En el año 2010 se cumplieron en España cien años del nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo, más conocida por sus siglas CNT, sindicato anarquista que está íntimamente ligado a una parte muy importante de la historia de nuestro país durante el primer tercio del siglo XX. Aprovechando este centenario el profesor Julián Casanova (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza), junto un elenco de lujosos especialistas en el movimiento libertario, coordina un trabajo meramente didáctico sobre dicho movimiento sindicalista. El libro está estructurado en diez capítulos, independientes unos de otros, donde se analizan cronológicamente los aspectos más importantes del anarquismo español desde sus orígenes a mediados del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

AA. VV.

Tierra y libertad

Cien años de anarquismo en España

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Titivillus 10.08.15

Título original: Tierra y libertad

AA. VV., 2010

Editor digital: Titivillus

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Introducción

Introducción

Julián Casanova

OCHENTA AÑOS. ESO ES lo que duró la semilla, la siembra y la cosecha anarquista, desde que Guiseppe Fanelli, enviado por Bakunin, llegó a España en noviembre de 1868 basta el exilio de miles de militantes en los primeros meses de 1939 y su participación en la resistencia contra la dictadura de Franco y los fascismos en la década siguiente. Ochenta años acompañados de una frenética actividad propagandística, cultural y educativa; de terrorismo y de violencia; de huelgas e insurrecciones; de revoluciones abortadas y sueños igualitarios.

Desde Fanelli al exilio republicano, el anarquismo arrastró tras su bandera roja y negra a sectores populares diversos y muy amplios. Sin ellos, nunca hubiera llegado a ser un movimiento de masas, se hubiera quedado en una ideología útil para individualidades rebeldes, muy revolucionaria pero frágil, arrinconada por el crecimiento socialista y relegada a la violencia verbal. Pero su historia quedó también asociada a la bomba y al revólver, a la siniestra figura del hombre de capa negra con el cartucho de dinamita y al pistolero, al comecuras y al justiciero de la Federación Anarquista Ibérica (FAI).

Había algo de anormal, de excepcional, de atípico, en todo ello, porque lo normal hubiera sido el socialismo, la «doctrina científica» que necesitaba el proletariado. Anormal, sobre todo, porque ese anarquismo había arraigado en Barcelona, en la ciudad más industrial y moderna de España, en donde además, hasta la guerra civil española, nunca había podido abrirse paso el socialismo organizado.

En realidad, había otras muchas cosas peculiares en la historia contemporánea de España, como el republicanismo, el anticlericalismo, los nacionalismos, las guerras civiles o los golpes de Estado. Y tampoco parece que en los demás países el socialismo cosechase éxitos sonados: en Europa occidental, el marco comparativo en el que conviene insertar España, hasta la Primera Guerra Mundial sólo una pequeña proporción de los obreros pertenecían a organizaciones políticas o sindicales socialistas y, en términos electorales, únicamente en Alemania se había consolidado un influyente partido socialista de masas.

Convendría, por ello, recordar algo que las investigaciones más recientes parecen probar: el anarquismo no fue un fenómeno «excepcional» y «extraordinario» de la historia de España, si se entiende por «normal» y «ordinario» lo que sucedía en los restantes países de Europa occidental, hasta bien entrado el siglo XX, hasta que se produjo el tránsito del anarquismo al anarcosindicalismo, desde formas de organización basadas en grupos de afinidad ideológica hasta un encuadramiento sindical más formal y disciplinado. Sólo con la constitución y consolidación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) como un movimiento de masas en los años 1917-1921 y 1931-1937 comenzó la «atipicidad» española, porque por esas fechas —y salvo en Argentina y Suecia— el sindicalismo revolucionario, antipolítico y de acción directa había desaparecido del resto del mundo.

Hasta esa conversión en anarcosindicalismo, España presenció tendencias en el asociacionismo obrero muy similares a Francia o Italia: adscripción a las posiciones bakuninistas, declive de la Primera Internacional, aparición del terrorismo en los años noventa y expansión de la doctrina del sindicalismo revolucionario durante los primeros años del siglo XX. Ni siquiera la CNT, fundada en 1910, fue un fenómeno persistente y estable: mantuvo sólo una importante implantación en períodos muy concretos y, salvo en Cataluña y en algunas ciudades como Sevilla o Zaragoza, compartió esa presencia con el sindicalismo socialista de la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicalismo que cultivó también, hasta la Segunda República de 1931, la tradición antipolítica y antiestatal heredada de la Primera Internacional.

Pero, aunque inestable y menos persistente de lo que se ha supuesto, dominado por la discontinuidad geográfica y cronológica, el anarquismo estaba ahí, desapareciendo y volviendo a la luz, con sus explosiones de protesta, con su proyecto social de libertad, de colectivización de los medios de producción, de abolición del Estado, de organización de la sociedad futura sin coerción, objetivos a los que se llegaría a través del antipoliticismo, de la negación de las luchas electorales y parlamentarias, auténticas señas de identidad del movimiento.

El anarquismo que triunfó en España en el siglo XX, estrechamente unido ya al sindicalismo revolucionario, fue el «comunitario», el «solidario», el que confiaba en las masas populares para llevar a buen puerto la revolución. Se extendió con fuerza durante la Segunda República (1931-1936) y tuvo su edad de oro durante la guerra civil (1936-1939). Pero durante las primeras décadas de su gestación, sin embargo, coexistió con otro «individualista», más europeo y elitista, que despreciaba a las masas y ensalzaba a las individualidades rebeldes.

No ha pasado inadvertida esa presencia anarquista. Su leyenda de honradez, sacrificio y combate fue cultivada durante décadas por sus seguidores. Sus enemigos, a derecha e izquierda, siempre resaltaron la afición de los anarquistas a arrojar la bomba y empuñar el revólver. Son, sin duda, imágenes exageradas a las que tampoco hemos escapado los historiadores que tan a menudo nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas o injuriosas, sin medias tintas.

Eso es lo que cuenta este libro, la historia de las diferentes manifestaciones que adquirió el movimiento libertario en la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, acompañada de aproximaciones precisas a la vida y militancia de veinte de sus más destacados representantes. Una historia de sociedades obreras, de clandestinidad, de terrorismo, de individualidades rebeldes, de grupos de «afinidad» o de «acción», y de lucha política, interpretada por los anarquistas como antipolítica. Se pone especial énfasis en su labor ideológica-cultural, en la creación de canales de comunicación e información y en la puesta en práctica de toda una red cultural alternativa, proletaria, «de base colectiva», aspectos a los que se dedica también un capítulo.

Al servicio de esa causa se fundaron círculos y tertulias, ateneos obreros, escuelas laicas y racionalistas, coincidiendo con los republicanos y socialistas en muchas más cosas de lo que sus diferentes definiciones doctrinales daban a entender. Racionalismo, culto al pueblo y anticlericalismo aparecían así como componentes básicos de esa cultura política. Como común era el insurreccionalismo y el recurso a la conspiración, la mezcla de elementos de modernidad, de una nueva visión del mundo, y de planteamientos «reaccionarios», inevitables en una sociedad como la española, tan impregnada de tradición católica.

Escriben en estas páginas algunos de los mejores especialistas sobre el anarquismo, empezando por Clara E. Lida y José Álvarez Junco, los primeros historiadores que, junto con Josep Termes, abrieron las puertas a un estudio alejado de la militancia y de los tópicos. Este libro ha sido posible gracias al patrocinio de varias instituciones aragonesas: la Diputación Provincial de Huesca, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y el programa «Amarga Memoria» del Gobierno de Aragón. Doy las gracias a Víctor Lucea, Víctor Pardo, Javier Navarro y Antonio Calzado por la ayuda prestada en la localización del material fotográfico. Y a Carmen Esteban y a la Editorial Crítica, por llevar a los lectores esta historia.

JULIÁN CASANOVA,

Zaragoza, abril de 2010

La filosofía política

del anarquismo español

José Álvarez Junco

Universidad Complutense

UNA DE LAS PREGUNTAS con las que se podría iniciar una reflexión sobre el anarquismo como filosofía política consistiría en cuestionar si se inscribe lógicamente, como se ha dado por supuesto tantas veces en el caso español, dentro del «movimiento obrero» o si no es más bien una toma de posición independiente del obrerismo. Es cierto que, de manera formal, surgió a la vida pública en 1872, como escisión de la Asociación Internacional de los Trabajadores que se enfrentó con el sector marxista, dominante en la organización desde su fundación ocho años antes. Se llamó entonces rama «antipolítica» o «antiautoritaria», estaba encabezada por Bakunin y James Guillaume y se nutría sobre todo de los llamados «proudhonianos». Pierre-Joseph Proudhon, el padre remoto de aquellas ideas, había vivido entre 1809 y 1865 y podría definirse como obrero tonelero y teórico del «socialismo utópico», pero en ambos aspectos fue muy peculiar: como socialista, porque no era partidario de colectivizar la propiedad, sino de legitimarla fundándola en el trabajo; como obrero, porque abandonó desde joven el oficio artesanal familiar y vivió durante el resto de su vida como periodista y autor de libros y folletos políticos. Aunque sin duda se consideraba un filósofo político, destacó sobre todo por su capacidad, como publicista, de provocar, de crear escándalo: se declaró «anarquista», dijo que la propiedad era un «robo» y denunció a la «burguesía» como opresora del «pueblo»; pero, a la hora de describir su ideal de sociedad igualitaria y libre, la asentó sobre un principio tan etéreo como la «justicia» (definida como la retribución a partir de la fórmula, casi tomista, «a cada cual según su trabajo»); esa sociedad debería, además, regirse por la actuación espontánea de las fuerzas sociales, sin gobierno ni coacción de ningún tipo.

Entre los muchos seguidores que Proudhon tuvo en Francia estaban los obreros y artesanos que se integraron en la Internacional. Pero su ideal no consistía en superar el capitalismo a partir del rígido principio marxista de la colectivización o estatalización de los medios de producción, sino más bien en fórmulas cercanas al cooperativismo autogestionado. Y podría asegurarse que tampoco era esto lo que atraía tanto a quienes se declaraban discípulos de Proudhon, sino su idealización de las virtudes morales del «pueblo» frente a las depravadas clases dirigentes, o su fe en la capacidad liberadora del avance científico. Sólo estas premisas hacían posible la propuesta de una sociedad sin ningún tipo de explotación ni de coacción.

Pierre-Joseph Proudhon según Retrato de Proudhon y sus hijos. (Pintura de Gustave Coubert de 1865).

La introducción de las doctrinas proudhonianas en España fue obra, en buena medida, de Fernando Garrido y Francesc Pi i Margall, dos escritores demócratas republicanos que de ningún modo podían calificarse de dirigentes obreros. A decir verdad, a mediados del siglo XIX el movimiento obrero español era muy débil, si se compara con lo que recibía ese mismo nombre en los países más avanzados de Europa. Basta pensar en los pliegos de firmas que fueron enviados al general O’Donnell en los años 1850 reclamando la legalización del derecho de asociación, avalados por unos 30 000 nombres. Poco antes, los cartistas ingleses habían sido capaces de enviar al parlamento, en favor de ese mismo derecho, tres millones de firmas —es decir, cien veces más—. Puestos a comparar, recuérdense también los 5000 votos que lograría el PSOE cuando se presentara a las elecciones generales bajo sufragio universal masculino, en la última década de siglo, frente al millón y medio que conseguía el SPD alemán en aquellos mismos años; en este caso, la comparación arroja, no 1/100 como en el ejemplo anterior, sino 1/300. Se podrían explicar estos datos haciendo referencia a la menor población española, o a la más débil y tardía industrialización del país. Pero no sería suficiente. Aparte del menor desarrollo económico, habría que mencionar el contexto político y cultural en el que se desplegaban estas reivindicaciones obreras. Sobre ello volveremos más tarde.

Pese a las diferencias con los países del entorno, los movimientos obreros españoles, como los políticos de signo radical, se vieron muy dependientes de modelos y acontecimientos europeos, y en especial franceses. De nuevo, una anécdota puede ser reveladora: Pablo Iglesias no se limitó a tomar prestado el título de Le Socialiste para el órgano de su partido, sino que esperó varios meses para iniciar la publicación de su periódico porque no le llegaban unos tipos de letra exactamente iguales a los del periódico francés. Este fenómeno afectó también a las publicaciones libertarias (La Revista Blanca / La Revue Blanche, El Rebelde / Le Révolté…). Pero no son sólo tipos de letra ni títulos de las publicaciones. El terrorismo también comenzó en España unos meses, o un par de años, después de que se produjera en Francia y en Italia, que lo habían importado a su vez de Rusia. El sindicalismo revolucionario se inspiró en las tácticas, consignas y modelos de la CGT francesa. Uno se pregunta, a la vista de estos hechos, si la interpretación basada en datos sociales propios del país no es limitada; es decir, si la necesidad de la revolución y la emergencia de dirigentes e ideólogos que interpretaron la lucha en términos de burguesía-proletariado no se generó más por la imitación, consciente o inconsciente, de los acontecimientos europeos que por la dinámica autónoma de la sociedad española.

Que el obrerismo militante fuera tardío y minoritario en España no quiere decir que no fuera muy radical. El triunfo de las posiciones proudhoniano-bakuninistas en la escisión de 1872, así como la persistencia del anarquismo a lo largo de los dos tercios de siglo siguientes en ciertas zonas, como Cataluña y Andalucía, así lo indican. Pero también en este aspecto conviene rectificar algunos tópicos heredados. El anarquismo español no fue, en primer lugar, tan constante, tan poderoso ni tan excepcional como se tiende a creer. La Primera Internacional entró en España en 1868, más tarde que en la mayoría de los países europeos y aprovechando el ciclo revolucionario iniciado aquel año. La toma de posición masiva de los españoles en favor de Bakunin frente a Marx en 1870-1872 no tuvo nada de extraordinario en el contexto cultural y político en que se desarrollaban los acontecimientos, pues lo mismo que en España ocurrió en toda el área latina, ampliada a sus vecinos belgas y suizos. Aquella Internacional desapareció tras la escisión de finales de 1872, y lo mismo ocurrió en España, aunque un año más tarde, debido a que la dinámica del movimiento revolucionario iniciado en 1868 no se extinguió hasta comienzos de 1874.

Más rara fue la reaparición de la Federación de Trabajadores en 1881, realmente espectacular en los dos años siguientes, hasta su no menos espectacular decadencia al terminar ese período. No es el tema de este artículo tratar con detalle estas etapas, que serán objeto de otras páginas de este libro. Pero sigamos con la comparación con el resto del mundo occidental. El terrorismo anarquista de los noventa fue completamente normal, en relación con ese contexto. No hay argumentos cuantitativos ni cualitativos que avalen la idea de que este fenómeno adquirió mayor virulencia en España que en otros países. Podría incluso decirse que ocurrió lo contrario: ningún jefe de Estado español perdió su vida a consecuencia de un atentado anarquista, y tal cosa ocurrió en media docena de países europeos y en Estados Unidos. Alrededor de 1895, Rusia, Francia o Italia, y no España, eran los paradigmas mundiales del terrorismo anarquista. Las fichas de la policía francesa sobre anarquistas extranjeros están llenas de nombres italianos, salpicados de españoles.

Comenzado ya el siglo XX, el anarquismo se reorientó hacia el sindicalismo revolucionario, y ya he hecho observar que tanto sus fechas como sus inspiraciones doctrinales son similares a las francesas. Sólo en 1910, con la conversión de Solidaridad Obrera en CNT, puede empezar a hablarse de excepcionalismo español. Para esas fechas, en el resto del mundo, salvo Argentina, el sindicalismo antirreformista y antipolítico pertenecía al pasado. En España, por el contrario, todavía estaban por llegar sus mejores días. Pero incluso en esos treinta años escasos de vida que le quedaban al anarquismo español su historia consistió en rápidos estallidos o llamaradas, sin continuidad cronológica ni geográfica y sin afiliación estable. Entre 1910, año de su fundación, y 1916, la CNT puede decirse que apenas existió. En los cuatro años siguientes, por el contrario, y aunque limitada al área industrial de Barcelona, vivió un momento dorado, bajo la influencia de Salvador Seguí. Volvió a declinar, a partir de finales de 1920, tras el nuevo período del pistolerismo, y fue borrada de la vida legal por el golpe de Primo de Rivera, lo que hace imposible afirmar que persistiera en las mismas zonas y con los mismos niveles de apoyo popular a lo largo del resto de los años veinte. Reapareció en 1930-1931, con enorme impulso, y comenzó entonces otro sexenio de excepcionalismo, en el que se consagró la imagen del anarquismo como rasgo imborrable de la cultura política española. Pero precisamente en ese momento, en que se extendió por el resto de la Península, sufrió un retroceso en Cataluña, su baluarte tradicional. Por otra parte, este período fue breve. A partir de 1937, sus cifras cayeron y en los meses finales de la República el activismo anarquista no pasaba de residual. Cuando, cuarenta años después, terminó la dictadura de Franco y se levantaron ciertas expectativas sobre la posible reaparición del movimiento libertario como gran fuerza política en el país, tal reaparición no se produjo.

No es fácil, en resumen, defender la tesis de que una poderosa presencia anarquista ha sido un rasgo estable —ni mucho menos permanente— en la vida política de la España contemporánea a diferencia de otros países del entorno.

Deberíamos añadir que bajo el nombre de anarquismo no se encuentra una filosofía o un movimiento único y monolítico. Hubo muchos anarquismos. Pensemos solamente en las diferencias que hay entre un anarquismo popular o sindicalista, caracterizado por una ingenua fe en el «progreso» y por un sentido de la solidaridad que traduce claramente la caridad cristiana, y el anarquismo que proclamaban los intelectuales o artistas rebeldes, que negaban el progresismo racionalista y, siguiendo doctrinas nietzscheanas relativas a la moral del «superhombre», glorificaban el egoísmo, el hedonismo o la necesidad de élites fuertes que dirigieran a la humanidad hacia su liberación. El primero de estos dos anarquismos inspiró las experiencias puritanas de la guerra civil, con el cierre de prostíbulos e incluso de tabernas en las «comunas» libertarias; el segundo, en cambio, es el origen lejano de los «ácratas» de finales del siglo XX o comienzos del XXI, lanzados al amor libre o a la experimentación con drogas.

Mijaíl Bakunin.

En general, podemos decir que los límites que diferencian los fenómenos sociohistóricos son siempre más nebulosos que las etiquetas políticas que utilizamos para entenderlos. Es discutible, por ejemplo, que lo que se llamaba clásicamente un anarquista se distinguiera con nitidez de un republicano un «progresista». Los fenómenos históricos están tan impregnados por su contexto cultural, a través de antecedentes e influencias, que reivindicar una originalidad absoluta es siempre problemático, por no decir que imposible. En el estudio que dediqué, hace ya bastantes años, a la ideología política del anarquismo español, la primera conclusión sorprendente fue que aquella toma de posición solamente se podía entender en el marco del armonismo ilustrado y el racionalismo liberal. Esto resultaba contradictorio con la premisa, de la que partíamos quienes entonces nos interesábamos por la historia del movimiento obrero, de que el racionalismo liberal e ilustrado era una expresión del «ascenso de la burguesía», una clase de intereses radicalmente opuestos a los del proletariado revolucionario representado por los anarquistas. Pese a la sorpresa inicial, las pruebas eran abrumadoras. Cientos, si no miles, de textos tomados de libros y periódicos libertarios daban testimonio de su fe en una naturaleza (humana y física) armónica, generosa, bienintencionada, regida por leyes no escritas presididas por el principio de la solidaridad universal. La creencia en un orden natural favorable y benigno era la base sobre la que se apoyaba la propuesta de organizar la sociedad de manera racional y no coactiva, lo cual se traducía en referencias a una ciencia, la «sociología», que reemplazaría a la arcaica y degradante práctica humana de la «política», el arte de dominar a otros por la violencia y la astucia. A partir de estas premisas, se defendía un proyecto social, económico y político que combinaba la más absoluta libertad para los individuos y los grupos sociales autónomos con una formidable elevación del nivel de bienestar material, gracias al progreso técnico y a la cooperación espontánea entre aquellos individuos y grupos sociales. La organización política no coactiva y el bienestar material conducirían inevitablemente a una nueva escala de valores y principios, más «humanos», que dominarían la vida social.

Ninguna de estas ideas era, en principio, radicalmente incompatible con la visión liberal del mundo. Ambos, liberalismo y anarquismo, podían considerarse utopías derivadas de la concepción optimista y armónica de la realidad natural y social nacida en las mentes ilustradas. Incluso en términos de rasgos históricos concretos, liberalismo y anarquismo tenían ciertos paralelismos: la fraseología romántico-populista; la apelación a los mismos maestros intelectuales, desde Rousseau a Proudhon; el recurso a métodos conspiratorios, que hacían a Bakunin indistinguible de los carbonarios de la generación precedente o a Pedro Vallina colaborar con Lerroux en los atentados de 1904-1906; la tendencia hacia una fórmula federal, tanto en el terreno político como en el económico; la coincidencia de los períodos expansivos del anarquismo con los momentos revolucionarios liberal-democráticos (1868-1874 o 1931-1939); e incluso la existencia de explosiones revolucionarias (la Comuna de París, la Semana Trágica) imposibles de definir en términos tajantes, intermedias entre un modelo de democracia radical y uno anarcoproletario.

Todo conduce, pues, a algo que en definitiva es perfectamente lógico: el anarquismo no es una doctrina original y única, sino una variante, o conjunto de variantes, formada a partir de diversas herencias culturales y filosóficas. Ante todo, esa herencia racionalista ilustrada que nutre las referidas creencias en la bondad y armonía naturales o la prédica de una igualdad o justicia no menos naturales; lo cual se complementa con una afirmación de la racionalidad de la realidad y una valoración positiva del «progreso» o avance científico basado en la expansión del conocimiento, que se ve como inevitable y liberador de la humanidad tanto respecto de la opresión política como de los miedos que inspiran las creencias religiosas. Una segunda herencia sería la romántico-liberal, que hace pivotar toda la propuesta política alrededor de la idea de libertad (la «soberanía individual», en términos de Pi i Margall); el individuo debe ser, y será, libre, en el sentido de no sujeto a trabas; pero eso no significará el fin de las normas que son necesarias para la vida social, porque la sociabilidad es una tendencia natural; será libre frente a las creencias supersticiosas que hoy le dominan, pero también frente a los dictados autoritarios o caprichosos que hoy hacen posible la permanencia de un régimen de privilegios; y esa libertad no será parcial ni gradual, sino total e inmediata, pues el verdadero ser libre no admite ni la más leve limitación impuesta. La tercera herencia que el anarquismo comparte con el mundo mental de su entorno sería un redentorismo cristiano-comunitario: ese individuo que se predica como libre está, a la vez, integrado en el pueblo, al servicio del pueblo; se sacrifica por su comunidad porque cree que la libertad sólo será posible si es de todos; y en el disfrute de esa libertad completa y para todos se entrará pronto, en cuanto llegue el momento revolucionario que todos los signos anuncian como inminente. Añadamos, para terminar, una cuarta herencia, antes aludida: la del socialismo utópico, la necesidad de que los bienes sean comunes como garantía suprema de esa justicia o igualdad que es la base de la auténtica libertad.

Ninguna de estas ideas es sólo y exclusivamente anarquista, sino compartida con otras corrientes filosófico-políticas. No deberíamos, sin embargo, exagerar estas similitudes y conexiones. Cuando ciertos grupos o series de acontecimientos históricos son espontáneamente clasificados bajo determinados rótulos, normalmente no es mero capricho; alguna originalidad deben de tener. Los anarquistas clásicos que proponían la abolición total y absoluta del Estado iban, sin duda, mucho más lejos que ninguna de las propuestas liberales o radical-democráticas, donde la autoridad, aunque bajo control democrático, siempre existía como contrapeso a la libertad. Es cierto que Pi i Margall defendió ambiguamente la necesidad de «destruir la autoridad» y que un siglo antes Bernardin de Saint-Pierre, representante del racionalismo ilustrado, soñó con abolir las fronteras y las estructuras coactivas de los estados. Pero los anarquistas no vieron en aquel proyecto un objetivo lejano o utópico, sino que partieron de la premisa de que era posible llevarlo a cabo aquí y ahora, y se propusieron eliminar toda autoridad desde el primer instante revolucionario, denunciando incluso la posibilidad de un poder autoritario de carácter transitorio; lo cual les diferencia de manera significativa de liberales y demócratas, por radicales que fueran.

En el terreno de la organización económica, la exigencia de colectivizar los medios de producción distancia también a los anarquistas del sacrosanto respeto liberal por la propiedad privada. Pero ni siquiera en esta área la incompatibilidad era tan absoluta como puede parecer a primera vista. La colectivización anarquista no significaba estatalización de la propiedad ni planificación centralizada de las actividades productivas, sino autogestión, basada en la ingenua premisa de la armonía natural de las relaciones humanas, lo cual no estaba tan lejos del liberalismo. Proudhon, Fourier u Owen, y no los colectivizadores estatalistas, eran su inspiración. Y nunca se plantearon qué ocurriría si una de esas unidades económicas colectivas y autogestionadas tenía éxito en el mercado y se enriquecía, mientras que la de al lado no conseguía vender sus productos y vivía en la penuria. En definitiva, pese a la vaguedad de su proyecto, parece que tenían menos temor a los caprichos del mercado que al control de un todopoderoso comité de producción y distribución.

Había, por ultimo, diferencias estratégicas y tácticas. La izquierda liberal, o radical-democrática, osciló entre las llamadas a la insurrección popular y la dictadura jacobina. El anarquismo renunció expresamente, desde el principio, a esta última tentación, e incluso a la primera, en la medida en que fuera dirigida a la conquista del poder. Las barricadas y el ejercicio de la violencia revolucionaria podían estar bien, pero sólo como armas defensivas o formas de repeler las agresiones del Estado. En todo caso, en principio no era esa la estrategia preferida, sino la huelga revolucionaria, confiando en la capacidad liberadora del proletariado industrial, con una fe en la acción espontánea de este sujeto colectivo que iba mucho más lejos que la de los liberaldemócratas más extremos. Hay que reconocer que esta fe, de vez en cuando, flaqueaba, y entonces volvían a pensar en tutelar al pueblo infiltrando a elementos radicalizados en sus organizaciones, o se referían a la necesidad de «educar» a los trabajadores por medio de escuelas o ateneos libertarios, o recurrían a la acción violenta para demostrar a los oprimidos la fragilidad del sistema de poder; pero nunca optaron, en teoría al menos, por la política electoral y parlamentaria. El antielectoralismo y antiparlamentarismo fueron, en definitiva, los rasgos definitorios del anarquismo.

Comuna de París (1871).

Este fue, no lo olvidemos, el punto en el que rompieron los republicanos federales y los internacionalistas en 1870-1871. Fernando Garrido, un republicano que se llamaba a sí mismo «socialista», aureolado por el prestigio que le habían dado la defensa del cooperativismo y sus gruesos volúmenes sobre la historia de las clases trabajadoras, intentó convencer a los dirigentes de la nueva Asociación de Trabajadores para que recomendaran a sus afiliados votar a los republicanos. La república sería, en su opinión, la fase intermedia, el paso hacia la reforma política, que permitiría más adelante el avance hacia la transformación de las condiciones de trabajo y la colectivización de la propiedad. Pero los internacionalistas, muy necesitados de una identidad propia, decidieron cortar el cordón umbilical con los republicanos (un lazo que sólo se recompondría cuarenta años después, con la Conjunción Republicano-Socialista). En su proyecto, dijeron, no tenía cabida la fase de revolución política ni las «mejoras» graduales de condiciones laborales. La Comuna de París reafirmó, muy oportunamente, lo que la teoría socialista había avanzado: los republicanos y los trabajadores pertenecían a dos clases sociales con intereses opuestos, que en los momentos decisivos se enfrentaban a muerte.

La escisión que acabó con la Primera Internacional, prácticamente a la mañana siguiente de la Comuna, ocurrió de nuevo alrededor de la controvertida cuestión del electoralismo y la participación en política. Los marxistas defendían la necesidad de formar un «partido de los trabajadores», que entrara en el sistema parlamentario y aprovechara las ventajas de la legalidad, aunque sin renunciar a la revolución; los bakuninistas, en cambio, rechazaban de manera visceral estos procedimientos, que denunciaban como un espejismo que sólo retrasaría la liberación de los proletarios. El antipoliticismo se convirtió, así, en «marca de la casa», o rasgo que distinguía a los libertarios de manera tajante de cualquier otro movimiento. Pero eso no quiere decir que la tentación política no subsistiera, especialmente en los momentos de éxito. Entre 1881-1883 dominó la organización obrera el aspirante a notario Juan Serrano Oteiza, que pretendía organizar a los trabajadores de una manera meticulosa y limitarse a usar la táctica huelguística, apoyada en extensas campañas de propaganda doctrinal, siempre procurando no transgredir los límites establecidos por la ley. La intolerancia de la sociedad y del sistema político españoles y su falta de voluntad de tolerar o absorber un movimiento obrero, incluso tan moderado como este, liquidó aquel brote. Gobernantes, ideólogos, terratenientes e industriales prefirieron creer su propia propaganda, que dibujaba a la Internacional como un monstruo amenazador, y en 1883 desataron una represión despiadada a partir de un fantasma, la Mano Negra —con toda probabilidad un montaje policial—, como habían hecho diez años antes tras el levantamiento cantonal —en el que los internacionalistas apenas habían participado—. En medio de prohibiciones, deportaciones y ejecuciones, la propuesta reformista y legalista de Serrano Oteiza se hundió. No es aventurado predecir que, de no haber sido así, hubiera desembocado en un partido político.

Aquel fracaso del reformismo marcó las dos décadas siguientes: durante el resto de los años ochenta y todos los noventa la línea legalista fue monopolio de los socialistas, que orientaron la reivindicación de la jornada de ocho horas hacia una prudente demanda de reformas laborales parciales, mientras que los anarquistas se lanzaron por la vía de las huelgas revolucionarias e hicieron pronto suya la idea, originaria de la lejana Rusia y reformulada en Italia y Francia, de que un golpe violento asestado a una persona que estuviera situada en una posición clave dentro del sistema de poder sería la forma de abrir el camino a la revolución. Más que un síntoma de fuerza, el terrorismo lo fue de impotencia y desesperación, y sólo contribuyó a aumentar el aislamiento de los anarquistas y su alejamiento de las organizaciones obreras. Aunque fascinara morbosamente a grupos de artistas e intelectuales rebeldes, dificultó la recuperación del anarquismo como movimiento de masas. En el contexto europeo, significó el final de su historia. En España, en cambio, el giro del siglo dio lugar, de manera inesperada, a un resurgimiento del anarquismo bajo la forma de sindicalismo revolucionario. Pero no hay que olvidar las especiales circunstancias del contexto político español y la profunda crisis en la que había entrado el sistema montado por Cánovas tras la derrota colonial de 1898. Aunque el antipoliticismo se mantuviera como rasgo aparentemente indeleble del movimiento libertario, su nuevo auge, especialmente en Barcelona, tuvo mucho que ver con la situación política: el impacto de la guerra de Cuba, el catalanismo y la demagogia populista de jóvenes líderes republicanos como Lerroux, que tan fuertemente atrajo a muchos libertarios. Lerroux entró en contacto con «hombres de acción», como Pedro Vallina, y acarició la posibilidad de combinar un atentado anarquista contra el joven Alfonso XIII con una insurrección en Barcelona que proclamara la república. Y podemos suponer que, en la práctica, parte del fuerte ascenso del voto republicano que Lerroux consiguió en el área barcelonesa provenía de medios libertarios; obreros o artesanos afiliados a un sindicato antipolítico que, llegadas las elecciones, se dejaban seducir por el republicanismo anticlerical y demagógico de los radicales. Es decir, que la tentación política seguía presente.

Aquella efervescencia barcelonesa del primer decenio del siglo XX condujo a la Semana Trágica, una huelga general derivada en insurrección que no supo plantearse objetivo político alguno. Los amotinados, dueños de la ciudad, sólo se pusieron de acuerdo en emprender una caótica quema de iglesias, lo que parece indicar más influencia anarquista que republicana, socialista y, por supuesto, catalanista. Bien es verdad que el republicanismo estaba descabezado, con Lerroux en Argentina. En todo caso, quien pagó las consecuencias fue Francesc Ferrer, personaje que pasó a la historia como «pedagogo anarquista» pero que no tiene fácil clasificación política; había colaborado con Lerroux en los años noventa y mantuvo su confianza en el líder radical casi hasta el último minuto, lo que demuestra la dificultad de manejarse con etiquetas políticas nítidas.

La nueva estrategia de los anarquistas, consistente en reorganizarse alrededor del modelo sindical para intentar ganar así influencia sobre las clases trabajadoras, condujo a la fundación de Solidaridad Obrera en 1907 y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910. Si algo definía al anarcosindicalismo era, desde luego, su antipoliticismo. La presunción en que se apoyaba la nueva idea era que los trabajadores, aunque en principio no se unieran al movimiento más que para conseguir mejoras laborales, en la medida en que no se dejaran seducir por «tentaciones políticas» acabarían sintiéndose atraídos por el ideal revolucionario; pero los ideólogos se cuidaron de infiltrarse en los sindicatos para reorientarlos, en caso de que así no ocurriera, hacia el sendero de la pureza maximalista. Cuando, en los dos últimos años de la Guerra Mundial se produjo la gran expansión de la CNT, se reveló la existencia de dos líneas dentro de la organización, una de las cuales se llamaba a sí misma «idealista» o «purista» y la otra «sindicalista» o «pragmática». En las polémicas de aquellos años, y de los quince siguientes, la primera tendió a idealizar un comunismo agrarista, y a pronunciarse en favor de acciones radicales, mientras que la segunda se inclinó por aceptar la industrialización y responder a ella con una organización no sólo más burocrática y disciplinada, sino más proclive a aceptar pactos políticos.

A partir de 1920 llegó el retroceso, debido a las bajas causadas por las tácticas pistoleras que se impusieron en Barcelona, al agotamiento tras el gran esfuerzo huelguístico de los meses que siguieron al final de la Guerra Mundial y a la desilusión y divisiones que acompañaron a las primeras noticias fiables sobre la Revolución rusa. El golpe de Primo de Rivera fue casi providencial para la CNT. Significó detenciones y exilios, supresión de periódicos y cierre de locales sindicales, pero las muertes violentas de sindicalistas disminuyeron o cesaron por completo. Durante los siete años siguientes, la casi inexistente actividad sindical se vio sustituida por interminables debates doctrinales, mientras los hombres de acción se convertían en leyenda con atracos, huidas y viajes transoceánicos. Y las conspiraciones para restablecer las libertades constitucionales hicieron que ambos, revolucionarios y reformistas, colaboraran con los «políticos». En la clandestinidad se fundó la Federación Anarquista Ibérica (FAI), organización cuya importancia se demostraría en la década siguiente. Al caer el dictador, la mala racha de 1920-1923 se había olvidado y se produjo el mayor crecimiento que ninguna organización anarquista había vivido nunca en el país; bien es verdad que otras organizaciones de izquierdas crecieron también de forma espectacular en medio de la euforia que acompañó a la proclamación de la República.

La instauración de aquella república, no sólo anticlerical y progresista, sino incluso «de trabajadores», volvió a enfrentar a los anarquistas con su eterno dilema doctrinal: o aprovechar las ventajas de las libertades legales recién establecidas para fortalecer la organización o lanzarse a exigir cambios revolucionarios sin aceptar demoras de ningún tipo. A comienzos de los años treinta, todo parecía conspirar a favor de la opción radical: el clima revolucionario que dominaba Europa, las expectativas milenarias típicas de los campesinos iletrados —que se incorporaron por primera vez de forma masiva al movimiento, a la vez que a la UGT—, la limitada capacidad reformista de los gobiernos republicanos, su intolerancia ante cualquier síntoma de desorden o insubordinación y, por último —pero quizás lo más importante—, la política laboral de Largo Caballero, que amenazaba con convertir a la UGT en árbitro único del mercado laboral. En 1932-1933 los anarquistas «puros» o «de acción» desataron un ciclo insurreccional que no desembocó en la revolución, sino en el triunfo electoral de la derecha en noviembre de 1933 y el inicio de un período de gobiernos republicanos conservadores. Todos, incluidos socialistas y republicanos «burgueses», etiquetaron aquella fase como Bienio Negro, deslegitimaron a sus gobernantes y exigieron una «respuesta contundente», que acabó plasmando en la insurrección de octubre de 1934. Pero esta no se vio ya impulsada principalmente por los anarquistas, sino por socialistas e incluso comunistas, que proponían ahora «Alianzas Obreras» y «Frentes Populares» alrededor de programas básicamente antifascistas. Los anarquistas estaban agotados tras los desastres de 1932-1933, o quizás habían aprendido algo de ellos. Y cuando, ante la nueva convocatoria electoral de febrero de 1936, toda la izquierda se unió en un Frente Popular, aunque no entraron formalmente en ella, le prestaron, en la práctica, su apoyo.

La situación cambió en julio de 1936. Que los anarquistas no parecían preparados para lo que les vino encima parece indicarlo el congreso cenetista celebrado en Zaragoza un mes antes, en el que se aprobó una resolución que intentó definir, por primera vez en su historia, lo que significaba el «comunismo libertario», razón de ser, en principio, de aquella organización sindical. Tras largos debates entre muy variadas tendencias, que oscilaban desde la posición de un Abad de Santillán, favorable a la industrialización y la planificación económica, hasta el agrarismo y espontaneísmo de Urales y Sánchez Rosa, se acabó llegando a una resolución sintética, más cercana a los últimos que al primero. Pero el estallido de la guerra civil convirtió en letra muerta todos aquellos planes. Los «puros» pudieron sentirse seguros de que, por fin, había llegado la oportunidad revolucionaria. Pero l§s circunstancias y necesidades bélicas, a la vez que abrían vacíos de poder y resquicios para experimentos hasta entonces impensables, limitaban también las posibilidades de acción. En muchos casos, sobre todo en las retaguardias urbanas, todo lo que pudieron hacer los «hombres de acción» fue entregarse a una orgía de ejecuciones de enemigos indefensos. En otros, se emprendieron colectivizaciones, principalmente de tierras en Aragón y fábricas en Barcelona; pero estas tuvieron que funcionar con recursos muy escasos, por las circunstancias bélicas, o tuvieron que adaptarse a la satisfacción de las necesidades que aquellas circunstancias imponían. Los agraristas, en definitiva, cedieron ante quienes proponían convertir el sindicato industrial, o de ramo, en pieza central de una economía coordinada inevitablemente por el Estado. Y, sobre todo, se hizo necesario colaborar políticamente con la República, reconociendo que, por muy «burguesa» que fuera, una democracia era preferible a una dictadura fascista. Eso explica que, en un giro nunca visto en la historia libertaria, cuatro anarquistas —algunos de ellos pertenecientes a los sectores más radicales— se convirtieran en ministros del gobierno. El anarquismo «se adaptaba a la historia», como dijo uno de ellos, Juan Peiró, dirigente sindical perteneciente a la rama posibilista.

8 de junio de 1928: sentados, y de izquierda a derecha, Max Nettlau, Federico Urales y, tras este, María Anguera y Federica Montseny.

Del largo debate desatado entre analistas políticos e historiadores sobre la actuación de los anarquistas en la guerra civil, lo más relevante en relación con el tema del antipoliticismo es la discusión sobre si la República merecía ser defendida, porque era significativamente diferente al «fascismo», o si era un régimen burgués que sólo podía tener utilidad como tránsito hacia la revolución social. La segunda de estas posiciones, la dominante entre anarquistas y trotskistas, fue derrotada —recurriendo, cuando fue necesario, al uso de la fuerza, como en la Barcelona de mayo del 37— y se impuso la primera, la moderada, apoyada por el Partido Comunista y los republicanos no revolucionarios. No importa que aquella defensa de la democracia parlamentaria fuera para muchos sólo una maniobra táctica, de carácter oportunista. El PCE, el PSOE y desde luego los partidos republicanos lo acabarían incorporando de manera estable en sus programas y sería un factor crucial cuarenta años después, en la Transición. La CNT y la FAI, que no lo hicieron, sobrevivieron hasta el final de la guerra, pero perdiendo cada vez más prestigio, afiliados e influencia política. Incluso se debatió seriamente la posibilidad de convertir la FAI en un partido político, el síntoma quizás más evidente de hasta qué punto se había deteriorado su posición inicial. Todo terminó, en un catastrófico cuadro de encarcelamientos, ejecuciones y exilio, a partir de abril de 1939. Los anarquistas ni siquiera disfrutaron de la aureola demoníaca conferida por la propaganda franquista y las exigencias de la Guerra Fría a los comunistas, vistos como única y omnipresente oposición al régimen. Cuando la dictadura fue desmantelada, en 1976-1977, la CNT no supo sumarse a la postura común de los partidos de oposición, que exigía únicamente el restablecimiento de las libertades democráticas, y no resurgió.

Este rápido repaso por la historia, centrado en el tema del antipoliticismo, debería completarse con el planteamiento de algunos otros de los dilemas y contradicciones que acosaban, y en muchos casos dividían, a quienes se adscribían a una posición política y doctrinal, en principio, única, como era el anarquismo.

Uno de aquellos puntos conflictivos u oscuros era la filosofía moral que respaldaba las actitudes libertarias. Lo cual nos retrotrae a la pregunta inicial de este artículo: ¿por qué ha de ser el anarquismo una ideología de los humildes, de los trabajadores, del pueblo oprimido y explotado, y no una ideología elitista, de los fuertes, de unas minorías que se atreven a declararse libres o no sometidas a ninguna norma? En los Estados Unidos se utiliza hoy habitualmente la etiqueta de Libertarians para referirse a grupos políticos de extrema derecha cuya característica es abogar por una reducción drástica del papel del Estado en la economía y en la vida social. Se rebelan contra toda injerencia del poder público, cuya autoridad moral para regular sus vidas se niegan a reconocer; los individuos pueden y deben actuar en un mercado totalmente libre, sin regulaciones, y si necesitan defensa o protección física, pueden y deben hacerlo solos, con sus propias armas. Es decir, que la exigencia de que el Estado desaparezca de las vidas de los ciudadanos no viene de la izquierda, sino de medios ultraconservadores, que parten de una autosuficiencia aristocrática. En la época del anarquismo clásico en Europa hubo también expresiones de este tipo, abundantes sobre todo en medios artísticos e intelectuales, que, a partir de filosofías como la nietzscheana, proclamaban su desprecio hacia las masas, que tildaban de resignadas, pasivas o borreguiles. Frente a la solidaridad predicada por el anarquismo obrero o popular, proclamaban el egoísmo como principio moral; y exaltaban la acción, la fuerza, la rebeldía, frente a la fe en la razón y la capacidad liberadora de la ciencia que caracterizaba a la versión popular y solidaria del mensaje libertario. Esta última fue la que arraigó en España, y es muy sintomático que el más leído de los autores anarquistas fuera Kropotkin, que proclamaba como modelo de organización social a las abejas y las hormigas; colmenas y hormigueros, lo más opuesto al individualismo. La primera actitud, en cambio, la individualista y hedonista, fue típica de sociedades como las nórdicas o anglosajonas, y en España estuvo representada por muy pocos ejemplos (Baroja, el primer Maeztu, Julio Camba), ninguno de ellos obrero.

Pedro Kropotkin.

Un segundo y muy grave problema doctrinal —o nudo de problemas— no resuelto por el anarquismo fue la actitud frente al poder. En principio, su posición era de absoluta repulsa: ni en las organizaciones anarquistas existentes en la sociedad actual —aunque luchando por cambiarla— podía haber «dirigentes» ni ejercerse «poder» en ninguna de sus formas, ni en la sociedad postrevolucionaria se establecería una autoridad, y mucho menos una dictadura revolucionaria, por mucho que se declarara de carácter transitorio. En ambos casos, el principio proclamado era la ausencia de poder coactivo, sustituida por la acción libre y espontánea de los sujetos sociales. Sabemos, sin embargo, que en las organizaciones anarquistas, como la CNT, se ejerció un dirigismo encubierto, a veces a cargo de organizaciones clandestinas como la FAI. En cuanto al poder en situaciones revolucionarias, lo que hicieron las milicias anarquistas entre julio del 36 y mayo del 37, a las que hay unanimidad en culpar de la mayor parte de las ejecuciones de los considerados «fascistas», fue sin duda un ejercicio de poder; no hay mayor demostración de poder que quitar la vida a otro. Y, precisamente porque no se había pensado sobre el sistema de autoridad anarquista, ni había previsión alguna sobre las normas o contrapesos que limitarían su ejercicio, se hizo de una forma arbitraria y despótica. También es ingenuo suscribir versiones idílicas sobre el grado de libertad o espontaneísmo con que se tomaron las decisiones de colectivizar tierras o fábricas durante el primer año de guerra; con las milicias libertarias recién llegadas y tras haber llevado a cabo una primera ronda de fusilamientos, no es tan raro que pueblos en los que no existía previamente ni una mera sección de la CNT se pronunciaran unánimemente por la colectivización.

Un tercer aspecto en el que también fue compleja y oscilante la posición teórica de los anarquistas fue el de la aceptación de la ciencia y el progreso técnico o la defensa del retorno a un idealizado mundo rural. En la onda positivista y progresista de la Europa del XIX, la mayoría de los anarquistas —de nuevo, con la excepción de círculos nietzscheanos— confiaban de forma ciega en el avance científico como instrumento liberador de la humanidad. Esa actitud se prolongó, en España, hasta el final de la guerra civil. Las dudas sólo llegaron bajo el franquismo tardío, alrededor del 68, cuando la nueva izquierda mundial comenzó a extender actitudes críticas, impulsadas por el emergente ecologismo, frente a los males derivados de un crecimiento industrial incontrolado. Se dio entonces un giro de ciento ochenta grados y los grupos, o grupúsculos, que se han proclamado herederos del anarquismo clásico en las últimas décadas han incorporado de forma unánime una conciencia ecologista o antidesarrollista, como si fuera un derivado lógico de sus posiciones anticapitalistas y antiestatales. Pero no había sido así en la época anterior a la guerra civil.

Con toda esta complejidad y con sus múltiples contradicciones internas, el anarquismo se convirtió en un rasgo innegable de la cultura política española de las últimas décadas del XIX y primeras del XX. España, para quienes no tenían de ella más que una imagen simplificada, se asociaba con el anarquismo, tanto si esta palabra significaba esperanza como temor. Ya hemos advertido sobre los límites y las discontinuidades cronológicas y geográficas del fenómeno pero, incluso teniéndolas en cuenta, no hay duda de que algo de razón tenían los que establecían esa asociación; el anarquismo, tanto por sus dimensiones como por su pervivencia en el tiempo, tuvo en España una manifestación excepcionalmente fuerte. No es ilógico, por tanto, terminar este artículo con algunas reflexiones sobre las posibles causas del arraigo del fenómeno libertario en este país que, a la vez, arrojarán luz sobre otras dimensiones de su filosofía política.

No será preciso aclarar que descartamos establecer la vinculación entre anarquismo e historia de España a partir de nada misterioso o idiosincrásico, es decir, relacionado con características raciales o «formas de ser» colectivas. Algunas referencias a remotos «antecedentes» que a veces se mencionan para hacer de este rasgo algo esencial o eterno en el país versan en realidad sobre protestas típicas de los motines del Antiguo Régimen, sin ninguna especificidad española. Y para explicar el ciclo contemporáneo, como para explicar cualquier otra serie de acontecimientos, debemos recurrir a los factores habitualmente utilizados por cualquier historiador actual, como los económicos, políticos o culturales.

Comenzando por los primeros, muchos autores, especialmente vinculados a la historiografía marxista, se han referido al desarrollo tardío y desigual en el país —sus islotes industriales, dominados por pequeñas empresas familiares, rodeados por un océano agrario cuasimedieval—, como explicación del peso de ideales precapitalistas, comunitarios y autosuficientes, donde el dinero desaparecería, así como del recurso a tácticas insurreccionales y espontaneístas, no muy alejadas de las típicas jacqueries del Antiguo Régimen. Ninguna doctrina o actitud política se adecúa mejor a una situación de este tipo que el anarquismo, tal como lo predicaron Proudhon, Bakunin o Kropotkin. Esta explicación, interesante en principio, no tiene sin embargo en cuenta el hecho de que un mismo mensaje doctrinal arraigó en medios tan diferentes como el campo gaditano y el área industrial barcelonesa, y que fue precisamente esta última la que se convirtió en el baluarte más permanente y masivo de militancia libertaria. En términos socioeconómicos, sin embargo, Barcelona no se diferenciaba sustancialmente de cualquier otra ciudad industrial europea, donde el proletariado solía pivotar en torno a partidos y sindicatos socialistas. Tampoco es obvia, desde el punto de vista doctrinal, la conexión entre el anarquismo y el agrarismo. Como hemos visto, los elogios fisiocráticos a la agricultura que se encuentran con cierta frecuencia en las publicaciones libertarias se combinan con innumerables cantos al progreso y a la capacidad liberadoras de las máquinas. Pero, sobre todo, es que en toda la historia del anarquismo español nunca hubo un programa de demandas específicamente agrarias. Más convincente resulta la conexión de estos esquemas políticos con la mentalidad artesanal. En conjunto, con todo, los límites a la capacidad de respuesta que tiene la explicación socioeconómica son excesivos y obligan a recurrir a otros factores.

En la esfera política encontramos explicaciones que parecen muy pertinentes para entender el caso español. No es exagerado decir que el Estado español de finales del XIX era centralizado, ineficaz, autoritario, incapaz de crear servicios sociales o de ofrecer reformas laborales creíbles, muy distante respecto de la realidad social en la que se movía y siempre dispuesto a dar una respuesta militarizada a cualquier problema de orden público. Lo cual explica bastante sobre el fracaso de los planteamientos moderados en el obrerismo. La burocracia era más una fuente de empleos para las clases medias que un mecanismo regido por criterios de buena gestión o servicio público. Las prestaciones que el Estado proporcionaba, hacia 1900, eran casi inexistentes. El presupuesto público se dedicaba a gastos militares, la casa real, el mantenimiento del orden público (especialmente en el mundo rural, a través de la Guardia Civil) y el presupuesto de culto y clero. Cuando se enfrentaban con demandas o protestas sociales, los gobiernos —fuesen conservadores, progresistas o liberales moderados— respondían con el silencio o con la represión armada. Los cambios políticos eran, desde este punto de vista, minúsculos o ficticios, y la opinión pública sentía que los caudillos o dirigentes, incluso los que habían iniciado su carrera como tribunos de la plebe, traicionaban de forma sistemática sus promesas. Es comprensible que se extendiera la creencia de que las exigencias del Estado eran abusivas y que la vida sería mejor si no existiese un poder público, especialmente en áreas rurales que en lo esencial eran autosuficientes y que del gobierno no recibían más que recaudadores de impuestos o agentes de reclutamiento de mozos para el ejército; o en áreas como Barcelona, donde a la rivalidad crónica con la capital se añadía la falta de reconocimiento de sus peculiaridades lingüísticas o culturales. La distancia entre la «España oficial» y la «España real», el desprecio hacia las normas legales y el recurso a la «acción directa» eran rasgos que Ortega analizó como típicos de la política española; el anarquismo se limitó a llevarlos al extremo.

Pero la política no lo explica todo, ni siquiera en relación con un fenómeno tan político como este. También debemos tener en cuenta el ambiente cultural, que en la España de los siglos XIX-XX se caracterizaba, entre otros rasgos, por un bajo nivel de alfabetización y un abrumador protagonismo de la Iglesia católica. Este protagonismo había disminuido a partir de las décadas centrales del XIX: las tierras eclesiásticas habían sido desamortizadas, un alto número de órdenes religiosas y monasterios habían sido disueltos, amplias capas de la población habían abandonado las prácticas religiosas y hasta se habían producido muchas explosiones de violencia anticlerical en las ciudades, con el resultado de algunas docenas de curas y frailes muertos y algunos centenares de edificios religiosos quemados. Pero no era fácil liquidar un pasado católico tan fuerte como el español en una o dos generaciones. La pérdida de credibilidad de la Iglesia no eliminó la mentalidad religiosa y el catolicismo fue reemplazado por otras promesas redentoristas. Los ambientes políticos radicales y marginados eran un medio muy adecuado para este tipo de transferencia. Gerald Brenan escribió que el anarquismo era el protestantismo español. Díaz del Moral observó el fervor y el ascetismo casi fanáticos de los «apóstoles» anarquistas. La exigencia de «pureza», que el clero católico tan frecuentemente dejaba insatisfecha, parecía en cambio encarnar en estos personajes, cuyo prestigio se basaba en su rigor moral y vida austera más que en la profundidad o brillantez de su pensamiento o en los éxitos de su liderazgo político.

No pretendo explicar el anarquismo español solamente a partir de estos rasgos morales y religiosos. Ese tipo de moralismo existió en otras corrientes. Los llamados «santos laicos» fueron típicos de toda la izquierda española, desde la Institución Libre de Enseñanza hasta los comunistas, pasando por socialistas y republicanos. Pero los anarquistas fueron especialmente intransigentes con cualquier acomodación o concesión ante una realidad política y social que creían intrínsecamente perversa. Y es un factor en el que debemos insistir, porque fue descartado demasiado a la ligera por los historiadores llamados «sociales». Por otra parte, el anarquismo no sólo se caracterizó por el moralismo, sino por heredar una serie de mitos escatológicos ancestrales en los que habían creído los habitantes del mundo mediterráneo durante siglos o milenios. Entre estos viejos mitos, que sin duda encuentran ecos también, en menor medida, en otros movimientos políticos radicales, podríamos mencionar un planteamiento de tipo redentorista y apocalíptico. Uno puede encontrar en los textos anarquistas muchas referencias a una lucha permanente entre dos grandes poderes que ha inspirado los conflictos sociales a lo largo de los tiempos: el progreso, la libertad o el pueblo, enfrentados con la reacción, la autoridad o los privilegiados. No es exagerado ver en ellos reencarnaciones de las viejas divinidades del bien y el mal, dos polos éticos una vez más a punto de enzarzarse, o enzarzados ya en este momento, en la gran batalla final. Lo cual habría de conducir al triunfo del bien y la erradicación definitiva del mal en el mundo, pues así lo garantizaba la ciencia —la «palabra de Dios» contenida, no en la Biblia, el libro por antonomasia, sino en «los libros», a los que con tanto respeto se refieren los analfabetos.

El apocalipsis redentorista lleva consigo una serie de leyendas colaterales, como el paso por un período de prueba y purificación, caracterizado por la violencia y un breve dominio por parte del Mal, como tránsito necesario hacia el paraíso. El anticristo (el capital, el Estado, la Iglesia) extremaría sus maldades durante esa fase hasta un grado insoportable, pero en definitiva sería el anuncio de su próximo fin. Frente a él se alzaría un mesías o redentor carismático, cuya virtud y fortaleza habría de dirigir a las fuerzas del bien hacia la victoria; un mesías que podía ser individual o colectivo, pero que en cualquier caso se distinguiría por la pobreza y el sufrimiento, señales inequívocas de pureza, de no contaminación por la venalidad del ambiente, y garantía de su fidelidad al ideal revolucionario; y el no menos desposeído proletariado (pueblo de Dios) que habría de seguirle aportaría el número, la fuerza incontenible de las masas, a la que ningún dique sería capaz de contener. Se lograría así el reingreso en el paraíso, entendido como retorno al orden natural, armonioso y fecundo, del que la humanidad fue expulsada en el origen de los tiempos, cuando cayó bajo el dominio de las fuerzas del mal: cuando el Estado sustituyó a las comunas libres, como explicaba Kropotkin; cuando la propiedad privada y el capital reemplazaron las formas de vida comunitarias propias de las sociedades primitivas, como decía cualquier manual socialista.

Estos rasgos culturales, junto con los factores políticos, pueden ayudar a entender un fenómeno tan complejo y característico de la historia española como fue el anarquismo, y cuyo significado y atractivo para muchos de sus seguidores no está suficientemente reflejado en el contenido literal de sus mensajes doctrinales. Pueden, también, explicar por qué no reapareció tras la muerte de Franco. Durante el año y medio que siguió a aquella muerte hubo, sí, en Madrid y Barcelona algunos mítines multitudinarios —todos lo eran en aquellos tiempos— convocados por el movimiento libertario. Algunos creyeron que la «eterna España anarquista» estaba resurgiendo de sus cenizas. Pero no era difícil predecir que no volvería a existir nada semejante a la legendaria CNT. La secularización de la sociedad española, por un lado, y por otro la fuerte expansión y relativa modernización de los servicios públicos, con el correspondiente crecimiento del Estado, del que hoy es imposible pensar en prescindir, serían las claves que explicarían la erosión de la influencia anarquista. Y esos mismos cambios políticos y culturales convierten en muy poco probable que los años venideros sean de nuevo testigos de un fenómeno similar al anarquismo clásico. Algo muy distinto es que existan núcleos libertarios en universidades o en medios artísticos minoritarios. La presencia de «ácratas» sólo confirmaría que han pasado a la historia los viejos «anarcosindicalistas».

La Primera Internacional en España,

entre la organización pública

y la clandestinidad (1868-1889)

Clara E. Lida

El Colegio de México

LOS ORÍGENES

En el otoño de 1868, la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) dio sus primeros pasos en España de la mano de enviados de Mijaíl Bakunin, el reconocido revolucionario ruso. Brevemente, la historia se remonta a Bakunin y a su círculo más cercano, que hasta entonces se habían manifestado como defensores de la organización secreta, la tradición insurreccional y el revolucionarismo radical para lograr la destrucción del orden establecido y, a la vez, abolir las clases y lograr la igualación económica y social. Estos principios, expuestos aquí someramente, constituyeron la base de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, creada poco antes en Suiza, una de cuyas premisas era llevar a cabo la revolución internacional, aunque esto implicara el uso de la violencia política contra los sistemas represores que, según se aducía, eran los que primero recurrían a la violencia amparándose en el poder. Además, entre otros principios, la Alianza favorecía la colectivización de los instrumentos de trabajo, la abolición de los partidos políticos y la sustitución del Estado por la libre federación de asociaciones libres.

La creación de la Alianza en septiembre de 1868, no obstó para que, casi simultáneamente, Bakunin solicitara que esta fuera admitida en el seno de la Primera Internacional, que desde 1864 lideraba Karl Marx, en Londres. A finales de ese año, el Consejo General de la AIT respondió que se rechazaba dicha solicitud, a menos que la Alianza aceptara los Estatutos de la Asociación y que, como organización pública de trabajadores, se transformara en una sección federada de esta. A comienzos de 1869, Bakunin y sus compañeros parecieron aceptar las exigencias del Consejo y declararon disuelta la Alianza secreta, para transformarse en sección ginebrina de la Internacional.

La Asociación Internacional se sustentaba, ante todo, en la organización masiva y pública de los trabajadores y en su eventual transformación en un partido obrero revolucionario; en la noción de que por medio de la lucha de clases se lograría la destrucción de la burguesía y el triunfo del proletariado; que como resultado se establecería un estado socialista en el cual la acción política y la transformación económica estarían indisolublemente unidas, y que, finalmente, la propiedad privada se aboliría y se consumaría la apropiación social de los medios de producción y el producto. Así pues, los principios de la AIT eran irreconciliables con los de la Alianza. Para el Consejo General era inaceptable una organización secreta, en la que participarían sólo los más devotos. Tampoco eran compatibles con los Estatutos que sus seguidores estuvieran abocados a la destrucción de toda forma de estado y que la sociedad se organizara en una libre federación de comunas libres, pregonaran la igualdad social en vez de la lucha de clases, y pensaran que la reorganización económica se basaría en que los instrumentos de producción y el producto pertenecieran colectivamente a los productores según su trabajo. Para la AIT este sistema, que recogía ecos de doctrinas sociales y económicas en boga en el segundo tercio del siglo y las reivindicaciones del mundo artesanal y de los pequeños productores, resultaría en un colectivismo que se podría entender como una nueva forma de propiedad que perpetuaría diferencias de clase.

Giuseppe Fanelli, emisario

de Bakunin en España.

Los emisarios de Bakunin que llegaron a España después de la Revolución de septiembre de 1868, lo hicieron armados de los Estatutos de la AIT y del programa aliancista, sin sospechar que este último había sido rechazado por el Consejo General en Londres. Por ello, cuando comenzaron a difundir los principios internacionalistas entre pequeños grupos republicanos y obreros, lo que en realidad predicaban era una combinación sui géneris de los principios aliancistas y los de la Internacional. En otras palabras, difundían con entusiasmo dos concepciones que de hecho eran antagónicas, lo cual, eventualmente, marcaría un rumbo particular al socialismo anarquista en España, proveyéndolo de una amalgama ideológica que, estrictamente hablando, no era la de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, La Haya (1872).

En el trienio siguiente, si bien se produjeron cambios y precisiones doctrinales, los seguidores de Bakunin y los partidarios de Marx, tanto en la AIT, en general, como en España, en particular, se encaminarían hacia una ruptura irrevocable. En el lenguaje, en la ideología y en la práctica, los internacionalistas bakuninistas y marxistas se enfrentarían con singular encono. A partir de la escisión consumada definitivamente en el V Congreso General, en La Haya, en septiembre de 1872, la Internacional cambiaría su curso. El Consejo Federal, partidario de Marx, se trasladó a los Estados Unidos, y cuatro años después se disolvió. Por su parte, los colectivistas, con centro en Ginebra, se proclamaban como los verdaderos representantes de la AIT, y al año siguiente, en el VI Congreso, votaban por nuevos reglamentos y una organización más descentralizada, con una oficina (bureau) federal internacional que rotaría según qué federación regional organizaba el siguiente congreso, y se ocuparía de la estadística y correspondencia. Si bien este cisma no es tema de estas páginas, el dato debe ser tenido en cuenta, pues en adelante, al hablar del internacionalismo, nos referimos a los colectivistas, o anarquistas, término que ya comenzaba a extenderse por diversos países para designar a los antiestatistas, partidarios de una autonomía radical e igualitaria. Sin embargo, el anarquismo sólo se podrá comprender si se entiende como un socialismo basado en los principios originales de la AIT, cuya meta era construir un movimiento obrero internacionalista, organizado, público y masivo, aun cuando conservara entre sus miembros la vocación insurreccional y secreta de la Alianza.

Volviendo a los orígenes en España, los enviados de Bakunin lograron agrupar a los primeros correligionarios y forjar los primeros grupos internacionalistas-aliancistas sobre la base de un doble nivel organizativo: uno público y otro secreto. Aunque después de la incorporación oficial de los bakuninistas en la AIT los principios de esta adquirieron mayor predominio en la Península, no se logró convocar un primer Congreso Obrero en Barcelona hasta junio de 1870, al que asistieron unos 100 delegados de sociedades obreras de diversas provincias. Allí se fundó entonces la Federación Regional Española (FRE), afiliada a la Asociación Internacional.

A mediados de 1870 parecía que el internacionalismo adquiría en España dinamismo y expansión propios, que se traducían en el desarrollo de nuevas secciones obreras, la publicación de una prensa internacionalista y el creciente reconocimiento entre los trabajadores de un movimiento que defendería sus derechos con mayor intensidad y compromiso que otros ya existentes, como las agrupaciones mutualistas tradicionales o los republicanos, más orientados al cambio político que al social. Pero este proceso, que auguraba un desarrollo sustentado y promisorio, se vio súbitamente alterado en la primavera siguiente, a raíz de la represión que se desató en la Europa continental después del alzamiento de la Comuna de París (marzo-mayo, 1871).

Origen de la sección AIT en España (1868).

De izquierda a derecha, Fernando Garrido,

Arístides Rey, José M.ª Orense (sentado),

Eliseo Reclus y Giuseppe Fanelli.

Una vez ahogada la resistencia parisina, el gobierno provisional de Louis-Adolphe Thiers encabezó la represión masiva contra los rebeldes y, con el apoyo de la amplia y extendida prensa antisocialista convertida en un verdadero cuarto poder, se inició la satanización de la Comuna, del radicalismo republicano y de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Por su parte, Jules Favre, ministro de Asuntos Exteriores, iniciaba una gran ofensiva continental para que los diversos países de Europa prohibieran la Primera Internacional y sus actividades, criminalizando el mero hecho de pertenecer a la Internacional. Así, desde finales de mayo de 1871 se iniciaron acuerdos con otros gobiernos europeos, formando de este modo una especie de «internacional burguesa» contra la Internacional de los Trabajadores, y sus seguidores y contra toda actividad considerada subversiva. En San Petersburgo, Berlín y Viena las leyes y persecuciones contra socialistas que ya existían sólo se endurecieron más; por su parte, los gobiernos de España e Italia también aceptaron la postura francesa, aunque con variantes. En ambos países meridionales se preservó la apariencia de legalidad al proceder jurídicamente, por medio de decretos y leyes, contra una u otra organización anarquista local, lo cual permitía también censurar sus órganos de prensa, clausurar sus locales y acosar a sus militantes.

Pese a las condiciones adversas, las actividades anarquistas en Europa, en general, al igual que en España, continuarían algunas veces a la luz pública, cuando las circunstancias locales lo permitieran, y otras de manera clandestina, cuando la represión fuera efectiva. Así, a mediados de la década de 1870 hay constancia de llamadas a la revolución e intentos insurreccionales para proclamar comunas revolucionarias en distintas ciudades, mientras muchos militantes huían de la persecución en sus países para buscar refugio en otros que, como Suiza y Gran Bretaña, contrastaban notablemente con el resto del continente. Ambos países recibieron exiliados socialistas perseguidos, otorgándoles asilo e, incluso, permitiendo que los recién llegados mantuvieran sus actividades políticas, siempre y cuando no amenazaran la estabilidad ni violaran las leyes del propio país de asilo.

LA FEDERACIÓN REGIONAL ESPAÑOLA HACIA LA CLANDESTINIDAD

Ya se ha señalado que España no quedó al margen de la violencia instrumentada desde el Estado, pero a diferencia de, por ejemplo, Francia, donde la intensa y amplia represión de la Comuna parecía haber decapitado al incipiente movimiento internacionalista, en España la situación fue distinta. Al comenzar a perfilarse su proscripción, la Federación Regional Española (FRE) era una agrupación ya bastante desarrollada numérica y geográficamente, con redes formadas por diversas federaciones regionales y secciones locales que poseían cierta autonomía. Así, cuando a partir de mediados de 1871, la joven Federación Regional Española se aprestó a «trabajar a la sombra» en caso de ser reprimida y declarada fuera de la ley, durante el convulso bienio amadeísta de 1871 a 1873, lejos de desmayarse ante los obstáculos desarrolló consciente y cuidadosamente una estrategia que le permitiera transitar hacia la clandestinidad cuando los contextos nacionales o locales lo exigieran, o permanecer a la luz pública mientras existieran coyunturas propicias.

En efecto, en junio de 1871, cuando a raíz de las negociaciones de Jules Favre con los diversos gobiernos europeos, Práxedes Mateo Sagasta, ministro de la Gobernación, emitió una circular a los gobernadores de provincia alertándolos contra la AIT, el Consejo Federal español decidió protegerse, trasladando a algunos de sus miembros de Madrid a Lisboa. Con razón dice el estudioso anarquista Max Nettlau, con feliz expresión, que ante el temor a las medidas oficiales de fuerza los miembros del Consejo decidieron «volverse invisibles e inasibles» y en caso de peligro hacer lo mismo con sus seguidores. La FRE desarrolló una estrategia que le permitiera transitar hacia la clandestinidad cuando las circunstancias gubernamentales así lo exigieran, o permanecer en la vida pública mientras ello fuera posible. Esto lo sintetiza el Consejo Federal en septiembre de 1872, al recriminar a una federación local por haberse disuelto por las presiones oficiales, en vez de prepararse a resistir de manera pública o secretamente y fortalecerse con la persecución.

Los cambios políticos y la subida del ministerio progresista encabezado por Manuel Ruiz Zorrilla, en julio de 1871, abrieron la posibilidad del regreso a España del Consejo Federal, aunque la caída de este gobierno en octubre de 1871 y el ascenso de uno más moderado, con Francisco de Paula Candau en Gobernación, renovó entre los internacionalistas los temores a una persecución, semejante a la intentada meses antes por el propio Sagasta.

Este miedo no fue injustificado, ya que a mediados de octubre se comenzó a discutir en las Cortes una propuesta para declarar la Internacional fuera de la ley, advirtiendo que la AIT, y por consiguiente la FRE, eran asociaciones delictivas que comprometían la seguridad del Estado, por lo cual debían ser disueltas y sus miembros debían ser considerados como reos y llevados ante la justicia. En consecuencia, cuando en noviembre se aprobó declarar la anticonstitucionalidad de la Internacional, la FRE recomendó a todas las federaciones prepararse para la organización secreta.

El 16 de enero de 1872, Sagasta, como presidente del Consejo y ministro del Interior, nuevamente se dirigió a todos los gobernadores de provincia para que disolvieran las secciones internacionalistas y se sometiera a proceso a sus miembros. Si bien el Consejo Federal paulatinamente constató que las instrucciones de Sagasta no tenían en la práctica mayores consecuencias, y que hacia finales de enero eran contados los casos de persecución, en previsión de cualquier peligro, se prosiguió con la organización secreta y la formación de pequeños grupos integrados por unos pocos individuos «de convicción firme», en aquellos lugares donde la FRE tuviera secciones de oficio y federaciones locales. Es decir, a comienzos de 1872, en previsión de una posible represión, los anarquistas españoles estaban ya dispuestos a continuar activos, «con la ley o a pesar de ella», planteándose dos fórmulas organizativas complementarias, según las circunstancias lo permitieran: la pública, cuando fuera legal, y la clandestina, en caso de quedar prohibida.

Sin embargo, a partir de junio de 1872, con el retorno de Ruiz Zorrilla encabezando un nuevo gobierno, las presiones sobre la FRE parecieron cesar hasta mediar el año siguiente, ya bajo la Primera República. Que la actividad pública pudo transcurrir sin mayores contrariedades, lo demuestra la posibilidad de convocar a un Congreso Obrero en Córdoba, a finales de diciembre de 1872, en el cual se ratifica la ruptura entre anarquistas y marxistas. Pero lo que nos interesa subrayar aquí es que, según la FRE, en esos momentos esta tenía más de 30 000 afiliados, cifra que no es verificable, pero sí indicativa del crecimiento del movimiento anarquista desde sus primeros pasos hasta entonces, con centros importantes en Cataluña y Valencia, pero con una presencia indudable en Madrid, Sevilla, Alicante, Málaga y, aunque más esporádica, en otros puntos de la Península.

Este crecimiento se corrobora si tenemos presente que entre 1869 y 1874, para ampliar la difusión ideológica y desarrollar una cultura política y la concientización entre los asalariados, en España se publicaron más de una docena de periódicos anarquistas y numerosos folletos, lo cual revelaba la existencia de un público afín, así como un significativo nivel de lectura individual y colectiva entre los anarquistas. La convicción de que la alfabetización no debía ser patrimonio exclusivo de otros, permitió a los internacionalistas españoles oponer al discurso dominante su propio discurso y desarrollar instrumentos de comunicación elaborados por y para ellos, y para sus potenciales seguidores.

Volviendo al contexto español más amplio, recordemos que tras la renuncia de Amadeo al trono y de la proclamación en febrero de 1873 de la Primera República, la situación política y social de España fue cambiando rápidamente, y con ella, la de los anarquistas. La activa participación internacionalista en algunas de las insurrecciones cantonalistas del verano de 1873 y la violencia desatada en Alcoy, en julio, marcaron el fin de la tregua, ya que a raíz de la dura represión y consiguiente persecución gubernamental, la Federación española recurrió nuevamente a la estrategia de que las federaciones locales se organizaran en pequeños grupos de carácter secreto.

Ante la multiplicación de noticias provenientes de diversas localidades sobre la creciente persecución y encarcelamiento de los compañeros internacionalistas, especialmente a partir de septiembre, debido al embate del gobierno de Emilio Castelar, la Federación Regional buscó diversas respuestas tácticas ante el peligro de desaparecer. La documentación muestra que el lenguaje de la Comisión se torna más perentorio en el otoño, al aconsejar a sus afiliados que ante la persecución se organizaran en secreto, ya que «si no se permite reunirse a la luz del sol, deben reunirse a la sombra, o por otros medios», sugiriendo que lo hicieran en grupos de ocho o diez, que se pudieran reunir en cualquier lado, en una casa o a campo abierto, y que «si no os fuese permitido reuniros en asambleas públicas hacedlas secretas». En adelante, estas consignas se repetirán con insistencia y variantes mínimas. Por un lado, se reiteraba la fórmula de reunirse en la sombra, o «en las tinieblas», de no ser posible hacerlo en público; por otro, se insistía en la pequeñez de los grupos para que allí donde la represión fuera mayor, los núcleos clandestinos se mantuvieran activos pero invisibles. Finalmente, como complemento de lo anterior, se recomendaba recurrir al disimulo y ocultamiento, y solicitar a los ayuntamientos que aprobaran el establecimiento de un ateneo, una escuela o una sociedad de socorros mutuos que sirvieran «de pantalla» para burlar a las autoridades y poder continuar asociados «dentro de la ley o fuera de ella». Así, a partir de la suspensión por el gobierno de las garantías constitucionales, la Comisión Federal insistía en la urgente necesidad de pasar a la organización secreta, o recurrir a engaños, aparentando cambiar el carácter de la organización, sin traicionar los principios y reglamentos de la Internacional: «de este modo, para la autoridad seréis un Ateneo y para nosotros la Federación local».

Si hasta entonces las recomendaciones habían sido sólo para evitar desaparecer, a medida que las acciones contra la Internacional se tornaban más encarnizadas, el tono de la Comisión también se fue radicalizando. Al discurso sobre la reorganización clandestina se sumó otro que reconocía la violencia como un mecanismo de lucha legítimo contra la represión y contra quienes la promovían. El 10 de noviembre, en su Circular 34, la Comisión establecía que los excesos contra los internacionalistas los empujaban a una respuesta extrema: «a un estado de horribles represalias [… a] la venganza personal», e invocaba como ejemplo a las trade unions inglesas, que en cir cunstancias semejantes se habían visto forzadas a incendiar fábricas o a matar a algún explotador o a un obrero traidor a la colectividad —amenazas que, en efecto, habían circulado en Gran Bretaña en la década anterior—. Aunque ya en junio de 1871, a raíz de la represión de los comunalistas parisinos, algunos internacionalistas españoles habían redactado un manifiesto dirigido «a los poderosos de la tierra», amenazándolos con la «guerra a muerte; guerra del productor contra el parásito y el explotador; guerra entre ricos y pobres», y con volar ciudades, la violencia retórica no había caracterizado el discurso de la FRE. Pero a finales de 1873, ante la represión creciente, la invocación de un ejemplo extranjero se convertía en un recurso retórico legitimador, al invocar como referente ejemplar nada menos que a la civilizada Inglaterra. A partir de entonces, la Comisión Federal planteaba, tal vez sin imaginarlo, los caminos de la violencia discursiva que durante los años de la clandestinidad, a partir de enero de 1874, seguiría el anarquismo en España.

El núcleo fundador de la Internacional en España, 1868: A - Giuseppe Fanelli; B - José Rubau Donadeu; C - Nicolás Rodríguez, lampista; D - José Fernández, broncista; 1 - Ángel Cenagorta, sastre; 2 - Manuel Cano, pintor; 3 - Francisco Mora, zapatero; 5 - Antoni Cerrudo, dorador; 6 - Enrique Borrell, sastre 7 - Anselmo Lorenzo, tipógrafo; 8 - José Posyol, tipógrafo; 9 - Julio Rubau Donadeu, litógrafo; 10 - José Adsuar, cordelero; 11 - Miguel Lángara, pintor; 12 - Quintín Rodríguez, pintor; 13 - Antonio Gimeno, equitador; 14 - Enrique Simancas, grabador; 15 - Ángel Mora, carpintero; 16 - Tomás Fernández, tipógrafo; 17 - Benito Rodríguez, pintor.

Con el golpe de Pavía y el decreto de disolución de la Internacional el día 10 de enero, este discurso se hizo más apremiante. El día 12, la Comisión Federal emitía su Circular número 38, en la que daba instrucciones precisas a toda la Federación Regional Española para defenderse, haciendo que «la organización pública sea secreta», y que los anarquistas se defiendan en nombre de la justicia dentro o fuera «de la ley burguesa». Esto se justificaba aduciendo que «los derechos naturales de asociación y reunión son anteriores y superiores a toda ley, y que nadie puede restringirlos ni atentar a su libre ejercicio». Por lo anterior, la Comisión recomendaba a las federaciones locales poner «en lugar seguro los documentos y objetos de importancia» y reiteraba la necesidad de dividir las secciones en grupos pequeños y secretos, «o adoptando la forma que cada federación en uso de su autonomía considere más acertada». Además, explicaba que en vista de que el gobierno y sus instituciones «se sostienen por la fuerza, sólo por la fuerza pueden ser derribadas», por lo cual las federaciones deberán «organizar todos los grupos revolucionarios que les sea posible, a fin de estar apercibidos y dispuestos para la acción revolucionario-socialista del proletariado».

Desde el punto de vista del lenguaje y del contenido, tal vez esta Circular 38 sea la que más explícitamente marca el paso de un discurso defensivo y de protesta a uno de confrontación e, incluso, de violencia social, como respuesta a la represión y persecución oficiales. Esto se evidencia en el llamado a mantener activa la organización y la propaganda para alcanzar el triunfo de la revolución social, mientras a la vez se advertía en términos francamente bélicos, que «la guerra social, la guerra de clases, la guerra entre pobres y ricos tantas veces provocada por la burguesía, no debe arredrarnos en lo más mínimo, porque tenemos la seguridad de que la Razón y la Justicia están con nosotros, y que el triunfo será de los hijos del Trabajo».

No cabe duda de que a partir del otoño de 1873, hasta su prohibición en enero de 1874, la Federación española formuló de manera detallada y específica, como una respuesta premeditada y razonada contra la represión, las tácticas de reorganización secreta que debían seguir sus asociados. Sobre la base de esas recomendaciones se construirían en adelante mecanismos de supervivencia, a partir de los cuales el anarquismo español lograría seguir activo hasta el otoño de 1881, cuando el regreso de la vida clandestina le permitió resurgir con fuerza renovada bajo el nuevo nombre de Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Sin embargo, en este proceso no sólo se exponían las tácticas de reorganización, sino que simultáneamente se iba construyendo un discurso que invocaba la acción violenta y las represalias, entendidas ahora de manera explícita no sólo como una lucha revolucionaria de clases, sino como estímulo simbólico a resistir la posible represión laboral y política manteniendo firmes las convicciones revolucionarias. Ahora bien, contrario a lo que con frecuencia se ha afirmado, nada prueba que más allá de episodios aislados, de carácter individual, en España se pasara de la retórica encendida a la confrontación violenta ni a la destrucción de vidas humanas. En cambio, lo que se manifestará esporádicamente en estos años de persecución y de represión política y de crisis económicas, son acciones a veces colectivas o individuales dirigidas contra la propiedad, tanto en ámbitos urbanos —sabotajes contra la maquinaria; petardos en fábricas, talleres y viviendas de empleadores; mensajes amenazadores—, como en los rurales —quema de cosechas, ataques al ganado, destrucción de máquinas agrícolas, etcétera—. Es decir, más de una vez se recurrió a invocar y ejecutar represalias contra aquellos patronos considerados abusivos e injustos con sus trabajadores.

LA CLANDESTINIDAD ESPAÑOLA

Durante la represión postcantonalista, la dualidad original sembrada por el bakuninismo permitió a la FRE mantener el asociacionismo público mientras fuera posible, pero pasar a la organización secreta en caso de persecución. Analizando la capacidad de los anarquistas para recurrir a esa experiencia fundacional en circunstancias adversas, apreciaremos mejor su capacidad para desarrollar originales patrones clandestinos de organización, de propaganda y de resistencia. Pese a la represión, el anarquismo español no abandonó sus lazos internacionalistas y, en la medida de las posibilidades, participó en los congresos, conferencias y demás actividades de la AIT; se mantuvo al tanto de los desarrollos y transformaciones doctrinarias y organizativas dentro del propio internacionalismo, y mantuvo vínculos con movimientos afines en Europa y América. Por todo esto, durante sus casi ocho años de vida clandestina, entre 1874 y 1881, el anarquismo español sólo se puede comprender en relación con las circunstancias internas de la Península, sin dejar de tener presente su inserción internacional.

En junio de 1874, la FRE se reunió por vez primera en un congreso clandestino en Madrid. En él se acordó ratificar la autonomía de los individuos y los grupos, mantener un estado de «conspiración obligatoria», convocar a la organización secreta, aumentar la propaganda, ejecutar represalias —nombre también de una hoja clandestina publicada entonces— y llevar a cabo actos considerados revolucionarios; finalmente, se exhortaba a acentuar las medidas preventivas que permitieran escapar a la vigilancia oficial. En razón de lo anterior, la FRE se reorganizó en unidades más pequeñas y autónomas, denominadas Comarcas —que correspondían aproximadamente a las regiones geográficas—. Cada una se debía mantener en contacto con sus afiliados, y continuar la organización, la información y las labores de proselitismo. Las Comarcas se reunirían en Conferencias secretas que sustituirían los congresos públicos, a las cuales asistiría solamente un delegado de la Comisión Federal; las funciones de la Comisión, según el modelo de la Oficina federal, serían ser «centro de correspondencia y estadística», y actuar de enlace para toda España y de vínculo con las secciones internacionales.

Al mes siguiente, en julio, un clandestino «Manifiesto a los trabajadores» con retórica inflamatoria advertía que todo explotador y parásito sería alcanzado por las represalias y que sus propiedades serían consumidas por el fuego. Esto lo reiteraría en Bruselas un delegado español de la FRE, que en agosto asistió al VII Congreso Internacional bajo nombre falso, un mecanismo que en adelante sería utilizado una y otra vez para que los españoles pudieran acudir a reuniones internacionalistas con la esperanza de no ser detectados por las autoridades. Allí no sólo afirmó —cierto o no— que las propiedades de varios «infames explotadores» habían sido arrasadas por el fuego, sino que auguró que la «guerra de clases» les seguiría costando cara, ya que aquellos tenían mucho más que perder que los «pobres» y «desheredados» privados de todo. El lenguaje seguía las líneas discursivas marcadas desde enero en la Circular 38. Pero lo que hasta ahora había sido una retórica amenazadora, pero intermitente, en adelante se repetiría con frecuencia, poniendo el acento en la violencia revolucionaria y en la confrontación de clases.

La primera Conferencia Comarcal se celebró en Sants en 1875, y estas continuaron reuniéndose en diversos lugares hasta 1880. Durante ese lustro, la actividad clandestina transcurrió con más o menos altibajos, pero se mantuvo la urgencia por definir «medidas prácticas» para llevar a cabo la revolución por cualquier medio posible. La preocupación por que la actividad federada se sostuviera, hizo que se alentaran la acción y la práctica revolucionarias. Para ello se acordó la creación de grupos de vigilancia y propaganda revolucionaria, así como la organización de «comités de guerra» en cada comarca para llevar a cabo la revolución social, y se advirtió que todas estas actividades debían permanecer en el más absoluto secreto, y que los delatores y traidores serían severamente castigados. Es cierto que pese a la actividad de las distintas comarcas, la FRE sobrevivía con dificultad, pues ni la organización en comarcas autónomas, ni la abundante propaganda difundida en hojas sueltas y periódicos clandestinos podía impedir que el movimiento obrero languideciera ante los embates oficiales. Sin embargo, la Federación se mantuvo activa, sobre todo, en tres regiones principales: en Barcelona, donde se contaba con el apoyo de las sociedades obreras, y en Madrid, aunque las posibilidades de actuar eran más limitadas y la vigilancia oficial más inmediata. En cambio, se informaba de que en Andalucía —especialmente en Sevilla y Cádiz— aumentaba el número de afiliados, así como el de federaciones locales.

Aunque en julio de 1876 se promulgó una nueva constitución, que en principio permitía las asociaciones obreras, en la práctica las de carácter internacionalista continuaron prohibidas y criminalizadas en el Código Penal. El nombramiento de Antonio Cánovas del Castillo como presidente de gobierno tampoco auguraba cambios positivos para la FRE. Por otra parte, al concluir la guerra carlista en 1876 y la guerra de Cuba en 1878, la situación de España era bastante sombría. La situación social reflejaba la grave contracción de la economía, y a partir de 1878 el paro obrero trajo aparejado un fuerte descontento laboral. Paralelamente, el campo andaluz sufrió una fuerte y compleja crisis agraria, en la que incidían sequías, plagas y pérdidas de cosechas. Así, durante casi un lustro, el malestar se extendió desde Barcelona hasta Extremadura, pasando por el Levante y Andalucía. En esta última región la crisis alcanzo magnitudes tales que sumió en el hambre a una gran parte de la población agro-urbana del sur duramente afectada por el paro agrícola, y a comienzos de febrero de 1881 esto dio paso a la caída del gobierno de Cánovas y su sustitución por el de Práxedes Mateo Sagasta. En esta coyuntura, se reconoció el derecho de asociación, lo cual permitió que las organizaciones políticas y sociales que habían permanecido en la clandestinidad resurgieran públicamente. En septiembre, los anarquistas españoles convocaron a un congreso obrero en Barcelona, donde se decidió reconstituir la Federación española ahora bajo el nombre de Federación de Trabajadores de la Región Española.

