Seguramente no hay otra época que más atención haya recibido por parte de los historiadores, pero un lector no especializado, un estudiante universitario o un extranjero curioso que quiera acercarse a la historia más reciente de España tiene dificultades para encontrar un texto que en pocas páginas presente los acontecimientos fundamentales y los problemas más importantes de un siglo complejo y diverso, controvertido y polémico, apasionado y apasionante. Ése es el espacio que pretende ocupar este libro, una obra que combina el relato con el análisis, el ritmo de la narración con la pausa de la interpretación, el detalle de los acontecimientos con la actualización científica.

Julián Casanova & Carlos Gil Andrés

Historia de España en el siglo XX

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Titivillus 23.11.15

Título original: Historia de España en el siglo XX

Julián Casanova & Carlos Gil Andrés, 2009

Editor digital: Titivillus

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INTRODUCCIÓN

«En todos sus asuntos, nada es completamente lo que parece. Andamos a tientas en una especie de niebla cuando tratamos de entenderlos». La cita pertenece a El laberinto español, el libro que Gerald Brenan empezó a redactar en Gran Bretaña mientras la guerra civil desangraba España. El autor escribía casi enfermo de ansiedad y de emoción, horrorizado por el «frenesí histérico de matanza y destrucción» que había visto con sus propios ojos en el verano de 1936, antes de abandonar la península. España era su pasión intelectual. En 1919 había atravesado la «infinita piel de toro amarillenta» viajando en sucios vagones de tercera atestados de campesinos con gallinas y hatillos de verduras; había dormido en pobres posadas con jergones llenos de chinches y de pulgas hasta encontrar el retiro que buscaba, un pequeño pueblo perdido en las Alpujarras, un paisaje que le parecía más cercano a las montañas de Afganistán o a las aldeas bereberes del norte de África que a la Europa populosa de la que procedía, ensombrecida por la experiencia devastadora de la Gran Guerra.

Para Brenan España era el país del sentimiento exaltado de la «patria chica», del pensamiento oriental, del hambre y las privaciones de todo género, de la inmensa injusticia agraria, del fervor casi religioso del anarquismo popular, de la permanente invitación a la revolución, difícil de gobernar aun en sus mejores épocas. En su opinión, la guerra civil había sido la explosión de un polvorín que se había ido acumulando lentamente, el escenario de un drama en el que se representaban en miniatura los destinos del mundo civilizado. Porque España no vivía aislada de los acontecimientos europeos, pero sus habitantes se enfrentaban a situaciones sociales y económicas muy diferentes y sólo reflejaban de manera superficial y con retraso las tendencias políticas de las grandes naciones. «Todo lo que se encuentra en España es sui generis». En 1949 Brenan volvió y se encontró una sociedad bloqueada por la miseria, sumida en la peor resaca, «la que sigue a una guerra civil y a un reinado del terror». En los años cincuenta regresó para quedarse definitivamente a vivir en un país «disfrazado con modernas formas europeas en las que no encaja, y contra las cuales ofrece una resistencia continua y no del todo consciente», un territorio que seguía definiendo como «enigmático y desconcertante».

De alguna manera, la biografía del hispanista inglés simboliza como pocas la historia del siglo XX. Cuando nació, en 1894, España era un viejo imperio venido a menos en las vísperas de su «desastre» final. La esperanza media de vida de la población no superaba los 35 años. La mayoría de los españoles permanecía al margen del sistema político y muchos tenían que cruzar el Atlántico para ganar en las antiguas colonias el pan que les faltaba en sus comunidades de origen. Era un país de emigrantes, de perseguidos y de desterrados. En el exilio murieron Alfonso XIII, el rey coronado al comenzar el siglo, y Primo de Rivera, el dictador que lo arrastró en su caída. Y los dos presidentes de la Segunda República, Alcalá Zamora y Azaña, y la mayoría de sus jefes de gobierno, igual que otros cientos de miles de personas que al terminar la guerra civil emprendieron un éxodo masivo para escapar de la represión. Durante el franquismo muchos españoles vivieron en un exilio interior impuesto por el silencio y la lucha por la supervivencia y varios millones de hombres y mujeres salieron de nuevo al extranjero en busca de trabajo. Quien nunca lo tuvo que hacer fue Franco, que murió en la cama de un hospital después de casi cuatro décadas de poder autoritario.

Brenan pertenecía a la misma generación de Franco, apenas dos años más joven que el dictador. Falleció casi a los 93 años de edad, en 1987, una longevidad también producto de los cambios del siglo. Entonces España era ya una sociedad moderna plenamente integrada en la Europa comunitaria, una democracia consolidada que crecía y se transformaba con una extraordinaria rapidez. Su entierro definitivo en la tierra que tanto había amado y estudiado tuvo lugar en enero de 2001, apenas veinte días después de terminar la centuria, en un país que se parecía muy poco al que había descubierto ochenta años atrás. Ya no era un destino exótico y romántico para viajeros inquietos que buscaran nuevas sensaciones sino el lugar de acogida elegido por oleadas de inmigrantes desplazados de sus países por la pobreza y la inseguridad.

La fama que Brenan alcanzó como escritor le ha sobrevivido, pero no su visión de la historia peninsular, superada por los análisis de hispanistas más jóvenes y por una generación de historiadores españoles que, desde los años ochenta, han ampliado los temas de estudio, han renovado los métodos de investigación y también las maneras de abordar e interpretar el pasado para revisar y desmontar los tópicos más usados y los lugares comunes más repetidos. Hoy sabemos que la historia de España del primer tercio del siglo XX no fue la crónica anunciada de una frustración secular que, forzosamente, tenía que acabar en una tragedia colectiva; un cúmulo de fracasos y carencias —de la industria y la agricultura, de la burguesía y las clases medias, del Estado y la sociedad civil— que impidieron al país seguir la vía europea hacia el progreso y la modernización. La época de la Restauración no fue un estanque inmóvil de aguas tranquilas donde nada se movía; ni tampoco fue la breve experiencia democrática de la Segunda República el prólogo inevitable de la Guerra Civil; ni la larguísima dictadura franquista un paréntesis que, a la postre, propició el desarrollo económico y el advenimiento de la libertad; ni la transición hacia la democracia un guión perfecto escrito de antemano desde las alturas del poder.

La historia de España no discurrió al margen de la europea, no fue ajena a las profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales vividas en el resto del continente. Hay muchas más similitudes que diferencias, sobre todo con los países cercanos del ámbito meridional. Los historiadores conocemos también que no existe un modelo «normal» de modernización frente al cual España pueda ser comparada como una excepción anómala. Casi ningún país europeo resolvió los conflictos de los años treinta y cuarenta —la línea divisoria del siglo— por la vía pacífica. En la época dorada posterior, el crecimiento económico y la extensión del Estado del Bienestar tuvieron lugar tanto en países monárquicos como republicanos, tanto con gobiernos socialdemócratas como con coaliciones democratacristianas. Fuera de la Europa occidental el panorama es todavía desalentador. La brecha de la desigualdad ha ido creciendo en vez de disminuir. Una de las lecciones que nos ha dejado el siglo XX es que no existía un camino lineal que conducía de manera ininterrumpida hacia el progreso, un esquema único que podían seguir todos los países del mundo para alcanzar el desarrollo y el bienestar colectivo.

Las cosas fueron de una manera determinada, pero pudieron haber sido muy distintas. La historia del siglo está poblada por fracturas y retrocesos, por revoluciones violentas y conflictos enconados entre ideologías opuestas, por Estados totalitarios y dictaduras de todo signo, por guerras mundiales y catástrofes humanas sin precedentes que han dejado en penumbra las luces espectaculares de los descubrimientos científicos y las mejoras materiales. Cien años de barbarie y de civilización; de víctimas civiles y de conquistas ciudadanas. Porque el siglo XX ha sido también testigo de los cambios sociales más acelerados de la historia de la humanidad. Un tiempo que para España ha supuesto el final de la transición demográfica, la desaparición del mundo tradicional campesino, la generalización de la educación, la emancipación de las mujeres, la revolución de los medios de transporte y de comunicación, la creación de la opinión pública y la extensión de los derechos ciudadanos. Al comenzar la centuria había escritores que hablaban de la «era de las masas», un concepto casi siempre peyorativo que escondía el temor a las multitudes que salían a la calle a reclamar derechos, a las mayorías que podían derribar gobiernos en las urnas. Cuando el novecientos ha pasado ya a la historia, parece más correcto hablar del siglo de los ciudadanos, del acceso de la gente corriente a las libertades individuales, a los derechos políticos y laborales y a los nuevos derechos sociales que demanda la sociedad civil. Hemos olvidado con demasiada rapidez que no siempre estuvieron a nuestro alcance, que no fueron concesiones gratuitas de los poderosos sino logros colectivos de generaciones enteras y de personajes extraordinarios que se empeñaron en mejorar el mundo en el que habían nacido.

Demasiados nombres propios, demasiados acontecimientos para que aparezcan todos en un libro que pretende abarcar la historia del siglo XX en menos de cuatrocientas páginas. Es posible que algunos lectores echen de menos el apunte de un dato concreto, la mención de un apellido relevante o el relato de un suceso notorio. Un trabajo de síntesis es siempre una selección limitada. Los historiadores elegimos y clasificamos las huellas que nos ha dejado el pasado para construir interpretaciones generales que nos ayuden a comprender los problemas históricos más importantes. Quien busque una crónica más detallada de los hechos, un estudio más profundo de las variables económicas, los acontecimientos políticos, las estructuras sociales y los cambios culturales puede hacerlo en las enciclopedias, las colecciones de varios volúmenes o los manuales más extensos disponibles en librerías y bibliotecas. En la última década se han publicado muchas obras sobre la España del siglo XX, algunas de ellas realmente buenas. Pero un lector no especializado, un estudiante universitario o un extranjero interesado en conocer la historia más reciente de España tienen dificultades para encontrar un libro manejable que relate los hechos esenciales y explique los cambios y los procesos fundamentales de un siglo intenso, controvertido y extraordinariamente complejo.

Ése es el espacio que pretenden ocupar las páginas de este libro. La narración sigue el hilo conductor de la historia política y el ritmo de las divisiones cronológicas convencionales para detenerse con más sosiego, al término de cada parte y en el epílogo final, en análisis que plantean y resumen algunas de las reflexiones más interesantes y de los debates más actuales de la historiografía española. ¿Había al final de la Restauración un camino abierto hacia la democracia? ¿Qué significó la dictadura de Primo de Rivera? ¿Por qué empezó la guerra civil? ¿Qué causas explican la derrota de la República? ¿Por qué duró tanto tiempo la dictadura de Franco y qué impronta nos dejó? ¿Cuál es el balance de la Transición después de un cuarto de siglo de democracia? Preguntas, cuestiones y problemas que siguen ocupando a los especialistas en historia contemporánea.

Este libro quiere ser también una invitación a la lectura de otros libros, como los que aparecen en la bibliografía comentada incluida al final del texto. El conocimiento histórico debe salir del ámbito académico y llegar a un público más amplio, a una nueva generación de españoles que no tiene una experiencia de primera mano del siglo que hemos abandonado y que necesita comprender la complejidad de los fenómenos del pasado para abordar mejor los problemas del futuro. Los historiadores no somos anticuarios encerrados en los archivos, de espaldas al mundo en el que vivimos. Escribimos desde el presente, comprometidos con la sociedad, conscientes de que la investigación es sólo una parte de nuestro trabajo. Tenemos la obligación de enseñar y divulgar el largo y tortuoso proceso que nos ha traído la democracia, la tolerancia y la convivencia pacífica. Una historia inacabada. Como dijo Azaña en la plaza de toros de Madrid, en un discurso pronunciado en septiembre de 1930, «la libertad no hace felices a los hombres; sencillamente los hace hombres». El resto depende de todos nosotros.

JULIÁN CASANOVA,

CARLOS GIL ANDRÉS

Julio de 2009

LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII

Capítulo 1. La herencia de un siglo

CAPÍTULO 1

LA HERENCIA DE UN SIGLO

El comienzo del siglo XX no supuso en España la apertura de un nuevo período histórico. El régimen político de la Restauración, construido a partir del regreso al trono de la dinastía borbónica y de la aprobación de la Constitución de 1876, sobrevivió sin grandes cambios hasta 1923. Algunos manuales inician la historia del siglo en 1902, la mayoría de edad de Alfonso XIII; otros empiezan en 1898, la fecha mítica de la pérdida de las últimas colonias, y también hay autores, por último, que prefieren hablar de un modo más general de crisis de fin de siglo, crisis finisecular o crisis de entresiglos para situar los acontecimientos vividos en España en esos años dentro del contexto europeo y para subrayar, desde un enfoque más amplio, los problemas básicos de España, visibles en la última década del ochocientos, que iban a enmarcar la larga crisis del sistema político en los dos primeros decenios de la nueva centuria.

El cambio de siglo parece un buen momento, en todo caso, para detenerse un instante y presentar una visión general de la sociedad española; dibujar, aunque sea en un esbozo, las bases del régimen político, las raíces de la oposición antidinástica, los rasgos principales de las estructuras sociales y económicas y la evolución de los movimientos sociales en las vísperas del llamado siglo de las masas. Una imagen fija, en torno al año 1900, que mira más hacia atrás que hacia adelante para destacar algunos de los problemas fundamentales y de los conflictos más importantes que va a heredar el siglo XX. La insuficiente nacionalización del Estado, los límites de la representación política, el peso de instituciones como el Ejército o la Iglesia y la falta de canales legales para la incorporación de las demandas de las clases populares son algunos de ellos. Un rápido repaso que, a pesar de los problemas apuntados, pretende superar el mito del fracaso como modelo explicativo. Fracaso de la industrialización, inexistencia de revolución burguesa, ausencia de modernización agraria, arcaísmo del sistema caciquil, desmovilización popular… En realidad, como ha demostrado la historiografía más reciente, la sociedad española que asiste al Desastre del 98 se mostraba más dinámica, moderna y compleja de lo que hacían ver los propios contemporáneos que con tanto éxito difundieron la imagen tópica de la decadencia y el inmovilismo.

EL DESASTRE DEL 98

«La rendición es inevitable». El 12 de julio de 1898 el general Linares, sitiado en Santiago de Cuba por las tropas norteamericanas, describía en un cablegrama oficial la situación angustiosa de los defensores de la plaza, diezmados por los combates de San Juan y El Caney, extenuados, enfermos y hambrientos: «Llevamos veinte horas sin dejar de caer agua en las zanjas-trincheras, sin cubrir alojamiento permanente del soldado, que sólo come arroz y no puede mudar ni enjugar ropa». Había pasado más de una semana desde el hundimiento de la escuadra del almirante Cervera, en el exterior de la bahía, y pocos dudaban de que la bandera yankee no tardaría en ondear en la plaza de Armas de la ciudad. Si continuaba la lucha, decía el general, «únicamente conseguiríamos prolongar la agonía; el sacrifico es estéril». Su nota iba más allá del análisis de la situación militar. Las últimas líneas, dedicadas a describir la moral de los soldados, eran casi un resumen de las características del conflicto y, de algún modo, un presagio también de las negras tintas que pintarían la derrota como un Desastre con mayúsculas: «Estos defensores no empiezan ahora una campaña llenos de entusiasmo y energía: vienen luchando hace tres años con el clima, privaciones y fatigas, y se presentan estas críticas circunstancias cuando ya no tienen aliento, fuerzas físicas ni medio para reponerlas. Les falta el ideal, porque defienden la propiedad urbana de los que, en su presencia, la abandonan, y de los que tienen enfrente, aliados a las fuerzas americanas».

Cuatro días más tarde se firmaba el acta de capitulación —en realidad una rendición sin condiciones— que, en la práctica, iba a suponer el final de la guerra. La ceremonia de la entrega de las armas tuvo lugar el día 17 por la mañana, en las afueras de Santiago de Cuba. La imagen del desfile de los soldados españoles delante de los jefes estadounidenses simbolizaba, quizá como ninguna otra, el final de una época y el comienzo de otra. El último hecho de armas reseñable del imperio español a la vista de los uniformes del ejército que, en el siglo siguiente, iba a imponer su supremacía en todo el mundo. Ya lo había anunciado lord Salisbury en el famoso discurso pronunciado en el Albert Hall de Londres el 4 de mayo de ese año, tres días después de la derrota naval española en Cavite, en aguas de Filipinas: «Podemos dividir las naciones del mundo grosso modo en vivas y moribundas». Por un lado, el premier británico explicaba los grandes países que de año en año aumentaban su poder, su riqueza y su fuerza militar; por otro, los Estados en los que la desorganización y la decadencia crecían con rapidez: «Década tras década, cada vez son más débiles, más pobres y poseen menos hombres destacados o instituciones en que poder confiar». Decadencia, pobreza, mala administración, corrupción… Un «panorama terrible» que los medios de comunicación describían «con los más oscuros y conspicuos tintes». Ése fue el tono que inundó las páginas de los periódicos españoles cuando se conoció en la Península la dura realidad de una derrota que, aunque previsible, no se esperaba tan rápida, humillante y vergonzosa.

La guerra en Cuba había empezado en febrero de 1895 con el famoso grito de Baire, una insurrección bien organizada por líderes como Máximo Gómez, Antonio Maceo y José Martí. El Gobierno de Sagasta, que había declarado su intención de defender la soberanía española hasta la última peseta y hasta el último hombre, dejó paso a finales de marzo a Cánovas del Castillo, decidido también a enviar un barco tras otro desde la Península para poner fin a la rebelión. Los 15 000 soldados presentes en la isla al comenzar la primavera eran más de 100 000 a fin de año y pasarían de 200 000 en las campañas siguientes. Se trataba, como señala Manuel Moreno, del mayor esfuerzo militar jamás llevado a cabo por una potencia colonial en América, un despliegue no superado hasta la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. De momento, en 1895, la acumulación de hombres no consiguió el resultado esperado. Las noticias que llegaban de Cuba contaban los encuentros con los mambises como victorias pero la insurrección, lejos de sofocarse, se acrecentaba. Las partidas rebeldes rechazaban el combate abierto y desgastaban a las unidades españolas gracias a su mayor movilidad, al conocimiento del terreno y al apoyo de la población civil.

El capitán general Martínez Campos, tachado de débil, fue sustituido en enero de 1896 por Valeriano Weyler, un militar con una fama de dureza que pronto iba a demostrar con su decisión de ir «a la guerra con la guerra». Las columnas españolas, en marchas y contramarchas extenuantes, hostigaban sin descanso a los rebeldes, aislados por el sistema de las trochas, las líneas fortificadas que atravesaban la isla de norte a sur para incomunicar los focos de la rebelión. La reconcentración de la población rural alrededor de las ciudades y guarniciones, la destrucción de sembrados y bohíos y la prohibición de las labores de la zafra eran ejemplos de la política de tierra quemada pensada para eliminar los apoyos sociales y las bases económicas de los independentistas. Una estrategia de guerra a ultranza que desprestigiaba la imagen exterior de España, denunciada como cruel e inhumana, y que proporcionó a Estados Unidos el argumento que necesitaba para justificar su beligerancia y una posible intervención militar no sólo en las islas de Cuba y Puerto Rico, cercanas a sus costas, sino también en Filipinas, donde en agosto de 1896 se había producido una rebelión independentista que obligó al Gobierno español a desplazar hasta el lejano archipiélago a 30 000 soldados comandados por el general Camilo Polavieja, otro militar inflexible que no dudó en mandar fusilar a Rizal, el líder de los nacionalistas.

Antes de terminar el año, la muerte de Antonio Maceo, recibida con júbilo por la opinión pública española, parecía presagiar un cambio de rumbo en el curso del conflicto. Pero las celebraciones populares constituyeron un breve espejismo que se despejó en los primeros meses de 1897 dejando al descubierto una realidad que no se correspondía con el tono optimista de los informes de Weyler. Lo cierto era que ni la destrucción de cosechas y viviendas ni las grandes concentraciones de tropas, con un coste elevado en hombres y recursos, conseguían eliminar a las partidas rebeldes, que se movían con facilidad en el centro y el oriente de la isla y hostigaban sin descanso a los destacamentos y convoyes de abastecimiento. A pesar de que todas las poblaciones de importancia permanecían en manos españolas, los insurrectos eran dueños del campo, una situación que, sin grandes variaciones, se mantuvo hasta el final de la guerra. La llegada de un nuevo verano, en medio de la temida estación de las lluvias, se convirtió en el peor enemigo del Ejército expedicionario. Apenas un 4 por ciento de los más de 50 000 soldados españoles muertos en Cuba falleció por heridas de guerra. La gran mayoría cayó víctima de la fiebre amarilla, el paludismo, la disentería, la fiebre tifoidea y otras enfermedades tropicales que se cebaron en unos cuerpos agotados, mal alimentados y con una indumentaria inadecuada. No era de extrañar que Máximo Gómez afirmara que sus mejores generales se llamaban junio, julio y agosto.

En esa situación se produjo el atentado que acabó con la vida de Cánovas, el 8 de agosto de 1897, asesinado por un anarquista de origen italiano, Miguel Angiolillo, en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda. La desaparición del líder conservador fue también el final de Weyler. El nuevo Gobierno liberal, con Sagasta otra vez al frente de la guerra, envió a la isla al general Ramón Blanco con órdenes que incluían la derogación de las medidas excepcionales, un amplio indulto para condenados y exiliados y un programa notable de reformas autonomistas. Demasiado tarde. Los rebeldes habían ido demasiado lejos como para pensar en otro final que no fuera la independencia de la metrópoli. En los primeros meses de 1898, el Ejército Libertador prosiguió su ofensiva en el Oriente de la isla obligando a los españoles a abandonar las posiciones más expuestas y retirarse a las plazas fuertes, una estrategia forzada también por la intervención norteamericana en el conflicto y el temor a un posible desembarco cerca de las poblaciones más importantes.

La voladura del Maine en el puerto de La Habana, probablemente debida a un accidente, fue la excusa esperada. El 18 de abril, el Senado y la Cámara de Representantes autorizaron al presidente McKinley a enviar un ultimátum a España que, en el fondo, era una declaración de guerra. En España, cinco días más tarde, la Regente firmó el Real Decreto que reconocía el estado de guerra y que dio pie a una ola de patriotismo belicista que se extendió por todo el país. Los vivas y mueras repetidos en las manifestaciones, tumultos, actos de protesta, festivales taurinos y veladas poéticas llenaron también las portadas de la mayoría de los periódicos recordando la fiereza del «león» español frente al «cerdo» yankee. Corpus Barga, testigo de esos días en las calles de Madrid, recordaba el fervor causado por la «marcha» de Cádiz en un pueblo «que se rajaba en dos por el pecho». Pero la fiebre patriótica duró muy poco tiempo, un «humo de pajas», como escribió Pío Baroja. Después de la pérdida de la escuadra de Cervera y de la rendición de Santiago, llegó la ocupación de Puerto Rico, el 25 de julio, y el inicio de las conversaciones de paz. Los preliminares de paz acordados el 12 de agosto coincidieron casi con la capitulación de Manila, en Filipinas, y aunque la firma del Tratado de París se pospuso hasta el 10 de diciembre, al terminar el verano comenzaron a llegar a los puertos y las estaciones de tren de la Península los repatriados vestidos de rayadillo, una impresión penosa que se convirtió en la imagen más cercana y visible de la derrota.

De la noche a la mañana, como si la nación hubiera despertado bruscamente de un sueño secular, se pasó del triunfalismo infundado y vocinglero al desengaño, el desencanto, la protesta y la exigencia de responsabilidades. Como escribió Azaña muchos años después, «parecía que los españoles vomitaban las ruedas de molino que durante siglos estuvieron tragando». Francisco Silvela hablaba de una España «sin pulso» necesitada de un cambio de régimen, el general Polavieja proscribía la vieja y decrépita política, Macías Picavea denunciaba la «gangrena» de las Cortes y la esterilidad de la Corona, en el Senado el conde de Almenas decía que había que «arrancar de los pechos muchas cruces y subir muchos fajines desde la cintura al cuello», y Joaquín Costa, la figura de referencia en la denuncia de la oligarquía y el caciquismo, apelaba a las «masas neutras» del país para hacer una «honda revolución». En su opinión, el «nudo» no tenía ya más que una solución: «cortarlo». El Gobierno suspendió las garantías constitucionales ante los rumores de un levantamiento carlista, de un pronunciamiento republicano o incluso de un golpe de Estado militar. Pero no pasó nada.

Los dirigentes políticos españoles habían aceptado la guerra contra Estados Unidos como un mal menor, convencidos de que la concesión de la independencia a los cubanos o la venta de la isla a los norteamericanos habrían puesto en peligro el sistema de la Restauración y aún la propia supervivencia de la Monarquía. Los acontecimientos posteriores al Desastre les dieron la razón. Los liberales continuaron sin problemas en el Gobierno hasta que, en febrero de 1899, cedieron el turno a un gabinete conservador presidido por Silvela, con Polavieja en la cartera de Guerra. Una parte del movimiento regeneracionista quedó incluida, de ese modo, dentro del sistema dinástico, y el resto, como las protestas de las Cámaras Agrarias y las Cámaras de Comercio, las «fuerzas vivas» del país, se difuminó en los meses siguientes sin llegar a articular una alternativa política. Como bien señalaba El Imparcial, la revolución que no había salido de los cuarteles ni de las barricadas, mucho menos podía venir «de las persianas de las tiendas». Lo dijo después José Francos Rodríguez: «Nos contentamos con desahogos literarios».

Ni siquiera hubo crisis económica después del 98. A pesar del coste elevado de la guerra, tanto en vidas humanas como en recursos materiales, la repatriación de capitales de las colonias, el mantenimiento de las exportaciones, la llegada de inversiones extranjeras y las reformas en Hacienda propiciaron una coyuntura económica favorable que poco o nada tenía que ver con los diagnósticos catastrofistas de los regeneracionistas que situaban al país al borde del precipicio. Tampoco eran originales las críticas de los «noventayochistas» sobre la falsedad y la corrupción del sistema político. En los años anteriores, autores como Valentí Almirall, Gumersindo de Azcárate, Lucas Mallada, Ángel Ganivet y el propio Miguel de Unamuno ya habían denunciado con amargura la lacra del caciquismo y la decadencia de una nación anémica y atrasada. El largo eco de esa literatura regeneracionista, teñida de un marcado tono de condena moral, influyó de manera notable en el éxito posterior de la teoría del «fracaso» como modelo explicativo de todo lo que había pasado en la España de la Restauración, una visión estereotipada que la historiografía de los últimos años ha revisado proponiendo un análisis más complejo y multiforme, enriquecido por las aportaciones de otras ciencias sociales y por una perspectiva comparada que inserta el estudio del caso español dentro del panorama general europeo.

EL EDIFICIO DE LA RESTAURACIÓN Y SUS FISURAS

En el siglo XIX era difícil encontrar otro Estado europeo que hubiera pasado por tantos pronunciamientos militares, revueltas populares, revoluciones y guerras civiles como los que se sucedieron en España entre la guerra de la Independencia y el final de la I República. Ningún país de nuestro entorno, como ha señalado Josep Fontana, tuvo que sortear tantos y tan graves obstáculos para consolidar el liberalismo, un número tan elevado de constituciones promulgadas y abolidas, de avances en el camino de la democracia frustrados por retrocesos y movimientos contrarrevolucionarios. Antonio Cánovas del Castillo era consciente de esa historia conflictiva cuando promovió el regreso a España de los Borbones en la figura del joven príncipe Alfonso. La Constitución de 1876 fue la piedra angular de un régimen doctrinario que pretendió superar ese pasado borrascoso construyendo a su alrededor, como escribió Melchor Fernández Almagro, una «atmósfera templada», segura y duradera, que posibilitase una «respiración ciudadana» alejada de los sobresaltos y vaivenes provocados por las asonadas militares, los levantamientos republicanos y carlistas y el peligro creciente de los movimientos de protesta de las clases populares. Desde este punto de vista, no se puede negar el éxito de la Restauración. Subsistió sin grandes cambios durante medio siglo, con una moderada capacidad de adaptación a las circunstancias de cada coyuntura, y no mostró signos visibles de agotamiento por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, cuando dejó al descubierto sus limitaciones de partida y la falta de un compromiso verdadero, entre los partidos gobernantes y en el seno la Corona, para convertir un sistema político elitista, propio del siglo XIX, en la democracia de participación ciudadana que demandaba la sociedad de masas del siglo XX.

Una de las claves de la excepcional duración de la Restauración descansaba, como subrayó Jover Zamora, en el carácter ecléctico de la Constitución de 1876, firme en sus bases conservadoras pero ambigua en la redacción de muchos artículos. El texto no escondía las raíces doctrinarias de la ideología de Cánovas visibles, por ejemplo, en el regreso al sufragio censitario, la defensa de un orden público militarizado, el retorno al carácter confesional del Estado y las limitaciones del poder legislativo del Parlamento, en la fórmula conocida de soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. Estos planteamientos te nían mucho más que ver, por supuesto, con la Constitución de 1845 que con los propósitos democratizadores de 1869. Pero una vez asentada la Monarquía, y concluidas con éxito tanto la guerra carlista como la rebelión cubana, el régimen puso en marcha el modelo bipartidista de inspiración británica que perseguía el reparto pacífico del poder entre las élites conservadoras y liberales y la inclusión progresiva, en los márgenes del sistema, de escisiones del carlismo y el republicanismo que renunciaran a tentaciones insurreccionales. La alternancia política fue un acuerdo tácito que no tomó cuerpo de letra hasta 1885, en el llamado Pacto del Pardo, un refrendo obligado por las circunstancias, la temprana muerte de Alfonso XII y el inicio de la regencia de María Cristina. Los liberales ya habían gobernado entre 1881 y 1884, con medidas aperturistas como el derecho de reunión o la libertad de prensa, y fue en el llamado parlamento largo, entre 1885 y 1890, cuando su líder, Práxedes Mateo Sagasta, impulsó con decisión una serie de reformas que, sin salirse de la Constitución, permitieron una cierta modernización de la Administración y, sobre todo, la reforma de los aspectos más restrictivos de la legislación canovista. En este sentido, la ley de Asociaciones de 1887, el Juicio por Jurados de 1888, el Código Civil aprobado en 1889 y la concesión del sufragio universal masculino en 1890 supusieron avances innegables. Pero los que esperaban que la ampliación del cuerpo electoral iba a suponer una amenaza para el Régimen o, al menos, un cambio en la composición del Parlamento aguardaron en vano. No fue incompatible, como temía Cánovas, con la «propiedad individual» y la «desigualdad de fortunas» y, mucho menos aún, la antesala de un «socialismo desatentado y anárquico». Representó más bien, como ha señalado Suárez Cortina, una pista falsa en el camino a la democratización de las instituciones.

En realidad, podemos decir que no existía voluntad de emprender ese camino. El funcionamiento del sistema político era bien conocido por los contemporáneos y ha sido descrito con minuciosidad por la historiografía, pero conviene recordarlo para subrayar cómo se invertía el principio teórico de la soberanía nacional. El voto de las urnas no determinaba la composición del Parlamento y éste, a su vez, el signo político del poder ejecutivo, sino que era la prerrogativa regia la que decidía el Gobierno, quien «fabricaba» una Cámara legislativa favorable. En efecto, cuando se producía una situación de crisis o se consideraba que la acción gubernamental había desgastado a un gabinete se ponía en marcha el mecanismo del turno. El rey nombraba entonces presidente del Consejo de Ministros al líder del partido contrario y le entregaba el decreto de disolución de las Cortes. Antes de convocar las elecciones generales se producía la operación del encasillado. Desde el Ministerio de Gobernación se acordaba un reparto de escaños aceptable para la oposición y se nombraba a los gobernadores civiles, los encargados de pactar con las élites provinciales y los notables locales unas elecciones amañadas que garantizasen el resultado esperado. De esa manera, el Gobierno se aseguraba una cómoda mayoría, muy por encima siempre de los doscientos diputados, dejando menos de un centenar en manos de la oposición dinástica y un número casi testimonial para los partidos ajenos al pacto. En 1891, después de las primeras elecciones con sufragio universal, Cánovas respiró tranquilo cuando contó las 253 actas obtenidas por los conservadores frente a las 84 de los liberales, las 39 de los republicanos y las 7 que quedaron en manos de los carlistas. Y no tuvo problemas dos años más tarde, cuando el turno le correspondió a Sagasta, en aceptar que su grupo quedara reducido a 61 diputados y que el partido entonces gubernamental ocupara nada menos que 281 escaños. «Panes prestados», escribía Clarín en La Regenta.

Hay que tener en cuenta que tanto liberales como conservadores formaban parte de partidos de notables que agrupaban a dirigentes y clientelas regionales dentro de un grupo parlamentario pero sin una entidad jurídica independiente. Tenían periódicos propios y un buen número de círculos y casinos, pero no había registro de afiliados ni una estructura capaz de movilizar a la opinión pública más allá de los banquetes, discursos y visitas electorales de los momentos previos a los comicios. En las ciudades grandes, con circunscripciones por listados, existía un pequeño margen para que los partidos antidinásticos obtuvieran representación. Pero en las pequeñas capitales de provincia y en los distritos rurales, todos uninominales, no había espacio para la sorpresa. En la mayoría de los casos se respetaba el turno entre liberales y conservadores, a veces con la imposición de candidatos foráneos, los llamados cuneros, pero también había un buen número de distritos, denominados «propios», donde se repetían siempre los mismos nombres.

Ése era el escenario donde actuaba el cacique, pieza básica en el entramado político local y centro de las críticas regeneracionistas, el «cuerpo extraño» de la nación, según Costa, que debía ser extirpado para lograr la revolución pendiente. Desde hace años, sin embargo, los historiadores parecen estar de acuerdo en una interpretación que sitúa el caciquismo no como un parásito adosado al organismo sano de la sociedad, ajeno a la «España real», ni como una correa de transmisión automática de un «bloque de poder» monolítico sobre una población apática y analfabeta, sino como un fenómeno central para comprender la cultura política de la Restauración y las raíces sociales del poder. En primer lugar, porque no se trataba de una novedad en la historia de España, sino de una práctica conocida desde el inicio de la construcción del Estado liberal, bien asentada a lo largo del reinado de Isabel II. En segundo término, porque tampoco era un rasgo peculiar y original de la sociedad española sino un ejemplo de intermediación política y de patronazgo presente, en mayor o menor medida, en los países de nuestro entorno, sobre todo en los del ámbito mediterráneo, como muestran los casos de Italia y Portugal o incluso, aunque en otra escala, el de Francia. Un modelo clientelar, como ha explicado Álvarez Junco, desarrollado en Estados centralizados y urbanos, con una Administración moderna pero de recursos limitados, que no habían completado el proceso de nacionalización y coexistían con sociedades predominantemente agrarias en las que el poder estaba fragmentado en parcelas locales, espacios políticos donde subsistían identidades previas comunitarias y lazos tradicionales de carácter corporativo.

Un fenómeno complejo, en definitiva, que sólo se empieza a comprender si se abandona la visión tradicional que estudiaba el sistema político en dirección descendente, de arriba abajo, y se observa más de cerca, en un sentido ascendente, partiendo desde la realidad concreta de los poderes locales y la estructura social y económica de las comunidades rurales. Desde este punto de vista, el caciquismo era mucho más que un recuento de artimañas electorales, coacciones, fraudes, pucherazos y sacos de duros que compraban votos y voluntades en un entorno rural pasivo y desmovilizado. Las actitudes de conformidad y deferencia de los campesinos formaban parte de una estrategia que tenía un objetivo básico, la reproducción de la unidad familiar y el acceso a los recursos de la tierra y a los servicios de la comunidad local. Para ese fin, los vecinos de los pueblos, conscientes de lo que podían esperar de la política oficial, de un Estado percibido como algo lejano y extraño, utilizaban los medios que tenían a su alcance. A través de una red de relaciones personales, en el ámbito de una cultura escasamente letrada, el cliente, a cambio de fidelidad, esperaba del patrón beneficios relacionados con la tenencia de la tierra, el precio de los arrendamientos, préstamos de capital, empleos estables y reparto de jornales. Y también toda una serie de ventajas administrativas, utilizadas de un modo arbitrario, resumidas en una famosa sentencia: al amigo el favor, al enemigo la ley.

Por eso era tan importante el control político de los ayuntamientos. De ellos salían la confección de los censos y el amillaramiento, los repartos de impuestos, las condiciones de disfrute de los bienes comunales, los permisos de tala, la educación primaria, las listas de pobres, las ayudas de carácter benéfico, el acceso al pósito, el padrón y las operaciones de quintos, el control de la guardería rural, las licencias de actividades económicas y contratas de obras y los jornales para obras públicas. Las relaciones clientelares se extendían también a los juzgados municipales, las diputaciones provinciales y, por supuesto, los gobiernos civiles, todo un entramado local y provincial de intermediación que tenía su corolario en la vida cotidiana de las Cortes. Allí, diputados y senadores actuaban como mediadores entre las demandas de sus distritos de origen y el presupuesto del Estado, sabedores de que su continuidad dependía, en parte, del logro de concesiones colectivas como un puente, una carretera, un tramo de una vía férrea, una escuela, un puesto de la guardia civil o una ayuda para paliar los daños de una catástrofe natural. Prueba de ello eran las quejas de los distritos «huérfanos», los que no tenían un valedor conocido e influyente.

En ese Parlamento tejido por las presiones clientelares, los intereses locales y los negocios privados, con una actividad intermitente debido a las continuas suspensiones y las disoluciones anticipadas, no había mucho espacio para la acción política de la oposición antidinástica. El carlismo se había convertido, tras la derrota militar de 1876, en un movimiento disperso y desorganizado que poco podía preo cupar a los primeros Gobiernos de la Restauración. El desaliento de la causa tradicionalista quedó en evidencia en 1885, después de la muerte de Alfonso XII, cuando el Vaticano y la jerarquía eclesiástica española apoyaron sin muchas reservas a la Regencia. La división interna desembocó tres años después en la escisión de los integristas, encabezados por Ramón Nocedal, que no pasaron, no obstante, de ser un grupo minoritario. En la última década del siglo, el carlismo, dirigido personalmente por el pretendiente Carlos VII desde su exilio en Venecia, intentó salir del retraimiento y participar en la lucha política creando una estructura más sólida y moderna. El marqués de Cerralbo fue la figura destacada de unos años de intensa labor de propaganda, con nuevos periódicos y una amplia red de círculos y juventudes tradicionalistas, que no lograron desterrar, sin embargo, la cultura política insurreccional. En octubre de 1900, después de la expectación creada por el Desastre del 98, se produjo todavía una última intentona militar, un sonoro fracaso que acabó de convencer a los más recalcitrantes de que, en el nuevo siglo que estaba a punto de comenzar, había que abandonar la senda clandestina de la conspiración, guardar las armas y los uniformes en el desván y seguir el camino de la política.

Un proceso parecido se vivió dentro de las filas del republicanismo, fragmentado en pugnas por el liderazgo y en debates en torno a los principios doctrinales progresistas, dividido en grupos de notables y pequeños partidos que iban desde el federalismo de Pi y Margall, pasando por el radicalismo de Ruiz Zorrilla y las tendencias reformistas de Azcárate y Salmerón hasta el posibilismo de Castelar, decidido a trocar la «complexión revolucionaria» en una obra «pacífica y legal». La tímida sublevación de 1883 y el fallido pronunciamiento del general Villacampa, tres años más tarde, fueron los últimos intentos de llegar a la revolución del brazo de los militares. La hora de la barricada y la asonada había pasado y venían nuevos tiempos de movilización social en la calle y de lucha electoral dentro de la vía parlamentaria. Uno de sus frutos fue la experiencia de la Unión Republicana en 1893. Había que reorganizar y modernizar el movimiento; no se podía esperar, como decía Blasco Ibáñez, a que llegara cada 11 de febrero la conmemoración de la I República para hablar de revolución y regresar después «tan frescos, metiéndonos en casa, a hacer acopio de palabras para el año que viene». No obstante, la importancia del republicanismo de finales de siglo iba mucho más allá de sus exiguos resultados electorales, relevantes sólo en los comicios municipales de algunas ciudades. Tenía un protagonismo indiscutible en el ámbito de la renovación cultural y educativa, siguiendo la estela de la Institución Libre de Enseñanza, y una presencia destacada en los espacios de sociabilidad urbana, con una amplia red de casinos, círculos y sociedades. Un movimiento social amplio y diverso, con bases firmes entre la pequeña burguesía y las clases medias pero también en el mundo del trabajo, donde competía con anarquistas y socialistas a la hora de representar el descontento popular frente a los límites de participación del sistema político.

Algunas de las primeras fisuras del sólido edificio canovista se empezaron a observar lejos del Parlamento y de la Corte. Sólo los miopes se sorprendieron, decía Damián Isern en 1901, de que el «veneno del separatismo» apareciera en las poblaciones más prósperas del país, en Barcelona y en Bilbao. La llamada «cuestión nacional», el surgimiento de los nacionalismos periféricos, tenía en Cataluña y en el País Vasco raíces culturales y sociales visibles desde mediados del siglo XIX, pero fue en la última década, en medio de un amplio proceso de crecimiento industrial y transformación económica, cuando esos movimientos tomaron cuerpo político y se convirtieron en una amenaza para el régimen centralista de la Restauración.

En el caso del País Vasco, los años finales del siglo marcaron el salto entre la pervivencia del tradicionalismo rural y la reivindicación de los fueros y lo que había de ser una verdadera ideología nacionalista. En 1892, Sabino Arana publicó Bizkaya por su independencia, un año antes del famoso discurso de Larrazábal, pronunciado ante un grupo de notables que formaron la base de una sociedad de carácter recreativo que, al fin, en 1895, se constituyó como el primer Bizkai-Buru-Batzar, el núcleo fundador del Partido Nacionalista Vasco. Como ha repetido Antonio Elorza, la propuesta inicial de independencia para Vizcaya, extendida después a todos los territorios donde se hablaba el euskera, debe comprenderse como una respuesta a la acelerada transformación demográfica, económica y urbana experimentada en las comarcas industriales y mineras, a la doble amenaza que para las clases medias y los obreros autóctonos representaban tanto el poder creciente de la gran burguesía capitalista como las organizaciones socialistas, cada vez con más peso en las poblaciones con una alta concentración de trabajadores inmigrantes. En este contexto cabe situar la ideología de Arana, el lema «Dios y la ley vieja» desarrollado en una serie de concepciones basadas en el hecho diferencial lingüístico, el integrismo católico, la mitificación de la historia de Euzkadi —luego Euskadi— y la superioridad racial de los vascos sobre los españoles. Sin embargo, en el cambio de siglo el discurso de Arana se moderó hacia postulados más autonomistas, amplió sus apoyos sociales y comenzó a aparecer como una alternativa política conservadora y cristiana frente al monopolio de los partidos dinásticos y el peligro del obrerismo. Su temprana muerte, en 1903, dejó huérfano a un movimiento dividido en dos tendencias, una línea nacionalista independentista y otra con planteamientos reformistas y regionalistas.

El surgimiento del nacionalismo catalán coincidió más o menos en las fechas con el vasco, pero tuvo características muy diferentes. Desde mediados de siglo, el descontento de las élites burguesas catalanas por el centralismo de los sucesivos Gobiernos españoles fue construyendo una identidad catalanista en torno al movimiento romántico de la Renaixença, un conjunto de iniciativas literarias y culturales empeñadas en recuperar y conservar la lengua, la historia y las costumbres propias: ateneos, juegos florales, casals, centros musicales, grupos de excursionistas y asociaciones locales y comarcales que a partir de 1880 difundieron la idea de una comunidad nacional al margen del sistema político de la Restauración. La posibilidad de un catalanismo federalista progresista, en la línea del Centro Català fundado en 1882 por Valentí Almirall, quedó superada por el éxito de un movimiento de raíces conservadoras, la Unió Catalanista, que fijó su programa en las Bases de Manresa aprobadas en 1892, una reivindicación lingüística y cultural que pedía también la creación de instituciones propias en el interior de Cataluña. En los años finales de siglo, el catalanismo informal evolucionó hacia la construcción de un movimiento político nacionalista, un camino sin vuelta atrás después de la derrota de 1898 y la pérdida del mercado colonial, cuando una parte importante de la burguesía comercial e industrial no encontró ya más razones para apoyar a los partidos que representaban al Estado liberal español. El resultado de este proceso fue, en 1901, la creación de la Lliga Regionalista, un partido conservador y autonomista, con líderes como Prat de la Riba y Francesc Cambó, que muy pronto consiguió el éxito electoral, el anuncio de una hegemonía que se iba a extender durante el primer cuarto del siglo XX.

Las raíces del nacionalismo gallego hallan en el movimiento cultural conocido como O Rexurdimento y en el nacimiento, a finales de siglo, de un regionalismo de carácter liberal, representado por Manuel Murguía, y de una variante más tradicionalista, formulada por Alfredo Brañas, tendencias que, de todas maneras, eran minoritarias dentro de una sociedad mayoritariamente rural que nada tenía que ver con el desarrollo industrial vasco y catalán. Habría que esperar hasta 1907, con la aparición de Solidaridad Gallega, siguiendo el modelo catalán, para ver el primer atisbo de un movimiento político. El tardío ejemplo gallego muestra, como ha puesto de relieve Justo Beramendi, que la consolidación de una identidad nacional alternativa a la del Estado español sólo se pudo producir en los lugares donde existía una clase o un conjunto de grupos sociales con un cierto poder, que creyeron en el nacionalismo como un proyecto político conveniente para sus intereses. Grupos sociales, más o menos amplios y heterogéneos, dependiendo de cada caso, pero con una notable capacidad para construir un movimiento social que lograra que los rasgos peculiares, la lengua autóctona y los valores prenacionales fueran asumidos por sectores cada vez más amplios de la población como propios de una identidad nacional. Que a finales del siglo XIX estas circunstancias se dieran en España en mayor medida que en otros países europeos pluriétnicos se debió, siguiendo al mismo autor, a las deficiencias del proceso de nacionalización emprendido por el Estado liberal, el «defecto de fábrica» de un «enfermo crónico con salud de hierro».

Desde hace años existe un debate historiográfico en torno a la «debilidad» del Estado español en el siglo XIX. Borja de Riquer sitúa el centro de la cuestión en una interpretación de los nacionalismos periféricos no como una reacción a la presión del centralismo sino, muy al contrario, por la ineficacia del Estado a la hora de forjar una identidad nacional, por la incapacidad de la Administración para conseguir la unificación cultural y lingüística, impulsar la modernización económica y social y, por último, cohesionar e integrar políticamente a la mayoría de la población. No se trata, en todo caso, de volver a abonar la teoría del fracaso como paradigma explicativo de todas las taras de historia de España en el siglo XIX. A finales de siglo, el Estado liberal estaba básicamente construido, tenía unos límites territoriales peninsulares no cuestionados, un cuerpo administrativo homogéneo, bien organizado en ministerios, un ordenamiento jurídico moderno, un sistema fiscal unificado y un régimen político de representación limitada, el de la Restauración, al que sin embargo no se le podía negar el éxito de la estabilidad y una notable capacidad para conectar los intereses de las élites locales con el poder gubernamental.

Un Estado centralizado con vocación de fortaleza, siguiendo el modelo francés, pero incapaz de llegar a todos los rincones del país, salvo para extraer impuestos y reclutas, y menos aún de extender a la mayoría de la población un proceso de nacionalización que mostraba graves carencias. Entre los factores que explican esas limitaciones, de acuerdo con autores como Núñez Seixas, hay que subrayar las divisiones políticas y los enfrentamientos violentos que acompañaron al proceso de construcción del Estado liberal, el endeudamiento crónico de la Hacienda, la falta de recursos para ofrecer servicios públicos y un desarrollo industrial tardío, localizado en regiones de la periferia que no se correspondían con los centros de decisión política. Además, el Estado español se encontró con la oposición de la Iglesia católica frente a cualquier medida secularizadora que disminuyera sus privilegios, con la injerencia constante del Ejército en la vida civil y con un sistema oligárquico y caciquil contrario a las reformas de carácter democrático, con una capacidad de penetración social muy limitada por la pervivencia de poderes locales que actuaban con bastante autonomía. Un Estado, por último, que no mostró interés en promover la identificación nacional de los ciudadanos y que tampoco contó con los instrumentos necesarios. El raquítico sistema educativo no fue capaz de imponer un único idioma ni de extender los valores patrióticos y simbólicos de la nación, una tarea unificadora que tampoco se realizó en los cuarteles, con un servicio militar odiado por las clases populares.

Y en el último cuarto del siglo XIX, en la época del imperialismo, de la exaltación del nacionalismo en los Estados europeos, a España le faltó un enemigo exterior definido. No tuvo empresas ni aventuras exteriores prestigiosas, como las grandes potencias, ni el temor de una posible invasión extranjera, como era el caso de países más pequeños. Lo que vino fue el Desastre del 98, un conjunto de acontecimientos que, como escribió en esos años Rafael Altamira, habían sido «puro efecto» de otros más «íntimos», de otros más profundos que tenían que ver con la idea «que nosotros mismos tenemos de la entidad social en que vivimos y de que formamos parte». El malestar de los intelectuales era un síntoma, un signo externo, en palabras de Carlos Serrano, de una enfermedad interna más grave que afectaba a la sociedad española en las puertas del siglo XX.

LA SOCIEDAD, CAMBIO Y PERVIVENCIA

En 1900, la esperanza media de vida en España no llegaba a los 35 años, una cifra bajísima, muy por debajo de la media europea, que señala, quizá mejor que ninguna otra, las difíciles condiciones de vida que tenía que soportar la mayoría de los 18,6 millones de habitantes. La elevada tasa de mortalidad, un 29 por mil, y la altísima mortalidad infantil —de cada mil niños nacidos, 186 morían antes de cumplir un año— tenían que ver, sobre todo, con la falta de medidas higiénicas y sanitarias, con una alimentación deficiente, con la ignorancia de las causas de las enfermedades y de sus vías de transmisión y con el desinterés de la Administración. Al doblar el siglo, en la memoria de los españoles estaban todavía recientes el recuerdo de la última gran crisis de subsistencias, la de 1868, los años de escaseces serias, como el mismo 1898, o los efectos del cólera de 1885. A las huellas del hambre y de las epidemias periódicas había que sumar la mortalidad provocada por enfermedades endémicas como la viruela, el sarampión, la disentería, el tifus, la tuberculosis o las peligrosas infecciones intestinales que tradicionalmente diezmaban a las familias de las clases populares. En los barrios obreros de las ciudades, la situación no era mejor. Viviendas hacinadas, problemas de las aguas residuales y condiciones lamentables en los lugares de trabajo, con cifras muy altas de accidentes laborales y de enfermedades relacionadas con la insalubridad y la falta de higiene. El proceso de transición demográfica apenas había comenzado.

Otro indicador relevante del retraso en el que se encontraba España respecto a los países más avanzados de su entorno era el analfabetismo, una carencia de una extensión alarmante para cualquier observador extranjero. En 1900, el año de la creación del Ministerio de Instrucción Pública, de cada 100 españoles en edad adulta, 56 no sabían leer ni escribir, un porcentaje que todavía era más alto en el caso de las mujeres o en regiones agrarias donde el trabajo intensivo en el campo ataba a los niños a la tierra sin haber alcanzado una instrucción básica. Escuelas rurales municipales mal dotadas, con maestros poco formados y peor pagados —«pasas más hambre que un maestro de escuela»—, una enseñanza urbana en manos de la Iglesia, con una red raquítica de institutos públicos provinciales y un reducido número de universidades, muy minoritarias, que vivían de espaldas a la renovación científica y la innovación tecnológica.

El tercer fenómeno que llama la atención, si comparamos el caso español con el marco general europeo de entresiglos, es el tardío proceso de urbanización. Al terminar la centuria, Madrid y Barcelona apenas superaban el medio millón de habitantes y se podían contar con los dedos de las manos el número de ciudades que llegaban a los cien mil, prácticamente todas en la periferia peninsular. España era un país mayoritariamente rural. El 80 por ciento de la población vivía todavía en localidades que no superaban los 10 000 habitantes, un dato subrayado por el peso del sector primario dentro de la economía nacional. Las tareas agrarias producían más de un 40 por ciento de la riqueza general del país y ocupaban al 68 por ciento de la población activa, un porcentaje que sería más elevado aún, seguro, si las estadísticas oficiales contemplaran el trabajo en el campo de las mujeres.

La persistencia de un modo de vida rural y campesino, las altas tasas de analfabetismo y la larga sombra de un régimen demográfico antiguo, todavía con ecos de pasadas hambrunas y epidemias, parecen rasgos propios de un país atrasado y estancado. Pero una imagen fija, la que hemos trazado en torno al año 1900, impide apreciar el cambio. Como ha subrayado David Ringrose, la España de inicios del siglo XX, aunque era cierto que se encontraba claramente detrás de los países más avanzados —miramos siempre hacia Gran Bretaña, Francia o Alemania—, había seguido una variante reconocible del camino europeo hacia el desarrollo. Un «patrón latino» de modernización, en palabras de Gabriel Tortella, con características y ritmos similares a los de Italia, Portugal o incluso Grecia. Más que de un fracaso secular habría que hablar, entonces, de un retraso relativo y de un crecimiento moderado, visible sobre todo en el último tercio del ochocientos. José Luis García Delgado ha resumido bien los signos apreciables de progreso material y de dinamismo económico. El producto per cápita había crecido casi dos tercios en la segunda mitad del siglo XIX, la red ferroviaria básica estaba prácticamente construida y la estructura industrial, aunque lastrada todavía por su arranque tardío y el peso de ramas como la alimentación y el textil, mostraba indicios de una incipiente diversificación productiva en campos como el de la siderurgia, la construcción, el material eléctrico o la fabricación de abonos y explosivos. Nuevos sectores, nacidos con la segunda Revolución industrial, y también nuevas técnicas aplicadas a elaboraciones tradicionales como las conservas vegetales y de pescado, el calzado, el papel, el aceite, el vino y la harina. El entorno de Barcelona seguía siendo, con diferencia, el primer núcleo industrial de España, seguido por Vizcaya y las cuencas mineras asturianas, pero también despuntaban otros centros como Madrid o Valencia, cada vez mejor conectados gracias al ferrocarril, el telégrafo, los primeros teléfonos y la generalización progresiva de la electricidad. El número de sociedades mercantiles registradas y la ampliación del sistema financiero, ayudado por el retorno de capitales indianos, constituían también buenos ejemplos de un tejido productivo dispuesto a aprovechar las oportunidades de crecimiento que iba a traer el siglo XX, un tren que España no perdió, aunque no ocupara uno de los vagones preferentes.

Algo parecido podría decirse respecto al sector primario español, acusado tradicionalmente de ser «el pozo de todos los males», frase utilizada como título de un trabajo colectivo, coordinado por Josep Puyol, en el que varios especialistas desmontan el tópico del inmovilismo semifeudal, del arcaísmo y el absentismo, para poner de relieve una realidad agraria bien diferente, mucho más dinámica y compleja. La agricultura española no fue ajena, por lo menos desde mediados del siglo XIX, a las grandes transformaciones generadas por la revolución liberal y a la extensión en el campo de las relaciones económicas capitalistas. Si antes citamos la metáfora del tren para mostrar el despegue europeo hacia la modernidad, un camino por el que también marchaba España aunque fuera en posiciones rezagadas, ahora encontramos la imagen de un gran árbol con un tronco común y varias ramas desiguales. Lo que ocurrió en el caso español, según los autores mencionados, es que el modelo europeo de desarrollo, al operar en las condiciones biológicas y medioambientales peninsulares generó menores tasas de crecimiento, fuertes desigualdades sociales y una larga serie de conflictos y enfrentamientos.

Según esta interpretación, de poco valían las nuevas técnicas de cultivo intensivo de la Europa atlántica en las regiones del centro y el sur del país, de predominio cerealístico, donde faltaban tanto el agua y el abono orgánico como una oferta tecnológica adecuada. A la maquinaria escasa se sumaban las limitaciones de los regadíos tradicionales y la gran cantidad de tierras que permanecían improductivas por el uso generalizado del barbecho y las reservas de pastos. Las limitaciones ambientales y tecnológicas explicarían, de esta forma, una productividad más baja por hectárea y una menor capacidad para aportar al resto de las actividades económicas alimentos, capitales y recursos humanos. Diferente fue la situación de las regiones húmedas del norte, donde convivían las explotaciones ganaderas y la agricultura de autoconsumo, y la de las zonas de regadío de la periferia mediterránea especializadas en cultivos de huerta y frutales, mucho más relacionadas con el comercio exterior. Pero la transformación fundamental aún estaba por venir. El uso intensivo de fertilizantes minerales y químicos, la renovación tecnológica y la intervención del Estado a través de planes hidráulicos para extender la superficie de regadío son procesos que pertenecen a la historia del siglo XX y que apenas se habían iniciado a finales de la centuria anterior.

De todas formas, aunque fuera de una manera modesta, la agricultura española no dejó de crecer en el siglo XIX y mostró una notable capacidad de adaptación a los cambios y los retos del mercado. La crisis finisecular fue uno de ellos. Como sabemos, la revolución de los transportes integró el mercado internacional de productos agrarios y provocó un descenso generalizado de los precios, una caída que afectó de manera especial a los cereales españoles, incapaces de competir con los granos extranjeros. La primera respuesta fue la imposición de barreras arancelarias para reservar el mercado interno a la producción nacional, una política proteccionista que no fue una anomalía española y tampoco un freno insalvable para el desarrollo agrario. Es cierto que, a falta de otras posibilidades, el aumento de la producción de cereales sólo se pudo conseguir con la extensión de las tierras cultivadas, ganadas a los comunales y al monte, con unos costes sociales considerables, sobre todo para los pequeños propietarios. Otro tanto se podría decir del sector vitivinícola, afectado por una crisis de sobreproducción y que tuvo que hacer frente a la reconstrucción del viñedo cuando la plaga filoxérica, que había terminado con las plantaciones francesas, llegó también a España.

Al terminar el ochocientos, si un aspecto llama la atención de la realidad agraria española es la capacidad de pervivencia de la población rural. En la mitad norte de la Península, el campesinado familiar sobrevivió reduciendo su nivel de consumo, si era necesario, y a través de la intensificación del trabajo, obteniendo recursos complementarios gracias a las emigraciones temporales, la fundación de cooperativas y el acceso a los mercados locales proporcionado por redes clientelares y vecinales. En las zonas latifundistas, el cultivo del ce real, combinado con la vid y el olivo, y el aprovechamiento extensivo de los pastos permitieron la diversificación de la producción y el mantenimiento de las explotaciones, aun a costa de graves conflictos sociales, sobre todo en las zonas donde los grandes propietarios acumulaban en sus manos todos los recursos y los jornaleros no tenían acceso a la tierra. Una sociedad rural, en definitiva, que se adaptó a los cambios y mostró una notable capacidad de autoreproducción pero que, al mismo tiempo, mantenía profundas desigualdades sociales.

Era la vida angustiosa de los labriegos del sur que denunciaba Azorín, a comienzos del siglo XX, en las páginas de Andalucía trágica. Las precarias condiciones materiales de los «sostenes de la patria», hambrientos y consumidos, desamparados por el Estado y por los señores, que reclamaban medidas urgentes a los que llenaban «las Cámaras y los ministerios» si no querían «que los que viven en las fábricas y en los campos vean en vosotros la causa de sus dolores». En las fábricas y los campos. Aunque en el cambio de siglo los indicadores macroeconómicos presentaban un panorama moderadamente positivo, como hemos apuntado, la percepción popular quedaba muy lejos de las estadísticas oficiales y de la comparación internacional. Lo que veían las clases inferiores era la miseria que se podía palpar en muchas comunidades rurales y en los barrios obreros de las ciudades. No tenían ninguna sensación de vivir mejor que sus padres, como ha señalado con acierto Juan Pan-Montojo, ni de haber abandonado la lucha cotidiana por la supervivencia.

En efecto, los jornales medios de la época rara vez llegaban a las 2 pesetas, una cantidad muy inferior, sin duda, en el caso de las mujeres y algo mayor en el mundo de los obreros cualificados. Las diferencias de género, de oficio o de lugar geográfico no invalidan, de todas formas, un panorama general de inseguridad y de precariedad. Inseguridad económica para cubrir las necesidades de alimentación, vestido y vivienda; inseguridad laboral, enumera Pedro Carasa, por la discontinuidad de los empleos y la arbitrariedad patronal; inseguridad jurídica frente al empresario, el casero o el prestamista; inseguridad social ante cualquier emergencia, enfermedad o accidente; inseguridad de abastecimientos, por último, por la carestía de las subsistencias o el aumento de la presión fiscal. Para este autor, la pobreza era un problema extenso y permanente que amenazaba a tres cuartas partes de la población española. Según sus cálculos, las instituciones asistenciales de la Iglesia y de los ayuntamientos apenas amparaban de manera permanente al 2 o 3 por ciento de los vecinos de los pueblos y las ciudades. Éstos serían los «asistidos». Un segundo grupo, los «pauperizados», en torno a un 20 por ciento, incluiría a las familias que resultaban atrapadas por la necesidad y buscaban el socorro público y los beneficios proporcionados por los padrones de pobres. El sector más numeroso, un 60 por ciento de la población, los «pauperizables», quedaban en el límite de la subsistencia, amenazados con caer en la pobreza en cuanto se presentara una coyuntura desfavorable, un problema familiar, una mala cosecha o un invierno crudo.

Desde esta perspectiva, no era de extrañar que las clases populares percibieran con temor y hostilidad la variación de unos céntimos en el precio del pan, el anuncio de un recargo del odiado impuesto de consumos, la amenaza de desaparición de un recurso comunal o la llegada del sorteo de quintas que se llevaba los brazos de los hijos pobres que no tenían dinero para pagar la redención en metálico. La manifestación pública más visible de ese malestar era la repetición periódica de los motines y alborotos populares, acciones en las que destacaban las mujeres, protagonistas indiscutibles de las protestas como consecuencia de las obligaciones y responsabilidades que asumían dentro de la familia y de la comunidad. Eran las encargadas de la reproducción social y biológica, de conservar la vida.

Los gritos de «pan barato», «fuera los consumos» y «abajo las quintas» recorrieron la historia de España en el ochocientos y todavía, a finales de siglo, se escucharon con fuerza en las calles de muchas poblaciones. No se trataba de casos aislados ni de comportamientos anacrónicos. En el verano de 1892 el diario El País afirmaba, después de medio centenar de motines contra los consumos, que, de seguir así las cosas, se podría hablar «de plena guerra civil». En mayo de 1898, otro ejemplo, a pesar de la censura de prensa, tenemos noticias de más de 80 motines contra la carestía del pan. Al parecer, el pueblo odiaba más a los acaparadores de grano y a los comerciantes especuladores que a los soldados norteamericanos. Y utilizaba los recursos, las estrategias y las experiencias de acción comunitarias para presionar a las autoridades locales y protestar frente a los representantes del Estado, un ente ajeno e ininteligible visible en la vida cotidiana a través de la presencia de secretarios, jueces, encargados de apremios y embargos o agentes de quintas.

Y de guardias civiles. En España, la inexistencia de cuerpos de policía dejaba en manos militares el mantenimiento del orden público y la represión de cualquier tipo de disturbio, por pequeño que fuera. El empleo inadecuado de la Guardia Civil, armada con fusiles Mauser, y el recurso constante al Ejército, «robusto sostén del presente orden social», en palabras de Cánovas, provocaban un grado de violencia desproporcionado, la sujeción de los paisanos detenidos a la jurisdicción militar y la hostilidad de la población hacia las Fuerzas Armadas. «Odiosidades y malquerencias», como reconocía en 1892 un editorial de El Ejército Español, «que presentan a los ojos de la sociedad ese Ejército como algo enojoso».

Para eludir el riesgo de represión existían otras formas de protesta «menores», acciones anónimas y silenciosas, normalmente individuales, que eran consideradas como delitos comunes pero que tenían un claro trasfondo social. Actos ilegales como la evasión del servicio militar —los prófugos y las excepciones fraudulentas—, el impago de impuestos o toda una serie de manifestaciones de resistencia campesina, las «armas de los débiles» según James Scott: tala de árboles, hurto de leña, pastoreo abusivo, caza furtiva, roturaciones, daños a la propiedad, desmoches, incendios «a mano airada», etc. Un amplio conjunto de expresiones de disidencia que mostraban, junto a las acciones colectivas, el interés de los sectores más desprotegidos por la gestión de los recursos comunitarios y por los asuntos públicos. Era la forma de hacer política de la gente sin poder.

Pero en la frontera del siglo XX estas protestas populares «tradicionales», efectivas todavía en los ámbitos locales, empezaban a coexistir con nuevas formas de movilización social, con nuevas ideas, demandas y expectativas cada vez más relacionadas con el mundo del trabajo y con el ámbito de la política nacional. La extensión de las relaciones económicas capitalistas y la progresiva capacidad de las instituciones estatales para llegar hasta el último pueblo producían una mayor fragmentación y desigualdad social dentro de las comunidades y permitían la construcción de otras identidades como la de la clase obrera. Y desde que E. P. Thompson lo describió, sabemos que se trata de un proceso cultural de descubrimiento y autodefinición, forjado a partir de las experiencias comunes de los trabajadores, quienes reconocían y articulaban sus inquietudes como algo propio y, al mismo tiempo, opuesto a los intereses de las élites económicas y políticas. Los obreros empezaban a situarse en nuevas posiciones respecto a otros grupos sociales, con un lenguaje diferente y con la conciencia de estar vinculados de forma sostenida a un movimiento que les permitía mantenerse firmes frente a patronos y autoridades. A ello ayudaban los avances de la urbanización, la mejora de los transportes, el desarrollo de medios de comunicación de masas como la prensa, la ampliación de las oportunidades políticas y el ejemplo de los éxitos de nuevas formas de acción colectiva como la huelga, el mitin o la manifestación.

Las medidas represivas impulsadas por los primeros Gobiernos de la Restauración terminaron, no obstante, con las movilizaciones obreras que habían despuntado durante el Sexenio Democrático, impulsadas desde la Federación Regional Española de la AIT, la primera organización de carácter nacional. Hubo que esperar hasta comienzos de la década de 1880, con una política liberal más permisiva, para volver a encontrar huelgas aisladas en Barcelona o en Madrid y ejemplos de conflictos graves como los ocurridos en las zonas mineras de Riotinto en 1888 o en la cuenca de Vizcaya en 1890. De todas maneras, a finales del siglo XIX la mayoría de los obreros asociados no procedían de las galerías de las minas, de los grandes latifundios o de los centros industriales más modernos y mecanizados. En las ciudades de provincias, e incluso en el entorno de Barcelona, todavía predominaban las pequeñas fábricas y los talleres de obreros especializados, con mayores recursos, relaciones solidarias y capacidad de organización que los trabajadores no cualificados, los peones y las mujeres, que se incorporaron con retraso al mundo industrial. Los representantes de los oficios tradicionales, como los tipógrafos, los zapateros, los carpinteros o los toneleros, estaban bien integrados en las poblaciones donde vivían, tenían un mayor acceso a la información, un salario más elevado y la experiencia de prácticas asociativas previas.

En este sentido fueron muy importantes las sociedades de socorros mutuos, creadas desde la década de 1840, todavía con ecos de las cofradías y los gremios tradicionales de artesanos. Eran asociaciones de ayuda asistencial para casos de enfermedad, desempleo o accidente, pero, con el tiempo, muchas de ellas se convirtieron en el germen de sociedades de resistencia dedicadas a la defensa de las condiciones de trabajo. Crearon lazos internos y vínculos comunitarios que constituyeron, como resalta Jorge Uría, verdaderas escuelas de democracia, un proceso de aprendizaje y reivindicación de ciudadanía en el camino hacia la conciencia política. La Ley de Asociaciones de 1887 fue un paso más en esa dirección porque proporcionó a las sociedades obreras un marco legal estable y las obligó a presentar estatutos, balances de cuentas, listas de afiliados y actas de asambleas. Alrededor de ese mundo asociativo de los oficios surgió una cultura obrera de austeridad, moralidad y relaciones solidarias, un universo reducido donde paulatinamente se fue construyendo la conciencia de clase con reivindicaciones materiales, por supuesto, pero también con objetivos simbólicos, con ritos y festividades propias como el Primero de Mayo, celebrado desde 1890. La primera Fiesta del Trabajo puso de relieve la capacidad de las sociedades y centros obreros para ocupar la calle y demostrar sus «colosales energías», como decía entonces un periódico regional, pero también los límites de su movilización y las divisiones entre las dos grandes doctrinas ideológicas que buscaban la emancipación del proletariado: anarquismo y socialismo.

En España, la primera expansión del anarquismo, dentro de la AIT, había terminado con la insurrección cantonal y la desaparición de la I República. El movimiento volvió a salir a la luz en 1881 con la fundación de la Federación Regional de Trabajadores de la Región Española, una asociación que repartía sus apoyos entre Cataluña y Andalucía y que al año de su creación decía agrupar ya a 70 000 trabajadores. Pero las divisiones internas y la represión indiscriminada que sufrieron sus miembros terminaron con las esperanzas de forjar una gran organización de masas. Primero fueron, en 1883, las persecuciones por los sucesos relacionados con la Mano Negra. Una década más tarde, en 1892, las detenciones y procesos abiertos después del asalto campesino a Jerez de la Frontera. El movimiento quedó escindido entre las sociedades que defendían la lucha sindical, las reivindicaciones laborales y la participación en movilizaciones generales, como la campaña de las ocho horas o la jornada del Primero de Mayo, y los colectivos ácratas, que apostaban por las organizaciones secretas, la pureza doctrinal y las represalias violentas, la «propaganda por el hecho». Entre las acciones terroristas de esos años destacaron en 1893 el atentado contra el general Martínez Campos y la bomba del Liceo de Barcelona, en 1896 la bomba contra la procesión del Corpus y en 1897, por último, el asesinato de Cánovas. Este terrorismo no era un rasgo original del anarquismo hispano sino un fenómeno de alcance internacional, con atentados sonados en Francia, Austria, Italia y en otros países. Lo peculiar del caso español fue la brutalidad de la represión, las torturas y las condenas de inocentes que hicieron tristemente famoso el «castillo maldito» de Barcelona, Montjuïc.

En 1898, en la campaña por la revisión de los procesos de Montjuïc, los líderes socialistas participaron en mítines y manifestaciones junto a políticos republicanos y liberales. Era la primera vez que lo hacían, la primera ocasión para verlos salir del aislamiento en el que habían permanecido desde la fundación del PSOE, en 1879. El partido había nacido a partir del grupo de tipógrafos madrileños de la Asociación General del Arte de Imprimir, la «cuna de un gigante», como la llamó Juan José Morato. Sus aspiraciones eran la emancipación de la clase trabajadora, la transformación de la propiedad y la conquista del poder. Una línea doctrinal fijada por su líder, Pablo Iglesias, que con el tiempo se convertiría en un símbolo de las virtudes morales del socialismo, en un apóstol y maestro del movimiento. Pero para conseguir sus fines, antes de pensar en la revolución había que trabajar en el fortalecimiento de una organización totalmente independiente. Desde 1886 contaron con una tribuna de prensa propia, El Socialista, y dos años más tarde con una central sindical, la Unión General de Trabajadores, que pretendía ser una federación que agrupara a las sociedades obreras de toda España. La estrategia del aislamiento, la hostilidad hacia los anarquistas, su rechazo a colaborar con los «burgueses» republicanos y su lejanía de la realidad agraria limitaron mucho sus posibilidades de crecimiento, tanto en número de agrupaciones y asociados como en votos. Al terminar el siglo XIX, mientras los socialistas italianos y franceses podían presumir de grupos parlamentarios nutridos y los sindicatos británicos y alemanes contaban con cientos de miles de asociados, el socialismo español presentaba un pobre bagaje. Santos Juliá ha contado una veintena de concejales y no más de 20 000 votos en toda España. La UGT, por su parte, contaba con 69 secciones y algo más de 14 000 miembros, una prueba palpable de su lento despegue y de su escasa presencia en la sociedad. En plena guerra de Cuba, la campaña contra la injusticia de las quintas, el «o todos o ninguno», y la movilización contra los excesos de la represión gubernamental inauguraron un nuevo período en la historia del socialismo español, el inicio de una organización de masas con aspiraciones parlamentarias y el acercamiento hacia los republicanos. Una lucha por la democratización de las instituciones que iba a formar parte de la historia del siglo XX.

Lo decía Luis Morote en La moral de la derrota, el libro que publicó en 1900, uno de los textos que se pueden rescatar del tropel regeneracionista de las horas posteriores al Desastre: la tarea más urgente del nuevo siglo era conservar y acrecentar «las sustancias y realidades de la democracia». Si se quería evitar una revolución que solucionara por la fuerza la lucha «tremenda» entre trabajo y capital, había que dotar al sistema político de un verdadero «contenido social». Morote no era tan pesimista como sus contemporáneos respecto al futuro de España. Comparaba la historia del siglo XIX con «un insecto que muda, ha sufrido una gran metamorfosis, de la cual no nos damos clara y exacta idea, porque somos a un tiempo actores y espectadores, estamos a la vez en la sala y el escenario». En su opinión, los vestigios de esa mudanza habían sido las guerras carlistas, los enfrentamientos civiles y las duras batallas entre el principio teocrático y el poder civil, entre los derechos individuales y los restos del antiguo régimen, entre el federalismo y la nacionalidad. Atenta a esa gran metamorfosis de su cuerpo interior, España fue perdiendo los restos de su imperio exterior, en el fondo «despojos» podridos, condenados a desaparecer. No había sido la España nueva la que había sufrido el desastre sino la antigua, la que a principios de siglo comenzó a desmoronarse: «Hemos quedado reducidos, es verdad, a nuestros límites peninsulares como al otro día de la toma de Granada a los moros. Pero si de tan gran combate contra los elementos sólo se ha salvado el casco del buque, éste se halla intacto y aún puede navegar».

Capítulo 2. La «revolución desde arriba»

CAPÍTULO 2

LA «REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA»

En la primavera de 1902, al alcanzar la mayoría de edad, Alfonso XIII accedió al trono de España después de jurar la Constitución, un texto que tenía ya veinticinco años de vida legal. Era un rey nuevo para un siglo nuevo. Una oportunidad para adaptar el sistema político de la Restauración a los nuevos retos y problemas que planteaba la sociedad; para cerrar las grietas que había dejado al descubierto el Desastre de 1898 antes de que amenazaran su propia supervivencia; para emprender, en suma, un programa de «regeneración» nacional, la palabra en boca de todos, repetida en los salones del Palacio Real, en los pasillos de las Cortes y en el último casino provinciano.

Las élites políticas pretendían, con el concurso de la Corona, encabezar una reforma desde arriba, una movilización nacionalizadora que ampliara las bases sociales del régimen sin poner en peligro su hegemonía, evitando el peligro de una revolución. La historia política española entre 1902 y 1917 es la crónica de ese fracaso. Las razones son complejas y diversas. En primer lugar, la propia actitud de Alfonso XIII, dispuesto desde un principio a intervenir en la vida política y a no renunciar a ninguna de sus prerrogativas. En segundo término, la crisis de los partidos tradicionales, incapaces de sostener líderes no discutidos y de convertir sus cuadros de notables en organizaciones modernas de masas. La división interna de liberales y conservadores, con facciones, clientelas y cacicatos enfrentados por el reparto del poder, impidió la estabilidad de los Gobiernos y frenó las iniciativas legislativas del Parlamento. La oportunidad de los conservadores llegó con Antonio Maura, entre 1904 y 1909; el turno de los liberales respondió al empeño de José Canalejas, una esperanza frustrada con su asesinato en 1912.

A los problemas heredados del siglo XIX, como el clericalismo o el militarismo, se sumaron otros nuevos como la guerra de Marruecos, el nacionalismo catalán, el republicanismo radical o el crecimiento del movimiento obrero organizado, capaz de canalizar las demandas populares y de superar el marco local de las acciones iniciales para emprender campañas de ámbito nacional. El primer episodio de la crisis del sistema político llegó en 1909, con el eco de la Semana Trágica de Barcelona. A partir de 1913 ya no se pudo hablar de un turno pacífico de los dos grandes partidos dinásticos. Y en los años siguientes, con Gobiernos cada vez más inestables, el impacto político, económico y social de la Gran Guerra llevó al país al verano revolucionario de 1917, un punto de no retorno en el camino hacia la descomposición final del régimen.

REGENERAR LA NACIÓN

El fervor de la multitud hizo vibrar el aire luminoso de la mañana primaveral. Era el 17 de mayo de 1902, el día señalado para que el niño rey, cumplidos los 16 años, jurara la Constitución y asumiera sus poderes y responsabilidades como monarca. Las crónicas de la época no ahorraron detalles para describir el entusiasmo popular que despertó el paso lento de la comitiva regia por las calles principales de la Villa y Corte, desde el Palacio Real hasta el Congreso de los Diputados. Y no era para menos. Hacía mucho tiempo que los madrileños no veían un espectáculo igual. La Corona desplegó toda la pompa de su fastuoso ceremonial por un itinerario lleno de arcos, colgaduras y gallardetes «bajo vuelo de palomas y caer de flores». Abrían la marcha grupos de palafreneros y maceros, con timbales y clarines, y un desfile de caballos empenachados, con reposteros de vivos colores y bordados de plata y oro. Seguían después coches de tiro engalanados, doce berlinas con los grandes de España, las carrozas de las Infantas, la Reina Regente, los príncipes de Asturias y, por fin, la que llevaba el emblema de la corona real, de donde salía la sonrisa abierta y franca de Alfonso XIII, que correspondía así a los aplausos y los vítores. Entre los coches, bandas de trompetas y escuadrones de escolta. Junto a ellos, postillones, batidores, caballerizos, damas de guardia, ayudantes de cámara, mayordomos de semana, camareros mayores y gentilhombres de casa y boca. Dentro del Congreso, las vistosas casacas de los maestrantes, las pellizas de los húsares de Pavía y los trajes talares de los prelados. Un brillante alarde, concluía Fernández Almagro, del «viejo y atrayente mundo indumentario y jerárquico». Una imagen como de otro tiempo.

En la Corte española imperaban todavía los usos y hábitos del Antiguo Régimen. Alfonso XIII nació siendo rey y fue educado como tal en un ambiente aristocrático, clerical y militar, en el escenario sobrio y profundamente religioso recreado por su madre, M.ª Cristina, alejado de la realidad exterior. «Una vida muy retraída», escribió en su crónica Fernando Soldevilla, «sin tener relación alguna con el pueblo». Sus compañeros de juegos habían sido los hijos de los nobles; sus instructores, salvo el liberal Santamaría de Paredes, eran palaciegos de conocida militancia confesional y militares tradicionales con una concepción castrense de la vida pública. De esa formación vendrían sus convicciones católicas, su afición por los uniformes y los desfiles y el agrado con el que representaba su papel de rey-soldado, siempre pendiente del bienestar del Ejército. No era, desde luego, la preparación más adecuada para el jefe de Estado de una monarquía parlamentaria que tenía que afrontar los retos modernizadores del siglo XX.

Tampoco las prerrogativas regias, razonables para un monarca de mediados del siglo XIX, parecían las mejores armas para ensanchar las bases sociales del régimen y seguir por el camino de la ciudadanía democrática. Alfonso XIII era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con amplia potestad para nombramientos, ceses y condecoraciones de militares, como quiso dejar claro desde el primer Consejo de Ministros que presidió. Los poderes que le confería la Constitución de 1876 no terminaban ahí. Su persona era «sagrada e inviolable», irresponsable frente al Parlamento. Elegía al presidente del Gobierno, podía nombrar y separar libremente a los ministros, designaba senadores vitalicios, compartía el poder legislativo con las Cortes, a las que convocaba y disolvía, cuidaba de la administración de justicia y dirigía las relaciones diplomáticas. Consciente de sus amplias competencias, pronto mostró su voluntad de no renunciar a ellas, de intervenir en la política como un rey gobernante, no como un monarca relegado a un mero papel de moderación y representación.

Así podía interpretarse de la lectura de sus anotaciones juveniles, las que había escrito meses atrás en su diario, contagiado del aire crítico de la opinión nacional: «En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de mucha trascendencia tal y como están las cosas; porque de mí depende si ha de quedar en España la Monarquía Borbónica o la República. Porque yo me encuentro al país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que le saque de esa situación; la reforma social, a favor de las clases necesitadas; el Ejército, con una organización atrasada a los adelantos modernos; la Marina, sin barcos; la bandera ultrajada; los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, etc.». Podía ser un rey, pensaba, que se llenara de gloria «regenerando» la Patria, pero también uno que no «gobernara», que fuera llevado y traído por sus ministros y, por fin, «puesto en la frontera». Al escribir estas últimas palabras seguramente recordaba la salida precipitada de España de su abuela, Isabel II. Pero para un lector actual es difícil no relacionarlas con el propio futuro del monarca, con su abandono del Palacio Real, camino del exilio, casi veintinueve años más tarde, la noche del 14 de abril de 1931.

De todas formas, en mayo de 1902 nada podía presagiar ese final para su reinado. La Monarquía había salido indemne del Desastre del 98 y el sistema político del turno funcionaba con la precisión acostumbrada. Con un problema serio, eso sí, de sucesión de liderazgos, en el Partido Conservador, huérfano desde el asesinato de Cánovas, y también en el Partido Liberal. Después de la jura de la Constitución, durante el Te Deum oficiado en la iglesia de San Francisco, Sagasta sufrió un desvanecimiento que los médicos atribuyeron a la agitación del día y al calor del templo. Tenía 76 años. Su fallecimiento, en enero de 1903, significó el fin de una generación.

La primera oportunidad de cambio y renovación la había tenido Francisco Silvela en marzo de 1899. No era precisamente un político ajeno a los vicios del sistema que denunciaba —había sido ministro varias veces, la primera en 1879— pero, al frente de la Unión Conservadora, supo apartar del poder a las facciones históricas más intransigentes y presentar un gabinete dispuesto a asumir las ansias regeneracionistas de la nación. En esa línea iban iniciativas como el nuevo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes o el fomento, desde el Ministerio de Gobernación de Eduardo Dato, de las primeras medidas de reforma social como la limitación de la jornada laboral de las mujeres y los niños, la Ley de Accidentes de Trabajo o los estudios que precedieron a la fundación del Instituto de Reformas Sociales, que no vería la luz hasta 1903. La nota más sobresaliente la puso Fernández Villaverde al frente de Hacienda, capaz de sanear las arcas del Estado y de modernizar la política fiscal creando la Contribución de Utilidades. Pero fue un éxito efímero. Las medidas de reducción del déficit público provocaron la dimisión, primero, del ministro de la Guerra, el polémico general Polavieja, y después la de Antonio Durán y Bas, empujado por las protestas de la burguesía catalana contra los nuevos impuestos. La decepción del catalanismo tomó cuerpo político en 1901 con la creación de la Lliga Regionalista, que ese mismo año obtuvo un sonado éxito electoral en Barcelona.

Los problemas crecían para el Gobierno conservador que se acercaba a la raya del cambio de siglo. En el verano de 1899, la resistencia al pago de impuestos y las protestas callejeras en Barcelona coincidieron con el cierre de tiendas acordado por las Cámaras de Comercio, dirigidas por Basilio Paraíso, y con la movilización de las Cámaras Agrarias que Joaquín Costa había unido en la Liga Nacional de Productores. En los primeros meses de 1900, ambas organizaciones coincidieron en la Unión Nacional, un organismo dispuesto a plantar cara a la política oficial con un nuevo cierre de comercios y una campaña nacional que promovía la desobediencia fiscal. Pero la clausura de centros, los primeros embargos, la escasez de recursos y la falta de apoyos más amplios terminaron pronto con la revuelta de las llamadas «clases productivas» y con su programa regeneracionista. En efecto, cuando la Unión Nacional se presentó como partido político, en las elecciones de 1901, obtuvo sólo 4 diputados. Era la prueba de un fracaso anunciado que Romanones resumió en una frase: «mucho ruido y alboroto, y después nada». No había un camino nuevo para la regeneración, un atajo fuera del sistema. Los que quisieran combatir los vicios del régimen tendrían que hacerlo dentro de los partidos tradicionales, que tanto habían denostado, o buscar un sitio, como hizo Costa, en las filas del republicanismo.

Otras voces de protesta preocupaban más al Gobierno conservador. En el cierre de tiendas de junio de 1899 llamó la atención de la prensa que la manifestación de Zaragoza acabara con el asalto al colegio y la residencia de la Compañía de Jesús. No era un hecho aislado. En varias poblaciones de Andalucía, de Valencia y de Cataluña la multitud amotinada emprendió acciones similares contra los edificios de los jesuitas o las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, un símbolo cargado de connotaciones antiliberales y reaccionarias. El anticlericalismo volvía al primer plano de la política nacional. No era un fenómeno nuevo, todavía se recordaban las oleadas de motines, quemas de conventos y matanzas de frailes de 1822, 1834 y 1835. El anticlericalismo moderno iba mucho más allá de las críticas populares al enriquecimiento y la inmoralidad del clero, existentes desde la Edad Media. Era un movimiento político de tradición liberal, presente también en países cercanos como Portugal, Francia o Italia, que defendía el proceso de secularización, esto es, la libertad de cultos, la desvinculación de la sociedad civil del dominio eclesiástico y la creación de un Estado laico. Como decía Gumersindo de Azcárate, no se trataba de la exclusión de Dios, «sino de la del sacerdote de una esfera de acción que no era la suya propia».

En el cambio de siglo, ese movimiento político se manifestó públicamente en España como una reacción frente a los excesos del clericalismo, frente a la resistencia de la jerarquía eclesiástica a perder los privilegios políticos, jurídicos, económicos y sociales que aún mantenía. De hecho, la llegada de la Restauración había supuesto una clara recuperación del poder y la influencia de la Iglesia, protegida por el carácter confesional de la Constitución de 1876. A su dominio en el ámbito educativo —sobre todo en la enseñanza media— y al control tradicional de las instituciones de beneficencia y asistencia social se sumó el restablecimiento de las Órdenes y Congregaciones, con un aumento espectacular del número de religiosos, más de 50 000, y una presencia más activa en la vida cotidiana de la población. Aumentaron las misiones populares, romerías, peregrinaciones a santuarios y otras prácticas piadosas multitudinarias, como las devociones marianas o el culto al Sagrado Corazón de Jesús. También crecieron los círculos católicos de obreros, las asociaciones confesionales, las catequesis y escuelas de adultos y la publicación de libros, folletos y periódicos de propaganda católica. En la prensa el discurso predominante seguía siendo antiliberal y contrarrevolucionario. La escasa renovación teológica venía de la mano de la recepción, tardía en España, de los problemas sociales planteados por León XIII en la encíclica Rerum Novarum. Pero más que de contenidos era una cuestión de estrategia pastoral, de plantar cara a la secularización utilizando medios más modernos de movilización. Si la batalla se libraba en la política, había dicho en 1898 el cardenal Cascajares, «allá debemos ir todos para disputar palmo a palmo el terreno a la revolución», un frente de lucha bendecido por los obispos reunidos en el Congreso Católico de Burgos de 1899.

Clericalismo y anticlericalismo se conformaron así, en la primera década del siglo XX, como dos fenómenos complejos, dinámicos y casi complementarios, que se alimentaron mutuamente. El Desastre del 98 proporcionó los primeros motivos para la protesta anticlerical. La prensa republicana criticó a la Iglesia por haber exaltado el patriotismo más beligerante y echó la culpa a las Órdenes religiosas de la insurrección tagala y la pérdida de Filipinas. Y ese «malestar», como reconoció Sagasta, se vio agravado por una serie de «coincidencias». Primero, dentro de la política gubernamental, las actitudes confesionales de miembros del Gobierno de Silvela, como el general Polavieja o Luis Pidal y Mon, y el mantenimiento del presupuesto del Culto y Clero en una coyuntura de «sacrificios» y recortes del gasto público. Después, en el otoño de 1900, las noticias del fallido levantamiento carlista y el anuncio de la boda de la princesa de Asturias con el ultramontano hijo del conde de Caserta. Por último, en las primeras semanas de 1901, el proceso del caso Ubao, una joven confinada en un convento sin la autorización paterna, y el revuelo montado alrededor del estreno de Electra, la conocida obra teatral de Galdós, según el arzobispo de Burgos «bandera de combate y enseña de rabiosa persecución al catolicismo».

Una «bandera», reconoció Romanones, «que nos llevó de nuevo al poder». El Partido Liberal justificaba sus actitudes anticlericales como parte de un programa regeneracionista más amplio, como un obstáculo que había que superar para dejar libre el camino hacia la modernización de España. Pero, en el fondo, era también una cuestión de oportunidad política, un recurso con una notable capacidad de movilización social. José Canalejas se convirtió en el líder de ese movimiento, sobre todo a partir del famoso discurso pronunciado en el Congreso, en diciembre de 1899, cuando proclamó que había que «dar la batalla al clericalismo». La cuestión religiosa estaba en el Parlamento, en la prensa y en la calle, y los motines aislados se convirtieron en manifestaciones ordenadas y en campañas organizadas que mostraron el éxito de nuevas formas de acción colectiva como los mítines, las asambleas, las giras festivas, el boicot de las demostraciones católicas o los actos de transgresión de los ritos religiosos, como los «banquetes de promiscuación» celebrados en Semana Santa.

El protagonismo de la protesta anticlerical correspondió al republicanismo radical de base populista, con los ejemplos más claros de Vicente Blasco Ibáñez en Valencia o de Alejandro Lerroux, el emperador del Paralelo, en Barcelona. A partir de una amplia red de centros y casinos, y de un discurso exaltado y agresivo, con referencias procedentes del liberalismo progresista y de la cultura popular, el republicanismo se convirtió en un movimiento de masas capaz de enfrentarse con éxito a los partidos dinásticos en las contiendas electorales locales, de dominar el escenario público, con el recurso constante a las movilizaciones callejeras, y de mantener su hegemonía entre los trabajadores urbanos por lo menos hasta los años de la Gran Guerra. Sin estos precedentes no se pueden entender los sucesos de la Semana Trágica, en 1909, ni la pervivencia de una identidad colectiva anticlerical que, aunque decayó en la segunda década del siglo XX, se mantuvo latente y volvió a resurgir con fuerza en los años de la Segunda República.

Pero, de momento, en marzo de 1901, la consecuencia más visible de la oleada de protestas anticlericales fue la caída de los conservadores y el regreso al poder de Sagasta. En su último Gobierno, el «viejo pastor» contó entre sus ministros con líderes nuevos dentro del partido, como José Canalejas y Álvaro de Figueroa y Torres, el conde de Romanones, necesarios para sacar adelante algunas medidas contra el clericalismo, preparar la llegada al trono de Alfonso XIII y mantener unidas a las diferentes facciones del partido. Cuando Sagasta, enfermo y agotado, dimitió en diciembre de 1902, unas semanas antes de su muerte, se abrió la lucha por el liderazgo liberal entre las clientelas agrupadas en torno a figuras históricas como Segismundo Moret, Eugenio Montero Ríos o el general José López Domínguez.

Un repaso a lista de los Gobiernos de los años siguientes demuestra hasta qué punto la crisis interna de los partidos dinásticos impedía llevar adelante cualquier intento serio de regeneración. Entre diciembre de 1902 y junio de 1905 sólo hubo unas elecciones, las de abril de 1903, y sin embargo se sucedieron cinco Gobiernos conservadores: Francisco Silvela, Raimundo Fernández Villaverde, Antonio Maura, Marcelo de Azcárraga y otra vez Fernández Villaverde. Las sesiones de las Cortes, suspendidas seis veces en ese período, sólo estuvieron abiertas en breves períodos, apenas doce meses de actividad parlamentaria en más de dos años y medio. Fue entonces cuando se acuñó la expresión de «crisis oriental» relacionando los cambios de gabinetes y ministerios con las visitas que los líderes políticos hacían al Palacio de Oriente.

El regreso de los liberales al poder no significó una mayor estabilidad gubernamental. Entre junio de 1905 y enero de 1907 el rey nombró cinco presidentes del consejo de ministros: Montero Ríos, Moret, López Domínguez, otra vez Moret y, por último, apenas dos meses, el octogenario marqués de la Vega de Armijo, que ya había sido ministro de Isabel II. Todos los líderes liberales tuvieron su oportunidad. Casi podríamos hablar de un turno dentro del turno. Y todos lo ejercieron sin demasiados apuros parlamentarios. La holgada mayoría de diputados conseguida en las elecciones «fabricadas» en 1905 tuvo poco trabajo. Las Cortes sólo estuvieron abiertas 8 meses de los 17 que duró el Gobierno liberal.

Ninguno de los Gobiernos conservadores y liberales de ese período tuvo la fortaleza y la voluntad necesarias para emprender un programa de reforma que necesariamente tenía que abordar, como ha subrayado Juan Pro, tres cuestiones fundamentales: poner fin al poder arbitrario de la Corona para que los Gobiernos dependieran de las mayorías parlamentarias, y no al revés; acabar con la manipulación electoral sistemática, un requisito imprescindible para integrar en la vida política a amplios sectores de la ciudadanía; y transformar los partidos de notables en formaciones modernas de masas que realmente representaran y encauzaran las demandas de la opinión pública. Ninguno salvo, quizá, Antonio Maura.

MAURA Y LA SEMANA TRÁGICA

En sus crónicas parlamentarias Azorín describía a Antonio Maura como el mejor orador de la época, uno de los pocos hombres «de palabra verdaderamente moderna». Más allá de sus dotes para la elocuencia, hay pocas dudas a la hora de calificarle como el político conservador más importante del primer cuarto del siglo XX. De origen mallorquín, entró en la vida política de la mano de su cuñado, Germán Gamazo, dentro del Partido Liberal, y llegó a ser ministro de Sagasta en 1892. Tras la muerte de Gamazo, en 1901, Maura recogió el liderazgo de su facción, los «gamazistas», que un año más tarde se pasaron en bloque a las filas conservadoras. Fue entonces cuando pronunció su famoso discurso sobre la necesidad de una «revolución desde arriba». Ya lo había anunciado en su respuesta a la encuesta sobre Oligarquía y Caciquismo promovida por Costa desde el Ateneo de Madrid. Maura coincidía con casi todos los regeneracionistas a la hora de señalar las raíces del mal. En España, ni las clases humildes ni las medias ni las de mayor cultura y arraigo sentían «el acicate de las obligaciones de la ciudadanía». Y eso ocurría porque el Gobierno era un «artefacto», un «botín perenne» disputado por los dos bandos en «refriega» que ejercitaban la arbitrariedad cuando podían y la ambicionaban cuando les tocaba la vez de padecerla. Pero la solución para remediar el «desvío», aclaraba, no podía ser la «aniquilación» del sistema, la «volatilización» de la oligarquía de caciques. Entonces «hallaríase España en la anarquía». A su juicio, no se podía aspirar, de la noche a la mañana, a la conversión instantánea de una nación entera que vivía «vuelta de espaldas al andamio constitucional». ¿Y dónde se podía encontrar el punto de apoyo y la fuerza para la reforma? En la parte «más accesible», en el Gobierno. A través de él se podía llegar antes «a las obras necesarias para remediar el descrédito en el que han caído las palabras».

Las palabras y los hechos. La primera oportunidad para poner en práctica sus ideas llegó en las elecciones de 1903, al frente del Ministerio de Gobernación del gabinete de Silvela. Su decisión de no intervenir en la fabricación de los resultados produjo, según algunos autores, una de las consultas menos manipuladas de toda la Restauración. Como prueba se apunta el avance de los republicanos, que consiguieron 36 escaños, casi el doble de los que tenían. De todas formas, no hay que exagerar el alcance de esa medida. El voto urbano republicano encontró en ese momento un techo que ya no superaría, siempre por debajo del 10 por ciento de los sufragios emitidos, y el entramado clientelar demostró que era capaz de funcionar incluso con la abstención relativa del Ministerio. Los conservadores obtuvieron 240 escaños, sólo 5 menos que los que había tenido el Gobierno liberal anterior.

En diciembre de 1903, con esas Cortes de mayoría conservadora, Maura fue nombrado por primera vez presidente del Consejo de Ministros. Su Gobierno sólo duró un año, un espacio demasiado breve para sacar adelante reformas legislativas pero suficiente para mostrar sus intenciones, los mimbres de su proyecto de «revolución desde arriba». La gira de Alfonso XIII por las provincias y su presencia en Barcelona formaron parte del empeño personal de Maura de reforzar la imagen de la Corona y, al mismo tiempo, ensanchar las bases sociales del régimen sin poner en peligro su supervivencia. En esta línea cabe situar también la política económica proteccionista, que satisfacía a las élites económicas, y las propuestas de reforma social, un «preservativo», escribió Maura, para impedir una temida revolución «desde abajo» con otras armas que no fueran únicamente el recurso continuo a las fuerzas de orden público. En la primavera de 1904 se puso en marcha definitivamente el Instituto de Reformas Sociales y se abordaron medidas relacionadas con la protección física y moral de los niños, la inspección de los centros de trabajo, el fomento de las cooperativas o el descanso dominical. Estas iniciativas, como otras relacionadas con la reforma de la administración civil, apenas pudieron sortear los obstáculos de las trabas burocráticas, las dilaciones parlamentarias y la resistencia de los grupos de intereses conservadores.

A la oposición interna se añadían las críticas de liberales y republicanos. Las protestas anticlericales arreciaron por el nombramiento como arzobispo de Valencia de Nozaleda, un fraile procedente de Filipinas, y por la firma de un acuerdo con el Vaticano que reconocía el estatus legal de las Órdenes religiosas presentes en España. Los telegramas sobre desórdenes públicos se amontonaban sobre la mesa del ministro de Gobernación: enfrentamientos callejeros entre clericales y anticlericales, motines populares contra los consumos y la carestía de las subsistencias, y una oleada de huelgas hasta entonces desconocida. La UGT pasó de los 14 737 afiliados de 1900, repartidos en 69 asociaciones, a los 56 905 que figuraban en sus actas a comienzos de 1905, representados en 373 entidades locales. Sorprendía el crecimiento del movimiento obrero organizado, sobre todo su extensión más allá de los límites de las ciudades. Los temores antiguos de Silvela se cumplían y la «tea de la discordia» llegaba también al campo, a comarcas sin ninguna tradición asociativa. En el otoño de 1904 Adolfo Álvarez Buylla anotaba, desde el terreno, cómo los trabajadores agrícolas, «perfectamente penetrados de las ventajas de la unión, aunque exagerándolas en ocasiones, se acogen con el ansia del náufrago a la tabla de salvación, la asociación, que cunde y se propaga de un modo maravilloso por los campos castellanos». Era la «señal de los tiempos». Sorprendía también, como anotaba el diario El País, el cambio en la forma de expresar el descontento. Al grito de «pan y trabajo» se habían levantado muchas veces los campesinos andaluces en los años malos, «la novedad ha estado ahora en haber apelado por solidaridad a la huelga general». El ejemplo de la huelga general de Barcelona de 1902 se repitió en las zonas mineras de Vizcaya en el otoño de 1903. El Gobernador Militar de Bilbao sacó las tropas a la calle y declaró el estado de Guerra, pero no dejó de anotar en su informe cómo el paro se había extendido de los mineros a los cargadores y ferroviarios, y de ellos al resto de los obreros, convencidos «de que únicamente por solidaridad con los otros han de ir logrando la realización de sus aspiraciones».

De todas formas, el auge del asociacionismo y la escalada de conflictos laborales comenzaron a declinar en el otoño de 1904, antes de que terminara el Gobierno de Maura. La crisis de trabajo y la carestía de las subsistencias diezmaron las filas de las sociedades obreras y los resultados de las acciones colectivas comenzaron a inclinarse del lado de los patronos y propietarios, que empezaron a usar también las armas de la asociación y el boicot. La Unión Obrera recomendaba a los socialistas que no plantearan huelgas abocadas al fracaso, que si bien los trabajadores tenían siempre «razón para pedir, lo que deben examinar es si tienen fuerza para conseguir». Fernández Almagro lo decía en pocas palabras: «La pobreza y el cansancio son aliados de la autoridad». El hambre y la miseria, en efecto, en vez de movilizar la protesta lo que hacían era restarle aliento y recursos. El fracaso de la huelga general convocada por los socialistas, en julio de 1905, era la prueba de que el movimiento obrero todavía no era capaz de dar el paso desde las acciones locales a las campañas nacionales.

El final del primer Gabinete de Maura, en diciembre de 1904, no llegó, por tanto, por las voces de protesta en la calle o por el clima de conflictividad social. Tampoco por las campañas de la prensa republicana o por una pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria. La crisis la provocó Alfonso XIII, empeñado en nombrar al jefe del Estado Mayor en contra del parecer del ministro de la Guerra, un ejemplo más del intervencionismo del joven monarca. En esa ocasión Maura no estaba dispuesto a ceder ante los deseos del Rey y presentó su dimisión. Al conocer la noticia, Azorín comentó que el juicio de los parlamentarios y los periodistas fue unánime: «Maura ha caído digno, fuerte, íntegro, desdeñoso». Era un paso atrás para tomar impulso hacia adelante. En los meses siguientes, y durante los frágiles Gobiernos liberales que se sucedieron, su figura se fue agrandando paso a paso.

Mientras tanto, la cuestión militar y la controvertida actuación del Rey siguieron en el primer plano de la política nacional. En noviembre de 1905, el semanario satírico catalán Cu-Cut! publicó una caricatura sobre el Ejército que despertó las iras de la guarnición de Barcelona. Varios grupos de suboficiales asaltaron los despachos y la imprenta de la revista, acción que repitieron contra la sede de La Veu de Catalunya, el principal diario catalanista. El capitán general de Cataluña no condenó la acción violenta de sus subordinados, que recibieron el apoyo de las autoridades castrenses de Sevilla y Madrid. La prensa militar pidió de inmediato la suspensión de las garantías constitucionales en Barcelona y una ley que declarara competentes a los tribunales militares para juzgar y castigar cualquier ofensa contra el Ejército. El Gobierno de Montero Ríos accedió a la primera petición pero no a la segunda. La intervención del Rey, al lado de los militares agraviados, motivó la dimisión del Presidente. Su sucesor, Moret, a pesar de la fuerte oposición del Congreso, cedió a los deseos de la Corona y a las exigencias del Ejército. En marzo de 1906 se aprobó la Ley para la Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército, conocida como Ley de Jurisdicciones, que incluía los ataques de la prensa dentro del fuero militar. Carolyn Boyd ha visto en los incidentes de 1905 el regreso del pretorianismo, la lacra del siglo XIX que los artífices de la Restauración quisieron alejar de la vida pública. Lo ocurrido demostró a los militares más díscolos que la violencia era una estrategia exitosa para lograr sus fines, una enseñanza que no olvidarían en el futuro cada vez que sintieran amenazados sus intereses corporativos o pensaran, como guardianes de los valores patrios, que la integridad nacional estaba en peligro. Y aumentó, además, la distancia que separaba al Ejército de la sociedad civil, el sentimiento antimilitarista de una parte importante de la población avivado, sobre todo desde 1898, por el mantenimiento de un sistema de reclutamiento injusto y el recurso constante a los cuarteles cada vez que el orden público se veía amenazado.

Ese sentimiento antimilitarista fue uno de los elementos que propiciaron la unión de todas las fuerzas de oposición en Cataluña para concurrir a las elecciones de 1907. Su éxito fue incuestionable. Solidaritat Catalana consiguió 41 de las 44 actas en disputa. Un resultado espectacular que, de todas formas, no amenazó la mayoría absoluta conseguida por el Partido Conservador: 253 escaños frente a los 78 liberales, casi tantos como los que sumaban los grupos antidinásticos. Según Romanones, Alfonso XIII llegó a exclamar que las Cortes se habían llenado «de amigos del Gobierno y de enemigos del Régimen». Antonio Maura disponía, ahora sí, de un bloque unido, sin divisiones de facciones y familias, bien disciplinado alrededor de un líder indiscutible. Era su turno. La oportunidad de un Gobierno largo y estable para hacer el «descuaje» del caciquismo y moralizar la vida política. Pero lo cierto es que, más allá de la sinceridad de sus declaraciones, las elecciones mostraron claramente los límites de una reforma verdadera del sistema. Para eso necesitaba un Gobierno fuerte con una mayoría parlamentaria holgada. Y la única manera de asegurarla pasaba por utilizar en su beneficio el «repertorio» de manipulaciones, abusos y fraudes que tanto había denunciado, un trabajo que su ministro de Gobernación, Juan de la Cierva, realizó con una habilidad notable.

Los diputados electos en abril de 1907 tuvieron mucho más trabajo que sus predecesores. En los dos años siguientes, hasta el conflictivo verano de 1909, pasaron por el Congreso más de doscientas iniciativas legislativas. Todas ellas respondían a un proyecto global de Estado que M.ª Jesús González ha denominado la «socialización conservadora», una movilización ciudadana no revolucionaria. Sin abandonar sus sólidas convicciones católicas y monárquicas, Maura estaba convencido de que una reforma gradual, realizada desde un Gobierno fuerte pero respetuoso con las formas parlamentarias —«luz y taquígrafos» fue su famosa expresión— podía convertir a las «masas neutras» del país, que él creía esencialmente conservadoras, en ciudadanos activos. Para ello había que legitimar las instituciones públicas y acercarlas a la sociedad, crear una cultura cívica y participativa para que la población española abandonara la percepción lejana y negativa que tenía del Estado.

El cuerpo central de su proyecto se basaba en tres reformas básicas: la justicia municipal, el sistema electoral y la administración local. La Ley de Justicia Municipal pretendía dotar de independencia y estabilidad a los jueces municipales y romper por ese flanco el entramado clientelar. El ataque frontal contra el fraude y la corrupción era el propósito de la Ley de Reforma Electoral, que desligaba del poder político la confección de los censos, la composición de las juntas electorales o los dictámenes sobre las actas recurridas y decretaba, entre otras muchas medidas, cuestiones controvertidas como el carácter obligatorio del voto o el famoso artículo 29, que permitía la elección directa en aquellos distritos donde sólo se presentara un candidato. Por último, el «descuaje» de los cimientos del caciquismo se confiaba en la Ley de Administración Local, probablemente la iniciativa más ambiciosa, que ampliaba las competencias de los ayuntamientos y les confería autonomía jurídica y personalidad política independiente.

El segundo frente legislativo del Gobierno «largo» de Maura fue la reforma social, un conjunto de proyectos de tono paternalista que buscaban, sobre todo, disminuir la conflictividad social y el «egoísmo de clase», pero que supusieron, de todas formas, un notable avance en un terreno casi virgen. La creación en 1908 del Instituto Nacional de Previsión, los Tribunales Industriales, los Consejos de Conciliación y Arbitraje, el cuerpo de inspectores laborales o la Ley de Huelgas de abril de 1909 fueron los resultados más sobresalientes de esa política proteccionista y conciliadora. Sin embargo, esa suma de disposiciones, algunas pronto obsoletas o con un desarrollo incompleto, no consiguieron abrir una vía para la solución pacífica de los conflictos entre empresarios y obreros. La verdad es que la sensación final de Maura, cuando la tormenta del verano de 1909 echó abajo su obra, tuvo que ser de frustración. Los proyectos de reorganización del Ejército y de reforma del sistema de reclutamiento se quedaron en el papel, como la Ley de Administración Local, que después de innumerables debates y enmiendas no llegó a ver la luz. Tampoco las reformas electorales cumplieron sus objetivos. El encasillado y el falseamiento quedaron al descubierto en las grandes ciudades, vulnerables ante las campañas republicanas y catalanistas, pero siguieron dando sus frutos en los distritos rurales uninominales, que eran la gran mayoría. Años después, Antonio Machado recordaba el fracaso de la revolución desde arriba, «desde el ápice de la cucaña», un período que había sido «un reino de sombras empedrado de buenas intenciones», de sombras que fueron «vagas esperanzas de España». De la figura de Maura, una mentalidad «arcaica y hueca, pero voluntad sincera», quedaba su «talante de hombre importante que atraviesa sin vender ni comprar por una feria de gitanos».

