Modesto Lafuente fallece en Madrid el 25 de octubre de 1866, finalizando su aportación a la Historia General de España (1850-1867) con la muerte de Fernando VII. A partir de este momento es D. Juan Valera quien se hace cargo de la obra (1887-1890), que continuara hasta el fallecimiento de Alfonso XII en 1885.

El volumen vigésimo tercero comienza con la reforma de la Constitución de 1837 que culmina en la Constitución de 1845 (publicada el 23 de mayo) que no contentó a nadie. Termina con la revolución de 1868 (la Gloriosa) que provocará la abdicación de Isabel II y el primer intento de establecer un régimen político democrático, primero en forma de monarquía parlamentaria, durante el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873), y después en forma de república, la Primera República (1873-1874).

Juan Valera

Historia General de España - XXIII

Historia General de España 23

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pipatapalo 04.01.2018

Título original: Historia General de España - XXIII

Juan Valera, 1887

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LIBRO DECIMOCUARTO

DE 1843 A 1848

CAPÍTULO III

La reforma constitucional.—Otras leyes.—Proyecto de Concordato Sistema tributario.

Ya que hemos bosquejado la violenta represión que tuvo que ejercer el primer ministerio Narváez, nos incumbe hablar de lo que fundó; de las ideas que vino a realizar en el poder. Empecemos, pues, por la misma Constitución del Estado, cambiada por voluntad de dicho ministerio. Y desde luego, aun sin decidir si la nueva Constitución de 1845 era preferible a la de 1837, bien se puede afirmar que el cambio fue inoportuno, impolítico y peligroso.

Por amor y veneración, en apariencia al menos, a la Constitución de 1837, que se suponía infringida, se ligaron contra Espartero progresistas y moderados, se alzó en armas todo el país, y se lanzó a Espartero de la regencia. Después, para lanzar también del poder a los coligados progresistas, se valió el partido conservador del elemento militar, que le era favorable, y acudió asimismo al vergonzoso enredo en que fue envuelto Olózaga. El partido moderado daba, pues, nueva muestra de inconsistencia en sus propósitos o de un maquiavelismo que de todo se burlaba, al deshacer una Constitución por cuyo respeto se había levantado y combatido.

Con la reforma de la Constitución no podía ganarse a ninguno de los partidos que vivían y se agitaban fuera de ella: ni al absolutista carlista, que perseveraba en su amor a la dinastía de don Carlos; ni al absolutista isabelino, para el cual todo cambio favorable al trono y al altar y contrario a la soberanía nacional y al espíritu de nuestro siglo, había de parecer insuficiente. De la reforma constitucional no podía, por lo tanto, el ministerio Narváez prometerse el traer a una legalidad común ni a un carlista lego, ni a un solo absolutista isabelino, ni al clero enemigo del nuevo régimen, ni a aquellos que eran devotos y defensores de los intereses del clero o que tomaban la religión como arma de partido.

Los progresistas, burlados, expatriados, perseguidos y escarnecidos, habían apelado al retraimiento: conspiraban, apartándose de los caminos legales: pero, en la Constitución de 1837 tenían con los conservadores una legalidad común. Podían discrepar en conducta, aspiraciones y tendencias; pero en los principios fundamentales convenían. Reformada la Constitución, se abrió zanja más honda entre ellos y los conservadores; se los arrojó o se quiso arrojarlos de la legalidad en vez de atraerlos; y se dio motivo al mayor de los males: a que en vez de haber varios partidos con una misma Constitución, hubiese tantas Constituciones, en idea, sino de hecho, como partidos había. Y por último, con la reforma, no solo se alejó más a los progresistas, sin atraer ni ganar a los absolutistas y retrógrados, sino que desde luego se dividió en dos fracciones al mismo partido conservador, dando bandera distinta a cada fracción: a los ministeriales, la de la reforma; a los menos ministeriales o no ministeriales, la de la integridad de la Constitución de 1837.

Es cierto que en el partido conservador había entonces, como ha habido siempre, poco pueblo y mucho adalid, para que pudiera permanecer unido: pero la división hubiérase fundado solo en cuestiones secundarias, en puntos de conducta y tal vez en sutilezas, si el ministerio no hubiese dado harto motivo a profunda separación con la reforma constitucional. En virtud de esta reforma, tomó razón cumplida de ser y apareció no como mera disidencia, sino como nuevo partido dentro del antiguo partido conservador, un grupo de hombres de los más hábiles, elocuentes y capaces, Al frente del bando antirreformista estaba don Joaquín Francisco Pacheco. Seguíanle sujetos de tanto valer como don Antonio Ríos Rosas, don Nicomedes Pastor Díaz, don Mariano Roca de Togores y don José Peña Aguayo.

Las razones que el ministerio Narváez tuvo para la reforma no eran bastante poderosas para servir de contrapeso a tan graves inconvenientes. A veces presume el desapasionado observador que hubo un sandio prurito de lucirse; una vanidad pueril de dar ocasión a discusiones elevadas sobre principios. Nadie había pedido la reforma, antes de que se le ocurriese a los ministros. No venían estos en nombre de una escuela o secta a realizar dicha reforma en el poder. Y como dice un elocuente publicista conservador: «Los hombres que propusieron la modificación constitucional no llevaban misión de nadie; ellos se la arrogaron: fue una condición que admitieron para mantenerse en el poder. Nadie la recibió con entusiasmo: muchos, con repugnancia. Ninguna de las mudanzas que se propusieron valía la pena del escándalo que se daba: los peligros de la institución para cuya abolición se dijo que se daba eran menores que los riesgos del ejemplo que se dio a los partidos».

El ejemplo efectivamente era malísimo: excitaba a todo partido a abrir de nuevo el período constituyente cuando viniese al poder, resultando de aquí que dicho período jamás se cerrase y que estuviésemos siempre constituyéndonos, y, como entienden algunos Cándidos, no cesando de pasmar a Europa con nuestra sabiduría y elocuencia al dilucidar sin término puntos y teoremas, sobre los cuales se ha dicho ya en otros países cuanto hay que decir y cuyo estudio hastía de puro trillado y manoseado.

La Constitución de 1837 estaría llena de defectos, pero los progresistas habían contribuido a hacerla y estaban obligados a respetarla. Echándola al suelo, los conservadores rompían todo lazo legal que a los progresistas los uniese. Una Constitución no sale entera y armónica de la idea de un filósofo o si se quiere del pensamiento de toda una secta o escuela, sino que debe nacer de la transacción, concierto y posible avenencia entre diversas aspiraciones, sectas y partidos. Así será más imperfecta y menos científica y tendrá menos consonancia dialéctica entre sus partes; pero será también más firme, más práctica, más respetada por todos y más duradera. De lo contrario, si cada escuela política pretendiese, cuando llegara al poder, gobernar con una ley fundamental de acuerdo toda ella con sus principios, y reformase o cambiase la Constitución para lograrlo, contando con la Corona y en virtud de unas Cortes, derecho formal tendría para ello, pero fundaría sobre ese derecho formal la normalidad de la anarquía y la instabilidad de todo.

En la discusión del discurso de la corona del primer ministerio Narváez, impugnaron ya no pocos conservadores el propósito de reforma constitucional. Le defendió, entre otros, don Juan Bravo Murillo. Y don Nicomedes Pastor, al contestarle, concediéndole que las Cortes tenían poder para reformar la Constitución, añadía: «Cabalmente la razón de que esto no puede ser así la ha dado el señor Bravo Murillo. Porque todos pueden es por lo que no puede ninguno; porque pudiéndolo todos y deshaciéndolo todas las veces que pudieran, la sociedad sería la anarquía, sería el caos. Ley fundamental quiere decir que hay punto en que todos los que pueden legalmente traspasar ese terreno se obligan a no traspasarle y a no tocar a las instituciones. Esa es la razón, repito: lo que nosotros podemos hacer no debemos hacerlo por lo mismo que lo pueden todos, y porque, si lo hiciéramos, abriríamos a otros la puerta y los provocaríamos a ello con la ocasión y el ejemplo».

Los argumentos y amonestaciones de Pastor Díaz y de otros antirreformistas de nada valieron sin embargo. A poco de discutido el mensaje, presentó el gobierno su proyecto de reforma, precedido de un largo preámbulo.

En él explicaba los puntos capitales que pretendía reformar y exponía los motivos que tenía para ello.

Confesando que la Constitución de 1837 estaba fundada en sanos principios de derecho público y era una mejora de la Constitución de 1812, todavía el gabinete hallaba graves defectos en ella, indicados por la teoría y confirmados por la experiencia. Para hallar estos defectos echaba la culpa a la Constitución de las sublevaciones, motines y pronunciamientos que había habido desde que se proclamó y de las infracciones de esta misma Constitución en que habían incurrido los gobiernos. Los acontecimientos ulteriores han demostrado harto dolorosamente lo absurdo de esta acusación, ya que con la Constitución de 1845, lo mismo que con la de 1837, los motines y pronunciamientos continuaron y las infracciones de la Constitución no cesaron tampoco.

La primera reforma consistía en borrar de la nueva Constitución el principio de la Soberanía nacional, consignado en ella y tildado por los ministros de inoportuno, de peligroso y hasta de ocasionado a que de él se dedujesen consecuencias poco conformes al decoro y firmeza del trono. Esto último era ridículo con toda evidencia, porque un trono no reconocido aún por el Papa no podía apoyarse en el derecho divino; no reconocido aún por las potencias, representantes en Europa del antiguo régimen, no podía apoyarse tampoco en ningún derecho hereditario y tradicional; y, levantado por los partidos liberales y sostenido por una guerra civil de siete años contra los partidarios del antiguo régimen, contra la mayor parte del clero y contra el mismo Papa, de no apoyarse en la Soberanía nacional, tenía que reconocer por único origen y fundamento la fuerza, la cual, en último resultado, es también la Soberanía nacional, rudamente, bárbaramente y sangrientamente manifestada. No era, pues, inoportuna la consignación, en la Constitución de 1837, del principio de esta Soberanía; era legalizar de algún modo la existencia de dicho trono, cuyo derecho hereditario habían negado fuera de España tantas autoridades, y que en España no hubiera valido jamás de nada, si los partidos liberales, la suerte de las armas, los sacrificios de sangre y de dinero hechos por la nación, y los medios tildados de impíos y los recursos revolucionarios allegados a costa de la Iglesia, en virtud de incautaciones, calificadas por la Iglesia misma de inicuo despojo y hasta de robo sacrílego, no le hubieran hecho valer. Era, pues, irritante y monstruoso el calificar de inoportuna la consignación en la ley fundamental de dicho principio de la Soberanía de la nación. Entonces, cuando el Papa nos desdeñaba aún, cuando ni Austria, ni Prusia, ni Rusia, ni otras potencias reconocían la legitimidad de doña Isabel II, y sí la de don Carlos, borrar el dogma de la Soberanía de la Constitución del Estado era borrar el único derecho incontestable que tenía la reina a estar en el trono.

En la nueva Constitución no se negaba la libertad de imprenta sin previa censura, pero la cláusula con sujeción a las leyes era bastante para destruir o hacer casi nula dicha libertad, no negada en principio. Ya desde luego anunciaba el gabinete la supresión del jurado y una ley especial de imprenta que corrigiese y enfrenase las insolencias y los desmanes de que el gobierno acusaba a los escritores públicos.

Según el gobierno, la reforma principal que quería introducir en la Constitución era la del Senado. Las razones que aducía para esta reforma estaban en parte fundadas y en parte no. No era, por ejemplo, razón fundada la de que el gobierno provisional había tenido que renovar el Senado por completo. No era esto prueba, como decía el gobierno, de que aquella rueda de la máquina política no estaba labrada a propósito para moverse con regularidad; antes bien podía haber sido prueba de que aquella rueda de la máquina política no estaba labrada a propósito para moverse con irregularidad: esto es, para ceder al empuje violento de las revoluciones y seguir funcionando dócil y a gusto de nuevos poderes por las revoluciones creados. Era, sí, fundada razón para la reforma del Senado una del todo contraria a la anterior; a saber, que, siendo electivos todos los senadores, y no teniendo mucha más persistencia y vida oficial que los diputados, y dependiendo además su elección del pueblo indistintamente, no hacían del Senado un cuerpo que en algo se contrapusiese al Congreso; que representase miras e intereses de esferas de acción diversas, sino de toda la comunidad política en conjunto; y que compusiese algo de más permanente, conservador y duradero, para contrabalancear lo mudable de la opinión representado en la cámara popular. Pero, a fin de atender a esta razón, no se le ocurrió al gobierno que pudiera haber senadores por derecho propio en virtud de cargos, dignidades, categorías, altas posiciones, y presidencia o dirección de juntas o corporaciones respetables; y desechó asimismo que pudiera haber senadores por derecho hereditario, suprimidas las vinculaciones, y hecha así imposible toda aristocracia que por herencia se transmitiese. Decidió, pues, el gobierno lo menos liberal que era dable decidir: decidió crear un Senado de senadores vitalicios, nombrados todos por la corona, aunque dentro de ciertas condiciones para ser elegibles.

«Tal como se propone la nueva institución del Senado, decía el gobierno, entrarán a componerle los que por su alta dignidad, por los servicios que hayan prestado en sus respectivas carreras, por el sagrado carácter de que se hallen revestidos, o por su ilustre nombre o sus cuantiosos bienes, den peso y valor a las resoluciones de aquel cuerpo, que debe ser como un reflejo de las glorias de la nación, y un depósito de antiguas tradiciones, en que se atesore el fruto de la ilustración y de la experiencia». En todo lo cual el gobierno tenía razón hasta cierto punto, pero dejaba de tenerla cuando a dicho punto se llegaba, que era el de que los senadores no debían el ser tales ni a su alta dignidad, ni a los servicios que habían prestado, ni al sagrado carácter de que se hallaban revestidos, ni a su ilustre nombre o a sus cuantiosos bienes, sino al ministro que los nombraba por decreto de la reina. De aquí que perdiesen no escasa parte del crédito, independencia y majestuoso valer aristocrático que se les quería atribuir. Por otra parte, de la condición de que fuesen vitalicios, cuando tal vez debían su origen al capricho o al favor ministerial, nacían inconvenientes harto obvios y graves, sobre todo en un país, como el nuestro, sujeto a tanta mudanza; inconvenientes que solo podían allanarse, según se allanaron más tarde y no pocas veces, con numerosas y frecuentes hornadas cuando se mudaba de política o de gabinete.

Consistía otra reforma, quizá conveniente a fin de retardar los gastos y trastornos que acarrean las elecciones, en dilatar a cinco años la vida de las Cortes, que era antes de tres.

Se suprimía además el artículo 27 de la Constitución, en el cual se establecía que, si el rey dejase de reunir algún año las Cortes antes del 1.º de diciembre, las Cortes se juntasen precisamente en este día. Este artículo era digno de la supresión por sobrado Cándido. «Su mero contexto, decía el gobierno, basta para probar que es indecoroso a la autoridad regia y de todo punto inútil para defender los derechos de la nación»; y luego añadía el gobierno, recordando sin duda su origen y antecedentes revolucionarios y aprobando con clara reticencia el derecho de insurrección: «cuando para daño de los tronos y de los pueblos sobreviene un conflicto de esta naturaleza entre los poderes del Estado, no se apela a los artículos de la Constitución, que ya está por tierra». Solo le faltó añadir: se apela a las armas para echar por tierra a quien echó por tierra a la Constitución.

El gobierno, en su afán de reformar inoportunamente, y alucinado hasta el extremo de creer que su efímera obra iba a durar muchos años, modificó también lo dispuesto sobre la regencia, estando por entonces tan lejos la menor edad de un nuevo rey, en que la regencia tuviera que ejercerse. Solo dos motivos pudo tener el gobierno para esta modificación: odio a Espartero y deseo de adular al trono: prurito de echar incienso a las personas de casta real o principesca, y de denigrar un poco, y como de refilón, a los que sin pertenecer a dicha casta, y más bien criados en plebeyos pañales, se habían sentado bajo el solio y con cierto regio aparato. A fin de evitar en lo posible tan nefanda profanación, proponía el gobierno que solo se apelase a la regencia electiva cuando no hubiese otro recurso más en consonancia con el régimen monárquico y menos expuesto a inconvenientes y peligros. A este fin quitaba a las Cortes la facultad de nombrar la regencia tan hereditaria como el trono mismo, llamando a ella primero al padre o a la madre y luego al pariente más próximo a suceder a la corona.

La última alteración que el gobierno proponía, y que, hasta por el inocente artificio de aparecer como la última en el preámbulo, se conocía que había sido el primer móvil para la reforma, era que se suprimiese el artículo constitucional en que se consignaba la existencia de una milicia ciudadana. Es verdaderamente chistoso que aquel gobierno y aquel partido que aborrecían a dicha milicia, que la habían desarmado, y que ahora querían suprimirla, nada se atreviesen a decir en contra de ella. «No es esta la ocasión, dicen, de examinar las ventajas y los inconvenientes de tal institución»; pero sin examinarlo tampoco y mucho menos sin probarlo, y limitándose a decir que están convencidos de ello, suponen que «la existencia de la milicia nacional en todas las provincias no es ni debe ser materia de un artículo constitucional».

Justo es que confesemos que, en este procedimiento contrario a la milicia nacional, tuvo el gobierno poca franqueza y valentía. Si la creía mala, si la juzgaba causa de perturbaciones sin cuento, a propósito para alborotos y motines, y poco a propósito para defender la libertad del pueblo contra un gobierno despótico, cuando un gobierno despótico le quitaba con tanta facilidad las armas de la mano, ¿por qué no tuvo la franqueza y la valentía de decirlo?

Es, por último, muy de notar, en el proyecto de reforma, el absoluto silencio que el gobierno guarda en el preámbulo sobre otra alteración importantísima que viene después en los artículos. Sin dar, pues, razón alguna para ello, el gobierno quita a las Cortes toda intervención en el matrimonio de los monarcas y somete solo a su aprobación las estipulaciones y contratos matrimoniales.

Tal era el proyecto y tal fue en resumen la reforma constitucional. Elocuentes discursos se pronunciaron en contra de ella, pero a nadie convencieron.

El 23 de mayo de 1845 se publicó en la Gaceta la nueva Constitución reformada, la cual, salvo a los ministros, a nadie contentó. El partido absolutista, dinástico de Isabel II, la halló sin duda detestable de puro liberal. Los progresistas la condenaron por servil, por cortesana, por ridículamente aristocrática sin aristocracia verdadera, y por bajamente aduladora del trono.

A los pocos días de publicada la Constitución, y excitados a ello imprudentemente por El Heraldo, los progresistas, en sus tres más autorizados periódicos, El Eco del Comercio, El Espectador y El Clamor Público, hicieron una manifestación, donde, como era natural, se salían implícitamente de la legalidad nueva; declaraban que respetarían la Constitución de 1845 como los conservadores habían respetado la de 1837; sostenían que, transigidas sus antiguas diferencias, todos habían vuelto a unirse en contra del enemigo común; y echaban en cara a los conservadores que, después de haber proclamado a la faz del mundo que la Constitución de 1837 estaba hecha con sus principios y de haber llamado traidor al que no la respetara, la habían despedazado, haciendo estériles los más sagrados fueros del hombre, por lo cual ni tenían derecho a preguntar nada ni merecían que se les contestase.

Es evidente que, cuando se reformaba la Constitución en sentido más favorable al trono y al poder ministerial y más contrario a los derechos del pueblo, se habían de reformar también las leyes orgánicas. El ministerio Narváez juzgó esto tan indispensable y de tanta urgencia que, hallando prolija y pesada la discusión en las Cortes, pidió y obtuvo autorización para plantear por decretos dichas reformas.

Todas ellas propendieron a dar más vigor al gobierno, a centralizar su poder y a quitar atribuciones a las corporaciones populares. A las diputaciones provinciales se les mermaban sus facultades con la creación de sendos consejos, en las capitales de provincia, presididos por el jefe político y compuestos de personas nombradas y pagadas por el poder central, los cuales consejos habían de ser como cuerpos consultivos y asimismo como tribunales para entender en lo administrativo contencioso.

Acerca de la imprenta el primer ministerio Narváez legisló también por decretos exagerando las medidas de represión tomadas ya por el ministerio González Brabo, poniendo nuevas trabas a la libre emisión del pensamiento y anulando de hecho los artículos de la Constitución que acababa de promulgarse y donde dicha libertad estaba consignada.

Para justificar o disculpar su extremado rigor contra los periódicos, el ministerio alegaba las circunstancias difíciles en que se hallaba el país, hirviendo en conspiraciones de todo género y valiéndose los conspiradores de la prensa periódica para proclamar la insurrección y difundir las ideas más subversivas.

No disculparemos nosotros por cierto al ministerio Narváez, mas es fuerza reconocer que su situación era difícil y que esto explicaba su conducta, ya que no la justificase. Hallábase enfrente de un partido que, separado de los caminos legales, conspiraba para alcanzar el poder con fuerza, en los campos y en las calles; y enfrente también de otro partido que conspiraba en palacio para que las ideas más reaccionarias prevaleciesen. Contra ambos tenía que combatir el ministerio Narváez. Para vivir tenía que vencer al mismo tiempo motines y camarillas. Estas últimas no podían menos de ser poderosas contando con el auxilio de la religión y de las supersticiones y con otros medios no menos propios para obrar en el ánimo y torcer imperiosamente la voluntad de una reina niña, fervorosamente devota, de viva imaginación y de corazón apasionado.

La cuestión religiosa siempre en pie, era uno de los asuntos que ofrecían al gobierno más serias dificultades. Prueba de que el gobierno no sabía qué hacerse, y vacilaba y titubeaba como alguien de quien tiran fuerzas iguales en opuestas direcciones, era que a pesar de que el señor Castillo y Ayensa menudeaba los despachos y las cartas pidiendo autorización para entregar a monseñor Lambruschini un escrito que había redactado en contestación a las ya mencionadas Observaciones anónimas, dicha autorización no acababa de dársele.

Entretanto, empleados el gobierno y las Cortes en la reforma constitucional, las exigencias de Roma no pudieron menos de influir en dicha reforma. El gobierno, a fin de remover tropiezos que al buen éxito de las negociaciones con Roma se opusieron, tuvo a menudo que hacer concesiones o declaraciones vergonzosas que rebajaban su dignidad y que menoscababan la soberanía independiente del Estado. La primera de estas declaraciones fue sobre el juramento que debía prestarse a la Constitución, el cual, según declaró el señor Castillo y Ayensa al gobierno pontificio, autorizado para ello por el suyo, solo obligaba en cuanto no se opusiese a las leyes de Dios y de la Iglesia. De esta suerte, el juramento constitucional, el quedar absuelto de él y el propio valer y respeto que a la Constitución se debían, quedaban bajo la dependencia del Padre Santo, que era quien podía y debía decidir acerca de la conformidad o no conformidad de la ley fundamental del Estado con las leyes de Dios y de su santa Iglesia.

Asimismo se discutió en Roma, no menos que en Madrid, este otro artículo constitucional: «Unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales». Como se ve en este artículo, que era el cuarto de la Constitución de 1837, parece que se declara el desafuero de los eclesiásticos y de los militares. Y, oponiéndose a esto el gobierno pontificio, se añadió en la Constitución reformada, a fin de dar gusto a Roma, que los eclesiásticos y los militares seguirían disfrutando de su fuero especial en los términos que fijasen las leyes.

Sobre otro punto más capital hubo gran discusión con Roma: sobre el artículo 11 de la Constitución. En esto nada había que pedir a los legisladores de 1812, quienes habían declarado, como si fueran los Santos Padres de un Concilio, no solo que la religión católica, apostólica, romana, era la religión de los españoles, sino también que era la única verdadera, añadiendo como en profecía que sería perpetuamente la religión de España, y prohibiendo el ejercicio de cualquiera otra. Menos explícita y religiosa en este punto la Constitución de 1837, dice en su artículo 11: «La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Iglesia católica que profesan los españoles». Y por último, adoptando un término medio, que a menudo suele ser el peor, entre ambas Constituciones, los reformadores constitucionales de 1845 decían: «La religión de la nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros».

De estos tres artículos, el que la Santa Sede aceptaba gustosa era el de la Constitución de 1812. El de la de 1837 parecíale abominable y vitando, porque en realidad nada afirmaba más que un hecho en lo tocante a religión, esto es, que los españoles profesaban la católica; de suerte que, si hubieran profesado la protestante, lo mismo pudiera afirmar la Constitución que la profesaban. Para nosotros, que no creemos que nada tocante a religión es de la incumbencia del Estado o de la Potestad civil, porque toda asociación política se funda y ordena para fines menos altos, y la soberanía que de ella nace no se extiende a la conciencia y a las relaciones del hombre con Dios, exentas y libres de toda ley humana, el artículo constitucional de 1837 estaba muy en su lugar: en punto a la religión de los españoles nada prescribía, porque nada podía prescribir: solo consignaba un hecho, exacto, en apariencia al menos. Mas para Roma, que quería el auxilio del brazo secular, a fin de imponerse, no por la persuasión y la fe, sino también por fuerza y de un modo material, dicho artículo era inadmisible; era lo que llaman los partidos no liberales la expresión del indiferentismo religioso o la declaración de que el Estado es ateo; confundiendo así, por medio de un sofisma, el que el Estado se declare incompetente para decidir sobre religión y el que la tenga o no la tenga, si es que el tener o no tener religión el Estado no son frases ambas que carecen absolutamente de sentido, ya que la religión la tienen o no la tienen los individuos y sus colectividades o sumas, que forman los pueblos, y no el Estado, que es una entidad abstracta, y una fuerza creada para fines no religiosos.

También disgustaba a la Santa Sede la supresión de los epítetos de apostólica, romana, hecha por la Constitución de 1837, al hablar de la religión católica; pero esto se enmendaba ya en la Constitución de 1845, añadiendo lo de apostólica, romana, a dicha religión.

Para el gusto de Roma el nuevo artículo estaba notablemente mejorado, mas no por eso la Santa Sede quedaba satisfecha. En efecto, aunque de una manera más solemne, el nuevo artículo se limitaba también a consignar que los españoles eran católicos, pero no les prescribía que lo fuesen, ni por lo pronto mientras aquella ley durara, ni a perpetuidad como quisieron los legisladores de Cádiz, ni se disponía tampoco la prohibición de otra religión cualquiera.

En cuanto a la obligación reconocida por el Estado, de mantener el culto y sus ministros, tampoco podía darse la Santa Sede por satisfecha. Los motivos de dicha obligación quedaban harto confusos. Si la obligación nacía solo de que el Estado debía pagar a los ministros del culto y de la religión como a los demás empleados en otros menesteres y funciones, la Iglesia quedaba dependiente y sometida a la potestad civil: y si la obligación del Estado nacía de haber despojado a la Iglesia de sus bienes y de que debía indemnizarla, lo cual no menoscababa la independencia de la congregación o colectividad indemnizada, ¿por qué no se decía claramente? En el caso de negar la necesidad de la indemnización y de suponer que eran sueldos o pagas los que iban a darse al clero por sus servicios, el clero quedaba reducido a un conjunto de asalariados del gobierno sin independencia material y sin bienes propios.

De todo lo dicho, resultaba que el gobierno pontificio repugnase la aceptación del nuevo artículo constitucional, quedando así en pie las mayores dificultades para una avenencia con España.

El señor Castillo y Ayensa quería allanar estas dificultades todas y llegar al suspirado término de la concordia; pero el gobierno, sin voluntad, sin decisión y sin aliento, se callaba y no le autorizaba para nada, resignándose a un papel meramente pasivo; por manera que el señor Castillo, lleno del más profundo desdén hacia el gobierno, y sobre todo hacia su jefe inmediato Martínez de la Rosa, a quien con eufemismo diplomático califica con frecuencia en su obra de insustancial, de ligero y de ignorante en materias eclesiásticas, tomó la iniciativa en todo e hizo lo que más lo cuadraba, confiando en que el gobierno lo aprobaría todo después de hecho. El señor Castillo, pues, negociaba por su cuenta, en vista, como él mismo dice, de la irresolución y tenaz silencio del ministro de Estado, y sin temer sus meticulosas reprensiones. De esta negociación independiente y por cima del gobierno resultaron unas bases o proyecto de concordato, hecho a gusto de Roma y del señor Castillo. Adelante hubiera pasado este señor, sin hacer caso de su gobierno, aprovechando las bases y abriendo formal y públicamente la negociación del concordato, si el mismo cardenal Lambruschini, con más prudencia y consideración a nuestro gobierno que su propio representante, no se hubiera opuesto a seguir adelante en la negociación sin que el gobierno español se enterara. «Deje usted a su gobierno, decía al señor Castillo, que conteste por sí después de haberlo meditado, en la inteligencia de que ni nosotros podemos pasar por otra cosa, ni se retrasará por esto el término de la negociación, que será facilísima si se aceptan las bases». Como consecuencia natural de estas palabras, el señor Castillo hubo de resignarse a no seguir negociando. No quiso tampoco enviar las bases a Madrid para su aprobación. Desconfiaba del modo más lastimoso de la energía, del saber y hasta de la capacidad intelectual en estos asuntos del señor Martínez de la Rosa, su jefe. «Cuando no se había atrevido a contestar, decía, ni a mandarme que contestara al primer papel de las Observaciones ¿cómo se atrevería ahora, entregado a sí mismo, a contestar a las bases satisfactoriamente?». El pobre señor Martínez de la Rosa sale harto mal librado de la pluma de su soberbio subordinado el señor Castillo, quien le considera falto de conocimientos prácticos en materias eclesiásticas y temeroso de comprometerse. Según el señor Castillo, era un ministro que no se desviaba jamás de la opinión de sus colegas ni osaba contradecirla con razones propias.

Este poco lisonjero concepto del ministro de Estado hizo que el señor Castillo tomase la atrevida y anómala resolución de llevar él mismo a Madrid las bases para que el gobierno las aprobara, defendiéndolas él, y prescindiendo en cierto modo de su jefe el señor Martínez de la Rosa. La resolución del señor Castillo agradó muchísimo al cardenal, «que vio entonces, dice el señor Castillo, todo el interés que yo ponía en sacar adelante el negocio de la religión. Nada hice, por tanto, que más me acreditase con él ni que me ganase más su entera confianza».

Venido a Madrid el señor Castillo, lo antipatriótico y exageradamente romano de sus bases asustó al señor Martínez de la Rosa y a su compañero el ministro de Gracia y Justicia; pero el señor Castillo apeló al presidente del Consejo, Narváez, para oponer la energía de su carácter a la indecisión de sus meticulosos compañeros. Así se dio el caso de que el señor Castillo, despreciando la autoridad de su jefe, acudiese contra ella en alzada a Narváez y de que este decidiera que el asunto de las bases se viese en Consejo de ministros, asistiendo en él, como verdadero ponente, el mismo señor Castillo, a fin de defender su obra.

Sin entrar aquí en cómo el asunto se discutió, bástenos decir que Narváez, que ansiaba vivamente el reconocimiento de la reina por el Papa, ansiaba más aún el saneamiento de las ventas ya hechas de bienes del clero; y, llamando aparte, que no parece sino que lo está uno viendo, al señor Castillo, y con aquel ademán de franca fiereza que el señor Castillo notó en él en dicha ocasión, le exigió palabra de honor, para resolverse a aceptar las bases, de que la Santa Sede haría el saneamiento. Contestó el señor Castillo que la Santa Sede le haría, que él lo prometía y que estaba pronto a firmar y a sellar la promesa con su sangre. Al efecto, escribió un despacho, allí y en aquel mismo instante, aunque aparezca con otra fecha y escrito en Roma, donde se da la más completa seguridad del saneamiento de los bienes vendidos, previa la devolución de los no vendidos y terminadas las negociaciones. El señor Castillo se constituye solemnemente responsable de la validez de esta promesa ante el gobierno, ante la nación entera y ante Dios mismo, de suerte que, en virtud de la temerosa solemnidad de las frases, más parece su escrito pacto mágico y diabólico, a pesar de lo santo del asunto que trata, que despacho oficial de ministro plenipotenciario.

El mismo señor Castillo confiesa después que anduvo algo ligero, que se comprometió demasiado, y que estaba casi ciego al dar tanta seguridad, por el afán que tenía de ganarse el favor de Narváez para que se aceptasen las bases, sin retroceder para conseguirlo ante el mayor sacrificio.

El señor Castillo en efecto logró que las bases fuesen aceptadas. Narváez lo quiso y esto estaba por cima de las demás razones que se alegaron o pudieron alegarse. «El ministro de Estado, prosigue el señor Castillo, con su usual malignidad contra él, libre ya de la angustia en que su irresolución le había tenido, y aminorada su responsabilidad con la de sus compañeros, se encargó muy gustoso de redactar la minuta de la aceptación».

Esta aceptación fue completa por todos estilos, hasta donde puede ser completa la aceptación de unas bases, de suerte que el concordato que sobre ellas se hiciese no podía ser reprobado por el gobierno sino en sus pormenores y no en las bases mismas ya aprobadas, a no ser que el gobierno careciese de constancia en sus ideas y propósitos.

Mientras que proseguían estas negociaciones diplomáticas para nuestro arreglo con la Santa Sede, las Cortes trabajaban también para el arreglo, discutiendo una ley sobre la dotación del culto y clero, donde el gobierno y los diputados de la mayoría acometían una empresa imposible: la de transigir con la revolución y dar gusto a la vez a la Iglesia. Las dificultades eran tales que a fin de que, sin removerlas, no apareciesen por lo pronto, se imaginó que la ley no tuviese carácter permanente sino provisional y transitorio. A pesar de este ardid, las dificultades tuvieron que tocarse: el principio fundamental, sobre el cual había más discrepancia y que los ministeriales propendían a apartar de la discusión, no pudo menos de aparecer y fue necesario discutirle. Importaba sin duda la cantidad de la dotación que en el proyecto del gobierno ascendía a 159 millones de reales, pero importaba más aún la calidad de la dotación; esto es, si la dotación había de ser considerada como paga o salario o como indemnización y renta. En el primer caso, la Iglesia quedaba dependiente del Estado y sus ministros eran como empleados asalariados por él. Solo en el segundo caso, según los ultramontanos y clericales, la Iglesia quedaba independiente como debía. Ni el Papa ni el clero disputaban, pues, tanto por la cantidad como por la calidad. No exigían la devolución de todas sus antiguas rentas; se contentaban con la tercera parte; pero la querían como renta y no como sueldo.

Los diputados conservadores estaban tan poco concordes sobre este punto capital, que uno de los que formaban la comisión que había de dar dictamen sobre el proyecto del gobierno, el señor Peña Aguayo, presentó voto particular casi de acuerdo con las aspiraciones de la Santa Sede. En dicho voto particular era evidente que lo que se daba al clero era renta y no sueldo: para el clero catedral se destinaba el producto de los bienes no vendidos y para el clero parroquial se establecía un repartimiento en cada provincia hasta la cantidad que fuese necesaria. En vez de este repartimiento, a veinte provincias, que lo deseaban, se les dejaba que mantuviesen su clero por medio de la prestación del 4 por 100 en frutos. Quedaba, por último, autorizado el gobierno para cambiarla prestación del 4 por 100 en repartimiento o el repartimiento en prestación, según las provincias lo solicitaran. Esto era, en suma, volver a algo parecido al diezmo, dejándolo al arbitrio de los mismos contribuyentes, y constituir de todos modos una situación para el clero de todo punto independiente del Estado, ya que el clero de las catedrales había de mantenerse del producto de los bienes no vendidos, y el clero parroquial de la prestación del 4 por 100.

El voto del señor Peña hubiera sido agradable a la corte romana, pero en la práctica era ya punto menos que imposible de llevar a cabo. Tanto el repartimiento provincial como la prestación del 4 por 100, si habían de ser voluntarios, iban a poner muy a prueba el verdadero fervor católico de los españoles, y ya que se pagasen en algunas provincias, pudiera ser que en otras no se pagasen. Y si cualquiera de dichas contribuciones era forzosa, el gobierno tendría que intervenir para hacerla efectiva, luchando con no pocos inconvenientes, entre ellos el de la desigualdad, pues, como dijo el señor ministro de Hacienda, hay provincias ricas donde el clero parroquial cuesta cuatro y hasta veinte veces menos que en otras provincias mucho más pobres. En prueba de ello citaba la provincia de Córdoba donde el clero parroquial costaba 1.234,000 reales y la de León donde costaba 5.089,000; y la de Cádiz donde costaba 238,000 reales y la de Oviedo donde costaba más de 5.000,000. Estos y otros argumentos valieron para que el voto del señor Peña Aguayo fuese desechado, entrándose después a discutir el proyecto mismo del gobierno. El más claro y decidido defensor de la doctrina revolucionaria fue don Alejandro Llorente, el cual, poniendo a un lado disimulos y sofisterías hipócritas, la afirmó en contra de las exigencias de los ultramontanos. Dijo que la «independencia del clero no se atacaba aun cuando este recibiese una subsistencia o un sueldo del Tesoro, como no se ataca la independencia del trono porque sus rentas dependan de la lista civil», y añadió que el Concordato francés de 1801 era una prueba evidente de que, «en concepto de la Santa Sede, no deja una nación de ser católica porque el clero no sea propietario». De esta suerte vino a afirmar el señor Llorente de un modo implícito, que la propiedad de la Iglesia, como la de otra cualquiera corporación, cuando esta propiedad no nace de la de los individuos que la componen, no se concibe sin la previa existencia de la corporación total que se llama nación o pueblo, ni es como la propiedad del individuo, que es anterior dialécticamente a la nación misma y a la sociedad que esta forma y en la cual entra el individuo para que este derecho y otros le sean garantidos y defendidos, sino que es una propiedad secundaria y subordinada, cuyo ser y naturaleza puede modificar y aun destruir la sociedad toda, si su conveniencia o su interés lo exige.

Otro principio, no menos revolucionario, sostuvo el señor Llorente en su discurso, tratando de fijar el empleo o la misión que en su sentir debía tener en nuestra historia el partido moderado o conservador a que él pertenecía. Según el señor Llorente, los papeles estaban repartidos en el drama de la revolución que se estaba representando. El papel de los progresistas era el de destruir con violencia, y el papel de los moderados el de afirmar y conservar con suavidad lo ya hecho, respetando los intereses creados. De aquí, sin duda, las convenientes alternativas en el poder de uno y otro partido, a fin de que sobre las ruinas y cambios que el uno causaba fuese el otro consolidando la construcción nueva.

El señor Llorente escandalizó sin duda en aquella ocasión a los ultramoderados, pero los enojó menos con su franqueza que el señor Mon con su hipocresía y que el señor Pidal con sus declamatorias contradicciones. El señor Pidal calificaba de despojo inicuo el haberse apoderado de los bienes del clero, y sin embargo su compañero de gabinete el señor Mon, en vez de conservar los bienes para devolvérselos a los que habían sido inicuamente despojados, los seguía vendiendo desde su ministerio de Hacienda; y, según el señor Egaña sostenía, los seguía vendiendo a paso de carga, a fin de que, cuando viniera a decretarse la suspensión de las ventas, no quedase sino poco y malo por vender. Solo en dos meses, según decía, se habían vendido 12,000 fincas del clero.

En suma, discusión tan importante duró muchos días, luciendo en ella su elocuencia y sus conocimientos oradores de muy encontradas tendencias; se presentaron varias enmiendas, que se retiraron o fueron desechadas, y el proyecto de ley fue al cabo aprobado en el Congreso.

De los 159 millones que costaba la manutención del clero y el sostenimiento del culto, solo unos 27 o 30 se podían sacar aún, según cálculos, de los bienes no vendidos. La cuestión, pues, de devolver dichos bienes al clero, para que él los administrase, o de no devolvérselos ora conservándolos o administrándolos el gobierno, ora vendiéndolos también, era una cuestión mezquina en sus resultados prácticos, aunque tuviese en la teoría la mayor importancia. Los dos principios fundamentales de la cuestión quedaban igualmente en pie o quedaban igualmente conculcados, ora se devolviese, ora no se devolviese al clero el remanente de bienes no vendidos. Era el primer principio de los ultramontanos que el clero, para ser independiente, debía ser propietario y no asalariado; pero con ser propietario por 30 y con ser asalariado por 129, que era lo que necesitaba además de los 30 para llenar todas sus atenciones, bien poca independencia se le daba. Era, pues, evidente que, aunque se devolviesen al clero los bienes no vendidos, tendría el clero que vivir a sueldo del gobierno.

El otro principio más fundamental de los ultramontanos se salvaba menos aún. Un argumento del señor Pastor Díaz consignado en un discurso que pronunció en aquella ocasión, es un sofisma que no le salva, y que hace incurrir al señor Pastor Díaz en contradicciones tan palmarias como aquellas en que el señor Pidal había incurrido. El señor Pastor Díaz, como el señor Pidal, calificó de despojo inicuo la incautación y venta que hizo el gobierno de los bienes de la Iglesia; pero añade que aquel inicuo despojo se había hecho ya y no tenía remedio; que era menester respetar los intereses creados, esto es, la propiedad de los compradores de bienes nacionales; y que, por lo tanto, el gobierno solo podía reparar en parte los males causados.

Todo esto, en nuestro sentir era sofístico y falso. Una vez reconocida como despojo la venta de los bienes del clero, lo lógico y lo justo era que el gobierno diese reparación o indemnización completa y no parcial ni mezquina, y esta reparación completa hubiera podido darse, dejando a salvo los intereses creados, o sea la propiedad de los compradores de bienes, declarándose el gobierno deudor del clero, reconociendo al clero como acreedor privilegiado, y prometiendo darle con todas las garantías posibles, y dándole en efecto cada año, una suma igual al valor de la renta de los bienes vendidos. De esta suerte el clero hubiera seguido siendo independiente y propietario y no pobre y dependiente del gobierno y asalariado por él. El señor Pastor Díaz afirmaba que la venta de los bienes del clero había sido una grande iniquidad; declaraba también que mucha parte de los conservadores y aun de los ultramoderados se habían aprovechado de la tal iniquidad comprando dichos bienes; pero no decía y pedía con franqueza el único medio que había de borrar la iniquidad, que era pagar al clero religiosamente una renta anual como indemnización de lo vendido. Por lo demás, el señor Pastor Díaz tenía razón en sostener que la suspensión de las ventas y la devolución de lo no vendido y su administración o no administración por el clero eran cosas que importaban poco o nada para dejar a salvo los principios cualesquiera que fuesen.

También el señor Donoso Cortés, menos místico de lo que fue más tarde, habló en aquella ocasión acerca de la dotación del clero, sosteniendo como siempre singulares teorías, y cayendo en no pocas contradicciones. Con su proverbial atrevimiento dogmático sostuvo que es absurdo hacer al clero propietario; y con no menos atrevida inconsecuencia concluyó por decir que el mejor modo de hacer independiente al clero era hacerle propietario de renta perpetua del Estado. «Entonces y solo entonces; prosigue, el clero tendrá asegurada su independencia, porque entonces y solo entonces pondrá al gobierno en la necesidad de pagar religiosamente los intereses o de hacer infame bancarrota».

En el Senado se discutió asimismo ampliamente la ley para la dotación del culto y clero. En esta discusión, quien más se señaló y lució, impugnando el proyecto del gobierno, fue el señor Santaella, declarándose en favor del diezmo y de su restablecimiento para dotar de un modo estable y decoroso al clero. El ministro de Hacienda señor Mon cerró la discusión; y el proyecto, sin enmienda alguna, se aprobó definitivamente por 73 votos contra 2, en la sesión del 14 de febrero de 1845.

Mientras en Madrid se discutían estas cosas, el señor Castillo y Ayensa, provisto ya de la aceptación de las bases, salió de Madrid para Roma, a donde llegó el día 13 de marzo y se puso sin descanso a trabajar en el Convenio o Concordato que tanto deseaba.

El primer triunfo del señor Castillo y Ayensa, con el cual contentó no poco al gobierno español, fue el de enviar, en nota oficial del cardenal Lambruschini, la promesa del saneamiento de las ventas de los bienes ya vendidos, para cuando el Concordato se celebrase.

Las negociaciones para dicho Concordato siguieron adelante, no sin estar de ello informado el gobierno, como supone el señor Pirala, sino bien informado de todo, punto por punto y paso por paso, en virtud de cartas y despachos del señor Castillo; y el día 28 de abril pudo este dirigirse al ministro de Estado en un despacho, donde le decía: «Anoche, 27 del presente, según tenía anunciado a V. E., se firmó con la solemnidad debida, por el Excmo. cardenal Lambruschini, plenipotenciario de S. S. el Papa Gregorio XVI, y por mí, como plenipotenciario de S. M. C. doña Isabel II, nuestra Señora, el Concordato, comprensivo de 14 artículos, todos ellos o conformes o no contrarios a las bases ya arregladas de antemano, y a instrucciones de V. E.; y algunos de ellos tan explícitamente favorables que nada pueden dejar que desear aun a los más exigentes».

No es del todo justa tampoco la acusación del señor Pirala de que el señor Castillo no comunicó inmediatamente copia del Concordato al gobierno por la razón de que estaba en latín y de que era menester traducirle; pues, si bien tardó algo, por el mencionado motivo, en remitir traducción y copia de dicho documento, ya el día 28, o dígase a la mañana siguiente de haberle firmado, dio noticia exacta de su contenido, en carta particular al señor Martínez de la Rosa. «Todos los artículos, escribe, son, como digo de oficio, o conformes o de ninguna manera contrarios a mis instrucciones y a lo ya concertado de antemano. El primero es la simple enunciación de la unidad de religión en España. En el segundo se establece provisionalmente respecto de los territorios eclesiásticos exentos, para el caso de necesidad, lo mismo que acaba de hacerse respecto de los gobiernos eclesiásticos dudosos o ilegítimos. En el tercero y cuarto se habla del arreglo de seminarios conciliares. En el quinto de las atribuciones y derechos de los prelados. En este artículo se confirma el Breve de creación del tribunal de la Rota y el famoso e interesante Concordato de 1753. En el sexto se pide y ofrece el patrocinio real en favor de los obispos para que sean tratados como corresponde. En el séptimo se expresa que Su Majestad cuidará de acrecentar en tiempo y lugar oportuno, según se pueda, algunas órdenes religiosas. El octavo contiene la devolución a la Iglesia de los bienes no vendidos y la manera provisoria de administrarlos. En el noveno va la promesa de dotar competentemente al clero. En el décimo la saneación de los bienes vendidos, que se hará por medio de un Breve especial».

Para obviar cualquiera dificultad que pudiera sobrevenir en lo sucesivo, añade el señor Castillo que se había redactado el artículo 12 en los términos que cita textualmente en latín, los cuales dicen en sustancia que «sobre todo aquello, que en los artículos anteriores nada se haya prescrito acerca de personas y cosas de la Iglesia, se proveerá y se administrará según la vigente disciplina eclesiástica, aprobada por la Sede apostólica. Y si en lo sucesivo sobreviniere dificultad, Su Santidad y Su Majestad se reservan entenderse acerca de ella y componerla amistosamente». Los demás artículos, según el señor Castillo, eran de mera fórmula.

«Tal, añade, es en bosquejo el Concordato. Yo creo que debe satisfacer a todos, aunque temo, como debe temer cualquiera al hacer una cosa tan importante. El reconocimiento de nuestra reina, la confirmación explícita del anterior Concordato, que nadie esperaba, la del Breve de la creación de la Rota y la sanción de las ventas, creo que son cosas de gran cuantía y de sobrado bulto para tapar la boca a cualquiera que la eche de regalista; y debe por otra parte considerarse que, después de cuanto ha pasado, la Santa Sede no podía prestarse a Concordato alguno, sin apretar un poco las cuerdas en la disciplina eclesiástica relajada. Sus exigencias no pueden ser menores de lo que son. Si merezco, pues, enhorabuena por dicho Concordato, no tarde usted en dármela, para sacarme de la inquietud que es natural que tenga, por mucha que sea la seguridad de mi conciencia».

Al despacho y a la carta citados contestó Martínez de la Rosa, con fecha 13 de mayo y de oficio, las palabras siguientes: «Inmediatamente que recibí el despacho de V. S. n.º 127, le elevé al conocimiento de Su Majestad, deseándole anticiparle la grata nueva que contenía. Su Majestad supo con la mayor satisfacción haberse firmado el día 27 del pasado el Concordato entre el Cardenal Secretario de Estado, plenipotenciario de Su Santidad, y V. S., como plenipotenciario de la Reina, nuestra Señora. Su Majestad me ha mandado expresar a V. S. lo satisfecha que está de su actividad y celo, y se espera la llegada de dicho Concordato, que Usía anuncia como próxima, para sus ulteriores resoluciones».

En carta particular se mostraba no menos contento del Concordato, el señor Martínez de la Rosa, conociendo, como conocía, el bosquejo bastante fiel que de él le había hecho el señor Castillo.

¿En que consistió, pues, que, después de esta aprobación y después de la aprobación de las bases y después de la plena confianza que el gobierno había depositado en el señor Castillo, el Concordato, que llegó a Madrid a los pocos días, mereciese una desaprobación completa, causase la más profunda impresión, y promoviese los más graves escándalos?

Más adelante, en otro capítulo, cuando sigamos tratando de las negociaciones con Roma, que dieron al cabo por resultado el Concordato de 1851, procuraremos dilucidar hasta qué extremo fue inconsecuente el ministerio de Narváez, Pidal y Martínez de la Rosa, desaprobando una convención, cuyas bases y cuyo bosquejo había aprobado. Por ahora, bástenos decir que el gobierno, cuando recibió el Concordato, se negó a ratificarle Acaso la principal causa de la no ratificación fue el descontento público, el cual se manifestó muy a las claras y por tal manera que hubo de asustar a los ministros. El general Narváez se dio entonces a recordar sus sentimientos liberales, que le hicieron creer sin duda que estaban heridos por aquella convención, y pensó asimismo en su amor a la dignidad nacional, que también creyó vilipendiada por la exigente soberbia del soberano de Roma.

Ya hasta los más fervorosos católicos entre los conservadores se quejaban de esto. La conducta de Gregorio XVI les parecía insufrible. No acertaban a explicársela por causas religiosas, ni eclesiásticas, sino por otras de un orden inferior y profano. «Roma, decían, es una potencia subordinada a otra mucho más grande, mucho más influyente en los consejos de Europa, y con la cual no estamos en relaciones. Esa potencia va a sus fines por otro camino. Poco le importan nuestras cuestiones acerca del diezmo y acerca de la dotación del clero; pero en vano será que el gobierno medite y se afane, y prometa al soberano temporal de Roma: ínterin que subsista en pie otra cuestión (aludiendo a la cuestión dinástica del carlismo) aquella potencia, de acuerdo con otras, no permitirá que ceda el Soberano Pontífice». Las quejas contra él eran, por consiguiente, muy amargas y harto fundadas. Los liberales católicos fervorosos no podían menos de discurrir así: «Para con este Papa no nos vale ser católicos a toda prueba: respondan de ello los polacos y eslavos católicos, amonestados duramente porque se resisten a la tiranía de Rusia, y los cristianos del Líbano, sacrificados a millares, sin que la corte de Roma interceda en favor de ellos. Nuestros pecados, si lo son, no justifican tampoco el desvío del Papa. No es este desvío porque somos rebeldes: las repúblicas de América y el clero militante de don Carlos dan testimonio de que Roma perdona las rebeliones. No es este desvío porque hemos suprimido la propiedad eclesiástica, porque Francia, Bélgica y Portugal la han suprimido también. Y no es este desvío, por último, porque hemos perseguido a la Iglesia, ya que su mayor perseguidor, el autócrata ruso, pontífice además de una Iglesia contraria al Catolicismo romano, ha sido recibido en Roma con pompa imperatoria».

Todas estas consideraciones se las hacían, según hemos dicho, no ya solo los progresistas, sino también los más circunspectos conservadores. La opinión excitada en contra del Concordato se extendió hasta las clases más ínfimas de la sociedad, donde vinieron a calificarle con un mote grotesco, llamándole pastel italiano.

Conocido el carácter y el modo de ser de Narváez ¿qué tiene de extraño que, olvidándose de que él mismo había aprobado todo en el señor Castillo y había sido su valedor en el Consejo de ministros y le había animado y excitado para negociar el Concordato, ahora que le veía calificado de pastel italiano, permítasenos lo vulgar del retruécano, no le quisiese tragar; se pusiera furioso, amenazador y tremendo; y hasta sintiese conatos de vender o de regalar en seguida, si no había quien los comprase, todos los bienes del clero no vendidos?

Sin embargo, la reciente furia de Narváez contra el Concordato y contra quien le había hecho, tuvo que estrellarse en la inclinación que había ya en Palacio en favor de la política reaccionaria y ultramontana: así es que el señor Castillo y Ayensa, aunque se desaprobó el Concordato, siguió en Roma representando los intereses de España, y las Cortes y la nación quedaron burladas, ya que se votó la devolución al clero de los bienes no vendidos con la esperanza, que salió fallida, de que Roma nos reconociese.

Es evidentísimo que la suspensión de las ventas o la devolución de los bienes no vendidos importaba poco, como interés material. Todo ello, deducido el importe de ciertos bienes anejos a las iglesias y que de ningún modo hubieran podido venderse, no sumaba más de 20 millones de reales al año, cuando era menester dar 160 para sostener el culto y el clero, pero la suspensión o devolución importaba muchísimo como principio o tendencia: era la confesión de la culpa, del pecado, de la iniquidad que se había cometido, despojando al clero de sus bienes, y esta confesión no podía menos de infundir la mayor alarma en el ánimo de los compradores. Así estaban los negocios con Roma de resultas de la gestión del primer gabinete Narváez, lo cual no era muy lisonjera muestra de la habilidad, de la prudencia y del tino de dicho gabinete.

Réstanos hablar ahora de su obra magna: del arreglo de la Hacienda hecho por el señor Mon. Al encargarse este del mencionado ramo, se hallaba la fortuna pública en los mayores apuros y en la más completa anarquía. La deuda perpetua que, al morir Fernando VII, pasaba ya de once mil millones de reales, se había aumentado considerablemente para sostener la guerra civil. Los descubiertos del Tesoro, que formaban una verdadera deuda flotante, ascendían a más de 2,500 millones.

Lo primero que dispuso el señor Mon fue la conversión de esta deuda en títulos de la consolidada del tres por ciento, presentando para ello una ley que sancionaron las Cortes el 4 de febrero de 1845. Así alivió al Tesoro de las cargas que le afligían, convirtiendo en renta perpetua aquella gran masa de valores.

Después de este primer paso, y teniendo, entre otras graves dificultades, que luchar el ministro con un déficit confesado de más de 200 millones al año, se consagró a poner método y sistema en la tributación a fin de mejorar las rentas del Estado.

La tarea del señor Mon era verdaderamente difícil. No podían ser peores el estado del Tesoro y de la Hacienda, cuando él entró a dirigirlos. Ya, por culpa de la guerra civil, al terminar el año de 1840, nos hallábamos empeñadísimos y faltos de recursos. La carencia de orden, de pericia y de tino, nos embarrancó más aún en los tres años que duró la regencia de Espartero. Al venir al poder los conservadores, hallaron, como hemos dicho, una deuda flotante de más de 2,500 millones; un descubierto por giros sobre las cajas de Ultramar de 145; un déficit confesado de 200 millones anuales; un atraso de un año a las clases activas y de año y medio a las pasivas en el pago de sus sueldos; y un vacío que no había llegado a llenarse por la supresión del impuesto decimal, parte del cual ingresaba en el Tesoro público. Suprimido este impuesto y no sustituido con ningún otro, resultaba un quebranto para la Hacienda que era menester remediar de algún modo. Solo para sostener el culto y para mantener al clero, según los cálculos más moderados, se necesitaban 160 millones de reales.

Se dice generalmente que no hay lógica más inflexible qué la de los números; que en los números no cabe equivocación; que todo en ellos es exacto e innegable. Esto, sin duda, es verdad tan axiomática que no merece ser enunciada, si al enunciarla se entiende que, conocidas de antemano ciertas cantidades, el resultado de las sumas y de las restas y de las demás operaciones aritméticas que con ellas se hicieren será indudable; pero dista mucho de la verdad y se ve que nada hay más falible que los números, sobre todo en los países en que ha habido y en que tal vez hay aún tanto desorden como en el nuestro, si se considera que las cantidades que se presuponen para base de todo cálculo suelen ser arbitrarias muy a menudo. Lo cierto es que en estas ciencias de Economía, Hacienda y Estadística, no sucede como en matemáticas puras, que son lo mismo aquí que en Prusia o en China, sino que entra por mucho, al menos aquí, el interés particular, ya en la exageración, ya en la ocultación de la riqueza, de suerte que apenas hay dato fijo, y se halla perplejo el ánimo sin saber qué asegurar en nada. Sobre este punto del diezmo ha habido quien suponga que en 1794 excedía de 1,800 millones, y que en 1831 el medio diezmo, que las Cortes dejaron al clero, valía 600 millones. Según los cálculos de la Sociedad económica de Madrid, en 1835, el importe total de los diezmos y primicias subía a cerca de 1,500 millones. Y por último, según el señor Mendizábal, que pretende que el diezmo equivalía a un 40 por ciento del producto líquido de las rentas agrícolas, el diezmo ascendería a una suma enorme, pues suponiendo, como supone el señor Canga Arguelles, que el producto de la agricultura pasaba de 8,509 millones, tendríamos para el diezmo muy cerca de 3,500. En cambio, aparece también la exageración contraria. Según otros cálculos, el producto total del diezmo no pasaba de 72 millones de reales, ya que el gobierno percibía las tres cuartas partes por las tercias reales, noveno, excusado, subsidio eclesiástico, espolies, vacantes y otras concesiones hechas por bulas de los papas, y ya que todo esto importaba 54 millones, a lo más.

Sin duda, los cálculos que llevan a miles de millones la importancia del diezmo son monstruosamente exagerados; pero este último, que de tal suerte la disminuye, debe de ser falso también. Solo pruebe acaso o que el gobierno no percibía, ni con mucho, las tres cuartas partes del diezmo, o que percibía más de 54 millones. Como quiera que sea, aun suponiendo que no pasaba de 54 millones lo que el gobierno percibía en su parte de diezmo, como para sostener el culto y mantener al clero, cuyos bienes había vendido, necesitaba por lo menos 160 millones, resultaba una suma de 214 al año en contra de la Hacienda pública, que era menester llenar con nuevos impuestos, cuyo peso la gente, o por pobreza o por costumbre de pagar poco, repugnaba en demasía. De aquí el furor y la oposición grandísima que hubo contra el llamado sistema tributario.

La base principal de este era una contribución territorial directa de 300 millones de reales. Es evidente que la propiedad agrícola no podía quejarse de la reforma. Por el diezmo solo se pagaba antes mucho más, pues, aunque no queramos aceptar las exageradas cifras que ya hemos dicho a que hacen subir algunos el diezmo, elevándole a 1,500 y hasta 3,000 millones de reales, también nos parece difícil de creer y hasta absurdo de afirmar que el diezmo no pasaba de 72 millones. Según Conté, Examen de la Hacienda pública de España, el diezmo en 1804 ascendió a 360 millones. Si el hecho es cierto, resulta que en 1845, en virtud del sistema tributario del señor Mon, la propiedad agrícola iba a estar gravada en 60 millones menos que en 1804 por el diezmo solo; pero como a la nueva contribución territorial del señor Mon concurría también la propiedad urbana, que antes no concurría, y como era de suponer asimismo que desde 1804 hasta 1845 había aumentado la producción agrícola, nacía del nuevo sistema una ventaja de no pocos millones en favor de la agricultura.

Lo mejor que tuvo el sistema tributario fue la unidad y la sencillez con que vino a sustituir el modo antiguo de tributación, según el cual apenas hay memoria, por feliz que sea, que baste a retener ni siquiera los nombres de la multitud de tributos que se pagaban antes, como por ejemplo: paja y utensilios, frutos civiles, rentas provinciales, alcabalas y aguardientes y licores El modo, pues, de tributar del antiguo régimen se componía de más de cien tributos distintos, sin que hubiese unidad alguna en la administración, porque cada renta tenía la suya independiente, con centro especial y con jurisdicción y contabilidad distintas.

Todos los impuestos antiguos, que gravaban directamente la propiedad, se refundieron por el señor Mon en uno solo: la contribución territorial de 300 millones. Estableció además el señor Mon otra contribución directa llamada subsidio sobre los productos de la riqueza mueble: otra para los que sin propiedad territorial y sin ejercer género alguno de industria, viven con el producto de rentas no sujetas a impuesto, la cual se llamó contribución de inquilinatos; y otra, por último, sobre las transmisiones de la propiedad, que se llamó de hipotecas. Estas cuatro contribuciones se suponía que debían dar un producto de 364 millones de reales, y en ellas se habían refundido multitud de impuestos antiguos, cuyo producto ascendía a 269 millones, por manera que el aumento inmediato, desde lo que se pagaba después de la supresión del diezmo hasta el establecimiento del sistema tributario, era solo de 95 millones; pero en cambio ya hemos dado por evidente, y nos parece que no sin razón, que antes de la supresión del diezmo pagaba el contribuyente mucho más.

Con los impuestos indirectos hizo el señor Mon una simplificación parecida a la que había hecho con los directos: suprimió los llamados alcabalas, rentas provinciales, fiel medidor, millones, aguardiente y licores, cientos y otros, y estableció una sola contribución indirecta llamada de consumos El producto de esta contribución se calculó en 180 millones, siendo el de las antiguas gabelas 191. En estas dos simplificaciones, esto es, en convertir todas las contribuciones antiguas, directas e indirectas, en dos contribuciones únicas o al menos principales, directa la una e indirecta la otra, la territorial y la de consumos, consistía en sustancia todo el sistema tributario del señor Mon.

En cuanto a las rentas estancadas se conservaron casi como antes.

Impopularísimo fue el arreglo de la Hacienda que hizo el señor Mon, pero esta misma impopularidad acrecienta su mérito, ya que presupone en el señor Mon el valor de arrostrarla. Las medidas que tomó fueron indispensables y juiciosas, y sin ellas hubiera continuado el desorden, y la afición a no pagar al Estado hubiera ido acrecentándose de día en día. Al entrar el señor Mon en el ministerio se debían 710 millones por atrasos en el pago de los impuestos. En cambio la deuda flotante agobiaba al Tesoro y tenía en hipoteca gran parte de la renta; la del tabaco se había arrendado y el señor Mon rescindió la contrata; y el Tesoro tenía que hacer todas sus operaciones con grandes quebrantos de giro, en lo cual puso también enmienda el señor Mon celebrando convenios con el Banco español de San Fernando.

El señor Mon, por último, trató de recaudar los débitos atrasados y corrientes de contribuciones e impuestos, sacó autorización para proceder al arreglo de la deuda del Estado y suprimió para en adelante los sueldos de cesantía. Presentó además los presupuestos para aquel año, que importaban, los ingresos 1,226 millones y los gastos 1,184, por donde venía a quedar un sobrante de mucho más de 42 millones de reales.

Tales fueron los arreglos del primer ministerio Narváez, hechos por el señor Mon en la Hacienda pública.

CAPÍTULO IV

Ministerio Miraflores.—Nuevo ministerio Narváez.—Planes contra la República mejicana.—Ministerio Istúriz.—Sublevación de Galicia.—El nuevo partido o fracción de los puritanos.—El general Flores.—El matrimonio regio.

El ministerio Miraflores empezó desde luego a luchar con dificultades insuperables, dificultades no promovidas ni por las Cortes, donde tenía una gran mayoría que le apoyaba; ni por la opinión pública, que no tuvo tiempo de pasar respecto de él de una expectación benévola; ni por la prensa tampoco, que no le atacó con furia y encono. Su corta y enfermiza vida, así como su prematura muerte, solo se explican por intrigas palaciegas, por caprichos y prevenciones inspirados acaso a una reina, niña de diez y seis años, ya por su misma madre, ya por otras personas de las que la rodeaban o con más frecuencia la veían. Como quiera que fuese, la vida del nuevo ministerio era imposible con los obstáculos que la reina oponía. El mismo marqués de Miraflores lo declara, diciendo de la reina: «Su bondad y su inexperiencia la tenían en el penoso caso, y de ello tuve multiplicadas pruebas, de representar el papel que se la inspiraba: de poner embarazos incesantes a la tranquilidad y expedita marcha del gabinete, ya haciéndome objeciones poco fundadas, ya obligándome a que dejase en su poder proyectos de ley, que me decía los quería para examinarlos; ya haciendo resistencia a sancionar la ley electoral y alguna otra, votadas y discutidas tranquilamente en los cuerpos colegisladores». Término de las intrigas y de la consiguiente resistencia de palacio fue la caída del ministerio, el cual hizo poco o nada que merezca referirse, y no tuvo tiempo ni reposo para hacer más.

El día 12 de marzo de 1846 se susurraba ya la ninguna avenencia y concordia que entre el trono y sus ministros había. Aunque estaban suspendidas las sesiones de Cortes, se hablaba en público de crisis. Todos daban por inminente la caída del ministerio Entre la mayor parte de los diputados no se quería esta caída, y en una reunión que tuvieron se resolvió que debía llevarse íntegra al Parlamento la cuestión ministerial, pidiendo para ello sesión pública, la cual, en efecto, tuvo lugar el día 16.

El señor don Cándido Nocedal, joven diputado de gran despejo y fácil palabra, y que era bastante liberal todavía, a pesar de los cambios y mudanzas que ya había hecho en su vida política, presentó una proposición exigiendo que se disipara el misterio y que prevalecieran las doctrinas constitucionales contra el influjo de las camarillas; pero, en vez de discutirse pacíficamente la tal proposición, los enemigos del ministerio, esto es, los que querían que las camarillas triunfasen, promovieron un grave escándalo, señalándose al promoverle don Pedro Egaña y don Juan de la Pezuela. Protestó el primero contra la sesión que se celebraba calificándola de ilegal y de atentatoria a las prerrogativas de la corona. Todo esto lo decía el señor Egaña con la gravedad y el reposo debidos; pero el señor Pezuela entusiasmándose más de lo que era justo, solevantó de su asiento, y, andando por medio del salón para irse, exclamaba con gritos apasionados que era un atentado aquella sesión y que se infringían con ella la Constitución y las leyes. Con tales actos y gritos se alborotaron los diputados todos, extendiéndose y cundiendo el alboroto entre el público de las tribunas. Los amigos del ministerio clamaban por que se restableciese la calma, suponiendo que todo aquel trastorno se había causado adrede para ahogar la voz de la mayoría. Hubo al fin un momento de silencio, durante el cual pudo oírse la voz del presidente diciendo que había mandado detener al señor Pezuela por causante de aquel desorden. El desorden se hizo entonces mucho mayor. Diputados y tribunas gritaban a porfía y desaforadamente, dirigiéndose unos a otros, de banco a banco, feísimos denuestos. Por último, una proposición del señor Posada Herrera, aprobando la conducta del presidente, fue tomada en consideración, discutida y aprobada por gran mayoría de votos.

Para evitar la crisis y fortalecer al ministerio contra las intrigas de palacio, presentó entonces el señor Nocedal otra proposición, que sostuvo también el señor Pacheco, pidiendo al Congreso que declarase haber oído con satisfacción que el gobierno continuaba mereciendo la confianza de S. M., en cuya virtud y con el apoyo de las Cortes podía realizar su programa El gabinete, más monárquico entonces que parlamentario, no se atrevió a aceptar este voto de confianza que se le daba y que hubiera sido como un arma contra palacio puesta en su mano por el Parlamento. A pesar de la moderación del gabinete, cuando Miraflores se presentó en palacio después de la sesión, ya sabía la reina lo ocurrido en el Congreso, y, enojada, sin duda, dijo a Miraflores que era menester que al día siguiente disolviese las Cortes. Negóse Miraflores a autorizar y firmar el decreto de disolución, y él y sus compañeros de gabinete tuvieron que dimitir. En seguida, como si hubieran estado de uniforme esperándolo, acudieron a jurar los nuevos ministros. Narváez era otra vez presidente, y en premio, tal vez, del escándalo promovido, dio a Pezuela y a Egaña las carteras de Marina y Gracia y Justicia. Burgos fue ministro de la Gobernación. Quedó sin proveer por lo pronto el ministerio de Estado, Y fue don Francisco Orlando ministro de Hacienda.

Narváez no disolvió las Cortes, pero suspendió las sesiones; y, como si hubiera llegado por asalto al poder, derrotando a enemigos en armas, tomó precauciones militares, hizo prender a muchas personas que juzgó sospechosas, y fulminó un decreto contra la libertad de imprenta, donde se castigaba la suposición de malas intenciones que se atribuyesen a los actos oficiales de los funcionarios públicos. Todos los periódicos, que no eran de la opinión ni parecer de Narváez, suspendieron su publicación, al salir a luz el terrible decreto. Progresistas, absolutistas y liberales independientes, todos se callaron. Solo los narvaístas quedaron con el uso de la palabra. Acompañó el ministerio estos actos con un manifiesto pomposísimo, que lleva la fecha del 18 de marzo de 1846. En este manifiesto se denigra con amplificadora elocuencia a la prensa periódica como monstruo desbocado que cae en insondables precipicios, tea que se arroja de diario a la sociedad para que arda y se consuma toda, sierva miserable de pasiones mezquinas y de intereses privados, y urdidora de falsedades y de calumnias. Del público español no hizo tampoco el ministerio un retrato más lisonjero, pintándole como conjunto de crédulos sencillos, esto es, de mentecatos echados a perder por vanidades vulgares, temores pueriles, olvido y falta de fe en los principios monárquicos y universal desconcierto en las ideas. De aquí que el gobierno se considerase en la obligación, como idólatra que era del trono, de mostrar mucho brío y mucho coraje para combatir sin tregua la anarquía moral y material que asomaba su frente por todos los ángulos de la monarquía, para lo cual no retrocedería ante medidas salvadoras por duras que pudieran parecer en tristes ocasiones. En el enfático papel mencionado, según se ve por lo que hemos extractado y hasta copiado de su contenido, hay que admirar, a par del tono hueco, la insolente diatriba contra toda España, como si este pobre país hubiese estado anegado por un diluvio de delitos y maldades, sobrenadando solo, en medio de él, el trono, a modo de arca santa y purísima. Hacen, por último, más ameno el susodicho papel la serie de amenazas con que está salpimentado para infundir saludable terror, sin que falte el aviso de que para que se obedezca al punto en todas partes al gobierno hay un ejército numeroso, disciplinado y leal, y de que no quedarán sin escarmiento y severo castigo ningún desmán ni ningún conato de desorden.

A pesar de todo, el general Narváez seguía creyendo, en nuestro sentir de buena fe, que era uno de los hombres más liberales que han nacido en esta época, solo que, a fin de plantear bien la libertad y de conciliarla con el orden, por la manera confusa y enmarañada que él acaso lo entendía, trataba por lo pronto de hacerse obedecer en todo, para lo cual quería valerse del espanto y legislar por decretos de que en ocasión oportuna daría cuenta a las Cortes, cuando no hubiera que recelar las que él llamaba discusiones políticas irritantes, que sin duda le molestaban mucho.

Para mostrar que no estaba en el ánimo del general Narváez el acabar con el régimen parlamentario, se publicó entonces la nueva ley electoral que las Cortes habían discutido y aprobado. En ella se prescribía la elección por distritos. El número de diputados era 349, uno por cada 350,000 almas; y la condición para ser elegible, tener 12,000 reales de renta o pagar mil de contribución directa, y para ser elector pagar 400 reales.

El ministro de la Gobernación, Burgos, mostró grande actividad y tino, tomando muy convenientes medidas para la repoblación y deslinde de los montes del Estado, para la reorganización de la Real Academia de nobles artes y para otros fines de su ministerio, de cuya incumbencia eran entonces bastantes ramos que dependen hoy de Fomento.

Por desgracia o por fortuna de nuestro país, Narváez no pudo lograr en aquella ocasión el propósito que tenía de regenerarnos. No le valieron sus bríos contra los imprevistos y pequeños tropiezos que en palacio le pusieron y que al punto le hicieron caer. Sirvió de pretexto a la caída el empeño de Pezuela en promulgar un decreto prohibiendo en la Bolsa las jugadas a plazos, en virtud de las cuales algunos jugadores acababan de realizar ganancias enormes a costa de la ruina de muchos otros. El Consejo real aprobó la disposición de Pezuela. Aprobáronla también los ministros, discutiendo solo acerca del momento en que la nueva disposición había de quedar vigente. Quería Pezuela que fuese al punto. Querían otros que se retardase hasta primero de mayo. Estaba la reina del lado de Pezuela, pero este, no obstante, hubo de quedar vencido. Entonces presentó él su dimisión y se la admitió Narváez. Pero cuando Narváez propuso a la reina a otras personas para que reemplazasen a Pezuela, la reina no aceptó a ninguna y Narváez y sus compañeros tuvieron a su vez que dimitir, expirando así, el día 4 de abril, la efímera y desastrada vida del segundo ministerio Narváez, que duró poco más de dos semanas, después de haber empezado con los arrestos, pujanza y maravillosos planes para educar, morigerar y corregir a los españoles, de que hace gala el primoroso manifiesto que hemos extractado.

Hay quien supone que para la caída del segundo ministerio Narváez solo fue pretexto la retirada de Pezuela y que el verdadero motivo fue otro.