Durante estos años, aunque la vigilancia y la persecución no les dieron tregua, los anarquistas mantuvieron la actividad propagandística por todos los medios posibles. El contacto entre los españoles y los internacionalistas europeos se mantuvo por medio de viajes, correspondencia, presencia en o adhesiones a reuniones secretas, especialmente las que tenían lugar en Francia (París, Lyon, Marsella), donde las organizaciones obreras comenzaban a resurgir clandestinamente cinco años después de la Comuna. No menor fue la participación española en congresos internacionales: el VIII en Berna, en 1876, y el IX en Verviers, en 1877; un Congreso Socialista Mundial, en Gante, en 1877, y, finalmente, un último X Congreso General, también llamado Socialista Revolucionario, en 1881, en Londres. Si tenemos en cuenta las dificultades políticas y de recursos para desplazarse de un lugar a otro, la intensa actividad desarrollada por los españoles para mantener sus vínculos internacionales y su capacidad de suministrar información amplia sobre lo que acontecía en la Península resulta sorprendente.

Otro medio efectivo de propaganda fue la impresión de una prensa clandestina, en la mayoría de los casos de existencia efímera y formato modesto, pero cuya abundancia y aparición en coyunturas tan poco propicias no deja de sorprender. Entre estas publicaciones, sabemos de la existencia de algunas de corta vida, como A los Obreros (1875), La Revolución Popular (1877), La Bandera Social (1878) y La Comuna Libre (1880). Pero también existieron algunas otras de vida más larga, como La Solidaridad (1874-1876), El Orden (1875-1878) y El Municipio (1879-1880). Pese a la censura, pero conscientes de ella, en estos impresos lo mismo se incluían notas sobre cuestiones doctrinales, como noticias sobre condiciones económicas y sociales, cuidando siempre de evitar dar información que comprometiera a nadie, pero transmitiendo entusiasmo por la acción revolucionaria. A la prensa se sumó la publicación de carteles, hojas sueltas, circulares, así como folletos y demás información impresa generada por la Comisión y por diversas federaciones. Esto sin contar la publicación en Barcelona de La Revista Social, que si bien entre 1872 y 1874 había aparecido en Manresa como «órgano de los obreros manufactureros de España», después lo haría en Barcelona hasta 1880, sin subtítulo alguno, pero dando abundante información sobre los conflictos sociales y del mundo del trabajo dentro y fuera de España, lo cual, nolens volens, permitía a sus lectores tener información sobre esos asuntos. La prensa anarquista se convirtió entonces en un mecanismo con múltiples funciones. Por una parte, contribuyó a forjar una comunidad ideológica, informada y solidaria, y a estimular la vocación militante de sus seguidores; por otra, fomentó la participación de los lectores incitándolos a enviar comentarios y noticias, lo cual convertía a los lectores en corresponsales activos, atentos a los desarrollos y problemas en sus diversas localidades.

También la prensa anarquista europea, tanto la que se publicaba clandestinamente en diversos países como la que en Suiza tenía carácter público, participaba de los mismos mecanismos que la española para proveer a sus lectores internacionales y locales de noticias provenientes de cada país, servir de vínculo entre las diversas federaciones, y mantener así la cohesión y el compromiso internacionalistas. Su amplia distribución en los cantones helvéticos permitía que los militantes, de manera individual u organizada, establecieran desde allí canales para la difusión clandestina hacia aquellos países donde circularía por redes secretas internas, burlando la censura. Estas redes permitían tener información sobre la intensa actividad clandestina en diversas latitudes, incluyendo a España. Hay que tener presente que en estos años el desarrollo de las actividades en un país no se entendería de manera aislada, ya que la imbricación de los grupos nacionales y locales con los internacionales era continua y ampliamente compartida y su difusión dependía de las redes tejidas por los militantes y las federaciones de cada lugar.

No exageramos al reiterar la labor que se realizaba desde Suiza para distribuir información impresa. Por el contrario, vale la pena recordar que entre 1868 y 1878, la importante sección del Jura publicó en La Chaux-de-Fonds, el Bulletin de la Fédération jurassienne, de orientación colectivista, bajo la dirección de James Guillaume. El Bulletin informaba extensamente sobre la organización en diversos países, así como de las discusiones que tenían lugar en los congresos y las conferencias internacionales y las directrices doctrinales que en ellos se aprobaban. También, L’Avant Garde (1877-1878), que servía de órgano quincenal de la recientemente formada sección francesa de la Internacional, difundió información novedosa, inspirado por Paul Brousse, exiliado después de la Comuna. Ahí, al igual que en el Bulletin, colaboró activamente un joven y activo emigrado ruso, miembro de la Federación del Jura, Pedro Kropotkin, así como anarquistas alemanes exiliados en Suiza.

En esos periódicos aparecieron noticias de España; incluso, tras el intento de asesinato de Alfonso XII por Juan Oliva Moncasi, en octubre de 1878, L’Avant Garde alabó su valentía y el «gran servicio a la revolución» (18 de noviembre de 1878). Ya desde antes, el periódico había expresado entusiasmo ante otros intentos fallidos de magnicidio. Los ejemplos no faltaron. Desde Rusia se supo de los ataques llevados a cabo por Vera Zasulich, en enero de ese año, contra el general Fedor Trepov, gobernador militar de San Petersburgo, y por Alejandro Solovev, en abril, contra el zar Alejandro II. Tampoco faltó información sobre los actos contra el káiser Guillermo I, ejecutados en Alemania por Max Hödel y Cari Eduard Nobiling, en mayo y junio, respectivamente. Más adelante, en diciembre, también vio la luz información sobre el intento de Giovanni Passanante de acuchillar al rey de Italia, Humberto I. A raíz de lo anterior, las autoridades suizas consideraron que aplaudir semejantes actos criminales era también alentarlos y que ello quebraba el orden y la neutralidad del Estado, por lo cual Brousse fue arrestado, procesado y expulsado del país, y el periódico prohibido. Pero en febrero del año siguiente surgió Le Révolté (1879-1887), dirigido por una nueva generación revolucionaria nacida al mediar la década; eran activistas el propio Kropotkin, Georges-Henri Herzig, François Dumartheray, y contaron con la colaboración de otros, como Errico Malatesta, Andrea Costa, y el mayor de todos, Élisée Reclus. Le Révolté impulsaría con vigor la tradición de una prensa radical que desde Ginebra informaba sobre el internacionalismo revolucionario y sus acciones en diversos países, pero también daría a conocer desde sus páginas nuevos giros doctrinales y organizativos que, como veremos más adelante, incidirían sobre el internacionalismo. Pese a las políticas coercitivas en diversos países —incluyendo España—, los periódicos se destacaron por difundir entre los militantes noticias sobre los movimientos revolucionarios, no siempre anarquistas, que se desarrollaban en diversas latitudes. De hecho, es notable el intenso activismo revolucionario que aparece en la prensa internacionalista —pero también en otra de tendencias diversas e, incluso, antagónicas— atravesando Europa de este a oeste y de norte a sur en esa segunda mitad de la década.

Atentado cometido por Juan Oliva Moncasi contra Alfonso XII. (La Ilustración Española y Americana, 30 de octubre de 1878).

LA RADICALIZACIÓN EUROPEA Y LAS TRANSFORMACIONES DOCTRINALES

Recordemos algunos ejemplos cuyos ecos resonaron fuertemente en diversos países, incluyendo España, y en el propio movimiento anarquista. A finales de la década de 1870, Rusia ocupó con frecuencia las noticias impresas debido a la intensa movilización de los sectores radicales rusos, con su notable participación de mujeres, contra la autocracia zarista. Los atentados magnicidas se consideraron como una forma de «violencia defensiva» contra blancos determinados que abarcaban, entre otros, a funcionarios y agentes del gobierno; a terratenientes, dueños de fábricas, grandes propietarios y ricos en general; y a espías policiales, traidores y delatores dentro del propio grupo. Desde la década de 1860, la organización populista secreta, Zemlia i volia (Tierra y Libertad) promovió la revolución campesina y la federación de comunas rurales que sustituyeran el autocrático Estado zarista. En 1878, un ala más radical se volcó a la acción directa y preparó el atentado que llevó a cabo V. Zasulich contra el general Trepov. Al año siguiente otra escisión constituyó la sociedad conspirativa, Narodnaia volia (Voluntad del Pueblo), dirigida por un Comité Ejecutivo, con el fin de establecer un socialismo revolucionario y comunalista agrario. Un pequeño grupo, Chernyi peredel (Reparto Negro) retomaría la violencia revolucionaria, hasta lograr asesinar a Alejandro II en marzo de 1881. El magnicidio fue recibido por los internacionalistas como una verdadera hazaña revolucionaria, pero en otros ámbitos, los narodniki («populistas») fueron satanizados por la prensa de la época, e incluso por cierta historiografía posterior que los representó como «nihilistas» ciegamente destructivos, pese a que sus objetivos eran exclusivamente los autócratas y sus colaboradores. En esos años, muchos de esos narodniki huyeron al exilio, y hallaron refugio en Suiza, donde pronto se vincularon con la Internacional, que los reconoció como suyos por su socialismo revolucionario y comunalista.

El movimiento republicano irlandés, llamado Feniano, del cual emergieron diversos grupos radicales por la independencia, como la Irish Republican Brotherhood, también llamó la atención de la prensa general, y de la anarquista en particular. En ella se comentó ampliamente la agitación agraria y la movilización organizada por esa fraternidad contra la presencia británica, así como diversos actos de violencia y atentados contra políticos ingleses cometidos por grupos afines, como The Invincibles (nombre que adoptaría un grupo anarquista en París). Aunque el movimiento irlandés era nacionalista, su carácter agrario influyó en el anarquismo, al mostrar el potencial revolucionario de las poblaciones campesinas.

También se difundió el recurso a la rebelión (fatto insurrezionale) para enseñar con el ejemplo los principios anarquistas en Italia. Destacó especialmente el intento de insurrección campesina en el macizo del Mátese, en el sur de la provincia de Benevento, en abril de 1877, cuya organización se atribuyó a los anarquistas, y se señaló a un populista ruso exiliado en Italia y miembro de la Internacional, Serge Kravchinski (alias Stepniak o Rublev), quien había escrito unas Instrucciones para «la guerra de bandas», es decir, de partidas de campesinos armados. La represión no se hizo esperar y las protestas tampoco. En ciudades importantes, como Florencia y otras, se realizaron amplias manifestaciones que fueron también severamente ahogadas. Como resultado, en noviembre de 1878 se produjo el atentado de Passanante, ya mencionado, contra el rey Humberto I. Poco después, en Florencia, en medio de una demostración de adhesión al rey, estalló una potente bomba que dejó varios heridos, y un episodio parecido ocurrió en Pisa. Aunque no era claro que los internacionalistas fueran directamente responsables, dichos actos de violencia sirvieron de fácil pretexto para reprimirlos. Estos atentados con bombas, semejantes a la empleada por F. Orsini en 1858, contra Napoleón III, caracterizaron la violencia italiana antes de extenderse por toda Europa una década más tarde.

En España estos actos considerados por sus autores como legítimas armas revolucionarias en respuesta a la represión e injusticia, no escaparon al interés público. Tampoco pasó desapercibida la vinculación de estos movimientos con los problemas agrarios y las poblaciones campesinas, ni la idea de establecer la comuna campesina. Era paradójico que los periódicos de amplia circulación, como El Imparcial y otros, comentaran extensamente sobre estos «actos funestos» y que esa prensa más o menos oficial fuera la que contribuyera más a difundir información sobre tales acciones, incluso con mayor amplitud y detalle que las propias publicaciones anarquistas, que a menudo se limitaban a reproducir fielmente las noticias dadas por otros periódicos. Esta argucia tenía una doble ventaja: por una parte, evitaba que la prensa internacionalista fuera censurada, pues era información ya publicada legalmente por otros, pero además, permitía a los anarquistas que sus propios lectores extrajeran las lecciones correspondientes sobre los modos de ejecutar actos revolucionarios y reflexionaran sobre la legitimidad justiciera de llevar a cabo represalias contra tiranos y opresores.

En el plano internacional también se iban definiendo dos líneas doctrinarias de distinto signo: el anarco-colectivismo y el anarquismo-comunista, calificado a veces como socialista revolucionario. Esta división respondía tanto a influencias externas, como a los cambios que tenían lugar en el propio movimiento. A mediados de ese decenio, quienes en los inicios de la Internacional se habían distinguido por su liderazgo, estaban desapareciendo, como Bakunin, quien, ya enfermo, moría en 1876. En su lugar surgían líderes más jóvenes, marcados por la vida clandestina, la represión y el exilio, especialmente en Suiza. Entre quienes comenzaban a destacar estaban P. Kropotkin (ruso), E. Reclus (francés), James Guillaume (suizo), E. Malatesta (italiano), por mencionar sólo algunos. El colectivismo había sido hasta entonces la teoría aglutinadora de los anarquistas. La idea de que los instrumentos de trabajo y el producto debían de estar colectivamente en manos de quienes hubieran contribuido a crearlos por medio de su esfuerzo se resumía, según el propio Bakunin, en una sola frase: «De cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo», lo cual resultaba especialmente atractivo para los trabajadores manuales en talleres y fábricas, ya que se imbricaba con reivindicaciones de la tradición artesanal.

Élisée Reclus.

Pero a mediados de los años setenta, en las reuniones internacionalistas ginebrinas se empezaba a discutir un nuevo concepto: el anarcocomunismo. El primero en exponerlo fue François Dumartheray, lionés influido en su juventud por el comunismo icariano, y desterrado de Suiza después del fracaso de la Comuna de 1870 en su ciudad natal. En un folleto titulado Aux travailleurs manuels partisans de l’action politique (Ginebra, 1876), trazaba el desarrollo de las ideas comunistas desde Babeuf, pasando por Cabet, hasta llegar a la Comuna de París, para actualizarlas a la luz del anarquismo.

A diferencia de los colectivistas, los anarcocomunistas señalaban que los modos de producción modernos alcanzaban tal grado de complejidad industrial y técnica, que era imposible determinar la proporción exacta del trabajo realizado por cada uno y el pago justo que le correspondería. Intentarlo sería volver al sistema capitalista de salarios y a una sociedad injusta en la que ciertos individuos recibirían mayores ventajas que otros, o que, debido al tipo de trabajo realizado, muchos asalariados quedarían marginados de tales ganancias. Ese proletariado abarcaba desde campesinos y jornaleros sin tierras hasta obreros de fábricas y talleres que no poseían cualificación ni herramientas; trabajadores urbanos en los servicios y empleos domésticos; también se incluía a las mujeres, ocupadas en sus múltiples tareas cotidianas en el hogar sin remuneración alguna, o alquilando la fuerza de sus brazos en trabajos marginales; incluso se pensaba en los viejos y los enfermos, que habían dejado su vida y salud en labores diversas. En otras palabras, para que existiera una prosperidad general justa, era imprescindible la socialización de los instrumentos de trabajo y del producto entre todos los miembros de la sociedad que contribuían a producirla sin más distinción que la de sus capacidades. Así, los anarcocomunistas sintetizaban su pensamiento defendiendo la noción de que el reparto de la riqueza se debía realizar «de cada uno según sus fuerzas, a cada uno según sus necesidades».

Estas ideas se difundieron de inmediato y fueron discutidas y adoptadas por la Federación italiana en el Congreso de Florencia, en octubre de 1876. A la llegada de Pedro Kropotkin a Ginebra, en febrero del año siguiente, él se convirtió en el principal propagador de la doctrina. La primera prueba tuvo lugar durante el Congreso de Verviers, en septiembre de 1877, en el cual se debatió públicamente; tras una reñida discusión entre colectivistas y comunistas, a instancias de James Guillaume se resolvió que, en virtud de la autonomía, cada sección adoptara la postura más apropiada para sus fines. De hecho, muchas de las federaciones mantuvieron su orientación colectivista. Sin embargo, los siguientes congresos y conferencias internacionales, con el apoyo de algunos órganos de prensa obrera, contribuyeron a dar a conocer cada vez más ampliamente las nuevas tendencias, y la difusión del anarcocomunismo alcanzó su cúspide en los congresos de la Federación suiza del Jura, en 1880.

Simultáneamente se planteó la preocupación por aunar el discurso teórico con el práctico. Era evidente que la capacidad represiva de los estados sembraba desánimo entre los militantes y dejaba huella en las organizaciones anarquistas que veían sus fuerzas disminuidas. Estaba clara la necesidad de actuar de modo tal que resurgieran la movilización y el entusiasmo organizativo e ir más allá de la propaganda oral y escrita. Se resolvió entonces que, para movilizar a los militantes, se debía recurrir a la «propaganda por el hecho», a la acción directa y a la violencia revolucionaria como estrategia de negociación colectiva en ausencia de espacios sindicales, y como ejemplo didáctico para desarrollar la conciencia de clase a través de la lucha y los actos revolucionarios. Esta «pedagogía revolucionaria» se debía extender a las regiones agrarias para ampliar y expandir la organización a las poblaciones campesinas e incorporar a los asalariados del campo a la militancia anarquista. Era claro que en países como Rusia e Irlanda, por ejemplo, el apoyo campesino había sido imprescindible en ciertos momentos, lo cual conducía a pensar que también en el sur de Europa, fuertemente agrario y agro-urbano, la radicalización sería posible teniendo una estrategia sencilla y precisa que conjugara la propaganda con la acción. Debía quedar claro, sin embargo, que a diferencia de los atentados personales, tanto en el campo como en la ciudad, la violencia revolucionaria no estaría dirigida contra las personas, sino contra sus propiedades; no se debía entender como una violencia ciega y arbitraria, sino dirigida contra blancos determinados, como cosechas, animales, talleres y máquinas. Se pensaba que así se lograría amedrentar a los patronos y refrenar sus políticas intransigentes y coercitivas: «tranquilizar[los]», diría Kropotkin en una carta inédita de 1881.

Aunque la retórica de la violencia existía desde antes, la decisión de la Internacional adquirió entonces una implicación práctica más amplia al convertirse en principio doctrinal aceptable. Sin embargo, la respuesta no fue unánime y una vez más el anarquismo se dividió entre quienes rechazaban la violencia y los que la defendían como un modo de coadyuvar a la concientización y estimular la militancia proletaria.

LA VUELTA A LA LEGALIDAD, LA CRISIS DE LA MANO NEGRA Y EL COLAPSO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA

España no quedó al margen de estos cambios. Aunque en el último lustro del decenio de 1870 sabemos que la discusión entre colectivistas y anarcocomunistas se conocía por la prensa internacional, las discusiones internas y los viajes a reuniones y la correspondencia sostenida entre los internacionalistas europeos y españoles fue menos fluida. Sin embargo, un ejemplo de este ir y venir en secreto fue el propio Kropotkin, quien en junio-julio de 1878 realizó un viaje a España, encubierto por un pasaporte falso a nombre de A. Levashev. Aunque tenemos muy pocos datos sobre sus actividades en la Península, sabemos que estuvo en contacto con diversos militantes en Madrid y Barcelona, y que en esta última asistió a una conferencia comarcal y a alguna otra reunión secreta. No resulta aventurado sospechar que más de una vez predicara con entusiasmo el anarcocomunismo y la propaganda por el hecho, como lo había hecho en el Congreso de Verviers el año anterior.

Es cierto que en España, los colectivistas bakuninianos dominaban el movimiento clandestino, pero no es menos cierto que varios de los líderes que permanecían en contacto con los internacionalistas en otros países se interesaban por el anarcocomunismo y las tácticas de acción revolucionaria. Es posible que los contrastes fundamentales entre el movimiento obrero en los sectores urbanos e industriales de Madrid y Barcelona y el anarquismo en las regiones agrarias determinara también orientaciones distintas. En los centros urbanos, los trabajadores fabriles y manufactureros habían podido continuar organizados en sociedades obreras mutualistas, de socorros mutuos o cooperativas, y aunque en algunos casos sirvieran de disfraz a los anarquistas, que podían recurrir a la resistencia o a la huelga como armas de negociación, la mayoría fue inclinándose por un asociacionismo reformista alejado del socialismo militante.

En el campo, en cambio, la enorme abundancia de braceros sin trabajo facilitaba el reemplazo inmediato y a bajo costo de la mano de obra agrícola, y la huelga parecía ineficaz. Además, la dispersión de los núcleos campesinos en pueblos, aldeas y cortijos aislados, y la vigilancia ejercida por guardias civiles y rurales y por los propios terratenientes, parecían limitar las posibilidades de coordinar una vasta movilización laboral en zonas agrarias. En este contexto, el anarcocomunismo, con la idea de que el usufructo de la tierra y sus productos se distribuyera entre la comunidad, según la necesidad de cada uno, era fácilmente asimilable para una población carente de lo más elemental a pesar de sus afanes. La cuestión no era la etiqueta doctrinal, sino el concepto mismo, ya que el énfasis colectivista en el trabajo era continuar con la misma vida de sacrificios y fatigas con la miseria como la única recompensa.

Por lo que sabemos, la vida clandestina de los pequeños grupos militantes estuvo en estrecha vinculación con la cultura tradicional de su entorno, pues los discursos clandestinos sólo se podrían legitimar si se imbricaban con los de la comunidad. En un «Programa» secreto de esos años para las conferencias comarcales, observamos un discurso recurrente sobre la vida municipal, con sus autonomías y tradiciones comunitarias. En él, como en el anarcocomunismo, se subrayaba la solidaridad con los «inútiles para el trabajo» —los viejos, los enfermos, los débiles—, la responsabilidad mutua y la obligación de repartir las cargas públicas entre todos los adultos capaces. La vinculación con la comunidad fue parte de una estrategia de supervivencia en zonas rurales, que permitió que muchos de los anarquistas pudieran mantener sus actividades y agrupaciones en secreto. Rara vez encontramos escritas las normas de conducta que los guiaban, pero por los fragmentos preservados aquí y allá sabemos que se apoyaban en una larga tradición de hermandad comunal, traducida a la fraternidad de la clase.

La voluntad de los anarquistas por imbricar a los miembros de la comunidad con una cultura de clase compartida, adquiría en los pueblos formas prácticas. Recordemos que a finales de 1873, la FRE recomendaba transformar las federaciones locales en «Centros de instrucción y recreo», para sobrevivir de manera disimulada. Detrás de esta argucia legal, no sólo estaba el deseo de los anarquistas de preservar sus asociaciones amparados en los intersticios de la ley, sino también su afán por instruirse, por reunir en sus locales a hombres y mujeres de la comunidad para socializar, por intercambiar ideas y, especialmente, por enseñar a leer y escribir a los que no supieran. Salvo contadas excepciones, estos eran los únicos ámbitos de escolaridad que los trabajadores tenían a su alcance, y habían sido forjados para sí, por ellos mismos.

Por otra parte, antes de que las nociones de la propaganda por el hecho comenzaran a conocerse en España, ya en vísperas de la clandestinidad, la FRE había anticipado la violencia revolucionaria como táctica de lucha clandestina, lo cual incluía ejecutar represalias contra las propiedades de patronos explotadores y llevar a cabo la «guerra de clases» por todos los medios posibles. La prensa pública y la secreta no cesó de dar noticias de repetidos actos de violencia local aquí y allá, especialmente en la Baja Andalucía. Durante estos años los anarquistas andaluces también recurrieron a la táctica de reunirse en pequeñas células que, aunque dispersas, mantenían la cohesión mediante una disciplina estricta y el más absoluto secreto. A esto contribuían las «excursiones de propaganda» de pueblo en pueblo que, como táctica organizativa, realizaban compañeros designados para ello, incluso en zonas alejadas.

Con estos antecedentes podremos comprender mejor cómo, al volver la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) a la vida pública en 1881, el perfil de los anarquistas que emergía entonces era muy distinto del que habían tenido al ingresar en la clandestinidad, en 1874. En efecto, al reunirse el segundo congreso anual de la Federación española en Sevilla, en septiembre de 1882, se revela una situación sorprendente. Por un lado, lejos de desaparecer, la nueva Federación resurgía a la vida pública después de casi ocho años perseguida y en la clandestinidad. Frente a los 30 000 afiliados con que la FRE decía contar en 1873, ahora la FTRE aseguraba que sus miembros sumaban cerca de 60 000 afiliados. A diferencia de 1873, cuando predominaban las zonas manufactureras, industriales y urbanas de Barcelona, Valencia (incluyendo Alicante) y Madrid, el perfil de los nuevos militantes en 1882 era fuertemente andaluz, con gran peso de las organizaciones agrarias que durante una década se habían aglutinado calladamente en la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), específicamente orientada a organizar al proletariado agrícola dentro de la Federación española. Si bien para la UTC era difícil actuar en las zonas donde el caciquismo y el latifundismo dejaba en manos de los propietarios agrícolas la posibilidad de contratar o vetar trabajadores, según sus antecedentes y militancia, gracias a una labor secreta y efectiva supo reclutar numerosos adeptos.

Detenidos por la causa de la Mano Negra. (La Ilustración Española y Americana, 30 de marzo de 1883).

Desde el punto de vista del anarquismo, la situación no podía ser más promisoria: pese a la represión, la clandestinidad no sólo no había destruido el movimiento, sino que los mecanismos de acción y solidaridad se habían mantenido, permitiéndole volver a la vida pública con renovada energía. Pero este impulso se vería inesperadamente frenado por sucesos dramáticos en la provincia de Cádiz. Allí, después un lustro de crisis, a partir del otoño de 1882 empezaron señales de recuperación y todo permitía suponer que la cosecha cerealista del año siguiente en el vasto término de Jerez sería abundante. Esto despertaba la esperanza de una mejora laboral después del largo paro agrícola. Además, el anuncio de una buena cosecha permitía esperar una bonanza en los precios agrícolas y que esta fuera la coyuntura propicia para obtener una mejora salarial. La Unión de Trabajadores del Campo y las secciones de jornaleros agrícolas planearon las acciones correspondientes, y qué medidas tomar si la negociación con los patronos no daba resultados. Desde finales de 1882 se comenzó a barajar la idea de que si la negociación no prosperaba, los trabajadores del campo se lanzarían a una huelga que, llegado el momento, impidiera segar y recoger la cosecha. Entre los trabajadores rurales comenzó a extenderse la idea de que, al igual que en los centros urbanos, la huelga sería un eficaz instrumento de negociación para los jornaleros organizados.

Inesperadamente, al comenzar 1883, la Guardia Civil, con el apoyo de los latifundistas jerezanos, inició redadas y arrestos contra los anarquistas gaditanos, acusados de pertenecer a una sociedad revolucionaria secreta denominada la Mano Negra y de haber asesinado a uno de sus miembros, si no a más personas. Al participar en una supuesta organización secreta, los anarquistas eran acusados de violar abiertamente la ley y atentar contra la sociedad y el Estado, pues las organizaciones clandestinas permanecían prohibidas por el Código Penal. Para corroborar lo anterior, se dieron a conocer un Reglamento y unos Estatutos que presuntamente revelaban los fines conspirativos y criminales de los asociados. El sensacionalismo periodístico que envolvía estas noticias no permitía reparar en que estos documentos que ahora se desenterraban con propósitos represivos ya se conocían desde la década anterior, y que sus características discursivas —contenido, forma y lenguaje— se asemejaban y se insertaban dentro de todo un corpus de documentos semejantes emanados del internacionalismo europeo durante la clandestinidad. Tampoco se consideró que el nombre no era tan extraño a la tradición clandestina, ya que muchos grupos anarquistas y revolucionarios en Rusia, Irlanda, Francia, Italia, adoptaban nombres de guerra extremosos, como I malfattori o I farabutti, en Italia; Les révoltés, Les incendiaires, Les vengeurs, La Main Rouge, en Francia; o los ya mencionados republicanos irlandeses, Fenians, The Invincibles, entre muchos otros. No habría por qué suponer que España fuera ajena a estos usos; lo novedoso era reflotar entonces documentos recogidos varios años antes, cuando la Internacional y los grupos, con sus respectivos apodos, estaban en la clandestinidad, y aprovechar el sensacionalismo amarillista de la prensa para hacerlos aparecer como contemporáneos. Esta artimaña aparatosa tenía el propósito evidente de atemorizar a la opinión pública, para poder actuar libremente contra los jornaleros organizados.

El acoso por la Guardia Civil e, incluso, por el ejército para perseguir y arrestar a quienes supuestamente actuaban en secreto fue implacable. Al cabo de pocas semanas, las cárceles de Cádiz se llenaron de cientos de anarquistas y jornaleros acusados de pertenecer a la Mano Negra y sociedades afines, y para marzo había ya más de 3000 presos en las cárceles gaditanas. El gobierno, secundado por el sensacionalismo de la prensa diaria, afirmaba que la Mano Negra y la Federación de Trabajadores de la Región Española eran una y la misma cosa, con lo cual, por un acto de prestidigitación discursiva, en el imaginario español, e incluso internacional, el asesinato de un campesino gaditano se convertía en obra de 60 000 federados anarquistas, y la Federación española, pese a ser legal, quedaba equiparada a una asociación criminal secreta.

Era evidente que estas maniobras represivas tenían dos propósitos esenciales. En primer lugar, frenar drásticamente la creciente fuerza de la Internacional en España. El segundo objetivo era más local: se trataba de imposibilitar la organización de los trabajadores del campo e impedir que una huelga agraria obstaculizara recoger la cosecha. Quedaba en claro que los intereses de los hacendados andaluces y el gobierno estaban perfectamente alineados, y que ambos coincidían en tratar de erradicar el anarquismo.

La represión surtió rápido efecto, pues ante el temor de que el asunto de Cádiz se convirtiera en un pretexto para volver a prohibir las actividades de la Federación, el Consejo Federal, con sede en Barcelona, rápidamente se desmarcó del movimiento andaluz e, incluso, algunas voces juzgaron a los andaluces como criminales, haciéndose eco de las acusaciones de la prensa y del gobierno: en otras palabras, las tácticas divisivas del gobierno surtían el efecto deseado y el enfrentamiento e incluso la escisión dentro del internacionalismo fueron en aumento. Las respuestas airadas no tardaron en llegar desde Andalucía; ya en 1882, durante el Congreso de la Federación Regional, en Córdoba, grupos disidentes habían sido calificados como «perturbadores» por la Comisión Federal, debido a sus críticas al asociacionismo colectivista, su defensa del anarcocomunismo y del activismo revolucionario y su defensa de la mayor autonomía de los grupos locales. Las críticas de la Comisión no frenaron la oposición de los disidentes; algunos como «Los Desheredados», continuaron enfrentados y las diferencias se fueron haciendo más intensas e irreconciliables. Si a estas divisiones internas sumamos el miedo y el descrédito, comprenderemos cómo, paulatinamente, las fuerzas de la propia Federación de Trabajadores fueron mermando, hasta que en septiembre de 1888 se decidió su disolución y el establecimiento de una efímera Organización Anarquista de la Región Española que cesó al año siguiente. El anarquismo peninsular no se recuperaría de esta crisis hasta comienzos del siglo XX, pero en el ínterin, los grupos e individuos quedarían a la deriva, sin una estructura definida y sin coordinación alguna.

En conclusión, la década y media que transcurrió entre el ingreso de la Internacional en España en 1868 y la represión de la Mano Negra en 1883 significó para los anarquistas un gran momento de optimismo organizativo y revolucionario. Desde el comienzo el internacionalismo llenó un vacío en cuanto a la organización de las clases trabajadoras en España. Aun en la clandestinidad, la voluntad de lucha se mantuvo, y en 1881 el movimiento regresó a la legalidad con renovado entusiasmo. El éxito anarquista en España no fue ajeno a los desarrollos que tuvieron lugar en otros países y, como ya lo señalamos, desde su inicio mismo, la estrecha comunicación con el exterior alimentó doctrinaria y tácticamente a los militantes españoles. Pero la capacidad del anarquismo de ampliar sus actividades a zonas hasta entonces poco atendidas por otros movimientos políticos y su pujanza organizativa en espacios antes vedados, así como su íntima imbricación con la cultura de las propias comunidades mostró una originalidad y vitalidad sorprendentes. Lo paradójico, y también lo trágico de este proceso, es que este primer internacionalismo peninsular acabara sucumbiendo no por la represión instrumentada desde 1874 hasta 1881, sino por las diferencias y pugnas internas. La persecución por la Mano Negra trató de propinar un golpe de gracia al asociacionismo de los trabajadores del campo y, de paso, a todos los militantes en la Península. Pero que esta táctica acabara por triunfar se debió también a muchos otros factores. Por una parte, el énfasis en la autonomía de los grupos, acentuado durante la clandestinidad, cumplió el propósito de hacerlos invisibles ante las autoridades y sus medidas represivas, pero también incrementó una tendencia centrífuga que acabó por debilitar a la Federación. A esto se deben sumar las profundas diferencias y los desencuentros entre las regiones industriales y las agrarias, entre el norte y el sur, entre colectivistas y anarcocomunistas, entre la acción directa y el asociacionismo reformista. Y todo esto, sin olvidar que en ese contexto saltaban a la arena pública otras organizaciones obreras y políticas que minaban la fuerza y el prestigio hasta entonces prácticamente exclusivo del anarquismo como el gran aglutinador del proletariado español.

El terrorismo

Rafael Núñez Florencio

ANARQUISMO Y VIOLENCIA: EL FENÓMENO TERRORISTA EN SU CONTEXTO REVOLUCIONARIO

En una ordenación cronológica del devenir del movimiento anarquista abrir un capítulo con este enunciado puede dar la impresión de que hay una impronta terrorista que caracteriza una determinada etapa, o sugerirlo implícitamente. Ello es así en parte, pero también debe añadirse que sólo hasta cierto punto. No puede negarse que en las décadas finales del siglo XIX y comienzos del XX de un extremo a otro de Europa —y en algunos países americanos— hubo una importante oleada de atentados. La parte más llamativa de ellos fueron los magnicidios que afectaron a Rusia (Alejandro II), Alemania (contra Guillermo I, frustrados al menos en dos ocasiones), el Imperio austríaco (la famosa Sissi), Francia (Carnot), Italia (Humberto I), España (Cánovas) o Estados Unidos (McKinley).

Es verdad que la mayoría de ellos fueron cometidos por anarquistas, pero no se puede desconocer que antes y después de ese período concreto hubo otros grandes atentados, no atribuibles a los anarquistas (el magnicidio, al fin y al cabo, es tan viejo como la humanidad), hasta el punto de que no sólo sería falso vincular mecánicamente a estos con los asesinatos políticos, sino con la violencia en general. Obviamente, el recurso a la violencia fue a menudo una tentación irresistible por circunstancias que luego veremos, pero es preciso afinar un poco. En concreto, la inmensa mayoría del movimiento libertario fue completamente ajena a los crímenes antedichos en el aspecto logístico, otros muchos se desmarcaron teórica o ideológicamente —es decir, que no los aplaudían y, a veces, ni siquiera los justificaban— e incluso, en el seno del anarquismo, siguió subsistiendo una corriente pacifista tan importante, si no más, como esa facción sangrienta.

En España, las aproximadamente dos décadas que tuvieron como eje el cambio de siglo (podríamos utilizar como referencias para delimitar el período las fechas de 1888, disolución de la FTRE, y 1909, Semana Trágica y vísperas del nacimiento de la CNT) fueron muy difíciles para el movimiento libertario. Después de continuos altibajos, se podían dar por liquidadas (en la práctica, fracasadas) las dos grandes organizaciones del movimiento obrero que se habían levantado trabajosamente desde finales de la década de los sesenta, primero la Federación Regional Española (FRE) de la Internacional y luego, desde 1881, la ya mencionada Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). En 1888 esta había entrado en crisis terminal, dejando al movimiento obrero en su conjunto y a los elementos anarquistas en particular sin referente ideológico ni marco organizativo, sumidos en el desconcierto y la inoperancia. La estrecha vinculación entre este estado de crisis generalizada y el exhorto a una violencia más bien desesperada no pasó inadvertida en su momento y hoy en día es una correlación que está fuera de toda duda. No obstante, como en la anterior equiparación del uso del terror y el anarquismo, no pueden obviarse algunas precisiones que matizan el entramado que estamos pergeñando.

Atentado mortal contra el zar Alejandro II. (La Ilustración Española y Americana, 30 de mayo de 1881).

El recurso a la violencia en general no puede equipararse sin más al terrorismo, por muy laxos u omnicomprensivos que pretendamos ser con este concepto. Basta pensar en un fenómeno tan universal como la guerra, o en todas las acciones violentas que se cometen en el curso de un conflicto bélico asumido como tal por las partes en contienda. En todo caso, sólo cuando no hay ruptura abierta de hostilidades esas diversas manifestaciones violentas —desde la insurrección al sabotaje, desde la guerrilla al motín— pueden encuadrarse, aunque con no pocas cautelas, dentro del fenómeno terrorista. Desde una óptica complementaria debe añadirse que resulta forzado contemplar la violencia de masas en las coordenadas conceptuales del terrorismo, que suele entenderse más bien en el marco de acciones individuales y de pequeños grupos, y siempre, como decíamos, sin reconocimiento bélico formal.

Para no perdernos en disquisiciones meramente teóricas, limitémonos a recordar que las ideologías revolucionarias nunca se han hecho ilusiones, salvo casos muy particulares de pacifismo, acerca de sus posibilidades de transformación del mundo si no era con el concurso —de mejor o peor gana— de la violencia. De Marx a Lenin, de Bakunin a Kropotkin, no ha habido profeta del socialismo (autoritario o libertario) que no haya concebido la violencia como partera de un nuevo mundo, sin que tales líderes se hiciesen por ello acreedores al apelativo de «terroristas» (porque, en efecto, ni patrocinaban ni encubrían el terrorismo stricto sensu).

La difícil conjugación del objetivo final de una sociedad más justa e igualitaria con unos medios que generan a corto plazo sangre y sufrimiento halla una formulación afortunada en un lema muy extendido en los primeros años de la Internacional en España: «Paz a los hombres, guerra a las instituciones». Lo cierto, sin embargo, es que se vivían tiempos poco idóneos para proyectos pacifistas e incluso para planteamientos reformistas o gradualistas. En el interior, la Revolución de 1868 fue derivando hacia una inestabilidad política y social cada vez más alarmante, de la que el movimiento cantonal de 1873 fue la expresión más conspicua, mientras que desde el exterior llegaban vientos de fronda, representados por el fulgor, derrota y feroz represión de la Comuna de París (1871), pronto mitificada como el «primer gobierno obrero de la historia». La opción insurreccional en sus múltiples variantes y con objetivos no siempre diáfanos se presentaba de hecho como la alternativa más a mano en unos tiempos de raquitismo organizativo, inestabilidad y persecución.

En ese clima en el que la exaltación y la impotencia arrastraban a buscar un atajo, los sectores más impacientes creyeron encontrar en la acción violenta de unos pocos la piqueta que empezara a demoler el orden social. Ya desde fechas tempranas se habla en documentos internos de tomar «horribles represalias en las que … cesen las funciones de la razón» (circular número 34 de la Comisión Federal de 10 de noviembre de 1873). La sección bakuninista de la Internacional daba un paso inequívoco en el camino hacia el apoyo a la violencia individual en el Congreso de Verviers (1877), solidarizándose con quienes habían cometido atentados de una u otra índole contra el orden burgués.

Volviendo a España, un importante dirigente como González Morago no ocultaba sus simpatías por unas acciones que entraban ya de lleno en el ámbito del terrorismo. Normalmente, de la teoría a la práctica en estos casos suele haber poco trecho, no por una simple relación de causa-efecto entre aquella y esta, sino porque ambas se insertan en el mismo marco de percepción de las cosas. En 1878 y 1879 se produjeron sendos atentados —fallidos— contra Alfonso XII. Los autores fueron ejecutados, inaugurándose así el círculo vicioso de acciones violentas y represión sin contemplaciones que años después llevaría al país en la década final del siglo a un clima asfixiante.

Mientras tanto, se desatan por esas fechas en el ámbito agrario —en especial en el campo andaluz, por la estructura de la propiedad y la existencia de miles de jornaleros sin trabajo— una serie de conflictos cada vez más enconados que desembocan en quemas de cosechas, incendios de propiedades y asaltos violentos. En este caso también la diferencia entre las distintas formas de violencia —motín, sabotaje, insurrección, atentado— es una cuestión secundaria o coyuntural, pues lo que se produce habitualmente es un levantamiento más espontáneo que premeditado, producto de la desesperación, en el que se ataca el objetivo más inmediato con las (rudimentarias) armas que se tienen a mano. Aunque, como precisaremos después, nuestro punto de referencia para situar al terrorismo anarquista es el marco urbano, no puede desconocerse ni silenciarse el revulsivo que supuso en determinados sectores libertarios el conocimiento de esas revueltas campesinas ni, sobre todo, el impacto que provocó en ellos la durísima represión con la que respondieron las autoridades.

Hubo, en especial, dos incidentes llamados a dejar una profunda huella en la memoria de la lucha obrera: el oscuro episodio de la Mano Negra, resuelto en unos juicios (1883-1884) que no dejaron clara la autoría de los sucesos ni la existencia en sí de la tenebrosa «sociedad secreta», pero que llevaron al garrote vil a varios sospechosos y a largas penas de cárcel a muchos más; y, en segundo lugar, el asalto campesino a Jerez de la Frontera en enero de 1892, un incidente ciertamente sangriento pero que fue afrontado por el poder como un desafío que requería una respuesta ejemplar. La represión afectó a cientos de campesinos, fueron denunciados varios casos de torturas y finalmente fueron ejecutados cuatro hombres. En estas circunstancias se empieza a extender en el seno del movimiento anarquista la determinación de «responder» —pasar a la acción— sin más dilaciones, partiendo de la premisa de que los caídos eran «mártires» que exigían venganza.

LA «PROPAGANDA POR EL HECHO». OBJETIVOS TEÓRICOS Y PROBLEMAS PRÁCTICOS

El 24 de septiembre de 1893, en el tradicional desfile militar que se hacía en Barcelona con ocasión de las fiestas de la Merced, Paulino Pallás Latorre, litógrafo catalán de treinta años, arrojó dos bombas Orsini en la Gran Vía al paso del capitán general de Cataluña, Arsenio Martínez Campos. El ilustre militar salió prácticamente ileso, pero las explosiones costaron la vida a un guardia civil y a un espectador, así como heridas de diversa consideración a varias personas. Con sorprendente celeridad se organizó un Consejo de Guerra —a los cinco días del atentado—, que declaró culpable a Pallás y lo condenó a muerte. La sentencia fue también rápidamente ratificada por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, de modo que en dos semanas escasas se liquidó aparentemente el asunto: el 6 de octubre el reo era fusilado en el castillo de Montjuic. Poco antes de morir el anarquista pronunció una de esas frases que no suelen tomarse en consideración, pero que los luctuosos sucesos posteriores convertirían en siniestra profecía: «La venganza será terrible».

Conviene, no obstante, detener el curso de los acontecimientos porque el atentado de 1893 presenta rasgos que no pueden ser omitidos en el análisis y cabal entendimiento de las cuestiones que nos ocupan. Adelantemos en primer lugar lo que en el momento no podía saberse y que luego iluminará la perspectiva histórica: acababa de inaugurarse una fase nueva, distinta, en la actitud anarquista, que conllevaba un reto descomunal al Estado, a la burguesía y al orden establecido, un desafío real que terminaría por afectar —y estremecer— a todo el entramado social. De hecho, podría afirmarse sin apenas exageración que fue en ese momento histórico cuando la sociedad española empezó a saber qué era el terrorismo. El empleo de este concepto, con las connotaciones que implica, plantea sin embargo algunos problemas sustanciales.

Es de sobra conocido que el terrorista o el que propugna o justifica teóricamente tal táctica, rehúsa que se le etiquete como tal, acogiéndose a otras conceptuaciones como «lucha armada», «guerra de liberación», «movimiento revolucionario», etc., endilgándole la catalogación de terroristas a sus enemigos (normalmente al Estado y al orden que combate). Se ha dicho a menudo en este sentido que el terrorismo es el arma de los débiles por oposición a la violencia ejercida por otras instancias más poderosas que, en casos extremos, despliegan una fuerza más mortífera cualitativa y cuantitativamente (terrorismo de Estado, exterminio, genocidio). Aunque obviamente no podemos detenernos en unas precisiones conceptuales de esas características, su simple mención nos sirve para aclarar dos puntos que sí importan —y mucho— en la caracterización de la violencia anarquista.

Paulino Pallás, autor del atentado

contra el general Martínez Campos.

(La Ilustración Ibérica, 7 de octubre de 1893).

La primera es que, como ya antes se había sugerido, los anarquistas que propugnan la violencia hablarán sistemáticamente de «respuesta» o «defensa» frente a la explotación burguesa y la opresión del Estado, este sí auténtica fuente de injusticia y esclavitud, hontanar de auténtico terror para los oprimidos. La segunda, más importante todavía porque nos lleva al meollo de nuestro tema, es que la consigna que se extiende entre determinados sectores libertarios en esta época es la de llevar a cabo una «propaganda por los hechos». La equiparación de esta, sin más, al terrorismo es una simplificación necesitada de varias precisiones. La «propaganda por el hecho» no es necesariamente una acción violenta: como su mismo nombre indica, se trataba de dar testimonio, de dar ejemplo, de oponerse en la práctica al capitalismo, al Estado y a una sociedad envilecida. Para todo ello también servían determinadas actitudes de resistencia (al servicio militar, por ejemplo), de rebeldía (negándose a pagar alquileres u otros tributos), desobediencia ante la autoridad, desafíos a la moral burguesa (uniones civiles sin pasar por la vicaría) o celebraciones alternativas (bautizos revolucionarios). Todos esos pequeños gestos palidecían, obviamente, ante las formas violentas de protesta, porque un bombazo o un atentado sangriento trascendían el círculo cerrado en el que se movían los militantes libertarios, afectaban a más gente y, por tanto, tenían mucha más repercusión en todos los órdenes.

Con todo, aunque la «propaganda por el hecho» se redujera a su modalidad más llamativa, la acción terrorista, esta misma presentaba rasgos peculiares que no deben preterirse. Partamos siempre de la base de la aceptación natural de la violencia como instrumento de combate en las filas revolucionarias, sin que la mayor parte de las veces importara mucho, como antes se dijo, la distinción entre sus distintas modalidades. Por razones evidentes, siempre era preferible el levantamiento de más —las masas— que de menos —individuos o grupos aislados—, pero si aquellas estaban adormecidas, eran estos los llamados a «despertarlas» con acciones resonantes, actos que dieran testimonio, gestos que marcaran el camino a seguir. De este modo, los militantes más concienciados, resueltos o impacientes se convertían en «mártires de la Idea».

El objetivo inmediato no era tanto obtener ventaja o réditos en la batalla como el propio simbolismo del acto. El matiz es fundamental y no sólo por el aspecto religioso, del que luego nos ocuparemos. El activista no pretende ocultarse ni escapar a la acción de la «justicia burguesa» que, previsiblemente, será implacable. Pallás no logró matar a Martínez Campos y, en cambio, iba a pagar con su vida el intento: pese a ello jamás se le ocurrió pensar, ni a él ni a los suyos, que su actuación hubiera sido fallida o poco rentable en términos cuantitativos, de pérdida de efectivos. Por el contrario, aquella muestra de «propaganda por el hecho» había rendido los frutos —cualitativos— que se esperaban: había demostrado que se podía hacer frente a una de las formas más abyectas del poder burgués —el militarismo—, había puesto de relieve que, pese a sus despliegues solemnes, el ejército era vulnerable y, sobre todo, había mostrado a los compañeros y a las masas en general el camino de la lucha y la liberación.

En sentido amplio el camino, en efecto, estaba abierto. Más concretamente, la solución dada por las autoridades al problema se revelaría muy precaria, como un cierre en falso. Dicho en otros términos, no hubo que esperar mucho tiempo para que se hiciera realidad la amenaza de Pallás. El 7 de noviembre de 1893, en la noche en que se inauguraba la temporada de ópera, se arrojaban dos bombas Orsini desde lo alto del Teatro del Liceo barcelonés al patio de butacas: sólo estalló una de ellas, pero fue suficiente para provocar una matanza (en torno a veinte muertos y un número algo mayor de heridos). Como era previsible, se desencadenó el pánico en la ciudad.

Ahora ya los amenazados no eran sólo militares, políticos o patronos, sino un amplio sector social, lo que imprecisamente se conoce con la denominación de «burguesía», pero que en aquellas circunstancias se encarnaba en miles de hombres y mujeres que se preguntaban confusos y atemorizados qué habían hecho para estar en el punto de mira de los terroristas. La respuesta, desde la perspectiva de estos, era bien sencilla: no había inocentes entre las clases explotadoras. Todos los «burgueses» —mujeres y niños incluidos— eran responsables de un estado de cosas basado en la iniquidad y el abuso de los poderosos. ¿Inocentes? La propaganda anarquista no se cansará de repetir que más inocentes eran los obreros y sus familias, explotados hasta la extenuación y condenados en muchos casos a morir de hambre sin disponer apenas de un techo bajo el que cobijarse.

Esa era la justificación doctrinal, pero no puede desconocerse que entre ella y la realidad se abría ahora una brecha que suscita varios interrogantes. El autor del atentado, Santiago Salvador Franch, un aragonés de treinta y un años, sin oficio fijo, era un hombre muy distinto de Pallás y no daba siquiera el perfil del anarquista típico. Ideológicamente, había sido carlista y ferviente católico antes de su conversión al credo ácrata; aunque todos interpretaron que quería vengar al compañero recientemente ajusticiado, él lo negó aludiendo vagamente a su pretensión de «destruir la sociedad burguesa» y «sembrar el terror y el espanto» por motivaciones que en algunos aspectos parecían más de resentimiento personal que derivadas de convicciones políticas. Frente a la gallardía del autor del atentado anterior, Salvador se ocultó y huyó, y hasta cuando fue localizado pretendió eludir el peso de la ley disparándose un tiro (aunque sólo llegó a herirse). Por si fuera poco, ya en la cárcel simuló que volvía al seno de la Iglesia católica y mantuvo una calculada ambigüedad sobre su arrepentimiento con el fin aparente de eludir la condena a muerte que finalmente se cumplió de modo inexorable el 21 de noviembre de 1894. En definitiva, el caso Salvador presenta muchos puntos oscuros que no encajan ni en el marco usual de la «propaganda por el hecho» ni en el comportamiento de los anarquistas de acción. Algunos camaradas, como Bo y Singla, reconocen sin ambages que «dudamos siempre de su anarquismo» y hasta llegaron «a sospechar de su estado mental».

Otro tanto cabe decir —sólo que aumentado en todos sus ribetes sospechosos— del tercer gran atentado del período, también en la Ciudad Condal, el que tiene lugar en la calle de Cambios Nuevos con motivo de la procesión del Corpus el 7 de junio de 1896. Una bomba estalla al paso del cortejo provocando una nueva matanza: varias personas murieron en el acto y otras muchas que quedaron heridas fallecieron poco después, llegándose finalmente a computar una docena de víctimas mortales y más de cincuenta heridos. Si el compromiso revolucionario de Salvador ya fue puesto en cuestión, en este nuevo ataque las cosas se complican más porque, por lo pronto, no tenemos autor conocido ni reivindicación fidedigna desde las filas libertarias.

Al contrario, debido a que la explosión tuvo lugar en la parte final de la comitiva, cuando ya habían pasado las autoridades y dado que, en consecuencia, los afectados fueron ciudadanos corrientes, gente del pueblo, los anarquistas se apresuraron a desmarcarse de un crimen tan odioso como difícilmente justificable. Aquello, vinieron a decir, no tenía nada de «propaganda por el hecho» y, en efecto, la tenebrosa mezquindad de la agresión poca semejanza presentaba con el acto de Pallás, fanático pero arrogante. De ahí que pronto se extendiera la especie de que el suceso no fuera más que un complot policial, llevado a término por agentes a sueldo o marginales, con el fin de justificar una persecución masiva y sistemática que descabezara de una vez por todas el movimiento anarquista en la Ciudad Condal y su entorno.

Atentado del Liceo de Barcelona. (La Ilustración Ibérica, 18 de noviembre de 1893).

Atentado de la calle Cambios Nuevos de Barcelona. (La Ilustración Ibérica, 20 de junio de 1896).

En efecto, como veremos posteriormente, fue esto lo que se produjo, con inmediatos registros, redadas y detenciones que afectaron a cientos de personas, fundamentalmente obreros de convicciones libertarias, pero también republicanos, librepensadores y otros muchos que sólo se distinguían por sustentar lo que entonces se llamaban «ideas avanzadas». Mientras las cárceles se llenaban de sospechosos en una medida que desbordaba toda lógica —pues una iniciativa criminal de aquellas características no podía ser más que obra individual o de un reducido grupo de conspiradores—, el foco de la preocupación del momento pasó de la fechoría en sí a las medidas para erradicar la lacra terrorista. Ese mismo giro tomará nuestro análisis, para ser fiel al curso de los acontecimientos. Pero no podemos dar por cerrado este episodio sin mencionar que, por todo lo dicho, difícilmente podemos sustentar la tesis sistematizadora de la «propaganda por el hecho» según la cual los tres grandes atentados del momento iban dirigidos contra el ejército (Martínez Campos), la burguesía (Liceo) y la Iglesia (Cambios Nuevos). Por más que se intentara racionalizar la praxis ácrata, lo cierto es que los activistas operaban donde, cuando y como podían, sin muchas posibilidades de elección y, en cualquier caso, el segundo y, aún más, el tercero de esos grandes atentados presentan un dudoso marchamo anarquista.

DE VERDUGOS A VÍCTIMAS: LA CAMPAÑA DE MONTJUIC

Nada más producirse el asesinato masivo del Liceo, las autoridades barcelonesas desplegaron una frenética actividad contra los elementos anarquistas y afines que, a falta de frutos concretos sobre el esclarecimiento de los hechos, se tradujo en dar satisfacción a la opinión pública —temerosa e indignada— practicando cientos de detenciones. Con las cárceles llenas, hubo que habilitar algún barco fondeado en el puerto como prisión provisional, mientras que, por otro lado, pronto se extendieron rumores y sospechas fundadas acerca de la obtención de confesiones mediante malos tratos y torturas. No había una especial vena de crueldad y sadismo en los efectivos policiales, como a menudo sugerían de modo victimista los periódicos libertarios, sino una clamorosa falta de medios materiales y humanos.

Dicho de otro modo, la policía española estaba deficientemente dirigida, mal constituida y peor dotada: podía hacer frente, aunque con menos eficacia y prestigio que la Guardia Civil en el medio rural, a la delincuencia común pero de ninguna de las maneras se encontraba con la preparación y agilidad precisas para dar respuesta adecuada a un desafío tan tremendo como el que lanzaban los activistas de la «propaganda por el hecho». Los mandos policiales se mostraban además obsesionados con la existencia de tenebrosos complots, reuniones secretas y sedes clandestinas, donde supuestamente se decidían los atentados y se escondían explosivos. Así las cosas, el recurso más expeditivo era hacer redadas masivas y forzar luego a los detenidos, por métodos fácilmente imaginables, a que «contaran todo lo que sabían».

Con esos métodos hicieron cantar a varios sospechosos del atentado del Liceo y presentaron a la opinión pública el «descubrimiento» del supuesto complot, antes de que la localización y apresamiento del verdadero autor —Santiago Salvador, que desde el principio se declaró único culpable— les chafara el montaje que trabajosamente habían urdido. No obstante, una vez cogida la presa (aquella «peligrosa» célula de anarquistas de acción), debió de parecer que soltarla era un reconocimiento implícito del error, amén de una muestra de debilidad inaceptable en momentos que exigían todo lo contrario, firmeza y determinación. Así que lo que se hizo fue reabrir el caso anterior de la intentona contra Martínez Campos para encausar ahora a los detenidos como cómplices de Pallás.

Durante un tiempo, sin embargo, se mantuvo la incertidumbre acerca de la vinculación entre ambos atentados, sus autores y los detenidos como sospechosos, de manera que estos —una decena aproximadamente de activistas— aparecían ora como cómplices de Pallás, ora como encubridores de Salvador, como cooperantes en algún grado en el suministro de explosivos o bien simplemente como asiduos asistentes a las actividades conspiratorias. Como suele suceder en estos asuntos de clandestinidad, el grado de participación e implicación de todos aquellos hombres en las actividades terroristas es difícil de determinar con exactitud. Con los datos —muy incompletos— de que disponemos, sigue siendo arriesgado decantarse con seguridad por una opción concreta.

La hipótesis más probable, por lo que hoy sabemos del funcionamiento de los grupos de acción, es que los autores materiales de los atentados establecieran sus objetivos por su cuenta y actuaran en solitario, lo cual no es obstáculo para reconocer que otros compañeros tuvieron que facilitarles las bombas y, en el caso concreto de Salvador, darle cobijo o proporcionarle la huida. Es probable por tanto que algunos de los detenidos se encontrasen implicados de una forma u otra en los atentados o, al menos, tuvieran conocimiento previo de los mismos. Pero entiéndase lo anterior en sus justos términos, que podían ser de una vinculación indirecta o circunstancial, derivada de la afinidad ideológica o las reuniones clandestinas.

En otras palabras, por expresarlo más claramente, difícilmente hoy en día un tribunal con todas las garantías legales les llegaría a procesar y menos a condenar. Ni que decir tiene que las circunstancias del momento eran bien distintas y las garantías procesales brillaban por su ausencia. Lo cierto en definitiva fue que una vez más se impuso en todas las instancias del Estado, desde el gobierno a los jueces, el criterio de severidad ejemplar: seis anarquistas fueron condenados a muerte y otros varios sufrieron penas de cadena perpetua y largos años de prisión. El 21 de mayo de 1894 el martirologio anarquista se adornó de seis nombres más: Mariano Cerezuela, Manuel Archs, José Codina, José Sabat, José Bernat y Jaime Sogas.

Nada tiene de extraño por tanto que, con ocasión del nuevo atentado de Cambios Nuevos, el modus operandi de las autoridades fuera un calco de lo que se había llevado a cabo un par de años antes. Sólo que ahora, probablemente bajo la exasperación que producía la lacra no extirpada, la intensidad y la extensión de la cruzada represiva alcanzó cotas desconocidas hasta el momento. Este celo represivo sólo puede ser entendido cabalmente en el contexto antedicho de ineficacia generalizada y falta de medios de las fuerzas de seguridad (tanto civiles como militares), razones que convertían paradójicamente la dureza persecutoria en inversamente proporcional a la elucidación de los hechos. Téngase en cuenta que, por faltar, faltaba al principio hasta una legislación ad hoc para afrontar la nueva forma de delito anarquista, laguna que se había intentado suplir en 1894 con una específica legislación antiterrorista, pero que encontraba dificultades en su aplicación por la rivalidad nunca resuelta entre las esferas civil y militar.

De hecho, bastaba la excusa más nimia para que esta última se declarara competente y así volvió a suceder en esta ocasión, simplemente por encontrarse entre los heridos un miembro de las Fuerzas Armadas. En la práctica no solía haber gran diferencia entre una y otra vía, porque se producía una convergencia de facto en la tosquedad de procedimientos: todo pretendía encarrilarse por la vía de detenciones masivas que terminaban afectando, más allá de los supuestos terroristas o sus cómplices, a todos aquellos que albergaran simpatías por el anarquismo, a los que sustentaban ideas progresistas y, en este caso, incluso a artistas o escritores (como Pere Corominas o Tarrida del Mármol), sospechosos sencillamente por el hecho de ser intelectuales. La prueba de que, desde el punto de vista gubernamental, sólo se contemplaba la respuesta legislativa rigurosa —y no la mejora policial— es que ese mismo año de 1896 se aprobaba apresuradamente una nueva ley antiterrorista que endurecía hasta el paroxismo las medidas draconianas de 1894.

Suspendidas las garantías constitucionales, como era usual en estos casos, la maquinaria represiva actuó sin control alguno, llegándose a detener a más de cuatrocientas personas, un número que —una vez más— desafiaba toda racionalidad si lo que se pretendía era resolver un crimen concreto. Pronto empezaron a circular rumores sobre el empleo sistemático de atroces torturas, que fueron confirmándose por indicios varios en las semanas siguientes. Se constituyó así un estado de opinión que daba por sentado que las declaraciones inculpatorias de los detenidos habían sido obtenidas por procedimientos tan tenebrosos que todos los avatares represivos, incluyendo el principal escenario de los mismos —las mazmorras de Montjuic, el «castillo maldito»—, aparecían como una versión actualizada y más espeluznante de los usos y hábitos inquisitoriales, con el teniente de la Guardia Civil, Narciso Portas, en funciones de nuevo Torquemada.

Por si fuera poco, se decidió que el Consejo de Guerra que juzgaba los hechos se celebrara a puerta cerrada, una fórmula poco apta para disipar las sospechas y combatir las denuncias acerca de los medios empleados. Convocado pocos meses después del atentado, en diciembre de 1896, se encausaba en él a un total de 87 personas. En ese ambiente de desmesura, el ministerio fiscal no se quedó atrás, cerrando «los ojos a la razón» ante la enormidad del delito y pidiendo en sus conclusiones nada menos que 28 penas de muerte y condena perpetua para el resto. Algunos meses después, en abril de 1897, la resolución definitiva del Tribunal Supremo de Guerra y Marina daba la razón implícitamente a los que habían denunciado irregularidades, pues absolvía a 62 reos, aunque, por otra parte, mantenía algunas penas, entre ellas la de muerte para cinco encausados. El 6 de mayo de 1897 eran fusilados en los fosos de Montjuic Tomás Ascheri, José Molas, Antonio Nogués, Luis Más y Juan Alsina.

En esta ocasión, sin embargo, más claramente que en ninguna otra, puede decirse sin ambages que la persecución indiscriminada constituyó un tiro por la culata para las autoridades y el orden establecido. No sólo desplazó la atención de los hechos, del odioso crimen que había originado todo a la cuestión de los procedimientos represivos, sino que posibilitó la eclosión de una magna campaña internacional contra las torturas y contra la rigidez extrema de un «gobierno reaccionario». Esa campaña, que contó con elementos bienintencionados pero a la que se sumaron también bastantes oportunistas (como Lerroux), disponía de un recurso tan fácil como eficaz en el caso hispano: la exhumación de la tradición inquisitorial de la «leyenda negra», como si este legado no hubiese desaparecido del todo o como si el gobierno conservador español, con Cánovas a la cabeza, representara una resurrección del Santo Oficio, dirigido ahora contra los proletarios en general y los anarquistas en particular.

Estos últimos, complementariamente, se vieron beneficiados de la noche a la mañana de una impensable aura de inocentes progresistas, injustamente perseguidos, hasta el punto de que todo lo que habían perdido en la comprensión pública y el apoyo popular por sus crímenes y su radicalismo fanático lo ganaron ahora, inopinadamente, en su condición de víctimas. En Francia, activistas como Charles Malato y Henri Rochefort y publicaciones avanzadas como L’Intransigeant y La Revue Blancbe se prestaron a amplificar las protestas y reclamaciones de los españoles que habían atravesado la frontera huyendo de la «nueva Inquisición». En Inglaterra se formó el Spanish Atrocities Committee. En Alemania, Bélgica y otros países europeos se organizaron campañas, manifestaciones y actividades varias contra el gobierno español.

Ya nadie quería acordarse del origen del problema. El crimen masivo de Cambios Nuevos se había convertido en el «proceso de Montjuic» y este, a su vez, en la «campaña de Montjuic». Los militantes libertarios se presentaban de este modo, más que nunca, como «mártires de la Idea», no exactamente como defendía Pallás, sino con un cariz más favorable, en la medida en que no tenían explícitamente que asumir el siempre incómodo lastre del atentado, ahora hábilmente difuminado. Como ha dicho con agudeza no exenta de sorna un historiador (Ángel Herrerín), la «propaganda por el hecho» desembocaba así en «propaganda por la represión», una fórmula considerablemente más eficaz para ganar apoyos para la causa.

LA IRRESISTIBLE TENTACIÓN DEL MAGNICIDIO COMO PALANCA REVOLUCIONARIA: DE CÁNOVAS A MAURA, CON EL REY SIEMPRE COMO OBJETIVO

No obstante, en el seno del movimiento anarquista subsistía un sector —probablemente minoritario, pero muy inquieto y activo— que no enfocaba de ese modo los acontecimientos, fundamentalmente porque no estaba dispuesto a esperar los frutos a largo plazo. No olvidemos que, como ya se dijo antes, esa desazón revolucionaria —o, dicho de otro modo, la necesidad de encontrar un atajo rápido en el proceso de transformación social— es un factor esencial para explicar la táctica de la «propaganda por el hecho». No es el único, ciertamente, porque no hay que desdeñar el componente mesiánico —también varias veces sugerido—, ese que llevaba a hablar casi en terminología religiosa de dar testimonio de una fe en forma de sacrificio cruento para redimir a la humanidad de las cadenas que le aprisionaban.

Tampoco hay que olvidar la situación de desconcierto ideológico y caos organizativo, desde luego, pero a la hora de tomar la determinación de pasar a la acción todo parece indicar que la impaciencia es el factor determinante que empuja al militante consciente a la «propaganda por el hecho». En este contexto resulta congruente que el magnicidio se presentara como el atentado más atractivo, por cuanto suponía, como usualmente se dice, matar varios pájaros de un tiro: era una acción resonante y espectacular, podía despabilar más y mejor a las masas, mostraba la vulnerabilidad de los poderosos, eliminaba un enemigo poderoso, suponía demoler una pieza importante del orden burgués, era susceptible de desencadenar todo un movimiento revolucionario… Y, a veces, como en el caso de Cánovas, tenía el componente nada despreciable de vengar con la muerte de un tirano la persecución, las torturas, la cárcel y el asesinato de tantos compañeros.

Es verdad, como ya se ha advertido antes, que la praxis presenta a veces algunos desajustes con el planteamiento teórico. Sería cómodo aseverar sin más que el italiano Michele Angiolillo asesinó al presidente del gobierno español, Antonio Cánovas, en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda el 8 de agosto de 1897 por las razones antedichas. Es la hipótesis más plausible y por ello, probablemente, no se falta a la verdad manteniendo tal interpretación, pero no debe silenciarse, por otro lado, que existen indicios que apuntan a una conexión del comité revolucionario cubano en París en la trama que condujo al activista italiano a España.

Recuérdese que la «Perla de las Antillas» vivía entonces el momento álgido de la lucha por la independencia, con los ánimos exacerbados por una guerra prolongada, las medidas de «reconcentración» de Weyler y la posibilidad de intervención norteamericana. Resulta indiscutible que los elementos dirigentes del independentismo cubano encontraban en el mandatario español un formidable enemigo y, más allá de ello, en términos tácticos, el valladar decisivo a sus objetivos políticos. Tenían por tanto, objetivamente hablando, la misma disposición —o más— que los anarquistas en remover ese obstáculo, en la confianza de que su eliminación propiciaría un giro de ciento ochenta grados —como realmente sucedió— en la política colonial española.

Michelle Angiolillo.

En esta convergencia de intereses, lo difícil, como en otros lances, es delimitar el grado de implicación de unos y otros —cubanos y anarquistas— en la materialización del atentado. Por los datos fragmentarios que disponemos, parece que el asesino de Cánovas actuó realmente por las convicciones que desde el principio confesó (vengar a sus «hermanos de Montjuic») pero, sin embargo, la concreción de su acto «justiciero» en la persona del presidente del gobierno, fue sugerida por otros conspiradores, no siendo descartable en este sentido que existieran algunas ayudas y facilidades internacionales, siempre difíciles de concretar y menos aún de probar.

Lo que ahora interesa destacar es un matiz importante para entender la dinámica de la «propaganda por el hecho»: una vez puesto en marcha el círculo vicioso de atentado-represión-venganza, esta última se hipertrofia y se convierte en elemento determinante que eclipsa las demás consideraciones. Como el mismo Angiolillo declaró, su fin era vengar a sus camaradas perseguidos, siendo hasta cierto punto indiferente o, por lo menos secundaria, la especificación en sí del acto: le hubiera servido también, dado el componente simbólico del mismo, matar a la regente o al futuro rey, como al parecer barajó en un principio. Como ya se ha explicado, la praxis de la «propaganda por el hecho» termina siendo mucho más pedestre que la elucubración doctrinal. Ni siquiera el magnicidio, por más atractivo que resultase en principio, escapa a ese sometimiento a la prosaica realidad.

Matar a un poderoso era algo ciertamente difícil y no estaba al alcance de cualquier desarrapado. El anarquista que, en un momento de arrebato o exasperación, decide pasar a la acción cometiendo un acto violento elige el objetivo más viable. Y a veces ni siquiera es propiamente un militante ácrata quien comete el atentado sino un elemento afín. Esto, en efecto, es lo que sucede en la agitada Barcelona de aquellos tenebrosos años: el 25 de enero de 1894, un peón de albañil, Ramón Murull, disparó al gobernador civil de Barcelona, Ramón Larroca, hiriéndole levemente; el 4 de septiembre de 1897, el periodista Ramón Sempau trató a su vez de matar —sin éxito— a los dos máximos responsables de la policía de la Ciudad Condal, Narciso Portas y Juan Teixidor. Los activistas trataban de tomar venganza donde, cuando, como y en quienes podían, siendo en este aspecto, obviamente, mucho más vulnerables los estratos más bajos de la maquinaria represiva.

Cuando los anarquistas, pese a todo, tratan de volver a ejecutar un magnicidio, la clamorosa falta de medios e infraestructura revelan trágicamente su estado de debilidad e impotencia. Se ponen esos factores claramente de manifiesto con ocasión del intento de asesinato de Maura, entonces jefe de gobierno, una vez más en la capital catalana. Tiene lugar el 12 de abril de 1904, cuando habían transcurrido casi siete años del fin de la anterior oleada terrorista, un paréntesis que podría denominarse de calma si no fuera porque el país había atravesado una de las fases más difíciles y dolorosas de su historia reciente: la guerra en las Antillas, el enfrentamiento con los Estados Unidos, la pérdida de Cuba y Filipinas y las consecuencias políticas —y sobre todo morales— del llamado «desastre del 98».

Tras los grandes atentados de la década final del siglo, las persecuciones sistemáticas y generalizadas habían erradicado todo atisbo de la poca organización libertaria que quedaba: casi todos los militantes habían huido, estaban en la cárcel o no se atrevían a salir de una rigurosa clandestinidad. Habían desaparecido igualmente de la vida pública todos los órganos de expresión y propaganda: periódicos, revistas, folletos. Cuando a comienzos del siglo XX se vislumbra una tímida recuperación, con el esbozo de una nueva organización y unas nuevas formas de lucha —lo que después va a conocerse con el nombre de anarcosindicalismo—, el atentado contra Maura parece una vuelta atrás, al pasado reciente y más tétrico. Lo ejecuta un joven de diecinueve años, Joaquín María Artal, armado de un puñal, al paso del carruaje descubierto del primer ministro. Sólo consigue herirlo levemente. Artal quería derribar «la más alta representación del principio de autoridad», arremeter contra el principal mantenedor de un injusto estado social y «vengar las miserias de los de abajo». Trataba en definitiva de ser un «mártir de la Idea» en la línea clásica de Pallás y Angiolillo. Sin embargo esta vez, por fortuna, no se recurrió a la pena de muerte, de manera que no hubo que contabilizar en el santoral revolucionario otro héroe caído demandando venganza.

No hay que olvidar, por otro lado, que no eran los anarquistas ni mucho menos los únicos que se mostraban deslumbrados con la táctica del magnicidio. Un puñado de conspiradores, cercanos al ideario ácrata algunos, republicanos, librepensadores o revolucionarios sin adscripción concreta los más, participaban también de la convicción de que un golpe fulminante en la cúspide social podía desencadenar un proceso de transformación, el atajo revolucionario al que ya nos hemos referido más de una vez. El sibilino Alejandro Lerroux, el viejo radical Nicolás Estévanez, el siempre sinuoso Francesc Ferrer, el inquieto Pedro Vallina y el tortuoso Mateo Morral —sin olvidar al ubicuo Charles Malato en territorio francés— eran algunos de estos personajes.

El objetivo de todos ellos —casi la obsesión— era la eliminación del máximo representante de la odiada sociedad burguesa: en el caso español, considerado por ellos el modelo por antonomasia de Estado reaccionario, se trataba de dar el golpe de gracia a la monarquía. Eso no quiere decir, desde luego, que todos ellos estuviesen decididos a implicarse con todas sus consecuencias en el regicidio (a mancharse las manos de sangre, como suele decirse). Muy al contrario, personajes que gozaban de un cierto predicamento o prestigio social en determinadas esferas como Lerroux y Ferrer, buscaban siempre cubrirse las espaldas, hasta el punto de que se hace muy difícil precisar su grado de conocimiento o participación en las dos grandes intentonas contra Alfonso XIII.

La primera tuvo lugar en la noche del 31 de mayo en la calle Rohan de París y estuvo a punto de costar la vida no sólo al mandatario español sino al presidente francés, Émile Loubet. Ambos salieron ilesos y el complot no pudo ser totalmente esclarecido por la policía del país vecino. Mucho peores fueron las consecuencias del segundo atentado, el que tuvo lugar en la calle Mayor de Madrid el 31 de mayo de 1906, día de la boda real. Aunque el rey volvió a salir indemne, la explosión produjo veintitrés muertos y más de cien heridos. En esta ocasión sí pudo localizarse, tras varias peripecias, al autor del bombazo, Mateo Morral, que se suicidó cuando iba a ser detenido. Las sospechas recayeron en el grupo de Francesc Ferrer y sus contactos en Madrid (en especial el veterano José Nakens, director de El Motín), pero nada pudo probarse con exactitud, de manera que Ferrer fue absuelto y Nakens y otros dos compañeros condenados sólo como encubridores a una pena de cárcel que resultó levantada mediante indulto un par de años más tarde.

Es un lugar común afirmar que el pedagogo catalán pagó después, con su injusta condena a muerte por los sucesos de la Semana Trágica lo que debió penar por su participación en este atentado. En cualquier caso, lo que nos interesa destacar aquí es otra vertiente: el regicidio que auspiciaba según todos los indicios este grupo de revolucionarios sólo parcialmente respondía a la táctica clásica de «propaganda por el hecho», pues ahora no se trataba tanto de dar ejemplo o despertar a las masas en términos genéricos cuanto de encender una mecha que propiciara —hablando en términos muy concretos— un levantamiento insurreccional.

Atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII (1906).

EL TERRORISMO INDISCRIMINADO: DE LA ROSA DE FUEGO A LA CIUDAD DE LAS BOMBAS

Los actos terroristas en el lapso histórico que tratamos tienen como escenario privilegiado la Ciudad Condal, en aquel tiempo capital económica de España, epicentro de las agitaciones sociales, laboratorio de las alternativas políticas al régimen de la Restauración, villa abierta a las innovaciones y adelantos (en 1888 y 1929 se celebran magnas exposiciones internacionales), urbe receptiva a las ideas y autores de allende los Pirineos (de Ibsen a Nietzsche, de Maeterlinck a Wagner), y sede en fin, como ya es sabido, del más importante núcleo anarquista de la Península. Lo que distingue precisamente a Barcelona, y más en el cerrado y provinciano contexto español, es que se halla abierta a todas las corrientes y, casi podría decirse, a todos los experimentos. En un período tan inestable y agitado su cosmopolitismo constituye también su talón de Aquiles. La ciudad antigua, los aledaños de las Ramblas y del puerto, se llenan de prófugos y maleantes, de revoltosos y radicales. Anarquistas franceses e italianos pululan por sus callejones y suburbios, estableciendo contactos inconfesables con sus camaradas españoles, traficando con explosivos, tramando atentados factibles o disparatados que, en más de una ocasión, no se quedan en meras elucubraciones.

El ambiente ideológico de la época coadyuvaba al establecimiento de ese entramado entre canalla y heroico, amalgamando sin solución de continuidad al rebelde con el criminal, en una confusión muy propia de la cultura del momento. Es, para decirlo con rotundidad, el efecto Ravachol, un vulgar asesino que se encumbra a los altares libertarios disfrazando sus crímenes de transgresiones revolucionarias (1892). Si Barcelona era la París del sur, de Francia vienen precisamente esos vientos de santificación de la violencia ciega, espontánea y en el fondo estúpida. Pero contra la sociedad burguesa todo está permitido. Todo lo que contribuya a su aniquilación será recibido con alborozo, aunque sean explosiones en las calles o las iglesias de París, con decenas de víctimas inocentes, o aunque se trate de acciones tan descabelladas como las que comete Emile Henry arrojando en 1894 una bomba en el Café Terminus.

Terroristas anarquistas franceses. De derecha a izquierda: Vaillant, Ravachol, Henry.

Es verdad que podríamos remontarnos en el tiempo para encontrar las raíces del fenómeno en el otro extremo de Europa y lejos también del credo anarquista. Al fin y al cabo hay acuerdo unánime en señalar al nihilismo ruso de 1880 (Narodnaia Volia, la Voluntad del Pueblo) como movimiento pionero del terrorismo político contemporáneo. Ellos, con el asesinato en 1881 del zar Alejandro II marcaron el camino. Buena parte de los defensores de la «propaganda por el hecho» se van a mirar en ese espejo, considerándose héroes o mártires, o ambas cosas a la vez. De un extremo a otro de Europa se extiende entonces la certeza en determinados ambientes revolucionarios de que el atentado individual puede ser un instrumento adecuado para la transformación social. El terrorismo sólo puede ser entendido, pues, como un fenómeno supranacional no porque, como ingenuamente decían algunos, hubiera una Internacional terrorista sino porque el contagio ideológico no distingue fronteras.

Pues bien, este equilibrio entre el protagonismo de un ámbito muy determinado (Barcelona) y un sustrato ideológico ampliamente extendido proclive a la violencia terrorista se rompe en la década inicial del siglo XX, cuando la capital catalana, la famosa «Rosa de Fuego» de la mitología obrerista, se transforma simplemente en «ciudad de las bombas». Dicho de otra manera, para entender el terrorismo que vuelve a extenderse como una plaga por las calles, plazas y lugares emblemáticos de la Ciudad Condal no se puede ahora acudir a las corrientes ideológicas transnacionales sino, por el contrario, poner el foco en el círculo doméstico. El localismo se sobrepone al internacionalismo. El atentado de 1904 contra Maura fue el último acto que puede encuadrarse en el marco estricto de la «propaganda por el hecho», por lo menos en el sentido riguroso que aquí hemos tratado de mantener. Su autor, Artal, fue el último «mártir de la Idea», tal y como se concibe esta figura en los ambientes revolucionarios. Pero lo que caracteriza la nueva oleada de bombas del período 1904-1909 es su carácter oscuro, indiscriminado y —hasta podría decirse con ironía— doblemente anárquico, no sólo por la atribución política sino por el significado común del término (confuso o desordenado).

Hay que reconocer de partida que las explosiones, muy irregulares y en general sin grandes consecuencias, eran desde hacía tiempo un trágico y persistente sobresalto en la vida cotidiana barcelonesa. Como ya se ha apuntado, la agitación laboral, social y política constituía casi la seña de identidad de la capital catalana. Los petardazos en fábricas o lugares emblemáticos como válvulas de escape de la tensión y los conflictos estaban a la orden del día. Pero lo que tiene lugar desde 1904 es algo distinto: diversos tipos de artefactos, de potencia dispar, se colocan en los lugares más concurridos —en la vía pública, en un mercado, en un urinario— o en lugares de difuso simbolismo —en la puerta de un colegio religioso, en un orfanato, frente a la sede de un periódico—, hiriendo cuando estallan —sin previo aviso, naturalmente— a gentes de la más variada condición, por lo general meros transeúntes sin significado político ni implicación alguna en las tensiones sociales o económicas.

Por especificar algunos de esos incidentes, mencionemos que durante 1904 se encontraron diversos artefactos en la zona de las Ramblas: a comienzos de septiembre uno de ellos, recogido en un servicio público, fue llevado al Palacio de Justicia, donde estalló, produciendo milagrosamente sólo un herido; peores consecuencias tuvo unas semanas más tarde una explosión en la calle Ferran, una de las emblemáticas de la ciudad burguesa, en el casco antiguo: catorce heridos, de los cuales mueren tres posteriormente; en septiembre de 1905 un bombazo en la Rambla de las Flores acarreó varios heridos (algunos de ellos fallecen después); con todo, había hueco entre bomba y bomba para el atentado personal, pues antes de que finalice el año tiene lugar un oscuro y fallido atentado contra el cardenal Casañas; en 1906 se recrudece la actividad terrorista con múltiples hallazgos de bombas en los lugares más inverosímiles sin que, pese a todo, se produzcan víctimas mortales; es sin embargo el año siguiente, 1907, el que arroja un balance más espectacular, cuantitativa y cualitativamente. Un recuento del diario El Imparcial —simplemente aproximado porque los datos en este ámbito siempre eran inseguros— daba para el año mencionado un total de diecisiete hallazgos de explosivos —de los cuales estallaron todos menos dos—, que produjeron en total tres muertos y dieciocho heridos.

El de 1907 fue precisamente el año en que se destapó el llamado caso Rull: la tragedia del terrorismo se amalgamó al esperpento de los confidentes. En el entramado de los sucios intereses de clanes y camarillas de la Barcelona de la época, la mezcla dio como resultado un sainete a la catalana, con ribetes inverosímiles y pudiera decirse que hasta bufos si no fuera porque los trapicheos de unos y otros, desde las más altas instancias a los bajos fondos, producía tanta angustia social. El caso es que el mencionado Rull, un tipo avieso que capitaneaba una cuadrilla de maleantes, había estado durante varios años como confidente a sueldo del gobierno civil de la capital catalana, haciendo un doble juego de sensacionales denuncias y misteriosas amenazas, en las que lo único cierto y claro es que se terminaba embolsando unas sustanciosas cantidades de billetes. Fuera porque sospechase el juego o porque quisiese ensayar otras vías, el gobernador civil, Ossorio y Gallardo, cortó el suministro y ello precipitó la caída de Rull, que resultó acusado, con pruebas más o menos sólidas, de la mayoría de las últimas explosiones que habían ocurrido en la Ciudad Condal. Los más optimistas pensaron que con su captura primero y su ejecución después se ponía punto final al problema. Las esperanzas resultaron carentes de fundamento. El mismo día en que era ejecutado, el 8 de agosto de 1908, estallaba uno de los clásicos petardos indiscriminados produciendo tres heridos.

En realidad, en ningún momento, ni siquiera cuando Rull estaba en la cárcel, habían cesado las explosiones en Barcelona. De hecho, el citado 1908 marca, junto con el anterior, la cota más alta de hallazgos de explosivos, detonaciones, desconcierto generalizado, amenazas varias y heridos de diversa consideración. En febrero de aquel año un par de explosiones sin conexión alguna causaron un herido y una víctima mortal. Al mes siguiente una bomba en el Mercado de San José hirió a tres personas. Para desesperación de las autoridades y, sobre todo, de los ciudadanos del común, expuestos en su vida cotidiana, ese tipo de atentados indiscriminados, inexplicables, estaba a la orden del día. En la línea grotesca a la que antes se aludió, se hizo venir a un detective de Scotland Yard, Charles Arrow, para que se pusiese al frente de un cuerpo especial de policía que resolviera el misterioso caso del terrorismo barcelonés. Ni que decir tiene que Arrow, un hombre que ni hablaba castellano ni sabía nada de la política española ni —mucho menos— del enrarecido ambiente catalán, cosechó un fracaso absoluto.

Centrémonos en el punto que aquí interesa: ¿era esto terrorismo anarquista? Dicho todavía más claramente: ¿se podía imputar a los anarquistas, lo confesaran abiertamente o no, este tipo de atentados? Empecemos por lo más obvio: en ningún caso esa actividad terrorista era «propaganda por el hecho» ni nada que se le pareciese. Por descontado, aquí tampoco había «mártires de la Idea» ni ejemplaridad alguna. Por no haber, no había siquiera objetivo político y, mucho menos, enemigo definido que aparentemente se quisiera abatir. ¿A qué enemigo podía dirigirse una bomba que lo mismo se hallaba en las Ramblas que en una mísera callejuela transversal, en el muelle que en un mercado? Los periódicos anarquistas se desvincularon sistemáticamente de esta nueva modalidad terrorista, atribuyéndola con indignación a la policía y a los confidentes de esta. Por un momento, el caso Rull pareció darles inequívocamente la razón pero, como vimos, la banda de Rull era sólo el pico que sobresalía de un mar de nubes, bajo el cual reinaba la confusión derivada de una lucha generalizada de todos contra todos. Porque lo cierto es que en aquellas coordenadas los más diversos sectores políticos y sociales —desde los catalanistas a los lerrouxistas, desde los revolucionarios de diverso pelaje a los más conspicuos conservadores— pretendían sacar rédito de la inestabilidad que reinaba en la capital catalana.

Ello no quiere decir obviamente que estuvieran dispuestos a poner bombas ni a financiarlas, pero sí que estaban más interesados en instrumentalizar ese ambiente para desgastar al contrario y extraer provecho político que en descubrir la verdad con todas sus consecuencias. Con todo, queda siempre el asunto de los autores materiales: quitando a los anarquistas y a los sectores vinculados a ellos, no había otra gente que supiera o pudiera montar una campaña así, para la que se necesitaba una mínima infraestructura de provisión de explosivos y redes de encubrimiento. Esta es la razón que llevó en su momento a muchos observadores y que ha llevado posteriormente a diversos historiadores (muy señaladamente Joaquín Romero Maura) a acusar a sectores anarquistas residuales, presos de una subcultura de la violencia, de esta nueva modalidad de atentados. Es posible que así fuese pero, una vez más, y especialmente en este resbaladizo asunto, hay que reconocer que no existen elementos concluyentes para sostener tal acusación más allá del nivel de hipótesis plausible.

