La Primera Guerra Mundial, que decidió el destino de Europa por la fuerza, tras décadas de primacía de la política y de la diplomacia, ha sido considerada por muchos historiadores como la auténtica línea divisoria de la historia europea del siglo XX, la ruptura traumática con las políticas entonces dominantes.

El comunismo y el fascismo, salidos de esa guerra, se convirtieron primero en alternativas y después en polos de atracción para intelectuales, vehículos para la política de masas, viveros de nuevos líderes que, subiendo de la nada, arrancando desde fuera del viejo orden monárquico e imperial, propusieron rupturas radicales con el pasado.

La destrucción y los millones de muertos que la Primera Guerra Mundial provocó, los cambios de fronteras, el impacto de la Revolución Rusa, y los problemas de adaptación de millones de excombatientes, sobre todo en los países derrotados, están en el origen de la violencia y de la cultura del enfrentamiento que se instalaron en muchas de las sociedades de aquel convulso período.

En este libro se examinan con detalle, combinando la narración y el análisis, la revolución rusa y el surgimiento de los fascismos, los reveses democráticos y los avances autoritarios, la cultura del enfrentamiento y las consecuencias que todo eso tuvo para un continente que acabó en 1945 destruido y roto en mil pedazos.

Julián Casanova

Europa contra Europa, 1914-1945

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FLeCos 03.04.2017

Título original: Europa contra Europa, 1914-1945

Julián Casanova, 2011

Editor digital: FLeCos

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Agradecimientos

Este libro se apoya en las muchas y variadas lecturas que tuve que hacer para enseñar la historia de Europa entre las dos guerras mundiales a estudiantes de grado en la Universidad de Notre Dame y posgrado en la New School for Social Research de Nueva York. Durante esos años, compartí conversaciones y seminarios con colegas a quienes debo gratitud y reconocimiento: Robert Wegs, Thomas Kselman, Semion Lyandres, Doris L. Bergen, James McAdams, Guillermo O’Donnell, Julia López y Robert Fishman, en Notre Dame; y Oz Frankel, Robin Blackburn, Federico Finchelstein, Aristide Zolberg, Vera Zolberg, Andrew Arato y Jeffrey Goldfarb, en Nueva York. El Kellogg Institute y el Nanovic Institute de la Universidad de Notre Dame, y los departamentos de Sociología y Estudios Históricos de la New School, financiaron mis investigaciones y me ofrecieron además la posibilidad de dar cursos sobre historia de Europa, historiografía e historia comparada de guerras civiles y revoluciones.[*] En Notre Dame era todo muy fácil porque entonces estaba Albert LeMay, cuya generosidad y amistad se las llevó una maldita enfermedad en diciembre de 2003. La deuda con mi hermano José Casanova, profesor en la Universidad de Georgetown, es permanente. Todos esos viajes los compartí con Lourdes y Miguel, a quienes dedico esta historia de Europa contra Europa.

Zaragoza, enero de 2011

JULIÁN CASANOVA

I
Europa contra Europa, 1914-1945: Una visión panorámica

En la tarde del 30 de abril de 1945 Adolf Hitler se suicidó en su búnker de la Cancillería del Reich en Berlín, junto con su compañera Eva Braun, con quien se había casado la noche anterior. Veintisiete años antes, el 17 de julio de 1918, el zar de Rusia Nicolás II, la zarina Alejandra Fedorovna y sus cinco hijos fueron asesinados en Ekaterimburgo por un pelotón de ejecución que mandaba Yakov Yurovsky, el jefe de la checa de esa ciudad de los Urales.

Los cadáveres de Hitler y Eva Braun fueron llevados al jardín de la Cancillería por su sirviente Heinz Linge y por tres guardias de las SS, quienes les prendieron fuego tras rociarlos con gasolina. Cuando los soldados soviéticos llegaron allí el 2 de mayo, sólo encontraron cenizas. Los cuerpos de la familia real rusa, enterrados cerca del lugar del asesinato, no fueron encontrados hasta después del derrumbe del régimen soviético, más de siete décadas después.

Adolf Hitler, hijo de un empleado de aduanas austriaco, un hombre sin Estado hasta que consiguió la nacionalidad alemana en 1932, conquistó el poder dirigiendo un partido de masas. Nicolás II, por el contrario, era el zar de una dinastía imperial, los Romanov, que había reinado en Rusia durante los últimos trescientos años y que hasta que fue derrocado, en febrero de 1917, exhibió su opulencia y poder como la encarnación de Dios en la tierra.

Nicolás II y Hitler representaban dos tipos muy diferentes de despotismo: uno, tradicional, que hundía sus raíces en el medievo; el otro, moderno, destructor. La misma guerra mundial que se llevó por delante a la dinastía Romanov, forjó la carrera política del dirigente nazi. Entre la muerte de ambos personajes, transcurrieron apenas treinta años, un período convulso de revolución, crisis y guerra de exterminio.

EL FIN DEL VIEJO ORDEN

Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, la nobleza, que parecía a los ojos de muchos una clase en declive, ejercía todavía un notable poder económico y político en Europa. Eso era muy cierto en los grandes imperios del centro y este del continente, donde los nobles ocupaban puestos importantísimos en el ejército y en la burocracia del Estado, pero también en Inglaterra, la tierra de la primera revolución industrial, de fabricantes, banqueros e inversores, que vio cómo la «vieja» nobleza explotaba las nuevas oportunidades económicas que les proporcionaba el avance del capitalismo. Entre 1886 y 1914, casi la mitad de los miembros del consejo de ministros eran aristócratas. Dominaban puestos esenciales en la administración y en las profesiones más cualificadas. Había nobles que se dedicaban al negocio de la cerveza, como los Guinness, de la prensa (Lord Northcliffe) o del linóleo (Lord Ashton). Y compartían, con el resto de las elites políticas, de la administración y de los negocios, la educación en las mejores universidades inglesas, Oxford y Cambridge, y en los mejores colegios privados, especialmente Eton.

La nobleza, en Europa, seguía su expansión. Desde que subió al poder en 1888, hasta su derrocamiento en 1918, el emperador alemán, Guillermo II, creó varios centenares de nuevos nobles. En Rusia, la burocracia imperial era una casta de elite que se encontraba muy por encima del resto de la sociedad y el sistema zarista, como ha mostrado Orlando Figes, «estaba basado en una estricta jerarquía social». Esa elite dominante en Rusia procedía sobre todo de la vieja y rica aristocracia terrateniente, los Strogonov, Dogorukov, Sheremetev, poderosas dinastías que se habían mantenido en la cúspide del Estado ruso desde su gran expansión territorial en el siglo XV.

En Inglaterra, Francia o Alemania, por citar a las naciones más poderosas, una oligarquía de ricos y poderosos, de «buenas familias», de nobles y burgueses conectados a través de matrimonios y consejos de administración de empresas y bancos, mantenía su poder social a través del acceso a la educación y a las instituciones culturales. El mundo de ese momento, de los primeros años del siglo XX, estaba dominado por vastos imperios territoriales, gobernados, excepto en el caso de Francia, donde había surgido una República de la derrota en la guerra con Prusia en 1870, por monarquías hereditarias. En 1919, tras la Gran Guerra de 1914-1918, sólo quedaban los imperios británico y francés. Todos los demás habían desaparecido y con ellos, un amplio ejército de oficiales, soldados, burócratas y terratenientes que los habían sostenido.

Antes de 1914, la democracia y la presencia de una cultura popular cívica, de respeto por la ley y de defensa de los derechos civiles, eran bienes escasos, presentes en algunos países como Francia y Gran Bretaña y ausentes en la mayor parte del resto de Europa. Tampoco los parlamentos gozaban de buena salud en países como Rusia, Italia, Alemania o España, donde, debido a la corrupción, al sufragio restringido y a la intervención de los monarcas en los gobiernos, aparecían ante intelectuales radicales y socialistas como instrumentos de gestión pública al servicio de las clases dominantes.

Muchos ciudadanos europeos tenían restringida la libertad para hablar su idioma o practicar su religión y sufrían notables discriminaciones por el género, la raza o la clase a la que pertenecían. Las mujeres no votaban, con excepciones como la de Finlandia, que les había concedido el voto en 1906, y en raras ocasiones se les permitía poseer propiedades o llevar sus propios negocios. En la mayoría de los países católicos, con España e Italia al frente de ellos, el divorcio estaba prohibido y las mujeres eran también las plebeyas en el mercado de trabajo, en un escenario de desarrollo del capitalismo en el que el estatus estaba cada vez más determinado por la riqueza y la capacidad para acumularla.

Esas instituciones políticas, que excluían a los ciudadanos por su raza, género o condición, resultaron inadecuadas para abordar el impacto del cambio social y económico que había acompañado desde el último tercio del siglo XIX al surgimiento de las ciudades industriales, a la llegada del ferrocarril, del movimiento obrero y de las ideas socialistas. Desde que se había construido la primera línea de ferrocarril de la historia en 1830, para unir Liverpool con Manchester, el tren se había convertido gradualmente en el principal medio de transporte de materiales e hizo más fácil emigrar de una región a otra. La primera línea de metro había abierto en Londres en 1863 y la de París se inauguró en 1900.

Había diferencias, por supuesto, entre viajar en un vagón de tercera clase o en los compartimentos exclusivos y de lujo del Orient Express, que comenzó a conectar París con Estambul en 1889, pero la construcción de una amplia red de ferrocarriles por toda Europa abrió la posibilidad de viajar y de moverse en busca de un empleo a campesinos y trabajadores urbanos, aunque la emigración intercontinental, que usaba el barco como medio de transporte, alcanzó su apogeo en esa generación anterior a la Primera Guerra Mundial. Unos dieciséis millones de europeos cruzaron el océano Atlántico en los catorce primeros años del siglo XX. Europa tenía en ese momento alrededor de 450 millones de habitantes, de los cuales 120 vivían en Rusia y sesenta en el Imperio alemán.

Estaba emergiendo la «sociedad de masas», de sindicatos y partidos políticos que atraían a amplios sectores de las clases trabajadoras que, con sus organizaciones, movilizaciones, disturbios y huelgas, aparecieron en el escenario público y pidieron insistentemente que no se las excluyera del sistema político. Al mismo tiempo, en esos últimos años de finales del siglo XIX y comienzos del XX, casi todas las potencias europeas habían establecido un período de servicio militar obligatorio, que servía también para disciplinar e instruir a cientos de miles de jóvenes varones en los valores patrióticos, militares y en la obediencia al orden y a la autoridad.

Fue ese orden el que comenzó a desmoronarse cuando Austria declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, después del asesinato en Sarajevo, por nacionalistas serbios, del heredero al trono austriaco, el archiduque Francisco Fernando. La guerra, ideada para garantizar la supervivencia y continuidad de los imperios alemán y austrohúngaro, acabó con su estrepitosa derrota y desaparición cuatro años después. Por el camino se llevó al Imperio ruso y provocó también la conquista bolchevique del poder, el cambio revolucionario más súbito y amenazante que conoció la historia del siglo XX.

Al final de esa contienda, el mapa político de Europa sufrió una profunda transformación, con el derrumbe de algunos de los grandes imperios y el surgimiento de nuevos países. De esa guerra salieron también el comunismo y el fascismo. Al tiempo que pasó entre el final de esa primera guerra y el comienzo de la segunda, en 1939, lo llamamos período de entreguerras, como si la paz hubiera sido la norma, pero en realidad en esa «crisis de veinte años», como la bautizó el historiador británico Edward H. Carr, hubo algunas guerras pequeñas entre estados europeos, revoluciones y contrarrevoluciones muy violentas y varias guerras civiles.

La caída de los viejos imperios continentales, el austrohúngaro, el alemán y el turco-otomano, fue seguida de la creación de media docena de estados en el centro y este de Europa, basados supuestamente en los principios de la nacionalidad, pero con el problema heredado e irresuelto de minorías nacionales dentro y fuera de sus fronteras. Todos ellos, salvo Checoslovaquia, se enfrentaron a grandes dificultades para encontrar una alternativa estable al derrumbe de ese orden social representado por las monarquías. Las potencias vencedoras en la Gran Guerra decidieron en la paz sellada en Versalles proteger a las minorías y mantenerlas en sus territorios, tratando de evitar su exterminio, como habían intentado hacer los turcos con los armenios en 1915, o su expulsión.

Ese triunfo del nacionalismo, de la ampliación del principio de autodeterminación desde Europa occidental a la central y oriental, una política de fronteras y territorios orientada por el presidente estadounidense Woodrow Wilson, derivó en luchas violentísimas y en el surgimiento de las minorías como problema político contemporáneo. Porque, como señala Mark Mazower, uno de los historiadores mejor acreditados sobre ese tema, «si un Estado derivaba su soberanía del “pueblo” y el “pueblo” es definido como una nación específica, la presencia de otros grupos étnicos dentro de sus fronteras no podía dejar de parecer una afrenta, una amenaza o un desafío a quienes creían en el principio de la autodeterminación nacional».

En los pueblos y ciudades de esos imperios que ahora se resquebrajaban, vivían ciudadanos que hablaban varias lenguas y pertenecían a diferentes religiones y grupos étnicos. Antes de la guerra, Austria-Hungría tenía poco más de cincuenta millones de habitantes, dos Estados, diez naciones históricas y más de veinte grupos étnicos. Los intentos de la monarquía dual de los Habsburgo por casar ese puzle, que en cierta medida pasaba por reconocer a las minorías dentro de ese imperio multinacional, se fueron al traste con el inicio de la guerra y con la política de todos los imperios que en ella participaron de fomentar el nacionalismo como forma de luchar contra sus adversarios. Después de 1919, la cuestión de las minorías se identificó fundamentalmente como un problema de la Europa del Este, donde residían más de dos tercios de los 35 millones de personas que pertenecían a esos grupos.

Pero la guerra tuvo más consecuencias. Al fin de ese orden autocrático e imperial le sucedió desde el primer momento una época de democracias parlamentarias y constituciones liberales y republicanas. Eso que a algunos les parecía una «aceptación universal de la democracia» duró, sin embargo, muy poco, amenazada por la revolución, los disturbios sociales y el fascismo.

La toma del poder por los bolcheviques en Rusia en octubre de 1917 tuvo, en efecto, importantes repercusiones en el resto de Europa. En 1918 hubo revoluciones abortadas en Austria y Alemania, a las que siguieron varios intentos de insurrecciones obreras. Un antiguo socialdemócrata convertido al bolchevismo, Béla Kun, estableció durante seis meses de 1919 una República soviética en Hungría, echada abajo por los terratenientes y el ejército rumano. Italia, en esos dos primeros años de posguerra, presenció numerosas ocupaciones de tierras y de fábricas.

Esa oleada de revueltas e insurrecciones acabó en todos los casos en derrota, aplastadas por las fuerzas del orden, pero asustó a la burguesía y contribuyó a generar un potente sentimiento contrarrevolucionario que movilizó a las clases conservadoras en defensa de la propiedad, el orden y la religión. El miedo a la revolución y al comunismo redujo también las posibilidades de la democracia y las perspectivas de un compromiso social. La izquierda, por lo tanto, al intentar, aunque sin éxito, hacer la revolución o establecer, siguiendo el modelo bolchevique, la «dictadura del proletariado», contribuyó notablemente a bloquear la consolidación de algunas de esas democracias. La derecha tuvo más éxito y, salvo en algunos países en los que necesitó guerras civiles y la utilización sistemática de la violencia política, pudo establecer y consolidar con cierta facilidad y rapidez regímenes autoritarios.

El movimiento contrarrevolucionario, antiliberal y antisocialista se manifestó muy pronto en Italia, durante la profunda crisis posbélica que sacudió a ese país entre 1919 y 1922, se consolidó a través de dictaduras derechistas y militares en varios países europeos y culminó con la subida al poder de Hitler en Alemania en 1933. Una buena parte de esa reacción se organizó en torno al catolicismo, la defensa del orden nacional y de la propiedad. La revolución rusa, el auge del socialismo y los procesos de secularización que acompañaron a la modernización política hicieron más intensa la lucha entre la Iglesia católica y sus adversarios anticlericales de la izquierda política.

La opción dictatorial que triunfó en una buena parte de Europa desde comienzos de los años veinte, con Miklós Horthy en Hungría o Miguel Primo de Rivera en España, recuperó algunas de las estructuras tradicionales de la autoridad presentes en su historia antes de 1914, pero tuvo que hacer frente también a la búsqueda de nuevas formas de organizar la sociedad, la industria y la política. En eso consistió el fascismo dirigido por Benito Mussolini en Italia y a esa solución se aferraron en los años treinta los partidos y fuerzas de la derecha en España para echar abajo la Segunda República.

Tras la Primera Guerra Mundial, la caída de las monarquías, el espectro de la revolución y la extensión de los derechos políticos a las masas hicieron que un sector importante de las clases propietarias percibiera la democracia como la puerta de entrada al gobierno del proletariado y de las clases pobres. Como señala Mazower, el sufragio universal amenazó a los liberales con un papel político marginal frente a los movimientos de la izquierda y a los partidos católicos, nacionalistas y populistas de nuevo cuño. Temerosos del comunismo, se inclinaron hacia soluciones autoritarias, un camino en el que se les unieron «otros tipos de elitistas, los ingenieros sociales, empresarios y tecnócratas que deseaban soluciones científicas y apolíticas para los males de la sociedad y a quienes impacientaba la inestabilidad y la incompetencia de la gobernación parlamentaria».

Ocurrió además que esos nuevos regímenes parlamentarios y constitucionales se enfrentaron desde el principio a una fragmentación de las lealtades políticas, de tipo nacional, lingüístico, religioso, étnico o de clase, que derivó en un sistema político con muchos partidos y muy débiles. La formación de gobiernos se hizo cada vez más difícil, con coaliciones cambiantes y poco estables. En Alemania ningún partido consiguió una mayoría sólida bajo el sistema de representación proporcional aprobado en la Constitución de Weimar de 1919, pero lo mismo puede decirse de Bulgaria, Austria, Checoslovaquia, Polonia o de España durante la Segunda República. La oposición rara vez aceptaba los resultados electorales y la fe en la política parlamentaria, a prueba en esos años de inestabilidad y conflicto, se resquebrajó y llevó a amplios sectores de esas sociedades a buscar alternativas políticas a la democracia.

Durante un tiempo, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, analistas e historiadores echaron la culpa de todos esos males, y del estallido de esa guerra en septiembre de 1939, a la fragilidad de la paz sellada en Versalles y a los dirigentes de las democracias que intentaron «apaciguar» a Hitler, en vez de parar su insaciable apetito. El problema empezaba en Alemania, donde amplios e importantes sectores de la población no aceptaron la derrota ni el tratado de paz que la sancionó, y continuaba en otros países como Polonia o Checoslovaquia, que albergaban millones de hablantes de alemán que, con la desintegración del Imperio de los Habsburgo, habían perdido poder político y económico. Como les recordaban los grupos ultranacionalistas, que los movilizaban para conseguir la revisión territorial mediante la negociación o por la fuerza, ahora eran minorías en nuevos Estados dominados por grupos o razas inferiores.

Francia fue la única potencia victoriosa que trató de contener a Alemania en el marco de la paz de Versalles y de asegurar que las restantes potencias vencedoras aprobaran esa política. Pero ninguna de ellas estaba por la labor. Estados Unidos rechazó esos acuerdos y cualquier tipo de compromiso político con las luchas por el poder en Europa. Italia, sobre todo después de la llegada al poder de Mussolini y los fascistas, quería cambiar también esos acuerdos que no le habían otorgado colonias en África, y marcaba su propia agenda de expansión en el Mediterráneo. La Rusia bolchevique, consolidada tras la guerra civil contra el Ejército Blanco, estaba deshecha económicamente y era poco fiable como aliado político, entre otras cosas porque compartía con Alemania un notable interés sobre el destino de los nuevos países del este de Europa. En cuanto a Gran Bretaña, su interés primordial no estaba en el continente sino en el fortalecimiento de su vasto imperio colonial y en la recuperación del comercio. Francia, por lo tanto, en opinión de la historiadora Ruth Henig, trabajaba para que Alemania cumpliera con los términos del tratado y Gran Bretaña buscaba la conciliación y la revisión de lo que consideraba un acuerdo demasiado injusto para los países vencidos. Esa diferente posición dejó a Gran Bretaña y Francia en constante disputa y a Alemania dispuesta a sacar partido de la división.

Francia y Gran Bretaña gastaron más del doble en ganar la guerra que sus oponentes en perderla y básicamente financiaron ese coste a través de préstamos de inversores estadounidenses. Para afrontar esa enorme deuda, los gobiernos franceses y británicos consumían más de un tercio de sus presupuestos y sus economías se hicieron cada vez más dependientes de Estados Unidos, un proceso que ya había comenzado en plena guerra, cuando se consolidó como la principal potencia económica del mundo.

Pese a todas esas dificultades, a las tensiones sociales y a las divisiones ideológicas, el orden internacional creado por la paz de Versalles sobrevivió una década sin serios incidentes. Todo cambió, sin embargo, con la crisis económica de 1929, el surgimiento de la Unión Soviética como un poder militar e industrial bajo Iósif Stalin y la designación de Adolf Hitler como canciller alemán en enero de 1933. La incapacidad del orden capitalista liberal para evitar el desastre económico hizo crecer el extremismo político, el nacionalismo violento y la hostilidad al sistema parlamentario. Alemania, Japón e Italia compartían ese rechazo de la democracia liberal y del comunismo y ambicionaban un nuevo orden internacional que pusiera el mundo a sus pies.

LA CULTURA DEL ENFRENTAMIENTO

El comunismo y el fascismo se convirtieron primero en alternativas y después en polos de atracción para intelectuales, vehículos para la política de masas, viveros de nuevos líderes que, subiendo de la nada, arrancando desde fuera del establishment y del viejo orden monárquico e imperial, propusieron rupturas radicales con el pasado. La mayoría de los dirigentes responsables de los grandes poderes en el estallido de la Primera Guerra Mundial pertenecían a ese mundo exclusivo y elitista, estrechamente vinculado a la cultura aristocrática del Antiguo Régimen, con escasos conocimientos sobre la sociedad industrial y los cambios sociales que estaba provocando.

La Primera Guerra Mundial, que decidió el destino de Europa por la fuerza, tras muchos años, décadas en realidad, de primacía de la política y de la diplomacia, ha sido considerada por muchos historiadores como la auténtica línea divisoria de la historia europea del siglo XX, la ruptura traumática con las políticas entonces dominantes, algo que puede aplicarse perfectamente a la historia de los movimientos sociales y sus dirigentes.

La gente de entonces pensó, tal y como ha puesto de manifiesto Richard Vinen, que esa guerra había inaugurado también «nuevos cortes generacionales». El corte se debió, según el escritor George Orwell, nacido como Eric Arthur Blair en 1903 en la India británica, «directamente a la propia guerra, e indirectamente a la Revolución Rusa». Otro escritor británico, Evelyn Waugh, nacido en el mismo año que Orwell, escribió en su artículo «La guerra y la generación más joven», publicado unos meses antes del crash de 1929 en la revista conservadora Spectator, que «el desmoronamiento social que siguió a la guerra» dividió a Europa en tres clases «entre las que no podría existir nunca simpatía alguna….: a) la generación melancólica que creció y se formó antes de la guerra y que era demasiado vieja para hacer el servicio militar; b) la generación a la que se le impidió crecer, mutilada, que combatió; y c) la generación más joven».

El historiador Eric J. Hobsbawm, más joven que Orwell o Waugh, nacido en 1917 en Alejandría, otro lugar del Imperio británico, y que vivía en Berlín cuando Hitler subió al poder, comienza en 1914 su historia del «siglo XX corto», la «época de extremos» que transcurrió entre esa fecha y el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, porque, en su opinión, la Primera Guerra Mundial «marcó el derrumbe de la civilización (occidental) del siglo XIX», la civilización capitalista, liberal, burguesa, «brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, así como del progreso material y moral».

Hobsbawm transmite la misma opinión que muchos de sus contemporáneos sobre lo que se ha denominado la «época de catástrofes», algo que ya había examinado en caliente el historiador Edward H. Carr, nacido en Londres en 1892, en su libro publicado en 1939 The Twenty Years’Crisis. La Primera Guerra Mundial, según estas percepciones, había transformado el orden internacional establecido y había inaugurado un período de inestabilidad política y económica de terribles consecuencias para la población que lo vivió. En la generación ya entrada en edad se instaló una clara nostalgia por ese mundo próspero anterior a la guerra, que ahora estaba en ruinas, como si antes de 1914 todo hubieran sido «buenos tiempos», olvidando las tensiones y rivalidades entre Estados que fueron precisamente las que condujeron a la guerra.

«Las luces se están apagando en Europa», declaró Sir Edward Grey, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, cuando la guerra estaba a punto de estallar. Grey representaba como nadie a ese mundo que se desvanecía. Descendiente de una notable familia de políticos y aristócratas, estuvo al frente de la política exterior británica desde 1905 hasta 1916, una longevidad gubernamental muy difícil de mantener tras la guerra en las democracias, hasta que llegaron las dictaduras.

Juventud, generación de la guerra y masculinidad fueron elementos importantes de la mitología del fascismo, un movimiento nuevo que lanzaba su rebeldía frente a esa generación caduca, conservadora, socialista o liberal, que había perdido contacto con la realidad, incapaz de reconocer los méritos de todos esos millones de soldados y de excombatientes, mutilados muchos de ellos, que venían del frente de guerra. Benito Mussolini tenía treinta y nueve años cuando la Marcha sobre Roma le llevó a presidir en octubre de 1922 el primer gobierno con fascistas de la historia. Unos pocos más, a punto de cumplir cuarenta y cuatro, tenía Adolf Hitler cuando llegó al poder en 1933, pero otros dirigentes fascistas como el británico Oswald Mosley (nacido en 1896), el belga Léon Degrelle (1906) o el español José Antonio Primo de Rivera (1903) eran más jóvenes. A comienzos de la dictadura de Mussolini, casi una cuarta parte de los diputados fascistas tenía menos de treinta años.

Esa «generación del frente», jóvenes radicales que habían luchado en la guerra y se adhirieron a los fascismos para regenerar la política y la patria, gente como Roberto Farinacci (1892), Dino Grandi (1895) o Giuseppe Bottai (1895), dirigió la Italia fascista hasta el final, y aunque envejecieron y burocratizaron el régimen, intentaron siempre, en palabras de Enzo Traverso, «fomentar el mito de la juventud gracias a una vasta red de organizaciones deportivas y estudiantiles tendentes a dar a sus miembros la ilusión de constituir su fuerza dirigente». «La guerra fue nuestra pubertad», escribió en su diario Giuseppe Bottai, parlamentario desde 1921, participante en la Marcha sobre Roma y que como ministro de Educación Nacional, desde 1936 hasta 1943, tuvo un papel destacado en la legislación antisemita de 1938.

El carácter generacional ha sido también subrayado para el nazismo, una «dictadura de la juventud», como la denomina el historiador Götz Aly, uno de los mejores conocedores de la «guerra racial» y del exterminio de los judíos. También hubo allí una «generación del frente», desde Hitler hasta Joseph Paul Goebbels (1897), y sobre todos ellos Hermann Göring (1893), un reputado piloto de combate; y una más joven, la «generación perdida», bien representada por Reinhard Heydrich (1904), Albert Speer (1905) o Adolf Eichmann (1906). En el caso de estos últimos, no se trataba de veteranos de guerra, sino de sus «retoños adolescentes», como les llama Richard Vinen, «víctimas de graves trastornos y traumas» como consecuencia de ella. La mayoría de los cuadros y activistas nazis pertenecía a la generación que había crecido después de la guerra.

Juventud y masculinidad iban unidas en aquel momento. El héroe, el soldado, el que había servido en las trincheras, el militante fascista, era varón, y la mujer permanecía relegada al mundo maternal y procreador. Francia perdió en la guerra uno de cada diez de sus varones activos y prohibió en 1920 la publicidad y venta de anticonceptivos, a la vez que ilegalizaba el aborto. Ese empeño natalista, que se plasmó en la mayoría de los países que habían sufrido cuantiosas pérdidas humanas en la guerra, sirvió en el caso del fascismo italiano para ensalzar la familia tradicional. «La maternidad constituye el patriotismo de las mujeres», se leía en la propaganda. El de los hombres ya se sabía dónde estaba: en la fuerza, en la virilidad, en la guerra. El 61 por ciento de las Schutzstaffel (SS), la organización militar de los nazis, estaban solteros en 1939.

En la guerra se forjaron también los bolcheviques, que compartían muchos rasgos con esa «generación del frente», la de 1914, que estudió hace tiempo Robert Wohl. Y aunque Vladimir Ilich Lenin (1870) tenía cuarenta y siete años cuando llegó a presidir el gobierno de los sóviets en octubre de 1917, otros dirigentes revolucionarios, como Lev Borisovich Kámenev (1883) o Grigori Zinóviev (1883), y sobre todo Nikolái Bujarin (1888), eran bastante más jóvenes. Tampoco Iósif Stalin o León Trotski, que habían nacido en 1879, llegaban a los cuarenta años en el momento de la conquista revolucionaria del poder. En 1919, cuando la guerra civil que siguió a la revolución había reclutado a decenas de miles de activistas para incorporarse al Ejército Rojo, el 50 por ciento de los militantes bolcheviques tenía menos de treinta años. Mijail Tujachevski, uno de los máximos comandantes de ese ejército, tenía veintiún años, mientras que el general Anton Denikin (1872), uno de los principales líderes del movimiento contrarrevolucionario Blanco, estaba a punto de cumplir cincuenta cuando acabó la guerra civil. A la misma generación pertenecía Lavr Kornilov (1870), otro general de largo recorrido en el ejército del zar Nicolás II, protagonista de una conspiración para derrocar al Gobierno provisional de Alexander Kerenski en agosto de 1917, y que murió en abril de 1918 combatiendo a los Rojos.

Amenazantes para el viejo orden eran también los partidos comunistas que se crearon por toda Europa al calor de la revolución bolchevique, dominados por jóvenes que se rebelaron no sólo frente a liberales y conservadores burgueses, sino también contra la socialdemocracia envejecida, según ellos, e incapaz de hacer la revolución en Occidente. El principal dirigente del Partido Comunista Alemán (KPD) cuando Hitler subió al poder, Ernst Thälmann, había nacido en 1896, y en Italia, Amadeo Bordiorga, primer secretario del Partido Comunista (PCI), tenía treinta y dos años cuando abanderó la escisión del socialismo en 1921. Los partidos comunistas de Francia y Alemania, los dos más importantes de Europa occidental en los años veinte, eran movimientos de jóvenes obreros, mano de obra poco cualificada, que engrosaron las filas del paro a partir de la crisis de 1929. El 80 por ciento de los afiliados al KPD estaban en el paro en 1932, en el momento en que la depresión económica sacudió con más fuerza a Alemania.

La destrucción y los millones de muertos que la Primera Guerra Mundial provocó, los cambios de fronteras, el impacto de la revolución rusa, y los problemas de adaptación de millones de excombatientes, sobre todo en los países vencedores, están en el origen de la violencia y de la cultura del enfrentamiento que se instalaron en muchas de las sociedades de aquel convulso período. Se le llama período de «entreguerras», pero entre 1919 y 1939 hubo varias guerras entre Estados europeos y varias guerras civiles. Los Balcanes llevaban una década de guerras cuando en 1923 Grecia y Turquía acordaron un intercambio obligatorio de población, que marcó el definitivo final del viejo mundo otomano: más de un millón de ortodoxos griegos, ex ciudadanos otomanos, fueron trasladados a Grecia desde Asia Menor, mientras que 380 000 musulmanes abandonaron Grecia en dirección a Turquía. El principio de nacionalidad y las nuevas formas de tratar a las minorías, importantes frentes abiertos con el final de la guerra, no llevaron la paz a esos territorios, en los que la violencia, pese a los tópicos, no fue mayor que en otros lugares de Europa, donde la construcción de los Estados nacionales había ocurrido siglos o décadas antes.

Para británicos y franceses, la guerra terminó en 1918, pero mientras que Gran Bretaña vivió en ese período una relativa estabilidad, aunque con la guerra civil irlandesa como telón de fondo entre 1922 y 1923, en Francia la crisis económica y los conflictos sociales de los años treinta estimularon movimientos extremistas y odios que aparecieron con toda su crudeza tras la invasión del ejército nazi en junio de 1940. Tampoco la gestión que Gran Bretaña y Francia hicieron de la paz de Versalles mejoró las cosas en otros países. Las reparaciones y la cláusula sobre la «responsabilidad de la guerra» exacerbaron el nacionalismo y el resentimiento en Alemania, que sufrió en los años inmediatamente posteriores a la guerra insurrecciones y conflictos violentos de todas clases.

Mientras que muchos europeos iniciaban otra guerra en septiembre de 1939, los españoles habían acabado la suya unos meses antes, una guerra civil de casi tres años que reforzó las poderosas tendencias maniqueas de la época y que se convirtió muy pronto en internacional, en «cruzada santa», en «la última gran causa». En la guerra civil española combatieron decenas de miles de europeos y también algunos de otros continentes. Fue en realidad una guerra civil europea, con el permiso tácito del gobierno británico y del francés. En el bando franquista lucharon algo más de cien mil: 78 000 italianos, 19 000 alemanes, diez mil portugueses y el más del millar de voluntarios de otros países, sin contar a los setenta mil marroquíes que formaron en las Tropas de Regulares Indígenas. En el bando republicano intervinieron cerca de 35 000 voluntarios en las Brigadas Internacionales y dos mil soviéticos, de los cuales seiscientos eran asesores no combatientes. Frente al mito del peligro comunista y revolucionario, que propagaron como causa de la guerra los militares golpistas de julio de 1936, lo que realmente llegó a España a través de una intervención militar abierta fue el fascismo. Europa no estaba en guerra, y oficialmente había una política unánime de no intervención, pero miles de europeos murieron y desaparecieron en suelo español.

Como ha subrayado Orlando Figes, nadie sabe con certeza el coste humano de la revolución rusa y de lo que siguió después hasta las purgas y eliminación del contrario puestas en marchas por Stalin en los años treinta. Los muertos por la guerra civil, por el terror, el hambre y las enfermedades en aquellos extensos territorios pasaron de diez millones, más que los ocho millones que habían muerto en toda Europa durante la Primera Guerra Mundial, sin contar los dos millones de personas que emigraron y se exiliaron en esos años que en Europa llamamos de entreguerras.

El escritor Maxim Gorki (1868), que pasó de la fe en la revolución a la desilusión y a la denuncia de tanto sufrimiento, creía que lo que estaba pasando en su tierra iba a destruir por completo la civilización rusa. Se fue de Rusia en el otoño de 1921, y aunque volvió en 1928 como el gran hijo pródigo de Stalin, pronto comenzó a oponerse a ese régimen dictatorial y pasó sus últimos años, hasta su muerte en junio de 1936, en arresto, tras ver cómo su hijo era asesinado, casi con toda seguridad por orden de Stalin, el año anterior. Tras su muerte, fue encontrado su cuaderno de notas en el que comparaba a Stalin con una «pulga monstruosa» que «la propaganda y la hipnosis del miedo han agrandado hasta proporciones increíbles».

De propaganda, miedo y mentiras se inundó Europa en aquellos años. Resulta fácil y tranquilizador atribuir las mentiras y la propaganda a los políticos, especialmente a los dictadores, a Joseph Goebbels y sus manipulaciones, ministro de Propaganda, con mayúscula, del Tercer Reich. Pero la fotografía completa dice más cosas. Dice que muchos intelectuales que se movilizaron para defender a la democracia, al fascismo o al comunismo contribuyeron con su voz y con su pluma a que esas mentiras se las creyera todavía más gente, a que los dogmas llegaran mejor y a que la violencia y el terror de otros fueran siempre más grandes.

La fascinación que provocó entre muchos de ellos el comunismo y sus milagros económicos, en tiempos de crisis de la democracia, les llevó a pasar por alto los campos de concentración y los crímenes estalinistas. Tras el ascenso de Hitler al poder, según ha observado Mark Mazower, todavía se hizo más difícil «una evaluación objetiva de Rusia» y una buena parte de la izquierda occidental se unió, con las políticas de frente popular, en un antifascismo prosoviético. La guerra civil española, con sus persecuciones de anarquistas, trotskistas y militantes del POUM incluidas, fue un excelente espejo de todo ello.

Había quienes hacían desde Europa occidental el viaje a la Unión Soviética y volvían contando maravillas. El historiador George Rudé, despreocupado hasta ese momento por la política, estuvo allí seis semanas en 1932 y regresó convertido al comunismo y al antifascismo. Otro británico, el editor Victor Gollancz, le manifestó en 1937 al escritor N. H. Brailsford que el apoyo a la Unión Soviética, «como única esperanza de evitar la guerra», era «de una importancia tan abrumadora que no debería decirse nada que pueda ser citado por el otro bando».

La crítica a los parlamentos y a la democracia, por otro lado, ganó terreno tras los desastres de la guerra y el miedo a la revolución y al comunismo que llegaban desde Rusia y transmitían sus exiliados más notables entre las clases acomodadas de las ciudades europeas. Algunos de los que se convirtieron en políticos destacados de la extrema derecha y del fascismo habían pasado por las trincheras, como el húngaro Ferenc Szálasi, fundador del movimiento de la Cruz Flechada, y vieron en la democracia la representación de la Europa burguesa y decadente, que abría las puertas al socialismo, al voto de las mujeres y al reconocimiento de las minorías nacionales. La cultura del enfrentamiento se abría paso en medio de una falta de apoyo popular a la democracia. Los extremos dominaban al centro y la violencia a la razón.

Existen también otras formas de reflejar aquella Europa, o parte de ella, antes de que la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe de los campos de exterminio se apoderaran del paisaje y de la memoria de quienes transitaron por él. Está, por supuesto, la República de Weimar, cuya tan atormentada vida política y económica no impide que al pensar en ella nos venga a la mente la modernidad en el arte, en la literatura y en el pensamiento, o los nombres de Albert Einstein, Thomas Mann, Bertolt Brecht, George Grosz, Max Beckmann y los artistas de la Bauhaus, una auténtica «edad de oro» de la cultura alemana destruida por la conquista del poder de Hitler y los nazis. «Puesta en contraste con su historia cultural» —observó hace ya cuatro décadas Peter Gay—, «la historia política de la República de Weimar es un asunto deprimente, pero es El Dorado comparada con lo que siguió, una historia de degradación, corrupción, la supresión de todas las fuerzas culturales vivas, mentiras sistemáticas, intimidación, asesinato político, seguido del crimen en masa organizado.» La muerte de Weimar, así las cosas, significó «el nacimiento de una edad negra».

El mismo argumento puede utilizarse para la Segunda República española, que tuvo un comienzo bastante menos traumático que la de Weimar, que al fin y al cabo salió de la derrota de una guerra entre imperios, y acabó echada abajo por una sublevación militar y una guerra civil. España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. Bastaron tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y de desprecio por la vida del otro sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la guerra civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la guerra civil en 1939, durante al menos dos décadas no hubo ninguna reconstrucción positiva, tal y como ocurrió en los países de Europa occidental después de 1945.

Esas dos repúblicas y las democracias más avanzadas en Gran Bretaña, Francia o los países nórdicos abrieron importantes caminos en el progresivo aumento del bienestar social patrocinado por el Estado. Aquella Europa que salió de una guerra conoció también, antes de la debacle de 1939, grandes cambios en el consumo de masas, en el desarrollo del automóvil, de la radio, del teléfono, del cine y de la prensa y publicidad. William Faulkner llamó a la década de los veinte «esta era del saxofón y el vuelo», pensando más en Estados Unidos que en Europa, pero es una expresión que capta la energía y rapidez con la que se movían los tiempos, «el sonido y la velocidad». Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los ciudadanos se enteraron por los periódicos. Veinte años después, en la segunda de las catástrofes que marcaron la primera mitad del siglo XX, los ciudadanos de los mismos países seguían a sus líderes y partes de guerra, propaganda y mentiras, por la radio y los noticiarios que se proyectaban en los cines. La historia y las comunicaciones se aceleraban a un ritmo frenético.

Y frenético fue el ritmo de tensiones internacionales que corrió por Europa entre las democracias liberales, el comunismo y el fascismo a partir de la subida al poder de Hitler en Alemania en enero de 1933. Aunque la nacionalsocialista fue la más extrema y radical de todas esas reacciones a la crisis de la democracia y al triunfo del comunismo en Rusia, la sangrienta confrontación entre Alemania y la Unión Soviética no debería eclipsar, aunque lo ha hecho a menudo, todos los restantes, diversos y variados focos del conflicto que conoció Europa durante esas tres décadas. El combate entre el fascismo y el comunismo, entre la dictadura de Hitler y la de Stalin, no puede ser, por lo tanto, el único eje de lo que se ha llamado «guerra civil europea».

HACIA LA GUERRA TOTAL

Las políticas de rearme emprendidas por los principales países europeos desde la década de los años treinta crearon un clima de incertidumbre y crisis que redujo la seguridad internacional. La Unión Soviética inició un programa masivo de modernización militar e industrial que la colocaría a la cabeza del poder militar durante las siguientes décadas. Por las mismas fechas, los nazis, con Hitler al frente, se comprometieron a echar abajo los acuerdos de Versalles y devolver a Alemania su dominio. Como consecuencia de ello, ambos países crearon, en palabras de Richard Overy, «algo que se aproximaba a una economía de guerra en tiempos de paz». En 1913, la Rusia zarista dedicaba el 4,8 por ciento del producto nacional al gasto militar y Alemania un 3 por ciento; en 1939, las cifras eran del 17 y 29 por ciento, respectivamente. Las inversiones en el sector de defensa en Alemania y en la Unión Soviética representaban en 1938 más de un quinto de todas las inversiones industriales. Por esas fechas, las dos dictaduras habían elegido las armas antes que la mantequilla, siguiendo la distinción propuesta en 1935 por Hermann Göring, ya entonces comandante supremo de la fuerza aérea y responsable del rearme: «El mineral ha hecho siempre fuerte a un Estado, la mantequilla y la margarina, a lo sumo, hacen gorda a la gente».

La Italia de Mussolini siguió el mismo camino y su economía estuvo supeditada cada vez más a la preparación de la guerra. Francia y Gran Bretaña comenzaron el rearme en 1934 y lo aceleraron desde 1936, aunque Alemania y la Unión Soviética gastaron en esos años en defensa tres veces más que las democracias europeas o Estados Unidos. El comercio de armas se duplicó desde 1932 hasta 1937. Las estadísticas alemanas revelaban que el gasto en armas en 1934 se había disparado y que el porcentaje del presupuesto alemán dedicado al ejército pasó, en los dos primeros años de Hitler en el poder, del 10 al 21 por ciento. Según Overy, «el sentimiento popular antibélico de los años veinte dio paso gradualmente al reconocimiento de que una gran guerra era de nuevo muy posible».

Importantes eslabones en esa escalada a una nueva guerra mundial fueron la conquista japonesa de Manchuria en septiembre de 1931, la invasión italiana de Abisinia en octubre de 1935 y la intervención de las potencias fascistas y de la Unión Soviética en la guerra civil española. Pero lo que realmente cambió el escenario de la política internacional fue la llegada de Hitler al poder. El tradicional militarismo prusiano fue aderezado con doctrinas fascistas todavía más agresivas y el resultado fue explosivo.

El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, había impuesto notables restricciones al poderío militar alemán. Su amplio y numeroso ejército fue reducido a una fuerza de policía de cien mil hombres, que deberían permanecer largo tiempo en el servicio para que no pudieran ser entrenados muchos más; las academias militares fueron cerradas y el alto mando del ejército fue dispersado y sólo se le permitió tener un número limitado de armas de defensa. Las potencias vencedoras mantuvieron inspectores en suelo alemán hasta 1930 para que los términos del tratado se cumplieran y todo parecía indicar por esas fechas, antes de la llegada de Hitler al poder, que Alemania era, en efecto, un país desarmado.

La rapidez con la que Hitler aupó a Alemania desde esa posición de debilidad a una superpotencia militar fue extraordinaria, pero contó con la permisividad absoluta de las potencias democráticas. En apenas tres años, de 1935 a 1938, Hitler subvirtió el orden internacional que, pactado por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, había intentado prevenir que Alemania se convirtiera de nuevo en una amenaza para la paz en Europa. En 1935, la región del Sarre, el antiguo estado alemán de ese nombre, fronterizo con Francia y Luxemburgo, bajo control de la Liga de las Naciones desde el Tratado de Versalles, volvía a ser alemana después de que la mayoría de la población, el 90 por ciento, así lo decidiera en un plebiscito. En marzo de 1936, Hitler ordenó a las tropas alemanas reocupar Renania, una zona desmilitarizada desde 1919, y exactamente dos años después, el ejército nazi entraba en Viena, inaugurando el Anschluss, la unión de Austria y Alemania.

La Liga de Naciones, la organización internacional creada en París en 1919 para vigilar la seguridad colectiva, la resolución de las disputas y el desarme, fue incapaz de prevenir y castigar esas agresiones, mientras que los gobernantes británicos y franceses pusieron en marcha la llamada «política de apaciguamiento», consistente en evitar una nueva guerra a costa de aceptar las demandas revisionistas de las dictaduras fascistas, siempre y cuando no se pusieran en peligro los intereses de Francia y Gran Bretaña. A Neville Chamberlain, nacido en 1869, primer ministro británico desde 1937 hasta 1940, le llovieron después todo tipo de críticas como máximo artífice de esa política, pero lo que hacía Chamberlain en realidad era satisfacer lo que muchos, políticos y grandes hombres de negocios, buscaban entonces en su país: mantener las posesiones imperiales de Gran Bretaña sin necesidad de comprometerse en la política continental europea. En Francia, por otro lado, la memoria viva de la devastación física y humana causada por la Primera Guerra Mundial, estimulaba todavía, en los años 1936-1938, políticas de defensa y disuasión. Además, sin la garantía del apoyo militar por parte de Gran Bretaña, tampoco Francia estaba preparada para desafiar ella sola a Hitler.

Hitler percibió esa actitud de las democracias como un claro signo de debilidad y, tal y como ha mostrado la historiadora Ruth Henig, siempre prefirió lograr sus objetivos con acciones militares unilaterales, modestas al principio y no demasiado amenazantes, que enzarzarse en discusiones diplomáticas multilaterales. Mientras Gran Bretaña y Francia se mantuvieran militarmente débiles, Alemania tenía que aprovechar para adquirir «espacio vital» en el este de Europa.

La debilidad de las democracias llegó a su punto más alto el 29 de septiembre de 1938, cuando los jefes de gobierno de Gran Bretaña y Francia, Neville Chamberlain y Édouard Daladier, y los dictadores de Alemania e Italia se reunieron en Múnich para decidir el destino de Checoslovaquia, donde tres millones de alemanes vivían en las áreas fronterizas de los Sudetes, y buscar una alternativa a los planes de invasión y conquista militar puestos en marcha unos meses antes por Adolf Hitler. Tras más de trece horas de negociaciones, Neville Chamberlain y Édouard Daladier aceptaron las propuestas de Hitler, que Benito Mussolini expuso como si fueran suyas. Checoslovaquia entregaría los territorios de los Sudetes a Alemania, que incluían importantes centros industriales y de comunicación, y los alemanes a cambio se comprometían a no atacar al resto del Estado checo y mantener la paz en el futuro.

El sacrificio de Checoslovaquia, sin embargo, tampoco frenó las ambiciones expansionistas nazis y Hitler interpretó que Gran Bretaña y Francia le habían dado luz verde para extender su conquista por el este. Cuando no había pasado ni un mes desde el acuerdo de Múnich, Hitler ordenó a sus fuerzas armadas que se prepararan para la «liquidación pacífica» de lo que quedaba de Checoslovaquia. A mediados de marzo de 1939, las tropas alemanas entraban en Praga y Hitler planeó lanzar una guerra de castigo contra Polonia por no querer negociar el retorno a Alemania del puerto báltico de Danzig. Sólo la Unión Soviética, con fuertes intereses en esa zona, podía oponerse, y para que eso no ocurriera, Hitler firmó con Stalin el 23 de agosto un pacto de no agresión, de absoluta conveniencia, entre enemigos ideológicos. Unos días después, la invasión de Polonia convenció a las potencias democráticas que la colisión era preferible al derrumbe definitivo de la seguridad europea.

En la mañana del 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia y el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra a Alemania. Veinte años después de la firma de los tratados de paz que dieron por concluida la Primera Guerra Mundial, comenzó otra guerra destinada a resolver todas las tensiones que el comunismo, los fascismos y las democracias habían generado en los años anteriores. El estallido de la guerra en 1939 puso fin a esa «crisis de veinte años» e hizo realidad los peores augurios. En 1941, la guerra europea se convirtió en mundial con la invasión alemana de Rusia y el ataque japonés a la armada estadounidense en Pearl Harbor. El catálogo de destrucción humana que resultó de ese largo conflicto de seis años nunca se había visto en la historia.

La crisis del orden social, de la economía, del sistema internacional, se iba a resolver mediante las armas, en una guerra total combatida por poblaciones enteras, sin barreras entre soldados y civiles, que puso la ciencia y la industria al servicio de la eliminación del contrario. Un grupo de criminales que consideraba la guerra como una opción aceptable en política exterior se hizo con el poder y puso contra las cuerdas a políticos parlamentarios educados en el diálogo y la negociación. Las dictaduras que emergieron en Europa en los años treinta, en Alemania, Austria o España, tuvieron que enfrentarse a movimientos de oposición de masas y para controlarlos necesitaron poner en marcha nuevos instrumentos de terror. Ya no bastaba con la prohibición de partidos políticos, la censura o la negación de los derechos individuales. Y la brutal realidad que salió de sus decisiones fueron los asesinatos, la tortura y los campos de concentración. Hitler provocó la guerra, pero ésta fue también posible por la incapacidad de los gobernantes demócratas para comprender la violencia desatada por el nacionalismo moderno y el conflicto ideológico.

Los datos que muestran el retroceso democrático y el camino hacia la dictadura resultan concluyentes. En 1920, de los veintiocho Estados europeos, todos menos dos (la Rusia bolchevique y la Hungría del dictador derechista Miklós Horthy) podían clasificarse como democracias (con sistemas parlamentarios y gobiernos elegidos, presencia de partidos políticos y mínimas garantías de derechos individuales) o sistemas parlamentarios restringidos. A comienzos de 1939, más de la mitad, incluida España, habían sucumbido ante dictadores con poderes absolutos. Siete de las democracias que quedaban fueron desmanteladas entre 1939 y 1940, tras ser invadidas por el ejército alemán e incorporadas al nuevo orden nazi, con Francia, Holanda o Bélgica como ejemplos más significativos. A finales de 1940, sólo seis democracias permanecían intactas: el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, Islandia y Suiza.

La creación de sistemas de partido único, donde ya no cabía la lucha parlamentaria, llevó a la exaltación del líder. En Alemania, el «mito del Führer» configuró la imagen de Hitler como un hombre destinado a superar las debilidades del sistema democrático. Stalin fue festejado por la propaganda de los años treinta como el salvador de la revolución de Lenin. En España, ya en plena guerra civil, obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la «ciudad terrenal». Franco manejó magistralmente ese culto a su persona y trató de demostrar, como Hitler también lo había hecho, que él estaba más allá de los conflictos cotidianos y muy alejado de los aspectos más «impopulares» de su dictadura, empezando por el terror. El culto a esos líderes fue aceptado por una parte importante de la población, que veía en ellos seguridad frente al desorden y el acoso del enemigo. Sus «proyectos utópicos fundamentales —construcción del socialismo en un solo país, una Volksgemeinschaft germana o una Italia imperial— proyectaban —como ha observado Mark Mazower— imágenes positivas de una nación nueva e integrada» y tuvieron amplios apoyos populares.

En definitiva, dos guerras mundiales y una «crisis de veinte años» en medio marcaron la historia de Europa del siglo XX. Naturalmente, no fue Europa un territorio libre de violencia antes de 1914 o después de 1945. Ocurre, sin embargo, que los hechos que convierten a ese período en excepcional han dejado múltiples huellas inconfundibles. El total de muertos ocasionados por esas guerras, internacionales o civiles, revoluciones y contrarrevoluciones, y por las diferentes manifestaciones del terror estatal, superó los ochenta millones de personas. Cientos de miles más fueron desplazados o huyeron de país en país, planteando graves problemas económicos, políticos y de seguridad. En los casos más extremos de esa violencia hubo que inventar hasta un nuevo vocabulario para reflejarla. Por ejemplo, el genocidio, un término ya inextricablemente unido al exterminio de los judíos en los últimos años de supremacía nazi.

Como señala Richard Vinen, lo más sorprendente de ese período «es el sinfín de motivos que descubrieron los europeos para odiarse mutuamente». De la historia de esos odios, de sus causas y consecuencias, y de sus principales instigadores, trata este libro.

II
«La venganza de los siervos»

«La primavera y el verano de 1914 estuvieron marcados en Europa por una tranquilidad excepcional», recordaba años después, en 1920, Sir Winston Churchill (1874), alimentando esa idea nostálgica de la estabilidad europea en tiempos de la Alemania de Guillermo II o la Inglaterra de Eduardo VII, de contraste entre los «good times» y el período de grandes convulsiones políticas y sociales inaugurado por el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914.

Se esperaba que la guerra fuera corta, y aunque los gobiernos de los principales poderes contribuyeron a poner en riesgo la paz con sus movilizaciones militares, especialmente después del asesinato del archiduque Fernando el 28 de junio en Sarajevo, ninguno de ellos había hecho planes militares o económicos para un prolongado combate. Sabían que si entraban en guerra todos a la vez, algo que posibilitaba el sistema de alianzas pactado unos años antes, el dinero y las energías gastadas podrían conducir a la bancarrota de la industria y del crédito en Europa. Al declarar la guerra general en agosto de 1914, escribe Ruth Henig, «los poderes europeos contemplaban una serie de encuentros militares cortos e incisivos, seguidos presumiblemente de un congreso general de los beligerantes en el que confirmarían los resultados militares mediante un arreglo político y diplomático». Guillermo, el príncipe heredero de la Corona alemana, ansiaba que la guerra fuera «radiante y gozosa». El ministro ruso de la Guerra, el general V. A. Sukhomlinov, se preparaba para una batalla de dos a seis meses y las expectativas británicas eran que sus fuerzas expedicionarias estuvieran en casa para Navidad.

La guerra, sin embargo, duró cuatro años y tres meses y el entusiasmo que exhibieron a favor de ella la mayor parte de las poblaciones de los países beligerantes, incluidas las clases trabajadoras, en las ciudades y en el campo, se evaporó relativamente pronto, especialmente en Europa Central y del Este. La escasez de comida y de materias primas y los numerosos conflictos que se derivaron de las duras condiciones en que se desarrolló la guerra formaron el telón de fondo de las revoluciones de 1917 que sucesivamente derribaron al régimen zarista y al Gobierno provisional de Alexander Kerenski.

EL ESCENARIO

Rusia era una sociedad campesina cuando comenzó el siglo XX. El 80 por ciento de la población pertenecía al campesinado, sobre el que intelectuales y escritores habían elaborado visiones románticas acerca de sus lazos indisolubles y de su superioridad moral frente a los valores modernos y occidentales. El movimiento populista defendió en los años setenta del siglo XIX una organización de la sociedad en torno a la comuna campesina y sus costumbres igualitarias, un camino diferente al de Europa occidental, y miles de estudiantes radicales se fueron al campo, siguiendo su consigna «Ve con el pueblo», para intentar atraer a los campesinos al campo revolucionario. El choque con la realidad fue brutal porque esos grupos educados en las ciudades no sabían nada sobre el campesinado, confirmando que había un abismo entre esos dos mundos, las «dos Rusias», la oficial y la campesina, como las había llamado unos años antes el pensador Alexander Herzen, el precursor de esas ideas sobre un camino autóctono de Rusia hacia el socialismo, retomado por los populistas y, desde 1901, por el Partido Social Revolucionario de Víctor Chernov.

La mayoría de los campesinos rusos descendían de los siervos, y pese al Edicto de Emancipación promulgado por el zar Alejandro II, el abuelo de Nicolás II, en 1861, el Estado los abandonó al libre antojo de terratenientes y burócratas. Los campesinos, por otro lado, veían al Estado como una estructura de poder malévola y ajena que sólo les cobraba impuestos y reclutaba a los más jóvenes para la guerra, sin ofrecerles nada a cambio. La comuna, la comunidad de las aldeas, era el centro de su mundo y los campesinos permanecían aislados del resto de la sociedad, no integrados en la estructura política, cultural y legal del sistema zarista, y distantes tanto del orden social conservador como de la oposición radical. Su única lealtad era hacia el distante zar, a quien veían, con una devoción que apenas había cambiado durante el siglo XIX, como un ser superior, más allá del mal que encarnaban los terratenientes opresores y los recaudadores de impuestos. Las decisiones principales en la comuna campesina las tomaban los patriarcas, el sector más acomodado y rico al que seguía el resto de sus habitantes.

Era una sociedad tradicional, que resistía la penetración del capitalismo, de los usureros y prestamistas, con un peso importante de la cultura oral, altas tasas de analfabetismo, que superaban el 60 por ciento, y dominio del orden patriarcal. Los campesinos rusos, frente a algunos tópicos muy extendidos, poseían una considerable proporción de tierra, gestionada directamente o por medio de la comuna, y vivían en pueblos relativamente autónomos, mientras las clases terratenientes no controlaban directamente la producción, ni la administración o los mecanismos de coerción.

El régimen zarista marginaba al campesinado y a la vez le temía. Era, además, comparado con los campesinos de otras sociedades rurales de Europa en ese momento, un campesinado revolucionario, que reclamaba las tierras de los terratenientes que no habían pasado a sus manos tras el Edicto de Emancipación de los siervos de 1861, un 22 por ciento aproximadamente de toda la tierra, y que consideraba a la propiedad comunal, y no privada, la base fundamental de su modo de vida.

