renunciar a su presidencia, y nunca habían estado respaldados por una cómoda mayoría parlamentaria propia. Aznar logró convertir al PP en una sólida organización sometida a su autoridad prácticamente incuestionable, articuló un amplio equipo de jóvenes políticos que renovaron el conservadurismo español con sus dos versiones radicales del momento, el modelo socioeconómico neoliberal y el sistema intelectual del neoconservadurismo, y facilitó que su partido disfrutara de la mayoría parlamentaria absoluta entre 2000 y 2004 —por primera vez para una formación derechista desde 1923 en un sistema pluralista—, que le permitió consolidar un proyecto de Estado que identificaba como de centroderecha. Como se había marcado un plazo para finalizar su periplo gubernativo, Aznar ni siquiera tuvo que encarar la derrota electoral que devolvió al PP a la oposición.

NADA A LA DERECHA Y POCO A LA IZQUIERDA

El 5 de mayo de 1996, tras veinte años de construcción de su espacio político y seis procesos electorales frustrantes, la derecha conservadora llegó al Gobierno de España. No lo hizo, desde luego, en condiciones idénticas a las disfrutadas por el Partido Socialista catorce años antes, cuando conquistó la mayoría absoluta. En las elecciones de marzo, el Partido Popular obtuvo el 38,79 por ciento de los votos válidos al Congreso y 156 diputados, lejos de los 176 que requería una mayoría de apoyo para formar gobierno.

Aunque afectado por el desgaste fruto del ejercicio del poder y una sucesión de escándalos de corrupción, el PSOE quedó a unos trescientos mil votos del ganador, con el 37,63 por ciento, pero las peculiaridades del sistema electoral le asignaron solo 141 diputados. José María Aznar, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, debería reunir apoyos de los nueve partidos y coaliciones que se repartían los 53 escaños restantes; una aritmética parlamentaria muy compleja que obligaba a atar pactos mediante concesiones, ya que los socialistas también estaban en teórica posición de sumar apoyos para gobernar, gracias a lo que Felipe González calificó de «dulce derrota» y que para los conservadores vendría a ser una «amarga victoria».[687] Descontando Izquierda Unida, la coalición formada diez años antes por la alianza del Partido Comunista de España con varios pequeños grupos socialistas y republicanos, y que se situaba ideológicamente a una distancia sideral del PP, este solo podría negociar el apoyo de partidos nacionalistas o regionalistas.

•  Convergència i Unió (CiU), con dieciséis escaños, era una coalición de derecha catalanista formada en 1978 por la liberalconservadora Convergència Democràtica de Catalunya y la democristiana Unió Democràtica de Catalunya, con liderazgo de Jordi Pujol.[688] La concentración del voto en su región, donde recibía un apoyo mayoritario de la sociedad conservadora y gobernaba la comunidad autónoma, permitía a CiU mantener minorías parlamentarias en las Cortes muy por encima de su peso real en el electorado español, lo que le facilitaba una función de bisagra que resultaba fundamental para sostener los gobiernos que carecían de mayoría absoluta, como había sucedido con la UCD y el PSOE.

•  El Partido Nacionalista Vasco (PNV), con cinco diputados, era un clásico de la democracia cristiana europea y desde 1980 ejercía la presidencia del Gobierno autonómico del País Vasco, o Euskadi. Su frontal oposición como fuerza soberanista al nacionalismo español que profesaba AP/PP situaba su espacio estratégico en las Cortes más cerca del PSOE, pero, al igual que CiU, desde el inicio de la Transición asumía una función de bisagra que reportaba beneficios a su proyecto de autogobierno para Euskadi.[689]

•  Coalición Canaria (CC), con cuatro escaños, amalgamaba grupos doctrinalmente muy diversos, con el nacionalismo insular como ideología común. Gobernaba el archipiélago desde 1993, cuando desplazó al PSOE mediante una moción de censura en el Parlamento regional.

•  Otros cuatro partidos aportaban un total de cinco diputados: Herri Batasuna, la organización del independentismo radical vasco, dos; Eusko Alkartasuna, una escisión del PNV, uno, y otros tantos Esquerra Republicana de Catalunya y Unió Valenciana.

El Pacto del Majestic

Con semejante panorama iba a ser complicado formar Gobierno, como se demostró en la misma noche electoral. Las primeras proyecciones de los resultados sugerían una mayoría absoluta del PP, por lo que los afiliados que se agolpaban en la esquina de la calle de Génova donde tenía su sede central el partido comenzaron a corear «Pujol, enano, habla castellano», en una imagen que las televisiones mostraron a todo el país y que partía de la convicción de que esta vez no sería necesario el apoyo de una CiU cuyos votos en el Congreso habían servido tres años antes para que el PSOE conservara el poder. Pero cuando, poco después, se conocieron los resultados reales, los gritos cesaron y Aznar y sus colaboradores, asomados al «balcón de Génova» para celebrar el triunfo, tuvieron que empezar a plantearse los pactos inmediatos para asegurar la investidura presidencial. El líder del PP manifestó esa madrugada que su partido «siempre ha sabido buscar pactos para sumar voluntades y aunar esfuerzos y conseguir el mejor futuro para todos los españoles».[690]

Descartada Izquierda Unida —y por supuesto el PSOE, dada su confrontación radical y sostenida con el PP— el apoyo pasaba, necesariamente, por CiU, el PNV y CC, es decir, tres formaciones nacionalistas de centroderecha presentes en el Congreso. Los fundamentales eran los dieciséis escaños de la minoría catalana, por lo que la negociación con CiU fue prioritaria y el PP inició una política de gestos de aproximación que resultó especialmente patente —y contraproducente— en la contestación de Aznar a un periodista de la televisión autonómica TV3, que le preguntó por su conocimiento del catalán: «La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. Y desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y, además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también».[691] La frase, reelaborada como que hablaba «catalán en la intimidad», quedó en el imaginario popular como paradigma de las concesiones políticas en un sistema parlamentario.

Rodrigo Rato por el PP y el diputado Joaquim Molins por CiU protagonizaron la negociación, complicada por una historia de recelos y agravios entre dos partidos que exhibían nacionalismos incompatibles, pero que culminó el 28 de abril con el llamado «Pacto del Majestic», por el hotel barcelonés donde se cerró el acuerdo durante una cena. El pacto suponía un régimen de prestaciones mutuas, en la línea de lo que ya habían negociado CiU y el PSOE en 1993. El PP necesitaba los votos de CiU en el Congreso, pero esta podría precisar el apoyo de aquel en el Parlament, donde también carecía de mayoría absoluta. A cambio de la colaboración con el Gobierno en las Cortes y del apoyo a sus políticas de Estado, la Generalitat se aseguraba un acelerado traspaso de competencias administrativas —la llamada «profundización del marco autonómico»— y un aumento de la financiación estatal para Cataluña de unos 400.000 millones de pesetas. Ampliando un modelo de reparto fiscal que ya había empezado a negociar el PSOE, las comunidades autónomas podrían recaudar el 33 por ciento del IRPF, el 35 por ciento del IVA y el 40 por ciento de los impuestos especiales, y poseerían capacidad normativa sobre la base imponible de esos tramos, en un nuevo modelo que fue presentado como de «corresponsabilidad fiscal» entre el Estado y las autonomías. Se abolió la histórica figura del gobernador civil, se anunció la supresión del servicio militar obligatorio y se traspasaron a la Administración catalana las competencias de policía de tráfico en carretera.[692]

El pacto, que algunos socialistas criticaron como una posible vía para «diluir la identidad de España como nación»,[693] abría paso también a un sostenido espíritu de entendimiento y discreta colaboración en otros asuntos, «cláusulas secretas o pactadas por debajo de la mesa, que presuntamente incluyen participaciones empresariales, compraventas, nombramientos de cargos públicos y también privados».[694] En no muchos años, políticos de ambos partidos se verían públicamente implicados en los grandes y reiterados escándalos de corrupción que sacudieron de modo traumático a la sociedad española de la segunda década del siglo XXI, que llevaron a muchos de ellos, y a sus socios empresariales, al banquillo de los acusados y que terminaron con el modelo de representación parlamentaria de partidos que se había gestado en la Transición.

Las negociaciones con el PNV, que llevó Jaime Mayor Oreja, y con Coalición Canaria, que había ofrecido sus votos desde el principio, fueron más sencillas ya que se ajustaban en buena medida a lo acordado en Barcelona. El 4 de mayo de 1996 Aznar presentó su candidatura a presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Con los votos de sus tres aliados nacionalistas, recibió 181 apoyos frente a los 166 del PSOE y las pequeñas minorías de izquierdas. Al día siguiente juró el cargo ante el rey y anunció un programa de gobierno «centrado, centrista, reformista y reformador».

La marcha hacia el centro

El primer Gobierno del PP recogía en su composición una mezcla de representantes de la veterana generación de políticos de la Transición y de jóvenes formados en las filas de Alianza Popular, casi todos estos vinculados al círculo de colaboradores personales del presidente. A los primeros pertenecían los ministros de Asuntos Exteriores (Abel Matutes), de Fomento (Rafael Arias-Salgado) y de Sanidad (José Manuel Romay), antiguos militantes de la UCD los dos últimos. A los segundos, el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia (Francisco Álvarez Cascos), el vicepresidente segundo y ministro de Economía (Rodrigo Rato), y los ministros de Interior (Jaime Mayor Oreja), Educación y Cultura (Esperanza Aguirre, que procedía del Partido Liberal, de Segurado), Trabajo (Javier Arenas), Agricultura (Loyola de Palacio), Administraciones Públicas (Mariano Rajoy) y Medio Ambiente (Isabel Tocino). El ministro de Defensa, Eduardo Serra, era un independiente que había sido secretario de Estado con el PSOE, el de Industria y Energía, Josep Piqué, era también independiente y había sido militante comunista en su juventud, y la de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, procedía de la carrera judicial.

Consciente de que no disponía de una mayoría parlamentaria y de la fragilidad de sus pactos con los partidos nacionalistas, Aznar manifestó la prioridad de «durar» para su primer Gobierno, en tanto se completaba el proceso de vinculación de la mayoría natural al PP —a fin de facilitarle una mayoría absoluta en la siguiente legislatura—, se fortalecían sus estructuras internas y el presidencialismo, y se profundizaba en la orientación neoliberal.

A lo largo de las dos legislaturas de gobierno del PP, el panorama de la política española se tornó crecientemente favorable para el partido. Pese a la consideración de sus dirigentes de que ocupaba el centroderecha —o el «centro puro», como llegó a defender el XIV Congreso del partido, celebrado en 2002—, lo cierto es que, en el plano nacional, a su derecha no existían fuerzas que pudieran plantearle reto alguno. En el año 2000 la miríada de grupos que representaban lo que el PP consideraba propiamente la derecha —es decir, la ultraderecha— recibió el 0,14 por ciento de los votos en las elecciones generales. Las fuerzas regionales de carácter conservador, democristiano o liberal poseían un considerable poder en Cataluña y el País Vasco, y algo menor en Canarias: la coalición Convergència i Unió recibió el 37,7 por ciento de los votos en las autonómicas de 1999 y el Partido Nacionalista Vasco, el 28,01 por ciento en las celebradas en Euskadi el año anterior y el 5,44 por ciento en las navarras de 1999, frente al 11,87 y el 20,13 por ciento, respectivamente, del Partido Popular, que no se presentó a las últimas en favor de su aliada, la Unión del Pueblo Navarro. En cuanto al archipiélago canario, CC lo gobernaba desde 1993. Sin embargo, estos nacionalismos tenían sus ámbitos territoriales muy fijados, algo que limitaba radicalmente su crecimiento, y su única baza en las políticas de Estado era la función de bisagras en un sistema bipartidista, función que desaparecía cuando el PP o el PSOE se hacían con la mayoría absoluta en las Cortes. Otros partidos nacionales o regionales, como el Centro Democrático y Social, el Partido Aragonés Regionalista o la Unió Valenciana, distaban mucho de tener peso en el conjunto de la política española.

Los partidos de izquierdas, que debían actuar como la oposición parlamentaria y constituir el futuro relevo del gobierno del PP, no representaban un serio obstáculo para este, tanto porque carecían de los diputados suficientes para obstaculizar su labor como por las incompatibilidades radicales que los separaban.

El PSOE, situado en la posición de centroizquierda, se mantenía claramente al frente de la oposición, a la espera de la ruptura de los acuerdos del PP con los nacionalistas. No obstante, muy afectado por el desgaste de tres lustros en el poder y graves escándalos de corrupción, entró en una fase de disensos paralizantes, con diversas corrientes —guerristas, renovadores por la base, Izquierda Socialista, etcétera— enfrentadas en una pugna interna. Un derrotado Felipe González dejó la secretaría general del partido en 1997 y fue sustituido en el XXXIV Congreso por uno de sus hombres de confianza, Joaquín Almunia. Pero, en abril del año siguiente, el PSOE celebró por primera vez elecciones primarias para designar el candidato a la presidencia del Gobierno y las bases apoyaron a Josep Borrell, situado en posiciones de izquierda dentro del partido. Las tensiones que ello desató llevaron al político catalán a renunciar, pero en las elecciones de 2000, en las que el PP alcanzó la mayoría absoluta, Almunia cosechó una clara derrota y el PSOE perdió dieciséis diputados, por lo que dimitió como secretario general. Se hizo entonces cargo del partido una gestora presidida por Manuel Chaves, hasta que en julio de ese año fue elegido secretario general José Luis Rodríguez Zapatero, al frente de Nueva Vía, surgida como corriente del ala derecha del partido y cuyo programa especificaba que «el mejor liberalismo siempre ha estado en la izquierda».[695]

Izquierda Unida era la tercera fuerza parlamentaria, pero el sistema electoral y la tendencia del electorado hacia los espacios más centristas la mantenían a mucha distancia del PSOE. Sufría, además, periódicas crisis internas, como la que llevó en 1997 a la expulsión del Partido Democrático de la Nueva Izquierda y a la salida ese mismo año de Iniciativa per Catalunya y Esquerda Galega, socios regionales en la coalición. Las elecciones de marzo de 2000 redujeron a ocho la cifra de diputados de IU, precipitando una nueva crisis que en octubre llevó a su coordinador general, Julio Anguita, a dimitir.

Los nacionalismos de izquierda desempeñaban un papel prácticamente nulo en la política estatal, ya que sus cuatro formaciones parlamentarias reunían seis diputados en 1996, y algo más importante en sus comunidades. La histórica Esquerra Republicana de Catalunya, un partido independentista cuya ideología fluctuaba entre el liberalismo progresista y la socialdemocracia moderada, solo tenía un diputado en el Congreso, mientras que en el Parlamento catalán había obtenido en 1999 menos votos que el PP y los mismos diputados. Herri Batasuna («Unidad Popular»), una coalición de grupos ultranacionalistas vascos, contaba con dos diputados en el Congreso y era la cuarta fuerza en el Parlamento de Vitoria, aunque su vinculación a la banda terrorista ETA —solía considerársela su brazo político— otorgaba a HB mayor relieve que el que le concedían las urnas. Por su parte, Eusko Alkartasuna («Solidaridad Vasca»), una escisión del ala izquierda del PNV, y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), una coalición de grupos independentistas formada en 1982, tenían, respectivamente, uno y dos diputados en el Congreso y poca capacidad para influir en las políticas de gobierno de sus comunidades, aunque desde 1994 EA actuaba en coalición con el PNV en el Ejecutivo vasco.

Nada a su derecha y ningún peligro a la izquierda mientras contara con los apoyos puntuales de sus asociados nacionalistas. El PP de 1996 reproducía la situación de la UCD en 1979-1982, pero en unas condiciones mucho mejores. No contaba con una fuerza parlamentaria de oposición derechista como había sido AP, su organización interna era extremadamente sólida, ajena todavía al juego cainita de las familias doctrinales, y el liderazgo de su presidente era incontestado. Cabía esperar una legislatura sin sobresaltos y un nuevo avance en los apoyos ciudadanos que otorgara en 2000 la ansiada mayoría absoluta al partido.

El 29 de enero de 1999 se abrió en Madrid el XIII Congreso Nacional del Partido Popular, bajo el lema «El proyecto del nuevo siglo: la España de las oportunidades». Era el primero que celebraba la formación desde su llegada al Gobierno de España. Como cabía esperar de un partido en plena senda del triunfo, la elección de la nueva dirección no se vio estorbada por disidencias y Aznar fue reelegido presidente con el 98,6 por ciento de los votos de los compromisarios. No hubo tampoco oposición a los restantes nombres de la lista oficialista. El vicepresidente del Gobierno, Álvarez Cascos, cedía la Secretaría General a Javier Arenas, con Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja de vicesecretarios. Ángel Acebes sería el coordinador electoral y como coordinadores de las diversas áreas de dirección estaban Pío García Escudero (Organización), Rafael Hernando (Comunicación), Mercedes de la Merced (Formación) y Ana Mato (Participación y Acción Sectorial). En el Comité Ejecutivo, integrado por 34 miembros, se alternaban los veteranos de las diversas etapas de AP (Ortí Bordás, Gabriel Cisneros, Rafael Arias-Salgado, Félix Pastor, Abel Matutes) con los más jóvenes miembros de la generación de la Transición (Álvarez Cascos, Federico Trillo, Celia Villalobos, Miguel Ángel Cortés, Cristóbal Montoro, Manuel Pimentel) y dirigentes territoriales (Teófila Martínez, Rita Barberá, Alejo Vidal-Quadras, Xosé Cuiña).[696]

Los datos presentados al congreso mostraban un perfil muy optimista. En el tiempo transcurrido desde su fundación, el partido había pasado de unos cinco millones de votos a casi diez millones; el PP contaba con 584.381 afiliados, lo que suponía un crecimiento de unos cien mil en solo cuatro años; las sedes locales, que eran 1.008 en 1995, llegaban a 3.975 en el momento del congreso, y la deuda contraída había bajado de 1.315 millones de pesetas en 1995 a 809 millones.[697]

El XIII Congreso dejó establecido que el territorio ideológico del PP era el «centro reformista», sin alusiones no solo a un antecedente franquista —«la dictadura», como señalaba a veces un desacomplejado Aznar— sino a cualquier tradición derechista. El mismo presidente-fundador, Fraga, apuntaló la idea al afirmar que no se estaba realizado un «viaje al centro», porque ideológicamente el PP «siempre ha estado en él». Era un viraje, en la línea del que protagonizara la UCD, destinado a buscar una solución de continuidad a lo que en ese momento era un pesado lastre histórico. Pero encerraba una paradoja que el paso del tiempo pondría crudamente de manifiesto.

Se trata de un auténtico milagro político-geométrico el de un espacio político que puede segregar un «centro» y una izquierda, pero sin derecha. El Partido Popular es un «centro» que no tiene, políticamente hablando, a nadie a su derecha. Y es que la palabra «derecha» lleva, al menos en España, ineludiblemente aparejada la carga afectiva antes reservada para la expresión «extrema derecha».[698]

A la altura de 1999, el PP podía presentar un balance genéricamente positivo de su gestión gubernamental, pero las políticas sectoriales desarrolladas habían deteriorado la imagen de algunos ministros. Así, la labor de la thatcheriana Esperanza Aguirre en Educación, Cultura y Deporte había chocado con los nacionalismos en su empeño por unificar en todo el país el diseño curricular de las asignaturas de Humanidades de la enseñanza primaria y secundaria, y se había ganado múltiples enemigos en los ámbitos culturales, a los que ella consideraba manifiestamente escorados a la izquierda. Aunque el PP siempre podía exhibir la ristra de escándalos de corrupción del «felipismo», varios equipos ministeriales se veían afectados por el fraude del lino, una serie de presuntas actuaciones irregulares en la asignación a los «cazaprimas» de las multimillonarias subvenciones que la Unión Europea concedía a los cultivadores de lino y cáñamo, algo que denunció el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, aunque el PP lo rechazó siempre como un montaje político.[699] En enero de 1999, Aznar acometió una remodelación parcial de su equipo. Aguirre fue sustituida por Mariano Rajoy, al que sucedió en Administraciones Públicas Ángel Acebes; Javier Arenas dejó Trabajo a su secretario de Estado Manuel Pimentel, a fin de concentrarse en su actividad al frente de la Secretaría General del partido, y Jesús Posadas relevó en Agricultura a Loyola de Palacio.

La derecha en mayoría

La proximidad del final de la legislatura puso en marcha el aparato electoral del PP en diciembre de 1999. Cuando, en enero, se disolvieron las Cortes, el partido podía presumir de sus logros en múltiples campos, por lo que sería fácil orquestar la campaña en torno a la labor del cuatrienio anterior y la promesa de nuevas metas si se alcanzaba la mayoría absoluta. Las dificultades del PSOE, en el que la reciente batalla entre Almunia y Borrell había sembrado la división, añadían un grado más al optimismo. La situación económica era próspera; la modernización social, evidente; la política de «concertación social» pactada con los sindicatos y la patronal había disminuido el paro, y el terrorismo, aunque omnipresente, había dejado de ser un problema angustioso para la opinión pública. El propio PP había moderado un tanto su discurso político y las dificultades internas del PSOE hacían pensar que seguiría ganando votos en el campo del «centrismo» sociológico. Ni la extrema derecha, muy poco votada y sumamente dividida, ni el CDS, llamado ahora Unión Centrista y presidido por el exbanquero Mario Conde, eran rivales a tener en cuenta.

El 12 de marzo de 2000 el Partido Popular culminó su ciclo de ascenso con una victoria arrolladora. Logró 10.321.178 votos, el 44,52 por ciento del total, y 183 diputados, y fue la lista más votada en 42 de las 52 circunscripciones. El PSOE, probablemente perjudicado por la alta abstención, quedó lejos, con 125 escaños y el 34,26 por ciento de los sufragios, y la tercera formación en el Congreso sería CiU, con quince diputados, gracias al hundimiento de Izquierda Unida, que bajaba a ocho. Con una mayoría absoluta en el Congreso fijada en 175 escaños, el Grupo Popular no tendría dificultades para apoyar al Gobierno e imponer sus criterios en las Cortes. Gobernaba también el PP en las comunidades de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Baleares, Valencia y Murcia, mientras que en Navarra lo hacía su alidada UPN.

Los medios próximos al PP interpretaron la victoria como una confirmación de que se asentaba la mayoría natural favorable a la derecha y de que la sociedad española experimentaba un irrefrenable proceso de derechización tras años de hegemonía izquierdista. Pero, como se demostraría tan solo cuatro años después, era algo meramente coyuntural, producto tanto del desgaste y las divisiones del socialismo como de la exitosa singladura del aznarismo en su primera legislatura.

Si se parte de la idea —equivocada o no— de que la sociedad española ha sido siempre de izquierdas, no hay motivos suficientes para pensar que haya dejado de serlo […]. No puede utilizarse el argumento sobre un cambio de estos rasgos de la cultura política española como una variable capaz de explicar de manera principal el resultado electoral. Más bien sería conveniente la exploración de otras hipótesis. Entre ellas, la capacidad del PP para convencer al electorado, en una coyuntura especialmente delicada para la izquierda española, de su sensibilidad hacia las políticas de bienestar, de su habilidad en evitar casos de corrupción y del abandono de buena parte de los rasgos más negativos tradicionalmente relacionados con la derecha en España.[700]

El 26 de abril Aznar fue investido en el Congreso con los votos de 202 diputados, los propios más los de CiU y CC, mientras que el PNV, tras los reiterados choques con el Gobierno durante la anterior legislatura, votó en contra. Inmediatamente, Aznar acometió la remodelación de su Gabinete ministerial. El cambio más notable fue la sustitución de Álvarez Cascos en la Vicepresidencia primera, aunque siguió como ministro de Fomento. Ascendía en su lugar Mariano Rajoy, también ministro de la Presidencia, que pasaba a ser el principal rival de Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía, en la sucesión de un Aznar que ya había anunciado que no se presentaría a un tercer mandato como presidente del Gobierno. Mayor Oreja repetía en Interior, pero en el resto del equipo hubo un relevo generalizado: Josep Piqué pasaba a Asuntos Exteriores y Acebes, a Justicia, Federico Trillo iba a Defensa, Cristóbal Montoro sería el ministro de Hacienda, Pilar del Castillo, la de Educación, Jesús Posada, el de Administraciones Públicas, Celia Villalobos, la de Sanidad y Consumo, Miguel Arias Cañete, el de Agricultura, etcétera.

La nueva legislatura debía ser muy pacífica para el Gobierno y la mayoría parlamentaria del PP, y la oposición no tardó en denunciar un «rodillo» que marginaba el diálogo con el resto de los grupos. Pero la vida política no terminaba en las Cortes y el partido sufrió un considerable desgaste a lo largo de los años siguientes con diversas líneas de acción que no pudo controlar. La primera fue la llamada Ley de Extranjería, que buscaba encauzar los flujos migratorios hacia el país y poner coto a la inmigración clandestina. En diciembre de 1999, todavía en minoría, el PP había visto derrotado su proyecto en el Congreso por el apoyo de sus aliados nacionalistas a un texto alternativo presentado por las minorías de izquierdas, mucho más tolerante con todo tipo de situaciones irregulares. Tras las elecciones, el Gobierno propuso una modificación endurecedora de la ley para contrarrestar lo que definía como «el efecto llamada» de la inmigración clandestina, que fue aprobada por el Senado en diciembre de 2000. Pero, en octubre de 2003, el Tribunal Supremo anuló sus artículos más polémicos. A esas alturas, los partidos de izquierda, los sindicatos, las ONG, los colectivos sociales progresistas y las asociaciones de inmigrantes habían llevado a la calle una dura protesta, que presentaba al PP como una formación ultraconservadora que rehuía la solidaridad con los migrantes y los reprimía con expulsiones masivas y duras medidas policiales.

Tras haber alcanzado su techo en las elecciones generales de 2000, el Partido Popular inició un ligero retroceso electoral, provocado no tanto por una pérdida de su apoyo popular como por la recuperación progresiva de su electorado por un PSOE que remontaba la crisis interna de finales de los años noventa. Todavía en las elecciones gallegas de octubre de 2001 el PP, con Fraga en la Xunta, obtuvo una rotunda victoria con el 51,62 por ciento, a mucha distancia del 21,83 por ciento de los socialistas, pero en las elecciones municipales de mayo de 2003 el PSOE obtuvo el primer puesto, con el 34,83 por ciento de los votos, mientras que el PP, con el 34,29 por ciento, quedó el segundo, a muy corta distancia. Simultáneamente, tras las elecciones autonómicas, los populares retuvieron los gobiernos de Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

El XIV Congreso Nacional del PP se celebró en Madrid entre el 25 y el 27 de enero de 2002, convocado bajo el lema «Las propuestas del centro: un nuevo impulso para España». Aznar, que afirmando no creer en «la prolongación personalista de los cargos» anunció que no se presentaría a una nueva elección como presidente del partido, fue confirmado en el puesto con el 99,6 por ciento de los votos de los compromisarios, en una apoteosis de liderazgo que sirvió para garantizar el triunfo de la propuesta presidencial para el resto de los cargos representativos. Arenas, que permanecería en la Secretaría General, recalcó en su intervención que el PP huía de «la permanente discusión sobre los liderazgos». El congreso consolidó la línea de liberalismo económico radical que asumía el partido, y en la ponencia sobre el tema Elvira Rodríguez, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, se pronunció a favor de una «flexibilización del mercado laboral» y «los incentivos para planes de pensiones privados, porque fomentan el ahorro y la inversión». En su discurso de clausura, Aznar garantizó a la militancia la hegemonía: «Somos el centro de la vida política y tal y como van las cosas vamos a seguir siéndolo».

UN REARME IDEOLÓGICO: NEOCONS Y REVISIONISTAS

Una de las consecuencias de la llegada del Partido Popular al Gobierno fue un marcado relevo generacional de su personal político que supuso el acceso a los puestos de más alta responsabilidad de la Administración de los «jóvenes cachorros» que habían conformado el equipo de José María Aznar en los primeros años de vida del partido. Era la generación de quienes se habían iniciado en la política en los años de la Transición, «con puntos de partida y experiencias vitales muy distintas de la anterior», una generación que «había vivido la política como una profesión que consistía sobre todo en confrontación con los socialistas durante unos años en que la esperanza de la alternativa parecía remota».[701] Aznar lo tenía meridianamente claro: los jóvenes políticos del PP suponían una cesura radical en la historia de la derecha española y constituían un colectivo que «no tiene que justificar cambios de ideologías».[702]

Durante los años de «aznarato», el Partido Popular y las instituciones públicas y privadas vinculadas a él emprendieron una tarea de rearme ideológico de la derecha que partía de la consideración de que los ámbitos públicos de la educación y la cultura se encontraban monopolizados, desde los tiempos finales del franquismo, por una «intelectualidad militante» relacionada con partidos, sindicatos y organizaciones sociales de las izquierdas. Y también de la conciencia de que la consolidación de la mayoría natural pasaba no solo por la construcción de un gran partido de masas o el desarrollo de políticas de gobierno proactivas, sino también por la elaboración de un corpus doctrinal amplio y coherente y de unas estructuras de difusión cultural que libraran a los intelectuales liberales y conservadores de una acomplejada inferioridad con respecto a los que, desde el mundo académico o los ámbitos artísticos y literarios, habrían elaborado el discurso cultural y educativo dominante.

Aunque el esfuerzo realizado, realmente muy considerable y en buena medida exitoso, cubrió múltiples facetas, parece realista resaltar tres de ellas como las más relevantes.

a) La implementación del concepto de «patriotismo constitucional» como eje de un discurso nacionalista español que, pretendidamente alejado del irracionalismo romántico de los nacionalismos separatistas, fijaba los límites de la correcta ética civil y democrática en la racionalidad pragmática y en el respeto a los preceptos constitucionales de 1978 y a su desarrollo normativo.

b) La difusión del pensamiento neocon (neoconservador), importado de la derecha norteamericana y centrado especialmente en la elaboración de análisis y propuestas en los terrenos de la política exterior y de la respuesta ideológica a la ética progresista de la izquierda.

c) La elaboración de una interpretación de la historia de España, especialmente de la más reciente, nacionalista y radicalmente enfrentada a la realizada en los medios universitarios durante las cuatro décadas anteriores. Sus adversarios la denominaron «escuela revisionista» y la consideraron «encaminada a la renacionalización de España, en la que adquirieron un papel preponderante la apuesta por la revisión de la historia, y en particular de la reciente, según moldes muy cercanos al discurso historiográfico franquista».[703]

Patriotismo constitucional

Aznar y sus colaboradores más cercanos estaban dotados de una visión de las políticas de Estado que, por encima de los planteamientos socioeconómicos del neoliberalismo, adoptaba como fundamento el concepto de «patriotismo constitucional». Planteado inicialmente como una alternativa historiográfica al nacionalsocialismo, lo había popularizado pocos años antes el filósofo alemán Jürgen Habermas, en relación con los principios de la construcción europea,[704] y utilizado por primera vez por el PSOE en España.[705] La idea central, tal y como se entendía entre la élite del Partido Popular —y que se diferenciaba de la original, de carácter multiculturalista y federalista—, era que la vida de la nación española y su Estado debían orientarse estrictamente en las líneas que marcaba el articulado de la Constitución de 1978, y que cualquier desviación de este objetivo suponía un atentado contra la democracia que se había dado la comunidad nacional que era preciso combatir con medios políticos, pero también ideológicos en nombre del «nacionalismo cívico».[706] En los últimos años del siglo pasado, los intelectuales próximos al PP elaboraron un corpus doctrinal que ajustaba los límites del desarrollo democrático a la estructura vigente del Estado de las Autonomías y que dejaba fuera del ámbito del patriotismo constitucional, por desleales, al independentismo, a las propuestas federalistas de la izquierda y su «nación de naciones», y al etnicismo nativista y los proyectos confederales o de federalismo asimétrico de los nacionalismos moderados. Así lo entendía en 1998 el dirigente del PP catalán, Alejo Vidal-Quadras, cuando defendía

[un patriotismo] que entiende la Razón como orden racional superior que legitima su poder organizado en un Estado por su capacidad de garantizar el orden y la paz civil, por la toma de decisiones mediante la regla de la mayoría, por la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los individuos y por la redistribución solidaria y equitativa de la riqueza, la que podemos denominar nación constitucional, la idea de nación ilustrada y moderna que inspira el gran pacto del 78.[707]

Cuando, a partir del año 2000, el PP pudo desembarazarse de la onerosa tutela de los nacionalistas en las Cortes, el proyecto doctrinal estaba en condiciones de ser planteado en su plenitud, como lo expresaba la ponencia «Patriotismo constitucional» presentada al XIV Congreso Nacional del partido —«un sentimiento racionalizado y dotado de una fuerte brújula ética y moral»—,[708] pero la oposición lo entendió como un giro del partido de gobierno de vuelta al conservadurismo político y al nacionalismo unitarista.

Retorno a la Casa del Padre: los neocons españoles

Surgido en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, el concepto de «neoconservadurismo» fue ganando adeptos españoles en la definición de la renovación ideológica de la intelectualidad inmersa en los valores de la sociedad conservadora y acabó definiendo a un sector concreto, pero muy diversificado, de políticos, pensadores y comunicólogos vinculados al PP, al que habrían buscado llevar de vuelta a la derecha en su condición de «halcones» o «ala dura» del entorno del aznarismo. De modo que el término y su abreviatura usual, neocons —admitidos por sus propios protagonistas—, fueron empleados en tres sentidos.[709] Por parte de la izquierda, como descalificación, «como sinónimo de extrema derecha o de una derecha militarista, imperialista y partidaria del capitalismo salvaje». En segundo lugar, como «un término genérico que pretendería englobar determinadas corrientes de la derecha española», desde el liberalconservadurismo hasta el nacionalpopulismo o el integrismo católico. Y, por último, definiría, al margen de su valor intelectual, «a quienes habiendo militando en su juventud en partidos de izquierda […] se han convertido en referentes de la derecha española», nómina extensa que incluía a figuras de perfil muy variado como los excomunistas Federico Jiménez Losantos, editor de Libertad Digital, uno de los órganos fundamentales de la corriente, o Guillermo Gortázar, secretario de Formación y de Análisis y Documentación del PP entre 1990 y 2001, el exsocialista César Alonso de los Ríos, el filósofo materialista Gustavo Bueno, inspirador de la revista de pensamiento El Catoblepas, Pío Moa, antiguo miembro de la organización terrorista GRAPO, etcétera.

La definición exacta se antoja, por lo tanto, muy difícil. En un estudio crítico sobre la corriente se incluían como neocons desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo o la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística hasta la FAES aznariana, el proamericano Grupo de Estudios Estratégicos, la Conferencia Episcopal, el Opus Dei, la cadena COPE…[710] Un entramado de confusiones conceptuales, pues, que dificulta la comprensión de los procesos mediante los cuales, con la perspectiva de fondo de los efectos sobre las derechas estadounidense y europea de los atentados del 11-S y de la guerra de Irak, el viaje del Partido Popular al centro fue cuestionado, y frenado en gran medida, a partir del año 2001 por los portavoces de la corriente, partidaria de marcar distancias radicales con el progresismo de izquierdas, de definir una vía prioritaria de política exterior «atlantista», estrechamente vinculada a los intereses de la Administración ultraconservadora del presidente George W. Bush, y de endurecer el enfrentamiento con los nacionalismos periféricos, todo ello, sin embargo, sin una hoja de ruta doctrinal claramente definida. Como señaló uno de los teóricos de la corriente: «Para entender el credo de los neoconservadores, hay que tener presente que no hay tal cosa parecida a una doctrina del neoconservadurismo, sino que se dan aportaciones de individuos ante asuntos concretos. Hay neoconservadores más que neoconservadurismo».[711]

Este proceso de readaptación ideológica tenía como antecedentes los laboratorios de ideas de varias fundaciones vinculadas al PP y que representaban, en cierto modo, el pasado y el futuro de la derecha constitucionalista. En 1980 se había constituido, bajo la presidencia de Fraga, la Fundación Cánovas del Castillo, vinculada a Alianza Popular y dedicada a difundir la doctrina liberalconservadora, especialmente a través de su revista Veintiuno.[712] Los democristianos contaban, desde los tiempos de la UCD, con la Fundación Humanismo y Democracia, que comenzó sus actividades en enero de 1978 y que funcionó como uno de los foros doctrinales fundamentales del «humanismo cristiano» en la España de la época. Y los clubes liberales, presididos por Antonio Garrigues Walker, ejercían desde 1981 una función ideológica en esa corriente. También se vinculaban al PP el Instituto de Formación Política, la Fundación de Estudios Europeos, creada en octubre de 1994 y presidida por Aznar, así como la Fundación Popular Iberoamericana.