VIOLENCIA INDIVIDUALISTA Y ACTIVIDADES TERRORISTAS EN EL MOVIMIENTO LIBERTARIO. UN SUCINTO BALANCE EN FORMA DE DECÁLOGO

En las páginas anteriores se ha pretendido esbozar un amplio panorama de la violencia individualista en general y del fenómeno terrorista en particular en el seno del movimiento anarquista, trazando las grandes líneas pero sin perder de vista los matices, señalando las evidencias de las que disponemos sin silenciar los puntos oscuros o cuestiones más discutidas, y exponiendo la correlación —contraste a veces— entre hechos y objetivos teóricos. Por seguir las pautas de exposición que han marcado el rumbo de este análisis, trataremos ahora de hacer un breve balance de lo que supuso históricamente la táctica terrorista. Perdónese de nuevo la esquematización inevitable en aras de la claridad expositiva.

1. El punto de partida ha de ser siempre romper la identificación o vinculación mecánica del anarquismo con la violencia tanto en lo tocante a su aspecto doctrinal como en lo concerniente a su praxis de lucha obrera, transformación social y revolución política. Es verdad que el anarquismo, como otras teorías y movimientos proletarios, no se hace ninguna ilusión acerca de las posibilidades de cambio por medios estrictamente pacíficos, pero la violencia —entendida más como lucha colectiva que como desahogo individual— es siempre el recurso extremo, inevitable. El sector proclive a los métodos violentos en el movimiento libertario ha solido tener su contrapartida en una mayoría partidaria de los cauces legales o incluso unas minorías de clara inspiración pacifista (tolstoísmo).

2. Si falsa o inexacta es la equiparación del movimiento libertario con la violencia, más injusta aún es la identificación de anarquismo y terrorismo. Ni aunque tomemos una fase concreta de desorientación y crisis, como la que aquí hemos considerado (la comprendida entre 1888 y 1909), debe admitirse sin más tal asimilación. Primero, porque el grueso del movimiento anarquista vivió al margen de los atentados; segundo, porque el terrorismo del período no es sólo atribuible a los militantes ácratas; y tercero, porque la actitud terrorista debe ser considerada antes que nada una tentación que está presente en casi todos los movimientos revolucionarios antes y después de las fechas antedichas —recuérdense otros grandes magnicidios en la España del siglo XX, los de Canalejas (1912), Dato (1921) y Carrero (1973).

3. Abundando en lo dicho y llegando ya al meollo de la cuestión, reducir la «propaganda por el hecho» a simple terrorismo seguiría siendo una simplificación (comprensible) pero que, desde el punto de vista histórico, no deberíamos admitir sin establecer algunas matizaciones. En términos teóricos o doctrinales la «propaganda por el hecho», como su propia denominación indica, era una alternativa práctica, inserta en una cosmovisión determinada (revolucionaria), que conllevaba una dimensión de ejemplaridad y de incitación a la lucha. Lo más llamativo de ella, indudablemente, era su vertiente violenta pero implicaba también la resistencia pacífica (a prestar el servicio militar, por ejemplo) o la búsqueda de alternativas a la sociabilidad burguesa mediante la puesta en práctica del igualitarismo y la cooperación.

4. Como resultado de esas premisas, la «propaganda por el hecho» implica un extraordinario compromiso en el militante y requiere de él un sacrificio supremo, el de dar la vida por la Causa, entendida como movimiento de liberación de la Humanidad. El militante libertario que acepta tales pautas se convierte así en «mártir de la Idea», en testigo y apóstol de una fe salvadora, en un sentido paradójicamente paralelo al de la religión católica que dice combatir. El «mártir de la Idea» no huye ni se esconde, antes al contrario, da la cara con todas las consecuencias y hasta busca y pide el martirio —el ajusticiamiento burgués—, sabiéndose puro e inocente, porque si mata, no lo hace por odio personal sino para mostrar el camino de la emancipación.

5. La praxis de la «propaganda por el hecho», como no podía ser menos, queda lejos de ese panorama idealizado, no ya sólo porque muchos militantes no respondieran al esquema desinteresado y al espíritu de sacrificio, sino porque las propias acciones que debían encuadrarse en dicha táctica terminaron por ser actos confusos o precipitados por los acontecimientos en los que la sed de venganza terminó superponiéndose a cualquier otro tipo de consideración. Al final, los anarquistas atentaron como y contra quienes pudieron, siendo objetivos prioritarios aquellos que, simplemente, estaban más a su alcance o gozaban de menos protección.

6. Lejos de las justificaciones embellecidas o sublimadas, la táctica de la «propaganda por el hecho» obedeció a causas más prosaicas y menos confesables, enraizadas en el desenvolvimiento y las coordenadas del obrerismo español: por lo que respecta al movimiento anarquista propiamente dicho, el fracaso de las grandes organizaciones de los años anteriores (FRE y FTRE), el acoso y las persecuciones por parte de los gobiernos, el caos organizativo, el desconcierto ideológico y la falta de resultados concretos en el seguimiento de las estrechas vías legales, entre otras.

7. Bien es verdad que esas circunstancias específicamente españolas no hubieran desembocado en la «propaganda por el hecho» —al menos, como se manifestó históricamente— si no hubiera sido por un contexto ideológico más amplio, de carácter internacional, favorable al empleo de la violencia terrorista como arma política. No es que hubiera una «Internacional negra», como decían las instancias conservadoras, pero sí una tendencia muy marcada —desde el nihilismo ruso a la transgresión ravacholiana— a incitar, amparar o justificar la comisión de atentados, entendidos como rebelión de los desheredados contra la insufrible opresión de los poderosos.

8. Ello nos lleva al siempre debatido asunto de la autoría intelectual y logística de los actos terroristas o, dicho más claramente, los siniestros complots, en los que supuestamente se delimitaron objetivos, se arbitraron medios, se tejieron complicidades y se establecieron redes de apoyo y encubrimiento. Haberlos, los hubo, indudablemente, pero ello no nos permite inferir que siempre fuera así. Todo parece indicar que, junto a ellos, hubo también actos terroristas decididos y ejecutados por individuos aislados. En todo caso, es un asunto siempre sujeto a controversia porque faltan pruebas concluyentes para mantener una posición inequívoca al respecto.

9. No se puede entender la dinámica de la «propaganda por el hecho» sin contemplar el carácter desencadenante que desempeñaron los excesos represivos. En este sentido, el caso español —aunque no del todo excepcional— sí fue de manual, porque destacó por la convergencia letal entre torpeza y desmesura. La brutalidad con que se reprimieron las agitaciones andaluzas (Mano Negra y Jerez) provocó la primera oleada terrorista (1893-1897) y algo parecido pasó al comienzo de la segunda (1904), con los sucesos de Alcalá del Valle. En la misma línea, el episodio de las torturas de Montjuic condujo a una inusitada campaña internacional y provocó el asesinato de Cánovas.

10. A la hora de hacer recuento, la «propaganda por el hecho» no puede disimular su fracaso sin paliativos. Resultado de una crisis estructural del movimiento anarquista, muestra de la tosca impaciencia que consumía a muchos militantes, expresión de la impotencia revolucionaria y exteriorización de un dogmatismo fanático, la táctica de la violencia individual —en la que finalmente se convirtió— no era más que la búsqueda desesperada de un atajo para transformar la sociedad en unos momentos en que todas las demás vías parecían cegadas o implicaban una labor más perseverante. Precisamente por ello duró poco, no sólo por los efectos de la represión sino porque era obvio para todos —también para los propios anarquistas— que no conducía a parte alguna.

La aurora proletaria.

Orígenes y consolidación de la CNT

Carlos Gil Andrés

30 DE OCTUBRE DE 1910. Esa mañana, el salón general del Palacio de Bellas Artes de Barcelona resultaba seguramente un espacio demasiado grande y frío para el centenar escaso de delegados que iban a inaugurar las sesiones del Congreso Nacional convocado por Solidaridad Obrera. Nada que ver, ese reducido grupo de obreros, con los más de dos mil invitados reunidos en el mismo lugar con motivo de la apertura de la Exposición Universal de 1888; nada que ver con los clarines de la caballería, los trajes de gala de la guardia de alabarderos, las alfombras rojas, la orquesta con las partituras de la Marcha Real y el trono blanco preparado para recibir a la reina regente y al futuro Alfonso XIII, un niño de apenas dos años. Entre las autoridades, además del presidente del gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, los alcaldes de Barcelona, Madrid y París, los duques de Edimburgo, los príncipes de Baviera y los embajadores de los países que participaban en la exposición. Años más tarde, en el otoño de 1910, en medio del salón semivacío y algo destartalado del palacio, la escena era bien diferente. Allí había representantes de asociaciones de albañiles, peluqueros, alpargateros, metalúrgicos, pintores, tejedores, hojalateros, ebanistas, impresores, cristaleros, curtidores, carreteros, torneros, cobradores de tranvías, cargadores de ferrocarriles… Así, hasta sumar un total de 114 sociedades obreras y federaciones locales. La mayoría de los delegados reunidos procedía de Barcelona y de ciudades cercanas como Badalona, Sabadell o Terrassa, pero también había obreros llegados desde el resto de la geografía peninsular, de lugares tan distantes como La Coruña, Gijón, Algeciras, Sevilla, Málaga o Alcoy.

Ese día el periódico La Vanguardia dedicaba una página entera para comentar la marcha de los conflictos obreros abiertos, como la huelga de los metalúrgicos y el paro de los carreteros en Barcelona, o las consecuencias del cierre patronal en Sabadell, pero apenas dos líneas para apuntar, en un lugar secundario, la apertura de las sesiones del Congreso Nacional Obrero. Para los socialistas de La Justicia Social la labor del Congreso tenía «escasa trascendencia», una prueba de «la menguada fuerza moral de la entidad convocante». Para El Socialista la reunión no era otra cosa que «el quinto o sexto golpe» que daban los anarquistas de Barcelona para intentar fundar una Federación Regional amplia. El diario oficial del PSOE escribía con ironía que el programa era «tentador, ideal; pero como tal, ¡ay!, irrealizable. Por eso es muy de temer que la tal Federación quede en proyecto y que las Sociedades aludidas no se dejen alucinar por tan fantásticas promesas. ¡A otra!».

Pero los vaticinios socialistas se equivocaban. De las sesiones de aquel Congreso de Barcelona nació la Confederación General del Trabajo española, que en pocos meses iba a tomar el nombre definitivo de Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Unas siglas que acabarían identificando a un verdadero movimiento de masas, la organización obrera más importante en España durante la primera mitad del siglo XX; la que representó, de manera más radical, el rechazo de una parte importante de los trabajadores al orden social establecido, el sueño revolucionario de una sociedad más libre e igualitaria.

El sueño de la «rebeldía social», la «aurora de un nuevo día» que anunciaba Blasco Ibáñez en la última página de La bodega, su novela publicada en 1905. La «aurora proletaria» de la que hablaba José Prat, en una conferencia pronunciada en 1909, cuando predecía el ocaso burgués y la condensación de la «aspiración igualitaria de las multitudes» dispuestas para la «gran batalla» que se avecinaba. Las multitudes, las masas, el protagonista del naciente siglo XX. Anselmo Lorenzo envió una nota de saludo al Congreso de 1910 en la que animaba a los «compañeros asociados» a crear «una organización extensa y poderosa que recoja todas las iniciativas individuales y reúna la fuerza y la inteligencia del número». La fuerza del número, el símbolo de los nuevos tiempos. El veterano militante anarquista depositaba en los delegados obreros reunidos en el Palacio de Bellas Artes unas expectativas que quizá superaban las esperanzas de los más optimistas: «Vais a celebrar un pacto destinado a influir en la marcha siempre progresiva de la humanidad. Ante vosotros el libro de la historia presenta una página en blanco».

Pabellón de Bellas Artes de Barcelona, lugar de nacimiento de la CNT.

LA PREHISTORIA

En realidad, la historia de la CNT no empezaba con una página en blanco. Recogía una larga trayectoria de experiencias asociativas, prácticas culturales, conflictos sociales y debates ideológicos que tenían más de un cuarto de siglo de vida y que el propio Anselmo Lorenzo conocía de primera mano, una figura imprescindible para entender los primeros pasos del movimiento obrero español.

El entramado societario de Barcelona, el más activo al comenzar el siglo XX, había quedado descabezado después del fracaso de la huelga general de 1902. Hubo que esperar dos años para que pudiera surgir, en un contexto de debilidad y de inestabilidad, la Unión Local de Sociedades Obreras que sería el germen del que nacería, en agosto de 1907, una federación barcelonesa de sociedades de resistencia al capital denominada Solidaridad Obrera. Era la réplica de los trabajadores a Solidaridad Catalana, la amplia coalición política de la Lliga y del resto de las fuerzas ajenas al turno dinástico, que había obtenido un sonado triunfo en las elecciones generales de ese año, y también una manera de frenar el éxito que en los ambientes proletarios cosechaba la oratoria populista del republicanismo radical acaudillado por Lerroux, el Emperador del Paralelo. El primer manifiesto de Solidaridad Obrera, publicado en el mes de julio en Tierra y Libertad, estaba firmado por 36 sociedades de Barcelona. Poco después serían 57 las asociaciones adheridas y en su primer Congreso, en septiembre de 1908, ese número se elevó hasta 109 entidades que representaban a cerca de veinte mil obreros federados y que ya contaban con un periódico propio, Solidaridad Obrera.

En los libros autobiográficos y en los estudios publicados por algunos intelectuales cercanos al movimiento libertario se describe el nacimiento de Solidaridad Obrera como un producto genuino del anarquismo catalán pero, en realidad, se trataba de un conglomerado de asociaciones mucho más complejo y plural. Allí había activistas anarquistas bien conocidos pero también militantes socialistas, representantes independientes del mundo de los oficios y obreros vinculados con la tradición del republicanismo federal o con el entorno del radicalismo. El ejemplo del sindicalismo revolucionario francés, que empezaba a difundirse en España, proporcionaba una fórmula doctrinal moderna, una especie de amalgama común en la que tenían cabida todas las tendencias del obrerismo que no era capaz de aglutinar la UGT, con escasa presencia en Cataluña.

En el fondo, los principios de ese sindicalismo no eran novedades importadas desde fuera, una mera imitación de la CGT francesa, sino prácticas que conectaban muy bien con la tradición internacionalista. Tanto la declaración de apoliticismo, el rechazo de la mediación parlamentaria o de los agentes estatales, la apuesta por la «acción directa» contra los patronos, la estructura federal de sindicatos autónomos que representaran a cada rama de producción o la fe en el instrumento de la huelga general, un arma revolucionaria que acabaría transformando el orden social, se podían encontrar en las experiencias del movimiento anarquista catalán que había aparecido y desparecido en varias coyunturas del último cuarto del siglo XIX. Y no sólo en el movimiento de inspiración anarquista. Como ha explicado bien Pere Gabriel, el proceso que permitió la formación de Solidaridad Obrera y, tres años más tarde, la fundación de la CNT fue mucho menos el fruto de la propaganda doctrinal o de los debates teóricos que de la fuerza, sobre todo en el ámbito catalán, de una cultura política obrera con una amplia experiencia sindicalista. La persistencia de las federaciones de oficio permitió que se mantuviera viva la llama de las luchas sociales, la identidad de clase, las relaciones cooperativas y muralistas, la influencia de la educación autodidacta republicana y librepensadora y unas prácticas cotidianas centradas en las reivindicaciones laborales, alejadas de las disputas ideológicas y políticas, de un Estado que era percibido como un ente lejano y ajeno a los intereses del proletariado.

La aparición de Solidaridad Obrera constituía una buena oportunidad para mejorar la organización y la capacidad de lucha de las sociedades barcelonesas del mundo de los oficios tradicionales, cada vez más amenazados por los cambios estructurales, y para vertebrar a una nueva generación de obreros procedentes de otros sectores productivos, como los relacionados con la industria y la construcción. Una buena oportunidad, también, para algunos activistas anarquistas que veían en la vía sindicalista, el anarcosindicalismo, una camino para salir de la marginalidad de los grupos de afinidad y abandonar la estrategia inútil del terrorismo. Y para los núcleos reducidos de intelectuales y publicistas ácratas que sobrevivían, a duras penas, refugiados alrededor de algunas imprentas y redacciones de prensa y en el entorno de la editorial de la Escuela Moderna creada y mantenida por Francesc Ferrer i Guàrdia.

Semana Trágica de Barcelona. (Actualidades, 4 de agosto de 1909, p. 9).

El conglomerado diverso y heterogéneo que formó parte de Solidaridad Obrera se convirtió, después del Congreso de 1908, en una organización regional que aspiraba a traspasar los límites de las ciudades industriales de Cataluña para extenderse hacia el resto de España. Pero el Congreso de carácter nacional, previsto para septiembre de 1909, tuvo que retrasarse hasta octubre de 1910 debido a las medidas represivas que siguieron a la Semana Trágica, unos acontecimientos que influyeron de manera notable en la impronta anarcosindicalista que adoptó la CNT desde su fundación.

Repercusión del fusilamiento de Ferrer,

mitin en Francia.

La historia es bien conocida. En los primeros días de julio de 1909 se sucedieron en muchas ciudades de España los mítines, las manifestaciones y los motines que mostraban el rechazo de las clases populares a la guerra de Marruecos, protestas que arreciaron a partir del día 12 cuando el gobierno de Maura dispuso la llamada a filas de los soldados reservistas. El PSOE y la UGT quisieron canalizar el descontento que se hacía público en los andenes de las estaciones y en los puertos de embarque de tropas con la convocatoria de una huelga general anunciada para el 2 de agosto. Pero en Barcelona los dirigentes de Solidaridad Obrera, con la participación de republicanos y socialistas, se adelantaron a la cita fijada y el 26 de julio declararon una huelga que pronto se extendió por toda la ciudad y dio comienzo a una semana de enfrentamientos armados, barricadas, asaltos a tranvías y fielatos de consumos y acciones anticlericales que afectaron a ochenta edificios religiosos y dejaron un saldo violento de más de un centenar de muertos. Para Adolfo Bueso, que participó en los sucesos, se trató de «la última revolución romántica, con sus barricadas, sus fusiles de caza, sus revólveres niquelados, sus banderas rojas en lo alto de las barricadas». Una mirada hacia el pasado decimonónico, hacia la protesta popular tradicional, pero también otra mirada plenamente moderna. Porque, como bien apunta Joaquín Romero Maura, la huelga la lanzaron los anarquistas y socialistas de Solidaridad Obrera pero, una vez en las calles, los huelguistas convertidos en insurgentes se condujeron como republicanos lerrouxistas, mostraron los frutos peligrosos de la estrategia populista de movilización de las masas trabajadoras llevada a cabo en los años previos.

Después de la insurrección de la Semana Trágica llegó la represión, con unas consecuencias políticas inesperadas. A la suspensión de garantías constitucionales, la clausura de sociedades y la implantación de la censura de prensa se sumó el millar largo de arrestos y procesos militares. Los tribunales castrenses llegaron a dictar 17 penas capitales. De las cinco que se cumplieron la última fue la más sonada, la de Ferrer i Guàrdia, ejecutado el 13 de octubre en los fosos del castillo de Montjuic. Su proceso se convirtió en un suceso de alcance internacional que apasionó a la opinión pública europea. El anarquista Pedro Vallina, exiliado entonces en Londres, contaba en sus memorias que nunca había visto a los ingleses tan indignados como en aquella ocasión. Las protestas de la izquierda europea alimentaron, dentro de las fronteras nacionales, la campaña del «¡Maura no!», que finalmente consiguió la destitución del primer ministro conservador y la formación de un nuevo gobierno liberal. Ese fue el contexto en el que se creó la Conjunción Republicano-Socialista, una alianza política y electoral que, en palabras de Javier Paniagua, dejó al movimiento obrero catalán en manos de los anarcosindicalistas que reorganizaron Solidaridad Obrera y convocaron un Congreso Nacional para los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1910.

UN COMIENZO BREVE

El último secretario general de Solidaridad Obrera y el primero de la CNT, José Negre, creía que la experiencia de la Semana Trágica justificaba la creación de una organización de carácter nacional: «Si la clase obrera de otras regiones hubiera estado agrupada en los sucesos de julio otro hubiera sido el fin de los mismos, y no se hubiera dado lugar a las brutales represiones». Lo cierto era que Solidaridad Obrera había quedado muy debilitada. Al terminar 1909 apenas podía reunir a 18 delegados de 27 sociedades que decían representar a 4418 afiliados. Pero los dirigentes de los sindicatos y de los partidos obreros y republicanos habían aprendido la extraordinaria capacidad de presión de las multitudes, el poder del dominio de la calle y la posibilidad de emprender movimientos de carácter nacional. Además, las horas bajas del radicalismo de Lerroux y la apuesta parlamentaria de los socialistas dejaban un espacio abierto para el camino del sindicalismo revolucionario.

La pregunta fundamental que tenían que responder los delegados obreros constituía el tema tercero de la primera ponencia: «¿Es de necesidad o conveniencia para el sindicalismo que la Solidaridad Obrera pase a ser una confederación nacional?». El dictamen final, aprobado por la gran mayoría, acordaba la fundación de «una Confederación General del Trabajo Española, integrándola temporalmente todas aquellas sociedades no adheridas a la UGT, en la condición de que una vez constituida la Confederación General del Trabajo Española se procure llegar a un acuerdo entre las dos federaciones a fin de unir toda la clase obrera en una sola organización». Una organización —pedía Solidaridad Obrera— capaz de albergar en su seno a todos los trabajadores de España sin exigir «otra etiqueta que la de obrero, que la de explotado, importándonos poco las ideas políticas y sociales que cada compañero pueda sustentar».

Además de las declaraciones de apoliticismo radical y de antiautoritarismo, las conclusiones finales del Congreso incluían demandas concretas como la fundación de escuelas para la educación de los trabajadores, la abolición del trabajo a destajo, la prohibición del empleo de mano de obra infantil, la rebaja de los alquileres, la jornada de ocho horas, la igualdad de salario entre hombres y mujeres y la protección a la maternidad. Demandas que mostraban una de las caras de la CNT, la de las reivindicaciones laborales, la del empleo de la acción directa frente a los patronos, la de la lucha cotidiana en los centros de trabajo por la mejora de las condiciones de vida de los obreros. La otra cara, la del anarquismo, la del idealismo libertario, aparecía en las páginas de Tierra y Libertad al día siguiente de la clausura del Congreso. La nueva organización tenía que recoger el «sentimiento revolucionario» y las «ansias de emancipación» de los trabajadores «para que, obrando con una acción común, sea fácil el triunfo el día que se apresten a la lucha para la transformación de la actual sociedad». Anselmo Lorenzo repetía que «el ahorro, la previsión y el voto» nada podrían hacer contra la «voracidad capitalista». Uno de los últimos dictámenes aprobados por el Congreso subrayaba que el sindicalismo no era un fin en sí mismo sino un medio para lograr la «emancipación económica integral» de toda la clase obrera. Y esa emancipación sólo se conseguiría con la expropiación de las «riquezas sociales» que detentaba de forma arbitraria la burguesía hasta llegar a conseguir la «dirección de la producción». Por eso la huelga general era un recurso que no se podía malgastar en cuestiones locales o en conquistas parciales. Tenía que tener un contenido revolucionario, un impulso decidido hacia la transformación total de la sociedad.

Con una excepción, precisaban los congresistas. También se podía acordar la huelga general «en caso de aventuras guerreras, pues en ellas el proletariado únicamente pierde sangre y no gana nada». Y la guerra regresó al primer plano de la vida cotidiana española en 1911. En la primavera de ese año volvieron las operaciones militares en el norte de áfrica y también las protestas en muchos puntos de España. En el verano se produjo una ola de mítines, manifestaciones y huelgas en las que las reivindicaciones de carácter social y económico iban muchas veces unidas al rechazo popular hacia la guerra de Marruecos y hacia el injusto sistema de reclutamiento, una oposición al conflicto bélico que creó un ambiente social generalizado de malestar y descontento.

La CNT celebró su primer Congreso Nacional los días 8, 9 y 10 de septiembre de 1911. En salón del Palacio de Bellas Artes de Barcelona se reunieron 117 delegados que representaban a 78 sociedades obreras y seis federaciones locales, en total algo menos de 30 000 afiliados. No ha quedado aclarado si de las sesiones de aquel Congreso salió una convocatoria de huelga general y qué influencia pudo tener en el movimiento de protesta de los días posteriores. En Barcelona las detenciones preventivas practicadas por la policía impidieron conocer el eco que allí hubiera tenido la movilización. Pero el día 11, apenas unas horas después de la clausura del Congreso de la CNT, se declaró la huelga general en las cuencas mineras de Vizcaya y Asturias. Poco después la huelga se generalizó en Málaga, Zaragoza, Valencia, Sevilla, La Coruña y otras ciudades de menor entidad. El PSOE y la UGT se sumaron a la huelga general de forma tardía, cuando en muchos puntos los obreros ya habían depuesto su actitud. En algunas localidades, en medio de la confusión general, la falta de información y la desorganización, la huelga se convirtió en un movimiento insurreccional. Los incidentes más graves ocurrieron el día 18 en Cullera, donde unos huelguistas mataron a tres funcionarios. La sentencia de muerte dictada para siete de los implicados despertó una campaña de protesta que consiguió que Alfonso XIII y Canalejas conmutaran las penas de los condenados. Nadie quería que se repitiera otro caso Ferrer. Pero las medidas represivas fueron especialmente duras con las organizaciones obreras. Se multiplicaron las detenciones, los locales de la UGT y las casas del pueblo quedaron clausurados durante unos meses y la CNT, que recibió la peor parte, fue ilegalizada.

Las esperanzas de Canalejas de una evolución reformista del movimiento obrero, dentro de los cauces del marco constitucional que ofrecía la monarquía, quedaron truncadas por las huelgas, las amenazas revolucionarias, la intransigencia de los sectores del orden y la dureza de la represión. En noviembre de 1912 él mismo fue una víctima más de ese desencuentro, asesinado en la Puerta del Sol de Madrid a manos de un anarquista. En esas fechas Ricardo Mella escribía una serie de artículos en los que se lamentaba del decaimiento general del «obrerismo», apenas visible en «irrupciones pasajeras de violencia momentánea». Era imprescindible, sostenía el veterano pensador anarquista, la vuelta a la «perseverancia de mejores tiempos, procediendo con mesura y tino, poniendo más la vista en lo remoto que en lo próximo, pagándose más la labor continua de cada día que los fuegos artificiales de un momento de exaltación». Una labor de regeneración y reconstrucción que tenía la vista puesta en Cataluña, en Barcelona, donde la historia del movimiento obrero era inseparable del anarquismo: «los éxitos y derrotas del uno, lo han sido del otro. Difícil será que llegue la hora de divorciarse. Correrán igual suerte por mucho tiempo».

LOS AÑOS DE LA GRAN GUERRA

La reorganización de la CNT empezó a finales de 1913 pero hasta la primavera de 1915 su actividad fue muy reducida. En abril de ese año el Ateneo Sindicalista de El Ferrol convocó un Congreso Internacional de la Paz para protestar contra el «vértigo homicida» que regaba de sangre los campos de Europa desde el verano de 1914: la Gran Guerra. Allí estaban anarquistas curtidos como Tomás Herreros o Francisco Miranda, pero también jóvenes propagandistas como Ángel Pestaña o Antonio Laredo, una nueva generación de dirigentes anarcosindicalistas que iban a impulsar el crecimiento de la central sindical durante los años del conflicto bélico mundial. Volvió a tomar fuerza la publicación de Solidaridad Obrera y el trabajo del Comité Nacional de la CNT comenzó a dar sus frutos sumando nuevas adhesiones de sociedades obreras y un número cada vez más considerable de militantes confederales.

Los frentes de combate quedaron lejos de las fronteras españolas. Pero la neutralidad no significó, ni mucho menos, que el país permaneciera al margen de la guerra. Primero, por el intenso debate que tuvo lugar en la opinión pública y en la prensa entre aliadófilos y germanófilos. En segundo lugar, porque el ciclo bélico generó un proceso espectacular de expansión industrial y comercial. La demanda externa impulsó una euforia productiva visible, por un lado, en las cuentas de resultados y los grandes beneficios empresariales y, por otra parte, en una escalada progresiva de la inflación. La subida de precios iba por delante de los salarios y se notaba de manera especial en los alimentos de primera necesidad. En los primeros meses de 1915 comenzó la carestía del pan. Las medidas legislativas no evitaron el alza de las subsistencias y, a lo largo de 1916, el malestar popular dio paso, en muchos lugares, a motines abiertos, asaltos de tahonas y almacenes y choques con las fuerzas de orden público.

El movimiento obrero organizado, decidido a encauzar el descontento popular, promovió una amplia campaña de movilización social, con huelgas y manifestaciones que llevaron de la mano a los dos sindicatos mayoritarios, la UGT y la CNT, hasta confluir en Zaragoza, en el mes de julio, en una reunión de la que salió un acuerdo para organizar de manera conjunta un paro general de 24 horas en toda España que exigiera el abaratamiento de las subsistencias y la solución de la crisis de trabajo. El manifiesto de la convocatoria, dirigido a los ciudadanos y al pueblo en general, subrayaba que la acción anunciada era la última advertencia al poder público. Si el gobierno no tomaba las medidas adecuadas quedaría al descubierto «que el mal que nuestro país sufre sólo tiene remedio apoderándose del poder para llevarlo a otras manos menos sujetas por las conveniencias privadas». El éxito de la huelga general del 18 de diciembre constituyó, sin lugar a dudas, la mayor movilización social de protesta que hasta entonces se había registrado en España. Y un aviso para el Estado. La unidad de la clase trabajadora era posible y sus organizaciones eran capaces de coordinar y dirigir un movimiento general. De ello se podían sentir especialmente orgullosos los nuevos líderes de la CNT, entre los que ya estaba Salvador Seguí, el Noi del Sucre.

Animados por el éxito, los dirigentes de la CNT y la UGT se reunieron en Madrid en marzo de 1917 para firmar su compromiso de llevar adelante una huelga general indefinida. La cuestión principal seguía siendo la ineficacia de las medidas económicas gubernamentales. Diego Abad de Santillán confesaba en sus memorias que, como la mayoría de los trabajadores, ignoraba los antecedentes de la huelga de agosto de 1917, que «lo único que había transcendido era que la vida se había vuelto difícil, por la escasez y carestía de las subsistencias». Pero los líderes obreros no pensaban sólo en el pan y el salario. En el verano de 1917 la coyuntura bélica, los desequilibrios del sistema capitalista, el movimiento militar de las Juntas de Defensa, el desafío burgués de la Asamblea de Parlamentarios y la fortaleza y disciplina mostradas por las organizaciones de trabajadores proporcionaban la oportunidad esperada, la ocasión soñada para un movimiento revolucionario.

Sin embargo, la unidad sindical entre socialistas y anarcosindicalistas no iba más allá de la fecha concertada para una huelga general conjunta de carácter indefinido. Los socialistas habían firmado una Alianza de Izquierdas con los republicanos con el propósito de encabezar un movimiento general de reforma política: apertura de Cortes, formación de un gobierno provisional y convocatoria de Cortes Constituyentes a través de unas elecciones limpias que representaran la verdadera «voluntad soberana del país». Pero el desafío de los grupos políticos antidinásticos quedó en papel mojado, los militares no se movieron de los cuarteles y los líderes obreros se quedaron solos frente a la cita que habían contraído con la revolución, arrastrados por una escalada de conflictos sociales como el de los obreros metalúrgicos de Bilbao, el del arsenal de Cartagena, las protestas de las zonas mineras o la huelga de ferrocarriles y tranvías declarada en Valencia entre el 16 y el 24 de julio. La huelga de solidaridad de los ferroviarios de toda España precipitó los acontecimientos y la dirección conjunta del PSOE y la UGT acordó, para intentar tomar las riendas del movimiento, convocar la huelga indefinida para el 13 de agosto. El manifiesto dirigido a la opinión pública recogía, en lo fundamental, las bases del programa reformista de la Asamblea de Parlamentarios.

Pero el propósito de los líderes de la CNT era bien diferente, como pudo comprobar en persona Francisco Largo Caballero, enviado a Barcelona para intentar contener a los sindicalistas más ansiosos. Años más tarde Ángel Pestaña describía «la fiebre de actividad» que en los días previos a la huelga «invadió nuestros medios confederales». Las cajas de los fondos de los sindicatos se volcaron para comprar pistolas y fabricar bombas. Su relato recogía los detalles de la reunión clandestina con Largo Caballero: «Creo que no habrá pasado en su vida ningún rato como aquel … en su rostro se notaba el terror que todo aquello le producía … la pesadilla de aquellas horas de discusión tumultuosa y agitada». Mientras los socialistas pensaban en una huelga pacífica los cuadros cenetistas más activos se preparaban para tomar las calles y plantar batalla a las fuerzas del orden.

Así llegó el día esperado, el 13 de agosto, con un paro prácticamente general en Madrid, en las comarcas industriales del País Vasco, Cataluña y Valencia, en las zonas mineras de Asturias y de Andalucía y en un buen número de capitales de provincia. Pero la huelga apenas obtuvo respaldo en el resto de las regiones y el eco del movimiento no llegó a las zonas rurales. La rápida detención del comité de huelga dejó al movimiento sin cabeza, con piquetes y grupos aislados que se enfrentaban a las tropas en las calles, las estaciones y los alrededores de algunas fábricas sin saber que en la mayoría de las ciudades los obreros iban deponiendo su actitud y regresaban a los centros de trabajo. El saldo final fue de casi un centenar de muertos, 37 de ellos caídos en las calles y plazas de Barcelona, con dos millares largos de obreros detenidos y un buen número de consejos de guerra dispuestos a castigar con dureza a los más comprometidos.

Para la CNT lo ocurrido había sido una «traición manifiesta» de los socialistas, a su juicio más pendientes de la colaboración parlamentaria con los burgueses republicanos que de luchar al servicio de los intereses y las aspiraciones del proletariado. En adelante se reforzaría su alejamiento de la política y su fe en la fortaleza creciente de la estructura sindical de la Confederación. Como decía Josep Peirats, «el desprestigio político quedaba sellado. Las masas obreras iniciaban su deserción del lodazal parlamentario, al par que descubrían su propia potencia». Una potencia «enardecida» por el gran suceso internacional de aquel año, la Revolución rusa: «El proletariado ibérico saludó aquel acontecimiento con verdadero entusiasmo».

Sucesos ocurridos durante la huelga general en Madrid. (Mundo Gráfico, 15 de agosto de 1917).

EL TRIENIO BOLCHEVISTA

La expresión de Juan Díaz del Moral ha hecho fortuna dentro de la historiografía española del movimiento obrero: «trienio bolchevista» o «trienio bolchevique». El notario de Bujalance se refería al ciclo de conflictividad social que se extendió en toda España desde los primeros meses de 1918 hasta finales 1920 con el eco de fondo de la Revolución rusa, el ejemplo de la «aurora roja» que llegaba desde Oriente. Los datos siempre incompletos del Instituto de Reformas Sociales registraron 463 huelgas en 1918, una cifra que ascendió hasta las 895 de 1919 y las 1060 anotadas en 1920.

Lo cierto era que el fracaso de la huelga general de agosto de 1917 no acarreó, como algunos creían, la derrota y la descomposición del movimiento obrero. Más bien ocurrió lo contrario. Las centrales sindicales demostraron una notable capacidad para organizar y encuadrar trabajadores de sectores productivos muy diversos y para poner en serios apuros al sistema oligárquico de la Restauración, incapaz de incorporar a las clases populares a la vida política, de canalizar el descontento de las masas de trabajadores. La UGT y la CNT habían puesto de relieve un poder social y una influencia política que pocos hubieran imaginado apenas dos años atrás. La movilización social del verano de 1917 se mantuvo latente gracias a la campaña proamnistía de los presos, que despertó una corriente de simpatía en una parte importante de la opinión pública. La fuerza creciente de las sociedades obreras y de los cuadros dirigentes sindicales se podía medir en el rápido ascenso del número de sociedades constituidas y en el total de afiliados que declaraban. Y no sólo en las ciudades y los centros industriales, también en muchas zonas rurales del interior peninsular donde apenas había precedentes de movilización obrera. Los cambios sociales y estructurales acelerados por los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial permitían afirmar que en España, por primera vez, a pesar de todas las limitaciones, los desequilibrios y las desigualdades entre unas regiones y otras, existía una clase obrera extendida y organizada a nivel nacional. Los trabajadores, en una coyuntura de crecimiento general de precios y beneficios empresariales, descubrieron las ventajas de la afiliación sindical y de la presión continuada sobre los patronos para conseguir aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de vida. Y los empresarios, por su parte, mientras continuaron los resultados positivos prefirieron ceder a las reivindicaciones y evitar que los conflictos se alargaran. El éxito de las primeras huelgas, cortas y victoriosas para los obreros, animó el espíritu de asociación, lo que Fernández Almagro describía como el «hervor societario».

La UGT experimentó una profunda transformación. La unión de sociedades de oficios pasó a ser una organización sindical nacional, bien organizada y jerarquizada en torno a grandes federaciones industriales, con casi cien mil afiliados en 1917 y más de doscientos mil en 1920. Para los socialistas la revolución no llegaría a través de un estallido violento, de una jornada señalada, sino como un fruto madurado a través del trabajo diario de la organización, de la lucha cotidiana por conseguir mejoras laborales y reformas sociales. El éxito obtenido en los núcleos mineros y metalúrgicos del norte, en sectores estratégicos como el de los ferroviarios y en algunas zonas rurales contrastó con su incapacidad para implantarse en la región más industrial del país, en Cataluña, donde el catalanismo popular de raíz federal la percibió como un sindicato lejano y centralista, demasiado jerárquico y huérfano de líderes carismáticos.

En Cataluña el protagonismo de la representación obrera llevaba las siglas de la CNT. Según Solidaridad Obrera, el Congreso Regional celebrado en el barrio de Sants de Barcelona, entre el 28 de junio y el 1 de julio de 1918, reunió a 163 delegados que representaban a 137 sindicatos y a 73 860 afiliados. El Congreso, con escasa presencia de los anarquistas teóricos, fue dominado por dirigentes sindicalistas como Ángel Pestaña y Salvador Seguí, conscientes de que el proceso de expansión regional y proyección nacional de la CNT precisaba una estructura sindical más sólida y eficaz. Un nuevo modelo que se adaptara a los cambios de los sistemas de producción y de relaciones laborales, al crecimiento de las ciudades, con un contingente importante de obreros inmigrantes, y a la aparición de una nueva generación de militantes que poco tenía que ver con el mundo de los oficios artesanales. Después de muchas discusiones se aprobó un nuevo sistema de organización que invitaba a las sociedades tradicionales a integrarse en los llamados «sindicatos únicos», uno por cada rama principal de la producción industrial. En las localidades pequeñas todos los obreros asociados pertenecerían a un sindicato único de oficios varios. Estos sindicatos de base quedarían agrupados en federaciones locales y estas a su vez en otras comarcales y regionales hasta llegar a la Confederación Nacional. Una sólida columna vertebral que miraba hacia el futuro más cercano con optimismo. «Nuestros ideales —decía Pestaña en el acto de clausura— no son un sueño loco, ni una quimera; se afirman estos cada día más». Las palabras finales de Seguí anunciaban las «cruentas luchas» que se avecinaban: «El mundo burgués se hunde por sí solo. No hará falta que empujemos mucho para derribar el puntal carcomido que lo sostiene».

Huelga de La Canadiense. (Mundo Grafico, 1 de marzo de 1919).

Al comenzar 1919 la CNT podía afirmar, sin que nadie lo cuestionara, que representaba a la mayor parte de la clase obrera catalana, que hablaba en nombre de la práctica totalidad de los obreros de Barcelona. La prueba de fuego de su fortaleza llegó en el mes de febrero, cuando empezó la huelga de La Canadiense, la empresa hidroeléctrica que suministraba el agua y la luz a la Ciudad Condal. Para Diego Abad de Santillán fue «un acontecimiento memorable» que puso de relieve «el espíritu combativo y de resistencia de los trabajadores». El conflicto, que significó un antes y un después en la historia de la CNT, fue el centro de las miradas de toda España, el escenario donde se vieron, frente a frente, el poder sindical de la clase obrera organizada, el miedo de los propietarios a la subversión del orden y la escasa capacidad del Estado para evitar la confrontación y la violencia social con una política que no fuera el mero recurso a la represión militarizada.

La huelga, que había comenzado como una protesta parcial por el despido de unos oficinistas, se extendió después a todas las secciones de la empresa barcelonesa. El centro urbano quedó a oscuras, la vida económica de la ciudad resultó prácticamente paralizada y la central anarcosindicalista demostró una capacidad de movilización que impresionó a todos los testigos. Después de más de un mes de paro casi absoluto el conflicto terminó con un acuerdo pactado con los emisarios del gobierno en el que se aceptaban la mayoría de las peticiones de los huelguistas. Pero una de ellas no se cumplió. Milans del Bosch, el capitán general de Cataluña, se negó a poner en libertad a los presos sujetos a la jurisdicción militar, un desafío más del ejército a la supremacía del poder civil y a cualquier política de tono conciliador.

La CNT, a pesar de la oposición de Seguí, reaccionó forzando una convocatoria de huelga general. A partir de ese momento, el sindicato confederal perdió la cohesión, la disciplina y la contención que hasta entonces había demostrado. Las voces de los grupos de acción más radicales, dispuestos al enfrentamiento violento y a las soluciones de fuerza, arrinconaron a los planteamientos más moderados. No les faltaban argumentos. Los mandos militares de la guarnición de Barcelona, actuando al margen de las autoridades civiles, habían iniciado una estrategia que tenía como finalidad la detención de los dirigentes cenetistas, el cierre de sus locales, la ocupación de la calle y el bloqueo sistemático de cualquier tipo de negociación. Para ello contaban con el apoyo decidido de los patronos y de los sectores sociales defensores del orden. Los propietarios no se limitaron a aplaudir las medidas represivas. En el otoño de 1919 la Federación Patronal de Barcelona decretó un lockout (cierre o paro patronal) que dejó sin trabajo a varios cientos de miles de obreros y paralizó la vida comercial e industrial de la ciudad durante tres meses, hasta el mes de enero de 1920.

En ese clima de exaltación sindical y confrontación social llegó la convocatoria del II Congreso Nacional de la CNT, inaugurado el 10 de diciembre de 1919 en el Teatro de La Comedia de Madrid. La Memoria del Comité Nacional aseguraba la presencia de 437 delegados que representaban nada más y nada menos que a 550 000 trabajadores, una cifra que todavía se elevaba más, hasta los 714 028, si a los afiliados se sumaban los adheridos. Más de la mitad procedían de Cataluña, con una implantación también importante en Levante, Andalucía y Aragón y con núcleos menores y más dispersos en el resto de las regiones. Adolfo Bueso ponía en cuestión la fiabilidad de los datos oficiales, «pues cada sindicato había redactado las cifras a gusto y capricho», pero reconocía que «la afluencia a los sindicatos era casi arrolladora», que la experiencia de las huelgas ganadas y conquistas como la jornada de ocho horas hacían «que tras cada triunfo fuera mayor la afluencia y el prestigio de los sindicatos llamados únicos». Las sesiones del Congreso se celebraron «en medio de un ambiente de entusiasmo inconsciente que llegaba al paroxismo, se hablaba de hacer la revolución como la cosa más natural del mundo». El triunfo de los bolcheviques era la prueba de que la derrota del capitalismo estaba al alcance de la mano. Para Bueso, como para muchos otros cenetistas, «los nombres de Lenin, Trotsky, Zinoviev… eran completamente nuevos. No sabíamos quiénes eran ni de dónde habían salido … Sin embargo, todos teníamos una esperanza en aquella llamarada que iluminaba el mundo».

Después de enconados debates, el Congreso decidió el ingreso en la Tercera Internacional, la Komintern comunista impulsada desde Rusia. Como ha explicado Ángeles Barrio, las posiciones probolcheviques adoptadas en el Teatro de La Comedia tenían mucho que ver con el fracaso de la política reformista gubernamental, con las presiones patronales y con el recrudecimiento de las luchas sociales, con un grado de violencia cada vez mayor. Las propuestas más radicales dominaron a los planteamientos sindicalistas moderados del grupo de dirigentes que lideraba Salvador Seguí. Otra prueba de la línea ácrata adoptada fue el dictamen que declaraba que la finalidad de la CNT era la implantación del comunismo libertario. ¿Qué era el comunismo libertario? Unos años más tarde lo explicaría con sencillez Isaac Puente: «Es la organización de la sociedad sin Estado y sin propiedad particular». No hacían falta nuevas instituciones. Bastaba con aprovechar dos núcleos que ya existían, «el sindicato y el municipio libre». Las tesis anarquistas de la revolución libertaria se imponían, al menos sobre el papel, sobre las reivindicaciones laborales y las prácticas sindicales. Un rasgo peculiar de la historia española si se compara con lo ocurrido en otros lugares. En efecto, después de la Primera Guerra Mundial, a la altura de los primeros años veinte, el anarquismo era capaz en España de liderar y dirigir el rumbo de un sindicato de masas moderno cuando en el resto de Europa había pasado a ser un movimiento casi marginal, sin apenas apoyos sociales. Y era capaz de hacerlo en las zonas industriales y en el ámbito rural, en dos regiones que, al menos en apariencia, estaban tan alejadas como Cataluña y Andalucía.

ANDALUCÍA

La visión del anarquismo agrario andaluz como un mundo primitivo, en el polo opuesto del moderno sindicalismo industrial y urbano, tiene mucho que ver con los tópicos del atraso y del milenarismo difundidos por la literatura de la época, por hispanistas como Gerald Brenan e incluso por historiadores contemporáneos como Eric Hobsbawm. Una lectura apresurada de estas obras ofrece una imagen simplificada que reproduce el mito de un latifundismo arcaico y opresivo que provocaba entre los jornaleros andaluces, impulsivos e irracionales, periódicos estallidos de ira de carácter espontáneo movidos por la miseria y alimentados por las utopías anarquistas. Pero hace tiempo ya que los historiadores han demostrado que la realidad del campesinado era mucho más compleja y plural, y también que su comportamiento era tan racional y eficaz, al menos, como el de cualquier otro movimiento social moderno.

Más de la mitad de los casi cien mil trabajadores andaluces afiliados a la CNT en 1919 procedían del mundo urbano. Además, el anarcosindicalismo agrario estaba limitado, sobre todo, al arco de la Baja Andalucía, a las comarcas rurales de Sevilla, Málaga y Cádiz. La Regional andaluza, fundada en mayo de 1918, había tomado impulso a finales de año con la adhesión de las sociedades obreras pertenecientes a la Federación Nacional de Obreros Agricultores (FNOA), una organización veterana, nacida en 1913, importante no tanto por su número de afiliados como por su capacidad organizativa y su experiencia en el empleo de la prensa y la propaganda y en el planteamiento de reivindicaciones relacionadas con las condiciones de trabajo. El temor y la sensación de inseguridad de muchos propietarios y terratenientes, alarmados por las noticias de incendios de cosechas, sabotajes y atentados contra la propiedad, crecía al escuchar las predicaciones de los propagandistas anarquistas que recorrieron el campo andaluz en 1918. Algunos creían ver detrás de cada conflicto local la mano alargada del bolchevismo ruso.

Sin embargo, como ha subrayado Eduardo Sevilla Guzmán, el discurso del anarquismo agrario, basado en las ideas de Bakunin y Kropotkin —descreimiento de la democracia parlamentaria, igualitarismo, propiedad colectiva con posesión individual y autorregulación política local— no era tanto una quimera revolucionaria como una serie de planteamientos que entroncaban bien con las experiencias, las aspiraciones y las formas de vida de las comunidades rurales andaluzas. Se trataba de nociones sencillas, expresadas en un lenguaje claro y simple, comprensibles para la cultura oral de un campesinado que rechazaba las nuevas relaciones económicas capitalistas. Además, por encima de las invocaciones generales de carácter ácrata y de la cuestión histórica del acceso a la tierra, las demandas de las sociedades obreras, en la mayoría de los casos, reclamaban reivindicaciones salariales, mejoras de las precarias condiciones de trabajo y peticiones concretas como el acceso a un empleo estable, la abolición del destajo o el uso de los recursos colectivos. En este sentido, las diferencias entre las distintas ideologías obreras, al menos para los militantes de base, no eran tan nítidas y distantes como pudiera parecer. A veces, la adscripción socialista o anarquista de una sociedad tenía mucho que ver con quién había llegado primero al pueblo. El campesinado compartía, en el fondo, la misma desconfianza hacia la política institucional, una percepción común del Estado como un ente ajeno y extraño a la comunidad local. Y en último término, sus formas de organización y de acción colectiva, aunque adaptadas al espacio rural y a los ritmos del calendario agrícola, no se diferenciaban mucho de las movilizaciones de protesta de los trabajadores urbanos e industriales.

No hay que negar, no obstante, la existencia de posturas más radicales que cuestionaban la propiedad de la tierra y la repetición de enfrentamientos violentos. La mayor parte de esos sucesos ocurrieron al final del llamado «trienio bolchevique». Como pasó en el resto de España, las huelgas se endurecieron, los conflictos se alargaron durante varias semanas y empezaron a ser adversos para los trabajadores. El cambio de tendencia tenía que ver con la nueva coyuntura económica, cuando el final del conflicto mundial disipó el espejismo de los beneficios extraordinarios y provocó la caída de los precios, la contención de los salarios y la disminución del empleo. Pero también con la reacción autoritaria que recorría toda Europa ante el temor de los defensores del orden social a la amenaza revolucionaria. Los empresarios y propietarios, cada vez mejor organizados, utilizaron con frecuencia el arma del cierre patronal, el lockout, para contrarrestar la movilización sindical y minar su resistencia. Y no hay que olvidar el fracaso de la tímida política de reforma social impulsada por los gobiernos de esos años, en plena crisis de legitimidad del régimen de la Restauración. Las iniciativas legislativas, las fórmulas de conciliación y los intentos de negociación terminaron dejando paso a la represión de las organizaciones obreras, al empleo abusivo de la Guardia Civil y del ejército y a la adopción de medidas excepcionales como la declaración del estado de guerra o la suspensión de las garantías constitucionales, en vigor desde 1919 hasta la primavera de 1922.

BARCELONA

Las derrotas sucesivas de los conflictos planteados por los trabajadores provocaron un proceso de desmovilización y decaimiento de las organizaciones obreras visible en toda España a finales del año 1920. En todos los lugares salvo en uno, en Barcelona. Allí la lucha social, en vez de decaer, tomó las proporciones de una verdadera batalla en la que las pistolas y los atentados tomaron el protagonismo que antes habían tenido las huelgas y los mítines.

Para entender lo ocurrido en la Ciudad Condal hay que recordar la heterogeneidad de las fuerzas que componían la CNT barcelonesa, los más de 250 000 afiliados declarados en el Congreso de 1919. La gran mayoría eran afiliados de base que vivían en los barrios obreros del centro histórico, como el Raval, o en suburbios populares como Sants, Sant Andreu o Poblé Sec. Como ha destacado Julián Casanova, eran trabajadores ajenos a los debates doctrinales que pagaban sus cuotas y se sumaban a las protestas laborales porque creían que de esa manera podían mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. En contacto con ellos estaban los militantes que realmente se ocupaban de la lucha diaria, la organización interna de los sindicatos y la coordinación con el resto de los centros confederales. Por encima de todos aparecían los cuadros de dirigentes que formaban parte de los comités y encabezaban los mítines y también los propagandistas relacionados con la prensa ácrata y la vida cultural de los ateneos y de las escuelas laicas, con poca experiencia sindical, que debatían los planteamientos teóricos y transmitían las consignas revolucionarias.

Y además estaban «los de los grupos». La expresión de Adolfo Bueso servía para identificar a los hombres que se llamaban «de acción», reunidos en núcleos muy reducidos que ellos llamaban «de afinidad». Cuando se bloquearon los canales de negociación y se endurecieron las medidas represivas, con la clausura de muchos centros y las detenciones y destierros de los dirigentes más moderados, esos grupos de anarquistas radicales, más duros y violentos, encontraron un camino abierto para controlar la línea de actuación de los sindicatos. Juan García Oliver era uno de ellos. Como recordaba en sus memorias, «al iniciarse el año 1920 la grieta entre los radicalizados jóvenes que nos incorporábamos a la CNT y algunos de sus viejos dirigentes —viejos de unos treinta años de edad— se percibía perfectamente». Josep Peirats los describía como «temibles sindicalistas», de ademanes bruscos y autoritarios, que no tenían nada que ver con los hombres «ordinarios». Barcelona era «una selva en la que aquellas fieras acosadas, con sus armas rudimentarias, hacían frente a tantos enemigos concitados contra ellos, tratando de devolver golpe por golpe».

Los enemigos eran los patronos que habían pasado a la ofensiva, los empresarios más beligerantes que financiaron cuerpos de seguridad privada, algunos de ellos auténticas bandas de pistoleros, y crearon el llamado Sindicato Libre, una red de sociedades de obreros contrarrevolucionarios cercanos al carlismo, la misma ideología que inspiraba al somatén tradicional, resucitado para que se convirtiera en un tejido de fuerzas vecinales de autodefensa que llegó a tener en armas a sesenta mil hombres. A partir de ese momento la violencia de uno y otro signo se adueñó de las calles y el ruido de las pistolas acalló los intentos de mediación y transacción.

Víctimas de esa escalada de violencia hubo también en ciudades como Zaragoza, Sevilla, Valencia o Madrid. Pero nada comparable con lo ocurrido en el cinturón industrial de Cataluña. Entre 1917 y 1923, según el estudio de Fernando del Rey Reguillo, sólo en la provincia de Barcelona hubo casi mil atentados que causaron 267 muertes. El período de mayor intensidad de la oleada terrorista, que no cesó hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, coincidió con el paso por el gobierno civil de Barcelona del general Severiano Martínez Anido, entre noviembre de 1920 y octubre de 1922, famoso por la brutalidad de las medidas represivas que ordenó, sobre todo por la aplicación de la llamada «ley de fugas», el asesinato directo de los presos con el pretexto de que habían intentado evadirse.

Las balas terminaron con la vida de muchos militantes anarcosindicalistas y dirigentes como Evelio Boal, secretario general de la CNT, asesinado a las puertas de la cárcel Modelo en junio de 1921, o el más famoso de todos, Salvador Seguí, fallecido en marzo de 1923, dos días después de que el presidente del gobierno, Eduardo Dato, sufriera la misma suerte en las calles de Madrid. Seguí había escrito unos meses antes un artículo en el diario El Sol en el que denunciaba el terrorismo como una «manifestación morbosa y decadente que nos retrotrae a estados primitivos». Las normas de convivencia civil y los valores morales del hombre habían quedado anulados: «¿Es este el caso de Barcelona? Digámoslo sin eufemismos ni rodeos: este es».

El número de empresarios, encargados, militantes anticenetistas y pistoleros asesinados fue todavía más alto. La dureza extrema de la represión y la actuación de los grupos paramilitares amparados por la patronal no redimen a la CNT de la responsabilidad que tuvo en la espiral terrorista. Muchos de los anarquistas protagonistas de esa guerra social, los más significados «reyes de la pistola obrera», tenían poco que ver con la imagen de militantes ejemplares y mártires heroicos. Algunos eran simples atracadores y vulgares asesinos salidos de los bajos fondos. Así lo reconocía tiempo después Ángel Pestaña cuando recordaba la época del «interminable rosario terrorista», una nube negra que oscureció el horizonte confederal por mucho tiempo. Aunque el sindicato no se reunió nunca para acordar atentados, «todo el mundo estaba convencido de que los autores eran sostenidos y pagados por la organización y que las víctimas caían después de haber sido señaladas a los ejecutores por quien tenía interés en que cayeran». La imagen pública de la CNT quedó dañada no sólo por la acción de los pistoleros sino por «el estado de cosas que se derivó de tanto tiempo de violencia individual y colectiva y de desmoralización desenfrenada. Pues cuando el cometer atentados comenzó a ser negocio poco lucrativo y, además, peligroso, se puso en práctica el atraco, a pretexto de obtener medios económicos».

Todo terminó con el golpe de Estado de Primo de Rivera, proclamado desde su despacho de la capitanía general de Cataluña. Los patronos y los sectores conservadores del Principado recibieron la noticia con alivio y satisfacción. Se terminaba una pesadilla que había durado seis años, se alejaba el fantasma de la revolución que recorría Europa y volvía el orden a las calles. Ninguno se planteaba el precio de esa paz social, la imposición del poder militar sobre los derechos constitucionales y las libertades civiles. No era la primera vez que ocurría en la historia contemporánea de España y no sería la última.

Asesinato de Salvador Segui. (La Campana de Gracia, 17 de marzo de 1923).

LA DICTADURA

A partir de septiembre de 1923 las medidas represivas fueron implacables con los anarcosindicalistas. Mientras la UGT se aprovechaba de su estrategia legalista de colaboración con la Dictadura —copaba los puestos de representación obrera y aumentaba su número de secciones y de afiliados— los centros de la CNT cerraban uno tras otro, la censura ahogaba sus publicaciones y sus dirigentes sufrían detenciones arbitrarias y destierros. Mientras las bases locales de los sindicatos apenas lograban sobrevivir, los líderes que escapaban de la persecución pasaban a la clandestinidad y empezaban a plantearse cuál era el rumbo futuro que debía seguir la organización. La Revolución rusa ya no era un modelo. Pestaña, enviado a Moscú en el verano de 1920, al II Congreso Internacional Comunista, había regresado desengañado de un nuevo Estado que eliminaba la discusión, el examen crítico y la libertad individual «como si los pueblos existieran para las revoluciones y no las revoluciones para los pueblos». Otros anarquistas españoles siguieron después sus pasos y volvieron también defraudados. En la Conferencia celebrada en Zaragoza en 1922 el Comité Nacional de la CNT decidió revocar su adhesión a la Tercera Internacional. La vía bolchevique no era un ejemplo a seguir. ¿Qué alternativa ofrecía el mundo libertario?

El debate interno abierto en los años de la Dictadura dejaba otra vez al descubierto, frente a frente, las dos grandes tendencias de la CNT, la sindicalista, más pegada a la realidad cotidiana de las fábricas y los talleres, a las posibilidades de mejoras laborales, y la anarquista, decidida a caminar con paso firme y decidido hacia la emancipación, hacia la revolución. Entre los primeros, además de Pestaña, estaban líderes como Joan Peiró que reclamaban «estabilidad y tiempo para construir», un espacio para vivir con «facilidades de expansión» y conseguir «un surco de hechos positivos muy distinto de esa estela ineficaz de tragedias y lágrimas», lejos de los «vaivenes de los irresponsables», del «espejismo revolucionario que domina a los inconscientes». Entre los segundos, jóvenes activistas como García Oliver que trataban de crear «una oposición ideológica frente a la actitud claudicante de los viejos sindicalistas», una oposición firme «al aventurismo político y reformista» que quería apoderarse de la CNT. Había que dejar atrás las acciones individuales, los atentados y los sabotajes, y lanzarse con resolución a «la sistematización de las acciones insurreccionales, la puesta en práctica de una gimnasia revolucionaria».

La vía insurreccional comenzó en noviembre de 1924, con la incursión por la frontera francesa, cerca de Vera de Bidasoa, de varios centenares de militantes armados, dispersados después de un tiroteo con los carabineros y la Guardia Civil. La estrategia subversiva se basaba en la creencia de que, después de un golpe de mano de los activistas armados más decididos, se produciría una huelga general con el apoyo de otros sectores sociales y de los soldados de los cuarteles, al fin y al cabo hijos del pueblo proletario, dispuesto a lanzarse a la calle a derribar el orden establecido si una mano resuelta encendía la mecha de la revolución.

Ascaso, Durruti y Jover en su exilio

parisino.

En julio de 1927 los grupos ácratas más radicales encontraron un vehículo de expresión con la fundación en Valencia de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), una organización libertaria con autonomía orgánica que pretendía ser la vanguardia de la CNT, decidida a ser la guía ideológica de la Confederación, la vigía de los principios del anarquismo doctrinario frente a las tentaciones del socialismo y del comunismo y, en un mañana no muy lejano, el núcleo impulsor de la revolución. La FAI se creaba, decía Josep Peirats, «con el sano propósito de velar por las esencias del movimiento libertario español», una fuerza necesaria para corregir el «peligro desviacionista» que anidaba en muchos sindicatos, tendentes al pacto y la transacción. Para otros, como Adolfo Bueso, no era otra cosa que una «tiranía en embrión», una facción intransigente que quería dominar y dirigir el anarcosindicalismo. Entre la amalgama de fuerzas que confluían en la FAI destacaban los denominados grupos de acción, nombres como «Los iguales», «Nervio» o «Nosotros», el más famoso de todos, con figuras como Durruti y Ascaso que iban a ser protagonistas de primera fila del anarquismo español en los años posteriores, durante la República y la guerra civil.

El debate interno de la CNT continuó en la última etapa de la Dictadura, cuando se planteó la posibilidad de colaborar con las fuerzas políticas que conspiraban para terminar con el régimen. No fue necesario. A finales de 1929 la soledad de Primo de Rivera era cada vez más evidente, sin apoyos sociales ni respaldo entre los altos mandos del ejército. Su dimisión, en enero de 1930, hizo que todas las miradas se dirigieran hacia la figura del rey. Alfonso XIII no escuchó las peticiones de elecciones y Cortes Constituyentes y designó al general Berenguer como nuevo presidente del gobierno. Intentaba de esa manera volver a la «normalidad» política del verano de 1923 como si nada hubiera ocurrido, como si los años de la Dictadura no fueran otra cosa que un mero paréntesis en su reinado. Un empeño vano.

HACIA OTRO ESCENARIO

Como el ave fénix que renace de sus cenizas. Así describía Josep Peirats el resurgir de la CNT en los primeros meses de 1930. Recordaba la expectación del primer acto público celebrado en Barcelona —«nunca había asistido a un espectáculo social con tanta ilusión»—, el discurso de Pestaña, repitiendo la frase que pronunció fray Luis de León al salir de la cárcel, «decíamos ayer», y la convicción de que había llegado el momento para una nueva generación de militantes «de cambiar las inquietudes librescas por la acción». En el mes de abril, después un rápido proceso de reorganización, la CNT consiguió la legalización de sus estatutos y el final de la clandestinidad. A partir de entonces la actividad de la Confederación fue extraordinaria. Mítines, actos de propaganda, constitución de sindicatos, apertura de sedes y una sucesión de huelgas que volvían a mostrar la capacidad de la estrategia de la acción directa para lograr el reconocimiento de los empresarios, subidas salariales y otras mejoras laborales. Acción directa contra los patronos y también acción política, porque el movimiento anarcosindicalista no quedó al margen de la huelga general del 15 de diciembre de 1930 que buscaba el derrocamiento de la monarquía. El movimiento insurreccional fracasó, pero el reinado de Alfonso XIII tenía los días contados, los que faltaban hasta la fecha del 12 de abril de 1931, unas elecciones municipales que terminaron convirtiéndose en un plebiscito popular a favor de la República. Aunque la CNT no participó oficialmente en la convocatoria electoral muchos militantes cenetistas votaron a favor de las candidaturas republicanas y tomaron parte en las celebraciones festivas de los días posteriores. La proclamación de la República, en palabras de Federica Montseny, significaba la libertad de los presos, el regreso de los exiliados «y la posibilidad de abrir un período revolucionario que sobrepasase la simple instalación de una democracia burguesa».

El advenimiento de la República abría un nuevo período de la historia contemporánea de España, un escenario político y social diferente que iba a marcar, también, un nuevo capítulo de la historia de la CNT. Para los republicanos, como subrayaba Josep Peirats, la revolución era «un hecho consumado». Los anarcosindicalistas, sin embargo, consideraban que era la ocasión esperada para ocupar la calle y proseguir la lucha hasta lograr la superación de la sociedad capitalista. Los dirigentes sindicalistas ponían el acento en la organización, en la oportunidad brindada por el nuevo régimen para extender y fortalecer la Confederación. Los anarquistas más ansiosos creían que no había tiempo que perder, que los trabajadores tenían la fuerza y la madurez necesarias para conseguir el triunfo de los ideales libertarios.

Las dos tendencias estaban presentes en el primer «choque serio» que recordaba Peirats, la celebración del Primero de Mayo de 1931 en Barcelona, apenas quince días después de la fiesta popular republicana. La CNT organizó un mitin «sin precedentes», con miles de militantes llegados de toda la región y una «colosal manifestación» que se convirtió en una clara «demostración de fuerza». Cuando las primeras filas de la manifestación llegaron la plaza Sant Jaume, el lugar «ofrecía un aspecto compacto a no poder más. Yo pude contemplar el panorama desde la desembocadura de la calle a la plaza y vi, nadando cual barquichuelas en aquel mar movedizo de cabezas, algunos camiones en los que figuraban mujeres de todas las edades también apiñadas. No pude escrutar más porque de pronto sonaron unos tiros, después descargas cerradas de al parecer pistolas y aquel mar humano encrespóse en olas violentas, avasalladoras. Uno de aquellos vaivenes y remolinos me levantó en vilo y después de llevarme un buen trecho en volandas dio conmigo en el suelo». El relato de Peirats recuerda a alguna de las escenas de Siete domingos rojos, la novela de Ramón J. Sénder que recrea la huelga general que los anarquistas declararon en Madrid en noviembre de 1930: «Vamos a la calle sin corbata, sin sombrero, con una ancha sonrisa en la cara, y respiramos a pleno pulmón, navegamos en un triunfo imaginario. Todo es nuestro, todo es de todos». Sender describía los «rumores de multitud» que se escuchaban en las barriadas obreras, las «redes nerviosas» de los grupos, las células y los enlaces, los dirigentes de los comités que ordenaban papeles y hacían cálculos, los jóvenes más resueltos que se palpaban el bolsillo para comprobar «su entraña de metal», la «embriaguez de la multitud» que se adueñaba del espacio público urbano.

En la manifestación cenetista del Primero de Mayo de 1931 estaba también Juan García Oliver. Desde el balcón central de la Generalitat, donde había accedido para hacer entrega de las conclusiones del mitin, pudo reconocer a los compañeros que disparaban sus pistolas apostados en las esquinas de la plaza Sant Jaume: «La conmoción fue enorme. Se vio que más allá de los compromisos contraídos por los dirigentes sindicalistas, existían fuerzas indómitas». El tiroteo producido en la cabecera de la manifestación sorprendió a muchos que todavía no se habían movido del punto de partida, junto al Are de Triomf. Allí, al comienzo de la jornada, en una tribuna improvisada sobre un camión de carga, García Oliver y otros activistas anarquistas habían hecho sonar «con estrépito los clarines de la revolución social» mientras desplegaban, por primera vez, las banderas rojinegras que llevaban grabadas las siglas CNT-FAI. Era un acto paralelo al mitin oficial, el que los dirigentes regionales y nacionales habían organizado apenas a doscientos metros, en el salón central del Palacio de Bellas Artes, el mismo lugar donde veinte años antes un centenar escaso de delegados obreros había acordado, casi a escondidas, el nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo. La historia continuaba.

República y guerra civil

Julián Casanova

Universidad de Zaragoza

CUANDO LLEGÓ LA REPÚBLICA, el 14 de abril de 1931, la CNT apenas tenía veinte años de historia. Aunque muchos identificaban a esa organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo más significativo ni lo más sorprendente de su corta historia. El mito y la realidad de la CNT, el único sindicalismo revolucionario y anarquista que quedaba ya en Europa, se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz que ganaba conflictos a patronos intransigentes con los trabajadores. La CNT desarrolló sus lenguajes de clase y sueños revolucionarios en la prensa, en los talleres y fábricas, en las calles. Así, a través del adoctrinamiento y de las reivindicaciones laborales, quedó sellada su definición ideológica, su impronta antipolítica y antiestatal, su sindicalismo de acción directa, independiente de los partidos políticos, llamada a transformar revolucionariamente la sociedad.

Las críticas de la CNT al Estado y a los partidos políticos fueron puestas a prueba con la proclamación de la Segunda República y sobre todo con la llegada, por primera vez en la historia de España, de los representantes socialistas y de la UGT al gobierno. Autoexcluidos de la representación política, los dirigentes de la CNT, especialmente los que comenzaron a dominar la organización desde comienzos de 1932, pudieron mantener la llama de la pureza, la fuerza del mensaje anarquista enfrentado al proyecto democrático y republicano. Y ahí se manifestó claramente la atipicidad española: la existencia de un sindicalismo antipolítico de masas que podía defender su proyecto al margen de las instituciones políticas y parlamentarias. En el resto de Europa, un sindicalismo de ese tipo había pasado ya a la historia.

La CNT mantuvo relaciones muy difíciles con la República y conoció diferentes estados de ánimo, desde las expectativas iniciales de algunos a las insurrecciones inútiles de otros, pasando por la hostilidad de la mayoría de sus afiliados. Cuando estaban rehaciéndose todos esos caminos, llegó la sublevación militar de julio de 1936. De súbito, el anarcosindicalismo se encontró con lo que tanto había buscado sin éxito, con su oportunidad histórica de hacer la revolución, de convertir en realidad el sueño igualitario. Esa historia, de ocho años, y la de su trágico final, es la que se cuenta en las páginas que siguen.

MOVILIZACIÓN Y PROTESTA SOCIAL

La República abrió muchas puertas al sindicalismo revolucionario de la CNT, roto diez años antes por el pistolerismo anarquista y de la patronal y silenciado por la Dictadura de Primo de Rivera. Permitía, antes que nada, ocupar de nuevo el espacio público y poner en marcha todos los ritos movilizadores que identificaban a republicanos, socialistas y anarquistas desde comienzos del siglo XX. Manifestaciones con banderas y música, himnos revolucionarios y, sobre todo, el mitin: esas grandes reuniones donde se mezclaban la fiesta, la propaganda y las incitaciones a la acción revolucionaria. Para la CNT, la proclamación de la República no era sino un «hecho político» que había que convertir en «una revolución esencialmente transformadora de todos los valores políticos y económicos», con los medios propios y características del anarquismo: la acción directa y la lucha en la calle.

A esa República, «salida del pueblo», preferible a «una Monarquía por la gracia de Dios», se le pedían muchas cosas, pero sobre todo libertad. La CNT, que no confiaba en que los gobiernos republicanos modificaran la estructura social de clases, esperaba al menos un régimen de libertades que le permitiera aumentar la capacidad de organización de sus sindicatos o, dicho de otra forma, poder defender con éxito, con más éxito que sus rivales ugetistas, los intereses de las clases trabajadoras. Eso es lo que aparece escrito a comienzos de la República en los principales órganos de expresión de la CNT y de la FAI, algunos de los cuales sólo pudieron ver la luz gracias al triunfo de las candidaturas republicanas.

Aunque tales declaraciones siempre iban acompañadas de una enérgica ratificación del carácter antiparlamentario y revolucionario de la CNT, la negación a dar la batalla desde el principio al régimen republicano reflejaba las ilusiones que impregnaban la atmósfera española en el momento en que el rey Alfonso XIII tuvo que abandonar el trono. Galo Diez lo veía muy claro y así se lo dijo a sus compañeros en el Congreso Extraordinario de la CNT celebrado en Madrid en junio de ese año, dos meses después de la proclamación de la República. Al pueblo no sólo había que hablarle de sueños revolucionarios, sino también «de sus deseos, de sus necesidades, de sus miserias, de sus derechos». Comparada con la Dictadura, la República ofrecía muchas más cosas y, por lo tanto, no era prudente «perder lo poco, seguro, por lo mucho, inseguro». La mayoría de los españoles, pensaba ese dirigente, eran republicanos y estaban con su República «como niños con zapatos nuevos». Lo más sensato era «esperar que se gaste la ilusión por la República para emprender luego, con los republicanos desilusionados, el camino hacia un ideal mejor». Las circunstancias exigían cautela y no confundirse «con la causa de la reacción». Cuando el pueblo destrozara los zapatos, «ya los destrozará», la CNT se convertiría en la auténtica esperanza.

Mientras eso ocurría, la CNT aprovechó las libertades y esperanzas de los primeros momentos para fortalecer la organización. Su crecimiento fue al principio notable y en su momento de mayor apogeo, a finales de 1931, sus sindicatos contaban con unos 800 000 afiliados. El Congreso de junio fue el primero que pudo celebrar después de doce años, desde aquel de 1919 donde se había afirmado su definición ideológica, y eran muchos los anarcosindicalistas que no estaban dispuestos a desaprovechar esa oportunidad histórica de legalidad y crecimiento sindical.

Quienes ocupaban sus principales puestos de dirección no eran, como Juan García Oliver transmitió en sus memorias, «obreristas cansados» que habían abandonado «su línea de activistas revolucionarios» y se habían «apoderado» de esos puestos «valiéndose de la persecución de los disconformes». Eran anarcosindicalistas que se tomaron en serio la organización, sus luchas diarias y sus sueños utópicos, que forjaron sus rebeldías en los años de la Primera Guerra Mundial y que participaron en la definición ideológica de ese sindicalismo en sus principales congresos (1918, 1919 y 1931). Ahí sobresalieron gente como Ángel Pestaña, Eleuterio Quintanilla, José Villaverde o Joan Peiró. Ahora, a comienzos de la República, recogían los frutos de una actividad de lucha continua por la legalidad, que desde las fábricas y talleres, desde las reuniones sindicales, había parecido durante bastante tiempo, durante la Dictadura de Primo de Rivera, inútil. Su prestigio residía en las muchas horas dedicadas a la propaganda, a la reorganización de los sindicatos y a mantener desde la clandestinidad periódicos, revistas y panfletos.

Pero la luna de miel con la República duró poco. La República llegó a España en medio de una crisis económica internacional sin precedentes y aunque los factores económicos, como han mostrado los especialistas, no determinaron su trágico final, sí que complicaron el gobierno y la puesta en marcha de las reformas. La lucha por el control del trabajo disponible, por el reparto del espacio sindical, y la confrontación en torno a los jurados mixtos, el entramado corporativo propuesto por Francisco Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, constituyeron los hilos conductores básicos de la agitación anarquista, de las huelgas planteadas y de los duros enfrentamientos entre los dos sindicalismos ya arraigados entre las clases trabajadoras.

La UGT, desde el gobierno, legislando y utilizando el aparato del Estado, ocupó un espacio cada vez más extenso en el campo de las relaciones laborales. La CNT lo percibió como una intromisión que limitaba enormemente su campo de actuación y optó por la acción directa, sin intermediarios estatales, por la calle como escenario de lucha y enfrentamiento con el Estado, y su sector radical comenzó a anunciar la revolución a fecha fija y a golpe de disturbio e insurrección. Esa pugna disparó las acusaciones e insultos y situó frente a la República a un sector importante de la clase obrera organizada.

Las movilizaciones cenetistas, y los conflictos en el campo y en las ciudades, ofrecieron muy pronto la oportunidad de comprobar que las fuerzas del orden, en especial la Guardia Civil, actuaban con la misma brutalidad que con la monarquía. En el primer año de la República hubo decenas de conflictos que se extendieron por áreas de latifundio, como Badajoz, o por zonas de pequeña propiedad y de aparente calma, como en Arnedo (La Rioja) y Epila (Zaragoza), que provocaron abundantes muertos, resultado casi siempre de choques con la Guardia Civil, que disparaba a concentraciones y manifestaciones de trabajadores ante la pasividad de algunas autoridades gubernativas.

El sector más puro del anarquismo encontró en los muertos y la represión un resorte para la movilización contra la República y contra quienes dirigían la CNT en ese momento. «El crimen, método de gobierno», comenzó a difundirse en los medios libertarios. Y fue a partir de enero de 1932, tras los sucesos de Arnedo, que dejaron once muertos, y la represión de la primera insurrección, cuando esa retórica sobre el derramamiento de «sangre proletaria» se incorporó a los medios de difusión anarquista. De la protesta se pasó a la insurrección. Tres tentativas de rebeldía armadas en apenas dos años, incitadas por militantes anarquistas y que contaron con algún apoyo obrero y campesino. Las dos primeras fueron dirigidas contra el gobierno de coalición de republicanos y socialistas que se había establecido desde la llegada de la República. La tercera, la que más víctimas mortales dejó en los combates, ocurrió en diciembre de 1933, a los pocos días de que los republicanos radicales de Alejandro Lerroux y la derecha de José María Gil Robles ganaran las elecciones.

INSURRECCIONES

El 19 de enero de 1932, mineros de la colonia de San Cornelio, en Fígols, comenzaron una huelga, se apoderaron de las armas del somatén y el conflicto se propagó a otras localidades del Alto Llobregat y Cardoner. La fuerza insospechada con la que arrancó ese conflicto minero nada tuvo que ver, por lo tanto, con las posteriores insurrecciones de 1933, anunciadas a fecha fija y ordenadas por los grupos dirigentes de la CNT y de la FAI. Las duras condiciones en las minas, con largas jornadas de trabajo y sin seguridad en el fondo de los pozos; la frustración de las expectativas que se habían creado para cambiar esa situación con la llegada de la República; y la lucha por los derechos de reunión y asociación, que ni con la nueva situación política estaban allí reconocidos, alimentaron un importante foco de descontento que se encendió la mañana del 19 de enero de 1932. En principio, era sólo una huelga, con esperanzas de modificar esas condiciones, aunque los más conscientes anunciaron el comunismo libertario. Convencidos de que sólo triunfaría si lograban apoderarse de las armas y frenar así la respuesta de la dirección de las minas, desarmaron al somatén y comenzaron a patrullar las calles.

La resistencia se extendió al día siguiente a otros pueblos ribereños. En Berga, Sallent, Cardona, Balsareny, Navarcles y Súria, pararon las minas, cerraron los comercios. En Manresa, piquetes de trabajadores impedían el acceso a fábricas y talleres. La interrupción de comunicaciones telefónicas y la sustitución de banderas republicanas por otras rojas y negras en algunos ayuntamientos de esas localidades anunciaban que aquello era algo más que la declaración de una huelga reivindicativa.

El 21 de enero, Manuel Azaña, presidente del gobierno, se dirigió a las Cortes. Nadie podía ponerse «en actitud de rebeldía» contra la República. «A mí no me espanta que haya huelgas … porque es un derecho reconocido en la ley». Pero frente a los «desmanes», la fuerza militar tenía la obligación de intervenir. Efectivamente, el 22 llegaban a Manresa los primeros refuerzos militares procedentes de Zaragoza, Lleida, Girona y Barbastro. El 23 habían ocupado todos los pueblos de la zona, excepto Fígols. Allí llegaron al día siguiente y comprobaron que los mineros habían volado el polvorín y habían huido por las montañas. El 25 se había restablecido el orden. Los mineros fueron despedidos. Los vecinos que se habían opuesto al conflicto colaboraron en la represión.

Las ilusiones de los mineros se malograron. La subversión del orden en las minas acabó muy pronto. Tampoco hubo saqueos, ni abolición de la propiedad privada, ni muertos. El Comité Nacional de la CNT, sin embargo, espoleado por las ganas de «hacer la huelga revolucionaria» que manifestaron algunos dirigentes sindicales de Barcelona, acordó, en su reunión del 23 de enero, cuando el levantamiento minero ya tocaba a su fin, «dar la orden de paro en toda España, aceptándola con todas sus consecuencias». Sólo algunos pueblos aislados del País Valenciano y Aragón respondieron. Tropas de infantería de Barcelona y Zaragoza se encargaron de sofocar los disturbios. El 27 todo se había acabado.

Un año después, en enero de 1933, la CNT, de la que habían desertado ya varias decenas de miles de militantes, volvió a la carga y las huelgas e incidentes con explosivos alcanzaron de nuevo a algunas poblaciones de Aragón y del País Valenciano. El ejército y las fuerzas de policía ocuparon posiciones estratégicas en las ciudades donde se preveían desórdenes. Los dirigentes sindicales fueron detenidos y las culpas y reproches se multiplicaron. Cuando todo parecía acabado, comenzaron a llegar las noticias de disturbios en la provincia de Cádiz, donde grupos anarquistas y comités de defensa locales amenazaban el orden en la capital, Jerez de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Paterna de la Rivera, San Fernando, Chiclana, Los Barrios y Sanlúcar de Barrameda. La línea telefónica había sido cortada en Casas Viejas, una población de apenas dos mil habitantes a diecinueve kilómetros de Medina Sidonia. Grupos de campesinos afiliados a la CNT tomaron posiciones en el pueblo la madrugada del 11 de enero.

Visita de la Comisión parlamentaria a Casas Viejas. (Mundo Gráfico, 1 de marzo de 1933).

Tras algunos choques armados, las fuerzas del orden, mandadas por el capitán de la guardia de Asalto, Manuel Rojas, asesinaron a doce campesinos. Los enfrentamientos y esa masacre concluyeron con diecinueve hombres, dos mujeres y un niño muertos. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden, pero la Segunda República ya tenía su tragedia.

El gobierno, dispuesto a sobrevivir al acoso que desde la izquierda y la derecha emprendieron contra él por la excesiva crueldad con la que se había reprimido el levantamiento, eludió responsabilidades. «No se encontrará un atisbo de responsabilidad para el gobierno», declaró Azaña en su discurso a las Cortes del 2 de febrero de ese año. «En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir». Frente a «un conflicto de rebeldía a mano armada contra la sociedad y el Estado», él no tenía otra receta, les repitió varias veces a los diputados, aunque se corriera el riesgo de que algún agente del orden pudiera excederse «en el cometido de sus funciones».

La historia se repitió: tras una insurrección, la CNT convocaba movilizaciones para protestar contra la represión. Se pasó el resto del año protestando por los presos que iba acumulando en las cárceles y preparando intensamente la revolución que, por el momento, adquiriría de nuevo, unos meses después, la forma de otra insurrección abortada.

El 8 de diciembre, el día de la sesión de apertura de las Cortes, tras el triunfo del centro y de la derecha en las elecciones de noviembre, ante los rumores sobre la preparación de un movimiento revolucionario, el gobernador de Zaragoza, Elviro Ordiales, ordenó la clausura de todos los centros de la CNT. Al día siguiente, sábado, los enfrentamientos y tiroteos se extendieron por todos los barrios céntricos de la ciudad. El paro en el comercio, taxis, tranvías y autobuses era general y hubo intentos de incendiar algunos conventos.

Los incidentes continuaron hasta el 14, pero la batalla entre autoridades e insurrectos se desató también en numerosos pueblos de la región. Dejando de lado aquellos lugares en los que sólo hubo alteraciones del orden o meras adhesiones al movimiento revolucionario, los hechos adquirieron mayor gravedad allí donde se intentó proclamar el comunismo libertario. Así ocurrió en varias localidades de Huesca, Teruel y La Rioja. Fuera del área de influencia, los ecos insurreccionales alcanzaron puntos aislados de Extremadura, Andalucía, Cataluña y la cuenca minera de León. El 15 de diciembre se habían apagado. Cinco días había durado la insurrección que cerró el ciclo de ensayos de comunismo libertario. Fue la que más huella dejó de las tres: 75 muertos y 101 heridos entre los que subvirtieron el orden; 11 guardias civiles muertos y 45 heridos; 3 guardias de asalto muertos y 18 heridos. La CNT estaba rota, desarticulada, sin órganos de expresión. Retazos, en suma, de lo que dos años antes prometía ser una fuerza devastadora.

Como ya había ocurrido en las dos ocasiones anteriores, los dirigentes sindicalistas más moderados, que habían sido expulsados de la CNT, reaccionaron con dureza. «Entre la FAI y las masas de la CNT —escribió Joan Peiró días después de la insurrección— impera el más profundo de los divorcios». Acusó a aquella de emplear «dinero a espuertas en una campaña antielectoral que sólo podía favorecer a la reacción». Las revoluciones, concluía, «se hacen sumando fuerzas no dividiéndolas» y esa era «la lección severa» que tenía que asumir «la grey faísta». Peiró no hacía sino ser fiel a la valoración oficial de la Federación Sindicalista Libertaria, la organización que agrupaba a los sindicatos escindidos de la CNT: aquello había sido «un movimiento de pequeños grupos, de guerrilleros»; nada que ver con un movimiento de masas.

Todos los sucesos trágicos que acompañaron a esas insurrecciones anarquistas tuvieron como origen el enfrentamiento con las fuerzas armadas. No hubo excesos ni venganzas anticlericales y tampoco sus autores ejercieron violencia alguna contra los propietarios o los símbolos de la explotación económica, por nombrar algunos blancos contra los que sí apuntó el anarquismo en la revolución emprendida tras el golpe de Estado de julio de 1936. Que la violencia no se ejerciera en ese sentido, sin embargo, no dulcifica el carácter de ese método de coacción contra la autoridad establecida. Detrás de él había, esencialmente, un repudio del sistema institucional representativo y la creencia de que la fuerza era el único camino para liquidar los privilegios de clase y los abusos consustanciales ál poder.

Insurrección anarquista en Zaragoza. (La Estampa, 16 de diciembre de 1933).

Que la preparación y puesta en marcha de esas insurrecciones fue obra de grupos anarquistas iluminados por visiones catastrofistas es algo difícil de discutir. Detrás de esa supuesta revolución no había, ni podía haber, muchos campesinos o trabajadores de las ciudades. Quienes habían decidido la oportunidad del movimiento insurreccional no mostraron la misma capacidad para organizado. Entre otras razones, porque no había mucho que organizar. Una cosa era una huelga, un conflicto por las malas condiciones de vida, por el incumplimiento de las bases de trabajo o una protesta contra la represión, y otra muy distinta una insurrección armada. Una acción desvinculada absolutamente de la usual práctica obrera basada en el sindicalismo, que era al fin y al cabo donde residía la fuerza de la CNT, no podía ser apoyada por los sindicalistas moderados, que fueron desplazados de la dirección por negarse precisamente a adoptar esa táctica, que ellos consideraban errónea y suicida, de enfrentamiento abierto con el poder republicano.