Las naciones adolecen de achaques muy semejantes a los de los individuos en circunstancias parecidas. Un gran señor arruinado o se resigna con dificultad o no se resigna nunca a vivir oscura y pobremente con el poco caudal que le queda, tratando de pagar a sus acreedores, no contrayendo deudas nuevas, y hasta procurando aumentar lentamente su capital por medio del ahorro; sino que se obstina en ocultar su miseria haciendo tal vez mayores gastos que antes y empeñándose más cada día, y sueña además en restablecer de repente su fortuna y en volver a su antiguo esplendor y grandeza, en virtud de algún golpe atrevido, por donde se lanza en empresas aventuradas, sin calcular las débiles fuerzas que le quedan y que ya no son bastantes a realizarlas. Así España, siendo aguijón para ella el recuerdo de sus grandezas pasadas, no ha tenido la suficiente calma, sufrimiento y paciencia para reconcentrarse en sí misma, y en virtud del trabajo pacífico de sus hijos y en el seno de la paz y por medio de una prudente economía, ir recobrando el vigor perdido y adquiriendo los medios suficientes para figurar en primera línea entre las naciones civilizadas y para emprender y llevar a cabo grandes planes. El pensamiento de nuestro casi predominio en Europa durante mucho más de un siglo, la viva imagen de nuestro perdido colosal imperio en que el sol nunca se ponía, y la historia de nuestros pasmosos triunfos y conquistas militares, mientras más someramente sabida más magnificada en la fantasía del vulgo, han infinido aquí siempre en la opinión pública, en estos últimos años, produciendo una especie de agitación febril, y haciendo popular todo proyecto ambicioso por disparatado e inoportuno que haya sido, y hasta por inútil que, aun dado el caso de que hubiera venido a lograrse, hubiera resultado para el conjunto de la nación y para nuestra potencia política. Así pues, bien se puede afirmar que la culpa de nuestros gobiernos, al concebir cualquiera de estos planes ambiciosos, jamás ha consistido hasta ahora en ir contra la corriente del vulgo, sino en dejarse llevar por ella y en halagarla. Las censuras que contra tales planes se han formulado jamás han sido populares sino después de haber demostrado la experiencia que los planes salían fallidos. Así de nuestros varios intentos de unión ibérica, de la anexión de Santo Domingo, de la guerra del Pacífico, de la guerra de Cochinchina y de las conjuraciones y expediciones contra la república mejicana. En esta ocasión, se pensó seriamente en apoderarse de Méjico y en fundar allí un trono para un príncipe español. Al efecto, habíamos enviado a aquella república, como representante de España, a un joven diplomático, hábil, atrevido y algo poeta, de quien como tal se ha hablado ya en otro lugar de esta historia. El diplomático conspirador era don Salvador Bermúdez de Castro, de cuya fácil y persuasiva palabra, ameno trato, afables modales y hasta simpática figura, se esperaba mucho para ganar voluntades y allegar elementos de éxito a nuestro plan. Es de presumir que a estos medios de seducción, personalísimos y hasta cierto punto espirituales, se habían añadido otros más tangibles y sólidos, de los cuales hubo de proveer el gobierno al joven diplomático, autorizándole para prodigarlos donde y como conviniese. Lo cierto es que el señor Bermúdez de Castro no tardó en asegurar que contaba con 12,000 soldados de Méjico, con el general Paredes y con bastante pueblo, y que tenía comprometidas a no pocas personas de fuste y valer a levantar en Méjico un trono y a poner en él a un príncipe de la casa real de España. Se cuenta que, hallándose ya las cosas al parecer tan propicias, se ofreció el nuevo trono que iba a levantarse al infante don Enrique, y que este se negó, no queriendo aventurarse para ganar un trono en tierra lejana, por las esperanzas que tenía de sentarse en su propia tierra en trono más antiguo, alto y seguro, o ya casándose con la reina o ya destronándola por medio de un motín o pronunciamiento progresista.

Se cuenta además que la reina Cristina hubo de enterarse, al cabo, a pesar del sigilo que se guardaba, de esta conspiración contra la república en Méjico, y que se enojó mucho de que no se hubiese pensado en uno de sus hijos, habidos en su segundo matrimonio con el duque de Riánsares, para colocarle en el nuevo trono transatlántico.

No daremos por cierto si Narváez tuvo o no con la reina madre alguna conferencia a fin de desagraviarla y persuadirla de que no debía reinar en Méjico la dinastía Muñoz, ni aseguraremos tampoco, como aseguran algunos, que la reina madre se convenció y aquietó o fingió convencerse y aquietarse. Solo diremos que los trabajos hechos, así como los gastos, que no debieron de ser pocos, fueron completamente inútiles, ya que no nocivos, porque tal vez nos enajenaron muchas voluntades y nos hicieron perder la confianza amistosa de nuestra antigua colonia. Pero, independientemente del resultado de la conspiración, no parece imposible que el enojo de la reina madre contra Narváez influyese en la prematura caída de este.

En su lugar fue llamado a formar ministerio don Francisco Javier Istúriz, hombre en otro tiempo de ideas muy liberales, de cierta cultura superficial, de bastante despejo y criado en los principios volterianos del siglo XVIII; pero muy cambiado ya de su antiguo liberalismo, por odio a la populachería, y sobre todo a la milicia nacional. Este odio, en los últimos años dé su vida, rayó en locura, llegando al extremo de no consentir Istúriz, durante cinco años, en que hubo milicia, en poner los pies en la calle, a fin de no encontrarse en ella a un miliciano. Otro de los motivos que habían hecho a Istúriz ultraconservador era su afición, su verdadera idolatría por la reina madre. No era esta idolatría, por cierto, un sentimiento fingido o una vana frase de adulación palaciega, sino que, por una de esas contradicciones que no son raras aunque lo parecen, aquel enciclopedista, aquel incrédulo, aquel hombre tan a la moda del siglo pasado, estaba como herido por fervoroso afecto de devoción hacia doña María Cristina, sintiendo por ella todo el entusiasmo delicado y acatándola y sirviéndola con todos los rendimientos platónicos de los paladines y caballeros de la Edad media por las emperatrices y princesas a quienes consagraban la espada y la vida y a quienes hacían señoras de sus pensamientos más íntimos y profundos. Istúriz, además, era por otras varias razones respetable y simpático. Sin duda que no era austero y penitente como un padre del yermo; pero la generosidad y la independencia de su carácter, no combatidas por la pobreza, sino más bien auxiliadas por bienes de fortuna, heredados de sus padres, que le daban más que mediano bienestar, embotaban en él por completo la codicia, si la tuvo, y ordenaban su ambición más al triunfo de sus ideas y de su amor propio que a ventajas y a medros personales. Istúriz, en suma, podía ser un mediano político y un menos que mediano orador, pero era desinteresado, amante de su patria sin ceguedad ni miras estrechas, y conociendo bien a los hombres y las cosas. Era, sobre esto, un espíritu libre de preocupaciones vulgares y de malas pasiones y abierto a la civilización y cultura de Europa, sin dejar de ser español castizo: todo lo cual hacía de él un excelente caballero.

Su ministerio tardó una semana en formarse definitivamente. Mon volvió a ser ministro de Hacienda, Pidal de Gobernación y Armero de Marina; don Laureano Sanz se encargó de la cartera de Guerra, y don Joaquín Diez Caneja, de la de Gracia y Justicia.

Estos cambios inmotivados de ministerios, que habían hecho pasar y caer rápidamente al de Miraflores y al de Narváez, sin que ninguna razón política ostensible ni racional justificase ni el encumbramiento ni la caída, no es posible negar que redundaban en descrédito del trono, haciendo que propalasen los malévolos y hasta que creyesen a menudo los indiferentes que en palacio había un poder oculto que todo lo gobernaba a su antojo. Los ministros encumbrados trataban en balde de acallar estas murmuraciones, y los ministros caídos, llenos de despecho y de ira, en vez de acallarlas, solían darles mayor pábulo y fuerza. Ya hemos visto a un hombre tan sensato, circunspecto y realista como el marqués de Miraflores desacreditar a la reina, acusándola «de representar el papel que se la inspiraba y de poner embarazos incesantes a la tranquilidad y expedita marcha del gobierno».

Esta fea y perversa maña fue subiendo de punto con el andar del tiempo, viniendo a parar en ocasiones en la ridiculez lastimosa de que muchos en el poder se mostrasen serviles adoradores de la dinastía, y antidinásticos apenas caídos, lo cual, más que propia condición de hombres de Estado que se respetan, tiene traza ruin y sobrada semejanza con la mala costumbre de aquellos humildes lacayos que adulan al amo y todo lo aguantan cuando le sirven y que se desatan luego en injurias contra él apenas los echa de casa.

De todos modos, bien se puede afirmar que, así como de la escasa eficacia de la opinión pública nacían las caídas y los encumbramientos repentinos de gabinete, los caprichos de palacio y el servilismo y las quejas igualmente desmedidos de los ministros entrantes y salientes, así también de las quejas de estos últimos y del poder subversivo que se recelaba que tuviesen, sobre todo cuando era un general quien las exhalaba, nació y empezó a prevalecer otra perversa costumbre: la de desterrar, bajo cualquier pretexto y con mayor o menor disimulo, al general ministro que del poder caía en desgracia. Tal sucedió a Narváez entonces Le nombraron embajador extraordinario cerca de la corte de Nápoles; no quiso ir; pero tuvo, sin embargo, que salir para Francia.

Entretanto, y no bien nacido el ministerio Istúriz, tuvo que medir sus fuerzas y que luchar con un enemigo poderoso: con un pronunciamiento en Galicia.

Todo estaba de antemano preparado para este pronunciamiento pollas juntas de conspiradores progresistas, establecidas en Madrid, París, Londres y Lisboa. En Galicia misma había una junta que dirigía los trabajos, cuyo presidente era don Vicente Alsina, y uno de cuyos secretarios era el después tan célebre don Antonio Romero Ortiz. Como siempre ha sucedido por desgracia, dando a estas rebeliones cierto vergonzoso carácter de doméstica deslealtad y de abuso de confianza, el jefe militar de la conspiración, en la que estaba comprometida gran parte de la guarnición de Galicia, era don Miguel Solís, jefe de estado mayor del capitán general de aquel distrito.

Con más escrúpulos y delicada conciencia que otros, Solís no quiso que la sublevación empezase en Santiago, a fin de no prender ni tener que hacer la menor ofensa al general Puig Samper, bajo cuyas órdenes había servido. Solís decidió, pues, empezar la sublevación en Lugo, y así lo realizó el día 2 de abril, sin lucha ni efusión de sangre. Las razones que para la sublevación se dieron en manifiestos y otros papeles consistían en suponer que había en palacio un poder oculto que esclavizaba a la reina. Gritóse, por consiguiente, «Viva la reina libre». Otro de los gritos fue el de «Fuera extranjeros», oponiéndose así al casamiento de la reina con todo príncipe que no fuera español, y dejando entrever el deseo de que se casase con el infante don Enrique. Se ponía también como programa el que hubiese junta central que convocase Cortes constituyentes. La sublevación tenía asimismo por objeto acabar con el sistema tributario, calificado por ella de monstruoso, y restablecer la milicia nacional, tan poco amada de Istúriz.

Apenas se supo en Santiago lo ocurrido en Vigo, Santiago se pronunció también, o dígase mejor, se pronunciaron la guarnición y los progresistas más activos y resueltos. Presas las autoridades civiles y militares, se echaron a volar proclamas, se reorganizó la milicia nacional y se declaró soldado a todo varón de 18 a 40 años. La junta conspiradora se convirtió en junta de gobierno. Don Antonio Romero Ortiz, ya conocido como elocuente redactor del periódico revolucionario El Huracán, llamó a la Universidad a los estudiantes; les arengó con vehemente brío, en el salón de grados, desde el asiento de la presidencia; y no pocos ofrecieron empuñar las armas en defensa de la libertad. A lo que parece, el infante don Enrique, que mandaba entonces el bergantín Manzanares, se hallaba implicado en la conspiración y aun había hecho la promesa de pronunciarse en Vigo; pero recibió orden del gobierno para ir desterrado a Francia, sometiéndole a muy severas penas si no la cumplía; y, no teniendo ánimo para contrariar la orden y realizar la promesa, se fue desterrado.

No impidió este abandono del príncipe que la sublevación, a través de varios incidentes, cansados de referir aquí, se fuera extendiendo por toda Galicia y llegase a tomar muy serias proporciones. La anarquía y el desorden que resultaban de la multitud de juntas de gobierno, una en cada población pronunciada, y que obraban con entera independencia como otras tantas republiquillas, hubieron al cabo de vencerse con el nombramiento de una junta superior para toda Galicia, aunque con carácter transitorio.

Las fuerzas de los pronunciados eran ya superiores a las que defendían al gobierno, si bien este contaba con las dos plazas importantes del Ferrol y la Coruña.

Apenas en París y en Londres se supo el pronunciamiento gallego, cuando los progresistas emigrados fletaron un barco de vapor y enviaron en él armas y pertrechos con los señores Lemerí, don Joaquín de la Gándara y don Ignacio Gurrea.

Las alocuciones y los manifiestos continuaban en tanto a fin de tener despierto y alerta el entusiasmo de los sublevados y de ganar prosélitos a la sublevación. Estos documentos eran ampulosos y declamatorios, según suele ser siempre, pero mostraban a veces atinado brío: excitaban al pueblo a romper las cadenas y a no seguir, cual viles esclavos, amarrados al carro triunfal de una napolitana, dominadora del trono y del gobierno: abominaban del supuesto proyectado casamiento de Isabel II con el conde de Trápani, a quien calificaban, harto gratuitamente, de cobarde y supersticioso: y gritaban, por último, «Viva la reina libre», como si esta joven señora gimiese bajo la opresión de su madre doña María Cristina. De cualquier modo que fuese, tal vez el pronunciamiento iniciado en Galicia hubiera salido triunfante, si en algunos de los otros puntos, donde se habían apercibido para secundarle, le hubieran secundado con vigor y en tiempo oportuno.

En Málaga y en Madrid particularmente estaban bien preparadas las cosas; pero, tanto en Madrid como en Málaga, se frustró el propósito y quedó todo reducido a conato, merced a defecciones y contratiempos ocurridos a última hora.

En Madrid, a fuerza de trabajos y de habilidad del infatigable don Ricardo Muñiz, estuvo todo propicio para un alzamiento, en aquellos días de crisis trabajosa, entre la caída del segundo ministerio Narváez y el encumbramiento del ministerio Istúriz, durante los cuales no hubo gobierno y el triunfo hubiera sido fácil. Se contaba con no poca fuerza militar, con el general Crespo y con el coronel don Jaime Ortega, que mandaba el regimiento de la Reina Gobernadora. La suerte, valiéndose de pequeños medios, no consintió que el alzamiento de Madrid se realizara.

El de Málaga salió vano también, porque el coronel Trabado, comprometido a pronunciarse, faltó a su compromiso; falta que pagó a poco con la vida. Un oficial polaco, su cómplice e instigador, le había amenazado de muerte si no se pronunciaba, e hizo efectiva la amenaza, matándole en medio del paseo público. A los dos meses el polaco fue descubierto y fusilado.

Aislados así los pronunciados gallegos, resistieron con bravura, pero sucumbieron al fin.

Aunque es probable que jamás hubieran obtenido el triunfo, la resistencia hubiera sido más larga, dura y tenaz, a no ser por el apacible carácter y nobles sentimientos de don Miguel Solís. El gobierno, desconfiando de la entereza de Puig Samper, había mandado para relevarle al general Villalonga; pero este comprometió a Puig Samper a ponerse al frente de una columna que salió contra los pronunciados. Sus gentes y las de Solís se hallaron pronto frente a frente. Solís contaba entonces con dobles fuerzas. Las de Puig Samper no querían pelear contra sus compañeros de armas. A Solís le hubiera sido entonces fácil o vencerlas o ganarlas para su causa; pero su bondad y su candidez le perdieron. Concedió tregua a Puig Samper por 48 horas. En este tiempo logró Puig Samper aumentar su hueste y animar y decidir a la pelea a los soldados que se mostraban reacios e indecisos. Así es que, expirada la tregua, Solís fue rechazado por su contrario y tuvo que refugiarse en Santiago, harto mal trecho.

Entretanto, si bien aumentaba las fuerzas de la sublevación, también trajo nuevos motivos de discordia el pronunciamiento de Vigo. Le dirigía y capitaneaba el brigadier Rubín, el cual se presentó en Santiago, y como de mayor graduación que Solís, pidió que le dieran el mando en jefe. La junta cometió la imprudente debilidad de dividir el mando entre los dos, lo cual hubiera sido perjudicialísimo para los pronunciados aun estando Rubín de buena fe entre ellos, y no, como sostienen algunos, en inteligencia con el gobierno. Como quiera que sea, ya por torpeza, ya por traición. Rubín solo sirvió de estorbo al buen éxito del pronunciamiento.

El gobierno, que no se descuidaba, mandó contra los sublevados un refuerzo de tropas a las órdenes del general don José de la Concha a quien en verdad se debe la rápida pacificación de Galicia.

Ya Concha, antes de entrar en aquel antiguo reino, adquirió cierto prestigio y fuerza moral y aseguró su retaguardia en virtud de un triunfo notable.

Don Martín Iriarte, al saber el pronunciamiento gallego, había entrado de Portugal en España a la cabeza de algunos paisanos armados y había tomado además el mando de dos compañías que iban conduciendo presidiarios. Concha se dirigió rápidamente contra Iriarte y le venció en Astorga. Alcanzada esta ventaja, penetró en Galicia, y, después de varios incidentes y sucesos, llegó cerca de Santiago con las tropas que había traído de Castilla, con las de Puig Samper y con otras que se le unieron. Solís, por su parte, salió de dicha ciudad, y a diez kilómetros de ella, en el lugar de San Simón de Cacheiras, resolvió presentar batalla a su contrario. Esperaba Solís el socorro de Rubín y de sus soldados que no vinieron. La batalla se dio el 23 de abril, aniversario de la de Villalar. El éxito fue el mismo. Concha derrotó a Solís y le obligó a refugiarse en Santiago, Hasta allí le persiguió Concha; y, ya en la ciudad, continuó la pelea en calles y plazas y haciéndose fuertes los sublevados en algunos edificios. Al llegar la noche, se dispersaron y huyeron, los que pudieron huir, y otros, confiados en la clemencia del vencedor, se entregaron como prisioneros.

Cuando Rubín, que había permanecido inactivo o por mejor decir inútil, pues empleó toda su actividad en marchas y contramarchas sin propósito, vino a saber que Solís y su división habían sucumbido, no pensó más que en salvarse, y así llegó a Vigo, donde se embarcó el día 26.

Abandonadas por Rubín las tropas que mandaba, también en su mayor parte se rindieron al vencedor, salvo algunos oficiales y pocos sargentos y soldados que pasaron la raya y se internaron en Portugal. Concha entró a poco triunfante en Vigo.

Acabada tan fácilmente la sublevación de Galicia, el general Villalonga se proporcionó una ovación, entrando vencedor en Lugo, acompañado, según dice un historiador, de una comisión militar ejecutiva para no retardar el castigo ni un instante.

Los más importantes caudillos de esta rebelión fueron fusilados en el Carral, a poca distancia de Santiago, por orden de un consejo de guerra. Las circunstancias de estos fusilamientos, que fueron en medio del camino, cuando llevaban a la Coruña a los prisioneros, atados codo con codo, y que tuvo efecto después de un rápido proceso verbal, los hacen trágico argumento de grave censura para la autoridad que los dispuso, y mucho más aún, si es cierto, como Pirala afirma, aunque parece increíble, que dicha autoridad escribió al coronel Cachefeira, que conducía a los prisioneros, que «si a las dos horas de recibir la comunicación no estaban ejecutados todos, quedaba él autorizado para fusilar al presidente y vocales de la comisión militar, en la inteligencia de que no diese lugar el mismo Cachefeira a que se le impusiese igual pena por su apatía».

Necesario era, sin duda, el castigo, cuando no para desarraigar por completo la mala costumbre de que los militares se pronunciaran, para evitar al menos que estos pronunciamientos menudearan tanto, ocasionando gastos y trastornos continuos y no dejando un momento de tranquilidad y de paz; pero es innegable que en el castigo hubo con frecuencia cierto lujo y hasta gala de refinada dureza; lo cual, más bien que de vivos odios de partido, nacía de la bárbara idea que tenían y aún tienen muchos de que la dulzura es debilidad y de que a fin de aparecer enteros de corazón importa ser crueles.

Además del infortunado don Miguel Solís, personaje simpático y bueno, que en los pocos actos de su vida que pertenecen a la historia dejo ver que le guiaban, más que la ambición, el amor y la fe en sus ideas, perecieron allí desastradamente, por haber hecho lo que con mejor fortuna hicieron antes los mismos que ahora los mataban, doce capitanes valerosos, probablemente jóvenes todavía y hasta poco antes de morir llenos de esperanzas e ilusiones. Los soldados prisioneros fueron desarmados y sufrieron no pocos ultrajes y una larga condena en los presidios de África.

Con motivo de esta sublevación, irritadas las autoridades militares de diversos puntos y como si se hubieran apostado a ver quién desplegaba más celo y energía, publicaban bandos, a cual más tremendo y conminatorio. Dijérase que, tomando muchas de estas autoridades por modelo ideal al general Narváez, entonces ausente, querían demostrar que no le iban en zaga en lo tocante a ser justicieras y recias, y que no había para qué se le echase de menos. Autoridad hubo que recetó la pena de muerte, después de un proceso verbal, al que propalase noticias que tuviesen tendencias a subvertir el orden: otra impuso la misma pena, sin consulta, a toda persona, mayor de 18 años, que de obra o de palabra procurase conspirar contra el gobierno de la reina, nuestra señora.

El arrogante modo de proceder de algunos capitanes generales, las facultades que se atribuían y el poco caso que hacían del gobierno central, rebajaban a este, que tenía que sufrirlo todo.

El gabinete Istúriz iba, pues, desacreditándose en el concepto público; se auguraba y deseaba su caída; se hablaba con persistencia de crisis; y la oposición conservadora, al frente de la cual se hallaba don Joaquín Francisco Pacheco, ganaba mucho terreno. Era Pacheco hábil jurisconsulto y muy diserto orador. Si bien carecía su elocuencia de lirismo poético y de raptos apasionados, y si bien su lenguaje se resentía más de lo justo de la constante lectura de libros franceses, su estilo terso y claro estaba dotado de una apacible fluidez que le hacía agradabilísimo. Rara vez en sus discursos y escritos hay novedad y hondura de pensamientos, pero los que él tiene o toma de otros autores salen expresados de sus labios o de su pluma con limpia nitidez y con cierto orden que da a cuanto Pacheco decía o escribía muy magistral solemnidad. Por esto, sin duda, le llamaron Pontífice. Tal vez le llamaron también así porque su condición y carácter eran más propios para fundar secta o escuela que para fundar partido.

La reforma de la Constitución, la devolución al clero de los bienes desamortizados y no vendidos, el altanero predominio de los militares, el innegable desdén con que ya se miraba al Parlamento, y otros muchos evidentes síntomas de reacción, asustaron a Pacheco, quien, a par de ser muy liberal en sus ideas, era tan amante del orden y de la autoridad que todo lo podía ser menos revolucionario. Pacheco era el modelo, el tipo de los verdaderos conservadores, y acudió desde luego a sostener las doctrinas del partido en toda su pureza. Con este propósito, y rodeado de hombres de bastante valer, entre los que figuraba don Nicomedes Pastor Díaz, se apartó Pacheco de los que aún seguían llamándose conservadores, siendo en realidad reaccionarios, y fundó nuevo partido o fracción política, a la que no tardaron las gentes en dar el nombre de puritana. Aunque sea mala comparación, y mala y todo no es nuestra, y si es lícito, poniendo las cosas en su tanto y guardando la proporción debida, comparar a Pacheco con un Cristo en pequeño y en profano, su discípulo predilecto, su San Juan apocalíptico, según afirmaban entonces, era don Nicomedes Pastor Díaz, a quien ya conocemos como poeta. Este, en su fatídico estilo de siempre, nos pinta así la corrupción y perversión a que había llegado el partido conservador y la necesidad en que se estaba de reformarle:

«No quedaba duda, decía, de que se había andado mucho por un camino de reacción desconocido y tortuoso; que sobre las cumbres de la situación política se condensaban las tinieblas de la anarquía moral o de las pasiones desatadas, y en el fondo, las sombras del terror o de la indiferencia; que un vértigo deplorable se había apoderado de las personas más influyentes en el destino del país, y que en medio de este caos era menester volver a buscar en la esfera de los olvidados principios la luz que no tiene el empirismo: la legitimidad de que carece la fuerza». Lo cual, en resumen y sin rodeos floridos, era una serie de terribles acusaciones contra los conservadores que estaban en el mando. Los acusaba Pastor Díaz de rutinarios, codiciosos, soberbios, enemigos de toda ley y de todo principio, y solo en la fuerza confiados.

Con este modo de pensar y creyendo cercana la muerte del ministerio Istúriz, los puritanos esperaron llegar pronto al poder; y, en El Tiempo y El Español, que eran sus periódicos, publicaron un escrito a modo de manifiesto o programa. En él se afirmaban doctrinas y se anunciaban propósitos que muchas veces se han sostenido y se han anunciado después, y que en raras ocasiones se han cumplido: gobernar con las Cortes; estricta sujeción a las leyes; discutir y votar los presupuestos sin pedir autorización; levantar la autoridad civil y encerrar la militar dentro de sus límites verdaderos; dar una ley de imprenta menos restrictiva; y preparar las cosas de suerte que pudieran alternar, con turno pacífico, los progresistas con los moderados, sin apelar a pronunciamientos para escalar el poder. Fuera de estas generalidades, de lo único concreto de que hablaban los puritanos era del casamiento de la reina, pidiendo que para él fueran consultados su real ánimo y los intereses nacionales.

El ministerio, en tanto, andaba afanadísimo en sus trabajos y negociaciones para los casamientos de la reina y de la infanta. Otro asunto, digno de risa, o de mucha lástima, le había preocupado y entretenido también. Indudablemente había sido un capricho ambicioso de la reina madre doña María Cristina, a quien el amor maternal hubo de ofuscar en aquella ocasión el recto juicio y claro entendimiento de que la dotó el cielo. Se trató, a pesar del escarmiento de Méjico, de levantar en la república del Ecuador un trono para el duque de San Agustín, hijo del de Riánsares. El general Flores, arrojado de aquella república y ansioso de vengarse, remedando algo a Coriolano, fue quien excitó a la empresa, y quien se prestaba, como caudillo, a darle dichosa cima. El gobierno español debía acudir al general Flores con armas y otros recursos y con dos mil hombres de tropas regulares.

Istúriz, como tan rendido y devoto servidor de la reina madre, a nada podía negarse para complacerla. Los soldados estaban ya apercibidos. El brillante y distinguido brigadier de E. M. don Cenón de Buenaga debía ir a mandarlos. Todo se deshizo, no obstante, por los clamores de la prensa, que llegó a enterarse a pesar del sigilo y recato con que se había procedido; por el disgusto que mostró alguna parte del público, a pesar de la afición que tienen siempre los españoles a aventurarse en expediciones y conquistas lejanas; y sobre todo por las reclamaciones de Inglaterra.

Bueno es decir aquí, para no pecar de parciales, que el partido progresista se mostró entonces poco patriótico y dio nueva muestra de su impaciencia por volver al poder y de su desatinado flujo de conspirar. Mientras que los soldados que debían ir a la expedición estaban prontos a embarcarse en Santander y en Bilbao, los agentes del partido progresista hicieron cuanto pudieron para que los soldados, en vez de ir a América, se sublevasen, parodiando lo ocurrido en las Cabezas de San Juan. A lo que parece, los trabajos de esta conjuración estuvieron bastante adelantados. No sobrevino, por dicha, el pronunciamiento, cuyo remate hubiera sido, casi de seguro, el fusilar, como de costumbre, a unos cuantos infelices.

Con estos planes de engrandecimiento para los semipríncipes de la dinastía, y de rechazo y por manera indirecta para la misma España, que al cabo hubiera podido mostrar al mundo que aún tenía aliento para levantar tronos en remotas regiones, se había distraído un poco la atención del público de otros asuntos más caseros y menos propios de la epopeya; pero, no bien los planes de engrandecimiento se frustraron, la atención se dirigió por completo hacia el proyecto de regio enlace, en el cual se habían afanado los ministros con diplomático sigilo, hasta que, en 28 de agosto, hicieron saber que la reina había determinado casarse con su primo el infante don Francisco de Asís, y que, a fin de cumplir con el art. 48 de la Constitución, se convocaban las Cortes del reino para el 14 de setiembre.

Llegado dicho día y reunidas las Cortes, se leyó en ellas la comunicación de S. M. en que participaba su proyectado enlace y el de su hermana la infanta doña Luisa Fernanda con el duque de Montpensier. Singular fue entonces la aprobación, que en algunos rayó en aplauso, con que el partido progresista, movido de españolismo inocente, acogió la elección, hecha por la reina, del infante don Francisco de Asís, porque era español; y no fue menos singular el enojo que tomaron de que Montpensier, que era francés, se casase con la infanta.

La comisión encargada de contestar a la reina, leyó su dictamen el día 16, aparentando mucho gozo por ambos matrimonios, y sin decir palabra del derecho que pudieran tener las Cortes a deliberar sobre ellos y a aprobarlos o no.

En la discusión de este dictamen usó de la palabra y habló en contra de él don Nicomedes Pastor Díaz, pasando su discurso por ser el más notable que se pronunció en aquellas circunstancias, y cifrándose en él la opinión que tenían los puritanos, o dígase los hombres más liberales del partido conservador, acerca del casamiento de la reina. Aunque lamentándose de no haber deliberado sobre él como representantes del pueblo y de que los gobiernos se hubiesen ocupado en secreto de aquel asunto que tanto importaba a la nación entera, todavía el señor Pastor Díaz, y por consiguiente todo su partido, asemejándose en esto al progresista, aprobaban y hasta aplaudían, con júbilo, con alegría, con sinceridad, con lealtad y con patriotismo, que viniese a ser en España rey consorte un príncipe español. El furor de oposición del señor Pastor Díaz tuvo que estrellarse contra el otro novio: contra el duque de Montpensier, porque era extranjero.

A la verdad que, al leer ahora, a sangre fría y después de muchos años, los discursos más celebrados de elocuentes cuando se pronunciaron, aunque los pronunciasen personas de quien se tiene el más alto concepto, los tales discursos aparecen como retóricas vanas, como algo de afectado y de falso, como un hablar por hablar sin suficiente convicción y fundamento, y como declamación hueca y vacía. Porque en efecto, era ya sobrada exageración la de suponer que el casamiento de Montpensier con una infanta española implicase el que se estrechara hasta lo sumo nuestra alianza con Francia, el que de resultas de esta alianza tuviésemos que vernos comprometidos en cuestiones y en guerras convenientes a Francia y no a España, el que nos ganásemos la más profunda enemistad de los ingleses, y el que se nos ocasionasen otra multitud de infortunios, tales y tantos, que por culpa de que doña Luisa Fernanda se casase con Montpensier viese Pastor Díaz nuestro porvenir demasiado oscuro, mil peligros que nos rodeaban y que caminábamos a pasos agigantados a un precipicio. No contento con esto, el señor Pastor Díaz pronostica, envista del casamiento de Montpensier con la infanta, nada menos que la pérdida de nuestra nacionalidad. «Presiento, exclama, para mi patria una suerte tan funesta como la de Polonia». No nos cabe, repetimos, en la cabeza que a nadie, hablando con toda formalidad y estando en su cabal juicio, se le pudiera ocurrir, y menos aun que se atreviera a decir aunque se le ocurriera, que en consecuencia del casamiento de Montpensier, iba España a ser la Polonia del Mediodía.

Una disculpa grandísima tiene, no obstante, el discurso del señor Pastor Díaz. Los hombres de Estado de todos los países dan aún mucha importancia, aunque no lo crean, a estos enlaces de los principescos cuales, si no de motivo, suelen servir de pretexto, cuando ya hay rencilla entre dos potencias, para que rompan en guerra declarada. De aquí el que tenga valor entre la diplomacia y para los gobiernos el enlace, no ya de una reina, sino de una princesa, heredera posible del trono. Y como las intrigas diplomáticas, las conferencias, las notas y los despachos habían abundado tanto en este asunto de los casamientos, no se ha de extrañar que se exaltase la imaginación fatídica de Pastor Díaz, y que, olvidándose de lo mudadas que están hoy las condiciones del mundo civilizado, viniese a creer que del enlace de la inmediata heredera de nuestro trono pudiese depender nuestra prosperidad o nuestra ruina.

La diplomacia es una cosa indispensable, pero a menudo parece absurda y contradictoria. ¿Fue solo pretexto para emplearse en algo y trabajar o aparentar que se trabajaba, o hubo en todos los gabinetes de Europa un interés verdadero y grande en la boda de nuestra reina y de su hermana? ¿Cómo cupo en la mente de tantos hombres, encanecidos en los negocios, que con la inseguridad que hay ahora en la persistencia de las dinastías y con lo atados que se hallan los soberanos en su política personal por las cámaras y por la imprenta, no ya un rey de veras, no ya un rey consorte, sino un infante consorte, pudiera inclinar a toda una nación en favor de otra, prestar a la segunda todo el poder poco o mucho de la primera, y trastornar así el equilibrio europeo, si existió alguna vez tal equilibrio? Además, ¿cómo presumir que un infante consorte, o si se quiere un rey consorte, suponiendo que tuviera capacidad para tanto, y llegase a hacerse dueño de la nación, había de ser tan amante de su patria de nacimiento que le sacrificase su patria adoptiva; había de ser tan idólatra y devoto de su familia que le sacrificase sus personales intereses y ambiciones; y había de venir a España, por ejemplo, si era francés, a hacer lo que Francia quisiese, y, si era Coburgo, a hacer lo que quisiese Inglaterra, y de todos modos a servir gratis a su familia o al tronco de la dinastía de que se separaba para fundar nueva rama? La experiencia, aun en otros siglos y en tiempo de monarcas absolutos, nos dice que por lo común ha sucedido lo contrario. Ni Felipe II, ni Carlos III, ni el mismo Felipe V, ni él mismo Felipe el Hermoso, han hecho política en favor de intereses extraños a nuestra nación, al menos creyéndolo. Su política, funesta o buena, ha sido española, y tal como dichos príncipes juzgaban que a España y a ellos, que con España estaban ya identificados, les convenía.

Será estrechez de miras e ignorancia de nuestra parte, pero nos parece que en realidad no debía importar mucho a Francia, ni a Inglaterra, ni a Austria, que las dos hermanas doña Isabel y doña Luisa Fernanda se casasen con quien quisiesen. Intervinieron no obstante en ello, trataron de ello, y ya con sus candidatos patrocinados, hizo cada una cuestión de vanidad y de amor propio el triunfo del suyo. Más por esto, en nuestro sentir, que por hondos cálculos políticos, se dio lugar a tanta conferencia, acuerdos y desacuerdos, con ocasión de las bodas reales.

En la alta política de los gabinetes hay mucho de caprichoso y de irracional. Un puesto, colocado cerca del trono de España, se disputó durante cuatro años en Europa por todas las potencias. Cuando ese mismo trono quedó vacío con la revolución de 1868, todas las potencias aparentaban desdeñarle o se decía que le desdeñaban. Nosotros mismos exclamábamos compungidos: «¿Quién ha de querer ser rey de España?». De cualquiera príncipe que se nos ocurriese que podría allanarse hasta venir a reinar aquí, decíamos, llenos de humildad, que no le merecíamos. Y sin embargo, en 1868, lo mismo que en 1846, Francia se oponía a cierto candidato. Francia se oponía en 1868 al que en 1846 patrocinaba, al duque de Montpensier; y más tarde se opuso también a un príncipe alemán, de lo cual nació al cabo la guerra que le fue tan contraria y donde hubo de ceder a Prusia su preponderancia en el mundo.

Desde antes que Isabel II fuese casadera, ya estaban negociando los gobernantes de Inglaterra y Francia cómo y con quién había de casarse. Lord Aberdeen no quería que fuese con el duque de Aumale ni con ningún otro hijo de Luis Felipe, y el señor Guizot no quería que fuese con un Coburgo. Ambos decidieron y arreglaron, pues, que se casase la reina con un descendiente de Felipe V. De este suerte, por las rivalidades y vanidades de Inglaterra y Francia, o más bien por los caprichos e infundados recelos de sus gobiernos, no le quedaba a Isabel II donde escoger novio sino entre príncipes españoles y príncipes napolitanos.

Primero se habló del conde de Áquila y después del de Trápani, favorecido por la reina madre doña María Cristina y apoyado por Francia: pero también hubo algo como un veto diplomático de otra potencia en contra de los príncipes napolitanos. Austria, o sea Métternich, su ministro, no quería boda napolitana. Parecíale que con ella se escapaba de su tutela el reino de las Dos Sicilias, acogiéndose bajo el amparo de Francia que patrocinaba las bodas. Hasta el Padre Santo, como ya se ha dicho en otro lugar, mero instrumento del Austria en los asuntos políticos, dificultaba más todo arreglo con España y el reconocimiento de la reina, por causa del tal proyecto de casamiento con el conde de Trápani. Así lo confiesa el mismo señor Castillo y Ayensa, cantando victoria cuando se desechó la candidatura Trápani, y diciendo en carta al señor Martínez de la Rosa, que con desecharle habíamos removido un inmenso obstáculo para que reconociese a la reina el Padre común de los fieles.

Todo esto es soberanamente cómico, pero el pobre historiador no tiene la culpa de que lo sea. De todo esto se saca en claro que por la debilidad extremada de nuestros gobiernos y por las insolentes manías e ingerencias de los gobiernos extranjeros, la reina de España se vio obligada a no poder casarse sino con un príncipe español. El gabinete Istúriz hizo entonces de la necesidad virtud. Fundó en españolismo lo que era imposición, y progresistas y liberales-conservadores, según hemos visto, aplaudieron la españolísima resolución de que la reina se casase con su primo hermano.

Ya se entiende que no se llegó a este resultado final sin grandes vicisitudes y alternativas en pro y en contra de los otros candidatos: pero todo ello, en sus pormenores, nos parece que no cabe en esta Historia general, donde debemos solo extractarlo y resumirlo. Así, pues, a fin de dar una idea completa, aunque en breves palabras, de estas negociaciones para el regio enlace, solo hablaremos ya de algunas circunstancias interesantes o curiosas.

Todavía, en febrero de 1846, la corte de Nápoles, mal informada sin duda por su ministro en Madrid, el príncipe de Carini, quien tal vez no se atrevía a desengañarla y mucho menos a pintarle la impopularidad de que gozaba en España el conde de Trápani y la mofa que de él se hacía, se empeñó más que nunca en que dicho conde se casase con la reina Isabel. A fin de lograrlo, como si dijéramos por alto o en virtud de un golpe de habilidad regia, la propia reina de Nápoles, abuela de la novia pretendida, habló con el duque de Rivas, que era ministro plenipotenciario de España, y le encomendó que entablase el negocio y casi le autorizó en nombre del rey para que pidiese la mano de doña Isabel. El duque de Rivas no pudo menos de hacer lo que hizo, que fue comunicar a su gobierno la conferencia que había tenido y los deseos y pretensiones de la real familia napolitana. Se asegura, no obstante, que el marqués de Miraflores, ministro de Estado a la sazón, desaprobó la conducta del duque diplomático, como si hasta en oir proposiciones, que no viniesen autorizadas por el beneplácito de Francia y de Inglaterra, hubiese peligro.

Infiérese de todo que, en vista de la oposición de Francia, Inglaterra y Austria a las diferentes candidaturas, y del afán del gobierno español de no descontentar a nadie, la reina de España no tenía más que tres novios en que elegir: el hijo de don Carlos, cuya candidatura estuvo válida algún tiempo, con la condición de que renunciase sus pretendidos derechos al trono, y que por impopular hubo de desecharse; y los dos hijos del infante don Francisco: don Francisco de Asís y don Enrique, los cuales, por eliminación forzosa de los demás pretendientes, vinieron a quedar solos.

Todavía la ciega fortuna preparó las sucesos de manera que don Francisco de Asís quedase único. Valióse para ello de este prurito de escribir que aflige a los hombres desde remotísimas edades, desde que se inventó la escritura, y que es conocido entre los doctos con el título de scribendi cacoethes. El infante don Enrique, que adolecía mucho de este achaque, y que ansiaba tanto o más que su hermano ser rey de España, cometió la imprudencia y la torpeza, creyendo sin duda ganarse el favor popular, de publicar, en el día de San Silvestre de 1845, un manifiesto, en el cual aparecía a los ojos de los conservadores, entonces en el poder, apegadísimos a él y empeñados en conservarle, como progresista furibundo, y por consiguiente como candidato vitando. Aunque declara en el manifiesto que los príncipes no deben tener predilección por ningún partido ni menos adoptar sus intereses y sus sentimientos, se diría que se complace en seguida en contradecir tan juiciosa sentencia, desatando la pluma, no ya solo en favor de las teorías del progreso, sino hasta en frases y locuciones muy propias y muy según la moda y el gusto de los periodistas y oradores de aquel partido. Allí habla contra el despotismo, el fanatismo y el oscurantismo, y en favor de los adelantos de la época, de los grandes principios que reconocen todos los pueblos cultos y de la causa de la libertad. Lo inoportuno entonces de tales declaraciones le privó de la esperanza de ser rey consorte y le obligó a salir poco menos que desterrado al Ferrol.

Su hermano don Francisco de Asís quedó, pues, dada la situación de España, como el solo marido posible de la reina.

Creen muchas personas que los novios mejores para la reina y para la infanta, su hermana, hubieran sido los hijos de la reina de Portugal: para doña Isabel, el príncipe heredero, y para la infanta, el duque de Oporto; pero de no haber hecho esto, o de no haber puesto los medios para que se hiciese no se puede acusar particularmente a ningún ministerio de los varios que entonces se sucedieron: sería menester acusarlos a todos. La empresa, por lo demás, era tan importante como difícil: casi rayaba en lo imposible. No ha^ razón para acusar a gobiernos efímeros e inseguros de no persistir en planes que requieren larga preparación y atrevimiento y constancia para arrostrar enormes dificultades y llegar a vencerlas. El Único enlace de la reina Isabel que hubiera en realidad tenido un valor político, hubiera sido el efectuado con el heredero de la corona portuguesa. Este enlace de Isabel II hubiera traído la unión de Portugal y de España, como el enlace de Isabel I con el príncipe aragonés trajo la unión de Aragón y de Castilla. Tales cosas, sin embargo, no se logran en tres o cuatro años, ni con voluntad marchita, sino con voluntad enérgica. Hubiera sido menester disponerlo todo desde muy atrás y haber ido poco a poco allanando los caminos. Hubiera sido menester ganarse la voluntad de los portugueses, calmar sus recelos, disipar sus prevenciones, y apercibirse, sobre todo, de alianzas poderosas y contar con el favor y el apoyo de grandes potencias para hacer frente a la tremenda oposición que sin duda hubiera hecho la Gran Bretaña a semejante boda.

De no haberse hecho nada de esto, dado que hubiera sido posible, no hay que acusar, repetimos, a ministerio alguno, sino en todo caso a la prolija serie de nuestros gobernantes y hasta al mismo pueblo español, en cuyo espíritu no se ha apagado en verdad la sed de engrandecimiento, pero donde se nota y deplora la carencia absoluta de firmeza en los propósitos, obrando tanto él como los que en su nombre gobiernan sin plan político duradero y que en cierto modo debiera transmitirse por tradición, sino en virtud de pasajeros caprichos y de súbitas llamaradas de impremeditado entusiasmo.

No hubo, pues, más recurso que el de Isabel II con su primo hermano don Francisco de Asís. Su propia nulidad, su propia insignificancia, no diremos que efectivas, pero sí supuestas por la diplomacia, granjearon para esta boda el asentimiento de todos. No sucedió lo mismo con la de doña Luisa Fernanda.

Dado lo fútil y vano del objeto y de las ventajas que había de lograr Francia o la dinastía allí reinante, no se puede negar que el casamiento de Montpensier fue un triunfo notable de Guizot y de la diplomacia que le servía, y fue una derrota para lord Pálmerston, para Búlwer, su plenipotenciario en Madrid, y para la política inglesa.

Despechado el gobierno de la Gran Bretaña, dirigió con fecha de 22 de setiembre de 1846 y por medio de dicho señor Búlwer, una protesta al gobierno español contra la boda de la infanta; protesta tardía, insolente e inútil, y que no se comprende cómo pudo escribirse. Anunciada ya la boda de la infanta a las Cortes, ¿qué efecto podía tener esta protesta? ¿Qué gobierno español, por indigno y apocado que fuese, había de cejar ante las amenazas en una resolución de que ya tenían noticia la nación y el mundo todo? Evidente es, pues, que la protesta del gobierno inglés era inútil y que solo podía servir para lo que sirvió: para que el señor Istúriz volviese por la dignidad ofendida de España y diese la contestación merecida.

En ella se rechaza con brío una protesta que propende a coartar la independencia de España, la cual, como nación soberana que es, tiene libertad y derecho de hacer lo que quiera, no lastimando los intereses de otros gobiernos, ni infringiendo el derecho de gentes, ni faltando a los tratados. A la idea que emitía también el señor Búlwer de que España, como resultado de la boda de su infanta con un príncipe francés, iba a perder su autonomía y a someterse en todo a Francia, contesta también el señor Istúriz asegurando que el orgullo tradicional de los españoles no se resignará jamás a que su patria sea humilde satélite de otra potencia, por grande y poderosa que esta potencia se imagine. «Además, añade, el espíritu de la época repugna aquellos compromisos de tiempos pasados, y las instituciones políticas de que actualmente está dotada la nación los hace imposibles». Por último, a la amenaza que hace el señor Búlwer en su nota de que el enlace de Montpensier con doña Luisa Fernanda podrá ejercer la más perniciosa influencia en las futuras relaciones entre las coronas de España y de Inglaterra, responde el señor Istúriz, quizá con sobrada moderación, que espera confiadamente que «el gobierno de Su Majestad Británica depondrá unos recelos que nacen principalmente de recuerdos que ni pertenecen a este siglo, ni pueden acomodarse a las instituciones representativas por las cuales se encuentra hoy regida la monarquía, y acoge la esperanza de que la protesta con que concluye la nota del señor Búlwer será exclusivamente contestada por el tiempo y por los sucesos».

En efecto, y no era menester ser profeta para anunciarlo, la boda de Montpensier ni hizo más estrecha la alianza con Francia, ni valió de nada a la dinastía allí reinante, mientras esta dinastía se sostuvo en el trono. Tocio lo que le valió fue una satisfacción de amor propio, no menos vana que la ira que sintieron los políticos ingleses por haber sido burlados en sus pretensiones.

Pero no fue solo la Inglaterra la que protestó contra el matrimonio de Montpensier: también protestó, si no con más razón, con más motivo, el infante don Enrique, quien con dicho matrimonio perdía no pocas esperanzas. Contra el de su hermano don Francisco de Asís con la reina, nada podía decir y nada dijo; antes bien manifestó que se alegraba mucho de que fuese rey consorte su querido hermano, lo cual colmaba tocios sus deseos, pero añadía que lo que le tocaba de derecho, y lo que hacía movido menos por miras e intereses de familia que por el deseo de evitar cuestiones difíciles y guerras de sucesión acaso, era «protestar contra todo derecho eventual a la corona que pudiera concederse a los hijos de Montpensier si llegara a unirse con la infanta». «La renuncia, decía por último, que la familia de Orleáns hizo por el tratado de Utrecht, anularía de antemano todo derecho de esta especie que pudiera declararse o suponerse; y siendo mi familia la más directamente perjudicada, protesto ante las Cortes contra tocio perjuicio que pueda seguirse».

Esta protesta del infante don Enrique venía dirigida a las Cortes del reino desde la ciudad de Cante, donde don Enrique se hallaba desterrado. La presentación del documento en el Congreso dio ocasión a que luciesen su elocuencia, apoyándole. Pacheco, Nocedal y Pastor Díaz. Los tres ponderaron los peligros que pudieran sobrevenir al equilibrio europeo por culpa de aquel matrimonio y el influjo que también por él podría ejercer la Francia en nuestras decisiones políticas. Como era natural, los ministeriales que defendieron el matrimonio estuvieron más juiciosos que los que le impugnaron. No era difícil de probar que no tenía aquel matrimonio la importancia que se suponía, y sobre todo que el príncipe francés, si llegaba alguna vez por sí a adquirir importancia grande, trataría de emplearla en su propio provecho y en el de su patria de adopción y no en el de ninguna dinastía o potencia extranjera. Por lo demás, la caída de Luis Felipe, aunque muy próxima, no se columbraba entonces, y solo se veía que el duque de Montpensier, apenas casado, se volvería a Francia al lado de su padre, desde donde poco o nada había de pesar en los negocios públicos de la nación española. Por esto decía Donoso Cortés: «Ha añadido el señor Pacheco que si las infantas que dimos a Luis XIII y a Luis XIV no hicieron variar la política del gobierno francés, fue porque lo que llevamos a Francia fueron princesas españolas y no varones. Y, señores, ahora ¿quién viene a España? A España no viene nadie. El duque de Montpensier viene y se va».

En suma, la protesta del infante don Enrique no produjo otro efecto que el de esta discusión. El Senado se negó a oiría. Y el propio infante, cansado a poco de residir en Bélgica y deseoso de volver a España en buenas condiciones, se reconcilió con la reina, y a fin de ganar su voluntad, anuló la protesta de una manera solemne.

Las bodas regias se hicieron, pues, si no a gusto de todos, con la aquiescencia de todos; pero sin entusiasmo por parte de nadie. Hubo, no obstante, grandes fiestas y diversiones en Madrid, siendo muy celebradas las corridas de toros de la plaza Mayor, y singularmente mereciendo alto aplauso uno de los caballeros que rejonearon y que lo hizo de un modo admirable.

La opinión pública acerca del matrimonio era difícil que se manifestase a las claras por ser tan delicado el asunto. Con todo, y poniendo aparte el mutuo afecto que pudieran profesarse los augustos esposos, y la felicidad doméstica que de dicho afecto pudiera nacer, es necesario confesar que los personajes políticos españoles que concurrieron a que el casamiento se hiciera, no tuvieron mira, idea, ni propósito alguno, sino el de casar a la reina, sin trabajar mucho ni nada en buscarle novio que trajese ventajas o alianzas a la nación. Tomaron al que estaba más a mano, y su habilidad consistió en no disgustar a potencia alguna y en hacerse aplaudir de los liberales conservadores y hasta de los progresistas, por ser español el príncipe elegido y por ser ellos españoles tan netos.

Con motivo del fausto suceso de las bodas se dio el 17 de octubre una amnistía bastante amplia para los emigrados progresistas, la cual contribuyó a producir el buen efecto de que los progresistas cediesen un poco en sus constantes trabajos de conspiración, dirigidos entonces a levantarse en Cádiz y en Sevilla. Contribuyó igualmente a este buen fin el gobierno inglés, excitando al partido del progreso a que volviese a las vías legales y dándole esperanzas de poder recobrar el poder por medios pacíficos. La impaciencia, no obstante, de recobrarle, poderosa en unos por andar harto necesitados y en otros por ser de condición vehemente y mal sufrida, hubo de estallar a poco, al ver que las esperanzas de un triunfo sin violencia tardaban en lograrse. De aquí que los progresistas viniesen a estar en discordia entre sí y que los más inquietos quisieran hasta expulsar de su seno a López, a Caballero y al general Serrano. Momentos hubo en los cuales, de resultas de este cisma, se creyó que el partido progresista estaba disuelto.

Por dicha, duró poco el temor de esta disolución. A fines del mes de octubre se disolvió el Congreso y se convocaron nuevas Cortes para el 25 de diciembre. Entonces los progresistas aparecieron enteramente unidos; tomaron la prudente resolución de acudir a las urnas, y nombraron una junta central para las elecciones. Fueron estas como casi todas las que se hacen en España, donde no suelen ser necesarias grandes violencias para que saque mayoría el gobierno por muy impopular que sea. Hubo, con todo, una minoría de progresistas si no muy considerable por el número de diputados, pues no pasaban de cuarenta, considerable en extremo por la calidad de algunos de los elegidos, entre los cuales figuraban Olózaga, Cortina, Sancho, San Miguel, Mendizábal, Luján y Gómez de la Serna.

El gobierno trabajó más en las elecciones en contra de los conservadores de oposición que de los progresistas, a quienes por estar más lejos del poder temía y odiaba menos. Pacheco, sin embargo, logró venir al Congreso por dos distritos y no careció de hueste que capitanear.

El 31 de diciembre de 1846 se abrieron las nuevas Cortes y la reina leyó su discurso, donde participa que, según había anunciado a las Cortes anteriores, había contraído matrimonio con su primo don Francisco de Asís y donde también participaba el casamiento de la infanta su hermana. Este documento, como la mayor parte de los de su clase, carece de amenidad y de interés desde el día siguiente en que fue leído en la sesión para la que se escribía. Todo se reduce a decir en los términos más elegantes y correctos que pueden hallarse que las cosas van de bien en mejor. La habilidad principal de quien escribe estos documentos consiste en darles cierta vaguedad nebulosa a fin de que cada cual entienda el sentido a su modo y a su gusto, y a fin de que el gobierno, sin soltar prendas, se comprometa lo menos posible. El discurso de la reina a fines de 1846 es un dechado de perfección en este estilo incoloro. Lo único que en él puede pasar por programa es que se tomarán medidas para el arreglo de la deuda pública, que se propondrá una ley para la dotación del culto y del clero y que se presentarán otras para proteger el aumento de la riqueza e impedir los abusos que suelen acompañar el primer impulso de su desarrollo. Esto último era lo más significativo, ya que el gobierno ponía en boca de la reina y confesaba paladinamente que había habido tales abusos.

Aunque, como hemos dicho, el gobierno creía tener mayoría y la tenía en efecto, no tenía ni vitalidad ni fuerzas suficientes para conservarla, y la perdió no bien la puso a prueba. El ministerio Istúriz fue vencido en la misma elección de presidente del Congreso. El señor Castro y Orozco, candidato de la oposición conservadora, venció al candidato del ministerio don Juan Bravo Murillo. La minoría progresista concurrió a la victoria del señor Castro y Orozco. Las tribunas aplaudieron la derrota del ministerio. Este tuvo que presentar su dimisión que fue aceptada.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

Ministerio Sotomayor.—Ministerio Pacheco.—Intervención en Portugal.

Después de la caída de Istúriz, la reina encomendó la formación de nuevo ministerio al marqués de Casa Irujo, duque de Sotomayor, quien guardó para sí la cartera de Estado. Hubo una larga y laboriosa crisis y el ministerio quedó definitivamente constituido el día 28 de enero de 1847. Bravo Murillo fue ministro de Gracia y Justicia, Seijas Lozano de Gobernación, Santillán de Hacienda y Baldasano de Marina. Entonces se creó el ministerio de Comercio, Instrucción y obras públicas, que más tarde se llamó de Fomento. La nueva silla ministerial se dio a don Mariano Roca de Togores. Aun así hubo todavía variaciones en el ministerio. El general Pavía se puso en desacuerdo con sus compañeros y dimitió a muy poco de ser nombrado ministro. Le reemplazó el general Oraá. El general Baldasano no quiso admitir el ministerio de Marina, y don Alejandro Olivan le sustituyó en aquel puesto. Como quiera que sea, el ministerio Sotomayor contaba con gran mayoría en las Cortes; representaba al partido conservador y seguía su política sin las exageraciones reaccionarias de los Pezuelas y de otros y sin la ruda violencia militar de Narváez; pero el ministerio Sotomayor tenía en contra, como todos los demás ministerios conservadores, al partido carlista, que no se cansaba de apelar a la guerra civil; al partido progresista, que tampoco se cansaba de conjuraciones, motines y pronunciamientos; y al partido puritano, nacido del seno mismo del partido conservador, el cual partido puritano contaba entonces, además de sus adalides parlamentarios, notabilísimos algunos, como Pacheco y Pastor Díaz, con dos hombres muy hábiles, llenos de actividad y de ambición y poseedores ambos de medios poderosos, aunque diferentes, para lograr sus fines. Era uno de estos hombres don José de Salamanca, personaje de los más característicos de España en la época en que vivimos. Nacido y criado en Málaga, poseía en grado eminente no pocas de las buenas y malas cualidades de la gente de aquel país. Su conversación chistosa y alegre encantaba a cuantos le oían. Su viva imaginación, su febril actividad y su poderosa inventiva, espoleadas por la ambición y ayudadas por la fortuna, habían hecho de él en aquel tiempo uno de los más ricos banqueros de esta corte. El buen éxito en cualquiera empresa suele ensoberbecer a los hombres y entre todo los éxitos buenos el que más les ensoberbece es el de hacerse ricos. Cuando el rico es persona de cortos alcances la soberbia se manifiesta de un modo pueril; pero cuando es persona de talento, como Salamanca, se manifiesta de modo distinto, menos incómodo y enojoso para los que tienen que sufrirla, pero más peligroso para la persona ensoberbecida. Salamanca, pues, cuando ya era rico, siguió con cuantos trataba no menos afable y bondadoso que antes, pero hubo de imaginar que, pues había sabido enriquecerse, no había ni podía haber cosa que no supiese y para la cual no fuese él más apto que los demás seres humanos. De aquí, y en nuestro sentir más bien por vanidad y con el propósito de hacer cosas notables en todo que llegasen a acrecentar su fama que con otras miras menos altamente personales. Salamanca se consagró a la política, la cual es evidente para nosotros que rara vez pensó él en que le sirviese para sus medros de ban quero, y es más evidente aún que, si lo pensó, pensó un desatino, porque de seguro, lejos él de la política, aunque aprovechándose de ella, hubiera ganado mucho más sin tantos peligros y disgustos. Una mala cualidad tuvo Salamanca, que como hombre político no podía menos de perjudicarle, pero que es muy peculiar en los malagueños. Como Málaga es a modo de factoría, donde las principales casas de comercio son extranjeras o suelen ser forasteras, aunque sean españolas, mientras que la clase media y el pueblo se distinguen por lo castizo, hay entre una y otra clase, en apariencia amigas, poco afecto y estimación, de donde nacen el gran desdén con que se miran y la burla y el pobre concepto en que se tienen. Lo cierto es que los malagueños suelen, por lo común, pecar en esto: en despreciar demasiado a los hombres y en creer poquísimo en su desinterés, en su nobleza de carácter y en sus demás virtudes. Prudente es por cierto la desconfianza y muy útil para no ser engañado; pero, cuando se extrema, suele dar mayor ocasión al engaño. El desconfiado apela a todo el que le parece listo, aunque tenga de él la más triste opinión respecto a moral, y con esto produce dos males gravísimos. Es el primero, que redunda en daño de la generalidad, el acudir a instrumentos y a medios viciosos, creyendo que no puede haberlos mejores ni más honrados en este mundo corrompido, con lo cual es él quien desmoraliza y corrompe sin querer acaso. Y es el segundo mal, que resulta casi siempre en daño del desconfiado, que como suele valerse de personas ruines y favorecerlas y auparlas, no hace más que desperdiciar en terreno estéril la semilla de sus beneficios, calentar víboras en el pecho y crear ingratos. Otra falta grave hay en el carácter de Salamanca, que le ha hecho daño a él, y que, dígase lo que se quiera, ha hecho más provecho que daño a los españoles. Es esta falta, si tal puede llamarse, la de ser muy poeta en acción; esto es, la de tener grande amor al lujo, a la ostentación y a todo género de empresas aventuradas y magníficas. Claro está que, así como Salamanca necesitaba de recursos para acometerlas, así también, acometidas y ejecutadas, esperaba él que habían de producirle nuevos recursos y provechos mayores; pero el afán principal de sus desvelos era la gloria, más bien que la ganancia. No creemos que don José de Salamanca hubiese nunca meditado con madurez sobre las doctrinas y asuntos políticos. Su espíritu, a más de andar empleado en otras cosas, es más que profundo, ligero e irreflexivo; pero Salamanca, apasionado de los adelantamientos de la cultura moderna, con los cuales está tan de acuerdo el liberalismo, era instintivamente liberal, si bien por su amor al orden, y por la natural repulsión que la baja plebe le inspiraba, era conservador o moderado. De aquí que en ninguna ocasión estuviese Salamanca más en su centro que cuando estuvo en el partido puritano. Era el otro adalid y sostenedor de este partido el general don Francisco Serrano, entonces en lo mejor de su edad, valiente, discreto y dotado de elegante y hermosa presencia Ambos personajes. Salamanca y Serrano, trabajaban en contra del ministerio Sotomayor y en pro de la fracción Pacheco.

El ministerio, sin el auxilio de Narváez, que estaba en París, sin el arrimo de la reina madre, que se fue también a París, enojada con su hija, y teniendo que hacer frente a enemigos tan poderosos, no podía durar mucho, a pesar del apoyo de todo el Parlamento. Hacía más difícil su posición la desavenencia que había ya en Palacio entre la reina y el rey consorte, el cual, enojado con su mujer, sin que deslindemos aquí si provenía el enojo de ambición contrariada o de otra clase de afectos o de pasiones, o si intervenían ambas causas en su disgusto, es lo cierto que estaba retirado en el Pardo, dando sobrado pretexto a mil comentarios y hablillas. Separados así el rey y la reina, tenían sendas cortes o servidumbres, hostiles entre sí; y el ministerio Sotomayor, o por falta de maña, o por sobra de buena fe, ni supo conciliar a los desavenidos, ni ganarse el favor y la confianza de ninguno de los dos bandos palaciegos. En cambio, pensó, y pensó bien, en ver si se afirmaba en el poder con la ayuda y el favor de la opinión pública y gobernando con trazas y estilos más conciliadores que los empleados hasta entonces por el partido a que pertenecía. A este fin amplió la amnistía en favor de los progresistas y proyectó traer a algunos de ellos al Senado. Todo, sin embargo, fue inútil. La reina estaba ya disgustada con los ministros, tal vez por una aventurada resolución que estos tomaron sin consultarla. Dispusieron, pues, enviar a Navarra al general Serrano, cohonestando este a modo de destierro con un cargo honroso; pero el general se negó a aceptar el encargo, afirmando que sus deberes de senador no consentían que abandonase la capital y añadiendo que para desempeñar el tal encargo era menester estar en armonía con el gobierno, a quien él; como hombre político, combatía.

A la exposición que hizo el general Serrano, disculpándose de no ir a Navarra, respondió el gobierno insistiendo para que fuera y dándole brevísimo plazo para cumplir tal orden. Entonces el general Serrano apeló al Senado, seguro de que, con la dignidad y elevación que le distinguían, sabría sostener los fueros de uno de sus individuos y hacer respetar en él la justa libertad que debe tener, y que en otro jefe militar había sido respetada recientemente, de admitir o no una comisión que creía de menos importancia que la de representar el país. El gobierno, por su parte, al ver surgir tan grave dificultad y deseoso de resolverla, se asesoró con los hombres más importantes de su partido, como Martínez de la Rosa, Pidal, Mon, Castro y Orozco y González Brabo, los cuales decidieron que la conducta del general Serrano era un acto de desobediencia y de indisciplina y que debía pedirse al Senado autorización para encausar al general.

Después de haber consultado a los personajes más notables que apoyaban al gobierno, el duque de Sotomayor se decidió a llevar al Senado la acusación contra el general Serrano por su desobediencia. En el mismo día se leyeron en el Senado dos documentos contrarios sobre el asunto: una exposición del general, explicando su desobediencia como militar por su más alto deber de senador que a permanecer en Madrid le obligaba, y una comunicación del gobierno al Senado, pidiéndole permiso para proceder contra el general Serrano porque le había desobedecido. La comisión nombrada para dar dictamen sobre el permiso que pedía el gobierno, le dio en favor de este, y el dictamen fue aprobado por 88 votos contra uno, después de una detenida discusión, en que tomaron parte en favor de Serrano el general Concha y don Claudio Antón de Luzuriaga. La oposición, apoyada en el general Serrano, tenía sin duda mucha fuerza; pero fue mayor aún la que adquirió el gobierno por la cohesión de todos los prohombres en vista de la oposición que se hacía al partido conservador. Los hombres de este partido contaban con gran mayoría en las Cortes. Todo otro gobierno era imposible sin disolverlas. Ni los puritanos, ni los progresistas podían venir al poder de un modo parlamentario. Este ha sido casi siempre el escollo del gobierno representativo en España: la plétora de mayoría de los gobiernos, casi solo por ser gobiernos. Para vencerlos y suplantarlos era menester, así entonces como en el día, o un motín o una intriga palaciega. Ambos medios son, por lo común, lamentables y peligrosos, aunque pueden engalanarse y dorarse con nombres pomposísimos. Al motín se le llama glorioso pronunciamiento, alzamiento nacional o revolución salvadora; a la intriga palaciega se le llama o se le puede llamar, en sus efectos, el libre ejercicio de la regia prerrogativa, el uso legítimo de la facultad que tiene el poder moderador, cuando ve que las Cortes no son ya, o tal vez no fueron nunca, la verdadera expresión de la voluntad y del pensamiento del país, de retirar su confianza al gobierno que dichas Cortes apoyan y de llamar a otros hombres para que interroguen de nuevo al pueblo en los comicios y formen a su vez gobierno. Es evidente que, en los pueblos donde hubiese partidos organizados y fuertes y donde las elecciones fuesen libres, nunca, o casi nunca, habría motines ni pronunciamientos y rara vez ocurrirían crisis constitucionales: casi toda crisis sería parlamentaria. Las Cortes darían un voto de censura al ministerio que no les conviniese, el ministerio caería y la corona tendría que sacar un nuevo gobierno de entre los hombres que formasen la mayoría triunfante de los diputados y senadores. En España, con estás plétoras de mayorías ministeriales que suelen haber, lo último es casi imposible, de donde resultan acerbos males para el pueblo, que por ser tan patentes no enumeramos aquí, y males asimismo muy acerbos y peligrosos para el trono, no solo por culpa de los pronunciamientos que, a fuerza de repetirse e ir saliendo triunfantes, pueden ya no quedar contentos con derribar gabinetes, y aspirar a mayores y radicales mudanzas, sino también cuando los cambios de gabinete se hacen por medios pacíficos y en virtud de la regia prerrogativa. Dentro del derecho constitucional escrito, queda sin duda irresponsable el soberano, pero ¿cómo exceptuarle de su responsabilidad ante la historia? El partido a quien llama al poder se pone naturalmente muy satisfecho; entiende que el rey ha mostrado maravillosa prudencia política; y tal vez en efecto es así, Pero el ministerio, a quien el rey derriba con gran mayoría en las Cortes, y todos los hombres de esa mayoría, y los empleados y secuaces del ministerio caído, claman contra el capricho del soberano, que tal les parece la mudanza; y tal vez la atribuyen, aunque no sea para denigrar al trono, sino para denigrar a los que en el poder le han suplantado, a causas ajenas a la política y poco honrosas a veces. En toda la historia del reinado de doña Isabel II se nota con dolor esta dificultad. Los ministerios se mudan a menudo y rara vez por medios parlamentarios. Para mudarlos suelen los partidos valerse de un motín; y, si la corona acaso para evitar el motín, o persuadida de que el gobierno no está sostenido sino por el mundo artificial y oficial que él mismo ha creado, le derriba para que la verdadera opinión pública triunfe pacíficamente, toda la gente caída y desposeída acusa de caprichosa a la corona, acusa al nuevo poder de engendro de la camarilla, y suele calificar a la camarilla del modo más duro, exista en realidad o no exista.

Este modo de ser de nuestro país hace además monótona y cansada la historia, y que para el hombre imparcial y verídico que la refiere, sea menos amena que para el hombre apasionado que la interpreta o la cuenta a su gusto, figurándose que su partido está compuesto de Catones, mientras que todos los vicios y las maldades están en los hombres del partido contrario.

Como quiera que sea, el ministerio Sotomayor contó en esta ocasión con el más decidido apoyo contra el general Serrano en ambos cuerpos colegisladores. Nosotros no vamos a sostener aquí la paradoja de que la reina, en virtud de su prudencia soberana, conociendo acaso que las Cortes aquellas no representaban la verdadera opinión del país y que en vez del ministerio que aquellas Cortes apoyaban convenía otro ministerio, realizó el cambio por medio de una crisis constitucional; pero es lo cierto que la reina, al hacer el cambio, nada hizo de verdaderamente impopular. No desdeñó a unas Cortes que fuesen muy queridas en el país, ni que representasen sus verdaderos intereses y aspiraciones. No acudió para formar el nuevo gobierno a personas indignas u oscuras, sino a los más claros y notables personajes que en la oposición había. Y si la reina obró en aquella ocasión por capricho o por antojo o movida por sentimientos que con los negocios públicos nada tenían que ver, de nada de esto se la puede acusar, como no descendamos a la historia anecdótica, que no queremos escribir ahora y que será menester que pasen años aún para que pueda escribirse con toda la imparcialidad y franqueza que se requiere. Por lo pronto, hasta es lícito afirmar que la oposición puritana tuvo derecho de hacer lo que hizo, y que el ministerio, apoyándose en las Cortes y creyéndose fuerte con este apoyo, abusó de su fuerza, llegando hasta aislar e incomunicar a la reina para que no viese a nadie que fuese enemigo de los ministros y no hallase medio de derribarlos y de nombrar otros. Fue menester que un hombre de agudo ingenio, el poeta don Ventura de la Vega, se valiese de un ardid para poder ver y hablar a S. M., diciendo que iba a convidarla a una función en el Liceo. Tal vez el haberse apenas mezclado hasta entonces en política el señor don Ventura de la Vega, fue causa de que nada se sospechase de él. Lo cierto es que habló con la reina; le explicó sin duda que ella tenía poder y facultades bastantes para cambiar de gabinete y le dio ánimos para que realizase el cambio. Aleccionada de esta suerte la reina, cuando vino a despachar con ella uno de los ministros, don Mariano Roca de Togores, le dictó ella misma el decreto relevando al presidente del Consejo. Después mandó llamar S. M. a don Joaquín Francisco Pacheco y le encomendó la formación de un nuevo gabinete. Pacheco, a más de la presidencia, guardó para sí la cartera de Estado. Don Antonio Benavides fue ministro de la Gobernación; el banquero don José Salamanca, de Hacienda; don Nicomedes Pastor Díaz, de Instrucción pública; Mazarredo, de Guerra; Sotelo, de Marina; y Bahamonde, de Gracia y Justicia.

En prueba de que no importaba nada a nadie el modo de subir, que pudo tener o tuvo el nuevo ministerio, su formación fue recibida con general aplauso por los liberales e hizo concebir grandes esperanzas. Probaba esto, asimismo, que hasta entonces, por lo menos, no había mostrado la reina ninguna predilección por los partidos reaccionarios, ni por su política, y que la reacción se había impuesto, lo mismo al país que a la corona, en virtud de un pronunciamiento militar dichoso, en el cual había descollado Narváez. Todos los ministerios conservadores y ultraconservadores, que desde entonces había habido, habían tenido gran mayoría en las Cámaras, y habían caído, sin crisis parlamentaria, en virtud de crisis constitucional o sea por intrigas palaciegas, ya que todo ministerio que no cae parlamentariamente tiene que atribuir su caída a dichas intrigas, pues no ha de confesar que la prudencia del poder moderador, al verle divorciado de la opinión pública, le retira su confianza.

El nuevo ministerio echó sobre sí una pesadísima carga: se propuso ser lo más liberal posible, sin salirse de las doctrinas conservadoras; llevar adelante la obra de la revolución sin nuevos motines y trastornos; y reconciliar a todos los españoles, esto es, ser muy tolerante, llamar a las vías legales a los partidos que estaban como fuera de la ley, y abrir sin desconfianza y con generosidad el palenque de la prensa y de la tribuna para que en él combatiesen principios contra principios y se llevasen como premio el poder los que saliesen vencedores. Para esto, una de las primeras cosas que hizo el gobierno, a la cual se prestó gustosísima la reina con aquella gran generosidad que siempre la ha distinguido, fue acceder a una exposición de don Salustiano de Olózaga en que este pedía que dejara para siempre archivada la declaración (de 1.º de diciembre de 1843) en que le acusaba de haber empleado violencia para arrancarle el decreto de disolución de Cortes. Al hacer esto, la reina quiso consignar además que no quería que hubiese enconos ni resentimientos entre los españoles y que ella debía dar el ejemplo. «Mi voluntad es, añadía, que se haga lo que pide Olózaga». Se asegura además que la reina dijo que no tenía de qué perdonar a Olózaga, porque Olózaga nunca la había ofendido. Ello es que el día 3 de abril firmó un decreto, en virtud del cual Olózaga pudo tomar asiento en el Congreso. Este acto entusiasmó a todos los progresistas, quienes dirigieron a S. M. una exposición firmada por Mendizábal, Cortina, Gómez de la Serna y Madoz, pidiendo amnistía para los emigrados de su partido y haciendo de la reina los más altos elogios.

Para manifestar el gobierno su imparcialidad, así como sacó a Olózaga del destierro, amnistió también a don Manuel Godoy y aun estuvo a punto de llamarle príncipe de la Paz en el decreto de amnistía. Tolerancia y benignidad tan generales hicieron nacer en todos grandes esperanzas, las cuales, como no era posible que para todos y totalmente se realizaran, pronto se convirtieron en desengaño, del cual hubieron de nacer el encono y una violenta oposición de unos y de otros. Los ultraconservadores aunaron sus fuerzas contra un ministerio que les parecía por lo menos imprudentemente liberal y de quien recelaban que acabase por entregar el poder a los progresistas. Estos, en cambio, no querían, ni siquiera por gratitud, mostrarse benévolos con el gabinete que tan generosamente se había conducido con ellos, e ir preparando en paz y con calma su propio pacífico advenimiento. Progresistas, pues, y conservadores querían el poder pronto y a toda costa, creyendo o aparentando creer que el bien y la salvación de la patria dependían de que ellos mandasen. La situación del ministerio era, pues, dificilísima, combatido políticamente por todos lados. Ya era imposible que gobernase con aquellas Cortes. La suspensión de las sesiones le dio algún desahogo; pero había una gran dificultad, siempre permanente, y que tal vez se hizo mayor por la imprudencia y poquísima circunspección y tino con que los ministros quisieron mezclarse en ciertos negocios, a fin de evitar escándalos, que se hicieron mayores por lo mismo que los ministros en ellos se mezclaban.

Aunque la mayor parte de los libros, que tratan de nuestra historia contemporánea, entran al llegar a este punto en los más minuciosos, íntimos y feos pormenores, nosotros no hemos de seguirlos, remitiendo a dichos libros al lector curioso y aficionado a este género de noticias. Varias razones nos mueven a guardar sobre ellas prudente silencio, aunque algo tendremos que dejar entrever, por más que queramos ser sigilosos. Al expresar aquí la principal razón que nos mueve a callar, tenemos por fuerza que hablar algo, y no callar del todo. Las posiciones muy altas tienen también sus contras, al lado de sus muchas ventajas, y no es la menor contra la de que es difícil el deslinde entre lo que es la vida pública y la vida privada de aquellas personas que tales posiciones ocupan. En el caso presente, sin embargo, es, en nuestro sentir, más fácil prescindir de esta parte anecdótica de nuestra historia; porque creemos que la serie de anécdotas, imaginadas acaso, que pudieran referirse, así como la serie de sujetos que han ido sucesivamente, según se supone, haciendo el papel de protagonistas en la serie de anécdotas, han influido poco o nada en la política, excepto en el caso de que cualquiera de estos sujetos, en su mayoría insignificantes, salvo el ser donosos o gallardos, no tuviese ya por sí gran valer personal, alta jerarquía, o influjo en alguno de nuestros partidos. Creemos, pues, que se ha exagerado y hasta que se ha fantaseado, como quien compone una novela, acerca de las causas de muchos cambios de gabinete. En un país donde todo gobierno, sea el que sea, ha traído casi siempre las Cortes que ha querido para que le sostengan y aplaudan, es claro que casi todo gobierno ha tenido que caer o por un motín o en virtud de una crisis constitucional, en donde la regia prerrogativa, sin acudir a misteriosos móviles, puede explicarse que se ha ejercido por el deseo del mejor acierto, y temerosa quizá de que el gobierno, a pesar de su falaz mayoría en las Cortes, dado que la tuviese, no contaba con el apoyo de la opinión ni satisfacía los intereses y aspiraciones del pueblo.