Si las tres corrientes políticas de la derecha constitucionalista se habían unificado en un solo partido bajo principios doctrinales comunes, resultaba conveniente impulsar una nueva fundación vinculada al aznarismo, que actuara como un think tank destinado a estructurar y propagar la mixtura doctrinal del centroderecha. Durante más de una década, las prioridades de alcanzar el poder por la vía parlamentaria y de desarrollar una obra de gobierno centraron la atención del presidente del PP y de sus allegados. Pero Aznar se había puesto un límite de ocho años a su labor al frente del Ejecutivo y del partido. Hacia 2001 comenzó a hablarse, pues, de una gran fundación que, bajo su presidencia, unificara a las restantes y marcara de un modo oficioso las pautas doctrinales en la evolución del conservadurismo. El propio Fraga apoyaba en público la iniciativa: «No se me escapa el proyecto de agrupar, en torno a una gran organización, todas las fundaciones creadas en la órbita del PP de cara a optimizar el funcionamiento de cada una de ellas. Se trata de una iniciativa plausible que, una vez madurada, revelará toda su utilidad, al igual que tuvo en su día la “refundación” del Partido Popular que me honro en haber fundado».[713]

El 11 de noviembre de 2002 se puso en marcha la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), con un equipo directivo inequívocamente vinculado a Aznar: la presidía este, el vicepresidente era Javier Arenas, secretario general del PP, y el secretario general era Baudilio Tomé, director del Departamento de Estudios y Comunicación Política del Gabinete del presidente del Gobierno. Con un presupuesto anual inicial de cinco millones de euros, la Fundación asumiría «los proyectos que están en ejecución como parte de la labor de las fundaciones fusionadas».[714]

FAES se convirtió enseguida en «el más importante think tank de la derecha española»,[715] dedicada a la elaboración de un corpus doctrinal progresivamente escorado hacia las variantes del neoconservadurismo, que recogía en publicaciones como Papeles FAES, Cuadernos FAES o Cuadernos de Pensamiento Político.

La fundación adquirió mayor protagonismo después de que Aznar abandonara la presidencia del Gobierno, y asumió una función de combate doctrinal contra el PSOE de Rodríguez Zapatero y la deriva independentista de la derecha catalanista. Contra la política socialista entre 2004 y 2011 los neoconservadores de FAES desarrollaron una dura campaña que tenía como eje la crítica a lo que denominaban «buenismo», la línea de acción promovida por los socialistas a favor de la protección pública de los colectivos sociales desfavorecidos, el multiculturalismo, la corrección política como norma de comportamiento obligatoria en sociedad o la fraternidad internacional fomentada por la ONU a iniciativa española mediante la Alianza de Civilizaciones. En su crítica a las políticas de Zapatero, la Fundación calificaba al buenismo de «fraude», una cínica manipulación con intereses electorales y efectos muy negativos sobre la ciudadanía.

A largo plazo, el buenismo contribuye a la consolidación de una sociedad civilmente inmadura y erosiona su capacidad de iniciativa al edulcorar sistemáticamente el entorno y sus fallas. El buenismo conlleva un incremento de la entrega del ciudadano al Estado, como combinación de inercias y confianzas sin contrastar. Si todo el mundo es bueno, el mal desaparece.[716]

En el terreno de la política exterior del PP, ejerció una influencia considerable un think tank creado en 1987, el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES).[717] Sus analistas constituían un variopinto conjunto de «personas procedentes del mundo académico, del militar, de la empresa privada y de profesiones liberales, así como estudiantes y profesionales de la política», como señala su web. Desde sus orígenes, el GEES estaba muy influenciado por las doctrinas de política exterior emanadas de los laboratorios de ideas de la derecha norteamericana y por las perspectivas propias de la OTAN y de las secretarías de Estado y de Defensa de Estados Unidos. A partir de 2001, en sintonía con los efectos del 11-S y el lanzamiento por la Administración norteamericana de la guerra contra el «Eje del Mal», el GESS relegó su academicismo universitario para entrar en una etapa «en la que su ideología neoconservadora y el activismo político se convertirán en rasgos distintivos de este think tank»,[718] cuyos analistas —Rafael Bardají, Florentino Portero, Ignacio Cosidó, etcétera— asumieron un rol parecido al de los «halcones» de la Administración Bush y ejercieron una gran influencia en la conformación de la «doctrina Aznar» de vinculación atlantista, antes de que alcanzaran su más alto grado de movilización mediática contra la política exterior socialista y su Alianza de Civilizaciones.[719]

Historiadores en las trincheras

A la altura del año 2000 predominaba en la derecha española la idea de que, a lo largo del último cuarto del siglo XX, en universidades y centros de investigación se había impuesto una línea de ensayo historiográfico académico sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo que respondía, en líneas generales, a una visión de izquierdas destinada a demonizar la trayectoria de la sociedad conservadora. Así, denunciaba, se habría creado un consenso en torno a la idea de que la República había mostrado facetas democráticas y progresistas, y por lo tanto positivas, en sus fases de predominio izquierdista —procesos de autonomía regional, reforma agraria, legislación laboral, etcétera—, mientras que la etapa intermedia de gobierno de la coalición centroderechista era sometida a una lectura negativa como fase estrictamente reaccionaria, el «bienio negro». Para los neoconservadores, en la historiografía académica funcionaría también de manera coercitiva una interpretación maniquea del periodo 1936-1975, basada en la contraposición radical entre democracia y fascismo, en la que la derecha franquista cargaría con la totalidad de las connotaciones negativas de este último y el antifranquismo encarnaría, en exclusiva, valores positivos de legitimidad democrática. Al mismo tiempo, esta visión «militante» de la historia reciente estaría contribuyendo, desde la estructura institucional de las comunidades autónomas, a la invención de varias pretendidas historias nacionales que buscaban negar la existencia de España como comunidad nacional única. Aunque en no pocos casos estas críticas conservadoras pudieran tener un fondo de verdad ante evidentes excesos doctrinarios, también los promovían ellas, ya que descalificaban casi globalmente la aportación de un par de generaciones de historiadores universitarios.

En las décadas finales del siglo XX, la intelectualidad derechista careció de capacidad y de discurso para combatir los hegemónicos planteamientos de la historiografía progresista. Las réplicas quedaban en manos de círculos considerados de ultraderecha —como la Fundación Nacional Francisco Franco, dedicada a la exaltación del personaje y de su régimen, y algunas empresas privadas editoras de libros y revistas— o de un grupo no muy amplio de historiadores académicos dispuestos a mantener polémicas, pero con un tono básicamente defensivo y reivindicativo de la vieja escuela conservadora, como hacía patente, por ejemplo, el libro No nos robarán la historia (1995), de su principal representante del momento, Ricardo de la Cierva. Desde el Partido Popular o la derecha regionalista se rechazaba, por otra parte, cualquier vínculo con la herencia del franquismo y, en busca de antecedentes presentables, se recurría a la tradición liberal que habrían encarnado personalidades como Cánovas, Maura, Ortega o Azaña.

Sin embargo, la llegada del PP al poder en 1996 y su proceso de rearme ideológico en los años del cambio de siglo facilitaron los instrumentos para intentar revertir el discurso historiográfico dominante. Aunque la tradición genéricamente liberal no parecía la más adecuada para este combate, ya que también la compartía buena parte del bando «ortodoxo». Por ello, desde FAES, y sus precursoras, aplicadas en la conquista de ámbitos en la universidad pública, desde los periódicos y las publicaciones culturales y politológicas —amplificado pronto su alcance por el efecto de internet— y desde las nuevas universidades privadas, donde se construían equipos de jóvenes investigadores, llegaron respuestas en forma de planteamientos de naturaleza neocon.

Las más espectaculares y socialmente influyentes procedían, sin embargo, de espacios exteriores al mundo académico. Las protagonizó un grupo de publicistas que ofrecían interpretaciones de la República, la Guerra Civil y el franquismo en obras que desde la historiografía académica eran denostadas como vulgarizadoras y panfletarias, pero que eran publicadas en editoriales con mucho volumen de ventas y resultaban ampliamente publicitadas. Quizá la más influyente de ellas fue Los mitos de la Guerra Civil (2003), del periodista Pío Moa, clave en la conformación de un argumentario neocon que recuperaba en buena medida el discurso ideológico del primer franquismo para denunciar la responsabilidad de la izquierda en el inicio de un conflicto civil en el que las derechas habrían defendido el orden social amenazado y la unidad nacional ya desde la Revolución de octubre de 1934, como recogía el mismo autor en su libro 1934: comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda (2005). Durante algunos años, la sociedad conservadora encontró en esta copiosa bibliografía, que adquiría en grandes tiradas, una interpretación gratificante de la reciente historia española que la despojaba de complejos sobre su pasado antidemocrático en medida similar, o superior, a las políticas de patriotismo constitucional desarrolladas por el Gobierno del Partido Popular.

La reacción de la historiografía progresista revistió una gran intensidad en la denuncia de lo que definió como un pseudorrevisionismo presentista vinculado a intereses políticos del momento en la reinterpretación del pasado en clave franquista.[720] Su respuesta a la prolífica obra de autores como Moa, José Javier Esparza, José María Zavala o César Vidal fue la descalificación por su carencia de cientificidad.[721] Se enzarzó, en cambio, en una polémica de cierta altura con el sector académico que impulsaba la revisión historiográfica, polémica que, al margen de los excesos de los elementos más radicales de ambos grupos y de la imposibilidad de alcanzar un consenso, dio lugar a un debate que abrió nuevas perspectivas sobre líneas históricas cuya interpretación se había creído ya consolidada. Tras el retorno del PSOE al Gobierno, la batalla del revisionismo se sosegó un tanto, aunque ambos bandos mantuvieron posiciones. Se reanudó con la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica, en 2007, que abrió un nuevo campo de polémica en torno a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

LA CUESTIÓN AUTONÓMICA

El primer periodo de gobierno del Partido Popular fue testigo de la fase de madurez del sistema autonómico, cuyo mapa se había cerrado una vez que Ceuta y Melilla hubieron accedido a sus propios estatutos, en marzo de 1995. Las diecinueve autonomías conformaban un modelo político sumamente variado, tanto en la composición de sus sistemas de partidos como en la organización de las relaciones con los poderes centrales del Estado. La consolidación de clases políticas y funcionariados autonómicos, con intereses corporativos específicos, las políticas de «normalización» lingüística en las regiones bilingües en detrimento del castellano, la reelaboración de la historia de España con criterios localistas o la creciente diversidad en los modelos legislativos y fiscales eran facetas de un rumbo de federalización de la estructura estatal que el Gobierno y el Tribunal Constitucional intentaban mantener dentro de los límites de la Constitución. Sin embargo, pese a la existencia del terrorismo de ETA o al planteamiento de la cuestión del «soberanismo» o del «federalismo asimétrico» por un catalanismo conservador que todavía rehuía, a diferencia del vasco y su «derecho a decidir», las definiciones estratégicas abiertamente separatistas, la cuestión de la vertebración estatal distaba de ser percibida con dramatismo por la sociedad española, que se acomodaba sin graves problemas a la creciente descentralización.

Durante los años de gobierno del PP, la situación política en las comunidades autónomas era muy variada, y ello repercutía en el plano nacional. En Cataluña, Convergència i Unió se mantuvo en el Gobierno de la comunidad, con el firme liderazgo de Jordi Pujol, quien impulsó una política inequívocamente nacionalista, pero cuidando de colaborar en la gobernabilidad del Estado. Sobre todo cuando, en 1999, CiU perdió el primer lugar en las elecciones al Parlament y Pujol tuvo que pactar el apoyo del PP catalán para mantenerse al frente de la Generalitat. En el País Vasco, cuya situación política se veía permanentemente condicionada por la violencia, el PNV mantuvo la presidencia del Gobierno con José Antonio Ardanza y, desde 1999, con Juan José Ibarretxe, quien gobernaba en coalición con los nacionalistas de Eusko Alkartasuna y con Izquierda Unida. Por su parte, Coalición Canaria formalizó un pacto de gobierno con el PP en 1996, y en Navarra gobernaba Unión del Pueblo Navarro, en alianza con un Partido Popular que evitaba presentarse en las elecciones de la Comunidad Foral.

En el resto de las comunidades autónomas, el Partido Popular y el PSOE se disputaban la presidencia del Gobierno buscando alianzas con las fuerzas locales. Los populares eran fuertes en Galicia, donde Manuel Fraga parecía imbatible desde que ocupara la presidencia de la Xunta en 1990. En Castilla y León, Cantabria, Murcia, La Rioja, Madrid y la Comunidad Valenciana el PP estaba en el poder. El PSOE se mantenía como hegemónico en tres comunidades, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, y en otras la competencia electoral provocó cambios en el Gobierno, como en Baleares, perdida por el PP en 1999 y recuperada en 2003, o en Aragón y Asturias, donde sucedió el proceso contrario en 1995 y 1999, mientras que en Ceuta y Melilla los conservadores vieron estorbado su predominio por las escisiones y la competencia de agrupaciones localistas.

El Partido Popular completó las transferencias a las autonomías de la vía lenta que había iniciado el Ejecutivo socialista y estableció el sistema de financiación autonómica mediante la cesión de los porcentajes recaudatorios que había pactado para la investidura presidencial de Aznar. No tardó en quedar claro que ese era el techo competencial que admitía el PP y que resultaba claramente insuficiente para las demandas de autogobierno de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Mediante la «Declaración de Barcelona», de 16 de julio de 1998, CiU, el PNV y el BNG, en una suerte de repetición del Pacto de Galeusca de 1941, exigieron «la articulación del Estado español como Estado plurinacional», en paso hacia una confederación de estados soberanos, lo que implicó un alejamiento político del PP respecto de los dos primeros. A partir de 2000, con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, el Gobierno Aznar ya no dependió de la derecha nacionalista y la dinámica de desencuentros se agravó. En Cataluña, la necesidad de que el Gobierno Pujol contara con los diputados del PP desapareció en diciembre de 2003, cuando, mediante el Pacto del Tinell, el tripartito constituido por el Partit del Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya ganó las elecciones y llegó al poder en la comunidad, situándose en frontal oposición al Gobierno Aznar.

El gran tema político de la primera legislatura del PP fue la cuestión vasca. Con su llegada al Gobierno, ETA incrementó la actividad terrorista. Tras el asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, y el largo secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en la sociedad española se incrementó el rechazo activo al terrorismo. Ese repudio ganó a significativos sectores de la opinión pública de Euskadi, donde mucha gente comenzó a perder el miedo a criticar en público las tácticas violentas de la izquierda abertzale y surgieron movimientos ciudadanos de contestación como el Foro de Ermua, integrado por un millar de miembros, sobre todo escritores, artistas y profesores universitarios. Incentivado de este modo, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, impulsó la lucha policial contra ETA y su entorno político, que, junto con la acción judicial y una mejor sintonía con Francia en la colaboración antiterrorista, permitió asestar serios golpes a la banda armada.

En las filas del nacionalismo democrático vasco se vivía una situación de crispación creciente.[722] Por un lado, las acciones de la izquierda radical alteraban seriamente el orden público en Euskadi y dañaban su vida económica y social. Por otro, el PNV y Eusko Alkartasuna interpretaban el consenso del PP y el PSOE sobre la política antiterrorista como parte de una estrategia destinada a frustrar la vía «soberanista» hacia la independencia. José María Aznar y el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, personificaron con su incompatibilidad personal en esta época el enfrentamiento entre las fuerzas constitucionalistas y un nacionalismo vasco moderado que asumía cada vez con mayor intensidad un proyecto particularista. Cuando el Gobierno británico y el Sinn Féin, brazo político del IRA, convinieron la pacificación de Irlanda del Norte (el Acuerdo de Viernes Santo), al PNV le pareció que podía trasladarse el modelo a Euskadi. Ello propició el acercamiento a los ultrapatriotas, que a partir de Herri Batasuna se estaban unificando en la coalición Euskal Herritarrok (EH). El 12 de septiembre de 1999, el PNV y EA suscribieron con ella, con Izquierda Unida y con otras fuerzas políticas y sindicales del espectro nacionalista el Pacto de Estella (Lizarra), que sentaba la necesidad de «un proceso de diálogo y negociación abierto sin exclusiones respecto a los agentes implicados y con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto», al final del cual estaría el ejercicio de la autodeterminación para una Euskal Herria que incluyera a Navarra y al País Vasco francés.

Cuatro días después, ETA, que había cometido su asesinato más reciente el 25 de junio en la persona de un concejal del PP en Rentería, anunciaba una tregua «unilateral e indefinida» que facilitara la interlocución de los aliados de Estella con el Gobierno Aznar. Mientras la esperanza de que se pusiera fin a la violencia se extendía por la sociedad española, el Ejecutivo iniciaba discretos contactos con la banda terrorista en Suiza y acercaba a muchos de sus presos a cárceles del País Vasco. Sin embargo, el ministro del Interior, Mayor Oreja, quien pensaba que era una «tregua trampa» que solo servía para rearmar a ETA, mantuvo la presión policial, y cuando se constató que las fuerzas constitucionalistas nunca aceptarían el programa independentista de Estella, en diciembre de 1999 ETA rompió su «alto el fuego», que había durado dos meses, y en enero de 2000 volvió a la senda de los atentados mortales. El PNV y EA quedaron en una incómoda posición, marcada por una división cada vez más patente entre los partidarios de mantener la concertación con los radicales —en mayo de 1999 EH firmó un acuerdo de legislatura con el nuevo lendakari peneuvista, Juan José Ibarretxe— y quienes deseaban volver a un cierto entendimiento en Madrid con el Gobierno del Partido Popular.

Con un horizonte definido por la bonanza económica y la estabilidad política y social, el «problema vasco», y más concretamente el terrorismo etarra, seguía siendo la principal preocupación de los ciudadanos. Así, el «barómetro del CIS» de diciembre de 2000 revelaba que el terrorismo ocupaba el primer lugar entre los problemas del país para el 77 por ciento de los españoles. Tras el fracaso de los contactos con el Gobierno y la ruptura de su «tregua», ETA volvió a sembrar el terror con el asesinato de representantes políticos, funcionarios civiles y militares e intelectuales críticos. El 21 de noviembre de 2000, un comando le quitó la vida al exministro socialista Ernest Lluch, lo que contribuyó a aproximar las posiciones del PP y el PSOE en la lucha antiterrorista, y el 28 de diciembre ambos partidos firmaron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, popularmente conocido como «Pacto Antiterrorista», un acuerdo político mediante el que se comprometían a «impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo» mediante «reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones». Mientras el Gobierno intensificaba la lucha policial y judicial contra la banda y sus apoyos legales —colectivo Ekin, Gestoras pro Amnistía, organización juvenil Haika—, el espíritu que había presidido el acuerdo condujo a la Ley Orgánica de Partidos Políticos de junio de 2002 —aprobada por 302 de los 350 escaños del Congreso—, que al declarar ilegales a los que apoyaran el uso de la violencia permitió, en agosto de 2003, que la Audiencia Nacional ilegalizara a Batasuna, la plataforma de grupos ultrapatriotas creada en junio de 2001 y que era entonces la principal baza política del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

UNA POLÍTICA EXTERIOR DE PRESTIGIO

La llegada al poder de los conservadores españoles se produjo en una coyuntura internacional marcada por la caída de los regímenes comunistas europeos y la aspiración norteamericana a la hegemonía global sobre el planeta (el llamado «nuevo orden mundial»). Aunque Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000, marcó una línea de continuidad y equilibrio en las prioridades de la etapa socialista —la Unión Europea, América Latina, el Magreb, la OTAN y las «misiones de paz» amparadas por la ONU—, José María Aznar mantuvo siempre una intervención bastante directa en los asuntos diplomáticos, en busca de la grandeur, la convicción de que España podía desempeñar un papel de creciente importancia en el escenario mundial, primero como socio destacado de la Unión Europea y, a partir de 2001, como aliado privilegiado de Washington, asumiendo entonces el hecho evidente de que la Unión Europea había fracasado en gran medida en su propósito de establecer una política común exterior y de defensa al margen de la OTAN y del coloso americano.

Una de las primeras medidas en ese sentido fue la integración de España en la estructura militar de la Alianza, que había sido excluida por el referéndum de 1986. Servía aquí el tradicional argumento de la modernización de las Fuerzas Armadas y del reforzamiento de la cobertura de la defensa nacional. Además, la supresión del servicio militar obligatorio para los varones y de la prestación civil sustitutoria, mediante sucesivas medidas entre 1998 y 2001, permitió establecer un Ejército profesional más reducido, abierto a las mujeres y a los extranjeros, y eliminó el posible impacto de la utilización de ciudadanos conscriptos en acciones puntuales de misiones de guerra (Irak, Afganistán, etcétera). El 14 de noviembre de 1996 el Gobierno obtuvo la aprobación del Congreso para la integración en la Estructura de Mandos y en el Comité Militar de la Alianza, que se hizo efectiva el 1 de enero de 1999. A partir de ese momento, el Ejecutivo tuvo carta blanca para hacer participar a las Fuerzas Armadas en misiones de combate y ocupación desarrolladas por la OTAN. En la primavera de ese año el Ejército del Aire español intervino en la campaña de bombardeos encabezada por Estados Unidos contra Serbia con motivo del conflicto civil en Kosovo, y a partir de junio participó en la ocupación militar de la provincia serbia dentro de los contingentes otanistas de la KFOR.

Las relaciones con el vecino Marruecos, habitualmente fundadas en el recelo mutuo y que tenían puntos de conflicto en la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla, el narcotráfico y la inmigración clandestina, la cuestión saharaui o las pesquerías atlánticas, no mejoraron durante los gobiernos del PP. Aznar efectuó a Rabat su primera salida como presidente del Gobierno, en mayo de 1996. Dos años después el político madrileño retornó a Marruecos, pero no encontró mucha receptividad en asuntos como la participación española en el proceso de privatizaciones emprendido en el país magrebí o el perjuicio que crearía a la industria española la no renovación del acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea, que expiraba en noviembre de 1999.

Un problema al que se enfrentaba España en las relaciones con su vecino meridional era la recurrente tendencia de los gobiernos de Rabat a desarmar las protestas populares por la falta de democracia fomentando la excitación de los sentimientos nacionalistas que tenían en Madrid a uno de sus objetivos más habituales. Esto era especialmente evidente en la presión reivindicativa sobre los territorios meridionales españoles: Ceuta, Melilla y los pequeños enclaves insulares de las islas Chafarinas, el peñón de Alhucemas o la isla de Perejil. En esta última, un territorio deshabitado de apenas 0,15 km² bajo soberanía española desde 1640, desembarcó el 11 de julio de 2002 un pequeño contingente de la Armada marroquí, que izó la bandera en el islote y disparó sobre los miembros de una patrullera española que se acercó a investigar.

Se trataba de un incidente cuya gravedad estimó inmediatamente el Gobierno español, que activó su gabinete de crisis. El equipo de Ana Palacio en Exteriores se movilizó para recabar apoyos y el día 13 recibió el de la Presidencia del Consejo Europeo, que no dejaba de resultar simbólico, mientras que la OTAN se limitó a aconsejar a Rabat que retirara a sus soldados. El Ejecutivo español reaccionó con rapidez y el día 17, siguiendo órdenes del ministro de Defensa, Federico Trillo, tropas del Ejército de Tierra, a bordo de helicópteros, recuperaron el islote sin sufrir bajas y obligaron a los seis militares que lo ocupaban a entregar sus armas. Aunque el Gobierno marroquí denunció en un primer momento la acción española como una «declaración de guerra», las relaciones entre ambos países se recuperaron rápidamente tras una mediación norteamericana, que estableció un acuerdo de desmilitarización del islote, y la visita a Rabat de la ministra Palacio, el 21 de julio. En España, la opinión pública y los partidos se dividieron entre quienes, desde la izquierda y los nacionalismos, criticaban una acción que podría haber desencadenado una guerra y denunciaban un exceso de «militarismo y patriotismo» en la actuación del Gobierno, y quienes aplaudían un gesto de firmeza en defensa de la soberanía nacional. Estos eran, en ese momento, una abrumadora mayoría entre la población, el 75,5 por ciento según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, y ello mejoró la percepción pública de un Gobierno que empezaba a ser cuestionado por sus políticas domésticas.[723]

Por otra parte, en el marco de su doctrina «atlantista», la diplomacia del PP se mostró muy activa en Hispanoamérica, en defensa de políticas de democratización y de liberalización económica y fomentando las inversiones de empresas españolas. No evitó el Gobierno la confrontación con los países hispanoamericanos que denunciaba como dictatoriales y que mostraban actitudes de enfrentamiento a Washington. Ello fue así especialmente en el caso de Cuba, en que la diplomacia española intentó arrastrar a los socios de la Unión Europea hacia planteamientos de boicot a la isla y alentó las actividades del exilio anticastrista a través de la Fundación Hispano-Cubana, un lobby creado en Madrid en octubre de 1996, cuyo secretario general era Guillermo Gortázar, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, y estrechamente relacionado con la Fundación Nacional Cubano-Americana, que presidía en Miami el empresario Jorge Mas Canosa. Un primer desencuentro entre Aznar y Fidel Castro tuvo lugar en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en noviembre de 1996, y se repitió en las cumbres de La Habana (1999) y Panamá (2000), hasta el punto de que el Gobierno cubano negó el plácet a un nuevo embajador español en noviembre de 1997. A partir de 1999, el régimen bolivariano que presidía en Venezuela Hugo Chávez entró también en la lista de enemigos diplomáticos, y Caracas denunció la activa participación del embajador español, junto con el norteamericano, en la promoción del fracasado golpe de Estado de abril de 2002, que encabezó el presidente de la patronal venezolana, Pedro Carmona, quien mantuvo comunicación telefónica con Aznar durante la intentona.[724]

Donde la política exterior española desempeñó un papel más proactivo durante el primer Gobierno del PP fue en la Unión Europea. La sucesión de cambios radicales, desde la entrada en vigor de la eurozona hasta la masiva ampliación al Este efectuada en 2004, obligaron a la diplomacia española a emplearse a fondo en la defensa de los intereses nacionales, pero compatibilizándolos con una profesión de europeísmo que constituía una de las banderas doctrinales del Partido Popular. Aznar, como miembro —y, entre enero y junio de 2002, presidente— del Consejo Europeo, jugó un papel muy activo en esta política, haciendo valer el peso de España en la economía continental, su importancia en el voto ponderado que, en función de su población, le correspondía en las instituciones ejecutivas de la Unión Europea e incluso su capacidad de veto en algunas decisiones trascendentales. Aznar y los equipos ministeriales de Exteriores y del área económica tuvieron un destacado protagonismo en la elaboración y vigilancia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obligaba a los estados miembros a mantener el déficit público por debajo del 3 por ciento del PIB. La ampliación de la Unión Europea supuso un reto para el Gobierno español, ya que, dado el bajo nivel de las economías de los nuevos socios, los Países de la Europa Central y Oriental (PECO), España no solo dejaría de percibir muchas de las masivas ayudas y subvenciones que recibía desde su ingreso, sino que pasaría a ser contribuyente neto. Ello condujo a una cierta tensión con Alemania, el principal valedor de la integración masiva y cuyo nuevo Gobierno socialdemócrata carecía de la sintonía con el PP que había caracterizado a las relaciones con el anterior, democristiano. En los Consejos Europeos de Viena (1998) y Berlín (1999), los dos países acaudillaron ambas posturas, aunque se impuso la opinión alemana de acelerar el proceso y en 2004 ingresaron en la Unión ocho PECO.

El Gobierno español continuó buscando vías para mantener y aumentar su peso en la Unión, combatiendo en la medida de lo posible el eje francoalemán, el factor de verdadero poder en su seno, priorizando los intereses nacionales, animando la respuesta concertada de los estados menores y buscando la consolidación del eje transatlántico, en el que Madrid esperaba rentabilizar sus vínculos.[725] En este sentido, Aznar logró también el apoyo del primer ministro británico, Tony Blair, con quien estableció una estrecha sintonía personal. Sus esfuerzos se vieron parcialmente recompensados en el Consejo Europeo de Niza, en diciembre de 2000, donde, en previsión de la ampliación al Este, España incrementó su capacidad de representación dentro de la Unión al ser considerado un país medio-grande, junto con Polonia, y aumentar con ello considerablemente su porcentaje en el voto ponderado, al tiempo que se garantizaba seguir siendo beneficiaria del Fondo de Cohesión hasta 2013. En otro orden de cosas, Aznar y sus ministros asumieron un papel destacado en la puesta en marcha de la Política Europea de Seguridad y Defensa, especialmente en los asuntos policiales, en que abogaron por el establecimiento de la euroorden para perseguir delitos en todo el territorio de la Unión Europea, con la vista puesta en los terroristas de ETA, que el Consejo Europeo aprobó en la reunión celebrada en Laeken en diciembre de 2001 y que entró en vigor en junio del año siguiente.

RECETAS NEOLIBERALES PARA UNA ECONOMÍA EN EXPANSIÓN

Con una derecha vinculada largos años a los principios de intervencionismo estatalita del franquismo, o a los del catolicismo social, las doctrinas neoliberales tardaron en arraigar en España. Sus primeras iniciativas teóricas estaban vinculadas a estudios de economía, con un papel relevante de las publicaciones divulgativas de Unión Editorial. Destacaría como figura pionera Pedro Schwartz, líder del partido Unión Liberal, difusor de las doctrinas de Von Mises, de Hayek o de la Escuela de Chicago y defensor de una sociedad de mercado desregularizado.

El sistema de mercado es el que mejor se adapta a estas limitaciones de la existencia humana, porque está basado en la descentralización de las decisiones, que son tomadas por las personas u organizaciones que mejor conocen las circunstancias de cada caso. Para que el sistema de mercado, o sociedad competitiva, exista se necesitan, sin embargo, tres condiciones: precios libres, libertad de entrada, e igualdad ante la ley […]. Para bien de la sociedad, es deseable que las instituciones existentes conduzcan a que la acertada visión empresarial quede premiada con pingües beneficios: tales instituciones conceden el éxito al empresario que sabe ponerse al servicio de los demás.[726]

Otros economistas realizaron en esta época importantes aportaciones a la renovación del pensamiento liberal español, con obras como El mito del cristianismo socialista. Crítica económica de una controversia ideológica, de Enrique M. Ureña (1981), La nueva economía liberal, de Lucas Beltrán (1982), o Antropología del capitalismo. Un debate abierto, de Rafael Termes (1992). En la segunda mitad de los años ochenta, con el PSOE gobernando en solitario, los planteamientos neoliberales entraron en el terreno de la crítica radical a los proyectos socialdemócratas y, más allá, en las propuestas de una política de Estado mínimo. En 1988 aparecieron dos importantes libros en este sentido: Proceso al Estado, de Lorenzo Bernaldo de Quirós, y La ofensiva neoliberal, de Enrique de Diego. Sus tesis, resumibles en siete puntos, asumían una crítica integral a la gestión pública en la etapa socialista y ofrecían a la derecha un proyecto alternativo.

•  Restaurar el Estado de Derecho garantizando las libertades fundamentales (vida-propiedad-libertad) y profundizando en la independencia de los poderes del Estado.

•  Reforma de la enseñanza. Potenciación del bono escolar como medio de garantizar la libertad de elección del modelo educativo y rompiendo el monopolio estatal en la educación.

•  Ruptura del intervencionismo cultural. Desaparición del Ministerio de Cultura y control estricto de todas las subvenciones. Privatización de todas las cadenas de televisión públicas.

•  Reformar la economía. Flexibilización del mercado laboral, fomento de la inversión, reducción de impuestos sobre las empresas y mejora de la productividad.

•  Reforma de la Seguridad Social. No se trata de suprimir el sistema, sino de abrirlo a la competencia, dando entrada a la iniciativa social [sic].

•  Contrarreforma fiscal. Reducción de impuestos, conversión del Impuesto sobre la Renta en un Impuesto del Gasto y, como objetivo último, la proporcionalidad en lugar de la progresividad [estableciendo] un impuesto fijo sobre la renta por encima de un mínimo exento y definiendo la renta de un modo muy amplio.

•  Reducción del Estado. Privatización, por consiguiente, de todas aquellas empresas que no tienen un claro objeto de utilidad pública.[727]

En contacto con los círculos intelectuales vinculados a las fundaciones y centros de estudio de su partido, José María Aznar y sus colaboradores políticos —especial relevancia tuvo Carlos Aragonés, secretario de Estudios y Programas del PP desde 1990— se empaparon de esta visión global del orden neoliberal que desde los años de la Transición difundían en España economistas como los ya citados, o intelectuales y comunicólogos como Antonio Fontán, Federico Jiménez Losantos, Luis Miguel Enciso o Alejandro Muñoz Alonso, y utilizaron como referentes de sus líneas de desarrollo político a teóricos ya clásicos de la sociología y la economía en el liberalismo europeo de posguerra, como Raymond Aron, Friedrich Hayek y Karl Popper, pero también a pensadores de la escuela neoconservadora norteamericana, entre los que Francis Fukuyama y su controvertida obra El fin de la historia y el último hombre (1992), que anunciaba el final de las ideologías, se convirtieron en una de las bases teóricas del pragmatismo neoconservador aznarista.[728]

A la hora de conciliar la teoría con la práctica, la prioridad de la política seguida por el vicepresidente Rodrigo Rato era liberalizar la economía y reducir el peso del Estado a fin de alcanzar los cuatro criterios de convergencia económica fijados para la Unión Europea por el Tratado de Maastricht. Y, una vez cumplidos, la adopción del euro, la nueva moneda europea, que pusiera a la economía española en estrecho paralelo con las de su entorno. El Gobierno del PP encontró a su llegada una situación económica delicada que se había agravado por la breve recesión internacional iniciada en 1992, que afectó seriamente a la coyuntura española, los problemas internos del PSOE y su debilidad parlamentaria. El déficit del Estado se situaba en 1996 en el 5,37 por ciento del PIB —aunque un año antes era del 7,9 por ciento—, la inflación anual era del 3,56 por ciento y el paro laboral, en el mes de las elecciones, del 22,8 por ciento, que subía al 45,6 entre los menores de veinticinco años.

Las políticas, ortodoxamente liberales, aplicadas por el PP a las cuentas públicas giraron en torno a cuatro grandes líneas: la disminución del déficit presupuestario, la rebaja de los tipos de interés, la contención de precios y la reducción de la deuda pública. Las numerosas medidas económicas adoptadas no solo lograron impulsar el modelo de crecimiento español —que en este periodo fue uno de los más altos de Europa— y un aumento de la renta per cápita de en torno al 3 por ciento anual, sino que lograron en dos años el objetivo de alcanzar en gran medida los criterios de Maastricht, aunque sancionados en mayo de 1998 mediante una «interpretación flexible» por el Consejo Europeo de Bruselas. Ello permitió a España formar parte del «núcleo duro» de miembros de la Unión Europea que integraron la zona euro cuando la nueva moneda entró en vigor, el 1 de enero de 1999, con una paridad de un euro por 166 pesetas. El paro, que había sido una preocupación acuciante para los españoles desde los lejanos tiempos de la crisis del petróleo, entró en una etapa de decrecimiento, al pasar del 20 por ciento a comienzos de 1996 al 11 por ciento en 2003, a pesar de lo cual seguía siendo la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea. La ocupación laboral pasó en estos años de unos doce millones de trabajadores a diecisiete. Los economistas neoliberales hablaban abiertamente de la «revolución» y el «milagro económico» realizados por Rato y su equipo.[729]

Los primeros años de gobierno del PP confirmaron la normalidad democrática, el auge económico y la modernización social del país. La «concertación social» en la que el Ejecutivo mediaba entre los sindicatos y la patronal, tan deteriorada en los últimos tiempos del Gobierno socialista, se recompuso en gran medida merced al descenso del paro y el crecimiento de la actividad económica. A finales de 1996, el ministro de Trabajo, Javier Arenas, firmó con los sindicatos un acuerdo de empleo rural que garantizaba la continuidad de los subsidios agrarios establecidos por los socialistas y otro revalorizando las pensiones, medida completada, en junio de 1997, con una Ley de Pensiones que estableció los criterios de revisión anual de las cuantías, el periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social y la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco años.

Este clima de concertación posibilitó que, en abril de ese año, la patronal CEOE y los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras firmaran, con la mediación del ministro de Trabajo, el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, destinado a «potenciar la contratación indefinida; favorecer la inserción laboral y la formación teórico-práctica de los jóvenes; especificar y delimitar los supuestos de utilización de la contratación temporal, especialmente los contratos de obra o servicio y eventual por circunstancias de la producción; mejorar conjuntamente con el Gobierno el actual marco de la protección social del trabajo a tiempo parcial», que al reducir la indemnización por despido sirvió a corto plazo para disminuir el paro y, a más largo plazo, modificó intensamente la estructura del empleo en España.[730] En cambio, como parte de sus políticas de reducción del déficit para cumplir los criterios de convergencia con la futura eurozona, en 1997 el Gobierno congeló el salario de los trabajadores públicos, que iniciaron un largo ciclo de deterioro progresivo de su nivel de vida. Estas y otras drásticas medidas de ahorro —en gran medida orientadas hacia una reducción de las partidas asignadas a las políticas sociales asistenciales a cargo del Estado—, junto con el crecimiento de las cotizaciones por el aumento del empleo, permitieron a la Seguridad Social pasar de un déficit de 320.126 millones de pesetas en 1996 a un superávit de 449.075 millones en 2000.