Y es que el ciclo insurreccional contribuyó a desgarrar las heridas que habían sido abiertas en el verano de 1931, cuando treinta dirigentes de la CNT firmaron un escrito, «el manifiesto de los Treinta», en el que criticaban el «concepto simplista, clásico y un tanto peliculero, de la revolución», que se había instalado en algunos grupos de la FAI y de los llamados hombres de acción que encabezaban Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso y Juan García Oliver. Para los firmantes de ese manifiesto, entre quienes se encontraban Ángel Pestaña, Joan Peiró, Juan López y Francisco Arín, la algarada y el motín, «la preparación rudimentaria», debían dar paso a la previsión, a la disciplina y a la organización.

Las huelgas, las insurrecciones, el enfrentamiento con la República y las disputas por el poder inauguraron una etapa de recriminación y reproches entre los diferentes sectores en pugna, especialmente «treintistas» y la FAI, que aspiraban a controlar los importantes recursos movilizadores con que la CNT contaba en algunas ciudades españolas. Varias decenas de miles de militantes abandonaron la disciplina cenetista. Más dura, por lo que eso suponía para las ideas anarquistas, fue la posición que asumió Ángel Pestaña con la creación del Partido Sindicalista. Seguido sólo por unos cuantos, escandalizó y enfadó a muchos de sus compañeros, pero inauguró una nueva ruta que, en condiciones de estabilidad electoral y de no haber sido interrumpida por la guerra civil, hubiera podido forzar notables cambios en la relación hasta entonces infeliz entre sindicalismo y política.

Después de la insurrección de diciembre de 1933, la CNT estaba sumergida en una profunda crisis, escindida y sin recursos para plantear alternativas sólidas a los avances de la derecha y de la patronal. Tras el fin del ciclo insurreccional, durante el bienio gobernado por los republicanos radicales y la CEDA, las injurias y calumnias bajaron de tono. En el Pleno Nacional de Regionales de enero de 1936, la representación asturiana pidió «que se invite a los sindicatos de oposición a ingresar de nuevo en la CNT». Salvo el grupo de Pestaña, volvieron casi todos los que a comienzos de la República estaban en la dirección de la CNT, encabezados por Joan Peiró. En total, 69 621 afiliados y 85 sindicatos reingresaron en la organización en el Congreso que se celebró en Zaragoza en mayo de 1936.

La victoria de la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 permitió de nuevo a la CNT ocupar el espacio público, movilizar a sus afiliados y reorganizar sus efectivos. Atrás quedaban el tono victimista de sus declaraciones y el lenguaje agresivo contra republicanos y socialistas. Los vientos que soplaban entre los sindicatos de la CNT eran muy diferentes a los de 1933. Los centros obreros se reabrían. Las heridas ocasionadas por la escisión se cerraban. La prensa confederal, con censuras, pero sin suspensiones, se recuperaba. El Congreso de mayo de Zaragoza, en el que pudieron reunirse 649 delegados que representaban a 988 sindicatos y 559 294 afiliados, daba de nuevo motivos para el optimismo, incluso para la euforia.

El golpe de Estado de julio de 1936 cambió bruscamente ese rumbo. Lo que en la primavera de 1936 era debilidad, incertidumbre, vuelta a empezar, se tornó en el verano en fortaleza y revolución social. La guerra civil que siguió a esa sublevación impuso una lógica militar y frente a ella el sindicalismo de protesta y la clásica crítica al poder político quedaron inservibles. Una vez puesto en marcha ese engranaje de rebelión militar y respuesta revolucionaria, las armas fueron ya las únicas con derecho a hablar.

GUERRA Y REVOLUCIÓN

La sublevación militar no derribó al Estado republicano pero, al ocasionar una división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, destruyó su cohesión y le hizo tambalearse. El jefe de gobierno, el republicano Santiago Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartieran armas entre las organizaciones obreras. Poco más pudo hacer porque la celeridad de los acontecimientos se lo tragó. Dimitió el 18 de julio por la noche. La mañana del 19 de julio aceptó el encargo de formar gobierno José Giral, amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. En ese gobierno sólo había republicanos de izquierda, prácticamente los mismos que estaban ya con Casares Quiroga, y fue Giral quien dio el paso decisivo de armar a los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la indecisión de otros lo permitió. Madrid y Barcelona, constituyen buenos ejemplos, aunque también Valencia, Jaén o San Sebastián.

Resulta innecesario, por lo tanto, seguir alimentando mitos. No fue el pueblo, «el pueblo en armas», quien venció solo a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. El Estado republicano, sin embargo, al perder el monopolio de las armas, no pudo impedir que allí donde los insurgentes fueron derrotados se abriera un proceso revolucionario, súbito y violento, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados. Las calles se llenaron de hombres y mujeres armados, nuevos protagonistas, muchos de los cuales se habían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado. No estaban allí exactamente para defender la República, a quien ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la revolución. Adonde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. Los medios políticos dejaban paso a los procedimientos armados.

Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. No era la primera vez, ni sería la última, que eso pasaba en la historia. Es muy probable que sin ese golpe, y sin ese colapso de los mecanismos de coerción del Estado, la apertura del proceso revolucionario nunca se hubiera producido. Por supuesto, si hubiera habido unanimidad a favor de la sublevación en las fuerzas armadas, cualquier resistencia hubiera sido vencida fácilmente. Las milicias sindicales, incluso armadas, no hubieran podido hacer nada frente a un ejército unido. Las organizaciones revolucionarias tenían capacidad para minar y desestabilizar a la República, pero no para echarla abajo y sustituirla. En el ejército español de julio de 1936 no había apenas conexiones con las propuestas revolucionarias, mientras que un buen número de jefes y oficiales mostraba claras simpatías por la causa autoritaria y contrarrevolucionaria.

Barcelona, 19-20 de julio de 1936.

«Si la sublevación militar ha desembocado en una gran guerra, se debe sobre todo a nuestra intervención combativa», afirmaba el anarquista Diego Abad de Santillán al recordar aquellos hechos, alimentando la leyenda de que todo se redujo a un enfrentamiento entre el ejército sublevado y el pueblo trabajador organizado en la CNT: «No fue la República la que supo y la que fue capaz de defenderse contra la agresión; fuimos nosotros los que, en defensa del pueblo, hemos hecho posible el mantenimiento de la República y la organización de la guerra».

De esa victoria de los libertarios al frente del pueblo trabajador quedó para la posteridad la imagen de una delegación de la CNT-FAI acudiendo al palacio de la Generalitat a entrevistarse con el presidente Lluís Companys. Iban «armados hasta los dientes … descamisados y sucios de polvo y humo», según el relato que entonces escribió Juan García Oliver. Companys los recibió «emocionado» para decirles que, aunque en el pasado nunca habían sido tratados como se merecían, «hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña porque sólo vosotros habéis vencido a los militares fascistas». «Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo». Y la CNT y la FAI, que tenían al fascismo vencido, al pueblo en las calles y al poder político rendido a sus pies, «se decidieron por la colaboración y la democracia, renunciando al totalitarismo revolucionario … a la dictadura confederal y anarquista». Pudiendo «ir a por el todo», abandonaron esa ambición en un acto de «ética libertaria».

Abad de Santillán, que estuvo en esa reunión, explicó el porqué de ese comportamiento tan «ejemplar»: «Nosotros no creíamos en la dictadura cuando se ejercía contra nosotros y no la deseábamos cuando la podíamos ejercer nosotros en daño de los demás. La Generalidad se quedaría en su puesto con el presidente Companys a la cabeza y las fuerzas populares se organizarían para continuar la lucha por la liberación de España». Así surgió el 21 de julio el Comité Central de Milicias Antifascistas, compuesto por cinco anarquistas, tres dirigentes de la UGT, uno del PSUC, uno del POUM, uno de Esquerra Republicana, uno de la Unió de Rabassaires, uno de Acció Catalana y varios asesores militares. Según la literatura anarquista, con él nacía un modelo de organización y de poder revolucionarios, frente al gobierno «central» de José Giral en Madrid. En realidad, en los dos meses que funcionó, hasta su disolución a finales de septiembre con la entrada de los anarquistas en el gobierno de la Generalitat, poco o nada hizo para «ordenar» la actividad económica y política de Cataluña. Sus decretos fueron más bien orientados a crear mecanismos de control del orden revolucionario, reclutar y adiestrar milicias, donde destacaron García Oliver y Abad de Santillán, y dirigir el «mando único» de las operaciones de guerra en tierras aragonesas.

Muchos anarquistas vieron sus sueños cumplidos. Soñaron despiertos. Duró poco, pero esos meses del verano y otoño de 1936 fueron lo más parecido a lo que ellos creían que era la revolución y la economía colectivizada. Poco importaba que la revolución se llevara por medio a miles de personas, «excesos inevitables», «explosión de las iras concentradas y de la ruptura de cadenas», en palabras de Abad de Santillán. La necesaria destrucción de ese orden caduco era algo insignificante, en cualquier caso, comparado con la «reconstrucción económica y social» que se emprendió en julio de 1936, sin precedentes en la historia mundial. Esa es la imagen feliz del paraíso terrenal que transmitió la literatura anarquista, las declaraciones de Buenaventura Durruti a los corresponsales extranjeros, o en la prensa que podían leer los obreros de Barcelona y los milicianos en el frente de Aragón: «Los trabajadores se posesionaron de toda la riqueza social, de las fábricas, de las minas, de los medios de transporte terrestre y marítimo, de las tierras de los latifundistas, de los servicios públicos y de los comercios más importantes».

Milicianos en el Frente de Aragón.

En realidad, a esas transformaciones políticas y sociales del verano de 1936 y a la creación y organización de milicias, consideradas las máximas manifestaciones del poder popular, siempre les acompañó la violencia. La tea purificadora alcanzó en esas primeras semanas a políticos conservadores, militares, propietarios, burgueses, comerciantes, clero, trabajadores significados en las fábricas por sus ideas moderadas, católicos, técnicos y jefes de personal de las diferentes industrias. Antes de construir, había que eliminar de raíz el mal social y a sus principales causantes. Y la sangre corrió derramada por los múltiples comités de empresa, barrio y pueblo que se crearon al calor de la revolución; por los «grupos de investigación y vigilancia» encargados de limpiar la atmósfera de gente «malsana». Cualquiera podía llevar una pistola o fusil en aquel momento.

En las primeras semanas de guerra, por lo tanto, la «caza de fascistas», la defensa de la revolución y la persecución de sus adversarios fueron fenómenos inextricablemente unidos y en la práctica resultaba muy difícil de hallar la línea divisoria. Esa violencia empezó con la eliminación de quienes habían participado en la sublevación contra la República, siguió como una tarea urgente para suprimir la contrarrevolución y desembocó en una cuestión de ley y orden revolucionarios. Había llegado por fin la hora de que el pueblo se liberara de sus cadenas y muchos compartieron entusiasmados esa retórica extremista. El fuego purificador alcanzó con especial virulencia al clero. De los reproches éticos y las actitudes ofensivas, elementos comunes a la cultura anticlerical de republicanos, socialistas y anarquistas desde principios de siglo, se pasó definitivamente a la acción.

El recuerdo de esa revolución provoca, por lo tanto, posiciones enfrentadas: convulsión destructiva y radical para unos; demostración, para otros, de la capacidad creadora de los trabajadores en industrias y tierras sin dueños; autogestión obrera o imposición de los postulados de una minoría dirigente. Es una ambivalencia, por otro lado, presente en todos los fenómenos revolucionarios y períodos de cambio social que históricamente han ido acompañados de guerras y presiones internacionales. La revolución española, que los anarquistas consideraron exclusivamente suya, tuvo en las milicias, en las colectivizaciones y en los comités sus principales señas de identidad.

Las milicias eran la parte más importante de lo que los anarquistas llamaban «el pueblo en armas», columnas formadas por obreros, campesinos y residuos de unidades del ejército y de las fuerzas de seguridad no sublevadas. Las milicias dominaron en aquellos primeros meses de la guerra extensos territorios, crearon comités revolucionarios en los pueblos por donde pasaban, los sustitutos de los viejos ayuntamientos, ajustaron cuentas con las gentes de orden, con los derechistas y el clero, y propagaron la revolución expropiadora y colectivista. Todos los máximos dirigentes de esas columnas anarquistas, desde Durruti y Ricardo Sanz, que le sucedió al mando de la futura 26 División tras su muerte, pasando por Antonio Ortiz, Cipriano Mera o Gregorio Jover, que mandó después la 28 División —columna «Ascaso»—, fueron «hombres de acción», miembros de los principales grupos anarquistas de la FAI durante la Segunda República.

Esa atmósfera cálida del verano de 1936 envolvió también el nacimiento de las colectivizaciones campesinas. La explotación en común se organizó principalmente en aquellas tierras de propietarios absentistas, asesinados o huidos, o en las fincas incautadas directamente por grupos armados y por los comités revolucionarios. Evidentemente, las coacciones fueron mayores en las comarcas elegidas por las columnas como centro de operaciones.

Las colectivizaciones sólo pudieron crearse por el desmoronamiento de la legalidad vigente que siguió al golpe de Estado y no fueron el resultado natural del empuje o intensidad de las luchas sociales, aunque, antes de julio de 1936, estas habían dejado más huella en las zonas latifundistas de Castilla-La Mancha o Andalucía que en el campo catalán, valenciano o aragonés. De esos nuevos poderes locales amparados por las armas nacieron las incautaciones y de estas surgieron las explotaciones colectivas.

Esa inversión del orden social fue también un fenómeno genuino de la revolución en la Cataluña industrial. En los primeros momentos cundió la desorganización, con los propietarios, directores y gerentes eliminados o abandonando sus puestos temerosos de su destino. Era la hora de los sindicatos o, para ser más precisos, de aquellos militantes que ya se habían destacado en las luchas sociales de los años republicanos. El Pleno Regional de Grupos Anarquistas de Cataluña, celebrado el 21 de agosto de 1936, primer testimonio documental sobre este tema, discutió y aprobó «la incautación y colectivización de los establecimientos abandonados por sus propietarios … el control obrero de los negocios bancarios … y el control sindical obrero sobre todas las industrias que continúen explotadas en régimen de empresa privada».

La Generalitat tardó en reaccionar. Un mes después de la incorporación de la CNT a su gobierno, se promulgó, el 24 de octubre de 1936, el Decret de Col-lectivitzacions i Control Obrer del Consell d’Economia, fruto de ásperas discusiones entre las fuerzas políticas en él representadas, que proporcionaba aires de legalidad a los cambios revolucionarios. De acuerdo con su contenido, deberían colectivizarse las empresas cuyos propietarios hubiesen sido declarados fascistas por la sentencia de un tribunal popular o las hubieran abandonado; las empresas que antes del 30 de junio tenían más de cien trabajadores; y las empresas de cincuenta a cien trabajadores, si así lo decidían las tres cuartas partes de la plantilla. A las sucursales de empresas extranjeras se les daba un trato especial, precaución que ya había sido defendida por la CNT desde las primeras manifestaciones del control sindical.

Muchos anarquistas creyeron que, con la destrucción de la legalidad vigente y ese cambio de propietarios, la revolución era ya una cosa hecha. Los acontecimientos de julio de 1936 habían proporcionado, efectivamente, un ascenso fulminante de la CNT. En Cataluña, en la mitad oriental de Aragón y en algunas comarcas del País Valenciano, sus militantes de siempre se imaginaban dueños absolutos de la situación. Ya no eran «desheredados», carne de presidio, blanco favorito de la reacción y de los gobernantes. Ahora el pueblo —es decir, ellos— estaba armado y nada ni nadie podría detenerlo. Todos querían tener un carné de la histórica CNT. El periódico Solidaridad Obrera, que se repartió gratis en los primeros días en las calles de Barcelona, alcanzó pronto su apogeo, con tanta gente ávida de noticias frescas sobre la guerra y la revolución. Su tirada se disparó: los 31 000 ejemplares de comienzos de julio pasaron a 70 000 pocos días después de la sublevación y a 150 000 a finales de agosto.

Pero por muy destructiva y radical que se manifestara en el verano de 1936, la revolución no había hecho sino empezar. Los hechos enseguida demostraron que el horizonte no estaba tan despejado. La brecha abierta por los revolucionarios con la victoria lograda en Barcelona ni siquiera pudo extenderse hasta Zaragoza. Después de unas semanas en que todas las organizaciones políticas parecían aprobar esas formas de expresión de poder popular, de derribo del viejo orden, muy pronto quedó claro que el proceso revolucionario, o lo que otros definían como un combate contra el fascismo en una guerra civil, era en primer lugar una lucha por el poder político y militar. Una pugna por controlar las armas y los cambios por ellas favorecidos; por reconstruir ese Estado debilitado por la sublevación y el empuje popular.

ANARQUISTAS EN EL GOBIERNO

Como José Giral, el presidente de gobierno, no representaba a esa nueva movilización social y política abierta con la rebelión militar, dirigida también contra lo que quedaba del propio Estado republicano, ni a los múltiples poderes revolucionarios y sindicales que emergieron, los únicos que mandaban en ese escenario caótico del verano de 1936, tuvo que dimitir y dejar paso a Francisco Largo Caballero, quien formó gobierno el 4 de septiembre de 1936. Fue el primer y único gobierno de la historia de España presidido por un dirigente obrero y la primera vez que había ministros comunistas en un país de Europa occidental, aunque más extraordinario resultó lo que ocurrió después, cuando llegaron al gobierno los anarquistas.

El 4 de noviembre de 1936 cuatro dirigentes de la CNT entraron en el nuevo gobierno de la República en guerra presidido por el socialista Francisco Largo Caballero. Era un «hecho trascendental», como afirmaba ese mismo día Solidaridad Obrera, el principal órgano de expresión de la CNT, porque los anarquistas nunca habían confiado en los poderes de la acción gubernamental y porque era la primera vez que eso ocurría en la historia mundial. Anarquistas en el gobierno de una nación: un hecho trascendental e irrepetible.

Pocos hombres ilustres del anarquismo español se negaron entonces a dar ese paso y las resistencias de la «base», de esa base sindical a la que siempre se supone revolucionaria frente a los dirigentes reformistas, fueron también mínimas. El verano, sangriento pero mítico verano revolucionario de 1936, ya había pasado. Anarquistas radicales y sindicalistas moderados, que se habían enfrentado y escindido en los primeros años republicanos, estaban ahora juntos, esforzándose por obtener los apoyos necesarios para poner en marcha sus nuevas convicciones políticas. Se trataba de no dejar los mecanismos del poder político y armado en manos de las restantes organizaciones políticas, una vez que quedó claro que lo que sucedía en España era una guerra y no una fiesta revolucionaria.

El Comité Nacional de la CNT eligió los cuatro nombres destinados a tan sublime misión: Federica Montseny, Juan García Oliver, Joan Peiró y Juan López. En esos cuatro dirigentes estaban representados de forma equilibrada los dos principales sectores que habían pugnado por la supremacía en el anarcosindicalismo durante los años republicanos: los sindicalistas y la FAI. Joan Peiró y Juan López, ministros de Industria y Comercio, quedaban como indiscutibles figuras de aquellos sindicatos de oposición que, tras ser expulsados de la CNT en 1933, habían vuelto de nuevo al redil poco antes de la sublevación militar. Juan García Oliver, nuevo ministro de Justicia, era el símbolo del «hombre de acción», de la «gimnasia revolucionaria», de la estrategia insurreccional contra la República, que había ascendido como la espuma desde las jornadas revolucionarias de julio en Barcelona. A Federica Montseny, ministra de Sanidad, la fama le venía de familia, por ser hija de Federico Urales y Soledad Gustavo, y de su pluma, que había afilado durante la República para atacar, desde el anarquismo más intransigente, a todos los traidores reformistas. Ella iba a ser además la primera mujer ministra en la historia de España.

Del paso de la CNT por el gobierno quedaron escasas huellas. Entraron en noviembre de 1936 y se fueron en mayo de 1937. Poco pudieron hacer en seis meses. Se ha recordado mucho más lo que significó la participación de cuatro anarquistas en un gobierno que su actividad legislativa. Como la revolución y la guerra se perdieron, nunca pudieron aquellos ministros pasear su dignidad por la historia. Y como no podía ser menos, a semejante acto de ruptura con la tradición antipolítica se le achacaron todas las desgracias. Para la memoria colectiva del movimiento libertario, derrotado y en el exilio, de aquella traición, de aquel error sólo podían derivarse funestas consecuencias.

Anarquistas en el gobierno republicano. De izquierda a derecha y de arriba abajo: F. Montseny, García Oliver, J. Peiró y J. López-Sánchez.

Se menospreció así, en ese ajuste de cuentas con el pasado, lo que de necesario y positivo hubo en aquel giro extraordinario. Necesario, porque la revolución y la guerra, que los anarquistas no habían provocado, obligaron a articular una solución que, evidentemente, debía alejarse de las doctrinas y actitudes que históricamente les habían identificado. Positivo, porque esa defensa de la responsabilidad y de la disciplina, que convirtió precisamente la participación en el gobierno en uno de sus símbolos, mejoró la situación en la retaguardia, evitó bastantes más derramamientos inútiles de sangre de los que hubo y contribuyó a mitigar la resistencia que la otra estrategia disponible, la maximalista y de enfrentamiento radical con las instituciones republicanas, había alimentado.

Es evidente que un análisis de este tipo, que separa al historiador del juicio de autenticidad sobre la pureza doctrinal de aquellos protagonistas, lleva a considerar otras facetas olvidadas. Como la de que fuera un «anarquista de acción» como García Oliver quien consolidara los tribunales populares o creara los campos de trabajo, en vez del tiro en la nuca, para los «presos fascistas». O que a un sindicalista de toda la vida como Joan Peiró le correspondiera regular las intervenciones e incautaciones de las industrias de guerra. O que una mujer, en fin, escalara a la cúspide del poder político, un espacio negado tradicionalmente a las mujeres y que Franco volvería a negar durante décadas, desde donde pudo emprender una política sanitaria de medicina preventiva, de control de las enfermedades venéreas, una de las plagas de la época, y de reforma eugenésica del aborto que, pese a quedarse en una mera iniciativa, avanzó algunos debates todavía presentes en nuestra sociedad actual.

Los trágicos sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, una «guerra civil» dentro del bando republicano, que dejaron decenas de muertos y heridos por las calles, aceleraron la pérdida del poder político y armado de los anarcosindicalistas. Esa violencia política en la retaguardia era la mejor prueba de que la República tenía un grave problema en su desunión interna, un verdadero obstáculo para ganar la guerra. La perdieron los republicanos, finalmente, por el desequilibrio de las fuerzas materiales de los dos bandos, por la política de no intervención de las potencias democráticas, por la intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista, porque Franco tenía las tropas mejor preparadas del ejército español. Pero también, por el fraccionamiento político y las disputas que siempre acompañaron a la República. Las grietas, como se comprobó en mayo de 1937, eran profundas, un abismo de desconfianza y división muy difíciles de salvar.

Bastante antes de perder la guerra, la revolución ya había dejado de ser para los anarquistas la referencia ineludible, aquella fuerza devastadora que se había llevado por delante en el verano de 1936 el viejo orden. Desapareció de la agenda de la CNT, incluso de su discurso.

El movimiento entró, desde la primavera de 1938, en fase de liquidación. Cada vez quedaba menos territorio que defender. Algunos de los periódicos libertarios no superaron esos difíciles meses y ni siquiera llegaron hasta el final. La penuria alcanzó también a Solidaridad Obrera, que había vivido su edad de oro, plena de abundancia, en los primeros meses de la revolución. Desde mayo de 1937 comenzó a faltarle el papel y la censura se ensañó con el diario que había encarnado el poder de la CNT. El 24 de marzo de 1939 apareció su último número. Unos días después, el 14, se publicó en sus locales de la calle Consell de Cent Solidaridad Nacional, el «Diario de la Revolución Nacional Sindicalista».

Todo se había acabado. Tras la conquista por el ejército de Franco de todo el territorio fiel a la República, el orden social fue restablecido con la misma rapidez con la que había sido derrocado. Las cárceles, las ejecuciones y el exilio metieron al anarcosindicalismo en un túnel del que ya no volvería a salir.

Libertarias y anarcofeminismo

Mary Nash

Universidad de Barcelona

LA HISTORIOGRAFÍA HA PUESTO ha puesto de relieve la heterogeneidad de las tendencias políticas libertarias como característica decisiva del anarquismo español, que aglutinaba distintos grupos de afinidad, planteamientos estratégicos plurales y una diversidad organizativa y de corrientes de pensamiento. Aunque no haya sido central en los relatos historiográficos, este artículo plantea la necesidad de entender el anarcofeminismo como componente decisivo del movimiento libertario español y que debe tenerse en cuenta en las metas narrativas del obrerismo del siglo XX, tanto desde la perspectiva de pensamiento como desde la capacidad de generar acción colectiva, con independencia de que nunca fuera reconocido a nivel organizativo por el propio movimiento libertario.

Destacar la importancia del anarcofeminismo no significa adjudicar una postura feminista en clave anarquista a las libertarias en su conjunto. De igual modo que existía una heterogeneidad de tendencias libertarias, también cabe señalar la misma disparidad de planteamientos en torno al anarcofeminismo y al proceso emancipatorio femenino. Las diversas posturas de las propias libertarias en cuanto a la defensa del anarcofeminismo o a su rechazo, la fisura entre declaraciones y prácticas igualitarias de género y los múltiples posicionamientos en torno a la emancipación femenina obligan a enfocar el anarcofeminismo y los procesos emancipatorios femeninos tanto desde la pluralidad conceptual y de prácticas como desde el enfoque de su propia negación. La dimensión de género se inscribió en las diversas formas de entender la utopía y la práctica anarquista, en encrucijadas que comportaron posturas contestadas, estrategias diferenciadas y desavenencias entre teoría y práctica emancipatoria libertaria. Este estudio intenta identificar las características y pautas de las diferentes fases del anarcofeminismo y del papel social de las libertarias, a partir de sus múltiples estrategias de conquista de la libertad femenina desde los términos que ellas mismas formulaban. Por tanto, se centra en los fundamentos que justificaban sus propuestas para descifrar la variedad de lógicas a las cuales se subscribían las libertarias en distintos contextos históricos. Este artículo parte de la existencia de relaciones de poder de género en el seno del anarquismo, que condujeron a la protesta y a la resistencia de algunos núcleos de libertarias. La actitud contestataria plantea la cuestión de la actuación de las libertarias como sujetos de trasformación de la cultura política anarquista y del significado de su protagonismo en la producción de señas de identidad libertaria de signo anarcofeminista. Me ha interesado seguir el desarrollo de la voz propia de resistencia de las libertarias en su intento de formular una narrativa de la libertad anarquista y valorar el impacto y el significado de su discurso alternativo en la creación de un discurso de signo anarcofeminista.

DOMESTICIDAD Y CULTURA PATRIARCAL EN LA TRADICIÓN ANARQUISTA

En las últimas décadas del siglo XIX el anarquismo constituía el segmento del movimiento obrero español que había demostrado mayor sensibilidad ante la igualdad de género. Esta comprensión en torno a la necesaria emancipación femenina era compatible, sin embargo, con el fuerte arraigo de una cultura patriarcal. El lenguaje de la igualdad y de la libertad del individuo figuraba en muchos escritos anarquistas. En este marco, estaba implícita la idea de la igualdad de género y del rechazo al trato discriminatorio hacia las mujeres. Sin embargo, este discurso emancipatorio no lograba despegarse de la lógica de género operante y del predominio de una cultura patriarcal. En efecto, el apego a estereotipos de género fue una gran dificultad para lograr el debido reconocimiento de la igualdad de las mujeres en el discurso y en la práctica libertaria. En el siglo XIX, al compás de las ideas misóginas de Proudhon, se extendía en los ámbitos anarquistas el ideario doméstico de mujer que la limitaba a ser «gestatriz» o nodriza. Inscrito en una visión esencialista que naturalizaba el cometido social femenino en sus funciones reproductivas y maternales, este discurso personificaba las mujeres como seres domésticos. Si bien no siempre se puede remitir al pensamiento misógino de Proudhon, sí es cierto que existía un fuerte arraigo al tradicional discurso patriarcal de la domesticidad femenina en muchos ámbitos libertarios. Para empezar, la inferior figura doméstica de «ángel del hogar» encarnaba la identidad femenina predestinada por la naturaleza y la biología a la maternidad y a la exclusiva dedicación a la familia y al hogar. En contraste con esta figura subalterna, el trabajador encarnaba el arquetipo masculino de individuo superior y único sostén económico de la familia, en un discurso patriarcal que vertebraba la identidad masculina a partir del trabajo asalariado como patrimonio suyo. En el I Congreso Internacionalista de Barcelona en 1870, la intervención de A. Bastelica rechazaba al trabajo asalariado femenino con estos argumentos de domesticidad forzosa: «Así, opino que la mujer no ha nacido para trabajar, que tiene una misión moral e higiénica que cumplir en la familia, educando a la niñez, amenizando a la familia con sus prendas y su amor». También aportó otro argumento que se hizo frecuente en la cultura obrera en décadas posteriores: la mujer que aspiraba a entrar en el mercado de trabajo representaba una competencia desleal que provocaba la miseria y la degradación obrera. El recelo obrero hacia el trabajo asalariado femenino se puso de manifiesto en un artículo publicado en La Democracia en octubre de 1884 que reivindicaba, en nombre de los obreros, la dedicación exclusiva de «la más débil mitad del género humano, el ángel del hogar» a los trabajos «propios de su sexo». Unos años mas tarde, en enero de 1887, la revista Acracia proclamaba que era en provecho de los propios intereses económicos del obrero sacar a las obreras de las fábricas: «Además, es un hecho probado que en los trabajos en que la mujer puede hacerle la competencia, el hombre gana un jornal más reducido que en aquellos otros en que esta competencia no es posible; de modo que el obrero, aunque sólo fuera por egoísmo; debería tratar de sacar a la mujer del taller o de la fábrica, para que pudiera dedicarse única y exclusivamente a los quehaceres domésticos…».

En las primeras décadas del siglo XX este ideario doméstico afloró en prácticas sindicales que rechazaban la presencia de las obreras en las fábricas y en los talleres y les negaba un perfil laboral. Muchos trabajadores anarquistas tenían como máxima aspiración recluir a las mujeres en el hogar, con el afán de preservar el monopolio masculino del mercado laboral y sus privilegios salariales. Así, por ejemplo, con motivo del rechazo de numerosas obreras a la Ley del 11 de julio de 1912, que limitaba el trabajo nocturno femenino, un mitin comarcal de la CNT en Cataluña se amparó en este acostumbrado ideario doméstico para defender la supresión del trabajo nocturno femenino: «Con la implantación de dicha ley centenares de hombres hallarían colocación cosa que hoy carecen de ella y por lo tanto dejarían de ser hombres-mujeres dedicados a los quehaceres domésticos propios de la mujer, con ello ganarían el pan para la familia mientras la mujer podría estar en casa y cumplir de verdad los sagrados deberes de esposa y madre, cosa que no ocurre hoy así, con la actual distribución de trabajo fabril». Los anarcosindicalistas consideraban esta ley como un excelente pretexto para reforzar la sagrada domesticidad femenina y, de este modo, preservar sus privilegios laborales. Además, al expulsar a las obreras del trabajo nocturno, pensaban que se salvaban de la amenaza a su masculinidad que provocaba su competencia, ya que les había transformado en «hombres-mujeres» de dudosos atributos masculinos. Resolvían así el hecho anómalo del trabajo asalariado que desviaba a las mujeres de sus «sagrados deberes de esposa y madre» y reafirmaban su identidad masculina y sus prerrogativas como trabajadores.

Junto a estas prácticas discriminatorias coexistían otras proclamaciones anarquistas que se inscribían en una tradición bakuninista más igualitaria, al apostar por la igualdad y la emancipación de las mujeres. En el Congreso de Zaragoza de 1872, el dictamen «De la mujer» acordó la célebre manifestación de principios igualitarios que concebían la incorporación femenina al mercado laboral como herramienta clave para su emancipación: «La mujer es un ser libre e inteligente, y como tal, responsable de sus actos, lo mismo que el hombre; pues, si esto es así, lo necesario es ponerla en condiciones de libertad para que se desenvuelva según sus facultades. Ahora bien, si relegamos a la mujer exclusivamente, como hasta aquí, a la dependencia del hombre, y, por lo tanto, quitarle su libertad: ¿Qué medio hay para poner a la mujer en condiciones de libertad? No hay otro más que el trabajo».

Siguiendo esta tradición, en 1910 el Congreso de la CNT amparó el derecho de las mujeres al trabajo asalariado y su independencia económica como vía para conseguir su autonomía: «Nosotros consideramos que lo que ha de constituir precisamente la redención moral de la mujer —hoy supeditada a la tutela del marido— es el trabajo que ha de elevar su condición de mujer al nivel del hombre, único modo de afirmar su independencia». Estas afirmaciones a favor de la emancipación lograron un exiguo impacto social. De hecho, la historiografía de género ha coincidido en señalar que durante las primeras décadas del siglo XX los discursos normativos igualitarios de la izquierda apenas modificaron las prácticas discriminatorias de género. El anarcosindicalismo no fue una excepción en este sentido, al mostrar un escaso compromiso hacia la implantación de prácticas laborales, sindicales y políticas igualitarias. En el contexto de la pervivencia de una cultura política patriarcal y de prácticas cotidianas discriminatorias, la conducta hostil o paternalista del movimiento libertario y su rechazo o indiferencia hacia sus demandas impulsaron la resistencia de las libertarias con la creación de espacios de disconformidad y de asociaciones contestatarias respecto al rol subsidiario y al trato discriminatorio hacia ellas.

VOCES DE LIBERTARIAS CONTRA LA CULTURA PATRIARCAL: EL DESPERTAR FEMINISTA

A pesar de una cierta disposición igualitaria en el entorno anarquista, funcionaban complejos mecanismos culturales que reforzaban una mentalidad patriarcal de subordinación femenina. Lo significativo, a mi modo de ver, es que desde esta asignación de sujeto subalterno, las libertarias lograron expresar voces críticas contra el discurso de género tradicional para aportar otro significado al ideario anarquista de emancipación y libertad humana. Entre ellas, algunos individuos y colectivos relacionaron su experiencia vivida de opresión desde la perspectiva de una doble represión —social y de género—, aunque sus voces plurales de resistencia no siempre coincidían en la formulación del anarcofeminismo como vía de emancipación femenina.

Los antecedentes del protagonismo social y del despertar en torno a su emancipación se vislumbraban a finales del siglo XIX, con la presencia de mujeres en diferentes ámbitos libertarios. La historiografía no permite aún precisar con gran exactitud su aportación a los procesos de transformación social anarquista y sigue incompleta la confección de la genealogía de las libertarias de esta época. Algunos estudios recientes han sacado a la luz la actuación de activistas y sindicalistas como Guillermina Rojas en Madrid o Isabel Vila en Llagostera (Girona). Pero falta estudiar con mayor detenimiento a las afiliadas nombradas en la documentación de la AIT. El debate en torno a la condición de la mujer prevaleció tal como queda de manifiesto en la celebración del Primer y Segundo Certamen Socialista en los años 1885 y 1889 en Reus. Entonces se destacó la ignorancia femenina como un obstáculo para el avance social. De este modo, la educación femenina se convirtió en bandera de actuación anarquista para neutralizar su influencia negativa en la lucha social: «… eduquemos a la mujer, emancipémosla de sus preocupaciones y confiémosle la bandera de la revolución social, para que … pueda leerse flotando por todos los ámbitos del Universo el santo lema de Anarquía, Federación y Colectivismo, símbolo de la redención del mundo». El propósito de estas consideraciones era claro: avanzar en la anarquía. No se trataba de proporcionar un instrumento directo para lograr la emancipación de las mujeres. Sin embargo, muchas libertarias apostaron más tarde por la educación como medio de empoderamiento de las mujeres, de igual modo que reformadoras sociales de la época como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o las librepensadoras del entorno de la Institución Libre de Enseñanza.

Tener la autoridad social y el liderazgo capaces de modificar la cultura política anarquista en un sentido más igualitario requería disponer de plataformas de expresión y de actuación. Desde la perspectiva del surgimiento de una expresión de voz propia, es decisivo profundizar en el conocimiento de la genealogía de las libertarias que pronunciaron su disconformidad ante las prácticas desiguales desde su adhesión a la causa anarquista. A principios del siglo XX las libertarias desplegaron diversas formas de resistencia y de combatividad, a partir de su propia definición de los intereses de las obreras y de sus expectativas en el marco del movimiento libertario. Lejos de ser un proceso lineal, esta vía contestataria fue incluso rebatida por otras libertarias. De carácter más bien individualista, aunque con esporádicas iniciativas colectivas para dar una respuesta asociativa al problema de las mujeres, esta dinámica no culminaría hasta 1936 con la creación de una estructura organizativa formal: la fundación de Mujeres Libres, cuyo objetivo era luchar por los intereses específicos de las mujeres desde un discurso y unas prácticas anarcofeministas.

A lo largo de estas décadas las libertarias adoptaron posturas y prácticas que discutían o negociaban su situación subalterna a partir de propuestas alternativas más igualitarias o de búsqueda de una mayor autonomía y libertad. Teresa Claramunt (1862-1931) fue una de las pioneras libertarias en desarrollar un pensamiento y unas prácticas antipatriarcales y feministas. Mujer adelantada a su época, esta tejedora originaria de Sabadell tenía un dilatado recorrido como activista social, que combinaba con una trayectoria de lucha en defensa de los intereses de las mujeres y de su libertad. Propagandista, oradora, publicista y luchadora social convencida de la utopía anarquista, que describía como experiencia vital, protagonizó numerosos actos de propaganda y se convirtió en una de las activistas libertarias de mayor renombre en el obrerismo de principios del siglo XX. Destacaba su capacidad de reflexión crítica y reivindicativa de la igualdad de las obreras, un aspecto apenas vislumbrado desde una visión obrerista en voz femenina. Otra faceta que la distinguía era la de activista social y militante obrera. Su celosa y a veces radical defensa de los intereses sindicales y sociales obreros provocó represalias, castigos, encarcelamientos y destierros. Su presencia y oratoria en los mítines hacían de ella una figura pública conflictiva. Aunque se convirtió en personaje de referencia en los ámbitos anarquistas de finales del siglo XIX, su posicionamiento político e ideológico no siempre encontró una inserción cómoda en el seno del movimiento libertario. A partir del fracaso de la huelga general de febrero de 1902 y del retroceso del societarismo obrerista, Claramunt se centró más en sus actividades publicistas, en especial en el entorno de El Productor, La Tramontana, Los Desheredados y La Anarquía.

Teresa Claramunt: retrato familiar

junto a Leopoldo Bonafulla y sus hijos.

Destaca la capacidad de esta activista libertaria de aunar teoría crítica y acción colectiva en su formulación de un feminismo obrerista de signo anarquista que intentaba compaginar el individualismo y el societarismo. Fue pionera en auspiciar el asociacionismo de las obreras. En 1884 contribuyó a impulsar la Sección Varia de Trabajadoras anarco-colectivistas de Sabadell. Mientras que otra libertaria, Federación López Montenegro, propugnaba la domesticidad subalterna de inspiración proudhoniana —«la misión de la muger (sic) es criar y educar hijos valientes, honrados y libres, ayudando al hombre en todas las faenas de consumo y no en la producción, que, por músculos, inteligencia … corresponde al hombre»—, Claramunt pretendía crear una organización como espacio de enseñanza, encuentro y formación de las mujeres. También le motivaba desplegar una conciencia social entre las obreras con el objetivo de reducir su pasividad social.

En 1891, en torno a la celebración del Primero de Mayo, se propuso la creación de una asociación que representaría a las obreras de todos los ramos y oficios con el propósito de defender sus intereses laborales. En la asamblea del 26 de abril de 1891, los 47 grupos de obreras representados airearon sus agravios y Teresa Claramunt les instó a trabajar juntas para conseguir sus demandas. La asamblea secundó la necesidad de la unión de las obreras para oponerse a la explotación en el trabajo, pero la Agrupación de Trabajadoras no llegó a desplegarse. Poco después, Claramunt apoyó a la Sociedad Autónoma de Mujeres, una iniciativa de amplio espectro ideológico junto a la masona Ángeles López de Ayala y la espiritista Amalia Domino Soler. La apertura de mirada de esta libertaria le llevó a asociarse a estas feministas heterodoxas librepensadoras, ya que les unía el objetivo de crear un feminismo anticlerical defensor de la emancipación de la mujer mediante la regeneración social en una sociedad laica, libre de influencias de la Iglesia católica. Según Claramunt y otras pensadoras de izquierda, la Iglesia jugaba un rol muy negativo al reforzar la sumisión y la desafección revolucionaria de las mujeres. Al mantenerlas en el servilismo y la ignorancia, estas feministas laicas pioneras consideraban que el camino de liberación de las mujeres pasaba por su desvinculación con el catolicismo oscurantista que las llevaba a vilipendiar a la propia Claramunt como obra del diablo: «… nos odian a nosotras porque el confesor les dice que el demonio nos tienta, que estamos condenadas … pobres víctimas del fanatismo, tan creídas están que es verdad, que cuando nos ven hacen la señal de la cruz como si fuésemos el mismo Satanás».

En 1905 Teresa Claramunt publicó La mujer. Consideraciones sobre su estado ante las prerrogativas del hombre, uno de los primeros tratados sobre la condición social de la mujer en España escrito por una obrera. Compendio de su pensamiento feminista, aunque no emplease el término, rechazaba la opresión femenina causada por el arraigado sentido de superioridad masculina: «La principal causa del atraso de la mujer está en el absurdo principio de la superioridad que el hombre se atribuye. Sobre esta base falsa constituyóse (sic) la sociedad actual, y por lo tanto, los resultados forzosamente tenían que ser contrarios a todo bien común». De discurso innovador, apuntaba al predominio masculino y a la usurpación de la autonomía femenina como mecanismos decisivos que operan en la opresión femenina. Partía de la denuncia del trato de las mujeres como seres subalternos, cuya potestad había sido enajenada por los varones: «La mujer es y ha sido para el hombre, un ser incapacitado para todo, y, salvo muy honrosas excepciones, nadie, durante tantos siglos, la ha defendido de esa usurpación de facultades. Se la ha considerado como el eterno niño». En un mundo de referencias ácratas de opresión obrera, Claramunt introdujo la analogía de la esclavitud en su visión de la cultura patriarcal reinante. De manera contundente, denunció que la mujer era la esclava del obrero esclavo y dependiente del hombre que le despojaba de su individualidad, incluso de su propio nombre: «Tú, hija, o esposa, has de ostentar mi nombre, igual que lo ostenta el perro en el collar o el caballo en la manta que les cubre el lomo; así, como estos animales, si pudiesen hablar dirían: “Yo soy de fulano”, así también debes decir tú “Yo soy fulana de fulano”; y tus hijos llevarán mi nombre, me pertenecerán. Eres mía en el sufrimiento; eres mi esclava». Como ha señalado Laura Vicente, Claramunt empezó una nueva etapa más autónoma en su vida en 1891 cuando abandonó el uso del apellido de su marido Antonio Gurri.

Rechazar la sujeción femenina no sólo significaba asumir un compromiso social según esta feminista anarquista, sino alcanzar la propia emancipación de las obreras, sólo factible mediante una lucha específicamente femenina. Claramunt era una ferviente defensora de la autonomía femenina. De hecho, al rechazar los patrones patriarcales, esta pionera feminista anticipó a principios del siglo XX algunos de los postulados del anarcofeminismo posterior de Mujeres Libres en la estrategia que combinaba el camino propio de emancipación femenina con la lucha social. Por último, hay que destacar que Claramunt se anticipó a definiciones posteriores del feminismo de la segunda ola durante la Transición democrática, cuando asentó el principio de que lo personal era político, al validar el valor de la experiencia vivida de las mujeres como fuente de conocimiento y de emancipación. En esta línea, a diferencia de los discursos de los líderes anarquistas dirigidos a las mujeres, ella se identificaba con las obreras. A partir de un proceso de identificación empática como esposa, madre y trabajadora, Claramunt creaba nexos que alentaban la creación de una identidad colectiva como mujeres y validaba su experiencia vivida. Así en El Productor, el 7 de octubre de 1887, se identificaba con las mujeres, con quienes conectaba directamente: «Compañeras, hermanas de infortunio, a vosotras me dirijo, pues como mujer, como madre y como esposa, siento las necesidades que vosotras sentís, sufro por las mismas causas que vosotras sufrís, y amo como vosotras amáis». Este lenguaje de identificación personal eliminaba las fronteras y las diferencias y unía a todas las obreras a través de la experiencia vivida como mujeres. En este sentido, no empleaba el discurso normativo anarquista, sino que empleaba un lenguaje común de género asentado en la dignificación de la mujer y su consideración como sujeto social. Claramunt desplazaba la figura trabajadora obrera protagonista de la lucha social imbricada en el discurso libertario, al proponer la categoría de sujeto para el colectivo de mujeres como protagonistas de su historia. Esta lógica de reconocimiento de la capacidad de las mujeres como sujetos sociales, la llevó a definir los intereses y la agenda de las mujeres desde sus propios términos y necesidades, punto decisivo en la construcción de una agenda de actuación feminista, aunque el solapamiento con la lucha social seguía teniendo un gran peso en la agenda de acción feminista. Durante sus largos años como militante y publicista logró asentar un liderazgo femenino excepcional en el obrerismo. Ejerció una cierta autoridad social y, si bien no logró modificar la cultura política anarquista en un sentido más igualitario de género, introdujo el debate político feminista y sembró la semilla de una concienciación y una práctica feminista entre las libertarias.

Soledad Gustavo.

Teresa Mañé (seudónimo, Soledad Gustavo) fue otra figura destacada del movimiento libertario, que alcanzó un cierto relieve en los medios anarquistas como escritora, publicista y editora. Maestra racionalista, regentó una escuela de libre pensamiento en Vilanova i la Geltrú. Fue una gestora eficaz que administraba la economía y la producción de La Revista Blanca y de su editorial. Como editora y publicista desempeñó una ocupación profesional excepcional en el mundo laboral femenino de su época. En 1889 ganó el premio del Certamen Socialista de Barcelona por su trabajo «El amor libre», un alegato a favor de la libertad y de la igualdad indiscutible en las relaciones de género: «En una sociedad está igualada la relación de cualidades y de sexos; la fuerza no se impone a la libertad, pues ni el hombre es más fuerte con relación a la mujer, ni la mujer más débil con relación al hombre. La Naturaleza, libre y razonadora como el sistema que la rige, con naturalidad y razón, da igualdad de armas a los dos sexos y a los dos les enseña de sus derechos y de sus deberes» (Iturbe, 45-46). En su obra A las proletarias. Propaganda emancipadora entre las mujeres, el lenguaje de derechos, de la razón y de la igualdad marcaba la argumentación de esta maestra laica, que asumía la defensa de los derechos de las mujeres y de su igualdad en sus escritos, a la vez que denunciaba el comportamiento machista de los hombres: «Están tan avezados los hombres a mirarnos como esclavas que no pueden acostumbrarse a la idea de que algún día podamos ser consideradas como sus iguales y en todas las relaciones de la vida estar a su mismo nivel…». Sin embargo, quedó eclipsada bajo el potente impacto de su esposo Juan Montseny (Federico Urales) y de su hija, Federica Montseny. Resulta significativo que, tanto en el imaginario colectivo libertario como en la historiografía posterior, fue reconocida más por su seudónimo literario de Soledad Gustavo. Este ejercicio de transferencia de reconocimiento hacia su figura pública de publicista y editora es un indicio del valor de la toma de la palabra en voz de mujer, todo un logro en un tiempo de silencio para las mujeres, la mayoría confinada al mundo doméstico. Otras libertarias desarrollaron un papel significativo en el mundo editorial y de la prensa anarquista. Carme Paredes se encargó de un trabajo decisivo en el mundo de las publicaciones anarquistas catalanas, concretamente en el desarrollo de la imprenta Gutenberg y de su obra editorial, como también de la editorial Acracia en Tarragona entre 1919 y 1924.

EMANCIPACIÓN Y FEMINISMO: RESPUESTAS EMANCIPATORIAS

El anarcofeminismo surgió como respuesta a la cultura patriarcal en el seno del movimiento anarquista. A lo largo de las décadas y enlazando con el propio desarrollo del movimiento libertario alcanzó manifestaciones y modalidades plurales, la mayoría ajenas al propio término feminista. De igual modo que las pioneras Teresa Claramunt o Soledad Gustavo, las libertarias de las décadas posteriores no se identificaron con el término feminista ni se autodefinieron como anarcofeministas, categoría que surgiría en los debates historiográficos posteriores y desde la militancia feminista a partir de la Transición democrática. Su rechazo al concepto de feminismo y a los procesos emancipatorios asociados a él surgía de su inequívoca asociación con el feminismo político sufragista y burgués. Al entenderlo desde esta única categoría, las libertarias no se plantearon apropiarse del feminismo para dotarle de otro significado en clave anarquista, tal como habían hecho el feminismo catalán y el socialista, que comportó en el libro Feminismo Socialista de María Cambrils una resignificación laica de un feminismo defensor de las libertades, los derechos individuales y la emancipación civil frente al predominio del feminismo católico.

El discurso normativo anarquista consideraba el feminismo como una anomalía en las filas libertarias, al rechazar la idea de la existencia de una problemática específica de opresión femenina. En 1913, el Almanaque Tierra y Libertad afirmaba que ni siquiera hacía falta plantear la cuestión de la mujer en el seno del sindicalismo, ya que no existía una desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1922, Galo Diez fue una voz excepcional al abrir el debate sobre el feminismo con su obra La mujer en la lucha social. Su reflexión seguía la línea de la pionera feminista Teresa Claramunt, al señalar que las mujeres padecían una doble esclavitud, como mujeres y como obreras, y que debían protagonizar su propia emancipación: «No os olvidéis que, así como hay un axioma social… que dice: “la obra de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos”, vosotras tenéis que daros cuenta de que, la obra de la emancipación de la mujer, si se quiere que sea efectiva, ha de ser obra de ella misma». A diferencia de la ortodoxia anarquista, reconocía una opresión específica a la mujer y la validez de una lucha propia. Su visión transgresora proponía la creación de «grupos de afinidad», formados exclusivamente por libertarias, con el doble propósito de desarrollar «una labor educadora que acabe con los prejuicios tradicionales» para despertar en las mujeres «el espíritu de rebeldía contra lo injusto» y de crear «secciones de defensa contra la tiranía de una inmensa mayoría de maridos, entre ellos especialmente, la de aquellos que, presumiendo de avanzados y figurando en colectividades revolucionarias y emancipadoras, mientras ellos piden a gritos emancipación de clase, imponen en su hogar la tiranía del sexo».

Galo Diez adelantaba muchos elementos de un anarcofeminismo asentado en la compaginación de una lucha social y feminista de igualdad y libertad que se retomaría en 1935. Sin embargo, no logró reunir apoyos en los medios libertarios de entreguerras, cuando triunfó la postura individualista contraria al feminismo, divulgada en los influyentes escritos de Federica Montseny.

Fue importante la resonancia de las polémicas juveniles de Montseny sobre el feminismo y la emancipación femenina publicadas en La Revista Blanca durante la Dictadura de Primo de Rivera porque la convirtió en un punto de referencia sobre la cuestión de la mujer, lo que le mereció labrar una buena reputación como publicista. Aunque nunca abandonó del todo el interés por el tema, su dedicación pasó a un segundo término durante la Segunda República, cuando priorizó la lucha sindical e insurreccional y se situó en la política anarquista para convertirse en líder anarquista. Dejó atrás los escenarios del debate feminista por el mundo político y sindical, labrando una trayectoria política anarquista revolucionaria, que finalmente no fue incompatible con su conversión en la primera mujer ministra en España en noviembre de 1936. Montseny escribió su serie de artículos en La Revista Blanca entre 1923 y 1929, es decir, cuando tenía entre dieciocho y veinticuatro años, lo que plantea el debate en torno a los escritos sobre la mujer y el género como plataforma de iniciación publicista y política. Años después, la dirigente, exiliada en Toulouse, recuperó esta serie de escritos que editó de nuevo bajo el título El problema de los sexos, todo un indicio de la relevancia que concedió de nuevo al tema ya en su madurez y su largo exilio. Además, con la Transición democrática, frente a su rechazo inicial, recuperó rápidamente su interés en el feminismo y los derechos de las mujeres en sus primeros mítines en Barcelona, con un claro sentido político de su relevancia en la transformada sociedad de la Transición.

Montseny en el aniversario de la muerte de Durruti, 1938.

Montseny partía de un juicio feroz a la mujer española. «Bestia de placer o máquina incubadora de hijos». En palabras de la joven anarquista, eran ignorantes, «criadas para el hogar, siervas del cura, sacerdotisas del dios “qué dirán” y de la diosa “costumbre”» (La Revista Blanca, 1 de febrero de 1927). Su falta de criterio y de libre albedrío y su rechazo a la renovación social le llevó a negarles la capacidad de ser sujetos de su proceso emancipatorio. Al contrario, les atribuyó la condición de esclavas que reproducían las mismas condiciones de opresión femenina entre las personas de su entorno familiar: «Y, como es natural, esclava, ha esclavizado; embrutecedora, ha embrutecido; debilitada por leyes y morales, sólo ha pensado en debilitar a su tirano, que mientras con una mano la encadenaba, con la otra cedía a todos sus caprichos y habilidades de gata mimosa» (La Revista Blanca, 1 de febrero de 1927). El discurso de Montseny se centraba inicialmente en denuncias contundentes, a la vez que se limitaba a esbozar respuestas individualistas. En 1923 dejaba clara su firme intención de desmarcarse del feminismo, con el artículo «La falta de idealidad en el feminismo» (La Revista Blanca, 1 de diciembre de 1923), cuando apuntó a la falta de ideales y de ética y la carencia de valor revolucionario en su decálogo de defectos feministas. Al reclamar la igualdad con el hombre, en palabras de Montseny, las feministas se limitaban a una igualdad «en el dominio y en los privilegios» y se inhibían frente a las necesarias reivindicaciones sociales. Sus escritos no reconocían la diversidad de tendencias existentes en el feminismo español del momento. Desde su visión unificadora, evocaba un feminismo encarnado por un sufragismo político conservador que descalificaba como reaccionario, conformista y carente de humanismo y de voluntad de justicia social. Lógicamente, su condición de anarquista, antipolítica y contraria al Estado, la llevó a rechazar todo sufragismo y feminismo de matiz político.

Sin embargo, estos escritos juveniles tan ferozmente antifeministas adquirieron ciertas paradojas al señalar la viabilidad de un feminismo «noble y elevado», que calibraba de «feminismo racional o humanista» (La Revista Blanca, 1 de septiembre de 1925). Este intento de resignificación de la categoría de feminismo la llevó a señalar que abriría «el camino de las reivindicaciones, no de sexo ni de clase, sino de humanidad», al incluir el movimiento femenino en el «movimiento general humano». A pesar de este acercamiento a una tipología feminista más cercana a sus ideales libertarios, la joven anarquista no cumplió el paso concluyente para redefinir el anarcofeminismo. Es cierto que denunció la discriminación sexista entre los militantes anarquistas —«Entre el anarquismo teóricamente emancipador de la mujer y la emancipación real de esta, se eleva una muralla formada de prejuicios, de temores, de egoísmos y de bajezas»— y se quejaba de la «milenaria intromisión masculina» en los asuntos de las mujeres. Pero esta constatación no le llevó a modificar el discurso normativo anarquista, que rechazaba la especificidad de un problema femenino. En cambio, el humanismo compartido entre hombres y mujeres fundamentaba su discurso emancipatorio: «¿Feminismo? ¡Jamás! ¡Humanismo siempre!» («Feminismo y Humanismo», La Revista Blanca, 1 de octubre de 1924). No se trataba, por tanto, de una «cuestión de la mujer», sino de un asunto común: el «problema de los sexos», de la emancipación humana y de la armonía entre hombres y mujeres. Según esta dirigente anarquista, resolver este problema implicaría establecer el Comunismo Libertario, crear una nueva persona humana a través de la «autosuperación» del individuo y afianzar una nueva mujer caracterizada por la dignidad, la autoestima, la libertad y la responsabilidad. Propuso el amor como vía de emancipación y de completa libertad e independencia, que se forjaría con la autosuperación y el ejercicio del «individualizamiento» que consolidaría la individualidad humana. Sus propuestas eran, sin duda, difíciles de entender y de emular por parte de muchas libertarias. Desde la lógica individualista, pero también elitista, de mujer capaz de confrontarse al problema de los sexos desde la voluntad individual, Montseny desdeñaba la necesidad de crear una cultura anarcofeminista. Había negado la condición de sujeto social transformador a las españolas, sin embargo, no les ofreció herramientas colectivas, ni una organización para facilitar el ejercicio de «individualizamiento» o la adquisición del atributo de libre albedrío.

Los escritos de Montseny influyeron en la cultura política anarquista sobre la emancipación femenina durante largo tiempo, refrendaron el discurso normativo y su impacto dificultó el desarrollo de un pensamiento y una práctica de signo anarcofeminista.

La dedicación al tema de la mujer fue más bien marginal en el marco general de la reconocida trayectoria política de Federica Montseny. A partir de 1931, su creciente politización, con su presencia en el Sindicato de Profesiones Liberales de la CNT y su defensa del anarquismo intransigente de la FAI, marcaron su postura política. Figura de creciente autoridad y liderazgo político, su proyección a las plataformas de máxima responsabilidad se consolidó a partir del verano de 1936, cuando se incorporó al Comité Regional de la CNT en Cataluña y al Comité Peninsular de la FAI. Su ascendencia política le convirtió en una de las máximas figuras del anarquismo. En noviembre de 1936 pasó a ser ministra del gobierno socialista de Largo Caballero. De forma paradójica, con este hito histórico al devenir la primera mujer ministra en un gobierno de Estado, rompió con uno de los postulados ácratas más consagrados de apoliticismo y de crítica del Estado. Su autobiografía dejó claro lo difícil que era para ella vencer las dudas al asumir la audacia histórica de aceptar un cargo ministerial en cuanto que militante anarquista. Poco después de haber dejado su cargo de ministra de Sanidad y de Asistencia Social, en una conferencia pronunciada en junio de 1937, Montseny justificó esta opción como decisión política para aglutinar todas las fuerzas antifascistas en el gobierno para vencer al fascismo, aunque esto podía representar el aplazamiento de sus ideales anarquistas. Sin duda, la influencia de Montseny en el desarrollo de la cultura y de la acción política y social anarquista fue decisiva. También se trata de una libertaria influyente que alcanzó un liderazgo notorio, pero su contribución a resignificar los horizontes de la cultura anarquista desde la lógica feminista fue subsidiaria en su propia trayectoria de vida y marginal en el desarrollo de una corriente de pensamiento y de movilización asociativa de las libertarias. Aunque con cierto desplazamiento en su discurso y en especial en su experiencia de vida, Montseny acató la ortodoxia anarquista sobre la cuestión de la mujer. Fue, sin embargo, un punto de referencia subversiva para muchas jóvenes libertarias en su defensa de un arquetipo femenino de mujer fuerte, autónoma e igual. Así, por ejemplo, la joven anarquista Amparo Poch y Gascón, entonces a punto de acabar la carrera de medicina en la Universidad de Zaragoza, remitía a los escritos de Montseny como aval para reclamar la igualdad femenina y rechazar cualquier validez al argumento de que la maternidad limitaba su potencial y derechos. Paradójicamente, pese a su resistencia antifeminista y a su reticencia frente al anarcofeminismo de Mujeres Libres, en el imaginario popular Federica Montseny encarnó la figura de una mujer emancipada y feminista y fue un icono de mujer liberada para muchas libertarias.

LA INTENSIFICACIÓN DE LOS DEBATES FEMINISTAS Y EL SURGIMIENTO DEL ANARCOFEMINISMO DE MUJERES LIBRES

El discurso normativo anarquista sobre el feminismo predominaba en los medios libertarios durante la Segunda República. Pese al impacto de la reforma sexual en el mundo cultural anarquista, no fue protagonizado por mujeres ni tampoco se puede equiparar con una agenda feminista, aunque algunos autores lo vinculaban con una mayor libertad femenina. A partir de octubre de 1935 se abrió una fisura en el discurso ortodoxo con el debate en Solidaridad Obrera entre Mariano Vázquez y Lucía Sánchez Saornil, cofundadora de Mujeres Libres meses después, y con las aportaciones de la redactora Lola Iturbe Arizcuren (seudónimo, Kyralina) desde las columnas de la «Página de la Mujer» que Tierra y Libertad inauguró en diciembre de 1935. En plena democracia, cuando las españolas ya habían alcanzado el voto, el despliegue de críticas al feminismo político había perdido algo de sentido. Entonces, el debate sobre la emancipación de la mujer, con posicionamientos diversos sobre estrategias individualistas o colectivas de las libertarias frente a la opresión femenina, dio pie al desarrollo de un anarcofeminismo colectivo organizado a partir de la primavera de 1936 con la fundación de Mujeres Libres.

Lola Iturbe se había movido en la órbita del grupo de mujeres anarquistas Brisas Libertarias (entrevista 19 de noviembre de 1981). En 1935 denunció el comportamiento machista de militantes anarquistas y añadió otros horizontes al pensamiento feminista. Inspirada en la famosa denuncia «J’accuse» del escritor francés Emile Zola con respecto al asunto Dreyfus, exigía el innegociable protagonismo de las mujeres como sujetos activos de su emancipación y de la denuncia de su opresión. También ponía de manifiesto una patente falta de coherencia entre retórica revolucionaria y prácticas discriminatorias en los hogares libertarios: «Por fortuna, hay una mujer veraz, no implora, y lanza el “Yo acuso” contra este ambiente masculino que rara vez se ha preocupado de la emancipación femenina en otros aspectos que no hayan sido la cuestión sexual… Los compañeros, tan radicales en los cafés, en los sindicatos y hasta en los grupos, suelen dejar en la puerta de su casa el ropaje de amantes de la liberación femenina». Señalar las discrepancias entre prácticas privadas y el discurso revolucionario fue una aportación singular que anticipaba postulados posteriores del feminismo de la década de 1970, cuando las feministas resignificaron lo privado como político. Aunque Iturbe no utilizó el término feminista, su propuesta de una cultura anarquista de liberación femenina abrió la dimensión doméstica como escenario de transformación igualitaria y emancipatoria. Además, le corresponde a Iturbe el paso notable de transferencia de la tradicional categoría de emancipación femenina a la de liberación.

Este debate encontró eco entre un escaso número de militantes, como Mariano Vázquez o A. Morales Guzmán, que constataron la notable marginación femenina en los círculos anarquistas. Mientras Morales Guzmán observaba el rol subalterno que les correspondía —«Cuando vamos a un mitin o una conferencia, nos sobresalta la presencia de una docena de compañeras; cuando nos preguntan … algo relacionado con las ideas nos encogemos de hombros … cuando una mujer expresa su opinión en una tertulia, asamblea o en el hogar, nos decimos con misterio: ¿será una loca?» (Tierra y Libertad, 12 de julio de 1935)—, Vázquez reconocía la situación ventajosa de militantes anarquistas que se oponían a la igualdad femenina para proteger sus privilegios patriarcales (Solidaridad Obrera, 10 de octubre de 1935). Esta lógica de autorreconocimiento de una cultura patriarcal en el seno del anarquismo fue un giro importante, ya que desenmascaraba prácticas sexistas en la cultura anarquista y en la conducta de militantes revolucionarios. Además, Vázquez sustituyó el tradicional discurso que asociaba a las mujeres con la esclavitud para vincular la supeditación de las libertarias con la opresión de clase. De este modo, concedió otra legitimidad a la lucha de las mujeres para conseguir su igualdad: «¿No os extraña que el burgués no quiera ceder su posición, ni tan siquiera igualarse a sus obreros? —No. Lo consideramos justo. Sabemos que es más grato mandar que obedecer. Nadar en la abundancia que pasar privaciones. Entre la mujer y el hombre ocurre lo propio». Concluyó, retomando a Teresa Claramunt, que las mujeres debían adoptar una lucha autónoma dado el conflicto de intereses entre hombres y mujeres. No obstante, ni siquiera la reconocida autoridad de estas voces masculinas discrepantes logró modificar la cultura patriarcal anarquista.

En este marco, fueron la respuesta colectiva y el proceso de identificación como mujeres discriminadas en el marco libertario los que dieron la fuerza para generar el contexto fundacional de un pensamiento y organización colectiva anarcofeminista. La potente voz de Lucía Sánchez Saornil se unió al debate para rechazar la analogía establecida por Vázquez entre la lucha de clases y la lucha feminista, cuando estableció una identidad de intereses entre los sexos. Para esta poeta vanguardista y telefonista que desempeñaría un papel decisivo poco después en la fundación de la organización Mujeres Libres, al igual que para otras libertarias, la marginación de las mujeres dentro del movimiento libertario era un problema masculino, ya que la asignación de la esfera doméstica como espacio de actuación femenina y el mantenimiento de la hegemonía masculina contribuían a disminuir la participación femenina en las organizaciones anarquistas. Sánchez Saornil partió de la existencia de relaciones de dominio de género en el funcionamiento social. Por eso no dudó en rechazar la propuesta de Vázquez de iniciar una página femenina en Solidaridad Obrera, ya que tenía previsto «el proyecto de crear un órgano independiente» para lograr sus objetivos con respecto a las mujeres.

LA APUESTA POR UN ANARCOFEMINISMO COLECTIVO Y ORGANIZADO: MUJERES LIBRES

Alberto Melucci ha argumentado que las dinámicas de muchos movimientos sociales se articulaban a partir del eje de las políticas de identidad, de dinámicas identitarias y de redes sumergidas de actuación. Si bien la propuesta pionera identitaria en clave anarquista y feminista de Teresa Claramunt no había encontrado eco para forjar un asociacionismo para las libertarias, en 1936 esta dinámica identitaria se cumplió con la fundación de la agrupación de mujeres anarquistas, Mujeres Libres, en abril de 1936. Su surgimiento se acercaba más a un grupo de afinidad en sus orígenes, a partir de políticas de identidad de acercamiento feminista y afinidad anarquista, como también de redes entre diferentes mujeres y grupos de libertarias. En Madrid y Barcelona algunas anarquistas intercambiaban a nivel individual o colectivo una sensación inicial de rechazo a su discriminación común en los medios anarquistas. La chispa de la disconformidad personal o colectiva fue el detonante para generar un proceso de concienciación que llevó a la vertebración de Mujeres Libres. Su creación puso de manifiesto una ruptura significativa en la cultura política anarquista al abogar por la liberación femenina y la autonomía asociativa dentro del movimiento anarquista. Con una identidad política anarquista, no acató el discurso normativo de ignorar o supeditar la causa de las mujeres a la revolución anarquista.

«Mujeres Libres».

Mujeres Libres nunca fue un proyecto oficial del movimiento anarquista. El núcleo fundador se unió en torno a la militante de CNT, Lucía Sánchez Saornil, que había alcanzado una cierta proyección mediática a partir de los debates de Solidaridad Obrera, a la periodista y montadora cinematográfica Mercedes Comaposada y a la joven médica Amparo Poch y Gascón, conocida en los medios anarquistas de Zaragoza y que se había trasladado a Madrid en 1934. La iniciativa conjunta reflejó el esfuerzo de libertarias de una pluralidad de intereses y de formación cultural y profesional, que coincidían en asumir una identidad crítica como anarquistas que convenían en la necesidad de abrir un espacio propio de debate, formación y empuje para la emancipación de las mujeres. De perfiles diferentes, Lucía Sánchez Saornil procedía de una familia modesta y había adquirido cierto liderazgo en los conflictos laborales de la Telefónica. Militante cenetista, por entonces había desarrollado su vocación literaria como poeta vanguardista. Mercedes Comaposada procedía de una familia cuyo padre era un zapatero ilustrado y militante de la UGT. Trasladada de Barcelona a Madrid, estudió derecho y en marzo de 1936 explicaba en Tierra y Libertad su malestar por la actitud de rechazo que sentía hacia la presencia femenina en los medios culturales libertarios y hacia el predominio de la idea de la domesticidad de las mujeres que debían quedarse en casa. La doctora Amparo Poch y Gascón provenía de una familia acomodada y conservadora. Su transgresión profesional, al imponer su opción de proseguir estudios de medicina, considerados poco adecuados para una chica, pronto fue acompañada de la crítica social y de su acercamiento a los medios libertarios en Zaragoza. Aunque se trataba de mujeres con diferentes trayectorias vitales y políticas, las tres fundadoras estaban motivadas por la experiencia común de rechazo de las conductas patriarcales en el propio movimiento anarquista. A pesar de que divergían en ciertos momentos sobre su postura política anarquista e incluso en sus planteamientos sobre las vías del feminismo, convergieron en apostar por crear una organización específica para mujeres anarquistas. Esto significó la entrada en escena, no sólo de una plataforma de debate feminista y de opinión femenina sobre la política y la cultura libertarias y posteriormente sobre el desarrollo de la guerra y la lucha antifascistas, sino también el desarrollo de una organización social anarcofeminista con la voluntad expresa de que fuera reconocida como parte integrante del movimiento libertario.

Es bien conocido el proceso de fundación de la agrupación de Mujeres Libres por iniciativa de las mujeres mencionadas en unión con el Grupo Cultural Femenino de Barcelona, de militantes libertarias catalanas, entre ellas Pilar Grangel, Libertad Rodenas y Áurea Cuadrado. Su finalidad era impulsar la agrupación y su ideario anarcofeminista y captar mujeres hacia los ideales anarquistas. El programa inicial de Mujeres Libres era esencialmente cultural y educativo; su revista Mujeres Libres fue un instrumento eficaz para la divulgación de los puntos de vista de la organización y jugó un papel decisivo de pedagogía social y cultural. Su redacción inicial corrió a cargo de Mercedes Comaposada, Amparo Poch y Gascón y Lucía Sánchez Saornil. El objetivo inmediato era proporcionar a las mujeres una educación básica y cierta formación política que les permitiera tomar parte en las actividades anarquistas, rompiendo así el monopolio masculino en las diversas secciones del movimiento libertario español. También se proponía dotarles de una formación profesional que aumentaría sus oportunidades de empleo.

El nuevo período revolucionario iniciado en julio de 1936 con la guerra civil agudizó la conciencia feminista de estas anarquistas, cuando observaron la disparidad existente entre los cambios sociales que se emprendían y la subordinación femenina, que no había cambiado de forma significativa. Incluso algunos militantes señalaron el fracaso de echar abajo las normas de género tradicionales. Un editorial de Tierra y Libertad demostraba la continua subalternidad femenina a pesar de la revolución: «El ejemplo está ahora vivo en todas partes; en la mayoría de los sindicatos de los pueblos ocurre que mientras los compañeros discuten o resuelven un asunto, las mujeres siguen ejerciendo, en el propio sindicato, y con el mismo espíritu servil que lo hacían antes en sus hogares, los trabajos “femeninos” de guisar, lavar, etcétera. Desde que comenzó la lucha hemos recorrido muchos pueblos de la España antifascista, y salvo en algunos sindicatos que han aceptado burguesitas más o menos guapas, más o menos mecanógrafas, sólo hemos visto mujeres humilladas en la misma esclavitud de siempre» (Tierra y Libertad, 26 de diciembre de 1936). Suceso Portales, modista y dirigente de Mujeres Libres, denunció con impaciencia: «Oímos diariamente hablar demasiado de la libertad de los oprimidos y de la noble causa de la “justicia social”. Pero no oímos nunca, salvo contadas ocasiones, que estos libertadores se refieran a la necesidad de declarar íntegramente libres a las mujeres». Como respuesta a esta contradicción, Mujeres Libres llegó a formular la estrategia de una doble lucha de igual valor, una antifascista revolucionaria y anarquista y otra paralela feminista, de emancipación femenina. En la tradición anarquista, Mujeres Libres no se identificó con el término feminista al asociarlo al feminismo burgués. Pese a ello, es indudable que Mujeres Libres reconocía la especificidad de género de la opresión femenina y la necesidad de una lucha autónoma para superarla. Admitía explícitamente la existencia de un sistema patriarcal, el dominio de la llamada civilización masculina, en palabras de Suceso Portales, en la que las mujeres padecían una subordinación debida a su género: «Dos cosas empiezan a desplomarse en el mundo por inicuas: el privilegio de las clases que fundó la civilización del parasitismo, de donde nació el monstruo de la guerra, y el privilegio del sexo macho que convirtió a la mitad del género humano en seres autónomos y a la otra mitad en seres esclavos, creando un tipo de civilización unisexual: la civilización masculina, que es la civilización de la fuerza y que ha producido el fracaso moral a través de los siglos». Partiendo de nuevo de la analogía con la esclavitud, Mujeres Libres apeló a la emancipación femenina en términos de derechos sociales y de igualdad laboral. Con una gran modernidad de planteamiento, asentó, además, la libertad femenina a partir del desarrollo de la independencia psicológica y de la autoestima, sólo factible mediante la lucha individual: «El hombre revolucionario que hoy lucha por su libertad, sólo combate contra el mundo exterior. Contra un mundo que se opone a sus anhelos de libertad, igualdad y justicia social. La mujer revolucionaria, en cambio, ha de luchar en dos terrenos: primero por su libertad exterior, en cuya lucha, tiene al hombre de aliado por los mismos ideales, por idéntica causa; pero, además, la mujer ha de luchar por la propia libertad interior, de la que el hombre ha disfrutado ya desde siglos. Y en esta lucha, la mujer está sola». De este modo, las mujeres se convertían en sujetos de su proceso de liberación, que no sólo se basaba en la independencia económica y en el acceso al trabajo remunerado, sino en el empoderamiento y la afirmación de la personalidad femenina. En pleno conflicto bélico, estas anarquistas traspasaron los horizontes políticos anarquistas para interpretar en clave feminista los cambios sociales emprendidos. Así, el derrumbamiento de las bases de la supremacía masculina —la llamada «civilización masculina»— se incorporaba en su agenda de actuación, aunque el programa antifascista marcó la prioridad de su activismo durante el conflicto bélico.

Mujeres Libres llegó a movilizar en sus filas a más de veinte mil mujeres. Constituida como Federación Nacional en el I Congreso Nacional de Mujeres Libres en Valencia (agosto de 1937), su programa se centraba en la formación cultural y social de las mujeres de cara a su integración en la resistencia antifascista y en el proceso revolucionario, aunque siempre con el trasfondo de movilización paralela de cara a la (en pro de la) emancipación de la mujer. Fue decisiva su dedicación a la educación y capacitación profesional femenina, pensada tanto en términos de contribución a la causa antifascista como medio de emancipación. Las iniciativas que emprendieron ponen de manifiesto su apuesta para la formación femenina con el desarrollo de clases elementales, de cultura general y de capacitación en muchos oficios y profesiones. Las agrupaciones locales hicieron campañas de erradicación del analfabetismo de mujeres adultas y de nuevo la educación se convirtió en herramienta de empoderamiento cultural. La revista Mujeres Libres permitió superar el papel secundario de las tradicionales «páginas de la mujer» en las publicaciones ácratas. Demostró la capacidad de organización editorial y de redacción de este núcleo de libertarias que expresaron una mirada femenina anarquista.

Sin embargo, las circunstancias bélicas, la resistencia del conjunto del movimiento libertario y el corto período de funcionamiento redujeron la incidencia de las propuestas anarcofeministas de Mujeres Libres. Su capacidad de incidir en la cultura anarquista sindical fue reducida a pesar de los cambios en la organización de trabajo con las industrias colectivizadas, muchas de las cuales se encontraban bajo la órbita anarquista. En el caso de la CNT, fue en agosto de 1938 cuando incorporó el trabajo remunerado femenino a su programa oficial, pero no siempre ponía en marcha esta práctica. En este sentido, fue significativa la posición del Pleno Nacional de Regionales de la CNT, que suscribió unos meses más tarde los argumentos tradicionales para impedir que las mujeres ocuparan ciertos puestos de trabajo y, pese a la retórica igualitaria, seguía con la política de favorecer la jerarquía de género. Las iniciativas para la formación profesional reclamadas por parte de Mujeres Libres tuvieron escaso apoyo sindical, mientras en las industrias colectivizadas se eligieron representantes femeninas en contadas ocasiones. Así, entre las 922 industrias colectivizadas en Cataluña en 1937, sólo había un 6,5 por 100 de representantes femeninas. Además, se perpetuó una clara discriminación retributiva a lo largo de la guerra, incluso en empresas colectivizadas, y las libertarias no lograron modificar de manera sustancial la cultura laboral anarquista tradicional.

En las primeras semanas de la guerra, algunas anarquistas adoptaron el rol transgresor de milicianas para luchar en los frentes, pero quedó definido de forma rápida que el área de preferente actuación de las mujeres tenía que ser en la retaguardia. Jóvenes libertarias como Sara Berenguer manifestaron su frustración al no poder acudir a los frentes de guerra y quedar relegadas al trabajo en la retaguardia. Otras tomaron las armas como respuesta inmediata a la agresión fascista al igual que hicieran los hombres, como Concha Pérez Collado, que no pensó que su condición de mujer fuese un problema cuando decidió adherirse a la resistencia armada. Un número reducido de milicianas asumió todas las actividades militares de la lucha armada, pero la mayoría se dedicó a servicios auxiliares de intendencia, asistencia, sanidad, aprovisionamiento, administración, cocina o de lavandería en los frentes. Hay que señalar que ni siquiera en los medios anarquistas las milicianas constituyeron una figura cómoda y pronto su presencia quedó contestada en los frentes de guerra, a pesar del compromiso de luchar con armas contra los militares sublevados. Como Concha Pérez Collado, la mayoría acató la orden de retirada y abandonó los frentes para dedicarse a la lucha antifascista en la retaguardia.

Miliciana. Barcelona, 1936.

Mujeres Libres no llegó a desarrollar de forma sistemática su estrategia de doble lucha feminista y anarquista, ya que su agenda de actuación estuvo claramente marcada por las exigencias bélicas. El grado de conciencia y de vindicación feminista de algunas de sus dirigentes no fue asumido, ni mucho menos, por la inmensa mayoría de sus afiliadas, ni tampoco por todas sus dirigentes, algunas de las cuales mantuvieron posturas más tradicionales con respecto a la mujer. Pero lo significativo fue que desarrollaron postulados más decididamente feministas que llevaron a algunas de sus dirigentes, como Lucía Sánchez Saornil y Suceso Portales, a considerar la guerra como el momento de la doble ruptura, de erradicación del «privilegio de clase» y de la supremacía de la «civilización masculina». Mujeres Libres confirmó a las mujeres como sujeto colectivo de cambio de la civilización masculina y de resistencia a la cultura patriarcal. Muchas libertarias vivieron los difíciles tiempos de la guerra y de la revolución social desde la luz de su empoderamiento y de su conquista de espacios de libertad a pesar de las penurias. Pero Mujeres Libres quedó frenada en muchos de sus propósitos porque, si bien la guerra proporcionaba un sentido de inmediatez que alentaba al rápido crecimiento de una conciencia feminista, las dificultades bélicas impedían el desarrollo inequívoco de una clara plataforma de actuación anarcofeminista. Las exigencias de la guerra acabaron difuminando sus demandas feministas y, en la práctica, les obligaron a ajustar sus actividades a la supervivencia y a la lucha contra el fascismo. Su objetivo a largo plazo de lograr la emancipación femenina quedó comprimido cuando la organización se encontró en medio de una contienda que dio prioridad a la lucha antifascista y a la revolución social. Si bien es significativo el hecho que Mujeres Libres desarrollara una organización anarcofeminista que pretendía formar parte del movimiento libertario, también lo es la oposición que suscitó esta propuesta entre las diferentes formaciones anarquistas que impidió su pleno reconocimiento. Los breves años de desarrollo en plena guerra y la victoria de Franco impidieron el reconocimiento de la solvencia del anarcofeminismo como corriente legítima del movimiento libertario.

Movilización femenina: cosiendo para el frente.

EXILIO, MEMORIA Y LA RESIGNIFICACIÓN DEL ANARCOFEMINISMO

La larga represión franquista puso fin a las actividades de Mujeres Libres. La cárcel y un largo exilio forzoso fueron el destino de numerosas libertarias. En el desolado escenario de las primeras décadas del exilio, la resistencia antifranquista marcó el universo de las exiliadas de Mujeres Libres en Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, de igual modo que otras antifascistas de izquierda exiliadas, las libertarias del exilio recobraron una identidad propia. En 1963 resurgió Mujeres Libres por iniciativa de un pequeño núcleo de anarquistas ubicadas en París. Luz Continente, Helena Tamarit, Pepita Estruch, María Portales, María Juan, Antonia Pompean y Natividad Moro se encargaron de su reorganización. Poco después, Suceso Portales, exiliada en Londres, se unió a esta iniciativa y propuso la publicación de un boletín como portavoz de la organización. Desde el exilio, las Mujeres Libres representaban la generación de libertarias que perdieron la guerra y que enfocaban su causa desde la resistencia contra la dictadura de Franco.

El primer número de la Portavoz de la Federación Mujeres Libres de España en Exilio apareció en noviembre de 1964 y se publicó durante doce años. En diciembre de 1976 el número 47 de la Portavoz fue el último publicado, coincidiendo con la fundación de una nueva revista, Mujeres Libres, en Barcelona, impulsada por jóvenes feministas. De formato mucho más modesto que la revista pionera, Suceso Portales, Mary Stevenson, Pepita Estruch, Juanita Nadal, Luz Continente y J. Smythe asumieron la redacción en una edición trilingüe, con artículos también en castellano y francés (Liaño Gil, Pérez Benavent et al. 1999, p. 159). En 1972, al trasladarse Suceso Portales a Montady, en el sur de Francia, la redacción pasó a publicarse en esta localidad a partir del número 30. Entonces figuraban, junto al equipo redactor originario, Pepita Carnicer y Sara Berenguer (Guillén). La publicación en el exilio muestra la tenacidad de esta generación de mujeres libertarias y la continuidad de su identidad colectiva como Mujeres Libres, aunque el tono y contenido del boletín reflejaron las circunstancias del largo exilio. La Portavoz quedó marcada por la derrota y la resistencia antifranquista con una mirada centrada en el anarquismo español y la lucha contra el régimen franquista. Reeditaba numerosos artículos, especialmente aquellos publicados en Mujeres Libres de la guerra. Incluía textos de otras publicaciones anarquistas, con una gran incidencia de temas sociológicos y políticos de contenido anarquista. La nueva revista tuvo, además, un contenido literario, en especial, de poesía. También notificaba de actividades de Mujeres Libres y del movimiento libertario. Publicó reseñas de conferencias, como la de Lola Iturbe en Lyon en 1975. La Portavoz no dedicó un enfoque prioritario a temas directamente relacionados con las mujeres. Tampoco abrió un debate en torno al feminismo, que no constituyó un tema de interés especial para las libertarias exiliadas. Una de las escasas notas localizadas sobre anarcofeminismo se publicó en el penúltimo número (46 de abril-junio de 1976) con un texto en inglés de Penny Wilkamersky con el significativo título «Anarcho? Feminist (sic) Notes». Precisamente señalaba las limitaciones del feminismo y la duda frente a la legitimidad de un anarcofeminismo: «Feminism means more than the “stylish” activity of joining women’s organizations. It means more than being an independent financial organization. How much of a feminist is the woman who denounces male supremacy, only to aid in the exploitation of her sisters? How much of a feminist is the woman who pleads for freedom while accepting a new doctrine explaining which forms of behaviour are acceptable to the newly “liberated females”». Las exiliadas españolas no entraron en el debate sobre el feminismo al centrar su agenda hacia la resistencia antifranquista y el desarrollo del ideario anarquista.

En la primavera de 1976 Mujeres Libres reapareció en Barcelona como portavoz de una nueva asociación feminista libertaria que remitía a los orígenes de la organización Mujeres Libres de la guerra civil. Fue la única organización del nuevo feminismo que remitía en sus orígenes a una organización existente durante la Segunda República. Las promotoras de esta nueva asociación eran de la joven generación de la Transición democrática y, si bien remitían a la guerra, no la habían vivido y sus referencias al mundo de Mujeres Libres partían del conocimiento reciente de su historia por la publicación del libro Mujeres Libres. España 1936-1939. El universo de las Mujeres Libres de la Transición surgía del descontento por el sexismo existente en los ámbitos anarquistas y del interés por la teoría del anarcofeminismo internacional. También se ubicaba en la órbita del feminismo catalán e internacional más centrado en los derechos reproductivos, la igualdad y el empoderamiento. La nueva revista Mujeres Libres apareció en 1976 como portavoz de la asociación libertaria feminista que tenía su sede inicial en el local de CNT de la calle Méndez Núñez en Barcelona. Tras las tensiones con la CNT al reivindicar su autonomía feminista, Mujeres Libres se trasladó a la calle Cardenal Casañas, n.º 5. Su nuevo local denominado Ateneo de la Mujer/Casa de la Dona fue la primera casa para mujeres en Barcelona. Entre marzo de 1978 y junio de 1979 la asociación hacía consultas públicas sobre sexualidad y planificación familiar y tenía una asesoría jurídica. También realizaba talleres de autoconcienciación, psicopedagogía infantil, medicina natural, economía y alfabetización. El contacto intergeneracional caracterizó el primer período, al trabajar juntas Suceso Portales y Sara Berenguer, militantes de Mujeres Libres en el exilio, y las nuevas generaciones de feministas. A pesar de la voluntad de crear una genealogía anarcofeminista, el encuentro generacional provocó tensiones entre las propuestas ancladas en un lenguaje de resistencia de la guerra civil vinculado con el anarcosindicalismo y la nueva visión de un feminismo «antiaautoritario, anticapitalista y autónomo» de liberación de la mujer de las jóvenes afiliadas. La generación de la Transición no tenía dudas sobre su prioritaria identidad feminista, aspecto poco definido entre las libertarias exiliadas.