Justo es también consignar aquí, aunque sea algo duro, que los políticos de nuestros días suelen ser muy ampulosos en sus frases y en sus censuras y muy poco severos en los medios de que se valen. Ello es lo cierto que, si hubo un medio digno de reprobación, ningún partido de entonces puede reprobarle; porque todos, incluso el progresista, apelaron a él y cifraron en él su esperanza, hasta que, perdida esta, volvieron a la ampulosidad catoniana, a la difamación y a la diatriba. Culpa fue también, y no de un solo partido, sino de todos, pues a gusto de todos se hizo, que casasen a la reina con un príncipe, dotado sin duda de extraordinario despejo y de mil otras brillantes prendas, pero que tal vez, por cierta incompatibilidad de carácter, no pudo hacer jamás la completa felicidad de su augusta esposa.

En aquel tiempo, durante el ministerio Pacheco, había llegado a su colmo la desavenencia entre los regios consortes. El ministerio, como ya hemos dicho, anduvo sobrado entrometido y poco circunspecto en querer avenirlos. La elección que hizo de don Antonio Benavides para amigable componedor fue también bastante desacertada; porque Benavides, si bien es hombre insinuante, afectuoso, dotado de elocuencia persuasiva y amigo siempre de la paz y de la concordia, carece o carecía entonces, que aún era joven, de aquel crédito que suelen dar los años y que aumenta la vida austera y penitente en todo varón algo apartado del mundo o en cualquier siervo de Dios, el cual no hubiera faltado, si se hubiera buscado; pero el haberse valido entonces de don Antonio Benavides para poner paces, no podía menos de ser contraproducente; así es que Benavides nada consiguió, irritando más las heridas en vez de sanarlas, y dando ocasión a que se publicasen y anduviesen por ahí impresos los más extraños diálogos que se supone haber habido entre el dicho don Antonio Benavides y una de las dos personas desavenidas, a quien trataba de persuadir, amansar y quitar el enojo.

Por lo demás, ni la desavenencia que había en Palacio, ni otras murmuraciones y hablillas fueron bastantes a disminuir la popularidad de la reina: antes bien coincidió con todo esto su mayor popularidad.

Entendieron los progresistas que el general Serrano, que por entonces privaba mucho, iba a tenderles la mano para que subiesen al poder, y enfervorizado con esto su amor al trono y a la dinastía, empezaron a hacer públicas manifestaciones en favor de la reina. En los teatros, en la plaza de Toros, en la Puerta del Sol y en el paseo de Atocha, era S. M. aclamada y vitoreada con frecuencia. La prensa progresista se hizo también por entonces muy dinástica, si bien, en cambio de los elogios que hacía a la reina Isabel, se desataba en denuestos contra la reina Cristina, a quien el ministerio y varios personajes conservadores procuraban traer a España, a ver si ella realizaba la reconciliación de los esposos.

Parece que en esta ocasión llegó a tal punto el enojo de los progresistas y el furor con que le mostraron, que la reina Cristina desistió de venir a España.

Las lisonjas del partido para su hija siguieron adelante. La reina, joven, graciosa y alegre, solía ir a paseo sin escolta. En una tarde de abril, en que salió así, rodeó el coche de la reina en la Puerta del Sol gran muchedumbre de pueblo. La reina, que guiaba ella misma el carruaje, tuvo que retener por las bridas a los caballos para no atropellar a la gente. Por toda la calle de Alcalá, hasta la Cibeles, y luego por el Prado, el entusiasmo parecía rayar en frenesí. Los vivas a la reina, a la Constitución, y a la libertad, atronaban el aire. Echaron flores a la reina y palomas engalanadas con cintas de colores. El aplauso y hasta los requiebros que le dirigieron sus admiradores, tratando de rendirle homenaje no solo como a reina, sino como a mujer de corta edad y de gallarda y simpática presencia, escandalizaron a todas las personas graves. Hubo un momento en que la reina tuvo que parar el coche a fin de oir un discurso que pronunció un patriota, aconsejándole que llamase al poder a los progresistas, porque bajo el mando de los picaros conservadores se bamboleaba el trono. Este triunfo, algo anormal, de S. M., creció cuando esta volvió a pasar por la Puerta del Sol para retirarse a Palacio, y se dilató, hasta bien entrada la noche, con paseos y agrupaciones de gente, que iba cantando en coro el himno de Riego. En las Cortes, que estaban aún abiertas, ciertos severos diputados, como Pidal y Ríos Rosas, censuraron agriamente aquellos extremos de entusiasmo, que calificaron de desórdenes, culpando al gobierno por su condescendencia. El gobierno se defendió como pudo, y el jefe superior político de Madrid, don Patricio de la Escosura, tuvo que tomar disposiciones a fin de mitigar el entusiasmo dinástico de la muchedumbre, o su explosión al menos o manifestación tumultuosa, en teatros, plazas y calles, A pesar de esto, continuaron por parte del pueblo las muestras de amor a su joven soberana; y el gobierno, al cabo, para sustraerla al excesivo amor de sus súbditos, tuvo que rodearla, siempre que salía, de numerosa escolta. Aun así, y valiéndose de medios ingeniosos y más o menos delicados, el pueblo y sobre todo los progresistas siguieron aún por algún tiempo con sus lisonjas y muestras de afecto. En la Plaza de Toros vitoreaban siempre a S. M., y hasta hubo un día en que llevaron un enorme abanico, donde se leía en letras grandes por un lado «Viva la reina» y «Constitucional», por el otro. Este entusiasmo dinástico no fue siempre inocente. En la noche que se siguió a la exhibición del abanico en la corrida de toros, se cuenta que algunos de aquellos liberales, tan entusiastas de la regia majestad, cuando se cifraba como entonces en una dama de alegre aspecto, viva y penetrante mirada y luminosa y risueña sonrisa, no gustando, por lo que se vio, de que nadie se entusiasmase por la misma majestad regia, cuando se cifraba en un hombre, y habiendo encontrado, en la plazuela de Matute, a un pobre escarolero, que había sido realista, esto es, que había tenido el mismo entusiasmo por el padre que por la hija ellos, le molieron tan sin compasión a garrotazos, que murió en un hospital a las dos horas.

Queda, pues, consignado que hubo por aquel tiempo de parte de los progresistas un frenético dinastismo; pero, por desgracia o por ventura, los progresistas se convencieron pronto de que no les daban el poder, y el dinastismo feneció con la esperanza.

Hubo un momento, no obstante, en que esta esperanza de los progresistas casi se tuvo por realizada, fundándose en la separación del regio matrimonio. Corrió la voz de que la reina, cansada ya del constante empeño que ponía el ministerio puritano en reconciliarla con su marido, le había exonerado, nombrando a un ministerio progresista, del cual formaba importantísima parte el general Serrano como ministro de la Guerra. Decíase además que Mendizábal era ministro de Hacienda, y que Espartero volvía a España a sentarse en el Senado, en el pleno goce de todos sus títulos y honores.

Lo único que había de verdad en esto era la desavenencia conyugal, a la que en balde Salamanca, después de los infructuosos trabajos de Benavides, trató de poner término. El rey presentaba tales condiciones, que no solo a la reina, sino al país mismo, a no faltar a sus leyes fundamentales, hubiera sido imposible aceptarlas. La cuestión doméstica hubo de tomar así el carácter y la magnitud de una cuestión política de las más graves. El consorte de la reina, solo rey titular, aspiraba a ser verdadero rey.

Su desavenencia con la reina hacía sumamente difícil la situación del ministerio, ocupado de continuo en desbaratar intrigas que de una parte y de otra se forjaban, y en que intervenían a veces, complicándolas, otras personas de la familia real. El infante don Francisco de Paula, movido de muy buen deseo, quiso poner en paz a los augustos esposos y no pudo; y, sin que acertemos a decir cómo, engolfado ya el infante en estos tratos y negociaciones diplomáticas, se hizo amigo de los progresistas y hasta preparó un ministerio de hombres de este partido. Como el infante vivía en el real palacio y tenía fácil entrada en las habitaciones de S. M., aguardaba la ocasión propicia para convencer a la reina de que se desprendiese de Pacheco y nombrase como ministros a sus nuevos amigos. Pacheco, no obstante, supo a tiempo esta intriga, la cual no tuvo más resultado que el de obligar a don Francisco de Paula a abandonar el real palacio con su familia y servidumbre e irse a vivir en el de San Juan del Retiro. Se ve, pues, que los progresistas se valían de todos los medios para alcanzar el poder: ya de motines y pronunciamientos, ya de palaciegas intrigas.

Entretanto al partido ultraconservador le había dado por mostrarse muy melancólico de las desavenencias que ocurrían en palacio, acusando a los puritanos de inmorales y de poco cuidadosos de la buena fama y crédito de que debían gozar ciertas personas. Pidal era de los más enojados, si bien quería buscar para tanto mal remedios prudentes y hasta suaves; pero otro personajes, más vivos de genio y más belicosos, se dice que querían buscar al general Serrano y provocarle a un duelo a fin de desembarazar a España del que llamaban causador de nuestras desgracias. Los escandalizados conservadores de Madrid trataron de concertarse de nuevo con Narváez, quien se hallaba en la capital de Francia, y este a su vez volvió a ponerse bien con la reina madre doña María Cristina, con la cual, durante algún tiempo, habían estado muy entibiadas sus relaciones amistosas. El general Narváez, imitando a Scipión, cuando dejaba de ser ministro, acusaba de ingrata a la patria, y, si no la amenazaba con que no poseería sus huesos, la amenazaba con no volver a ser ministro, como si la patria no fuese merecedora de tanta felicidad y de tanta honra. Por dicha, este propósito no era firme. Narváez se dejó ablandar por los ruegos de Pidal y de otros amigos y les escribió al cabo que, a pesar de haber jurado no volver a ser ministro, lo sería cuando se lo rogasen. Ponía, sin embargo, una singular condición para volver al poder. Aseguraba que en España no se podía gobernar con blandura, sino a palos, y pedía carta blanca para empuñar el garrote y pegar firme.

El partido ultraconservador, vulgarmente llamado moderado, ha sido siempre en la oposición el más impaciente por volver al poder y el más terrible en el empleo de la difamación, de los denuestos y de las injurias contra sus encumbrados adversarios. Difícil es imaginar mayor cúmulo de acusaciones que las que se lanzaron contra Pacheco y contra sus compañeros.

Fruto de estos ataques continuados fue el descrédito del gabinete; el deseo que empezaron a tener muchos de que cayese y la esperanza de su pronta caída. Esta esperanza la completaban los moderados dando por cierto que iban a volver al poder con Narváez a la cabeza, y también no pocos progresistas la completaban creyendo que iba a formarse un ministerio de prohombres de su parcialidad bajo la presidencia del general Serrano.

Hay en toda esta parte de la historia del reinado de Isabel II tal cúmulo de intrigas y de sucesos de entre bastidores, que el historiador de una historia general de España no puede referirlas menudamente. Es más: algunos de los lances y sucesos que se cuentan tienen carácter tan extraño que rayan a menudo en lo grotesco y en lo absurdo, y más bien parecen, no cosas reales, sino hablillas desatinadas de vulgo reunido en una taberna Lo inverosímil, no obstante, no es siempre falso: lo verdadero a veces es inverosímil; pero, a fin de justificar que es verdadero, sería menester exhibir documentos fehacientes de carácter privado e íntimo o bien acudir a la correspondencia diplomática de los representantes en España de países extranjeros; y, aun así, es muy de dudar que en la correspondencia oficial, ni aun en la más reservada, quede ni rastro de ciertas cosas.

Creen muchos, por ejemplo, y lo confirma el señor Bermejo en su Estafeta de Palacio, que el ministro inglés Búlwer, excitado a ello por su gobierno, que quería que volviesen al poder en España los progresistas, intervenía en todas las intrigas de entonces y que él fue quien indujo al infante don Francisco de Paula para que predispusiese a la reina en favor del partido del progreso. El mal éxito que tuvo Búlwer en este asunto, dicen que le desacreditó cerca de su gobierno, y que este trató de quitarle y enviar nuevo ministro a Madrid. Pensando en hacer el tal nombramiento y envío, cuenta Bermejo algo de muy cómico, sin ningún documento en que se apoye, y que más bien que historia, parece sacado de una absurda novela: cuenta, pues, que lord Pálmerston quiso enviar a Madrid un nuevo ministro rodeado de secretarios y agregados jóvenes todos de buen parecer y que pudieran brillar por su donaire y otras prendas atractivas; pero que en cambio lord Russell quería que viniese a Madrid un ministro que fuese la propia gravedad y compostura, casado y con hijas virtuosas, sin duda para que nos morigerasen y purificasen hasta donde fuera posible. Si en cualquiera de estos dos disparates se pensó, que lo dudamos, lo cierto es que no se realizó ninguno de ellos, y que Búlwer siguió siendo ministro de Inglaterra.

Empeñado por aquel tiempo en que hubiese un ministerio progresista, y autorizado para todo por las personas que podían autorizarle, se cuenta que fue a ver a don Manuel Cortina y quiso, hacerle aceptar el cargo de ministro en un ministerio presidido por el general Serrano. Acompañaron a Búlwer en esta ocasión varios personajes del partido del progreso, y dicen que Cortina se negó a todo exclamando:—«Jamás entraré en un ministerio presidido por un favorito». El haber rechazado Cortina la cartera posible o probable con que se le brindaba, no prueba que todos los progresistas fuesen tan difíciles y severos como él. Si entonces el general Serrano hubiera querido o hubiera podido formar ministerio bajo su presidencia, no le hubieran faltado personajes de aquel partido para secundarle y acompañarle.

¿Qué le podía importar entonces al gobierno inglés que fuesen moderados o progresistas los que mandasen en España? O las razones que tenía eran tan delgadas, oscuras y profundas, que no alcanza a descubrirlas y comprenderlas nuestro corto entendimiento, poco avezado a los negocios políticos, por lo cual afirman graves personajes que la historia, si ha de estar bien escrita, ha de estar escrita por hombres muy curtidos en los negocios y que hayan ocupado ya los primeros puestos, o bien el amor de Inglaterra a los progresistas y su empeño en que mandasen en España, no tenía el menor fundamento racional y era un mero capricho, a lo cual nos inclinamos nosotros que vemos las cosas harto someramente sin duda creemos además que los ingleses, más aun que los franceses, sin exceptuar a los más eminentes hombres de Estado, se forman casi siempre un concepto enmarañado, confuso y falso, de nuestros hombres y de nuestras cosas, y en virtud de este concepto y de alguna caprichosa pasión o entusiasmo obran luego. Tal vez el gobierno de la Gran Bretaña estaba enojado aún por la boda de la infanta con el duque de Montpensier; tal vez estaba sobrexcitado por las quejas de súbditos de su reina, que eran nuestros acreedores; tal vez creía harto equivocadamente que los progresistas iban a ser en el poder más partidarios del libre cambio que los conservadores; y tal vez que iban a ser también más libre-cultistas o por lo menos más amigos de la tolerancia, juzgando posible que en España haya en el siglo presente alguien que tenga la paciencia de oir a un propagador inglés del protestantismo ni la extraña predisposición para convertirse a su secta sin interés ni soborno. En suma, no se comprende qué miras se llevaría el gobierno inglés para proteger con tanto empeño a los progresistas ni mucho menos cuando entonces protegía y amparaba también al hijo de don Carlos.

Pasaba todo esto en el verano de 1847. La reina estaba en la Granja. El rey consorte, sin deponer el enojo, vivía en el Pardo, retraído. Pensó entonces salir de aquel retiro, volver a Madrid y ocupar el palacio real, durante la ausencia de la reina. A esta determinación del rey se opuso el ministerio, pero el rey, que tenía resuelto venir a Madrid, vino un día por la mañana, si bien se apeó en el palacio de San Juan, donde residía su familia y se volvió al Pardo por la tarde. En suma, al rey consorte le prohibieron los ministros, de orden de S. M., que reina y todo era su mujer legítima, que volviese a su casa, que era el real palacio, mientras que la reina estuviese ausente en la Granja. Todo esto dio pábulo a las más feas murmuraciones, a burlas y a insultantes pasquines.

La reina, entretanto, permanecía en la Granja, donde a lo que parece la rodeaban con más frecuencia el ministro de Hacienda Salamanca, los generales Serrano y Ros de Olano y el ministro inglés Búlwer, que estaban muy estrechamente unidos con lazos de amistad. El temor de que Serrano y Salamanca, influidos por Búlwer, acabasen por dar el poder a los progresistas, el cansancio y el hastío de tantas intrigas y tal vez además algo de tardío arrepentimiento de deber a ellos un poder tan inconsistente y espinoso, hubo de disgustar del poder a algunos de los ministros y muy singularmente a don Nicomedes Pastor Díaz, poético y soñador por carácter y poco inclinado a deleitarse con la parte festiva, jocosa y regocijada que tenía la situación. Ello es que Pastor Díaz declaró terminantemente a Pacheco su repugnancia a continuar de ministro, y aun dio tales razones en que fundar su repugnancia que logró hacer partícipe de ella al mismo Pacheco. Benavides también, cansado de parlamentar en balde y sintiendo demasiado el peso del gobierno, cuando vio a Pacheco y a Pastor Díaz inclinados a retirarse, quiso seguirlos; pero ni Salamanca ni Bahamonde eran de la misma opinión, y no por la mezquina y vulgar codicia de conservar sus puestos, sino porque a ambos alucinaba la esperanza de realizar en ellos grandes cosas, si el tiempo no les faltaba.

Pacheco, Pastor Díaz y Benavides, si bien se avinieron aún a continuar en el poder hasta por la necesidad en que se veían de no dejarle abandonado o de no entregarle a los progresistas, haciendo traición al partido a que ellos pertenecían, pues eran conservadores, tenían resuelta su salida del ministerio en plazo más o menos breve. Se asegura que ya entonces concibió Salamanca el deseo y la bastante fundada esperanza de ser él mismo presidente del Consejo.

Los progresistas, ora se confiaban en que por medio de Serrano y de Búlwer iban a tener el poder, y entonces eran dinásticos, ora desconfiaban de todo y volvían al antidinastismo. En medio de esto, y algún valor tiene nuestro parecer, porque no le debemos favor alguno, ni apenas la vimos ni la adulamos cuando era reina, la figura más simpática en aquella ocasión, mirada desde este momento en que ahora estamos, sin que pueda impulsarnos interés ni pasión alguna, es la de la reina misma. Ella, sin propósito alguno interesado y movido solo de su generosidad y buen corazón, deseaba el bien de todos cuantos la rodeaban y procuraba asimismo reconciliarse con su marido a fin de evitar disgustos domésticos. Todos, en cambio y en pago, ponían la mira en propósitos de ambición, si es lícito juzgar por las apariencias, ya que no es fácil ni tal vez prudente, y sí muy sujeto a caer en graves errores, entrar en las intenciones y más secretos sentimientos de los hombres. El rey se allanaba a reconciliarse, pero imponiendo condiciones difíciles de aceptar, unas por vejatorias, otras por desmedidamente ambiciosas. Los progresistas halagaban o insultaban, ya con alternativas, ya simultáneamente, a la reina, llevados por su impaciencia de mandar. Y Salamanca, por su parte, movido por el amor propio, y temeroso de perder, si caía desairadamente del ministerio de Hacienda, su crédito, no solo como ministro, sino también como banquero, desplegaba toda su febril, aunque algo desatentada actividad, y todas las demás prendas de su ingenio y carácter, así para conservar el ministerio, como para ponerse al frente de un gabinete y dirigir la política de España, donde soñaba él con hacer cosas tan atrevidas y estupendas que le diesen inmortal renombre, eclipsando la gloria de Mendizábal. Los menos interesados acaso, aunque el temor de comprometerse más y el ansia de reposo y de evitar peligros y disgustos tienen también no poco de egoístas, eran Pacheco y Pastor Díaz, los cuales, prevaleciendo ya en ellos la antigua condición de conservadores, se volvieron de la misma opinión que Pidal y otros prohombres de dicho partido, poniendo toda su esperanza en Narváez y pidiéndole que viniese desde París a rehacer el partido conservador, a encargarse del mando y a poner orden en todo.

Narváez, si es que deseaba venir y mandar, sabía lindamente disimularlo, mostrando ceder solo a la violencia de las súplicas.

Vino, por último, Narváez; fue en seguida a ver a la reina, y S. M. le encargó la formación de un nuevo ministerio. Narváez no aceptó desde luego, y dijo que tenía que estudiar de antemano el estado de las cosas a fin de trazar su programa e imponer sus condiciones. Hay quien añade que en aquella ocasión hubo de decir a un amigo íntimo que, si él había de ser primer ministro, le habían de dar poder suficiente para fusilar al general Serrano y para arrojar a Búlwer de España. Se añade que, como el amigo con quien se espontaneaba, le preguntase qué haría de Salamanca, contestó las siguientes palabras, en las cuales hay algo que debe lisonjear a Salamanca, porque es el elogio de su ingenio, de su gracia y de su capacidad como capitalista, especulador o banquero, y algo que en aquella ocasión más que ahora debía ofenderle, porque era la declaración de su corta importancia y trascendencia como hombre político. En suma, se refiere que dijo, hablando de él: «Ese no es pájaro de cuenta. Es muy salao; y aunque me ha hecho rabiar mucho, soy flaco, le quiero… pero no se lo diga V., porque en seguida me viene a proponer un negocio en el que vamos a dar a España muchos millones». La verdad fue que entonces Narváez se engañó, y Salamanca fue más pájaro de cuenta de lo que él se imaginaba.

Narváez, si no con pensamientos y planes, porque a fuerza de ser confusos y enmarañados no merecen tal nombre, con instintos elevados y patrióticos, se empleaba en organizar un ministerio de base muy ancha, esto es, que contuviese en sí todos los elementos del partido conservador, hasta sus últimos límites de liberalismo que tocan ya con el partido del progreso. Todos estos elementos habían de estar representados por los más ilustres y autorizados personajes, con el fin de reorganizar así el gran partido. Pero la reina se empeñó en que Salamanca había de ser ministro de Hacienda. Narváez no quiso, resignó su encargo y se despidió. La reina entonces confió al mismo don José de Salamanca la formación de un nuevo ministerio.

Efímeros fueron la vida de este y el triunfo del banquero político. No tuvo tiempo Salamanca para realizar ninguno de sus planes y dejar luminosamente señalada en las alturas del poder la huella de su paso. Solo mostró sus buenos deseos en algunos actos generosos; y, como por desgracia sucede casi siempre, las personas que cogieron el fruto de aquella generosidad fueron quienes la agradecieron menos. El ministerio Salamanca dio el 2 de setiembre una amnistía amplia y completa, permitiendo volver a España a cuantos emigrados lo solicitasen. Asimismo, y como para acabar de mostrarse superior a las rencillas y enconos que dividían a los partidos, nombró a Espartero senador del reino.

La mente política del ministerio Salamanca y el que realzó con las galas de su elegante estilo aquellas generosas resoluciones fue don Patricio de la Escosura, ministro de la Gobernación. Estas y otras medidas no bastaron a ganar por completo para el ministerio la voluntad de los progresistas, pero acabaron de hacerle perder todo crédito en el ánimo de los conservadores, los cuales se dieron tal maña que en pocos días lograron que el ministerio Salamanca quedase en el concepto de la reina totalmente perdido. Cuando menos se lo temían, estando los ministros en Consejo, entró Narváez a anunciarles que estaban exonerados. Esta violenta determinación enojó no poco a algunos de los ministros, sobre todo a García Goyena, que lo era de Gracia y Justicia, anciano y probo magistrado que solo aceptó el puesto a fuerza de ruegos y porque le dijeron que prestaba con ello un gran servicio a la patria. Escosura se enojó también, y como mostrase su enojo con más ardor y brío, Narváez dijo a él y a sus compañeros que dimitiesen y que se les aceptarían las dimisiones, retirándose los decretos de exoneración. De esta suerte se abrió de nuevo paso al poder el general Narváez; pero es tan curioso y pinta con tal viveza aquella época lo que se sabe o lo que se columbra del camino por donde llevó Narváez al ministerio Salamanca a término tan desastrado, que importa decir aquí alguna cosa, aunque sea en resumen.

Lo peor que tuvo el ministerio Salamanca fue no representar ningún partido, ninguna seria aspiración política, sino ser el triunfo de la travesura chistosa, de la gracia y del desenfado. Es verdad que Salamanca no tuvo tiempo para realizar sus grandes planes. ¿Esta falta de tiempo fue una desgracia o fue una fortuna para su gloria? ¿La sospecha que abrigaban casi todos de que Salamanca no tenía plan alguno que realizar se hubiera trocado en plena certidumbre si hubiera durado aquel ministerio?

En lo que no cabe duda es en que Salamanca estaba lleno de buenos deseos y de cierta delicada modestia, muy propia de un hombre de mundo. Así es que siendo, como era, el alma del ministerio, no aspiró a la presidencia, de la cual se encargó el señor García Goyena. Trató además de rodearse de personas por tocio estilo respetables. Para el ministerio de Estado solicitó con empeño al duque de Frías, valiéndose para atraerle de don Ventura de la Vega, tan íntimo y cofrade del duque por lo poeta; pero el duque no aceptó nunca la cartera que se le ofrecía, y Salamanca hubo de contentarse con que fuese ministro de Estado don Modesto Cortázar.

Hemos dicho que Salamanca ni debía tener plan distinto, claro y completo de gobierno, ni doctrina alguna política que poner en práctica, y en cuyo nombre dirigir los destinos de una nación; pero puede presumirse que, a pesar de los escasos medios y corta nombradía política con que contaban él y sus compañeros, tenían la vaga aspiración, no de formar una fraccioncilla como la de los puritanos, sino de crear un gran partido, término medio entre los dos antiguos y tan enconados entre sí de progresistas y conservadores. El instinto, cuando no la reflexión, ha inspirado sucesivamente a muchos este deseo, que solo pudo lograrse al cabo merced a la importancia del general don Leopoldo O’Donnell, dando ser, cohesión, actividad y larga vida, a la Unión liberal. Los que antes de él intentaron algo semejante se estrellaron contra los obstáculos sin vencerlos. De aquí que Salamanca, si bien en ocasiones se ganaba la voluntad de los corifeos de uno y otro partido, halagándolos con esperanzas, no bien estas esperanzas se desvanecían un poco o se alejaban al menos, el afecto y la benevolencia se convertían en odio acérrimo y en insultos procaces.

Búlwer, entretanto, excitado por su jefe lord Pálmerston, que tal vez ni él mismo sabía lo que quería, no paraba de intrigar y de urdir toda clase de enredos. Se cuenta que una vez acudió a Escosura, delatando a Narváez como jefe de una conjuración de los moderados, quienes habían dispuesto robar a la reina cierta noche, cuando estuviera en el teatro del Circo y llevársela no se sabe dónde. Escosura tuvo el buen tino de no hacer caso de la delación ni del consejo que Búlwer le daba de arrojar de Madrid a Narváez.

El propósito inmediato que Búlwer y lord Pálmerston tenían con todo esto, repetimos que no se concibe, o por harto confuso o porque se quiebra de puro sutil. Fino zahorí diplomático ha de ser quien de veras le entienda y le explique Hubo un momento en que parece que desearon se formara un ministerio presidido por el general Serrano; pero ¿por qué lo deseaban cuando Búlwer no se forjaba ilusiones respecto al general y sabía que no había de hallar en él un instrumento dócil de la política inglesa? Hay quien sostiene que lo deseaban a fin de que Espartero, de quien se decía que no quería venir a España siendo Serrano una poderosa influencia extraoficial, viniese cuando Serrano fuera el jefe reconocido y autorizado de un poder legítimo. Se decía además que Pálmerston y Búlwer esperaban que Serrano se desacreditase y se gastase pronto en el poder, allanando el camino para el advenimiento de los progresistas.

Si de algún modo hemos de explicar la caída de Salamanca y el nuevo encumbramiento de Narváez, ha de ser por medio de una hipótesis verosímil, suponiendo en los principales personajes del drama político de entonces móviles y pensamientos de cuya existencia no podemos dar entera prueba.

Quizás el general Serrano, a quien debía su triunfo Salamanca se había cansado ya de este en cierto modo ahijado suyo, y repugnaba además que tomasen el mando los progresistas, que reconocerían por jefe a Espartero, el cual era su enemigo, y le desatendería si es que no llegaba a perseguirle. El general Serrano además pudo tener, y tuvo de cierto, motivos pura y desinteresadamente políticos para inclinarse del lado de Narváez y de los conservadores. Algo había de presentir ya de una gran revolución que se preparaba en toda Europa. Conveniente era que en España hubiese un gobierno fuerte para que, al estallar la revolución, pudiese contraponerse a ella Las pesadas intrigas y las extravagantes veleidades de Pálmerston y de Búlwer también debían de tener harto al general Serrano, cuyo amor a la patria no se ha desmentido nunca: intrigas y veleidades además de tal naturaleza que no era menester gran patriotismo para que enojasen: bastaba un poco de amor propio para resentirse contra un gobierno extraño que, ya protegiendo a los progresistas, ya a Montemolín y a sus parciales, no parecía sino que su único intento era hacer de nuestra nación un juguete de irracionales caprichos.

Hallándose el general Serrano en tal disposición de ánimo, Narváez, que pocos días antes había dicho que no sería presidente del Consejo como no le dieran carta blanca para fusilar a Serrano, se allanó a emplear con él la lisonja, y a prodigarle las mayores muestras de su afecto, y se consagró a ganar su amistosa confianza, así como la de sus dos amigos los generales Ros de Olano y Córdova, ministros ambos del gabinete Salamanca-Goyena.

Esta súbita resurrección de la amistad de Narváez por Serrano hizo que los conservadores puros murmurasen bastante contra Narváez. Pidal, más franco y entero que los otros, echó en cara a Narváez su inconsecuencia; pero Narváez explicó sus planes, y Pidal, a pesar de su severidad, hubo de conformarse con ellos.

De esta suerte, en vez de fusilar a Serrano, Narváez se valió de él y le lisonjeó para que fuese parte muy principal en que volviesen los moderados al poder y en que el propio general Narváez subiese por segunda vez a la presidencia del Consejo.

Creemos que es una sospecha que peca de aguda la de aquellos que creen que Salamanca, lo mismo que Córdova y que Ros de Olano, no solo estaba en el secreto de su propia caída, sino que había conspirado para que se lograse, aparentando resistir, a fin de no enojar a sus temporales aliados los progresistas. Aducen como testimonio de esto la tranquilidad apacible y la indiferente y desdeñosa frescura con que recibió Salamanca la nueva de la exoneración, mientras que Escosura y García Goyena se mostraban tan ofendidos; pero, en nuestro sentir, si bien pudo darse el que Salamanca sospechara el golpe, porque es muy perspicaz, no creemos que su ecuanimidad llegase hasta el punto de cooperar a que se le diesen; y si le recibió con calma, su carácter alegre y su espíritu, que en todo pone algo de chistoso, bastan a explicarlo. A Salamanca, que debe creer poco en la consecuencia de los afectos y en la insistencia en las ideas de la generalidad de los seres humanos, tal vez no le hubiera cogido de susto, aunque sin duda le hubiera desagradado, no ya que le exoneraran de repente, sino que además le hubieran impuesto alguna pena.

Sobre los ya mencionados factores, hubo otro poderoso en el nuevo encumbramiento de Narváez. En algo era menester que la diplomacia se entretuviese. Y ya que Búlwer había trabajado tanto en favor de los progresistas, Francia y su embajador no quisieron ser menos, y trabajaron en favor de los conservadores.

Algo hubo de intervenir Luis Felipe para que volviese a España, como volvió, la reina madre María Cristina.

Narváez había conseguido de antemano, auxiliado por monseñor Brunelli, legado de S. S., la más completa y tierna reconciliación de los regios esposos, hasta allí tan desavenidos. Todo se disponía para el partido conservador de la manera más suave, feliz y amorosa. Dijérase que hasta el cielo le sonreía.

El general Serrano salió de la corte y se fue de capitán general a Granada.

Por lo que de todo se puede traslucir, dicho general se había conducido patriótica y desinteresadamente, contribuyendo a dar el poder a los conservadores sin provecho para él y abandonando hasta con gusto su peligrosa privanza; pero no le valió esto para que los progresistas, que tanto le adulaban cuando creían llegar al mando por su intercesión, se desatasen en injurias contra él al verle caído y al ver en el mando a los conservadores, desmandándose hasta llamarle, con injuria, que por lo grotesca e infundada más debía provocar su risa que su cólera, Judas de Arjonilla.

Narváez formó el nuevo gabinete, dejando con sus carteras a Córdova y a Ros de Olano, que habían sido ministros con Salamanca, y que tal vez habían contribuido a que cayese, y nombrando para Gracia y Justicia a don Lorenzo Arrazola, para Hacienda a don Francisco de Paula Orlando, y para Gobernación a don Luis José Sartorius. Este gabinete sufrió varias modificaciones a poco de constituirse. Ros de Olano y Córdova salieron de él en noviembre. El duque de Sotomayor se encargó de la cartera de Estado. Con motivo o pretexto de enfermedad, Orlando dejó la de Hacienda, y Beltrán de Lis, que fue primero ministro de Marina, pasó a Hacienda en vez de Orlando. Don Juan Bravo Murillo fue ministro de Fomento. Y Narváez, que durante algún tiempo se encargó de la cartera de Guerra, se la encomendó al cabo al general Figueras, y volvió a ser presidente sin cartera alguna. Tal fue la forma definitiva en que persistió hasta su fin este segundo ministerio Narváez.

El nuevo e importante personaje con que contaba era don Luis José Sartorius, sujeto de actividad y despejo no comunes, de grande ambición, y sin mucha consistencia ni firmeza en determinadas opiniones políticas, pero sí en el carácter para perseverar siempre en el mismo camino y no aparecer ligero y veleidoso. Poseía Sartorius los vagos y superficiales conocimientos que un estudiante, alegre y más amigo de galanteos y de diversiones que de revolver libros, podía adquirir entonces en una universidad de España donde nunca han sido severos los exámenes. Otras artes y ciencias más útiles para encumbrarse, gobernar a los hombres y ganar voluntades, había aprendido, no en las aulas, sino en el trato del mundo, teniendo por maestras a la necesidad y a la ambición y por luz y guía un instinto atinado para lisonjear y complacer a los superiores sin humillarse ante ellos y para someter a su mandado a los iguales sin humillarlos tampoco sino atándolos con el lazo de los buenos tratos y de los beneficios. No basta para hacer bien este papel la reflexiva determinación de la voluntad, sino que se requieren cierta bondad de corazón y cierta grandeza de ánimo. En quien no existen tales prendas, toda muestra de benignidad y todo arranque generoso parecen falsos y afectados. En Sartorius, en quien siempre parecían naturales, dichas prendas existían, las cuales daban además a su ambición muy simpático carácter, porque era menos de poder y de riqueza que de hacer cosas grandes y útiles en bien de la patria a fin de merecer el aplauso de los contemporáneos y en los tiempos venideros ilustre nombradía. Evidente es, con todo esto, que Sartorius ni podía ser contado como un gran político, ni como un sabio profundo, ni como un orador muy elocuente, ni como un escritor de mérito extraordinario, ni como persona, que impulsada por entusiasmos y creencias fijas adquiere merced a ellas singulares energías y virtudes; pero, con no ser nada de esto, no se puede decir que fuese vulgar. La fortuna, aunque favorece a unos hombres y desdeña a otros, no suele ser tan ciega y caprichosa, como a veces se imagina, en conceder sus favores. Sartorius llegó a obtenerlos hasta el punto de subir a la silla ministerial de Gobernación desde el humilde puesto de gacetillero en la redacción de un periódico, y hasta el punto de reunir bajo sus órdenes una fracción tan poderosa que casi vino a ser partido dentro del partido moderado; y aunque esta fracción fuese calificada con el extraño epíteto de polaca, y aunque se diese a este epíteto, con el andar del tiempo, un significado denigrante, no se ha de negar que hubo entre los polacos, a más de muchos hombres listos y traviesos, no pocos de elevado entendimiento, sano juicio y rectas intenciones. Por lo demás, cuando se sigue un partido de estos que llaman medios, es mucho más difícil que en los partidos extremos mostrar cualidades brillantes de aquellas que seducen y deslumbran a la muchedumbre y la mueven a considerar como grandes hombres a los que las muestran o en apariencia las tienen.

Antes de referir los actos del ministerio Narváez, conviene volver la vista atrás para hacernos cargo de muy importantes sucesos, ocurridos antes y que no hemos referido por no involucrar los asuntos.

Durante la dominación de los puritanos, esto es, mientras fue Pacheco presidente del Consejo de ministros, se presentó una ocasión que Pacheco supo aprovechar para dar alguna importancia y aún cierta gloria a España. Es más; como lo que se hizo no podía ser completamente del agrado del gobierno inglés, el cual se vio forzado a consentir en ello contra su gusto, no solo hay que aplaudir en esto la habilidad diplomática del señor Pacheco y de sus agentes, sino que hay que ver una prueba de que aquel ministerio, cuyos contrarios suponían que estaba patrocinado por Mr. Búlwer, ministro de la Gran Bretaña, se sustraía al influjo de la política inglesa, y, hasta donde lo consentían la prudencia y nuestro corto poder, obraba en contra de ella.

El vecino reino de Portugal había venido a caer en la más completa anarquía. Un gran partido sublevado negaba la obediencia al gobierno de doña María de la Gloria. El centro de la sublevación estaba en la rica, comercial e importante ciudad de Oporto. El partido miguelista, al ver a los liberales tan divididos en bandos, todo el país en guerra y tan sin fuerza el trono, volvió a levantar cabeza y se apercibió para la lucha. Hubo aquel año corta cosecha y gran carestía de cereales, de modo que la miseria pública agravó en gran manera la situación de Portugal. Si no se temía la disolución de aquel reino, podía temerse en él un largo período de postración y de conmociones violentas, a pesar de estar dotados los portugueses de más suave carácter que los españoles, y, si no dotados también de más humanos instintos, libres de la fatal manía, que aquí nos ha dominado a veces, de confundir la ferocidad con los bríos y con la entereza.

En situación tan deplorable y reconociendo el gobierno portugués que no tenía en sí mismo poder bastante para dominar la insurrección y restablecer el orden, acudió pidiendo que interviniesen a las potencias signatarias del tratado de la Cuádruple alianza. En el caso de decidir que hubiera intervención, era evidente que a España le tocaba representar el principal papel en aquel acto, aunque no fuese más que porque Portugal forma parte de la Península ibérica y la frontera que el ejército interventor tenía que traspasar es una línea ideal y caprichosa que se extiende centenares de leguas y que solo artificialmente separa un país de otro, unidos ambos por naturaleza, aunque ya tal vez para siempre divorciados, merced a la tiránica y absurda política de los reyes de la casa de Austria, al funesto e imperecedero recuerdo que dejó en Portugal avivando más el sentimiento de su independencia y al odio inextinguible que suscitó contra la dominación española. Es claro que esto no bastaría a explicar la imposibilidad que vemos, hasta donde puede llegar nuestra previsión, de que España y Portugal vuelvan a unirse, si no hubiese en Portugal abundantes elementos para constituir nacionalidad distinta, siendo sin duda el más importante de ellos su gloriosísima historia, y quizás más aún su rica literatura, entre cuyos tesoros resplandece la única epopeya nacional verdadera de que pueden jactarse los pueblos de Europa desde que salieron del caos de los siglos medios. Siempre, o por lo menos mientras no varíen muchísimo las circunstancias del mundo, a pesar de los tentadores y brillantes ejemplos que nos han dado Italia rehaciendo su unidad y Alemania rehaciéndola casi también, nos parece un delirio pensar en la unidad ibérica; pero juzgamos asimismo censurable incuria la que ha tenido la mayor parte de nuestros gobiernos y aun la de la mayor parte de los hombres pensadores de España en no cuidar de nada de lo que en Portugal ocurre en ninguna esfera de la actividad humana y en no tratar de influir legítima y pacíficamente en aquel pueblo hermano.

Entiéndase como se quiera la cuestión de intervención o no intervención de las naciones en los asuntos, contiendas y revoluciones interiores de un país independiente, y dado por supuesto que la intervención hubo entonces de hacerse, no cabe duda en que fue beneficioso para España el modo en que se hizo y que por ello merecen grande alabanza el ministerio Pacheco y el simpático y entendido general de quien se valió aquel ministerio para llevarla a cabo.

Temeridad hubiera sido tratar de intervenir a mano armada en Portugal sin ponernos antes de acuerdo con Inglaterra y con Francia; mas no es menester que las empresas sean temerarias para que sean laudables, y laudables fueron el celo y la prudencia, digna y no desprovista de entereza, con que obligamos al gobierno inglés a que aceptase nuestra intervención; y, una vez aceptada y realizada esta, son muy de elogiar las altas dotes militares y diplomáticas del ilustre caudillo de la expedición, que nos valieron hacer un papel tan honroso en las negociaciones para lograr la pacificación del país, y las excelentes prendas de caballero con que aquel general supo ganarse las simpatías de todos.

En un principio, el gobierno español tuvo que aceptar los buenos oficios que quiso emplear Inglaterra para arreglar las diferencias entre el gobierno portugués y sus súbditos rebelados; pero estos buenos oficios no lograron éxito alguno, y las otras potencias firmantes del tratado de la Cuádruple alianza tuvieron al fin que consentir en la intervención de España.

Para esto se había formado un pequeño ejército de observación en la frontera portuguesa. Para su mando fue nombrado general en jefe y capitán general de Castilla la Vieja don Manuel de la Concha. El ejército no pasaba de doce mil hombres, entre los cuales setecientos de a caballo; pero todos bien organizados, disciplinados y provistos de buena artillería, víveres y pertrechos.

Una vez decidida y concertada la intervención por un protocolo firmado en Londres el día 21 de mayo, el general Concha entró en Portugal por Braganza, desde donde, el 16 de junio, dirigió una alocución a los portugueses, muy bien meditada y escrita, a fin de no herir en nada su vidrioso patriotismo, y de reducir a términos pacíficos los ánimos de la gente sublevada para evitar toda efusión de sangre; pero mostrando al mismo tiempo firmeza, energía y confianza en su poder, y en el buen éxito de sus planes. Después de esto, la marcha del ejército español hacia Oporto fue rápida, ordenada y dispuesta con hábil estrategia. Los sublevados, que trataron en varios puntos de cerrar el paso a nuestras tropas, se vieron obligados a replegarse hacia Oporto sin hacer resistencia, y Concha se puso pronto, sin haber tenido que aventurar un solo combate, a media jornada de dicha ciudad.

Su junta revolucionaria, aun antes de la entrada del ejército de Concha en territorio de Portugal, es verdad que había tenido un notable descalabro. Había pensado en hacer un movimiento sobre Lisboa apoderándose de aquella capital. El plan estaba bien concertado. Dos mil hombres, al mando del conde Das-Antas, debían ir embarcados y caer de improviso sobre Lisboa, custodiada por muy escasa guarnición; pero el gobierno español tuvo aviso de este plan, y prevenidos de todo los cruceros ingleses, así como también algún español, detuvieron a Das-Antas y a sus dos mil hombres, cuando salvaron la barra de Oporto, y los hicieron prisioneros. Esto fue ya un rompimiento de hostilidades entre las fuerzas interventoras y los sublevados. Después la escuadra aliada se apoderó de Setúbal, y el capitán general de Galicia, Méndez Vigo, de Valenza do Miño. Aun entonces, antes de que entrase en Portugal el ejército del general Concha, hubo una breve tregua, durante la cual, el cónsul inglés en Oporto trató de arreglarlo todo haciendo que los sublevados se acogiesen a la amnistía; pero tal vez el mismo excesivo deseo del cónsul por ganar para sí la gloria de la pacificación hubo de serle muy perjudicial, reanimando a los sublevados, los cuales formularon exigencias que no fue posible satisfacer. Entonces se decidió definitivamente la entrada en Portugal de Concha y de su ejército, cuya rápida marcha hemos seguido hasta cerca de Oporto.

Allí Vasconcellos, que era jefe de las fuerzas insurrectas, salió a negociar paces con Concha. Este general dio a Vasconcellos un consejo desinteresado, procurando inclinar su ánimo a que se entendiese con el mismo gobierno portugués por medio de su general el duque de Saldanha, lo cual sería más decoroso y patriótico que someterse a prescripciones del jefe de un ejército extranjero. Quedó Vasconcellos muy agradecido al consejo, pero declaró en seguida la imposibilidad en que estaba de seguirle, pues eran tales el encono y la desconfianza de los partidos que nada podían pactar entre sí directamente y necesitaban valerse de un medio extraño y hasta tenerle como garantía para el exacto y fiel cumplimiento de lo que se pactase. La junta de Oporto estaba pues decidida a no tratar sino con el general Concha. Este general consultó sobre todo al portugués duque de Saldanha, el cual le suplicó que prosiguiese la negociación empezada. Concha, pues, sin descuidar sus operaciones militares y formando en torno de Oporto una línea de bloqueo, siguió oyendo a los sublevados y tratando con ellos.

Pedían los de Oporto una amnistía amplia de cuyo exacto cumplimiento había de salir garante el gobierno español y añadían que solo a los soldados españoles querían rendir la plaza y entregar las armas. Algunos esfuerzos hizo el representante de Inglaterra para que no lograse España este honor exclusivo que se le hacía, pero los esfuerzos fueron inútiles, y al fin se llevó a efecto la convención de Gramido, así llamada por el lugar en que se celebraron las conferencias.

El ejército español, en virtud de lo pactado, entró en la ciudad de Oporto y la ocupó toda, salvo el castillo de Fox, el cual, a instancias del representante de Inglaterra, fue ocupado por tropas inglesas. Una vez ya en Oporto los soldados españoles, el general Mata y Alós desarmó la guardia nacional con aquella exquisita prudencia que se requería para evitar conflictos y desabrimientos.

Después del pacífico desenlace de aquellas contiendas civiles entre portugueses, habiendo ganado para él y para las tropas que mandaba toda la popularidad compatible con el encargo que tenía, en el cual hay siempre algo de vejatorio para el país que padece la intervención y sobre todo para la gente contra quien va quien interviene, el general Concha, muy estimado y querido de todos, y cediendo a las instancias de la reina de Portugal, que deseó verle, fue a Lisboa, donde le recibieron cordial y lisonjeramente y estuvo muy agasajado. Doña María de la Gloria le dio el gran collar de la Torre y la Espada. El gobierno español le hizo grande de primera clase con el título de marqués del Duero.

CAPÍTULO VI

El partido carlista y la guerra civil hasta fin de 1847.—El advenimiento al pontificado de Pío IX.—Influjo momentáneo que ejerció en el partido católico inclinándole al liberalismo.

Como la cuestión de don Carlos no había terminado, importaba ahora volver la vista atrás para examinarla en conjunto desde el convenio de Vergara.

Ya hemos visto que, a pesar de dicho convenio, los más tercos y firmes sostenedores de la causa del Pretendiente no cesaron de apelar con frecuencia a las armas. Hay quien asegura que algo ayudaron a la caída del regente Espartero; pero, luego que vinieron al poder los moderados, defraudadas las esperanzas que habían concebido, los carlistas más inquietos volvieron con empeño a la guerra, a levantar partidas y a correr por los despoblados y aldeas, sobre todo en ciertas comarcas montañosas.

Ya en 1841 se había levantado en el Maestrazgo Tomás Peñarrocha, apellidado el Groc del Forcall. En aquel país fanatizado por Cabrera, se levantaron imitando al Groe otros muchos cabecillas que fueron perseguidos por el general don Juan Zavala, el cual llegó casi a pacificar la tierra; pero en 1843 el Groe, que había andado oculto, volvió a aparecer de nuevo, cometiendo cien mil insolencias y desafueros bizarros tan propios de los aventureros españoles y hasta cierto punto tan fáciles de hacer en un país donde la gente más de armas tomar suele simpatizar con tales valentías y hasta enamorarse de ellas, y donde los demás habitantes, apáticos o sobrado pacíficos, se resignan y lo sufren todo. La audacia del Groe llegó a tal extremo que con solo diez hombres entró en el Forcall, su patria, reunió a los vecinos, fusiló al secretario del Ayuntamiento, sacó el dinero que pudo y celebró su hazaña con música y aguardiente. Lo mismo hizo en otros pueblos, por donde debe inferirse que tenía en todos no pocos partidarios, pues no se comprende tan extraordinario sufrimiento de otra manera.

Así lo comprendió el gobierno, y a principios de 1844 tuvo que ocupar con destacamentos de tropa más de la mitad de los lugares del Maestrazgo, que pasan de setenta. A pesar de estas medidas, las partidas carlistas del Maestrazgo crecían de día en día, llegando a formarse algunas que contaban con más de doscientos hombres, como la del Serrador.

Menester fue enviar al Maestrazgo a un hombre de tan enérgico carácter como el general Villalonga, el cual tuvo que tomar durísimas medidas, no solo contra los facciosos, sino contra sus propios soldados cuando no cumplían con su deber, a fin de restablecer la disciplina harto relajada. Siguiendo al mismo tiempo las operaciones con tino y actividad incansables, expulsando del territorio o aterrando a cuantas personas, ya seglares, ya clérigos, creían que en secreto amparaban o protegían a los carlistas, logró lanzarlos de la tierra más llana y acosarlos y acorralarlos en el país más escabroso. Prohibiendo además con el mayor rigor hasta el tráfico de víveres, bloqueando a los carlistas, moviendo contra ellos de grado o por fuerza a las poblaciones enteras en somatén, haciendo que tomaran las armas todos los hombres desde los diez y seis a los cincuenta años, logró cazar y matar a los carlistas como quien caza y mata fieras. Así fueron capturados y muertos los cabecillas carlistas Serrador, Lacoba, Marsal y el Groe mismo. Ciento veinte días duró esta campaña, o más bien esta caza y batida de los carlistas, en que murieron más de trescientos.

El general don Juan Villalonga merece aplauso en vez de censura, a pesar de las terribles medidas que empleó. No había otras para alcanzar la paz.

La feroz terquedad, la constancia en los trabajos y la serenidad en los peligros de aquellos sufridos y valerosos campeones del carlismo, no pueden menos de provocar nuestra admiración con cierta lástima de que tanta virtud no tuviese mejor empleo y con cierta malsana complacencia del amor propio nacional, al pensar en la fecundidad con que cría esta tierra hombres de tanto aliento y empuje.

Después de la pacificación del Maestrazgo, no hubo por dicha movimiento alguno carlista que merezca referirse. Hubo un momento en que la familia de don Carlos pensó en lograr por medios pacíficos su propósito. Don Carlos había abdicado, pasando todos sus derechos a su hijo primogénito del mismo nombre, que vino a titularse conde de Montemolín. Ya no era Carlos V, era Carlos V I el nuevo Pretendiente; pero este nuevo Pretendiente lo era también de lo mano de su prima doña Isabel II. En esta pretensión hubo de alentarle, por más que parezca extraño, el mismo don Francisco de Asís, que después fue marido de la reina. Movido sin duda por los consejos y amonestaciones del señor Andriani, obispo de Pamplona, escribió a su primo una carta, que en nuestro sentir le honra. Entiéndase que nosotros no podemos menos de distinguir la bondad moral de las acciones de la conveniencia o no conveniencia que las acciones tengan para nuestras miras, fines o creencias políticas. Lo mismo que un particular puede un príncipe tener ideas políticas enteramente contrarias a las nuestras; pero, si en virtud de estas ideas, aunque nos perjudique o por lo menos nos contraríe, observa una conducta digna y generosa, será merecedor de encomio. Para nosotros, la reina doña Isabel II llegó a reinar, más que por su derecho hereditario, por la voluntad soberana del pueblo, voluntad sostenida con las armas y sellada con sangre y fundada en principios políticos y sociales que con doña Isabel II debían triunfar y triunfaron; pero de don Francisco de Asís no hemos de exigir que pensase como nosotros. Don Francisco de Asís daba el mayor valer al derecho hereditario para ceñirse la corona de España, y como creía por lo visto que no era claro y completo todo este derecho en su prima doña Isabel y que alguno tenía también don Carlos, su primo, le escribió excitándole a que le renunciase a fin de lograr, casándose con su prima, lo que de derecho creía que le tocaba, pero que nunca podría alcanzar sino a costa de nuevas guerras y trastornos y de nueva sangre derramada. Dado que don Carlos no consintiese en aquella especie de renuncia previa que, según don Francisco de Asís, no podía mancillar su nombre y sí dar a España paz y sosiego, o dado que aun después de la renuncia no lograse don Carlos casarse con doña Isabel, don Francisco de Asís, que reconocía en su primo superiores derechos y que estaría retraído de toda pretensión mientras don Carlos la tuviese, se presentaría entonces a pretender, para no dejar el puesto libre a un extranjero, en cumplimiento de un deber y no por ambición. Esta carta sería antipolítica, sobrado candorosa, contraria a los planes de Guizot y de Luis Felipe y asimismo harto poco agradable para los liberales, que bien podían traslucir por ella las opiniones del futuro rey consorte y el altísimo concepto en que tenía los derechos hereditarios de su familia, muy superiores para él a la voluntad del pueblo y a su soberanía; pero en esta carta hay algo de noble.

El conde de Montemolín no quiso renunciará sus derechos; no fue posible arreglo alguno para su boda con la prima. Perdida, pues, su esperanza del logro pacífico de sus aspiraciones a la corona, pensó en hacer valer sus derechos con la fuerza, moviendo nueva guerra civil. Lo primero que hizo para esto fue fugarse de Francia, donde vivía muy vigilado, y refugiarse en Inglaterra, donde la libertad ampara a cuantos se refugian.

La afición de los ingleses a todo lo que, tiene algo de novelesco y hasta el enojo que en sus gobernantes había nacido por el triunfo que obtuvo la política francesa en la boda de la infanta con Montpensier, auguraban a Montemolín protección y simpatías en la Gran Bretaña.

Al mismo tiempo que Montemolín, se fugaron de Francia multitud de personajes carlistas y pasaron a Inglaterra. Montemolín no se había engañado. En Londres le recibieron con la mayor distinción y cordialidad. Muchas personas de la aristocracia fueron a visitarle. El mismo lord Pálmerston le visitó varias veces. Los periódicos hablaban de él con el respeto y la consideración debidos a un soberano y hasta referían los actos más insignificantes de su vida como suelen referirse en aquella nación tan aristocrática hasta las menudencias de la high life: se hablaba de cuando Montemolín comía, de cuando paseaba, de cuando escribía y de las personas que iban a visitarle.

Es evidente que en el manifiesto del conde de Montemolín, dado en Bourges en mayo de 1845, Montemolín se había mostrado pacífico; quería el trono, pero le quería sin violencia. Entonces tenía el propósito y la esperanza de conseguir y de lograr la mano de su prima. Perdida ya la esperanza y desechado el propósito, era menester apelar de nuevo a la guerra. La nueva guerra tuvo cierto carácter que desdecía del antiguo. Como mandaban los conservadores y los progresistas vencidos se levantaban en muchas partes al grito de junta central, y como también había partidas republicanas, así las hubo carlistas, combinándose y ayudándose a veces, aunque militaban bajo tan opuestas banderas, por ir todos contra un enemigo común, que era el partido conservador. No hay duda que el entusiasmo y las más profundas y arraigadas convicciones políticas hubieron de llevar a algunos, tanto en esta ocasión como en otras, a la contienda; pero, justo es declarar que en España, por desgracia, hay grande afición a la vida airada y aventurera, y que a veces, si no hubiese motivo para levantarse en armas, se inventaría pretexto.

Se encendió de nuevo la guerra civil y tuvo por principal teatro Cataluña. Un hombre completamente desapasionado, si pudiera haberle, extraño a todas las luchas políticas de los partidos en España, pero amante de su patria y de la humanidad, aficionado al orden y a la cultura y hallando abominables en nuestro siglo la brutal anarquía, los desórdenes y la inseguridad para todo hombre pacífico y productor, causados por una interminable contienda, tendría que lamentar este carácter semiheroico y semigrotesco y estas funestas virtudes que movían a muchos a tomar las armas en favor de don Carlos. Los jefes o cabecillas de las facciones tenían siempre bastante parecido; había en ellos algo del antiguo tipo de Viriato, pero perdiendo su valer por varias razones. La primera, por lo anacrónico; porque lo que parece poético y bello y está revestido de cierta épica grandeza allá en el albor de las civilizaciones, no puede menos de aparecer en el día como zafio, rudo y abominable. Viriato, además, combatía contra la dominación extranjera, mientras que estos héroes de don Carlos iban contra sus compatriotas y contra el suelo que los había visto nacer, desgarrando el seno de la patria y no dándole punto de reposo para que se repusiese de sus antiguas heridas. Los medios violentos de que tenían que valerse a veces los cabecillas, apoderándose de los caudales públicos en los pueblos donde entraban y vejando y matando en ocasiones a los vecinos, hace más odiosa su conducta a los ojos del historiador imparcial, que se inclina a ver en cada uno de ellos, más bien que al heroico defensor de una noble causa, a un desalmado capitán de bandoleros. Lo repugnante de la figura histórica crece de punto cuando se considera que el tal capitán solía ser a menudo ministro del Altísimo, sacerdote de un Dios de paz e intérprete y sostén de una religión, cuyo blando yugo según dicen sus defensores, se ha impuesto y debe imponerse por la persuasión y no por la fuerza. El sacerdote guerrillero es un tipo pernicioso, a quien debemos negar, aunque no pocas calidades que en él veamos lo reclamen, todo tributo de admiración.

Entonces quien con más éxito y estruendo empezó la guerra fue uno de estos sacerdotes sangrientos: el célebre Tristany.

Aunque no se supiera con datos evidentes, se presumirían la educación, el camino, y las prendas de ingenio y de carácter que a este y a otros como este llevaron a tan funesto término. En casi todos ellos se ve una mezcla singular de entusiasmo generoso por la causa que defendían, de sed de mando, de ambición de nombradía, cuando no de riquezas, y de afición a la vida rota y sin freno del que anda a salto de mata como los lobos y otras alimañas silvestres: todas estas condiciones del espíritu, no modificadas por la cultura, sino creciendo con lozanía viciosa, merced a la ignorancia más crasa de todo humano saber. Tristany, por ejemplo, clérigo de misa y olla, leyendo y escribiendo con dificultad su propia lengua, deletreando más difícilmente aún el breviario, si entre sus manos alguna vez le tomaba, ¿qué idea tan grosera y monstruosa no se había de formar de la religión del Crucificado, en cuya defensa creía haber combatido ya en el año de 1822, desde 1833 hasta que se acabó la primera guerra civil, y ahora, en 1847, volvía a combatir de nuevo? Para él, sin duda, formaban parte del credo religioso los divinos derechos de Carlos V y de sus sucesores sobre la nación española. Había en su mente cierto principio de autoridad, que del mismo Dios procedía y por cuyo restablecimiento lo aventuraba todo; mas no por eso dejamos de ver, así en Tristany como en otros caudillos semejantes, un espíritu anárquico, aborrecedor de la sujeción y del sosiego, que los movía a levantarse en armas, más aún que el amor por la causa que sustentaban. De Tristany o de cualquiera de los que se le parecen, entrando en todos los pormenores y hermoseándolos con la fantasía, bien pudiera escribirse una intrincada novela de aventuras, palpitante de realismo; pero, en una historia, sus entradas por sorpresa en tal o cual población, el fusilamiento de tal o cual alcalde, el llevarse el dinero de la administración de rentas, los frecuentes combates y tiroteos con las tropas que los persiguen, su audacia cuando tienen más gente para atacar a las tropas y la prontitud y la astucia con que se refugian cuando están de caída entre la aspereza de los montes, en cuevas y en otros lugares esquivos, todo esto, por más que varíe, merced a los nombres propios, es siempre en sustancia lo mismo y no puede menos de fatigar al lector. El fin de Tristany, como el de otros héroes de su jaez, vuelve a hacerle simpático y suscita en el alma piedad angustiosa. Tristany, capturado al fin, cuando mandaba en Cataluña el general Pavía, fue fusilado con varios de sus compañeros el 17 de mayo de 1847. Otro héroe por el estilo, el llamado Ros de Eroles, murió también a bayonetazos en su misma cama, donde yacía con calentura cuando fue capturado Tristany.

Casi no nos atrevemos a juzgar estos fusilamientos. Por un lado nos parecen disculpables, porque apenas se comprende que haya paciencia que baste en gobierno alguno para sufrir sin alteración ni irritación tan pesadas y perturbadoras rebeldías. Tal vez, sin lo duro del castigo, no se hubiera logrado escarmentar a nadie. Tal vez, por último, no había otro medio de que valerse para quedar seguros de aquellos héroes tercos, una vez aprehendidos, sino el de matarlos, no hallándose a la mano ni manicomio, ni prisión bien custodiada donde encerrarlos de por vida; pero, como quiera que sea, la pena de muerte que se les aplicaba solía convertirlos en mártires y venía a ser como una apoteosis en la imaginación candorosa y ardiente del vulgo de sus paisanos. De aquí que de la sangre derramada de Tristany, así como antes había sucedido con la sangre derramada de muchos otros, brotase multitud de adalides y nuevos defensores del absolutismo carlista.

Con la muerte de Tristany no acabó la guerra en Cataluña, sino que tomó mayor incremento. En lugar suyo y en lugar del Ros de Eroles, aparecieron caudillos que, hasta por sus nombres o apodos; tienen algo de singulares. Llámase uno el Tintoret de Igualada; llámase otro el Tuerto de la Ratera.

Obedecía también el incremento de la guerra al impulso que desde Londres le daba don Carlos, el cual, dicho sea en honor suyo, recomendaba con frecuencia y con ahinco que fuese humana y que no se tomasen las represalias sangrientas de la guerra pasada, aunque los partidarios de la reina Isabel provocasen a tomarlas, haciendo castigos crueles y hasta feroces. A la excitación a la guerra, venida de Londres, respondieron poco los carlistas de la mayor parte de las provincias de España.-Solo hubo acá y acullá algunas partidas levantadas por esos Viriatos de más o menos fuste de que hemos hablado y que a veces se distinguen de los forajidos y ladrones, como de los piratas se distinguen los corsarios, porque estos garbean y merodean, no por su cuenta solo, sino a nombre y en provecho de una potencia beligerante. Así se levantaron partidas en tierra de Ávila, en los Montes de Toledo y en Burgos, León y Galicia, por donde se hicieron famosos y temidos, si ya no lo eran por anteriores campañas. Chaleco, el Estudiante de Villasur, el Cura de Atapuerca, el Ebanista y otros sujetos, que hubieran podido creerse nacidos, hasta por los apodos, de la fantasía de don Ramón de la Cruz, si en vez de escribir tragedias para reir, hubiera dicho autor escrito sainetes para llorar: esto es, lances cómicos y casos risibles, cuyo desenlace y termino eran siempre desolación y ruina para los héroes del drama y para las comarcas devastadas donde le ponían en escena.

En Cataluña era donde la guerra había tomado mayores proporciones. Los montemolinistas, sin embargo, aunque se sumasen todas las partidas, no llegaban a dos mil; pero favorecidos y amparados por la población, ora por inercia y miedo, ora por connivencia y simpatía, era difícil acabar con ellos.

Don Manuel de la Concha, flamante marqués del Duero y frescos aun en sus sienes los honrosos aunque incruentos laureles de Portugal, fue a reemplazar en el mando de Cataluña a Pavía, llevando un refuerzo de tropas que duplicaba casi el ejército que estaba ocupando el Principado. Don Manuel de la Concha disponía de más de cuarenta mil hombres. No era llano, con todo, alcanzar victoria sobre los dos mil enemigos. Estos se escabullían a la aproximación de fuerzas superiores; y, si entonces se hacían invisibles e inasequibles, no dejaban de mostrarse a deshoras y de caer por sorpresa sobre fuerzas menores de sus contrarios o sobre alguna población descuidada e inerme.

Concha apeló de nuevo para vencer a la persuasión y a la blandura, ofreciendo amnistía general o indulto a cuantos se presentasen; pero se presentaron pocos. Marsal, uno de los cabecillas, reunió a su gente. Él mismo los enteró del indulto que se concedía, y con briosa y elocuente arenga los convidó a que con toda libertad eligiesen entre la dulzura y la paz del hogar doméstico o los peligros y sufrimientos de una guerra de forajidos con muy leve o remota esperanza de vencer. Llenos de entusiasmo los soldados de Marsal, que era gente recia de cuerpo y de alma, prefirieron la animación, los azares de la lucha y la gloria que por ello creían ganar, al oscuro descanso de sus casas y familias. Concha tuvo que conocer que los medios blandos y las contemplaciones de nada le valían. Todo rigor repugnaba a la hidalga y suave condición de aquel tan perfecto caballero; pero le fue menester emplear el rigor, aunque fundándole en la justicia, y empezando por recomendar enérgicamente a sus soldados la misericordia con los enemigos vencidos y el más profundo respeto a la honra y a los bienes de los habitantes pacíficos y neutrales, por cuyo bien y por cuya paz militaban y de quienes habían de ser no verdugos sino protectores. Bueno es declarar aquí que los montemolinistas no querían entonces ser menos que los isabelinos, procurando vencerlos en sentimientos de humanidad, dando órdenes severísimas para que ningún soldado tomase cosa alguna por ínfimo valor que tuviese sin concertar antes con el dueño su precio y pagarle, y condenando asimismo todo atropello y violencia.

Esta generosa competencia en humanidad dio menos triste carácter a la guerra, la cual siguió, durante algún tiempo, sin resultado definitivo. Hubo batidas contra los carlistas; retiradas de estos, choques y escaramuzas en que eran heridos seis o siete hombres, y hábiles combinaciones del general Concha para aislar a los carlistas, impedir que llegasen a ellos refuerzos de municiones y de víveres, y cortarles toda comunicación con Francia y con la república de Andorra, a donde solían refugiarse y desde donde volvían a entrar en nuestro territorio.

Así permaneció el general Concha en el mando hasta principios de noviembre de 1847, en que, hallándose en Manresa, supo que el general Pavía venía de nuevo a Cataluña nombrado para reemplazarle. Entonces entregó el mando del Principado. La campaña emprendida contra los montemolinistas por el general Pavía duró casi hasta fin de 1847 y tuvo un término completamente dichoso, al menos en apariencia. Casi toda Cataluña quedó pacificada, salvo algunas partidas de diez a doce hombres, que ya vagaban de acá para allá, ya se escondían en lugares extraviados y agrestes. Para llegar a este resultado había tenido el general que hacer muchas batidas y ojeos como quien caza fieras; había habido no pocos combates, tiroteos y escaramuzas; y al cabo habían sido capturados y fusilados algunos de los cabecillas. Los pormenores de todo, que a nosotros nos falta paciencia para extractar y que suponemos que al lector había de faltarle paciencia para leer, pueden verse en la Historia contemporánea del señor Pirala, tan curiosa y tan llena de datos. Allí constan la vida, los hechos y los apodos y aun la razón de los apodos, de muchos de aquellos héroes montemolinistas, como Tristany el sobrino, Boquica, Caletrus, el Heréu Lladre, el Grabat de Moseña, Sobrevías, el Muchacho y otros. No bastaron, sin embargo, al general Pavía para acabar con aquellos facciosos, todas las tropas regulares que tenía consigo, y fue menester para lograrlo la buena voluntad de los habitantes: casi el levantamiento en masa de todos los hombres de armas tomar, quienes, por medio de somatenes generales y frecuentes, persiguieron y acosaron a los montemolinistas, prendiendo a unos, matando a otros y obligando a muchos a ocultarse o a pasar la frontera. Tan grandes eran la tenacidad y el brío, a par que deplorables dignos de admiración, de aquellos hombres fanáticos y enemigos de todo reposo.

Mientras que así combatían aún en favor de don Carlos VI, se había logrado, según hemos dicho, la reconciliación de los augustos esposos, que se sentaban en el trono, y todo era paz y concordia en el resto de la dinastía y familia reinantes. Hasta se habían reconciliado el infante don Enrique, que se había casado con una ilustre señora, aunque particular, y una hermana suya, con un joven habanero, algo poeta, filósofo y literato: casamientos ambos no más desiguales al fin que el de Muñoz con la reina Cristina.

El partido conservador dominaba ya, en toda su pureza, con su enérgico jefe Narváez de presidente del gabinete. Los conservadores dirán lo que gusten, pero nosotros no nos podemos convencer de que Narváez tuviese ningún plan claro de gobierno. Cuando solo llegan al poder hombres medianos, y esto es lo que por lo común acontece en todo el mundo, el destino o la Providencia se encarga de dirigir los casos, y suele haber como dos historias en vez de una: la de los casos incoherentes y sin finalidad que ocurren por voluntad de los que mandan; y la de los casos que fatal o providencialmente sobrevienen, en virtud de leyes providenciales o fatales, y del influjo y concurso de las corrientes de ideas, intereses y pasiones, que mueven a los hombres todos.

Ello es que en Narváez, así en esta ocasión como en otras, si bien vemos la ambición de mandar y cierta altiva confianza en su valor y en su superioridad sobre sus compatricios, unidas a un vago deseo de dar cima a hechos memorables, en bien de su nación, vemos asimismo que era arrastrado y llevado por las circunstancias y por su propio carácter. Siempre quería ser liberal y casi nunca acertaba a serlo, viniendo a caer en el sistema de represión más dura y hasta en la más severa política preventiva, irritado e instigado a ello por las conjuraciones y motines de los revolucionarios.

Había entonces, además, otro motivo poderoso para que Narváez se decidiera por una situación de fuerza. Los libros, en todos estilos y formas, así en prosa como en poesía, divulgados durante no pocos años en Francia, en Italia y otros países, habían ido ganando y preparando los espíritus, y como abriendo sorda y lentamente ancho cauce para que se derramara por él el torrente de una nueva revolución, que amenazaba en su rápido curso inundar a toda Europa. La democracia se levantaba seductora, pertrechada de principios más altos y formando más filosófico sistema. La idea de que los pueblos son libres y de que no deben pasar de unas manos a otras, cedidos o vendidos por convenio diplomático como rebaño de carneros, había alentado el espíritu de nacionalidad, el cual, unido al patriotismo, hacía que los alemanes, que los italianos, y que hasta los polacos y los húngaros, soñasen en constituir sendas unidades de nación. En Italia, más que en ninguna otra parte, había tomado este nuevo espíritu revolucionario un carácter seductor por lo poético, por lo literario y hasta por lo religioso, lo cual le había ganado las simpatías y el apoyo de gran parte de las clases elegantes y aristocráticas de la sociedad, esto es, de los que más valían por la riqueza, por el saber y por el nacimiento. No se afirma aquí que en Italia todas las agrupaciones o partidos que propendiesen a la revolución estuvieran informados del mismo espíritu y apoyados en la misma doctrina filosófica. En Italia, como en las demás naciones europeas, todo linaje de liberalismo racionalista tenía sectarios; y en Italia, más fervorosos qué en parte alguna; pero en Italia también, como en ninguna parte, se había desenvuelto cierto liberalismo profundamente católico, cuyo predominio en el mundo, si bien duró poco, se extendió por todas partes y ejerció grande influjo. Notabilísimos escritores contribuyeron a difundir el imperio de este liberalismo y a conquistar para él los corazones y las inteligencias. Entre estos escritores descollaban dos de superior valer: el maravilloso poeta Alejandro Manzoni, que unía en sus himnos y coros el sentimiento moderno de la filantropía con el antiguo religioso sentimiento de la caridad, la idea de libertad política con la de redención cristiana, y todas las esperanzas de mejoras y de progresos con las esperanzas sobrenaturales y divinas que nuestra fe revelada ha creado y fomentado; expresado todo ello en estilo conciso, a par que lleno de imágenes, y con la frase sonora, rítmica y bella de la mejor poesía lírica de que es capaz la lengua italiana. Era el otro escritor un sacerdote y uno de los más fecundos, espontáneos y elocuentes prosistas que ha habido en nuestra edad Las palabras fluían de su pluma en copioso torrente, sin que su abundancia abrumase ni fatigase, porque jamás iban vacías de sentido, llenándolas él y avivándolas con el más hondo sentimiento patriótico y humanitario, y enriqueciéndolas merced al inexhausto manantial de ideas originales que brotaba de su cerebro y merced al inmenso tesoro que su memoria guardaba. Gioberti creía que la humanidad se había apartado del camino derecho y seguía una senda extraviada, casi desde el siglo XV. La llamada reforma de Lutero, y más aun las doctrinas filosóficas, desde Descartes hasta nuestra edad, habían hundido más a la humanidad en su extravío. Gioberti, con todo, no quería que la humanidad retrocediese a fin de tomar otra vez el camino nuevo. Valiéndonos de un modo gráfico o esquemático para hacer comprender mejor el pensamiento de Gioberti, diremos que, a su ver, aunque la humanidad se apartó de la verdadera senda, iba movida por el impulso de la civilización cristiana y progresaba aunque se apartaba, de suerte que, desde el punto en que se hallaba cuando Gioberti escribía hasta el punto de la verdadera senda en que estaba cuando se apartó de ella, había igual distancia por lo menos que desde dicho punto a aquel en que hubiera llegado en la verdadera senda si la hubiese recorrido. El punto, pues, en que se hallaba la humanidad extraviada y el punto en que se hallaban los pocos y escogidos que sin extravío habían progresado podían considerarse como los extremos de dos líneas que formaban un ángulo en el punto de separación o bifurcación de ambos caminos. Gioberti no quería, por lo tanto, que la humanidad desanduviese lo andado, volviese al punto del camino derecho de donde salió, y subiese luego por dicho camino hasta el lugar donde tal vez él orgullosamente se creía. Lo que Gioberti deseaba era que la humanidad, como a campo traviesa y por un atajo, sin desandar lo andado y antes bien ganando terreno, viniese de nuevo a tomar el camino derecho en el punto más avanzado que pudiese. Los dos obstáculos mayores a este plan suyo eran el de los que negaban la revelación cristiana, por enemiga de la ciencia moderna, de la libertad y del progreso, y de aquí su odio contra casi todos los filósofos de Alemania y de Francia desde Descartes hasta el día, y el de los que negaban la libertad y la ciencia moderna y el progreso humano por amor o con pretexto de amor a la fe de Cristo, y de aquí su odio acérrimo contra los jesuítas. Esto, que de una manera burda queremos resumir y cifrar aquí en muy pocas palabras, está expuesto y sostenido con raudales de elocuencia en su Introducción al Estudio de la Filosofía y en otro libro suyo titulado El Jesuíta moderno. La poderosa palanca que había de remover tantos obstáculos y con fuerza divina o emanada del mismo Dios transportar a la humanidad al camino recto, sin hacerla retroceder, era el pontificado romano. El pueblo llamado de nuevo naturalmente a dirigir la marcha del humano linaje, era el pueblo de Italia, cuyo primado afirma y sostiene en su obra más capital y más hermosa, El Primado de Italia, y cuya independencia y unidad pide y fervorosamente desea, moviendo para ello los ánimos de sus compatriotas, ya con el incienso de la lisonja al volverse a lo pasado, ya con el implacable látigo de la sátira al considerar la miseria y postración presentes, azotándolos con no menos crudeza y tan sin piedad como los habían azotado Alfieri, Parini, Leopardi, Giusti y Rosetti. Para Gioberti, el redentor, el jefe, el príncipe de la nación italiana, en la esfera del pensamiento, debía ser el Papa, jefe visible de la Iglesia católica; pero el Papa necesitaba para la acción algo como un lugarteniente, algo como un portaespada, que le estuviese sometido y que fuese al brazo secular de su poder inmaculado y semidivino. Para tan alto menester volvió los ojos Gioberti, como ya otros grandes políticos los habían vuelto en edades anteriores, a la ilustre casa de Saboya, y con las propias palabras de Machiavelli a los Médicis, dijo a dicha casa: «No se debe, pues, dejar pasar esta ocasión a fin de que Italia vea aparecer un redentor, después de tanto tiempo. Yo no puedo expresar con qué amor sería recibido en todas aquellas provincias que sufren el yugo extranjero; con qué sed de venganza, con qué obstinada fe, con qué piedad, con qué lágrimas. ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos le negarían obediencia? ¿Qué envidia se le opondría? ¿Qué italiano no le prestaría acatamiento? A todos apesta este bárbaro dominio. Ponga, pues, mano vuestra ilustre casa en este asunto con aquel ánimo y con aquellas esperanzas con que se acometen las empresas justas, a fin de que bajo vuestro estandarte sea esta patria ennoblecida, y bajo vuestros auspicios se verifique el dicho del Petrarca:

Virtú contra furore

Prenderá l’arme: é fia’l combatter corto;

Che l’antico valore

Nell’italici cor non é ancor morto».