El principio del fin llegó en mayo de 1908, cuando Maura presentó en el Congreso la Ley sobre Represión del Terrorismo, un texto pensado para terminar con los atentados anarquistas a través de medidas excepcionales como la supresión de periódicos y sociedades, órdenes de destierro y penas de prisión para impedir la publicidad de las ideas ácratas. El proyecto, que ponía en peligro los derechos de asociación y de expresión, concitó en seguida las críticas de liberales y republicanos, unidos en un «Bloque de Izquierdas». Por primera vez desde el inicio de la Restauración, un partido dinástico, el Liberal, se alejaba del pacto del turno y giraba hacia su izquierda empujado por el lema «contra Maura y su obra», la frase que presidió la cabecera del mitin del Teatro de la Princesa, donde se escucharon los discursos de Moret y de Canalejas al lado de las voces de Melquíades Álvarez, Gumersindo de Azcárate y Juan Sol Ortega. La campaña propagandística contra el Gobierno, dirigida por el trust de la prensa madrileña, El Imparcial, El Liberal y Heraldo de Madrid, no tenía precedentes en España. Y la movilización no terminó con la retirada del proyecto de ley. Muy al contrario, tomó nuevos bríos cuando empezaron a llegar las noticias de lo que estaba pasando en Marruecos. Las críticas políticas se convirtieron, a partir de ese momento, en un clamor general contra Maura.

La presencia española en el Norte de África había quedado fijada por el acuerdo secreto firmado con Francia en 1904 y por la conferencia de Algeciras de 1906. Un espacio de influencia, no muy relevante en el contexto internacional, limitado a la zona montañosa del Rif. El interés de ese territorio estaba motivado, más que por su situación estratégica o sus posibles beneficios económicos, por una cuestión de prestigio nacional, maltrecho desde la pérdida de las colonias. Los altercados y enfrentamientos con las cabilas vecinas, visibles desde 1908, se hicieron más frecuentes en 1909, sobre todo alrededor de las minas explotadas cerca de Melilla. El 9 de junio, un ataque de los rifeños causó seis muertes y el Gobierno decidió enviar refuerzos a la zona para proteger los intereses españoles. Se trataba, según la versión oficial, de una simple «operación de policía de frontera» para garantizar la seguridad de la plaza. Pero no fue interpretado así por buena parte de la opinión pública. Estaba todavía muy cercano el recuerdo del Desastre y la prensa más crítica con el Gobierno subrayaba que en el suelo africano sólo estaban en juego los capitales de algunos industriales y las ambiciones de los militares. El pueblo, decía La Correspondencia de España, no quería ni oír hablar de una empresa de la que sólo se sacaría «sangre al pobre y dinero al contribuyente». Los socialistas iniciaron una «campaña de agitación» y los mítines organizados en muchas ciudades tenían su eco en la calle con manifestaciones que terminaban en concentraciones delante de los cuarteles y algunos motines en los andenes de las estaciones. El día 12 de julio la llamada a filas de los reservistas, percibida como una doble injusticia, extendió las voces de protesta. A partir del día 14 en el puerto de Barcelona comenzaron los incidentes contra el embarque de tropas, escenas similares a las que se vivieron en los días siguientes en las estaciones de Madrid y de otras ciudades.

Las noticias de los primeros combates en el exterior de Melilla demostraban que no se trataba de una rápida operación de castigo. El día 23 el asalto al monte Gugurú terminó con un gran número de bajas, en medio del caos y la confusión general, y el 27 se produjo la masacre de una columna copada en el Barranco del Lobo: 150 muertos en un día, más de 1000 bajas antes de terminar el mes. El PSOE y la UGT convocaron una huelga general en toda España para el 2 de agosto. Pero los acontecimientos se precipitaron en Barcelona a partir del día 26 de julio. La huelga declarada ese día por Solidaridad Obrera, el sindicato de orientación anarquista creado en 1907, con la participación de socialistas y republicanos, se extendió por toda la ciudad y dio comienzo a una semana de enfrentamientos armados, barricadas, asaltos a tranvías y fielatos de consumos y acciones violentas anticlericales. Las columnas de humo que salían de las iglesias, los conventos y los colegios incendiados dibujaron la imagen más conocida de la «infernal semana de julio», como decía un periódico católico. La responsabilidad del incendio de ochenta edificios religiosos, y de las acciones iconoclastas que se vivieron en algunos de ellos, se atribuyó a grupos de republicanos radicales inspirados por Lerroux. En todo caso, la composición social de los motines, muy heterogénea, demostró la extensión de la identidad anticlerical en la cultura de las clases populares. Cuando el Ejército recuperó el control de todos los barrios de la ciudad, el viernes día 30, comenzó el recuento de los muertos, 104 paisanos y ocho guardias, además de varios centenares de heridos.

Los sucesos de la Semana Trágica traspasaron los límites de Barcelona. Las protestas y los enfrentamientos violentos se extendieron al menos por 19 provincias, como ha contado Andre Bachoud. El día 28 se declaró en toda España la suspensión de las garantías constitucionales y comenzaron las detenciones preventivas, la clausura de sociedades y la implantación de una férrea censura de prensa. La dureza de la represión posterior, con más de un millar de arrestos y procesos militares y 17 penas capitales, ha quedado asociada a un nombre, Francisco Ferrer y Guardia, un ideólogo anarquista, fundador de la Escuela Moderna, que fue uno de los cinco condenados que finalmente fueron ejecutados. Su proceso sumarísimo se convirtió en un suceso de alcance internacional y el clamor de la izquierda europea atizó aún más, dentro de las fronteras nacionales, la campaña del «¡Maura no!». El 13 de octubre tuvo lugar la ejecución del «mártir de Montjüich», como lo llamó Antonio Fabra Rivas. Dos días después abrieron las Cortes y llovieron las críticas contra un Gobierno que ya estaba sentenciado. Como explicó después el propio Maura, no podía prevalecer «contra media España y más de media Europa». Alfonso XIII fue el último en abandonarle. El 21 de octubre forzó su dimisión y encargó a Moret la formación de un nuevo Gobierno liberal.

DE CANALEJAS A LA GRAN GUERRA

El cambio de Gobierno no fue la única consecuencia de los graves sucesos de 1909. Los republicanos, los partidos obreros y los sindicatos constataron la capacidad de presión de las multitudes, el poder del dominio de la calle y la posibilidad de emprender movimientos de carácter nacional, una experiencia que no dejarían de aprovechar en el futuro. Además, el descontento generado por la guerra y la hostilidad hacia el injusto sistema de reclutamiento demostraron que eran un buen recurso para movilizar a la población. En una época en la que el imperialismo nacionalista incitaba a las masas populares de las potencias europeas a identificarse con el Estado, en España se producía el fenómeno contrario. El país, que había perdido no hacía mucho los últimos restos de su imperio colonial, era incapaz de derrotar a un enemigo insignificante situado en las puertas de su propia casa. El recuerdo del Desastre del 98 y las escenas vividas en el verano de 1909 agrietaron la legitimidad del sistema de la Restauración y anunciaron la crisis de hegemonía del Estado, irreversible a partir de 1917. Las operaciones militares terminaron en enero de 1910, después de asegurar la zona de Melilla, pero el fin de los combates fue sólo un breve paréntesis de tranquilidad en un conflicto, el de la guerra de Marruecos, que iba a marcar la historia de España durante dos décadas. Probablemente ningún país europeo dedicó tantos recursos durante tanto tiempo para intentar asegurar un territorio tan irrelevante. Y, desde luego, si tenemos en cuenta la gravedad de los acontecimientos posteriores, desde el conflicto abierto en 1921 por el desastre de Annual hasta la rebelión de julio de 1936, protagonizada por los militares africanistas, ninguno lo pagó tan caro.

De momento, en enero de 1910, la paz en el Rif apenas supuso un alivio para Moret, el dirigente liberal que, como escribió Pabón, acabó siendo un náufrago de la tormenta que él mismo había desencadenado. La brevedad de su Gobierno se debió no tanto a la hostilidad de una parte del Ejército, al boicot de la oposición conservadora o a la amenaza de la Conjunción entre republicanos y socialistas, ratificada en noviembre del año anterior, sino a la falta de apoyos dentro de su propio partido. Los jefes de las facciones rivales intrigaron cerca de Palacio y consiguieron que el Rey, en febrero de 1910, en la llamada crisis del Miércoles de Ceniza, le retirara su confianza y nombrara en su lugar a José Canalejas. Su llegada al poder demostraba lo poco que habían cambiado los partidos políticos dinásticos, más parecidos todavía a las familias de notables y camarillas decimonónicas que a las modernas organizaciones de masas del siglo XX.

Sin embargo, una vez en el poder, Canalejas demostró su voluntad sincera de cambio, su decidido empeño en llevar adelante un programa completo de renovación liberal y reforma social. Y en un sentido muy diferente al intento anterior de Maura. Si el proyecto del líder conservador, temeroso de la participación de las masas, se basaba en la depuración del sistema electoral y de las instituciones públicas, en la moralización de la Administración, el impulso reformista de Canalejas descansaba en la regeneración social y cultural del pueblo, en el papel del Estado como protagonista de la modernización de la sociedad. Los casi tres años que estuvo al frente del Gobierno, hasta su asesinato en noviembre de 1912, supusieron el intento más serio y esperanzador de abrir una vía hacia la democracia desde el interior del sistema político de la Restauración, sin poner en cuestión, eso sí, los fundamentos de la monarquía constitucional.

José Canalejas y Méndez tenía entonces 55 años y una larga trayectoria política dentro del ala radical del Partido Liberal. Diputado por Soria en 1881 y ministro en los gabinetes de Sagasta de 1885 y 1894, destacó por sus planteamientos renovadores, en los límites de la izquierda dinástica. Como ha estudiado con detalle Salvador Forner, la figura de Canalejas encarnó en España la nueva orientación social del liberalismo europeo de los primeros años del siglo XX, inspirado en las experiencias de países como Gran Bretaña, Bélgica o Francia. Ese liberalismo de nuevo cuño promulgaba la intervención del Estado en las relaciones sociales y económicas con el fin de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Una apertura social que, a la larga, permitiría la integración política de los sectores obreros, requisito indispensable para conseguir la democratización del régimen, en el fondo una «República coronada», como él mismo decía mirando hacia el ejemplo británico. Entre las reformas laborales aprobadas durante el mandato de Canalejas destacaron la ley de la jornada máxima de nueve horas en la minería, la de aprendizaje, la de descanso de las mujeres en establecimientos comerciales o la que reguló el trabajo nocturno femenino. También un número considerable de propuestas sobre contrato de trabajo, negociación colectiva, control de industrias peligrosas o seguridad social obligatoria, la mayoría de ellas todavía en trámites parlamentarios cuando fue asesinado.

Tampoco se llegó a aprobar una de sus propuestas más llamativas, la ley de mancomunidades provinciales, el primer gesto de descentralización estatal, de sensibilidad hacia las demandas de los regionalistas. Un año después de su muerte, en diciembre de 1913, el Senado dio el visto bueno a la Mancomunidad de Cataluña, dirigida por Prat de la Riba, que unía administrativamente las cuatro diputaciones provinciales sin que este hecho, de todas formas, supusiera la cesión de nuevas competencias.

Un ejemplo de apertura moderada, el principio que presidió también la política del Gobierno sobre la «cuestión religiosa». A pesar de su fama de agitador anticlerical, Canalejas se mostró conciliador y buscó siempre fórmulas de compromiso entre la preeminencia de la religión católica dictada por la Constitución y una progresiva separación de la Iglesia del Estado. Las medidas secularizadoras pretendían afirmar la supremacía del poder civil frente a las amenazas de reacción conservadora ante cualquier propuesta democratizadora. La discusión de la Ley del Candado, aprobada a finales de 1910, suscitó en los meses anteriores una oleada de manifestaciones anticlericales, concentraciones católicas, amenazas de grupos tradicionalistas y hasta un conato de ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero, en realidad, era una propuesta tímida y de carácter temporal, una modificación de la Ley de Asociaciones que se limitaba a prohibir el establecimiento de nuevas Órdenes religiosas en España durante dos años, hasta que una ley posterior definiera de forma definitiva la cuestión, cosa que nunca ocurrió. La ley de mayor calado simbólico, la exención de la enseñanza de la religión para los hijos de padres no católicos, ni siquiera tuvo la firma de Canalejas, fue aprobada por el Gobierno de Romanones en 1913.

Los logros y los límites del programa reformista liberal se reflejaron en las dos leyes más esperadas por «ciertas masas de la sociedad española», como reconocía Canalejas en el Congreso, en la primavera de 1911: la supresión del impuesto de consumos, impopular y vejatorio, y la reforma de las quintas, un sistema odiado por las penosas condiciones del servicio y la pervivencia de la redención a metálico. La primera no consiguió del todo el objetivo que pretendía porque muchos ayuntamientos, ahogados por la falta de recursos propios, prorrogaron durante años el cobro de los consumos. La segunda se quedó también a medias. La Ley del Servicio Militar Obligatorio, aprobada en febrero de 1912, permitía la existencia de soldados de «cuota». Los mozos que se costeaban el equipo y pagaban mil pesetas permanecían solamente diez meses en filas, un período que se reducía a la mitad si la suma entregada ascendía a dos mil pesetas, ocupando siempre, además, los servicios destinados a soldados de primera o distinguidos.

Para El Socialista era una «burla» que se le hacía «al pueblo trabajador, la eterna víctima», porque de los regimientos de la Península no se extraían soldados de cuota para el «matadero» de África. Otra vez la guerra de Marruecos. En la primavera de 1911 volvieron las operaciones militares y las protestas en toda España. Sólo en la primera semana de mayo hubo manifestaciones contra la guerra en 27 provincias. Una hostilidad popular que había que traer a «domesticidad», decía entonces Ortega y Gasset, si se quería allanar «el monte de odio levantado entre las dos mitades de España en 1909». El País escribía que los que resistían los avances del proletariado eran los mismos que empujaban al Gobierno en las montañas del Rif, por eso el pueblo relacionaba «las cuestiones sociales que le preocupan con las empresas guerreras». Así era. En la ola de mítines, manifestaciones y huelgas del verano de 1911, las reivindicaciones de carácter social y económico fueron muchas veces unidas al rechazo a la guerra de Marruecos, una oposición al conflicto bélico que influyó en la convocatoria de huelga general y en el clima casi insurreccional que se vivió en buena parte del país durante el mes de septiembre.

El movimiento de protesta comenzó el día 11 con huelgas parciales en Vizcaya, en Asturias y en Málaga que, en los días siguientes, en medio de la confusión general y la desorganización, se extendieron a Zaragoza, Valencia y otros puntos de España. Unos días antes se había celebrado el primer congreso de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, el sindicato de orientación anarquista fundado un año antes en Barcelona sobre las bases de Solidaridad Obrera. El PSOE y la UGT se sumaron a la huelga general de forma tardía, cuando en muchos puntos los obreros ya habían depuesto su actitud. Los incidentes más graves tuvieron lugar en Cullera, el día 18, donde unos huelguistas mataron a tres funcionarios. La sentencia de muerte dictada para siete de los implicados en los sucesos despertó una campaña de prensa a favor de los condenados que, en el fondo, era un pulso contra el Gobierno y la monarquía constitucional. Alfonso XIII y Canalejas, con el deseo de evitar que se repitiera otro caso Ferrer, lograron conmutar las penas. Pero las medidas represivas fueron especialmente duras con el movimiento obrero organizado. La CNT fue prohibida, las casas del pueblo y los locales de la UGT quedaron clausurados durante meses y se multiplicaron las detenciones. La mano firme del Presidente del Consejo de Ministros volvió a mostrarse un año más tarde, en septiembre de 1912, con motivo de la huelga ferroviaria declarada en todas las líneas del país, con más de 70 000 obreros implicados. Canalejas no dudó en seguir el ejemplo cercano de Briand en Francia y llamó a filas a los empleados reservistas, militarizando el servicio.

Las huelgas generales, la amenaza de estallidos revolucionarios y el fracaso de las vías de negociación pacífica truncaron las esperanzas de Canalejas de una evolución reformista del movimiento obrero dentro de los cauces del marco constitucional monárquico. Él mismo fue una víctima más de ese desencuentro. El 12 de noviembre de 1912 fue asesinado en la Puerta del Sol, frente al escaparate de una librería, por el anarquista Manuel Pardinas, que en realidad tenía pensado atentar contra el Rey. Tres disparos de pistola a quemarropa. Los mismos que quince años antes habían terminado con la vida de otro presidente del Gobierno, Cánovas del Castillo. De alguna manera, los dos magnicidios abrían y cerraban el período central de la España de la Restauración, el que iba de la guerra sin cuartel en Cuba bajo el mando de Weyler a la firma del Protectorado español en Marruecos, de las primeras fisuras del sistema político al final del último gran proyecto reformista, al inicio de la crisis del régimen que Galdós definía en 1910 como «un armatoste de ruinas apuntaladas».

No lo era tanto. Al menos todavía. Galdós hablaba así en el Congreso como diputado de la Conjunción Republicano-Socialista, que había conseguido un éxito notable en las elecciones de ese año obteniendo 37 escaños en las Cortes, uno de ellos ocupado por Pablo Iglesias, el primer socialista que se sentaba en la Cámara. Pero los diputados de la Conjunción apenas sumaban un 9 por ciento del Parlamento. Y el propio Galdós fue uno de los republicanos moderados que, en la primavera de 1912, siguió a Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate en la fundación del Partido Reformista. En sus filas militaba un joven Manuel Azaña, presidente del Ateneo, que pedía una transformación de la organización española «sin acudir al fantasma de una revolución sangrienta». Se trataba de unir en un proyecto político a las élites intelectuales dispuestas a dejar en un segundo plano la forma de gobierno para educar y nacionalizar a las masas y abrir las puertas a la democracia dentro de la monarquía. Una reforma templada porque el progreso, citaba Felipe Trigo en el prólogo de Jarrapellejos, la novela que dedicaba a Melquíades Álvarez en 1914, «no es un tren que corre, sino un árbol que crece».

Pero por el tronco agrietado del sistema político constitucional corría poca savia regeneradora. El régimen seguía descansando sobre el pacto fundacional de los partidos dinásticos, sobre unas raíces oligárquicas cada vez más fragmentadas y enfrentadas. En los años siguientes se sucedieron en el poder liberales y conservadores, pero ya no hubo un liderazgo que no fuera contestado, ni un Congreso sólido, ni un Gobierno estable que tuviera tiempo y energía para otra cosa que no fuera sortear problemas y conflictos. A partir de 1913, como ha estudiado con detalle Javier Moreno, se puede hablar de una cesura en la vida parlamentaria, de una línea divisoria en la historia política de la Restauración. En enero de ese año, Romanones subió al poder sin el apoyo unánime de los liberales y con la oposición frontal de Maura, que se negó a mantener el sistema del turno. Las Cortes estuvieron cerradas hasta finales de mayo, el tiempo que tardó en hacerse pública la ruptura del partido gobernante, cuando un grupo de más de treinta miembros de la mayoría, dirigidos por Montero Ríos y García Prieto, se opuso abiertamente a la aprobación definitiva de la mancomunidad catalana. Los disidentes se autodenominaron demócratas, término confuso porque el grupo más numeroso provenía del liberalismo conservador y centralista, con algunas incorporaciones que, sorprendentemente, procedían del ala izquierda del Partido. Esta contradicción era sólo aparente. En realidad, los principios ideológicos quedaban al margen cuando lo que estaba en juego era el reparto del poder entre las diversas clientelas, las rivalidades individuales y las disputas de los caciques en pugna por la representación en Madrid de los intereses locales y el reparto de concesiones, favores y prebendas. Lealtades personales, territoriales y también de parentesco. Las elecciones generales de 1914 y 1916 llenaron las Cortes de familiares con apellidos reconocidos, hijos, sobrinos y nietos pertenecientes a sagas de prohombres y oligarcas que complicaron aún más el consenso en torno a un líder y la tarea de formar una mayoría duradera.

El conde de Romanones y Eduardo Dato lo intentaron. Ambos pretendieron reconstruir las reglas del juego, la alternancia ordenada, el monopolio bipartidista que habían disfrutado sus mayores. El primero, enfrentado a la facción de García Prieto, buscó un difícil equilibrio entre el patronazgo de sus partidarios y las clientelas liberales crecidas a la sombra de Santiago Alba, Rafael Gasset, Niceto Alcalá-Zamora y Fernando Merino, el yerno de Sagasta, entre otros. Dato, que alcanzó la presidencia en octubre de 1913, representaba las aspiraciones de los sectores más tradicionales del Partido Conservador, dividido también por las luchas intestinas libradas entre las facciones de Antonio Maura, remiso a la hora de dar un paso al frente, con tantos amigos como enemigos dentro y fuera de sus filas, la de Juan de la Cierva, el portavoz de la extrema derecha, y los grupos menores que habían quedado huérfanos tras la desaparición de figuras históricas como Villaverde, Romero Robledo o Luis Pidal.

La inestabilidad gubernamental se mostró públicamente por el recurso constante al cierre de las Cortes, una medida excepcional que se convirtió en una costumbre. Durante los dos años del Gobierno de Dato, de octubre de 1913 a diciembre de 1915, la actividad parlamentaria se redujo a seis meses de sesiones, los mismos que mantuvo abierta la Cámara el Gabinete de Romanones que tomó su relevo en el siguiente bienio. Los dos líderes dinásticos intentaron esquivar de esa manera los problemas de la falta de cohesión de sus mayorías y la obstrucción de las minorías, la oposición constante de los reformistas, los republicanos y los regionalistas catalanes dirigidos por Cambó. Las iniciativas y proposiciones quedaban bloqueadas por largos trámites en el Congreso y en el Senado y por debates enconados que dejaban malparados a los jefes del Gobierno. El propio Romanones lo confesó en una de sus frases célebres: «Esta mañana estuve de caza; ahora voy al Congreso a hacer de pato». Lo cierto es que en esos años se aprobaron pocas leyes relevantes, y que ese vacío legislativo vinculó la suerte del poder ejecutivo, cada vez más, a la confianza de la Corona, a la intervención del Rey, erosionando, de ese modo, la legitimidad del sistema parlamentario.

Precisamente cuando más se necesitaba. En el verano de 1914 la polémica sobre la cuestión catalana, los conflictos sociales y las operaciones militares en Marruecos quedaron en un segundo plano ante las noticias de una escalada bélica de dimensiones desconocidas. La Gran Guerra. La actitud inicial española no podía ser otra que la neutralidad. En eso no hubo demasiadas diferencias entre liberales y conservadores. Tanto Dato como Romanones eran conscientes del limitado potencial militar del Ejército y de la posición marginal del país dentro del escenario europeo, fuera de las grandes alianzas internacionales que definieron los bloques enfrentados en las trincheras. Sin embargo, con el paso de los meses, la declaración de neutralidad no libró a España de un intenso debate en la prensa y en la opinión pública que acabó involucrando a todas las instituciones, asociaciones, círculos y partidos políticos.

Una «guerra civil de las palabras», según la expresión de Gerald Meaker. Entre los aliadófilos se contaban casi todos los liberales, con una simpatía comedida hacia Francia y Gran Bretaña que no ocultaban los reformistas, los republicanos e incluso los socialistas. Sus declaraciones públicas, más beligerantes contra los imperios centrales, saludaban las victorias aliadas como avances de la causa del progreso, la democracia y la libertad. En el lado contrario, el de los germanólifos, estaban los carlistas, los jóvenes mauristas y amplios sectores del Ejército, la Iglesia y la nobleza, mucho más cercanos al ideal que representaba el Imperio alemán como guardián de los valores tradicionales, el militarismo y la defensa del orden social frente a cualquier tentativa revolucionaria. El debate se fue agriando y subiendo de tono a partir de 1915 con la incorporación de Italia al bando aliado, con las campañas de propaganda dirigidas y financiadas por las embajadas de las grandes potencias y por los torpedos que los submarinos alemanes lanzaban contra los barcos mercantes españoles. La controversia por la respuesta adecuada a esos ataques provocó la división de los liberales y la crisis final del Gobierno de Romanones, en abril de 1917.

El impacto de la Primera Guerra Mundial en España fue mucho más allá de las disensiones en torno a la política diplomática o las diatribas de papel cruzadas en los periódicos. La mayoría de la población permaneció ajena a ese debate, preocupada por cuestiones más básicas como la condiciones laborales o la carestía de los alimentos de primera necesidad. Como es sabido, durante el ciclo bélico el auge de la demanda externa generó en la economía española un proceso espectacular de expansión industrial y comercial, con grandes beneficios empresariales. Pero la otra cara de la euforia productiva fue la elevada inflación que provocó un fuerte incremento de los precios de los alimentos, siempre por encima del alza de los salarios. La carestía del pan se empezó a notar en los primeros meses de 1915. Los españoles, denunciaba Acción Socialista, tal vez no fueran a fallecer víctimas de la sangrienta catástrofe pero iban a sucumbir igual que los pueblos beligerantes: «Ellos, de la causa; nosotros de los efectos. Total, lo mismo». La primera Ley de Subsistencias impidió la exportación y redujo los derechos de importación de trigo y harinas, pero las medidas adoptadas no tuvieron los efectos deseados. A lo largo de 1916 se repitieron los motines populares contra la carestía del pan y la presión fiscal, con las mujeres en las primeras filas de la multitud. La segunda Ley de Subsistencias tampoco acalló las protestas, los asaltos de tahonas y almacenes y los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Los motines tradicionales convivieron con las huelgas y manifestaciones promovidas por el movimiento obrero organizado, decidido a encauzar la indignación popular. A la huelga nacional ferroviaria del verano de 1916 le siguió el acuerdo alcanzado por los dos sindicatos mayoritarios, la UGT y la CNT, para organizar un paro general de 24 horas en toda España que exigiera al Gobierno el abaratamiento de las subsistencias y la solución de la crisis de trabajo. El manifiesto de la convocatoria, dirigido a los ciudadanos y al pueblo en general, declaraba que la acción anunciada era la última advertencia al poder público. Si no se tomaban las medidas adecuadas quedaría al descubierto «que el mal que nuestro país sufre sólo tiene remedio apoderándose del poder para llevarlo a otras manos menos sujetas por las conveniencias privadas». La huelga general del 18 de diciembre fue, sin duda, la mayor movilización social que se había visto hasta entonces en España. Un aviso del nuevo ejército social de los obreros, escribía Luis Araquistain en El Socialista, de lo que está en sus manos hacer; unos ejercicios militares, unas maniobras proletarias que eran una invitación a una huelga mayor «el día que del ensayo haya que ir a la batalla». No hubo que esperar mucho tiempo. En marzo de 1917, unas semanas más tarde del movimiento revolucionario ruso que había conseguido la abdicación del zar Nicolás II, la UGT y la CNT acordaban la convocatoria de una huelga general indefinida antes de tres meses.

Wenceslao Fernández Flórez había anunciado el protagonismo político de la clase obrera en una de sus crónicas parlamentarias publicada al comienzo del conflicto mundial. En su opinión, las características de los partidos tradicionales habían desparecido, se habían amalgamado los intereses de todos los combatientes de la política, que manejaban entre ellos «el florete como botón», y las únicas víctimas eran los obreros, el blanco de los procesamientos y las persecuciones. Del amplio partido de los «gobernados» los obreros eran los que tenían «más coraje y menos sumisión, más valentía para la protesta». Por eso «los medios de las antiguas luchas y todas la represalias» se guardaban «para ser esgrimidas entre éstos y aquéllos». La crónica de los años de la Gran Guerra, de una neutralidad con «ramalazos de nerviosidad», llegaba a un punto de no retorno en abril de 1917, con la caída de Romanones. «Digámoslo con franqueza, la Constitución ha perdido mucho a nuestros ojos. Es como tener un duro falso: puede uno “postinear” con él delante de los amigos, pero si hay que pagar el gasto lo llevan a uno a la cárcel. Ya no amamos ese veleidoso mamotreto». No lo amaban quienes hablaban de revolución, descreídos del régimen parlamentario liberal, y tampoco las voces que comenzaban a pensar en una solución radicalmente diferente, en una salida de corte nacionalista, autoritaria y militar.

Capítulo 3. La crisis del régimen liberal

CAPÍTULO 3

LA CRISIS DEL RÉGIMEN LIBERAL

La mayoría de los especialistas están de acuerdo, en líneas generales, en el punto de inflexión que supuso la crisis de 1917 para la legitimidad del sistema político de la Restauración. La amenaza pretoriana de las Juntas de Defensa, las demandas de la Asamblea de Parlamentarios y la movilización obrera de la huelga revolucionaria plantearon un serio desafío al Estado. El régimen sobrevivió al envite, pero no fue capaz de emprender las reformas necesarias para ampliar sus bases sociales y políticas y afrontar con éxito una transición ordenada hacia la democracia. Los Gobiernos de esos años fueron débiles e inestables, sostenidos por partidos divididos en facciones y grupos de intereses que ocupaban un Parlamento fragmentado, incapaces de sacar adelante proyectos ambiciosos como los que habían abordado Maura y Canalejas en la década anterior.

No era una tarea sencilla. Al impacto económico y social de la Gran Guerra se sumaron los problemas derivados del corporativismo del Ejército, la deriva autoritaria de la Corona, el recrudecimiento del conflicto colonial marroquí, la intensidad de la movilización sindical y las protestas populares, con el eco de la revolución rusa, las reivindicaciones nacionalistas y la defección de los sectores conservadores, las asociaciones católicas y los grupos patronales, cada vez más proclives hacia soluciones antiparlamentarias. Esa situación se prolongó hasta septiembre de 1923, cuando Miguel Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, declaró el estado de guerra y exigió la entrega del poder. Apenas hubo oposición. El golpe de Estado terminó con la experiencia constitucional y empezó una dictadura militar.

VERANO DE 1917

Un «movimiento sedicioso y antipatriótico, revolucionario y antisocial, de una minoría turbulenta, engañada infamemente por otra minoría, aún más exigua, constituida por unos cuantos vividores sin conciencia, sin honor y sin virilidad que, a cambio de unos… dineros, no vacilan en destrozar a su Patria, en derramar sangre de hermanos y en inducir a la perpetración de crímenes tan horrendos y salvajes». Así calificaba El Debate la huelga general revolucionaria de agosto de 1917. El periódico, de orientación católica y conservadora, se asombraba de la sencillez con la que se había producido un «artificio tan peligroso y dañino». Una asamblea de obreros ferroviarios acordaba un paro parcial y, por solidaridad con ellos, «como la cosa más natural e inofensiva del mundo, con una facilidad estupenda, se nos lleva a la huelga general. Y la huelga general, planteada por tiempo y motivos indefinidos, tiene siempre el carácter de revolucionaria». Se paraliza la economía nacional, se interrumpe «la marcha ordenada de la vida social», se detiene el desarrollo económico y se destruyen grandes riquezas, todo ello acompañado de manifestaciones de violencia que excitan y revuelven los «rudos instintos». El origen de esa «malhadada situación» no era otro, a juicio del diario, que el «espíritu seudodemocrático importado de los países decadentes», que había relajado «los resortes del Estado, de la autoridad, de la disciplina social en nuestra colectividad. Una de las cosas más urgentes es reaccionar contra él y restaurar los conceptos clásicos sobre las bases fundamentales de la sociedad».

En realidad, como sabemos, la tormenta política y social del verano de 1917 no empezó con la huelga general. Los primeros que saltaron por encima de la legalidad constitucional fueron los propios encargados de defenderla, los militares. El movimiento de las Juntas de Defensa, como ha explicado Carolyn Boyd, supuso el regreso del pretorianismo a la vida pública y el principio del fin de la supremacía del poder civil. En la primavera de 1917 se formaron en muchas guarniciones de España Juntas nutridas por oficiales que se sentían agraviados por las dificultades económicas creadas por la Gran Guerra, las medidas gubernativas que pretendían modernizar el Ejército y disminuir el peso excesivo de la oficialidad y la política de ascensos arbitrarios que primaba los méritos de los que servían en Marruecos, los «africanistas», sobre el criterio de antigüedad en el cuerpo. En la práctica era un intento de sindicación que violaba claramente la disciplina militar, pero las órdenes de disolución fueron desoídas.

La detención de los líderes de la Junta de Infantería de Barcelona en el castillo de Montjuïc motivó la publicación, el 1 de junio, de un manifiesto en el que los oficiales exigían, además de la liberación de los arrestados, el reconocimiento de las Juntas y la apertura de un proceso de reforma política, una declaración de tonos regeneracionistas que, en el fondo, ocultaba los intereses corporativos que habían guiado la protesta. Los cuerpos de oficiales de la Península amenazaron con desobedecer a sus mandos y, ante el cariz preocupante que tomaba la situación, con rumores incluso de un golpe de Estado, Marina, el capitán general de Cataluña, ordenó la liberación de los detenidos. El pulso ganado por los militares insubordinados terminó con la dimisión del Gobierno de García Prieto, el líder liberal que había sustituido a Romanones en abril de ese año, y con la aceptación oficial de los estatutos de las juntas. Como escribió Fernández Almagro, otra vez la «espada» pesaba sobre el Estado, y no fue «blandida como en otras ocasiones en la sombra, sino a plena luz, con más esperanza que escándalo de los expectantes ciudadanos». El Ejército, en vez de castigos, recibió «estímulos y sumisiones», pero las Juntas de Defensa no pudieron evitar «las consecuencias de su apelación a otra política: nunca fue fácil prever la historia ni dosificar los sucesos. Europa daba a la crisis nuestra un fondo tormentoso. La gran guerra, cuarteando pueblos e instituciones, hacía viable toda subversión». El Imperio ruso ya había caído y no era difícil que en otros lugares prendieran «chispazos de esta hoguera».

Para impedirlo, el nuevo Gobierno conservador, presidido por Dato desde el 9 de junio, decretó la suspensión de las garantías constitucionales y una censura de prensa tan férrea que Fernández Flórez aseguraba que era mucho más breve la lista de las cosas de las que se podía hablar que la de los asuntos prohibidos. Pero el silencio oficial no podía acallar la expectación creada por el movimiento militar y el descontento de la clase política. Al menos eso pensaban los socialistas, que reavivaron sus contactos con los republicanos convencidos, como ha explicado Santos Juliá, de que las condiciones necesarias para la revolución habían alcanzado la madurez necesaria. Había partidos burgueses dispuestos a ocupar el poder, militares díscolos tentados de sacar a las tropas a la calle y organizaciones obreras fuertes y disciplinadas, unidas desde hacía meses por la promesa conjunta de la UGT y la CNT de ir hacia una huelga general indefinida. No se podía dejar escapar una oportunidad tanto tiempo esperada. Julián Besteiro, uno de los intelectuales del PSOE, recordaba que en esos momentos «las gentes de todas las clases sociales, menos las más altas», creían «que esto se acababa, que la revolución estaba hecha sin esfuerzo de nadie».

El 16 de junio, después de varias reuniones de Pablo Iglesias con Melquiades Álvarez y Lerroux, se firmó una Alianza de Izquierdas que tenía el propósito de encabezar un movimiento general de reforma política. Junto a ellos, los diputados y senadores catalanes y algunos liberales pidieron al Gobierno la apertura de las Cortes para tratar los problemas más acuciantes y abordar, sin más tardanza, una renovación del texto constitucional. Entre sus demandas estaba la concesión de la soberanía nacional plena, sin la intervención de la Corona, una mayor independencia del poder legislativo respecto del ejecutivo y el inicio de una política descentralizadora que concediera cuotas progresivas de autonomía regional.

El Consejo de Ministros se negó a derogar las medidas excepcionales y, mucho menos, a abrir las Cortes por las presiones de un grupo de políticos que, a su juicio, rozaba la sedición. Desde Barcelona, Cambó lideró el malestar existente y convocó una Asamblea de Parlamentarios para debatir un programa básico que descansaba en dos principios: la formación de un Gobierno provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes a través de unas elecciones limpias que encarnaran «la voluntad soberana del país». La Asamblea anunciada se celebró el 19 de julio con una asistencia menos numerosa de lo esperado, apenas 70 parlamentarios —regionalistas, reformistas y republicanos— de los más de setecientos que componían las dos cámaras. Pero las fuerzas del orden disolvieron la reunión sin demasiados problemas, con la detención simbólica de los principales promotores. De momento, los partidos implicados no parecían decididos a ir más allá en su desafío al Gobierno. Y sin dirigentes políticos conspirando ni jefes militares inquietos en las puertas de los cuarteles, los líderes obreros se quedaron solos delante de la cita contraída con la revolución.

Y a ella acudieron. Más bien, eso sí, arrastrados por los acontecimientos que en cabeza del movimiento. Mientras algunos miembros de los comités nacionales del PSOE y la UGT, como Besteiro y el propio Pablo Iglesias, negociaban con los partidos antidinásticos, otros, como Francisco Largo Caballero, se reunían a escondidas en Barcelona con la dirección de la CNT para intentar contener a los sindicalistas más ansiosos. En medio de una escalada de conflictos, como los de los obreros metalúrgicos de Bilbao, los del arsenal de Cartagena o los de varias zonas mineras, el detonante fue la huelga de ferrocarriles y tranvías declarada en Valencia entre el 16 y el 24 de julio. Para muchos autores, Tuñón de Lara entre ellos, la dureza de la represión y los despidos de los huelguistas formaron parte de una estrategia deliberada del Gobierno que pretendía, de esa manera, provocar al movimiento obrero antes de que madurase su preparación.

Sea como fuere, lo cierto es que en los primeros días de agosto los ferroviarios de toda España acordaron ir a la huelga en solidaridad con los compañeros valencianos despedidos y que la dirección conjunta del PSOE y la UGT, encabezada por Besteiro, Andrés Saborit, Daniel Anguiano y Largo Caballero, pensó que no quedaba otro remedio que convocar la huelga general indefinida para el día 13 de agosto. El manifiesto, dirigido «a los obreros y a la opinión pública», no se diferenciaba mucho del programa reformista de la Asamblea de Parlamentarios: Gobierno provisional, elecciones sinceras y Cortes Constituyentes que abordaran los problemas fundamentales del país. Mientras no se consiguieran esos objetivos, «la organización obrera se halla decidida a mantenerse en su actitud de huelga».

El paro fue prácticamente general en Asturias, el País Vasco, Madrid, las comarcas industriales de Cataluña y del litoral valenciano, las zonas mineras andaluzas, como Linares, Peñarroya o Río Tinto, y bastantes capitales de provincia. Pero apenas tuvo eco en el resto de las regiones y pasó casi inadvertido en el mundo rural. Además, la pronta detención del comité de huelga dejó al movimiento sin dirección central, sin una estrategia coordinada, y los núcleos más activos quedaron aislados unos de otros, enfrentados a las tropas que se emplearon con contundencia contra los piquetes que ocupaban las calles, las estaciones y los alrededores de los centros de trabajo. Después de varios días de enfrentamientos, con un saldo de casi cien muertos y dos millares de obreros detenidos, la mayoría de los huelguistas depusieron su actitud. Los mineros asturianos fueron los últimos en volver al trabajo, a mediados de septiembre, cuando ya estaban en pleno funcionamiento los consejos de guerra que castigaron con dureza a los más comprometidos. Antes de acabar el mes, Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit ya estaban en el penal de Cartagena, condenados a cadena perpetua. El Gobierno podía respirar con alivio. El «gran advenimiento» anunciado por El Socialista había fracasado; el «coronamiento de todas las batallas» se había quedado en escaramuzas aisladas. Para tranquilidad del Rey, España, de momento, no era una segunda Rusia.

La situación de Rusia en febrero de 1917 tenía algunas similitudes con el escenario español del verano de ese año: la escalada de huelgas, conflictos de orden público y motines de subsistencia, el cierre del Parlamento, la existencia de partidos políticos dispuestos a encabezar un cambio de Régimen, el descontento de los militares y la presencia de un movimiento obrero decidido a salir a la calle y paralizar la vida económica. Pero España no estaba en guerra, no tenía a cientos de miles de soldados en las trincheras y, además, cuando llegó el momento esperado, la hora de la revolución, los cuarteles no se abrieron para acoger a los obreros y el Ejército actuó sin fisuras al lado del Gobierno.

De todas formas, el fracaso del movimiento revolucionario del verano de 1917 no significó que el Régimen quedara indemne. Las presiones de las Juntas de Defensa, que en junio habían acabado con el Gobierno liberal de García Prieto, derribaron en octubre al Gabinete conservador de Eduardo Dato. El poder civil quedó malparado frente al intervencionismo del Ejército, que contó a partir de ese momento con el respaldo decidido de Alfonso XIII, convencido de que su defensa era la mejor garantía para la supervivencia del Trono. Desde esa fecha hasta el golpe de Estado de septiembre de 1923 —en un período de apenas seis años— se celebraron cuatro elecciones generales y se sucedieron en el poder doce presidencias del Consejo de Ministros. Hubo Gobiernos llamados de concentración, gobiernos nacionales, Gabinetes de facción sin respaldo mayoritario y también coaliciones multipartidistas. Pero la inestabilidad gubernamental fue la nota dominante. Y las soluciones improvisadas y los acuerdos de urgencia que intentaron recomponer el turno bipartidista no pudieron sortear los obstáculos de la fragmentación del Parlamento, el muro infranqueable de los cacicazgos rurales, las demandas crecientes del nacionalismo catalán y vasco, los reveses de la guerra colonial en Marruecos y la oleada de conflictos sociales y enfrentamientos violentos que se extendió por toda España.

EL TRIENIO BOLCHEVISTA

El fracaso de los objetivos políticos propuestos por la huelga general de agosto de 1917 no conllevó la derrota del movimiento obrero. Más bien al contrario, éste demostró una notable capacidad para organizar y encuadrar a los trabajadores de todos los sectores productivos y para presionar al sistema oligárquico de la Restauración, reacio a la incorporación activa de las masas a la vida política. Un poder social y una influencia política que unos años atrás hubiera sido inimaginable. La movilización social del verano se mantuvo latente gracias a la campaña proamnistía de los presos, que despertó una corriente de simpatía en buena parte de la opinión pública, y al fortalecimiento de las sociedades obreras y los cuadros sindicales. En los meses siguientes se inició un rápido ascenso tanto del número de afiliados como de las sociedades constituidas en las principales ciudades y en muchas zonas rurales del interior peninsular. El telón de fondo era la coyuntura económica de los años de la Gran Guerra, que aceleró los cambios sociales y estructurales que permitían hablar, por primera vez, de una clase obrera extendida a nivel nacional. Y los protagonistas indiscutibles de ese escenario eran los dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT.

En la segunda década del siglo XX, la UGT experimentó una profunda transformación. Los cuarenta mil afiliados de 1910 pasaron a ser casi cien mil en 1917 y más de doscientos mil en 1920. No era sólo una cuestión numérica. A lo largo de esos años, la débil unión de sociedades de oficios tradicionales se convirtió en una federación sindical de ámbito nacional que fue incorporando a los obreros industriales, sobre todo los mineros, metalúrgicos y ferroviarios, y también, aunque en menor medida, a los trabajadores del campo. Las sociedades de oficios se reagruparon en sindicatos y federaciones de industria y los órganos dirigentes aumentaron su liderazgo, con la figura cada vez más destacada de Largo Caballero. Poco a poco, los conflictos laborales locales perdieron protagonismo frente a las campañas nacionales y las movilizaciones que afectaban a sectores enteros de la industria o los servicios. De esta manera, la UGT se convirtió en un sindicato de masas moderno, bien organizado y jerarquizado, capaz de encauzar las reivindicaciones obreras, coordinar las acciones colectivas de sus afiliados y emprender negociaciones de alto nivel con las asociaciones patronales y con el Estado con la aspiración de representar a todos los trabajadores.

Sus dirigentes, escarmentados después del fracaso de la huelga general de 1917, renunciaron a intervenir en la lucha política, un papel que le correspondía al grupo parlamentario del PSOE, con seis escaños en las Cortes de 1918, y se centraron en las cuestiones sindicales. No creían que la revolución proletaria fuera a llegar por el estallido violento de una jornada señalada sino, muy al contrario, como el fruto maduro de un proceso evolutivo, una tarea diaria de crecimiento y fortalecimiento de la organización. Como ha explicado Pere Gabriel, se trataba de un sindicalismo de presión y negociación que pretendía obtener mejoras laborales y reformas sociales participando en las instituciones del Estado. Por eso fomentaba el crecimiento de las grandes federaciones industriales y dejaba en un segundo plano la estructura territorial, alejándose del modelo sindical de confrontación, de las protestas locales, la sucesión de huelgas parciales y el enfrentamiento directo con los patronos. Con esa estrategia, la UGT obtuvo un éxito indudable en los núcleos mineros y metalúrgicos del norte y en sectores clave como el de los ferroviarios, pero no fue capaz de implantarse en la región más industrial del país, en Cataluña. Allí fue percibida como una organización lejana y centralista, ajena al mundo del catalanismo popular de raíz federal. Además, su estructura jerárquica encajaba mal dentro de la gran variedad de condiciones de trabajo y relaciones sociales locales y, en último término, tampoco contó con líderes influyentes, con dirigentes capaces de crear a su alrededor una organización estable y eficaz. Allí, en Cataluña, el protagonismo de la representación obrera tenía otras siglas: la CNT.

La Confederación Nacional del Trabajo fue, sin duda, la organización obrera española más importante de las primeras décadas del siglo XX. En la fase inicial de su andadura, entre 1910 y 1911, decía agrupar a 26 000 trabajadores pertenecientes a un centenar largo de sociedades, la mayoría radicadas en Cataluña. Pero fue en el período de la Primera Guerra Mundial, después de varios años de represión y clandestinidad, cuando la CNT se convirtió en un sindicato de masas, con un crecimiento vertiginoso que le llevó de los cien mil afiliados registrados en 1918 a los más de setecientos mil obreros que, según sus cálculos, estaban representados en el congreso celebrado en Madrid, en el Teatro de la Comedia, a finales de 1919. Más de la mitad de los delegados y adheridos procedían de Cataluña, con una implantación también notable en Levante, Andalucía y Aragón y núcleos menores en el resto de las regiones. La construcción de la central anarcosindicalista se relaciona de manera estrecha con la coyuntura de la Gran Guerra, con el auge económico derivado de la neutralidad española, la transformación de los sistemas de producción y las relaciones laborales, el crecimiento de las ciudades, con un contingente importante de obreros inmigrantes, y la aparición de una nueva generación de militantes que poco tenían que ver con el mundo de los oficios artesanales. Figuras destacadas como Ángel Pestaña, Salvador Seguí, Joan Peiró o Manuel Buenacasa, que propagaban las ideas anarquistas y libertarias desde las páginas de Tierra y Libertad y Solidaridad Obrera, y jóvenes revolucionarios que no rechazaban el activismo armado, como Durruti, Ascaso o García Oliver.

De todas formas, había una diferencia muy clara entre, por un lado, los cuadros de dirigentes y los propagandistas relacionados con la prensa ácrata, los ateneos y las escuelas laicas, con poca experiencia sindical, que mantenían vivos los planteamientos teóricos y las consignas revolucionarias; por otro, los militantes que realmente se ocupaban de la lucha diaria y la organización interna de las federaciones de oficio y los sindicatos únicos, impuestos desde 1918; y, por último, la gran mayoría de los afiliados, trabajadores ajenos a los debates doctrinales que pagaban sus cuotas y se sumaban a las protestas laborales porque pensaban que de esa manera podían mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. En el fondo, las prácticas cotidianas y la cultura política de los trabajadores cenetistas no se diferenciaban tanto de las de los obreros socialistas. Aunque los primeros predicaban la acción directa y autónoma frente a los empresarios, al margen del marco legal vigente, y los segundos defendían la disciplina de la organización y la participación en instituciones de arbitraje ambos compartían, como ha apuntado Santos Juliá, el descrédito de la política, el antiparlamentarismo, el rechazo del orden social y la creencia en la revolución proletaria como un hecho tan natural como ineludible. Por eso la historia de las relaciones entre las dos grandes centrales sindicales está jalonada de recelos mutuos y de enfrentamientos enconados, pero también de acuerdos básicos y de convocatorias conjuntas. Y por eso también se puede entender que muchas sociedades obreras locales repartidas por el territorio español cambiaran de adscripción de una central a otra, sin que eso originara demasiados problemas, y que se sumaran a movilizaciones generales cuando existían condiciones favorables, como ocurrió en los años finales de la segunda década del siglo XX.

En una coyuntura de crecimiento general de precios y grandes beneficios empresariales, los trabajadores descubrieron las ventajas de la organización sindical y la presión continuada sobre los patronos para conseguir aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de vida. Los empresarios, por su parte, mientras se mantuvo la bonanza económica, se mostraron dispuestos a ceder a las reivindicaciones a cambio de evitar el alargamiento de los conflictos. Y el éxito de las primeras huelgas, cortas y victoriosas para los trabajadores, animó el espíritu de asociación, el «hervor societario» del que hablaba Fernández Almagro, una «atmósfera de disgusto» que, según declaraba el ministro de Gobernación en febrero de 1918, podía producir «un ambiente propicio a la revolución».

Los vientos de la revolución venían desde Rusia, donde los bolcheviques, que habían acabado con la dinastía zarista, se disponían a instaurar un régimen proletario. Para Juan Díaz del Moral el eco de los sucesos de Rusia produjo una explosión entre los militantes del proletariado español. En las ciudades y los campos de Andalucía resonaron los toques de llamada de propagandistas y directores del movimiento obrero, preparados para contagiar el entusiasmo y emprender la lucha. A su juicio había dos elementos que confluían para levantar «el formidable oleaje de aquel mar de fondo»: por un lado Rusia, la «palabra evocadora», y por otra parte, la organización como «un arma bien templada». El notario de Bujalance definió como «trienio bolchevista» —una expresión que ha hecho fortuna en la historiografía española— al período más álgido de huelgas y conflictos sociales, que se extendió desde los primeros meses de 1918 hasta finales de 1920. Sus comentarios describían muy bien el miedo y la angustia percibidos por los patronos y terratenientes, alarmados por las predicaciones de los oradores que invocaban el ejemplo de la «aurora roja» que venía de Oriente y por el clima de inseguridad que extendían las noticias de incendios de cosechas, sabotajes y atentados contra las propiedades. Sin embargo, las reivindicaciones concretas de las sociedades obreras se limitaban, en la mayoría de los casos, a demandas salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.

La importancia de ese ciclo de conflictividad social quedó registrada en las estadísticas del Instituto de Reformas Sociales. Según sus cálculos, siempre incompletos, las 306 huelgas anotadas en 1917 pasaron a ser 463 en 1918, 895 en 1919 y 1060 en 1920. A partir de ese momento se invirtió la tendencia. El final de la guerra en Europa terminó con el espejismo de los beneficios extraordinarios, los precios cayeron y las plantillas de las empresas disminuyeron al tiempo que los salarios se contenían. Las huelgas se endurecieron y empezaron a caer del lado de los propietarios, cada vez mejor asociados, que utilizaron con frecuencia el arma del cierre patronal, el lock-out, para contrarrestar la ofensiva de los sindicatos y minar sus organizaciones. Los Gobiernos de esos años, que legislaron reformas importantes, como la jornada de ocho horas, y que ensayaron fórmulas de conciliación y tímidos intentos de negociación, terminaron recurriendo siempre al empleo abusivo de la Guardia Civil y del Ejército, a la represión de las organizaciones obreras y a la adopción de medidas excepcionales como la declaración del estado de guerra o la suspensión de las garantías constitucionales, en vigor desde 1919 hasta la primavera de 1922.

Y si en esos años hubo un escenario donde se vieran frente a frente el poder sindical de la clase obrera organizada, el miedo de los propietarios a la subversión del orden establecido, la preocupación de los gobernantes por la espiral huelguística y la violencia social y la presencia de los uniformes militares en las calles, ese lugar fue, sin duda, Barcelona. Una ciudad y una fecha significativa, febrero de 1919, el comienzo de la huelga de La Canadiense, «un acontecimiento memorable» según Diego Abad de Santillán, «que puso de manifiesto el espíritu combativo y de resistencia de los trabajadores». La huelga en la empresa hidroeléctrica, que suministraba el agua y la luz de la ciudad, comenzó como una protesta por el despido de unos oficinistas y se extendió después a todas las secciones del grupo. El centro urbano quedó a oscuras, la vida económica resultó paralizada y la CNT demostró una fuerza sindical que impresionó a todos los testigos, una capacidad de movilización hasta entonces nunca vista. Después de 44 días de paro, el conflicto terminó con la victoria de los confederales. Pero el capitán general de Cataluña, el general Milans del Bosch, se negó a poner en libertad a los presos sujetos a la jurisdicción militar, una de las peticiones que los huelguistas habían negociado con los emisarios del Gobierno. Una vez más, el Ejército desafiaba al poder civil, decidido a imponer la dureza del fuero militar por encima de cualquier solución conciliadora.

La CNT reaccionó convocando la huelga general. Los planteamientos más contenidos quedaron arrinconados en favor de los grupos de acción más radicales, dispuestos al enfrentamiento violento y las soluciones de fuerza. A partir de ese momento «comenzó el infierno», según la expresión de Tuñón de Lara. Los jefes militares, al margen de las autoridades civiles, crearon un clima represivo que tenía como meta la ocupación de las calles, la clausura de los sindicatos, la detención de sus cuadros dirigentes y el bloqueo de cualquier tipo de negociación en connivencia con los propietarios y los sectores del orden. Los empresarios más radicales, al frente de la Federación Patronal de Barcelona, pasaron a la ofensiva y en el otoño decretaron un lock-out que paralizó la vida comercial e industrial durante tres meses, hasta finales de enero de 1920, dejando en el paro a varios cientos de miles de obreros. Además financiaron cuerpos de seguridad privada, algunos convertidos en bandas de pistoleros, organizaron asociaciones de obreros no revolucionarios, el denominado Sindicato Libre, de orientación carlista, que declaró la guerra a muerte a los cenetistas, y resucitaron el somatén tradicional para convertirlo en una red de fuerzas vecinales de autodefensa que llegaron a contar con más de 60 000 hombres armados.

Los paros patronales, la constitución de guardias cívicas y las prácticas violentas de los sindicalistas se vivieron también en otras ciudades españolas. Pero la intensidad de la violencia y el número creciente de tiroteos, explosiones y atentados hicieron que todas las miradas convergieran en torno a lo que estaba pasando en la Ciudad Condal. El período de mayor virulencia coincidió con la llegada del general Severiano Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona entre noviembre de 1920 y octubre de 1922, tristemente célebre por la brutalidad de sus medidas represivas y por haber puesto en marcha la llamada «ley de fugas», el asesinato directo de los presos con la excusa de un intento de evasión. La oleada terrorista, de uno de otro signo, no cesó hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. Fernando del Rey Reguillo ha contabilizado, sólo en la provincia de Barcelona, un total de 981 personas afectadas por actos de violencia laboral entre 1917 y 1923, de ellas 267 víctimas mortales. Cayeron muchos militantes y dirigentes anarcosindicalistas y un número todavía mayor de patronos, capataces, pistoleros y obreros anticenetistas. La dureza extrema de la represión y la actuación de los grupos paramilitares amparados por la patronal no rebajan la responsabilidad de la CNT en la espiral terrorista de esos años. Los anarquistas más puros y duros desplazaron a los dirigentes más moderados y fomentaron la guerra social, la acción de los llamados «reyes de la pistola obrera», muchas veces vulgares asesinos y atracadores, procedentes de los bajos fondos, que no tenían nada de mártires heroicos ni de militantes ejemplares.

No es de extrañar que en septiembre de 1923 el golpe de Estado de Primo de Rivera, proclamado desde Barcelona, fuera recibido con notable satisfacción y alivio por los patronos, los propietarios y los sectores conservadores de Cataluña y del resto de España, que llevaban tiempo suspirando por el retorno del orden, por el alejamiento del fantasma del bolchevismo, una pesadilla que había durado seis años. No importaba que esa «paz social» tan anhelada viniera impuesta por las bayonetas.

DEL DESASTRE DE ANNUAL AL GOLPE DE ESTADO

Los Gobiernos que estuvieron al frente de la política española entre 1917 y 1923 tuvieron que afrontar numerosos desafíos, demasiados, quizá, para poder plantear un proyecto político de alguna entidad y dedicarse a otra cosa que no fuera la simple supervivencia del Régimen, cada vez más erosionado por el intervencionismo castrense, la conflictividad social, las reclamaciones regionalistas, las críticas antiparlamentarias que llegaban desde la izquierda y la derecha y la propia fragmentación de los partidos dinásticos. El Gobierno de concentración de García Prieto duró cuatro meses, justo hasta el día en el que se abrían las Cortes después de unas elecciones, las de febrero de 1918, que habían dejado un Parlamento dividido en facciones. A la derecha de los conservadores estaban los mauristas y los ciervistas; alrededor de los liberales se concentraban los demócratas, los albistas y los gasetistas. Frente a ellos 20 diputados catalanistas, un número similar entre reformistas y republicanos, 8 carlistas, 7 nacionalistas vascos y 6 socialistas. Una situación muy compleja, con muy poco margen para que uno de los grupos pudiera gobernar con alguna garantía.

La intervención del Alfonso XIII permitió salir del atolladero con la fórmula de un Gobierno nacional encabezado por Maura, con Dato, Romanones, García Prieto, Alba y Cambó sentados a su alrededor como ministros. Una solución de emergencia que despertó las esperanzas de una parte de la opinión pública. La Lliga entraba a formar parte del Gobierno de Madrid y los jefes de las facciones dejaban a un lado sus diferencias con iniciativas legislativas importantes como la ley del funcionariado, que terminaba con la figura del cesante, o como la reforma del reglamento del Congreso, que disminuyó el obstruccionismo legislativo limitando el tiempo de los debates y los trámites parlamentarios, la famosa guillotina. Pero la experiencia nacional duró sólo siete meses, hasta que las diferencias internas saltaron encima de la mesa.

Los Gabinetes que vinieron a continuación, sostenidos sólo por un grupo parlamentario, apoyados apenas por una facción, debilitaron aún más el sistema político. Primero el Gobierno liberal de García Prieto, que apenas llegó al mes de vida; luego el de Romanones, de diciembre de 1918 a abril de 1919, que tuvo que afrontar la explosiva situación social creada en Barcelona a partir de la huelga de La Canadiense y la movilización autonomista despertada en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia por las expectativas creadas en toda Europa por el final de la guerra y el triunfo del principio de las nacionalidades enunciado por Wilson. Demasiados problemas juntos. A Romanones le sucedió Maura durante tres meses, apoyado sólo por el sector más autoritario liderado por De la Cierva. Después llegaron los Gobiernos conservadores de Sánchez de Toca, de julio a diciembre de 1919; de Manuel Allendesalazar, desde esa fecha hasta mayo de 1920, y de Eduardo Dato, el líder teórico del conservadurismo parlamentario, que finalizó de forma trágica el 8 de marzo de 1921, cuando tres anarquistas lo asesinaron en la plaza de la Independencia de Madrid por haber autorizado la «ley de fugas». Tras el magnicidio, el Rey confió de nuevo en Allendesalazar, el presidente al que tocó acusar el golpe del desastre militar de Annual.

En la historia de las guerras coloniales abundan los ejemplos de desastres militares de las potencias europeas, como los reveses sufridos por los británicos en Jartum o en Sudáfrica o la decepción italiana en Abisinia, pero, como ha apuntado Sebastian Balfour, ninguno de esos desastres fue tan grave ni tuvo consecuencias nacionales tan profundas como el descalabro sufrido por el Ejército español en el norte de África en el verano de 1921. En la primavera de ese año, después de la pausa obligada de la Primera Guerra Mundial, la actividad de las tropas francesas en Marruecos reavivó los planes españoles de intervención militar. Los Gobiernos conservadores de Maura y Sánchez de Toca ordenaron al Alto Comisario, el general Dámaso Berenguer, el inicio de operaciones sobre las tribus no sometidas a su autoridad, un ambicioso plan que pretendía completar la ocupación militar de todo el territorio del Protectorado. Los éxitos iniciales, debidos en parte a la utilización de tropas indígenas y de unidades de élite como la Legión, creada en 1920, animaron al general Fernández Silvestre —amigo personal de Alfonso XIII, con fama de despótico y temerario— a emprender una ofensiva desde la comandancia de Melilla hasta Alhucemas. Era una campaña arriesgada por la amplitud del terreno, la escasez de armas y suministros y el desconocimiento del enemigo. Enfrente tenía a Abd-el-Krim, caudillo de la tribu Beni Urriaguel, antiguo empleado de la administración colonial, que había recorrido las montañas de la región para levantar las cabilas y organizar una harka contra el dominio español.

El rápido avance de las tropas condujo a Silvestre hasta el campamento de Annual, una posición expuesta que acabó convirtiéndose en una ratonera, un ejercicio de tiro al blanco para los fusiles de los rifeños que disparaban desde las alturas cercanas. El 21 de julio, aislado y sin defensas, el general decidió emprender la retirada, en realidad una fuga precipitada que terminó en el pánico general y el caos más absoluto y que sembró de cadáveres los más de cien kilómetros que distaban hasta los muros de Melilla. Las unidades indígenas desertaron y la disciplina se disolvió como un azucarillo. La catástrofe se consumó el 9 de agosto con la rendición del general Navarro y la matanza de sus tropas cercadas en Monte Arruit.

La asombrosa victoria de Abd-el-Krim, que con apenas 4000 guerreros llegó casi a exterminar un ejército moderno compuesto por 15 000 soldados, se convirtió con el tiempo en una referencia mítica para los líderes de los movimientos anticoloniales de todo el mundo. En España, las reacciones no tardaron en llegar, sobre todo cuando se empezó a conocer la envergadura real del desastre, el horror narrado por los soldados supervivientes y la vergüenza de los diez mil cuerpos insepultos, entre ellos el del propio Silvestre, diseminados por los alrededores de Annual, Dar Drius, Monte Arruit, Zeluan o Nador, nombres que quedaron asociados al recuerdo de la tragedia más sangrienta y humillante sufrida por el Ejército español fuera de sus fronteras. Los primeros testigos que en el otoño volvieron a visitar el escenario se encontraron el aire cargado «de hedor y tragedia», caminaron sobre «macabros paisajes de inverosímil realidad. Dante no vio tanto», decía Fernández Almagro. El relato estremecedor de Ramón J. Sender en Imán describió la huida como una pesadilla alucinante que mostraba sin tapujos los horrores de la guerra: «Es la guerra. Esto es la guerra. La banderita en el mástil de la escuela, la “Marcha Real”, la historia, la defensa nacional, el discurso del diputado y la zarzuela de éxito. Todo aquello, rodeado de condecoraciones, trae esto. Si aquello es la patria, esto es la guerra: un hombre huyendo entre cadáveres mutilados, profanados, los pies destrozados por las piedras y la cabeza por las balas».

La hostilidad de los sectores populares hacia la guerra de Marruecos, visible desde 1909, estuvo presente desde entonces en las campañas de protesta promovidas por el movimiento obrero, en innumerables mítines y manifestaciones y en casi todas las peticiones entregadas con motivo del Primero de Mayo. Los porcentajes de prófugos eran escandalosos: un 11 por ciento en 1910, un 20 por ciento en 1915 y un 17 por ciento en 1920. Ese año Romanones confesaba que el fenómeno no podía explicarse únicamente por la emigración, que la causa fundamental era de «carácter ético», la percepción de injusticia y desigualdad que el pueblo respiraba en los cuarteles, «un descontento latente, una propensión a la rebeldía poco favorable para la disciplina militar y para la seguridad del Estado».

Sin embargo, como ha señalado Pablo de La Porte, la magnitud de la catástrofe de Annual, con los relatos sobrecogedores de la crueldad y el salvajismo de los rifeños, despertó en la opinión pública española una ola de patriotismo hasta entonces desconocida. En el otoño de 1921, el Gobierno de Maura, que había sustituido a Allendesalazar después del desastre, no tuvo problemas para enviar refuerzos al otro lado del Estrecho, ni siquiera a los reclutas de cuota, que normalmente servían sólo en la Península. Las despedidas de los soldados fueron multitudinarias y las colectas de donativos tuvieron un apoyo notable. Pero fue un espejismo que duró pocos meses. No se reconquistaron las posiciones perdidas, la liberación de los prisioneros se retrasó casi dos años y las promesas de un fin cercano del conflicto quedaron en papel mojado. Marruecos, afirmaba Besteiro en el Congreso, no merecía «ni una sola gota de sangre de un hijo de España». Para la opinión pública, pasada la conmoción inicial, la aventura colonial era sólo buena «para los oficiales y los contratistas», como decía un personaje de Arturo Barea en La forja de un rebelde. Los Gobiernos se sucedían en Madrid uno tras otro, el conservador de José Sánchez Guerra en marzo de 1922, y la coalición liberal de García Prieto en diciembre de ese mismo año, y «cada uno dejaba a su sucesor el pleito marroquí, como un testamento en litigio».

El debate sobre las responsabilidades del desastre de Annual recorrió ese período, el último del sistema político de la Restauración, y aún estaba pendiente de resolución en septiembre de 1923 cuando llegó el golpe de Estado. En un principio, el Gobierno de Maura se limitó a hablar de responsabilidades militares y para ello encargó un informe oficial al general Picasso, un ejemplo de rigor y eficacia intachables. Pero a finales de octubre de 1921, cuando se abrieron las Cortes, la oposición exigió hablar también de responsabilidades políticas y los debates sobre esa cuestión se sucedieron uno tras otro. Salió a relucir la incompetencia militar, la causa principal de la catástrofe, y también el absentismo de la oficialidad, la corrupción e ineficacia que reinaban en el seno del ejército de África y el enorme agujero que su mantenimiento dejaba en la Hacienda pública. Y las protestas llegaron más arriba, a los políticos gobernantes y también al monarca. En este sentido fueron famosos los discursos del socialista Indalecio Prieto, la denuncia de los «montones de escombros humanos» diseminados en suelo marroquí, miles de cadáveres «que parece que se agrupan en torno de las gradas del trono en demanda de justicia». Las críticas públicas dirigidas al papel desempeñado por el Rey, decidido defensor del intervencionismo colonial, deterioraron notablemente su prestigio y socavaron aún más los cimientos del régimen ensanchando la brecha que lo distanciaba de una parte importante de las fuerzas sociales del país.

A la izquierda del arco político estaban los socialistas, que después de la derrota de la huelga general de 1917 no habían vuelto a creer en la posibilidad de una reforma del sistema de la Restauración. Esta postura se había visto reforzada tras un debate agotador sobre la naturaleza de la revolución bolchevique y la posible adhesión a la Tercera Internacional. De esa polémica interna nació la escisión de una parte de las Juventudes Socialistas y la creación, en abril de 1920, del Partido Comunista Español. El PSOE y la UGT seguían definiéndose como organizaciones revolucionarias, pero creían que la revolución llegaría por evolución, un fruto madurado por una crisis futura del sistema económico capitalista. Por eso declaraban que sólo estaban interesados en las cuestiones que tenían que ver con los problemas de los trabajadores, indiferentes ante el cambio político y la suerte del régimen parlamentario, como lo prueba la pasividad que mostraron frente al golpe militar de septiembre de 1923.

El rechazo de los socialistas a colaborar con los partidos burgueses tenía mucho que ver con la deriva de los reformistas de Melquíades Álvarez hacia los aledaños del Partido Liberal y con el decaimiento del republicanismo histórico, que se había quedado con diez escaños en las elecciones de 1920. Más que en una transición gradual del liberalismo hacia la democracia los republicanos seguían pensando que el único camino para acceder al poder era una insurrección en la que participaran militares comprometidos con la causa. Aunque la crisis abierta por el debate sobre las responsabilidades del desastre de Annual había insuflado aire nuevo a la vida parlamentaria, esa revitalización no varió la percepción que tenía una parte notable de la ciudadanía de una institución deslegitimada por el falseamiento electoral, los continuos cambios de Gobierno y las disputas por el acceso al poder de las diferentes facciones y familias que poblaban las filas de los partidos dinásticos tradicionales. Una opinión que resumía bien Antonio Machado en 1922: «Los elementos que forman el cuadro en torno a la monarquía son todos los viejos políticos […] Series de pandillas y tertulias, con diversas denominaciones que aguardan, escudilla en mano, su turno a la puerta de palacio. Todos están convictos y confesos de su propia vejez, y creen en lo irremediable de la ruina de España, pero todos esperan satisfacer una vez más sus mezquinas ambiciones». Un régimen en ruinas, atacado desde fuera y minado desde dentro, al que nadie defendió cuando Primo de Rivera lo derrumbó en septiembre de 1923. El poeta andaluz lo resumió entonces en dos líneas: «España cae en cuatro pies. ¿Se levantará? Probablemente encontrará cómoda la postura y permanecerá en ella largo tiempo».

Frente a la pasividad con la que los republicanos, los socialistas y las organizaciones obreras recibieron el golpe militar, las fuerzas derechistas y los sectores «de orden» dieron muestras, desde el primer momento, de una adhesión incondicional. El rechazo del liberalismo era una seña de identidad antigua de carlistas e integristas, que nunca habían aceptado el régimen construido por Cánovas. Pero en los años posteriores a la Gran Guerra, como ha explicado Fernando del Rey, habían ganado espacio y protagonismo nuevas corrientes conservadoras que fueron evolucionando del descrédito del parlamentarismo hacia propuestas cada vez más cercanas a un radicalismo autoritario. Entre esas fuerzas destacaban los mauristas, que competían en la calle con las organizaciones de izquierda y contaban con líderes nuevos como José Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea, cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Su defensa del clericalismo, abierta desde la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en 1919, los acercaba a las posturas del catolicismo social, un movimiento de reacción contra el laicismo y los peligros de la revolución social.

La organización política del movimiento católico fue tardía, plasmada en 1922 con la fundación del Partido Social Popular. Pero su fuerza descansaba en una amplia red asociativa que iba desde las Ligas Católicas y las asociaciones confesionales de jóvenes y damas hasta los círculos de obreros y los sindicatos agrícolas, con poca implantación en los medios urbanos pero con un éxito notable entre los pequeños propietarios rurales. En 1920 la Confederación Nacional Católica Agraria contaba oficialmente con 52 federaciones, 5000 sindicatos y 600 000 asociados. Era un dique de contención poderoso levantado, como reconocía Severino Aznar, uno de los propagandistas más activos, para evitar «que las aguas de la irreligiosidad, del indiferentismo y de la revolución vayan socavando, desmoronando y tragándose a trozos la vieja heredad de la fe española». De acuerdo con su lema, «Dios, Patria y Agricultura», nada malo podían esperar los católicos sociales de un régimen, el de Primo de Rivera, que iba a subrayar a través de su institución política más representativa, la Unión Patriótica, los principios de «Nación, Iglesia y Rey». No extrañó a nadie, por tanto, el apoyo de las organizaciones católicas y la jerarquía eclesiástica, claramente reaccionaria y antidemocrática, a una dictadura que les permitiría mantener sus privilegios y recuperar su dominio de la vida civil y cultural.

Al lado de los tradicionalistas, los mauristas y los sectores católicos había muchos actores y organizaciones sociales receptivos, como decía Ramiro de Maeztu en la primavera de 1923, a la intervención decidida de «un puñado de hombres que sean a la vez duros y buenos». Entre ellos los círculos nobiliarios, las confederaciones patronales y las asociaciones profesionales, todos desencantados con la clase política, proclives a una solución de fuerza de carácter técnico y corporativo, un «cirujano de hierro» que tuviera las manos libres para resolver los problemas del país sin el fárrago inútil del parlamentarismo. También el nacionalismo españolista, que en los años anteriores había movilizado contra los «separatistas» catalanes y vascos a los círculos mercantiles e industriales de varias ciudades, a las diputaciones castellanas y a coaliciones transversales como la Liga de Acción Monárquica creada en el País Vasco y la Unión Monárquica Nacional fundada en Cataluña. Incluso la Lliga Regionalista de Cambó, dispuesta a dejar a un lado sus reivindicaciones políticas con la esperanza de mantener a salvo el proteccionismo económico y de recuperar la hegemonía social dentro del Principado.

Y, por supuesto, el Ejército. Después de Annual los militares profesionales vivieron obsesionados con el sentimiento de desquite, con una hostilidad profunda hacia el Estado y un desprecio cada vez más público a la supuesta supremacía de las instituciones civiles. Lo señalaba con acierto Ortega y Gasset en unos comentarios escritos a comienzos de 1921, antes del desastre, publicados después en España invertebrada: «Fermentó en el grupo armado el resentimiento y la antipatía respecto a las demás clases sociales, y su periferia gremial se fue haciendo cada vez más hermética, menos porosa al ambiente de la sociedad circundante. Entonces comienza el Ejército a vivir —en ideas, propósitos, sentimientos— del fondo de sí mismo». A juicio del filósofo, la aventura colonial de Marruecos había hecho «del alma dispersa de nuestro Ejército un puño cerrado, moralmente dispuesto para el ataque. Desde aquel momento viene a ser el grupo militar una escopeta cargada que no tiene blanco a que disparar». La consecuencia inevitable de ese proceso era que el Ejército cayera sobre la nación y aspirara a conquistarla: «¿Cómo evitar que su afán de campañas quedara reprimido y renunciase a tomar algún presidente del Consejo como si fuera una cota?».

Primero cayó el Gobierno de concentración de Maura, en marzo de 1922, presionado por las exigencias corporativas de las Juntas de Defensa, oficialmente disueltas, pero que seguían actuando con el nombre de Comisiones Informativas. Después, a final de año, dimitió el Gabinete de José Sánchez Guerra, que había impulsado el procesamiento de los militares denunciados en el Expediente Picasso por temerarios o negligentes pero no pudo llegar a un acuerdo en el Parlamento sobre el alcance de las responsabilidades políticas. El malestar de los altos mandos aumentó con la llegada al poder de la coalición liberal liderada por García Prieto, sobre todo cuando el ministro de Estado, Santiago Alba, nombró a un civil como Alto Comisario de Marruecos y mostró su intención de recortar gastos y reducir el Ejército. La tensión creció aún más en el verano de 1923. Los combates se intensificaron y aumentó el envío de refuerzos. El 23 de agosto un grupo de reclutas se amotinó en el puerto de Málaga negándose a su traslado a Melilla. La pena de muerte dictada contra el cabo acusado de encabezar la revuelta fue suspendida por el Gobierno, una decisión que las autoridades militares consideraron como una ofensa intolerable y una muestra de la debilidad del poder civil.

En el verano de 1923 había varias conspiraciones militares en marcha. Una, la más pública, estaba encabezada por el general Aguilera, una segunda se fraguaba alrededor de un grupo de generales cercanos al Palacio Real y al menos otra tercera se preparaba en los despachos de los oficiales de la guarnición de Barcelona. Allí estaba Miguel Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña. A lo largo de la primavera había visto cómo se recrudecía la violencia social en las calles de Barcelona, cómo aumentaba el número de atentados terroristas sin que el Gobierno le permitiera declarar el estado de guerra. Durante el verano asistió a la convocatoria de la Triple Alianza nacionalista, una iniciativa de Acció Catalana, la escisión radical de la Lliga que abanderaba el derecho de autodeterminación. El 11 de septiembre, en la conmemoración de la Diada, estuvieron presentes los independentistas catalanes junto a los representantes de la Comunión Nacionalista Vasca y la Irmandade Nazonalista Galega. Toda una provocación antiespañolista. Por si fuera poco, una semana más tarde la Comisión de Responsabilidades del Congreso iba a entregar su informe a la Cámara mientras se esperaba la apertura de las Cortes, prevista para el 1 de octubre. Ya no se abrirían. En las primeras horas del 13 de septiembre Primo de Rivera declaró el estado de guerra en las cuatro provincias catalanas. El golpe de Estado estaba en marcha. La Patria se iba a ver libre, por fin, «de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso».

LA RESTAURACIÓN ¿UNA DEMOCRACIA EN CIERNES?

¿Primo de Rivera remató a un cuerpo enfermo, como él mismo creía, o estranguló a un recién nacido? Raymond Carr utiliza esta expresión para asegurar que el golpe contra el sistema parlamentario se produjo justo en el momento en el que los liberales avanzados que componían el último Gobierno operaban la transición de la oligarquía a la democracia. Shlomo Ben-Ami comparte esta opinión. Ambos autores valoran el programa de reformas encabezado por García Prieto como la prueba de que en 1923 no todo estaba perdido para el régimen de la Restauración; como el ejemplo más visible de que la crisis del sistema liberal no tenía que conducir de manera inevitable a su descomposición, a su destrucción final; de que, en fin, a pesar de la envergadura de las dificultades y los conflictos existentes había un camino hacia la democracia, una senda abierta para una transición gradual dentro de la legalidad constitucional.

Ciertamente, el Gabinete de concentración liberal de García Prieto había llegado al poder, en diciembre de 1922, con un programa ambicioso cargado de promesas progresistas de naturaleza democrática. Su principal impulsor era Santiago Alba, cercano a los reformistas de Melquíades Álvarez, que por fin accedían a formar parte de un Gobierno monárquico. Entre las medidas anunciadas se pueden enumerar el fomento de la educación y las obras públicas, una reforma fiscal proporcional, la reducción del déficit hacendístico, una ley agraria, nuevas normas electorales, la democratización del Senado o la ampliación de la autonomía municipal. Además, había otras propuestas especialmente polémicas como la revisión del artículo 11 de la Constitución —el que declaraba la confesionalidad católica del Estado—, el inicio de una nueva política social, basada en el reconocimiento de los sindicatos obreros y la negociación obligatoria de los conflictos laborales, y el refuerzo de la supremacía del poder civil sobre el Ejército, con una política pacificadora en Marruecos, el recorte de gastos militares y el impulso parlamentario de una Comisión de Responsabilidades por el desastre de Annual.

Para historiadores como Miguel Martorell y Fernando del Rey, esos «síntomas de profundización democrática» demuestran que «ninguna posibilidad se hallaba por completo cerrada». El Gobierno liberal fue destruido «justo cuando presentaba una fachada más pluralista, cuando se estaba volviendo más responsable ante la opinión pública». En su opinión, si no se hubiera derribado por la fuerza, la cul tura política de transacción y pacto del sistema liberal «bien pudiera haber sido el caldo de cultivo para asentar paulatinamente una democracia plena sin traumas ni exclusiones», un régimen liberal que «podría haber ahorrado a España los brutales enfrentamientos que en los años treinta desembocaron en una sangrienta guerra civil y en la no menos cruel dictadura franquista».

El mismo autor citado, Fernando del Rey, junto con Mercedes Cabrera, han propuesto una reinterpretación de la crisis del régimen de la Restauración situada entre las visiones moderadamente optimistas que se desmarcan de las tesis hegemónicas del fracaso del Estado liberal, de la herencia condenatoria regeneracionista que llegó a proyectar hacia atrás «las culpas de la imposible convivencia en el marco republicano y de la confrontación bélica inmediata». No niegan que los intereses económicos incidieran en la política, pero no de manera estructural, en términos exclusivos de dominación de clase. A su juicio, no se puede hablar de una oligarquía monolítica, de un «bloque de poder» sin fisuras, sino de «un puzzle extraordinariamente poliédrico» que no se mantuvo inmutable y estático a lo largo de todo el período. En los últimos años de la Restauración, el Parlamento no sólo no perdió sus funciones sino que las reforzó. Y los Gobiernos, a pesar de todos los problemas y conflictos existentes, intentaron mantener la acción política por encima de las presiones de algunas burguesías regionales, los grandes grupos industriales y agrarios, una parte del Ejército, el movimiento obrero radical y la oposición republicana y socialista, con incapacidades y limitaciones propias que no se pueden achacar en exclusiva a la perversidad del propio régimen.

En general, los historiadores del período, desde posiciones muy diversas, han presentado en los últimos años un análisis de la Restauración menos simplista y determinista que el que imperaba hasta hace poco. En estados de la cuestión como los presentados por Ángeles Barrio, Manuel Suárez Cortina o Javier Moreno Luzón, entre otros, se ha subrayado la complejidad de factores que concurrieron en la crisis final del régimen, un episodio más de la crisis de los Estados liberales europeos en la época de entreguerras, con características generales compartidas y rasgos peculiares específicos del caso español.

Muchos especialistas, sin embargo, siguen cuestionando que existiera una vía posible hacia la democracia dentro del Estado restauracionista. La distancia entre las propuestas y los logros del último Gobierno liberal constituye, para ellos, una muestra más de la incapacidad del sistema político para salir del proceso de descomposición en el que se encontraba en 1923. Javier Tusell argumenta, por ejemplo, que las elecciones con las que la concentración liberal logró la mayoría parlamentaria, celebradas en abril de ese año, no se distinguieron en nada de las anteriores, que no hubo atisbos de regeneración electoral en unos comicios con una abstención elevada y nada menos que 145 actas asignadas sin lucha, a través del famoso artículo 29. El Gobierno no dio sensación de unidad, con divisiones internas personalistas, crisis parciales y continuos cambios de ministros. Tampoco llevó adelante sus promesas de reforma ni se mostró capaz de alejar los peligros que acechaban al régimen parlamentario. Lo que había en España «no era una democracia en crisis, ni siquiera el alborear de un sistema político nuevo, sino una creciente sensación de vacío».

María Teresa González Calvet ha señalado, por su parte, la inoperancia gubernativa y la serie de claudicaciones que fueron ahogando los propósitos iniciales del Gobierno de García Prieto. Primero con la Iglesia, que paralizó la reforma prevista del artículo 11 de la Constitución. Después, con las tímidas iniciativas de intervención social y conciliación laboral, boicoteadas por las organizaciones patronales y las autoridades militares. Y, sobre todo, con el Ejército, que con el apoyo del Rey se opuso a la merma de sus atribuciones en materia de orden público y a un cambio de política en el Protectorado de Marruecos conspirando de una manera abierta y pública, sin ningún freno gubernativo. En su opinión, no había a esas alturas ninguna fuerza política, ni a la derecha ni a la izquierda, capaz de desbloquear el sistema y emprender una reforma desde dentro.

Para Teresa Carnero Arbat tampoco el régimen liquidado por el golpe de Estado se podía identificar con una democracia «en ciernes». Lo que desapareció en 1923 era «un sistema parlamentario doctrinario» reforzado, incluso, «con nuevos perfiles regresivos respecto a sus rasgos originarios no democráticos». Se refiere al persistente desinterés de las élites políticas por terminar con el fraude de los procesos electorales, a su incapacidad para convertir a los partidos dinásticos en organizaciones de masas y a la injerencia gubernamental en la vida parlamentaria, patente sobre todo a partir de la coyuntura bélica europea, cuando para una amplia mayoría de la población las Cortes dejaron de tener legitimidad. El descrédito se acentuó por la brevedad de los períodos de sesiones, el recurso continuado a la suspensión de las garantías constitucionales y el abuso de los decretos gubernamentales. Quienes intentaron restituir el poder del Parlamento, como el diputado reformista Pedregal, ministro en el último Gobierno liberal, no encontraron otra cosa que el rechazo general y la puerta abierta de la dimisión: «No hubo, pues, desplazamiento alguno de la oferta de democracia, a pesar del sensible aumento experimentado por la demanda».

La autora no ignora la responsabilidad de la radicalización de las izquierdas de implantación obrera, el impacto desestabilizador que tuvo la conflictividad social en un contexto dominado por la conmoción de los acontecimientos de Rusia. Pero, a su juicio, la espiral revolucionaria no fue el problema sociopolítico más relevante para entender la pendiente que desencadenó el golpe de Primo de Rivera. Tuvo mayor trascendencia el movimiento involutivo de las fuerzas del arco ideológico de las derechas, situadas al margen del Partido Conservador fundado por Cánovas, fuera, por tanto, del juego parlamentario, y dispuestas a apoyar la insurrección militar que se preparaba en los cuarteles.

El peso creciente de las actitudes autoritarias y antiparlamentarias no es un rasgo peculiar de la cultura política de la sociedad española en los años veinte. Se trata de un fenómeno general, visible en toda Europa, que forma parte de la crisis general que sacudió a los Estados liberales entre las dos guerras mundiales. En eso todos los historiadores parecen estar de acuerdo. De manera paradójica, el final de la Gran Guerra parecía hacer pensar lo contrario. Como ha apuntado Mark Mazower, la victoria de las potencias aliadas y el colapso de los imperios de Rusia, Austria-Hungría, Alemania y Turquía significaron la entronización en toda Europa de los sistemas parlamentarios representativos. Pero el triunfo del liberalismo resultó efímero. El impacto de la Revolución rusa y las sombras de la subversión comunista se extendieron por todo el continente y la polarización política arrinconó en pocos años a los valores democráticos. Aunque el temor a la revolución existente en 1918 y 1919 no llegó a materializarse y los conatos que existieron fueron aplastados con facilidad, los credos antiliberales y antidemocráticos se difundieron rápidamente y veinte años después eran contados los Gobiernos parlamentarios que sobrevivían. Fue la época de las dictaduras autoritarias, como el caso de Primo de Rivera en España, y de los regímenes fascistas.

En la misma línea, Eric Hobsbawm sostiene que la reacción derechista no fue una respuesta al bolchevismo como tal, sino a todos los movimientos, sobre todo los de la clase obrera organizada, que amenazaban el orden social vigente, sacudido por la emergencia de la sociedad de masas. «La democracia parlamentaria era una débil planta que crecía en un suelo pedregoso». Para que esa planta creciera sobre raíces firmes se necesitaba un contexto de prosperidad económica, un consenso amplio acerca de los valores democráticos, donde el voto de los ciudadanos fuera más allá de las divisiones nacionales, étnicas o religiosas, y la disposición de las fuerzas sociales para negociar, llegar a compromisos y desactivar los conflictos internos. Juan José Linz añade otras dos condiciones: la ausencia de crisis de legitimidad del Estado y el empeño de los propios actores políticos en defender la democracia: «la falta de voluntad de líderes políticos es una parte importante de la historia». Tampoco esa última circunstancia se dio en la España de la Restauración. Las élites gobernantes no afrontaron con decisión los desafíos de la modernización social y económica, no impulsaron la reforma de las instituciones ni la integración en el sistema de la mayoría de la población. Faltaba voluntad en las élites políticas y también en el jefe del Estado, en el Rey.

La figura de Alfonso XIII ha generado una amplia literatura que va desde la hagiografía y la justificación a la crítica más o menos ponderada o la condena sin paliativos. No obstante, la mayoría de los historiadores consideran que su actuación como soberano y sus constantes intervenciones políticas fueron un obstáculo para una posible conversión del régimen en una democracia representativa. La cuestión más relevante, en este sentido, no es el papel directo que pudo desempeñar en la gestación del golpe de Estado de 1923, si estaba al tanto o no de los manejos de la conspiración o si la alentó con sus declaraciones públicas o privadas o con su inacción en los momentos decisivos. El hecho fundamental, subraya Mercedes Cabrera, es que recibió el juramento de Primo de Rivera como presidente del directorio que inmediatamente procedió a suspender la Constitución. Esa decisión entroncaba bien con su pensamiento autoritario y antidemocrático. Desde el comienzo de su reinado, recuerda Carolyn Boyd, había contribuido decididamente a propiciar la debilidad del poder civil y la predisposición militar a intervenir en la política. Lo que no imaginaba cuando apostó por el Ejército como salvaguarda de la Corona, era que la dictadura que inauguraba no iba a ser un mero «paréntesis» de circunstancias, sino un paso sin marcha atrás, el principio de la liquidación de la monarquía constitucional.

Capítulo 4. Los años de Primo de Rivera

CAPÍTULO 4

LOS AÑOS DE PRIMO DE RIVERA

El 13 de septiembre de 1923 el levantamiento militar de Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, acabó con el Gobierno constitucional y accedió al poder con el beneplácito del Rey, el apoyo del Ejército, la adhesión de las organizaciones patronales y católicas y la indiferencia y pasividad de la mayoría de la población. En una primera etapa, hasta la primavera de 1924, el dictador se propuso terminar con rapidez con el desorden público, la amenaza de los nacionalismos, el asunto de las «responsabilidades» del desastre de Marruecos y la lacra del caciquismo, a su juicio los males principales que aquejaban a España. Un «cirujano de hierro» al que no le iba a temblar la mano.

A partir de ese momento, las medidas excepcionales dictadas a golpe de decreto dieron paso a un proceso de institucionalización. Si el régimen quería perdurar tenía que abordar los problemas sociales y económicos y emprender la movilización de sus apoyos sociales, fundamentalmente el Somatén y la Unión Patriótica. En el otoño de 1925, aprovechando el éxito de la campaña militar de Marruecos, el dictador comenzó a pensar en una salida política que le diera legitimidad y estabilidad. Antes de acabar el año, el Directorio militar dejó paso a un Gobierno de carácter civil que impulsó reformas administrativas y una legislación de carácter social que redujo notablemente la conflictividad laboral. En el verano de 1926 se puso en marcha la creación de un parlamento corporativo, la Asamblea Nacional, que abrió sus puertas un año más tarde con el encargo de redactar un nuevo texto constitucional.

Pero era demasiado tarde. Desde finales de 1928 Primo de Rivera fue perdiendo apoyos al tiempo que engrosaba la lista de sus enemigos. La oposición de una parte del Ejército, la rebelión estudiantil, la sucesión de complots y conspiraciones, la desafección de las asociaciones patronales y de la UGT, el distanciamiento del Rey y la organización de la oposición política en torno al republicanismo provocaron la descomposición del régimen y el aislamiento del dictador, que tuvo que dimitir en enero de 1930. La esperanza de Alfonso XIII de cerrar un paréntesis de siete años y volver a la situación anterior como si nada hubiera pasado fue una ilusión que apenas iba a durar un año. La suerte de la Monarquía iba unida a la de la Dictadura que había consentido y aprobado.

EL BRAZO MILITAR

A la una y media de la madrugada del 13 de septiembre de 1923, el teléfono de Capitanía General se puso en contacto con las redacciones de los diarios de Barcelona. Primo de Rivera quería dar a conocer a la prensa un documento «importantísimo». Una hora más tarde, los reporteros llenaban el despacho del marqués de Estella. El general, con aire decidido, amable pero con voz solemne, les hizo entrega de unas cuartillas con el ruego —con la orden— de que se insertaran en todos los periódicos. El manifiesto, dirigido «al país y al Ejército», declaraba que había llegado el momento de salvar a la Patria, de lanzarse «por España y por el Rey» a un movimiento de hombres demandado por el «pueblo sano». Alguien tenía que terminar con la «indisciplina social» creada por los asesinatos, los atracos, la impunidad de la propaganda comunista, el descaro del separatismo y las «rastreras intrigas políticas» que tomaban como pretexto la «tragedia de Marruecos». Un conjunto de «lástimas y vergüenzas» a las que había que poner «pronto y radical remedio». Para ello, y hasta que el país ofreciera «hombres rectos, sabios, laboriosos y probos», se constituiría en Madrid un «directorio inspector militar con carácter provisional» encargado del funcionamiento de las instituciones y del mantenimiento del orden público, una «paz» basada en «el saludable vigor y el justo castigo». Los militares comprometidos con el movimiento se proponían evitar «derramamiento de sangre», convencidos de que no había «ninguna limpia, pura y patriótica que se nos ponga en contra». Anunciaban, eso sí, «que la fe en el ideal y el instinto de conservación de nuestro régimen nos llevará al mayor rigor contra los que lo combatan».

A las tres de la madrugada, cuando todavía había peatones rezagados por las Ramblas, varios piquetes de soldados se incautaban de las centrales telegráficas y telefónicas. Dos horas más tarde, todavía de noche, las tropas se dispersaban por las calles de la Ciudad Condal y procedían a fijar, en la forma reglamentaria, el bando que declaraba el estado de guerra en las cuatro provincias del Principado. Al día siguiente, como si no hubiese ocurrido nada, el capitán general rebelde asistía a la inauguración de la Exposición Internacional del Mueble. Al anochecer era despedido en la estación de tren entre vítores a España y al Ejército. Salía para Madrid para recibir de manos del Rey el encargo de formar nuevo Gobierno. De esta manera, como decía en su crónica Manuel Rubio Cabeza, quedaba solemnizado «el triunfo del brazo militar».

Unos meses más tarde, Unamuno escribió que más que un golpe, Primo de Rivera había dado un «soplo» de Estado. En realidad, su acción seguía el modelo clásico de los pronunciamientos militares del siglo XIX. El jefe de una unidad, erigido en portavoz de la voluntad nacional, se levantaba en armas contra el poder civil esperando que su gesto de rebeldía fuera seguido por el resto del Ejército y por las fuerzas civiles. Pero, a diferencia de los levantamientos anteriores, como bien ha señalado Eduardo González Calleja, el movimiento castrense de septiembre de 1923 fue la primera intervención corporativa del Ejército que no tenía ninguna intención de ceder el poder a un partido o a un líder político, sino que planeaba la construcción de un régimen militar.

Miguel Primo de Rivera tenía entonces 53 años. Su carrera profesional estaba marcada por las raíces militares y aristocráticas de su familia y por los méritos de guerra alcanzados en los conflictos coloniales. Teniente en la campaña de Melilla de 1893, con rápidos ascensos a capitán y comandante después de su paso por Cuba y Filipinas, logró el grado de coronel en las operaciones de 1909, el de general en 1911 y el de teniente general en 1919. Al morir su tío, el general Fernando Primo de Rivera, heredó el título de marqués de Estella. En los años siguientes pasó por las capitanías generales de Valencia, Madrid y Barcelona, desde donde encabezó la insurrección que acabó con el último Gobierno liberal de la monarquía. Su ambigüedad calculada le permitió sortear el enfrentamiento entre «junteros» y «africanistas» y ofrecerse como una solución intermedia para los mandos militares que conspiraban contra el régimen.

En el fondo, cuando publicó su manifiesto, Primo de Rivera contaba sólo con el general Sanjurjo, gobernador militar de Zaragoza, y con el círculo de generales cercano a la Corte, el llamado cuadrilátero de Madrid. El resto de los capitanes generales y gobernadores militares no apoyaban la rebelión, pero tampoco estaban dispuestos a enfrentarse a sus compañeros de armas. En las horas cruciales del 13 al 14 de septiembre la sublevación se vio claramente favorecida por la abstención del grueso del Ejército, la debilidad del Gobierno, confuso y vacilante, la pasividad de la opinión pública y, sobre todo, por los pasos seguidos por el Rey. Primero, su retraso deliberado a la hora de volver de San Sebastián a Madrid; luego su decisión, en la mañana del día 14, de consultar con sus asesores militares antes de tomar una determinación, lo que provocó la dimisión de García Prieto, y, finalmente, la entrega voluntaria del poder a Primo de Rivera, incluso cuando éste declaró, después de jurar su cargo de presidente del Consejo de Ministros, que no tenía intención de formar un Gobierno de hombres civiles, más o menos respetuoso con la Constitución, sino un Directorio Militar.

Apenas hubo reacciones de protesta. Era de esperar la adhesión unánime de las organizaciones patronales, las Cámaras de Comercio e Industria, las asociaciones de agricultores y los sectores católicos. Pero no el silencio de los partidos dinásticos y la pasividad de los republicanos, expectantes sobre las verdaderas intenciones de la rebelión, que contrastaron con el apoyo abierto, aunque con divisiones internas, mostrado por los mauristas, los tradicionalistas, la Lliga y el Partido Social Popular. El PSOE y la UGT pidieron tranquilidad a sus afiliados y les recomendaron que no participaran en «movimientos estériles» como los tímidos conatos de protesta promovidos por la CNT y los comunistas. Primo de Rivera había amenazado con el uso de la fuerza contra cualquier intento de oposición. Pero no hizo falta. Como escribió Arturo Barea, «el hombre de la calle se quedó mirando atónito lo que pasaba, como la gallina hipnotizada se queda mirando el trozo de tiza; y cuando trató de recobrar su equilibrio, los acontecimientos le habían sobrepasado: el Gobierno había dimitido, algunos de sus miembros habían huido al extranjero, el Rey había dado su aprobación al hecho consumado y España tenía un nuevo Gobierno llamado El Directorio».

En sus primeras declaraciones, el dictador repetía que su único propósito era realizar una intervención quirúrgica de urgencia, una «letra a noventa días», un «breve paréntesis», como decía la Gaceta del 16 de septiembre, «en la marcha constitucional de España, para restablecerlo tan pronto como, ofreciéndonos el país hombres no contagiados de los vicios que a la organización política imputamos, podamos nosotros ofrecerlos a V. M. para que se restablezca pronto la normalidad». El 12 de noviembre, Melquíades Álvarez y el conde de Romamones, como presidentes del Congreso y del Senado, fueron a visitar al Rey para recordarle que ese «paréntesis» dictatorial no podía prolongarse durante más tiempo. El artículo 32 de la Constitución decía claramente que el Rey tenía que convocar las Cortes antes de que pasaran tres meses desde su disolución. La nota escrita que le entregaron subrayaba que ese artículo era el único de todo el texto constitucional que para referirse a la persona del Rey empleaba la palabra «obligación». Alfonso XIII, molesto por la visita, replicó con frialdad que no era tiempo de Cortes ni de Constitución sino de poner «Paz y Orden al País». Y no tuvo problemas, dos días más tarde, en poner su firma al pie del Real Decreto que destituía a los presidentes de las cámaras y disolvía las comisiones de gobierno anterior. La nota oficial del Directorio afirmaba que «el país no se impresiona ya por películas de esencias liberales y democráticas. Quiere orden, trabajo y economía». El disfraz de apariencia legal había terminado.

Tanto el Rey como el Dictador estaban entonces más interesados en los preparativos del viaje oficial a Italia, realizado entre el 19 y el 24 de noviembre. En Roma, delante del trono pontificio, Alfonso XIII afirmó que si otra vez se levantara una Cruzada contra los enemigos de la sacrosanta religión, «España y su Rey fidelísimo a vuestro mandato, jamás desertarían del puesto de honor que sus gloriosas tradiciones le señalan para el triunfo y por la gloria de la Cruz». Primo de Rivera elogió a Mussolini como «apóstol de la campaña dirigida contra la disolución y la anarquía que iba a iniciarse en Europa». El Duce contestó mostrando su optimismo «en lo que concierne a la firmeza y duración de vuestro Gobierno». No había que hacer caso a cuatro políticos desocupados y melancólicos: «Trátase de durar, día por día, mes por mes, año por año, como hemos durado y hemos de durar. También vosotros duraréis, ya que vuestro Gobierno respondía a una necesidad íntimamente sentida por toda la mejor parte de vuestro pueblo». Al volver a España, con el eco cercano de esas palabras, Primo de Rivera declaró que había comenzado «la segunda parte de nuestra misión, a la cual sería temerario y absurdo fijarle plazo».

La primera parte había empezado el 14 de septiembre con la declaración del estado de guerra, vigente en toda España hasta el 15 de mayo de 1925. El Directorio Militar quedó constituido por ocho generales y un contralmirante que representaban a las armas y cuerpos del Ejército y a todas las regiones militares pero que, en realidad, no tenían atribuciones. Primo de Rivera ejercía todo el poder como «ministro único», auxiliado por Severiano Martínez Anido como subsecretario de Gobernación y por otro general, Miguel Arlegui, como director general de Orden Público. Los delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria quedaron sometidos a los tribunales castrenses, se suspendieron las garantías constitucionales y se implantó una severa censura de prensa que prohibía las críticas al Gobierno y a la Iglesia, las noticias sobre conflictos sociales y los comentarios sobre los fallos judiciales o la situación del Ejército en Marruecos.

Las medidas represivas fueron implacables con los anarcosindicalistas y los comunistas. La mayoría de los centros de la CNT fueron registrados y clausurados y sus dirigentes sufrieron detenciones arbitrarias y destierros. La persecución policial de los activistas comunistas dejó al PCE con menos de medio millar de militantes en toda España. Otro tanto puede decirse de los partidos nacionalistas. El Real Decreto de 18 de septiembre ordenó la persecución del separatismo. No se podía izar ninguna bandera que no fuese la española; en los actos oficiales, las placas de las calles y los anuncios comerciales la única lengua sería el castellano, igual que en las escuelas o en las celebraciones litúrgicas; y la mayoría de los centros culturales y asociaciones profesionales autonomistas terminaron clausurados. En el País Vasco el PNV quedó fuera de la ley y cerraron sus puertas todos los batzokis y sociedades aberrianas. En Cataluña la represión se dirigió fundamentalmente contra Estat Català y Acció Catalana, que pasaron a la clandestinidad. De ninguna manera se podía transigir contra los que abierta o veladamente atentaban contra la unidad de España. El Dictador acuñó el lema de «una, grande e indivisible» y llegó a decir en un mitin que era mejor ver la Patria «roja que rota».

El centralismo del Directorio Militar se construyó a golpe de decreto. El 20 de septiembre de 1923 los gobernadores civiles fueron sustituidos por los militares. Diez días más tarde se disolvieron los más de nueve mil ayuntamientos de España, ocupados desde entonces por vocales asociados, elegidos de entre los mayores contribuyentes, y en enero de 1924 les llegó el turno a las diputaciones provinciales, que dejaron sus competencias en manos de gestoras. Todas estas medidas se explicaban como parte de un programa regeneracionista que pretendía el «descuaje» del caciquismo, la demolición de la «vieja política» y la limpieza de los vicios y corruptelas de la Administración. «Trabajos de saneamiento», había dicho, con benevolencia, el diario El Sol. En la misma línea se citaban la supresión del Tribunal del Jurado y de todos los tribunales municipales y las medidas disciplinarias contra los funcionarios públicos acusados de absentismo, corrupción o antipatriotismo.

En el fondo, la campaña de moralización administrativa era una fachada que escondía la progresiva institucionalización del control militar de la sociedad civil. La prueba más evidente fue la creación de la figura de los delegados gubernativos. Eran jefes o capitanes del Ejército, uno por cada partido judicial, encargados de vigilar la marcha de los ayuntamientos, intervenir en los problemas locales e impulsar «las corrientes de una nueva vida ciudadana». En octubre de 1923 fueron nombrados 486 delegados, una red extensa que llevaba hasta los pueblos el espíritu y la letra de las directrices que Primo de Rivera y Martínez Anido transmitían a los gobernadores provinciales. Además de la inspección administrativa y el control del orden, los delegados tenían una tarea educativa: alentar las ceremonias y rituales de carácter nacionalista y difundir los valores patrióticos.

Otra de las misiones de los delegados gubernativos era el estímulo de los Somatenes locales, uno de los empeños personales de Primo de Rivera y una de sus primeras iniciativas. El Real Decreto de 17 de septiembre de 1923 extendió por toda España el Somatén, una institución tradicional catalana que había servido para movilizar a las «gentes de orden» en los años duros del pistolerismo. Se trataba de una milicia armada que en momentos determinados podía utilizarse como fuerza auxiliar para los cuerpos de seguridad y que, en segundo término, serviría para «encuadrar a los hombres de bien», a los ciudadanos «sanos» dispuestos a colaborar con las autoridades del régimen, siempre bajo tutela militar. En la primavera de 1924 había en España más de cien mil somatenistas, un número que fue aumentando progresivamente hasta llegar a doblarse en 1928, cuando empezó su declive. Desde luego, el Somatén no llegó a ser la organización civil soñada por el marqués de Estella. No logró el apoyo popular esperado y quedó relegado a ejercer labores marginales de vigilancia y policía y a participar en los desfiles y ceremonias oficiales como una nota casi folclórica. Pero en los primeros meses de la Dictadura parecía que podía ser el germen de una movilización de masas, el núcleo del apoyo social que Primo de Rivera necesitaba para convertir un estado de excepción provisional en un régimen autoritario estable y duradero.

Como denunciaba Unamuno, el Directorio militar ya no era un «interregno», una «interinidad», una «tregua» o un «armisticio político». A su juicio, estaba muy claro cuál era el objetivo último del «pronunciamiento de generales camineros». Las proclamas iniciales no eran otra cosa que un mero encubrimiento: «No se trataba de llevar a cabo una revolución saneadora desde el poder, se trataba de evitar la revolución que se veía venir desde abajo». Las promesas regeneradoras del «descuaje del caciquismo y el restablecer la autoridad» no eran más que «bambolla y bambalinas, y modo de atraerse a los pobres aturdidos que sueñan con los horrores del comunismo y del sindicalismo». En enero de 1924 Unamuno fue desterrado a Fuerteventura y cesado como catedrático y vicerrector de la Universidad de Salamanca. Le acompañó Rodrigo Soriano, político y periodista republicano que había criticado con dureza al Directorio en el Ateneo de Madrid. La clausura posterior del Ateneo y el eco del castigo infringido a Unamuno provocaron las primeras protestas de los intelectuales contra el régimen. Ortega y Gasset, que no había ocultado su simpatía hacia el golpe de Primo de Rivera, pasó en poco tiempo de la adhesión inicial a la inquietud y el desasosiego que le producían cada nuevo decreto y cada nota oficiosa: «Temo, en efecto, que la vieja política contra la cual dispara sus rayos el Directorio sea un ente muy distinto del que yo quisiera ver aniquilado». Escritores como Fernández Flórez, que habían pedido a los «políticos licenciados» que se llevaran consigo «esa montaña de ejemplares del Diario de Sesiones del Parlamento», fueron cambiando de actitud a lo largo de 1924: «En lo que se refiere al presente…, bien sabe usted que el silencio se ha hecho liberal».

El proceso de institucionalización del régimen tomó impulso en la primavera de 1924. En marzo se creó el Consejo de Economía Nacional, un organismo corporativo encargado de canalizar los intereses de los grupos de presión, regular las medidas de protección de la economía nacional y sentar las bases de una política intervencionista de tono paternal. La política social quedó en manos del subsecretario de Trabajo, Eduardo Aunós, antiguo diputado de la Lliga, que impulsó el Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Industria y acabó integrando el Instituto de Reformas Sociales dentro del Ministerio de Trabajo. Se trataba de regular las relaciones laborales y desarrollar la legislación social por medio de organizaciones de arbitraje y comités paritarios de obreros y patronos que acabaran con las huelgas y los conflictos sociales. La reforma de la Administración local y provincial llevó la firma de José Calvo Sotelo, un joven abogado que procedía de las filas mauristas. El 8 de abril se promulgó el Estatuto Municipal, un adelanto del Estatuto Provincial aprobado un año más tarde. Los ayuntamientos y las diputaciones lograron mayor autonomía financiera y capacidad de gestión, lo que les permitió mejorar sus servicios y promover infraestructuras y planes de urbanización. Su formación se reguló a través de un sistema mixto de elección corporativa y sufragio universal que, en el caso de los ayuntamientos, permitía el voto de los hombres mayores de 23 años y de las mujeres que fueran cabezas de familia.

Pero nunca se llegaron a celebrar elecciones. El nombramiento de los diputados provinciales y concejales de elección popular quedó en manos de los gobernadores civiles, que acumularon un poder casi omnímodo sobre las corporaciones locales y el control absoluto de la vida política provincial. El 5 de abril de 1924, después de siete meses de gobierno castrense exclusivo, el Directorio publicaba una nota que anunciaba la progresiva separación de los cargos de gobernador civil y gobernador militar. La Dictadura se había asentado en el poder, no había problemas graves de orden público y, además, el propio régimen estaba gestando una organización política capaz de suministrar los hombres necesarios para completar una Administración civil: la Unión Patriótica.

El precedente era la Unión Patriótica Castellana, una asociación promovida por los líderes propagandistas del catolicismo social, de gran arraigo entre los pequeños y medianos propietarios agrícolas de las provincias castellanas. Desde noviembre de 1923 hasta la primavera de 1924 se fueron creando secciones en muchas provincias del interior peninsular. El 5 de abril Primo de Rivera instaba a los delegados gubernativos a unir las iniciativas locales en un gran movimiento guiado por los principios de «Religión, Patria y Monarquía». Un «gran partido» que con el nombre de Unión Patriótica agrupara a los españoles «de buena voluntad» siguiendo la línea jerárquica y orgánica que del individuo llegaba al Estado a través de la familia, el municipio y la provincia, los cimientos de la Patria. Durante su primer año de existencia, la Unión Patriótica no llegó a contar con una estructura nacional, pero muy pronto los nuevos ayuntamientos y los gobiernos civiles desmilitarizados comenzaron a nutrirse de «upetistas» procedentes de los comités y juntas locales. En el verano de 1924 la organización decía contar con casi dos millones de afiliados, un bastión levantado en defensa del orden, la propiedad y la autoridad que aseguraba la continuidad de la Dictadura.