Lejos de ser una arcadia feliz, esas comunas, que contaban con claras diferencias entre campesinos pobres y ricos, se regían por normas estrictas, dominadas por los hombres más influyentes y donde las mujeres eran meros objetos que podían ser golpeados y humillados por sus maridos. Había crueles castigos públicos para mujeres adúlteras, ladrones de caballos o transgresores de las normas. La violencia, como han demostrado diversas investigaciones, formaba parte de la cultura del campesinado ruso. Aislados de la sociedad oficial, sin muchos derechos como ciudadanos, esos campesinos no iban a respetar muchas leyes en el momento en que la coerción que el Estado ejercía sobre ellos desapareció con el vendaval revolucionario que se llevó al zar Nicolás II en febrero de 1917. Pero con el final del despotismo, los campesinos no sólo promovieron la «anarquía» y la destrucción, como cree, por ejemplo, Richard Pipes, incapaces según ese argumento de desarrollar un papel positivo. Los ideales de la revolución campesina, su cultura de enfrentamiento al mundo que les rodeaba, orientaron también el nuevo orden que comenzaron a construir en 1917-1918, en el momento de la quiebra de la autoridad y del Estado.

Durante las tres décadas antes de la revolución, muchos campesinos emigraron a las ciudades en busca de mejorar su posición social fuera de la agricultura. Los empleos de la ciudad poseían muchos más atractivos que el trabajo en el campo, especialmente para los jóvenes que aprendían a leer y escribir y podían captar, a través de la propaganda que llegaba desde las ciudades en periódicos y panfletos, el contraste entre la vida social urbana y la rural. La ciudad ofrecía además independencia y eso es lo que buscaron también las mujeres más jóvenes que abandonaron el campo y la presión del orden jerárquico patriarcal para trabajar como sirvientas en las casas de las familias urbanas más acomodadas.

La emigración del campo a la ciudad fue posible porque, desde esos años finales del siglo XIX, Rusia experimentó un notable crecimiento industrial, impulsado por el Estado y dependiente del capital extranjero, que se notó especialmente en el sector textil, metalúrgico, minero y en la explotación de los recursos naturales. El petróleo, la madera, el carbón, el hierro y el oro se extraían de forma intensiva y crearon un grupo, reducido pero potente, de empresarios, banqueros y comerciantes. Hubo, al mismo tiempo, un auténtico boom en la construcción de ferrocarril, pasando de poco más de 1500 kilómetros construidos en 1860 a más de treinta mil en 1890, hasta llegar a los cincuenta mil cuando estalló la Primera Guerra Mundial, incluida la línea del Transiberiano que unía Moscú con Vladivostok, a orillas del océano Pacífico.

Pero ese crecimiento mostraba también muchos límites. Una buena parte de las personas clasificadas como trabajadores lo hacían a tiempo parcial en las empresas textiles o en el ferrocarril, en las épocas en que no se les necesitaba en el campo, y sólo en la minería y en las industrias metalúrgicas y de construcción de maquinaria había una clase obrera propiamente dicha, cualificada y contratada a tiempo completo. En total, incluyendo a aquellos ocupados entre la agricultura y la industria, no había más de tres millones de trabajadores industriales, apenas un 2 por ciento de la población. La clase media, de profesionales y comerciantes, tampoco destacaba por su número, alrededor de un millón de personas.

No existía, por lo tanto, ni una poderosa burguesía industrial ni una clase media que pudiera constituir la base social para una democracia liberal. Pero tampoco un proletariado industrial que pudiera articular, a través de sindicatos y partidos políticos, una alternativa revolucionaria al régimen autocrático. En realidad, la mayoría de los disturbios sociales del período anterior a la guerra mundial reflejaban todavía las formas de protesta preindustrial, motines e insurrecciones, casi desaparecidas en los países europeos más avanzados, mientras que las huelgas, que requerían una mayor organización y disciplina, se extendían únicamente por las industrias modernas localizadas en Ucrania, los Urales y San Petersburgo. La legislación zarista prohibía a los trabajadores organizarse, declaraba ilegales las huelgas y condenaba a la mayoría de esos trabajadores industriales a largas jornadas laborales y a vivir en condiciones calamitosas.

La represión, la ausencia de instituciones representativas y de libertades generaron la aparición y el desarrollo de una oposición radical al sistema zarista dispuesta a derrocarlo por diferentes medios. Esa oposición estaba compuesta fundamentalmente por intelectuales, las elites educadas, lo que en ruso se llamó intelligentsia, estudiantes, escritores, profesionales, una especie de subcultura al margen de la Rusia oficial, que intentaban explotar cualquier rastro de descontento popular para conquistar el poder. Orlando Figes sostiene que resulta imposible comprender el extremismo político de la intelligenstia rusa sin considerar su «aislamiento cultural». Esa «elite minúscula estaba aislada de la Rusia oficial por su política y de la Rusia campesina por su educación». Esas dos formas de aislamiento eran insalvables, pero más importante todavía, sostiene Figes, la intelligentsia rusa estaba «desconectada» del mundo cultural europeo que intentaba emular. La censura prohibía todas las expresiones políticas, así que cuando las ideas eran introducidas en Rusia «asumían el estatus de un dogma sagrado, de una panacea para todos los males del mundo», más allá de cualquier cuestionamiento o de la necesidad de ponerlas a prueba en la vida real.

Frente a la censura y represión, las primeras expresiones de oposición política a la autocracia zarista tomaron las formas de organizaciones clandestinas, muy vinculadas al populismo y a las elaboraciones del socialismo agrario y comunal. Destacó entre ellas la denominada «Voluntad del Pueblo», la primera organización de la historia dedicada específicamente a propagar el terror político, que asesinó al zar Alejandro II en 1881. La utilización de la bomba y el atentado personal para destruir el mal e incitar al pueblo a la rebelión no funcionó como táctica de lucha, como ocurrió también con los magnicidios cometidos por anarquistas en varios países de Europa en la década posterior, pero sirvió para que los gobiernos intensificaran la represión y para que aparecieran alternativas que consideraban al terrorismo inútil para la transformación de la sociedad y la conquista del poder.

Uno de esos grupos, que seguía las tesis de Karl Marx, fue el Partido Obrero Social Demócrata, que apareció en Rusia en 1899 y recogió desde el principio a algunos dirigentes del populismo, como Gueorgui Plejanov, que, tras rechazar el uso del terror, defendían que sólo una revolución social que procediera del pueblo podría llegar a tener éxito y ser al mismo tiempo democrática. El partido se dividió muy pronto entre la facción bolchevique (mayoritaria) y la menchevique (minoritaria). Durante un tiempo, mientras ambas facciones contaban con unos cuantos miles de afiliados, las diferencias políticas entre ellas no estaban muy claras para sus seguidores y eran factores personales, sobre todo la lealtad a Vladimir Ilich Lenin por parte de los bolcheviques y la oposición a él de los mencheviques, los que actuaban como fuentes principales de la lealtad. La evolución de las dos facciones en la década anterior a la revolución retrató a los mencheviques como un partido más democrático y más propenso a establecer contactos con la burguesía liberal, mientras que los bolcheviques desarrollaron algunos de los rasgos que les iban a dar la ventaja en el escenario revolucionario de 1917: disciplina y liderazgo firme alrededor de la figura de Lenin, un partido centralizado, casi militarizado, que pudiera combatir al Estado policial del zar.

Ese vasto Imperio llamado Rusia, que estaba en esos momentos en la transición desde la sociedad agraria a la urbana e industrial, que mejoraba sus comunicaciones y sistema de enseñanza, se enfrentaba también al crecimiento del nacionalismo. Porque ese Imperio era tan grande y diverso, con millones de rusos viviendo en zonas no rusas, que ni siquiera tenía su geografía y demografía bien definidas. El primer censo nacional que se elaboró en 1897 asignaba al Imperio ruso 125 millones de habitantes, de los cuales un 52 por ciento pertenecían a la Gran Rusia, y destacaban, entre otras nacionalidades, 22 millones de ucranianos y seis millones de bielorrusos. Aunque había más de ochenta grupos lingüísticos diferentes, las minorías reseñables no pasaban de una docena, incluidos los ocho millones de polacos que entonces eran súbditos del Imperio y los cinco millones de judíos que vivían bajo leyes discriminatorias, víctimas de sangrientos pogromos y que acabaron siendo una parte importante del movimiento revolucionario marxista.

Para los sectores ultraconservadores, las tierras no rusas del Imperio eran la posesión del zar, que tenía que mantener su dominio territorial indivisible. Los liberales, por su parte, subordinaban la cuestión del nacionalismo a las luchas por las libertades civiles, creyendo que con la concesión de esas libertades, las reivindicaciones nacionalistas de algunas minorías y de los pueblos no rusos desaparecerían. La mayoría de los nacionalistas, que estrecharon contactos con los socialistas, porque consideraban que sus luchas iban también unidas a una mejora de sus condiciones sociales, no habían sido capaces de constituir un movimiento político antes de la subida al trono de Nicolás II. Fue la política de rusificación, la subordinación al dominio cultural ruso de los pueblos no rusos, que Nicolás II defendió con energía tras la amenaza que había supuesto la revolución de 1905, la que estimuló el desarrollo de las organizaciones nacionalistas como una fuerza notable en las tierras fronterizas no rusas. En palabras de Figes, «con su fracaso en llegar a acuerdos con el nacionalismo, el régimen zarista había creado otro instrumento de su propia destrucción».

Nacionalistas, judíos y revolucionarios, y también los liberales del Parido Constitucional Democrático fundado en 1905, eran tratados con especial dureza por la policía política del zar, cuyos agentes penetraban en todas las facetas de la vida de la población rusa, vigilaban cualquier forma de disidencia, arrestaban, torturaban o enviaban al exilio a los disidentes y subversivos. Quienes no pertenecían a la burocracia del Estado eran potenciales enemigos y, en consecuencia, de acuerdo con las actitudes dominantes en la policía, la protección del Estado se convertía en «una guerra contra toda la sociedad». Todo ello hacía de la Rusia de Nicolás II el prototipo de un Estado moderno policial.

Estaba, además, por si ese control fallaba, el ejército, el principal soporte del régimen zarista, con casi un millón y medio de soldados y oficiales, el ejército más grande del mundo, más grande que los ejércitos juntos de los dos principales imperios que iban a luchar contra Rusia en la Primera Guerra Mundial. Un ejército, sin embargo, con muchas dificultades para su movilización, dada la amplitud del territorio y la lentitud del ferrocarril, y que era utilizado sobre todo para la represión interna de los disturbios. Ésa es una de las razones, según Richard Pipes, que explican la rápida propagación de la revolución en febrero de 1917: el ejército estaba combatiendo en el frente de guerra, lejos del centro político del Imperio.

Así era el Imperio ruso en el momento del inicio de la Gran Guerra: una autocracia ejercida por el zar a través del ejército, la policía y la burocracia, con apoyos todavía importantes entre una nobleza terrateniente que perdía gradualmente poder, y legitimada por la Iglesia ortodoxa rusa, la iglesia oficial de la monarquía que representaba nominalmente a casi tres cuartos de la población. La Iglesia predicaba sumisión a los poderes establecidos y el Estado la recompensaba otorgando al clero casi un monopolio de la educación elemental, pagando subsidios y persiguiendo a los anticlericales o a quienes pretendían escapar a la autoridad eclesiástica.

Con tantos pilares, el sistema zarista parecía aguantar cuando ya avanzaba el siglo XX, tras superar el intento revolucionario de 1905 y el experimento constitucional y parlamentario que encarnó, como asamblea popular y representativa, la Duma. La quiebra de ese sistema no llegó, sin embargo, por la subversión o los disturbios sociales, sino por la rivalidad imperial que Rusia mantenía con Alemania y Austria-Hungría. Theda Skocpol, en su estudio ya clásico sobre los Estados y las revoluciones sociales, sostiene que la crisis revolucionaria se desencadenó en Rusia, como había pasado en Francia a comienzos del siglo XVIII y ocurriría en China a mediados del XX, cuando el Estado fue incapaz de hacer frente a una situación internacional en la que tuvo que competir con poderes extranjeros económicamente más fuertes. La Primera Guerra Mundial fue la gran prueba que tuvo que pasar la dinastía Romanov, trescientos años después de haberse establecido en Rusia, y de ella ya no saldría viva.

CRISIS DE AUTORIDAD

El sistema de dominio zarista llevaba ya un tiempo en declive y así lo han demostrado algunos de los principales estudiosos de Rusia y de los acontecimientos que llevaron a la revolución. Richard Pipes sostiene que a los ojos de la población, «acostumbrada a ser gobernada por una autoridad invencible», el prestigio del zarismo había comenzado a declinar unas décadas antes de la revolución. Desde mediados del siglo XIX, y tras un siglo y medio de victorias militares y expansión, Rusia «sufrió una humillación tras otra a manos de los extranjeros»: la derrota en la Guerra de Crimea en 1854-1856, en su propio suelo, ante británicos y franceses; la pérdida en el Congreso de Berlín, celebrado en 1878 bajo la presidencia de Otto von Bismark, de los frutos de la victoria sobre los turcos; la debacle en la guerra con Japón de 1904-1905; y finalmente, la estrepitosa derrota ante los alemanes en la Primera Guerra Mundial, causa casi inmediata del estallido de la revolución.

Las raíces de la revolución se encontraban, si seguimos el argumento de Orlando Figes, en el «conflicto creciente» entre una sociedad que de forma acelerada se estaba convirtiendo en más educada, urbana y compleja, y «una autocracia fosilizada que no iba a conceder sus peticiones políticas». Nicolás II, al igual que antes había hecho su padre, Alejandro III, zar de Rusia entre 1881, tras el asesinato de su padre Alejandro II, y su muerte en 1894, intentó parar el reloj de la historia, manteniendo los principios de la autoridad personal y de su poder absoluto en la Corte frente a la burocracia imperial que había comenzado a desarrollarse desde la segunda mitad del siglo XIX como una fuerza de modernización y reforma.

Nicolás II había subido al trono en 1894, a la edad de veintiséis años, tras recibir una educación refinada. Hablaba inglés, con acento de Oxford, alemán y francés, era «el hombre más educado de Europa», según su primo el gran duque Alejandro, pero sabía poco de cómo gobernar un país que tenía un ingente campesinado aislado de la estructura política que él presidía y donde estaba emergiendo un movimiento revolucionario que su policía, famosa por la utilización de métodos violentos, no podía suprimir pese a la represión. La autocracia ya no servía para gobernar un imperio tan grande y complejo, pero Nicolás II se aferró al poder absoluto en vez de ensanchar su base política. Las concesiones que tuvo que hacer tras la revolución de 1905, con la guerra contra Japón por el control de Corea y Manchuria en el trasfondo, no fueron suficientes para sus opositores y le quitaron prestigio a los ojos de quienes las percibieron como un producto de su debilidad como gobernante.

En febrero de 1913 Nicolás II presidió en San Petersburgo la ceremonia que celebraba trescientos años de dominio de la dinastía Romanov sobre Rusia. Hubo acción de gracias en la catedral, dirigida por el patriarca de Antioquia, que se había trasladado desde Grecia para esa ocasión tan especial, a la que asistió una amplia representación de la clase dominante rusa. La glorificación de la dinastía Romanov pretendía, con esa ceremonia de poder y opulencia, mantener la reverencia popular hacia el principio de la autocracia. Pero también, como señala Figes, «reinventar el pasado…. investir a la monarquía con una legitimidad histórica mítica», justo en un momento en que su dominio estaba siendo desafiado por fuerzas democráticas y revolucionarias. «Los Romanov estaban refugiándose en el pasado, con la esperanza de que podría salvarles del futuro.»

La dinastía Romanov cumplía tres siglos cuando la guerra amenazaba a Europa. A comienzos de 1914, la diplomacia rusa reconocía que una guerra con los imperios centrales, con Austria-Hungría y Alemania, era inevitable, a causa de las presiones proeslavas de un sector del ejército y de la burocracia, pero trataba de retrasarla porque el ejército ruso, de acuerdo con los expertos militares, no estaría preparado para entrar en ella hasta 1917. El asesinato del archiduque Fernando el 28 de junio precipitó los acontecimientos y colocaron a Rusia y al zar en una difícil situación. Nicolás II sabía que si iba a la guerra, corría el riesgo de la derrota y de la quiebra del Imperio; y si permanecía al margen, aunque la neutralidad era casi imposible en aquel momento, podía suscitar el surgimiento de un movimiento patriótico contra él, porque la prensa clamaba a favor de la guerra contra Austria, en defensa de Serbia, y en las calles de San Petersburgo la gente se manifestaba por la misma causa. Cuando el 28 de julio Austria declaró la guerra a Serbia, el ministro de Asuntos Exteriores, S. D. Sazanov, recomendó al zar una movilización general.

El 2 de agosto de 1914 Rusia entró en la guerra contra Alemania y Austria, aliada con Gran Bretaña y Francia. Al principio, una oleada de fervor patriótico unió a amplios sectores de la población en torno al zar y la idea de nación, mientras que pacifistas e internacionalistas tenían que emprender el camino del exilio. Pero la guerra se alargó y el zar, en vez de transferir poder desde la Corona a los representantes de la nación reunidos en la Duma, que así lo reclamaban, asumió el mando personal de las fuerzas armadas en el frente y perdió contacto con la situación política en la retaguardia. El liderazgo pasó a su mujer, la emperatriz Alejandra, quien ejerció desde mediados de 1915 gran influencia en los nombramientos de ministros, gobernadores de las provincias y miembros de la administración.

Alejandra, hija del gran duque de Hesse-Darmstadt y de la princesa Alicia de Inglaterra, había sido criada y educada en Inglaterra por su abuela la reina Victoria y era totalmente ajena a la cultura y a las costumbres rusas cuando en 1894 se convirtió en zarina, a la edad de veintidós años. Nunca fue popular y de la correspondencia con su abuela se deduce que tampoco le importaba mucho, convencida de que en Rusia, al contrario que en Inglaterra, los monarcas no tenían «necesidad de ganarse el afecto del pueblo», que adoraba a sus zares «como seres divinos». Su intromisión en los asuntos políticos y la influencia que Rasputín ejerció sobre ella emponzoñaron las relaciones entre la monarquía y sus principales y tradicionales apoyos en la sociedad, desde la nobleza a la Iglesia y el ejército.

Después de dar a luz a cuatro niñas, entre 1895 y 1901, Alejandra tuvo finalmente un hijo, futuro heredero de la Corona. Alexis nació en 1904 y pronto se descubrió que sufría hemofilia, una enfermedad incurable en ese momento, muy común en las casas reales de Europa, y que le había transmitido su madre. Gregori Rasputín, un campesino curandero que procedía de Siberia, ganó su posición en la corte porque demostró ser capaz, o eso al menos parecía, de detener las hemorragias y el sufrimiento del heredero al trono. Rasputín usó esa influencia con la emperatriz para obtener un poder extraordinario, al margen de los rumores que siempre circularon sobre su potencia sexual, o las orgías que organizaba con ella.

Tras la marcha del zar Nicolás II al frente, en agosto de 1915, Rasputín incrementó su influencia política, hasta el extremo de que era imposible conseguir o mantenerse en un puesto sin su consentimiento. Los monárquicos más conservadores comenzaron a mostrar su disgusto con lo que ocurría en la Corte, asustados también por la posibilidad de que los disturbios sociales alcanzaran directamente a la cúspide de la estructura del poder. En la sesión de la Duma de noviembre de 1916, en la que se debían votar los presupuestos para la guerra, varios oradores, entre los que se encontraba Alexander Kerenski, un abogado de treinta y cinco años, atacaron al gobierno por traicionar los intereses del país. Un mes después, Rasputín fue asesinado en casa del príncipe Félix Yusupov, una noticia que fue saludada con gozo en los círculos aristocráticos.

Para financiar la guerra, el gobierno había estado imprimiendo millones de billetes de rublos y a principios de 1917 la inflación había disparado los precios de los productos básicos multiplicándolos por cuatro respecto a los que regían en 1914. Los campesinos, que compraban mucho más caro y no obtenían ganancias por la venta de sus productos, que iban a parar a los intermediarios, empezaron a acumular y esconder el grano. La comida comenzaba a faltar en las ciudades, adonde habían acudido cientos de miles de campesinos pobres a trabajar en las industrias de guerra y a los que sus salarios, tras largas jornadas laborales, no les llegaban para comprar los alimentos básicos. Las mujeres hacían largas colas a las puertas de las panaderías y carnicerías. Las guarniciones militares de esas ciudades, especialmente la de San Petersburgo, se mostraban poco dispuestas a controlar la creciente rebelión en las calles. La gente echaba la culpa, como tantas veces había ocurrido en los motines contra el hambre a lo largo de la historia, a los especuladores y comerciantes, que en la atmósfera xenófoba de la guerra significaba alemanes o judíos.

En el frente de guerra, y en los cuarteles militares de la cercana retaguardia, la disciplina de las tropas se desmoronaba. Los soldados, la mayoría jóvenes campesinos, se negaban a combatir y rechazaban la autoridad de sus oficiales, a quienes veían ahora como enemigos de clase, representantes de los terratenientes. La crisis de subsistencias se combinaba con una crisis de autoridad. Las cartas que los soldados escribían desde el frente a sus familiares reflejaban ese cansancio de la guerra y el malestar con los superiores. El general Alexéi Brusilov, la máxima autoridad militar en el frente, recibía cartas sin firmar de sus hombres advirtiéndole «que ellos no querían más combates, y que si no se llegaba pronto a la paz, le matarían».

En ese tercer invierno de la guerra, el más frío y complicado, la crisis de autoridad y la pérdida de confianza en el régimen iban a desembocar en motines, huelgas, deserciones del frente y, finalmente, en una transformación profunda de la estructura de poder que había dominado Rusia durante siglos.

ADIÓS AL ZAR

Todo comenzó por el pan, el frío y con algunos motines en los cuarteles de Petrogrado, el nombre que había adoptado San Petersburgo con el fervor patriótico de los primeros instantes de la guerra contra Alemania. Pero nadie esperaba una crisis del orden y una revolución tan grandes, que cogieron a muchos por sorpresa. El zar Nicolás II, que unos días antes de la revolución que lo destronó estaba en Petrogrado, había abandonado la capital el 22 de febrero porque el ministro del Interior, A. D. Protopopov, le había asegurado que no pasaba nada por lo que tuviera que preocuparse. Todo lo que pasó, y mucho, en los días siguientes le cogió en su cuartel general de Mogilev, a 650 kilómetros de la capital de su Imperio.

El 23 de febrero[*] se celebraba en San Petersburgo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una conmemoración con la que cada 8 de marzo desde 1912 la Segunda Internacional Socialista recordaba a las mujeres muertas un año antes en el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York. Miles de mujeres, campesinas, estudiantes y trabajadoras, según la descripción de las crónicas de la época, se manifestaron por Nevsky Prospekt, la avenida más popular y visitada de la ciudad. Allí se les unieron trabajadores en huelga de la fábrica de fundición de acero Putilov, y juntos comenzaron a gritar «Pan», en protesta contra la carestía y el racionamiento de ese producto básico que había sido anunciado por el gobierno la semana anterior, ante la negativa de muchos campesinos a vender el grano a las ciudades y a la interrupción del sistema de transporte por las bajísimas temperaturas de esos días del invierno.

Durante los dos días siguientes, miles de trabajadores tomaron las calles y hubo enfrentamientos con la policía y los escuadrones de cosacos montados a caballo. En la tarde del 25 de febrero, el zar, desde su cuartel general en Mogilev, envió un telegrama al general Serguéi Khabalov, jefe del distrito militar de Petrogrado, ordenándole «acabar desde mañana con todos los disturbios en la calle». Cumpliendo esas órdenes, el 26 de febrero la policía y los soldados dejaron varias decenas de muertos en diferentes lugares de la ciudad, tras abrir fuego contra los manifestantes. Algunos soldados del regimiento Pavlovsky se amotinaron, salieron a la calle a defender a los manifestantes, aunque fueron desarmados y detenidos por las tropas de Khabalov. Pero el 27, otros regimientos hicieron lo mismo y las autoridades perdieron el control de las fuerzas militares, compuestas entonces fundamentalmente de reclutas jóvenes y soldados que esperaban regresar al frente. Cansados de reprimir a gente indefensa, empezaron a confraternizar con los manifestantes, a quienes les entregaron sus armas. Soldados y trabajadores se apoderaron del arsenal y de algunas fábricas de armas. Los disturbios de los días anteriores dieron paso a una revolución que se iniciaba en el corazón de las fuerzas armadas del Estado zarista. Quienes mandaban habían perdido la autoridad y los insurrectos estaban ahora armados.

Comenzó también entonces la violencia destructora de una parte de esa multitud, que atacó los cuarteles de la policía y asaltó las prisiones, el símbolo de la represión del zar, liberando a presos políticos y comunes. Miembros influyentes de la Duma, que presidía Mijaíl Rodzianko, decidieron que la mejor forma de hacer frente al caos en las calles era constituir un comité provisional, al mismo tiempo que los sóviets creaban otro. En la tarde del 27 de febrero, por lo tanto, dos diferentes comités, uno salido de los representantes políticos y otro de las asambleas de soldados y trabajadores, trataban de controlar una revolución que nadie dirigía y que, hasta ese momento, era el resultado de una reacción espontánea a la represión sangrienta y a la carestía de los productos básicos. Detrás de ella, evidentemente, latía un descontento con las forma de conducir la política y la guerra por parte de las autoridades y del zar.

El zar desoyó las peticiones que por telegrama le envió Rodzianko para que sustituyera su poder autocrático por una monarquía constitucional y enterado de que Khabalov era incapaz de imponer el control, ordenó al general N. I. Ivanov que se desplazara a Petrogrado con tropas del frente para restablecer el orden. Nunca llegaron porque los motines de los soldados se extendieron a otras guarniciones y los insurgentes controlaban las principales estaciones de la línea de ferrocarril que conducía a Petrogrado. El general M. V. Alexeev, el comandante en jefe de las fuerzas del zar, ordenó al general Ivanov detener la expedición y le pidió a Nicolás II que dejara a la Duma formar un gobierno que restableciera el orden, antes de que la revolución se extendiera por toda Rusia, «lo que significaría un deshonroso final de la guerra». «No se puede pedir al ejército combatir mientras hay una revolución en la retaguardia», avisó al zar.

La Duma, conservadores y liberales, y algunos generales presionaban al zar para que abdicara, temerosos de que si seguía en el poder la revolución sería inevitable y se extendería al frente. Lo que buscaban, por lo tanto, era prevenir la revolución y conducir la guerra de forma más eficaz. El zar, que no se había preocupado mucho al principio de los disturbios, y que continuaba con su rutina, asistiendo a misa y jugando al ajedrez, sin conocer bien la gravedad de lo que estaba pasando, abdicó el 2 de marzo a favor de su hermano el gran duque Mijaíl. Pero su hermano, asustado también por la revolución y al ver que la Duma no confiaba en él, no aceptó la Corona. Así acabó la monarquía de los Romanov, y de golpe todo el edificio del Estado ruso se desmoronó.

En medio del regocijo en las calles, en los cuarteles y en las trincheras, el príncipe Gueorgui Lvov (1861) asumió la presidencia de un Gobierno provisional formado en su mayoría por diputados de la Duma pertenecientes a la elite liberal y rica del país. Era un gobierno que iba a estar vigilado por los sóviets y que comenzó su andadura con una serie de decretos que anunciaban una amnistía política, la concesión de libertades democráticas, la abolición de la pena de muerte y la confiscación de las tierras de los Romanov. «Creo en la vitalidad y en la sabiduría de nuestro pueblo —dijo el príncipe Lvov en la primera entrevista con la prensa—, tal y como ha puesto de manifiesto el levantamiento nacional que ha derrocado al zar.» Rusia entraba en una nueva etapa en la que el pueblo demostraría «el esfuerzo universal por establecer la libertad y defenderla contra sus enemigos internos y externos».

Las cosas resultaron demasiado difíciles, montañas imposibles de escalar, para aquel Gobierno. Su decisión de continuar la guerra, defender a Rusia contra sus enemigos externos, le ató de pies y manos para evitar la insurrección de los enemigos internos. Los soldados estaban cansados de la guerra, querían la paz, volver a sus casas y empezar a vivir sin dueños en las tierras, ocupándolas, como estaban haciendo los campesinos desde la caída del zar. Un millón de soldados desertó de sus puestos entre marzo y octubre de 1917. «Las calles están llenas de soldados —decía un oficial en marzo de ese año—: Acosan a los señores respetables, se pasean con prostitutas y se comportan en público como matones. Saben que nadie se atreve a castigarles.»

La noticia de la revolución de febrero cogió a los principales dirigentes revolucionarios y bolcheviques en la cárcel, en el exilio o en el extranjero. Lenin estaba en Zurich, Trotski en Nueva York y Chernov en París. Ninguno de ellos hizo aquella revolución, aunque Lenin muy pronto iba a irrumpir en aquel escenario de crisis de autoridad como actor principal. Vladimir Ilich Lenin llegó a la estación de Finlandia de Petrogrado a medianoche del 3 de abril de 1917 y fue recibido como un héroe por obreros y soldados con pancartas y banderas rojas. Llevaba diecisiete años fuera de Rusia, en el exilio, salvo un período de seis meses en 1905-1906. Nacido en 1870, comenzó a acercarse al marxismo a comienzos de los años noventa y desde entonces emprendió una carrera de revolucionario profesional, viviendo de los fondos del partido y de la renta de una propiedad de su madre. En el tren que le llevó de Suiza a Petrogrado redactó lo que él consideraba que debía ser el programa bolchevique de transición desde «la primera a la segunda fase de la revolución», conocido, tal y como se publicó después en Pravda, el periódico del partido fundado en 1912, como las Tesis de Abril.

Las presentó en público al día siguiente de llegar a Petrogrado, ante una asamblea de Social Demócratas reunidos en el palacio Tauride, sede de la Duma. Los bolcheviques, según Lenin, no debían colaborar con el Gobierno provisional y, por el contrario, deberían comprometerse en una incesante propaganda antibélica, hasta la consecución de la paz. La tierra debía ser nacionalizada y lo que tenía que constituirse no era una «República parlamentaria… sino una República de Sóviets de Trabajadores». Se trataba, por lo tanto, de una nueva revolución que transferiría el poder «al proletariado y a los campesinos más pobres». Pero era una propuesta que en ese momento no compartían los mencheviques ni los restantes socialistas, que consideraban necesario ese período de transición representado por el Gobierno provisional, además de que los bolcheviques todavía no tenían la mayoría en los sóviets.

Lo que ocurrió en los meses siguientes llevó a Lenin al poder y no sólo por su absoluta fe en el destino que la historia le había asignado, sino, sobre todo, porque el Gobierno provisional no pudo, o no supo, controlar ese escenario revolucionario, ni tampoco buscó la paz con los alemanes, un hecho decisivo para explicar su fracaso y el triunfo bolchevique. La solución reformista en la que confiaban Lvov y su Gobierno, que consistía básicamente en importar las políticas y prácticas constitucionales de Europa occidental, no contaba con precedentes ni bases sociales o culturales en las que apoyarse.

Tampoco era fácil construir y consolidar una alternativa liberal sobre las cenizas que iba dejando la revolución. Como señala Orlando Figes, «el violento rechazo de cualquier cosa asociada con la vieja civilización fue un elemento integral de la revolución de febrero. Los símbolos del régimen imperial fueron destruidos, las estatuas de los héroes zaristas destrozadas, los nombres de las calles, cambiados. Los campesinos cometieron actos vandálicos en las casas de los terratenientes, en las iglesias y en las escuelas». Muchos socialistas e intelectuales vieron esa violencia arrolladora como el impulso revolucionario «natural» de un pueblo oprimido, la destrucción de un viejo mundo del que emergía el nuevo. Otros, sin embargo, subrayaron ya el horror de esa violencia por encima de cualquier elemento positivo. El escritor Maxim Gorki, por ejemplo, ya percibió en esa «revolución asiática», en el verano de 1917, cuando los bolcheviques todavía no habían tomado el poder, los «instintos criminales» que estaban destruyendo Rusia.

Era «la venganza de los siervos», les dijo el príncipe Lvov a sus ministros, el castigo a los hacendados por su «comportamiento tosco y brutal durante siglos de servidumbre». Lvov, que hablaba también como terrateniente y que quería solucionar el problema de la tierra por medios legales, no pudo evitar que los campesinos se apoderaran de la tierra, que se quebrara la disciplina en el ejército, que los sóviets mandaran más que su gobierno o, dicho de otra forma, que no hubiera una multitud de poderes locales, en vez de un solo poder. Intentó salir de la crisis con un gobierno de coalición de liberales y socialistas, formado el 5 de mayo. Pero tampoco resultó. Y tuvo que dimitir. Era el 27 de julio de 1917, apenas cinco meses después de que hubiera comenzado la venganza de los siervos. «La única forma de salvar al país —le dijo a un amigo dos días después— era cerrar el Sóviet y disparar al pueblo. No puedo hacer esto. Pero Kerenski puede.»

Les sustituyó, efectivamente, Alexander Kerenski, que ya era ministro de la Guerra en ese gobierno de coalición, que tampoco pudo salvar al país, aunque fue saludado como el hombre más preparado para lograrlo, alguien que, siendo miembro tanto del Sóviet como de la Duma, era también respetado por los dirigentes militares y la burguesía liberal. Tenía treinta y seis años, veinte menos que Lvov, una prueba más del signo de los tiempos. Llegó al gobierno justo cuando se acababa de abortar una insurrección de obreros, soldados y marineros de la cercana base naval de Krondstadt, que marcharon hacia el palacio Tauride para reclamar el poder para los sóviets. Se acusó a los bolcheviques de provocarla y el ministro de Justicia, P. N. Pereverzev, ordenó arrestar a Lenin y a otros dirigentes de su partido, acusados de alta traición. Lenin escapó junto con Grigori Zinóviev, a Finlandia, mientras que otros, como Lev Borisovich Kámenev, Alexandra Kollontai y León Trotski, que todavía no era miembro del partido, fueron encarcelados. Kerenski comenzó a gobernar enemistándose frontalmente con los bolcheviques, lo cual significaba también romper con una parte del movimiento de los sóviets.

Cuando parecía tener controlado el desafío bolchevique, Kerenski tuvo que hacer frente a un intento contrarrevolucionario protagonizado por el general Lavr Kornilov, a quien Kerenski había nombrado, a los pocos días de acceder a la presidencia del Gobierno, comandante en jefe del ejército ruso. Kornilov, que no procedía de una familia aristocrática, como la mayoría de los generales rusos, y al que los círculos derechistas veían ya como un salvador, presentó a Kerenski una serie de reformas que pretendían, en primer lugar, restaurar la disciplina en el ejército, todavía en guerra con los imperios centrales. Kornilov quería acabar con el poder de los comités de soldados, extender la pena de muerte, vigente en el frente, a la retaguardia e imponer el control militar en el suministro de alimentos. Era una clara apuesta por una dictadura militar, aunque Orlando Figes cree que lo que Kornilov buscaba era más bien «rescatar al gobierno de la influencia del Sóviet» y evitar así la catástrofe.

A Kornilov, no obstante, le animaban desde los círculos financieros y desde la Unión de Oficiales a que se deshiciera de Kerenski y derribara al Gobierno provisional. El 25 de agosto ordenó al general Alexander Krymov trasladar tropas desde el frente y ocupar la capital. Kerenski cesó a Kornilov y mandó a Krymov detener el avance. El sóviet de Petrogrado creó un comité especial para combatir la contrarrevolución, compuesto de representantes mencheviques, bolcheviques y social revolucionarios, que movilizaron a sus militantes para defender la capital. Sólo los bolcheviques, sin embargo, tenían la capacidad para armar a los trabajadores y soldados, porque es lo que habían hecho desde la revolución de febrero. Esos grupos armados crecieron en la primavera y verano de 1917 y los llamaron Guardias Rojas, una especie de ejército de trabajadores dispuesto siempre a defender la revolución frente a cualquier amenaza. En julio había ya, sólo en Petrogrado, veinte mil trabajadores en las Guardias Rojas, jóvenes en su mayoría, con menos de veinticinco años más de la mitad de ellos. No hubo necesidad de combatir porque las tropas de Krymov no quisieron enfrentarse a ese «pueblo en armas». Krymov se suicidó antes de enfrentarse a un tribunal militar, y Kornilov fue arrestado en el monasterio de Bykhov, cerca de Mogilev, junto con otros treinta militares implicados en la «conspiración contra la revolución», entre quienes se encontraba el general Anton Denikin.

Abortada la revuelta, los políticos de la derecha y del centro se apresuraron a reafirmar su lealtad al gobierno. Pero Kerenski no salió fortalecido de esa derrota de los militares golpistas. Todo lo contrario. Kornilov se convirtió en un mártir, al que sus simpatizantes visitaban cuando querían y que gozaba en esa prisión de todo tipo de privilegios. Allí, en ese monasterio, se esbozó el programa de lo que iba a ser el Ejército Voluntario, la mayor fuerza del bando Blanco que lucharía contra los bolcheviques en la guerra civil, liderado por Kornilov y Denikin. La relación con los militares se había deteriorado hasta un punto sin retorno y ningún miembro destacado del ejército salió en apoyo del Gobierno provisional cuando los bolcheviques, menos de dos meses después, tomaron el poder.

Fueron precisamente los bolcheviques los más beneficiados de ese golpe frustrado y de la debilidad en la que se encontró el Gobierno a partir de ese momento. A los ojos de muchos de esos trabajadores que resistieron a Kornilov los bolcheviques pasaron a ser el único partido no comprometido con la burguesía y el régimen que salió de la revolución de febrero. Unos cuarenta mil trabajadores habían sido armados para resistir a Kornilov y muchos de ellos ya no abandonaron las armas. Además, miles de soldados sospecharon de sus jefes por su posible apoyo a Kornilov y desertaron para ingresar en los sóviets y debatir la cuestión del poder y de la paz. Altos mandos del ejército reconocían que, con tantas deserciones, resultaba imposible continuar la guerra. El golpe de Kornilov, «que estaba dirigido para salvar al ejército», señala Figes, «terminó por destruirlo del todo».

El prestigio de Kerenski y del Gobierno provisional, escribió la mujer del entonces presidente, «fue completamente destruido por el affair Kornilov; y se quedó sin apoyos». La inclinación de los soldados hacia el bolchevismo, porque en su programa estaba la paz, y la negativa de Kerenski a negociarla, hicieron el resto. El lenguaje de clases, de revolución social y no sólo de reforma política, se había impuesto a los otros lenguajes (liberal, democrático, constitucionalista) que compitieron en ese escenario de crisis de autoridad. Lo que había comenzado en febrero con un motín en la guarnición militar de Petrogrado, acompañado de protestas de la población civil contra la inflación y la falta de alimentos, se había convertido tan sólo ocho meses después en una revolución social, en la que los campesinos ocupaban las propiedades no comunales, los trabajadores asumían el control de las fábricas, los soldados desertaban en masa del frente y las minorías étnicas pedían más autogobierno. A esa rebelión le faltaba que alguien supiera llenar el vacío de poder que estaban dejando el fracaso y la soledad del gobierno de Kerenski. Y ahí aparecieron los bolcheviques. Y Lenin.

OCTUBRE DE 1917

Refugiado en Finlandia, Lenin creía que era el momento de actuar, de tomar el poder por la fuerza antes de que remitiera la marea revolucionaria. El 10 de octubre llegó a Petrogrado y, escondido en la casa de una compañera del partido, Margarita Fofanova, convocó una reunión del Comité Central Bolchevique. Sólo asistieron doce de los veintiún miembros. Y allí decidieron preparar una insurrección armada para tomar el poder, con los votos en contra de Kamenev y Zinóviev, quienes pensaban que una insurrección podría ser aplastada y que, dado que en Rusia no había condiciones todavía para una revolución proletaria, convenía no precipitar los acontecimientos. Lenin logró imponer su voluntad en esa trascendental decisión. La revolución bolchevique iba a comenzar con un golpe de Estado.

La preparación corrió a cargo de un comité revolucionario creado por el sóviet de Petrogrado, presidido ya entonces por León Trotski, que había salido de la cárcel el 4 de septiembre y que acababa de ingresar en el Partido Bolchevique. El 21 de octubre los comités de soldados de la guarnición de Petrogrado aceptaron a ese comité revolucionario como su autoridad suprema y comenzaron a distribuir armas a las Guardias Rojas. Kerenski creía que tenía fuerzas suficientes para aplastar a los bolcheviques, pero todo lo que logró reunir fueron unos cuantos miles de soldados y cosacos para defender el Palacio de Invierno, la residencia de los zares adonde se había trasladado tras asumir la presidencia del Gobierno provisional. La mayoría abandonaron el palacio antes de que entraran los bolcheviques.

Todo transcurrió de forma rápida, en unas horas. El 24 por la tarde Trotski dio las órdenes finales para el golpe. Durante la noche, grupos de Guardias Rojas y soldados se apoderaron de las estaciones, centrales telefónicas y de correos. En la mañana del 25, el segundo Congreso de los Sóviets Rusos se reunió en el Instituto Smolny, una antigua escuela de chicas, sede del sóviet de Petrogrado y centro de mando del Partido Bolchevique. Al contrario de lo que había pasado en junio, en el primer Congreso de los Sóviets, ahora el Partido Bolchevique tenía mayoría de delegados. Yuli Martov, el dirigente de los mencheviques, propuso la formación de un gobierno de unidad democrática, basado en los principales partidos representados en el sóviet, como única forma de evitar una guerra civil. Pero al mismo tiempo, grupos de mencheviques y social revolucionarios denunciaron el asalto al poder contra la autoridad del gobierno de Kerenski y abandonaron en protesta el Congreso. Trotski los denunció como contrarrevolucionarios y le espetó a Martov aquellas palabras tan citadas de que eran unos «miserables fracasados»: «Id a donde deberíais estar, en el cubo de la basura de la historia».

Poco después, llegaron las noticias de la toma del Palacio de Invierno y los delegados bolcheviques en el Congreso proclamaron que los sóviets asumían el poder en Rusia. Allí mismo se aprobaron también los dos primeros decretos, el inicio de las negociaciones para conseguir la paz con los Poderes Centrales y la confiscación de las tierras de la aristocracia y de la Iglesia, y se formó el primer gobierno, «El Consejo de los Comisarios del Pueblo», presidido por Lenin y en el que estaban León Trotski como comisario, palabra que le parecía más adecuada que el título «burgués» de ministro, de Asuntos Exteriores, y Iósif Stalin como responsable de las diferentes nacionalidades que comprendía el antiguo Imperio ruso. «Procederemos ahora a construir el orden socialista», concluyó Lenin. En los días siguientes, las principales ciudades del país reconocieron el nuevo poder. La lucha por el control de Moscú duró hasta el 2 de noviembre, tras el bombardeo de la fortaleza del Kremlin. La apuesta bolchevique había logrado su objetivo primordial.

La conquista del poder por los bolcheviques fue uno de los principales acontecimientos del siglo XX y no resulta nada extraño que los historiadores muestren en torno a él diferentes interpretaciones. Frente a quienes lo definen como una revolución popular conducida desde abajo, Richard Pipes, uno de los abanderados del revisionismo contra la visión aceptada por los marxistas durante décadas, cree que la llamada «Revolución de octubre» fue «un clásico golpe de Estado» y que el éxito de Lenin se debió no a su capacidad como hombre de Estado sino a que «militarizó la política y politizó la guerra»: «Fue el primer jefe de Estado que trató la política, tanto interna como internacional, como un tipo de guerra, en el sentido literal del término, cuyo objetivo no era obligar al enemigo a rendirse, sino aniquilarlo».

Es verdad que esa insurrección triunfante tuvo una participación popular escasa. Trotski ya dejó claro que, como mucho, hubo unas treinta mil personas implicadas activamente, una cantidad pequeña comparada con el número de trabajadores y soldados que había en Petrogrado entonces, unos cuatrocientos mil y doscientos mil, respectivamente. Las fotos y documentos que han quedado de aquel acontecimiento no confirman esa imagen, transmitida por la historiografía soviética y encumbrada diez años después de los hechos en el film Octubre, de Serguéi Eisenstein, de sangrientos combates, con multitudes y barricadas en las calles. Pero es que lo que había en Rusia en ese momento era una quiebra de autoridad y de las relaciones de poder, con un ejército que no podía defender el orden y que tampoco obedecía al Gobierno. Si el Gobierno provisional hubiera buscado un inmediato final de la guerra y hubiera abierto negociaciones con los alemanes, no habría habido deserciones en masa y es probable que los bolcheviques nunca hubieran tenido la oportunidad de conquistar el poder. Las revoluciones, sin una quiebra de los mecanismos de coerción políticos y militares, nunca ocurren, al menos en la historia, por mucho que haya organizaciones y revolucionarios muy conscientes que las persiguen con ahínco.

Antes de que esa revolución victoriosa tuviera que hacer frente a la lucha por consolidarla, aparecieron todo tipo de manifestaciones de destrucción y derribo del viejo orden, que se sumaban a todas las que ya habían hecho acto de presencia desde febrero de 1917: vandalismo, crímenes, saqueos y violencia generalizada. Los participantes en esa «violencia anárquica», según Orlando Figes, no fueron la «clase obrera organizada», sino las víctimas «de la devastación de los años de guerra: el creciente ejército de parados urbanos; los refugiados de las regiones ocupadas, soldados y marineros, que se congregaban en las ciudades; bandidos y criminales liberados de las cárceles; y los trabajadores no cualificados del campo que habían sido siempre los más propensos a los estallidos de violencia anárquica en las ciudades».

Fue una «guerra plebeya al privilegio», consistente en fastidiar a los ricos, aunque los pobres no ganaran mucho con ello. Son muchos los testimonios que personajes de las clases dominantes, aristócratas, príncipes y princesas, artistas e intelectuales dejaron sobre el desprecio y terror que sufrían por parte de la «gente corriente». El general Denikin, que pronto iba a dirigir el Ejército Blanco, contó lo que sintió cuando viajaba en un vagón de tercera clase, disfrazado de un noble polaco: «Ahora veía mi vida real de forma más clara y estaba aterrado. Vi un odio ilimitado de ideas y de gentes, de cualquier cosa que estuviera socialmente o intelectualmente más alta que la multitud…. Ese sentimiento expresaba odio acumulado de siglos, de rencor por tres años de guerra, y de histeria generada por los dirigentes revolucionarios».

Una vez conquistado el poder, el problema era retenerlo y consolidarlo en medio de esa quiebra social y de orgía de sangre. En los primeros meses fue crucial, como lo había sido para la misma conquista del poder, que no hubiera una oposición militar seria. El Ejército Blanco que combatió contra los bolcheviques en la guerra civil todavía no se había formado y las únicas fuerzas antibolcheviques, grupos pequeños de cosacos, hacían su guerra particular en la periferia del imperio, en áreas muy alejadas del centro político de la revolución. La amenaza militar más seria que tuvieron los bolcheviques en esos días de conquista de poder acabó con la derrota de las únicas fuerzas leales a Kerenski en Pulkovo. Kerenski pudo escapar y vivió un largo exilio, primero en París y después en Nueva York, hasta su muerte en 1970.

Hasta que los conservadores y contrarrevolucionarios pudieron reunir sus fuerzas y crear un ejército con garantías, pasaron seis meses y durante ese tiempo la mayor resistencia a Lenin provino de las otras fuerzas socialistas y revolucionarias que insistían en que debía formarse un amplio gobierno de coalición de izquierdas y que tampoco compartían los planes bolcheviques para el control de la tierra y de las industrias. Las tensiones con esos grupos, en especial con los social revolucionarios de Chernov, que mantenían todavía un considerable apoyo del campesinado, llevaron a los bolcheviques, muy pronto, a depender de una política de terror. Comenzó a funcionar contra los supuestos «enemigos del pueblo» y se extendió a los mencheviques y social revolucionarios. La nueva policía del Estado bolchevique, la Comisión Extraordinaria Rusa para el combate contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, conocida como Checa, inició su siniestra andadura a comienzos de diciembre de 1917. Del crimen desorganizado se pasó a la «justicia revolucionaria» administrada por los nuevos Tribunales Populares. Y el sistema descentralizado de la Checa, donde cada organización local hacía la ley por su cuenta, se convirtió en un terror organizado desde arriba.

Si los bolcheviques querían conservar el poder y salvar su revolución, tenían que negociar una paz con los Poderes Centrales. En caso contrario, los soldados, campesinos y trabajadores, cansados de la guerra y del sufrimiento que conllevaba, derrocarían al gobierno bolchevique, como habían hecho con el zarismo y el Gobierno provisional. Los bolcheviques no tenían un ejército para combatir a Alemania o al Imperio austrohúngaro. Y la paz tenía que ser por separado porque los poderes de la Entente ya habían dejado claro que continuarían con la guerra aunque Rusia se retirara. Tras ordenar un cese del fuego a los pocos días de tomar el poder, los bolcheviques, con Trotski a la cabeza, tuvieron una serie de encuentros con la delegación enviada por el Káiser y dirigida por el barón Kühlmann, en la fortaleza de Brest-Litovsk, detrás de las líneas alemanas.

Las negociaciones fueron largas y los alemanes se sintieron varias veces engañados porque Trotski prolongó hábilmente las discusiones, con la esperanza de que, mientras tanto, hubiera una insurrección obrera en Europa central. Además, la facción de izquierda bolchevique, encabezada por Nikolái Bujarin, y los social revolucionarios no aceptaban las condiciones draconianas que Alemania proponía, especialmente la pérdida de las regiones agrícolas de Ucrania. El 23 de febrero de 1918, con los alemanes avanzando hacia Petrogrado y ocupando ciudades importantes como Dvinsk, Lenin forzó al Comité Central a aceptar las condiciones impuestas por Alemania: «Es una cuestión de firmar ahora los términos de la paz o firmar la sentencia de muerte del Gobierno Soviético dentro de dos semanas». Cuando por la noche presentó la propuesta de paz a la Ejecutiva del Sóviet, que lo aprobó por 116 votos a 85, Lenin escuchó gritos de «traidor» y «Judas» proferidos por los social revolucionarios y el ala izquierda de su partido.

A cambio de la paz en el frente, Rusia tuvo que entregar por ese Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo, la mayoría de los territorios que poseía en el continente europeo: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. Una pérdida, en total, del 34 por ciento de su población, el 32 por ciento de su tierra agrícola y el 54 por ciento de sus industrias. La «paz vergonzosa», como la vieron entonces muchos rusos, cuyos términos serían anulados por los aliados el 18 de noviembre de ese mismo año, tras la derrota alemana, sirvió a los bolcheviques para poder concentrarse en otra guerra que empezaba entonces, la lanzada por el Ejército Blanco, o contrarrevolucionario, y sus aliados en Europa. Lenin justificó la enorme pérdida del territorio para obtener un beneficio mejor: salvar al régimen nacido de la revolución de octubre. Sabía que los bolcheviques podían sobrevivir a una guerra, pero no a dos a la vez.

La guerra civil no tuvo frentes fijos hasta septiembre de 1918, aunque sus primeros disparos se oyeron a comienzos de ese año cuando algunos generales zaristas, liderados por Kornilov, Denikin y P. N. Krasnov, habían empezado a reclutar fuerzas en el sur, con la ayuda de los cosacos del Don. Fue un ejército de oficiales, que nunca logró atraer el apoyo de la población civil. Querían restaurar el viejo régimen, devolver las tierra a los propietarios y no se esforzaron por atraer a los campesinos o a las minorías nacionales no rusas, cuyo apoyo era esencial. Como admitió el general Denikin, jefe de los Blancos tras la muerte de Kornilov en combate en abril de 1918, el no haber sabido reconocer los derechos de los campesinos fue la principal razón de su derrota. Tampoco tuvieron el apoyo unánime y decidido de las potencias aliadas que ganaron la Primera Guerra Mundial. La opinión pública de esos países mostraba simpatías divididas hacia la causa de los Rojos y los Blancos y eran muchos los que, tras más de cuatro años de guerra, se oponían a que se enviaran tropas a luchar en un conflicto civil de un país lejano sobre el que desconocían casi todo. La cruzada contra el comunismo, que quería lanzar por ejemplo Winston Churchill, se oponía a quienes creían que una victoria de los Blancos revitalizaría las ambiciones imperiales rusas.

También los bolcheviques tuvieron que crear un nuevo ejército, porque lo que tenían en los primeros meses de 1918 era unos cuantos miles de Guardias Rojas, con escasa preparación militar, que habían sufrido severas derrotas por los alemanes antes de la firma del Tratado de Brest-Litovsk. El nuevo Ejército Rojo, dirigido por Trotski como comisario de guerra desde marzo de 1918, reclutó a miles de antiguos oficiales del zar. Al final de ese año, habían ingresado en el nuevo ejército 22 000 de ellos y el número ascendió, en el curso de la guerra, a 75 000. Los principales motivos para enrolarse fueron encontrar un trabajo, el temor a ser represaliados y la perspectiva de ascender que les ofrecía esa guerra y el régimen bolchevique, aunque también había casos ejemplares, como el del general Alexéi Brusilov, que lo hicieron por lo que ellos consideraban un deber patriótico. Brusilov, que había sido el general ayudante de Nicolás II, no quiso combatir al lado de los Blancos porque creía que el pueblo ruso había elegido a los Rojos y su deber como militar le dictaba no ir contra ellos.

Tras duros combates y buenas dosis de terror en la retaguardia por parte de los dos bandos, incluida una sistemática persecución de judíos y el asesinato de toda la familia real, la guerra acabó con la derrota de las fuerzas del general Peter Nikolaievich Wrangler, que había sucedido a Denikin como jefe del Ejército Blanco, en Crimea. Los oficiales y soldados derrotados fueron trasladados en barcos británicos y franceses a Constantinopla y desde allí se desperdigaron por toda Europa, uniéndose al más del millón de rusos émigrés que habían huido de la revolución, establecidos sobre todo en Francia y Alemania, y que constituían una gran parte de la elite que había dirigido Rusia con el último zar. La revolución, la guerra, el terror, el hambre y las enfermedades llevaron a la tumba a diez millones de personas entre 1917 y 1922.

Era el final de unas cuantas batallas decisivas, en el frente y en la retaguardia, que habían consolidado a Lenin y a los bolcheviques en el poder, manteniendo casi todo el territorio de lo que había sido el Imperio zarista, aunque a costa de que Rusia dejara de ser un gran poder europeo. La importancia de Lenin en todo este proceso está fuera de duda. Su visión centralista del Estado revolucionario y su búsqueda del poder, por encima de cualquier otro objetivo, le condujeron a fortalecer los mecanismos policiales y de coerción, a establecer un Estado con un solo partido y a reprimir a las formas más moderadas de democracia socialista. Tras el atentado que sufrió el 30 de agosto de 1918, cuando una mujer, Fanny Kaplan, que después sería torturada y asesinada, le disparó tres veces, y del que salió milagrosamente vivo, el culto a Lenin se propagó como la pólvora. En un panfleto elaborado por Zinóviev se le llamó «líder por la gracia de Dios» y su culto recordaba en muchos aspectos al que se había profesado al divino zar. Lenin era ahora el «zar del pueblo» y la propaganda, y muchos historiadores que se la creyeron, le desvincularon de la parte más oscura de esa historia, la implantación del terror, como se haría después con otros célebres dictadores de la Europa del siglo XX.

Porque la revolución bolchevique, al rechazar la democracia y verse acosada por enemigos internos y externos, tuvo que silenciar a sus críticos, eliminar toda forma de oposición política y someter a una sociedad que no podía controlar por medios pacíficos o a través de la negociación. Del sueño revolucionario se pasó pronto a la pesadilla del terror, a la coerción sobre el campesinado, a los campos de concentración, a las ejecuciones en masa de la Checa, a la edificación, en suma, de un Estado con un solo partido que se impuso sobre los cuerpos y almas tanto de los representantes del viejo orden como de los grupos sociales a los que supuestamente tenía que liberar. De la autocracia del zar, quien nunca quiso ni tuvo la más mínima intención de ensanchar, con la democracia y la Constitución, la base política de su sistema de dominio, se pasó en apenas tres años a la consolidación de la primera dictadura moderna del siglo XX.

Lenin murió el 21 de enero de 1924. Tras su muerte, el culto a su figura y los lugares que la recordaban dieron legitimidad al tortuoso camino que quedaba por recorrer para apuntalar definitivamente la dictadura que él había iniciado. «Cuando Lenin el hombre, murió, nació Lenin el Dios», escribe Figes. Se erigieron decenas de monumentos y estatuas, se dedicaron a su memoria cientos de calles e instituciones y Petrogrado tomó el nombre de Leningrado. En su testamento, ya advirtió del peligro que representaba Stalin, entonces secretario general del partido, y «el poder ilimitado que había acumulado en sus manos», lo cual, junto a ese culto sagrado a su persona del que se beneficiaron muchos, ha posibilitado la idea muy extendida de que Stalin había traicionado a Lenin y a la revolución y que nada tenía que ver su dictadura con las ideas y prácticas de Lenin, que nunca hubiera permitido ese despeñamiento al terror extremo. No son pocos, tampoco, los historiadores que han tratado de demostrar que los elementos básicos del régimen estalinista estaban ya presentes en enero de 1924, un tema sobre el que volveremos en el capítulo VI de este libro.