Como se ve, los pensamientos de Gioberti eran todo un sistema: independencia para la patria, la cual implicaba una lucha sangrienta que podía llegar a tomar las proporciones de una guerra general en toda Europa; confederación y liga de todos los pueblos y príncipes italianos bajo la presidencia del Sumo Pontífice; y cambio total en las miras políticas y en la conducta de la corte de Roma, tan aliada hasta entonces, reinando Gregorio XVI, del despotismo de los poderes tradicionales, y, en gracia de la elocuencia de Gioberti, convertida en santificadora del espíritu del siglo y como en madrina del suspirado enlace de la revolución y del catolicismo.

Lo singular es que, muerto Gregorio XVI, tan poco a propósito para realizar los ensueños de Gioberti, vino a ceñirse la tiara un Papa que se llamó Pío IX, benigno, dulce y generoso; tal vez harto enamorado de la popularidad; con grandes dotes para conseguirla, hasta los materiales de su persona, llena de blanda majestad y de noble hermosura; y fácil de seducir también por aquellos planes y proyectos que a la popularidad condujeran. De cualquier modo, es indudable que Pío IX con plena conciencia o sin plena conciencia de lo que hacía, fue el sueño realizado de Gioberti, fue el Papa liberal e italiano, fue el Alejandro III de la nueva liga, desde su advenimiento a la silla pontifical hasta poco antes de su fuga a Gaeta. Sin duda Pío IX no había previsto ni calculado las tempestades de amor y de odio que iba a promover y las inmensas complicaciones que su conducta iba a suscitar en todo el orbe. Con su condición timorata y para ciertas cosas apocada, jamás se hubiera atrevido a darlos pasos que dio y a figurar como un Mesías, de quien había sido precursor Gioberti, si hubiera previsto las consecuencias. Apenas empezó a verlas, retrocedió espantado. Este cambio fue, en nuestro sentir, funestísimo. En Italia acabó con el partido neogüelfo, esto es, con aquellos que creían, no solo compatibles con el pontificado la libertad y la independencia de Italia, sino estrechamente unidas ambas cosas En contra de esta opinión se alzó pujante como nunca el partido neogibelino o dígase el de aquellos que creen que todo influjo político, que toda dominación temporal y que toda intervención del Papa en los asuntos terrenos de Italia, son para Italia calamitosos; que el Papa, como sostenía Maquiavelo, jamás sería, siendo Soberano temporal, bastante fuerte para dar independencia y unidad a Italia, ni bastante débil para consentir en que otro príncipe la diese; que el Papa era quien había llamado casi siempre a los bárbaros para que viniesen a Italia, como en efecto los llamó también Pío IX un poco más tarde, si es lícito calificar de bárbaros, a fin de acomodarnos a la consagrada clásica expresión italiana, a los austríacos, franceses y españoles, que ocuparon los Estados Pontificios para acabar con la república romana de Mazzini y reponer en su trono al Pontífice-rey.

Ninguno de estos inconvenientes, ninguno de estos lamentables desenlaces se veían a las claras en 1847, ni a principios de 1848; por manera que no pocos espíritus generosos, llenos a la vez del espíritu católico y del espíritu de nuestro siglo, estaban entusiasmados y rebosando de júbilo, no ya solo en Italia, sino en otros pueblos europeos y en España sobre todo. Ya hemos dicho que la fuga del Papa a Gaeta fue de un modo exclusivo para los italianos la muerte del partido neogüelfo; pero de modo más general y trascendental produjo un efecto de superior importancia en toda Europa: apareció como la definitiva ruptura de la última y mejor combinada conciliación entre el espíritu del siglo y el espíritu católico: apareció como el irremediable y eterno divorcio entre la razón moderna y la fe antigua, entre la revolución y la Iglesia.

Por lo pronto y cuando este fin lamentable aún no se veía, no fue en España donde con menos entusiasmo aclamamos a Pío IX. Los dos pensadores y escritores más notables, que doctrinaban con sus escritos a la muchedumbre y que en cierto modo creaban y modificaban el ideal de los partidos, hicieron honda modificación en sus opiniones y teorías, al ver a Pío IX entronizado y al saludarle y encomiarle con amor y respeto. Eran estos hombres don Juan Donoso Cortés y don Jaime Palmes.

Don Juan Donoso Cortés era un espíritu harto indisciplinado y amigo de especulaciones sublimes para subordinarse a un jefe y militar siempre en un partido con obediencia útil y como vulgarmente se dice, sin descarrilar. O bien porque le faltaran ciertas prendas de carácter, o bien porque su talento práctico no valiese tanto como su talento especulativo, dado que no sea absurda esta distinción de talentos, o bien porque las circunstancias entran por mucho en el encumbramiento y buen éxito de los hombres. Donoso Cortés, aunque llegó a formar secta, escuela o semiescuela, de la que fue jefe, jamás formó ni capitaneó siquiera, no ya un partido político activo y militante, pero ni una pequeña fracción. No consiguió lo que consiguieron otros muchos hombres que por la inteligencia, pues aunque las comparaciones sean odiosas, ya que nos hemos puesto a hacer historia, hemos de decir lo que nos parece la verdad aunque algunos se enojen, estaban muy por bajo de él. Así es que Pacheco, Sartorius, Mon y otros, han formado partidos o semipartidos, que se han llamado los puritanos, los polacos y hasta los monistas, y Donoso Cortés no ha formado partido alguno, En cambio, descarrilando a veces, saliéndose de las miras e intenciones de sus amigos, contrariando sus planes y siendo un elemento perturbador, ha enriquecido con sus teorías, ha dado vigor y lozanía con la savia de sus ideas, y ha modificado diversas veces al partido conservador en que militaba. En este partido, prescindiendo de su principal hombre de acción, Narváez, lleno también de pensamiento original, aunque en estado rudimentario y caótico, lleno también de doctrina, aunque desatada e incoherente como las sentencias del Alcorán, los corifeos o más ilustres individuos eran un remedo de los doctrinarios franceses del tiempo de Luis Felipe. El espejo en que se miraban y el dechado que querían imitar eran Guizot, Thiers y otras eminencias por el estilo, salvo cierta modificación que, en virtud de la doctrina misma, los apartaba de la doctrina. Eran doctrinarios como los doctrinarios franceses; pero, como no eran franceses, sino españoles, entendían que en España debían ser mucho más católicos y mucho menos tolerantes, aparentando gran respeto por la religión aunque no creyesen en ella, y no consintiendo en España sobre este particular, las libertades que en Francia se consentían. Donoso, en cambio, empezó desde muy temprano a separarse en lo teórico del doctrinarismo y hasta a mostrar por él el desdén más profundo: como se ve en sus cartas, escritas desde París en 1842 y publicadas en El Heraldo. Y no se limitaba Donoso a un ataque somero, no se contentaba, valiéndonos de una expresión vulgar, con andar por las ramas, sino que iba al tronco y a la raíz misma de que todo nacía y en que todo se sustentaba. La filosofía ecléctica de Víctor Cousin merecía su desprecio, por más que admirase la claridad y el método de exposición y el talento crítico y negativo de aquel notable ecléctico. Ya en 1842 estaba Donoso sediento de afirmaciones y muy enojado contra las negaciones y las dudas. Así es que en el mismo M. Guizot, cuyo talento admiraba por lo claro y no por lo profundo, veía un espíritu negativo, que explicaba las cosas que existen, pero no las relaciones que existen entre las cosas, lo cual le parecía incompleto, falso y malo. Guizot, por ejemplo, interpretado por Donoso, creía en la coexistencia del rey, de una aristocracia y del pueblo, pero sin establecer bien la jerarquía o relaciones armónicas entre estos tres poderes y fundando toda su política en un sistema de mutua desconfianza. De aquí que la libertad para Guizot fuese la guerra y guerra interminable que no llega a victoria alguna definitiva. De todo ello, y después de muchas más críticas, que por prolijas omitimos, ya en 1842, Donoso se sustrae a la férula de Guizot, y casi se somete a Bonald y a De-Maistre. Harto se comprende cuál va a ser su misión, cuál el papel definitivo que le toca representar en la escena del mundo. Va a ser un brillante Jeremías al uso de ahora, un tremendo contradictor de las revoluciones triunfantes; algo parecido, y, si tal vez no tan original, mucho más brillante y fogoso por la elocuencia y mucho más fuerte por el brío del estilo, que el inglés Edmundo Burke y que el saboyano conde De-Maistre. Donoso, por desgracia, aunque tenía quizás más talento, carecía de la autoridad de sus dos ya citados gloriosos predecesores. Sus diatribas contra las libertades modernas, contra el espíritu del siglo y contra las revoluciones, hubieran tenido superior fuerza y hasta hubieran sido más elocuentes, si para lanzarlas desde la tribuna o por medio de la prensa hubiera salido Donoso Cortés de su aislamiento y de su severo retiro y no hubiera sido con frecuencia diputado ministerial de gobiernos, aunque más o menos conservadores, revolucionarios al cabo, y si de tales gobiernos no hubiese aceptado nunca el título de marqués y posiciones oficiales, brillantes y lucrativas. La gente, que en España se ocupa de política, es maleante y envidiosa; pero, algún fundamento tenía para hallar a menudo cierta cómica contradicción entre las predicaciones de Donoso, sus trenos y profecías, y su conducta práctica, harto poco despegada de los intereses terrenos y de las circunstancias presentes, de las que no dejaba de aprovecharse deplorándolas. De aquí que muchos, en nuestro país, no le tomasen tan por lo serio como él merecía; que le compusiesen coplitas epigramáticas, como aquella que termina, anunciando su canonización, poniéndole en el calendario y llamándole

Mártir, plenipotenciario

Exdiputado y marqués;

y hasta que le diesen el apodo ridículo de Quiquiriquí. Verdad es que en estas sátiras, además de su grosería, había algo de injusto, cuando se atiende a que, si bien Donoso aceptó favores y puestos oficiales de aquellos gobiernos que estuvieron más en consonancia, y si se quiere menos en disonancia con sus doctrinas, supo conservar su independencia y jamás quiso formar él mismo parte del gobierno, lo cual le hubiera sido muy fácil; pero Donoso confesaba, sin duda con sobrada modestia, que era incapaz de gobernar; que no podría aceptar el gobierno sin poner en lucha la una mitad de su ser con la otra mitad de su ser, y sin que su instinto combatiese a su razón y su razón a su instinto.

Otro motivo hay también para que Donoso fuese menos estimado en España y no llegase a cobrar altísima nombradla, hasta los últimos años de su existencia. Era este motivo el ignorante desdén con que este pueblo, a quien por muchos años no se le había permitido pensar, miraba las altas especulaciones. Así es que el apodo de Quiquiriquí era la sátira más sangrienta céntralos mismo que Quiquiriquí le llamaban; era la confesión paladina de que no entendían más de sus discursos que del canto del gallo. La difusión del respeto que a Donoso Cortés se debe y el aumento de la gloria de su nombre han venido después a España con el florecimiento de los estudios serios y con la afición más divulgada e intensa a la filosofía y a otras ciencias especulativas. Por otra parte, la fama de Donoso Cortés, lo mismo que la de Balmes, tiene en España algo de repercusión o de eco: ambas se han difundido por Francia y por toda Europa y han vuelto a España sublimadas por el aplauso de las más civilizadas gentes extrañas, severas y desdeñosas por lo general con nuestros autores.

Estamos poco antes de la revolución de 1848 y de todos aquellos pavorosos y grandes acontecimientos que van a dar el más fuerte impulso al talento de Donoso Cortés y a marcarle una dirección recta y segura. En esta dirección iba caminando ya, pero con vacilaciones. La última que tuvo, haciéndole volver en cierto modo al liberalismo, con algo de las ideas giobertianas, fue, según hemos dicho, al contemplar a Pío IX coronado de la tiara.

Muchas veces hemos de hablar todavía de Donoso Cortés. Aquí nos cumple solo hablar de sus bellísimos artículos sobre Pío IX, publicados en El Faro, en 1847. Lleno nuestro poético pensador de entusiasmo y de amor por el catolicismo y por Pío IX, su pontífice sumo, escribió una obra elocuentísima donde palpitan los mismos sentimientos de Gioberti; donde vive la creencia consoladora de que el espíritu del siglo y el espíritu católico son uno. «Ninguna de las ideas fundamentales y constitutivas de la civilización moderna tienen origen filosófico: dice Donoso Cortés. Todas proceden de la religión cristiana. La idea de fraternidad, la idea de libertad y la distinción e independencia recíproca de la potestad civil y de la potestad religiosa, así como el conjunto de consecuencias que procede de estas verdades, todo es obra del cristianismo. La democracia lo mismo que la monarquía son revelaciones del cielo; la una se funda en la unidad de nuestro linaje y en la igualdad de los seres humanos: la otra, en el concepto de Dios omnipotente. Los hombres que creen en Jesucristo son iguales y libres y obedecen siempre a Dios y nunca obedecen al hombre. Mas ni por eso pierde el hombre su libertad, porque Dios la respeta profundamente, y, según el sagrado texto, la mira cum magna reverentia, poniéndola por límite de su propio poder y dividiendo con ella el imperio del mundo».

En todos estos artículos en elogio de Pío IX, en medio de los magníficos elogios del catolicismo, se respira un soplo de ideas liberales y de esperanzas infundidas por Pío IX. Verdad es que Donoso Cortés persiste en hacer cierta nebulosa distinción entre la libertad católica y la libertad revolucionaria; pero, en medio de lo nebuloso, bien se nota el deseo y hasta la esperanza de una conciliación entre el espíritu católico y la misma revolución, que en cierto modo Donoso aplaude y celebra, porque vino a echar por tierra las monarquías corrompidas y decrépitas y a derribar los alcázares consagrados a sus zambras y festines y a llevarse los afeites y los ungüentos con que las mujeres perdidas, cortesanas de los reyes, se untaban las caras arrugadas y marchitas más bien por los excesos que por los años. Resulta de aquí que, para Donoso, la revolución, si bien fue obra del infierno, porque eran impíos los revolucionarios, fue obra útil y hasta divina en sus resultados y fines, ya que barrió toda la inmundicia de los tronos, soltando en diluvio sobre ellos las cataratas de la democracia. Lo que lamenta, pues, en realidad Donoso, no es la democracia, ni su triunfo, sino la ingratitud de la democracia victoriosa que acusó de absolutista a la Iglesia; a ella, que había lanzado sus anatemas invencibles contra todos los tiranos; de aristocrática, a ella que había predicado la igualdad y la fraternidad; y de retrógrada, a ella que había amamantado a la libertad con sus fecundísimos pechos. Lo conveniente, pues, no es que desaparezcan la revolución y la democracia, sino que se arrepientan de su ingratitud y se unan con la Iglesia. También la Iglesia misma, según Donoso, aunque lo dice con todo el respeto debido, tiene que arrepentirse de una gran falta: de haberse apoyado, siendo firme y eterna, en las potestades humanas: en los tronos que son efímeros, deleznables. «De esta convicción, añade Donoso, nació y creció ese gran partido que está dispuesto a renunciar en nombre de la Iglesia a todas las alianzas y a todos los protectorados por reconquistar su libertad primitiva; libertad augusta, libertad santa, que ha de llevar la Iglesia del Señor a todos los confines del mundo, que ha de entregar libremente tendidos a sus pies a todos los pueblos, y que ha de poner la cruz en las mayores alturas para que la adoren las gentes. Esa opinión, por no decir ese partido, ha subido al pontificado con Pío IX, y, al encarnarse en su santísima persona, se ha encarnado en el más eminente de todos los príncipes y en el más augusto de todos los hombres».

Si esto no es hablar por hablar, lo cual sería indigno de Donoso, a pesar de todas las salvedades y distinciones y declamaciones enérgicas contra la revolución atea y mundana, todos los trozos que hemos citado vienen a ser el encomio y el anuncio de la democracia y del advenimiento de la revolución purificada, limpia, y recibiendo nombre santo en las fuentes bautismales de la Iglesia. Todo el tono del resto de la obrita de Donoso confirma nuestro juicio: sus censuras contra el Austria y su despotismo: su simpatía por la heroica Polonia; su elogio a Francia, a quien llama «tierra fecundísima, en donde han germinado todas las ideas emancipadoras de los pueblos»; y hasta su crítica, en otro concepto, de esta misma Francia, porque se ha entregado «a las clases medianamente acomodadas, las cuales tienen en poco las gloriosas aventuras de los patriciados heroicos, y llaman insensatez y locura a las aspiraciones inmensas que suelen tener las democracias en sus sublimes arrebatos». Donoso Cortés, por consiguiente, como gran poeta que era, enamorado, no solo del catolicismo, sino de todo lo bello y lo grande, se convierte aquí, sin poderlo remediar, en demócrata y en revolucionario, aunque a lo divino, si se nos permite valemos de esta expresión, que se empleaba para designar cierta clase de comedias de nuestro antiguo teatro, donde figuraban ángeles y otros seres sobrenaturales y donde eran protagonistas santos y santas que incurrían en los mismos errores y cometían los mismos o mayores pecados que los demás mortales.

El otro hombre eminente que, según hemos dicho, se inclinó hacia el liberalismo o manifestó esta inclinación de un modo más claro, después del advenimiento de Pío IX, fue el presbítero don Jaime Balmes. Entonces, si como algunos sostienen no cambió, se descubrió lo bastante para dar a conocer a sus detractores, los absolutistas intransigentes, que no era un hombre de su clase y que comprendía de otro modo qué ellos el dogma político. También Balmes, como Donoso, saludó en un elocuentísimo escrito, la subida al trono del pontífice liberal. No era la libertad lo que Balmes quería proscribir del mundo, sino el ateísmo revolucionario. Si la inteligencia, separada de la fe, le parecía nociva, tampoco veía civilización donde no hubiera inteligencia y hasta desenvolvimiento y mejora en los intereses materiales. Por eso, sin duda, definía Balmes la civilización «la mayor suma de moralidad, la mayor suma de inteligencia, la mayor suma de bienestar en el mayor número posible de seres humanos».

Por desgracia, ya que no el entusiasmo de Donoso, el entusiasmo de Balmes por Pío IX, hizo patentes la intransigencia y hasta la ferocidad mental de los absolutistas españoles, quienes, lo mismo que el Austria y lo mismo que el despótico rey de Nápoles y sus cortesanos, no vieron en el nuevo Papa, durante el primer período de su reinado, sino un Robespierre con tiara, merecedor de ser declarado antipapa y arrojado del solio. Contra Balmes, porque defendía a Pío IX, asestaron toda clase de libelos infamatorios; y hasta puede decirse que esta persecución moral amargó cruelmente la vida del sacerdote filósofo y publicista, y aceleró su prematura muerte.

El mismo Narváez, ya en el poder, se dejó llevar de la corriente y del aliento inspirador de liberalismo que manaba del solio del nuevo pontífice, y en todos sus actos procuró demostrar que no quería mal a los progresistas; a Espartero le recibió en Madrid con grandes muestras de deferencia y cariño; y hasta hizo concebir en no pocos la esperanza de que pudiera realizarse en el poder el turno pacífico de los conservadores con los partidarios del progreso.

Otra gran prueba de liberalismo dio además Narváez, aplaudiendo y celebrando la revolución triunfante en Nápoles, que al grito de viva Pío IX y cantando su himno, como entre nosotros hubiera podido cantarse el de Riego, había arrancado el escudo de la legación de Austria, le había arrastrado por el fango, le había quemado en una hoguera, y había obligado al rey Borbón, Fernando II, a dar una constitución liberal a su pueblo. Los revolucionarios napolitanos, en la embriaguez de su triunfo, habían querido fraternizar con España, habían acudido en grandes turbas bajo los balcones de nuestra embajada, y el duque de Rivas, que era embajador a la sazón, les había dirigido un brillantísimo y aplaudido discurso, por su triunfo, sobre el rey. Todo esto, por último, había sido aprobado por Narváez.

Tal conducta del jefe de los conservadores y de su gobierno halló desde luego grande oposición en los conservadores mismos y singularmente en don Pedro José Pidal, los cuales calculaban ya o preveían que la revolución iba a extenderse por toda Europa y a tomar carácter muy serio y temeroso, por donde convenía más armarse de fortaleza que de templanza.

No tardó mucho en dar, en cierto modo, razón a Pidal y a sus compañeros, la terrible revolución francesa del 24 de febrero que echó por tierra el trono de Luis Felipe, que conmovió a toda Europa, y que lo menos que pudo hacer en España fue modificar profundamente a los partidos políticos en sus aspiraciones y doctrinas.

LIBRO DECIMOQUINTO

EL DOMINIO DE LA REACCIÓN HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE 1854

CAPÍTULO PRIMERO

Dictadura de Narváez en 1848

El primer efecto de la revolución francesa de 1848 fue en España en cierto modo contrario a la revolución, dividiendo a los progresistas en dos bandos. Los pacíficos, o por ser más templados en sus opiniones o por ser de más edad, circunspección y prudencia, llenos de terror por el republicanismo, decidieron oponerse a toda conspiración y a todo movimiento. Cortina, Madoz, Infante, Sancho y Mendizábal, eran los más notables de los que observaban esta conducta. Por opuesto camino se lanzaron otros, entre quienes descollaban Orense y don Nicolás María Rivero, pudiendo decirse que con este cisma del partido progresista, al parecer en la conducta solo, hubo en él marcada división, apareciendo, aunque en germen, el partido radical o demócrata.

Entre la gente de acción que deseaba revolución a todo trance figuraba un hombre de gran valer por la energía de su carácter, por su extraordinaria actividad, y por su serenidad y despejo. Sin duda a este hombre, que tenía no comunes condiciones para encumbrarse y hacer papel en España, le faltaban dos muy esenciales: ideas fijas en política o por lo menos una pasión política constante y decidida que supliese la falta de fijeza en las ideas. El coronel don Joaquín de la Gándara, que es la persona de que hablamos, era instintivamente liberal con el liberalismo que antes más que ahora entraba en el alma de aquellas personas que viajaban por países extranjeros, contemplaban su mayor cultura, así moral e intelectual como material, lo comparaban todo con nuestro atraso y pobreza, y tanto de la pobreza como del atraso echaban la culpa al largo despotismo que habíamos sufrido, por lo cual le aborrecían y no querían dejar de él ni rastro ni huella. Este modo de ser liberal tiene una innegable ventaja; la libertad se estima en lo que es y vale como medio absolutamente preciso, pero como medio para lograr un fin, lo cual presupone dos creencias importantes; una, la de la perfectibilidad humana; otra, la de cierta infalibilidad en la muchedumbre, en virtud de la cual propende a lo bueno, si se la deja libre: pero Gándara, que sentía y pensaba así, aunque vagamente, si bien con la viveza y brío que siempre tuvo y que ponía en todo, no creemos que haya tenido nunca doctrinas más determinadas y concretas, y de su misma pasión política se ha distraído y olvidado con frecuencia, llevado de otros afectos y aspiraciones o empeñado en otras empresas y engolfado en otros propósitos. De aquí que, teniendo en sí tanta capacidad, haya hecho siempre secundario papel en política. Entonces, no obstante. Gándara fue el centro de la conjuración. Le secundaban don Manuel Buceta, don Francisco Serrano Bedoya, don Victoriano Ametller y otros, casi todos militares.

Lo primero que hizo Gándara fue ponerse en comunicación con el gobierno republicano de Francia y tratar de ganarle para su empresa. Armando Marrast recibió muy bien a los enviados de Gándara, pero de nada les valió. Empeñada ya en Francia la lucha contra la demagogia y el socialismo, el gobierno francés tuvo que hacerse algo conservador y desechar toda idea de propaganda.

Limitado Gándara a sus propios recursos, no desmayó y llegó a reunir hasta seiscientos oficiales que estaban en Madrid de reemplazo con paga cortísima y con mucho aliento y deseo de aventurarse en cualquiera empresa. Por medio de estos oficiales no parecía difícil seducir a muchos cuerpos de los que daban guarnición a esta villa y corte.

De armar y de proveer de municiones a los conjurados se encargó el infatigable don Ricardo Muñiz, comprando fusiles y pólvora, fabricando cartuchos y preparándolo y disponiéndolo todo con el mayor sigilo. Cuando todo se disponía así, don José María Orense, que por otra parte había también trabajado, acudió a ponerse y se puso de acuerdo con Gándara, en una reunión que tuvieron los principales conjurados el 24 de marzo, y resolvieron que el movimiento insurreccional se realizase el 26. Gándara quería retardarle aún algunos días, pero no pudo retener la impaciencia de Orense y de los que venían con él. Así fue que, hasta para reunir las municiones y las armas, que estaban muy esparcidas, fue menester emplear suma diligencia y cuidado, lográndose todo, merced a la actividad de don Ricardo Muñiz y de don Juan Antonio Rascón, que en aquel momento prestó eficaz auxilio.

Narváez sabía que se conspiraba, pero no fijamente el modo, el lugar y las circunstancias de la conspiración. Sabiéndolo, sin embargo, aún no quería apelar a la fuerza. Quería gobernar suavemente. Esperaba de buena fe el turno pacífico en el poder de conservadores y progresistas y anhelaba inspirar idéntica esperanza a los prohombres del progreso. A este fin, llamó a Mendizábal y a don Luis Sagasti, les habló con amistoso afecto, y les rogó que desistiesen de la conjuración, prometiendo que en breve plazo aconsejaría a la reina que los llamase al poder, y que por lo pronto, si ellos renunciaban a medios de fuerza, él renunciaría a la suspensión de garantías y modificaría en sentido muy liberal el proyecto de ley de imprenta. Todas estas contemplaciones eran sinceras en nuestro sentir, de parte de Narváez. ¿Qué otro propósito podría tener, al acudir a las súplicas para que no se emplease la violencia, sino el de no tener él mismo que emplearla? Resplandece además mayor mérito en esta conducta, en un principio tan templada de Narváez, si se considera que, desde la revolución francesa del 24 de febrero, se había modificado muchísimo la opinión entre los más eminentes personajes del partido conservador a que Narváez pertenecía. Todo aquel o casi todo aquel liberalismo católico o pontifical, que con el advenimiento de Pío IX había ganado hasta los corazones de Donoso y de Balmes, había desaparecido por completo con la revolución de febrero, la caída de Luis Felipe y la subsiguiente república, y había sido reemplazado por un terror nervioso y cruel a la revolución y por un deseo vehemente de que en España se ahogara por la fuerza. Narváez; pues, al mostrarse tan benévolo y tan transigente con los progresistas, procedía entonces contra el sentir de los varones más autorizados de su partido. Verdad es que Martínez de la Rosa pensaba como Narváez; quería dirigir, pero no ahogar el liberalismo: pero, en cambio, Pidal y sobre tocio Ríos Rosas, reclamaban la resistencia más briosa y sostenían que la revolución no podía detenerse por la dulzura y con las concesiones, sino con la represión, el castigo y el escarmiento más duros. Este último parecer hubo de prevalecer al cabo en el ánimo de Narváez, aunque más bien que por elección suya porque las circunstancias se le impusieron. Su propósito entonces, el blanco de su gloria, por lo mismo que en toda Europa ardía la revolución y que parecía como movimiento fatal o providencial de que nadie podía sustraerse, era evitar que prendiera en España, y, si llegaba a prender, apagarla en seguida, demostrando así, a par que su pujanza y pericia de gran político, la independencia y autonomía del ser del pueblo español. Para lograr esto con mayor gloria, hubiera deseado Narváez, no tomar medidas violentas, no internarse por el camino de la reacción, y sí mostrarse liberal en medio de pueblos que se desbordaban y de gobiernos aterrorizados que violentamente resistían.

Narváez era bastante discreto para conocer esto, por lo cual no hubo en nuestro sentir, ni malicia, ni cálculo, ni maquiavelismo de ninguna clase, en llamar a Sagasti y a Mendizábal y en brindarles con la paz y en darles por ella o en prometerles cuanto podía. Lo que hubo fue sincero y buen deseo, conforme en todo con su interés y con su gloria. Cuando Narváez vio que la paz no era posible, se preparó a la guerra y se decidió a hacerla crudamente. Se armó para ello de la suspensión de garantías y de una autorización para recaudar las contribuciones y proporcionarse por cualquier medio que fuese doscientos millones de reales más, destinados a los gastos extraordinarios que pudieran ocurrir. El gobierno había pedido y conseguido esta autorización de las Cortes, no bien llegó a su noticia la revolución de febrero. La consiguió por ciento cuarenta y ocho votos contra cuarenta y cinco, y el día 22 de marzo suspendió las sesiones.

Prevenido ya el gobierno, esperaba con firmeza el combate, aunque ignoraba el día en que el movimiento debía estallar. El movimiento tuvo lugar el día 26: pero secundado por corto número de personas, pues no pasaron de seiscientas, sin plan y sin concierto, y empezado antes de tiempo por el temerario arrojo de don Narciso de la Escosura y de algunos otros, el resultado no pudo menos de ser lastimosísimo. Bastantes conjurados murieron y la victoria fue fácil y pronta. Conseguida esta, se formó consejo de guerra a los sublevados, pero no se derramó una sola gota de sangre. Aunque el consejo condenó a algunos a la pena capital, se les concedió indulto por un real decreto muy generoso de 31 de marzo.

No escarmentados los progresistas con este mal éxito primero, siguieron conspirando en Madrid, en las provincias y fuera de España. De esta conspiración permanente nacían de vez en cuando rebeldías, pronunciamientos o motines, ya en una parte, ya en otra, que siempre tenían desastroso resultado para los promovedores. Así hubo motines en Valencia y en Barcelona, ocurridos ambos pocos días después de la derrota del 26 de marzo. Entretanto se preparaba un movimiento más serio en Madrid. El banquero don José de Salamanca, enojado contra Narváez, picado con la reina, y creyéndose, tal vez en virtud de este enojo, verdadero y legítimo progresista, era el alma de la conjuración, en la que entraban, como elementos inteligentes y activos. Gándara, Buceta, Serrano Bedoya, Muñiz y Velo.

Nació de aquí el movimiento del 7 de mayo, que tuvo para los revolucionarios tan mal éxito como los anteriores. Los sublevados eran, en su mayor parte, militares que se situaron en la Plaza Mayor, donde Lersundi los atacó valerosamente, venciéndolos al cabo y haciendo prisioneros a casi todos. En otros puntos de Madrid hubo también tiros y alguna lucha. El general Fulgosio, capitán general de Madrid, murió aquel día, reemplazándole en el mando el capitán general don Juan de la Pezuela. Triunfante el gobierno, Pezuela formó consejo de guerra a los sublevados. La reina se empeñó con suma generosidad en que no muriese ninguno; pero considerando Pezuela y Narváez que no era posible tanta benignidad sin gran relajación de la disciplina y que por otra parte era necesario el castigo para que sirviese de ejemplo, hicieron fusilar aquella misma tarde, al anochecer, a un sargento, a dos cabos, a cinco soldados y a cinco paisanos. Otros trece sargentos, que estaban ya en capilla, fueron indultados de la pena de muerte.

Entre los que murieron aquel día, durante la refriega, se cuenta al señor Domínguez, autor de un famoso diccionario de nuestra lengua.

Esta sublevación del 7 de mayo, no tuvo carácter republicano, sino meramente progresista, con mucho de vago en las aspiraciones de los sublevados que vitoreaban a la libertad y a la reina. La voz pública acusó a don José Salamanca y al ministro inglés Búlwer de haber promovido esta sublevación.

A los pocos días, el 13 de mayo, hubo otra en Sevilla que tuvo semejante carácter y parecido desenlace. Siempre eran los soldados los que se sublevaban. El pueblo rara vez acudía a ayudarlos, salvo cortísimo número de gente levantisca y aventurera o alguno que otro político ferviente y de armas tomar, los cuales suelen ser siempre muy contados. En Sevilla solo combatieron los soldados de un batallón de Guadalajara excitados y mandados por su segundo jefe don José Portal.

Don José González de la Vega había prometido acudir a la lucha con rail quinientos paisanos bien armados y dispuestos; pero, en la hora del peligro y viendo que este era serio, apenas hubo quien se presentase. Portal y sus soldados pelearon, no obstante, con brío y empuje, cargaron a la bayoneta contra una batería, y hasta llegaron a apoderarse de dos cañones; pero viendo que, aun después de este éxito, no acudía el pueblo en su auxilio, y conociendo que le era imposible mantenerse de aquel modo dentro de Sevilla, Portal dio libertad a los oficiales prisioneros que se negaron a seguirle, y, con la artillería y municiones que había conquistado, salió fuera de la ciudad. Algunos días estuvo vagando y hasta llegó a Huelva. Viendo luego que ninguna ciudad de importancia se pronunciaba, decidió refugiarse en Portugal, entregando a las autoridades de aquel país sus armas y caballos.

Otra conjuración hubo en aquellos días odiosa por lo antipatriótica, pues se trataba de que, sublevada la guarnición de Ceuta y dejando abandonada aquella plaza, se viniese con los presidiarios a pronunciarse en Algeciras. Por dicha, el general Ros de Olano, que mandaba en Ceuta, impidió que se realizase el plan. Mucho le valieron para esto el denuedo generoso del general don Juan de Zavala y las simpatías y autoridad de que en el ejército gozaba. Zavala había sido desterrado a Ceuta por Narváez, el cual por aquel tiempo prodigaba demasiado el destierro, ya como precaución, ya como castigo. Pero, si Narváez era a veces harto duro, era también magnánimo; y no bien supo la noble conducta de Zavala, le llamó de la deportación, colmándole de elogios.

La fortuna se mostraba, sin duda, propicia al general Narváez concediéndole todos estos triunfos. No se ha de negar, con todo, que no era ciega la fortuna, y que había elegido en el general objeto digno de sus favores.

La opinión pública de las clases conservadoras, alarmadas por el movimiento revolucionario que agitaba a Europa entera, se volvió a Narváez con amor y llena de confianza, cifrando en él la conservación de la paz y del orden. Como prueba auténtica de esta devoción lisonjera a Narváez, los grandes de España le dirigieron una exposición, que llegó a contar muy cerca de sesenta mil firmas, ofreciendo a S. M. nada menos que las haciendas y las vidas. Harta demasía hubo en tal ofrecimiento, demasía muy propia de nuestra inveterada inclinación a lo bombástico o ampuloso, exacerbada desde hace pocos años con cierta sensiblería empalagosa, desconocida antes en tierra española e importada de Francia. Claro es, además, que la exposición, para que llegase a las sesenta mil firmas, hubo de ser firmada por muchos empleados, resultando que acaso no pocos de ellos, aunque aparecían movidos por puro amor al trono, habían firmado con la propia libertad de que goza quien se halla entre la espada y la pared, y ofrecían con desprendimiento hidalgo y digno de posibles mártires la vida y la hacienda, a fin de conservar y mejorar la hacienda y la vida, o dígase el empleo. En suma, la tal exposición, no cabe duda que tuvo bastante de comedia y aún de sainete; y hasta se puede recelar que el propio general Narváez, quien, si en ocasiones gustaba de cierta pompa oriental y de la magnificencia del estilo y de la solemnidad de los actos, por lo cual, entre muchos apodos que le pusieron, le llamaban el Bondocaní, era también algo maleante e inclinado a burlas, rebozándolas en grave socarronería, anduvo más socarrón que entusiasta cuando contestó a los señores que le trajeron la exposición dándoles las gracias y ponderando lo bonito que sería ver, en días pacíficos, a los más ilustres duques, condes y marqueses con el fusil al hombro, rondando las calles y sosteniendo el orden público. Como quiera que sea, así esta parte cómica, como otras menudencias desagradables del gobierno de Narváez, no se veían desde lejos: solo se veía su victoria sobre los revolucionarios y que, mientras que por casi toda Europa se desbordaba la revolución, él era como firme reparo y sólido valladar de aquel torrente.

Creció, pues, en reputación y en crédito por tierras extrañas, y creció además la consideración que a nuestra nación se debía, lo cual influyó en gran manera para que los gobiernos de Austria, de Prusia y de Cerdeña reconociesen al cabo a la reina doña Isabel II.

Son maravillosas la inoportunidad y la falta de tino del infante don Enrique. La nueva revolución francesa le entusiasmó, imaginó acaso que iba a ser un Felipe Igualdad de la, para él segura, revolución española, y soltó desde Perpiñán una proclama o manifiesto disparatado, insultando a sus augustos parientes y excitando a la rebelión. Narváez tuvo que destituirle, por real decreto de 13 de mayo, de todos sus honores, grados, condecoraciones y empleos.

Con otro enemigo más terrible tuvo que habérselas Narváez, y también triunfó de él. Era este enemigo el revoltoso ministro inglés Mr. Búlwer. Empeñado en restablecer en el poder al duque de la Victoria, derribando a Narváez, intervenía en todas las conjuraciones, alentaba a los descontentos, y su presencia en Madrid se hacía no solo insufrible, sino indecorosa para todo gobierno conservador que se respetase. Narváez pidió a lord Pálmerston que retirase de España a aquel representante y que enviase a otro. La súplica del gobierno español fue desatendida. Desde el día J5 de abril, insistió el gobierno en la misma súplica con no mejor éxito. Al mismo ministro rogó directamente que se fuese, y Mr. Búlwer no quiso. Por último, después de los varios motines, que habían sido sofocados y de los cuales la opinión pública designaba a Búlwer como instigador, el general Narváez, perdida ya por completo la paciencia y considerándose con el derecho y hasta con el deber de expulsar a Búlwer, le expulsó de un modo bastante brusco, dándole sus pasaportes y obligándole a salir de Madrid el día 18 de mayo. Esta resolución de Narváez fue muy popular en España, no solo a los conservadores, sino también a los indiferentes y a los mismos progresistas y revolucionarios, cansados y humillados todos de la desvergonzada ingerencia de Mr. Búlwer en los negocios de nuestro país.

El gobierno español mandó a Londres al conde de Mirasol para que diese explicaciones sobre la despedida de Búlwer, pero el gobierno inglés no aceptó las explicaciones; y, a modo de represalia, dio sus pasaportes a Istúriz, que era en Londres nuestro representante; suspendió con España las relaciones diplomáticas; y se puso a proteger con más ahinco que antes, en odio al gobierno español, todos los intentos y conjuraciones de montemolinistas y republicanos. Es evidente que el gobierno inglés no se movía para esto ni por altas razones de conveniencia política, ni por amor a ciertos principios de que quisiese hacer propaganda, ni por un ideal de justicia y de civilización que quisiese ver realizado en otras naciones a quienes tratase de elevar hasta el nivel moral e intelectual en que suponía hallarse la que él gobernaba. En todo ello no se puede ver sino el capricho y la terquedad de lord Pálmerston, excitados por motivos harto pueriles. Así es que mucha parte y la más razonable del pueblo inglés y de sus representantes en el Parlamento desaprobaba en todo esto la conducta del lord.

Narváez continuó en la dictadura por espacio de nueve meses que estuvieron cerradas las Cortes. Durante este período hubo algunas modificaciones en el ministerio. Beltrán de Lis dejó el de Hacienda al conde de la Romera, quien fue luego reemplazado por don Alejandro Mon; y al duque de Sotomayor, que fue enviado de embajador a París en lugar del marqués del Duero, le reemplazó don Pedro Pidal en el ministerio de Estado.

Cierta elegancia y lujo poco usados hasta entonces, sobre todo por gente nueva y ricos de fecha reciente, ofendían bastante al público y excitaban la maledicencia a que hablase de inmoralidad y de malos manejos. El gobierno, con todo, por amor sin duda a la probidad y para justificarse a sí mismo, castigó y persiguió severamente algunos abusos. El propio señor Fagoaga, director del Banco, fue condenado a presidio. El gobierno hubo de conocer que, mientras le durase la dictadura, nada de esto le bastaba para conservar su crédito, y que eran peores y más mortíferos que los ataques de frente, en una tribuna abierta y en una prensa libre, los traidores y embozados ataques y la difamación más negra que se propalaba de boca en boca, murmurando al oído.

Temía también el gobierno que, sin el apoyo y autoridad que le daban las Cortes reunidas, cualquier intriga palaciega, cualquier antojo o rapto de mal humor de la joven reina, le derribase, como estuvo a punto de suceder. La manera de ser de Palacio y su etiqueta de entonces contribuían no poco a aumentar estos recelos. Por lo mismo que era dificultoso y sujeto a trámites impertinentes y cansados el llegar a hablar con S. M. y con las personas de su familia, S. M. y dichas personas vivían oficialmente muy aisladas, encumbradas y como apartadas del resto de los mortales, a fin de no emplebeyecerse o de perder y deslustrar aquel resplandor que debía rodear a la corona e infundir hacia ella un respeto punto menos que religioso; pero de estas dificultades y exagerada secuestración oficial, nacía el prurito de buscar medios extraoficiales para ver y tratar a gente alegre y divertida; la cual con frecuencia no era acaso tan estimable como la que hubiera podido y debido acercarse al trono paladinamente a no estorbarlo la etiqueta.

En suma, Narváez, vencedor de la revolución, cansado de dictadura sorda, y deseoso de luz, de contiendas parlamentarias y del apoyo de las Cortes reunidas, las convocó para nueva legislatura, cuando terminaba el año de 1848.

Harto bien notarán los lectores que en este breve bosquejo que hemos hecho del gobierno de Narváez, durante el año de 1848, son más los puntos luminosos y brillantes que las sombras o lunares y manchas negras. Estas se notarían sin duda si nosotros hubiéramos entrado en pormenores en que, por varios motivos, no queremos entrar: en una historia general no caben, y además los sucesos son muy recientes, la verdad es difícil de depurar y poner en claro, y no estaría bien que acusásemos a nadie sin razones y sin pruebas sobradas. En el momento en que hierve la pasión política o de partido, los periódicos suelen desmandarse y desatarse en insultos, tal vez calumniosos, tal vez con algún fundamento aunque sin prueba plena. El historiador grave no puede hacerse eco de tales voces.

Diremos, sin embargo, que deslucieron mucho este gobierno de Narváez y esto pleno dominio de los conservadores la impaciente ambición y la feroz rivalidad que había entre ellos. Divididos por estos malos sentimientos, más acaso que por amor a la probidad y a la justicia, se hicieron entre sí guerra encarnizada, como quien trata de arrebatarse vida por vida y honra por honra.

El primer triste y escandaloso espectáculo que se dio bajo el gobierno de Narváez fue la cruel acusación contra el exministro Salamanca, sostenida por Seijas Lozano y llevada al último término de violencia por don Pedro José Pidal, el cual llegó a decir que de cien millones mandados convertir por el señor Salamanca de libranzas pertenecientes a la Casa Real, habían entrado veinticinco millones en su poder. El señor Salamanca contestó: «Se ha vulnerado lo más sagrado de mi honra y ¡en qué circunstancias! ¡cuándo yo no puedo defenderme! ¡cuándo no me es permitido tomar la satisfacción que exigen los hombres de honor! ¡yo ahora exijo y quiero un juicio, quiero pruebas; si no se me dan, el señor Pidal será un calumniador!».

En dos bandos los conservadores, en esta áspera y fea lucha, se destrozaron y denigraron cruelmente. A don Patricio de la Escosura, por ejemplo, que al defender a Salamanca había ponderado su liberalidad, contestó Pidal furioso: «A mí no me han roto pólizas, ni me han cubierto fragilidades humanas».

Se veían en todo esto, a más del odio o de la indignación del señor Pidal contra Salamanca, los síntomas de la agitación del espíritu del señor Pidal, movido por su soberbia y por el íntimo convencimiento de que él era el más poderoso representante del partido conservador en toda su pureza y de que a él tocaba formar parte esencial del gobierno en aquellas circunstancias difíciles, y llevar a él, en vez de la política vacilante y tibia de Narváez, el espíritu de represión más dura contra la revolución europea. El pensamiento y la intención de Pidal se ven claros en una carta que escribió a don Leopoldo O’Donnell, tratando de llamarle al poder y de hacerle la espada de su partido, en vez de la de Narváez, que consideraba inútil. «La corona del rey ciudadano, decía Pidal, está próxima a que ruede por las calles de París: muy pronto hemos de ver al pontífice juguete de los mismos a quienes ha dado franquicias sin limitación. Don Ramón quiere la popularidad teatral y callejera de Espartero, como si el partido progresista pudiera perdonarle ni derribar a su ídolo, remendado y barnizado en la emigración… Veo que Narváez no va a ver la tormenta, sino cuando le caiga encima… Antes de que llegue ese caso, se necesita aquí un hombre de menos arrebatos y tan apuesto para la esgrima como para poner en buenas condiciones la contienda, que vendrá sin remedio».

A Narváez le habían dado, hasta cierto punto con injusticia, fama de feroz y de intratable. Tal vez sería fácil probar que no había tal cosa. Narváez, es cierto, tenía prontos y arranques de cólera un tanto infantil, sobre todo con gente menuda o inferior a él que quería igualársele y tratarle con una familiaridad excesiva e irreverente que en España se emplea; pero, en el fondo, Narváez era dócil y sabía contemporizar y aun se dejaba guiar con frecuencia más de lo justo. El mismo Pidal, en la misma carta a O’Donnell, da muestras, al acusar a Narváez, de que el exigente y el imperioso, era él y no el acusado, «Es tan absoluto en su propia opinión que no oye más que al que se la lisonjea; y yo, que no he nacido para mercenario, le contradigo, y para no sufrir réplicas absurdas, me abstengo de hablarle».

Como se ve, Pidal era aquí el enojado y el soberbio. Cuenta Bermejo que, deseoso Narváez de amansarle, fue en su busca y tuvo con él una conferencia; que Pidal, para justificar su parecer, habló de la inminente revolución que en Francia preveía; que Narváez se burló de tales pronósticos; y que, por extraña coincidencia, en medio de este debate, entró Sartorius a corroborar las razones y las profecías de Pidal, con un telegrama en la mano, participando que Luis Felipe había huido, que en Francia se hallaba establecida la república y que se ignoraba el paradero de la duquesa de Montpensier. El caso es posible, y como posible, no como cierto, le damos. De todos modos, la profecía de Pidal no era muy difícil de hacer, pero la negación de la profecía por Narváez, llevada hasta el extremo que el señor Bermejo supone, es harto inverosímil. Aunque Narváez había estudiado poco o nada en los libros, tenía gran conocimiento de los hombres y no corta perspicacia; y, en el momento mismo de la revolución, no es de creer que estuviese tan ciego que hasta su posibilidad negase. La conferencia, pues, de Narváez y de Pidal y el desenlace que tuvo, interviniendo en él Sartorius con el telegrama, parece más que hecho real un apólogo que tira a manifestar que Narváez había sido transigente con los progresistas, pensaba en el turno pacífico de los conservadores con aquel partido, y se mostraba liberal y parlamentario, porque en su ceguedad no veía la onda ascendente de la democracia que iba a inundar el mundo y a sumergir los tronos. Nosotros hacemos mucho más favor a Narváez: creemos que preveía, como cualquier otro hombre político, y mejor aún, todo lo que podría suceder, pero que no era de aquellos a quienes el miedo de graves peligros agria la bilis y excita a la violencia, sino que era reposado y sereno en tales ocasiones, ya fuese para conjurarlos, ya para arrostrarlos y vencerlos en abierta lid. A nuestro ver, no cambió súbitamente Narváez las reglas de su conducta al recibir la nueva del establecimiento de la república en Francia. Persistió y pensó en lo mismo que antes. Se apercibió para la resistencia, si llegaba a venir el ataque, como vino. Y aun en medio de la lucha y hasta en el engreimiento de la victoria, siguió Narváez consecuente con sus primeras opiniones y no renegó nunca de sus doctrinas liberales ni cayó nunca en exageraciones reaccionarias como tantos hombres del partido conservador, entre los cuales sobresalía Donoso Cortés, en quienes el miedo de la revolución rayó en locura. Por él pensaron y dijeron que eran llegados los tiempos apocalípticos; que el Antecristo andaba ya por el mundo, cuyo profetizado fin se venía encima a más andar; y otros disparates no menos impropios de políticos serios, por más que, puestos en verso o en prosa poética y sublime, dieran asunto a bonitos discursos y a preciosos libros de entretenimiento, como el Ensayo sobre el Catolicismo.

Narváez se había limitado a tomar las debidas precauciones y a obtener la autorización de las Cortes para ejercer, durante el peligro, una verdadera dictadura, Y si bien contra esta autorización hablaron en el Congreso Infante, Cortina y Escosura, y si bien los liberales acudieron a la reina, con muchas exposiciones de Madrid y de provincias, negando la necesidad de la autorización y pidiendo que no se concediese, la autorización, como ya hemos dicho, fue concedida.

Del uso que Narváez hizo de ella también hemos hablado concisamente.

Narváez, según sus entusiastas admiradores, sostuvo firmes el trono y las instituciones, mostrando que España no se dejaba arrebatar por el recio huracán revolucionario que desolaba a toda Europa; pero, cuando los hombres de Estado emplean su actividad en cosas tan grandes, parece como que descuidan o miran con desprecio las pequeñas, y tal vez creen que, prestando tan extraordinarios servicios al país, el país no debe tener inconveniente en pagar caro, sufriendo toda clase de desórdenes administrativos y económicos, en virtud de un orden más alto que se establece para que en lo porvenir se realice.

Así Sartorius, ministro de la Gobernación y poderoso auxiliar de Narváez en todo, empezó desde luego a crear la polaquería o dígase su partido, colocando sin escrúpulo en las dependencias de su ministerio a cuantos le eran o quería que le fuesen devotos, y publicando luego decretos para arreglar bien la administración o sea para evitar que fuesen efímeros e inestables sus caprichosos favores.

La ira o la envidia de unos moderados contra otros hizo además que en el concepto del vulgo apareciese menos delicada de lo que fuera menester la conducta de muchos hombres de dicho partido. Los amagos de acusación contra los gabinetes Pacheco y García Goyena y contra el ministro Portillo y la acusación ahogada contra Salamanca, no pudieron menos de dar lugar a sospechas, a hablillas y a feas cavilaciones.

Aumentáronse estas con rumores de graves escándalos ocurridos en la Bolsa y que dieron motivo para una interpelación en el Congreso del diputado progresista Monte Castro.

Narváez y Miraflores habían prohibido en la Bolsa las jugadas a plazo, pero Salamanca volvió a restablecerlas con la condición de que se hiciese el depósito del papel, en cuyo caso adquirían los contratos fuerza ejecutiva. Los agentes de cambio serían responsables de las operaciones a plazo cuando hubiese depósito. La junta sindical, al recibir este decreto, le interpretó, dejando a los agentes de cambio, bajo su responsabilidad, el cuidado de asegurarse del depósito o de la provisión de fondos. En tal estado, algunos especuladores jugaron al alza, a plazo, y perdieron grandes sumas por culpa de los acontecimientos de Francia; pero, como no habían hecho el depósito, pretendían eludir la obligación en que se hallaban. Entonces el señor Bravo Murillo expidió una real orden previniendo, con arreglo al decreto dado por Salamanca, que para que las operaciones a plazo tuviesen fuerza civil de obligar era menester que el depósito estuviese constituido, y añadiendo que, para cortar abusos, el depósito debía hacerse en el Banco español de San Fernando. Esto excitó grandes murmuraciones y descontento en la Bolsa, donde se suponía y propalaba que el ministro había dado la real orden con el fin de favorecer a personas que le eran muy allegadas. Para atajar estas murmuraciones tuvo el ministro que dar otra real orden, aclarando la primera y diciendo que no había sido su propósito dar efecto retroactivo a la necesidad de constituir los depósitos en el Banco.

La nueva real orden, no obstante, no podía satisfacer a las gentes, porque si bien no exigía para las operaciones ya pasadas el depósito en el Banco, dejaba en duda la responsabilidad de los agentes de cambio respecto al depósito. Aumentó el descontento la determinación tomada polla junta sindical de levantar a algunos agentes la suspensión que ya pesaba sobre ellos por haber faltado al requisito del depósito según se prevenía en el decreto de Salamanca. Contra el levantamiento de la suspensión se protestó enérgicamente en un documento dirigido a la junta sindical y firmado por hombres de respeto como Urquijo, Arenzana, Olea, Bayo y otros. De aquí que creciese la sospecha más o menos fundada de que el ministro quería favorecer a ciertos especuladores, los cuales se hallarían en un descubierto de más de nueve millones de reales si seguía el descrédito de nuestros efectos públicos hasta el vencimiento de los plazos. De todos modos aparecía que el ministro se había descuidado en el cumplimiento de su deber y había consentido en que durante cinco meses se cometiesen ilegalidades en la Bolsa.

La minoría del Congreso quiso entender en este negocio, examinar los documentos reclamados por Mendizábal, formar expediente y dar dictamen; pero la mayoría rechazó en votación nominal la investigación propuesta.

La minoría no cejó, sin embargo, en su empeño de aclarar asuntos que se rozaban con la moralidad administrativa y pidió también por medio de una proposición que se presentasen varios expedientes sobre la adjudicación de trozos de carreteras.

Como coincidieron con esto la suspensión de las sesiones de Cortes, el interregno parlamentario y el empezar la dictadura omnímoda y de nueve meses, durante los cuales no se pudo hablar ni escribir sino lo que el ministerio quería o toleraba, los maldicientes lo atribuyeron todo, no solo al deseo que tenía Narváez de salvar el trono y las instituciones, sino también al alivio y sosiego que le proporcionaba el quitarse de encima asuntos tan enojosos como el de la Bolsa y el de las carreteras.

Durante los nueve meses de dictadura, ya hemos dicho que Narváez se lució, sobre todo vistas las cosas desde lejos. Vistas de cerca, no es lícito negar que hubo despilfarro de arbitrariedad y de dureza; pero no fue la mayor culpa de Narváez, sino de aquellos que le excitaban y aplaudían, creyendo que no se salvan los países sino con medidas muy enérgicas y dando palo de ciego, y que el tipo ideal de los gobernantes y de los dictadores es el protagonista de un sainete que se titula El tonto alcalde discreto, el cual acaba por poner en la cárcel a los concejales, a sus hijos, a los alguaciles y hasta a la propia alcaldesa.

Al cabo para los tres o cuatro motines que hubo, en que apenas intervinieron los paisanos, no fue poco lujo de deportación el enviar a ochocientos a las Islas Filipinas, a cerca de trescientos a las Baleares, a unos ciento a Canarias y a algunas docenas a las Antillas, según los cálculos del señor García Ruiz en sus Historias. Pero ¡qué mucho, si el exministro don Patricio de la Escosura fue preso para ser deportado aunque logró escaparse, y si González Brabo fue confinado en Cádiz como conspirador!

Ya lo hemos dicho: el terror, cruel y perverso consejero de violencias, se había apoderado de las clases conservadoras, que, no solo en España, sino fuera de España, con sus aplausos y excitaciones engreían y embriagaban a Narváez.

Antes de hablar de lo que ocurrió en las Cortes, una vez abiertas de nuevo, conviene volver la vista atrás y referir aquí en breves palabras lo que durante el año de 1848 había ocurrido en Europa.

La revolución, animada del espíritu neogüelfo, empezó en Italia por estilo muy católico y hasta en cierto modo aristocrático y elegante, esto es, tomando parte en ella, por su carácter especial en Italia, los hombres científicos, los literatos y las personas más acomodadas y distinguidas. Algo hizo Pío IX para que le alzasen por ídolo, pero fue más lo que fantasearon los neogüelfos a fin de hacerle pasar por un Julio II a la moderna, ansioso de libertar a su patria. Así es que el Padre Santo, tal vez sin darse razón exacta del por qué, excitaba un entusiasmo frenético y todo se volvía aplausos, himnos y serenatas.

El entusiasmo por el Papa salvó pronto las fronteras de los Estados Pontificios y luego se difundió por Italia y por toda Europa. El ya citado libro de Gioberti, Primado de Italia, daba la clave para explicar el entusiasmo. En resumen, Gioberti sostenía lo que sigue: que la redención de Italia es imposible sin el concurso de la religión; que la península no puede ser una y libre si Roma no conquista derechos políticos; y que la sola organización buena de Italia era una confederación presidida por el Papa.

Para los neogüelfos aparecía como verdad inconcusa que Pío IX se había ceñido la tiara para realizar la idea de Gioberti.

Carlos Alberto, rey de Cerdeña, que había sido siempre muy absolutista, pero que era también muy ambicioso y advertía atentamente el movimiento de la opinión, creyó al cabo llegado el instante de ponerse al frente de ella y dirigirla, a fin de tener en Italia la hegemonía, si se confederaba, y tal vez de arrojar a los bárbaros o dígase a los austríacos. Carlos Alberto concedió, pues, en octubre de 1847, algunas reformas en sentido liberal, dio algunas esperanzas de combatir a los austríacos, y esto bastó para que le ensalzasen, a par de Pío IX, llamándole Espada de Italia. A poco, el gobierno pontificio entró en negociaciones con el Piamonte y con Toscana para hacer una liga aduanera que preparase la liga política.

El espíritu revolucionario cundía, en tanto, por todas partes y acabó por dar razón de sí de un modo más violento en Sicilia. Cobrando ánimos los liberales de Nápoles, con la sublevación no sofocada de los sicilianos, hicieron una gran demostración en la capital, moviendo y casi obligando al rey a dar una constitución y una amnistía. Viendo los otros príncipes de Italia que el rey de Nápoles, que pasaba por el menos liberal de todos los príncipes, se liberalizaba hasta el punto de ser constitucional, no quisieron ser menos que él y dieron también sendas constituciones. Hasta el Papa dio la suya el día 14 de febrero.

La suavidad benigna de esta revolución de color de rosa vino a turbarse al cabo con las noticias de la nueva revolución de Francia. No nos incumbe entrar aquí en las causas y antecedentes de esta revolución; baste decir para comprender lo temerosa que se mostraba, que establecía la república y que traía por primera vez a la práctica, con aspiraciones de realizarse en el poder, a un nuevo partido o secta, dividido en diversas escuelas, y conocido, en el conjunto de sus principios más esenciales, con el nombre de socialismo.

El ejemplo de París fue contagioso. En Viena se levantaron los liberales el día 13 de marzo, sirviéndoles de grito de guerra una proclama del húngaro Kossuth, pidiendo reformas en el imperio y régimen interior o independiente para las diversas nacionalidades confederadas. El pueblo sublevado venció a la pequeña guarnición que había en la capital, y el emperador se vio obligado a quitar a Métternich, a dar libertad de imprenta, a dejar que se organizase la guardia nacional, y a convocar una asamblea para la reforma de la Constitución.

La noticia del alzamiento triunfante en Viena excitó en cierto modo la animación de los milaneses, los cuales tuvieron durante algunos días un combate glorioso con la guarnición austríaca, y obligaron al cabo al mariscal Radetzky a retirarse con ella. Así Milán se vio libre. Brescia, Como, Bérgamo, Cremona y Venecia, siguieron los pasos de Milán, expulsando también o haciendo prisioneras a sus guarniciones.

La victoria del pueblo del Milanesado y del Véneto hizo rayar en delirio la alegría y el furor bélico de los liberales y patriotas del resto de Italia y sobre todo de los piamonteses. Todos creían llegado el momento de que la Espada de Italia se desnudase en favor de su independencia. Las fuerzas de Carlos Alberto se suponían mayores de lo que eran. Se aseguraba que su ejército pasaba de setenta mil hombres, que había muchas armas y municiones en los parques, que el Estado Mayor era un modelo y que la oficialidad ansiaba la lucha.

Carlos Alberto temía, sin embargo, no poder por sí solo combatir y vencer al Austria; del socorro de los otros príncipes italianos desconfiaba por lo ineficaz, y recelaba del de Francia por harto peligroso para su trono. De aquí que estuviese vacilante e indeciso hasta que se supo en Turín, como segura, la victoria de los milaneses sobre los soldados de Austria. Entonces no pudo ya resistir más Carlos Alberto a la corriente que le arrastraba y se decidió a desnudar al cabo la espada y a ir en socorro de Lombardía. Todos los demás príncipes italianos prometen entonces hacer lo mismo, esto es, declaran la guerra al Austria: el duque de Parma y el de Toscana, y con más fervor que ninguno el rey Fernando de Nápoles, que llega a excitar a sus vasallos para que corran armados a defender las llanuras lombardas.

La resuelta actitud de Carlos Alberto y el triunfo de los milaneses dieron nuevo impulso a la revolución italiana. Los príncipes o tuvieron que ceder a este impulso o tuvieron que vacilar y aún que empezar a mostrarse hostiles al movimiento revolucionario. El Padre Santo cedió hasta cierto punto; llegó a expulsar a los jesuítas y hasta excitó a los soberanos a enviar representantes a Roma con el intento de formar una liga política. La idea, sin embargo, de que esta liga fuese para una guerra contra un príncipe católico, como era el emperador de Austria, hizo retroceder al Papa con un espanto tan piadoso y honrado como falto de lógica. ¿Era acaso de presumir que los austríacos fuesen a abandonar sus dominios en Italia movidos de la dulce persuasión y sin apelar a las armas? ¿Era de presumir tampoco que todo aquel movimiento federativo no aspirase a más que a incluir a los austríacos en la confederación, dado que buenamente no quisieran irse? Evidente es, pues, que se necesitaba hacer la guerra y que el Papa como soberano temporal no solo tenía el derecho sino el deber de hacer la guerra si el interés de su pueblo lo exigía. Así es que, desde el momento en que dijo a los diputados que le pedían la guerra contra el extranjero: pensad en que Roma no es ya grande por su poder temporal, sino por ser asiento de la Iglesia católica, acabó con las grandes esperanzas que su advenimiento había suscitado, aniquiló el partido neogüelfo, quitándole su credo, y hasta hizo abdicación terminante, aunque implícita, tanto de la preponderancia política que querían darle, como del mezquino y vacilante poder temporal que conservaba.

No se trata de dilucidar aquí si el Papa hizo bien entonces o mejor dicho si hizo lo que no podía menos de hacer, por no ser tolerable en nuestros días un Papa guerrero al frente de una liga de pueblos cristianos armados contra otros pueblos cristianos. Bástenos saber que el Papa, movido sin duda de interés más sagrado y sublime, rompió entonces con la revolución y con sus propósitos; propósitos que él mismo había alentado con grandes e imprevisoras condescendencias. Desde entonces la revolución, que en Italia, en Francia, en Alemania, en el mundo entero, había recibido a Pío IX con entusiastas y prolongadas aclamaciones, se hizo contraria al Papa. Esto prueba varias cosas: la primera de todas, la extraordinaria fuerza que aún manda el catolicismo, y la segunda que la revolución no es anticatólica por el mero prurito de ser anticatólica. Los revolucionarios llamaban al Papa el Rey Santo, el Rey del Evangelio, el Rey de la Libertad, el Rey universal de las Naciones, el Rey del Corazón y de la Conciencia, el Primero entre los Reyes, el Gran Mentor, el Modelo de los Soberanos y el Rey Único, en fin, dominador de la tierra y restaurador de las sociedades. En la prensa periódica, en la tribuna, en libros y folletos, en todas partes resonaban gritos de placer, himnos de aplauso y entusiasmo en honra del justo y liberal soberano de Roma. No podía el Papa abandonar su palacio sin verse abrumado por turbas revolucionarias, locas de amor y gratitud, que le seguían en tropel, atormentándole con vivas y aclamaciones, A tal punto llegaron las cosas que el mismo pontífice, en una circular, tuvo que prohibir con tono severo las incesantes demostraciones de afecto. Se dirá acaso que esto era maquiavelismo revolucionario, hipócrita adulación para ganar al jefe de la Iglesia, pero que en el fondo los liberales eran impíos. Tal suposición, sin embargo, es absurda. No cabe maquiavelismo tan refinado en el ánimo de las muchedumbres. Tal vez algunos demagogos, tal vez algunos corifeos liberales eran anticatólicos, no confiaban en la duración y en la energía del liberalismo papal, y empleaban las ya citadas artes maquiavélicas, pero, al emplearlas, daban claro testimonio del invencible poder con que se había ganado la tiara la voluntad de la revolución. Aun después, apartado el Papa de ella, nunca dijeron ni hicieron, no ya las turbas, pero ni Gavazzi, ni Mazzini, ni Garibaldi, lo que en Nápoles habían dicho los palaciegos absolutistas contra el Robespierre pontífice, y lo que habían pensado en Austria, queriendo mover un cisma y declararle antipapa.

No cabe duda: la revolución durante algunos meses fue católica y pontifical. En Italia se llevó esto hasta ciertos términos pintorescos y poéticas apariencias, que pudieron excitar un poco la sonrisa de los hombres graves y profanos. La bandera italiana, por ejemplo, tomó por colores los colores simbólicos de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, colores de que apareció vestida, al altísimo poeta, en la cumbre del purgatorio, y poco antes de subir al cielo, Beatriz o la ciencia divina. Se compusieron y se cantaron himnos donde por este místico estilo se explicaban y se comentaban dichos colores. El grito de guerra de los que combatieron y vencieron o murieron en Milán fue ¡Dios y Pío IX! Cruzada se llamó la guerra que se promovía contra el Austria, y los voluntarios, pocos o muchos, que se alistaron para ir a esta guerra, se llamaron cruzados, y en el pecho y en los morriones se pusieron la cruz como signo y lábaro santo de la victoria. Las cosas, entretanto, por celos y rencillas de los príncipes y por la desunión de los pueblos, fueron de mal en peor. Influía en la malandanza, menester es confesarlo, lo peregrino, nuevo y confuso que debía sonar en los oídos del pueblo bajo de muchas regiones, apartado hacía mucho tiempo de todo pensar político, el plan de que Italia fuese una y la idea de que eran hermanos todos los habitantes de aquella península y de la mayor isla adyacente.

La revolución no pudo menos de tener en un principio algo, más que de popular, de erudito y aún de escolástico. La singularidad de llamar bárbaros a los austríacos era una prueba de ello. Así es que poco hicieron contra los austríacos los pueblos y los ejércitos de Italia, salvo los mismos habitadores del Véneto y de la Lombardía y el ejército de Carlos Alberto. Las divisiones intestinas de cada Estado, sobre todo del reino de las Dos Sicilias, impedían que sus fuerzas se dirigiesen contra el enemigo común. El 15 de mayo de 1848, un motín absurdo, suscitado en la ciudad de Nápoles y sofocado por el rey, con violencia y sangre, hizo que en aquel país se perdiese de hecho la libertad y empezase la reacción.

Austria hasta entonces, acosada por todas partes de revoluciones y trastornos, parecía que iba a sucumbir; pero pronto, sacando fuerzas de su interior energía, volvió a tomar la ofensiva. Mientras que el rey de Nápoles, hallando ocasión y pretexto en la revuelta dello de mayo, retiraba su ejército de la guerra santa contra los bárbaros, nuevos ejércitos de estos bajaron por los Alpes, ocuparon de nuevo el territorio veneciano y recuperaron una a una las ciudades, aunque todas opusieron resistencia.

Radetzky arrojó luego al ejército piamontés de todos los puntos estratégicos que sucesivamente iba ocupando, hasta hacerle repasar el Tesino. Los austríacos lo reconquistaron todo menos Venecia. En el mes de agosto, los austríacos entraron en Romaña, asegurando que no iban contra el Papa sino contra las bandas que a pesar del Papa los habían hostilizado. Entonces, por última vez, atacada Bolonia por los austríacos y defendiéndose con valor, se oyeron sonar, enlazados en un viva, como santo grito de guerra, los nombres de Italia y Pío I X. Poco tiempo después. Pío IX eligió por ministro a Rossi, el cual, en circunstancias tan difíciles, ni se decidió abiertamente por la reacción, ni pudo, ni quiso seguir el movimiento revolucionario. De esta suerte excitó los ánimos contra él, y al ir a presentarse a las Cámaras, que acababan de abrirse, fue muerto a puñaladas. Este asesinato, según el gusto clásico de Harmodio, Aristigitón y Bruto, fue celebrado, en Roma y en otras partes de Italia, con versos y canciones.

Tan terrible catástrofe llenó de espanto el ánimo del benigno Sumo Pontífice. Atacado en su propio palacio y creyendo que iba a ser juguete sacrílego de las turbas, no se creyó seguro en Roma y huyó a Gaeta.

Abandonada Roma por el Papa, convocó una asamblea constituyente, y, reunida esta el 5 de febrero de 1849, destituyó al Pontífice de su soberanía temporal y proclamó la república.

Hemos contado hasta aquí con mayor extensión los sucesos de la revolución italiana, por lo que importaban a España como nación católica y porque España intervino luego activamente en la restauración del Padre Santo, llevando de nuevo sus estandartes y sus soldados, con harta menos gloria, oportunidad y motivo razonable, a una tierra en que había predominado durante siglos.

Aunque sea adelantando los sucesos y para terminar rápidamente el cuadro de la revolución italiana, diremos que Carlos Alberto y su ministro Gioberti quisieron restaurar en sus tronos al Papa y al duque de Toscana para evitar a Italia el vejamen de nuevas invasiones extranjeras. «La Cámara del Píamente, dice César Cantú, miró como un fratricidio el proyecto de Gioberti, el cual entonces, dejando su cartera, halló el acostumbrado salario de la popularidad, a saber, el ultraje y el olvido; pero los recibió con una dignidad que pocos conocieron, volviendo sin riquezas y sin títulos a la activa quietud de sus estudios inmortales».

Carlos Alberto, poco después, quiso tentar la última prueba y en Novara sufrió una grandísima derrota. Triunfantes los austríacos, la Espada de Italia, abdicó la corona y se refugió con su dolor en la ciudad de Oporto, donde murió a poco tiempo. Su hijo Víctor Manuel tuvo que comprar la paz y la integridad de su Estado por doscientos ochenta millones de reales.

Carlos Alberto, en nuestro sentir, es una figura noble y simpática y no fue víctima de ambición desapoderada, presuntuosa e impaciente, sino que murió cumpliendo con su deber de rey y de caballero, sin adelantarse en nada: retenido por la prudencia, hasta que de todo punto le fue necesario adelantarse. Los demás príncipes de Italia habían dado ya libertades a sus pueblos; los austríacos habían ocupado ya a Ferrara, violando los tratados y trayendo sobre sí la protesta del Papa; el príncipe de Métternich había escrito ya una insolentísima carta al gran duque de Toscana, llamando absurdas las reformas, oponiéndose a que se hicieran, y mezclándose en los negocios interiores de un modo denigrante y atentatorio a la independencia de todos los Estados italianos; el Papa era liberal y el gran duque de Toscana era liberal y ambos estaban ya desavenidos con el Austria; y el rey de Nápoles aparentaba ya por fuerza ser liberal, aunque no lo fuese; cuando Carlos Alberto tuvo que decir que estaba pronto a refrenar la insolencia del extranjero, y tuvo que dar a su pueblo las reformas de que gozaban ya los otros. Más que adelantarse, quiso el rey de Cerdeña aparecer en esto tardío; más que tomar la iniciativa, quiso aparecer como movido por extraño impulso y por imprescindible necesidad. Su amigo querido César Balbo, a quien, a pesar de su prudente liberalismo y de sus pacíficas esperanzas, había tenido el rey lejos de sí por demasiado liberal, pudo exclamar entonces lleno de alegría: Por último… veintisiete años hacia que estaba yo esperando en Carlos Alberto. Pero Carlos Alberto, si correspondió a esta esperanza, fue, como hemos dicho, después que la necesidad parecía que le impulsaba a ello y después que los milaneses, habiendo logrado, en cinco días de batallar heroico, arrojar de Milán a los austríacos, le llamaron en su auxilio. El mal éxito, pues, de la forzosa empresa no debe mirarse como castigo de impaciente ambición. No sucumbió el rey como quien muere en lance promovido por la vanidad y por la codicia, sino como quien acude a un duelo a muerte por imprescindible caso de honra.