El presidente del Directorio Militar podía sentirse satisfecho. En menos de dos años había atajado el problema de Cataluña cortando de raíz cualquier manifestación nacionalista; la conflictividad social, alejado el peligro revolucionario, había quedado reducida a niveles desconocidos desde hacía muchos años y las instituciones fundamentales del nuevo régimen se consolidaban con el apoyo social proporcionado por el Somatén y la Unión Patriótica. Quedaba pendiente, eso sí, el problema de Marruecos, uno de los argumentos utilizados para justificar el golpe de Estado. La situación del conflicto colonial apenas había variado desde entonces. Más bien se podía decir que había empeorado. Los ataques de las harkas de Abd-el-Krim en la zona oriental del Protectorado habían causado muchas bajas entre las tropas españolas, obligadas a replegarse alrededor de las ciudades principales, Ceuta, Melilla, Tetuán y Larache, con el abandono significativo de la plaza de Xauen, en noviembre de 1924.

Crecido por sus éxitos, Abd-el-Krim se decidió a atacar el norte del protectorado francés, llegando hasta las cercanías de Fez. Ese atrevimiento le iba a costar muy caro al caudillo rifeño. Las autoridades galas respondieron con el envío de refuerzos y el inicio de conversaciones con España para negociar las condiciones de una campaña militar conjunta. Los acontecimientos obligaron a Primo de Rivera, indeciso hasta entonces, a abandonar su política de reducción de fuerzas y contención del gasto militar. En julio de 1925, las dos potencias europeas firmaron un acuerdo de cooperación militar que establecía una ofensiva de las tropas francesas paralela al desembarco español en la bahía de Alhucemas. El 8 de septiembre, después de varios días de bombardeos sobre las posiciones de las cabilas cercanas, las unidades españolas tomaron la playa de La Cebadilla e iniciaron un rápido avance hacia el interior. El 2 de octubre conquistaron Axdir, la capital de Abd-el-Krim, y una semana más tarde se encontraban con las columnas francesas en el zoco de Telata. Las tribus rebeldes se rindieron una tras otra y la recién nacida «República del Rif» se vino abajo como un castillo de naipes.

Todavía habría que esperar unos meses, hasta la primavera de 1926, para presenciar la rendición de Abd-el-Krim a las autoridades francesas y la entrega de los últimos reductos hostiles. De hecho, las operaciones militares continuaron hasta el verano de 1927, cuando se consiguió la pacificación total del Protectorado, desde Larache hasta más allá de Melilla. Pero en noviembre de 1925, al volver de Marruecos, Primo de Rivera podía presumir de la victoria y disfrutar, seguramente, del momento de mayor prestigio y popularidad. Dijo entonces que en un plazo muy breve se produciría «el advenimiento al poder de la Unión Patriótica». El 2 de diciembre expuso al Rey su intención de sustituir «una dictadura militar por otra civil y económica y de organización más adecuada, pero no menos vigorosa». Alfonso XIII le contestó que estaba «convencido de la necesidad de proseguir en la labor de salvación en la que tanto ha adelantado el Directorio».

DIRECTORIO CIVIL

El 3 de diciembre de 1925, Primo de Rivera recuperó la figura del Consejo de Ministros y nombró un gabinete civil que se mantuvo, casi sin cambios, hasta enero de 1930. El cambio respondía al deseo del dictador de retirar al Ejército a un segundo plano y situar en los puestos principales de la Administración a políticos capaces de abordar los problemas «de carácter puramente civil o económico». Entre los miembros del Gobierno destacaban dos figuras de peso en la estructura administrativa anterior, Eduardo Aunós y José Calvo Sotelo, ahora situados en las carteras de Trabajo y Hacienda, y un ingeniero de notable prestigio, el conde de Guadalhorce, al frente de Fomento. Bien relacionados con los sectores industriales, financieros y agrarios, dirigían los tres departamentos que debían impulsar el desarrollo económico, la inversión pública y las reformas sociales necesarias para afianzar el régimen.

Pero la presencia de técnicos y funcionarios civiles en el Gobierno no significó un cambio de rumbo ni una apertura de la Dictadura. El poder ejecutivo siguió en manos de Primo de Rivera, que lo ejerció de una manera absoluta. Los problemas políticos no pasaban por el Consejo de Ministros, los resolvía directamente el Dictador o su mano derecha, el general Martínez Anido, que ocupaba al mismo tiempo la Vicepresidencia y la cartera de Gobernación, desde donde atendía las cuestiones de orden público y nombraba a los gobernadores civiles. En el Consejo había otros dos altos mandos militares, el ministro de la Guerra y el de Marina, cuyas jurisdicciones eran las únicas que tenían competencia para todos los delitos relacionados con la seguridad interior, incluidos los robos y otros delitos comunes. Ese Gobierno de fuerte impronta castrense asumía los poderes ejecutivo y legislativo de manera ilimitada y controlaba totalmente al poder judicial. El Consejo de Ministros podía suspender las sentencias de los tribunales contencioso-administrativos, designar jueces especiales y sancionar la conducta de los magistrados. Además, no cabía ningún recurso contra sus resoluciones. Los ciudadanos estaban completamente indefensos, sin derechos cívicos ni garantías constitucionales.

De todas formas, un régimen que aspiraba a perdurar en el tiempo y a romper definitivamente con el sistema parlamentario liberal necesitaba una salida política, una fachada legal que le diera legitimidad y respaldo social. La idea de un parlamento corporativo tomó fuerza a partir de julio de 1926, después de la reunión de la Asamblea Nacional de Uniones Patrióticas. En septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario del golpe de estado, se celebró un plebiscito nacional que permitió el voto a los hombres y mujeres mayores de 18 años. Los propagandistas de la Unión Patriótica, con el apoyo de la Iglesia, realizaron una intensa campaña para que el pueblo otorgara su confianza al «caudillo de Alhucemas». Al final, con notables irregularidades —que no eran una sorpresa para nadie, ni una novedad—, las autoridades consiguieron la firma de siete de los trece millones españoles que tenían derecho al sufragio.

El paso siguiente, vencidas las reticencias del Rey, fue la preparación de una Asamblea Nacional. El Real Decreto que la convocaba subrayaba claramente «que no ha de ser un Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías». Se trataba de un órgano consultivo de representación de intereses formado por altos cargos del Estado, el Ejército, la Iglesia y la Justicia, delegados de los municipios, las diputaciones y las organizaciones provinciales de la Unión Patriótica y, por último, representantes de «actividades de la vida nacional», procedentes del mundo académico, los sectores productivos y las asociaciones patronales y sindicales. Desde el momento de su apertura, en septiembre de 1927, el control gubernamental de la Asamblea fue absoluto, tanto en el nombramiento de sus miembros como en el funcionamiento interno de la cámara, el orden de las sesiones y el contenido de los debates.

El Directorio encargó a la Asamblea la elaboración de un anteproyecto de Constitución. El texto no fue entregado al Gobierno hasta la primavera de 1928, las leyes complementarias tardaron todavía un año y la redacción definitiva no se hizo pública hasta julio de 1929. El proyecto aprobado unía los caracteres corporativos y organicistas de la dictadura con los principios tradicionales del liberalismo doctrinario: unidad indisoluble de la Patria, Estado confesional, soberanía compartida de las Cortes con el Rey, que era el jefe del ejecutivo, poderes extraordinarios del Gobierno para la defensa del orden social, cámara única compuesta por mitades entre los representantes de las corporaciones y los designados por sufragio directo y amplias atribuciones para un Consejo del Reino formado por representantes de la nobleza y las altas jerarquías del Estado, la Iglesia y el Ejército. Pero, al final, todo el trabajo de la Sección Primera de la Asamblea resultó baldío. El proyecto, como escribió Calvo Sotelo, quedó enterrado en vida. Era demasiado tarde. En el verano de 1929, Primo de Rivera había perdido buena parte del crédito con el que había iniciado el Directorio Civil. Ni el Rey ni el Ejército, sus dos baluartes más firmes, le prestaban un apoyo incondicional. El fracaso de la Unión Patriótica y del Somatén no era un secreto para nadie y crecía el número de opositores dispuestos a conspirar para terminar con la dictadura.

La imagen exterior del régimen parecía indicar lo contrario. En junio de 1929 se había reunido en Madrid el Consejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones y un mes antes habían abierto sus puertas la Exposición Iberoamericana de Sevilla, el mejor exponente del hispanoamericanismo espiritual y cultural impulsado por el Dictador, y la Exposición Internacional de Barcelona, una muestra del progreso económico y técnico de la época. El país no se había quedado al margen del ciclo internacional de bonanza económica, los llamados happy twenties. La industria española creció a un ritmo superior al 5 por ciento anual, favorecida por el fomento de la producción nacional y la restricción de la competencia. Los sectores más activos, la siderurgia, la construcción, el cemento y la química, se vieron impulsados por el proceso acelerado de urbanización, la extensión de la electrificación, las necesidades de equipamiento de las empresas, la llegada de capitales extranjeros y el incremento de las exportaciones. Fueron años de diversificación industrial y concentración empresarial, con el apoyo estatal para la creación de oligopolios y monopolios, como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A. (CAMPSA) o la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), y la puesta en marcha de un ambicioso plan de modernización de infraestructuras visible en el crecimiento del trazado radial de la red viaria y ferroviaria, en la Ley de Puertos y en la creación de las Confederaciones Hidrográficas.

Y aunque las condiciones de trabajo de los obreros no mejoraron sustancialmente puede decirse que los asalariados, en general, percibieron una mayor sensación de seguridad y bienestar gracias a los altos niveles de empleo, la estabilidad de los precios de los alimentos básicos y la mejora de las relaciones laborales. Ello fue posible, en buena medida, por las medidas de protección social (casas baratas, retiro obrero, protección de emigrantes, servicios sanitarios y descanso dominical, entre otras) y por una legislación laboral paternalista que permitió la existencia de las sociedades obreras reformistas que aceptaran el marco corporativo. En agosto de 1926 se promulgó el Código del Trabajo, que regulaba los contratos industriales y agrícolas, y en noviembre de ese mismo año nació la Organización Nacional Corporativa, el ámbito de actuación de los Comités Paritarios de obreros y patronos, los Consejos de Corporación, que constituían la representación nacional de cada oficio, y el Consejo Superior del Trabajo, un órgano consultivo del Ministerio. El éxito de la ONC se pudo constatar en la reducción de la conflictividad social, tanto en el número como en la duración de las huelgas, y en la atracción de la UGT al sistema corporativo.

El sindicato socialista se benefició claramente de su estrategia legalista llegando a copar la mayor parte de los puestos de representación obrera. Largo Caballero fue vocal del Consejo de Estado, la UGT aumentó el número de secciones adheridas y el total de afiliados, alcanzando la cifra de 235 000 en 1928, y mejoró su implantación rural con la creación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). De todas formas, la colaboración tenía sus límites. Los socialistas se negaron a participar en la Asamblea Nacional y a partir de 1928 comenzaron a distanciarse del régimen. En agosto de 1929 las directivas del PSOE y la UGT firmaron un manifiesto conjunto de rechazo a la dictadura en el que declaraban su voluntad de luchar por un «Estado republicano de libertad y democracia».

Hasta entonces, los intentos de acabar con el régimen se habían solucionado con simples operaciones de policía. Primero fue la intentona anarquista de Vera de Bidasoa, en noviembre de 1924, una incursión desde Francia protagonizada por varios centenares de militantes armados, dispersados después de un tiroteo con la Guardia Civil y los carabineros. Fue el inicio de una estrategia insurreccional que se mantendría a lo largo de toda una década. La clausura de los centros de la CNT y la prohibición de su acción sindical abrieron el camino para el predominio de los anarquistas «puros», partidarios de la «acción directa» y de la «gimnasia revolucionaria». En julio de 1927 los grupos ácratas más radicales fundaron en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI), una organización libertaria que pretendía ser la vanguardia de la CNT, dispuesta a convertirse en el núcleo director de la insurrección contra la dictadura.

También siguieron esa vía los catalanistas de Estat Català, liderados por Macià, que en noviembre de 1926 intentaron penetrar por Prats de Molló. La estrategia de estos pequeños grupos se basaba en la idea de una subversión en cadena. Primero un golpe de mano de los más decididos, después una huelga general, la colaboración de otros sectores revolucionarios y la insurrección de una parte del Ejército. Y todo ello casi como algo espontáneo, como si el pueblo estuviera siempre dispuesto a lanzarse a la calle, pendiente de una chispa, de una mano que encendiera una mecha.

Otro complot insurreccional de mayor altura había tenido lugar en Valencia en junio de 1926, la Sanjuanada. Se trató de una conspiración cívico-militar encabezada por los generales Aguilera y Weyler, y por los antiguos presidentes de las cámaras parlamentarias, Melquíades Álvarez y el conde de Romanones. La idea era lanzar un manifiesto que amenazara con la división y el enfrentamiento dentro del Ejército si Alfonso XIII no destituía a Primo de Rivera para nombrar un Gobierno provisional encargado de regresar a la situación existente en España antes del golpe de septiembre de 1923. El pronunciamiento se desbarató antes de tiempo por las discrepancias entre los militares conjurados y las filtraciones que habían llegado a la prensa y a la policía. Todo terminó, en un par de días, con la detención del general Aguilera y la imposición de elevadas sanciones económicas a los principales implicados. Para emprender un movimiento insurreccional serio había que contar con apoyo popular y con el concurso de una parte importante de las Fuerzas Armadas, dos elementos entonces ausentes.

Las cosas empezaron a cambiar muy poco tiempo después. El 4 de septiembre de 1926, los jefes y oficiales del Cuerpo de Artillería realizaron un plante colectivo y se encerraron en sus cuarteles. Su protesta tenía que ver con la antigua disputa entre «junteros» y «africanistas» por la cuestión de los ascensos y las recompensas. Los decretos del Directorio que suprimían la escala cerrada y permitían promociones y ascensos discrecionales habían levantado las iras de los artilleros y de otros Cuerpos técnicos como los ingenieros y los sanitarios. Primo de Rivera reaccionó ante la rebeldía ordenando la disolución del Cuerpo de Artillería, el control de sus acuartelamientos, la suspensión de empleo y sueldo de un millar largo de jefes y oficiales y el establecimiento de la ley marcial en toda España. Unos meses más tarde, los militares sancionados volvieron a sus puestos y el Dictador trató de recuperar la unidad del Ejército con medidas conciliatorias. Pero las heridas abiertas no se cerraron y el número de militares descontentos fue creciendo. En este sentido, fueron más importantes las rencillas y frustraciones personales, los agravios comparativos y las fricciones internas entre jefes, oficiales y Cuerpos que los planteamientos ideológicos o las reacciones ante reformas como el recorte de gastos y efectivos, la reducción a dos años del servicio militar o el restablecimiento de la Academia Militar de Zaragoza, bajo la dirección del general Franco.

Otro conflicto inesperado para el Dictador fue el que nació de las aulas universitarias. La Universidad española pasó de acoger menos de 20 000 alumnos en 1922 a los casi 60 000 matriculados en 1929, un escenario privilegiado para apreciar el ascenso económico de las clases medias urbanas y el calado de los cambios sociales y culturales. Las primeras protestas estudiantiles, surgidas en la primavera de 1925, tomaron cuerpo a fines de 1926 cuando se fundó la Federación Universitaria Escolar (FUE), creada para contrarrestar la hegemonía de las asociaciones católicas. A partir de marzo de 1928, con la huelga convocada como protesta por la destitución del catedrático Luis Jiménez de Asúa, las demandas de carácter académico y profesional se transformaron en movilizaciones de oposición contra el régimen. El malestar subió de tono con la aprobación de una ley que concedía privilegios a los centros confesionales. En marzo de 1929, después de una oleada de asambleas, huelgas y manifestaciones, Primo de Rivera ordenó la ocupación militar de los centros, la pérdida de matrícula de los huelguistas y la clausura de varias universidades, entre ellas la Central de Madrid y la de Barcelona. La rebeldía juvenil no cesó hasta el final de la Dictadura, espoleando la protesta de los intelectuales y los movimientos de resistencia contra el régimen, cada vez más identificados con la causa de la democracia y la República.

El republicanismo, desorientado y dividido desde el golpe de Estado, encontró a finales de 1926 un denominador común bajo las siglas de la Alianza Republicana, una agrupación que unió las fuerzas de los radicales de Lerroux, los republicanos catalanes liderados por Marcelino Domingo y los sectores más reformistas, como Acción Republicana, el grupo impulsado por intelectuales como Azaña, Pérez de Ayala o Araquistain. Los republicanos colaboraron de manera activa en la conspiración cívico-militar encabezada por José Sánchez Guerra en enero de 1929. Desde su exilio voluntario en París, el político conservador trató de unir en un solo movimiento a los monárquicos que añoraban un regreso a la Constitución de 1876, a los republicanos que pedían Cortes Constituyentes y a los militares descontentos con el Dictador, fundamentalmente los jefes y oficiales artilleros y generales como Cabanellas, Queipo de Llano, López de Ochoa y Castro Girona. Pero el día 29, cuando Sánchez Guerra llegó a Valencia, el movimiento insurreccional había quedado abortado por la sublevación precipitada, unas horas antes, del Cuartel de Artillería de Ciudad Real.

Primo de Rivera quedó a salvo, una vez más, de los intentos de derrocar su régimen. Pero la soledad del Dictador era cada vez más evidente. Alfonso XIII le había retirado su confianza y maniobraba, sin éxito, intentando encontrar apoyos que le permitieran volver a la situación anterior al golpe de Estado y salvar de paso la Corona. A mediados de 1929 la situación económica se había deteriorado notablemente, el número de huelgas aumentaba mes a mes y el Directorio respondía al auge de la conflictividad social con medidas represivas como las detenciones arbitrarias y la clausura de los centros obreros. Por otro lado, las asociaciones de propietarios rurales, los sindicatos católicos y las organizaciones patronales, opuestos al desarrollo de los Comités Paritarios agrícolas, a las leyes de arbitraje laboral y a los proyectos de reforma fiscal de Calvo Sotelo, se olvidaban de la adhesión incondicional brindada en 1923 y se desligaban del régimen. El sueño de un Estado autoritario corporativo se desvanecía. La «obra espiritual» que había glosado Maeztu, basada «en la Religión, en la familia, en el Estado y en la propiedad», hacía aguas por todas partes. En sus últimos tiempos, el Somatén y la Unión Patriótica, en vez de ser las organizaciones de masas esperadas, se habían convertido en refugio de caciques y arribistas y sus militantes más activos actuaban como si formaran un cuerpo parapolicial de auxilio en las tareas represivas. España, escribía entonces Unamuno, era un «cementerio de vivientes», una «cárcel de sueltos».

En las últimas semanas de 1929, Primo de Rivera, desengañado y cada vez más debilitado, enfermo de diabetes, confesó a sus ministros su intención de dejar el poder en manos de un Gobierno de transición. En enero de 1930, en medio de insistentes rumores de un complot militar urdido por el general Goded, gobernador militar de Cádiz, Primo de Rivera volvió su mirada al Ejército, el único sostén real de su régimen. Dejando a un lado al Rey, realizó una consulta a los capitanes generales, una especie de moción de confianza. El apoyo que recibió de Sanjurjo fue una nota aislada entre la inhibición y la ambigüedad del resto de los altos mandos castrenses. Ya no le quedaba otra cosa que hacer que acudir al Palacio Real a presentar su dimisión, lo que hizo el día 27, y salir del país. Murió en París dos meses después.

Alfonso XIII, mientras tanto, desoyó las voces que clamaban por la convocatoria de Cortes Constituyentes y nombró al general Berenguer como presidente del Gobierno con la esperanza vana de cerrar un paréntesis, como si no hubiera pasado nada y se pudiera recuperar la «normalidad» política anterior a 1923. Pero, como escribió Miguel Maura, de la Constitución, «hecha jirones» después de seis años de violación continuada de todos sus preceptos, no quedaba sino el recuerdo: «Pretender, en 1930, resucitar el texto de esa misma ley fundamental era, además de una insigne torpeza, un sarcasmo que el país no podía perdonar, y quizá fue la causa principal de la repulsa a la persona del monarca, que la masa de opinión tradicionalmente monárquica mostró en los votos del 12 de abril de 1931». El régimen de la Restauración, sentenció Azaña, «forzado a elegir entre someterse o tiranizar, eligió tiranizar, jugándose el todo por el todo. Pues bien, se lo jugó y lo ha perdido».

¿QUÉ FUE LA DICTADURA?

«¿Era esto un pronunciamiento más o el principio de algo absolutamente nuevo en el país? ¿Era una revolución a la manera del siglo pasado o una revolución a la manera del siglo actual?». Eugenio D’Ors se hacía estas preguntas en marzo de 1924, cuando aún la dictadura de Primo de Rivera era un Gobierno estrictamente militar que no había empezado su proceso de institucionalización. D’Ors era uno de los intelectuales españoles que mejor conocía las corrientes autoritarias de la derecha europea, uno de los pensadores más al tanto de los vientos que dejaban sentir «en todos los órdenes, la necesidad de pensar según jerarquía», el eco de un canto que llegaba desde más allá de los Pirineos y que él denominaba «la Marsellesa de la autoridad».

La Marsellesa de la autoridad no era otra cosa que el ascenso de la derecha radical antiparlamentaria. El golpe de Primo de Rivera no fue un hecho único, una salida original a la crisis del sistema liberal o un acontecimiento peculiar de la historia contemporánea de España, sino uno más de los regímenes militares o semimilitares de corte autoritario surgidos en la Europa de entreguerras. Como ha estudiado con detalle José Luis Gómez Navarro, las dictaduras que en esos años se instauraron en los países de la Europa mediterránea y oriental fueron una consecuencia de los procesos de desarrollo económico, modernización social y movilización política vividos en los últimos años del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX en países de industrialización tardía que tuvieron que afrontar el desafío que suponía la incorporación a la escena política de las masas agrarias e industriales. En ese marco común se inscriben las experiencias autoritarias vividas en Portugal, Grecia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría o Yugoslavia. En todos los ejemplos citados, los regímenes dictatoriales fueron una salida ante el fracaso de los sistemas políticos en la tarea de integrar a los sectores sociales emergentes y caminar hacia una nueva legitimidad democrática basada en la soberanía popular y la extensión de los derechos ciudadanos. Ante el descrédito de los partidos tradicionales, y la falta de capacidad o de voluntad política de las élites para propiciar ese cambio, el Ejército y la burocracia, con el apoyo de la Monarquía, fueron las instituciones capaces de tomar el poder y salvaguardar el orden social amenazado por el fantasma de la revolución obrera.

El fascismo es un fenómeno diferente. Es cierto que el triunfo de los «camisas negras» en Italia se produjo un año antes del golpe de Primo de Rivera, quien nunca ocultó su admiración por la figura de Mussolini. Poco después, en la visita oficial realizada al país transalpino, el Dictador español confesó que su pronunciamiento tenía mucho que ver con la «electrificación de la atmósfera» provocada por el movimiento fascista. En el mismo viaje, Alfonso XIII presentó a Primo de Rivera como su Mussolini particular. Ambos dictadores compartían el rechazo a la democracia y al parlamentarismo, la apelación nacionalista al uso de la fuerza y la coacción para terminar con el «caos» revolucionario y la apuesta por un Estado corporativo que regulara las relaciones sociales. Los mismos enemigos y objetivos parecidos. Pero el contexto histórico común y las semejanzas de estilo o de lenguaje no difuminan las fronteras entre las dictaduras autoritarias y los regímenes fascistas.

Donde estos últimos triunfaron, en Italia y en Alemania, países más desarrollados y con un nivel de organización social y política más alto, existían experiencias previas de Gobiernos democráticos que, aunque frágiles e inestables, habían permitido la participación activa de amplios sectores de la población y el fortalecimiento de las organizaciones obreras. La naturaleza y la profundidad de los cambios sociales y políticos producidos exigían una respuesta diferente, mucho más radical, un movimiento moderno de carácter contrarrevolucionario surgido desde la sociedad civil. El fascismo, dotado de una ideología integral, un pensamiento mítico y un culto carismático a la figura del líder, demostró una impresionante capacidad de nacionalización y encuadramiento de masas no sólo entre las clases medias altas y la pequeña burguesía sino también en algunos sectores obreros y en buena parte de la juventud. Ni Mussolini ni Hitler necesitaron un golpe militar para llegar al poder. Y una vez en él, instauraron regímenes totalitarios de partido único, con una nueva élite gobernante, apoyada por las clases dirigentes, que trataba de controlar la mente de todos los ciudadanos utilizando el terror para someter cualquier intento de oposición.

Los dictadores militares no llegaron al poder a través de la movilización de masas. Encabezaron reacciones defensivas, apoyadas en valores tradicionales, que, en principio, no pretendían construir una sociedad nueva. Pero todos ellos, como ha destacado Shlomo Ben Ami, se dieron cuenta muy pronto de que la imposición de las armas y la sucesión de decretos no bastaban como instrumentos exclusivos de gobierno. Por eso, sin dejar de considerar al Ejército como un pilar básico, crearon partidos políticos concebidos como un medio para ensanchar sus bases sociales y revestirse con una semblanza de aprobación popular. No obstante, esos partidos gubernamentales, como la Unión Patriótica, nunca llegaron a conseguir el apoyo masivo que pretendían y no sobrevivieron a los regímenes que los formaron. Primo de Rivera, según expone el mismo autor citado, fracasó en su intento de institucionalización civil y simplemente «congeló» algunos problemas que creía resueltos como la supuesta desaparición del anarquismo, la eliminación de la cuestión catalana, la restauración de la paz social o la recomposición de la unidad del Ejército. Además, su política de reformas sociales, aunque fuera controlada y limitada, le enajenó el apoyo de los sectores conservadores tradicionales y las organizaciones patronales, de aquellos que en teoría más debían apoyarle. Por eso, destruidos los fundamentos del viejo régimen sin que fueran sustituidos por un Estado nuevo, el Dictador «dejó detrás de sí un peligroso vacío de poder».

Los trabajos en perspectiva comparada de historiadores como Ben Ami o Gómez Navarro supusieron un avance innegable en el estudio de la Dictadura de Primo de Rivera. Hasta entonces, hasta mediados de los años ochenta, el debate historiográfico oscilaba entre los análisis de inspiración marxista y los estudios de orientación más liberal. Entre los primeros destaca la tesis defendida por Manuel Tuñón de Lara, quien define la Dictadura como una reacción del «bloque de poder» dominante para reequilibrar su relación de fuerzas y solucionar la crisis de hegemonía del Estado. Entre los segundos hay que señalar las aportaciones de autores como Carlos Seco Serrano, Javier Tusell o el mismo Raymond Carr, que dejan en un segundo plano los factores socioeconómicos para subrayar la importancia de la crisis política del sistema parlamentario como origen del golpe militar. A su juicio, la experiencia vivida en España entre 1923 y 1930 fue el último ensayo regeneracionista, un «paréntesis» constitucional que no supuso una transformación trascendental de la vida política.

Por el contrario, M.ª Teresa González Calbet sostiene que durante el período dictatorial se produjeron cambios fundamentales e irreversibles. Entre ellos, la crisis y destrucción de los partidos dinásticos, la desaparición de los proyectos que planteaban alternativas de reforma dentro del sistema, el descrédito definitivo de la Monarquía y la aparición de nuevas opciones teóricas y políticas de derecha y de izquierda. En la misma línea, Eduardo González Calleja cree que la dictadura de Primo de Rivera no debe interpretarse como un «paréntesis» de emergencia sino como un experimento político completamente nuevo que, al menos desde 1925 en adelante, mostró una clara voluntad de «liquidar» el sistema de la Restauración y consolidar y perpetuar un nuevo régimen corporativo, nacionalista y «fascistizante». Su fracaso tuvo consecuencias trascendentales para la vida política española: «A corto, medio y largo plazo, la experiencia dictatorial pesó de forma decisiva tanto en la difusión de un comportamiento público en favor de la democracia como en la redefinición de una alternativa autoritaria a la misma».

Cambio político y también transformación estructural. Entre 1900 y 1930, España vivió un período de notable modernización y crecimiento económico. En esas tres décadas, la población total pasó de 18,6 a 23,5 millones de habitantes, la esperanza media de vida al nacer ascendió de 35 a 50 años, con una disminución destacada de la mortalidad infantil. Al mismo tiempo, se redujeron las tasas de analfabetismo de un 60 a un 35 por ciento, un avance considerable de la enseñanza primaria paralelo al impulso de la formación científica y universitaria. Las mejoras educativas y culturales fueron de la mano del auge de la urbanización, que duplicó el tamaño de las ciudades más importantes y llevó a 10 millones de españoles a residir en núcleos mayores de 10 000 habitantes, un proceso acompañado de fuertes flujos migratorios procedentes de las regiones agrarias. Alrededor de 1930, el mundo rural seguía siendo predominante en muchas zonas del interior peninsular, pero el conjunto de los trabajadores del campo ya no llegaba al 50 por ciento de la población activa. El sector agrario creció en productividad, en superficie sembrada, en diversidad de cultivos y en el uso de abonos y fertilizantes, pero fue perdiendo peso respecto al sector secundario. La industria, con un millón de trabajadores nuevos desde principios de siglo, dobló su producción y no fue ajena a los cambios tecnológicos de la segunda Revolución industrial, al desarrollo de las empresas químicas, eléctricas y de bienes de equipo y al empuje de la construcción. También el sector terciario, aunque con mayor retraso, mostró signos evidentes de crecimiento y renovación tanto en el sistema de transportes y comunicaciones como en los servicios financieros, el comercio y la Administración.

En esos años, los transcurridos desde la subida al trono de Alfonso XIII hasta la víspera de su derrocamiento, la renta nacional se duplicó y España, en general, aun cuando mantenía fuertes disparidades regionales, disminuyó su desventaja respecto a los países europeos de referencia. Pero el ciclo de prosperidad económica estaba a punto de terminar. Como han apuntado José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, las ondas de la crisis mundial de 1929, una recesión internacional de dimensiones hasta entonces desconocidas, cruzaron el Atlántico a lo largo de 1930 y alcanzaron pronto al corazón de Europa. A España llegaron en el peor momento posible, al menos para los Gobiernos de la república instaurada en abril de 1931, que tuvieron que afrontar dos situaciones que conjugan mal, la crisis económica y el cambio político.

LA SEGUNDA REPÚBLICA

Capítulo 5. Una República parlamentaria y constitucional

CAPÍTULO 5

UNA REPÚBLICA PARLAMENTARIA

Y CONSTITUCIONAL

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito entre Monarquía y República. Los republicanos ganaron en la mayoría de las capitales de provincia y el rey Alfonso XIII se vio obligado a abandonar España. Lo hizo desde Cartagena y cuando llegó a París declaró que la República era «una tormenta que pasará rápidamente». Tardó en pasar, sin embargo, más de lo que el destronado Rey pensaba, o deseaba. Cinco años duró esa República en paz, antes de que una sublevación militar y una guerra la destruyeran por las armas.

En los dos primeros años de República, los Gobiernos de coalición de republicanos y socialistas emprendieron reformas políticas profundas que afectaron al Estado, a la Iglesia, al Ejército y a casi todos los sectores de la sociedad. Esas reformas abrieron un abismo entre la Iglesia y el Estado, los propietarios y los trabajadores, los defensores del orden tradicional y los que apoyaban a la República. Hubo casi desde el principio serios problemas de orden público, múltiples protestas, insurrecciones campesinas y ruido de sables, incluido el primer intento de golpe militar contra la legalidad republicana. La mezcla de grandes expectativas, reformas, conflictos y resistencias marcó la evolución de la República durante esos dos primeros años.

VIENTOS DE CAMBIO

Tras la caída de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, el 26 de enero de 1930, la hostilidad frente a la Monarquía se extendió como un huracán imparable por mítines y manifestaciones por toda España. Creció, en primer lugar, la desconfianza de muchos monárquicos hacia Alfonso XIII. Fue 1930 un año de abandonos sonados, de distanciamiento de políticos hasta entonces fieles a la Corona. Ilustres monárquicos como Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, antiguo líder de los conservadores, o Niceto Alcalá Zamora, exministro liberal, percibieron en esos momentos que era mejor defender dentro de una República «los principios conservadores legítimos», que dejar «el campo libre» a los partidos de izquierda y a las organizaciones obreras.

Porque la caída de la Dictadura provocó, además de esa desbandada de exministros y políticos de relieve, un súbito proceso de politización y un auge del republicanismo, que hasta ese momento se había mantenido débil, incapaz de romper los controles del caciquismo e ineficaz para plantear verdaderas alternativas. Varios sectores republicanos se habían integrado en una Alianza Republicana ya en 1926, orientada por el veterano Partido Radical de Alejandro Lerroux y por un nuevo grupo, Acción Republicana, dirigido por Manuel Azaña, que había roto con los reformistas de Melquíades Álvarez en 1923. La zona más a la izquierda de ese nuevo republicanismo la ocupó el Partido Republicano Radical Socialista, fundado en 1929 por Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, disidentes de la Alianza Republicana. La más conservadora fue cubierta por la Derecha Liberal Republicana, creada en julio de 1930 por los recién llegados Alcalá Zamora y Miguel Maura.

El viejo republicanismo, de tertulias y fragmentado en pequeños grupos, se convirtió en pocos meses en un movimiento de varios partidos políticos, con dirigentes conocidos y nuevas bases sociales. Allí había desde conservadores y católicos, como Maura y Alcalá Zamora, hasta enérgicos defensores del anticlericalismo, como Álvaro de Albornoz, pasando por nacionalistas de Esquerra Republicana de Catalunya, como Francesc Macià y Lluís Companys, o de la Organización Republicana Gallega Autónoma encabezada por Santiago Casares Quiroga. Todos juntos, pese a esas notables diferencias, ideológicas y de principios, formaron una amplia coalición republicana plasmada el 17 de agosto de 1930 en San Sebastián.

Del llamado Pacto de San Sebastián surgió el Comité revolucionario que selló el compromiso de encauzar las reivindicaciones autonómicas de los catalanes, de preparar la insurrección contra la Monarquía y de traer la República. El movimiento socialista, cuyos dirigentes no asistieron a esa reunión, aunque uno de ellos, Indalecio Prieto, lo hizo «a título personal», acordó semanas después, en la comisión ejecutiva del PSOE del 20 de octubre, aceptar los tres puestos que los republicanos les ofrecían en el comité. Para llegar a esa decisión, despejando así la disyuntiva de mantenerse al margen o sumarse a la acción por la República, fue esencial la actitud de Francisco Largo Caballero, quien acabó convencido de que los socialistas tenían que ayudar a los republicanos, «influir» desde dentro «en la orientación de la revolución» y permitir así la evolución pacífica y gradual hacia el socialismo.

Durante ese año de 1930, además, destacados escritores y catedráticos de universidad se «definieron», como decían los contemporáneos, para expresar su postura de rechazo a la Monarquía y el apoyo a la República. Comenzó esa agitación a los pocos días de la caída del Dictador, con el regreso del exilio de Miguel de Unamuno, recibido por multitudes en su recorrido desde Irún a Madrid, y se cerró con el célebre artículo del filósofo José Ortega y Gasset, publicado en El Sol el 15 de noviembre. «El error Berenguer», que así se titulaba, consistía en pretender volver a la normalidad después de siete años de dictadura, como si nada hubiera pasado, que es lo que se suponía que estaba haciendo el general Dámaso Berenguer, el sustituto de Primo de Rivera nombrado por el Rey. A la Monarquía no la salvaba nadie. «Delenda est monarchia», concluía Ortega, una frase que resumía el sentimiento antimonárquico que invadía a políticos, intelectuales y clases populares por aquellas fechas.

Apenas un mes después, la conjunción de republicanos y socialistas intentó destruir a la Monarquía por la fuerza, aunque con escasa preparación y menos medios. La insurrección militar, que tanta historia y tradición tenía en la sociedad española contemporánea, estaba organizada en este caso por el Comité revolucionario y debía ser apoyada en las calles por una huelga general de las organizaciones obreras. Los encargados de ejecutar el plan, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, sublevaron a la tropa en Jaca, en la provincia de Huesca, en la madrugada del 12 de diciembre de 1930, tres días antes de lo que al parecer había fijado el Comité revolucionario. La insurrección fracasó y el domingo 14 de diciembre, en consejo de guerra sumarísimo, fueron condenados a muerte, y fusilados, sus dos principales cabecillas. La República, antes de nacer, ya tenía a sus primeros mártires y sobre el rey Alfonso XIII recayó la responsabilidad de no haber utilizado la gracia del indulto. «La monarquía cometió el disparate de fusilar a Galán y García Hernández, disparate que influyó no poco en la caída del trono», escribió Manuel Azaña.

Tampoco la insurrección dispuesta para el 15 de diciembre tuvo éxito, pese a que el general Gonzalo Queipo de Llano y el comandante Ramón Franco lograron tomar por unas horas el aeródromo de Cuatro Vientos, desde donde huyeron a Portugal al comprobar que las tropas leales al Gobierno de Berenguer se aproximaban y nadie declaraba la huelga general en Madrid. Mientras todo eso ocurría, habían sido detenidos la mayoría de los miembros del Comité revolucionario. No sería una insurrección la que finalmente traería la República.

Tampoco el retorno a la normalidad constitucional que proponía el Gobierno del general Dámaso Berenguer daba frutos concretos. Berenguer se quedó solo, abandonado incluso por miembros de su Gabinete muy leales al Rey, como el conde de Romanones, y dimitió el 13 de febrero de 1931. Lo sustituyó, tras varios intentos frustrados de apertura por parte del Rey hacia sectores liberales, el almirante Juan Bautista Aznar, que formó otro Gobierno fiel a la Monarquía. Sólo tuvo tiempo de convocar elecciones municipales para el 12 de abril porque dos meses después ni existía ese Gobierno ni la Monarquía.

La convocatoria de elecciones cogió a la derecha conservadora y liberal, a los partidos de siempre, desorganizados y desorientados, y a la extrema derecha, a los fieles al dictador caído, en proceso de rearme y sin capacidad para movilizar todavía a las fuerzas contrarrevolucionarias, aunque lo intentaron con la creación en julio de 1930 de Unión Monárquica Nacional, un remedo de la Unión Patriótica de la Dictadura, en el que estaban algunos exministros, como José Calvo Sotelo, el intelectual Ramiro de Maeztu y hasta el propio hijo del Dictador, José Antonio Primo de Rivera. La vieja política agonizaba y el nuevo autoritarismo no encontraba todavía su lugar.

Era la hora, efectivamente, de los republicanos. De los viejos, nuevos y novísimos. Y era la hora de la política en la calle, de la propaganda, de mítines e incitaciones a la acción en defensa de la República. El 20 de marzo de 1931, en plena campaña electoral, se celebró el consejo de guerra contra el Comité revolucionario encarcelado, un juicio convertido en una gran manifestación de afirmación republicana. Recuperada la libertad, los miembros de ese comité, futuros miembros del Gobierno provisional republicano, concentraron sus esfuerzos en convertir la jornada electoral del 12 de abril en un plebiscito entre Monarquía o República.

Así fue. Los monárquicos pensaron hasta el último momento que lo iban a ganar, confiados en el manejo de la maquinaria gubernamental. Por eso mostraron su «consternación» y «sorpresa» cuando muy pronto supieron que los republicanos habían vencido en la mayoría de las capitales de provincia, en 41 de 50. Sólo Juan de la Cierva propuso recurrir a las armas para evitar la quiebra de la Monarquía. Pero los demás ministros, encabezados por Romanones, reconocieron la derrota. Aznar dimitió la noche del 13. Al día siguiente, muchos municipios proclamaron la República. Alcalá Zamora, presidente del Comité revolucionario, exigió al Rey que abandonara el país.

La República llegó con celebraciones populares en la calle, en medio de un ambiente festivo donde se mezclaban esperanzas revolucionarias con deseos de reformas. La multitud se echó a la calle, como puede comprobarse en la prensa, en las fotografías de la época, en los numerosos testimonios de contemporáneos que quisieron dejar constancia de aquel gran cambio que tenía algo de mágico, que llegaba de forma pacífica, sin sangre. La clase media «se lanzaba hacia la República» ante «la desorientación de los elementos conservadores», escribió unos años después José María Gil Robles.

El Comité revolucionario no aguardó al traspaso de poderes y sus miembros se convirtieron, como consecuencia del resultado electoral y de la presión popular, en Gobierno provisional de la República. Era la tarde del 14 de abril, una horas después de que la República se hubiera declarado ya en otros lugares, siguiendo el madrugador ejemplo del Ayuntamiento de Eibar, y de que Francesc Macià proclamara en Barcelona la República catalana dentro del Estado federal español. Niceto Alcalá Zamora salió al balcón del Ministerio de Gobernación y, en un mensaje transmitido por radio, proclamó oficialmente la República. Reunido esa misma noche, el Gobierno provisional elaboró su propio Estatuto Jurídico por el que regulaba su situación hasta la convocatoria de las Cortes Constituyentes.

El Gobierno lo presidía Alcalá Zamora, exmonárquico, católico y hombre de orden, una pieza clave para mantener el posible y necesario apoyo al nuevo régimen de los republicanos más moderados. Había, además del Presidente, once ministros, entre quienes destacaban Alejandro Lerroux, el viejo «Emperador del Paralelo», líder del principal partido republicano, el Radical, y Manuel Azaña, que encabezaba la representación de los republicanos de izquierda y que ocupó el Ministerio de Guerra. Por primera vez en la historia de España, entraron a formar parte también del Gobierno de la nación los socialistas, con tres ministros: Fernando de los Ríos, en Justicia; Indalecio Prieto, en Hacienda, y Francisco Largo Caballero, en el Ministerio de Trabajo.

Esos gobernantes representaban a las clases medias profesionales, a los pequeños burgueses y a la clase obrera militante o simpatizante de las ideas socialistas. Ninguno de ellos, salvo Alcalá Zamora, había desempeñado un alto cargo político con la Monarquía, aunque no eran jóvenes inexpertos, porque la mayoría rondaba los cincuenta años y llevaba mucho tiempo en la lucha política. Tampoco era, frente a lo que se ha dicho a menudo, un Gobierno de intelectuales. Salvo Azaña, presente en el Gobierno como dirigente de un partido republicano, no estaban allí esos intelectuales que tanto habían contribuido con sus discursos y escritos a darle la estocada a la Monarquía durante 1930. Ni Unamuno, ni Ortega, ni Pérez de Ayala o Marañón. Los tres últimos, que habían formado el 10 de febrero de 1931 el manifiesto fundacional de la Agrupación al Servicio de la República, desaparecieron muy pronto, además, de la vida pública o acabaron incluso distanciados del régimen republicano.

Lo que hizo ese Gobierno en las primeras semanas, todavía con la resaca de la fiesta popular, fue legislar a golpe de decreto. Difícil es imaginar, en efecto, un gobierno con más planes de reformas políticas y sociales. Antes de la inauguración de las Cortes Constituyentes, en julio de ese año, el Gobierno provisional puso en práctica una Ley de Reforma Militar, obra de Manuel Azaña, y una serie de decretos básicos de Francisco Largo Caballero, que tenían como objetivo modificar radicalmente las relaciones laborales. Tal proyecto reformista encarnaba, en conjunto, la fe en el progreso y en una transformación política y social que barrería la estructura caciquil y el poder de las instituciones militar y eclesiástica. Así comenzaba a caminar la República.

EL PARLAMENTO

El camino marcado por el Gobierno provisional pasaba por convocar elecciones a Cortes y dotar a la República de una Constitución. Elecciones con sufragio universal, masculino y femenino, Gobiernos representativos y responsables ante los parlamentos y obediencia a las leyes y a la Constitución eran las señas de identidad de los sistemas democráticos que emergían o se consolidaban entonces en los principales países de Europa occidental y central. Y eso es lo que intentaron introducir, y consiguieron en buena parte, esos republicanos y socialistas que gobernaron España durante los dos primeros años de la Segunda República.

Las elecciones generales a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de junio. Según el decreto de convocatoria, que modificó la Ley electoral de 1907, habría una única Cámara, en vez de las dos que tenía el Parlamento monárquico. La edad mínima para votar se rebajó de veinticinco a veintitrés años y se mantuvo la exclusividad del sufragio masculino, aunque las mujeres podrían ser ya candidatas, dejando para las futuras Cortes la decisión de conceder el voto a las mujeres. Para corregir las tradicionales prácticas caciquiles y fraudulentas, el voto por distritos uninominales se sustituyó por listas abiertas, con circunscripciones por provincias. Al eliminar los pequeños distritos, el sistema electoral implantado por la República atacó a fondo las raíces del caciquismo e introdujo elecciones libres y limpias por primera vez en la historia de España.

La campaña electoral cogió a la derecha todavía desorientada y desorganizada y con algunos de sus dirigentes huidos a otros países, ante la amenaza de un posible juicio por las responsabilidades de la Dictadura. Ángel Herrera, director del diario católico El Debate, y otros miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que habían aceptado la «legalidad republicana» como «el único terreno posible», crearon Acción Nacional el 29 de abril, con el objetivo de promover una firme política de masas, actuar dentro de la República, bajo la creencia en «la accidentalidad de las formas de gobierno», y defender las posiciones de orden y de la Iglesia en las Cortes. Legitimada por la bendición papal y el apoyo de una buena parte del episcopado, ésa fue la semilla del gran movimiento de masas católico que irrumpió con fuerza imprevista en el escenario político de la República dos años después. Pero en junio de 1931, todavía en formación, Acción Nacional sólo pudo presentar a 39 candidatos en 16 circunscripciones.

El triunfo de las candidaturas de la coalición republicano-socialista fue arrollador. Las Cortes salidas de las primeras elecciones generales de la República, de 470 diputados, reunieron a diecinueve partidos o grupos, seis de los cuales no llegaban a cinco diputados electos. La principal novedad del mapa electoral fue que el Partido Socialista, que nunca había pasado de siete diputados con la Monarquía, tenía ahora 115, la fuerza política mayoritaria, cuyos votos procedían fundamentalmente de las zonas latifundistas del Sur. El segundo grupo en tamaño eran los radicales de Alejandro Lerroux que, con 94 diputados, obtuviera una victoria muy importante que dejó libre al Partido Radical el espacio del centro republicano, sobre todo porque la opción conservadora de Alcalá Zamora y Miguel Maura consiguió sólo 22 diputados. Los 59 del Partido Radical Socialista y los 30 de Acción Republicana mostraban también el notable peso de la izquierda republicana, reforzada por la hegemonía de Esquerra Republicana en Cataluña, que obtuvo 35 de los 49 escaños que allí se disputaban, y por los 16 diputados que aportaba la Federación Republicana Gallega.

Las organizaciones de derecha no republicana apenas sumaron 50 diputados y sus resultados sólo fueron buenos en el País Vasco y Navarra, donde 16 de los 24 escaños los ganó la alianza de carlistas, nacionalistas vascos y católicos independientes. No obstante, los diputados de derecha eran pocos pero muy notables, con miembros de las grandes familias de la propiedad rural y de la industria, como José Luis de Oriol, Julio de Urquijo, el conde de Romanones, el conde de Rodezno o Juan March. La identificación absoluta entre terratenientes, orden y religión estaba bien encarnada por los diputados agrarios, de Acción Nacional y por los carlistas e integristas.

Casi todos los diputados, excepto 28, iban a las Cortes por primera vez. Había muchos intelectuales, periodistas, profesores, abogados y también muchos obreros. Y por primera vez en la historia, tres mujeres: las republicanas Clara Campoamor y Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken. Alcalá Zamora, en la sesión de apertura solemne de las Cortes Constituyentes, el 14 de julio de 1931, declaró que «la fecha de hoy es una alta, una suprema cima, una cresta en la historia de España». Unos días después, las Cortes, presididas por el socialista Julián Besteiro, dieron un voto de confianza al Gobierno provisional, que se convirtió en el primer Gobierno ordinario de la República.

No había signo alguno en aquellas Cortes de una radicalización o polarización de la vida política española. No había todavía una extrema derecha sólida, y menos aún un partido fascista, mientras que el Partido Comunista, opuesto entonces frontalmente a la «República burguesa», obtuvo resultados muy bajos y ningún diputado. Dos componentes esenciales del proceso de radicalización del escenario europeo, el fascismo y el comunismo, estaban ausentes en España, aunque sí que existía un poderoso movimiento anarcosindicalista al margen de esas Cortes Constituyentes, percibidas por el sector más extremo de la CNT y de la FAI como «un engranaje burgués, por medio del cual se pretende consolidar el régimen de explotación constante». Era la única fuerza con arraigo que se situaba claramente en ese momento fuera del sistema, porque el principal partido de la izquierda, el PSOE, estaba en el Gobierno.

La gran anomalía, si se compara con los parlamentos de las otras repúblicas que surgieron de la desintegración de los imperios tras la Primera Guerra Mundial, era que la mayoría de los diputados pertenecía a la coalición de partidos que formaban el Gobierno. Sólo una cincuentena parecían dispuestos a defender los intereses del orden tradicional y de la Iglesia católica. Y eso no reflejaba las posiciones de sectores muy amplios de la sociedad española que tenían mucho poder económico, social y cultural, pero no estaban en las Cortes y no iban a poder influir en la elaboración de la Constitución. Porque la República no fue la conquista de un movimiento republicano con raí ces sociales profundas, sino el resultado de una movilización popular contra la Monarquía, que recogió los frutos en el momento en que al Rey le fallaron todos sus apoyos sociales e institucionales. Como dijo entonces Miguel de Unamuno, «no fueron los republicanos quienes han traído la República, ha sido la República la que ha traído a los republicanos».

Pero eso no significaba necesariamente que los fundamentos de la República y de la democracia fueran débiles desde el principio. Los resultados de las elecciones de junio de 1931 mostraron que una gran parte de los españoles tenían sus esperanzas puestas en ese nuevo régimen. Y lo demostraron por medio del ejercicio de la soberanía popular, en unas elecciones en las que votó el 70 por ciento de la población masculina, otorgando la confianza a unas Cortes Constituyentes y a un Gobierno parlamentario. Todo lo que vino después, las debilidades y fortalezas del sistema, sus logros y fracasos, hasta el golpe de Estado de julio de 1936, tiene explicaciones históricas y no había ningún final fatal ya predestinado en los mismos orígenes de esa República democrática.

Una de las tareas primordiales de esas Cortes era elaborar y aprobar la primera Constitución republicana de la historia de España, y a eso dedicaron sus energías durante los primeros meses de funcionamiento. Desde el 28 de agosto hasta el 1 de diciembre de 1931, las Cortes debatieron el proyecto presentado por una comisión parlamentaria presidida por el socialista Luis Jiménez de Asúa. La crisis más grave del debate constitucional la provocó el «asunto religioso», que dejó por el camino alborotos, peleas, insultos y declaraciones salidas de tono tanto de los integristas como de la izquierda más incendiaria y anticlerical. Se aprobó al final la propuesta de Azaña, en su célebre discurso del 13 de octubre, que limitaba el precepto constitucional de disolución de Órdenes religiosas sólo a los jesuitas y ratificaba la prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas.

Los diputados agrarios y vasco-navarros abandonaron las Cortes tras la aprobación de ese artículo, el 26, e hicieron público un manifiesto en el que declaraban que «la Constitución que va a aprobarse no puede ser la nuestra» y que emplearían todos sus esfuerzos en «mover a la opinión contra ella». Alcalá Zamora y Miguel Maura, que habían anunciado su voto en contra, dimitieron, y Manuel Azaña fue propuesto como nuevo presidente de Gobierno, cargo que asumió el 15 de octubre.

La Constitución que salió de todas esas discusiones, aprobada finalmente por las Cortes el 9 de diciembre de 1931, definía a España, en el artículo primero, como «una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y de las Regiones». Esa Constitución declaraba también la no confesionalidad del Estado, eliminaba la financiación estatal del clero, introducía el matrimonio civil y el divorcio y prohibía el ejercicio de la enseñanza a las Órdenes religiosas. Su artículo 36, tras acalorados debates, otorgó el voto a las mujeres, algo que estaban haciendo en esos años de entreguerras los parlamentos democráticos de las naciones más avanzadas. Fue una propuesta defendida por la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, que chocó con el temor de no pocos republicanos de izquierda, incluida la radical-socialista Victoria Kent, de que el voto de las mujeres, influidas por el clero, beneficiase a las organizaciones de derecha. Con el apoyo socialista, pese a las reticencias de Indalecio Prieto, el artículo fue aprobado por 160 votos contra 121.

Una vez aprobada esa Constitución democrática y laica, que consagraba la supremacía del poder legislativo, debía elegirse presidente de la República. No sería elegido por sufragio universal directo, como se había previsto en un principio siguiendo el modelo de otras repúblicas europeas, sino por las Cortes. El Gobierno había pactado que saliera Niceto Alcalá Zamora, en un intento de recuperar a ese sector republicano más conservador que había mostrado su oposición a los artículos sobre la cuestión religiosa.

Alcalá Zamora le encargó a Manuel Azaña que formara Gobierno. La intención de éste era que continuaran representadas, con un peso similar al que ya tenían, todas las fuerzas que estaban en el Ejecutivo desde la proclamación de la República. Lerroux se negó a seguir en el Gobierno con los socialistas. Azaña tendría que elegir: o los socialistas, o el Partido Radical. Y optó por los socialistas: «Lanzar a los socialistas a la oposición sería convertir a las Cortes en una algarabía», escribió en su diario el 13 de diciembre, convencido de que la incorporación de los representantes de las clases trabajadoras al Gobierno de la nación era una condición indispensable para estabilizar la República y la democracia.

La amplia coalición republicano-socialista que había gobernado en los primeros meses de la República se rompió en diciembre de 1931. En cualquier caso, la alianza entre republicanos de izquierda, que sumaban unos 150 diputados, y los socialistas, con 115, podía garantizar la gobernabilidad, teniendo en cuenta, además, que quien pasaba a la oposición, con 94 diputados, era un partido republicano histórico, el radical de Lerroux, y la oposición monárquica o católica era entonces muy débil. Ese Gobierno, con Azaña de presidente y de ministro de la Guerra, se mantuvo en pie casi dos años, todo un récord vista la historia posterior de la República. Desde la llegada de la República en abril de 1931 hasta la destitución de Azaña en septiembre de 1933, los Gobiernos de coalición de republicanos y socialistas acometieron la reorganización del Ejército, la separación de la Iglesia y el Estado, y tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad agraria, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a un período tan intenso de cambio y conflicto, logros democráticos y conquistas sociales.

De todas esas reformas, la agraria era la más esperada y la más difícil. No tenía fácil solución el llamado problema de la tierra en España. Primero, por la complejidad de la estructura de la propiedad: predominio de valores extremos, con escasas explotaciones de tamaño medio; y marcadas diferencias regionales, con abundantes minifundios en el norte y dominio de la gran propiedad en el sur. Después, porque pese a que varios políticos reformistas habían defendido algún tipo de reforma agraria desde finales del siglo XVIII, cuando llegó la República casi todo estaba por hacer. La represión, en vez de la negociación, había sido siempre el arma utilizada por el Estado frente a la movilización campesina. Y no había solución fácil, por último, porque era prácticamente imposible distribuir tierra sin suscitar una fuerte oposición. Las mayores extensiones de tierra no estaban en manos de la Iglesia, ni de propietarios extranjeros o de la nobleza, lo cual habría facilitado las cosas como había ocurrido en otros países que acometieron reformas agrarias en el período contemporáneo. En España, como ya señaló Edward Malefakis hace tiempo, la tierra debía tomarse de los propietarios burgueses, que estaban «plenamente integrados en la estructura de la nación y que no podían ser atacados más que a costa de poner en duda muchos de los principios básicos de esta estructura política». Por eso cualquier reforma agraria, por moderada que fuese, iba a ser percibida por los propietarios como una revolución expropiadora. Y por eso la tierra se convirtió en uno de los ejes fundamentales del conflicto durante la República y acabó siendo un componente sustancial de la violencia política en los dos bandos que combatieron en la guerra civil.

El alcance de la ley fue muy limitado porque los gobernantes republicanos siempre temieron la resistencia de los propietarios y los efectos de una auténtica transformación social en el campo. La mayoría de esas leyes reformistas elaboradas desde los Gobiernos de coalición de republicanos y socialistas fueron moderadas en la práctica, pero amenazadoras en principio. Quienes percibieron esa amenaza se organizaron muy pronto para combatirla. Las viejas clases dirigentes, los propietarios y las gentes de orden, desplazados del poder por el régimen republicano, reaccionaron de forma enérgica y contundente frente a las reformas. Las clases trabajadoras, con sus organizaciones, protestas y movilizaciones, aparecieron también en el escenario público, en las calles, fábricas y campos, pidiendo la aceleración de las reformas o buscando la revolución, como poderosos contendientes a los que ya no se podía excluir del sistema político.

LOS CONFLICTOS

Los grupos hasta entonces desprovistos de poder encontraron, con la llegada de la República, nuevas oportunidades de hacer política, de influir sobre la autoridad, gracias al cambio de régimen y a la debilidad en que se encontraban quienes hasta ese momento habían ocupado posiciones de dominio. La pérdida de control de los ayuntamientos y el avance de la influencia socialista, aprovechando el marco legal creado desde el Ministerio de Trabajo para regir las relaciones laborales, dispararon las resistencias de los propietarios a la legislación republicana. Una hostilidad que se manifestó con especial virulencia en las zonas con presencia de latifundio y de proletariado rural, allí donde las luchas sociales solían ser más intensas. El incumplimiento patronal de las bases reguladoras del trabajo agrícola y, en general, de la legislación social republicana, disparó la protesta campesina. Lo que se pedía en esos conflictos no era la revolución social, la expropiación de los ricos o la colectivización de la tierra, como solía aparecer en algunos panfletos socialistas o anarquistas, sino mejoras salariales, trabajo libre y acceso al uso y aprovechamiento de la tierra.

La República llegó a España en medio de una crisis económica internacional sin precedentes y aunque los factores económicos, como han mostrado los especialistas, no determinaron su trágico final, sí que complicaron la gestión y puesta en marcha de las reformas. Las expectativas iniciales comenzaron a naufragar cuando la lentitud de la reforma agraria se hizo evidente, el paro creció, los recursos fallaron y algunas de las expresiones más radicales de la protesta acabaron en duros escarmientos por parte de las Fuerzas Armadas. Hubo en esos primeros años de la República serios problemas de orden público, múltiples protestas, escaramuzas revolucionarias e insurrecciones anarquistas.

Frente a las protestas, los Gobiernos republicanos utilizaron los mismos mecanismos de represión que los de la Monarquía. En realidad, para las autoridades republicanas, el orden público se convirtió en una obsesión. Una obsesión con fundamento, porque los desafíos eran importantes, pero los abundantes derramamientos de sangre que esos conflictos provocaron minaron muy pronto el prestigio del régimen republicano. Apenas nacido, se dotó de un «Estatuto jurídico» que otorgaba al Gobierno provisional «plenos poderes», una excepcionalidad mantenida hasta la Ley de Defensa de la República del 21 de octubre de 1931 e incrementada por la Ley de Orden Público de julio de 1933. Además, el Gobierno provisional creó un nuevo cuerpo de policía armada para las ciudades, la Guardia de Asalto, cuya organización se le encargó al teniente coronel Agustín Muñoz Grandes, quien, según Miguel Maura, entonces ministro de Gobernación, «creó de la nada un cuerpo perfecto de tropa entrenada, uniformada, seleccionada y disciplinada de forma impecable». Vestían de azul oscuro e iban armados con pistolas y porras, en vez de los fusiles Mauser que identificaban a la Guardia Civil.

La Guardia Civil, como los acontecimientos demostraron una y otra vez durante esos años, no sabía mantener el orden sin disparar. Los propietarios, escribió Azaña, la adoraban «como sustentadora única del orden social», y los trabajadores, especialmente los campesinos, la odiaban. Un odio que se manifestó de forma clara en la localidad extremeña de Castilblanco el 31 de diciembre de 1931, después de que los disparos de la Guardia Civil causaran la muerte de un huelguista. Los campesinos se abalanzaron sobre los cuatro guardias que reprimían la protesta y con palos, piedras y cuchillos los masacraron.

Enrabietada, falta de disciplina y ante la pasividad de algunas autoridades gubernativas, la Guardia Civil se desahogó durante los primeros días de 1932 con escarmientos mortales en varios pueblos de España. Los sucesos más graves ocurrieron el 5 de enero en Arnedo, en La Rioja, donde la represión de una manifestación pacífica dejó un reguero de sangre en la plaza de la República: seis hombres y cinco mujeres muertos; once mujeres y diecinueve hombres heridos. El teniente que mandaba a los guardias formados en la plaza ordenó abrir fuego, sin toques de atención ni previa advertencia, pese a que sus superiores, el gobernador civil y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, que estaban reunidos en ese momento en el Ayuntamiento, no le habían dado órdenes de disolver la manifestación.

El «clamoreo» que esos sucesos levantaron contra la Guardia Civil fue, según apuntó Manuel Azaña, «atronador». El Presidente de Gobierno llamó al general José Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, para comunicarle su destitución. En la conversación que Azaña reproduce en su diario, Sanjurjo echó la culpa a la entrada de los socialistas en los ayuntamientos propiciada por la República, en donde se había metido «lo peor de cada casa», gente «indeseable» que «fomenta el desorden, amedrenta a los propietarios, causa daños en la propiedad y ha de chocar necesariamente con la Guardia Civil». Los socialistas, le dijo el general a Azaña, no deberían estar en el Gobierno «porque su presencia alienta a los que favorecen los desmanes». Tal era el clima de desorden transmitido por el que pocos meses después, en agosto, acaudilló la primera rebelión militar contra el régimen republicano. Fracasó porque ese método de derribar a la República por la fuerza todavía no contaba, un año después de su proclamación, con apoyos importantes, salvo de algunos sectores militares, de la aristocracia y de la extrema derecha.

Los socialistas estaban en el Gobierno y en los ayuntamientos, mientras que el anarquismo, la otra ideología que orientaba en España a un sector importante de trabajadores, se mantuvo al margen de las instituciones. Aunque se declaraban antiparlamentarios y revolucionarios, los dirigentes de la CNT, la organización anarcosindicalista que había comenzado a arraigar en los últimos años de la Restauración, discutieron y mucho sobre si convenía o no dar la batalla desde el principio al régimen republicano. Muchos de ellos pensaban que las libertades traídas por la República, tras los años de silencio impuestos por la dictadura de Primo de Rivera, les permitirían ocupar de nuevo el espacio público, organizar a los trabajadores y movilizarlos frente a los propietarios y el orden burgués. Otros prefirieron no esperar y optaron por el enfrentamiento con la República, simbolizada para ellos en sus fuerzas represivas y en los «traidores» socialistas.

La lucha por el reparto del espacio sindical y por el control del trabajo disponible, un bien escaso en momentos de crisis, se convirtió muy pronto en el motivo central de los duros enfrentamientos entre las dos organizaciones sindicales. La UGT, desde el Gobierno, con Largo Caballero al frente, legislando y utilizando el aparato del Estado, ocupó un espacio cada vez más extenso en el campo de las relaciones laborales y reforzó así sus posiciones en las negociaciones y control de los contratos de trabajo. La CNT denunció ese favoritismo y, en vez de participar en los jurados mixtos creados por el Ministerio de Trabajo, se lanzó a una disputa abierta para conseguir por otros medios el monopolio de la negociación laboral, a través de la acción directa, sin intermediarios estatales. Esa acción directa, que al principio sólo contemplaba advertencias y amenazas, se manifestó más tarde, con el aumento del paro y de los conflictos, en coacciones y violencia.

El sector más puro del anarquismo encontró en los muertos que dejaba la represión de las protestas un resorte para la movilización contra la República y contra quienes dirigían la CNT en ese momento. La lucha interna desembocó en una escisión en la que abandonaron la disciplina cenetista miles de militantes de las áreas más industrializadas y con mayor arraigo, entre quienes se encontraban algunos de sus más brillantes dirigentes, como Joan Peiró o Ángel Pestaña, mientras que los que se apoderaron de la organización, los hombres de acción y de la FAI, comenzaron a anunciar la revolución a fecha fija y a golpe de disturbio e insurrección.

Hubo tres tentativas de rebeldía armada en dos años, incitadas por militantes anarquistas y que contaron con algún apoyo obrero y campesino. Las dos primeras, en enero de 1932 y de 1933, fueron dirigidas contra el Gobierno de coalición de republicanos y socialistas. La tercera, la que más víctimas mortales dejó en los combates, ocurrió en diciembre de 1933, a los pocos días de que los radicales de Lerroux y la derecha ganaran las elecciones. Fueron los trágicos sucesos de Casas Viejas, sin embargo, los que más repercusión tuvieron en la política republicana.

Nada especial tenía esa población gaditana de apenas dos mil habitantes que no tuvieran decenas de pueblos andaluces, extremeños o manchegos: hambre, duras condiciones de trabajo, desigual distribución de la riqueza y explotación. Todo comenzó en la madrugada del 11 de enero de 1933, cuando grupos de campesinos afiliados a la CNT, siguiendo las instrucciones de los preparativos que se habían hecho por anarquistas de la comarca de Jerez, tomaron posiciones en el pueblo y cercaron con algunas pistolas y escopetas el cuartel de la Guardia Civil. Tres guardias y un sargento estaban dentro. Tras un intercambio de disparos, el sargento y otro guardia resultaron heridos de muerte.

Ese mismo día por la tarde, varios guardias civiles y de asalto llegaron a Casas Viejas, liberaron a los dos compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Con la ayuda de esos guardias que conocían a los vecinos, comenzaron la búsqueda de los rebeldes. Cogieron a dos y les golpearon hasta que señalaron a la familia de Francisco Cruz Gutiérrez, «Seisdedos», un anarquista de setenta y dos años que no había participado en la insurrección. Sí que lo habían hecho dos de sus hijos y su yerno, que se refugiaron tras el cerco del cuartel en la choza de barro y piedra de «Seisdedos».

El capitán de asalto Manuel Rojas, a quien Arturo Menéndez, director general de Seguridad, había ordenado trasladarse a Casas Viejas para acabar con la insurrección, mandó incendiar la choza. Ocho muertos fue el saldo. Pero Rojas envió a tres patrullas a registrar las casas del pueblo: mataron a un viejo de setenta y cinco años nada más empezar y apresaron a otros doce, a quienes arrastraron hasta la choza de «Seisdedos», para asesinarlos allí a tiro limpio. La masacre concluyó con diecinueve hombres, dos mujeres y un niño muerto. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en el asalto a la choza, pero la Segunda República ya tenía su tragedia.

Decenas de campesinos fueron arrestados y torturados. El Gobierno, dispuesto a sobrevivir al acoso que desde la izquierda y la derecha emprendieron contra él por la excesiva crueldad con la que se había reprimido el levantamiento, eludió responsabilidades. «No se encontrará un atisbo de responsabilidad para el Gobierno», declaró Azaña en su discurso a las Cortes del 2 de febrero de ese año. «En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir […] se levantan una docena de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el Gobierno?».

La CNT, que lo único que sacó de aquellos hechos fueron más mártires para la causa, demostró con esas acciones insurreccionales que no aceptaba el sistema institucional representativo, la democracia republicana, y que creía en la fuerza como único camino para liquidar los privilegios de clase y los abusos consustanciales al poder. La oposición de la CNT privó a la República de un apoyo social fundamental. Pero el radicalismo anarquista, aunque contribuyó a extender la cultura del enfrentamiento, no fue el único movimiento, ni el más potente, que obstaculizó la consolidación de la República y de su proyecto reformista. Los grupos dominantes desplazados de las instituciones políticas con la llegada de la República reaccionaron muy pronto. En menos de dos años, el catolicismo arraigó como un movimiento político de masas, apoyado en cientos de miles de pequeños y medianos propietarios rurales, y lanzó una ofensiva desestabilizadora que no concluyó hasta conseguir su objetivo de echar abajo las reformas y extirpar la amenaza revolucionaria.

Hasta la irrupción del catolicismo como movimiento político, los radicales de Lerroux, que se habían ido del Gobierno en diciembre de 1931, tras la aprobación de la Constitución, se convirtieron en la mejor garantía del orden de los propietarios contra Azaña y los socialistas, y en muchos lugares el partido fue refugio de caciques y viejos monárquicos. Con ese conglomerado interclasista, su propaganda se dirigió «a todos los españoles» y a explotar por todos los medios, en mítines, reuniones con patronos y hombres de negocios, cualquier signo de malestar contra los socialistas.

La proclamación de la República no había sentado nada bien a los empresarios, quienes además vieron en la participación de los socialistas en el Gobierno, especialmente de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo, una amenaza para sus intereses y la riqueza nacional. Que se fueran los socialistas se convirtió en el grito unánime de empresarios y patronos en la primavera de 1933, cuando la crisis económica y el paro llegaban a su punto más alto y la CNT centraba sus huelgas y movilizaciones contra los jurados mixtos.

La oposición de radicales, empresarios, propietarios agrícolas y la aparición de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) como un movimiento político de masas, a partir de febrero de 1933, generó una gran tensión entre un Parlamento dominado por las izquierdas y amplios sectores de la sociedad, incluidos los sindicatos de la CNT, que se enfrentaban a su obra legisladora. Durante esos primeros meses de 1933, hubo claros signos de que la coalición gobernante estaba perdiendo apoyos. Se estaba discutiendo entonces la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, que originó una fuerte movilización católica y que aunque fue aprobada por las Cortes el 17 de mayo, el presidente de la República, el católico Alcalá Zamora, no firmó hasta el 2 de junio, dejando claras muestras de malestar con el Gobierno.

Pese a las presiones que tenía para que rompiera con los socialistas, Azaña seguía con la idea, ya asentada en su primer Gobierno constitucional, en diciembre de 1931, cuando se retiraron los radicales de Lerroux, de que para construir un sistema parlamentario y democrático se necesitaba el concurso de los socialistas y el control desde el poder de su fuerza sindical. Y los socialistas habían dejado claro también en diversas ocasiones que su compromiso de participar en el Gobierno requería que Azaña continuase en él como presidente. Y así querían seguir hasta que Alcalá Zamora, que a partir de ese momento acabó teniendo un papel destacado en la solución de todas las crisis políticas, lo impidió.

La gran ocasión para quebrar esa alianza se le presentó a Alcalá Zamora a comienzos de septiembre de 1933, tras las elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales, una institución encargada, entre otras cosas, de entender en los recursos de anticonstitucionalidad de las leyes o en los conflictos de competencias entre el Estado y las autonomías. La oposición convirtió la elección de quince de sus vocales por los ayuntamientos en un plebiscito sobre el Gobierno de Azaña. Se votó el 3 de septiembre. La derecha avanzó posiciones y el Partido Radical sacó más votos que ningún otro partido republicano, incluido el PSOE. Lerroux dejó bien claro lo que quería: un Gobierno sólo de republicanos presidido por él.

Azaña buscó el voto de confianza en las Cortes. Lo obtuvo, pero al día siguiente, el 7 de septiembre, Alcalá Zamora le retiró la confianza presidencial, lo cual equivalía a una destitución. A Manuel Azaña no le derrotaron las Cortes, sino una decisión del Presidente de la República, quien encargó a Alejandro Lerroux formar un Gobierno que restableciera «la fraternal inteligencia entre todas las fracciones republicanas». Ya no estarían en él los socialistas, que es lo que buscaban desde hacía tiempo todos los partidos de derecha y casi todos los republicanos. Tampoco los socialistas querían estar en esas condiciones, con un Gobierno presidido por Lerroux, y en la comisión ejecutiva del 11 de septiembre, a propuesta de Largo Caballero, sus miembros aprobaron por unanimidad que quedaban «rotos todos los compromisos contraídos» con los republicanos y que cada partido «recobraba plenamente su independencia para seguir el camino que estime pertinente a la defensa de sus intereses». El compromiso de 1930, el que había contribuido a alumbrar el nuevo régimen, se rompía y esa ruptura iba a tener importantes consecuencias para los socialistas y para la República.

Los republicanos de izquierda y los socialistas no respaldaron al Gobierno de Lerroux en las Cortes y Alcalá Zamora encargó formar otro a Diego Martínez Barrio, vicepresidente del Partido Radical. Al día siguiente de conocerse su composición, el 9 de octubre, se hizo público el decreto de disolución de las Cortes. Un Gobierno liderado por los radicales organizaría las elecciones generales, convocadas para el 19 de noviembre. La gran novedad iba a ser el voto de las mujeres por primera vez en la historia de España en unas elecciones generales, que incorporaba a más de 6 800 000 nuevos electores, más de la mitad del censo.

Las segundas elecciones de la República dieron como resultado un sonado triunfo del Partido Radical y de la CEDA. Hay varias razones que explican ese triunfo y la derrota de la izquierda. La Ley electoral favorecía a las coaliciones amplias, y los socialistas y los republicanos acudieron en solitario los primeros y desunidos los segundos. Las fuerzas más conservadoras, desorientadas y desorganizadas en 1931, se habían reorganizado y unido en torno a la defensa del orden y de la religión. Los radicales habían desplazado también sus posiciones hacia la derecha, mientras que la propaganda anarquista a favor de la abstención y el enfrentamiento entre los dos sindicalismos obreros, la CNT y la UGT, restaron votos a los candidatos republicanos y socialistas.

No hay duda de que había en España muchas mujeres católicas que votaron en 1933 a la derecha. Pero atribuir a las mujeres el triunfo electoral de las derechas, englobando en esa etiqueta a la CEDA y al Partido Radical, como hicieron sobre todo los republicanos y algunos socialistas que se habían opuesto al voto femenino en los debates de 1931, parece fuera de lugar. El desplazamiento del electorado hacia la derecha en 1933 fue general y no sólo resultado del voto femenino. Las mujeres votaron también en 1936, y muchas de ella a la CEDA, y sin embargo ganaron los partidos de izquierda que se agruparon en la coalición del Frente Popular.

La decisión de Alcalá Zamora de retirar la confianza a un Gobierno con mayoría parlamentaria y de dar por concluida la tarea de las Constituyentes abrió un período de inestabilidad política que no había existido hasta ese momento. Se suele repetir a menudo que los Gobiernos de la República fueron débiles y que la media de duración fue de 101 días. Pero esa valoración no se ajusta a la realidad por lo que respecta al primer bienio. Azaña se mantuvo como presidente casi dos años, sin ninguna crisis. Los Gobiernos que presidió el Partido Radical tras las elecciones de 1933 no llegaron a tres meses de promedio de vida, y desde septiembre de 1933 a diciembre de 1935 hubo doce Gobiernos y se turnaron cinco presidentes con 58 ministros.

Los proyectos reformistas del Gobierno de coalición de republicanos y socialistas, la puesta en marcha de medidas secularizadoras y de control de la Iglesia, la concesión del Estatuto de autonomía para Cataluña y, en general, la obra legisladora de las Cortes Constituyentes habían estimulado la aparición de fuertes reacciones y tensiones en la sociedad española. Nuevos caminos se abrían para la República, sin los socialistas ni los republicanos de izquierda. Los radicales de Lerroux prometían revisar los aspectos más «socializantes» de la política del primer bienio. Gil Robles y la CEDA querían una «rectificación total». El acuerdo no parecía fácil.

Capítulo 6. La República acosada

CAPÍTULO 6

LA REPÚBLICA ACOSADA

Tras el triunfo de la CEDA y el Partido Radical en las elecciones de noviembre de 1933, Alcalá Zamora le pidió a Alejandro Lerroux que formara un Gobierno «puramente republicano», de centro, en el que no estarían ni los republicanos de izquierda ni la CEDA, que no había hecho una declaración pública de adhesión a la República. El viejo dirigente del Partido Radical pensó que una alianza parlamentaria con la CEDA aseguraría la mayoría, y con ello la gobernabilidad, y permitiría incorporar a esa derecha «accidentalista» a la República, dejando fuera a la extrema derecha monárquica. La estrategia de la CEDA, sin embargo, pasaba por llegar al Gobierno, presidirlo y revisar la Constitución.

La CEDA amenazaba con la violencia si no se le permitía gobernar y los socialistas proclamaron su intención de desencadenar una revolución si la CEDA entraba en el Gobierno. Después de la revolución de octubre de 1934, las posibles soluciones de centro que Lerroux y los suyos proponían acabaron bloqueadas por la estrategia de la conquista del poder de la CEDA. Los patronos pasaron a la acción y recuperaron las posiciones perdidas con la llegada de la República. La reforma agraria se acabó y Gil Robles, ministro de la Guerra desde mayo a diciembre de 1935, reforzó con su política de nombramientos el poder de los militares antiazañistas y derechizó al Ejército.

Cuando esa rectificación de la República reformista parecía avanzar con paso firme, los escándalos políticos desacreditaron al Partido Radical y Alcalá Zamora impidió que Gil Robles asumiera la presidencia del Gobierno. Ante la imposibilidad de gobernar desde el centro y la derecha no republicana, el presidente de la República firmó el decreto de disolución de las Cortes. Atrás quedaban dos años de destrucción de las políticas reformistas. Unas nuevas elecciones decidirían el rumbo de la República.

ORDEN Y RELIGIÓN

La legislación reformista del primer bienio republicano reforzó la tradicional identificación entre el orden y la religión. El abismo entre dos mundos culturales antagónicos, de católicos practicantes y de anticlericales convencidos, que hundía sus raíces en el siglo XIX, se ensanchó con la proclamación de la República y cogió en medio a un amplio número de españoles que hasta entonces se habían mostrado indiferentes ante esa pugna. El problema religioso se convirtió, en palabras de Gil Robles, en «el germen de la discordia». En el Parlamento, con la discusión del artículo 26 de la Constitución; y en la calle, con la movilización de las masas católicas contra la República.

Había en esa batalla cuestiones fundamentales para la Iglesia, como la no confesionalidad del Estado, la eliminación de la financiación estatal del clero o la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las Órdenes religiosas, aunque no deberían despreciarse otros asuntos que alimentaron el conflicto diario entre clericales y anticlericales, como las leyes de divorcio y de matrimonio civil aprobadas en marzo y junio de 1932. Muchos curas y católicos se enfrentaban además con las autoridades locales elegidas en abril de 1931 acerca de ritos y símbolos de notable significado para la religión católica: toques de campanas, procesiones, bautizos, bodas o funerales. La supresión de procesiones causó abundantes conflictos en muchos pueblos, como puede comprobarse en los numerosos telegramas enviados por los alcaldes y gobernadores civiles al ministro de Gobernación. Y el incendio de iglesias, colegios religiosos y conventos el 11 de mayo de 1931, al día siguiente de que dos personas resultaran muertas en Madrid tras un incidente con jóvenes monárquicos y enfrentamientos con la Guardia Civil, quedó grabado en la memoria de muchos católicos como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y anticlerical.

La campaña de movilización y de denuncia contra la Constitución y la política «socializante» del Gobierno escaló el peldaño decisivo con la fundación de la CEDA en un congreso celebrado en Madrid a finales de 1933, al que acudieron 400 delegados que decían representar a 735 058 afiliados. La CEDA encauzó intereses muy variados, desde los de los pequeños propietarios a los de un sector de la oligarquía agraria y financiera, y por eso en sus órganos de expresión pudieron repetir a menudo que no era una organización de clase. Es verdad que su composición social era muy amplia, con muchas mujeres en las principales ciudades, pero su identidad e intenciones parecían estar bastante claras desde el principio. Dominado y dirigido por grandes terratenientes y sectores profesionales urbanos, ese primer partido de masas de la historia de la derecha española se propuso defender la «civilización cristiana», combatir la legislación «sectaria» de la República y «revisar» la Constitución.

Parte del mérito de esa conversión del catolicismo en un movimiento político de masas hay que atribuírselo a José María Gil Robles, un joven y poco conocido hasta entonces abogado salmantino, hijo de carlistas y protegido de Ángel Herrera, que cogió muy pronto fama como parlamentario por sus interpelaciones al Gobierno en materia religiosa. Tenía 34 años. Su estrategia consistía en alzar la «bandera que una a los católicos y atraiga a una gran masa de indiferentes», movilizarlos y unirlos políticamente. Eso significaba implicar a la jerarquía eclesiástica y conseguir financiación de terratenientes e industriales. El método para organizar a esa masa católica también lo tenía muy claro Gil Robles: proporcionar a la derecha, «por medio de grandes concentraciones de masas, la conciencia perdida de su propia fuerza»; «acostumbrarla a enfrentarse con la violencia izquierdista y a luchar, cuando fuera necesario, por la presión de la calle», y «difundir un ideario y hacer prosélitos, mediante la exposición de la doctrina».

La movilización de los católicos contra los artículos de la Constitución que perjudicaban a la Iglesia se manifestó en una abierta ofensiva contra Manuel Azaña y su Gobierno de coalición republicano-socialista. Azaña estaba dispuesto a que la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas se cumpliera «de pe a pa, con toda lealtad, con todo rigor», porque, como declaró en diferentes ocasiones, esa ley era la expresión del artículo 26 y debía cumplirse el «mandato constitucional en todas sus exigencias». Los católicos lo calificaron de déspota, de gobernante que no comprendía las esencias y tradiciones de la nación española. Y pusieron en marcha todos los mecanismos, que eran muchos, para derribarlo. Azaña y los gobernantes republicanos despreciaron el poder de la Iglesia y de los católicos, y dos años después de proclamada la República, los tenían allí, enfrente, movilizando en la calle, en los medios de comunicación, en el púlpito. El oponente era, en verdad, poderoso, una auténtica burocracia nacional, con unos 115 000 clérigos repartidos por todos los pueblos y ciudades, que ejercían un dominio ideológico sin parangón en las sociedades occidentales. Una Iglesia, además, que no tenía ningún respeto por la autoridad secular a no ser que ésta se plegara a sus mandamientos.

La hostilidad hacia la República encontró también eco en 1933 con la creación de algunas organizaciones de extrema derecha y fascistas, al calor de las noticias que llegaban de la destrucción de la República de Weimar en Alemania por Hitler y los nazis. El fascismo apareció en España más tarde que en otros países, sobre todo si la referencia son Italia y Alemania, y se mantuvo muy débil como movimiento político hasta la primavera de 1936. Durante los primeros años de la República, apenas pudo abrirse camino en un escenario ocupado por la extrema derecha monárquica y por la derechización del catolicismo político. Fascistas no eran, pese a que luego se identificaron con muchos de sus postulados, los grupos de la derecha monárquica, alfonsina o carlista, que apostaron desde el principio, aunque no con muchos recursos, por el derribo violento de la República.

Ninguna de esas propuestas del monarquismo radical había mostrado hasta ese momento especial interés por la ideología fascista, cuyas primeras manifestaciones en España siguieron otros derroteros. Empezaron como proyectos culturales y periodísticos. El primero fue el de Ernesto Giménez Caballero con su revista vanguardista Gaceta Literaria, creada en 1927, aunque el primer grupo fascista organizado creció en torno a Ramiro Ledesma Ramos, joven intelectual, funcionario de Correos, y su semanario La Conquista del Estado, fundado en marzo de 1931. Unos meses más tarde, en octubre, Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, un abogado ultracatólico de Valladolid, apadrinaron las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Ledesma trató de infundir a las JONS un nacionalismo revolucionario de tipo fascista, con métodos de acción directa, que pudiera competir con los anarcosindicalistas entre las clases trabajadoras, pero nunca atrajo a más de varios centenares de partidarios, recluidos en el corazón de la vieja Castilla.

El triunfo de Hitler en Alemania atrajo el interés de muchos ultraderechistas que, sin saber todavía mucho del fascismo, vieron en el ejemplo de los nazis un buen modelo para acabar con la República. En España, no obstante, cualquier proyecto fascista que pretendiera germinar tenía que contar para conseguir recursos con los monárquicos, y ése fue el camino que condujo durante ese año a la fundación de Falange Española (FE). José Antonio Primo de Rivera, hijo del difunto dictador, fue el vínculo de unión entre el autoritarismo monárquico y las propuestas fascistas con sello italiano. Con Rafael Sánchez Mazas y Julio Ruiz de Alda, fundó un grupúsculo, el Movimiento Español Sindicalista, que consiguió lograr un pacto con los alfonsinos de Renovación Española para que financiaran el nuevo partido a cambio de hacer vaga referencia en su programa político a la concepción autoritaria del orden que derivaba del catolicismo tradicional.

Eso permitió a José Antonio Primo de Rivera mayor respaldo financiero del que tuvo las JONS y entrar incluso, unos meses después, en la candidatura derechista a Cortes por Cádiz, en la que salió elegido. En esa campaña electoral, Primo de Rivera y Ruiz de Alda promovieron un «acto de afirmación derechista» en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933, considerado el origen y fundación de Falange Española. Allí estaba también Alfonso García Valdecasas, un intelectual discípulo de Ortega y Gasset, antiguo integrante de la Agrupación al Servicio de la República, que había creado unos meses antes, en una acelerada emergencia de grupúsculos filofascistas sin ningún arraigo, el Frente Español. A principios de 1934 falangistas y jonsistas se fusionaron en la Falange Española de las JONS, que se mantuvo, hasta la primavera de 1936, como una organización minúscula, con apenas varios miles de afiliados, que buscó apoyos financieros en los monárquicos y en Italia, sin grandes resultados.

La CEDA fue el partido más votado en esas elecciones de 1933, en las que José Antonio Primo de Rivera ganó un acta de diputado. Obtuvo 115 escaños en las nuevas Cortes. Los radicales consiguieron 104 diputados pero, después de dos años de oposición, el partido sólo había ganado diez puestos más que en las elecciones a Cortes Constituyentes. Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, perdió 23 de los 28 escaños que había obtenido en 1931 y los socialistas bajaron de 115 a 58 diputados. En conjunto, la derecha no republicana pasó de apenas 40 diputados en 1931 a 200 en 1933 y la izquierda bajó de 250 a un centenar. Era un Parlamento muy fragmentado, con 21 grupos representados y con muchos diputados nuevos: más del 60 por ciento de los radicales lo eran y sólo diez diputados de la CEDA tenían experiencia parlamentaria anterior. Con esos resultados, iba a ser difícil establecer una coalición de Gobierno estable.

Las Cortes celebraron su sesión de apertura el 8 de diciembre y el 19 Alejandro Lerroux presentó su Gobierno, compuesto por siete radicales, dos republicanos independientes, un liberal-demócrata y el agrario y monárquico José María Cid. Comenzaba así lo que Lerroux llamó «una República para todos los españoles». Tras medio siglo de bregar en política, siempre por la causa republicana, Lerroux presidió el Gobierno de la República. Había nacido en La Rambla, provincia de Córdoba, el 4 de marzo de 1864. Cuando cumplió el deseo más ansiado y buscado de su vida, tenía ya 69 años.

Lerroux formó Gobierno en el momento en que todavía se estaba enterrando a los muertos ocasionados por la tercera y última de las insurrecciones anarquistas, anunciada por la CNT antes de las elecciones en el caso de que triunfaran «las tendencias fascistas». Los enfrentamientos entre autoridades e insurrectos duraron desde el 8 al 15 de diciembre, sobre todo en Aragón y La Rioja, y dejaron un buen saldo de víctimas mortales: 75 muertos y 101 heridos entre los que subvirtieron el orden; 11 guardias civiles muertos y 45, heridos; 3 guardias de asalto muertos y 18, heridos. Las cárceles se llenaron de anarquistas y hubo numerosas denuncias de torturas. La CNT estaba rota, desarticulada, sin órganos de expresión. Retazos, en suma, de lo que dos años antes prometía ser una fuerza devastadora.

Justo cuando los anarquistas agotaban la vía insurreccional y aparecían en el seno del movimiento las críticas sobre la inutilidad de esas acciones de «minorías audaces», los socialistas anunciaban la revolución. Tras su salida del Gobierno en septiembre de 1933, «expulsados» dirían algunos de sus representantes, la lucha legal y el reformismo dentro de una República parlamentaria dieron paso al anuncio de la revolución social. En realidad, poco a poco transitaron caminos por los que ya habían pasado los anarquistas: denuncias de persecución y represión, huelgas generales e intentos insurreccionales desvinculados de las luchas obreras cotidianas.

Tal y como estaba planteado al principio, el anuncio socialista de la revolución que siguió a su salida del Gobierno y a la ruptura con los republicanos era una estrategia defensiva para evitar que la CEDA, la derecha no republicana, accediera al poder de una República que ellos, como fundadores, consideraban, igual que los republicanos de izquierda, suya. El levantamiento revolucionario dependía de una decisión ajena, de que Alcalá Zamora, el presidente de la República, accediera a dar entrada a la CEDA en el Gobierno, pero los socialistas, por si eso se producía, se pasaron varios meses allanando el camino.

Así comenzó a gobernar la coalición de republicanos de centro presidida por Lerroux: con una insurrección anarquista recién ahogada en sangre y con el anuncio de otra socialista por venir. Lerroux quería una rectificación de la política del primer bienio sin necesidad de anular algunas de sus reformas. Centrar la República, como decían algunos de los dirigentes del Partido Radical en sus declaraciones. Pero la derecha no republicana, de la que dependía para gobernar, le presionó desde el principio para que la revisión fuera a fondo y afectara a los puntos esenciales de las reformas emprendidas por la coalición de republicanos y socialistas en los dos años anteriores. Gil Robles se lo advertía una y otra vez a Lerroux en amenazadores discursos: o el Gobierno emprendía una «rectificación total», o la CEDA se vería obligada a ir a por el poder.

Uno de los primeros objetivos de la derecha no republicana fue impedir que se aplicara la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas aprobada en junio de 1933. Y lo consiguieron. Los colegios católicos siguieron funcionando con normalidad y, tras una ley aprobada el 4 de abril de 1934, se restableció parcialmente el pago de los sueldos de los sacerdotes por parte del Estado. Los efectos de la ley más anticlerical se habían congelado y las manifestaciones religiosas, especialmente los rosarios y las procesiones, volvían a las calles de muchas localidades españolas.

Al Partido Radical nunca le había gustado la legislación laboral de orientación socialista, y las principales asociaciones patronales, satisfechas tras la victoria electoral del centro-derecha, exigieron «rectificaciones de verdad». Los jurados mixtos, aunque no desaparecieron, cambiaron el procedimiento de elección de sus presidentes, que serían ahora elegidos entre profesionales y no designados por el Ministerio de Trabajo, y el poder de esos comités de arbitraje se desplazó desde los sindicatos a los empresarios. La Ley de Términos Municipales fue modificada y, en la práctica, anulada. Los terratenientes discriminaban a los militantes socialistas y anarquistas más combativos, bajaron los salarios y recuperaron una buena parte del poder que habían perdido en los primeros momentos de la República. Los socialistas denunciaban la situación en sus órganos de expresión y, en las Cortes, los radicales más moderados reconocían que en muchos pueblos había vuelto el viejo caciquismo. El Partido Radical, al que muchos siempre habían considerado como el puro exponente del clientelismo y del tráfico de influencias, atrajo ahora a caciques y monárquicos y sus principales dirigentes recibían cientos de cartas con peticiones de favores. «Todos quieren cargos, todos piden puestos», le decía el diputado gallego Gerardo Abad Conde en una carta a Lerroux.

El compromiso del Partido Radical con la CEDA provocó, no obstante, muy pronto importantes tensiones en su seno, que acabaron por escindirlo. Diego Martínez Barrio, vicepresidente del partido, se quejó en varias ocasiones del giro a la derecha y criticó la colaboración con la CEDA mientras no se declarara republicana. Gil Robles amenazó con «retirar el apoyo al Gobierno» y Martínez Barrio, aislado, dejó a finales de febrero de 1934 su cartera de ministro de la Guerra. Era la primera de las varias crisis que la CEDA iba a provocar en los Gobiernos radicales.

La crisis que iba a llegar poco después tuvo para el Partido Radical peores consecuencias. El Gobierno llevó a las Cortes la discusión de una medida de amnistía para los implicados en la sublevación militar de agosto de 1932 y especialmente para el general Sanjurjo, una amnistía que formaba parte del programa electoral tanto de la CEDA como del Partido Radical y que ponía al descubierto la posible deuda contraída por Lerroux con los insurgentes. Tras duros enfrentamientos parlamentarios, la ley fue aprobada el 20 de abril e incluía, finalmente, a los implicados en la sanjurjada y a los encarcelados por la insurrección anarquista de diciembre de 1933.

Alcalá Zamora se negó a firmarla, algo sobre lo que ya había advertido, porque en su opinión esa ley hacía más débil a la República al poner en libertad a sus enemigos. Quiso devolverla a las Cortes para su reconsideración, pero ningún ministro del Gobierno le respaldó, según exigía para esos casos el artículo 84 de la Constitución. Alcalá Zamora adjuntó entonces a su firma de la nueva ley un memorando de treinta y cuatro páginas con todas sus objeciones personales. Gil Robles trató de aprovechar la situación y forzar la dimisión del Presidente de la República, pero Lerroux se negó y se vio obligado a presentar la dimisión por una cuestión protocolaria. Era el 25 de abril y al día siguiente Alcalá Zamora invitó al ministro de Trabajo, Ricardo Samper, jurista y veterano republicano valenciano, a formar gobierno, algo que Lerroux aceptó para no crear una crisis mayor. Era el tercer Gobierno de los radicales en cuatro meses y la crisis manifestó también el excesivo intervencionismo de Alcalá Zamora, quien no permitía de esa forma el normal funcionamiento del sistema parlamentario. Samper, en cualquier caso, no era el líder de los radicales y, poco después de asumir la presidencia, el partido se escindió, quedando su posición todavía más debilitada.

La escisión procedió del ala izquierda del Partido Radical y la encabezó Martínez Barrio poco más de dos meses después de su salida del Gobierno. Los disidentes, que meses después formarían Unión Republicana, dejaban el partido, tal y como manifestaban en un manifiesto publicado el 19 de mayo, porque éste se había alejado del «viejo ideario radical». Pocos días después, Martínez Barrio declaró que Lerroux había cambiado la política centrista de los radicales por la de una derecha «sectaria» que no aceptaba los «postulados liberales y democráticos» de la República. Diecinueve diputados abandonaron el Partido Radical y la escisión afectó también a numerosos cuadros directivos en provincias. En palabras de Nigel Townson, «la escisión no sólo desplazó el partido hacia la derecha sino que además lo volvió más dependiente de la derecha».

Ricardo Samper gobernó desde el 28 de abril de 1934 hasta comienzos de octubre de ese mismo año. Y durante ese tiempo tuvo que hacer frente a una creciente movilización sindical, a importantes conflictos sociales en Madrid, Barcelona y Zaragoza, a una huelga general campesina, a un conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña y a una protesta de ayuntamientos vascos, con participación de nacionalistas, republicanos de izquierda y socialistas, en defensa del Concierto Económico, un derecho histórico puesto en cuestión por las propuestas fiscales del ministro de Hacienda, Manuel Marraco. Acosado por esos conflictos y con fuertes críticas por parte de los patronos, que le acusaron de debilidad y de no apoyar sus intereses frente a los sindicatos, el Gobierno de Samper quedó a merced de la CEDA y de la estrategia de Gil Robles, que pensaba ya en iniciar la segunda fase de su plan: entrar en el Gobierno. A la vuelta de las vacaciones parlamentarias del verano de 1934, y antes de que las Cortes se reunieran el 1 de octubre, Gil Robles decidió tensar la cuerda, retiró oficialmente el apoyo de la CEDA al Gobierno de Samper y anunció que la CEDA debería entrar en el nuevo Gobierno.

Los radicales, con Lerroux a la cabeza, sabían que sin la CEDA no podrían continuar en el Gobierno. Samper intentó defender su gestión ante las Cortes en la sesión de reapertura, pero Gil Robles reiteró en público su propuesta: un Gobierno que reflejara la mayoría parlamentaria. Samper dimitió. Alcalá Zamora, que no quería disolver las Cortes ya que la Constitución sólo se lo permitía hacer en dos ocasiones, accedió a la propuesta de la derecha no republicana y encargó a Lerroux la formación de un nuevo Gobierno, anunciado el 4 de octubre, con la inclusión de tres ministros de la CEDA: Manuel Giménez Fernández en Agricultura, Rafael Aizpún en Justicia y José Oriol Anguera de Sojo en Trabajo.

La derecha no republicana pasaba a gobernar la República con el más histórico de los partidos republicanos. Los republicanos de izquierda advirtieron de la «traición» que suponía «el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos». Martínez Barrio, el antiguo lugarteniente de Lerroux alejado ya del partido, rogó a Alcalá Zamora que le diera el poder a la izquierda para salvar a la República. Los socialistas declararon su revolución. Nada sería igual después de octubre de 1934.

HUELGA GENERAL Y REVOLUCIÓN

La revolución, tal y como la había planeado el comité revolucionario socialista, debería empezar con una huelga general en las principales ciudades y centros industriales, secundada por sectores afines de las Fuerzas Armadas. Hubo huelgas de importancia en Madrid, Sevilla, Córdoba, Valencia, Barcelona y Zaragoza, con conatos de levantamiento armado en algunas localidades de esta provincia. En la zona minera del oeste de Bilbao, el Ejército y la Guardia Civil combatieron durante unas horas con los insurrectos y en Eibar y Mondragón las acciones violentas de los revolucionarios alcanzaron a derechistas significados, como el diputado carlista Marcelino Oreja. En ningún sitio, sin embargo, los soldados salieron de los cuarteles a secundar la revolución, y el levantamiento armado quedó reducido a Asturias, aunque la rebelión del Gobierno de la Generalitat contra el poder central tuvo también un fuerte impacto político.

La huelga general comenzó en Cataluña el día 5 de octubre sin el apoyo oficial de la CNT. A las ocho de la tarde del día siguiente, el presidente Lluís Companys anunció que el Gobierno de la Generalitat rompía toda relación con «las instituciones falseadas», como habían hecho ya todos los partidos republicanos de izquierdas al conocerse la entrada en el Gobierno de la CEDA, y proclamaba «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española» como una medida contra «las fuerzas monarquizantes y fascistas […] que habían asaltado el poder».

Pese a los preparativos armados de la rebelión que había hecho Josep Dencás, conseller de Governació, el general Domingo Batet, jefe de la guarnición militar de Barcelona no hizo caso a las órdenes de Companys como máxima autoridad de Cataluña y ocupó la ciudad. A primeras horas de la mañana del día siguiente, situó a las tropas ante el edificio de la Generalitat y tras una pequeña resistencia y un cañoneo, el Gobierno catalán se rindió. La rebelión fracasada costó la muerte a cuarenta y seis personas: ocho soldados y treinta y ocho civiles.

Ese fracaso coincidió en el tiempo con el de la mayoría de las huelgas e intentos de levantamiento que habían secundado la orden del comité revolucionario. Se trataba de presionar para que la CEDA no entrara en el Gobierno y no lo consiguieron. Lo que ocurrió en Asturias, por el contrario, con una violencia revolucionaria y una brutal represión posterior desconocidas en España hasta entonces, fue otra cosa muy distinta. Fue un auténtico conato de revolución social: octubre de 1934, el octubre rojo.

En Asturias, el movimiento de preparación de la insurrección se había armado con robos de fusiles, ametralladoras y cartuchos de dinamita. Esas armas no bastaban para derrotar a las fuerzas de seguridad y del Ejército, pero eran suficientes para lanzar a miles de militantes a una lucha contra los guardias civiles concentrados en los cuarteles. La presencia de esas armas es lo que explica que en Asturias, y sólo en Asturias, los revolucionarios pudieran ocupar y controlar varios pueblos y ciudades durante varios días.

La insurrección comenzó en la noche del 5 al 6 de octubre cuando varios miles de militantes de las organizaciones sindicales ocuparon los puestos de la Guardia Civil de la cuenca minera, controlaron Avilés y Gijón, se apoderaron de la fábrica de cañones de Trubia y llegaron a ocupar el centro de Oviedo. Allí hubo enconadas luchas entre las fuerzas del orden y los revolucionarios en torno al Gobierno Civil, la Telefónica y la catedral. El comité regional de la Alianza obrera, dirigido por el socialista Ramón González Peña, coordinó a los numerosos comités locales que surgían en los diferentes pueblos y trató de dirigir el «orden revolucionario». Se puso en marcha un rápido control de los servicios públicos y del transporte, de abastecimientos de las localidades sitiadas, se llegó en algunos sitios a suprimir la moneda oficial y aparecieron las primeras manifestaciones de violencia contra propietarios, gente de orden y el clero.

Treinta y cuatro sacerdotes, seminaristas y hermanos de las Escuelas Cristianas de Turón fueron asesinados, pasando de la persecución legislativa del primer bienio a la destrucción física de los representantes eclesiásticos, algo que no ocurría en la historia de España desde las matanzas de 1834-1835 en Madrid y Barcelona. En Asturias volvió a aparecer además el fuego purificador: 58 iglesias, el palacio episcopal, el Seminario con su espléndida biblioteca y la Cámara Santa de la catedral fueron quemados o dinamitados.

Para coordinar las operaciones militares y la represión de esa insurrección, Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, prescindió del jefe del Estado Mayor Central, el general Carlos Masquelet, y puso al frente al general Francisco Franco, con quien había asistido recientemente a unas maniobras militares en León. Franco se convirtió durante unos días en el auténtico ministro de la Guerra, con mando absoluto sobre el orden público, y pudo saborear por primera vez en su vida, en palabras de Paul Preston, «las mieles embriagadoras de un poder político-militar sin precedentes». Recurrió, además, para sofocar la insurrección obrera, a la Legión y a las tropas Regulares de Marruecos, al mando del teniente coronel Juan Yagüe, y anticipó algunos de los métodos represivos que utilizaría después, durante la guerra civil. El 18 de octubre, los últimos grupos insurrectos se rindieron.

Frente a la violencia revolucionaria, hubo ejecuciones sumarias bajo la ley marcial. El balance más aproximado de víctimas da 1100 muertos entre los que apoyaron la insurrección, unos 2000 heridos y unos 300 muertos de las fuerzas de seguridad y del Ejército. En la represión inmediata, cientos de prisioneros fueron sometidos a palizas y torturas, un método en el que destacó el comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval, compañero de Franco desde la infancia, quien impuso un auténtico terror policial hasta que fue destituido en diciembre. El periodista Luis de Sirval, que había investigado y denunciado los excesos de las tropas mercenarias de Yagüe, fue asesinado a manos de un oficial extranjero del Tercio, el teniente Dimitri I. Ivanov. Numerosos dirigentes políticos republicanos y socialistas, como Largo Caballero y Azaña, fueron detenidos. Las cárceles se llenaron de presos, revolucionarios y militantes de izquierda, y la represión se convirtió en un tema recurrente del debate político durante los meses siguientes.

El fracaso de esa insurrección, aunque mejor organizada y con más apoyos y armas que las anarquistas de 1932 y 1933, no resulta difícil de explicar. Las fuerzas de orden público y del Ejército se mantuvieron fieles al Gobierno y no había ninguna posibilidad de que se pusieran al lado de los revolucionarios o de que se negaran a reprimirlos. Frente a un Estado que mantiene intactas y unidas sus fuerzas armadas, una estrategia insurreccional basada en apoyos dispersos nunca puede hacer estallar un disturbio general y acaba siendo fácilmente reprimida. La preparación militar de la insurrección quedó en manos de grupos de jóvenes que podían alzar barricadas en algunos barrios de las ciudades o luchar con más armas en las zonas mineras, pero no oponerse a un ejército unido. Después del ejemplo ruso de 1917, donde el Ejército estaba desmoralizado tras severas derrotas y cientos de miles de bajas en la Primera Guerra Mundial, ninguna insurrección obrera o campesina triunfó en Europa, con la excepción del régimen de Bela Kun durante unos meses en Hungría en 1919. Las revoluciones, para ser armadas, tienen que contar con una parte del Ejército. Y para abrir un proceso revolucionario se necesita, como el golpe militar de julio de 1936 demostró, el colapso y la división de los mecanismos de coerción y defensa del Estado. Y nada de eso ocurrió en octubre de 1934.

Con esa insurrección, los socialistas demostraron un idéntico repudio de la democracia parlamentaria al que habían practicado los anarquistas en los años anteriores. El mismo anuncio de la revolución, condicionado a la entrada de la CEDA en el Gobierno, fue un método de coacción contra la legítima autoridad política establecida. Los socialistas, independientemente de las circunstancias que se aduzcan para su radicalización, rompieron con el proceso democrático y con el sistema parlamentario como método de presión para reconducir la política. Los dirigentes del movimiento, instigados y presionados por los más jóvenes, que creaban milicias y mostraban un creciente gusto por el encuadramiento militar, trataron de repetir en España el modelo bolchevique.

Los militantes de las Juventudes Socialistas fueron los primeros en alegrarse de que los socialistas salieran del Gobierno en 1933 y que rompieran todos los compromisos con los republicanos, lo cual cerraba la fase de la «democracia burguesa» e inauguraba la marcha acelerada e inevitable a la revolución social. Las llamadas a la acción violenta aumentaron en la misma medida en que crecía la desconfianza en la legalidad republicana. La aparición de Falange Española, la subida de Hitler al poder, el aplastamiento del movimiento socialista austriaco por el canciller Dollfuss, en febrero de 1934, la agresividad verbal de Gil Robles con continuas declaraciones contra la democracia y a favor del «concepto totalitario del Estado» y las claras demostraciones fascistas de las Juventudes de Acción Popular (JAP) movilizaron a los jóvenes, universitarios y obreros, que se lanzaron en esos primeros meses de 1934 a enfrentamientos políticos violentos, ausentes durante los primeros años de la República.

Plantear, sin embargo, que con la insurrección de octubre se rompió cualquier posibilidad de convivencia constitucional en España, «preludio» o «primera batalla» de la guerra civil, es situar a una insurrección obrera, derrotada y reprimida por el orden republicano, en el mismo plano que una sublevación militar ejecutada por las fuerzas armadas del Estado. La República siempre reprimió las insurrecciones e impuso el orden legítimo frente a ellas. Anarquistas y socialistas abandonaron después de octubre de 1934 la vía insurreccional y las posibilidades de volver a intentarlo en 1936 eran prácticamente nulas, con sus organizaciones escindidas y muy debilitadas. A la derecha no republicana, sin embargo, octubre de 1934 le enseñó el camino. Siempre le quedaba el Ejército, la «columna vertebral de la Patria», como la llamó por esos días José Calvo Sotelo.

Después de octubre de 1934, la izquierda intentó restablecer la actividad política democrática, vencer en las urnas y superar los desastres insurreccionales. La CEDA se creció, defendió la represión hasta sus últimas consecuencias y echó por la borda cualquier posibilidad de estabilizar la República con su socio de coalición, el Partido Radical. Las posibles soluciones de centro que Lerroux y los suyos proponían acabaron bloqueadas por la estrategia de la conquista del poder de la CEDA y por los escándalos que, apenas un año después de octubre, les sacudieron de lleno hasta eliminarlos del escenario político.

El castigo a los supuestos responsables de la insurrección se cebó, porque así lo quiso la CEDA y un sector del Partido Radical, en Manuel Azaña, en los socialistas y en el Estatuto de Cataluña como símbolo de la «desunión de la Patria». Azaña había llegado a Barcelona el 28 de septiembre para asistir a los funerales de Jaume Carner, su exministro de Hacienda. Tras el entierro, Azaña se quedó en Barcelona y aunque no tuvo participación alguna en la llamada rebelión de los catalanes iniciada en la tarde del 6 de octubre, fue detenido y encarcelado en un buque prisión, acusado por el fiscal general de la República de delito de rebelión, hasta que fue liberado por decisión del Tribunal Supremo el 28 de diciembre de 1934.

El siguiente paso en la búsqueda de responsabilidades consistió en desacreditar el Estatuto de Cataluña y conseguir su liquidación. Después de un debate entre los socios del Gobierno, en donde unos pedían su modificación y otros la abolición definitiva, el 14 de diciembre fue aprobada una ley por la que se suspendía indefinidamente la autonomía y la Administración central recuperaba las competencias transferidas en los dos años anteriores a la Generalitat. Era un castigo para toda Cataluña por la rebelión de algunos miembros de su partido gobernante. Unos días después, el Gobierno de Lerroux nombró a Manuel Portela Valladares, político veterano del antiguo Partido Liberal monárquico, gobernador general, quien puso en manos de los seguidores de Lerroux el ayuntamiento de Barcelona.