Lo que sí que estaba muy claro cuando murió Lenin eran las escasas posibilidades de extender ese tipo de revolución a Europa. Los Poderes Centrales habían sido derrotados y sufrieron el trauma de la derrota, pero lo primero que hicieron los regímenes democráticos que emergieron de las cenizas de los Imperios alemán y austriaco fue buscar rápidamente la paz. Las clases trabajadoras de esos países, por otro lado, tenían en frente poderosos grupos contrarrevolucionarios y los movimientos socialdemócratas que representaban sus intereses estaban ya mucho más inclinados a aceptar la democracia y el parlamentarismo. Los campesinos, además, habían accedido ya a la tierra y, con alguna excepción como en el valle del Po o en Andalucía, donde había todavía una masa de jornaleros sin tierra, los pequeños propietarios rurales defendieron posiciones conservadoras y ya estaban bastante alejados de la revolución y del socialismo antes de la Primera Guerra Mundial. Las condiciones esenciales que pudieron favorecer la revolución en Rusia no estaban disponibles, por consiguiente, en los otros países, y la Rusia bolchevique quedó en un estado de sitio, «el socialismo en un solo país», que se convirtió en la verdadera anomalía doctrinal, política y económica en la Europa de ese momento.

Como consecuencia de la revolución de octubre de 1917 en Rusia, el socialismo europeo se dividió y surgieron partidos comunistas, algunos minoritarios, otros de masas, en casi todos los países. Los bolcheviques crearon una nueva organización internacional, la llamada Tercera Internacional, a la que se afiliaron aquellos grupos que aceptaron las veintiuna condiciones de entrada. Se comprometieron a formar partidos «de nuevo cuño», purgados de reformistas y traidores, que aceptaran la necesidad de establecer direcciones centrales más fuertes, bajo el control de Moscú, nueva capital del régimen bolchevique desde marzo de 1918, que siguieran el ejemplo de la revolución rusa triunfal. La división política y sindical en dos campos abrió heridas profundas y duraderas, que parecían restar fuerzas para la consecución del ideal socialista. Pero en algunos países, comenzando por Italia y siguiendo por Alemania y España, las cosas todavía fueron peor: el fascismo llegó al poder y destruyó la cultura política del movimiento obrero organizado. Atrás quedaban «la venganza de los siervos» y los sueños de igualdad y justicia. Era la hora de los nuevos despotismos.

III
Mussolini y la Italia fascista

Benito Mussolini era en julio de 1943 un hombre de sesenta años, enfermo y en decadencia, muy alejado del personaje heroico que había impuesto dos décadas antes la primera dictadura fascista de la historia. Los mismos que le habían aupado al poder, el rey, los militares y los hombres de negocios, buscaban desde comienzos de ese año la mejor forma de sacar a Italia de su aventura desastrosa en la Segunda Guerra Mundial y de poner fin a la fatal alianza con la Alemania de Hitler. Pocos dirigentes fascistas y compañeros de viaje de Mussolini creían ya en la victoria alemana y en la grandeza que esa victoria proporcionaría a Italia. La mayoría de ellos habían perdido el respeto al Duce, al dictador antes infalible, y tramaban la mejor forma de derrocarlo. El desembarco de las fuerzas aliadas en Sicilia, el 9 de julio de 1943, forzó el desenlace de la crisis.

Unos días después, en la noche del 24 al 25 de julio, se reunió el Gran Consejo, el principal órgano de decisión política del Partido Fascista que Mussolini había controlado siempre a su gusto. Un grupo de dirigentes, encabezados por Dino Grandi, Galeazzo Ciano y Giuseppe Bottai, querían romper con Alemania y propusieron devolver el mando militar al rey, Víctor Manuel III, lo que en la práctica significaba echar a Mussolini. Diecinueve miembros del Gran Consejo votaron a favor, siete en contra, uno se abstuvo y Roberto Farinacci defendió por su cuenta una alianza más estrecha con Alemania y la radicalización del fascismo italiano siguiendo el modelo alemán. «Caballeros, han abierto ustedes la crisis del régimen», les dijo Mussolini tras conocer el resultado de la votación.

Informado de la decisión del Gran Consejo, el rey ordenó arrestar a Mussolini y lo sustituyó por un general de su confianza, Pietro Badoglio. Movilizados la policía y el ejército, los principales líderes fascistas aconsejaron a sus militantes obedecer al rey. En unas pocas horas, se había desmoronado una dictadura de veinte años. El nuevo gobierno preparó la rendición de Italia, firmada el 8 de septiembre de 1943. Los aliados invadieron Italia desde el sur y los alemanes ocuparon el centro y el norte del país. Durante los meses siguientes, hasta abril de 1945, el suelo italiano fue el escenario de dos guerras: una internacional entre los aliados y los alemanes y otra civil, entre los fascistas que apoyaban a los nazis y la resistencia antifascista, que se extendió como la pólvora desde la caída del Duce.

Pero Mussolini no estaba muerto y la historia todavía le reservaba un papel protagonista en el final de aquel drama. Un equipo especial de las SS lo liberó el 12 de septiembre de la prisión en la que se encontraba, en el monte Gran Sasso, a poco más de cien kilómetros al nordeste de Roma, y lo trasladó en avión a Múnich. Desde esa ciudad alemana, tras un breve encuentro con Hitler, anunció su decisión de castigar al rey y a los traidores del 25 de julio y proclamó la creación de un nuevo régimen fascista, la República Social Italiana, conocida también como la República de Saló, la pequeña ciudad del norte de Italia donde se instaló parte de su administración. En realidad, ese nuevo régimen no tenía ni Estado ni ejército y estuvo dominado por los nazis. Pero para Mussolini, y para unos cuantos fascistas radicales y antisemitas que le acompañaron, como Roberto Farinacci, Giovanni Preziosi o Alessandro Pavolini, representaba una vuelta al sueño del fascismo social y revolucionario que nunca pudieron llevar a cabo tras la subida al poder en octubre de 1922.

LA SEMILLA DEL FASCISMO

El fascismo, tal y como germinó y se desarrolló en Italia, fue básicamente un producto de la Primera Guerra Mundial. Desde que estalló ese conflicto, la sociedad italiana vivió un áspero debate sobre la intervención o la neutralidad que dividió a la clase política. A favor de la no participación en la guerra estaban la Iglesia católica, el Partido Socialista y los liberales y aliados políticos de Giovanni Giolitti, el veterano estadista, nacido en 1842, que había sido jefe de Gobierno varias veces entre 1903 y marzo de 1914 y que había intentado ensanchar las bases de apoyo del hasta entonces sistema parlamentario restringido. Quienes presionaban para entrar en la guerra al lado de Inglaterra y Francia formaron una mezcla explosiva. Había revolucionarios disidentes que procedían del sindicalismo y del socialismo, que creían que la guerra aceleraría la llegada de la revolución; republicanos y radicales que se miraban en el espejo de las democracias capitalistas; y los nacionalistas de extrema derecha, que aunque tenían sus ojos puestos en soluciones autoritarias, creían que alinearse al lado de Inglaterra y Francia les proporcionaría en caso de victoria la expansión territorial en el nordeste y en el Adriático a costa de Austria, y colonias en el Próximo Oriente a expensas del Imperio turco. Usar la guerra para ganar territorios era también la idea del rey Víctor Manuel, que había subido al trono en 1900 tras el asesinato de su padre Humberto I, y de los conservadores que apoyaban al Gobierno de Antonio Salandra.

Esa extraña coalición de intervencionistas, que prefiguraban de alguna forma lo que iba a ser muy pronto el fascismo, era, en palabras de Alexander De Grand, «la revuelta de parte de los intereses dominantes y una parte sustancial de los más jóvenes, clases medias intelectuales, contra la vieja clase política giolittiana y sus políticas reformistas». Lo que unía en ese momento a revolucionarios, socialistas disidentes y nacionalistas de extrema derecha era su antagonismo al liberalismo y al socialismo y la creencia de que Italia, relegada a un segundo plano por el sistema político internacional, tenía que reclamar un lugar en el sol entre los grandes poderes. Eran todavía pocos, sin la fuerza suficiente para alterar el orden político liberal creado por Giolitti, pero la guerra iba a socavar ese orden y les iba a abrir grandes oportunidades.

Tras un debate intenso durante el invierno de 1914-1915, Italia firmó el 26 de abril de 1915 el Tratado de Londres, comprometiéndose con la causa anglofrancesa. El tratado prometió a Italia una frontera en el paso de Brenner en el nordeste, la anexión de Trieste y la península de Istria, parte de la costa dálmata, una posición dominante en Albania y colonias (sin especificar). Hasta que ese compromiso de entrar en la guerra fue aprobado por el parlamento, el 20 de mayo, en las calles de las principales ciudades de Italia se dieron cita manifestaciones convocadas por la Alleaza Nationale fundada en 1910 por Enrico Corradini y Luigi Federzoni; los Futuristas, un movimiento artístico y literario dirigido por Filippo Marinetti, que ensalzaba la guerra y la tecnología moderna; y los grupos intervencionistas de izquierda, donde ya se situaba Benito Mussolini, congregados en torno a los recién creados Fasci di Azione Rivoluzionaria. La decisión de entrar en la guerra, tomada por Salandra y el rey en contra de fuertes sentimientos neutralistas en la sociedad y en el parlamento, presuponía un conflicto corto y victorioso.

No fue así, sin embargo, pese al optimismo inicial de los intervencionistas. La guerra resultó larga, destructiva y ocasionó un gran trastorno, con efectos profundos, en la política y en la sociedad italiana. Desde mayo de 1915, hasta que acabó, en noviembre de 1918, Italia movilizó cerca de seis millones de hombres, la mayoría campesinos, que lucharon sobre todo en la frontera con Austria, y al ejército llegaron también unos 160 000 nuevos oficiales, procedentes de las clases medias, que independientemente de su especial actitud hacia la guerra, desarrollaron en el frente, como señala Martin Blinkhorn, «un fuerte sentido de camaradería, identificación con el esfuerzo bélico y con los objetivos expansionistas», y desprecio hacia los políticos neutralistas y hacia los socialistas, representantes de muchos trabajadores industriales que se habían quedado en sus casas eximidos precisamente por trabajar en la producción para la guerra.

Las cosas empeoraron tras la desastrosa derrota a manos de los austriacos en Caporetto, en octubre y noviembre de 1917, donde murieron diez mil soldados italianos, trescientos mil fueron heridos y otros tantos capturados por el ejército austriaco. La propaganda bélica se vio obligada a levantar la moral de los soldados con promesas de reformas en el campo y en el sistema político, en un momento en el que además llegaban las noticias de la revolución bolchevique en Rusia, un modelo que algunos desearían trasplantar a Italia y otros evitar a toda costa. Un año después de Caporetto, cuando la guerra acabó con la derrota de los Poderes Centrales, el balance de víctimas para Italia era trágico: más de medio millón de muertos, seiscientos mil soldados capturados y un millón de heridos, de los cuales casi la mitad quedaron inválidos para siempre.

Pero los efectos de la guerra iban a ser de largo alcance para la economía y la sociedad. El coste de la vida en 1919 cuadruplicó el de 1913 y la desmovilización y vuelta a casa de dos millones y medio de soldados que habían luchado en el frente hicieron del trabajo un bien escaso. Las huelgas y ocupaciones ilegales se extendieron por la agricultura y la industria en los dos años que siguieron a la firma del armisticio, un momento de disturbios sociales conocido como el biennio rosso (1918-1919) que se manifestó sobre todo en las regiones agrícolas de la Toscana y Emilia-Romaña y en las fábricas de automóviles de Milán y Turín. Hubo un espectacular aumento de la afiliación a los sindicatos de la Confederazione Generale del Lavoro, que pasaron en esos dos años de doscientos cincuenta mil a dos millones de afiliados, un poderoso movimiento que controlaba el mercado laboral e instigaba a la lucha de clases. Los patronos de las industrias y los propietarios ricos del campo, los agrari, sintieron esa oleada de militancia como el comienzo de la revolución bolchevique en Italia, la prolongación de lo que había ocurrido en Rusia en octubre de 1917, y comenzaron a pensar en nuevas formas de ordenar las relaciones laborales y a financiar grupos armados para destruir a los sindicatos y castigar a los socialistas más activos y radicales.

Por otro lado, el orden político que había posibilitado el dominio del liberalismo y de Giolitti antes de la guerra comenzó a resquebrajarse. La introducción del sufragio universal masculino y de la representación proporcional favoreció la creación de partidos modernos, que movilizaban a su electorado frente al clientelismo y patronazgo políticos del viejo sistema. El Partido Socialista fue el más votado en las elecciones de noviembre de 1919 y se convirtió en la fuerza política más importante de Italia, fuera y dentro del parlamento, aunque su fortaleza se vio limitada por la división entre la dirección de los sindicatos y los reformistas, que negaban desde el parlamento la aplicación a Italia del modelo bolchevique, y el ala izquierda, de la que saldrían algunos de los dirigentes que fundarían en enero de 1921 el Partido Comunista, como Antonio Gramsci y Amadeo Bordiga.

La novedad más importante, sin embargo, en ese escenario político de los primeros meses de la posguerra fue la creación en enero de 1919 del Partito Popolare Italiano, un grupo católico que contaba con la aprobación del Vaticano, dirigido por el cura siciliano Luigi Sturzo. La imposibilidad de que socialistas y católicos se entendieran para gobernar en coalición siguió dando el poder gubernamental a las camarillas liberales, cuatro de cuyos máximos representantes, Francesco Saverio Nitti, Giovanni Giolitti, Ivanoe Bonomi y Luigi Facta, se sucedieron en la presidencia desde el final de la guerra hasta octubre de 1922. Se abrió así un abismo entre esos gobiernos, que ni siquiera representaban ya a las clases medias, y una sociedad que experimentaba cambios acelerados y veía surgir a nuevas fuerzas políticas.

La paz de Versalles, rubricada en junio de 1919, hizo sangrar todavía más las heridas de guerra no cicatrizadas. Italia, como vencedora en la guerra, recibió importantes ganancias a costa de su enemigo tradicional, el Imperio austrohúngaro, como la frontera en el paso de Brenner, la anexión de la ciudad de Trieste y una buena parte de Istria, aunque no obtuvo colonias en África y en el Próximo Oriente, el sueño de muchos nacionalistas, que se sintieron agraviados por esa «victoria mutilada». La disputa en torno a la ciudad de Fiume, en el norte del mar Adriático, reclamada tanto por Italia como por Yugoslavia, adquirió fama cuando en septiembre de 1919 fue ocupada por un grupo de voluntarios, estudiantes y veteranos de guerra, dirigidos por Gabriele D’Annunzio, un célebre dramaturgo y poeta que había perdido un ojo en una de sus heroicas acciones en la guerra. Durante más de un año desafió al parlamento, al Gobierno, que no fue capaz de desalojarlo por la fuerza, y al orden internacional. Desde allí mandó mensajes a Europa y se convirtió en un referente para los nacionalistas y para esos disidentes del socialismo y del sindicalismo revolucionario que habían abanderado la causa intervencionista y veían en ese desafío de D’Annunzio un primer paso para derribar a la clase política y al sistema parlamentario. La falta de apoyo de la industria y del ejército y las escasas dotes de líder del poeta, que fue finalmente expulsado de Fiume por Giolitti en diciembre de 1920, frustraron ese objetivo, pero sirvieron de lección para quienes siguieron buscando la forma de derribar el orden político existente. Uno de ellos era Benito Mussolini.

Benito Mussolini nació en Predappio, en la región agrícola de Romaña, el 29 de julio de 1883. Hijo de un herrero socialista y republicano y de una maestra católica devota, el joven Benito forjó su rebeldía como un brillante propagandista de periódicos socialistas, primero en Forli, donde dirigió La Lotta di Classe, y después en Milán, como director del influyente Avanti. Allí estaba cuando en agosto de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y se abrió en la sociedad italiana ese agrio debate entre la intervención y la neutralidad. Mussolini, al principio, como la mayoría de los socialistas, se opuso a la guerra y la intervención de Italia, pero el 18 de octubre de ese año cambió a una posición de «neutralidad activa y operativa», como la definió en un artículo en Avanti, y poco después defendió la participación en la guerra al lado de Francia y Gran Bretaña. Los socialistas de esos países habían reconocido, según él, la trascendencia del «problema nacional». «¿Queremos ser, como hombres y como socialistas, espectadores inertes de ese inmenso drama? ¿O queremos ser, de alguna forma y en algún sentido, los protagonistas?»

Tras esa apuesta crucial, el abandono del antimilitarismo y de las convicciones internacionalistas, tuvo que dimitir como director de Avanti y fue expulsado del Partido Socialista Italiano. Durante un tiempo, casi durante toda la guerra, afirmó, pese a ese alejamiento del socialismo después de tantos años, que todavía estaba al lado de la revolución. Para hacer competencia a Avanti, creó un nuevo periódico, Il Popolo d’Italia, financiado por industriales italianos ricos que se iban a beneficiar de la participación de Italia en la guerra, el tipo de individuos con los que comenzaría a asociarse para llegar al poder, una vez que pudiera desprenderse del lenguaje radical. Antes de que eso ocurriera, orientó a los Fasci di Azione Rivoluzionaria, donde se le unieron algunos hombres, como Michele Bianchi o Roberto Farinacci, que hicieron el mismo recorrido que Mussolini desde el socialismo al intervencionismo, para acabar como fundadores del fascismo.

Desde septiembre de 1915 hasta junio de 1917, estuvo como soldado en el frente, se casó con Rachele Guidi, con quien ya tenía una hija desde septiembre de 1910, Edda, y aunque nunca dejó sus aventuras amorosas, siempre vinculado a amantes e hijos ilegítimos, la guerra hizo su vida menos bohemia. Fue a partir del desastre de Caporetto, según sus biógrafos, cuando comenzó a nacer un nuevo Mussolini, más político y menos propagandista, convencido de que Italia necesitaba una revolución de nuevo tipo, antimarxista, que derribara al sistema liberal, destruyera el poder político y sindical del socialismo y llevara a una nueva clase dominante al poder.

El nuevo movimiento, el fascismo, lo inició Mussolini el 23 de marzo de 1919 en una reunión en un edificio de la Piazza San Sepolcro de Milán. El término «fascio», «haz», que se refería a las fasces, el hacecillo de varas que usaban los cónsules romanos como signo de mando, símbolo de la fuerza a través de la unidad, no tenía hasta ese momento un significado político preciso y había sido utilizado por la izquierda intervencionista. En esa reunión, a la que acudieron sólo alrededor de cincuenta individuos, una variopinta mezcla de nacionalistas, sindicalistas, futuristas y excombatientes, entre los que estaban Roberto Farinacci, Giovanni Marinelli o Filippo Tommaso Marinetti, se creó el Fascio di Combattimento, una organización nacional que asociaría a los grupos locales de combate surgidos en las diferentes ciudades. Su programa inicial era muy radical, anticlerical y republicano, con claras influencias de los futuristas de Marinetti, alejado todavía de la doctrina reaccionaria con la que Mussolini tuvo que atraer a los sectores más conservadores y respetables de la sociedad italiana para llegar al poder.

Las perspectivas no fueron buenas al principio, con pocos avances reales y con un claro fracaso en las elecciones de noviembre de 1919, las mismas que ganaron los socialistas, sus principales enemigos, por una amplia mayoría. Pero todo comenzó a cambiar en 1920, con el crecimiento de las actividades violentas de los arditi, excombatientes organizados en grupos armados, semejantes a los Freikorps en la Alemania de la República de Weimar, que destruían imprentas de periódicos socialistas y locales de sindicatos, intimidaban a sus militantes y los asesinaban si era necesario. Los fasci di combattimento más fuertes y mejor organizados surgieron en las provincias del norte y del centro, en torno a un jefe o ras (nombre con el que se designaba a los jefes tribales en Etiopía) que ejercía un poder supremo sobre su área de influencia. El primer fascio importante salió de Bolonia, dirigido por Leandro Arpinati, que se jactaba de haber sido anarquista y después intervencionista, que floreció con el manejo de la violencia asesina, como la utilizada en el ataque al Palazzo d’Acursio, sede del gobierno municipal socialista, en noviembre de 1920, respaldado financieramente por terratenientes de la provincia y comerciantes de la ciudad. Fue el modelo seguido por otros jefes como Italo Balbo, un joven veterano de guerra y estudiante de ciencias políticas, en Ferrara, Roberto Farinacci en Cremona o Filippo Turati en Brescia. Era una lucha armada dirigida fundamentalmente, como R. J. B. Bosworth ha señalado, «a ganar la guerra de clases contra los socialistas».

Esa política de squadrismo, de los grupos paramilitares de arditi que vestían las camisas negras que los habían identificado durante la guerra, gozó de la benevolencia de la policía y de algunas autoridades y atrajo muchos nuevos miembros a las filas de los fasci, mientras que los socialistas, y sobre todo su organización campesina Federterra, retrocedían divididos por el enfrentamiento entre el sector más pobre del campesinado, los braccianti o braceros sin tierra, y los aparceros y pequeños agricultores. El fascismo agrario, la reacción violenta de las elites rurales y de las clases medias y bajas contra los socialistas, bien estudiado ya hace tiempo por Paul Corner para el caso de Ferrara y Anthony Cardoza para Bolonia, hizo milagros. Aunque los fascistas estaban divididos respecto a la política y a las lealtades a sus jefes, todos estaban de acuerdo en que la violencia de las escuadras paramilitares atraía a un sector de la juventud y hacía crecer al movimiento. En diciembre de 1919, tras la debacle electoral del mes anterior, sólo había 32 fasci (secciones locales), con menos de mil miembros. Un año después, eran 88 fasci, con veinte mil afiliados, y la cifra había subido a 834, con un cuarto de millón de militantes a finales de 1921. Esos mismos análisis muestran que los más activos de esos fascistas eran estudiantes, hijos muchos de ellos de los propietarios ricos, jóvenes profesionales, pequeños propietarios y aparceros y mayordomos de las fincas, que recibían financiación de los terratenientes y de los industriales de las ciudades.

Así germinó la semilla fascista, en medio de la crisis posbélica, con la urgente necesidad por parte de industriales y terratenientes de establecer el control social sobre campesinos y trabajadores. Los liberales tampoco fueron inmunes a esa marea de crecimiento fascista y en las elecciones de mayo de 1921 Giolitti incluyó a los fascistas en su bloque nacional antisocialista, en el que obtuvieron 36 de los 120 diputados. El minoritario grupo que se había reunido en Milán en marzo de 1919 para constituir el Fascio di Combattimento se transformó en noviembre de 1921, en el tercer congreso del movimiento celebrado en Roma, en el Partito Nazionale Fascita (PNF). En la dirección del nuevo partido estaban ya algunos de los que harían una larga carrera en la dictadura: Achille Starace, Attilio Teruzzi, Giussepe Bastianini y Dino Grandi, el único diputado fascista, aparte de Mussolini, que logró un puesto directivo. Un año después, Mussolini era ya jefe de Gobierno.

Mussolini y los fascistas se aprovecharon del vacío político que estaba creando la crisis de los gobiernos liberales. El 16 de octubre de 1922 un grupo de líderes fascistas trazó un plan de insurrección redactado por Balbo, que fue aprobado en una reunión amplia del partido celebrada en Nápoles una semana después. El plan consistía en ocupar las centrales telefónicas, edificios públicos y estaciones de ferrocarril de las grandes ciudades. Después, desde diferentes lugares, las columnas convergerían en Roma. Luigi Facta, el presidente de Gobierno, le presentó al rey el decreto de ley marcial que permitiese usar las tropas contra los fascistas. Pero Víctor Manuel se opuso y el Gobierno dimitió. El rey conocía las simpatías de algunos militares por los fascistas y, aunque le habrían obedecido a él si hubiera ordenado la represión de la insurrección, prefirió no llegar a crear una división en las fuerzas armadas. Además, los mismos políticos liberales habían declarado en público en varias ocasiones la necesidad de que los fascistas estuvieran en el Gobierno e importantes hombres de la economía desde Milán, como Alberto Pirelli y Gino Olivetti, apoyaban una coalición con los fascistas.

El 28 de octubre Antonio Salandra recibió el encargo de formar Gobierno. Mussolini, que tenía ahora las cartas en la mano, con las escuadras fascistas aproximándose a Roma y sabiendo que el ejército no las iba a detener, le dijo al líder conservador que no participaría en ningún gobierno que no estuviera presidido por él. Viajó desde Milán en tren, aunque la leyenda posterior lo presentó entrando en Roma al frente de los grupos fascistas, y el 29 de octubre, con treinta y nueve años, se convertía en el primer ministro más joven de Italia. La marcha sobre Roma, en la que participaron unos cuantos miles de fascistas, mal pertrechados y sin mucha preparación, triunfó por la negativa del rey y de las fuerzas armadas a suprimirla. Mussolini subió al poder con una combinación de violencia paramilitar y maniobras políticas, sin necesidad de tomarlo militarmente o ganar unas elecciones. Aquello no fue una toma del poder por procedimientos armados, ni una revolución, pese al mito forjado después por el fascismo victorioso. Fue el rey quien nombró a Mussolini jefe de Gobierno, una decisión que aplaudieron muchos, que esperaban que el socialismo, sus representantes políticos y su poder sindical dejaran de amenazar a las clases acomodadas y al orden social durante un tiempo.

«EL HOMBRE QUE NOS HA ENVIADO LA PROVIDENCIA»

Mussolini no iba a desaprovechar esa conquista, aunque el futuro era muy incierto porque el PNF sólo tenía 32 diputados y el Gobierno que presidía estaba compuesto por una coalición de popolari católicos, representantes de la mayoría de las facciones liberales, miembros de la elite económica, dos militares y un nacionalista, donde destacaba Luigi Federzoni como ministro de las Colonias, un cargo muy apropiado para quien se había destacado como fervoroso partidario del expansionismo italiano. Entre los ministros fascistas, no estaban los dirigentes más destacados, como Grandi, Balbo o Farinacci, y sí fascistas de segunda fila pero amigos de Mussolini como Giacomo Acerbo, un excombatiente que provenía de una distinguida familia de la burguesía de los Abruzos, y Aldo Finzi, un judío bien relacionado con los círculos financieros y que acabaría enfrentado a finales de los años treinta al fascismo por sus leyes antisemitas. El propio Mussolini se hizo cargo de dos de los ministerios más importantes, el de Asuntos Exteriores y el de Interior, anunciando lo que iba a ser una constante en su régimen, la acumulación personal de poder.

En esos primeros años, como señala Alexander De Grand, el sistema político italiano fue un «híbrido de práctica autoritaria añadida a las viejas formas constitucionales y liberales». La estabilidad de esa alternativa al Estado liberal sufrió al principio algunos desafíos y resistencias, desde dentro del movimiento fascista y desde la oposición, que fueron liquidados con el establecimiento a finales de 1925 de una dictadura fascista que otorgó a Mussolini poderes absolutos.

Durante un tiempo, antes y después de la marcha sobre Roma, el fascismo italiano fue un movimiento radical de derecha, con una base social de campesinos, arrendatarios, estudiantes, burócratas y excombatientes, que utilizó métodos violentos, terroristas y de intimidación no sólo para destruir al socialismo y al bolchevismo sino, también, para negociar con las elites y los poderes institucionales su ascenso y consolidación en el poder. Pero no hay que menospreciar el componente revolucionario del fascismo que provenía del sindicalismo, de militantes que tenían experiencia en la organización y movilización de trabajadores urbanos y campesinos. La rivalidad y confrontación entre esos activistas y el sector más conservador y nacionalista marcó la historia interna del Partito Nazionale Fascista en los años veinte y la estrategia de ajuste entre las necesidades del régimen fascista y los intereses de los trabajadores.

El objetivo inicial de los fascistas en ese terreno fue crear una Confederación General de Sindicatos Fascistas, puesta en funcionamiento con ese nombre, en diciembre de 1922, a costa de la eliminación del sindicalismo socialista y del católico que dependía del Partito Popolare. Su principal dirigente era Edmondo Rossoni, quien tenía una dilatada experiencia sindical tanto en Italia como en Estados Unidos, adonde había emigrado unos años antes de la Primera Guerra Mundial. Entre 1920 y 1924 la afiliación a los sindicatos socialistas descendió de 2,3 millones a doscientos mil miembros y la de los católicos de 1,2 millones a cuatrocientos mil, mientras que la Confederación Fascista pasaba de 250 000 afiliados a 1,8 millones.

El número de afiliados a los sindicatos fascistas doblaba al de militantes del partido y su poder asustó a algunos dirigentes fascistas, como el secretario Augusto Turati o a Giussepe Bottai, futuro ministro de las Corporaciones, que creían que esos sindicatos eran remanentes de la vieja mentalidad de clase que mantenía separados, y enfrentados, a los propietarios y a los trabajadores. Iniciaron una campaña de descrédito y de hostilidad hacia Rossoni y su organización y en diciembre de 1928 desmembraron (el sbloccamento) a los sindicatos y forzaron a Rossoni a dimitir como jefe del movimiento obrero fascista. Los sindicatos fascistas siguieron teniendo presencia en el campo de las relaciones laborales, pero no serían ya el motor de la revolución, como Rossoni y muchos antiguos sindicalistas habían propagado. Desde ese momento, como apuntó Renzo de Felice, «el sindicalismo fascista prácticamente abandonó la escena y se convirtió en un mero instrumento desprovisto de autonomía, poder y prestigio».

Tampoco los jefes fascistas provinciales, los ras, y los squadristi estaban conformes con el compromiso que Mussolini había adquirido con los sectores más conservadores de la sociedad para llegar al poder y presionaban por una «segunda revolución» que les concediera más poder a ellos y a los grupos e intereses locales que representaban. El más destacado de esos dirigentes era Roberto Farinacci, un exsocialista y obrero ferroviario, jefe de Cremona, que nunca aceptó los arreglos políticos y sociales del fascismo con el orden tradicional. Tuvo un momento de gloria y poder, desde febrero de 1925 hasta marzo de 1926, como secretario general del Partito Fascista, pero su ambición de ver al Estado y a la burocracia subordinada a la organización fascista chocó con Mussolini, quien le obligó a dimitir. Le sustituyó Augusto Turati, quien llevó adelante la tarea de centralizar al partido y domesticar a los sindicatos.

Para socavar la influencia de esos jefes provinciales, Mussolini les ofreció reconocimiento y posiciones de poder en Roma, como a Italo Balbo y Dino Grandi, y creó ya en diciembre de 1922 el Gran Consejo Fascista, encargado en teoría, aunque la práctica demostró pronto lo contrario, de actuar como órgano de decisión política paralelo al parlamento, en el que estaban los nombres ilustres del movimiento que se habían quedado fuera del primer gobierno de Mussolini, desde Balbo a Rossoni, pasando por Grandi o Staracce. El fascismo empezaba así a funcionar como un instrumento para la distribución del poder, siempre respetuoso con las jerarquías sociales, pese a la retórica populista y revolucionaria de sus dirigentes más radicales, y subordinado al aparato tradicional del Estado.

Mussolini necesitaba, para fortalecer la posición legal del fascismo e incrementar su representación en el parlamento, una reforma electoral, conocida como la ley Acerbo, por ser auspiciada por Giacomo Acerbo, subsecretario del presidente de Gobierno. La nueva ley, aprobada el 21 de julio de 1923 y respaldada por los anteriores presidentes liberales, otorgaba dos tercios de los escaños del parlamento al partido o coalición electoral que obtuviera al menos el 25 por ciento de los votos. Los conservadores querían también la ley, porque, además de asegurar gobiernos fuertes, reduciría el poder de la izquierda, dividida entre socialistas y comunistas y muy castigada todavía por el squadrismo. Tan sólo unos meses antes, en la Navidad de 1922, grupos fascistas sembraron el terror en Turín, la ciudad de la industria y famosa por su militancia obrera, capitaneados por su ras todopoderoso Cesare de Vecchi, asesinando a doce personas, a la vez que saqueaban las oficinas del periódico L’Ordine Nuovo, de Antonio Gramsci.

Las primeras elecciones en las que se aplicó esa nueva ley se celebraron en abril de 1924. Asesorado por su hermano Arnaldo, su fiel consejero, «un italiano de viejo cuño, incorruptible, inteligente, sereno, humano», como lo definía tras su muerte prematura en 1931, Mussolini apadrinó una «lista nacional», la listone, que incluía a «personalidades» de la vieja elite liberal, como Orlando y Salandra, y a católicos conservadores que habían roto con el Partito Popolare por su oposición al fascismo. No estaba Giolitti, que presentó su propia lista en el Piamonte. La listone obtuvo el 66 por ciento de los votos (el 81,5 por ciento en el sur, donde el fascismo apenas existía en octubre de 1922) y 374 diputados de los 535 que tenía el nuevo parlamento. Las elecciones significaron un cambio radical en el personal político. La edad media de los diputados fascistas era de treinta y siete años y el 80 por ciento de ellos eran nuevos en el parlamento, miembros de la generación de la guerra. Los fascistas obtuvieron la financiación electoral de poderosos grupos industriales que llevaron también a algunos de sus miembros al parlamento en la listone. «No se había producido una victoria tan clamorosa en la historia nacional de Italia desde 1861», señala Bosworth, pero el triunfo fue manchado por fraude y una violencia extrema de los squadristi.

Sobre el fraude y la ilegalidad de las elecciones habló claro el diputado socialista Giacomo Matteotti en un discurso al parlamento el 30 de mayo. Matteotti (1885) era hijo de una adinerada familia de Rovigo, en el valle del Po, que había abrazado el socialismo de muy joven, cuando todavía era un estudiante de derecho. Se había opuesto firmemente a la guerra y tenía buenos contactos con socialistas de otros países. Se rumoreaba que Matteotti tenía pruebas, tras una reunión reciente con laboristas británicos, de sobornos pagados por la empresa estadounidense Sinclair Oil para obtener el control de la distribución del petróleo en Italia, y de otras historias de corrupción en las que estaban implicados Arnaldo Mussolini, ese hermano «incorruptible», y otras personas cercanas al Duce, como Aldo Finzi, subsecretario del Ministerio del Interior. La munición usada por Matteotti era demasiado peligrosa y el 10 de junio se supo que había desaparecido. Lo había secuestrado y asesinado una escuadra fascista al mando de Amigo Dumini, y aunque hay historiadores que atribuyen una responsabilidad directa a Mussolini, y otros la niegan, el asesinato de Matteotti pesó como una losa en Mussolini hasta el final de su vida.

Y además tuvo importantes repercusiones en la historia. La oposición antifascista, encabezada por los socialistas, abandonó el parlamento. El rey podría haber pedido la dimisión de Mussolini, pero no lo hizo. Tampoco el ejército, los conservadores o los industriales le quitaron el apoyo. En realidad, el rey Víctor Manuel III, el Papa Pío XI, que había sido elegido unos meses antes de la marcha sobre Roma, tras la muerte de Benedicto XV, el mundo de los negocios, las elites de la sociedad italiana y el ejército estaban encantados con Mussolini y aplaudían su triunfo sobre «el juego mezquino de los partidos». Y lo que siguió a la crisis provocada por el secuestro y asesinato del diputado Matteotti fue la dictadura más absoluta de Mussolini, quien acumuló cargos y ministerios y puso en marcha una legislación represiva que mandó a las catacumbas a la oposición política.

Los jefes provinciales y fascistas más radicales, orquestados por Farinacci, le pidieron a Mussolini en diciembre de 1924 que eliminara a la oposición y diera los pasos para crear un Estado fuerte y fascista, una dictadura con un nuevo orden político pero dentro de las estructuras del Estado tradicional. El 3 de enero de 1925, en un discurso a lo que quedaba del parlamento, porque socialistas, republicanos, comunistas, demócratas liberales y algunos católicos ya no estaban, Mussolini proclamó la dictadura fascista. En el nuevo Gobierno, aprobado por el rey unos días después, Mussolini, además de la presidencia, se hizo cargo de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de la Guerra, de la Marina y de Aviación. Más tarde, ocupó otros ministerios y en noviembre de 1926 volvió a ser ministro del Interior, el cargo que más le gustaba, que le permitía controlar a la policía y a los servicios secretos, y que sólo dejó por un tiempo entre 1924 y 1926. Mussolini, al contrario de lo que hicieron otros dictadores como Hitler, Franco o Stalin, acumulaba cargos y dejaba la verdadera tarea de administrar a sus subsecretarios, fascistas de confianza.

Ese proceso de cimentación de la dictadura tuvo lugar a lo largo de 1925 y 1926, con una serie de medidas represivas que eliminaron la libertad de prensa, sustituyendo a los directores de los principales periódicos y colocando en su lugar a fascistas, extendieron los poderes del Gobierno para la detención de ciudadanos y crearon una policía secreta, la OVRA (Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo), el equivalente más próximo a la policía secreta nazi, la Gestapo, aunque quien controlaba a la OVRA era el Estado y no el partido, como ocurrió en Alemania. Los arquitectos de esta legislación represiva fueron Luigi Federzoni, el antiguo nacionalista al que Mussolini nombró ministro del Interior tras el asesinato de Matteotti, y Alfredo Rocco, un jurista que procedía también del campo nacionalista y que fue ministro de Justicia desde enero de 1925 hasta julio de 1932.

El fascismo italiano alcanzó en esa década que siguió al establecimiento de la dictadura de Mussolini su punto más alto de gloria y prestigio y fue, hasta la subida al poder de Hitler y los nazis en 1933, el único y ejemplar modelo para los movimientos autoritarios de derecha. Los fascistas se apoderaron de todos los puestos de la alta burocracia e institucionalizaron un amplio e innovador experimento social de nuevas relaciones entre el poder y las masas, magnificado por la propaganda y el culto al Duce, como se empezó a llamar oficialmente a Mussolini. Según uno de sus biógrafos, Mark Smith, el culto del ducismo se reveló «como la característica más novedosa y más efectiva del fascismo italiano». Mussolini lo fomentó «no solamente por vanidad, sino como instrumento del poder». Su hermano, Arnaldo Mussolini, ejerció de sumo sacerdote de la nueva religión y divulgó la idea de que se debería considerar a la persona del Duce como infalible, sagrada e inviolable. Los seguidores del fascismo y de Mussolini eran, según la conocida investigación del historiador Emilio Gentile sobre «la sacralización de la política», creyentes de una «religión política» y adeptos de una «liturgia fascista», que glorificaba al Estado y a la nación, desarrollada en manifestaciones de masas, desfiles y marchas.

Esa «religión política» nunca chocó frontalmente con la otra religión dominante hasta entonces en Italia, la católica, y de la estabilidad de las relaciones entre el fascismo y la Iglesia católica y el Vaticano dependió una buena parte del dominio tranquilo y glorioso que Mussolini tuvo durante tantos años. En su ascenso al poder, el fascismo atrajo el apoyo de pequeños grupos de católicos conservadores, los «clérico-fascistas», como los llamó Don Luigi Sturzo, el líder del Partito Popolare y que, según el estudio de John Pollard, desempeñaron un importante papel en la consolidación del régimen de Mussolini entre 1922 y 1925 y contribuyeron también de forma notable a que llegara la Conciliazione, la reconciliación entre la Iglesia y el Estado italiano rubricada en los Pactos de Letrán en febrero de 1929.

Los católicos habían comenzado a entrar en el parlamento italiano desde 1904, comprometidos con la defensa del orden existente y dispuestos a cooperar por lo tanto con los liberales, aunque las tensiones entre los católicos más conservadores y los liberales salieron a menudo a la luz por el tema de las relaciones Iglesia-Estado, lo que en Italia se llamaba la «Cuestión Romana», la situación en la que habían quedado los territorios papales tras ser absorbidos por el nuevo reino de Italia durante 1860-1861 y la ocupación de Roma en 1870. Los católicos, no obstante, fueron una minoría en el parlamento, en torno a treinta diputados, divididos además entre conservadores y demócrata-cristianos, hasta que, tras la introducción de la representación proporcional y el sufragio universal masculino, Sturzo, el líder de los demócrata-cristianos, fundó a comienzos de 1919 el Partito Popolare Italiano y se convirtió, tras las elecciones de ese año, en el segundo partido más votado tras los socialistas.

La convivencia en el nuevo partido entre esos dos grupos no duró. El enérgico rechazo de Sturzo a entrar en las elecciones de 1921 en la alianza con los liberales, los nacionalistas de extrema derecha y los fascistas contra los socialistas, separó claramente a los católicos conservadores, que lo que querían era un gobierno fuerte que actuara frente a la amenaza bolchevique y provocó los primeros choques entre la política de Sturzo y el Vaticano.

La escisión se fraguó con la incorporación de tres ministros popolari al primer gobierno de Mussolini, un paso al que se opusieron Sturzo y el ala demócrata-cristiana del partido, que consiguieron en un congreso celebrado en abril de 1923 que se mantuviera la independencia del PPI y que se votara por la colaboración con el fascismo sólo en determinadas circunstancias. Mussolini cesó a los tres ministros popolari y declaró la guerra al partido. Los más conservadores o claramente profascistas, como Carlo Cornagia Medici, abandonaron el partido y crearon pequeñas organizaciones de apoyo al fascismo bendecidas por el Papa. Sturzo dio la batalla de nuevo, con una buena parte de sus seguidores popolari, frente a la ley Acerbo. Mussolini presionó al Vaticano para que le obligaran a dejar la secretaría del partido y abandonar la política, algo que Sturzo hizo por obediencia canónica a sus superiores eclesiásticos cuando así se lo pidieron. Muchos otros popolari, acusados por los squadristi, hicieron lo mismo y el PPI, sin el apoyo del Vaticano, se disolvió en 1926.

Tras la desintegración del PPI, los «clérico-fascistas» tomaron el control de toda la prensa católica, y la usaron desde ese momento para apoyar incondicionalmente a Mussolini y al fascismo. Los candidatos católicos obtuvieron 107 000 votos en la listone organizada en torno al fascismo en las elecciones de 1924, pero los servicios prestados a Mussolini fueron mucho más allá de los apoyos electorales. Después del caso Matteotti, cuando el Gobierno de Mussolini se tambaleaba, «los clérico-fascistas» Cesare Nave y Pablo Mattei-Gentili, el editor de Il Corriere D’Italia, aceptaron ser ministros y defendieron la destrucción de las instituciones parlamentarias y la legislación represiva que estableció la dictadura.

Según John Pollard, el autoritarismo de esos católicos procedía de los estrechos contactos que habían mantenido con los nacionalistas radicales desde la guerra contra Libia de 1911-1912, con dirigentes como Alfredo Rocco que allanaron el camino para una futura alianza entre la Iglesia católica y el fascismo. La mayoría de los conservadores católicos votaron por la intervención en la Primera Guerra Mundial en 1915 y se establecieron como una elite rica y de negocios, «una clase de plutocracia católica con una contribución sustancial a la economía italiana», que controlaba ocho de los veinte bancos católicos, incluyendo los cuatro grandes (el Banco di Roma, Banco Ambrosiano de Milán, de Credito Nazionale y el Istituto Italiano di Credito). Al final de enero de 1923, Mussolini y el cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado del Vaticano, tuvieron su primera reunión en el palacio romano de Carlo Santucci, presidente del Banco di Roma, senador del reino, y el hombre católico más influyente de Italia, iniciando así el papel histórico de los católicos derechistas como intermediarios entre el Vaticano y el fascismo.

La alianza entre el Vaticano y el régimen fascista quedó sellada el 11 de febrero de 1929 en los pactos firmados en el Palacio de Letrán, la antigua residencia de los papas, que resolvieron el estatus del Papa en Roma y, en general, las relaciones Iglesia-Estado, dando fin a una disputa que había durado sesenta años. Se creó el Estado del Vaticano como un enclave totalmente independiente dentro de la ciudad de Roma, dio garantías a la Iglesia en materia de educación, convirtiendo la enseñanza de la religión católica en materia obligatoria en las escuelas primarias y secundarias, y restableció la autoridad católica sobre el matrimonio. La Iglesia conservaba así una parte importante de autonomía dentro de un sistema político que aspiraba a ser totalitario, pero los beneficios obtenidos por Mussolini y su régimen tampoco fueron escasos: el fascismo utilizó los vínculos de la Iglesia católica con amplios sectores de la población para reafirmar su dominio e incrementó su prestigio internacional. Los publicistas católicos de todo el mundo aplaudieron los acuerdos y Pío XI definió al Duce como «el hombre que nos ha enviado la Providencia».

La dictadura fascista se prolongó quince años más y en ese largo tiempo surgieron algunas fricciones con la Iglesia católica acerca del control de la juventud y, más adelante, sobre las leyes raciales, cuando Mussolini ya se había abrazado mortalmente a Hitler. En términos generales, sin embargo, como se ha tratado de demostrar, la Iglesia fue una aliada muy valiosa del fascismo.

Antes de la aparición de Hitler en el escenario internacional, la propaganda fascista convenció a millones de ciudadanos italianos de que estaban viviendo en un sistema «totalitario» que requería su compromiso y participación activa, bajo la dirección de un hombre infalible y la supervisión y control de un Estado corporativo que garantizaba la paz social entre patronos y trabajadores, para lo que se creó el Ministerio de las Corporaciones en julio de 1926, el progreso económico, la justicia social y el respeto internacional tras la humillación sufrida después de la Primera Guerra Mundial con la «victoria mutilada». Fueron también los años en los que el Partito Nazionale Fascista y sus secciones juveniles y femeninas acogieron a millones de afiliados y la Opera Nazionale Dopolavoro, el sistema de organización y control del ocio, que en 1939 tenía más de 3,8 millones de afiliados, manejó miles de salas de teatro y cine, orquestas, bibliotecas y grupos deportivos. Según ha demostrado Victoria De Grazia, el Dopolavoro alentó «una aceptación inactiva del régimen» que entró en contradicción con la «dinámica expansionista y la mentalidad imperialista» que se suponía un rasgo esencial del fascismo.

Esa aceptación popular de la autoridad —«Credere, Obbedire, Combattere»— inspiró el conocido argumento de Renzo de Felice sobre el «consenso» que el fascismo habría logrado crear en la sociedad italiana en esos años finales de la década de los veinte y comienzos de los treinta. La propaganda y la censura, la liturgia del culto al Duce, los logros aparentes, incluidas dos victorias en el mundial de fútbol, en 1934 y 1938, los desfiles, uniformes y milicias disciplinadas hacían olvidar la violencia squadristi y la represión, que desarticuló el socialismo y el comunismo y llevó a la cárcel o al exilio a la mayoría de sus diputados y dirigentes, el descenso de los salarios y, tras la crisis de 1929, el notable incremento del paro. El estilo fascista italiano escenificó, sobre todo bajo la dirección de Achille Starace entre 1932 y 1939, una especie de teatro político, con el culto al líder carismático, quien gustaba de ser filmado y fotografiado conduciendo coches rápidos o al control de tanques, a la vez que se sugería que las glorias del antiguo Imperio romano iban a renacer en esa Italia joven, dinámica, llena de tecnología, modernismo y ensalzamiento de la virilidad y de los valores marciales. En 1939, los grupos juveniles, organizados en torno a la Gioventú Italiana del Littorio, sumaban casi ocho millones de miembros, el PNF 2,5 millones, además de 750 000 en la sección femenina y alrededor de 1,5 millones en la organización de mujeres campesinas, las Masaie Rurali.

En realidad, el fascismo, lejos de conseguir su ansiada revolución o el sueño totalitario, llegó a sustanciales acuerdos, para acceder al gobierno y consolidarse en el poder, con todos los sectores de la vieja elite prefascista y las instituciones más conservadoras de la sociedad: la monarquía, el Vaticano y la Iglesia, industriales, banqueros y terratenientes, la policía, el ejército y la burocracia. Todos esos aliados mantuvieron una considerable autonomía, especialmente la Iglesia con su control de un área tan vital como la educación primaria y secundaria, pese a los esfuerzos de algunos grupos fascistas radicales para avanzar por caminos más totalitarios y revolucionarios, según su propio lenguaje, en el sindicalismo, en la educación y en la relación entre el partido y el pueblo. Historiadores como Bosworth o Alexander De Grand subrayan cómo el Partido Fascista fue adoctrinado y sometido al aparato tradicional del Estado, una labor en la que destacó Augusto Turati en sus años de secretario, y cómo el poder, en suma, se concentró en los Ministerios de Justicia e Interior y en la persona de Mussolini.

Consolidado el régimen fascista en el interior, fue la política expansionista de Mussolini, orientada también por una revisión de las relaciones internacionales establecidas tras la Primera Guerra Mundial, la que condujo a su caída y a la quiebra final del fascismo.

UN IMPERIO DE GUERRA

Mussolini siempre controló la política exterior de su régimen. Hasta 1936, él fue el ministro de Asuntos Exteriores, excepto en un período entre septiembre de 1929 y julio de 1932 en que le dejó el cargo a Dino Grandi, y a partir de junio de 1936, cuando ascendió a ese puesto su yerno Galeazzo Ciano, sus decisiones prestaron poca atención a los consejos del cuerpo diplomático. La agresiva y ambiciosa política exterior de la Alemania nazi, que alteró muy rápidamente el orden diplomático europeo, contribuyó también a desestabilizar la hasta entonces orientación conservadora del régimen fascista italiano. Entre 1935 y 1939, Italia se metió en tres guerras sucesivas, en Etiopía, España y Albania, que incrementaron el gasto público y el déficit presupuestario. Una nueva generación de líderes fascistas acompañó a Mussolini en su aventura imperial. El más influyente de todos ellos fue Galeazzo Ciano, casado con Edda, la hija mayor del Duce, desde abril de 1930, y que tras ser jefe de prensa de Mussolini y ministro de Propaganda, pasó a ser el jefe de la diplomacia italiana el 11 de junio de 1936, cuando sólo tenía treinta y tres años, una edad inusual para manejar la política exterior de una potencia europea.

Las áreas de influencia de la política exterior italiana estaban en el Mediterráneo, en África y en los Balcanes. La desintegración del Imperio austrohúngaro quitó de en medio la amenaza más seria a la seguridad de Italia, pero, como ya hemos visto, el mito de la «victoria mutilada», de los sueños imperiales insatisfechos en África y en el Próximo Oriente, sirvió para incorporar al fascismo a los nacionalistas y veteranos de guerra que abogaban por una política exterior «revisionista» que modificara la paz insultante de Versalles. Poco se movió, sin embargo, hasta la subida al poder de Hitler, en una época marcada por el dominio anglofrancés en las relaciones internacionales, aunque el fascismo italiano recibió elogios y comenzó a ser emulado en otros países de Europa en los años veinte, en las dictaduras como la de Miguel Primo de Rivera en España o en movimientos que aspiraban a hacer lo mismo, como el Faisceau de Georges Valois en Francia o el movimiento paramilitar Heimwehr (Guardia de la Patria) en Austria.

Con el ejército que tenía, la Italia fascista no podía aspirar a desempeñar un papel importante en el continente europeo, pero sí a emprender en Etiopía una guerra colonial ansiada por quienes creían que, para ser fuerte y dominante, el fascismo debía cumplir su destino imperial. Un incidente en diciembre de 1934 en la frontera entre Somalia, bajo dominio italiano, y Etiopía permitió a Mussolini pasar a la acción. Unos días después, el Duce explicó que lo que era un problema de diplomacia se había convertido «en un problema de fuerza; un problema “histórico”, que debe resolverse por medios por los que siempre se resuelven esos problemas: el uso de las armas». Convencido además de que Haile Selassie (Ras Tafari Makonnen), rey de Etiopía desde 1928 y emperador desde 1930, estaba construyendo un Estado fuerte del que sería muy difícil echarle si el tiempo corría y de que Francia e Inglaterra le iban a permitir la libertad de acción, Mussolini comenzó la primera de sus guerras, que no iba a ser combatida sólo por el ejército sino por «todo un pueblo de 44 millones de almas».

Al amanecer del 3 de octubre de 1935, las tropas italianas, unos cien mil soldados, cruzaron la frontera de Etiopía por Eritrea y la aviación bombardeó Adua, la ciudad que había simbolizado la victoria etíope sobre Italia en la guerra de 1896, una guerra que le había costado diez mil muertos y una gran humillación para un poder europeo que soñaba con tener colonias en África. El 7 de octubre, la Sociedad de Naciones, de la que Etiopía era un Estado miembro, declaró a Italia un país agresor y unos días después votó sanciones económicas contra ella. Como iba a suceder a partir de ese momento con todas las intervenciones de la Sociedad de Naciones frente a las agresiones de Estados fascistas, las sanciones resultaron ineficaces. Los británicos se negaron a cerrar el canal de Suez, que conectaba desde 1869 el mar Mediterráneo con el Rojo, a los barcos italianos. La Sociedad de Naciones no incluyó el petróleo en la lista de productos prohibidos y algunos países que no pertenecían a esa organización, como Estados Unidos, Alemania y Japón, se negaron a sumarse al boicot.

Tras algunos reveses iniciales en el avance de sus tropas, el general Pietro Badoglio comenzó a utilizar gas venenoso en bombas y pulverizadores arrojados desde aviones. Miembros de la Cruz Roja, la organización que precisamente había surgido a finales del siglo XIX para asistir y socorrer a los heridos de guerra, informaron de escenas horribles, de hombres quemados por «gas mostaza en la cara, en la espalda y en los brazos». El gas, que arrasaba la tierra y contaminaba el agua, socavó la capacidad de resistencia de los etíopes. Algunos contemporáneos, aunque los datos no han sido corroborados por los historiadores, dieron la cifra de un cuarto de millón de etíopes muertos o heridos por esa plaga química. Como escribió Ras Imru, uno de los comandantes del emperador Haile Selassie, «estaba completamente aturdido. No sabía cómo combatir esa terrible lluvia que quemaba y mataba».

Pese a la protesta del emperador contra la impunidad de Italia, que utilizaba esas armas «bárbaras…. en el nombre de la civilización», los poderes occidentales, especialmente las autoridades británicas, se negaron a reconocer como auténticos esos informes y noticias que afectaban, como declaró el diplomático Lord Halifax, futuro ministro de Asuntos Exteriores británico, «al honor de un gran país». La guerra de conquista acabó en mayo de 1936 con la entrada de Badoglio en la capital Addis Abeba. El rey Víctor Manuel recordaría después que esa noche, la del 9 de mayo, apenas pudo dormir, aunque siempre lo hacía profundamente, se levantó, encendió la luz «y fue a mirar el mapa de África». Y el Papa, que nada había dicho sobre el uso del gas venenoso en la guerra, expresó su satisfacción por «la felicidad triunfal de un gran y buen pueblo».

Mussolini fue tratado como un Dios, Víctor Manuel le hizo Caballero de la Orden de Saboya. El Duce, como señala Piers Brendon, «había convertido una escuálida aventura colonial en una gran cruzada patriótica. Había superado la Depresión de 1929 y transformado la angustia interior en una agresión internacional». Renzo de Felice escribió que esa «acción brillante» contra Etiopía fue «la obra maestra política» de Mussolini, pero le costó a Italia, un país entonces no tan rico, un derroche de dinero, creó la ilusión de que podría ser un gran poder imperial, lo que le llevó, cuando salió de África y se enfrentó a países que tenían una tecnología más avanzada, a estrepitosas derrotas. Aun así, la victoria en Etiopía nunca fue total, porque los italianos tuvieron que soportar una intensa guerra de guerrillas y reprimir con brutalidad la resistencia, hasta la liberación del país por las tropas británicas en abril de 1941.

Tras la conquista de ese «imperio fascista, un imperio de paz, un imperio de civilización y humildad», el Duce, pese a esas palabras, ya nunca dejaría de guerrear, y lo que Italia tuvo en realidad, hasta finales de abril de 1945, fue un imperio de guerra. En marzo de 1936, Mussolini empleó oficialmente el término autarquía para definir una estrategia a largo plazo de suficiencia económica, necesaria para mantener una posición permanente de guerra, donde el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), creado en enero de 1933, desempeñaría un papel fundamental. A partir de la guerra de Etiopía, y con la fascinación que Mussolini sintió por la agresividad que comenzaba a mostrar Hitler y la Alemania nazi, las medidas económicas, como señala Alexander De Grand, «se improvisaron apresuradamente para ajustarse a las necesidades de la política exterior».

La siguiente guerra fue en suelo español y cuando llegó ese momento, el verano de 1936, ya estaba al frente de la política exterior Galeazzo Ciano, máximo responsable, junto con su suegro, de las decisiones fundamentales que el régimen fascista tomó en los siguientes años. En julio de 1936, Mussolini atendió a la llamada urgente del general Franco para que le prestara ayuda aérea para pasar sus tropas desde el norte de África a la Península y poder continuar así la guerra causada por la insurrección militar contra el Gobierno de la República. La ambición de una expansión en el Mediterráneo a costa de Francia y la animadversión a los gobiernos del Frente Popular español y francés, llevaron a Italia a una guerra en la que empleó más de setenta mil hombres y una cantidad de recursos, armas y municiones que agravaron sus deficiencias militares y le reportaron escasas recompensas. La intervención en España, además, significó el primer paso de lo que iba a ser una fatal amistad con la Alemania nazi, que también ayudó a los militares rebeldes, sellada oficialmente en el pacto del Eje en octubre de 1936.

A Mussolini le quedaban todavía algunos momentos de gloria, como su participación en el acuerdo de Múnich del 29 de septiembre de 1938, que la propaganda fascista vendió como fruto de la posición pacificadora de su líder, o la anexión formal de Albania en abril de 1939, pero la situación internacional amenazaba con otra gran guerra para la que Italia, ni su población ni su ejército, como reconocía la cúpula dirigente fascista, no estaba preparada. Y así se lo hizo saber en varias ocasiones, en agosto de 1939, Mussolini a Hitler.

Italia, efectivamente, se mantuvo al principio al margen de la Segunda Guerra Mundial, que se inició en la mañana del 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por las tropas nazis, pero cuando los ejércitos alemanes avanzaron inexorablemente por los Países Bajos y Francia en la primavera de 1940, Mussolini le comunicó al general Badoglio, jefe del Estado Mayor, que la guerra la ganaría pronto Hitler y que Italia necesitaba «unos cuantos miles de muertos para poder asistir a la conferencia de paz como beligerante». El 10 de junio, Italia entró en la guerra, una decisión a la que pocos ponían objeciones en ese momento.