La conducta del gobierno piamontés, después de la rota de Novara, fue digna de todo elogio. En los demás Estados, la reacción tomó vuelo de una manera lastimosa.

Dos repúblicas conservaron aún, durante algún tiempo, su independencia. La una fue Venecia, que, gobernada por su último Dux, el abogado Manín, resistió magnánima un largo sitio y un espantoso bombardeo, y tuvo que capitular al cabo, consumidos ya todos sus víveres y municiones y diezmados sus defensores por el cólera y por el hambre. La otra república fue la de Roma, la cual terminó antes; pero del deplorable fin que tuvo habremos de hablar más por extenso en otro capítulo.

No cumple a nuestro propósito seguir tan detenidamente como en Italia los sucesos de la revolución que conmovió también a Alemania toda. El Austria estuvo a punto de disolverse, combatida en opuestos sentidos por las diversas nacionalidades que componen aquel imperio y que cada una reclamaba para sí cierto grado de independencia o de predominio. Los bohemios soñaban con la restauración de un Estado eslavo. Los magiares querían reivindicar sus privilegios de noble raza conquistadora. La asamblea constituyente, que se reunió en Viena, elegida casi por sufragio universal, presentaba el más extraño aspecto, y es probable que casi ni materialmente se entendieran los diputados, que hablaban diversas lenguas y que representaban pueblos con muy distinto grado de cultura.

La Hungría rebelada exigía que el gobierno enviase un ejército a someterla. Los revolucionarios se alzaron, dieron muerte cruel a Latour, ministro de la Guerra, y se hicieron dueños de la capital. El emperador huyó. La asamblea quedó soberana. Pero el triunfo popular duró poco. Tres ejércitos imperiales cayeron juntos sobre Viena y la tomaron por asalto. A los horrores de la entrada de los soldados en la ciudad, se siguieron otros no pequeños, al hacer duros castigos en los vencidos rebeldes. El emperador Francisco abdicó y subió al trono su sobrino Francisco José. Fue su ministro el príncipe Félix de Schwartzenberg, a cuya entereza, habilidad y serena política, se debió acaso que el imperio austríaco no feneciese.

No solamente en Austria, sino en toda Alemania ardía la revolución y vacilaban los tronos. Federico Guillermo de Prusia tuvo que ceder también al ímpetu revolucionario, y, después de haber dado una batalla en las calles, convocó una asamblea constituyente. En Baviera, el rey se vio obligado a abdicar.

Entre las varias ideas que agitaban la Alemania descollaba la de constituir la unidad nacional por medio de una confederación de Estados. A este fin hubieron de concertarse, sin más mandato de nadie que la inspiración propia, hasta cincuenta profesores, sabios, literatos o filósofos, que se reunieron en Francfort como en asamblea deliberante, creyendo que con su sereno y majestuoso discurrir iban a sobreponerse y a prevalecer sobre aquel tumulto y estruendo de reyes y de pueblos enfurecidos, donde parecía que no había quedado más orden ni más ley que la fuerza. La calma de estos sabios que discutían tranquilamente en medio de tanta confusión y baraúnda halló gracia a los ojos del público y eco en el corazón de la muchedumbre. De aquí que los sabios cobrasen ánimo y se proclamasen dieta constituyente. Príncipes y pueblos aplaudieron la determinación; obedecieron a la convocatoria que hizo la dieta y enviaron a ella sus diputados. La asamblea avanzó más; quiso fundar un poder central y le fundó, eligiendo vicario imperial al archiduque Juan de Austria. La antigua dieta, representación de los príncipes quedó disuelta. La nueva, armada como de poderoso talismán del principio de la unidad germánica, hizo que hasta Prusia y Austria humillasen las frentes ante ella y reconociesen su supremacía. No tardó, sin embargo, la dieta en estrellarse contra mil dificultades, al querer realizar el pensamiento de la unidad de la patria, y hasta la propia unión que había entre los diputados, merced a dicho pensamiento, vino a romperse, al querer realizarle, convirtiéndose en espantosa discordia. Los elementos heterogéneos, las radicales diferencias, así en el pensar como en el sentir, así en religión como en filosofía, ya elevándose a los primeros principios, ya descendiendo a las más prácticas aplicaciones, dieron entonces muestra de sí, primero en acaloradas discusiones y en hechos violentos por último.

A fin de realizar la unidad germánica, decretó la asamblea la anexión del Schleswig y del Holstein que a Dinamarca pertenecía. Prusia se encargó de hacer la anexión. Empezó la guerra. Intervinieron como mediadoras otras potencias. Hubo armisticio. La dieta tuvo que aceptarle; pero la minoría enojada buscó apoyo en las turbas, y, sublevadas estas, movieron en la ciudad de Francfort un sangriento motín, en el cual fueron asesinados varios individuos del Parlamento, y con refinada barbarie el príncipe de Lichnowski. La dieta, restablecido el orden, volvió a sus trabajos; pero estos eran tan contrarios a los intereses de Austria, que Austria renegó pronto de la dieta. Como las miras ambiciosas de Prusia eran por ella favorecidas, Prusia siguió siéndole benévola, y su rey estuvo a punto de aceptar, aunque con recelo y repugnancia, el título de emperador, no hereditario ni vitalicio, sino por seis años.

No tardó, con todo, en levantarse el republicanismo en el seno de aquella asamblea. Sus apóstoles hicieron desde ella que los pueblos oyesen su voz. Grandes conmociones se siguieron. El rey de Wurtemberg se vio humillado por sus súbditos; el soberano de Badén, expulsado por sus tropas, y Sajonia y Baviera se sublevaron. El rey de Prusia conoció entonces que la dignidad imperial que le habían conferido era risible y peligrosa y se negó a aceptarla. De esta suerte apartó su favor y su amistad de la dieta y procuró hacer por otro medio la confederación alemana.

El Parlamento de Francfort, abandonado ya, apeló en balde a los ejércitos y a los pueblos, que no le hicieron gran caso, y acabó por extinguirse oscuramente.

Tanto estos movimientos de Alemania, como los de Italia, que más detenidamente hemos referido, y como los de otras naciones de Europa, porque la revolución se propagó y prendió en todas partes, a modo de chispa eléctrica, aunque fueron movimientos graneles y pavorosos de suyo, todavía llegaron magnificados a España por la fama y por la distancia, haciendo concebir a las clases conservadoras una idea más tremenda de la revolución y un más alto concepto de Narváez que sabía atajarla y reprimirla con firme y dura mano. Pero lo que más contribuía, no ya solo a aumentar la reputación de Narváez, sino a exagerar entre los conservadores el espíritu de resistencia y a llevar al último extremo las doctrinas filosóficas, religiosas y políticas, convirtiendo el credo conservador en credo reaccionario, era el socialismo que, desde la región de las ideas, donde apenas en España le había visto nadie, había descendido ya en Francia al terreno de los hechos, y pugnaba por entrar prácticamente en la vida social. El proletariado, que tanto había contribuido a la expulsión de Luis Felipe y que se juzgaba ya soberano verdadero, no se contentaba ni aquietaba con los más amplios derechos políticos, que no le sacaban de su miseria, y pedía, con las armas en la mano, en asonadas y motines, reformas sociales que propendiesen a una más equitativa distribución de los bienes de la fortuna y de los goces de la vida. Esto fue lo que más conmovió los corazones y lo que más preocupó las inteligencias.

Refiriéndose a aquella época, dice elocuentemente el señor Cánovas, en su Introducción al libro de Pastor Díaz, titulado Los problemas del Socialismo: «Los gobiernos militares de Berlín y de Viena no aciertan a resistir a los populares levantamientos, y caen como heridos del rayo. Esto, al tiempo que la raza eslava discute sus propios derechos en Praga y la alemana en Francfort, sin tener mucho en cuenta los intereses de sus príncipes; al tiempo en que la Hungría toma, en fin, las armas, y levanta contra el áulico imperio, cuya sustancia era, ejércitos formidables. La lucha, así, de ideas y de razas se suscita y mantiene a hierro y fuego, al Sur y al Norte, al Oriente y al Occidente, en un propio punto. Y por remate y cruel corona de todo, después de luengos siglos de señorío, indisputado y sereno, en las dos orillas, etrusca y latina, del Tíber, sábese que ha tenido que salir de allí, disfrazado y solo, el romano Pontífice: aquel amado varón, aquella autoridad misma que, con su sacro acento, había despertado en el liberalismo europeo esperanzas tan plácidas, dejando ya a este detrás de sí por declarado enemigo, y aún por vencedor entonces. No de otra suerte huyó de allí mismo algún día la autoridad secular del imperio de Augusto y Constantino, cuando los muros malhadados de Puerta Salara dejaron penetrar hasta el Capitolio desierto a las hordas de Alarico sangrientas. Y todo cuanto digo, aunque tan espantable, y aunque tan hondamente hiriese los sentimientos de muchos millones de conciencias humanas, como que fue pronto seguido de restauraciones completas o desde su principio parecía ya con razón inconsistente, todavía preocupó menos a los hombres de mundo y de Estado que la aparición en el orden positivo y real de ciertas opiniones, con general indiferencia hasta entonces oídas, y que tomaron de repente en aquel punto el carácter apremiante de problemas sociales. Nada hubo que tan profundo miedo infundiera al fin en aquel tiempo». Y a la verdad, como deja muy bien comprender el señor Cánovas, una de las causas principales del miedo fue la novedad imprevista del fenómeno que le motivaba. Publicistas y pensadores había en España que, aunque no creyesen tan cercana la aparición activa del socialismo, conocían sus teóricas especulaciones, habían leído a Luis Blanc, a Fourier, a Proudhon, a Considerant, a Cabet, a Owen y a otros reformistas sociales, y sabían su propósito común de modificar las instituciones para mejorar la condición moral y material de las clases más numerosas y necesitadas; pero la generalidad de los españoles no se había fijado en tales doctrinas y si algo de ello había visto o leído lo había confundido con sanos y pacíficos intentos de caridad cristiana. Esto era tan evidente que en España se había difundido el socialismo ignorando que fuese socialismo aquellos que le difundían. Periódicos, por ejemplo, tan conservadores como El Heraldo habían publicado en sus folletines las traducciones de El Judío Errante y de Martin el Expósito. Grandes hubieron de ser, pues, la maravilla y el terror, al ver de repente al socialismo mezclándose en las revoluciones y tratando de triunfar con ellas.

Los hombres más pensadores del partido conservador, que son casi siempre los que tienen peor opinión de su país, empezaron a temer en seguida que el socialismo iba a propagarse en España y hasta que ya se estaba propagando para producir los males más inauditos. Donoso Cortés, en una carta al diplomático conde Raczynski le dice: «Jamás me han engañado las apariencias de tranquilidad y de calma en España. La nación corrompida hasta los tuétanos, abajo y arriba, debe fatalmente sucumbir un día de una manera o de otra. Se cree por lo común que el socialismo no ha penetrado en España: error, error profundo. El día en que se rompan los diques, veréis aquí más socialistas que en París, y me preguntaréis con espanto de dónde han salido esos monstruos. En España toda novedad penetra al instante, y todo lo que penetra llega al punto a la exageración. El carácter histórico de los españoles es la exageración en todo. Nosotros hemos exagerado los vicios y las virtudes, las cosas grandes y las pequeñas. Hemos exagerado la perseverancia hasta luchar durante siete siglos contra los moros; hemos exagerado el odio de razas hasta exterminar a los judíos; hemos exagerado el sentimiento religioso hasta inventar la inquisición; y no nos faltaba más que exagerar el socialismo y le exageraremos también. Entonces veréis lo que son los españoles cuando se apasionan de una idea, sea buena o mala».

Prescindiendo de la exageración española, si no inventada, exagerada por la fantasía de Donoso, es evidente el gran terror que inspiró el socialismo y hasta que había fundamento razonable para este terror. Él aumentó el que ya se tenía a la demagogia y a las revoluciones; movió los ánimos en favor de Narváez considerándole como un salvador, y las gentes dichosas y ricas bendijeron su dictadura. No bastándoles, empero, esta defensa humana, quisieron hallar otra sobrenatural o divina, y de aquí la recrudescencia, en la mayor parte afectada, del espíritu religioso. Contra la revolución no había armas que no fuera necesario esgrimir. Además de los sablazos y de las excomuniones se apeló a los argumentos científicos. Así como en Francia los políticos Guizot y Thiers, y los economistas Blanc y Bastiat, escribían obras contra el socialismo, nosotros quisimos escribirlas también y no ser menos. Movido por este propósito, dio en el Ateneo, en el curso de 1848 a 1849, sus lecciones contra el socialismo el inspirado y poético Pastor Díaz. Extraordinarios son la elocuencia del estilo, la originalidad de las ideas y el superior talento que despliega el autor de ese libro, así como la habilidad de hablista con que amolda y maneja nuestro idioma para expresar en él razonamientos sutiles y filosóficos, en que durante siglos se había empleado poquísimo; pero Pastor Díaz, lo mismo que más tarde Donoso Cortés, al combatir el error del socialismo, cae también en otro error. El de Pastor Díaz, según el señor Cánovas lo hace notar claramente, estriba en dar a la sociedad un valer por sí de que la sociedad carece. El señor Cánovas se revuelve con atinado brío contra este socialismo de Pastor Díaz, y nosotros, adoptando sus razones y hasta sus palabras, le combatimos con él: «La sociedad, dice el señor Cánovas, viene a ser como otra atmósfera, fuera de la cual no podría habitar el hombre: en ella como que respira su inteligencia; con el contacto de ella se forman, se completan, se renuevan, se perfeccionan sus ideas: sin ella serían inútiles no pocas de las facultades humanas, y otras no llegarían a desarrollarse siquiera. Mas con todo eso, no está hecho el hombre, en mi opinión, y en la de muchos, para la sociedad, sino la sociedad para el hombre; el hombre, y no la sociedad, es quien está formado a semejanza de Dios, según el libro santo; en cada hombre hay no tanto sino más libre albedrío que en la sociedad entera; y cualquier hombre solo es más responsable de sus propias acciones, y es moralmente más grande, por lo mismo, que todo el género humano, cuando obra en asociación y en conjunto. La doctrina opuesta no es más al cabo que la de Hégel y sus discípulos, que hacen del Estado, voz y brazo de la sociedad, un ser aparte y distinto de cualquiera otro; dotado de naturaleza y carácter propio y de derechos especiales, que nadie debe ni puede nadie quitarle; por sí mismo subsistente, inmutable, absoluto: ella ha conducido a muchos, no tan íntimamente religiosos como Pastor Díaz, al panteísmo; y como por la mano lleva a la tiranía».

Así se declara francamente individualista el señor Cánovas y nosotros con él; pero el socialismo de Pastor Díaz era por muy diversa manera del que entonces predicaba la revolución y quería hacer prevalecer en el gobierno de las naciones. Lo que predicaba Pastor Díaz, sin querer apostatar nunca de su antiguo liberalismo, antes tratando de conciliarle con la fe en lo sobrenatural, era el poder salvador de la religión de nuestros mayores y de la Iglesia católica, única incontrastable defensa contra el inmenso peligro que al estado social amenazaba. Pastor Díaz, con todo, según hemos dicho, perseveraba en ser liberal; pero no como él la mayoría de los prohombres conservadores de entonces, cada vez más inclinados, por contraposición a las ideas revolucionarias, a un absolutismo más o menos vergonzante. Y decimos vergonzante, no porque se recatasen de ejercerle, ni de excitar a Narváez para que le ejerciera, ni de aplaudirle cuando le ejercía, sino porque solían echar la culpa de todo a las circunstancias excepcionales y así creían dejar en salvo los principios.

Un extranjero discreto, el ya citado conde Raczynski, primer ministro que envió a Madrid el rey de Prusia, después de habernos reconocido, juzgando con la natural imparcialidad, como quien tan extraño era a nuestra^ contiendas, da de la situación de España entonces una idea, tal vez sobrado triste, pero verdadera en lo esencial y en el fondo. En sus apuntes, cartas y despachos, recientemente publicados, juzga también a Narváez, encomiándole de cierta manera, aunque no sea envidiable el encomio.

«Difícil será encontrar, dice, en parte alguna como aquí una voluntad más decidida a luchar contra las tendencias revolucionarias y una apreciación más justa de los resultados a donde llevan las concesiones a esta fatal corriente». «No existe gobierno menos liberal, dice en otra parte, que el gobierno actual de España. Todos los hombres que le componen se burlan, en la intimidad, de las palabras libertad y garantías, pero no cesan de proclamarlas santas en sus discursos y en sus manifestaciones oficiales». El diplomático prusiano, quemada tenía de liberal, no censuraba en el gobierno español la falta de liberalismo. Lo que censuraba, lo que apenas podía comprender, era la contradicción entre la conducta y las doctrinas, achacándola a una hipocresía rara, nacida de la fuerza de la costumbre. El diplomático, por lo demás, se entusiasma con que el gobierno español sea tan decidido campeón del orden y tan firme en la resistencia. «Mientras que Alemania, añade, ha sido arrastrada casi sin lucha en el movimiento demagógico de París, mientras que en Francfort y en Roma esfuerzos semejantes se han producido casi sin hallar obstáculos, España ha sabido aislarse y ponerse al abrigo de este contagio funesto. Yo no sé si el ejemplo del general Narváez ha influido en la conducta de los generales y de las tropas que han domado la revolución en Praga, en Francfort y en Viena; pero lo cierto es que el general Narváez ha sido el primero en declarar que los ejércitos son la más sólida garantía del orden. Antes que en parte alguna se haya domado a la revolución por la fuerza, en España la revolución se ha roto la cabeza contra la del general Narváez que la tenía más dura. Además, en todos los acontecimientos que han tenido lugar desde hace un año, ningún gobierno ha dado pruebas de tendencias más saludables y de juicio más sano en la apreciación de los hechos».

Aquí tenemos, pues, al general Narváez juzgado por un gran señor extranjero, no solo representante, sino valido de su rey, y persona, en sentir de cuantos le conocían, de clarísimas luces. El general Narváez se había dado como ejemplo y modelo a la reacción en Europa; era el hermoso espejo en que se miraban Windisgraetz, Jellachich y otros; y tal vez, en las orillas del Rhin y del Danubio, apellidaban Narváez austríaco al Ban de Croacia, como por acá apellidábamos a Narváez El Ban de Loja, alternando este título con el de Espadón y otros varios que se le dieron.

Por lo demás, en la pluma del conde prusiano no eran todo elogios para los políticos españoles. Bien conocía, como su frecuente corresponsal Valdegamas, que Narváez se rodeaba de gente que acabaría por perderle. «Si sigue rodeado, dice Valdegamas, de parásitos como (y aquí los nombres propios que omitimos), se perderá y con él se perderá el país».

En efecto, la adulación, la vanidad satisfecha, el encumbramiento superior a cuanto podía haber soñado, el creer que le miraban por toda Europa como un dechado de repúblicos y hasta las primeras oposiciones que empezaron a hacerle, todo esto acabó por malear el carácter de Narváez y le infundió algo a modo de mareo, desvanecimiento o vértigo, a semejanza del de aquel que está subido en una grande altura y siente cierto prurito de tirarse desde allí de cabeza. Narváez por condición natural era bueno, pero le sucedió lo que a otros hombres que también lo eran, al verse halagados repentina y desmesuradamente por la fortuna; le entró, aunque en escala bastante menor, cierto delirio, como el de Masaniello y otros héroes semejantes. De esto suerte, Narváez acabó por hacerse insufrible hasta a sus más íntimos amigos y servidores. Él mismo no se podía sufrir. Se sentía, según asegura el conde Raczynski, cansado y desanimado, a par que poseído de una extrema agitación nerviosa que llegaba al paroxismo. Todos sus compañeros de consejo acabaron por no poder aguantarle. «Sartorius, prosigue el conde, ha cesado de considerarse como indisolublemente ligado a la fortuna de aquel que ha hecho la suya. Sartorius conspira; espera reemplazar inmediatamente a Narváez y piensa en retirarse para dejar al general que naufrague solo y volver luego a ser ministro; pero Sartorius se alucina. Hasta el comisario de la Cruzada, en otro tiempo tan devoto de Narváez, declara hoy que es imposible vivir con él».

A tales extremos condujeron a Narváez el éxito y el engreimiento.

Antes de que empecemos a hablar de lo que ocurrió, abiertas ya las Cortes, tendremos que consagrar un capítulo a describir los sucesos, durante el año de 1848, de la guerra civil, empeñada de nuevo en Cataluña por los carlistas y por los partidos liberales extremos.

Ahora, al terminar el período de los nueve meses de omnímoda dictadura de Narváez, y aunque sea adelantándonos un poco a los sucesos, ya que hemos citado al conde Raczynski, le volveremos a citar, extractando sus apuntes, por más que sus apreciaciones nos parezcan a veces algo duras contra nosotros, para que se vean y se enumeren los varios elementos, que poco a poco se fueron desatando y concitando contra Narváez hasta causar su caída: para que se vean las cosas, no diremos que como eran en sí, sino como aparecían a los ojos de los extranjeros, que no querían sernos hostiles.

«La lucha va a empezar entre hombres que la revolución ha encumbrado rápidamente. Sus antecedentes son idénticos a los de las notabilidades revolucionarias de otros países: no hay que entrar en pormenores». Aquí transpira el profundo desdén del hombre de ilustre nacimiento de un país aristocrático contra nuestros personajes nuevos, que presumen a su vez de aristócratas, olvidados de sus humildes principios. Al leer esto no podemos menos de recordar con sonrisa de lástima a ciertos señores de fresca fecha, que hay en España, y que son anglómanos, cuando en Inglaterra, a nacer ellos ingleses, jamás hubieran llegado a pisar ni la antesala de un lord. «Los hombres honorables, prosigue el conde Raczynski, tienen aquí pocas probabilidades de encumbrarse. Por la mayor parte han dejado de aspirar a ello, porque prevén que el choque de los partidos los haría trizas y que el bien es imposible por medios buenos. Además, no tienen secuaces sino entre los hombres más pacíficos y menos aptos para luchar contra ese grupo de personalidades ambiciosas y ávidas de riqueza que tienen tomados y asediados los caminos del poder».

«La reina quiere conservar a Narváez, aunque no sea más que porque Narváez pone miedo al rey; pero lo que es ella no le teme como antes».

«Antes solo el general Pavía osaba hacer la oposición a Narváez. Hoy existe un grupo de generales en evidencia, atrevidos y temidos, que declaran la guerra a su hermano de armas, a su émulo en política moderada y ambiciosa. Son estos Lersundi, Oribe, Ros de Olano, Serrano y principalmente Córdova, Pavía y Prim… Prim es el más temerario de los hombres».

También enumera el conde Raczynski a los puritanos y a otros moderados disidentes, como gran elemento de oposición contra Narváez. «Los principales son Benavides, González Bravo, Pacheco, Salamanca, su amigo Llorente, y el más terco, encarnizado, turbulento y audaz de todos. Ríos Rosas».

No hay que decir que el conde Raczynski, cegado tal vez por su orgullo aristocrático y por sus ideas absolutistas, no ve jamás convicciones y principios en nuestros prohombres políticos. Algo contribuiría a este severo y falso juicio una contrariedad muy cómica que el conde experimentó desde que vino a España, y que, creciendo cada vez más, le desazonó hasta el extremo de abandonar su puesto de España, a pesar del empeño del rey de Prusia para que siguiese representándole.

Fue la tal contrariedad la de que en los altos círculos oficiales de Madrid nadie tuviese una idea exacta de la importancia de Prusia, que ni en Sadowa ni en Sedán había vencido todavía. Como nación distante, nosotros españoles, ocupados con nuestras casas, apenas nos acordábamos de ella para nada. Esto no podía llevarlo con paciencia el conde Raczynski. Y lo que más tarde acabó de exasperarle, fue la ignorancia o indiferencia que mostraba, respecto a la grandeza prusiana, el marqués de Miraflores. Una vez dijo candorosamente al conde Raczynski que los negocios importantes se trataban en Viena y no en Berlín. Esto acabó de decidir al conde a irse de España, pero con tal enojo contra el marqués, que a pesar de lo mesurado y suave que era el conde, llega a decir, con notoria injusticia, que dos cosas le aturdían y pasmaban por su grandeza, aunque las veía de diario; el firmamento estrellado y la sencillez del marqués de Miraflores.

CAPITULO

CAPÍTULO II

Guerra civil en Cataluña durante los años de 1848 y 1849

Los motines, pronunciamientos o sublevaciones, pueden dividirse en urbanos y rústicos. En España, sobre todo en estos últimos tiempos, es notable la diferencia que entre ellos media. En los urbanos casi nunca interviene el paisanaje como no sea en cortísimo número o cuando ya va de vencida el gobierno a quien se combate, y se trata de darle el puntillazo o golpe de gracia. Los urbanos son también súbitos o agudos. Duran uno, dos o tres días a lo más; y, vencidos o vencedores, acaban. Por el contrario, las sublevaciones que ocurren en el campo suelen contar con más paisanos que militares en sus huestes; y, merced a la terquedad del carácter español, al ningún regalo y pocas comodidades de que solemos gozar en nuestras casas y a nuestra afición a la vida rota y vagabunda, duran años y años.

En el de 1848, al abrirse las Cortes, la guerra continuaba en Cataluña; pero Narváez se empeñó en decir a las Cortes que había terminado, y así lo dijo. Al decirlo, no engañaba por completo al país. Lo que, al terminar el año de 1847 y al empezar el de 1848, había en Cataluña no se puede decir que fuese una verdadera guerra; pero tampoco era paz y tranquilidad, sino disgusto y sobresalto continuo, merced a no pocas bandas de forajidos que vagaban aún por varias comarcas.

Si el gobierno habló de la pacificación de Cataluña, no fue engaño, sino error. El gobierno mismo creyó pacífico el Principado y hasta disminuyó las fuerzas del ejército que allí había, a pesar de las quejas y observaciones del general Pavía, receloso de que la guerra se renovase con más ardor en la primavera siguiente.

Muy pronto, en efecto, y antes de que llegase la primavera, los montemolinistas, envalentonados, se atrevieron a mayores empresas. En la noche del 21 de febrero, unos cuatrocientos, al mando de Caletrus, Castells y Borges, entraron por sorpresa en la villa de Igualada, que cuenta más de doce mil almas de población y tenía entonces para su defensa gran número de soldados. Esto no impidió que los montemolinistas se paseasen a su sabor por el pueblo, asesinasen a varias personas, se llevasen prisioneras a otras, y se retirasen en buen orden, después de cruzar con la guarnición algunos tiros, es de suponer que inocentes. Si no se llevaron los fondos del Ayuntamiento fue porque no los hallaron.

Sorpresas por el estilo hubo con frecuencia en otros puntos, resultando de ellas robos y asesinatos, o bien que los facciosos se llevasen secuestradas a algunas personas ricas para pedir dinero por el rescate.

Por cierto que las víctimas pacíficas de estas fechorías no habían de estar muy satisfechas del orden, de la seguridad y del reposo, que la gloriosa dictadura del salvador Narváez les iba proporcionando.

Otro encanto que la situación debía de tener en Cataluña para los neutrales y amigos de la paz era que el mismo gobierno, que no los amparaba, quisiese hacerlos responsables y hasta les imputase a delito su propio infortunio y la miedosa resignación con que pagaban multas y contribuciones que los montemolinistas imponían y basta el precio del rescate de las personas que se llevaban secuestradas.

Con la impunidad y buen éxito de estas tentativas, los carlistas fueron cobrando ánimo y volviendo a organizarse. Pronto aparecieron nuevos caudillos entre los cuales se distinguía don José Masgoret, que había llegado a general en la guerra anterior y que publicó una proclama que en cierto modo da distinto carácter a la nueva guerra. En ella se acusa al gobierno de Isabel II de engañar a los pueblos con las vanas palabras de libertad, prosperidad, civilización, orden y progreso, cuando no le da sino decadencia, desmoralización y tiranía; y en ella se le acusa además de que sobre las ruinas de la riqueza pública levante fortunas colosales y escandalosas para ser transportadas al extranjero y hasta de que consienta en que la corte gaste para divertirse en una sola noche enormes cantidades. A fin de remediar todas estas miserias, que infestan y envilecen a la nación, no hay mejor medio, en sentir del autor de la proclama, que el de hacer rey a don Carlos VI.

La proclama de Masgoret era del día primero de abril; y, para que todo fuese completo, al día siguiente apareció otra proclama republicana en la provincia de Gerona, firmada por don Francisco Ballera. Los males denunciados en esta proclama eran los mismos; pero el remedio era algo diferente, ya que se trataba de establecer la república, aunque bajo los auspicios de otro Borbón, del ciudadano Enrique María, a fin, sin duda, de que todo se quedase en la familia y de que hasta los republicanos fuesen dinásticos.

Con el refuerzo de estos nuevos caudillos y con los hombres que entraron por la frontera de Francia, emigrados españoles unos, franceses no pocos, todos con armas y algunos a caballo, la guerra tomó en seguida lamentable incremento.

Insufrible y cansado sería seguirla en todos sus pormenores; sería narrar una serie de actos semejantes, sin plan y sin concierto casi siempre: sorpresas, escaramuzas en que morían unos cuantos, e irrupción repentina de los facciosos en las poblaciones descuidadas o inermes, saqueando, apaleando y matando, y hasta llevándose en rehenes a los ricos para exigir luego el rescate.

Esta gran calamidad de la guerra civil se debió casi exclusivamente al partido montemolinista. El republicano, a pesar del favor del ciudadano Enrique María de Borbón y de la proclama de Ballera, apenas tuvo séquito. En cambio los montemolinistas en armas seguían apareciendo en Cataluña, o venidos de la emigración o saliendo allí mismo de sus casas, y el general Pavía, a pesar de algunos triunfos parciales sobre Castells y otros cabecillas, declaraba que la guerra amenazaba tomar más serias proporciones, y pedía, en el mes de junio, mayores fuerzas al gobierno para sofocarla.

Entretanto, don Carlos, protegido por el gobierno inglés, juzgó propicia la ocasión para hacer un llamamiento general y renovar la guerra por todas partes.

La primera tentativa fue en Guipúzcoa. Don Joaquín Julián de Alzáa, general desde la primera guerra, fue el encargado de hacer el levantamiento. El plan estaba bien concertado. Alzáa debía apoderarse de Tolosa y de sus autoridades, durante la desordenada alegría de una fiesta popular. Para ello creía contar con suficientes recursos, pero los recursos le faltaron. Sus compatriotas, por dicha, estaban fatigados de guerra. Las autoridades, por otra parte, fueron prevenidas a tiempo. Errado aquel golpe, Alzáa tuvo que huir, al frente de una pequeña partida de los más comprometidos y fieles. Persiguióle sin descanso el coronel Damato, y, después de varias correrías, cayó Alzáa en poder de un miquelete, y fue fusilado el día 3 de julio. Así acabó por entonces en Guipúzcoa la insurrección montemolinista.

En Navarra, no tuvo mejor éxito que en Guipúzcoa la tentativa de insurrección. Los navarros también estaban hartos de guerra y respondieron muy poco a las excitaciones del general don Joaquín Elío, que no llegó a entrar en España. Hubo, sí, varias partidas, al mando de Zabaleta, Ripalda, Zurbiri y otros, que todas ellas sumarían unos mil hombres en armas; pero, no hallando apoyo ni calor en el país y perseguidos sin descanso por el general Villalonga, tuvieron que disolverse. Cerca de cuatrocientos se internaron en Francia; unos doscientos se acogieron a indulto; y los demás se volvieron muy tranquilos a sus hogares, como si fuera el sublevarse la cosa más natural y sencilla del mundo. Se calcula que esta sublevación de Navarra costaría a los facciosos sobre veinte muertos y treinta heridos.

Cataluña era, pues, a la sazón, el único teatro posible para la guerra montemolinista; y el célebre don Ramón Cabrera, muy otro del que había sido en anteriores campañas, tuvo que pasar a Cataluña a dar pábulo y vigor a la nueva lucha, quizás con más disgusto que esperanzas, y solo para obedecer las órdenes de su soberano.

Cabrera volvió a entrar en España en la noche del 23 de junio. Venía acompañado de su E. M. y de 25 ordenanzas. El 26 se hallaba ya a siete leguas de Barcelona, reuniendo en tomo suyo más de 1,000 hombres de diversas partidas que había convocado.

Como hemos dicho. Cabrera había cambiado durante la emigración. Su larga estancia en Londres y en París había suavizado la aspereza de su carácter y había abierto más anchos horizontes a su inteligencia ruda y sin cultivo. Venía, pues, en esta ocasión lleno de filantropía y de dulzura que se contraponían a su antigua crueldad y fiereza. En la primera proclama que dio, decía entre otras cosas: «Mirad en cada uno de vuestros compatriotas pacíficos, cualquiera que sea su opinión, un padre, un amigo, un protector: en cada enemigo rendido, un hermano, un compañero. Jamás olvidéis que la sangre es el tesoro más precioso de las naciones: conservad la de los enemigos aunque sea a costa de la propia y contad de seguro con la recompensa. La clemencia ha de ser siempre vuestra divisa».

Y no había cambiado solamente Cabrera en punto a sentimientos filantrópicos, sino también en ideas y doctrinas, dejando traslucir a veces, a través de la confusión nebulosa en que las suyas debían de estar en su cerebro, algo de resabios o dejos liberalescos y hasta librepensadores. En prueba de ello se da por evidente que las primeras palabras que dirigió a sus soldados, al entrar en España, fueron estas: «Nuestros pasos tienen que ser muy distintos de los de otros tiempos. La época de los frailes, de la Inquisición y del despotismo, ha pasado».

Con semejante aserto Cabrera ganaba y perdía a la vez; pero era más lo que perdía que lo que ganaba. Con semejante aserto borraba en gran parte el lema de su bandera y amenguaba los motivos que le llevaban a desnudar la espada y a emprender nueva lucha. En cambio, mostrándose como sé mostraba menos intransigente, le era más fácil concertarse, aunque solo fuera para el ataque, con todos los enemigos del gobierno, ora fuesen republicanos, ora progresistas. Notable ventaja era esta, pero todavía nació del nuevo modo de ser de Cabrera, una desventaja grandísima, que promovió la maledicencia y que algo hubo de contribuir a que acudiesen bajo la bandera de Cabrera muchas menos personas de las que él esperaba. Se hizo correr la voz de que Montemolín, en pago del auxilio que Inglaterra le daba, había estipulado con aquella nación, para cuando llegase el día del triunfo, un tratado de comercio muy librecambista, lo cual hubo de sobresaltar por extremo a los proteccionistas catalanes, cuya industria requiere, para competir con la extranjera, grandes derechos de importación a fin de nivelar los precios.

De todos modos, o por las razones indicadas o más bien porque el fanatismo político y religioso se había ido amortiguando durante los años de paz, es lo cierto que Cabrera no fue recibido como esperaba y tuvo un triste desengaño. Tal vez imaginó verse rodeado de gran muchedumbre de fervorosos y valientes parciales y solo contó con 1,000 hombres escasos. Vióse, pues, obligado a permanecer a la defensiva, a rehuir todo encuentro formal con las tropas del gobierno y a no empeñarse en ningún lance de importancia, sino en asaltos, sorpresas y emboscadas contra pequeños destacamentos o contra lugares mal custodiados, aguardando mejores días, adiestrando a su gente y esperando contar con mayor número y con huestes más aguerridas para acometer otras empresas.

Tal esperanza no tenía tampoco visos de realizarse. En casi todas las regiones de la Península los esfuerzos de los montemolinistas para encender de nuevo la guerra civil se habían estrellado en la apatía de los hombres y en la desdeñosa crueldad de la fortuna. No solo en Guipúzcoa y en Navarra, sino también en Extremadura y hasta en el centro mismo de Madrid habían abortado lastimosamente las sublevaciones.

En Extremadura se había levantado don Mariano Peco, entrando por Portugal y no logrando reunir arriba de doscientos soldados, contando los de a caballo y los de a pie. Otras partidillas de facciosos, que había en Extremadura, se fueron presentando a indulto, de suerte que Peco se vio aislado, y poco tiempo después preso en Madrid.

En esta corte hubo una conjuración para reunir gentes, armas y dinero, y formar una partida que saliese a campaña, poniéndose de acuerdo con las huestes de Cabrera. La conjuración fue descubierta por la policía y siete u ocho de los conjurados más importantes llevados a la cárcel.

En Andalucía hubo también conatos de sublevación. Los generales y demás jefes, que debían dirigirla, salieron de Londres y se dirigieron a Gibraltar; pero sin duda no hallaron eco ni entusiasmo en parte alguna, no osaron aventurarse en tan desatinada empresa, y de Gibraltar no pasaron.

En Aragón, por último, había también una partida montemolinista mandada por un guerrillero llamado el Cojo de Cariñena; pero el Cojo se hartó al fin de ir siempre vagando, acosado por las fuerzas de la reina, y se acogió a indulto en Calatayud, el día 2 de agosto.

De esta suerte la guerra civil quedó limitada a Cataluña. El general Pavía que allí seguía mandando, sintió mayor ansia de terminarla y pidió refuerzos al gobierno. Dicho general propuso también algunas medidas que conceptuó indispensables, y entre ellas una que debemos mencionar aquí porque pinta con viveza lo que era aquella lucha, la condición de la gente que la sustentaba y la razón principal de que fuese interminable. Había, sin duda, una afición decidida a la vida de guerrillero, a vagar por los campos sin dedicarse a ningún trabajo provechoso y a proporcionarse así el sustento en completa libertad. Muchos, cuando se hallaban fatigados o se enojaban con algún jefe o se sentían movidos por el amor del pueblo natal o por la paz del hogar doméstico, se acogían al indulto; pero, no bien se reposaban algo de sus fatigas, o se hartaban otra vez del tranquilo vivir de la familia y de los demás goces inocentes, volvían a tomar las armas y se iban de nuevo a la facción. El general Pavía, a fin de evitar esta burla, proponía que los indultados se empleasen en el servicio militar de las Antillas o de África.

Mientras dicho general se afanaba por terminar la guerra, Narváez, impaciente de su larga duración, trazó en Madrid un plan, con el cual imaginaba que en todo el mes de agosto se lograría la completa pacificación de Cataluña. El coronel don Leonardo Santiago Rotalde fue a Barcelona a llevar este plan a Pavía. El plan, hasta donde puede decidir quien es ajeno a las ciencias militares, como quien esto escribe, no era ni bueno ni malo, y lo mismo que a Narváez se le hubiera podido ocurrir a cualquiera. El gobierno tenía en Cataluña un ejército de treinta y dos mil hombres y además las rondas de naturales del país que casi llegaban a mil seiscientos; pero con toda esta gente no acertaba a hacer un buen ojeo y a dar caza a cuatro o cinco mil montemolinistas, que era lo más que había. En vista de esto, el plan de Narváez consistía en sustancia, en que los mismos habitantes del Principado se procurasen ellos por sí la paz y la tranquilidad y el orden que el gobierno no sabía darles A este fin proponía dos cosas: la primera halagar a los catalanes diciéndoles que la quinta se haría cuando ellos quisiesen; que se concedería la construcción de las carreteras que pidiesen y que en punto a aranceles el gobierno protegería su industria y su comercio del modo que ellos indicasen. En cambio quería Narváez que los catalanes hábiles para llevar las armas se armasen todos, ya en somatenes activos y con sueldo, ya para la defensa de los pueblos y caseríos.

A fin de realizar este plan, el duque de Valencia daba a entender que él mismo estaba dispuesto a ir a Cataluña. Si no iba era por el respeto y gran confianza que el general Pavía le inspiraba. El general Pavía rogó a Narváez que fuese; pero Narváez no fue, y no se volvió a hablar de su ida ni de su plan, aunque bien puede asegurarse que Pavía le siguió hasta cierto punto, ya que repartió seis mil fusiles entre los vecinos honrados, aumentó las rondas, hizo fortificar algunas poblaciones y procuró estimular a los catalanes para que le ayudasen a acabar con la insurrección.

Todo esto, sin embargo, no bastó. La guerra seguía teniendo siempre el mismo carácter de esquivar toda acción importante y decisiva y de reducirse a escaramuzas y sorpresas.

La novedad que empezó a notarse desde el mes de agosto fue la buena armonía con que se ayudaban, se apoyaban y peleaban juntos montemolinistas y republicanos.

La única intención estratégica que por entonces se pudo atribuir a Cabrera fue la de pasar el Ebro y llevar la guerra al Maestrazgo, pero fue infeliz en este propósito. No pudo pasar el río; tuvo que replegarse hacia Estany; y, alcanzando por la columna que mandaba el brigadier Man zuño, sufrió una deslucidísima derrota, y se salvó huyendo, acompañado de muy pocos.

Mientras seguía la guerra por los campos, en Barcelona se conspiraba en sentido progresista o mejor dicho radical. Un comité revolucionario divulgó algo a modo de programa en que anunciaba o prometía mil reformas, como por ejemplo el sufragio universal, la abolición de las quintas y la libertad en el tráfico de la sal y del tabaco. El programa hablaba asimismo de libertad de imprenta, de Cortes constituyentes, de instrucción primaria obligatoria, y de dar licencia a los soldados para que se fuesen a sus casas. A fin de contener o anular los trabajos de estos radicales, el general Pavía prendió a dos o tres, siendo uno de ellos el teniente coronel don Eugenio Gaminde, de reemplazo en Lérida.

Viendo Pavía que los montemolinistas se sustraían a las persecuciones y que la guerra no acababa, trató de ganar a sus principales jefes por medios más suaves, para lo cual entró en tratos con algunos; pero estos pedían demasiado y Pavía no aceptó sus condiciones. Caletrus, cuyo verdadero nombre era don Miguel Vila, pedía diez y seis mil duros, su empleo de teniente coronel y un mando. Mandos y empleos pedían también el comandante Hosta y don José Pons, alias Pep del Oli. Claro está que al pedir mandos se comprometían a hacer la guerra a sus hermanos de armas, manifestando que en ellos el guerrear era, no devoción a ciertas ideas, sino oficio, como entre los antiguos condottieri de Italia.

Narváez, entretanto, viendo que había pasado el mes y la guerra no acababa, empezó por excitar a Pavía para que desplegase mayor actividad y para que fusilase a cuantos cogiera con las armas en la mano y hasta a sus encubridores o cómplices. Por último, el día 10 de setiembre relevó a Pavía del mando.

El general don Fernando Fernández de Córdova fue quien le reemplazó. Aunque entendía que la guerra debía seguirse con actividad, este general esperaba mucho de los medios de seducción empleados con los jefes y cabecillas. Sabíase el disgusto que cundía entre ellos; que Montemolín, desde Londres, no solo no mandaba recursos, sino que ni siquiera escribía; y que los hombres de la facción, si bien cobraban impuestos y vivían sobre el país, carecían de muchas cosas, pues no podían exigir demasiado por no hacerse odiosos. No era, pues, de extrañar que los jefes se hallasen en general predispuestos a la avenencia con el gobierno de Isabel II, si este les concedía ventajas. En cambio el vencerlos y hacerlos prisioneros era harto difícil, pues solo hacían cara y combatían cuando llevaban gran ventaja en posición y en número. Cuando no, al primer tiro solían dispersarse; y como el país les era muy conocido, y la gente favorable, al menos porque veía en ellos compatricios, cuando no amigos antiguos y hasta parientes, volvían a reunirse a poco donde les convenía. El hallarse organizados en partidas pequeñas se prestaba mucho a este modo de hacer la guerra.

A complicarla acudió a mediados de setiembre un nuevo elemento. Don Victoriano de Atmeller, jefe republicano, entró con alguna gente en Cataluña. Dio su proclama, como era de costumbre, prometiendo mil felicidades al pueblo si cooperaba a su triunfo, y a los soldados que sé le uniesen, seis reales diarios mientras durase la lucha, y la licencia absoluta cuando se lograse la victoria. La proclama de Atmeller no tuvo eco.

Por aquel tiempo, Narváez dio sus instrucciones a Córdova, las cuales brillan más por lo cándidas que por lo atinadas. El principal propósito de las instrucciones era obligar al país a que por sí mismo se defendiese. En este punto algunas medidas eran sobrado duras; otras, sobrado cómicas. No podía darse mayor dureza que la de castigar a las gentes de un lugar, cuando se hubiesen visto obligadas a dar a los facciosos raciones o dinero, con pagar también multas y con aprisionar y encausar al Ayuntamiento y a los primeros contribuyentes. Ni podía darse medida más cómica, aunque en realidad pudiera traer alguna ventaja, que la de sacar del seno de sus familias a todos los zapateros y alpargateros de los lugares, y encastillarlos en las fortalezas y plazas muradas, a fin de que los facciosos no pudiesen proveerse de zapatos ni de alpargatas.

A pesar de tan discretas instrucciones, la causa montemolinista ganó terreno durante el mando de Córdova. Algunas partidas pasaron el Ebro y llevaron la guerra al Maestrazgo. Varias poblaciones fueron entradas a saco por los carlistas. Masgoret se apoderó del fuerte de La Bisbal, haciendo a su guarnición prisionera. El general Córdova se vio obligado a salir a campaña; pero, si no él inmediatamente, los jefes que servían a sus órdenes sufrieron importantes descalabros. El general Paredes, en un encuentro que tuvo con Borges, no lejos de Esquirol, quedó vencido, teniendo que retirarse y dejando en poder de los montemolinistas más de cien prisioneros. Pocos días después, Cabrera venció en Aviñó a la columna del brigadier Manzano, quien con más bizarría que prudencia vino a atacarle con mucho menor, número de gente y a pesar de la ventajosa posición que Cabrera ocupaba. Más de cuatrocientos isabelinos quedaron entonces prisioneros de Cabrera. Manzano, herido, cayó también prisionero, aunque a los pocos días, por una feliz casualidad, hallándose custodiado por cuatro hombres en una casa de campo, fue rescatado por el general Paredes. Otra casualidad, no menos feliz, hizo que los mozos de escuadra prendiesen a don Antonio Tristany cuando este se despedía de una joven con quien había estado en una alquería en pláticas amorosas.

Los medios diplomáticos empleados por Córdova surtieron mejor efecto que los belicosos. Don Miguel Vila, alias Caletrus, y don José Pons, conocido por el Pep del Olí, se pasaron a las filas isabelinas, el primero con el grado de comandante y el segundo con el de brigadier, que en las carlistas tenían.

Contra los republicanos fue Córdova menos desdichado que contra los montemolinistas. Nouvilas derrotó la partida de Atmeller haciendo prisioneros a dos jefes que fueron fusilados. A fines del mes de setiembre parece que el general Córdova descubrió una conspiración republicana que tenía el propósito de entregar varias plazas fuertes y el castillo de Montjuich a las bandas de Cabrera. De resultas de este descubrimiento hubo varias prisiones. Los presos principales y más comprometidos fueron don Ramón López Vázquez, comandante retirado, don Juan Valterra, teniente del regimiento de caballería de Sagunto, y don Joaquín Clavijo, también comandante. Los tres fueron rápidamente condenados a muerte por una comisión militar, que, según algunos historiadores, prescindió de la mayor parte de los trámites legales. Lo cierto es que los reos, cuando estaban ya en capilla, inspiraron el mayor interés a todas las clases y corporaciones de Barcelona, quienes rogaron al capitán general que suspendiese la sentencia para impetrar el perdón de la reina. Córdova se mostró inexorable, y los reos fueron fusilados, con inusitada premura, a fin de que aquel acto no tuviera lugar el día del cumpleaños de la reina. Se cuenta que Clavijo, en el sitio ya de la ejecución, dijo a Vázquez, su compañero de infortunio, imitando a Padilla después de Villalar: «Serénate, amigo mío: hoy nos toca morir tranquilamente: nuestro partido llegará un día al gobierno de la nación y honrará nuestra memoria, vengándonos de este general, que tan cruel ha sido con nosotros». Una descarga de fusilería acabó con la vida de aquellos tres jóvenes. «Su partido, añade el señor García Ruiz en sus Historias, llegó un día al poder, y Córdova no fue objeto de venganza, sino que consiguió ser ministro radical de Amadeo de Saboya y luego de la República».

Los más de cuantos han escrito sobre esto motejan al general Córdova de excesivamente duro en aquella ocasión, y aún hacen aparecer doblemente odiosa su dureza al considerar que con los prisioneros carlistas no la mostraba, antes bien decía en una comunicación al ministro de la Guerra: «En mi concepto juzgo que no estamos por ahora en el caso de imponer la pena de muerte a ninguno de los prisioneros carlistas». Con todo, la benignidad usada con ellos, de que se prevalían los liberales para denigrar más a Córdova, no debió tampoco de ser muy grande. Cabrera en un manifiesto, para cuya publicación se valió de un periódico francés, le censura y censura a los demás jefes isabelinos de fusilar o deportar a Filipinas a los prisioneros, y hace alarde de su longanimidad generosa en no tomar represalias y en proponer el canje.

En suma, fatigado el general Córdova de tanto bregar sin éxito, y descorazonado y perdida toda esperanza de salir airoso en aquella empresa, pidió su relevo. Narváez se apresuró a aceptarle, mandando en su lugar al general don Manuel de la Concha, el cual llegó a Cataluña el día 3 de diciembre de 1848.

Este ilustre personaje poseía todas las prendas a propósito para acabar con la guerra. En él brillaban juntas las cuatro condiciones principales, que, según el orador romano, se requieren en un general: extraordinario valor, pericia en las cosas de la guerra, autoridad y fortuna.

Esta se diría que salió a recibirle, apenas llegó al Principado. Posas, uno de los cabecillas montemolinistas de más valer, se le sometió en Esparraguera. Contribuyó a ello en grado sumo el general Mata y Alós, pues como en el momento de la rendición se resistiesen los hombres de Posas, gritando antes morir y dando mueras a los cobardes y traidores, Mata aventuró su vida, con serenidad heroica y atrevimiento tan dichoso como inaudito, metiéndose en medio de los montemolinistas, mandándoles deponer las armas y reduciéndolos a la obediencia Concha, al entrar en Barcelona, llevaba a Posas en su séquito, y lanceros montemolinistas formaban parte de su escolta.

No obstante este buen suceso, no era Concha partidario del soborno para ganar al enemigo, sino de hacerle la guerra con mayor empeño que antes. La facción había crecido hasta pasar de diez mil hombres, y su audacia era tal que se empeñaba en ataques de ciudades importantes como Manresa. Estaba tan sobre sí que a tres leguas de Barcelona reclutaba voluntarios y los organizaba. Y las partidas, entrando violentamente en los lugares, solían causar los mayores daños. En Mora de Ebro entró una a saco, porque los habitantes no habían pagado la contribución que se les pedía, y el guerrillero jefe, no aquietándose con aquella crueldad, dio tormento con aceite hirviendo a varios propietarios porque se resistían a entregarle 14,000 duros o porque no los tenían.

Era menester acabar pronto aquella guerra y Concha se resolvió en seguida a entrar en campaña. Antes, dirigió sendas proclamas al ejército y al pueblo, bien escritas ambas y oportunas para el efecto que se proponía, y que fue bueno, reanimando el espíritu de los soldados, algo abatido por los reveses. El 19 de diciembre salió Concha de Barcelona. Las lluvias le detuvieron, sin embargo, en Gerona bastantes días y las operaciones no pudieron empezar hasta el 11 de enero de 1849.

Cabrera, entretanto, estaba en Amer, reorganizando sus fuerzas, luchando con no pequeñas dificultades y arrostrando graves peligros. El soborno había producido efecto entre sus parciales moviéndolos a frecuentes defecciones. Esto hacía vivir a Cabrera en perpetuo recelo y sobresalto, a pesar de la entereza de su carácter. No solo temía que sus soldados siguieran pasándose al enemigo, sino que algún traidor atentase a su vida, matándole a puñaladas o con veneno. Tal desconfianza, harto fundada por desgracia, le obligó, a fines de 1848, a condenar a muerte a un coronel y a un comandante, por delito de infidencia, seducción y correspondencia clandestina con los enemigos. El día en que murieron los culpados, Cabrera, al hablar de ello a sus tropas, nos acusaba de esta suerte: «¿Qué ha conseguido el gobierno enemigo con su tiránico sistema y con los 50,000 soldados que ha enviado contra nosotros? Llenarse de ignominia y convencerse de lo que puede un puñado de valientes cuando defienden una causa justa. Esta convicción les ha obligado a adoptar un plan infernal; y, no pudiendo vencernos con las armas, se sirven del oro, de la seducción y hasta del puñal. ¡Desgraciados, que osan insultar así nuestro carácter!».

Cabrera, a pesar de todo, no estaba tan seguro de su gente como aparentaba en aquella alocución, y tomaba, con el posible disimulo, las más exquisitas precauciones para no ser asesinado: ponía guardias en su alojamiento, tenía a su escolta siempre sobre las armas, y no dormía sino con las pistolas a la cabecera de la cama. Para evitar que le diesen veneno no comía sino de aquello que le guisaba un primo suyo: el cual lo compraba todo, hasta las especias, tenía un centinela junto a la cocina, y siempre que salía, echaba la llave. Aun así hubo algunas personas que se ofrecieron a matar a Cabrera por dinero. El que llevó más adelante este propósito fue un clérigo, que por lo chistoso y divertido, entretenía a Cabrera con su conversación y logró hacerse íntimo suyo. Este entró un día en la cocina, se puso a charlar con el primo, y cuando pensó que no le veía, echó en la olla cierta droga, Vio el primo lo ocurrido y dio parte a Cabrera. Cabrera castigó al clérigo de una manera muy propia de su carácter. Le convidó a su mesa y le hizo comer del manjar emponzoñado. El clérigo sintió a poco el efecto del veneno y confesó el delito de que había sido víctima. En balde se le suministraron los auxilios de la ciencia médica. No fue posible salvarle la vida.

Otro de los inconvenientes con que Cabrera tenía que luchar, era con la escasez de armas. El ministro de don Carlos, don Romualdo María Mon, parece que envió a Cabrera seis mil fusiles; pero el encargado de la entrega, don Enrique Téllez Lacéu, halló más cómodo, y quizá más provechoso, concertarse con el cónsul dé la reina en Marsella. Los fusiles no llegaron, pues, a poder de los montemolinistas. A pesar de todos estos contratiempos y defecciones, Cabrera no se desconcertaba ni desfallecía, y desde Amer, a las márgenes del río Ter, que era como su centro, dirigía o enviaba varias expediciones: ya asediaba a Vich, Olot, Solsona y otros lugares, que dejaban de pagar el impuesto; ya hacía frente y peleaba contra las columnas de Nouvilas y otros, que le salían al encuentro.

El general Concha, con incansable actividad y discreto tino, disponía todas sus columnas para caer sobre Cabrera de concierto y acorralarle y vencerle.

El brigadier don Felipe Ruiz, faltando a las órdenes del general en jefe, atacó a Cabrera antes de tiempo, cerca de la propia villa de Amer, en un sitio llamado el Pastoral, donde Cabrera organizaba tranquilamente sus fuerzas, tenía talleres y hasta trataba de fundir artillería. Había un puente de madera que unía la orilla derecha del Ter con la izquierda, donde estaba el Pastoral, y donde Cabrera tenía sus posiciones. A pesar de los esfuerzos de Ruiz y de sus gentes, los montemolinistas lograron rechazarlos con sensibles pérdidas y poniéndolos en situación harto apurada, de la que pudo sacarlos Nouvilas, acudiendo en su auxilio desde Gerona. Juntos Ruiz, Nouvilas y Ríos, este último atravesó el Ter por un vado, y Nouvilas le atravesó también con el agua a la cintura y pudo salvar a cincuenta soldados que aún se defendían, encerrados en unas casas. La artillería mandada por el capitán Mesa, hacía fuego desde el puente de madera. Un batallón de Astorga tomó las más fuertes posiciones, y Cabrera quedó herido de una bala de fusil que le atravesó el muslo derecho.

Estas dos acciones se dieron el 26 y el 27 de enero. Cabrera tuvo que retirarse y hasta que esconderse durante algunos días, mientras se curó de la herida.

Entretanto el general Concha hacía que los jefes que militaban a sus órdenes persiguiesen a Borges que mandaba una partida de más de mil infantes y cuarenta caballos. Borges eludía todo combate a no verse con notable ventaja en posición y en número; pero, fiado en la posición, hizo frente en Selma a Quesada, quien le desalojó de allí y le persiguió, haciéndole bastantes bajas.

El día 11 de febrero. Cabrera, curado ya de su herida, volvió a entrar en campaña. Por entonces tuvieron un buen auxilio los montemolinistas con la nueva entrada de los republicanos en Cataluña, al mando de Ballera y Atmeller. El cabecilla montemolinista Marsal salió al encuentro de este último jefe republicano, y ambos se abrazaron al frente de sus huestes, haciendo así con su ejemplo que fraternizasen aquellos hombres, que, si bien iban contra el mismo enemigo, tenían miras tan opuestas y peleaban bajo tan contrarias banderas.

La facción de Atmeller, que no pasaba al principio de trescientos hombres, hubiera sido terrible, si hubiera tenido tiempo para reclutar gente y aumentarse, como podía: pero Concha no se le dio. Con prontitud poco común, envió contra él varias fuerzas combinadas, las cuales hicieron prisionera a parte de su gente, obligando a otra parte a que se presentase implorando indulto. Atmeller tuvo que refugiarse en Francia, donde le prendieron y llevaron a la fortaleza de Perpiñán.

Sin el cuidado ya de los republicanos, Concha continuó persiguiendo sin descanso a los montemolinistas. De aquí frecuentes encuentros en que casi siempre quedaban los montemolinistas vencidos.

Esto aumentaba el desaliento y daba pábulo a nuevas deserciones. Pons y otros jefes, que se habían pasado, trabajaban de continuo en este sentido el ánimo de sus antiguos correligionarios.

Al cabecilla Borges, que se resistía a toda seducción, ocurrió en este tiempo, en la villa de Torá, el día 13 de febrero, un caso digno de referirse. Varios oficiales de su banda entraron en su alojamiento y en nombre de Cabrera le prendieron y le ataron con fuertes ligaduras; pero Borges, conociendo acaso la traición y falsía de sus subordinados, gritó pidiendo auxilio. Acudieron a sus gritos varios soldados, desataron a Borges, y, tomando este el mando de nuevo, hizo fusilar al punto a los que le habían preso, en la plaza de la Villa.

Exasperado Cabrera cometió en aquellos días ciertos actos de rigor que le malquistaron con no pocas personas honradas de Cataluña, incluso muchas de su propio partido, por haber sido víctima de su cruel enojo un sujeto de cuenta y posición, muy querido y respetado.

El barón de Abella, rico propietario, vecino de Cardona, monárquico y muy religioso, movido de caridad cristiana y de amor a su patria, deseaba con grande empeño la paz. A este fin había fundado una asociación titulada Hermandad de la Concepción, compuesta de trabajadores y propietarios, bajo el amparo de la Inmaculada Virgen María, con el intento de ir apartando a los catalanes de la causa montemolinista.

El barón, que era amigo de los Tristanys, se entendió con don Rafael para que este se apoderase de Cabrera, a quien juzgaba imposible de seducir. De esta suerte, para conseguir el buen fin que deseaba, se dejó llevar hasta la adopción de medios tan reprobados como poco discretos y prudentes. Más digno aún de reprobación, don Rafael Tristany fingió aceptar estos medios, engañó al barón de Abella, y engañado le llevó a la presencia de Cabrera, quien, después de reconvenirle e insultarle grosera y ásperamente, le dio tres horas de término para disponerse a bien morir, y le hizo fusilar, el día 23 de febrero. El barón de Abella murió con tranquilidad y noble entereza. Al día siguiente, fueron fusiladas otras personas de las que, por las cartas de Abella y por las delaciones de don Rafael Tristany, se supo que estaban comprometidas en aquella conjuración.

Imposible parece que después de la doblez de que dio muestras uno de los Tristanys contra el barón de Abella, tuviese el coronel don Leonardo Santiago bastante confianza en otro de los Tristanys, en don Francisco, para entrar en tratos con él con el objeto de que entregase a Cabrera, previa la promesa de que se respetaría su vida. Lo que resultó de estos tratos, que desaprobó el general Concha, fue el buen éxito de cierta estratagema de guerra, que algún severo y rudo moralista pudiera calificar de estafa. Los Tristanys lograron sacar, merced al engaño que hicieron al coronel Santiago, sobre quince mil duros del tesoro español. También estuvieron a punto de hacer perecer al coronel Santiago y a la gente que mandaba en una emboscada que le prepararon, donde estaban reunidas las fuerzas de los tres hermanos, de Cabrera y de Borges, y de donde pudieron escapar los isabelinos no sin graves pérdidas, después de un rudo combate y merced a la oscuridad de la noche.

En medio de todos estos acontecimientos, Cabrera, sobre todo desde que fue herido en Amer, estaba desalentado y creía que solo la presencia de Montemolín en Cataluña podría reavivar la guerra. También escribía Cabrera al general Elío excitándole a que entrase en Navarra, de lo cual se excusaba Elío por falta de dinero.

Montemolín, por último, se decidió a venir a Cataluña, y salió de Londres el día 27 de marzo. Atravesó toda la Francia y no halló dificultad hasta llegar a la frontera de España; pero, al llegar a San Lorenzo de Cárdenas acompañado por los señores González, Algarra y Jiménez, seis aduaneros franceses, que andaban disfrazados de catalanes para espiar a los contrabandistas, dijeron a Montemolín que se diese preso. Él huyó; al saltar una zanja, cayó en ella; le prendieron y le llevaron a la ciudadela de Perpiñán. Este golpe acabó de desconcertar a los montemolinistas.

Entretanto, el general Concha no daba punto de reposo a Cabrera y a los demás cabecillas. En sus expediciones por la montaña se ganó todas las voluntades con su afable trato y con sus francos modales. La gente de armas tomar del país empezó a ponerse de su lado en contra de los facciosos. Concha les dio armas y reanimó el espíritu público. A este fin publicó un bando en que se negaba el indulto a los que se presentasen sin armas y a los que en adelante se unieran a las facciones; se condenaba al servicio de Ultramar y hasta a presidio a los que se aprehendieran; y se imponía pena de muerte a los que, habiendo sido indultados, volviesen a la facción, a los incendiarios, a los asesinos y a los espías. Concha, por último, se vio en la dura necesidad de imponer penas pecuniarias y personales a las gentes de los pueblos que pagasen contribuciones a los montemolinistas, no probando que lo hacían por fuerza. Contra este bando de Concha fulminó otro mucho más terrible el terco y obstinado Cabrera. En él condenaba a muerte a todo el que obedeciera el bando de Concha. «Todo individuo, decía, que, obedeciendo al bando de 14 de marzo, abandone su casa, se niegue a pagar las contribuciones que le corresponden, de parte al enemigo de nuestras tropas y demás que previene el citado bando, será considerado como traidor a su país, y como tal, juzgado verbalmente por un consejo de guerra y pasado por las armas».Disposiciones tan poco suaves de uno y otro partido beligerante debieron, sin duda, consternar a todos los pacíficos habitantes del teatro de la guerra, moviéndolos a abandonar sus hogares, si vivían en caseríos o en aldeas; pero surtieron también un efecto muy saludable. La gente conoció que era imposible permanecer neutral, y en vista de que era menester decidirse, se decidió en favor del general Concha, que era más simpático y que tenía más fuerza. A fin de acrecentar el entusiasmo en su favor, Concha redobló sus esfuerzos, atacando por todos lados a los montemolinistas: Pons acosaba a los Tristanys en los montes de la Segarra; Lafont derrotaba a otro cabecilla y le obligaba a refugiarse en Francia con el resto de los doscientos hombres que componían su partida; Manzano y Lasala vencían, cerca de Estany, a otras partidas de facciosos, aprisionando, gravemente herido, a uno de los cabecillas; y, por último, en virtud de una hábil combinación de las columnas de Ríos, Hore, Ruiz y la del mismo cuartel general. Marsal fue sorprendido, su gente quedó rota y dispersa, y él, huyendo hacia Bañolas, vino a caer entre las manos de Hore.

Con arreglo al bando del 14 de marzo, Marsal, así como otro prisionero importante, don Marcelino Gonfáus, debían ser fusilados; pero se les dio tiempo para que acudiesen a la reina, pidiendo indulto, y la reina los perdonó.

Solo fueron fusilados Grau, sobre quien pesaban tres sentencias de muerte por delitos comunes, y Abril, subteniente desertor del regimiento del Rey: única sangre que hizo derramar el marqués del Duero, fuera de las acciones de guerra, en aquella brillante campaña.

Seguía adelante Concha en sus triunfos, y Cabrera, haciendo ya los últimos esfuerzos, envió una buena parte de sus gentes a tentar fortuna en el alto Aragón, encomendando la dirección de esta empresa a Gamundi y Arnáu. La incursión no dio resultado. Los facciosos tuvieron pronto que volver a Cataluña, repasando el Cinca, y el brigadier don Domingo Dulce alcanzó la gloria de vencerlos en Castelflorite.

Cabrera se había internado en lo más agrio de la sierra, con poca gente ya. Los Tristanys se retiraron también a sus acostumbradas guaridas de Ardebol y Matamargó.

Concha, incansable, acosó a Cabrera, rodeándole por todas partes, tan hábil y apretadamente, que le fue imposible sostenerse por mucho tiempo, con su hueste, en el terreno escabroso que había elegido. Entonces, desesperado ya de la lucha, abandonó Cabrera a los suyos, y, seguido solo de sus amigos más íntimos y fieles, se salvó pasándose a Francia. El 23 de abril, le prendieron en Err las autoridades de aquella república y le llevaron a Tolón. Los que con Cabrera iban fueron también presos en Francia.

No cesó Concha por esto, y continuó infatigable persiguiendo a los demás facciosos, sobre todo a los Tristanys, que eran los más pertinaces. Así, en breves días, fueron sometiéndose todos o buscando en Francia refugio. El 4 de mayo, en las inmediaciones de Vich, se entregaron al capitán general 205 infantes, algunos caballos y 17 oficiales. Los somatenes de los pueblos persiguieron a los dispersos que aún quedaban y los aprisionaron o los obligaron a salvar la frontera. Los Tristanys fueron los últimos en abandonar la pelea y en expatriarse.

El 14 de mayo quedó Cataluña sin un solo enemigo que combatir en todo su extenso territorio. El marqués del Duero, cumplida la palabra que había dado de no volver a Barcelona hasta que dejase la guerra terminada, entró aquel mismo día en dicha capital, entre las aclamaciones y el aplauso de la muchedumbre, que convirtieron su entrada en un triunfo espontáneo y por lo mismo más lisonjero.

La reina premió tan elevados merecimientos y extraordinarios servicios nombrando a Concha capitán general de ejército.

CAPÍTULO III

Legislatura de 1849.—Amnistía.—Expedición a Italia.—El ministerio relámpago.—Nueva legislatura.—Crisis.—Dimisión de Narváez y de sus compañeros de ministerio.

Ya hemos dicho que, dando Narváez por terminada su omnímoda dictadura, volvió a abrir las Cortes a fines de 1848. Antes de hablar de la apertura, conviene apuntar aquí, del modo más sucinto, algunos sucesos que le precedieron y que acabarán de dar idea de la situación de los partidos y de los ánimos en España. No incumbe a nosotros, que solo escribimos un breve compendio y no una historia extensa de este período tan abundante en casos extraordinarios, dar por ciertos algunos que, en nuestro sentir, están aún entre nieblas; que no son al cabo de la mayor importancia; y que pudieran perjudicar a personas muy conocidas y estimadas. Así; por ejemplo, ni afirmaremos ni negaremos que don José de Salamanca prestase auxilio a la causa montemolinista, ni que fuese él quien compró los seis mil fusiles que al fin no entregó Lacéu. Tampoco trataremos de dilucidar si otro banquero célebre, llamado don José de Buschenthal, hombre de peregrino ingenio para las especulaciones comerciales, y que pasa por haber sido el maestro de Salamanca, así como los señores don Salustiano Olózaga y don Patricio de la Escosura, favorecieron entonces la causa de Montemolín, movidos por el despecho. Esta última suposición nos parece tan monstruosa que nos negamos a darle fundamento alguno.

La situación de la Hacienda era, como casi siempre, muy lastimosa, y todavía lo parecía más por el descrédito que lord Pálmerston promovía, irritado contra España, y valiéndose de sus periódicos que no había género de calumnia ni de injuria que no lanzasen contra el gobierno español, contra la familia real y contra la nación entera. Sobre todo después de la despedida de Mr. Búlwer, la prensa inglesa se desataba en injurias en daño nuestro; nos insultaba por todo, y sobre todo porque no pagábamos. Así un usurero, falto de delicadeza y lleno de bilis, hubiera podido insultar a un acreedor moroso, de quien, por su excesiva debilidad, no hubiera tenido que temer una paliza. Decía que la corte de España era la deshonra de Europa; llamaba a nuestro gobierno imbécil, arbitrario, sediento de sangre, tiránico, desvergonzado, bajo y corrompido; y añadía que Inglaterra no debía enviar cerca de nosotros más representante que una escuadra para que nos sacase por fuerza el dinero que debíamos a los súbditos británicos, y luego abandonase esta arena de bestias feroces a fin de que se despedazaran todo el tiempo que quisieran. Tales insultos animaban, sin duda, a los acreedores extranjeros a que nos insultasen también y a que fueran más exigentes. Mucho debía de sufrir Narváez y mucho debía de contenerse para sufrirlo.

Se cuenta que en una junta de acreedores, dijo uno con ironía, dirigiéndose a Narváez: «España es grande, poderosa; cuenta con hombres tan eminentes… Ya que Cristóbal Colón descubrió la América, ¿por qué alguno no descubriría el modo de que cumpliese sus sagradas obligaciones?». Narváez contestó sin titubear: «Cristóbal Colón descubrió la América porque había una América; pero nosotros no podemos descubrir el dinero porque no le hay».

No contento el gobierno inglés con proteger en España a todos los enemigos del gobierno, ora fuesen montemolinistas, ora progresistas, ora republicanos, se sospecha que alentaba también y favorecía a todos cuantos trataban de perturbar el orden o de promover conflictos en nuestras posesiones de Ultramar.

Lo cierto es que ofendido el gobierno inglés, porque continuaba la trata de negros a pesar del convenio para acabar con ella, se mostraba en las colonias muy contra nosotros.

Don Narciso López, animado tal vez por los ingleses, estuvo en lo interior de la isla, entre Cienfuegos y Trinidad, y tramó una conjuración para que Cuba se entregase a los Estados-Unidos o se hiciese independiente. La conjuración por dicha, fue descubierta; algunos de los cómplices de López fueron aprisionados y él logró fugarse.

A pesar de tantos y tan poderosos enemigos, Narváez triunfaba en todas partes con constante fortuna: hasta en las islas que poseemos aún en el extremo Oriente. El Archipiélago Filipino estaba infestado, hacía tiempo, por las piraterías de los habitantes de las cercanas islas de Joló, hombres de raza malaya, en estado semisalvaje aunque siguiendo la religión del islamismo, algo desfigurada, y reconociendo por príncipe, soberano o jefe supremo, a uno a modo de sultán, y por inmediatos jefes o caudillos a ciertos nobles o señores que llaman datos. El acabar con estas piraterías era sumamente importante para España, no solo para bien y seguridad de sus súbditos y de su comercio e industria en aquellos remotos países, sino también para evitar que, con el pretexto de limpiar de piratas aquellos mares, alguna poderosa potencia marítima acudiese por allí con naves y armas y hasta llegase a fundar su dominio sobre los joloanos, dándonos una vecindad, cuando no más incómoda, mucho más peligrosa Como reparo de estos males fue pues en extremo conveniente la expedición contra las islas de Joló del capitán general Clavería. La expedición tuvo éxito dichoso. Nuestra escuadra tomó primero el fuerte de Balangüingui, cogiendo al enemigo sus cañones, y se apoderó luego del fuerte de Sipac, donde los malayos se defendieron con feroz bravura, matándose al fin unos a otros por no rendirse. El sultán reconoció la soberanía de España merced a un pequeño socorro anual que se convino en darle. La piratería casi desapareció desde entonces, por algunos años al menos. En esta expedición se hicieron dueños los españoles de cuatro fuertes, de ciento veinticuatro piezas de artillería y de ciento cincuenta barcas de piratas; rescataron sobre doscientos cristianos cautivos, y en los diversos combates dieron muerte a cerca de quinientos malayos. El general Clavería fue recompensado con la gran cruz de San Fernando y el título de conde de Manila.

Narváez solía deslustrar todas estas ventajas con sus ímpetus y furores. La reina, que siempre fue muy generosa, se inclinaba a la clemencia. Narváez, después de vencer en Madrid el 26 de marzo y el 7 de mayo, pudo ser clemente también, y sobre todo pudo, sin perjuicio ni peligro, ahorrar muchas prisiones y destierros. Hasta la prensa moderada le excitaba a que fuera benigno, distinguiéndose en esto, entre todos los periodistas, el activo e inteligente don Andrés Borrego, cuyos consejos dijo Narváez que aceptaba aunque le separó del cargo que le había dado de ministro plenipotenciario en la Confederación Helvética.

En las prisiones hubo mucho lujo innecesario, siendo una de las que más dio que hablar la de don Salustiano de Olózaga, a quien parece que Narváez tenía intención de enviar a las Islas Marianas. Olózaga logró escaparse en Córdoba, desde donde, disfrazado de contrabandista, ganó la frontera de Portugal y de allí pasó a Francia.

La crisis monetaria que hubo en Madrid concurrió también al descrédito de Narváez. El Banco era como el cajero del gobierno. Cundió el pánico. Todos los tenedores de billetes acudían a cambiarlos. El precio del descuento subió enormemente, haciéndole más odioso el que se murmurase que algunos empleados de aquel establecimiento de crédito se lucraban cambiando moneda por billetes. Decíase también que provenía la falta de moneda de que en aquellos días se había pagado a la duquesa de Montpensier el resto de su dote y se habían enviado doce millones a Londres para la compra de tres vapores. La reina, muy deseosa siempre de popularidad, y, aun sin esto, muy desprendida de suyo, hizo entonces donación al Estado de lo que a su Real Casa debía, y que según parece llegaba a 90 millones. Esto debe estimarse tanto más cuanto que la reina, cuya generosidad era harto conocida, estaba siempre acosada de peticiones, para acudir a las cuales, según se lo inspiraba la grandeza de su ánimo, no había dinero que bastase.