Más de tres mil personas fueron detenidas en Cataluña, y las primeras penas de muerte promulgadas por tribunales militares por la rebelión de octubre recayeron sobre el comandante Enrique Pérez Farrás y los capitanes Escofet y Ricart, quienes habían estado al mando del cuerpo de policía autonómica, los mossos d’esquadra, y del somatén, implicados en la insurrección. El Gobierno votó el 17 de octubre a favor de las ejecuciones, aunque el presidente de la República, Alcalá Zamora, les recordó que habían perdonado a los responsables de la sublevación militar del 10 de agosto de 1932 y logró que Lerroux, pese a la enérgica oposición de la CEDA y de quienes pedían mano dura, firmara el 31 de octubre la conmutación de las sentencias de muerte. Continuaron, sin embargo, los procesamientos y le tocó el turno a Companys y a sus consellers, condenados el 6 de junio de 1935 a treinta años de cárcel cada uno por «rebelión militar».

En Asturias, mientras tanto, las palizas en las cárceles no cesaban y la represión ahondó la división en el seno de la coalición gobernante. Los presos firmaron cartas denunciando el empleo de la tortura y diputados laboristas británicos y socialistas franceses visitaron la región y pidieron la amnistía para los procesados. Sólo dos presos condenados a muerte fueron ejecutados en febrero de 1935: un sargento y desertor del Ejército que había luchado al lado de los revolucionarios y un obrero acusado de varios asesinatos. Al resto se les conmutaron las penas de muerte, aunque cuando se discutió en un consejo de ministros, el 29 de marzo, los casos de Ramón González Peña, el dirigente más importante de la insurrección, y de Teodomiro Menéndez, el Gobierno se dividió por la mitad, votando a favor del indulto Lerroux y los otros seis radicales, y en contra, los tres ministros de la CEDA, el agrario y el liberal demócrata.

Las protestas por la represión, arbitraria y con el paso del tiempo innecesaria, dejaron a los ministros radicales «interiormente consumidos», como escribió después César Jalón, ministro radical de Comunicaciones en el Gobierno que Lerroux formó el 4 de octubre de 1934: «Asturias, siempre Asturias […] La pesadilla de la revolución y la pesadilla de España debía ser el fantasma que nos siguiera hasta derribarnos».

«TODO EL PODER PARA EL JEFE»

Y es que la CEDA y la derecha no republicana quisieron llevar la venganza hasta sus últimas consecuencias y provocaron las crisis gubernamentales que hicieron falta para ver si lograban el objetivo de que Gil Robles ocupara, como meta final de la estrategia, la presidencia del Gobierno. Con motivo de la conmutación de la pena de muerte a Pérez Farrás, Gil Robles sondeó la posibilidad de una «solución de fuerza» por parte del Ejército para restaurar «la legalidad violada por el Presidente». Los generales Joaquín Fanjul y Manuel Goded, figuras relevantes en todas las conspiraciones contra la República desde 1932 hasta la que acabó con ella en 1936, aconsejaron al líder de la CEDA que siguiera colaborando en el Gobierno, que el Ejército no podía garantizar todavía una posición unida y fuerte para aplastar a la izquierda.

Tras provocar varias crisis en las que la CEDA logró echar a varios ministros, Gil Robles preparó su entrada en el Gobierno. El 3 de abril de 1935, los tres ministros de la CEDA dimitieron por la conmutación de la pena de muerte a veinte condenados por los tribunales militares por la insurrección de Asturias, entre los que se encontraban los mencionados González Peña y Teodomiro Menéndez. En las nuevas consultas iniciadas por Alcalá Zamora a causa de la crisis, la CEDA y los agrarios de José Martínez de Velasco solicitaron una mayor representación en el Gobierno. Ante la negativa de Alcalá Zamora, que no quería dar a la CEDA más poder, Gil Robles amenazó con disolver las Cortes y las JAP pidieron «todo el poder para el jefe» en una concentración con parafernalia fascista celebrada en Madrid el 23 de abril.

Lerroux accedió a formar de nuevo un Gobierno con la CEDA. Esta vez, sin embargo, con mayoría de la derecha no republicana, la primera vez que eso sucedía durante la República. Sólo había tres ministros radicales, mientras que los agrarios eran dos y la CEDA sumaba cinco. José María Gil Robles entraba en el Gobierno como ministro de la Guerra. Era el 6 de mayo de 1935. Desde la salida de Azaña en septiembre de 1933, los radicales habían formado siete Gobiernos en apenas veinte meses.

Comenzó entonces de verdad la «rectificación» de la República, con los radicales, que habían roto todos los puentes posibles con los republicanos de izquierda y los socialistas, sometidos a la voluntad de la CEDA y a las exigencias revanchistas de los patronos y terratenientes. Cientos de jurados mixtos fueron inutilizados o suprimidos, con una modificación legal absoluta de las reformas laborales aprobadas en los dos primeros años por Francisco Largo Caballero. Miles de trabajadores fueron despedidos por pertenecer a los sindicatos de la UGT o de la CNT o con el pretexto de que habían participado en la insurrección y huelgas de octubre. Los patronos, que habían confiado al principio en que los radicales representaran sus intereses y liquidaran de un plumazo las reformas socialistas, pasaron a la acción y recuperaron las posiciones perdidas con la llegada de la República.

Donde más se notó esa ofensiva fue en el campo y en la situación de los trabajadores de la tierra, un colectivo que ya había pagado con creces su insumisión con la huelga campesina de 1934. La cartera de Agricultura la ocupó en octubre de 1934 Manuel Giménez Fernández, un profesor de derecho de Sevilla que defendía el catolicismo social en una CEDA dominada por posiciones reaccionarias y autoritarias. Su proyecto, que llegó a ser Ley de Arrendamientos Rústicos, aprobada el 15 de marzo, proponía que se permitiera adquirir la tierra a los arrendatarios que la hubieran trabajado por un mínimo de doce años. La extrema derecha lo llamó «marxista disfrazado», sus propios compañeros de partido lo apodaron el «bolchevique blanco» y el 6 de mayo de 1935 dejó de ser ministro de Agricultura, justo el día en el que la CEDA ampliaba su participación en el Gobierno.

Con la derrota de Giménez Fernández, como indica Edward Malefakis, «se desvaneció toda esperanza de una reforma social seria». Con las nuevas condiciones creadas tras octubre de 1934, una coalición de diputados de extrema derecha y de la CEDA vieron cumplido su objetivo de echar abajo la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932. Allí estaban personajes como José Antonio Lamamié de Clairac, el tradicionalista que tanto la había combatido en las Cortes Constituyentes, y representantes de los terratenientes y del ala reaccionaria de la CEDA como Cándido Casanueva o Mateo Azpeitia.

A Giménez Fernández le sustituyó Nicasio Velayos y Velayos, un rico y ultraconservador terrateniente de Valladolid, del Partido Agrario. El 3 de julio, Nicasio Velayos presentó un nuevo proyecto de «Ley para la Reforma de la Reforma Agraria». Sólo necesitó cinco días de debate para ser aprobada en las Cortes, mientras que las discusiones de la Ley de Reforma Agraria de 1932 habían durado cinco meses. En la práctica, esa ley acabó con la reforma agraria. La derecha que controlaba las Cortes no quería ninguna reforma de la tierra, ni radical ni conservadora. Todo era más fácil, además, porque más de dos mil ayuntamientos socialistas y republicanos de izquierda, el 20 por ciento del total de los ayuntamientos de España, habían sido sustituidos, por decisión gubernativa, por comisiones gestoras del Partido Radical y de la CEDA desde octubre de 1934.

La promesa del Partido Radical de una «República para todos los españoles» ya no se la creía nadie, en un momento en que el Gobierno, controlado por el sector más reaccionario de la CEDA, se identificaba sólo con los intereses de los grandes terratenientes y de la patronal. Algunos radicales protestaron, aunque Lerroux había decidido que para seguir de Presidente necesitaba no enfrentarse públicamente con la CEDA. Clara Campoamor, la única diputada del Partido Radical, que tanto había luchado por la conquista del voto para las mujeres, abandonó el partido, incapaz además de hacer algo como directora general de Beneficencia, un puesto dependiente del Ministerio de Trabajo, en manos de la CEDA desde octubre de 1934.

A Gil Robles, ministro de la Guerra desde mayo a diciembre de 1935, no le dio tiempo a desmantelar todas la reformas de los primeros años en materia militar, pero con su política de nombramientos reforzó el poder de los militares antiazañistas y derechizó al Ejército. Al general Joaquín Fanjul, ultraderechista y antiguo diputado agrario, lo llamó para ser subsecretario en el Ministerio. El general Emilio Mola ocupó la jefatura del ejército de Marruecos, Manuel Goded la Dirección General de Aeronáutica y al coronel Monasterio lo nombró su ayudante militar. Cuando propuso en el Consejo de Ministros el nombramiento del general Franco como jefe de Estado Mayor, aprobado el 17 de mayo de 1935, Lerroux le apoyó y Alcalá Zamora se opuso, repitiendo varias veces en la reunión, según testimonio del propio Gil Robles: «Los generales jóvenes son aspirantes a caudillos golpistas».

No le faltaba razón al presidente de la República. Todos esos militares, sin excepción, tuvieron un protagonismo extraordinario en la sublevación contra la República de julio de 1936. Por el contrario, muchos militares de historial republicano fueron cesados en sus puestos y sufrieron represalias profesionales. Y es muy probable que algunos militares nombrados por Gil Robles, como el general Fanjul, alentaran y protegieran a la Unión Militar Española (UME), la asociación semiclandestina organizada y dirigida desde finales de 1933 por el capitán Bartolomé Barba Hernández y el teniente coronel Valentín Galarza, empleados ambos en el Estado Mayor.

Quedaba pendiente, por último, la reforma constitucional, uno de los grandes objetivos de Gil Robles y de la CEDA, que de llevarse a cabo, liquidaría la Constitución de 1931. Pero la CEDA no tenía prisa porque, de acuerdo con el artículo 125.b) de la Constitución, cualquier reforma adoptada antes del 9 de diciembre de 1935, es decir, «durante los cuatro primeros años de vida constitucional», requería el acuerdo de los dos tercios de las Cortes, mientras que a partir de esa fecha bastaría con la mayoría absoluta. Y además si la reforma prosperaba, la ley exigía la disolución de las Cortes, con convocatoria de elecciones, y lo que Gil Robles quería era presidir el Gobierno antes de emprender esa reforma constitucional. El 1 de septiembre, en una concentración de las JAP en Santiago de Compostela, rodeado de símbolos y discursos claramente fascistas, Gil Robles declaró que aspiraba a la «revisión total» de la Constitución. Y si las Cortes no lo aprobaban, añadió, «son Cortes muertas que deben desaparecer».

Como el Partido Radical también quería una reforma de la Constitución, aunque de menor alcance, el Gobierno de Lerroux presentó un anteproyecto de ley ante las Cortes, el 5 de julio, con la reforma de 41 artículos referentes a la religión, la familia, la propiedad y a los procesos autonómicos regionales. Se formó entonces una comisión parlamentaria de la reforma constitucional, presidida por Ricardo Samper, pero que, dadas las divergencias entre el Partido Radical y la CEDA sobre el alcance de la revisión, no empezó a trabajar hasta octubre. Para entonces, sin embargo, Lerroux ya no era presidente de Gobierno. Otra crisis, una más, le había desplazada de ese puesto, al que ya no volvería.

Comenzó la crisis de forma inesperada con la dimisión el 19 de septiembre del ministro de Marina, Antonio Royo Villanova, un zaragozano muy anticatalanista, miembro del Partido Agrario, en protesta por el traspaso a la restaurada Generalitat de Cataluña de competencias en algunas carreteras del Estado. Le secundó el otro miembro del Partido Agrario en el Gobierno, el ministro de Agricultura Nicasio Velayos. Lerroux dimitió para reorganizar la coalición, a falta del apoyo agrario, pero Alcalá Zamora le pidió formar Gobierno al presidente de las Cortes, Santiago Alba, antiguo monárquico pasado al Partido Radical. Tras ver las dificultades, Alba desistió y el encargado finalmente de constituirlo, el 25 de septiembre, fue Joaquín Chapaprieta, financiero, liberal, amigo de Alcalá Zamora, que era ministro de Hacienda en el Gobierno saliente.

Muy poco duró, no obstante, ese Gobierno. Al constituirse, Alcalá Zamora ya sabía que los «familiares y amigos» de Lerroux estaban implicados en una trama de corrupción con sobornos incluidos. Daniel Strauss, un hombre oscuro de negocios que se hacía pasar por holandés, pero en realidad era de origen alemán y de nacionalidad mejicana, intentó introducir en España un juego de ruleta y para obtener la licencia entregó varias cantidades de dinero y relojes de oro a algunos miembros del Partido Radical, entre quienes se encontraban Joan Pich i Pon, el presidente desde abril de 1935 de esa restaurada y poco representativa Generalitat, y Aurelio Lerroux, hijo adoptivo del líder radical. La legalización, pese a las cantidades pagadas, no llegó y los dos inventores y promotores del juego, Strauss y Perle, buscaron una compensación y airear el escándalo.

A comienzos de septiembre de 1935, Strauss le mandó a Alcalá Zamora un dossier completo con toda la trama de entrevistas, promesas y corruptelas, con nombres y apellidos de los implicados. El presidente de la República se lo presentó a Lerroux justo antes de la crisis de septiembre, pero el viejo líder radical no le dio importancia y le contestó que sería muy difícil probar sus contactos con Strauss. A comienzos de octubre, Alcalá Zamora reveló los detalles a Chapaprieta, el asunto pasó después a las Cortes y se abrió una investigación judicial. Los ministros radicales tuvieron que dimitir el 29 de octubre. Chapaprieta formó un Gobierno sin los radicales. Había estallado el escándalo del «estraperlo», un neologismo que combinaba el apellido de los dos promotores de aquel juego y que se convirtió, sobre todo después de la Guerra Civil, en el término más utilizado para designar al mercado negro.

Todos, desde la izquierda a la derecha, pasando por Alcalá Zamora, que tenía mucho interés en ocupar el centro de Lerroux, explotaron el escándalo. Tuvo efectos inmediatos y devastadores sobre muchos cargos del partido. Poco después, además, cuando Lerroux anunciaba una reforma, «una nueva era de vida fecunda» para la organización, salió a la luz otro escándalo relacionado con los radicales por irregularidades en el pago indebido con fondos públicos a un empresario. Chapaprieta, sólo, sin partido y a quien la CEDA le bloqueaba sus reformas económicas, presentó la dimisión el 9 de diciembre. Era la oportunidad de Gil Robles para llegar al Gobierno y emprender la revisión de la Constitución.

Pero Alcalá Zamora bloqueó el acceso de Gil Robles a la presidencia del poder ejecutivo porque, según escribió después en sus memorias, el líder de la CEDA nunca había hecho una «explícita declaración de plena adhesión al régimen». Gil Robles, por el contrario, pensó que esa negativa a entregarle el poder es lo que inclinó a muchos «conservadores» a ver la violencia como única salida. Hubo rumores de golpe de Estado. El general Fanjul, subsecretario del Ministerio, le dijo a Gil Robles que si él lo ordenaba sacaría las tropas a la calle y, según el propio Gil Robles, fue Francisco Franco, jefe del Estado Mayor, quien convenció a los generales Fanjul, Varela y Goded «de que no podía ni debía contarse con el Ejército, en aquellos momentos, para dar un golpe de Estado».

Con el Partido Radical desacreditado por los escándalos y la CEDA vetada por el presidente de la República, el 14 de diciembre formó Gobierno Manuel Portela Valladares, con independientes y liberal-demócratas. Tres semanas después, el 7 de enero de 1936, ante la imposibilidad de gobernar sin el apoyo de ninguno de los dos partidos importantes, Alcalá Zamora firmó el decreto de disolución de las Cortes y encargó a Portela la tarea de organizar nuevas elecciones. Ya no había posibilidades de formar más gobiernos efímeros. Unas nuevas elecciones decidirían de nuevo el rumbo de la República.

En los meses anteriores, Manuel Azaña e Indalecio Prieto habían mantenido correspondencia sobre la necesidad de construir una coalición similar a la que había gobernado los dos primeros años de la República. Poco a poco, tras la debacle en las elecciones de noviembre de 1933, los republicanos de izquierda se habían recuperado y reorganizado. En abril de 1934, Acción Republicana, el Partido Republicano Gallego, de Casares Quiroga, y los radicales socialistas independientes de Marcelino Domingo, se unieron en un nuevo partido llamado Izquierda Republicana, con Manuel Azaña como máximo dirigente. Y en septiembre del mismo año, disidentes del Partido Radical, encabezados por Martínez Barrio, y un grupo de escindidos del Partido Radical Socialista, con Félix Gordón Ordás al frente, formaron Unión Republicana. Con esa política de agrupamiento, los republicanos de izquierda frenaron la acusada tendencia a las disgregación iniciada en 1933 y pudieron pensar en una vuelta a sus orígenes, a una gran coalición electoral con los socialistas.

Largo Caballero, desde la dirección de UGT, se opuso a ese acuerdo, aunque ante la convocatoria de elecciones accedió a incorporarse con la condición de que, después de las elecciones, si la coalición ganaba, debían gobernar sólo los republicanos. Además, el Partido Comunista de España (PCE), que empezaba a salir del aislamiento y marginación en los que se había mantenido durante los primeros años de la República, debía entrar, según exigencia de Largo Caballero, en esa coalición electoral. Fueron precisamente los comunistas quienes la bautizaron como Frente Popular, nombre que Manuel Azaña nunca aceptó.

El pacto oficial de creación se anunció el 15 de enero, con la firma de los dirigentes de los partidos republicanos de izquierda, Azaña de IR y Martínez Barrio de UR; del movimiento socialista, que incluía al PSOE, a la UGT y a las Juventudes Socialistas; del PCE; del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), una organización nueva, creada en septiembre de 1935, resultado de la fusión del Bloc Obrero y Camperol de Joaquín Maurín y de Izquierda Comunista de Andreu Nin; y del Partido Sindicalista, creado por Ángel Pestaña tras su salida, expulsado, de la CNT.

La derecha no fue esta vez tan unida y la CEDA, dependiendo de las provincias, estableció acuerdos electorales con republicanos conservadores, radicales o con fuerzas monárquicas y fascistas. En Cataluña, la CEDA, la Lliga, los radicales y los tradicionalistas formaron un amplio Front Català de l’Ordre. Los radicales, desacreditados y hundidos, tuvieron que presentar sus candidaturas al margen de las dos alianzas principales.

La izquierda publicó un manifiesto, con la petición de «amplia amnistía» y readmisión de los despedidos como ejes comunes. La CEDA centró su campaña «¡Contra la revolución y sus cómplices!», con una visión catastrofista de lo que había significado hasta entonces la República. Para la izquierda, quedaban atrás dos años de destrucción de las reformas republicanas, el «bienio negro». La CEDA, que no había podido cumplir su objetivo de rectificar a fondo el rumbo reformista, prometió la revisión total de la Constitución. La extrema derecha, con Calvo Sotelo a la cabeza, consideraba ya acabada a la República y presentaba, sin ambigüedades, su Estado autoritario y corporativo. La fecha de las elecciones para decidir todo eso, un nuevo rumbo para la República o su muerte definitiva, era el domingo 16 de febrero de 1936.

Capítulo 7. La destrucción de la democracia

CAPÍTULO 7

1936. LA DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

La victoria de la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 fue recibida con júbilo en muchas ciudades, mientras varios generales intentaban dar un golpe militar. Manuel Azaña y los republicanos de izquierda volvieron al Gobierno, en lo que parecía el segundo acto de una obra iniciada en abril de 1931 e interrumpida en el verano de 1933. Había cosas urgentes que hacer y muchas promesas que cumplir. Azaña pidió unión bajo una misma bandera «en la que caben los republicanos y no republicanos, y todo el que siente amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida».

Pero aunque retornaban muchos de sus protagonistas y la expectación era grande, el ambiente tras ese triunfo político de la izquierda en poco o nada se asemejaba al de aquella primavera de 1931 que cinco años antes había inaugurado la República. El Partido Radical, el más histórico de los partidos republicanos, fundador de la República y partido gobernante desde septiembre de 1933 hasta diciembre de 1935, se hundió en las elecciones. La gente de orden se sintió amenazada por el avance de la izquierda, en el Parlamento y en los poderes locales, el nuevo empuje de las organizaciones sindicales y las protestas que generaban. La derecha no republicana, derrotada en las urnas, ya sólo pensaba en una solución de fuerza contra el Gobierno y la República. Un sector importante del Ejército conspiró y no paró hasta derribarlos. En febrero de 1936 hubo elecciones libres y democráticas; en julio de 1936, un golpe de Estado. Cinco años había durado esa República en paz, antes de que una sublevación militar y una guerra la destruyeran por las armas.

EL FRENTE POPULAR

El 72 por ciento de la población española, hombres y mujeres, votó en febrero de 1936, la participación más alta de las tres elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República. Como demostró hace años Javier Tusell, fueron unas elecciones limpias, en un país con instituciones democráticas y con muchos sectores de la población que consideraban ese acto electoral decisivo para el futuro. Por eso la campaña electoral fue tan intensa y agitada. El Frente Popular planteó un programa moderado, con la amnistía y la vuelta a las reformas, a las soluciones políticas, como puntos básicos. La derecha no republicana, que derrochó medios y toneladas de papel, recordó los horrores de la revolución de Asturias e insistió en que era una batalla «¡Por Dios y por España!», entre la «España católica… y la revolución espantosa, bárbara, atroz». La ultraderecha, monárquica y fascista, apelaba ya a la lucha armada y a la salida dictatorial.

Al margen de esa agresividad verbal, hubo pocos incidentes durante la campaña electoral. Ganó por pocos votos el Frente Popular, aunque el sistema mayoritario establecido por la Ley electoral le dio una holgada mayoría en las Cortes: 263 escaños frente a 156 de la derecha y 54 de los diferentes partidos del centro. El electorado votó sobre todo a socialistas, republicanos de izquierda y católicos. En el Frente Popular, los primeros puestos en las candidaturas los ocuparon casi siempre los republicanos del partido de Azaña y en la derecha fueron a parar a la CEDA, lo cual no confirmaba, frente a lo que se repite a menudo, el triunfo de los extremos. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en el último lugar de las listas del Frente Popular y los diecisiete diputados obtenidos, después de conseguir sólo uno en 1933, fueron el fruto de haber logrado incorporarse a esa coalición y no el resultado de su fuerza real. La Falange sumó únicamente 46 466 votos, el 0,5 por ciento del total. Había 33 partidos representados en las Cortes, de los que sólo once consiguieron más de diez diputados. Un Parlamento muy fragmentado, más que polarizado, en el que además la fuerza política que había presidido los Gobiernos en los dos años anteriores, el Partido Radical, quedó reducido a cuatro diputados, noventa y nueve menos que en 1933, un mero espectador de lo que iba a acontecer. Alejandro Lerroux ni siquiera salió elegido.

Conocidos los primeros resultados, Gil Robles intentó convencer a Portela Valladares, presidente del Gobierno, de que no dimitiera y de que declarara el estado de guerra. El general Franco, jefe del Estado Mayor, telefoneó al general Sebastián Pozas, director general de la Guardia Civil y le pidió que, para prevenir el desorden y la revolución, se uniera a una acción militar que ocupara las calles. Pozas, viejo africanista fiel a la República, se negó y Franco presionó entonces al general Nicolás Molero, ministro de la Guerra. El general Goded quiso sublevar el cuartel de la Montaña de Madrid y otros dos generales que habían estado en todas las conspiraciones contra la República, Joaquín Fanjul y Ángel Rodríguez del Barrio, sondearon otras guarniciones de la capital. Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, aunque en esos días del 17 al 19 de febrero estuvo, según Paul Preston, «más cerca que nunca de dar un golpe militar». Lo evitó la actitud firme de Pozas y del general Miguel Núñez de Prado, jefe de la policía.

Portela, ante las presiones de unos y de otros para que declarara el estado de guerra y anulara los resultados de las elecciones, asustado por los rumores de golpe militar y por los disturbios provocados en varias ciudades para liberar a los presos políticos, dimitió el 19 de febrero. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, llamó a Manuel Azaña para encargarle la formación del Gobierno. Al líder republicano y antiguo jefe del ejecutivo no le gustó esa forma de recibir el poder, antes de la constitución de las nuevas Cortes: «Siempre he temido que volviésemos al Gobierno en malas condiciones», apuntó en su diario ese 19 de febrero. «No pueden ser peores. Una vez más, hay que segar el trigo en verde».

En el Gobierno sólo había republicanos, tal y como había pactado Azaña con los socialistas antes de las elecciones, sobre todo porque los socialistas rechazaron la posibilidad de volver a formar un gobierno de coalición con los republicanos. Nueve ministros eran de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana y había también un independiente, el general Carlos Masquelet, antiguo asesor de Azaña en los primeros años de la República, quien ahora fue nombrado ministro de la Guerra. Era un Gobierno moderado, mal llamado de Frente Popular, formado por catedráticos y abogados en su mayoría que, en algunos casos, como José Giral, Santiago Casares o Marcelino Domingo, ya habían sido hombres de confianza de Azaña entre 1931 y 1933. Pero los dos partidos en él representados no ocupaban ni la cuarta parte de los escaños de las Cortes y eso podía complicar su estabilidad.

Pese a que frecuentemente se repite que España entró en la primavera de 1936 en una oleada de huelgas sin precedentes o, en palabras de Stanley G. Payne, en el momento más acusado de «desorden civil», los datos y estudios disponibles muestran que los conflictos fueron menores en número y menos graves que en el período transcurrido entre 1931 y 1933. Pero tras la experiencia de octubre de 1934, la derrota de la derecha en las elecciones y la vuelta de republicanos de izquierda y socialistas a las instituciones políticas, locales y provinciales, la amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibía con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República.

La estabilidad política del régimen corría también más peligro. El lenguaje de lucha de clases, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española desde que el proyecto reformista de los primeros Gobiernos republicanos chocó con obstáculos insalvables. La violencia, además, hizo acto de presencia con algunos atentados contra personajes conocidos y los choques directos armados entre grupos políticos de la izquierda y de la derecha plasmaban en la práctica, con resultados sangrientos en ocasiones, los excesos retóricos y la agresividad verbal de algunos dirigentes. Y por si eso no bastara, los dos partidos con más presencia en las Cortes, el PSOE y la CEDA, tampoco contribuyeron durante esos meses a la estabilidad política de la democracia y de la República. La política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significaba necesariamente que la única salida fuera una guerra civil.

El 12 de marzo varios pistoleros falangistas tirotearon en Madrid a Luis Jiménez de Asúa, conocido dirigente socialista y catedrático de derecho, uno de los principales redactores de la Constitución republicana de 1931. Salió ileso del atentado, pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió. El entierro del policía derivó en manifestaciones de repulsa y graves incidentes, con incendios de dos iglesias y de las oficinas del periódico derechista La Nación. La policía detuvo a varios falangistas, aunque los autores materiales del atentado pudieron huir a Francia en una avioneta pilotada por el aviador militar Juan Antonio Ansaldo. La Dirección General de Seguridad, siguiendo instrucciones del Gobierno, ordenó la detención de la junta política y la directiva nacional de Falange. El 14 de marzo, José Antonio Primo de Rivera fue detenido en su casa, al igual que otros dirigentes como Julio Ruiz de Alda, Raimundo Fernández Cuesta, Rafael Sánchez Mazas o David Jato. El juez les acusó de defender un programa, el de Falange, anticonstitucional, decretó el procesamiento de los acusados por asociación ilícita y ordenó su ingreso en prisión. Fueron a parar a la cárcel Modelo, a la sección de presos políticos.

Un mes después, el 13 de abril, fue asesinado también por falangistas Manuel Pedregal, el magistrado de la Audiencia que acababa de condenar a algunos de los encartados en el atentado contra Jiménez de Asúa. Derechistas e izquierdistas se enfrentaron en los días siguientes en diferentes lugares de Madrid, con un saldo de siete muertos y cuarenta heridos. La mayoría de esas peleas y atentados, en los que grupos derechistas e izquierdistas demostraban muy poco aprecio por la vida del contrario, ocurrieron en Madrid, lo cual elevaba su impacto, mientras que Barcelona, que había presenciado desde 1931 hasta 1934 numerosos conflictos violentos e insurrecciones, pasó una primavera tranquila, con bastantes menos huelgas y violencia política que en la capital de la República.

Mientras todo eso ocurría en las calles, las Cortes, que habían comenzado a funcionar bajo la presidencia de Diego Martínez Barrio el 15 de marzo, estaban bastante paralizadas por la discusión de las actas parlamentarias y sobre todo por el proceso de destitución del presidente de la República y de elección de uno nuevo. Una crisis que, según todos los especialistas, debilitó al Gobierno republicano de izquierda y allanó el camino de la conspiración militar.

Nadie quería que Alcalá Zamora siguiera en la presidencia de la República. La CEDA, con Gil Robles a la cabeza, porque creía que les había robado la posibilidad de ocupar todo el poder en diciembre de 1935. La izquierda, y Azaña en particular, no le perdonaba que le hubiera retirado la confianza en septiembre de 1933, lo que significó la caí da del Gobierno de Azaña y la ruptura de la coalición entre socialistas y republicanos que había gobernado durante los dos años anteriores. Alcalá Zamora, además, había intentado armar un partido de centro para las elecciones de febrero de 1936, utilizando los mecanismos del poder presidencial y las urnas habían dictado su fracaso. No era el Presidente que quería la izquierda republicana en su vuelta al poder y la derecha tampoco iba a mover un dedo para evitar su destitución.

El artículo 81 de la Constitución permitía cesar al presidente de la República si éste había disuelto dos veces las Cortes y el nuevo Parlamento estimaba que la última disolución, en este caso la de 7 de enero de 1936, era improcedente. El debate se produjo el 7 de abril. Votaron a favor de la destitución 238 diputados y sólo cinco de los diputados de Portela votaron en contra. La derecha, que había apoyado la medida, se abstuvo. Alcalá Zamora fue así destituido por las Cortes. Había que elegir a un nuevo presidente de la República.

Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, asumió de forma interina la jefatura del Estado y su partido, Unión Republicana, propuso como candidato a Manuel Azaña, quien tenía amplios respaldos, aunque Largo Caballero y la izquierda socialista preferían a Álvaro de Albornoz. Azaña, si aceptamos la visión de Santos Juliá, uno de sus principales biógrafos, quería también ese puesto para el que le proponían porque su idea era formar de nuevo un Gobierno de coalición de republicanos y socialistas, presidido por Indalecio Prieto. Las dos presidencias, la de la República y la del Gobierno, serían ocupadas así por dos personas con autoridad y respaldados además por los principales partidos que habían ganado las elecciones de febrero.

El presidente de la República, según la Constitución, se elegía por sufragio indirecto. En las elecciones para compromisarios, celebradas el 26 de abril, la mayoría de la derecha se abstuvo de acudir a los comicios. El Frente Popular obtuvo 358 compromisarios y 63 la oposición. Dos semanas después, el 10 de mayo, en el Palacio de Cristal del madrileño Parque del Retiro, Manuel Azaña fue elegido por abrumadora mayoría, y los votos en blanco de la CEDA, presidente de la República.

Las cosas no salieron, sin embargo, como Azaña había previsto. El ofrecimiento de Azaña a Prieto para que formara Gobierno chocó con la negativa de la UGT y de la izquierda socialista, que amenazaron con romper el pacto del Frente Popular si Prieto accedía a la presidencia del ejecutivo. En la votación que para decidir sobre ese asunto se hizo en el grupo parlamentario socialista, controlado por Largo Caballero, la propuesta de que los socialistas entraran de nuevo en el Gobierno fue derrotada por una amplia mayoría de 49 votos en contra y 19 a favor. Ante la imposibilidad de un Gobierno de coalición presidido por los socialistas, Azaña recurrió a uno de sus colaboradores más fieles, Santiago Casares Quiroga, que presidió el nuevo Gobierno y asumió también el cargo de ministro de la Guerra. Formado sólo por republicanos de izquierda, incluida la Esquerra de Cataluña, ha pasado a la posteridad como el Gobierno débil que permitió los conflictos y la violencia política, en vez de reprimirlos, y que tampoco supo parar el golpe militar, responsabilidad que se suele cargar sobre las espaldas de Casares Quiroga. La historia, no obstante, resulta algo más compleja.

La escisión del socialismo desde diciembre de 1935, con dos direcciones autónomas y enfrentadas, la del PSOE en manos de la facción «centrista» de Indalecio Prieto y la de la UGT en poder de la «izquierdista» de Francisco Largo Caballero, bloqueó cualquier posibilidad de reforzar el Gobierno republicano. Indalecio Prieto, quien ya había cometido el grave error de consentir y colaborar en la preparación del movimiento revolucionario de octubre de 1934, emprendió la operación de sustituir a Alcalá Zamora sin tener asegurada su política alternativa de presidir el Gobierno y fortalecer con Azaña el Estado republicano.

Largo Caballero, por su parte, era incapaz de ofrecer otra solución que no fuera esperar la revolución, que llegaría como respuesta a cualquier golpe de la derecha o de los militares, y radicalizar su discurso. Le apoyaron en esa empresa las Juventudes Socialistas, cada vez más lanzadas a la creación de milicias, al encuadramiento paramilitar y a los enfrentamientos armados con otros grupos de jóvenes fascistas. Bajo la dirección de Santiago Carrillo, se fusionaron en junio con las juventudes comunistas, creando las Juventudes Socialistas Unificadas, preámbulo del sueño comunista de unir los dos partidos obreros marxistas. El PCE planteaba en esos meses su táctica moderada de lucha antifascista, de frenar las huelgas y centrar la lucha política en el parlamento, pero se beneficiaba al mismo tiempo de esa división del socialismo, de la bolchevización de sus jóvenes, para crecer y penetrar en los sindicatos ugetistas.

En el extremo opuesto de la política parlamentaria, la CEDA inició un proceso de acercamiento definitivo a las posiciones autoritarias, que era muy visible desde hacía ya meses en sus juventudes, en el lenguaje y saludo fascista que utilizaban y en los uniformes que vestían. Las elecciones de febrero de 1936 marcaron el fin del «accidentalismo» en el movimiento católico. Cuando esa «revisión» de la República sobre bases corporativas no fue posible efectuarla a través de la conquista del poder por medios parlamentarios, objetivo que compartían Gil Robles y la jerarquía de la Iglesia católica, comenzaron a pensar en métodos más expeditivos. A partir de la derrota electoral de febrero de 1936, todos captaron el mensaje: había que abandonar las urnas y tomar las armas. El lenguaje integrista, el del «derecho a la rebeldía», al que había apelado ya en un libro de 1934 el canónigo magistral de Salamanca, Aniceto Castro Albarrán, el de una rebelión en forma de cruzada patriótica y religiosa contra la República atea, ganó adeptos. Las Juventudes de Acción Popular engrosaban las filas de Falange (alrededor de quince mil afiliados se pasaron de una organización a otra) y Gil Robles secundaba en las Cortes la violencia verbal y antisistema de José Calvo Sotelo.

LA CONQUISTA DEL PODER

La prensa católica y de extrema derecha incitaban a la rebelión frente al desorden que atribuían al «Gobierno tiránico del Frente Popular», «enemigo de Dios y de la Iglesia». La confrontación entre la Iglesia y la República, entre el clericalismo y el anticlericalismo, volvió al primer plano de actualidad tras las elecciones de febrero de 1936. Y aparecieron de nuevo las disputas sobre asuntos simbólicos, como la prohibición por parte de las autoridades locales de procesiones, tañidos de campanas y manifestaciones de culto externo. Se volvió a plantear la sustitución de la enseñanza confesional, tal y como había establecido la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, paralizada por el triunfo de los radicales y de la CEDA en las elecciones de ese año.

El Gobierno de Azaña, y después el de Casares Quiroga, retomaron algunas de las cuestiones que ya habían dividido a católicos y republicanos durante los primeros años: el cierre de los colegios religiosos, la coeducación en las aulas, el fortalecimiento de la enseñanza pública a costa de la religiosa. Pero de los más de 250 muertos que se dice hubo en ese período de febrero a julio como consecuencia de la «violencia política», ninguno pertenecía al clero, lo cual contradice el recuerdo que de esa primavera de 1936 se transmite todavía a menudo, copia de lo mucho que se escribió para legitimar el apoyo de la Iglesia al golpe militar: que el «exterminio del clero católico» había comenzado antes de julio de 1936.

Las posiciones catastrofistas se tragaron a lo poco que quedaba del catolicismo social, que estaba bien representado en el País Vasco con políticos como Manuel Irujo o José Antonio Aguirre y en Cataluña con los sectores renovadores de la Iglesia que encabezaba el cardenal Franscesc Vidal i Barraquer. El 20 de febrero ya podía leerse en El Pensamiento Alavés «que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada». Y no resulta fortuito que fuera en Navarra y Álava donde se consolidara en esos meses el Requeté, los «boinas rojas», una organización militar que contaba con numerosos lugares de maniobras y prácticas militares a los que acudían los curas y las gentes de orden de la zona. En realidad, hacía ya tiempo que la instrucción militar tenía más peso en los círculos carlistas que la teoría política tradicionalista. Cuando llegó la hora, el requeté, con su jerarquía rígida y su intensa preparación, fue la milicia civil en la que más podían confiar los militares rebeldes.

Porque toda esa ofensiva de la ultraderecha y de las masas católicas de la CEDA no habría dado los frutos deseados, echar abajo la República y extirpar la amenaza socialista y libertaria, si no hubiera podido contar con las armas de un sector importante del Ejército. El Gobierno de Azaña, a propuesta del general Carlos Masquelet, ministro de la Guerra, hizo durante las primeras semanas de su mandato, hasta mediados de marzo, importantes cambios y traslados que afectaron a altos mandos de los que se sospechaba su participación en la trama conspirativa o que habían declarado la necesidad de una intervención militar. Franco fue sustituido como jefe del Estado Mayor y se le alejó a las Islas Canarias. Fanjul, el subsecretario del Ministerio de la Guerra nombrado por Gil Robles, quedó en situación de disponible, al igual que otros antiazañistas y antirrepublicanos significados como Orgaz, Villegas y Saliquet. Al general Goded, director general de Aeronáutica, se le destinó a las Islas Baleares y a Mola se le trasladó desde Marruecos a la XII Brigada con sede en Pamplona. Fueron sustituidos por militares republicanos o supuestamente fieles a la legalidad establecida, aunque los acontecimientos demostraron muy pronto que esa política de traslados no sirvió para frenar la conspiración y el golpe. Algunos de esos militares trasladados se sintieron además agraviados. Franco, por ejemplo, según Paul Preston, «lo juzgó una degradación y otra humillación a manos de Azaña», un «destierro».

De la organización de la conspiración se encargaron algunos militares de extrema derecha y la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta, antiizquierdista, que incluía a unos cuantos centenares de jefes y oficiales. El 8 de marzo, Francisco Franco, que partía al día siguiente para Canarias, los generales Mola, Orgaz, Villegas, Fanjul, Rodríguez del Barrio, García de la Herrán, Varela, González Carrasco, Ponte, Saliquet y el teniente coronel Valentín Galarza se reunieron en Madrid, en casa de José Delgado, corredor de bolsa y amigo de Gil Robles, «para acordar un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España», según consta en los documentos conservados sobre «la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional». Y los asistentes mostraron también su acuerdo en que el general Sanjurjo, que vivía entonces en Portugal, encabezara la sublevación.

El principal protagonista de la trama, sin embargo, acabó siendo el general Mola, quien se entrevistó con los distintos jefes de la rebelión y dictó, con el pseudónimo de «El Director», varios informes, instrucciones y anexos reservados para el mando de las diferentes divisiones. La primera de las «cinco instrucciones reservadas» la firmó el 25 de mayo, bastante más tarde de las fechas que habían barajado para el golpe en esa reunión del 8 de marzo, y Mola expuso en ella las condiciones necesarias «para que la rebeldía pueda alcanzar completo éxito». Fue también en esa primera «instrucción reservada» donde Mola dejó sentenciada la necesidad de una violenta represión: «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas».

La respuesta de los militares a sumarse al golpe fue lenta, pero cuando Mola redactó esa primera «instrucción reservada» ya sabía que las guarniciones de Marruecos estaban dispuestas a sublevarse. Muy importantes fueron también los contactos de Mola con Gonzalo Queipo de Llano, jefe de Carabineros, y la entrevista que mantuvo el 7 de junio con el general Miguel Cabanellas, jefe de la V División, en la que quedó establecida la participación de Cabanellas en el golpe, así como las medidas que debía disponer para dominar la oposición que en Zaragoza «opondría seguramente la gran masa sindicalista» y la organización de las «columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés». A finales de junio estaban ya ultimados los preparativos de la rebelión en la V División, con el coronel Monasterio, el que había sido ayudante militar y hombre de confianza de Gil Robles en el Ministerio de la Guerra, en el centro de la conspiración. Y por las mismas fechas los conspiradores militares se habían repartido ya los cometidos en las diferentes regiones. El 4 de julio el acaudalado Juan March aceptó aportar el dinero para conseguir el avión que trasladaría a Franco desde Canarias a Marruecos. El avión, un De Havilland Dragon Rapide, fue alquilado dos días después en Inglaterra, con las 2000 libras esterlinas proporcionadas por March, por Luis Bolín, el corresponsal del periódico ABC en ese país.

El asesinato de José Calvo Sotelo convenció a los golpistas de la necesidad urgente de intervenir y sumó al golpe a muchos indecisos, que estaban esperando a que las cosas estuvieran muy claras para decir que sí y comprometer con más garantías sus sueldos y sus vidas. En la tarde del domingo 12 de julio, varios pistoleros de extrema derecha, tradicionalistas, según la investigación de Ian Gibson, asesinaron en una calle céntrica de Madrid a José del Castillo, teniente de la guardia de Asalto, de conocida afiliación socialista. Unas horas después, en la madrugada del día siguiente, algunos de sus compañeros policías, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, quien, como Del Castillo, había sido antes oficial del Ejército en Marruecos, fueron al domicilio de Calvo Sotelo, en el número 89 de la calle Velázquez, y cuando supuestamente lo llevaban al cuartel central de Pontejos, lo asesinaron y dejaron su cadáver abandonado en el depósito del cementerio de la Almudena.

Calvo Sotelo, dirigente del Bloque Nacional, había mantenido en los meses anteriores duros enfrentamientos dialécticos en las Cortes con la izquierda, y su asesinato, cometido por miembros de las fuerzas de policía de la República, causó una gran indignación entre sus seguidores y los políticos de la derecha. El dirigente monárquico Antonio Goicochea pronunció en una oración fúnebre en su sepelio las palabras después tan repetidas: «Empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España». Gil Robles, en la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes, celebrada el 15 de julio, les dijo a los representantes de la izquierda que «la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros». El Gobierno no estaba comprometido con el crimen, dijo el líder de la CEDA, pero sí que tenía «responsabilidad moral» por «patrocinar la violencia».

El general Franco, cuando recibió la noticia en la mañana del 13 de julio, le dijo a quien se la dio, el coronel Teódulo González Peral, palabras divulgadas siempre después por los apologistas del golpe para mostrar la conexión entre ese asesinato y la decisión final de Franco de intervenir: «La patria ya cuenta con otro mártir. No se puede esperar más. ¡Es la señal!». Al día siguiente, el Dragon Rapide llegó a Canarias. En la tarde del 17 de julio se sublevaron en Marruecos las guarniciones de Melilla, Tetuán y Ceuta. El día 18, de madrugada, Franco firmó una declaración de estado de guerra y se pronunciaba contra el Gobierno de la República. El 19 de julio llegó a Tetuán. Mientras tanto, otras muchas guarniciones militares de la península se sumaban al golpe. Era el fin de la República en paz.

La República, en definitiva, había encontrado dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo. Pasó dos años de relativa estabilidad, un segundo bienio de inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo. Los primeros desafíos fuertes, y los que más se vieron porque solían acabar en enfrentamientos con las fuerzas de orden público, llegaron desde abajo, desde las protestas sociales y después insurrecciones, de anarquistas y socialistas. El golpe de muerte, el que la derribó por las armas, nació, sin embargo, desde arriba y desde dentro, desde el mismo seno de sus fuerzas armadas y desde los poderosos grupos de orden que nunca toleraron la República.

Antes de que eso ocurriera, la República ya había vivido graves alteraciones del orden, como la rebelión de Sanjurjo en agosto de 1932, las insurrecciones anarquistas de 1932 y 1933, y sobre todo el movimiento revolucionario de octubre de 1934. Esas rebeldías armadas hicieron mucho más difícil la supervivencia de la República y del sistema parlamentario, demostraron que hubo un recurso habitual a la violencia por parte de algunos sectores de la izquierda, de los militares y de los guardianes del orden tradicional, pero no causaron el final de la República ni mucho menos el inicio de la Guerra civil. Y todo porque mientras las fuerzas armadas y de seguridad del Estado se mantuvieron unidas y fieles al régimen, los movimientos insurreccionales pudieron sofocarse, aunque fuera con un coste alto de sangre.

En febrero de 1936 hubo elecciones libres y sin falseamiento gubernamental, en las que la CEDA, como los demás partidos, puso todos sus medios, que eran muchos, para ganarlas. Las perdió y su espacio político lo comenzaron a ocupar las fuerzas extraparlamentarias y antisistema de la ultraderecha. No había en esos momentos en España un movimiento fascista de masas, como lo había en Italia en 1922 o en Alemania en 1933, porque España no participó en la Primera Guerra Mundial y no tuvo, por lo tanto, masas de excombatientes que pudieran engrosar las filas de organizaciones paramilitares, caldo de cultivo esencial del fascismo como movimiento político y social. Y tampoco sufrió España las consecuencias de la crisis económica de 1929 de una forma tan severa como otros países, a la vez que la debilidad del nacionalismo español y el peso de burocracias tradicionales y reaccionarias, como el Ejército y la Iglesia católica, impedían el avance de un movimiento cuyos principios se identificaban precisamente con un nacionalismo radical y moderno que movilizó a las clases medias contra la revolución, pero también frente a las prácticas políticas de las clases medias establecidas.

Apenas tres años después de su aparición, sin embargo, Falange Española y de las JONS, junto con los monárquicos de Renovación Española, el carlismo y las masas del catolicismo político, estaban en primera fila en el acoso y derribo violento de la República. Pusieron todo su empeño y utilizaron todos los mecanismos sociales y económicos a su disposición para hacer imposible el proyecto reformista republicano, la consolidación de la presencia obrera y del poder representativo obtenido por las organizaciones de izquierda. Por lo tanto, aunque no arraigó un «verdadero» partido fascista de masas en la sociedad española, sí que germinó y tomó fuerza una tradición político-cultural contrarrevolucionaria capaz, como lo fue el «prefascismo» en Italia o el nacionalismo «völkisch» en Alemania, de ser movilizada para desempeñar un papel similar.

En los primeros meses de 1936, la sociedad española estaba muy fragmentada, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la Guerra Civil.

LA GUERRA CIVIL

Capítulo 8. España partida en dos

CAPÍTULO 8

ESPAÑA PARTIDA EN DOS

Los militares que planearon la sublevación sabían que tenían importantes apoyos y pensaban en un rápido triunfo. Las cosas no salieron así, sin embargo, y lo que resultó de esa sublevación fue una larga Guerra Civil de casi tres años.

Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas, de credos que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. Una guerra imposible de reducir a un conflicto entre comunismo o fascismo o entre el fascismo y la democracia. En la Guerra Civil española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo.

La Guerra Civil española ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario y por la espantosa violencia que generó. Simbolizada en las «sacas», «paseos» y asesinatos masivos sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. En esa operación de limpieza, los militares sublevados contaron además desde el principio con la inestimable bendición de la Iglesia católica. El clero y las cosas sagradas, por otro lado, constituyeron el primer blanco de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de la sublevación y de quienes protagonizaron el «terror popular» emprendido en el verano de 1936.

España quedó partida en dos. La República en guerra pasó por tres diferentes etapas, con tres presidentes de Gobierno. La revolución y los sindicatos dominaron durante el primer año, antes de que el socialista Juan Negrín se convirtiera en su principal dirigente. Los sublevados contra la República tuvieron menos dificultades para encontrar un mando único militar y político, y el general Francisco Franco fue desde el 1 de octubre de 1936 su jefe indiscutible.

REBELIÓN Y QUIEBRA DEL ORDEN

La sublevación triunfó en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y, desde el 29 de julio, Huelva. Los militares insurrectos fueron derrotados, sin embargo, en la mayoría de las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona o Valencia, donde encontraron la resistencia aliada de otras fuerzas armadas leales a la República y de militantes de las organizaciones políticas y sindicales. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión militar, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno republicano para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la Guerra Civil y a la violencia de los grupos armados enfrentados.

No fue, por consiguiente, el Ejército «en bloque» el que se sublevó contra la República y tampoco se puede llamar a eso, aunque es un término que sigue utilizándose, «la rebelión de los generales». De los dieciocho generales con mando de división, incluidos los de la Guardia Civil y de Carabineros, es decir, los que controlaban las unidades de intervención más importantes, únicamente se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo, Goded y Franco y sólo uno de ellos, Cabanellas, mandaba tropas en la Península. Hubo otros dos generales de división, en situación de disponible, que intervinieron en la sublevación, Fanjul y Saliquet, mientras que los generales Riquelme y Masquelet, que se hallaban en destinos especiales, permanecieron leales al Gobierno republicano. Tampoco hubo entre los generales de brigada una adhesión unánime a la sublevación: 14, de los 56 que había el 18 de julio, se levantaron contra el Gobierno.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales, que arrastró con su actuación a bastantes jefes no implicados al principio y que no tuvieron ningún problema en utilizar la violencia frente a los indecisos o frente a quienes se oponían a sus planes. De los 15 301 oficiales de todas las Armas, Cuerpos y Servicios que había en julio de 1936, poco más de la mitad eran claros partidarios de la rebelión. Los sublevados contaban inicialmente con unos 120 000 hombres armados, de los 254 000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo a las fuerzas de orden público. Confluyeron, sin embargo, varios factores que dieron superioridad a los sublevados y disminuyeron la eficacia de quienes permanecieron leales a la República. Por un lado, la orden general del Gobierno republicano de desmovilizar a los soldados, concebida para restarle fuerza a los militares rebeldes, consiguió los efectos contrarios porque muchos de esos soldados, en aquellas zonas donde fracasó la sublevación, se negaron después a volver a sus unidades y, bajo el amparo de la movilización popular y revolucionaria, ingresaron en las milicias. Los anarquistas y socialistas, por otro lado, los primeros en organizar milicias, tenían una tradición antimilitarista que les llevó a desconfiar de muchos de esos jefes y oficiales que, al menos, no se habían levantado contra la República. Una parte sustancial de lo que podía haber sido desde el principio el ejército republicano quedó roto, en unidades dispersas y sin posibilidad alguna de imponer su disciplina ante las milicias, «el pueblo en armas», que emergían por todas partes.

Entre los sublevados, por el contrario, todo era muy diferente porque, pese a que el Ejército peninsular tampoco estaba muy preparado para la guerra, contaban con fuerzas disciplinadas y organizadas y sobre todo dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de sus 1600 jefes y oficiales y de los cuarenta mil hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por Millán Astray y Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Tenía entonces dos regimientos, legiones, uno en Melilla y otro en Ceuta y el de esta ciudad lo mandaba el teniente coronel Yagüe, el hombre de confianza de Franco en la represión de Asturias en octubre de 1934 y delegado de Mola para la conspiración en Marruecos. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

El 19 de julio, Franco estaba ya en Tetuán al mando de esa poderosa guarnición de Marruecos y desde esa posición comenzó lo que Paul Preston denomina «la forja de un Generalísimo». El problema era pasar esas tropas a la Península, dado que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por las tripulaciones de la escuadra republicana que se habían amotinado contra los oficiales sublevados y sólo un pequeño contingente de tropas africanas había podido llegar en los primeros momentos a Andalucía.

Franco recurrió entonces a la ayuda de Hitler y Mussolini. Utilizó a dos ejecutivos alemanes residentes en el Marruecos español y representantes locales de la nazi Ausland-Organization (Organización Exterior), Adolf Langenheim y Johannes Bernhardt, para, a través de una serie de complejos contactos, llegar a entrevistarse con Hitler. Bernhardt, quien en realidad ofreció sus servicios a Franco, voló el 23 de julio a Berlín con un mensaje para el Führer en el que Franco pedía aviones de combate y de transporte. Se encontró primero con Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, y dos días después con el propio Führer. Hitler dudó al principio pero, convencido por Bernhardt de que lo que pretendía Franco era salvar a España de una inminente revolución bolchevique, decidió enviar esa ayuda. A partir del 29 de julio comenzaron a salir con destino a Tetuán una veintena de aviones de transporte, Junker 52, y seis cazas Heinkel.

Las razones de Hitler para apoyar inicialmente a los militares rebeldes e intervenir después en la guerra fueron, según Enrique Moradiellos, «de orden político-estratégico»: el triunfo de un golpe militar derechista en España privaría a Francia de un aliado seguro en su flanco sur, mientras que una victoria del Gobierno republicano «reforzaría la vinculación de España con Francia y la URSS, las dos potencias que cercaban a Alemania por el este y el oeste y que se oponían a los proyectos expansionistas nazis».

Mussolini, quien recibió reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar, resolvió apoyar también a los militares rebeldes por razones geoestratégicas: ganar un aliado en el Mediterráneo occidental y debilitar así la posición militar francesa. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia-Marchetti S. 81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C. R. 32. De ese modo, señala Preston, «Hitler y Mussolini convirtieron un coud d’etat que iba por mal camino en una sangrienta y prolongada Guerra Civil». Todos esos aviones, con sus correspondientes tripulaciones y técnicos, permitieron a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas a Andalucía y empezar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, un día después de que un convoy de tropas africanas cruzara el Estrecho, Franco estaba ya instalado en Sevilla.

Franco tenía a su disposición las fuerzas militares del protectorado marroquí y el general Emilio Mola contaba en Navarra con el apoyo unánime del Requeté, los «boinas rojas», una organización militar y disciplinada que había instruido y preparado para la rebelión contra la República a cientos de militantes, jóvenes estudiantes, curas y gentes de orden de la zona. El entramado tejido por los conspiradores en la provincia foral había sido el más importante de toda la Península. El general Mola, cinco años mayor que Franco, había pasado una buena parte de su vida en el ejército de Marruecos. Fue procesado por la República por su actuación como director general de Seguridad a las órdenes de Berenguer, durante 1930 y hasta abril de 1931, amnistiado en 1934 y rehabilitado durante la etapa de Gil Robles como ministro de la Guerra, con Franco como jefe de Estado Mayor. Tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, fue trasladado desde la jefatura de las fuerzas militares en Marruecos, un nombramiento de Gil Robles en 1935, a la 12 Brigada de Infantería, que incluía la Comandancia militar de Pamplona. Desde allí, desde el 14 de marzo de 1936, dictó las diferentes «instrucciones reservadas» como «Director» de la conspiración y organizó la distribución de los diferentes jefes y oficiales que deberían tomar el mando de las fuerzas sublevadas.

Según esos planes, al frente de la sublevación debía ponerse el general José Sanjurjo, algo que no fue posible porque el avión que le trasladaba a España el 20 de julio desde su exilio en Portugal se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. Sanjurjo murió, mientras que el piloto, el falangista Juan Antonio Ansaldo, salió ileso del accidente.

La muerte de Sanjurjo, y el fracaso de Fanjul y Goded en sus insurrecciones en Madrid y Barcelona, obligaron a reorganizar los planes de los militares rebeldes. El 21 de julio, Mola se trasladó en avión a Zaragoza para hablar con el general Miguel Cabanellas, que se había sublevado con éxito en la capital aragonesa, e invitarle a presidir la Junta de Defensa Nacional, el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada, que se formó en Burgos tres días después.

El golpe no derribó al Estado republicano pero, al ocasionar una división profunda en el Ejército y en las fuerzas de seguridad, destruyó su cohesión y le hizo tambalearse. El jefe de Gobierno, el republicano Santiago Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartieran armas entre las organizaciones obreras. Poco más pudo hacer porque la celeridad de los acontecimientos se lo tragó. Dimitió el 18 de julio por la noche. El que pudo ser su sucesor, el experimentado Diego Martínez Barrio, estuvo toda la noche intentando un compromiso imposible con Mola al que, si creemos diversos testimonios, ofreció un puesto en el Gobierno. La mañana del 19 de julio aceptó por fin el encargo José Giral, amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. En ese Gobierno sólo había republicanos de izquierda, prácticamente los mismos que estaban ya con Casares Quiroga. Giral dio el paso decisivo de armar a los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la indecisión de otros, lo permitió.

Resulta innecesario, por lo tanto, seguir alimentando mitos. No fue el pueblo, «el pueblo en armas», quien venció sólo a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. El Estado republicano, sin embargo, al perder el monopolio de las armas, no pudo impedir que allí donde los insurgentes fueron derrotados se abriera un proceso revolucionario, súbito y violento, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados. Las calles se llenaron de hombres y mujeres armados, nuevos protagonistas, muchos de los cuales se habían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado. No estaban allí exactamente para defender la República, a quien ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la revolución. A donde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. Los medios políticos dejaban paso a los procedimientos armados.

Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. No era la primera vez, ni sería la última, que eso pasaba en la historia. Es muy probable que sin ese golpe, y sin ese colapso de los mecanismos de coerción del Estado, la apertura del proceso revolucionario nunca se hubiera producido. Por supuesto, si hubiera habido unanimidad a favor de la sublevación en las fuerzas armadas, cualquier resistencia hubiera sido vencida fácilmente. Las milicias sindicales, incluso armadas, no hubieran podido hacer nada frente a un Ejército unido. Las organizaciones revolucionarias tenían capacidad para minar y desestabilizar a la República, pero no para echarla abajo y sustituirla. En el Ejército español de julio de 1936 no había apenas conexiones con las propuestas revolucionarias, mientras que un buen número de jefes y oficiales mostraba claras simpatías por la causa autoritaria y contrarrevolucionaria.

José Giral y su Gobierno pudieron comprobar muy pronto esas dificultades que la República iba a tener para conseguir auxilio internacional. Según contó el socialista León Blum, presidente del Gobierno francés, José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno español, le envió el 19 de julio un telegrama: «Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrarnos armas y aviones».

La reacción inicial del Gobierno francés del Frente Popular, de socialistas y radicales, fue «poner en marcha un plan de ayuda […] para proporcionar material a la República española». Parecía haber razones políticas y militares que así lo aconsejaban: se trataba en ambos casos de repúblicas democráticas y a Francia le interesaba tener en la frontera pirenaica un régimen amigo que, en caso de una guerra europea, garantizara el tránsito entre las colonias africanas, donde se encontraba un tercio de su Ejército, y el territorio francés.

Ese plan de ayuda, sin embargo, no se pudo poner en práctica. La opinión pública francesa se dividió. Mientras que la izquierda en general mostró su simpatía por la causa republicana, la derecha política, los católicos y amplios sectores de la Administración estatal y del Ejército rechazaron «el plan de ayuda». Ya antes de finales de julio, la prensa derechista había dejado claro que una intervención en España significaría «el comienzo de la conflagración europea deseada por Moscú». Los jefes del Partido Radical le habían hecho saber al mismo tiempo a su correligionario Yvon Delbos, ministro de Asuntos Exteriores, «la duda que provocaba la iniciativa». Delbos y Édouard Daladier, ministro radical de la Defensa Nacional, hicieron caso a esas presiones y comenzaron a mostrar su oposición.

Por si esa oposición interior no fuera suficiente, la actitud del Gobierno del Reino Unido, el aliado principal de Francia en Europa, acabó por inclinar la balanza en contra de esa decisión inicial de enviar ayuda. Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en el conflicto español obstaculizara su política de apaciguamiento con Alemania. Los grupos comerciales británicos, a su vez, con intereses muy fuertes en ese momento en España, reaccionaron hostilmente frente a la revolución desencadenada en las grandes ciudades españolas como consecuencia del golpe. «Os ruego que seáis prudentes», le dijo Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores británico, a Blum el 24 de julio. Albert Lebrun, el presidente de la República francesa, le advirtió también a Blum que «entregar armas a España puede ser la guerra europea o la revolución en Francia». El 25 de julio de 1936, tras el primero de los tres consejos de ministros que el Gobierno francés dedicó a discutir los acontecimientos de España, se anunció la decisión de «no intervenir de ninguna manera en el conflicto interno de España».

Ése fue el punto de partida de la política de no intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades frentepopulistas francesas, con Blum a la cabeza, creían que ésa era la mejor forma de calmar la situación interna, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la Guerra Civil española. No fue así, porque las peticiones de ayuda de Franco a Hitler y Mussolini tuvieron más éxito y además la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de no intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda y los militares rebeldes, carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra por ellos provocada. Los sublevados partían ya con una clara ventaja. El golpe de Estado, que no había logrado su principal objetivo, hacerse con el poder, se transformó en una guerra civil porque la ayuda italo-germana permitió a los militares rebeldes trasladar el ejército de África a la Península. El paso de más de diez mil soldados durante el verano fue fundamental para dominar Andalucía y para avanzar por Extremadura hacia Madrid.

LAS CARAS DEL TERROR

La Guerra Civil española ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario y por la espantosa violencia que generó. Si tenemos en cuenta las investigaciones más rigurosas elaboradas en los últimos años, hubo al menos 150 000 víctimas mortales de esa violencia durante la guerra: casi 100 000 en la zona controlada por los militares rebeldes y algo menos de 60 000 en la republicana. Cifras al margen, conocemos bien las principales manifestaciones de ese terror.

Desde el primer minuto del golpe militar, la destrucción del adversario pasó a ser la prioridad absoluta. Los militares sublevados hicieron probar el hierro de su espada a decenas de miles de ciudadanos. Nadie conocía mejor que ellos lo útil que podía ser el terror para paralizar las posibles resistencias y eliminar a sus oponentes. Muchos de ellos se habían forjado en las guerras coloniales, escenarios idóneos para el desprecio por los valores humanitarios y las virtudes cívicas, para educarse en el culto a la violencia. La violencia premeditada antes del golpe, durante la conspiración, se quedó pequeña en julio de 1936. Comenzaron sembrando el terror desde el primer día, intimidando, matando, aplastando las resistencias. Con la declaración del estado de guerra, consideraron «rebeldes» a los que defendían la República.

El desarrollo de los acontecimientos fue muy similar en todas las ciudades donde la sublevación triunfó. Los militares salieron de sus cuarteles, se echaron a las calles y proclamaron el estado de guerra por el que se prohibían las reuniones, las huelgas y la posesión de armas. Piquetes de soldados con sus ametralladoras instaladas ante los principales edificios públicos mostraban que aquello iba en serio. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares. Desde ese nuevo puesto, destituyeron a las autoridades políticas, empezando por los alcaldes y los presidentes de las Diputaciones, y ordenaron a la guardia civil de los diferentes pueblos secundar la sublevación.

Comenzaron así los encarcelamientos en masa, la represión selectiva para eliminar las resistencias, las torturas sistemáticas y el terror «caliente», ese que dejaba a los ciudadanos allí donde caían abatidos, en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas abandonados. Alcaldes, gobernadores civiles, concejales, dirigentes sindicales y de las organizaciones políticas del Frente Popular fueron los primeros en sufrir ese terror de los «paseos». Las iras de los militares y falangistas se centraron especialmente en los diputados elegidos por la coalición del Frente Popular en febrero de 1936. Según el informe elaborado por la secretaría del Congreso de los Diputados y publicado el 22 de agosto de 1938, cuarenta habían sido asesinados y doce se hallaban presos o «desaparecidos» en el «territorio rebelde». No era una cifra baja si se tiene en cuenta que la mayoría de los 263 diputados elegidos por esa coalición lo habían sido por las provincias y ciudades en las que la sublevación fue derrotada.

Algunos de esos políticos, intelectuales y profesionales eran además masones y muchos fueron acusados falsamente de pertenecer a la masonería. En realidad, en los ardores fascistas del verano de 1936, como ha demostrado José Antonio Ferrer Benimelli, ser masón era considerado «delito de lesa Patria». Y un auténtico exterminio fue lo que los militares sublevados y los falangistas emprendieron con la masonería, arrasando logias, asesinando a todos sus miembros, como ocurrió en varias ciudades de Galicia, en Zamora, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas y Zaragoza. Cerca de un centenar de personas fueron fusiladas en Huesca en los primeros días acusados de masones, cuando en esa ciudad los afiliados no llegaban a la docena.

Además de las autoridades políticas, intelectuales y maestros, esa represión selectiva incluyó también a un número considerable de dirigentes y militantes de las organizaciones obreras. Socialistas y anarquistas, comunistas, sindicalistas de la UGT y de la CNT, cayeron a miles. Militares, falangistas, patronos, propietarios y gente de orden ajustaban con ellos cuentas, saldaban viejos litigios, cansados como estaban de reivindicaciones obreras, de sus amenazas revolucionarias, de sus aspiraciones sociales y de su reforma agraria. En términos generales, la represión fue muchísimo más sistemática y mayor en número en los escenarios donde los conflictos sociales habían sido más intensos; en los lugares donde se había consolidado el sindicalismo socialista o anarcosindicalista; y en aquellas localidades donde triunfó la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

La ola exterminadora atrapó también a miles de ciudadanos que nunca habían destacado por sus intervenciones públicas, o eso pensaban ellos. Porque al amparo de ese nuevo orden sin ley, bastaba con que algún vecino declarara que esa persona no iba nunca a misa, visitaba la casa del pueblo o el ateneo libertario, había celebrado los triunfos republicanos en las elecciones o era, simplemente, elemento «significado y contrario al Movimiento Nacional». Es el reflejo de la oposición y enfrentamiento entre dos mundos, de los desequilibrios socioeconómicos y culturales entre los que algo o mucho poseían y quienes poco o nada tenían, entre los que habían tenido posibilidades de acceder a la cultura y los analfabetos. Es el reflejo, en definitiva, de una represión de clase, desde arriba hacia abajo, acompañada y reforzada por la persecución política, aunque las rencillas personales y familiares, o las divisiones religiosas, nacionalistas o lingüísticas, obliguen a desechar las imágenes más convencionales que sobre los conflictos entre clases ha propagado la literatura militante.

Ese terror «caliente» no necesitaba de procedimientos ni garantías previas. Tres cuartas partes de los 1830 asesinados en Cáceres fueron «paseados», casi todos en los primeros meses, mientras que sólo 32 de las 2578 víctimas de la represión en la ciudad de Zaragoza durante 1936 pasaron por consejos de guerra. A miles de personas nunca se las registró, mientras que otras muchas aparecían como «hombre o mujer sin identificar». Los muertos ya no cabían en los cementerios y por eso se cavaban grandes fosas comunes, como en Lardero, un pueblecito cercano a Logroño donde fueron fusiladas y enterradas cerca de 400 personas. O como en Víznar, a escasos kilómetros de Granada, donde encontró la muerte el poeta Federico García Lorca.

Los últimos días de julio y los meses de agosto y septiembre de 1936 son los que arrojan las cifras más altas de asesinados en casi todos los lugares controlados desde el principio por los militares sublevados. Más del 90 por ciento de los casi tres mil asesinados en Navarra o el 80 por ciento de los siete mil de Zaragoza ocurrieron en 1936. Pero los porcentajes son muy similares en Córdoba, Granada, Sevilla, Badajoz o Huelva, las provincias que, junto con Navarra y Zaragoza, más olieron a muerte en aquella oleada de terror veraniega. Ninguna de esas provincias bajó de dos mil asesinados en apenas setenta días.

La purga fue gigantesca y dramática en el mundo rural, donde las intensas relaciones personales propiciaron el afloramiento de viejos litigios, riñas familiares y pasionales, mezclados con el odio político y de clase, con la sed de venganza de unos propietarios asustados por las amenazas populares. Años y décadas después, muchos de ellos todavía no sabían dónde estaban sus muertos, desperdigados por lugares insospechados, hasta que los descubrieron en las listas de los registros civiles y de cementerios publicados por diversos estudios. Los ha habido con menos suerte, que se han visto privados de esa satisfacción sentimental y simbólica, porque a los suyos nunca los registraron.

Aquellos fueron también días aciagos para muchas mujeres, que cayeron a montones, aunque en ninguna provincia llegaron al 10 por ciento de los ejecutados, pero sobre todo sufrieron humillaciones que iban desde los cortes de pelo al acoso sexual, pasando por las purgas de aceite de ricino o la prohibición de manifestar su dolor a través del luto. Mujeres que tenían que abrir las puertas a los falangistas por las noches y comunicarles a los asesinos dónde podían encontrar a sus maridos e hijos ausentes. Huérfanas y viudas a miles, que perdían a sus padres y maridos en la flor de la vida —una mayoría de los asesinados se sitúa entre los diecinueve y los cuarenta años, según los estudios más exhaustivos—, quedando la suyas rotas y arruinadas, con el estigma de ser familiares de rojos muertos.

Falangistas, requetés, milicias ciudadanas y voluntarios, constituían las manifestaciones más visibles de la movilización derechista que había propiciado la sublevación militar. Todos esos sectores reaccionarios acompañaron al Ejército en la ejecución del terror, que, aunque dejó en muchas ocasiones el trabajo de limpieza a esos grupos paramilitares, fue el máximo responsable de la violencia al declarar el estado de guerra, asumir todas las atribuciones en materia de orden público y someter la justicia ordinaria a la militar. Durante esos primeros meses, sus jefes y oficiales nunca pusieron freno a una represión que siempre controlaron, pese a la apariencia de «descontrol» que rodeó a muchas «sacas» y «paseos».

En la zona republicana, allí donde la sublevación fracasó y la quiebra del orden dio paso a la revolución, militares y, sobre todo, el clero, constituyeron los primeros blancos de la violencia. Junto a ellos, fueron también asesinados en esas primeras semanas políticos conservadores, propietarios, terratenientes, labradores, burgueses, comerciantes, trabajadores significados en las fábricas por sus ideas moderadas, técnicos y jefes de personal de las diferentes industrias, y católicos, muchos católicos. Los principales responsables de esas muertes fueron los comités revolucionarios surgidos tras el derrumbe del poder republicano, los milicianos y los diferentes «grupos de investigación y vigilancia» que las organizaciones políticas y sindicales crearon en las principales ciudades.

La mayoría de los casi 60 000 asesinatos cometidos en la zona republicana se produjo en los primeros meses de la guerra, en el momento de máximo poder de los comités y de las milicias. Después, desde el otoño de 1936, miles de presos salvaron sus vidas por el orden y disciplina que impusieron en la retaguardia las organizaciones políticas representadas en los gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.

Esa violencia contra la gente de orden y el clero causó enormes perjuicios a la causa republicana en el extranjero. La imagen de los conventos ardiendo, de la persecución del clero o de la matanza de Paracuellos de Jarama, en noviembre de 1936, dieron la vuelta al mundo, mientras que las grandes masacres cometidas por los militares rebeldes en el verano de 1936, en Sevilla, Zaragoza o en la plaza de toros de Badajoz, no tuvieron ninguna repercusión negativa en los círculos políticos, diplomáticos y financieros de Londres o París. El «terror rojo» pesó además de forma muy desfavorable en los esfuerzos de la República por obtener apoyo internacional, aunque no fue ése el principal motivo que inclinó a las potencias democráticas a dejarla abandonada y casi sola frente al acoso nazi y fascista.

Un lugar muy especial en la relación de esos miles de asesinados en la zona republicana lo ocupó José Antonio Primo de Rivera. Cuando estalló la sublevación militar, el dirigente falangista estaba en la cárcel de Alicante, a donde había sido trasladado el 5 de junio desde la cárcel Modelo de Madrid. La sublevación fracasó en el País Valenciano y a partir de ese momento Primo de Rivera pasó unos meses en que mientras sus aliados planificaban su fuga o un canje de prisioneros, algo que consiguieron otros afamados derechistas como Ramón Serrano Súñer o Raimundo Fernández Cuesta, el Comité de Orden Público de Alicante pensó «pasearle» con la excusa de un traslado a la cárcel de Cartagena.

El 16 de noviembre, acompañado de su hermano Miguel, respondió ante un Tribunal Popular, de tres magistrados y un jurado de catorce miembros, las preguntas sobre sus conexiones con los conspiradores y con la preparación de la sublevación militar. José Antonio negó su participación y que la Falange fuera responsable de actos de violencia. El 18, los magistrados aceptaron la petición del fiscal de pena de muerte, mientras que la sentencia para su hermano Miguel era de cadena perpetua. José Antonio fue fusilado en la madrugada del 20 de noviembre de 1936, a los 33 años de edad.

Ahí empezó la leyenda del «ausente», astutamente cultivada por Franco. En su honor se levantaron después de la guerra decenas de edificios, a la vez que se designaba con su nombre a cientos de calles, plazas y escuelas y se grababa en las paredes de las iglesias la leyenda «José Antonio Primo de Rivera, ¡Presente!». En realidad, antes de su muerte, había sido un personaje con una carrera política poco relevante, que ni siquiera salió elegido diputado en las elecciones de febrero de 1936.

A la vista de tanta muerte y asesinato, la conclusión parece clara: la violencia fue inseparablemente unida al golpe de Estado y al desarrollo de la Guerra Civil. Simbolizada por las «sacas», «paseos» y asesinatos masivos sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. Fue una parte integral del «glorioso Movimiento Nacional», de su asalto a la República y de la conquista gradual del poder, palmo a palmo, masacre tras masacre, batalla tras batalla. Se convirtió asimismo en un ingrediente básico de la respuesta multiforme y desordenada que las organizaciones políticas y sindicales de izquierda dieron al golpe militar. Más que una consecuencia de la guerra, como puede a veces creerse, esa violencia fue el resultado directo de una sublevación militar que llevó con ella desde el primer instante el asesinato impune y el tiro de gracia. Un plan estratégicamente diseñado que, donde falló, encontró una réplica armada súbita y feroz contra los principales protagonistas de la sublevación y contra quienes se consideraban sus compañeros materiales y espirituales de armas.

En esa operación de exterminio, los sublevados contaron además desde el principio con la inestimable bendición de la Iglesia católica. El clero y las cosas sagradas, por otro lado, constituyeron el primer blanco de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de los militares rebeldes y de quienes protagonizaron la «limpieza» emprendida en el verano de 1936.

Los principales representantes de la Iglesia católica ofrecieron desde el principio sus manos y su bendición a los sublevados. Se trataba de salvar la Patria, el orden y la religión, tres cosas que en el fondo eran para ellos lo mismo. Y al servicio de esa causa pusieron todas sus energías desde el púlpito, con sermones, arengas y declaraciones episcopales, aunque no faltaron curas y religiosos tocados con boina roja y pistolón al cinto, disfrazados de militares, falangistas o requetés.

Los primeros obispos en hablar claro fueron aquellos que se sentían más seguros al lado de los militares rebeldes, fundamentalmente porque el triunfo del golpe en la zona cubierta por sus diócesis había resultado contundente. Son las diócesis de casi todo el norte de España, desde Pamplona y Zaragoza a Galicia, pasando por Burgos, Valladolid, Salamanca y Zamora; 32 sedes de las 61 diócesis que había entonces en España estaban ya en la segunda mitad de agosto en zona rebelde. Según los datos aportados por Alfonso Álvarez Bolado a partir de los Boletines Eclesiásticos, «en no menos de 11 diócesis […] y a través de 18 intervenciones, los obispos se han definido en forma absolutamente clara» antes de la primera declaración oficial del papa Pío XI el 14 de septiembre de 1936. Tres de ellos, además, el obispo de Pamplona y los arzobispos de Zaragoza y Santiago de Compostela, ya habían aplicado antes de finales de agosto la categoría de «cruzada religiosa» a la Guerra Civil.

Casi todas esas declaraciones ofrecían un planteamiento sustancialmente idéntico: se alinean sin rubor con el golpe militar, que celebran, con las masas católicas, como una liberación; piden la adhesión a él frente al «laicismo-judío-masónico-soviético», expresión ya utilizada por el obispo de León, José Álvarez Miranda; y no reconocen otra resolución del conflicto que no sea la rotunda victoria de «nuestro glorioso ejército» sobre «los enemigos de Dios y de España».

La Iglesia siempre ha querido demostrar la justicia de sus posiciones y actitudes a causa del anticlericalismo atroz que se desató en las comarcas donde la sublevación fue derrotada, un mensaje con impacto seguro, aunque la adhesión fervorosa de muchos eclesiásticos al golpe precedió, y en otros casos corrió paralela, a los asesinatos del clero. No fue ese «odio satánico» de las «hordas comunistas» lo que puso a la Iglesia y a los católicos al lado de los militares rebeldes. Reforzó, eso sí, su posición. Pero no la originó.

Por otro lado, la complicidad del clero con ese terror militar y fascista fue absoluta y no necesitó del anticlericalismo para manifestarse. Desde el cardenal Gomá al cura que vivía en Zaragoza, Salamanca o Granada, todos conocían la masacre, oían los disparos, veían cómo se llevaban a la gente, les llegaban familiares de los presos o desaparecidos, desesperados, pidiendo ayuda y clemencia. Y salvo raras excepciones, la actitud más frecuente fue el silencio, voluntario o impuesto por los superiores, cuando no la acusación o la delación. La violencia de los militares insurgentes estaba legitimada porque «no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la Patria y la Religión», declaró ya el 11 de agosto Ribogerto Doménech, arzobispo de Zaragoza.

Mientras eso ocurría, la otra mitad de la Iglesia, la que había quedado en las comarcas donde la rebelión militar fracasó, sufría lo que Gomá llamó el «furor satánico», un castigo de dimensiones ingentes y devastador. Más de 6800 eclesiásticos, del clero secular y regular, fueron asesinados; una buena parte de las iglesias, ermitas, santuarios fueron incendiados o sufrieron saqueos y profanaciones, con sus objetos de arte y culto destruidos total o parcialmente. Tampoco se libraron de la acción anticlerical los cementerios y lugares de enterramiento, donde abundaron la profanación de tumbas de sacerdotes y la exhumación de restos óseos de frailes y monjas.

Quemar una iglesia o matar un eclesiástico es lo primero que se hizo tras la derrota de la sublevación en muchos pueblos y ciudades. «Acción directa» pura y dura. Eso es lo que necesitaba el clero. Lo declaraba públicamente Andreu Nin, destacado dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), a comienzos de agosto de 1936. Nin, que varios meses después sería secuestrado y asesinado por los servicios secretos comunistas, pensaba y decía lo mismo que otros muchos revolucionarios, republicanos de izquierda y dirigentes sindicales: que la legislación anticlerical de la República «burguesa» no había solucionado el «problema» de la Iglesia. Había tenido que resolverlo la clase obrera en la explosión revolucionaria activada por el golpe militar. Y lo habían resuelto los trabajadores y los revolucionarios como ellos sabían, «yendo a la raíz», no dejando una iglesia en pie, suprimiendo «los sacerdotes, las iglesias y el culto».

Había en España en 1936 unos 115 000 clérigos, en una población de 24 millones. De ellos, casi 60 000 eran religiosas, 35 000 sacerdotes y 15 000 religiosos. Según el estudio que Antonio Montero Moreno publicó en 1961, fueron asesinados 4184 sacerdotes diocesanos, 2365 religiosos y 283 monjas. Doce obispos y el administrador apostólico de Orihuela corrieron la misma suerte. De las 6832 víctimas mortales de la violencia anticlerical, 839 fueron asesinadas en los días de julio que siguieron a la sublevación y 2055 en agosto. Es decir, el 42,35 por ciento del total de las víctimas fueron liquidadas en los primeros 44 días y diez de los trece obispos cayeron asesinados antes del 31 de agosto, prueba irrefutable de lo inmediato y súbito que fue el calvario vivido por el clero. En realidad, salvo en el País Vasco, donde sólo fueron asesinados 54 clérigos, llevar una sotana se convirtió en símbolo de implacable persecución en toda la zona republicana, con porcentajes menores en Murcia, Albacete, Badajoz y Santander.

La religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la batalla que sobre temas fundamentales relacionados con la organización de la sociedad y del Estado se estaba librando en territorio español. La religión fue desde el principio muy útil porque, como dice Bruce Lincoln, «demostró ser el único elemento que generaba de manera sistemática una corriente de simpatía internacional en favor de la causa nacionalista del general Franco». El anticlericalismo violento que estalló con la sublevación militar no aportó, sin embargo, beneficio alguno a la causa republicana. El hecho de que la violencia de los militares sublevados se ejecutara en nombre de valores tan superiores como la Patria y la Religión, con mayúsculas, facilitaba mucho las cosas, comparada con esa otra violencia «en servicio de la anarquía». Así se percibió en España y más allá de sus fronteras. Fue una batalla más de las que perdió la República en el plano internacional.

UNA GUERRA INTERNACIONAL

El escenario internacional a finales de los años treinta reunía circunstancias poco propicias para la paz y eso afectó de forma decisiva a la duración, curso y desenlace de la Guerra Civil española, un conflicto claramente interno en su origen. Las políticas de rearme emprendidas por los principales países europeos desde comienzos de esa década crearon un clima de incertidumbre y crisis que redujo la seguridad internacional. La Unión Soviética inició un programa masivo de modernización militar e industrial que la colocaría a la cabeza del poder militar durante las siguientes décadas. Por las mismas fechas, los nazis, con Hitler al frente, se comprometieron a echar abajo los acuerdos de Versalles y devolver a Alemania su dominio. La Italia de Mussolini siguió el mismo camino y su economía estuvo supeditada cada vez más a la preparación de la guerra. Francia y Gran Bretaña comenzaron el rearme en 1934 y lo aceleraron desde 1936. El comercio mundial de armas se duplicó desde 1932 a 1937.

Bajo esas condiciones, ninguno de esos países mostró interés por parar la Guerra Civil española. El apoyo internacional a los dos bandos fue vital para combatir y continuar la guerra en los primeros meses. La ayuda italo-germana permitió a los militares sublevados trasladar el ejército de África a la península a finales de julio de 1936 y la ayuda soviética contribuyó de modo decisivo a la defensa republicana de Madrid en noviembre de 1936. El apoyo militar de la URSS a la República sirvió como pretexto para que las potencias del Eje incrementaran su apoyo militar y financiero al bando de Franco. Esos apoyos se mantuvieron casi inalterables hasta el final de la guerra, mientras que el resto de los países europeos, con Gran Bretaña a la cabeza, parecían adherirse al Acuerdo de No Intervención.

Apenas dos semanas después de la sublevación militar, los Gobiernos de las principales potencias europeas ya habían perfilado sus políticas en torno a ese recién iniciado conflicto bélico en España. El Foreign Office británico declaraba una «estricta neutralidad» y pedía a los franceses que hicieran lo mismo. León Blum, desde París, cambiaba su decisión inicial de ayudar al Gobierno republicano por la no intervención. Alemania e Italia ayudarían a los militares rebeldes. Rusia, aunque muy pronto cambiaría su posición, mostraba un cauto distanciamiento ante la guerra. Fuera de Europa, Estados Unidos seguía la política de neutralidad británica. Otros muchos países pequeños, europeos y sudamericanos, no daban muestras de preocuparse demasiado, aunque las preferencias por los militares insurgentes se dejaban sentir. Sólo México daba clara muestras de apoyo a la República.

La política de no intervención partió del Gobierno francés del Frente Popular. Tras descubrir el 30 de julio que los nazis y fascistas italianos habían comenzado a auxiliar a los militares sublevados, porque dos de los aviones enviados por Mussolini aterrizaron por error en Argelia, propuso que los principales países europeos firmaran un Acuerdo de No Intervención en España. En palabras del secretario de León Blum, para «evitar que otros hicieran lo que nosotros éramos incapaces de hacer». Ya que no podían ayudar a la República, porque eso hubiera creado un conflicto interno de consecuencias imprevisibles en la sociedad francesa, al menos forzarían a Alemania e Italia a que interrumpieran su apoyo al bando militar insurgente. La posición de no intervención del ministro de Asuntos Exteriores, el radical Ivon Delbos, se impuso con fuerza desde la primera semana de agosto. Los jefes del Estado Mayor francés consideraron además como objetivo principal evitar una intervención que enemistara a Francia con Italia y complicara la paz en el Mediterráneo. La propuesta de Francia incluía también la prohibición de envío y venta de armas a republicanos y sublevados. El 13 de agosto, el Gobierno cerró la frontera de los Pirineos.

En Gran Bretaña, los círculos diplomáticos aristocráticos, burgueses y la jerarquía de la Iglesia anglicana, con la excepción del obispo de Cork, apoyaban a los militares rebeldes, mientras que el Partido Laborista, los sindicatos y muchos intelectuales se inclinaban por la causa republicana. La sociedad británica sufrió, como ya mostrara hace tiempo el estudio de K. W. Watkins, un cisma «profundo». Y Paul Preston ha insistido en esa idea de una Gran Bretaña «dividida»: mientras que la opinión pública estaba «abrumadoramente» a favor de la República, los reducidos círculos que tomaban las «decisiones cruciales» se declaraban, por el contrario, partidarios de los militares sublevados. Para esos conservadores, la Guerra Civil española era también un conflicto de clase y sabían perfectamente con quién estar.

La posición de Londres y Washington, que no habían mostrado simpatía alguna por la República en sus cinco años de existencia en paz, se plasmó muy pronto en lo que Douglas Little llamó la «neutralidad malévola». La política de no intervención serviría, según los objetivos diplomáticos establecidos por el Foreign Office, para confinar la lucha dentro de las fronteras españolas y evitar el enfrentamiento con Italia y Alemania. Esa política ponía en el mismo plano a un Gobierno legal y un grupo de militares rebeldes.

A finales de agosto de 1936, los 27 Estados europeos, todos excepto Suiza, neutral por mandato constitucional, habían suscrito oficialmente el Acuerdo de No Intervención en España, por el que deploraban «los trágicos acontecimientos de que España es teatro», deci dían «abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país» y prohibían «la exportación […] reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra». La vigilancia de la aplicación de ese acuerdo la llevaría a cabo un Comité de No Intervención, constituido en Londres el 9 de septiembre bajo la presidencia del conservador lord Plymouth, subsecretario parlamentario del Foreign Office y un Subcomité de No Intervención compuesto por los representantes de los Estados fronterizos con España y los principales productores de armas, entre los que se encontraban Alemania, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética.

En la práctica, la no intervención fue una auténtica «farsa», como la calificaron los contemporáneos que percibieron que dejaba a la República en desventaja con los militares rebeldes. La Unión Soviética, que no creía en el acuerdo, decidió en principio adherirse para mantener buenas relaciones con Francia y Gran Bretaña. Pero Alemania, Italia y Portugal se burlaron sistemáticamente del compromiso y continuaron con los envíos de armas y municiones. Para Alemania e Italia, la intervención en la Guerra Civil española marcó la consolidación de una nueva alianza diplomática que, a través del establecimiento oficial del «Eje Roma-Berlín» en octubre de 1936, tendría importantes repercusiones en la futura política internacional. Que Alemania e Italia no iban a respetar el acuerdo suscrito ya quedó claro el 28 de agosto de 1936 cuando el almirante Wilhelm Canaris y el general Mario Roatta, jefes de los servicios secretos militares de ambos países, decidieron en un encuentro en Roma «proseguir (a pesar del embargo de armas) los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco».

La ayuda militar de nazis y fascistas fue considerable y decisiva para la victoria del ejército de Franco. Los 20 aviones alemanes Junker 52 y los 6 cazas Heinkel 51 transportaron desde finales de julio a mediados de octubre de 1936 más de 13 000 soldados del ejército de África y 270 toneladas de material. Después, con la Legión Cóndor, que desde mediados de noviembre de 1936 participó en todas la batallas importantes de la guerra, la Alemania nazi envió 600 aviones más, que arrojaron un total aproximado de 21 millones de toneladas de bombas. Los italianos, por su parte, comenzaron con el envío de los 12 bombarderos Savoia 81 para trasladar las tropas marroquíes a la Península y en el transcurso de la guerra su ayuda militar, según John F. Coverdale, ascendió a más de seis mil millones de liras, 64 millones de libras esterlinas según el cambio de 1939, traducida en casi 1000 aviones, 200 cañones, 1000 carros de combate y varios miles de ametralladoras y armas automáticas.

La diplomacia internacional movía sus fichas justo en el momento en que el cuerpo diplomático de la Segunda República había quedado dividido y fracturado como consecuencia del golpe de Estado. Una mayoría de los funcionarios de las embajadas y consulados en los principales países europeos abandonaron a la República y otros que no lo hicieron estaban en realidad al servicio de la causa de los militares insurgentes. Los embajadores en Roma, Berlín, París y Washington dimitieron en las primeras semanas, tras poner todo tipo de trabas y obstáculos a los intentos republicanos por recomponer la política exterior. El nuevo ministro de Estado con el primer Gobierno de Largo Caballero, formado el 4 de septiembre de 1936, el socialista Julio Álvarez del Vayo, calculó que el 90 por ciento del cuerpo diplomático y consular había desertado.

Todo, por lo tanto, parecía favorable, en el plano internacional, para los militares insurgentes. Los italianos y alemanes habían logrado consolidar el sistema de apoyo militar a los sublevados, mientras que Gran Bretaña y Francia observaban estrictamente el Acuerdo de No Intervención. Las cosas comenzaron a cambiar, sin embargo, cuando Stalin decidió intervenir en la contienda, dos meses después de su estallido.

La Guerra Civil española no proporcionaba, de entrada, ninguna ventaja a los intereses de la Unión Soviética y el 22 de agosto, Maxim Litvinov, comisario de Asuntos Exteriores, suscribió el Acuerdo de No Intervención. Pero los indicios y pruebas de que Hitler y Mussolini ayudaban a los militares sublevados, pese a ese Acuerdo, alarmaron a Stalin. Si la República era derrotada rápidamente, la posición estratégica francesa frente a Alemania quedaría muy debilitada y el aumento del poder nazi y fascista tendría también repercusiones negativas para la Unión Soviética. Stalin preparó el camino. Advirtió al Comité de No Intervención de que se vería obligado a incumplir los acuerdos si Alemania e Italia seguían haciendo lo mismo y calculó los posibles costes de la ayuda para que el Gobierno británico no lo percibiera como un apoyo a la revolución que se propagaba por toda la zona republicana y los nazis no la tomaran como una intervención abierta.

En octubre llegaron los primeros envíos de armas a España. La Unión Soviética comenzó a hacer lo mismo que ya estaban haciendo Italia, Alemania y Portugal: incumplir los acuerdos de No Intervención sin abandonar oficialmente esa política. A partir de ese momento, la ayuda militar soviética a la República, pagada con las reservas de oro del Banco de España, no cesó hasta el final de la guerra y fue importantísima para sostener la causa republicana frente al ejército de Franco y el apoyo de Hitler y Mussolini. Además del material bélico, con una aportación muy sustancial de aviones y carros de combate, cifrada aproximadamente en 700 y 400 unidades respectivamente, la URSS envió alimentos, combustible, ropa y un número considerable, alrededor de dos mil personas en total, de pilotos, técnicos, asesores y funcionarios de la policía secreta, el NKVD, bajo el mando de Alexander Orlov. El pueblo soviético aportó millones de rublos para comprar ropa y alimentos, generando, en expresión de Daniel Kovalsky, «la mayor movilización humanitaria extranjera de la historia con destino a la península Ibérica».

A la vez que las primeras armas, comenzaron a llegar también los primeros voluntarios extranjeros de las Brigadas Internacionales, reclutadas y organizadas por la Internacional Comunista, que percibió muy claramente el impacto de la Guerra Civil española en el mundo y el deseo de muchos antifascistas de participar en esa lucha. Frente a la intervención soviética y a las Brigadas Internacionales, los nazis y fascistas incrementaron el apoyo material al ejército de Franco y enviaron asimismo miles de militares profesionales y combatientes voluntarios. La guerra no era un asunto interno español. Se internacionalizó y con ello ganó en brutalidad y destrucción. Porque el territorio español se convirtió en campo de pruebas del nuevo armamento que estaba desarrollándose en esos años de rearme, previos a una gran guerra que se anunciaba.

Las cifras de brigadistas varían según las fuentes, desde los 100 000 que daban los franquistas para hinchar su influencia y el peso comunista internacional, a los 40 000 a los que se refería el estudio ya clásico sobre la Guerra Civil de Hugh Thomas. Uno de los análisis más recientes y exhaustivos sobre las Brigadas Internacionales, el de Michel Lefebvre y Rémi Skoutelsky, proporciona una cifra cercana a 35 000, aceptada hoy por bastantes historiadores, aunque nunca hubo más de 20 000 combatientes a la vez y en 1938 el número se había reducido ostensiblemente. Unos 10 000 murieron en combate y por países, vinieron de más de cincuenta: Francia aportó casi 9000, mientras que los portugueses no llegaron a 150. Si se atiende a los informes militares que registran el paso por la base de entrenamiento de Albacete, los dos momentos de mayor movimiento coinciden con los primeros meses de su intervención, de octubre de 1936 a marzo de 1937, y con la batalla de Teruel y de Aragón, desde diciembre de 1937 a abril de 1938.

Extranjeros fueron también muchos de los que combatieron en las tropas del Ejército de Franco. Llegaron, como las Brigadas Internacionales, desde muy diferentes lugares. Voluntarios no había muchos, porque la mayoría de los que lucharon, sobre todo alemanes e italianos, eran soldados regulares, bien preparados, a los que se les proporcionaba una paga en su país de origen. De los voluntarios genuinos, entre 1000 y 1500, destacaron los católicos irlandeses, mandados por el general Eoin O’Duffy, que compartían la idea de cruzada apadrinada por la Iglesia católica española y el papa Pío XI desde el Vaticano. Llevaban diversos emblemas religiosos, rosarios, «agnus deis» y sagrados corazones de Jesús, como los carlistas, y abandonaban Irlanda, según escribió el propio O’Duffy, para «librar la batalla de la cristiandad contra el comunismo». Sólo combatieron en la batalla del Jarama, en febrero de 1937, donde, dada su inexperiencia militar, no salieron muy airosos y unos meses después volvieron a su patria.

Frente a las Brigadas Internacionales, Alemania e Italia enviaron a decenas de miles de soldados a luchar al lado de los militares rebeldes. Para que no hubiera duda sobre el propósito de esa intervención, el 18 de noviembre de 1936, el mes de la gran ofensiva franquista sobre Madrid, los Gobiernos de las dos potencias del Eje reconocieron oficialmente a Franco y a su Junta Técnica del Estado, creada el 2 de octubre en sustitución de la Junta de Defensa Nacional y poco después llegaron a Burgos los primeros embajadores: el general Wilhelm von Faupel y el periodista fascista Roberto Cantalupo.

Hitler decidió por esas mismas fechas el envío de una unidad aérea que combatiría como cuerpo autónomo de combate, con sus propios jefes y oficiales, en las filas franquistas. Se llamó Legión Cóndor, llegó a España por vía marítima a mediados de noviembre y estuvo mandada por el general Hugo von Sperle y después por el coronel y barón Wolfram von Richthofen, oficiales ambos de las Luftwaffe. Su fuerza constaba de unos 140 aviones distribuidos en cuatro escuadrillas de cazas formados por Heinkel 51 biplanos y otras cuatro de bombarderos Junker 52, apoyadas por un batallón de 48 tanques y otro de 60 cañones antiaéreos. La Guerra Civil española se convirtió así en campo de pruebas de la Luftwaffe, un ensayo de los aviones de bombardeo y caza que se utilizarían poco tiempo después en la Segunda Guerra Mundial.

El número total de combatientes en la Legión Cóndor ascendió durante toda la guerra, según la investigación de Raymond L. Proctor, a 19 000 hombres, contando pilotos, tanquistas y artilleros, aunque nunca hubo más de 5500 a la vez, puesto que se les reemplazaba frecuentemente para que adquiriera experiencia el mayor número de soldados posible. La Legión Cóndor participó en casi todas las operaciones militares desarrolladas durante la Guerra Civil y 371 de sus miembros perdieron la vida en combate.

Mucho más numerosa fue la aportación italiana, que comenzó a llegar a España en diciembre de 1936 y en enero de 1937, tras el pacto secreto de amistad firmado por Franco y Mussolini el 28 de noviembre. Hasta ese momento, los italianos que pilotaban los Savoia 81 y los cazas Fiat habían luchado en la Legión Extranjera. A partir de ese pacto, Mussolini organizó el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), al mando del general Mario Roatta hasta el desastre de Guadalajara en marzo de 1937, y después de los generales Ettore Bastico, Mario Berti y Gastone Gambara. El CTV constaba de modo permanente de 40 000 soldados y su número total ascendió, según las cifras publicadas por John Coverdale, a 72 775 hombres: 43 129 del Ejército y 29 646 de la milicia fascista. Llegaron también 5699 hombres más de la «Aviazone Legionaria», lo que eleva la cifra total de combatientes italianos a 78 474, muy superior a la participación alemana y a la de las Brigadas Internacionales.

En la Guerra Civil española combatieron, por lo tanto, decenas de miles de extranjeros. Fue en realidad un guerra civil europea, con el permiso tácito del Gobierno británico y del francés. En el bando franquista lucharon algo más de cien mil: 78 000 italianos, 19 000 alemanes, 10 000 portugueses y el más del millar de voluntarios de otros países, sin contar a los 70 000 marroquíes que formaron en las Tropas de Regulares Indígenas. En el bando republicano, las cifras de Rémi Skoutelsky dan cerca de 35 000 voluntarios en las Brigadas Internacionales y 2000 soviéticos, de los cuales 600 eran asesores no combatientes. Frente al mito del peligro comunista y revolucionario, lo que realmente llegó a España a través de una intervención militar abierta fue el fascismo.

Capítulo 9. Políticas y armas

CAPÍTULO 9

POLÍTICAS Y ARMAS

«Nosotros hacemos la guerra porque nos la hacen», decía Manuel Azaña en un discurso en el Ayuntamiento de Valencia el 21 de enero de 1937. Una guerra terrible que en apenas medio año había mezclado el cruel terror de militares y falangistas con una subversión violentísima del orden social. A la República, efectivamente, la forzaron a combatir en una guerra que no inició y las organizaciones políticas de izquierda tuvieron que adaptarse a una actividad militar de la que ignoraban prácticamente todo. Las diferentes visiones de cómo organizar el Estado y la sociedad que tenían los partidos, movimientos y personas que lucharon en el bando republicano contribuyeron notablemente a bloquear una política unida frente al bando de los militares sublevados, algo nada nuevo, por otra parte, porque venía de lejos y ya había complicado la vida de la propia República en paz.

La política y la estrategia militar no siempre coincidieron en el bando republicano. Y los conflictos y desunión en la retaguardia fueron también mayores que en la franquista. La ayuda de las potencias fascistas a los militares rebeldes resultó mucho menos complicada que la de la Unión Soviética o de las potencias democráticas al bando republicano y las autoridades militares, bajo la jefatura única de Franco, gobernaron la retaguardia con mano de hierro. Quienes compartían sus valores, vivían felices el renacer de una nueva España porque además su Ejército siempre ganaba las batallas y no había lugar para la desmoralización. A los que no estaban en ese grupo de incondicionales, les esperaba una violencia salvaje, puesta en marcha desde el mismo día de la sublevación y que no cesó hasta años después de finalizada la guerra. Los militares sublevados ganaron la guerra porque tenían las tropas mejor entrenadas del Ejército español, al poder económico y a la Iglesia católica con ellos, y los vientos internacionales soplaban también a su favor.

LA REPÚBLICA EN GUERRA

La República pasó durante la guerra por tres diferentes etapas, con tres presidentes de Gobierno. La primera, con José Giral, estuvo marcada por las resistencia al golpe, la formación de milicias, la revolución y la eliminación de los símbolos de poder y de las personas de orden. Giral (1879-1962), republicano de izquierdas, del mismo partido y generación que Manuel Azaña (1880-1949), había sido catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Salamanca y de Madrid, rector de esta última universidad en 1931 y había tenido una destacada participación en la política durante la República: fue ministro de Marina con los Gobiernos de Azaña desde el 15 de octubre de 1931 a junio de 1933 y, tras la victoria de la coalición del Frente Popular en febrero de 1936, Azaña lo llamó de nuevo para ocupar el mismo Ministerio y en él siguió en el Gobierno de Santiago Casares Quiroga hasta la sublevación militar.

En esas primeras semanas de guerra, con José Giral en el Gobierno, las milicias, sobre todo las organizadas por los anarquistas, crearon comités revolucionarios en los pueblos por donde pasaban, ajustaron cuentas con las gentes de orden, con los derechistas y el clero, y propagaron la revolución expropiadora y colectivista. Surgieron comités por todas partes. La España republicana era en aquel verano de 1936 un hervidero de poderes armados y fragmentados de difícil control. En Cataluña estaba el Comité Central de Milicias Antifascista, donde los anarquistas, liderados por Juan García Oliver, Aurelio Fernández y Diego Abad de Santillán, trataban de imponer su ley. En El País Valenciano apareció también muy pronto, desde comienzos de agosto, el Comité Ejecutivo Popular, con todas las organizaciones políticas representadas. En Málaga y Lérida había un Comité de Salud Pública. Y en Madrid, además de un Comité Nacional del Frente Popular, que organizaba milicias y la vida de la ciudad, estaba el Gobierno de José Giral, que formado sólo por republicanos de izquierda no podía representar a esa amalgama de comités, milicias y patrullas de control donde socialistas y anarquistas, sindicalistas de la UGT y de la CNT, dirigían la revolución, la que destruía y mataba, y la que intentaba levantar algo nuevo de aquellas cenizas.

José Giral hizo lo que pudo y lo que el deber y su condición de fiel republicano le dictaron. Y si se tiene en cuenta que sólo estuvo mes y medio en la jefatura del Gobierno, lo que hizo no fue poco. Pidió ayuda a Francia y a la URSS para derrotar a la rebelión militar, inició el uso de las reservas del oro del Banco de España para financiar la guerra, destituyó a los funcionarios sospechosos de apoyar la sublevación y dictó las primeras medidas para controlar la violencia indiscriminada en la retaguardia. Fue el 23 y el 25 de agosto de 1936, inmediatamente después del asesinato de ilustres derechistas y políticos en la cárcel Modelo de Madrid. Se crearon los tribunales especiales «para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado». Esa «justicia de excepción» de la República incorporaba el «procedimiento sumarísimo» y diversos elementos de la jurisdicción militar sin necesidad de recurrir al «estado de guerra», que el Gobierno republicano no declaró en todo su territorio leal hasta el 9 de enero de 1939.

Pero el Gobierno de Giral no representaba a esa nueva movilización política y social abierta con la rebelión militar, dirigida también contra lo que quedaba del propio Estado republicano, ni a los múltiples poderes revolucionarios y sindicales que emergieron, los únicos que mandaban en ese escenario caótico el verano de 1936. El ejército de África, además, avanzaba imparable hacia Madrid, tras dominar Extremadura e importantes zonas de Castilla-La Mancha. El 3 de septiembre, las columnas de Yagüe llegaron a Talavera. Ese mismo día, en el norte, donde el general Mola había iniciado un ataque sobre Guipúzcoa, cayó Irún. «El Gobierno republicano está muerto. No tiene autoridad ni competencia, ni decisión para hacer la guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria», le había escrito el 24 de agosto Luis Araquistain, el ideólogo de la izquierda socialista, a Largo Caballero.

Giral, con los militares rebeldes ya en Talavera, pensó de verdad que le faltaba autoridad y apoyo, y decidió «entregar a S. E. el Presidente de la República los poderes que de él recibió y con ellos la dimisión de todos los ministros», para que les pudiera sustituir un gobierno que representara «a todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales u obreras de reconocida influencia en la masa del pueblo español». Era la hora de los sindicatos y de Largo Caballero, el líder indiscutible de la UGT.

El 4 de septiembre de 1936, Largo Caballero, quien se había negado a que Indalecio Prieto formara un Gobierno de republicanos y socialistas en mayo de 1936 y que tampoco había querido asumir esa responsabilidad tras el golpe de Estado de julio, aceptó por fin presidir «un gobierno de coalición», fórmula que le aconsejó Luis Araguistain, en el que el secretario general de la UGT sería también ministro de la Guerra. Era un Gobierno con mayoría socialista, en el que había también cinco republicanos, dos comunistas y un nacionalista vasco. Fue, en realidad, el primer y único Gobierno de la historia de España presidido por un dirigente obrero y la primera vez que había ministros comunistas en un país de Europa occidental.

Dos meses después, el 4 de noviembre, la CNT entró en el Gobierno de la República con cuatro representantes, entre ellos una mujer, Federica Montseny, ministra de Sanidad, la primera mujer que desempeñaba un cargo de esa categoría en la historia de España. Ése sí que era un hecho histórico, que los anarquistas participaran en el Gobierno de una nación y así fue propagado por los órganos de expresión del movimiento libertario. Pocos hombres ilustres del anarquismo español se negaron entonces a dar ese paso, porque creían que sólo desde el poder podían consolidarse los cambios revolucionarios, y las resistencias de la «base», de esa base sindical a la que siempre se supone revolucionaria frente a los dirigentes reformistas, fueron también mínimas. Otra cosa es lo que dijeron después de los sucesos de mayo de 1937, tras su expulsión del Gobierno, y en el exilio: que la entrada en el Gobierno de Largo Caballero había significado la renuncia absoluta a los principios antipolíticos y revolucionarios.

La oportunidad de los anarquistas de acceder al Gobierno no llegó, sin embargo, en el mejor momento. El mismo día en que se producía, las tropas del ejército de Franco estaban a las puertas de Madrid, donde se iba a librar la batalla más decisiva de la primera fase de la guerra. El general Franco, jefe ya de los militares sublevados desde el 1 de octubre de 1936, ordenó concentrar todos los medios de combate para conquistar la capital, con el ejército de África a la cabeza, reforzado por escuadrillas de aviones alemanes e italianos.

El Gobierno se mostró incapaz de organizar con eficacia la defensa de la capital. El 6 de noviembre, en el primer Consejo de Ministros en el que participaban los cenetistas, se decidió por unanimidad la salida del Gobierno de Madrid y su traslado a Valencia. Una salida precipitada, mantenida en sigilo, sobre la que no se dio explicación pública alguna. Aquello apareció ante la opinión como una huida y un abandono. Antes de marchar, Largo Caballero ordenó la creación de una Junta de Defensa que, bajo la presidencia del general Miaja, desempeñó la autoridad en ese Madrid sitiado desde ese día hasta el 22 de abril de 1937.

Antes de salir de Madrid, Largo Caballero nombró también a Vicente Rojo, que había sido ascendido a teniente coronel un mes antes, jefe del Estado Mayor del general Miaja. Parecía que la toma de Madrid por el ejército sublevado era cuestión de días, pero, pese a la confusión y desorden que se adueñó esos días de Madrid, manifestada también en las grandes «sacas» y matanzas de presos, las tropas de Franco no lograron su objetivo. Rojo y Miaja, con la ayuda de varios jefes militares que habían mostrado su lealtad a la República, como el teniente coronel Fernández Urbano y el comandante Matallana, organizaron la defensa con todas las fuerzas disponibles, entre las que pudieron contar por primera vez en la guerra con la participación de las Brigadas Internacionales. Pudo llegar también a tiempo la ayuda militar soviética pagada ya con el envío de las reservas de oro. Y toda la población, soliviantada por los bombardeos y cañoneos constantes de los militares franquistas, contribuyó a detener el empuje de los atacantes. Muchos percibieron aquélla como una batalla decisiva entre el fascismo internacional, por un lado, y el comunismo y la democracia, por otro. «Madrid, corazón de España», recitaba Rafael Alberti.

Mujeres y niños aparecían muertos entre los escombros, como muestran los diversos documentales que se conservan de aquella «gesta heroica». En los combates murió también, el 20 de noviembre, el dirigente anarquista Buenaventura Durruti, que había llegado con su columna unos días antes. Morir en el Madrid indefenso que sus compañeros de siempre habían abandonado: ésa era la prueba final de su fortaleza frente a la debilidad de quienes se habían enzarzado en el juego de la política. Al héroe se le enterró en Barcelona, dos días después, en la manifestación de masas más importante que conoció la capital catalana en aquellos años agitados de República y guerra.