La guerra resultó un absoluto desastre para Italia y dos años después, todos los sectores de la vieja elite prefascista, que habían mantenido su poderosa presencia durante la dictadura, desde el rey al Vaticano, pasando por el ejército, temerosos de la derrota, prepararon la caída de Mussolini. El Partido Fascista se desintegraba y su sector más moderado, encabezado por Dino Grandi y Giuseppe Bottai reaccionaba contra un sistema de gobierno que no funcionaba de forma eficaz y contra un líder que les conducía al abismo. El punto de unión de la conspiración para derrocar a Mussolini, el hombre que conectó a los fascistas más moderados con el ejército y las fuerzas de policía, fue el duque Pietro Acquarone, senador, financiero y jefe de la Casa Real. La invasión de Sicilia el 9 de julio de 1943 hizo saltar las alarmas y algunos dirigentes fascistas como Ciano, Grandi y Bottai, a quienes Mussolini había destituido de sus puestos en abril de ese año, presionaron para que la iniciativa pasara al rey. La noche del 24 al 25 de julio el Gran Consejo, que Mussolini no convocaba desde 1939, otra señal del rumbo que habían tomado los acontecimientos, se reunió en la que sería su última puesta en escena en la historia. Allí se aprobó la propuesta de Grandi de devolverle el poder al rey. Víctor Manuel sustituyó a Mussolini por Badoglio. Como escribe Richard Vinen, «Italia sólo entró en guerra cuando parecía seguro que Alemania había ganado. Y el rey y la clase dirigente se retiraron tan pronto como quedó claro que Alemania había perdido».

Nadie en el Partido Fascista, ni en sus vigorosas organizaciones juveniles, opuso resistencia a la destitución de Mussolini, pese a su juramento de defender al Duce y de dar la vida por él. Con Mussolini detenido, el rey y el Gobierno del general Badoglio acordaron la rendición con los negociadores aliados, hecha oficial el 8 de septiembre. Al día siguiente, huyeron de Roma, antes de que pudieran ser arrestados por los nazis, que ocuparon toda la Italia central y septentrional. El Duce aún tuvo vida por un tiempo, tras ser liberado por los alemanes de la prisión el 12 de septiembre, en la República de Saló, y pudo vengarse de algunos de los dirigentes que le habían traicionado.

El 11 de enero de 1944, Galeazzo Ciano, Giovanni Marinelli, el mariscal Emilio de Bono, Luciano Gottardi y Carlo Pareschi fueron ejecutados en Verona, aunque otros, los que realmente habían provocado la destitución de Mussolini, como Dino Grandi, Giuseppe Bottai y Luigi Federzoni, lograron escapar. Emilio de Bono, uno de los que habían encabezado la marcha sobre Roma, fascista y militar, jefe de policía en el momento del asesinato del diputado Giacomo Matteotti, ministro de Colonias entre 1929 y 1935, artífice, junto con Mussolini, de la invasión de Etiopía, a quien nunca le perdonó que lo sustituyera por Badoglio cuando había comenzado la conquista, estaba a punto de cumplir setenta y ocho años, pero eso no fue suficiente para cambiar la condena a muerte. Tampoco a Ciano pudo liberarle la relación familiar con Mussolini, la intercesión de Edda ante su padre, porque los alemanes pidieron la cabeza del hombre que ya decía públicamente, nada más empezar la guerra, que ojalá la ganara Inglaterra, lo cual significaría «la hegemonía del golf, el whisky y el confort», y porque así lo pidió también su suegra Rachele, la esposa del Duce.

Mussolini era entonces un dictador títere, al servicio de los nazis, que iba perdiendo poco a poco el control sobre el territorio italiano que supuestamente dominaba. La República de Saló ya no tenía el apoyo de los industriales, de la Iglesia, ni de la monarquía. Tampoco tenía ejército, ni países que la reconocieran y sus dirigentes eran, en su mayoría, con algunas excepciones como Roberto Farinacci, fascistas de segunda fila, proalemanes y antisemitas como Giovanni Preziosi, burócratas, oportunistas y amigos de Mussolini, que soñaban todavía con la «segunda revolución», con el radicalismo social que el fascismo había tenido que abandonar en su conquista y consolidación del poder. El programa por el que se rigió, definido en el Congreso de Verona en noviembre de 1943, era antimonárquico, antisemita y contenía ambiguas promesas sobre socialización de la producción y nacionalización de servicios públicos, que no pudieron cumplirse, dadas las circunstancias y lo poco que duró aquel nuevo régimen sometido a la Alemania nazi.

Mussolini, envejecido, torturado por su úlcera de estómago, no tenía ya fuerza ni siquiera para ser ministro del Interior de la República, un cargo que siempre había ocupado desde 1926 hasta su caída y que ahora le dejó a Guido Buffarini, su fiel subsecretario en el Ministerio desde 1933. En marzo y abril de 1945, mientras los nazis llevaban a cabo negociaciones secretas con los aliados para la rendición, Mussolini buscaba infructuosamente establecer contactos con los británicos a través de la Iglesia católica. El 27 de abril de 1945 se unió a un convoy de soldados nazis que escapaban del avance aliado. Cuando los camiones fueron detenidos por un grupo de partisanos, descubrieron a Mussolini envuelto en una manta y disfrazado con uniforme alemán. El 28 fue ejecutado junto con su última amante, Clara Petacci, y al día siguiente sus cadáveres y los de otros célebres fascistas, como Roberto Farinacci o Achille Starace, fueron colgados cabeza abajo en la plaza Loreto de Milán, en el mismo sitio donde el 10 de agosto de 1944 se había fusilado, por orden de los alemanes, a quince partisanos, cuyos cuerpos habían quedado también expuestos públicamente en la plaza.

El balance de tanta guerra y tiranía, pese a que Mussolini siempre parece ocupar un lugar menor al lado de otros criminales de su época como Hitler o Stalin, fue brutal, y al menos un millón de italianos murieron por los campos de batalla de Libia, Etiopía, España, Albania y después en su propio suelo durante la Segunda Guerra Mundial. Y el máximo responsable de tanta sangre derramada fue Benito Amilcare Andrea Mussolini y sus ambiciones imperiales y totalitarias.

IV
De Weimar al Tercer Reich

El 30 de enero de 1933, a las once y media de la mañana, Paul von Hindenburg, presidente de la República alemana, nombró canciller, jefe del Gobierno, a Adolf Hitler. En apenas unos meses, Hitler y su partido, el NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), comúnmente conocido como los nazis, tomaron el control del Estado y de la sociedad a través de una combinación de cambios en las leyes y de violencia política contra sus oponentes. Las libertades democráticas y los derechos civiles fueron eliminados y la República parlamentaria de Weimar, destruida. A mediados de 1933, Alemania era ya una dictadura con un único partido.

Catorce años había durado la primera democracia de la historia de Alemania, nacida en la ciudad de Weimar a comienzos de 1919, como consecuencia de la derrota militar del Imperio en la Primera Guerra Mundial y del hundimiento del orden monárquico existente. La República vivió unos primeros años de crisis (1919-1923), en una atmósfera de derrota y humillación nacional por el Tratado de Versalles; una fase de relativa estabilidad (1924-1929), en la que pudo consolidarse un amplio sistema de beneficios sociales; y un período final (1930-1933) de desintegración y destrucción del régimen democrático. En esos mismos catorce años, el partido nazi pasó de ser un minúsculo grupo de extrema derecha nacionalista, que ni siquiera competía en las elecciones, a un movimiento de masas, con una violenta y numerosa organización paramilitar, las SA (Sturmabteilung), que comenzó a tener una amplia representación en el Reichstag, en el parlamento de la República, con millones de votos detrás, a partir de las elecciones de septiembre de 1930. Adolf Hitler fue siempre la figura dominante en el partido, su árbitro y líder carismático.

LA REPÚBLICA NACIDA DE LA GUERRA

El estallido de la guerra en agosto de 1914 provocó una oleada de euforia en la sociedad alemana y de grandes expectativas en torno a una rápida victoria. El Káiser Guillermo II proclamó una «tregua social», que incorporaba a una nueva «comunidad nacional» al Partido Social Demócrata (SPD) y a los amplios sectores de las clases trabajadoras que representaba. Ese momento de esperanza se convirtió en desilusión y descontento cuando la guerra tomó un rumbo desfavorable y el bloqueo de Alemania por la flota de los países aliados condujo a un agudo deterioro del suministro de alimentos. Esa nueva «comunidad nacional» comenzó a desintegrarse y las tensiones internas generaron una clara polarización entre los grupos militares y conservadores, que se aferraron a la guerra y al poder, y una amplia movilización por la paz que encontró su expresión institucional en el movimiento Räte, consejos de obreros y soldados creados según el modelo de la revolución rusa. Las terribles consecuencias de la guerra, la carestía de la vida y los cientos de miles de muertos en el campo de batalla dieron un fuerte impulso a ese movimiento por la paz.

A finales de septiembre de 1918, tras más de cuatro años de guerra y destrucción, el mando supremo del ejército alemán se vio obligado a pedir un armisticio que pudiera evitar, o eso se pensaba entonces, el desastre militar y el hundimiento del Imperio. El 29 de ese mes, Erich Ludendorff, el todavía jefe de las fuerzas armadas, realizó formalmente a los representantes del régimen imperial, en una reunión celebrada en Spa, Bélgica, esa petición de armisticio basada en los Catorce Puntos, en el programa de paz presentado por el presidente Woodrow Thomas Wilson al Congreso de Estados Unidos en su discurso del 8 de enero de 1918. Al mismo tiempo, Ludendorff presionó para que se formara un nuevo gobierno, con representantes de los principales partidos en el parlamento, los socialdemócratas, los liberales y los católicos del Centro, que negociara la derrota y los términos de la paz. Esa cínica maniobra de Ludendorff, como señala Detelev J. K. Peukert, «absolvía a los grupos conservadores dominantes y a la dirección militar de las consecuencias de su propio fracaso en las conducción de la guerra, e iba a infligir sobre los partidos democráticos el oprobio de la infame Dolchstoss (“puñalada por la espalda”), dirigida por los políticos que estaban en casa contra los soldados combatientes en las trincheras».

El 3 de octubre se constituyó un nuevo Gobierno bajo la presidencia del príncipe Max von Baden, encargado de transmitirle a Wilson «la inmediata conclusión de un armisticio en tierra, mar y aire». El reconocimiento de la derrota «cayó como una bomba», en expresión de Eberhard Kolb, entre la población alemana, que no estaba preparada para ello, porque hasta el último minuto había sido engañada con promesas de victoria por la propaganda oficial. La gente se lanzó a las calles a protestar contra la guerra, a pedir la paz a cualquier precio y a reclamar una profunda reforma del orden público y social. Los consejos de obreros y soldados, que se multiplicaron de forma esporádica en esos días, justamente un año después de la revolución bolchevique, se hicieron con el control de la mayoría de las ciudades, mientras el aparato militar y policial del régimen monárquico apenas ofrecía resistencia. Hubo rumores de un golpe en el cuartel general del Káiser en Spa, motines navales y una insurrección de marineros en Kiel el 3 y 4 de noviembre. Ludendorff y Paul von Hindenburg, que habían actuado con poderes dictatoriales desde 1916, perdieron el control de la situación y la demanda de abdicación del Káiser se escuchó cada vez más insistentemente.

La oleada revolucionaria alcanzó Berlín, la capital imperial, el 9 de noviembre. El príncipe Max von Baden pidió al Káiser que abdicara, transmitiendo también la opinión de influyentes círculos monárquicos, convencidos de que la única posibilidad de salvar la monarquía era el sacrificio personal de Guillermo II. A primera hora de la tarde, Max von Baden anunció la abdicación. El todopoderoso Imperio alemán, que había iniciado en agosto de 1914 una guerra de conquista del continente europeo, se derrumbaba de forma estrepitosa. Era el fin del orden tradicional, del mismo que había desaparecido más de un año antes en Rusia y que estaba desapareciendo a la vez en Austria-Hungría, y el nacimiento de una nueva era. Guillermo II, el emperador alemán, el Káiser, huyó a Holanda y allí moriría el 4 de junio de 1941, en un país ocupado desde el año anterior por sus compatriotas nazis.

Tras la caída del Imperio, había que decidir qué sistema lo sustituía. Los consejos de obreros y soldados, que eran los que detentaban el poder real en la capital desde el 9 de noviembre, exigieron tener voz y parte en la formación del nuevo gobierno. La intención de Friedrich Ebert, el líder del SPD, el Partido Social Demócrata, a quien el último canciller imperial, el príncipe Max von Baden, le había transferido ese mismo día el cargo, era atajar el movimiento revolucionario y reconstruir un gobierno con los partidos mayoritarios en el antiguo parlamento del Reich. Pero eso ya no era posible en aquel Berlín ocupado por soldados y trabajadores armados. Había que contar con los Socialistas Independientes (USPD), un grupo contrario a la guerra que se había escindido del SPD en abril de 1917 y cuyo sector más izquierdista gozaba de un considerable apoyo entre los obreros berlineses. Al día siguiente, 10 de noviembre, se constituyó el nuevo Gobierno provisional, el Consejo de Representantes del Pueblo, compuesto por tres miembros del SPD (Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann y Otto Landsberger) y tres del USPD (Hugo Haase, Wilhelm Dottmann y Emil Barth).

Nadie esperaba un desplome tan absoluto del orden existente y entre los principales actores de ese drama pronto surgieron notables diferencias sobre cómo organizar el Estado y la sociedad. Los grupos revolucionarios, débiles y pequeños en número hasta ese momento, tuvieron su oportunidad en medio de esa aguda crisis política y social. El objetivo de los más radicales era hacer una revolución al estilo bolchevique, como la ocurrida en Rusia exactamente un año antes. Por eso no reconocieron al Gobierno provisional y, junto a un programa revolucionario de expropiación de minas, fábricas y tierras, pidieron la transmisión del poder a los consejos de obreros y soldados. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Franz Mehring y los militantes de la Unión Espartaquista, el grupo antibélico creado en 1914 que todavía formaba parte del USPD, abanderaban ese movimiento al grito de «Todo el poder a los sóviets». Tenían mucha menos fuerza de la que aparentaban con sus continuas manifestaciones y ocupación de las calles, y probablemente no superaban el millar de militantes cuando cayó la monarquía, pero mucha gente vio en ellos la amenaza bolchevique.

Esa amenaza provocó, según Kolb, una fuerte reacción defensiva, y no sólo entre las elites y las clases medias, y confirmó la creencia de los representantes en el Gobierno provisional «de que sólo en cooperación con las fuerzas armadas y la burocracia tradicional podrían mantener el orden y solucionar los problemas del día a día». En esas difíciles circunstancias, emergió con fuerza la personalidad de Friedrich Ebert, figura dominante del SPD en esos meses decisivos. Ebert era un veterano socialista, nacido en 1871 en Heidelberg, talabartero de oficio, que se había afiliado al Partido Social Demócrata en 1889, a la edad de dieciocho años. Pasó por diferentes cargos, editor de un periódico socialista, líder del SPD en el parlamento de Bremen, diputado nacional en 1912, hasta que fue nombrado presidente de la ejecutiva del partido en 1913. Ebert había llegado a la dirección a través del ejercicio de cargos burocráticos y no por ser un teórico del marxismo o un revolucionario hecho en las barricadas.

Para Ebert, la necesidad de mantener el orden, la continuidad en la administración del Estado, resultaba fundamental y se convirtió en su primera y principal obsesión. Por un lado, señala Peukert, intentaba evitar a toda costa la quiebra del sistema económico y político que había posibilitado la toma del poder por los bolcheviques, pese a la diferencia que parecía haber entre Alemania y Rusia y la escasa relevancia en ese escenario de los espartaquistas, los únicos que mostraban interés por seguir el camino bolchevique. Rusia no era, para Ebert, el ejemplo a seguir, sobre todo si, tras las severas condiciones impuestas por las potencias aliadas en el armisticio del 11 de noviembre, Alemania quería acudir a las negociaciones de paz desde una posición fuerte.

Por otro lado, volver a una economía de paz y desmovilizar a millones de excombatientes requeriría un enorme esfuerzo organizativo que sólo podía abordarse desde el Estado y su aparato burocrático. La preocupación por el orden formaba también parte de la tradición estatista de la socialdemocracia alemana, donde la mayoría de los teóricos, y tenía muchos, socialistas como Karl Kautsky, Rudolf Hilferding o Eduard Bernstein, contemplaban el socialismo como una expansión de la administración pública para promover el bienestar general. El SPD había logrado construir ya antes de la guerra un entramado organizativo, político y electoral sin precedentes en la historia mundial y no lo iba a arruinar ahora la izquierda radical y sus ensayos revolucionarios.

Al día siguiente de proclamarse la República, Ebert estableció un pacto con el general Wilhelm Groener, sucesor de Erich Ludendorff como jefe del ejército, que marcó la relación entre el nuevo régimen y el viejo orden militar. Ambos estaban de acuerdo en mantener el poder del Estado, evitar la revolución desde abajo, reprimiéndola violentamente si hacía falta, y restablecer el orden. Groener le prometió a Ebert la lealtad del ejército al nuevo Gobierno provisional. A cambio, el Consejo de Representantes del Pueblo debía ayudar al mando del ejército a mantener la disciplina en sus filas y proteger la autoridad de los cuerpos de oficiales frente a los revolucionarios consejos de soldados. El 17 de noviembre, Groener le explicaba en una carta a su mujer que quería «apoyar a Ebert, a quien considero un hombre sincero, honrado y decente, mientras sea posible, para evitar así que la carreta no se deslice más hacia la izquierda». Y añadía el general: «¿Pero dónde está el coraje de la clase media? Que una diminuta minoría pudiera derrocar de forma tan sencilla a todo el Imperio alemán, junto con sus estados miembros, es uno de los acontecimientos más tristes de toda la historia de la nación alemana. Durante cuatro años el pueblo alemán permaneció intacto frente a un mundo de enemigos —ahora permite a un puñado de marinos derribarle de un golpe como si fuera un maniquí.»

Otro pacto histórico se firmó casi al mismo tiempo, el 15 de noviembre, entre Hugo Stinnes, el magnate de la industria del carbón y el acero, y Carl Rudolf Legien, representante del sindicalismo socialista. Los patronos reconocían a los sindicatos, cuya existencia apenas había sido permitida antes de la guerra, «como la representación autorizada de los trabajadores» para negociar las disputas laborales, lo cual significaba también quitar el apoyo a las «asociaciones laborales», a los sindicatos «amarillos», que ellos mismos habían creado para combatir a la militancia socialista. Concedían también la jornada de ocho horas y creaban un subsidio de desempleo. Eran unas concesiones para mantener controlados a los dirigentes sindicalistas y ofrecían políticas sociales a cambio de que los sindicatos renunciaran a la socialización. De esa forma, antes de que la República y su sistema político se organizara, los magnates de la industria ya habían conseguido salvaguardar su poder y esfera de influencia. Lo dejó bien claro Hugo Stinnes: «Ahora lo que necesitamos es un respiro que nos permita proseguir nuestra labor; después, todo se arreglará por sí solo».

Ese pacto con el ejército y los acuerdos entre las asociaciones patronales y los dirigentes sindicales abrieron una brecha importante entre el SPD y el sector izquierdista del USPD, que se extendió todavía más cuando el 29 de noviembre el Consejo de Representantes del Pueblo aprobó la ley para convocar elecciones a una asamblea constituyente, ratificada después por un Congreso de Consejos de Trabajadores y Soldados, en el que el SPD tenía una amplia mayoría. Que hubiera unas elecciones, convocadas ya para el 19 de enero de 1919, con estricto sistema de representación proporcional y voto de las mujeres por primera vez en la historia, de las que saldría una asamblea constituyente destinada a aprobar una Constitución, significaba rechazar el sistema de consejos como base de una República socialista. El movimiento socialista, separado por la guerra, no se iba a unir con la paz, en un momento decisivo para la sociedad alemana.

El 28 de diciembre, los socialistas independientes se retiraron del Consejo de Representantes del Pueblo, dejando el gobierno en manos sólo de los socialdemócratas. Mientras los moderados del USPD, que incluían al presidente Hugo Haase y al teórico Karl Kautsky, perdían fuerza, la Unión Espartaco y los radicales izquierdistas de Bremen abandonaron sus filas para fundar el 1 de enero de 1919 el Partido Comunista Alemán (KPD). Cuatro días después, esos grupos comenzaban en Berlín la insurrección armada con el fin de derribar al gobierno de Ebert-Scheidemann, nombrar un comité revolucionario e impedir las elecciones convocadas para el 19 de ese mismo mes.

El levantamiento, esbozado por los dirigentes obreros revolucionarios y por quienes acababan de fundar el KPD, no tenía un plan estratégico claro, ni amplios apoyos sociales, y era más bien el reflejo de la ruptura profunda, y definitiva, entre el ala izquierdista del USPD y los socialdemócratas. Aunque los dirigentes espartaquistas estaban más preocupados en ese momento por la organización del nuevo Partido Comunista y no fueron ellos quienes condujeron la insurrección, aparecieron en realidad como sus principales instigadores teóricos, porque ése era el modelo de asalto al poder que habían propugnado desde la caída de la monarquía.

Para sofocar la revuelta, el ministro socialdemócrata Gustav Noske, ministro de Defensa, utilizó a grupos de trabajadores armados favorables al gobierno, a soldados del ejército, a burgueses y estudiantes universitarios que profesaban una profunda aversión a la izquierda, y a unidades de los Freikorps. Muchos de los que mandaban esas unidades de voluntarios eran antiguos oficiales del ejército movilizados durante la guerra, que odiaban la revolución y que abrazaron, como lo harían después Hitler y los nacionalsocialistas, la leyenda de la «puñalada por la espalda» (Dolchstosslegende), la creencia de que no habían sido los militares sino los políticos, «los criminales de Noviembre», quienes habían abandonado a la nación con la petición de un armisticio. Los «rojos» eran para ellos como ratas que estaban inundando Alemania y cuya eliminación requería de medidas extremas de violencia. El lenguaje de su propaganda y la imagen del enemigo que transmiten en sus testimonios y recuerdos reflejaba su espíritu de agresión y venganza: «Rematamos hasta a los heridos. Hay un entusiasmo inmenso, increíble… Todo el que cae en nuestras manos es aplastado a culatazos y luego rematado a balazos…. Cuando luchábamos contra los franceses en el campo de batalla éramos mucho más humanos».

Aplastados a culatazos y rematados a balazos es como murieron Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en la noche del 15 de enero de 1919, cuando la sangre ya había corrido de forma abundante por las calles de Berlín y el fuego del levantamiento estaba apagado. Su detención y asesinato por una división de la Guardia de Caballería de los Freikorps causó horror e indignación entre muchos ciudadanos que en absoluto compartían las ideas políticas de esos dos veteranos intelectuales marxistas. En realidad, su asesinato y la sangrienta represión de la insurrección demostraban que el ejército y los Freikorps, a instancias primero de los socialdemócratas y por su propia iniciativa después, sacaron sus armas para combatir al bolchevismo, como lo harían más tarde para socavar la legitimidad de la República y derribarla. El hecho de que los gobernantes socialdemócratas se pusieran en manos de esos violentos grupos armados para frenar la revolución, algo innecesario en enero de 1919 dada la correlación de fuerzas, fue la prueba definitiva de la desastrosa fisura que existía dentro de la izquierda alemana, en la política y en el sindicalismo, que impidió que se formara durante la República un frente unido contra la creciente amenaza de los nazis.

Rosa Luxemburgo (1870) y Karl Liebknecht (1871) pertenecían a la misma generación que Friedrich Ebert (1871). Habían nacido al mismo tiempo que el Imperio y comenzaron a alcanzar posiciones de responsabilidad e influencia con el cambio de siglo. Liebknecht era hijo de Wilhelm Liebknecht, uno de los fundadores del SPD en 1869, y, al igual que Ebert, fue elegido miembro del parlamento en 1912. Mientras que Ebert fue siempre un hombre del aparato del partido, dedicado a tareas administrativas y burocráticas, Liebknecht y Luxemburgo fueron desde su juventud activistas revolucionarios e intelectuales de combate. Ebert despreciaba a los teóricos, un campo en el que Rosa Luxemburgo alcanzó notoriedad. Pero al margen de sus discrepancias ideológicas, el verdadero cisma entre ellos se produjo con el estallido de la guerra en el verano de 1914. Ebert, presidente del SPD, apoyó la causa bélica de la Alemania imperial, mientras que Liebknecht y Luxemburgo denunciaron la guerra como un conflicto imperialista que debería ser aprovechado por los trabajadores para derribar al capitalismo. A partir de ese momento, militaron en campos hostiles e irreconciliables.

Los trabajadores revolucionarios del SPD, que engrosaron las filas del Partido Comunista Alemán, convirtieron a «Karl y Rosa» en un símbolo del martirio, mucho más poderoso, como señala Peukert, que lo que esos dos dirigentes habían representado en vida. Pero esa radicalización no se plasmó en las urnas. Las primeras elecciones democráticas que siguieron a esos dos meses decisivos en la historia de Alemania, celebradas tan sólo cuatro días después del asesinato de Luxemburgo y Liebknecht, parecían dar la razón a la política de Ebert de resistencia a la revolución y de no gobernar contra la voluntad de la mayoría. El SPD mantuvo su posición dominante con el 38 por ciento de los votos (165 parlamentarios de 423), mientras que el USPD obtuvo sólo el 7,6 por ciento (22 parlamentarios). La mayoría en la Asamblea Nacional, sin embargo, la tenían los partidos burgueses, los católicos del Centro (19,7 por ciento; 91 escaños), los liberales del DDP (18,5 por ciento; 75 escaños) y los nacionalistas del DNVP, el partido recién creado con restos de los partidos conservadores de la época imperial y grupos antisemitas (10,3 por ciento; 44 escaños). Pese a todo lo que había ocurrido en los últimos meses, el sistema de partidos alemán, como observa Kolb, «mostraba una notable continuidad entre antes y después de las revueltas de 1918-1919».

El 6 de febrero la Asamblea Nacional se reunió en Weimar, la pequeña ciudad que guardaba las tumbas de Johann Wolfgang Goethe y Friedrich Schiller, referente cultural de Alemania, elegida por el gobierno para proteger al poder legislativo de los enfrentamientos y protestas tan habituales en Berlín. Friedrich Ebert fue elegido el primer presidente de la República, quien encargó a Philipp Scheidemann formar un gobierno en el que estarían los partidos de la llamada «coalición de Weimar», los socialistas, los católicos del Centro y los liberales del Partido Democrático Alemán, reflejo del compromiso entre los socialistas y los partidos democráticos burgueses.

Las elites dominantes del Imperio consiguieron en esos dos meses de disturbios, protestas sociales, grandes decisiones, esperanzas y desencantos, conservar importantes resortes del poder militar, judicial y burocrático y desde esas posiciones intentarían anular en el futuro todas las concesiones que se vieron obligadas a hacer tras la quiebra del orden monárquico. Esa República parlamentaria y burguesa proporcionaría un escenario abierto para la democracia que conviene poner en perspectiva, en opinión de Peukert, frente al potencial autoritario de la sociedad alemana y no sólo a la luz del fracaso para instituir reformas radicales. La ruptura completa con el pasado, como había ocurrido en Rusia, no era posible en un país que disponía de poderosas fuerzas contrarrevolucionarias, militares y económicas, que serían las que acabarían con la democracia catorce años después.

La fuerza del Estado, la burocracia y la violencia paramilitar resultaron, en ese escenario de crisis y cambios, más fuertes que los esfuerzos de los revolucionarios por alumbrar un mundo diferente. Nacida de la guerra, esa República vivió siempre con la pesada carga de suceder a un Imperio derrotado y con el trauma de la represión sangrienta de la revolución. Levantada sobre las cenizas de la derrota militar. Así iniciaba su andadura la República parlamentaria y democrática de Weimar.

HITLER Y LA CONQUISTA DEL PODER

La derrota militar de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el estallido de la revolución del 9 de noviembre de 1918, que causó la abdicación del Káiser Guillermo II, y el armisticio acordado dos días después, le sorprendieron a Hitler en el hospital militar de Pasewalk, en la región de Pomerania, adonde había sido trasladado unos días antes para recuperarse de una ceguera parcial producida por un ataque inglés con gas mostaza. Desde ese momento, Hitler se convirtió en uno de los mayores propagadores de la leyenda de la «puñalada por la espalda».

Hitler nació en Braunau am Inn, Austria, en la frontera con Alemania, el 20 de abril de 1889, hijo de un funcionario de aduanas y de una campesina. Su primera etapa de formación transcurrió en Viena, desde 1907 hasta 1913, año en el que se trasladó a Múnich. En Viena se vio rechazado como artista, al no poder entrar en la Academia de Bellas Artes, y esa capital cosmopolita del Imperio austrohúngaro comenzó a configurar su odio patológico a judíos y marxistas y se fijó con admiración en las técnicas demagógicas para manipular a las masas de Karl Lueger, el líder del Partido Social Cristiano y alcalde de la ciudad. Hitler, como apunta David Welch, despreciaba al Imperio austrohúngaro por su diversidad étnica y multinacional y creía que debería ser gobernado por los alemanes, sin concesiones a los eslavos u a otros pueblos súbditos. Según algunos de sus más cualificados biógrafos, como Brigitte Hamann e Ian Kershaw, aunque Hitler ya era antisemita antes de llegar a Múnich, su radical y virulento antisemitismo surgió a partir del impacto que en él causó la derrota militar en la Primera Guerra Mundial en 1918-1919. En opinión de Kershaw, los años de Viena dejaron una «huella indeleble» en la personalidad de Hitler y en sus opiniones, pero «esas opiniones personales no habían fraguado todavía en una ideología completa, en una visión del mundo». Tenía que pasar todavía una escuela más dura: la guerra y la derrota.

Hitler tenía veinticuatro años cuando se fue a Múnich en mayo de 1913 para eludir el servicio militar en el ejército austriaco, aunque cuando estalló la guerra, en agosto de 1914, se enroló en un regimiento de infantería bávaro. Ascendió pronto a cabo, sirvió como ordenanza despachando correos desde el puesto de mando del regimiento a los jefes en el frente, recibió la Cruz de Hierro por el valor demostrado en su servicio y a mediados de octubre de 1918, cuando la guerra tocaba a su fin, fue víctima del gas mostaza utilizado por los británicos en su ofensiva. Unos días después, cuando se recuperaba en el hospital militar de Pasewalk, se enteró de la derrota y la revolución, «la mayor villanía del siglo». Sin esa experiencia de la guerra, la derrota y la revolución, señala Kershaw, Hitler, «el artista fallido y marginado social», no hubiera tenido la oportunidad de dedicarse a la política y sin la radicalización política de la sociedad alemana que ese trauma causó, «el demagogo no habría tenido un público para su bronco mensaje lleno de odio».

En los años posteriores a la guerra, Hitler se abrió camino muy pronto en los círculos de la extrema derecha de Múnich, entre los que destacaba el nacionalista Partido Alemán de los Trabajadores (DAP), dirigido por el cerrajero Anton Drexler. Hitler se labró ya cierta fama como orador en las reuniones de ese partido, que el 24 de febrero de 1920 cambió el nombre para llamarse Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). A finales de julio de 1921, Hitler ya era el presidente del nuevo partido con poderes absolutos y el 3 de agosto ya se había creado su rama paramilitar, las Sturmabteilung (SA). Como su nombre y su programa indicaban, el NSDAP era una organización nacionalista/racista, que abogaba por la revisión del Tratado de Versalles y la unificación de todos los grupos étnicos alemanes en un único Reich, del que se excluiría a los judíos, pero también contemplaba reivindicaciones económicas y sociales radicales, que fueron pronto abandonadas en su esfuerzo por captar a las clases medias.

Allí entró en contacto con algunas de las personas que tan importantes iban a ser después en el movimiento nazi y que constituirían el grupo de amigos más íntimo: Hermann Göring (1893), un bávaro de buena familia, piloto distinguido durante la guerra, que había estado al mando del escuadrón fundado por el «Barón Rojo» von Richthofen, y que, casado después con una baronesa sueca, Karin Fock-Kantzow, mantenía estrechos contactos con la alta sociedad de Múnich; Ernst Röhm (1887), oficial del ejército alemán, quien reclutó a antiguos miembros de los Freikorps, las unidades armadas que habían servido para suprimir los disturbios revolucionarios en 1918-1919, para construir la rama paramilitar del movimiento, las SA; el joven estudiante Rudolf Hess (1894) y el arquitecto de origen estonio Alfred Rosenberg (1893), quienes introdujeron a Hitler en versiones elaboradas de la teoría del Lebensraum («espacio vital») y de la unión entre el comunismo y una conspiración judía internacional para subvertir la civilización. Todos ellos pertenecían a la «generación de la guerra», o del «frente», nacidos a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa del siglo XIX, que experimentaron la euforia expansionista que condujo a la guerra, el servicio militar en ella y el trauma de la derrota.

Y en Múnich conoció también al general Erich Ludendorff, el dictador militar de Alemania en los dos últimos años de la guerra, destituido de su puesto el 25 de octubre de 1918, enemigo furibundo de la paz de Versalles y que se propuso desde el principio echar abajo al nuevo orden republicano. Él y Hitler fueron los principales organizadores del golpe de Estado del 9 de noviembre de 1923, planeado en la cervecería Bürgerbräukeller, para el que lograron reclutar a unos dos mil hombres armados y que fracasó rotundamente porque el ejército se negó a unirse a los golpistas. En los enfrentamientos murieron catorce insurrectos y cuatro policías. Göring, herido de un disparo en una pierna, pudo escapar, pero Ludendorff, Röhm y Hitler fueron detenidos.

Pese a la gravedad de los hechos, una insurrección contra un gobierno legalmente constituido, Hitler fue condenado a una sentencia de cinco años en prisión. En realidad, sólo estuvo unos meses, hasta el 20 de diciembre de 1924, en la fortaleza de Landsberg am Lech, al oeste de Múnich, tratado a cuerpo de rey, donde recibió a varios centenares de personas que le llevaban regalos, flores y cartas de adhesión. Allí escribió, a sugerencia del editor nazi Max Amann, un relato de su vida y de sus opiniones, que apareció publicado un año después como Mein Kampf («Mi lucha»).

De ese fracaso, Hitler extrajo varias enseñanzas. Abandonó la idea de llegar al poder a través de un putsch, para concentrar sus esfuerzos «dentro de la ley», sin excluir el uso de la violencia, en la movilización de masas, en controlar el partido, mitigar las diferencias, expulsar a los disidentes, extenderlo por todas partes y marcar las distancias con los otros grupos nacionalistas y patrióticos. Combinar, en definitiva, la fortaleza parlamentaria con la violencia e intimidación de los grupos paramilitares. En ese proceso, Hitler se aseguró el papel de dictador absoluto en la reconstrucción del partido, forjado en la obediencia a la voluntad del Führer. Tenía un programa, un embrión de ideas básicas esbozadas en Mein Kampf: nacionalismo, hostilidad al socialismo, destrucción de los enemigos internos de Alemania, sobre todo de los judíos y de los traidores de 1918, un virulento racismo y Lebensraum, que podría encontrarse en el este de Europa y en Rusia en particular y que conduciría a la conquista militar y devolvería a Alemania su condición de primera potencia mundial.

Pero ni la organización del partido, ni la movilización de las masas, ni la capacidad de Hitler para desarrollar el papel de un líder carismático, con excepcionales dotes de orador y propagandista, dieron grandes frutos en esos años de relativa estabilidad de la República de Weimar, cuando los nazis fueron sólo una parte del conglomerado de grupos nacionalistas y paramilitares, despreciados incluso por los intelectuales nacionalistas más radicales, hasta que la crisis económica mundial, iniciada con la quiebra de la bolsa de Nueva York a finales de octubre de 1929, sacudió a Alemania de lleno en ese invierno de 1929-1930. Los créditos extranjeros, de los que dependía fundamentalmente el desarrollo de la economía alemana, fueron retirados y la situación política fue dominada a partir de ese momento por el acelerado crecimiento del paro, que pasó de poco más de un millón de personas en septiembre de 1929, a tres millones un año después y alcanzó la cifra de seis millones a comienzos de 1933. Además, los numerosos trabajadores a tiempo parcial sufrieron recortes considerables en sus salarios. Una de cada dos familias alemanas fue golpeada por la crisis, especialmente las clases medias bajas, los artesanos y los trabajadores manuales.

Alemania estaba gobernada entonces, desde las elecciones del 20 de mayo de 1928, por una precaria coalición de partidos, dirigida por el socialista Hermann Müller y en la que había representantes católicos, liberales y nacionalistas liberales. A la hora de tomar medidas para paliar el impacto de la Depresión, el SPD, los socialistas, apoyados por sus influyentes sindicatos, y los nacionalistas liberales del Partido Popular Alemán (DPV), estrechamente conectados con los intereses de los grandes negocios, tuvieron fuertes disputas, especialmente en torno al mantenimiento del seguro del paro, en un momento en el que los parados crecían a millares cada día, que los socialistas querían mantener y los nacionalistas liberales recortar. Sin la presencia de su principal líder moderado, Gustav Stressmann, que había muerto en octubre de 1929, el DPV rompió la coalición. Müller presentó la dimisión el 27 de marzo de 1930 y allí se acabaron los gobiernos parlamentarios apoyados en coaliciones más o menos estables. Las decisiones políticas ya no se iban a tomar en el Reichstag. Antes de ese momento, el parlamento se reunía un promedio de cien veces al año. A partir de la dimisión de Müller, las sesiones parlamentarias eran cada vez más escasas y en los seis meses antes de la subida de Hitler al poder, el Reichstag sólo se reunió tres días.

El poder político se movió a otros sitios, al círculo de confianza de Paul von Hindenburg, el mariscal de campo del ejército alemán durante la guerra, presidente de la República desde comienzos de 1925, tras la muerte del socialista Friedrich Ebert, y a las calles, donde la violencia crecía y la miseria y el desorden, junto con los conflictos en torno a la distribución de la riqueza, desafiaban al Estado republicano. Pero quien realmente aumentó el poder en esas circunstancias fue el ejército, y en particular el general Kurt von Schleicher, quien iba a tener un papel protagonista en el drama final. Ni él ni Hindenburg mostraron intención de devolver el poder al parlamento y Hindenburg nombró el primero de los llamados gobiernos presidenciales, el del católico Heinrich Brüning, que ya no necesitaba depender de los votos en el parlamento para aprobar leyes, sino que gobernaría a través de decretos de emergencia firmados por el presidente de la República, algo que contemplaba la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional el 31 de julio de 1919.

Brüning era el dirigente de los diputados del católico Partido de Centro, soporte importante de la democracia parlamentaria de la República de Weimar hasta entonces, que, como señala Richard Evans, estaba en ese momento bajo la influencia del nuevo líder, el prelado Ludwig Kaas, «girando hacia una posición más autoritaria, mucho más preocupada por la defensa de los intereses de la Iglesia católica». Ex oficial del ejército, Brüning era un monárquico que, aunque no tenía planes concretos para restaurar la monarquía, se proponía reformar la Constitución, reduciendo el poder del Reichstag, algo que no pudo hacer, restringir las libertades civiles y los derechos democráticos, una empresa que él comenzó y los nazis terminarían.

La Depresión, por lo tanto, con sus consecuencias económicas y psicológicas, metió de lleno a Alemania en una grave crisis política. Los nazis aprovecharon esa circunstancia para presentar la crisis como un resultado del sistema democrático. En las elecciones al Reichstag del 14 de septiembre de 1930 pasaron de doce diputados, conseguidos en 1928, a 107, convirtiéndose en el segundo partido tras el SPD, que obtuvo 143. Casi dos años después, en las elecciones del 31 de julio de 1932, obtuvieron más de trece millones de votos, el 37,4 por ciento, con 230 diputados. Los comunistas, tras la crisis de 1929, ganaban también votos en detrimento de los socialistas y los partidos tradicionales, los conservadores y liberales, y los nacionalistas se hundían. Sólo el Partido del Centro mantenía un electorado estable, aunque el porcentaje de votos socialistas y comunistas juntos nunca bajó de 37, el mismo que tenía el SPD en las primeras elecciones de la República de Weimar de enero de 1919, antes de que el KPD existiera como fuerza parlamentaria.

La mayoría de los votos a los nazis procedían de los grupos protestantes de los distritos rurales, de las pequeñas y medianas ciudades, de los terratenientes y pequeños y medianos propietarios de tierras. Y aunque un sector importante de su electorado pertenecía a las clases medias, la investigación histórica ha roto con el estereotipo del NSDAP como un partido sólo de clases medias bajas. Era un electorado de composición social variada, con muchas mujeres también, que incluía a muchos empleados de oficinas y talleres. A los nazis les fue mejor donde no había lealtades ideológicas u organizativas anteriores, consiguieron su principal apoyo de gente que no había votado antes y de los partidos de clases medias que se hundieron tras la crisis de 1929, y frente a lo que erróneamente se ha supuesto, los parados, procedentes sobre todo de las grandes industrias, no los votaron y dieron su apoyo a los comunistas. La clase obrera de las industrias, en términos generales, no se sumó con fervor a la propaganda nazi antes de 1929 y tampoco ocupó un porcentaje importante entre los afiliados al partido.

William Brustein, en su estudio de quiénes se convirtieron al nazismo y por qué, «la lógica del maligno», aporta una sugerente información, que rompe con algunos tópicos y cuestiona a la vez los argumentos más difundidos para explicar el arraigo social, desde los que subrayan su irracionalidad, hasta los que ponen énfasis en que el nazismo atraía a todas las clases por igual, una especie de cesto en el que cabían todos. A partir de una amplia muestra estadística de afiliados al NSDAP antes de 1933, Brustein prueba que sólo el 28 por ciento procedía de ciudades mayores de cien mil habitantes, mientras que un 43 por ciento residía en poblaciones predominantemente rurales, de menos de cinco mil habitantes. De los casi catorce millones de alemanes que votaron al partido nazi en julio de 1932, el momento de mayor apoyo electoral, con el 37,4 por ciento de los votantes, sólo 1,4 millones se habían afiliado al partido antes de la subida al poder de Hitler, el 30 de enero de 1933, lo cual muestra, como sucede con otros partidos, de izquierda o derecha, que la afiliación tenía más costes que el voto y que muchas personas esperaban obtener los mismos beneficios sin necesidad de afiliarse.

Brustein, aun reconociendo que muchos alemanes fueron arrastrados al nazismo por su retórica nacionalista, el carisma de Hitler o la animadversión hacia el régimen político de Weimar, cree que el principal motivo fue el económico. O dicho de otra forma, que el surgimiento del partido nazi, a finales de los años veinte y comienzos de los treinta, como el partido político «más popular» en Alemania, abriéndose paso entre los que ya estaban asentados, resultó sobre todo «de su éxito supremo al ajustar programas económicos que atendían las necesidades materiales de millones de alemanes». La Depresión de 1929 y sus consecuencias transformaron el apoyo mínimo a los nazis (menos del 3 por ciento en las elecciones de mayo de 1928) a uno masivo (37 por ciento en julio de 1932). Lo que cambió en esos años no fueron las posiciones doctrinales del partido, sino «las percepciones de millones de alemanes» sobre las soluciones a los problemas tan complejos e incertidumbres causados por la Depresión.

Había muchos incentivos para afiliarse al partido relacionados con promesas de trabajo a muchos obreros parados. Según el estudio de F. L. Carsten, más del 60 por ciento de los miembros de las SA eran parados casi de forma permanente. Las SA acogían a sus miembros en albergues y cuarteles, donde recibían comida y cobijo. Ya en 1932, en lo más profundo de la Depresión, el partido nazi creó el Winterhilfe, el programa de Auxilio de Invierno, para sus miembros. Los nazis establecieron una amplia gama de redes sociales, familiares, de amistad, especialmente entre los jóvenes, de ocupación o religiosas, como las que podían tener las organizaciones comunistas, católicas y, sobre todo, socialistas, que atrajeron a muchos de los que no tenían lealtades ideológicas a esos partidos y a quienes habían votado antes a los partidos tradicionales que se derrumbaron electoralmente a partir de 1929. Fue también una movilización de los desafectos frente a los partidos ya establecidos, desacreditados por su asociación con la República y por su fracaso a la hora de poner remedios a sus quejas.

Conviene precaverse, por lo tanto, frente a las generalizaciones sobre el apoyo del «pueblo alemán» a los nazis. Antes de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller, el porcentaje más alto del voto que obtuvieron fue un 37 por ciento. Un 63 por ciento de los que votaron en julio de 1932, cuando la participación electoral fue muy alta, el 84 por ciento, no dieron el apoyo a Hitler o a su partido y además en las elecciones de noviembre de 1932 comenzaron a perder votos, bajaron al 33 por ciento, y todo parecía indicar que habían tocado techo. El nombramiento de Hitler no fue, por consiguiente, una consecuencia directa del apoyo de una mayoría del pueblo alemán, sino el resultado del pacto entre el movimiento de masas nazi —sin ellas, sin el apoyo electoral y sin la violencia empleada nunca hubieran sido tomados en serio— y los grupos políticos conservadores, con los militares y los intereses de los terratenientes a la cabeza, que querían la destrucción de la República y de la democracia.

La burocracia imperial, que quedó intacta tras la abdicación del Káiser, los grandes hombres de negocios y el ejército, dirigido por Schleicher, maquinaron con Hindenburg para quitarle el poder al Reichstag y transformar la democracia parlamentaria en un Estado autoritario gobernado por la derecha política. Antes de escalar el último peldaño hacia el autoritarismo más extremo, hubo todavía dos gobiernos presidenciales más. El primero de ellos, formado el 30 de mayo de 1932, después de que Schleicher y Hindenburg intrigaran para echar a Brüning, lo presidió otro monárquico de la rama derechista del Partido de Centro, Franz von Papen, un aristócrata terrateniente que formó un «gobierno de barones», como se le conoció popularmente, con sus amigos de la aristocracia, limitó la libertad de prensa y disolvió el gobierno socialdemócrata en el estado de Prusia. Pero Schleicher siguió intrigando y le dijo a Hindenburg que el ejército no confiaba en von Papen como canciller. El 3 de diciembre de 1932 fue el propio Schleicher quien ocupó el puesto, pero no pudo conseguir apoyos fuera de su círculo de influencia. En su intento por «domesticar» a los nazis ofreció el puesto de vicecanciller a Gregor Strasser, el «segundo en el mando» del partido nazi, quien estaba dispuesto a aceptarlo. Hitler insistió en que sólo era aceptable un gobierno presidido por él, «todo o nada», y Strasser se vio obligado a dejar todos sus cargos en el partido.

Hitler preparaba el camino y Franz von Papen, al que Schleicher había echado, le ayudó y, movido por la venganza, le ofreció un pacto para formar un gobierno derechista que presidiría el líder nazi. Hindenburg aceptó ese acuerdo y el 30 de enero de 1933 Hitler fue investido canciller del Reich, porque Hindenburg así lo quiso, con un Gobierno dominado numéricamente por los conservadores, con Papen de vicecanciller, en el que sólo entraron dos ministros nazis, aunque en puestos clave para controlar el orden público: Wilhelm Frick en Interior y Hermann Göring como ministro sin cartera y ministro Presidente de Prusia, que le dio el control de la policía en el estado más extenso de Alemania, que abarcaba dos terceras partes del territorio del Reich. Un gánster al mando de la policía.

Parecía un gabinete presidencial más, como el de Brüning, Franz von Papen o Schleicher. Pero no era así. El hombre que estaba ahora en el poder tenía un partido de masas completamente subordinado a él y una violenta organización paramilitar que sumaba cientos de miles de hombres armados. Nunca había ocultado su objetivo de destruir la democracia y de perseguir a sus oponentes políticos. Cuando el anciano Hindenburg murió el 2 de agosto de 1934, a punto de cumplir ochenta y siete años, Hitler se convirtió en el Führer absoluto, combinando los poderes de canciller y presidente del Reich. Una semana antes, el 30 de junio, en la llamada «Noche de los Cuchillos Largos», la Gestapo y la Schutzstaffel (SS), la policía interna del partido que había sido fundada en 1925, arrestaron y asesinaron a decenas de miembros de las SA, incluido su líder Ernst Röhm, que intentaban estar por encima de la autoridad del ejército. Era normal que soñaran con ello. En ese momento, las SA tenían 4,5 millones de miembros, mientras que el ejército, limitado por el Tratado de Versalles, sólo podía tener cien mil hombres. Muerto Hindenburg, el ejército hizo un juramento de lealtad personal al Führer.

La semilla iba a dar sus frutos: guerra, destrucción y exterminio racial. Lo dijo Hitler apenas tres años después de que Hindenburg le diera el poder: «Voy siguiendo con la seguridad de un sonámbulo el camino que trazó para mí la Providencia».

Dadas las funestas consecuencias que tuvo la Dictadura nazi para Alemania y el mundo, los historiadores han tratado de examinar a fondo las razones de la fragilidad de la democracia en los últimos años de la República de Weimar y las causas de su «fracaso» como régimen político. Versalles, la crisis de 1929 y la pérdida de legitimidad política de la República aparecen en el marco interpretativo aportado por algunas de las investigaciones más sólidas.

VERSALLES, LA CRISIS Y LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA

El documental Triumph des Willens, «El triunfo de la voluntad», encargado por Hitler a Leni Riefenstahl en 1934 para divulgar la grandeza teatral de las manifestaciones de Núremberg, comenzaba con la leyenda: «Veinte años después del estallido de la Primera Guerra Mundial, dieciséis años después del comienzo del tiempo de vejación para Alemania, nueve meses después del renacimiento de Alemania, Adolf Hitler fue a Núremberg a congregar a sus fieles seguidores».

En opinión de David Welch, al proyectar esa imagen de un líder fuerte ante una audiencia que asociaba el Tratado de Versalles y la República de Weimar con la deshonra nacional, la propaganda nazi, como mostraba ya desde el principio ese documental, retrataba a Hitler como el hombre de Estado que había reconstruido la nación y defendido enérgicamente los derechos territoriales de Alemania frente a la hegemonía impuesta por las potencias extranjeras.

El tratado de paz firmado entre los Aliados y Alemania en Versalles el 28 de junio de 1919 fue condenado con vehemencia por las naciones derrotadas, especialmente por amplios sectores de la población alemana. Alemania perdió territorios, colonias, una parte importante de su producción agrícola e industrial, y se vio obligada a reparar los daños ocasionados por una guerra que, según el artículo 231, de los cuatrocientos que tenía el documento final, ella era la principal responsable de su estallido. El tratado reducía el ejército alemán a cien mil hombres, cerraba las academias que habían hecho posible el militarismo y las poderosas tradiciones autoritarias de los oficiales, y prohibía la existencia de una fuerza aérea. En ese importante ámbito de las fuerzas armadas, el Tratado de Versalles selló una difícil relación entre la nueva República y los grupos de oficiales que habían mantenido una lealtad personal al Káiser y que habían gozado de una alta situación privilegiada en la sociedad alemana.

Nadie pone en duda que el Tratado de Versalles fue una carga pesadísima para la joven democracia de Weimar, que alimentó la propaganda radical nacionalista y que desempeñó un papel importante en las enormes dificultades encontradas por la República para consolidarse. Pero, vista como transcurriría la historia, una República que duró, pese a todo, catorce años, con fases a mediados de los años veinte de relativa estabilidad, no parece tan clara la conexión entre el Tratado de Versalles y el hundimiento de la República más de una década después. La República de Weimar sobrevivió en sus primeros años, e incluso logró una cierta recuperación económica, a los estragos de una superinflación, al dictado de Versalles y al acoso armado que sufrió desde la extrema derecha e izquierda. Al contrario de lo que pasó en Italia, que sucumbió en esos años al fascismo, la República de Weimar fue capaz de resistirlo. ¿Por qué, entonces, el régimen político de Weimar no se desintegró antes, o no lo lograron derribar antes, cuando la derrota y las consecuencias del tratado eran problemas más cercanos y acuciantes?

La fotografía de las posibles causas de la quiebra de la democracia alemana debe, por lo tanto, incluir necesariamente otros componentes y alejarse del modelo determinista según el cual la República estaba predestinada al fracaso desde el principio o era una especie de preludio a la catástrofe de 1933. ¿Hubo posibilidades reales, disponibles, de consolidar la democracia sobre bases más sólidas? ¿Fue el triunfo de Hitler inevitable?

Algunos de los historiadores que han tratado de contestar a esas preguntas, como Ian Kershaw, Richard Bessel y Dick Geary, consideran que la posición antidemocrática de las «elites políticas tradicionales (o clase dominante) fue un serio obstáculo para la perspectiva a largo plazo de la República». Buscaron desde el principio desafiar al régimen político que surgió de la derrota en 1918 y después de 1929 trataron con todos sus mecanismos de poder, que eran muchos, «de explotar la crisis para derribar a la democracia de Weimar a la mínima oportunidad y restaurar algún tipo de gobierno autoritario». La debilidad económica que ya tenía la República la dejó especialmente vulnerable ante los peores efectos de la Depresión.

El régimen político de Weimar, además, resultó «inherentemente inestable», incluso en su mejor período, y se reflejó sobre todo en la «fragmentación» del sistema de partidos a la derecha del católico Partido de Centro. Mientras que en Gran Bretaña la gravedad de la crisis económica en 1930-1931 produjo un fortalecimiento del conservadurismo, en Alemania el espectro conservador-liberal de votantes se desmoronó y fue a parar a las manos de los nazis, el partido antisocialista más radical y que se había mantenido completamente al margen del gobierno de la República. La derecha tradicional/ortodoxa proporcionó así «el espacio político que el movimiento nazi necesitaba para despegar».

Frente a lo que ocurrió en Gran Bretaña y en la Tercera República francesa, donde la crisis económica no llevó a las fuerzas políticas más importantes a plantear una alternativa al gobierno parlamentario, la República de Weimar sufrió, casi desde el principio, una pérdida de legitimidad que se convirtió en los años de la Depresión no sólo en una falta de apoyo popular al Gobierno, sino en una crisis de Estado. El SPD, el único partido que apoyaba a ese sistema político hacia 1931, comenzó a perder, desde las elecciones de septiembre de 1930, decenas de miles de votos que iban a parar a los comunistas. Como apunta Ian Kershaw, «las posibilidades de supervivencia de la democracia de Weimar eran bastante escasas a finales de 1929, muy bajas cuando acabó 1930, remotas a mediados de 1931 y prácticamente nulas en la primavera de 1932».

El declive del sistema parlamentario precedió, según esos historiadores, al ascenso de los nazis, que fueron sus principales beneficiarios más que la causa de la crisis de la democracia. La iniciativa de Hindenburg y de un sector de las elites tradicionales de reemplazar el gobierno parlamentario de Hermann Müller por los gobiernos presidenciales comenzó antes que el crash de Wall Street y Hindenburg decidió dar ese giro autoritario con el cambio de Müller por Brüning antes del espectacular avance nazi en las elecciones de septiembre de 1930, en las que pasaron, recordemos, a tener un 18,3 por ciento de los votos y 107 diputados en el Reichstag, frente al 2,6 por ciento y doce diputados que habían obtenido en mayo de 1928. La sustitución de la democracia parlamentaria por algún tipo de autoritarismo comenzaba a estar clara, ya hacia 1930, en las manifestaciones del presidente Hindenburg y de algunos sectores del ejército. Nada hacía anticipar, no obstante, el nombramiento de Hitler como canciller, que al final fue una decisión personal de Hindenburg, y no una fatalidad inevitable.

Antes de enero de 1933, se habían contemplado ya varios tipos de soluciones autoritarias, incluida la restauración de la monarquía bajo el príncipe Guillermo, o, de forma mucho más clara, una dictadura militar, que no salieron adelante porque carecían de bases sociales de apoyo. Y la única persona que podía ofrecer esas bases sociales, con masas detrás, como auténtica alternativa al sistema político de Weimar, era Adolf Hitler. Fue una «alianza de intereses», concluye Kershaw, entre Hitler y las elites conservadoras: para conquistar el poder, Hitler necesitaba romper la influencia de la camarilla alrededor de Hindenburg y «las elites conservadoras necesitaban el control de las masas por parte de Hitler para lograr un retorno duradero del dominio autoritario». Los políticos conservadores creían que podrían apoyarse en esas elites conservadoras tradicionales —la burocracia y el ejército— para domesticar y controlar a los nazis.

La crisis de la democracia, o la imposibilidad de consolidar un sistema de gobierno parlamentario, no fue peculiar o exclusiva de Alemania. Todas las democracias que se crearon después de la Gran Guerra de 1914-1918 habían sucumbido a gobiernos autoritarios o de tipo fascista antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Lo que resulta extraordinario fue la naturaleza terrorista del Tercer Reich y los amplios apoyos con los que contó, un asunto crucial que veremos en los capítulos VI y VII. Antes, me detendré en España, en la guerra civil, con impacto internacional, que provocó la sublevación militar contra la Segunda República.

V
Una guerra internacional en suelo español

Cuando la primavera de 1937 tocaba a su fin, Inglaterra dormía un «sueño profundo». O eso le parecía a George Orwell, recién llegado de Cataluña, donde había presenciado seis meses de guerra y revolución. El contraste era llamativo. Lejos ya «de las bombas, de las ametralladoras, de las colas para comprar comida, de la propaganda y de las intrigas», en Londres encontró «los carteles anunciando partidos de cricket y bodas reales, los hombres con sombrero hongo, las palomas de la plaza de Trafalgar, los autobuses rojos, los policías azules… todos durmiendo el profundo, profundo sueño de Inglaterra, del que a veces temo que no vamos a despertar hasta que nos sacuda el estrépito de las bombas».