Uno de los ejes de la política económica del PP fue la privatización de empresas públicas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, que alcanzó un ritmo muy intenso durante la primera legislatura. Aunque el PSOE había marcado el camino con algunas privatizaciones de las 830 empresas que, directa o indirectamente, poseía el sector público, el Gobierno Aznar traspasó entre 1996 y 1999, mediante oferta pública de venta (OPV) a grandes grupos inversores privados, las empresas públicas altamente rentables, las llamadas «joyas de la corona» —Telefónica, Endesa, Repsol, Aceralia, Argentaria, Tabacalera, etcétera—, y liquidó las no rentables o las mantuvo bajo mínimos en el seno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), una suerte de «hospital» de empresas públicas susceptibles de ser privatizadas —se señalaba medio centenar a partir de 2000—, creada en 1995 por el Gobierno socialista para sustituir al INI.[731] El resultado fue transferir desde el sector público al privado una gran cantidad de recursos materiales y humanos y aportar al Tesoro unos importantes ingresos extraordinarios —y episódicos e irrepetibles— destinados a liquidar el déficit fiscal. Pero las privatizaciones no liberalizaron realmente el mercado, sino que trasladaron las posiciones dominantes del sector público a quienes las ejercían en el privado, especialmente a la banca, reforzando o dando origen en ocasiones a posiciones de oligopolio, sobre todo en los sectores de las telecomunicaciones, de los combustibles y de la energía. Pese a ello, el Gobierno buscó mantener un cierto control sobre las empresas privatizadas, estableciendo en ellas una «acción de oro», que le permitía vetar actuaciones posteriores contrarias a los intereses nacionales, o promoviendo gestores próximos al poder político, como sucedió en Telefónica con Juan Villalonga, compañero de colegio y amigo personal de José María Aznar.

Durante la segunda legislatura (2000-2004), el equipo del vicepresidente Rato profundizó en las políticas neoliberales. Los vectores macroeconómicos continuaron siendo muy favorables, lo que permitía a los propagandistas del partido seguir hablando de «milagro económico». Entre 2001 y 2003 la actividad creció un 2,8 por ciento anual, por encima de la media de la Unión Europea, y el diferencial con la renta media de los países de la Unión se redujo en cinco puntos. El déficit público, que en 2000 se había dejado en el 0,9 por ciento del PIB, arrojó un superávit tres años después, en buena medida gracias al incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Porque, conforme a sus principios, el Gobierno bajó los impuestos directos, simplificó los tramos impositivos y también los tipos de retención, y eliminó o redujo los impuestos de patrimonio y sucesiones, de vivienda habitual, de donaciones y de transmisiones patrimoniales y plusvalías.

DE LAS AZORES A ATOCHA, O CÓMO HUNDIRSE EN DOS AÑOS

Tras seis años de gestión sin grandes sobresaltos, a partir de 2002 el Gabinete Aznar conoció crecientes dificultades, tanto por un cierto desgaste provocado por la labor de gobierno como por la superación de la larga crisis interna del PSOE, involucrado en una labor opositora cada vez más activa bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, elegido secretario general en junio de 2000. Esta fase crepuscular se había iniciado ya en 2001 con el escándalo Gescartera, una estafa financiera a pequeños ahorradores de una agencia de valores que implicó a altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y colaboradores de los ministros Rato y Montoro, pero que la mayoría parlamentaria del PP evitó que fuera investigada por las Cortes.

En adelante se acumularon los frentes que provocaban masivas protestas sociales. Como las generadas por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), de diciembre de 2001, con la que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, quiso introducir el modelo competitivo anglosajón en las universidades españolas. O la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), de diciembre de 2002, que reunificaba en todo el país el diseño curricular en la enseñanza primaria y secundaria, limitando la libre acción de los ejecutivos autonómicos, y cuyo debate en las Cortes estuvo acompañado, el 29 de octubre, de una huelga general de la enseñanza secundaria convocada por sindicatos y partidos nacionalistas contra lo que consideraban medidas «españolistas». Otro punto sumamente conflictivo fue el Plan Hidrológico Nacional, que buscaba garantizar recursos hídricos compartidos para todas las regiones. Ante la posibilidad de que sus reservas de agua fueran parcialmente desviadas al Levante, en Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha hubo enconadas resistencias, que impidieron que el plan entrara en vigor. También representaron un serio revés para el Gobierno las críticas generalizadas que recibió la ineficaz gestión del equipo de Álvarez Cascos, ministro de Fomento, ante la desastrosa marea negra desatada en noviembre de 2002 en las costas gallegas por el accidente del petrolero Prestige, cuyo combustible, convertido en chapapote en las playas, ocasionó un grave desastre ecológico.

El Ejecutivo abordó también en estos años finales reformas que buscaban liberalizar el mercado laboral reduciendo los costes salariales, introduciendo una gran flexibilidad en la contratación temporal —los llamados «contratos basura»— y aumentando las facilidades para el despido mediante una sorpresiva norma legal, el decreto ley, de 24 de mayo de 2002, sobre Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, impulsado por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y que fue convalidado por el Congreso con los únicos votos del Grupo Popular. Esta última iniciativa rompió la «concertación social» de 1997, que procuraba la estabilidad del empleo y evitaba mediante la negociación una conflictividad laboral aguda, y puso en cuestión los beneficios sociales del «milagro económico» como activo fundamental del aznarismo. La reforma laboral fue contestada por los sindicatos con una huelga general en junio, que obligó al Gobierno a dar marcha atrás en sus medidas más criticadas y a sustituir a Aparicio por Eduardo Zaplana. Al final del periodo, en 2004, el PP podía proclamar que se habían creado cinco millones de puestos de trabajo durante su gobierno, pero los sindicatos denunciaban la creciente precariedad laboral, que afectaba sobre todo a los jóvenes, enfrentados a contratos de breve duración y escasa retribución, en una coyuntura en la que las Administraciones Públicas disminuían paulatinamente el gasto social. La conversión de la peseta al euro, culminada con la desaparición de la primera el 1 de julio de 2002, disparó los precios, con tasas de inflación anuales superiores al 3 por ciento —en 2004 la tasa había vuelto al nivel de 1996—, y ello redujo paulatinamente el valor real de los salarios, algo especialmente grave entre los pensionistas, los trabajadores públicos y los preceptores de las rentas más bajas. Cuando Aznar concluyó su segundo mandato, la política socioeconómica del PP había movilizado en su contra a grandes colectivos sociales.

La foto de las Azores

También la política exterior, uno de los grandes activos de la Administración liberalconservadora, entró en una vía de conflictividad a partir de 2001, en torno a lo que se denominó la «doctrina Aznar», basada «en una visión del mundo férreamente unipolar idéntica a la de George W. Bush», con el que el político español había establecido lazos de amistad personal, y que le llevaba a considerar que «la realidad incontrovertible que determina el devenir de las relaciones internacionales es que los EE.UU. son y deben ser la potencia hegemónica».[732] Ante las nuevas condiciones internacionales creadas por la desaparición de la Unión Soviética y la evidencia de que Estados Unidos era la única superpotencia diplomática y armamentística del planeta, el presidente del Gobierno se planteó la necesidad de trasladar su política de prestigio desarrollada en el ámbito de la Unión Europea a otra más global, convirtiendo a España en un aliado privilegiado de Estados Unidos entre los estados miembros de la OTAN. «La decisión de fortalecer la dimensión atlántica de España tenía, en mi caso, un componente de convicción personal, otro de visión o interpretación histórica y un tercero de cálculo estratégico.»[733] Enseguida encontró un aliado en el premier británico, Tony Blair, y ambos fueron los primeros, y casi únicos, políticos europeos en apoyar el proyecto de Defensa Nacional de Misiles, el llamado «escudo antimisiles», que suponía instalar armamento balístico en el Este de la Unión Europea apuntando directamente a Rusia.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, que abrieron paso a una nueva era en las relaciones internacionales, motivaron también un refuerzo de la colaboración entre Washington y Madrid. Un mes después, Estados Unidos clasificó a ETA como «grupo terrorista global especialmente designado», lo que le convertía en un blanco posible de los servicios de seguridad norteamericanos en todo el mundo. Y en enero de 2002 llegaron a Afganistán las primeras tropas españolas para participar en la Operación Paz Duradera, desarrollada básicamente por el Ejército estadounidense, si bien bajo la cobertura de Naciones Unidas y su Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.

Cuando la Administración Bush se marcó el objetivo de acabar con la dictadura de Sadam Husein en Irak, Aznar se situó incondicionalmente de su lado y afirmó en repetidas ocasiones, como también lo hicieron los medios de comunicación y los analistas estratégicos de los think tanks vinculados a su política, que los iraquíes poseían armas de destrucción masiva, que nunca fueron encontradas y que, como reveló años después el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, eran una excusa inventada por Washington para justificar un ataque básicamente destinado a controlar la producción petrolera iraquí.[734] El 15 de marzo de 2003, Aznar se reunió en las islas Azores con George Bush y Tony Blair en una cumbre diplomática de la que quedó en el imaginario popular «la foto de las Azores» y que dio paso a la invasión de Irak. Pero cuando esta empezó, a diferencia de Londres, Madrid no envió tropas en apoyo de los norteamericanos. Lo hizo después, en pequeña cantidad y, junto con una docena de países, bajo el paraguas de la ONU, en tareas de ocupación y lucha contra la resistencia nacional iraquí, gesto que causó irritación en los estados árabes y entre la numerosa inmigración musulmana establecida en España.

El apoyo a la invasión de Irak tuvo un elevado coste para la imagen del Gobierno, dentro y fuera del país. Las encuestas reflejaban que nueve de cada diez españoles se oponían en el momento de la guerra a lo que consideraban una subordinación excesiva a la política militar estadounidense,[735] y el PSOE supo capitalizar una ruidosa protesta popular que, encabezada por artistas y literatos, congregó el 15 de febrero de 2003 a millones de ciudadanos en grandes manifestaciones callejeras en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas.

Una sorpresa electoral

El 1 de septiembre de 2003, Aznar designó a quien le sucedería al frente del partido cuando terminara su mandato, en octubre del año siguiente. No tuvo que organizar un Congreso Nacional, y menos aún convocar primarias. La estructura presidencialista del PP y su disciplina interna eran tan férreas que todo el mundo entendía que la decisión le correspondía a él, incluidos los dos postulantes derrotados, Rato y Mayor Oreja, por lo que solo hizo falta el visto bueno de la Junta Directiva Nacional. El sucesor era Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno, hombre de apariencia tranquila y afable que no despertaba animosidades en la organización. Su designación implicaba también la de candidato a la presidencia del Gobierno, ya que Aznar había manifestado reiteradamente que no probaría a renovar por segunda vez. Tres días después, Rajoy renunció a la vicepresidencia primera del Gabinete, en la que le sucedió Rato, para concentrarse en la tarea de hacerse popular entre un electorado acostumbrado a ver a su jefe en la cúspide del partido y del Ejecutivo.

La legislatura finalizaba el 11 de abril de 2004, pero el Gobierno adelantó las elecciones al 14 de marzo para evitar la Semana Santa durante la campaña. La coyuntura parecía propicia para el PP. Las tormentas por la participación española en la guerra de Irak habían remitido, la situación macroeconómica era muy favorable y no había a la vista casos de corrupción que le pasaran factura al partido. La campaña electoral se basó en ofrecer la seguridad de la victoria y la garantía de una profundización de las líneas programáticas en marcha, como indicaba el eslogan electoral: «Juntos vamos a más».

No parece que las políticas sociales aplicadas por el Gobierno a partir de 2002 influyeran en una pérdida de apoyo de su base electoral, que disfrutaba de suficientes puntos de gratificación para seguir votando al PP. La caída de sus sufragios entre las generales de 2000 y las de 2004 supuso el 0,5 por ciento del total. El problema fue que estas políticas encontraban una contestación creciente en colectivos sociales que habitualmente se abstenían o votaban a las izquierdas y que ahora se movilizaron como nunca desde 1982 para sacar del Ejecutivo a las orientaciones neoliberales. Con respecto a los comicios de 2000, el PSOE ganó más de tres millones de votantes. Con todo, resultó muy importante la movilización del voto a última hora, cuando el terrorismo se convirtió, súbitamente, en el tema estrella de las elecciones.

En la semana anterior a la jornada electoral, las encuestas auguraban una holgada victoria del Partido Popular, aunque no aseguraban que fuese a renovar la mayoría absoluta en el Congreso, fijada en 175 escaños. El CIS le otorgaba 176 actas y 131 al PSOE, que habría reducido la diferencia porcentual de votos al 6,72 por ciento. El Mundo pronosticó una horquilla de 172-176 escaños para el PP, lo que podría requerir apoyos externos ante un PSOE que obtendría entre 134 y 139 diputados. El ABC predijo 174-177 frente a 134-139 y La Vanguardia, 170 y 140, respectivamente. Estas proyecciones parecían indicar que el PP había sufrido un desgaste mínimo —había obtenido 186 diputados en 2000— y que los socialistas recuperaban posiciones una vez restablecida su unidad bajo el liderazgo de Rodríguez Zapatero. En cualquier caso, no parecía que Mariano Rajoy fuera a tener grandes dificultades para prorrogar otros cuatro años el control del Ejecutivo por su partido.

El día 11 de marzo la campaña electoral estaba a punto de terminar. Esa mañana estallaron una decena de bombas en cuatro trenes de cercanías situados en la estación madrileña de Atocha y en apeaderos próximos. Hubo 192 muertos y 1.755 heridos, en el mayor atentado con bombas de la historia de España. Empezaron las pesquisas policiales mientras la campaña electoral se detenía. Ese mismo día, el ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó la acción a ETA y Aznar prometió una lucha sin tregua contra la organización terrorista vasca. Dos días después el Gobierno y su candidato electoral seguían reafirmándose en la autoría etarra, aunque el atentado había sido reivindicado ya por una célula yihadista vinculada a Al Qaeda. El 3 de abril la policía localizó a los presuntos autores, siete magrebíes, en un edificio de la localidad madrileña de Leganés, pero se suicidaron cuando los agentes iban a entrar en el piso.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Los partidos de la oposición presentaron a la opinión pública la versión de la autoría de ETA, en la que el PP y sus medios de comunicación afines se reafirmarían durante mucho tiempo, como una mentira deliberada destinada, quizá, a minimizar el efecto que tendría sobre las elecciones la relación entre la masacre yihadista y el apoyo diplomático y militar a la invasión de Irak. En cuestión de horas, y a falta de redes sociales, militantes socialistas comenzaron a difundir mensajes, sobre todo a través de internet y del sistema SMS de los móviles, llamando a la movilización del voto de izquierdas para desalojar al PP del poder. El mismo día 13, jornada de reflexión, se produjeron masivas manifestaciones de protesta ante las sedes del partido al grito de «¿Quién ha sido?».

Las elecciones del día siguiente constituyeron una verdadera sorpresa. La activación del «voto útil» de izquierdas funcionó y el PSOE ganó los comicios con el 42,59 por ciento de los sufragios y 164 diputados, a nueve de la mayoría absoluta. El PP bajó a 148 con un 37,81 por ciento de los votos. Izquierda Unida vio reducida su representación a cinco diputados, por lo que el PSOE necesitaría el apoyo de algunas de las siete formaciones nacionalistas —vascas, catalanas y canaria— que habían obtenido escaños.

Ocho años después de su llegada al Gobierno del Estado, el Partido Popular volvía a la oposición. Los teóricos neoconservadores tuvieron que realizar serios esfuerzos para racionalizar, desde una perspectiva global, las causas de la inesperada catástrofe de 2004. A ello se entregaron en los años de gobierno socialista think tanks como el Grupo de Estudios Estratégicos o la fundación FAES, la fundación vinculada al partido que presidía Aznar. Tomando como ejemplo el análisis de una publicación de la corriente, la crisis de la derecha, como en 1931 o en 1982, se explicaba por su debilitación doctrinal y por la incapacidad de su partido hegemónico para dar respuestas convincentes a los nuevos problemas de la sociedad española.

Entre 1996 y 2004, la derecha gobernante no quiso o no pudo combatir el problema de la degeneración progresiva de la «razón», ya fuera en la educación, la cultura o el arte […]. La derecha ha renunciado a dotarse de un pensamiento fuerte sobre el hombre, la sociedad, la historia y la propia nación española. ¿Qué concepción del ser humano, de la religiosidad, de la espiritualidad o de la moralidad tiene la derecha española? ¿Cómo interpreta el pasado y el mundo que nos rodea? ¿Cuál quiere que sea el futuro de nuestra sociedad? ¿Qué idea tiene de la nación española, de su génesis, de su evolución, de su papel en el mundo? Son éstas preguntas que, queramos o no, la derecha española aún tiene pendientes de contestar. He aquí, a grandes rasgos, la primera crisis de la derecha española: la intelectual —y, por intelectual, moral.[736]

A diferencia de lo que sucedió en 1982 con la UCD, la derrota de 2004 no trajo consigo el hundimiento del Partido Popular. En primer lugar, porque no existían alternativas que pudiera apoyar la sociedad conservadora (las formaciones situadas a su derecha reunieron el 0,22 por ciento de los votos). Luego, porque el PP era una organización sólida, muy jerarquizada y con un electorado fiel que lo identificaba como la esencia misma de su representación política. Y, en tercer lugar, porque el liderazgo de José María Aznar era lo suficientemente potente como para garantizarle a su sucesor una transición sin traumas.

Lo que siguió a la primavera de 2004 es todavía territorio de las ciencias sociales. Pero, en un futuro, los historiadores estudiaremos cómo el Partido Popular recuperó el poder en 2011, de nuevo con mayoría absoluta, en medio de una devastadora crisis socioeconómica; cómo se vio sacudido por su implicación en un alud de casos de corrupción politicoadministrativa expuestos ante la opinión pública en cantidad y nivel desconocidos en la historia contemporánea de España, y cómo fue dejando jirones de su hegemonía en la política nacional a partir de 2015 hasta verse, allá por 2019, en agónica competencia por el espacio derechista con las nuevas opciones surgidas de los planteamientos ultraconservadores y ultraliberales que Manuel Fraga había creído incorporar años atrás al liberalconservadurismo en un proyecto político común, a la búsqueda de construir y asentar en el tiempo largo la mayoría natural.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Presentar una bibliografía suficientemente amplia sobre la temática de este libro requeriría un segundo tomo. En las notas de los diversos capítulos se incluye una buena cantidad de entradas, con libros, artículos y capítulos de libros, que constituyen una extensa guía de lectura y referencia para ampliar el conocimiento de lo tratado. Aquí el autor relaciona una selección de los que, sin entrar en la inabarcable historial local y regional, le parecen textos básicos, o de especial interés. Bordando el tópico: son todos los que están, pero no están todos los que son.

OBRAS GENERALES

BALLBÉ, MANUEL, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983.

BURNS MARAÑÓN, TOM, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997.

CANAL, JORDI, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, Alianza, 2000.

CANTARERO, JOAN, La huella de la bota. De los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha, Madrid, Temas de Hoy, 2010.

CAÑELLAS, ANTONIO (ed.), Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX, Gijón, Trea, 2013.

CARDONA, GABRIEL, El poder militar en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1983.

CASALS, XAVIER, Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995), Barcelona, Grijalbo, 1995.

—, La tentación neofascista en España, Barcelona, Plaza & Janés, 1998.

CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL, Historia de la derecha en España, Córdoba, Almuzara, 2017.

ELLWOOD, SHEELAGH, Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983, Barcelona, Crítica, 1984.

GONZÁLEZ CASANOVA, JOSÉ ANTONIO, La derecha contra el Estado. El liberalismo autoritario en España (1833-2008), Lérida, Milenio, 2009.

GONZÁLEZ CUEVAS, PEDRO CARLOS, Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.

—, El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX. De la crisis de la Restauración al Estado de partidos, Madrid, Tecnos, 2005.

LLEIXÀ, JOAQUIM, Cien años de militarismo en España, Barcelona, Anagrama, 1986.

LÓPEZ VILLAVERDE, ÁNGEL LUIS, El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas y de las aulas, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013.

NOVELLA, JORGE, El pensamiento reaccionario español, 1812-1975. Tradición y contrarrevolución en España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

ORTIZ HERAS, MANUEL, Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la Transición, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009.

PAYNE, STANLEY G. (ed.), Identidad y nacionalismo en la España contemporánea. El carlismo, 1833-1975, Madrid, Actas, 1996.

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS, Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982), Madrid, CSIC, 1994.

—, La extrema derecha española en el siglo XX , Madrid, Alianza Universidad, 1997.

—, Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Alianza, 2000.

SAZ CAMPOS, ISMAEL, La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, Universidad de Valencia, 2012.

THOMÀS, JOAN MARIA, Los fascismos españoles, Barcelona, Ariel, 2019.

TUSELL, JAVIER, JULIO GIL PECHARROMÁN y FELICIANO MONTERO (eds.), Estudios sobre la derecha española contemporánea, Madrid, UNED, 1993.

TUSELL, JAVIER, FELICIANO MONTERO y JOSÉ M.ª MARÍN (eds.), Las derechas en la España contemporánea, Barcelona, Anthropos-UNED, 1997.

LA ERA FRANQUISTA

ALCALDE FERNÁNDEZ, ÁNGEL, Los excombatientes franquistas (1936-1965), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014.

ARGAYA ROCA, MIGUEL, Historia de los falangistas en el franquismo. 19 abril 1937-1 abril 1977, Madrid, Plataforma 2003, 2003.

ARÓSTEGUI, JULIO, Los combatientes carlistas en la Guerra Civil española, 1936-1939, 2 vols., Madrid, Aportes, 1991.

BAÑÓN, RAFAEL, Poder de la burocracia y Cortes franquistas, Madrid, INAP, 1978.

BARBA PRIETO, DONATO, La oposición durante el franquismo; vol. 1: La Democracia Cristiana, 1936-1977, Madrid, Encuentro, 2001.

BLANCO MORAL, FRANCISCO, y JOSÉ LORENZO GARCÍA FERNÁNDEZ, FES. La cara rebelde de la Falange (1963-1977), Barcelona, Ediciones Nueva República, 2008.

BOTTI, ALFONSO, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España, 1881-1975, Madrid, Alianza, 1992.

BOX, ZIRA, España año cero. La construcción simbólica del franquismo, Madrid, Alianza, 2010.

CARDONA, GABRIEL, Las bayonetas de papel. El poder militar en el franquismo, Barcelona, Flor del Viento, 2008.

CASPISTEGUI GORASURRETA, FRANCISCO JAVIER, El naufragio de las ortodoxias. El carlismo, 1962-1977, Pamplona, Eunsa, 1997.

CAZORLA-SÁNCHEZ, ANTONIO, Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid, Marcial Pons, 2000.

CHUECA RODRÍGUEZ, RICARDO L., El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS, Madrid, CIS, 1983.

CLEMENTE, JOSEP CARLES, Historia del carlismo contemporáneo, 1935-1972, Barcelona, Grijalbo, 1977.

FERRARY, ÁLVARO, El franquismo. Minorías políticas y conflictos ideológicos, 1936-1956, Pamplona, Eunsa, 1993.

FONTÁN, ANTONIO (dir.), Los monárquicos y el régimen de Franco, Madrid, Ed. Complutense, 1996.

GALLEGO, FERRAN, El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), Barcelona, Crítica, 2014.

GIL PECHARROMÁN, JULIO, El Movimiento Nacional, 1937-1977, Barcelona, Planeta, 2013.

GIMÉNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL, El Estado franquista. Fundamentos ideológicos, bases legales y sistema institucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014.

HERMET, GUY, Los católicos en la España franquista, 2 vols., Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1986.

HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, PABLO, La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, conflictos y luchas por el poder, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2006.

JEREZ MIR, MIGUEL, Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957, Madrid, CIS, 1982.

LAZO, ALFONSO, Una familia mal avenida. Falange, Iglesia y Ejército, Madrid, Síntesis, 2008.

LOSADA MALVÁREZ, JUAN CARLOS, Ideología del Ejército franquista, 1939-1959, Madrid, Itsmo, 1990.

MARTORELL PÉREZ, MANUEL, Retorno a la lealtad. El desafío carlista al franquismo, Madrid, Actas, 2010.

MÍGUEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO, La preparación de la transición a la democracia en España, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1990.

MIRALLES CLIMENT, JOSEP, La rebeldía carlista. Memoria de una represión silenciada: enfrentamiento, marginación y persecución durante la primera mitad del régimen franquista (1936-1955), Madrid, Schedas, 2018.

MOLINERO, CARME, y PERE YSÀS, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Barcelona, Crítica, 2008.

MONTERO, FELICIANO, y JOSEBA LOUZAO, La restauración social católica en el primer franquismo, 1939-1953, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2015.

MONTERO, MERCEDES, Cultura y comunicación al servicio de un régimen. Historia de la ACN de P entre 1945 y 1959, Pamplona, Eunsa, 2001.

ORELLA, JOSÉ LUIS, La formación del Estado Nacional durante la Guerra Civil española, Madrid, Actas, 2001.

PALOMARES, CRISTINA, Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977, Madrid, Alianza, 2006.

PAYNE, STANLEY G., El régimen de Franco, Barcelona, Planeta, 1987.

—, Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español, Barcelona, Planeta, 1997.

PENELLA, MANUEL, La Falange teórica. De José Antonio Primo de Rivera a Dionisio Ridruejo, Barcelona, Planeta, 2006.

RICHMOND, KATHLEEN, Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falange, 1934-1959, Madrid, Alianza, 2004.

RUIZ CARNICER, MIGUEL ÁNGEL, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996.

—(ed.), Falange. Las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013.

SÁEZ MARÍN, JUAN, El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1937-1960), Madrid, Siglo XXI, 1988.

SÁNCHEZ RECIO, GLICERIO, Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996.

—, Sobre todos, Franco. Coalición reaccionaria y grupos políticos en el franquismo, Barcelona, Flor del Viento, 2008.

SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN (dir.), Cuando la transición se hizo posible. El «contubernio de Múnich», Madrid, Tecnos, 2013.

SOTO CARMONA, ÁLVARO, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.

THOMÀS, JOAN M.ª, La Falange de Franco. El proyecto fascista del Régimen, Barcelona, Plaza & Janés, 2001.

TOQUERO, JOSÉ M.ª, Franco y don Juan. La oposición monárquica al franquismo, Barcelona, Plaza & Janés/Cambio 16, 1989.

TUSELL, JAVIER, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza, 1984.

—, La oposición democrática al franquismo, Barcelona, RBA, 2012.

VÁZQUEZ DE PRADA, MERCEDES, El final de una ilusión. Auge y declive del tradicionalismo carlista (1957-67), Madrid, Schedas, 2016.

LA MONARQUÍA

ALONSO-CASTRILLO, SILVIA, La apuesta del centro. Historia de la UCD, Madrid, Alianza, 1996.

BAÓN, ROGELIO, Historia del Partido Popular; vol. 1: Del franquismo a la refundación, Madrid, Ibersaf, 2001.

BARRACHINA, CARLES, La participación política de los militares en la Transición española. Influencias, evoluciones y consecuencias, Barcelona, Pomares, 2007.

CASALS, XAVIER, El pueblo contra el Parlamento. El nuevo populismo en España, 1989-2013, Barcelona, Pasado & Presente, 2013.

GALLEGO, FERRAN, Una patria imaginaria. La extrema derecha española (1973-2005), Madrid, Síntesis, 2006.

HOPKIN, JONATHAN, El partido de la Transición. Ascenso y caída de la UCD, Madrid, Acento, 2000.

HUNEEUS, CARLOS, La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, Madrid, CIS, 1985.

LÓPEZ-NIETO, LOURDES, Alianza Popular. Estructura y evolución electoral de un partido conservador (1976-1982), Madrid, CIS, 1988.

NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ MANUEL, Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco (1975-2005), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010.

PENELLA, MANUEL, Los orígenes y la evolución del Partido Popular. Una historia de AP, 1973-1989, 2 vols., Salamanca, Caja Duero, 2005.

QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, RAFAEL (ed.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014.

SÁNCHEZ SOLER, MARIANO, Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español, Madrid, Temas de Hoy, 1993.

TAIBO, CARLOS, Neoliberales, neoconservadores, aznarianos. Ensayos sobre el pensamiento de la derecha lenguaraz, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.

TUSELL, JAVIER, El aznarato. El Gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, Aguilar, 2004.

BIOGRAFÍAS

ABELLA, CARLOS, Suárez. El hombre clave en la Transición, Madrid, Espasa-Calpe, 2006.

ANSON, LUIS M.ª, Don Juan, Barcelona, Plaza & Janés, 1994.

ARÓSTEGUI, JULIO, Don Juan de Borbón, Madrid, Arlanza, 2002.

BORBÓN-PARMA, M.ª TERESA DE, JOSEP CARLES CLEMENTE y JOAQUÍN CUBERO, Don Javier, una vida al servicio de la libertad, Barcelona, Plaza & Janés, 1997.

BORRÀS BETRIU, RAFAEL, El rey de los rojos. Don Juan de Borbón, una figura tergiversada, Barcelona, Plaza & Janés, 1996.

CAÑELLAS, ANTONIO, Laureano López Rodó. Biografía política de un ministro de Franco (1920-2000), Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

CASADO, ANTONIO, y JESÚS RIVASÉS, Detrás de Aznar. Nombres para la alternativa, Barcelona, BSA, 1996.

DÍAZ HERRERA, JOSÉ, e ISABEL DURÁN, Aznar. La vida desconocida de un presidente, Barcelona, Planeta, 1999.

DIEGO, ÁLVARO DE, José Luis Arrese o la Falange de Franco, Madrid, Actas, 2001.

ESCRIBANO HERNÁNDEZ, JULIO, Pedro Sainz Rodríguez, de la monarquía a la República, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998.

FERNÁNDEZ, CARLOS, El almirante Carrero, Barcelona, Plaza & Janés, 1985.

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M.ª ANTONIA, Pilar Primo de Rivera, Madrid, Síntesis, 2008.

FERNÁNDEZ-MIRANDA, PILAR y ALFONSO, Lo que el rey me ha pedido. Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política, Barcelona, Plaza & Janés, 1995.

FUENTES ARAGONESES, JUAN FRANCISCO, Adolfo Suárez. Biografía política, Barcelona, Planeta, 2011.

FUSI, JUAN PABLO, Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, Punto de Lectura, 1985.

GARCÍA-LEÓN, CARLOS, y BORJA MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Antonio Garrigues Walker, Barcelona, Península, 2014.

GONZÁLEZ-BALADO, JOSÉ LUIS, Ruiz-Giménez, talante y figura. Trayectoria de un hombre discutido, Madrid, Ediciones Paulinas, 1989.

GONZÁLEZ CUEVAS, PEDRO CARLOS, La razón conservadora. Gonzalo Fernández de la Mora, una biografía político-intelectual, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CARLOS, Salvador Sánchez-Terán. Un político de la Transición, Madrid, Fundación Transición Española, 2017.

HERAS Y BORRERO, FRANCISCO MANUEL DE LAS, Carlos Hugo. El rey que no pudo ser, Madrid, Colegio Heráldico de España y de las Indias, 2010.

LAMELAS, ANTONIO, La Transición en Abril. Biografía política de Fernando Abril Martorell, Barcelona, Ariel, 2004.

MAINAR CABANES, ELADI, El último cruzado español. El padre Oltra y el franquismo, Valencia, Edicions La Xara, 2015.

MARTÍNEZ MORANT, JOSÉ LUIS, Narciso Perales, el falangista rebelde, Barcelona, Nueva República, 2007.

MORÁN, GREGORIO, Adolfo Suárez. Ambición y destino, Barcelona, Debate, 2009.

MORENTE, FRANCISCO, Dionisio Ridruejo. Del fascismo al antifranquismo, Madrid, Síntesis, 2000.

PANDO BALLESTEROS, M.ª DE LA PAZ, Ruiz-Giménez y «Cuadernos para el Diálogo». Historia de una vida y de una revista, Salamanca, Librería Cervantes, 2009.

PENELLA, MANUEL, Manuel Fraga Iribarne y su tiempo, Barcelona, Planeta, 2009.

—, Dionisio Ridruejo. Biografía, Barcelona, RBA, 2013.

PLATÓN, MIGUEL, Manuel Fraga, Madrid, Temas de Hoy, 1992.

POWELL, CHARLES, y PERE BONNÍN, Adolfo Suárez. El presidente que se hizo a sí mismo, Barcelona, Ediciones B, 2004.

PRESTON, PAUL, Franco. Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1994.

REDERO SAN ROMÁN, MANUEL (ed.), Adolfo Suárez y la transición política, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2018.

ROJAS QUINTANA, ALFONSO, José María Gil-Robles. Historia de un injusto fracaso, Madrid, Síntesis, 2010.

TUSELL, JAVIER, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1993.

—, y JOSÉ CALVO GONZÁLEZ, Giménez Fernández, precursor de la Democracia Cristiana española, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1990.

MEMORIAS

ÁLVAREZ DE MIRANDA, FERNANDO, La España que soñé. Recuerdos de un hombre de consenso, Madrid, La Esfera de los Libros, 2013.

AREILZA, JOSÉ MARÍA, Cuadernos de la Transición, Barcelona, Planeta, 1983.

—, A lo largo del siglo, Barcelona, Planeta, 1993.

ARRESE, JOSÉ LUIS DE, Una etapa constituyente, Barcelona, Planeta, 1982.

AZNAR, JOSÉ MARÍA, Memorias (I), Barcelona, Planeta, 2012.

CALVO-SOTELO, LEOPOLDO, Memoria viva de la Transición, Barcelona, Plaza & Janés/Cambio 16, 1990.

CONDE, MARIO, El Sistema. Mi experiencia en el poder, Barcelona, Martínez Roca, 2010.

FERNÁNDEZ-CUESTA, RAIMUNDO, Testimonio, recuerdos y reflexiones, Madrid, Dyrsa, 1985.

FERNÁNDEZ DE LA MORA, GONZALO, Río arriba. Memorias, Barcelona, Planeta, 1995.

FRAGA IRIBARNE, MANUEL, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980.

—, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987.

FRANCO SALGADO-ARAUJO, FRANCISCO, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 2005.

GIL-ROBLES, JOSÉ MARÍA, La monarquía por la que yo luché, Madrid, Taurus, 1976.

GIRÓN DE VELASCO, JOSÉ ANTONIO, Si la memoria no me falla, Barcelona, Planeta, 1994.

HERRERO RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, MIGUEL, Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993.

INIESTA CANO, CARLOS, Memorias y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1984.

LAÍN ENTRALGO, PEDRO, Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2003.

LAVILLA ALSINA, LANDELINO, Una historia para compartir. Al cambio por la reforma, 1976-1977, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017.

LÓPEZ RODÓ, LAUREANO, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Noguer, 1977.

—, Memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1990.

—, Años decisivos. Memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1991.

—, El principio del fin. Memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1992.

—, Claves de la Transición. Memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1993.

MARTÍN VILLA, RODOLFO, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984.

NAVARRO RUBIO, MARIANO, Mis memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1991.

OREJA AGUIRRE, MARCELINO, Memoria y esperanza. Relatos de una vida, Madrid, La Esfera de los Libros, 2011.

ORTEGA DÍAZ-AMBRONA, JUAN ANTONIO, Memorial de transiciones (1939-1978), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015.

ORTÍ BORDÁS, JOSÉ MIGUEL, La Transición desde dentro, Barcelona, Planeta, 2009.

OSORIO, ALFONSO, De orilla a orilla, Barcelona, Plaza & Janés, 2000.

OTERO NOVAS, JOSÉ MANUEL, Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones, Madrid, Prensa Ibérica, 2015.

PIÑAR, BLAS, Escrito para la historia, 5 vols., Madrid, Fuerza Nueva, 2000-2005.

PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO, MIGUEL, No a las dos Españas. Memorias políticas, Barcelona, Plaza & Janés, 2000.

PUJOL, JORDI, Memorias (1980-1993). Tiempo de construir, Barcelona, Destino, 2009.

RIDRUEJO, DIONISIO, Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2012.

ROBLES PIQUER, CARLOS, Memoria de cuatro Españas. República, guerra, franquismo y democracia, Barcelona, Planeta, 2011.

RUPÉREZ, JAVIER, La mirada sin ira. Memorias de política, diplomacia y vida en la España contemporánea, Córdoba, Almuzara, 2016.

SAINZ RODRÍGUEZ, PEDRO, Testimonio y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978.

SÁNCHEZ-TERÁN, SALVADOR, De Franco a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988.

SERRANO SUÑER, RAMÓN, Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue. Memorias, Barcelona, Planeta, 1977.

SILVA MUÑOZ, FEDERICO, Memorias políticas, Barcelona, Planeta, 1993.

UTRERA MOLINA, JOSÉ, Sin cambiar de bandera, Barcelona, Planeta, 1989.

VERSTRYNGE, JORGE, Memorias de un maldito, Barcelona, Grijalbo, 1999.

AGRADECIMIENTOS

Un libro de historia siempre tiene mucho de aportación colectiva al trabajo de su autor. Otros han creado y archivado los documentos que este utiliza, han realizado investigaciones que le plantean hipótesis y le abren vías propias, o han debatido sus tesis para enriquecerlas o modificarlas. Y, en la trayectoria de un historiador, estas aportaciones de las que se beneficia se suceden en el tiempo sin solución de continuidad, ya que marcan una línea evolutiva de su propio itinerario. Los agradecimientos obligados, en este caso, deberían abarcar cuatro décadas e incluir a decenas de personas que, de un modo u otro, han contribuido a hacer posible el libro. Como mencionarlas a todas sería prolijo y conllevaría el riesgo de olvidos injustos, me limitaré a manifestar reconocimiento y gratitud hacia dos maestros de historiadores: el profesor Carlos Seco Serrano, que dirigió mis primeras investigaciones sobre la derecha y de quien fui adjunto de cátedra en la Universidad Complutense, y el profesor Javier Tusell Gómez, con quien colaboré estrechamente en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED hasta su prematuro fallecimiento, cuando cosechaba los frutos de una madurez fecunda.