El Partido Comunista, que tuvo una presencia decisiva en la Junta de Defensa, creció de forma considerable a partir de ese momento. Era un pequeño partido en las elecciones de febrero de 1936, aunque ya antes de la guerra había logrado unir a los jóvenes socialistas y comunistas en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y, recién derrotada la sublevación en Barcelona, varios grupos socialistas y comunistas catalanes habían creado el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), una organización que pronto se iba a enfrentar abiertamente con el POUM y los anarquistas por el control político de la retaguardia. Su crecimiento y prestigio fueron unidos, no obstante, a la presencia de las Brigadas Internacionales, a la ayuda soviética y al orden y disciplina que sus líderes fueron capaces de imprimir en la dirección de la guerra.

Desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937, Largo Caballero, con la colaboración de todas las fuerzas políticas y sindicales que luchaban en el bando republicano, presidió la reconstrucción del Estado, la militarización de las milicias, el control y el enfriamiento de la revolución y la centralización del poder, teniendo que enfrentarse, como haría Negrín después, a los desafíos regionales y nacionalistas. En Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, que el 26 de septiembre de 1936 incorporó a todas las fuerzas políticas, poniendo fin así al Comité Central de Milicias Antifascistas, creó un ejército propio, tuvo plena autonomía política y económica y, hasta mayo de 1937, ejerció el control absoluto de la policía y del orden público. En el País Vasco, después de que las Cortes de la República aprobaran el Estatuto, el 1 de octubre de 1936, el Gobierno de coalición del nacionalista José Antonio Aguirre organizó, durante sus ocho meses de vida, hasta la caída de Bilbao el 19 de junio de 1937, un Estado casi autónomo.

La militarización, el control de la retaguardia y la reconstrucción del poder republicano se abordaron, no obstante, en medio de fuertes disputas entre algunos de los sectores políticos que configuraban la coalición del Gobierno de Largo Caballero. La confrontación estalló en Barcelona, una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución anarcosindicalista, a comienzos de mayo de 1937, con unos combates que dejaron decenas de muertos y heridos por las calles. Era la culminación de una lucha en la que los comunistas y los socialistas de Indalecio Prieto apostaron fuerte para eliminar del Gobierno a Largo Caballero y a las organizaciones sindicales, a quienes se veía como los principales obstáculos para unificar esfuerzos en el ámbito político, socioeconómico y militar.

La crisis llegó al Gobierno. Según los republicanos, los comunistas y los socialistas de Prieto, Largo Caballero no era el hombre apropiado para poner unidad en el campo republicano ni orden en la retaguardia, y tampoco para ganar la guerra. El viejo líder sindical, a quien todos habían respaldado unos meses antes, se encontraba ahora, tras la caída de Málaga en poder de las tropas franquistas en febrero de 1937 y los posteriores enfrentamientos violentos de mayo en Barcelona, desplazado, aislado y sin poder contar ni siquiera con los apoyos de su propio sindicato.

Azaña decidió encargar a Juan Negrín (1892-1956) la formación del nuevo Gobierno. Además de Presidente, Negrín seguiría siendo ministro de Hacienda, cargo que había ocupado con Largo Caballero desde el 4 de septiembre de 1936. Los dieciocho ministerios del Gobierno Largo Caballero se reducían a la mitad. Era un Gobierno de Frente Popular, sin las organizaciones sindicales, que fue recibido, según Azaña, «con gran satisfacción».

Negrín iba a ser el hombre de la República hasta el final de la guerra. Y no lo nombraron los comunistas, como han repetido muchos, tratando de mostrar que Negrín, que entregó el oro a Moscú, era un vendido al comunismo y a la Internacional. Lo nombró Azaña, que era, como presidente de la República, quien tenía esa potestad y lo hizo porque Negrín, además de «tranquila energía», reunía otras cualidades. «La eficacia demostrada al frente de la Hacienda de un Estado en guerra no era poca cosa», escribe Ricardo Miralles. Al contrario de lo que sucedía con Indalecio Prieto, no había acumulado enfrentamientos con los comunistas o la CNT. Pero, según Santos Juliá, la «razón decisiva» por la que Azaña optó por Negrín era de política internacional. Azaña creía, y lo creyó prácticamente desde el principio, que la República no podría ganar la guerra y que la única salida posible era una mediación internacional. Negrín, y no Largo Caballero, era el hombre idóneo para forzar la paz con ayuda del exterior. Era un político culto, que hablaba idiomas, nada revolucionario.

Ése era el hombre que eligió Azaña: fisiólogo, socialista, políglota, de reconocida capacidad para los asuntos financieros. Había apadrinado unos meses antes el envío de las tres cuartas partes de las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética y había reorganizado el Cuerpo de Carabineros, la policía al cuidado de los puestos fronterizos y encargada de recaudar los derechos de aduana. Era mucho menos conocido que Prieto u otros socialistas, pero Azaña confiaba en ese «joven aún», «inteligente», «cultivado», que parecía enérgico, resuelto y audaz. «Algunos creerán que el verdadero jefe de Gobierno será Prieto. Se engañan […] el carácter de Negrín no sirve para eso».

Y lo que esperaba Azaña del nuevo Ejecutivo era «voluntad de gobernar» y que acabara con la indisciplina y el «desbarajuste» en la retaguardia. Había que restablecer la autoridad del poder de la República en Cataluña, sobre todo en lo que hacía referencia al orden público. Por ahí empezó Negrín. Su Gobierno asumió las competencias de orden público que tenía hasta ese momento la Generalitat y el 11 de agosto disolvió el Consejo de Aragón, el órgano de poder controlado por los anarquistas y presidido por Joaquín Ascaso, y nombró gobernador general de ese territorio al republicano José Ignacio Mantecón. Varios centenares de cenetistas, entre ellos Joaquín Ascaso, fueron encarcelados. Los consejos municipales controlados por los libertarios fueron suprimidos y reemplazados por «comisiones gestoras» designadas «por orden gubernativa». Los nuevos órganos de poder local, con la ayuda de fuerzas de seguridad y de la XI División del Ejército al mando de Enrique Lister, destruyeron las colectividades, se incautaron de todos sus bienes y devolvieron las tierras a sus propietarios.

El otro asunto pendiente desde mayo de 1937, qué hacer con el POUM, se resolvió de modo más rápido y expeditivo. El Partido Comunista exigió la inmediata disolución del POUM, «provocadores trotskistas», «aliado incondicional de la Junta facciosa de Burgos». No había argumento más contundente que llamar a alguien «fascista» en un momento en el que precisamente se estaba manteniendo una «guerra antifascista». Lo que querían los comunistas españoles, alentados por el cónsul general ruso en Barcelona, Vladimir Antonov-Ovsenko, era la destrucción de ese partido de «agentes trotskistas» y «espías fascistas» que criticaban además de forma abierta la ejecución de viejos bolcheviques que estaba llevando a cabo Stalin en los procesos de Moscú.

Algunos de sus militantes fueron perseguidos y torturados. El 16 de junio de 1937, a la vez que se declaraba ilegal al POUM, Andreu Nin, su secretario político, fue detenido en Barcelona por un grupo de policías, que lo trasladaron a Madrid y después a la prisión de Alcalá de Henares. Pese a estar vigilado por miembros de la Brigada Especial de la Dirección General de Seguridad, fue secuestrado el 21 y asesinado, en fecha todavía desconocida, por agentes de los servicios secretos soviéticos en España, dirigidos por el general de la NKVD, Alexander Orlov. Su cadáver nunca apareció. Las pintadas que sus partidarios esparcían por las paredes, «¿Dónde está Nin?», eran contestadas con otras: «En Burgos o en Berlín».

El escándalo obligó al Gobierno de Negrín a hacer equilibrios. Por un lado, Julián Zugazagoitia, ministro de Gobernación, acusó a los «técnicos» soviéticos del secuestro y del crimen, y el coronel comunista Antonio Ortega, director general de Seguridad, fue destituido, acusado de connivencia con los agentes soviéticos, pese a que los ministros del PCE defendieron a su correligionario «con una pasión extraordinaria». Pero Negrín nunca ofreció una explicación convincente de los sucesos a las peticiones que le hacía Manuel Azaña y las investigaciones se detuvieron tras la sustitución el 14 de julio por el socialista Gabriel Morón. Prieto dijo que fue Negrín quien no quiso que las averiguaciones siguieran adelante, posiblemente porque hubieran ocasionado una importante crisis de Gobierno, poco más de un mes después de su formación y porque, como señala Gabriel Jackson, «no podía arriesgar el envío de armas soviéticas» por un asunto de política interna que en el fondo le parecía un hecho menor.

No lo era, porque además de Nin, también fueron secuestrados y desaparecieron otros trotskistas extranjeros como los periodistas Kurt Landau y Mark Rein, y José Robles Pazos, amigo del novelista John Dos Pasos. El caso Nin provocó roces entre Negrín y los ministros Zugazagoitia e Irujo, que fueron quienes más presionaron para aclarar el asunto y ahondó todavía más la desconfianza entre los comunistas y el resto de las organizaciones políticas que luchaban en el bando republicano, especialmente la izquierda socialista y el movimiento libertario. La violencia política en la retaguardia catalana y aragonesa, que se saldó con varios asesinatos de anarquistas, comunistas y militantes del POUM, más los centenares de muertos que dejaron las luchas en las calles de Barcelona en mayo de 1937, eran la mejor demostración de que la República tenía un grave problema en su desunión interna, un verdadero obstáculo para ganar la guerra.

Negrín la quería ganar luchando, con disciplina en la retaguardia y en el Ejército, y organizando una fuerte industria de guerra, aunque el objetivo primordial de sus estrategia consistía en conseguir un cambio radical en la política de no intervención y obtener de esa forma el apoyo de las potencias democráticas occidentales. La guerra iba a ser larga y se podía ganar. Es lo que pensaba Negrín cuando llegó al Gobierno y en los dos años en que dirigió la política de la República pasó por momentos esperanzadores y por otros desastrosos, que parecían presagiar el descalabro final.

Pero la supervivencia de la República no sólo dependía de un buen ejército y de la resistencia de la población civil, sino también de que desapareciera la política de No Intervención, algo que no pudo ocurrir pese a los esfuerzos diplomáticos que Negrín dedicó a ese asunto vital. Si Francia y el Reino Unido no cambiaban de política, se trataba al menos de que presionaran a las potencias fascistas para que éstas convencieran a Franco de un final negociado, un armisticio que evitara el «reinado de terror y de venganzas sangrientas» que Negrín sabía que Franco iba a imponer.

Hubo todavía esperanzas en el verano de 1938, con el inicio de la batalla del Ebro y la obtención de un crédito de 60 millones de dólares que proporcionó la Unión Soviética, a punto de extinguirse ya las reservas de oro. Esperanzas frustradas en el frente internacional con el pacto de Múnich de finales de septiembre, en el que Gran Bretaña y Francia entregaron Checoslovaquia a Hitler, y en el frente interno con el desenlace de la batalla del Ebro, el 16 de noviembre, que acabó con el Ejército de la República volviendo a sus posiciones del 24 de julio, el día del inicio, pero con decenas de miles de bajas y una pérdida considerable de material de guerra que ya no podría utilizarse para defender a Cataluña frente a la ofensiva decisiva franquista. Con la firma del pacto de Múnich, que acababa con Checoslovaquia, la única democracia que se mantenía en pie en Europa Central y Oriental, las democracias occidentales «aniquilaron también a la República española», escribe Helen Graham, porque demostraban su «compromiso inquebrantable de apaciguar a las potencias fascistas» y minaban la estrategia de resistencia de Negrín y la de los españoles que creían en él.

En aquellos momentos en que la República se jugaba todo, resistir militarmente hasta que estallara en Europa un conflicto o, en el peor de los casos, resistir para conservar una posición de fuerza y negociar una rendición sin represalias, reapareció la desunión interna, una de las lacras que marcó a la República durante toda la guerra. Muchos dirigentes republicanos y socialistas se desmoralizaron y comenzaron a criticar la estrategia de resistencia de Negrín y su dependencia de la Unión Soviética y del PCE. El hambre y la crisis de subsistencias erosionaron también la resistencia, pero el final de la República lo aceleró la conspiración y golpe del coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, que tenía como principal misión derribar al Gobierno de Negrín y negociar con Franco la entrega de armas y hombres. Consiguió algunos apoyos militares y políticos, entre los que destacaban Cipriano Mera, un anarquista que defendió siempre la línea insurreccional, jefe ahora del IV Cuerpo de Ejército, y Julián Besteiro, quien ya había mantenido conversaciones con agentes de Franco y de la Falange clandestina en Madrid. El 5 de marzo, los sublevados formaron el Consejo Nacional de Defensa. Era una rebelión militar contra el Gobierno legal, todavía en funciones, y como decía Azaña extrañándose de que Besteiro estuviese allí, «repetía el golpe de Estado de Franco y, lo que era peor, con el mismo pretexto: la preponderancia excesiva o la demasía intolerable de los comunistas».

Los combates fueron intensos en Madrid durante unos días, hasta el 10 de marzo, dejando cerca de 2000 muertos. A los sublevados no les resultó muy difícil aplastar la resistencia comunista, en medio del cansancio y del malestar general. Confiaban en la clemencia prometida por Franco, que Negrín y otros muchos sabían que no iba a cumplir. Porque la guerra de los militares rebeldes de julio de 1936, con Franco al frente, fue de exterminio y eso significaba destruir de raíz al enemigo para que no pudiera levantar cabeza en décadas.

LA ESPAÑA SUBLEVADA

En la España controlada por los militares sublevados, la construcción de un nuevo Estado fue acompañada de la eliminación física del oponente, la destrucción de todos los símbolos y políticas de la República y de la búsqueda de una victoria rotunda e incondicional sin posibilidad de mediación alguna. En ese camino Franco contó con el apoyo y la bendición de la Iglesia católica. Obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la «ciudad terrenal» y Franco acabó creyendo que, efectivamente, tenía una relación especial con la divina providencia.

Francisco Franco, que había nacido en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892, tenía cuarenta y tres años cuando se sublevó contra la República. Casi toda su carrera militar la hizo en África, lo que le proporcionó ascensos rápidos por méritos de guerra y un buen número de medallas, cruces y distinciones. Ingresó en la Academia Militar de Toledo en 1907 y pese a que obtuvo el puesto 251 de los 312 oficiales de su promoción, en 1915 era capitán y en febrero de 1926, con treinta y tres años, había ascendido ya a general de brigada. Entre 1920 y 1925 sirvió en la Legión, o Tercio de Extranjeros, creada en 1920 por José Millán Astray y a la que Franco se incorporó como segundo jefe. Fue nombrado director de la Academia General Militar de Zaragoza el 4 de enero de 1928, hasta que la Segunda República la clausuró, y ya durante los años republicanos fue comandante militar de La Coruña en 1932, comandante general de Baleares en 1933 y 1934, jefe superior de las fuerzas españolas en Marruecos a comienzos de 1935, jefe del Estado Mayor Central desde el 17 de mayo de 1935 hasta febrero de 1936 y comandante general de Canarias desde marzo hasta el 18 de julio de ese año. El ascenso a general de división lo consiguió a finales de marzo de 1934, a propuesta del entonces ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo.

Franco era considerado por sus compañeros de armas un jefe preparado y competente, pero su camino al poder supremo quedó muy despejado por la desaparición de la escena de algunos de sus rivales más cualificados para ese puesto. El general José Sanjurjo, que tenía que volar desde Portugal a España para encabezar la sublevación, murió el 20 de julio cuando el pequeño avión en que lo llevaba el falangista Juan Antonio Ansaldo se estrelló cerca de Lisboa. Los generales Joaquín Fanjul y Manuel Goded habían fracasado en su intento de tomar Madrid y Barcelona, y fueron detenidos y unos días después fusilados. José Calvo Sotelo, el ultraderechista líder monárquico, que mantenía estrechos contactos con algunos de los conspiradores, había sido asesinado el 13 de julio y José Antonio Primo de Rivera, el jefe de Falange, estaba preso en Alicante, una ciudad donde la rebelión tampoco había podido triunfar.

Gonzalo Queipo de Llano, sublevado en Sevilla, era, como Franco, general de división, con mayor antigüedad además, pero tenía un pasado republicano de conspirador contra gobiernos monárquicos y no podía ser un líder fiable para todos los oficiales rebeldes. Quedaba Emilio Mola, que había preparado la conspiración y la rebelión en calidad de Director, aunque era general de brigada, de rango inferior a Franco. Podía ser, no obstante, un competidor. De él salió la idea de crear la Junta de Defensa Nacional de Burgos, el primer órgano de coordinación militar de los sublevados, y había logrado, con la estimable ayuda del requeté, el control de una buena parte de la zona norte de España, incluida casi toda la provincia de Guipúzcoa desde principios de septiembre.

Franco jugó sus cartas con destreza y ambición. Se presentó ante periodistas y diplomáticos como el principal general de los sublevados y así informó también a alemanes e italianos, de tal forma que pocos días después del golpe de Estado en algunos ministerios de Asuntos Exteriores de Europa se referían ya a los rebeldes como «los franquistas». Dirigía además las tropas mejor preparadas del Ejército español, los 47 000 soldados de la Legión Extranjera y de los Regulares Indígenas, que logró pasar a la Península gracias a los aviones de transporte y bombarderos que le enviaron Hitler y Mussolini. Ése fue, según los mejores especialistas, el factor decisivo que colocó a Franco como el mejor candidato en la lucha por el poder: el control del Ejército de África y la solución rápida que le dio al transporte de esas tropas a la Península, asegurándose así que la ayuda de las potencias fascistas pasara por sus manos.

El primer objetivo era crear un mando militar único y un aparato político centralizado. Las autoridades del Tercer Reich que negociaban con Franco el préstamo de material de guerra le presionaban desde finales de agosto para que tomara las riendas. Mientras, algunos generales muy fieles a Franco, como Kindelán, Orgaz y Millán Astray, acompañados de su hermano Nicolás, formaron, en palabras de Preston, «una especie de equipo de campaña política dedicado a asegurar que Franco se convirtiera primero en comandante en jefe y luego en jefe del Estado». Fue Alfredo Kindelán, antiguo jefe de Aeronáutica con la Monarquía, que había pedido la baja del Ejército con la República, quien sugirió que se celebrase una reunión de la Junta de Defensa Nacional y otros generales para elegir un jefe supremo.

El 1 de octubre de 1936 Franco fue nombrado «Jefe del Gobierno del Estado español», según se decía en el decreto redactado por el monárquico José Yanguas Messía, profesor de derecho internacional. En la ceremonia de investidura el general Miguel Cabanellas, en presencia de diplomáticos de Italia, Alemania y Portugal, le entregó el poder en nombre de la Junta de Defensa que presidía desde el 24 de julio y que fue disuelta para ser sustituida por una Junta Técnica del Estado encabezada por el general Fidel Dávila. Franco adoptó el título de Caudillo, que le conectaba con los guerreros medievales.

Todas las fuerzas políticas que apoyaron la sublevación militar defendían a finales de 1936, asumido ya el mando supremo de Franco, algún tipo de unificación, aunque el problema residía en dilucidar quién ocuparía más cuotas de poder. En este punto, todos temían a Falange, que había experimentado un crecimiento espectacular en los primeros meses de la Guerra Civil, cuando una buena parte de sus dirigentes, algunos de ellos liberados de las cárceles por la sublevación militar, centraron sus energías en la labor de encuadramiento y recluta de nuevos miembros llegados en aluvión al partido fascista. Era una organización pequeña antes de las elecciones de febrero de 1936, aunque la derrota electoral de la CEDA y la fascistización de la derecha en los meses siguientes había multiplicado sus efectivos en vísperas del golpe de Estado. Su discurso radical y estructura paramilitar, además del descrédito de las organizaciones como la CEDA que habían aceptado el juego de la legalidad republicana, hicieron de polo de atracción cuando las armas sustituyeron a la política. En el mes de octubre de 1936 había más de treinta y seis mil falangistas en los frentes, junto a más de veintidós mil carlistas y más de seis mil de otras tendencias, como los alfonsinos o cedistas.

Ahora que tenía miles de afiliados, carecía sin embargo de una dirección sólida, de dirigentes indiscutibles o carismáticos. José Antonio Primo de Rivera, el jefe nacional, estaba preso en Alicante junto con su hermano Miguel. Onésimo Redondo murió el 24 de julio en Labajos, Segovia, en un enfrentamiento armado con las milicias republicanas. Julio Ruiz de Alda y Fernando Primo de Rivera, hermano menor de José Antonio, fueron asesinados en agosto en la cárcel modelo de Madrid. Dos meses después, tras unas «saca» de la cárcel de las Ventas, le tocó el turno a Ramiro Ledesma Ramos. En la cárcel estaban también Raimundo Fernández-Cuesta, que consiguió ser canjeado en octubre de 1937, y Rafael Sánchez Mazas, que logró escapar de un fusilamiento colectivo poco antes de finalizada la guerra. Lo dijo uno de los dirigentes falangistas de segunda fila, José Luna, jefe provincial de Cáceres y capitán de Infantería: la Falange había pasado de tener «un cuerpo minúsculo con una gran cabeza a un cuerpo monstruoso sin cabeza».

Franco pensaba en un partido que le ayudara a concentrar todavía más el poder en su persona. También le presionaban en esa dirección los fascistas italianos. En febrero de 1937, un enviado de Mussolini, Roberto Farincacci, que desde las posiciones más radicales y violentas de los squadristi se había aupado a la secretaría del partido fascista, instó a Franco a que creara, «con las fuerzas que han dado combatientes», un Partido Nacional Español, con un auténtico programa fascista y corporativo.

Por esos mismos días apareció en Salamanca Ramón Serrano Súñer, tras lograr escapar del Madrid rojo con la ayuda del doctor Gregorio Marañón. Serrano Súñer había salido elegido diputado de la CEDA en 1933 y 1936 en Zaragoza, ciudad donde ejercía la abogacía. Estaba casado con la hermana menor de Carmen Polo, Ramona o «Zita» Polo, y era amigo íntimo de José Antonio desde su época de estudiante en la Universidad Central de Madrid. Llegó a la ciudad castellana con su mujer e hijos, traumatizado por su cautiverio y porque había visto cómo sus hermanos José y Fernando caían asesinados por haber organizado su huida. Según Joan Maria Thomàs, Serrano Súñer, experto en derecho administrativo, era la persona idónea «para poner las bases jurídicas del nuevo Estado», una labor para la que no estaban capacitados ni Nicolás Franco ni el resto de los colaboradores del Generalísimo. «Serrano Súñer sería quien finalmente daría forma específica a las ideas de Franco de conformación de un régimen de partido único».

Serrano Súñer le explicó a Franco que lo que él dirigía era un «Estado campamental», poco eficaz y de mentalidad cuartelera, que tenía que ser sustituido por una maquinaria política permanente, un nuevo Estado similar al de los fascismos. El plan de Serrano Súñer consistía en crear un movimiento político de masas a partir de la unión de Falange y la Comunión Tradicionalista Carlista, una empresa en la que el hermano de Franco, Nicolás, su hombre de confianza hasta que llegó Serrano Súñer, no había tenido éxito.

Franco convocó primero a Rodezno y a otros dirigentes tradicionalistas navarros para comunicarles su decisión: no habría negociaciones entre los dos grupos, algo que podría reproducir los enfrentamientos partidistas de la democracia, y sería él quien decretaría la unificación. La Falange le preocupaba más, porque era un partido mayor, con ambiciones totalitarias, pero sus dirigentes, desde la muerte de José Antonio, estaban enzarzados en una lucha por el poder: Hedilla por un lado, auxiliado muy de cerca por dos amigos cántabros como él, el periodista Víctor de la Serna, hijo de la novelista Concha Espina, y Maximiano García Venero; y los jefes de las milicias, Agustín Aznar y Sancho Dávila, por otro.

Esa lucha por el poder desembocó en una reyerta sangrienta entre los dos grupos rivales, lo cual fue aprovechado por Serrano Súñer para silenciar cualquier foco de resistencia a la unificación. El 19 de abril de 1937 se dio a conocer el decreto de unificación, que constaba de un largo preámbulo y de tres puntos, elaborado por Serrano Súñer. Falange Española y los Requetés se unían bajo la jefatura de Franco en una «sola entidad política nacional», Falange Española Tradicionalista y de las JONS, «enlace entre el Estado y la sociedad», donde la «espiritualidad católica» de los Requetés, «la fuerza tradicional», se integraba en «la fuerza nueva», como había pasado «en otros países de régimen totalitario». Todos los demás grupos políticos que habían sustentado también el esfuerzo bélico de los rebeldes, incluidos los alfonsinos y los cedistas, quedaban excluidos.

En realidad, las estructuras jerárquicas de falangistas y requetés desaparecían también porque el supremo jefe, a partir de ese momento, era Franco. Hedilla pasaba a ser un simple vocal de la Junta Política y no sólo no aceptó, presionado por los «camisas viejas» y por el grupo legitimista que giraba alrededor de Pilar Primo de Rivera, que le acusaban de «traición» a la Falange de José Antonio, sino que comunicó a sus jefes provinciales que obedecieran únicamente sus propias órdenes. El 25 de abril, Hedilla fue arrestado junto con otros falangistas disidentes. Al parecer, hasta el embajador alemán von Faupel le había aconsejado que aceptara el cargo e incluso le llegó a ofrecer un avión para que se fuera a Alemania.

Hedilla compareció dos meses después ante dos consejos de guerra sumarísimos. Las acusaciones habían sido preparadas por el asesor jurídico militar del cuartel general de Franco, Lorenzo Martínez Fuset, y por el comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval, delegado de Orden Público de Salamanca y jefe de los servicios de policía del cuartel general, un hombre de confianza de Franco que se había destacado por su brutalidad en la represión de la revolución de Asturias de octubre de 1934. Hedilla, acusado de «adhesión a la rebelión» y de resistencia al cumplimiento del decreto de unificación, fue condenado a muerte. Hedilla, en una carta que le entregó su madre a Franco, pidió «clemencia y magnanimidad». Pilar Primo de Rivera y Serrano Súñer intervinieron también para que la sentencia no se ejecutara, mientras que von Faupel advertía también que «en los momentos actuales es muy peligroso crear mártires». Franco le indultó, pero pasó cuatro años en la cárcel y, según Javier Tusell, «el resto de su vida lo viviría Hedilla en una situación de ostracismo oficial, pensando en una falange independiente que siempre resultaría imposible».

Dado el control que Franco tenía de la situación, había poca posibilidad de resistencia, por mucho que los carlistas o el sector puro de la Falange reunido en torno a la hermana del fundador estuvieran enojados por la forma en que se había producido la unificación. Fue desde el principio un partido dominado por Franco, que culminaba así la eliminación de cualquier rival político. Antonio Goicochea disolvió Renovación Española y la posición de Gil Robles, que aceptó entusiastamente la unificación y dio instrucciones para que Acción Popular acatara el decreto, no mejoró. Los falangistas nunca le perdonaron el paso por el Gobierno de la República y Franco tampoco tenía mucho interés en incorporar a un representante de la vieja política que había sido además su superior como ministro de la Guerra.

Por si el camino no lo tuviera Franco suficientemente despejado, apenas un mes y medio después de la unificación desapareció también el único competidor con alguna posibilidad que quedaba. El 3 de junio de 1937 el avión que llevaba al general Emilio Mola a inspeccionar el frente, en plena campaña para la conquista del norte, se estrelló cerca de Alcocero, un pueblecito de la provincia de Burgos. Según la versión oficial, el avión chocó contra una colina a causa de la niebla, aunque se levantaron rumores de sabotaje y también de que al aparato, un Airspeed A. S. 6 Envoy de construcción británica, le dispararon por error los aviones de su propio bando. El embajador alemán von Faupel escribió poco después: «Sin duda Franco se siente aliviado por la muerte del general Mola».

Pese a que Franco era el jefe indiscutible y la unificación trató de dar satisfacción a los diferentes grupos del bando insurgente, la Falange, según Javier Tusell, salió al principio muy beneficiada y sus dirigentes ocuparon los puestos más importantes en la Administración y en el partido. Una buena prueba fue el nombramiento de los cincuenta miembros del Consejo Nacional de FET y de las JONS en octubre de 1937. La mitad eran falangistas, mientras que los tradicionalistas representaban un cuarto del total, cinco eran monárquicos y había también ocho militares, todos de confianza de Franco o, como en el caso de Queipo de Llano, de los que no era fácil prescindir en ese momento. Los cuatro consejeros que aparecían los primeros en la lista eran Pilar Primo de Rivera, el conde de Rodezno, el general Queipo de Llano y José María Pemán. A principios de diciembre Franco nombró al primer secretario de la FET y de las JONS, un puesto que recayó en Raimundo Fernández Cuesta, el «camisa vieja» más relevante que quedaba, que acababa de llegar de la zona sublevada tras ser canjeado por el republicano Justino de Azcárate.

Las principales delegaciones nacionales del nuevo partido fueron a parar también a exfalangistas de José Antonio: la Sección Femenina a Pilar Primo de Rivera; Prensa y Propaganda al cura navarro Fermín Yzurdiaga; Auxilio Social, el nuevo nombre con el que se conoció Auxilio de Invierno, a Mercedes Sanz Bachiller. Y otros dirigentes que habían sido encarcelados por los sucesos de abril de 1937, como Agustín Aznar y Sancho Dávila, fueron rehabilitados y promovidos a cargos importantes. Ningún antiguo jerarca de Falange, con la excepción de algunos hedillistas, se quedó fuera del reparto del pastel. Allí estaban Dionisio Ridruejo, Alfonso García Valdecasas, José Antonio Giménez Arnau, Pedro Gamero del Castillo, Antonio Tovar o Julián Pemartín.

Algo más tardó en cristalizar ese proyecto de creación del nuevo Estado con que soñaba Serrano Súñer, aunque ya durante la guerra se dieron pasos importantes. El «Estado campamental» dejó paso gradualmente a una burocracia más organizada. En el verano de 1937, el general monárquico Francisco Gómez Jordana sustituyó a otro general, Fidel Dávila, en la presidencia de la Junta Técnica del Estado, un hombre que se mostró bastante ineficaz en los meses que estuvo al frente de ese órgano de poder y al que los falangistas llamaban «don Fávila». Gómez Jordana, conde de Jordana, lamentó el caos y «maremágnum» que se encontró y, junto con Serrano Súñer, intentó poner orden en el aparato administrativo. Ambos creían que lo que necesitaba la España sublevada era un Gobierno propiamente dicho y no una Junta Técnica. Y así se lo dijeron a Franco.

El 30 de noviembre de 1938 Franco nombró su primer Gobierno, cuya composición había cocinado Serrano Súñer, si creemos lo que él mismo transmitió en sus memorias. Los cargos, como pasaría ya siempre en todos los Gobiernos franquistas posteriores, fueron repartidos cuidadosamente entre militares, carlistas, falangistas y monárquicos, es decir, entre todos los sectores que formaban esa coalición de fuerzas que se levantó en armas contra la República en julio de 1936. Cada uno de esos sectores controlaba las áreas que les resultaban más próximas o queridas: los ministerios militares y de orden público para los militares; el movimiento sindical y los ministerios «sociales», para los falangistas; los económicos, para hombres técnicos, abogados, juristas o ingenieros; y la educación y justicia para los católicos, tradicionalistas o exmiembros de Acción Española. Nunca en esos 37 años de Gobiernos de Franco se sentaría un mujer en un ministerio. Y lo que siempre pedía el Caudillo, por encima de cualquier otro mérito, era fidelidad al «mando».

El principal fruto político de esa nueva etapa fue la aprobación el 9 de marzo de 1938 del Fuero del Trabajo, una especie de falsa constitución basada en la Carta del lavoro del fascismo italiano. Fue un texto de compromiso entre el falangismo, representado por Ridruejo, y el tradicionalismo católico, cuya huella en el texto dejó Eduardo Aunós, de Acción Española; un término medio entre el «capitalismo liberal y el materialismo marxista», que garantizaría a los españoles «Patria, pan y justicia en un estilo militar y seriamente religioso».

Fascismo y catolicismo, de esos mimbres estaba formado ese Nuevo Estado que emergió conforme la guerra avanzaba. Por un lado, se exaltaba al líder, Caudillo, como el Fuhrer o el Duce, se imponía el brazo en alto como saludo nacional y la camisa azul; por el otro, aparecían los ritos y las manifestaciones religiosas, las procesiones, misas de campaña y las ceremonias político-religiosas de tipo medievalizante. La España sublevada comenzó a ser un territorio especialmente apto para la «armonización» del fascismo, de la «moderna corriente autoritaria», con la «gloriosa tradición».

La radicalización que el fascismo aportó a los proyectos y prácticas contrarrevolucionarios, su potencial totalitario, la pureza y exclusivismo ideológico y la experiencia de la guerra de exterminio puesta en marcha por los militares rebeldes desde julio de 1936, se fusionó con la restauración de esa consustancialidad histórica entre el catolicismo y la identidad nacional española. El catolicismo era el antídoto perfecto frente a la República laica, el separatismo y las ideologías revolucionarias. Se convirtió en el vínculo perfecto para todos los que se adhirieron al bando rebelde, desde los más fascistas a quienes se habían proclamado como republicanos de derechas. Y así, esa guerra civil provocada por un golpe de Estado pasó a ser una cruzada religiosa para salvar la civilización cristiana, el manto protector del aniquilamiento de los «malvados marxistas» y de la «canalla roja».

CAMPOS DE BATALLA

En los tres meses que siguieron a la sublevación de julio de 1936, la guerra fue una lucha entre milicianos armados, que carecían de los elementos básicos que caracterizan a los ejércitos, y un poder militar que concentraba todos los recursos a golpe de autoridad, disciplina, con la declaración del estado de guerra, y que pudo contar casi desde el principio con los efectivos bien adiestrados del ejército de África.

La batalla de Madrid, en noviembre de ese año, inauguró una nueva forma de hacer la guerra y transformó a ese grupo de milicianos en soldados de un nuevo ejército. Tras el fracaso en diferentes intentos de tomar Madrid, desde noviembre de 1936 a marzo de 1937, Franco cambió su estrategia bélica y optó por librar una guerra de desgaste, de ocupación gradual del territorio y de aplastamiento completo del ejército republicano. Su superioridad material y ofensiva le condujo dos años después al triunfo definitivo.

«Las guerras se pierden en la retaguardia», escribió el general Vicente Rojo. Y eso es lo que le ocurría a la República, donde el hambre creó importantes conflictos conforme avanzaba la contienda y las sucesivas derrotas acabaron por desmoralizar a sectores importantes de la población, que abandonaron su compromiso por los valores e intereses materiales por los que estaban luchando. Los bombardeos de la aviación italiana y alemana sobre Madrid, Valencia o Barcelona ayudaron también a ganar la guerra al ejército franquista. El balance de los desastres de la guerra no ofrece dudas: antes de perderla, la República había sido castigada de forma lenta, con batallas que dejaban a sus tropas diezmadas y con una represión brutal tras la entrada del ejército de Franco en cada ciudad conquistada.

A mediados de octubre de 1936, las tropas de los militares rebeldes, que disponían ya de abundantes piezas de artillería y carros blindados italianos, habían ocupado la mayoría de las poblaciones alrededor de Madrid. Los milicianos, atemorizados por el avance del ejército de África, se replegaban hacia la capital y a ella acudían también cientos de refugiados de las localidades ocupadas. El 29 de octubre aparecieron en Madrid los primeros carros de combate y aviones soviéticos que el Kremlin había decidido enviar para contrarrestar la ayuda italiana y alemana.

El general José Enrique Varela, un africanista simpatizante del carlismo, atacó con 25 000 hombres por la Casa de Campo y por la Ciudad Universitaria. El general José Miaja, a quien Largo Caballero, presidente del Gobierno de la República, había confiado la dirección de la Junta de Defensa de Madrid y el teniente coronel Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor de la defensa de Madrid, contaban con 20 000 hombres. Nadie en el Gobierno, empezando por Largo Caballero y siguiendo por Prieto, confiaban en que Madrid pudiera resistir la embestida de los militares rebeldes. El 8 de noviembre los milicianos y los moros luchaban cuerpo a cuerpo en la Ciudad Universitaria. Dos semanas después, Franco y Varela tuvieron que detener los asaltos frontales.

Aunque el héroe popular de la defensa de Madrid pudo ser el general José Miaja, al que se vio por la ciudad tratando de levantar la moral de la gente, de los aspectos técnicos y militares se ocupó Vicente Rojo, un militar que se mantuvo fiel a la República porque creía que ése era su deber y que se convirtió meses después en el jefe de su ejército. Se definía siempre como «católico, militar y patriota» y, según el retrato que ha trazado su nieto, José Andrés Rojo, se vio atrapado entre el mundo de los militares africanistas que dieron el golpe, con los que no se identificaba, y el de los milicianos armados que defendían la revolución y quemaban iglesias. Entre esos dos mundos abordó la tarea de diseñar una nueva estrategia para organizar un ejército eficaz frente al de los militares sublevados y trató de asentar la autoridad de militares profesionales como él y el funcionamiento jerárquico de la institución.

Vicente Rojo había nacido el 8 de octubre de 1894 en un pequeño pueblo de Valencia, Fuente de la Higuera. Tenía dos años menos que Franco y no había cumplido todavía 42 cuando comenzó la guerra. Tras el caos provocado por la sublevación militar, el primer Gobierno de Largo Caballero reorganizó el Estado Mayor y Rojo se convirtió en el segundo de a bordo a las órdenes inmediatas del teniente coronel Manuel Estrada. El 25 de octubre de 1936, Rojo fue ascendido a teniente coronel «por lealtad», pocos días antes de que Miaja recibiera la orden de designarle jefe de Estado Mayor de la defensa de Madrid. Coronel «por méritos de guerra» desde el 24 de marzo de 1937, Juan Negrín le nombró en mayo jefe del Estado Mayor Central de la República, cargo que desempeñó hasta el final de la guerra. El 24 de septiembre de ese mismo año ascendió a general.

Una de las deficiencias mayores del ejército de la República que empezó a poner en marcha el Gobierno de Largo Caballero fue la escasez de mandos profesionales. De los 16 000 oficiales del Ejército que estaban en activo antes de la sublevación militar, sólo alrededor de un 20 por ciento quedaron en la zona republicana, lo cual, en palabras de Gabriel Cardona, «era totalmente insuficiente para encuadrar un ejército cuyos efectivos se quintuplicaron en menos de un año». Muy pocos de sus jefes habían tenido mandos superiores antes de la guerra y esa carencia «obligó a catapultar a oficiales que desconocían el mando de grandes conjuntos».

La improvisación de mandos constituyó, por lo tanto, un grave problema, mayor todavía a medida que se descendía en el escalafón porque la mayoría de los mandos intermedios estaban en el bando sublevado. Tuvieron que improvisarse jefes de batallón y de compañía, e incorporar al ejército y subir de categoría a jefes políticos de las milicias y columnas que se formaron en los días siguientes a la sublevación militar. En opinión de Cardona, «mientras los republicanos se mantuvieron a la defensiva, estas carencias no fueron tan dramáticas como cuando se inició la estrategia de grandes ofensivas, donde era necesario el entramado jerárquico de todos sus eslabones».

Pero conviene destacar que, junto a Rojo, existió un grupo de militares profesionales, como Juan Hernández Sarabia, Antonio Escobar, Francisco Llano de la Encomienda, José Fontán o Manuel Matallana, que mantuvieron su lealtad a las instituciones de la República y, sin embargo, han padecido el olvido. Pese a que muchos de ellos fueron los últimos en abandonar España, la literatura más radical del exilio, anarquista y socialista, los tachó de traidores, franquistas o de meras marionetas del estalinismo. Con el sabor amargo de la derrota, los comunistas entraron también en las descalificaciones, mientras que para los militares vencedores nunca merecieron respeto. Unos, los que ganaron la guerra, conservan todavía sus nombres en las calles de muchos pueblos y ciudades de España y los otros, los que la perdieron, son unos auténticos desconocidos.

A comienzos de 1937 las fuerzas republicanas sumaban casi 350 000 hombres, una cifra muy similar a los efectivos del ejército franquista, aunque éste contaba con el importantísimo auxilio de cerca de ochenta mil italianos organizados en el Corpo de Truppe Volontarie (CTV) al mando del general Mario Roatta y de varios miles de alemanes que sirvieron desde noviembre de 1936 en la Legión Cóndor, y en los refuerzos terrestres de antitanques y artillería. Fueron precisamente italianos los que entraron en Málaga el 8 de febrero de 1937. Dos días antes, varias decenas de miles de ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos y niños, habían emprendido una auténtica desbandada hacia Almería, para evitar las represalias y las razia de los conquistadores. La aviación y los buques Cervera y Baleares los bombardearon y el camino se cubrió de muertos y heridos, mientras que muchas familias perdían a sus niños en la huida.

Franco, mientras tanto, había comenzado a preparar una nueva ofensiva contra Madrid, a través del valle del río Jarama, sobre la carretera de Madrid a Valencia. Esa operación debería completarse con un ataque de las tropas italianas del CTV desde Sigüenza hacia Guadalajara para cercar Madrid en un movimiento de pinza. Durante tres semanas de febrero, desde el 6 hasta final de mes, ambos bandos contendientes perdieron miles de hombres y aunque los franquistas consiguieron hacer avanzar el frente algunos kilómetros, la batalla del Jarama fue bastante estéril. Unos días después, el 8 de marzo, la división motorizada del general Amerigo Coppi comenzó su ataque, pero se vio sorprendida por una gran tormenta de nieve y en unos pocos días sufrió una estrepitosa derrota, entre otras razones porque Franco no llevó a cabo su operación de diversión desde el Jarama y las tropas republicanas, apoyadas por el Batallón Garibaldi de las Brigadas Internacionales y los carros soviéticos, pudieron concentrar todos sus esfuerzos en detener el avance italiano.

Los sucesivos fracasos en el intento de tomar Madrid hicieron cambiar la estrategia de Franco, quien optó a partir de ese momento por una guerra larga, de desgaste, de aplastamiento gradual del enemigo. Se lo dijo al coronel Emilio Faldella, jefe de Estado Mayor del general Roatta, que le trataba de convencer de las ventajas de la guerra celere: «En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infestado de adversarios». Y se lo volvió a decir, de forma más elaborada, al embajador de Mussolini, Roberto Cantalupo, el 4 de abril de 1937: «Debemos llevar a cabo la tarea necesariamente lenta de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar será en gran parte inútil […] Nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz interior […] No tomaré la capital ni una hora antes de lo necesario: primero debo tener la certeza de poder fundar un régimen».

Franco tenía todas las bazas y ventajas para aplicar esa estrategia militar. Tenía abundantes hombres, facilitados por la preservación del sistema tradicional de reclutamiento y por los numerosos voluntarios marroquíes que seguían incrementando el ejército de África. Contó, desde septiembre de 1936, con dos academias, en Burgos y Sevilla, para formar rápidamente a universitarios para el grado de alférez y creó también cuatro centros específicos para la formación de oficiales y suboficiales. Pero sobre todo contaba con la seguridad de que el panorama internacional de apoyo italo-germano a su causa y de abandono de la República por las democracias occidentales no iba a moverse. Tenía, por lo tanto, abundantes hombres y suministro de material garantizado.

El objetivo de los militares franquistas pasó a ser ahora el norte industrial y minero, que estaba aislado del resto de la zona republicana. El general Mola quería conquistar esas tierras y dar un buen escarmiento a los vascos: «He decidido terminar rápidamente la guerra en el norte […] Pero si la rendición no es inmediata, arrasaré Vizcaya hasta sus cimientos, comenzando por sus industrias de guerra». Y los alemanes pensaban que la obtención del carbón y acero de la zona cantábrica ayudaría el programa de rearme acelerado de Hitler. Mola inició su campaña a final del mes de marzo con masivos bombardeos de la Legión Cóndor para romper la moral de la población civil y destruir las comunicaciones terrestres. Primero Durango, el 31 de marzo; después, Gernika el 26 de abril. El 19 de junio, «la industriosa villa» de Bilbao era «reintegrada a la civilización y el orden», según se decía en el parte de guerra de los ocupantes.

La España una, grande y libre se extendió después a Santander y en octubre a la zona roja de Asturias. Con la caída del norte industrial, la balanza del poder comenzaba a inclinarse claramente del lado franquista. El coronel Vicente Rojo, recién nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, organizó una estrategia defensiva que trataba de limitar en la medida de lo posible el avance franquista, dada la superioridad material del enemigo y las dificultades para consolidar un auténtico ejército republicano. Ése fue el objetivo de las ofensivas de distracción montadas por sorpresa en Brunete, en julio de 1937, para detener el avance franquista sobre Santander; en Belchite, en agosto y septiembre, para frenar la conquista de Asturias; y en Teruel, en diciembre de 1937, para contrarrestar la prevista ofensiva franquista sobre Madrid.

Porque una vez ocupado el norte, Franco volvió a planear un nuevo ataque sobre Madrid, por el sector de Guadalajara, por el mismo que lo habían hecho sin éxito los italianos en marzo de 1937. Vicente Rojo decidió un ataque preventivo contra Teruel. Desplazó allí a unos 40 000 hombres, con algunas de las divisiones que actuaban en el frente de Aragón, la XI de Lister y la XXV de García Vivancos, y con el ejército de Levante, mandado por el coronel Juan Hernández Saravia. El ataque, iniciado por Lister el 15 de diciembre de 1937, cogió por sorpresa a las escasas fuerzas franquistas que defendían la capital del Turia, mandadas por el coronel Domingo Rey d’Harcourt, y el contraataque de los generales Varela y Aranda quedó bloqueado por las durísimas condiciones meteorológicas de esos días.

El 7 de enero de 1938 las tropas republicanas rompieron la defensa de Rey d’Harcourt, quien firmó un acta de rendición en la que finalizaba pidiendo «que sean respetadas las vidas del personal civil». Teruel se convirtió en la única capital de provincia tomada por los republicanos durante la guerra, aunque fue reconquistado el 22 de febrero por las tropas mandadas por el general Juan Vigón, quien utilizó 100 000 hombres, incluido el CTV italiano. Acabó así una de las batallas más crueles de la Guerra Civil, con cuarenta mil bajas franquistas y más de sesenta mil republicanos. Los dos ejércitos tenían en ese momento la misma cantidad de hombres movilizados, casi 800 000 cada uno, pero la superioridad material franquista era abrumadora. Teruel pasó en apenas unas semanas de ser la mayor victoria republicana, aireada por una propaganda desmesurada, a lo que Antony Beevor califica del «mayor desastre republicano de toda la guerra», porque «la República se empecinó en defender una ciudad indefendible y de nula importancia estratégica a cambio de un montón de vidas y de gran cantidad de material de guerra».

La verdad es que el estado en que habían quedado las tropas republicanas con el desastre de Teruel era preocupante y se demostró muy pronto, tan sólo unos días después, en la gran ofensiva que los militares franquistas iniciaron, a través de Aragón y Castellón, hasta el mar. El 9 de marzo, unos 150 000 hombres, apoyados por centenares de piezas de artillería y de aviones de la Legión Cóndor y de la Aviazione Legionaria, comenzaron a avanzar por el territorio aragonés. El 10 recuperaban Belchite, que habían perdido el verano anterior; el 14, Alcañiz, después de descargar unos días antes varias toneladas de bombas sobre la población, y el 17, el Cuerpo Marroquí y la 1.ª División entraban en Caspe, que había sido la sede del Consejo de Aragón y lo era en ese momento de la autoridad republicana que lo sustituyó, el gobernador general José Ignacio Mantecón. A partir de ahí, se simultanearon dos acciones: una, al sur del Ebro, con la ocupación de Gandesa, ya en la provincia de Tarragona, el 1 de abril; y otra, al norte del río, que llevó a Yagüe a tomar Fraga el 27 de marzo y Lérida el 3 de abril. La campaña acabó el 15 de abril en el mar Mediterráneo. «La espada victoriosa de Franco», podía leerse en el periódico ABC de Sevilla al día siguiente, «partió en dos la España que aún detentan los rojos».

Partida en dos, acosada por una grave crisis económica y con la moral por los suelos, la República sufría. Indalecio Prieto, que no ocultaba su derrotismo, salió, «expulsado» dijo él, del Gobierno de la República, al que había prestado sus servicios en la paz y en la guerra. El 29 de marzo de 1938, Prieto presentó en un Consejo de Ministros un informe catastrófico de la situación. Negrín decidió esa noche del 29 al 30 de marzo quitar a su amigo íntimo y colaborador de ministro de Defensa, porque, como le escribió después ya en el exilio, «usted, con su elocuencia sugestiva, sus pathos habitual y la autoridad del cargo de su persona, desmoralizó por completo a nuestros colegas de Gobierno». Prieto, sin embargo, siempre creyó que Negrín le había echado cediendo «a exigencias del Partido Comunista». En el Gobierno que se formó el 6 de abril de 1938, sin Indalecio Prieto, Negrín asumió también el Ministerio de Defensa Nacional.

Fuera de España, las cosas no iban mejor porque el 20 de febrero Anthony Eden, el único que no manifestaba abiertamente un odio a la República en el Gobierno de Neville Chamberlain, dimitió como ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Su sucesor en el Foreign Office, lord Halifax, firmó el 16 de abril un acuerdo con Italia en el que los británicos hacían una vez más la vista gorda sobre la intervención fascista en el bando de Franco. En Francia, después de un Gobierno efímero del socialista León Blum, que duró sólo treinta días, el radical Édouard Daladier se hizo cargo de la Presidencia en ese mismo mes y en junio cerró de nuevo la frontera con España. Así de crudas estaban las cosas para la República, cuyo Gobierno comenzó a reconstruir el ejército del Este con todas las unidades que se habían replegado hacia Cataluña. Había de defenderse, resistir, impedir al menos un derrumbamiento rápido que iría acompañado con toda seguridad de la anunciada victoria incondicional de Franco y esperar a que los vientos internacionales tan contrarios cambiaran de dirección.

Pero Franco siguió con la idea de una guerra larga, de desgaste y en la que pudiera machacar para siempre a la República. «Tenía un Ejército enorme y las vidas de sus propios hombres no le preocupaban», ha escrito Paul Preston. En vez de lanzar un rápido ataque contra Barcelona, como al parecer le pedían sus compañeros de armas a la vista de la victoriosa campaña por Aragón, Franco ordenó a los generales José Varela, Antonio Aranda y Rafael García Valiño el avance desde Teruel a Castellón, que ocuparon el 13 de junio. La ofensiva sobre Valencia, objetivo básico de esa campaña, iniciada unos días después, chocó con una eficaz acción defensiva republicana. Las tropas franquistas, no obstante, se quedaron a menos de cincuenta kilómetros de la que había sido durante un año la capital de la República. Franco decía que entraría en Valencia el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. Y en esa noche del 24 al 25, varias unidades del ejército republicano, al mando del comunista Juan Modesto, cruzaron el río Ebro en botes, siguiendo el plan trazado por el general Rojo para juntar de nuevo el Levante con Cataluña. Comenzó así la batalla del Ebro, la más larga y dura de toda la guerra.

Casi todos los jefes que formaron el ejército del Ebro creado para esa ocasión eran comunistas. El comandante en jefe era el teniente coronel Juan Modesto y estaban también allí Enrique Lister, que dirigía el V Cuerpo de Ejército y el teniente coronel Manuel Tagüeña, un estudiante de física y matemáticas que comenzó la guerra de soldado raso y acabó mandando el XV Cuerpo de Ejército. El general Rojo les dijo, según cuenta Tagüeña en Testimonio entre dos guerras, «que respondía de cualquier decisión que pudiéramos tomar a la otra orilla del río, si nos encontrábamos aislados y en situación difícil». Pasaron el río por diferentes sitios, entre Fayón en el norte y Miravete en el sur. El avance inicial, como solía ser normal en esas acciones republicanas, fue considerable, pero pronto, también como siempre, quedó detenido. Y Franco actuó como lo hizo en anteriores ocasiones, en Brunete, Belchite o Teruel, y emprendió la reconquista del territorio cedido.

La batalla pareció al principio una victoria táctica de los republicanos, que habían frenado la ofensiva franquista sobre Valencia, pero fue, en casi todo su desarrollo, una batalla defensiva que buscaba más cansar al adversario, obligarle a negociar una victoria menos incondicional, que derrotarle, algo imposible. Lucharon durante casi cuatro meses, hasta el 16 de noviembre, 250 000 hombres. Los franquistas perdieron más de treinta mil y los republicanos el doble, aunque los principales historiadores militares no se ponen de acuerdo en el número exacto de muertos, unos trece mil en total, repartidos casi a partes iguales entre los dos bandos. La República había perdido lo mejor de su Ejército y poco después perdió toda Cataluña. La República parecía ya derrotada, sobre todo porque el pacto de Múnich, firmado a finales de septiembre y que dejaba a Hitler avanzar libremente sobre Checoslovaquia, quebró la estrategia de resistencia de Negrín y demostró que las democracias no querían cambiar su política de apaciguar a las potencias fascistas. El 7 de noviembre, Franco declaró al vicepresidente de la United Press, James Miller, algo que no se había cansado de repetir durante todo ese año: «No habrá mediación. No habrá mediación porque los delincuentes y sus víctimas no pueden vivir juntos».

La opinión de Rojo tras la retirada de Teruel seguía vigente después de la batalla del Ebro: sólo se había conseguido crear un «boceto» de ejército, «un estado embrionario de organización». La guerra civil en el bando republicano comenzó con una revolución y acabó con un intento desesperado por parte de Negrín de presentar una alternativa democrática y disciplinada, que hiciera cambiar de política a Francia y Gran Bretaña y que muchos, sobre todo anarquistas y socialistas de izquierda, interpretaron como una dictadura comunista, por la dependencia de la Unión Soviética en el equipamiento militar y por el ascenso de militantes comunistas en el ejército republicano. Ese último plan de Negrín no tuvo éxito y la República perdió la guerra.

LA DERROTA DE LA REPÚBLICA

El final de la República estaba ya cantado desde el pacto de Múnich y el desenlace de la batalla del Ebro, pero sus tres últimos meses de vida fueron agónicos. Toda Cataluña cayó rendida a los pies de las tropas de Franco en apenas un mes, en medio de la exaltación patriótica y religiosa. A mediados de enero de 1939 entraban en Tarragona y el 26 en Barcelona.

Las tropas republicanas se retiraron hacia la frontera francesa de forma desorganizada. Según la descripción de Manuel Azaña, «la desbandada cobró una magnitud inmensurable. Una muchedumbre enloquecida atascó la carretera y los caminos, se desparramó por los atajos, en busca de la frontera […] El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la carretera […] Algunas mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños perecieron de frío o pisoteados…». Las bombas y los ametrallamientos de la aviación franquista causaron numerosos muertos y heridos.

La venganza contra la Cataluña roja reavivó el terror «caliente», con fusilamientos in situ, sin juicio previo. Desde la total ocupación de Cataluña hasta el triunfo total del ejército de Franco pasaron cincuenta días de desmadre anticatalanista, en forma de palizas, vejaciones a las mujeres rojas, saqueos y destrucción de bibliotecas y de asesinatos de aquellos que «tenían las manos manchadas de sangre» y no pudieron escapar. Los diplomáticos británicos, en un balance realizado dos años después, pensaban que el «trato recibido por los catalanes es peor que el que han sufrido las víctimas de la Gestapo y la OVRA».

Con la caída de Barcelona y la conquista total de Cataluña, la República agonizaba. Los Gobiernos de Gran Bretaña y de Francia reconocieron por fin oficialmente al de Franco y el 27 de febrero de 1939 Manuel Azaña, que había pasado ya a Francia tres semanas antes, dimitió como presidente de la República. Unos días después, el golpe del coronel Segismundo Casado empeoró las cosas.

En Madrid, la ciudad resistente, la antifascista, la de la Junta Delegada de Defensa, había dejado paso de forma paulatina, según Ángel Bahamonde y Javier Cervera, a la ciudad pasiva y sobre todo a la ciudad de la quinta columna, que utilizó desde 1938 «la táctica de infiltración en los aparatos de poder republicanos con el fin de estar presentes y a largo plazo controlar centros neurálgicos». El hambre, el mercado negro y la desmoralización cundían en los últimos meses de 1938. Las tensiones acumuladas eran tantas o más que las que habían llevado al mayo sangriento de 1937 en Barcelona y no salieron antes por «la proximidad física del enemigo» y la «necesidad de sobrevivir».

El golpe de Casado no fue sólo la culminación de un conflicto político sino también «la sublevación de los mandos profesionales» contra el Gobierno republicano, al que le negaban legitimidad. Era también la plasmación de la idea de que «sería más fácil liquidar la guerra a través de un entendimiento entre militares». Inauguró una desesperada y costosa lucha fratricida en esa República moribunda, con ramificaciones en otras partes de la zona central y en Cartagena, y no consiguió ninguna «paz honrosa», sino una rendición sin condiciones, lo que Franco, los militares, las autoridades civiles y la Iglesia católica habían anunciado insistentemente, es decir, el aniquilamiento del régimen republicano y de sus partidarios.

Quedaba todavía el drama de Alicante. Unas 15 000 personas, entre jefes militares, políticos republicanos, combatientes y población civil, se apiñaban en el puerto desde el 29 de marzo. Al atardecer del día siguiente, llegaron a la ciudad las tropas italianas de la División Vittorio, al mando del general Gaetano Gambara, antes de que gran parte de esa multitud pudiera embarcar en buques franceses y británicos. Muchos de los capturados fueron ejecutados allí mismo. Otros, prefirieron el suicidio antes que ser víctimas de la represión franquista.

«En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, nuestras tropas victoriosas han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado», decía el último parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939, con la voz del locutor y actor Fernando Fernández de Córdoba.

Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales, según los historiadores, se aproximó a las 600 000, de las cuales 100 000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55 000 a la violencia en la zona republicana. Medio millón de personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración.

La Guerra Civil española fue la primera de las guerras del siglo XX en que la aviación se utilizó de forma premeditada en operaciones de bombardeo en la retaguardia. La intervención extranjera mandó por el cielo español a los S-81 y S-79 italianos, a los He-111 alemanes y a los «Katiuskas rusos», convirtiendo a España en un campo de pruebas para la gran guerra mundial que se preparaba. Madrid, Durango, Gernika, Alcañiz, Lérida, Barcelona, Valencia, Alicante o Cartagena, entre otras muchas ciudades, vieron cómo sus poblaciones indefensas se convertían en objetivo militar. Según el estudio de Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya, las víctimas mortales como consecuencia de los bombardeos de la aviación franquista, italiana y alemana en la zona republicana superaron las 11 000, de las que más de 2500 ocurrieron en Barcelona, mientras que los muertos ocasionados por la aviación republicana y soviética, si se aceptan las cifras de los propios vencedores, serían 1088 hasta mayo de 1938. La actuación de la aviación italiana y alemana fue decisiva para la victoria franquista. La mayoría de los bombardeos que realizaron fueron con el único objetivo de castigar y sembrar el pánico en la población y muchos de ellos ocurrieron además en poblaciones catalanas y levantinas a partir de finales de 1938, cuando la guerra la tenía prácticamente ganada el ejército franquista.

El éxodo que emprendió la población vencida dejó también huella. «La retirada», como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450 000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170 000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200 000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista. Los tres presidentes de Gobierno que tuvo la República en guerra murieron en el exilio: José Giral en México, en 1962; Francisco Largo Caballero en París, en 1946, tras haber pasado por el campo de concentración nazi de Orianenburg; y en la misma ciudad murió Juan Negrín en 1956. Manuel Azaña, el presidente de la República y el político más importante de la España de los años 30, murió en Montauban, Francia, el 3 de noviembre de 1940.

Muchos españoles vieron la guerra desde el principio como un horror, otros sentían que estaban en la zona equivocada y trataban de escapar. Hubo personajes ilustres de la República que no tuvieron participación alguna en la guerra, como Alejandro Lerroux o Niceto Alcalá Zamora, destituido como presidente de la República en abril de 1936 y a quien la sublevación militar le cogió en un crucero por el norte de Europa. Supo de ella en Reikiavik, para pasar después por París y Buenos Aires, donde murió en 1949. Estaba también la llamada «tercera España», algunos intelectuales que pudieron «abstenerse de la guerra», como decía de sí mismo Salvador de Madariaga. Pero la guerra atrapó a la mayoría de la población española, a millones de ellos, les hizo tomar partido, aunque algunos se mancharan más que otros, e inauguró un período de violencia sin precedentes en la historia de España, por mucho que todavía haya versiones que vean esa guerra como una consecuencia lógica de la tendencia ancestral de los españoles a matarse.

España vivió a partir de abril de 1939 la paz de Franco, las consecuencias de la guerra y de quienes la causaron. España quedó dividida entre vencedores y vencidos. Las iglesias se llenaron desde antes del final de la guerra de placas conmemorativas de los «caídos por Dios y por la Patria». Por el contrario, miles de asesinados por la violencia iniciada por los militares sublevados en julio de 1936 nunca fueron inscritos ni recordados con una mísera lápida y sus familiares andan todavía buscando sus restos. El proyecto reformista de la República y todo lo que esa forma de gobierno significaba fue barrido y esparcido por las tumbas de miles de ciudadanos; y el movimiento obrero, sus organizaciones y su cultura, resultaron sistemáticamente eliminados en un proceso más violento y duradero que el sufrido por otros movimientos europeos de resistencia al fascismo. En eso consistía también la «operación quirúrgica en el cuerpo social de España» reclamada con tanto ahínco por los militares sublevados, las clases poseedoras y la Iglesia católica.

Algunas de las mejores investigaciones sobre esos años confirman que la intervención alemana e italiana fue decisiva para la derrota de la República o para la Victoria de los militares sublevados contra ella en julio de 1936: «Italia y Alemania hicieron mucho por España en 1936 […] Sin la ayuda de ambos países no existiría Franco hoy», le dijo Adolf Hitler a Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano y yerno de Benito Mussolini, en septiembre de 1940.

Hay autores, sin embargo, que creen que la intervención internacional no fue tan decisiva y que deben buscarse las causas en las características de los dos ejércitos que combatieron, y el de Franco era mejor, y en la política, lo cual casi siempre se resume en la «unidad» de la zona franquista y la «desunión» republicana. Aspectos políticos, militares e internacionales resumirían de esa forma el compendio de complejas explicaciones que pueden darse a la pregunta simple de por qué la República perdió la guerra.

La situación internacional «determinó» el curso y desenlace de la Guerra Civil. Es la conclusión de Enrique Moradiellos cuando hace balance de lo mucho que él y otros investigadores, como Ángel Viñas, Robert Whealey, Paul Preston, Walther L. Bernecker, Gerald Howson, o Pablo Martín Aceña, han escrito sobre el tema. Sin la ayuda de Hitler y de Mussolini, «es harto difícil creer que Franco hubiera podido obtener su victoria absoluta e incondicional» y «sin el asfixiante embargo impuesto por la no intervención y la consecuente inhibición de las democracias occidentales, es muy poco probable que la República hubiera sufrido un desplome interno y una derrota militar tan total y sin paliativos».

A la República no le faltó dinero ni tampoco tuvo escasez de armamento. En realidad, la República gastó una cantidad de dinero similar para perder la guerra a la que Franco utilizó para ganarla, unos setecientos millones de dólares en cada bando, pero el material bélico que adquirió a través de las reservas de oro del Banco de España fue inferior, en cantidad y calidad, al que las potencias fascistas suministraron a los militares rebeldes. Y lo más importante es que Franco recibió siempre esa ayuda de forma constante, mientras que la ayuda soviética dependió, además de otros factores, del entendimiento entre Moscú y las potencias democráticas occidentales. Así, en los meses finales de 1937 y 1938 los envíos se interrumpieron o no podían pasar la frontera francesa. La política expansionista de los fascismos y la de «apaciguamiento», defendida por Gran Bretaña y seguida por Francia, afectó de lleno a la evolución y resultado de la Guerra Civil española.

Antony Beevor resta importancia a la intervención extranjera y atribuye mucha más a la estrategia seguida por el Estado Mayor de la República y a la «desastrosa conducción de la guerra que llevaron a cabo los comandantes comunistas y sus consejeros soviéticos». Beevor considera que la decisión de Hitler de enviar los aviones de transporte Junker 52 para que el ejército de África pudiera pasar el estrecho de Gibraltar no fue decisiva, porque más tarde o más pronto hubiera pasado, dada «la incompetencia y la falta de iniciativa de la flota republicana durante el caos revolucionario de las primeras semanas». Tampoco fue esa intervención fascista y nazi la que le dio finalmente la victoria a Franco, aunque cree que «acortó» la guerra de forma considerable a su favor, sobre todo por las acciones de la Legión Cóndor en la rápida conquista del norte, lo que permitió a los rebeldes «concentrar las fuerzas en el centro de España», y por su «devastadora eficacia» para contrarrestar las grandes ofensivas republicanas de la segunda mitad de 1937 y de 1938. Para este escritor inglés, especialista en algunas de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, más que ganar la guerra Franco, «fueron los jefes militares republicanos quienes las perdieron», una tesis que actualiza lo que ya habían escrito algunos historiadores franquistas, como Ramón Salas Larrazábal, en los últimos años de la Dictadura.

Los militares sublevados ganaron la guerra, sostienen otros especialistas como Gabriel Cardona, porque contaron desde el primer disparo con un ejército, y lo único que tenían que hacer era «ampliar los recursos militares», mientras que la República tuvo que organizarlo «prácticamente desde cero». Por un lado estaban las milicias, y toda la interminable discusión sobre la conveniencia o no de crear un ejército regular; y por otro, las tropas bien entrenadas de Marruecos. No es extraño que, al mando de Franco, estas últimas lograran «llegar imbatidas hasta los límites de Madrid». Cuando Negrín, con el asesoramiento de Rojo, emprendió la reorganización militar, se encontró con demasiados problemas ya insalvables, sobre todo «la escasa calidad de muchos mandos medios e inferiores». Un ejército en operaciones, añade Cardona, «necesita suministros garantizados y el apoyo de una sólida retaguardia». Como las armas llegaban a la España republicana por vía marítima y dependían de la política de Stalin, de los controles navales del Comité de No Intervención y de los avatares de la política francesa al permitir o no el tránsito de las expediciones, «los vaivenes en el suministro resultaban muy frecuentes y podían faltar armas o municiones en el momento más grave o crítico». La retaguardia, por otra parte, bastante tenía con aguantar el hambre, los bombardeos y las derrotas militares.

Michel Seidman cree, por el contrario, que la retaguardia podría haber hecho mucho más y que fue allí, en definitiva, donde la República perdió la guerra. Su conclusión es contundente: «La República fue incapaz de retener el compromiso y la devoción de los habitantes urbanos que en un principio la defendieron. Tampoco provocó el entusiasmo entre las poblaciones rurales, incluso entre los colectivistas, que no estaban conformes con sus controles de precios». El activismo y la militancia del principio se fue desvaneciendo poco a poco y se pasó del compromiso a la falta de sacrificio y a la «lucha por la supervivencia inicial». Muchos ciudadanos de la República se preocuparon más por su «patria chica», por sus hogares y familias, que por «entidades mayores, como el Estado y la nación».

Este énfasis en lo personal enriquece, sin duda, la visión de la guerra pero no puede funcionar como un análisis independiente de las rivalidades internacionales, de la ayuda extranjera recibida, de la disponibilidad de un mejor ejército y de las disputas políticas que caracterizan a las democracias, o a quienes intentan conseguirla, frente al discurso y prácticas autoritarias.

Después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la revolución en Rusia, ninguna guerra civil podía ser ya sólo «interna». Cuando empezó la Guerra Civil española, los poderes democráticos estaban intentando a toda costa «apaciguar» a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses. Las dictaduras dominadas por gobiernos autoritarios de un solo hombre y de un único partido estaban sustituyendo entonces a las democracias en muchos países europeos y, si se exceptúa el caso ruso, todas esas dictaduras salían de las ideas del orden y de la autoridad de la extrema derecha. Seis de las democracias más sólidas del continente fueron invadidas por los nazis al año siguiente de acabar la Guerra Civil. España no era, en consecuencia, una excepción ni el único país donde el discurso del orden y del nacionalismo extremo se imponían al de la democracia y de la revolución.

Los bandos que se enfrentaron en España eran tan diferentes desde el punto de vista de las ideas, de cómo querían organizar el Estado y la sociedad, y estaban tan comprometidos con los objetivos por los que tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo. Y el panorama internacional, de nuevo, tampoco dejó espacio para las negociaciones. De esa forma, la guerra acabó con la aplastante victoria de un bando sobre otro, una victoria asociada desde ese momento con todo tipo de atrocidades y abusos de los derechos humanos. Esa violencia exterminadora tenía poco que ver con la represión y la censura utilizada por el régimen monárquico de Alfonso XIII o por la dictadura de Primo de Rivera. Las dictaduras que emergieron en Europa en los años treinta, en Alemania, Austria, o España, tuvieron que enfrentarse a movimientos de oposición de masas y para controlarlos necesitaron poner en marcha nuevos instrumentos de terror. Ya no bastaba con la prohibición de partidos políticos, la censura o la negación de los derechos individuales. Un grupo de criminales se hizo con el poder. Y la brutal realidad que salió de sus decisiones fueron los asesinatos, la tortura y los campos de concentración. La victoria de Franco fue también una victoria de Hitler y de Mussolini. Y la derrota de la República fue asimismo una derrota para las democracias.

LA DICTADURA DE FRANCO

Capítulo 10. La paz de Franco

CAPÍTULO 10

LA PAZ DE FRANCO

A la Guerra Civil española le siguió una larga paz incivil. La dictadura de Franco fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, estableció un estado represivo sobre las cenizas de esa guerra, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró un cruel y amargo castigo a los vencidos hasta el final. Hubo otras dictaduras, fascistas o no, pero ninguna salió de una guerra civil. Y hubo otras guerras civiles, pero ninguna resultó de un golpe de Estado y ninguna provocó una salida reaccionaria tan violenta y duradera.

En la larga y sangrienta dictadura reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX si se compara con otros países europeos capitalistas. Es verdad que España, al contrario que en Finlandia y Grecia, países que sufrieron también guerras civiles en esa primera mitad del siglo, nunca pudo gozar del beneficio de una intervención democrática internacional que bloqueara la salida autoritaria tras el final de la guerra civil. Pero conviene destacar por encima de cualquier consideración el compromiso de los vencedores con la venganza, con la negación del perdón y la reconciliación, así como la voluntad de retener hasta el último momento posible el poder que les otorgó las armas. Los militares, la Iglesia católica y Franco pusieron bastante difícil durante décadas la convivencia. Sus actitudes, y la de cientos de miles de personas que les apoyaron, hicieron de España, en efecto, un país diferente.

Los vencedores de la guerra decidieron durante años y años la suerte de los vencidos. El exterminio del contrario en la guerra dio paso a la centralización y control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado. Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas coercitivas y de castigo. Como han demostrado diversos estudios, la violencia fue la médula espinal de la dictadura de Franco.

VENCEDORES Y VENCIDOS

Tras el final oficial de la guerra, el 1 de abril de 1939, la destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta. Comenzó en ese momento un nuevo período de ejecuciones masivas, y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres, especialmente en aquellas provincias conquistadas por el ejército de Franco en los tres últimos meses de la guerra.

El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270 000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50 000 personas fueron ejecutadas en la década posterior al final de la guerra, mientras que «la retirada», como se conocía a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450 000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170 000 eran mujeres, niños y ancianos. Entre esos miles de fusilados, había personajes ilustres, detenidos en Francia y entregados a las autoridades franquistas por la Gestapo, como Lluís Companys, presidente de la Generalitat, o los ministros de la República durante la Guerra Civil Julián Zugazagoitia y Joan Peiró.

La principal característica del terror que se impuso en la posguerra es que estaba organizado desde arriba, basado en la jurisdicción militar, en juicios y consejos de guerra. Tras la típica explosión de venganza en las ciudades recién conquistadas, los «paseos» y las actuaciones de poderes autónomos, como los escuadrones de falangistas, dejaron paso al monopolio de la violencia del nuevo Estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes. Con la jurisdicción militar a pleno rendimiento, se impuso un terror frío, administrativo y rutinario. Los consejos de guerra, por los que pasaron decenas de miles de personas entre 1939 y 1945, eran meras farsas jurídicas, que nada tenían que probar, porque ya estaba demostrado de entrada que los acusados eran rojos y, por lo tanto, culpables.

El primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó el franquismo empezó el 9 de febrero de 1939. La Ley de Responsabilidades Políticas declaraba «la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas», que desde el 1 de octubre de 1934 «contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» y a partir del 18 de julio de 1936 «se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave». Todos los partidos y «agrupaciones políticas y sociales» que habían integrado el Frente Popular, sus «aliados, las organizaciones separatistas» y «todas aquellas que se han opuesto al triunfo del Movimiento Nacional», quedaban «fuera de la Ley» y sufrirían «la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes», que pasarían «íntegramente a ser propiedad del Estado».

La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos y los rojos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Hasta octubre de 1941 se habían abierto 125 286 expedientes y unas 200 000 personas más sufrieron la «fuerza de la justicia» de esa Ley en los años siguientes. La Ley, modificada parcialmente en 1942, quedó derogada el 13 de abril de 1945, pero las decenas de expedientes en trámite siguieron su curso hasta el 10 de noviembre de 1966.

Las sanciones que la Ley preveía eran durísimas y podían ser, según el artículo 8, de tres tipos: «restrictivas de la actividad», con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de carreras y profesiones, que abrió un amplio y selectivo proceso de depuración; «limitativas de la libertad de residencia», que conllevaba el extrañamiento, la «relegación a nuestras posesiones africanas», el confinamiento o el destierro; y «económicas», con pérdida total o parcial de algunos bienes determinados y pago de multas. Caer bajo el peso de esa Ley significaba, en palabras de Marc Carrillo, «la muerte civil». Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria.

De acuerdo con la Ley, el juez instructor debería pedir informes sobre el presunto responsable «al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquél tenga su vecindad o su último domicilio». La ley marcaba así el círculo de autoridades poderoso y omnipresente, de ilimitado poder coercitivo e intimidatorio, que iba a controlar durante los largos años de la paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos, una tríada temible de dominio político, militar y religioso.

El sistema represivo procesal levantado tras la guerra, consistente en la multiplicación de órganos jurisdiccionales especiales, mantuvo su continuidad durante toda la dictadura. Cuando una ley era derogada, la nueva normativa reiteraba el carácter represor de la anterior. Es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941. Fue derogada seis años después, sustituida por el Decreto ley de 13 de abril de 1947 de represión del bandidaje y terrorismo, que mantenía la pena de muerte para diversos y variados delitos. Otro instrumento básico de persecución, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, tuvo todavía mayor continuidad, obsesionados como estaban Franco y los vencedores de la guerra por considerar máximos responsables de todos los males de España a quienes caían bajo ese amplio paraguas de la masonería y el comunismo. El Tribunal Especial que estableció esa Ley fue suprimido el 8 de marzo de 1964, aunque, en realidad, una buena parte de sus atribuciones habían sido asumidas desde 1963 por el Tribunal de Orden Público. Murió Franco y allí estaba todavía el TOP, disuelto finalmente por un Decreto ley de 4 de enero de 1977.

Mantener en la cárcel durante tanto tiempo a tantos prisioneros, torturarlos, dejarles morir de hambre y de epidemias, no fue, como la dura represión de posguerra en general, algo inevitable. Era el castigo necesario para los rojos vencidos y, bajo ese supuesto, las sutilezas legales no tenían sentido. Como ha observado Michael Richards, la etiqueta denigratoria de «rojo» pasó en la posguerra a designar «no sólo la filiación política de izquierdas de otros tiempos, sino una suerte de “suciedad”, el hecho de ser distinto, de ser un paria». En 1943 había todavía más de 100 000 presos. Cerca de 16 000 personas purgaban en ese mismo año sus penas en los 121 destacamentos penales que, desperdigados por toda la geografía española, empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción, en carreteras o pantanos. En 1952 todavía había en las cárceles españolas presos de guerra que esperaban condena.

El sistema de redención de penas por el trabajo, que su principal inspirador, el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, atribuía a una nueva concepción «cristianísima» del sistema penitenciario auspiciado por el Caudillo, resultó también un excelente medio de proporcionar mano de obra barata a muchas empresas y al propio Estado. En Asturias se levantaron nuevas cárceles alrededor de las minas de carbón para poder explotar a los presos. En las minas de mercurio de Almadén y en las de carbón de León y del País Vasco se utilizaron numerosos presos que consumían jornadas agotadoras que muchos no pudieron resistir. En las dos décadas de construcción del Valle de los Caídos trabajaron en total unos veinte mil hombres, muchos de ellos, sobre todo hasta 1950, «rojos» cautivos de guerra y prisioneros políticos, explotados por las empresas que obtuvieron las diferentes contratas de construcción, Banús, Agromán y Huarte. La cárcel y la fábrica, bendecidas por la misma religión, se confundieron en esos primeros años del franquismo y formaron parte del mismo sistema represivo. A los presos políticos les daban trabajo y a los trabajadores «libres» les disciplinaban con la propaganda patriótica y la religión.

Entre las mujeres hubo también vencedoras y vencidas. En 1940 había en España más de veinte mil presas políticas. A comienzos de ese año, la cárcel de mujeres de Las Ventas de Madrid, construida para albergar a quinientas presas, tenía entre seis mil y ocho mil. En Barcelona, la cárcel de Las Corts, con capacidad para cien reclusas, tenía una población estable cercana a las dos mil. Los casos de tifus y tuberculosis abundaban según el médico de la prisión, Enrique Fosar Bayarri, que se quejaba en las reuniones de la junta de disciplina de la falta de medicamentos y de material sanitario. En 1939 había en la cárcel 44 niños y niñas menores de cuatro años encerrados con sus madres.

Los niños formaban parte del mundo interno de las cárceles de mujeres. Muchos de los que sobrevivieron a la cárcel, tras cumplir los cuatro años de edad, fueron separados de sus madres e ingresados en centros de asistencia y escuelas religiosas al amparo del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, llamado de Nuestra Señora de la Merced. En 1942 estaban tutelados por ese Patronato 9050 niños y niñas. En 1943, 10 675. Según la investigación de Ricard Vinyes, había muchas más niñas que niños bajo tutela, internadas en centros religiosos con normas austeras y rígidas, la educación ideal que muchos franquistas reservaban para las mujeres. Castigo y miseria para las madres rojas y más de lo mismo para sus hijas.

Había que vigilarlas, reeducarlas y purificarlas, con aceite de ricino si era necesario, para que arrojaran los demonios de su cuerpo. Como portadoras de culpa que eran, comenta Michael Richards, se les rapaba la cabeza, una imagen cotidiana de los años cuarenta, para que los vencedores señalaran todavía más a la «pelona». La Sección Femenina y la Iglesia se cebaron sobre las rojas y las mujeres de los rojos, hundiéndolas en la miseria moral y física, y martirizándolas con los verdaderos símbolos de la mujer representados por la Virgen María, Isabel la Católica y santa Teresa de Jesús.

Esa maquinaria de terror organizado desde arriba requería, sin embargo, una amplia participación «popular», de informantes, denunciantes, delatores, entre los que no sólo se encontraban los beneficiarios naturales de la victoria, la Iglesia, los militares, la Falange y la derecha de siempre. La purga era, por supuesto, tanto social como política y los poderosos de la comunidad, la gente de orden, las autoridades, aprovecharon la oportunidad para deshacerse de los «indeseables», «animales» y revoltosos. Pero lo que esa minoría quería lo aprobaban muchos más, que veían políticamente necesario el castigo de sus vecinos, a quienes acusaban o no defendían si otros los acusaban.

Eran tiempos de odios personales, de denuncias y de silencio. En Valencia, las autoridades establecieron desde el primer día centros de recepción de denuncias, a cuyas puertas se formaron largas colas de ciudadanos que buscaban venganza o querían evitar que la represión se descargase sobre ellos mismos, aleccionados por los avisos que se lanzaban desde el gobierno militar: «Toda persona que conozca la comisión de un delito llevado a cabo durante la época de dominación roja, se halla obligada a denunciar el hecho […] a fin de llevar a cabo en la debida forma el espíritu de justicia que anima a nuestro caudillo».

Colaborar mediante la delación significaba implicarse también en la incoación de la amplia gama de procesos sumariales desplegada por los vencedores. Por eso se insistía tanto en la participación activa y se perseguía y se sancionaba la pasividad. Denunciar «delitos», señalar a los «delincuentes», era cosa de los «buenos patriotas», de quienes estaban forjando la «Nueva España». La denuncia se convirtió así en el primer eslabón de la justicia de Franco.

Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Una ley de 10 de febrero de 1939 institucionalizó la depuración de los funcionarios públicos, un proceso que los militares rebeldes habían iniciado sin necesidad de leyes en el verano de 1936. Detrás de esa ley, y en general de todo el proceso de depuración, había un doble objetivo: privar de su trabajo y medios de vida a los «desafectos al régimen», un castigo ejemplar que condenaba a los inculpados a la marginación; y, en segundo lugar, asegurar el puesto de trabajo a todos los que habían servido a la causa nacional durante la Guerra Civil y mostraban su fidelidad al Movimiento. Ahí residía una de las bases de apoyo duradero a la dictadura de Franco, la «adhesión inquebrantable» de todos aquellos beneficiados por la victoria.

Un año después de acabada la guerra, la dictadura montó y puso en marcha un sistema de denuncia legal, un instrumento estatal para estimular la delación, que ni siquiera se puso en práctica en la Alemania nazi. La «Causa General informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación» fue creada por el decreto del Ministerio de Justicia de 26 de abril de 1940, con el fin de «investigar cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados, lo mismo en el orden material que en el moral, contra las personas, contra los bienes, así como contra la religión, la cultura, el arte y el patrimonio nacionales».

En la práctica, la «Causa General» consiguió varias metas. Aireó y marcó en la memoria de muchos ciudadanos las diferentes manifestaciones del «terror rojo» durante la Guerra Civil. Compensó a las familias de las víctimas de esa violencia, confirmando la división social entre vencedores y vencidos. Y sobre todo se convirtió en el instrumento de delación y persecución de ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos. Las investigaciones realizadas sobre ese tema, especialmente en Cataluña, Aragón Castilla-La Mancha o Andalucía, descubren los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde el principio. Ser más sensible que nadie y delatar le libraba a uno de las sospechas. Muchos tuvieron que demostrar lo que no eran, engullir su pasado, borrar toda huella de disidencia o de expresión de la libertad.

En la represión de los vencidos participaron de forma destacada los familiares de las víctimas del «terror rojo». Conxita Mir ha demostrado que en la Lérida rural hubo estrechos «lazos de consanguinidad» entre los declarantes, más hombres que mujeres, aunque ésas tampoco se quedaron a la zaga, y donde aparecían muchos jóvenes que estaban forjándose ya su porvenir. Declarar, delatar, se convirtió para muchos en el primer acto político de compromiso con la dictadura. Ésa era una sociedad «vigilada, silenciada, convertida casi en espía de sí mismo, en la que […] la colaboración fue imprescindible para garantizar con eficacia el reemplazo de la política de masas por la sumisión al poder».

Todos esos informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, de la gente «ordinaria», los avales y salvoconductos necesarios para vivir, dan testimonio del grado de implicación de la población en ese sistema de terror. Y eso significa, en suma, que el franquismo no sólo vivió de violencia y terror, ni se sostuvo únicamente con la represión.

Sin esa participación ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a fuerza y coerción. Pasados los años más sangrientos, lo que se manifestó en realidad fue un sistema de autovigilancia donde nada invitaba a la desobediencia y menos aún a la oposición y a la resistencia. Con el paso del tiempo, la violencia y la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, «dulcificó» sus métodos y, sin el acoso exterior, pudo descansar, ofrecer un rostro más amable, con un dictador que inauguraba pantanos y repartía aguinaldos a los trabajadores.

Pero por mucho que evolucionara y dulcificara sus métodos, la dictadura nunca quiso quitarse de encima sus orígenes sangrientos, la Guerra Civil como acto fundacional, que recordó una y otra vez para preservar la unidad de esa amplia coalición de vencedores y para mantener en la miseria y en la humillación a los vencidos. El terror ajustó cuentas, generó la cohesión en torno a esa dictadura forjada en un pacto de sangre. Los vencidos quedaron paralizados, asustados, sin capacidad de respuesta. La represión fue, en palabras de Enrique Moradiellos, «una política social de “limpieza” y “depuración” de enemigos y desafectos enormemente fructífera para la dictadura franquista, sin la cual no resulta cabalmente comprensible su consolidación y pervivencia durante tantos años y en tan diferentes contextos internacionales».

Para recordar siempre su victoria en la Guerra Civil, para que nadie olvidara sus orígenes, la dictadura de Franco llenó de lugares de memoria el suelo español. Comenzó ese recuerdo ya antes de finalizar la guerra, cuando un decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938 proclamaba «día de luto nacional» el 20 de noviembre, en memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera un día como ése de 1936, y establecía, «previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas», que «en los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de los Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista».

Ése fue el origen de la colocación en las iglesias de placas e inscripciones conmemorativas de los «caídos por Dios y por la Patria», que el viajero puede ver todavía hoy pegadas o esculpidas en viejas piedras de singulares monumentos románicos, góticos o barrocos de muchos lugares de España. Y aunque no aparecía en el decreto, la mayoría de esas inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa, «mártires de la Cruzada» todos ellos. Porque, como escribía Aniceto Castro Albarrán, el canónigo magistral de Salamanca en su Guerra Santa, publicada ese año 1938, todas las víctimas de la «barbarie rusa» eran religiosas y no sólo el clero: «Los católicos más destacados, las personas más piadosas, los derechistas más apóstoles, todos aquellos, en fin, cuyo martirio significaba, exclusivamente, odio religioso y persecución a la Iglesia».

Acabada la guerra, en la paz incivil de Franco, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos, recordándoles durante décadas quiénes eran los patriotas y dónde estaban los traidores. Calles, plazas, colegios y hospitales de cientos de pueblos y ciudades llevaron desde entonces, y en bastantes casos presentes todavía hoy, los nombres de militares golpistas, dirigentes fascistas de primera o segunda fila y políticos católicos. Algunos se repiten mucho, como Franco, Yagüe, Millán Astray, Sanjurjo, Mola, José Antonio Primo de Rivera u Onésimo Redondo, uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), muerto en un combate en la sierra de Guadarrama el 24 de julio de 1936, apenas comenzados los disparos y sin tiempo para consolidar su marginal liderazgo fascista.

La consagración definitiva de la memoria de los vencedores de la Guerra Civil llegó, no obstante, con la construcción del Valle de los Caídos, «el panteón glorioso de los héroes», como lo llamaba fray Justo Pérez de Urbel, catedrático de historia en la Universidad de Madrid, apologista de la cruzada y de Franco, y primer abad mitrado de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El monumento fue inaugurado el 1 de abril de 1959, tras casi veinte años de construcción en la que trabajaron numerosos «rojos cautivos» y prisioneros políticos. Aquél era un lugar grandioso, para desafiar «al tiempo y al olvido», homenaje al sacrificio de «los héroes y mártires de la Cruzada». «No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar», declaró Franco en esa inauguración: «Nos exigen montar la guardia fiel de aquello por lo que murieron».

Había que recordar la guerra, siempre en guardia contra el enemigo, no cambiar nada, confiar siempre en esas fuerzas armadas que tan bien habían servido a la nación española, utilizar la religión católica como refugio de la tiranía y crueldad de la dictadura. Los otros muertos, los miles de rojos e infieles asesinados durante la guerra y la posguerra, no existían y tenían que ser recordados por sus familias en silencio.

Unos meses después del final de la Guerra Civil, el ataque del ejército alemán a Polonia, en septiembre de 1939, daba inicio a otra guerra en Europa, la segunda del siglo XX, que se convertiría en confrontación mundial tras el bombardeo japonés a la base naval norteamericana de Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941. Fue una guerra global, seis años de destrucción y muerte, que Franco y su dictadura pudieron evitar, aunque hubo miles de españoles que participaron también en la batalla, contra el fascismo o contra el comunismo, un segundo acto de la tragedia que justamente acababan de dejar atrás en su país.

FASCISMO

Franco y su ejército mandaron en España a partir del 1 de abril de 1939 y juntos se mantuvieron, sin apenas fisuras, durante casi cuarenta años. El 19 de mayo de 1939 ciento veinte mil soldados desfilaron ante su Caudillo como «Ejército triunfador y pueblo hecho milicia», en una apoteósica ceremonia político-militar en la que España, según el resumen de ABC del día siguiente, mostró «al mundo el poderío de las armas forjadoras del Nuevo Estado», de la «segunda reconquista». La exhibición sirvió, en opinión de Paul Preston, «para identificar a Franco con Hilter y Mussolini, asociarle con los grandes guerreros medievales de la historia de España y humillar a la población republicana derrotada».

Franco, situado en la tribuna levantada en el paseo de la Castellana, vestía uniforme militar, con la camisa azul de Falange y la boina roja de los carlistas. El desfile lo encabezó el general Andrés Saliquet. Por allí pasaron durante cinco horas todos los que habían contribuido a forjar la victoria y a llenar de sangre el territorio español: los camisas negras italianos, los falangistas, los carlistas con sus crucifijos, las tropas regulares, la legión extranjera y los mercenarios moros. Cerraba el desfile el general Wolfram von Richtofen de la Legión Condor. Varios aviones formaron en el cielo las letras de ¡Viva Franco! En su discurso, Franco dejó bien clara su determinación de borrar del mapa a las fuerzas políticas derrotadas en la guerra y de permanecer siempre alerta contra «el espíritu judío que permitió la alianza del gran capital con el marxismo».

Ese día de la victoria de 1939 fue también venerado en todas las escuelas con «conferencias patrióticas» que, según la orden del Ministerio de Educación Nacional, deberían versar sobre la «necesidad y significado de la Cruzada española», sobre «los hechos culminantes de la Guerra de liberación» y «sobre el Caudillo de España, como artífice de la Victoria y salvador de la Patria».

En el primer Gobierno nombrado por Franco después de la guerra, el 9 de agosto de 1939, los militares ocuparon cinco de los catorce puestos, entre ellos, y como iba a ser habitual durante toda la dictadura, los entonces creados Ministerio del Ejército, de la Marina y del Aire. Durante los primeros años de la posguerra, hasta la derrota de las potencias del Eje en 1945, los militares tuvieron una importante presencia en cargos ministeriales y en la administración del Estado.

Pero los vientos que soplaban por entonces en Europa eran fascistas, procedentes sobre todo de la Alemania nazi, y eso generó notables tensiones políticas entre los militares y los dirigentes falangistas. La intervención alemana e italiana había sido decisiva para el triunfo de las tropas de Franco frente a la República y en los meses que transcurrieron entre el final de la Guerra Civil y el inicio de la Segunda Guerra Mundial la política exterior franquista se había alineado con las potencias fascistas, adhiriéndose en abril al Pacto Anti-Comintern, el acuerdo establecido entre Alemania, Italia y Japón para luchar contra el comunismo. Sin embargo, cuando el Ejército nazi invadió Polonia, y Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, Franco promulgó un decreto en el que ordenaba «la más estricta neutralidad a los súbditos españoles». Era una política de aparente equidistancia, en un momento en el que ni siquiera Italia había entrado en la guerra, que iba a resultar muy difícil de mantener en aquella Europa tan turbulenta.

La prueba de fuego para esa neutralidad llegó un año después, en la primavera de 1940, con la súbita y victoriosa invasión de Holanda, Bélgica y Francia por el Ejército nazi. Benito Mussolini consideró que ése era el momento oportuno para que Italia entrara en la guerra, para recoger así los frutos de la victoria, y Franco, convencido también del ineludible triunfo fascista, preparó el camino para poder intervenir como beligerante en el reparto del botín imperial a costa de las potencias democráticas. La intención era, en palabras de Ramón Serrano Súñer, quien compartió con Franco esa estrategia diplomática, «entrar en la guerra en el momento de la victoria alemana, a la hora de los últimos tiros». A la espera de poder dar ese crucial paso, el Gobierno de Franco abandonó la «estricta neutralidad» y se declaró, el 13 de junio de 1940, beligerante, imitando lo que había hecho Mussolini justo hasta ese momento, una fórmula por la que se reconocía explícitamente la simpatía por el bando del Eje.

El problema era la desastrosa situación económica y militar de España, apenas un año después de finalizada la Guerra Civil, y las ambiciosas peticiones que Franco reclamaba como premio. El Ejército no estaba «en modo alguno» preparado para entrar en la Guerra Mundial, según informaba el general Alfredo Kindelán en marzo de 1940 y como recordaba poco después el almirante Wilhelm Canaris, jefe del servicio secreto militar alemán, España tenía «una situación interna muy mala», con escasez de alimentos y materias primas, y sería más una carga que una ayuda: «Tendríamos un aliado que nos costaría muy caro». Y a cambio, además, Franco pidió a Hitler Gibraltar, el Marrueco francés, el Oranesado (región noroccidental de Argelia) y el suministro de alimentos, petróleo y armas.

Las peticiones le llegaron a Hitler a través de una carta que el general Juan Vigón le entregó en mano en junio y una visita de Ramón Serrano Súñer, ministro de Gobernación, en septiembre. Los alemanes, como dejó bien claro su ministro de Asuntos Exteriores, Jochim Won Ribbentrop, no valoraban positivamente la beligerancia española, porque la consideraban una carga económica y militar, y plantearon además la exigencia de establecer bases militares en las islas Canarias. Así las cosas, las dos delegaciones diplomáticas acordaron tratar los puntos fundamentales de la negociación en un encuentro entre el Führer y el Caudillo. El histórico encuentro se celebró en Hendaya el miércoles 23 de octubre de 1940. Para preparar las medidas de seguridad de esa reunión, Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y jefe del entramado policial nazi, visitó Madrid tres días antes. Allí fue recibido con todos los honores y parafernalia fascista por Serrano Súñer, a quien Franco acababa de nombrar ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de Juan Beigbeder. Mussolini le dijo a Hitler que ese cambio en la diplomacia franquista garantizaba «que las tendencias hostiles al Eje están eliminadas o al menos neutralizadas», pero insistía en su «convicción de que la no beligerancia española es más ventajosa para nosotros que su intervención».

La entrevista se celebró en el Erika, el tren especial del Führer, y estuvieron presentes Von Ribbentrop y Serrano Súñer, junto con los dos intérpretes. Como ha señalado Paul Preston, «pese al mito de la bravura de Franco frente a las amenazas de Hitler», éste no fue a Hendaya a «exigir la entrada inmediata de España en la guerra». Hitler no aceptó las exigencias de Franco y España no entró en la guerra, porque no podía, dada su desastrosa situación económica y militar, y porque su intervención tenía costes demasiado altos para que Hitler, y Mussolini, con quien Franco se entrevistó en Bordighera en febrero de 1941, pudieran aceptarla. Hitler y Mussolini siempre consideraron a Franco como el dictador de un país débil que apenas contaba en las relaciones internacionales. Otra cosa es lo que dijo la propaganda franquista, hasta convertirlo en un mito que todavía se repite hoy: que Franco, con habilidad y prudencia, burló y resistió las amenazas del líder nazi, consiguiendo que España no participara en la Segunda Guerra Mundial. Una aventura, por otro lado, que, dado como transcurrió la historia, hubiera resultado fatal para el franquismo.

El fervor de Franco y del sector más fascista de su dictadura por la causa nazi y contra el comunismo se manifestó, pese a la no beligerancia oficial española, en la creación de la División Azul. Cuando en junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja y las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética, miles de falangistas, militares y excombatientes en la Guerra Civil española vieron la oportunidad de continuar en territorio ruso la cruzada antibolchevique. Por esa División, mandada por el general falangista Agustín Muñoz Grandes, llegaron a pasar cerca de 47 000 combatientes, que estuvieron en el frente norte ruso y en el asedio a Leningrado. Cobraban los haberes de un soldado alemán, además de un subsidio que recibían sus familias, y se les prometió trabajo a su regreso, aunque cinco mil de ellos murieron en combate en aquel frente oriental.

Los aires fascistas soplaron también es esos años en la política interior de la Dictadura, que vivió su período máximo de fascistización, iniciado ya en la Guerra Civil con la intervención alemana e italiana. Fue también el momento de mayor poder y gloria para Ramón Serrano Súñer, ministro de Gobernación desde enero de 1938, un cargo que no abandonó hasta mayo de 1941, jefe de la Junta Política de la entonces influyente Falange y ministro de Asuntos Exteriores desde el 16 de octubre de 1940. Serrano Súñer tuvo también un papel destacado en la persecución de los republicanos españoles refugiados entonces en Francia y pactó con Himmler una estrecha colaboración entre la Gestapo y la policía franquista.

La invasión de Francia por parte de las tropas alemanas, iniciada el 10 de mayo de 1940, había permitido la captura de miles de republicanos españoles refugiados en territorio francés desde la conquista de Cataluña por las tropas de Franco y el final de la Guerra Civil. Muchos acabaron en campos de concentración nazis, especialmente en Mauthausen, y varios miles más lucharon su segunda guerra contra el fascismo enrolados en diferentes batallones franceses. Serrano Súñer utilizó las buenas relaciones con Himmler y los líderes de la Gestapo para conseguir la identificación y captura de insignes autoridades de la España republicana, como Lluís Companys, Julián Zugazagoitia o Joan Peiró, entregados a la policía franquista por el régimen de Vichy sin tratados de extradición ni procedimientos legales, bajo la impunidad que proporcionaba el dominio nazi de Europa y los mecanismos extraordinarios de terror sancionados por las leyes de la dictadura franquista.

La calamitosa situación económica de España había condicionado la decisión de Franco en sus negociaciones con Hitler y marcó la vida de millones de ciudadanos durante más de una década. Los datos sobre los costes económicos y sociales de esa larga posguerra son concluyentes. Los salarios se mantuvieron por debajo del nivel de preguerra durante toda la década de los cuarenta. Los precios aumentaron, a ritmo de brotes inflacionistas, desde un 13 por ciento de media en los primeros años hasta el 23 por ciento en el bienio 1950-1951. Eso significaba que en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, el coste de la vida, según cifras oficiales de precios que ignoraban el mercado negro, se multiplicó por 5,4 entre 1936 y 1950. La renta per cápita apenas progresó hasta 1950 y el máximo productivo de preguerra en el sector industrial no se recuperó hasta 1952. El franquismo, como han demostrado solventes investigaciones, no trajo la modernización de la economía española sino que, por el contrario, bloqueó el proceso de crecimiento abierto desde el primer tercio del sigloXX. «Las comparaciones revelan», escribe García Delgado, «que en 1950 los españoles están más alejados todavía que en 1900 de los niveles de vida media de ingleses, franceses y alemanes […] descolgándose también en cuantía antes no conocida la renta por habitante española de la italiana».

En esa España de penuria, hambre, cartillas de racionamiento, estraperlo y altas tasas de mortandad por enfermedades, la militarización, el orden y la disciplina se adueñaron del mundo laboral. La Ley de 29 de septiembre de 1939 le dio a Falange Española el patrimonio de los «antiguos sindicatos marxistas y anarquistas». Los militantes del movimiento obrero, colectivistas, revolucionarios y rojos perdieron sus trabajos y tuvieron que implorar de rodillas su readmisión. La prohibición del derecho de asociación y de huelga llevaron a las catacumbas a lo poco o nada que quedaba de esas organizaciones sindicales. Ya no tenían dirigentes, muertos o en la cárcel como estaban, locales para reunirse, ni espacio para la protesta.

Así las cosas, la protesta obrera abierta resultaba imposible. Los fusilamientos en los cementerios, las cárceles, los campos de concentración y el exilio dejaron fuera de la lucha a los más activos. La violencia cotidiana, el hambre, la necesidad de subsistir y el control sindical hicieron el resto. Ni cauces legales, la táctica favorita de la UGT, ni acción directa, bandera histórica de la CNT. El movimiento obrero quedó muerto, aletargado, dividido por los ecos, que todavía resonaban, de las profundas disputas que habían marcado la política en la zona republicana.

La derrota y persecución del movimiento obrero allanó el camino para la creación de la Organización Sindical Española (OSE), «instrumento de encuadramiento y de control de los trabajadores, de disuasión ante posibles actitudes de protesta y de reivindicación, y de represión si la función disuasoria fracasaba». El aparato sindical franquista, según el argumento de Carme Molinero y Pere Ysás, fue una pieza esencial de la dictadura que, al intentar el sometimiento de la clase obrera y la eliminación de la lucha de clases, «coincidía con el carácter y la función de los aparatos sindicales de otros fascismos europeos». La OSE la componían 28 corporaciones laborales o sindicatos verticales, que agrupaban a trabajadores y empresarios por ramos de producción, controlados por la burocracia falangista.

Serrano Súñer trazó en esos primeros años de fascistización de la Dictadura un plan de adoctrinamiento, propaganda y movilización social, que Franco apoyó mientras duraron los éxitos militares de las potencias del Eje. La voluntad de control de la opinión pública se manifestó en la puesta en marcha de una extensa cadena de Prensa de Movimiento, de una red de emisoras de radio y de un Noticiario Documental (NO-DO) de obligada proyección en todos los cines. La Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, que estuvo vigente hasta la ley de 1966, convirtió a los medios de comunicación, como se decía en su Preámbulo, en órganos decisivos «en la formación de la cultura popular y sobre todo en la creación de la conciencia colectiva».

El partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS, denominado también Movimiento Nacional, pasó de 240 000 afiliados en 1937 a casi un millón en 1942. Sus dirigentes, junto con los militares, ocupaban los altos cargos de la Administración central y eran también falangistas muchos de los gobernadores civiles, alcaldes y concejales. Las principales secciones de la organización, que antes de la Guerra Civil, como el partido en general, apenas tenían afiliados, se convirtieron en instituciones estatales. El SEU fue el instrumento de control de los universitarios, obligados desde 1943 a inscribirse en él. El Frente de Juventudes se encargó de la educación política y paramilitar de miles de jóvenes. Y la Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange, formó a las mujeres españolas en la sumisión y subordinación a los hombres. Desde mayo de 1940, todas las mujeres tenían que prestar un Servicio Social de un mínimo de seis meses, con el que se obtenía un certificado imprescindible para ejercer una profesión, obtener títulos académicos o conseguir un pasaporte.

La creciente influencia de Falange dentro del Estado provocó tensiones con algunos militares y fue la causa de la única crisis política seria que vivió la Dictadura en sus primeros años. El 16 de agosto de 1942, el general José Enrique Varela, ministro del Ejército, anglófilo y vinculado a los carlistas, presidió la ceremonia anual que se celebraba en el santuario de la Virgen de Begoña, en Vizcaya, para recordar a los requetés caídos durante la Guerra Civil. Después de la misa, hubo unos choques entre los carlistas y un grupo de falangistas que acudieron allí con armas y granadas de mano. Uno de los falangistas, Juan Domínguez, inspector nacional del SEU, hirió con una de las granadas a varias personas. Varela, secundado por el coronel Valentín Galarza, ministro de Gobernación, y por otros mandos militares, divulgó el incidente como una ataque al Ejército y logró que, tras un consejo de guerra inmediato, fuera ejecutado Domínguez. Franco, que había defendido a los falangistas, consintió la ejecución, pero destituyó también a Valera y Galarza por avivar el fuego antifalangista en el Ejército.

En lo que sucedió después intervino de forma muy clara Luis Carrero Blanco, un capitán de fragata que era desde el año anterior subsecretario de la Presidencia del Gobierno y que se convirtió a partir de la crisis de agosto de 1942 en el más influyente consejero de Franco. Carrero persuadió a Franco, en palabras de Preston, «de que no debía haber vencedores ni vencidos después de la crisis», y le convenció de que el necesario equilibrio exigía apartar a Serrano Súñer del poder. El 3 de septiembre Franco destituyó a su cuñado como ministro de Asuntos Exteriores. Su sustituto fue el veterano general Francisco Gómez-Jordana, mientras que otro general, Carlos Asensio Cabanellas, se ocupó del Ministerio del Ejército. El cese de Serrano Súñer fue un triunfo de los militares que allanó también el camino para la domesticación de Falange.

Aunque algunos generales mantuvieron en esos años puntos de fricción con Franco, sobre todo los partidarios de la restauración de la monarquía, en realidad la posibilidad de que hubiera una conspiración seria para retirar a Franco del poder era impensable. Todos habían ganado la guerra y nadie iba a arriesgar su carrera abriendo la puerta a un posible conflicto en el que nunca sería secundado por los oficiales de rango medio, esos coroneles, comandantes y capitanes que pertenecían a la generación que había estudiado en la Academia General Militar de Zaragoza cuando Franco era su director, desde 1927 a 1931, y que mostraban una lealtad incondicional hacia el Caudillo como salvador de España.

La suerte de la Segunda Guerra Mundial estaba, además, cambiando y, tras la entrada de Estados Unidos en el bando aliado en diciembre de 1941 y las dificultades alemanas en el frente ruso, ya no estaba tan claro que las potencias del Eje pudieran ganar la guerra fácilmente. El desembarco de las fuerzas aliadas en Sicilia, el 9 de julio de 1943, y la destitución de Mussolini unos días después, poniendo fin a una dictadura fascista de dos décadas, aconsejaban abandonar la no beligerancia de los últimos tres años y el 1 de octubre de 1943 Franco proclamó de nuevo la «estricta neutralidad» de España en la guerra y anunció la retirada de la División Azul de la URSS. A partir de ese momento, decidido a sobrevivir al fascismo en Europa, la propaganda de la dictadura comenzó a presentar a Franco como un estadista neutral e imparcial que había sabido librar a España del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Había que desprenderse de las apariencias fascistas y resaltar la base católica, la identificación esencial entre el catolicismo y la tradición española. El régimen que había salido de la Guerra Civil nada tenía que ver con el fascismo, declaró Franco en una entrevista a United Press el 7 de noviembre de 1944, porque el fascismo no incluía al catolicismo como principio básico. Lo que había en España era una «democracia orgánica» y católica.

CATOLICISMO

El catolicismo, que había cohesionado a las diferentes fuerzas del bando sublevado durante la Guerra Civil, cumplió en la victoria una función similar. Isidro Gomá, cardenal de Toledo y primado de España, uno de los artífices de la conversión de la Guerra Civil en cruzada, amigo de Franco y acérrimo defensor de su autoridad, murió el 22 de agosto de 1940. Antes de morir, Gomá le dijo al nuncio del Vaticano, monseñor Gaetano Cicognani, que el hombre ideal para sucederle era Enrique Pla y Deniel. Nadie mejor que el obispo de Salamanca para continuar el matrimonio con el régimen de Franco. Enrique Pla y Deniel, el ideólogo de la cruzada, mantuvo a la Iglesia católica española en «amistosa concordia», como él la llamaba, con el nuevo Estado. Estaba convencido, y así lo manifestó en diversas ocasiones, que la Guerra Civil española había sido un plebiscito armado, que la represión de posguerra era una «operación quirúrgica en el cuerpo social de España» y que, vencidas las potencias fascistas, no había nada que revisar. Primado de la Iglesia española desde octubre de 1941, Pla y Deniel se pasó la posguerra explicando a quien quisiera oírlo, en el interior y sobre todo en el exterior, las «razones de la guerra de España». Murió el 5 de julio de 1968, casi treinta años después de haber escrito El triunfo de la Ciudad de Dios y la resurrección de España. Los tiempos estaban cambiando, con los nuevos aires que soplaban desde el Concilio Vaticano II. Pero la Iglesia española disfrutaba todavía de los frutos y de la plenitud de poderes que la sacralización de la guerra y su identificación con la dictadura franquista le habían otorgado.