Otro británico que dejó su país para luchar con la República, Jason Gurney, escribió en sus memorias sobre la guerra civil, Crusade in Spain, que para él, «y para un buen número de gente como yo [España] se convirtió en el gran símbolo del combate entre democracia y fascismo».

No era sólo un combate entre fascismo y democracia. Había más, porque dentro de esa guerra en suelo español hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas, de credos que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. Una guerra imposible de reducir a un conflicto entre comunismo o fascismo o entre el fascismo y la democracia. En la guerra civil española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo. Por eso tanta gente de diferentes países, obreros, intelectuales y escritores, se sintió emocionalmente comprometida con el conflicto.

GUERRA CIVIL Y REVOLUCIÓN

Hasta que llegó la Segunda República, la sociedad española pareció mantenerse un poco al margen de las dificultades y trastornos que sacudían a la mayoría de los países vecinos desde 1914. España no había participado en la Primera Guerra Mundial y no sufrió, por lo tanto, la fuerte conmoción que esa guerra provocó, con la caída de los imperios y de sus servidores, la desmovilización de millones de excombatientes y el endeudamiento para pagar las enormes sumas de dinero dedicadas al esfuerzo bélico. Pero compartía, no obstante, esa división y tensión, que acompañó al proceso de modernización, entre quienes temían al bolchevismo y a las diferentes manifestaciones del socialismo, amantes del orden y la autoridad, y los que soñaban con ese mundo nuevo e igualitario que surgiría de la lucha a muerte entre las clases sociales.

La proclamación de la República trajo días de fiesta para unos y de luto para otros. La legislación republicana situó en primer plano algunas de las tensiones germinadas durante las dos décadas anteriores con la industrialización, el crecimiento urbano y los conflictos de clase. Se abrió un abismo entre varios mundos culturales antagónicos, entre católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos y trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución.

Las dificultades que en España encontraron la democracia y la República para consolidarse procedieron de varios frentes. En primer lugar, del antirrepublicanismo y posiciones antidemocráticas de los sectores más influyentes de la sociedad: hombres de negocios, industriales, terratenientes, la Iglesia y el ejército. Tras unos meses de desorganización inicial de las fuerzas de la derecha, el catolicismo político irrumpió como un vendaval en el escenario republicano. Ese estrecho vínculo entre religión y propiedad se manifestó en la movilización de cientos de miles de labradores católicos, de propietarios pobres y «muy pobres», y en el control casi absoluto por parte de los terratenientes de organizaciones que se suponían creadas para mejorar los intereses de esos labradores. En esa tarea, el dinero y el púlpito obraron milagros: el primero sirvió para financiar, entre otras cosas, una influyente red de prensa local y provincial; desde el segundo, el clero se encargó de unir, más que nunca, la defensa de la religión con la del orden y la propiedad.

Dominada por grandes terratenientes, sectores profesionales urbanos y muchos excarlistas que habían evolucionado hacia el «accidentalismo», la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el primer partido de masas de la historia de la derecha española, creado en febrero de 1933, se propuso defender la «civilización cristiana», combatir la legislación «sectaria» de la República y «revisar» la Constitución. Cuando esa «revisión» de la República sobre bases corporativas no fue posible efectuarla a través de la conquista del poder por medios parlamentarios, sus dirigentes, afiliados y votantes comenzaron a pensar en métodos más expeditivos. A partir de la derrota electoral de febrero de 1936, todos captaron el mensaje: restablecer el orden exigía abandonar las urnas y tomar las armas.

Si, frente a la democracia, la derecha creía en el autoritarismo, la izquierda prefería la revolución como alternativa al gobierno parlamentario. La insurrección como método de coacción frente a la autoridad establecida fue utilizada primero por los anarquistas y detrás de sus sucesivos intentos insurreccionales —en enero de 1932 y enero y diciembre de 1933— había, esencialmente, un repudio del sistema institucional representativo y la creencia de que la fuerza era el único camino para liquidar los privilegios de clase y los abusos consustanciales al poder. Sin embargo, como la historia de la República muestra, desde el principio hasta el final, el recurso a la fuerza frente al régimen parlamentario no fue patrimonio exclusivo de los anarquistas ni tampoco parece que el ideal democrático estuviera muy arraigado entre algunos sectores políticos republicanos o entre los socialistas, quienes ensayaron la vía insurreccional en octubre de 1934, justo cuando incluso los anarquistas más radicales la habían abandonado ya por agotamiento.

Esas insurrecciones, graves alteraciones del orden reprimidas y ahogadas en sangre por las fuerzas armadas del Estado republicano, hicieron mucho más difícil la supervivencia de la República y del sistema parlamentario, pero no causaron su final ni mucho menos el inicio de la guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del gobierno republicano para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.

La guerra civil española fue, por lo tanto, el resultado inmediato de un golpe militar, un acontecimiento histórico muy raro e improbable en esos momentos en los países vecinos. Frente a un nivel de movilización política y social tan amplio como el inaugurado por la República en 1931, el golpe no podía acabar, como tantas veces en la historia de España, en un mero pronunciamiento. Las clases trabajadoras, con sus organizaciones, acciones colectivas y movilizaciones, aparecieron en el escenario público, en la calle, en el parlamento, en las instituciones políticas, como poderosos contendientes a los que ya no se podía excluir del sistema. Y la presencia que esos sujetos colectivos adquirieron en el conflicto y los amplios apoyos populares que tuvieron ambos contendientes, impiden colocar a esa guerra civil en el mismo plano que otras guerras civiles que España ya había experimentado anteriormente, como las carlistas del siglo XIX.

Considero aquí como guerra civil una lucha violenta por el poder, que incluye a militares y población civil, dentro de las fronteras de un Estado y donde el gobierno de la nación es uno de los principales contendientes. Si se acepta esta definición, ningún conflicto, protesta social o disturbio ocurrido durante la Segunda República, antes de la sublevación militar de julio de 1936, incluyendo la insurrección de Asturias de octubre de 1934, disponía de la capacidad organizativa y armada para emprender una acción sostenida contra el poder establecido. En el caso de la guerra civil española, los protagonistas principales fueron el gobierno de la República y los militares rebeldes, aunque desde el momento en que el golpe militar debilitó las estructuras políticas, coercitivas y administrativas del Estado, grupos y milicias armadas de diferentes tipos se metieron en el combate.

Al perder el monopolio de los mecanismos de coerción, el Estado republicano no pudo impedir el surgimiento de un proceso revolucionario, súbito y violento, dirigido contra los grupos privilegiados. La guerra civil y el proceso revolucionario se adaptarían así a la situación de «soberanía múltiple», acuñada ya hace unos años por Charles Tilly, en la que la autoridad pública se divide entre dos o más poderes centrales que intentan dominar pueblos y territorios hasta entonces sujetos a un solo régimen: desde el verano de 1936 en España hubo dos gobiernos y dos sistemas políticos, cada uno de ellos compuesto y apoyado por varios grupos y clases. La situación de «soberanía múltiple» comenzó, por lo tanto, con el desmoronamiento del Estado y finalizó cuando, tras la victoria de uno de esos poderes y la derrota del otro, emergió, a partir de abril de 1939, una nueva forma «soberana» de ejercer el monopolio de la violencia y de organización del Estado y de la sociedad.

Una guerra civil acompañada por una revolución tan radical e intensa como la española no ocurrió en ningún lugar de Europa en el período transcurrido entre 1914 y 1945. Hubo insurrecciones y rebeliones abortadas, sobre todo en los países que sufrieron la derrota en la Primera Guerra Mundial, entre los que Hungría constituye el mejor ejemplo: la revolución comunista dirigida por Béla Kun, que se mantuvo en el poder durante unos meses, de marzo a agosto de 1919, fue derrotada por una contrarrevolución que contó con el apoyo externo del ejército rumano. Y está el caso paradigmático y extraordinario de Rusia, ya analizado en estas páginas, cuya revolución fue seguida también de una guerra civil internacional. Pero la guerra civil española no surgió como resultado de la Primera Guerra Mundial y tampoco fue una guerra dentro de otra guerra, como ocurrió, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos movimientos de resistencia al fascismo pronto derivaron también en conflictos internos (como en Francia, Italia y, sobre todo, en Yugoslavia y Grecia).

En algunas ciudades donde la sublevación militar fue derrotada, la guerra resultó una cosa distante durante meses. Alejados del frente, sus habitantes vivían con intensidad la fiesta revolucionaria, el entusiasmo por la destrucción del orden y de sus símbolos, y nada sabían de la dureza de las trincheras o de los bombardeos. El ambiente entusiasta, con gente armada por las calles, la requisa de coches de lujo, la incautación de mansiones aristocráticas y burguesas, la abundancia de comida, se percibe en las noticias de prensa, en los testimonios y documentales que nos han quedado de aquella época. Es la imagen del lujoso comedor del hotel Ritz de Barcelona ocupado por las clases populares. Los desposeídos comían donde antes sólo lo hacían las clases adineradas. Una imagen que resumía la inversión del orden. Se puede encontrar en Málaga, Valencia o en el Madrid de las primeras semanas. Pero Barcelona sería el ejemplo más claro de ese paraíso terrenal.

A George Orwell, recién llegado a Barcelona, ese aspecto exterior que presentaba la ciudad, aunque era ya diciembre de 1936, le pareció «impresionante y abrumador»: «Era la primera vez que estaba en una ciudad en la que la clase obrera ocupaba el poder». Los edificios estaban adornados con banderas rojas y negras; las iglesias saqueadas; las tiendas y cafés colectivizados. «Los camareros y los dependientes le miraban a uno cara a cara y le trataban como a un igual. Las expresiones serviles o simplemente respetuosas habían desaparecido.» El «tú» sustituía al «usted» y el «¡salud!» al «¡adiós!». Los altavoces «atronaban el aire» con canciones revolucionarias. Aparentemente, «las clases adineradas habían dejado de existir»: no se veía a gente «bien vestida». El mono, o las «ropas muy sencillas propias de la clase trabajadora», había desplazado al traje burgués. Pero eran sólo apariencias: «No me había dado cuenta de que había muchísimos burgueses acomodados que se limitaban a tratar de pasar inadvertidos y a disfrazarse de proletarios en espera de tiempos mejores».

Disfrazados, obligados a adoptar atuendos obreros si querían seguir con vida. Así es como iban también los burgueses y terratenientes en Madrid en las semanas siguientes a la sublevación. Como José Félix, el protagonista de Madrid de corte a checa, de Agustín de Foxá, que «se había quitado la corbata e iba despechugado…. porque la burguesía de Madrid, acorralada, se pasaba el día junto al fogón de la cocina o la caldera de la calefacción, quemando retratos y recibos de Renovación o Acción Popular».

De la ciudad salían milicias armadas hacia el frente, «a la caza del fascista», y bajo su amparo se crearon en todos los pueblos comités antifascistas locales, o revolucionarios, con el objetivo de suplir el vacío de poder, dirigir la economía y la política y mantener el nuevo orden. Esa atmósfera cálida del verano de 1936 envolvió también el nacimiento de las colectivizaciones campesinas. La explotación común se organizó principalmente en aquellas tierras que habían sido abandonadas por sus propietarios o en las fincas incautadas directamente por grupos armados y por los comités revolucionarios.

Los revolucionarios, con sus milicias, sus colectivizaciones y sus comités asesinaron a industriales, terratenientes y a numerosos miembros de las organizaciones políticas más conservadoras. El fuego purificador alcanzó con especial virulencia al clero: 6852 miembros del clero, regular y secular, fueron asesinados en la España republicana durante la guerra. Hubo lugares como Cataluña, la plaza fuerte de la revolución anarquista, donde más de un cuarto de la población asesinada pertenecía al clero.

En eso consistía la revolución para muchos de sus protagonistas: en la eliminación radical de los símbolos del poder, fuera éste militar, político, económico, cultural o eclesiástico; en el derrumbe del orden existente, de un Estado que ya no tenía señor que servir, acorralada la burguesía y obligada a adoptar atuendos obreros si quería salvar la vida. Revolución era limpiar el ambiente, aplicar el bisturí a los órganos enfermos. La revolución, en fin, consistía en propagar por doquier una retórica agresiva que hablaba de sociedad sin clases, sin partidos, sin Estado. En los primeros momentos, y mientras duró esa borrachera armada de comités de vigilancia, patrullas de control y columnas partiendo para el frente, la CNT, la organización anarcosindicalista que dirigía a ese «pueblo en armas», era, según una expresión muy querida por sus propios líderes, «la dueña indiscutible» de Cataluña: las fábricas, el comercio, la banca, la vivienda, el orden público, todo parecía estar bajo su control.

Esa violencia contra la gente de orden y el clero causó enormes perjuicios a la causa republicana en el extranjero. Las imágenes de los conventos ardiendo y del aniquilamiento del clero dieron la vuelta al mundo, mientras que las grandes masacres cometidas por los militares rebeldes en el verano de 1936 no tuvieron ninguna repercusión negativa en los círculos políticos, diplomáticos y financieros de Londres o París. El «terror rojo» pesó además de forma muy desfavorable en los esfuerzos de la República para obtener apoyo internacional, aunque no fue por supuesto el principal motivo que inclinó a las potencias democráticas a dejarla abandonada y casi sola frente al acoso nazi y fascista.

Parece obvio, no obstante, que el miedo a la revolución, al bolchevismo, dos décadas después de que hubiera triunfado en Rusia, pusieron en contra de la República a los consejos de administración de las grandes empresas y a las cancillerías diplomáticas de los países occidentales. La mayoría de los conservadores británicos vieron desde el principio a la guerra civil española como una cuestión de «Rebel versus Rabble», dos palabras que en inglés prácticamente suenan igual pero cuyo significado es muy diferente: «Rebelde contra Populacho». La expresión la acuñó Sir Henry Chilton, embajador británico en Madrid, a quien la sublevación militar le cogió en San Sebastián y de allí pasó la frontera a Hendaya, donde se quedaría ya el resto de la guerra. Chilton, como otros de sus colegas, pensaba que los militares rebeldes, con Franco a la cabeza, estaban defendiendo sus intereses, los de «nuestra clase», y temían que una victoria republicana volviera a España «roja».

La situación internacional era en ese momento muy poco propicia para la República, y para una paz negociada, y eso afectó de forma decisiva a la duración, curso y desenlace de la guerra civil española, un conflicto claramente interno en su origen. La Depresión había alimentado el extremismo y minado la fe en el liberalismo y la democracia. Además, la subida al poder de Hitler y los nazis en Alemania y la política de rearme emprendida por los principales países europeos desde comienzos de esa década crearon un clima de incertidumbre y crisis que redujo la seguridad internacional.

Bajo esas condiciones, ningún país mostró interés por parar la guerra civil española. El apoyo internacional a los dos bandos fue vital para combatir y continuar la guerra en los primeros meses. La ayuda italo-germana permitió a los militares sublevados trasladar el ejército de África a la Península a finales de julio de 1936 y la ayuda soviética contribuyó de modo decisivo a la defensa republicana de Madrid en noviembre de 1936. El apoyo militar de la URSS a la República sirvió como pretexto para que las potencias del Eje incrementaran su apoyo militar y financiero al bando de Franco. Esos apoyos se mantuvieron casi inalterables hasta el final de la guerra, mientras que el resto de los países europeos, con Gran Bretaña a la cabeza, parecía adherirse al Acuerdo de No Intervención.

Los componentes básicos de esa dimensión internacional son bien conocidos, desde los trabajos pioneros de Ángel Viñas en los años setenta hasta los más recientes de Enrique Moradiellos. Desde la subida al poder de Hitler a comienzos de 1933, los gobernantes británicos y franceses pusieron en marcha la llamada «política de apaciguamiento», consistente en evitar una nueva guerra a costa de aceptar las demandas revisionistas de las dictaduras fascistas, siempre y cuando no se pusieran en peligro los intereses de Francia y Gran Bretaña. Según Moradiellos, las respuestas de esos dos países «ante el estallido de la guerra civil española y sus implicaciones internacionales se subordinaron en todo momento a los objetivos básicos de esa política de apaciguamiento general». Por el contrario, concluye Viñas, «el apoyo del Tercer Reich fue un elemento absolutamente esencial para que el golpe militar de 1936 se configurase como Guerra Civil y para que se desarrollara como tal».

Las ilusiones republicanas de ganar la guerra se malograron además en varios frentes y no basta, por lo tanto, con insistir en que el denominado «Comité de No Intervención», puesto en marcha por los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Gran Bretaña en septiembre de 1936 y ampliado posteriormente a veintiséis países, fue una farsa y perjudicó decisivamente a la República. Los militares sublevados, pese a no ser reconocidos oficialmente como un régimen político establecido, encontraron muchas más facilidades para obtener créditos entre los hombres de negocios occidentales, en el mercado del dólar y de la libra esterlina. Mientras tanto, los republicanos tuvieron que depender cada vez más, en esas condiciones de aislamiento, de la ayuda económica y militar soviética, lo cual contribuía a fortalecer e incrementar esa inclinación a favor de Franco de los banqueros e industriales de los países capitalistas. Para las gentes de orden de esos países, el peligro de una España fascista parecía ser mucho menor que el de una republicana, de Frente Popular, dominada por socialistas, comunistas y anarquistas.

En el escenario político internacional, la contienda española se convirtió en un eslabón más de una serie de crisis que, desde Manchuria a Abisinia, pasando por Checoslovaquia, condujeron a la explosión de la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil española fue en su origen un conflicto interno entre españoles, pero en su curso y desarrollo constituyó un episodio de una guerra civil europea que acabó en 1945. En ese ambiente tan caldeado, la guerra civil nunca pudo ser una lucha entre españoles o entre la revolución y la contrarrevolución. Para muchos ciudadanos europeos y norteamericanos, España se convirtió en el campo de batalla de un conflicto inevitable en el que al menos había tres contendientes: el fascismo, el comunismo —o la revolución— y la democracia.

CONFLICTO INTERNO, IMPACTO INTERNACIONAL

La guerra civil española se manifestó en un violento combate político sobre los principios básicos en torno a los cuales debía organizarse la sociedad y el Estado. Para los españoles ha pasado a la historia por la tremenda violencia que generó, pero, pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la guerra civil española debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países. Porque la guerra en España reforzó las tendencias maniqueas de esa época, la creencia, como apunta Piers Brendon, «de que el mundo era el escenario de un duelo cósmico entre el bien y el mal».

José Giral, el amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña, que aceptó formar Gobierno, en sustitución de Santiago Casares Quiroga, en la mañana del 19 de julio de 1936, horas después de que comenzara la sublevación militar, pudo comprobar muy pronto las dificultades que la República iba a tener para conseguir auxilio internacional. El mismo día que accedió al Gobierno, José Giral envió un telegrama al socialista Léon Blum, presidente del Gobierno francés: «Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrar armas y aviones».

La reacción inicial del Gobierno francés del Frente Popular, de socialistas y radicales, fue «poner en marcha un plan de ayuda…. para proporcionar material a la República española». Parecía haber razones políticas y militares que así lo aconsejaban: se trataba en ambos casos de repúblicas democráticas y a Francia le interesaba tener en la frontera pirenaica un régimen amigo que, en caso de una guerra europea, garantizara el tránsito entre las colonias africanas, donde se encontraba un tercio de su ejército, y el territorio francés.

Ese plan de ayuda, sin embargo, no se pudo poner en práctica porque el agregado militar en la embajada española de París, un agente de los sublevados, filtró la información sobre la petición de Giral y la respuesta de Blum al diario derechista Echo de Paris, que inició «una campaña fortísima revelando al público todas las disposiciones tomadas de la forma más precisa y generando una conmoción considerable». La opinión pública se dividió. Mientras que la izquierda en general mostró su simpatía por la causa republicana, la derecha política, los católicos y amplios sectores de la administración estatal y del ejército rechazaron «el plan de ayuda». Ya antes de finales de julio, la prensa derechista había dejado claro que una intervención en España significaría «el comienzo de la conflagración europea deseada por Moscú». Los jefes del Partido Radical le habían hecho saber al mismo tiempo a su correligionario Yvon Delbos, ministro de Asuntos Exteriores, «la duda que provocaba la iniciativa». Delbos y Édouard Daladier, ministro radical de la Defensa Nacional, hicieron caso a esas presiones y comenzaron a mostrar su oposición.

Por si esa oposición interior no fuera suficiente, la actitud del Gobierno del Reino Unido, el aliado principal de Francia en Europa, acabó por inclinar la balanza en contra de esa decisión inicial de enviar ayuda. Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en el conflicto español obstaculizara su política de apaciguamiento con Alemania. Los grupos comerciales británicos, a su vez, con intereses muy fuertes en ese momento en España, reaccionaron hostilmente frente a la revolución desencadenada en las grandes ciudades españolas como consecuencia del golpe. «Os ruego que seáis prudentes», le dijo Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores británico, a Blum el 24 de julio. Albert Lebrun, el presidente de la República francesa, le advirtió también a Blum que «entregar armas a España puede ser la guerra europea o la revolución en Francia». El 25 de julio de 1936, tras el primero de los tres consejos de ministros que el Gobierno francés dedicó a discutir los acontecimientos de España, se anunció la decisión de «no intervenir de ninguna manera en el conflicto interno de España».

Ése fue el punto de partida de la política de no intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades frentepopulistas francesas, con Blum a la cabeza, creían que ésa era la mejor forma de calmar la situación interna, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la guerra civil española. No fue así, porque las peticiones de ayuda de Franco a Hitler y Mussolini tuvieron más éxito y además la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de no intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda y los militares rebeldes, carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra por ellos provocada. Los sublevados partían ya con una clara ventaja. El golpe de Estado, que no había logrado su principal objetivo, hacerse con el poder, se transformó en una guerra civil porque la ayuda italo-germana permitió a los militares rebeldes trasladar el ejército de África a la Península. El paso de más de diez mil soldados durante el verano fue fundamental para dominar Andalucía y para avanzar por Extremadura hacia Madrid.

Para pasar a la Península el ejército de África, Fuerzas Regulares Indígenas y de la Legión, el general Francisco Franco, que se hizo con el mando de esa poderosa guarnición desde el 19 de julio, recurrió a la ayuda de Hitler y Mussolini. Utilizó a dos ejecutivos alemanes residentes en el Marruecos español y representantes locales de la nazi Auslandsorganisation (Organización Exterior), Adolf Langenheim y Johannes Bernhardt, para, a través de una serie de complejos contactos, llegar a entrevistarse con Hitler. Bernhardt, quien en realidad ofreció sus servicios a Franco, voló el 23 de julio a Berlín con un mensaje para el Führer en el que Franco pedía aviones de combate y de transporte. Se encontró primero con Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, y dos días después con el propio Führer. Hitler dudó al principio pero, convencido por Bernhardt de que lo que pretendía Franco era salvar a España de una inminente revolución bolchevique, decidió enviar esa ayuda. A partir del 29 de julio comenzaron a salir con destino a Tetuán una veintena de aviones de transporte, Junker 52, y seis cazas Heinkel.

Mussolini, quien recibió reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar, resolvió apoyar también a los militares rebeldes por razones geoestratégicas: ganar un aliado en el Mediterráneo occidental y debilitar así la posición militar francesa. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia-Marchetti S. 81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C. R. 32. De ese modo, señala Paul Preston, «Hitler y Mussolini convirtieron un coup d’état que iba por mal camino en una sangrienta y prolongada guerra civil». Todos esos aviones, con sus correspondientes tripulaciones y técnicos, permitieron a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas a Andalucía y empezar así el avance hacia Madrid. El 7 de agosto, un día después de que un convoy de tropas africanas cruzara el Estrecho, Franco estaba ya instalado en Sevilla.

Apenas dos semanas después de la sublevación militar, los gobiernos de las principales potencias europeas ya habían perfilado sus políticas en torno a ese recién iniciado conflicto bélico en España. El Foreign Office británico declaraba una «estricta neutralidad» y pedía a los franceses que hicieran lo mismo. Léon Blum, desde París, cambiaba su decisión inicial de ayudar al Gobierno republicano por la no intervención. Alemania e Italia ayudarían a los militares rebeldes. Rusia, aunque muy pronto cambiaría su posición, mostraba un cauto distanciamiento ante la guerra. Fuera de Europa, Estados Unidos seguía la política de neutralidad británica. Otros muchos países pequeños, europeos y sudamericanos, no daban muestras de preocuparse demasiado, aunque las preferencias por los militares insurgentes se dejaban sentir. Sólo México daba claras muestras de apoyo a la República.

La política de no intervención partió del Gobierno francés del Frente Popular. Tras descubrir el 30 de julio que los nazis y fascistas italianos habían comenzado a auxiliar a los militares sublevados, porque dos de los aviones enviados por Mussolini aterrizaron por error en Argelia, propuso que los principales países europeos firmaran un Acuerdo de No Intervención en España. En palabras del secretario de Léon Blum, para «evitar que otros hicieran lo que nosotros éramos incapaces de hacer». Ya que no podían ayudar a la República, porque eso hubiera creado un conflicto interno de consecuencias imprevisibles en la sociedad francesa, al menos forzarían a Alemania e Italia a que interrumpieran su apoyo al bando militar insurgente. La posición de no intervención del ministro de Asuntos Exteriores, el radical Yvon Delbos, se impuso con fuerza desde la primera semana de agosto. Los jefes del Estado Mayor francés consideraron además como objetivo principal evitar una intervención que enemistara a Francia con Italia y complicara la paz en el Mediterráneo. La propuesta de Francia incluía también la prohibición de envío y venta de armas a republicanos y sublevados. El 13 de agosto, el Gobierno cerró la frontera de los Pirineos.

Gran Bretaña, a través de su embajador en París, Sir George Clerk, comunicó enseguida a Delbos la necesidad de «acelerar la puesta en práctica del acuerdo de no intervención y, sobre todo, que mientras tanto no se efectúen suministros de armamento que comprometan todo». Clerk no ocultaba sus simpatías hacia los militares rebeldes, a quienes consideraba «los únicos capaces de derrotar la anarquía y la influencia soviética», y tampoco las ocultaban Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores británico, o el embajador en España, Sir Henry Chilton, quien en vez de regresar a Madrid permaneció en Hendaya esperando a que los rebeldes ganaran pronto la guerra. Según Antony Beevor, «la base naval de Gibraltar estaba atestada de refugiados partidarios de los nacionales» y Luis Bolín, el nuevo jefe de prensa de Franco, y el duque de Alba, duque también de Berwick, influían en los círculos exquisitos de la política británica con sus declaraciones sobre las «atrocidades de los rojos».

Algunas de esas autoridades británicas comenzaron muy pronto a llamar «rojos» a los miembros del Gobierno republicano de Madrid. El cónsul del Reino Unido en Barcelona, Norman King, que creía que los españoles eran «una raza sanguinaria», transmitió el 29 de julio al Foreign Office que «si el gobierno triunfa y aplasta la rebelión militar, España se precipitará en el caos de alguna forma de bolchevismo». Los círculos diplomáticos, aristocráticos, burgueses y la jerarquía de la Iglesia anglicana, con la excepción del obispo de Cork, apoyaban a los militares rebeldes, mientras que el Partido Laborista, los sindicatos y muchos intelectuales se inclinaban por la causa republicana. La sociedad británica sufrió, como ya mostrara hace tiempo el estudio de K. W. Watkins, un cisma «profundo». Y Paul Preston ha insistido en esa idea de una Gran Bretaña «dividida»: mientras que la opinión pública estaba «abrumadoramente» a favor de la República, los reducidos círculos que tomaban las «decisiones cruciales» se declaraban, por el contrario, partidarios de los militares sublevados. Para esos conservadores, la guerra civil española era también un conflicto de clase y sabían perfectamente con quién estar.

La posición de Londres y Washington, que no habían mostrado simpatía alguna por la República en sus cinco años de existencia en paz, se plasmó muy pronto en lo que Douglas Little llamó la «neutralidad malévola». La política de no intervención serviría, según los objetivos diplomáticos establecidos por el Foreign Office, para confinar la lucha dentro de las fronteras españolas y evitar el enfrentamiento con Italia y Alemania. Esa política ponía en el mismo plano a un Gobierno legal y un grupo de militares rebeldes.

A finales de agosto de 1936, los veintisiete estados europeos, todos excepto Suiza, neutral por mandato constitucional, habían suscrito oficialmente el Acuerdo de No Intervención en España, por el que deploraban «los trágicos acontecimientos de que España es teatro», decidían «abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país» y prohibían «la exportación…. reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra». La vigilancia de la aplicación de ese acuerdo la llevaría a cabo un Comité de No Intervención, constituido en Londres el 9 de septiembre bajo la presidencia del conservador Lord Plymouth, subsecretario parlamentario del Foreign Office y un Subcomité de No Intervención compuesto por los representantes de los estados fronterizos con España y los principales productores de armas, entre los que se encontraban Alemania, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética.

En la práctica, la no intervención fue una auténtica «farsa», como la calificaron los contemporáneos que percibieron que dejaba a la República en desventaja con los militares rebeldes. La Unión Soviética, que no creía en el acuerdo, decidió en principio adherirse para mantener buenas relaciones con Francia y Gran Bretaña. Pero Alemania, Italia y Portugal se burlaron sistemáticamente del compromiso y continuaron con los envíos de armas y municiones. Para Alemania e Italia, la intervención en la guerra civil española marcó el inicio y la consolidación de una nueva alianza diplomática que, a través del establecimiento oficial del «Eje Roma-Berlín» en octubre de 1936, tendría importantes repercusiones en la futura política internacional. Que Alemania e Italia no iban a respetar el acuerdo suscrito ya quedó claro el 28 de agosto de 1936 cuando el almirante Wilhelm Canaris y el general Mario Roatta, jefes de los servicios secretos militares de ambos países, decidieron en un encuentro en Roma «proseguir (a pesar del embargo de armas) los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco».

Las razones que motivaron la decisiva intervención nazi en la guerra civil española tuvieron mucho que ver con la estrategia militar, a la que no eran ajenas algunas consideraciones económicas y la política de alianzas. Como observa Walther L. Bernecker, desde el primer momento los nazis y su maquinaria propagandística, controlada por Joseph Paul Goebbels, difundieron la idea de que la guerra de España era una confrontación entre «fascistas» y «marxistas», aunque en los informes y discusiones internas esa perspectiva ideológica anticomunista tenía menos peso. Responsabilizar a la Unión Soviética y al comunismo internacional de haber causado la guerra civil española, un argumento en el que insistían Hitler y Franco, proporcionaba a los nazis frutos sustanciales, como ya percibiera el embajador francés en Berlín, André François-Poncet, en un informe enviado a Delbos el 22 de julio: predisponía a los «países del orden» a no enemistarse con Alemania, que se convertía así en la principal garantía contra el peligro bolchevique.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, ministro de la Aviación del Tercer Reich, declaró ante el Tribunal Militar Internacional de Núremberg que él había instado a Hitler a intervenir en favor de Franco «primero para contrarrestar en este lugar la expansión del comunismo y, en segundo lugar, para someter a prueba mi joven aviación…. cazas, bombarderos y cañones antiaéreos, y así tuve la posibilidad de comprobar si el material había sido desarrollado de acuerdo con sus fines». Los nazis utilizaron el suelo español como campo de pruebas y a los voluntarios de la Legión Cóndor, tanto si eran oficiales como soldados rasos, se les pagaban, en palabras de Preston, «salarios de ejecutivos por combatir en España».

Hitler consideró, como ya probaron hace tiempo las investigaciones de Ángel Viñas, que la ayuda a Franco favorecía los intereses de la política exterior de Alemania. Se trataba de echar abajo a las fuerzas del Frente Popular en España y evitar de esa forma la creación de un bloque izquierdista en Europa dirigido por Francia. Para Hitler, la derrota de Francia, objetivo primordial para llevar a cabo sus ambiciones expansionistas en Europa Central y del Este, sería mucho más fácil con una España dominada por militares anticomunistas. Una victoria republicana, por el contrario, reforzaría los vínculos de España con Francia y la Unión Soviética, las dos potencias que al oeste y al este se oponían a las ansias imperialistas del Tercer Reich. Se lo dijo Hitler a Wilhelm von Faupel, general retirado y primer encargado de negocios del Reich ante Franco, en noviembre de 1936: «Su misión consiste única y exclusivamente en evitar que, una vez concluida la guerra (con la victoria de Franco), la política exterior española resulte influida por París, Londres o Moscú».

Aunque los fascistas italianos habían mantenido muchos más contactos que los nazis con los grupos monárquicos y de ultraderecha españoles durante la Segunda República, la Italia fascista, como régimen político, al igual que la Alemania nazi, no participó en los preparativos del golpe de Estado que desencadenó la guerra civil. Unos días después de la sublevación militar, sin embargo, Mussolini respondió afirmativamente a la petición de ayuda del general Franco y tomó esa decisión cuando se informó de que Hitler iba a apoyar a Franco y una vez comprobado que Francia y Gran Bretaña no iban a intervenir. Mussolini explotó también en su propaganda la naturaleza ideológica de su intervención, el anticomunismo, pero sus razones para apoyar a los militares rebeldes tenían mucho más que ver, como las de Hitler, con los beneficios calculados que esa intervención podía proporcionar a su política exterior: debilitar la posición militar de Francia y Gran Bretaña y ganar un aliado en el Mediterráneo occidental.

La ayuda militar de nazis y fascistas fue considerable y decisiva para la victoria del ejército de Franco. Los veinte aviones alemanes Junker 52 y los seis cazas Heinkel 51 transportaron desde finales de julio a mediados de octubre de 1936 a más de trece mil soldados del ejército de África y doscientas setenta toneladas de material. Después, con la Legión Cóndor, que desde mediados de noviembre de 1936 participó en todas la batallas importantes de la guerra, la Alemania nazi envió seiscientos aviones más, que arrojaron un total aproximado de veintiún millones de toneladas de bombas. Los italianos, por su parte, comenzaron con el envío de los doce bombarderos Savoia 81 para trasladar las tropas marroquíes a la Península y en el transcurso de la guerra su ayuda militar, según John F. Coverdale, ascendió a más de seis mil millones de liras, sesenta y cuatro millones de libras esterlinas según el cambio de 1939, traducida en casi mil aviones, doscientos cañones, mil carros de combate y varios miles de ametralladoras y armas automáticas.

La diplomacia internacional movía sus fichas justo en el momento en que el cuerpo diplomático de la Segunda República había quedado dividido y fracturado como consecuencia del golpe de Estado. Una mayoría de los funcionarios de las embajadas y consulados en los principales países europeos abandonaron a la República y otros que no lo hicieron estaban en realidad al servicio de la causa de los militares insurgentes. Los embajadores en Roma, Berlín, París y Washington dimitieron en las primeras semanas, tras poner todo tipo de trabas y obstáculos a los intentos republicanos por recomponer la política exterior. El nuevo ministro de Estado con el primer Gobierno de Largo Caballero, formado el 4 de septiembre de 1936, el socialista Julio Álvarez del Vayo, calculó que el 90 por ciento del cuerpo diplomático y consular había desertado.

Para lograr los apoyos exteriores, tanto el Gobierno republicano de Madrid como la Junta de Defensa Nacional de Burgos tuvieron que reconstruir y crear sus respectivos cuerpos diplomáticos. La República lo hizo con prestigiosos intelectuales y profesores universitarios, procedentes casi todos del campo socialista: Fernando de los Ríos fue embajador en Washington; Luis Jiménez de Asúa en Praga; Marcelino Pascua en Moscú; Luis Araquistáin en París y Pablo de Azcárate, el único que tenía de verdad experiencia como funcionario internacional, en Londres. Los militares rebeldes, por el contrario, pudieron contar con ilustres miembros de la aristocracia y de los círculos diplomáticos y financieros, muy bien conectados con los selectos grupos de la diplomacia internacional, como el duque de Alba y Juan de la Cierva en Londres, José María Quiñones de León en París y el marqués de Portago y el barón de las Torres en Berlín. El 4 de agosto de 1936, José Yanguas Messía, ex ministro de Estado de la Dictadura de Primo de Rivera, recién nombrado director del Gabinete Diplomático de la Junta de Defensa Nacional de Burgos, informaba que «el tono general de la situación diplomática es favorable a nuestro movimiento…. porque en el mundo entero están hoy en plena lozanía los ímpetus arrolladores de los Estados totalitarios» y pronosticaba que «la toma de Madrid» sería «determinante para que se reconozca oficialmente la legitimidad absoluta de nuestro movimiento».

La «toma de Madrid» no fue posible, entre otras cosas porque cuando se produjo la batalla que parecía definitiva, en el otoño de 1936, los primeros envíos de ayuda militar soviética a la República cambiaron el rumbo de las continuas victorias rebeldes y derrotas republicanas que había caracterizado el verano anterior. Los primeros barcos soviéticos cargados de armas pesadas llegaron al puerto de Cartagena el 4 y 15 de octubre. La tropas de Franco, jefe ya de los rebeldes, se acercaban imparables a Madrid. Los italianos y alemanes habían logrado consolidar el sistema de apoyo militar a los rebeldes, mientras que Gran Bretaña y Francia observaban estrictamente el Acuerdo de No Intervención. Todo, en el plano internacional, resultaba favorable para los militares insurgentes. Las cosas cambiaron cuando Stalin decidió intervenir en la contienda. Habían pasado más de dos meses desde su estallido.

En julio de 1936 Moscú ni siquiera tenía embajador en España porque la República, aunque había establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en julio de 1933, no llevó a la práctica ese acuerdo. José Giral, el nuevo presidente del Gobierno republicano tras el golpe de Estado, solicitó a la URSS el 25 de julio, a través del embajador soviético en París, armamento y municiones «de todo tipo y en grandes cantidades» para derrotar la rebelión militar. Pero Stalin, muy preocupado por la amenaza alemana tras la subida de Hitler al poder, y consciente de la necesidad de lograr la cooperación de Francia y Gran Bretaña para frenarla, no respondió a esa petición. Para Stalin y la política exterior soviética, el estallido de un conflicto armado en España creaba una importante disyuntiva. No le interesaba dejar a la República abandonada, algo que fortalecería la posición de Hitler, pero tampoco quería estropear su aproximación a las potencias democráticas. Si apoyaba a la República, alimentaría la tesis de que detrás de ésta se encontraba «el comunismo internacional».

La guerra civil española, de entrada, no proporcionaba ninguna ventaja a los intereses de la Unión Soviética y el 22 de agosto, Maxim Litvinov, comisario de Asuntos Exteriores, suscribió el Acuerdo de No Intervención. Unos días después, declaró oficialmente que no apoyaría con armas a la República española y nombró a un embajador en Madrid, el diplomático Marcel Rosenberg. Las instrucciones que se le dieron eran muy claras: «Nuestro apoyo proporcionaría a Alemania e Italia el pretexto para organizar una invasión abierta y un abastecimiento de tal volumen que nos sería imposible igualarlo». No obstante, se decía en las mismas instrucciones, «si se probara que pese a la declaración de No Intervención se sigue prestando apoyo a los sublevados, entonces podríamos cambiar nuestra decisión».

Los indicios y pruebas de que Hitler y Mussolini ayudaban a los militares sublevados, pese al Acuerdo de No Intervención, alarmaron a Stalin. Si la República era derrotada rápidamente, la posición estratégica francesa frente a Alemania quedaría muy debilitada y el aumento del poder nazi y fascista tendría también repercusiones negativas para la Unión Soviética. Stalin preparó el camino. Advirtió al Comité de No Intervención de que se vería obligado a incumplir los acuerdos si Alemania e Italia seguían haciendo lo mismo y calculó los posibles costes de la ayuda para que el Gobierno británico no lo percibiera como un apoyo a la revolución que se propagaba por toda la zona republicana y los nazis no la tomaran como una intervención abierta.

En octubre llegaron los primeros envíos de armas a España. La Unión Soviética comenzó a hacer lo mismo que ya estaban haciendo Italia, Alemania y Portugal: incumplir los acuerdos de No Intervención sin abandonar oficialmente esa política. A partir de ese momento, la ayuda militar soviética a la República, pagada con las reservas de oro del Banco de España, no cesó hasta el final de la guerra y fue importantísima para sostener la causa republicana frente al ejército de Franco y el apoyo de Hitler y Mussolini. Además del material bélico, con una aportación muy sustancial de aviones y carros de combate, cifrada aproximadamente en setecientas y cuatrocientas unidades, respectivamente, la URSS envió alimentos, combustible, ropa y un número considerable, alrededor de dos mil personas en total, de pilotos, técnicos, asesores y funcionarios de la policía secreta, el NKVD, bajo el mando de Alexander Orlov. El pueblo soviético aportó millones de rublos para comprar ropa y alimentos, generando, en expresión de Daniel Kowalsky, «la mayor movilización humanitaria extranjera de la historia con destino a la Península Ibérica».

A la vez que las primeras armas, comenzaron a llegar también los primeros voluntarios extranjeros de las Brigadas Internacionales, reclutadas y organizadas por la Internacional Comunista, que percibió muy claramente el impacto de la guerra civil española en el mundo y el deseo de muchos antifascistas de participar en esa lucha. Frente a la intervención soviética y a las Brigadas Internacionales, los nazis y fascistas incrementaron el apoyo material al ejército de Franco y enviaron asimismo miles de militares profesionales y combatientes voluntarios. La guerra no era un asunto interno español. Se internacionalizó y con ello ganó en brutalidad y destrucción. Porque el territorio español se convirtió en campo de pruebas del nuevo armamento que estaba desarrollándose en esos años de rearme, previos a una gran guerra que se anunciaba.

EXTRANJEROS

La decisión de organizar el envío de voluntarios a luchar en la guerra civil española la adoptó el 18 de septiembre de 1936 el Secretariado de la Internacional Comunista. El centro de reclutamiento fue París y de los aspectos organizativos se encargaron dirigentes del Partido Comunista Francés, con André Marty a la cabeza, y otros destacados agentes de la Comintern como Luigi Longo («Gallo») o Josip Broz («Tito»). Había muchos estalinistas, sobre todo en sus cuadros organizativos, pero miles de brigadistas no lo eran.

Llegaron a España a partir de octubre, desde Polonia, Italia, Alemania y otros países dominados por dictaduras y fascismo, aunque fue Francia quien aportó el mayor número de brigadistas. Los de Norteamérica llegaron más tarde, a finales de año, y el batallón Lincoln, el que forjó algunas de las leyendas más difundidas por escritores e intelectuales, no entró en acción hasta la batalla del Jarama, en febrero de 1937. Antes que ellos, varios cientos de izquierdistas a los que sorprendió el golpe militar en Barcelona, donde asistían a la Olimpiada popular, también llamada antifascista, organizada como alternativa a los Juegos Olímpicos que se celebraban entonces en Berlín, ya se habían incorporado a las milicias anarquistas y socialistas.

Las cifras de brigadistas varían según las fuentes, desde los cien mil que daban los franquistas para hinchar su influencia y el peso comunista internacional, a los cuarenta mil a los que se refería el estudio ya clásico sobre la guerra civil de Hugh Thomas. Uno de los análisis más recientes y exhaustivos sobre las Brigadas Internacionales, el de Michel Lefebvre y Rémi Skoutelsky, proporciona una cifra cercana a 35 000, aceptada hoy por bastantes historiadores, aunque nunca hubo más de veinte mil combatientes a la vez, y en 1938 el número se había reducido ostensiblemente. Unos diez mil murieron en combate, y por países, vinieron de más de cincuenta; Francia aportó casi nueve mil, mientras que los portugueses no llegaron a 150. Si se atiende a los informes militares que registran el paso por la base de entrenamiento de Albacete, los dos momentos de mayor movimiento coinciden con los primeros meses de su intervención, de octubre de 1936 a marzo de 1937, y con la batalla de Teruel y de Aragón, desde diciembre de 1937 hasta abril de 1938.

Muchos de esos voluntarios que llegaron a España se encontraban en paro, pero otros muchos dejaron sus trabajos. Había también aventureros en busca de emociones, intelectuales y profesionales de clases medias, que son los que después narraron en libros sus experiencias. La mayoría, no obstante, tenía claro que el fascismo era una amenaza internacional y España era el lugar apropiado para combatirlo. Así se lo decía un trabajador inglés, ni poeta ni intelectual, en una carta a su hija, reproducida por Watkins en su estudio sobre la división que la guerra civil española ocasionó en la sociedad británica: «Quiero explicarte por qué dejé Inglaterra. Te habrás enterado de la guerra que hay aquí. De todos los países del mundo, gente obrera como yo ha venido a España a parar al fascismo. Así, aunque estoy a miles de millas de ti, estoy luchando para protegerte a ti y a todos los niños de Inglaterra, así como a la gente de todo el mundo».

Esos obreros manuales, el 80 por ciento de los brigadistas procedentes de Gran Bretaña lo eran, se habían sentido atraídos por el Partido Comunista, que les daba amparo y una doctrina fuerte a la que agarrarse. Era también el momento en el que en París confluyeron un montón de exiliados de la Europa oriental, central y balcánica, huidos de la represión fascista y militar. Desde allí pasaban por Barcelona y Valencia, hasta llegar a Albacete, donde les arengaba André Marty, el jefe de las Brigadas Internacionales, del que se ha dicho de todo, incluso que había hecho fusilar a quinientos brigadistas, aunque nadie aporta pruebas de cuándo y cómo actuó así «el carnicero de Albacete».

En los primeros meses del reclutamiento se organizaron cinco Brigadas Internacionales, numeradas de la XI a la XV. La XI, mandada por el general soviético Emilio Cléber, y la XII, al mando del escritor húngaro Maté Zalka «Luckács», tuvieron un papel destacado en la defensa republicana de Madrid en noviembre de 1936, aunque algunos autores, como Beevor, consideran que sus hazañas se exageraron tanto por los franquistas como por los británicos conservadores, y anticomunistas, como el embajador Henri Chilton, que creían que Madrid sólo estaba defendido por extranjeros. También el batallón Thälmann, compuesto de comunistas alemanes y algunos británicos, se estrenó con el fuego de la batalla de Madrid. Uno de ellos, el británico Esmond Romilly, recordaba después a muchos de los fallecidos en aquella batalla: «Recuerdo haberles oído hablar de su vida de exiliados…. perseguidos por las leyes de inmigración y perseguidos sin descanso —incluso en Inglaterra— por la policía secreta nazi».

Extranjeros fueron también muchos de los que combatieron en las tropas del ejército de Franco. Llegaron, como las Brigadas Internacionales, desde muy diferentes lugares. Voluntarios no había muchos, porque la mayoría de los que lucharon, sobre todo alemanes e italianos, eran soldados regulares, bien preparados, a los que se les proporcionaba una paga en su país de origen. De los voluntarios genuinos, entre mil y mil quinientos, destacaron los católicos irlandeses, mandados por el general Eoin O’Duffy, que compartían la idea de cruzada apadrinada por la Iglesia católica española y el Papa Pío XI desde el Vaticano. Llevaban diversos emblemas religiosos, rosarios, «agnus deis» y sagrados corazones de Jesús, como los carlistas, y abandonaban Irlanda, según escribió el propio O’Duffy, para «librar la batalla de la cristiandad contra el comunismo». Sólo combatieron en la batalla del Jarama, en febrero de 1937, donde, dada su inexperiencia militar, no salieron muy airosos y unos meses después volvieron a su patria.

Además de ese medio millar de «camisas azules» irlandeses, hubo en las tropas de Franco rusos blancos curtidos en la lucha contra los bolcheviques, un grupo variado de fascistas y antisemitas procedentes de la Europa oriental y unos trescientos franceses de la ultraderechista Croix de Feu que constituyeron el batallón Jean d’Arc. No eran, sin embargo, voluntarios, aunque desde el bando de Franco siempre les presentaron como tales, los cerca de diez mil «Viriatos» alistados y pagados en Portugal. Con todos esos nuevos efectivos y la recluta intensiva de rifeños para el ejército de África, las tropas de Franco sumaban a finales de 1936 unos doscientos mil hombres.

Frente a las Brigadas Internacionales, Alemania e Italia enviaron a decenas de miles de soldados a luchar al lado de los militares rebeldes. Para que no hubiera duda sobre el propósito de esa intervención, el 18 de noviembre de 1936, el mes de la gran ofensiva franquista sobre Madrid, los gobiernos de las dos potencias del Eje reconocieron oficialmente a Franco y a su Junta Técnica del Estado, creada el 2 de octubre en sustitución de la Junta de Defensa Nacional, y poco después llegaron a Burgos los primeros embajadores: el general Wilhelm von Faupel y el periodista fascista Roberto Cantalupo.

Hitler decidió por esas mismas fechas el envío de una unidad aérea que combatiría como cuerpo autónomo de combate, con sus propios jefes y oficiales, en las filas franquistas. Se llamó Legión Cóndor, llegó a España por vía marítima a mediados de noviembre y estuvo mandada por el general Hugo von Sperrle y después por el coronel y barón Wolfram von Richthofen, oficiales ambos de las Luftwaffe. Su fuerza constaba de unos 140 aviones distribuidos en cuatro escuadrillas de cazas formados por Heinkel 51 biplanos y otras cuatro de bombarderos Junker 52, apoyadas por un batallón de 48 tanques y otro de sesenta cañones antiaéreos. La guerra civil española se convirtió así en campo de pruebas de la Luftwaffe, un ensayo de los aviones de bombardeo y caza que se utilizarían poco tiempo después en la Segunda Guerra Mundial.

El número total de combatientes en la Legión Cóndor ascendió durante toda la guerra, según la investigación de Raymond L. Proctor, a 19 000 hombres, contando pilotos, tanquistas y artilleros, aunque nunca hubo más de 5500 a la vez, puesto que se les reemplazaba frecuentemente para que adquiriera experiencia el mayor número de soldados posible. La Legión Cóndor participó en casi todas las operaciones militares desarrolladas durante la guerra civil y 371 de sus miembros perdieron la vida en combate.

Mucho más numerosa fue la aportación italiana, que comenzó a llegar a España en diciembre de 1936 y en enero de 1937, tras el pacto secreto de amistad firmado por Franco y Mussolini el 28 de noviembre. Hasta ese momento, los italianos que pilotaban los Savoia 81 y los cazas Fiat habían luchado en la Legión Extranjera. A partir de ese pacto, Mussolini organizó el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), al mando del general Mario Roatta hasta el desastre de Guadalajara en marzo de 1937, y después de los generales Ettore Bastico, Mario Berti y Gastone Gambara. El CTV constaba de modo permanente con cuarenta mil soldados y su número total ascendió, según las cifras publicadas por John Coverdale, a 72 775 hombres: 43 129 del ejército y 29 646 de la milicia fascista. Llegaron también 5699 hombres más de la «Aviazione Legionaria», lo que eleva la cifra total de combatientes italianos a 78 474, muy superior a la participación alemana y a la de las Brigadas Internacionales.

Esos fascistas además estuvieron más tiempo en suelo español, hasta el final de la guerra y la victoria del ejército de Franco, mientras que los miembros de las Brigadas Internacionales habían dejado las armas antes. El 21 de septiembre de 1938, Juan Negrín, presidente del Gobierno de la República, anunció en Ginebra, ante la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, la retirada inmediata y sin condiciones de todos los combatientes no españoles en el ejército republicano, con la esperanza de que el bando franquista hiciera lo mismo. Quedaban entonces en España aproximadamente un tercio de todos los que habían llegado para luchar contra el fascismo y el 28 de octubre, un mes después de su retirada del frente, las Brigadas Internacionales desfilaron en Barcelona ante más de 250 000 personas. Presidieron la ceremonia de despedida Manuel Azaña, Juan Negrín, Lluís Companys y los generales Rojo y Riquelme. «Podéis marchar orgullosos. Vosotros sois la historia…. Vosotros sois el heroico ejemplo de la solidaridad y universalidad de la democracia», les dijo Dolores Ibárruri, «La Pasionaria». «No os olvidaremos, y cuando en el olivo de la paz vuelvan a brotar de nuevo las hojas, mezcladas con los laureles de la victoria de la República española, ¡volved!»

No volvieron porque la República fue derrotada pocos meses después y muchos de ellos además, cerca de diez mil, ya habían muerto en suelo español y otros siete mil desaparecieron. Algunos de los que sobrevivieron llegaron después a figuras ilustres, escritores y políticos, en sus respectivos países, como Josip Broz «Tito», Pietro Nenni, Luigi Longo, Walter Ulbricht o André Malraux.

Por las mismas fechas en que las Brigadas Internacionales abandonaban España, Mussolini retiró a diez mil combatientes «como gesto de buena voluntad» hacia el Comité de No Intervención, sólo una cuarta parte de los que luchaban todavía entonces al lado del ejército de Franco. Los despidieron en Cádiz los generales Queipo de Llano y Millán Astray y fueron recibidos en Nápoles por el rey Víctor Manuel III. Los últimos efectivos de la Legión Cóndor fueron trasladados a Alemania por buques transatlánticos después del desfile de la victoria del 19 de mayo de 1939. En el puerto de Hamburgo los recibió Hermann Göring, ministro del Aire de la Alemania nazi.

«Italia y Alemania hicieron mucho por España en 1936…. Sin la ayuda de ambos países no existiría Franco hoy», le dijo Adolf Hitler a Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano y yerno de Benito Mussolini, en septiembre de 1940. Es una sentencia que resume perfectamente lo que muchos contemporáneos creyeron entonces y algunas investigaciones confirmaron décadas después: que la intervención alemana e italiana había sido decisiva para la derrota de la República o para la victoria de los militares sublevados contra ella en julio de 1936.

Después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la revolución en Rusia, ninguna guerra civil podía ser ya sólo «interna». Cuando empezó la guerra civil española, los poderes democráticos estaban intentando a toda costa «apaciguar» a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses. Las dictaduras dominadas por gobiernos autoritarios de un solo hombre y de un único partido estaban sustituyendo entonces a las democracias en muchos países europeos y, si se exceptúa el caso ruso, todas esas dictaduras salían de las ideas del orden y de la autoridad de la extrema derecha. Seis de las democracias más sólidas del continente fueron invadidas por los nazis al año siguiente de acabar la guerra civil. España no era, en consecuencia, una excepción ni el único país donde el discurso del orden y del nacionalismo extremo se imponían al de la democracia y de la revolución.

Los bandos que se enfrentaron en España eran tan diferentes desde el punto de vista de las ideas, de cómo querían organizar el Estado y la sociedad, y estaban tan comprometidos con los objetivos por los que tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo. Y el panorama internacional, de nuevo, tampoco dejó espacio para las negociaciones. De esa forma, la guerra acabó con la aplastante victoria de un bando sobre otro, una victoria asociada desde ese momento con todo tipo de atrocidades y abusos de los derechos humanos. Esa violencia exterminadora tenía poco que ver con la represión y la censura utilizada por el régimen monárquico de Alfonso XIII o por la Dictadura de Primo de Rivera. Las dictaduras que emergieron en Europa en los años treinta, en Alemania, Austria, o España, tuvieron que enfrentarse a movimientos de oposición de masas, y para controlarlos necesitaron poner en marcha nuevos instrumentos de terror. Ya no bastaba con la prohibición de partidos políticos, la censura o la negación de los derechos individuales. Un grupo de criminales se hizo con el poder. Y la brutal realidad que salió de sus decisiones fueron los asesinatos, la tortura y los campos de concentración. La victoria de Franco fue también una victoria de Hitler y de Mussolini. Y la derrota de la República fue asimismo una derrota para las democracias.

VI
Dictaduras

La Europa de 1920, la que salió del Tratado de Versalles, estaba formada por veintiocho estados. La guerra había dañado de forma severa el viejo orden liberal pero, después de tanto desastre, la ilusión de paz y prosperidad, la posibilidad de construir un nuevo orden mundial basado en la experiencia democrática de los países vencedores, parecía abrirse camino. Pronto pudo comprobarse, sin embargo, que había una gran diferencia entre las declaraciones y la realidad. La democracia, tal y como se entendía entonces, con su sistema político representativo, gobiernos responsables ante el parlamento, sufragio universal masculino y garantía de derechos individuales, comenzó a ceder terreno y encontró en muchos de esos estados múltiples obstáculos para desarrollarse. En vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, estaba en retirada, confinada a Gran Bretaña, Francia y los pequeños países del norte y occidente.

Los reveses democráticos y avances autoritarios se manifestaron de diferentes formas y aunque la primera dictadura, la del «proletariado», la impuso la izquierda revolucionaria en Rusia, todas las demás salieron del firmamento político de la ultraderecha. Dos de ellas, la de Benito Mussolini en Italia y la de Adolfo Hitler en Alemania, han sido definidas como fascistas. Para los otros tipos de autoritarismo se usan más etiquetas, aunque los términos conservador y tradicional son los más repetidos. Veamos el proceso que llevó a las dictaduras a suplantar a las democracias y sus posibles causas. Habrá que detenerse también en la comparación, las similitudes y diferencias, entre la dos dictaduras que resultaron más radicales y poderosas, la de Hitler y Stalin, eso que Alan Bullock llamó ya hace años «vidas paralelas».

DICTADURAS CON REYES Y MILITARES

Las dictaduras que se establecieron en la mayoría de los países del este y sureste de Europa en los años veinte y treinta, tras el derrumbe de los viejos imperios, no fueron fascistas, aunque imitaron y admiraron el estilo fascista de gobierno de la Italia de Mussolini y, posteriormente, de la Alemania nazi. La característica esencial de esos regímenes autoritarios fue, según la definición aportada por Gregory M. Luebbert, «la defensa de los intereses agrarios tradicionales y de una fracción de la burguesía urbana en sociedades en las que la amenaza de la clase obrera urbana seguía siendo comparativamente débil». Eran países atrasados, con una burguesía dependiente del Estado y del capital extranjero y una elite terrateniente en el campo que trataba despóticamente a un campesinado empobrecido y analfabeto.