Entre las personas a las que debo manifestar agradecimiento por su aportación concreta al libro, quisiera señalar a los editores de Taurus, Miguel Aguilar y Elena Martínez Bavière, que creyeron en el proyecto y lo han hecho realidad. También a mis colegas y amigos, la profesora Luiza Iordache Cârstea y los profesores Joan Maria Thomàs i Andreu y Francisco Miranda Rubio, que leyeron partes del texto y cuyas opiniones y consejos me brindaron oportunidades para mejorarlo. El personal facultativo de la espléndida Biblioteca Central de la UNED aportó amabilidad y profesionalidad a las muchas horas de consultas bibliográficas. Y los miembros de las cuatro generaciones que integran hoy mi familia —especialmente mi mujer, Elena— llevan décadas insuflando ánimos y derrochando paciencia con los hábitos de ermitaño que impone este oficio de escribidor.

ÍNDICE ALFABÉTICO

I Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes

II y III Congreso del Pueblo Carlista

XVII Congreso Europeo de Partidos Democristianos

«XXV Años de Paz», campaña

¡A Por Ellos!

ABC

Abellán Carmelo

Abelló, Juan

Abril Martorell, Fernando

Academia General de Zaragoza

Academia General Militar

Academia Mella

Acción Católica

Acción Ciudadana Liberal (ACL)

Acción Democrática Española

Acción Española

Acción Española

Acción Nacional Progresista

Acción Popular

Acción por Ceuta

Acción Radikal

Acción Regional Extremeña

Acción Republicana

Acción Revolucionaria Sindicalista

Acción Social Popular

Acebes, Ángel

Aceralia

Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo

Adán, José María

ADE

Agrupación Católica de Formación de Especialistas

Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes

Agrupación de Hermandades de Banderas

Agrupación de Juventudes Tradicionalistas

Agrupación de Tropas del Ministerio del Ejército

Agrupación Liberal Democrática

Agrupación Ruiz-Mateos

Agrupación Ruiz-Mateos-Alianza Democrática Europea

Agrupación Socialista Universitaria

Aguado, Emiliano

Aguas de Barcelona

Aguirre, Esperanza

Aguirre, José Antonio

Agulla, Joaquín

Agustí, Ignacio

Aizpún, Rafael

Aizpún Tuero, Jesús

Ajuriaguerra, Juan

Al Qaeda

Álamo, Lucio del

Alba, Ricardo

Albareda, José María

Albertí, Jerónimo

Alcalá-Zamora, Niceto

Alcanzo, José Luis

Alcaraz, Rafael

Alegre, Joan

Alfaro, José María

Alfonso XIII

Alfonso Carlos

Alianza Atlántica

Alianza de Civilizaciones

Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista

Alianza Liberal

Alianza Nacional

Alianza Nacional del 18 de Julio

Alianza Nacional italiana

Alianza Popular (AP)

III Congreso

V Congreso

VI Congreso

VIII Congreso

IX Congreso

Alianza Popular de Izquierdas

Alianza por la Unidad Nacional (AUN)

Alianza Socialista de Andalucía

Alianza Socialista Democrática

Allende, Salvador

Almunia, Joaquín

Altares, Pedro

Alternativa Demócrata Nacional

Alternativa Española

Alternativa Europea

Alternativa Europea-Liga Social Republicana

Alternativa Joven

Álvarez, José Luis

Álvarez, Melquíades

Álvarez, Miguel

Álvarez Arenas, general

Álvarez Cascos, Francisco

Álvarez de Miranda, Fernando

Álvarez de Miranda, Pedro

Alzaga, Óscar

Alzamiento, el

Anglada, Josep

Antibióticos S.A

Antiguos Miembros de la Legión Azul

Antiterrorismo ETA (ATE)

Aparicio, Juan Carlos

Aparicio, Pedro

Aparicio Bernal, Jesús

Apostolado Castrense

Apostua, Luis

Arafat, Yasir

Arauz de Robles, José María

Arbor

Ardanza, José Antonio

Areilza, José María de

Arenas, Javier

Argentaria

Argentia Trust

Argos, Carlos

Arias Cañete, Miguel

Arias Navarro, Carlos

Arias-Salgado, Gabriel

Arias-Salgado, Rafael

Armada Comyn, Alfonso

Aron, Raymond

Arrese, José Luis de

Arriba

Arteaga, Esperabé de

Arzalluz, Xabier

Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes

Asamblea del Consejo de Europa

Asamblea Nacional

Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP)

Asociación Cultural Rey Sisebuto

Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes

Asociación de Antiguos Miembros del SEU

Asociación de Demócratas Independientes Vascos

Asociación de Estudiantes Tradicionalistas (AET)

Asociación de Sargentos Provisionales

Asociación de Víctimas del Terrorismo

Asociación Española de Cooperación Europea (AECE)

Asociación Juvenil Amanecer

Asociación Juvenil Octubre

Asociación Laborista

Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales (ANEPA)

Asociación Nacional por la Libertad Lingüística

Asociación Proverista

Asociación Universitaria DISPAR

Asociaciones de Cabezas de Familia

Asociaciones del Movimiento

Asociaciones Profesionales de Estudiantes

Assemblea de Catalunya

Assiego, José Antonio

Atentados del 11-S

Atlético de Madrid

Atocha, matanza de

Attard, Emilio

Aula de Cultura

Austrias, los

Autodefensa de la República de Polonia

Auxilio Social

Avanguardia Nazionale

Azada y Asta

Azcárate, Justino de

Aznar, Agustín

Aznar, José María

Aznar, Manuel

Azor

Banca Catalana

Banco de Crédito Industrial

Banco de España

Banco Español de Crédito (Banesto)

Banco Hispano-Americano

Bandera Roja y Negra, asociación

Banderas de Falange, asociación de

Barberá, Rita

Barceló, José Luis

Bardají, Rafael

Barreiro, José Luis

Barrera de Irimo, Antonio

Barros de Lis, Jesús

Barroso, Isabel

Bases Autónomas (BB. AA.)

Bastión norte

Batallón de Castigo

Batallón Vasco Español (BVE)

Bau, Ramón

Becerril, Soldedad

Beltrán, Lucas, La nueva economía liberal

Benítez de Lugo, Luis

Benoist, Alain de

Berlusconi, Silvio

Bernad, Miguel

Bertrán de Heredia, Pablo

Bilbao, Esteban

Blair, Tony

Blancas & Orgullosas

Blanco, Miguel Ángel

Blood & Honour

Bloque Nacional

Bloque Nacional Vasco

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

Boixos Nois

Bolsa de Madrid

Borbón, Blanca de

Borbón, don Juan de

Consejo Privado

Borbón, Juan Carlos de, véase Juan Carlos I

Borbón-Parma, Cecilia de

Borbón-Parma, don Javier de

Borbón-Parma, María Teresa de

Borbón-Parma, Sixto Enrique

Borrell, Josep

Bosch, Juan

Botella, Ana

Boyer, Miguel

Brézhnev, Leonid

Brigada Paracaidista (BRIPAC)

Brigadas Blanquiazules

Bru, Carlos

Bueno, Eduard

Bueno, Gustavo

Bush, George W.

Bustelo, Carlos

Ca n’Anglada

Caballeros Legionarios, asociación de

Cabanillas, Pío

Cadena de Prensa del Movimiento

Caetano, Marcelo

Caldevilla, Jaime

Calero, Juan Ramón

Calvo Ortega, Rafael

Calvo Serer, Rafael

España sin problema

Teoría de la restauración

Calvo Sotelo, José

Calvo Sotelo, Leopoldo

Camacho, Manuel

Cambio 16

Cambio Democrático

Cambio Ecologista y Social

Cambó, Francesc

Cambó, Jesús

Camón Aznar, José

Campaña del Rosario Diario, La

Camps, Jaume

Camuñas, Gabriel

Camuñas, Ignacio

Candidatura Independiente de Centro

Canduela, Manuel

Cánovas del Castillo

Cantalapiedra, Carlos

Cantalapiedra, José Fernando

Cantarero del Castillo, Manuel

Caralt, editorial

Carlos V

Carlos VII

Carlos VIII, véase Carlos Pío

Carlos Hugo

Carlos Pío de Habsburgo-Lorena y Borbón

Carner Suñol, Jaume

Carnicero, Carlos

Carpena, Octavio

Carranza, Thomas de

Carrascal, Emilio

Carrascal, Geminiano

Carrascal, Víctor

Carrero Blanco, Luis

Carriles, Eduardo

Carrillo, Santiago

Carro, Antonio

Carta del Lavoro

Cartas al pueblo español

Casado, Gonzalo

Casals, Juan

Caso, José Ramón

Castedo, Fernando

Castiella, Fernando María

Castillo, Pilar del

Castro Villacañas, Antonio

Católica, editorial

Causa Ciudadana

Cavero, Íñigo

Cebrián, Juan Luis

Cedade

Centre Català

Centristas de Ourense

Centristes de Catalunya

Centro Canario

Centro Constitucional

Centro de Estudios de los Problemas Contemporáneos (CEPC)

Centro de Estudios Históricos Revisionistas

Centro de Estudios Históricos y Políticos General Zumalacárregui

Centro de Estudios Sociales, Políticos y Económicos

Centro de Estudios Universitarios (CEU)

Centro de Investigaciones Sociológicas

Centro Democrático (CD)

Centro Democrático y Social (CDS)

III Congreso

VI Congreso

VII Congreso

Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI)

Centro Popular

Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)

Centuria Hispánica

Cerecedo, Francisco

Chaves, Manuel

Chávez, Hugo

Chiae, Stefano della

Chueca Goitia, Fernando

Cierco, Eduardo

Cierva, Ricardo de la

No nos robarán la historia

Círculo Cultural Aparisi y Guijarro

Círculo Cultural Medina

Círculo de Estudios Indoeuropeos

Círculo de Estudios La Emboscadura

Círculo Doctrinal Ruiz de Alda

Círculo España/Occidente

Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE)

Círculo Familiar Montserrat

Círculos Culturales Vázquez Mella

Círculos de Estudios

Círculos Doctrinales 4 de Marzo

Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA)

Cisneros, Gabriel

Ciudadanos

Clan de Valladolid

Clavero, Manuel

Club 1980

Club Ágora

Club Catalonia

Club Don Hilarión

Club Liberal

Club Nueva Generación

Coalición Canaria (CC)

Coalición de Unidad Nacional

Coalición Democrática (CD)

Coalición Electoral Equipo de la Democracia Cristiana

Coalición Galega

Coalición Popular

Código de Comercio

Código Penal

Colectivo Almendros

Coll Alentorn, Miquel

Comandos de Acción Adolf Hitler

Comisaría del Plan de Desarrollo

Comisión Conjunta de Asociaciones Políticas del Movimiento

Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña

Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas

Comisión de Estudio del Régimen Especial de Cataluña

Comisión de los Nueve

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Comisión Permanente

Comisiones Obreras

Comité Militar de la Alianza

Comités de Acción y Promoción

Comunidad Económica Europea (CEE)

Comunión Católico-Monárquica (Comunión Carlista)

Comunión Tradicionalista (CT)

Concilio Vaticano II

Dignitatis humanae

Concordato (1953)

Conde, Francisco Javier

Contribución a la teoría del Caudillaje

Conde, Mario

El Sistema. Mi experiencia del poder

Mis días de gloria

Conde Solana, Pedro

Confederación de Agrupaciones Regionales Demócratas Cristianas

Confederación de Partidos Conservadores

Confederación de Repúblicas Ibéricas

Confederación Democrática Española (Confederación Demócrata Progresista, Coalición Democrática)

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

Confederación Española de Fuerzas Monárquicas

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Confederación Nacional de Excombatientes (CNE)

III Asamblea

VII Asamblea

X Asamblea

Conferencia Episcopal Española

Congreso de Escritores Jóvenes

Congreso Eucarístico Internacional

Congreso Internacional de Asociaciones Sacerdotales

Congreso Mundial de Fuerzas Amantes de la Paz

Congreso Mundial Vasco

Congreso Nacional Carlista

Congreso Nacionalsindicalista

Congresos de Estudios Tradicionalistas

Congresos de la Familia Española

CONS, sindicato

Consejo Consultivo Vasco

Consejo de Regencia

Consejo del Reino

Consejo Europeo de Niza

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Consejo Nacional Consultivo

Consejo Nacional de FET-JONS

Consejo Nacional de la Comunión Tradicionalista

Consejo Nacional del Movimiento

Consejo Nacional Vasco

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Consejo Superior del Ejército

Consejo Supremo de Justicia Militar

Constitución, la

Constitución abierta

Constitución de la República de Euskadi

contubernio de Múnich

Convergència Democràtica de Catalunya

Convergència i Unió (CiU)

Convergencia Nacionalista Canaria

Convergencia Navarra

Convergencia Reformista Canaria

Converxencia de Independientes de Galicia

Coordinación Democrática

Coordinadora de Estudiantes Nacional-Revolucionaria (Confederación Nacional Revolucionaria de Bases Autónomas)

COPE, cadena de radio

Cora y Lira, Jesús de

Corral, José Luis

Cortázar, Guillermo

Cortes, Miguel Ángel

Cortes Españolas

Cortezo, Jaime

Cortina, Antonio

Cosidó, Ignacio

Crespo Cuspinera, Jesús

Crespo Cupinera, José

Creus de Sang

Cruzada

Cruzado Español

Cuadernos de Pensamiento Político

Cuadernos FAES

Cuadernos Hispanoamericanos

Cuadernos Libra

Cuadernos para el Diálogo

Cuádruple Alianza

Cuarenta de Ayete

Cuerpo Jurídico de la Armada

Cuffi Canadell, José-Oriol

Cuiña, Xosé

Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile

Dávila, Sancho

De Gaulle, Charles

De Santiago, general

Decibelios, grupo

«Declaración de Barcelona»

Declaración sobre Libertad Religiosa

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Decreto de la Junta de Generales

Decreto de Unificación

Decreto Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo

Decreto Ley sobre reorganización de la Administración central del Estado

Defensa Nacional de Misiles

Degrelle, León

Delegación Nacional de Asociaciones

Delegación Nacional de Deportes

Delegación Nacional de Juventudes del Movimiento

Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento

Delegación Nacional de Participación Política

Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET

Delegación Nacional de Sindicatos

Democracia Cristiana

Democracia Nacional (DN)

Democracia Social

Democracia Social Cristiana (DSC)

I Asamblea Nacional

Derecha Democrática Española (DDE)

Derecha Regional Valenciana

D’Hondt, sistema de

D’Hondt, Victor

Diario 16

Diario de un skin (Antonio Salas)

Diario SP

Diarios y Revistas S.A. (DYRSA)

Diego, Enrique de, La ofensiva neoliberal

Diego, Gerardo

Díez-Alegría, Manuel

Dios lo Quiere

Dirección General de Aduanas

Dirección General de Política Interior

Discusión y Convivencia

Disenso y Teoría y Praxis

Disidencias

Disposición Transitoria Cuarta

División Acorazada Brunete (DAC)

División Azul (División 250)

Domínguez, Juan

Domínguez Muñoz, Juan José

Donoso Cortés, Juan

Dow Scisco, Louis

Duguin, Alexandr

La Cuarta Teoría Política

Rusia. El misterio de Eurasia

Dumézil, Georges

Ediciones Acervo

Ediciones Bau

Ediciones Nueva República

Ediciones Wotan

Editora Tradicionalista

Educación Nacional

«Eje del Mal»

Ejército

Ejército de Liberación Nacional

Ejército de Tierra

Ejército del Aire

Ekin, colectivo

El Alcázar

El Catoblepas

El Ciervo

El Cruzado Español

El Debate

El Imparcial

El Mundo

El Murciélago, bar

El Noticiero Universal

El País

El Papus

El Pensamiento Navarro

Elías de Tejada, Francisco

Elola, José Antonio

Elorriaga, Gabriel

Enciso, Luis Miguel

Encuentros entre la Poesía y la Universidad

Endesa

Engels, Friedrich

Enrique y Tarancón, Vicente

Equipo de la Democracia Cristiana Española

Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español (EDCEE)

I Jornadas del

II Jornadas del EDCEE

Equipo Siglo XXI

«Era Azul»

Es Así. Periódico Sindicalista Español

Escorial

Escrivá de Balaguer, Jose María

Camino

Escudero Rueda, Manuel

Escuela de Chicago

Escuela de Viena

Esfuerzo Común

España 2000

España Express

Esparza, Javier

Esperabé de Arteaga, Jesús

Espinosa San Martín, Juan José

Esquerda Galega

Esquerra Democràtica de Catalunya

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Estado Nacional Europeo

«Estatuto Arias»

Estatuto de Asociaciones del Movimiento

Estatuto de los Trabajadores

Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política

Estirpe Imperial

Estoril, Acta de

Estudiante Caído, día del

ETA

Eurobarómetro

EuroNat

Euskadi Ta Azkatasuna

Euskal Herritarrok

Eusko Alkartasuna

Evola, Julius

Excálibur. La Espada del Poder Perdido

Ezquer, Eduardo

Fagoaga, Miguel

Fal Conde

Falange Autónoma

Falange Española

Falange Española Auténtica (FEA)

Falange Española de las JONS (FE-JONS)

I Congreso

II Congreso

Falange Española de las JONS Auténtica (FE-JONS A)

Falange Española Independiente (FE-I)

Falange Española Tradicionalista (FET)

Falange Española-Unidad Falangista

«Falange Liberal»

Falanges Juveniles de Franco

Fanjul Sedeño, Juan Manuel

FAP

II Congreso

FDP

FECSA

Federación de Alianza Popular

Federación de Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA)

Federación de Clubes Liberales

Federación de Estudios Independientes S. A. (FEDISA)

Federación de Juventudes Liberales

Federación de Partidos de Alianza Popular

Federación de Partidos Demócratas y Liberales (FPDL)

Federación Demócrata Cristiana

Federación Ibérica

Federación Liberal

Federación Popular Democrática

Federación Social Independiente (FSI)

Federación Socialdemócrata

Fernández Albor, Gerardo

Fernández-Cuesta, Raimundo

Fernández de la Mora, Gonzalo

Del Estado ideal al Estado de la razón

El crepúsculo de las ideologías

Fernández de la Vega, José María

Fernández Díaz, Jorge

Fernández España, María Victoria

Fernández-Llamazares, Ana María

Fernández Mazas, Ricardo

Fernández-Miranda, Torcuato

Fernández Ordóñez, Francisco

Fernández Sordo, Alejandro

Fernández Teixidó, Antoni

FET-JONS

I Congreso Nacional

Fiesta de los Mártires de la Tradición

Filesa, caso

Foessa, informes

Fondo Monetario Internacional

Fontán, Antonio

Forcadell Prats, Ramón

Formación del Espíritu Nacional

Forza Italia

Foxá, Agustín de

Fraga Iribarne, Manuel

El desarrollo político

Fraile, Modesto

Fraile Clivillés, Manuel

Franco Bahamonde, Francisco

Frente Antisistema

Frente Atlético

Frente Celtíbero Pagano

Frente de Alternativa Nacional

Frente de Estudiantes Nacionalsindicalistas

Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES)

Frente de Juventudes

Frente de la Alternativa Nacional

Frente de la Juventud

Frente de Liberación Popular

Frente de Unificación Falangista

Frente de Unificación Falangista de Aragón

Frente Democrático Revolucionario

Frente Europeo de Liberación

Frente Institucional

Frente Nacional

Frente Nacional de la Alianza Libre (FNAL)

Frente Nacional de la Juventud

Frente Nacional de Trabajadores (FNT)

Frente Nacional Español (FNE)

Frente Nacional francés

Frente Nacional piñarista

Frente Nacionalista Patriótico

Frente Obrero Socialista

Frente Popular

Frente Popular (PSOE-PCE)

Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)

Frente Sindicalista Revolucionario (FSR)

Frente Sindicalista Universitario

Front Universitari de Catalunya

Fuente, Licinio de la

Fuentes Quintana, Enrique

Fuero de los Españoles

Fuero del Trabajo

Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad

Fuerza Joven

Fuerza Nacional del Trabajo

Fuerza Nueva

Fuerza Nueva (FN)

Fuerzas Armadas

Fueyo, Jesús

Führerprinzip

Fukuyama, Francis, El fin de la historia y el último hombre

Fundación Cánovas del Castillo

Fundación Civil

Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES)

Fundación de Estudios Europeos

Fundación Friedrich Naumann

Fundación Hanns Seidel

Fundación Hispano-Cubana

Fundación Humanismo y Democracia

Fundación Konrad Adenauer

Fundación Nacional Cubano-Americana

Fundación Nacional Francisco Franco

Fundación Popular Iberoamericana

Futuro Presente

Gabinete de Orientación y Documentación S. A. (GODSA)

GAL, caso

Galarza, Valentín

Gallo, José

Gamazo, José María

Gamero del Castillo, Pedro

Gámir, Luis

Garagorri, Paulino

Gárate, José

García Amigo, Manuel

García Atance, Manuel

García Carrés, Juan

García de la Concha, Joaquín

García de Leániz, Pedro

García de Madariaga, Juan

García-Díez, Juan Antonio

García Escudero, Pío

García Fructuoso, Ferran

García López, Antonio

García López, Ignacio

García Madariaga, Juan

García Margallo, José Manuel

García Moncó, Faustino

García Ramal

García Rebull, Tomás

García Serrano, Rafael

García-Tizón, Arturo

García-Trevijano, Antonio

Garrigues Díaz-Cañabate, Antonio

Garrigues Walker, Antonio

Garrigues Walker, Joaquín

Gavilanes Dumont, Antonio

Gentleman

Gestapo

Gestoras pro Amnistía

Gibello, Antonio

Gil-Robles y Gil-Delgado, José María

No fue posible la paz

Por un estado de Derecho

Gil y Gil, Jesús

Giménez, Francisco

Giménez Fernández, Manuel («fray Jesús de Segovia»)

Girón de Velasco, José Antonio

Gobierno de Salvación Nacional

Golpe de Estado del 23-F

Gómez Calcerrada, José Luis

Gómez de las Roces, Hipólito

Gómez Limón, Teresa

Gómez Puértolas, Ángel

González, Felipe

González, José Ignacio

González, Juan Jesús

González de Canales, Patricio

González-Lizondo, Vicente

González Martín, Marcelo

González Seara, Luis

González Vicén, Luis

Graal

Graells, Ramón

Gran Coalición

Gran Depresión Mundial

Gran Derecha

Gran Unidad Española-Nuevo Orden Social

Grandes, Luis de

GRAPO

Greenspan, Alan

Grimau, Julián

Grupo de Acción Institucional

Grupo de Acción Sindicalista

Grupo de Burgos

Grupo de Estudios Estratégicos (GEES)

Grupo Democristiano Independiente

Grupo Ferrovial

Grupo Independiente Liberal (GIL)

Grupo Laboral Democrático

Grupo Parlamentario Centrista

Grupo Parlamentario Independiente

Grupo Parlamentario Institucional

Grupo Parlamentario Regionalista

Grupo Parlamentario Socialista

Grupo Popular del Parlamento de Estrasburgo

Grupo Tácito

Grupos Armados Españoles (GAE)

Grupos de Acción Carlista

Grupos de Acción Nacional Sindicalistas

Grupos de Unidad Hispánica

Grups Nacionals de Resistència

Guadiana

Guadiana, editorial

Guadiana de Publicaciones

Guardia Civil

Guardia de Franco

Guardia de José Antonio

Guerra, Alfonso

Guerra Campos, José

Guerra Civil

Guerrilleros de Cristo Rey

Guillamon, Julen

Guinea, Francisco

Gunther, Richard

Gutiérrez, José Luis

Gutiérrez Mellado, Manuel

Habermas, Jürgen

Habsburgo, Otto de

Haika, organización juvenil

Hayek, Friedrich

Haz Ibérico

Hedilla, Manuel

Hedilla de Rojas, Miguel

Heimwehr, organización paramilitar

Heraldo Español

Heras, Antonio Melchor de las

Hermandad de Alféreces Provisionales

Hermandad de la División Azul

Hermandad de la Vieja Guardia

Hermandad Nacional de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés (Hermandad del Maestrazgo)

Hermandad Nacional de la División Azul

Hermandad Nacional Monárquica del Maestrazgo

Hermandad Nacionalsocialista Armagedón

Hermandad Sacerdotal de San Antonio María Claret

Hermandad Sacerdotal Española

Hermandad Universitaria

Hermandad Vasca

Hermandades de Bandera de Falange

Hermandades de Requetés

Hermandades del Trabajo

Hermandades Obreras

Hernández Gil

Hernández Mancha, Antonio

Hernando, Rafael

Hernando de Larramendi, Luis

Herrera Esteban, León

Herrera Oria, Ángel

Herrero Tejedor, Fernando

Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel

Herri Batasuna

Hespérides

Hierro, José

Hillers, Sigfredo

Hispania Verde

Hitler, Adolf

Mi lucha

Holocausto

Horia, Vintila

Hormaechea, Juan

Hugues

Husein, Sadam

Ibáñez Inglés, Diego

Ibáñez Martín, José

Ibarretxe, Juan José

Ibercorp, caso

Iglesia

Iglesia-Mundo

Iglesias Selgas, Carlos

Información y Divulgación S.A.

Informe Foessa

Iniciativa per Catalunya

Iniesta Cano, Carlos

Institut d’Estudis Catalans

Instituto de Cultura Hispánica

Instituto de Estudios Administrativos (IEA)

Instituto de Estudios Políticos

Instituto de Formación Política

Instituto de Humanidades

Instrucción Premilitar Elemental

Intemperie

Internacional Demócrata Cristiana

Internacional Liberal

Internacional Liberal y Progresista

IRA

Irak, guerra de

Iranzo, Julio

Irujo, Manuel de

Isla, Xaime

Iturmendi, Antonio

Izquierda Demócrata Cristiana (IDC)

Izquierda Democrática (ID)

Izquierda Democrática Gallega

Izquierda Falangista

Izquierda Social Demócrata

Izquierda Unida

Izquierdo, Antonio

Jarabo Paya, Alberto

Jáudenes, Luis

Jefatura Nacional del Movimiento

Jerarquía

Jiménez Blanco, Antonio

Jiménez de Parga, Manuel

Jiménez Losantos, Federico

Jiménez-Millas, Alfredo

J.O.N.S.

Jornadas Sacerdotales Internacionales

Joven Europa

Jóvenes Falangistas

Joventut Catalana Democràtica

Juan III, véase Juan de Borbón

Juan XXIII

Pacem in terris

Juan Carlos I

Juan Guerra, caso

Juan Pablo II

Juanpérez

Junta Cívico-Militar

Junta Coordinadora Nacionalsindicalista

Junta de Gobierno de la Comunión

Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM)

Junta Democrática de España (JDE)

Junta Nacional

Junta Nacional de la Comunión

Junta Política

Junta Promotora de Falange Española de las JONS

Junta Técnica del Estado

Juntas de Acción Nacional Sindicalista (JANS)

Juntas de Defensa del Carlismo

Juntas de Oposición Falangista

Juntas Españolas (JJ. EE.)

Juntas Españolas de Integración (JEDI)

Justicia Democrática

Juventud Española en Pie (JEP)

Juventud Nacional Revolucionaria

Juventudes de Acción Popular

Juventudes Hitlerianas

Juventudes Obreras Falangistas

Juventudes Vikingas

KFOR

La Comedia

La Haya, congreso de

La Jaula

La Linterna

La Nación

La Peste Negra

La Rochelle, Drieu

La Vanguardia

La Voz del Progreso

Labadíe Otemin

Laín Entralgo, Pedro

España como problema

Los valores morales del nacionalsindicalismo

Lamamié de Clairac, José María

Lamo de Espinosa, Emilio

Landáburu, Belén

Landáburu, Francisco Javier de

Lapuerta, Álvaro

Lara, Lula de

Larroque de la Cruz, Enrique

Las Cabezas, finca

Lasuén, José Ramón

Latorre, Fernando

Lavilla, Landelino

Le Pen, Jean-Marie

Ledesma Ramos, Ramiro

Lefebvre, Marcel

Legión de San Miguel Arcángel

Ley Constitutiva de las Cortes

Ley de Asociaciones

Ley de Bases del Régimen Jurídico de Asociaciones, proyecto de

Ley de Bases del Régimen Local

Ley de Divorcio

Ley de Enseñanza Primaria

Ley de Extranjería

Ley de Funcionarios Civiles del Estado

Ley de la Memoria Histórica

Ley de Libertad Religiosa

campaña contra

Ley de Orden Público

Ley de Ordenación de la Enseñanza Media

Ley de Ordenación del Gobierno

Ley de Organización del Estado

Ley de Pensiones

Ley de Prensa e Imprenta

Ley de Principios del Movimiento Nacional

Ley de Principios Fundamentales

Ley de Procedimiento Administrativo

Ley de Referéndum Nacional

Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de Cortes

Ley de Régimen Jurídico de la Organización del Estado

Ley de Régimen Local

Ley de Represión del Comunismo y la Masonería

Ley de Responsabilidades Políticas

Ley de Seguridad del Estado

Ley de Sociedades Anónimas

Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado

Ley de Unidad Sindical

Ley del Deporte

Ley del Derecho Civil

Ley del Derecho Civil a la Libertad en Materia Religiosa

Ley del Derecho de Asociación Política

Ley del Derecho de Reunión y Manifestación

Ley Fraga

Ley Fundamental del Reino

Ley General de Participación Política de los Españoles, proyecto de

Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA)

Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE)

Ley Orgánica de Partidos Políticos

Ley Orgánica de Universidades (LOU)

Ley Orgánica del Estado (LOE)

Ley Orgánica del Movimiento Nacional

Ley para la Reforma Política (LRP)

Ley Sálica

Leyes Fundamentales

Libertad Digital

«Libertad para Rudolf Hess»

Librería Europa

Libro blanco

Liga Internacional de Amigos de los Vascos

Linati, Josep Antoni

Lizarza, Francisco Javier de

Lliga Catalana

Lliga de Catalunya-Partit Liberal Català

Lliga Liberal Catalana

Lliga Regionalista

Llopart, José Antonio

Llopis, Rodolfo

Llorens Borrás, José

Lluch, Ernest

López, Alfredo

López, Domingo

López, Jesús

López Agudín, Fernando

López Aranguren, José Luis

López Bravo, Gregorio

López Ibor, José

López Pacheco, Jesús

López Rodó, Laureano

López Sanz, Francisco, El Tercio de Montejurra entre los salvadores de España

Lovelle, Carmen

Luca de Tena, Torcuato

Lucas, Juan José

Lucía, Luis

Luis, Francisco de

Maastricht, Tratado de

Madariaga, Salvador de

Madrid

Maestú, Ceferino

Maeztu, Ramiro de

Maldonado, José

Manglano, Carlos

Manifiesto de los Cien

Manifiesto de los Cuatrocientos

Manifiesto de Oxford

Manifiesto de Viareggio

Manos Limpias

Maquinaria textil del Norte S. A. (MATESA)

Maragall, Joan-Antoni

Marañón Bertrán de Lis, Gregorio

Marcos, Venancio

Marichalar, Antonio

Marineros Voluntarios, asociación de

Mariscal de Gante, Margarita

Márquez Horillo, Diego

Martín-Artajo, Alberto

Martín-Sánchez, Fernando

Martín Sanz, Dionisio

Martín Villa, Rodolfo

Martínez, Teófila

Martínez Emperador, José

Martínez Esteruelas, Cruz

Marx, Karl

Mas Canosa, Jorge

Massé, Pierre

Massó, Ramón

Mata, Enrique de la

Mateu, editorial

Mato, Ana

Matutes, Abel

Mayor Oreja, Jaime

Mayor Zaragoza, Federico

Mayoría Silenciosa Unida

Maysounave, Manuel

MC

Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por desempleo y Mejora de la Ocupabilidad

Medios de Comunicación Social del Estado

Meer, Carlos de

Meilán Gil, José Luis

Méndez García, Antonio

Mendizabal

Mendo, Carlos

Mendoza Ruiz, Manuel

Menéndez Pelayo

Mercado Común Europeo

Merced, Mercedes de la

Merino, Julio

Michavila, José María

Miguel, Raimundo de

Milá, Ernesto

Milans del Bosch, Jaime

Milián Mestre, Manuel

Millet, Salvador

Minoría Catalana

Minoría Popular

Miquel, Vicent

Miralles, Jaime

Moa, Pío

1934: comienza la Guerra Civil. El PSOEy la Esquerra emprenden la contienda

Los mitos de la Guerra Civil

Molins, Joaquim

Monreal Luque, Alberto

Montejurra

Montes, Eugenio

Montoro, Cristóbal

Morales, Gustavo

Moreno, Arturo

Morodo, Raúl

Moscoso, Javier

Mota, Jorge

Motrico, conde de

Mourlane Michelena, Pedro

Movilla, Daniel

Movimiento Católico Español

Movimiento Comunista de España

Movimiento de Liberación Nacional Vasco

Movimiento Europeo (ME)

IV Congreso

Movimiento Falangista de España (MFE)

Movimiento Independiente Nacional Sindicalista

Movimiento Nacional

Movimiento Obrero Tradicionalista

Movimiento Social Español (MSE)

Movimiento Social Italiano (MSI)

Movimiento Social Republicano (MSR)

Moya, Arturo

Múgica Herzog, Enrique

Muguruza, Josu

Munar, Maria Antònia

Mundo NS

Mundo Social

Muñoz, Julián

Muñoz Alonso, Alejandro

Muñoz Grandes, general

Muñoz Peirats, Joaquín

Mussolini, Benito

Nación Joven

Naciones Unidas

Nasarre, Eugenio

«Naseiro, caso»

Naseiro, Rosendo

Navarro, Eduardo

Navarro Rubio, Mariano

Navas, José Luis (y Miguel Veyrat)

Falange hoy

Navascués, César de

Niekisch, Ernst

Nietzsche, Friedrich

No-Do

NTIC (nuevas tecnologías de la información y la comunicación)

Núcleo de la Lealtad

Nueva Derecha Española

Nueva Derecha europea

Nueva Derecha francesa

Nueva Guardia de España

Nueva Izquierda Nacional

Nueva Vía

Nuevas Generaciones

Nuevo Diario

Nuevo Estado

Nuevo Orden

Nuevo Socialismo

Nuevos Equipos Internacionales (NEI)

Obra Sindical de Educación y Descanso

Octubre, asociación

O’Donnell, Leopoldo

Ofensiva de Recobro Nacionalsindicalista

Oficina de Coordinación y Programación Económica

Oi!