Un repaso a esos logros y poderes debe comenzar necesariamente por la educación, un terreno vital en el que la sustancia católica se hizo notar desde los inicios de la Guerra Civil. Pedro Cantero Cuadrado resumía en 1942, en La hora católica de España, el alcance de esa legislación «cristiana y cristianizadora» en materia de enseñanza y educación: «Se ha suprimido la coeducación en los Institutos de Segunda Enseñanza y Escuelas Normales; se ha ordenado la reaparición del Crucifijo, la depuración de las bibliotecas públicas, la ayuda a las universidades eclesiásticas y la erección de oratorios en nuestros centros de Enseñanza Media y Universidad […] Éstas y otras disposiciones demuestran que el Ministerio más defendido y mimado por la Institución Libre de Enseñanza ha dejado de ser reducto del laicismo para servir a la España católica».

Cantero Cuadrado, que había sido capellán del arma de Caballería durante la guerra, era en 1942 asesor nacional de Auxilio Social, la institución falangista creada por Javier Martínez Bedoya y Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo. Estudió Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho, pero toda su ciencia la puso al servicio de Franco, como procurador en Cortes, consejero del Reino y miembro del Consejo de la Regencia. No bastaba con ser obispo en Barbastro (1952-1954), en Huelva (1954-1964) y arzobispo de Zaragoza (1964-1977). Cantero, como dirigente de la Iglesia de Franco, llevó su compromiso más lejos, hasta mancharse en la «democracia orgánica» montada por el Caudillo salvador.

Desde Gomá hasta Cantero, pasando por Pla y Deniel, la jerarquía eclesiástica se planteó muy en serio el objetivo de recatolizar España a través de la educación. Contaron para ello con intelectuales católicos fascistizados, a quienes Franco entregó el Ministerio de Educación. En su primer Gobierno, nombrado el 30 de enero de 1938, el cargo se lo dio a Sainz Rodríguez, un catedrático de Universidad de la extrema derecha alfonsina. Acabada la guerra, cuando Franco formó su segundo Gobierno, el 9 de agosto de 1939, José Ibáñez Martín fue el elegido. Se mantuvo al frente del Ministerio hasta 1951, doce años en los que tuvo tiempo de culminar la depuración del Magisterio iniciada por aquella Comisión de Cultura y Enseñanza que presidió desde finales de 1936 José María Pemán, de catolizar la escuela y de favorecer con generosas subvenciones a las escuelas de la Iglesia. Ibáñez Martín dejó también como legado un rosario de declaraciones antimodernistas, de encendidos elogios a la pedagogía de San José de Calasanz y de sorprendentes argumentos sobre la formación de los maestros y de los problemas básicos de la educación: «¿Cómo podrá formar el alma del niño un maestro que no sepa rezar?», se preguntaba en 1943: «He aquí el problema fundamental de la educación española».

Nada de extraño tiene que con ese timonel el barco de la educación fuera viento en popa en aquellos católicos años cuarenta. La verdad es que Ibáñez Martín tenía un currículo bastante completo para aspirar a ese puesto. Durante la dictadura de Primo de Rivera había sido miembro de la Unión Patriótica, teniente alcalde del ayuntamiento de Murcia y presidente de la Diputación provincial. Procedía también, como José María Pemán, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, participó a comienzos de la República en la creación de Acción Nacional y fue elegido diputado de la CEDA por Murcia en las elecciones de noviembre de 1933. Catedrático de geografía e historia en el Instituto San Isidro de Madrid, pasó el primer año de la guerra refugiado en una embajada sudamericana hasta que pudo escapar al bando franquista.

Ibáñez Martín mantuvo como principales responsables de su Ministerio a Tiburcio Romualdo de Toledo y José Permatín, dos ultracatólicos de la etapa de Sainz Rodríguez, e incorporó también a algunos «camisas viejas» de Falange, un ejemplo más de esa mixtura de fascismo y catolicismo que dominó la sociedad española de posguerra. Romualdo de Toledo, jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Primaria, era un tradicionalista que tenía como modelo de escuela «al monasterio de Occidente creado por san Benito», y José Permatín, responsable de la Enseñanza Superior y Media, había defendido en 1937 «una cuidadosa y concienzuda depuración —sin venganzas, pero sin flaquezas—» de los maestros y del profesorado de las escuelas normales.

Entre unos y otros echaron de sus puestos y sancionaron a miles de maestros, una purga ingente bien investigada por Francisco Morente, y convirtieron a las escuelas españolas en un botín de guerra repartido entre las familias católicas, falangistas y excombatientes. La inhabilitación y las sanciones afectaron también de lleno a los profesores de universidad, cuyos puestos se los distribuyeron, bajo el atento manejo de Ibáñez Martín, los propagandistas católicos y el Opus Dei. Ibáñez Martín había coincidido en su refugio madrileño del primer año de guerra con José María Albareda, un químico aragonés de Caspe, compañero de Escrivá de Balaguer y socio del Opus Dei. Terminada la guerra, Ibáñez Martín nombró a Albareda secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, creado el 24 de noviembre de 1939. Albareda se rodeó de miembros del Opus Dei como Alfredo Sánchez Bella y convirtió al Consejo en un vivero de cátedras universitarias. En 1959 fue ordenado sacerdote y al año siguiente pasó a ser rector de la Universidad de Navarra, cargo en el que se mantuvo hasta su muerte en 1966.

Tampoco se contentaron con delatar y perseguir a los profesores republicanos y copar los mejores puestos. Ejercieron de censores, implantaron en la enseñanza, desde la primaria a la universitaria, una moral religiosa rígida, autoritaria, dirigida, según Gregorio Cámara Villar, «a la formación de súbditos resignados, respetuosos del orden y la jerarquía social». En materia educativa, la Iglesia no iba a ceder «un ápice», según se advertía en Ecclesia, la revista oficial de Acción Católica, el 30 de junio de 1945: «La educación corresponde antes a la familia y a la Iglesia que al Estado […] La Iglesia puede vigilar la enseñanza y la educación religioso-moral de sus fieles hasta dentro de las escuelas privadas o estatales. Sociedad perfecta, como es, la enseñanza que ella imparte no puede, en rigor, ser tenida por enseñanza privada».

La Iglesia era el alma del Nuevo Estado, resucitada después de la muerte a la que le había sometido el anticlericalismo. La Iglesia y la religión católica lo inundaron todo: la enseñanza, las costumbres, la Administración y los centros de poder. Como ha observado Guiliana di Febo, se impusieron de nuevo «modelos devocionales barrocos basados en la fascinación de los fieles a través de lo externo, de la emotividad y de lo grandioso, unido a esa militarización de lo religioso que en algunos cultos tiene remotos orígenes». Los ritos y las manifestaciones litúrgicas, las procesiones y las misas de campaña llenaron las calles de pueblos y ciudades, conviviendo con el saludo romano, llamado «nacional» en vez de fascista, el canto del Cara al Sol y el culto al Jefe, cuyo rostro se recordaba en las monedas con la leyenda «Caudillo de España por la Gracia de Dios».

Dentro de la recatolización imperante del momento, los obispos atacaban el «desenfreno deshonesto» y recomendaban a las mujeres una «explosión de lo español en el vestir». El «feminismo cristiano» de Isabel la Católica y Santa Teresa debía desplazar para siempre al «feminismo laico» de la coeducación, del divorcio y de la participación de la mujer en política. Las mujeres fueron relegadas a las «labores de su sexo», privadas de cualquier autonomía jurídica, económica y cultural y condenadas a la obediencia y al sacrificio. La preocupación que la censura religiosa y las dirigentes de Acción Católica mostraron por la moralidad pública, la decencia y la castidad fue obsesiva y contrastaba con el trato que se daba a las rojas y vencidas, con el rapado y el aceite de ricino.

Recatolizar España con rosarios, misiones populares, campañas de moralidad contra la blasfemia, cursillos de cristiandad y ejercicios espirituales. El mandato de san Ignacio de Loyola de aislamiento y de limitación del mundo externo fue llevado incluso a esas cárceles abarrotadas de rojos, por si no estaban suficientemente aislados. Según Ecclesia, 100 000 jóvenes habían participado en los ejercicios espirituales organizados por Acción Católica en los dos años siguientes al final oficial de la guerra. Los seminarios y los internados de curas se llenaban de niños y adolescentes dispuestos a imbuirse de catolicismo militante, a la vez que ofrecían una válvula de escape a la economía miserable de muchas familias campesinas. Los 2935 seminaristas mayores de 1942 se triplicaron en los años siguientes. Los obispos llamaban al «fomento de las vocaciones eclesiásticas», deshechas por la República y el anticlericalismo.

La Iglesia estaba feliz con esa «apoteosis católica», con esa «inflación religiosa» que obligaba a los vencidos, ateos e infieles, a pasar por el aro de los sacramentos, de las celebraciones llenas de pompa y boato. La religión y la victoria caminaron durante mucho tiempo de la mano, con el Ejército, las elites sociales, los católicos, los «camisas viejas» y los advenedizos disfrutando del botín.

El cardenal Francesc Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona que se negó a firmar la pastoral colectiva del Episcopado español y a quien el Gobierno de Franco prohibió volver a su sede, percibió desde su exilio particular los riesgos de ese abuso de «actos aparatosos de catolicismo» por parte de los vencedores, de un catolicismo «belicoso» estimulado por unos eclesiásticos que habían cambiado «el espíritu de caridad, suavidad y mansedumbre evangélicas por la violencia, represalias y castigo». Así se lo expresó en varios escritos al papa Pío XII en 1939 y 1940. Esas manifestaciones externas de culto constituían «una reacción política contra el laicismo perseguidor de antes, con lo cual será muy efímero el fruto que se consiga, y en cambio se corre el peligro de acabar de hacer odiosa la religión a los indiferentes y partidarios de la situación anterior».

No era ése, no obstante, el pensamiento de la mayoría del clero católico español, un clero envejecido, educado en el integrismo, poco culto y nada sensible a los problemas sociales, al que la guerra y la victoria convirtieron en poderoso guardián de la moral pública, sumiso al Caudillo y agradecido por los muchos beneficios obtenidos.

Los cuarenta y seis obispos que estaban en sus sedes al final de la guerra habían bendecido la cruzada, apoyado el exterminio del infiel y se sumaron con fervor y entusiasmo a la construcción del Nuevo Estado. Más de la mitad de ellos fallecieron antes del Concordato de 1953, período en el que subieron al episcopado los que iban a ser notables jerarcas de los años dorados del franquismo como Pedro Cantero Cuadrado, Ángel Herrera Oria, José María Bueno Monreal y Casimiro Morcillo. Casi tres décadas después de acabada la guerra, el 68 por ciento de los obispos españoles tenía más de sesenta años y los más viejos, con Enrique Pla y Deniel a la cabeza, encarnaban todavía el espíritu de la Iglesia de la cruzada. Seguían, por ejemplo, en las mismas sedes que ya ocupaban en la guerra Santos Moro Briz (Ávila) y Antonio Pildain (Las Palmas), mientras que Marcelino Olaechea estaba en Valencia, Gregorio Modrego en Barcelona y Benjamín de Arriba y Castro en Tarragona.

Nada se movió en la Iglesia en esos primeros veinticinco años de la paz de Franco, aunque debió compartir sus parcelas de poder con falangistas, fuerzas armadas y los viejos y nuevos caciques, catolizados, fascistizados y militarizados todos hasta que el paso del tiempo permitió a muchos arriar banderas ya descoloridas.

Esa simbiosis entre la Patria y la Religión, el nacionalcatolicismo, se cimentó tras la sublevación militar de julio de 1936 como aglutinante de los heterogéneos grupos del bando rebelde y salió de la guerra, en palabras de Alfonso Botti, «como ideología unificadora y hegemónica» de esa coalición reaccionaria que se concentró en torno a la autoridad del general Franco. El nacionalcatolicismo, como antídoto perfecto frente a la República laica, el separatismo y las ideologías revolucionarias, tuvo un significado específico para burgueses y terratenientes, para los militares y para un amplio sector de pequeños propietarios rurales y clases medias urbanas. Resultó una ideología eficaz para la movilización de todos esos grupos que se propusieron desterrar los conflictos sociales y darles una solución quirúrgica.

El nacionalcatolicismo, pensaban sus defensores, tenía raíces profundas y lejanas en la historia de España, en la época imperial de los Reyes Católicos, en la Edad de Oro y en la Contrarreforma. De la decadencia posterior eran causantes las diversas herejías extranjeras, el protestantismo, el liberalismo y el socialismo, a las que los malos españoles se habían agarrado. Desde Menéndez Pelayo a finales del siglo XIX hasta los apologetas católicos del orden y la autoridad de los años veinte, esa visión fue repetida en manuales escolares, publicaciones religiosas, cartas pastorales y sermones.

La experiencia y alcance de las reformas republicanas, de los conflictos sociales y de la revolución desencadenada por la sublevación militar, hicieron imposible que la victoria de esa España católica en abril de 1939 significara una mera restauración de esa consustancialidad histórica entre el catolicismo y la identidad nacional española. Por otra parte, la radicalización que el fascismo aportó a los proyectos y prácticas contrarrevolucionarios, su potencial totalitario, de pureza y exclusivismo ideológico, y la experiencia de la extrema violencia política puesta en marcha por los militares rebeldes desde julio de 1936, impidió que el fascismo de los vencedores se limitara a sus manifestaciones externas y a su parafernalia simbólica.

Durante un tiempo, hasta la derrota de las potencias del Eje, el fascismo y el catolicismo fueron compatibles, en las declaraciones y en la práctica diaria, en los proyectos que germinaron en el bando rebelde y en la forma de gobernar y de vivir que impusieron los vencedores. La combinación de elementos novedosos y modernos con los atributos tradicionales de religiosidad y de populismo rural contribuyó aparentemente a situar en la escena pública importantes diferencias retóricas, tácticas y de estilo, pero nunca alteró los principios antisocialistas y de hostilidad hacia la democracia republicana que habían cimentado la poderosa coalición reaccionaria que salió vencedora de la Guerra Civil.

El Ejército, la Falange y la Iglesia representaban a esos vencedores y de ellos salieron el alto personal dirigente, el sistema de poder local y los fieles siervos de la Administración. Esas tres burocracias rivalizaron entre ellas por incrementar las parcelas de poder, rivalidades que investigaciones recientes han detallado en muchas ciudades y pueblos de España. El reparto fue difícil y la rivalidad entre los que siempre habían ejercido el poder y los advenedizos afiliados a Falange crearon tensiones aireadas por los órganos de expresión católicos y falangistas, y registradas en muchísimos documentos. Parece claro que en la España de Franco el poder no residía en el partido, sino en el tradicional aparato del Estado, empezando por sus fuerzas armadas, en la Iglesia católica, en los propietarios, muchos de ellos convertidos al falangismo, y, por supuesto, en Francisco Franco, Generalísimo, Caudillo y Santo. Pero la relevancia de esos intereses conservadores, representados por los propietarios, el Ejército y la Iglesia, que impedían la realización del «sueño totalitario», ha sido también destacada para la Italia fascista y, con muchos más matices, sin monarquía y sin Iglesia católica, para la Alemania nazi. En ese punto, la historia local ha servido para desterrar tópicos, para «acortar distancias» entre los casos italiano, alemán y español, y para demostrar un alto grado de cohesión y conformidad entre las actitudes de las elites tradicionales y los miembros de los partidos fascistas.

Tras la caída de los fascismos en Europa, la defensa del catolicismo como un componente básico de la historia de España sirvió a la dictadura de pantalla en ese período crucial para su supervivencia. La jerarquía eclesiástica y los dirigentes católicos vieron la posibilidad única de ampliar su poder y consolidar su proyecto y decidieron entrar de manera oficial en el Gobierno y en los órganos consultivos del Estado. Alberto Martín Artajo fue el hombre clave en esa iniciativa.

Martín Artajo, antiguo político y diputado de la CEDA, era un abogado de cuarenta años, presidente de Acción Católica y miembro destacado de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Protegido de Ángel Herrera, el fundador de la ACNP y de El Debate, que se había ordenado sacerdote en 1940 y que llegaría a cardenal en 1965, Martín Artajo ofreció a Franco la colaboración de los católicos. Herrera, Martín Artajo y el primado de los obispos Enrique Pla y Deniel estaban convencidos de que había llegado la hora de que los católicos asumieran responsabilidades políticas en momentos tan difíciles para su España y su Régimen. Martín Artajo ya le había dicho eso a Franco en una larga conversación que ambos tuvieron el 1 de mayo de 1945. Martín Artajo conocía además a Luis Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia, jefe de operaciones de la Armada española y que, según Paul Preston, «compartía todos los prejuicios políticos de Franco». Martín Artajo y Carrero Blanco habían estado refugiados juntos en la embajada de México en Madrid en los meses rojos de la segunda mitad de 1936.

El 18 de julio de 1945, nueve años después de aquella sublevación militar que provocó la Guerra Civil, Franco amplió la presencia de los católicos en su Gobierno. Mantuvo a Ibáñez Martín en Educación y nombró como ministro de Obras Públicas a José María Fernández Ladreda y de Asuntos Exteriores a Alberto Martín Artajo. Fernández Ladreda había sido elegido diputado de la CEDA por Oviedo en las elecciones de febrero de 1936, pero su presencia tenía mucha menos relevancia que la de Matín Artajo. En tiempos de «ostracismo internacional», y con la necesidad de quitarse la mácula fascista de encima, había que establecer relaciones con el exterior por el camino más directo, vendiendo catolicismo español, lo cual significaba vender entre otras muchas cosas tradición y anticomunismo.

Martín Artajo conservó el puesto durante doce años, y además de contribuir a lavar la imagen del franquismo en el exterior, hizo lo mismo que los demás católicos en el interior: rechazar cualquier posibilidad de retorno al constitucionalismo, a la libertad de expresión y a los «dogmas del liberalismo». Por lo que se refería a los españoles vencidos en la guerra, estaban bien donde estaban, en la cárcel, acosados, vigilados, sin derechos. Así lo dijo Pla y Deniel un mes después de la entrada de Martín Artajo en el Gobierno de Franco y nadie iba a discutir esa opinión al jefe de los obispos españoles. Había que conservar la copiosa cosecha obtenida en la Cruzada, en el «plebiscito armado», como lo seguía llamando Pla y Deniel muchos años después. Una cosa era soltar amarras fascistas, reducir el aislacionismo político que le venía a España encima, y otra muy diferente desmontar el tinglado autoritario, perder privilegios, reconciliarse con los rojos.

La jerarquía eclesiástica había comenzado dos años antes a participar en las Cortes franquistas y su presencia se hizo también bien visible en los altos cargos consultivos del Estado. El primado figuraría entre los tres miembros del Consejo del Reino y, junto a otro obispo, en el Consejo de Estado. Además, según la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado aprobada por las Cortes el 31 de mayo de 1947, el «prelado de mayor jerarquía y antigüedad» formaría parte del Consejo de Regencia en caso de que la Jefatura del Estado quedara «vacante». Al prelado le acompañarían en ese Consejo de Regencia el presidente de las Cortes y el capitán general en activo y de mayor antigüedad de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Las Cortes franquistas iniciaron su particular farsa el 16 de marzo de 1943. Franco, haciendo uso de la prerrogativa por la que se preveía el nombramiento de procuradores por designación del «Jefe del Estado», eligió a ocho obispos, la flor y nata de la Iglesia de la Cruzada: Enrique Pla y Deniel, arzobispo de Toledo; Manuel de Castro Alonso, arzobispo de Burgos; Tomás Muniz Pablos, arzobispo de Santiago; Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá; Agustín Parrado García, obispo de Granada; Carmelo Ballester y Nieto, obispo de León; Gregorio Modrego, obispo de Barcelona, y Pedro Segura, arzobispo de Sevilla.

La Iglesia, pese a la rivalidad lógica con la Falange, la otra gran burocracia que suministraba los puestos políticos, nunca sufrió golpes serios a su poder. El exclusivismo político del Nuevo Estado salido de la guerra impidió la continuidad de numerosas organizaciones fundadas, promovidas y controladas por la ACNP. Los sindicatos confesionales, que habían sido más bien organizaciones pías de obreros y campesinos propietarios, fueron disueltos, pero dentro del nuevo sindicalismo vertical se mantuvieron los viejos principios católicos de la armonía y la cooperación entre las clases y además a la Iglesia se le siguieron asignando en ese terreno funciones doctrinales, asesoras y de propaganda. Lo decía en abril de 1941 monseñor Zacarías de Vizcarra, secretario de la Junta Central de Acción Católica, que había dejado en los años republicanos importantes escritos sobre el tradicionalismo político católico: el apostolado era el complemento perfecto de «la obra que realizó la espada».

En resumen, los antiguos políticos de la CEDA y miembros relevantes de la ACNP contribuyeron de forma decisiva a institucionalizar el Nuevo Estado de la España de los vencedores. El entramado político que emergió de la guerra «armonizó» lo mejor de la tradición española con formas modernas de movilización de masas propias de la parafernalia y de la simbología fascistas y con otros métodos derivados de ese «totalitarismo divino», expresión acuñada por el cardenal Gomá, presente en las procesiones, en las escuelas, en la Acción Católica, en las parroquias, en el púlpito y hasta en las cárceles. La Iglesia se ajustó a la perfección a la dictadura, fascista o no, y comprobó, en ese caminar diario por la regeneración católica, cómo perduraban sus discursos, sus elites dirigentes y sus asociaciones.

Cayeron los fascismos y Franco siguió, aunque su dictadura tuvo que vivir unos años de ostracismo internacional. El 19 de junio de 1945, la conferencia fundacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada en San Francisco, aprobó una propuesta mexicana que vetaba expresamente el ingreso de España en el nuevo organismo. A ese veto siguieron diferentes condenas, el cierre de la frontera francesa o la retirada de embajadores, pero nunca llegaría lo que esperaban muchos republicanos en el exilio y en la propia España: que las potencias democráticas expulsaran a Franco por ser un sangriento dictador, elevado al poder con la ayuda de las armas de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

En realidad, la España de Franco no tenía, ni podía tener, un papel central en la política internacional en esos años y, según Enrique Moradiellos, «las potencias democráticas, ante la alternativa de soportar a un Franco inofensivo o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace, resolvieron aguantar su presencia como mal menor e inevitable». Además, por muy democráticas que fueran esas naciones, la dictadura de Franco siempre contó en el mundo con la simpatía y apoyo de amplios sectores católicos y conservadores. Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia, estaba convencido de que las grandes potencias occidentales capitalistas no tomarían ninguna medida enérgica, militar o económica contra una España católica y anticomunista. Se lo dijo a Franco en uno de los informes que le enviaba a menudo en aquellas difíciles fechas: «La única fórmula para nosotros no puede ser otra que: orden, unidad y aguantar». Treinta años más duró esa fórmula.

Capítulo 11. «Reserva espiritual del mundo»

CAPÍTULO 11

«RESERVA ESPIRITUAL DEL MUNDO»

A la Segunda Guerra Mundial le sucedió pronto la «Guerra Fría», la confrontación no armada entre la Unión Soviética y Estados Unidos con sus respectivos aliados. El anticomunismo de Franco le hizo ganar enteros entre los militares norteamericanos, un reconocimiento plasmado en el Pacto de Madrid, firmado el 26 de septiembre de 1953, punto de partida de la notable ayuda económica y militar que Estados Unidos iba a proporcionar a España en los años siguientes.

Un mes antes, el Gobierno de Franco había conseguido firmar un nuevo Concordato con el Vaticano. Franco se apresuró a describir a España como «una de las grandes reservas espirituales del mundo». Con los militares, el apoyo de Estados Unidos y la bendición de la Santa Sede, la dictadura no peligraba. Los que la habían resistido con las armas, los maquis o guerrilleros, habían sido derrotados, por si no lo estaban ya bastante antes de comenzar a luchar. El aparato de poder de la dictadura se mantuvo intacto, pese a que sufrió importantes desafíos desde comienzos de los años sesenta. La emigración interior, decisiva para el desarrollo de la economía española, llevó a las ciudades a varios millones de campesinos y jornaleros durante esa década. Con la industrialización y el crecimiento de las ciudades, las clases trabajadoras recuperaron, o refundaron, la huelga y la organización, los dos instrumentos de combate desterrados y eliminados por la victoria de 1939. El hambre y las condiciones miserables cedieron paso poco a poco a salarios mejorados por convenios colectivos y a la exigencia de libertades. Los cambios dentro del orden presidieron aquellos años dorados de Franco y de sus servidores.

ORDEN

El nuevo orden implantado por los vencedores en la guerra civil pasó, antes de ser bendecido por Estados Unidos y el Vaticano, más de una década de hambre, escasez y extremo nacionalismo económico. Burócratas, economistas, industriales y algunos militares defendieron el intervencionismo estatal y la autarquía, con una considerable ineficacia en la administración de la economía y con consecuencias desastrosas para una mayoría de la población. Como ha observado Carlos Barciela, los gobernantes de la posguerra pretendieron «sustituir el sistema liberal y capitalista por una suerte de economía nacional-sindicalista», en la que, manteniendo la propiedad privada de los medios de producción, el Estado ocupaba una posición fundamental. En la mentalidad cuartelera de Franco, gran aficionado a la economía, «los agentes económicos, debidamente encuadrados en una única organización férreamente controlada por el Estado, obedecerían las normas reguladoras de la actividad económica igual que obedecen los soldados».

El «afán ordenancista de hábitos cuarteleros», en expresión de José Luis García Delgado, puso en marcha un amplio sistema de intervención en la economía, con la creación de diversos organismos que se encargarían de asegurar la producción agraria (el Servicio Nacional del Trigo), convertir a España en una tierra de regadío (Instituto Nacional de Colonización), organizar el transporte y suministros de los alimentos (Comisaría General de Abastecimiento y Transporte) y promover la industrialización (Instituto Nacional de Industria). El INI, impulsado por el ingeniero naval Juan Antonio Suanzes, se constituyó desde septiembre de 1941 como un grupo de empresas de propiedad pública, similar al desarrollado por el fascismo italiano con el Istituto per la Reconstruzione Industriale (IRI). Suanzes, hijo del director del Colegio de Marina del Ferrol, donde Franco estudió en su juventud, fue un hombre enormemente influyente en la política industrial del primer franquismo, presidente del INI durante más de veinte años, además de ministro de Industria y Comercio desde 1945 a 1951. La inversión realizada por el INI unos años después de su crea ción representaba un quinto de toda la inversión pública y su principal sector de actuación fue el energético, el petróleo y la petroquímica, con empresas emblemáticas como ENCASO y ENDESA. Esas empresas públicas, como han destacado sus principales estudiosos, estuvieron amparadas por el marco proteccionista y contaron con privilegios especiales, sin necesidad de preocuparse por los costes ni por la competitividad.

Pero el principal problema de esos años no era cuánto hierro o carbón se producía, sino cómo alimentar a los ciudadanos. La corrupción y el estraperlo dominaron ese largo período en el que la mayoría de la población sólo tenía acceso a las cantidades de productos básicos que las autoridades les asignaban en las cartillas de racionamiento. Los productores que no querían entregar sus productos a los precios fijados por el Gobierno recurrían al mercado negro para vender a precios mucho más altos. Y los consumidores, ricos y pobres, tuvieron que tomar el mismo camino ilegal para comprar lo más básico —el pan, aceite o leche— o, en el caso de quienes poseían más dinero, para no prescindir de otros productos menos necesarios. Mientras que casi todos los ciudadanos trapicheaban en el mercado negro para saciar el hambre, arriesgándose también a duros castigos si les cogían, los grandes estraperlistas, entre quienes se encontraban políticos y funcionarios del Estado franquista, personas protegidas por el poder, hicieron enormes fortunas. La influencia política daba grandes beneficios a terratenientes, industriales e intermediarios que conseguían evadir las normas de los organismos de intervención u obtenían pedidos extraordinarios del propio Estado.

El hambre, la necesidad de subsistir, la represión y el control social hicieron casi imposible la protesta abierta. La dictadura no peligraba y menos todavía cuando logró, poco a poco, desde el comienzo de los años cincuenta, la integración de España en las organizaciones internacionales. El 4 de noviembre de 1950 la ONU anuló la resolución de 1946 que aislaba a España. En 1951 regresaban los embajadores, encabezados por los representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, y España entraba en la Organización Mundial de la Salud. Tras el Concordato con el Vaticano y los pactos de Defensa y Mutua Ayuda con Estados Unidos en 1953, España fue finalmente admitida en la ONU en diciembre de 1955.

Pese a que el presidente demócrata Harry S. Truman, en el poder desde 1945 hasta finales de 1952, no ocultó la hostilidad hacia Franco, la política exterior estadounidense hacia la dictadura comenzó a cambiar durante 1949-1950, bajo las presiones de un pequeño grupo de senadores, congresistas y jefes del Ejército. El anticomunismo de la dictadura franquista y las consideraciones estratégicas aportadas por los militares facilitaron ese cambio. Aunque a España no se la incluyó en el Plan Marshall y, mientras la dictadura duró, nunca se la invitó a incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fundada el 4 de abril de 1949, la posición de Estados Unidos fue clave para aliviar los aspectos más severos del ostracismo internacional, aunque algunos Gobiernos europeos occidentales se mostraban menos benévolos y otros como México siempre permanecieron hostiles.

Las negociaciones entre la diplomacia española y estadounidense comenzaron en 1951 tras el intercambio oficial de embajadores. El pacto firmado en septiembre de 1953, cuando el republicano Dwight Eisenhower ya había sustituido a Truman, proporcionaba a España ayuda económica y militar y la oportunidad de adquirir grandes cantidades de materias primas norteamericanas y excedentes de alimentos básicos a precios reducidos. Los acuerdos tenían diez años de duración y durante ese tiempo la ayuda económica ascendió, según cifras oficiales norteamericanas, a 1688 millones de dólares, créditos gestionados a través del Export-Import Bank y que sirvieron en su mayor parte para comprar productos norteamericanos. La ayuda militar, que como señala Ángel Viñas, el mejor estudioso de esos pactos, estaba destinada a modernizar a «unas fuerzas armadas depauperadas», superó los quinientos millones de dólares. Durante esos años, los norteamericanos construyeron, a cambio de toda esa ayuda, cuatro complejos militares en Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón (Sevilla), Rota (Cádiz) y Zaragoza.

Según Ángel Viñas, esa relación bilateral, que se convirtió en «la columna vertebral de la política exterior y de seguridad española» durante treinta años cruciales del siglo XX, favoreció «la captación de recursos extraordinarios para transvasarlos hacia los sectores militar y civil» y sacó al franquismo del «atolladero» en que había caído tras la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de su «pecado original», haberse alineado con las potencias fascistas. Cuando unos años después la economía se abrió, la inversión estadounidense contribuyó a mantener el ritmo de crecimiento acelerado. Los medios de comunicación jalearon los acuerdos y los presentaron como un triunfo más del Caudillo. A partir de ese momento, dice Paul Preston, la dictadura pudo «aparecer en público como un valioso aliado de Estados Unidos». Aliado de la mayor potencia militar del mundo, aunque fuera de segunda fila y a base de ceder una parte importante de la soberanía española.

El pacto con Estados Unidos se cerró prácticamente al mismo tiempo que el nuevo Concordato con la Santa Sede. En los años que siguieron a la Guerra Civil, la Iglesia católica española ya había recuperado la mayoría de sus privilegios institucionales. El 9 de noviembre de 1939 se restableció la financiación estatal del culto y del clero, abolida por la República. El 10 de marzo de 1941, el Estado se comprometió mediante decreto a la reconstrucción de las iglesias parroquiales. Hubo también acuerdos entre la dictadura y el Vaticano, en 1941, 1946 y 1950, sobre la designación de obispos, los nombramientos eclesiásticos y el mantenimiento de los seminarios y las universidades dependientes de la Iglesia. Por fin, catorce años después del final oficial de la Cruzada, un nuevo Concordato reafirmaba la confesionalidad del Estado, proclamaba formalmente la unidad católica y reconocía a Franco el derecho de presentación de obispos.

Las negociaciones, largas y complicadas, porque Franco siempre se negó a ceder en el asunto fundamental de los derechos de patronazgo del Estado, las había iniciado cinco años antes Joaquín Ruiz Giménez, embajador español ante la Santa Sede entre 1948 y 1951, siempre apoyado por el ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo. El Concordato, firmado el 25 de agosto de 1953 por Martín Artajo y monseñor Domenico Tardini, prosecretario del Vaticano, confirmó ese privilegio de presentación de obispos que había sido otorgado al dictador en junio de 1941. Franco presentaba seis nombres al Papa para cubrir las sedes vacantes y finalmente designaba a uno entre los tres que seleccionaba el Pontífice, lo cual garantizaba en la práctica que esa Iglesia que había salido de la cruzada victoriosa mantuviera su fidelidad al «Caudillo por la gracia de Dios».

De los numerosos privilegios y poderes que el Concordato otorgó a la Iglesia española destacaba la provisión por el Estado de las necesidades económicas del clero y la obligatoriedad de que en todos los centros docentes, estatales o no, la enseñanza se ajustara «a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia católica». Franco, a cambio, como señala William J. Callahan, «logró unos beneficios políticos sustanciales que apuntalaron la legitimidad del régimen en el interior y en el exterior». La propaganda de la dictadura lo contempló como un triunfo tanto para la Iglesia como para el Estado porque, en palabras del propio Franco, no cabía «en una nación eminentemente católica como la nuestra un régimen de separación entre la Iglesia y el Estado, como propugnaban los sistemas liberales». La sumisa identificación de la Iglesia católica con Franco alcanzó en ese momento su cenit. El papa Pío XII le concedió poco después la Orden Suprema de Cristo, la Universidad de Salamanca le dio el título de doctor honoris causa en derecho canónico y los obispos españoles reprodujeron las loas y adhesiones incondicionales que habían iniciado con la guerra civil.

Ese dominio católico siempre tuvo a su lado la sombra de Falange, la otra fuente de inspiración ideológica que estaba presente en el aparato administrativo y político de la dictadura, en las relaciones laborales, en el léxico, en la iconografía y en la parafernalia movilizadora de masas. Es cierto que la Falange, tras la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, vivió, en expresión de Joan Maria Thomas, «años de oscurecimiento», dividida entre quienes preferían ceder principios ideológicos a cambio de poder y la minoría de puristas que todavía soñaban con la revolución fascista. Pero conviene no despreciar la amplia red de influencias de lo que se llamaba el Movimiento, desde los medios de comunicación a los sindicatos verticales, pasando por las relaciones laborales o los servicios sociales. Los oficiales del Ejército y los funcionarios del Estado eran automáticamente miembros de FET y de las JONS.

La burocracia de la Organización Sindical se propuso «educar» a los trabajadores, productores en el lenguaje nacionalsindicalista, encuadrarlos jerárquicamente y, además de represión, disciplina y autoridad, ofrecerles un sistema de prestaciones sociales a través de lo que se conocía como las obras sindicales, la cara más amable y populista de la dictadura, la que debía proporcionar, por otro lado, la integración de esas masas afiliadas en otros tiempos al sindicalismo socialista o anarquista. En ese aparato de influencia social destacó la Obra Sindical 18 de Julio, la organización de asistencia médica y hospitalaria sobre la que se desarrollaría después la Seguridad Social y el Seguro Obligatorio de Enfermedad. Las obras sindicales de Cooperación, Colonización y Formación Profesional aspiraban a controlar desde centros educativos al cooperativismo, mientras que la Obra Sindical de Educación y Descanso, copia de la nazi Kraft durch Freude y de la fascista Opera Nazionale Dopolavoro, ofreció a los trabajadores ocio y asistencia cultural y recreativa. La mayoría de esas iniciativas se crearon y consolidaron en el largo período en el que José Antonio Girón de Velasco, antiguo seguidor de Onésimo Redondo, ocupó el Ministerio de Trabajo, desde 1941 hasta 1957.

Esa imagen populista del nacionalsindicalismo nunca pudo separarse del uso de la violencia y de la represión. La dictadura tuvo en esos años finales de la década de los cincuenta su primera crisis importante y una parte de la sociedad comenzó también a mostrar, aunque nunca de forma masiva, sus primeras manifestaciones de resistencia. En julio de 1951 Franco había hecho el primer cambio de Gobierno en seis años. La subsecretaría de la Presidencia, ocupada por Carrero Blanco, fue elevada al rango de ministerio y se creó uno nuevo, llamado de Información y Turismo, dirigido por Gabriel Arias Salgado, un hombre ultraclerical e integrista, fiel a Franco, más que al falangismo, que se rodeó de un grupo de reaccionarios y falangistas en la Dirección General de Prensa (ocupada por el viejo jonsista Juan Aparicio), en la Dirección General de Información (Florentino Pérez Embid) y en la Dirección General de Cinematografía y Teatro (José María García Escudero). El grupo se mantuvo unido, controlando e imponiendo una rígida censura a la información, hasta 1962, cuando Arias Salgado fue sustituido por el falangista Manuel Fraga Iribarne.

En ese Gobierno entró como ministro de Educación Joaquín Ruiz Giménez, vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), aunque la mayoría de los colaboradores que nombró procedían de los viejos sectores intelectuales de Falange. Ruiz Giménez tenía un proyecto de apertura, distanciado de los católicos más integristas, que habían estado bien representados en ese Ministerio hasta entonces con Ibáñez Martín, y del falangismo profranquista más conservador, que generó importantes tensiones con un sector de la jerarquía eclesiástica, encabezada por el cardenal Segura, que rechazaba cualquier iniciativa estatal para regular la enseñanza. Fue, no obstante, en la mediocre universidad española donde los planes de reforma de Ruiz Giménez encontraron más obstáculos, empezando por su política de reintegración del profesorado exiliado. Ahí encontró el rechazo de la vieja guardia franquista del 18 de julio y de sectores integristas del Opus Dei que controlaban el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las iniciativas aperturistas de Ruiz Giménez crearon asimismo tensiones entre dirigentes del SEU vinculados al Movimiento y pequeños grupos disidentes antifranquistas. El principal escenario fue la Universidad de Madrid. Al amparo de Pedro Laín Entralgo, el rector nombrado por Ruiz Giménez, algunos estudiantes de izquierda y falangistas radicales pidieron en enero de 1956 la celebración de un Congreso de Escritores Jóvenes, en el que, como recordaba años más tarde Dionisio Ridruejo, «los jóvenes universitarios intercambiaran sus ideas con alguna comodidad, dando ocasión a un diálogo que les esclareciera mejor que a un silencio que les envenenara». El Congreso, apoyado por el propio Ridruejo y por Laín, fue prohibido por el ministro de Gobernación, Blas Pérez, y los estudiantes, entre los que se encontraban Enrique Múgica, Ramón Tamames y Javier Pradera, redactaron un manifiesto, que recogió tres mil firmas, en el que se pedía un sindicato más representativo. Hubo enfrentamientos en la Facultad de Derecho de San Bernardo, con falangistas golpeando a estudiantes, y el 9 de febrero, un grupo de matones armados de la ultraderechista Guardia de Franco, que regresaba de la conmemoración del Día del estudiante caído, en memoria de Matías Montero, un falangista muerto en unos disturbios en 1934, se enzarzó en una pelea con estudiantes antifranquistas. Uno de los falangistas cayó herido, posiblemente por el disparo accidental de una de las pistolas que llevaban sus compañeros.

La prensa falangista culpó de los incidentes a agitadores comunistas. En el Consejo de Ministros que se celebró aquel día, el Gobierno suspendió por tres meses cinco artículos de aquella seudoconstitución llamada Fuero de los Españoles, cerró la Universidad de Madrid y cesó a Pedro Laín. Unos días más tarde, Franco echó a Ruiz Giménez y al secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta. Al primero, porque había permitido que brotaran gérmenes de disidencia izquierdista en las universidades; al segundo, por no haber sabido mantener la unidad del Movimiento, algo de lo que le advirtió el leal Girón. Un camisa vieja de Falange, Jesús Rubio García-Mina, sustituyó a Ruiz Giménez. Y para restaurar la disciplina en el Movimiento, Franco llamó a José Luis Arrese, un antiguo hedillista que desde los sucesos de abril de 1937 en Salamanca había comenzado a adular a Franco para acceder a los privilegios del poder. Franco necesitaba a la Falange para contrarrestar las presiones que tenía a favor de una restauración de la Monarquía.

Esos cambios en el Gobierno, imprevistos y de emergencia, trataban de echar marcha atrás, recuperar esencias, pero no pudieron ocultar la aparición de una nueva oposición, todavía no organizada, alejada del exilio republicano, que incorporaba a intelectuales falangistas, que marcaban ya distancias con la dictadura, y a jóvenes estudiantes de izquierda, hijos de familias acomodadas franquistas. Todo era aún muy incipiente, el germen de un activismo cultural que se convertiría en resistencia política en la década siguiente.

En esos años apareció también con fuerza el proyecto de Carrero Blanco de desarmar políticamente a la Falange y de crear un nuevo marco legislativo que permitiera la evolución hacia una Monarquía autoritaria, continuidad del franquismo, cuando Franco muriera. Carrero encargó a Laureano López Rodó, catedrático de derecho administrativo y destacado miembro del Opus Dei, esa tarea. El modelo autárquico había llevado a la economía española a una situación sin salida, con un déficit considerable en la balanza de pagos, inflación galopante, y en la que no había divisas para abordar el pago de las importaciones. La reforma de la administración del Estado y el cambio de política económica iban a ser los dos ejes principales de la actuación del grupo de tecnócratas que llegaron por primera vez al Gobierno de Franco el 25 de febrero de 1957.

CAMBIOS

El nuevo ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, era un abogado católico, miembro del Opus Dei, oficial del cuerpo jurídico militar, que había tenido altos cargos en los sindicatos falangistas. Del Opus Dei era asimismo el nuevo ministro de Comercio, el catedrático de historia económica Alberto Ullastres Calvo. Como López Rodó, la persona que estaba detrás de ese cambio de rumbo, también era miembro de ese instituto secular fundado por José María Escrivá de Balaguer en 1928, empezó a correr la idea, especialmente en los círculos falangistas desplazados, de que el Opus Dei era una mafia católica que conspiraba para hacerse con el poder dentro del aparato político del franquismo.

Después de la Guerra Civil, el Opus Dei reclutó a jóvenes de las nuevas elites en ascenso, con un nuevo mensaje, en palabras de José Casanova, de «santificación del trabajo profesional y de dedicación ascética a la vocación profesional personal». Desde 1957, y hasta enero de 1974, esos miembros del Opus Dei ocuparon los principales puestos de la administración del Estado, en la política económica y en los planes de desarrollo. Impulsaron una política agresiva de crecimiento económico orientado a la exportación, «racionalizando la administración del Estado e integrando a España dentro del sistema capitalista mundial. Su evangelio fue la racionalización, el desarrollo y la eficacia, sin democratización política» y sin abandonar nunca el marco de la estructura política autoritaria. Representaban, por supuesto, los intereses del capital y de la racionalización capitalista, y como su fuente de legitimidad para controlar el poder eran sus conocimientos económicos y jurídicos, expertos como eran en economía y derecho, han pasado a la historia con el nombre de «tecnócratas».

La llegada de los tecnócratas al poder era una respuesta pragmática a la bancarrota económica y desgaste del modelo político en el que se encontraba el franquismo, sobre todo porque el constante aumento de las importaciones necesarias para la industrialización no pudo pagarse con las débiles exportaciones y las reservas internacionales se agotaron. Hubo bastantes más cambios en ese Gobierno de febrero de 1957, que afectaron a doce de los dieciocho ministros. Fernando María de Castiella, un católico que había pasado por el falangismo y por la División Azul, sustituyó como ministro de Asuntos Exteriores a Martín Artajo. José Luis Arrese, quien en los doce meses que llevaba en el Gobierno había puesto en marcha un plan de «Leyes Fundamentales», de «refalangización» de la dictadura, tuvo que abandonar la secretaría General del Movimiento, reemplazado por José Solís Ruiz, jefe de la Organización Sindical. Y aunque Franco dio a los falangistas cuatro carteras, entre ellas la del recién creado Ministerio de la Vivienda, que ocupó por un tiempo el propio Arrese, estaba claro que la entrada de los tecnócratas en el Gobierno iba a significar el abandono de las ideas económicas que Franco y los falangistas habían compartido desde el día de la victoria.

Los problemas con la deuda pública, la inflación y la balanza de pagos continuaron en los primeros meses de Gobierno de los tecnócratas. Las principales organizaciones económicas internacionales, encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FIM), aconsejaron la puesta en marcha de un plan de estabilización para la economía española. Pese a que Franco desconfiaba de esos consejos y no entendía nada sobre lo que ese plan significaba, lo aceptó finalmente cuando Ullastres y Navarro Rubio le dijeron que España estaba al borde de la quiebra. El 21 de julio de 1959, apareció el Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica, conocido como Plan de Estabilización.

Según Navarro Rubio, el objetivo fundamental era «la liberación progresiva de la importación de mercancías y, paralelamente, la de su comercio interior». El plan autorizaba además «la convertibilidad de la peseta y una regulación del mercado de divisas», y ponía en marcha una serie de medidas para recortar la intervención del Estado y flexibilizar la economía. La cotización oficial de la moneda española se situó en sesenta pesetas por dólar, se suavizaron los límites impuestos a las inversiones extranjeras, tratando de fomentar la entrada del capital extranjero y aumentar la competitividad de la economía española.

La aplicación de esas medidas, favorecida por una excepcional coyuntura internacional, dio unos resultados inmediatos. La balanza de pagos se recuperó y un año después estaba en superávit. El crecimiento del Producto Nacional Bruto fue espectacular, pasando del 0,5 en 1960 al 3,7 en 1961 y al 7 por ciento en 1962. Todos los especialistas coinciden en señalar que el Plan de Estabilización fue el principal causante del crecimiento económico que se inició desde mediados de 1960 y se mantuvo hasta la crisis internacional de 1973. Permitió que la economía española se beneficiase del fuerte desarrollo económico que los países occidentales capitalistas habían comenzado a vivir desde comienzos de los años cincuenta. Los elevados costes sociales de esas medidas, especialmente en lo que se refería al descenso de los salarios y al aumento del paro, encontraron una válvula de escape en la emigración a los países europeos que reclamaban entonces mano de obra.

El éxito del Plan de Estabilización reforzó la posición de los tecnócratas. En enero de 1962, Franco, a propuesta de Carrero Blanco, nombró a López Rodó jefe de la nueva Comisaría del Plan de Desarrollo, el organismo central de planificación recomendado por los asesores del Banco Mundial. Siguiendo el modelo de planificación francés, el «Plan Monnet», el comisario sería el delegado de Presidencia del Gobierno en cada uno de los ministerios económicos, con poder para crear comisiones interministeriales. Unos meses después, el 10 de julio, Franco llevó a cabo una importante remodelación del Gobierno. Otro miembro del Opus Dei, el joven ingeniero naval Gregorio López Bravo, se convirtió en el nuevo ministro de Industria, un sector donde también se iba a poner en marcha la política económica de liberalización. A sus casi setenta años, Franco nombró por primera vez un vicepresidente del Consejo de Ministros y, para tranquilizar a los falangistas recelosos de los tecnócratas del Opus Dei, el cargo recayó en el general ultrarreaccionario Agustín Muñoz Grandes. Y fue también en ese cambio de Gobierno cuando pasó al primer plano de actualidad de la política Manuel Fraga Iribarne, catedrático de derecho político y consejero del Movimiento, encargado desde el Ministerio de Información y Turismo de maquillar la imagen represiva de la dictadura.

Los planes de desarrollo eran indicativos para el sector privado y vinculantes para el sector público y se basaron en una política de promoción industrial a través del desarrollo regional. El primero arrancó en 1964 y el tercero, iniciado en 1972, agonizó al mismo tiempo que la dictadura y el dictador, cuando ya estaba claro que la planificación nunca había hecho realidad todo lo proyectado. La mayoría de las decisiones económicas importantes fueron adaptadas al margen de la planificación, que tuvo graves deficiencias, dificultades de organización y mucha propaganda, como han puesto de relieve tanto economistas como historiadores. Tampoco redujo los desequilibrios regionales, porque el modelo de desarrollo económico se caracterizó precisamente por una elevada concentración espacial de la población y de la actividad económica: en 1973, cuando ya se podía hacer balance, más de la mitad de la renta se obtenía en apenas un diez por cierto del territorio español.

Pero, en términos absolutos, el avance económico en esos años fue espectacular. Durante los años de posguerra y autarquía, la renta per cápita en España había disminuido respecto a los países más ricos de Europa Occidental. Entre 1960 y 1973, sin embargo, el crecimiento per cápita español fue del 7 por ciento anual, muy por encima de las tasas alcanzadas por esos países, lo cual permitió a la economía española reducir las distancias que la separaban de ellos. La renta per cápita pasó de trescientos dólares en 1960 a mil dólares una década después.

Como ocurrió en los países más ricos de Europa, el crecimiento económico español se vio impulsado por la mejora en la productividad, con transformaciones estructurales decisivas, y por la acumulación del capital. Una de las razones que explican esa mejora en la productividad fue la gran transferencia de mano de obra desde el sector agrario a la industria y los servicios. Más de cuatro millones y medio de personas, normalmente trabajadores subempleados en la agricultura, cambiaron de residencia en España durante la década de los sesenta, pasando a ocupar la oferta de puestos de trabajo en los sectores económicos en desarrollo. El sector primario, que en 1960 aportaba una cuarta parte del PIB, representaba sólo un 10 por ciento en 1975. La población ocupada en actividades de ese sector pasó de más de 42 por ciento a menos de veinticuatro. La industria, por el contrario, ocupaba al final de la dictadura al 37 por ciento de la población, y los servicios, que aportaban en 1975 la mitad del PIB, se convirtieron en la actividad económica con más trabajadores.

La apertura de la economía española al exterior actuó también como fuente de crecimiento. El aumento de las exportaciones siempre fue menor que el de las importaciones, pero ese desequilibrio pudo financiarse gracias a las remesas enviadas por los emigrantes, a las inversiones extranjeras y a las divisas proporcionadas por el turismo. El flujo migratorio al extranjero, principalmente a Francia, Suiza, Bélgica y Alemania, que llevó entre 1960 y 1975 a tres millones de españoles a residir en esos países por motivos de trabajo, proporcionó una importante fuente de ingresos, más de siete mil millones de dólares durante ese período, con el que se financió más del 50 por ciento del déficit comercial. Los españoles se iban a trabajar a otros países y los ciudadanos de esos mismos países venían como turistas a España. El número de turistas extranjeros se multiplicó por ocho entre 1959 y 1973, pasando de poco más de cuatro millones a casi treinta y cinco. Y los ingresos de divisas aumentaron desde 296,5 millones de dólares en 1960 a más de 3400 millones en 1975, que permitieron financiar más de un tercio del total de las importaciones.

El crecimiento industrial, siguiendo la tendencia marcada desde comienzos del siglo XX, se concentró en el triángulo Barcelona, Vizcaya, Madrid, con importantes consecuencias para la distribución regional de la población: esas áreas industriales y las ciudades del Levante recibieron cientos de miles de emigrantes, mientras que amplias zonas de otras regiones, especialmente de Andalucía, de las dos Castillas y Extremadura, se despoblaron. La población española aumentó diez millones en las cuatro décadas de la dictadura, pasando de veintiséis en 1940 a treinta y seis en 1975, debido sobre todo al descenso brusco de la tasa de mortalidad, pero el fenómeno más relevante fue el trasvase masivo de población del campo a la ciudad, el llamado éxodo rural, que transformó a la sociedad española.

Y es que ese extraordinario crecimiento económico fue acompañado de profundos cambios sociales. El éxodo rural rompió con la abundante disponibilidad de mano de obra en el campo, uno de los rasgos distintivos de la agricultura española hasta la guerra civil. La agricultura tradicional entró en crisis, como consecuencia de un proceso migratorio que afectó fundamentalmente a los jornaleros o asalariados y a los pequeños propietarios. Esa redistribución de la población provocó un notable aumento de los salarios agrícolas, que obligó a los propietarios a sustituir el trabajo por la maquinaria, algo posible en un momento de expansión de la tecnología y por la diversificación de cultivos.

El problema de la distribución de la tierra, uno de los ejes fundamentales del conflicto social durante la Segunda República, desapareció. Aquellas luchas de los jornaleros agrícolas cargadas de mitos y de sueños revolucionarios ya no volverían nunca a ser noticia. Con la dictadura franquista y la represión, la reforma agraria había desaparecido del horizonte y ahora lo que establecían para decenas de miles de ellos era la posibilidad de encontrar trabajo en las industrias que se abrían en los cinturones de las grandes ciudades. Los dos millones de asalariados agrícolas que quedaban en 1960 se habían reducido a un millón diez años después. La clase terrateniente perdió poder político e influencia social y sin el poder de esa elite agraria, a la que Barrington Moore atribuyó una importancia capital para la consolidación de regímenes autoritarios, el camino para que la burguesía industrial adoptara políticas democráticas se despejaba.

La crisis de la agricultura tradicional, el crecimiento industrial y la emigración desde el campo a las ciudades tuvieron importantes repercusiones en la estructura de clases. Emergió una nueva clase obrera, que tuvo que subsistir al principio en condiciones miserables y con bajos salarios, controlada por los falangistas y los sindicatos verticales, sometida a una intensa represión, pero que pudo utilizar desde comienzos de los años sesenta la nueva legislación sobre convenios colectivos para mejorar sus contratos. La introducción de la negociación colectiva, un modo de institucionalización de los antagonismos de clases, provocó cambios significativos en la teoría y práctica del sindicalismo, como ya lo había hecho en otros países de Europa en el período de entreguerras. Los objetivos de la revolución obrera se desplazaban para lograr otros más inmediatos relacionados con los salarios, la duración de los contratos o la exigencia de libertades.

Tampoco el Estado era el mismo que en los años treinta. Sus funciones aumentaron y se diversificaron. Creció la policía y el ejército, mecanismos de coerción imprescindibles para mantener el orden conquistado por las armas en la Guerra Civil, pero también aumentaron los funcionarios y los servicios públicos. No era, por supuesto, un Estado «del bienestar», como el que existía en esos momentos en las democracias de Europa Occidental. Dejó, sin embargo, una impronta en la población más duradera y profunda que en etapas anteriores de la historia de España. Huellas en la liberalización y racionalización del funcionamiento del mercado capitalista, en el sistema asistencial y de servicios, que podían resultar útiles para los ciudadanos. Aunque policial, paternalista y tecnocrático, ese Estado era más fuerte y eficaz que el que había permitido a anarquistas y socialistas revolucionarios dar la batalla en las primeras décadas del siglo.

Ese modelo de crecimiento acelerado entró en crisis en Europa a partir de 1974, causada sobre todo por la súbita subida del coste del petróleo impuesta por los países árabes un año antes, que encareció las materias primas y los alimentos, y se sintió en España con especial intensidad justo cuando comenzaba la transición a la democracia, complicando su consolidación y dando alas al discurso, que se escuchó mucho en esos años, de que con Franco se vivía mejor. Porque Franco, como ha señalado Paul Preston, se atribuyó todo el mérito del desarrollo económico, «como había hecho con la neutralidad durante la guerra mundial y la supervivencia durante la Guerra Fría». La propaganda se encargó de extender el mito, como si las inversiones extranjeras, la industrialización, el desarrollo, y hasta la preparación del terreno para que la democracia se hiciera posible en el futuro, fueran obra del dictador. En realidad, tanto Franco como Carrero Blanco continuaban creyendo en la autarquía en el momento en que los tecnócratas introdujeron medidas de liberalización e integración en las organizaciones económicas internacionales.

Una de las grandes ventajas con la que contó la dictadura de Franco en el escenario internacional, a partir de comienzos de los años cincuenta, es que el comunismo sustituyera al fascismo como enemigo de las democracias. El régimen de Franco, que cultivó el anticomunismo como ningún otro, apareció más atractivo a los ojos occidentales. Tras más de una década de miseria económica, a la dictadura se le ofreció su reinserción en el sistema capitalista occidental. Porque España constituía en esos años un campo perfectamente abonado para la penetración del capital extranjero. Con una clase obrera sometida y con una población mantenida bajo constante vigilancia política por Falange y por las fuerzas represivas, no resulta tan sorprendente que la economía española, estimulada por los créditos norteamericanos y por la fuerte expansión de la economía europea, comenzara a despegar de nuevo y alcanzara cotas de crecimiento hasta entonces desconocidas.

La España de los últimos quince años de la dictadura vivió entre la tradición y la modernidad. Hay una España miserable y primitiva, de hambruna y pobreza, que desaparece, aunque no del todo, captada en las imágenes de fotógrafos y cineastas y en las narraciones literarias. Y hay otra moderna, que nace, aunque no puede dominar todavía y matar a la vieja. Esa tensión entre la tradición y la modernidad preside tanto el cine de Carlos Saura, en La caza (1965) por ejemplo, como el de Luis Buñuel en Viridiana (1961) o el de Luis García Berlanga en El verdugo (1964). En La caza sabemos desde el primer momento que en el escenario donde los cuatro protagonistas van a cazar conejos murió mucha gente en la Guerra Civil. Los tres hombre mayores, a quienes el pasado común persigue y el presente no les permite ser felices, se matan entre ellos. Sólo el joven queda vivo, no sabemos si para seguir recordando, prisionero del pasado, o como esperanza de cambio. Porque mientras los mayores preparan el enfrentamiento, con sus recuerdos, conversaciones, reproches y violencia contenida, el joven escucha música moderna en la radio y baila el twist con la sobrina del guardia de la finca. Y en El verdugo, tras la ejecución a garrote vil, el modo más cruel y primitivo de matar, aparecen en la última escena unas rubias extranjeras bailando el twist en un yate.

En todo caso, en aquellos años de desarrollo y crecimiento económico, la modernidad nunca pudo tragarse la historia, el pasado violento, que salía una y otra vez a través de los recuerdos, la represión y los lugares de memoria. El mismo año en que se aprobó el plan de estabilización, el gran giro de la política económica del franquismo, fue inaugurado el Valle de los Caídos, el monumento que consagró para siempre, veinte años después del final de la Guerra Civil, la memoria de los vencedores, «el panteón glorioso de los héroes», como lo llamaba fray Justo Pérez de Urbel, catedrático de Historia en la Universidad de Madrid, apologista de la Cruzada y de Franco, y primer abad mitrado de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Las cárceles, las ejecuciones y el exilio habían metido a las organizaciones sindicales y a los partidos políticos republicanos en un túnel del que tardarían décadas en salir. El crecimiento industrial y la emigración inauguraron también nuevas formas de protesta social. En los últimos años del franquismo y en los primeros de la transición aparecieron también conflictos y movilizaciones que mostraban importantes similitudes con los nuevos movimientos sociales que proliferaban entonces en los países industriales de Europa y Norteamérica. La dictadura fue tan larga que dio tiempo a presenciar un abanico amplio de resistencias, desde la armada protagonizada por los guerrilleros a la estudiantil, pasando por el nuevo sindicalismo de Comisiones Obreras.

RESISTENCIAS

La cultura política de la violencia y de la división entre vencedores y vencidos, «patriotas y traidores», «nacionales y rojos», se impuso en la sociedad española al menos durante dos décadas. Los vencidos que pudieron seguir vivos tuvieron que adaptarse a las formas de convivencia impuestas por los vencedores. Muchos perdieron el trabajo; otros, especialmente en el mundo rural, fueron obligados a trasladarse a ciudades o pueblos diferentes. Acosados y denunciados, los militantes de las organizaciones políticas y sindicales del bando republicano llevaron la peor parte. A los menos comprometidos, muchos de ellos analfabetos, el franquismo les impuso el silencio para sobrevivir, obligándoles a tragarse su propia identidad.

Hubo quienes resistieron con armas a la dictadura, los llamados maquis o guerrilleros. Su origen estaba en los «huidos», en aquellos que para escapar a la represión de los militares rebeldes se refugiaron en diferentes momentos de la Guerra Civil en las montañas de Andalucía, Asturias, León o Galicia, sabiendo que no podían volver si querían salvar la vida. La primera resistencia de esos huidos, y de todos aquellos que no aceptaron doblar la rodilla ante los vencedores, dio paso gradualmente a una lucha armada más organizada que copiaba los esquemas de resistencia antifascista ensayados en Francia contra los nazis. Aunque muchos socialistas y anarquistas lucharon en las guerrillas, sólo el PCE apoyó claramente esa vía armada. En esa década de los cuarenta, unos siete mil maquis participaron en actividades armadas por los diferentes montes del suelo español y unos sesenta mil enlaces o colaboradores fueron a parar a las cárceles por prestar su apoyo. Si creemos a las fuentes de la Guardia Civil, 2173 guerrilleros y trescientos miembros de las fuerzas armadas murieron en los enfrentamientos.

Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial hubo esperanzas. Además, bastantes de los antiguos luchadores del bando republicano, vencidos y exiliados, se enrolaron en la resistencia francesa contra el nazismo, pensando que aquélla era todavía su guerra, la que acabaría con todos los tiranos, y Franco era el mayor de ellos, permitiéndoles volver a sus casas, a sus trabajos y a sus tierras. La operación más importante en aquellos años de guerra mundial fue la invasión del Valle de Arán, en la que entre 3500 y 4000 hombres ocuparon varias poblaciones del Pirineo desde el 14 al 28 de octubre de 1944, hasta que Vicente López Tovar, el jefe militar de las operaciones, tuvo que ordenar la retirada, dejando un balance de unos sesenta muertos y ochocientos prisioneros.

Murieron Hitler y Mussolini, las potencias del Eje fueron derrotadas y Franco siguió. Y siguió recordando la guerra y administrando un duro castigo a quienes la habían perdido. Durante el lustro siguiente, desde 1945 a 1949, grupos dispersos de guerrilleros sostuvieron continuos enfrentamientos con la Guardia Civil hasta su derrota definitiva. En realidad, sin la ayuda de las potencias democráticas, poco pudieron hacer frente al poder militarizado y absoluto de los vencedores franquistas.

Tampoco duraron mucho más los libertarios que en Cataluña defendían la lucha armada. En 1949 la represión había acabado también con ellos. Algunos murieron acribillados a balazos por la policía y la Guardia Civil; otros cayeron ante pelotones de ejecución. Entre quienes escaparon de esa catástrofe se encontraban José Luis Facerías y Francisco Sabaté «Quico», los últimos «guerrilleros urbanos», que durante una década más protagonizaron atracos y enfrentamientos con las fuerzas de orden. A Facerías lo cazaron el 30 de agosto de 1957 en una emboscada que le tendieron en un barrio de Barcelona. Sabaté halló el mismo destino el 5 de enero de 1960, en la localidad barcelonesa de Sant Celoni.

La lucha armada rara vez conectó con los intentos clandestinos de reorganización sindical de la CNT y de la UGT, y con algunas protestas obreras que, de forma espontánea y dispersa, empezaron a hacer acto de presencia desde finales de los años cuarenta en Cataluña y el País Vasco. Las quejas por los bajos salarios y por el racionamiento eran la expresión de reclamaciones urgentes para salir de la miseria, pero tenían una dimensión política porque desafiaban a las autoridades franquistas. Hubo ya una huelga importante, que incluyó a más de veinte mil trabajadores, en la ría bilbaína el 1 de mayo de 1947, aunque la más significativa de aquellos años fue la que comenzó en Barcelona en marzo de 1951 con el boicot a los tranvías, para protestar por la subida de tarifas. La huelga se extendió a otros sectores industriales y encontró también un amplio eco de solidaridad en Vizcaya y Guipúzcoa. En esos conflictos, y en los de los años siguientes, coincidiendo con las primeras movilizaciones estudiantiles de 1956, se vio ya que los dos sindicalismos históricos, el socialista y el anarquista, tenían desde la clandestinidad muchas dificultades para conectar con esas protestas y que los comunistas comenzaban a convertirse en la fuerza más activa de oposición a la dictadura.

Los comunistas se hicieron notar especialmente a partir de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, una norma que en realidad intentaba canalizar esas protestas y al mismo tiempo situar la negociación por los salarios y las condiciones de trabajo bajo el control del sindicalismo vertical. Y aunque si fallaba el control, la dictadura siempre tenía a la policía y al código penal, de la introducción de la negociación colectiva emergió un sindicalismo clandestino, Comisiones Obreras, activado y orientado por grupos católicos y comunistas, que intentaba penetrar en los sindicatos franquistas, llevar a ellos a sus representantes, negociar con los patronos hasta donde las circunstancias permitieran, con paciencia, a la espera de que ese restrictivo marco oficial saltara algún día por los aires.

Se trataba de una nueva cultura sindical, de una acción «indirecta» que utilizaba los canales que la dictadura ofrecía, y que poco o nada tenía que ver con la «acción directa», aquella que, tal y como habían supuesto y practicado los anarcosindicalistas, enfrentaba a capitalistas y obreros, a las autoridades y a los oprimidos, sin delegados por medio, negando con ello la posibilidad de que esos mecanismos de poder existentes pudieran ser utilizados en beneficio de las clases trabajadoras. Y entre los forjadores de esa nueva cultura sindical, de negociación de conflictos, no se encontraban, por supuesto, los militantes de la CNT, ni los que estaban dentro de España ni quienes desde el exterior seguían analizando la situación española a la luz de las experiencias revolucionarias de la Guerra Civil.

El movimiento de Comisiones Obreras nació con los conflictos laborales de comienzos de los años sesenta y a él se sumaron, al principio de forma espontánea, los grupos de trabajadores más activos en la lucha antifranquista. Los representantes de Comisiones Obreras querían actuar pública y legalmente, y lo consiguieron en algunas huelgas, aunque, dado que estaban prohibidas y eran duramente reprimidas, ese nuevo sindicalismo tuvo que moverse siempre en la clandestinidad. La forma de llegar a los obreros era proponer reivindicaciones básicas en torno a los salarios y a las condiciones de trabajo, pero entre sus grupos más combativos siempre estaban presentes reivindicaciones más políticas como la libertad sindical y el derecho a la huelga. Desde el movimiento huelguístico de 1962 en las minas de Asturias, la presencia de Comisiones Obreras fue ya indisolublemente unida a todos los conflictos laborales que se propagaron por España hasta la muerte de Franco.

En esos veinte primeros años de dictadura, la oposición política al franquismo había atravesado un largo desierto. Por eso tuvo tanta repercusión la reunión que del 5 al 8 de junio de 1962 celebraron en Múnich representantes de algunos grupos de oposición a la dictadura. Monárquicos, católicos y falangistas alejados en ese momento de las posiciones autoritarias, encabezados por Gil Robles y Dionisio Ridruejo, se reunieron con socialistas y nacionalistas vascos y catalanes. Aunque el comunicado final del encuentro sólo pedía cambios moderados y graduales, la dictadura lo consideró un grave atentado contra España, «el contubernio de Múnich», y detuvo y envió al exilio a algunos de los asistentes, a esos «desdichados» que, según declaró el propio Franco, «se conjuran con los rojos para llevar a las asambleas extranjeras sus miserables querellas».

Rojos eran también para Franco los profesores y estudiantes que cuestionaron los fundamentos de una universidad mediocre y represiva, los clérigos que se distanciaron de la Iglesia sumisa a la dictadura y los nacionalistas vascos y catalanes. El número de estudiantes universitarios, que apenas pasaba de cincuenta mil en 1955, se había triplicado en 1971, y para atender a ese notable crecimiento se creó un cuerpo de profesores no numerarios (PNN), sujetos a contrato laboral, que mostraron su abierta hostilidad a los principios ideológicos y políticos del franquismo. Frente a esa disidencia, en la que confluyeron estudiantes y algunos catedráticos, la dictadura siempre recurrió a la represión, sobre todo cuando esas protestas y rebeldías encontraron sus propias formas de organización para enterrar definitivamente al inútil SEU, obligatorio en teoría para todos los estudiantes. En 1965, año de conflictos, los catedráticos José Luis López-Aranguren, Agustín García Calvo y Enrique Tierno Galván fueron expulsados de la universidad por su compromiso con el movimiento estudiantil. Ése fue también el año en el que el Ministerio de Educación Nacional pasó a denominarse de Educación y Ciencia y en el que el ministro, Manuel Lora Tamayo, puso en marcha una Ley de Enseñanza Universitaria, modificada años después, en 1970, por la Ley General de Educación de su sucesor José Luis Villar Palasí.

La Iglesia católica había ejercido hasta ese momento un poder casi absoluto en la educación y en el control ideológico de los libros de texto. Cuando comenzó la década de los cuarenta, sólo una quinta parte de los centros de enseñanza media eran de titularidad estatal, mientras que el resto pertenecían casi todos a las órdenes religiosas, que acogían a más de la mitad de los estudiantes. Más de ocho mil jóvenes estudiaban en seminarios en 1963, año en el que hubo siete mil nuevas ordenaciones sacerdotales. Una tercera parte de los más de cien diarios que se publicaban entonces en España eran católicos, y había varios cientos de publicaciones dirigidas por sacerdotes o por miembros laicos de asociaciones católicas. Por si eso fuera poco, en 1962 un nuevo acuerdo con el Estado liberó a las publicaciones católicas de la censura previa, mientras que los funcionarios eclesiásticos seguían imponiendo su particular censura y aplicando la que emanaba del Estado.

Pero esos cambios socioeconómicos que en los años sesenta desafiaron a la dictadura franquista generaron asimismo una profunda secularización de la sociedad. La expansión de la enseñanza pública y el aumento de los funcionarios de los cuerpos docentes hizo perder a la Iglesia el monopolio de la educación y el control moral de la cultura. El número de seminaristas había bajado a 2700 en 1972 y los sacerdotes ordenados en ese año fueron menos de trescientos. Además, casi cuatro mil abandonaron su ministerio, frente a los 167 que lo habían hecho en 1963, y un número considerable de sacerdotes comenzó a criticar las manifestaciones represivas de la dictadura. Muchos de ellos procedían del País Vasco y de Cataluña, donde jóvenes nacionalistas y sacerdotes denunciaban la falta de libertades, y apoyaban y participaban en las movilizaciones obreras. En 1963, Joaquín Ruiz Giménez, echado por Franco del Ministerio de Educación tras los sucesos de febrero de 1956, inició la publicación de Cuadernos para el Diálogo, punto de encuentro entre cristianos y marxistas moderados y de construcción de una cultura política democrática.

Franco y sus fuerzas armadas, sin embargo, no estaban dispuestos a ceder ni un solo gramo de su victoria en 1939. Por un lado, propagaban sus «XXV Años de Paz», con el ministro Fraga Iribarne como principal maestro de ceremonias, y por otro, torturaban y ejecutaban todavía por supuestos crímenes cometidos en la guerra, como hicieron con el dirigente comunista Julián Grimau el 20 de abril de 1963. Unos meses después, el 17 de agosto, cuando todavía arreciaban las protestas por ese fusilamiento, los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado fueron ejecutados a garrote vil en la cárcel de Carabanchel.

A finales de ese mismo año, en diciembre, apareció la ley de creación del Juzgado y Tribunal de Orden Público (TOP), cuyo anteproyecto ya había sido presentado por el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, a Luis Carrero Blanco, antes de la ejecución de Grimau. Se trataba de una jurisdicción especial que juzgó en su doce años de funcionamiento, hasta su desaparición legal el 5 de enero de 1977, miles de «delitos contra la seguridad interior», entre los que destacaban la «asociación ilícita», la «propaganda ilegal» y las «reuniones o manifestaciones no pacíficas». El franquismo criminalizó de esa forma lo que en otros países democráticos eran expresiones cívicas y políticas reconocidas por la ley.

El control absoluto que el poder intentaba ejercer sobre los ciudadanos ya no era suficiente para evitar la movilización social contra la falta de libertades. En esos años finales de la dictadura aparecieron además conflictos y movilizaciones que se parecían mucho a los nuevos movimientos sociales presentes entonces en las fuerzas industriales de Europa y Norteamérica. Era el momento del apogeo del movimiento estudiantil, enfrentado en España no tanto al sistema educativo como a un régimen político represor y reaccionario; de los nacionalismos periféricos, que arrastraron a una buena parte de las elites políticas y culturales; y no habría que pasar por alto otras formas de acción colectiva vinculadas al pacifismo-antimilitarismo, al feminismo, a la ecología o a los movimientos vecinales. Eran movimientos que abandonaban en la mayoría de los casos el sueño revolucionario de un cambio estructural, para defender una sociedad civil democrática; que asumían formas de organización menos jerárquicas y centralizadas; y que se nutrían de jóvenes, estudiantes y empleados del sector público, es decir, de personas que ya no representaban a una clase social determinada, por lo general obrera, y que, por lo tanto, ya no recogían sólo los intereses y demandas de esa clase.

Muchas cosas parecían haber cambiado, en suma, desde 1939, en esas tres décadas largas que habían transcurrido desde la derrota de la República en la Guerra Civil. Había emergido una nueva cultura política y sindical. Se había impuesto la negociación como forma de institucionalizar los conflictos. Nuevos movimientos sociales y nuevos protagonistas habían sustituido a los de clase, a los de esa clase obrera a la que se le asignaba la misión histórica de transformar la sociedad. Los trabajadores del campo que acudieron en masa a las ciudades desde los años cincuenta lo hacían para incorporarse a sectores industriales muy diversos y no sólo, como había ocurrido con la emigración de los años veinte, en la construcción y en sectores siempre a caballo entre la agricultura y la industria. El proletariado rural había descendido considerablemente y ya no protagonizaba huelgas. El analfabetismo se había reducido de forma drástica y ya no era, como se declaraba en el Congreso de la CNT de 1931, esa «lacra […] que tiene hundido al pueblo en la mayor de las infamias».

Los factores ambientales y culturales que habían permitido en épocas anteriores la apelación a mitos ancestrales y mesiánicos, fáciles de reconocer en el anarquismo pero también en otros movimientos obreros de tipo marxista, eran ya historia. Aquel Estado débil, que había posibilitado la ilusión y el sueño de que las revoluciones dependían sólo de las intenciones revolucionarias de obreros y campesinos, se había mudado en uno más fuerte, eficaz, intervencionista, casi «benefactor». El consumo hacía milagros: permitía al capital extenderse y a los obreros mejorar su nivel de vida. Con el capitalismo en auge y con obreros que abandonaban el radicalismo ante la perspectiva de mejoras tangibles e inmediatas, que preferían el coche y la nevera al altruismo y al sacrificio por la causa, el anarquismo y las alternativas revolucionarias flaqueaban, dejaban de existir. En realidad, excepto el socialismo, muy reformado y que podía mirarse en el espejo que le proporcionaban los paí ses más avanzados, ninguno de los movimientos históricos anteriores a la Guerra Civil, como el republicanismo o el anarquismo, pudo resurgir tras la muerte de Franco.

Unos eran ya historia y otros aparecían justo cuando el dictador envejecía. Ése fue el caso de ETA (Euzkadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad), que aunque se creó en julio de 1959, con retazos de las organizaciones juveniles del PNV, comenzó a tener resonancia desde agosto de 1968, cuando la propaganda y las bombas sin muertos dieron paso al asesinato en Irún del comisario de policía Melitón Manzanas. Desde ese momento, el terrorismo de ETA se convirtió en un grave problema de orden público y consiguió notables logros al provocar una represión indiscriminada y la reacción frente a la dictadura de una parte importante de la población vasca. El proceso de Burgos contra dieciséis detenidos por su vinculación a ETA, en diciembre de 1970, y el asesinato de Carrero Blanco justo tres años después, acompañaron a la agonía y muerte del franquismo. Pero Franco murió matando. Pocas semanas antes de su muerte, ordenó la ejecución de cinco supuestos terroristas. Para dejar bien claro qué tipo de dictadura había sido la suya, desde la victoria en la Guerra Civil hasta el último suspiro en noviembre de 1975.

Capítulo 12. Agonía y muerte del franquismo

CAPÍTULO 12

AGONÍA Y MUERTE DEL FRANQUISMO

Franco murió en la cama en noviembre de 1975 y tras su muerte, que ponía fin a una dictadura de casi cuarenta años levantada sobre las cenizas de una Guerra Civil, se produjo una transición a la democracia «desde arriba», conducida por las autoridades procedentes del franquismo, aunque negociada y pactada en algunos puntos básicos con los dirigentes de la oposición democrática. Hay quienes argumentan, como ya hicieran hace tiempo José María Maravall y Julián Santamaría, que los ingredientes que favorecieron ese peculiar modo de transición deben rastrearse en las dimensiones de la crisis padecida por el régimen de Franco desde mediados de la década de 1960. La profunda transformación política y cultural que siguió a la muerte del dictador no puede entenderse, por lo tanto, si no se tienen en cuenta los cambios sociales que ya estaban en marcha desde quince años antes.

Otros autores van más lejos. El recuerdo traumático de la Guerra Civil, el miedo a los militares y a la derecha franquista y el deseo de no repetir un conflicto tan violento estuvieron muy presentes en los primeros años de la transición. Una dictadura de cuarenta años tuvo que condicionar necesariamente el período de transición desde la dominación autoritaria a la democracia y eso es lo que han intentado explicar y conectar muchos de los especialistas.

Pero antes de estudiar la transición y el legado del autoritarismo en la nueva democracia, en este capítulo se trata de identificar la crisis del franquismo, su agonía final y explicar las causas de su larga duración. Para ello se examinan, en primer lugar, los acontecimientos más importantes de sus últimos años y se abordan después las principales interpretaciones sobre su duración y crisis final.

AÑOS DIFÍCILES

La crisis y ocaso del franquismo podrían considerarse abiertos a partir de 1969, con un punto de aceleración importante en diciembre de 1973 con el asesinato de Carrero Blanco. El 21 de julio de 1969 Franco presentó a Juan Carlos como su sucesor ante el Consejo del Reino y un día después a las Cortes, que aceptaron la propuesta del dictador por 491 votos afirmativos, 19 negativos y 9 abstenciones. El 23 de julio el Príncipe juró «lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales». El nombramiento respondía por fin a la pregunta de «después de Franco, ¿quién?» y parecía asegurar una continuidad de los principios e instituciones de la dictadura.

Franco tenía entonces setenta y siete años y había comenzado ya a mostrar claros síntomas de envejecimiento, agravados por la enfermedad de Parkinson y muy visibles en su temblor de manos, rigidez facial y debilitamiento de su tono de voz. Ante ese panorama, Carrero Blanco, que había sustituido en septiembre de 1967 al general Muñoz Grandes como vicepresidente del Gobierno, aceleró su plan de atar la institucionalización de la dictadura con la designación por Franco de un sucesor a título de rey. Desde comienzos de los años sesenta, y después de haber soportado múltiples presiones para que designara a don Juan, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos, Franco lo había descartado como sucesor, así como a cualquier miembro de la dinastía carlista. Fue Carrero Blanco quien, sobre todo a partir de enero de 1968, cuando Juan Carlos cumplió los treinta años, edad establecida para poder reinar por la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, convenció a Franco para que tomara la decisión de nombrar al «príncipe de España» como su sucesor, al frente de una «Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne de sus principios e instituciones».

En realidad, en esos momentos era Carrero Blanco, y no tanto el Príncipe, quien aseguraba esa continuidad. Sobre todo después del escándalo Matesa y de la formación de un nuevo Gobierno en octubre de 1969, los dos acontecimientos más importantes que siguieron al reconocimiento de Juan Carlos como sucesor.

El asunto Matesa, las siglas de Maquinaria Textil, S. A., estalló de súbito en el verano de ese año y se convirtió en el mayor escándalo financiero de toda la dictadura. La empresa fabricaba maquinaria textil en Pamplona, y tenía sucursales y compañías subsidiarias en América Latina. Su director, Juan Vilá Reyes, conectado con el Opus Dei y los grupos tecnocráticos, logró cuantiosos créditos oficiales de ayuda a la exportación, cerca de once mil millones de pesetas, justificados con pedidos que en la práctica no existían o estaban inflados. Las irregularidades fueron denunciadas y aireadas por la prensa del Movimiento, con la ayuda desde el Gobierno de Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz, para intentar desacreditar a los ministros del Opus Dei, un pulso más de la dura batalla por el poder que libraban esos dos grupos desde principios de los años sesenta.

Los efectos políticos de ese escándalo fueron inmediatos. Carrero Blanco pidió a Franco una remodelación total del Gobierno y el 29 de octubre formó lo que ha pasado a la historia como el «Gobierno monocolor». Carrero continuaba de vicepresidente, aunque con más poder que nunca, y casi todos los ministros en puestos clave eran miembros del Opus Dei, de la ACNP, o se identificaban con la línea tecnocráticareaccionaria de López Rodó-Carrero Blanco. Manuel Fraga Iribarne y Solís Ruiz fueron cesados y aunque Carrero Blanco no asumió todavía la presidencia del Gobierno, era él quien dirigió la política gubernamental.

Esa pugna por el control del proceso político entre Carrero y el Opus Dei por un lado y el sector azul del Movimiento por otro, abrió definitivamente la crisis en el interior del franquismo. En opinión de Juan Pablo Fusi, Carrero Blanco y López Rodó tenían como proyecto político un Gobierno fuerte, con desarrollo económico, reforma administrativa y un continuismo «controlado y prudente» a través de la monarquía. Los miembros del Movimiento, representados por Solís Ruiz, querían hacer de ese Movimiento y de su Consejo Nacional el único cauce de representación política del régimen, la base de la continuidad del poder político salido de las armas victoriosas en la Guerra Civil de 1936-1939.

Los conflictos de poder entre los propios gobernantes han sido destacados como una de las circunstancias fundamentales para la desestabilización de los regímenes dictatoriales, por encima incluso del conflicto entre los gobernantes y gobernados, y son varios los autores que, siguiendo la ya clásica interpretación de Philippe Schmitter para la crisis de la dictadura portuguesa, ponen énfasis en ese aspecto para los años finales del franquismo. Era un conflicto entre los franquistas de línea dura dispuestos a defender sus privilegios hasta el final, siempre bajo el amparo de la dictadura, y aquellos franquistas que habían tomado conciencia de que su supervivencia quedaría mejor asegurada con una reforma gradual y moderada.

Mas no fueron sólo conflictos internos por el poder los que complicaron la vida de la dictadura en sus últimos años. Un momento especialmente tenso fue 1970. La conflictividad laboral alcanzó ese año el nivel más alto del decenio, con casi medio millón de trabajadores metidos en reivindicaciones y nueve millones de horas perdidas. Muchas de esas huelgas derivaban en enfrentamientos con la policía y con muchos huelguistas torturados y en la cárcel. La represión fue especialmente dura en el País Vasco, donde ETA había empezado a desafiar a las fuerzas armadas de la dictadura con asesinatos y atracos a bancos y empresas. La mezcla de agitación laboral, universitaria y terrorista provocó una dura reacción de militares y políticos ultraderechistas que convencieron a Franco para que respondiera con un juicio ejemplar contra dieciséis prisioneros vascos, entre ellos dos sacerdotes. El proceso comenzó en diciembre en Burgos, sede de la región militar a la que pertenecía el País Vasco, y concluyó con la condena a muerte a seis de los acusados y con 519 años de prisión para los demás.

Algunos ministros, encabezados por López Bravo, intercedieron ante Franco. Su hermano Nicolás le escribió el 6 de diciembre recomendándole que no firmara esas peticiones de sentencias de muerte por parte de los fiscales: «No te conviene. Te lo digo porque te quiero. Tú eres buen cristiano, después te arrepentirás. Ya estamos viejos. Escucha mi consejo, ya sabes lo mucho que te quiero». En su mensaje de fin de año transmitido por televisión el día 30, Franco anunció su magnánima decisión de conmutar las penas de muerte por años de cárcel. El perdón concedido era, según el dictador, la mejor prueba de la fuerza de su Gobierno: «La firmeza y la fortaleza de mi ánimo no os faltarán mientras Dios me dé vida para seguir rigiendo los destinos de nuestra Patria».

Pese al perdón, todo ese proceso tuvo consecuencias muy negativas para el régimen, que vio cómo un sector de la sociedad respondía con huelgas y manifestaciones, los obispos vascos pedían clemencia y en el exterior se protestaba contra Franco como no se recordaba desde los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias resultaron especialmente desastrosas en el País Vasco, donde el proceso de Burgos, en palabras de Fusi, «fue un verdadero punto de inflexión histórica, un revulsivo de la conciencia nacional vasca […] fue el inicio de un proceso que, en pocos años de agitación y represión, acabaría por alienar del régimen de Franco a amplios sectores de la opinión vasca y que terminaría por generar un sentimiento amplio de enconamiento y crispación contra la idea misma de España».

Los años que siguieron fueron los más agitados de la dictadura de Franco. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, muy renovada tras la desaparición de los principales exponentes de la cruzada y del nacionalcatolicismo, empezaron a romper el matrimonio con la dictadura, presionados también por muchos sacerdotes y comunidades cristianas que, especialmente en Cataluña, el País Vasco y las grandes ciudades, reclamaban una Iglesia más abierta, comprometida con la justicia social y los derechos humanos. En 1971, la Primera Asamblea Nacional Conjunta de Obispos y Sacerdotes, presentó un proyecto de resolución en el que se pedía «perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». Dos años después, los obispos solicitaron, en el documento «La Iglesia y la comunidad política», la revisión del concordato de 1953 y la separación entre la Iglesia y el Estado. Algo o mucho se movía en esa Iglesia dirigida desde 1972 por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, y que trataba de adaptarse a las exigencias del Concilio Vaticano II y a los cambios de la sociedad española.

La profunda transformación de España en esa década de desarrollo de los sesenta generó, como han subrayado la mayoría de los especialistas del período, la aparición de altos niveles de conflictividad que quebraban la tan elogiada paz de Franco. En 1973 el aumento de los conflictos fue espectacular, con la provincia de Barcelona a la cabeza de las huelgas, como en casi todo ese período. En realidad, desde 1971 hasta la muerte de Franco, los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la intervención represiva de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegaba también a las universidades donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades franquistas, con Carrero Blanco a la cabeza, fue siempre mano dura, represión y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación.

El orden público fue una preocupación constante de Carrero Blanco desde el mismo momento en que se convirtió en consejero de Franco, aunque esa preocupación creció en los años finales cuando la proliferación de incidentes violentos deterioró la imagen creada de un régimen pacífico que mantenía siempre el orden. El día en que lo mataron, 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de la España franquista, el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la Guerra Civil, los grandes enemigos de España, infiltrados ahora, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

Frente a ellos, siempre quedaría «el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia…». Y la receta que ofrecía para atajar la infiltración del comunismo en la enseñanza se parecía mucho a la que ya habían aplicado con tanto éxito los militares rebeldes y las autoridades franquistas durante la guerra y la posguerra: «Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de subversión».

El asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno desde junio de ese año de 1973, aceleró la crisis interna de la dictadura. Unos días después, Franco eligió como presidente de Gobierno a Carlos Arias Navarro, ministro de Gobernación en el momento del asesinato de Carrero y símbolo vivo de la represión franquista, desde su paso por la fiscalía de Málaga tras la conquista de la ciudad por las tropas de Franco, en febrero de 1937, hasta la dirección general de Seguridad y el Ministerio de Gobernación. Todo parece indicar que la llamada «camarilla de El Pardo», con Carmen Polo, su yerno Cristóbal Martínez Bordiu, marqués de Villaverde, y Antonio Urcelay, el ayudante de Franco, intervino de forma decisiva en el nombramiento de Arias. Las recomendaciones de ese círculo de confianza adquirieron una influencia notable en esos dos últimos años finales de la dictadura, manifestación explícita de la quiebra definitiva del equilibrio interno de la coalición gobernante. Según Javier Tusell, la influencia de la familia de Franco era «un factor político nuevo […] prácticamente inexistente» hasta ese momento y que conviene atribuir a la «decadencia física de Franco».

Arias anunció su Gobierno el 23 de enero de 1974. Eliminó a López Rodó y a los tecnócratas, poniendo punto final a más de quince años de presencia del Opus Dei al frente de los principales ministerios y llamó a hombres del Movimiento de procedencia falangista, encabezados por José Utrera Molina, e ignorando a quienes pudieran estar próximos a Juan Carlos. Antonio Carro Martínez, ministro subsecretario de la Presidencia, y Pío Cabanillas, ministro de Información, fueron sus hombres de confianza. A su aperturismo verbal, plasmado en su primer discurso ante las Cortes el 12 de febrero, el llamado «espíritu de febrero», se lo comió muy pronto la represión con la que tuvo que hacer frente a la explosión de conflictos, al incremento del terrorismo y al desafío abierto que le planteó una oposición política todavía demasiado dividida. Por si fuera poco, la aguda crisis económica que acompañó a su Gobierno desde el principio ponía fin a los años de milagro económico y prosperidad de la dictadura.

Apenas tres meses después de formarse el Gobierno, su imagen estaba ya muy empañada por el arresto domiciliario del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, tras su homilía a favor del uso de la lengua vasca, y la ejecución a garrote vil del anarquista catalán Salvador Puig Antich y del polaco Hein Chez, acusados de haber dado muerte a un policía y a un guardia civil. Poco después llegó el 24 de abril en Portugal, que sirvió de aliento a la oposición al franquismo, aunque una revolución de ese tipo era irrepetible en España. El terrorismo golpeó fuerte en septiembre de ese año, con 12 víctimas mortales por la explosión de una bomba en la cafetería Rolando, cercana a la Dirección General de Seguridad en la madrileña Puerta del Sol, en el atentado más sangriento de ETA durante la dictadura.

El búnker y la ultraderecha se envalentonaron. En agosto de 1975 se puso en marcha una nueva Ley Antiterrorista que restablecía los Consejos de Guerra sumarísimos y que se aplicó con carácter retroactivo a once militantes de ETA y del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico), pequeño grupo terrorista de inspiración marxista-leninista, fundado dos años antes, acusados del asesinato de tres policías. Los datos de los procedimientos incoados por el Tribunal de Orden Público (TOP), que había sido creado en diciembre de 1963, prueban claramente esa escalada de la represión: en los tres años finales de esa jurisdicción (1974, 1975 y 1976), con Arias en el Gobierno, se tramitaron 13 010 procedimientos, casi el 60 por ciento del total de los doce años de funcionamiento.

La condena a muerte de esos tres miembros de ETA y ocho del FRAP, entre ellos dos mujeres embarazadas, provocó una masiva huelga general en el País Vasco, enérgicas protestas en el exterior y peticiones de clemencia de notables personajes como el papa Pablo VI, don Juan, la reina de Inglaterra o Leónidas Breznev. Encerrado en su búnker, Franco ejerció su famoso derecho de gracia sobre seis de los condenados y aprobó la sentencia de los cinco restantes, ejecutados el 27 de septiembre de 1975. Los Gobiernos de varios países retiraron a sus embajadores como protesta. La respuesta del régimen fue la habitual en esos casos: masiva concentración de apoyo a Franco en la plaza de Oriente. Allí, en el que sería su último baño de multitudes, el dictador, con voz débil y temblorosa, dijo eso que todos los españoles vieron en la televisión, escucharon en la radio y pueden hoy recordar con los documentos ya históricos del NO-DO: «Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece».

Hacía justamente 39 años que Franco había sido elevado a la Jefatura del Estado por sus compañeros de armas. Dos meses después de que ordenara esas ejecuciones, el dictador dio su último suspiro. A las diez de la mañana del 20 de noviembre, unas horas más tarde de que se anunciara oficialmente su muerte, Arias Navarro leyó en público su testamento político, el testamento de un «hijo fiel de la Iglesia» que sólo había tenido por enemigos «aquellos que lo fueron de España». Su legado no es fácil resumirlo y es objeto de debate entre los historiadores y público en general. Buscó y consiguió la aniquilación de sus enemigos, que, si eran los de España, fueron en verdad muchos. Gobernó con el terror y la represión, pero también tuvo un importante apoyo social, muy activo por parte de los muchos que se beneficiaron de su victoria en la Guerra Civil, y más pasivo de quienes cayeron en la apatía por el miedo o de quienes le agradecieron la mejora del nivel de vida de sus últimos quince años en el poder.

Cuando murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o «aperturistas» en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida. La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo. Era improbable que el franquismo continuara sin Franco, pero Arias Navarro y su Gobierno mantenían intacto el aparato represivo y tenían a su disposición ese Ejército salido de la guerra, educado en la dictadura y fiel a Franco. Ese equilibrio «desigual e inevitable» entre el legado autoritario del franquismo y las aspiraciones democráticas enmarcó los primeros años de la transición, una historia narrada en el siguiente capítulo. Veamos ahora las posibles causas de la larga duración de esa dictadura y de su crisis final.

LA DICTADURA QUE DURÓ CUARENTA AÑOS

La dictadura de Franco salió de una guerra civil y en esa larga y sangrienta dictadura reside la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX si se compara con otros países europeos capitalistas. Es verdad que España, al contrario que otros países, nunca pudo gozar del beneficio de una intervención democrática internacional que bloqueara la salida autoritaria tras el final de la guerra, pero conviene destacar por encima de cualquier otra consideración el compromiso de los vencedores con la venganza, con la negación del perdón y la reconciliación, así como la voluntad de retener hasta el último momento posible el poder que les otorgó las armas. Como ya destacó Paloma Aguilar, la Guerra Civil fue «un acontecimiento fundacional para el franquismo […] y, como tal, tuvo una presencia abrumadora y obsesiva» a lo largo de casi toda la dictadura.

Ese mito fundacional, el 18 de julio y la Guerra Civil, la victoria de Franco y su cultura excluyente, ultranacionalista, de represión física y económica, determinaron la identidad y naturaleza del franquismo, al menos durante sus dos primeras décadas, aunque ese terror y violencia, como han demostrado sólidos y valiosos estudios, no fue sólo un fenómeno de la posguerra o de los primeros años de la dictadura franquista.

Los vencedores de la guerra decidieron durante años y años la suerte de los vencidos a través de diferentes mecanismos y manifestaciones del terror. En primer lugar, con la violencia física, arbitraria y vengativa, con asesinatos in situ, sin juicio previo. Se trataba de una continuación del «terror caliente» que había dominado la retaguardia franquista durante toda la guerra y desapareció pronto, aunque hay todavía abundantes muestras de él en los años 1940 a 1943. Dejó paso a la centralización y control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado. Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas coercitivas y de castigo. Quedarían, por último, lo que Conxita Mir denomina los «efectos no contables» de la represión, el miedo, la vigilancia, la necesidad de avales y buenos informes, la humillación y la marginación. Así se levantó el Estado franquista y así continuó, evolucionando, mostrando caras más amables, selectivas e integradoras, hasta el final.

Pero por mucho que evolucionara y dulcificara sus métodos, la dictadura nunca quiso quitarse de encima sus orígenes sangrientos, la Guerra Civil como acto fundacional, que recordó una y otra vez para preservar la unidad de esa amplia coalición de vencedores y para mantener en la miseria y en la humillación a los vencidos. La represión no era algo «inevitable». Fueron los vencedores los que la vieron totalmente necesaria, y consideraron la muerte y la prisión como un castigo adecuado para los rojos. El terror ajustó cuentas, generó la cohesión en torno a esa dictadura forjada en un pacto de sangre. Los vencidos quedaron paralizados, asustados, sin capacidad de respuesta. La represión fue, en palabras de Paul Preston, «una especie de inversión política, un terror productivo que aceleró el proceso de despolitización llevando a la mayoría de los españoles a la apatía política».

La larga duración de esa dictadura resulta incomprensible además si no se tiene en cuenta el papel principal en ella del Ejército, del ejército de Franco, construido en medio de una guerra civil y de una posguerra victoriosa, que garantizó en todo momento la continuidad de la dictadura hasta el final. En ese Ejército mandaba la generación de su Caudillo, los que realmente ganaron la guerra. Pero también una generación militar posterior, representada por Carrero Blanco, que hicieron la guerra de muy jóvenes o accedieron a la carrera militar en la inmediata posguerra, un sector en activo cuando Franco murió, para quien éste era «el Caudillo providencial enviado por Dios, al que se debía la salvación de la Patria y del que había que lamentar», como escribió Carrero en varias ocasiones, «que debiera morirse un día».

Ese Ejército, unido en torno a Franco, no presentaba fisuras. Conforme Franco se iba haciendo mayor y cuando alguien le expresaba su preocupación por el futuro y la sucesión, la respuesta del dictador siempre era la misma: ahí estaba el Ejército, para defender el régimen y garantizar su continuidad. Se lo dijo a su primo Francisco Franco Salgado-Araujo en 1969: «Tengo la seguridad que los tres ejércitos defenderán siempre al régimen, que desde luego podrá evolucionar con arreglo a futuras situaciones políticas mundiales, pero que mantendrá inalterables sus postulados esenciales». Volvió a insistir en lo mismo cuando se recuperaba de su grave enfermedad del verano de 1974 y el falangista Utrera Molina le advirtió sobre la amenaza liberal: «No olvide que, en último término, el Ejército defenderá su victoria». Y Carrero Blanco, en un discurso ante el Estado Mayor en abril de 1968, advirtió «que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional, porque aunque el pueblo no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas».

Y así fue, aunque en septiembre de 1974, y al calor de lo que había pasado unos meses antes en Portugal, con la Revolución de los claveles, un grupo de oficiales, tres comandantes y nueve capitanes, entre quienes se encontraban Luis Otero Fernández, Julio Busquets y Gabriel Cardona, fundaron la Unión Militar Democrática (UMD) y arrancaron con un manifiesto en el que hablaban de «superar un sistema político que nació con la Guerra Civil», y de crear una «nueva España en la que todos podamos convivir en paz sin que nadie pueda arrogarse el monopolio de la verdad ni del patriotismo, y siendo conscientes de que las Fuerzas Armadas deben colaborar en esta positiva y patriótica labor». La única disidencia militar seria durante toda la dictadura no pudo ir muy lejos. Sus principales dirigentes fueron detenidos en el verano siguiente y juzgados cuando ya Franco había muerto. Ese Ejército de Franco, que sobrevivió unos años a su muerte, complicando la transición a la democracia, no permitió que esos militares demócratas regresaran a sus mandos y los dejaron al margen en la Ley de Amnistía de octubre de 1977, poniendo de manifiesto, según apunta Paloma Aguilar, «la capacidad de los militares para defender sus intereses corporativos incluso contra la voluntad de la mayoría de la clase política».

Franco y su Ejército debieron también adaptarse a los cambios en la situación internacional. Soñaron con un nuevo imperio español y, en realidad, dado su escaso potencial, tuvieron que liquidar lo poco que quedaba de él, los territorios africanos, desde el Protectorado de Marruecos a Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial, que fueron abandonados uno tras otro desde mediados de los años cincuenta, hasta que sólo quedó el Sahara español, un territorio por el que España entró en conflicto abierto con Marruecos justo cuando Franco agonizaba. Aunque la pérdida del Protectorado en 1956 fue un duro revés para muchos oficiales españoles, que habían hecho allí su carrera militar, mantenerse al margen de las aventuras imperiales fue, al final, una gran ventaja para el franquismo, que no experimentó las graves fricciones en el seno del Ejército que a otras dictaduras, como a la portuguesa, le causó el conflicto colonial.

La situación internacional, en verdad, fue muy propicia para el franquismo, desde sus orígenes hasta el final. En 1939, derrotada la República, el clima internacional tan favorable a los fascismos contribuyó a consolidar la violenta contrarrevolución iniciada ya con la ayuda inestimable de esos mismos fascismos desde el golpe de julio de 1936. Muertos Hitler y Mussolini, a las potencias democráticas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial les importó muy poco que allá por el sur de Europa, en un país de segunda fila que nada contaba en la política exterior de aquellos años, se perpetuara un dictador sembrando el terror e incumpliendo las normas más elementales del llamado «derecho internacional». En palabras de un alto diplomático británico, la España de Franco «sólo es un peligro y una desgracia para ella misma». Por eso, a lo máximo que llegaron las democracias tras la Segunda Guerra Mundial fue a presionar al Gobierno de Franco porque, como bien precisó hace años Laurence Whitehead, en su estudio de los aspectos internacionales de la democratización, «una cosa era declarar a Franco un paria y otra muy distinta perder soldados en un intento de derrotarlo o de fomentar una guerra civil».

Como señaló el mismo Whitehead, después de la Segunda Guerra Mundial los gobiernos de Europa Occidental «se acostumbraron a coexistir con una variedad de regímenes no democráticos» y ya no intervinieron. Conforme avanzaba la Guerra Fría, «siempre y cuando esos gobiernos se convirtiesen en aliados fiables en la contienda mundial contra la Unión Soviética, no se ejercería sobre ellos una presión irresistible para que se “democratizasen”». Franco y su régimen fueron, así, gradualmente rehabilitados, algo que se confirmó plenamente con los Acuerdos con Estados Unidos firmados el 26 de septiembre de 1953, la firma del Concordato con el Vaticano el 27 de agosto de aquel mismo año y el ingreso de España en la ONU en diciembre de 1955.

Sin intervención exterior, la dictadura de Franco, como ya hemos tratado de demostrar, estaba destinada a durar. La contribución de la Iglesia católica a ese fin fue también inmensa. No se conoce otro régimen autoritario, fascista o no, en el siglo XX, y los ha habido de diferentes colores e intensidad, en el que la Iglesia asumiera una responsabilidad política y policial tan diáfana en el control social de los ciudadanos. Ni la Iglesia protestante en la Alemania nazi, ni la católica en la Italia fascista. Y en Finlandia y en Grecia, tras las guerras civiles, la Iglesia luterana y ortodoxa sellaron pactos de amistad con esa derecha vencedora que defendía el patriotismo, los valores morales tradicionales y la autoridad patriarcal en la familia. En ninguno de esos dos casos, no obstante, llamaron a la venganza y al derramamiento de sangre con la fuerza y el tesón que lo hizo la Iglesia católica en España. Es verdad que ninguna otra Iglesia había sido perseguida con tanta crueldad y violencia como la española. Pero, pasada ya la guerra, el recuerdo de tantos mártires fortaleció el rencor en vez del perdón y animó a los clérigos a la acción vengativa.

Tres ideas básicas resumen la relación entre la Iglesia y la dictadura en esos primeros años decisivos de la paz de Franco. La primera, que la Iglesia católica se implicó y tomó parte hasta mancharse en el sistema «legal» de represión organizado por la dictadura de Franco tras la Guerra Civil. La segunda, que la Iglesia católica sancionó y glorificó esa violencia no sólo porque la sangre de sus miles de mártires clamara venganza, sino, también y sobre todo, porque esa salida autoritaria echaba atrás de un plumazo el importante terreno ganado por el laicismo antes del golpe militar de julio de 1936, y le daba la hegemonía y el monopolio más grande que hubiera soñado. La tercera, que la simbiosis entre Religión, Patria y Caudillo fue decisiva para la supervivencia y mantenimiento de la dictadura tras la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial.

Como también se ha podido comprobar, la jerarquía eclesiástica, el catolicismo y el clero no permanecieron inmunes a esos cambios socioeconómicos que desde comienzos de los años sesenta desafiaron al aparato político de la dictadura franquista. El catolicismo tuvo que adaptarse a esa evolución con una serie de transformaciones internas y externas que han sido analizadas por varios autores. En opinión de José Casanova, la «aguda secularización de la sociedad española que acompañó a los rápidos procesos de industrialización y urbanización fue vista con alarma al principio por la jerarquía de la Iglesia. Lentamente, sin embargo, los sectores más concienciados del catolicismo español empezaron a hablar de España no como una nación inherentemente católica que tenía que ser reconquistada, sino más bien como un país de misión. La fe católica no podía ser forzada desde arriba; tenía que ser adaptada voluntariamente a través de un proceso de conversión individual».

Esa secularización coincidió en el tiempo con tendencias generales de cambio que llegaban desde el Concilio Vaticano II. La opinión y práctica católicas comenzó a ser más plural, con sacerdotes jóvenes que abandonaban la ideología tradicional, trabajadores de la JOC (Juventud Obrera Católica) y de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) que militaban en contra del franquismo, y sectores cristianos que elucubraban con los marxistas sobre la futura sociedad que seguiría al derrumbe del capitalismo.

Curas y católicos que hablaban de democracia y socialismo, y criticaban a la dictadura y a sus manifestaciones más represivas. Todo eso era nuevo en España, muy nuevo, y parece lógico que provocara una reacción en amplios sectores franquistas, acostumbrados a una Iglesia servil y entusiasta con la dictadura. Un documento confidencial de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1966, ya advertía que de los tres pilares de la dictadura, «el Catolicismo, el Ejército y la Falange», únicamente el segundo aparecía «firme, unido como realidad y esperanza de continuidad», mientras que el catolicismo mostraba signos de división en torno a tres problemas: «El clero separatista; la lucha interna entre sacerdotes conservadores y sacerdotes avanzados; y la actitud de cierta parte del clero frente a las altas jerarquías eclesiásticas».

Carrero Blanco llamó a esa disidencia de una parte de la Iglesia católica «la traición de los clérigos», porque el manto protector que la dictadura había dado a la Iglesia no se merecía eso. Y para demostrar los servicios prestados, «aunque sólo sea en el orden material», prueba de cómo Franco «quiso servir a Dios sirviendo a su Iglesia», Carrero daba cifras: «Desde 1939, el Estado ha gastado unos 300 000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto».

Algo se movió en la Iglesia católica española en la última década de la dictadura, después de que murieran la mayoría de los obispos que habían bendecido la Cruzada y se habían sumado con fervor y entusiasmo a la construcción del Nuevo Estado que emergió sobre las cenizas de la Segunda República. Enrique Pla y Deniel, por ejemplo, el principal artífice, junto con Gomá, de esa Iglesia de Franco, murió en 1968, a punto de cumplir los 92 años. Pero resulta muy exagerado concluir que la mayoría del clero, y de la Conferencia Episcopal, creada en 1966, abandonaron en esos últimos años el franquismo y abrazaron la causa democrática. Estaban Enrique Vicente y Tarancón, Narcís Jubany y Antonio Añoveros, en Madrid-Alcalá, Barcelona y Bilbao, a quienes la dirección general de Seguridad calificaba en diciembre de 1971 de «jerarquías desafectas», pero también pesaban, y mucho, en esa Iglesia obispos como José Guerra Campos y Pedro Cantero Cuadrado. José María García Lahiguera, arzobispo de Valencia en 1975, que había dirigido los ejercicios espirituales a Franco y a su esposa en 1949 y 1953, resumió en la homilía del funeral celebrado por Franco en su sede episcopal, las tres principales virtudes del Caudillo al que tanto admiraba: «Ser hombre de fe; entregado a obras de caridad, a favor de todos, pues a todos amaba; hombre de humildad». No eran pocos los obispos que suscribirían por esas fechas esa definición de Franco.

Por eso sería más correcto decir, como matizaba hace ya un tiempo Frances Lannon, que la Iglesia española había descubierto que sus intereses «podían estar mejor protegidos bajo un régimen pluralista que mediante una dictadura» que manifestaba ya importantes síntomas de crisis. Ésa es la idea también que ha transmitido recientemente William J. Callahan: se trataba de reformar lo necesario pero preservando al mismo tiempo «todo aquello que pudieran salvar de la privilegiada relación que la Iglesia mantenía con el régimen».

Cuando murió el «invicto Caudillo», el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia católica española ya no era el bloque monolítico que había apoyado la Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa época dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en la educación, en los aparatos de propaganda y en los medios de comunicación. Lo que hizo la Iglesia en los últimos años del franquismo fue prepararse para la reforma política y la transición a la democracia que se avecinaba. Antes de morir Franco, la jerarquía eclesiástica había elaborado, según Callahan, «una estrategia basada en el fin de la confesionalidad oficial, la protección de las finanzas de la Iglesia y de sus derechos en materia de educación y el reconocimiento de la influencia de la Iglesia en las cuestiones de orden moral».

Naturalmente, la Iglesia cambió mucho si se compara con el otro pilar básico de la dictadura, el Ejército, que se identificó con Franco y con el régimen sin fisuras y lo sostuvo hasta el final. Pero en la larga perspectiva de los cuarenta años del régimen dictatorial, la Iglesia hizo mucho más por legitimarlo, afianzarlo, protegerlo y silenciar sus numerosas víctimas y atropellos de los derechos humanos que por combatirlo. Proporcionó a Franco la máscara de la religión como refugio de su tiranía y crueldad. Sin esa máscara y sin el culto que la Iglesia forjó en torno a él como caudillo, santo y supremo benefactor, Franco hubiera tenido muchas más dificultades en mantener su omnímodo poder.