Es indudable que si se hubiese dado gusto y si se hubiese cedido a los empeños y súplicas de la reina, a casi nadie se hubiese condenado con motivo de las asonadas, motines y rebeliones del año de 1848. La reina quería perdonar e indultar a todos. Narváez, inducido tal vez por su carácter violento y tal vez aconsejado por algunos conservadores, harto aterrorizados por la revolución que en toda Europa ardía, se resistió casi siempre a los ruegos de la reina.

Se abrieron por fin las Cortes el día 15 de diciembre de 1848. En el discurso de la corona, que el ministerio puso en boca de la reina, fuerza es confesarlo, había mucho de importante y algo de satisfactorio, ya para toda la nación, ya para el partido que en el poder prevalecía. Nuestras relaciones con el Padre Santo se habían restablecido. Los soberanos de Prusia, Austria, Cerdeña y Toscana, habían reconocido a la reina. Si estaban interrumpidas nuestras relaciones con Inglaterra, era por no sufrir afrentas y humillaciones que nos rebajaban. En la Oceanía habíamos vencido a los piratas. En la Península había prevalecido el orden contra todos los ataques y rebeldías de las opuestas facciones, entonces inmoralmente aliadas, de montemolinistas y republicanos. Y, por último, había quedado vigente el nuevo Código penal, con algunas alteraciones. En punto a Hacienda, por mucho que el gobierno tratara de disimular, nada se podía decir de muy lisonjero. El gobierno se disculpaba con alegar que los sucesos políticos no habían consentido que se realizasen las mejoras que el plan de contribuciones prometía, ni que hubiese equilibrio entre los gastos y los ingresos; que antes por el contrario el gobierno, en uso de la autorización que se le había concedido, había tenido que exigir un anticipo de cien millones. Por lo demás, fundándose en la situación general de Europa y en la guerra civil, que aún duraba en Cataluña, afirmaba que era indispensable que él conservase aún, hasta cierto punto, el poder dictatorial entre sus manos.

De un suceso gravísimo se daba, por último, noticia oficial y solemne a las Cortes en aquel documento: se les decía que el Padre Santo se había visto en la necesidad de huir de Roma y de refugiarse en tierra extranjera y que el gobierno español le había hecho la oferta, no solo de un asilo en nuestro suelo, sino también de prestarle apoyo. Esto era ya preparar los ánimos y abrir camino para enviar una expedición guerrera contra la flamante república romana.

La mayoría del Congreso de diputados tuvo el propósito de elegir por presidente al señor Ríos Rosas, pero el ministerio presentó como candidato al señor Seijas Lozano, el cual triunfó. Poco después tuvo el señor Seijas que hacer dimisión del cargo de diputado, por incompatibilidad, y en lugar suyo, el señor Mayáns fue elegido presidente. Para la presidencia del Senado nombró el gobierno al marqués de Miraflores.

Aquella legislatura, que terminó al 14 de julio de 1849, careció de animación política, porque el prestigio de Narváez era grandísimo aún y los ataques de las oposiciones hacían en él poca mella; Y no porque las oposiciones, aunque no contasen con mucha gente, dejasen de ser varias y no tuviesen al frente de ellas a personajes de valer y nombradía. Hallábanse, no obstante, harto desalentadas.

En esta legislatura empezó a dibujarse de una manera más distinta y clara el nuevo partido democrático que salía del progresista. Su principal caudillo era don Nicolás María Rivero.

La mayoría moderada era grande, pero estaba dividida en diversas fracciones que obedecían inmediatamente a varios jefes, entre los cuales los había de un ministerialismo constante; otros que eran ministros como Sartorius; otros que empezaban a tener conatos de oposición como Nocedal; y otros que ya la hacían, como Benavides, Gonzalo Morón, Bermúdez de Castro y González Brabo.

Durante esta legislatura, a pesar del poco tiempo que duró y de lo desanimada que estuvo, se discutieron e hicieron algunas útiles leyes administrativas. No se discutieron los presupuestos, sino que se plantearon por autorización.

El dichoso término que tuvo la guerra de Cataluña dio al gobierno mayor autoridad y crédito, acrecentándolos con la amplia amnistía que para celebrar y solemnizar digna y generosamente la paz, dio Narváez el día 8 de junio.

Con este motivo, don Manuel Cortina, en un elocuente y sentido discurso, dio en las Cortes a Narváez las gracias más encarecidas en nombre de su partido, y Narváez con profunda emoción, y entre los más ruidosos aplausos del público, le contestó diciendo que su mayor ventura y gloria era haber podido proponer a la reina aquel decreto, y que su deseo más ferviente era que redundase en pro de la libertad y de la Constitución, y que el gobierno no tuviera nunca en adelante que apelar a medidas extraordinarias y a apartarse de la ley.

En virtud de aquel generoso decreto, pudieron volver y volvieron a pisar el suelo patrio muchos emigrados de todos los partidos, y entre ellos los jefes carlistas conde de Casa Eguía, Villareal, Zaratiegui, y Montenegro.

Un hecho de los más importantes del ministerio Narváez fue la expedición de Roma, por lo cual, según las opuestas opiniones de los que la juzgan, ya le prodigan desmedidas alabanzas, ya le censuran de la manera más acerba. Prescindiendo de todo espíritu de partido, menester es confesar que el compromiso en que se vio España entonces fue ineludible. El aceptarle no mereció, pues, ni reprobación ni encomio; pero sí le merecen el ahinco y los desvelos con que Narváez procuró salir de él lo menos desairadamente que pudo, a pesar de los apuros del tesoro español y de nuestra falta de medios. Las cosas que se hacen con buena voluntad y sano propósito, medianamente bien y según ciertas reglas de discreción y prudencia, no pueden menos de aprobarse y hasta de aplaudirse, sin negar por eso que una inteligencia superior, un genio, ya en las negociaciones diplomáticas, ya en las cosas de la guerra, con más alto atrevimiento y teniendo propicia a la fortuna, no hubiera podido sacar de todo mucho mejor partido.

El Sumo Pontífice, por medio de su secretario de Estado el cardenal Antonelli, pasó una nota circular a los gabinetes europeos pidiendo la intervención armada de las potencias católicas, y sobre todo de Austria, Francia, España y las Dos Sicilias, para restablecerle en su trono.

Es evidente que la intervención armada en Italia de pueblos extraños a aquella península hubiera podido evitarse si Carlos Alberto, poniendo en práctica el pensamiento de Gioberti, lleva él mismo al Papa a Roma, socorriéndole con sus soldados; pero esto no pudo ser. Carlos Alberto tenía antes que perecer, o restablecer su crédito, satisfaciendo en cierto modo a la revolución. En vez de vencer, fue vencido en Novara, y mal pudo ya restablecer a nadie en su trono quien tuvo que abandonar el suyo.

Todavía acaso, en aquellas tan difíciles circunstancias, si el rey de Nápoles hubiera sido hombre de más arranque, contando como contaba con numeroso y lucido ejército y con buena escuadra, hubiera podido caer rápidamente sobre Roma, antes de que entrase Garibaldi con su división en la ciudad eterna, y restablecer allí al Padre Santo, refugiado en su territorio, evitando así la intervención extranjera. Por desgracia, el rey de Nápoles no era capaz ni tal vez tenía aliento para acometer por sí solo empresa de tal tamaño.

Resultaba de todo ello que, si no acude el cardenal Antonelli por medio de su nota circular a todas las potencias católicas, y si estas no se prestan a reponer al Papa en su trono, los austríacos, triunfantes ya en Novara, le hubieran repuesto solos, enseñoreándose más en Italia y acrecentando su influjo y dominio. El llamamiento, pues, del Papa a las potencias católicas, fue favorable, lejos de ser adverso a los intereses de su país.

Aunque Francia y España no hubiesen intervenido, hubiera sido locura soñar siquiera en la conservación de la república romana. Roma hubiera caído en poder de los austríacos como cayó Venecia, aun cuando se defendió heroicamente.

Es innegable, a nuestro ver, que en el estado actual del mundo, más bien que necesidad imprescindible, era estorbo y grave inconveniente para que el Papa ejerciese su poder espiritual el que fuese soberano de un Estadillo donde había muchos descontentos de su dominio y donde le era casi imposible sostenerse sin el apoyo violento de una gente extraña, odiada por opresora de Italia toda.

Desechado por irrealizable el plan de Gioberti, no teniendo el Papa la hegemonía entre los príncipes italianos, no siendo, ya que no dominador de la península, supremo jefe de una gran confederación, su poder temporal había acabado; estaba indefectiblemente condenado a muerte; pero ni había llegado aún el tiempo en que se cumpliera esta sentencia; ni la ocasión era propicia, después de la rota de Novara; ni al Padre Santo le tocaba resignarse y ceder, sobre todo ante una república nacida del asesinato de Rossi.

Por cualquier lado que se mire era inevitable la restauración del Papa. Aunque Francia era república, la reacción la trabajaba ya, después de haber vencido a los socialistas y a los rojos en las tremendas jornadas de junio, y siendo presidente Luis Bonaparte, que después fue Napoleón III. Había además mil razones para que no pudiese aceptar solidaridad alguna con la república romana. No era menester acudir al maquiavelismo tiránico de Luis Bonaparte ni a sus proyectos liberticidas para explicarse por qué no fue en favor de Roma en lugar de ir en contra de Roma. Luis Bonaparte se vio obligado a hacer lo que hizo y la Asamblea francesa tuvo que aprobarlo y aplaudirlo. ¿Cómo cabe, pues, censurar al gobierno de Narváez porque también enviase una expedición a Italia en contra de la república de Mazzini? De no haberse levantado en armas en defensa de Mazzini, en contra del Papa, y, si no de los intereses, de los deseos, preocupaciones y creencias de la mayoría de los católicos, nada se pudo hacer de más liberal ni de más contrario al predominio de Austria que lo que se hizo.

Tal vez se dirá que España debió enviar al Papa algún socorro pecuniario, o meras palabras de consuelo, y excusarse de acudir al llamamiento con armas y bajeles. De esta suerte no se hubiera empeñado en gastos extraordinarios y no hubiera hecho el papel tan poco airoso que en aquella lastimosa tragedia le tocó representar; pero el nombre, la historia, la gloria pasada, la posición que en el mundo se ocupa, obligan a menudo, lo mismo a las naciones que a los particulares, a sacar fuerzas de flaqueza, y a aceptar compromisos, en los cuales, por mal que se salga, queda siempre mejor puesto y más honrado el que los toma sobre sí que el que los rehuye.

El gobierno de Narváez hizo bien en enviar la expedición a Roma. Una censura puede hacérsele que a alguien parecerá pueril, pero que, si bien se repara, no lo era. A cualquier general, que no faltan en España generales, debió enviar Narváez a Italia, al frente de nuestro pequeño ejército, antes que mandar a un Fernández de Córdova. Era de presumir que nuestro papel en Italia iba a ser sobrado modesto, ya que no deslucido. ¿Para qué, pues, mandar a Italia, país de gente burlona y maleante, a uno que llevaba el propio apellido del Gran Capitán? Esto era, de parte del gobierno, hacer un epigrama contra nosotros y dar pie para que se hicieran más tarde otra multitud de ellos, harto picantes y pesados.

Tal vez con mayor actividad de parte de Narváez, haciendo casi un milagro, pero a modo de milagros son siempre los actos de los eminentes repúblicos que levantan el crédito e importancia de las naciones, pudimos salir de aquel empeño hasta de una manera brillante; pero no se hizo lo que importaba.

En las conferencias diplomáticas de Gaeta, el conde de Esterhazy, ministro de Austria, proponía, llevado sin duda de los celos de su país contra Francia, que los españoles, auxiliados por el ejército de Nápoles, fuesen los que repusieran al Papa en el trono. Los franceses, prontos a desembarcar, y los austríacos, en la frontera de las Legaciones y apercibidos para ocuparlas, debían dar fuerza moral a la expedición más activa de españoles y de napolitanos contra Roma.

Si este plan be hubiera realizado, y si, favoreciéndonos la suerte, hubiéramos tomado a Roma con 8,000 hombres de España y las tropas auxiliares, ya el nombre de un Fernández de Córdova, como general de la expedición, no hubiera disonado. Sin duda que en esto hubiéramos corrido un riesgo grande. Rechazados de Roma, no hubiéramos podido hacer lo que hicieron los franceses, que fue decir, «nosotros nos vengaremos sin el apoyo de nadie»; y, haciendo venir al punto refuerzos, y aumentado su ejército hasta más de 30.000 hombres, se apoderaron solos de la Ciudad Eterna. Ni nosotros hubiéramos tenido suficiente autoridad para imponer este a modo de veto, ni los refuerzos hubieran venido con la prontitud debida. Nos hubiéramos visto forzados a que franceses y austriacos nos sacasen del mal paso, con grave quebranto de nuestra fama La gloria, sin embargo, no es fácil de alcanzar: no la alcanza quien no se aventura; y España en aquella ocasión debió aventurarse.

España, con todo, no se aventuró. Nuestro embajador cerca del Papa, que lo era Martínez de la Rosa, hizo cuanto estuvo en su poder por que se aventurara: pero ni teníamos medios ni dinero para transportar al punto a nuestros soldados desde las playas de Barcelona. Nuestros soldados llegaron a Italia mal y tarde. Los franceses cercaban ya a Roma. El general Oudinot, que mandaba el ejército francés, había sufrido dos descalabros; pero recibía más gente, y contaba con apoderarse por sí solo de Roma. El señor Lesseps, enviado de la República francesa, trataba con Mazzini, Saffi y Armellini, que eran en Roma triunviros. Una tregua se estableció entre romanos y franceses. La tregua dio lugar a que la división de Garibaldi tuviese un encuentro con el rey de Nápoles, que había entrado ya en los Estados Pontificios al frente de su ejército, y le desordenase y amedrentase malamente. La misma división de Garibaldi, sin que los franceses trataran de estorbarlo, entró luego en Roma, aumentando el número de sus defensores. Los franceses casi se mostraban más amigos que enemigos de los romanos. Los romanos conocían también que su república debía perecer. La lucha, pues, entre romanos y franceses, había tomado el carácter de un duelo entre dos que no se quieren mal, y que pelean, no obstante, para que el honor quede bien puesto y los maldicientes no los censuren.

En estas circunstancias, llegó al fin a Gaeta la división española. El Sumo Pontífice revistó a nuestros soldados y los bendijo. ¡Triste y doloroso papel el de aquel venerable y excelente varón que tuvo que bendecir a los extranjeros que él mismo llamaba en son de guerra contra su patria y contra sus propios súbditos!

Las tropas españolas hicieron brillante y lucida muestra de sí en presencia del Papa y del rey de Nápoles, el cual quedó maravillado del buen orden, aspecto belicoso, agilidad y destreza, que en las maniobras y evoluciones dejaron ver nuestros soldados. Casi eran estos los únicos triunfos que en tan contrarias circunstancias podíamos esperar. Los franceses no aceptaron la cooperación de los españoles al pie de los muros de Roma, y el general don Fernando Fernández de Córdova tuvo que resignarse a ocupar a Terracina y otras más insignificantes poblaciones de lo más mísero, desolado y despoblado de los Estados Pontificios.

En una proclama que dieron los triunviros se burlaban de nosotros. Verdad es que a los napolitanos los trataban peor; ni los mentaban; como si no existiesen. En la proclama se veía claro el pensamiento de que era menester pelear para salvar el honor; para probar que el antiguo valor no había muerto aún en las almas italianas; pero sin esperanza alguna. «Detrás del ejército de Oudinot, decía la proclama, está la generosa nación francesa: detrás de Radetzky están los valientes húngaros y la democracia de Viena». Al mentar a los españoles, nos llamaba altivo hidalgo, acordándose de Don Quijote, y para zaherirnos más, añadía amenazábamos con nuestras fuerzas un lugarejo de nombre ridículo, llamado Ficomicino.

Entretanto la negociación del señor Lesseps, harto favorable a la república de Roma, no fue aprobada ni por el Papa ni por el gobierno de Francia.

La pelea entre romanos y franceses fue, pues, inevitable por todas razones, y el ejército francés, después de una valerosa defensa de los revolucionarios romanos, se apoderó de Roma el día 3 de julio de 1849.

Los bravos soldados españoles, sin haber disparado un tiro, y algo mortificados del poco airoso papel que la adversa disposición de los hados, la impotencia de nuestro gobierno y la corta habilidad de nuestra diplomacia, les hizo representar, se volvieron a España, trayendo para consuelo las bendiciones pontificias, gran número de rosarios, y el gusto de haber visto la Italia, donde sus antepasados tan extraordinarias cosas habían hecho.

Pero nuestro verdadero consuelo en el desairado papel que entonces hicimos, nos le dieron los más heroicos italianos, el mismo Mazzini, en sus proclamas, recordando el noble sacrificio de Zaragoza para excitar al pueblo a defender las ciudades, como Brescia, Roma y Venecia se defendieron. Brescia fue la que mejor imitó a Zaragoza. Aunque el Ayuntamiento capituló al cabo, hubo valientes que no quisieron rendirse y murieron matando en medio del incendio y de la ruina. Trescientas casas fueron incendiadas o destruidas por los austríacos. La torna de Brescia costó a estos la muerte del general Nugent, de 38 oficiales y de 1,500 soldados. Después de la torna, todavía el general Haynau se hizo entregar a cerca de cien personas de las más comprometidas en la insurrección, a quienes ejecutó bárbaramente. Roma también se defendió con valor. Y ya dominado todo, aún dilató largo tiempo Venecia su valerosa defensa, cuya duración total fue de diez y siete meses. Los mismos alemanes dieron testimonio de la heroicidad de Venecia, abandonada de todos. El fuerte de Malghera, defendido por el napolitano Ulloa, fue abandonado, después de sufrir el bombardeo durante un mes. La Gaceta de Augsburgo decía: «No es posible formar idea del estado de ruina a que el fuerte estaba reducido; a cada paso se tropezaba en un hoyo hecho por una bomba; el suelo estaba sembrado de metralla: era un montón de escombros: todos los cañones habían quedado inutilizados. Ninguna tropa en el mundo hubiera prolongado más la resistencia». Venecia misma, obrando como en los mejores días de su poder y de su gloria, se entregó por una honrosa capitulación, vencida por el hambre y el cólera y cuando ya carecía de pólvora y de pan. Así terminaron, por entonces, la revolución y la guerra de la independencia italianas, tomando mayor brío que nunca la reacción en toda Europa.

El Austria, aunque combatida aún por los húngaros, dio el tremendo ejemplo. El rey de Nápoles le siguió, si es que no le sobrepujó.

Con ejecuciones frecuentes, prisiones, confiscaciones y tributos atroces, pagó Milán su libertad de pocos días. Las principales familias, acusadas de liberales, tuvieron que satisfacer una multa de veinte millones de pesetas. Los bienes de los emigrados fueron secuestrados. Y además se impuso a la propiedad un empréstito de 300 millones.

Fernando II, a quien el Papa dio el título de Rey Piísimo, al mismo tiempo que el pueblo le dio el de Rey Bomba, no fue más blando con sus súbditos que los austríacos con los lombardos y venecianos vencidos.

Contraponíase a todo esto la admirable conducta de Víctor Manuel que comenzaba su reinado. El Austria le excitaba a acabar también con la libertad; tal vez hubiera logrado en premio una paz menos dura: pero Víctor Manuel, en medio de las mayores dificultades, quiso ser y fue fiel a los principios por los que había combatido. A costa de grandes sacrificios pecuniarios hizo la paz con Austria; pero conservó la integridad del territorio y la autonomía de su Estado. Tres hombres eminentes eran ya sus consejeros: Máximo de Azeglio, el general Alfonso de la Mármora y el conde de Cavour. Este último decía: «Mientras la libertad exista en un rincón de la península, no debemos desesperar del porvenir: siempre habrá medio de trabajar eficazmente en la regeneración de la patria».

Lo que daba, entretanto, mayor fuerza a la reacción italiana, extendiendo su influjo y violencia por los otros países y prestándole condiciones de duración y firmeza, fue el divorcio completo del espíritu del siglo y de la religión católica, realizado el día en que huyó el Papa de Roma, y confirmado a su vuelta.

En vano fue que Luis Napoleón Bonaparte tratase de restaurar el poder temporal del Pontífice con amnistía general, secularización de la administración y gobierno constitucional o liberal en cierto modo. El Pontífice restaurado se echó, a pesar de Francia, en brazos de la reacción, sostenido en este mal camino por el Austria, y por España, que se hizo satélite del Austria. El ministro principal del Papa, presidente del Consejo, fue el cardenal Antonelli, personaje enteramente absolutista y reaccionario, que restableció los antiguos abusos y acabó por hacer del todo aborrecible el gobierno pontificio. El cardenal Antonelli llegó a ser omnipotente en Roma al mismo tiempo que Cavour en Turín. Sobre el valer de una y otra política no ha tardado mucho en dar su fallo la suerte; pero, independientemente del resultado de estas dos políticas, lo cual tiene poco qué ver con España, nació de aquella situación un mal gravísimo para tocios los pueblos católicos. El cardenal Antonelli, si bien no se ocupaba del dogma sino de la política, vino insensiblemente a apoderarse del ánimo del Papa y casi se puede decir que a él principalmente se debe algo como la creación de un nuevo dogma; pues por tal debe tenerse el haber hecho del catolicismo una fortaleza contra la civilización moderna y contra las ideas liberales.

Más tal vez en España que en nación alguna hubo de producir esta actitud de la corte de Romá, deplorables efectos.

Aún subsistía aquí un gran partido, pronto a renovar la guerra civil y a tratar de cambiar la dinastía, fundándose en motivos religiosos. Y había además, entre los mismos dinásticos de Isabel II, no pocos absolutistas teocráticos, ya hipócrita, ya sinceramente llenos de fanatismo y de supersticiones, y teniendo la piadosa creencia, que más tarde, como hemos dicho, hubo de pasar por dogma, de que el liberalismo y el parlamentarismo eran las peores de todas las impiedades y herejías; las que, por decirlo así, las engendran y producen.

La reina Isabel, señora de viva imaginación y de sentimientos ardientes, daba con facilidad cabida en su alma a aquello que en las ideas religiosas se fundaba; y el rey consorte, por una extraña combinación de sibaritismo y misticismo, era harto aficionado a todo linaje de regalos y deleites, sin excluir los sobrehumanos y espirituales, y a veces, merced sin duda a la energía con que sabía expresarse, ejercía en la reina no pequeño ascendiente.

Como síntoma revelador de lo que de todo esto se podía temer habían ocurrido sucesos extraños durante la expedición española a Italia y el sitio de Roma.

Habíase el rey hecho amigo de aquella célebre monja del convento de Jesús, llamada Sor Patrocinio, la cual, no contenta con parodiar a Santa Teresa, fingiendo que tenía apariciones y revelaciones celestiales, se atrevió igualmente a parodiar a San Francisco de Asís, mostrando en sus manos, pies y costado, las mismas llagas que tuvo nuestro divino Redentor, y que imprimió sobre el monte de Alverna al poético y entusiasta santo italiano. Con sus milagros fingidos y con el encanto de su palabra, pues aunque vulgar debía de ser astuta, la monja logró dominar, ya a la vez, ya alternativamente, los ánimos del rey y de la reina, reconciliándolos en ocasiones. Tenía la monja por auxiliar al confesor del rey, el Padre Fulgencio, personaje de cortísimos alcances, aunque harto hábil, como por instinto, para ganarse la privanza adulando. Sucedió, pues, que seducida la reina por la fingida santidad, falsas profecías y consejos de la monja, hubo de ceder a lo que la monja deseaba, poniendo al ministerio Narváez de repente en la necesidad de presentar su dimisión. Entonces nombró la reina un ministerio inspirado por la santa. El conde de Cleonard fue ministro de la Guerra y presidente del Consejo, y el conde de Colombi ministro de Estado. A pesar de la oposición de la reina madre María Cristina, los nuevos ministros juraron sus cargos el 19 de octubre de 1849.

Por fortuna, la opinión pública se manifestó del modo más resuelto apenas cundió esta noticia. Las autoridades civiles y militares presentaron su dimisión. Todos los periódicos, menos los absolutistas, descargaron su furor sobre el ministerio. Contra él se esgrimieron también las armas del ridículo. En suma, el desagrado se mostró de mil modos y todos eficaces. La reina Isabel hubo entonces de asustarse; se arrepintió de lo que había hecho; y, para remediarlo, llamó en seguida a Narváez, el cual reconstituyó su ministerio.

La reina, benigna siempre y generosa, suplicó a Narváez que no castigase a nadie, asegurando, como era la verdad, que ella tenía la culpa de todo. Se cuenta que Narváez prometió no castigar; pero, hasta cierto punto, se puede decir que no cumplió su promesa, pues a todos aquellos señores, que al cabo no habían cometido más delito que el de aceptar un puesto con que les brindó la confianza de la corona, los vejó y los prendió o los desterró aunque fuese por corto tiempo. Algunas personas de la servidumbre de Palacio fueron también maltratadas: un ayudante del rey confinado a Melilla; un gentilhombre, llamado Quiroga, hermano de la monja milagrera, desterrado a Ronda; el Padre Fulgencio, preso primero y confinado después en el colegio de los escolapios de Archidona; y hasta el mismo Cleonard, presidente del efímero gabinete, conocido por el nombre de Ministerio Relámpago, fue herido por Narváez con una sangrienta pulla; pues después que hubo firmado la separación de su compañero Balboa y el nombramiento del conde de San Luis para ministro de la Gobernación, Narváez le arrojó descortésmente de la cámara regia, diciéndole por mofa: «Puede V. E. retirarse a descansar de sus fatigas».

Con Sor Patrocinio también empleó Narváez una severidad más merecida que lícita en nuestro sentir y dentro de nuestras doctrinas liberales: la sacó por fuerza de su convento y la envió desterrada a Talavera de la Peina. La razón de Estado justificaba, tal vez, esta medida; pero es triste cosa que por la candidez extraña del rey, por su credulidad o por su capricho, se creyese obligado todo un presidente del Consejo de ministros de una gran nación a perseguir a una monja porque se ponía llagas o porque fingía milagros, que la autoridad eclesiástica o la inquisición, si la hubiera habido, hubiera debido castigar, pero que la autoridad civil, en nuestro siglo, debiera mirar como asunto, más bien que digno de castigo, digno de risa.

De todos modos, en la persecución de Narváez contra el Padre Fulgencio y contra la monja, ni se ve al racionalista liberal, ni al celoso defensor de la pureza de la fe. Aquel no hubiera hecho caso de la monja embaucadora ni de su cómplice el fraile: y este hubiera hecho que la autoridad eclesiástica los juzgase y condenase como falsarios. En la persecución de Narváez solo se ve el desafuero y la violencia, que en parte tuvieron que ceder al cabo. Al Padre Fulgencio, al menos, se le levantó pronto el destierro y se le dejó volver a Madrid.

Apenas desapareció el Ministerio Relámpago, se abrieron de nuevo las Cortes y reanudaron sus tareas, las cuales no fueron muy brillantes ni muy útiles. No pocas buenas reformas administrativas se hicieron entonces por decretos y no por leyes. Hasta los presupuestos dejaron de discutirse, pidiendo el gobierno autorización para cobrar las contribuciones y empezando a cobrarlas antes de que la autorización fuese concedida. Las sesiones se suspendieron a mediados de febrero de 1850.

Durante la discusión de la autorización para cobrar las contribuciones, hubo un violento altercado en el seno mismo del Congreso entre González Brabo y Ríos Rosas. Ambos eran hombres de carácter irascible y de condición provocadora. Ríos Rosas, por lo mismo que era premioso de palabra, daba extraña energía a sus discursos, cada una de cuyas frases parecía un disparo. González Brabo era fácil y facundo como pocos, y su procacidad, proverbial, así hablando como escribiendo. En aquella ocasión, la primera ofensa partió de Ríos Rosas que aludió, aunque solapadamente, a la conversión de González Brabo de progresista en conservador, calificándola de apostasía e infamia. González Brabo pidió explicaciones, y Ríos Rosas, en vez de darlas, le ofendió más. González Brabo, por su parte, lastimó también el amor propio de Ríos Rosas, censurando a los que hacen la oposición sin hacer dimisión de sus empleos. De todo ello resultó un duelo a pistola, del cual salió González Brabo gravemente herido. Lo más singular del caso fue que González Brabo había estado en la oposición con Ríos Rosas, y que este lance y esta herida le sobrevinieron con ocasión de volverse de nuevo ministerial.

Antes de que terminasen las sesiones de las Cortes, el gobierno puso en conocimiento de ambos cuerpos colegisladores que S. M. estaba en cinta. Grande fue el entusiasmo que mostraron por esto diputados y senadores, y, agregándose a las comisiones, todos fueron a felicitar a S. M. Pero, hasta de este fausto suceso, nacían dificultades y peligros para Narváez. El rey consorte, apoyándose en el art. 61 de la Constitución e interpretándole a su gusto, quería ejercer la regencia, durante la preñez de su augusta esposa. Narváez, no obstante, logró con poco trabajo desatender tan absurda pretensión; pero en Palacio tenía grandes y poderosos enemigos, al frente de los cuales estaba el rey consorte. El partido absolutista dinástico, que iba siendo cada vez más fuerte y que contaba con las simpatías del rey y a veces con las de la reina, estaba en contra de Narváez, y aun le acusaba de que se imponía en Palacio y de que tenía amedrentada y supeditada a la familia real. En aquellos días circuló profusamente un impreso, hasta por los cuarteles, acusando en tal sentido al duque de Valencia. La voz pública designaba al Padre Fulgencio como autor del impreso. Del mismo Narváez se asegura que dijo al leerle: «Esto está escrito por el Padre Fulgencio con el visto bueno del rey». El impreso decía entre otras cosas que «la reina se hallaba privada de ejercer la prerrogativa de nombrar y separar ministros por el carácter violento de un hombre enaltecido con los honores que ha sabido arrancar a S. M. misma». Y añadía que «la nación había visto el decreto humillante para la real familia que para nombrar y espiar a la servidumbre de Palacio ha osado publicar un ministerio atrevido, sin consentimiento ni firma de S. M., decreto a que no podía suscribir la reina sin rebajar su dignidad».

Basta con citar lo poco que hemos citado para que se comprenda la posición de Narváez en palacio, aborrecido y temido por el rey, ya en perfecto acuerdo matrimonial con su augusta esposa: la reina madre tampoco quería bien a Narváez: y este, con sus violentos arrebatos, se iba enajenando las voluntades del propio partido que le sostenía con sus votos y discursos y que formaba la mayoría de las Cortes. Narváez dejó cesante a Ríos Rosas del cargo de consejero porque le había hecho oposición, lo cual fue muy censurado.

Contra tantos enemigos hizo Narváez cuestión de amor propio el resistir, sosteniéndose en el poder. El rey, en cambio, no cesaba de trabajar para derribarle. La reina María Cristina hacía el papel de prudente mediadora, retardando la caída de Narváez, a fin de que se realizase con suavidad y sin estruendo.

A fin de prolongar la angustiosa vida de su ministerio, buscó Narváez los medios más singulares. Uno de ellos, que al fin no llegó a ponerse en práctica, fue el de traer al general Serrano de capitán general de Madrid, para que contrarrestase y aun venciese a la camarilla mística y milagrosa del rey. Como el general Serrano o no se prestó a ello o no fue nombrado por otras causas, el general Fernández de Córdova, recién venido entonces de Roma, y que no podía desagradar a la citada camarilla, porque se hallaba bendito y como santificado por el Papa, fue nombrado capitán general.

Nada podía, sin embargo, conjurar ya el enojo del rey y apartarle de su propósito de que Narváez cayera. A cada instante ponía el rey al ministerio en los mayores apuros, con exigencias que el ministerio no podía satisfacer y con amenazas cuyo cumplimiento era menester impedir a fin de que no hubiese nuevos escándalos. La grande amenaza del rey fue en aquel tiempo la de irse a Aranjuez, si no le daban el gobierno de la Real Casa. Los ministros, deseosos de que no ocurriesen este viaje y reiterado divorcio, presentaron a la reina su dimisión. La reina no quiso aceptarla; pero el rey se iba, y convenía que no se fuera. Para convencerle a que se quedara, se acudió a la reina Cristina, que le amansó y convenció, transigiendo. El resultado de la paz fue que la Real Casa y Patrimonio, con independencia de los ministros, fuesen gobernados por la reina misma, ya que no por el rey, como este deseaba. Con el intento de lisonjear y complacer al rey, el ministerio propuso además a su director espiritual, el Padre Fulgencio, para la mitra de Cartagena.

En medio de tantas dificultades, la fortuna, proporcionando algunos prósperos sucesos, y la habilidad y el celo de los ministros de la Gobernación y de Marina haciendo útiles mejoras, daban nueva fuerza al gabinete Narváez.

El conde de San Luis, protegiendo las letras y las artes, se había hecho muy popular y querido de poetas y de artistas. La propiedad literaria se hallaba tan despreciada y mal garantizada, que ni siquiera las obras dramáticas, casi las únicas que en un país como España, donde tan poco se leía, podían obtener alguna remuneración, lograban obtenerla. Por el drama o la comedia, que mayor éxito tuviese, apenas podía esperar el autor veinte o treinta duros de paga. Es evidente que el mejor modo de remediar este mal era garantizar bien la propiedad literaria y dejar en libertad a los autores para que pusiesen, sin tasa, precio a su trabajo, estimándole ellos mismos. Lo que se hizo de reglamentar esto y de poner tasa o tarifa oficial a la ganancia del poeta no está conforme con los buenos principios de economía: pero, sea como sea, produjo por lo pronto excelentes resultados, y aun sigue produciéndolos, y aseguró a los poetas dramáticos, que tienen la dicha o el tino de hacerse aplaudir, ganancia nada mezquina en comparación de lo que en otras tareas mentales suele granjearse en nuestra tierra. Agradecidos bastantes poetas, de los más ilustres, hicieron sendas composiciones encomiásticas al conde de San Luis, y, reuniéndolas todas en un volumen, publicaron una Corona. Aficionado el conde de San Luis a la literatura, aspiró a la gloria de Mecenas, y en general puede afirmarse que acertó en la elección de las personas a quienes concedió su protección, amparando, favoreciendo y alentando a los que más brillaron por su saber o por su ingenio.

En no pocas cosas de la administración pública mereció el titulo de atinado reformador. Fundó la escuela de ingenieros de montes; dio buenas disposiciones para la conservación y aumento del arbolado; mejoró y organizó la policía; abarató el precio del porte de las cartas e introdujo el franqueo previo; proyectó una buena ley de empleados de gobernación para que los destinos se lograsen por el mérito y no por el capricho o el favor; los establecimientos de beneficencia, así como los penitenciarios, fueron objeto de su afán y cuidado, y le debieron mucho; e hizo por último nada infructuosos esfuerzos en pro de la instrucción pública.

La actividad benéfica del conde de San Luis y su anhelo de hacer glorioso su nombre le llevaron a acometer, ya que no diese cima a todas, no pocas otras útiles empresas, como el ensanche de la Puerta del Sol, la venida de aguas a Madrid y la construcción y conclusión del Teatro de Oriente.

Por aquel tiempo también se arregló la especie de desavenencia que habíamos tenido con Inglaterra, por haber arrojado de Madrid a sir Enrique Búlwer. Lord Pálmerston, según hemos dicho ya, se había visto en la precisión, muy a despecho suyo, y a fin de mostrar su enojo por aquella afrenta, de dar sus pasaportes al ministro de España; pero lord Pálmerston, como él mismo dice en una carta, no gustaba de semejante medida. «El rompimiento, dice, de las relaciones diplomáticas me parece uno de los peores medios de mostrar el enojo, a menos que esto no sirva de preludio inmediato a una declaración de guerra. El rompimiento de estas relaciones entre dos pueblos que tienen en común intereses políticos y comerciales es en extremo incómodo para ambos y probablemente tanto para el uno como para el otro».

Como se ve, pues, el gobierno inglés, que no estaba dispuesto ni tenía empeño en declararnos la guerra, no podía menos de mostrarse propicio a reanudar las relaciones, por corta que fuera la satisfacción que se le diese. Las relaciones, sin embargo, no se reanudaron hasta bien mediado el año de 1850, época en que Inglaterra envió a Madrid de ministro a lord Howden, persona por todos estilos recomendable, muy conciliadora y muy aficionada a nuestro país, de cuya lengua, literatura, historia y demás condiciones tenía abundantes noticias y favorable concepto. Lord Howden, diplomático distinguido a par que valeroso y hábil militar, había combatido en España por la causa de la reina durante la guerra civil y se había señalado mereciendo y obteniendo la cruz de San Fernando. Representante inglés de tan buenos antecedentes para España no pudo menos de ser recibido con viva satisfacción. Nuestro gobierno envió de nuevo a Londres a Istúriz.

Otro negocio, también de carácter diplomático, sobrevino entonces, el cual, si bien mortificó algo al gobierno, no tenía en realidad importancia alguna, y ofreció buena ocasión a Narváez para romper con el tiránico rey de Nápoles. Tenía este una hermana, soltera aún, con más de treinta años cumplidos, y tan poco agraciada de cuerpo y de rostro, que hacía recelar mucho que se quedase perpetuamente soltera. Deseoso el rey de Nápoles de casar a su hermana y viendo que el conde de Montemolín se prestaba a tomarla por mujer, concertó el casamiento con tanto recato, que de nada tuvo noticia el duque de Rivas, que estaba de embajador de España en aquella corte. Cuando el duque supo la boda, siguiendo las instrucciones de su gobierno, rompió las relaciones oficiales con la corte de las Dos Sicilias. La política había entrado por algo en este casamiento. Los emperadores de Austria y de Rusia le habían aprobado como muy conducente para estrechar los lazos que unían a los individuos de la familia de Borbón. El rey de Nápoles, sin embargo, se excusó hasta humildemente con el duque de Rivas, sosteniendo que no había tenido ninguna mira política al concertar la boda, y añadiendo, para esforzar la disculpa, que esperaba que el gobierno español no había de exigir de él que condenase a su hermana a permanecer soltera toda la vida. A pesar de todo, las relaciones entre ambas cortes quedaron rotas.

Otro suceso, favorable al gobierno, ocurrió también a mediados de 1850. El célebre aventurero don Narciso López desembarcó en Cuba, en el puerto de Cárdenas, con una tropa de filibusteros; pero aunque estos incendiaron la población, que tenía muy escasa custodia, su teniente gobernador, don Florencio Ceruti, se defendió bravamente, y don León Fontum, comandante de armas de Guamacaro, con corto número de soldados y con algunos paisanos españoles, pudo vencer y dispersar a los de la expedición, dando muerte a algunos de ellos. Los demás, y su caudillo López, pudieron escaparse, a pesar de la persecución del vapor Pizarra, porque iban en una nave muy velera.

A pesar de las pérdidas causadas por el incendio de Cárdenas, fue este un buen suceso para el gobierno español, porque manifestó su vigilancia y energía en la defensa de Cuba. Verdad es que puso asimismo mucho más en claro el empeño que había en no pequeña parte de la población de los Estados-Unidos por despojarnos de aquella hermosa isla, y cuando no la complicidad, el beneplácito o la aquiescencia del gobierno de Wáshington para que dentro de su territorio y dominio se ultrajase a España, y se conspirase, y se enviasen contra ella armas, municiones y piratas. El gobierno español para hacer frente a los peligros que de esto podían resultar, reforzó la guarnición de Cuba, con aplauso general de todos los españoles, y se consagró con eficacia al aumento de nuestra marina de guerra, construyendo principalmente buques de vapor.

Muy celoso y activo, a fin de lograr este aumento, se mostró el marqués de Molíns, que era a la sazón ministro de Marina.

La oposición moderada iba, entretanto, siendo más numerosa cada día; pero se hallaba dividida y sin concierto. Casi había tantos grupos como personas. Pastor Díaz, Benavides y Ríos Rosas trabajaban aislados. González Brabo se mostraba vacilante o tal vez espiaba ocasión propicia para inclinarse de un lado o de otro.

En esta situación, el gobierno disolvió el Congreso y convocó nuevas Cortes para el día 31 del próximo octubre. Las elecciones se hicieron, como siempre, acusando las oposiciones al gobierno de coacciones y otros abusos, y mostrándose en realidad el cuerpo electoral poco resuelto, activo y decidido en favor de nadie, como no fuera de aquellos a quienes el gobierno apoyaba. De aquí el prurito de retraerse que sienten a menudo en España y que sintieron entonces los partidos no dominantes. No se decidió en aquella época el retraimiento entre los progresistas; pero estos no hicieron grandes esfuerzos en las elecciones y vinieron pocos al nuevo Congreso. Los que vinieron eran llamados por los ministeriales diputados consentidos, y don Pascual Madoz, no pudiendo sufrir tan insolente apodo, renunció en pública sesión el cargo de diputado y se retiró a su casa.

El partido progresista, aunque en cierto modo retraído, trataba de reorganizarse, por lo cual, más excitados contra él los conservadores, le perseguían e insultaban en conversaciones, discursos y periódicos. A. fin de ofender al ídolo de los progresistas, el general Espartero, un periódico de París, inspirado sin duda por españoles conservadores, supuso que la reina Cristina, en 1840, había dicho al duque de la Victoria que había hecho de él cuanto hay que hacer menos un caballero. Contra esta ofensa se sublevaron los progresistas, y uno de ellos, el señor López Grado, acudió a la misma reina Cristina para que declarase, como declaró, que no había dicho tal cosa. Así pudo el señor López Grado desmentir aquella fea calumnia con aplauso general de sus correligionarios.

Las nuevas Cortes se reunieron el 31 de octubre como estaba prescrito. El señor Mayáns fue presidente del Congreso. Hubo en él tal plétora de mayoría, que se llamó Congreso de familia. Por el Congreso, pues, no peligraba la vida del ministerio. La crisis que había de matarle había de nacer de su seno. Bravo Murillo, ministro de Hacienda, fue quien la promovió. Existía en los presupuestos un déficit de 600 millones; y, deseoso Bravo Murillo de nivelarlos, exigió economías. Los ministros de Guerra, Marina y Gobernación, anhelaban, por el contrario, aumentar sus gastos. De aquí nació la crisis. Bravo Murillo, por un lado, presentó su dimisión a la reina; y por otro, presentaron los demás ministros las suyas. La reina sacrificó a Bravo Murillo y conservó aún el ministerio Narváez. Este hizo a don Manuel Seijas Lozano ministro de Hacienda, y dio la cartera de Fomento, que Seijas Lozano desempeñaba, a don Saturnino Calderón Collantes, senador del reino.

Mal parado quedó el ministerio después de esta crisis. Las últimas palabras que dijo Bravo Murillo al retirarse parecía que eran como la sentencia de su muerte. «He perdido, dijo, la fe y el entusiasmo: las cosas van de mal en peor».

El Congreso estaba formado a gusto de Sartorius; era como la reunión de sus amigos; pero pronto, cuando vieron los diputados más listos que Narváez iba de caída, se pusieron en contra, si no de Sartorius, de Narváez, el cual se sintió abatido y herido por la ingratitud de sus propias criaturas.

Los presupuestos se presentaron a las Cortes el 14 de diciembre. El gobierno pidió autorización para que rigiesen desde 1.º de enero, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran hacerse en ellos. Las Cortes concedieron la autorización sin grave dificultad ni larga tardanza.

Al discutirse esta autorización, el marqués de Valdegamas, de quien menos que de nadie esperaba Narváez un ataque rudo, pronunció un discurso famoso, lleno de frases resonantes, de falsas filosofías y de elocuencia deslumbradora, haciendo al gobierno los más duros cargos y profetizando mil desventuras para la nación y aun para el trono.

El discurso de Valdegamas puso el colmo al hastío de Narváez y acabó con la poca paciencia que le quedaba aún. Martínez de la Rosa, que había contestado a Donoso Cortés, creyó en su vanidosa candidez haber derrotado a aquel adversario por virtud de sus melifluos discreteos, y se cuenta que dijo a Narváez: «La victoria ha quedado por nosotros»; y que Narváez contestó: «Pues usted será el que la disfrute, porque yo esta misma noche presento mi dimisión a la reina».

En efecto, Narváez presentó su dimisión aquella misma noche; pero la reina no quiso aceptarla. Narváez la aplazó. Los ataques de sus amigos y favorecidos aumentaron el enojo de Narváez. El discurso de Donoso Cortés fue aplaudido y comentado por los periódicos antes más narvaístas. Fue como el grito de guerra que todos alzaron contra él. Lleno de amargura, el duque de Valencia se corroboró en el propósito de dejar el mando. «Yo he nacido, exclamaba, para pelear frente a frente con mis enemigos y no para recibir balazos por la espalda». Pidal, Sartorius y otros hombres políticos de su parcialidad, hicieron sus mayores esfuerzos para que desistiese de su propósito. La dimisión de Narváez y de sus compañeros de gabinete fue definitivamente presentada el día 10 de enero de 1851.

El presidente del Consejo de ministros dimisionario salió aquella misma noche para París. La reina nombró para reemplazarle a don Juan Bravo Murillo, presidente y con la cartera de Hacienda. Sus compañeros de gabinete fueron, en Guerra, el conde de Mirasol; Beltrán de Lis, en Estado; en Gracia y Justicia, don Ventura González Romero; en Marina, Bustillos; en Gobernación don Fermín Arteta; y en Fomento don Santiago Fernández Negrete.

CAPÍTULO IV

Ministerio Bravo Murillo.—Arreglo de la deuda.—Proyecto de reforma

El nuevo ministerio traía varios propósitos importantes que realizar, con más buenos deseos y arrogancia que poder y medios para realizarlos. Era uno de sus propósitos rebajar la preponderancia de los militares; pero ¿en qué gran partido político, en qué clase del pueblo, decidida en su favor, iba a apoyarse el ministerio para tan difícil empresa? A nadie tenía detrás de sí. Debía su vida a un capricho del soberano.

Otro de sus propósitos era el arreglo de la Hacienda y de la Deuda: y otro, por último, el de reformar la Constitución en sentido menos liberal y parlamentario. Para esto sí tenía quien le prestase auxilio; pero también para esto surgirían mayores dificultades y sería más brava la oposición que habían de hacerle. El ministerio, no obstante, debía contar con Palacio, propicio ya a toda reacción, desde que el rey, mistificado por su confesor y por la monja, y reconciliado con la reina, pesaba mucho en los íntimos consejos de la familia reinante; y debía contar asimismo con el partido absolutista dinástico, que había ido creciendo desde que acabó la guerra carlista, que por odio a la revolución había exagerado sus doctrinas y propensiones, y que ahora se engreía y autorizaba con un casi profeta, con el ilustre Donoso Cortés, marqués de Valdegamas.

Hallábase entonces este personaje en el apogeo de su gloria y en toda la fuerza de su fecundidad como orador y como escritor. Sus doctrinas nada tenían de originales: eran una mezcla de las de Bonald y de las del conde José de Maistre, que en España, por generalmente ignoradas, parecían nuevas. Todo ello venía expuesto en libros y discursos con elocuentísimo estilo, que abrillantaba las paradojas y les daba trazas de profundísimas verdades no descubiertas hasta entonces: de algo a manera de celestiales revelaciones. Todo ello además tenía un atractivo misterioso para los españoles y una encantadora y simpática novedad: la de traer al terreno de la política militante, y como a la vida pública diaria, las más altas cuestiones metafísicas, antes solo oídas, si acaso, en las aulas, y en el seno de algún claustro apartado, en labios de los rarísimos frailes que algo estudiaban y sabían.

La alianza del altar y del trono, la existencia de un partido absolutista monárquico-religioso era antigua entre nosotros: pero Donoso Cortés lo vistió de nueva forma más a la moda, como todas las modas, venida de Francia. Sin duda que algo de tradicionalismo había habido ya en España, a fines del siglo XVIII y principios del XIX. El sensualismo de Condillac, amalgamado con la fe viva en el catolicismo, era fácil, era casi necesario que diera dicho fruto: pero no con el brío y con el carácter político que le dieron el terror y el odio a la primera revolución francesa por medio de Bonald y de Maistre, y a la segunda, en 1848, por medio de Valdegamas. La predisposición de los espíritus y la elocuencia de Donoso explican hoy que se oyesen con seriedad y que entrasen por algo en lo práctico de la vida las monstruosas afirmaciones, que, exagerando a sus maestros franceses, divulgó en España el marqués de Valdegamas. La clave de toda ciencia es la revelación o la teología. Hay dos teologías, una divina y otra diabólica. La divina es la de los absolutistas; la diabólica, la de los socialistas y rojos. Los partidos medios carecen de teología y no saben nada ni valen para nada. Es nocivo discutir ni razonar, porque la discusión es la muerte que viaja de incógnito. Condenación, por lo tanto, del parlamentarismo. La sangre posee una gran virtud purificante, derramada sobre la tierra. Es menester derramarla por mano del verdugo: de lo contrario vienen las guerras y las revoluciones y el derramamiento de sangre es mayor: la sangre corre a torrentes. De aquí la utilidad de una represión, cruel en apariencia y en realidad bienhechora.

Los hombres de acción y de gobierno no se devanaban mucho los sesos para abarcar y comprender toda la trabazón y enlace dialéctico del sistema, dentro del cual encajaban tan lindamente las afirmaciones prácticas de Donoso: pero las aceptaban, hasta donde era posible aceptarlas, esto es, hasta inferir que, si no habían de llegar en seguida los tiempos apocalípticos, la aparición del Antecristo y la profetizada fin del mundo, era menester tratar duramente a los revolucionarios y liberales y acabar con el parlamentarismo.

Don Juan Bravo Murillo, que era poco metafísico, aunque también pecó en esto y escribió algo que él creía metafísica o alta filosofía, concordaba con Donoso en lo práctico y gustaba de que se pudiera fundar en tan nebulosas y miríficas especulaciones la especie de despotismo ilustrado que quería darnos con su reforma. Sus compañeros, por lo demás, lo mismo que la corte, eran piadosos católicos y gravemente inclinados a dar al pueblo la mayor dosis de lo que entendían por orden y la menor dosis de libertad posible.

Desde el comienzo de su vida, el nuevo gabinete, como quien se ensaya para mayores cosas, empezó haciendo tentativas de morigerar y de santificar al pueblo, que no le salieron muy bien.

Don Fermín Arteta, ministro de la Gobernación, escandalizado de que en el Miércoles de Ceniza, día en que todo fiel cristiano debe meditar en la muerte, en que es polvo y se ha de convertir en polvo, continuasen las farsas del Carnaval y se verificase el grotesco y regocijado entierro de la sardina, dio orden al jefe político para que prohibiese aquella diversión popular, por inoportuna, sacrílega e irreverente. Pero mientras Arteta había dado orden de prohibir el entierro de la sardina, Bravo Murillo en el Congreso, respondiendo a la pregunta de un diputado, había prometido que le consentiría. Fue menester, pues, consentirle. El señor Arteta dijo que en efecto había dado orden al alcalde corregidor y al jefe político, pero sin ponerse de acuerdo con sus compañeros. Cantando así la palinodia, el señor Arteta dio contraorden; pero el jefe político y el corregidor, que ya habían prohibido el entierro, juzgaron, y no sin razón, indecoroso y depresivo de su autoridad el desmentirse y contradecir lo mandado, y ambos dejaron sus puestos. De este modo el ministerio, o al menos uno de sus individuos más principales, en su primera tentativa de morigerar a los hombres y de ordenar santamente las cosas, salió corrido y burlado y dio no poco que reir.

Con sus reformas militares tampoco salió el gobierno muy lucido. No bien anunció Bravo Murillo su propósito de hacer una modificación en el alto personal de la milicia, cuando produjo una crisis y se le fue del ministerio de la Guerra el conde de Mirasol. Sustituyóle Bravo Murillo con el general don Francisco Lersundi, el cual se prestaba a los intentos de Bravo Murillo, pero pronto surgió el conflicto que era de temer. El general don Leopoldo O’Donnell a la sazón director de Infantería, dirigió a Lersundi una comunicación quejándose agriamente y protestando contra varios nombramientos militares hechos fuera de escalafón y con notoria injusticia. Lersundi se quejó a sus compañeros de aquella falta de respeto. Bravo Murillo quiso castigar de algún modo el atrevimiento de O’Donnell, y sin ánimo para hacerlo por sí, llamó a consejo, y como pidiendo apoyo, a los otros generales directores de las armas y al presidente del Tribunal de Guerra y Marina. Estos, como era natural, ni quisieron decir al ministro que no tenía razón, ni quisieron quitársela tampoco a su compañero. Nada resultó, pues, de la junta sino el salir todos descontentos unos de otros. Tratóse después el negocio en Consejo de ministros y se pensó en destituir a O’Donnell; pero este se adelantó dimitiendo su cargo. De esta suerte, sin mostrar verdadera energía, el ministerio se iba haciendo enemigos a todos los generales.

Sus celos y envidias contra Narváez le dieron mucho que sentir, y las distinciones y el respeto con que Narváez fue recibido y acogido en Francia y en Inglaterra, mortificaron al ministerio extraordinariamente.

El duque de Sotomayor, embajador de España en París, recibió a Narváez como pudiera haber recibido a un príncipe reinante, y el ministerio no tuvo bastante sangre fría para disimular el enojo y destituyó al duque de Sotomayor. Como Luis Napoleón, presidente de la república, así como sus ministros y más notables personajes de su corte, habían acogido a Narváez con no menores distinciones, Luis Napoleón se creyó también incluido en la censura del gabinete Bravo Murillo; y como este no había de destituirle, redobló sus obsequios a Narváez, convidándole a revistas y a reuniones y convidando también al duque y a la duquesa de Sotomayor.

No todos, sin embargo, fueron triunfos para Narváez en tierra extranjera. Un caballero andaluz, llamado Díaz Martínez, se encargó de darle algunas desazones. Parece que, siendo Narváez presidente del Consejo, Díaz Martínez había ido a verle para tratar de cierto asunto, y que Narváez le hizo un desaire, o no recibiéndole, o recibiendo antes que a él a varios moros marroquíes. Como quiera que fuese, Díaz Martínez se creyó ofendido y aguardó a que Narváez volviese a la vida privada para tener con él un duelo a muerte. Díaz Martínez fue a Francia, acompañado de su padrino el general Armero, en busca de Narváez, a quien dicho general Armero dirigió un cartel de desafío en nombre del apadrinado, Narváez, en vez de aceptar, dio parte al gobierno de lo ocurrido, alegando que su grado en el ejército y su calidad de presidente del Consejo del último ministerio no consentían que aceptase aquel lance. De resultas de esta comunicación, el gobierno de España ordenó a Armero que volviese a su país, y las autoridades francesas por su parte obligaron a Díaz Martínez a salir de Francia, no bien llegó a Bayona. Este suceso dio ocasión a graves censuras contra Narváez, solo fundadas, en nuestro sentir, en su carácter pendenciero y soberbio, entonces desmentido. Por lo demás, lo razonable era que Narváez hiciese lo que hizo. Toda persona constituida en autoridad, mientras más alta esté, debe ser más afable y urbana, esmerándose en no faltar a nadie en lo más mínimo; pero también es justo y hasta necesario que a esta misma persona se la exima de responder con las armas a las provocaciones de todo el que se crea o se finja agraviado o despreciado, porque entonces, ni el ministro podría negar un empleo, ni dejar de conceder una gracia, ni dejar de resolver un expediente según se lo pidieran, sin estar apercibido y pronto para andar después a tiros y a estocadas.

Narváez, en medio de todo, era el hombre de más prestigio entonces en España entre los políticos, y esperaba volver pronto al poder. Sus más fieles amigos se agrupaban en torno del marqués de Pidal. Sartorius, por su parte, contaba con una legión numerosa y bien disciplinada, y ya se mostraba favorable a Narváez, ya trabajaba por su cuenta, contando con el favor de la reina madre, la cual quería traer a Istúriz de Londres, hacerle presidente del Consejo y dar a Sartorius la cartera de Gobernación.

Lo cierto era que todos dudaban entonces de que el nuevo ministerio fuese viable; que los personajes políticos del partido conservador, completamente fraccionado, se agitaban en todas direcciones; que nadie creía que el ministerio pudiese tener mayoría segura en el Parlamento ni suficiente energía y favor en la corte para disolverle; y que todos anunciaban su muerte y se disponían para heredarle.

Tal vez el personaje que prestaba al ministerio más sincero apoyo era el marqués de Valdegamas; pero el mismo marqués encontraba que el ministerio se iba desnaturalizando, esto es, haciéndose más liberal y que de esta suerte se enajenaba la voluntad de los hombres de bien y no se ganaba la de los intrigantes políticos. Así es que Donoso vaticinaba también al ministerio una pronta e ingloriosa muerte.

Entretanto, fuera de España, donde no se veían nuestras pequeñas miserias, el gobierno brioso de Narváez y la resistencia que supo oponer a la revolución habían levantado nuestro crédito, sobre todo en aquellas cortes y entre aquellos gobiernos que más se jactaban de sostener el principio de autoridad. Austria y Prusia nos habían reconocido, enviando como representantes a Madrid al conde de Esterhazy y al conde de Raczynski. El Padre Santo iba a ratificar un concordato. Y en fin, hasta el emperador de Rusia, Nicolás I, estuvo a punto de reconocer el gobierno de la reina. Sin duda, para explorar la situación, envió antes a Madrid, en calidad de viajero, al general conde Rzewuski; pero este señor llegó tarde. Narváez había ya caído, y sin duda ni el gobierno español hubo de parecerle muy sólido, ni el orden en España muy asegurado, ni la familia real muy apta y poderosa para atajar la corriente de las revoluciones y trastornos, cuando el resultado de su viaje fue que el Czar no nos reconociese en toda su vida. Aquí, sin embargo, se agasajó mucho a su enviado, y en las notas de un diplomático leemos que el rey don Francisco de Asís estuvo con él de una amabilidad extremada, y le expresó su vivísimo deseo de que el emperador de Rusia reconociese a la reina, añadiendo por último: «El emperador, a quien Europa debe la paz y la tranquilidad de que goza en el día, haría a España el servicio más considerable si reconociese a la reina. Alrededor de su trono vendrían entonces a agruparse sus últimos adversarios. El reconocimiento de Prusia y de Austria nos ha prestado un gran auxilio en este punto. Por lo demás, yo puedo aseguraros que en cualquiera parte y bajo cualquier forma que se presente la rebelión, nosotros estamos decididos a combatirla. En cuanto a mí, resuelto estoy a morir antes que ceder».

El único y verdadero apoyo que el gobierno de Bravo Murillo tenía estribaba en los que cándidamente esperaban que iba a ser un gobierno más económico, esto es, más barato: que iba a haber, en suma, rebaja en las contribuciones, y una probidad extraordinaria en la administración; probidad de que Bravo Murillo hacía alarde y que era como el lema más característico de su bandera. Los que la seguían, a fin de dar una muestra del amor a la parsimonia de los nuevos gobernantes y de contraponer a esto los despilfarres de la administración pasada, atacaron violentamente al conde de San Luis por los gastos enormes que se habían hecho en el Teatro Real; pero al cabo las cuentas de las obras de dicho Teatro fueron examinadas por el tribunal competente y no se halló falta en ellas. A pesar de estos ataques de Bravo Murillo y de algunas destituciones que hizo en el personal creado por Sartorius, Sartorius no se enojaba ni se apartaba del ministerio, creyendo acaso hacerle más daño con su amistad fingida que con su enemistad declarada y franca. El ministerio, por su parte, conocía que tener tantos amigos era lo mismo que no tener ninguno, y casi deseaba tener enemigos descubiertos; pero no lo lograba. Hasta los progresistas tuvieron la tentación de hacerse ministeriales, como lo fueron en tiempo de lo^ puritanos.

Una de las misiones o mejor dicho la misión principal de Bravo Murillo era el arreglo de la Deuda. Desde 1845 venía pensando en esto y diciendo que era menester hacerlo por una ley y no por autorización, y que debía tener por base no prometer sino aquello que hay seguridad de cumplir, para no engañar a los acreedores; reducir la Deuda a los límites que prescribiese la situación del Tesoro; y no contraer nuevas obligaciones. En muchas de estas cosas nadie podía dejar de estar de acuerdo, pero las circunstancias pueden más que el mejor tino y propósito, y la Deuda, desarreglada siempre, había ido creciendo cada vez más.

El señor Mon había querido en 1845 arreglarla Deuda por autorización y había dejado el ministerio de Hacienda sin conseguirlo.

Peña Aguayo, en la ley de presupuestos de 1846, hizo derogar la autorización para el arreglo.

En 1847, el señor Salamanca creó una comisión para formar un proyecto de ley que arreglase la Deuda. En la ley de presupuestos, que llevó a las Cortes en el mismo año, prometió presentar el proyecto de arreglo.

Otra comisión creada por don Manuel Beltrán de Lis, en el año 1848, trazó dos proyectos de arreglo en vez de uno. Es evidente que ambas fracciones de la comisión tenían que convenir en varias cosas que son de moralidad y de sentido común y no de ciencia, esto es, en que es menester pagar lo que se debe; en que cuando no hay bastante para pagarlo todo, se debe pagar lo más que se pueda; y en que por manera alguna se debe ofrecer más que aquello que con puntualidad religiosa haya medio de que se cumpla. En el modo de conseguir esto divergían mucho los señores de la comisión. Todos, sin duda, querían que el arreglo fuese voluntario, pero los unos deseaban la conversión de todas las clases de deuda en la de tres por ciento, sin hacer rebaja en el capital ni en los intereses, y los otros querían reducción o rebaja, conversión de todos los créditos, y cambio de los títulos al portador en certificaciones nominativas. El señor Beltrán de Lis no utilizó ninguno de estos dos proyectos porque dejó pronto el ministerio de Hacienda.

A mediados de 1849 se encargó el señor Bravo Murillo por primera vez del citado ministerio, siendo presidente Narváez. Entonces menudeaban y eran más apremiantes que nunca las reclamaciones de los acreedores que con razón se quejaban de catorce años de abandono. Narváez, para acallarlos, les prometió un pronto arreglo de la Deuda. En las Cortes mismas, interpelado el señor Bravo Murillo se comprometía a traer dicho arreglo a las Cortes: difícil arreglo en que era menester atender a la vez al derecho de los acreedores y a la aptitud o capacidad para pagar que en el gobierno hubiese. Porque digno es de un gobierno honrado el pagar lo que debe; pero todo tiene sus límites, y esta honradez no puede ir hasta el extremo de arruinar con impuestos a los contribuyentes, lo cual, en último resultado, redundaría en perjuicio de los acreedores que no tendrían después de quien seguir cobrando.

Fundado el señor Bravo Murillo en estas ideas generales, y habiendo estudiado bien y en particular el asunto, auxiliado solo por don Cayetano Cortés y con el mayor sigilo, redactó un nuevo proyecto de arreglo de la Deuda, el cual pasó a la junta directiva para que le aprobase y redactase definitivamente.

El proyecto del gobierno, entretanto, se había divulgado en periódicos y por otros medios para que los acreedores y el público le conociesen. La junta directiva, bajo la presidencia del señor Beltrán de Lis, oyó, leyó y discutió todos los planes, reclamaciones y exposiciones que hicieron o presentaron los acreedores españoles y extranjeros, ya por ellos mismos, ya por medio de delegados.

Para este estudio y discusión, se habían agregado a la junta directiva el gobernador del Banco, el presidente y el fiscal del Tribunal de Cuentas, los directores de Contabilidad y del Tesoro y varios capitalistas.

Después de larga discusión y examen de todos los puntos, la junta redactó tres proyectos: el primero, de la mayoría, firmado por el presidente Beltrán de Lis, por el marqués de Casa Gaviria, por Pérez Hernández, Sánchez Ocaña y Secados: el segundo era voto particular de los señores Aristizábal, Santillán y otros: y el tercero, voto particular o singular del señor Oliván.

La junta remitió al ministerio sus tres proyectos, a mediados de noviembre de 1850; pero nada se hizo, en lo que quedaba de año, para el arreglo de la Deuda, aunque todos reconocían su necesidad y su urgencia.

El 14 de enero de 1851 volvió el señor Bravo Murillo a encargarse del ministerio de Hacienda, y, a los pocos días, después de estudiar los tres proyectos de la junta, tomando de cada cual lo que le pareció más atinado, presentó el suyo a las Cortes, el día 1.º de febrero.

Lo más esencial de este proyecto definitivo era que el gobierno, que ya había presentado los presupuestos que habían de regir en el año de 1852, aunque deseaba pagar religiosamente, y sin privilegios irritantes, todo lo que debía, solo contaba con cierta cantidad. Era menester, pues, que los acreedores se sometiesen a algún sacrificio, reduciendo el capital y los intereses de toda la deuda, con excepción solo del tres por ciento, que había de servir de base para la conversión.

Quedaría siempre una deuda amortizable; pero el tres por ciento sería la única renta perpetua, dividiéndose en consolidada y diferida. La renta, pues, del cuatro por ciento había de convertirse en renta del tres, rebajando en ella, a más de los intereses, un veinte por ciento del capital. Los cupones vencidos y no pagados de dicha renta devengarían también un tres por ciento de interés después de reducidos a la mitad de su valor.

Toda la renta perpetua diferida había de devengar intereses de uno por ciento solo durante los cuatro primeros años, y en adelante había de aumentar, cada dos años, ¼ por ciento de interés, hasta llegar en el año decimonoveno a cobrar el tres por ciento completo y a quedar definitivamente consolidada.

El señor Bravo Murillo en su proyecto, atendiendo sin duda a la posibilidad de pagar en el Tesoro, exigía mayor sacrificio por parte de los acreedores que los proyectos de la junta, la cual ni reducía el capital a las cuatro quintas partes, ni, al capitalizar los intereses vencidos, los rebajaba al 50 por ciento.

Para la amortización de la deuda amortizable recurría el señor Bravo Murillo a los bienes pertenecientes al Estado como mostrencos, a los baldíos y realengos que no fuesen de aprovechamiento común, y al 20 por ciento que pagaban al Estado los bienes de propios. Contaba además con doce millones de reales que cada año se consignarían con este fin en el presupuesto.

La junta directiva había destinado a la amortización los bienes de las comunidades religiosas; pero el ministro de Hacienda tuvo que eliminar este recurso, porque en el Concordato, que se estaba acabando de negociar con la Santa Sede, se prescribía que se devolviesen a la Iglesia sin demora todos los bienes no comprendidos en la ley de 1845, y no enajenados aún, incluso los de las comunidades.

Tal, en suma, y en lo más importante, era el proyecto de arreglo de la Deuda del señor Bravo Murillo, con el cual pensaba reorganizar la Hacienda y restablecer el crédito en España. El proyecto propendía a reducir toda la deuda a una sola: a la renta de 3 por 100, con lo cual pesaría sobre la nación, para pagar los intereses, una carga, primero de 50 a 60 millones, y en definitiva de 150 al año, siendo de esperar que para hacer esta carga llevadera bastase el aumento progresivo de las rentas públicas.

Para la discusión en las Cortes del mencionado proyecto se formó en el Congreso la comisión correspondiente, en la cual el gobierno tenía mayoría. Los individuos de la comisión más conocidos fueron don Lorenzo Flores Calderón, don Alejandro Llorente y don Millán Alonso. La comisión evacuó su dictamen, casi conforme con el proyecto del ministro de Hacienda, salvo ligeras modificaciones que aceptó por lo común dicho ministro. Hubo además un voto particular de don Millán Alonso, proponiendo que, antes de discutir el arreglo, se discutieran los presupuestos; y un considerando del señor Llorente, que exigía del gobierno la más completa seguridad de que propondría en el presupuesto medios bastantes a cumplir las nuevas obligaciones que habían de ir en aumento. El señor Llorente, sin embargo, pedía que se aprobase el dictamen, ya que en todo caso la nación española hallaría recursos para cumplir con lo que debía.

El dictamen de la comisión se leyó el 29 de marzo, y el 3 de abril empezó la discusión, cuyos pasos y trámites no podemos seguir con todo detenimiento para no pecar de prolijos. Baste decir que, el día 5, el señor don Alejandro Mon pronunció un extenso discurso impugnando el arreglo, mientras no se asegurase, en los presupuestos o en una ley, el medio de cumplir con la nueva obligación. El señor Bravo Murillo contestó con otro discurso no menos largo, tratando de demostrar que en el presupuesto presentado se aseguraban los suficientes recursos.

Después del discurso del señor Bravo Murillo, el señor Mon pidió la palabra para rectificar; algunos diputados gritaban que se procediese a la votación, y otros, que la sesión terminase, porque habían pasado las horas de reglamento. De aquí grandísima confusión y desorden, que en balde trataba de calmar el presidente. El interés del gobierno estaba en que la discusión continuase; otros querían y pedían que se suspendiera, poniendo término a la sesión de aquel día. Sosegado un poco el tumulto, pudo por fin un secretario, por orden del señor presidente, preguntar si la sesión se prorrogaba. Varios diputados pidieron y obtuvieron que la votación fuese nominal.

Como se ve, esta votación, según acontece a menudo con otras muchas votaciones parlamentarias, tenía más sentido del que encerraba el contexto literal de la pregunta: implicaba la aprobación o reprobación de la política del ministerio. ¿Cuánto no sorprendería, por consiguiente, el oir, en boca de uno de los señores ministros, del señor Fernández Negrete, un no sonoro, pronunciado contra sí mismo y contra sus compañeros? El escándalo y la algazara que aquel no produjo, son imposibles de describir. «Estrepitosas demostraciones, dice el Diario de las sesiones, resuenan en los bancos… Muchos señores diputados se levantan y se dirigen la palabra con la mayor animación y calor. En este estado el señor presidente del Consejo de ministros sale del salón, siguiéndole el ministro de Estado y a muy poco tiempo el de Comercio. El señor presidente del Congreso, después de haber apurado en vano todos los medios para restablecer el orden, se cubre y retira del salón, verificándolo igualmente los demás señores diputados».

Aquella misma noche dimitió el señor Negrete, se dio su cartera al señor Arteta, y el señor Beltrán de Lis se encargó del ministerio de la Gobernación.

Dos días después, el 7, el señor Bravo Murillo leyó desde la tribuna el decreto de disolución del Congreso de diputados; y tres días después, el 10, apareció en la Gaceta otro decreto mandando proceder a elecciones generales y convocando las nuevas Cortes para 1.º de junio del año corriente.

Las causas del inesperado no del señor Negrete fueron explicadas por dicho señor en un comunicado que insertó en los periódicos y en un discurso con que contestó, a los pocos días de reunidas las nuevas Cortes, a una alusión de don Manuel Bermúdez de Castro. El señor Fernández Negrete confesaba que, hasta el instante mismo de pronunciar su no, había estado completamente de acuerdo con los principios, con la conducta y con los actos de todos y de cada uno de los ministros, sus compañeros, aceptando, por consiguiente, «desde la primera hasta la última letra de la ley que se discutía».

El señor Negrete, sin embargo, sostuvo que al pronunciar su no había hecho un servicio al Parlamento y a la Nación y había tirado a poner en salvo la honra de sus compañeros y su propia honra. Declaró para justificar esto que los diputados de la oposición gritaban, cuando él iba a votar, que los ministros querían llevar aquella discusión a paso de carga porque les importaba para una jugada de Bolsa y porque temían revelaciones Así es que para desvanecer dichas calumnias y para evitar que no pareciese nacida de un bajo interés una ley que iba a obligar perpetuamente a la nación, el señor Negrete tuvo que decir no, y aseveró que sus demás compañeros hubieran dicho no igualmente, si hubieran oído lo que él había oído.

En suma, el famoso no de Negrete sirvió de pretexto, ya que no de motivo, para la disolución del Congreso.

Las nuevas Cortes se abrieron el 1.º de junio, como estaba prescrito, y quedaron constituidas el 16.

El proyecto de ley para el arreglo de la Deuda se discutió entonces, sucesivamente en ambas Cámaras, durante el mes de julio, siendo aprobado en el Congreso el día 13, y el día 29 en el Senado; en ambas Cámaras por grande mayoría.

Así, el proyecto de arreglo de la Deuda, discutido ya y aprobado y después de sufrir algunas alteraciones en que convino el gobierno, se promulgó como ley el día 1.º de agosto. En uno de sus artículos se consignaban los fondos necesarios para el pago de los intereses de la Deuda diferida durante los primeros diez y nueve años, al expirar cuyo término había de convertirse en consolidada. La cantidad destinada a este fin se fijaba, en el segundo semestre de 1851, en 27 millones, e iba gradualmente aumentando hasta el primer semestre de 1870, en que subía a 76.

Para la ejecución de la ley se hizo un reglamento que salió a luz el 18 de octubre del mismo año de 1851.

Apenas fue conocida la ley, se dirigieron al gobierno no pocas reclamaciones y protestas contra lo que en ella se prescribía. El gobierno español contestó a todas, lacónicamente, que había hecho cuanto podía hacer.

«La conversión de la Deuda, dice el señor Pérez de Anaya en su Memoria histórica, se verificó, tanto en el reino como en los países extranjeros, con la mayor rapidez y exactitud, sin dar lugar a quejas, agravios ni murmuraciones que tuviesen el menor fundamento; quedando muy satisfechos todos los acreedores del buen servicio de las oficinas. Respecto a la rapidez con que se verificó la conversión en el extranjero, basta solo considerar que en nueve meses quedó terminada, y aun eso porque el gobierno concedió, en obsequio de los acreedores, una prórroga para la presentación de documentos».

El resultado total de la operación de convertir la deuda antigua llegó a 7,441 millones de deuda diferida.

Asimismo empezó desde luego a procurarse la extinción de la deuda amortizable, si bien solo de dos, de los cuatro arbitrios que había para ello, se podía por lo pronto disponer: del 20 por 100 que pagaban al Estado los bienes de propios, y de los 12 millones anuales, señalados a este fin en el presupuesto.

El señor Bravo Murillo trató asimismo de arreglar otras deudas, que en su arreglo no habían entrado, como eran, la de Ultramar, no muy fácil de deslindar aún, a pesar de los tratados de reconocimiento celebrados con las Repúblicas hispano-americanas, donde no quedaban bien en claro las obligaciones que correspondían a dichas Repúblicas y las que correspondían a la metrópoli; la procedente de oficios enajenados y de otras obligaciones análogas, como de la extinción de señoríos por título oneroso y de imposiciones hechas sobre los diezmos, para cuyo reconocimiento se requería una ley especial; y otras deudas, en suma, cuyos créditos estaban pendientes de examen y liquidación, lo cual convenía hacer para saber su importe, marcando además un plazo que pusiese término a la presentación de nuevas reclamaciones.