Olarra, Luis

Olarte, Lorenzo

Olazábal, Rafael

Oltra Hernández, Miguel

Onda Cero, La brújula

Operación Armada

Operación Azul

Operación Chirac

Operación De Gaulle (o Solución Armada)

Operación Duque de Ahumada (u Operación Tejero)

Operación Galaxia

Operación Paz Duradera

Operación PROMESA

Operación Roca

Opinión Obrera Española

Opus Dei

Orden de San Carlos Borromeo

Orden Ibérica

Ordine Nuovo

Oreja, Marcelino

Organización de Naciones Unidas (ONU)

Organización Juvenil Española (OJE)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Organización Revolucionaria de Trabajadores

Organización Sindical de los Trabajadores

Organización Sindical Española (OSE)

Oriol y Urquijo, Antonio María de

Ortega, Pablo

Ortega Lara, José Antonio

Ortega y Díaz-Ambrona, Juan Antonio

Ortega y Gasset, José

Ortí Bordás, José Miguel

Ortiz Álvarez, Luis

Osorio, Alfonso

OTAN

Otero Novas, José Manuel

Pablo VI

Pabón, Jesús

Pacte Democràtic per Catalunya

Pacto de Aravaca

Pacto de Bayona

Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Pacto de Estella (Lizarra)

Pacto de Galeusca

Pacto del Tinell

Pacto de la Unidad (o Pacto de Matute)

Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (Pacto Antiterrorista)

Pactos de la Moncloa

Pais, Ramón

Países de la Europa Central y Oriental (PECO)

Palacio, Loyola de

Palacios, Isidro-Juan

Palomar del Val, Máximo

Palomino, Juan José

Panero, Leopoldo

Papeles FAES

Pardo de Santayana, José Ramón

Parlamento de Estrasburgo

Parlamento Europeo

Partido Aragonés Regionalista (PAR)

Partido Carlista

Partido Comunista de España (PCE)

Partido Comunista de España (Internacional)

Partido Conservador británico

Partido de Acción Democrática (PAD)

Partido de Acción Nacional (PAN)

Partido de Madrid

Partido del Centro Democrático

Partido del Trabajo de España

Partido del Trabajo y el Empleo (TYE)

Partido de la Independencia del Reino Unido

Partido de la Libertad austriaco

Partido Demócrata

Partido Demócrata Cristiano

Partido Demócrata Español

Partido Demócrata Gallego

Partido Demócrata Liberal

II Congreso

Partido Demócrata Liberal de Navarra

Partido Demócrata Popular (PDP)

I Congreso Nacional

II Congreso Nacional

III Congreso

Partido Demócrata Progresista

Partido Democrático de la Nueva Izquierda

Partido Español Nacional Socialista (PENS)

Partido Europeo Nacional Revolucionario

Partido Galeguista

Partido Gallego Independiente

Partido Independiente de Almería

Partido Liberal

Partido Liberal Independiente

Partido Liberal Progresista

Partido Maurista

Partido Nacional Americano

Partido Nacional de los Trabajadores

Partido Nacional Sindicalista

Partido Nacionalista Ceutí

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

Partido Popular (PP)

IX Congreso, véase Alianza Popular

X Congreso

XIII Congreso

XIV Congreso

Partido Popular Alternativo

Partido Popular de Cataluña

Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC)

Partido Popular Democrático de Andalucía

Partido Popular Europeo

Partido Progresista Liberal

Partido Reformista

Partido Reformista Democrático (PRD)

Partido Regional Independiente de Madrid

Partido Riojano Progresista

Partido Sindicalista Autogestionario

Partido Social de Acción Democrática (PSAD)

Partido Social Liberal Andaluz

Partido Socialdemócrata

Partido Socialdemócrata Independiente

Partido Socialista Democrático Español

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

XXXIV Congreso

Partido Socialista Obrero Español renovado (PSOE-r)

Partido Socialista Popular

Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC)

Partido Unido Alianza Popular (PUAP)

Partido Único

Partido Universitario Independiente

Partido Verde

Partit del Socialistes de Catalunya

Pascual, Javier María

Pastor Ridruejo, Félix

Patria y Libertad

Patria y Libertad

Patriotas Autónomos

Patriotas Españoles contra la Tortura Animal

Peces-Barba, Gregorio

Peligro Robledo, Juan Enrique

Pemartín, Julián

Peña, Eurico de la

Peña, Pedro Pablo

Perales, Narciso

Pérez, Florentino

Pérez Corrales, Francisco

Pérez Crespo, Antonio

Pérez de Cabo, José

Pérez-Embid, Florentino

Pérez Escolar, Rafael

Pérez González, Blas

Pérez-Llorca, Pedro

Pérez Madrigal, Joaquín

Pérez Maura, Ramiro

Pérez Nieto, Ubaldo

Pérez Varela, Jesús

Pérez Villanueva, Joaquín

Pérez-Viñeta, Alfonso

Pico, Norberto

Piera, Guillermo

Pimentel, Manuel

Piniés, Vicente

Pinochet, Augusto

Piñar López, Blas

Piñeiro, Modesto

Piqué, Josep

Pita da Veiga, Gabriel

Piulachs Oliva, Jaime

Pla, Juan

Pla y Deniel, primado

Plan de Construcciones Escolares

Plan de Estabilización (1959)

Plan Hidrológico Nacional

Plan Nacional de Estabilización Económica

Planes de Desarrollo

Plataforma de Convergencia Democrática

Plataforma de Coordinación Democrática

Plataforma España 2000

Plataforma Moderada

Plataforma per Catalunya (PxC)

Plataforma Renovadora

Polanco, Jesús

Policía Armada

Política Europea de Seguridad y Defensa

Polo, Fernando

Ponce García, Ramón

Pons, Félix

Popper, Karl

Portela Valladares, Manuel

Portero, Florentino

Posada, Rosa

Posadas, Jesús

Pradera, Javier

Pradera, Víctor

Prelatura de la Santa Cruz

Prensa y Ediciones S.A. (PESA)

Prensa y Radio del Movimiento

Presidencia del Consejo Europeo

Prestige

Prieto, Alfonso

Primera Línea Falangista

Primera Semana Europeísta

Primo de Rivera, José Antonio

Primo de Rivera, Miguel

Primo de Rivera, Pilar

Principios Fundamentales del Movimiento Nacional

Proceso de Burgos

Promociones de Lecturas S. A. (PROLESA)

Propaganda del Movimiento

Próximo milenio

Proyecto Cultural Aurora

Pueblo

Pujol, Jordi

Punset, Eduardo

Punto y Coma

Pyresa (agencia de prensa del Movimiento)

¿Qué Pasa?

Queipo de Llano, Gonzalo

Quirós, Lorenzo Bernaldo de, Proceso al Estado

Rabassa, Bernardo

RAC (Rock Against Communism)

Radio Popular

Radiotelevisión Española

Rajoy, Mariano

Ramallo, Luis

Ramos Armero, Manuel

Rato, Rodrigo

Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya

Real Madrid

Rebollo, Alejandro

Reconquista

Reconquista (grupo musical)

Reforma Democrática

Reforma Social Española

Regencia de Estella

Regencia Nacional Carlista de Estella (RENACE)

Reguera, Andrés

Rein, Carlos

Religión Católica

Renovación Democrática

Renovación Española

Repsol

Requetés

Resistencia

Resistencia Aria

Resistencia francesa

Revilla, Carlos

Revisión

Revolución de los claveles

Revolución Nacional

Reyes Católicos

Rialp, editorial

Biblioteca de Pensamiento Actual

Riazor Blues

Ricote, Ángel

Ridruejo, Dionisio

Escrito en España

Ríos, César Alonso de los

Roberto, José Luis

Robles Piquer, Carlos

Roca, José Antonio

Roca Junyent, Miquel

Roca Viva

Rodezno, conde de

Rodríguez, José Antonio

Rodríguez, Nicolás

Rodríguez de Valcárcel, Alejandro

Rodríguez Miranda, Santiago

Rodríguez Moroy, Luis Javier

Rodríguez Sahagún, Agustín

Rodríguez Soler, José

Rodríguez Tarduchy, Emilio

Rodríguez Zapatero, José Luis

Roldán, caso

Roma, Tratado de

Romay, José Manuel

Romera, Domènec

Romero, Emilio

Romeva, Pau

Romojaro, Tomás

Rosales, Luis

Rosón, Juan José

Rostow, W. W.

Rubio, Jesús

Rubio Cordón, José Luis

Ruiz, Arturo

Ruiz de Ercilla, Gregorio

Ruiz Galiana, Luis

Ruiz Gallardón, Alberto

Ruiz Gallardón, José María

Ruiz-Giménez, Joaquín

Ruiz-Mateos, José María

Ruiz-Navarro, José Luis

Ruiz Soto, Carlos

Rumasa

Rupérez, Javier

Ruta Solar

Sáenz de Ynestrillas, Ricardo

Sáenz-Díez, Juan

Sainz Rodríguez, Pedro

Salarrullana, Pilar

Salas Pombo, Diego

Salvador Merino, Gerardo

Samaranch, Juan Antonio

Sampietro, Antonio

San Martín, José Ignacio

Sánchez Bella, Alfredo

Sánchez Covisa, Mariano

Sánchez de León, Enrique

Sánchez-Gijón, Antonio

Sánchez Guerra, Rafael

Sánchez Mazas, Rafael

Sánchez-Terán, Salvador

Sancho Rof, Jesús

Sandys, Duncan

Sanjuan, Pascual

«Sanjurjada»

Santa Hermandad del Alcázar de Toledo

Santiago, Fernando de

Santiago de Pablos, Luis

Sanz Orrio, Fermín

Satrústegui, Joaquín

Scheel, Walter

Schwartz, Pedro

Sección Femenina

Sección Juvenil

Secretaría General de FET

Secretaría General del Movimiento

Secretaría General del Partido

Segunda Guerra Mundial

Segunda República

Segurado, José Antonio

Seguridad Social

Senillosa, Antonio de

Serra, Eduardo

Serrano Suñer, Ramón

Serrats Urquiza, Salvador

Servicio Central de Documentación (SECED)

Servicio Español del Magisterio

Servicio Nacional del Trigo

Siete Magníficos

Silva Muñoz, Federico

Simón Tobalina, Juan Luis de

Sindicato de Actividades Varias de la OSE

Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios

Sindicato Español Universitario (SEU)

Sinn Fein

Skorzeny, Otto

Sociedad Civil y Democracia (SCD)

Sociedad de Estudios y Actividades Nueva Generación

Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)

Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales

Sociedad Thule

Sociedades de Estudios Libra

Solé Tura, Jordi

Soler Valero, Francisco

Solidaridad de Trabajadores Vascos

Solidaridad Española

Solidaritat Catalana

Solís Ruiz, José

Solución Armada

SOS Racismo

Soucek, Theodor

SP

Stampa Braun, Leopoldo

Strauss, Franz Josef

Suárez, Fernando

Suárez González, Adolfo

SUCCVM, editorial

Suevos, Jesús

Suresnes, congreso de

Tabacalera

Tamames, Ramón

Tarragona Corbella, Eduardo

Tejero Molina, Antonio

Telefónica

Televisión Española (TVE)

Tercer Reich

Tercios de Requeté

Termes, Rafael, Antropología del capitalismo. Un debate abierto

Thiriart, Jean

Thomas de Carranza, Enrique

Tiempo Nuevo, círculo cultural

Tierno Galván

Tito, Josip Broz

Tobalina, Simón

Tocino, Isabel

Toharia, Juan José

Toledo, Gregorio

Tomás, Pascual

Tomé, Baudilio

Tormenta Blanca

Torras Majem, Higini

Torrente Ballester, Gonzalo

Torres Rojas, Luis

Tovar, Antonio

Transición, la

Trias Fargas, Ramon

Tribuna de Europa

Tribuna Libre

Tribunal de Orden Público

Trillo, Federico

Triple A (o Alianza Apostólica Anticomunista)

«Triple Alianza»

TV3

Udina Martorell, Santiago

Ullastres, Alberto

Ultras Sur (o Ultrassur)

Ultras Yomus

Unamuno, Miguel de

Unidad Andaluza

Unidad Falangista de León

Unidad Falangista Montañesa

Unidad y Convivencia Cívica Nacional

Unificación

Unió Catalana

Unió Democràtica de Catalunya (UDC)

Unió Democràtica del País Valencià (UDPV)

Unió Mallorquina

Unió Valenciana

Unión Canaria

Unión Carlista

Unión Centrista

Unión de Centro Democrático (UCD)

I Congreso

II Congreso

III Congreso

IV Congreso

V Congreso

Unión de Estudiantes Demócratas (UDE)

Unión de Fuerzas Democráticas (UFD)

Unión de Jóvenes Demócrata Cristianos (UJDC)

Unión de Trabajadores Sindicalistas

Unión del Pueblo Español (UDPE)

Unión del Pueblo Navarro (UPN)

Unión Demócrata Cristiana (CDU), alemana

Unión Demócrata Cristiana (UDC)

Unión Demócrata Murciana

Unión Democràtica de Catalunya

Unión Democrática de Estudiantes

Unión Democrática Española (UDE)

Unión Democrática Europea

Unión Democrática Murciana

Unión Editorial

Unión Española

Unión Europea

Unión Europea de Demócratas Cristianos

Unión Explosivos Río Tinto

Unión Federal Española

Unión General de Trabajadores

Unión Institucional

Unión Internacional Demócrata Cristiana

Unión Liberal

Unión Liberal, Popular y Democrática de Ibiza y Formentera (S’Unió)

Unión Militar Democrática

Unión Militar Española

Unión Mundial de Nacional Socialistas

Unión Mundial Demócrata Cristiana

Unión Nacional

Unión Nacional de Asociaciones Familiares

Unión Nacional de Excombatientes

Unión Nacional Española (UNE)

Unión para el Progreso de Cantabria

Unión Patriótica Española (UPE)

Unión Popular Democrática

Unión Progreso y Democracia

Unión Regional Andaluza

Unión Sindical de Estudiantes

Unión Sindical de Trabajadores

Unión Social Cristiana (CSU alemán)

Unión Social Demócrata Española (USDE)

Unión Social-Demócrata Galega

Unión Social Liberal

Unión Social Popular

Unión Valenciana

Universidad Complutense

Universidad de Deusto

Universidad de Navarra

Ureña, Enrique M.

El mito del cristianismo socialista. Crítica económica de una controversia ideológica

UrKultuR

Urralburu, caso

Utrera Molina, José

Valdés Larrañaga, Manuel

Valero Bermejo, Luis

Valiente, José María

Vanguardia Nacional Revolucionaria

Vanguardia Nacional Sindicalista

Vanguardias de Lucha Falangista

Varela, general

Varela, Pedro

Vaticano, el

Vegas Latapié, Eugenio

Veintiuno

Velasco, Manuel

Vera, Luis

Verstrynge, Jorge

Vértice

Vértice Social Español

Veyrat, Miguel (y José Luis Navas)

Falange hoy

Vicesecretaría de Educación Popular

Vidal, César

Vidal-Quadras, Alejo

Vieja Guardia

Viernes Santo, Acuerdo de

Vilá Reyes, Juan

Villa, Martín

Villalobos, Celia

Villalonga, Juan

Villapalos, Gustavo

Villar Arregui, Manuel

Villoria, Enrique

Vivanco, Luis Felipe

Vivancos, Felipe

Von Mises, Ludwig

Weltanschauung

Wert, José Ignacio

Wojtyla, Karol, véase Juan Pablo II

Ya

Yagüe, Juan

Yanguas Messía, José de

Yzurdiaga, Fermín

Zamanillo, José Luis

Zapico, Noel

Zaplana, Eduardo

Zavala, José María de

Zona Nacional

Zubiri, Xavier

Zulueta, Juan Antonio

NOTAS

PRÓLOGO

[1] Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Londres, 1942.

[2] José Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, Madrid, 1923.

1. LA GRAN COALICIÓN. LA DERECHA UNIFICADA (1937-1945)

[3] La figura de Franco es la más biografiada de la política española contemporánea, y desde las más variadas perspectivas. A modo de pauta, algunos textos considerados más o menos favorables al personaje: L. Galinsoga y F. Franco Salgado-Araujo, Centinela de Occidente, Barcelona, 1956; C. Martín, Franco, soldado y estadista, Madrid, 1966; B. Crozier, Franco, historia y biografía, Madrid, 1969; R. de la Cierva, Franco, Barcelona, 1986; P. Moa, Franco. Un balance histórico, Barcelona, 2005; S. G. Payne y J. Palacios, Franco. Una biografía personal y política, Barcelona, 2014. Y estudios críticos: J. P. Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, 1988; P. Preston, Franco. Caudillo de España, Barcelona, 1994; A. Reig Tapia, Franco «caudillo». Mito y realidad, Madrid, 1996; A. Bachoud, Franco, Barcelona, 2000; E. Moradiellos, Francisco Franco. Crónica de un caudillo casi olvidado, Madrid, 2002; C. Fernández Santander, El general Franco. Un dictador en tiempo de infamia, Barcelona, 2005; Á. Viñas, La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Barcelona, 2015.

[4] J. Tusell, La dictadura de Franco, Madrid, 1988, p. 150.

[5] I. Saz, Fascismo y franquismo, Valencia, 2004, y Las caras del franquismo, Granada, 2013.

[6] A. de Miguel, Sociología del franquismo. Análisis sociológico de los ministros del Régimen, Barcelona, 1975.

[7] M. Ramírez, España 1939-1975. Régimen político e ideología, Madrid, 1978.

[8] Entre los muy numerosos trabajos dedicados al tema se encuentran: J. J. Linz, «Una teoría del régimen autoritario. El caso de España», en M. Fraga et al., La España de los años 70, Madrid, 1974, vol. III, t. 1, pp. 1.467-1.531; M. Tuñón de Lara, «Algunas propuestas para el análisis del franquismo», en M. Tuñón de Lara et al., Ideología y sociedad en la España contemporánea, Madrid, 1977, pp. 89-102; J. F. Tezanos, «Notas para una interpretación sociológica del franquismo», Sistema, n.º 23 (1978), pp. 47-99; E. Sevilla-Guzmán, M. Pérez-Yruela, S. Giner, «Despotismo moderno y dominación de clase. Para una sociología del régimen franquista», Papers, n.º 8 (1978), pp. 103-141; J. Beneyto, La identidad del franquismo. Del Alzamiento a la Constitución, Madrid, 1979; W. L. Bernecker, «El franquismo, ¿un régimen autoritario de modernización?», Hispania, n.º 157 (1984), pp. 369-406; J. Ferrando Badía, El régimen de Franco. Un enfoque político-jurídico, Madrid, 1984; J. Tusell, La dictadura de Franco, Madrid, 1988; I. Saz Campos, «El franquismo. ¿Régimen autoritario o dictadura fascista?», en AA.VV., El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores, Madrid, 1993, vol. 1; J. Cazorla, «De la Teoría del Régimen Autoritario a la realidad, treinta años después», Estudios Regionales, n.º 39 (1994), pp. 15-37; A. Elorza, «Sobre la naturaleza del franquismo», en El franquismo, el régimen y la oposición. Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 2000, pp. 813-834.

[9] Discurso de Franco en la inauguración del Valle de los Caídos, ABC, 2-4-1959.

[10] A. Cazorla Sánchez, «Sobre el primer franquismo y la extensión de su apoyo popular», Historia y Política, n.º 8 (2002), pp. 303-320; F. Cobo Romero y T. M. Ortega López, «No sólo Franco. La heterogeneidad de los apoyos sociales al régimen franquista y la composición de los poderes locales. Andalucía 1936-1948», Historia Social, n.º 51 (2005), pp. 49-71.

[11] J. J. Linz, «Totalitarian and Authoritarian Regimes», en F. I. Greenstein y N. W. Polsby, Handbook of Political Science; vol. 3: Macropolitical Theory, Reading (Mass.), 1975, pp. 175-412.

[12] C. Molinero, La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista, Madrid, 2005.

[13] F. Sevillano, La cultura de guerra del «nuevo Estado» franquista. Enemigos, héroes y caídos de España, Madrid, 2017.

[14] F. Gallego, El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), Barcelona, 2014, p. 284.

[15] C. Viver Pi-Sunyer, El personal político de Franco (1936-1945), Barcelona, 1978, p. 45.

[16] G. Sánchez Recio, Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959, Alicante, 1996.

[17] Molinero, La captación de las masas…, p. 142. Para el caso de la OSE, véase D. Lanero Táboas, «Más allá del encuadramiento y de la adhesión social: la Organización Sindical y el consentimiento de los trabajadores hacia el franquismo», en J. Prada Rodríguez (dir.), No sólo represión. La construcción del franquismo en Galicia, Madrid, 2014, pp. 145-163.

[18] J. J. Adriá, «Los factores de producción de consentimiento político en el primer franquismo. Consideraciones apoyadas en el testimonio de algunos lirianos corrientes», en J. A. Gómez Roda e I. Saz (eds.), El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la postguerra, Valencia, 1999, pp. 117-158; A. Cabana Iglesia, «De imposible consenso. Actitudes de consentimiento hacia el franquismo en el mundo rural (1940-1960), Historia Social, n.º 71 (2011), pp. 89-106.

[19] M. Álvaro Dueñas, «Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo». La jurisdicción especial de responsabilidades políticas (1939-1945), Madrid, 2006.

[20] E. González Duro, El miedo en la posguerra, Madrid, 2003, p. 69.

[21] M. A. del Arco Blanco, «El secreto del consenso en el régimen franquista: cultura de la victoria, represión y hambre», Ayer, n.º 76 (2009), pp. 245-268; F. Sevillano Calero, «Política y criminalidad en el “nuevo Estado” franquista. La criminalización del “enemigo” en el derecho penal de posguerra», Historia y Política, n.º 35 (2016), pp. 289-311.

[22] Entre las numerosas aportaciones al estudio del carácter político de las Fuerzas Armadas: J. A. Olmeda, Las Fuerzas Armadas en el Estado franquista, Madrid, 1988; J. C. Losada Malvárez, Ideología del Ejército franquista, 1939-1959, Madrid, 1990; M. Aguilar Olivencia, El Ejército durante el franquismo. Un juicio desde dentro, Madrid, 1999; G. Cardona, Las bayonetas de papel. El poder militar en el franquismo, Barcelona, 2008; F. Puell de la Villa y S. Alda (coords.), Los ejércitos del franquismo (1939-1975), Madrid, 2010.

[23] G. Cámara, Nacionalcatolicismo y escuela. La socialización política del franquismo, 1936-1951, Jaén, 1984; E. Gervilla, La escuela del nacional-catolicismo. Ideología y formación religiosa, Granada, 1990.

[24] Sobre la relación entre Iglesia y franquismo: J. A. Tello Lázaro, Ideología y política. La Iglesia católica española, 1936-1959, Zaragoza, 1984; J. Casanova, La Iglesia de Franco, Madrid, 2001; P. Martín de Santaolalla, De la Victoria al Concordato. Las relaciones Iglesia-Estado durante el «primer franquismo», Barcelona, 2003; F. Montero, La Iglesia, de la colaboración a la disidencia (1956-1975), Madrid, 2009.

[25] J. Sánchez Jiménez, «La jerarquía eclesiástica y el Estado franquista. Las prestaciones mutuas», Ayer, n.º 33 (1999), pp. 167-186.

[26] A. Cañellas Mas, «Las Leyes Fundamentales en la construcción del Nuevo Estado», en Á. Ferrary y A. Cañellas (coords.), El régimen de Franco. Una perspectiva de análisis, Pamplona, 2012, pp. 219-251; M. A. Giménez Martínez, «Las Leyes Fundamentales y la construcción del constitucionalismo cosmético franquista», Glossae. European Journal of Legal History, n.º 12 (2015), pp. 381-408.

[27] F. de P. Puy Muñoz, «Los derechos humanos en las Leyes Fundamentales de España (1936-1975)», en Los derechos en el constitucionalismo histórico español, Santiago de Compostela, 2002, pp. 207-283.

[28] J. J. del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, 2001; J. Sinova, La censura de prensa durante el franquismo, Madrid, 2006; M. Álvaro Dueñas, Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo. La jurisdicción especial de responsabilidades políticas (1939-1945), Madrid, 2006; G. Portilla Contreras, La consagración del derecho penal de autor durante el franquismo. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, Granada, 2009.

[29] Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942, art. 13.

[30] J. L. Orella, La formación del Estado Nacional durante la Guerra Civil española, Madrid, 2001; M. Pino Abad, «Los inicios de la Administración central franquista», Anuario de Historia del Derecho Español, n.º 77 (2007), pp. 377-425.

[31] J. M. Lorenzo Espinosa, «Leyes fundamentales de un régimen. El Fuero del Trabajo de marzo de 1938», Letras de Deusto, n.º 70 (1996), pp. 189-204; M. A. Giménez Martínez, «El Fuero del Trabajo: la “Constitución social” del franquismo», Studia Historica, n.º 33 (2015), pp. 219-252.

[32] Exposiciones sintéticas en I. Saz, «Las culturas de los nacionalismos franquistas», Ayer, n.º 71 (2008), pp. 153-174, y Z. Box, «La dictadura franquista: culturas políticas enfrentadas dentro del régimen vencedor», en M. Pérez Ledesma e I. Saz (coords.), Del franquismo a la democracia, 1939-2013, Madrid, 2014, pp. 239-265.

[33] De Miguel, Sociología del franquismo…; J. Tusell, «Familias políticas en el franquismo», en S. Juliá (coord.), Socialismo y Guerra Civil, Madrid, 1987, pp. 182-187, y La dictadura de Franco, Madrid, 1988, pp. 199-204; G. Sánchez Recio, Sobre todos, Franco. Coalición reaccionaria y grupos políticos en el franquismo, Barcelona, 2008, pp. 44-56.

[34] M. Jerez Mir, «El régimen de Franco: élite política central y redes clientelares (1938-1957)», en A. Robles Egea, Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, 1996, pp. 253-274.

[35] Como modelos extremos pueden señalarse el extensivo de De Miguel, Sociología del franquismo…, p. 154, y el reduccionista de R. Carr y J. P. Fusi, España, de la dictadura a la democracia, Barcelona, 1979, pp. 33-54.

[36] Entre los numerosos estudios sobre la Falange de preguerra: S. G. Payne, Falange. Historia del fascismo español, París, 1965; S. Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983, Barcelona, 1984 (reed. de 2001); J. M. Thomàs, Lo que fue la Falange, Barcelona, 1999; J. L. Rodríguez Jiménez, Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, 2000; M. Penella, La Falange teórica. De José Antonio Primo de Rivera a Dionisio Ridruejo, Barcelona, 2006.

[37] Una visión general en J. Canal, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, 2000, y Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 1876-1939, Madrid, 2006. Para la República y la guerra, M. Blinkhorn, Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, Barcelona, 1979; J. Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, 1998.

[38] J. Gil Pecharromán, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina, 1914-1936, Madrid, 1994; P. C. González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, 1998.

[39] J. R. Montero, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, 2 vols., Madrid, 1977; M. Álvarez Tardío, «La CEDA y la encrucijada de los conservadores católicos en los años treinta», en A. Cañellas (coord.), Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX , Gijón, 2013, pp. 37-71.

[40] J. Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, 1984; M. Montero, Cultura y comunicación al servicio de un régimen. Historia de la ACN de P entre 1945 y 1959, Pamplona, 2001.

[41] J. L. Orella, La España del desarrollo. El almirante Carrero Blanco y sus hombres, Valladolid, 2014.

[42] A. Argandoña Rámiz, «El papel de los “tecnócratas” en la política y en la economía española, 1957-1964», en Iglesia y poder público. Actas del VII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, Córdoba, 1997, pp. 221-235; P. C. González Cuevas, «La derecha tecnocrática», Historia y Política, n.º 18 (2007), pp. 23-48; J. M. Zaratiegui, «El origen de la tecnocracia», en Nuevos horizontes del pasado. X Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Santander, 2010 (publicación electrónica), y «La tecnocracia franquista», en Ferrary y Cañellas (coords.), El régimen de Franco…, pp. 187-218; J. L. Orella, «Tecnocracia o la última crisálida de la derecha», en Cañellas (coord.), Conservadores y tradicionalistas…, pp. 261-284.

[43] J. M. Thomàs, «La Falange. De la revolución al acomodamiento», en Á. Viñas (ed.), En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, 2012, p. 568. Una biografía: I. Merino, Serrano Suñer. Conciencia y poder, Madrid, 2004.

[44] L. A. González Prieto, «La concreción teórica del partido único español franquista», Revista de Estudios Políticos, n.º 141( 2008), pp. 41-68. Sobre el falangismo en estos años: A. de Diego, Arrese, o la Falange de Franco, Madrid, 2001; J. M. Thomàs, La Falange de Franco. El proyecto fascista del Régimen (1937-1945), Barcelona, 2001, y Franquistas contra franquistas. Lucha por el poder en la cúpula del régimen de Franco, Madrid, 2016.

[45] No abundan los estudios sobre la organización global de FET y el Movimiento. Uno pionero fue el de J. J. Linz, «From Falange to Movimiento-Organizacion: The Spanish Single Party and the Franco’s Regime, 1936-1968», en S. P. Huntington y C. H. Moore (eds.), Authoritarian Politics in Modern Society. The Dynamics of Established One-Party Systems, Nueva York, 1970, pp. 128-201. También R. L. Chueca Rodríguez, El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS, Madrid, 1983; J. Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional, 1937-1977, Barcelona, 2013; M. A. Giménez Martínez, «El Movimiento Nacional: anatomía de un “antipartido”», en P. Díaz Sánchez, P. Martínez Lillo y A. Soto Carmona (eds.), El poder de la historia. Huella y legado de Javier Donézar Díez de Ulzurrun, Madrid, 2014, vol. 1, pp. 359-388.

[46] A. F. Canales Serrano, «Las lógicas de la Victoria. Modelos de funcionamiento político local bajo el primer franquismo», Historia Social, n.º 56 (2006), pp. 111-130; J. Sanz Hoya, «Jerarcas, caciques y otros camaradas: el estudio de los poderes locales en el primer franquismo», Historia del Presente, n.º 15 (2010), pp. 9-26.

[47] M. Peñalba, La Secretaría General del Movimiento. Construcción, coordinación y estabilización del régimen franquista, Madrid, 2015; M. A. Giménez Martínez, «El Consejo Nacional del Movimiento: la “cámara de las ideas” del franquismo», Investigaciones Históricas, n.º 35 (2015), pp. 271-297.

[48] L. E. Togores Sánchez, Muñoz Grandes. Héroe de Marruecos, general de la División Azul, Madrid, 2007.

[49] J. Bardavío, La estructura del poder en España, Madrid, 1969, p. 117.

[50] J. Andrés-Gallego, ¿Fascismo o Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de Franco, 1937-1941, Madrid, 1997.

[51] A. Lazo, Una familia mal avenida. Falange, Iglesia y Ejército, Madrid, 2008.

[52] M. T. Gallego Méndez, Mujer, Falange y franquismo, Madrid, 1983; R. Sánchez López, Mujer española, una sombra de destino en lo universal. Trayectoria histórica de la Sección Femenina de Falange, Murcia, 1990; K. Richmond, Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falange, 1934-1959, Madrid, 2004; Á. Cenarro, La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la Guerra Civil y en la posguerra, Barcelona, 2006; I. Ofer, Señoritas in Blue. The Making of a Female Political Elite in Franco’s Spain. The National Leadership of the Sección Femenina de la Falange (1936-1977), Brighton, 2010.

[53] M. Á. Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, 1996.

[54] J. L. Alcocer, Radiografía de un fraude. Notas para una historia del Frente de Juventudes, Barcelona, 1978; J. Sáez, El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la Postguerra (1937-1960), Madrid, 1988; A. Alcoba, Auge y ocaso del Frente de Juventudes, Madrid, 2002; J. A. Cañabate Vecina, «Juventud y franquismo en España: el Frente de Juventudes (1940-1960)», en C. Mir (coord.), Jóvenes y dictaduras de entreguerras. Propaganda, doctrina y encuadramiento: Italia, Alemania, Japón, Portugal y España, Barcelona, 2007, pp. 135-196.

[55] J. I. Cruz Orozco, Prietas las filas. Las Falanges Juveniles de Franco, Valencia, 2012, p. 33.

[56] B. Zabildea Bengoa, Prensa del Movimiento en España, 1936-1983, Bilbao, 1996; R. M. Martín de la Guardia, «La Prensa del Movimiento. Una institución al servicio del Estado franquista», en C. Almuiña y E. Sotillos (coords.), Del periódico a la sociedad de la información, Madrid, 2002, vol. 1, pp. 417-428.

[57] B. Bermejo Sánchez, «La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un “ministerio” de la propaganda en manos de Falange», Espacio, Tiempo y Forma, serie V, n.º 4 (1991), pp. 73-96; M. A. Barrachina, «La création du Vice-Secrétariat de l’Education Populaire. Une étape importante du processus de domestication et de fonctionnarisation des élites par le régime de Franco», Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, n.º 3 (2008) (publicación electrónica).

[58] J. C. Manrique Arribas, «Juventud, deporte y falangismo. El Frente de Juventudes, la Sección Femenina y los deportes del Movimiento», en X. Pujadas (ed.), Atletas y ciudadanos. Historia social del deporte en España, 1870-2010, Madrid, 2011, pp. 233-272; S. López Gallegos, «El deporte como forma de control social. La actividad de la Obra Sindical de Educación y Descanso durante el franquismo», Historia, Trabajo y Sociedad, n.º 3 (2012), pp. 81-114.

[59] M. A. Aparicio, El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Barcelona, 1980; G. Sánchez Recio, «El sindicato vertical como instrumento político y económico del régimen franquista», Pasado y Memoria, n.º 1 (2002), pp. 19-32; F. Bernal García, El sindicalismo vertical. Burocracia, control laboral y representación de intereses en la España franquista, Madrid, 2010; Á. Amaya Quer, «“Unidad, totalidad y jerarquía”. Continuidades y rupturas en la teoría y la praxis de la Organización Sindical Española, 1939-1969», Historia y Política, n.º 28 (2012), pp. 305-331.

[60] E. Nörling, «Hacia el Estado sindical. Revolucionarios y conspiradores. La etapa de Gerardo Salvador Merino al frente de la Organización Sindical, 1939-1941», Aportes, n.º 50 (2002), pp. 28-39.

[61] Una investigación exhaustiva de los sucesos y sus consecuencias en Thomàs, Franquistas contra franquistas…, pp. 91-188.

[62] S. G. Payne, Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español, Barcelona, 1997, p. 552.

[63] M. Marín, «La democracia orgánica como forma de representación política: un análisis de las fórmulas de cooptación de procuradores en Cortes y de sus resultados», Estudos do Século XX, n.º 16 (2006), pp. 90-112.

[64] A. Garrorena Morales, Autoritarismo y control parlamentario en las Cortes de Franco, Murcia, 1977; R. Bañón Martínez, Poder de la burocracia y Cortes franquistas, 1943-71, Madrid, 1978, M. A. Giménez Martínez, Cortes Españolas en el régimen de Franco. Nacimiento, desarrollo y extinción de una Cámara orgánica, Madrid, 2012.

[65] E. Moradiellos, «La doctrina del caudillaje en España: legitimidad política y poder carismático durante el franquismo», Hispania, n.º 254 (2016), pp. 789-817.

[66] F. E. de Tejada, La figura del Caudillo. Contribución al Derecho Público nacionalsindicalista, Sevilla, 1939, pp. 16 y 37.

[67] A. Reig Tapia, «Aproximación a la teoría del Caudillaje en Francisco Javier Conde», Revista de Estudios Políticos, n.º 69 (1990), pp. 61-81; J. Ramos Toledano, «Una aproximación al caudillaje y representación política en Francisco Javier Conde (1942-1945)», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 25 (2012), pp. 54-95; J. C. Cuevas Lanchares, «Los intelectuales y la política en España. Francisco Javier Conde (1908-1974). La legitimación de la dictadura», tesis doctoral, Universidad Complutense, 2015, pp. 343-352.

[68] Thomàs, «La Falange. De la revolución al acomodamiento…», p. 570.

[69] Rodríguez, Historia de Falange Española…, pp. 443-447; M. Á. Ruíz Carnicer, «El aparato falangista ante la caída de los fascismos. FET-JONS en 1945», Spagna Contemporanea, n.º 4 (1993), pp. 127-140.

[70] Decreto de Presidencia del Gobierno de 13-9-1945 (BOE, 14-9-1945).

2. FAMILIAS EN DISPUTA. LA DERECHA ORGÁNICA (1946-1967)

[71] Monografías sobre las dinámicas políticas generales: Á. Ferrary, El franquismo. Minorías políticas y conflictos ideológicos, 1936-1956, Pamplona, 1993, y P. Hispán Iglesias de Ussel, La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, conflictos y luchas por el poder, Madrid, 2006; G. Sánchez Recio, Sobre todos Franco. Coalición reaccionaria y grupos políticos, Barcelona, 2008.

[72] BOE, 18-7-1945.

[73] E. Álvarez Cora, La Constitución postiza. El nacimiento del Fuero de los Españoles, Madrid, 2010.

[74] Sobre el catolicismo político y su influencia en esta etapa: Tusell, Franco y los católicos…; G. Hermet, Los católicos en la España franquista, 2 vols., Madrid, 1985-1986.

[75] Bermejo Sánchez, «La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945)…», pp. 73-96; Barrachina, «La création du Vice-Secrétariat de l’Education Populaire…».

[76] L. M. Fernández, «El paso de la Ley de Sucesión por las Cortes Españolas. ¿Hacia la continuidad del Régimen?», Revista de la Facultad de de Geografía e Historia, n.º 1 (1987), pp. 413-438.

[77] J. D. Izquierdo Collado, «El referéndum de 1947: antecedente del referéndum de la Ley de Reforma Política de 1976», Al-Basit, n.º 14 (1984), p. 184. También J. A. Miranda Encarnación y J. F. Pérez Ortiz, «El franquismo intranquilo: la manipulación electoral en el referéndum de 1947», en J. Tusell, J. Gil Pecharromán y F. Montero (eds.), Estudios sobre la derecha española contemporánea, Madrid, 1993, pp. 597-612; F. Sevillano Calero, «El Nuevo Estado y la ilusión de la “democracia orgánica”: el referéndum de 1947 y las elecciones municipales de 1948 en España», Historia Contemporánea, n.º 24 (2002), pp. 355-388.

[78] E. Maza Zorrilla, Asociacionismo en la España franquista. Aproximación histórica, Valladolid, 2011.

[79] R. Moreno Fonseret, «La presencia de los grupos políticos en el régimen de Franco a través de las elecciones municipales de 1948», en Tusell, Gil Pecharromán y Montero (eds.), Estudios sobre la derecha…, pp. 613-626; Sevillano Calero, «El Nuevo Estado y la ilusión de la “democracia orgánica”…», pp. 374-388; D. Ramos García, «Las elecciones municipales en el franquismo», en El franquismo. El régimen y la oposición. Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, Guadalajara, 2000, vol. 1, pp. 253-270.

[80] Algunos estudios globales del antifranquismo: H. Heine, La oposición política al franquismo hasta 1952, Barcelona, 1983; S. Vilar, Historia del antifranquismo, 1939-1975, Barcelona, 1984; J. Tusell, A. Alted y A. Mateos (eds.), La oposición al régimen de Franco, Madrid, 1990; F. Moreno Gómez, La resistencia armada contra Franco, Barcelona, 2001; P. Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, 2004; E. Hernández Sandoica et al., Estudiantes contra Franco (1939-1975), Madrid, 2007; A. Mateos, Historia del antifranquismo, Barcelona, 2011.

[81] F. Montero y J. Louzao (eds.), Catolicismo y franquismo en la España de los años cincuenta. Autocríticas y convergencias, Albolote, 2016.

[82] Tusell, Franco y los católicos…, pp. 84-93; M. Montero, «La elaboración del programa Martín Artajo en los círculos de estudio de la ACN de P (1943-1945)», en Tusell, Gil Pecharromán y Montero (eds.), Estudios sobre la derecha española contemporánea…

[83] J. R. López Bausela, La escuela azul de Falange Española de las JONS. Un proyecto fascista desmontado por implosión, Santander, 2015, pp. 227-277.

[84] A. Pérez-Argote, «Sociología histórica del nacionalcatolicismo español», Historia Contemporánea, n.º 23 (2003), p. 221. Un estudio global sobre la corriente en A. Botti, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Madrid, 1992.

[85] J. A. Ibáñez-Martín (coord.), José Ibáñez-Martín. En el centenario de su muerte, Zaragoza, 1998.