Pese a la reticencia de las Mujeres Libres de la guerra a plantear la organización en términos de anarcofeminismo, en la reconstrucción de la memoria histórica de muchas militantes de Mujeres Libres, la vacilante identidad anarcofeminista ha dado paso a una identificación del feminismo como central a la organización. El contexto histórico marca la recuperación de la memoria histórica y también las interpretaciones historiográficas. El proceso de rememoración da pie a la resignificación del pasado y a la subjetividad como interpretación cambiante. El cambio de énfasis en los valores y las agendas políticas ha marcado los relatos históricos y la reconstrucción de la memoria. Hasta principios de la década de 1970 el feminismo no constaba en la agenda historiográfica ni en el estudio del obrerismo. Tampoco formaba parte del bagaje político del exilio libertario. En una serie de entrevistas individuales a Sara Berenguer y a Suceso Portales y otras colectivas a mujeres y hombres exiliados en el sur de Francia entre 1971 y 1972, se aseguraba a la joven historiadora que entonces era la autora de este texto, que no había ninguna connotación feminista en los principios ni en la actuación de Mujeres Libres durante la guerra civil. Además, en una reunión de varias personas en casa del historiador libertario José Peirats, la discusión general se refería al hecho de que nunca hubo trato desigual en el movimiento libertario. Se señalaba que el propósito de Mujeres Libres había quedado limitado a promover el ideario anarquista y a captar mujeres para su causa. Sin embargo, frente a esta voz colectiva unísona, se levantó finalmente la voz solitaria de Teresina Torrellas Espina, que indicó que no había existido la igualdad y que en los medios anarquistas se había producido un trato discriminatorio, observación que provocó el rechazo de las personas presentes. En las entrevistas con Sara Berenguer, frente a mi insistencia en el discurso sobre la doble lucha anarquista y feminista de Mujeres Libres, ella subrayaba su carácter anarquista, con escaso interés en la emancipación femenina. En 1988, las memorias de Sara Berenguer tampoco evocaron el calificativo de feminista para caracterizar la organización. En 1981, la postura más feminista de Lola Iturbe también se había suavizado. En una entrevista destacó que la intención de las mujeres en las filas libertarias no era la confrontación, ya que había una coincidencia de intereses entre hombres y mujeres libertarios y, por tanto, debían compartir una lucha común: «Había una cosa más suave, de decir, “vamos a luchar ellos y nosotras” todos para conseguir mejoras en la vida». Por otra parte, a principios de la década de 1970 si bien Sara Berenguer evocaba a Lucía Sánchez Saornil, la cofundadora de Mujeres Libres, como el alma de la organización, dejaba entrever su incomodidad con su figura y un atisbo de un aire reprobador a la insinuación de cierto perfil sexual, nunca explicitado. Más de quince años después de este silencio de comunicación, se dio paso a testimonios incluso audiovisuales de militantes de Mujeres Libres que han insistido en la dimensión central del feminismo en la memoria y en el testimonio histórico de Mujeres Libres, mientras Pepita Carnicer dio testimonio público en un documental audiovisual de que Lucía Sánchez Saornil era lesbiana. Las diferentes maneras de afrontar el pasado pasan por la reconstrucción de la compleja memoria histórica desde énfasis diferentes. A pesar de su reticencia a una definición en términos feministas, la reconstrucción de la historiografía sobre las libertarias ha señalado el anarcofeminismo como aportación decisiva de las libertarias y elemento definitorio de su trayectoria. La duda frente a la validez del perfil feminista ha quedado trasferida a la evocación de su centralidad en la historia de las libertarias.

El exilio de los anarquistas

Alicia Alted Vigil

UNED (Madrid)

INTRODUCCIÓN

Los anarcosindicalistas sufrieron doblemente la pérdida de la guerra pues, además de lo que supuso para los militantes de los grupos políticos y sindicales de izquierdas, hay que añadir que la misma significó para los anarquistas el fracaso de la revolución social que habían puesto en marcha, ya desde el verano de 1936, en algunos lugares del país, en especial en Aragón. Además, la participación de cinco ministros de la CNT en los gobiernos presididos por Francisco Largo Caballero (cuatro ministros) y Juan Negrín, en 1937 y 1938, abrió una profunda brecha en las filas confederales que tuvo graves consecuencias en los años de exilio y clandestinidad. Por último, su actitud hacia las instituciones que ostentaban el poder, hizo que fueran marginados de los organismos creados, en los últimos momentos de la guerra y ya terminada, por el gobierno de la República para la ayuda de los exiliados: el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) y la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE). También quedaron, en gran medida, fuera de la ayuda que diferentes organizaciones internacionales proporcionaron a los exiliados, todo lo cual se tradujo en una profunda desmoralización que hizo que una parte de los militantes se dieran de baja del sindicato.

En este estudio voy a intentar trazar la historia de los anarquistas en el exilio, incidiendo en la manera como el grueso de los militantes asentados en Francia trataron de reafirmar sus valores revolucionarios y su identidad colectiva a través de unas prácticas culturales que significaban la recuperación de una tradición, y daban sentido a su vida cotidiana en el forzado exilio, pues a través de ellas manifestaban su rechazo al fascismo que representaba el régimen de Franco, a la vez que servían para ayudar a los compañeros presos o en la clandestinidad en el interior. Estas expresiones culturales respondían a unos principios ideológicos y de compromiso social que habían alimentado al anarcosindicalismo desde la creación de la CNT el 1 de noviembre de 1910.

EL ÉXODO. LOS AÑOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. LA REORGANIZACIÓN POLÍTICA

Anarquistas y socialistas constituyeron los grupos políticos y sindicales más numerosos de ese cerca de medio millón de españoles que atravesó la frontera con Francia a principios de 1939. La acogida en este país no fue como esperaban, sobre todo para los libertarios precedidos de una campaña de fuerte rechazo por parte de la prensa francesa más conservadora y católica. Las caricaturas que de ellos aparecían incidían en aspectos que los convertían en los «rojos más indeseables», no es de extrañar, pues, que los componentes de la columna Durruti que habían cubierto la retirada de los restos del ejército republicano hacia Francia fueran recluidos en el campo disciplinario de Le Vernet en el Ariège. También conocieron las míseras condiciones de los campos de internamiento de la playa, y las mujeres y niños, los refugios de los distintos departamentos franceses por los que fueron diseminados.

Los anarquistas constituyeron el grupo más amplio de los exiliados en Francia, entre 30 000 y 40 000 en los momentos de la Liberación. En cambio, muy pocos pudieron reemigrar desde ese país a Latinoamérica. En México en los primeros años los militantes no pasaban de doscientos cincuenta. Desde el punto de vista socioprofesional, la mayor parte eran trabajadores del campo y obreros de la industria. Una vez en Francia se asentaron principalmente en la zona del Mediodía. Una gran parte eran jóvenes combatientes, y como recuerda uno de ellos, Luis Menéndez: «La media de edad de los republicanos españoles era muy baja. Más de la mitad, cuando entramos en Francia, no había llegado a los 23 años y había hecho mucha guerra, muchas huelgas, mucho debate, lucha política y social, pero no teníamos las manos adaptadas a coger un martillo ni una lima».

Las duras condiciones de los campos de internamiento llevaron a algunos libertarios a hacer caso a las propuestas de los enviados franquistas a los campos, y regresaron a España. Les esperaba la cárcel cuando no la muerte.

En la primavera de 1939 el gobierno francés militarizó a todos los extranjeros entre los veinte y cuarenta y ocho años. Esta medida afectaba a los españoles, a quienes se les dieron cuatro opciones: ser contratados de manera individual por patronos agrícolas o industriales que acudían a los campos en busca de mano de obra, apuntarse a una Compañía de Trabajadores Extranjeros, en la Legión Extranjera o bien en los Batallones de Marcha de Voluntarios Extranjeros. La mayoría de los exiliados, y entre ellos los anarquistas, fueron enrolados en las Compañías de Trabajadores y destinados a trabajar en obras públicas, en la industria bélica, en la construcción o reparación de instalaciones militares… Se les envió a la línea Maginot, lucharon en distintos frentes, fueron incorporados por la fuerza a la Organización Todt y enviados desde la Francia ocupada a trabajar en los centros de producción industrial en Alemania. Una parte acabó en los campos de extermino nazis. Otros fueron entregados por el régimen de Vichy a las autoridades españolas, como fue el caso de Juan Peiró, exministro cenetista en el gobierno de Largo Caballero y fusilado en julio de 1942, en Valencia.

Cuando se organizó la Resistencia, las decisiones de participar en la misma se tomaron por los libertarios de forma individual o en el seno de algunos de los grupos que lograron constituirse. Participaron junto a otras unidades de resistentes y pocas veces se constituyeron maquis identificados como anarquistas salvo en las regiones de la Pointe de Grave y de Royan (Batallón Libertad), en el Ariège.

Algunos militantes participaron en sabotajes contra los alemanes, otros se destacaron recogiendo información o bien haciendo de guías para pasar la frontera. En este último caso hay que destacar la red de evasión organizada por Francisco Poznán, integrada por anarquistas, que salvó la vida a más 1500 personas, entre ellas aviadores, judíos, personalidades de la vida pública… La red perseguía un doble objetivo. Salvar la vida de esas personas introduciéndolas en España para dirigirlas desde aquí a Inglaterra o al norte de África y, por otra parte, establecer contacto con los compañeros de la CNT en el interior, a la vez que intentaban sacar a militantes condenados a muerte. En abril de 1943 Ponzán fue detenido. El 17 de agosto de 1944, un día antes de la liberación de Toulouse fue sacado de la cárcel, junto con otros 50 detenidos por la Gestapo, conducidos a un bosque cerca de Buzet sur Torn, y fusilados; sus cuerpos fueron quemados en una hoguera.

La reorganización de la CNT en el exilio empezó ya durante la guerra. En 1940 numerosos libertarios estaban trabajando en la construcción de la presa de L’Aigle (Departamento del Cantal) e implicados, además, en la creación de los maquis en esta zona. En noviembre de 1941 estos cenetistas enviaron una circular firmada por la comisión organizadora del MLE en Francia, en la que animaban a la constitución de grupos en un nivel local. Esta iniciativa fraguó en la organización de grupos en las zonas vecinas y en la relación entre ellos. El 6 de junio de 1943 se organizó en Mauriac (Cantal) un pleno nacional de grupos constituidos. Tres meses después, el 19 de septiembre, tuvo lugar un nuevo pleno en Tourniac (Cantal) más representativo que el anterior. Aquí ya se vieron claras las disensiones entre colaboracionistas y adversarios a la participación en el gobierno que se produjo durante la guerra civil.

Mitin sobre España en Montpellier (1946).

Exilio de anarquistas en Francia, 11 de abril de 1946. De izda. a dcha. y de arriba abajo: Francesc Esgleas, Federica Montseny, Germinal Esgleas, Blanco, Laureano Cerrada, Fernando Gómez Peláez y Esteban Navarro.

En 1944 se celebraron otros dos plenos nacionales con el fin de dar unidad y coherencia a las estructuras orgánicas del movimiento libertario. El primero se celebró en Muret, el 22 de marzo de 1944, el segundo en Toulouse, del 8 al 13 de octubre. A este concurrieron las doce regionales en las que estaba organizada la CNT en territorio francés en ese momento, que representaban a 20 000 afiliados. El tema principal de los debates era: «El Movimiento Libertario Español, CNT, ante el futuro de España». En la resolución adoptada había un compromiso de colaborar «con todos los elementos antifascistas para derrocar al fascismo», así como de participar «en las responsabilidades de gobierno que garantice las reivindicaciones máximas obtenidas desde 1936 a 1939». Este acuerdo produjo una fuerte polémica y acalorados debates en el seno del MLE-CNT en Francia, puesto que suponía un alejamiento de los principios de la CNT histórica que se definía como apolítica o antipolítica, antiestatal y revolucionaria.

Ante esta situación se hizo necesario convocar un Congreso de Federaciones Locales, que se celebró en París, entre el 1 y el 12 de mayo de 1945. A él acudieron los delegados de 493 federaciones locales de Francia, norte de África, Inglaterra y Bélgica, que representaban a unos 35 000 afiliados. El delegado del interior de España sólo pudo asistir a la clausura. Con respecto al punto central del debate: la relación de la CNT con la política, el 80 por 100 de las federaciones locales acordaron que la organización volviera «a sus principios y tácticas y a la continuidad de la trayectoria antiestatal y revolucionaria». Se eligió a Germinal Esgleas como secretario general y a Juan Puig Elias y a Federica Montseny como los encargados de Organización y de Prensa y Propaganda, respectivamente.

Este acuerdo, sin embargo, no terminó con el problema de la colaboración política, bien al contrario, contribuyó a ahondar las discrepancias entre exilio e interior. El nombramiento por José Giral, tras la reconstitución de las instituciones republicanas en México y a la sazón presidente de gobierno, de dos ministros anarcosindicalistas para que se integraran en su gabinete, abrió la puerta a la ruptura, que se consumó en el mes de diciembre. En una circular del día 16, el Comité Nacional del exilio definió su posición con respecto al interior: «No hemos roto con España. Nuestra unidad con la CNT del Interior existe a pesar de la discrepancia en cuanto a la intervención gubernamental».

Los siguientes quince años fueron positivos en cuanto a que las dos fracciones se implicaron con fuerza en la lucha contra el franquismo, pero perdieron fuerza en el seno de los otros grupos antifranquistas porque sus posturas enfrentadas neutralizaban cualquier iniciativa.

En 1960 se dieron los primeros acercamientos entre ambas. La reunificación tuvo lugar en el Congreso de Limoges de agosto de 1961. En esos momentos la CNT contaba con unos 5500 militantes.

LA CULTURA COMO REAFIRMACIÓN DE PRINCIPIOS E IDENTIDADES

La tradición cultural anarquista había asumido desde sus orígenes la herencia de la Ilustración de que la educación y la cultura son la verdadera garantía de la dignificación, felicidad y progreso de las personas y los pueblos. La pasión por los libros, por aprender, produjo un doble fenómeno que encerraba en sí mismo una paradoja, pues si por una parte tendieron a adoptar e imitar manifestaciones de la cultura de la clase social en ascenso en el siglo XIX: la burguesía; por la otra, escritores y artistas «proletarios» recogían en sus obras los deseos de emancipación del pueblo oprimido.

La cultura anarquista presentó siempre un carácter autodidacta y privilegió la palabra y la imagen por su fuerza como instrumentos educativos. Por medio de charlas, debates, conferencias, carteles, postales, sellos, o de los calendarios de Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), recreaban y transmitían a las jóvenes generaciones sus ideas y valores, al igual que los iconos que los representaban: así los grandes principios de la Verdad, la Fraternidad, la Razón, la Justicia, los valores del idealismo o de la libertad que reflejaban las figuras de Don Quijote arremetiendo contra los molinos de viento o Hércules rompiendo las cadenas, y las «efigies» de pensadores, pedagogos, escritores, músicos, políticos… como Bakunin, Elíseo Reclus, León Tolstoi, Honorato de Balzac, Stefen Zweig, Beethoven, Dostoiewski, Ibsen, Ferrer i Guàrdia, Garibaldi, Malatesta…

Mujeres Libres de España en el exilio.

Pero si había un icono que sobresalía era, sin duda, el escritor Miguel de Cervantes. En todas las bibliotecas de los anarquistas no faltó nunca el libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como escribía Federica Montseny en el calendario de 1988 que SIA dedicó a Cervantes: «Don Quijote de la Mancha, obra fundamental de Cervantes, ha sido y es el espíritu de aventura, la lucha por la justicia y la exaltación de la personalidad del hombre … Don Quijote es el pensamiento profundo que a veces toma apariencias de locura. Pero Cervantes (pacifista por excelencia, enemigo de la fuerza) tuvo la inteligencia de colocar a su lado como símbolo de prudencia y del buen sentido popular, la figura del inimitable Sancho Panza, que es el pueblo…».

Antes de la guerra esta cultura se inculcaba en el seno de las familias, en las escuelas racionalistas y en los ateneos, círculos culturales donde se impartían cursos de diversas materias y de alfabetización de adultos, se enseñaba el esperanto, lengua que simbolizaba el ideal universalizador del anarquismo; se representaban obras de teatro «social y revolucionario»; se daban recitales de poesía; se impartían conferencias, se hablaba, se debatía… En suma, en los ateneos los militantes se transmitían de manera autodidacta una concepción de la cultura que alimentaba y daba sentido a su acción revolucionaria en pos de la emancipación social.

En el exilio los anarquistas lucharon desde el principio por recuperar la continuidad de esa cultura, porque en ella iba implícita la continuidad de la lucha y la defensa de una identidad colectiva que les unía, por encima de enfrentamientos y rupturas, como consecuencia de la guerra. Era una cultura para la acción, porque como escribía Juan Puig Elias en el periódico CNT de Toulouse de 15 de febrero de 1947:

La Sección de Cultura y Propaganda del Comité Nacional está atenta a la obra de cultura y capacitación sin la cual toda revolución carecería de contenido y trascendencia, no lo está menos a la necesidad urgente de acción. Cultura y acción fueron siempre el norte de nuestros maestros y de nuestra organización, de Salvochea a Ramón Archs, de Ferrer a Durruti y Ascaso. La verdadera cultura lleva siempre a la acción libertadora. En la empresa de valoración espiritual de nuestro pueblo en el exilio (exposiciones, veladas artísticas, conferencias), perseguimos la finalidad de interesar y movilizar simpatías que pueden ser útiles o decisivas para ayudarnos a liberar España. Una tómbola en la que figurarán obras de arte realmente de mérito, esperamos que obtendrá la acogida merecida que permita aportar una cantidad considerable a la Resistencia interior.

Así pues, en el exilio la actividad cultural se puso al servicio de dos objetivos que implicaban acción: atraer simpatizantes para la causa de la liberación de España y recaudar dinero para ayudar a la militancia clandestina o en la cárcel en el interior.

Como ha señalado Lucienne Domergue, los anarquistas intentaron «salvar lo que podía ser salvado cuando todo estaba perdido», y lo primero, a falta de la tierra natal, fue la lengua. Aunque gran parte de los libertarios, procedían de Cataluña, el vehículo de comunicación social y de combate político que utilizaron fue el castellano, lo que no quita para que usaran en el habla cotidiana y en el seno de la familia el catalán u otras lenguas de la Península. El español fue la lengua que se usó en los congresos, mítines y conferencias. En castellano los confederales escribieron sus informes y documentos internos, impartieron sus cursos formativos y editaron sus periódicos, revistas, libros y folletos. Este castellano que hablaban y escribían era muy vivo, lleno de sentencias y arcaísmos y con un estilo que «olía a siglo XIX». Esto no les llevó a descuidar el esperanto del que se impartieron cursos y que procuraban enseñar a sus hijos.

Aunque la labor cultural de los anarquistas en Latinoamérica y en el norte de África revistió importancia, fue en Francia, en París y en el Midi con centro en Toulouse, donde se recuperó la tradición cultural, pues fue en este país donde se asentó la mayoría de la militancia libertaria.

Calendario SIA 1963.

Entre el 1 y el 12 de mayo de 1945 tuvo lugar en París el Congreso de las Federaciones Locales. El punto 9 del orden del día se dedicó a la educación y a la cultura y, a pesar de que en el exilio no podían promover el tipo de educación que deseaban para sus hijos, consideraron que era esencial inculcarles las ideas, los modos de comportamiento y las tradiciones del movimiento. De esta manera se organizaron cursos de formación política, de preparación de oradores, de cultura general, de esperanto… Se destacaba, debido a las condiciones especiales que imponía el exilio, la importancia de la enseñanza a distancia y de la propaganda oral en la que se distingue «al conferenciante del orador y a este del agitador», y por supuesto no faltaron los centros de formación, capacitación y socialización que tanto predicamento tuvieron en el primer tercio del siglo XX: escuelas racionalistas y ateneos. En Toulouse se creó el Ateneo Español y en distintos lugares del sur de Francia se lograron poner en marcha algunas escuelas, que estuvieron mediatizadas por el nuevo contexto. La escuela francesa era un fuerte elemento de integración y, perdida la esperanza de un pronto regreso, los anarquistas procuraron que sus hijos se educaran y adquirieran una formación que les permitiera progresar en el país que había acogido a sus padres.

En cuanto al Ateneo Español, su creación es tardía. Surgió a iniciativa de las Juventudes Libertarias para ofrecer un lugar al que pudiesen ir los numerosos jóvenes, emigrantes económicos, que empezaron a afluir a Francia desde finales de los años cincuenta. Esta propuesta fue aceptada por la CNT que procedió a la creación de un Ateneo en el que podían integrarse todos los españoles de espíritu «liberal y progresista». Quedaban excluidos aquellos que «profesaban ideas totalitarias». El Ateneo se creó en mayo de 1959 y desde el principio desarrolló una amplia actividad cultural, favorecida por la diversidad de personas que formaban parte del mismo. Mantuvo contactos con profesores y estudiantes de la Universidad de Toulouse, y sus relaciones con el Ateneo Iberoamericano de París posibilitaron la participación de intelectuales de prestigio. Junto a las conferencias que se impartían, se organizaron exposiciones de pintura, representaciones teatrales, veladas musicales y sesiones de cine, no faltando las visitas anuales a la tumba de Antonio Machado. El Ateneo utilizó diferentes salas de la ciudad hasta que logró tener local propio en 14 rué de l’Etoile. En su seno había diferentes secciones: Juvenil, de Cultura Física, Mutualista, Pedagógica, Jurídica y Recreativa, por lo que, aparte de sus actividades culturales, desarrollaba otras funciones de apoyo y lugar de encuentro. Con la democracia ya consolidada en España, el Ateneo decidió poner fin a sus actividades. Donó sus archivos a la Universidad de Toulouse y los fondos que tenía a UNICEF.

LA COLONIA AYMARE

La evocación de Aymare ha tenido siempre una especial significación en el colectivo anarquista. Durante la guerra, SIA, a instancias de la CNT, adquirió una propiedad con el objetivo de proteger a los niños, alejándolos de los frentes de lucha. Era una finca de 118 hectáreas situada en el Departamento de Lot, a 4 kilómetros del pueblo de Le Vigan, del que dependía administrativamente. Se situaba en la región de Quercy Noir y distaba 150 kilómetros de Toulouse. En la explotación había un «castillo» levantado a principios del siglo XVIII, además de otras construcciones de diverso carácter.

Ya señalé que, mientras socialistas y comunistas encontraron en Francia organizaciones que les ayudaron, los libertarios, que arrastraban la «fama» de «peligrosos» (indeseables) para el orden público y la seguridad nacional, sólo contaron con el apoyo de SIA y de algunas organizaciones humanitarias. En ese contexto, hay que situar la finca Aymare, pues su objetivo principal, al terminar la guerra, fue acoger a militantes de la CNT que se encontraban en los campos de internamiento en situaciones muy penosas. A finales de 1939 había 90 personas, de ellas 31 hombres, 24 mujeres, 33 niños y 2 personas ancianas.

Cuando se formaron las Compañías de Trabajadores Extranjeros, los hombres válidos de Aymare fueron encuadrados en ellas y enviados a trabajar a la fábrica de caolín de Le Vigan. Esto hizo que la propiedad fuera perdiendo a sus residentes con lo que fue, de manera progresiva, abandonada. En 1943 sirvió de refugio a resistentes que pertenecían al maquis de Lot. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y desvanecida la esperanza de un inmediato retorno a España, la CNT/SIA recuperó de nuevo la propiedad, ahora con el fin de convertirla en residencia de ancianos y mutilados de guerra. Se formó una comisión compuesta por representantes de la Liga de Mutilados de SIA y del Movimiento Libertario Español que se encargó de organizar la colonia. El primer grupo de residentes ascendió a 17 personas. En 1954 ya eran 34. La Colonia también prestaba ayudas puntuales a indocumentados y personas en situación precaria. En septiembre de 1948 los miembros de la Colonia elaboraron sus estatutos en los que se organizaban, guardando las distancias, según el modelo de las colectividades autogestionadas que funcionaron en la guerra. Así, con estas reminiscencias se trató de «poner otra vez en práctica “el comunismo libertario” [lo que] llevó naturalmente a los participantes a organizarse según sus principios. Las faenas se distribuían en asambleas generales en las que todos gozaban de los mismos derechos. Prácticamente cada cual según sus competencias se encargaba de un sector y lo asumía».

Portal de la Colonia Aymare editada por SIA y vendida en beneficio de la colectividad.

Para ayudar a los residentes en el mantenimiento y mejora de la Colonia, jóvenes anarquistas procedentes de Toulouse, Burdeos y otras zonas, empezaron a ir desde 1949, de manera periódica, para prestar su apoyo en la realización de los trabajos. Además contó con pequeñas ayudas de SIA, los cuáqueros y la Organización Internacional del Refugiado (IRO). A pesar de ello, los medios económicos no eran suficientes y esto hizo que, en el I Pleno Nacional de la CNT celebrado en Toulouse en 1950, se tomaran dos decisiones importantes para la continuidad de la Colonia. Por una parte, se acordó abrir una suscripción a través de la prensa y, por otra, se pidió a los militantes y simpatizantes que fueran los fines de semana o durante las vacaciones para «echar una mano». La respuesta a ambas medidas fue muy positiva. Con los cerca de 1 600 000 francos reunidos con la suscripción se instaló el agua corriente en el castillo, y como recuerda Plácida Aranda: «Venían gentes de todas partes y los campesinos del lugar que iban para ayudar, permanecían con los brazos cruzados, pues había demasiada gente colaborando en los trabajos». También se pudo comprar un tractor y diverso material agrícola. De esta manera, en 1954 la Colonia contaba con dos huertas a pleno rendimiento, un campo donde se cultivaba tabaco y otro trigo, mil gallinas ponedoras, quinientos conejos, cien cabezas de ganado lanar, algunas vacas lecheras y nueve cerdos.

A propuesta de una federación local se decidió organizar una concentración anual de libertarios en la Colonia durante el verano. Esta propuesta tuvo muy buena acogida y a partir de 1952, Aymare comenzó a recibir no sólo a los militantes que llegaban en autobuses alquilados por la CNT o en coches particulares, sino también a libertarios y simpatizantes que venían de toda Francia e incluso del extranjero. De esta manera, se convirtió en un lugar de encuentro de anarquistas de muy diferentes lugares. Pero había un día especial, el 15 de agosto. En torno a esa fecha las federaciones locales organizaban «jiras» de dos o tres días a Aymare, llegando a concentrarse más de mil personas. Además, las Juventudes Libertarias organizaron por su parte concentraciones de dos o tres semanas y la CNT celebró en el año 1952 un Pleno Internacional que reunió a 150 delegados procedentes de Francia, Bélgica, Inglaterra y México. Como era de esperar, no podían faltar las actividades culturales: proyecciones de películas al aire libre, representaciones de teatro, coloquios, charlas o conferencias sobre temas políticos y sociales de carácter general y con un fin formativo; veladas musicales, exposiciones de dibujos o pinturas, periódicos murales y, siempre presente, un pequeño «stand» para librería. Las concentraciones se organizaron entre 1952 y 1957.

Con el transcurso de los años, el presupuesto para el mantenimiento de Aymare resultó cada vez más insuficiente. A esto se unían el envejecimiento de los residentes que pasaban a depender de la Seguridad Social francesa, las dificultades debidas a las características del terreno y la desviación de recursos por parte del MLE a la lucha contra el franquismo en el interior. Todo ello hizo que, en 1963, la CNT tomara la decisión de vender la Colonia, no sin antes enfrentarse a las protestas y posturas en contra de militantes de las federaciones locales para los que Aymare significaba la única posibilidad de hacer realidad sueños que, con el paso del tiempo y las dificultades del día a día, se iban marchitando. La venta efectiva, en 1967, produjo «cierta amargura» en el seno del colectivo.

PRENSA Y ACTIVIDAD EDITORIAL

Una de las actividades más fecundas de los exiliados fue la prensa. Para los libertarios, como subraya Lucienne Domergue, «la palabra escrita, más aún la impresa … constituye la fuente siempre disponible donde van a beber los inermes candidatos autodidactos, según van formándose. Para el mundo libertario es realmente la imprenta lo que hace de conservatorio inmejorable del pensamiento y del sentimiento».

La primera publicación del exilio animada por los libertarios apareció en el Campo de Morand, en Argelia. En una de las barracas se creó la escuela Exilio, en donde se daban clases por la mañana y por la tarde hacía de ateneo. En esta barraca se creó y redactó Exilio. Se editaron seis ejemplares manuscritos con ilustraciones del artista valenciano Guillermo Tolosa de las Juventudes Libertarias. En los años de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, sólo aparecieron algunos folletos de manera clandestina. En cambio en México y en otros países de Latinoamérica sí empezaron a editarse publicaciones periódicas, algunas efímeras como Timón en Buenos Aires (1939-1940), otras de vida más larga como Tierra y Libertad de México. Pero la eclosión de la prensa y, en general, de la actividad editorial llevada a cabo por los anarquistas, se produjo a partir de 1944-1945 al socaire de las ilusiones que se despertaron al producirse la Liberación de Francia. En el Congreso de las Federaciones Locales de París de mayo de 1945 se destacó la importancia de sacar a la luz todo tipo de publicaciones. También se ratificó que CNT de Toulouse fuera el «Órgano oficial del Comité Nacional del Movimiento Libertario en Francia». De la multitud de periódicos que empezaron a publicarse con el auspicio de las federaciones locales, sólo unos cuantos perduraron a lo largo de los años: CNT de Toulouse, Solidaridad Obrera de París y Ruta de las Juventudes Libertarias de Toulouse.

La mayor parte de las publicaciones periódicas tuvieron una vida breve, y a menudo azarosa por la intromisión de la policía francesa debido a las presiones que ejercía el gobierno franquista para su supresión. Se mantenían con las suscripciones de los lectores y no entraron nunca en el circuito público de la comercialización. La mayor parte de sus redactores no eran profesionales de la prensa, sino militantes autodidactas que dedicaban su tiempo libre a la redacción y edición de los periódicos. Las publicaciones más conocidas aparecieron en París y Toulouse y se editaron en diferentes imprentas con el fin de ahorrar dinero. No lograron publicar ningún diario; CNT de Toulouse y Solidaridad Obrera de París eran semanales. La prensa juvenil tuvo en Ruta. Boletín interior de la FIJL en Francia su mejor exponente. Varias veces suspendida, sin motivos aparentes, por el gobierno francés, en 1953 fue sustituida por el Boletín interior de la FIJL en el exilio. Los objetivos que se marcaba el Boletín se pueden extrapolar al conjunto de la prensa libertaria: «relacionar, orientar, informar y alimentar espiritualmente».

CNT de Toulouse se convirtió, sin duda, en el semanario anarquista por excelencia. Después de diversas vicisitudes, fue con el número 50, de 21 de marzo de 1946, cuando presentó su título definitivo: CNT. Portavoz de la CNT de España en el exilio. Órgano de la CNT-FAI. En el semanario se recogían puntualmente todas las actividades culturales que se realizaban, se daban noticias generales y sobre la situación en España, había artículos de formación, relaciones y noticias de libros, publicidad sobre cuestiones que podían interesar a sus lectores. Toda la vida cotidiana del exilio en el Midi quedó reflejada en sus páginas. En cuanto a Solidaridad Obrera, fue dirigida, entre 1946 y 1954, por Fernando Gómez Peláez y, como en CNT, se recogieron en sus páginas las actividades de los libertarios esparcidos por el resto de Francia y por otros países. Ambos semanarios tuvieron en estos años unas tiradas de entre 15 000 y 20 000 ejemplares.

En el exilio dos acontecimientos afectaron de manera muy negativa a la prensa, uno cuando sobrevino la escisión entre colaboracionistas y ortodoxos o apolíticos que fue efectiva desde diciembre de 1945. La fracción apolítica siguió teniendo a CNT como su portavoz. Como órgano de los colaboracionistas, el semanario España libre. Órgano de la Confederación del trabajo de España CNT-AIT. El primero tenía su sede en 4 rué Belfort y el segundo en 47 rué de Jonquières.

El otro acontecimiento se produjo el 2 de noviembre de 1961. Entonces, ante la continua presión que el régimen franquista ejercía sobre el gobierno francés, el ministro del Interior promulgó una circular, por la cual se prohibían CNT, Solidaridad Obrera, España Libre y el portavoz del Partido Socialista, El Socialista. A partir de ahora, los periódicos extranjeros publicados en Francia debían tener un título y director franceses y parte de su contenido en esta lengua. Los periodistas del MLE que acababan de unirse aceptaron el ofrecimiento que les hicieron los periódicos franceses afines. Espoir, Organe des Unions Regionales de la CNT Française, con sede en la Bourse du Travail, acogió a CNT y a España Libre y así, desde el 7 de enero de 1962, insertó cuatro páginas en castellano. Solidaridad Obrera se integró en Le Combat Syndicaliste. Organe Officiel de la CNT, Section Française de L’AIT, con sede en París. Pero tanto la reconciliación entre ambas fracciones como esta forma de publicación no dieron el resultado esperado y, al igual que pasó con los militantes, las tiradas de esta prensa fueron disminuyendo de manera paulatina.

Además de estos semanarios, hay que mencionar las revistas mensuales de carácter cultural. En febrero de 1946 aparecía Tiempos Nuevos. Revista del Movimiento Libertario Español. Meses después, el 15 de octubre, salía Universo. Sociología, Ciencia, Arte; las dos de Toulouse. Universo tenía su redacción y administración en la sede de CNT/SIA, en 4 rué Belfort. Heredera de la Revista Blanca, sólo se editaron trece números entre 1946 y 1948. Algo más tarde, en 1951, apareció, también en Toulouse, CÉNIT y en enero de 1954 los libertarios de París, emulando a los de Toulouse, sacaron el Suplemento literario de Solidaridad Obrera. De todas ellas, la más emblemática sería CENIT. Sociología-Ciencia-Literatura. La revista se publicó de 1951 hasta 1982 con una periodicidad regular, lo que la destaca del resto de las publicaciones libertarias. En la presentación del número 1, en enero, se indicaba que la revista quería ser la legítima heredera del pensamiento libertario y aspiraba a preservar y transmitir su memoria con la vista puesta en un futuro en el que pudiera hacerse realidad la revolución social soñada. La nómina de colaboradores de la revista fue muy numerosa, muchos eran autodidactas y estaban esparcidos por todo el mundo. Al igual que Universo, tuvo como modelo la Revista Blanca creada por el padre de Federica Montseny, Federico Urales (Juan Montseny). Las secciones de CÉNIT eran las tradicionales: ciencia y progreso, medicina práctica, pedagogía, arte, biografías, lecturas («Servicio de librería»), crónica literaria («La vida y los libros»), problemas de actualidad, ensayos, cuentos y poemas. La revista tuvo siempre un presupuesto modesto, ninguno de los colaboradores cobró nunca nada, todos escribieron imbuidos de un fuerte compromiso político y social y, como no podía ser menos, Cervantes, con su Don Quijote, fue el autor que más veces apareció en la revista. En conjunto, se convirtió en una publicación esencial, tanto en su forma como en sus contenidos, para un mejor conocimiento del pensamiento de los anarquistas porque, como he dicho, CÉNIT se reconocía heredera de una tradición que ante todo quería preservar para las futuras generaciones.

Además de los semanarios y de las revistas mensuales, los anarquistas publicaron folletos integrados en colecciones, que perseguían el mismo objetivo que los que se publicaron en España antes de la guerra, contribuir a formar una biblioteca libertaria básica. La revista Universo fue continuada desde 1948 hasta 1952 por una colección de folletos y pequeños libros: El Mundo al día. Cuadernos de Cultura, de editorial Universo. Otras colecciones de esta editorial fueron: Biblioteca Anticlerical y Lecturas para la Juventud. En 1946 las Juventudes Libertarias de Toulouse lanzaron su propia colección con la obra de Felipe Alaiz: Arte de escribir sin arte.

Junto a los folletos, las publicaciones por entregas y los libros. Así, la editorial del MLE comenzó a publicar a finales de 1946 y se estrenó con la obra de Anselmo Lorenzo El proletariado militante. En marzo de 1948 los trabajadores que imprimían CNT, «interpretando la generosidad del trabajo sin amo», se constituyeron en «Colectividad Gráfica de Toulouse», que estuvo controlada por la Federación Local de CNT en esta ciudad. Ese año de 1948 fue rico en proyectos de edición. Se lee en CNT de 16 de julio de 1948: «Hay infinidad de obras básicas que la juventud actual no encuentra y que se deberían reeditar. De los escritores de hoy salen cosas que también los jóvenes y los maduros deberíamos conocer. Protéjase a la Editorial del Movimiento y daremos satisfacción a nuestros hombres y a nuestras ideas. De la Editorial puede emanar una fuente de vida para la propaganda oral y escrita … Percátense los compañeros de habla española diseminados por todo el mundo, de la gran importancia de la Editorial del MLE, que no va a trabajar para España solamente sino para todos los países de habla castellana».

Junto a esta, hubo otras editoriales como las Ediciones Tierra y Libertad del Comité Regional n.º 7 de Burdeos, la editorial (también colección) Páginas Libres, Cenit, SIA, Espoir; todas en Francia. También en América Latina, sobre todo en México, hubo libreros y editores como Fidel Miró que creó Editores Mexicanos Unidos (EDIMEX) y fue editor, inspirador y animador de la revista Comunidad Ibérica.

El arte tuvo fuerte presencia entre los libertarios. Servía para cultivar el espíritu y desarrollar el sentimiento estético, de ahí la importancia que daban a las visitas a museos como el de Goya en Castres o el de Toulouse Lautrec en Albi y la relevancia que revestían los artículos sobre aspectos teóricos del arte y las obras de los artistas en las publicaciones periódicas. Pero como ocurría en el teatro, la literatura y otras manifestaciones culturales, además de deleitarse con pinturas y esculturas de artistas «universales», los libertarios desarrollaron sus aptitudes en este campo de las artes plásticas y mostraron sus obras en alguna de las exposiciones colectivas organizadas por CNT/SIA. Además su creatividad se manifestó en otros ámbitos como el diseño escenográfico de las obras que representaban los grupos artísticos, los periódicos murales o las ilustraciones que se reproducían en las publicaciones periódicas, en donde destacaron los dibujantes como Forcadell, Lamolla, Argüello o Juan Cali, este último, además, excelente caricaturista y gran aficionado al fútbol. En los años cincuenta Cali organizó en Toulouse un equipo de fútbol con hijos de refugiados bajo el nombre de Iberia.

EL TEATRO

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial surgieron en las distintas zonas de asentamiento de núcleos de exiliados anarquistas en Francia grupos teatrales que, tanto por su contenido ideológico como por su organización y funcionamiento, enlazaban con los que habían aparecido en España desde finales del siglo XIX. Estos grupos artísticos tenían un fuerte componente popular y el teatro que representaban se concebía como un instrumento de transformación revolucionaria, y un medio de ayuda a los compañeros del interior de España.

Esa concepción revolucionaria del teatro implicaba un cambio en toda su estructura. Así, las empresas comerciales debían sustituirse por grupos teatrales de aficionados que compaginaban su trabajo cotidiano con la actividad teatral. Solían hacer las representaciones los domingos en locales que patrocinaban y en el marco de espectáculos más amplios en los que había conferencias, recitales de poesía, audición de piezas musicales, bailes populares… Lo normal era poner en escena un drama social acompañado de una pieza ligera.

Los grupos teatrales que iban surgiendo en distintos pueblos y ciudades contaban con el apoyo de las federaciones locales. Aunque se estimulaba la producción de obras propias, lo cierto es que la mayor parte de los repertorios de los grupos se nutrió de autores que no eran anarquistas, aunque sí tenían unas ideas en muchos aspectos concomitantes con las de aquellos. Reconocían el valor del teatro clásico en autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Shakespeare o Moliere, pero sus modelos «clásicos» eran más cercanos: Hauptmann con su drama Los tejedores, Mirbeau con Los malos pastores o, en especial, Ibsen con obras como Casa de muñecas o Un enemigo del pueblo. Junto a estos, una serie de dramaturgos españoles fueron considerados como modelos de un teatro, crítico con la organización social desde unos postulados «científicos» que permitían avanzar hacia la meta ideal de sociedad. Algunos ejemplos: Electra o Doña Perfecta de Pérez Galdós; Aurora o Juan José de Joaquín Dicenta; El héroe o ¡Libertad! de Santiago Rusiñol; Terra Baixa de Ángel Guimerá o El pan del pobre de González Llamas y Francos Rodríguez. A estas obras y autores, se unían las escritas por los propios libertarios con un fuerte contenido ideológico, que condicionaba la trama y estética dramáticas.

En los años de la República se pusieron en marcha experiencias de teatro ambulante que contenían muchos de los postulados y planteamientos de los grupos teatrales libertarios. El Teatro del Pueblo y el Teatro de Fantoches o Teatro de Guiñol de las Misiones Pedagógicas, el teatro de La Barraca de Federico García Lorca o el teatro de El Búho de la FUE de la Universidad de Valencia constituyeron distintas expresiones de acercamiento de intelectuales y estudiantes a las clases populares con el fin de distraerlas, educarlas y ayudarlas en su proceso emancipador. De estas experiencias, el Teatro del Pueblo era la que se encontraba más cercana a la forma de hacer teatro de los anarquistas. Su director, Alejandro Casona, fue uno de los dramaturgos que siempre estuvo presente en el repertorio de los grupos teatrales libertarios en el exilio, y Nuestra Natacha una de las obras más queridas y más veces presentada por los diferentes grupos artísticos en el período de 1945 a 1960.

Tras la liberación de Francia, empezaron a surgir grupos teatrales bajo el auspicio de las federaciones locales del MLE-CNT y con la colaboración de SIA. Los primeros grupos empezaron a formarse en los años 1945-1946. Iberia, de Toulouse; Mosaicos Españoles, de París; Arte y Amor, de Poitiers; Amor al Arte, de Béziers o Acracia, de Marsella. Estos grupos artísticos o cuadros escénicos se constituyeron a nivel local con el apoyo de autores y actores veteranos, como por ejemplo el caso de Iberia o del Grupo Artístico Juvenil de las Juventudes Libertarias de Toulouse, que se beneficiaron del conocimiento teatral de Teodoro Monge, quien, en 1945, había creado en esa ciudad su Compañía Dramática.

Cartel anunciando una representación teatral del Grupo Juvenil de las Juventudes Libertarias de Toulouse.

La organización de cada grupo era colectiva. Los actores nombraban a un director artístico y entre todos elegían la obra que se iba a poner en escena. Después de cada representación, se reunían para comentar los pormenores de la misma. Ensayaban por la noche, al terminar el trabajo y no cobraban nada. Todo lo recaudado en cada representación se canalizaba, a través de SIA, para ayudar a la «España oprimida» o a compañeros exiliados en situación precaria. La mayoría de los actores eran aficionados.

La temporada teatral comenzaba en octubre-noviembre y solía terminar en junio. Casi todos los grupos hacían «giras» por distintas ciudades de su entorno. Las representaciones tenían lugar los domingos o con motivo de determinadas conmemoraciones como el 14 de abril o el 19 de julio. Los lugares donde ensayaban y representaban las obras eran salas pequeñas de barrio o locales de la organización francesa afín, como en Toulouse la «Bourse du Travail». En esta ciudad la CNT francesa cedió a sus correligionarios españoles un barracón que, durante la Segunda Guerra Mundial, había albergado a exiliados españoles que trabajaban para la industria bélica. Este barracón fue reformado e inaugurado en abril de 1949 con el nombre de Salle Fernand Pelloutier (Teatro del Cours Dillon, para los españoles). Además de las representaciones teatrales, se dieron clases, se pronunciaron conferencias, se organizaron exposiciones… y durante varios años el Cours Dillon fue el centro cultural de los libertarios en Toulouse.

El espectáculo se concebía como la reunión de una gran familia. Los niños se ponían delante, frente al escenario, y eran corrientes las llamadas al orden de los pequeños por parte del «espiquer» (speaker) que presentaba y animaba las representaciones. Era un teatro eminentemente participativo y era usual que, tras la obra dramática, se representara un «juguete cómico» como fin de fiesta o actuara algún solista. Con el transcurso del tiempo ese «fin de fiesta» se fue ampliando con variedades que iban desde los solistas que recitaban, cantaban, tocaban un instrumento o contaban chistes y chascarrillos, a las rondallas, coros o grupos de bailarines. No solía faltar un cuadro flamenco.

En la evolución de estos grupos teatrales se pueden distinguir dos épocas. Una primera abarca los años de 1945 a 1948-1949. La otra, toda la década de 1950 hasta su desaparición en torno a 1960-1962, aunque hubo algunas representaciones esporádicas organizadas por varios grupos en años posteriores. La primera etapa se corresponde con la época en la que el exilio político todavía tenía cierta fuerza, debido a la imagen favorable que se generó hacia los republicanos españoles por su participación en la Segunda Guerra Mundial. Eran años de esperanza en los que se pensaba en un inmediato retorno a España, lo que reavivaba el espíritu de compromiso que tenía cabal expresión en la cultura y, en lo que aquí nos ocupa, en el teatro. Una referencia al repertorio de obras que ponían en escena los grupos teatrales que estaban surgiendo, nos puede servir de ejemplo. Así, entre 1946 y 1948 el grupo Acracia, de Marsella, representaba las siguientes obras: Nuestra Natacha de Alejandro Casona; Los semidioses de Federico Oliver; Los malos pastores de Octavio Mirbeau; ¡Abajo las armas!, adaptación escénica de la novela homónima de Berta de Sutner; El Primero de Mayo de Pedro Gori, Polos opuestos de Vicente Artés y El Cristo moderno de José Fola Igúrbide.

Juan Montiel fue uno de los actores más conocidos del grupo artístico Iberia de Toulouse. Recuerda: «En 1945 la Montseny pronunció una conferencia en la Plaza. Un compañero me contactó entonces para participar en un grupo cultural. Antes de la guerra había estudiado en la Real Academia de Declamación de Málaga. El grupo en el que me integré había representado ya una pieza: Nuestra Natacha de Alejandro Casona … Durante tres años hicimos representaciones en la Bolsa del Trabajo. Después en el Cine Espoir y en la Salle Saint-Anne, en la calle del mismo nombre. Era una pequeña sala que se alquilaba a los curas. También representamos obras en el Cours Dillon … Al principio todos los actores pertenecían a la CNT, después llegaron de España jóvenes inmigrantes económicos que nosotros acogimos».

El fracaso ante el anhelado retorno y las disensiones y divisiones políticas enfrió el entusiasmo de la militancia, palpable ya a la altura de 1948. Esto es lo que el Grupo Artístico Juvenil de las Juventudes Libertarias de Toulouse reprochaba a sus mayores, mientras reivindicaba la necesidad de reavivar la lucha política en contacto con los compañeros del interior de España. Los principales animadores del Grupo Juvenil fueron Blanca y Teófilo Navarro, que habían pasado a Francia en el éxodo de febrero de 1939. La primera obra que estrenaron fue El hombre no está solo, de H. Neihmann en el Cours Dillon, el 3 de diciembre de 1950. Estuvieron representando hasta 1962.

En junio de 1951 Fontaura escribía en CNT: «Llevados de la costumbre un tanto rutinaria, se echa mano de cualquier obra representable, sin pararnos a considerar el que responda o no con nuestra finalidad de libertarios. Obedece a que olvidamos que “nuestro teatro” debe ser “teatro social”». En 1956 y 1957 se publicaron en Solidaridad Obrera y en CNT una serie de artículos en los que se polemizaba sobre la situación del teatro y de los grupos artísticos. Ese debate ponía en evidencia que los tiempos habían cambiado, pues por mucho que lamentaran la postergación de las obras de «teatro social», lo cierto es que el público confraternizaba, se divertía y aplaudía festivales de «variétés». A principios de los años sesenta, la decadencia de la actividad teatral era una realidad. Los hijos de los refugiados, que habían asistido y participado de pequeños en estos espectáculos, no recogían la antorcha de algo que, integrados ya en la sociedad francesa, sentían de manera diferente a sus padres.

PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA E HISTORIA ALTERNATIVA

En el exilio los anarquistas trataron de conservar su memoria como elemento de identidad colectiva, a la vez que rechazaban la visión que la historiografía académica daba sobre ellos, lo que se tradujo en la elaboración de una contrahistoria o historia alternativa. En las páginas que siguen voy a referirme brevemente a ambos aspectos.

El acontecimiento que sirvió como punto de partida para la construcción de una memoria en el exilio fue la guerra civil, que, a su vez, tenía su anclaje en otra memoria, la de los años de la República. A partir de aquí tanto los anarquistas, como los otros grupos políticos y sindicales de la izquierda, crearon diferentes representaciones de la realidad que se proyectaban en distintas memorias en función de la diversidad de colectivos.

Para los exiliados la guerra civil constituyó el «mito fundacional» de su memoria que, en el caso de los anarquistas, cristalizaba en una fecha, la del 19 de julio de 1936, día en que el pueblo en armas se había levantado contra los militares sublevados y en el que había comenzado la revolución social, la posibilidad de convertir en realidad el sueño del «comunismo libertario».

El 19 de julio de 1946 el Comité Nacional del Movimiento Libertario CNT en Francia editaba el Libro de Oro de la Revolución Española, en conmemoración de su décimo aniversario. En el mismo se recogía la participación de la CNT en la «lucha del pueblo español contra el fascismo», las medidas de carácter social y económico que puso en marcha (en especial las colectivizaciones en Aragón), así como las iniciativas tomadas en defensa de la cultura. Al principio del libro se explicaba el significado del «19 de julio»:

«La insurrección facciosa, comenzada en Canarias con el pronunciamiento de Franco, capitán general en esa isla, fue secundada … por la mayoría de los jefes y oficiales que habían jurado fidelidad a la República … La República se encontró inerme, quebrantados todos los resortes del Poder. La administración estaba minada por el movimiento fascista; nada respondía en el enorme aparato del Estado, a las órdenes del gobierno. La insurrección, preparada desde hacía tiempo, incubada en las sacristías, en los cuartos de banderas, en las covachuelas de la administración; financiada por el capitalismo y por el clero, se extendía a todos los rincones siniestros y sinuosos de la vida pública española. Lo único que estaba limpio de todo contubernio y de toda culpa, sano y vibrante, preñado de esperanzas y de resoluciones generosas y heroicas, era el pueblo, la clase obrera, los hombres del taller, de la fábrica, del campo, de la mina.

»Y el que salió a la calle a defender sus libertades y sus derechos amenazados, a batir al enemigo que intentaba apoderarse del Poder, con un golpe de audacia y de fuerza, fue el pueblo. Y allí donde el pueblo, el 19 de julio de 1936, tuvo armas suficientes para vencer a la facción, el levantamiento fascista fue reducido en pocas horas. Allí donde el pueblo no pudo encontrar esas armas; allí donde las autoridades que representaban a la República se negaron a entregar al pueblo esas armas, la insurrección triunfó. Esa es la verdad. Y esa es la gran lección histórica del 19 de julio».

De esta manera, el 19 de julio se convirtió en una fecha de especial significado para los anarquistas. En París, en Toulouse y en otras zonas del sur de Francia donde aquellos eran mayoría, se celebraban una serie de actos conmemorativos. Había mítines, conferencias, representaciones teatrales y otras actividades culturales que tenían como principal objetivo mantener cohesionado al grupo en torno a un hecho de su memoria colectiva, que formaba parte de su identidad en el exilio.

Otro momento que revistió un fuerte valor simbólico fue la participación española en la liberación de París en agosto de 1944. Lo subraya Federica Montseny:

Militarmente, desde el punto de vista del objetivo simbólico que representaba París para las fuerzas aliadas, como lo representaba para las fuerzas de Hitler, los que liberaron París fueron los refugiados españoles … Es decir, los proscritos, los revolucionarios vencidos, el triste rebaño encerrado entre alambradas y guardado por negros, los hombres perseguidos y acosados como fieras, los esclavos de las compañías de trabajadores y la triste carne enviada a morir en el desierto o la muralla del Atlántico.

El final de la Segunda Guerra Mundial significó para los exiliados la esperanza de un pronto retorno a España. Llevaban ya varios años en el destierro y todavía las «maletas» permanecían sin deshacerse y el mobiliario de las viviendas era provisional. «Pasamos a Francia —evoca Sara Berenguer— siempre con la esperanza de volver, de volver mañana, tanto es así que estuvimos años esperando volver y que teníamos siempre la intención. Cuando nos reuníamos media docena de compañeros decíamos: “Qué vamos a hacer”, “¿por qué no cogemos una ‘campaña’ abandonada en el monte y trabajamos y vivimos en colectividad y hacemos algo?”, pues sí, nos entusiasmábamos y decíamos: “Vamos a hacerlo”, pero al cabo de dos o tres días yo les decía: “¿Y si la cosa en España se arregla?, tendremos que abandonarlo todo, vale más que esperemos”. Y así hemos pasado muchísimos años».

La necesaria asunción de un largo exilio produjo en el seno de los anarquistas esa necesidad, ya indicada, de reafirmar su supervivencia como colectivo, mediante el mantenimiento de principios y valores que habían dado forma a una cultura que era en sí misma una determinada manera de vivir la vida, lo que en sí constituía el alimento de una memoria en la que los libros, la escritura, revestían un valor especial en la transmisión del saber que dignificaba y hacía libres a los seres humanos. De ahí el empeño de los anarquistas de que sus hijos estudiaran, adquirieran una formación cultural y profesional sólida y se abrieran camino en las sociedades en las que vivían. Mario B. nacido en 1934 en España tiene este recuerdo de su infancia:

Mi madre era casi analfabeta, sabía apenas … leía pero escribía muy mal, casi no sabía escribir. Uno de los recuerdos más fuertes de mi vida es que cuando llegamos a Gimel (Francia, en 1939), no era un campo de internamiento, era un centro de reagrupamiento de mujeres y niños, nos metieron a todos dentro. Debía de haber algunos miles de mujeres y niños amontonados en una vieja fábrica que en invierno se inundaba … Entre esas mujeres había algunas maestras, todo se organizó rápidamente y los niños, yo tenía entonces 5 años, fuimos escolarizados … con libros de los que guardo una imagen muy precisa: ¡los libros mexicanos! Era el Gobierno mexicano que debió sin duda enviarnos libros. Me acuerdo muy bien que cuando me dieron un libro, y el libro era prestado, mi madre me lo dio con mucha solemnidad … [y] me dijo: «debes de saber que los libros son tus mejores amigos».

Los padres de Mario eran libertarios e inculcaron a sus tres hijos la necesidad de estudiar. Mario y sus hermanos cursaron ingeniería informática y la hermana se hizo maestra. Los tres conservaron el ideario que les transmitieron sus progenitores, al igual que Suno, Helios y Blanca, hijos de Teófilo y Blanca Navarro. Estos últimos tuvieron una participación muy activa en los actos culturales que los libertarios organizaban en Toulouse. Ellos fueron quienes animaron el Grupo Artístico Juvenil de las Juventudes Libertarias, como ya vimos, y sus hijos quieren, junto con otros compañeros y simpatizantes, preservar la memoria de sus mayores que tuvieron que partir hacia el exilio. Para ello crearon, el 28 de noviembre de 2008, una asociación: «Centre Toulousain de Documentation sur l’exil espagnol». Tal y como se indica en el díptico de presentación: «El CTDEE no pretende competir con las otras asociaciones, instituciones o archivos ya existentes, sino desarrollar una actividad complementaria ya que su creación responde a la voluntad de conservar en Toulouse, capital de la resistencia antifranquista en Francia desde 1940, la memoria y la labor realizada por los refugiados». Sin duda este es el mejor recuerdo y homenaje que pueden hacer a sus padres y a tantos anarquistas que hicieron de Toulouse su segundo hogar.

Pero a la vez que construían y preservaban una memoria, la utilizaban como medio para reconstruir la historia del colectivo. Como ha señalado Jacques Le Goff, hay al menos dos historias, la de los historiadores y la de la memoria colectiva de un colectivo social. Esta última elabora su sistema de representación no en función de argumentos lógicos, sino a partir de unos acontecimientos que marcan la conciencia individual. Y la interpretación que ha dado la historiografía académica de la manera como han vivido esos acontecimientos los anarquistas, no ha coincidido, la mayoría de las veces, con la visión que ellos tienen de su propia historia, de la que han querido dejar constancia a través de escritos historiográficos, o bien mediante memorias, testimonios o recuerdos. Al margen de las diferencias, en todos ellos hay una clara postura de compromiso y militancia activos.

Ya en la temprana fecha de 1951 Federica Montseny editaba un libro que recogía la trágica aventura de los españoles del éxodo que se vieron recluidos en campos de internamiento, lucharon en la Segunda Guerra Mundial y murieron en los campos de exterminio nazis. En Pasión y muerte de los españoles en Francia escribía:

Mi trabajo es muy simple, sin trascendencia alguna. Me limito a recoger testimonios dispersos, a dejar hablar a los supervivientes y a proyectar la sombra de los muertos … Desarraigados, sin hogar ni patria, cubiertos de harapos, de piojos y de sarna, ensangrentados y vencidos, con el cuerpo maltrecho y el alma transida, como Don Quijote dentro de la jaula, la obstinación magnífica, la esperanza victoriosa, la energía sombría y la risa luminosa, nos han salvado, nos salvan y nos salvarán siempre. Cuando otros se suicidaban, declarándose vencidos, nosotros, cargados de cadenas, nos preparábamos para vencer.

Ciñéndome a los años del exilio, hay un amplio corpus de memorias y testimonios de anarquistas, pero casi todos los textos se han publicado en edición del autor o bien se conservan como manuscritos inéditos en el entorno familiar y en archivos y centros de documentación libertarios o de carácter social como el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. Son escasas las memorias aparecidas en editoriales de cierta difusión, de ahí el desconocimiento de esta historia elaborada desde dentro y en la que no faltan las posturas divergentes. Véanse, a modo de ejemplo, las memorias de Juan García Oliver: El eco de los pasos, y las de Josep Peirats: De mi paso por la vida. Memorias.

En cuanto al desacuerdo con lo que escriben los historiadores ajenos al mundo del anarquismo pueden servir de muestra la carta abierta que dirige Heleno Saña, en enero de 2005, al historiador Ángel Herrerín, que poco antes había publicado su libro: La CNT durante el franquismo: clandestinidad y exilio (http:www.periodicocnt.org/308enero2005/22); o bien la versión alternativa: «Toulouse y el exilio libertario español», escrita por Oscar Borillo y Tomás Gómez, y publicada en la edición española del libro coordinado por Alicia Alted y Lucienne Domergue (2003), que constituye una réplica al texto: «Les anarchistes dans l’exil», escrito por el historiador David Bueno Villagrasa, que se recoge en la edición francesa del libro que coordinó Lucienne Domergue (1999).

En suma, una memoria y una contrahistoria que se aúnan para construir la historia de un colectivo, que trató de poner en marcha sus principios revolucionarios en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de su país.

Los educadores del pueblo

y la «revolución interior».

La cultura anarquista en España

Javier Navarro Navarro

Universitat de Valencia

PRESENCIA Y PERFILES DE UNA(S) CULTURA(S)

No resulta fácil abordar de manera global un tema como el de la cultura anarquista en España, con tantos elementos en juego y posibilidades de análisis desde diferentes perspectivas y dimensiones. El mundo cultural vinculado a los medios libertarios españoles se caracteriza por su diversidad y complejidad, por lo variado de sus expresiones y por la pluralidad de influencias que intervinieron en su gestación y evolución a lo largo del tiempo. Las aportaciones de reputados especialistas en el anarquismo hispánico han ido desgranando en este volumen elementos de esa cultura e identidad política, por lo demás marcadamente heterogénea en sus perfiles («anarquista», «sindicalista», «individualista», etc.). Nos aproximaremos en estas páginas al análisis de algunos otros elementos que la caracterizaron, relacionados tanto con los discursos, actitudes y valores como con las prácticas y modos y formas de expresión a través de los cuales se construyó y difundió.

Tal como han señalado José Álvarez Junco, Lily Litvak y otros autores, los libertarios españoles otorgaron en su discurso una importancia central a la cultura y la educación como instrumentos clave de su proyecto emancipador; aspectos instructivos y formativos aparecían así en principio no como piezas secundarias en el camino a la revolución, sino como elementos imprescindibles del proceso de transformación del individuo y de la sociedad en general. Lo cierto es que el énfasis anarquista en estas cuestiones resulta remarcable. Podemos encontrar formulaciones en este sentido ya desde los primeros tiempos del internacionalismo en España, tanto en los dictámenes y declaraciones en congresos como en las páginas de la prensa obrerista del momento e incluso en las primeras iniciativas prácticas (escuelas, edición de libros y folletos, etc.) puestas en marcha en la década de 1870. Y todo ello continuó en décadas posteriores. Tal como señalaba Juan Díaz del Moral refiriéndose a estos medios en las páginas de su Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicada en 1929:

No hay congreso obrero en donde no se plantee el problema de la enseñanza; en algunos se ha intentado la creación de una Escuela Normal de Maestros; en todos se estimula a las Asociaciones para que erijan escuelas; los cruzados de la causa suelen ser grandes lectores de periódicos, folletos y libros de propaganda (de sociología, como ellos dicen) y aun de obras elementales de historia, geografía y ciencias físicas y naturales; en las exaltaciones, hasta las masas muestran un noble afán por instruirse y educarse.

La fe en el perfeccionamiento humano a través de la inteligencia, el conocimiento y la voluntad personal de mejora; la confianza en las posibilidades transformadoras de la razón y la ciencia, arraigado todo ello en una amplia tradición ilustrada, radical y socialista, reafirmaban la presencia relevante de la acción y la reflexión cultural en el programa ácrata al menos en un doble sentido. Primero, en el de la necesidad de la restitución de la cultura al pueblo —garantizando su acceso a esta— y la erradicación de la ignorancia, sinónimo a la vez que efecto perverso de la explotación. Pero también por la convicción de la labor cultural como un valor revolucionario en sí mismo, factor de liberación y transformador de la realidad y del individuo y, por tanto, inseparable del proyecto emancipador. Sin este aprendizaje personal y social, y la «revolución de las conciencias» consiguiente (concebida no sólo como mera adquisición de conocimientos, sino como transformación de valores, actitudes y costumbres), la revolución social quedaría incompleta. De hecho, sólo la presencia de seres plenamente ilustrados, conscientes, autoemancipados y libres de prejuicios, sería capaz de garantizar a la larga la consolidación de una futura sociedad posrevolucionaria.

Este «afán cultural» con el que se ha vinculado legítimamente al anarquismo, tanto en el ámbito del discurso como en el de la práctica, no se situaba evidentemente al margen de la propaganda y la difusión de las ideas que debía acompañar la progresión y consolidación del movimiento entre las clases trabajadoras. Pero lo cierto es que, más allá de ello, y por las razones aducidas, resulta innegable el peso y la importancia que la acción educativa y cultural en un amplio sentido tuvo a lo largo del tiempo en los medios libertarios españoles y en sus diferentes proyectos y estrategias. Estuvo presente de una u otra manera en sus distintas corrientes, desde el colectivismo y el comunismo al individualismo y el sindicalismo revolucionario, el comunismo libertario, etc. Sin embargo, ello no significa que en todas ellas, ni en todas las voces militantes en un sentido general, se prestara una importancia igual a la cuestión, ni que se le reservara el mismo rol u orden dentro del programa revolucionario ácrata. Para algunos, la «revolución interior», cultural e intelectual, debía preceder a la material; para otros, sólo la consecución plena de esta última permitiría disponer de las condiciones que aseguraran el libre desarrollo de todas las facultades humanas. Así, no fue extraño que se acusara a los primeros de una desviación «pedagogista» o «educacionista», al priorizar este esfuerzo sobre la lucha insurreccional o el trabajo sindical, aunque de todas maneras esa fuera una tendencia siempre presente en los discursos libertarios.

Los medios anarquistas españoles invirtieron grandes esfuerzos y energías en el campo cultural. Actuaban así como «educadores del pueblo», a través de iniciativas como la labor de creación de escuelas o ateneos, el ingente esfuerzo editorial y de extensión de la lectura que desplegaron, o fenómenos como la creación de una literatura obrerista o la apuesta por el teatro «social» y «de ideas». Los libertarios contribuían de esta manera a un proyecto cultural general de emancipación humana y superación individual y colectiva mediante la extensión de la cultura y la educación a las clases populares, y se vinculaban así en buena medida a la pulsión regeneracionista finisecular en un amplio sentido. Se trataba de un programa, por otra parte, nada neutro sino imbuido de una orientación profundamente revolucionaria y basado en esa fe casi absoluta en el poder de transformación (e incluso redención) social de la cultura, a través de una auténtica «mística de la educación». Se difundían así los perfiles de una cultura racionalista y científica, con muchos puntos en contacto con las culturas radicales, republicanas y obreristas, superadora de las desigualdades, con vocación enciclopédica y globalizadora (se buscaba acceder a un saber ilustrado, no parcial o especializado), integral (extensiva a todos los ámbitos de la vida), universalista, laica, etc.

Pero además de esta proyección «externa», por así decirlo, las prácticas culturales y educativas desarrolladas por los libertarios cumplían también una función «interna» (si se me permite esta diferenciación, por lo demás un tanto arbitraria) como elementos que expresaban a la vez que contribuían a forjar y consolidar una determinada identidad política y social, vinculada al obrerismo anarquista y anarcosindicalista. La cultura desempeñaba así un rol central en la configuración y definición de la identidad ácrata. Estas actitudes y prácticas socioculturales, de las que participaban militantes y, en cierta medida, afiliados y simpatizantes de los medios libertarios en estos años, resultaban claves para la socialización y/o formación de aquellos. Aseguraban la cohesión del grupo, consolidaban los sentimientos de pertenencia a un movimiento social y desempeñaban en definitiva un rol esencial en la conformación de un tipo de vida y de cultura militantes y en el proceso de construcción de una identidad libertaria, siempre heterogénea en sus perfiles, como ya subrayamos. Cabe recordar que la condición de «anarquista» era concebida a menudo en estos medios como la meta final de un camino, de un proceso, a la que se llegaba tras un proceso de transformación moral y cultural del individuo. La idea de la necesaria formación del militante es aquí recurrente y se solía valorar siempre muy positivamente la figura del autodidacta, aquel que conseguía labrarse una educación mediante su esfuerzo personal. Asimismo, la «posesión» de cultura (como mínimo, saber leer y escribir y estar familiarizado con algunas lecturas) marcaba en la CNT la frontera entre el militante y el simple afiliado, con todas las consecuencias que esto tenía para la organización, tal como ha destacado Anna Monjo. Todo ello no quiere decir que la cultura no se convirtiera internamente en un ámbito de lucha por la definición de la propia identidad, entre las distintas concepciones de la cultura libertaria. Así, por ejemplo, los sindicalistas aludían constantemente a la cultura (como sinónimo de educación o capacitación) y la anteponían a cualquier «aventura» revolucionaria; los individualistas subrayaban la necesidad de una «revolución en las mentes» y de una transformación profunda de las costumbres y hábitos cotidianos, etc.

No obstante, fuera desde una u otra corriente, con una orientación dirigida hacia el exterior o el interior del propio movimiento, la acción cultural del anarquismo en España tuvo unas coordenadas más o menos comunes, tanto en sus fundamentos discursivos básicos (una cultura que alude a la capacidad autoformativa del individuo, se pretende antiautoritaria y al margen del Estado, es integral y se dirige a los distintos ámbitos de la vida social e individual, tiene un carácter transformador y revolucionario, etc.), como en sus formas y manifestaciones concretas. Con relación a esto último, cabe subrayar que nos encontramos ante una actividad que emana fundamentalmente de sus redes de sociabilidad, de los militantes presentes en las diversas instancias del movimiento libertario, fueran sociedades obreras o sindicatos de la CNT, agrupaciones de la FAI, Juventudes Libertarias, Mujeres Libres, ateneos populares y obreros, etc. Es producto a veces de la iniciativa de los distintos comités locales, comarcales, provinciales, regionales o nacionales que coordinan esas distintas tramas asociativas. La mayor parte de las ocasiones brota, por el contrario, de los militantes reunidos en grupos de afinidad (en su lugar de trabajo o sindicato, en el barrio o en el ateneo), célula básica de sociabilidad en el movimiento libertario y protagonista de sus diferentes tipos de acción, también la cultural. De ellos surgieron prácticas como conferencias, charlas y debates, cursillos y escuelas nocturnas para adultos, escuelas racionalistas para los niños, bibliotecas, edición de publicaciones periódicas, libros y folletos, veladas artísticas, excursiones campestres, práctica del esperantismo o el naturismo, etc. Se trata de una actividad cultural, por tanto, enormemente amplia y variada, otro de cuyos rasgos esenciales es precisamente ese carácter descentralizado, por lo menos hasta los años de la guerra civil. Son iniciativas múltiples y presentan en conjunto una gran riqueza y complejidad, pero a menudo su autonomía y dispersión, unidas a la carencia de recursos y la clandestinidad o semiclandestinidad (dentro de una dinámica de insurrección/represión) en las que suelen moverse, las someten a constantes vaivenes, a una permanente fragilidad y a una cierta discontinuidad. El voluntarismo mostrado no se veía acompañado a menudo por el éxito en las realizaciones prácticas ni por la necesaria estabilidad que estas precisaban.

Por otro lado, se parte aquí de la percepción de la posibilidad de configurar unas estrategias y prácticas cultural-educativas autónomas, autosuficientes, alternativas y al margen del Estado, lo que diferenciaría a los anarcosindicalistas españoles de otras opciones presentes en el movimiento obrero, como es el caso de los socialistas, con su clara apuesta al menos desde 1918 por una reforma en profundidad de la educación pública. De nuevo será la contienda civil de 1936-1939 la que alterará, también aquí, las cosas, y llevará a los medios libertarios a compartir iniciativas en este ámbito desarrolladas por las instituciones republicanas (Milicias de la Cultura, Institutos Obreros, etc.), a integrarse plenamente en modelos educativos de carácter público y estatal, como sucedió con el CENU (Consell de L’Escola Nova Unificada) en Cataluña, o incluso a dirigir el conjunto de la política cultural y educativa gubernamental con el nombramiento en abril de 1938 del cenetista asturiano Segundo Blanco como ministro de Instrucción Pública y Sanidad en el ejecutivo de Juan Negrín.

En general, y a lo largo del tiempo, se revelaron como fundamentales en la construcción de la identidad libertaria y en la puesta en marcha de su acción colectiva, una serie de prácticas que implicaban la utilización, como en otras culturas políticas y movimientos sociales, de todo un abanico de elementos simbólicos y representaciones, mitos y rituales unificadores de diferente índole, muchos de ellos procedentes de la tradición obrera. Entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, el uso de determinados símbolos con los que se identificaba la militancia: la bandera y los colores rojinegros (definitivamente a partir de la década de 1930), las siglas de la FAI o de la CNT, o el cancionero anarquista y sus himnos más representativos: Hijos del Pueblo, primero (adoptado en el Segundo Certamen Socialista, en 1889), y a partir de los años treinta ¡A las Barricadas! También la predilección por nombres —individuales, de publicaciones, entidades o grupos— o imágenes repletos de alusiones a la naturaleza y la luz, la lucha y la acción, la redención y el progreso, etc.; de rituales que expresaban el deseo de escapar del control religioso y, en la medida de lo posible, del Estado (desde el cambio de nombre propio a los actos de inscripción civil de recién nacidos, pasando por matrimonios y uniones «libres», entierros laicos, etc.), o de ritos de afirmación de la identidad colectiva: conmemoraciones, actos de homenaje, «afirmación» y confraternización, etc.

Resultó clave asimismo la existencia de un calendario propio (con fechas destacadas, festejadas de una u otra manera: el aniversario de la Comuna o el de la ejecución de los mártires de Chicago, el Primero de Mayo, el 19 de julio, etc.), así como la necesidad en general de codificar una historia propia, que reafirmara la propia identidad en el pasado, con la presencia de historiadores pertenecientes al movimiento: Anselmo Lorenzo, Manuel Buenacasa, Josep Peirats, Abel Paz, por citar sólo algunos, y hasta la actualidad, con fundaciones y centros de documentación (Anselmo Lorenzo, Salvador Seguí, Isaac Puente, etc.), uno de cuyos cometidos es precisamente la conservación y recuperación de la memoria libertaria. Asimismo, fue básica la presencia de una serie de modelos éticos y de comportamiento para el militante: «apóstoles», convertidos en paradigmas de conducta; «mártires» del movimiento (desde los obreros de Chicago a los caídos en las insurrecciones revolucionarias de la década de los treinta y la guerra civil, pasando por los mártires de Montjuic o la figura emblemática de Ferrer i Guàrdia) a los que se dedicaban números extraordinarios de periódicos y revistas, poesías, dibujos, fotografías, etc.; «héroes» de la lucha obrera (el ejemplo más claro será la exaltación de Durruti durante la contienda y también con posterioridad a ella); «sabios» (pensadores, científicos y artistas cuya obra hubiera contribuido al progreso de la humanidad), etc.

EDUCACIÓN Y ESCUELA

El interés de los anarquistas por la pedagogía y la educación fue notable, tanto en el ámbito discursivo como en el de las iniciativas y prácticas. Muchos de los más importantes escritores y publicistas anarquistas españoles se sintieron atraídos por las cuestiones pedagógicas y escribieron sobre ellas: Anselmo Lorenzo, Federico Urales, Ricardo Mella, José Prat, Higinio Noja Ruiz, etc. Ello se explica no sólo por la ya mencionada fe en las posibilidades de la acción educativa y formativa del individuo, esa auténtica mística de la educación que otorgaba a esta una considerable potencialidad transformadora y revolucionaria, sino también por la confianza en las posibilidades innatas del educando, niño o adulto. De todas maneras, tal como ha señalado uno de los máximos especialistas en este tema, Pere Sola, conviene no dejarse llevar por una cierta sobrevaloración de estos discursos y de la «dimensión pedagogista» dentro del movimiento libertario. No sólo porque esta fue discutida internamente, como ya señalamos, sino porque, según este autor, en ocasiones dejó de tener tanta trascendencia como otros aspectos de la táctica y estrategia revolucionarias y fue en la práctica, por tanto, subordinada a ellas.

Ricardo Mella.

Las referencias a los aspectos educativos y formativos surgieron muy pronto entre los intemacionalistas españoles. Las encontramos ya en el primer manifiesto del núcleo madrileño de la AIT en 1869, en el I Congreso de la Federación Regional Española de la AIT en Barcelona en 1870 y en diversos artículos publicados esos mismos años en el periódico La Federación sobre la «enseñanza integral». Esta idea, defendida en especial por el anarquista francés Paul Robin, y recogida, entre otras influencias, del socialismo utópico (en especial de Fourier y su apuesta por la escuela-taller), y también de Proudhon, venía a referirse a la necesidad de apostar por una educación que tuviera como objetivo el desarrollo por igual, equilibrado, completo y armónico, de las facultades morales, físicas e intelectuales del individuo. La alusión más amplia a la cuestión entre los intemacionalistas españoles aparecería en el II Congreso de la FRE celebrado en Zaragoza en 1872, con el dictamen sobre el tema presentado por Trinidad Soriano y aprobado en el congreso. Se vinculaba aquí claramente ya la idea de educación con la de la emancipación social general, enfatizando la importancia de aquella, y se apostaba en concreto por una educación integral en el sentido antes comentado (y que inspiraba incluso un plan concreto de enseñanza argumentado en el dictamen), de carácter social y público, racional, científica y laica. Tras la escisión del internacionalismo español, verificada definitivamente por entonces, esta sería a grandes rasgos la postura ante el tema en los medios anarquistas en años sucesivos. Así se confirmó en el congreso de Córdoba (1872), donde se subrayó la necesidad de crear escuelas propias («internacionales»).

La cuestión continuó tratándose en conferencias locales y comarcales, y tuvo algunas realizaciones concretas por lo que se refiere a escuelas vinculadas a sociedades obreras en los años siguientes, pero la situación de clandestinidad de la organización vivida a partir de 1874 reduciría su presencia. Asimismo, la atención por el asunto se identificaría con los medios más reformistas del bakuninismo español y no con aquellos que priorizaron por encima de todo la actividad insurreccional. En la práctica, este compromiso anarquista por la educación se tradujo más bien en experiencias comunes con otros elementos de carácter republicano, federal y obrerista en el interior de sociedades instructivas y ateneos populares y obreros, de gran arraigo en estos años. La década de 1880 trajo la creación de la Federación de Trabajadores de la Región Española, bajo predominio colectivista. Pero también ahora la constante fue la integración de los esfuerzos anarquistas en el ámbito escolar, y de sus diferentes tendencias, en un movimiento general por la escuela laica. Menciones a ella aparecen en los congresos de la FTRE de Sevilla (1882) y Valencia (1883), pero más importante fue la aportación ácrata en la consolidación de escuelas de este tipo (y en plataformas y congresos que alentaban su surgimiento y desarrollo) relacionadas con el republicanismo y más concretamente la masonería y el librepensamiento durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Este sería el caldo de cultivo en el que germinaría la experiencia que más éxito tendría en los medios libertarios españoles en lo sucesivo: la Escuela Moderna, que abrió sus puertas en Barcelona en 1901.

Como se ha señalado en más de una ocasión, la experiencia de Ferrer i Guàrdia fue el producto de influencias muy diversas, procedentes en diversas dosis de las ideas obreristas sobre la enseñanza (por ejemplo, la ya comentada educación integral y el ejemplo de Robin), la educación laica, la masonería y el librepensamiento, el anarquismo, las corrientes de renovación pedagógica, el clima intelectual favorable al positivismo y el cientifismo o la presencia de un ambiente propicio a las empresas regeneracionistas y el reformismo educativo. El ejemplo de la Escuela Moderna de Ferrer se extendió durante la primera década de siglo a distintas localidades de la Península y, a pesar de que aparentemente su expansión se detuvo con la represión posterior a la Semana Trágica barcelonesa de 1909 y el fusilamiento de su fundador, continuaría sin embargo en años sucesivos. Aunque no respondía exclusivamente a un perfil libertario, el modelo ecléctico de la Escuela Moderna acabaría convirtiéndose en el prototipo hegemónico de referencia para las escuelas vinculadas a los medios anarquistas y anarcosindicalistas españoles en las décadas siguientes. Por otro lado, sirvió para codificar definitivamente lo que serían determinadas ideas clave presentes en la pedagogía libertaria y en sus expresiones y manifestaciones educativas.

Francesc Ferrer i Guàrdia.

Así, por ejemplo, nos encontramos ante una pedagogía libre y antiautoritaria, que sitúa al niño y al educando en general en el centro de la acción educativa y que suprime la coacción y la represión (premios, castigos, etc.). En coherencia con el pensamiento libertario, la eliminación de toda forma de autoridad es aquí esencial para garantizar el objetivo perseguido: el desarrollo pleno y autónomo de las distintas facultades humanas. Y, conviene subrayarlo, de todas ellas: intelectuales, manuales y morales, no sólo de algunas, por lo que nos hallamos ante una pedagogía que se declara a la vez integral. La enseñanza propuesta es también de carácter racional y científico, y laica en sus planteamientos, absolutamente al margen de lo religioso. Es asimismo igualitaria: en ella se practica (como en el caso de la Escuela Moderna) la coeducación de clases sociales, así como la de sexos. Es una educación que se sitúa al margen del Estado y de toda autoridad, con escuelas y centros educativos que actúan de forma autogestionada. Asimismo, tiene una finalidad revolucionaria. Aquí se situaba el punto más polémico y que, conviene subrayarlo, fue objeto de debate también en los medios ácratas. Resultaba claro que el carácter profundamente transformador y emancipador de una educación basada en los presupuestos anteriores convertía sus objetivos, como ya se ha dicho, en revolucionarios. Pero ¿era posible que esto no apareciera explícito de ninguna manera en el proceso educativo si de lo que se trataba era de fomentar el desarrollo de espíritus libres y rebeldes, críticos y opuestos a toda autoridad? Ricardo Mella o Eleuterio Quintanilla, por ejemplo, se opusieron a la ideologización y la tendencia al dogmatismo que veían presente en el modelo ferreriano y en otras opiniones libertarias sobre la educación, y apostaron por una escuela de carácter no directivo y por la defensa del «neutralismo pedagógico», corriente que tendría también un gran ascendiente en los medios anarquistas en años sucesivos. Por lo que se refiere a la metodología, determinados elementos de la práctica escolar ferreriana y de sus referentes pedagógicos se incorporarían en lo sucesivo a las escuelas vinculadas al mundo ácrata, como la predilección por las corrientes de renovación pedagógica, el fomento del contacto del alumnado con la Naturaleza, el gusto por el juego y la experimentación en el proceso educativo, la presencia de trabajos en grupo, artísticos y manuales en el aula, etc.

Con el racionalismo ferreriano como principal referencia, pero incorporando asimismo influencias del modelo escolar sindical europeo (Francia, Italia, etc.) de inicios del siglo XX, se pusieron en marcha a lo largo de las décadas de 1910 y 1920 diversas escuelas vinculadas a entidades obreras y sindicatos relacionados con la nueva organización anarcosindicalista creada en 1910, la CNT. La cuestión educativa-escolar apareció en todos los congresos de la Confederación, ya desde sus inicios. Así, en el congreso fundacional de Barcelona en 1910, se recogió este tema con el encabezamiento: «Necesidad de establecer escuelas dentro de los sindicatos obreros. Manera práctica de llevarlo a efecto»; en el dictamen final se instaba a las sociedades o federaciones locales para que «aborden la fundación inmediata de escuelas para educación de los trabajadores». Lo mismo sucedió en los congresos de 1911 (Barcelona), 1918 (Congreso Regional en Cataluña, Sants) y 1919 (Madrid), donde se debatió la cuestión, se aprobaron diversos dictámenes en torno a ella, se discutieron en algún caso propuestas concretas de enseñanza (1918) y se alentó a los sindicatos en esta labor de creación de escuelas. En todo caso, la apuesta de la organización confederal en su conjunto es ya a partir de 1911 claramente a favor de una enseñanza «racional» o racionalista, dirigida también a los niños (con el modelo ferreriano como referencia fundamental), y no sólo a los trabajadores adultos, compromiso que se reafirmaría en los congresos de 1931 (Madrid) y 1936 (Zaragoza). En el congreso de 1919 se abordaron también aspectos concretos relacionados con la puesta en marcha de estas escuelas «racionalistas», como la creación de un comité proenseñanza adscrito al Comité Nacional de la CNT que ayudara a los sindicatos en la puesta en marcha de centros educativos, o la fundación de una escuela normal propia, de carácter nacional, para la formación de los maestros necesarios en estas tareas. La atención por el tema escolar en los medios anarcosindicalistas sería innegable en estos años, como muestran también las numerosas referencias sobre el asunto, así como al legado de Ferrer, en la prensa, y los libros y folletos publicados sobre esos temas en estos medios. Y no sólo de carácter teórico. Uno de los capítulos de la conocida obra El abogado del obrero (Sevilla, 1912), del maestro racionalista, propagandista y activo militante anarquista andaluz José Sánchez Rosa, se dedicaba precisamente a la «Apertura de Escuelas», con consejos legales y administrativos en este sentido.

Y en efecto, la creación de escuelas «racionalistas» fue el efecto práctico más notable de este interés a lo largo del período 1909-1939. Decenas y decenas de estos centros surgieron a partir de la segunda década del siglo, asociados a sociedades obreras y sindicatos de la CNT, aunque también a ateneos anarquistas, antiguas escuelas modernas o laicas, etc. Tuvieron gran implantación en Cataluña, pero también en el País Valenciano, Murcia, Islas Baleares, Andalucía, Aragón y puntos del norte peninsular, como Galicia o Asturias, coincidiendo con la implantación geográfica del anarcosindicalismo. Algunas de estas escuelas destacaron por su actividad, por sus experiencias pedagógicas o por el impulso y el prestigio de determinados maestros y pedagogos vinculados a ellas. Es el caso de la Escuela Racionalista de Sants, también conocida como Escuela Racionalista Luz, relacionada con el Ateneo Racionalista de la barriada, dirigida por Joan Roigé y que funcionó a partir de 1918. O de la Escuela Obrera del Arte Fabril La Constancia, del Clot, también en Barcelona, sostenida por este sindicato y fundada ese mismo año. Conocida también como Escuela La Farigola o Escuela Natura, en ella trabajaron José Alberola, Josep Torres Tribó o Joan Puig Elias, futuro director del CENU en guerra. Entre finales de la década de 1910 y los años veinte funcionarían otras muchas escuelas en Cataluña, como la Galileo, la del Ateneo Racionalista de Gracia, la Institución Horaciana de Cultura de Sant Feliu (donde trabajaría otro conocido maestro, José Casasola), etc. Pero también, como decimos, en otros puntos de la Península. Es el caso del País Valenciano, con la presencia asimismo de maestros como Samuel Torner (fundador de la Escuela Moderna de Valencia en 1906), los mencionados Alberola y Casasola, Albano Rosell, Antonia Maymón, Fortunato Barthe, Eusebio Carbó, etc., y con escuelas racionalistas en lugares como Valencia, Alicante, Xátiva, Alcoy o Elda, entre otros. La labor de determinados militantes y propagandistas, a la vez también maestros racionalistas, fue clave para poner en marcha centros de este tipo en distintas localidades de Andalucía (Sánchez Rosa, Noja Ruiz) o Asturias (Eleuterio Quintanilla), por ejemplo.