Las dictaduras, no obstante, no se sostienen sólo en las fuerzas armadas, en la represión o en la legitimación que de ellas hacen los poderes eclesiásticos. Para sobrevivir y durar necesitan bases sociales y la dictadura de Franco, larga y salida de una guerra civil, no podía ser en ese aspecto una excepción. Los apoyos del franquismo fueron amplios. Nada tiene de sorprendente que con los sublevados de julio de 1936 y después con los vencedores de la guerra estuviese la mayoría del clero, de los terratenientes e industriales más amenazados por las reformas republicanas y las reivindicaciones obreras, quienes, al fin y al cabo, ya habían ensayado durante los años anteriores diversas formas de desestabilización frente a la República. Pero junto a toda esa gente de orden, de orden por naturaleza, agradecidos a Franco por restablecer el orden y asegurar la disciplina social, aparecían masas de propietarios rurales pobres y muy pobres, y clases medias y obreros urbanos que no parecían estar en el lado de la barrera social que les correspondía.

Salvo los más reprimidos, perseguidos y silenciados, a los que la dictadura excluyó y nunca tuvo en cuenta, el resto de esa España que había estado en el bando de los vencidos se adaptó, gradualmente y con el paso de los años, con apatía, miedo y apoyo pasivo, a un régimen que defendía el orden, la autoridad, la concepción tradicional de la familia, los sentimientos españolistas, la hostilidad beligerante contra el comunismo y un inflexible conservadurismo católico. La larga duración del régimen franquista, señalaba no hace mucho Juan Pablo Fusi, se debió «a la acomodación de España al franquismo. Acomodación significa adaptación por conveniencias a una determinada situación más que identificación emocional con esta última». El «pueblo español» no fue, según este autor, «mayoritariamente antifranquista». Franco murió en la cama «y la transición a la democracia tras su muerte fue una reforma hecha desde el interior de la propia legalidad franquista, conducida, además, por hombres procedentes del franquismo».

Las autoridades estatales modernas, además de gobernar, han de administrar a las sociedades y dirigir las economías. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años sesenta, ningún régimen del mundo se quedó al margen del impulso del «desarrollo». La dictadura franquista también lo hizo y los cambios producidos por esas políticas desarrollistas ampliaron y transformaron sus bases sociales. El crecimiento económico fue presentado como la consecuencia directa de la paz de Franco, en una campaña orquestada por Manuel Fraga desde el Ministerio de Información y Turismo y plasmada en la celebración en 1964 de los XXV Años de Paz, que llegó hasta el pueblo más pequeño de España. Dos años después, tras sancionarla las Cortes, se pidió a los ciudadanos que aprobaran en referéndum la Ley Orgánica del Estado y de nuevo el ministro Fraga inundó de propaganda las calles españolas con la consigna «Votar sí es votar por nuestro Caudillo. Votar no es seguir las consignas de Moscú». Con todas las irregularidades propias del aparato político de la dictadura, votó, según cifras oficiales, casi el 89 por ciento del censo electoral, con un 95,9 de votos afirmativos y 1,79 de negativos, y el referéndum fue utilizado como la prueba más palmaria del apoyo popular a Franco y a su régimen. El desarrollismo y la machacona insistencia en que todo eso era producto de la paz de Franco, dieron una nueva legitimidad a la dictadura y posibilitaron el apoyo, o la no resistencia, de millones de españoles.

Pese a los desafíos generados los cambios socioeconómicos y la racionalización del Estado y de la Administración, el aparato del poder político de la dictadura se mantuvo intacto, garantizado el orden por las fuerzas armadas, con la ayuda de los dirigentes católicos, de la jerarquía eclesiástica y del Opus Dei. También en eso la dictadura de Franco tuvo éxito, mucho más que el que tuvieron los fascismos derrotados en una guerra mundial: preservó las condiciones de su existencia, basadas en la represión y en la negación de la democracia, hasta el final, hasta el último suspiro del dictador.

Esa dictadura «desarrollista», sin embargo, no supo «abordar con éxito las consecuencias del cambio económico y social» que ella misma había inducido. Dicho de otra forma, surgió una contradicción o disyunción entre las estructuras socioeconómicas, modificadas en la década de los sesenta, y la política, que no se democratizó. Los cambios socioeconómicos hicieron «necesarios» los cambios en la política y eso es lo que provocó la crisis final, «profundizada», además, como señalaron José María Maravall y Julián Santamaría, «por la crisis de la sucesión en el liderazgo». El franquismo no cayó antes porque vivía Franco, que nunca estuvo dispuesto a ceder su poder, porque el Ejército y las fuerzas de policía garantizaban su continuidad, y la oposición política, dividida y con intereses enfrentados, no pudo organizar nunca una movilización amplia y decisiva contra la dictadura. Eso sí, debido precisamente a esos cambios que se extendieron de forma imparable por la sociedad española, estaba claro, repiten muchos autores, que no podía haber franquismo después de Franco. Aunque la oposición antifranquista fue incapaz de crear una «amplia plataforma unitaria», los conflictos y movimientos sociales de esos años «erosionaron profundamente a la dictadura», concluyen Carme Molinero y Pere Ysás.

La España de 1939 y la de 1975 se parecían poco. Una profunda transformación económica y social había causado grandes cambios en las clases medias y trabajadoras y en la administración del Estado. Los sindicatos ya no eran agentes de la revolución social sino instrumentos para conseguir libertades democráticas. La República, el anarquismo y el socialismo desaparecieron de las reivindicaciones, como desapareció también el anticlericalismo, el anticapitalismo y el problema de la reforma agraria, algunos de los ejes fundamentales de las luchas sociales y políticas de los años treinta. La continuación del franquismo se hizo imposible, en opinión de Stanley G. Payne, no tanto por la muerte de Franco «cuanto por la desaparición de la estructura de la sociedad y cultura españolas sobre las que se había basado originalmente en 1939». Los modelos históricos de sociedad y cultura de la derecha y de la izquierda habían quedado atrás, superados por la modernización. Según Santos Juliá, los valores democráticos, minoritarios antes de la Guerra Civil entre las clases trabajadoras y medias, «fueron incorporados en los quince años que precedieron a la muerte de Franco mayoritariamente por ellas».

Había además otros factores que imposibilitaban la continuación del franquismo después de Franco. Con el abandono de la autarquía económica y cultural comenzó a desaparecer también, en palabras de José Casanova, la «resistencia tradicional y mayormente católica a la europeización». La integración en la economía europea, incluido el vital sector turístico, se convirtió en una necesidad para los principales grupos de la banca y de los grandes negocios. Una mayoría de los ciudadanos españoles habían mostrado una «creciente predilección por un cambio que condujera a la democracia sin quebranto del orden» o, dicho de otra forma, no deseaban ni la continuidad franquista ni la ruptura. Las luchas internas entre los gobernantes franquistas y la deserción a las filas de la reforma política de una buena parte de ellos impidieron plantear una salida unida a la muerte de Franco. El franquismo, por último, sobrevivió varias décadas a la época dorada del fascismo europeo y cuando Franco murió, las posiciones fascistas, a las que podían agarrarse los sectores más duros de la dictadura, habían perdido todo su atractivo.

Todas esas interpretaciones, en el fondo, sugieren que había un anacronismo y desfase entre la estructura política de la dictadura franquista y los valores dominantes en amplios sectores de la sociedad española desde mediados de los años sesenta. Pero esos mismos sectores de la sociedad que querían el cambio estaban tan educados en los supuestos valores de la estabilidad, el orden y la paz, el miedo dirían otros, que no deseaban arriesgarse a precipitar la muerte del franquismo por la violencia. La dictadura acabaría cuando Franco muriese. Como en otras muchas dictaduras, la presencia del líder era esencial para la perpetuación de su sistema de dominio. Como el franquismo no pudo ser barrido por una guerra, como les paso a Hitler y Mussolini, o por presiones externas, «se fue marchitando lentamente durante muchos años». Apenas muerto Franco, muchos de sus fieles partidarios dejaron el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democrática. Otros escribieron sus memorias para descargar las responsabilidades personales y, según Gabrielle Ashford Hodges, revelar los trapos sucios del régimen, «ávidos de venganza en cierto modo de la multitud de humillaciones de que habían sido objeto durante su prolongada asociación con el líder». Nadie realmente importante, que pretendiera labrarse un futuro político, sostuvo por más tiempo el edificio autoritario.

Esa salida democrática, no obstante, no tenía por qué resultar tan fácil. Más de una generación de españoles creció y vivió sin ninguna experiencia directa de derechos o procesos democráticos. Al ejército de Franco, unido en torno a él y que no había sufrido una derrota militar, como ocurrió en otras dictaduras, le costó asimilar los cambios. Los gobernantes, encabezados por Arias Navarro, conservaban casi intacto el aparato político y represivo del Estado. Las amenazas de golpe por arriba y de terrorismo por abajo iban a llenar de dificultades los años que siguieron a la muerte de Franco. Como concluye Preston, «inevitablemente, las dificultades más graves con las que la naciente democracia española tuvo que enfrentarse eran legado directo de la dictadura de Franco». Una idea que conecta con la tesis que se ha defendido en este libro: que un gobierno autoritario prolongado tiene efectos profundos sobre las estructuras sociales y políticas, en los valores individuales y en los comportamientos de los diferentes grupos sociales.

TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA

Capítulo 13. La transición

CAPÍTULO 13

LA TRANSICIÓN

El 20 de noviembre de 1975, la fecha de la muerte de Franco, no había ningún guión escrito, ningún camino fijado de antemano para que una dictadura autoritaria de casi cuatro décadas se convirtiera de manera pacífica en una democracia plena, reconocida por los países de la Europa Occidental. Las cosas evolucionaron de una manera determinada, pero pudieron haber sido distintas. El resultado final, por lo menos a partir de 1982, fue una monarquía parlamentaria basada en una Constitución democrática, con un amplio catálogo de derechos y libertades, el fruto de una transición compleja, sembrada de conflictos, de obstáculos previstos y de problemas inesperados, en un contexto de crisis económica y de incertidumbre política.

Muchos acontecimientos en apenas siete años de historia. En un primer período, hasta las elecciones generales de 1977, las elites políticas procedentes del franquismo llevaron adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura, empujadas desde abajo por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo. Un segundo paso llevaría desde la formación de un Parlamento democrático, con el poder y la voluntad de elaborar una Constitución, hasta la aprobación del texto consensuado por los principales partidos políticos en el referéndum celebrado en diciembre de 1978. Definido el marco jurídico, en los años siguientes se inició el desarrollo del Estado de derecho y la organización territorial autonómica en medio de graves problemas como el involucionismo militar, el terrorismo o la crisis del sistema de partidos. Cuando los socialistas llegaron al poder, después de la victoria arrolladora de octubre de 1982, se podía decir que la transición había concluido y que la democracia caminaba hacia su consolidación.

LA REFORMA

A las 12 horas y 35 minutos del 22 de noviembre de 1975, los acordes del himno nacional anunciaron la entrada del príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, vestido con el uniforme de capitán general, en el hemiciclo de las Cortes. En su interior, puestos en pie, le esperaban los miembros del Gobierno, los procuradores y consejeros nacionales y los invitados que llenaban la tribuna superior. Después de ocupar el sitio de honor dispuesto en la presidencia del estrado el presidente de las Cortes y de los Consejos del Reino y de Regencia, Rodríguez de Valcárcel, procedió a tomar juramento al nuevo rey según lo dispuesto en la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado: «Juro por Dios y sobre los Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional». A continuación Juan Carlos I pronunció su primer mensaje dirigido a la nación, un discurso de apenas doce minutos que contenía referencias esperanzadoras. El monarca declaró el inicio de «una nueva etapa en la historia de España», manifestó su deseo de alcanzar un «efectivo consenso de concordia nacional» y su intención de integrar a «todos los españoles», admitió la existencia de «peculiaridades regionales», la necesidad de realizar «perfeccionamientos profundos», el «reconocimiento de los derechos sociales y económicos» y la apuesta decidida de la Corona por la integración en Europa.

Pero esas frases no fueron las más celebradas por los concurrentes. La crónica de La Vanguardia recogió el detalle de la duración de los aplausos que interrumpieron el discurso del Rey. Treinta segundos cuando recordó con respeto y gratitud la figura de Francisco Franco, diez segundos después de invocar el buen nombre de su familia y la tradición monárquica de cumplimiento del deber y de servicio a España, diecisiete segundos cuando subrayó «las peculiaridades nacionales y los intereses políticos con los que todo pueblo tiene derecho a organizarse de acuerdo con su propia idiosincrasia». La interrupción más larga, treinta y cinco segundos, llegó después de que el Rey recordara la lucha «por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio», una de sus más firmes convicciones. Los últimos aplausos no fueron para él. Al terminar el discurso, y después del grito unánime de «¡Viva España!», todos los procuradores y consejeros nacionales se volvieron hacia la tribuna de invitados para ovacionar durante veinte segundos a Carmen Franco Polo, «un último homenaje al Generalísimo Franco».

En el mismo periódico, el dibujante Máximo San Juan publicó una viñeta con un mapa de España con terciopelo bordado sobre el que descansaba la corona y el cetro y añadió un texto que resumía bien las esperanzas y las preocupaciones de quienes, fuera del hemiciclo, esperaban encontrar en las primeras palabras del Rey gestos que pudieran interpretarse como una apuesta por el cambio hacia una sociedad democrática. El dibujante había creído ver en el rostro del monarca la fatiga muscular de los insomnios acumulados y la sombra grave de la responsabilidad intransferible, el «peso de la púrpura». Había observado a Juan Carlos I mientras hablaba, y a los parlamentarios mientras escuchaban, sin dejar de registrar los «cuándos» y los «qué» de los aplausos y también los pasajes acogidos con «elocuente silencio» por una cámara «peculiar». Había querido oír «signos que preludian novedades y palabras que suenan a alborada», los «pájaros» vivos e innovadores de las reformas y la libertad. Su artículo terminaba con la petición de «algún bullicio sugestivo de ilusión en común» y de un poco de «suerte colectiva y de democráticos modales» y con el deseo de que Juan Carlos I «acierte a ser el Rey de todos los españoles, incluidos los republicanos más o menos teóricos».

Pero pocos signos de cambio se pudieron ver en esos días. En el salón de columnas del Palacio de Oriente seguía abierta la capilla ardiente de Franco. Según las crónicas ya habían pasado más de trescientas mil personas a despedir al dictador y en las tiendas de confección de Madrid se habían agotado las existencias de corbatas negras. El mensaje del Rey a las Fuerzas Armadas, «salvaguarda y garantía» de las Leyes Fundamentales, volvía a hablar de las «virtudes de nuestra raza» y prometía la defensa «a cualquier precio de los enemigos de la Patria». Al día siguiente, el domingo 23 de noviembre, en el funeral de Estado el cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Marcelo González Martín, recordó la comunión de la espada que Franco entregó un día al cardenal Gomá y la cruz que iba a coronar su tumba, dos símbolos que habían protagonizado «medio siglo de la historia de nuestra patria», y subrayó el deber de conservar la «civilización cristiana, a la que quiso servir Francisco Franco, y sin la cual la libertad es una quimera» y el hombre muere «ahogado por un materialismo que envilece». Entre los mandatarios extranjeros, ausentes los representantes de las democracias europeas, destacaba la capa gris del general Augusto Pinochet. El dictador chileno alabó al «Caudillo que nos ha mostrado el camino a seguir en la lucha contra el comunismo», contra «el marxismo que siembra el odio y pretende cambiar los valores espirituales por un mundo materialista y ateo».

El recuerdo permanente de la Guerra Civil presidió el funeral del «Generalísimo». El cortejo fúnebre que salió del Palacio de Oriente llegó hasta el Arco de Triunfo de la Ciudad Universitaria y desde allí emprendió el camino hacia la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La multitud congregada en la explanada exterior entonó el Cara al sol, el Oriamendi y el himno de la legión, con la presencia destacada de grupos de excombatientes, que iban a ser recibidos por el nuevo Rey en su primera recepción oficial. En el interior del templo, detrás del altar mayor, esperaba la fosa abierta junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. A las dos y cuarto de la tarde, una losa de granito de mil quinientos kilos cubrió el sepulcro y puso fin —seguimos el relato de La Vanguardia— a «una gran etapa de la vida de España». Grande, desde luego, por su duración: casi cuatro décadas de dictadura.

Lo que entonces empezaba no tenía un curso fijo ni un plan determinado. Había tanta ilusión esperanzada y expectación como ambigüedad e incertidumbre. Todo el mundo, dentro y fuera de España, salvo los nostálgicos del espíritu del 18 de julio, reconocía que se iba a abrir una nueva época histórica, que a corto o a medio plazo el cambio político sería inevitable, pero eran muy pocas las coincidencias en torno a la manera de llevar adelante ese proceso, quiénes serían sus protagonistas y cuál sería su alcance y resultado final. Desde luego, el grueso caparazón del régimen franquista que controlaba el poder no contenía el embrión de la democracia y tampoco el nuevo jefe del Estado ofrecía las mejores garantías. Al PSOE no le había sorprendido el mensaje del Rey en las Cortes, que a su juicio renovaba su compromiso con la dictadura. En octubre del año anterior, el congreso del partido había subrayado su apuesta por la república como forma de Estado. Para Santiago Carrillo, el dirigente del PCE, el nuevo monarca pasaría a la historia como Juan Carlos «el breve». En aquellos momentos, la oposición democrática no se planteaba otro escenario que no fuera el de la ruptura política, la movilización social y la constitución de un Gobierno provisional sin ataduras con el pasado.

En el discurso de su proclamación, el Rey había basado su legitimidad en tres principios diferentes: la tradición histórica, las leyes fundamentales del Reino y el mandato del pueblo. Pero lo cierto es que la corona no le llegaba por sucesión real —el derecho al trono seguía en manos de su padre, don Juan, que permanecía en el exilio— y que los parlamentarios que le escuchaban en las Cortes no representaban, ni mucho menos, la voluntad de la soberanía nacional. Su única legitimidad en esos momentos, por tanto, procedía del testamento político del dictador, de la legalidad franquista vigente. Si quería salvaguardar la monarquía, tenía que servirse de ella para iniciar un proceso de reforma, controlado desde el interior de las instituciones, que permitiera la creación sin sobresaltos de un régimen representativo homologable dentro del marco político europeo. Un difícil equilibrio entre la continuidad y el cambio.

El primer paso llegó, el 3 de diciembre, con el nombramiento de Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Catedrático de Derecho, buen conocedor del entramado jurídico del régimen, había sido profesor del Rey en los años sesenta. En los meses iniciales de su reinado se convirtió en su principal consejero, encargado de promover la reforma del reglamento de las Cortes y de preparar el terreno para que el Consejo del Reino presentara al candidato adecuado para dirigir un futuro Gobierno reformista. Un papel que, desde luego, no iba a desempeñar el Presidente del primer gabinete de la Monarquía, Arias Navarro, que bien podía considerarse, en realidad, como el último de la dictadura. Su ratificación al frente del Ejecutivo truncaba las esperanzas de aquellos que esperaban una política aperturista más decidida. Una decepción lógica si se recordaba su protagonismo, en los dos años anteriores, en la persecución de la oposición democrática, en los fusilamientos de septiembre de 1975 y en la salida vergonzante del Sahara español. Arias Navarro no había puesto su cargo a disposición del Rey después de su proclamación, convencido de que su nombramiento era por cinco años, y en todas sus declaraciones públicas no ocultó que sus convicciones franquistas no flaqueaban después de la muerte del dictador. No tenía ni voluntad ni capacidad de sacar adelante un programa de gobierno coherente, de concretar en algún sentido lo que él llamaba una «democracia a la española», en la práctica la obstrucción permanente de cualquier cambio que amenazara la pervivencia en el poder de la elite política del régimen.

De todas formas, el franquismo recalcitrante de Arias Navarro, cercano a las posturas inmovilistas del búnker, era minoritario dentro del Consejo de Ministros nombrado por el Rey el 12 de diciembre de 1975. En ese Gabinete destacaban políticos de mayor altura y claro talante reformista como el vicepresidente segundo y ministro de Gobernación, Manuel Fraga; el de Asuntos Exteriores, José María de Areilza; el de Justicia, Antonio Garrigues, y el de la Presidencia, Alfonso Osorio. Junto a ellos aparecían en la escena pública hombres más jóvenes que serían protagonistas de la historia política de los años posteriores: Adolfo Suárez como ministro Secretario General del Movimiento, Rodolfo Martín Villa en Relaciones Sindicales y Leopoldo Calvo Sotelo en Comercio. La declaración pública del 15 de diciembre llevaba la firma de Fraga. El Ejecutivo mostraba su intención de ampliar las libertades y derechos ciudadanos a través de la reformas de las leyes de Reunión y Asociación y de una nueva Ley Sindical y el propósito de «ensanchar la base» de las instituciones representativas transformando en lo necesario la Ley Fundamental Orgánica del Estado, la de Cortes y la de Sucesión. El resultado final sería la creación de unas Cortes compuestas por un Congreso de 300 diputados elegidos por sufragio universal y un Senado de 285 escaños, 4 por cada provincia más 25 de designación real, 20 procedentes de corporaciones públicas y otros 40 representantes permanentes. El proyecto de reforma mermaba las posibilidades democráticas del Congreso porque asignaba al Senado, con un mandato largo de seis años, cualquier iniciativa constitucional y dejaba el nombramiento del presidente del Gobierno como una potestad del Rey y del Consejo del Reino.

Como ha señalado Ferran Gallego, en esos momentos la propuesta de Fraga y del resto de los ministros reformistas, auspiciada por el Rey, marcaba los límites claros que tenía la oferta de apertura a «todos los españoles». La clase política formada en la administración del Estado, con una autoridad fáctica que venía directamente del régimen anterior, consideraba que podía prescindir de la oposición en todo lo que no fuera una toma de contacto informal. Tenía en sus manos la garantía del aparato represivo del sistema y la aquiescencia esperada de una parte importante de la población que había sido educada en la desconfianza hacia los cambios políticos, identificada con los valores de la seguridad y el orden, y que mostraba una actitud pasiva a pesar de las expectativas de cambio alimentadas por la tibia apertura política de los años anteriores. Las encuestas de opinión pública de esos años muestran, como ha indicado Paloma Aguilar, que los valores que los españoles consideraban prioritarios eran la paz y el mantenimiento del desarrollo económico, incluso por encima de la libertad y la democracia. A su juicio, los datos publicados prueban el éxito conseguido por el franquismo a la hora de transmitir el miedo a los desórdenes callejeros, el largo eco de la propaganda negativa vertida sobre los partidos políticos, el temor extendido de que la reanudación de la lucha partidista podría reproducir la polarización y la violencia vividas durante la Segunda República y la Guerra Civil.

Sobre la base de ese «franquismo sociológico», el primer Gobierno de la Monarquía esperaba encontrar un camino allanado para una reforma continuista que partiera de las estructuras políticas del régimen sin necesidad de una consulta popular previa ni de dialogar con la oposición. Siempre y cuando, claro está, pudiera sortear las reticencias de los sectores más inmovilistas encaramados todavía en las instituciones y desmontar con mano firme la movilización social que desde la calle exigía el cambio democrático. Pero al cabo de seis meses, al terminar la primavera de 1976, era evidente que los obstáculos desde arriba y la presión desde abajo eran más fuertes de lo esperado y que el plan inicial del Ejecutivo quedaba en vía muerta.

Desde arriba porque la Comisión Mixta ideada por Suárez para negociar el contenido de las reformas, formada por miembros del Gobierno y del Consejo Nacional del Movimiento, encalló en reuniones interminables que minimizaron el alcance del plan de Fraga y causaron el desánimo de los reformistas. La intransigencia franquista de personalidades como el vicepresidente primero para Asuntos de Defensa, el teniente general Fernando de Santiago, sacó a la luz el carácter reaccionario de la cúpula militar. En las Cortes, después de muchas dilaciones, el Gobierno consiguió en mayo de 1976 la aprobación de una Ley de Reunión de carácter restrictivo y unas semanas más tarde, gracias a la defensa pública que hizo Adolfo Suárez, pasó también el trámite parlamentario el proyecto de Ley de Asociaciones. Pero se dejaba fuera de la legalidad a los partidos «totalitarios», una clara referencia al PCE, y poco más tarde los procuradores rechazaban la reforma imprescindible de los artículos del Código Penal que calificaban como delito la pertenencia a partidos políticos. Quedaba claro que el continuismo del primer Gobierno había tocado techo y que con Arias Navarro a su cabeza, cada vez más distanciado del Rey, la reforma no iba a ir más lejos.

Desde abajo porque, como han subrayado Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, lo que realmente desbloqueó la situación, terminó con el Gobierno de Arias Navarro y removió los obstáculos que impedían el tránsito hacia un sistema de libertades fue la creciente y poderosa presión social ejercida por una parte no desdeñable de la población española. La protesta no procedía sólo de las filas del movimiento obrero. Junto a las movilizaciones que tenían su origen en los centros de trabajo proliferaron las acciones protagonizadas por sectores sociales, colectivos y organizaciones de diverso signo que habían surgido en los últimos años del franquismo: las asociaciones estudiantiles, el movimiento ciudadano de los barrios, los sectores de base de la Iglesia, las reivindicaciones de intelectuales y profesionales, los jornaleros y pequeños propietarios agrícolas y otros grupos más o menos heterogéneos que representaban a nuevos movimientos sociales como el feminismo, el pacifismo o el ecologismo. Una auténtica eclosión de protestas democráticas que en los meses iniciales de 1976 sacudió el territorio español. Los datos oficiales del Ministerio de Gobernación reconocían que sólo en el primer trimestre había habido 17 455 huelgas, 1627 manifestaciones y 283 encierros. Areilza hablaba de las «olas de una galerna» para referirse al aluvión de huelgas, manifestaciones, encierros, asambleas, demandas salariales, peticiones de amnistía y libertad y reivindicaciones de autonomía, cada vez más presentes en los medios de comunicación, que hicieron comprender a las elites que monopolizaban el poder, y al propio Rey, que la situación se escapaba de sus manos y podían perderlo todo si no se emprendía un proyecto reformista más serio y decidido.

En las universidades, donde había más de medio millón de estudiantes matriculados, se multiplicaron las manifestaciones, las asambleas, las campañas de apoyo a huelguistas, las reuniones de carácter cultural y festivo con contenido político y los paros a favor de la amnistía que muchas veces acababan con cargas policiales, redadas, registros domiciliarios, expedientes disciplinarios y el cierre temporal de los centros. Dentro del movimiento estudiantil, el PCE era mayoritario, con una notable influencia, en algunas universidades, de grupos de activistas más radicales de orientación anarquista, troskista o maoísta como el Movimiento Comunista de España (MCE), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) o el Partido del Trabajo de España (PTE).

En muchas asociaciones vecinales y colectivos de barrios también era visible la hegemonía política del PCE —en el caso catalán la del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)—, pero el movimiento ciudadano se extendía hacía asociaciones de mujeres, clubes juveniles, grupos culturales y agrupaciones profesionales con un perfil ideológico más difuso. Todos ellos estaban unidos en torno a reivindicaciones comunes como el problema de la vivienda, la falta de servicios públicos, las reclamaciones medioambientales o la carestía de la vida. La protesta urbana, nacida en los barrios periféricos, derivó pronto hacia cuestiones políticas como las peticiones de amnistía y la demanda de ayuntamientos democráticos. El movimiento vecinal funcionó como una plataforma de concienciación política que amplió las bases sociales de la oposición y proporcionó locales de reunión y cuadros de militantes. Y fue también una extraordinaria escuela de politización para las mujeres, verdaderas protagonistas del tejido asociativo vecinal. Junto a las protestas contra la subida de precios o los problemas cotidianos de la vida en los barrios surgieron movilizaciones de carácter netamente feminista, impulsadas por el Movimiento Democrático de Mujeres, que combinaron las luchas por la igualdad legal y el final de las discriminaciones de género con campañas a favor de los presos políticos y en pro de la amnistía.

En los barrios de las grandes ciudades fueron famosos los curas obreros, el clero «contestatario» que tanto disgustó al régimen franquista en sus últimos años. La mayor parte de la jerarquía de la Iglesia católica mantenía los postulados conservadores tradicionales que tanto habían beneficiado a Franco, bendecido desde el primer día de la Cruzada de 1936, y que tantos privilegios había obtenido de él. Pero en esa misma Iglesia había además un sector aperturista moderado, liderado por el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Tarancón, y un grupo progresista más reducido, cercano a organizaciones de base como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), animado a dar el paso desde la denuncia de la injusticia social hacia la demanda de un cambio democrático. Hubo religiosos que se implicaron en comisiones proamnistía, en la condena de las torturas, en la protección de Comisiones Obreras y en la cesión de los templos para encierros de trabajadores. También en el fomento del asociacionismo agrario. En este sector destacaron las acciones colectivas de los pequeños agricultores, que protestaron por los precios agrarios y la falta de representatividad campesina a través de concentraciones locales, cortes de carreteras, tractoradas y marchas hacia Madrid organizadas por las Comisiones Obreras del Campo y la Federación de Trabajadores de la Tierra-UGT y por las Uniones de Agricultores y Ganaderos aglutinadas en la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Agricultores, vecinos, mujeres, cristianos de base, estudiantes y, sobre todo, obreros. Además de la oportunidad política del momento, hay razones económicas coyunturales y estructurales que ayudan a situar el marco de las movilizaciones laborales. En el invierno de 1975 se habían comenzado a sentir con dureza los efectos de la recesión económica internacional provocada por la crisis del petróleo de 1973. La política de contención salarial y la devaluación de la peseta no frenaron una inflación desbocada que agravó aún más una situación especialmente delicada para los trabajadores justo en las vísperas de la negociación y renovación de cerca de 2000 convenios colectivos. La conflictividad laboral se disparó a partir de diciembre de 1975 no sólo por el número de huelgas y de obreros implicados, sino también por la extensión de las protestas hacia todos los sectores productivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Una movilización social desconocida desde hacía cuarenta años, vertebrada fundamentalmente en torno a Comisiones Obreras, la organización obrera más influyente, con bases sólidas dentro del sindicalismo vertical del régimen y una amplia red de enlaces y jurados en las grandes empresas. A las autoridades políticas, los gobernadores civiles y los mandos policiales les preocupaba especialmente que, junto a las demandas laborales y las protestas por la carestía de la vida, aparecieran otras reivindicaciones de carácter claramente político como la reclamación de libertad sindical, los derechos de reunión y asociación, las peticiones de readmisión de despedidos o de libertad para los encarcelados, las huelgas de solidaridad, los paros simbólicos como protesta por acontecimientos de carácter nacional, las huelgas de hambre y los encierros en iglesias y polideportivos y la difusión de los métodos asamblearios, un caldo de cultivo para el surgimiento de líderes sindicales y para el ensayo de la cultura política democrática.

Un punto de inflexión fue la escalada de huelgas registrada en Madrid en enero de 1976, extendida desde los sectores del metal y la construcción hasta afectar a todos los servicios públicos, con más de 350 000 trabajadores en huelga. El fenómeno huelguístico fue especialmente intenso en Asturias, Cataluña, el País Vasco, Andalucía y en las zonas urbanas de Aragón, Galicia y Valencia, con paros generales sectoriales como el de los transportistas o los del sector de la construcción que se extendieron por toda España, llegando incluso a ciudades pequeñas y pueblos donde no había precedentes de conflictividad social.

La mayoría de las acciones colectivas de protesta, aunque en general se desarrollaron por medios pacíficos, se situaban fuera de la legalidad vigente. No podía ser de otra manera en un escenario sin derechos de expresión, reunión y asociación. En este sentido, la política de orden público dirigida por Fraga tuvo un carácter claramente discrecional, con gestos de tolerancia hacia algunas reuniones organizadas por la UGT o el PSOE y una persecución implacable de los actos promovidos por Comisiones Obreras o por el PCE, una estrategia deliberada del Ministerio de Gobernación dirigida a aislar a los comunistas y a impedir su cooperación con los socialdemócratas y otros grupos más moderados de la oposición. Hay que tener en cuenta que el aparato represivo del franquismo seguía funcionando con todos sus instrumentos. En 1976 había en España más de un millar de presos políticos, los miembros de la Brigada de Investigación Político-Social trabajaban con ahínco, el Tribunal de Orden Público (TOP) abrió en ese año casi cinco mil causas con penas de cárcel, sanciones administrativas y elevadas multas, y la censura se empleaba a fondo a través de las suspensiones gubernativas, las incautaciones de periódicos y los expedientes de la Dirección General de Prensa.

«La calle es mía», decía Fraga, y en la calle se repetían las cargas policiales, el cierre de locales, las detenciones masivas, los encarcelamientos arbitrarios y los malos tratos y torturas en los cuarteles y comisarías. Y también disparos de metralleta. Un obrero muerto en Elda en el mes de febrero, víctimas mortales en Tarragona, en San Adrián de Besós o en Basauri y, por encima de otros ejemplos, el trágico balance del asalto policial a la iglesia vitoriana de San Francisco de Asís: cinco trabajadores muertos y varias docenas de heridos. La masacre del 3 de marzo en Vitoria desencadenó una amplia campaña de protesta en toda España contra la impunidad y la brutalidad de la represión y desacreditó definitivamente las vanas promesas de reforma del Gobierno de Arias Navarro. Las movilizaciones de solidaridad con los presos políticos y con las víctimas de la violencia denunciaban también la permisividad de la policía, cuando no la connivencia, con los atentados de radicales ultraderechistas como las bandas de Guerrilleros de Cristo Rey o los jóvenes militantes de Fuerza Nueva. Los sucesos más sangrientos tuvieron lugar en el mes de mayo en Montejurra, la montaña navarra, enclave tradicional de peregrinación carlista, donde un grupo de extrema derecha engrosado por pistoleros extranjeros, partidario de los ultraconservadores de Sixto Borbón, abrieron fuego sobre los seguidores de Carlos Hugo y su «socialismo autogestionario» con el resultado de dos muertos y más de treinta heridos.

Para entonces las protestas contra la represión y las movilizaciones proamnistía habían acercado las posturas de la Junta Democrática liderada por el PCE y la Plataforma de Convergencia Democrática, encabezada por el PSOE, que desde finales del mes de marzo se habían unido bajo el nombre de Convergencia Democrática, conocida popularmente como la «Platajunta». La situación era insostenible para el Gobierno y también para el Monarca, a quien en las manifestaciones se le pedía «Juan Carlos, escucha». Obligado por las circunstancias, el 1 de julio el Rey llamó a Arias Navarro para exigirle su dimisión y formar un nuevo Gabinete encabezado, para sorpresa de casi todos, por Adolfo Suárez.

El control de Fernández-Miranda del Consejo del Reino permitió incluirle en la terna presentada a Juan Carlos I para la elección de un nuevo presidente. Suárez era un hombre joven, sin enemigos personales ni conflictos previos, un falangista católico con buenos contactos desde su etapa anterior al frente de Radio Televisión Española y su paso decisivo por la Secretaría General del Movimiento. No estaba adscrito de manera clara a ningún sector del régimen y reunía las dosis de audacia, simpatía, pragmatismo y serenidad necesarias para adaptarse a las circunstancias, virtudes precisas para controlar a la elite reformista del régimen dispuesta a tomar las riendas de un proceso que se adivinaba inevitable, un proceso que al tiempo que llevara al país hacia la democracia le diera credibilidad a la Monarquía.

Y no tardó en mostrar su capacidad para tomar la iniciativa. El 6 de julio, Suárez se dirigió a la opinión pública a través de la televisión para manifestar su «voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna» respetando «la libre voluntad de la mayoría de los españoles». En su Gobierno continuaban los ministros militares pero destacaban jóvenes reformistas de talante moderado y perfil democristiano, procedentes de la segunda fila de la Administración, como Landelino Lavilla, Alfonso Ossorio, Marcelino Oreja, Fernando Abril o Leopoldo Calvo Sotelo. A mediados de julio, el programa gubernamental prometía diálogo, pluralismo político y el compromiso de realizar un referéndum para acomodar «los textos legales a la realidad nacional» y convocar elecciones generales en el plazo de un año. No había tiempo que perder. El 19 de julio las Cortes aprobaron la reforma del Código Penal que permitía la legalización de algunos partidos y el día 30 de julio el Gobierno publicó un primer decreto de amnistía, parcial pero significativo, y comenzaron los contactos con los líderes de la oposición democrática, incluidos nacionalistas como Pujol y socialistas como Felipe González y Tierno Galván, pero no con los comunistas, a los que se consideraba todavía como «no legalizables».

El breve período de tiempo transcurrido entre septiembre y diciembre de 1976 se reveló después como trascendental. Y la velocidad de los acontecimientos fue un factor que favoreció claramente a los planes del Gobierno. A finales de agosto, el proyecto de la Ley para Reforma Política ya estaba encima de la mesa del Consejo de Ministros. El 8 de septiembre Suárez lo presentó delante de la cúpula del Ejército en una reunión de la que los altos mandos militares, prácticamente todos cercanos a la extrema derecha, salieron convencidos de que no se legalizaría al PCE. Una semana más tarde, la oposición abierta del general Fernando de Santiago a la legalización de las centrales sindicales provocó su destitución como Vicepresidente Primero y ministro para Asuntos de la Defensa y su pase a la reserva. Su lugar fue ocupado por el general Manuel Gutiérrez Mellado, uno de los pocos militares de talante liberal y reformista, que inició una difícil política de relevos y ascensos para intentar apartar a los reaccionarios más violentos de los puestos responsables del mantenimiento del orden público.

La mayor tolerancia del Gobierno hizo posible que el 11 de septiembre se celebrara en Sant Boi de LLobregat la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, con la triple petición de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y que la mayoría de los grupos políticos y sindicales se movieran por toda España con una cierta permisividad. La situación más conflictiva se vivía en el País Vasco, con graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, movilizaciones proamnistía, la huelga general convocada en el primer aniversario de los fusilamientos del 27 de septiembre y la tensión creada por la sucesión de asesinatos cometidos por ETA, 26 a lo largo de ese año. La fuerza política más importante, el PNV, formaba parte de la Platajunta, que había cambiado su programa de «ruptura democrática» por una «ruptura pactada», dos conceptos en teoría contrapuestos que se entendían mal desde las bases de militantes y los cuadros locales que más habían participado en la lucha antifranquista y en el período de movilización abierto tras la muerte de Franco. La estrategia moderada de la Platajunta pensaba más en las condiciones de una futura negociación con el Gobierno que en mantener las movilizaciones de protesta, que disminuyeron en número y en intensidad. El acercamiento al resto de los grupos de oposición democrática culminó el 23 de octubre con el pacto alcanzado con varias coordinadoras regionales de Cataluña, Valencia, Galicia, Canarias y Baleares. La Plataforma de Organismos Democráticos nacida de ese acuerdo pidió la convocatoria de Cortes Constituyentes, la amnistía completa, la legalización de todos los partidos y sindicatos, la concesión de estatutos de autonomía y la disolución de las instituciones franquistas. En el olvido había quedado la exigencia de un referéndum para decidir la forma del Estado, una consulta popular sobre la continuidad de la Monarquía que ya nunca se plantearía.

Desde luego, Suárez no estaba dispuesto a perder la iniciativa del proceso y la capacidad de marcar el ritmo y las reglas de juego, siempre «de la ley a la ley», la máxima inspirada por Torcuato Fernández-Miranda. El proyecto de Ley para la Reforma Política pasó, como era preceptivo, por el Consejo Nacional del Movimiento, que emitió un informe crítico no vinculante y consiguió la supresión del preámbulo. El debate en las Cortes empezó el 16 de noviembre, cuatro días después de la huelga general convocada por UGT, USO y CC. OO. Las tres centrales, agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), lograron sacar a la calle entre uno y dos millones de trabajadores para pedir libertad, amnistía y subidas salariales, pero no consiguieron paralizar al país ni poner contra las cuerdas al Gobierno en las vísperas de la cita con los procuradores franquistas que tenían que aprobar su propia desaparición. Y así lo hicieron. El día 18 de noviembre, 435 de los 531 procuradores votaron a favor de la Ley para la Reforma. Por eso a esas Cortes se las llamó las del harakiri, porque habían propiciado voluntariamente su desmantelamiento, como si hubieran acordado un suicidio político colectivo.

Pero no fue así. Para superar el principal escollo, los 183 procuradores pertenecientes a Alianza Popular (AP), la coalición de notables franquistas que acababa de crear Fraga, el Gobierno tuvo que aceptar cambios significativos. El proyecto de Ley preveía la constitución de unas Cortes con dos cámaras, un Congreso de Diputados de 350 miembros elegidos por sufragio universal y un Senado de 250 representantes, 41 designados por el Rey y el resto procedentes de las «entidades territoriales». Después de duras negociaciones, AP logró que se estableciera la provincia como circunscripción electoral, un número mínimo de diputados por provincia y también un porcentaje mínimo de votos para conseguir un escaño. Estas medidas favorecían la creación de un sistema bipartidista y privilegiaban el voto conservador de las provincias pequeñas frente a las zonas urbanas más pobladas. Muchos procuradores podían pensar que volverían al Parlamento elegidos por sus provincias de origen, beneficiados por el apoyo gubernamental o como senadores de designación real. Otros fueron convencidos con promesas de premios, prebendas y cargos públicos. Como le confesó Martín Villa al historiador Charles Powell, «salvo acostarnos con ellos, hicimos de todo». Más allá de las presiones y dádivas personales, los procuradores más sensatos eran conscientes de la advertencia de Suárez sobre la «inviabilidad de una posición regresiva», del riesgo que asumían, si rechazaban el proyecto, de enfrentarse en el futuro cercano a una propuesta más rupturista que no tratara con tanta consideración su pasado franquista y cuestionara sus privilegios y patrimonios.

El éxito en las Cortes se repitió en las urnas unas semanas más tarde, en el referéndum celebrado el 15 de diciembre. El eslogan del Gobierno, «Para que calle la violencia», consiguió la movilización electoral de una mayoría de la población que conservaba la imagen de un pasado traumático, el de la Guerra Civil, y privilegiaba todavía los valores de la paz, el orden y la estabilidad. La elevada participación, un 77 por ciento del censo —con la salvedad del País Vasco, donde no se pasó del 54 por ciento—, mostró las limitaciones de la oposición democrática, que había pedido la abstención. Los votos afirmativos superaron el 94 por ciento de los escrutados, un reconocimiento de la opinión pública al Gobierno que éste debía aprovechar para llegar en una situación claramente ventajosa a las elecciones generales previstas para el mes de junio de 1977. Jugar con ventaja pero con unas condiciones que fueran aceptadas por todos, que tuvieran respaldo internacional y que, a la postre, legitimaran democráticamente a una elite política y a un monarca procedentes de la dictadura.

En diciembre de 1976, el PSOE pudo celebrar sin problemas su primer congreso dentro de España y Santiago Carrillo, el líder del PCE, se atrevió a dar una conferencia de prensa. Su detención y pronta liberación, y la renuencia del Gobierno a dialogar con la comisión de los nueve, la delegación de las fuerzas democráticas, por la presencia de un representante comunista, mostraban la indecisión del Gobierno a dar los pasos necesarios para aceptar legalmente la existencia del PCE. Las cosas empezaron a cambiar a partir de la llamada semana negra de Madrid, de los sucesos ocurridos entre el 23 y el 28 de enero. En esos días los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el brazo armado de una escisión comunista, que ya habían secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio de Oriol, secuestraron también al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa, y asesinaron a tres policías. En las calles de la capital se vivió la muerte de un estudiante a manos de un grupo de ultras, el fallecimiento posterior de una joven golpeada por un bote de humo en una manifestación de protesta y la irrupción de unos pistoleros de ultraderecha en un despacho de abogados laboralistas ligados a CC. OO. con el resultado de cinco muertos y cuatro heridos graves. Los autores de la matanza de la calle Atocha provocaron el efecto contrario al que perseguían. No hubo movimientos en los cuarteles pidiendo el estado de excepción, el Gobierno mantuvo la calma y los comunistas empezaron a recibir innumerables muestras de solidaridad y el reconocimiento general por el orden y la serenidad que supieron mostrar en la impresionante manifestación de duelo por los abogados asesinados, cientos de miles de asistentes que recorrieron en silencio las calles de Madrid con claveles rojos y puños cerrados en alto.

Aquella tarde del 26 de enero de 1977, como ha señalado Santos Juliá, el camino del PCE a la legalidad avanzó más que en los dos años anteriores. Una parte de la opinión pública española cambió la percepción que tenía de los comunistas y el Gobierno se dio cuenta de que unas elecciones generales sin su concurso, sin las siglas que mejor representaban la lucha contra el régimen dictatorial, dejarían una sombra indeleble sobre el carácter democrático de la convocatoria y una tara pesada para el Ejecutivo que saliera de los comicios. Legalidad a cambio de legitimidad. El 27 de febrero, Suárez se reunió en secreto con Carrillo y le adelantó la posibilidad de la legalización a cambio de la aceptación de la Corona y de los símbolos del Estado. El 9 de abril, en medio de las vacaciones de Semana Santa, el Gobierno utilizó un dictamen improvisado de la junta de fiscales para permitir la inscripción legal del PCE. La temida reacción del búnker militar llegó dos días después con la dimisión del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, y un comunicado de repulsa del Consejo Superior del Ejército que, de todas formas, aceptaba lo ocurrido como un «hecho consumado» que obedecía a «intereses nacionales de orden superior». Carrillo no perdió ni un momento. En su primera reunión como partido legal, el Comité Central del PCE, a pesar de las protestas de algunos dirigentes comunistas vascos y catalanes, aprobó por amplia mayoría el reconocimiento de la monarquía parlamentaria y su líder apareció en la rueda de prensa posterior al lado de la bandera «de todos los españoles», comprometido a defender la unidad de la «patria común».

Superado el problema principal, el proceso de reforma legal que iba a desembocar en la celebración de elecciones generales no encontró demasiadas trabas. El Gobierno ya había disuelto en el mes de enero el Tribunal de Orden Público, en febrero había publicado el decreto que permitía la inscripción de asociaciones políticas y a lo largo del mes de marzo y en los primeros días de abril aprobó otras disposiciones importantes que regularon el derecho de asociación sindical, con la inmediata legalización de CC. OO., UGT y USO, y las normas electorales de los comicios, que reconocían el carácter proporcional de la elección de los diputados al Congreso pero privilegiaban el voto de las provincias rurales, en teoría más conservador. Como confiesa en sus memorias Miguel Herrero de Miñón, entonces secretario técnico del Ministerio de Justicia, las hectáreas quedaban mejor representadas que los ciudadanos.

Tampoco hubo resistencias serias al desmantelamiento de las instituciones del régimen. Entre abril y junio, los 20 000 funcionarios de la Organización Sindical y los 7000 adscritos a los organismos del Movimiento fueron absorbidos por la Administración conservando todos sus derechos, sin que se mencionara, por supuesto, la posibilidad de purgas o de depuraciones. Los últimos gestos simbólicos tuvieron lugar el 22 de abril, con la declaración pública del Parlamento Europeo que reconocía el cumplimiento de las promesas democráticas de Suárez; el 14 de mayo, con la renuncia oficial de don Juan a sus derechos dinásticos, y el 21 de junio, cuando el último Gobierno de la República en el exilio, que ya nadie recordaba, decidió su disolución. El pasado seguía siendo un asunto incómodo, pero no era un obstáculo insalvable. Todas las miradas estaban puestas en el futuro más inmediato, en la cita con las urnas.

HACIA LA CONSTITUCIÓN

El 15 de junio de 1977 dieciocho millones y medio de españoles y españolas mayores de 21 años, el 78,7 por ciento del censo, acudieron a votar en libertad. Muy pocos recordaban haberlo hecho antes. Habían pasado más de cuarenta años desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936. De la treintena de partidos políticos que entonces habían obtenido escaños, sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana. Algunos autores han relacionado el apoyo obtenido por el PSOE en 1977 con las zonas donde triunfó el Frente Popular en 1936 y el dominio electoral de la UCD de Suárez con las regiones de mayor implantación de la CEDA. De todas formas, no hay que llevar mucho más lejos las comparaciones. La sociedad española de 1977 tenía muy poco que ver con la que existía en las vísperas de la Guerra Civil, aunque la memoria traumática de aquel conflicto no dejó nunca de estar presente en los años de la transición. En todo caso, vale la pena detenerse un momento en el análisis de los resultados electorales de 1977 porque a partir de ellos comenzó a configurarse el sistema de partidos de la democracia española y porque los parlamentarios elegidos ese día, aunque no estaba escrito de antemano, fueron los encargados de debatir y redactar una nueva Constitución para España.

Javier Tusell ha estudiado con detalle el origen y la trayectoria de los partidos políticos que ocuparon las cámaras de las Cortes después de la jornada electoral. El triunfo en porcentaje de votos, 34,4 por ciento, y en número de escaños, 165, correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), presidida por Adolfo Suárez. En realidad era un «partido-archipiélago» constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince organizaciones diferentes que, entre todas, no pasaban de los dos millares de afiliados, y por políticos de origen muy distinto. Casi la mitad de los candidatos presentados, denominados «independientes», llegaban de los sectores moderados del franquismo, del Partido Popular creado por Areilza y Cabanillas y de otros grupos menores como los democratacristianos aglutinados en torno a Álvarez de Miranda, los liberales de Ignacio Camuñas y Joaquín Garrigues o los socialdemócratas que seguían a Fernández Ordóñez. Los votos de la UCD procedían sobre todo de las zonas rurales y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el «franquismo sociológico». Suárez contó con el dominio de Televisión Española, que tan bien conocía, y con el control de los gobiernos civiles, las diputaciones y los ayuntamientos. Pero no hay que negar que era el político mejor valorado en todas las encuestas de opinión pública, que muchos le consideraban el hombre del Rey y que le avalaba, en su deseo de ocupar el centro político, la trayectoria reformista y moderada de su Gobierno.

En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3 por ciento de los votos y 119 diputados. En diciembre de 1976, cuando celebró su XXVII Congreso, era un partido que no llegaba a los diez mil militantes, que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha antifranquista y que mantenía un programa marxista, anticapitalista y republicano. Sin embargo, por encima de las expresiones más o menos dogmáticas y radicales, la actuación práctica de sus dirigentes, en especial de Felipe González, tuvo la habilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a las iniciativas reformistas del Gobierno, obtener respaldo internacional, absorber a otros grupos socialistas y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones sociales.

A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3 por ciento de los votos y 19 escaños, unos pobres resultados si tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo sindical y universitario, y que habrían sido mucho peores todavía de no ser por la sólida implantación del PSUC en Cataluña. Frente a la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes dirigentes socialistas, sin vinculación con la generación de la Guerra Civil, la veterana dirección comunista parecía anclada en el pasado, sin un programa realista basado en los problemas generales de la sociedad, cada vez más alejada de las preocupaciones y los intereses de sus bases sociales, de los militantes de calle.

A la derecha de la UCD quedaba Alianza Popular, el partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen franquista. AP consiguió el 8,8 por ciento de los sufragios y 16 diputados. De ellos, 13 habían sido ministros de Franco. El propio Arias Navarro fue presentado como candidato al Senado por Madrid. Era la imagen del pasado, que conjugaba mal con las expectativas democráticas despertadas durante la campaña electoral, un lastre demasiado pesado para que el talante temperamental de Fraga pudiera competir con la imagen moderna y abierta que ofrecía Suárez.

Las elecciones barrieron al resto de las siglas políticas, la famosa sopa de letras, con la salvedad de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Puyol consiguió el 2,8 por ciento de los votos y 11 diputados, y el PNV alcanzó el 1,7 por ciento de los votos y 8 diputados. El problema más importante para el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña, aunque la UCD era sólo la cuarta fuerza política, podía pensar en futuros acuerdos con sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el exilio. Sin embargo, en el País Vasco la UCD no pudo presentar una candidatura en Guipúzcoa, y pagaba el error político de Suárez de no haber querido legalizar la ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. Ferran Gallego ha señalado con acierto que el problema vasco se «enquistó» desde el inicio mismo de la transición. El único problema no era el terrorismo de ETA, que cometió 28 asesinatos a lo largo de 1977. El Gobierno de Suárez perdió la iniciativa en un escenario de movilizaciones sociales permanentes, reivindicaciones laborales, demandas de amnistía y autonomía y episodios de brutalidad de las fuerzas del orden, y ya no volvería a recuperarla: «Un tema que treinta años más tarde puede continuar considerándose como el principal factor de fracaso del proyecto reformista».

La notable presencia en las Cortes de los partidos nacionalistas se debió en parte al sistema electoral, que sobrerrepresentaba a los votos concentrados en una misma circunscripción. Pero los partidos más beneficiados fueron, sin duda, la UCD y el PSOE, que con el 63 por ciento de los votos populares acumularon el 86 por ciento de los escaños, una acusada desviación debida a los severos mecanismos de corrección del criterio de proporcionalidad. Una parte muy importante del apoyo social obtenido por el resto de los partidos de ámbito nacional que consiguieron escaños, el PCE, AP y el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, quedó sin representación por no obtener el porcentaje provincial necesario. Los diputados asignados a cada circunscripción privilegiaban el voto de las provincias pequeñas —para ser diputado en Barcelona o en Madrid había que tener cien mil votos más que en Soria, por ejemplo— y el sistema de recuento D’Hont favorecía la formación de mayorías. Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas. Un modelo que algunos han llamado «bipartidismo imperfecto» y otros han definido como sistema «polarizado y plural» o «multipartidista de tendencia bipolar». En todo caso, en el verano de 1977 la UCD quedó lejos de la mayoría absoluta y el nuevo Gabinete de Suárez, formado por los principales barones de la coalición electoral, tuvo que gobernar en minoría, lo que le obligó a buscar alianzas puntuales y a negociar un amplio consenso ante los grandes problemas y retos pendientes: acordar una ley general de amnistía, encauzar las demandas de autonomía de las diferentes regiones y nacionalidades, atajar la crisis económica y elaborar una Constitución.

La primera cuestión, la de la amnistía, quedó planteada desde el mismo día de la apertura de las Cortes y presidió los primeros debates parlamentarios. La mayoría de las fuerzas políticas compartía la convicción de que una amnistía general era un paso previo imprescindible para la apertura de un proceso constituyente sobre el que no pesara la sombra alargada de la Guerra Civil y la dictadura. El indulto parcial concedido por el Rey en noviembre de 1975 había sido un gesto aislado que no evitó las detenciones y encarcelamientos posteriores. Medio año más tarde, en junio de 1976, la amnistía concedida por el primer Gobierno de Suárez excluyó los delitos de intencionalidad política que hubiesen afectado «a la vida o la integridad de las personas» y no reintegró en sus empleos y carreras a los militares condenados, una clara cesión a las presiones del Ejército para que los oficiales de la UMD no pudieran volver a sus puestos. La Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977 por todos los grupos parlamentarios, con la abstención de Alianza Popular, incluía a todos los actos de intencionalidad política, «cualquiera que fuese su resultado», y también «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley». Los presos de ETA y los del GRAPO quedaban en libertad y el Estado renunciaba en el futuro a abrir cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra «los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas».

La Ley de Amnistía, como ha estudiado Paloma Aguilar, fue la expresión más visible y explícita del acuerdo tácito que sellaron las elites procedentes del franquismo y las fuerzas de la oposición para no convertir el pasado más espinoso en objeto de debate político. Ese pacto no escrito estaba fundado en una interpretación de la Guerra Civil como una tragedia fratricida de responsabilidad colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, una locura que nunca más debía repetirse. Esa percepción, construida a partir de los años cincuenta alrededor del mito de la reconciliación nacional, era compartida por la mayoría de los españoles, al menos los que habían apostado en diciembre de 1976 y en junio de 1977 por una transición moderada y prudente hacia la democracia. La cultura política de los ciudadanos y el discurso público de los parlamentarios estaban influidos por el recuerdo traumático de la guerra y el miedo a que se reprodujera una situación similar en medio de un proceso dominado por la incertidumbre causada por la crisis económica, la conflictividad social, el terrorismo de uno y otro signo y la inquietud ante las amenazas de involución militar.

Un pacto político de olvido del pasado, acordado por las elites parlamentarias, y un pacto social y económico negociado también desde arriba, firmado por los dirigentes de los principales partidos en la residencia del presidente del Gobierno, en el palacio de La Moncloa. Desde la muerte de Franco, ni el Gobierno de Arias Navarro ni el Gabinete posterior de Adolfo Suárez se atrevieron, en medio de un clima permanente de incertidumbre e inestabilidad, a llevar adelante un plan de ajuste económico que pudiera frenar la recesión causada por la crisis internacional del petróleo, agravada en el caso de España por las deficiencias estructurales y la fragilidad de su sistema productivo. Medidas parciales y temporales, como la subvención del consumo de energía y las subidas salariales generalizadas, podían paliar el malestar popular a corto plazo, pero no hacían otra cosa que acelerar la escalada de los precios, el aumento del desempleo y el déficit de la balanza exterior, desprotegido por la disminución de las inversiones extranjeras y la reducción de las divisas procedentes del turismo y de la emigración. La salida hacia el exterior dejó de ser una opción para las casi 700 000 personas que abandonaron el sector primario entre 1973 y 1977 y el tejido industrial español se mostró incapaz de absorber esa demanda.

En el verano de 1977 el déficit del sector exterior seguía creciendo de manera alarmante, la inflación rondaba el 40 por ciento y una tasa de paro hasta entonces desconocida, cercana al 7 por ciento, superaba ya la media de la OCDE. La política económica del Gobierno, dirigida por un profesor prestigioso, Enrique Fuentes Quintana, combinó un primer paquete de medidas urgentes, como la devaluación de la peseta, con los contactos con los agentes sociales para buscar un pacto social de gran alcance. Las reticencias de los sindicatos y de la recién constituida Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), llevaron a Suárez a cambiar de interlocutores y a negociar un pacto político con los líderes de los principales partidos. El día 25 de octubre, después de varias semanas de largas reuniones, se firmaron los llamados Pactos de La Moncloa, aprobados poco después en el Parlamento. En lo esencial, los acuerdos suponían la aceptación por parte de las fuerzas de la izquierda de una política de moderación y contención salarial para frenar la inflación a cambio de una serie de promesas de reformas fiscales, jurídicas, institucionales y sociales. Entre ellas cabe destacar la creación de un impuesto sobre el patrimonio y el establecimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que buscaban la armonización fiscal con Europa, la transformación del sistema financiero, el control del gasto público, la revisión del Código de Justicia Militar y de la Ley de Orden Público, el control parlamentario de los medios de comunicación, medidas para frenar la especulación y favorecer el acceso a la vivienda, la extensión de la enseñanza gratuita, la ampliación del subsidio de desempleo, el refuerzo presupuestario de la Seguridad Social y la creación de un nuevo marco de relaciones laborales a través de un Estatuto de los Trabajadores que no se aprobaría hasta 1980.

Los Pactos de La Moncloa consiguieron muy pronto dos de sus principales objetivos: una disminución más que notable del déficit exterior y la rápida reducción de la inflación, con una tasa del 16 por ciento en 1978. Sin embargo, el paro siguió creciendo —un 10 por ciento de la población activa en 1978—, el número de huelgas no disminuyó y el repunte de la crisis del petróleo en 1979 esfumó algunas de las mejoras alcanzadas. Peor suerte corrieron las reformas estructurales apuntadas. Sin la participación de los sindicatos, que habían quedado excluidos de las negociaciones, y sin un órgano de supervisión de las promesas, muchas de ellas quedaron en dique seco, en espera de tiempos mejores, y otras fueron seriamente recortadas. El propio Fuentes Quintana dimitió de su cargo como vicepresidente segundo en febrero de 1978, cuando percibió la voluntad del Gobierno de no poner en marcha los compromisos adquiridos o de desvirtuarlos en la práctica. Un buen ejemplo puede ser el carácter progresivo del IRPF, que quedó alterado por las elevadas desgravaciones permitidas a las rentas más altas y por las limitaciones del servicio de inspección, incapaz de perseguir la evasión fiscal y de controlar las grandes bolsas de fraude.

El éxito de los Pactos de La Moncloa, como ha apuntado Charles Powell, fue más político que social o económico. Los partidos de izquierda aceptaron que en el futuro sus reivindicaciones nunca irían más allá «del marco de una economía de mercado», los contactos de los líderes políticos difuminaron antiguos antagonismos, con reuniones informales entre Carrillo y exministros de Franco, y el Gobierno logró la legitimidad y el consenso que necesitaba para promover medidas de austeridad impopulares y, lo que quizá era más importante entonces, un escenario de cierta estabilidad y distensión preciso para comenzar el proceso constituyente.

Otro problema sin abordar todavía, y que no admitía más espera, era el de las reivindicaciones autonomistas de los nacionalistas vascos y catalanes. Era imposible olvidar las imágenes de la impresionante manifestación del 11 de septiembre de 1977 en Barcelona, una Diada con un millón de asistentes. Hacía meses que el Gobierno mantenía conversaciones con Josep Tarradellas, el presidente histórico de la Generalitat, aceleradas para desarmar la iniciativa de la recién creada Asamblea de Parlamentarios Catalanes, dominada por las fuerzas de la izquierda, que reclamaba el restablecimiento del Estatuto de 1932 y abogaba por un Estado federal. El 29 de septiembre un decreto-ley ordenó de forma provisional la constitución de la Generalitat y el 23 de octubre Tarradellas pudo pronunciar en Barcelona su famosa frase, Ja sóc aquí, invocando la legitimidad que le daba su pasado histórico. Una legitimidad sólo simbólica porque la nueva Generaliat, con unas competencias muy limitadas, partía de la legalidad de la Ley de Régimen Local de 1975 y no del estatuto republicano. El Gobierno consiguió que Tarradellas reconociera la unidad de España, desmontó la alternativa rupturista encabezada por los socialistas y comunistas catalanes y dejó el camino allanado y libre de obstáculos para que el proceso constitucional perfilara los límites de un futuro Estado de las Autonomías.

La estrategia del Gobierno no obtuvo el mismo resultado en el País Vasco. José María de Leizaola, presidente nacionalista del Gobierno vasco en el exilio, no accedió negociar con el Gobierno al margen de la Asamblea de Parlamentarios Vascos que se había reunido en la Casa de Juntas de Guernica. En diciembre de 1977 se creó el Consejo General Vasco, presidido por un dirigente histórico socialista, Ramón Rubial. La oposición del PNV arreció por el rechazo de la mayoría de los parlamentarios navarros, pertenecientes a la UCD, a incorporarse a la Asamblea vasca. Quedaban pendientes, además de la cuestión navarra, el restablecimiento de los conciertos económicos para Vizcaya y Guipúzcoa, la convocatoria de juntas generales y el problema irresuelto del terrorismo. La amnistía había llegado tarde. Aunque en las navidades de 1977 no quedaban en las cárceles presos de ETA, a lo largo de 1978 se volvieron a llenar de activistas, muchos ellos acusados de los 68 asesinatos cometidos por la banda durante el proceso constituyente. Ni la organización terrorista ni su entorno político consideraban que el proceso de reformas de la transición fuera otra cosa que la mera continuidad del régimen franquista, un discurso que seguiría teniendo un importante apoyo social en los años siguientes.

Mucho más fácil resultó el trabajo del ministro para las Relaciones con las Regiones, Manuel Clavero, para encauzar las demandas de autogobierno que, primero en Galicia y Andalucía, y luego en el resto de las regiones, surgieron a la zaga de las reivindicaciones de los nacionalismos vasco y catalán. El llamado café para todos generó un malestar evidente entre quienes defendían la especificidad histórica como un techo superior de competencias y entre las fuerzas de la izquierda que advertían cómo poco a poco perdía espacio un proyecto federal más ortodoxo. No les faltaba cierta razón. La extensión por toda España de los organismos preautonómicos perfilaba los límites del debate sobre la reestructuración territorial del Estado que debía afrontarse en el proceso constituyente.

El protagonismo principal en la redacción de la Constitución recayó en una ponencia compuesta por siete miembros de la Comisión Constitucional creada en el Congreso. Había tres representantes de la UCD, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pérez Llorca; uno del PSOE, Gregorio Peces Barba; uno de AP, Manuel Fraga; uno del PCE-PSUC, Jordi Solé Tura, y un séptimo diputado, Miquel Roca, en representación de los nacionalistas catalanes y vascos, aunque el PNV no tardó en desligarse de las negociaciones porque no renunciaba a sus derechos históricos. La ponencia trabajó durante el segundo semestre de 1977 y los primeros meses de 1978 en un anteproyecto que fue presentado a principios de mayo en el seno de la Comisión Constitucional. Allí continuaron los debates y las votaciones, la mayoría resueltas con el triunfo de las tesis defendidas por UCD y AP, que sumaban 19 de los 36 miembros de la Comisión. Este hecho motivó la amenaza de abandono del PSOE y el inicio de una serie de negociaciones extraparlamentarias entre el Gobierno y los socialistas, encabezadas por Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra.

El acuerdo final alcanzado entre la UCD y el PSOE permitió superar las desavenencias principales que existían en cuestiones como la organización territorial, las relaciones laborales, la educación y el contenido de alguno de los derechos fundamentales del amplio catálogo defendido por la izquierda. Con concesiones y renuncias de unos y de otros, y una ambigüedad calculada en la redacción de los artículos más controvertidos, el texto aprobado por la Comisión pasó en el verano por los trámites del Congreso y del Senado, donde recibió cientos de enmiendas, y el 31 de octubre se sometió a una última votación en ambas cámaras. En el Congreso hubo 325 votos favorables, 6 negativos, 14 abstenciones y 5 ausencias; en el Senado, 226 votos a favor y sólo 5 en contra, con 8 abstenciones. El resultado final reflejó el amplio consenso alcanzado entre la mayoría de los grupos parlamentarios a excepción de AP, que vio cómo 5 de sus diputados votaban en contra, al lado del representante de Euskadiko Ezquerra, y otros 3 se inclinaban por la abstención junto a los miembros del PNV.

El largo proceso de redacción y discusión de la Constitución y la extensión final del texto, con 11 títulos, 169 artículos, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final, dan fe de la complejidad del proceso y de las dificultades para alcanzar el consenso en torno a los principios y los límites que debía tener el «Estado social y democrático de Derecho» proclamado en el artículo primero. El Título I, que enumeraba los derechos y libertades fundamentales, fue uno de los más discutidos. Y no tanto por el carácter aconfesional del Estado, que reconocía de todas maneras la influencia social de la Iglesia católica, sino por cuestiones como la educación, que contemplaba la financiación pública de los centros privados, la abolición de la pena de muerte o el derecho a la vida, con el problema de fondo del aborto. La aprobación del Título II, que declaraba que la forma política del Estado era la monarquía parlamentaria, tuvo menos problemas de los esperados. El voto republicano del PSOE en la Comisión Constitucional no pasó de ser un gesto simbólico, y la Corona, una institución que precedía a la Constitución, como reconocía Herrero de Miñón, quedó incorporada con unas competencias restrictivas que, no obstante, dejaron en manos de Juan Carlos I dos potestades muy importantes: la designación del presidente del Gobierno y el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

En los títulos siguientes se definieron los poderes legislativo y ejecutivo, el funcionamiento de la administración pública y el marco social y económico del Estado. Algunos de los defectos del texto se advierten en la pesada herencia de la Ley para la Reforma Política, que influyó en el mantenimiento de un sistema bicameral que en la práctica dejó al Senado en un lugar muy secundario, lejos del debate político nacional y también del carácter federal que podía haber tenido, y en la continuidad del sistema electoral, un acuerdo rápido de las dos fuerzas políticas más beneficiadas, la UCD y el PSOE. Mucho más difícil fue el consenso en torno al Título VIII, el de la organización territorial del Estado, seguramente la parte con mayor número de imprecisiones y con ambigüedades que permiten interpretaciones muy diferentes. La Constitución declaraba al mismo tiempo, en su artículo segundo, «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» —una de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas— y el derecho a la autonomía de «las nacionalidades y regiones que la integran». La inclusión del término «nacionalidades» provocó la división interna de la UCD y el rechazo final de algunos parlamentarios de AP sin conseguir, por otra parte, que el PNV se sumara al consenso mayoritario. Tampoco quedaba muy clara la distribución de competencias entre el Estado y las futuras comunidades autónomas ni las diferencias de las posibles vías de acceso al autogobierno.

Las luces y las sombras del proceso constituyente quedaron reflejadas en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. El 87 por ciento de los españoles que acudieron a las urnas respaldaron una Constitución claramente democrática, nacida del diálogo y de la búsqueda del consenso, basada en los principios de libertad, igualdad y pluralismo, que acababa con todas las leyes del franquismo y definía un marco de convivencia ciudadana comparable al de los países europeos más avanzados. Sin embargo, la participación fue menor de la esperada, un 67 por ciento del censo, apenas un 45 por ciento en el caso del País Vasco, donde el PNV había pedido la abstención. La firma que Juan Carlos I puso al pie del texto constitucional no era el punto final del proceso de transición. En España todavía no había ayuntamientos de elección popular, el Estado de las autonomías era sólo una idea en un papel, el marco general de las relaciones sociolaborales aún estaba por definir y la naciente democracia se enfrentaba a problemas tan graves como la crisis económica, el terrorismo y la amenaza de involución militar.

LOS PROBLEMAS DE LA CONSOLIDACIÓN

Las elecciones generales celebradas en marzo de 1979 no variaron en lo esencial el mapa político español. La UCD volvió a ganar, Suárez formó un nuevo Gabinete sin mayoría absoluta en las Cortes y el PSOE, reforzado por la absorción del PSP, se afianzó como la fuerza principal de la oposición y la única alternativa de gobierno. Tampoco hubo sorpresas en las elecciones municipales del mes de abril, las primeras en España desde la Segunda República, que renovaron las elites políticas locales y permitieron el acceso al poder de la izquierda en las grandes ciudades gracias a los pactos de socialistas y comunistas. Llama la atención la baja participación, un 67 por ciento del censo en las generales y apenas un 60 por ciento en las municipales, un hecho que no pasó desapercibido para los medios de comunicación, que comenzaron a hablar de desencanto, un término impreciso que indicaba, para algunos, una cierta frustración de las expectativas de cambio generadas por el proceso de transición política, al menos entre quienes más se habían distinguido en la lucha contra la dictadura.

Entre las causas de la elevada abstención hay autores que apuntan a un cierto cansancio del electorado por la convocatoria de cinco consultas populares en un plazo de poco más de dos años, al escaso interés mostrado por los jóvenes mayores de 18 años, hasta entonces privados del derecho a voto, y al peso todavía visible, en una parte de la población, de la cultura política heredada del franquismo, que había impuesto la desconfianza hacia las luchas partidistas y el descrédito de las instituciones. Otros historiadores ponen el acento en el propio carácter del proceso democratizador, basado en la transacción y la negociación de las elites políticas, lo que provocaba una progresiva desmovilización de los ciudadanos, y en la naturaleza del sistema de representación, con partidos de estructuras rígidas y listas cerradas que ayudaban bien poco a la afiliación y a la participación de la sociedad civil.

Los procesos electorales del primer semestre de 1979 retrasaron la tramitación de los proyectos de autonomía que, en los meses previos a la promulgación de la Constitución, habían comenzado a elaborar las asambleas de parlamentarios del País Vasco y de Cataluña. Los dos estatutos siguieron caminos paralelos, con muchos puntos en común. Ambos fueron aprobados en el Congreso, después de pasar por duras negociaciones en el seno de una comisión mixta, y recibieron el voto afirmativo de un 90 por ciento de los electores que acudieron a las urnas en los referéndums convocados el mismo día, el 25 de octubre de 1979, con una participación muy baja, que apenas llegó al 60 por ciento del censo. Las primeras elecciones autonómicas, celebradas el 9 de marzo de 1980 en el País Vasco y el día 20 del mismo mes en Cataluña, configuraron un sistema político de hegemonía nacionalista, más claro en el caso vasco, donde el PNV de Carlos Garaikoetxea obtuvo el 38 por ciento de los votos, y algo más ajustado en el ámbito catalán, donde la coalición Convergencia i Unió (CiU), encabezada por Jordi Pujol, consiguió el 28 por ciento de los sufragios. Más tardío fue el proceso de tramitación del estatuto gallego, aprobado en el referéndum celebrado en diciembre de 1980 y puesto en marcha en las elecciones autonómicas de octubre de 1981, donde las fuerzas nacionalistas obtuvieron unos resultados muy discretos frente al triunfo de AP, con algo más de un 30 por ciento de los votos escrutados.

Para entonces, siguiendo la estela de las tres «comunidades históricas», las fuerzas políticas andaluzas habían conseguido, a través del referéndum realizado en febrero de 1980, el acceso a la autonomía por el camino del artículo 151 de la Constitución en vez de seguir la vía más lenta y restrictiva del artículo 143, como pretendía el Gobierno. Este hecho, sumado a los derechos forales conservados por Navarra y los regímenes especiales acordados para Baleares y Canarias, supuso, en la práctica, la progresiva extensión del nivel máximo de competencias previsto por la Constitución a todas las regiones. Como ha subrayado Pere Ysàs, la generalización de los estatutos de autonomía era la respuesta del Estado a dos problemas complementarios: la descentralización política y administrativa, una de las tareas pendientes del proceso de consolidación de la democracia, y «la articulación de una concepción de España compatible con la identidad nacional de catalanes y vascos, y en menor medida gallegos».

El fracaso de esta política territorial en el caso del País Vasco necesita de alguna aclaración. Antonio Rivera ha explicado bien que los Estados democráticos, además de ser legales, necesitan la legitimidad de los agentes sociales y las fuerzas políticas, una premisa que en Euskadi no se cumplió por varias razones. En primer lugar porque el PNV, el partido mayoritario durante la transición, manifestó una adhesión muy limitada a las instituciones. Su abstención en el referéndum constitucional era la prueba más visible de su defensa del derecho histórico como un principio de legitimidad anterior a la Constitución. En segundo término, porque en la primavera de 1978 surgió otra fuerza política nacionalista, Herri Batasuna, con un respaldo del 19 por ciento de los votos en las elecciones municipales del año siguiente, que no sólo cuestionaba con reservas la legitimidad del proceso de la transición, sino que lo rechazaba de forma rotunda y justificaba las acciones terroristas de ETA. Por último, también el propio Estado fue responsable, por su acción y por su inacción, del déficit de legitimidad social experimentado en el País Vasco. Por su inacción, en el retraso en la legalización de la ikurriña, en la miopía de los Gobiernos, que no advirtieron a tiempo el papel central desempeñado por el nacionalismo hegemónico del PNV, y en la tardía concesión de la amnistía, cuando ya se había puesto en marcha un movimiento masivo de oposición al proceso reformista. Por su acción, en la respuesta disparatada de las fuerzas de orden público ante el problema de la violencia o el de la conflictividad social. Los nombres de jóvenes muertos por heridos de bala, las denuncias de torturas o las imá genes del asalto policial a Rentería y de la intervención brutal en la plaza de toros de Pamplona, ambos en el verano de 1978, fueron utilizados por ETA y su entorno político como argumentos para mantener la tesis de la continuidad del franquismo, para abonar la visión tradicional de un pueblo vasco «ocupado» y oprimido por España y para justificar la violencia terrorista como una lucha armada de liberación.

Los años 1979 y 1980, los de la promulgación del estatuto y las primeras elecciones al Parlamento Vasco, fueron los más sangrientos de toda la historia de ETA. En ese breve espacio de tiempo, la escalada terrorista dejó una cuenta macabra de 167 asesinatos. Entre las víctimas se podían contar hasta 21 militares de alta graduación, una estrategia deliberada de desestabilización que buscaba la reacción desmedida de las Fuerzas Armadas, una respuesta desproporcionada de los mandos militares y policiales que hubiera dejado en evidencia el carácter democrático del proceso de transición política.

Lo cierto es que la oleada terrorista fue, sin duda, uno de los factores que más contribuyeron a exaltar los ánimos de los militares del búnker franquista y a que las voces aisladas de los más descontentos intentaran unirse alrededor de una conspiración golpista. El malestar castrense había ido creciendo desde la primavera de 1977, sobre todo a partir de la legalización del PCE. La campaña de propaganda de la prensa ultraderechista —El Alcázar, El Imparcial y Fuerza Nueva— difundía en los cuarteles la imagen de un país desgarrado por las acciones terroristas, las demandas disgregadoras de los nacionalistas, las vejaciones a la bandera y los símbolos patrióticos y la debilidad de un Gobierno que no hacía nada por corregir el rumbo y evitar la caída por el precipicio del desorden. El centro de todas las iras era el general Gutiérrez Mellado. Su plan de profesionalización y modernización del Ejército fue percibido como una afrenta directa contra los altos mandos que habían protagonizado la Guerra Civil al lado de Franco. Y su política controvertida de ascensos y nombramientos, que buscaba apartar a los generales más hostiles de los puestos de mayor responsabilidad, le granjeó la enemistad de sus compañeros de armas, que le consideraban un traidor. En las ceremonias castrenses, en las recepciones oficiales y en los funerales de los militares asesinados por ETA menudearon los actos de indisciplina, las increpaciones y los insultos dirigidos hacia el Gobierno y las llamadas a la intervención militar.

La mayoría de los actos de insubordinación quedaron impunes. Como ha puesto de relieve Paul Preston, la política de benevolencia del Gobierno hacia los militares ultras, en vez de conseguir apaciguar sus ánimos, como era su propósito, no logró otra cosa que envalentonar a los más duros y decididos a dar un paso adelante para acabar con el proceso democrático. En Játiva, en septiembre de 1977, ya hubo una reunión de generales dispuestos a preparar un complot que terminara con la formación de un Gobierno de Salvación Militar. Mucho más conocida fue la Operación Galaxia, el nombre de la cafetería de Madrid donde los conspiradores planearon, en noviembre de 1978, el asalto al Palacio de La Moncloa y la detención de todo el Gobierno. Sus principales instigadores, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Inestrillas, fueron detenidos y condenados a penas muy leves, seis y siete meses de arresto, y nada se hizo por esclarecer la trama oculta del golpe y las unidades que estaban involucradas.

Poca ayuda podía esperar el Gobierno, de todas formas, de unos servicios de inteligencia agrupados recientemente en el CESID pero todavía compuestos por el personal heredado del franquismo, más dispuesto a investigar a políticos de izquierda que a informar al Gobierno de los movimientos de los militares. El descontento de la cúpula del Ejército subió de tono durante 1979 por el desarrollo del proceso autonómico, la oleada de atentados de ETA, la presión antidemocrática de la prensa ultra y la política gubernativa dirigida por Gutiérrez Mellado desde la vicepresidencia del Gobierno y por Agustín Rodríguez Sahagún, el primer civil que llegaba al ministerio de Defensa desde la época de la República. Alrededor de la División Acorazada Brunete se preparaba otra conspiración encabezada por el general Luis Torres Rojas. Su destitución en enero de 1980, cuando fue enviado a La Coruña, aumentó la indignación de los mandos militares más proclives a encabezar un movimiento golpista.

Los contactos de los conspiradores comenzaron en el verano de 1980 y continuaron durante el otoño y el invierno de aquel año. Por fin, lo que muchos temían y algunos habían jaleado desde las páginas de los periódicos de ultraderecha y los despachos de los cuarteles, el golpe de Estado, se produjo en las Cortes en la tarde del 23 de febrero de 1981. El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados anota que «que cuando eran aproximadamente las dieciocho horas y veinte minutos, tras escucharse en el pasillo algunos disparos y gritos de “¡Fuego, fuego!” y “¡Al suelo todo el mundo!” irrumpe en el hemiciclo un número elevado de gente armada y con uniforme de la Guardia Civil, que se sitúa en lugares estratégicos, amenaza por la fuerza a la Presidencia y, tras un altercado con el vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, conmina a todos a tirarse al suelo, sonando ráfagas de metralleta. Queda interrumpida la sesión».

La sesión del Congreso de aquella tarde inolvidable no era un pleno ordinario. La entrada en el hemiciclo pistola en mano del teniente coronel Tejero, al mando de dos centenares de guardias civiles, impidió que se llevara a cabo la segunda votación de la propuesta de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno. Para sorpresa de la mayoría de los españoles y de algunos de sus ministros, el 27 de enero Suárez había presentado su dimisión al Rey, que no intentó disuadirle. En menos de dos años, desde su victoria electoral en la primavera de 1979, su figura se había deteriorado tanto como para considerar que cualquier solución pasaba por su salida del Gobierno. En la situación de parálisis política y crisis de liderazgo que motivó su abandono influyeron el malestar creciente de la opinión pública por el deterioro económico, con una tasa de desempleo de un 12 por ciento en 1980, y el desgaste ocasionado por la generalización del proceso autonómico, con derrotas consecutivas en las elecciones celebradas en el País Vasco, en Cataluña y, la más sonada, en Andalucía. Pero el factor determinante fue la división interna de la UCD, donde era difícil separar las disputas ideológicas de los enfrentamientos personales. Cada vez más alejado del Parlamento, la concepción presidencialista del poder de Suárez chocó con las presiones de los barones del partido, que le obligaron a aceptar la creación de una Comisión permanente a la sombra del Gobierno, a remodelar en varias ocasiones la composición del Consejo de Ministros y a afrontar en una situación de manifiesta debilidad los ataques dirigidos desde la oposición, como la moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980. Las disputas internas entre los sectores de la UCD cercanos a la socialdemocracia y los grupos más conservadores, apoyados por la Conferencia Episcopal y la CEOE, se hicieron públicas en los debates sobre la política económica, la educación privada y el proyecto de ley del divorcio y fragmentaron de manera irreversible al grupo parlamentario gubernamental.

La crisis interna del partido del Gobierno y la dimisión de Suárez dieron el último empujón a los mandos militares que sondeaban las posibilidades de éxito de un golpe de Estado. Las expectativas de los conspiradores fueron alimentadas por la actitud irresponsable de los líderes políticos de la oposición, incluidos los socialistas, que comenzaron a especular con la necesidad de adoptar medidas excepcionales, con la posibilidad incluso de crear un gobierno de concentración nacional dirigido por un militar de prestigio. Es lo que el escritor Javier Cercas ha denominado la «placenta» del golpe, el ambiente de confusión y de tensión política que precedió a la intentona del 23-F. La irrupción en el Congreso de Tejero era parte de una trama dirigida por el general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor, con la colaboración decidida de Milans del Bosch, al frente de la capitanía general de Valencia. El plan de los golpistas preveía la marcha sobre Madrid de los vehículos blindados de la División Acorazada Brunete, el concurso posterior de los capitanes generales al mando de las diferentes regiones militares y la intervención final de Armada, antiguo secretario general de la Casa del Rey, para actuar en nombre de la Corona y encabezar un gobierno de salvación nacional. Un golpe monárquico contra la democracia.

La actuación de Juan Carlos I fue decisiva desde los primeros momentos, cuando se negó a recibir a Armada en el Palacio de la Zarzuela y comenzó a telefonear a los capitanes generales de las once regiones militares para que no siguieran el ejemplo de Milans del Bosch, que había declarado el estado de guerra en Valencia sacando los tanques a la calle. La actitud de la mayoría de ellos, de ideología franquista y claramente hostiles al régimen constitucional, se movió entre la duda y la ambigüedad. Los pocos que manifestaron su voluntad inequívoca de mantenerse al lado de la legalidad, como Quintana Lacacci, el capitán general de Madrid, lo hicieron más por su sentido de obediencia al Rey, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que por sus convicciones democráticas. Pero su lealtad, como la del general Gabeiras, primer jefe del Estado Mayor, la de Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y la de Sáenz de Santamaría, al frente de la Policía Nacional, resultó determinante para que la sublevación no triunfara en Madrid y no se extendiera al resto de España. Tejero quedó aislado en el Congreso, las unidades de la División Acorazada Brunete, que habían llegado a ocupar la sede de TVE, volvieron a sus cuarteles y, después de largas horas de confusión e incertidumbre, a la una y veinte minutos de la madrugada del 24 de febrero, los televisores de toda España reprodujeron el mensaje grabado del Rey: «He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente». El golpe de Estado había fracasado.

Paradójicamente, como ha apuntado Charles Powell, los militares golpistas ayudaron involuntariamente a consolidar el régimen democrático que habían intentado derribar por la fuerza de las armas. Las manifestaciones multitudinarias que se celebraron en toda España el 27 de febrero, con varios millones de ciudadanos ocupando las calles para apoyar la democracia y la Constitución, «marcaron el final del desencanto que había parecido dominar la vida política española desde principios de 1979, dando paso a una nueva etapa caracterizada por la esperanza en un sistema político que, a pesar de sus posibles limitaciones, era sin duda preferible a la alternativa autoritaria que se había pretendido imponer». La paradoja se puede extender al ámbito de la Corona. Los generales ultraconservadores que se habían mantenido fieles al Rey, recordando que era el sucesor legítimo nombrado por Franco, con el que habían hecho la Guerra Civil, contribuyeron sin pretenderlo a reforzar la legitimidad de Juan Carlos I como monarca constitucional, a multiplicar su popularidad como garante de los principios democráticos. Como escribió Calvo Sotelo en sus memorias, «feliz culpa la de Tejero que nos trajo el arraigo de la monarquía».

Leopoldo Calvo Sotelo tenía entonces 54 años. Procurador en Cortes en los últimos años del franquismo, bien relacionado con el mundo de la empresa, de sólidas convicciones monárquicas y estrecho colaborador de Suárez durante los años de la transición —ministro de Comercio, de Obras Públicas, de Relaciones con la Comunidad Económica Europea y vicepresidente de Asuntos Económicos—, quien le había propuesto como su sucesor al frente del Consejo de Ministros. El 25 de febrero, dos días después del intento de golpe de Estado, consiguió su investidura como presidente gracias a los votos favorables del grupo de Fraga y de los nacionalistas catalanes, pero descartó la opción de un Gobierno de coalición y formó un Gabinete compuesto únicamente por miembros de las tendencias principales de la UCD, el primero que no tenía ministros militares.

La primera tarea del nuevo Gobierno tenía que ser, por fuerza, la normalización de las relaciones con las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Alberto Oliart, procedió con cautela a renovar los puestos clave de la cúpula militar, situó a un hombre de confianza, el teniente coronel Alonso Manglano, al frente del CESID, y renunció a investigar a fondo la trama golpista del 23-F. Al final, la condescendencia del Gobierno permitió que sólo 32 militares y un civil se sentaran en el banquillo de los acusados en el juicio por rebelión militar abierto en febrero de 1982. Ni siquiera fueron procesados los guardias civiles que agredieron a Gutiérrez Mellado. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, publicada cuatro meses después, condenó a treinta años de prisión a Tejero y Milans del Bosch, pero fue muy indulgente con el general Armada, que sólo tendría que cumplir seis años de reclusión, y con el resto de los encausados, la mayoría con penas de cárcel inferiores a tres años y algunos de ellos absueltos. El Gobierno recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que finalmente igualó la pena de Armada con la de los otros dos cabecillas del golpe y aumentó notablemente las condenas del resto de los procesados al tiempo que reafirmaba la supremacía del poder civil y ponía punto y final a una larga tradición histórica de intervencionismo militar.

Entre las iniciativas abordadas por Calvo Sotelo destaca la política de concertación socioeconómica, que le permitió llegar a un Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE), firmado en junio de 1981 por el Gobierno, la patronal y las dos centrales sindicales mayoritarias, CC. OO. y UGT, con el apoyo de Felipe González. El Gobierno prometía ayudas a los sindicatos y una mayor protección social frente al desempleo a cambio de la contención de las demandas salariales. El acuerdo no tuvo los resultados previstos —en 1982 la inflación fue del 14 por ciento y la tasa de paro ascendió hasta el 17 por ciento de la población activa—, pero propició la disminución de los conflictos laborales y, lo que quizás era más importante, el reconocimiento institucional de la capacidad negociadora de los agentes sociales.

El entendimiento entre centristas y socialistas se mantuvo en otro de los problemas que Calvo Sotelo se encontró encima de la mesa de la Presidencia, el desarrollo completo del Estado de las Autonomías. El objetivo del Gobierno, como dijo Rodolfo Martín Villa, el ministro de Administración Territorial, era «reconducir» el proceso, racionalizar y armonizar los estatutos que ya tenían rango de ley con los proyectos autonómicos todavía abiertos para definir un modelo global de organización territorial que fuera estable y duradero. Las negociaciones con el PSOE concluyeron en el verano de 1981 con un acuerdo para que las regiones sin autonomía siguieran la vía ordinaria del artículo 143 de la Constitución aunque, a la postre, disfrutaran del mismo techo de competencias. En los primeros meses de 1982 se promulgaron diez estatutos, en julio se aprobó en el Congreso la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), con la oposición cerrada del PNV y CiU, que presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, y al final del verano, cuando las Cortes cerraron sus puertas, sólo quedaban pendientes los estatutos de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León, que no tendrían obstáculos para pasar los últimos trámites al comienzo de la siguiente legislatura.

Junto a la definición del mapa autonómico, la concertación de las relaciones sociolaborales y la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el programa de Gobierno de Calvo Sotelo incluía otro gran reto: salir del aislamiento exterior y entrar en las instituciones europeas, un paso necesario para asegurar la consolidación de la democracia. La política exterior de los primeros Gobiernos de la transición apenas había ido más allá del marco estrecho y secundario de las relaciones tradicionales con Hispanoamérica y los países árabes y de un acuerdo con Estados Unidos de clara dependencia económica y militar, sin obtener a cambio respaldo político internacional. Ante las noticias del intento de golpe de Estado del 23-F, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, llegó a declarar que lo ocurrido era un asunto interno de los españoles. Por otro lado, la apertura formal de las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, iniciada en 1977 y asumida de forma directa por Calvo Sotelo a partir de 1978, quedó en vía muerta dos años más tarde por la oposición frontal de Francia al ingreso de España. Para salir de esta situación, Calvo Sotelo decidió solicitar la adhesión de España a la OTAN a pesar de no contar con el apoyo de las fuerzas políticas de izquierda. Con el ingreso en la Alianza Atlántica, el Gobierno pensaba firmar en condiciones más favorables la renovación del tratado bilateral con Washington, robustecer la posición negociadora española en Bruselas, acercar posturas con el Reino Unido en relación con el contencioso de Gibraltar y, de paso, impulsar la modernización y profesionalización del Ejército español. Llevar España a Europa y traer Europa al Ejército.

En octubre de 1981 el Congreso aprobó la solicitud de adhesión, gracias a los votos favorables de la derecha y los grupos nacionalistas, y en mayo de 1982 España pasó a ser un miembro más de la OTAN. Con la oposición frontal, eso sí, del PSOE, que emprendió una intensa campaña de movilización social con el lema «OTAN, de entrada no», y la promesa de convocar un referéndum cuando llegara al poder, una posibilidad que veía muy cercana después del varapalo sufrido por la UCD en las elecciones autonómicas gallegas y andaluzas y de la mayoría absoluta conseguida por los socialistas en esta última comunidad.

El éxito arrollador del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982 vino precedido del desmoronamiento total de la UCD, una caída en picado que el Gobierno de Calvo Sotelo no pudo frenar. Los debates sobre los proyectos de ley del divorcio, de la autonomía universitaria y de las televisiones privadas, entre otros, dejaron en evidencia la extrema fragilidad y la desunión de un grupo parlamentario que se autodestruía en medio de luchas intestinas y disputas personales por el reparto del poder. Los grupos más críticos miraban hacia la derecha seducidos por la «mayoría natural» que reclamaba Fraga, los socialdemócratas apoyaban la dimisión de Fernández Ordóñez y el propio Adolfo Suárez abandonaba la formación que había creado y liderado para constituir un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Cuando Calvo Sotelo disolvió las Cortes, en agosto de 1982, había en el Congreso 168 diputados de UCD; cuando se volvieron a abrir para la investidura de Felipe González, los centristas sólo conservaban 12 escaños. En apenas tres años habían pasado de obtener el 35 por ciento de votos populares a sobrevivir a duras penas con un exiguo 7 por ciento, un caso excepcional en la historia política europea. La UCD, la fuerza política que había protagonizado la transición desde el poder, no desaparecía porque ya había cumplido sus objetivos, su misión histórica, sino porque no había sido capaz de crear un verdadero partido de masas, una estructura sólida, una ideología definida ni un liderazgo indiscutido. En realidad nunca había sido otra cosa que un conglomerado inestable de facciones y dirigentes heterogéneos, la mayoría procedentes del régimen franquista, amparados bajo la buena estrella de Adolfo Suárez. Su declive tenía que ser también, más tarde o más temprano, el del partido.

La práctica desaparición de la UCD contrastaba vivamente con el triunfo incontestable del PSOE, con 202 diputados y más de diez millones de votos, un 48 por ciento de las papeletas escrutadas en las elecciones con mayor participación de la historia de la democracia, casi un 80 por ciento del censo. No fueron unas elecciones ordinarias. Los trabajadores industriales, los sectores profesionales, los jóvenes que votaban por primera vez y una parte importante de las clases medias urbanas y de la población rural acudieron a las urnas para dar su apoyo a un partido con cien años de historia pero encabezado por líderes jóvenes, con unas siglas revolucionarias pero un programa reformista que prometía estabilidad y seguridad, con todo el peso de los valores tradicionales de la izquierda pero con promesas que hablaban sólo del futuro y un eslogan que pedía el voto «por el cambio». Un partido político que no tenía nada que ver con el franquismo y sí con los vencidos en la Guerra Civil y con la represión, con cuatro décadas de exilio y clandestinidad. Para muchos testigos contemporáneos, y para la mayoría de los historiadores, la transición a la democracia terminó la noche del 28 de octubre de 1982, cuando Felipe González salió a la ventana del hotel Palace de Madrid sabiendo que iba a ser el próximo presidente del Gobierno, el primer presidente socialista de la historia de España salido de unas elecciones.

Capítulo 14. La democracia

CAPÍTULO 14

LA DEMOCRACIA

El triunfo espectacular del PSOE en las elecciones generales de 1982, con una elevada participación popular, fortaleció el proceso de consolidación democrática. Los extraordinarios resultados permitieron a Felipe González liderar un Gobierno fuerte capaz de abordar las reformas militares, económicas y sociales pendientes. Los socialistas permanecieron en el poder casi catorce años, un amplio período de hegemonía política en el que se desarrolló el modelo autonómico, se extendió el Estado del Bienestar y se produjo la integración de España en las instituciones europeas. Pero también fueron los años de las actividades ilegales en la lucha antiterrorista, los escándalos de corrupción, las protestas de los sindicatos y una crisis económica final, a partir de 1992, que afectó con dureza a la economía española con un altísimo porcentaje de desempleo.

Cuando el siglo XX terminó, Felipe González ya no estaba en el poder, ni siquiera al frente del PSOE, sumido en una crisis de la que le costaría salir. Desde 1996 gobernaba José María Aznar, el líder del Partido Popular. Su primera legislatura estuvo marcada por un crecimiento económico espectacular y un discurso ideológico moderado que cambió a partir del año 2000, cuando consiguió la mayoría absoluta y puso en marcha un programa neoconservador de derechas dominado por una estrategia política de confrontación que poco o nada tenía que ver con el clima de consenso de la Transición.

Al comenzar el siglo XXI, España era un país moderno y desarrollado, desconocido para cualquier observador que llevara varias décadas fuera de sus fronteras. El sueño europeo de los escritores regeneracionistas se había cumplido y la sociedad había dejado atrás algunos de los problemas históricos que más la habían preocupado en el pasado. Pero también heredaba conflictos antiguos aún no resueltos, como el de la organización territorial del Estado o la pervivencia del terrorismo, y retos nuevos como el fenómeno de la inmigración o las consecuencias del proceso mundial de globalización.

POR EL CAMBIO

«Partido Socialista Obrero Español, 202 diputados». Era la primera hora de la noche del 28 de octubre de 1982. La voz de Alfonso Guerra comunicaba a los periodistas congregados en el salón del Hotel Palace los resultados provisionales de las elecciones generales celebradas ese día. Era el mismo lugar desde el que se había seguido, con temor e incertidumbre, la evolución de la intentona golpista del 23-F. Un año y medio más tarde el escenario era bien diferente: «La sorpresa agarró a los presentes, arrebatándoles toda capacidad de reacción. No hubo aplausos entre los invitados. Asistían incrédulos a un triunfo tan determinante que no podían aún asimilarlo con naturalidad. Unos minutos más tarde la alegría se desbordaba en el hotel; comenzaron a llegar madrileños a los alrededores y muchos ciudadanos salieron con sus vehículos a las calles, haciendo sonar el claxon y exhibiendo banderas».

No era para menos. La victoria socialista era previsible pero pocos podían esperar una mayoría tan abrumadora. Más de diez millones de votos, el 48 por ciento de los españoles que fueron a las urnas, casi un 80 por ciento del censo. Un triunfo arrollador. Por detrás quedaba, a larga distancia, AP con 106 diputados, recogiendo una parte de los restos del naufragio de UCD. Por la izquierda el PCE se había quedado reducido apenas a 4 escaños, un resultado catastrófico que provocó la dimisión de su viejo dirigente, Santiago Carrillo. Sólo los nacionalistas mantenían sus posiciones, CiU con 12 diputados y el PNV con 8. La ultraderecha había desaparecido del mapa político. Los cien mil votos obtenidos por Fuerza Nueva no habían sido suficientes para conservar el acta de diputado conseguida en la legislatura anterior. Un signo más del final de la transición. La cámara legislativa sólo iba a tener un color y el próximo Gobierno un nombre propio que anunciaban las ediciones urgentes de los periódicos: «Felipe Presidente».

En sus memorias, Alfonso Guerra narra con detalle las emociones de la «noche del Palace», la sensación de alegría exultante, el entusiasmo que cegaba a los protagonistas, incapaces de interpretar lo que estaban viviendo, la sucesión interminable de vítores, abrazos y frases «que expresaban que “ahora” empezaba todo». El triunfo se alcanzaba bajo la dirección de un joven abogado sevillano, de un grupo de compañeros cansados de viajar, de leer lo que se escribía en Europa y de reorganizar el Partido después de estériles peleas con la dirección del exilio. A ellos les correspondía «dirigir un país, solucionar problemas graves, difíciles, en cuya resolución confiaban los demás. Éramos nosotros, a partir de ese momento, los responsables de lo que España hiciera en los próximos años».

Felipe González tenía 40 años. Había llegado a la política después de pasar por la oposición estudiantil contra la dictadura. Afiliado al PSOE del interior en 1966, formó parte de su ejecutiva en 1970 y cuatro años después, en el famoso Congreso de Suresnes, alcanzó el puesto de Secretario General. Entonces representaba a poco más de dos millares de afiliados. A comienzos de 1976 eran diez mil. En el Congreso de mayo de 1979 pasaban de cien mil. El PSOE se había constituido como el partido hegemónico de la izquierda, desplazando al PCE a una posición muy secundaria. Pero si los socialistas querían postularse como una alternativa de gobierno debían mirar hacia la derecha, en busca de los votos de la clase media, y cambiar su discurso histórico. La democracia ya no sería un estadio intermedio para una transición hacia el socialismo, hacia la superación de la sociedad capitalista. En adelante el PSOE se definía como un partido moderado y parlamentario que aspiraba a realizar reformar sociales paulatinas dentro del marco legal de la Constitución y del respeto a las instituciones. Un giro ideológico que suponía el abandono de su definición marxista, desnudarse de la seña de identidad que más incómoda podía resultar al electorado de centro y a los llamados «poderes fácticos». Olvidar los principios revolucionarios para ganar las elecciones.

En el Congreso de mayo de 1979, la estrategia de Felipe González chocó con la oposición del sector más crítico del Partido, contrario a la línea reformista. González abandonó la Secretaría General y forzó un debate interno que terminó en el Congreso extraordinario celebrado en septiembre de ese año, donde fue nuevamente elegido, esta vez con un apoyo mayoritario de los delegados que sería unánime —el 100 por ciento de los votos— en el Congreso de octubre de 1981. Con un liderazgo indiscutido, un partido disciplinado, controlado de manera estrecha desde la comisión ejecutiva, y un programa socialdemócrata moderado, sólo quedaba esperar la descomposición de la UCD para dar el salto hacia el poder.

Un año más tarde, el 30 de noviembre de 1982, Felipe González pronunciaba su discurso de investidura delante de unas Cortes dominadas por los diputados socialistas, la «mayoría fuerte» que había reclamado. Un discurso construido alrededor de tres principios básicos: la paz social, la unidad nacional y el progreso. La tarde anterior Alfonso Guerra le había comentado que más allá de lo que decía el programa electoral era preciso tener claro qué era lo que querían hacer. La respuesta de Felipe contenía una buena síntesis del programa de gobierno: «Mira, Alfonso, yo estaría totalmente satisfecho si logramos cuatro éxitos claros: la consolidación de la democracia, que los españoles no sigan pendientes de que un militar puede asaltar el Estado; enderezar la economía, reducir la brutal inflación y el galopante paro; frenar el terrorismo en la perspectiva de su desaparición a medio plazo; y colocar a España en la senda europea y en la realidad internacional. Estos logros justificarían una acción de gobierno de muchos años porque representaría la transformación histórica que necesita el país».

De muchos años. A partir de 1982, y al menos durante una década, el sistema político español se definió por el predominio de un partido hegemónico. En las elecciones generales de junio de 1986, el PSOE consiguió revalidar su mayoría absoluta sin problemas, con un 44 por ciento de los votos y 184 diputados en el Congreso. Tres años más tarde, en octubre de 1989, volvió a gobernar en solitario con 175 diputados y un respaldo del 39 por ciento de los votantes. Todavía en junio de 1993, cuando casi todas las previsiones daban por segura la derrota del Gobierno, el carisma personal de Felipe González logró mantener un 38 por ciento de los votos y 159 diputados. El PSOE gobernó en minoría con el apoyo de los nacionalistas catalanes. Incluso en las elecciones de marzo de 1996, que supusieron la victoria del Partido Popular y la llegada de José María Aznar al Palacio de la Moncloa, la derrota socialista fue calificada como «dulce». Mantuvo 141 escaños y un 37 por ciento de los votos, sólo trescientos mil menos que el PP. Un año más tarde, Felipe González abandonaba la Secretaría General del partido y su figura pasaba a formar parte de la historia de España, sin duda uno de los personajes más importantes del siglo XX. En total trece años y medio al frente de la política española, casi el triple del tiempo que dispuso la Segunda República para intentar sacar adelante su proyecto de reformas democráticas, acosada desde todos los frentes por problemas heredados, conflictos profundos y enemigos dispuestos a terminar con ella; casi el doble de tiempo que el conjunto de todos los Gobiernos de la transición, amenazados por la crisis económica, la inestabilidad política y el miedo a la involución.

El peligro de un golpe militar había llegado hasta la víspera de las elecciones generales de octubre de 1982, la fecha acordada por un grupo de coroneles para ocupar de manera violenta todos los centros de poder civil y militar de Madrid. Desarticulado el complot, el malestar castrense subió de tono el 8 de noviembre por el asesinato a manos de ETA del general Víctor Lago, jefe de la División Acorazada Brunete. El 8 de diciembre, cinco días después de tomar posesión de su cargo como nuevo ministro de Defensa, Narcís Serra acompañó a Felipe González a visitar el cuartel general de la División con motivo de la fiesta de la Inmaculada. Un gesto de reconocimiento bien recibido en medio de un ambiente tenso. Unos días más tarde, González ordenó a Serra que prohibiera al Consejo Supremo de Justicia Militar la deliberación sobre una posible puesta en libertad de los condenados por el 23-F, todavía pendientes del recurso ante la jurisdicción civil que acabaría doblando sus penas de cárcel. El Gobierno socialista quería dejar muy claro, desde el primer momento, que no iba consentir que nadie cuestionara la supremacía civil y que el Ejército debía quedar al margen de la lucha contra el terrorismo, sin responder a las provocaciones de los atentados de ETA.

Un paso decisivo fue la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, aprobada en enero de 1984, que amplió y definió jurídicamente las competencias y funciones del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa al frente de las Fuerzas Armadas. Después llegaron varias renovaciones de la cúpula del Ejército, la reforma de los programas de enseñanza, la restricción de la jurisdicción militar al ámbito castrense y un amplio plan de modernización que, al tiempo que aumentó las retribuciones salariales y las inversiones materiales, disminuyó progresivamente el número de los cuadros de mando.

La reducción de efectivos fue uno de los objetivos de la reforma del servicio militar promulgada en 1984, que fijó en doce meses la duración de la mili y reguló la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. El número de objetores se multiplicó a partir de 1985 y también las protestas de los grupos antimilitaristas que defendían a los jóvenes procesados por insumisión. Una nueva ley, aprobada en 1991, volvió a reducir el tiempo de permanencia en filas de los reclutas, dejándolo en nueve meses. Pero los cambios legislativos iban por detrás de la sociedad civil, claramente contraria al mantenimiento de un sistema de reclutamiento obligatorio. Seguramente éste fue uno de los errores más claros de los Gobiernos socialistas. La incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, a partir de 1988, y el inicio de las misiones internacionales de paz y ayuda humanitaria contribuyeron, sin duda, a mejorar la imagen del Ejército en la sociedad española. Pero cuando los socialistas abandonaron el poder, en 1996, aún quedaban dos problemas pendientes: la creación definitiva de un modelo de Fuerzas Armadas profesionales, asumida por el Partido Popular en su primera legislatura, y la pervivencia del carácter militar de la Guardia Civil, una cuestión que todavía no ha sido abordada. De todas formas, al terminar el siglo XX podía decirse que el problema militar, uno de los más graves y persistentes de toda la historia contemporánea de España, había quedado resuelto de manera satisfactoria. El mantenimiento del orden público había dejado de ser una cuestión militar, los españoles no estaban obligados a dedicar una parte de su juventud al servicio de las armas y, lo que era más importante, se había puesto fin a una larga tradición de pronunciamientos, rebeliones y golpes de Estado.

Un Ejército moderno, operativo, con proyección exterior y una decidida vinculación con el sistema defensivo occidental. La política socialista de Defensa dio un giro radical a finales de 1983, cuando Felipe González comenzó a expresar en público que era partidario de la continuidad en la Alianza Atlántica como un ejercicio de responsabilidad gubernamental. La postura tradicional del PSOE era contraria al mantenimiento de los bloques militares, una convicción expresada en el programa electoral de 1982 con la promesa de realizar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. González esperó al final de la primera legislatura para convocar la consulta popular, después del ingreso en la Comunidad Económica Europea, y planteó una pregunta indirecta y confusa que parecía casi una moción de confianza: «¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?». Los términos acordados incluían el mantenimiento de España fuera de la estructura militar, la prohibición de introducir armas nucleares dentro de las fronteras nacionales y el cierre progresivo de las bases militares norteamericanas. La incertidumbre se mantuvo hasta el mismo día del referéndum, el 12 de marzo de 1986. La derecha había pedido la abstención y todas las fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE habían hecho campaña pidiendo el voto negativo. El rechazo a la OTAN se convirtió en un catalizador del malestar existente en las organizaciones que más peso habían tenido en la lucha antifranquista y en los nuevos movimientos sociales, especialmente el pacifismo y el ecologismo, que en esos años mostraba un cierto auge en toda Europa. Al final, con una participación muy baja, que no llegó al 60 por ciento del censo, el Gobierno obtuvo el respaldo del 52 por ciento de los votantes. La apuesta arriesgada de Felipe González fortaleció su poder personal y dejó el camino libre para renovar la mayoría absoluta en las inmediatas elecciones generales.

De la plataforma anti-OTAN nació Izquierda Unida, una coalición electoral formada por varios partidos y asociaciones agrupados en torno al PCE y a su secretario general, Gerardo Iglesias, que consiguió unos pobres resultados en junio de 1986, menos de un 5 por ciento de los votos y apenas 7 escaños. Coalición Popular, la marca electoral diseñada por Fraga para intentar superar el techo de AP, no pasó del 25 por ciento de los votos e incluso perdió dos diputados respecto a los resultados obtenidos cuatro años atrás. Felipe González estaba en el momento más alto de su popularidad. Había superado el escollo del referéndum, los años más duros de la crisis económica parecían quedar atrás y el éxito de la entrada de España en Europa, efectiva desde el 1 de enero de 1986, podía ser interpretado como el final definitivo de la transición hacia la democracia.