[86] M. de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, 1980, pp. 374-386.

[87] BOE, 18-7-1945.

[88] Cámara, Nacionalcatolicismo y escuela…, pp. 225-258.

[89] J. A. Lorenzo Vicente, «La enseñanza media en España (1938-1953): el modelo establecido en la Ley de 30 se septiembre de 1938 y la alternativa del anteproyecto de 1947», Historia de la Educación, n.º 17 (1998), p. 81.

[90] J. L. González-Balado, Ruiz-Giménez, talante y figura, Madrid, 1989; AA.VV., La fuerza del diálogo, Homenaje a Joaquín Ruiz-Giménez, Madrid, 1997; J. Muñoz Soro, «Joaquín Ruiz-Giménez o el católico total: apuntes para una biografía política e intelectual hasta 1963», Pasado y Memoria, n.º 5 (2006), pp. 259-288.

[91] M. Márquez Padorno, «José Ortega y Gasset. Los años más tristes (1936-1955)», Cuadernos de Pensamiento Político, n.º 24 (2009), p. 230. Sobre los últimos años de Ortega y su relación con los medios oficiales, G. Morán, El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo, Barcelona, 1998.

[92] Un extenso relato de estas divisiones en Montero, Cultura y comunicación…

[93] Obras próximas al Opus Dei y a su fundador son, entre otras muchas: P. Berglar, Opus Dei. Vida y obra del fundador José María Escrivá de Balaguer, Madrid, 1987; J. L. Illanes, A. de Fuenmayor y V. Gómez Iglesias, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, Pamplona, 1989; R. Gómez Pérez, El Opus Dei. Una explicación, Madrid, 1992. Entre las obras críticas: D. Artigues, El Opus Dei en España, 1928-1962. Su evolución ideológica y política, París, 1971; L. Carandell, Vida y milagros de monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, Barcelona, 1975; J. Ynfante, Opus Dei. Así en la Tierra como en el Cielo, Barcelona, 1996; P. de Plunkett, Los misterios del Opus Dei. Una investigación desde dentro, Madrid, 2010.

[94] O. Díaz, Posguerra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940, Madrid, 2018.

[95] G. Pasamar Alzuria, «Oligarquías y clientelas en el mundo de la investigación científica. El Consejo Superior en la Universidad de posguerra», en J. J. Carreras y M. Á. Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, 1991, pp. 305-340; M. R. de Felipe (coord.), Homenaje a D. José María Albareda, en el centenario de su nacimiento, Madrid, 2002; A. Malet, «José María Albareda (1902-1966) and the Formation of the Spanish Consejo Superior de Investigaciones Científicas», Annals of Science, n.º 66 (3) (2009), pp. 307-332; A. Martín Puerta, El franquismo y los intelectuales. La cultura del nacionalcatolicismo, Madrid, 2013, pp. 212-214.

[96] G. Pasamar Alzuría, «Política, ciencia y cultura. Una aproximación al análisis de Arbor (1944-1950)», Estudis d’Història Contemporània del País Valencià, n.º 9 (1982), pp. 121-138; O. Díaz, Rafael Calvo Serer y el Grupo Arbor, Valencia, 2008.

[97] S. Prades Plaza, «Rafael Calvo Serer (1916-1988): un intelectual católico conservador», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, n.º 50 (2015), pp. 85-98.

[98] C. Barrera del Bario, «Claves políticas del cierre del diario Madrid», Historia 16, n.º 187 (1991), pp. 12-28; I. Soriano López, «Historia del diario Madrid», Anuario del Departamento de Historia, n.º 4 (1992), pp. 321-332; M. Lafuente Soler, La ideología del diario «Madrid». Historia del cierre de un periódico en la época franquista, Murcia, 2002; J. Rodríguez Virgili, «El Alcázar» y «Nuevo Diario». Del asedio al expolio (1936-1970), Madrid, 2005.

[99] J. Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Madrid, 2004; G. Valdevira, La oposición estudiantil al franquismo, Madrid, 2006. E. Hernández Sandoica, M. Á. Ruiz-Carnicer y M. Baldó Lacomba, Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, 2007.

[100] R. Mesa (ed.), Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1982.

[101] J. M. Zaratiegui, «El falangismo en la crisis de 1956», en M. Á. Ruiz-Carnicer, Falange. Las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975), Zaragoza, 2013, pp. 477-493.

[102] P. Lizcano, La generación de 1956. La Universidad contra Franco, Madrid, 1981, pp. 143-153.

[103] A. Pérez, «El Congreso de FET y de las JONS de 1953», El Rastro de la Historia, n.º 11 (2002) (publicación electrónica).

[104] Discurso de 29-12-1956, en J. L. de Arrese, Hacia una meta institucional, Madrid, 1957, p. 213.

[105] A. de Diego, «Algunas claves de la Transición en el punto de inflexión del franquismo: la etapa constituyente de Arrese (1956-1957)», en La transición a la democracia en España. Actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 2003 (publicación electrónica); J. M. Zaratiegui «Una última oportunidad para Falange en 1956», en M. T. Ortega y M. A. del Arco (coords.), Claves del mundo contemporáneo, debate e investigación. Actas del XI Congreso de la Asociación de la Historia Contemporánea, Granada, 2013 (publicación electrónica).

[106] Arriba, 5-3-1956.

[107] Los anteproyectos en L. López Rodó, Memorias, vol. 1, Barcelona, 1990, pp. 625-640.

[108] J. L. de Arrese, Una etapa constituyente, Barcelona, 1982, pp. 267-285.

[109] Tusell, Franco y los católicos…, pp. 405-407.

[110] Ibid., pp. 421-422.

[111] F. J. Maestrojuán, «“Ni un hogar sin lumbre ni un español sin hogar”. José Luis de Arrese y el simbolismo ideológico en la política del Ministerio de la Vivienda», Príncipe de Viana, n.º 210 (1997), pp. 171-187.

[112] A. Cañellas Mas, Laureano López Rodó. Biografía política de un ministro de Franco, Madrid, 2011.

[113] Una visión global en P. C. González Cuevas, «La derecha tecnocrática», Historia y Política, n.º 18 (2007), pp. 23-48.

[114] Una comparación de los modelos portugués y español en J. C. Jiménez Redondo, «Liberalización versus democracia: tecnócratas y tecnocracia en la península Ibérica (1959-1975)», Revista da História das Ideias, n.º 31 (2010), pp. 525-551.

[115] J. M. Zaratiegui, «La tecnocracia como forma de pensamiento económico en España: sus orígenes», en VII Encuentro de la AIHPE, Zaragoza, 2011 (publicación electrónica).

[116] A. Argandoña Rámiz, «El papel de los “tecnócratas” en la política y en la economía española, 1957-1964», en Iglesia y poder público. Actas del VII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, Córdoba, 1997, pp. 221-235; J. M. Zaratiegui, «El origen de la tecnocracia», en Nuevos Horizontes del Pasado. X Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Santander, 2010 (publicación electrónica), y «La tecnocracia franquista», en Ferrary y Cañellas (coords.), El régimen de Franco…, pp. 187-218; Orella, «Tecnocracia o la última crisálida de la derecha», pp. 261-284.

[117] M. T. Laporte, La política europea del régimen de Franco, 1957-1962, Madrid, 1992; A. Moreno Juste, Franquismo y construcción europea (1951-1962), Madrid, 1999; J. Crespo MacLennan, España en Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la modernidad, Madrid, 2004, pp. 59-80 y 87-99.

[118] A. González Fernández, «Los proyectos de renovación autoritaria, tecnocrática, en tiempos de dictadura tardía: Marcelo Caetano y Laureano López Rodó», Historia del Presente, n.º 27 (2016) (publicación electrónica).

[119] Ensayos básicos sobre su trayectoria política e intelectual en C. Goñi Apesteguía, «Teoría de la razón política. El pensamiento político de Gonzalo Fernández de la Mora», tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2011 (publicación electrónica), y P. C. González Cuevas, La razón conservadora. Gonzalo Fernández de la Mora, una biografía político-intelectual, Madrid, 2015. Otros estudios: AA.VV., Razonalismo. Homenaje a Fernández de la Mora, Madrid, 1995; L. Sánchez de Movellán, El racionalismo político de Gonzalo Fernández de la Mora, Madrid, 2002.

[120] N. Sesma Landrín, «Camino a la institucionalización. La pugna entre Falange y los sectores tecnócratas en torno al proceso de reforma administrativa de finales de los años cincuenta», documento de trabajo n.º 2, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 2009 (publicación electrónica).

[121] BOE, 26-2-1957 y 31-7-1957.

[122] A. de Diego, «La tardía definición programática del Régimen de Franco. La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (1958)», Aportes, n.º 57 (2005), pp. 94-109.

[123] A. Soto Carmona, «Auge y caída de la Organización Sindical Española», Espacio, Tiempo y Forma, serie V, n.º 8 (1995), pp. 247-276.

[124] Discurso en Villagarcía de Arosa, 17-3-1957. En J. Solís, Nueva convivencia española, Madrid, 1959, pp. 13-39.

[125] Existen numerosas biografías. Entre ellas, M. Millán Mestre, Fraga Iribarne. Retrato en tres tiempos, Barcelona, 1975; O. Cabezas, Manuel Fraga. Semblanza de un hombre de Estado, Madrid, 1976; J. M. Bernáldez, El patrón de la derecha (biografía de Fraga), Barcelona, 1985; M. Platón, Manuel Fraga, Madrid, 1992; A. Vence, Doctor Fraga y Míster Iribarne. Una biografía temperamental, Barcelona, 1995; J. Gilmour, Manuel Fraga Iribarne and the Rebirth of Spanish Conservatism, 1939-1990, Lewiston, 1999; M. Penella, Manuel Fraga Iribarne y su tiempo, Barcelona, 2009.

[126] BOE, 27-7-1957.

[127] Una descripción de los «seis niveles» de entidades controladas por la Delegación Nacional de Asociaciones en E. Maza Zorrilla, Asociacionismo en la España franquista. Aproximación histórica, Valladolid, 2011, pp. 88-102.

[128] Un estudio a cargo de uno de sus directivos: J. I. Fernández de Carranza, Historia de la OJE, Córdoba, 2017.

[129] P. Cobo Pulido, «Las asociaciones de Cabezas de Familia como cauce de representación: un fallido intento de apertura del régimen franquista», en Espacio, Tiempo y Forma, serie V, n.º 14 (2001), p. 437.

[130] L. Ayuso Sánchez, «Emergencia y configuración del asociacionismo familiar en España», Revista Internacional de Sociología, n.º 67-1 (2009), p. 117.

[131] M. A. Medina Muñoz, «Los consejeros nacionales del Movimiento según la Ley Orgánica y el Reglamento del Consejo», Revista Española de la Opinión Pública, n.º 171-172 (1970), pp. 117-140.

[132] Bardavío, La estructura…, pp. 117-118.

[133] Payne, Franco y José Antonio…, p. 650.

[134] Bardavío, La estructura…, p. 118.

[135] M. Gómez Oliver, «El movimiento estudiantil español durante el franquismo (1965-1975), Revista Critica de Ciências Sociais, n.º 81 (2008) (publicación electrónica).

[136] Declaraciones en Pueblo, 6-2-1968.

[137] C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, 1998, p. 68.

[138] M. Moreno Seco, «El miedo a la libertad religiosa. Autoridades franquistas, católicos y protestantes ante la Ley de 28 de junio de 1967», Anales de Historia Contemporánea, n.º 17 (2001), pp. 351-363.

[139] E. Chuliá, «La Ley de Prensa de 1966. La explicación de un cambio institucional arriesgado y de sus efectos virtuosos», Historia y Política, n.º 2 (1999), pp. 197-220.

[140] M. Fernández Areal, «Significado y alcance de la Ley Fraga», en C. Almuiña y E. Sotillos, (coords.), Del periódico a la sociedad de la información, Madrid, 2002, vol. 1, pp. 433-446.

[141] Al aprobarse la ley, el gubernamental Servicio Informativo Español publicó un texto explicativo titulado «Nueva Constitución».

[142] A. Cañellas Mas, «Ley Orgánica del Estado: origen y desarrollo constitucional», Aportes, n.º 22 (2007), pp. 68-78.

[143] La medida fue regulada por ley de 5-4-1968.

[144] ABC, 15-12-1966.

3. ESPERANDO A LA PARCA. LA DERECHA APERTURISTA (1969-1976)

[145] S. G. Payne, «¿Tardofranquismo o pretransición?», Cuadernos de la España Contemporánea, n.º 2 (2007), p. 6.

[146] F. Jiménez, «El caso MATESA: un escándalo político en un régimen autoritario», Historia y Política, n.º 4 (2000), pp. 43-68. Una investigación periodística en E. Álvarez Puga, Matesa. Más allá del escándalo, Barcelona, 1974.

[147] En Castilla, Girón habla a España, Valladolid, 1972, pp. 15-16.

[148] T. Luca de Tena, «Ni una cosa ni otra», ABC, 7-6-1967.

[149] J. L. Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982), Madrid, CSIC, 1994; X. Casals, «La renovación de la ultraderecha española: una historia generacional (1966-2008)», Historia y Política, n.º 22 (2009), pp. 233-258.

[150] J. Sánchez-Cervelló, La revolución portuguesa y su influencia en la Transición española (1961-1976), Madrid, 1995, p. 294.

[151] Blas Piñar, «Movimientos y Asociaciones (III), Fuerza Nueva, n.º 398, 24-8-1974. Sobre el tema, J. M. González Sáez, «Visiones de la transición portuguesa desde el búnker franquista: la revista Fuerza Nueva y la Revolución de los claveles (1974)», Historia Actual On-line, n.º 32 (2013), pp. 107-117.

[152] Toma de posesión del ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, Madrid, 1975, p. 16.

[153] F. J. Vanaclocha, «La elección de representación familiar en las Cortes Españolas (1967-1974) como elecciones no competitivas», Cuadernos Económicos de ICE, n.º 1 (1977), pp. 59-76; F. Miranda Rubio, «Los procuradores de representación familiar en la Novena Legislatura franquista (1967-1971)», Príncipe de Viana, n.º 203 (1994), pp. 615-637.

[154] C. Palomares, Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977, Madrid, 2006, p. 20.

[155] Sobre el reformismo y su relación con las otras corrientes: S. Míguez González, La preparación de la transición a la democracia en España, Zaragoza, 1990; C. T. Powell, «Crisis del franquismo, reformismo y transición a la democracia», en Tusell, Montero y Marín (eds.), Las derechas en la España contemporánea, Barcelona, 1997, pp. 247-270; Palomares, Sobrevivir…, y «Nuevas mentalidades políticas en el tardofranquismo», en N. Townson (ed.), España en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Madrid, 2009, pp. 103-128; Á. Soto Carmona, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Madrid, 2006; J. L. Rodríguez Jiménez, «La división de la clase política en el tardofranquismo», en C. Navajas Zubeldia (coord.), Crisis, dictaduras, democracia. I Congreso Internacional de historia de nuestro tiempo, Logroño, 2008, pp. 45-61.

[156] C. Huneeus, La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, Madrid, 1985, p. 30.

[157] Rodríguez Jiménez, «La división de la clase política…», p. 51.

[158] A. Cañellas Más, «Sobre el contraste de pareceres: la tecnocracia franquista ante las nuevas fórmulas de representación política», Memoria y Civilización. Anuario de Historia, n.º 13 (2010), pp. 55-75. Una visión tardía, pero muy esclarecedora del proyecto tecnócrata para el posfranquismo, es la síntesis doctrinal de uno de sus teóricos: J. Zafra Valverde, Alma y cuerpo del Movimiento Nacional, Pamplona, 1975.

[159] A. Pérez, «Trochas y vericuetos políticos del franquismo tardío: el Consejo Nacional del Movimiento (1961-1977)», El Rastro de la Historia, n.º 5 (s. f.) (publicación electrónica); P. Ysàs, «El Consejo Nacional del Movimiento en el franquismo tardío», en Ruiz-Carnicer (coord.), Falange. Las culturas políticas…, pp. 365-380.

[160] J. Utrera Molina, Derecho a la esperanza, Madrid, 1974, p. 15.

[161] J. Utrera Molina, Sin cambiar de bandera, Barcelona, 1989, p. 109.

[162] Un estudio global sobre las asociaciones políticas, en Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional…, pp. 271-337.

[163] M. Cantarero del Castillo, Reforma Social Española, Bilbao, 1977, p. 57.

[164] A. Magaldi Fernández, «Alfonso Osorio y la Unión Democrática Española (UDE): un proyecto democristiano en transición», Aportes, n.º 97 (2018), pp. 233-263.

[165] M. Maysounave, Partido Proverista, Bilbao, 1977, pp. 41-43.

[166] C. Powell, «El reformismo centrista y la transición democrática: retos y respuestas», Historia y Política, n.º 18 (2007), p. 50.

[167] José Luis Rodríguez Jiménez, «El reformismo azul en el tardofranquismo: las “Conversaciones sobre el futuro político de España”, la “Carta de los 39” y el Grupo Parlamentario Independiente», en J. Tusell et al., Historia de la Transición y consolidación democrática en España (1975-1986), Madrid, 1986, vol. 1, pp. 253-267.

[168] C. González Martínez, Salvador Sánchez-Terán. Un político de la Transición, Madrid, 2017, pp. 57-61.

[169] M. Fernández-Monzón y S. Mata, El sueño de la Transición, Madrid, 2014, p. 40.

[170] J. M. de Peñaranda, Los servicios secretos de Carrero Blanco, 2015, pp. 262-265.

[171] C. T. Powell, «The “Tácito” Group and the Transition to Democracy, 1973-1977», en F. Lannon y P. Preston (eds.), Elites and Power in Twentieth-Century Spain. Essays in Honour of Sir Raymond Carr, Oxford, 1990, pp. 249-268, y «La derecha reformista ante la crisis del régimen y la transición a la democracia: el caso de “Tácito”», en G. Gortázar (coord.), Nación y Estado en la España liberal, Madrid, 1994, pp. 291-320; J. L. Álvarez, «El Grupo Tácito», XX Siglos, n.º 32 (1997), pp. 94-102.

[172] R. Gunther, G. Sani y G. Shabad, El sistema de partidos políticos en España. Génesis y evolución, Madrid, 1986, p. 95.

[173] Palomares, Sobrevivir…, pp. 198-204; M. Penella, Los orígenes y la evolución del Partido Popular. Una historia de AP, 1973-1989, Madrid, 2005, vol. 1, pp. 43-44.

[174] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, 1980, p. 123; P. E, Gutiérrez Carreras, «Antecedentes de la Ley para la Reforma Política. La decantación de las diversas propuestas reformistas (diciembre de 1975-agosto de 1976)», Aportes, n.º 94 (2017), pp. 111-148.

[175] J. M. Otero Novas, Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones, Barcelona, 2015, p. 110.

[176] L. López Rodó, Memorias, Barcelona, 1990, pp. 740-741; J. Tusell y G. G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Barcelona, 2003, pp. 302-303.

[177] I. Saz, «¿Nación de regiones? Las Españas de los franquistas», en I. Sepúlveda (ed.), Nación y nacionalismos en la España de las autonomías, Madrid, 2018, p. 68. También C. Garrido López, «El regionalismo “funcional” del régimen de Franco», Revista de Estudios Políticos, n.º 115 (2002), pp. 111-127. Para un ejemplo característico, M. A. Giménez Martínez y G. León Cáceres, «Las raíces de Acción Regional Extremeña. Enrique Sánchez de León procurador en Cortes (1971-1977)», Revista de Estudios Extremeños, n.º LXX-1 (2014), pp. 517-568.

[178] Base 1.6, BOE, 21-11-1975.

[179] D. Sánchez Cornejo, «Un modelo de organización territorial del Estado de la derecha española en la Transición: los “regímenes administrativos especiales” para Cataluña y el País Vasco», en II Congreso Internacional «La España del presente. De la dictadura a la democracia», 2005 (publicación electrónica).

[180] S. Juliá, «En torno a los proyectos de Transición y sus imprevistos resultados», en C. Molinero (ed.), La Transición, treinta años después, Barcelona, 2006, p. 71.

[181] P. y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, Barcelona, 1995, p. 152.

[182] A. Hernández, Suárez y el rey, Madrid, 2011, p. 47.

[183] C. Palomares, «New political mentalities in the Tardofranquismo», en N. Townson (ed.), Spain Transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-1975, Londres, 2007, pp. 118-119.

[184] Osorio, Trayectoria…, p. 140.

[185] R. del Águila Tejerina, «La transición a la democracia en España: reforma, ruptura y consenso», Revista de Estudios Políticos, n.º 25 (1982), p. 105.

[186] A. Fernández-Miranda Campoamor, «La tramitación de la Ley para la Reforma Política», en Una ley para la Transición. XXV Aniversario de la Ley para la Reforma Política (4 de enero de 1977), Burgos, 2003, pp. 65-77.

[187] M. Contreras y E. Cebrián, «La Ley para la Reforma Política: memoria y legitimidad en los inicios de la transición española a la democracia», Revista de Estudios Políticos, n.º 168 (2015), p. 93.

4. RETORNO A LAS TRINCHERAS. LA DERECHA INMOVILISTA (1969-1976)

[188] «Ultras a secas», Fuerza Nueva, 2-3-1974.

[189] X. Machado, «Las tensiones entre el “aperturismo” y el “inmovilismo” franquistas. El caso Grimau», Historia del Presente, n.º 22 (2013), pp. 139-150.

[190] M. A. del Río Morillas, «Respuestas de la extrema derecha franquista ante el Espíritu del 12 de Febrero (1974-1975)», en A. Barrio, J. Hoyos y R. Saavedra (coords.), Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander, 2011 (publicación electrónica).

[191] «Carta abierta al director general de Cultura Popular», Fuerza Nueva, 8-6-1974.

[192] A. Garal Olariaga, «¿Patria sin Dios?», El Alcázar, 9-7-1974.

[193] F. Sevillano, «La política del “combatismo” en el Nuevo Estado: discurso, protección y encuadramiento del excombatiente en la posguerra española (1939-1941)», Historia Social, n.º 74 (2012), pp. 43-63.

[194] «Hermandad de Alféreces», en Alférez, n.º 7, 31-8-1947.

[195] A. Alcalde, Los excombatientes franquistas (1936-1965), Zaragoza, 2014, pp. 139-156.

[196] D. Veiga, «La Hermandad de la División Azul: un acercamiento al asociacionismo divisionario», Revista Universitaria de Historia Militar, n.º 4 (2013), pp. 108-129.

[197] J. Busquets, «Los alféreces provisionales hasta la creación de la Hermandad (1936-1958)», Historia 16, n.º 119 (1986), pp. 44-55; Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas…, p. 104.

[198] G. L. Mosse, Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford, 1990, p. 159.

[199] Concentración en el cerro de Garabitas, Arriba, 29-5-1962.

[200] Alcalde, Los excombatientes…, pp. 343-344.

[201] Rodríguez Virgili, «El Alcázar» y «Nuevo Diario»…, pp. 365-369; R. A. Nieto-Aliseda, «El periódico El Alcázar. Del autoritarismo a la democracia», tesis doctoral, Universidad San Pablo-CEU, 2014, pp. 147-152 y 171-172.

[202] C. Fernández, Los militares en la transición política, Barcelona, 1982, p. 63.

[203] F. Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975, Madrid, 1987, p. 141.

[204] Una visión global sobre el tema en Montero, La Iglesia…, pp. 223-336.

[205] En Castilla Girón habla a España…, pp. 20-21.

[206] V. Enrique y Tarancón, Confesiones, Madrid, 1996, pp. 469-470.

[207] E. Mainar Cabanes, El último cruzado español. El padre Oltra y el franquismo, Valencia, 2015.

[208] Se fusionó con la hermandad fundada por el padre Piulachs en una Hermandad Sacerdotal de San Antonio María Claret y San Juan de Ávila.

[209] J. M. González Sáez, «La Hermandad Sacerdotal española. La resistencia del clero conservador al cambio eclesial y político (1969-1978)», tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2011.

[210] J. M. González Sáez, «El nacimiento de la revista Iglesia-Mundo: la respuesta del catolicismo tradicional a la evolución de la Iglesia española», El Argonauta Español, n.º 9 (2012) (publicación electrónica).

[211] F. Blázquez, La traición de los clérigos en la España de Franco, Madrid, 1991, pp. 199-203.

[212] Iglesia-Mundo, 15-9-1974.

[213] Circular de la presidencia de la hermandad, en Iglesia-Mundo, 15-2-1974. El 13 de mayo es la festividad de la Virgen de Fátima y el 12 de septiembre, el genérico día del Dulce Nombre de María.

[214] «Entrevista a D. Blas Piñar», L. Hernández del Pozo (dir.), 40 años en la vida de España, Madrid, 1986, vol. 5, pp. 82-90.

[215] Monografías sobre FN que abarcan este periodo: J. L. Rodríguez Giménez, «Origen, desarrollo y disolución de Fuerza Nueva», Revista de Estudios Políticos, n.º 73 (1991), pp. 261-287; F. Torres García, «La alternativa neofranquista: el intento de concreción política durante la construcción del sistema de partidos en la Transición (Fuerza Nueva, 1966-1982)», Aportes, n.º 45 (2019, pp. 49-76; J. M. González Sáez, «La publicidad en la revista Fuerza Nueva (1966-1974): una aproximación a la financiación de la oposición franquista a la evolución del franquismo», Revista Historia Autónoma, n.º 2 (2013), pp. 107-126.

[216] C. Collado Seidel, España, refugio nazi, Madrid, 2005; J. M. Irujo, La lista negra. Los espías nazis protegidos por Franco y la Iglesia, Madrid, 2012.

[217] Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas…, pp. 115-116.

[218] G. Álvarez Chillida, El antisemitismo en España. La imagen del judío, 1812-2002, Madrid, 2002, p. 436.

[219] X. Casals, Neonazis en España. De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995), Barcelona, 1995.

[220] Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas…, pp. 398-409.

5. LAS OTRAS FALANGES. LA DERECHA INCÓMODA (1939-1976)

[221] S. G. Payne, Falange, París, 1965, p. 134.

[222] M. García Venero, Testimonio de Manuel Hedilla, Barcelona, 1972; J. M. Thomàs, El gran golpe. El «caso Hedilla», o cómo Franco se quedó con Falange, Barcelona, 2014.

[223] S. Hillers de Luque, España, una revolución pendiente, Madrid, 1975.

[224] R. Royo, El establishment, Barcelona, 1974, p. 29.

[225] Sobre la trayectoria del político falangista, García Venero, Testimonio…, y M. Hedilla y J. L. Jerez Riesco, La Falange del silencio. Escritos, discursos y declaraciones del II jefe nacional de la Falange, Madrid, 1999.

[226] «¡El pié, por la Revolución!», octavilla de Falange Española Auténtica, 1942.

[227] A. Romero Cuesta, Objetivo: matar a Franco (la Falange contra el Caudillo), Madrid, 1994; A. Batista, Matar a Franco. Los atentados contra el dictador, Barcelona, 2015.

[228] D. Ridruejo, Casi unas memorias, Barcelona, 1976, p. 236.

[229] M. Argaya, Historia de los falangistas en el franquismo. 19 abril 1937-1 abril 1977, Madrid, 2003, pp. 188-189, 222 y 231.

[230] S. Rodríguez Tejada, «Los últimos fascistas: juventud, política y dictadura franquista en los años cincuenta», en Ruiz-Carnicer (ed.), Falange. Las culturas políticas…, vol. 2. pp. 542-563.

[231] La contradicción del término fue señalada por S. Juliá, «¿Falange liberal o intelectuales fascistas?», Claves de la Razón Práctica, n.º 121 (2002), pp. 4-13. Sobre el grupo: A. de Diego González, «Los falangistas “liberales”: del totalitarismo “comprensivo” al aperturismo tardofranquista», en Cañellas (ed.), Conservadores y tradicionalistas…, pp. 193-226.

[232] J. C. Mainer, Falange y literatura, Barcelona, 1971, pp. 38-44.

[233] J. Alsina Calvés, «La disidencia falangista y el “Grupo de Burgos”», El Capetoblas, n.º 61 (2007) (publicación electrónica); M. Penella, Dionisio Ridruejo. Biografía, Barcelona, 2013, p. 201.

[234] S. Wahnon, «La estética fascista en la posguerra: Escorial», en La estética literaria de la posguerra, del fascismo a la vanguardia, Amsterdam, 1998, pp. 105-196; E. Iáñez, No parar hasta conquistar. Propaganda y cultura falangista: el grupo de Escorial (1936-1986), Gijón, 2011. Para una crítica integral de la utilización por otros autores del concepto «Falange liberal», pp. 301-320.

[235] Juliá, «¿Falange liberal…?», p. 10.

[236] J. Muñoz Soro, «Joaquín Ruiz-Giménez o el católico total: apuntes para una biografía política e intelectual hasta 1963», Pasado y Memoria, n.º 5 (2006), p. 260.

[237] J. J. Penalva, «Descargos, diarios y palinodias: algunos ejemplos de literatura memorialística en la generación del 36», Anales de Literatura Española, n.º 14 (2000-2001), pp. 97-134.

[238] A. Raja y Vich, «Las Españas de Rafael Calvo Serer y Pedro Laín Entralgo», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, n.º 50 (2015), pp. 99-110. Sobre la evolución intelectual y política del médico falangista, A. Albarracín, Pedro Laín, historia de una utopía, Madrid, 1994.

[239] AA.VV., Dionisio Ridruejo, de la Falange a la oposición, Madrid, 1976.

[240] Declaraciones a Nuevo Diario, 17-9-1974.

[241] Se refiere a las Leyes Fundamentales del Reino, que el franquismo calificaba de Constitución.

[242] E. Romero, Cartas al rey, Barcelona, 1973, pp. 92-93.

[243] Una visión desde el interior, en D. Márquez Horrillo, Círculos José Antonio, Bilbao, 1977.

[244] G. Morales, Falangistas contra el Caudillo, Málaga, 2007, pp. 145-146.

[245] F. Márquez Horrillo, Un falangista de filas, Barcelona, 2004, pp. 264-269.

[246] Ellwood, Prietas las filas…, p. 233; Morales, Falangistas contra…, pp. 158-159.

[247] H. Saña, «La Falange. Un intento de diagnóstico (V)», Índice, n.º 269-270 (1970), p. 34.

[248] Manifiesto fundacional del FES, en Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas…, p. 101.

[249] Una compilación de textos de Perales, con un estudio introductorio, en J. L. Martínez Morant, Narciso Perales. El falangista rebelde, Barcelona, 2007.

[250] Ellwood, Prietas las filas…, p. 241.

[251] Sobre estos grupos, F. Blanco Moral y J. L. García Fernández, FES, la cara rebelde de la Falange (1963-1977), Barcelona, 2007. El principal compendio doctrinal de los «independientes» en esta época es el de S. Hillers, Ética y estilo falangistas, Madrid, 1974.

[252] Informaciones, 29-3-1974.

[253] J. Oneto, Arias entre dos crisis, 1973-1975, Madrid, 1975, p. 243.

6. DEL TRADICIONALISMO AL SOCIALISMO. LA DERECHA CARLISTA (1939-1976)

[254] J. Aróstegui, Los combatientes carlistas en la Guerra Civil española, 1936-1939, 2 vols., Madrid, 1991; J. Cubero, «El carlismo en la guerra de España. El destierro de Fal Conde y la Unificación», Aportes, n.º 27 (1995), pp. 40-78; J. C. Peña Bernaldo de Quirós, El carlismo, la República y la Guerra Civil, 1936-1937 (de la conspiración a la unificación), Madrid, 1996; J. Canal, «El carlisme, la Guerra Civil i la Unificació», en J. M. Thomàs (ed.), Franquisme/feixisme, Reus, 2001, pp. 101-120.

[255] Un estudio global del periodo: J. Canal, «El carlismo crepuscular, 1939-2002», en J. Aróstegui, J. Canal y E. González Calleja, El carlismo y las guerras carlistas. Hechos, hombres e ideas, Madrid, 2003.

[256] M. Martorell, «La continuidad ideológica del carlismo tras la Guerra Civil», en «Por Dios, por la Patria y el Rey». Las ideas del carlismo, Pamplona, 2011, p. 212.

[257] Visiones globales de la deriva antifranquista en J. C. Clemente, El carlismo contra Franco, Barcelona, 2003; M. Martorell, Retorno a la lealtad. El desafío carlista al franquismo, Madrid, 2011, y J. Miralles Climent, La rebeldía carlista. Memoria de una represión silenciada: enfrentamiento, marginación y persecución durante la primera mitad del régimen franquista (1936-1955), Madrid, 2018.

[258] M. Santacruz, Apuntes para la historia del tradicionalismo español, 1939-1966, vol. 1, p. 166.

[259] A. Marín y M. M. Burgueño, In memoriam. Manuel Fal Conde, Sevilla, 1978, pp. 59-60.

[260] Por Dios, por la Patria y el Rey. Hoja de los Requetés de Navarra, diciembre de 1944.

[261] A. Villanueva, El carlismo navarro durante el primer franquismo, Madrid, 1998.

[262] F. M. de las Heras y Borrero, Un pretendiente desconocido. Carlos de Habsburgo, el candidato de Franco, Madrid, 2004, p. 56.

[263] Tesis javierista: F. Polo, ¿Quién es el rey?, Sevilla, 1949; tesis caroloctavista: F. J. de Lizarza Inda, La sucesión legítima a la Corona de España, Pamplona, 1951.

[264] Canal, El carlismo…, p. 352.

[265] X. Casals, Franco y los Borbones, Barcelona, 2005, pp. 232-237; I. Bolinaga Irasuegui, «El carloctavismo», Historia 16, n.º 370 (2007), pp. 78-87. Un caso concreto en J. M. Thomàs, «Carlisme barceloní als anys quaranta: “sivattistes”, “unificats”, “octavistes”», L’Avenç, n.º 212 (1997), pp. 12-17.

[266] A Carlos VIII le sucedieron como pretendientes al trono español dos de sus hermanos, que adoptaron los títulos de Carlos IX (1953-1961) y Francisco José I (1961-1975), y luego el hijo del primero, Domingo I, que publica documentos titulándose «rey legítimo de España» (<http://carloctavismo.blogspot.com>).

[267] Polo, ¿Quién es el rey?…, p. 106.

[268] La solicitud del Consejo, en el folleto «Exposición y dictamen que el Consejo Nacional de la Comunión Tradicionalista, en nombre de los carlistas españoles, elevó a S.A.R. el Príncipe Regente Don Javier de Borbón-Parma y Braganza, el día 30 de Mayo de 1952, durante su estancia en Barcelona con motivo del XXXV Congreso Eucarístico Internacional», Madrid, 1952.

[269] R. Oyarzun, Pretendientes al trono de España. La cuestión dinástica a la luz de la historia, Barcelona, 1965, p. 109.

[270] M. Vázquez de Prada, «El papel del carlismo navarro en la fragmentación definitiva de la Comunión Tradicionalista (1957-1960)», Príncipe de Viana, n.º 254 (2011), p. 396.

[271] M. Vázquez de Prada, «El nuevo rumbo político del carlismo hacia la colaboración con el Régimen (1955-1956)», Hispania, n.º 231 (2009), pp. 181-182.

[272] J. C. Clemente, Historia general del carlismo, Madrid, 1992, p. 378.

[273] Un perfil en M. Vázquez de Prada, «José María Valiente Soriano: una semblanza política», Memoria y Civilización, n.º 15 (2012), pp. 249-265.

[274] Un estudio general del periodo en M. Vázquez de Prada, El final de una ilusión. Auge y declive del tradicionalista carlista (1957-67), Madrid, 2016.

[275] M. Vázquez de Prada, «La Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas y la renovación ideológica del carlismo en los años cincuenta», en Mito y realidad en la historia de Navarra. Ponencias del IV Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 1998, vol. 1, pp. 212-232.

[276] J. Miralles Climent, «Aspectos de la cultura política del carlismo en el siglo XX», Espacio, Tiempo y Forma, n.º 17 (2005), p. 104; L. Pérez Domingo, 50 años de carlismo en Valencia. Círculo Cultural Aparisi y Guijarro, 1959-2009, Valencia, 2010. Sobre la prensa carlista del periodo, Clemente, Historia general…, pp. 733-760, y El carlismo en su prensa (1931-1972), Madrid, 1999; C. Alquézar Villarroya, «Esfuerzo Común: una revista carlista de oposición al régimen franquista (1960-1974)», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.º 88 (2013), pp. 297-318.

[277] Un repaso histórico del mito en J. C. Clemente, «Montejurra, el monte para la Eternidad. Historia de una oposición al franquismo», Tiempo de Historia, n.º 43 (1978), pp. 12-27; J. MacClancy, «El misterio de Montejurra», en J. A. Fernández de Rota (ed.), Simposio «Rito y misterio», La Coruña, 1992, pp. 47-51, y «An Anthropological Approach to Carlist Ritual: Montejurra during Francoism», en Violencias fraticidas. Jornadas de Estudio del Carlismo, Estella, 2009, pp. 299-322; F. J. Caspistegui, El naufragio de las ortodoxias. El carlismo, 1962-1977, Pamplona, 1997, pp. 283-351.

[278] «¡A Montejurra!», El Tradicionalista, n.º 4, 1959.

[279] Anotación del 3-6-1958, en F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, 2003, p. 313.

[280] Ibid., p. 374, anotación del 18-4-1960.