Típico de ese «autoritarismo limitado» fue la posición que esos regímenes adoptaron hacia el movimiento obrero, con la tolerancia de sindicatos y partidos socialistas domesticados, a los que se otorgó derechos restringidos para organizar a ciertos grupos de trabajadores y para emprender negociaciones colectivas. Esa subordinación de los sindicatos fue no obstante posible porque la clase obrera era pequeña y no podía plantear un serio peligro para el Estado y los principales patronos. No había, en consecuencia, «necesidad de aplastar a las organizaciones socialistas y reemplazarlas con sindicatos y movimientos promovidos por el Estado que buscaban, como hizo el fascismo, erradicar la disidencia obrera y movilizar a los trabajadores». Porque en ausencia de un movimiento obrero potente y ante un bajo nivel de movilización política, «una dictadura tradicional era completamente suficiente para proteger los intereses de aquellos a quienes servía».

Europa central y oriental, que experimentó una completa reordenación territorial después de la Primera Guerra Mundial, sucumbió a una serie de dictaduras que prometieron una alternativa al conflicto político o a la amenaza revolucionaria.

La primera de ellas apareció en Hungría, el país que perdió más población y territorio como consecuencia de la derrota en la guerra, donde la aristocracia y las fuerzas armadas, pese al ensayo revolucionario de Béla Kun, continuaron dominando el Estado tras la caída de la monarquía de los Habsburgo. El almirante Miklós Horthy, antiguo jefe de la armada, ocupó el poder tras el derrocamiento del gobierno de Béla Kun en agosto de 1919, y unos meses después, en enero de 1920, fue nombrado regente vitalicio, dado que la restauración de la dinastía de los Habsburgo estaba prohibida por los tratados internacionales. Gobernó hasta finales de 1944, cuando los alemanes y los soviéticos se disputaban el control del territorio húngaro.

Ese ejemplo húngaro de autoritarismo, preocupado sobre todo, como señala Edward Malefakis, «por mantener el orden, y controlado por los líderes militares y otros miembros de las elites tradicionales (incluidos los reyes, donde los había)», fue el tipo más común de dictadura en esos países en los años veinte y treinta. En 1926, el mariscal Joseph Pilsudski, que había tenido un importante papel político y militar en la nueva República de Polonia creada en 1918, dio un golpe de Estado y estableció una Dictadura militar que duró, aunque Pilsudski murió en 1935, hasta la invasión nazi de Polonia en septiembre de 1939.

Las dictaduras se extendieron también por todos los estados balcánicos, en Europa del sureste. Cuatro de esos países (Albania, Yugoslavia, Bulgaria y Rumania) eran monarquías y fueron los reyes quienes las proclamaron. Eso es lo que hizo el rey Alejandro en Yugoslavia en 1928; el rey Boris, el zar de Bulgaria, en 1935; y el rey Carol en Rumania en 1938, aunque fue echado del poder dos años después por el mariscal Ion Antonescu. En Albania, Ahmed Bey Zogu, un terrateniente que había dirigido la resistencia contra la ocupación italiana durante la Primera Guerra Mundial, se autoproclamó rey en 1928 y se mantuvo en el poder hasta que la invasión de Albania por Mussolini en 1939 le obligó a exiliarse.

En Grecia, el quinto país balcánico, la situación política se movió también en esos años entre aguas turbulentas. Un plebiscito, en el que los partidarios de la República obtuvieron el doble de votos que los monárquicos, había echado al rey Constantino en 1923, y aunque en apariencia esa nueva República fue democrática, los militares actuaron como árbitros de la política a través de sus clientes políticos. El clientelismo político, el sectarismo de la vida política y la crónica tendencia de los militares a intervenir en el proceso político fueron los rasgos distintivos de la sociedad griega en esos años. En 1935, tras un plebiscito claramente manipulado, el rey Jorge II, hijo de Constantino, volvió a Grecia después de doce años de exilio de la monarquía. Unos meses más tarde, en agosto de 1936, el general Ioannis Metaxas declaró la suspensión de los artículos de la Constitución e imitó el ejemplo de los vecinos balcánicos al sustituir un gobierno parlamentario por una dictadura. Metaxas murió en enero de 1941. Tres meses después, Grecia sufrió una ocupación tripartita a manos de Alemania, Italia y Bulgaria.

La democracia y los sistemas parlamentarios resultaron también muy frágiles en los estados bálticos, establecidos como repúblicas independientes tras el final de la Primera Guerra Mundial, echadas abajo por dictaduras anticomunistas de partido único y dominadas por el ejército y los grandes terratenientes. En Lituania, en diciembre de 1926, los militares, tras un golpe de Estado, nombraron presidente a Antana Smetona, un político que se mantuvo como dictador hasta la invasión soviética de junio de 1940; en Letonia, Karlis Ulmanis, que ya había sido el jefe de Gobierno de la República independiente fundada en noviembre de 1918, estableció poderes dictatoriales en 1934, que mantuvo hasta la invasión soviética; y en Estonia, el líder del Partido Agrario, Konstantin Päts, siguió el mismo camino, el mismo año, disolvió el parlamento y declaró la ley marcial. En realidad, Ulmanis y Päts tomaron el poder para evitar que lo hicieran los movimientos fascistas radicales que habían comenzado a arraigar y adquirir una notable popularidad tras la Gran Depresión y la subida de Hitler al poder.

Esas dictaduras emergieron en sociedades con escasa tradición democrática y se levantaron sobre sistemas políticos muy nuevos, sujetos a conflictos internos étnicos y regionales y a disputas territoriales entre los diferentes países. Salieron de la guerra y los militares, siempre con el pretexto de hacer frente a la inestabilidad, al desorden y al caos político, ocuparon posiciones dominantes en la vida política. Una buena parte de los dirigentes que establecieron esos regímenes autoritarios ya estaban en el poder y contaban con el apoyo total de las elites tradicionales. Algunos de esos dictadores, como hemos visto, fueron los propios monarcas e incluso el general Metaxas, que estableció una de las dictaduras más influidas por el modelo fascista, mantuvo estrechos lazos de dependencia con Jorge II, el rey que lo nombró. En términos generales, las dictaduras que surgieron en los años treinta, tras la crisis económica y la llegada de los nazis al poder, fueron más radicales y represivas que las implantadas en la década anterior y estuvieron también más presionadas por la aparición de movimientos fascistas de masas.

De los nuevos estados creados del derrumbe de los viejos imperios, sólo Checoslovaquia mantuvo una ruta diferente asentada en una coalición de partidos de izquierda y de centro. Checoslovaquia había nacido el 28 de octubre de 1918 entre las ruinas del Imperio austrohúngaro. El nuevo Estado, organizado en torno a Bohemia, Moravia y Eslovaquia, era un rompecabezas étnico y lingüístico en el que resultaba muy difícil acomodar las diversas nacionalidades y salvar las diferencias sociales, culturales y económicas entre esos grupos. Pero al contrario de lo que sucedió con los otros países del este de Europa y de los Balcanes, creados tras la derrota de los imperios autocráticos en la Primera Guerra Mundial, que sucumbieron muy pronto a dictadores con poderes absolutos, Checoslovaquia mantuvo durante esos veinte años de entreguerras una democracia parlamentaria, republicana y de respeto a las libertades individuales.

La coexistencia entre checos, eslovacos y las restantes minorías nacionales fue relativamente pacífica hasta el comienzo de los años treinta, cuando la crisis económica mundial impactó de lleno en las áreas industriales de los Sudetes donde vivían la mayoría de los ciudadanos de habla alemana. Hasta ese momento, los nazis habían contado con poco predicamento en Checoslovaquia, pero, con la subida de Hitler al poder, se organizaron en torno al liderazgo de Honrad Henlein, un profesor de gimnasia que comenzó a reclamar, con bastante éxito entre los alemanes étnicos, la separación de los Sudetes del resto del Estado checoslovaco.

Hitler creía también que esos tres millones de alemanes debían integrarse en el Reich y, tras la anexión de su Austria natal en marzo de 1938, ordenó a Henlein aumentar la agitación violenta y la intimidación a sus oponentes. Joseph Goebbels, el ministro nazi de Propaganda, difundió todo tipo de mentiras sobre las atrocidades cometidas por los checos sobre las mujeres y los niños alemanes de los Sudetes, y Hermann Göring, ministro del Aire, se sumó a la campaña denunciando a los checos como «una raza vil de enanos sin cultura». El concepto nazi de raza y su lenguaje político sobre el «espacio vital» eran incompatibles con la existencia de estados independientes en Europa Central y del Este. Después de Austria, Checoslovaquia se convirtió en el siguiente objetivo. El pacto de Múnich, por el que Neville Chamberlain y Édouard Daladier, jefes de Gobierno de Gran Bretaña y Francia, aceptaron la propuesta de Hitler de que Checoslovaquia entregara los territorios de los Sudetes a Alemania, significó la sentencia de muerte para la única democracia que se mantenía en pie en Europa al este del Rin.

La pequeña República democrática de Austria también se mantuvo en pie durante casi dieciséis años, pese a que tuvo que hacer frente a la derrota en la guerra, a la desmovilización de las tropas, a la pérdida de importantes zonas industriales, como las tierras checas, y a la pesada deuda impuesta por el Tratado de Versalles. La Depresión y el ascenso al poder de Hitler provocó un crecimiento del partido nazi austriaco, bajo la tutela de su hermano alemán, y en 1934 el líder del Partido Social Cristiano, Engelbert Dollfuss, disolvió el parlamento e inició una persecución abierta de comunistas y, sobre todo, del potente Partido Social Demócrata (SPÖ). Durante los cuatro años siguientes, Austria estuvo dominada por una dictadura de católicos y filofascistas, hasta que fue absorbida en el Reich de Hitler, en marzo de 1938, en el Anschluss. Los nazis austriacos habían intentado, sin éxito, forzar a Dollfuss para que hiciera efectiva esa unión de los dos estados de habla alemana. Lo asesinaron en julio de 1934 y su sucesor, Kurt von Schuschnigg, resistió las presiones y propuso un referéndum sobre el Anschluss, pero Hitler, antes de que se pudiera celebrar, forzó su dimisión el 11 de marzo de 1938 y un día después, las tropas alemanas entraron en Austria.

Los regímenes autoritarios también echaron raíces en la Península Ibérica. Es verdad que la Dictadura de Miguel Primo de Rivera tuvo notables similitudes con los regímenes militares o semimilitares de corte autoritario surgidos en el centro y este de Europa. Como en algunos de estos países, el levantamiento militar del general Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, acabó con el gobierno constitucional, contó con el apoyo del rey y la clara adhesión de las elites tradicionales. Ante el descrédito de los partidos oligárquicos y la incapacidad del sistema político, y de sus principales dirigentes, para transitar hacia una nueva legitimidad democrática, el ejército y la burocracia, con el apoyo de la monarquía, tomaron el poder para mantener el orden social y evitar el avance de las fuerzas revolucionarias.

Pero lo peculiar de la Dictadura de Primo de Rivera es que surgió en un país que no había participado en la Primera Guerra Mundial y cuyas estructuras básicas, y sus fronteras, no habían experimentado un cambio radical a causa de la derrota en el conflicto europeo. Si se exceptúa la llegada al gobierno de Benito Mussolini, tras la marcha sobre Roma, en octubre de 1922, que no condujo directamente a la Dictadura fascista, el de Primo de Rivera fue el primer régimen autoritario de derechas que se implantó en Europa tras el de Miklós Horthy en Hungría. Parecía seguir el modelo clásico de los pronunciamientos militares del siglo XIX, tan común en la historia de España de aquel siglo, pero, como ha señalado Eduardo González Calleja, a diferencia de los levantamientos decimonónicos, la de Primo de Rivera fue la primera intervención corporativa del ejército, que no tenía ninguna intención de ceder el poder a un político, sino que pretendía el establecimiento de un régimen militar.

Cuando Primo de Rivera dejó el poder el 27 de enero de 1930, abandonado por el rey y sus compañeros de armas, su dictadura de seis años había destruido a los partidos dinásticos, el liberal y el conservador, y desacreditado a la monarquía. No fue un «paréntesis» de emergencia, como pretendió Alfonso XIII, y no pudo recuperarse la «normalidad» política anterior a 1923. Lo que llegó muy pronto, tras un año de «dictablanda» del general Dámaso Berenguer, fue una República parlamentaria y constitucional, que duraría cinco años, antes de que otra sublevación militar y una guerra civil la destruyeran por las armas. En eso España también siguió una vía peculiar, porque fue el único país de Europa en el que la República democrática surgió en los años treinta tras una dictadura militar. La del general Francisco Franco, que comenzó poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, salida de una guerra civil, cuando el nazismo se expandía inexorablemente por Europa, tuvo características muy diferentes a las de Primo de Rivera y hasta 1945, límite cronológico de este estudio, se pareció más a los fascismos que a los regímenes autoritarios de la Europa oriental de los años veinte y treinta.

En ese período Portugal, donde una República había ya sustituido a la monarquía de Braganza de Manuel II en octubre de 1910, vivió una aguda inestabilidad política, en la que se sucedieron varios presidentes, decenas de gobiernos e intentos insurreccionales, hasta que un golpe militar intentó cambiar ese rumbo en mayo de 1926, dando paso en 1932 a la dictadura del Estado Novo de Antonio de Oliveira Salazar, la única de corte derechista, junto con la de Franco, que pudo sobrevivir a la derrota de los fascismos en 1945, porque también pudo evitar que su país entrara en la Segunda Guerra Mundial. Salazar estuvo más años en el poder que Franco, estableció una dictadura que sin ser militar contó con el apoyo crucial de las fuerzas armadas. Surgió cuando los vientos del fascismo invadían Europa y como duró hasta los años setenta, la caracterización de ese régimen con una sola etiqueta, aunque «clerical corporativista» es la utilizada a menudo, resulta bastante complicada.

La crisis de las democracias y el surgimiento de las dictaduras en los años veinte y treinta no siguió, por lo tanto, un camino único. Parece contrastado que después de la Primera Guerra Mundial, pese a la ilusión de los países vencedores de fundar las bases de una Europa democrática, se desarrolló un fuerte movimiento antidemocrático, en oposición al parlamentarismo, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Como ha señalado Richard Overy, los parlamentos de algunos países como Italia, Alemania, Rusia o España, no gozaban de buena reputación, dominados por los intereses oligárquicos, envueltos en prácticas corruptas y considerados por muchos como una base de poder para las clases medias y altas. La democracia era, en palabras de Lenin, una «farsa burguesa». Y una buena parte del atractivo que tuvo el fascismo se debió al rechazo a la «época obsoleta del liberalismo» y a la idea de que algún tipo de «nuevo orden», basado en el gobierno autoritario, debía sustituir al parlamentarismo y a la política liberal.

Además, muchos de esos estados creados como consecuencia de la derrota de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial encontraron enormes dificultades para construir la democracia sobre las piedras derribadas de los regímenes monárquicos. La tarea no era sencilla, porque como el mismo Overy apunta, la estructura social jerárquica anterior a 1914, pese a todas las presiones a las que había sido sometida, «había actuado como una fuente de estabilidad social y lealtad política» y ahora, tras la desaparición de las instituciones tradicionales, los nuevos estados tenían que llenar ese vacío, crear nuevas instituciones públicas, nuevas formas de lealtad, y convencer a la población de su legitimidad.

Como la construcción de esos estados se desarrolló en un período de disturbios sociales, amenazas revolucionarias y crisis económica, las opciones de estabilizar esas sociedades a través de sistemas democráticos sólidos fueron disminuyendo conforme avanzaban los años veinte y resultaron casi imposibles tras la gran crisis de 1929 y la conquista del poder por los nazis en Alemania. En muchos de esos países, el derecho al voto, a través del sufragio universal masculino y la representación proporcional, que significó el primer experimento político de masas en su historia, abrió un abanico de nuevos partidos políticos y una importante fragmentación y división de las lealtades políticas, avivada por divisiones sociales, religiosas, étnicas y nacionalistas. En Alemania, en los años veinte, ningún partido consiguió una mayoría estable, y en 1928 había catorce partidos en el Reichstag, algo que también fue común en los parlamentos de Bulgaria, Polonia o Yugoslavia. Esa fragmentación, que iba acompañada además de constantes cambios en los gobiernos y en las coaliciones que lo formaban, alimentó los discursos y percepciones negativas sobre el caos democrático y la necesidad de una autoridad fuerte.

La mayoría de esas dictaduras no llegaron al poder a través de la movilización de masas y no tuvieron que ofrecer soluciones radicales de eliminación sistemática de sus oponentes. No fue, sin embargo, el caso de Hitler en Alemania y de Stalin en la Unión Soviética, donde los partidos nazi y comunista dominaron la vida de los ciudadanos, crearon un culto a un líder al que todos debían estricta obediencia y desarrollaron ideologías exclusivas en cuyo nombre se persiguió a los enemigos de la revolución, de la nación o de la raza. La amenaza que planteaban a las democracias occidentales se hizo muy evidente en el escenario de la crisis internacional de los años treinta.

Y no sólo a las democracias. Entre 1939 y 1941, siete de esas dictaduras cayeron bajo el dominio directo de Alemania o Italia: Polonia, Albania, Yugoslavia, Grecia, Lituania, Letonia y Estonia. En el mismo período, siete democracias fueron desmanteladas: Checoslovaquia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Casi todo el continente europeo quedó bajo el orden nazi, gobernado por dirigentes nombrados por Hitler o dictadores «títeres», que solían ser líderes de los movimientos fascistas que no habían podido tomar el poder antes de 1939, pero que aprovechaban ahora la invasión militar alemana. Los principales ejemplos fueron la administración de Vichy en Francia bajo el mariscal Philippe Pétain; el régimen de Jousson Quisling en Noruega; el dirigido por el movimiento Ustase de Ante Pavelic en Croacia; y el que gobernó Hungría, aunque sólo en los meses finales de 1944, con Ferenc Szálasi como líder de la Cruz Flechada.

El destino de todos esos regímenes estaba vinculado al de la Alemania nazi. Y entre los últimos meses de 1944 y los primeros de 1945, todos ellos fueron invadidos por los ejércitos de la Unión Soviética o de los aliados occidentales, apoyados por los movimientos internos de resistencia antifascista. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la democracia parlamentaria regresó con fuerza a Europa occidental, del norte y central, mientras que la versión de Stalin del comunismo se impuso en Europa del Este. Las dictaduras derechistas, que habían sido dominantes desde los años veinte, desaparecieron de Europa, salvo en Portugal y España (hasta 1974 y 1975) y en el período de la dictadura de los coroneles en Grecia entre 1967 y 1974.

La distinción entre dictaduras fascistas y las que, pese a salir también del espectro ideológico de la derecha, no lo fueron, etiquetadas como conservadoras, tradicionales, militares o autoritarias, deja fuera a la Rusia de Stalin, versión radical y extrema de la dictadura iniciada por los bolcheviques tras la conquista del poder en octubre de 1917. Algunos autores como Hannah Arendt, Carl Friedrich y Zbigniev Brzezinski utilizaron el término «totalitarismo» desde comienzo de los años cincuenta del siglo XX para cubrir los rasgos comunes que supuestamente identificarían a los estados fascistas y comunistas: una ideología distintiva, «un cuerpo doctrinal que cubría todas las partes de la existencia humana»; un partido único, presidido por un líder investido con el culto de la personalidad; subordinación completa del individuo a los dictados del Estado a través de un proceso de coerción (terror) y adoctrinamiento; y control absoluto y centralizado de la economía.

Utilizando esos criterios, la Rusia estalinista y la Alemania nazi constituirían paradigmas eficaces y desarrollados del totalitarismo, expresión, en palabras de Julian Jackson, «de las ilimitadas ambiciones utópicas de los estados fascista y soviético, de su deseo de responsabilizarse de todas las áreas de la existencia, de encarnar una nueva religión civil, de crear un “nuevo Hombre”, y de derribar los límites entre lo público y lo privado». Pero lo que nos interesa aquí, más allá de la identificación entre esas dictaduras bajo una misma definición, es relatar el proceso que les permitió consolidarse y enfrentarse en un sangriento combate, entre 1941 y 1945, eje primordial de lo que se ha denominado «guerra civil europea».

DICTADURAS DE UN SOLO PARTIDO Y UN SOLO LÍDER

El comunismo y el fascismo significaban, frente a la política parlamentaria y democrática, un nuevo estilo de hacer política, basado en la organización de movimientos de masas, centralizados y jerarquizados en torno a la figura del líder. Las imágenes y símbolos del culto a esos líderes, a Stalin en Rusia y a Hitler en Alemania, fueron mantenidos por los medios de comunicación, por los órganos de expresión de los partidos y por grandes exhibiciones y manifestaciones. Sus miembros llevaban uniformes e insignias que los distinguían, agrupados por un nuevo sentido de la lealtad, más allá de las viejas lealtades a la política parlamentaria. Los partidos tenían ramas paramilitares, juveniles y de mujeres. Y aunque esas dictaduras fueron inicialmente productos del entusiasmo de las masas, una vez en el poder, las nuevas autoridades desarrollaron nuevas y desconocidas fórmulas de represión y terror.

Durante un cuarto de siglo, la Unión Soviética, el país más grande del mundo, fue dominado por Iósif Stalin (1879-1953) y la primera pregunta que surge es cómo fue posible que las aspiraciones y objetivos de la revolución de 1917, que prometía una sociedad más justa y libre, derivasen en un despotismo totalitario. ¿Fue el estalinismo, tal y como algunos sostienen, la lógica o ineludible consecuencia de la revolución y de la política seguida por Lenin o, por el contrario, se trató de una inesperada perversión del bolchevismo?

Lenin murió el 21 de enero de 1924. En su testamento, dictado dos años antes, cuando ya estaba enfermo e inválido, advertía de los «poderes ilimitados» que estaba acumulando Stalin desde su nombramiento como secretario general del Partido Bolchevique en abril de 1922. Pese a esa advertencia, y al consejo que daba a los camaradas del Comité Central para que lo apartaran de ese crucial cargo, Stalin pudo continuar porque Zinóviev, Kamenev y Trotski aspiraban a suceder a Lenin y cada uno de ellos veía en Stalin un posible aliado en su lucha frente a los otros dos rivales. Trotski fue expulsado del partido en 1927, acusado de «sectarismo», y asesinado por orden de Stalin, a manos de Ramón Mercader, en México, en agosto de 1940. Zinóviev y Kamenev fueron fusilados en agosto de 1936, tras el primero de los grandes juicios puestos en marcha por Stalin para eliminar a todos sus rivales. Habían pasado doce años desde la muerte de Lenin y desde que Stalin, Kamenev y Zinóviev formaran aquel triunvirato que gobernó Rusia en ausencia del padre de la revolución.

Orlando Figes sostiene que, por un lado, parece obvio que los elementos básicos del régimen estalinista —la dictadura de un solo partido, el sistema de terror y el culto a la personalidad— estaban ya presentes en 1924, cuando el aparato del partido era ya «un instrumento obediente en manos de Stalin». Por otro lado, sin embargo, hubo diferencias sustanciales entre el dominio implantado por Lenin, que no necesitó de la eliminación del contrario en un partido en el que todavía había sitio para el debate, y el de Stalin, quien utilizó cualquier pretexto de división interna o crítica para enviar a sus oponentes a Siberia o asesinarlos.

Para controlar la sociedad, el Partido Bolchevique fortaleció el Estado y promovió un aumento espectacular de la burocracia en los años que siguieron a la revolución. Desde 1917 hasta 1921, el número de empleados del gobierno se cuadruplicó, de 576 000 a 2,4 millones. Los burócratas fueron, en palabras de Figes, «la base social» del régimen bolchevique, que más que una dictadura del proletariado fue «una dictadura de la burocracia». Y aunque Lenin se refirió a la burocratización como un legado del zarismo, en 1921 la burocracia era diez veces más numerosa que en el Estado zarista. Se extendió sobre todo en la sociedad rural, con los campesinos acudiendo en aluvión a engrosar las filas del partido. Afiliarse al partido se convirtió en una forma segura de promocionar y ascender en la burocracia soviética.

El partido fue también una institución central en el sistema de dominio nazi. Y los dos partidos, el bolchevique y el nazi, como señala Richard Overy, pasaron de tener un arraigo modesto en la sociedad a convertirse en «organizaciones gigantescas» que abrazaban a amplios sectores de la población. La facción bolchevique del Partido Social Demócrata ruso tenía 26 000 afiliados cuando el zar fue derrocado en febrero de 1917; cuando murió Stalin en 1953, el Partido Comunista, nombre con el que se denominaba desde un año antes, sumaba casi siete millones. Un año después de su fundación, en 1921, el partido nazi apenas contaba con tres mil miembros, pero en 1945, cuando todo se hundió, eran ocho millones.

El paso desde partidos minúsculos a movimientos de masas les hizo cambiar sustancialmente. Eran partidos fundamentalmente de hombres, con mucha menos presencia de mujeres, y con una mayoría de afiliados jóvenes, por debajo de los treinta y cinco años de edad. Los primeros afiliados pudieron llegar al partido atraídos por las ideas, las promesas o el activismo violento del movimiento, pero detrás de los millones de ciudadanos que acudieron tras la conquista del poder había consideraciones más pragmáticas sobre las ventajas políticas y sociales de dar ese paso y a muchos trabajadores de ambos países se les obligó a afiliarse para no perder el puesto.

Según Overy, el «denominador común» que permitió el ascenso al poder de esos partidos fue el impacto de la Primera Guerra Mundial. Ni Hitler ni Stalin «hubieran podido alcanzar el poder supremo en dos de los más grandes y poderosos estados del mundo sin ese trastorno». Rusia pasó de la aristocracia zarista a una República comunista en nueve meses; y Alemania apenas tardó una semana en hacer el recorrido desde el Imperio autoritario a una República parlamentaria. Esos cambios tan bruscos provocaron violencia política y una severa crisis económica. Y además ambos Estados fueron tratados como «parias» por el resto de los países, uno por ser comunista y el otro porque fue considerado el responsable del estallido de la guerra en 1914. Esa percepción de aislamiento empujó a Rusia y a Alemania a formas extremas de hacer política y a la dictadura.

La guerra provocó también una militarización de la política, en la que, como aclara Enzo Traverso, «los métodos y las prácticas de la guerra de trincheras se transfieren a la sociedad civil, “brutalizando” el lenguaje y las formas de combate». Los combates revolucionarios en Rusia fueron protagonizados por revolucionarios en uniforme, «el pueblo armado», como lo llamaba Lenin. La concepción militar de la revolución, madurada en la guerra civil contra los blancos, dejó su impronta en toda la historia del comunismo. La milicia política paramilitar de los nazis, la Sturmabteilung (SA), creada en 1921, y que contaba con casi medio millón de miembros en 1932, fue organizada de acuerdo a un plan estrictamente militar, para mantener vivo el combate en las calles contra el comunismo. Y aunque el militarismo no fue una invención de esas dictaduras, Hitler y Stalin utilizaron la idea de un conflicto permanente como instrumento de legitimación de su dominio.

La tesis de Ernst Nolte es, en ese sentido, muy ilustrativa y provocadora. El supuesto básico del que parte Nolte es que la revolución bolchevique de 1917 creó una situación nueva en la historia mundial porque por primera vez «un partido ideológico había tomado el poder en forma exclusiva en un gran Estado y estaba manifestando en forma persuasiva la intención de desencadenar guerras civiles en todo el mundo». La revolución rusa representó, por lo tanto, «una tentativa violenta de realizar el socialismo», ese objetivo que desde Karl Marx y Friedrich Engels había despertado grandes esperanzas y odios. Desde que subieron al poder, los bolcheviques «llamaron a los proletarios y oprimidos de todo el mundo a la guerra contra el sistema capitalista» y, al menos hasta 1939, sus partidarios y adversarios en todos los países sabían que algún día llegaría el intento definitivo de establecer esa sociedad socialista sin clases en el resto del planeta.

Es normal, continúa Nolte, que una empresa de tal magnitud encontrara resistencias muy intensas. El más peculiar de esos movimientos de resistencia y «el que más pronto se apuntó cierto éxito» fue el Partido Fascista de Italia. Desde 1922, por lo tanto, momento de la subida al poder de Mussolini, ya existieron dos partidos «orientados a la guerra civil». Ambos se habían apoderado del Estado y contaban con partidarios en muchos países, pero, al fin y al cabo, eran Estados marginales al centro de Europa. La cosa cambió, sin embargo, cuando Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. La revolución bolchevique había abierto el camino a un «contramovimiento militante, que se podía apoyar en la todavía inquebrantable fuerza del nacionalismo», y lo encontró de verdad, como una «copia», en el nazismo. Esas dos fuerzas libraron una «guerra civil europea», un concepto que, para Nolte, sólo tiene sentido «si los dos antagonistas principales ocupan el centro del análisis: el bolchevismo, que desde 1917 formó un Estado, y el nacionalsocialismo, que se erigió en Estado desde 1933». La lucha final tuvo lugar desde 1941, aunque todo había comenzado en 1917.

El bolchevismo habría provocado así una reacción llamada fascismo, que, no obstante, vio en aquél un modelo a seguir. De ahí, escribe Nolte, que se pueda explicar «la historia de las relaciones recíprocas entre ambos movimientos o regímenes con la ayuda de los siguientes conceptos: desafío y reacción, original y copia, correspondencia y correspondencia extrema». Los bolcheviques golpearon primero, de forma más amenazadora, y lo que hizo el fascismo fue defenderse de la amenaza de la revolución. Ésa fue la relación de Hitler con el comunismo, la de odio y miedo a la vez, y miedo es lo que sintieron un gran número de contemporáneos de Hitler, alemanes y de otros países, un miedo justificado porque los comunistas de entonces eran partidarios del «levantamiento armado».

Ese conflicto entre revolución y contrarrevolución atravesó Europa desde la revolución rusa a la guerra civil española, pasando por la guerra civil finlandesa de 1918 o por el biennio rosso de 1918-1920. La explicación de esa «guerra civil europea» en términos de confrontación exclusiva entre comunismo y fascismo, como hace Nolte, resulta poco útil al dejar de lado otros fenómenos que dominaron el escenario europeo hasta la Segunda Guerra Mundial y que ya he descrito en este libro: por un lado, la crisis de la democracia liberal, de la política parlamentaria, del gobierno de la ley y de los derechos civiles; por otro, el surgimiento y la consolidación de las dictaduras de derechas en casi todo el continente. Las insurrecciones e intentos revolucionarios por parte de la izquierda, socialista, comunista o anarquista, fueron derrotados y en vísperas de la guerra total que cerró el período lo que se imponía en Europa eran regímenes autoritarios presididos por un dictador y un partido único. Por eso la confrontación final, entre el fascismo y el comunismo, entre la dictadura de Hitler y la de Stalin, resultó la decisiva.

Hitler y Stalin gozaron de poderes excepcionales, con amplios apoyos populares, basados en el culto a la personalidad y en la exagerada adulación. De acuerdo con Richard Overy, «esas formas extravagantes de culto político, evidente también en el caso de Mussolini, hicieron a esas dictaduras diferentes de otras formas de autoritarismo, por ejemplo las dictaduras militares o las monarquías no constitucionales, porque florecieron sólo en virtud de una estratagema política, a través de la construcción y comunicación del culto, y no como consecuencia de la fuerza o de la deferencia habitual».

Stalin procedía del mismo movimiento revolucionario que Lenin, quien ya había sido tratado como un dios en los meses anteriores a su muerte. En 1923 el término «leninismo» fue ya utilizado por primera vez por aquellos que querían guardar sus esencias y se preparaban para estar bien situados en la lucha por la sucesión. En el mismo año se comenzó la publicación de sus obras completas y la fundación del Instituto Lenin, abierto en 1924, que contenía un archivo, una biblioteca y un museo. Hubo a la vez un torrente de hagiografías, de creación de mitos y leyendas que hicieron al líder y al régimen más populares. Fue también el momento en el que aparecieron los grandes retratos de Lenin en las fachadas de los edificios públicos. Según Orlando Figes, «su vida privada fue nacionalizada. Se convirtió en una institución sagrada para consagrar al régimen estalinista».

Stalin, quien ya encabezó la guardia de honor en el funeral de Lenin, recogió su legado poniendo énfasis en la importancia del partido como vanguardia o fuerza dirigente del proletariado, pero incrementando a la vez su poder, a través de una disciplina de hierro y una centralización incontestable. Aparentemente, sobre todo en los primeros años, Stalin trató de transitar con cuidado desde el liderazgo colectivo al individual. La clave para explicar el creciente poder de Stalin, sostiene Figes, estuvo en su control del aparato del partido en las provincias, desde donde pudo promover a sus amigos y destituir a sus oponentes. Durante 1922, el año en que fue elegido secretario general del Partido Bolchevique, se nombró a más de diez mil funcionarios, la mayoría por recomendación personal de Stalin, que constituyeron el principal apoyo en su lucha por el poder frente a Trotski el año siguiente.

Stalin no teorizó sobre el culto a la personalidad y siempre lo explotó para asegurar su puesto como el verdadero heredero de la revolución de Lenin. Para Hitler, sin embargo, como señala Overy, «la personalidad era el criterio definidor del liderazgo y fue central en toda su perspectiva política». Ya le dedicó un capítulo al tema en Mein Kampf y creyó que él mismo personificaba su argumento de que los grandes hombres surgen de sociedades en crisis. La personalidad, y no la aptitud, la riqueza o el título, era, según Hitler, la llave que abría las puertas al supremo liderazgo político. Era el Führer, primero del partido nazi y a partir de 1933 de todos los alemanes. Führer era, por encima de «canciller» o «presidente», el término que mejor describía la personalidad del líder.

La guerra había sido una experiencia vital en la forja de los dos líderes, la Primera Guerra Mundial para Hitler y la guerra civil rusa para Stalin, y la guerra fue uno de los principales componentes de sus visiones del mundo. Ambos mantenían diferentes posiciones ante ella, porque para Hitler la guerra era un acto necesario para culminar su misión como líder de los alemanes y para Stalin, por el contrario, se trataba de algo defensivo frente a los intentos de destruir el Estado socialista. Pero, en realidad, como sostiene Overy, esas diferentes posturas produjeron una respuesta similar en los años treinta, «cuando Alemania y la Unión Soviética llegaron a estar dominadas por los preparativos militares y la movilización de la sociedad a través de líneas paramilitares». Alemania y Rusia, gracias a ese militarismo y a los planes gigantescos de rearme, pasaron en esos años de ser potencias militares de segunda fila, debilitadas en un caso por los términos del Tratado de Versalles y en el otro por la revolución, al estatus de superpoderes. Ellas iniciaron la carrera de armamento en los años treinta. A Hitler y Stalin les gustaba ser vistos en público vistiendo uniformes militares y los dos dictadores asumieron el mando supremo de sus fuerzas armadas —Hitler en febrero de 1938, Stalin en junio de 1941— para controlar el proceso de toma de decisiones militares y estratégicas que los llevaba inevitablemente al enfrentamiento.

Victoria total o derrota total: ése fue el dilema del combate a muerte entre Alemania y la Unión Soviética desde el verano de 1941 hasta la primavera de 1945. La destrucción de la Unión Soviética y del sistema comunista fue el objetivo primordial de la guerra lanzada por Alemania el 22 de junio de 1941 con el nombre de «Operación Barbarroja». Los «invasores alemanes», avisó Stalin en un comunicado difundido por la radio en noviembre de ese año, «quieren una guerra de exterminio contra los pueblos de la URSS». Para los líderes nazis, sin embargo, la victoria de la Unión Soviética, de ese «conglomerado de animales» que la componían, según escribía Joseph Goebbels en su diario, podría significar no sólo el final de Alemania, sino incluso de la civilización europea. «En un espantoso conflicto como éste —escribió Hitler en abril de 1945, cuando el Ejército Rojo se aproximaba a Berlín—, en una guerra en la que se enfrentan dos ideologías tan irreconciliables, el asunto sólo puede arreglarse, inevitablemente, por la destrucción total de un bando o del otro.»

No era ésa la impresión en agosto de 1939 cuando un pacto de no agresión fue firmado entre los dos estados, representados por sus ministros de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, unos días antes de que la guerra estallara entre Alemania, Gran Bretaña y Francia. Y a ese pacto le siguieron otros acuerdos y tratados de «amistad», por los que ambas potencias se dividían Polonia y el este de Europa en zonas de influencia, una soviética, otra alemana, o intercambiaban materias primas y equipamiento militar, porque ninguna quería entonces una guerra con la otra. Stalin aprobó el pacto, pese al sobresalto y escándalo que causó entre muchos comunistas y antifascistas del mundo, porque permitía a la Unión Soviética consolidar su posición de seguridad en Europa oriental y evitar entrar en la guerra entre potencias capitalistas. Para Alemania, el pacto allanaba el camino para la invasión de Polonia y le evitaba, en el caso casi seguro de que Gran Bretaña y Francia decidieran intervenir, hacer una guerra en dos frentes.

Antes de lanzar un ataque sobre Rusia, Hitler se había preocupado por recomponer todas las piezas del puzle, donde la neutralización, y eliminación, de las democracias occidentales era un prerrequisito para su expansión en el este y para poder cumplir con su intención de crear allí un Lebensraum. El pacto de Múnich de septiembre de 1938 y lo que ocurrió después con Checoslovaquia significó tanto la apoteosis como el final de la política de «apaciguamiento».

«Operación Verde» fue el nombre con el que Hitler designó el plan de conquista de un país con importantes recursos económicos y que, en términos estratégicos, era la puerta que abría el dominio del este. Las cosas, sin embargo, no iban a resultar tan fáciles como en Austria, porque Checoslovaquia era un país más rico y poderoso, con unas fuerzas armadas y una mayoría de la población dispuesta a resistir la invasión. Hermann Göring y los principales generales del ejército alemán le advirtieron a Hitler que era mejor asegurar concesiones graduales, que Francia y Gran Bretaña ya habían mostrado su disposición a aceptar, que correr el riesgo de iniciar una guerra para la que Alemania no estaba todavía preparada. Pero Hilter siguió con su idea de aplastar Checoslovaquia: «Viva la guerra», le dijo a Honrad Henlein, líder de los nazis checos, el 1 de septiembre de 1938, convencido de que las democracias, muy divididas políticamente y sin poderío militar, no intervendrían y, si no lo hacían ellas, tampoco Rusia acudiría en su ayuda.

Septiembre fue un mes de declaraciones pomposas, intensos contactos diplomáticos y de viajes de ida y vuelta. Dos veces voló Chamberlain a Alemania a encontrarse con Hitler, para explicarle que Francia y Gran Bretaña estaban de acuerdo con la cesión de los Sudetes al Reich. Chamberlain y Daladier culminaban con Checoslovaquia su política de «apaciguamiento», esa que consistía en evitar una nueva guerra a costa de aceptar las demandas revisionistas de los dictadores fascistas, siempre y cuando no se pusieran en peligro los intereses estratégicos de sus respectivos países. En el clímax de la crisis, en los días finales de septiembre, cuando Hitler le comunicó a Chamberlain que con los Sudetes no bastaba y que quería más, toda Checoslovaquia, el primer ministro británico les dijo a sus ciudadanos, en un discurso transmitido por la BBC, que parecía «horrible, fantástico, increíble» que tuvieran que comenzar a cavar trincheras y probar máscaras de gas «a causa de una disputa en un país lejano, entre gente de la que no sabemos nada». Era el 27 de septiembre. Dos días después, firmaba, junto con Daladier, Hitler y Mussolini, la sentencia de muerte para la única democracia que se mantenía en pie en esa amplia zona de Europa.

A la ceremonia de desmembramiento de Checoslovaquia ni siquiera fue invitado su jefe de Gobierno, Eduard Benes, quien eludió la responsabilidad por la capitulación, culpando exclusivamente a las grandes potencias europeas, dimitió el 5 de octubre y abandonó el país dos semanas después. Los polacos y los húngaros se sumaron también al reparto del pastel, consiguiendo territorios en sus fronteras a costa de checos y eslovacos. Cuando no había pasado ni un mes desde el acuerdo de Múnich, Hitler ordenó a sus fuerzas armadas que se prepararan para la «liquidación pacífica» de lo que quedaba de Checoslovaquia. A mediados de marzo de 1939, las tropas alemanas entraban en Praga.

Los historiadores discuten todavía si aquel pacto fue ineludible o si, por el contrario, septiembre de 1938 habría sido el momento apropiado para combatir al ejército alemán, menos poderoso y peor preparado para la guerra que un año después. Múnich significó la victoria del nuevo orden nazi en Europa sobre los «defensores de una época moribunda». Un nuevo orden que, según le dijo Joachim von Ribbentrop al conde Galeazzo Ciano, en una de esas charlas amistosas entre ministros fascistas de Asuntos Exteriores, «garantizaría la paz durante mil años». Mil años eran muchos, con un siglo valdría, le contestó Ciano.

Gran Bretaña y Francia aceleraron durante todos esos meses de 1939 el programa de rearme. Tras la invasión alemana de Checoslovaquia, Gran Bretaña abandonó la política de «apaciguamiento» y el 31 de marzo Chamberlain anunció que las dos democracias garantizarían la independencia de Polonia. El 25 de agosto, dos días después de la firma del pacto entre Ribbentrop y Molotov, Gran Bretaña y Polonia firmaron un tratado de asistencia mutua. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre, el gobierno británico lanzó un ultimátum a Alemania, que expiaría dos días más tarde. Un año después, tras el asombroso éxito militar del ejército alemán frente a las democracias occidentales, Hitler gozaba en su país de una popularidad y prestigio sin precedentes desde Bismarck. Mientras fue europea, Hitler ganó la guerra. Cuando el conflicto saltó de Europa, Rusia trasladó su producción industrial a su extenso territorio asiático y Estados Unidos entró en él en diciembre de 1941, las cosas comenzaron a cambiar. «La globalización —apunta Richard Vinen— perjudicó a Alemania», que carecía de marina de superficie y ya no podía atender a tantos frentes.

Con la firma del pacto de Múnich, que acabó con Checoslovaquia, las democracias occidentales le dieron también el estoque final a la República española, invalidando la estrategia de resistencia de Juan Negrín, el presidente del Gobierno, y de los españoles que creían en él. La victoria incondicional de las tropas del general Francisco Franco, el 1 de abril de 1939, inauguró la última de las dictaduras que se establecieron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura de Franco, como la de Hitler, Mussolini u otros dictadores derechistas de esos años, se apoyó en el rechazo de amplios sectores de la sociedad a la democracia liberal y a la revolución, quienes pedían a cambio una solución autoritaria que mantuviera el orden y fortaleciera al Estado.

LA DICTADURA DE FRANCO

Franco comenzó a construir el nuevo Estado en la guerra, en la lucha contra la República. En su apuesta por obtener el poder supremo, Franco, que no era el jefe de los sublevados en julio de 1936, jugó sus cartas con destreza y ambición. Se presentó ante periodistas y diplomáticos como el principal general de los sublevados y así informó también a alemanes e italianos, de tal forma que pocos días después del golpe de Estado en algunos ministerios de Asuntos Exteriores de Europa se referían ya a los rebeldes como «los franquistas». Dirigía además las tropas mejor preparadas del ejército español, los 47 000 soldados de la Legión Extranjera y de los Regulares Indígenas, que logró pasar a la Península gracias a los aviones de transporte y bombarderos que le enviaron Hitler y Mussolini. Ése fue el factor decisivo que colocó a Franco como el mejor candidato en la lucha por el poder: el control del ejército de África y la solución rápida que le dio al transporte de esas tropas a la Península, asegurándose así que la ayuda de las potencias fascistas pasara por sus manos.

El primer objetivo era crear un mando militar único y un aparato político centralizado. Las autoridades del Tercer Reich que negociaban con Franco el préstamo de material de guerra le presionaban desde finales de agosto para que tomara las riendas. El 1 de octubre de 1936 Franco fue nombrado «Jefe del Gobierno del Estado español». En la ceremonia de investidura el general Miguel Cabanellas, en presencia de diplomáticos de Italia, Alemania y Portugal, le entregó el poder en nombre de la Junta de Defensa que presidía desde el 24 de julio. Franco adoptó el título de «Caudillo», que le conectaba con los guerreros medievales.

Todas las fuerzas políticas que apoyaron la sublevación militar defendían a finales de 1936, asumido ya el mando supremo por Franco, algún tipo de unificación, aunque el problema residía en dilucidar quién ocuparía más cuotas de poder. En este punto, todos temían a Falange, que había experimentado un crecimiento espectacular en los primeros meses de la guerra civil, cuando una buena parte de sus dirigentes, algunos de ellos liberados de las cárceles por la sublevación militar, centraron sus energías en la labor de encuadramiento y recluta de nuevos miembros llegados en aluvión al partido fascista. Era una organización pequeña antes de las elecciones de febrero de 1936, aunque la derrota electoral de la CEDA y la fascistización de la derecha en los meses siguientes había multiplicado sus efectivos en vísperas del golpe de Estado. Su discurso radical y estructura paramilitar, además del descrédito de las organizaciones como la CEDA, que habían aceptado el juego de la legalidad republicana, hicieron de polo de atracción cuando las armas sustituyeron a la política. En el mes de octubre de 1936 había más de 36 000 falangistas en los frentes, junto a más de 22 000 carlistas y más de seis mil de otras tendencias, como los alfonsinos o cedistas.

Franco pensaba en un partido que le ayudara a concentrar todavía más el poder en su persona. También le presionaban en esa dirección los fascistas italianos. En febrero de 1937, un enviado de Mussolini, Roberto Farinacci, que desde las posiciones más radicales y violentas de los squadristi se había aupado a la secretaría del Partido Fascista italiano, instó a Franco a que creara «con las fuerzas que han dado combatientes», un Partido Nacional Español, con un auténtico programa fascista y corporativo.

Por esos mismos días apareció en Salamanca Ramón Serrano Suñer, tras lograr escapar del Madrid rojo con la ayuda del doctor Gregorio Marañón. Serrano Suñer había salido elegido diputado de la CEDA en 1933 y 1936 en Zaragoza, ciudad donde ejercía la abogacía. Estaba casado con la hermana menor de Carmen Polo, Ramona o «Zita» Polo, y era amigo íntimo de José Antonio desde su época de estudiante en la Universidad Central de Madrid. Serrano Suñer, según Joan Maria Thomas, «sería quien finalmente daría forma específica a las ideas de Franco de confirmación de un régimen de partido único».

Serrano Suñer le explicó a Franco que lo que él dirigía era un «Estado campamental», poco eficaz y de mentalidad cuartelera, que tenía que ser sustituido por una maquinaria política permanente, un nuevo Estado similar al de los fascismos. El plan de Serrano Suñer consistía en crear un movimiento político de masas a partir de la unión de Falange y la Comunión Tradicionalista Carlista, una empresa en la que el hermano de Franco, Nicolás, su hombre de confianza hasta que llegó Serrano Suñer, no había tenido éxito.

Franco convocó primero al conde de Rodezno y a otros dirigentes tradicionalistas navarros para comunicarles su decisión: no habría negociaciones entre los dos grupos, algo que podría reproducir los enfrentamientos partidistas de la democracia, y sería él quien decretaría la unificación. La Falange le preocupaba más, porque era un partido mayor, con ambiciones totalitarias, pero sus dirigentes, desde la muerte de José Antonio, estaban enzarzados en una lucha por el poder: Hedilla por un lado, auxiliado muy de cerca por dos amigos cántabros como él, el periodista Víctor de la Serna, hijo de la novelista Concha Espina, y Maximiano García Venero; y los jefes de las milicias, Agustín Aznar y Sancho Dávila, por otro.

Esa lucha por el poder desembocó en una reyerta sangrienta entre los dos grupos rivales, lo cual fue aprovechado por Serrano Suñer para silenciar cualquier foco de resistencia a la unificación. El 19 de abril de 1937 se dio a conocer el decreto de unificación, que constaba de un largo preámbulo y de tres puntos, elaborado por Serrano Suñer. Falange Española y los Requetés se unían bajo la jefatura de Franco en una «sola entidad política nacional», Falange Española Tradicionalista y de las JONS, «enlace entre el Estado y la sociedad», donde la «espiritualidad católica» de los Requetés, «la fuerza tradicional», se integraba en «la fuerza nueva», como había pasado «en otros países de régimen totalitario». Todos los demás grupos políticos que habían sustentado también el esfuerzo bélico de los rebeldes, incluidos los alfonsinos y los cedistas, quedaban excluidos.

Pese a que Franco era el jefe indiscutible y la unificación trató de dar satisfacción a los diferentes grupos del bando insurgente, la Falange salió al principio muy beneficiada y sus dirigentes ocuparon los puestos más importantes en la administración y en el partido. Las principales delegaciones nacionales del nuevo partido fueron a parar también a ex falangistas de José Antonio: la Sección Femenina a Pilar Primo de Rivera; Prensa y Propaganda al cura navarro Fermín Yzurdiaga; Auxilio Social, el nuevo nombre con el que se conoció Auxilio de Invierno, a Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo. Y otros dirigentes que habían sido encarcelados por los sucesos de abril de 1937, como Agustín Aznar y Sancho Dávila, fueron rehabilitados y promovidos a cargos importantes. Ningún antiguo jerarca de Falange, con la excepción de algunos hedillistas, se quedó fuera del reparto del pastel. Allí estaban Dionisio Ridruejo, Alfonso García Valdecasas, José Antonio Giménez Arnau, Pedro Gamero del Castillo, Antonio Tovar o Julián Pemartín.

El principal fruto político de esa nueva etapa fue la aprobación el 9 de marzo de 1938 del Fuero del Trabajo, una especie de falsa Constitución basada en la Carta del lavoro del fascismo italiano. Fue un texto de compromiso entre el falangismo, representado por Ridruejo, y el tradicionalismo católico, cuya huella en el texto dejó Eduardo Aunós, de Acción Española; un término medio entre el «capitalismo liberal y el materialismo marxista», que garantizaría a los españoles «Patria, pan y justicia en un estilo militar y seriamente religioso».

Fascismo y catolicismo, de esos mimbres estaba formado ese Nuevo Estado que emergió conforme la guerra avanzaba. Por un lado, se exaltaba al líder, Caudillo, como el Führer o el Duce, se imponía el brazo en alto como saludo nacional y la camisa azul; por el otro, aparecían los ritos y las manifestaciones religiosas, las procesiones, misas de campaña y las ceremonias político-religiosas de tipo medievalizante. La España sublevada comenzó a ser un territorio especialmente apto para la «armonización» del fascismo, de la «moderna corriente autoritaria», con la «gloriosa tradición».

La radicalización que el fascismo aportó a los proyectos y prácticas contrarrevolucionarios, su potencial totalitario, la pureza y exclusivismo ideológico y la experiencia de la guerra de exterminio puesta en marcha por los militares rebeldes desde julio de 1936, se fusionó con la restauración de esa consustancialidad histórica entre el catolicismo y la identidad nacional española. El catolicismo era el antídoto perfecto frente a la República laica, el separatismo y las ideologías revolucionarias. Se convirtió en el vínculo perfecto para todos los que se adhirieron al bando rebelde, desde los más fascistas hasta quienes se habían proclamado como republicanos de derechas.

Franco, su ejército, y la coalición de fuerzas que les apoyó, mandaron en España a partir del 1 de abril de 1939 y juntos se mantuvieron, sin apenas fisuras, durante casi cuarenta años. El 19 de mayo de 1939, 120 000 soldados desfilaron ante su Caudillo como «Ejército triunfador y pueblo hecho milicia», en una apoteósica ceremonia político-militar en la que España, según el resumen de ABC del día siguiente, mostró «al mundo el poderío de las armas forjadoras del Nuevo Estado», de la «segunda reconquista». Franco, situado en la tribuna levantada en el paseo de la Castellana, vestía uniforme militar, con la camisa azul de Falange y la boina roja de los carlistas. El desfile lo encabezó el general Andrés Saliquet. Por allí pasaron durante cinco horas todos los que habían contribuido a forjar la victoria y a llenar de sangre el territorio español: los camisas negras italianos, los falangistas, los carlistas con sus crucifijos, las tropas regulares, la legión extranjera y los mercenarios moros. Cerraba el desfile el general Wolfram von Richthofen de la Legión Cóndor. Varios aviones formaron en el cielo las letras de ¡Viva Franco! En su discurso, Franco dejó bien clara su determinación de borrar del mapa a las fuerzas políticas derrotadas en la guerra y de permanecer siempre alerta contra «el espíritu judío que permitió la alianza del gran capital con el marxismo».

En el primer gobierno nombrado por Franco después de la guerra, el 9 de agosto de 1939, los militares ocuparon cinco de los catorce puestos, entre ellos, y como iba a ser habitual durante toda la dictadura, los entonces creados Ministerio del Ejército, de la Marina y del Aire. Durante los primeros años de la posguerra, hasta la derrota de las potencias del Eje en 1945, los militares tuvieron una importante presencia en los cargos ministeriales y en la administración del Estado.

Pero los vientos que soplaban por entonces en Europa eran fascistas, procedentes sobre todo de la Alemania nazi, y eso generó notables tensiones políticas entre los militares y los dirigentes falangistas. La intervención alemana e italiana había sido decisiva para el triunfo de las tropas de Franco frente a la República, y en los meses que transcurrieron entre el final de la guerra civil y el inicio de la Segunda Guerra Mundial la política exterior franquista se había alineado con las potencias fascistas, adhiriéndose en abril al Pacto AntiComintern, el acuerdo establecido entre Alemania, Italia y Japón para luchar contra el comunismo. Sin embargo, cuando el ejército nazi invadió Polonia y Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, Franco promulgó un decreto en el que ordenaba «la más estricta neutralidad a los súbditos españoles». Era una política de aparente equidistancia, en un momento en el que ni siquiera Italia había entrado en la guerra, que iba a resultar muy difícil de mantener en aquella Europa tan turbulenta.

La prueba de fuego para esa neutralidad llegó un año después, en la primavera de 1940, con la súbita y victoriosa invasión de Holanda, Bélgica y Francia por el ejército nazi. Benito Mussolini consideró que ése era el momento oportuno para que Italia entrara en la guerra, para recoger así los frutos de la victoria, y Franco, convencido también del ineludible triunfo fascista, preparó el camino para poder intervenir como beligerante en el reparto del botín imperial a costa de las potencias democráticas. La intención era, en palabras de Ramón Serrano Suñer, quien compartió con Franco esa estrategia diplomática, «entrar en la guerra en el momento de la victoria alemana, a la hora de los últimos tiros». A la espera de poder dar ese crucial paso, el gobierno de Franco abandonó la «estricta neutralidad» y se declaró, el 13 de junio de 1940, no beligerante, imitando lo que había hecho Mussolini justo hasta ese momento, una fórmula por la que se reconocía explícitamente la simpatía por el bando del Eje.

El problema era la desastrosa situación económica y militar de España, apenas un año después de finalizada la guerra civil, y las ambiciosas peticiones que Franco reclamaba como premio. El ejército no estaba «en modo alguno» preparado para entrar en la guerra mundial, según informaba el general Alfredo Kindelán en marzo de 1940, y como recordaba poco después el almirante Wilhelm Canaris, jefe del servicio secreto militar alemán, España tenía «una situación interna muy mala», con escasez de alimentos y materias primas, y sería más una carga que una ayuda: «Tendríamos un aliado que nos costaría muy caro». Y a cambio, además, Franco pidió a Hitler Gibraltar, el Marruecos francés, el Oranesado (región noroccidental de Argelia) y el suministro de alimentos, petróleo y armas.

Las peticiones le llegaron a Hitler a través de una carta que el general Juan Vigón le entregó en mano en junio y una visita de Ramón Serrano Suñer, ministro de Gobernación, en septiembre. Los alemanes, como dejó bien claro su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, no valoraban positivamente la beligerancia española, porque la consideraban una carga económica y militar, y plantearon además la exigencia de establecer bases militares en las islas Canarias. Así las cosas, las dos delegaciones diplomáticas acordaron tratar los puntos fundamentales de la negociación en un encuentro entre el Führer y el Caudillo. El histórico encuentro se celebró en Hendaya el miércoles 23 de octubre de 1940. Para preparar las medidas de seguridad de esa reunión, Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y jefe del entramado policial nazi, visitó Madrid tres días antes. Allí fue recibido con todos los honores y parafernalia fascista por Serrano Suñer, a quien Franco acababa de nombrar ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de Juan Beigbeder. Mussolini le dijo a Hitler que ese cambio en la diplomacia franquista garantizaba «que las tendencias hostiles al Eje están eliminadas o al menos neutralizadas», pero insistía en su «convicción de que la no beligerancia española es más ventajosa para nosotros que su intervención».

La entrevista se celebró en el Erika, el tren especial del Führer, y estuvieron presentes von Ribbentrop y Serrano Suñer, junto con los dos intérpretes. Como ha señalado Paul Preston, «pese al mito de la bravura de Franco frente a las amenazas de Hitler», éste no fue a Hendaya a «exigir la entrada inmediata de España en la guerra». Hitler no aceptó las exigencias de Franco y España no entró en la guerra, porque no podía, dada su desastrosa situación económica y militar, y además porque su intervención tenía costes demasiado altos para que Hitler, y Mussolini, con quien Franco se entrevistó en Bordighera en febrero de 1941, pudieran aceptarla. Hitler y Mussolini siempre consideraron a Franco como el dictador de un país débil que apenas contaba en las relaciones internacionales. Otra cosa es lo que dijo la propaganda franquista, hasta convertirlo en un mito que todavía se repite hoy: que Franco, con habilidad y prudencia, burló y resistió las amenazas del líder nazi, consiguiendo que España no participara en la Segunda Guerra Mundial. Una aventura, por otro lado, que, dado el transcurso de la historia, hubiera resultado fatal para el franquismo.