Esto convenía además para saber a punto fijo lo que España debía y hacer menos difícil nuestro crédito, ya que nadie gusta de prestar a aquel de quien se ignora con exactitud lo que debe. Pero esta liquidación, que había de revelar y señalar límites a lo que debíamos, era un abismo insondable. Se decía que los expedientes, pendientes de liquidación, pasaban de 52,000.

Otro plan, que tuvo también el señor Bravo Murillo y que se realizó en parte, fue el de convertir la deuda diferida en consolidada. La conversión había de ser voluntaria para los acreedores, movidos estos por la codicia de percibir desde luego el 3 por 100 en vez del uno. La gran ventaja del gobierno, aunque desde luego se viese gravado con mayor suma que pagar por razón de intereses, era la reducción o rebaja, que en el capital de dicha deuda había de hacerse, al convertirla en consolidada. En efecto, se hizo la conversión de parte de la deuda diferida en consolidada, en los primeros meses de 1853, trocando cerca de 366 millones de la primera por 200 de la segunda. El gobierno ganó en esto 166 millones, cuyos intereses, al cabo de los 13 años, serían de 3 por 100, y que cada año irían antes en aumento hasta que los 19 años se cumpliesen. Es cierto que en cambio tuvo desde luego el gobierno que hacer el pequeño sacrificio de pagar íntegro el interés anual del 3 por 100, por los 200 millones. A pesar de todo, por decreto de 17 de abril de 1853, se mandó que cesara la conversión voluntaria de una deuda en otra.

Tal fue, en resumen, el célebre arreglo de la Deuda que hizo Bravo Murillo.

Este hombre político merece sin duda alguna aplauso como hacendista, aunque exclusivamente como político no merezca ninguno. Se dice que en las elecciones que hizo en mayo de 1851, ejerció muchas coacciones; pero, conocedores nosotros de lo dócil y sumiso que es siempre en España el cuerpo electoral a quien gobierna, sea quien sea, lo de las coacciones nos parece exagerado por lo menos, y aún se puede inferir que hubo un poco de libertad y hasta protección para amigos particulares, por más que no lo fuesen políticos, ya que vino a sentarse en el nuevo Congreso una minoría respetable de progresistas. Los conservadores, enemigos del ministerio, fueron bastantes también: los partidarios de Narváez estaban capitaneados por Pidal; Sartorius estaba al frente de su falange de polacos; y Ríos Rosas hacía también la oposición al gobierno.

Bravo Murillo, a pesar de tener tantos enemigos, confiaba mucho en sus planes, y modificó su gabinete, augurándole sin duda larga vida. Dio la cartera de Estado al marqués de Miraflores; la de Gobernación a Beltrán de Lis; y a Arteta, la de Comercio. En vez de Bustillos, puso en Marina a don Francisco Armero y Peñaranda, y más tarde a Ezpeleta en Guerra, en vez de Lersundi.

Todavía hubo, poco después, otra modificación ministerial, entrando en Fomento, en vez de Arteta, que renunció la cartera, don Mariano Miguel de Reinoso, rico propietario de Castilla la Vieja, hombre inteligente y probo aunque sencillo, a quien los maleantes y chistosos de Madrid atribuyeron, sin duda, pues a él acaso no se le ocurriría jamás, la invención donosa y útil de destruir la langosta cebando pavos, de real orden y desde las alturas del poder.

Reforzado de esta suerte el ministerio, no tuvo que preocuparse mucho con las tareas parlamentarias. Dijérase que Bravo Murillo no había convocado las nuevas Cortes sino para que le votasen el arreglo de la Deuda. Apenas votado este, las cerró, y, si volvió a abrirlas en noviembre de 1851, con pretexto del golpe de Estado que dio Luis Napoleón el día 2 de diciembre, las cerró de nuevo.

A pesar del carácter autoritario y algo despótico que tenía el gobierno de Bravo Murillo, este mismo gobierno, incurriendo en cierta contradicción, daba muestras de singular tolerancia para con los progresistas, a quienes, antes y después del período electoral, les consintió reuniones y banquetes. Por aquel tiempo iba organizándose ya y tomando cuerpo y vigor el partido democrático, que no podía declararse abiertamente republicano, pero que lo era, y en cuyo seno descollaban como adalides el marqués de Albaida, don Estanislao Figueras y don Nicolás María Rivero. Tal vez este movimiento de muchos partidarios del progreso hacia la democracia incitó a otros a adoptar y proclamar ideas mucho más conservadoras y de orden, por donde puede decirse que apareció entonces algo como un partido progresista moderado. Fueron sus jefes más ilustres Cortina, Olózaga, Cantero, Madoz, Roda y Escosura. Sobre si la existencia de la milicia nacional era o no un artículo de la fe progresista se dio pretexto o motivo para un cisma verdadero. Un manifiesto que escribió y publicó don Manuel Cortina, dirigido a sus electores sevillanos, vino a ahondar y a confirmar el cisma Aquel ilustre jurisconsulto, aunque siempre muy liberal, se mostraba conservador y hombre de orden; prescindía del armamento de la milicia nacional, y se oponía al desarrollo de la democracia. En suma, el manifiesto era tal que mereció en público Parlamento la aprobación y los elogios del marqués de Miraflores. Las gentes, que gustan de hablar de política y de comentarlo todo, sostenían y propalaban que el manifiesto se había escrito de acuerdo con la reina Cristina y hasta por inspiración de esta augusta señora, la cual deseaba que hubiese un partido liberal a quien pronto y pacíficamente se le pudiera entregar el poder.

La reina Isabel II había tenido un hijo, muerto poco tiempo después de nacer. Durante el ministerio de Bravo Murillo, el 20 de diciembre de 1851, la reina dio a luz una hija, que se llamó María Isabel. Con ocasión de este fausto acontecimiento, se dispensaron no pocas gracias, las cuales, como suele suceder a menudo, produjeron más descontento y envidia en los que no llegaron a recibirlas, que gratitud en los que las recibieron, por muy agradecidos que fuesen.

La reina quiso honrar a Bravo Murillo con el toisón; mas, a pesar de sus reiteradas instancias, no pudo lograr que Bravo Murillo le aceptase. Los tres toisones, que había vacantes, se dieron a Istúriz, al marqués de Alcañices y al duque de Osuna. Entre las gracias que se anunciaron y no se dieron fue una rebaja del tiempo de servicio para los soldados. Algunos de la guarnición de Madrid, enojados por esto y excitados acaso por agentes revolucionarios, trataron de amotinarse. El gobierno se informó a tiempo de la conjuración, y un cabo y un corneta pagaron con la vida aquel conato de delito.

Todo concurría a que el gobierno apareciese cada vez más despótico. Cerradas las Cortes legislaba por decretos. Sobre la prensa periódica se ejercía la mayor represión. Los presupuestos se plantearon y se cobraron las contribuciones sin haber sido discutidos y votados. Y los gobernadores de provincia gobernaban a su antojo, imponiendo su caprichosa autoridad con dureza, que en alguna ocasión rayó en crueldad bárbara, como ocurrió en Sueca, pueblo de la provincia de Valencia.

En el término de este pueblo había una presa del Júcar, con cuya agua se regaban aquellas tierras. Los habitantes de la vecina villa de Cullera tuvieron disensiones y contiendas con los de Sueca sobre el disfrute de dicha agua. No es del caso poner en claro aquí de qué parte estaba la justicia. Bermejo (en su Estafeta de Palacio) sostiene que tenían razón los de Sueca. Sea como fuese, y aunque no la hubiesen tenido, el gobernador hizo mal en decretar ab irato contra los de Sueca, mandando que se derribasen las compuertas de la presa y que los de Cullera gozasen del agua. Se opusieron a esto los de Sueca, y el gobernador, a fin de hacerse obedecer y respetar, mandó a Sueca cuatro compañías de soldados y veinticinco caballos. Entró esta fuerza en el lugar, con bayoneta calada, fusiles cargados y grande estruendo de tambores y clarines. Así llegó hasta la plaza. La población estaba tranquila; abiertas las puertas de las casas; la gente en la calle. Por bando del pregonero se mandó que se recogiese la gente. Parece que entonces hubo un imprudente, uno solo, que gritó: «fuera la tropa». Y este único grito bastó para que el que la mandaba, sin prevenir siquiera con la voz preparen, diese la voz de ¡fuego! Los soldados dispararon, hiriendo y matando a quemarropa a los indefensos paisanos; y para mayor crueldad, cargó contra ellos la caballería y los apaleó y acuchilló brutalmente. Seis muertos, varios heridos y no pocos contusos, salieron de esta infame batalla, resultando, para completar su gloria, que uno de los muertos fue un niño, el cual dejó por trofeo a aquellos guerreros el Catón cristiano que llevaba a la escuela. El gobierno aprobó la conducta del gobernador y de la tropa.

A pesar de tan graves faltas, que le enajenaban las voluntades, no se puede negar que el gobierno se mostraba inteligentemente celoso del bien público, en lo que respecta a intereses materiales, y daba muestras de buen administrador. En su tiempo se acometió la benéfica y gigantesca empresa de traer aguas a Madrid, se prosiguió con actividad el ferrocarril de Aranjuez a Almansa, y se mejoraron las fortificaciones de Mahón. Bravo Murillo hizo una ley de contabilidad y publicó por vez primera las cuentas generales del Estado.

Ocurrió también, bajo el mando de Bravo Murillo, una nueva y más seria expedición contra Cuba, dirigida desde los Estados-Unidos por don Narciso López. Desembarcó este en Bahía-Honda, y a poco fue vencido en el pueblo de Pozas. Los cincuenta piratas que se le hicieron prisioneros en aquel combate, fueron al punto fusilados. Nuestro cónsul en Nueva Orleáns estuvo muy en peligro de que le ahorcasen para pagar la sangre de aquellos cincuenta piratas, que, según la opinión del pueblo de dicha ciudad, pedía venganza. Entretanto López, cuyas fuerzas no pasaban de quinientos hombres, no hallando gente que se le uniese, recorría los campos, perseguido por el general Enna. La persecución dio lugar a varios encuentros. El general Enna se aventuró demasiado, en uno de ellos, y fue muerto de un balazo en el vientre. Los invasores quedaron, no obstante, completamente derrotados. Huyeron, pues, a la desbandada. López poco a poco fue quedando solo. Ya no procuraba sino hallar modo de embarcarse y huir de nuevo a los Estados-Unidos; pero gentes, que activamente le perseguían, lograron hallarle al fin, refugiado en una hacienda. Su dueño, que por caridad le dio asilo, trató en balde de ocultarle. Un cubano, llamado don José Antonio Castañeda, logró descubrirle. López se arrojó por un balcón para salvarse; pero los campesinos o guajiros, que mandaba Castañeda, le echaron los perros, con que suelen por allá perseguir a los negros fugitivos o cimarrones, y los perros cogieron a López. Llevado luego a la Habana, López murió en el patíbulo, condenado a garrote vil.

Un acontecimiento ruidoso, que fue trágico y que pudo serlo mucho más, tuvo lugar en la Península el día 2 de febrero de 1852.

La reina, en dicho día, después de ir a la capilla de Palacio a dar gracias al cielo por el nacimiento de la infanta, debía dirigirse a Atocha, presentándose por primera vez en público, después del parto. Al salir de la Capilla Real, terminada allí la función religiosa, la reina, rodeada de su familia y servidumbre, pasaba por la galería de Palacio, abierta al público que se agolpaba curioso a verla. Un sacerdote se abrió camino por entre la multitud y los alabarderos, como para ir a poner una solicitud en manos de su soberana. Hasta hincó la rodilla en tierra, cuando estuvo cerca, a fin de aparentar mejor lo que fingía. La reina se acercó sin recelo alguno, y el sacerdote entonces, esgrimiendo con rapidez un puñal que llevaba oculto, hirió a la reina de un costado. De la herida brotó sangre. La reina exclamó: «¡Ay! que me han herido», y cayó desmayada. El clérigo dijo: «Yo he sido. No me escapo». Gran confusión y alboroto sobrevinieron en aquel instante. Unos se apoderaron del regicida; otros acudieron a salvar a la recién nacida princesa que creían más amenazada; y el coronel de alabarderos, don Manuel Muros, sostuvo y amparó entre sus brazos a la herida y desmayada señora, quien le premió más tarde haciéndole marqués del Amparo.

Pirala y Bermejo, que ambos han escrito extensamente y con suma diligencia para recoger datos nuestra historia contemporánea, cuentan este suceso con mil pormenores que nosotros tendremos que abreviar. El propio Bravo Murillo, con no menor detención y cuidado, le refiere asimismo en uno de sus Opúsculos; el primero de los que contienen sus cuatro tomos. Todos están concordes en que la generosa piedad de la reina no se desmintió ni un punto. Apenas volvió de su desmayo, quiso ver y perdonar al asesino y pidió que no le mataran por su causa.

Difícil es en tales momentos contener el horror y el enojo que inspira el criminal.

Este, que se llamaba don Martín Merino, en vez de mitigar tales sentimientos, los aumentaba con su desvergüenza y osadía. Creyendo haber muerto a la reina, parece que dijo con júbilo «tiene bastante», a tiempo que un alabardero le derribó por tierra y se apoderó del puñal que al caer se le desprendió de la mano.

La reina Cristina, que conservó toda su presencia de espíritu, no estuvo ni pudo estar en aquella ocasión tan generosa como su hija, y ella, que con frecuencia pedía indulto para los criminales, pidió entonces pronto castigo.

La herida no era profunda. El puñal, aunque de hoja fuerte y estrecha y de punta bien afilada, había penetrado poco, porque el golpe se embotó en los ricos bordados de oro del magnífico traje de la reina. Temióse, no obstante, que el puñal estuviese envenenado; lo preguntaron al mismo clérigo, el cual contestó que no, lamentando con feroz sinceridad el no haber caído en ello.

Sospechóse igualmente si la acción de Merino sería resultado de una conjuración en que hubiesen intervenido muchas personas; pero Merino declaró desde luego y afirmó después con insistencia, que no había tenido cómplices, jactándose de que, guiado solo por su voluntad, había ido a lavar el oprobio del género humano y a mostrar que es necio sufrir a los reyes. Dijo también en sus declaraciones que había pensado en dar muerte a Narváez; que luego pensó en matar a la reina María Cristina; y que por último se decidió a matar a la reina. Dio a entender, además, que desengaños y desabrimientos l e habían hecho amarga la vida y le habían inspirado odio a todo gobierno.

De las conversaciones y discursos de don Martín Merino pudo inferirse que, más que hombre de convicciones políticas, era un sujeto lleno de desmedida soberbia, de envidia contra todos los que figuraban o brillaban, y de un feroz deseo de salir de la oscuridad y de manifestarse, aunque fuera por un momento, superior a los demás hombres, representando notable aunque funesto papel en la escena del mundo y dejando rastro de sí en la memoria de las gentes.

Tal vez, en el fondo de su negra conciencia, Merino atribuía la baja y pobre condición en que había vivido, no al intrincado movimiento dg los sucesos cuyo paradero y término no suelen estar al alcance de ninguna inteligencia o previsión humana y que por eso solemos llamar acaso o fortuna, sino a la mala organización de la sociedad, contra la cual mostraba gran saña y desprecio. Merino, además, debía de ser muy presuntuoso y estimarse en bastante más de lo que intelectualmente valía. Aun así, todo el que no está desprovisto de sentido moral, se resigna con su suerte por dura que sea, y si por dicha, con fundamento o sin él, juzga que vale más que otros muchos hombres a quienes la suerte ha favorecido con posición, mando o caudales, ese mismo juicio de un valer íntimo más alto, le consuela, le aquieta y hasta le satisface. No es esto, sin embargo, muy común. Esto más el desabrimiento y la ira de verse desdeñado el que cree no merecerlo. De aquí la envidia y el odio contra los venturosos de la tierra. Cuando esta envidia o este odio no van acompañados de brío y de valor suficientes, devoran al mismo que los lleva en el alma, pero son poco temibles. Cuando se ceban en un alma como la de Merino, la arrastran a cometer atentados como el que Merino cometió. El vulgo no puede negarse que admira al que los comete, como se admira a un monstruo. Y, si bien la mayoría de los hombres abomina de las pasiones que llevan al crimen y del mismo crimen, es cierto que simpatiza siempre con la fuerza de voluntad varonil, con el desprecio de la muerte y con el sereno y reposado corazón que para cometerle han sido necesarios.

De este espantoso triunfo gozó Merino con zafia y grosera vanidad, desde el momento en que dio la puñalada a la reina, hasta el momento en que expiró, expiando su culpa en el cadalso. Harto sabía él que con matar a Isabel II no mataba la monarquía: harto sabía también, y así lo confesó, que Isabel II era inocente.

Sin que nadie le pidiese esta extraña confesión, la hizo, y mostró al hacerla que ni siquiera tenía su delito la explicación de que él se hubiese creído instrumento de la justicia del cielo para vengar a la patria libertándola de un tirano. Nadie más distante de serlo que aquella longánima y excelente mujer, juguete de los intrigantes que la cercaban, siempre que incurrió en alguna falta o pecado, y no teniendo sino arranques generosos, cuando se dejaba llevar por su propia iniciativa.

Don Martín Merino, por lo tanto, fue impulsado a un crimen sin objeto sustancial, por hastío de la existencia y por feroz vanagloria. Quiso cerrar su ignorada y triste vida con una muerte estruendosa, que grabase su imagen y su recuerdo en la mente de los hombres.

«Era, según le pinta el señor Bravo Murillo, de algo más que mediana estatura y de más de sesenta años de edad. Demacrado en extremo, muy pronunciados en su cara y en sus manos los nervios y los huesos, casi extenuado su cuerpo, aunque de espíritu fuerte, dejaba ver en su rostro y en su actitud las huellas de sus habituales padecimientos de estómago y de una fuerte afección al hígado, que de antiguo y de continuo le aquejaba… Su constante y profunda meditación en los horribles proyectos que le ocupaban había sin duda agriado y maleado de tal manera su carácter, que su solo aspecto producía la impresión de repugnante y aun terrorífico desagrado. Se pintaba en su semblante el padecimiento físico: descubríase la intención aviesa. Aparecía taciturno, tétrico, tranquilo en su malestar, frío hasta la impasibilidad». Tal era la exterior apariencia del regicida, descrita por persona tan autorizada, que le conoció en aquellos solemnes momentos.

Su vida pasada, hasta donde ha llegado a saberse, confirma nuestra idea de que una vanidad desmedida y feroz, nunca satisfecha y siempre lastimada, fue la causa de todas las maldades de este hombre. Religioso profeso de la orden de San Francisco, conventual de Nalda, provincia de Logroño, se dedicó desde su juventud a la lectura de los clásicos latinos y a la de libros filosóficos y políticos. Pronto se fugó del convento y aseguran que dejó escrito un papel al guardián en que le decía: «Quédese en paz con su rebaño, que yo, si no puedo ser en otra parte un gran político, tendré la gloria de ser otro Lutero». Estos eran los sueños ambiciosos del fraile Merino; pero no se le lograron. No es tan fácil ser hombre de Estado eminente o heresiarca famoso. Su vida había pasado, pues, en la oscuridad. De 1820 a 1823, se afilió en el partido de ideas más avanzadas; pero más se distinguió por el desorden de sus costumbres que por sus discursos, escritos o acciones. Al terminar aquel período constitucional, emigró a Francia para evitar la vuelta a su convento. Allí consiguió la tenencia de cura de un lugar inmediato a Burdeos, que desempeñó por algunos años. El restablecimiento de las instituciones liberales le permitió volver a la patria. Siendo Espartero regente, le dirigió una exposición quejándose de qué no se le atendía, a pesar de sus servicios.

Vivía sin familia ni más compañía que la de una criada, en una pequeña y humilde habitación, casa número 2 de la calle que se llamó callejón del Infierno y hoy se denomina Arco del Triunfo.

Siempre con el recelo de que Merino pudiera tener cómplices, algunos personajes entendidos, como don Lorenzo Arrazola y don José María Huet, conferenciaron con él a fin de explorarle. Arrazola llegó a inspirar tal confianza al regicida que este le encomendó que tomase cierta cantidad de onzas de oro que tenía ocultas en su casa para que las destinase y aplicase, según lo hizo Arrazola, cumpliendo el encargo.

Por medio de la autoridad judicial y por los agentes de la policía se trabajó también cuanto se pudo para descubrir a los cómplices de Merino; pero no se descubrió nada.

«El autor de este opúsculo, dice el señor Bravo Murillo, fundado en los hechos y consideraciones que ha expuesto, se convenció, y sigue en la misma creencia, de que Merino obró por sí, realizando un proyecto meditado por él solo».

La causa del regicida se siguió con inusitada rapidez. El 3 de febrero fue condenado por el juez de primera instancia a la pena de muerte. La audiencia confirmó la sentencia el día 5. En aquel mismo día se verificó la tremenda ceremonia de la degradación. La sala estaba llena de curiosos. El obispo de Astorga, señor Cascallana, fue el encargado de degradarle. Merino se prestó a todos aquellos actos sucesivos, sin irreverencia, sin jactancia, con estoica resignación, y como consumado actor que desea lucirse al darse en espectáculo. Degradado ya Merino, le llevaron a la capilla.

Las pláticas que Merino tuvo hasta que murió y los dichos agudos con que las sazonaba han sido contados extensamente por otros autores. Nosotros solo diremos que Merino no desfalleció un solo momento, y que, hasta exhalar el último suspiro, dio muestras de indomable valor y de serenidad de alma.

Subió la escalera del patíbulo sin querer apoyarse en nadie. Estando ya en lo alto, quiso hablar al pueblo, y aun parece que dijo entre otras cosas: «Téngase entendido y sépase que nadie ha tenido connivencia ni conexión conmigo». Su voz fue ahogada por muchos gritos de ¡viva la reina! Merino dirigiéndose entonces al verdugo, le dijo: «Cuando V. quiera». El verdugo le puso la cabeza en la argolla; los sacerdotes recitaron el credo; Merino le repitió. Al llegar a las palabras su único hijo, el verdugo dio vuelta al tornillo, y el reo quedó muerto en el acto.

«La idea de que se le considerase instrumento de planes de otros, y volvemos a citar al señor Bravo Murillo, le revolvía y exaltaba, haciéndole pronunciar palabras soeces y prorrumpir en exclamaciones de desagrado. Al ponerle la fatal vestidura para salir al suplicio, dijo: “¡La túnica de los cesares!”. En el tránsito, dirigía sus miradas a todas partes, fijándose en los objetos que se ofrecían a su vista, uno de ellos la iglesia de Chamberí, diciendo, al observarla, que en efecto se hallaba en mal estado. Hablaba con el ayudante del ejecutor, excitándole para que apresurase el paso, como temeroso de que le faltasen las fuerzas. Se le notaba empeño en conservarlas para hacer alarde de su crimen».

Se verificó la ejecución en la vasta explanada del Campo de Guardias, en medio de multitud grande de pueblo, en la cual no faltaban personas de las clases más elevadas, atraídas allí, las más, por una curiosidad perversa.

Fue el regicida tan antipático y abominable personaje, que creemos, con el señor Bravo Murillo, que no pudo entrar en la cabeza y en el corazón de nadie la idea y el deseo de que le perdonasen la vida por medio de un indulto. Harto merecida fue su muerte. Ni los republicanos más feroces le hubieran justificado o disculpado, en el fondo de su conciencia, con tal de que esta no careciese de sentido moral. Solo un ser humano pudo sentir deseo de perdonar a Merino, y a nuestro ver, le sintió sin duda, aunque tuvo que comprimirle. La augusta señora, directamente ofendida, yacía aún postrada en el lecho en el instante de la ejecución, y, según el señor Bravo Murillo, que la visitó entonces, mostraba en su actitud reflexiva y en su dolorido semblante que estaba enterada de lo que pasaba y que se hacía violencia para contener sus sentimientos nobles y piadosos.

Puesta a un lado la cuestión de si debe haber o no pena de muerte, justo es decir que, habiéndola, nunca pudo ser mejor aplicada que en aquella ocasión. Y no ya solo porque la víctima hubiera sido una persona regia, sino porque ni hay ni debe haber creencia, ni fanatismo, ni doctrina política o religiosa, ni falsos principios de pundonor, ni pasión alguna, por poética que sea, ni amor ni celos que justifiquen o disculpen un atentado contra persona descuidada e inerme, ya sea el agresor un marido celoso contra la adúltera, ya una mujer ofendida contra su dichosa rival, ya un gran patriota contra el más odiado tirano. Apenas si es lícito disculpar a Carlota Corday por haber asesinado a Marat, por más que su valor y su resolución nos enamoren, y por más que nos entusiasme su generoso delito. Y decimos esto porque en el día un extraviado sentir lleva a muchos a disculpar y hasta a aplaudir crímenes semejantes, poetizándolos en obras literarias y absolviéndolos en los tribunales.

Por lo demás, era evidente que el crimen de Merino fue uno de los más feos y aborrecibles de cuantos en este género pueden cometerse, por haber sido una mujer, que a nadie había hecho daño y de la cual no podía tener el asesino la menor queja, la persona contra quien se cometió.

Sentado todo esto, bueno es que digamos, a fin de ser imparciales, que en algunas cosas que se hicieron, después de la muerte del regicida, y como para completar el castigo, hubo refinamiento rencoroso y algo que trascendía a servil y baja adulación, aunque de un modo reflexivo no lo fuera. Se quiso hacer desaparecer todo signo material del crimen cometido, y con pueril y ridícula ceremonia, en presencia de los magistrados de la Audiencia, un cerrajero convirtió en polvo el puñal con que la reina fue herida, y los libros y papeles de Merino se quemaron. Pero llegó a más extremo el fervor del gobierno para que no quedase resto alguno del regicida No sabemos qué frenólogo mostró deseos de poseer el cráneo de aquel clérigo criminal, y esto acabó de exaltar de tal manera los corazones monárquicos de los ministros todos, que decidieron, cuando la cremación no estaba aún en moda, emplearla para hacer desaparecer de sobre la faz de la tierra hasta la última partícula organizada del cuerpo de Merino. El cadáver fue, pues, convertido en humo y ceniza, y la ceniza, mezclada y revuelta con tierra en lo profundo de la fosa común. «Así, exclamaba el señor Bravo Murillo en son de triunfo, no quedó posibilidad de mostrar un resto de Merino, ni verdadero, ni fingido o suplantado».

La tal cremación se hizo en el cementerio, con toda solemnidad, en presencia del gobernador civil, y sin las precauciones que hoy se toman y sin los aparatos de que hoy se valen, donde ya la cremación está en uso; de suerte que el hedor y los miasmas de las carnes quemadas debieron de infestar el ambiente y dar un mal rato a la primera autoridad civil de la provincia y a los demás asistentes y confeccionadores de aquel horrible asado. Escena tan anacrónica y grotesca llamó mucho la atención y salió representada en estampas, con no muy benévolos comentarios para la nación española, en algunos periódicos ilustrados de los países extranjeros.

La reina no tardó mucho en sanar de su herida. El 18 de febrero pudo ya salir a la calle, y salió en efecto con pomposa comitiva, yendo a la iglesia de Atocha, a dar gracias a Dios que de tan gran peligro la había salvado. Como la reina era amada en Madrid, este paseo dio ocasión a un verdadero triunfo. Todos simpatizaban con aquella augusta y joven señora, que había sido objeto de tan inmotivada ofensa. Hubo vivas en abundancia: un diluvio de flores cayó de los balcones al pasar la regia carroza; y los poetas lucieron su habilidad, felicitando a la reina en versos, malos o insípidos, por desgracia, si hemos de juzgar por los que como muestra inserta Bravo Murillo en su Opúsculo, y que debían de ser de los mejores, pues iban a nombre de los diputados de la nación.

Afortunadamente la reina estuvo mejor inspirada por la caridad que el Congreso por las Musas, y para conmemorar de un modo piadoso la protección que en aquel trance creyó deber al cielo, dispuso que se crease, como se creó, el Hospital de la Princesa.

De resultas del atentado de Merino, el gobierno y el partido ultraconservador hicieron muchas alharacas, suponiendo que el crimen de regicidio era nuevo en España, y originado sin duda de las perversas doctrinas liberales y antirreligiosas; por donde se afirmaron más en la idea de acabar con las libertades públicas, que daban tan amargo fruto. Bravo Murillo llama a aquel crimen sin ejemplo en los fastos de la historia de muestra patria, y exclama con acerbo dolor, que por culpa del fraile Merino «la noble España contiene en su seno y cuenta entre sus hijos un regicida». Imposible parece que hombres de Estado eminentes asegurasen esto en la patria de Vellido Dolfos, de Enrique de Trastamara y de tantos y tantos otros; en el país donde es tan larga la serie de reyes asesinados, visigodos, muslimes y católicos; donde, como en cualquiera otra nación, se ha podido decir, sin ser desmentida, la sentencia de Juvenal:

Ad generum Cereris sine cœde et vulnere pauci

Descendunt reges et sicca morte tiranni:

donde un sacerdote ha hecho, en un libro famoso, la apología del regicidio; donde con frecuencia este crimen ha ido acompañado y agravado por el de fratricidio o parricidio; y donde hasta el padre de la soberana reinante había sido acusado públicamente por los suyos de haber intentado ser parricida y regicida.

El atentado de Merino, por otra parte, no fue producto de una combinación, sino, como el mismo Bravo Murillo confiesa, un hecho puramente individual, sin complicidad de nadie; y sin embargo, aquel hecho, ya que no produjese el pensamiento de una reforma constitucional en sentido reaccionario, fue motivo, según afirma el ya citado historiador de sus propios hechos, «para que los hombres de verdadero celo patrio meditasen más especialmente sobre la necesidad de precaver las funestas consecuencias que aquel atentado podía haber producido». Así es que, por lo pronto, y no acertamos a explicarnos en virtud de qué encadenación dialéctica, del golpe de Estado del 2 de diciembre y del suceso del fraile regicida, se aprovechó el gobierno para mantener cerradas las Cortes casi todo el año de 1852, durante el cual tuvo vagar y reposo para meditar asidua y profundamente sobre las reformas y mejoras que quería introducir en nuestras leyes políticas. Don Manuel Beltrán de Lis, ministro de la Gobernación, fue quien más trabajó en esto. Tal vez no quisimos imitar por acá el golpe de Estado napoleónico; pero aquel golpe de Estado le pareció al gabinete Bravo Murillo que le prestaba ocasión propicia para no ser menos y dar también en España el suyo.

Más adelante diremos, con la posible claridad y concisión, en qué consistía la reforma proyectada por el gabinete Bravo Murillo; reforma calificada por un personaje tan conservador como el marqués de Pidal de anulación completa del régimen representativo, que socavaba el cimiento del trono de nuestra reina. Baste decir ahora que el gobierno, proyectada ya su reforma, no se atrevió a imponerla por decreto y no quiso tampoco que detenidamente se discutiese en las Cortes artículo por artículo. El medio, pues, que adoptó fue el de pedir autorización para el planteamiento de la reforma, esperando conseguirlo con una sola discusión y con una votación sola.

Aun antes de que el proyecto de reforma se publicase, la oposición a él se hizo sentir fuertemente de distintas maneras y partiendo de muy diversas personas y agrupaciones.

En el seno mismo del gabinete, no estando conforme con el proyecto, el general Armero, ministro de Marina, hizo dimisión de su cargo, que le fue aceptada en 3 de mayo de 1852. Más adelante, en 9 de agosto, dimitió también el señor marqués de Miraflores, ministro de Estado, aunque disimulando la causa y atribuyéndolo a falta de salud.

Entre el público cundía la alarma; y la oposición a la reforma se manifestaba de mil modos. Se trató de elevar una exposición al trono para que hiciese terminar la suspensión de nuestras instituciones políticas y cesar los peligros. La exposición si no se publicó llegó a escribirse y fue firmada por muchos prohombres de diversos partidos. El periódico La Época proclamó la necesidad, en aquellas circunstancias, de la coalición de los liberales En suma, cuantos sujetos de valer en política había en España estaban en contra del ministerio. Hasta la propia Sor Patrocinio se le rebelaba, y el gobierno, de acuerdo con el Nuncio de S. S., tuvo que enviarla a un convento de Roma. Verdad es que en cambio, si bien expatriaba a esta monja, admitía la profesión de más de ocho mil en no pocos conventos y restablecía o establecía varias congregaciones religiosas.

La reina María Cristina, que no se mezclaba o afectaba no mezclarse en los negocios políticos, se opuso también enérgicamente al proyecto de la reforma, no bien vino a su noticia, llegando a decir al mismo Bravo Murillo que, si se atrevía a dar un golpe de Estado, saldría inmediatamente para país extranjero con su marido y sus hijos, haciendo que estos renunciasen a los títulos, honores y distinciones que tuviesen por concesión de la reina de España. Bravo Murillo, a pesar de haber oído tan decididas palabras en boca de la reina Cristina, sostiene que tuvo la candidez de creer que esta discreta señora no era enemiga de la reforma con tal de que las Cortes la discutiesen y votasen.

Aquel verano, como de costumbre, le pasó la reina en la Granja con su familia. No se trató de la reforma, durante la jornada. Después fue cuando el gabinete redactó el proyecto, y en 5 de noviembre de 1852 convocó para el 1.º de diciembre a las Cortes a quienes debía presentarle.

Los liberales de todos matices, aun los más conservadores, se apercibieron entonces para la lucha. Martínez de la Rosa, Pidal y San Luis, desplegaron bandera de guerra contra el ministerio. Los más importantes generales, como Narváez, Concha y O’Donnell, se unieron para derribarle. El furor de Bravo Murillo contra el militarismo subió de punto con esta oposición, y se supone que dijo: «Apruébese la reforma, continúe yo obteniendo la confianza de la corona, y probaré a los españoles que, sin más insignia que este frac, ahorcaré generales con sus propias fajas».

Reuniéronse al cabo las Cortes el día prescrito. El gabinete buscó para la presidencia del Congreso a don Luis Mayáns, que no quiso aceptar la candidatura. Ofrecióla luego a don Santiago de Tejada, que la aceptó. Martínez de la Rosa fue el candidato de las oposiciones.

Las Cortes se abrieron sin asistencia dé la reina y sin discurso de la corona. Constituido pronto el Congreso, se procedió a la votación de presidente. Las oposiciones triunfaron. Tejada obtuvo solo 107 votos y don Francisco Martínez de la Rosa 121. Por confesión del mismo Bravo Murillo, la reina Cristina influyó mucho en esta derrota parlamentaria del ministerio. Apenas el señor don Francisco Martínez de la Rosa ocupó el encumbrado sitial de la presidencia, fulminó un voto de censura, envuelto en el discurso de acción de gracias a los diputados que le habían elegido. «La señalada honra, dijo, que acaba de dispensarme el Congreso, me es tanto más lisonjera y aumenta mucho más en mi ánimo la más sincera y profunda gratitud, porque no la considero como un obsequio hecho a mi persona (no tengo tan necia presunción), sino como un testimonio público y solemne de aprecio a mi larga carrera parlamentaria, por la fe y constancia con que he sostenido y sostendré siempre las instituciones, que son el más firme apoyo de las prerrogativas del trono, a la par que afianza los derechos y la dignidad dé la nación».

Derrotado así y censurado el ministerio, no tuvo más recurso que retirarse o disolver el Congreso, apelando a nuevas elecciones. El ministerio optó por lo segundo; consiguió de la reina el decreto de disolución y lo leyó al siguiente día en las Cortes, convocando otras nuevas para el l.º de marzo de 1853.

El proyecto de reforma fue publicado también entonces en la Gaceta. Examinándolo desapasionadamente, veremos que merecía la calificación de reaccionario que casi todos le daban. Al hacer de él un ligero examen, le compararemos con la Constitución de 1845, vigente entonces.

Aquella Constitución contenía trece títulos; el proyecto, seis solo. En cierto modo esta concisión era más aparente que real, ya que mucho de lo que en la Constitución nueva no se decía, venía a decirse en nueve leyes orgánicas que la completaban, lo cual tenía sin duda por objeto, en la mente del reformador Bravo Murillo, que muchas disposiciones fueran menos venerandas y estables, como no incluidas en la misma Constitución, y pudieran alterarse, variarse o suprimirse sin grave inconveniente. Así, pues, los derechos individuales, consignados en la Constitución de 1845, desaparecen por completo en el proyecto. En la misma Constitución de 1845 se prescribía que, solo en el caso extraordinario de peligrar la seguridad del Estado y en virtud de una ley, pudieran suspenderse temporalmente dichos derechos individuales. No según el nuevo proyecto, sino según una de las leyes adjuntas que de él dependían, el gobierno podía suspender dichos derechos sin acudir a las Cortes, Quedaba, pues, a su arbitrio el suprimir toda garantía y toda libertad individuales.

En la ley sobre la seguridad de las personas, que completaba el proyecto de Constitución de 1852, los derechos individuales estaban además desconocidos y mal expresados. Con pretexto de que nada tiene que ver con la política, de que no deben consignarse en el código fundamental y de que son principios que consagra la legislación común, se suprime en la Constitución y en la ley adjunta el importantísimo artículo que dice: «Ningún español puede ser procesado ni sentenciado, sino por el juez o tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas prescriban».

Lo que más debió ofender en esta supresión de los derechos individuales, fue la de aquel en que se funda la libertad de imprenta sin previa censura. La razón que tenía y daba Bravo Murillo para suprimir este artículo constitucional era tan extraña como cómica. La libertad de imprenta, decía, está consignada en la Constitución, pero con sujeción a las leyes: es así que se puede dar una ley que anule por completo la libertad de imprenta, observando estrictamente, fielmente, escrupulosamente el artículo 2.º de la Constitución; luego, mejor y más franco es suprimir artículo tan inútil.

En pos de esta burla y supresión de los preciosos derechos individuales, viene en el proyecto de Bravo Murillo la más absoluta y monstruosa negación del más sagrado de estos derechos: de la libertad de conciencia. La Constitución de 1845 decía: «La religión de la nación española es la católica, apostólica, romana». El proyecto de Bravo Murillo, añadiendo el adverbio exclusivamente, trueca lo que interpretado con alguna benignidad podía pasar por la mera consignación de un hecho, en un precepto prohibitivo, para cuyo cumplimiento y eficacia se podía dar lugar a las leyes más intolerantes y tiránicas.

El proyecto, más realista que la Constitución de 1845, en vez de decir que «la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey», dice que «el rey ejerce con las Cortes la potestad de hacer las leyes». Es evidente que se puede sostener que en lo esencial ambos artículos son lo mismo, y que, como dice el señor Bravo Murillo, fue una mera galantería lo de poner al rey antes que a las Cortes; galantería algo parecida a la de aquel escudero, viudo de la dueña doña Rodríguez, de quien nos cuenta Cervantes que, por ser muy atento y comedido con el señor corregidor, ofendió tanto a su señora. Sin embargo, lo de poner al rey antes que a las Cortes como poder legislativo, distaba mucho de ser una mera galantería, según el señor Bravo Murillo quería hacernos creer. Y prueba de ello es que, en otro artículo de su proyecto de Constitución, se concede al rey la facultad de legislar por sí en los casos urgentes, dando cuenta a las Cortes en la legislatura inmediata. Es cierto que, en circunstancias extraordinarias han legislado los gobiernos constitucionales, pidiendo luego un bill de indemnidad; pero hay diferencia grandísima en que esto se consienta y se tolere, teniendo en consideración la absoluta necesidad que hubo de hacerlo, en tiempos de grandes agitaciones y turbulencias, a que se consigne como artículo de la Constitución.

Otro párrafo, suprimido también en el proyecto y que le hace más realista, es el que prescribe que el rey ha de estar autorizado por una ley especial para admitir tropas extranjeras en el reino. Alega Bravo Murillo, como razón para haberle suprimido, la de que implicaba una desconfianza sumamente indecorosa para el rey; pero si esta razón fuese valedera sería menester borrar casi todos los artículos constitucionales y dejar al rey que hiciese lo que gustase, confiándose en él por completo y decorosamente.

Parte muy esencial de la reforma era la nueva organización del Senado, única cosa en que el proyecto de Bravo Murillo nos parece más liberal, aunque menos democrático, que la Constitución de 1845. Esta disponía que los senadores fuesen todos vitalicios, nombrados por el rey, y su número ilimitado, lo cual hacía de aquella alta cámara algo de poco independiente del poder real; y, si bien salvaba un tanto la dificultad de que no todos los ministerios que se sucediesen pudiesen contar con el Senado, ya que, siendo ilimitado el número de senadores, podían crearlos nuevos, esta misma facultad de crearlos, aun cuando fuera dentro de cierta categoría, limitaba la importancia y la dignidad de aquel cuerpo colegislador. El proyecto de Bravo Murillo, creando senadores por derecho propio, es innegable que aumentaba la importancia, la independencia y la dignidad del Senado.

Los senadores por derecho propio eran de dos modos: natos y hereditarios. Los hereditarios, para serlo, se requería que pagasen 30,000 reales de contribución de bienes raíces propios vinculados, lo cual implicaba el restablecimiento de las vinculaciones, aunque dentro de ciertos límites, y la resurrección en España de una aristocracia que hacía tiempo que no existía ni de derecho ni de hecho, pues los grandes señores, individuos de nuestra alta nobleza, carecían de espíritu político de clase y solo cifraban su orgullo y anhelaban distinguirse con frívolos privilegios palaciegos. Los senadores natos, fuera de la absurda y cortesana lisonja de hacer senador a los catorce años al príncipe de Asturias y a los infantes a los veinte, más pecaban por pocos que por muchos. Era senadores natos los cardenales españoles, los capitanes generales, el patriarca de las Indias, los arzobispos y diez tenientes generales del ejercito, uno de la armada y seis obispos, los más antiguos y de cada clase. Era de notar y aun de pasmar en esto, si se atiende a que Bravo Murillo era tan enemigo del militarismo, que solo en la iglesia y en la carrera militar hallase puestos bastante encumbrados para que aquellos que los ocupaban fuesen dignos de ser senadores por derecho propio. Solo, por decirlo así, las armas del cielo y las de la tierra daban valer bastante para que alguien, sin que el gobierno le nombrara, pudiera sentarse en el Senado. Ninguna distinción ni dignidad, ninguna posición por elevada que fuese, en otras esferas de la actividad humana, concedían, por lo visto, el derecho propio de sentarse en el Senado. El valer en la industria, en el comercio, en las ciencias, en las letras, en las artes o en la administración, no podía conquistar este derecho, que solo la Iglesia y el ejército conquistaban. No se comprende cómo Bravo Murillo, ya que creaba senadores natos, no discurrió que no debían serlo solamente los generales, los arzobispos y los obispos, sino también, por ejemplo, los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo de Justicia, el rector de la Universidad de Madrid, los directores de las Reales Academias y cierto número de mayores contribuyentes. Tampoco pensó Bravo Murillo, como se ha pensado después, en nuestro sentir discretamente, que, además de senadores por derecho propio y vitalicios, nombrados por el gobierno, los hubiese electivos, los cuales vinieran a representar, no el interés indistinto de toda la colectividad del pueblo, sino el de un centro distinto de actividad o el de una corporación o asociación de las que gozan de vida propia, dentro de la sociedad total que constituye la nación.

Las modificaciones hechas en todo lo concerniente a los diputados eran reaccionarias y odiosas en grado sumo. Empezaban por reducir el número de diputados a 171, cuya elección había de hacerse por distritos. En vez de los 400 reales de contribución directa, que la ley vigente exigía para ser elector, el nuevo proyecto de ley exigía ser uno de los 150 mayores contribuyentes de cada distrito; por manera que la probabilidad de tener el derecho electoral estaba en razón inversa de la riqueza del distrito en que cada ciudadano vivía. Tal vez sería el primer elector en un distrito un ciudadano que, avecindado en el inmediato, distase mucho de poseer los requisitos para ejercer allí dicho derecho.

El nuevo proyecto establecía un sinnúmero de incompatibilidades, en nuestro sentir injustas. Algunas de estas incompatibilidades estaban en la ley anterior; otras eran nuevas. No eran, pues, elegibles los sacerdotes, pero tampoco lo eran los jueces y magistrados y los militares en activo servicio.

Las mesas electorales las había de presidir un juez. El Tribunal Supremo de Justicia había de entender y resolver sobre la aprobación de las actas.

Más que todo lo dicho falseaba o destruía por completo el sistema parlamentario el proyecto de ley para el régimen de los cuerpos colegisladores, que formaba parte de la reforma. Lo primero que se disponía era que los diputados no pudiesen elegir presidentes ni vicepresidentes, sino que estos fuesen de nombramiento de la corona. Y como las atribuciones y facultades de dichos funcionarios eran muy amplias, resultaba que el Congreso quedaba sometido a una tutela algo denigrante del gobierno, ejercida por un delegado suyo, el cual tenía derecho hasta de expulsar del salón de las sesiones, durante quince días, a cualquier diputado que creyera que se propasaba. Ni los presidentes ni los ministros podían votar en ninguno de los cuerpos colegisladores. Los ministros, además, tenían el derecho^ de nombrar comisarios que fuesen a hablar y a responder por ellos en las Cortes, sustrayéndose así y haciéndose inaccesibles, si querían, a todo ataque parlamentario.

Se disponía, por último, que las sesiones del Congreso y del Senado fuesen a puerta cerrada, destruyendo todo lo solemne y grande que la publicidad trae consigo; el mayor aliciente de la elocuencia que es que haya un público numeroso que oiga al orador; y el encanto que tiene, para toda nación libremente gobernada, el poder seguir punto por punto la discusión de las leyes que sus representantes le dan y la resolución de los negocios en que todo ciudadano está o debe estar interesado.

Tal era, en resumen, la reforma constitucional de Bravo Murillo.

El mismo día (2 de diciembre de 1852), en que para conocimiento del público se publicó en la Gaceta este proyecto, se prohibió también, por una circular, que la prensa periódica le discutiese. Esto era imponerse de un modo tan tiránico que hasta el mismo marqués de Pidal tuvo que censurarlo diciendo que la adopción de tan arbitraria medida iba a excitar una carcajada general en toda Europa. La razón que se daba para ahogar la discusión era infundadísima. «A fin, rezaba la circular, de que la vivacidad de las pasiones no perjudique al imparcial estudio que requieren documentos de esta importancia». Sin duda que no era solo la prensa periódica la que padecía, según Bravo Murillo, del achaque de vivacidad en las pasiones. El Ateneo padecía también de este achaque. El gobierno suprimió en él dos cátedras, porque allí se trataba de materias políticas, extrañas al objeto de la institución de aquella sociedad; como, si siendo el Ateneo científico, y siendo la política una ciencia, fuesen extraños a su instituto la historia, origen y progresos de los gobiernos representativos.

En fin, el mismo día 2 de diciembre, se publicaron los presupuestos, que no habían sido discutidos ni aprobados por las Cortes, y se mandó que comenzaran a regir desde el día 1.º de enero de 1853.

A pesar del forzado silencio de la prensa y a pesar de que se trató por todos los medios posibles de ahogar las manifestaciones de la opinión pública, esta se abrió diversos caminos para mostrar su desagrado, y los personajes más ilustres del partido conservador dieron ejemplo mostrándole. Martínez de la Rosa hizo dimisión de la vicepresidencia del Consejo Real, y el marqués de Pidal, el duque de Sotomayor, el conde de San Luis, y en suma todos los narvaístas o amigos de la reina Cristina aparecieron como resueltos adversarios de la reforma. Deseando obrar de acuerdo en la próxima lucha electoral, tuvieron una junta preparatoria en casa de don Manuel Bermúdez de Castro, y allí decidieron reunirse, con más frecuencia y en mayor número, en casa del duque de Sotomayor. Para ello pidieron permiso al gobernador de la provincia, el cual le negó. Acudieron luego al gobierno, que le negó también. Esto produjo, como era natural, grave descontento y fundadas quejas. Era evidente que el gobierno quería ahogar toda libertad e impedir todo concierto entre sus enemigos, en las próximas elecciones. El 7 de diciembre publicó sobre esto una real orden, donde, entre otras cosas, decía que «con el carácter de juntas electorales se habían celebrado en Madrid reuniones políticas, causando cierta ansiedad, y cuya continuación podría producir en mayor grado agitación bastante para perturbar el ordinario y tranquilo curso de los negocios y para ejercer una coacción moral sobre la voluntad de los electores, a quienes debe asegurarse el más desembarazado y libre ejercicio de su derecho». Fundado en tales razones, el gobierno disponía «que no se permitan en punto alguno de la monarquía semejantes reuniones sin la competente autorización de los gobernadores de las provincias, precediéndose en su caso contra los infractores con arreglo a las leyes».

Harto claro se ve que esto propendía a hacer imposible, en la próxima lucha electoral, toda avenencia y acuerdo entre las oposiciones. El gobierno no permitió una sola reunión electoral en diciembre de 1852.

Sin embargo, un comité, compuesto de los personajes más notables de los partidos moderados y progresista, se constituyó al cabo, formando momentánea coalición; y, movido por el interés común de sostener las instituciones liberales, publicó en el mismo día (el 10 de diciembre) dos manifiestos a los electores, combatiendo ambos al ministerio, aunque cada cual en el tono y con los argumentos propios de su partido, ya que el uno iba solo firmado por conservadores y el otro por progresistas solo.

Las poderosas razones, que se daban en ambos manifiestos contra la proyectada reforma, iban corroboradas por la autoridad y el crédito de las firmas que los suscribían, entre las cuales figuraban las de sujetos que por las armas, por la brillante y larga carrera política, por el saber, por el nacimiento y por los bienes de fortuna, descollaban entre lo más ilustre de la nación. Firmaban el manifiesto conservador el duque de Valencia, el marqués del Duero, Martínez de la Rosa, González Brabo, Seijas Lozano, Pacheco, Ríos Rosas, San Luis, el duque de Rivas, el marqués de Pidal, Mayáns, el duque de Sotomayor, don Alejandro Mon, O’Donnell, Calderón Collantes, el marqués de San Felices, el general don José de la Concha, el general Córdova, el general Ros de Olano, don Cándido Nocedal, que aún no se había convertido al catolicismo absolutista, don Salvador y don Manuel Bermúdez de Castro, los duques de Abrantes y de Medina de las Torres, los marqueses de Corvera y de Claramonte, los condes de Casa-Bayona y de Torre-Marín, el general Serrano, y muchos periodistas, abogados y hombres de letras y de administración, como don Leopoldo Augusto de Cueto, González Serrano, Zaragoza, Borrego, Pastor, Esteban Collantes. Mora, Coello y Quesada, López Roberts, don Fernando Álvarez, don Manuel García Barzanallana, don Fermín Gonzalo Morón, don Nicomedes Pastor Díaz, don Claudio Moyano y don Alejandro de Castro. El manifiesto progresista iba firmado también, así por los hombres que tenían ya una larga y honrosa historia en aquel partido, como por los que más se señalaban entre la gente moza de superior valer y porvenir. Firmaban, pues, el manifiesto progresista los generales San Miguel e Infante, Mendizábal, Olózaga, don Antonio González, Luján, Collado, Alonso, Cordero, Gómez de la Serna, Ordax de Avecilla, don Fermín Lasala, don Emilio y don Vicente Sancho, don Augusto Ulloa, don Manuel Cantero, don Patricio de la Escosura, don Eusebio Asquerino y don José María López.

Ambos manifiestos coincidían en la afirmación de que la reforma de Bravo Murillo no era reforma, sino destrucción del régimen constitucional y no de las libertades patrias Para combatir este propósito hacían resaltar los progresistas que la nación había conquistado por dos veces, y recientemente a costa de su sangre, los derechos de que ahora querían despojarla, reinando la dinastía, por quien, a par que por dichos derechos, la nación había combatido y se había sacrificado, ya haciendo volver de su vergonzoso cautiverio a Fernando VII, ya sosteniendo en el trono a Isabel II contra su tío don Carlos.

El manifiesto conservador era menos explícito en ciertos puntos y se abstenía de acudir a razones históricas para demostrar que la soberanía nacional estaba por cima de todo; pero dicho manifiesto, más extenso y razonado que el progresista, no era por eso menos enérgico, llegando hasta la amenaza harto poco disimulada. Un voto favorable al ministerio, dado por los diputados que iban a elegirse, pudiera ser funestísimo, decía, a la estabilidad del trono: de suerte que los conservadores, con previsión amenazadora y fatídica, y para el caso de que legal y parlamentariamente fuesen vencidos, conminaban y aterrorizaban ya a la reina con la revolución y el destronamiento. Lo cierto es que los conservadores, en España, han sido siempre más seriamente revolucionarios que los progresistas.

Entre las novedades que Bravo Murillo quería introducir en su nueva Constitución, había una que más que otra alguna ofendía a la vez el sentimiento patriótico y el sentimiento liberal, y era igualmente, y con vehemencia grande, censurada en ambos manifiestos. El título I de la Constitución reformada trataba de religión y solo constaba de dos artículos. En el primero, al declarar religión de los españoles la católica, se añadía exclusivamente, según ya hemos dicho. Contra esto nadie se atrevió a formular censura en los manifiestos: tal era y tan arraigada e inveterada estaba entre nosotros la intolerancia religiosa. Pero el artículo segundo decía: «Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se fijarán por la corona y el Sumo Pontífice en virtud de concordatos que tendrán carácter y fuerza de ley»: lo cual era despojar a las Cortes de una parte importantísima del poder legislativo, concediéndosela a un soberano extranjero, «en cuestiones gravísimas, según dice el manifiesto conservador, tan trascendentales y extensas, en una nación como la nuestra exclusivamente católica».

No era menos áspera y dura en los demás puntos la censura del manifiesto conservador. «En los proyectos, dice, que el gobierno ha publicado, se destruye todo el contexto de la Constitución actual y por consecuencia forzosa las demás leyes importantísimas que de ella penden y emanan: se despoja a la nación de la garantía política y económica del voto anual del presupuesto de gastos y de impuestos, imposibilitando o a lo menos dificultando en gran manera la necesaria intervención de las Cortes en el manejo de la hacienda pública y la reforma o supresión de los abusos que en tan importante ramo de la administración se hayan introducido: se establece que se puedan dictar leyes sin la concurrencia de las Cortes en los casos urgentes a juicio del gobierno mismo: se prescribe, desnaturalizando completamente la índole del gobierno representativo, que las sesiones del Senado y del Congreso, se celebren a puerta cerrada, privando de este modo a la moralidad pública de una poderosa y saludable garantía, a los electores del medio de apreciar la conducta de los diputados que han elegido, y a la nación entera del importante e indisputable derecho que le asiste de saber cómo se gestionan sus intereses y de conocer las dotes y el valor de los hombres públicos a quienes está confiada la dirección de sus destinos: se impide a las Cortes por medida general hasta que puedan enmendar los proyectos de ley presentados por el gobierno, pues de las enmiendas que los senadores o diputados presentaren ni cuenta se dará siquiera al cuerpo respectivo, si los ministros no lo tuvieren por conveniente; y por último, con una multitud de disposiciones, artificiosamente combinadas, se reduce a la nulidad la intervención de los cuerpos colegisladores, aun en las escasas atribuciones que todavía se les conservan. Inútil sería detenerse, después de lo indicado, en un examen más prolongado del régimen a que se quiere someter a la pundonorosa nación española».

Un tomo entero de cerca de 500 páginas ha consagrado Bravo Murillo a la historia, exposición y defensa de su reforma, pero no logra justificarla de ataques tan fundados. Verdad es que, en cierto modo, ni lo pretendía siquiera. En todo el libro citado se advierte cierta buena fe candorosa. Bravo Murillo creía, sin duda, que todo aquello, que él aspiraba a establecer, era si no lo más liberal, lo más conveniente para su patria.

Censuraba también el manifiesto conservador el plan de Bravo Murillo de hacer aprobar por las Cortes, así su Constitución, como las nueve leyes que la completaban, en una sola y única votación, y por consiguiente casi a ciegas.

Las quejas expresadas en ambos manifiestos, los tremendos vaticinios que en ellos se hacían y el estado de alarma, de desasosiego y de perturbación, en que se pintaba al país, no pudieron menos de producir honda impresión en el ánimo de la reina Isabel, hasta entonces muy pagada de Bravo Murillo y muy inclinada a que su reforma se realizase. La reina María Cristina, contraria siempre a la reforma, excitada más aún en contra de ella, al leer los manifiestos, y aprovechando la ocasión de haberse estos publicado, fue a ver a su hija y a acabar de convencerla de los peligros a que se exponía con persistir en sostener al ministerio reformista.

Las palabras y los razonamientos de la reina María Cristina debieron de ser bastante fuertes para obrar de seguida un cambio en el ánimo de su augusta hija, la cual hubo de mostrar al día siguiente tan a las claras su disgusto y sus recelos a los ministros que los obligó a presentar su dimisión.

Fue esta presentada el día 13 de diciembre, el 14 fue admitida, y el 15 aparecieron en la Gaceta los reales decretos aceptándola y nombrando nuevo ministerio.

Con la caída del presidido por Bravo Murillo, cayeron también los proyectos de reforma, pues si bien el nuevo gabinete se anunció como partidario de ella, con ciertas modificaciones, la tal reforma, ni modificada, llegó a discutirse en las Cortes.

La actitud de los prohombres del partido conservador fue muy patriótica y muy útil a la nación en aquellas circunstancias; pero más se debió a la reina Cristina, sin cuya prudencia y energía ni el ministerio Bravo Murillo hubiera caído, ni la reforma hubiera dejado tal vez de plantearse. Conocida, como es, la docilidad servil que suele tener en España el cuerpo electoral, el gobierno hubiera obtenido mayoría, casi de seguro. La reforma se hubiera realizado, triunfando por las vías legales, pero, sin duda, que a poco, empezando por motines de soldados, la rebelión hubiera cundido por todo el reino, echando por tierra la reforma y adelantando acaso la caída del trono o poniéndole al menos en más grave peligro que el que corrió después del pronunciamiento de Vicálvaro.

CAPÍTULO V

El Concordato.—Ministerio Roncali.—Ministerio Lersundi.—Ministerio del conde de San Luis

Después de haber contado la caída del ministerio Bravo Murillo, conviene considerar por un momento los principios y la conducta de aquel gabinete y la situación en que el partido conservador y el partido progresista se hallaban entonces.

El partido conservador estaba en el poder desde 1843 y no puede negarse que había hecho mucho en bien del país: había organizado la administración, promulgado códigos, negociado un Concordato, establecido un sistema para la Hacienda, dado leyes de contabilidad pública más racional y clara, reformado los aranceles en sentido más librecambista o menos restrictivo, y arreglado la Deuda En 1848, en medio de tantas revoluciones como agitaron la Europa entera, España pudo salvarse del contagio, y hasta cierto punto quedar en paz, merced a la energía de Narváez, a pesar de la guerra civil carlista, que se encendió de nuevo en Cataluña, y de las gravísimas dificultades que nos suscitó y en que procuró hacernos caer el gobierno inglés irritado. De todo esto podía jactarse, y no sin razón se jactaba, el partido conservador; pero su larga permanencia en el poder y las ambiciones personales, más poderosas en España que en parte alguna, porque no hay masas grandes de pueblo que sigan a los partidos y de las cuales sean los corifeos y jefes como meros apoderados, habían hecho que el partido conservador se dividiese en pequeñas banderías y que cada vez amenazase más con su próxima disolución.

Por otras razones, según hemos visto, el partido progresista se había fraccionado también; Olózaga por un lado; Cortina por otro; y por otro Orense, dando origen, con Rivero, Figueras y otros, al partido democrático, más o menos paladinamente republicano.

En medio del fraccionamiento de estos partidos, el militarismo, en vez de perder fuerzas, las adquiría mayores. Ciertos generales, hábiles o dichosos, eran los que tenían más influjo, más poder, y más probabilidad de formar partidos y gobiernos notables.

Este militarismo creciente y esta desorganización de los partidos inspiraron, sin duda, a Bravo Murillo la idea de realizar la reforma constitucional. Tal vez quiso, llevando ya con la reforma gran multitud de conservadores isabelinos, atraer a sí a la mayoría de los absolutistas, haciéndoles abandonar la caída bandera de don Carlos, y formando con todo un gran partido civil, esto es, de verdadero pueblo, que tuviese a raya las agrupaciones políticas que solían crearse, ya capitaneadas por un general de prestigio en el ejército, ya vivificadas y corroboradas por alguna camarilla o influencia palaciega.

El planteamiento de la reforma fue, sin embargo, inoportuno, y Bravo Murillo sucumbió sin lograrle. Es cierto que en Francia había habido un 2 de diciembre; pero, como decía con chiste Mendizábal, también había habido un 24 de febrero, que no habíamos tenido nosotros. Resultó, pues, de la tentativa de Bravo Murillo que todas las fracciones del partido moderado se coligasen contra él y que le derribaran.

La coalición quedó en pie después de la caída de Bravo Murillo; siguió viviendo con la idea de combatir la reforma, mientras los ministerios efímeros, que sucedieron a Bravo Murillo, no desistieron de presentarla, aunque modificada, y cuando ya no hubo reforma que sirviese de motivo o pretexto para la coalición oposicionista, esto es, cuando subió al poder el ministerio del conde de San Luis, la coalición tomó la moralidad por lema de su bandera.

Los sucesos están harto recientes, y podríamos pasar por delatores o acusadores, ya que no por calumniadores, si tratásemos aquí de poner en claro la verdad de todas las imputaciones de inmoralidad que por aquel tiempo, más que nunca, se dirigieron los conservadores de todos los matices, los unos contra los otros, denigrándose ante los ojos del pueblo cuyos destinos querían dirigir o dirigían, y haciendo formar el más lastimoso y feo concepto de nuestras costumbres políticas en las naciones extranjeras.

Este método de constante difamación tenía además otro enorme inconveniente: el de crear la inmoralidad o el de estimular a ella, aunque no la hubiese o donde solo en germen existía. No cabe duda que la creencia, sostenida y divulgada más cada día, de que administrando los caudales públicos es común y frecuentísimo sacar provechos ilícitos, excita los ánimos poco escrupulosos, quita la aprensión, la vergüenza y hasta el miedo, y convida a muchos a mejorar de fortuna valiéndose de idénticos medios. Es más: tal desenfreno es fácil que pase de la administración de las cosas públicas a la administración de las cosas privadas y que acabe por infundir tristes recelos y la desconsoladora persuasión de que no hay de quien fiarse.

Un historiador extranjero, el señor Mazado, dice, hablando de la España de entonces: «Dijérase que se componía de malhechores que iban sucesivamente ocupando el poder y de Catones que se envolvían, en la oposición, en su severidad romana. Esto era, sin duda, en ambos extremos, sumamente exagerado; mas no por eso es menos cierto que, en aquella época, la atmósfera moral de la Península estaba cubierta de un espeso nublado de prevenciones y de sospechas; que el principal concesionario de los ferrocarriles, el señor Salamanca, gozaba poco favor entre las oposiciones; y que del señor Salamanca se subía a los ministros, de los ministros a todas las influencias de palacio, y de los negocios de gobierno, a los más íntimos y personales; de suerte que, en este conjunto de acusaciones de todo linaje, no quedaba en España elemento político que no fuese delatado, procesado y desacreditado».

Como hemos dicho, la coalición formada en tiempo de Bravo Murillo persistió durante los dos ministerios que le sucedieron: el primero, presidido por el general Roncali, conde de Alcoy; y el segundo, por el general Lersundi. En el primer ministerio hubo nada menos que tres ministros generales: el presidente, el general Lara en Guerra, y el conde de Mirasol en Marina. También el segundo ministerio, que sucedió al de Roncali, en 15 de abril de 1852, estaba presidido por otro general: por don Francisco Lersundi: pero esto no bastaba para que la coalición oposicionista, donde prevalecía el elemento militar, quisiera aquietarse y amansarse. Narváez y O’Donnell estaban a la sazón muy amigos, y ambos deseaban que en el gobierno prevaleciese por completo el influjo militar. Esto no podía realizarse ni con uno ni con otro de los dos ministerios sucesivos, el alma de cada uno de los cuales se decía que estaba escondida detrás del militar que los presidía, y que era, permítasenos la expresión, un alma civil. Detrás de Roncali estuvo Benavides, y después detrás de Lersundi estuvo don Pedro Egaña.

En comprobación de esto citaremos fragmentos de una carta que pone Bermejo en su Estafeta de Palacio y que asegura haber sido escrita por O’Donnell a Narváez, cuando Narváez estaba en Biarritz, y aún era Roncali presidente del Consejo. La carta rezaba: «Ni Roncali ni Lara pueden satisfacer nuestros deseos, que son precisamente los del ejército en masa… La coalición no debe romperse… Estoy resuelto a que no se rompa y a que nos hagamos temer de Roncali como de Bravo… Roncali no es el que manda, ni Lara tampoco… El verdadero presidente es Benavides, que tiene más talento y malicia que sus compañeros, y que es un hombre civil, que a la corta o a la larga seguirá con su acostumbrada marrullería las huellas de su antecesor».

Muy lejos estamos de responder de la autenticidad de esta carta; pero, si fuera auténtica, aclararía puntos oscuros de la política de entonces, sobre todo con esta frase significativa: «La coalición no debe romperse, porque corremos el peligro de que estallen los elementos que teníamos hacinados, para si el abogado insistía en su propósito de resistir». Inferiríase de aquí, a ser la carta auténtica, que O’Donnell, de acuerdo con Narváez, tenían preparada una insurrección militar para derribar violentamente a Bravo Murillo, si la reina no le despedía, como lo hizo, temerosa sin duda de dicha insurrección, la cual se retardó, por lo pronto, pero no dejó al cabo de realizarse en Vicálvaro.

Antes de llegar a este término, refiriendo primero rápidamente la historia de los ministerios Roncali y Lersundi, para venir a la del ministerio del conde de San Luis, quien saliendo de la coalición, se indispone al punto con ella, se engríe, se ensoberbece, y promueve la catástrofe, bueno es que, volviendo la vista atrás, tratemos de un asunto importantísimo, de que no hemos tratado en su lugar por no romper el hilo de los acontecimientos políticos. Vamos, pues, a tratar del Concordato celebrado con la corte de Roma.

Hacía diez y ocho años que estábamos desavenidos con aquella corte, desde la muerte de Fernando VII en 1833. El clero español, secular y regular, numeroso, rico e influyente, no se puede negar que era carlista en su mayoría. El papa Gregorio XVI era también partidario de don Carlos y del absolutismo de España, y prestaba, sin querer o queriendo, todo el peso de su autoridad moral y religiosa a la enemistad del clero contra el gobierno, enemistad que se trocaba a menudo en rebelión abierta. Todas las injurias, por consiguiente, inferidas después por el gobierno de Isabel II a la Iglesia y a sus ministros, aunque no fuesen lícitas, ni justas, fueron motivadas, no ya solo por un espíritu vengativo, sino por la necesidad de defenderse y sostenerse.

La hostilidad de gran parte del clero era evidentísima, y necesario, por lo tanto, de desarmarle, hasta donde fuera posible, a fin de que no hiciera daño. Así es que desde 1834, bajo un ministerio moderado o conservador, empieza la decantada, pero harto forzosa persecución del clero. Ya entonces se suprimieron los conventos cuyos individuos auxiliaban a don Carlos y aquellos también que no completaban el número de 12 religiosos. Se mandó a los prelados que previniesen a los sacerdotes que de ellos dependían para que no excitaran a los fieles a la desobediencia, y se ocuparon las temporalidades a los eclesiásticos que se incorporaran en las filas del Pretendiente o tomaban parte ostensible en su favor. En 1835 se suprimió la Compañía de Jesús. En 1836, vinieron ya al mando los progresistas, y adoptaron la medida altamente revolucionaria de suprimir todos los conventos, menos los colegios de misioneros para Asia, las Escuelas pías 5 algunos hospitales de San Juan de Dios; y de disponer de todos sus bienes raíces, muebles y semovientes, rentas, derechos y acciones, para aplicarlo a la extinción de la deuda. En 1837 se suprimió el diezmo y se declararon también bienes nacionales los del clero secular, si bien no debían empezar a venderse hasta 1840. En los años de 1838, 39 y 40, bajo el mando del partido moderado, y sobre todo después del convenio de Vergara que terminó con la guerra civil, el gobierno español hizo cuanto estuvo a su alcance, aunque en balde, para mejorar la suerte del clero y para lisonjearle, llegando a presentar un proyecto de ley para su dotación y la del culto, en el cual, por confesión de los autores más ultramontanos y clericales, aunque razonables, se les concedía más de lo que nunca habían tenido.

En 1841, de nuevo en el poder los progresistas, desanduvieron lo andado en el camino de la avenencia con la Santa Sede. La ley de dotación de culto y clero quedó sin efecto. El diezmo se abolió por completo. Y se alzó la suspensión de vender los bienes del clero secular.

Desde lo ocurrido desde entonces hasta las infructuosas negociaciones del señor Castillo y Ayensa en 1845, hemos dado más amplias noticias en el curso de esta historia. Por ellas se ve claro que los gobiernos conservadores, desde que volvieron al poder en 1843, hicieron cuanto humanamente estuvo a su alcance para sentar paces entre la Iglesia y el Estado y conseguir el reconocimiento de nuestra reina por el Papa. Todo, sin embargo, fue infructuoso mientras reinó Gregorio XVI, tenaz absolutista, y sometido además al Austria, que nos era contraria entonces. Fue necesario que subiese al solio pontificio un papa hasta cierto punto liberal, en el principio de su reinado al menos, para que empezasen a reanudarse nuestras relaciones diplomáticas oficiales con la corte de Roma; y fue necesario que una gran tempestad revolucionaria agitase todo el continente europeo para que estas relaciones llegasen a su complemento y nos prestasen ocasión propicia de restablecer nuestra paz con la Iglesia, poniendo término a las desavenencias todas, por medio de un pacto solemne de concordia.

Pío IX envió a Madrid, a mediados de 1847, como delegado apostólico, a monseñor Brunelli. En julio del mismo año volvió a ejercer sus funciones el tribunal de la Rota. Y en diciembre, el señor Arrazola, ministro a la sazón de Gracia y Justicia, presentó un proyecto de ley para la provisión de todas las dignidades, prebendas y canonjías.

No bastaba esto para el reconocimiento pleno y diplomático de la reina Isabel II por la corte de Roma, y sobre todo para que dicha corte concediese la sanción a las ventas ya realizadas de los bienes del clero. Se requería que se arbitrasen medios de proveer a su sustento de manera suficiente y segura: lo cual, además, era indispensable preliminar para el arreglo general y definitivo del clero, ya se hiciese por bulas, ya en virtud de un Concordato.

En la expectación, pues, de dicho arreglo definitivo, y a fin de facilitar su realización, en 1848, se formó una junta de personas, nombradas en parte por el gobierno español y en parte por el delegado apostólico, para que preparase un proyecto de Concordato, ya que el gobierno prefería arreglar por este medio, mejor que por bulas, las cuestiones pendientes. El gobierno, además, ínterin llegaba el día del arreglo definitivo del clero, publicó una circular disponiendo que se creasen sin demora seminarios eclesiásticos en las diócesis donde no los hubiese; y concediendo a los obispos ciertas facultades contrarias, en nuestro sentir, según toda buena doctrina política, a las libertades individuales, ya que les daban el derecho, no solo de vigilar las escuelas públicas, interviniendo en la educación moral y religiosa, sino que también les ofrecían el auxilio del brazo secular para oponerse a la malignidad de los hombres y para impedir la publicación de los libros malos y nocivos. Convenimos en que muchas de estas prescripciones, cuando no están firmemente sostenidas por las creencias y costumbres de la época en que tratan de imponerse, suelen ser letra muerta y frases ampulosas que nada significan; pero aun así, era atentar al derecho, en lo que tiene de más sagrado e inviolable, el someter a los obispos, no ya en virtud de la piedad y de la fe religiosa con que se somete, conservando su dignidad, el verdadero creyente, sino por fuerza, toda manifestación del pensamiento humano. Entendidas con la debida amplitud las prescripciones de la circular, casi ni respirar hubiese podido nadie sin permiso de los señores obispos.

A poco de publicarse esta circular, arreció en Roma la tempestad revolucionaria, y el Padre Santo tuvo que abandonar la capital del orbe católico y refugiarse en Gaeta. El gobierno español se mostró entonces muy generoso: nada exigió del Pontífice atribulado; y en cambio se prestó, como hemos visto, para restablecerle en su trono, a los sacrificios más grandes: a sacrificios, no solo de dinero, que andaba por cierto muy escaso, sino también de amor propio, pues a no ser por los napolitanos, hubiéramos hecho en aquella santa guerra de intervención el papel más deslucido. Nuestra conducta hubo sin duda de mover en nuestro favor el bondadoso corazón del Papa.

Entretanto, la junta mixta siguió discutiendo y redactando el proyecto de Concordato. Luego se discutió también en Madrid y en Roma por los gobiernos respectivos; y acordados, por último, su forma y sus pormenores, el Nuncio pidió a Roma la plenipotencia para ratificarle. Esta llegó a Madrid el día mismo de la caída del ministerio Narváez y de la entrada en el poder del ministerio Bravo Murillo, el cual tuvo la gloria de que, bajo su administración, se celebrase y publicase este pacto solemne, el día 17 de octubre de 1851.

Las Cortes, en mayo de 1849, habían dado una ley, sancionada por la corona, autorizando al gobierno para ajustar y concluir el Concordato con la obligación de dar cuenta después del uso que de esta autorización hiciere.

El Concordato, celebrado en época de la mayor reacción política en España y por un gobierno despótico y sumamente piadoso, al menos en apariencia, contiene las concesiones más graves y trascendentales a la Iglesia, en contra de la libertad individual y de los derechos del hombre. En él se obliga la potestad civil a cosas para las cuales no tiene jurisdicción; lo cual implica el empleo de una fuerza arbitraria y tiránica, a fin de que dichas cosas se consigan, en el caso, más que posible, de que de grado no se consigan. La religión católica, apostólica, romana, no solo ha de ser por lo pronto, sino para siempre, la única y exclusiva religión de los españoles. Los prelados han de intervenir en la instrucción de la juventud, no solo en los seminarios, sino también en las universidades y demás escuelas públicas y privadas; y asimismo tendrán derecho para impedir la publicación, introducción y circulación de libros malos y nocivos.