En 1982 la inflación en España era del 14 por ciento, la tasa de desempleo superaba el 15 por ciento de la población activa, el déficit público se situaba por encima del 5 por ciento y la economía nacional a duras penas lograba sobrepasar el 1 por ciento de crecimiento anual. Desde el Ministerio de Economía y Hacienda, Miguel Boyer llevó adelante un amplio plan de ajuste y saneamiento con el objetivo de lograr la estabilidad macroeconómica. Una política ortodoxa con la excepción de la polémica expropiación de Rumasa, el holding financiero y empresarial de Ruiz Mateos. Medidas como la devaluación de la peseta, una política monetaria restrictiva y la contención de los salarios lograron reducir la inflación y corregir el déficit exterior. Pero el paro siguió aumentando y la promesa electoral de crear 800 000 puestos de trabajo quedó pronto en el olvido. El Gobierno emprendió también un programa de saneamiento financiero, incrementó los ingresos fiscales y la lucha contra el fraude, reformó el Plan Energético Nacional, traspasó parte del sector público a la iniciativa privada, reestructuró el INI, promovió medidas para flexibilizar el mercado de trabajo y acometió una decidida política de reconversión industrial. La reconversión se centró en la siderurgia, la construcción naval y los sectores del textil y el calzado, con centenares de empresas afectadas, una reducción de casi cien mil empleos y un coste para el Estado que superó el billón y medio de pesetas.

La recuperación económica, visible desde 1985, se vio favorecida por el descenso del precio del petróleo y de las principales materias primas, la marcha favorable de los mercados internacionales y el empuje para la inversión y la competitividad que supuso la integración española en el Mercado Común. Las conversaciones para el ingreso en la CEE fueron largas y complejas, encabezadas por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán. Superada la oposición de Francia, las arduas negociaciones del primer trimestre de 1985 culminaron el 12 de junio de ese año con la firma del Acta de Adhesión de España y Portugal. Los años siguientes fueron de un crecimiento económico rápido y sostenido, con un incremento anual del PIB superior al 4 por ciento, muy superior a la media europea, debido en parte a la continua llegada de capitales extranjeros y también al impulso decidido del gasto público.

La inversión del Estado en infraestructuras fue extraordinaria. A partir de 1986 el Plan General de Carreteras promovió el acondicionamiento de miles de kilómetros de carreteras y la construcción de una red nacional de autovías y autopistas, se modernizaron los aeropuertos y la red de ferrocarriles, con la puesta en marcha de la primera línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla, y hubo un esfuerzo notable en obras hidráulicas, remodelación de puertos, protección de costas y medio ambiente, vivienda y urbanismo. Los extranjeros que visitaron España en 1992 pudieron admirar las obras realizadas en Barcelona y en Sevilla con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos y de la Exposición Universal que conmemoraba el 500 aniversario del descubrimiento de América.

El incremento del gasto público destinado a fines sociales fue también espectacular. Mejoró la cobertura del seguro de desempleo, se revalorizaron las pensiones y la Seguridad Social multiplicó las partidas destinadas a gastos sanitarios. Desde el Ministerio de Sanidad, dirigido por Ernest Lluch, se promovió la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, y la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Salud que supuso la extensión de la asistencia médica y hospitalaria a toda la población. En Educación, el ministro José María Maravall impulsó en 1983 la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y en 1985 la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). La reforma se completó en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que elevó la escolarización obligatoria hasta los 16 años y obligó a aumentar el gasto educativo, un 4,5 por ciento del PIB en 1992, todavía por debajo de la media de los países europeos.

En materia educativa los legisladores se enfrentaron a un asunto delicado porque la Iglesia católica era propietaria de una parte muy importante de los centros de educación básica y media. El primer conflicto serio con la Conferencia Episcopal había llegado en 1983 con el debate sobre la Ley del Aborto, que despenalizó la interrupción del embarazo en tres supuestos. En la cuestión de la educación, la actitud del Gobierno fue claramente condescendiente con los intereses de la Iglesia. La LODE reconocía la existencia de una red pública de centros y otra privada, financiada también con fondos del Estado a través de una serie de subvenciones directas y conciertos educativos. En general podría decirse que el trato que la democracia ha dispensado a la Iglesia católica ha sido exquisito. Los socialistas no se atrevieron a modificar los acuerdos económicos firmados con el Vaticano en enero de 1979 —apenas cinco días después de que entrara en vigor la Constitución— que suponían el mantenimiento de privilegios tradicionales en instituciones públicas, numerosas exenciones fiscales y el sostenimiento del culto y el clero a cargo de los presupuestos del Estado. Ninguno de los Gobiernos posteriores ha recordado el compromiso de la Iglesia de proceder de forma paulatina a su autofinanciación.

La inversión pública en educación, en sanidad y en otros servicios sociales básicos, como la protección frente al desempleo, las ayudas familiares o las pensiones, acercaron a los ciudadanos españoles al modelo del Estado del Bienestar construido en Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX. Desarrollo económico y bienestar social a través de la redistribución parcial de la riqueza. Además, al gasto social del Estado se unía la inversión pública llevada a cabo por los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, cada vez con mayores competencias y servicios. La participación de los Gobiernos autonómicos en el gasto total del sector público pasó de un 8 por ciento en 1983 al 18 por ciento de 1989 y al 25 por ciento registrado en 1992, un porcentaje todavía inferior a los ejemplos de Alemania y Suiza pero, desde luego, mucho más parecido a un Estado federal que a cualquier otra forma de organización territorial.

El mapa autonómico español se completó en los primeros meses de 1983 con la promulgación de los cuatro estatutos de autonomía pendientes de la legislatura anterior. En ese mismo año el Tribunal Constitucional aceptó la reclamación de los nacionalistas vascos y catalanes y declaró inconstitucional una parte de la LOAPA. En adelante quedó claro que ninguna ley gubernamental se interpondría entre la Constitución y los estatutos aprobados pero, en general, el modelo autonómico no se vio afectado y tampoco la idea de que, al final, todas las Comunidades serían homogéneas y tendrían los mismos privilegios. Comenzó entonces la descentralización efectiva del Estado y el traspaso progresivo de competencias, un proceso conflictivo plagado de recursos ante el Tribunal Constitucional y de tensas negociaciones entre las autoridades nacionales y las regionales por el retraso en las transferencias o por no llegar éstas acompañadas de las dotaciones presupuestarias reclamadas. La relación entre el Gobierno y las comunidades históricas cambió a partir de 1993, cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta en el Congreso y tuvo que pactar con los nacionalistas catalanes la cesión de un 15 por ciento del IRPF, un porcentaje que se duplicó en 1996 con la llegada de Aznar al poder, también en minoría parlamentaria, y que posteriormente se extendió al resto de las regiones.

En general se puede concluir, como ha señalado Antoni Segura, que el camino recorrido por el desarrollo del modelo autonómico en los años ochenta y noventa fue exitoso, que el debate político sobre la aspiración al autogobierno fue dejando paso, poco a poco, a un debate administrativo sobre los límites de la descentralización del Estado. Seguramente el tema más conflictivo a finales de siglo era el de la financiación autonómica y la reivindicación de la corresponsabilidad fiscal. Desde las posturas más centralistas, las demandas autonómicas se interpretaban como un abuso de los nacionalistas y un peligro para la cohesión interterritorial. Al contrario, en algunas comunidades, especialmente en Cataluña, predominaba la percepción de que sus aportaciones al Estado eran muy superiores a los beneficios obtenidos, de que se gravaba mucho más a las regiones más productivas y dinámicas sin que ese esfuerzo sirviera para reducir las distancias con las regiones más pobres, a pesar del Fondo de Compensación Interterritorial y de la llegada constante de ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En Cataluña el proceso de negociación de las competencias favoreció claramente el liderazgo de Jordi Pujol, capaz de aglutinar el voto conservador y liberal y el sentimiento nacionalista de una parte importante de los sectores populares; capaz también de identificar a su formación política, CiU, con la defensa de los derechos de los catalanes frente a las reticencias del Gobierno central en la cesión de cuotas mayores de autonomía y en la ampliación de las competencias recaudatorias.

El caso del País Vasco era diferente. El rechazo nacionalista del modelo autonómico no tenía que ver con el sistema de financiación debido al régimen especial de concertación fiscal que disfrutaban tanto Euskadi como Navarra. El objetivo central del PNV, la fuerza predominante en todas las instancias políticas, era la construcción de una comunidad nacional completa desde el punto de vista político, administrativo y cultural. Pero las disputas internas en el seno del nacionalismo hegemónico produjeron el abandono de Garaikoetxea de la presidencia del Gobierno Vasco, en 1984, y la escisión del sector más crítico del partido, que pasó a formar parte de Eusko Alkartasuna (EA). A partir de 1986, la fragmentación del sistema de partidos obligó al nuevo Lehendakari, José Antonio Ardanza, a encabezar Gobiernos de coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y a iniciar una etapa de menor confrontación y tensión institucional. Fruto de este nuevo clima político de mayor colaboración fue la firma en 1988 del Pacto de Ajuria Enea. Los partidos políticos, a excepción de HB, se mostraban decididos a marcar una raya que separara no a los nacionalistas de los no nacionalistas, como había ocurrido hasta entonces, sino a los demócratas de los terroristas y de sus apoyos sociales que rechazaban todo el proceso de la transición y justificaban la «lucha armada».

Porque ETA siguió matando. Más de 300 asesinatos en los trece años largos de Gobierno socialista, con matanzas indiscriminadas como la bomba de los almacenes Hipercor de Barcelona y la de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, ambas en 1987. La política antiterrorista socialista combinó la actuación policial —como el plan Zona Especial Norte (ZEN)— y los primeros acuerdos con Francia sobre deportaciones y extradiciones, con el fin de acabar con el santuario etarra al otro lado de los Pirineos, con las medidas de reinserción para impulsar el abandono de las armas. Y también los intentos de negociación con la banda terrorista, como las llamadas Conversaciones de Argel, mantenidas de manera intermitente entre finales de 1986 y los primeros meses de 1989. Por el Ministerio de Interior pasaron José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Antoni Asunción y Juan Alberto Belloch, que no sólo no consiguieron poner fin a la violencia terrorista, sino que dejaron la sombra oscura de la guerra sucia contra ETA como una de las notas más negras de toda la etapa socialista.

Entre 1983 y 1987, durante el mandato de Barrionuevo, los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por pistoleros de extrema derecha y mercenarios extranjeros, cometieron más de 40 atentados y asesinaron a 28 personas. Desde los primeros momentos parecía evidente la vinculación del GAL con algunos mandos policiales y autoridades gubernativas en el País Vasco, el empleo de fondos públicos reservados para financiar las actividades terroristas y la nula voluntad del Gobierno para investigar lo sucedido. Años más tarde, entre 1994 y 1996, las acciones judiciales emprendidas desde la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón acabaron llevando a la cárcel a Julián Sancristóbal, antiguo gobernador civil de Vizcaya; a Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad; a Ricardo García Damborenea, secretario general del PSE de Vizcaya, y al propio José Barrionuevo, acusados de ser responsables de una «trama terrorista» vinculada al Ministerio del Interior. También fue detenido el general de la guardia civil Rodríguez Galindo como inductor de los asesinatos de Lasa y Zabala, dos activistas de ETA secuestrados por el GAL en 1983, torturados y enterrados bajo cal viva en Alicante. Pocas imágenes podían hacer más daño a un Estado de derecho y a un Gobierno democrático.

Las primeras señales de erosión del crédito político de los Gobiernos del PSOE comenzaron a aparecer al término de la primera legislatura con la campaña contra la OTAN y las bases norteamericanas, protagonizada por las fuerzas políticas y sociales situadas a su izquierda, y el inicio del distanciamiento de los sindicatos que protestaban por la dureza de la reconversión industrial. Los conflictos laborales y los enfrentamientos con la policía se sucedieron en los Altos Hornos de Sagunto y en los astilleros gallegos, andaluces y vascos. A partir de 1985, la UGT, que mantenía una política de moderación y contención de sus reivindicaciones, comenzó a acercarse a las posturas más combativas de CC. OO. El líder ugetista, Nicolás Redondo, no ocultaba la sensación de decepción, y hasta de amargura, por medidas gubernamentales como la reforma del sector público, la flexibilización del mercado de trabajo, con la introducción de los contratos temporales, o el proyecto de modificación del sistema de pensiones.

En 1988, en medio del clima general de recuperación económica, las dos centrales sindicales acordaron emprender una serie de movilizaciones para exigir al Gobierno un giro social de su política económica, dirigida por Carlos Solchaga desde el Ministerio de Economía y Hacienda. La presentación de un plan de empelo juvenil fue la causa esgrimida por los sindicatos para convocar un paro nacional de 24 horas previsto para el 14 de diciembre de 1988. El éxito de la huelga general fue incontestable, una seria llamada de atención al ejecutivo de Felipe González más por su forma de gobernar, acusado de prepotencia y falta de diálogo, que por el calado y contenido de las reformas. El descontento de la izquierda se tradujo en las elecciones generales de octubre de 1989 en un descenso del PSOE, que perdió 9 diputados y conservó a duras penas la mayoría parlamentaria, y en el ascenso relativo de IU, que recogió el 9 por ciento de los sufragios y pasó a tener 17 escaños en el Congreso, liderados a partir de entonces por Julio Anguita.

A las protestas obreras y la oposición de una parte de la izquierda se unió muy pronto la descalificación de la derecha y de algunos medios de comunicación por los casos de corrupción que se iban destapando. A finales de 1989 fue el caso Juan Guerra, el hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, acusado de utilizar un despacho oficial para dedicarse al tráfico de influencias y al lucro personal, aunque finalmente fue condenado sólo por fraude fiscal. En 1991 salió a la luz pública el caso Filesa, una empresa dedicada a financiar al PSOE por medios ilegales, y la trama de especulación en la compra de terrenos de Renfe. Al año siguiente llegó el escándalo del tráfico de influencias y el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas en Andalucía. En 1994 fueron detenidos Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, y Manuel de la Concha, exsíndico de la Bolsa, por falsedad documental y ocultación fiscal en el caso de la empresa Ibercop. Casi al mismo tiempo se producía la huida de España de Luis Roldán, que había sido director general de la Guardia Civil, para eludir su procesamiento por enriquecimiento ilícito y cobro de comisiones. Por si fuera poco, en ese mismo año se conocieron las acusaciones de estafa a la directora general del BOE, la existencia de sueldos millonarios en la cúpula del Ministerio del Interior a cargo de los fondos reservados y las vinculaciones económicas y políticas de los financieros Mario Conde y Javier de la Rosa, encarcelados por delitos probados de apropiación de bienes, fraude y estafa.

Los continuos escándalos de corrupción revelaban la cara más oscura del ciclo expansivo económico de los años anteriores. Ni el Gobierno liderado por Felipe González ni la dirección del PSOE, agrupada en torno a Alfonso Guerra, pusieron freno a la extensión de las prácticas corruptas, a la generalización de la especulación y el fraude, a la multiplicación de pingües negocios privados a costa del gasto público de las distintas administraciones. Y los buenos tiempos de bonanza económica pasaron. En medio de la tormenta política desatada por la oleada de casos de corrupción, los escándalos de los juicios del GAL, las disputas internas de los socialistas entre «guerristas» y «renovadores» y el clima general de malestar y desconfianza existente en la opinión pública, llegaron a España los primeros efectos de la crisis económica internacional de 1992. Un recesión breve, de apenas dos años, pero que afectó con dureza a la economía española, obligada a realizar en ese tiempo hasta cuatro devaluaciones de la peseta. La caída de la actividad productiva tocó fondo en 1993, con un crecimiento negativo del PIB, un déficit público cercano al 7 por ciento y una tasa de paro que llegó hasta el 24 por ciento de la población activa. El mercado de trabajo era incapaz de absorber a la generación del baby-boom de los sesenta que llegaba a la mayoría de edad y a la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral.

A partir de 1995 la situación económica daba signos de notable mejoría, pero los indicadores positivos de la inflación, de la evolución del PIB o de la creación de empleo poco pudieron hacer para reducir la crispación del debate político, un auténtico vía crucis para el último Gobierno de González, salpicado cada día por los escándalos que salían de los juzgados y sometido a una campaña de acoso y derribo en los medios de comunicación y en el Congreso, donde la minoría parlamentaria socialista se sostenía con los votos de los nacionalistas catalanes. La revelación de los «papeles» del CESID, unos documentos robados por el coronel Perote, con grabaciones de escuchas ilegales que supuestamente demostraban la responsabilidad de altos cargos socialistas en el caso del GAL, precipitó la dimisión del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el anuncio de Jordi Pujol del fin del apoyo catalán. Sólo quedaba poner fecha para adelantar las elecciones, convocadas finalmente en marzo de 1996, y esperar la derrota gubernamental que pondría fin a una década larga de hegemonía socialista.

HACIA UN NUEVO SIGLO

La llegada el poder del Partido Popular terminaba, de alguna manera, el proceso de consolidación de la democracia. A la altura de 1996 pocos podían cuestionar que España era un país moderno y desarrollado, bien integrado en la Europa comunitaria, con un Estado del Bienestar sólido, unas instituciones legítimas y un sistema político estable; un país que había convertido el problema militar en un asunto del pasado, que había dejado en un plano muy secundario la cuestión religiosa y que disponía de canales legales y vías pacíficas para la solución de los conflictos sociales. De los grandes retos pendientes en 1982 quedaban sin solucionar el problema del desempleo, el de la organización territorial y el del terrorismo. Y uno más. La creación de un partido conservador que fuera capaz de soltar el lastre pesado que le unía con el franquismo y obtener el respaldo popular suficiente como para llegar a formar Gobierno.

Los resultados electorales de los años ochenta habían dejado claro que ni Manuel Fraga ni la vieja generación de Alianza Popular, con biografías muy vinculadas a la dictadura, podían representar una alternativa que fuera apoyada por la mayoría de la ciudadanía. La crisis abierta después de la elecciones de 1986 se cerró tres años más tarde con la refundación de AP como Partido Popular y el ascenso político de José María Aznar, que ya fue el candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones de octubre de 1989. Entonces no superó el 25 por ciento de los votos, el «techo» histórico de Fraga, pero en 1993 llegó al 37 por ciento y, por fin, en 1996, al 38 por ciento, apenas un punto por encima del PSOE, pero suficiente para intentar formar Gobierno con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes. Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León desde 1987, no pertenecía a la generación que había protagonizado la transición. Sus declaraciones públicas habían evolucionado desde el cuestionamiento de la Constitución hasta la defensa de la herencia política de la desaparecida UCD, reivindicando el espacio del «centro reformista», como se definía el Partido Popular en sus estatutos. Aznar supo renovar a los cuadros dirigentes, crear una estructura férreamente disciplinada y convertir al PP en un partido electoral, con nuevos símbolos y técnicas de comunicación y una organización eficaz.

El primer Gobierno de Aznar, entre 1996 y 2000, estuvo marcado por el pacto de legislatura alcanzado con CiU y el PNV. La debilidad parlamentaria gubernamental obligó a los conservadores a mostrarse flexibles con algunas reivindicaciones nacionalistas, a contener su discurso ideológico y a moderar las políticas sociales y económicas con una disposición abierta al diálogo social y a la negociación de acuerdos con las centrales sindicales. Ello fue posible gracias, en buena medida, a los buenos tiempos de la economía internacional, un ciclo de crecimiento sostenido que había comenzado en 1995 y que se iba a mantener durante más de una década, hasta bien entrado el siglo XXI. Las medidas adoptadas por Rodrigo Rato desde el Ministerio de Economía consiguieron rebajar los tipos de interés, reducir la inflación y disminuir el déficit público, los criterios de convergencia trazados años atrás por el Tratado de Maastricht para alcanzar la Unión Monetaria. El dinamismo de las exportaciones y el auge de la inversión y el consumo privados permitieron a la economía española crecer más que los países europeos, varios años seguidos por encima del 4 por ciento. Al comenzar el siglo XXI, la renta per cápita de los españoles era un 83 por ciento de la media de la Europa comunitaria, el mejor momento conocido, y la tasa de desempleo había disminuido hasta el 11 por ciento de la población activa.

La bonanza económica, la imagen de competencia, austeridad de gasto y gestión eficaz, la concertación social, los éxitos de la lucha policial contra el terrorismo y la ofensiva judicial contra el entorno de ETA y la crisis interna del PSOE, con la abstención de una parte del electorado de izquierdas, explican, en buena medida, la mayoría absoluta conseguida por el PP en las elecciones generales de 2000, con un 44 por ciento de los votos y 183 escaños. A partir de ese momento, como ha señalado Javier Tusell, el nuevo Gobierno se olvidó del talante dialogante y de la moderación centrista y descubrió «una ambición nacionalista española, una creciente egolatría y un desprecio por la oposición, en especial la nacionalista». Aznar se convirtió «en una especie de reformador moralista, dogmático y profético, que actuaba con independencia absoluta de las condiciones sociales existentes y de los consensos que hubiera sido necesario construir para tomar decisiones destinadas verdaderamente a perdurar».

No fue un cambio repentino. Ya en la primera legislatura había dejado muestras de esa concepción del poder en aspectos como el control de los medios de comunicación públicos, la imposición de la política educativa, las interferencias en el poder judicial, la estrategia de privatización de empresas públicas, situando al frente de ellas a amigos políticos, las medidas destinadas a reforzar los privilegios de la Iglesia católica o la retirada del proyecto de ley sobre inmigración, que provocó la dimisión del ministro de Trabajo, Manuel Pimentel. Pero fue a partir de 2001 cuando el verdadero carácter del proyecto neoconservador se hizo más evidente. La oposición suscitada por la reforma universitaria, la ruptura del diálogo social con los sindicatos, los conflictos regionales por el Plan Hidrológico Nacional, el rechazo de cualquier responsabilidad política ante la catástrofe del hundimiento del petrolero Prestige, frente a las costas de Galicia, y el accidente del Yak-42 en Turquía, que costó la vida a más de 60 militares, o el enfrentamiento con Marruecos, con la arriesgada ocupación del islote de Perejil, fueron algunos de los aspectos más controvertidos de la segunda legislatura y que más erosionaron la imagen del Gobierno.

Pero, sin lugar a dudas, para la opinión pública el mayor error de Aznar fue el rumbo tomado por la política exterior, que privilegió y estrechó las relaciones con Estados Unidos, sobre todo a partir del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001. El apoyo entusiasta del Gobierno a la invasión norteamericana de Irak —con la famosa foto de las Azores— hizo que las protestas contra la guerra se convirtieran en manifestaciones multitudinarias como las que en febrero de 2003 ocuparon las calles de todas las ciudades de España. Sin embargo, a pesar de la pérdida notable de respaldo popular, las expectativas del PP ante las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 no contemplaban otro escenario que no fuera el de la victoria. Tres días antes se produjo el atentado islamista en los trenes de cercanías de Madrid, el más letal de la historia de España, que causó la muerte de 192 personas y más de mil quinientos heridos. La reacción del Gobierno, percibida por muchos como una clara manipulación de la información, movilizó a cientos de miles de electores que acudieron a los colegios para reprobar la gestión de la crisis. El PSOE obtuvo el 42 por ciento de los votos y 164 diputados frente a los 148 que conservó el PP y José Luis Rodríguez Zapatero se dispuso, con el apoyo de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, a convertirse en el quinto presidente de la democracia española después de la aprobación de la Constitución de 1978. Un nuevo Gobierno socialista y un nuevo ciclo político que ya no pertenece a la historia de España del siglo XX.

Al doblar el siglo, la mayoría de los problemas históricos de España parecían haber quedado en el pasado. Quizá, el más importante de los que seguían ocupando el centro de la agenda política era el de la organización territorial del Estado, con la grave secuela de la pervivencia del terrorismo de ETA. Después de veinticinco años de existencia, el Estado de las Autonomías parecía plenamente consolidado, con un funcionamiento estable, amplias competencias legislativas y ejecutivas y una notable capacidad de gestión de las políticas más importantes para la calidad de vida de los ciudadanos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, las obras públicas o la cultura. El primer objetivo del modelo autonómico, el de la descentralización regional del poder, parecía realizado. Las cotas de autogobierno de las 17 Comunidades Autónomas eran superiores a las de la mayoría de las regiones europeas, muy cercanas al modelo federal.

Pero además de la descentralización administrativa, la Constitución de 1978 tenía otra meta, la vertebración de una concepción de España más plural y heterogénea, un proyecto de convivencia donde tuvieran cabida las diversas identidades, lenguas y culturas del Estado, un marco común que superara los conflictos nacionalistas que habían jalonado un siglo de historia. Veinte años después, en julio de 1998, el Bloque Nacionalista Gallego, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió recordaron que, a su juicio, continuaba sin resolverse «la articulación del Estado español como plurinacional». Los partidos firmantes de la Declaración de Barcelona se quejaban de haber «padecido una falta de reconocimiento jurídico-político e incluso de asunción social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales en el ámbito del Estado» y proponían la superación del marco autonómico para avanzar en sus reivindicaciones sobre lengua, cultura, instituciones, financiación pública y presencia en la Unión Europea.

Ese mismo verano, en Euskadi, el PNV y EA llegaron a un acuerdo secreto con ETA que sería la base del Pacto de Lizarra firmado con HB en el mes de septiembre. Para el PNV era el final de una década de colaboración con el PSOE y el inicio de una política soberanista en el «ámbito vasco de decisión». Los nacionalistas moderados rompían sus acuerdos con los partidos «españolistas» iniciando un camino que debía conducir a la autodeterminación de los territorios de Euskal Herria. A cambio, ETA se comprometía a dejar el matar. En los dos años anteriores la banda terrorista había cometido 18 asesinatos, entre ellos el del profesor Francisco Tomás y Valiente, en febrero de 1996, y la ejecución anunciada de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua capturado diez días después de la liberación policial de Ortega Lara, un funcionario de prisiones que llevaba más de un año secuestrado. Las movilizaciones populares de repulsa al asesinato del concejal, en julio de 1997, llevaron a la calle a millones de personas en toda España. Al creciente rechazo social del terrorismo se unieron los éxitos policiales y las acciones judiciales contra el entramado político y financiero cercano a ETA.

La tregua de la organización terrorista propició en mayo de 1999 un encuentro en Suiza con los representantes del Gobierno español y medidas de «flexibilización» de la política penitenciaria. Pero a finales de año se impuso la línea dura y el retorno a la «lucha armada». A partir de enero de 2000, ETA volvió a asesinar a policías, políticos, periodistas y profesores como Ernest Lluch, incapaz de amenazar la estabilidad de la democracia pero sí de intimidar y extorsionar a muchos ciudadanos, privados de sus libertades básicas y de las condiciones mínimas para ejercer sus derechos políticos. El PP y PSOE firmaron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y acordaron una estrategia común de lucha contra ETA en todos los frentes, desde la persecución de los actos de violencia urbana, la denominada kale borroka, hasta la ilegalización de Batasuna y de todas las organizaciones que no condenaran expresamente el terrorismo. Mientras tanto, el PNV seguía con su apuesta soberanista y presentaba la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, el llamado Plan Ibarretxe, un proyecto para constituir un Estado libre asociado que debía ser ratificado mediante un referéndum en un escenario de ausencia de violencia. El plan del Lehendakari fue aprobado por el Parlamento Vasco y en febrero de 2005 rechazado en el Congreso por anticonstitucional. La condición de la ausencia de violencia nunca se ha cumplido. El Gobierno socialista de Zapatero inició un nuevo proceso de negociación con ETA, que en marzo de 2006 declaró un «alto el fuego permanente» mantenido sólo hasta el 30 de diciembre, cuando la explosión de una bomba en el aeropuerto de Barajas mató a dos jóvenes ecuatorianos. La democracia sigue sufriendo la lacra del «partido de la muerte» denunciado por Enerst Lluch, «el hecho crudo de la mano, la pistola y la nuca» lamentado por Tomás y Valiente poco antes de convertirse en una víctima más del terrorismo.

Sin la amenaza de las armas, la situación de Cataluña al terminar el siglo era bien diferente. En 1998 el Parlamento de Cataluña, con apoyo de CiU y de ERC, aprobó una resolución favorable al derecho de autodeterminación del pueblo catalán. El cambio político producido en 2003, con la llegada a la presidencia de la Generalitat del socialista Pasqual Maragall, puso fin a dos décadas largas de gobierno nacionalista de Jordi Pujol pero no al debate sobre la superación del marco del estatuto de autonomía de 1980. Maragall proponía un federalismo asimétrico que distinguiera las regiones de las nacionalidades, una cuestión que estuvo presente en la discusión del nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en el Parlamento de Cataluña y reformado después en el Congreso. También los nuevos estatutos de Valencia, Baleares y Aragón emplean el término de «nacionalidad histórica», el de Andalucía describe una «realidad nacional» y el de Castilla y León se define como «comunidad histórica y cultural». En el horizonte abierto de los primeros años del siglo XXI se plantea el reto de la definición de una democracia plurinacional cohesionada, la articulación de las relaciones interterritoriales y la construcción de un consenso en torno a los principios de igualdad y solidaridad y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Todo ello en un contexto nuevo de europeización y globalización que obliga a repensar el concepto de soberanía por encima y por debajo de los límites del Estado.

Un escenario nuevo para un país distinto. La primera impresión que recoge Giles Tremlett, corresponsal de The Guardian, en su libro de viajes por la España que se asoma al siglo XXI, es «la capacidad de transformación que tiene el país», la sensación de vértigo que produce la velocidad del cambio experimentado en las tres décadas anteriores. Poco o nada queda ya de la visión romántica y aventurera de los viajeros extranjeros que todavía a mediados del siglo XX veían a España como un territorio preindustrial alejado de Europa, obstinado en su atraso y encerrado en sí mismo. Tremlett describe un país moderno que progresa de manera imparable, con autopistas y trenes de alta velocidad que miden las grandes distancias en horas, con ciudades que se expanden y compiten por albergar los grandes edificios de la arquitectura moderna, con cambios sociales profundos que desbordan los análisis de los sociólogos. A su juicio, el síntoma más evidente del éxito de España es el fenómeno de la inmigración: «El país que antaño abandonaban los trabajadores se convierte ahora en referente de aquellos que buscan mejorar sus vidas».

Un cambio extraordinario en el quicio entre dos siglos. En 1996 había apenas 500 000 extranjeros residiendo en España. Una década más tarde, después de tres leyes distintas de extranjería y una sucesión de reglamentos y regularizaciones, pasaban de 4 millones y se acercaban al 10 por ciento de la población. La masiva llegada de inmigrantes ha cambiado las bases demográficas de la sociedad española. En el último cuarto del siglo XX disminuyó el ritmo de crecimiento natural de la población debido al rápido descenso de la natalidad, de un 19 por mil en 1974 a menos del 10 por mil al terminar la centuria. En el mismo período de tiempo la fecundidad pasó de 2,8 hijos por mujer a sólo 1,1 hijos, una de las tasas más bajas del mundo. En 1998 el número de nacimientos casi coincidió con el de defunciones. Podía decirse que España terminaba la transición demográfica, el fruto de largos y profundos procesos de transformación social, económica y cultural que habían llevado al país al grupo de los Estados más desarrollados. La esperanza media de vida al nacer se acercaba a los 80 años, por encima de la mayoría de los países de la OCDE, con la preocupación de una pirámide de edades envejecida que amenazaba el futuro del sistema de pensiones, la sanidad pública y los servicios asistenciales.

Pero en los primeros años del siglo XXI, los datos han dado un giro inesperado. Gracias al saldo migratorio los 40 millones de habitantes del censo de 2001 son 46 millones en el de 2008, un aumento en apenas siete años casi similar al registrado en las tres últimas décadas del siglo XX, un ritmo de crecimiento inédito en la historia de España. La tasa de fecundidad ha ascendido en 2003 a 1,3 y más de la mitad de los nacidos son hijos de madres extranjeras. Los trabajadores procedentes de África, de Latinoamérica o de la Europa del Este se emplean sobre todo en la construcción, la hostelería, el servicio doméstico y la agricultura estacional, en general ocupando los puestos menos cualificados que los españoles no cubren. España ha dejado de ser definitivamente un país agrario. En 1975 el campo proporcionaba todavía uno de cada cinco empleos. Al terminar el siglo sólo uno de cada veinte. La industria, sin la construcción, no llega al 20 por ciento de la población activa mientras que el sector terciario emplea al 65 por ciento.

El proceso de desagrarización y el desarrollo de la economía de los servicios han llevado aparejados el crecimiento de las nuevas clases medias y el aumento de la cualificación de la fuerza de trabajo. Ello se debe, en buena medida, a la expansión del sistema educativo. El analfabetismo y el trabajo infantil prácticamente han desaparecido. El gasto público en educación, que en los años sesenta apenas era de un 1 por ciento del PIB, ronda el 5 por ciento al terminar el siglo. En ese tiempo, el número de universidades se ha duplicado y el de titulados universitarios se ha multiplicado por cinco, casi 5 millones en 2004. En los estudios superiores hay más mujeres matriculadas que hombres, uno de los factores tradicionales de discriminación de género. Las mujeres son las protagonistas indiscutibles del rápido proceso de cambio social. Se han incorporado al mundo laboral, han reducido su fecundidad y se comportan de manera diferente en el ámbito de la vida cotidiana y familiar, con formas de convivencia informales que se desmarcan progresivamente del modelo de familia patriarcal. Las generaciones más jóvenes son tolerantes con las relaciones homosexuales, el divorcio y la maternidad fuera del matrimonio, cada vez menos influidas por las normas religiosas y tradicionales. Los católicos practicantes, seis de cada diez españoles en 1975, no llegan a un tercio de la población cuando el siglo XX se despide. La sociedad se ha secularizado, uno de los signos más comunes del avance de la modernidad.

Los problemas que más preocupan a los españoles son el paro, la temporalidad del empleo y el acceso a la vivienda. También a los inmigrantes, que viven en peores condiciones y con salarios más bajos, con dificultades de convivencia cultural, de adaptación social y de definición legal. Unos y otros valoran, sobre todo, la seguridad del Estado del Bienestar, el sistema de pensiones, la educación y la sanidad, los pilares con los que las sociedades democráticas protegen a los ciudadanos de los riesgos y desequilibrios de la economía de mercado, la mejor herencia de las conquistas sociales del siglo XX. Hay también retos globales que formarán parte de la historia del siglo XXI, como el deterioro alarmante del medio ambiente o la deriva de un mundo desigual, injusto e insolidario con los más desfavorecidos, apenas corregida por las iniciativas civiles y gubernamentales de cooperación al desarrollo.

Dentro de España, para un observador extranjero como Tremlett, son dos los debates pendientes. El primero, en el centro de la agenda política, si los ciudadanos con identidades diferentes están dispuestos o no y en qué condiciones a convivir dentro de las mismas fronteras, la discusión en torno a lo que lo que tienen en común y lo que los separa. El segundo tiene que ver con el pasado, con la memoria traumática del siglo XX que aún sigue abierta: «Los españoles hicieron un esfuerzo supremo por llegar a un consenso. Este esfuerzo se debió, en gran medida, a los fantasmas de la Guerra Civil que aún rondaban los hogares de muchos españoles. Las divisiones que ahora son visibles en la sociedad española tienen mucho que ver con la liberación de esas coacciones históricas. La forma en que las aborden los españoles será la ultima prueba a la que se enfrente la Transición».

TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA A DEBATE

Han pasado treinta años desde la promulgación de la Constitución de 1978. El proceso de transición a la democracia forma parte de la historia. Es un tema de estudio consolidado en los proyectos de investigación universitarios, en congresos y publicaciones científicas y en los programas de enseñanza que se imparten en los institutos. Pero es también objeto de la controversia política y del debate público, utilizado como instrumento y argumento para describir y enjuiciar las virtudes y los defectos de nuestra democracia. Como ha apuntado Carme Molinero, la Transición está muy presente en el devenir actual, a cada paso se reinterpreta «a la luz de los proyectos para el presente». Para unos, que mantienen una visión idealizada del período como un plan perfectamente diseñado, como una «balsa de aceite» modélica, los pactos y consensos alcanzados entonces son inamovibles. Rechazan cualquier modificación del marco institucional y denuncian el análisis crítico más ponderado como un atentado contra el espíritu de la convivencia y la reconciliación. Para otros, sin embargo, es imprescindible una «segunda Transición» que repare las claudicaciones y las traiciones políticas, las renuncias y las debilidades del proceso, como si los acontecimientos de aquellos años fueran responsables de sus frustraciones personales y «de todos los problemas irresueltos y de todos los vicios —reales o hipotéticos— de la democracia actual». Demasiados tópicos, demasiados lugares comunes y conclusiones sesgadas. Demasiada distancia, concluye Molinero, entre el trabajo académico y el debate socializado, un espacio que deben ocupar los historiadores para conseguir que el conocimiento de nuestro pasado reciente llegue a la sociedad contrarrestando «el ruido mediático y las lecturas interesadas».

Los primeros que abordaron el estudio de la transición democrática española fueron los sociólogos y los politólogos. Desde finales de los años setenta, todavía al calor de los acontecimientos, el cambio que se estaba viviendo en España despertó el interés de los científicos sociales de todo el mundo. No era de extrañar. Los procesos de transición ocurridos en Portugal, en España y en Grecia constituían los ejemplos más tempranos de lo que luego se llamaría la tercera ola de la democratización. Desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial no había ocurrido nada parecido. En los años ochenta, por la senda de los países europeos mediterráneos caminaron una docena de Estados latinoamericanos que dejaron atrás sus regímenes autoritarios. Y al final de la década, después de la caída del sistema comunista, se incorporaron los países de la Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas en un movimiento extendido a otras zonas del mundo, como el caso de la desaparición del apartheid en Sudáfrica. La democracia, que a principios del siglo XX era sólo una posibilidad apenas entrevista en algunos lugares y que en el período de entreguerras quedó marginada por las ideologías totalitarias, parecía al terminar la centuria triunfar como la forma de organización política mayoritaria en el mundo. Las cosas son más difíciles y complejas de lo que creían muchos y el resultado no siempre ha sido satisfactorio, pero la envergadura y la profundidad del cambio resultan innegables.

La Transición española atrajo la atención de los teóricos sociales y políticos y también de los actores políticos de otros países inmersos en situaciones similares, por su carácter pionero, por la rapidez sorprendente del proceso negociado de democratización y por el éxito indudable conseguido con un nivel muy bajo de violencia. La oposición democrática y los dirigentes reformistas de la Europa Oriental o del centro y el sur de América pensaban que podían extraer lecciones prácticas y análisis útiles para sus propios países. Si no un modelo exportable, al menos un ejemplo alentador.

José Casanova ha analizado las transiciones democráticas en perspectiva comparada distinguiendo tres caminos de salida de los regímenes autoritarios: «Desde fuera, desde abajo o desde arriba». En su opinión, el caso español pertenece al último grupo porque la desvinculación del franquismo fue un pacto negociado por los sectores que provenían de la dictadura y porque la forma adoptada, una reforma legal-constitucional, fue la que finalmente trajo consigo la verdadera ruptura con el viejo orden. Las negociaciones vinieron después, el fruto de una situación en la que ninguno de los protagonistas principales, ni las elites franquistas ni la oposición democrática, tenía la fuerza suficiente para imponer su propia solución. No fue un proceso sencillo. La coyuntura económica era claramente adversa, no existían unas siglas o un nombre propio que simbolizara el consenso de la oposición, había movimientos nacionalistas que cuestionaban la unidad del Estado, el régimen autoritario seguía teniendo en sus manos la Administración y los medios de coerción y los altos mandos del Ejército, casi sin excepciones, eran profundamente franquistas.

Incertidumbres, riesgos y tropiezos que hubo que ir sorteando en un período de tiempo relativamente breve hasta llegar a un resultado final que la gran mayoría de los especialistas han calificado como exitoso y las encuestas de opinión recogen como motivo de orgullo colectivo. Los rasgos más destacados de la transición española han sido la voluntad de consenso democrático, el compromiso de superar los intereses partidistas y la capacidad para llegar a pactos y acuerdos duraderos. Gracias a ello, España se ha convertido en un país claramente europeo con una economía abierta y renovada, sin la amenaza del poder militar, con instituciones democráticas asentadas que permiten la alternancia política y aseguran un amplio conjunto de derechos y libertades ciudadanas comparable con los países más avanzados. La evolución política, social, económica y cultural del último cuarto del siglo XX constituye, sin duda, el mayor período de estabilidad y libertad de la historia contemporánea española. Es injusto presentar un balance general que no presente un signo claramente positivo.

Pero también lo es difundir una imagen autocomplaciente libre de errores y costes, de zonas oscuras y de aspectos mejorables. La función crítica del conocimiento histórico no puede diluirse, como ha recordado Julio Aróstegui, ante un relato «oficial» demasiado «edulcorado», una especie de leyenda rosa que describe un pasado ejemplar limpio de sombras y manchas, la «inmaculada Transición» que denuncia José Vidal Beneyto. Hay que volver a subrayar que el franquismo no fue un antecedente necesario de la democracia, sino un régimen autoritario de inspiración fascista, salido de una sublevación militar y una cruenta guerra civil recordada y celebrada durante cuatro décadas. En los últimos años de la dictadura, los desvelos de las elites reformistas no se ocupaban en trazar un plan perfecto para que la sociedad transitara de manera pacífica hacia la democracia, como algunos pretenden ver, sino en acordar los cambios mínimos que pudieran permitir la supervivencia del régimen o, al menos, las bases del orden social y los privilegios sociales y económicos que detentaban. Desde luego, los profundos cambios socioeconómicos y culturales de los años sesenta empujaban al franquismo a una crisis irreversible. Pero la dictadura no terminó de golpe en un solo día, el 20 de noviembre de 1975, cuando Franco murió en la cama del hospital. Y lo ocurrido a partir de entonces no fue el resultado de un plan preconcebido desde arriba de manera autónoma y dirigido únicamente por figuras como Adolfo Suárez o Juan Carlos I, que ha sido calificado como el «motor» o el «piloto» del cambio.

La Transición, recordaba Tomás y Valiente, «fue una sinfonía coral sin partitura, que se interpretó en un concierto sin espectadores, porque nadie se quedó fuera del escenario». Un concierto sin música escrita y sin director: «No hubo un hombre solo que llevara en su mano la batuta. Ni siquiera el Rey». Fue un proceso incierto y problemático, improvisado sobre la marcha, producto de las negociaciones entre los representantes del bloque social que había gobernado el país y los políticos de la oposición, sí, pero también de las coacciones y amenazas de los poderes fácticos y de la presión ejercida desde abajo por los movimientos sociales. La dictadura murió en la calle, explican Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, y «la democracia española no fue una democracia otorgada sino conquistada con evidente esfuerzo y abundante riesgo y sacrificio».

Y algunas de las virtudes de la Transición pueden apuntarse hoy como deficiencias de la democracia que disfrutamos sin que eso suponga invalidar el proceso ni poner en cuestión la legitimidad de nuestro modelo político. Podemos citar la injusticia del sistema electoral o la ambigüedad e imprecisión del texto constitucional en la definición de una realidad plurinacional. Josep M. Colomer añade otro defecto, el carácter restrictivo de unas instituciones democráticas que concentran el poder de manera excesiva en los líderes de los dos partidos mayoritarios, debilitan las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad y distancian a los ciudadanos de los lugares de decisión. Javier Tusell incidía también en los inconvenientes de las medidas cautelares adoptadas por la clase política española para lograr una democracia estable, una especie de tutela sobre la población que aleja al sistema político de la «savia popular» y que se advierte, por ejemplo, en la baja afiliación a los partidos y a asociaciones de tipo voluntario.

Ha pasado un cuarto de siglo desde el final de la Transición. El sistema político español está plenamente asentado y puede emprender cambios y reformas que mejoren la calidad de la democracia y refuercen la participación ciudadana. Ha desaparecido el miedo a la inestabilidad presente a finales de los años setenta. Y también el temor a un enfrentamiento violento que pudiera provocar una repetición de la guerra civil o una involución hacia la dictadura. Entonces existió entre la clase política un acuerdo no escrito de no convertir los aspectos más conflictivos del pasado en objeto de debate parlamentario, de no exigir a nadie responsabilidades. El polémico y discutido «pacto de olvido» o «pacto de silencio» fue respetado por todos los partidos durante la Transición, y en la década posterior los Gobiernos socialistas, que disfrutaron de amplias mayorías, tampoco se atrevieron a romperlo. Pero al comenzar el siglo XXI hay una nueva generación de españoles, posterior a la transición, que nutre un amplio movimiento en favor de la memoria histórica, de la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la guerra y la dictadura. Una mirada libre hacia las experiencias traumáticas del siglo XX que despierta debates sobre las complejas relaciones entre la historia y la memoria y también discusiones apasionadas, en la opinión pública y en los medios de comunicación, de las que sobresale el rechazo de quienes más incómodos se encuentran con el recuerdo de la violencia. Pero plantear la necesidad de una política pública de la memoria, como se ha hecho en otros países, no es sembrar el germen de la discordia ni poner en peligro la convivencia. Simplemente es una prueba de madurez de una sociedad democrática que decide enfrentarse sin miedo a los fantasmas de su pasado.

Conclusión: balance de un siglo

CONCLUSIÓN

BALANCE DE UN SIGLO

El siglo XX en España fue extraordinariamente variado. Muchos españoles nacieron con una Monarquía, la de Alfonso XIII, vivieron dos dictaduras, una República y una Guerra Civil, y murieron con el nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos I, como Jefe de Estado. Pero las vivencias y experiencias serían muy diferentes si dejáramos hablar a alguien que estuvo siempre con el orden tradicional, que ganó la guerra y vivió tranquilo y feliz durante la dictadura de su Caudillo; o por el contrario, atendiéramos a la versión de otro español que soñó con la República, la vio, luchó con ella hasta perder y nunca tuvo paz con Franco.

No es tarea del historiador, sin embargo, elegir el fragmento o la parte de la película que a cada uno le va bien. El siglo XX acabó mejor que empezó y España era en el año 2000 un país mucho más próspero, democrático y menos violento que en las décadas centrales de la centuria, aunque cualquier balance complaciente debería también prestar atención a las penurias y terrores que quedaron por el camino. Para el historiador que hace balance, el siglo XX es un bloque entero y tampoco puede separarse la historia de España de la del resto de los países europeos.

Vista desde esa perspectiva comparada, la peculiaridad principal de la historia de España en el siglo XX fue la larga duración de la dictadura de Franco, salida de la Guerra Civil. No fue un paréntesis en la historia de España de ese siglo, sino el elemento central que dominó el escenario de forma absoluta durante casi cuatro décadas. La línea divisoria del siglo en Europa fue, como sugiere Mark Mazower, la década de los cuarenta, cuando «la utopía nazi llegó a su cenit y luego se desplomó velozmente». En España, todo ocurrió un poco antes, en los años treinta, con la democracia y la revolución derrotadas en la Guerra Civil por un autoritarismo que no cayó en 1945 y sobrevivió tres décadas a ese fascismo que tanto le había ayudado a establecerse.

La Guerra Fría, la pugna entre el comunismo y la democracia capitalistas, una experiencia también duradera en otras partes del mundo, no pasó por España, que estaba en ese momento anclada en algo que ya había desaparecido de todos los países de Europa, excepto en Portugal. En perspectiva europea, la década de los ochenta fue crucial, con el derrumbe del imperio soviético en 1989 y el fin de las rivalidades ideológicas que habían crecido en el período de entreguerras. En España, el fin de esas rivalidades había ocurrido una década antes, en los años que fueron desde la muerte de Franco a la llegada de la democracia. No parece una casualidad que la mayoría de los estudios de los hispanistas angloamericanos, la tradición más sólida de investigación histórica realizada desde el exterior, se centre en ese período entre 1931 y 1982, y sobre todo entre 1931 y 1939, los años con más alcance y eco internacional de la historia de España. Pero esos años no explican toda la fotografía.

La democracia que surgió a finales de los años setenta era sólo uno de los resultados posibles y hoy sabemos que fue positivo, que la consolidación de la democracia cambió el lugar de España en Europa, con su total integración en ella, uno de los sueños de las elites intelectuales españolas desde finales del siglo XIX. Se dejó de describir a un bando como representante de la verdadera España y la democracia trajo libertades amplias y la condición de ciudadanos europeos. También en España, como había pasado en una parte de Europa y Norteamérica, la democracia se asoció con el triunfo del capitalismo, que ya no estaba acosado por fuerzas revolucionarias. Una de ellas, el anarquismo, que tanta presencia había tenido en las cuatro primeras décadas del siglo, y que tan excepcional y extraordinario les había resultado a ilustres observadores extranjeros, como Gerald Brenan, Franz Borkenau o George Orwell, incluso desapareció con esa democracia, que pudo evitar también cualquier tentación republicana. Y es que la nueva democracia española, que empezó a nacer con las elecciones de junio de 1977, rompió cualquier vínculo con la Segunda República, porque la gestaron desde arriba antiguos franquistas y se aceptó desde abajo limpia de aquel pasado etereotipado en la Guerra Civil y en las divisiones fratricidas.

Si la historia se contempla desde finales del siglo XX, el salto que dio España desde 1900 fue espectacular, sobre todo si se comienza por los indicadores económicos. Como argumentan José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, que recogen algunas de las investigaciones más sólidas de las últimas tres décadas, el primer tercio del siglo significó «una moderada pero tenaz trayectoria de ganancia de niveles de prosperidad»; el período de 1936 a 1950, «la brutal discontinuidad, el desplome, el corte trágico», mientras que el crecimiento de la renta por habitante en la segunda mitad del siglo alcanzó un promedio de 3,8 por ciento, «que casi multiplicó por cuatro el de cien años atrás y el del primer tercio del novecientos». Haciendo balance de un siglo, concluyen los mismos autores, España recorrió el mismo camino que los países europeos más avanzados y dejó atrás el claro saldo desfavorable para su economía que había identificado al proceso histórico decimonónico, el período en el que esos países consolidaron las revoluciones liberales y la sociedad industrial.

España transitó, durante el siglo XX, desde una sociedad agraria y rural a otra industrial y urbana. El casi 70 por ciento de la población activa agraria en 1900 había pasado a menos del 7 por ciento al terminar el siglo, aunque la caída más brusca se produjo desde mitad de la década de los cincuenta hasta principios de los setenta. La crisis definitiva de la agricultura tradicional, esa que producía poco con una superabundancia de mano de obra, cambió el alma de la sociedad española y relegó al sector primario a una exigua participación, alrededor del 3 por ciento a finales de siglo, en la estructura productiva, dominada ya por la actividad industrial, la construcción y, sobre todo, los servicios.

La elevadas tasas de mortalidad, la altísima mortalidad infantil, el hambre y las epidemias periódicas ilustran a la perfección las difíciles condiciones de vida que debía soportar la mayoría de los casi diecinueve millones de habitantes de 1900. La población creció hasta los cuarenta millones durante el siglo, pese a que la Guerra Civil y el exilio se llevó a 750 000 personas, hombres en su mayoría, y más de dos millones y medio de españoles emigraron a América y a Europa entre 1950 y 1974. Todo vuelve a ser positivo, sin embargo, cuando el balance cubre todo el siglo. La mortalidad infantil, la alimentación deficiente, la falta de medidas higiénicas y sanitarias, la ausencia de agua corriente en las viviendas, eran ya historia, recuerdos de los mayores, en el año 2000.

Si algo caracterizó a las democracias europeas que se consolidaron tras la Segunda Guerra Mundial fue el compromiso de extender a través del Estado, del Estado del bienestar, los servicios sociales a la mayoría de los ciudadanos. Superar el atraso español en equipamientos colectivos, infraestructuras y sistemas asistenciales fue uno de los grandes desafíos de la democracia durante el último cuarto de siglo. El gasto público del Estado representaba menos del 10 por ciento de la renta nacional en 1900, apenas había crecido unos puntos en 1960, no llegaba al 25 por ciento cuando murió Franco y, sin embargo, rondaba el 50 por ciento en 2000, con porcentajes similares a los de los países europeos más avanzados. La distribución más equitativa de la renta, el drástico descenso del analfabetismo, la escolarización generalizada hasta los dieciséis años y la creciente cualificación profesional, con más de millón y medio de estudiantes universitarios, son indicios incontestables de que la modernización había llegado a buen puerto.

Pero no todo fue historia de triunfos en ese siglo de conflictos, paradojas y contrastes. El que ha sido llamado siglo de las masas, de la ciudadanía, de los derechos civiles y sociales, no tuvo elecciones libres, con sufragio universal, durante más de cuatro décadas. El principal responsable de que eso fuera así, Francisco Franco, no fue un loco criminal que, ayudado por sus compañeros de armas, se empeñó en llevar un camino diferente al de las democracias occidentales. Hoy, la democracia y la civilización europea nos pueden parecer superiores, pero durante años y años muchos españoles defendieron y aceptaron estar organizados, y obligar a quienes no lo quisieran estar, conforme a estrictas reglas autoritarias.

La guerra fue una experiencia crucial en las vidas de millones de europeos durante la primera mitad del siglo XX. España no había participado en la Primera Guerra Mundial y no sufrió, por lo tanto, la fuerte conmoción que esa guerra provocó, con la caída de los imperios y de sus servidores, la desmovilización de millones de excombatientes y el endeudamiento para pagar las enormes sumas de dinero dedicadas al esfuerzo bélico. Pero compartía, no obstante, esa división y tensión, que acompañó al proceso de modernización, entre quienes, amantes del orden y la autoridad, temían al bolchevismo y a las diferentes manifestaciones del socialismo, y los que soñaban con ese mundo nuevo e igualitario que surgiría de la lucha a muerte entre las clases sociales.

Dos guerras mundiales y una «crisis de veinte años» en medio marcaron la historia de Europa del siglo XX. En España bastaron tres años para que la sociedad padeciera una oleada de violencia y de desprecio por la vida sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, durante al menos dos décadas no hubo ninguna reconstrucción positiva, tal y como ocurrió en los países de Europa Occidental después de 1945.

El discurso del orden, de la patria y de la religión se había impuesto al de la democracia, la República y la revolución. En la larga y sangrienta dictadura de Franco reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX si se compara con la de los otros países capitalistas. Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió. El lado más oscuro de esa guerra civil europea, que acabó en 1945, tuvo todavía larga vida en España.

La democracia española trató de borrar los recuerdos más incómodos de la dictadura de Franco y cuando en los últimos años han reaparecido y el Estado ha puesto en marcha, aunque con mucha timidez, políticas públicas de memoria, recordar el pasado para aprender, y no para castigar o condenar, una parte importante de la sociedad ha reaccionado en contra. El pasado se ha hecho presente, convertido ahora, entrado ya el siglo XXI, en el momento de cerrar estas páginas, en un campo de batalla político y cultural, donde se da la voz con más fuerza que nunca, en libros, documentales y homenajes, a los supervivientes y a las víctimas de aquellas experiencias traumáticas.

Estamos en la «era de la memoria», tan incómoda para muchos. Es una construcción social del recuerdo, que evoca con otros instrumentos, y a veces deforma, lo que los historiadores descubrimos. No sabemos qué quedará de todo ello para el conocimiento histórico de las generaciones futuras. Los historiadores tenemos la obligación de seguir arrojando luz sobre la vida de los hombres y mujeres en el pasado. Y lo hacemos desde la tranquilidad de un presente en el que ya no nos acompañan algunos de los conflictos e incertidumbres que acosaban a nuestros predecesores.

Pese a la existencia de ETA, un legado de la dictadura que la democracia no ha podido destruir, la violencia ya no es en España un vehículo de la acción política. Ése es el gran triunfo que nos queda después de tanta batalla. Adiós al militarismo, a la violencia. Adiós a las armas. ¿Será verdad para lo que resta del siglo XXI?

CRONOLOGÍA

Comentario bibliográfico. Obras generales

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS GENERALES

Los lectores interesados en conocer con más detalle la historia de España en el siglo XX pueden acceder a manuales más extensos o a colecciones en varios volúmenes que abordan por separado los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del período. Por su cercanía en el tiempo hay que destacar la obra colectiva de Santos Juliá, José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Juan Pablo Fusi, La historia de España del siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2007; y los textos de Javier Tusell, Historia de España. La Edad Contemporánea, Madrid, Taurus, 2002; José María Jover Zamora, Guadalupe Gómez Ferrer Morant y Juan Pablo Fusi Aizpúrua, España: sociedad, política y civilización, Madrid, Debate, 2001; Ángel Bahamonde (coord.), Historia de España siglo XX (1875-1939) y Jesús A. Martínez (coord.), Historia de España siglo XX (1939-1996), Madrid, Cátedra, 2000; Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997; M.ª Teresa Pérez Picazo, H.ª de España del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1996; y José Sánchez Jiménez, La España contemporánea II, 1875-1931 y La España contemporánea III. De 1931 a nuestros días, Madrid, Istmo, 1995 y 2004. Siguen siendo una referencia, al menos para la historia política, la obra clásica de Raymond Carr, España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980, Barcelona, Ariel, 1999 (1.ª ed. 1980) y, por supuesto, los volúmenes correspondientes al siglo XX de la monumental Historia de España de Menéndez Pidal publicados por la editorial Espasa Calpe.

Para introducir el caso español dentro de la historia europea y mundial del siglo son imprescindibles las obras generales de Eric J. Hobsbawm, Historia del siglo XX, 1914-1991, Barcelona, Crítica, 1995; Mark Mazower, La Europa Negra. Desde la Gran guerra hasta la caída del comunismo, Barcelona, Ediciones B, 2001; Richard Vinen, Europa en fragmentos: historia del viejo continente en el siglo XX, Barcelona, Península, 2002; y Tony Judt, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006 y Sobre el olvidado siglo XX, Madrid, Taurus, 2008. También hay que destacar el esfuerzo de síntesis y de análisis comparativo de autores españoles como Miguel Artola y Manuel Pérez Ledesma, Contemporánea: la historia desde 1776, Madrid, Alianza, 2005 y Ramón Villares y Ángel Bahamonde, El mundo contemporáneo: siglos XIX y XX, Madrid, Taurus, 2001.

LA RESTAURACIÓN Y LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Una primera aproximación a la complejidad del período de la Restauración se puede hacer a través de la obra de Manuel Suárez Cortina, autor de La España liberal (1868-1917). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2006, y editor de La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, Alianza, 1997, y Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons, 2003, que incluye una novedosa propuesta de interpretación de otros dos especialistas en el período, Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo: «De la oligarquía y el caciquismo a la política de intereses. Por una relectura de la Restauración» (pp. 289-325). La herencia histórica del siglo XIX tiene un texto de referencia en la interpretación de Josep Fontana, La época del liberalismo, volumen 6 de la Historia de España dirigida por el mismo Josep Fontana y Ramón Villares, Barcelona, Crítica y Marcial Pons, 2007. Cuando los capítulos iniciales de este libro ya estaban prácticamente redactados ha llegado a las librerías el volumen siguiente de la colección, Restauración y Dictadura, una revisión general sobre el período 1875-1931 a cargo de Ramón Villares y Javier Moreno Luzón.

Un análisis actualizado del último período de la Restauración en M.ª Ángeles Barrio, La modernización de España (1917-1939): política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2004. Para otra interpretación general, los trabajos de M.ª Teresa Carnero Arbat, «Política sin democracia en España: 1874-1923», Revista de Occidente, 83, 1988, pp. 43-58, y «El lento avance de la democracia», en M.ª Cruz Romeo e Ismael Saz (eds.), El siglo XX: historiografía e historia, Universidad de Valencia, 2002, pp. 167-196. Siguen siendo interesantes las obras colectivas coordinadas por José Luis García Delgado, La España de la Restauración: Política, economía, legislación y cultura, Madrid, Siglo XXI, 1985, y España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio, Madrid, Siglo XXI, 1991.

Para seguir la cronología, la composición de los Gobiernos y la evolución de las Cortes es muy útil el trabajo de Juan Pro y Juan Luis Pan-Montojo publicado en el volumen 6 de la Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, Madrid, Alianza, 1993. El detalle de la crónica política en los libros de Melchor Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1972, 3 vols. (1.ª ed. 1956), Historia del reinado de D. Alfonso XIII, Madrid, Sarpe, 1986, 2 vols (1.ª ed. 1933) y, en colaboración con el duque de Maura, Por qué cayó Alfonso XIII: Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado, Madrid, Alderabán, 1999 (1.ª ed. 1948). También en las memorias del conde de Romanones, Notas de una vida, Marcial Pons, 1999 (1.ª ed. 1928 y 1947), en la larga serie de Fernando Soldevilla, El año político, Madrid, Rojas, 1896-1929, y en el relato de Manuel Rubio Cabeza, Crónica de la Dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Sarpe, 1986 (1.ª ed. 1974).

Para conocer el sistema político de la Restauración y la compleja cuestión del caciquismo, se pueden consultar, además de los trabajos citados, las obras colectivas coordinadas por Antonio Robles Ejea, Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996; Pedro Carasa Soto, Élites castellanas de la Restauración, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, Junta de Castilla y León, 1997, 2 vols.; José Varela Ortega, El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons, 2001; y Salvador Forner, Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1997. Los datos de los partidos y las elecciones, en el manual de Miguel Martínez Cuadrado, Restauración y crisis de la monarquía (1875-1931), vol. 6 de la Historia de España dirigida por Miguel Artola, Madrid, Alianza, 1991.

Sobre la crisis de fin de siglo hay que subrayar, en primer lugar, la obra coordinada por Juan Pan-Montojo, Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998, probablemente la publicación más sólida de todas las que aparecieron en torno al centenario del «Desastre» del 98. El mejor relato del conflicto colonial en el libro conjunto de Antonio Elorza y Helena Hernández Sandoica, La Guerra de Cuba (1895-1898), Madrid, Alianza, 1998. Muy interesantes también los trabajos de Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España. España/Cuba, Barcelona, Crítica, 1995; Sebastian Balfour, El fin del imperio español (1898-1923), Barcelona, Crítica, 1997; y las obras de Carlos Serrano, Final del Imperio. España, 1895-1898, Madrid, Siglo XXI, 1984; El turno del pueblo: crisis nacional, movimientos populares y populismo en España (1890-1910), Barcelona, Península, 2000; y, en colaboración con Serge Salaün, 1900 en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1991. El contexto internacional en José María Jover Zamora, España en la política internacional. Siglos XVIII-XX, Madrid, Marcial Pons, 1999.

Una buena introducción al reinado de Alfonso XIII y a la figura del monarca, en el libro coordinado por Javier Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII. Un político en el trono, Madrid, Marcial Pons, 2003, y en los trabajos de Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Alianza, 2001, y Morgan C. Hall, Alfonso XIII y el ocaso de la monarquía liberal, 1902-1923, Madrid, Alianza, 2005. Los proyectos de reforma liberales en Salvador Forner Muñoz, Canalejas y el Partido Liberal Democrático (1900-1910), Madrid, Cátedra, 1993, y Javier Moreno Luzón, Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998. El mundo conservador, en los estudios de María Jesús González, Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista, 1907-1923, Madrid, Siglo XXI, 1990, y El universo conservador de Antonio Maura: biografía y proyecto de Estado, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, y las obras de Pedro Carlos González Cuevas, Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros días, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, y El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX, Madrid, Tecnos, 2005. Para el reformismo y el republicanismo, los trabajos de Manuel Suárez Cortina, El gorro frigio. Liberalismo, democracia y republicanismo en la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, los artículos reunidos por Ángel Duarte y Pere Gabriel en El republicanismo, dossier de la revista Ayer, 39, 2000, y la magnífica biografía de José Álvarez Junco, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza, 1990. Si hubiera que elegir un par de libros para conocer la evolución del carlismo, seguramente los más recomendables serían los de Jordi Canal, El carlismo, Madrid, Alianza, 2000, y Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 1976-1939, Madrid, Marcial Pons, 2006.

Mención aparte merece la compleja cuestión del nacionalismo, uno de los temas mejor estudiados por la historiografía española en los últimos años. Una visión general en la obra colectiva de José Luis de la Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera, La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, Síntesis, 2001. Muy esclarecedora la aportación de Xosé Manoel Núñez Seixas, Los nacionalismos en la España contemporánea, siglos XIX y XX, Barcelona, Hipòtesi, 1999, y el recorrido que plantea Juan Pablo Fusi en La Patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX, Madrid, Taurus, 2003. Los orígenes y la evolución del nacionalismo vasco en Antonio Elorza, Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, Barcelona, Crítica, 2001, y José Luis de la Granja, El nacionalismo vasco: un siglo de historia, Madrid, Tecnos, 2002. El caso catalán en el libro clásico de Jesús Pabón, Cambó, Barcelona, Alpha, 1999, publicado originariamente en los años cincuenta, y los estudios de Enric Ucelay-da Cal, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, y Borja de Riquer, Escolta, Espanya: la cuestión catalana en la época liberal, Madrid, Marcial Pons, 2001. Este último autor introdujo el debate de la débil nacionalización española, «Sobre el lugar de los nacionalismos-regionalismos en la historia contemporánea española», Historia Social, 7, 1990, pp. 105-126, y «La débil nacionalización española en el siglo XIX», Historia Social, 20, 1994, pp. 97-114. Para el nacionalismo español, José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001; los trabajos reunidos por Carlos Serrano en El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación, Madrid, Taurus, 1999, y la obra coordinada por Juan Sisinio Pérez Garzón, La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder, Barcelona, Crítica, 2000.

Otro de los problemas históricos que más atención ha recibido en la última década ha sido el del anticlericalismo. Sigue siendo útil el análisis de Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912), Barcelona, Ariel, 1972. Pero el estudio del conflicto entre clericalismo y anticlericalismo se ha enriquecido con numerosas aportaciones como las que se recogen en los trabajos coordinados por Julio de la Cueva y Feliciano Montero, La secularización conflictiva. España (1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007; por Rafael Cruz, El anticlericalismo, dossier de la revista Ayer, 27, 1997; y por Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina, El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. Muy interesante el trabajo de Pilar Salomón, Anticlericalismo en Aragón: protesta popular y movilización política (1900-1939), Zaragoza, Prensas Universitarias, 2002. En general, la situación de la Iglesia católica a lo largo del siglo XX está bien abordada en los estudios de Frances Lannon, Privilegio, Persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975, Madrid, Alianza, 1990, y William J. Callahan, La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona, Crítica, 2002.

Junto a la «cuestión religiosa» el problema del militarismo es otra de las herencias decimonónicas más pesadas y conflictivas para la historia de España del siglo XX. Un estudio de conjunto del período de la Restauración, en Carolyn P. Boyd, La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Madrid, Alianza, 1990. La cuestión de las odiadas quintas, el servicio militar obligatorio, está bien presentada en Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido. De la leva a la «mili» (1700-1912), Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. El carácter militar del sistema de orden público tiene desde hace muchos años una obra de referencia, Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1982-1983), Madrid, Alianza, 1983. Quien mejor ha abordado el tema desde entonces ha sido Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998, y El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Madrid, CSIC, 1999. Sobre la guerra de Marruecos y su incidencia en la política interior española se pueden ver las aportaciones de Sebastian Balfour, Abrazo mortal: de la guerra colonial a la Guerra Civil de España y Marruecos (1909-1939), Barcelona, Península, 2002; Andre Bachoud, Los españoles ante las campañas de Marruecos, Madrid, Espasa-Calpe, 1988; Federico Villalobos Goyarrola, El sueño colonial: las guerras de España en Marruecos, Barcelona, Ariel, 2004; María Rosa de Madariaga, En el barranco del lobo: las guerras de Marruecos, Madrid, Alianza, 2005; y Pablo La Porte, La atracción del imán. El desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea (1921-1923), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.

El desastre de Annual es una de las causas de la descomposición final de la Restauración, acelerada desde la crisis de 1917, que se puede seguir en Francisco J. Romero Salvador, España 1914-1918. Entre la guerra y la revolución, Barcelona, Crítica, 2002, y J. A. Lacomba, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970. Para estos últimos años de la monarquía parlamentaria contamos con los estudios reunidos por José Luis García Delgado en La crisis de la Restauración. España entre la primera guerra mundial y la II República, Madrid, Siglo XXI, 1986, y los trabajos más actualizados coordinados por Mercedes Cabrera, Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998, y Ángeles Barrio, La crisis del régimen liberal en España, 1917-1923, dossier de la revista Ayer, 63, 2006. Una visión en perspectiva comparada en el estudio de Juan José Linz, «La crisis de las democracias», en la compilación de Mercedes Cabrera, Santos Juliá y Pablo Martín Aceña, Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1991, pp. 231-280.

El golpe de Estado de Primo de Rivera, en realidad más parecido a un pronunciamiento militar tradicional, aparece narrado con minuciosidad en el trabajo de Javier Tusell, Radiografía de un golpe de Estado: el ascenso al poder del general Primo de Rivera, Madrid, Alianza, 1987. Muy interesantes las reflexiones de Rafael Cruz, en «Dos rebeliones militares en España, 1923 y 1936. La lógica de la guerra política», Historia y Política, 5, 2001, pp. 29-54. Un lector que busque un solo libro para la época de la Dictadura lo encontrará en el espléndido trabajo de Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria, Madrid, Alianza, 2005. Son también interesantes las interpretaciones de Shlomo Ben-Ami, La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Barcelona, Planeta, 1983; M.ª Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar, Madrid, Ediciones El Arquero, 1987; y José Luis Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera. Reyes, Dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra, 1991, que dedica un buen número de páginas al estudio comparado de los regímenes autoritarios de la Europa de los años veinte. Las cuestiones militares en Carlos Navajas Zubeldia, Ejército, Estado y Sociedad en España (1923-1930), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991; la movilización civil emprendida por la Dictadura en Eduardo González Calleja y Fernando del Rey Reguillo, La defensa armada contra la revolución. Una historia de las «guardias cívicas» en la España del siglo XX, Madrid, CSIC, 1995; y la opinión de los intelectuales y el mundo de la cultura, en Genoveva García Queipo de Llano, Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Alianza, 1988, y en las obras coordinadas por Carlos Serrano y Serge Salaün, Los felices años veinte. España, crisis y modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2006, y José Luis García Delgado, Los orígenes culturales de la II República, Madrid, Siglo XXI, 1993.

Para acercarse a la historia económica del primer tercio del siglo XX, las características más relevantes, los datos generales y los problemas que se relacionan de manera más estrecha con la evolución política y la situación social de España, las referencias principales se pueden encontrar en los manuales ya citados y en trabajos como los de Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994; David Ringrose, España, 1700-1900. El mito del fracaso, Madrid, Alianza, 1996; Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 2003; Antonio Miguel Bernal y Antonio Parejo Barranco, La España liberal (1868-1913). Economía, Madrid, Síntesis, 2001; Antonio Parejo Barranco y Andrés Sánchez Picón, La modernización de España (1914-1939). Economía, Madrid, Síntesis, 2007; o cualquiera de las aportaciones de Jordi Nadal, como la obra colectiva compilada junto a Albert Carreras y Carles Sudrià, La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 1987. La historia agraria, después de la relevante contribución de los tres volúmenes dirigidos por Ramón Garrabou, Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 1985 y 1986, tiene una referencia muy sugerente en las propuestas de Josep Pujol, Manuel González de Molina, Lourenzo Fernández Prieto, Domingo Gallego y Ramón Garrabou reunidas en El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, Barcelona, Crítica, 2001. Por último, la evolución de la Hacienda y la economía pública, en el estudio general de Francisco Comín, Historia de la Hacienda pública, II España (1808-1995), Barcelona, Crítica, 1996, y la interpretación de Miguel Martorell Linares, El santo temor al déficit. Política y hacienda en la Restauración, Madrid, Alianza, 2000.

Los manuales más extensos de la historia de España en el siglo XX dedican largos capítulos a describir las características principales de la estructura de la sociedad española y las profundas transformaciones, sociales y culturales visibles desde finales del ochocientos. Un buen ejemplo es la presentación que hace Vicente Pérez Moreda de los cambios demográficos en «La población española», en la Enciclopedia de historia de España dirigida por Miguel Artola, Madrid, Alianza, 1988, vol. 1 (Economía y sociedad), pp. 245-432. Los datos principales del período de la Restauración y las últimas aportaciones historiográficas aparecen en los libros de Jorge Uría, La España liberal (1868-1917). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2008, y Ana Aguado y M.ª Dolores Ramos, La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2002. Para el fenómeno de la emigración el estudio de Blanca Sánchez Alonso, Las causas de la emigración española, Madrid, Alianza, 1995. El análisis de la familia se puede ver en el trabajo de Pilar Muñoz López, Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración, Madrid, Marcial Pons, 2001, y en el de Mary Nash, Mujer, familia y trabajo en España, Barcelona, Anthropos, 1983. Seguramente esta última autora es quien más y mejor ha abordado el estudio de la condición social y política de las mujeres españolas, uno de los temas más relevantes de la historia del siglo. Una visión general reciente en Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos, Madrid, Alianza, 2004; junto con Susanna Tavera, Experiencias desiguales: conflictos sociales y respuestas colectivas (siglo XIX), Madrid, Síntesis, 1994; en colaboración con James Amelang, la obra colectiva Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfons el Magnànim, 1990. Véase también el trabajo compilado por Pilar Folguera, El feminismo en España: Dos siglos de historia, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1988.

Los rasgos generales del mundo de la pobreza, la marginación y la asistencia social se pueden ver en el balance general que hace Elena Maza, Pobreza y beneficencia en la España contemporánea (1808-1936), Barcelona, Ariel, 1999, y en los trabajos de Pedro Carasa Soto, como el que presenta en Pobreza y asistencia social en la España Contemporánea, dossier de Historia Social, 13, 1992. La situación laboral de los trabajadores y los inicios de la protección social tienen dos referencias fundamentales, Antonio Martín Valverde, La legislación social en la Historia de España. De la revolución liberal a 1936, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987, y Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924). La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

Para la historia del movimiento obrero sirve la introducción general de Manuel Tuñón de Lara, Poder y sociedad en España, 1900-1931, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, el largo recorrido que presenta Manuel Pérez Ledesma en Estabilidad y conflicto social. España, de los iberos al 14-D, Madrid, Nerea, 1990, y los trabajos reunidos por Manuel Redero en Sindicalismo y movimientos sociales. Siglos XIX-XX, Madrid, Centro de Estudios Históricos UGT, 1994. La situación del anarquismo a comienzos del siglo XX, en los artículos reunidos por Susanna Tavera en El anarquismo español, dossier de la revista Ayer, 45, 2002, y los trabajos conocidos de Julián Casanova publicados en Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2007. El socialismo en los trabajos coordinados por Carlos Forcadell Álvarez, A los 125 años de la fundación del PSOE. Las primeras políticas y organizaciones socialistas, dossier de la revista Ayer, 54, 2004, y el ensayo general de Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1996. Para los años finales de la Restauración hay que seguir leyendo las obras de Carlos Forcadell, Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español, Barcelona, Crítica, 1978, y de Gerald Meaker, La izquierda revolucionaria en España, 1914-1923, Barcelona, Labor, 1978. El asociacionismo católico en un libro que aún no ha sido superado, Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesinado, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979.

De todas formas, el estudio de la conflictividad social no se puede abordar sin una mirada hacia el otro lado de la protesta, el de los propietarios y los empresarios. Es fundamental la obra conjunta de Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea, Madrid, Taurus, 2002. De este último autor, con más detalle, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992. La renovación de los estudios sobre las protestas populares y los movimientos sociales tiene un referente imprescindible en el conjunto de ensayos compilados por Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma, Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997. Lo mismo se puede decir sobre el estudio de las múltiples caras de la violencia colectiva, un tema fundamental en la historia contemporánea española que tiene un buen balance en la obra coordinada por Santos Juliá, Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000.

REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL

Fueron historiadores extranjeros, especialmente británicos y norteamericanos, quienes primero desafiaron con sus escritos la versión histórica de los vencedores en la Guerra Civil. Y lo hicieron con síntesis generales de excelente factura y narrativa elegante que resultan útiles todavía en la actualidad. Los mejores ejemplos son Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, Crítica, Barcelona, 1976; Hugh Thomas, La guerra civil española, Grijalbo, Barcelona, 1976; y Raymond Carr, La tragedia española. La guerra civil en perspectiva, Alianza Editorial, Madrid, 1986 (edición en inglés en 1977).

La reflexión y la búsqueda del rigor empírico que marcaron esas primeras aproximaciones han continuado siendo las señas de identidad de los hispanistas británicos y norteamericanos. De la extensa obra de Paul Preston debe destacarse La destrucción de la democracia en España, Alianza Editorial, Madrid, 1987 (primera edición en Turner, 1978) y la versión revisada y ampliada de La guerra civil española, Debate, Barcelona, 2006, que ofrece además un amplio y preciso ensayo bibliográfico. Este libro de Preston y el reciente de Antony Beevor, La guerra civil española (Crítica, Barcelona, 2005) constituyen las dos síntesis más completas y actualizadas sobre la guerra, aunque no hay que olvidar el valor que posee todavía, por la forma tan imaginativa con que fue abordada, la obra de Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 1979. Concisa, aunque sugerente, es la de Helen Graham, Breve historia de la guerra civil, Espasa Calpe, Madrid, 2006. En Estados Unidos se ha mantenido muy activo Stanley G. Payne, de quien debemos destacar aquí La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Paidós, Barcelona, 1995, y El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), La Esfera de los Libros, Madrid, 2005. Importante resulta también la obra de Burnett Bolloten, La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución, Alianza, Madrid, 1989.

Al hispanista alemán Walter L. Bernecker le debemos una buena obra de análisis, especialmente útil para la dimensión internacional de la guerra: Guerra en España, 1936-1939, Síntesis, Madrid, 1996. Sólida y exhaustiva es la reciente síntesis de Gabriele Ranzato, El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, 1931-1939, Siglo XXI, Madrid, 2006.

Entre los historiadores españoles dominan los estudios locales, pero también contamos ya con síntesis, algunas de ellas aparecidas en colecciones de historia de España. Pueden verse las páginas que le dedica Juan Avilés Farré a la República y a la guerra en Historia política de España, 1875-1938, Istmo, Madrid, 2002, o los tres volúmenes que bajo el título de Un siglo de España escriben Santos Juliá (política y sociedad), José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez (la economía) y Juan Pablo Fusi (la cultura), publicados por Marcial Pons, Madrid, 1999. Las investigaciones sobre la República están bien reflejadas en Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República Española (1931-1936), Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. Síntesis recientes en Santos Juliá (coord.), República y guerra civil, tomo XL de la Historia de España de Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 2004 (versión reducida en Espasa Calpe, Madrid, 2008) y Julián Casanova, República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007.

Muchos políticos, republicanos o no, escribieron sus memorias sobre aquellos años. Las más útiles son Niceto Alcalá Zamora, Memorias, Planeta, Madrid, 1977; Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII…, Ariel, Barcelona, 1966; Alejandro Lerroux, La pequeña historia. Apuntes para la historia grande, vividos y redactados por el autor, Afrodisio Aguado, Madrid, 1966; José María Gil Robles, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1968; Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible. Memorias de un político, Ariel, Barcelona, 1971; César Jalón, Memorias políticas. Periodista, ministro, presidiario, Guadarrama, Madrid, 1973; Diego Martínez Barrio, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983; Manuel Portela Valladares, Memorias. Dentro del drama español, Alianza, Madrid, 1988; y Manuel Azaña, Diarios completos: monarquía, república, guerra civil, Crítica, Barcelona, 2000.

También algunos dirigentes socialistas, anarquistas o comunistas han dejado importantes testimonios. Puede verse, por ejemplo, Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos, Ediciones Unidas, México, 1976; Indalecio Prieto, Convulsiones de España, Oasis, México, 1967-1969, 3 vols.; Juan Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes de 1931 a 1933, Grijalbo, Barcelona 1976, El bienio negro y la insurrección de Asturias, Grijalbo, Barcelona, 1978, y Todos fuimos culpables, FCE, México, 1973; Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Tusquets, Barcelona, 2001; Juan García Oliver, El eco de los pasos, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978; Diego Abad de Santillán, Memorias, 1897-1936; y Santiago Carrillo, La Segunda República: recuerdos y reflexiones, Plaza & Janés, Barcelona, 1999.

Los primeros momentos del amanecer republicano están bien recogidos en Mercedes Cabrera, «Proclamación de la República, Constitución y reformas», en Santos Juliá (coord.), República y guerra civil. Una visión general en Shlomo Ben-Ami, Los orígenes de la Segunda República española. Anatomía de una transición, Alianza, Madrid, 1990. El personaje fundamental de aquellos años fue Manuel Azaña y de su actuación durante la República y la guerra civil trata ampliamente Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940), Taurus, Madrid, 2008.

Sobre las reformas emprendidas por el Gobierno de coalición republicanosocialista y las protestas que generaron existe una amplia bibliografía. Para el problema de la tierra resulta imprescindible Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1971. La cuestión militar está bien recogida en Michael Alpert, La reforma militar de Azaña (1931-1939), Siglo XXI, Madrid, 1982, y Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Siglo XXI, Madrid, 1983. La subordinación y entrega del orden público al poder militar está bien explicada en Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1985. Santos Juliá ha examinado la actuación de los socialistas durante la República y la Guerra Civil en Los socialistas y la política española, 1879-1982, Taurus, Madrid, 1996.

Una síntesis de las formas de protesta, huelgas e insurrecciones, promovidas por los anarquistas durante las Segunda República la proporciona Julián Casanova en De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Crítica, Barcelona, 1997. Una minuciosa crónica de una de las más relevantes se encuentra en Carlos Gil, La República en la plaza: los sucesos de Arnedo de 1932, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002. El libro básico para la insurrección de Casas Viejas es el de Jerome R. Mintz, Los anarquistas de Casas Viejas, Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1994.

La oposición a la República por parte de patronos, políticos derechistas y la Iglesia católica está recogida en todas las síntesis del período ya reseñadas. La hostilidad a las reformas sociales y a las formas de negociación colectiva se recoge en Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República: Organizaciones y estrategia (1931-1936), Siglo XXI, Madrid, 1983. Las conexiones entre el sindicalismo católico y la sociedad rural las examinó Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942), Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979, aunque para la derecha católica debe verse José R. Montero, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, Ediciones de Revista de Trabajo, Madrid, 1977. Un estudio de síntesis sobre los monárquicos, en Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1931-1936), Eudema, Madrid, 1994. Buenos análisis sobre los carlistas, en Martin Blinkhorn, Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1936, Crítica, Barcelona, 1979, y Javier Ugarte, La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. Sobre la derecha fascista, Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de la Falange, 1933-1983, Crítica, Barcelona, 1984; Joan Maria Tomàs, Lo que fue la Falange, Plaza & Janés, Barcelona, 1999; y Julio Gil Pecharromán, José Antonio Primo de Rivera. Retrato de un visionario, Temas de Hoy, Madrid, 2003.

Para las tensas relaciones entre la Iglesia católica y las instituciones republicanas pueden verse los documentos incluidos en Archiu Vidal y Barraquer. Església i Estat durant la Segona República Espanyola 1931-1936, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1971. Un análisis desde las posiciones de la Iglesia, en Gonzalo Redondo, Historia de la Iglesia en España. I. La República, Rialp, Madrid, 1993. Visiones diferentes, en Frances Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975, Alianza, Madrid, 1987; William J. Callahan, La Iglesia Católica en España, 1875-2002, Crítica, Barcelona, 2003; y en el primer capítulo de Hilari Raguer, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española, 1936-1939, Península, Barcelona, 2001. Un análisis reciente y profundo, en Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia: política y religión en la Segunda República Española (1931-1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002. Para el anticlericalismo puede verse Julio de la Cueva Merino, «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil», en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998; y José Álvarez Junco, «El anticlericalismo en el movimiento obrero», en Gabriel Jackson (et al.), Octubre 1934. Cincuenta años para la reflexión, Siglo XXI, Madrid, 1985.

El mejor análisis sobre el Partido Radical en esos años y también sobre el segundo bienio republicano se encuentra en Nigel Townson, La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Taurus, Madrid, 2002. Las obras ya citadas de Robinson, Montero, Payne y Preston (La destrucción de la democracia en España) contienen también análisis generales de ese período. De la bibliografía sobre octubre de 1934 y la insurrección de Asturias puede destacarse la obra colectiva ya citada, Octubre 1934, donde aparece el trabajo de Paco Ignacio Taibo citado en el texto; y Sandra Souto Kustrín, «Y ¿Madrid? ¿Qué hace Madrid?». Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936), Siglo XXI, Madrid, 2004.

Los últimos meses de la República en paz que siguieron a las elecciones de febrero de 1936 aparecen ampliamente tratados en Stanley G. Payne, El colapso de la República. Una visión muy diferente se encuentra en el trabajo de Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Siglo XXI, Madrid, 2006. Las elecciones fueron estudiadas hace tiempo por Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular en España, Edicusa, Madrid, 1971. Sobre la conspiración resulta muy útil el capítulo 5 de la obra de Paul Preston, Franco «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona, 2002.

La sublevación militar fue relatada con detalle ya hace tiempo por Luis Romero, Tres días de julio, Ariel, Barcelona, 1968. De la quiebra del orden y de la violencia que generó la sublevación trata Julián Casanova en «Verano sangriento», en Santos Juliá (coord.), Julián Casanova, Josep Maria Solé i Sabaté, Joan Villarroya y Francisco Moreno, Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999. Ése es también uno de los temas básicos de la obra ya citada de Rafael Cruz, En nombre del pueblo.

La destrucción del contrario la ha sintetizado Julián Casanova a partir de las numerosas monografías locales, provinciales y regionales que hay sobre el tema, en «Rebelión y revolución», en Víctimas de la guerra civil, donde se ofrece una amplia bibliografía sobre el tema. De lo aparecido recientemente sobre la violencia en los dos bandos destacan Francisco Espinosa, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Crítica, Barcelona, 2003, y José Luis Ledesma, Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2003. Las distorsiones sobre algunos de esos casos paradigmáticos de violencia están tratadas en Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu, Alianza, Madrid, 1999. De la implicación eclesiástica en ese proceso de violencia desatado por la sublevación militar ha tratado Julián Casanova en La Iglesia de Franco, Crítica, Barcelona, 2005. Para el análisis de la Iglesia durante la guerra resultan necesarias la obra ya citada de Hilari Raguer y la de Alfonso Álvarez Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y guerra civil: 1936-1939. Sobre el anticlericalismo, además del trabajo ya citado de Julio de la Cueva, puede verse Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, BAC, Madrid, 1961, obra de referencia sobre el tema desde la perspectiva eclesiástica. Un balance de esa violencia aparece también en el capítulo IV de la obra de Julián Casanova La Iglesia de Franco.

Hace ya años que Ángel Viñas abrió caminos en el complicado asunto de las dimensiones internacionales de la guerra civil española y las ha actualizado en su trilogía La soledad de la República, El escudo de la República y El honor de la República, publicada por Crítica, Barcelona (2006-2008). Una investigación sobre la financiación de los dos bandos en guerra, en Pablo Martín Aceña, El oro de Moscú y el oro de Berlín, Taurus, Madrid, 2000.

Las conexiones entre la guerra y el fascismo italiano, en John Coverdale, La intervención fascista en la guerra civil española, Alianza, Madrid, 1979; Ismael Saz y Javier Tusell (eds.), Fascistas en España. La intervención italiana en la guerra civil a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna», CSIC, Madrid, 1981; y Morten Heiberg, Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2003.

Las posiciones de las potencias democráticas, en Juan Avilés Farré, Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española, Eudema, Madrid, 1994, y Enrique Moradiellos, La pérfida Albión. El gobierno británico y la guerra civil española, Siglo XXI, Madrid, 1996. Para la Unión Soviética, Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional comunista y España, Planeta, Barcelona, 1999; y Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2003. Mucha información sobre el oscuro mundo del tráfico de armas, en Gerald Howson, Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española, Península, Barcelona, 2000.

Una síntesis documentada y actualizada sobre todas esas intervenciones y retracciones, en Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española, Península, Barcelona, 2001. Mucha información sobre esa dimensión internacional se encuentra asimismo en Walter L. Bernecker, Guerra en España, 1936-1939, Síntesis, Madrid, 1996.

La investigación más rigurosa y detallada sobre la República en guerra se la debemos a Helen Graham, La República española en guerra, 1931-1936, Random House-Mondadori, Barcelona, 2006. Sobre Juan Negrín debe verse Ricardo Miralles, Juan Negrín. La República en guerra, Temas de Hoy, Madrid, 2003; Enrique Moradiellos, Don Juan Negrín, Península, Barcelona, 2006; y Gabriel Jackson, Juan Negrín, Crítica, Barcelona, 2008. Una síntesis de las posiciones y prácticas del anarquismo en Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939. Sobre el comunismo, además de las obras citadas en el apartado anterior, puede verse Stanley G. Payne, Unión Soviética, comunismo y revolución en España (1931-1939), Plaza & Janés, Barcelona, 2003. Para el socialismo, Helen Graham, El PSOE en la Guerra Civil. Poder, crisis y derrota (1936-1939), Debate, Barcelona, 2005. El final de la República está sintetizado en Ángel Bahamonde y Javier Cervera, Así terminó la Guerra de España, Marcial Pons, Madrid, 1999.

La España sublevada fue bien investigada por Javier Tusell en numerosos trabajos, entre los que puede verse «La evolución política de la zona sublevada», en Santos Juliá (coord.), República y guerra civil y Franco en la guerra civil. Una biografía política, Tusquets, Barcelona, 1992. Hay mucha información y bien ordenada en Paul Preston, Franco. En todas esas investigaciones hay capítulos dedicados a la unificación, pero para esa cuestión debería verse la obra ya citada de Joan Maria Tomàs, Lo que fue la Falange. El apoyo que la Iglesia católica proporcionó a la victoria de los militares sublevados, en Julián Casanova, La Iglesia de Franco, y conviene ver para ese tema las obras ya citadas de Hilari Raguer y Alfonso Álvarez Bolado. Para la relación que se estableció durante la guerra entre Gomá, la Santa Sede y el general Franco debe verse María Luisa Rodríguez Aisa, El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado 1936-1939, CSIC, Madrid, 1981.

Hay muchos libros sobre las batallas de la guerra, aunque uno de los últimos y que resume mucha información anterior es el de Gabriel Cardona, Historia militar de una guerra civil, Flor del Viento, Barcelona, 2006. Jorge M. Reverte ha escrito tres extensos relatos de algunas de las batallas más importantes: La batalla del Ebro, Crítica, Barcelona, 2003; La batalla de Madrid, Crítica, Barcelona, 2004; y La caída de Cataluña, Crítica, Madrid, 2006. Hay también un buen resumen en Michael Alpert, «La historia militar», en Stanley G. Payne y Javier Tusell (dirs.), La guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1996. Las versiones franquistas más documentadas de esa historia militar se encuentran en la serie de monografías que escribió José Manuel Martínez Bande, publicadas entre 1968 y 1979 por el Servicio Histórico Militar y la Editorial San Martín, Madrid. Destaca también la obra de Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República (4 tomos), Editora Nacional, Madrid, 1973. Sobre los bombardeos, Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya, España en llamas. La guerra civil desde el aire, Temas de Hoy, Madrid, 2003. Sobre la política militar de la República y el papel de Vicente Rojo hay una aportación reciente en José Andrés Rojo, Vicente Rojo. Retrato de un general republicano, Tusquets, Barcelona, 2006.

Para las retaguardias pueden verse los dos libros de Rafael Abella, La vida cotidiana durante la Guerra Civil: La España Nacional y La vida cotidiana durante la Guerra Civil: La España republicana, Planeta, Barcelona, 2004. Paul Preston ha hecho también importantes contribuciones en Las tres Españas del 36, Plaza & Janés, Barcelona, 1998, y Palomas de guerra. Cinco mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico, Plaza & Janés, Barcelona, 2001. Puede verse también Carlos Gil Andrés, Lejos del frente. La Guerra Civil en la Rioja Alta, Crítica, Barcelona, 2006. La mejor síntesis sobre las mujeres en la retaguardia republicana la escribió Mary Nash, Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra civil, Taurus, Madrid, 1999. Sobre las mujeres católicas, Inma Blasco, Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939), Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2003. Sobre las falangistas, M.ª Teresa Gallego Méndez, Mujer, Falange y Franquismo, Taurus, Madrid, 1983. El control social de las mujeres instaurado ya en la guerra, en Angela Cenarro, La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra, Crítica, Barcelona, 2006. Una historia desde abajo, que pone énfasis en lo personal y en los asuntos internos de la Guerra Civil, a la vez que resta importancia a la influencia internacional, es la de Michael Seidman, A ras del suelo. Historia social de la República durante la guerra civil, Alianza, Madrid, 2003.

LA DICTADURA DE FRANCO

Análisis generales del período pueden verse en Stanley G. Payne, El régimen de Franco 1936-1975, Alianza, Madrid, 1987; Raymond Carr (coord.), La España de Franco (1939-1975). Política, ejército, iglesia, economía y administración, en Historia de España Menéndez Pidal, vol. XLI, Espasa Calpe, Madrid, 1996; Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Síntesis, Madrid, 2000; José María Marín, Carme Molinero y Pere Ysás, Historia política de España, Istmo, Madrid, 2001; Giuliana di Febo y Santos Juliá, El franquismo, Paidós, Barcelona, 2005; Encarna Nicolás, La libertad encadenada. España en la dictadura franquista, 1939-1975, Alianza Ed., Madrid, 2005; Julio Gil Pecharromán, Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1975), Temas de Hoy, Madrid, 2008; y Carme Molinero y Pere Ysás, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Crítica, Barcelona, 2008. Monografías más específicas, en Jordi Gracia y Miguel Ángel Ruiz Carnicer, La España de Franco (1939-1975); Cultura y vida cotidiana, Síntesis, Madrid, 2001; y Carlos Barciela, M.ª Inmaculada López, Joaquín Melgarejo y José A. Miranda, La España de Franco (1939-1975). Economía, Síntesis, Madrid, 2001.

Sobre la figura del dictador, además del libro ya citado de Paul Preston, que es la mejor biografía que existe, puede verse también Juan Pablo Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal, Taurus, Madrid, 1995 (primera edición en 1985); Alberto Reig Tapia, Franco «Caudillo»: mito y realidad, Tecnos, Madrid, 1995; Gabrielle Ashford Hodges, Franco. Retrato psicológico de un dictador, Taurus, Madrid, 2001; y Enrique Moradiellos, Francisco Franco. Crónica de un caudillo casi olvidado, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. Paul Preston ha actualizado algunos de sus argumentos en El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco, Ediciones B, Barcelona, 2008.

La mayoría de las monografías existentes sobre la represión se ocupan más de la guerra que de la posguerra, y no son muchas las que han ido más allá de una mera descripción de la violencia desplegada por los militares rebeldes. Un balance de lo mucho que ya se sabía en 1998 sobre el tema apareció en Santos Juliá (coord.), Julián Casanova, Josep M.ª Solé i Sabaté, Joan Villarroya y Francisco Moreno, Víctimas de la guerra civil (hay nueva edición en rústica en 2004).

Hay, no obstante, reflexiones y balances del fenómeno de la violencia y la represión durante el franquismo. Pionera fue la de Alberto Reig Tapia, Ideología e historia (Sobre la represión franquista y la Guerra Civil), Akal, Madrid, 1984. Síntesis de las diferentes manifestaciones de la represión, con interpretaciones, análisis empíricos y abundante información sobre monografías locales y provinciales, pueden verse en Julián Casanova (coord.), Francisco Espinosa, Conxita Mir y Francisco Moreno Gómez, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2002 (edición de bolsillo en 2004) y C. Molinero, M. Sala y J. Sobrequés (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003. Hay una sugerente aproximación de Michael Richards en Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Crítica, Barcelona, 1999. Un balance reciente en Javier Rodrigo, Hasta la raíz: violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Alianza, Madrid, 2008. Sobre la represión a las mujeres abrió caminos Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 2002. La obra básica para el complejo tema de la memoria de la guerra y de la dictadura es Paloma Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la guerra civil española, Alianza Ed., Madrid, 1996, muy ampliada en la reciente edición Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada, Alianza Ed., Madrid, 2008.

Las leyes en las que se basó la represión franquista están bien examinadas en Marc Carrillo, «El marc legal de la repressió de la dictadura franquista en el període 1939-1959», en VV. AA., Notícia de la negra nit. Vida i veus a les presons franquistas (1939-1959), publicación de la Associació Catalana d’Expresos Polítics, Diputació de Barcelona, 2001. Las mejores investigaciones sobre la aplicación de la ley de responsabilidades políticas, la primera sobre la que se asentó la dictadura franquista, proceden de Cataluña: Conxita Mir, Fabià Corretgé, Judit Farré y Joan Sagués, Repressió Econòmica i Franquisme: L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997; y Francesc Vilanova i Vila-Abadal, Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la posguerra (1939-1942), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, quien reproduce las estadísticas de los diferentes tribunales regionales (p. 511).

Sobre la economía en la posguerra y el estraperlo puede verse Carlos Barciela, «Franquismo y corrupción económica», en Historia Social, 30 (1998), pp. 83-96. Sobre el INI, Pablo Martín Aceña y Francisco Comín, INI 50 años de industrialización en España, Espasa Calpe, Madrid, 1991. La obra que abrió caminos para estudiar la economía durante ese largo período de la posguerra fue J. Clavera, J. M. Esteban, M. A. Monés, A. Monserrat y J. Ros Hombravella, Capitalismo español: de la autarquía a la Estabilización (1939-1959), Edicusa, Madrid, 1973. El análisis de la economía durante la dictadura está bien sintetizado en José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, Un siglo de España. La economía, Marcial Pons, Madrid, 1999. Sobre el Ejército, Gabriel Cardona, El gigante descalzo. El Ejército de Franco, Aguilar, Madrid, 2003. Sobre la Falange, Joan María Thomas, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945), Plaza & Janés, Barcelona, 2001. Sobre la Iglesia y los católicos, José Angel Tello Lázaro, Ideología y política. La Iglesia católica española, 1936-1959, Pórtico, Zaragoza, 1984; Guy Hermet, Los católicos en la España franquista, CIS, Madrid, 1986, 2 vols.; Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957; José Andrés-Gallego, La Iglesia en la España contemporánea II. 1936-1998, Ediciones Encuentro, Madrid, 1999; William J. Callahan, La Iglesia Católica en España (1875-2002); y Julián Casanova, La Iglesia de Franco. Sobre la política exterior de aquellos años, Feliciano Portero, Franco aislado. La cuestión española, 1945-1950, Aguilar, Madrid, 1989. Los vínculos de la dictadura con las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial están bien explicados en Enrique Moradiellos, La España de Franco; Paul Preston, Franco; y Javier Tusell, Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Temas de Hoy, Madrid, 1995.

Para el pacto con Estados Unidos y en general la política exterior de la dictadura deben verse Ángel Viñas, En las garras del Águila. Los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González, Crítica, Barcelona, 2003; y Antonio Marquina Barrio, España en la política de seguridad occidental, 1939-1986, Ediciones Ejército, Madrid, 1986. Resúmenes de lo que significó el Concordato, en William J. Callahan, La Iglesia Católica en España (1875-2002); y Frances Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975. Los debates aperturistas con Ruiz Giménez y las políticas populistas de los falangistas en los cincuenta están recogidos en Jordi Gracia y Miguel Ángel Ruiz Carnicer, La España de Franco (1939-1975). Los cambios en la Iglesia católica, el impacto del Concilio Vaticano II y las disidencias desde comienzos de los años sesenta en el clero vasco y catalán son examinados por José Casanova, «España: de la Iglesia estatal a la separación de la Iglesia y Estado», Historia Social, 35, 1999; y Stanley G. Payne, El catolicismo español, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 242-248. Debería verse también Juan José Ruiz Rico, El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971), Tecnos, Madrid, 1977; Alfonso Botti, Cielo y dinero. El nacional-catolicismo en España (1881-1975), Alianza Ed., Madrid, 1992; y Frances Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975.

La industrialización y los cambios en la economía en esas décadas centrales del siglo están bien examinados en Albert Carreras y C. Sudrià, La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Ariel, Barcelona, 1987. Algunos datos que se utilizan en este libro están sacados de Albert Carreras (coord.), Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1989. Un repaso detalladísimo a la economía durante la dictadura en el libro ya citado de C. Barciela, M.ª I. López, J. Melgarejo y J. A. Miranda, La España de Franco (1939-1975). Economía.

Sobre la resistencia armada, Francisco Moreno, «Huidos, guerrilleros, resistentes. La oposición armada a la dictadura», en Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir, pp. 197-295; y Secundino Serrano, Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista, Temas de Hoy, Madrid, 2001. Del mismo autor, La última gesta. Los republicanos que vencieron a Hitler (1939-1945). Sobre el exilio, Alicia Alted, La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939, Aguilar, Madrid, 2005. Para la «retirada» y sus consecuencias, Genovieve Dreyfus-Armand, El exilio de los republicanos españolas en Francia, Crítica, Barcelona, 2000.

Los cambios en la protesta, en Sebastian Balfour, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el Área Metropolitana de Barcelona (1939-1988), Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1994; Carme Molinero y Pere Ysás, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI, Madrid, 1998; y David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras, Siglo XXI, Madrid, 1993. Las disidencias intelectuales en Jordi Gracia, Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962), Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1996. La continuidad de la represión, en Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001.

La crisis del franquismo está bien narrada en Javier Tusell, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 1993; Juan Pablo Fusi, Franco; Stanley G. Payne, El régimen de Franco; Paul Preston, Franco; y Enrique Moradiellos, La España de Franco. Para los conflictos puede verse Carme Molinero y Pere Ysás, La anatomía del franquismo. La importancia de los cambios sociales de la última etapa del franquismo para explicar la transición fue resaltada ya hace tiempo por José María Maravall y Julián Santamaría en «El cambio político en España y la perspectiva de la democracia», en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores), Transiciones desde un gobierno autoritario 1. Europa meridional, Paidós, Buenos Aires, 1989; y José Casanova, «Las enseñanzas de la transición democrática en España», en Manuel Redero San Román, (ed.), «La transición a la democracia en España», Ayer, 15, 1994. La racionalización del Estado y de la administración como una explicación básica de la duración del régimen de Franco y de la democratización posterior es utilizada por José Casanova en «Modernización y democratización: reflexiones sobre la transición española a la democracia», en Teresa Carnero (ed.), Modernización, desarrollo político y cambio social, Alianza, Madrid, 1992. El peso de los legados de los autoritarismos en las nuevas democracias es subrayado por los diferentes autores que escriben en Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, Transiciones desde un gobierno autoritario 3. Perspectivas comparadas, Paidós, Buenos Aires, 1988.

LA TRANSICIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Tres décadas después de la muerte de Franco, la transición política española y el proceso de consolidación de la democracia es uno de los períodos que más atención recibe por parte de la historiografía española. Son ya innumerables los proyectos de investigación, las reuniones científicas y los libros y artículos publicados que se aprovechan de las valiosas aportaciones de los sociólogos y los politólogos y del inmenso caudal de información que proporcionan las fuentes oficiales, la prensa, las memorias de los principales protagonistas y los testimonios de los contemporáneos.

En general, la historia del último cuarto del siglo XX está bien presentada en los manuales generales citados al comienzo de este comentario bibliográfico, al menos en los más recientes. El relato de los acontecimientos y el desarrollo político se pueden seguir en algunas de las obras de Javier Tusell como La transición española. La recuperación de las libertades, Madrid, Temas de Hoy, 1997, o Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, vol. XIV de la Historia de España, Barcelona, Crítica, 2004. También la síntesis de Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, y el esfuerzo de actualización de David Ruiz, La España Democrática (1975-2000). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2002, y Mario P. Díaz Barrado, La España democrática (1975-2000). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2006. Un resumen ágil en Julio Aróstegui, La transición (1975-1982), Madrid, Acento, 2000. La vida de la cultura en José-Carlos Mainer y Santos Juliá, El aprendizaje de la libertad, 1973-1986, Madrid, Alianza, 2000. Siguen siendo interesantes trabajos más alejados en el tiempo como los de Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, España, de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, 1979; José M. Maravall, La política de la transición, Madrid, Taurus, 1984; y Paul Preston, El triunfo de la democracia en España, 1969-1982, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

Para profundizar en aspectos más concretos relacionados con el sistema de partidos, la coyuntura económica, los nacionalismos, el Ejército, los movimientos sociales o los cambios culturales, entre otros, se pueden ver las compilaciones de diversos autores coordinadas por J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas, La transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989; Ramón Cotarelo, Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid, CIS, 1992; Javier Tusell y Álvaro Soto, Historia de la transición, 1975-1986, Madrid, Alianza, 1996, que incluye aportaciones en perspectiva comparada como las de Juan J. Linz o Edward Malefakis; y el dossier ya mencionado, La transición a la democracia en España, presentado por Manuel Redero en la revista Ayer, 15, 1994, de donde proceden las citas tomadas de José Casanova y Pere Ysàs.

El problema de los nacionalismos tiene una buena guía en la obra de Eliseo Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Madrid, Alianza, 1999. También son interesantes las reflexiones de Sebastian Balfour, España reinventada: nación e identidad desde la transición, Barcelona, Península, 2007, y las visiones del caso vasco que presentan Antonio Rivera y Manuel Montero en la obra coordinada por Javier Ugarte, La transición en el País Vasco y España: los inicios del proceso democratizador (Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998). La importancia de los movimientos sociales en los primeros años de la Transición se expone con detalle en la obra de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, El final de la dictadura: la conquista de la democracia en España, Madrid, Temas de Hoy, 2007. La amenaza del involucionismo militar está bien contada, en pocas páginas, en Paul Preston, «El miedo a la libertad: el Ejército español después de Franco», en Las derechas españolas en el siglo XX: autoritarismo, fascismo y golpismo, Madrid, Sistema, 1986, pp. 161-187. Un relato detallado del golpe de Estado del 23-F, en el libro del escritor Javier Cercas, Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009.

Para una revisión crítica del proceso de la Transición democrática hay que seguir los análisis de autores como Josep M. Colomer, La transición a la democracia: el modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998; Ferran Gallego, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008; José Vidal Beneyto, Memoria democrática, Madrid, FOCA, 2007; o el epílogo de Josep Fontana del libro Por Favor. Una historia de la transición, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 171-182. Un balance general del debate historiográfico en el texto de Carme Molinero, «Treinta años después. La transición revisada», en La transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación de la democracia, Barcelona, Península, 2006, y en la introducción de Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz en Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, una buena selección de artículos que actualizan el estado de la cuestión de los temas principales, como el que escribe Antoni Segura sobre el Estado de las Autonomías.

La polémica cuestión del «pacto de olvido» o «pacto de silencio» de la Transición y el debate actual sobre la memoria histórica tienen un texto de referencia imprescindible en Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza, 1996; también en «Justicia, política y memoria: los legados del franquismo en la Transición española», en la obra colectiva Las políticas hacia el pasado: Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002. Dos visiones diferentes en Santos Juliá, «Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura», Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006, y Francisco Espinosa, Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2006.

Entre los relatos periodísticos y los testimonios personales hay que destacar la obra coordinada por Santos Juliá, Javier Pradera y Joaquín Prieto, Memoria de la Transición, Madrid, Taurus, 1996; Victoria Prego, Así se hizo la Transición, Barcelona, Plaza & Janés, 1995; y la visión de Manuel Vázquez Montalbán, Crónica sentimental de la transición, Barcelona, Planeta, 1985. Una pequeña selección de los libros de memorias publicados podría incluir a José María de Areilza, Cuadernos de la transición, Barcelona, Planeta, 1983; Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1988; Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993; Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993; Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza & Janés, 1990; y Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982), Madrid, Espasa, 2004. Muy interesante resulta la colección de artículos de Francisco Tomás y Valiente, A orillas del Estado, Madrid, Taurus, 1996.

Para los años posteriores a la Transición, la consolidación democrática y el final del siglo, el relato ordenado de Javier Tusell y Javier Paniagua, La España democrática, Madrid, El País, 2008; el análisis de Álvaro Soto, Transición y cambio en España. 1975-1996, Madrid, Alianza, 2005; la obra colectiva de Javier Tusell, Emilio Lamo de Espinosa y Rafael Pardo, Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española, Madrid, Alianza, 1996; o la completa colección de artículos editada por Salustiano del Campo y José Félix Tezanos, España Siglo XXI. La política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008. Las transformaciones sociales en la obra editada por Juan Jesús González y Miguel Requena, Tres décadas de cambio social en España, Madrid, Alianza, 2005. La visión de un observador extranjero en Giles Tremlett, España ante sus fantasmas. Un recorrido por un país en transición, Madrid, Siglo XXI, 2006.