El fervor de Franco y del sector más fascista de su dictadura por la causa nazi y contra el comunismo se manifestó, pese a la no beligerancia oficial española, en la creación de la División Azul. Cuando en junio de 1941 comenzó la «Operación Barbarroja» y las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética, miles de falangistas, militares y excombatientes en la guerra civil española vieron la oportunidad de continuar en territorio ruso la cruzada antibolchevique. Por esa División, mandada por el general falangista Agustín Muñoz Grandes, llegaron a pasar cerca de 47 000 combatientes, que estuvieron en el frente norte ruso y en el asedio a Leningrado. Cobraban los haberes de un soldado alemán, además de un subsidio que recibían sus familias, y se les prometió trabajo a su regreso, aunque cinco mil de ellos murieron en combate en aquel frente oriental.

Los aires fascistas soplaron también es esos años en la política interior de la Dictadura, que vivió su período máximo de fascistización, iniciado ya en la guerra civil con la intervención alemana e italiana. Fue también el momento de mayor poder y gloria para Ramón Serrano Suñer, ministro de Gobernación desde enero de 1938, un cargo que no abandonó hasta mayo de 1941, jefe de la Junta Política de la entonces influyente Falange y ministro de Asuntos Exteriores desde el 16 de octubre de 1940. Serrano Suñer tuvo también un papel destacado en la persecución de los republicanos españoles refugiados entonces en Francia y pactó con Himmler una estrecha colaboración entre la Gestapo y la policía franquista.

Serrano Suñer trazó en esos primeros años de fascistización de la Dictadura un plan de adoctrinamiento, propaganda y movilización social, que Franco apoyó mientras duraron los éxitos militares de las potencias del Eje. La voluntad de control de la opinión pública se manifestó en la puesta en marcha de una extensa cadena de Prensa de Movimiento, de una red de emisoras de radio y de un Noticiario Documental (NO-DO) de obligada proyección en todos los cines. La Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, que estuvo vigente hasta la ley de 1966, convirtió a los medios de comunicación, como se decía en su preámbulo, en órganos decisivos «en la formación de la cultura popular y sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva».

El partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS, denominado también Movimiento Nacional, pasó de 240 000 afiliados en 1937 a casi un millón en 1942. Sus dirigentes, junto con los militares, ocupaban los altos cargos de la administración central y falangistas eran también muchos de los gobernadores civiles, alcaldes y concejales. Las principales secciones de la organización, que antes de la guerra civil, como el partido en general, apenas tenían afiliados, se convirtieron en instituciones estatales. El Sindicato Especial Universitario (SEU) fue el instrumento de control de los universitarios, obligados desde 1943 a inscribirse en él. El Frente de Juventudes se encargó de la educación política y paramilitar de miles de jóvenes. Y la Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange, formó a las mujeres españolas en la sumisión y subordinación a los hombres. Desde mayo de 1940, todas las mujeres tenían que prestar un Servicio Social de un mínimo de seis meses, con el que se obtenía un certificado imprescindible para ejercer una profesión, obtener títulos académicos o conseguir un pasaporte.

Aunque algunos generales mantuvieron en esos años puntos de fricción con Franco, sobre todo los partidarios de la restauración de la monarquía, en realidad la posibilidad de que hubiera una conspiración seria para retirar a Franco del poder era impensable. Todos habían ganado la guerra y nadie iba a arriesgar su carrera abriendo la puerta a un posible conflicto en el que nunca sería secundado por los oficiales de rango medio, esos coroneles, comandantes y capitanes que pertenecían a la generación que había estudiado en la Academia General Militar de Zaragoza cuando Franco era su director, desde 1927 hasta 1931, y que mostraban una lealtad incondicional hacia el Caudillo como salvador de España.

La suerte de la Segunda Guerra Mundial estaba, además, cambiando y, tras la entrada de Estados Unidos en el bando aliado en diciembre de 1941 y las dificultades alemanas en el frente ruso, ya no estaba tan claro que las potencias del Eje pudieran ganar la guerra fácilmente. El desembarco de las fuerzas aliadas en Sicilia, el 9 de julio de 1943, y la destitución de Mussolini unos días después, poniendo fin a una dictadura fascista de dos décadas, aconsejaban abandonar la no beligerancia de los últimos tres años y el 1 de octubre de 1943 Franco proclamó de nuevo la «estricta neutralidad» de España en la guerra y anunció la retirada de la División Azul de la URSS. A partir de ese momento, decidido a sobrevivir al fascismo en Europa, la propaganda de la Dictadura comenzó a presentar a Franco como un estadista neutral e imparcial que había sabido librar a España del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Había que desprenderse de las apariencias fascistas y resaltar la base católica, la identificación esencial entre el catolicismo y la tradición española. El régimen que había salido de la guerra civil nada tenía que ver con el fascismo, declaró Franco en una entrevista a United Press el 7 de noviembre de 1944, porque el fascismo no incluía al catolicismo como principio básico. Lo que había en España era una «democracia orgánica» y católica.

Cayeron los fascismos y Franco siguió, aunque su dictadura tuvo que vivir unos años de ostracismo internacional. El 19 de junio de 1945, la conferencia fundacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada en San Francisco, aprobó una propuesta mexicana que vetaba expresamente el ingreso de España en el nuevo organismo. A ese veto siguieron diferentes condenas, el cierre de la frontera francesa o la retirada de embajadores, pero nunca llegaría lo que esperaban muchos republicanos en el exilio y en la propia España: que las potencias democráticas expulsaran a Franco por ser un sangriento dictador, elevado al poder con la ayuda de las armas de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

En realidad, la España de Franco no tenía, ni podía tener, un papel central en la política internacional en esos años y, según Enrique Moradiellos, «las potencias democráticas, ante la alternativa de soportar a un Franco inofensivo o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace, resolvieron aguantar su presencia como mal menor e inevitable». Además, por muy democráticas que fueras esas naciones, la Dictadura de Franco siempre contó en el mundo con la simpatía y el apoyo de amplios sectores católicos y conservadores. Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia, estaba convencido de que las grandes potencias occidentales capitalistas no tomarían ninguna medida enérgica, militar o económica, contra una España católica y anticomunista. Se lo dijo a Franco en uno de los informes que le enviaba a menudo en aquellas difíciles fechas: «La única fórmula para nosotros no puede ser otra que: orden, unidad y aguantar». Treinta años más duró esa fórmula.

El discurso del orden, de la patria y de la religión se había impuesto al de la democracia, la República y la revolución. En la larga y cruel dictadura de Franco reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX, si se compara con la de los otros países capitalistas occidentales. Fue la única dictadura, junto con la de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, creada en la Europa de entreguerras que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió. El lado más oscuro de esa guerra civil europea, de ese tiempo de odios, que acabó en 1945, tuvo todavía larga vida en España.

VII
Tiempo de odios

En el siglo que transcurrió entre el Congreso de Viena en 1815, que puso fin a la era de Napoleón, y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Europa fue el escenario de dos grandes guerras que destacaron sobre otros conflictos más localizados: la guerra de Crimea, de 1854-1856, dejó unos cuatrocientos mil muertos; la que enfrentó a Francia y a Prusia, en 1870-1871, causó 184 000 víctimas. La violencia, la muerte y el sufrimiento no son sólo asuntos de estadísticas, pero lo que ocurrió en el mismo continente entre 1914 y 1945, con importantes secuelas en los tres siguientes años, contrasta profundamente con las décadas que le precedieron y no tuvo equivalente en la segunda mitad del siglo XX, pese a la reaparición de la violencia en Bosnia y Kosovo en los años noventa. Más de ocho millones de muertos en la Primera Guerra Mundial y un mínimo de cuarenta millones, entre civiles y militares, en la Segunda, ilustran esas diferencias cuantitativas, aunque las «cualitativas», posiblemente, nos digan muchas más cosas.

Antes de 1914, los civiles muertos en las guerras eran pocos comparados con quienes las combatían. En la Primera Guerra Mundial, las víctimas civiles mortales ya representaron un tercio del total; en la Segunda, superaron los dos tercios. El «embrutecimiento» causado por la primera de esas guerras, con terribles consecuencias, dio paso a que las poblaciones civiles se convirtieran en objeto de acoso y destrucción, un fenómeno ya evidente en las guerras civiles de ese período, en Finlandia, Rusia, España y Grecia, y que marcó de forma prominente la confrontación entre estados entre 1939 y 1945.

Millones de personas fueron desplazadas forzosamente en los años que siguieron a esas dos guerras mundiales, entre 1918 y 1922 y 1945 y 1950. La frontera entre población civil y militar se difuminó y también la línea entre enemigo interno y externo. Términos como represión, terror, limpieza étnica y genocidio van inextricablemente unidos a esa «guerra de treinta años», como la ha llamado Arno J. Mayer. La violencia marcó esa época, sin duda, y los historiadores han buscado adjetivos para calificarla. Fue una «era de catástrofe», según Eric J. Hobsbawm. Una época de «atrocidad moral», dice Charles Maier.

¿Qué fue lo que causó ese tremendo salto al abismo? En la Primera Guerra Mundial reside una parte importante de la respuesta, pero, como señala Ian Kershaw, las raíces de esa violencia parecen más profundas y van más allá de la guerra misma. La idealización y ensalzamiento de la violencia como una forma de protesta política y social frente a la decadente sociedad burguesa comenzó a extenderse desde finales del siglo XIX en algunos círculos nacionalistas, especialmente en los territorios con mezcla étnica, y en otros marxistas y revolucionarios, que defendían el uso de la fuerza para cambiar la sociedad. Las principales potencias imperialistas, por otro lado, ejercían una importante violencia en los territorios colonizados, aunque estuviera ausente en las metrópolis, con justificaciones de la represión sobre pueblos inferiores, que alimentaron planteamientos ideológicos racistas más elaborados después de 1914. En los Balcanes, por ejemplo, la exclusión de «elementos inferiores» sirvió de pretexto para las masacres de armenios en los momentos finales del derrumbe del Imperio otomano.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el destino de Europa comenzó a decidirse por la fuerza de las armas. Fue una guerra de una escala sin precedentes, con dos frentes principales, uno occidental y otro oriental, con la aparición, por primera vez en la historia, de los bombardeos aéreos, después de que las batallas por tierra y por mar hubieran sido durante mucho tiempo las principales manifestaciones de la guerra. Ya a comienzos de 1915 hubo ataques con bombas desde el aire, ejecutados por británicos y alemanes. Y las atrocidades cometidas sobre la población civil demuestran que esa guerra inauguró una nueva época en la violencia entre Estados, que alcanzó su cenit en la Segunda Guerra Mundial. Según la investigación de John Horme y Alan Kramer, 6427 civiles belgas y franceses fueron asesinados por las tropas alemanas invasoras en agosto de 1914, apenas comenzada la guerra, y la persecución y muerte de civiles fue también habitual en el frente este, protagonizada por soldados alemanes, austriacos y rusos. Cientos de miles de lituanos, letones, polacos y judíos fueron deportados al interior de Rusia. Aunque el ejemplo más claro de ese «embrutecimiento» alimentado por la Gran Guerra, un claro precedente del genocidio nazi, fue el asesinato a sangre fría de al menos ochocientos mil armenios, entre 1915 y 1916, por las fuerzas armadas otomanas, una acción deliberadamente planeada y llevada a cabo por las elites del Estado otomano.

La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de la escalada de la violencia en esa era de «atrocidad moral», porque borró la línea entre el enemigo interno y externo, fue el escenario de los primeros ejemplos de exterminio masivo de la historia y de ella salieron el comunismo y el fascismo, los movimientos paramilitares y la militarización de la política. Por eso comienzo este capítulo de tiempo de odios con el relato de lo que pasó en Rusia durante la revolución y la guerra civil, productos directos de esa guerra mundial, y con su impacto en otras sociedades, para seguir después con Alemania, el otro epicentro de la violencia política, y la extensión de las políticas de exterminio nazi a otros países de Europa.

TERROR ROJO, TERROR BLANCO

La quiebra del Imperio de los Romanov, con las dos revoluciones y la guerra civil que le siguieron, de donde emergió un nuevo Estado, el comunista, un proceso que duró alrededor de una década, costó a Rusia diez millones de muertos. El hambre, que se extendió sobre todo por la región del Volga entre 1921 y 1922, mató más que la revolución y la guerra civil, llevándose a las tumbas a unos cinco millones de personas. Rusia era ya una sociedad con altos niveles de violencia, pero el derrumbe del orden y de la autoridad del Estado, la guerra y la desmovilización de millones de ciudadanos armados, el delineamiento ideológico, revolucionario y contrarrevolucionario, con diversas divisiones internas en los dos bandos, abrieron las puertas a múltiples manifestaciones de violencia y terror. «La vida había llegado a ser tan barata», escribe Orlando Figes, que a la gente no le importaba matarse o que otros mataran a millones en su nombre. «Siete años de guerra habían embrutecido a la gente y la hizo insensible al dolor y al sufrimiento de los otros.»

En medio del hambre, hubo muchos casos de canibalismo, gente que se comía a sus propios familiares, y la caza y el asesinato de personas para comérselos fue también un fenómeno común. La criminalidad, el bandolerismo, la prostitución y la pedofilia ilustran también la destrucción de la familia y de muchas de las redes comunales que habían mantenido la estructura social durante el zarismo. Masas de niños huérfanos, millones, cuyos padres habían muerto o les habían abandonado, vagaban por las calles, vivían en las estaciones, basureros, bodegas o en cualquier agujero que encontraban como cobijo, todo un símbolo, según Figes, de la «desintegración social de Rusia».

A la revolución le acompañó desde el principio el terror. Antes de que el sistema policial de las checas se centralizara y organizara desde arriba el terror político y se constituyeran los tribunales populares como forma de administrar justicia, amplios sectores de las clases populares, incitadas a veces por los bolcheviques y otros revolucionarios, hicieron la guerra por su cuenta a los privilegiados, a los burgueses, a la nobleza y al clero, y a los «enemigos de clase». Lenin siempre abogó por utilizar la violencia contra los enemigos de la revolución, y en esa explosión de violencia, y en la necesidad de controlarla por parte de los bolcheviques, se encuentran las bases de lo que sería el aparato de seguridad y represión de la dictadura estalinista.

La ejecución de los Romanov fue una prueba clara de que el terror iba a constituir un componente primordial de la revolución y de la guerra civil combatida por los bolcheviques para defenderla y consolidarla. Tras su abdicación en marzo de 1917, Nicolás II y su familia permanecieron bajo arresto en su residencia real en San Petersburgo, en la Villa de los Zares, Tsarkoe Selo, hasta que a mediados de agosto, Kerenski, el jefe del Gobierno provisional, preocupado por la seguridad del zar y por la posibilidad de que la multitud asaltara el palacio, ordenó que evacuaran a la familia a la ciudad siberiana de Tobolsk, a la residencia de un antiguo gobernador. Allí se enteró el zar de la revolución de octubre y su situación comenzó a cambiar en los primeros meses de 1918, cuando los bolcheviques de la cercana ciudad de Ekaterimburgo pidieron tenerlo bajo su control. El plan de Trotski, sin embargo, era conducir al zar a Moscú, nueva capital de Rusia desde marzo de ese año, y hacerle un juicio público a la manera del que habían hecho los revolucionarios franceses a Luis XVI, antes de llevarlo a la guillotina el 21 de enero de 1793.

El plan de Trotski no pudo realizarse porque los bolcheviques de Ekaterimburgo trasladaron allí a la familia real, el 30 de abril al zar y a la zarina, y el 23 de mayo al resto de la familia, y los encerraron en una casa confiscada a Nikolái Ipatev, un hombre de negocios. En la noche del 16 al 17 de julio, Yákov Yurovsky, el jefe de la checa de la ciudad, obedeciendo órdenes de los dirigentes del Partido Bolchevique en Moscú, entró en la casa con once hombres armados y asesinaron en el sótano a toda la familia real, al médico del zar y a algunos de sus sirvientes. Los cuerpos fueron enterrados cerca de la casa, aunque el lugar exacto de las fosas no se descubrió hasta después de la caída del régimen soviético.

Con la revolución se extendió también la ira popular y bolchevique contra la religión y el clero. Hasta 1921, la batalla se libró en el terreno de la propaganda y giró en torno a los símbolos y rituales religiosos. En enero de 1918 los bolcheviques decretaron la separación entre la Iglesia y el Estado. La educación religiosa en las escuelas fue prohibida y muchos sacerdotes fueron encarcelados. Pero a partir de 1921, como señala Figes, la guerra contra la religión subió varios peldaños con el cierre de iglesias y el asesinato del clero. El 26 de febrero de 1922 un decreto ordenó a los sóviets requisar todos los objetos de valor de las iglesias y hubo combates entre grupos que entraban en ellas a saco y otros, dirigidos a veces por sacerdotes, que las defendían. Unos siete mil miembros del clero, incluidas 3500 monjas, fueron asesinados en esos años. Ya con Stalin, la religión fue vista como un obstáculo poderoso a la modernización de la sociedad soviética y la persecución no cesó. La mayoría de los edificios religiosos fueron dinamitados, cerrados o confiscados por las autoridades.

La guerra civil dejó también abundantes manifestaciones de violencia en el otro lado, del terror blanco contra los campesinos que se oponían a la restauración del viejo orden y contra los judíos, a quienes veían como agentes principales de la revolución y de los bolcheviques. En los pogromos protagonizados por las tropas del general Denikin, se mataba a los judíos para robarles y como venganza por el terror rojo. Cuando capturaban una ciudad, los oficiales del ejército Blanco dejaban a sus soldados dos o tres días de libertad para saquear propiedades y matar judíos, acciones en las que destacaron a menudo los cosacos. Unos cien mil judíos habían sido víctimas de ese terror en 1920, cuando la guerra civil entraba en su fase final.

Rojo y blanco eran asimismo los términos que identificaron a los dos bandos en lucha en la corta pero violenta guerra civil finlandesa que se libró en los primeros meses de 1918. El Gran Ducado de Finlandia pasó a ser gobernado por Rusia en 1809, después de haber sido parte de Suecia desde la Edad Media. La caída de la autocracia rusa en marzo de 1917 acarreó el colapso de la autoridad imperial en Finlandia, e introdujo un período de confusión y debate respecto al futuro de la nación. Finlandia quedó sumida en el caos porque, como señala Risto Alapuro, «las únicas fuerzas armadas en las que el Estado podía confiar en una posible crisis eran las tropas imperiales alojadas en el país y la revolución rusa paralizó en gran medida esa fuerza». El malestar social creció. El Partido Social Demócrata, que en 1916 había llegado a ser el primer partido marxista del mundo en lograr una mayoría absoluta en una elección democrática antes de la revolución rusa, creó las «guardias obreras», conocidas después como las «guardias rojas», en respuesta a la creciente presencia de las «guardias civiles», o «guardias blancas», compuestas de grupos antiobreros y antisocialistas.

La revolución bolchevique de octubre planteó de nuevo el problema de quién debía ejercer la autoridad soberana y el parlamento proclamó la independencia de Finlandia el 6 de diciembre de 1917. El 25 de enero de 1918, el día en que las guardias blancas fueron proclamadas oficialmente las tropas del gobierno conservador de Pehr Svinhufvud, un comité creado por el Partido Social Demócrata decidió tomar el poder. La guerra civil comenzó en la noche del 27 al 28 de enero. Para los socialistas, esa guerra civil fue una batalla por la conservación de la democracia y, al mismo tiempo, una guerra revolucionaria. Para los blancos, fue una guerra de liberación, un combate por liberar al país de la influencia maligna del bolchevismo. Las guardias rojas controlaron muy pronto la situación en Helsinki y establecieron un gobierno revolucionario. Las fuerzas blancas, mandadas por el general Carl Mannerheim, un antiguo oficial de las tropas imperiales rusas, crearon un gobierno en Vaasa. A comienzos de febrero, el país estaba dividido entre un área en el sur controlada por el gobierno rojo de Helsinki y la zona del norte donde dominaba el gobierno de Svinhufvud apoyado por las guardias blancas de Mannerheim. Los rojos controlaban la industria y la mayoría de las ciudades importantes del país. Los blancos, aunque inferiores en número, estaban mejor equipados, mejor organizados y más unidos que sus oponentes.

La guerra civil finlandesa duró tres meses. Helsinki se rindió a las fuerzas expedicionarias alemanas del general Rüdiger von der Goltz el 13 de abril. Dos semanas después, los dirigentes de las guardias rojas y varios miembros del gobierno revolucionario huyeron a Rusia. El final de la guerra se celebró el 16 de mayo con un desfile militar de la victoria encabezado por el general Mannerheim montado sobre un caballo blanco.

En Finlandia, al contrario de lo que pasó en Rusia, la revolución salió derrotada frente a la contrarrevolución y los blancos ganaron a los rojos. El terror blanco se desató sobre la clase obrera después de la victoria con una combinación de represalias extralegales emprendidas contra los vencidos y la represión llevada a cabo bajo el amparo de la ley de los vencedores. Ya durante la guerra, el terror había constituido un rasgo constante del comportamiento de los dos bandos. Alrededor de dos mil personas fueron asesinadas en cada uno de ellos, al margen de los muertos en las batallas militares. Cuando el final de la guerra se aproximaba y los rojos iniciaron una retirada caótica, el régimen de terror blanco emergió por todas partes. Desde el 28 de abril hasta el 1 de junio de 1918, el número de asesinatos ascendió a 4745. Durante la primera semana después de la guerra, los blancos ejecutaron una media de doscientos ciudadanos por día. En total, los asesinatos ilegales de rojos prisioneros, o de esos tomados por tales, alcanzó como mínimo la cifra de 8380.

El método de asesinato fue una combinación de matanzas arbitrarias y de ejecuciones decididas por tribunales nombrados sobre la marcha. El proceso, típico del día después de muchas guerras y revoluciones, fue completamente arbitrario y las víctimas no fueron necesariamente ni los socialistas más activos ni los acusados de perpetrar el terror rojo. En palabras de Upton: «Las bases de la purga fueron tanto sociales como políticas; los dirigentes de la burguesía aprovecharon la oportunidad, en sus comunidades locales, para deshacerse de los alborotadores y de los subversivos, e inevitablemente muchas venganzas personales se saldaron en ese proceso».

Murieron también unos 12 000 prisioneros, de los aproximadamente 82 000 que habían encarcelado los vencedores, en prisiones y campos de concentración, la mayoría de ellos como consecuencia del hambre, la desnutrición y de las enfermedades asociadas con ella.

El terror blanco, por consiguiente, tuvo enormes consecuencias. En un país de 3 100 000 habitantes, las ejecuciones y las muertes en prisiones alcanzaron a veinte mil personas. Además de esas muertes, decenas de miles de trabajadores fueron encarcelados, perdieron sus derechos y fueron perseguidos por empresarios hostiles y por las fuerzas de seguridad del Estado. Al Partido Social Demócrata se le impidió participar en el sistema político y el Partido Comunista de Finlandia, fundado por exiliados en Moscú, fue declarado ilegal.

La contrarrevolución, sin embargo, no duró. Los órganos «legales» de represión fueron creados muy pronto y pronto también se acabó con la represión «ilegal». El 29 de mayo fue aprobada una ley que estableció tribunales especiales. Después de esa fecha, los asesinatos descendieron drásticamente y, en realidad, sólo el 5 por ciento de las personas llevadas ante esos tribunales fueron ejecutadas. Por otro lado, de la misma forma que el escenario internacional, de guerra mundial y revolución en Rusia, había contribuido decisivamente a esa crisis en Finlandia, el mismo escenario influyó también en el sistema político de la posguerra. Después de la derrota de Alemania, que había intervenido en apoyo de los blancos, en 1919 se celebraron elecciones generales democráticas, una de las condiciones de la Entente para el reconocimiento de la independencia de Finlandia, con un «moderado» éxito socialdemócrata. Ese mismo año, fue aprobada una Constitución republicana y un liberal fue elegido presidente con el apoyo del Partido Socialista. Desde ese momento, el Partido Social Demócrata fue tolerado; de hecho, muy pronto, en 1926, los socialistas formaron un gobierno de minoría.

El abrupto final del Imperio ruso y la súbita desaparición del control estatal en Finlandia crearon condiciones favorables para la independencia, la revolución y la guerra civil, en un país donde no había hasta ese momento fuertes amenazas al orden social. La caída de los Imperios, el ruso, y después el alemán y el austrohúngaro, extendieron por muchos sitios de Europa Central y del Este la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria, estableciendo el escenario para algunos de los principales conflictos ideológicos que caracterizaron el período entre las dos guerras mundiales. Rojo y blanco; fascismo y democracia; capitalismo y comunismo: ésos son los términos relevantes que pueden definir el carácter de esas guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones. Pero esas guerras civiles no fueron simplemente el resultado de una rivalidad político-militar entre dos facciones contendientes. En todos los casos hubo un agudo conflicto en torno a cómo organizar el Estado y la sociedad en años turbulentos. Se trató, sobre todo, de una crisis social, con rasgos manifiestos de lucha de clases, pugnas en torno a la integración nacional e importantes divisiones políticas, religiosas y culturales.

Sobre el terror y la violencia que prevalecieron en Rusia durante la revolución y la guerra civil se levantó el régimen estalinista y sus horrores. A partir de 1928, Stalin promovió dos proyectos que iban a sumergir a la Unión Soviética en un cataclismo tan grande como la revolución de 1917: la colectivización de la agricultura y el primer plan quinquenal para la rápida industrialización de la economía. Comenzó así la persecución frontal de los kulaks, una categoría que los bolcheviques habían identificado en los primeros años de la revolución como los campesinos ricos y que Stalin extendió a cualquier pequeño propietario. El 27 de diciembre de 1929 Stalin reclamó una política de «liquidación de los kulaks como clase». En los primeros meses de 1930, un millón de kulaks fueron sacados de sus propiedades. Brigadas de trabajadores reclutados en las ciudades, apoyados por el ejército y la OGPU, la policía estatal que había sustituido a la checa en 1922, se encargaron de la represión, conduciendo a los campesinos a campos de concentración y de trabajo que el régimen estalinista emplearía también contra otros grupos y minorías étnicas en los años treinta y cuarenta.

La resistencia campesina, con insurrecciones en Moldavia, Ucrania y el Cáucaso, fue aplastada. Muchos campesinos pudieron huir a Polonia, Rumania o China, pero otros muchos reaccionaron matando el ganado y los animales domésticos antes de ser entregados a la colectivización, y destruyendo graneros y maquinaria. Las consecuencias, a corto y medio plazo, fueron desastrosas. Entre 1928 y 1933, las existencias de ganado cayeron más del 50 por ciento, y el 60 por ciento de los campesinos había sido forzado a entrar en la colectivización, con cientos de choques mortales entre ellos y los bolcheviques y policías. Una persecución, además, indiscriminada y caótica porque resultaba muy difícil decidir qué campesinos eran kulaks. La crisis provocó hambre masiva y enfermedades por la malnutrición que se llevaron a las tumbas a cerca de cinco millones de personas en el invierno de 1932-1933.

Stalin estaba obsesionado por alcanzar a las naciones más industrializadas y poderosas. Según su análisis, Rusia había sufrido estrepitosas derrotas desde el siglo XIX debido a su atraso. Era «la ley de la jungla del capitalismo»: a las naciones débiles las aplastaban y las esclavizaban; las fuertes tenían la razón y eran respetadas. Su primer plan quinquenal, iniciado en 1928, tenía como objetivo transformar la economía soviética a toda velocidad. El embajador británico informó que era «uno de los experimentos más importantes de largo alcance» que se habían emprendido en la historia. El número de trabajadores y la productividad se duplicaron en esos años, creándose nuevas y grandes fábricas de automóviles, maquinaria, química y armamento. La mezcla de nacionalismo patriótico y coerción pusieron los fundamentos de la grandeza industrial soviética que tanto fascinó a intelectuales y revolucionarios de todo el mundo que silenciaban, pese a las advertencias que otros hacían, los costes sociales y humanos de ese acelerado progreso. Esa política, además, eliminó el desempleo, justo cuando los países capitalistas pasaban por la Gran Depresión y millones de trabajadores sufrían el paro y los cierres de fábricas. «No cabe considerar como un accidente —se vanagloriaba Stalin en 1934— el hecho de que el país en donde ha triunfado el marxismo sea ahora el único del mundo que no conoce crisis y paro, mientras que en todos los demás países, incluyendo los fascistas, la crisis y el paro llevan reinando desde hace cuatro décadas.»

Durante los años veinte, la checa y el OGPU persiguieron a los «enemigos de clase» y a los grupos que representaban el viejo orden zarista. Con la colectivización forzosa y la rápida industrialización, los «campesinos ricos» y los trabajadores «indisciplinados» ocuparon su lugar. A mediados de los años treinta, Stalin comenzó a mutilar a su propio partido y a decapitar el ejército. En el verano de 1934, como señala Richard Overy, «todo el aparato de seguridad experimentó una importante transformación con el fin de poner a la policía bajo el estrecho control de las autoridades estatales». El nuevo sistema, el Comisariado de Asuntos Internos (NKVD), bajo la dirección de Geurikh Yagoda, proporcionó un instrumento más centralizado y eficaz para intensificar la represión. En noviembre de ese mismo año, los campos de trabajo, que iban a ser conocidos comúnmente por el acrónimo Gulag (Dirección General de Campos Correccionales de Trabajo), se pusieron bajo la supervisión y control de la NKVD y del dirigente Matvei Berman. De instituciones para la «rehabilitación» de los criminales y contrarrevolucionarios, se convirtieron en un instrumento de castigo político para cualquier «enemigo del pueblo».

Stalin se encargó personalmente de dirigir la eliminación de la vieja guardia del Partido Bolchevique y tomó como excusa el asesinato de Serguéi Kostrikov, conocido como Kirov, el jefe del partido en Leningrado, uno de los pocos competidores que le quedaban, el 1 de diciembre de 1934. Su asesino, Leonid Nicolaiev, un oficial del partido en paro, fue ejecutado tres semanas después y Stalin, sobre quien cayó la sospecha, no probada, de que estaba detrás del crimen, firmó una ley, la llamada «Ley Kirov», que permitía arrestar y ejecutar a sospechosos de actos terroristas, aunque en realidad se usó para destruir, enviar a la cárcel o asesinar a miles de miembros del partido. En enero de 1935, Kamenev y Zinóviev fueron detenidos y aunque condenados inicialmente a cinco y diez años de prisión, por traidores y complicidad en el asesinato de Kirov, fueron ejecutados el 25 de agosto de 1936 tras el primero de los juicios que marcaron el inicio de la Gran Purga de Stalin. Un final similar le esperaba a Nikolái Bujarin, el teórico más influyente del comunismo en los años treinta, arrestado en 1937 y ejecutado el 13 de marzo de 1938. Tampoco el ejército se libró de la persecución, en el que las purgas liquidaron a tres de cada cinco mariscales soviéticos y al 8 por ciento del total de los oficiales.

Por los mismos años, Hitler estableció también en Alemania un aparato judicial y policial de represión, aunque tuvo que hacerlo en circunstancias muy diferentes porque cuando llegó al poder en 1933, la judicatura y los departamentos de policía estaban obligados todavía a cumplir las leyes y la Constitución de la República de Weimar. La violencia extralegal del movimiento nazi y de las SA, presente ya desde su nacimiento, se convirtió, como demuestra minuciosamente Richard Overy, en «una violencia oficialmente sancionada por el Estado, y finalmente en una represión institucionalizada por el Estado».

DEL ESTADO POLICIAL AL GENOCIDIO

Ian Kershaw señala que sin «el efecto brutalizador» de la Primera Guerra Mundial y de las mitologías de la violencia que le acompañaron, «la inculcación de la violencia en la cultura política de Alemania» durante los años veinte y treinta y las consecuencias terribles que eso tuvo en la Segunda Guerra Mundial habrían sido inconcebibles. Y tampoco podríamos imaginar a Hitler como líder de esa poderosa nación.

Antes de 1914, Alemania era una sociedad «relativamente no violenta». Después de 1918, sin embargo, la violencia fue uno de sus principales rasgos. Las imágenes de la guerra en el este, impregnadas en la mentalidad militar, sobre la «profunda Rusia, sin una pizca de la cultura europea central, Asia, estepa», como la describía un contemporáneo, alimentaron, según Kershaw, los estereotipos que fomentarían la «barbarización» de 1941 y de los años siguientes. Los Freikorps que siguieron combatiendo tras la guerra en Polonia y en el Báltico con el Ejército Blanco ruso fueron protagonistas, de vuelta a casa, de la militarización de la política, responsables de 353 asesinatos políticos entre 1919 y 1922, tratados de forma indulgente por jueces que toleraban la violencia derechista mientras se dirigiera a oponentes de la izquierda. La misma tolerancia que mostraron hacia la escalada de violencia que acompañó los planes de conquistas del poder por parte de los nazis después de 1930 y sobre todo en el verano y otoño de 1932. El escenario estaba ya preparado, continúa Kershaw, para el asalto nazi a la izquierda en 1933, la creación de los primeros campos de concentración, los ataques a las minorías y la destrucción de los límites legales a su control absoluto del Estado. El «nuevo orden» se impuso con una combinación de violencia y de una avalancha de leyes, decretos y ordenanzas.

El pretexto que Hitler encontró para legalizar la represión y la salvaje violencia practicada por las SA fue el incendio del edificio del parlamento alemán, el Reichstag, el 27 de febrero de 1933, menos de un mes después de haber sido nombrado por Hindenburg canciller. Se acusó del incendio a un comunista danés, Marinus Van der Lubbe, quien sería ahorcado unos días más tarde, pero Hitler aprovechó ese solitario acto terrorista para publicar al día siguiente un decreto «para la protección del pueblo y del Estado» que le dio poderes extraordinarios y que proporcionó los principales instrumentos legales de represión hasta finales de la dictadura. La mayoría de los artículos de la Constitución de 1919 que garantizaban los derechos civiles fueron suspendidos y el decreto introdujo también la pena de muerte para los actos «terroristas», aunque los crímenes de las SA se quedaban sin castigar. A mediados de 1933, todos los partidos políticos habían sido abolidos y la oposición organizada estaba ya virtualmente eliminada. El crecimiento de los camisas marrones de las SA, sin embargo, fue explosivo en esos primeros meses: de 450 000 miembros en el momento del nombramiento de Hitler pasaron a 2,9 millones en agosto.

En la nueva maquinaria de seguridad de la Dictadura que comenzaba, la pieza más importante fue la Geheime Staatspolizei, conocida como la Gestapo, la policía secreta del Estado, creada oficialmente el 26 de abril de 1933 y que, según Robert Gellately, uno de sus principales estudiosos, desde su cuartel central en el número 8 de la Prinz Albrechstrasse de Berlín, «se convirtió en el eslabón clave en el sistema de terror», que alcanzó una siniestra reputación por sus arrestos, detenciones arbitrarias, interminables interrogatorios y confesiones obligadas por la tortura. Todos los servicios de seguridad fueron reorganizados en junio de 1936 cuando Heinrich Himmler unificó bajo su mando las SS, la policía interna del partido nazi creada en 1925, la Gestapo y el sistema de campos de concentración.

Poco después de ser nombrado canciller, Hitler comenzó a justificar la erradicación de los seres «inferiores», con programas de esterilización que afectaron a cerca de doscientas mil personas entre 1934 y 1936, y con políticas eugenésicas que se marcaban la meta de conseguir una raza pura y sana. Según Richard Evans, la discriminación de minorías como los homosexuales, los gitanos, enfermos mentales o minusválidos «fue designada en primer lugar para purificar la raza alemana y convertirla en apta para una guerra de conquista mundial». Apartarlas, encarcelarlas o simplemente quitarlas de la cadena hereditaria era una necesidad imprescindible para crear una nación fuerte y reducir el número de gente «improductiva» que tenía que ser sostenida por el resto. Una de esas minorías, no obstante, era para los nazis completamente diferente: no sólo una carga, sino una gran amenaza, activamente subversiva, y comprometida en una conspiración mundial para destruir Alemania. Esa minoría, que no representaba más de un 1 por ciento de la población, eran los judíos, y el antisemitismo estaba en el corazón de la política racial que llevó hasta el extremo la Dictadura de Hitler.

Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, sólo unos cuantos centenares de judíos habían sido asesinados en Alemania, pese a que los nazis habían empezado a acosar y perseguir con leyes y actos violentos a la población judía desde su llegada al poder. Las leyes de Núremberg y los decretos que las ampliaron desde septiembre a noviembre de 1935 establecieron las bases para la clasificación racial y abrieron el camino para una masiva discriminación contra cualquier persona considerada judía. El Anschluss con Austria en marzo de 1938 aceleró la requisa ilegal de las propiedades judías y la posición de los judíos alemanes se hizo insoportable después de la Reichskristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, del 9 al 10 de noviembre de ese año, cuando grupos armados nazis, instigados por Joseph Goebbels, y con la aprobación de Hitler, destruyeron centenares de comercios, sinagogas, mataron a 91 judíos y arrestaron y llevaron a campos de concentración a treinta mil más. En Austria, el asalto dejó 27 víctimas mortales, la destrucción de 42 sinagogas y el arresto y envío de 7800 personas a los campos de concentración. Los sucesos de esa noche reflejaban, en palabras de Evans, «la radicalización del régimen en las etapas finales de preparación de la guerra» y parte de esa preparación en la mente de Hitler consistía en la «neutralización» de lo que él concebía como la amenaza judía.

Antes de que Hitler y los nazis provocaran la Segunda Guerra Mundial, la historia ya había aportado un buen puñado de ejemplos de crímenes de guerra y de asesinatos en masa de poblaciones civiles. Pero el descubrimiento del Holocausto, del aniquilamiento sistemático de millones de judíos por los nazis y sus colaboradores, transformó el significado y comprensión del fenómeno del genocidio.

Los hechos son bien conocidos. La matanza masiva empezó con los judíos que los alemanes capturaban en las zonas conquistadas de la Unión Soviética en el verano de 1941 y en menos de cuatro años la «solución final» segó las vidas de más de cinco millones de hombres, mujeres y niños, casi la mitad de ellos en Polonia. Los nazis causaron esa destrucción y la Segunda Guerra Mundial fue el escenario apropiado en el que se expandió esa brutalidad. Pero para que todo eso fuera posible, tenía que haber mucha gente dispuesta a identificar a otros como sus enemigos o a considerar aceptable el exterminio. En los últimos años, han aparecido numerosas investigaciones sobre la colaboración de la policía, de las administraciones locales y de las poblaciones de otros países invadidos por el ejército y las fuerzas de seguridad de Alemania. Aunque el número de personas implicadas y la complejidad de sus motivos impide cualquier explicación simple, lo que ha quedado al descubierto no es sólo el círculo de responsables y altos cargos nazis que organizaban las deportaciones, desde Heinrich Himmler a Adolf Eichmann, pasando por Reinhard Heydrich, sino también la amplia red de informantes y delatores que vieron necesario ese castigo mortal, por no mencionar a los británicos y norteamericanos que, desde el otro lado de la historia, abandonaron a los judíos.

La invasión de la Unión Soviética, iniciada con la «Operación Barbarroja» el 22 de junio de 1941, inauguró un nuevo tipo de guerra, con combates mucho más intensos que los librados en los dos años anteriores. La guerra en el frente oriental tuvo para los alemanes un carácter ideológico, contra el comunismo, y racial, contra los eslavos y los judíos. Hitler había planificado la campaña de forma minuciosa y ya en marzo de 1941 había advertido a sus generales y asesores militares que la guerra en el frente oriental sería «una guerra de exterminio». La Unión Soviética albergaba la mayor comunidad judía del mundo y para emprender esa cruzada secular y racial, esa «guerra doctrinaria» (Glaubenskrieg), los nazis crearon unos escuadrones especiales llamados Einsatzgruppen (Grupos de Acción Especial), unidades móviles de las SS, que acompañaban al ejército con el objetivo de ejecutar a los resistentes y enemigos capturados. En las cinco primeras semanas que siguieron a la invasión, mataron a 63 000 civiles.

El método utilizado al principio, el fusilamiento o el tiro en la nuca, no servía para acometer con rapidez la «Solución Final del Problema Judío», especialmente cuando, debido a la resistencia del ejército y del pueblo soviéticos, quedó claro que la guerra en el frente oriental iba a ser larga y costosa. A finales de diciembre de 1941 comenzó el experimento de exterminio por gaseamiento en el campo de Chelmno, cerca de la ciudad polaca de Lodz. Además de Chelmno, los nazis crearon en el este cinco campos de exterminio de judíos, prisioneros de guerra soviéticos y gitanos —Belzec, Sobibor, Treblinka, Madjanek y Auschwitz-Birkenau—, situados todos ellos en lo que había sido territorio polaco hasta la guerra, en lugares apartados aunque cercanos a las grandes ciudades y bien comunicados por ferrocarril.

El procedimiento de exterminio masivo en esos campos fue descrito con todo detalle por el comandante de Auschwitz, Rudolf Hoess, después de ser capturado por la policía militar británica en Flensburgo, el 11 de marzo de 1946, donde se hacía pasar por un bracero agrícola. Los judíos llegaban a los campos en trenes y eran seleccionados en dos grupos: los válidos para el trabajo y los inválidos (niños, mujeres, enfermos y ancianos). En cada cámara, con paredes gruesas de hormigón, podían gasear a dos mil personas a la vez, en un período de tiempo que duraba entre tres y quince minutos. Al cabo de media hora se abrían las puertas y los cadáveres eran llevados al crematorio, donde el coque, el combustible utilizado, los convertía en cenizas.

La mitad del campo de Auschwitz-Birkenau estaba destinada y fue construida para suministrar mano de obra al servicio de todo lo que demandaba la ingente maquinaria bélica alemana, y la otra mitad para el exterminio. Comenzó su funcionamiento en abril de 1940, en las instalaciones de un antiguo cuartel, como un campo para prisioneros políticos polacos. En 1941, la gran compañía química alemana I. G. Farber decidió construir allí una fábrica de caucho sintético y Himmler ordenó llevar allí a miles de prisioneros soviéticos. Los primeros diez mil llegaron en octubre de ese año, sustituidos pocos meses después por judíos. De los 450 000 trabajadores instalados allí en los siguientes años, sólo 144 000 sobrevivieron a las inhumanas condiciones de trabajo. En la parte que se convirtió en un centro de exterminio masivo, pasaron primero prisioneros polacos, después soviéticos, y más tarde, desde enero de 1942, cientos de miles de judíos procedentes de Europa occidental, del este y del sureste. Más de un millón de ellos encontraron allí la muerte hasta que dejó de funcionar en noviembre de 1944, a un ritmo de más de treinta mil víctimas al mes. Los prisioneros que quedaban allí, poco más de siete mil, fueron liberados por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. Rudolf Hoess, juzgado por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia, condenado a muerte, volvió a Auschwitz para ser ahorcado en el lugar de sus crímenes el 16 de abril de 1947.

Los campos soviéticos, cuyo origen se encuentra en la guerra civil, aunque el sistema, conocido como el Gulag, fue reformado y expandido desde comienzos de los años treinta, no fueron designados ni utilizados como centros de exterminio. El número de prisioneros que pasaron por los campos soviéticos se conoce con más precisión que el de los campos nazis, porque entre éstos había diferentes categorías de centros de internamiento que se escapaban al control de las SS. De acuerdo con las cifras reproducidas por Edwin Bacon, entre 1934 y 1947, 6 711 037 personas entraron en los campos soviéticos y las personas que murieron o fueron asesinadas, la mayoría en los años de la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1944, sumaron 980 091, es decir un 14,6 por ciento, frente al 40 por ciento en todos los campos alemanes. Los campos alemanes, como señala Richard Overy, fueron creados con la intención de ejercer la violencia contra los enemigos de la nación: el trabajo en ellos conducía de forma deliberada a la destrucción. El trabajo en el Gulag podía ser destructivo, «pero el objetivo era mantener a los prisioneros vivos». Los prisioneros en los campos de concentración alemanes, por otro lado, procedían en su mayoría del resto de Europa. En la Unión Soviética, la mayoría de ellos eran rusos o ucranianos. Hacia 1944 había más ciudadanos soviéticos en cautividad en los campos alemanes que en los de la URSS.

Esa cultura de la crueldad y de la indiferencia hacia el considerado enemigo se convirtió en una seña de identidad de las dictaduras de toda Europa en los años treinta y cuarenta. La magnitud del problema del confinamiento de millones de hombres y mujeres convertidos en víctimas por las policías estatales se resolvió en el Tercer Reich, en la Unión Soviética y en los primeros años de la España de Franco, con campos de concentración y de trabajo que resultaban además indispensables para sus economías en un momento en que, por diferentes razones, el mercado de trabajo no proporcionaba la mano de obra necesaria para sostenerlas. Esos campos fueron hijos de la guerra ideológica y no sólo un producto de las circunstancias o de la lógica del terror.

La Dictadura de Hitler no puede separarse del sistema de campos de concentración y exterminio, de la guerra ideológica y racial contra el enemigo. El Gulag soviético, en palabras de Richard Overy, «simboliza la corrupción política y la hipocresía de un régimen formalmente encomendado al progreso humano, pero capaz de esclavizar a millones de personas en ese proceso». Y es verdad que ese «imperio de los campos» es lo que hace a las dictaduras de Hitler y Stalin aparecer tan distintas respecto a otras formas de autoritarismo moderno. Ser un judío para Hitler o un kulak para Stalin fue equivalente a un certificado de muerte. La violencia política de esos estados modernos, dominados por la burocracia y la planificación, destruyó a cientos de miles de hombres y mujeres por ser de otra clase, de otra raza o por tener ideas diferentes. «La modernidad de los métodos de asesinato —señala Ian Kershaw—, estaba relacionada con la modernidad del Estado que los dirigía. Pero las que fueron decisivamente modernas fueron las ideologías que sostenían los métodos —la causa real de la violencia y del asesinato.»

POSGUERRAS

Lo que se ha investigado en los últimos años sobre la Dictadura de Franco, una dictadura salida de una guerra civil y consolidada en los años de la Segunda Guerra Mundial, en ese escenario de guerra total de Europa contra Europa, nos sitúa en esa misma senda de la muerte y del crimen, donde las víctimas ya no se debían a estallidos espontáneos de violencia. Se necesitaban personas que planificaran esa violencia, intelectuales, políticos y clérigos que la justificaran. Los vencedores de la guerra civil española decidieron durante años y años la suerte de los vencidos. La destrucción del contrario en la guerra dio paso a la centralización y el control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado. Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas coercitivas y de castigo.

Tras el final oficial de la guerra, el 1 de abril de 1939, la destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta. Comenzó en ese momento un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270 000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos cincuenta mil personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946. Entre esos miles de fusilados, había personajes ilustres, detenidos en Francia y entregados a las autoridades franquistas por la Gestapo, como Lluís Companys, presidente de la Generalitat o los ministros de la República durante la guerra civil Julián Zugazagoitia y Joan Peiró.

La cultura política de la violencia y de la división entre vencedores y vencidos, «patriotas y traidores», «nacionales y rojos», se impuso en la sociedad española al menos durante dos décadas después del final de la guerra civil. Los vencidos que pudieron seguir vivos tuvieron que adaptarse a las formas de convivencia impuestas por los vencedores. Muchos perdieron el trabajo; otros, especialmente en el mundo rural, fueron obligados a trasladarse a ciudades o pueblos diferentes. Acosados y denunciados, los militantes de las organizaciones políticas y sindicales del bando republicano se llevaron la peor parte. A los menos comprometidos, muchos de ellos analfabetos, el franquismo les impuso el silencio para sobrevivir, obligándoles a tragarse su propia identidad.

Hubo quienes resistieron con armas a la Dictadura, los llamados maquis o guerrilleros. Su origen estaba en los «huidos», en aquellos que para escapar a la represión de los militares rebeldes se refugiaron en diferentes momentos de la guerra civil en las montañas de Andalucía, Asturias, León o Galicia, sabiendo que no podían volver si querían salvar la vida. La primera resistencia de esos huidos, y de todos aquellos que no aceptaron doblar la rodilla ante los vencedores, dio paso gradualmente a una lucha armada más organizada que copiaba los esquemas de resistencia antifascista ensayados en Francia contra los nazis. Aunque muchos socialistas y anarquistas lucharon en las guerrillas, sólo el PCE apoyó claramente esa vía armada. En esa década de los cuarenta, unos siete mil maquis participaron en actividades armadas por los diferentes montes del suelo español y unos setenta mil enlaces o colaboradores fueron a parar a las cárceles por prestar su apoyo. Si creemos a las fuentes de la Guardia Civil, 2173 guerrilleros y trescientos miembros de las fuerzas armadas murieron en los enfrentamientos.

El éxodo iniciado a finales de enero de 1939, con la caída de Barcelona, también dejó huella. Nunca, en su larga historia de exilios, España había conocido uno de esas características, por su amplitud y duración, y tampoco Francia había acogido nunca sobre su suelo un éxodo tan masivo y repentino como el de los republicanos españoles de 1939. Y eso que España había pasado en su historia, desde los «afrancesados» y liberales de 1814, una larga serie de exilios políticos, y Francia experimentó en los años veinte y treinta del siglo XX una llegada masiva de extranjeros que la convirtieron en el primer país del mundo de inmigrantes: trabajadores (polacos e italianos) y refugiados (rusos, armenios, judíos de la Europa oriental y antifascistas italianos, alemanes y austriacos).

«La retirada», como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450 000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170 000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos doscientos mil volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la Dictadura franquista. Otras 15 000 personas lograron salir desde los puertos del Levante, sobre todo del de Alicante, hasta el norte de África, donde las autoridades francesas les recibieron también con la misma hostilidad que en Francia. Pero los barcos italianos llegaron a Alicante antes de que varios miles de ciudadanos pudieran embarcar en buques franceses y británicos. Muchos de los capturados fueron ejecutados allí mismo. Otros prefirieron el suicidio antes que ser hechos prisioneros por los franquistas. Como el maestro oscense Evaristo Viñuales, afiliado a la CNT de Huesca desde la llegada de la República y consejero de Información y Propaganda del Consejo de Aragón. Se suicidó junto con el cenetista Máximo Franco, jefe de la 127 Brigada Mixta de la 28 División.

Francia no esperaba esa llegada tan masiva de refugiados y el Gobierno de «concentración» de centro-derecha de Édouard Daladier, que ya había mostrado escasas simpatías por la causa republicana durante la guerra civil, estaba muy presionado por los grupos de la derecha más reaccionaria, fascistas y xenófobos, y por sus medios de comunicación, para que evitara la «invasión» de ese «ejército marxista en retirada». En poco más de tres semanas, 450 000 personas llegaron al departamento de Pirineos Orientales, que apenas tenía un cuarto de millón de habitantes. Una vez allí, la mayoría, especialmente los hombres civiles y los antiguos combatientes del ejército republicano, pasaron a campos de internamiento o concentración, a los de la playa de Argelès y Saint-Cyprien, en Vallespir y en la Cerdaña. Los 275 000 internados en campos que había en marzo de 1939 fueron disminuyendo gradualmente, hasta quedar sólo unos cuantos miles un año después, en el momento de la invasión de Francia por las tropas nazis.

A partir de esa fecha, unos cuarenta mil republicanos españoles fueron trasladados forzosamente a Alemania a trabajar en las industrias de guerra y muchos de ellos acabaron en campos de concentración, sobre todo en Mauthausen, donde murieron cinco mil de los siete mil que fueron internados. En la Francia de Vichy, Alemania y Argelia, los republicanos españoles fueron tratados durante la Segunda Guerra Mundial como «rojos» que no tenían derecho a la vida. Era la prolongación de los asesinatos, las persecuciones y las humillaciones para los vencidos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. «Aquí la libertad sólo la concede la muerte», les dijo el comandante Caboche cuando recibió a los españoles supervivientes de la División de Durruti en el campo argelino de Djelfa (donde estuvo Max Aub desde noviembre de 1941 hasta octubre de 1942).

Una de las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial y una de las primeras de la Guerra Fría se libró en Grecia. Las fuerzas alemanas, que habían invadido el país en la primavera de 1941, comenzaron la retirada y evacuaron Atenas el 12 de octubre. Una fuerza de avance británica alcanzó la ciudad dos días después y estableció un gobierno de unidad nacional, encabezado por George Papandreu. El país estaba dividido entre los comunistas del Frente de Liberación Nacional (EAM), que había resistido, con su brazo militar (ELAS), la invasión nazi y fascista, y los grupos conservadores que habían apoyado los británicos para frenar el avance comunista.

Esa división, la caótica situación económica y la falta de acuerdo en torno a la desmovilización de la guerrilla, para poder crear así un nuevo ejército nacional, llevaron a la batalla por Atenas, o Dekemvriana, en diciembre de 1944, un feroz combate entre las guerrillas comunistas y las fuerzas griegas y británicas que estaban a disposición del gobierno nacional. El resultado de la batalla fue al final determinado por la inmensa superioridad de hombres y material de los británicos.

La intervención británica frente a los comunistas en 1944 determinó el lugar de Grecia en el mundo posbélico. Sin la intervención británica, el poder político en Grecia habría pasado probablemente a manos comunistas. Era la primera vez que uno de los poderes aliados usaba abiertamente la fuerza militar para determinar la política posbélica de un país liberado. La implicación de esos acontecimientos se extendió más allá de Grecia. A Stalin le proporcionaron un precedente para la intervención soviética en el este de Europa. Para los partidos comunistas occidentales, especialmente el de Italia, significaron un aviso de lo que les podría suceder si elegían el camino de la revolución.

El 15 de febrero de 1945, en unas negociaciones en la localidad marítima de Varkiza, los representantes del EAM fueron forzados a desarmar a la guerrilla. La derecha, la inmediata beneficiaria de la victoria de las fuerzas británicas en la Dekemvriana, emprendió una campaña de terror contra la izquierda, que boicoteó las elecciones de marzo de 1946, las primeras que se celebraban desde 1936, desde el inicio de la Dictadura del general Metaxas. La abstención resultó en una masiva victoria de la rama derechista de los populistas. Seis meses después, un referéndum proporcionó el retorno del rey Jorge II, quien había abandonado Grecia con la invasión alemana de 1941.

Las elecciones no solucionaron la grave crisis política y en el verano de 1946 Grecia se vio arrastrada hacia la guerra civil. Con el apoyo de los países comunistas vecinos, Yugoslavia, Bulgaria y Albania, el Ejército Democrático, creado en el otoño de ese mismo año, fue capaz de mantener una efectiva campaña de guerra de guerrillas. El Gobierno Provisional Democrático de Grecia, establecido en las montañas en diciembre de 1947, no fue reconocido por ninguno de los países del Este.

El flujo masivo de ayuda militar y económica norteamericana comenzó a inclinar la balanza contra el Ejército Democrático. Las disensiones internas en el campo comunista y las disputas sobre el papel de Rusia en el este de Europa socavaron también las posiciones de los comunistas griegos. El Partido Comunista Griego (EEK) se puso al lado del Kremlin en su disputa con Josip Tito en 1948. A consecuencia de ello, la frontera yugoslava fue cerrada en 1949 y el Ejército Democrático vio cortada su principal fuente de apoyo logístico. En octubre de 1949, Nikos Zakhariadis, el secretario general del EEK, anunciaba que las operaciones militares habían terminado y decenas de miles de personas tuvieron que marcharse al exilio. Unos veinte mil ciudadanos fueron asesinados en el bando de la izquierda durante la guerra civil. Al final de 1949, el gobierno admitía que había cincuenta mil prisioneros en cárceles y campos de concentración.

A lo largo de los siglos, los ejércitos conquistados siempre han encontrado colaboradores voluntarios en los países ocupados por ellos. Pero, como señala István Deák, «en los anales de la historia, nunca ha habido tanta gente implicada en el proceso de colaboración, resistencia y castigo a los culpables como en la Europa durante y después de la Segunda Guerra Mundial». Las purgas en la inmediata posguerra y la expulsión de alrededor de quince millones de alemanes de diferentes países produjeron un trastorno demográfico enorme en Europa Central y del Este, a la vez que un número considerable de individuos eran perseguidos por colaboración y crímenes de guerra. En todo el territorio ocupado por los nazis, lo que había sido la Europa de Hitler, esa amenaza de castigo aterrorizó o regocijó a amplios sectores de la población, aunque muchos verdugos y criminales de guerra pudieron evitarlo. Fue el caso de Ante Pavelic, por ejemplo, el jefe del Estado fascista croata, responsable de miles de asesinatos de judíos, gitanos, serbios y comunistas. Al final de la guerra, Pavelic huyó de Austria y de Roma con la ayuda de la jerarquía de la Iglesia católica. Vivió muchos años en Argentina y murió en la España de Franco, en Madrid, en diciembre de 1959.

Cientos de miles de personas fueron víctimas de esa violencia retributiva, desde linchamientos durante los últimos meses de la guerra a sentencias de muerte, prisión o trabajos forzados. Pero no en todos los lugares fue igual y con la misma intensidad. Una de las grandes paradojas de esa posguerra, dice Deák, es que «el porcentaje más pequeño de exnazis fueron ejecutados o encarcelados en Alemania occidental. Y por otro lado, Alemania occidental hizo un esfuerzo más grande que cualquier país de Europa por expiar colectivamente por su pasado». En Hungría, cuatro ex presidentes de Gobierno, varios ministros y altos oficiales del ejército fueron ejecutados. Según los datos aportados por László Karsai, unos trescientos mil húngaros tuvieron algún tipo de castigo. En Austria, los tribunales iniciaron procedimientos contra cerca de 137 000 personas, aparte de los cientos de miles de funcionarios destituidos de sus puestos. En Francia, casi diez mil colaboracionistas, o acusados de serlo, fueron linchados en los últimos instantes de la guerra y en el momento de la liberación.