[281] J. M. Toquero, «El carlismo vasconavarro y don Juan de Borbón. La influencia del conde de Rodezno», en II Congreso Mundial Vasco-Congreso de Historia de Euskal Herria, San Sebastián, 1988, vol. VII, pp. 261-274.

[282] Conde de Melgar, El noble final de la escisión dinástica, Madrid, 1964, pp. 152-157 y 203-208; M. Vázquez de Prada, «Juanistas y carlistas: el intento de unión monárquica de 1957», Aportes, n.º 57 (2005), pp. 77-93.

[283] «Declaración de la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista», 16-3-1958, en Centinela, n.º 4 y 5 (1958).

[284] J. Canal, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, 2000, p. 362.

[285] C. Alcalá, D. Mauricio de Sivatte. Una biografía política (1901-1980), Barcelona, 2002.

[286] Junta Suprema de la Regencia Nacional Carlista de Estella, Declaración de la Regencia Nacional Carlista de Estella en defensa de la unidad católica de España, frente al Estatuto de pseudo-confesiones acatólicas proyectado por el Régimen, Barcelona, 1965.

[287] Estudios sobre el príncipe carlista: J. Lavardín, El último pretendiente a la Corona de España, París, 1976; M.ª T. de Borbón-Parma, Así fueron, así son, Barcelona, 2009; F. M. Heras y Borrero, Carlos Hugo, el rey que no pudo ser, Madrid, 2010, y M. Martorell, Carlos Hugo frente a Juan Carlos. La solución federal para España que Franco rechazó, Pamplona, 2014.

[288] Estudios sobre este periodo son: Caspistegui, El naufragio de las ortodoxias…, y J. Miralles Climent, «El carlismo militante (1965-1980). Del tradicionalismo al socialismo autogestionario», tesis doctoral, Universitat Jaume I, 2016 (publicación electrónica).

[289] M. Martorell, Estudiantes y obreros carlistas durante la dictadura franquista. La AET, el MOT y la FOS, Madrid, 2007; J. Onrubia Revuelta, La resistencia carlista a la dictadura de Franco. Los «Grupos de Acción Carlista» (G.A.C.), Madrid, 2001; J. MacClancy, «GAC. Militant Carlist Activism, 1968-1972», en W. A. Douglas (ed.), Essays in Basque Social Anthropology and History, Reno, 1989, pp. 177-185; J. Cubero de Vicente, «El Movimiento Obrero Tradicionalista (1963-1969)», en D. Montana y J. Rafart (eds.), Estat carlista. Tradició i furs, Avià, 2014; J. C. Clemente, La insurgencia carlista. Los grupos armados del carlismo: el Requeté, los G.A.C. y las F.A.R.C., Barcelona, 2016.

[290] A. M. Moral Roncal, «Permanencias y trasformaciones del carlismo», en Cañellas (ed.), Conservadores y tradicionalistas…, p. 118.

[291] F. Jáuregui y P. Vega, Crónica del antifranquismo, Barcelona, 1984, vol. 2, p. 256.

[292] «El Príncipe que fue minero», La Nueva España, 20-8-2010.

[293] Clemente, El carlismo en la España de Franco…, p. 54.

[294] Declaración de la Junta de Gobierno sobre las elecciones, del 1-9-1967, en Montejurra, 9-1967.

[295] Sobre la labor de este grupo en la deriva ideológica del príncipe son interesantes las memorias de I. Ipiña, Sol en las bardas. La forja oculta de Carlos Hugo, Madrid, 2010.

[296] «La instauración de la Monarquía Tradicional», en VM, n.º 3 (agosto-septiembre de 1969).

[297] Declaración de julio de 1969. En Clemente, Historia general…, p. 461.

[298] Moral Roncal, «Permanencias y transformaciones…», p. 121.

[299] J. Onrubia Revuelta, Notas para una historia de las «Fuerzas Activas Revolucionarias Carlistas» (F.A.R.C.), 1971-1973, Madrid, 2003.

[300] D. J. García Riol, «Las mujeres de un Carlismo en Transición», Espacio, Tiempo y Forma, n.º 28 (2016), pp. 257-281.

[301] Una visión global de este proceso en M. Vázquez de Prada y F. J. Caspistegui, «Del “Dios, Patria, Rey” al socialismo autogestionario. Fragmentación ideológica y ocaso del carlismo entre el franquismo y la Transición», en Tusell et al., Historia de la Transición…, vol. 1, pp. 309-329.

[302] J. C. Clemente Historia del carlismo contemporáneo, 1935-1972, Barcelona, 1977, pp. 234-240.

[303] J. Cubero, «El Partido Carlista. Oposición al Estado franquista y evolución ideológica (1968-1975)», en Tusell et al. (eds.), La oposición…, vol. 1, p. 404.

[304] Véase el ideario aprobado en el III Congreso, en Clemente, Historia del carlismo contemporáneo…, pp. 342-350.

[305] Información Mensual. Boletín interno del Carlismo, n.º 9 (abril de 1971).

[306] J. M. de Zavala, Partido Carlista, Bilbao, 1977, p. 26.

[307] M.ª Teresa de Borbón-Parma, La clarificación ideológica del Partido Carlista, Madrid, 1979, pp. 37-38.

[308] J. C. Clemente, Los orígenes del carlismo, Madrid, 1979, pp. 25-29.

[309] Zavala, Partido Carlista…, pp. 21-22. Un análisis de los textos básicos de esta interpretación histórica en Canal, El carlismo…, pp. 410-416, y E. González Calleja, «La producción historiográfica del último medio siglo sobre el carlismo en el proceso de la revolución española», Hispania, n.º 176 (1990), pp. 1.321-1.347.

[310] D. J. García Riol, «La resistencia tradicionalista a la renovación ideológica del carlismo (1965-1973)», tesis doctoral inédita, UNED, 2016,

[311] R. M.ª Errea, Javier María Pascual y «El Pensamiento Navarro», Pamplona, 2007.

[312] Publicó nueve tomos explicando el proceso: Memorias de un converso. Virutas de historia, Barcelona, 1943. Sobre las publicaciones integristas en el tardofranquismo: Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas…, pp. 232-233; J. M. González Sáenz, «El nacimiento de la revista Iglesia-Mundo: la respuesta del catolicismo tradicional a la evolución de la Iglesia española», El Argonauta Español, n.º 9 (2012) (publicación electrónica), y «La “contestación de derechas” en la Iglesia española del tardofranquismo», en A. Ibarra (ed.), No es país para jóvenes, Vitoria, 2012 (publicación electrónica).

[313] Primer Congreso de Estudios Tradicionalistas. Memoria, Madrid, 1964, p. 40.

[314] Segundo Congreso de Estudios Tradicionalistas. Memoria, Madrid, 1968, p. 62.

[315] E. Elías de Tejada, R. Gambra y F. Puy (eds.), ¿Qué es el carlismo?, Madrid, 1971, p. 35.

[316] Bulletin d’Information. Partí Carliste, París, noviembre de 1973; Partido Carlista, «Congreso Mundial de las Fuerzas Amantes de la Paz», Madrid, 1973 (folleto). Un perfil de la princesa en J. C. Clemente, «Las hijas de don Javier», en Seis estudios sobre el carlismo, Madrid, 1999, pp. 85-119, y La princesa roja. María Teresa de Borbón-Parma, Barcelona, 2002.

[317] «Carta de S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón a su hermano Carlos Hugo, 22 de septiembre de 1975» (<www.geocities.ws/montejurra1976>).

7. DEMOCRISTIANOS Y LIBERALES. LA DERECHA HOMOLOGABLE (1956-1976)

[318] Estudios generales sobre la Democracia Cristiana durante el franquismo son los de D. Barba Prieto, La oposición durante el franquismo; vol. 1: La Democracia Cristiana, 1936-1977, Madrid, 2001, y J. Tusell, La oposición democrática al franquismo, Barcelona, 2012.

[319] Hermet, Los católicos en la España…, vol. 1, p. 128.

[320] M. A. Ardid y J. Castro-Villacañas, José María Gil-Robles, Barcelona, 2004; F. A. Rojas Quintana, José María Gil-Robles. Historia de un injusto fracaso, Madrid, 2010.

[321] J. Tusell y J. Calvo, Giménez Fernández, precursor de la Democracia Cristiana, Sevilla, 1990, p. 229.

[322] Ibid., p. 237; L. Álvarez Rey, «El profesor Manuel Giménez Fernández (1896-1968). Desde el exilio interior», Andalucía en la Historia, n.º 3 (2015), p. 77.

[323] Montero, Cultura y comunicación…, pp. 19-36.

[324] Tusell, La oposición democrática…, pp. 329-330.

[325] F. Sevillano Calero, «Fernando Martín Sánchez Juliá: el apostolado del nacional-catolicismo», en Cañellas (ed.), Conservadores y tradicionalistas…, p. 124.

[326] O. Alzaga Villamil, «Izquierda Demócrata Cristiana», XX Siglos, n.º 26 (1995), pp. 58-73.

[327] Barba, La oposición…, pp. 81-82.

[328] A. Moreno Juste, «Reacción del nacional-catolicismo ante los inicios de la construcción europea: la constitución del europeísmo oficial, 1949-1953», en Tusell, Gil Pecharromán y Montero (eds.), Estudios sobre la derecha…, pp. 627-642; P. M. Weber, «El CEDI: promotor del occidente cristiano y de las relaciones hispano-alemanas de los años cincuenta», Hispania, n.º 188 (1994), pp. 1.077-1.103; J. M. Sanz Molinero, «Una Europa en negativo. El proyecto europeísta del nacionalcatolicismo español», en I. Saz y F. Achilés (coords.), La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, 2012, pp. 243-260.

[329] J. M. Zaratiegui, «El europeísmo como arma de oposición al franquismo (1956-1962)», Historia y Política, n.º 32 (2014), p. 222.

[330] J. Satrústegui (dir.), Cuando la transición se hizo posible. El «Contubernio de Múnich», Madrid, 1993; J. Crespo MacLennan, España en Europa, 1945-2000, Madrid, 2004, pp. 81-87; J. Amat, La primavera de Múnich. Esperanza y fracaso de una transición democrática, Barcelona, 2016.

[331] El texto de la resolución en Satrústegui, Cuando la transición…, p. 180; Sobre el papel del líder democristiano, F. A. Rojas Quintana, «José María Gil-Robles y el contubernio de Múnich», Veintiuno, n.º 49 (2001), pp. 67-76.

[332] J. M. Gil-Robles, Marginalia política, Barcelona, 1975, p. 63.

[333] Ibid., p. 120.

[334] González-Balado, Ruiz-Giménez, talante y figura…, Madrid, 1989; J. Muñoz Soro, «Cuadernos para el Diálogo» (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo, Madrid, 2006; M. P. Pando Ballesteros, Ruiz-Giménez y «Cuadernos para el Diálogo». Historia de una vida y de una revista, Salamanca, 2009.

[335] Barba, La oposición…, pp. 109-114.

[336] J. A. Ortega Díaz-Ambrona, «Ruiz-Giménez y la Democracia Cristiana», y O. Alzaga, «Izquierda Demócrata Cristiana», XX Siglos, n.º 26 (1985), pp. 30-46 y 58-77.

[337] L. Contreras, Joaquín Satrústegui. Perfil humano y político, Madrid, 1977, p. 92.

[338] J. M. de Areilza, A lo largo del siglo, 1909-1991, Barcelona, 1992.

[339] F. Álvarez de Miranda, La España que soñé, Madrid, 2013, p. 101.

[340] Cuadernos para el Diálogo, n.º 100 (enero de 1972).

[341] M. del Mazo, J. L. Munian y A. Otaño, Los cenocentristas, Madrid, 1970, p. 36.

[342] Barba, La oposición…, pp. 42-48.

[343] J. Antuña, C. Bru, J. Cortezo, E. Nasarre, Izquierda Democrática, Barcelona, 1976, pp. 22-24.

[344] F. Álvarez de Miranda, Del «contubernio»…, pp. 45-50.

[345] Cartas al pueblo español, Madrid, 1966, p. 182.

[346] J. M. Gil-Robles, Federación Popular Democrática (Democracia Cristiana), Bilbao, 1977, p. 19.

[347] Sobre la proyección internacional del PNV durante el franquismo, A. Ugalde Zubiri, El Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 1950-2001, Vitoria, 2001; L. Arrieta, Estación Europa. La política europeísta del PNV en el exilio, Madrid, 2007.

[348] F. Vilanova, Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la posguerra (1939-1942), Barcelona, 1999, p. 266.

[349] D. Díaz Esculies, L’oposició catalanista al franquisme. El republicanisme liberal i la nova oposició (1939-1960), Barcelona, 1996, pp. 23-29.

[350] L. B. Prats, «Nació, transició i democràcia cristiana. La UDPV entre els anys 1974 i 1978», Afers, n.º 67 (2010), pp. 619-640.

[351] F. Álvarez de Miranda, Del contubernio…, pp. 49-51.

[352] Sobre esta etapa del pensador, O. Díaz y F. de Meer, Rafael Calvo Serer. La búsqueda de la libertad (1954-1988), Madrid, 2010.

[353] Contreras, Joaquín Satrústegui. Perfil humano…, p. 95.

[354] Equipo de Documentación Política, Oposición española. Documentos secretos, Madrid, 1976, p. 23.

[355] Míguez González, La preparación…, p. 396.

[356] Morán, El maestro en el erial…

[357] Contreras, Joaquín Satrústegui. Perfil humano…

[358] F. Chueca Goitia, «Los viajes a Estoril», Boletín de la Real Academia de la Historia, n.º XXC-1 (1993), p. 7.

[359] Un perfil político en J. Oneto, José María de Areilza, Madrid, 1977. Areilza escribió varios libros de memorias, pero el conjunto de su trayectoria está recogido en A lo largo del siglo, 1909-1991, Barcelona, 1982.

[360] Entrevista a Joaquín Garrigues-Walker, Nuevo Diario, 10-11-1974.

[361] Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional… pp. 127-132 y 229-230.

[362] E. Larroque, Partido Liberal, Bilbao, 1977, p. 21.

[363] Sobre la trayectoria de Guadiana, J. A. Martínez, «Editoriales conflictivas y disidencia en tiempos de dictadura (1966-1975)», Arbor, n.º 747 (2011), pp. 135-136.

[364] I. Camuñas, Partido Demócrata Popular, Bilbao, 1977, pp. 11-13.

[365] J. M. Martínez Milán y V. A. López Pascual, «El Partido Universitario Independiente (1974-1977): ese desconocido», Aportes, n.º 99 (2019), pp. 193-218.

[366] Un perfil en R. Pi, Joaquín Garrigues Walker, Madrid, 1977.

[367] Sobre las Sociedades Libra, como antecedentes: Comité Ejecutivo del Partido Demócrata de Castilla, Partido Demócrata, Barcelona, 1976, y AA.VV., Partido Demócrata. Federación de Partidos Demócratas y Liberales, Madrid, 1977.

[368] J. B. Culla i Clarà, «L’evolució de l’espai centrista a Catalunya (1976-1982)», Institut de Ciències Polítiques i Socials, Working Paper n.º 4, 1989 (publicación electrónica).

8. EN TRANSICIÓN. LA DERECHA QUE NO QUERÍA SERLO (1976-1982)

[369] J. R. Montero Gibert, «Partidos y participación política: algunas notas sobre la afiliación política en la etapa inicial de la Transición española», Revista de Estudios Políticos, n.º 23 (1981), p. 38.

[370] J. M. Ruiz Gallardón, «¿Es usted de derechas?», ABC, 30-8-1974.

[371] M. A. Giménez Martínez, «Los reformistas del franquismo en las Cortes: el Grupo Parlamentario Independiente», Revista de Estudios Políticos, n.º 179 (2018), pp. 199-230.

[372] J. Hopkin, El partido de la Transición. Ascenso y caída de la UCD, Madrid, 2000, p. 61, y «Entre el gobierno y la oposición: los empresarios políticos y la formación de la Unión de Centro Democrático», en R. Quirosa-Cheyrouze (ed.), Historia de la Transición en España, Madrid, 2007, p. 271.

[373] Partido Demócrata, Madrid, 1977, p. 115.

[374] F. Álvarez de Miranda, La España que soñé, p. 150.

[375] Partido Demócrata-Federación de Partidos Demócratas y Liberales, Madrid, 1976, p. 88.

[376] Larroque, Partido Liberal, p. 14.

[377] Camuñas, Partido Demócrata Popular…, p. 21.

[378] Comité Ejecutivo del Partido Demócrata de Castilla, Partido Demócrata, Madrid, 1976, p. 94.

[379] M. Buse, La nueva democracia española. Sistema de partidos y orientación del voto (1976-1983), Madrid, 1984, p. 45.

[380] S. Delgado Fernández, «El complejo mapa de los partidos “social-demócratas” en la España de la Transición (1975-1979)», Revista de Estudios Políticos, n.º 135 (2007), p. 189.

[381] S. Delgado Fernández y P. Sánchez Millas, Francisco Fernández Ordóñez. Un político para la España necesaria (1930-1992), Madrid, 2007.

[382] O. Alzaga, conferencia en el Club Siglo XXI, del 20-1-1977, en O. Alzaga, Discursos parlamentarios (y otras disertaciones), Madrid, 2019, p. 23.

[383] J. A. Ortega Díaz-Ambrona, «El Partido Popular, embrión del Centro Democrático», en J. Sinova (ed.), Historia de la Transición, Madrid, 1984, vol. 1, p. 334.

[384] Areilza, A lo largo…, p. 238.

[385] Arriba, 3-3-1977; El País, 12-3-1977.

[386] F. Castillo Arenas, «El Partido Social Liberal Andaluz, un “toque regionalista” para la Unión de Centro Democrático», Ámbitos, n.º 8 (2013), pp. 136-142.

[387] Manual para 22 millones de electores, Madrid, 1977, pp. 8-9 y 11.

[388] F. González Ledesma et al., Las elecciones del cambio, Barcelona, 1977, pp. 249-250.

[389] A. Pantoja Chaves, «El discurso político de Adolfo Suárez durante la Transición. Aplicaciones metodológicas, Tejuelo, n.º 5 (2009), p. 92.

[390] Los datos de las elecciones generales, municipales y europeas presentados en este libro proceden, salvo indicación de lo contrario, de Consulta de resultados electorales (<www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min>). Los de las autonómicas, de Historia electoral (<www.historiaelectoral.com/es.html>).

[391] M. A. Giménez Martínez, «Renovación y continuidad de la élite política española durante la transición a la democracia: el caso de las Cortes Constituyentes (1977-1979)», Historia Constitucional, n.º 15 (2014), pp. 263-264.

[392] El País, 21-10-1977.

[393] Todas las ponencias y una amplia descripción de la estructura del partido en: UCD. La solución a un reto. Tesis para una sociedad democrática occidental, Madrid, 1979.

[394] Huneeus, La Unión de Centro Democrático…, p. 253.

[395] Un resumen comentado de la ponencia en L. Gámir, «La ideología de UCD», El País, 8-11-1978.

[396] La solución a un reto…, p. 43.

[397] Montero, «Partidos y participación política…», p. 41; I. Cavero, «La militancia de UCD», en Sinova (ed.), Historia de la Transición, vol. 2, pp. 506-507.

[398] Cavero, «La militancia de UCD…», idem.

[399] Montero, «Partidos y participación política…», p. 56.

[400] Huneeus, La Unión de Centro Democrático…, p. 230.

[401] L. Desfor Edles, Symbol and Ritual in the New Spain. The Transition to Democracy after Franco, Cambridge, 1998, p. 81.

[402] El texto completo de los pactos, en <www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol17> (colección Informe, n.º 17).

[403] M. Cabera, «Los Pactos de la Moncloa: acuerdos políticos frente a la crisis», Historia y Política, n.º 26 (2011), pp. 81-110.

[404] La minuta de las actas fueron publicadas en Revista General de las Cortes, n.º 2 (1984).

[405] A. Suárez, «Discurso de investidura», <www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol24> (colección Informe, n.º 24).

[406] M. Marina Carranza, «El pulso por los ayuntamientos. La convocatoria de las elecciones municipales de 1979 y el cambio político en España», Cuadernos de Historia Contemporánea, n.º 38 (2016), pp. 235-256.

[407] S. Alonso-Castrillo, La apuesta del centro. Historia de la UCD, Madrid, 1991, pp. 258-259.

[408] Osorio, Trayectoria política…, p. 301.

[409] R. Gunther, «El hundimiento de UCD», en J. J. Linz y J. R. Montero (eds.), Crisis y cambio. Partidos y electores en la España de los ochenta, Madrid, 1986, p. 469.

[410] R. Gunther y J. Hopkins, «A Crisis of Institutionalization: The Collapse of the UCD in Spain», en R. Gunther, J. R. Montero y J. J. Linz (eds.), Political Parties. Old Concepts and News Challenges, Oxford, 2002, p. 211, tabla 8.1.

[411] J. T. de Salas, «Por qué no sirve Suárez», Cambio 16, 14-5-1980.

[412] J. Melià, Así cayó Adolfo Suárez, Barcelona, 1981, pp. 56-58.

[413] M. Ruiz Romero, «Aspectos mediáticos y electorales en el devenir político del centro-derecha en la Transición andaluza», en C. Navajas Zubeldia (ed.), Actas del IV Simposio de Historia Actual, Logroño, 2004, p. 792; Castillo Arenas, «El Partido Social Liberal Andaluz…», p. 141.

[414] C. Iglesias Selgas, Mañana, la monarquía, Madrid, 1975, pp. 83-84.

[415] M. Herrero y Rodríguez de Miñón, «Sí, pero…», El País, 19-9-1980.

[416] Cit. en L. Lavilla, Una historia para compartir. Al cambio por la reforma, 1976-1977, Madrid, 2017, p. 76.

[417] Alonso Castrillo, La apuesta del centro…, pp. 415-416.

[418] Hernández, Suárez y el rey, p. 103.

[419] R. Muñoz Bolaños, 23-F. Los golpes de Estado, Madrid, 2015, p. 413.

[420] R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, 1984, p. 116.

[421] Melià, Así cayó Adolfo Suárez, pp. 100-105.

[422] C. T. Powell, «Leopoldo Calvo-Sotelo: corrigiendo el rumbo de una democracia amenazada», Revista de Occidente, n.º 336 (2009), pp. 41-58.

[423] Diario 16, 9-2-1981.

[424] E. Linde Paniagua, «El Grupo Parlamentario de Acción Democrática», El País, 3-1-1982.

[425] Delgado Fernández y Sánchez Millas, Francisco Fernández Ordóñez…, p. 280.

[426] J. M. Beneyto, «I Congreso Nacional del Partido Demócrata Popular», Revista de Derecho Político, n.º 16 (1982-1983), pp. 223-227.

[427] ABC, 2-9-1982.

[428] F. Álvarez de Miranda, La España…, p. 207.

[429] Y. Gómez Sánchez, «Congreso Extraordinario de Unión de Centro Democrático», Revista de Derecho Político, n.º 17 (1983), pp. 247-249.

[430] J. Hopkin, «La desintegración de la Unión de Centro Democrático: una interpretación organizativa», Revista de Estudios Políticos, n.º 81 (1993), p. 185-210.

[431] Gunther, «El hundimiento de UCD», pp. 443-492, y Gunther y Hopkins, «A Crisis of Institutionalization…», pp. 191-230.

[432] A. Muñoz Alonso, Las elecciones del cambio, Barcelona, 1984, p. 26.

[433] Huneeus, La Unión de Centro Democrático…, p. 202.

[434] R. Gunther, «El realineamiento del sistema de partidos en 1982», en Linz y Montero (eds.), Crisis y cambio…, p. 69.

9. LEJOS DEL PARAÍSO. LA DERECHA RELEGADA (1976-1982)

[435] El PNV, 1,62 por ciento en 1977, 1,65 por ciento en 1979 y 1,88 por ciento en 1982. CiU, 2,69 por ciento en 1979 y 3,67 por ciento en 1982.

[436] Ya, 4-2-1976.

[437] GODSA, Libro Blanco para la Reforma Democrática, Madrid, 1976, p. 8.

[438] Esta y otras intervenciones en clave reformista en M. Fraga, Cánovas, Maeztu y otros discursos de la segunda Restauración, Madrid, 1976.

[439] La Vanguardia Española, 8-9-1976.

[440] R. Baón, Historia del Partido Popular; vol. 1: Del franquismo a la refundación, Madrid, 2001, p. 123.

[441] Declaraciones de Areilza en J. Oneto, José María de Areilza, Madrid, 1977, pp. 67-68.

[442] C. Cabellos, «Los moderados, a la búsqueda del centro», en Sinova (ed.), Historia de la Transición…, vol. 1, p. 330.

[443] J. M. Sánchez-Prieto y G. Zafra, «El miedo al “cambio incontrolable”: la hora fallida de Fraga durante la Transición española», Revista de Estudios Políticos, n.º 174 (2016), p. 324.

[444] La actual web oficial del Partido Popular adopta una vía intermedia al considerar a Fraga, escuetamente, como «el principal impulsor de esta confederación [sic]», en <www.pp.es/conocenos/historia>.

[445] ABC, 14-10-1976.

[446] M. Fraga, España en la encrucijada, Madrid, 1976, pp. 22-24.

[447] ABC, 17-9-1976.

[448] ABC, 10-10-1976.

[449] Un perfil periodístico sobre los siete y su proyecto conjunto, en J. L. Martínez y S. Gallego, Los siete magníficos, Madrid, 1977.

[450] M. A. del Río Morillas, «De la extrema derecha neofranquista a la derecha conservadora. Los orígenes de Alianza Popular (1973-1979)», tesis doctoral, UAB, 2013, pp. XII-XV (publicación electrónica).

[451] «Apunte político» de José María Ruiz Gallardón, ABC, 10-10-1976.

[452] El País, 10-10-1976.

[453] ABC, 6-3-1977.

[454] Equipo Democracia 2000, Primer año del postfranquismo, Madrid, 1977, p. 167. Fernández de la Mora y el director de El Alcázar, Antonio Gibello, fueron condecorados con la Gran Cruz de la Orden del Mérito, otorgada por Augusto Pinochet, el 24-11-1976.

[455] J. R. Montero, «More than Conservative, Less than Neoconservative: Alianza Popular in Spain», en B. Girvin (ed.), The Transformation of Contemporary Conservatism, Londres, 1988, pp. 145-146.

[456] C. Seco Serrano, «Perspectiva histórica y posible futuro de la derecha española: un enfoque desde la mesura», Cuenta y Razón, n.º 44-45 (1989), p. 87.

[457] P. J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones, Madrid, 1977, p. 305.

[458] J. R. Montero Gibert, «Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza Popular, 1976-1986», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.º 39 (1987), p. 10.

[459] «Qué es Alianza Popular», El País, 5-6-1977.

[460] Penella, Los orígenes…, vol. 1, pp. 296-299.

[461] Baón, Historia del Partido Popular…, p. 137; N. Urigüen, A imagen y semejanza. La democracia cristiana alemana y su aportación a la Transición española, Madrid, 2018, pp. 237-239.

[462] «El proceso constituyente español visto por uno de sus protagonistas: entrevista a Óscar Alzaga Villaamil», Historia Constitucional, n.º 19 (2018), p. 2.

[463] A. Cañellas Mas, «Alianza Popular en los debates constituyentes de 1978», en Navajas e Iturriaga (coords.), Coetánea…, pp. 257-270.

[464] Penella, Los orígenes…, p. 353.

[465] ABC, 31-10-1978; Silva Muñoz, Memorias políticas…, p. 410.

[466] G. Fernández de la Mora, «Por qué voté negativamente la Constitución de 1978», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 75 (1998), pp. 249-263. Las posiciones de los diputados de AP sobre la Constitución están ampliamente detalladas en L. de la Fuente, «Valió la pena». Memorias, Madrid, 1998, pp. 283-296.

[467] ABC, 1-3-1978.

[468] J. L. Orella, «Derecha Democrática Española, la otra cara de la Democracia Cristiana», Aportes, n.º 45 (2001), pp. 97-107.

[469] Montero Gibert, «Los fracasos políticos y electorales…», p. 11.

[470] M. Fraga, El pensamiento conservador español, Barcelona, 1981, p. 256.

[471] M. Fraga, «La derecha posible», ABC, 16-1-1979.

[472] ABC, 15-11-1978.

[473] El País, 21-1-1979.

[474] Ramírez, Así se ganaron…, p. 131.

[475] J. Cosgaya García, «La actividad política de Laureano López Rodó durante la Transición a la democracia», en I. Sánchez Sánchez (ed.), La Transición a la democracia en España. Historia y fuentes documentales, Guadalajara, 2000 (publicación electrónica).

[476] Areilza, A lo largo del siglo…, p. 253.

[477] «Una opción de claridad y coherencia», El País, 23-3-1979.

[478] Hoja volandera de CD, marzo de 1979.

[479] Montero Gibert, «Los fracasos políticos y electorales…», p. 13.

[480] Penella, Los orígenes y la evolución…, vol. 1, p. 407.

[481] Gunther, Sani y Shabad, El sistema de partidos…, p. 456.

[482] Penella, Los orígenes y la evolución…, vol. 1, pp. 476-477.

[483] J. R. Calero, La construcción de la derecha española, Murcia, 1985, p. 207.

[484] Sus Memorias de un maldito (Barcelona, 1999), escritas cuando ya había roto con Fraga y AP, son muy útiles para conocer la intrahistoria del partido.

[485] J. B. Culla i Clarà, «L’evolució de l’espai centrista a Catalunya (1976-1982)», Working paper n.º 4, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1989 (publicación electrónica).

[486] Areilza, A lo largo del siglo…, p. 248.

[487] J. M. de Areilza, «Hacia una nueva mayoría», El País, 21-5-1978.

[488] C. García-León y B. Martínez Echevarría, Antonio Garrigues Walker, Barcelona, 2014, p. 98.

[489] Fraga, El pensamiento…, pp. 243-244.

[490] L. López Nieto, Alianza Popular. Estructura y evolución electoral de un partido conservador (1976-1982), Madrid, 1988, pp. 37-44.

[491] Los discursos, en Una política joven y europea. Primer Congreso Nacional del Partido Demócrata Popular, Madrid, 1982, pp. 29-30 y 47-48.

[492] O. Barberà, «Los orígenes de la Unión del Pueblo Navarro (1979-1991)», Papers, n.º 92 (2009), pp. 143-169.

[493] A. Bodoque Arribas, «Unió Valenciana (1982-2008). Una aproximación», Papers, n.º 92 (2009), pp. 197-225; S. Alegre Jaén, «Unió Valenciana. Nacimiento, auge y caída de un partido (1982-2000)», tesis doctoral, UNED, 2016 (publicación electrónica).

[494] H. Gómez de las Roces, «Apuntes para la historia del PAR», en AA.VV., Memoria de los partidos. Crónica de los partidos políticos aragoneses en la época de la Transición, Zaragoza, 2003, pp. 307-353; O. Barberà, A. Barrio y J. Rodríguez, «Los partidos de ámbito no estatal en Aragón: el Partido Aragonés y la Chunta Aragonesista», Papers, n.º 92 (2009), pp. 171-195.

[495] Diario 16, 22-9-1982.

[496] Muñoz Alonso, Las elecciones del cambio…, pp. 91 y 168.

[497] J. R. Montero, «El sub-triunfo de la derecha: los apoyos electorales de AP-PDP», en Linz y Montero (eds.), Crisis y cambio…, p. 345.

10. HUÉRFANOS DEL MOVIMIENTO. LA DERECHA INVOLUCIONISTA (1976-1982)

[498] X. Casals i Meseguer, «La ultraderecha española: una presencia ausente (1975-1999)», Historia y Política, n.º 3 (2000), pp. 147-172; J. L. Rodríguez Jiménez, «Historia de un fracaso y ¿de una refundación?: de la vieja a la nueva extrema derecha en España (1975-2012)», Studia Historica, n.º 30 (2012), pp. 231-268, y «El auge de la extrema derecha en Europa y ¿la excepción del caso español?», Ferro/Análisis, n.º 27 (2012), pp. 152-164.

[499] Visiones de este fenómeno europeo en M. Florentín, Guía de la Europa negra. Sesenta años de extrema derecha, Madrid, 1994; M. Pérez Ledesma (comp.), Los riesgos para la democracia. Fascismo y neofascismo, Madrid, 1997; X. Casals, Ultrapatriotas. Extrema derecha y nacionalismo de la Guerra Fría a la era de la globalización, Barcelona, 2003; J. L. Rodríguez Jiménez, La extrema derecha europea, Madrid, 2004; M. A. Simón (ed.), La extrema derecha en Europa desde 1945 a nuestros días, Madrid, 2007.

[500] P. C. González Cuevas, «Las tradiciones ideológicas de la extrema derecha española», Hispania, n.º 207 (2001), pp. 99-142.

[501] Sobre la ultraderecha en su conjunto, S. Ellwood, «The Extreme Right in Spain: A Dying Species?», en L. Cheles, R. Ferguson y M. Vaughan (eds.), The Far Right in Western and Eastern Europe, Londres, 1995, pp. 91-107; J. L. Rodríguez Jiménez, La extrema derecha española en el siglo XX, Madrid, 1997, y «La extrema derecha en la transición política a la democracia (1973-1982)», en R. Quirosa-Cheyrouze (ed.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, 2013, pp. 143-162; F. Gallego Una patria imaginaria. La extrema derecha española (1973-2005), Madrid, 2006; R. Jabardo, «La extrema derecha española 1976-1996: estrategias de movilización y estructura de la oportunidad política», Sistema, n.º 135 (1996), pp. 105-122; X. Casals i Meseguer, «La renovación de la ultraderecha española: una historia generacional (1966-2008)», Historia y Política, n.º 22 (2009), pp. 233-258; M. A. del Río, «La extrema derecha neofranquista a inicios del postfranquismo», HMIC. Història Moderna i Contemporània, n.º 9 (2011), pp. 92-105.

[502] J. M. de Areilza, Crónica de libertad, 1965-1975, Barcelona, 1985, p. 184.

[503] G. Fernández de la Mora, Los errores del cambio, Barcelona, 1986, p. 54.

[504] Gallego, Una patria imaginaria…, p. 107.

[505] J. V. Brioso Mayral, «El carlismo en la Transición», Aportes, n.º 46 (2001), pp. 4-19. 

[506] J. Gilmour, «The Extreme Right in Spain. Blas Piñar and the Spirit of the National Uprising», en P. Haimsworth (ed.), The Extreme Right in Europe and the USA, Londres, 1992, pp. 206-231.

[507] J. L. Rodríguez Giménez, «Origen, desarrollo y disolución de Fuerza Nueva», Revista de Estudios Políticos, n.º 73 (1991), pp. 261-287; F. Torres García, «La alternativa neofranquista: el intento de concreción política durante la construcción del sistema de partidos en la Transición (Fuerza Nueva 1966-1982)», Aportes, n.º 45 (2001), pp. 49-76; A. M. Lorite Checa, «La pervivencia del Movimiento en la Transición: Fuerza Nueva en Almería y Jaén (1976-1982)», Historia Actual Online, n.º 14 (2007), pp. 133-146.

[508] R. Ibáñez Hernández, «Una aproximación al Movimiento Nacional-sindicalista durante la Transición española», Aportes, n.º 54 (2001), pp. 13-34; L. T. Gil Cuadrado, «Las organizaciones falangistas en la Transición democrática española», y L. Velasco Martínez, «Papel político y electoral del fascismo durante la Transición», en R. Quirosa-Cheyrouze, L. C. Navarro y M. Fernández (coords.), Las organizaciones políticas, Almería, 2011, pp. 318-338 y 369-380 (CD); M. Madueño Álvarez, «El falangismo a la sombra del franquismo. La búsqueda de identidades de los grupos falangistas en los primeros años de la Transición», La Razón Histórica, n.º 40 (2018), pp. 101-115.

[509] Comunicado del FNE, Arriba, 16-1-1976.

[510] Aparecido en Patria Sindicalista, 25-1-1976.

[511] Un estudio sobre las diferencias en la interpretación doctrinal en M. Madueño Álvarez, «El falangismo de transición y algunos aspectos sobre España», La Razón Histórica, n.º 37 (2017), pp. 121-140.

[512] Sobre su experiencia publicó unas memorias: Testimonio y desencanto. Otra visión de la Transición: la Falange Disidente (1978-1992), Oviedo, 1996.

[513] P. Conde Soladana, «Falange Española de las JONS (Auténtica)», en M. A. Cruzado, Partidos políticos y economía. 22 alternativas para el futuro, Madrid, 1977, pp. 127-138.

[514] G. Morales, «Auge y caída de la Auténtica», Nihil Obstat, n.º 28 (2016), pp. 125-158.

[515] FE-I publicó un amplio programa como Manifiesto de los falangistas independientes. Queremos cambiar España…, Madrid, 1977.

[516] Márquez Horrillo, Círculos José Antonio…, p. 49.

[517] J. Cantarero, La huella de la bota. De los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha, Madrid, 2010.

[518] J. Yves-Camus, «Neo-Nazism in Europe», en U. Backes y P. Moureau (eds.), The Extreme Right in Europe. Current Trends and Perspectives, Göttingen, 2011, p. 235.

[519] El Alcázar, 5-11-1976.

[520] El Alcázar, 29-3-1977.

[521] R. Fernández-Cuesta, Testimonio, recuerdos y reflexiones, Madrid, 1985, p. 171.