La creación de una escuela racionalista era sin duda la aspiración en el terreno cultural más anhelada (junto a la biblioteca) por sindicatos, centros y agrupaciones ácratas en estos años, a lo que habría que añadir la puesta en marcha en estas entidades de cursos, conferencias y otras formas de educación de adultos en horario nocturno. Las escuelas racionalistas reunían a hijos de militantes, afiliados o simpatizantes del movimiento libertario, y de trabajadores en general de los barrios populares o localidades donde se ubicaban. A menudo, estas interesantes experiencias educativas chocaron con la carencia de medios materiales (locales, recursos económicos) y de suficiente profesorado para atender las demandas existentes, la dispersión de energías militantes o la falta de un clima que garantizara su necesaria estabilidad y continuidad. Dependientes por lo general de la suerte de los sindicatos o ateneos a los que se vinculaban, padecían los cierres y suspensiones que caían periódicamente sobre estos. Eso sucedió durante los años veinte, y también ocurriría durante los treinta. A partir de 1931 asistimos a un rebrote del fenómeno escolar racionalista vinculado a los medios libertarios en el nuevo contexto democrático, y de la reflexión en torno a la educación en la prensa y en los libros y folletos editados sobre el tema. En cuanto a las realizaciones prácticas, resurgieron experiencias anteriores y florecieron nuevas. Algunas escuelas se mostraron muy activas estos años, también en el terreno de la experimentación pedagógica: la Escuela Racionalista Eliseo Reclus en la calle Vallespir de Barcelona, vinculada al Ateneo de la barriada de Les Corts y dirigida por los hermanos Carrasquer; la Escuela Racionalista de la Torrassa, dirigida por Floreal Ocaña y su familia; la Escuela Racionalista de l’Hospitalet; la Escuela Labor, y un sinfín de centros de este tipo en Cataluña y fuera de ella, reproduciendo la implantación territorial antes comentada.

Como puede verse, la figura del maestro/a racionalista resultaba esencial en este ámbito y acabó convirtiéndose en un modelo peculiar de la militancia y el activismo ácratas, a la vez que una muestra de la importancia concedida a esta dimensión educativa en la proyección social libertaria. Muchos de estos maestros eran también pedagogos y escribían sobre estas cuestiones habitualmente en la prensa y en las páginas de libros y folletos, a la vez que redactaban piezas literarias y teatrales o se interesaban por otros temas afines a la cultura libertaria. Así sucedió por ejemplo con el naturismo, sobre el que escribieron y fueron difusores maestros racionalistas como Albano Rosell o Antonia Maymón. Al mismo tiempo, estos maestros no abandonaban su dimensión de propagandistas y ello les convertía a menudo en personajes perseguidos, en permanente itinerancia por las distintas escuelas vinculadas a la organización en toda la geografía peninsular.

La guerra civil de 1936-1939 trajo en principio una reactivación de la experiencia de las escuelas racionalistas en la España republicana al calor de la nueva situación revolucionaria, aunque acabarían imponiéndose los condicionantes bélicos. Se pusieron en marcha centros de este tipo sobre todo en Madrid (donde la Federación Local de Ateneos Libertarios desarrolló una intensa actividad en este sentido), Aragón, País Valenciano y Cataluña, donde las escuelas vinculadas a estos medios repartieron sus fidelidades entre el ya mencionado CENU (organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña en el que estaba integrada la CNT y que organizó la enseñanza primaria en la zona) y la FRER (Federación Regional de Escuelas Racionalistas), que se mostró contraria a la integración en aquel. Los medios confederales desarrollaron también una intensa actividad educativa en otros ámbitos, como la lucha contra el analfabetismo, la formación de adultos, la capacitación de la militancia o la protección de la infancia. Tuvieron un especial protagonismo en las iniciativas educativas puestas en marcha a lo largo de estos años los militantes vinculados a las Juventudes Libertarias y Mujeres Libres.

EL OBRERO ILUSTRADO

Desde el punto de vista ácrata, la lectura constituía una herramienta educativa de primer orden para el individuo y uno de los medios más eficaces para combatir la ignorancia y estimular la emancipación social y cultural de las clases populares. Asimismo, era un instrumento formativo básico de la militancia, un elemento imprescindible en el proceso de aprendizaje e iniciación en las ideas libertarias. La lectura aparecía como una de las vías más habituales de autoformación de los militantes obreristas, donde el autodidactismo tenía un peso considerable; podía leerse como fórmula de entretenimiento, pero, sobre todo, para educarse, a menudo con avidez, con un ansia de acceder al conocimiento propia del autodidactismo. Además, la lectura formaba parte sustancial de otras prácticas colectivas puestas en marcha en el entramado asociativo anarquista: sesiones de lectura colectivas, lecturas comentadas, charlas literarias, etc.

En las lecturas de los militantes, en las bibliotecas de los centros o en los catálogos de los servicios de librería de las publicaciones libertarias encontramos algunos rasgos comunes. En primer lugar, la pluralidad temática: además de la prensa, figuran aquí textos y ensayos de tema político o social de orientación radical, obrerista y anarquista, pero también novelas, dramas, ensayos de divulgación científica, disertaciones filosóficas, libros de geografía o historia, tratados sobre sexualidad o medicina natural, manuales de cultura general, etc. Por otro lado, hallamos una cierta diversidad en estas lecturas, en sintonía con una vocación también ecléctica y heterogénea que José Carlos Mainer identifica con la lectura obrera en general. Está presente aquí cierta flexibilidad ideológica, que permite integrar no sólo a los autores anarquistas o sindicalistas, sino a aquellos que comparten un común discurso por el progreso y la emancipación política, económica, social y cultural en un amplio sentido y que colaboran en la empresa colectiva de difusión de los perfiles de una cultura ilustrada, laica y científica. En todo caso, prima la noción de utilidad —desde el punto de vista propagandístico, educativo o ético— frente al entretenimiento, en lecturas que deben ante todo incitar a la reflexión. Está muy presente, al mismo tiempo, la literatura. Destaca aquí la literatura social, romántica o naturalista, de origen francés, y la del realismo ruso (tiene también gran éxito la novela corta de temática social y aire de folletín, al estilo de La Novela Ideal o La Novela Libre), a las que se incorporarán en el período de entreguerras la novelística social centroeuropea o norteamericana, con el tema antimilitarista o pacifista como género destacado. Aparecen en estas lecturas los autores clásicos del anarquismo y los contemporáneos de la generación correspondiente, pero también ensayistas y escritores que compartían con los libertarios determinadas inquietudes político-sociales, ideológicas o culturales, en especial el antiautoritarismo, la crítica social y la defensa de los valores laicos y avanzados. Otra característica es el gusto por la divulgación cultural y científica, desde la biología, la física o la astronomía a la medicina o la sexualidad. Se sintonizaba aquí con el cientifismo habitual en estos medios y su confianza en las posibilidades transformadoras y revolucionarias de la ciencia como liberadora del individuo y la sociedad y, por tanto, en la conveniencia de su difusión.

Estos temas nutrían las bibliotecas anarquistas, tanto las particulares de algunos militantes como, sobre todo, las de los sindicatos, ateneos o agrupaciones ácratas de todo tipo. La creación de una biblioteca constituía la expresión más clara de la voluntad cultural y formativa que animaba la actividad de toda entidad libertaria, y uno de sus rasgos distintivos, además de un motivo de orgullo para sus militantes cuando estaba bien surtida y organizada. Parte esencial del aparato educativo de estos centros, la biblioteca o sala de lectura (a menudo muy precaria, pero siempre presente) era también su centro neurálgico, una especie de sancta sanctorum o espacio simbólico reservado para las charlas formativas, serias e «institucionalizadas», la lectura de prensa, libros y folletos, etc. Aunque en la mayor parte de los casos se trataba de bibliotecas modestas, con escasos recursos, creadas y sostenidas con el esfuerzo y el voluntarismo de los militantes, raro era el centro que no habilitaba un espacio para estos menesteres y destinaba recursos para su mantenimiento, que a menudo sobrepasaban sus posibilidades económicas. Todo lo relacionado con la marcha y sostenimiento de la biblioteca constituía un tema habitual de debate en las asambleas y juntas de los sindicatos y agrupaciones respectivos.

La Huelga General. (Periódico Libertario, Barcelona, 5 de mayo de 1903).

La difusión de la ideología y la cultura libertarias se apoyó siempre de una manera central en sus publicaciones. La edición de periódicos, revistas, folletos y libros era una parte esencial de la acción militante y una actividad fundamental de sindicatos, grupos (algunos surgían precisamente con tal propósito), ateneos, etc. Rara era la asociación de carácter anarquista o anarcosindicalista que no emprendía en alguna ocasión el proyecto de editar un boletín, revista o folleto si ello era posible, y era común asimismo invertir considerables esfuerzos en asegurar su difusión a través de múltiples vías, entre ellas la puesta en marcha de numerosos servicios de prensa o librería sostenidos por grupos y publicaciones. Según datos de Francisco Madrid, entre 1869 y 1939 se publicaron alrededor de 900 cabeceras de prensa libertaria, y más de 3000 libros y folletos. En el exilio tampoco se detendría esta labor, a la que hay que añadir los periódicos publicados de forma clandestina en el interior de España durante el franquismo; a partir de la Transición, esta ha continuado siendo una de las formas de expresión habituales de los medios anarquistas.

Los periódicos y revistas desempeñaron desde los primeros tiempos del internacionalismo funciones básicas tanto de cara al exterior (propaganda y movilización, vehículo de información alternativo al lenguaje y la prensa burgueses, divulgación de la cultura libertaria y formación de los trabajadores) como al interior del movimiento libertario: red de comunicación, información e intercambio propia, herramienta de articulación y soporte organizativos, expresión de grupos y tendencias, etc. La prensa anarquista es todo eso, y todo a la vez, desde la época de La Federación (1869-1874), La Revista Social (1872-1884) y cabeceras emblemáticas como Tierra y Libertad o Solidaridad Obrera —sostenidas en diversas ediciones y épocas—, hasta los tiempos de la reciente Transición democrática. Conviene subrayar aquí en concreto, tal como apuntábamos, el papel de todas estas publicaciones periódicas como espacios y formas de expresión de la(s) cultura(s) libertaria(s), y a la hora de ir codificando un discurso cultural, ciertamente polifónico y modulado a través de múltiples debates.

La Revista Blanca, 1 de julio de 1900.

Dentro de esta idea de la difusión de la cultura como labor emancipadora, jugaba asimismo un papel fundamental la edición de revistas de carácter específicamente cultural. Desde finales del siglo XIX, el movimiento libertario contó con este tipo de cabeceras. En ese momento destacaron publicaciones de carácter «sociológico», cultural, científico y literario como: Acracia (Barcelona, 1886-1888, con dirección y redacción a cargo de Rafael Farga Pellicer, Anselmo Lorenzo y Fernando Tarrida del Mármol), Natura (Barcelona, 1903-1905, dirigida por José Prat), Ciencia Social (Barcelona, 1895-1895, dirigida por Anselmo Lorenzo) o La Revista Blanca («Revista de Sociología, Ciencia y Artes», 1898-1905 y 1923-1936), vinculada al proyecto editorial de la familia Montseny. Posteriormente, a partir de la década de los veinte vendrían muchas otras siguiendo ese mismo espíritu: Ética, Iniciales, Generación Consciente, Estudios, Orto, Tiempos Nuevos, Libre-Estudio, Umbral, entre otras, a las que hay que añadir cabeceras que vieron la luz en el exilio posterior a 1939, como por ejemplo el Suplemento Literario de Solidaridad Obrera-Umbral, de París, o CÉNIT, de Toulouse.

Fueron muy numerosas las colecciones y «bibliotecas» de libros y folletos editados por los anarquistas españoles, y de una gran diversidad y heterogeneidad temática, lo que era expresión de lo variado de las inquietudes culturales y propagandísticas en estos medios. Ya en el último tercio del siglo XIX surgieron colecciones de folletos asociadas por lo general a periódicos: la Biblioteca de los Obreros (1872) de El Condenado, la Biblioteca del Proletario de La Revista Social, la Biblioteca Anarco-comunista (Barcelona), la Biblioteca de El Corsario (La Coruña), de La Anarquía (Madrid), de El Productor (Barcelona), etc. El cambio de siglo trajo consigo una intensificación de la actividad cultural anarquista y con ella, y muy especialmente, la editorial. Destacaron desde inicios de siglo, entre otras, las colecciones de libros y folletos de El Productor, Tierra y Libertad o La Revista Blanca, Publicaciones de La Escuela Moderna (vinculada al proyecto pedagógico ferreriano) o la Biblioteca Salud y Fuerza, asociada a la difusión del neomalthusianisno. En las décadas de 1910 y 1920 continuó esta labor publicística, sobre todo en Andalucía (Biblioteca del Obrero, Editorial Renovación Proletaria, Editorial Pedagógica), Cataluña (ediciones de La Revista Blanca, Editorial Acracia, Editorial Vértice, colecciones asociadas a las revistas Ética e Iniciales, etc.) y el País Valenciano (con Generación Consciente y su continuadora, Estudios, con un amplísimo catálogo de títulos sobre reforma sexual, control de natalidad y otras diferentes materias entre 1923 y 1937). A partir de 1931 se intensificaría aún más esta actividad editorial, ya que siguieron con su labor buena parte de las editoriales existentes previamente y surgieron otras: la Biblioteca de Orto (y su colección Cuadernos de Cultura), Faro, Biblioteca Plus Ultra, Biblioteca Anarquista Internacional, Biblioteca Universal de Estudios Sociales, Ediciones Horizonte, además de las Ediciones Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera, y un largo etcétera. Como ya apuntamos, en el exilio continuó esta tradición ácrata, con editoriales como Tierra y Libertad, Universo, Libertad, Ruta, Solidaridad Obrera, CNT, etc. Abundaron también las colecciones libertarias especializadas en la difusión de narrativa y literatura en general, sobre todo a partir de inicios del siglo XX y en especial en la década de los veinte. Algunas de ellas alcanzaron un gran éxito popular, como La Novela Ideal, sostenida por La Revista Blanca (alrededor de 600 novelas cortas publicadas entre 1925 y 1938) y La Novela Libre, a cargo de la misma editorial.

Leyendo Solidaridad Obrera.

La creación literaria estuvo muy presente en el mundo cultural anarquista, en especial a través de la prensa —donde era frecuente la publicación de poesía y relatos breves—, aunque también, como hemos visto, en colecciones de narrativa. La estética literaria ácrata se caracterizó en general por su carácter social y su predilección por los temas anclados en la realidad humana y social de su tiempo y valores como la rebeldía o la libertad. Se trata de una literatura que a grandes rasgos prioriza el contenido sobre la forma, que condena el decadentismo, la idea del arte por el arte y los juegos literarios, y que manifiesta su preferencia por un realismo que sea capaz al mismo tiempo de reflejar ideales de emancipación. El interés por el tema fue creciendo a lo largo de la década de los ochenta del XIX en estos medios; la literatura estuvo presente y de manera constante en la prensa del movimiento y también en los Certámenes Socialistas de 1885 y 1889. En el primero de ellos se hizo alusión a la necesidad que tenía el obrero de contar con «una literatura y un arte propios que le sirviesen como medios de propaganda». El prólogo que Josep Llunas escribió para la novela Justo Vives («Episodio dramático-social», 1893), de Anselmo Lorenzo —posiblemente el primer ejemplo de esta novelística social en los medios anarquistas españoles—, se titulaba precisamente «Literatura obrerista»; Llunas apostaba por que las ideas de emancipación obrera invadiesen «el terreno de la novela, del teatro, del esparcimiento en sus variadas manifestaciones».

Lo que se produjo en los años siguientes fue una confluencia del anarquismo con parte de los intelectuales y escritores de vanguardia procedentes del modernismo o lo que será más tarde el noventayochismo o el regeneracionismo, atraídos por el componente rebelde y radicalmente individualista y libertario de la acracia, tanto en lo político e ideológico como, sobre todo, en lo vital y estético, tal como ha subrayado Clara Lida. Es lo que se ha venido en denominar «anarquismo literario», donde la influencia de Nietzsche o Ibsen, las corrientes individualistas e irracionalistas, el auge de la bohemia, el proyecto cultural del modernismo e incluso el del sociologismo con raíces naturalistas, unido todo ello a la corriente de crítica política y social finisecular, se unieron para cimentar esta aproximación. Así, en revistas ácratas como La Ciencia Social o La Revista Blanca colaboraron en estos años de cambio de siglo escritores como Unamuno, Azorín, Maeztu, Giner de los Ríos, Camba, Marquina, Baroja, Gómez de la Serna, Sawa, Dicenta, etc. En Cataluña, por su parte, la confluencia de un sector del modernismo con el anarquismo resultó evidente, con el ejemplo de escritores como Pere Coromines, Joan Brossa, Ignasi Iglesias y la Colla del Foc Nou, el ejemplo de la ya mencionada revista La Ciencia Social o el del grupo, revista y editorial L’Avenir, animados por Felip Cortiella, en este caso ya desde la clara militancia anarquista y con una apuesta decidida por la difusión del teatro social.

El fenómeno se fue diluyendo con la entrada en el nuevo siglo y puede darse por concluido, según Mainer, entre 1905 y 1910, y en un doble sentido, ya que la pérdida de interés de estos escritores e intelectuales por lo libertario se acompañó de una desconfianza cada vez mayor dentro de las filas ácratas por esta vanguardia literaria y la figura del intelectual burgués en general. Las críticas al decadentismo, el elitismo y el arte por el arte se incrementaron y se acentuó la predilección por el racionalismo cientifista en general y la literatura social obrerista. Nada define mejor que esta separación que las dos épocas de La Revista Blanca: la primera, entre 1898-1905, influida por todo lo dicho en el párrafo anterior; la segunda, entre 1923 y 1936, caracterizada por esto último. El proyecto editorial emblemático de esta segunda época de la revista (dirigida en la práctica por Federica, hija de Juan Montseny) fue de hecho la colección de novelas cortas La Novela Ideal ya comentada, de corte moralizante y donde imperaba el mensaje sobre la forma y la calidad literaria.

La literatura social obrerista sería, por tanto, la línea predominante en estos medios, escrita por militantes e influida en sus parámetros estéticos por el romanticismo y el naturalismo en diversas dosis. Ejemplo de la importancia otorgada a este ámbito es el hecho de que buena parte de los más conocidos ideólogos y publicistas anarquistas españoles se aproximaran a la creación literaria y escribieran novelas, relatos breves, poesía y obras de teatro: Lorenzo, Llunas, Serrano Oteiza, Teresa Claramunt, López Montenegro, Montseny-Urales, etc. Este último autor fue especialmente prolífico en este terreno, también su hija Federica y, en menor medida, su compañera, Soledad Gustavo (seudónimo de Teresa Mañé). Asimismo, líderes anarcosindicalistas posteriores tampoco abandonarían esta tentación de la pluma e incluso figuras como Salvador Seguí o Ángel Pestaña abordarían en algún momento la redacción de relatos. La tradición de la literatura social la continuarían en años posteriores Higinio Noja Ruiz, Felipe Alaiz, José Sánchez Rosa, Mauro Bajatierra, Adrián del Valle (Palmiro de Lidia), Vicente Ballester, Francisco Caro Crespo, Félix Martí Ibáñez y un sinfín de nombres. Porque lo que primó ante todo en la cultura anarquista fue el frecuente recurso a la creación literaria por parte de militantes poco destacados o anónimos: cuentos o poesías escritos por «compañeros» y aparecidos en periódicos y revistas (junto con artículos de carácter político, social e ideológico), o novelas cortas enviadas a las redacciones de las editoriales libertarias.

La creación literaria anarquista fue polimórfica, aunque predominó el recurso a la poesía, los relatos breves y las novelas. La primera apareció, como ya se ha dicho, en abundancia en la prensa, y en menor medida en libros y folletos, a cargo de militantes anónimos, o conocidos, como Salvochea, Llunas, López Montenegro, Celso Gomis, Blázquez de Pedro, Cortiella, y —más adelante— Medina González, Lucía Sánchez Saornil (poetisa vinculada al ultraísmo y futura fundadora de la organización Mujeres Libres), Elias García, José García Pradas, Antonio Agraz, Félix Paredes, Sara Berenguer, etc. En ella eran habituales los temas de denuncia social, crítica a la desigualdad y la explotación, o exaltación del individuo, la rebeldía y la lucha contra el orden social, con mezcla de estilos que iban desde la imitación de la poesía culta o popular a la poesía didáctico-científica.

La apuesta anarquista por un arte social, expresión de la vida e imbuido de un ideal, cercano al pueblo y donde estuvieran presentes la libertad o la rebeldía, marcó en general las producciones artísticas presentes en estos medios, y también la predilección por artistas como Courbet, Meunier o Steinlen, próximos al realismo social y al naturalismo. En la imagen ácrata aparece, tal como señala Lily Litvak, la naturaleza, el vitalismo, la exaltación de la ciencia, pero también el mundo del trabajo, la crítica social, las representaciones de los «desheredados», del pueblo y de sus enemigos (ejército, Iglesia, capital, Estado), así como, por supuesto, los ideales de emancipación. La prensa anarquista fue desde sus primeros tiempos muy receptiva a estas representaciones como forma de expresión y transmisión cultural, en grabados, dibujos, viñetas y caricaturas, etc., con profusa utilización de alegorías y estereotipos, tal como aparecen por ejemplo en los dibujos de J. L. Pellicer en las páginas de El Condenado (1872-1874), conformando una auténtica pedagogía de la imagen. Todo ello tendría continuidad en la prensa libertaria a lo largo de toda su historia con la colaboración de dibujantes como Alfons Vila Sbum, J. Bartolí, J. Barrera, L. García Gallo Coq, A. Lescarboura Les y otros muchos.

En general, la producción gráfica estuvo presente en muchas otras formas (litografías, grabados, pinturas, retratos, fotografías, fotomontajes, etc.) y soportes (tarjetas postales, sellos, carteles), conformando un variado material iconográfico. Los artistas gráficos vinculados a los medios confederales y anarquistas incrementaron su labor en los años previos a la guerra civil. Cabe destacar por ejemplo la figura del aragonés Ramón Acín, y también, entre otros, las de Helios Gómez, Manuel Monleón o Josep Renau. Este último, aunque se convertiría en un conocido intelectual comunista, colaboraría en la década de los treinta en las revistas libertarias (Estudios, Orto) o en la ilustración de libros y folletos de editoriales vinculadas a estos medios, al igual que ocurriría en el caso de Monleón. Durante la contienda, sobresalió en especial la labor en el campo de la cartelística, con artistas vinculados bien ideológica o bien coyunturalmente al mundo confederal a través de la pertenencia a sus sindicatos correspondientes: Arturo Ballester, Caries Fontseré, el ya citado Monleón y un largo etcétera de nombres. A lo largo de estos años se incrementó también el trabajo propagandístico de numerosos artistas en las páginas de la prensa libertaria, la producción de álbumes ilustrados o material fotográfico; muchos de ellos seguirían con esa producción en el exilio.

Redacción de prensa en casa de la CNT. Barcelona, 1936.

SOCIABILIDAD Y CULTURA

Donde la cultura libertaria se manifestaba con mayor intensidad y dinamismo era en el día a día de la trama asociativa y las formas de sociabilidad propias de estos medios, espacios de expresión y laboratorios de esta(s) cultura(s) política (s). Era allí donde florecían esas prácticas culturales, en la actividad cotidiana en los locales sindicales, en los ateneos, en el seno de los grupos o en los núcleos de mujeres o jóvenes libertarios. La heterogeneidad del continente asociativo ácrata y su carácter descentralizado, con muchos focos emisores, la confianza mencionada en la utilidad interna y externa de este tipo de prácticas o la apuesta por una modalidad de ocio «consciente», «útil» y moralizante (diferente a aquel considerado degradante y en el que intervenían el alcohol, el juego o la prostitución, por ejemplo), tenía como resultado la multiplicidad y diversidad de actividades en este ámbito. Asimismo, otros elementos intervenían aquí: la dimensión cultural-educativa otorgada al sindicato o sociedad obrera, concebida también como una escuela moral del trabajador, con responsabilidad en su formación; la importancia del grupo de afinidad, eje de la sociabilidad libertaria y protagonista de gran parte de la acción y vida cultural en estos medios; el valor concedido a estas cuestiones por organizaciones como Juventudes Libertarias o Mujeres Libres, que tenían en la capacitación de la joven militancia y las mujeres uno de sus principales cometidos; y la puesta en marcha de una infraestructura de entidades con funciones instructivas y formativas como su razón de ser fundamental: los ateneos. Sobre el molde y la tradición previos del ateneo popular y obrero, los libertarios levantaron toda una red de ateneos «libertarios», «racionalistas», «sindicalistas», etc., con una orientación concebida como específicamente cultural, aunque sus funciones no se detuvieran desde luego ahí. Los ateneos fueron espacios emblemáticos de expresión de la cultura ácrata y de formación de su militancia, a la vez que actuaron como plataformas de divulgación cultural en un sentido general (escuelas, bibliotecas, veladas teatrales, etc.) en las barriadas obreras y localidades donde abrían sus puertas.

Todo ello daba como resultado un amplio abanico de prácticas culturales, desde las conferencias y charlas hasta los debates colectivos, pasando por los cursillos y todo lo relacionado con el mundo de la lectura y ya comentado: creación de bibliotecas, edición y distribución de prensa, libros y folletos, lectura individual y en grupo, etc. Asimismo, existían otras prácticas, también de carácter socializador y formativo, pero de una orientación que incidía más en una utilización alternativa del tiempo libre que, sin olvidar el carácter moralizante de la sociabilidad libertaria, permitiera atender las demandas de ocio y esparcimiento lúdico de militantes, simpatizantes y afiliados. Se trata, por un lado, del fenómeno de las veladas y funciones artísticas que tenían lugar en los locales de la red asociativa ácrata y, por otro, de las llamadas «jiras» o excursiones campestres organizadas por núcleos y grupos libertarios, sin olvidar la incidencia de las actividades excursionistas y deportivas en el seno del movimiento, así como del naturismo y el nudismo.

Efectivamente, las excursiones o «jiras» eran una práctica habitual en estos medios, con una frecuencia casi semanal cuando llegaba el buen tiempo. Estas salidas dominicales, que en general tenían un aire familiar, suponían pasar un día en libertad conviviendo con compañeros de inquietudes similares y recrear así en la medida de lo posible el espacio simbólico de la acracia y el comunismo libertario. Constituían uno de los medios más eficaces para promover la cohesión y reforzar la identidad del grupo y eran una práctica especialmente estimada por los jóvenes militantes. Permitían atender necesidades de esparcimiento y diversión (alternativas a la taberna, el baile, etc.), así como de aprovechamiento del tiempo libre de una juventud fundamentalmente urbana, atraída en buena medida por el ideal naturista y el culto a la vida sana. Se trataba de reencontrarse con un estilo de vida «natural» y «sencillo» en el aire libre del campo, contrapuesto a la vida alienante del taller y la fábrica y lo enrarecido de la atmósfera de la ciudad. También se aprovechaban las excursiones desde el punto de vista propagandístico (mítines, discursos, venta de prensa) u organizativo (reuniones entre distintos grupos y comités, asambleas, etc.), pero lo esencial era la convivencia y la interrelación entre compañeros en general, la confraternización y la socialización de la militancia. Se desarrollaban en ellas actividades de tipo lúdico (juegos, canciones), formativas (debates, charlas, lecturas, etc.) y también de tipo naturista o nudista en aquellos núcleos de militantes partidarios de estas ideas. Algunas secciones y grupos excursionistas fueron muy activos y conocidos en las décadas de los veinte y treinta —como el del Ateneo Libertario del Clot, conocido también como «Sol y Vida»—, y la práctica continuaría también en los tiempos del exilio.

Respecto a las veladas, fueron muy frecuentes en el mundo libertario, y de contenido fundamentalmente teatral, aunque se solían incorporar también discursos, lectura de poemas o textos breves, interpretación de piezas musicales, etc. Podían tener un carácter extraordinario, centrado en la conmemoración de alguna fecha señalada del calendario obrerista-ácrata o en homenaje a algún personaje, pero se celebraban en general con cierta periodicidad en los locales de la trama ácrata, sobre todo los sábados o domingos por la tarde-noche. Tenían un aire abierto y familiar y asistían no sólo las familias de los militantes, sino también simpatizantes o vecinos del barrio o localidad. Se presentaban con un fin benéfico, para el sostenimiento de la agrupación, ateneo o sindicato y sus iniciativas sociales y culturales (apoyo a una publicación, fundación de una escuela racionalista, etc.), la ayuda a los compañeros presos u otras causas (en la guerra, por ejemplo, abundaron los «festivales benéficos» de todo tipo). Los «cuadros artísticos», formados por militantes aficionados al teatro, familiares de estos o simpatizantes de la entidad en cuestión, fueron los protagonistas habituales de este tipo de prácticas y eran muy comunes en los centros y agrupaciones ácratas. Su presencia fue también frecuente con posterioridad a 1939: ejemplos de ello son los grupos Iberia, Juvenil, Terra Lliure o Primero de Mayo, entre otros, que desarrollaron su actividad en el exilio francés.

Aunque los programas incluían también piezas cómicas para entretener y aligerar el programa, algún monólogo escenificable o también recitales musicales, el plato fuerte era la representación de un drama social. La tradición de defensa del teatro social o «de ideas» estaba muy presente en la cultura libertaria y constituía una parte sustancial de sus planteamientos artísticos y estéticos. Se apostaba por un teatro «sociológico» que mostrara de manera crítica las contradicciones y problemas presentes en la sociedad burguesa (explotación económica y moral, conflictos sociales, etc.), planteando al mismo tiempo los ideales de redención y la lucha proletaria. No obstante, se insistía asimismo en la necesidad de un arte vital, alejado del mero panfleto, que desplegara sobre el escenario el abanico de las pasiones y contradicciones del alma humana. Las predilecciones se inclinaban por las obras cercanas al pueblo, que hablaran de la vida real de este y que plantearan problemas que afectaran a la sociedad en su conjunto, utilizando para ello un lenguaje «enérgico» y popular. Se trata, por tanto, de un teatro realista, pero no naturalista, tamizado de idealismo y afán redentor. Las preferencias teatrales anarquistas podían ser variadas: Ibsen, Hauptmann, Sudermann, Mirbeau, Dicenta, Iglésias, Fola Igúrbide, y un largo etcétera de autores, si de una u otra manera sus obras se ubicaban en algunos de estos parámetros.

Ello se plasmó desde finales del siglo XIX en la apuesta por la difusión del teatro de Ibsen, en la que se confluyó con los elementos más radicales del modernismo, en especial en Cataluña y en experiencias como el Teatre Independent o la Compañía Libre de Declamación y otras iniciativas de Felip Cortiella y el grupo Avenir (revistas Teatro Social y Avenir, veladas teatrales, labor de edición y traducción de obras, etc.). Otros publicistas libertarios del teatro social y escritores a su vez de obras dramáticas en estos años, y en general en las primeras décadas del XX, fueron, por ejemplo, Albano Rosell, Teresa Claramunt, Federico Urales, Adrián del Valle, José Sánchez Rosa, Mauro Bajatierra, Francisco Caro Crespo, Ernesto Ordaz, etc. Además de la difusión habitual del teatro social a través de la trama asociativa anarquista, hubo algunas experiencias más generales de renovación del teatro en general, como es el caso del Teatro del Proletariado o la Compañía del Teatro Social en Barcelona durante los años republicanos o, ya en la guerra civil, la Compañía de Teatro del Pueblo y las iniciativas protagonizadas especialmente por las Juventudes Libertarias en esa línea a lo largo del período bélico. No obstante, a pesar de estas y otras tentativas procedentes de otros sectores ideológicos, el teatro comercial y los géneros de entretenimiento continuaron siendo dominantes durante la contienda, a pesar del control sindical de la industria del espectáculo. Lo mismo ocurrió con las carteleras cinematográficas. A lo largo de la década de los treinta, los libertarios mostraron un mayor interés por el cine, desarrollando su preferencia —al igual que en el caso del teatro— por una versión «social» de este, abriéndose a las influencias del cine soviético, el cine social francés, norteamericano o centroeuropeo (Clair, Pabst, Vidor), las películas pacifistas o incluso los documentales educativos y de difusión científica. Se introdujeron poco a poco cortometrajes, películas de dibujos animados para niños y largometrajes en los festivales, veladas, sesiones y actos socioculturales en general de la trama libertaria, y la cuestión fue penetrando lentamente en el debate público en estos medios, sobre todo a partir de la labor de determinadas figuras en los medios ácratas comprometidas en esta tarea: Mateo Santos (director de Popular Film), Ángel Lescarboura, Armand Guerra, José Peirats, Ramón Acín, Valeriano Orobón Fernández, etc. Con el conflicto iniciado en julio de 1936, hay que hablar no sólo de esta tarea de difusión y exhibición, sino también de la producción de filmes a cargo de las principales productoras creadas por los sindicatos cenetistas del espectáculo en Barcelona (SIE-Films) o Madrid, sobre todo reportajes y documentales de guerra sobre el frente y la retaguardia, pero también largometrajes como Aurora de esperanza, Barrios bajos, Nuestro culpable, etc.

REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS, TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA

Determinadas actitudes y prácticas presentes en la cultura ácrata incidían especialmente en una serie de cambios en los comportamientos y hábitos en la vida cotidiana, abordando así la transformación de la sociedad desde lo personal y la praxis diaria. La formación del individuo no se reducía en los anarquistas a lo intelectual o a la mera transmisión de conocimientos. Una característica de las propuestas culturales libertarias era su talante integral y su énfasis en abarcar la totalidad de lo humano: «la revolución en las mentes», como un elemento más (considerado a veces como previo y casi siempre como imprescindible) del cambio social revolucionario, implicaba también una profunda transformación del individuo, su vida y sus costumbres. En primer lugar, a través de un comportamiento «adecuado» desde el punto de vista militante, en la coherencia de los propios actos y en el mantenimiento de una moral de vida (tanto en la esfera pública como en la privada) en consonancia con la defensa de unas ideas y principios éticos. De hecho, la valía o el prestigio de un militante, y su condición de «auténtico» anarquista, dependían en gran medida de la capacidad que este tenía de ser coherente con un determinado código de conducta —siempre irreprochable— en todos los ámbitos de su vida diaria: el trabajo, la vida familiar o el ocio. Ello entronca desde luego con toda una cultura del movimiento obrero y del mundo sindical no exclusiva de los libertarios, la del obrero consciente, impregnada de un fuerte impulso moralizador y de una firme voluntad de «virtud», aunque en el caso ácrata tuviera a veces derivaciones de fuerte sesgo puritano y ascético.

Por otro lado, esta transformación conllevaba la eliminación de las tendencias autoritarias y antinaturales en los hábitos del individuo. Entre las prácticas que pasaron a formar parte de la cultura libertaria —y sobre las que insistieron determinados sectores del movimiento— encontramos algunas que implicaban un rechazo y una posición de resistencia ante los códigos tradicionales de conducta social. Se trataba de una serie de actitudes y valores y el fomento de unas actividades que implicaban la reformulación en clave progresista y revolucionaria de determinados comportamientos sociales, conductas personales y patrones de convivencia en la vida diaria concebidos como alternativos a los dominantes. Ello abarcaba, por ejemplo, la apuesta por un nuevo tipo de relaciones familiares, sexuales y de pareja más libres y menos autoritarias (y que incluían desde el polisémico «amor libre» a la defensa de la reforma sexual), así como una reconsideración del rol social de las mujeres, asunto en el que no entramos por ser objeto de atención específica en otro capítulo de este volumen. También el intento de generalizar determinados hábitos que conectaban, por ejemplo, con un modo de vida más natural (naturismo, nudismo, etc.) o con un planteamiento de la salud alternativo a la medicina oficial. Otras prácticas en este ámbito tenían que ver con una serie de principios humanitaristas y pacifistas (antimilitarismo, aprendizaje de lenguas planificadas como el esperanto o el ido) o con un código de conducta laico (anticlericalismo y rechazo de las ceremonias religiosas, secularización de los hábitos y las costumbres), etc. Muchas de ellas estaban estrechamente relacionadas: el naturismo, por ejemplo, no sólo englobaba la alimentación, la medicina o la vida sana, sino también aspectos como la lucha por la igualdad social, la educación racionalista, la ética racional y natural, la maternidad consciente y el control de natalidad (neomaltusianismo y eugenesia), la nueva visión de la sexualidad y las relaciones entre los géneros, etc.

Quizás han sido este último tipo de prácticas las que con más éxito se han visto vinculadas en general con la cultura libertaria hasta nuestros días, convirtiéndose en auténticas señas de identidad de esta. Su influencia ha querido verse en otros movimientos sociales posteriores de diferente índole que recogieron parte de la crítica ácrata en ámbitos como el cuestionamiento de los roles familiares y sexuales tradicionales, el feminismo, la denuncia del ejercicio del poder institucional, la rebeldía y la afirmación individual o la reivindicación de nuevos estilos de vida: ecología, pacifismo, antimilitarismo, vida comunitaria, etc. El punto de conexión era justamente la consideración, desde la perspectiva anarquista, de lo cotidiano como un ámbito de lucha, como un espacio para la puesta en marcha de prácticas al margen del control del Estado que dibujaran los contornos de una vida alternativa.

En definitiva, encontramos una gran variedad y multiplicidad de elementos, formas, expresiones y prácticas en la cultura libertaria. Tal como ha señalado Serge Bernstein, una cultura política es más fuerte cuando es capaz de difundir con más éxito un contenido político por otras vías que las que se suelen asociar estrictamente a la política. Conquistar el terreno cultural, construir un proyecto cultural alternativo al hegemónico, aparecía así desde el punto de vista ácrata como una batalla en absoluto secundaria.

20 personajes clave de la historia

del anarquismo español

José Luis Ledesma

Universidad de Zaragoza

INDIVIDUALISTAS BOHEMIOS E INFATIGABLES organizadores de sindicatos y ateneos. Debeladores de todo orden y pacientes planificadores de la sociedad futura. Sesudos escritores utópicos o simples obreros y campesinos. Defensores acérrimos de toda emancipación humana pero no siempre sensibles a las desigualdades de género. Arrojadores de bombas y pacifistas convencidos. Prosélitos de la estrategia del «todo o nada» o partidarios de la paciente consolidación de sindicatos y conquistas sociales. Enemigos declarados del Estado e incluso titulares de varios ministerios. Todos esos y otros muchos rostros, haya o no contradicción en ello, presenta el anarquismo desde que surgió en nuestro país hace casi un siglo y medio. Es casi un tópico referirse a las diferentes caras de un movimiento que no permite ser asido con facilidad y al que rodean tantos tópicos y lugares comunes.

Resulta así problemático plasmar su trayectoria en una serie de nombres que le dieran rostro, porque difícil es elaborar una nómina de protagonistas que aspire siquiera a ser representativa de todas sus corrientes y doctrinas, etapas y evoluciones, realizaciones y escisiones, triunfos y derrotas. Es arduo, en primer lugar, porque lo sería en el caso de cualquier movimiento de tan largo recorrido y que haya caminado por períodos que han contemplado tantos cambios sociales y políticos. Lo es también, en segundo término, por la propia naturaleza heterogénea del anarquismo, un movimiento que, cual el dios latino Jano, parece mirar siempre en al menos dos direcciones y cuya tradición teórica y organizativa ha tendido a privilegiar la polifonía y la labor desde abajo sobre las rigideces doctrinales, jerarquías y grandes liderazgos. Y se añaden a ello, en tercer lugar, las circunstancias del anarquismo en el caso español. Su extraordinaria presencia pública, que resultó más intensa y longeva que en cualquier otro país del globo, hizo que se multiplicaran sus ámbitos de actuación, su diversidad organizativa y los perfiles y número de sus adherentes. Más que cualquier otro movimiento social o político, y tanto por sus principios como a modo de respuesta al acoso al que le sometieron los representantes del orden político, el anarquismo español ha sido menos una organización cerrada y homogénea que un entramado de grupos y ámbitos unas veces superpuestos y otras con relaciones poco nítidas. Un conglomerado e incluso un mosaico entre cuyas teselas estarían cabeceras periódicas y editoriales, ateneos y escuelas populares, falansterianos y grupos vegetarianos, sindicatos y comités propresos, federaciones locales, comarcales y regionales, núcleos de las Juventudes Libertarias y Mujeres Libres, grupos de defensa y de afinidad.

Esa diversidad ideológica y organizativa alentaría las tendencias centrífugas que siempre ha presentado el movimiento libertario ibérico, así como sus pertinaces divisiones internas. Estas se materializarían sobre todo en las agrias rupturas de 1932, 1945 y la postrera de 1979, pero hundían sus raíces en el enorme crecimiento sindical de finales de los años diez, que generó una indudable tensión entre los partidarios de la «utopía corporativa» sindicalista y los sectores puristas partidarios de una dirección puramente anarquista del movimiento. Tal vez sea esa radical diversidad lo que explique una de las características que arroja el curso histórico del anarquismo hispano. Son muchas las ocasiones en que se han recordado las a veces espectaculares evoluciones y golpes secos de timón que ofrecen la trayectoria de algunas de sus figuras de mayor recorrido. Pero eso mismo también podría verse como una muestra de su capacidad para adaptarse a las cambiantes realidades del Novecientos español. La misma habilidad que le permitió superar el individualismo y terrorismo decimonónicos, auparse al naciente sindicalismo revolucionario de masas, lidiar con los distintos regímenes y convertirse así, caso único en Europa y el mundo, en movimiento de masas hegemónico en el obrerismo organizado hasta la guerra civil. Y la misma que, llegada esa contienda, le puso en condiciones de afrontar todo un fenómeno revolucionario que, también por primera y única ocasión, abría las puertas para plasmar el sueño igualitario ácrata y para ensayar experiencias tan excepcionales como las colectividades. Las ambivalencias y posibles contradicciones resultaban en esas circunstancias mucho más probables que en los países y épocas en que el anarquismo apenas salía de reductos minoritarios y más o menos incontaminados.

Y quizá halla sus orígenes en esa misma inherente diversidad el hecho de que no sea tan sencillo como en otros movimientos identificar un abanico de grandes nombres aceptados unánimemente por todos. Por supuesto, tampoco aquí han faltado las mitomanías y los «mártires» llevados a los altares del movimiento, sobre todo entre aquellos a los que alcanzó una muerte trágica y prematura. Sin embargo, no son pocos los indicios y testimonios que dan fe de una cierta prevención hacia el culto a los personalismos. Al presentar la primera edición completa de El proletariado militante, los responsables de Solidaridad Obrera anotaban que, al editarla, no pretendían «levantar una estatua al hombre bueno que se llamó Lorenzo», ni siquiera incurrir en el «pecado idólatra» de invocar su memoria. Otro de los grandes cronistas y dirigentes históricos del movimiento, Manuel Buenacasa, era más contundente cuando advertía del «error» de elevar a las figuras libertarias «un pedestal en nuestra memoria» y pedía «no desenterr[ar] a nuestros amigos para convertirlos en dioses» o para crear con ellos iconos e ídolos.

Desde ese punto de vista, y a pesar de esas dificultades, ha parecido útil añadir a los estudios que componen este volumen una serie de breves semblanzas que declinen en singular esta historia del anarquismo español. Ejercicios de este tipo suelen generar alguna insatisfacción al menos por dos razones. Una de ellas proviene del hecho de contener en apretados bosquejos biográficos densas trayectorias vitales llenas de meandros. Eso aboca a un sincretismo que es difícilmente compatible con la aludida diversidad y complejidad del anarquismo español, así como con el enfoque que aquí se ha asumido: el de abordar a sus protagonistas al margen tanto de anatemas y leyendas negras como desde una indulgente reivindicación y explorando el vasto territorio que media entre los dos. La otra tiene que ver con la propia elección de una veintena de esos protagonistas. Aunque se ha tratado aquí de hacer comparecer a aquellos que mayor relevancia han podido tener en el conjunto de la historia del movimiento libertario y que representen a las tendencias y etapas más trascendentales del mismo, por descontado que serán muchos a los que se eche en falta y que habría sido posible seguir otros criterios y elaborar una diferente selección. La única certidumbre que se puede oponer a todo ello es que, al menos, si no podían estar aquí todos los que son, desde luego sí que son todos los que están.

ANSELMO LORENZO (1841-1914)

El «patriarca», el «apóstol», el «maestro», el «abuelo» del anarquismo español. Son muchos los títulos que la literatura libertaria ha otorgado a Anselmo Lorenzo, y todos aluden a su papel de fundador del movimiento. Antecedentes del mismo al margen, tanto en la tradición societaria previa como en los influidos por el socialismo utópico, pocas certidumbres habrá alrededor de esta nómina de grandes anarquistas tan claras como la necesaria inclusión en la misma de este tipógrafo toledano.

Anselmo Lorenzo Asperilla había nacido el 21 de abril de 1841 en la España en la que Espartero alcanzaba la regencia y María Cristina marchaba al exilio. La suya era una familia modesta y, cuando apenas contaba once años, había de abandonar su Toledo natal para trabajar en la cerería que regentaba un tío suyo en Madrid. Lo tenemos así instalado desde la infancia en la ciudad donde sería pieza fundamental para el alumbramiento de las primeras plataformas del anarquismo organizado. El siguiente paso, su entrada como aprendiz en el sector de la tipografía tres años después, le llevaba al gremio de no pocos de los primeros internacionalistas. Fue en el seno de ese grupo de la «aristocracia obrera» como se aproximó en su juventud al republicanismo federal de Pi i Margall y donde empezó a frecuentar el Fomento de las Artes madrileño. Allí seguiría clases nocturnas, escucharía conferencias, leería a pensadores «avanzados» como Proudhon y Fourier. Y allí coincidiría con los que estarán después con él en la histórica foto del primer núcleo del internacionalismo ibérico.

Las cosas se aceleraron a finales de los años sesenta de ese siglo XIX. Cuando Lorenzo contaba veintisiete años, la Revolución de 1868 abría un nuevo escenario que facilitaría el nacimiento de organizaciones vinculadas a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Apenas tres meses después de la caída de la monarquía isabelina, pasaba por Madrid el diputado italiano y delegado de la bakuninista Alianza de la Democracia Socialista, Giuseppe Fanelli, quien venía con la misión de dejar constituido un núcleo organizador de la sección española de la AIT. Buscaba para eso jóvenes obreros y los encontró en una veintena de tipógrafos, grabadores, pintores y otras profesiones. Entre ellos estaban González Morago, Mora, Rubau Donadeu, Simancas y el propio Lorenzo. De las reuniones y «sesiones de propaganda» que con Fanelli tuvieron, y que evocaría en El proletariado militante, escribía Lorenzo que significaron el «pequeño germen» de lo que después sería un «frondoso y fructífero árbol».

Germen fue, porque de ellas surgió la sección internacionalista de Madrid y la hegemonía de la corriente «antiautoritaria» en la Federación de la Región Española (FRE) que se constituyó como sección española de la AIT en su primer Congreso en 1870. Y no nimio resultó en todo ello el papel desempeñado por Lorenzo, que se convirtió en una figura central de esos primeros pasos del obrerismo internacionalista. Sus labores y cargos se suceden. Representante de la sección madrileña en dicho congreso y miembro del consejo federal creado en el mismo. Redactor de publicaciones como La Federación y fundador de Solidaridad. Exiliado durante unos meses en Lisboa huyendo de la persecución que sobre la FRE desencadenaron las autoridades tras la Comuna de París. Delegado de la sección española a la Conferencia de la AIT en Londres de 1871, durante la que le recibió y trató en persona un Karl Marx al que pasó de elevar a un «pedestal» de admiración a verlo descender «hasta el nivel más vulgar». Encargado de recorrer el sur peninsular para articular nuevos núcleos obreristas. Secretario general de la comisión federal de la FRE en el Congreso de 1872 en Zaragoza. Para entonces, en la sección española de la AIT ya no había sólo antiautoritarios. El enviado a España por Marx, su cuñado Paul Lafargue, había conseguido atraerse hacia el campo marxista a un grupo de la sección madrileña que constituiría una Nueva Federación en la capital y, andando el tiempo, el PSOE y la UGT. Sobre todo tras la decepción que le causó Marx en Londres, Lorenzo era uno de los baluartes de la opción bakuninista. Sin embargo, no pudo quedar enteramente al margen de la polémica que se desató en este país entre las dos tendencias resultantes de la ruptura de la AIT en el Congreso de La Haya de 1872. Las críticas que le llovieron por intentar mediar entre las dos le llevaron a que también le decepcionaran los suyos y a retirarse a un segundo plano entre 1873 y 1874. No obstante, nada de eso significaba que abandonara unas convicciones que nunca dejarían de conjugarse en clave anarquista. La razón, la ciencia y la cultura alimentan la emancipación humana. El individuo debía ser libre, aunque su mayor libertad se logra en sociedad. No es la sociedad la causante de los males sociales, sino el Estado, al que habría que sustituir por una federación libre de colectividades humanas autónomas. Y el camino hacia ello no sería la lucha político-parlamentaria, sino la lucha apolítica y el espontaneísmo táctico.

Instalado en Barcelona, colaboró en las publicaciones periódicas libertarias e incluso vuelve a ser miembro de la comisión federal de la FRE a finales de los años setenta. En 1881, sin embargo, y en el marco de las disputas entre quienes propugnaban la entrada en la legalidad y los partidarios de las pruebas de fuerza, Lorenzo sería acusado de falsear una votación interna y expulsado de la Federación Obrera. Vendrían entonces cinco años de alejamiento del movimiento y su entrada en la masonería. Desde que retomara su labor militante en 1885, el grueso de la misma se hará, y estuvo lejos de ser poca cosa, con la pluma de escritor. Colaboró de modo prolijo con un sinfín de publicaciones libertarias, fue redactor de El Productor (1887-1893), fundó la revista Ciencia Social (1895) y se lanzó a la escritura de El proletariado militante, una obra fundamental que, en palabras de José Álvarez Junco, es su autobiografía, «pero sobre todo es la historia de la I Internacional en España y del movimiento libertario entre 1868 y 1883». Una historia, además, no indulgente con los errores que lo habían lastrado. Al contrario que otros notables correligionarios posteriores, la vida le dio para escribir y reflexionar, la energía y voluntad de hacerlo y el tiempo que faltó a otros a quienes se llevó una muerte temprana. Y a diferencia de los que sí acometieron esa tarea, caso de Abad de Santillán, García Oliver o Federica Montseny, lo hacía con una obra documentada y severa pero que no incurría en la autojustificación ni en la saña con el contrario.

Con una dolencia cardíaca, no serían tranquilas sus últimas dos décadas de vida. En 1896, le alcanzaban las repercusiones de la senda terrorista por la que caminaba parte del anarquismo ibérico. Al atentado de la barcelonesa calle de Cambios Nuevos le seguía una ciega persecución policial de los medios ácratas. Le esperaba la cárcel, donde compartió meses de reclusión con muchos otros anarquistas, caso de Tarrida de Mármol, Juan Montseny o Teresa Claramunt. Y le aguardaba después el destierro en París, donde compartió tertulias con Faure, Malato, Grave y Jean Jaurés. Ya de regreso, sus primeros años del nuevo siglo arrojan una intensa actividad editorial. Publica folletos y libros variados. Escribe en La Revista Blanca y otras publicaciones de la familia Urales. Colabora en los primeros pasos de Solidaridad Obrera, cabecera de la homónima nueva organización. Pero es acaso lo más destacable que este sexagenario no se encierra en viejos purismos y se abre a nuevas fórmulas. Nada lo prueba mejor que su entusiasta implicación en el proyecto pedagógico de Ferrer i Guàrdia y en las muchas iniciativas de su editorial La Escuela Moderna, con artículos y traducciones de autores como Reclus y Kropotkin. Esa colaboración seguiría hasta el amargo final de Ferrer en 1909. Mientras que este último era juzgado y fusilado en los fosos de Montjuic, buena parte de sus colaboradores en la Escuela Moderna eran detenidos y luego desterrados. Otro destierro para un Lorenzo con una salud cada vez más deteriorada, en esta ocasión en Alcañiz y Teruel durante casi un año. Frisando los setenta años al regresar a Barcelona, su salud ya no le daría tregua. Pero aún tendría tiempo de traducir al Kropotkin de La gran Revolución, de publicar los últimos de una prolija serie de folletos y de conferenciar como lo que era ya, el venerable patriarca del movimiento, antes de fallecer el último día de noviembre de 1914.

Con él se iba un hombre austero, grave, un autodidacta y lo más parecido en este país a los «santos laicos» ácratas del XIX como Kropotkin y Reclus. Y con él desaparecía la primera generación del anarquismo español, la de aquellos hombres del Ochocientos que plantaron la simiente de lo que sería en el siglo XX un movimiento de masas. En realidad, cuando Lorenzo moría, el germen al que él había aludido no se había convertido todavía en el frondoso árbol que sería pocos años después y durante los años treinta. Eso quedaba para otras generaciones. Pero todavía tuvo ocasión de contemplar cómo ese árbol comenzaba a dar frutos cuando asistía al nacimiento de la CNT en el Congreso de 1910. Él mismo diría allí a los asistentes que, ante ellos, el libro blanco de la historia presentaba una página en blanco: «Preparaos a rellenarla». Lo que sigue no es sino la crónica de algunos de los que escribieron en ella con su puño y letra.

FERMÍN SALVOCHEA (1842-1907)

Pero Anselmo Lorenzo no era el único que había laborado para que en 1910 se abriera esa página de la historia. Un año después que Lorenzo, nacía en Cádiz el otro gran representante de esa primera generación de libertarios decimonónicos.

Las apariencias llevan en ocasiones a engaño. El lego viajero que pasee hoy por la ciudad de Cádiz podría pensar que Fermín Salvochea Álvarez fue una suerte de prócer de la historia oficial. Un busto le conmemora. Las flores no faltan en su tumba. Y una calle, el Ateneo Libertario, un centro educativo e incluso una parte de la hinchada del club de fútbol local se adornan con su nombre. Al escarbar en su historia, aparece quien acumula los títulos de alcalde, presidente del comité del Cantón gaditano y por breve tiempo diputado. Pero aparece también uno de los más desconocidos pero conspicuos libertarios de nuestra historia. Otro santo laico, esta vez en la versión de un Blanqui español, la del burgués desclasado que pone sus bienes al servicio del ideal revolucionario.

Todavía más que en el caso de Blanqui, la historia de Salvochea es la del joven de familia acomodada al que el contacto con el socialismo utópico inocula la semilla de la revolución y le convierte en apóstol de una sociedad libre de las servidumbres impuestas por su misma clase. Todo empezó cuando, cumplidos los quince años, y según la tradición de la burguesía mercantil gaditana, su familia le puso en un barco camino de Inglaterra para que perfeccionara su educación en comercio y lengua inglesa. Al regresar cinco años después, su bagaje no sólo incluía pericias mercantiles e idiomáticas. En sus alforjas e inquietudes venían también preocupaciones sociales, muchos libros y cientos de noches de lectura que le habían adentrado en el universalismo de Paine, el ateísmo de Bradlaugh y el «socialismo municipal» de Owen, que Kropotkin encontraba tan cercano al anarquismo.

No tardó en trabar relación el joven Fermín con los grupos demócratas que conspiraban contra la monarquía isabelina en la liberal Cádiz y, en particular, con el cenáculo fourierista local. Cuando contaba apenas veintiséis años, quiso la suerte que fuera en su ciudad donde se encendió la mecha del golpe que acabaría con el reinado de Isabel II en 1868. Salvochea no desaprovecharía la ocasión. Los hechos de Cádiz, llegaría a escribir Nicolás Estévanez, hicieron de él en unas horas «el hombre más popular de Andalucía e incluso de toda España». Salvochea participó en la conspiración y se mostró como un «hombre de acción» que aspiraba a plasmar, con las armas si era necesario, su sueño de una República federal de fuerte contenido social. Fue miembro de la comuna gaditana que surgió en los primeros días del golpe, vocal en la Junta Provincial creada semanas después, más tarde comandante de uno de los dos batallones de «Voluntarios de la Libertad» y, desde ese puesto, uno de los líderes de la lucha que se entabló en la ciudad contra las tropas enviadas por el nuevo gobierno. Los enfrentamientos duraron dos semanas y ocasionaron 56 muertos y 200 heridos. Lo siguiente sería su encarcelamiento, su elección como diputado en enero de 1869, la recuperación de la libertad en mayo y, en octubre, el encabezamiento de una nueva rebelión armada contra un gobierno que defraudaba las expectativas de los sectores republicanos, y cuya derrota le llevaría al exilio en Londres y París.

A comienzos de 1871, la amnistía del rey Amadeo le había permitido volver a Cádiz e integrarse de nuevo en los grupos conocidos entonces como «intransigentes». Proclamada la Primera República en 1873, era elegido alcalde de un consejo municipal que desarrollaría medidas como la supresión del impuesto de consumos o la secularización de espacios públicos y escuelas. A mediados de julio de ese año, Cádiz se sumaba al movimiento cantonalista y se constituía en un cantón dirigido con un Comité Provincial de Salud Pública que presidía, quién si no, Salvochea. La experiencia, que según Temma Kaplan no implicaba un cambio social sino sólo político, no duraría mucho. El gobierno del republicano Salmerón había mandado al general Pavía para aplastar la rebelión y, el 4 de agosto, sus tropas entraban en la ciudad, disolvían el cantón y detenían a sus principales nombres. Salvochea era por supuesto juzgado, condenado a cadena perpetua y enviado a las prisiones militares de Gomera y Ceuta. Allí le esperaban nueve largos años.

Después de evadirse en 1882 y de una nueva amnistía tres años más tarde, el que en 1886 volvía a Cádiz era otro Salvochea. Como explicara J. L. Guereña, los ecos de la Comuna de París y sus primeros contactos con el internacionalismo ácrata serían la primera cesura respecto de su republicanismo federal, y acabaron de alejarlo para siempre del mismo las lecturas de autores anarquistas con las que llenó los años de presidio y la decepcionante experiencia del Sexenio y la Primera República. Después de lo ocurrido en 1873, decía el año de su regreso, «nada se puede esperar de la política» y está claro que esta es un «obstáculo» para la emancipación del proletariado. Su activismo será desde entonces otro, el de las sociedades obreras, la agitación ideológica y la difusión de la idea. La fundación en su ciudad natal de El Socialismo en 1886 sería su principal ocupación. Esa publicación nacía en unas condiciones particularmente desfavorables por la precaria salud del asociacionismo gaditano tras el proceso de la Mano Negra, y de hecho Salvochea debió llenarla casi solo y limitarse más a traducir textos de la prensa anarquista mundial que a escribir los suyos propios. Pero eso no le impidió llevar a cabo una notable tarea de divulgación de los principios, teóricos, noticias del anarquismo, así como de sus mitos movilizadores: la ejecución de los «mártires de Chicago» en 1887, la Comuna de París o, más cerca en el espacio, el cantón de Cádiz y la Mano Negra.

Lo que podía haber sido una labor mucho más intensa volvió a quedar cortada con una larga estancia entre rejas. Condenado falsamente por la insurrección de Jerez de 1892, cumplió nueve años de presidio en Valladolid y Burgos, y las condiciones del mismo le pasarían factura. Cuando recobró la libertad en 1899, ya casi sexagenario, su salud estaba seriamente quebrantada y la vista flaqueaba. Empezaría entonces un período de residencia en Madrid, durante el que vivió con escuálidos ingresos, aunque no dejó de frecuentar foros federales y libertarios, colaboró con La Revista Blanca de los Urales, tradujo a pensadores ácratas y poetas y escribió La contribución de sangre, uno de sus raros textos largos.

En septiembre de 1907, el décadas atrás joven de buena familia que luego había renunciado a su herencia y donado sus bienes, moría en su amada Cádiz durmiendo sobre un lecho de madera y en una situación de completa precariedad. La ciudad lloraría su muerte y se extendía la imagen del santo laico luchador decimonónico. En realidad, esa imagen había comenzado a pasar a la posteridad ya antes de su muerte, cuando su vida novelesca era llevada a la ficción por Blasco Ibáñez en La bodega, como haría también después el Valle Inclán de Baza de espadas. Sea como fuere, la obra organizativa y escrita del Salvochea real hará que no todos estén de acuerdo con quien le considera, como hace Miguel Íñiguez, nada menos que «el más grande anarquista nacido en tierras peninsulares, muy por encima de otras figuras más encumbradas como Salvador Seguí, Durruti o Federica Montseny». Sin embargo, no es menos cierto que su figura atesora un compromiso ético que hizo de él un ejemplo. El ejemplo al que se referiría Abad de Santillán cuando aludía al delegado andaluz que invocaba su mensaje simple frente a las disquisiciones que dominaban el Congreso de la CNT de 1931: para ellos, «Salvochea no era libros o ensayos eruditos; era un ejemplo, era una vida de sacrificio por la justicia para su pueblo, un apostolado que … valía para cualquier programa».

TERESA CLARAMUNT (1862-1931)

La menos conocida de las generaciones de libertarios ibéricos es la que se sitúa entre los padres fundadores del anarquismo ibérico, nacidos como Lorenzo y Salvochea en torno a los años cuarenta del siglo XIX, y los futuros grandes organizadores del anarcosindicalismo, venidos al mundo en los ochenta. Llegados a la edad adulta precisamente en esa última década, existe una serie de nombres del movimiento que se incorporan a él en momentos difíciles. Acabado el período de apertura que fue el Sexenio, y hasta la eclosión social y organizativa que trajo consigo el siglo XX, las primeras décadas de la Restauración serían para el asociacionismo internacionalista tiempos de obstáculos y dispersión, de suspensiones y persecución.

En esas condiciones, los intentos organizativos y las reivindicaciones obreras vivieron más derrotas que victorias. Frente a un sistema político que no contemplaba la representación de los intereses de las clases populares y que respondía a sus demandas con la represión, los canales más formales del obrerismo quedaron a menudo bloqueados. Eso abrió las puertas al enfrentamiento armado con el Estado mediante la propaganda por el hecho. Ahora bien, se transitaron también otros caminos, como el activismo librepensador y las revistas ácratas, los escritos filosóficos y la literatura popular, las escuelas laicas y los ateneos, el naturismo pacifista y la prensa anticlerical. Esas iniciativas no podían arrastrar a decenas o cientos de miles de adherentes. Pero, con ellas, sus animadores sirvieron de puente entre los inicios del movimiento y la generación siguiente que impulsaría su versión de masas. Son varios los posibles ejemplos de esa generación intermedia y que habían nacido en los años sesenta del Ochocientos. Ricardo Mella y Tarrida de Mármol lo habían hecho en 1861. Teresa Claramunt lo hacía un año después. En 1864 les seguía Juan Montseny, y al año siguiente se les unía Teresa Mañé.

Teresa Claramunt Creus venía al mundo en Sabadell en junio de 1862. Y aunque pasaría buena parte de su infancia en Barbastro, sería esa ciudad del Valles Occidental donde vivió su adolescencia y juventud y la que habría de alumbrar y contemplar sus primeros pasos en la militancia societaria. Su trayectoria es bien conocida gracias al estudio de Laura Vicente. En Sabadell trabajó desde temprano como tejedora, algo nada extraño siendo aquel el primer centro textil lanero del país, y en sus talleres y locales se generó su interés por la «cuestión social». Con veintiún años participaba en la llamada «huelga de las siete semanas» de 1883, tal vez de la mano ya de Antonio Gurri, con quien casaría poco después y que tendría un peso indudable en su primera formación ideológica y militante. Con uno más, participaba en la constitución de una sociedad obrera local. En 1885 se iniciaba como oradora y escribía el que se considera su primer artículo para la prensa obrera, y en 1887 asistía al Congreso Comarcal de la FTRE de Barcelona.

A esas alturas de finales de los años ochenta, Teresa Claramunt se había hecho ya un nombre entre los medios societarios del cinturón industrial barcelonés y, a su inicial societarismo moderado, había ido añadiendo un mayor contenido ácrata al modo del sector del anarquismo catalán que se organizaba alrededor de La Anarquía, El Productor y La Tramontana. A lo largo de los noventa, instalada en Barcelona y ligada a ese sector, su nombre se haría conocido en el conjunto del mundo libertario catalán. Como tantos otros, sólo abandona los mítines, la organización de grupos y ateneos y la tinta impresa para ingresar en prisión o sufrir destierro, algo que se hizo habitual para todo militante destacado a causa de la represión gubernativa durante esa década, la última del XIX, de atentados y magnicidios. «Soy anarquista —escribía en 1900— porque … creo posible una sociedad más justa, más bella, más humana, que hemos dado por llamar la sociedad anarquista; y aunque todos los hombres que se titulan anarquistas cometiesen mil crímenes a diario, continuaría yo llamándome tal».

Ahora bien, en su caso se añadían a lo anterior su condición de mujer y el hecho de que en su pensamiento y activismo fueran nucleares la organización y la emancipación de las mujeres. Teresa Claramunt no fue principalmente una feminista. Sus ideas y prácticas se integraban en la azarosa evolución del anarquismo del cambio de siglo. Su vitalidad la ubica asimismo ligada al conjunto del movimiento librepensador, y de hecho colaboró con republicanas y masonas como Ángeles López de Ayala o Amalia Domingo, con las que formó la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona. Pero por su sensibilidad hacia la específica opresión femenina y la necesaria emancipación social de la mujer, fue desde luego una pionera tanto en el ámbito del movimiento libertario como en el conjunto de la España del momento. De ahí que, desde sus inicios, buena parte de su actividad, discursos, artículos e incluso libros —caso de La mujer (1905)— tuviera que ver con la educación de las mujeres y la organización de grupos femeninos. «La emancipación humana —afirmaría en 1901— depende del grado de moralidad que para nosotras se reserve … No seamos esclavas. Mujeres somos».

Con el nuevo siglo, llegaron para Claramunt algunos cambios y a la postre una menor presencia pública. Su papel en la campaña contra los procesos de Montjuic, en la fracasada huelga general de 1902 y en la fundación de El Productor le habían reservado un lugar importante en los medios libertarios. Pero la lectura que extrajo de la huelga de 1902 fue decantarse por seguir una vía más purista y desconfiar, en tanto que demasiado moderado, del sindicalismo que se fraguaba entre una generación más joven a lo largo de la década. Su incapacidad para adaptarse a esos nuevos aires la desplazaría de la primera fila del movimiento anarquista barcelonés y le haría ser sorprendida con el pie cambiado cuando ese sindicalismo diera lugar a Solidaridad Obrera, primero, y a la CNT, después.

Cuando se fundó esta, y frisando los cincuenta años, Claramunt llevaba un año entre Zaragoza y Huesca, donde fuera, confinada tras la Semana Trágica del año anterior. Allí tampoco abandonó la pluma, los locales obreros ni la presencia en huelgas, como aquella de 1911 que le llevó a sufrir catorce meses de cárcel. Pero ya nunca recuperaría el protagonismo de antaño. Los años no habían pasado en balde y, además, contrajo durante el paso por la cárcel de 1911 una parálisis que nunca le abandonaría. En 1913 se establecía en Sevilla, aunque aún pasó algunas temporadas en Barcelona y Zaragoza, donde estuvo en contacto con Manuel Buenacasa y albergó a Ascaso y Torres Escartín cuando asesinaron al cardenal Soldevila. A esos dos últimos, y después a la policía que la incluyó en el sumario del caso, los recibía en la cama. Al año siguiente, con sesenta y cuatro años y cada vez más limitada para toda actividad física, debía regresar a Barcelona para ser cuidada por viejos amigos y familiares. Sus últimos años contemplarían un deterioro físico implacable que se sumaba a una precaria situación económica. El destino quiso que muriera prácticamente en la miseria un 11 de abril siete años más tarde, y que fuera enterrada el día 14. Era el día en que se proclamaba la Segunda República. Un régimen que no podría traer la completa emancipación de hombres y mujeres por la que ella había batallado, pero que abriría algunos espacios de libertad como un sufragio universal que por vez primera se extendería a las mujeres.

FEDERICO URALES (JUAN MONTSENY) (1864-1942)

Tan significativo de esa generación como Teresa Claramunt y con una influencia quizá mayor y más longeva sería Juan Montseny. En este hombre cabe encontrar una buena muestra de la ausencia de una definición unívoca del anarquismo. Ácrata, librepensador, publicista anarquista, educador racionalista, escritor impenitente… Todo eso fue Montseny. Tampoco resulta sencillo delimitar los confines entre su labor y la de Teresa Mañé, con quien formó una dupla indisoluble. Es asimismo arduo determinar la ubicación dentro del mundo libertario de quien se hizo incansable difusor de un anarquismo radical al margen de toda implicación en el obrerismo organizado. Ni siquiera su nombre está al margen de sus varios rostros, porque fue y es aún hoy menos conocido por él que por el principal de sus seudónimos: Federico Urales.

Federico Urales, o Juan Montseny Carret, había nacido en Reus en 1864 un mes antes de que se fundara en Londres la Primera Internacional. Procedía de una familia humilde a la que ayudó desde niño a la venta ambulante y luego con los ingresos que obtenía de su oficio de tonelero. No sería hasta los veintiún años cuando comenzó a interesarse por las cuestiones sociales, un interés que su contacto con el Centre d’Amics reusense encaminó hacia la versión anarquista del obrerismo. Dos años después, en 1887, era secretario de la sección de toneleros de Reus y sólo un año más tarde lo era de la federación estatal del mismo oficio. Para entonces, el propio maestro de las clases nocturnas a las que asistía le había sugerido seguir estudios de magisterio y la sociedad librepensadora de Reus le proponía encargarse de la escuela laica que patrocinaba. Que sus pasos se cruzaran poco después con la maestra laica Teresa Mañé sería en ese sentido definitivo porque, cuando se conocieron, ella le llevaba no poca ventaja en su formación librepensadora y pedagógica.

Comenzaron de inmediato un proyecto común que ya nunca dejaría de pivotar en torno a la educación popular y la propaganda escrita. En 1891 abrían en Reus una pionera escuela racionalista que se mantendría en funcionamiento seis años. Tanto firmando juntos como por separado, colaboraron durante los años siguientes con numerosas publicaciones periódicas del mundo libertario o librepensador, entre ellas La Tramontana o La Autonomía. Montseny se da a conocer con sus folletos El proceso de un gran crimen y Consideraciones sobre el hecho y muerte de Pallas (1893), que le costaron una multa por apología del terrorismo. Y en el marco de la polémica que se abría entre anarcocomunistas y anarcocolectivistas, defendía desde El Productor lo que llamaba ya «anarquismo sin adjetivos», un anarquismo tan crítico con las ideas de sesgo tolstoiano como comprensivo con las acciones violentas. Precisamente una de estas supondría una gran cesura en la trayectoria de Montseny-Mañé. Juan sería uno de los muchos encartados por el atentado de Cambios Nuevos de 1896, a consecuencia de lo cual sufrió prisión en Montjuic y, no aceptado en Francia, marchó desterrado a Londres en 1897. El destierro no duraría mucho, porque se instalaron en Madrid a finales del mismo año. Pero vivir en la capital y sin la escuela de Reus planteaba nuevos retos. Durante unos meses, vivieron de las colaboraciones en la prensa de Alejandro Lerroux, que dio a Montseny un foro para denunciar los procesos y represión de Montjuic. Y después, necesitando mayor espacio y libertad para su torrente de verbo escrito, fundaban en 1898 lo que sería su proyecto de mayor envergadura, la empresa a la que dedicarían más energías a lo largo de las décadas siguientes Montseny y Mañé o —si los llamamos ya por sus seudónimos— Federico Urales y Soledad Gustavo: La Revista Blanca.

La Revista Blanca pasaría por una primera época en Madrid, hasta 1905, y otra posterior en Barcelona entre 1923 y 1936. Lo primero que hay que decir de ella es que fue la más ambiciosa y lograda de las publicaciones libertarias españolas. Todavía hoy causa admiración por la amplitud de sus contenidos, el elevado tono de sus colaboraciones y una nómina de firmas en la que se codean entre otros muchos Lorenzo, Salvochea y Claramunt, Mella, Unamuno o Clarín, Malatesta, Reclus y Gorki. Es también destacable que, en sus páginas, en Tierra y Libertad y en las del resto de publicaciones que saldrían de la editorial del mismo nombre se llevó a cabo una labor fundamental de difusión de la literatura libertaria. Es evidente asimismo que, por su número de lectores e influencia, la revista y la editorial se convirtieron en una de las claves de bóveda del entramado ideológico y cultural del espacio anarquista.

Y, por encima de todo, en todas las manifestaciones de esta empresa se conformaría y difundiría la concepción que los Urales y su entorno tenían del anarquismo y la sociedad. En esa dimensión de su labor, no faltaron las polémicas y las controversias, tanto en lo que se refería al valor literario de los escritos o la no siempre cristalina estructura económica de la editorial, como respecto de sus contenidos doctrinales y su relación con el resto de las tendencias del mundo libertario. Las hubo durante la primera época de la revista, que no podía disimular una actitud ante el anarquismo que ha podido ser calificada de intelectualista, en tanto que propia de una serie de escritores cuyas relaciones con los militantes obreros activos eran cuando menos distantes. Y las hubo en mayor número desde que la revista renació en los años veinte.

Los tres lustros entre la primera y la segunda época, primero en Madrid y luego en Barcelona, serían para los Urales años de relativo ostracismo. En 1905, los informes del Ministerio francés de Interior todavía decían de Urales que era «muy peligroso» y «amigo íntimo» de Lerroux y que tenía dinero suficiente en París y Londres para armar a militantes. Pero desde entonces y hasta 1923, fueron años en los que ambos, sobre todo Teresa Mañé, se dedicaron a plasmar su proyecto pedagógico en la educación de su hija Federica. Años, también, de retirada a un segundo plano y a labores agrícolas, y de una fructífera aunque ambivalente relación con Ferrer i Guàrdia. Y años, en fin, de distanciamiento respecto de un movimiento libertario que parecía avanzar en la dirección del sindicalismo de clase y en el que los relojeros, vidrieros y trabajadores del textil parecían eclipsar a los agitadores de la palabra impresa. Pero con la persecución de los primeros años veinte y la obligada clandestinidad durante la Dictadura, esa vía sindical parecía quedar bloqueada. Aparecieron entonces de nuevo los Urales —y que fuera precisamente en 1923 no parece casual— para ofrecer de nuevo La Revista Blanca. Contaban, además, con una ayuda inestimable, pues al equipo se unía ya la hija de ambos, Federica Montseny, y con su también incansable pluma la familia y la revista se convertirían, en palabras de Dolors Marín, en todo un «laboratorio de ideas» que hacía tiradas de miles de ejemplares.

Claro que esas ideas caminaban en una dirección muy precisa. Por una parte, se observa en ellos una continuidad con la utopía agrarista de finales del siglo XIX, algo que les hace concebir una federación de municipios libres y rechazar toda utopía ligada a la industrialización. Y, por otra, los Urales llevaban años sin ahorrar críticas hacia los comités de la CNT, unas críticas que bebían de un anarquismo purista que se mostraba muy suspicaz ante toda novedad y todo riesgo de reformismo sindical. Esos mismos argumentos, blandidos en ocasiones de modo implacable y desde su actitud intelectualista, tendrían en La Revista Blanca una sonora plataforma y convertirían a los Urales en azote de los líderes sindicalistas de la CNT. Cargaron contra ellos durante la Dictadura en tanto que responsables de la obsesión que para ellos era la «desviación» de los principios ácratas, y apoyaron desde fuera lo que representaba la FAI. Se enzarzaron en 1928 con el Comité Nacional cenetista en un duro litigio en torno al control de los fondos recogidos por su revista para ayudar a los presos. La acometida siguió durante los primeros pasos de la República contra los comités supuestamente «manejados» por Pestaña y los «treintistas». Y no dejaría de ser así, ya con la colaboración de Germinal Esgleas, durante los siguientes años de escisión, insurrecciones ahogadas en sangre y cárcel. Su labor, consideraba un Pleno de regionales en 1932, es «cismática y llena de odio, que más que nada irá debilitando nuestra organización».

Pero ni siquiera el incombustible Urales podía ser eterno. Para cuando el golpe de julio de 1936 acaba con la República y abre un proceso revolucionario, Juan Montseny cumple setenta y dos años y las energías ya no le acompañan. Era sin duda el momento de otra generación, empezando por su propia hija, que se aupaba a un ministerio en noviembre de ese año, algo que parece dolió al anciano padre. Ahora bien, para doloroso, el final de la contienda. Su mujer Teresa Mañé moría el 5 de febrero de 1939, apenas cruzada la frontera francesa, en Perpiñán. Él, definido por las autoridades policiales de ese país como «anarquista peligroso» a pesar de su provecta edad, entraba en Francia como refugiado el 29 de enero y pasaba sus primeros meses viviendo en Montpellier, solo y sin apenas otro contacto que su paisano y jurista Jaume Simó, antes de ser obligado a residir en el Departamento del Cantal y después en el Perigord, donde llegaba su turno en marzo de 1942.

SALVADOR SEGUÍ (1887-1923)

Para cuando se fundaba la CNT en 1910, estaba en plena juventud una nueva generación de hombres nacidos a finales de la década de 1880. Aunque la primera etapa de la Confederación fue efímera, su implicación en los pasos iniciales de la misma les marcaría de por vida. Se incorporaban a la militancia cuando se apagaban los ecos de pasadas estrategias terroristas y cuando tanto los vientos que traían el sindicalismo revolucionario y el crecimiento de la población obrera parecían aconsejar nuevos escenarios y estrategias. Parecían imponer bajar la lucha a la brega cotidiana de la clase trabajadora. Y trabajadores de a pie que nunca abandonarían sus oficios eran además muchos de los miembros de esa generación. El carpintero Buenacasa y el relojero Pestaña, nacidos en 1886, o el trabajador del vidrio Peiró y el pintor Seguí, venidos al mundo al año siguiente son sus figuras más señeras. A los cuatro les unían no sólo nacer en el plazo de un año y medio, sus orígenes humildes y el significativo hecho de desarrollar toda o buena parte de su labor militante en Barcelona. También, haber depositado todas sus energías en la actividad organizativa y sindical, pasar por los principales puestos de responsabilidad de la CNT y recibir no pocos ataques desde otras sensibilidades de las filas libertarias. Con la excepción del primero de los citados, además, los otros tres morirían prematuramente, dos de ellos asesinados.

El primero en desaparecer sería Salvador Seguí Rubinat, conocido como el Noi del Sucre. Este oriundo leridano que con apenas un año había recalado con sus padres en Barcelona, a los doce años había dejado ya la escuela y era aprendiz de pintor. A los quince visitaba por vez primera los calabozos policiales por participar en una huelga del sindicato metalúrgico. Con uno más peroraba y escribía firmando ya con su célebre seudónimo, que ha sido atribuido a su gusto por el azúcar. No había cumplido aún la veintena cuando entraba por más de medio año en prisión. Al año siguiente participaba como representante del sindicato de pintores en la celebración del Congreso constitutivo de Solidaridad Obrera y aparece poco después como vocal de su consejo directivo. Aunque hay discrepancias sobre su participación en la Semana Trágica de 1909 y no aparece en la relación de asistentes al Congreso fundador de CNT, sí parece probado que hubo de refugiarse después en el Valles Oriental tras la primera y que estaba en la junta de la Confederación tras el segundo. Y al año siguiente, 1911, es delegado de los pintores barceloneses en el I Congreso de la CNT y representa a esta en el Congreso Obrero Internacional que tiene lugar en Marsella.

Recién cumplidos los veinticuatro años, el Noi era ya un valor en alza del movimiento libertario catalán y se adivinaba en él aquello en lo que habría de convertirse a lo largo del siguiente decenio. Como muchos otros correligionarios, dejó publicados un buen número de títulos, en particular folletos sobre el sindicalismo y conferencias llevadas a la tinta impresa, como El sindicalismo en Cataluña (1921) y Anarquismo y sindicalismo (1923), sin que faltaran ingenuas incursiones en la ficción como Escuela de rebeldía (1923). Por descontado que colaboró con numerosas cabeceras de la prensa obrera, caso de Solidaridad Obrera, Cultura y Acción, El Diluvio o la revista Tramontana, que dirigió en 1913. Y se encuentra entre los principales partidarios de los sindicatos únicos de ramo o industria, que encontraba mucho mejor adaptados a los retos planteados por la moderna organización industrial. Sin embargo, esto mismo revela que más que un escritor y que un teórico, Seguí era sobre todo un hombre de acción sindical con cuya praxis escribió en buena medida la historia de la CNT de sus «años rojos». Era un maestro de la oratoria, hasta el punto de que no falta quien —como Viadiu— lo considerara el mejor orador del movimiento libertario. Y era, sobre todas las cosas, un organizador nato del sindicalismo y un gran estratega capaz de pensar en el medio y largo plazo y de superar los arquetipos teóricos del movimiento. De ahí que en su ideario básico estuviera la idea de que la clase obrera no debería ser antipolítica per se, sino contraria a la política de las instituciones burguesas, y que se podía luchar no sólo por implantar el comunismo libertario, sino también por objetivos menores. Y de ahí que se pronunciara explícitamente en más de una ocasión sobre una distinción que no dejaba de suscitar vivos debates: «Claro que el sindicalismo no es anarquismo», afirmaría; mientras que el segundo sería un horizonte de realización futura no inmediata, el primero es su «base» y «orientación económica» y lo que permitiría preparar su organización en la producción futura. Por eso, su conclusión era rotunda aunque desazonadora: «No desesperemos, pues el calvario ha de ser largo».

Pero eso no significaba para él caminar con lentitud. Es ya alrededor de su vigésimo quinto cumpleaños cuando el Noi del Sucre empezó a descollar ya no sólo en Cataluña sino también en el resto del Estado. Orador en un sinfín de mítines y conferencias por toda la geografía catalana e ibérica; presidente de la Federación local del ramo barcelonés de la construcción en 1915; secretario general de la CNT catalana al año siguiente… Sería casi ocioso detenerse en todos sus cargos, responsabilidades y apariciones durante esa década. En mayo de 1916 asistía a la Conferencia de Valencia, en la que apostó por el pacto de unidad de acción con la UGT, que tendría su primera plasmación en la huelga general de 24 horas de diciembre contra el encarecimiento de las subsistencias. Tres meses después, firmaba junto a sus compañeros Pestaña y Lacort y los ugetistas Largo Caballero y Besteiro el manifiesto con el que las dos centrales sindicales sancionaban la huelga general como instrumento de presión para «obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras».

Al año siguiente, tendría lugar el crucial Congreso de la CNT catalana en Sants, del que saldría la no menos relevante aceptación de los sindicatos únicos de ramo que precisamente Seguí defendió. Ese acuerdo significaría para la Confederación una transformación organizativa y un crecimiento de enormes proporciones. Fue tal vez entre ese congreso, tras el que fue además nombrado secretario de la poderosa CNT catalana una vez más, y el de la CNT estatal a finales de 1919 en el madrileño Teatro de La Comedia, cuando disfrutó de su más incontestado protagonismo. Su prestigio había crecido con un nuevo paso por las cárceles barcelonesas, lo hizo todavía más en la gestión de la célebre huelga de la compañía La Canadiense, y fue junto a Pestaña y Quintanilla una de las figuras más determinantes del gran Congreso de La Comedia, en el que consiguió que prevaleciera una postura cauta en la espinosa cuestión de las relaciones con la Rusia bolchevique. Ahora bien, también por entonces comenzaron a arreciar los dardos de la crítica. A pesar de su exhibición oratoria ante más de 20 000 asistentes en el mitin que la daba por cerrada, su gestión de la huelga de La Canadiense le granjeó los reproches de los sectores menos partidarios de haber negociado con las autoridades. Defender la labor de las comisiones mixtas de trabajo o su papel en la fracasada huelga de Riotinto en 1920 no contribuyeron a limar esas críticas. Hasta García Oliver, quien no se caracterizó en sus escritos por la indulgencia con el ala «sindicalista», subrayaría mucho después lo injusto de las mismas. En El eco de los pasos, se refiere a que, antes de caer asesinado, Seguí «tuvo su larga pasión en la campaña de insidias de que era objeto por parte de muchos compañeros».

Los reproches y acusaciones de veleidades políticas, que arraigaron entre anarquistas «puros» como los Urales o el propio García Oliver, ya no le abandonarían. En ocasiones sobrevuela su trayectoria la tentación de preguntarse si su posibilismo le hubiera llevado a caminar por similares vías a las transitadas en los años treinta por Ángel Pestaña. Sin embargo, por un lado, hay también quienes defienden una trayectoria valiente que supo adaptarse a circunstancias muy complejas. Y, por otro, su prematura muerte hace que esas preguntas se queden en el nivel de la historia contrafactual. La única certidumbre es que, a pesar de las críticas, su actividad en el seno de la CNT no cesó. Volviendo de Riotinto se embarcó en una frenética «jira» de propaganda que acabó con su detención a finales de 1920 y con una deportación a Mahón que duraría hasta principios de 1922 y que aprovechó para escribir artículos y folletos. Recuperada la libertad, Seguí se lanza de nuevo a carreteras, tribunas, plenos y asambleas, e incluso parece que encabeza por unos meses el Comité Nacional de la CNT.