La mayoría de los actos de castigo «retributivo» a los fascistas, como apunta Tony Judt, fueron llevados a cabo antes de que se constituyeran formalmente los tribunales establecidos para que pasaran por un juicio. De las diez mil ejecuciones sumarias que marcaron en Francia la transición desde Vichy a la Cuarta República, alrededor de un tercio tuvieron lugar antes del día D, del 6 de junio de 1944, la fecha de inicio del desembarco en Normandía, y un 30 por ciento más durante las batallas de las siguientes semanas. Algo parecido ocurrió en los países del este y en Italia, donde la mayoría de las personas asesinadas por fascistas o actividades colaboracionistas, cerca de 15 000, encontraron ese fatal destino antes o durante las semanas de la liberación final. «Al odio de los verdugos ha respondido el odio de las víctimas», escribía Albert Camus en marzo de 1945, en su «Défence de l’intelligence», haciéndose eco de esas represalias salvajes contra fascistas y colaboracionistas: «Nos ha quedado el odio…. la última y más duradera victoria del hitlerismo…. estas marcas vergonzosas dejadas en el corazón de aquellos mismos que lo han combatido con todas sus fuerzas».

El término collaboration, en el sentido que lo entendemos para la Segunda Guerra Mundial, apareció por primera vez en una declaración pública que el viejo mariscal Philippe Pétain hizo tras su encuentro con Adolf Hitler en Montoire el 24 de octubre de 1940: «Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays». Colaboración significaba, como aclara Jan T. Gross, la presencia de una burocracia nacional suministrada por la población de un país y establecida con el consentimiento del ocupante. Pero a partir de ahí, hubo «colaboradores de Estado», que representaban a los altos funcionarios de la administración, a las fuerzas armadas, a los hombres de negocios y terratenientes, y «colaboradores de sentimiento», militantes fascistas, ultraderechistas, anticomunistas e inadaptados sociales que no habían ejercido antes autoridad alguna.

Además de la violencia directa, dirigida en el mismo momento del desmoronamiento del fascismo y de la liberación contra colaboracionistas, fascistas, nazis o criminales de guerra, los procedimientos judiciales adoptaron una considerable variedad de formas. Los más famosos de todos fueron los juicios administrados por el Tribunal Internacional Militar en Núremberg, que juzgó en el primero de ellos, desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946, a algunos de los más importantes dirigentes del régimen nazi y sentenció a muerte, entre otros, a Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial, Julius Streicher, un fanático antisemita que ya había acompañado a Hitler en el putsch de 1923, o Hermann Göring, el más influyente de esos líderes tras Hitler, quien pudo suicidarse ingiriendo una cápsula de cianuro antes de su ejecución. Fue en esos juicios donde se establecieron también principios fundamentales de la ley internacional sobre preparación y agresión de guerras y se amplió la definición de crímenes de guerra a crímenes contra la humanidad, a la masacre de inocentes, que no prescribirían.

Tras los dos primeros años de posguerra, las sentencias decrecieron y pronto llegaron las amnistías, un proceso acelerado por la Guerra Fría, que devolvieron el pleno derecho de ciudadanos a cientos de miles de exnazis, sobre todo en Austria y Alemania. Como señala Deák, en el este, fascistas de bajo origen social fueron perdonados e incorporados a las filas comunistas, mientras que en Occidente, donde las coaliciones de izquierdas se cayeron a pedazos en 1947, la tendencia fue perdonar a todo el mundo. La identificación y el castigo de los nazis había acabado en 1948 y era ya un tema olvidado a comienzos de los cincuenta. Parecía que la guerra y su terror iban a hundirse en el olvido.

Atrás quedaban más de treinta años de guerras, genocidios, violencias de Estado y revolucionarias. La Guerra Fría, el reparto de Europa entre las dos principales superpotencias victoriosas, Estados Unidos y la URSS, el inicio de una época de estabilidad y prosperidad sin precedentes, y la ausencia o contención de los conflictos étnicos y disputas territoriales que habían caracterizado los años veinte y treinta, cambiaron el rumbo de Europa. Tras la destrucción, llegó la paz. A la «Era de la Catástrofe», dice Eric J. Hobsbawm, le siguió una «Edad de Oro». En eso consistió la «Era de los Extremos» acuñada por el historiador británico en su visión global del siglo XX. La mía se ha reducido a esa guerra de treinta años que afectó a todo el continente europeo. Y la saco a la luz en un momento en el que la memoria se impone a la amnesia y nos obliga a repensar aquella historia de Europa contra Europa.

Cronología

1914 28 de junio: asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro.

28 de julio: Austria-Hungría declara la guerra a Serbia.

1 de agosto: declaración de guerra austrohúngara a Rusia; Francia declara la guerra a Alemania.

2 de agosto: Rusia entra en guerra contra Alemania; Austria-Hungría declara la guerra a Gran Bretaña y Francia.

1915-1917 Genocidio armenio.

1915 Abril: Italia firma el Tratado de Londres, por el cual entra en la guerra del lado de Francia y el Reino Unido.

Mayo: Italia entra en la guerra.

Noviembre: Benito Mussolini funda el periódico Il Popolo d’Italia.

1916 Febrero-diciembre: batallas de Verdún y del Somme.

Abril: alzamiento de Pascua en Irlanda.

Diciembre: asesinato de Rasputín, favorito de Nicolás II.

1917 Febrero: revolución en San Petersburgo (Petrogrado).

Marzo: abdicación del zar ruso Nicolás II. Gobierno provisional del príncipe Lvov.

Abril: Estados Unidos entra en la guerra. Lenin llega a Petrogrado desde su exilio. Tesis de Abril.

Junio: Manifiesto de las Juntas de Defensa en España.

Julio: Alexandr Kerenski sustituye al príncipe Lvov en la jefatura del Gobierno provisional.

24-15 de octubre: los bolcheviques dan un golpe de fuerza en Petrogrado. Los sóviets asumen el poder en Rusia.

Octubre-noviembre: desastre italiano en Caporetto frente a los austriacos.

Noviembre: Declaración Balfour sobre la creación de un posible Estado de Israel.

Diciembre: creación de la Comisión Extraordinaria Rusa para el combate contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, conocida como Checa.

1917-1922 Diez millones de rusos mueren a causa de la revolución, la guerra civil, el hambre y las enfermedades.

1918 Enero: Catorce Puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Trotski crea el Ejército Rojo ruso.

Enero-mayo: guerra civil finlandesa.

Febrero: firma del Tratado de Brest-Litovsk, que significa la paz entre Alemania y Rusia.

Marzo: Moscú pasa a ser la capital de Rusia.

Julio: asesinato de Nicolás II y la familia imperial rusa.

Agosto: atentado contra Lenin.

Septiembre: el alto mando alemán sugiere pedir un armisticio a los aliados.

Octubre: gobierno alemán de Max von Baden.

3-4 de noviembre: insurrección de los marineros de Kiel.

9 de noviembre: Guillermo II de Alemania abdica.

10 de noviembre: establecimiento de un Gobierno provisional alemán.

11 de noviembre: Alemania firma el armisticio con los aliados.

15 de noviembre: pacto entre la patronal y los sindicatos alemanes.

1918-1919 Biennio rosso en Italia: crisis política.

1918-1921 Guerra civil rusa.

1919-1921 Guerra ruso-polaca.

1919-1922 Los Freikorps son responsables de 353 asesinatos políticos en Alemania.

1919-1923 Guerra greco-turca.

1919 Enero: creación del Partido Comunista Alemán (KPD). Revuelta espartaquista en Alemania; asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Fundación de la República de Weimar y primeras elecciones democráticas. Creación del Partito Popolare Italiano (PPI), democristiano. Creación del Partido Alemán de los Trabajadores (DAP).

Febrero: elección de Friedrich Ebert como presidente del Reich alemán.

Marzo-agosto: Béla Kun establece una República soviética en Hungría.

23 de marzo: Mussolini funda el primer Fascio di Combattimento en la Piazza San Sepolcro de Milán.

28 de junio: firma del Tratado de Versalles (Alemania y los aliados). Creación de la Sociedad de Naciones (SDN).

Julio: aprobación de la Constitución de Weimar.

Septiembre: firma del Tratado de Saint-Germain (Austria y los aliados). Gabriele d’Annunzio ocupa Fiume (Rijeka) con un grupo de simpatizantes fascistas.

Noviembre: firma del Tratado de Neuilly (Hungría y los aliados).

1920 Enero: designación de Miklós Horthy como regente vitalicio de Hungría.

Febrero: el DAP pasa a ser el Nationalsozialistische Deustche Arbeiter Partei (NSDAP), liderado por Adolf Hitler.

Mayo: en las elecciones en Italia, los fascistas consiguen 36 actas de diputado.

Agosto: firma del Tratado de Sèvres (Turquía y los aliados). Creación de las Sturmabteilung (SA) del partido nazi.

Diciembre: D’Annunzio abandona Fiume.

1921 Enero: fundación del Partido Comunista Italiano (PCI).

8 de marzo: asesinato de Eduardo Dato, presidente del Gobierno español.

Julio: desastre español en Annual y Monte Arruit.

Noviembre: fundación del Partito Nazionale Fascista (PNF). Creación del Partido Comunista de España (PCE).

1922-1923 Guerra civil irlandesa.

1922 6 de febrero: transformación de la Checa en el Directorio Político Estatal (GPU).

26 de febrero: un decreto ordena a los sóviets requisar todos los objetos de valor de las iglesias.

Abril: nombramiento de Iósif Stalin como secretario general del partido bolchevique. Alemania y Rusia firman el Tratado de Rapallo.

Octubre: Marcha sobre Roma; Mussolini es designado primer ministro.

Diciembre: creación de la Confederación General de Sindicatos Fascistas en Italia. Mussolini crea el Gran Consejo Fascista. Fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

1923 Enero: Francia y Bélgica ocupan los yacimientos de carbón del Ruhr.

Marzo: asesinato del líder anarcosindicalista español Salvador Seguí.

Julio: firma del Tratado de Lausana, que establece las fronteras actuales de Turquía.

23 de julio: Ley Acerbo italiana, por la cual se establecía que dos tercios del Parlamento pasaban al partido o coalición electoral que consiguiera un 25% de los votos.

13 de septiembre: levantamiento militar del general Miguel Primo de Rivera en España (dictadura hasta 1930).

9 de noviembre: intentona golpista del NSDAP en Múnich.

5 de noviembre: el GPU se convierte en el Directorio Unificado Político del Estado (OGPU).

Diciembre: abdicación del rey Jorge II de Grecia; constitución de la Segunda República griega.

1924 Enero: muerte de Lenin.

Abril: la lista fascista (listone) consigue 374 de los 535 diputados del nuevo Parlamento italiano.

Junio: secuestro y asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti.

Noviembre: inauguración de Radio Barcelona, primera emisora radiofónica de España.

Diciembre: liberación de Hitler.

1925 Enero: tras la eliminación parlamentaria de socialistas, comunistas y republicanos liberales, Mussolini proclama la dictadura fascista. Elección de Paul von Hindenburg como presidente del Reich alemán.

Febrero: Roberto Farinacci, secretario general del PNF. Creación de las Schutzstaffel (SS) nazis.

Abril: Mussolini crea la Opera Nazionale Dopolavoro, el sistema fascista de organización y control del ocio. Gran Bretaña regresa al patrón oro.

Septiembre: desembarco en Alhucemas de los ejércitos francés y español contra la resistencia rifeña.

Diciembre: se firman los tratados de Locarno.

1926 Febrero: formación de Alianza Republicana en España.

Mayo: golpe militar en Portugal.

Julio: Mussolini crea el Ministerio de las Corporaciones.

Agosto: Józef Pilsudski establece una dictadura militar en Polonia (muere en 1935).

Noviembre: disolución del PPI en Italia.

Diciembre: establecimiento de una dictadura en Lituania bajo la presidencia de Antana Smetona. Ley de aplicación del descanso dominical en España.

1927 Febrero: creación de la Academia General Militar de Zaragoza.

Mayo: creación de la Organizzacione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo (OVRA), la policía secreta italiana.

Octubre: expulsión de Trotski del Comité Central del PCUS.

1928 Regreso de Maxim Gorki a Rusia tras siete años de exilio.

Diciembre: desmembramiento (sbloccamento) del movimiento sindical fascista.

Mayo: el NSDAP consigue 12 diputados en las elecciones alemanas.

Septiembre: Ahmed Bey Zogu se proclama rey de Albania (Zog I).

1928-1932 Primer Plan Quinquenal de la URSS.

1929 Enero: el rey Alejandro I de Yugoslavia establece una dictadura.

Febrero: firma de los Pactos de Letrán entre el Estado italiano y la Santa Sede.

Mayo: inauguración de la Exposición Universal de Barcelona y de la Exposición Iberoamericana de Sevilla.

Octubre: crash de la bolsa de Nueva York.

1930 27 de enero: dimisión de Primo de Rivera; le sucede el general Dámaso Berenguer (hasta marzo de 1931).

Marzo: dimisión del canciller alemán Müller en Alemania.

Agosto: Pacto de San Sebastián entre nacionalistas, socialistas y republicanos.

Septiembre: los nazis consiguen 107 diputados en las elecciones generales.

Diciembre: frustrado levantamiento militar republicano en Jaca y fusilamiento de sus cabecillas, Fermín Galán y Ángel García Hernández.

1931 12 de abril: elecciones municipales en España, victoria de las listas republicanas.

14 de abril: exilio de Alfonso XIII y proclamación de la Segunda República española.

21 de abril: el Gobierno provisional de la República restituye la Generalitat de Cataluña por decreto.

Junio: el papa Pío XI condena el fascismo en la encíclica Non abbiamo bisogno.

28 de junio: celebración de elecciones generales a Cortes Constituyentes; triunfo de la coalición republicano-socialista.

Agosto: aprobación por referéndum del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Septiembre: Japón conquista Manchuria.

10 de diciembre: Niceto Alcalá-Zamora es elegido presidente de la República española.

1932 Febrero: Hitler obtiene la ciudadanía alemana.

Julio: el partido nazi consigue 13 millones de votos y 230 escaños, su techo durante la etapa democrática. Establecimiento en Portugal de la dictadura del Estado Novo de António de Oliveira Salazar.

Agosto: intentona golpista del general Sanjurjo en Sevilla.

Septiembre: aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Ley de Reforma Agraria.

Noviembre: los nazis consiguen 17 millones de votos, pero pierden 34 diputados en las elecciones generales.

1932-1933 Cinco millones de personas mueren de hambre en la URSS.

1933 Enero: Hindenburg designa canciller a Hitler. Mussolini crea el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). El paro alcanza la cifra de seis millones en Alemania.

10-12 de enero: sucesos de Casas Viejas.

Febrero: creación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

27 de febrero: incendio del Reichstag en Berlín.

4 de marzo: Franklin D. Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos; inicio del New Deal.

23 de marzo: aprobación de la Ley de Habilitación, que confiere plenos poderes a Hitler.

Abril: Estados Unidos abandona el patrón oro.

26 de abril: creación en Alemania de la Policía Secreta del Estado (Geheime Staatspolizei o GESTAPO).

Septiembre: reforma corporativista de la Constitución austriaca por el canciller Engelbert Dollfuss.

Octubre: Alemania abandona la SDN y la conferencia de desarme.

29 de octubre: fundación de Falange Española.

21 de noviembre: Fundación del Sindicato Español Universitario (SEU).

Noviembre: elecciones generales en España, derrota de la coalición republicano-socialista. Alejandro Lerroux, presidente del gobierno.

1934 Enero: el presidente estonio Konstantin Päts se hace con el poder absoluto. Pacto de no agresión entre Alemania y Polonia.

Abril: Lerroux presenta su dimisión como jefe del Ejecutivo; Ricardo Samper le sucede al frente del gobierno.

Mayo: Karlis Ulmanis instaura una dictadura en Letonia.

Junio: Italia gana la Copa Mundial de fútbol.

30 de junio-1 de julio: Noche de los Cuchillos Largos, Hitler elimina a Röhm, líder de las SA, y a otros opositores al régimen nazi.

Julio: la OGPU se constituye en Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD).

25 de julio: asesinato del canciller austriaco Dollfuss.

Agosto: muerte de Hindenburg, Hitler se convierte en Führer absoluto de Alemania.

Octubre: insurrección revolucionaria en Asturias y Cataluña.

Noviembre: el Gulag (acrónimo ruso de Dirección General de Campos Correccionales de Trabajo) pasa a depender de la NKVD.

Diciembre: incidente bélico entre Italia y Abisinia en la frontera con Somalia.

1 de diciembre: asesinato de Serguéi Kirov, secretario general del PCUS en Leningrado.

14 de diciembre: suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como también de la Ley de Contratos.

1934-1936 Programas de esterilización afectan a cerca de 200 000 personas en Alemania.

1935 Enero: la región del Sarre vota en un plebiscito reintegrarse en Alemania y consigue una aplastante mayoría. El zar Boris III de Bulgaria impone una dictadura.

15 de septiembre: aprobación de las Leyes de Núremberg.

Octubre: Italia invade Abisinia. La SDN vota sanciones económicas contra Italia. Restauración de la monarquía griega.

29 de octubre: dimisión de los miembros del Partido Radical en el gobierno por la trama de corrupción Strauss-Perle.

1936-1938 Gran Purga del PCUS en Moscú.

1936 7 de enero: Alcalá-Zamora firma el decreto de disolución de las Cortes y encarga a Manuel Portela Valladares la tarea de organizar nuevas elecciones.

16 de febrero: victoria del Frente Popular en las elecciones generales de España.

Marzo: el ejército alemán reocupa Renania, zona desmilitarizada desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Mussolini emplea de modo oficial el término «autarquía» para establecer su política de autosuficiencia económica a largo plazo.

Mayo: fin de la guerra de Abisinia, conquistada por Italia. Gobierno del Frente Popular en Francia.

25 de mayo: primer informe del general Mola sobre un golpe militar en España.

Junio: Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini, ministro italiano de Asuntos Exteriores.

13 de julio: asesinato de José Calvo Sotelo.

17-20 de julio: sublevación militar en España; inicio de la guerra civil.

24 de julio: constitución de la Junta de Defensa, presidida por el general Miguel Cabanellas.

25 de julio: Francia declara su disposición a no intervenir en el conflicto español.

28 de julio: primeros envíos de material militar italiano a España.

29 de julio: Hitler envía aviones a Tetuán para apoyar a Franco.

4 de agosto: el general Ioannis Metaxas instaura una dictadura militar en Grecia.

13 de agosto: el gobierno francés cierra su frontera con España.

Finales de agosto: 27 Estados europeos firman el Acuerdo de No Intervención en España.

21 de agosto: creación en Barcelona del Comité Central de Milicias Antifascistas.

25 de agosto: ejecución de Kamenev y Zinóviev en Moscú.

Septiembre: constitución en Londres del Comité de No Intervención. Francia abandona el patrón oro.

4 de septiembre: primer gobierno de Franciso Largo Caballero.

18 de septiembre: el Komintern aprueba el envío de voluntarios (las Brigadas Internacionales o BI) a España.

1 de octubre: Franco es proclamado por los militares golpistas jefe del gobierno del Estado español.

2 de octubre: reconocimiento del Eje de la Junta Técnica del Estado presidida por Franco.

4-15 de octubre: llegada a Cartagena de la primera ayuda soviética para la República española.

Mediados de noviembre: llegada de la Legión Cóndor a España.

23 de noviembre: las tropas franquistas abandonan el asedio de Madrid.

1937 Febrero: batalla del Jarama, prueba de fuego de las BI.

Marzo: derrota de las tropas franquistas y de sus italianos en Guadalajara.

19 de abril: decreto de unificación y creación de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

3-7 de mayo: «Hechos de Mayo» en Barcelona.

Diciembre: batalla de Teruel (hasta enero de 1938).

1938 Febrero: dictadura militar bajo Carol II de Rumania.

9 de marzo: aprobación del Fuero del Trabajo.

12 de marzo: unión de Austria al Reich alemán (Anschluss).

13 de marzo: ejecución de Nikolái Bujarin.

22 de abril: Franco aprueba la Ley de Prensa (en vigor hasta 1966).

26 de abril: bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor.

Junio: Italia gana de nuevo la Copa Mundial de fútbol.

Julio-noviembre: batalla del Ebro.

Septiembre: Conferencia de Múnich.

5 de octubre: dimite Eduard Benes, jefe de gobierno de Checoslovaquia.

21 de octubre: cae el Frente Norte en manos de las tropas franquistas.

9-10 de noviembre: Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos en Alemania: destrucción de centenares de comercios y sinagogas judías.

28 de octubre: las Brigadas Internacionales se retiran de España.

1939 Enero-abril: 450 000 refugiados se instalan en campos del sur de Francia.

26 de enero: las tropas franquistas entran en Barcelona.

9 de febrero: Franco aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas.

Marzo: las tropas alemanas ocupan Praga.

5 de marzo: golpe militar del coronel Casado.

Abril: Italia se anexiona Albania.

1 de abril: fin de la guerra civil española.

19 de mayo: Desfile de la Victoria franquista en Madrid.

9 de agosto: primer gobierno nombrado por Franco después de la guerra civil.

23 de agosto: pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania.

1 de septiembre: Alemania invade Polonia.

3 de septiembre: Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Comienza la Segunda Guerra Mundial.

1939-1941 Los Einsatzgruppen alemanes asesinan a más de un millón de judíos en Polonia y la Unión Soviética.

1940 1 de marzo: Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo en España.

Abril: entra en funcionamiento el campo de Auschwitz-Birkenau.

Mayo-junio: Blitzkrieg (guerra relámpago) y ocupación alemana de Bélgica, Holanda y Francia.

Mayo: entra en vigor una norma que obliga a todas las mujeres españolas a prestar un Servicio Social de un mínimo de seis meses en la Sección Femenina. Winston Churchill se convierte en primer ministro británico.

13 de junio: Franco abandona la «estricta neutralidad» y se declara beligerante.

Junio: Italia entra en la guerra apoyando a Alemania.

Agosto: asesinato de Trotski en México por Ramón Mercader.

Agosto-septiembre: Batalla de Inglaterra.

Octubre: Italia invade Grecia.

15 de octubre: ejecución de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña.

16 de octubre: Franco designa como ministro de Asuntos Exteriores a Ramón Serrano Suñer.

23 de octubre: encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya.

24 de octubre: encuentro entre Hitler y Pétain en Montoire.

1941 12 de febrero: entrevista entre Franco y Mussolini en Bordighera.

29 de marzo: Franco aprueba la Ley de Seguridad del Estado.

Abril: Alemania invade Yugoslavia y Grecia. En Grecia comienza una guerra civil que, en diferentes fases, durará hasta 1949.

22 de junio: Operación Barbarroja, Alemania invade la Unión Soviética.

24 de junio: creación de la División Azul como unidad de apoyo a los alemanes en la campaña rusa.

7 de diciembre: ataque japonés sobre Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra a Japón.

Diciembre: comienza el experimento de exterminio por gaseamiento en el campo de Chelmno.

1942 Enero: inicio de las deportaciones hacia los campos de exterminio (Belzec, Sobibor, Treblinka, Madjanek y Auschwitz-Birkenau).

20 de enero: Conferencia de Wannsee, que establece el protocolo de la Solución Final.

16 de agosto: incidentes de Begoña entre falangistas y carlistas.

29 de septiembre: creación del No-Do (Noticiario Documental) en España.

Octubre: comienza la batalla de Stalingrado.

Noviembre: Operación Torch, desembarco aliado en el norte de África.

20 de diciembre: firma del Pacto Ibérico entre España y Portugal.

1943 Enero: Conferencia de Casablanca.

Febrero: rendición del 6.º Ejército alemán en Stalingrado.

17 de marzo: apertura de las Cortes orgánicas españolas.

Abril: levantamiento del gueto de Varsovia.

Julio: los aliados invaden Sicilia.

24-25 de julio: el Gran Consejo Fascista destituye y detiene a Mussolini.

Septiembre: el gobierno italiano de Badoglio se rinde a los aliados. Un comando alemán libera a Mussolini, que proclama la República Social Italiana (Saló).

3 de septiembre: Franco aparta a Serrano Suñer del gobierno.

12 de septiembre: disolución de la División Azul.

1 de octubre: Franco regresa a la «estricta neutralidad».

Noviembre: Congreso de Verona, que establece el programa antimonárquico y antisemita de la República de Saló.

1944 6 de junio: Operación Overlord, desembarco aliado en Normandía.

Julio: Conferencia de Bretton-Woods. Atentado contra Hitler.

Noviembre: deja de funcionar el campo de Auschwitz-Birkenau.

1945 Enero: Conferencia de Yalta.

27 de enero: las tropas soviéticas liberan el campo de Auschwitz-Birkenau.

28 de abril: ejecución de Mussolini.

30 de abril: suicidio de Hitler en Berlín.

7-8 de mayo: rendición incondicional de Alemania.

19 de junio: la Conferencia Fundacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) veta la entrada de España en el nuevo organismo.

Julio-agosto: Conferencia de Potsdam.

17 de julio: promulgación del Fuero de los Españoles.

6-9 de agosto: lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Septiembre: capitulación de Japón.

20 de noviembre: inicio de los Juicios de Núremberg (hasta el 1 de octubre de 1946).

Comentario bibliográfico[*]

Algunas de las mejores síntesis sobre la historia del siglo XX se ocupan con detalle y rigor de ese período que transcurrió entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda. Una de mis obras favoritas es la de Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century, Penguin Books, Londres, 1999 (aunque el título de la traducción al castellano en Ediciones B, Barcelona, 2001, es inexacto: La Europa negra), porque explica el combate entre el fascismo, el comunismo y la democracia desde varias miradas, la occidental y la de los Balcanes, la de las ideologías y la de los nacionalismos y las razas. Y me gusta Richard Vinen, A History in Fragments. Europe in the Twentieth Century, Abacus, Londres, 2002 (Península, Barcelona, 2002), por su énfasis en los protagonistas y en los cortes generacionales. La diversidad de sus planteamientos hace más justicia al título original en inglés, A History in Fragments, que al elegido para la edición en castellano, Europa en fragmentos, porque los fragmentos se refieren a las múltiples piezas que tiene el historiador para abordar esa compleja historia.

Respetar los títulos en las traducciones no es una cuestión irrelevante. El de Eric J. Hobsbawm, Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1941 (Abacus, Londres, 1995), detrás del cual hay toda una declaración de intenciones acerca de dónde comenzó y acabó esa «Age of Extremes», desapareció y fue convertido en Historia del Siglo XX. 1914-1941 (Crítica, Barcelona, 1995). Por las numerosas pistas que ofrece, resulta muy sugerente la aproximación de Enzo Traverso, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), Publicaciones de la Universitat de València, Valencia, 2009. Gabriel Jackson, a quien todos hemos conocido por sus estudios sobre la guerra civil española, dedica también al período que examino en este libro una buena parte de su Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX, Planeta, Barcelona, 1997. Europe between the Wars. A Politic History, de Martin Kitchen (hay traducción al castellano en Alianza, Madrid, 1992), es una correcta narración y explicación, ordenada por países, de los principales acontecimientos del período, aunque todos los libros citados anteriormente ofrecen análisis más actualizados y mejor tratados que los de Kitchen. Puede verse también Bernard Wassertein, Barbarismo y civilización. Una historia de la Europa de nuestro tiempo, Ariel, Barcelona, 2010.

Un clásico, aunque no incluye las dos guerras mundiales en su estudio, es el de Edwad H. Carr, The Twenty Years’Crisis. An Introduction to the Study of International Relations, publicado en 1939, aunque la edición que yo he utilizado es la de Harper & Row, Nueva York, 1964 (hay edición en castellano en Los Libros de la Catarata, Madrid, 2004). Una breve, pero sugerente, introducción a esos años en Richard J. Overy, The Inter-War Crisis 1919-1939, Longman, Harlow (Inglaterra), 1994. De Overy he utilizado también su excelente análisis comparado de la dictadura nazi y de la comunista, The Dictators. Hitler’s Germany and Stalin’s Rusia, W. W. Norton & Company, Nueva York, 2006 (Tusquets, Barcelona, 2006). Un amplio análisis comparado del desarrollo político de Europa desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en Gregory M. Luebbert, Liberalism, Fascism, or Social Democracy. Social Classes and the Political Origins of Regimes in Interwar Europe, Oxford University Press, Nueva York, 1991 (Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997). Las dificultades de preservar la democracia en Europa tras la Primera Guerra Mundial están bien examinadas en Charles Maier, Recasting Bourgeois Europe. Stabilizatin in France, Germany, and Italy in the Decade alter World War I, Princeton University Press, Princeton, 1988 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988). Un repaso a la sociedad europea en la «Belle Époque», antes de la Primera Guerra Mundial y los cambios posteriores en Frank B. Tipton y Robert Aldrich, An Economic and Social History of Europe, 1890-1939, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1987.

Para el primer capítulo, visión general del período, me han resultado también muy útiles dos libros breves de Ruth Henig, The Origins of the Second World War, Methuen, Londres, 1985, y Versailles and After 1919-1933, Routledge, Londres, 1995. He usado también Julian Jackson, Europa, 1900-1945, Crítica, Barcelona, 2003. Para las protestas y conflictos de esas décadas sigue siendo muy útil Dick Geary, European Labour Protest 1848-1939, Methuen, Londres, 1984. El declive de las democracias y el surgimiento de las dictaduras está bien descrito en S. J. Lee, The European Dictatorships 1918-1945, Routledge, Londres, 1991. Sigue siendo una obra clásica para ese tema Juan J. Linz y Alfred Stepan eds., The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978. Una narración ágil y ambiciosa de la década de los treinta en Piers Brendon, The Dark Valley. A Panorama of the 1930s, Vintage Books, Nueva York, 2000. El estudio pionero sobre la generación de la guerra es el de Robert Wohl, The Generation of 1914, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1997. El libro de Götz Aly citado en el primer capítulo es Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State, Nueva York, Henry Holt and Company, 2005. Y el de Peter Gay, todo un clásico, Weimar Culture. The Outsider as Insider, Harper Torchboks, Nueva York, 1970.

De las obras utilizadas para la elaboración del segundo capítulo sobre Rusia y sus revoluciones, debo destacar la de Orlando Figes, The Russian Revolution 1891-1924, Penguin, Londres, 1996 (Edhasa, Barcelona, 2000), una monumental y provocadora investigación. El revisionismo y anticomunismo de Richard Pipes está bien resumido en A Concise History of the Russian Revolution, Vintage Books, Nueva York, 1996, y Three «Whys» of the Russian Revolution, Vintage Books, Nueva York, 1997. Buenas y breves introducciones en Anthony Wood, The Russian Revolution, Longman, Londres, 1986; Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution 1917-1932, Oxford University Press, Oxford, 1982 (Siglo XXI, Buenos Aires, 2005); y Robert Service, Historia de Rusia en el siglo XX, Crítica, Barcelona, 2000, de quien he utilizado también Lenin. A biography, Macmillan, Londres, 2000. Una discusión historiográfica en Edward Acton, Rethinking the Russian Revolution, Arnold, Londres, 1990. Pueden verse también las páginas que dedica Carlos Taibo en La Unión Soviética 1917-1991, Alianza Ed., Madrid, 2010. Edward H. Carr publicó un resumen de su magna obra sobre Rusia y el régimen soviético en La revolución rusa: de Lenin a Stalin (1917-1929), Alianza Ed., Madrid, 2002. Una historia «desde abajo», que presta atención a la cultura y a los símbolos, en Richard Stites, Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, Oxford University Press, Nueva York, 1989. De las muchas colecciones de ensayos que existen he utilizado especialmente Kevin McDemott y John Morrison, Politics and Society under the Bolsheviks, Macmillan Press, Londres, 1999.

Sobre Mussolini y la Italia fascista, tema del capítulo tercero, he utilizado dos de los siete volúmenes de la biografía del dictador publicada por Renzo De Felice: Mussolini il fascista: I. La conquista del potere, 1921-1925, Einaudi, Turín, 1966; y Mussolini il fascista: II. L’organizzazione dello stato fascista, 1925-1929, Einaudi, Turín, 1968. Una buena introducción al personaje en Denis Mack Smith, Mussolini, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1981 (Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1989). Más exhaustiva y actualizada es la de R. J. B. Bosworth, Mussolini, Oxford University Press, Nueva York, 2002 (Península, Barcelona, 2003). Breves y buenas síntesis son las de Alexander De Grand, Italian Fascism. Its Origins & Development, University of Nebraska Press, Lincoln & Londres, 1989; y Martin Blinkhorn, Mussolini and Fascist Italy, Methuen, Londres, 1984. He incorporado también las comparaciones que de la Italia fascista y la Alemania nazi hacen Alexander De Grand, Fascist Italy and Nazi Germany. The ‘fascist’ style of rule, Routledge, Londres, 1995; y Richard Bessel, ed., Fascist Italy and Nazi Germany. Comparisons and contrasts, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

La mejor síntesis sobre la semilla del fascismo y los primeros años en el poder es la ya clásica de Adrian Lyttelton, Seizure of Power, Scribner, Nueva York, 1973. Estudios pioneros de historia local, que abrieron las puertas a síntesis posteriores, son los de Paul Corner, Fascism in Ferrara, Oxford University Press, Oxford, 1974; y Anthony Cardoza, Agrarian Elites and Italian Fascism: The Province of Bologna, 1901-1926, Princeton University Press, Princeton, 1982. Las referencias que se usan en el texto sobre las relaciones entre fascistas, conservadores y católicos están sacadas de los trabajos de Roland Sarti y John Pollard incluidos en Martin Blinkhorn, ed., Fascist and conservatives. The radical right and the establishment in tweentieth-century Europe, Unwin Hyman, Londres, 1990. Dos excelentes estudios, innovadores y reflexivos, son los de Victoria De Grazia, The Culture of Consent. Mass Organization of Leisure in Fascist Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 1981; y Emilio Gentile, El culto del Littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista, Siglo XXI, Madrid, 2007. Los costes que para Italia tuvo el expansionismo y la agresión militar puestos en marcha por Mussolini y el fascismo están tratados con detalle por Paul Preston en «El papel de Mussolini en la guerra civil europea», en Julián Casanova (comp.), Guerras civiles en el siglo XX, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2001. Introducciones generales al fascismo y los debates que ha generado en Alan Cassels, Fascism, Crowell, Nueva York, 1975; Stanley G. Payne, Fascism: Comparison and Definition, University of Winsconsin Press, Madison, 1980 (Planeta, Barcelona, 1995); Roger Griffin, The nature of fascism, Pinter, Londres, 1991; y Richard Thurlow, Fascism, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. Más actualizada es la síntesis de Philip Morgan, Fascism in Europe 1919-1945, Routledge, Londres, 2003.

Sobre la República de Weimar, Hitler y el ascenso al poder de los nazis, tema del capítulo cuarto, hay una inmensa bibliografía. Las dos síntesis sobre Weimar que más me gustan son las de Eberhard Kolb, The Weimar Republic, Unwin Hyman, Londres, 1988; y la de Detlev J. K. Peukert, The Weimar Republic. The Crisis of Clasical Modernity, Hill and Wang, Nueva York, 1987. He utilizado también J. W. Hiden, The Weimar Republic, Longman, Londres, 1974; David Abraham, The Collapse of the Weimar Republic. Political Economy and Crisis, Holmes & Meier, Nueva York, 1986; y Reinhard Kühnl, La República de Weimar, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1991. Una buena colección de ensayos y debates sobre el «fracaso» de la República de Weimar se encuentra en Ian Kershaw, ed., Weimar: Why did German democracy fail?, St. Martin’s Press, Nueva York, 1990 (he usado en este capítulo los de Richard Bessel, Dick Geary y el propio Kershaw).

La mejor biografía de Hitler es la de Ian Kershaw, Hitler. 1889-1936, hubris y Hitler. 1936-45, nemesis, Allen Lane, Londres, 1998 y 2000 (Península, Barcelona, 2002). Para los primeros años, Brigite Hamann, Hitler’s Vienna: A Dictator’s Apprenticeship, Oxford University Press, Nueva York, 1999. He utilizado también David Welch, Hitler. Profile of a Dictator, Routledge, Londres, 2001; y Dick Geary, Hitler and Nazism, Routledge, Londres, 1993. Buena síntesis sobre el ascenso de Hitler al poder es la de Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich, Penguin Books, Londres, 2005 (Península, Barcelona, 2005). También F. L. Carsten, The Rise of Fascism, University of California Press, 1980. Un clásico estudio local para ver ese ascenso, centrado en la ciudad de Northeim, es el de William Sheridan Allen, The Nazi Seizure of Power. The Experience of a Single German Town 1922-1945, Franklin Watts, Nueva York, 1984. Hay también excelentes estudios sobre el partido nazi. He usado aquí el de Michael H. Kater, The Nazi Party. A Social Profile of Members and Leaders 1919-1945, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1983; y el más reciente de William Brustein, The Logic of Evil. The Social Origins of the Nazi Party, 1925-1933, Yale University Pres, New Haven, 1996. Las política de masas y los instrumentos de deshumanización aplicados a Alemania fueron objeto de estudio ya hace años de George L. Mosse, The nationalization of the masses; political symbolism and mass movements in Germany from the Napoleonic wars through the Third Reich, H. Fertig, Nueva York, 1975 (Marcial Pons, Madrid, 2005). La relación entre los conservadores y los nazis está bien tratada en Jeremy Noakes, «German Conservative and the Third Reich», en Martin Blinkhorn, ed., Fascist and conservatives.

Hace ya años que Ángel Viñas abrió caminos en el complicado asunto de las dimensiones internacionales de la guerra civil española, el tema que ocupa el capítulo cinco de este libro: La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil, Alianza Editorial, Madrid, 1977; El oro de Moscú, Grijalbo, Barcelona, 1979; Guerra, dinero y dictadura, Crítica, Barcelona, 1984. Un reelaboración reciente de algunas de sus tesis en Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil, Alianza, Madrid, 2001. Una investigación sobre la financiación de los dos bandos en guerra en Pablo Martín Aceña, El oro de Moscú y el oro de Berlín, Taurus, Madrid, 2000.

Las conexiones entre la guerra y el fascismo italiano en John Coverdale, La intervención fascista en la guerra civil española, Alianza, Madrid, 1979; Ismael Saz y Javier Tusell (eds.), Fascistas en España. La intervención italiana en la guerra civil a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna», CSIC, Madrid, 1981; y Morten Heiberg, Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2003. Para la intervención alemana, Robert H. Whealey, Hitler and Spain. The Nazi Role in The Spanish Civil War 1936-1939, The University Press of Kentucky, Lexington, Kentucky, 1989; y Raymond L. Proctor, Hitler’s Luftwaffe in the Spanish Civil War, Greenwood Press, Westport, Conn., 1983.

Las posiciones de las potencias democráticas en Juan Avilés Farré, Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española, Eudema, Madrid, 1994 y Enrique Moradiellos, La pérfida Albión. El gobierno británico y la guerra civil española, Siglo XXI, Madrid, 1996. Para la Unión Soviética, Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional comunista y España, Planeta, Barcelona, 1999; Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory Sevostianov, eds., España traicionada. Stalin y la guerra civil, Planeta, Barcelona, 2002; y Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2003. Mucha información sobre el oscuro mundo del tráfico de armas en Gerald Howson, Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española, Península, Barcelona, 2000.

Una síntesis documentada y actualizada sobre todas esas intervenciones y retracciones en Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española, Península, Barcelona, 2001. También Michael Alpert, Aguas peligrosas. Nueva historia internacional de la guerra civil, Akal, Madrid, 1997; Juan Avilés Farré, Las grandes potencias ante la guerra española, Arco Libro, Madrid, 1998; y Paul Preston y A. L. Mackenzie, eds., The Republic Besieged. Civil War in Spain 1936-1939, Edinburgh University Press, Edimburgo, 1996 (Península, Barcelona, 1999). Mucha información sobre esa dimensión internacional se encuentra asimismo en Walter L. Bernecker, Guerra en España, 1936-1939, Síntesis, Madrid, 1996 y en Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2005. La edición que he usado de Homenaje a Cataluña, de George Orwell, es la de Ariel, Barcelona, 1983. La cita de Jason Gurney es de su Crusade in Spain, Faber and Faber, Londres, 1974. El concepto de «soberanía múltiple» en Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1978.

El libro básico para el capítulo sexto sobre Dictaduras es el ya citado de Richard Overy, The Dictators. Hitler’s Germany and Stalin’s Rusia. Una excelente aproximación a los personajes en Alan Bullock, Hitler and Stalin. Parallel Lives, Vintage Books, Nueva York, 1993 (Plaza & Janés, Barcelona, 1994). Las referencias de Ernst Nolte proceden de La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo, Fondo de Cultura Económica, México, 2001. Una magnífica introducción a la dictadura de Hitler es la de Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation, Edward Arnold, Londres, 1989. Imprescindible también por la investigación que hay detrás es la obra de Richard J. Evans, The Third Reich in Power, Penguin Books, Londres, 2005 (Península, Barcelona, 2007). He utilizado también Michael Burleigh, The Third Reich: A New History, Hill and Wang, Nueva York, 2000 (Taurus, Madrid, 2004). El establecimiento de una «comunidad del pueblo» y las políticas raciales están tratados en Robert Gellately and Nathan Stoltzfus, Social Outsider in Nazi Germany, Princeton University Press, Princeton, 2001; y Robert Gellately, The Gestapo and German Society. Enforcing Racial Policy 1933-1945, Clarendon Press, Oxford, 1991. Biografías de los principales personajes de esa dictadura en Ferran Gallego, Todos los hombres del Führer. La élite del nacionalsocialismo (1919-1945), Debolsillo, Barcelona, 2008.

Para la dictadura de Stalin, además de las obras de Overy, Bullock, y Service, he utilizado Geoffrey Hosking, The First Socialist Society. A History of the Soviet Union from Within, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1985; Alan Wood, Stalin and Stalinism, Routledge, Londres, 1995; y Michael Reiman, El nacimiento del estalinismo, Crítica, Barcelona, 1982. Una de las primeras biografías de Stalin fue la de Isaac Deutscher, Stalin: a political biography, Penguin, Harmondsworth, 1966 (Edició de Materials, Barcelona, 1967), que puede contrastarse con la revisionista y bien documentada de Dimitri Volkogonov, Stalin: triumph and tragedy, Grove Weidenfeld, Nueva York, 1991. La más actualizada y equilibrada es la de Simon Sebag-Montefiore Stalin: the court of the Red Tsar, Weidenfeld & Nicolson, Londres, 2003 (Crítica, Barcelona, 2008).

Para la historia de los países de Europa del Este he utilizado R. J. Crampton, Eastern Europe in the Twentieth Century, Routledge, Londres, 1994; Joseph Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars, University of Washington Press, Seattle, 1990; y Mark Mazower, The Balkans. A Short History, The Modern Library, Nueva York, 2002. Para la conceptualización de esas dictaduras como tradicionales deben verse las obras ya citadas de Gregory M. Luebbert, Liberalism, Fascism, or Social Democracy; S. J. Lee, The European Dictatorships 1918-1945; y Philip Morgan, Fascism in Europe 1919-1945. Hay referencias útiles sobre esas dictaduras, comparadas con los fascismos y la dictadura de Franco, en Edward Malefakis, «La dictadura de Franco en una perspectiva comparada», en José Luis García Delgado, coord., Franquismo. El juicio de la historia, Temas de Hoy, Madrid, 2000. Una interpretación de la dictadura de Franco, con bibliografía actualizada, en Julián Casanova y Carlos Gil, Historia de España en el siglo XX, Ariel, Barcelona, 2009. La obra más reciente que merece destacarse es la de Borja de Riquer, La dictadura de Franco, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2010. Sin olvidar a Paul Preston y su biografía Franco «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona, 2002.

Hay dos excelentes artículos que examinan y discuten la importancia que la violencia tuvo en Europa durante el siglo XX, tema del último capítulo de este libro: Mark Mazower, «Violence and the State in the Twentieth Century», The American Historical Review, vol. 107, n.º 1, octubre, 2002 (traducción al castellano en Historia Social, 51, 2005); e Ian Kershaw, «Wars and Political Violence in Twentieth-Century Europe», Contemporary European History, 14, 1 (2005). He utilizado también Charles Maier, «Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the Modern Era», The American Historical Review, vol. 105 (2000). Sobre la limpieza étnica, la mejor síntesis es la de Norman M. Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001. La obra citada de John Horne y Alan Kramer es German Atrocities, 1914. A History of Denial, Yale University Press, New Haven, 2001. La información sobre Finlandia y Grecia procede de mi estudio «Guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones en Finlandia, España y Grecia (1918-1949): Un análisis comparado», en Julián Casanova, comp., Guerras civiles en el siglo XX, donde puede verse también la bibliografía que aquí se utiliza.

De la amplia bibliografía sobre el Holocausto, se ha utilizado el pionero estudio de Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Homer & Meier, Nueva York, 1961 (Akal, Madrid, 2005); Arno J. Mayer, Why did the Heavens no Darken? The ‘Final Solution’ in History, Pantheon Books, Nueva York, 1988; Götz Aly, ‘Final Solution’: Nazi Population Policy and the Murder of the European Jews, Oxford University Press, Nueva York, 1999; Omer Bartov, Mirrors of Destruction: War, Genocide, and Modern Identity, Oxford University Press, Nueva York, 2000; Doris L. Bergen, War & Genocide. A Concise History of the Holocaust, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Maryland, 2007; y Enrique Moradiellos, La semilla de la barbarie. Antisemitismo y Holocausto, Península, Barcelona, 2009, quien proporciona una bibliografía actualizada. Debe verse también de Daniel Goldhagen, Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1996 (Taurus, Madrid, 1997) y el debate que generó está recogido en Federico Finchelstein, ed., Los alemanes, el Holocausto y la culpa colectiva. El debate Goldhagen, Eudeba, Buenos Aires, 1999, con artículos, entre otros, de Omer Bartov, Jürgen Habermas, Hans Mommsen y Raul Hilberg, con prefacio de Dominick LaCapra.

Para los campos de concentración soviéticos, además de las obras citadas en el apartado de Stalin, el libro básico es el de Edwin Bacon, The Gulag at War: Stalin’s Forced Labour System in the Light of the Archives, Macmillan, Londres, 1994. Datos e interpretaciones sobre las represalias y juicios antifascistas en los momentos de la liberación y en la posguerra en István Deák, Jan T. Gross y Tony Judt, The Politics of Retribution in Europe. World War II and Its Aftermath, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2000, de donde se ha extraído información de los capítulos de Deák, Gross, Judt, Mark Mazower y László Karsai. De Tony Judt puede verse también Reappraisals: reflections on the forgotten twentieth Century, Penguin Press, Nueva York, 2008 (traducido al castellano con el título Sobre el olvidado siglo XX, Taurus, Madrid, 2008). Una narración detallada de esa violencia en la inmediata posguerra en Giles Macdonogh, After the Reich: The Brutal History of the Allied Occupation, Basic Books, Nueva York, 2007 (traducido al castellano como Después del Reich. Crimen y castigo en la posguerra alemana, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2010).

Fotografías

La dinastía de los Romanov llevaba tres siglos dominando Rusia, pero no sobrevivió al impacto que ocasionó en la sociedad rusa la Primera Guerra Mundial. Presionado por políticos liberales y por algunos generales, que temían que de seguir el zar la revolución se extendería al frente, Nicolás II abdicó el 2 de marzo de 1917. Unos meses después, el 17 de julio de 1918, el zar, la zarina y sus cinco hijos fueron asesinados.

A finales de julio de 1917, Alexander Kerenski sustituyó al príncipe Lvov como presidente del Gobierno provisional de Rusia. Acosado por militares golpistas y por los bolcheviques, solo duró hasta la revolución de octubre.

Lenin tenía 47 años cuando la revolución lo llevó a presidir el Gobierno de los soviets en Rusia en octubre de 1917. Tras la conquista del poder por los bolcheviques, estableció un Estado con un solo partido.

En el pacto de Múnich, firmado el 29 de octubre de 1938, Neville Chamberlain y Édouard Daladier, jefes de Gobierno de Gran Bretaña y Francia, aceptaron la propuesta de Hitler, expuesta por Mussolini, de que Checoslovaquia entregara los territorios de los Sudetes a Alemania. Fue la sentencia de muerte para la única democracia que se mantenía en pie en Europa al este del Rin.

Hitler y Mussolini vivieron juntos, como dictadores fascistas, momentos de gloria. Su paso por la historia, sin embargo, está inextricablemente unido a la tiranía, la guerra y el crimen organizado desde el Estado.

El 23 de agosto de 1939, unos días antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Molotov (sentado) y de Alemania, Ribbentrop (detrás, con corbata) firmaron un pacto de no agresión, que en ese momento beneficiaba a los intereses de las dos potencias, aunque causó un tremendo escándalo entre muchos comunistas y antifascistas del mundo.

Hitler y Franco, los dictadores fascistas de Alemania y España, celebraron en Hendaya, el miércoles 23 de octubre de 1940, un encuentro histórico que sirvió a la propaganda franquista para divulgar el mito de que el Caudillo, con habilidad y prudencia, burló y resistió la amenaza del Führer, consiguiendo que España no participara en la Segunda Guerra Mundial.

Friedrich Ebert, veterano dirigente del Partido Social Demócrata Alemán (SPD), nacido en 1871, fue pieza clave en la proclamación y consolidación de la República de Weimar. Ebert había llegado a la dirección del partido a través del ejercicio de cargos burocráticos y no por ser un teórico del marxismo o un revolucionario forjado en las barricadas. Tras ser elegido el 6 de febrero de 1919, fue el primer presidente de la República, cargo en el que se mantuvo hasta su muerte en febrero de 1925.

Cuando cayó el Imperio alemán y llegó la República, los principales dirigentes, con Ebert a la cabeza, lograron mantener el orden y la democracia frente a la amenaza revolucionaria y el acoso de la ultraderecha.

La Unión Espartaquista fue un grupo revolucionario y antibélico creado en 1914 por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. La insurrección armada que lanzó contra el Gobierno socialista en enero de 1919, acabó con una sangrienta represión y el asesinato de sus dos dirigentes.

El tratado de paz, firmado entre los Aliados y Alemania en Versalles el 28 de junio de 1919, fue condenado con vehemencia por las naciones derrotadas, especialmente por amplios sectores de la población alemana, resultó una carga pesadísima para la joven democracia de Weimar y alimentó la propaganda radical nacionalista.

Hitler y Ludendorff fueron los principales organizadores del golpe de Estado del 9 de noviembre de 1923, planeado en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, para el que lograron reclutar a unos dos mil hombres armados y que fracasó rotundamente porque el ejército se negó a unirse a los insurrectos. Hitler fue condenado a una sentencia de cinco años en prisión, aunque solo permaneció en ella unos meses.

Iósif Stalin fue festejado por la propaganda de los años treinta como el salvador de la revolución de Lenin, cuando lo que hizo en realidad fue establecer una dictadura personal, con poderes ilimitados, que, como la de Hitler en Alemania, dominó la vida de los ciudadanos y eliminó a todos sus oponentes.

Los campos de trabajo creados por el régimen estalinista, conocidos comúnmente por el acrónimo Gulag (Dirección General de Campos Correccionales de Trabajo), nacieron en principio como instituciones para «rehabilitación» de los criminales y contrarrevolucionarios, pero se convirtieron muy pronto en un instrumento de castigo político para cualquier «enemigo del pueblo». Entre 1934 y 1937, casi siete millones de personas pasaron por ellos. Nunca fueron utilizados como centros de exterminio.

Hitler, hijo de un empleado de aduanas austriaco, un hombre sin estado hasta que consiguió la nacionalidad alemana en 1932, forjó su carrera política a partir de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y conquistó el poder más de una década después dirigiendo un partido de masas. En la tarde del 30 de abril de 1945, se suicidó en su búnker en Berlín, junto con su compañera Eva Braun.

Juventud y masculinidad fueron elementos importantes de la mitología del fascismo, un movimiento nuevo que lanzaba su rebeldía frente a la generación caduca, conservadora, socialista o liberal. El movimiento nazi reclutó a cientos de miles de jóvenes en una vasta red de organizaciones deportivas, estudiantiles y paramilitares.

El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, a donde se dirigían los prisioneros de esta foto, comenzó su funcionamiento en abril de 1940. Más de un millón de personas, la mayoría judíos, encontraron allí la muerte hasta que dejó de funcionar en noviembre de 1944.

Benito Mussolini nació en 1883. Hijo de un herrero socialista y republicano y de una maestra católica devota, el joven Benito forjó su rebeldía como un brillante propagandista de periódicos socialistas y fundó el movimiento fascista tras ser expulsado del Partido Socialista Italiano. En el poder, los fascistas pusieron en marcha un amplio e innovador experimento social de nuevas relaciones con las masas, magnificado por la propaganda y por el culto al Duce, como se empezó a llamar oficialmente a Mussolini.

Detenido por los partisanos, Benito Mussolini fue ejecutado el 28 de abril de 1945, junto con su última amante, Clara Petacci, y al día siguiente sus cadáveres y los de otros célebres fascistas, Roberto Farinacci o Achille Starace, fueron colgados en la piazzale Loreto de Milán.

El 16 de octubre de 1922 un grupo de líderes fascistas trazó un plan de insurrección que consistía en llegar a Roma con columnas organizadas desde diferentes ciudades para reclamar el poder. La marcha, triunfó por la negativa del rey y de las fuerzas armadas a reprimirla. El 29 de octubre, con treinta y nueve años, Mussolini se convirtió en el primer ministro más joven de Italia y en el primer gobernante fascista de la historia.

La victoria del general Franco en la guerra civil, el 1 de abril de 1939, fue también una victoria de Hitler y Mussolini. Y la derrota de la República fue asimismo una derrota para las democracias. Franco había comenzado a construir su nuevo Estado en la guerra, en la lucha contra la República, y su dictadura, junto con la de Antonio Oliveira de Salazar en Portugal, fue la única de corte derechista que pudo sobrevivir a la derrota de los fascismos en 1945. Su sistema represivo y de persecución del contrario se mantuvo, sin apenas fisuras, durante casi cuarenta años.

Júbilo y saludos fascistas en las calles de Madrid. La guerra había terminado. Llegaban la paz de Franco, la muerte de la República, el culto a los caídos, la división entre vencedores y vencidos.

El éxodo de los republicanos españoles llevó a Francia a unos 450 000 refugiados en el primer trimestre de 1939, de los cuales 170 000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos doscientos mil volvieron en los meses siguientes. El resto pasó a campos de internamiento o concentración creados por las autoridades francesas.

Tras la entrada de las tropas alemanas en Praga, a mediados de marzo de 1939, Hitler planeó lanzar una guerra de castigo contra Polonia. En la mañana del 1 de septiembre de ese año, el ejército alemán invadió Polonia y dos días después Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Veinte años después de la firma de los tratados de paz que dieron por concluida la Primera Guerra Mundial, comenzó otra guerra destinada a resolver todas las tensiones que el comunismo, los fascismos y las democracias habían generado en los años anteriores.

El ejército soviético llegó a Berlín el 2 de mayo de 1945, a una ciudad ya destruida, en la que sus soldados cometieron miles de asesinatos y violaciones de mujeres. Unos días después, al Alto Mando Alemán se rindió incondicionalmente, finalizando la guerra en Europa.

Miklós Horthy, antiguo jefe de la armada del imperio austrohúngaro, ocupó el poder en Budapest tras el derrocamiento del gobierno revolucionario de Béla Kun, en agosto de 1919. Gobernó de forma dictatorial hasta octubre de 1944, cuando los alemanes y los soviéticos se disputaban el control del territorio húngaro.

En 1926, el mariscal Joseph Pilsudski, que había tenido un importante papel político y militar en la nueva República de Polonia creada en 1918, dio un golpe de Estado y estableció una dictadura militar que duró, aunque Pilsudski murió en 1935, hasta la invasión nazi de Polonia en septiembre de 1939.

Ion Antonescu sirvió como coronel en el ejército rumano durante la Primera Guerra Mundial y se convirtió en dictador de Rumanía, en septiembre de 1940, tras echar del país al rey Carol II. En junio de 1941, cuando Alemania atacó a la Unión Soviética, metió a Rumanía en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, fue juzgado como criminal de guerra y ejecutado el 1 de junio de 1946.

Ante Pavelic, líder del movimiento Ustase y jefe del estado fascista croata desde 1941 a 1945, fue responsable de miles de asesinatos de judíos, gitanos, serbios y comunistas. Al final de la guerra, Pavelic huyó de Austria y de Roma con la ayuda de la jerarquía de la Iglesia católica. Vivió durante unos años en Argentina y murió en la España de Franco, en Madrid, en diciembre de 1959.

Ferenc Szálasi abandonó el ejército húngaro en 1935, para hacer carrera política, aunque nunca perdió el contacto con los oficiales más jóvenes. Principal dirigente del partido fascista de la Cruz Flechada, se convirtió en los meses finales de 1944 en un dictador títere de Alemania y desde esa posición de poder persiguió a decenas de miles de judíos. Tras el final de la guerra, fue condenado a muerte por un Tribunal Popular en Budapest y ahorcado el 28 de marzo de 1946.

Notas

[1] Esta investigación se benefició también de la financiación de varios proyectos por parte de la Dirección General de Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia (HUM 2005/01779 y HUM 2006/05172) y del Gobierno de Aragón (H-24). <<

[2] Una observación necesaria en torno a las fechas: hasta el 31 de enero de 1918, Rusia siguió el calendario juliano, que transcurría con un retraso de trece días respecto al calendario gregoriano que se usaba en Europa occidental. Tras la revolución de octubre de 1917 (25 de octubre para los rusos, 7 de noviembre para los occidentales), el gobierno bolchevique cambió al calendario gregoriano. Las fechas referidas a las revoluciones de 1917 que se usan aquí siguen el calendario juliano entonces vigente. <<

[3] La bibliografía sobre los años, personajes y temas que se tratan en este libro resulta inabarcable. En este comentario aparecen sólo los autores y libros que han sido utilizados o citados en el texto y no se incluyen, salvo en la bibliografía usada para el capítulo séptimo, artículos en revistas científicas. <<