[522] M. Cortés, «Directrices del episcopado español para la sociedad durante la transición política (1975-1978)», Revista Española de Derecho Canónico, n.º 153 (2002), pp. 829-847; C. Nieto Sánchez, «Los obispos del no. La Iglesia española ante la Constitución de 1978», en Ibarra (coord.), No es país para jóvenes; M. González, «La oposición católica a la aprobación de la Constitución española de 1978», en T. M. Ortega y M. A. del Arco (eds.), Claves del mundo contemporáneo. Debate e investigación, Granada, 2013 (CD).

[523] Rodríguez Jiménez, «Origen, desarrollo y disolución de Fuerza Nueva…», p. 278.

[524] B. Piñar, Por España entera, Madrid, 2001, p. 19.

[525] Fuerza Nueva, n.º 595, 3-6-1978.

[526] El País, 10-12-1978.

[527] P. C. González Cuevas, Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días, Madrid, 2000, p. 456.

[528] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 30-3-1979.

[529] M. Buse, La nueva democracia española. Sistema de partidos y orientación del voto (1976-1983), Madrid, 1984, pp. 122 y 125.

[530] Boletín Siempre (Sevilla), n.º 5 (1982). Cit. en C. Somé Laserna, «El voto útil de la derecha: las elecciones de 1982 y la Comunión Tradicionalista-Carlista», en Congreso Internacional «Historia de la época socialista. España, 1982-1996», Madrid, 2011 (publicación electrónica).

[531] El Alcázar, 28-10-1982.

[532] El País, 21-11-1982.

11. EL VOTO DE LAS ARMAS. LA DERECHA SUBVERSIVA (1976-1982)

[533] J. Muñoz Soro, «Señas de Caín: los discursos de la violencia política entre la dictadura y la democracia (1962-1982)», en A. Mateos y A. Herrerín (coords.), La España del presente. De la dictadura a la democracia, Madrid, 2006, pp. 39-58; J. Rodrigo, «España era una patria enferma. La violencia de la Guerra Civil y su legitimación en la extrema derecha española. Entre historia, representación y revisionismo», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.º 84 (2009), pp. 189-232.

[534] Estudios comparados en M. Albanese y P. del Hierro, Transnational Fascism in the Twentieth Century. Spain, Italy and the Global Neo-Fascist Network, Londres, 2016; M. Caiani y R. Borri, «Between violent and non-violent action strategies: a study on extreme-right organizations in Italy and Spain», Institut für Höhere Studien, Politikwissenschaft, n.º 130 (2012).

[535] V. Almenara, Los servicios de inteligencia en España. De Carrero Blanco a Manglano, Córdoba, 2010; J. M. Peñaranda, Los servicios secretos de Carrero Blanco, Madrid, 2015.

[536] F. Reinares, «Estado, democracia liberal y terrorismo político», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n.º 16 (1993), pp. 114 y 120.

[537] J. M. González Sáez, «Balance de víctimas mortales del terrorismo y la violencia política de la extrema derecha durante la Transición (1975-1982)», Historia Actual On-Line, n.º 27 (2012), pp. 7-17.

[538] M. Sánchez Soler, La Transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España, 1975-1983, Barcelona, 2010; A. Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, Madrid, 2004; I Sánchez-Cuenca y P. Aguilar, «Violencia política y movilización social en la Transición española», en S. Baby, O. Compagnon y E. González Calleja (eds.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX, Madrid, 2009; S. Baby, El mito de la Transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), Madrid, 2018; J. M. González Sáez, «La violencia política de la extrema derecha durante la Transición española (1975-1982)», en C. Navajas y D. Iturriaga (coords.), Coetánea. III Congreso Internacional de historia de nuestro tiempo, Logroño, 2012, pp. 365-376; X. Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, Barcelona, 2016.

[539] X. Casals, «¿Existió una estrategia de la tensión en España?», Historia del Presente, n.º 14 (2009), p. 25.

[540] J. Cubero Sánchez, «Montejurra 1976. Un intento de interpretación», en Tusell et al., Historia de la Transición, vol. 1, pp. 29-48.

[541] J. e I. Martínez Reverte, La matanza de Atocha, Madrid, 2016.

[542] Sánchez-Cuenca y Aguilar Fernández, «Violencia política…», p. 110.

[543] M. Madueño Álvarez, «Guerrilleros de Cristo Rey: el brazo armado de la extrema derecha en los primeros años de la Transición», La Razón Histórica, n.º 35 (2017), pp. 158-180.

[544] La Vanguardia, 19-9-2017.

[545] Colectivo Amanecer, Patria. Justicia. Revolución. La historia del Frente de la Juventud en sus documentos y propaganda, Barcelona, 2005.

[546] J. L. Rodríguez Jiménez, «La prensa de la extrema derecha en la transición del franquismo a la democracia (1973-1982)», El Argonauta Español, n.º 9 (2012) (publicación electrónica).

[547] J. Rodríguez Virgili, «El Alcázar» y «Nuevo Diario». Del asedio al expolio (1936-1970), Madrid; 2005; R. Á. Nieto-Aliseda, «El Alcázar: la etapa aperturista de un periódico laureado por el franquismo», Aportes, n.º 79 (2012), pp. 93-112.

[548] R. Á. Nieto-Aliseda, «El Alcázar: del autoritarismo a la democracia», tesis doctoral, Universidad San Pablo-CEU, 2014, pp. 191-445.

[549] J. M. González Sáez, «La transición militar en la revista Reconquista (1978-1981)», Revista Universitaria de Historia Militar, n.º 1 (2012), pp. 109-134; P. Martínez-Vasseur, «La presse militaire en Espagne entre franquisme et démocratie: le cas de la revue Reconquista», El Argonauta Español, n.º 10 (2013); L. González Pilote, «La revista Reconquista: la legitimación del intervencionismo militar como solución al terrorismo (1978-1981)», Hispania Nova, n.º 17 (2019), pp. 192-223.

[550] «Orden de la Agrupación para el día 17 de Julio de 1977» (hoja ciclostilada, archivo del autor).

[551] R. Muñoz Bolaños, «Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE», Rúbrica Contemporánea, n.º 4 (2013), pp. 101-120.

[552] Sobre la mentalidad militar de la época: J. Fernández López, El Rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España (1969-1982), Madrid, 1998; C. Barrachina, La participación política de los militares en la Transición española. Influencias, evoluciones y consecuencias, Barcelona, 2007.

[553] C. Yarnoz, «El síndrome del Norte», El País, 11-8-1985.

[554] Una semblanza en R. Muñoz Bolaños, «Deconstruyendo la figura del exteniente coronel Antonio Tejero Molina», Aportes, n.º 90 (2016), pp. 137-173.

[555] R. Muñoz Bolaños, «“Operación Galaxia”. La primera intentona golpista en la Transición», Historia del Presente, n.º 12 (2012), pp. 119-142.

[556] El 23-F dio origen a una extensa literatura durante los años siguientes, a cargo de periodistas y politólogos. Las carencias en la documentación disponible retrasaron un tanto la aparición de ensayos historiográficos. Una breve selección de estudios de ambos tipos: J. Busquets, M. A. Aguilar e I. Puche, El golpe. Anatomía y claves del asalto al Congreso, Barcelona, 1981; J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del Elefante: la conspiración del 23-F, Madrid, 1991; P. Cernuda, F. Jáuregui y M. A. Menéndez, 23-F. La conjura de los necios, Madrid, 2001; A. Pinilla García, El laberinto del 23-F. Lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama del golpe, Madrid, 2010; J. Oneto, 23-F, 30 años después, Barcelona, 2011; R. Muñoz Bolaños, 23F. Los golpes de Estado, Madrid, 2015.

[557] R. Muñoz Bolaños, «Espontáneos, Coroneles y Técnicos. Las tramas militares golpistas y la “solución Armada” (1980-1981)», Tiempo Presente, n.º 4 (2016), pp. 9-25.

[558] Casals, La Transición española…, pp. 501-532; R. Muñoz Bolaños, «El PSOE y la “Solución Armada”: La reunión Múgica-Armada en Lérida», Tiempo Presente, n.º 5 (2017), pp. 116-130. Armada dejó testimonio de su actuación en sus memorias (Al servicio de la Corona, Barcelona, 1983) y en J. M. Cuenca Toribio, Conversaciones con Alfonso Armada. El 23-F, Madrid, 2011.

[559] Un perfil en G. Cardona, Los Milans del Bosch, Barcelona, 2005, pp. 303-401.

[560] R. Muñoz Bolaños, «La VIIª Región Militar durante el golpe de Estado del 23-F», Revista Historia Autónoma, n.º 9 (2016), pp. 171-188, y «Sevilla durante el golpe de Estado del 23-F», Historia Actual, n.º 45 (2018), pp. 117-130.

[561] V. Prego, «Dos barajas para un golpe», El Mundo, 23-2-2006.

[562] El negociador del acuerdo, teniente coronel Eduardo Fuentes, publicó su versión en El pacto del capó. El testimonio clave de un militar sobre el 23-F, Madrid, 1993.

[563] J. de Andrés, «Golpes de Estado y respuestas desde fuera del ámbito institucional. La movilización social ante el 23-F», en J. M. Ortiz de Oruño y S. Castillo (coords.), Estado, protesta y movimientos sociales, Vitoria, 1998, pp. 295-304.

[564] M. Prieto, Técnica de un golpe de Estado. El juicio del 23-F, Madrid, 1982.

[565] Versión que se planteaba ya en el primer libro sobre el golpe (R. Cid Cañaveral et al., Todos al suelo. La conspiración y el golpe, Madrid, 1981) y que los sucesivos trabajos periodísticos fueron canonizando. A partir de 2010 los ensayos historiográficos han venido aportando algunas dudas sobre ello.

[566] Ello se tradujo en una cierta cantidad de libros, como el ensayo novelado del periodista Antonio Izquierdo Claves de un día de febrero (1982) o el del también periodista Juan Blanco 23-F. Crónica de un golpe de Estado anunciado (1995), así como numerosos textos de memorias de los protagonistas. Para una valoración crítica de la producción sobre el 23-F, R. Muñoz Bolaños, «Un análisis incompleto de un acontecimiento excepcional», Historiografías, n.º 9 (2015), pp. 81-109.

[567] Diario 16, 8-6-1981.

[568] R. González Andradas, El Manifiesto de los Cien. Crónica de una crisis militar en la Transición española, Madrid, 2012.

12. HACIA LA MAYORÍA NATURAL. LA DERECHA EN PROGRESIÓN (1982-1996)

  [569] Los dos principales trabajos historiográficos sobre AP a partir de 1982 son el de Baón, Historia del Partido Popular…, y el de Penella, Los orígenes y evolución…, t. II.

[570] Baón, Historia del Partido Popular…, p. 508.

[571] Y. Gómez Sánchez, «VI Congreso Nacional de Alianza Popular», Revista de Derecho Político, n.º 21 (1984), p. 259.

[572] Grupo Popular del Congreso, Hacia la alternativa popular, Barcelona, 1984, p. 26. El libro es un extenso programa económico, coordinado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

[573] Baón, Historia del Partido Popular…, p. 453.

[574] Alzaga, Discursos parlamentarios…, pp. 361-378.

[575] J. A. Martínez Sánchez, «El referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN», UNISCI. Discussion Papers, n.º 26 (2011), p. 305.

[576] Baón, Historia del Partido Popular…, p. 386.

[577] ABC, 11-11-1985.

[578] C. T. Powell, «El principal partido de la oposición y el “gobierno largo” del PSOE: de Fraga a Aznar», en A. Soto y A. Mateos (eds.), Historia de la época socialista. España 1982-1996, Madrid, 2013, p. 393.

[579] ABC, 10-3-1986.

[580] J. L. Álvarez, «El gran disparate», Ya, 10-3-1986.

[581] I. Arias, «Los medios de información españoles en las campañas de la OTAN», en España dentro de la Alianza Atlántica, Madrid, 1986, p. 136.

[582] El País, 14-3-1986.

[583] J. Verstrynge, Memorias de un maldito, Barcelona, 1999, p. 222.

[584] Penella, Los orígenes y la evolución…, p. 880; Baón, Historia del Partido Popular…, p. 705.

[585] M. Herrero, Memorias de estío, Madrid, 1993, p. 342.

[586] Verstrynge, Memorias…, p. 246.

[587] Penella, Los orígenes y la evolución…, p. 915.

[588] El País, 29-11-1988.

[589] Penella, Los orígenes y la evolución…, p. 1.062.

[590] Ibid., p. 1.064.

[591] Baón, Historia del Partido Popular…, p. 872.

[592] G. Palomo, De Aznar a Rajoy (1990-2007). La maldición de Casandra: los secretos de la derecha española, Madrid, 2006, pp. 59-67; J. A. Piqueras et al., El secuestro de la democracia. Corrupción y dominación política en la España actual, Madrid, 2011, pp. 31-33.

[593] M. V. García-Atance, «IX Congreso Nacional del Partido Popular», Revista de Derecho Político, n.º 31 (1990), pp. 229-230.

[594] ABC, 22-1-1989.

[595] Perfiles de su primera etapa política en R. Castro, El sucesor, Madrid, 1995, y J. Díaz Herrera e I. Durán, Aznar. La vida desconocida de un presidente, Barcelona, 1999.

[596] Retratos colectivos en L. Herrero, El poder popular. Quiénes son, cómo piensan los hombres de Aznar, Madrid, 1996, y A. Casado y J. Rivasés, Detrás de Aznar. Nombres para la alternativa, Barcelona, 1996.

[597] S. Balfour, «Continuidades y discontinuidades en los discursos nacionalistas conservadores desde la Transición», en J. Moreno Luzón (ed.), Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, 2007, p. 311.

[598] Rueda de prensa en Barcelona, El País, 23-4-1993.

[599] X. Casals, El pueblo contra el Parlamento. El nuevo populismo en España, 1989-2013, Barcelona, 2013, pp. 43-46.

[600] La Vanguardia, 4-6-1991.

[601] ABC, 19-1-2015.

[602] S. Gálvez Biesca, «La campaña del miedo. El papel de ABC en las elecciones de octubre de 1982», Espacio, Tiempo y Forma, serie V, n.º 16 (2004), pp. 371-398.

[603] P. del Castillo y G. Sani, «Las elecciones de 1986: continuidad sin consolidación», en Linz y Montero (eds.), Crisis y cambio…, p. 627.

[604] Y. Gómez Sánchez, «II Congreso Federal del Partido Demócrata Liberal», Revista de Derecho Político, n.º 21 (1984), pp. 261-264.

[605] «La otra forma de hacer España», folleto electoral del PRD, 1986.

[606] J. Antich, El virrey, Barcelona, 1994, pp. 219-223.

[607] El País, 12-4-1987.

[608] Sobre la creación y evolución de este partido, el estudio más completo es D. Díez Miguel, «Adolfo Suárez y el Centro Democrático y Social (1982-1991)», tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 2017 (publicación electrónica). También R. Quirosa-Cheyrouze, «El Centro Democrático y Social. Auge y caída de un proyecto político (1982-1996)», en Soto y Mateos (eds.), Historia de la época socialista…, pp. 405-430; M. Fernández-Amador y R. Quirosa-Cheyrouze, «La creación de Centro Democrático y Social en 1982», en R. Quirosa-Cheyrouze (ed.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, 2013, pp. 201-220.

[609] A. Sarasqueta, La agonía del duque. El enigma Suárez, Madrid, 1991, p. 182.

[610] R. Quirosa-Cheyrouze, «El resurgir de Adolfo Suárez. Las elecciones de 1986 y el Centro Democrático y Social», Historia del Presente, n.º 28 (2016), pp. 114-130.

[611] G. y R. Sánchez Medero, «PP-CDS. Pactos y alternativas de gobierno del centro-derecha en 1989», Política y Sociedad, n.º 40-2 (2003), p. 197.

[612] Ibid., p. 199.

[613] R. Tamames, Más que unas memorias, Barcelona, 2013, p. 476.

[614] Entrevista publicada en El Mundo, 30-3-1990.

[615] A. J. Báez García, «De UCD a CCN: una aproximación al centro político en Canarias (1977-2009)», IX Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, Málaga, 2009 (publicación electrónica).

[616] ABC, 6-11-1993.

[617] El País, 7-6-1994.

13. VOX CLAMANTIS IN DESERTO. LA DERECHA ANTISISTEMA (1982-2004)

[618] I. Llamanzares, L. Ramiro, F. Saumade, «Les espaces politiques restreints de la droite radicale espagnole», Pȏle Sud, n.º 25 (2006), p. 142.

[619] Casals, El pueblo contra el Parlamento…, pp. 186-187.

[620] Entre 1983 y 1987 actuaron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), misteriosa organización terrorista dedicada a luchar contra ETA a la que se le han señalado fuertes vínculos con la estructura policial y con algunos políticos socialistas entonces en funciones gubernamentales. Sin embargo, por ello no puede relacionarse con la ultraderecha, como sí sucede con sus antecedentes, como la Triple A o el Batallón Vasco-Español.

[621] A. Hernández-Carr, «La derecha radical populista en Europa: discurso, electorado y explicaciones», REIS, n.º 136 (2011), pp. 141-160.

[622] P. Ignazi, Extreme Right Parties in Western Europe, Oxford, 2003, p. 191.

[623] Casals, Ultrapatriotas…, p. 263.

[624] J. E. Lane y S. Ersson, Politics and Societies in Western Europe, Londres, 1999, 4.ª ed., p. 79.

[625] J. Antón-Mellón y A. Hernández-Carr, «El crecimiento electoral de la derecha radical populista en Europa: parámetros ideológicos y motivaciones sociales», Política y Sociedad, n.º 53-1 (2016), p. 21.

[626] T. Greven, The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States. A Comparative Perspective, Washington D. C., 2016, p. 1.

[627] A. Schedler, «Anti-Political-Establishment Parties», Party Politics, n.º 2-3 (1996), p. 294.

[628] Una extensa selección de sus frases en El libro marrón de Jesús Gil y Gil. Pensamientos y logorreas, Madrid, 1991.

[629] Sobre la primera etapa empresarial del jerezano y la expropiación, véanse J. M. Bernáldez, El señor RUMASA, Barcelona, 1983; E. Ekaizer, José María Ruiz Mateos, el último magnate, Barcelona, 1985.

[630] «Las razones de mi presencia en estas elecciones», ABC, 2-10-1989.

[631] Casals, El pueblo contra el Parlamento…, p. 33.

[632] <www.europarl.europa.eu/meps/es/985/JOSE+MARIA_RUIZ-MATEOS+JIMENEZ+DE+TEJADA/history/3>.

[633] Perfiles personales en J. L. Galiacho, Jesús Gil y Gil, el gran comediante, Madrid, 1993, y Gil, el gran comediante. La farsa continúa, Madrid, 1999; I. Castelló, Salvaje. La imperiosa historia de Jesús Gil y Gil, Barcelona, 2017.

[634] Declaraciones a El País Semanal, 27-10-1989.

[635] a Revista, La Vanguardia, 4-6-1991.

[636] Sobre esta etapa, véanse J. Cacho, Asalto al poder. La revolución de Mario Conde, Madrid, 1988: E. Pérez García y M. A. Nieto, Los cómplices de Mario Conde, Madrid, 1993; L. Herrero, Conde, el ángel caído, Madrid, 1994.

[637] Queirosa-Cheyrouze, «El Centro Democrático y Social. Auge y caída de un proyecto político…», p. 429.

[638] El Norte de Castilla, 21-8-2012.

[639] M. H. Williams, The Impact of Radical Right-wing Parties in West European Democracies, Londres, 2006, pp. 56-57.

[640] <www.falange-autentica.es/descargas/category/2-documentos-historicos>.

[641] Comunicado de disolución, en Cambio 16, 29-11-1982.

[642] F. Gallego, «El Frente Nacional francés. De la reagrupación de la extrema derecha a la alternativa nacional-populista (1972-2014)», Tiempo Devorado. Revista de Historia Actual, n.º 1 (2017), p. 9.

[643] R. A. Nieto-Aliseda, «La extrema derecha en la Transición: Juntas Españolas y El Alcázar», Aportes, n.º 86 (2014), pp. 177-206.

[644] Casals, Neonazis en España…, pp. 175-212.

[645] El País, 17-11-2007.

[646] «Manifiesto del Proyecto Cultural Aurora», Hespérides, n.º 1 (1993).

[647] J. J. Esparza, «Los indoeuropeos. La memoria de Europa», UrKultuR. Edición Transversal de Cultura Europea Originaria, n.º 1 (2010), p. 14.

[648] E. Milà, «¿Europa? ¿Eurosiberia? ¿Eurasia?», UrKultuR, n.º 11 (2010), p. 57. Sobre la cuestión: N. Lebourg, «Arriba Eurasia? The Difficult Establishment of Neo-Eurasianism in Spain», en M. Laruelle (ed.), Eurasianism and the European Far Right, Lantham, 2015, pp. 125-142.

[649] A. Duguin, La Cuarta Teoría Política, Barcelona, 2012, pp. 18 y 241.

[650] T. Adán Revilla, Ultras y skinheads: la juventud visible. Imágenes, estilos y conflictos de las subculturas juveniles en España, Oviedo, 1996; Cantatero, La huella de la bota…; C. Viñas, «Skinheads a Espanya. Origens, implantació i dinàmiques internes (1980-2010)», tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2012 (publicación electrónica).

[651] M. Sánchez Soler, Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español, Madrid, 1993, pp. 75-78.

[652] Rodríguez Jiménez, La extrema derecha española…, p. 497.

[653] R. García, «Yo fui de Bases Autónomas», El Cadenado. Diario Inconformista Digital, julio de 2016.

[654] A. Salas, Diario de un skin. Un topo en el movimiento neonazi español, Madrid, 2003.

[655] «Eh! Negro», <www.musica.com/letras.asp?letras=4882>.

[656] SOS Racismo, Informe anual 2000 sobre racismo en el Estado español, Barcelona, 2000, p. 137.

[657] Sobre las peñas «ultras» y sus puntos de identificación con el neonazismo: Movimiento contra la Intoleracia, Racismo y violencia en el fútbol, Informe Raxen, especial 2005, y C. Viñas Gracia, El mundo ultra. Los radicales del fútbol español, Madrid, 2005.

[658] I. Ramón Madir, La violencia en el fútbol, Sevilla, 2009; M. T. Adán Revilla, «Ultras e hinchas: política y violencia en el fútbol en España (1982-1997)», Investigación en Ciencias del Deporte, n.º 20 (1998), pp. 107-129; R. Spaaij y C. Viñas, «Passion, Politics and Violence: A Socio-historical Analysis of Spanish Ultras», Soccer and Society, n.º VI-1 (2005), pp. 79-96.

[659] F. Büttner, «Right-wing Extremism in Spain: Between Parliamentary Insignificance, Far-right Populism and Racist Violence», en N. Langenbacher y B. Schellenberg (eds.), Is Europe on the «Right» Path? Right-wing Extremism and Right-wing Populism in Europe, Berlín, 2011, p. 182.

[660] Movimiento contra la Intolerancia. Informe Raxen n.º 45. Ofensiva xenófoba durante la crisis económica, Madrid, 2010, p. 52.

[661] En este sentido, una de las primeras sistematizaciones sobre la nueva derecha radical, el libro de H. Kitschelt y A. J. McGann, The Radical Right in Western Europe. A Comparative Analysis, Ann Arbor, 1995, señalaba la «ausencia de partidos significativos en España» (p. 56).

[662] M. Caiani y L. Parenti, European and American Extreme Right Groups and the Internet, Farnham, 2013, p. 31.

[663] Informe anual 2002 sobre el racismo en el Estado español, Barcelona, 2002, pp. 48-52.

[664] Movimiento contra la Intolerancia. Informe Raxen especial 2010…, p. 39.

[665] M. Caiani y L. Parenti, «The Spanish Extreme Right in Internet», Analise Social, n.º 201 (2011), p. 737.

[666] Algunos estudios al respecto: V. Stolcke, «El problema de la inmigración en Europa: el fundamentalismo cultural como nueva retórica de exclusión», Mientras Tanto, n.º 55 (1993), pp. 73-91; J. L. Solana, «Identidad cultural, racismo y antirracismo», en P. Gómez (coord.), Las ilusiones de la identidad, Madrid, 2000, pp. 99-126; J. A. Mellón, «Inmigración y xenofobia política. La teoría política de la Nueva Derecha Europea (ND)», en R. Bergalli (coord.), Flujos migratorios y su (des)control, Barcelona, 2006, pp. 43-107; Hernández-Carr, «La derecha radical populista…», pp. 141-160.

[667] L. D. Scisco, Political Nativism in New York State, Nueva York, 1901, p. 16.

[668] C. Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge, 2007, pp. 18-19. Un estado de la cuestión sobre el desarrollo político del concepto, en H.-G. Betz, «Nativism and the Success of the Populist Mobilization», Revista Internacional de Pensamiento Político, n.º 12 (2017), pp. 169-188.

[669] Sobre este asunto: Álvarez Chillida, El antisemitismo en España…; I. Rohr, La derecha española y los judíos, 1898-1945. Antisemitismo y oportunismo, Valencia, 2010.

[670] J. L. Rodríguez Jiménez, «Antisemitism and Extreme Right in Spain (1962-1997)», Analysis of Current Trends in Antisemitism, n.º 15 (1999), pp. 6-7.

[671] Tercer Frente, n.º 3 (11-1977).

[672] El Faro de Ceuta, 16-2-1986, cit. en C. Stallaert, Etnogénesis y etnicidad en España. Una aproximación histórico-etnográfica al casticismo, Barcelona, 1998, p. 145.

[673] H.-G. Betz, Radical Right-Wing Populism in Western Europe, Londres, 1994, pp. 70 y 77.

[674] <www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/standard-special-eb/study-overview/>.

[675] T. Desrues y M. Pérez Yruela, Percepciones y actitudes hacia el islam y los musulmanes en España, Madrid, 2008, p. 13.

[676] A. I. Planet Contreras, «Islam in Spain: From Historical Question to Social Debate», en A. I. Planet (ed.), Observing Islam in Spain. Contemporary Politics and Social Dynamics, Leiden, 2018, p. 17.

[677] C. González-Enríquez, «La excepción española: el fracaso de los grupos de derecha populista pese al paro, la desigualdad y la inmigración», documento de trabajo n.º 7/2017, Real Instituto Elcano (publicación electrónica).

[678] S. Alonso y C. Rovira Kaltwasser, «Spain: No Country for the Populist Right?», South European Society and Politics, vol. 20, n.º 1 (2014), p. 23.

[679] A. L. Moyano, Neonazis. La seducción de la esvástica, Madrid, 2004, cap. 5.

[680] <www.alianzanacional.org/Descargas/Acta_del_Congreso_de_Refundacion.pdf>.

[681] «El pequeño “führer” de Getafe», Público, 25-5-2010.

[682] <https://movimientosocialrepublicano.wordpress.com/2018/01/30/comunicado-oficial-del-movimiento-social-republicano>.

[683] <www.espana2000.org>. Sobre el partido, A. I. López Ortega, «España 2000. ¿La emergencia de una nueva derecha radical populista?», «La renovación ideológica de la derecha radical valenciana» y «La explotación del conflicto multicultural por la extrema derecha valenciana», Nómadas, n.º 51-2 y 51-4 (2017) (publicación electrónica).

[684] X. Casals, Ultracatalunya. L’extrema dreta a Catalunya: de l’emergència del búnker al rebuig de les mesquites (1966-2006), Barcelona, 2006, y «La Plataforma per Catalunya, la eclosión de un nacional-populismo catalán (2003-2009)», Working paper del Institut de Ciències Polítiques i Socials, n.º 274 (2009) (publicación electrónica); A. Hernández-Carr, «La irrupción de la nueva derecha en España. Un análisis de la trayectoria, estrategia política y base electoral de la Plataforma per Catalunya», tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012 (publicación electrónica).

14. EL AZNARATO. LA DERECHA HEGEMÓNICA (1996-2004)

[685] J. Tusell, El aznarato. El Gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, 2004, p. 367.

[686] M. Vázquez Montalbán, La aznaridad. Por el Imperio hacia Dios o por Dios hacia el Imperio, Barcelona, 2003.

[687] S. Balfour, «“Bitter Victory, Sweet Defeat”. The March 1996 General Elections and the New Government in Spain», Government and Opposition, n.º 31 (1996), pp. 275-287.

[688] J. Marcet, Convergencia Democrática de Cataluña. El partido y el movimiento político, Madrid, 1987; J. B. Culla (coord.), El pal de paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000), Barcelona, 2001.

[689] J. L. de la Granja, El nacionalismo vasco. Un siglo de historia, Madrid, 1995; S. de Pablo y L. Mees, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco (1895-2005), Barcelona, 2006.

[690] El País, 4-3-1996.

[691] <www.youtube.com/watch?v=9Sgty4Cey08>.

[692] C. R. Aguilera de Prat, «Convergencia i Unió ante los pactos de gobernabilidad de 1993 y 1996», Sistema, n.º 165 (2001), pp. 99-130; C. Cotton, «How The 1996 Hotel Majestic agreement may explain a future PP/CiU relationship in Madrid», Working paper n.º 302, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2011 (publicación electrónica).

[693] J. M. Benegas, «El Partido Socialista y España», Temas para el Debate, n.º 30 (1997), p. 40.

[694] L. Bassets, La gran vergüenza. Ascenso y caída del mito de Jordi Pujol, Barcelona, 2014, p. 89.

[695] El País, 24-4-2000.

[696] El Mundo, 30-1-1999.

[697] ABC, 30-1-1999.

[698] P. C. González Cuevas, «Las otras derechas en la España actual: teólogos, racionalistas y neoderechistas», El Catoblepas, n.º 103 (2010), p. 10.

[699] J. I. del Burgo, El escándalo del lino. Historia de una infamia, Pamplona, 2009.

[700] E. del Pino, «¿Se ha vuelto conservadora la sociedad española? Explicaciones alternativas de la victoria electoral del Partido Popular en las elecciones generales de 2000», Foro Internacional, n.º 170 (2002), p. 743.

[701] J. Tusell, «La alternativa de la derecha (1996-2000)», en C. Navajas Zubeldia (ed.), Actas del III Simposio de Historia Actual, Logroño, 2002, p. 178.

[702] J. M. Aznar, Libertad y solidaridad, Barcelona, 1991, p. 37.

[703] X. M. Núñez Seixas, «La nación en la España del siglo XXI : un debate inacabable», Pasado y Memoria, n.º 9 (2010), p. 139.

[704] C. Velasco Arroyo, «Los contextos del patriotismo constitucional», Cuadernos de Alzate, n.º 24 (2001), pp. 63-78.

[705] S. Balfour y A. Quiroga, The Reinvention of Spain. Nation and Identity since Democracy, Oxford, 2007, p. 90.

[706] J. M. Núñez Seixas, «From National-Catholic Nostalgia to Constitutional Patriotism. Conservative Spanish Nationalism since the Early 1990s», en S. Balfour (ed.), The Politics of Contemporary Spain, Abingdon, 2005, p. 134.

[707] A. Vidal-Quadras, «Razón o “Volkgeist”: un dilema ético», El País, 21-9-1998.

[708] Cit. en I. Saz, «Visiones de patria entre la dictadura y la democracia», en I. Saz y F. Achiles (eds.), La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, 2012, p. 276. Los autores de la ponencia eran Josep Piqué y María San Gil.

[709] M. Iglesias Cavicchioli, Aznar y los «neocons». El impacto del neoconservadurismo en la política exterior de España, Barcelona, 2017, pp. 24-25.

[710] P. Carmona, B. García y A. Sánchez, Spanish neocon. La revuelta conservadora en la derecha española, Madrid, 2012, p. 63.

[711] R. Bardají, «Una visión neoconservadora del mundo de hoy», en GEES, Qué piensan los neocon españoles, Madrid, 2007, p. 29.

[712] I. J. Palacios, Fundación Cánovas del Castillo. Veintiún años de historia, 1980-2001, Madrid, 2001; C. Robles Piquer, M. Fraga y F. Sanabria, Fundación Cánovas del Castillo. Historia de un trabajo bien hecho, Madrid, 2010.

[713] Entrevistado por Palacios en Fundación Cánovas del Castillo…

[714] ABC, 11-11-2002.

[715] J. Muñoz Soro, «Sin complejos: las nuevas derechas y sus intelectuales», Historia y Política, n.º 18 (2007), p. 150.

[716] V. Puig, «Estrategias del “buenismo”», en V. Puig (ed.), El fraude del «buenismo», Madrid, 2005, p. 23.

[717] El GEES mantiene una web propia de enorme interés para el estudio de la corriente neocon, <www.gees.org>.

[718] Iglesias Cavicchioli, Aznar y los «neocons»…, p. 33.

[719] N. Lachmann, «Présence néoconservatrice en Espagne: la fin d’une influence?», Critique Internationale, n.º 43 (2009), pp. 133-150.

[720] A. Reig Tapia, «La pervivencia de los mitos franquistas», en Viñas (ed.), En el combate por la historia…, p. 903.

[721] F. Espinosa Maestre, El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, Badajoz, 2005; A. Reig Tapia, Revisionismo y política. Pío Moa revisitado, Madrid, 2008; E. Moradiellos, «Revisión histórica crítica y pseudo-rrevisionismo político presentista», Badajoz, 2011.

[722] M. Montero, «El “nacionalismo vasco moderado” y la violencia terrorista, 1976-2006», Cuadernos de Alzate, n.º 35 (2006), pp. 51-70.

[723] ABC, 27-7-2002; I. Smolka Vida, El conflicto de Perejil. La información y la opinión periodística sobre Marruecos en tiempos de crisis, Ceuta, 2005.

[724] El País, 2-12-2014.

[725] J. J. Kourliansky, «Bilan des années Aznar: l’affirmation nationale et atlantique de l’Espagne», Revue Internationale et Stratégique, n.º 54 (2004), p. 40.

[726] P. Schwartz, Empresa y libertad, Madrid, 1981, pp. 14-15.

[727] F. Alonso Barahona, La derecha del siglo XX, Barcelona, 1994, pp. 136-138.

[728] P. C. González Cuevas, El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX, Madrid, 2005, p. 247.

[729] L. Bernaldo de Quirós, «El modelo económico español, 1996-2004: una revolución silenciosa», elcato.org, 28-10-2005 (publicación electrónica).

[730] «Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo», Cuadernos de Relaciones Laborales, n.º 10 (1997), pp. 229-260; A. Espina, «El “Guadiana” de la concertación neocorporatista en España: de la huelga general de 1988 a los acuerdos de 1997», en F. Miguélez y C. Prieto (coords.), Las relaciones de empleo en España, Madrid, 1999, pp. 23-50.

[731] J. Vergés, «Balance de las políticas de privatización de las empresas públicas en España (1985-1999)», Economía Industrial, n.º 330 (1999), pp. 121-139.

[732] Iglesias Cavicchioli, Aznar y los «neocons»…, p. 77.

[733] J. M. Aznar, El compromiso del poder. Memorias II, Barcelona, 2013, p. 18.

[734] ABC, 17-9-2007.

[735] Encuesta del CIS de 28 de febrero, El País, 28-3-2003.

[736] O. Elía Mañú, «Las dos crisis de la derecha española», La Ilustración Digital, n.º 42 (2009).

Para entender nuestro presente, un libro sobre la evolución de las distintas corrientes políticas de la derecha española desde la formación del Movimiento hasta el final del aznarismo.

Este libro estudia la evolución de unas «derechas» de naturaleza muy variada y cambiante, con proyectos políticos y sociales frecuentemente contrapuestos, pero que han compartido dos características generales: el nacionalismo identitario y un concepto moral del orden social entendido genéricamente como «confesionalidad católica» o bien, desde un planteamiento distinto, como «humanismo cristiano».

La derecha española ha desarrollado, desde 1937 hasta 2004, procedimientos de «destrucción creativa» en la evolución de su sistema de partidos, disolviendo sin grandes problemas aquellas de sus organizaciones que resultaban ya disfuncionales –el Movimiento Nacional, la Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, etcétera– y sustituyéndolas con otras que rescataban a su personal político y a sus votantes, pero bajo una pragmática modificación de programas y modelos organizativos para ajustarlos a las nuevas condiciones del mercado electoral. Un sistema que requiere capacidad camaleónica para, en el más breve plazo, transformar estructuras, crear nuevos líderes, adaptar doctrinas a la modernidad y lavar pasados personales, o jubilar a los poseedores de pasados ahora impresentables.

SOBRE EL AUTOR

Julio Gil Pecharromán (Madrid, 1955) fue profesor de Historia contemporánea en la Universidad Complutense desde 1979 hasta 1987, cuando pasó a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde ha realizado el resto de su vida profesional. Especializado en la historia política de la España del siglo XX, entre sus libros se encuentran: Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina, 1913-1936 (1994); José Antonio Primo de Rivera: retrato de un visionario (1996); Historia de la Segunda República española (2002); Niceto Alcalá-Zamora, un liberal en la encrucijada (2005); Con permiso de la autoridad. La España de Franco (2008); La política exterior del franquismo, 1939-1975 (2008), y El Movimiento Nacional, 1937-1977 (2013).

© 2019, Julio Gil Pecharromán

© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

ISBN ebook: 978-84-306-2302-0

Diseño de la cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial

Imagen de la cubierta: Istock Photo

Conversión ebook: Arca Edinet S. L.

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright.

El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

www.megustaleer.com