Su dramático final es la mejor muestra del protagonismo que había alcanzado en el seno del mundo confederal, sobre todo para los sectores más duros de la patronal y los aparatos policiales del Estado que le consideraron un enemigo a batir. A principios de 1920 ya había sufrido un atentado del que había salido ileso. El 10 de marzo de 1923 no tendría tanta suerte con el que sufrieron él y Francesc Comas. Su muerte fue una conmoción. Al día siguiente, Solidaridad Obrera lloraba que las balas de la reacción se hubieran dirigido precisamente contra quien más había hecho dentro de la CNT por calmar el «espíritu de los compañeros exaltados» y por tratar de evitar caer de nuevo en la espiral de la violencia. Pero tal vez era justamente por eso por lo que eran hombres cómo él, y no otros perfiles del mundo libertario, los que habían sido puestos en el punto de mira. De hecho, la dinámica de la vindicta se desató, la sangre llamó a más sangre y se descendió por una pendiente que acabó en un golpe militar pocos meses después.

ÁNGEL PESTAÑA (1886-1937)

Si Seguí personificaba el elegante orador carismático, el sólo un año mayor Ángel Pestaña encarna al militante grave y austero, al metódico e incansable organizador. Sin embargo, era mucho más lo que unía a los dos que lo que les separaba. Compartían humildes orígenes, una precoz entrada en la militancia, virtudes oratorias y organizativas y ser blanco de los pistoleros de la patronal. Habían coincidido innumerables veces en asambleas y mítines, cargos directivos y huelgas. Confluyeron en similares posturas al rechazar las tácticas terroristas y defender el fortalecimiento de la estructuras sindicales de la CNT. Y desde sus puestos directivos en las mismas, Pestaña se convirtió, como el Noi del Sucre, en uno de esos colosos del anarcosindicalismo cuya trayectoria resume la de la propia Confederación durante años o décadas. El origen de la diferente posición que ocupa Pestaña en la memoria libertaria es su mayor recorrido temporal. Aunque sufrió también sendos atentados, el destino quiso que su muerte no llegara en el cénit de su carrera en la CNT. La bala que le atravesó los pulmones en 1922 acabaría causando la bronconeumonía de la que moriría a finales de 1937. Pero antes le daba una tregua de quince años para que su final llegara tras un amargo lustro de separación de la CNT, fracasos y decepción. Quince años. Tiempo suficiente como para atravesar épocas tan densas como una Dictadura, una República y una guerra civil. Períodos borrascosos cuyo vertiginoso paso puso al mundo libertario ante desafíos de primer orden de los que sus estrategias y principios, y en eso Pestaña es el caso emblemático, no siempre salieron indemnes.

«Caballero de la triste figura», en palabras de Seguí. «Obrero inteligente y puritano», según Lenin. No parece aventurado sugerir que el natural sombrío con que se describía a Pestaña tenía que ver con sus duros inicios. Poco sencillos habían sido los orígenes de muchos compañeros. Pero en su caso se añadía el abandono del hogar familiar por su madre cuando era un niño, el alcoholismo y prematura muerte de su padre y, en suma, una infancia azarosa de privaciones, trabajo y desarraigo. Nacido en una aldea cercana a Ponferrada, llevó la vida nómada de un padre que recorría el norte peninsular en busca de trabajo en minas e industrias. La escuela era en esas circunstancias un lujo inalcanzable, y trabajar, una necesidad que ya cumplía con once años. La muerte de su progenitor no mejoraría las cosas. A sus catorce años, el joven Ángel se veía del todo solo y arrojado a una vida errante desempeñando durante años variopintos oficios. Con apenas quince, tenía su primer contacto con la protesta obrera al sumarse a una huelga en defensa de la jornada de ocho horas. Era 1901, y significaría su primera detención. Con diecinueve o veinte según las fuentes, sus pasos le llevan a acumular trabajos de vendimiador, peón, alpargatero, jornalero agrícola o cargador de muelles por todo el sur de Francia. Al poco de llegar, en 1906, sufría una orden de expulsión del territorio francés por «vagabundeo» que, sin embargo, parece que no respetó y que todavía pedía fuera revocada en 1933. Y a los veintitrés, unido ya a su compañera María Espés, conseguía un pasaje para Argel. Instalados allí durante cuatro años, por vez primera su errática existencia se tomaba un respiro. Adquirió su definitivo oficio de relojero, aprovechó para estudiar, se sumergió en la lectura sobre cuestiones sociales e incluso se lanzó a escribir sus primeras colaboraciones para la prensa obrera.

Cuando regresan y se instalan en Barcelona, a mediados de 1914, Pestaña cuenta ventiocho años y es un perfecto desconocido en el mundo libertario. Sin embargo, hacerse socio del Ateneo Sindicalista cambiará su vida. Apenas tres años más tarde, es nada menos que director de Solidaridad Obrera y uno de los tres delegados de CNT que sellan con UGT la unidad de acción de cara a la convocatoria de huelga general. Entre una cosa y otra, se había dado a conocer en los debates que tenían lugar en el Ateneo, con tacto con lo más granado del obrerismo libertario barcelonés, pasó a escribir artículos en la «Soli» y Tierra y Libertad y se aupó a la secretaría del Comité Regional catalán. Tampoco faltarían los habituales meses de cárcel y clandestinidad ni los de huida a Francia, de donde fue expulsado de nuevo en octubre de 1916 tras una frustrada estancia en Perpiñán y un mes en prisión. A la altura del Congreso de Sants, en 1918, Pestaña es ya dentro de la CNT una figura de la talla de Seguí y el eco de su nombre llega cada vez más lejos a golpe de mítines, artículos y denuncias contra el jefe de policía Bravo Murillo desde Solidaridad Obrera. El Congreso de La Comedia, en 1919, acaba de encumbrarle. Y, por si faltaba algo, Pestaña era elegido delegado de la CNT para representarla en el II Congreso de la Internacional Comunista que tendría lugar en Petrogrado en verano de 1920.

No sería ese un viaje cualquiera. Primero porque, en aquella época, tales viajes no eran de placer para los militantes, como prueban el hecho de que viajara con un pasaporte falso o sus detenciones en Milán, Génova y Barcelona. Y, segundo, por lo que vio y dijo. Durante la estancia en Rusia, habría de participar en las labores de la Internacional Sindical Roja y fue testigo lúcido de ese momento excepcional que suponía los albores del primer régimen comunista de la historia. Testigo lúcido, y también crítico. La enorme trascendencia de lo que nacía ante sus ojos y tratar con Lenin, Trotsky y otros líderes bolcheviques no le hicieron perder de vista lo que había de autoritario en el naciente régimen, ni tampoco abandonar la concepción sindicalista de la revolución y engrosar los sectores bolchevizantes que brotaban en el seno de la CNT. No en vano, hay que concederle un papel de primer orden en cómo salió el conjunto del mundo libertario español de la encrucijada que significaba para él el atractivo que generaba la experiencia bolchevique en el movimiento obrero de todo el mundo. De hecho, hasta la propia CNT se había adherido provisionalmente a la Komintern en 1919. En la Conferencia de Zaragoza en junio de 1922, la CNT rectificaba y mostraba su deseo de integrarse en la AIT sindicalista que se estaba formando en Berlín. No son pocos los indicios que sugieren que el principal responsable de tal cosa fue Pestaña. En 1921, tras su paso por la URSS, escribía desde la cárcel su crítica Memoria sobre su gestión en el Congreso de la Komintern y exponía después sus conclusiones en la conferencia zaragozana nada más recuperar la libertad. La revolución, había dicho en su discurso en Petrogrado, no puede ser sólo la obra de un partido: «Un partido no va más allá de organizar un golpe de Estado … La revolución es la consecuencia de un proceso evolutivo que se manifiesta en todas las clases de un país».

Todo eso, sin embargo, no le situaba tampoco en el terreno de los anarquistas puros ni al abrigo de sus dardos. Tampoco los intentos de asesinato sufridos o sus pasos por las cárceles de la Dictadura. Desaparecido Seguí, Pestaña se convertiría en la figura principal del ala que los maximalistas llamaban de modo despectivo «sindicalista». Era ahora el hombre fuerte de una CNT que, para muchos, amenazaba con perder las esencias ácratas. Y para colmo, estaban esos contundentes artículos y libros como Sindicalismo y terrorismo en los que desautorizaba con vehemencia las prácticas terroristas y los atracos que se practicaban en los márgenes de la organización cenetista. Los años de clandestinidad desde 1923 arrojarían más leña al fuego. No hay pruebas de que Pestaña dejara de considerar la CNT como una organización cuyo horizonte último debía ser propiciar el vuelco en el orden social. Pero los cuadros de la CNT se vieron ante la disyuntiva de pasar a la clandestinidad o mantener la estructura sindical en el hostil marco dictatorial. Los sindicatos barceloneses habían apostado por lo primero, mientras que Asturias o Galicia optarían por lo segundo. Y Pestaña, como Joan Peiró y otros, defendió lo que pedía el manifiesto firmado por ambos en el primer número de Vida Sindical en 1926: la «normalización de la vida sindical de Barcelona» y «legalizar el funcionamiento» de la CNT. Desde las publicaciones de la familia Urales y el diario El Productor, lloverían las críticas y se le consideraría emblema de la «desviación» reformista. Es entre los adalides de los principios frente al «sindicalismo posibilista» de Pestaña donde surgiría la FAI. Pero no eran sólo radicales faístas los que le ponían en solfa. Otro histórico dirigente de la CNT como Buenacasa no se mordía la lengua cuando, al comentar la apuesta de Pestaña por participar en los comités paritarios, manifestaba su «desprecio a quienes trabajan por una organización legal y obediente».

Ahí estaban ya las dos concepciones fundamentales presentes en el movimiento libertario español que acabarían fracturándolo durante la República. La llegada de esta propició que salieran de las catacumbas cientos de sindicatos y que corrieran a afiliarse cientos de miles de trabajadores. Mientras duraron la movilización popular, las expectativas de cambio y las libertades para el funcionamiento de la CNT, esta parecía caminar con andar seguro. En su Congreso extraordinario de 1931, se escenificaba la batalla entre las dos corrientes, pero Pestaña salía confirmado en la secretaría general. Ahora bien, cuando la República empezó a mostrar su mano dura, las cárceles volvieron a llenarse y la labor del Ministerio de Trabajo pareció usar los medios estatales para fortalecer a la UGT, entonces el discurso posibilista empezó a perder audiencia a favor del victimista de la insurrección. Es una historia bien conocida. Ante lo que venía, treinta dirigentes sindicales de la CNT firmaban en agosto de ese año un manifiesto, cuyo primer borrador era de Pestaña, que censuraba el «concepto simplista, clásico y un tanto peliculero de la revolución». No sirvió para frenar una marea que se lo llevó por delante. Se desencadenó una guerra interna que llevó en marzo de 1932 a la caída del Comité Nacional dirigido por Pestaña y que acabó con su expulsión y la del resto de los «treintistas» de la propia CNT. Y aún podría haber terminado peor, según un informe policial francés que decía de él que, «condenado por el grupo de Ascaso, será ciertamente objeto de represalias».

Fue un duro golpe del que ya no se recuperó. Lo intentó al participar de los Sindicatos de Oposición que reunieron a los expulsados y escindidos de la Confederación. Y volvió a intentarlo en 1934 con la fundación de lo que catorce años atrás consideraba insuficiente, un partido, el Partido Sindicalista. La CNT, escribía ese mismo año en Lo que aprendí en la vida, caminaba «hacia su autodestrucción por su falta de ambición política». Todo lo vivido, le confesaba en carta a Peiró, me ha llevado a pensar «si no habrá necesidad de ajustar nuestros procedimientos de lucha». Semejante ajuste, para otros «traición», nunca le fue perdonado por sus enemigos, y tampoco fue comprendido ni seguido por la mayoría de sus amigos. Ante el riesgo de que desapareciera, Pestaña unió su partido a la coalición del Frente Popular, con la que logró un acta de diputado por Cádiz en 1936. Pero ni eso le hizo crecer, ni él pensó en disolverlo cuando se produjo la reunificación de la CNT o cuando, una vez estallada la guerra civil, se le sugería a cambio una cartera ministerial. Durante la contienda, desempeñó el cargo de subcomisario general de guerra y luego dirigió la Junta de Material de Guerra. Hacia mediados de 1937, un informe interno de los servicios de información de la FAI seguía describiéndole como un enemigo: «Al proclamarse la República, se acentuaron sus fluctuaciones políticas, creando el criminal movimiento de Oposición Confederal, denominado vulgarmente “treintismo” … En la actualidad coquetea con todos los partidos para ver de hacerse con una parroquia. Elemento ya fracasado y sin ningún prestigio entre las clases populares. Muy vanidoso y con deseos enormes de ser un figurón político». A finales del mismo año, tal vez previendo su cercana muerte, Pestaña regresaba al redil cenetista. El 11 de diciembre, la bronconeumonía que nacía de sus viejas heridas y que arrastraba desde el invierno anterior ponía fin a los días de quien, en palabras del historiador Miguel Íñiguez, «está exigiendo hace tiempo su retorno a la historia más grande del anarquismo».

JOAN PEIRÓ (1887-1942)

Paterna, 24 de julio de 1942. Caía el sol cuando una ráfaga de disparos rasgaba la calma del atardecer estival en el campo de tiro próximo a esa localidad valenciana. Podría resultar extraño que hubiera prácticas de tiro cuando menguaba la luz, pero en realidad no lo era tanto en la España de la posguerra. A la ráfaga le había precedido el grito de «¡Apunten! ¡Fuego!», al que sucederían siete tiros de gracia. Mientras el pelotón recogía los fusiles, otros tantos cadáveres yacían en el suelo a la espera de ser llevados a una fosa común en el cementerio. En realidad, eran siete más dentro de la terrorífica nómina de mujeres y sobre todo hombres que pagaron con sus vidas contarse entre los vencidos de la guerra civil. Sin embargo, uno de ellos era menos igual que los demás. Era, como los otros seis, cenetista y trabajador. Pero a esas credenciales sumaba, entre Kotras muchas, nada menos que la de exsecretario general de la CNT y exministro de la República durante la contienda. Demasiado para salir vivo ante un tribunal militar franquista.

Nada permitía vaticinar durante sus primeros años que Joan Peiró i Belis llegara tan lejos. Antes que cualquier otra cosa, era un hombre de barrio y un obrero que siempre vivió del oficio del vidrio; «el tipo de obrerista campechano de cara redonda, propenso a ser agradable» —diría de él García Oliver— y en cuyos ojos «veíase al hombre esforzado, estudioso y francamente honrado». Había nacido en la barriada barcelonesa de Hostafrancs y a los diez años trabajaba ya en algo tan terrible para un niño como un horno de cristal. Cuando contaba quince años y un compañero le pasó una hoja volante del sindicato del ramo, ni siquiera sabía leer y menos escribir. Corría el año 1902. Sólo quince años después, no sólo había aprendido a hacerlo, sino que dirigía en Badalona La Colmena Obrera, órgano de la federación local de sindicatos, y El Vidrio, portavoz de la federación española de ese ramo. Entre una cosa y otra, a lo largo de esos tres lustros, Peiró se había casado, había estudiado con el tesón del autodidacta hasta lograr una completa alfabetización y se había hecho un importante hueco en el mundo del asociacionismo obrero. Después, en 1922, marcharía a trabajar a un horno de Mataró, lugar que ya no abandonaría hasta la retirada hacia Francia de 1939. Como ha subrayado uno de sus estudiosos, Pere Gabriel, ese itinerario laboral no sería irrelevante. Peiró fue un dirigente surgido de aquel mundo obrero conformado en una serie de ciudades intermedias donde se tejió la moderna cultura de izquierdas catalana. Fue lo que se llamaba entonces un «hombre de comarcas», para los que sería más fácil entenderse con los viejos sindicalistas y trabajadores de oficio de siempre que con el nuevo y más inestable proletariado que llegaba a Barcelona.

Su acercamiento a la CNT es el de otros muchos de su generación. Aunque conocía ya la cárcel y asistió como observador al Congreso fundador de la CNT, hasta mediados de los años diez, no le guio una definición ideológica precisa. Sería sólo entre 1917 y la resaca del Congreso de Sants del año siguiente cuando vio en la Confederación la vía más eficaz de vertebración y expresión del mundo obrero catalán. Desde entonces, ya no dejaría de estar en el centro de la vida organizativa de la CNT. Es uno de los más activos participantes en el Congreso de La Comedia en 1919. Sufre también los consabidos atentados y presidios. Asiste a la Conferencia de Zaragoza de 1922. Es elegido ese año secretario general del Comité Nacional cenetista, puesto desde el que rectifica el fugaz giro bolchevizante que había experimentado la Confederación. Llegado al poder Primo de Rivera, sufre la cárcel y vuelve a la cúpula confederal clandestina entre 1927 y 1929. Como Pestaña, desconfía de la tutela estrictamente anarquista de la CNT y defiende aprovechar los intersticios del régimen para que los sindicatos salgan de la clandestinidad —de ahí la fundación de Vida Sindical—, aunque rechaza su tendencia a aceptar la legalidad y la organización corporativa de la Dictadura y le opone un concepto de la Confederación con mayor contenido doctrinal.

Es principalmente durante esos años cuando Peiró se perfila como teórico del anarcosindicalismo hispano. Lo hará en algunas de sus obras, caso de Trayectoria de la Confederación Nacional del Trabajo (1925). Pero lo hará también mediante series de artículos fundamentales en rotativos como La Colmena Obrera (1919), Solidaridad Obrera (1924), Solidaridad Proletaria (1925), ¡Despertad! (1929-1930) o Sindicalismo (1933). En todos esos textos construye un corpus teórico que cabría resumir en dos grandes cuestiones. Por un lado, resulta crucial para él cómo definir la relación entre sindicalismo y revolución. Peiró no apostaba por la completa anarquización de los sindicatos. Había que mantener «intangible la independencia de la personalidad colectiva del sindicalismo», algo que su discurso iría subrayando cada vez más en los años treinta a medida que concebía la organización industrial de la sociedad poscapitalista, el largo proceso de tránsito hacia la socialista y el papel que cabría durante el mismo a los sindicatos. Claro que eso tampoco significaba que fuera un mero «sindicalista». El sindicalismo sólo sería un instrumento de emancipación si no se limitara al espacio laboral y si articulara una alternativa global al capitalismo, y el anarquismo le ofrecería la orientación, objetivos revolucionarios y «cerebro» para desempeñar ese papel. Y en segundo término, estaba la relación del movimiento cenetista con la política. A pesar de la evolución de su pensamiento, Peiró nunca dejó de lado la desconfianza ácrata hacia el Estado, elemento diferenciador de la CNT respecto de socialistas y comunistas. Ahora bien, como se traslucía en la famosa «moción política» que firmaron también Seguí y Pestaña, lo anterior era compatible con negar no la lucha política per se, pero sí la realizada desde las instituciones del parlamentarismo burgués y los partidos de clase. Se entendería así que Peiró considerase explícitamente que la tarea de emancipación social y la propia existencia de la organización sindical eran siempre más posibles y eficaces con regímenes políticos de libertades. Y eso implicaba, entre otras cosas, la posibilidad de trabar alianzas tácticas con formaciones políticas reformistas en coyunturas excepcionales, como se intentó durante la Dictadura y la República, y como se hizo al estallar la guerra civil.

Y es que el contraste de la teoría con la realidad, sobre todo la de los convulsos años treinta, hizo aflorar la necesaria adaptación a situaciones insospechadas. La salida del túnel que fue la Dictadura significó para la CNT un crecimiento y movilización sin parangón, pero también la eclosión de las diferencias internas. Con el paso de un régimen a otro, Peiró regresaba al primer plano. Volvió a auparse a la dirección de Solidaridad Obrera desde que esta volvía a la calle en agosto de 1930. En el Congreso extraordinario de junio del año siguiente, lograba que se aprobara su ponencia y, con ella, la estructura de los sindicatos sobre la base de federaciones nacionales de industria, aunque no tenía tanto éxito con su intención de que la Confederación fijara hacia las Cortes Constituyentes una actitud «positiva». Las posiciones estaban marcadas. Peiró se convirtió en uno de los blancos de quienes apostaban por el enfrentamiento directo con las instituciones y reprobaban la preparación constructiva de la Revolución Social que él propugnaba. Como tal, fue uno de los firmantes del Manifiesto de los Treinta. Lo siguiente es conocido. Recibió presiones que le forzaron a abandonar la dirección de la «Soli», él respondió refutando el concepto ingenuo y cándido de revolución de los «revolucionarios a ultranza» y se integró en los Sindicatos de Oposición. Posteriormente desaprobaría a Pestaña por pasarse explícitamente a la política y propugnaría la reunificación confederal, aunque sería uno de los últimos en regresar al seno de la CNT tras la reunificación de 1936.

Para cuando aceptó el reingreso, en agosto de ese año, todo parecía exigir precipitados ajustes a la coyuntura inédita de una guerra y una revolución que venían sin manual de instrucciones. Pero Peiró distó de ser el que experimentara las más sonoras mudanzas. Nada más estallar la contienda, entraba como vicepresidente en el comité antifascista de Mataró, y dos meses después bebía por vez primera del azaroso cáliz del poder cuando era nombrado delegado del Consejo de Economía de la Generalitat. Antes, había escrito otra fundamental serie de artículos en los que atacaba la violencia «inoportuna e injustificada» de los «incontrolados», las destrucciones gratuitas y los crímenes que deshonraban la revolución, y les contraponía los juicios «de acuerdo con la legalidad revolucionaria». Esos textos, que le causaron innumerables críticas, y amenazas de mucho más, eran entonces y resultan hoy un valiente monumento a la cordura en medio de una vorágine de odios que todo parecía devorarlo.

Después, a comienzos de noviembre, llegaría su designación como ministro para el gobierno de Largo Caballero. Se trataba de un acontecimiento de extraordinaria trascendencia en la historia de la CNT y del movimiento libertario mundial. Era la primera vez que sus miembros se incorporaban a tareas gubernamentales. Pero la suya era, junto a la de López, la presencia que menos sorprendía. Peiró venía defendiendo desde agosto que la CNT debía incorporarse al gobierno de la Generalitat, y luego del Estado, entre otras razones porque no podía imponer por sí sola el comunismo libertario en una guerra cuya victoria dependía también de la ayuda de las democracias occidentales, y también para evitar una dirección de los asuntos —sobre todo los económicos— contraria a los intereses del proletariado. En ese sentido, su activa labor se traduciría en iniciativas del calado del decreto de 22 de febrero de 1937, por el que se trataba de sancionar y proteger la obra colectivizadora y la gestión sindical acometidas desde el anterior verano revolucionario. Sin embargo, el paso por el ministerio y la decepción de su brusca salida le harían cambiar de opinión. El decreto de febrero y el grueso de su labor ministerial quedarían a menudo sin efectos prácticos porque, más que fondos para abordarlos, lo que llegaba de los gobiernos central, vasco y catalán era resistencias y obstáculos. En mayo de 1937, lo que llegaba era la caída de este gabinete y la formación de otro en el que ya no figuraba ningún libertario. Se abría un período de reflexión sobre la labor gubernamental, de críticas sufridas y vertidas, de profunda decepción. El veterano vidriero regresó a Mataró, se embarcó allí en un proyecto de cooperativa del vidrio, escribió en tonos ácidos sobre la colaboración gubernamental, y aún tuvo tiempo para retomar esta como comisario general de Energía Eléctrica antes de que la caída de Cataluña le obligara a abandonar su casa y su país.

Peiró cruzó la frontera francesa a principios de febrero de 1939 y, unas semanas más tarde, había llegado ya a París, donde colaboraría con la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE). Un año y medio más tarde, la invasión de Francia por las tropas alemanas llenaría presidios y campos nazis de «rojos» españoles, algunos de los cuales, los más notorios, serían entregados por las autoridades francesas a la Gestapo, y por esta a la España de Franco. En noviembre de 1940, Peiró era detenido en la Francia libre cuando trataba de marchar hacia México. En febrero de 1941 era entregado a las autoridades franquistas, recorría las dependencias policiales de Madrid, y en mayo daba con sus huesos en la prisión de Valencia. Parece demostrado que se le ofreció evitar el consejo de guerra a cambio de colaborar con las estructuras sindicales del nuevo régimen y que él lo rechazó. El 22 de julio del año siguiente se celebraba el consejo de guerra correspondiente al procedimiento 1156-V-1941. En él, la defensa presentaba varios testigos de descargo, entre ellos los testimonios de un camisa vieja, varios militares y los superiores de dos colegios religiosos de Mataró, quienes testimoniaban sobre cómo Peiró había combatido las violencias de 1936 no sólo con la palabra escrita, sino ayudándoles personalmente. De nada servía todo eso para la justicia ciega de los vencedores. Dos días después, era ejecutado a sus cincuenta y cinco años este hombre que no suele estar entre los nombres de la épica anarquista, pero que es uno de esos colosos sobre cuyos hombros y militancia la CNT se construyó y mantuvo como uno de los dos grandes sindicatos del primer siglo XX español.

MANUEL BUENACASA (1886-1964)

Manuel Buenacasa no es habitual entre los grandes nombres del anarquismo ibérico. No parece posible ubicarle entre esos tres «colosos» de la CNT que nacieron a la par que él y que fueron Seguí, Pestaña y Peiró. Chirriaría situarle a la par con quienes pasan por sus supuestos teóricos. Está lejos de compartir los sonoros ecos que rodean a los famosos «hombres de acción». No atesora el protagonismo e inacabables polémicas futuras que suscitó para cinco cenetistas su entrada en los gobiernos de la República durante la guerra civil. Y tampoco será uno de los protagonistas principales del drama de extrañamiento, querellas intestinas y nostalgias en que se convirtió el movimiento libertario en el exilio.

Sin embargo, no por ello deja de ser una figura de primer orden a la que el tiempo no ha acabado de hacer justicia. A lo largo de su más de medio siglo de vida militante, fue mucho lo que este aragonés de Caspe hizo, dijo y escribió. Fue un constante propagandista de la «idea» libertaria en un sinfín de conferencias, mítines, charlas y escritos. La suya fue una de las más prolíficas plumas del movimiento libertario y atendió a todos los registros: incursiones en la literatura; una colaboración a lo largo de décadas en periódicos y revistas libertarias, que le llevó a participar en las más importantes cabeceras y a ser director de Cultura y Acción, Solidaridad Obrera de Bilbao y Gijón y La Ilustración Ibérica; folletos y libros sobre cuestiones doctrinales y organizativas, algunos de los cuales alcanzaron una cierta relevancia, como La CNT, los «Treinta» y la FAI (1933), Perspectivas del movimiento obrero español (1964) y, sobre todo, El movimiento obrero español 1886-1926 (1928), un libro que ha pasado a la posteridad como fuente clásica para el estudio de las primeras décadas de sindicalismo libertario. Pero se añade a ello que Buenacasa es no sólo fuente sino también actor de esa historia. Sin despuntar de forma estruendosa por alguno de los rasgos que hicieron ilustres a otros correligionarios, conjugaba en sí mismo muchas de sus actividades y cualidades. Fue probablemente mejor organizador —de periódicos, sindicatos, conferencias, congresos— que casi todos ellos, y uno de los más solventes y eficaces con que nunca contó la CNT. Y protagonizó una de las trayectorias más longevas, no sólo entre los grandes espadas, sino también en el conjunto de los medios cenetistas.

Cierto es también que no se encuentra entre los más precoces. Al tiempo que Seguí o Pestaña trabajaban y pasaban ya por prisión en torno a su quincena de años, donde ingresaba con la misma edad Buenacasa era en el convento franciscano de Espartinas (Sevilla). El hábito y el nombre de fray Juan José le durarían apenas un año y el conjunto de su estancia conventual no más de cinco. Pero cuando lo abandonaba, se llevaba consigo un preciado tesoro: el cultivo y buen uso de las letras. A partir de ahí comenzó para él un continuo ir y venir. Corría el año 1905, y se instalaba en Zaragoza como carpintero, el oficio del que vivió hasta el final de sus días. Al año siguiente, se convertía ya en secretario de la Federación Local de Sociedades Obreras. Desde entonces, jalonan su biografía cargos sindicales y colaboraciones en la prensa obrera, pasos por la cárcel y exilios. Si hemos de creerle, en 1910 ayuda a fundar y dirige en su primera época Cultura y Acción. Debe huir de la represión policial marchando a Francia del911 a 1914 y de nuevo entre 1915 y 1916. Desde su segundo regreso, y en particular tras su polémica pública con el entonces director de Solidaridad Obrera, José Negre, a comienzos de 1917, Buenacasa viviría sus años de gloria en la primera plana del anarcosindicalismo ibérico.

No eran además años cualesquiera o de reflujo para la CNT, sino los de su práctica constitución tras el fugaz precedente de 1910-1911. Fueron años de recambio generacional y de consolidación frente al modelo sindical de la UGT. Significaron su evolución desde el sindicalismo revolucionario hacia el anarcosindicalismo. Vivieron el poderoso impacto de la Revolución rusa de 1917. Y contemplaron la decisiva transformación orgánica que implicaron los Sindicatos Únicos y, ligado a ello, los momentos de más intenso crecimiento sindical de la historia cenetista. Pues bien, desde la redacción de Solidaridad Obrera y la dirección de otras cabeceras, en la representación de la CNT catalana y nacional en congresos y comisiones preparatorias de la huelga general de 1917, y como miembro, secretario provisional y secretario general (de julio a diciembre de 1918) del Comité Nacional de la Confederación, Buenacasa pasa por ser uno de los hombres clave del momento. Fue uno de los más combativos jóvenes militantes que se auparon a la dirección del sindicato desde 1917 y aplicaron la estructura organizativa y principios anarcosindicalistas. Estuvo entre quienes más propulsaron y asentaron los Sindicatos Únicos. Y participó en la organización del Congreso de la CNT catalana en 1918 y dirigió la del gran Congreso de 1919 y la de la Conferencia de Zaragoza en 1922, tres de las reuniones orgánicas más importantes de la historia de la CNT.

Además, Buenacasa figuró y se implicó asimismo en la mayoría de los grandes hitos, procesos y conflictos del resto de esa historia durante medio siglo. Pueden seguirse sus huellas en el Congreso constitutivo de la CNT en 1910. Resultará una figura clave durante su papel rector en la regional aragonesa (1921-1923) para la entrada de la poderosa Federación Local zaragozana en la CNT y para su orientación ácrata, que hará de esa ciudad el segundo gran núcleo cenetista del país. No será menor su protagonismo bajo la Dictadura, primero instalado en Calella y Blanes y después —desde agosto de 1928 hasta su expulsión el mismo mes de 1932— exiliado en Toulouse, donde trató de poner en marcha el semanario «netamente anarquista» El Sembrador. A lo largo de esos años, desempeñará un papel fundamental en las polémicas entre sindicalistas y partidarios de una definición más anarquista, en particular introduciendo en España desde las columnas de El Productor las teorías de la «trabazón» desarrolladas en Argentina. Ya durante la Segunda República, además de colaborar en los congresos de 1931 y 1936, trató de terciar por sí solo en el conflicto y escisión de los «treintistas» con su ya citada y discutida obra de 1933. Llegada la guerra civil, se requerirán de nuevo sus dotes organizativas para crear y dirigir la experiencia única que fue la Escuela de Militantes de Cataluña. Después, tras las calamidades del éxodo, la Guerra Mundial y la clandestinidad, vuelve a aparecer en el Congreso de París de 1945, y hace patente su postura crítica con la fracción ortodoxa a raíz de la escisión de finales de ese año. Y tras una década «oscura», el ya sexagenario militante volvía a salir a la palestra para liderar una iniciativa por la reunificación de la CNT y, lograda esta, por la unión con la UGT. Lejos de postrarse en el abatimiento de la senectud y la nostalgia, el viejo carpintero dedicaría a ello sus últimos años con escritos, viajes y conferencias. Del mismo modo que su oficio había marcado desde joven su huella dactilar con un seco corte, su labor militante había dejado en él también una impronta indeleble. Cuando la muerte se lo llevó, hacía apenas dos días que había regresado de participar en un mitin en Ginebra. Contaba setenta y ocho años.

Como resulta lógico en una vida militante tan dilatada, no podrán dejar de existir claroscuros, críticas y contradicciones. Entre los primeros, es de notar que diera cobertura a grupos como «Los Solidarios», sobre todo en la Zaragoza de 1921-1923, o que, como afirmaba la Securité Générale francesa, a comienzos de 1920 se había encargado de una importante compra de armas en Trubia (Asturias) con destino a Barcelona. Entre las segundas, le llovieron a menudo hasta desde sus propios compañeros de filas libertarias fruto del afilado verbo con que trató de terciar siempre en polémicas y controversias. Y por referirse a las terceras, no es ajeno a virajes y cambios de rumbo. Hay quien ha recordado que quien de joven afirmara que mientras él viviera no habría UGT en Zaragoza, moriría exiliado propugnando la unidad de acción con ese sindicato. Más sonado todavía sería su salto en lo relativo a la Revolución rusa. De uno de sus más fervientes defensores en los medios obreros ibéricos, pasó en poco tiempo a recalcar el «estado de tiranía y opresión» que sufría la URSS, y tal vez el creciente maximalismo que él y tantos otros mostraron desde principios de los años veinte tenía que ver con esa decepción.

Y por último, las mayores mudanzas las tuvo en cuanto a la definición de la orientación y función de la propia CNT. Buenacasa fue siempre uno de los más activos y eficaces introductores y organizadores del sindicalismo cenetista. Sin embargo, descolló asimismo durante los años veinte como azote de los sindicalistas «posibilistas» e inspirador de la subordinación sindical a las prédicas ácratas. Inició con la Segunda República un viaje hacia el «centro» del mundo libertario que le llevó a tratar de mediar infructuosamente entre los dos bandos escindidos. La experiencia de ese régimen y de la guerra templó sus pasadas ortodoxias y, ante las urgencias de los años bélicos, se implicó en la línea colaboracionista de los órganos directivos de la CNT. Y emergió del túnel de la derrota y la Segunda Guerra Mundial intentando servir de nuevo de mediador entre los restos de la escisión libertaria en Francia, esta vez más cerca de los sectores moderados que de los más puristas. Tal vez por eso mismo su denso recorrido militante no se haya traducido en una mayor visibilidad histórica. Personaje difícilmente definible en términos de fracciones, ha ocurrido con Buenacasa lo que él mismo parecía presagiar cuando terciaba entre «treintistas» y «faístas»: «Tomando partido por uno de los bandos en pugna, me hubiese enemistado con unos solamente. Permaneciendo alejado de la contienda, hubiera podido mantener la amistad de la mayoría. Interviniendo por todos y contra todos, sufriré la amargura de concitar contra mí toda clase de enemistades». Esas palabras le definen, como paradójicamente lo pueden hacer también las que le dedicaba el comisario especial de Toulouse en 1928: Buenacasa, escribía al prefecto de Haute-Garonne, no era un «militante anarquista peligroso. Es más bien un soñador, que busca en la filosofía anarquista el bienestar de la clase trabajadora». Otra cosa es, eso sí, que al aludido le hubiera gustado semejante definición.

DIEGO ABAD DE SANTILLÁN (SINESIO GARCÍA FERNÁNDEZ) (1897-1983)

Una década más tarde que esas grandes figuras del anarcosindicalismo organizado, y en las vísperas de la crisis de 1898 que mostró en España las primeras grietas del sistema político de la Restauración, nacían los primeros representantes de otra generación que vería en su juventud la crisis de ese sistema y su derrumbe al alcanzar la madurez. En el espacio de tiempo que media entre el nacimiento de Durruti en 1896 y el de Joaquín Ascaso diez años después, venían al mundo casi todos los libertarios que aún tienen que desfilar por estas páginas. Casi todos ellos se adentraron en el universo cenetista durante la convulsa posguerra mundial y los primeros años veinte, cuando el crecimiento de la CNT y su reflujo a consecuencia de la represión patronal y gubernamental hacían preguntarse a muchos de sus jóvenes si era suficiente la vía sindical de sus mayores. De los retos que eso planteaba saldrían nombres vinculados después al «aparato» cenetista, surgirían asimismo profesionales de la pluma ácrata, y emergerían también «hombres de acción» dispuestos a ir más allá de las asambleas y la letra impresa. Con sus diferencias, sin embargo, representan la generación que proporcionaría el más nutrido contingente de notables del anarquismo ibérico; la que protagonizaría su «edad de oro» en la República y la guerra civil.

Entre todos ellos, es quizá Abad de Santillán el caso más singular. Uno de los grandes pensadores del anarquismo para algunos. Un mero seudointelectual con escasas dosis de valentía, según el siempre tan benévolo García Oliver. Uno de esos prolíficos publicistas y periodistas que elucubraban sobre proyectos de sociedad futura pero que no eran de primer rango intelectual, desde la mirada de historiador de Julián Casanova. Sea como fuere, este autor de una obra inmensa, editor, traductor, fundador de revistas y periódicos nació y murió en España, pero fue Argentina su verdadera tierra, la que forjó su militancia y donde vivió después de la guerra civil española un largo exilio.

Abad de Santillán nació Sinesio-Baudilio García Fernández en el pueblo leonés de Reyero en 1897. Pero su vida errante no tardaría mucho en llevarle lejos. A los ocho años, cruzaba el Atlántico para instalarse con su familia en Argentina, donde estudiaría hasta los diez y trabajaría de herrero y peón de albañil hasta los 17. El viaje, como casi toda su vida, era de ida y vuelta. El joven Sinesio regresaba a León y después marchaba a Madrid para completar sus estudios, aunque la vida bohemia de la capital le apartó de los mismos y le llevó a sus primeros pinitos como escritor. Se ungió entonces a sí mismo con el seudónimo de Abad de Santillán, que sustituiría para siempre a su menos evocador nombre de pila. Al año siguiente, en 1917, algo más cambiaría en su vida. En agosto era detenido por repartir octavillas a favor de la huelga general, y en la cárcel tendría su primer contacto con el anarquismo. Según escribiría él mismo, no serían las ideas, sino «el compañerismo cordial, solidario» de sus camaradas de galería ácratas lo que le acercó a ese movimiento. Fuera o no así, lo cierto es que, cuando al año siguiente volvía a cruzar el océano, se unió a la Federación Obrera Regional Argentina, la poderosa FORA, y se hizo colaborador de su órgano La Protesta. Entre 1922 y 1926 pasaría una larga temporada en la Alemania de Weimar, durante la que participó en los trabajos de refundación de la AIT en Berlín y Amsterdam, y estuvo en contacto con figuras de la talla de Goldman, Rocker, Max Nettlau, Souchy, Schapiro o Majno. Y en 1931 pasó de modo fugaz por España para asistir a los congresos de la CNT y la AIT. Pero el resto de la etapa que medió entre 1918 y su regreso quince años después lo pasó en Argentina, unos años que significarían para él la fragua de su militancia y su madurez doctrinal.

Cuando al morir 1933 regresaba a España, Abad de Santillán era ya un referente en el anarquismo tanto de su país natal como del de adopción. En la FORA y desde las páginas de La Protesta, se había hecho uno de los grandes orientadores del anarquismo argentino. Había participado en todas las grandes huelgas, enfrentamientos con el Estado y querellas internas por la definición de la Federación que viviera el país austral. Y sus numerosas colaboraciones con la prensa libertaria española le habían hecho asimismo muy influyente en el anarquismo ibérico. Nunca había participado en sus actividades organizativas y sindicales. Pero eso no sería óbice para que, cuando esas últimas estaban bloqueadas por la Dictadura de Primo de Rivera, su argumentario encontrara amplio eco entre algunos sectores del anarquismo catalán, entre ellos los que fundarían ese oscuro órgano que fue la FAI. Ese ideario apuntaba fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, fue uno de los más duros críticos de los vicios burocráticos que acarreaba según él el sindicalismo, de ahí sus ásperas polémicas con dirigentes como Pestaña, Carbó y Peiró, esa «casta de dirigentes» y «camaleones» sindicales. Y, por otro lado, estaba la cuestión de las relaciones entre anarquismo y sindicalismo. Su postura se resumía en el modelo de la «trabazón» aprobado por la FORA en 1923, y suponía que su control por los grupos anarquistas preservaría la pureza del movimiento sindical e impediría las desviaciones políticas y sindicalistas.

La llegada a España supondría algunos cambios importantes. Su influencia no dejó de crecer. Le avalaban su nombre, contactos y duros duelos dialécticos con los líderes sindicalistas que estaban ahora expulsados de la CNT. Pocos meses después de instalarse en Barcelona en 1934, había creado un grupo bautizado «Nervio», había entrado con él en la FAI y dirigía ya tanto la revista del primero (Tiempos Nuevos) como el principal órgano de expresión de la segunda: Tierra y Libertad. Pero la experiencia de la España de esos años y del fallido ciclo insurreccional de los años 1931-1933 le llevaba a confirmar un giro doctrinal. Un giro que mostraba tanto la presencia de la planificación en las prácticas políticas de esos años —fruto de la experiencia soviética— como su sensibilidad hacia diferentes modelos organizativos. Se trataba del paso desde el espontaneísmo revolucionario y agrarista de los años veinte hasta un «anarquismo constructivo» basado en la planificación económica de la sociedad posrevolucionaria a partir de una estructura piramidal que culminaría en consejos de economía.

Claro que el mayor cambio, y la posibilidad de ensayar ese mismo proyecto, vendrían con el estallido de la guerra civil. Derrotada la sublevación en Barcelona, Abad de Santillán era uno de los que fueron recibidos por Companys y que, ante él, acordaron colaborar con el resto de organizaciones. Al día siguiente estaba entre los que conformaban el Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA) ocupándose del Departamento de Guerra. El 11 de agosto se incorporaba al Consell d’Economia de la Generalitat. Y mes y medio después se encargaba de la Conselleria d’Economia en el gobierno de esa última institución. Pero el sueño no duró mucho y se lo comió la guerra. Fuera por no haber tomado todo el poder cuando podían hacerlo y por los manejos de las otras fuerzas, como escribiría después, o por las circunstancias y obstáculos impuestos por la contienda y la incapacidad propia, lo cierto es que la cosa salió mal. Ni se avanzó mucho en la nueva economía que Abad de Santillán había previsto, ni los anarquistas pudieron articular los dispersos poderes revolucionarios con que contaban. A partir del otoño de 1936 empezaron a perder protagonismo político, y este les acabó de ser arrebatado en mayo del año siguiente.

Después del desastre de ese mes, sumido en el desencanto, Abad de Santillán se retiraba a un segundo o tercer plano del que ya nunca regresaría. Primero regresó al ámbito que era el suyo, el de la propaganda doctrinal, mediante la creación de la revista Timón y la edición de las obras de Bakunin. Después del final de la contienda, refugiado ya en Argentina, escribiría su Por qué perdimos la guerra, donde ajustaba cuentas con los políticos burgueses, las potencias democráticas y los comunistas, pero para él y los suyos sólo reservaba loas a la «labor constructiva» y ningún mea culpa. Y a partir de ahí, el retiro durante un exilio de cuatro largas décadas; jubilarse de la política para parapetarse tras una mesa de trabajo de la que saldrán traducciones, diccionarios, enciclopedias, ediciones de libros. Su enésimo viaje a España, breve, no llegaría hasta 1976. El definitivo tendría lugar en 1982, traído por su hijo para pasar el tramo final de su vida. Al año siguiente se cerraba su círculo. Moría en Barcelona, la ciudad donde vivió sus horas más ilustres, y sus cenizas eran esparcidas en una tarde siberiana de enero de 1984 en el pueblo que le había visto nacer 86 años atrás.

CIPRIANO MERA (1897-1975)

Las facciones duras y severa mirada que arrojan sus retratos le delatan. Aquel hombre no había nacido, crecido ni vivido rodeado de comodidades. Su tez estaba más curtida por el sol y el frío de los tajos y los frentes que bañada por la luz artificial. Había empuñado mucho más tiempo la paleta de albañil, y durante unos años el fusil, que la pluma de escritor. Habría dudado menos ante un esquirol y un sublevado «fascista» que frente a un folio en blanco o un micrófono abierto. Aquel hombre era sobre todo un hombre de acción.

Cipriano Mera Sanz vino al mundo el mismo año que Abad de Santillán. Lo primero que vio, y el lugar donde vivió su infancia fue Tetuán de las Victorias, una barriada madrileña que venía creciendo desde los años sesenta del siglo XIX con la llegada de mano de obra en busca de trabajo no cualificado. A los once años estaba ya en los tajos como aprendiz de albañil. Tendría que ser bastante después, cumplida la veintena, cuando acudiera a una academia nocturna para empezar a solventar su casi nula alfabetización. También se haría esperar su compromiso militante. Con diecisiete años, su padre le había afiliado al sindicato de la UGT, la central hegemónica en la capital. Con veintidós, ya en 1920, contactaba por vez primera con militantes anarquistas de su oficio. Pero aunque durante la Dictadura se le ve participando en la Sanjuanada y como delegado de obra, el salto cualitativo en su militancia no vendría hasta que, al llegar la Segunda República, se creaba en Madrid un sindicato cenetista de la construcción. Mera tenía entonces treinta y tres años. No sería un sindicato cualquiera, y no sólo porque pronto empezó a contar sus afiliados por cientos; también porque era el sindicato de la mano de obra sin cualificar por antonomasia, lo que tenía indudables efectos sobre su práctica y cultura sindicales y porque, a consecuencia de la crisis económica, se fue convirtiendo en un sindicato de parados.

Mera se hizo pronto uno de los hombres fuertes del nuevo sindicato y, por la importancia que al mismo dio su crecimiento, de la cada vez más nutrida CNT madrileña. Sus compromisos y cargos se fueron sucediendo: miembro de la junta de los albañiles, del Comité Propresos, del grupo anarquista madrileño «Los Intransigentes» y de los grupos de defensa confederal de Madrid y la región centro. En junio de 1931, representaba ya a su sindicato en el III Congreso de la CNT y su nombre saltaba a las crónicas como uno de los tres votos particulares que se negaron a suscribir el famoso dictamen de la ponencia sobre «Posición de la CNT frente a las Cortes Constituyentes». Dos años después, en 1933, un Pleno de regionales contemplaba la posibilidad de lanzarse a la insurrección si la CEDA ganaba las elecciones. Cosa significativa, Mera era uno de los ocho miembros —cuatro de ellos albañiles— del comité revolucionario encargado de organizaría, y desde luego uno de los cientos de militantes a los que el fracaso de la acción llevaría a la cárcel. Y aún faltaba la convulsa primavera de 1936. En mayo participaba en el Congreso cenetista de Zaragoza, donde era uno de los encargados de la ponencia que debía dictaminar sobre la alianza con la UGT. Y pocas semanas después, era uno de los máximos responsables de la gran huelga de la construcción en Madrid que empezó en junio como pulso con la patronal y siguió en julio como sangrienta prueba de fuerza entre los sindicatos cenetista y ugetista por el control del ramo.

Cuando la huelga aún no se había extinguido y él seguía en la cárcel Modelo por su papel en la misma, el inicio de la guerra civil todo lo cambió. En plena movilización de la calle y de las bases sindicales, el día 19 de julio Mera y otros muchos eran excarcelados y el comité de defensa de la CNT madrileña le mandaba a la conquista del Cuartel de la Montaña. Era su bautismo de fuego, y el prólogo de una carrera de miliciano y luego militar que sólo acabaría con el final de la contienda. En los días y semanas siguientes dirigió acciones armadas en los cuarteles de las afueras de Madrid y Alcalá de Henares, en Taracena y Guadalajara, en Sigüenza y Cuenca. Unida su columna a la de Francisco del Rosal, lucharía alrededor de Buitrago y Arenas de San Pedro primero, y Cebrero y Robledo después, y en Madrid combatiría en las campañas de Casa de Campo, Aravaca y Ciudad Universitaria. Hacia febrero de 1937, tras siete meses agotadores en los que la guerra lo era todo, Mera parecía haber llegado a una dura conclusión para alguien con su pasado. Según dejó escrito en sus memorias, la autodisciplina y el compromiso con un ideal superior son la mayor de las fuerzas. Pero no se trataba de luchas callejeras o meras escaramuzas, sino de «una verdadera guerra» en la que «no era posible hacer frente al enemigo si no contábamos con otro ejército igualmente organizado y donde imperase una férrea disciplina». Su columna fue militarizada y transformada en la 14.ª División, él fue elevado a comandante y participó en los triunfos de Guadalajara y Brihuega. En octubre del mismo año asumía el mando del IV Cuerpo del Ejército del Centro. El 5 de abril de 1938, precediéndole ya la fama e incluso el mito, la Gaceta de la República Ascendía a teniente coronel al albañil de quien Azaña escribió que no sabía leer un plano.

La amargura de la derrota comenzó antes incluso de que finalizaran los combates. En marzo de 1939, Mera participaba en esa postrera guerra dentro de la guerra que fue la rebelión de Casado formando parte del Consejo Nacional de Defensa que se le opuso. A finales de mes, licenciaba a sus tropas y lograba salir del país para refugiarse en Argelia y Marruecos. A partir de entonces, su particular calvario incluiría las cárceles de Orán y Mezelquivir, el campo de concentración de Morand y la huida a Casablanca con la esperanza de partir hacia América. Pero su guión era bien distinto del de la película de Michael Curtiz. En febrero de 1942, las autoridades francesas lo entregaban a las del régimen de Franco, cuya justicia militar lo condenaba a muerte dos meses más tarde. Mera arrostraba cargos mucho más graves que otros miles de condenados y no podía presentar testigos de descargo como los de Peiró. No obstante, y por razones que dieron pábulo a todo tipo de teorías, se beneficiaría de una conmutación de la pena máxima por la de 30 años de reclusión mayor y, años después, de un indulto que le otorgó la libertad provisional a finales de septiembre de 1946. Precisamente por entonces formaba parte del 11.º Comité Nacional de la CNT del interior.

«Cuando acabe la guerra —había dicho sobre sí mismo durante la contienda—, el teniente coronel Cipriano Mera dejará las armas para volver a empuñar el palustre». Es lo que hizo al salir de la cárcel. Y siguió haciéndolo cuando huyó de España y se instaló en Francia. La CNT que allí encontró estaba rota por lo que un actor e historiador de ese movimiento llamaría «fratricida desgarradura». A lo largo de los años siguientes, todavía trabajaría en el intento de lograr la unidad. Se alineó con el sector «escindido» o «posibilista» del exilio, en cuyos plenos de 1947, 1948 y 1949 aparece como secretario de Defensa. En 1961 asistía al Congreso de Limoges donde se formalizaba la reunificación, presidía el mitin de confraternización que tuvo lugar en París y se le asignaba un puesto en el organismo de Defensa Interior junto a otros célebres nombres como García Oliver o Esgleas. Pero eso no sería sino fuente de problemas y amargura para el ya sexagenario albañil. Primero la cárcel en 1963. Después, en el Congreso de Montpellier de 1965, una sonada derrota dialéctica a manos de Esgleas y Llansola. Y más tarde, los plenos de Marsella (1967) y Burdeos (1969), en los que el grupo ortodoxo se vengó de él de un modo denigrante. Mera —escribe A. Herrerín—, «que siempre tuvo un historial militante intachable y que se ganó la vida de albañil hasta el final», recibiría una acusación falsa y sería «expulsado de la organización como un ladrón». Unos años después, y menos de un mes antes de que lo hiciera en Madrid el dictador, Cipriano Mera fallecía en París con casi setenta y ocho años. En su funeral, un espeso manto de silencio y respeto envolvía una frase por todos callada, la del anarquista que podía haber alcanzado el generalato y murió como exalbañil y pensionista.

BUENAVENTURA DURRUTI (1896-1936)

Su solo nombre evoca hoy más que los de todos los demás, más quizá que los de cualquiera de los dirigentes políticos, presidentes o reyes de su tiempo. Ese breve y rotundo apellido, el semblante áspero de duras facciones y tez cetrina, esa mirada entre acerada y bisoja que nos contempla desde el pasado a través de ajadas fotografías mil y una vez reproducidas… Nada de eso viene ya solo. Se proyecta cosido a remotas huellas, ideas e imágenes. La del despiadado pistolero o la del incombustible rebelde salido de las entrañas del pueblo que por el pueblo murió en aún no claras circunstancias. La del atracador y asesino y la del altruista luchador de leyenda. Durruti lo reúne todo para ser, lo es desde hace ya tiempo, más mito que realidad. Sus turbias maneras de luchar por la causa, sus frecuentes pasos por la cárcel y los desafueros de su columna en la guerra civil confluyeron para hacer de él la personificación por antonomasia de la leyenda negra del anarquismo. Pero es posible la imagen contraria. Su irrenunciable matriz popular, sus huidas de las policías de varios países, su indudable protagonismo en las jornadas de julio de 1936 y su prematura muerte, que le ahorró mancharse en futuras querellas intestinas y decepciones, abonaron el terreno para que se convirtiera en un icono.

Buenaventura Durruti es quien mejor representa a esa generación de libertarios ibéricos nacidos en torno al cambio de siglo y cuya militancia siguió caminos distintos a los de sus mayores. Sobre él está casi todo dicho. Nacido un año antes que Mera y Abad de Santillán, en 1896, y leonés como este último, la vida de Durruti fue corta pero intensa. Una vida, como escribiría Zugazagoitia, «para una novela de Baroja: ruda, valiente, generosa». Su familia era la de un padre ferroviario y ocho hermanos. A los catorce años, Buenaventura entraba a trabajar como aprendiz de mecánico en el taller de un socialista leonés que influyó en su entrada en el sindicato de metalúrgicos de la UGT. Sus siguientes paradas serían otro taller, este de lavadoras mecánicas para los minerales de las minas, y el trabajo en la instalación de esas máquinas en Asturias. En 1917, con veintiún años y empleado como mecánico del ferrocarril en León, su trayectoria experimentaba un cambio de agujas. Durruti participaba en la huelga general de agosto implicándose en acciones de sabotaje y eso le suponía ser expulsado de la empresa, tener que huir a Gijón e iniciar un primer periplo por Francia desde finales de ese mismo año. Regresaría a comienzos de 1919, aunque no por mucho tiempo. Mientras trabajaba y volvía a las misiones de sabotaje por las cuencas mineras asturianas, era detenido, descubierta su condición de desertor y llevado a Marruecos, donde escribiría las primeras líneas de su leyenda al evadirse y llegar a Francia.

Cuando volvía a España casi un año después, en abril de 1920, empezaba a perfilarse el posterior Durruti. A lo largo de los meses siguientes, sus pasos le llevarían a lugares como Rentería, San Sebastián y Zaragoza y a conocer en ellos a militantes «de acción» como Suberviela, Aldabaldetrecu, Campos, Ascaso, Pina y Torres Escartín. De ahí surgirían el grupo «Los Justicieros» y su sucesor «Crisol». Desde octubre de 1922, ya instalados en Barcelona, el grupo se ampliaba con militantes como García Oliver, Gregorio Martínez, Aurelio Fernández, Sanz y García Vivancos y adoptaba el nombre que les haría legendarios. «Los Solidarios» sería el grupo anarquista «de acción» por antonomasia. Sus objetivos declarados eran plantar cara al pistolerismo patronal y crear una federación anarquista peninsular, y de hecho organizaron para esto último un congreso en Madrid (1923) del que salió un Comité Nacional uno de cuyos dos encargados era el propio Durruti. Los medios para tratar de alcanzar esos fines eran menos confesables. Incluían acciones que producen hoy rechazo, pero que a muchos no parecían descabelladas en el marco de aquella Europa y de la España del pistolerismo y la dictadura de Primo. Ahí cabían planes insurreccionales y depósitos de armas, sabotajes y amenazas en los conflictos laborales, atracos con los que sufragar «la causa» y asesinatos de personalidades «antiobreras».

De todo eso hubo antes de la Dictadura, por ejemplo el robo de película que protagonizaron, Durruti entre ellos, en el Banco de España de Gijón, o los atentados contra el exgobernador civil Regueral y el cardenal Soldevila. Lo hubo también tras el golpe de Primo desde Francia, donde Durruti participó en el fiasco de Vera de Bidasoa en 1924 o en la preparación de un frustrado atentado contra Alfonso XIII en París. Y desde luego no faltaron tampoco durante las andanzas de Durruti y su ya inseparable Ascaso por media Latinoamérica. No sería exacto describir como gángsters a quienes destinaban parte del fruto de sus acciones a editoriales, sindicatos y escuelas de corte libertario; pero lo cierto es que sus innumerables coacciones, atracos y «expropiaciones» hacen de esa «jira» americana una historia propia de un film de Hollywood. Cuando regresaron a Francia, a finales de abril de 1926, les precedía la leyenda y les seguían las policías de varios países. La francesa, sin ir más lejos, no tardaría en echarles el guante cuando descubrieron el nuevo plan de acabar con el rey Alfonso XIII en París y les detuvo el 25 de junio de ese mismo año. Lejos de la discreta vida burguesa que habían previsto, lo que encontraban era la cárcel, el peligro de entrega a las autoridades de España y Argentina y una amplia campaña de la prensa obrera internacional que logró detener la extradición y que les presentó durante meses como paradigmas del rebelde perseguido. En su primera declaración ante la policía gala, Durruti reconocía haber tramado el regicidio: «No es el odio personal hacia el soberano lo que me guiaba, pues lo respeto como hombre, pero no como rey, y estimo que su desaparición ayudaría a la salvación de España».

Cumplidas sus condenas, Durruti y Ascaso errarían por distintas ciudades europeas, con la policía siempre tras sus pasos, hasta que la proclamación de la República hizo posible su vuelta a Barcelona. El grupo se reconstituyó con algunas nuevas incorporaciones y cambió el viejo nombre por el de «Nosotros». También aquí el mito ha roído la realidad de lo ocurrido, porque el grupo no se incorporaría a la FAI hasta 1933. Eso sí, sus planteamientos no eran muy diferentes. Compartían además el hecho de ejercer una influencia en la guía de la CNT que para nada se ajustaba a su peso real entre las bases cenetistas y que no dejó de crecer. Como ya se ha visto, eso sería así hasta el punto de que acabarían por decidir quiénes debían ocupar los cargos orgánicos, por expulsar de la organización a los veteranos líderes sindicales y por arrastrar a la CNT por la senda de la insurrección, la derrota, la cárcel y la represión. Y también en esta pieza fue Durruti un protagonista principal. Nunca había sido un paciente organizador, un fino teórico ni un elegante orador, sino que donde se sentía más a gusto y destacaba era en la acción. Acción significaba participar en las principales reuniones orgánicas de la CNT, como los congresos de 1931 y 1936, pero también figurar entre el centenar de libertarios deportados a la Guinea española, Fernando Poo y Canarias detenido tras el fracaso de la insurrección de 1932. Significaba «purgar» los sindicatos de dirigentes «posibilistas» y volver a la cárcel tras participar en los preparativos de la segunda tentativa insurreccional de enero de 1933. Significaba asimismo estar entre los ocho miembros del comité revolucionario que debía organizar la nueva insurrección de diciembre de ese año. Y significaba también volver a la cárcel en octubre de 1934, y todavía dos veces más antes de que llegara su gran hora con la revolución en julio de 1936.

Durruti es también el icono máximo de aquellas jornadas. Estuvo en primera línea de fuego los días 19 y 20 de ese julio cuando se derrotó la sublevación en Barcelona. Era uno de los descamisados armados hasta los dientes que acudían a la famosa reunión con Companys apenas apagados los ecos de la lucha. Cuatro días después, las cámaras le recogían encabezando la salida de las milicias que se dirigían a Aragón para tratar de «arrancarlo al fascismo» y tomar la otra joya de la corona confederal: Zaragoza. Y en las semanas siguientes llevaba su columna hasta 40 kilómetros de esa ciudad y extendía a su paso la revolución. Como era de esperar, la densidad de los mitos en lo que respecta a los meses siguientes se dispara. Aunque su columna hizo correr la sangre en la ribera norte del Ebro y provocó la amarga decepción, entre otros, de Simone Weil, no tiene ningún fundamento serio pintarlo como un comecuras y violador de monjas. Pero tampoco faltan los indicios para que se resquebraje la imagen del moderno caudillo romántico consagrado a abrir los ojos del campesinado a la espontánea revolución. Hasta él hubo de adaptarse a las nuevas realidades desde finales de ese verano. Tuvo que convenir en que urgía establecer un mando único y extender la disciplina y la «ordenación» de la retaguardia. Aprobó la constitución del Consejo de Aragón en una reunión celebrada en su cuartel general de Bujaraloz. Incluso aceptó las decisiones de la dirección cenetista, que estaba apostando por participar en los gobiernos de la Generalitat y la República.

Con el de esta última recién reconstituido con cuatro cenetistas y huido a Valencia desde Madrid, Durruti hizo el camino inverso hacia la asediada capital al mando de una parte de su columna. Una vez más el héroe ante el peligro. Son numerosas y variopintas las explicaciones que se han propuesto sobre por qué se le sacó del frente aragonés y se le mandó a Madrid, para taponar además el duro sector de la Ciudad Universitaria. Pero nada comparado con las teorías sobre su muerte un 20 de noviembre, una semana después de llegar, tras recibir un disparo junto al corazón. Algunos anarquistas culparon a agentes de la Komintern de quitarse así de en medio un formidable obstáculo. Los comunistas apuntaron a algún sector intransigente de los anarquistas. Otras versiones incluyen la hipótesis de una bala enemiga, perdida o dirigida por un francotirador, y son quizá mayoría quienes se decantan por el disparo fortuito, fuera de su propio naranjero o de alguno de los que le acompañaban.

Su muerte acabó de subirle a los altares y le hizo simbolizar la pureza del anarquista radical que lleva la lucha hasta el sacrificio último. Su entierro en Barcelona, esa gigantesca manifestación de duelo de toda una ciudad que describiera Kaminski como un caos silencioso y que acabó al caer la noche con las flores flotando en el agua de la lluvia, simbolizaba quizá el principio del fin de toda una época. Desde entonces, desde sus viejas Instantáneas, los ojos de Durruti interpelan desde una cada vez mayor lejanía, porque cada vez es más insalvable una distancia que no sólo se mide en años: la de la alteridad, la que nos separa de aquellos hombres y mujeres como él, tan diferentes ya a nosotros, que se toparon y construyeron a sí mismos con las realidades, armas, sueños y pesadillas de su tiempo.

FRANCISCO ASCASO (1901-1936)

Durruti tuvo a su lado durante casi toda su carrera de hombre de acción a un fiel compañero de armas. Él y Francisco Ascaso constituían una dupla particular. Para Abel Paz, quien más páginas les ha dedicado, sus diferencias de carácter les hacían complementarios. Ante el «atlético y calmo» Durruti, estaba un Ascaso «pequeño, delgado, nervioso». A la simpatía contagiosa, la pasión y optimismo del primero, se oponía la mirada filtrante y recelosa, el «cálculo helado, racionalismo y desconfianza» del segundo. Otro libertario, Francisco Carrasquer, añade que Ascaso era el único capaz de potenciar a Durruti: la «fuerza expansiva», las erupciones en tromba y la «riada» que venía a ser Buenaventura necesitaban la «presa y cauce» de Francisco. Más aún, aventura este autor, sin la prematura muerte de Ascaso al comienzo de la guerra, su compañero leonés habría contado con quien le impidiera incurrir en los graves errores de su columna, habría tomado Zaragoza y la guerra podría haber tenido un signo diferente. Sea como fuere, lo que sí parece indudable es que ninguno de los dos hubiera llegado a ser lo que fue sin el otro.

Francisco Ascaso Abadía había visto la luz en el pueblo oscense de Almudévar el primero de abril de 1901 y era el benjamín de una familia que daría varios militantes libertarios. El ambiente que se respiraba en su casa haría que se empapara desde chico de las ideas libertarias que profesaban sus padres y sus hermanos mayores, Domingo y Alejandro, que coincidirían después con él en no pocas de sus andanzas. Sería en 1913 cuando se trasladaron a vivir a Zaragoza, y no tardaron en implicarse en las luchas sociales de la ciudad. Allí, a finales de esa década, los ecos venidos de Rusia, los modelos de lucha que imperaban en Barcelona y la dura respuesta de las autoridades fueron haciendo germinar tentaciones insurreccionales y terroristas. Las primeras se plasmaron en la intentona del cuartel de El Carmen (1920), que acabó con dos muertos y la posterior ejecución de otros siete insurrectos. Las segundas vinieron desde entonces de la mano de nuevos grupos autónomos que funcionaban al margen de la estrategia general de la CNT. Ascaso formaba parte de uno de ellos, «Voluntad», que se fusionaría pronto con «Los Justicieros». A finales de 1920, era encarcelado acusado del asesinato de un periodista que había cometido su hermano Domingo. Sólo saldría en 1922, como resultado de la intensa campaña que hizo por su libertad la prensa obrera alrededor de la Conferencia Nacional cenetista que tenía lugar en Zaragoza. Días después de ver la calle, acudía a una reunión del grupo «Los Justicieros». Allí vería por vez primera a Durruti. Semanas después, era junto al leonés, Torres Escartín, Suberviela y Campo uno de los cinco «justicieros» que marchaban a Barcelona y pasaban a llamarse «Crisol». En Barcelona, se les unían varios miembros del Sindicato de la Madera y «Crisol» se convertía en el célebre grupo «Los Solidarios».

La Barcelona que vieron les sumergió en una lucha que se hacía a tiro limpio. Pestaña acababa de sufrir un atentado, se pedía el cese de Martínez Anido y los ánimos estaban caldeados entre los sectores más radicales de la CNT local. Pero, como veíamos al referirnos a Durruti, para eso presumían de estar ahí «Los Solidarios», para defender y vengar a la clase obrera y para dar a sus enemigos de su misma medicina. No es lo único a lo que se dedicaron, pues el propio Ascaso se ocupó del periódico El Crisol, así como de entablar contactos con distintas comisiones regionales de anarquistas para tratar de sumarlas al esfuerzo de crear una federación anarquista peninsular. Pero lo más sonado de sus actividades fueron sus golpes de mano. El asesinato de Seguí significó para ellos un cambio cualitativo: a partir de ahí decidieron golpear alto, donde más doliera al régimen. El primer gran objetivo fue el tenebroso exgobernador militar de Barcelona Martínez Anido, que sin embargo consiguió esquivarles. Otros no tendrían tanta suerte. Días después de que, el 17 de mayo, Suberviela y Campo mataran al exgobernador civil González Regueral, Ascaso y García Oliver dejaban gravísimamente herido a Juan Laguía, mano derecha de Ramón Sales, el jefe de los Sindicatos Libres. El 4 de junio, en Zaragoza, apuntaban todavía más arriba, cuando de nuevo Ascaso, esta vez con Torres Escartín, asesinaba al cardenal Juan Soldevila. Cuando tres meses después Primo de Rivera dio un golpe de Estado, en su «Manifiesto» iniciaba su justificación aludiendo a los «asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad…».

El inicio de la Dictadura sorprendía a Ascaso encarcelado en Zaragoza y acusado del atentado de Soldevila tras haber sido capturado en una redada a finales de junio. Pero en noviembre estaba entre los presos que escapaban en una fuga colectiva urdida entre otros por Buenacasa. Reunido con Durruti, escapan a Francia y desde entonces sus vidas corren de modo paralelo. Con él aparece en Francia en los intentos de crear un comité revolucionario anarquista y en los sucesos de Vera de Bidasoa. Con él marcha a América, donde se les unen en parte de su periplo su hermano Alejandro y Jover. Allí, entre trabajo y trabajo, desde Cuba a Buenos Aires pasando por México y Chile, irán dejando un rastro de «expropiaciones» con las que financiaban tanto su viaje como distintas iniciativas de los grupos anarquistas locales. Con él retornará a Francia en abril de 1926, bajo el nombre falso de Salvador Arévalo, urdirá el frustrado atentado contra Alfonso XIII y será detenido en junio. Con Durruti será condenado por posesión de armas y documentación falsa y sufrirá la incertidumbre de ser extraditado a Madrid o Buenos Aires. Con él y con Jover será protagonista de dos huelgas de hambre y de la campaña internacional que logró evitar esa extradición y que se extendió hasta la libertad definitiva de los tres en julio del mismo año. Con su amigo leonés, a partir de su liberación ese año 1927 y hasta instalarse en España tras la proclamación de la República, irá alternando estancias legales o clandestinas en Bélgica, Francia y Alemania a medida que eran expulsados de los dos primeros, e incluso volverá a las cárceles francesas en 1928 por contravenir la orden de expulsión del país galo.

Y durante la República, saldrá como Durruti de la clandestinidad y los episodios expropiatorios para lanzarse a una febril actividad en la primera plana del anarquismo. Se incluye en esa actividad su previsible participación en mítines, asambleas, manifestaciones. Cabe también ahí su papel, parejo al de los Durruti, García Oliver o Rivas, en la severa crítica a los defensores de la organización sindical disciplinada y en la purga de los «treintistas» llevada a cabo en los órganos de los sindicatos cenetistas. Su actividad comprende también su implicación en el ciclo insurreccional de 1932-1933 y las consiguientes detenciones o la deportación a las posesiones españolas en África en 1932. Abarca también su paso por el Comité Regional de la CNT catalana y por la redacción de Solidaridad Obrera. Él mismo era consciente de que era ante todo un hombre de acción, pero por esos años se lanzó a escribir algunos artículos que tuvieron algún eco, como «El Estado» (1935) o como «Nuestro anarquismo» (1934), donde encontraba que los libertarios ibéricos «somos capaces de realizar mayor cantidad de anarquismo» a pesar de contar con una base teórica más pobre que en otros países.

Cuando más se iba a «realizar» el anarquismo ibérico sería en las primeras semanas y meses de la guerra civil, pero él ya no lo vería. Al iniciarse la rebelión militar en Barcelona el 19 de julio de 1936, Francisco Ascaso, que entonces era coordinador de comunicaciones y miembro del Comité de Defensa de la CNT catalana, se echó a la calle contra ella. Casi derrotada estaba ya el día 20 por la mañana cuando él y otros asediaban uno de sus últimos reductos, el cuartel de Atarazanas. Interprétese como fruto de su probado arrojo, de un momento de temeridad o del sueño acumulado tras lo que García Oliver definió como el «muy largo día 20 [que] había empezado el 18», pero lo cierto es que tuvo un descuido. Ascaso pasó de la barda en la que estaban y, creyéndose protegido por una camioneta oscura, apuntaba rodilla en tierra contra el edificio de Oficinas Militares, cuando de pronto cayó al suelo sin un simple estremecimiento. La bala de un francotirador le había atravesado la cabeza. La CNT perdía a uno de sus hombres más duros y tenía ya al primero de sus mártires.

JOAN GARCÍA OLIVER (1902-1980)

Lejos tanto de los tópicos anatemas como de sus relatos hagiográficos, la historia del anarquismo transita por los más huidizos territorios de una realidad a la que no eran ajenos los cambios, paradojas y contradicciones. No se trata de regodearse en estas últimas, de abandonarse a los juicios morales que se establecen desde el cómodo futuro, ni tampoco de achacar a los anarquistas lo que podría decirse de quienes estuvieron adscritos a otras siglas, máxime si atravesaron períodos tan densos como el primer tercio del siglo XX español. No es buscar o deleitarse en los errores pasados ni tampoco justificar. Es respetar la complejidad de la historia.

Viene eso a cuento porque no es difícil ver en García Oliver un nítido ejemplo de eso: de mudanzas, o de la complejidad de un tiempo convulso. Los juicios que despertó este hombre fuertemente temperamental solían ser tan tajantes como los que él vertió sobre los demás en sus memorias. Durante los años veinte y la República, García Oliver forjó su leyenda como uno de los tres grandes «Solidarios». Su natural expansivo, sus muy superiores cualidades como escritor y organizador y el hecho de ser uno de los mejores oradores del momento le convirtieron en el máximo y más admirado exponente de un concepto «vanguardista» de la revolución. Claro que el mismo maximalismo de su carácter, ideas y estrategias le granjearon un sinfín de detractores. Manuel Azaña, por poner sólo un ejemplo, cuando supo de su designación como ministro, espetó un «no paso por ahí», adoptó la «resolución de abandonar» y quedó después «con la moral en ruinas».

Sea por el gusto por la exposición pública que algunos le achacaran, o por el caudal de información que transmitió en sus memorias, lo cierto es que resulta el libertario que más veces aparece en los libros sobre la República y la guerra civil. Eso hace difícil trazar una breve semblanza de su obra y milagros. A menudo se ha dicho que Joan García Oliver nació en Reus en 1901 pero, según indican el Registro Civil o los informes de la policía francesa, lo hizo en enero de 1902. Hijo de una familia que trabajaba en las fábricas del textil, desde que se incorporara al mundo laboral a los once años, su oficio más habitual sería el de camarero. En 1917 marchaba a trabajar a Barcelona, y dos años después lo encontramos ya en la creación de un sindicato de camareros, impulsando su federación a la CNT y pasando por la cárcel en tanto que miembro de un grupo de afinidad anarquista. Al año siguiente, marchaba a Reus con encargo del Comité Regional de la CNT catalana de organizar los sindicatos únicos del Baix Camp, e incluso se le ubica enviado a Madrid para colaborar en el atentado contra Eduardo Dato que tuvo lugar en marzo de 1921.

Y es que el marco en el que se socializaba en ese mundo este joven de veinte años, y que determinaría así su militancia futura, era un marco muy concreto: el de la Barcelona de la crisis posbélica, el pistolerismo patronal y la ley de fugas. La Barcelona que, en palabras de Pestaña, generó la creación de grupos que «se lanzaron desesperadamente por el camino de la violencia» y cuya actividad «no puede justificarse» pero tenía la «disculpa» de la «provocación burguesa». Disculpa o no, los contactos que hizo en sus sindicatos y su impetuoso carácter harían el resto. En otoño de 1922 aparece ya integrado en el grupo «Los Solidarios», y conocemos ya lo que vino después. Por un lado, presión a las estructuras sindicales de la CNT en pos de medidas más enérgicas. Por otro, la «acción directa», como el atentado que él mismo llevó a cabo con Ascaso contra el «libreño» Laguía. Llegó después la Dictadura, que le llevó a presidio entre 1924 y 1925. Desde su excarcelamiento, era el turno del exilio en Bélgica y París, donde participó en los proyectos frustrados de atentados contra Alfonso XIII y contra Mussolini y quiso colaborar con la expedición militar que preparaba Francesc Maciá. En todos esos casos sorteó la cárcel pero, regresado a España, una nueva detención le condujo a una condena de diez años en el penal de Burgos, de donde sólo saldría con la amnistía que trajo la proclamación de la República.

Con esta, se multiplican sus huellas y apariciones públicas. García Oliver y los suyos se convirtió en una pesadilla para los gobiernos republicanos, y en uno de los caudillos de la batalla que se entabló en los medios cenetistas contra el sector que acabó firmando el Manifiesto de los Treinta. El de Reus fue uno de los más contundentes partidarios de la acción de minorías audaces a través de la «gimnasia revolucionaria» y la «acción insurreccional pendular» con las que los grupos de defensa de la CNT y la clase trabajadora debían entrenarse en la lucha contra las estructuras estatales y encender la mecha de la revolución. Partidario e ideólogo, porque a él debemos una descripción de cómo los cuadros de defensa de la CNT debían preparar la estrategia insurreccional y tejer para la misma una estructura paramilitar. Partidario, teórico, pero también protagonista, porque la República fue para él sobre todo el período en el que él mismo ejercitó y llevó a los demás a ejercitar el músculo insurreccional mediante las tres intentonas de 1932 y 1933, hasta el punto de que, aunque quedó en un segundo plano en la última de ellas, es definido por una historiadora como «el principal dirigente de la insurrección» de la segunda. Los fracasos insurreccionales, las palizas y los meses en la cárcel, a los que un informe policial achacaba su tuberculosis, no le apearon de sus ideas. Desde 1934, García Oliver formaría parte de los comités de defensa de Barcelona y Cataluña. En el Congreso de mayo de 1936, estaba entre los defensores de la reunificación cenetista, pero seguía defendiendo también una estructura paramilitar obrera que preparase la revolución.

Cuando esta llegó en julio de 1936, no lo hizo de la mano de esa estructura, sino como resultado de la derrotada sublevación militar. Pero el papel que en la derrota del golpe en Barcelona cupo a los comités de defensa confederales y a los líderes de los mismos, como García Oliver, fue de primer orden. Como lo fue el rol de este último en todo lo que vino después: la famosa reunión con Companys el día 20; el mítico pleno de la CNT catalana del día 21, en el que triunfaron quienes apostaron por integrarse en el Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), frente a la posición de García Oliver, que defendía «ir por el todo» e implantar un poder anarquista; su designación como uno de los cinco representantes libertarios en dicho Comité, en su caso en el Departamento de Guerra; la organización desde ese cargo de las milicias catalanas que se lanzaron a los frentes aragonés y balear, incluida la columna «Los Aguiluchos» que él mismo llegó a comandar.

Sería especular o buscar contradicciones preguntarse por las causas, pero lo cierto es que, dos meses después de proponer ir por el todo, García Oliver comenzaba a aceptar algún tipo de participación de CNT y FAI en el esfuerzo gubernamental. Disuelto el Comité de Milicias, el primer paso sería la integración en el gobierno de la Generalitat a finales de septiembre, en el que se le elegía a él para la Consejería de Defensa. El segundo y definitivo venía con la incorporación de cuatro libertarios al gobierno central a comienzos de noviembre, y él era también uno de ellos. Que el otrora pistolero y morador habitual de cárceles asumiera la cartera de Justicia tenía lo suyo, tanto para él como para el propio cargo. Ni que decir tiene que él alegaría después haber sido obligado a aceptarlo por parte del Comité Nacional de la CNT. Pero lo más importante es que representaba a los sectores relacionados con la FAI. Y lo es todavía más que su actuación en ese ministerio no significó el hundimiento del mundo, ni siquiera de la Justicia. Aunque con todos los obstáculos y sombras propias del momento —sin ir más lejos, las matanzas de Paracuellos días después de asumir el cargo—, el balance general que arroja su ministerio es que continuó y prácticamente culminó el proceso según el cual la Justicia republicana de los Tribunales Populares y los campos de trabajo —que él mismo creó— sustituyó y acabó con lo que él mismo definió como la suprema lex del pueblo, la de los «tribunales de cuneta» y «paseos» del verano revolucionario.

Quizá en su caso la salida del gobierno fue aún más traumática que para los demás ministros. El anterior campeón de la revolución, pensaron muchos, había contribuido con su participación gubernamental a que la misma fuera frenada y barrida. Parecía apuntar en la misma dirección, además, su peripatética actuación en los hechos de mayo de 1937, donde, caso de creer su discurso, habría recorrido las barricadas de media Barcelona besando a los tirios y troyanos. A partir de ahí, casi toda su obra escrita giró en torno a la justificación de su actitud. Y en su haber, aunque otros dirán que en su deber, figura el haber sido consecuente con ella. Aunque su figura declina desde mediados de ese último año, como en el caso del conjunto del mundo libertario, durante el resto de la guerra siguió participando en foros y órganos como la Comisión Asesora Política de la CNT, el Comité Regional de la CNT, el Comité Ejecutivo CNT-FAI-FIJL de abril de 1938 y, ya perdida Cataluña y huido a Francia, el Consejo General del Movimiento Libertario Español (MLE) creado en París en marzo de 1939. Como para tantos otros, se abría un desconocido exilio. Expulsado de Francia, acusado entre otras cosas de preparar un atentado contra el conde Ciano, García Oliver recaló con su mujer en Suecia, donde vivió de la ayuda de anarcosindicalistas locales, y más de un año después logró los visados necesarios para llegar hasta Estados Unidos cruzando Rusia, Siberia y el Pacífico. En enero de 1941 llegaba a México, donde colaboraría sin demasiada influencia en las actividades de la CNT del exilio, como ejemplifica el escaso eco de su propuesta de crear un Partido Obrero del Trabajo. Allí escribiría ese imprescindible testimonio que es El eco de los pasos y pasaría casi todo el resto de sus días hasta su muerte en 1980.

JOAQUÍN ASCASO (¿1906?-1977)

Aunque unos años más joven que los anteriores y desde luego menos notorio, Joaquín Ascaso merece probablemente aparecer junto a ellos porque no es poco lo que les une. Era primo de Francisco Ascaso y, como él, se había adentrado en la militancia anarquista en Zaragoza. Procedía como Mera de sindicatos con una composición y práctica sindical tan particular como eran los de la construcción, con los que además también tuvieron relación en Barcelona García Oliver, Durruti y su primo. Auxilió a los miembros del comité revolucionario encargado de preparar la insurrección de diciembre de 1933, en el que estaban Durruti y Mera. Estaba en el ramillete de compañeros con «determinación» que, según una versión de los hechos, habría reunido García Oliver el 23 de julio de 1936 con la frustrada intención de dar un golpe y hacerse con todo el poder en la Barcelona revolucionaria. Se aupó al cargo por el que pasaría a la historia, el de presidente del Consejo de Aragón durante la guerra civil, en una reunión que se celebró en el cuartel general de la columna Durruti y gracias a la presión y protección que ejercieron los líderes de las columnas, en particular un miembro del grupo «Nosotros» como Ortiz. Y no sólo siguió contando siempre con la protección de este, sino que incluyó entre sus consejeros a otros nombres relacionados con el mismo grupo como Adolfo Ballano.

Además del equívoco que ha generado la coincidencia de apellidos, que ha llevado en ocasiones a presentarlo como hermano de su primo Francisco, rodea también alguna confusión su fecha de nacimiento. El autor que más lo ha estudiado, Alejandro Diez Torre, ubica su venida al mundo en el 5 de junio de 1906 a partir del registro de su nacimiento. Sin embargo, de su expediente carcelario zaragozano se concluye que habría nacido en 1908, y los informes de su dossier policial francés ofrecen las fechas de primero de junio de 1903,1904 y 1908, incluida una declaración del propio Ascaso en la que refiere esa última fecha. Sea como fuere, lo que parece evidente es que nació en el zaragozano barrio obrero de Torrero y no muy lejos de la cárcel que le albergaría en varias ocasiones años más tarde. En realidad, no tardaría mucho en pisar las dependencias policiales. El joven Ascaso era cautivo de su apellido, que en la Zaragoza de los años veinte no era ya una buena carta de presentación ante la policía, de la precaria situación económica de su familia y de una conflictiva situación social. Todo ello le llevó a militar desde adolescente en grupos anarquistas y a ser detenido en 1923 y 1924, y todo eso le condujo también, tras salir de la cárcel, al exilio en Francia en busca de mejores oportunidades.

Cuando regresó tras la proclamación de la Segunda República, era un militante joven pero curtido y no tardaría en descollar en los medios cenetistas zaragozanos como dirigente radical. Se había empleado como albañil, y el ambiente de crisis del trabajo le proporcionó la ocasión de darse a conocer en grandes asambleas y protestas del sindicato de la construcción y, en la medida que era su más nutrido sindicato, en el conjunto de la CNT zaragozana. Después de su participación en el Congreso de la CNT aragonesa de septiembre de 1931, de su elección como presidente de la sección de albañiles en octubre y de su actividad en la huelga de los azucareros de diciembre, Ascaso era ya una figura emergente en la CNT regional y un firme crítico de las tácticas más moderadas. Por supuesto, pasaría pronto por prisión, pero su estrella no dejaría de ascender a golpe de movilizaciones como la huelga de cinco semanas que logró en 1932 la semana inglesa de 44 horas. Al año siguiente, al instalarse en Zaragoza el Comité Nacional, y en torno a sólo veintiséis años, Ascaso colaboraba con el comité revolucionario encargado de preparar la insurrección de finales de ese año y en noviembre se convertía por unas semanas en secretario general de la CNT. Semejantes éxitos, sin embargo, había que compaginarlos con frecuentes pasos por la cárcel, falta de trabajo, problemas de cotizaciones, y ni la gran huelga de 35 días de abril-mayo de 1934 ni los hechos de octubre de ese año ayudaron mucho. Entre el año siguiente y los primeros meses de 1936, la posición de Ascaso en la CNT aragonesa empezaba a ser discutida y, aunque todavía representó al sindicato local de albañiles en el Congreso de Zaragoza celebrado en mayo, a finales de ese mismo mes marchaba a Barcelona.

Sin saberlo, aquella sería una afortunada decisión, a juzgar por el gran número de líderes sindicales insurgentes fusilados cuando semanas después triunfaba en Zaragoza la sublevación militar. En Barcelona, Ascaso pudo contarse entre los que les vencieron, como inmortalizó la instantánea que le recoge junto a su primo Francisco poco antes de que este falleciera. Eso sí, enseguida pensó en unirse a las columnas que marchaban hacia su tierra, cosa que hizo ya el día 23 de julio con la comandada por Durruti y luego con la de Ortiz. Representando a esta colaboró con el comité revolucionario de Caspe y, en octubre del mismo 1936, participó en la reunión de la CNT aragonesa y las columnas donde se decidió que la organización de la retaguardia exigía la creación de un órgano regional.

Ese órgano, el primero en la historia controlado por anarquistas, sería el Consejo de Aragón, y su primer y único presidente, Joaquín Ascaso. La tarea ante la que se encontraba no era sencilla. El Consejo nacía con vocación de acabar con los excesos de las milicias, controlar el orden público y «darle una uniformidad a cuanto se realiza y al propio tiempo organizar según sus teorías la economía aragonesa a la deriva». El primer objetivo nunca lo consiguió, pues las columnas no se desprendieron nunca del control de lo militar. Respecto a los otros, y aunque con límites, sus actuaciones alcanzaron al orden público, las requisas, el control de la economía o la puesta en marcha de la justicia popular. Pero la dinámica de centralización del poder en manos del gobierno de la República se lo llevó por delante. En agosto de 1937 era disuelto por decreto y manu militari lo que el autor de su preámbulo, Zugazagoitia, llamara «gobiernillo aragonés» y empezaba a cumplirse el deseo de Azaña respecto de sustituir a los «sacripantes» de ese Consejo y «meterlos en la cárcel».

Por prisión pasaría en efecto Ascaso, y otros de sus ya exconsejeros, en su caso acusado por un turbio asunto de evasión de divisas en el que parece que su implicación no era sino camuflar un desvío de fondos de la CNT. A la postre, serían sólo cuarenta días, pero al salir, las cosas ya nunca volvieron a ir bien. La acusación arraigó, la propia CNT le dio la espalda, Ascaso malvivió en el ostracismo hasta incorporarse a la división comandada por Ortiz y, tras la destitución de este, y temiendo por sus vidas, partieron para Francia en julio de 1938. Lo que vino después, derrotados antes de la propia derrota, fue todavía más penoso: un periplo de detenciones y órdenes de expulsión, siete meses de cárcel en Marsella entre septiembre de 1938 y abril de 1939, peticiones de extradición tanto de la República como del régimen franquista, probables planes para asesinarles, miedo a una bala por la espalda, clandestinidad. El estallido de la Segunda Guerra Mundial frustraría su sueño de cruzar el Atlántico, algo que sólo lograría nada menos que en 1947. Ascaso se instalaría con su compañera francesa y sus dos hijas en Caracas y, excepto una experiencia sin mucho éxito en Chile entre 1963 y 1967, viviría el resto de su vida allí trabajando en empleos precarios hasta que falleció prácticamente en la pobreza en marzo de 1977.

VALERIANO OROBÓN FERNÁNDEZ (1901-1936)

Contra lo que pudiera inferirse de lo anterior, no todos los nacidos en torno al cambio de siglo serían «hombres de acción», reyes de la pistola obrera y genuinos gimnastas revolucionarios. Venido al mundo el mismo año que Francisco Ascaso, de hecho apenas 14 días después, y fallecido sólo tres semanas antes que él, el caso de Valeriano Orobón muestra al compararlo con el benjamín de los hermanos Ascaso que, como es obvio, el curso casi exacta y trágicamente paralelo de sus existencias no tenía por qué traducirse en una idéntica trayectoria vital y militante. Además de esa sorprendente coincidencia en las fechas de su paso por el mundo, les unía proceder de un pueblo, en ambos casos del interior septentrional de la Península además, y desde luego ser titulares de un carnet de la CNT. Pero a partir de ahí, la comparación se hace casi un calco en negativo. Donde el oscense aparece con sus alpargatas y camisa abierta, Orobón no abandona el elegante traje y corbata con que le fotografió la policía francesa en 1925. Si uno presenta como credenciales la Star y la acción directa, el otro exhibe la pluma de escritor políglota, la cultivada oratoria y la adaptación al castellano de la Warschawjanka para convertirla en el himno de la CNT, ¡A las Barricadas!

No era Valladolid una de las plazas fuertes del anarquismo en el primer tercio del siglo XX, como no lo había sido antes ni lo sería después. Pero existía al menos desde los tiempos de la I Internacional un pequeño núcleo ácrata que consiguió preservar, más o menos nutridos según las épocas, una sociedad de oficios varios y una escuela laica racionalista. Tanto el uno como la otra harían la diferencia por lo que hace a nuestro hombre. Muy cerca de la capital del Pisuerga, en Cistérniga, el 7 de junio de 1899 había nacido Pedro Orobón Fernández, hijo mayor de una familia de clase media que contactó con ese núcleo vallisoletano, estudió y trabajó en esa ciudad, y pasó la década de los años veinte en Francia y Alemania antes de regresar para intervenir en los principales hitos de la CNT durante la República, primero en Valladolid y luego en Madrid. Dos años después nacía su hermano Valeriano, quien no tuvo difícil seguir los pasos de su hermano.

Tuvo suerte Valeriano Orobón en su corta vida, hasta que la cárcel cosió a su cuerpo la enfermedad que se lo llevó con sólo treinta y cinco años. Estudiante aplicado desde temprana edad, pudo estudiar en la escuela racionalista vallisoletana, pasando entre otros por el magisterio de Eusebio Carbó, y luego en el Centro de Estudios Sociales de la misma ciudad junto a Evelio Boal. Y en todo ello, así como en sus primeros trabajos en el comercio y en sus pasos iniciales en la militancia libertaria, contó con la guía y ayuda de su hermano, para quien no sería raro ni entonces ni después desvivirse e incluso pasar privaciones para ayudarle. Es con esos mimbres, y con la innata capacidad intelectual y el don de lenguas y para la oratoria que destacan quienes le conocieron, como llegaría a ser considerado, por ejemplo por Josep Peirats en sus memorias, nada más y nada menos que como «nuestro más importante intelectual».

Existen algunas discrepancias cronológicas sobre sus primeros pasos en la arena de lo público. Su filiación cenetista se daría bien a los catorce años, bien dos años después, y se extiende alguna duda sobre su eventual participación, con apenas dieciocho, en el Congreso de la CNT celebrado en Madrid en 1919. Pero sí parecen más seguros sus siguientes pasos. La primera detención se producía al año siguiente. En 1922 estaba instalado en Asturias, donde recorrería las cuencas mineras a golpe de conferencia. Dos años después, a mediados de 1924, los informes de la Seguridad Interior francesa le ubican instalado con su hermano en el 125 de la parisina rué du Faubourg du Temple, después de haber estudiado durante un tiempo en Lyon y de haber abandonado su país «en razón de la situación política actual de España». No duraría mucho esa primera estancia francesa. En junio del año siguiente era expulsado del país por haber asistido a un mitin contra la monarquía española y la guerra de Marruecos, a pesar de que él alegaba dedicarse sólo a estudiar economía política, historia y periodismo en el Collège de France y la École des Flautes Études. Al país galo le sucedían Austria y sobre todo Alemania, donde conocería entre otros a Nettlau, Rocker y Abad de Santillán y dominaría el alemán, lo que a su vez le valdría para hacerse representante de la sección española en la AIT y para vivir de la traducción de autores como Nettlau, Reclus, Kollontay, Steinberg y otros muchos.

Después de una fugaz estancia en 1930 que también acabó en la cárcel, Valeriano Orobón regresó definitivamente a España cuando era ya republicana. El quinquenio que se le abría entonces fue de acelerada actividad. Como en el caso de otros cenetistas, se sucedieron para él los mítines y conferencias, los artículos en prensa y las polémicas, la asistencia a grandes reuniones como los congresos de la CNT y la AIT en 1931, y en su caso la secretaría de esta última en 1933. En realidad, Orobón no se cuenta entre quienes recibieron de modo más entusiasta al nuevo régimen. Es conocida la conferencia que pronunciaría en abril de 1932 en el Ateneo de Madrid, publicada después como La CNT y la revolución. En ella describía irónico el cuadro «enternecedor» del pueblo «alegrándose infantilmente» un año antes con la llegada de la República «como si le hubiera tocado la lotería», y apuntaba que, tras esos primeros días de «borrachera de entusiasmo», los fusiles de la Guardia Civil y la labor de los partidos habían venido a recordar que ese régimen no era sino otro poder capitalista.

Sin embargo, tampoco se alineó con lo que llamara «grupitos ultramontanos» que apostaron desde el principio por arrojar la CNT hacia la senda del combate. Por un lado, Orobón venía buscando y propugnando una «tercera vía» entre los dos grandes polos del enfrentamiento ya desde finales de la Dictadura, y desde luego insistiría en ello, sin demasiado éxito, tras la escisión treintista durante la República. Por otro lado, se mostró asimismo partidario de las tesis aliancistas de los cenetistas asturianos desde 1931. De hecho, sobre todo tras su conocido artículo «Consideraciones sobre la unidad» de enero de 1934, Orobón se convertiría en el principal baluarte de la «alianza de clase» entre CNT y UGT, sin por ello pedir la fusión de ambas ni renunciar a su credo libertario. Y por último, sus períodos en Francia y Alemania y su formación teórica habían hecho de él, en palabras de Xavier Paniagua, uno de los primeros cenetistas en plantear una alternativa a la construcción revolucionaria ofrecida desde la perspectiva anarcosindicalista. Frente a la «hinchazón sentimental y la confianza en un providencialismo pueril», su apuesta se dirigía a considerar la estructura sindical como base del funcionamiento económico de la sociedad revolucionaria futura.

Un ensayo de esa sociedad estaba al caer, en julio de 1936, pero Orobón no llegaría a verla para poder descubrir si caminaba en esa dirección. El frenético ritmo de trabajo y vida que llevaba y la tuberculosis que arrastraba habían minado seriamente su salud, y los frecuentes pasos por la cárcel entre 1934 y la victoria del Frente Popular fueron la puntilla. Apenas tres semanas antes de que se iniciara la sublevación militar en Marruecos, la CNT perdía a uno de los que podrían haberla orientado en las difíciles horas que se avecinaban.

JUAN LÓPEZ (1900-1972)

Venido al mundo casi exactamente con el siglo, dos semanas después de que naciera 1900, Juan López Sánchez se parecía todavía menos que Valeriano Orobón a sus coetáneos hombres de acción. Aunque con una trayectoria menos luminosa, se asemejaba mucho más a los grandes organizadores de la CNT. Como ellos, este hombre se había sentido más cómodo nadando en las aguas del sindicalismo que en las del anarquismo. En realidad, como sus grises apellidos parecían augurar, su perfil de militante no era alto, no figura entre los más citados en las crónicas de la CNT y suele ser el nombre que más tarde viene a la memoria cuando se alude a los presentes en la lista que le llevó a las páginas de la historia: la de los ministros cenetistas del segundo gobierno de Largo Caballero durante la guerra civil.

Quien ocupaba en ese mismo gabinete la cartera de Justicia le describiría en sus memorias como alguien de «cara ascética y cambiante de zorro siempre alerta», uno de esos militantes «prontos al abrazo con republicanos burgueses, reformistas socialistas y comunistas». La lectura de ese retrato no es difícil. Juan López pasó por la historia de la CNT como representante de su corriente «reformista»; como uno de aquellos cenetistas críticos ante la guía estrictamente anarquista de la Confederación. Fue uno de los firmantes del Manifiesto de los Treinta, cabeza visible de los Sindicatos de Oposición y secretario de la Federación Sindical Libertaria (FSL), defendió la colaboración gubernamental durante la guerra civil y en el exilio, y acabó haciendo suya la letra del cincopuntismo. Demasiados «pecados» para salir indemne de los juicios de pureza anarquista. Pero esa trayectoria «posibilista» no significa que su paso por la vida y la militancia fuera fácil.

Este murciano de Bullas tiene mucho del prototipo del emigrante llegado a Barcelona. De padre guardia civil, las dificultades le lanzaron a la emigración y su biografía discurre paralela a la de tantos murcianos y almerienses que llegarían a la Ciudad Condal a principios del siglo XX para trabajar en las obras del metro y la montaña de Montjuic. Llegaron a Barcelona en 1910. Un año después el pequeño Juan ya estaba trabajando en la construcción y con dieciséis años era ya secretario de una sociedad de moldistas en piedra que se integraba en la CNT en 1918. Dos años después, comenzaba su periplo por las cárceles españolas, y lo hacía además a lo grande. Se había visto inmerso en un enfrentamiento armado con los pistoleros del falso barón de Koening, un antiguo espía a cuya banda contrató el expolicía Bravo Portillo a sueldo de la patronal. También él estaba pasando por tanto por la etapa de la Star en el bolsillo, y lo pagó caro: seis años tras las rejas. Tiempo más que suficiente para meditar sobre la estrategia a seguir, para leer y para debatir con otros compañeros. Fue al ser excarcelado, en 1926, cuando se lanzó a la militancia activa, y lo hizo convencido de los riesgos que suponía la hegemonía que iba adquiriendo el anarquismo en la CNT. Frente a esa tendencia, López impulsaba junto con Pestaña la creación del grupo «Solidaridad» en 1928. En mayo del año siguiente pasaba a formar parte del Comité Nacional de la CNT formado por el mismo Pestaña. Y ya desde la secretaría del Comité, en 1930, trabajaba en la reorganización confederal posterior a la caída del dictador y negociaba con Berenguer la legalización de la central cenetista. Desde que se aupara a ese cargo y hasta 1932, Juan López desarrollaría la más intensa actividad de su carrera. «Jiras» de propaganda y mítines, conferencias y reuniones orgánicas, colaboraciones en la prensa y dirección de las revistas Acción y Mañana… Todo ello le haría un conocido del mundo cenetista y le ubicaría en las controversias del momento junto a su mentor Pestaña.

Por eso, a pocos extrañó su siguiente paso. Corría agosto de 1931 cuando treinta dirigentes de la CNT firmaban un manifiesto en el que ofrecían una alternativa a la concepción maximalista de la revolución que se extendía entre buena parte de la base militante. Juan López era el primero de los firmantes. Como se sabe, ese paso inició un nuevo caminar en una diferente dirección. Al año siguiente, López era expulsado de su Sindicato de la Construcción. En 1933 impulsaba junto con otros «treintistas» la creación de la FSL y dirigía su órgano Sindicalismo, aunque no sólo no seguía a Pestaña en su aventura política, sino que la reprobaba con dureza. Instalado en Valencia, iniciaba en 1934 un cierto giro de timón similar al de otros. Desde la prensa y mediante mítines a lo ancho de esa región comenzaba a apostar por el cierre de la escisión de la CNT. Representaba a los sindicatos valencianos en el Congreso de Zaragoza que formalizó la reunificación. En Valencia estaba cuando estallaba la guerra civil. Y desde la capital del Turia y como delegado de la regional levantina se convertiría en uno de los que más allanaron el camino para ese suceso que se marcaría con letras de fuego en la historia de la CNT y cambiaría su vida.

A mediados de septiembre de 1936, se reunía un Pleno Nacional de Regionales de la CNT y se daba a la prensa una ponencia en la que se defendía la participación cenetista «en un organismo nacional facultado para asumir las funciones en el aspecto defensivo y de consolidación en el aspecto político y económico». Las firmas que aparecían en su base eran las de Aurelio Álvarez, Federica Montseny y Juan López. Ni entonces ni en el manifiesto que salió de otro pleno diez días después, ni tampoco en los siguientes artículos del mismo López en Fragua Social se hablaba de «gobierno» sino, por mor de no pisotear los principios, de «Consejo Nacional de Defensa». Pero los principios difícilmente podían salir relucientes, y además la decisión estaba prácticamente tomada. Había que darle a la CNT «la representación proporcional que le corresponde en la dirección de la lucha», decía el manifiesto. Como se sabe, eso ocurrió. Cuatro eran los ministros que entraban en el gobierno, que no consejo de defensa, y uno de ellos era el propio Juan López. También respecto de su paso por el Ministerio, en este caso de Comercio, hay que decir, y él mismo lo dijo después, que el balance resultaría muy precario. Proyectos como el de monopolio estatal del comercio exterior a través de una organización gestionada por los sindicatos, que concibió con su director general Martínez Prieto, durmieron el sueño de los justos. Ni que decir tiene que él lo achacaría al «boicot» del que serían objeto por otras instancias gubernamentales, y en particular Hacienda. La misma marginación a la que achacarían la salida del gobierno en mayo de 1937, la catastrófica marcha de la guerra y a la postre su derrota.

Durante el resto de la contienda, el ya exministro realizó una «jira» de prensa y propaganda por Estados Unidos y México y, al volver, siguió participando en mítines y conferencias como miembro del Comité Regional de Levante. En las postrimerías-de la guerra, en marzo de 1939, era elegido secretario del recién constituido MLE y partía para Francia como delegado del Consejo Nacional de Defensa. El resto fue sumirse poco a poco en la confusión de la derrota y el exilio, primero en Londres y luego en México. Visto desde una óptica libertaria, sería un hundimiento en toda regla. Un abandono cuyos jalones sucesivos serían la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), el fracaso de su apuesta por un sindicalismo «permanentista» y el cincopuntismo en 1965. Pero aún faltaba lo que Peirats describiría como «el salto más espectacular» dado entre la vieja militancia: Juan López «cogió al vuelo la invitación» de colaboración procedente del sindicalismo vertical del régimen, regresó a España en 1966 y se acercó a los sindicatos verticales. En 1972, tan lejos en el tiempo como en el compromiso de su pasado, moría en Madrid.

HORACIO MARTÍNEZ PRIETO (1902-1985)

Entre los colaboradores que se había llevado consigo Juan López al Ministerio de Comercio destacaba un vizcaíno de treinta y cuatro años y maneras sobrias. Para entonces, no era desconocido en los medios confederales. De hecho, era uno de los principales responsables, si no el máximo, de que tres hombres y una mujer poseedores de un carnet rojinegro se bajaran del dogma para elevarse a cargos ministeriales. No podrá sorprender, por tanto, que resultara el blanco predilecto de quienes, entonces y a lo largo del exilio, consideraron la colaboración gubernamental un irrecuperable paso atrás, una renuncia, una traición. Tampoco resultará extraño que no faltara a la cita con los dardos verbales García Oliver, quien ya sabemos decía haber sido obligado por él a aceptar el ministerio. Martínez Prieto —escribiría en El eco de los pasos— era tenido por «neurasténico», dejaba «una pátina gris en todo lo que tocaba» y «no era el militante que necesitaba el Comité nacional en aquellos momentos». Pero no sería el único. En plena refriega tras la escisión de 1945, el manifiesto de una agrupación ligada al sector maximalista lo describía como un «apologista del Estado» que había sido destituido en 1936 de su cargo de secretario de la CNT «por haber abandonado cobardemente su puesto ante la acometida franquista sobre Madrid». En el caso de Martínez Prieto, además, estaba el giro copernicano que también él había experimentado. Su propio hijo César M. Lorenzo, autor de una ya clásica historia del anarquismo español, tiene que reconocer que una década antes de ser «el promotor de la participación de la CNT en el gobierno», en 1925 era un «anarquista intransigente».

Horacio Martínez Prieto, había nacido en Bilbao el antepenúltimo día de 1902. De sus primeros pasos es conocido que su madre era vendedora de sardinas riojana, su padre zapatero aragonés y viejo militante anarquista y que él trabajaba en distintos oficios desde adolescente. A los dieciséis años formaba con otros jóvenes mineros un grupo anarquista, «Los sin patria», era detenido por tenencia de armas, y poco después otra vez para pasar tres meses en la cárcel de Larrinaga. La década de los veinte deja dispersas noticias sobre las estancias en prisión y andanzas de ese «anarquista intransigente» por Madrid, Valencia o incluso Francia, desde donde habría participado en los «sucesos» de Vera de Bidasoa a finales de 1924 y habría reprobado a los partidarios de crear una alianza revolucionaria en contra de Primo de Rivera.

Pero las noticias aumentan, como su militancia, con la República. En 1932 daba algunos pasos importantes cuando se afiliaba a la Confederación, se hacía redactor de CNT y participaba en varios mítines. Al año siguiente aparece fundando y dirigiendo en Bilbao La Voz Proletaria y como hombre fuerte del comité revolucionario de la región Norte en la insurrección de diciembre. Buscado por eso por la policía, Horacio M. Prieto huía a Zaragoza, donde sería uno de los organizadores de la huelga general de abril de 1934 mientras trabajaba en la restauración de la basílica del Pilar. Allí comenzaría una meteórica ascensión. Como se había instalado allí el Comité Nacional cenetista y no pocos cuadros aragoneses estaban en la cárcel, era elegido vicesecretario del comité ese mismo año, y a comienzos del siguiente se aupaba a la máxima representación de la CNT. A excepción de un ínterin de siete meses que pasará en Bilbao como preso gubernativo, Martínez Prieto detentaría ese cargo durante un período tan agitado que incluía las elecciones del Frente Popular, las iniciativas encaminadas a sellar la escisión de 1932 y el Congreso de Zaragoza en mayo de 1936. Sobre su participación en el mismo, señalará Peirats que Martínez Prieto era entonces para los delegados catalanes «un perfecto desconocido» y que, siempre, todos los tiros iban contra el secretario. Pero después de escuchar pausado «los centenares de objeciones que lanzábamos para triturarle», se levantó, comenzó una batería de respuestas que eran flechazos y, cuando acabó, «allí no había quedado títere con cabeza».

Fuera por todas esas críticas o porque se decidía el traslado del Comité Nacional a Madrid, lo cierto es que Martínez Prieto renunciaba a la secretaría al final del congreso y regresaba a Bilbao. Es allí donde le sorprendió el inicio de la guerra, y allí representó a la CNT en el Comité Provincial de Defensa. Pero en cuanto pudo, en septiembre, se desplazó a Madrid para asumir de nuevo la secretaría general. Quizá no haya que exagerar atribuyendo todo, méritos o pecados, a una sola persona. Pero, según su propio hijo, se lanzó de inmediato a «una campaña sistemática» para que la CNT se implicara no ya en un Consejo Nacional de Defensa, como pedían otras voces, sino en la «participación pura y simple en el gobierno». No sería un camino fácil. Habría que vadear los reparos doctrinales, sortear sendos plenos nacionales de regionales, lidiar con las objeciones de la CNT catalana y llevar a cabo con Largo Caballero lo que este último llamó un «regateo» de ministerios. Y quedaba, claro, elegir a los ministeriables, para lo que optó por la fórmula salomónica de dos «treintistas» y dos nombres vinculados a la FAI. Como se sabe, la entrada en el gobierno de los cuatro candidatos se produjo, pero Horacio M. Prieto no pudo disfrutar mucho de su triunfo, si es que triunfo era. A los escrúpulos que entrar en un gobierno creaba en sectores de la CNT se unía la indignación despertada por el abandono de Madrid por los ministros nada más formarse el gobierno, y de ambas cosas se le responsabilizó con suma dureza en un nuevo Pleno Nacional a mediados de noviembre. Martínez Prieto dimitió o, según otras versiones, le hicieron dimitir. Unas semanas después era llevado al Ministerio de Comercio como director general de Comercio Exterior por el mismo Juan López al que había propuesto para ministro.

A partir de su salida del ministerio en mayo de 1937, las crónicas le ubican en distintos eventos y cargos, por ejemplo representando a la regional catalana en el Pleno de Regionales de septiembre de ese año o como delegado de la CNT en el Congreso de la AIT de ese diciembre. Le sitúan también volviendo a otro puesto gubernamental en abril de 1938. Las derrotas republicanas de ese mes habían abierto el gobierno a un representante de cada sindicato. Y si bien Negrín elegía a Segundo Blanco antes que a Horacio M. Prieto, el primero se llevaba consigo al segundo como subsecretario de Sanidad. Y, como era de esperar, las crónicas le presentan como uno de los máximos partidarios de la línea más reformista. En el tramo final de la guerra presidía el Comité de Enlace con la UGT, y abría una polémica sobre la deseable conversión de la FAI en partido político en un artículo en Timón y en el Pleno Nacional conjunto de CNT, FAI y FIJL que se celebró en octubre de 1938 —y donde, según Eduardo Romanos, nacería el MLE en su forma original de «comité nacional de enlace».

La derrota, el éxodo a Francia y la Segunda Guerra Mundial no cambiarían esas posiciones. En 1939 había aparecido entre los miembros del Consejo General del MLE constituido en París y, en 1945, asistía al Congreso de París y formaba parte del Comité de la región Norte. Pero si Martínez Prieto fue representativo fue, por un lado, por incorporarse al gobierno en el exilio de Giral de 1945-1947. Y, por otro, por la propuesta que puso encima de la mesa con su documento de marzo de 1948. Su idea fundamental era que había que devolver a la CNT su primera independencia sindical liberándola del politicismo de los años treinta. Dicho de otro modo, la Confederación debía poner fin a su participación política para no acabar confundiéndose con un partido, y para eso nada mejor que constituir un partido libertario que fuera la representación política del movimiento y que permitiera a la CNT centrarse en su labor sindical. En el contexto de la clandestinidad y el exilio de los años cuarenta, todo eso representaba, en palabras de Herrerín, «la línea ideológica más rompedora de todo el movimiento libertario», y no tanto por la idea del partido libertario, cuanto por lo que le acompañaba: la formación de un consejo político que habría de coordinar las diferentes organizaciones del movimiento, y el papel que Martínez Prieto reservaba al Estado en materia de coordinación social y económica. Tan «rompedora» era que esa idea no encontró demasiado eco en los medios libertarios. Poco después, se retiraba del primer y aun segundo plano de la actividad militante, a pesar de contar apenas cincuenta años y de que aún le quedaba una larga vida hasta fallecer en el París de 1985.

MARIANO R. VÁZQUEZ (1909-1939)

No tuvo demasiada fortuna ni en vida ni al hallar la muerte. Quien sustituía a Horacio M. Prieto en la secretaría general de la CNT en noviembre de 1936, de nombre Mariano Rodríguez Vázquez y apelativo Marianet, tuvo, para empezar, unos difíciles orígenes. No se trataba únicamente de su humilde extracción social o de su tardía alfabetización. Se unían a ello su ascendencia gitana, la muerte de su madre cuando era aún un niño, el abandono paterno y la terrible suerte que eso le deparaba para el resto de su infancia. Desgraciado fue asimismo su final, pues la muerte le visitó con apenas treinta años cuando se ahogaba en el francés río Marne. Y en realidad, tampoco ha sido excesiva su fortuna posterior. Un repaso a la literatura de referencia muestra que no fueron pocos los que reprobarían su línea colaboracionista durante la guerra civil, aunque quizá las críticas no adquieren tonos rigurosos por su prematura muerte y porque la misma no le diera tiempo para posicionarse en las desgarraduras del exilio. Sin embargo, es llamativo el tratamiento que sufre por parte de una enciclopedia del anarquismo español, donde se describe su actuación como «nefasta, de una ingenuidad rayana en la estulticia» y se le define como «un muñeco movido por Martínez Prieto y García Oliver» y como un «ejemplo triste» de abandono de las ideas, entreguismo y revisionismo radical.

Lo que sí tuvo que ser triste fue el primer tramo de su vida. Contaba no más de siete años cuando, fallecida su madre, el padre se deshacía de él dejándolo en el barcelonés asilo Durán, el mismo descrito con horror en la posguerra por el escritor Michel del Castillo. De ahí pasaría unos años después al aún peor hospicio de Rosas, institución donde los castigos físicos, humillaciones y violaciones eran el pan de cada día. De ese infierno sólo saldría cuando, hacia la quincena, se evadía del lugar e iniciaba una vida, tampoco plácida, de pequeños robos y trabajos sin cualificar como lavaplatos, vendedor ambulante, mozo de carga o peón. Sería al emplearse en la construcción, rondando los dieciocho años, cuando Marianet trabaría contacto con los cenetistas del ramo, de cuyo sindicato haría en los años siguientes lo más parecido a una familia desde la infancia.

Son muy parcas las noticias que se tienen sobre esos primeros pasos antes de proclamarse la República, y algo mayores después. Se sabe que Mariano R. Vázquez se dio a conocer en las huelgas de la construcción y que formaría parte del casi centenar de cenetistas que se rindieron ante el ejército en septiembre de 1931 después de un violento intercambio de disparos con la policía en el edificio de su sindicato. Eso le llevó a la cárcel durante quince meses, lo que aprovechó, como tantos otros correligionarios, para mejorar su escasa agilidad con la letra impresa e incluso para pergeñar sus primeros textos. Recuperada la libertad, también la suya sería una trayectoria fulgurante dentro de la organización, aunque no abandonaba las actividades de sabotaje. De hecho, eran al parecer sus actividades menos límpidas y el paso por la cárcel las credenciales que podía presentar para ser reconocido dentro del tupido sindicalismo barcelonés. En 1933, con veinticuatro años, pasaba a presidir la junta de su sindicato. Al año siguiente se convertía en secretario de la Federación Local barcelonesa de la CNT y formaba parte del Comité Regional, aunque sus actividades y la persecución policial le llevaban de nuevo a prisión y parece que estuvieron a punto de costarle ser víctima de la ley de fugas. Y volvía a ella durante varios meses un año más tarde, en 1935, durante el conflicto de los tranvías. Al salir de nuevo, su carrera se acelera. Es nombrado miembro del equipo de redacción de Solidaridad Obrera, después miembro del Comité de Presos y se hace con la secretaría del Comité Regional de la CNT catalana en junio de 1936.

No significaba poco estar en ese puesto un mes después, cuando la sublevación militar provocó en Barcelona el inicio del más radical proceso revolucionario que habían visto los días. Teorías hay para todos los gustos sobre él, entre ellas las que subrayan que los principales centros de poder «faístas» de la CNT catalana —el grupo «Nosotros», Abad de Santillán y los Urales— creían tener en él a una figura manejable, o las que afirman que el cargo y las circunstancias le vinieron grandes. Sea como fuere, fue Marianet quien estaba al timón del barco, otra cosa es con qué capacidad de maniobra, y desde él estuvo en la gestión del vendaval de hechos trascendentales de los meses siguientes. Al día siguiente de la victoria sobre los sublevados, se incautaba de la sede del Fomento y de la Casa Cambó. En septiembre, representaba a la CNT catalana en la defensa de la participación en un Consejo Nacional de Defensa y negociaba con Companys las condiciones de la incorporación al gobierno de la Generalitat. En octubre, era vocero de las resistencias catalanas a entrar en el gobierno central, pero a comienzos de noviembre intervenía para convencer a Montseny y García Oliver de aceptar sus carteras ministeriales. Dos semanas después, tras la dimisión de Florado M. Prieto, el joven de veintisiete años y orígenes gitanos se encumbraba en la secretaría general de la CNT, que ya no dejaría hasta el final de la guerra. Dos días más tarde, el mismo en que moría Durruti, su primera circular a las regionales solicitaba «disciplina individual y colectiva» ante «la etapa de colaboración a que nos obligan los hechos». Ahí estaba ya lo que le sería tantas veces reprochado, en ocasiones con la acritud de un Jaume Balius: un discurso de orden y disciplina que no renunciaba a la defensa de las conquistas revolucionarias del verano, pero que apostaba por coordinar esa defensa y el esfuerzo bélico. El mismo discurso que le llevaría a pedir por radio moderación en las calles de Barcelona en mayo de 1937 y a defender la participación gubernamental en diferentes mítines y actos y ante auditorios tan ariscos como el que se encontró en el Pleno de la AIT un mes después o el Pleno de octubre de 1938 durante el que se constituyó el MLE.

Unos meses después, con la caída de Cataluña, Marianet era uno de los cientos de miles huidos a Francia. Allí, en marzo de 1939, al parecer en París, estaba entre el grupo de dirigentes que decidieron fundir las representaciones de CNT, FAI y Juventudes Libertarias en un único Consejo General del MLE, y él se erigía en su primer secretario. Como tal trataba de estar en contacto con los campos de internamiento y la JARE, con los que llegaban de España y los que querían marchar hacia México. Unas semanas después se mostraba «optimista» con la suerte de todos aquellos que querían instalarse en el país azteca, gracias a la ayuda de Lázaro Cárdenas. Pero el destino no fue tan optimista con él. Aunque su condición de buen nadador dio también pábulo a diversos rumores, el 18 de junio moría ahogado víctima de una hidrocución ante la impotente mirada de los familiares y amigos que no sabían nadar y que veían aparecer burbujas donde poco antes nadaba plácidamente. Al día siguiente era enterrado y poco después le reemplazaba en la secretaría del MLE Germinal Esgleas, el compañero de Federica Montseny.

FEDERICA MONTSENY (1905-1994)

De esta mujer puede decirse lo que de Joan García Oliver. Como su compañero de gabinete ministerial, y tiene mucho que ver en ello que ambos pasaran por ahí, Federica Montseny representa la escasa adecuación de estos hombres y mujeres a los mitos y los anatemas; su discordante respuesta a las miradas que se contentan con este o aquel aspecto de sus complejas trayectorias y a las representaciones de las mismas construidas en tonos unívocos y lineales. Quien continuó el feroz apoliticismo ácrata de sus padres y atacó las traiciones a la clase obrera de un líder socialista sería también ministra de su gobierno. Quien fue la primera mujer en ocupar una cartera ministerial en la historia española sorprendería después censurando toda participación en los menos trascendentes gobiernos del exilio. Quien pasó a la posteridad como una pionera feminista había escrito contra el sufragismo y negaba adscribirse al feminismo. «La Leona», esa mujer «indomable», era también llamada con tonos menos amables «Prima Donna».

Federica Montseny Mañé había nacido en Madrid, durante el período que pasaron allí sus padres Juan y Teresa, los conocidos Federico Urales y Soledad Gustavo. Ni que decir tiene que quedará profundamente marcada por sus padres, quienes no en vano aparcaron muchas de sus actividades, incluyendo La Revista Blanca, en buena medida para llevar a la práctica con ella su proyecto pedagógico librepensador. Su hija recibió así una educación muy diferente a la habitual de los chicos y sobre todo chicas de la época. Diferente y, con toda seguridad, más completa. Tras pasar por las manos de sus padres y por la Academia Cots de Barcelona, una vez desplazada la familia a la capital catalana, la joven Montseny estaba imbuida del hábito de la lectura y la escritura y reproducía los ideales libertarios de los Urales. A los dieciséis años publicaba su primera novela corta, claro que en la editorial de sus padres, y con dieciocho escribía su primera contribución para Solidaridad Obrera. No era sino el principio de una frenética actividad de publicista ácrata. Ese mismo año, 1923, se entregaba a la tarea de reflotar primero, y mantener y dirigir después, la gran empresa familiar que constituían La Revista Blanca y la constelación de suplementos que crecieron a su alrededor, como La Novela Ideal, La Novela Libre, Voluntad y, desde 1931, El Luchador. La participación de Montseny en toda esa labor fue hercúlea. Hasta 42 de las 521 «novelas ideales» correspondían a su propia pluma, y sería incontable el número de artículos y otras contribuciones dedicados por ella a cuestiones como el anarquismo y la emancipación obrera, o como el tema que le daría mayor proyección: la situación de las mujeres.

Hasta 1931, sin embargo, su implicación en esas cuestiones había sido más teórica y especulativa que otra cosa, y sus escritos se concebían desde la barrera, desde su ausencia de toda participación práctica real en la militancia. La llegada de la Segunda República cambiaría ese panorama y haría de ella, según Susanna Tavera, toda una «periodista y oradora cenetista». El salto cualitativo en su notoriedad dentro de las filas cenetistas vino quizá en 1931-1932 con una serie de duros artículos contra los «treintistas», como el «Yo acuso» de febrero de 1932 contra Pestaña. En los años siguientes, Federica añadía a su prolífica pluma una creciente participación en «jiras» de propaganda, mítines y conferencias. Con la palabra impresa o con el discurso, la hija de los Urales fue desplegando un ideario coherente con el de sus padres que pasaba por la crítica de las contemporizaciones sindicalistas, la defensa de un anarquismo «individualista» y la creencia en un concepto insurreccional de la revolución, muy caro al anarquismo agrarista de su padre. Un concepto anquilosado de la misma que la veía como una acción espontánea —aunque no improvisada— que debía surgir del campo, y que es en buena medida el que se impondría en el Congreso de 1936 en Zaragoza.

Cuando la revolución vino dos meses después de la mano de la guerra, y por cierto no del campo a la ciudad sino al revés, se abrió también para ella un escenario muy diferente. Quien hasta entonces era afiliada cenetista, pero no a la FAI, pasó de inmediato a ingresar en esta última, a formar parte del Comité Regional de la CNT catalana, del Nacional de la CNT y del Peninsular de la FAI, y a participar en actos tan cruciales como el célebre Pleno catalán del 21 de julio. Primera aparente sorpresa: en ese pleno, se contaba entre quienes defendían rechazar la postura de García Oliver sobre «ir a por el todo» y colaborar con la Generalitat. Segundo supuesto viraje, o adaptación a aquellos inéditos momentos: aunque en verano se había mostrado contraria a la disolución del Comité de Milicias, durante el resto de 1936 y primeros meses del año siguiente evolucionaría en la dirección de convencer a las bases de la necesidad de aceptar la colaboración con las instituciones, la militarización o el final de los enfrentamientos en mayo de 1937.

Pero en medio, aún se había producido la mayor de las sorpresas: la «indomable» Federica era uno de los cuatro cenetistas elegidos para formar parte del gobierno de Largo Caballero, primera vez que eso sucedía con una mujer en España. En su caso, la cartera era la de Sanidad, algo que algunos autores han interpretado como darle un ministerio inocuo. En todo caso, de su labor como ministra puede decirse, por un lado, que su «colaboracionismo» le granjeó enormes críticas, incluso entre los suyos, y que le generó una interminable necesidad futura de justificación a partir de argumentos como que los anarquistas no podían limitarse a aportar una «colaboración platónica» y sacrificaron sus ideales para sostener la «unidad de[l] frente». Y, por otro lado, que sus líneas de actuación desde el ministerio fueron, en palabras de Tavera, «claras pero inoperantes». Trabajó por extender una definición avanzada del bienestar social alejada de la beneficencia y una política sanitaria preventiva, y trató asimismo de implantar un decreto de interrupción voluntaria del embarazo y una nueva moral sexual que tenía entre otros jalones la ayuda a las prostitutas para dejar su oficio. Sin embargo, le faltó el tiempo y desde luego el apoyo del resto del gobierno. Cuando salió del mismo, la obra efectiva no era ni de lejos la que había soñado.

Cuarto posible enigma: durante el resto de la contienda no dio marcha atrás ni recuperó las posiciones puristas del anarquismo de los Urales, sino que fue firme defensora de la coordinación sindical e incluso eventual fusión futura con la UGT. Pero, quinto interrogante, ese regreso a las posiciones pasadas sí llegó con la posguerra. Montseny cruzaba la frontera por El Pertús el 10 de febrero de 1939 con un buen número de familiares y provista de su pasaporte diplomático n.º 15 expedido en Valencia dos años atrás. Tras las carencias y dramas de la ocupación nazi, desde 1945 Federica y sobre todo su compañero Germinal Esgleas encabezaron dentro de la CNT del exilio la corriente que se ha dado en llamar ortodoxa. La corriente que provocó en buena medida la escisión de ese año y que se caracterizaba por censurar el revisionismo bélico y por el alejamiento de la línea aliancista de la CNT del interior. Su nombre figura ya en el Consejo del Movimiento Libertario en 1939 y puebla con frecuencia las secretarías de los plenos, congresos y comisiones de la fracción ortodoxa desde 1945 hasta 1958, así como la dirección de CNT y las portadas de libros, revistas y folletos editados en el entorno del llamado Secretariado Internacional. Con la muerte de Franco, retornaría en alguna ocasión a España, aunque ya nunca dejaría de vivir en Francia hasta su muerte en 1994, la más tardía de cuantos han compartido con ella estas páginas.

FRANCISCO QUICO SABATÉ (1915-1960)

Siendo el más joven de esta lista, el segundo de los hermanos Sabaté Llopart, Francisco, conocido por «el Quico», murió sin embargo mucho antes que Montseny, García Oliver o Abad de Santillán. Su vida se apagó cerca de Barcelona al alborear 1960. Intentaba perderse en el anonimato urbano y burlar así a las fuerzas de seguridad que le perseguían desde que su grupo atravesó la frontera desde Francia. No llegó a su destino y la Guardia Civil y el Somatén lo acribillaron un 5 de enero en Sant Celoni. Sabaté había nacido el 15 de marzo de 1915 en L’Hospitalet de Llobregat y era el segundo de cinco hermanos. De los cuatro primeros, todos varones, los tres mayores compartieron aventuras en la lucha armada contra el franquismo. El primogénito, José, fue el primero en caer el 17 de octubre de 1949 en un tiroteo con la policía. El tercero, Manuel, fue apresado y fusilado el 10 de diciembre de ese mismo año. El Quico todavía mantendría la lucha por más de una década. Su andanzas interesaron al gran historiador británico Eric Hobsbawm, quien escribiría de él que «ningún hombre sin aptitudes naturales muy notables habría resistido casi veintidós años de ilegalidad interrumpida sólo por períodos de cárcel», y llegaron incluso a Hollywood. Sus últimos días se ficcionan en Y llegó el día de la venganza (Bebold a Palé Horse), película dirigida por Fred Zinnemann en 1964 basada en la novela de Emeric Pressburger, Killing a Mouse on Sunday. El personaje de Manuel Artíguez, trasunto de Sabaté, lo interpretaba Gregory Peck, mientras que Anthony Quinn hacía lo propio con su eterno enemigo, el jefe de la Brigada Político Social, Eduardo Quíntela.

Su espíritu rebelde y combativo quedó patente desde la infancia. Antonio Téllez, su amigo y biógrafo, da cuenta de su primera fuga. Fue del asilo Durán, la misma institución de estricta disciplina por donde pasara poco antes Mariano R. Vázquez, y adonde sus padres le enviaron también a la edad de siete años. Tras varios intentos fallidos, Sabaté consiguió saltar los muros y regresar a casa. Entró en la CNT antes del advenimiento de la República, afiliándose al Sindicato de Oficios Varios de Hospitalet. En 1932 formó junto con sus hermanos y otros anarquistas el grupo de acción «Los Novatos», que se adhirió a la FAI y participó en la insurrección de diciembre de 1933. Su primera experiencia carcelaria data de poco después, acusado de participar en la preparación de una huelga general convocada por la regional catalana de la CNT. Antimilitarista convencido, fue declarado prófugo al no acudir a la llamada a quintas en 1935, año en el que organizó la primera de una larga serie de expropiaciones. Se trataba del atraco a un banco de Gavá, y su botín pasó a alimentar la caja del comité de ayuda a los presos libertarios.

Sería inapropiado decir que el 18 de julio de 1936 le sorprendió en Hospitalet porque Francisco Sabaté, su hermano José y otros anarquistas llevaban tiempo preparándose para la sublevación militar. Se habían aprovisionado de armas y se hicieron fácilmente con el control de la localidad. De allí pasaron a ayudar a los compañeros de Barcelona. Los dos hermanos se unieron a la columna «Los Aguiluchos» y con ella partieron en agosto hacia el frente aragonés. Francisco luchó allí en las fuerzas confederales y con ellas se batió el cobre no sólo contra las tropas franquistas sino también, en 1937, contra las divisiones de obediencia comunista. Tras la caída de Teruel, Sabaté volvió a Barcelona, donde el Comité de Defensa de las Juventudes Libertarias le encomendó la arriesgada misión de liberar a anarquistas presos tras los sucesos de mayo de 1937. Tuvo cierto éxito pero no pudo escapar del Servicio de Información Militar, que lo buscaba por el asesinato del comisario comunista Ariño en Teruel. Purgó condena en Barcelona y luego en Vic, donde demostró de nuevo sus habilidades en el arte de la fuga. Se incorporó a la 26.ª División, pero el muy próximo final de la guerra haría que fuera por poco tiempo. Tras la caída de Cataluña, cruzó la frontera francesa y las autoridades lo destinaron al campo de Vernet d’Ariége y de allí a una fábrica de pólvora en Angulema. Durante la ocupación nazi ensayó la táctica de resistencia que poco tiempo después habría de hacerle famoso y volver loca a la policía franquista.

Quico Sabaté fue el miembro más conocido de la conocida como guerrilla urbana barcelonesa. Es decir, una versión actualizada de los anarquistas expropiadores de años atrás, y que ahora, en los años cuarenta, organizaron sabotajes en líneas de comunicación e infraestructuras energéticas, campañas de propaganda antifranquista, secuestros y atracos a particulares o empresas, así como asesinatos de confidentes, destacados simpatizantes o cuadros del régimen. Los Sabaté, del mismo modo que Marcelino Massana, Josep Lluís Facerías y Ramón Vila Caraquemada, buscaban desestabilizar las instituciones y crear un clima favorable a la agitación. Envueltos en la vorágine de la acción, no vieron, o no quisieron ver, cómo se iba alejando cada vez más la oportunidad de generalizar el rechazo contra el régimen de Franco mediante la subversión armada. La guerrilla comenzó a decrecer a finales de los cuarenta, quedando a partir de entonces como una forma de lucha esporádica y testimonial. Eso sería así, en buena medida, debido a los golpes represivos. Pero intervino de modo decisivo también el corte del apoyo y suministros venidos desde el exilio, sobre todo a partir de 1951. Mientras tanto, los comités de la CNT clandestina en el interior nunca considerarían viable la solución del «problema español» mediante la violencia.

Terminada la Segunda Guerra Mundial en Francia, y celebrado el Congreso del MLE-CNT en París en mayo de 1945, Sabaté se postuló para establecer una base de operaciones en España para la lucha armada. Sus acciones, que complementaban la tarea de organizar una extensa red de apoyo, se sucedieron sin descanso: asaltos, propaganda, atentados, contrabando y liberación de presos. Entre sus primeros compañeros de armas se contaban Juan Salas y Jaime Parés, el Abisinio. En esta primera etapa consiguió escapar de la policía franquista pero no así de la francesa, que le apresó en 1948 por contrabando de armas y de nuevo un año más tarde. Entre una y otra detención, contactó con el grupo «Los Maños» en Barcelona y preparó con ellos un a la postre fallido atentado contra Quíntela. También participó en una campaña de ataques con motivo de la visita de Franco a Barcelona, en esta ocasión apoyando al grupo de Facerías. Para cuando salió por segunda vez de la cárcel en Francia, en 1949, la policía franquista había desarticulado la base operativa en Cataluña. La lucha armada no se recuperó hasta mediados los cincuenta, si bien con menos intensidad, cuando Sabaté montó en Barcelona los Grupos Anarcosindicalistas, desautorizados por la CNT en Francia. Durante casi otros dos años volvió a sonar el «¡Quietos, soy el Quico!», que paralizaba a serenos, policías y civiles, antes de caer definitivamente en 1957 con un saldo de 42 miembros detenidos en Cataluña. Tras una nueva estancia en prisión en Francia, el Quico volvió a empuñar las armas en 1959, una vez que el Pleno de Vierzon acordó reactivar la vía insurreccional contra el franquismo.

Fue la aventura postrera de quien se había convertido ya en carne de mito, un tardío luchador romántico para unos, el peor de los bandoleros para quienes finalmente consiguieron acabar con él. Todo un epítome de cómo ha tendido a ser representado el conjunto del movimiento libertario.

Bibliografía

1. LA FILOSOFÍA POLÍTICA DEL ANARQUISMO ESPAÑOL

José Álvarez Junco

Sobre el anarquismo español en general existe una amplia bibliografía, desde los clásicos Díaz del Moral, Brenan o Nettlau y los protagonistas Peirats, Leval o Buenacasa hasta los que en la década de 1970 éramos jóvenes historiadores (Termes, Lida, Balcells, Bricall, Maurice, Gabriel), que siempre dedica algún espacio a lo filosófico o ideológico. Mi La filosofía política del anarquismo español (1868-1910), Siglo XXI, Madrid, 1976, se centró exclusivamente en este aspecto. Cf. una visión más reciente en Manuel Morales, Cultura e ideología en el anarquismo español, 1870-1910, Diputación de Málaga, 2002. Para los años 1920 y 1930, el tema ideológico fue desarrollado por A. Elorza (La utopía anarquista bajo la Segunda República, Ayuso, Madrid, 1973; cf., con C. López Alonso, Arcaísmo y modernidad. Pensamiento político en España, siglos XIX y XX, Historia 16, Madrid, 1989) y, de forma más sistemática, por J. Paniagua, La sociedad libertaria. Anarquismo e industrialización en el anarquismo español, 1930-1939, Crítica, Barcelona, 1982. Una visión general se ofreció en el libro colectivo, editado por Bert Hofmann, Pere Joan i Tous y Manfred Tietz, Las tradiciones culturales del anarquismo español, Vervuert-Iberoamericana, Frankfurt-Madrid, 1995.

En cuanto a aspectos parciales, sobre la estética anarquista destacan los trabajos de Lily Litvak, insertos en una visión general de la cultura española y el momento literario del fin de siglo, Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español, 1880-1913, Antoni Bosch, Barcelona, 1981; y La mirada roja. Estética y arte del anarquismo español, 1880-1913, Serbal, Barcelona, 1988; cf. Carmen Senabre, «La estética anarquista a través de “La Revista Blanca”», Anthropos, 1987, Suplemento n.º 5. Sobre educación, Clara Lida, «Educación anarquista en la España del ochocientos», Revista de Occidente, 97, 1971; y Alejandro Tiana, Educación libertaria y revolución social (España, 1936-1939), UNED, Madrid, 1987. Escuelas y ateneos libertarios, en Pere Sola, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), Tusquets, Barcelona, 1976; Francesc Ferrer i Guàrdia i L’Escola Moderna, Curial, Barcelona, 1978; y Els Ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1939), La Magrana, Barcelona, 1978; y Ferran Aisa, Una història de Barcelona. L’Ateneu enciclopèdic Popular, Virus, Barcelona, 2000.

Sobre la participación y la imagen de las mujeres, los primeros y seminales estudios fueron obra de Mary Nash, a partir de Mujeres Libres, Tusquets, Barcelona 1975; más reciente, Ángeles García Maroto, La mujer en la prensa anarquista. España 1900-1936, Anselmo Lorenzo, Madrid, 1996. El tema del maltusianismo fue tratado por Teresa Abelló, «La questio social i el neomalthusianisme», Universitas Tarraconensis, 5 (1982-1983); y de nuevo por Mary Nash: «El neomaltusianismo anarquista y los conocimientos populares sobre el control de la natalidad en España», en M. Nash, ed., Presencia y protagonismo. Aspectos de la cultura de la mujer, Serbal, Barcelona, 1984. Véanse también Raquel Álvarez Peláez, «Eugenesia y darwinismo social en el pensamiento anarquista», en Hofmann, Tous y Tietz, cit.; y Xavier Diez, Utopia sexual a la premsa anarquista de Catalunya, Pagès, Lleida, 2001. Sobre el ecologismo, Eduard Masjuan, La ecología humana en el anarquismo ibérico, Icaria, Barcelona, 2000.

Para cuestiones organizativas y tácticas, Susanna Tavera y Enric Ucelay, «Grupos de afinidad, disciplina bélica y periodismo libertario (1936-1938)», Historia Contemporánea, 9, 1994; y S. Tavera y J. Álvarez Junco, «Federico Urales. El publicismo como militancia anarquista», en J. Antón y M. Caminal, eds., Pensamiento político en la España contemporánea, Teide, Barcelona, 1992. En cuanto a tácticas, F. Bonamusa, «La huelga general», Ayer, 1 (1991); Eulalia Vega, El trentisme a Catalunya. Divergéncies ideológiques en la CNT (1930-1933), Curial, Barcelona, 1980; y Anarquistas y sindicalistas durante la Segunda República, Alfonso el Magnánimo, Zaragoza, 1987. El tema del terrorismo fue muy bien tratado por R. Núñez Florencio, El terrorismo anarquista (1888-1909), Siglo XXI, Madrid, 1983; y el antimilitarismo, por el mismo autor, «Patria y ejército desde la ideología anarquista», Hispania, LI/2, 178.

Para insertar el anarquismo en visiones culturales más globales, es indispensable leer a M. Pérez Ledesma, «Ricos y Pobres; Pueblo y Oligarquía; Explotadores y Explotados. Las imágenes dicotómicas en el siglo XIX español», Revista del CEPC, 10 (1991). El interesante tema del individualismo está planteado en Chris Ealham, «De la cima al abismo: contradicciones entre el individualismo y el colectivismo en el anarquismo español», en P. Preston, ed., La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra civil, Península, Barcelona, 1999. Cf. mi «La subcultura anarquista en España: racionalismo y populismo», en Culturas populares. Diferencias, divergencias, conflictos, Casa de Velázquez/Univ. Complutense, Madrid, 1986.

Para contrastar los planteamientos teóricos y las lúgubres actividades de los «hombres de acción» en la Barcelona de la guerra, no se debe dejar de lado el Diario de un pistolero anarquista, especie de diario de José Serra editado por Miquel Mir, Destino, Barcelona, 2007.

2. LA PRIMERA INTERNACIONAL EN ESPAÑA, ENTRE LA ORGANIZACIÓN PÚBLICA Y LA CLANDESTINIDAD (1868-1889)

Clara E. Lida

Ha habido importantes estudios sobre la Primera Internacional. Para España, destaca Max Nettlau, quien escribió extensamente sobre el anarquismo y sus actores más destacados. A su muerte en 1944, dejó un estudio de consulta obligada, publicado por Renée Lamberet como La Premiére Internationale en Espagne, 1868-1888 (Dordrecht, 1969). De Nettlau son también dos obras imprescindibles sobre la Alianza secreta: Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza en España, 1868-1873 (editado con un estudio preliminar y notas por Clara E. Lida, Nueva York, 1971; 1.ª ed.: Buenos Aires, 1925) y Documentos inéditos sobre la Internacional y la Alianza en España (Buenos Aires, 1930). Son fuente obligada las Actas de los Consejos y Comisión Federal de la Región Española (1870-1874), publicadas por Carlos Seco Serrano (Barcelona en 1969), y los siete volúmenes de Cartas, Comunicaciones y Circulares, del Consejo Federal de la FRE, preparados primero por C. Seco Serrano y, a partir del volumen tercero, por M.ª Teresa Martínez de Sas (Barcelona, 1972-1979).

En la década de 1970 vieron la luz investigaciones sobre aspectos determinados. José Termes se centró sobre todo en Cataluña en su Anarquismo y sindicalismo en España, la Primera Internacional: 1864-1881 (Barcelona, 1972). José Álvarez Junco estudió el pensamiento libertario en La ideología política del anarquismo español, 1868-1910 (Madrid, 1976). Temma Kaplan se orientó al anarquismo gaditano en Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía, capitalismo agrario y lucha de clases en la provincia de Cádiz, 1868-1903 (Barcelona, 1977; 1.ª ed. en inglés: Princeton, 1977). Desde finales de la década anterior, Clara E. Lida puso énfasis en la tradición revolucionaria y clandestina del anarquismo: «Agrarian Anarchism in Andalusia: La Mano Negra», International Review of Social History (3, 1969, pp. 315-352; traducido y publicado como libro, pero con cortes por la censura: La Mano Negra, Madrid, 1972) y en Anarquismo y revolución en la España del XIX (Madrid, 1972), también sometido a la censura. Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español (183S-1888). Textos y documentos (Madrid, 1973) dio sustento documental a esa historia. Sobre el discurso y práctica clandestinas véanse: «Los discursos de la clandestinidad en el anarquismo del XIX», Historia Social, Valencia, 17, 1993, pp. 63-74, y «Hacia la clandestinidad anarquista. De la Comuna de París a Alcoy, 1871-1874», en Historia Social, 46, 2003, pp. 49-64. Demetrio Castro Alfín analizó la crisis agrícola andaluza anterior a los acontecimientos de 1883 en Hambre en Andalucía. Antecedentes y circunstancias de La Mano Negra (Córdoba, 1986). Sobre la UTC se debe consultar Jacques Maurice, El Anarquismo andaluz: campesinos y sindicalistas, 1868-1936, Barcelona, 1990). C. E. Lida continuó explorando el tema del anarquismo andaluz en «Del reparto agrario a la huelga anarquista de 1883», en El movimiento obrero en la historia de Cádiz, (Cádiz, 1988, pp. 127-16), y en «Pluralidad de oficios e integración cultural. El anarquismo gaditano en tiempos de la Mano Negra», en J. A. Piqueras y V. Sanz Rozalén, eds., En el nombre del oficio. El trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta (Madrid, 2005, pp. 273-293). Recientemente, Antonio López Estudillo publicó Republicanismo y anarquismo en Andalucía (Córdoba, 2001).

Sobre las manifestaciones culturales del anarquismo véanse: Lily Litvak, Musa libertaria (Barcelona, 1981); B. Hofmann, P. Joan i Tous y M. Tietz eds., El anarquismo español y sus tradiciones culturales (Frankfurt, 1995); C. E. Lida, «Discurso e imaginario en la literatura anarquista», en Filología (Buenos Aires), XXIX, 1-2, 1996, pp. 119-138; Manuel Morales Muñoz, Cultura e ideología en el anarquismo español (1870-1910) (Málaga, 2002).

La Primera Internacional y la violencia revolucionaria en Europa se puede seguir en los cuatro volúmenes que en 1905 compiló James Guillaume, L’Internationale. Documents et souvenirs, reeditados en 2 tomos, con un extenso estudio, por Marc Vuilleumier (París, 1985). Los movimientos revolucionarios en Rusia no se pueden comprender sin Franco Venturi, El populismo ruso, 2 vols. (Madrid, 1981; 1.ª ed. en inglés: Nueva York, 1960). Las mujeres y hombres revolucionarios rusos en el exilio en Suiza, sus vínculos con el anarcocomunismo y la propaganda por el hecho se analizan en Martin A. Miller, Kropotkin (Chicago, 1976) y Jay Bergman, Vera Zasulich. A Biography (Stanford, 1983). Para Italia véase Nunzio Pernicone: Italian Anarchism, 1864-1892 (Princeton, 1993). Sobre el radicalismo republicano irlandés, L. O. Broin: Revolutionary Underground. The Story ofthe Irish Republican Brotherhood, 1858-1924 (Dublín, 1976). Sobre la violencia anarquista en Alemania es útil Andrew R. Carlson: «Anarchism and Individual Terror in the Germán Empire, 1870-90», en Wolfgang J. Mommsen y Gerhard Hirschfeld, Social Protest, Violence and Terror in Nineteenth and Twentieth century Europe (Martin’s Press, Londres, 1982). Este libro contiene otros estudios sobre Europa.

3. EL TERRORISMO

Rafael Núñez Florencio

No hay muchas obras que traten monográficamente el terrorismo anarquista en España en el período que hemos considerado. Dejando aparte los folletos y testimonios de la época —hoy inencontrables, como no sea en bibliotecas especializadas—, el autor no tiene más remedio que, venciendo el natural pudor, remitirse a sus propias investigaciones, materializadas sobre todo en dos libros, El terrorismo anarquista, 1888-1909 (Siglo XXI, Madrid, 1983) y Utopistas y autoritarios en 1900 (Iberediciones, Madrid, 1994). Joaquín Romero Maura publicó hace tiempo La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909 (Grijalbo, Barcelona, 1975), pero mucho más recientemente se han reunido y editado otros artículos suyos, en algún caso centrado específicamente en el terrorismo barcelonés de comienzos de siglo: La romana del diablo. Ensayos sobre la violencia política en España (M. Pons, Madrid, 2000). Pero el mayor esfuerzo por actualizar las investigaciones sobre la violencia, en especial la anarquista, ha venido en los últimos años de la mano de un grupo de profesores de la UNED capitaneados por Juan Avilés. Aparte de varios artículos dispersos, en especial de este autor, habría que destacar la obra colectiva El nacimiento del terrorismo en Occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria (edición de J. Avilés y A. Herrerín, Siglo XXI, Madrid, 2008) y también el número monográfico sobre «Violencia política en España, 1875-1936», de Espacio, tiempo y forma (revista de la Facultad de Geografía e Historia, serie V, 20, UNED, Madrid, 2008). De Avilés se debería citar también, porque afecta tangencialmente al tema, su biografía de Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir (M. Pons, Madrid, 2006). Desde la perspectiva contraria, es decir, tomando como base de estudio la política de orden público, resulta indispensable la muy documentada obra de Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917) (CSIC, Madrid, 1998). Aunque desborda el lapso aquí considerado, habría que mencionar igualmente la recopilación de artículos de Julián Casanova bajo el título de Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2007).

4. LA AURORA PROLETARIA. ORÍGENES Y CONSOLIDACIÓN DE LA CNT

Carlos Gil Andrés

Una introducción general a la historia del anarquismo español en las primeras décadas del siglo XX puede partir de la lectura de los trabajos coordinados por Susanna Tavera, El anarquismo español, dosier de Ayer, 45 (2002), que revisa y actualiza las cuestiones que ya planteaban años atrás Julián Casanova, Pere Gabriel y Eulalia Vega, Anarquismo y sindicalismo, dosier de Historia Social, 1 (1988), y de los libros de Javier Paniagua, La larga marcha hacia la anarquía. Pensamiento y acción del movimiento libertario, Síntesis, Madrid, 2008; Julián Casanova, Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2007; y Ángeles Barrio Alonso, La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad, Síntesis, Madrid, 2004.

Sobre los orígenes de la CNT siguen siendo imprescindibles los estudios de Xavier Cuadrat, Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911): los orígenes de la CNT, Revista de Trabajo, Madrid, 1976; Joaquín Romero-Maura, La Rosa de Fuego: el obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Alianza, Madrid, 1989; y José Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Siglo XXI, Madrid, 1991. Para conocer los sucesos de la Semana Trágica de 1909 y sus repercusiones posteriores hay que volver a leer la obra de Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica, Ediciones B, Barcelona, 2009; que puede completarse con la revisión de Dolors Marin, La Semana Trágica. Barcelona en llamas, la revuelta popular y la Escuela Moderna, La Esfera de los libros, Madrid, 2009; y con la aportación de Juan Avilés Farré, Francisco Ferrer y Guardia: pedagogo, anarquista y mártir, Marcial Pons Historia, Madrid, 2006.

Para seguir la evolución del anarcosindicalismo en la coyuntura de la Gran Guerra tienen utilidad las obras de Antonio Bar, La CNT en los años rojos (Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo, 1910-1926), Akal, Madrid, 1981; Gerald Meaker, La izquierda revolucionaria en España, 1914-1923, Labor, Barcelona, 1978; Carlos Forcadell, Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español, Crítica, Barcelona, 1978; y Ángeles Barrio, Anarquismo y anarcosindicalismo en Asturias (1890-1936), Siglo XXI, Madrid, 1988.

El caso del anarquismo andaluz está bien presentado en los estudios de Jacques Maurice, El anarquismo andaluz: campesinos y sindicalistas, 1868-1936, Crítica, Barcelona, 1989, y El anarquismo andaluz, una vez más, Universidad de Granada, Granada, 2007; en los artículos reunidos por Eduardo Sevilla Guzmán y Karl Heisel (eds.), Anarquismo y movimiento jornalero en Andalucía, Ediciones de La Posada, Córdoba, 1988; y en el sugerente y clarificador ensayo de Manuel González de Molina, «Los mitos de la modernidad y la protesta campesina. A propósito de “rebeldes primitivos” de Eric J. Hobsbawm», Historia Social, 25 (1996), pp. 113-158.

El protagonismo del movimiento libertario en Barcelona aparece reflejado en obras generales como las de Temma Kaplan, Ciudad roja, período azul. Los movimientos sociales en la Barcelona de Picasso (1888-1939), Península, Barcelona, 2003; y Chris Ealham, La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto 1898-1937, Alianza Editorial, Madrid, 2005; y en la contribución de José Luis Oyón, La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2008. La violencia vivida en las calles de Barcelona durante los últimos años de la Restauración ha sido estudiada con detalle por Fernando del Rey Reguillo, «El empresario, el sindicalista y el miedo», Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Alianza Editorial, Madrid, 1997, pp. 235-272, y, en unión de Mercedes Cabrera, «La patronal y la brutalización de la política», Santos Juliá (ed.), Violencia política en la España del siglo XX, Taurus, Madrid, 2000, pp. 235-288.

Mucho menos conocemos la historia del anarcosindicalismo en los años de la Dictadura de Primo de Rivera y en las vísperas de la proclamación de la República. El estudio fundamental sigue siendo el de Antonio Elorza, «El anarquismo español bajo la Dictadura», Revista de Trabajo, Madrid, 39-40, 44-45 y 46, 1972-1974. Superada en muchos aspectos, todavía conserva algún interés la visión militante de Juan Gómez Casas, Historia de la FA1, Zero, Bilbao, 1977. Un planteamiento general sólido de este período en las páginas que dedica al tema Eduardo González Calleja en La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria. 1923-1930, Alianza, Madrid, 2005.

En las páginas de este trabajo se incluyen bastantes citas que provienen de la lectura de un buen número de memorias, colecciones de artículos y testimonios escritos de algunos de los protagonistas de la historia de la CNT. En las bibliotecas se pueden encontrar las obras de Diego Abad de Santillán, Memorias. 1897-1936, Planeta, Barcelona, 1977; Adolfo Bueso, Cómo fundamos la CNT, Avance, Barcelona, 1976, y Recuerdos de un cenetista: de la Semana Trágica (1909) a la Segunda República (1931), Ariel, Barcelona, 1976; Juan García Oliver, El eco de los pasos, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978; Anselmo Lorenzo, El proletariado militante: Memorias de un internacional, Confederación Sindical Solidaridad Obrera, Madrid, 2005; Ricardo Mella, Cuestiones sociales, F. Sempere y Compañía, Valencia, Ideario, Cuestiones Editoriales, Barcelona, 1978, y Organización, Agitación y Revolución, Ediciones Tierra y Libertad, Barcelona, 1936; Federica Montseny, Mis primeros cuarenta años, Plaza & Janés, Barcelona, 1987; Josep Peirats, La CNT y la revolución española, Asociación Artística La Cuchilla, Cali (Colombia), 1988, 3 vols., y De mi paso por la vida (memorias), Flor del Viento, Barcelona, 2009; Joan Peiró, Trayectoria de la CNT, Júcar, Madrid, 1979; Angel Pestaña, Terrorismo en Barcelona (Memorias inéditas), Planeta, Barcelona, 1979, Sesenta días en Rusia. Lo que yo pienso, Antonio López, Librería Española; Barcelona, Acción directa, Tip. Cosmos, Barcelona, 1924, y Lo que aprendí de la vida, M. Aguilar, Madrid; José Prat, La burguesía y el proletariado (apuntes sobre la lucha sindical), Ediciones Tierra y Libertad, Barcelona, 1937; Isaac Puente, El comunismo libertario. Sus posibilidades de realización en España, Tip. Pascual Quiles, Valencia; Salvador Seguí, Artículos madrileños de Salvador Seguí, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1976; Pedro Vallina, Mis memorias, Madrid/Sevilla, Libre Pensamiento/Centro Andaluz del Libro, 2000. Por último, las dos referencias literarias que abren y cierran el capítulo, Vicente Blasco Ibáñez, La bodega, Cátedra, Madrid, 1998 (1.ª ed. 1905) y Ramón J. Sender, Siete domingos rojos, Prensas Universitarias, Zaragoza, 2004 (1.ª ed. 1932).

5. REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL

Julián Casanova

Un análisis exhaustivo de la historia del anarquismo durante la República y la guerra civil la proporcioné en De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Crítica, Barcelona, 1997. Muchos años antes, John Brademas había aportado una buena síntesis en Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937), Ariel, Barcelona, 1974. Las diversas manifestaciones doctrinales que guiaron a los anarquistas en aquellos años están detalladamente estudiadas en Javier Paniagua, La sociedad libertaria. Agrarismo e industrialización en el anarquismo español, Crítica, Barcelona, 1982. La división del movimiento libertario puede verse en Eulalia Vega, Anarquistas y sindicalistas durante la Segunda República. La CNT y los Sindicatos de Oposición en el País Valenciano, Edicions Alfons El Magnànim, Valencia, 1987. El libro básico para la insurrección de Casas Viejas es el de Jerome R. Mintz, Los anarquistas de Casas Viejas, Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz, 1994. El funcionamiento interno de la CNT y su influencia en las clases trabajadoras está muy bien abordado en Anna Monjo, Militants. Participació i democràcia a la CNT als anys trenta, Laertes, Barcelona, 2003.

Una síntesis de la revolución anarquista en Walther L. Bernecker, Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil española, 1936-1939, Crítica, Barcelona, 1982. Análisis regionales en Aurora Bosch, Ugetistas y libertarios. Guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1983, y Julián Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938, Siglo XXI, Madrid, 1985 (reedición en Crítica, Barcelona, 2006). La mejor síntesis sobre las mujeres y la revolución la escribió Mary Nash, Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Taurus, Madrid, 1999.

6. LIBERTARIAS Y ANARCOFEMINISMO

Mary Nash

Como ha señalado Gloria Espigado al escribir sobre la historia de género en el obrerismo español «destacaría su carácter subordinado dentro del conjunto de temas prioritarios» (2002, p. 39). En todo caso, lo cierto es que desde hace décadas se ha subrayado la importancia de las libertarias y de sus organizaciones en el desarrollo del anarquismo español (Nash, 1975,1981). El punto de partida de la emergente historia de las mujeres a principios de la década de 1970 fue la introducción de las mujeres anarquistas en el relato histórico de la guerra civil (Nash, 1975, 1981). Entonces se trataba de recomponer una historia olvidada, que apenas había dejado rastro en la memoria desde el exilio o en la historiografía. Inspirados por la historia social y del movimiento obrero, los estudios pioneros se interesaron por los aspectos organizativos, las figuras transgresoras y por el discurso transformador de las libertarias como protagonistas históricas. Igual que en la actualidad, los estudios se centraron en el siglo XX, y en especial, en la organización de Mujeres Libres (Nash, 1975,1999). En la actualidad, si bien subsisten considerables lagunas sobre aspectos concretos o en la profundización analítica en la historia de las libertarias, en especial referente al siglo XIX, la historiografía, la memorialística y los documentales históricos los han incorporado como sujetos históricos en la construcción y desarrollo del anarquismo. La reciente renovación historiográfica sobre el anarquismo ha tenido el mérito de integrar la dimensión de género y de la historia de las libertarias como elementos centrales en las metas narrativas y en las nuevas líneas interpretativas del movimiento libertario (Tavera, Espigado, Cattini y Santacana en Ayer, 2002). Muchos de los trabajos parten de los estudios pioneros (Ackelsberg, 2000; Méndez, 2002) y recientemente han aparecido artículos de síntesis historiográfica (Espigado, 2002; Tavera, 2006). La vida y el significado de la compleja trayectoria de dirigentes anarquistas como Teresa Claramunt (Pradas Baena, 2006; Vicente Villanueva, 2006), Federica Montseny (Lozano, 2004; Tavera, 2005) Amparo Poch y Gascón (Rodrigo 2002a, 2002b) son ahora mejor conocidos gracias a las recientes biografías, mientras que las biografías y estudios sobre figuras de menor renombre han arrojado luz sobre la variedad de actividades y la incidencia de las mujeres tanto en el activismo obrero como en el desarrollo de la cultura y de las publicaciones anarquistas (Fontanillas, Torres, 2006; Soriano Jiménez, 2008; Tavera, 1988).

Disponemos ya de una amplia bibliografía de estudios y de testimonios que han dado a conocer los antecedentes de Mujeres Libres (Montero Barrado, 2003; Nash, 1981, 1999) y las diferentes manifestaciones de la organización y de la resistencia de las anarquistas durante la guerra civil (Ackelsberg, 2000; Méndez, 2002; Nash, 1981, 1999, Tavera, 2006). La memorialística, con la aportación testimonial de militantes libertarias, ha proporcionado elementos de un gran interés a la vez que ha significado una aportación de fuentes (Berenguer, 1988; Fontanillas, Torres, 2006; Iturbe, 1974; Liaño, Gil, C., Pérez Benavent, P., Berenguer Laosa, S., et al. 1999), mientras que los homenajes y conmemoraciones han impulsado estudios sobre personajes libertarios (Rodrigo, 2002; VV. AA., 2006). Las obras recopiladoras de testimonios documentales de mujeres de la guerra civil han arrojado luz sobre la resistencia antifascista en la retaguardia y en los frentes y la represión franquista (Quiñonero, 2005; Olesti, 2005), mientras que la aportación de documentales audiovisuales ha dejado testimonio directo de la experiencia vivida y de la construcción de la memoria histórica de las libertarias de la guerra (Berger, Mazer, 1986; Quiñonero, 2005).

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7. EL EXILIO DE LOS ANARQUISTAS

Alicia Alted Vigil

Una parte del material utilizado para la elaboración de este texto procede de archivos privados, así como de manuscritos inéditos y entrevistas orales realizados por la autora que, desde hace años, viene trabajando en las prácticas culturales de los anarquistas exiliados en Francia. En esta tarea soy, en gran medida, deudora de la obra de la hispanista y amiga Lucienne Domergue, fallecida en el año 2007. En esta sucinta bibliografía recojo algunos textos historiográficos que me parecen de interés en relación con los aspectos abordados.

Alted, A., y Domergue, L. (coords.), El exilio republicano en Toulouse, 1939-1999, UNED/Presses Universitaires du Mirail, Madrid/Toulouse, 2003. Este libro es la versión en español de uno anterior, coordinado por Lucienne Domergue y publicado en francés en 1999 (Presses Universitaires du Mirail, Toulouse). En ambos libros se recogen trabajos que estudian diferentes aspectos de la trayectoria de los exiliados en el Midi con centro en Toulouse. La versión española es igual a la francesa, salvo el capítulo dedicado al exilio de los anarquistas.

Dehom, J., «Inventario provisorio de las memorias anarquistas y anarcosindicalistas españolas», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 4, 2009 (http://ccec.revues.org/index2677.html). Importante contribución para conocer la extensa y poco conocida obra testimonial de los anarquistas, considerada como una manera de escribir la «contrahistoria» del movimiento libertario.

Herrerín, A., La CNT durante el franquismo: clandestinidad y exilio (1939-1975), Siglo XXI, Madrid, 2004. Resultado de su tesis doctoral, es un estudio riguroso de la evolución política de la CNT en el interior y en el exilio. Su investigación analiza la trayectoria de las dos facciones en las que se escindió la organización tras la guerra civil, y sus posterior unificación.

—, «Políticas de los anarcosindicalistas exiliados en México, 1941-1945», TZINT-ZUN. Revista de Estudios Históricos, 39, enero-junio de 2004. Comenta la reorganización de la CNT en México en los años 1940-1942, en donde aparecen ya las disensiones que llevaron después a la escisión.

Maestre, R., y Molina, P., «Editores Mexicanos Unidos: la obra cultural del exiliado Fidel Miró», Migraciones y Exilios. Cuadernos de AEMIC, Madrid, 2, diciembre de 2001, pp. 241-247. Retrato biográfico de Fidel Miró incidiendo en la labor editorial, periodística y como escritor que desarrolló en su exilio mexicano.

8. LOS EDUCADORES DEL PUEBLO Y LA «REVOLUCIÓN INTERIOR». LA CULTURA ANARQUISTA EN ESPAÑA

Javier Navarro Navarro

La bibliografía en este tema es muy abundante y forzosamente quedan fuera de aquí, por razones de espacio, referencias muy importantes. Por citar sólo los libros, y para una visión global de la cultura anarquista española, resultan imprescindibles para el período hasta 1910 las obras de J. Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Siglo XXI, Madrid, 1976, y L. Litvak, Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-1913), Antoni Bosch, Barcelona, 1981. También M. Morales Muñoz, Cultura e ideología en el anarquismo español (1870-1910), Diputación Provincial, Málaga, 2002. Visiones de conjunto, que incluyen asimismo la etapa posterior a 1910, en los volúmenes colectivos: B. Hofmann, P. Joan i Tous y M. Tietz (eds.), El anarquismo español y sus tradiciones culturales, Vervuert-Iberoamericana, Frankfurt-Madrid, 1995; Associació Cultural Alzina y C. Peñalva (coords.), La rosa il-lustrada. Trobada sobre cultura anarquista i lliurepensament, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2006; y M. Chaput (ed.), De L’anarchisme aux courants alternatifs (XIX-XXI siècles), Université Paris X, Nanterre, 2007; además de los artículos de S. Tavera, P. Gabriel, T. Abelló, etc., reunidos en el monográfico: S. Tavera (ed.), «La cultura obrera», en Cercles. Revista d’História Cultural, 8, enero de 2005. Estudios centrados en zonas específicas, pero con visiones e interpretaciones globales sobre el tema, son los trabajos de F. Aisa (La cultura anarquista en Catalunya, Edicions 1984, Barcelona, 2006) y J. Navarro, El paraíso de la razón. La revista Estudios, 1928-1937, y el mundo cultural anarquista (Alfons el Magnànim, Valencia, 1997); Ateneos y grupos ácratas (Biblioteca Valenciana, Valencia, 2002), y A la revolución por la cultura. Prácticas culturales y sociabilidad libertarias en el País Valenciano, 1931-1939 (Universitat de Valencia, Valencia, 2004). Hay que citar asimismo dos tesis inéditas de gran valor: D. Marin, «De la llibertat per conèixer al coneixement de la llibertat. L’adquisició de cultura en la tradició llibertària catalana durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República espanyola», Universitat de Barcelona, Barcelona, 1996,º y F. Bernalte, La cultura anarquista en la República y la guerra civil: los ateneos libertarios de Madrid, Madrid, Universidad Complutense, 1991. Para lo relacionado con la educación: P. Sola, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), Tusquets, Barcelona, 1976, y Educació i moviment llibertari a Catalunya (1901-1939), Edicions 62, Barcelona, 1980, entre otras obras de este autor; y A. Tiana, Educación libertaria y revolución social: España, 1936-1939, UNED, Madrid, 1987. La bibliografía sobre la estética, literatura y arte en el anarquismo español también es muy amplia. Algunos títulos: C. Lida, «Literatura anarquista y anarquismo literario», Nueva Revista de Filología Hispánica (México), 2, 1970; P. Aubert, B. Brey, J. L. Guereña, J. Maurice y S. Salaün, Anarquismo y poesía en Cádiz bajo la Restauración, Ayuntamiento, Córdoba, 1986; M. Siguán, Literatura popular libertaria. Trece años de La Novela Ideal (1925-1938), Península, Barcelona, 1981; Romancero libertario (ed. de S. Salaün), Ruedo Ibérico, París, 1971; A. Madrigal, Arte y compromiso. España, 1917-1936, Anselmo Lorenzo, Madrid, 2002. El resto de las prácticas culturales libertarias ha sido menos abordado por los investigadores, pero también va generando atención y análisis desde hace unos años. Por citar sólo el caso del naturismo, por ejemplo: J. V. Roselló, La vuelta a la naturaleza. El pensamiento naturista hispano (1890-2000): naturismo libertario, trofología, vegetarismo naturista, vegetarismo social y librecultura, Virus, Barcelona, 2003.

Autores:

Notas biográficas

JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO

Catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Entre 1992 y 2000 ocupó la cátedra Príncipe de Asturias del Departamento de Historia de la Universidad de Tufts (Boston, Massachusetts), y dirigió el seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard. Entre 2004 y 2008 fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid. Entre sus publicaciones destacan La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Siglo XXI, Madrid, 1976; El «Emperador del Paralelo». Alejandro Lerroux y la demagogia populista, Alianza Editorial, Madrid, 1990; y Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 2001 (Premio Nacional de Ensayo, 2002; y Premio Fastenrath, de la RAE, 2003).

CLARA E. LIDA

Nacida en Buenos Aires, Argentina, realizó estudios universitarios en México y en Estados Unidos, donde enseñó de 1968 a 1987. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y dirige la «Cátedra México-España». Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido acreedora de numerosas becas y distinciones. Sus campos de estudio incluyen los movimientos sociales y socialistas españoles y europeos, especialmente, el anarquismo; el trasvase de poblaciones europeas a América, y el exilio español en México. Ha publicado más de un centenar de artículos sobre estos temas y es autora y compiladora de una veintena de libros. En la actualidad investiga el anarquismo en la clandestinidad, después de la Comuna de París.

RAFAEL NÚÑEZ FLORENCIO

Escritor, crítico y editor. Doctor en Historia y profesor de Filosofía, ha desempeñado labores docentes en distintos tramos educativos, desde las enseñanzas medias a las universitarias (Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid), y ha participado en diversos programas de investigación, principalmente en el Centro de Estudios Históricos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Colaborador habitual en diversos periódicos y revistas culturales, es autor de múltiples artículos de divulgación histórica. Desde el punto de vista científico, ha ido derivando desde el análisis de movimientos sociales y políticos (terrorismo anarquista, militarismo y antimilitarismo, crisis del 98) hasta el examen global de ideologías y mentalidades contemporáneas, prioritariamente en el marco español. Destacan entre sus últimas publicaciones: Tal como éramos. España hace un siglo (Espasa), Sol y Sangre. La imagen de España en el mundo (Espasa), Con la salsa de su hambre. Los extranjeros ante la mesa hispana (Alianza Editorial) y Hollada piel de toro, un estudio sobre la construcción nacional del paisaje que obtuvo el Primer Premio de Publicaciones de Parques Nacionales. Su último libro se titula El peso del pesimismo. Del 98 al desencanto (M. Pons, Madrid, 2010).

CARLOS GIL ANDRÉS

Profesor de Historia en el IES Rey Don García de Nájera. Ha publicado los libros Protesta popular y orden social en La Rioja de fin de siglo, 1890-1905 (Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1995), Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios. La Rioja, 1890-1936 (Prensas Universitarias, Zaragoza, 2000), La República en la plaza: los sucesos de Arnedo de 1932 (Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002), Lejos del frente. La guerra civil en la Rioja Alta (Crítica, Barcelona, 2006) y Piedralén. Historia de un campesino. De Cuba a la Guerra Civil (Marcial Pons, Madrid, 2010). Es coautor, junto con Julián Casanova, de Historia de España en el siglo XX (Ariel, Barcelona, 2009) y ha participado en obras colectivas como Diccionario de Historia de España (Istmo, Madrid 2001), Diccionario de Historia de España y de América Espasa-Calpe, Madrid, 2002) y Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX (Siete Mares, Madrid, 2005).

JULIÁN CASANOVA

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Es autor, entre otros trabajos, de De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939 (Crítica, Barcelona, 1997, publicado en inglés, en Routledge, Londres y Nueva y York, 2004), La Iglesia de Franco (Temas de Hoy, Madrid, 2001; edición de bolsillo con notas en Crítica, Barcelona, 2005), República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007 (edición en inglés en Cambridge University Press, 2010), e Historia de España en el siglo XX, con Carlos Gil Andrés (Ariel, Barcelona, 2009). Julián Casanova ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas. Es colaborador habitual de las páginas de opinión de El País. En el año 2006 seleccionó y presentó para TVE ocho programas de documentales rodados y realizados durante la guerra civil española con el título de «La guerra filmada».

MARY NASH

Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Fue la presidenta fundadora de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y es directora del Grupo de Investigación Consolidada Multiculturalismo y Género. Pionera en los estudios de las mujeres y de género, se ha dedicado a la historia de las mujeres, los movimientos sociales y la diversidad cultural. Se ha preocupado por recuperar las voces de las mujeres, dar luz a los mecanismos culturales y sociales que legitiman la marginación y la subalternidad, y visibilizar la agencia y las pautas de resistencia de las mujeres y otros colectivos. Es autora entre otros de: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil española, Taurus, Madrid, 1999/2006; Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Alianza Editorial, Madrid, 2004; Inmigrantes en nuestro espejo. Inmigración y discurso periodístico en la prensa española, Icaria, Barcelona, 2005; Dones en transido. De la legitimitat política a la legitimitat feminista: les dones en la Barcelona de la Transició, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2007. Su labor ha sido reconocida con la Cruz de Sant Jordi y la Medalla Presidente Maciá al Trabajo.

ALICIA ALTED VIGIL

Profesora titular, acreditada catedrática, en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, Madrid. Sus investigaciones tienen como eje la historia política y sociocultural españolas en el siglo XX, con especial referencia a los períodos de la guerra civil y el régimen de Franco. Sus líneas de investigación principales en la actualidad son «El exilio republicano español de 1939», «La incidencia de los conflictos bélicos en los niños a lo largo del siglo XX» y «Los movimientos migratorios en la España contemporánea». Ha publicado algo más de cien monografías en obras colectivas y publicaciones periódicas. Entre sus libros dedicados al exilio de 1939: La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939 (Aguilar, Madrid, 2005, 515 pp.).

JAVIER NAVARRO NAVARRO

Profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de Valencia. Sus investigaciones se han centrado principalmente en la historia sociocultural del movimiento obrero español, en especial por lo que se refiere al anarquismo, así como en el campo de los estudios sobre la Segunda República y la guerra civil. Entre su producción cabe destacar los libros El paraíso de la razón, La revista Estudios, 1928-1937, y el mundo cultural anarquista (1997), Ateneos y grupos ácratas (2002), A la revolución por la cultura. Prácticas culturales y sociabilidad libertarias en el País Valenciano, 1931-1939 (2004), Valencia, capital antifascista. Visiones e impresiones de una ciudad en guerra (2007, conjuntamente con Antonio Calzado), Valencia, capital cultural de la República, 1936-1937 (2008, editado con Manuel Aznar y Josep Lluís Barona), y Fa setanta anys. La Guerra Civil al País Valencià, 1936-1939 (2009, coordinado con Albert Girona).

JOSÉ LUIS LEDESMA

Profesor ayudante de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Previamente ha sido investigador en el European University Institute (Florencia, Italia) y en Yale University (New Haven, EE. UU.). Es autor de Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil (2003), coautor de Manuel Buenacasa: militancia, cultura y acción libertarias (2005) y Violencia azul y roja. España 1936-1945 (Crítica, 2010), codirector de La Guerra Civil en Aragón (2006,12 vols.) y coeditor de Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX (2005), Avenida de la República (2007), La II República en la encrucijada: el segundo bienio (2009) y La República del Frente Popular: reformas, conflictos y conspiraciones (2010).