Los artículos que siguen a los anteriormente citados establecen una nueva división y circunscripción de diócesis, suprimiendo algunas, creando otras, como las de Madrid, Ciudad Real, Vitoria y Ceuta, y trasladando de un punto a otro punto algunas sillas episcopales. En otro artículo se reúne en coto redondo el territorio diseminado de las órdenes militares, se le titula priorato, y se designa para gobernarle a un prior con carácter episcopal. Por otro artículo quedan suprimidas todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas, menos la del pro-capellán mayor de S. M., la castrense, la de las cuatro órdenes militares, la de los prelados regulares, y la del Nuncio en la iglesia y hospital de Italianos. En otro artículo se fija el número de dignidades y canonjías que ha de haber en cada cabildo.

Otros artículos contienen disposiciones de disciplina eclesiástica que no nos incumbe exponer aquí.

Se fija, además, en el Concordato, el número de capitulares y beneficiados que ha de haber en las iglesias metropolitanas y se declara qué beneficios son de provisión real y que beneficios son de provisión del Papa.

Se suprimen no pocas colegiatas, si bien quedan subsistentes algunas, por su origen glorioso, por su antigüedad o por otras circunstancias, como las de Covadonga, Roncesvalles y Sacromonte de Granada.

Se prescribe también a los arzobispos y obispos que formen un nuevo arreglo y demarcación parroquial en sus respectivas diócesis.

Se determina que los curatos que vaquen se provean por concurso, nombrando el gobierno a los curas en vista de ternas de opositores aprobados; y se dispone que haya un Seminario conciliar en cada diócesis, y se habla de establecer, cuando las circunstancias lo permitan, Seminarios generales, en que se dé la extensión conveniente a los estudios eclesiásticos. Esta última prescripción no ha llegado a realizarse nunca, y en verdad que es de lamentar, porque si hubiese en España, al menos, una alta escuela de teología, se contaría mayor número de sabios escritores entre los individuos del clero y se retraerían no pocos periodistas, legos y profanos, de ser apologistas y expositores del dogma, poniendo de acuerdo o desacuerdo con él todos los actos de la vida pública.

También se prescribe en el Concordato el establecimiento de algunas congregaciones religiosas, como de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri.

En España, al suprimirse, en 1835, las órdenes religiosas había extraordinaria abundancia y variedad de varones que hacían vida cenobítica. Contábanse cerca de 30 órdenes, como trinitarios, cartujos, capuchinos, franciscanos, dominicos, jesuítas y mercenarios; muy cerca de dos mil conventos; y más de treinta mil hombres en ellos encerrados, entre sacerdotes, legos y novicios. Esta grande abundancia de frailes y monjes vino a trocarse con la supresión casi total de los conventos en una escasez que se lamentaba por muchos, ya que al menos cierto número de religiosos era necesario, aunque solo fuera para nuestras misiones en África, Asia, América y las Islas Filipinas. El Concordato trató de remediar este mal, disponiendo que se mejorasen y ampliasen los conventos de misioneros para Ultramar.

El gobierno prometió también, en dicho pacto, fomentar el instituto de las hermanas de la Caridad, y conservar otras casas de religiosas que se consagran a la vida contemplativa, quedando a merced de los prelados la admisión y profesión de novicias en los conventos. El número de estos, aprobados por el Concordato y reales órdenes posteriores, se elevaba aún a 854, donde podían vivir 21,600 monjas.

Se fija en el Concordato la dotación de todo el clero, desde los arzobispos y obispos hasta los coadjutores y ecónomos, siendo necesario confesar que la dotación de los curas es insuficiente y mezquina, dejando a veces, en los pueblos pequeños, donde los derechos de estola y pie de altar son insignificantes, menos medios y recursos con que vivir al cura párroco que al más desvalido jornalero.

Los gastos para el culto y para los Seminarios conciliares están también determinados en el Concordato, así como los fondos con que ha de atenderse a todo esto.

En esta parte del convenio con Roma está lo más importante y dificultoso de todo. El Padre Santo se ve obligado a reconocer, más o menos implícitamente, la venta de los bienes del clero y a sancionar una determinación revolucionaria, calificada aún por el partido clerical y absolutista de inicuo despojo. Verdad es que en cambio el gobierno español se obligaba a devolver, a más de los bienes devueltos ya por la ley del 3 de abril de 1845, todos los pertenecientes a la Iglesia, no incluidos en dicha ley, sin exclusión de los que quedaban aún no enajenados de los conventos de frailes. El Padre Santo asimismo consentía en que dichos bienes o más bien su capital se convirtiese en títulos del 3 por 100.

Para sostener al clero y para el culto se contaba con el producto de los bienes devueltos y con una contribución especial, cuyo importe había de rebajarse del de las otras contribuciones, y que ascendía, en el presupuesto presentado por Bravo Murillo en 1851, a 123.765,000 reales. Se declaraba por último en el Concordato que la Iglesia tenía derecho a adquirir por cualquier título legítimo; pero se saneaba la venta de los bienes de la Iglesia que durante la revolución se habían vendido. Fuerza es confesar, no obstante, que esta sanción está expresada en términos bastante ambiguos y confusos para dar lugar a no pocas sutilezas, y para dejar siempre abierto el camino a los absolutistas a fin de que puedan calificar de despojo y hasta de robo la venta de los tales bienes. Dicen que el Padre Santo no aprobó, sino saneó; y que los poseedores de bienes nacionales podrían poseerlos sin temor de que los inquietase la justicia, pero no sin temor de que les remordiese la conciencia. El Papa prometía por sí y por sus sucesores no inquietar en ningún tiempo a los que poseyesen bienes nacionales, pero el Papa no aprobaba el medio que habían tenido de adquirirlos, lo cual hubiera sido aprobar un delito y hacerse cómplice de él. La cuestión, pues, de fuero interno quedaba en pie como antes, a pesar del Concordato.

Para el cumplimiento circunstanciado y en todos sus pormenores de este convenio, que era ya ley del reino, se expidieron, principalmente bajo el ministerio de Bravo Murillo, gran multitud de reales decretos.

A la salida del ministerio Bravo Murillo la cuestión política o religiosa, si no quedaba resuelta, quedaba aplazada; pero la cuestión política de la reforma y la complicada cuestión económica quedaban en pie y de ellas se valían los de la coalición para combatir al ministerio Roncali, a pesar del prurito que este mostraba por la conciliación y la avenencia.

El 1.º de marzo de 1853 se abrieron solemnemente las Cortes. Ya desde entonces, más en el Senado que en el Congreso, era enérgica y viva la oposición, cuyos principales adalides eran los generales O’Donnell, Serrano y Ros de Olano. Todos reconocían entonces por jefe a Narváez, el cual se hallaba ausente en Francia, de donde querían que el gobierno le hiciese volver.

La violenta oposición que se hizo al gobierno incitó a este a suspender las sesiones de Cortes, y siete días después a presentar su dimisión, que fue aceptada.

El 15 de abril de 1853 hubo nuevo ministerio, presidido por el general Lersundi. Alma de este ministerio, según hemos dicho ya, era don Pedro Egaña, y alma inspirada por la reina María Cristina, quien tenía gran confianza en la habilidad del citado personaje, y esperaba por su medio tranquilizar los ánimos y reorganizar y robustecer el partido conservador. Pero no le valió al nuevo gabinete el no hablar en pro ni en contra de las reformas constitucionales, el no proponer empréstitos y el procurar por todos estilos no descontentar a nadie y contemplar a todos. Lo único que logró con esto fue desacreditarse y pasar por incoloro e inerte. Para atraerse, en parte al menos, a la coalición, el gabinete Lersundi-Egaña dio la cartera de Fomento a don Agustín Esteban Collantes, uno de los más distinguidos ya entre los polacos o satélites del conde de San Luis. Esto acabó de mostrar su flaqueza, y el ministerio tuvo que sucumbir a poco dejando el puesto libre al mencionado conde.

En el nuevo gabinete, don Agustín Esteban Collantes conservó la cartera de Fomento; en Gracia y Justicia entró Castro y Orozco; don Mariano Roca de Togores, en Marina; don Angel Calderón de la Barca, en Estado; el general Bláser, en Guerra; y en Hacienda, el progresista Doménech.

Constituido así el nuevo gabinete, en 18 de setiembre de 1853, lejos de conjurar la tormenta, que ya se venía encima, parecía predestinado y nacido a hacerla llegar más pronto y con mayor ímpetu y violencia. Ni para ganarse a la oposición a fuerza de concesiones, ni para sujetarla y domarla con medidas enérgicas, tenía el conde de San Luis autoridad suficiente, aunque tuviese inteligencia y bríos. Pronto olvidaron los de la coalición que San Luis había pertenecido a ella. No repararon ni en los marqueses de Molíns y de Gerona, ni en Bláser, sino en Esteban Collantes solo, que excitaba en Fomento las más vivas prevenciones. Él y San Luis dieron color y significación al ministerio, que se llamó polaco. Causaba, por último, extrañeza que Doménech, que había sido progresista hasta entonces, fuese el ministro de Hacienda, y se atribuía esto a compromisos personales del presidente del Consejo, de quien se aseguraba que ni de nombre conocía a su futuro colega pocas horas antes de llevarle a jurar el cargo.

En balde procuró el conde de San Luis ganarse la voluntad de los generales de la coalición llamándolos a los puestos más importantes. Casi ninguno quiso aceptarlos, salvo el general Fernando Fernández de Córdova, que aceptó el de director general de Infantería.

La coalición se revolvió fieramente desde el principio contra el conde de San Luis, acumulando las antiguas quejas y acusaciones por su vida pasada a las que ahora de nuevo se le hacían y contra las cuales no le valieron ni llamar de su destierro a Narváez, ni retirar la reforma constitucional, ni reunir las Cortes, ni someter a su decisión las concesiones de ferrocarriles El lema de las oposiciones era la moralidad. Todos los partidos se apercibían para la lucha. Los senadores progresistas se reunían en casa de Collado; los conservadores, en casa del general Concha: y aun la grandeza, que por lo común no se mezcla apasionadamente en estas contiendas, se congregaba en casa del ilustre duque de Rivas, declarando: «que no transigiría nunca con ningún acto inmoral, porque se hallaba persuadida de que la falta de rectitud y pureza en la administración del Estado socava y destruye los cimientos del orden social, desencadenando las malas pasiones». Hasta el pueblo de Madrid quiso censurar indirectamente al ministerio, dando muestras de su amor a la probidad, con ocasión del entierro de Mendizábal, quien falleció por aquellos días, con fama sin duda muy merecida de hombre probo, pero que, en su tiempo, había sido también acusado de lo contrario; porque en España la pasión política es vehementísima y suele quitar todo escrúpulo para inventar y propalar calumnias.

Las Cortes se abrieron al fin el 19 de noviembre de 1853. El conde de San Luis presentó en ellas gran cantidad de proyectos de ley, abrumándolas con tanto trabajo. Los presupuestos se sometieron también a la deliberación a los pocos días de abiertas. Nada de esto bastó para mitigar la enemistad política que el ministerio causaba. Esta enemistad no amilanó al conde de San Luis, pero le llenó de ira, mientras que el engreimiento que por su rápida y pasmosa elevación sentía le movió a no disimularla y a trocar su blandura en firmeza.

Estaba pendiente en el Senado una proposición para establecer que toda concesión de ferrocarril fuese objeto de ley especial. La proposición había seguido sus trámites en la anterior legislatura y solo faltaba aprobarla, cuando las Cortes se suspendieron. La proposición no podía, pues, pasar al Congreso hasta que se discutiese en el Senado; pero Sartorius presentó en el Congreso una ley general sobre ferrocarriles. De aquí la cuestión de si el mismo asunto, en una o en otra forma, había de discutirse antes en el Congreso que en el Senado. Si algo faltaba para dar violencia al enojo de los senadores, Sartorius lo puso en una peroración llena de arranques vanidosos y de duras agresiones contra no pocos personajes importantes y encanecidos en las diversas carreras del Estado, lo cual resaltaba tanto más y se hacía más insufrible cuando se consideraban los antecedentes del agresor, hombre nuevo y casi improvisado. La discusión tomó, pues, el carácter de duelo a muerte. «Si alcanzamos la victoria, decía el general Ros de Olano, el ministerio muere; si somos vencidos, muere el Senado». Pero la verdad fue que Senado y gobierno murieron del mismo golpe en aquel día. El gobierno tuvo una votación contraria de 105. Solo 69 senadores votaron en su favor. Aquel día, permítasenos la expresión, la revolución fue concebida en el seno de la alta cámara. Sartorius se decidió a resistir enérgicamente.

El día 8 de diciembre fue la votación de los 105, y, al día siguiente, Sartorius suspendió indefinidamente las Cortes. Después, con rabia desaforada, separó de sus empleos a los senadores que habían votado en contra de él; a generales del ejército y de la marina y a magistrados que la Constitución declaraba inamovibles. La lucha se hizo más brava con esto. No se veía, por lo pronto, en el Parlamento cerrado; no se oía en la prensa periódica, cuya voz se ahogaba; pero se sentía por doquiera en una agitación clandestina y amenazadora.

Los tiros de la maledicencia pasaban por cima del ministerio e iban a herir a la reina misma, aislada por los ministros que la hacían solidaria de sus desaciertos, blanco del odio que habían inspirado y partícipe del descrédito en que habían caído.

La coalición no se valía solo de injurias contra la persona que ocupaba el trono, sino que pensaba seriamente en arrojarla de él. El pensamiento de destronar a los Borbones se combinaba en muchos con el pensamiento de la unión ibérica. Y esto llegó a tener en algunos espíritus tanta consistencia que hasta se pidió consejo al gobierno británico, y hasta se soñó en que diese, si no auxilio, permiso. Lord Clárendon recibió noticia de todo, pero se abstuvo de dar parecer alguno.

El conde de San Luis, entretanto, estaba ciego de vanidad. Llevaba las cosas por un camino en el que solo había dos salidas: la revolución y un golpe de Estado; pero ni tenía fuerzas ni disponía de medios para dar este golpe. No contaba con el ejército, cuyos jefes más acreditados, los Conchas, Serrano, O’Donnell, Mesina, Zavala y San Miguel, le eran contrarios; ni con la grandeza, que se reunía para hostilizarle; ni con los partidos políticos, que se coligaban contra él. Por último, se enajenó también la voluntad de los contribuyentes, exigiendo un empréstito forzoso bajo la forma de anticipo. De esta suerte los ánimos, no pudo menos de originarse una conspiración incesante, que duró cinco meses, y en la que muchos, que no eran actores, eran encubridores, excitando además y animando a los que conspiraban con la aprobación y con el aplauso.

Los periodistas, de acuerdo con la coalición, publicaron, en hoja suelta, algo a modo de exposición, pidiendo la caída del ministerio, y firmada por muchos. El gobierno prohibió la circulación de esta hoja, puso en la cárcel a los que la repartían, y multó a los que la firmaron. La hoja, sin embargo, circuló con profusión y produjo su efecto. Más de 200 entre senadores y diputados se reunieron después en casa del marqués del Duero y escribieron y publicaron otro papel por el mismo estilo. Y varios escritores, moderados y demócratas, redactaron además una carta, felicitando a la prensa periódica por su conducta. González Brabo, representando de nuevo el papel de liberal revolucionario, era uno de los firmantes. Al mismo tiempo se divulgaban y difundían por dondequiera impresos clandestinos y anónimos, ya en forma de periódicos, ya como hojas volantes, que insultaban a la reina del modo más atroz, excitaban a la insurrección, y provocaban al pueblo y al ejército para que se armasen y la arrojasen del trono.

Se asegura que no pocos de estos impresos, llenos de denuestos y de amenazas, llegaron a manos y conocimiento de la propia reina: en lo cual, dado que no se hiciese por estupidez, hubo crueldad y barbarie, sobre todo si se atiende al estado de aquella augusta señora, ya en los últimos días de su embarazo, y a quien tal vez tamañas injurias, y los disgustos y desabrimientos que hubieron de causarle, pudieron contribuir a matar la criatura que llevaba en el seno y que nació muerta.

Uno de los impresos que, según se dice, halló la reina sobre su mismo tocador, contenía lo siguiente: «Basta ya de sufrimiento. La abyección del poder ha llegado a su término. Las leyes están rotas. La Constitución no existe. El ministerio de la reina es el ministerio de un favorito imbécil, absurdo, ridículo; de un hombre sin reputación, sin gloria, sin talento, sin corazón, sin otros títulos al favor supremo que los que puede encontrar una veleidad libidinosa. Nuevo Godoy, pretende poner su pie sobre el cuello de esta nación heroica, madre inmortal de las víctimas del Dos de Mayo, de los héroes de Zaragoza y Gerona, y de los guerreros de Arlaban, de Mendigorría y de Luchana. ¿Será que aguantemos impunemente tanta ignominia? ¿No hay ya espadas en la tierra del Cid? ¿No hay chuzos? ¿No hay piedras? ¡Arriba, arriba, españoles! ¡A las armas todo el mundo! ¡Muera el favorito! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la libertad!».

Dignos son de la más amarga censura los hombres que por sus culpas trajeron la monarquía a tan lastimoso extremo; pero habiendo ya llegado a él, en nuestro sentir, no había para el gabinete Sartorius medio decoroso ni de transigir, ni de retroceder, ni de retirarse. Debía resistir hasta triunfar o hasta morir en su puesto. Lejos de aplaudir nosotros la conducta del marqués de Gerona, que presentó entonces su dimisión, no podemos menos de condenarla, aplaudiendo al marqués de Molíns que permaneció en su lugar, en los días de peligro y de prueba. El conde de San Luis abrió un período de mayor resistencia enviando de cuartel a los generales.

Don Leopoldo O’Donnell debía ir a Santa Cruz de Tenerife; pero logró ocultarse y se quedó escondido en Madrid, variando con frecuencia de domicilio para que no le descubriesen, dirigiendo desde allí la conjuración, y espiando el momento oportuno de acudir a las armas.

El primer levantamiento que hubo, anticipándose el de Vicálvaro, fue en Zaragoza, en febrero de 1854. El capitán general don Felipe Rivero le reprimió con habilidad y energía.

La conjuración siguió en tanto en Madrid con gran actividad y sigilo. Muchos hombres civiles estaban en ella, al lado de los generales, distinguiéndose entre estos hombres civiles algunos, jóvenes entonces todavía, que han representado después muy gran papel, como el marqués de la Vega de Armijo y don Ángel Fernández de los Ríos, en cuyas casas estuvo O’Donnell escondido sucesivamente; y sobre todo don Antonio Cánovas del Castillo, que empezó desde aquellos días a tomar parte importantísima en los sucesos políticos de nuestra patria.

Debe notarse aquí que, si bien era general el descontento, los progresistas entraban por poco en la conjuración. Esta tenía todo el carácter de militar y de conservadora, por más que disuene el aplicar a una conjuración semejante epíteto; pero ya hemos dicho y tenemos que repetir que los conservadores han sido casi siempre en España los más revolucionarios, y, cuando no han estado en el poder, hasta los más liberales o los más inclinados a convertir la libertad en licencia.

A fin de atizar cada vez más la ira del pueblo contra los ministros y contra palacio, salió por entonces, no se sabe de qué imprenta y sin período fijo, uno a modo de periódico, titulado El Murciélago, el cual burlaba la vigilancia de la policía y propagaba por todas partes las mayores diatribas contra el gabinete, contra la reina y contra algunos amigos y favoritos del poder de entonces, contándose en este número el banquero don José de Salamanca, blanco principal de los tiros más emponzoñados de aquel papelucho clandestino. En uno de sus números decía este que para dar una lección de moralidad bastaba con colgar a don José de Salamanca del balcón principal de la Casa de Correos. Así se excitaba tal vez en contra de los más dichosos personajes de la situación el severo sentido moral de algunas personas, suponiendo que pudieran tener fundamento las acusaciones que se formulaban; pero más se excitaban la envidia, el rencor y otras malas pasiones del vulgo ignorante y menesteroso.

Muy triste es tener que confesarlo: si en realidad era tan inmoral y detestable como se suponía el gobierno que había entonces en España, la fuerza de la opinión y el pueblo unánime y sublevado hubieran debido bastar a derribarle, sin que precediera al terrible movimiento de la indignación popular una deslealtad grandísima que todo historiador de conciencia no puede menos de condenar altamente.

El general don Domingo Dulce inspiró sospechas al ministro de la Guerra Bláser de que conspiraba contra el gobierno. Bláser le llamó y se asegura que le enseñó una carta en que le delataban. Hay quien añade que la carta de delación había sido redactada y enviada por el mismo Dulce a fin de ganarse mejor la confianza del ministro al disculparse y sincerarse. Logró en efecto ganar esta confianza hasta el punto de que Bláser le ofreciese la dirección de Caballería. Dulce, poniendo entonces la diestra sobre la cruz de su espada, parece que dijo: «Juro como caballero que jamás tuvieron la reina y el gobierno súbdito más leal». Como quiera que sea, Dulce supo acallar los recelos, que volvió a infundir varias veces; y se cuenta que fue llamado a palacio y que allí se ratificó en su adhesión al trono y al gobierno, consiguiendo a costa de tanto disimulo, doblez y sangre fría, ser el más poderoso instrumento del motín militar que se preparaba.

En la mañana del 28 de junio de 1854, Dulce, como director general de Caballería, llevó a los regimientos de su arma para pasar revista en el Campo de Guardias. Allí les arengó, excitándolos a la rebelión, e hizo que le obedecieran. Los generales O’Donnell, Ros de Olano y Mesina, acudieron a unirse con ellos. Acudió también el coronel Echagüe, al frente del regimiento del Príncipe, cuyo mando tenía.

El conde de la Cimera, que mandaba un regimiento, el hijo del conde y un trompeta, fueron los únicos que no quisieron sublevarse. Cuando lo expusieron así, se les dejó en libertad para que volviesen a Madrid, donde fueron ellos quienes trajeron la nueva de la insurrección.

Al saberla, la reina, que estaba en La Granja, volvió a Madrid aquella misma noche. Su blando y generoso corazón de mujer repugnaba un conflicto sangriento y la inducía a montar ella misma a caballo y a salir al encuentro de los sublevados. «Yo, decía a los ministros, os prometo que los generales se vendrán conmigo a Madrid y los soldados volverán a sus cuarteles dándome vivas». La reina indudablemente no se hubiera engañado. Su resolución a lo María Teresa hubiera acabado con la sublevación. Tanto más cuanto que O’Donnell, que jamás había tenido nada de liberal, y los otros generales que con él estaban, solo querían la caída del ministerio. En una carta colectiva, que, desde Alcalá de Henares, dirigieron a la reina, el mismo día 28 de junio, no le pedían sino dicha caída, la apertura de las Cortes y la suspensión del empréstito, que de voluntario, visto que voluntariamente nadie le daba, se había convertido en forzoso. Los firmantes se llamaban súbditos fieles y amantísimos del trono. Con poca aprobación, pues, de los ministros, la reina hubiera salido a buscar a los sublevados, y aquello hubiera tenido un fin dichoso y sentimental: pero los ministros hubieran sido en este melodrama los personajes que representan el vicio castigado, y O’Donnell y sus compañeros la virtud recompensada, y esto los ministros no lo podían querer. Alguna razón tenían para ello, aun prescindiendo del egoísmo; hubiera sido poner en moda y casi crear un artículo nuevo de la Constitución, al menos de la interna, para dar consejos eficaces al soberano y resolver crisis ministeriales. No hubo, pues, más recurso que oponer la fuerza a la fuerza.

Tan decididos a ello estaban los ministros que enviaron a Alcalá a don Lorenzo Miláns del Bosch para que hiciese a los generales sublevados una proposición de todo punto inaceptable y que debió irritarlos más contra el gobierno, el cual, al proponerles tal cosa, los ofendía. La reina ofrecía perdonarlos, pero era menester que entregasen a Dulce para someterle a un consejo de guerra. O’Donnell no aceptó tan vergonzosa condición, y envió en cambio a la reina, por medio del dicho coronel Miláns, la carta colectiva de que hemos hablado. A lo que parece, esta carta no pudo llegar a manos de la reina hasta después de la acción de^Vicálvaro, la cual tuvo lugar el 30 de junio y no dio resultado claro. Ambas huestes pelearon con intrepidez y se atribuyeron la victoria, porque ni la caballería de O’Donnell pudo apoderarse de los cañones y de la infantería del gobierno, ni estos pudieron perseguir a los rebeldes que iban a caballo. No hubo, pues, ni vencedores ni vencidos; si bien el gobierno, considerándose vencedor, dio grados en abundancia. En cierto modo, no puede negarse que el triunfo había sido suyo. O’Donnell había querido en balde o seducir o vencer el resto de la guarnición y no lo había logrado. Al mismo tiempo había ofrecido al pueblo de Madrid ocasión propicia para que hiciese un fácil y poco peligroso pronunciamiento; pero el pueblo de Madrid y particularmente los progresistas, aunque hubieran tenido ánimo y resolución para levantarse en aquel día, no hubieran debido hacerlo, atendiendo bien a sus intereses políticos. En Vicálvaro no se debatían sus principios o aspiraciones. Aquella fue lucha de conservadores contra conservadores: de unos cuantos generales ambiciosos y enojados y de un ministro engreído y terco.

Los amigos de O’Donnell en Madrid eran personas que por lo común ni levantan barricadas ni se ponen a defenderlas: y los revolucionarios y las gentes de armas tomar, dado que las hubiera, ganaban con la inacción, y sublevándose, se hubieran expuesto a perderlo todo y a no ganar nada. Vencidos aquel día, la represión hubiera sido más dura contra ellos que contra los generales; y en el caso de salir estos victoriosos, O’Donnell hubiera sido el dueño de todo, al frente de sus tropas, sin partir con nadie el mando.

La quietud, pues, de Madrid y el éxito dudoso y estéril de Vicálvaro obligaron a O’Donnell a alejarse de la capital, camino de Andalucía.

La reina estaba contristada de la sangre que se había vertido y aún procuraba la paz. En Aranjuez recibieron los sublevados un emisario suyo proponiéndola. Volvió el emisario a Madrid, trayendo tales condiciones que el gobierno logró que la reina no las aceptase. La guerra continuaba por lo tanto. O’Donnell proseguía su retirada.

El 5 de julio pudo al fin salir de Madrid una columna expedicionaria en contra de los sublevados. El mismo ministro de la Guerra, Bláser, iba mandándola.

Los sublevados llegaron a Manzanares sin tropiezo ni dificultad alguna. Allí se les reunió el general Serrano, que vino de sus posesiones de la provincia de Jaén, sin más refuerzo que pocos criados.

Dicen algunos que la idea de hacer un llamamiento a los progresistas fue del general Serrano; otros atribuyen esta gloria a don Antonio Cánovas del Castillo. Lo cierto es que en Manzanares se emitió la idea y que O’Donnell la repugnaba; pero se deliberó acerca de ella, y O’Donnell hubo de someterse al cabo a la opinión del mayor número. Entonces redactó Cánovas el célebre manifiesto a que dio nombre aquel lugar.

Mientras O’Donnell continuaba su marcha, internado ya en Andalucía, ciudades, guarniciones y columnas empezaron a declararse en rebelión. El coronel Buceta se alzó contra el gobierno y se apoderó de Cuenca; la guarnición de Valladolid se pronunció, y se pronunciaron también Barcelona y otras ciudades. El programa o manifiesto de Manzanares, que tiene la fecha del 7 de julio, había trocado el motín militar y conservador en pronunciamiento popular y progresista. Dicho manifiesto aceptaba muchos de los principios e ideas de aquel partido: pedía, sobre todo, una regeneración del liberalismo garantizada por el restablecimiento de la milicia nacional: en suma, estaba redactado calculadamente para atraer bajo la bandera o en pro de la bandera de los insurrectos del Campo de Guardias a las gentes de opiniones más avanzadas.

Bien se puede decir que casi toda España se insurreccionó a poco de publicado el manifiesto de Manzanares. El gobierno, harto tarde, cuando ya apenas tenía quien le obedeciese, tuvo que presentar su dimisión. El conde de San Luis y sus compañeros casi no tuvieron tiempo para esconderse o fugarse después de haber dimitido. El poder había caído por el suelo. Por encargo de la reina debía recogerle un hombre harto impopular. La monarquía entretanto se veía abandonada y sola, sin ministros, sin defensa y sin consejo. La insurrección, que ardía por dondequiera, se ignoraba hasta qué extremo podía llegar. El general Córdova, que era el hombre encargado de formar el nuevo ministerio, se afanaba no poco para formarle. Don Pedro Gómez de la Serna, don Manuel Cantero, don Luis Mayáns, don Antonio de los Ríos Rosas y el duque de Rivas se prestaron a formar parte del nuevo gabinete, nacido en tan azarosas y difíciles circunstancias. El general Córdova prestaba juramento precipitadamente entre las manos de la reina, en el momento en que ya eran saqueadas las casas de los principales individuos del gabinete dimisionario y en que las turbas furiosas se dirigían a invadir la casa del banquero Salamanca y el palacio de la reina madre.

A las nueve y media de la noche del día 17 de julio prestó juramento el general Córdova. A media noche, entre la asonada y sublevación popular, el general no había encontrado todavía sino un compañero. Solo en la madrugada del día 18 pudo constituirse el gabinete. Por insinuación del señor Ríos Rosas, el general Córdova, que era muy impopular entre los progresistas, desistió de tener la presidencia. El mismo Córdova se la ofreció a Ríos Rosas que no quiso aceptarla. Y también por insinuación de Ríos, don Angel Saavedra, duque de Rivas, en extremo simpático por su amable carácter, altamente popular como poeta y que se había señalado poco en política para excitar animadversiones y rencores, fue elegido presidente de aquel gabinete fugaz que no llegó a vivir cuarenta horas.

Los lastimosos y apurados trances de su corta vida forman, a nuestro ver, parte del período revolucionario que comúnmente apellidan el bienio, y se referirán en el siguiente libro.

LIBRO DECIMOSEXTO

EL BIENIO

CAPÍTULO PRIMERO

Ministerio del duque de Rivas.—La dictadura de San Miguel.—Entrada en Madrid de Espartero y de los generales de Vicálvaro.—Ministerio Espartero-O’Donnell.—Cortes constituyentes.

Ya hemos visto en el libro anterior que la insurrección militar de O’Donnell y sus compañeros no aspiraba a más que a un cambio de ministerio. Era una insurrección conservadora. La insurrección, no obstante, no alcanzó en Vicálvaro la victoria que deseaba, y a medida que el ejército sublevado fue perdiendo la esperanza de triunfar por sí solo, su jefe, O’Donnell, por más que lo repugnase, fue haciéndose muy liberal y excitando al pueblo a la insurrección. Ya, desde Aranjuez, O’Donnell dirigió, el día 4, una proclama, redactada por don Manuel Somoza, excitando el pueblo a rebelarse contra el ministerio de los agios, que así llama al del conde de San Luis. «Aguardo, dice O’Donnell en su proclama, a que el país todo sancione con su alzamiento este acto, producto solo del orgullo nacional ofendido en su honra, en sus intereses y en su dignidad. A las armas, ciudadanos, para que perezca pronto y para siempre una situación de tantos crímenes civiles y políticos, la situación de los anticipos y contribuciones extraordinarias».

La frase, tan empleada después por el general Espartero, de cúmplase la voluntad nacional, está ya en esta proclama de O’Donnell. «No queremos, dice, imponer nuestra sola voluntad: aguardamos a que se pronuncie la vuestra, que es la soberana».

Como a pesar de manifiesto tan liberal la insurrección no tomaba cuerpo y O’Donnell tenía que continuar su movimiento de retirada, hubo que apelará manifiesto más explícito. Don Antonio Cánovas del Castillo, viendo que no pocos de los conservadores, que habían conspirado con O’Donnell para lograr un cambio violento, pero en provecho solo de su partido, desesperaban ya del triunfo de la insurrección militar aislada, salió de Madrid en la tarde del 4, acompañado de sus amigos don Adelardo López de Ayala y don Ángel Fernández de los Ríos, pasó aquella noche en Carabanchel, y al día siguiente se fue solo en una tartana en busca de O’Donnell. Se dice que le halló en Villarrubia; que conferenció con él hasta que llegaron a Manzanares; y que de esta conferencia nació en gran parte la resolución del conde de Lucena de firmar el famoso manifiesto. Lo cierto es que Cánovas le redactó y que entre otras cosas decía: «Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que le deshonre; queremos la práctica rigorosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios; y como garantía de todo esto, queremos y plantearemos sobre sólidas bases la milicia nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la nación. Las juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes generales que luego se reúnan; la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida».

El programa no podía ser más revolucionario. Si bien afirmaba que quería la conservación del trono, le ofendía cruelmente y le desacreditaba y le humillaba suponiéndole deshonrado por una camarilla. Quería, además, todo género de libertades y milicia nacional para que las defendiese. Y, por último, no pareciéndole bastante todo esto, O’Donnell, con humilde abnegación de su voluntad propia, se declaraba y ofrecía como sumiso instrumento de la voluntad general.

Con este manifiesto, que se publicó en Manzanares el 7 de julio, en un boletín extraordinario, salió el señor don Esteban León y Medina a insurreccionar la Andalucía y volvió a Madrid don Antonio Cánovas del Castillo.

La insurrección, como ya hemos dicho, cundió con rapidez. La dimisión del gabinete Sartorius hubo de realizarse; y, fuerza es confesarlo, algo tarde, cuando el triunfo en realidad se había ya logrado, empezó la sublevación en esta heroica villa.

Al anochecer del día 17 de julio, al salir de la plaza de los toros, estalló el motín popular.

Aquella noche las casas de los principales individuos del último gabinete, del conde de San Luis, de Doménech y de Esteban Collantes, fueron entradas a saco. Las turbas rompieron y destrozaron muebles, cuadros y otros objetos preciosos. Arrojaron por los balcones muchos de ellos y los quemaron en medio de las calles. La casa del banquero Salamanca y el palacio de la calle de las Rejas, donde había vivido la reina Cristina, fueron igualmente blanco de la ira del vulgo. Este desenfreno es por todos estilos censurable: pero, salvo tal vez las personas que guiaron a las turbas que devastaban y quemaban, nadie tenía tanta culpa de ello como los escritores y oradores de la oposición, que, durante años, habían acusado de inmoralidad a los sujetos contra los cuales la muchedumbre ignorante y menesterosa tal vez creía entonces ejercer actos de motivada venganza, cuando no de justicia.

El coronel don Joaquín de la Gándara, progresista, conspirador y revolucionario en otro tiempo, enojado entonces de que los amotinados saqueasen e incendiasen los muebles, libros y objetos de arte de la reina Cristina y de su amigo don José de Salamanca, acudió primero solo a casa de este, como también acudieron otros amigos, a ver si por la mera persuasión contenían a los devastadores e incendiarios; pero Gándara no lo consiguió. Confiesa en su manifiesto que no pocos hombres del pueblo, de los que por su traje revelaban mayores necesidades, comenzaron a rodearle y a dar oído a sus razones; pero que todo fue en vano, pues algunos que con ropa decente ocultaban sus crímenes, los distrajeron con amenazas y gritos exagerados, continuando las escenas de devastación. «Yo vi allí, prosigue el señor Gándara, hombres, que conocería si se me presentasen, dirigirse a cómodas y armarios determinados, hacer pedazos cajones y estuches, y extraer su contenido, dejando a los hombres del pueblo que se entretuviesen luego únicamente en arrojarlos por los balcones. Yo me lanzaba contra aquellos criminales; pero los golpes, los puñales y pistolas asestados contra mi pecho, me rechazaban; y, ya rendido, maltratado, despedazado mi traje, en la mayor exasperación y en frenesí completo, salí de aquella casa corriendo apresuradamente al ministerio de la Guerra». Allí pidió Gándara algunas fuerzas a Córdova con que reprimir tan feos desmanes. Córdova le dio dos compañías, y Gándara dispersó con ellas a los saqueadores e incendiarios, si bien llegó tarde para remediar el mal; y, como por confesión propia iba en la mayor exasperación y en frenesí completo, no se ha de extrañar que con los disparos de los hombres que mandaba causase algunas víctimas, no diremos que del todo inocentes, pero sí culpadas solo de vagar y de curiosear por las calles en tales ocasiones.

El pequeño triunfo de Gándara no podía cortar las alas a la revolución que levantaba sin grandes obstáculos su vuelo. El nuevo ministerio juzgaba sin duda una temeridad el detenerle. El general Córdova contaba con más de 4,000 hombres bien disciplinados; pero vacilaba en emplear resueltamente la fuerza. La insurrección era ya casi general por toda España. La reina aparecía como prisionera en su propio alcázar y cercada de enemigos.

En tan apurada situación, se cuenta que el general Córdova, sin ponerse de acuerdo con sus compañeros, excitó a la reina para que saliese furtivamente de Madrid y se trasladase a Aranjuez con la guarnición que en Madrid existía, esperando allí la llegada de las tropas de Bláser o de las de O’Donnell. Asustada la reina, determinó seguir el consejo, y mandó que se preparasen los carruajes para la partida. Entonces dos hermanas del rey, y el infante don Fernando, su hermano también, se refugiaron en la embajada de Francia. El infante, que estaba muy endeble y quebrantado de salud y tenía el espíritu turbado y flaco, se agravó con el sobresalto y la congoja de aquellos días, y murió a poco en la embajada.

La reina Isabel se hallaba resuelta a partir, pero la camarera mayor, apenas lo supo, trató de disuadirla de su intento. Según dicen, el embajador de Francia, aconsejó también a la reina que no se fuera y aun se supone que pronunció estas palabras: «El rey que abandona su palacio en momentos de revolución no suele volver a él». El anciano duque de Castroterreño, se refiere además que, puesto de rodillas ante la reina, le rogó que se quedase. Así fue desechado aquel proyecto de fuga.

La situación, considerada en Madrid solamente, no era tan desesperada. Lo que sin duda embargaba la acción del gobierno era la sublevación general en las provincias En Madrid, según queda expuesto, contaba aún con más de 4,000 hombres de tropa, que permanecían fieles, que ocupaban los puntos más importantes y que en ellos se sostenían.

Ríos Rosas había nombrado gobernador civil al marqués de Perales, que dio grandes muestras de tino y de valor en tan angustiosas circunstancias.

El gobierno, entretanto, no podía o no quería sofocar la sublevación, sino calmarla, transigiendo con ella. A este fin mandó llamar al coronel Garrigó, a quien había hecho prisionero en Vicálvaro, a quien un consejo de guerra había condenado a muerte, y a quien la reina había perdonado. El coronel obtuvo el grado de brigadier, el mando de la caballería existente en Madrid y el encargo de sentar paces entre la guarnición y la parte del pueblo amotinado.

El éxito de este encargo fue tal como debía esperarse. Garrigó trató en balde de que los soldados y el pueblo fraternizaran. Algunos del pueblo quisieron desarmar a los guardias civiles, pero estos no entregaron las armas. De aquí se originó nueva contienda. La contienda fue entonces más sangrienta y mayor. Los hombres de armas tomar, con que la revolución contaba, habían tenido tiempo de reunirse, de concertarse y de procurarse fusiles. El 18, pues, hubo más de 500 paisanos haciendo fuego. Por testimonio de Gándara y de otros que han escrito menudamente sobre aquel suceso, estos paisanos pelearon con bizarría extraordinaria. Los cañones hicieron contra ellos no pocos disparos de metralla. La lucha duró encarnizada hasta las nueve de la noche.

Al amanecer del 19, las calles estaban llenas de barricadas, que durante el silencio y la oscuridad había levantado el pueblo. El número de combatientes en armas con que este contaba había crecido también hasta llegar a cerca de 3,000. Algunos cañonazos y no pocos tiros de fusil hacían presagiar que en el día 19 iba a ser más rudo el combate. La desconfianza, que mutuamente se inspiraban los beligerantes, lo predisponía todo en este sentido. El gobierno por un lado creía que los paisanos insurrectos querían penetrar en palacio y acabar trágica y horriblemente con la monarquía, y entre los paisanos circulaban voces de que se habían llamado de las provincias muchas tropas para sitiar a Madrid y hasta para rendir la población por hambre.

Por fortuna, un banquero tan rico, como astuto y prudente, don Juan Sevillano, tuvo una idea, que al principio le sugirió sin duda el natural deseo de atender a la seguridad de su persona y bienes, y que redundó al cabo en pro de todos, contribuyendo poderosamente a que se hiciera la paz. Dicho banquero, que pasaba por progresista, reunió en su casa a algunos personajes de su partido, los cuales se erigieron en junta de salvación, armamento y defensa, trocándose más tarde este nombre por el de junta superior de Madrid.

La junta tuvo el buen acuerdo de elegir para presidente al anciano general don Evaristo San Miguel, progresista muy bien quisto entre los suyos por la constancia y fidelidad con que había siempre servido a aquel partido, y hombre dulce y afable y más ambicioso de popularidad que de posición, mando y riqueza. El general San Miguel, aunque muy avanzado en sus ideas liberales, según lo había demostrado en los actos de toda su vida y hasta en sus escritos como autor de una menos que mediana Historia de Felipe II, era sinceramente monárquico y dinástico, se hizo entonces campeón del trono, y le prestó eminentes servicios.

En la junta de salvación, que el general San Miguel presidía, figuraban progresistas muy ardientes, como por ejemplo don Joaquín Aguirre; pero también figuraban capitalistas muy ricos, como Mollinedo y el ya citado Sevillano, quienes, aunque solo fuese por sus intereses, debían de desear la concordia y trataban de evitar los desórdenes; y figuraban además sujetos muy monárquicos por su clase, inclinaciones y relaciones, como los marqueses de Tabuérniga y de la Vega de Armijo.

Tanto esta junta de salvación como su presidente San Miguel, querían salvar el trono, pero elevando al poder a Espartero y al partido progresista, ora por inclinación, ora porque no encontraban ya mejor remedio. Apenas instalada la junta empezó a publicar papeles que calmaban, halagaban y entretenían los ánimos de los sublevados. «Madrileños, decía la junta, se trata de engañarnos de nuevo exigiendo que reconozcamos un ministerio Mayáns-Rivas. No más tiranos. Queremos una junta provisional nombrada por el pueblo; no un gobierno designado por el favorito. Ciudadanos: fijos en los puestos hasta que se arme la milicia nacional. ¡Viva el pueblo soberano!». Lisonjeados así los de las barricadas, la junta les dio orden para que no disparasen un solo tiro, no mediando provocación, y rogó al mismo tiempo a los jefes militares que no hostilizasen a los paisanos.

Hecha de esta suerte la paz armada o la tregua, acudieron a palacio de parte y en nombre de dicha junta, los señores Mollinedo y Fernández de los Ríos y pidieron a la reina que nombrase ministro de la guerra a San Miguel y que llamase a Espartero. La reina se había anticipado a satisfacer aquella petición. Por consejo de Ríos Rosas, se había inclinado en un principio a llamar al general O’Donnell; pero la reina Cristina, o bien por enojo contra la reciente rebeldía del conde de Lucena, o bien porque calculase, con sobrado motivo, que la revolución había ido mucho más allá de donde O’Donnell estaba, y que no era él, al menos por entonces, quien podía contenerla, excitó a su hija a que llamase a Espartero, escribiéndole una carta a Logroño. La reina Isabel, al escribir la carta, imaginaba que Espartero estaba en aquel retiro, imitando, hasta donde es posible, en nuestra edad de más refinada cultura, el modo de vivir de Cincinato. Dolorosos debieron de ser su sorpresa y desengaño al saber que Espartero, en vez de permanecer sumiso a su autoridad, se había ido a Zaragoza a ponerse al frente del pronunciamiento y a prestarle el crédito de su nombre.

El duque de Rivas, presidente del efímero ministerio, recibió a los de la junta que pedían el nombramiento de San Miguel para ministro y la venida a Madrid del duque de la Victoria. No comprendemos la razón que ha podido tener algún historiador para tildar de imprudencia imperdonable y de precipitación muy suya lo de decir el duque de Rivas a los comisionados que la reina había llamado ya a Espartero, enseñándoles, para confirmar su aserto, la carta misma en que le llamaba. Cuando ya no se podía ni se quería resistir, cuando la reina estaba resuelta a ceder en todo, ¿a qué fin dilatar que se divulgase la noticia y que se convirtiese en júbilo la amenazadora actitud del pueblo sublevado? En efecto, con aquella noticia de paz todo vino a calmarse y hasta a alegrarse. Es cierto que, después de divulgada la noticia, se levantaron siete u ocho veces más barricadas que las que hubo durante el período de hostilidad; pero fueron barricadas inocentes y de aparato, recreo y devoción, donde se fijaron banderas, se pusieron colgaduras y flores, y se hicieron muchos a modo de altaritos, en los cuales se colocaron los retratos de Espartero, de San Miguel y de los generales de Vicálvaro, cual santos de nuevo cuño.

Entretanto, un amigo particular de Espartero, gentilhombre del rey salía de Madrid para llevar a dicho general la carta autógrafa en que la reina le llamaba.

El ministerio del duque de Rivas nada más tenía ya que hacer sino presentar su dimisión. La presentó pues, la reina la aceptó, y nombró en seguida ministro universal al general don Evaristo San Miguel, ínterin Espartero llegaba.

Nombrado así ministro el general San Miguel, y prescindiendo de las muchas juntas que suelen formarse en las poblaciones según se van pronunciando, se notaban por lo pronto, en el seno de aquella anarquía, tres núcleos principales de donde había de salir el poder o el gobierno futuro: palacio con San Miguel de ministro; la junta de Zaragoza con Espartero al frente; y el campamento de los generales de Vicálvaro. El más débil de estos tres núcleos o focos era el de palacio. Dentro del mismo Madrid se disputaba su autoridad. En la calle de Toledo había otra junta, presidida o dirigida por el torero Pucheta, que contaba con 3,000 hombres armados.

El general San Miguel procuraba sosegar los ánimos, restablecer la paz por completo y hacer que el orden renaciese. En aquellos días lo era todo: ministro universal, enviado de la reina cerca del pueblo, capitán general y tribuno. A pesar de su vejez, desplegaba una actividad generosa y benéfica. Ya estaba en las juntas, pronunciando discursos; ya en las barricadas, sosegando alborotos; ya en palacio, prodigando consuelos. Muchos desórdenes y crímenes evitó el anciano general, pero no pudo evitarlos todos.

El pueblo armado, sin freno y verdaderamente soberano entonces, quiso mostrarse justiciero y castigar con dureza a sus más odiosos y conocidos tiranos. Eran estos algunos agentes de policía, entre quienes descollaba don Francisco Chico. Grande era la animadversión contra él; y, si hemos de dar crédito a lo que se cuenta, harto merecida. Se aseguraba que estaba en connivencia con muchos rateros y ladrones; se le acusaba de perseguir sin piedad a los hombres políticos; y se decía que era insolente y áspero con los desvalidos y humildes. A pesar de su mezquino sueldo, había acumulado riquezas, dando ocasión a que la envidia supusiese que no por buenos medios. Era aficionado al fausto y a la ostentación, luciendo en su pecho cruces que nunca debieron darle. Tenía varias mancebas, que vivían con holgura, pagadas por él, y que vestían espléndidas galas. Y por último, para que todo fuera extraño en este personaje, era muy amante y conocedor de las bellas artes, y había logrado reunir una magnífica galería de cuadros al óleo. El encono contra él movió a la gente de Pucheta a buscarle para darle muerte. Él, sin embargo, se había escondido tan bien en su propia casa, que las irritadas turbas no lograban hallarle; pero una de sus mancebas, celosa u ofendida de su desvío, descubrió el oculto lugar donde estaba, postrado en cama y bastante enfermo. Su enfermedad no le valió. Lleváronle, desde su casa, en un colchón, hasta la plaza de la Cebada, atravesando muchas calles de la villa, porque su casa estaba en el otro extremo; y en la plaza de la Cebada le fusilaron. Algún otro individuo de la policía secreta murió también del mismo modo a manos del pueblo. Tales ejecuciones llenaron de terror al vecindario de Madrid, aunque el general San Miguel acudió a la plaza de la Cebada y consiguió que no siguieran adelante. Publicó además el general un bando diciendo que castigaría con rigor todo delito, y en el que, aludiendo a la muerte de Chico, se leían estas palabras: «el verdadero amante de la libertad no es bajo, ni cobarde, ni asesino; jamás mancha sus manos en sangre, que solo tiene derecho a derramar la espada de la justicia».

Pucheta, entretanto, si bien menos justiciero, no se mostraba menos poderoso. Su propósito, a lo que decían, era que triunfase la república. El trono estaba en muy grave peligro. Para reconciliarle con el pueblo, don Francisco Pareja y Alarcón tuvo entonces la idea de escribir un manifiesto a nombre de la reina. El manifiesto fue leído, y tal vez modificado, por don Rafael María Baralt, venezolano establecido en España desde hacía algunos años, y que era elegante poeta y escritor correcto, ganándose la vida como periodista Baralt logró que la reina y San Miguel leyesen y aprobasen aquel escrito, el cual, firmado por la reina, se imprimió y circuló por todas partes.

El manifiesto decía así: «Españoles: Una serie de deplorables equivocaciones ha podido separarme de vosotros, introduciendo entre el pueblo y el trono absurdas desconfianzas. Han calumniado mi corazón al suponerle sentimientos contrarios al bienestar y a la libertad de los que son mis hijos; pero, así como la verdad ha llegado por fin a los oídos de vuestra reina, espero que el amor y la confianza renazcan y se afirmen en vuestros corazones.

»Los sacrificios del pueblo español para sostener sus libertades y sus derechos me imponen el deber de no olvidar nunca los principios que he representado, los únicos que puedo representar; los principios de la libertad, sin la cual no hay naciones dignas de ese nombre.

»Una nueva era, fundada en la unión del pueblo con el monarca, hará desaparecer hasta la más leve sombra de los tristes acontecimientos que yo la primera deseo borrar de nuestros anales.

»Deploro en lo más profundo de mi alma las desgracias ocurridas y procuraré hacerlas olvidar con incansable solicitud.

»Me entrego confiadamente y sin reserva a la lealtad nacional. Los sentimientos de los valientes son siempre sublimes.

»Que nada turbe en lo sucesivo la armonía que deseo conservar con mi pueblo. Yo estoy dispuesta a hacer todo género de sacrificios para el bien general del país; y deseo que este torne a manifestar su voluntad por el órgano de sus legítimos representantes, y acepto y ofrezco desde ahora todas las garantías que afiancen sus derechos y los de mi trono.

»El decoro de este es vuestro decoro, españoles: mi dignidad de reina, de mujer y de madre, es la dignidad misma de la nación, que hizo un día mi nombre símbolo de la libertad. No temo, pues, confiarme a vosotros: no temo poner en vuestras manos mi persona y la de mi hija: no temo colocar mi suerte bajo la égida de vuestra lealtad, porque creo firmemente que os hago árbitros de vuestra propia honra y de la salud de la patria.

»El nombramiento del esforzado duque de la Victoria para presidente del Consejo de ministros, y mi completa adhesión a sus ideas, dirigidas a la felicidad común, serán la prenda más segura del cumplimiento de vuestras nobles aspiraciones.

»Españoles: Podéis hacer la ventura y la gloria de vuestra reina aceptando las que ella os desea y prepara en lo íntimo de su maternal corazón. La acrisolada lealtad del que va a dirigir mis consejos, el ardiente patriotismo que ha manifestado en tantas ocasiones, pondrá sus sentimientos en consonancia con los míos».

Con la difusión y lectura de este documento, en nuestro sentir sobrado humilde y bastante depresivo de la majestad del trono, por más que atenúe estos defectos el ser mujer quien le firmaba, el cariño, que el pueblo de Madrid ha tenido casi siempre a la reina Isabel y que se había entibiado no poco, hubo de avivarse o de encenderse en bastantes corazones, haciendo patente el renacido amor el aumento, en los altaritos de las barricadas, de los retratos de la reina, que antes estaban muy en minoría, y que ya compitieron y hasta vencieron, por su número y por el encumbrado lugar en que se colocaban, a los del mismo duque de la Victoria.

Este personaje poseía la mezcla de buenas y de malas cualidades que se muestran casi siempre en aquellos a quienes destina la suerte para favoritos del vulgo. Su inteligencia suele ser vulgar: suelen tener cierto candor y buena fe infantiles; y, más o menos confusa y groseramente comprendidos, cuando aceptan determinados principios, se esfuerzan por sostenerlos o por combatir por su triunfo con energía y constancia. Más que el amor de mando y más que la codicia de posición y de bienes de fortuna, los embriaga y envanece la popularidad lograda, y los estimula y mueve, ya a grandes hechos, ya también a cometer gravísimas faltas, aunque a veces por instinto ciego y sin reflexionarlo, el ansia de fomentar o de conservar el valimiento y favor que cerca del pueblo gozan. Hombre de este temple y naturaleza era Espartero. No llegaba, ni con mucho a Wáshington, por la elevación del pensamiento, ni a Garibaldi, por el atrevimiento, pertinacia y brío en las empresas y por la heroica y perpetua devoción a una noble y santa causa; pero era de esta familia de personajes, aunque con más estrecho parentesco y mayor semejanza que con Wáshington con Garibaldi.

En aquellos momentos se hallaba Espartero en el auge de su popularidad renovada. La junta de Zaragoza, que estaba a su devoción, se atribuía algo de primado sobre las demás juntas. Había investido a Espartero de grande autoridad y de títulos pomposos. Le había nombrado generalísimo de los ejércitos y le había conferido el poder de distribuir grados y empleos. El duque de la Victoria, por su parte, había adoptado una frase, que repetía en todas circunstancias, y que era comodísima por varias razones: porque le eximía de pensar en nada, de formar proyectos y de contraer compromisos, y porque dejaba abierto e ilimitado campo a toda esperanza y a toda tentativa. La frase era: «Cúmplase la voluntad nacional». En Madrid, los monárquicos y palaciegos creían ver con temor, a través del misterio de esta frase, que Espartero quería abandonar la revolución a sí misma para obligar a la reina a que abdicase o se fugase, suprimiendo así aquel estorbo u obstáculo tradicional, como le llamaban. Acrecentaron estos temores el silencio enigmático y la inacción del duque de la Victoria, que recibió la carta de la reina el 21 de julio y dejó pasar siete días sin venir a Madrid.

Por lo pronto, envió a su ayudante de campo el general Allende Salazar con una embajada para la reina.

Allende Salazar fue recibido inmediatamente en palacio, donde entregó a la reina una carta de Espartero, la cual decía en sustancia: que él había previsto, desde mucho tiempo hacía, lo que estaba sucediendo; que su patriótico corazón lo lamentaba; y que su enviado, en quien depositaba la más completa confianza, diría a la reina las condiciones que él imponía para aceptar el poder.

Fue necesario, pues, oir al general Allende Salazar, quien, según dicen, pronunció tan incoherente, confuso y animado discurso, que apenas entendió nadie lo que quería significar. Entonces se suplicó al enviado que expusiese las condiciones por escrito. Las presentó, y aun así, hay quien asegura que no se entendían, si bien puede presumirse que su dureza era tal que quizás la reina y sus cortesanos afectarían no entenderlas para no darse por ofendidos, recordando la antigua sentencia de que injuria que no ha de ser bien vengada ha de ser bien disimulada. Ello es que lo más esencial que quiso decir o que dijo el enviado de Espartero fue que este no aceptaría con confianza el poder si unas Cortes constituyentes no se le ciaban, porque la autoridad de la revolución estaba por cima de la ley fundamental vigente y la soberanía nacional era superior al trono. Lejos de no comprender estas cosas, la reina las comprendió demasiado, y con lágrimas en los ojos dijo a Allende Salazar. «Di a Espartero que acepto íntegro su programa sin ningún género de restricción».

El general Allende Salazar no estuvo solo en palacio, sino también en juntas y en círculos populares, donde puso tales comentarios a las condiciones que había presentado, que ya no era posible dudar de su significación «Espartero, dijo, viene decidido a asegurar para siempre las libertades patrias. No confiemos en vanas promesas. Yo era entonces muy joven, pero me acuerdo de haber oído decir a Fernando VII: Marchemos francamente, y yo el primero por la senda constitucional; y después ahorcó a Riego. No demos lugar a que esto se repita. El Espartero de hoy no es el Espartero de 1843. Puedo aseguraros que está resuelto a consolidar definitivamente el triunfo de la libertad y a ser el Wáshington de España».

Con la humilde aceptación de la reina, con el lastimoso acto de contrición que le hicieron hacer en el manifiesto, y con la revocación de los decretos que exoneraban a O’Donnell, Serrano, Ros de Olano, Mesina, Dulce, y don José de la Concha, el pueblo armado, considerándose ya triunfador y dichoso, dio las muestras más desatinadas de gozo y alegría; hubo repique general de campanas, músicas por las calles y bailes delante de las barricadas. La milicia nacional se improvisó y fue a dar la mitad de la guardia de palacio. La reina tuvo que salir al balcón y el pueblo la victoreó con entusiasmo. Hasta se pensó en que la reina saliese a dar un paseo por las calles de Madrid, en compañía de la junta de salvación, pero hubo de desecharse esta idea, o bien porque llovió a torrentes en la tarde del 27 en que el paseo debía efectuarse, o bien porque se pensó que era mejor esperar la llegada de Espartero para la presentación de la reina en público.

Algo aventurado y peligroso hubiera sido tal vez este paseo, pero convenimos con el señor Pirala en que no aconsejaron bien a la reina los que la disuadieron de darle. Casi de seguro, si le hubiese dado, hubiera conseguido que el pueblo de Madrid consumiese en él la mayor parte del entusiasmo que reservó íntegro para la entrada triunfal de Espartero, que se verificó al siguiente día, 28 de julio. La muchedumbre le aclamaba llena de alborozo. No parecía un ministro, sino un dictador quien entraba, con la apariencia al menos de un poder omnímodo. En medio de las calles, poniéndose en pie en el coche donde iba y desenvainando la espada, el duque de la Victoria, engreído y embriagado con el aplauso y sin acordarse entonces de los generales de Vicálvaro, con quienes tenía que compartir el poder, se cuenta que dirigió estas palabras al pueblo: «Madrileños: me habéis llamado para afianzar para siempre las libertades patrias. Aquí me tenéis; y si alguno de los enemigos irreconciliables de nuestra sacrosanta libertad intenta arrancárnosla, con la espada de Luchana me pondré al frente de vosotros y os enseñaré el camino de la gloria».

Espartero, a pesar de este triunfo, nada quiso hacer hasta la llegada de O’Donnell a quien mandó a llamar. O’Donnell vino al punto a compartir con Espartero la dictadura. Indudablemente que hubo de ser enojoso a O’Donnell el tener que aceptar en cierto modo el segundo puesto en una situación revolucionaria de la que era verdadero creador, por más que la creación hubiese ido mucho más allá de su deseo y por más que hubiese desencadenado tempestades y puesto en movimiento fuerzas que no le eran simpáticas y que no podía refrenar por lo pronto: pero O’Donnell tuvo que conformarse con abrazar a Espartero, presentándose en un balcón abrazado con él, y haciendo así un cuadro vivo muy sentimental, que fue en extremo aplaudido por el pueblo; si bien, como dice Mazado, juicioso historiador francés de estos sucesos, aquel fue un matrimonio forzado, que no podía menos de acabar pronto en divorcio, porque cada uno de los cónyuges tenía diverso humor y miras y propósitos opuestos. Al principio, no obstante, la concordia tal vez fue sincera.

El ministerio se formó no bien llegaron a Madrid los jefes de la insurrección. O’Donnell guardó para sí la cartera de Guerra. El duque de la Victoria tuvo la presidencia del Consejo sin cartera. Allende Salazar fue ministro de Marina; Alonso, de Gracia y Justicia; y Santa Cruz, de Gobernación. Don Manuel Collado, rico banquero, senador y amigo del general O’Donnell, fue nombrado ministro de Hacienda. Otro antiguo conservador liberal, sinceramente monárquico y muy amigo de la reina, don Joaquín Francisco Pacheco, notable jurisconsulto, escritor fácil y ameno aunque poco castizo, y orador diserto, cuyo estilo resplandecía por su claridad y tersura, si bien era algo frío, fue nombrado ministro de Estado. Fue, por último, ministro de Fomento don Francisco Luján, progresista moderado y hombre de rectas intenciones y de notable ilustración sobre todo en ciencias naturales y exactas.

El nuevo ministerio nacía en circunstancias harto difíciles. La anarquía reinaba en todas partes. Las juntas revolucionarias la habían entronizado. Atribuyéndose todos los poderes, habían legislado y hecho nombramientos a su antojo. Solo de generales se contaban treinta y ocho nombrados por las juntas. En Madrid habían surgido nuevos periódicos, que eran como el eco de las barricadas, y clubs o reuniones patrióticas, donde se predicaban y desde donde se difundían mil extrañas y peligrosas novedades.

El nuevo ministerio tuvo que transigir con muchas aspiraciones y poner coto a otras. Lo que sin duda le dio más quehacer fue el inmenso cúmulo de pretendientes, que se jactaban de haber sido héroes o mártires durante la dominación moderada o en los días del alzamiento y que pedían o exigían recompensa condigna por su heroicidad o su martirio.

El gobierno, a fin de hacer frente a tantas dificultades y restablecer la legalidad, convocó las Cortes constituyentes para el 8 de noviembre. Los diputados debían ser elegidos con arreglo a la ley del 20 de julio de 1837: por provincias. Las Cortes, que habían de formarla nueva Constitución, serían de una sola cámara: el Congreso de diputados. El número de estos, 349.

El primer grave cuidado del ministerio fue el de poner en salvo a la reina doña María Cristina, ídolo en otro tiempo de los españoles, primera fundadora de sus libertades y blanco entonces del encono revolucionario. Por un lastimoso concurso de accidentes la reina madre había quedado a merced de la revolución. En mayo había debido irse de España, pero una enfermedad la retuvo en Madrid hasta que estallaron los motines. María Cristina no era culpada, sin embargo. No podían acusarla de reaccionaria, ya que, cuando Bravo Murillo quiso hacer su reforma, que tal vez con el auxilio de María Cristina no hubiera sido difícil, ella fue quien más enérgica y eficazmente se opuso, haciendo de la conservación de las instituciones liberales en España asunto de dignidad personal y de honor para su nombre en la historia.

En cuanto a los escándalos, inmoralidades y desfalcos en el manejo de la hacienda pública, tampoco se la podía acusar. Una comisión de las Cortes se empleó durante seis meses en buscar para ello pruebas y datos fidedignos y no pudo hallarlos.

Los revolucionarios, por lo pronto, sin pararse en tales consideraciones, querían vejar, humillar y castigar tal vez duramente a la reina Cristina. Unos querían encerrarla en el alcázar de Segovia, otros en un edificio de Madrid, otros en Zaragoza, encomendando siempre su custodia a los milicianos nacionales. Los clubs pedían que fuese juzgada y que antes la pusiesen en una prisión y le embargasen los bienes. De lo contrario amenazaban al gabinete con llamarle traidor, con apelar a las armas y con provocar lid sangrienta.

Los ministros tal vez vacilaron un poco; pero, dicho sea para gloria de ellos, resolvieron al fin lo caballeroso y lo justo: hacer que la reina Cristina saliese salva del reino, aunque fuera menester, o después de su partida, o en el momento mismo, dar en las calles de Madrid una batalla contra la demagogia.

Decidido esto, la reina Cristina, a pesar de la vigilancia que solían ejercer en torno de Palacio algunas turbas armadas, salió para Portugal al amanecer del 28 de agosto. Garrigó, convertido ya en general y al frente de dos escuadrones, dio escolta a la reina.

Su marcha se supo cuando ya estaba bastante lejos de Madrid. El público juicioso se alegró de ella; pero los demagogos y sus satélites se enfurecieron. Hay quien afirma que un personaje, que por entonces se hizo muy impopular en España, el señor Soulé, ministro de los Estados-Unidos, solevantó los ánimos en esta ocasión, creyendo coadyuvar así al triunfo del partido democrático en España, el cual, según él imaginaba, había de prestarse con facilidad a la enajenación de la Isla de Cuba y a su anexión a la República angloamericana.

El club de la Unión envió una embajada al duque de la Victoria para manifestar su sentimiento por la salida de María Cristina. Formaban parte de esta embajada el marqués de Albaida, don Eduardo Asquerino y don Cristino Martes. El duque de la Victoria tuvo la noble franqueza de decirles que él había tomado la iniciativa en la expulsión o extrañamiento de la reina, lo cual era ya suficiente pena.

A pesar de esto, se tocó generala; hombres del pueblo asaltaron algunas tiendas de armas y se apoderaron de ellas; volvieron a levantarse algunas barricadas; y hasta llegó a gritarse por las calles, no solo ¡Abajo el ministerio! y ¡Muera María Cristina! sino también, ¡Muera Espartero!

El duque de la Victoria, en efecto, y digan lo que digan algunos de sus adversarios, que le suponen, contra toda razón, vengativo y rencoroso con María Cristina y con una ambición y un torcido disimulo que no tuvo jamás, se mostró, en aquel día, más decidido y brioso para sofocar el motín que el mismo general O’Donnell.

El motín fue sofocado pronto a costa de muy poca sangre aunque haciendo muchos prisioneros. Este triunfo prestó vigor al ministerio. Disolviéronse los clubs y reuniones políticas. Y ya, libre el gobierno de tanto cuidado, pudo dedicarse con algún sosiego a la gobernación del país, en el cual volvió a renacer la confianza. Difícil es declarar aquí si las medidas más conservadoras y de orden que tomó el gabinete Espartero-O’Donnell fueron, como pretenden algunos conservadores, propuestas y sostenidas por los de su partido y aceptadas solo por el duque de la Victoria y por los que le seguían, después de no corta repugnancia y lucha, o si tanto el uno como el otro caudillo y los ministros de sus respectivos bandos estaban solo en desacuerdo por momentos y en apariencia, ya que a Espartero le era necesario usar de mayores contemplaciones con la gente de la revolución. Lo cierto es que se ofrecían no pequeñas dificultades y que para allanarlas o evitarlas, si la entereza convenía en algunas ocasiones, en otras valía más la prudencia y daba mejor fruto.

Casi todas las juntas revolucionarias habían ofrecido una rebaja de dos años de servicio a los soldados y un grado a los oficiales. ¿Cómo limitar este favor a los que se habían sublevado y negársele a los que habían permanecido fieles? Esto hubiera sido dividir el ejército en dos partes: en vencedores y vencidos: y hubiera sembrado el descontento y los celos en la mitad del ejército, conservando en él un enemigo de la revolución. Fue, pues, necesario rebajar los dos años de servicio a todos los soldados y dar también sin distinción el ascenso a todos los oficiales. Resultaba de aquí que España iba a quedar con un ejército desorganizado e incompleto cuando más falta le hacía. Era indispensable, pues, apelar a una nueva quinta. ¿Cómo extrañar y censurar que Espartero repugnase en un principio este recurso impopular cuando al cabo le aceptaba y cedía?

Sobre otras cuestiones vacilaba también. ¿Quién tomaría la iniciativa en los grandes proyectos de reorganización pública? ¿Sería el gobierno o serían las Cortes quien presentase la nueva Constitución? ¿Iría la reina o no iría a abrir las Constituyentes, prejuzgando así que España seguía siendo monarquía y que la dinastía reinante era la de los Borbones?

Todo esto era tan grave que bien se puede presumir que Espartero vacilaba sin malicia. Careciendo por completo de segundas intenciones, con la mejor buena fe, podía decir a cada momento: cúmplase la voluntad nacional.

La prensa conservadora, casi siempre la más procaz y desenfrenada en España cuando está en la oposición, tomaba pretexto o motivo del silencio misterioso del duque de la Victoria para desatarse en injurias contra él y para acusarle de querer ser dictador o regente de nuevo, y de soñar con imperios y repúblicas en que casi de seguro Espartero no soñaba entonces. «No, mil veces no, decía un periódico, la nación española no pertenecerá nunca a un individuo determinado. Será presa de la anarquía, de la revolución, de la demagogia, del caos; pero no de un hombre, por ilustre que sea». Suponiendo además que Espartera pensaba en hacerse emperador, añadía dicho periódico: «Los que sueñan con república pueden salirse con la suya por un tiempo más o menos breve; pero los soñadores de imperios y de dictaduras deben volver en sí y meditar sobro Itúrbide y Rosas; deben acordarse también, para completar en este punto sus conocimientos históricos, de los sucesos de 1843».

Cualquier acontecimiento, en apariencia insignificante, bastaba para que los conservadores tratasen de sembrar la cizaña y de difundir las sospechas entre los dos bandos o tendencias en que creían dividida la situación. Organizada ya la milicia nacional, el general San Miguel, que había sido nombrado su inspector, llevó a palacio a los oficiales y los presentó a la reina. Creyendo algunos que esto prejuzgaba la cuestión de monarquía, determinaron ir también con San Miguel a ver al duque de la Victoria después de haber estado en palacio. Todos siguieron el ejemplo: todos fueron. El duque de la Victoria, según su costumbre, dijo lo de siempre: cúmplase la voluntad nacional. Esta respuesta estereotipada e inocente fue interpretada por el moderantismo como una lección dada al general San Miguel, y aun hubo quien imaginó que el general San Miguel replicó con otra lección y con una solapada amenaza a Espartero, diciendo que la voluntad nacional se cumpliría a despecho de todos. En grande inquietud, pues, iba pasando el tiempo ínterin llegaba el momento de la apertura de las Cortes.

Todo contribuía a fomentar esta inquietud y muy notablemente una carta-manifiesto de la reina Cristina dirigida a su hija desde Montemayor en Portugal, quejándose del injusto destierro a que los ministros la habían condenado e infundiendo recelos sobre el fin y término que la revolución podía tener.

Esta carta-manifiesto, salvo el ser larguísima, no puede negarse que está muy bien escrita y pensada, y muy llena de intención; pero hay algo que, en el día más que nunca, hace insufribles, y, si no insufribles, muy dificultosos de leer este y otros documentos históricos por el estilo. Poco después del día en que se escriben el espíritu de ellos se evapora, y se quedan sin color y sin sabor, y carecen de toda importancia y atractivo. Consiste esto en que son o suelen ser obras artificiosas y meramente retóricas, cuya redacción ha sido encomendada a algún escritor o literato de oficio, quien no puede sentir bien lo que le encargan que diga ni representar bien a la persona por quien habla.

De aquí lo acompasado, afectado y falso. Si la reina Cristina hubiera escrito ella misma, de verdad, la carta-manifiesto, con el desorden natural, con el desaliño y con la vehemencia de quien siente lo que expresa y se halla en la agitación de un ánimo ofendido, su obra, aunque hubiera tenido tantas incorrecciones como párrafos, hubiera conmovido entonces mil veces más y todavía se leería con gusto y tendría el valor histórico que casi siempre falta en esos documentos mandados escribir de encargo y que todos vienen a ser lo mismo aunque traten los más opuestos asuntos.

Se aproximaba en tanto el día en el cual debían abrirse las Cortes y todo era animación y aprestos para la lucha electoral. En estos aprestos, así como en la misma lucha, hubo por parte del gobierno el más exquisito cuidado para que fuesen libres las elecciones. Por lo general, nosotros creemos que las ilegalidades y abusos, la corrupción y la violencia de que en España se valen los gobiernos para hacer triunfar sus candidaturas se exageran mucho y rara vez son suficientes para hacer que en todo el país salgan vencedores aquellos a quienes los gobiernos patrocinan. La culpa de que apenas haya gobierno que no obtenga mayoría consiste, ¿y por qué no confesarlo? en flaqueza, abandono y dejadez del cuerpo electoral. Los mismos que murmuran y aún declaman fieramente contra un gobierno dado, que excitan a los militares para que se levanten en armas contra él, y que a veces tienen brío y pasión suficiente para levantarse ellos y echarse a las calles o salir al campo a mover guerra a los que mandan, no sabemos explicar por qué, pero no tienen ni pasión ni brío para llevar a las urnas un voto contrario a ese gobierno, que se diría que aborrecen, y para pelear contra él por los medios legales.

Nosotros, pues, que no creemos que, por lo común, sea grande la tiranía de que se valen los gobiernos para falsear los comicios, menos podemos creer que hubiese algo de dicha tiranía gubernamental en las elecciones de 1854, Si hubo alguna tiranía en ciertos puntos, fue a pesar de los esfuerzos del gobierno, y ejercida por turbas armadas, ya se llamasen o ya no se llamasen milicianos nacionales. A esta misma presión se oponía entonces el que fuesen las elecciones por provincias. Estas, lejos de ser violentas, ni siquiera fueron animadas. El cólera hacía estragos entonces por toda España y apartaba de la política los ánimos contristados o temerosos. A pesar de los importantes intereses que iban a ventilarse y de las graves cuestiones que iban a discutirse en las nuevas Cortes, solo salieron, por lo pronto, 174 diputados elegidos. En algunos puntos, como Barcelona, Sevilla y Alicante, se habían aplazado las elecciones nuevas. Resultado de todo fue una asamblea donde prevalecían los prohombres de la unión liberal; esto es, de un partido mixto de conservadores-liberales y de progresistas, cuyos principios estaban consignados en un manifiesto, publicado el 17 de setiembre, y firmado, así por Gonzalo Morón y González Brabo, como por don José de Olózaga y don Ángel Fernández de los Ríos. Según dicho manifiesto, los progresistas y moderados, que formaban la unión, tomando por punto de partida el programa de Manzanares, estaban conformes en sostener la soberanía nacional, el trono de Isabel II, la milicia ciudadana, la reforma de los presupuestos y otros puntos o artículos con más vaguedad expresados. De este partido, que fue el que tuvo más representantes, vinieron a sentarse en las nuevas Cortes, ambos generales Concha, Serrano, San Miguel, Ros de Olano, Dulce, Cortina, Madoz, Gómez de la Serna, Ríos Rosas y Pacheco. Hubo además cierto número, aunque corto, de moderados puros, como don Cándido Nocedal y don Alejandro de Castro; unos cincuenta progresistas, puros también, o dígase esparteristas, al frente de los cuales había de ponerse don Salustiano de Olózaga; y por último, una pequeña fracción democrática y más o menos abiertamente republicana.

Las Cortes, así compuestas, se abrieron con toda solemnidad el día 8 de noviembre. La reina se puede decir que reapareció entonces en la vida pública. Sin duda, hubo de ser para ella aquel momento uno de los más importantes de su vida. Silencio profundo, ansiedad y curiosidad en los circunstantes precedieron a su entrada en el salón de sesiones y coincidieron con ella. La reina estaba conmovida, pero conservando su serenidad. Con voz clara y sonora, aunque algo trémula de emoción, lo cual contribuía a hacerla más simpática, leyó el bien escrito discurso del trono, obra del señor Pacheco, discurso donde el autor procura y quizás logra el difícil propósito de conciliar la majestad regia con las exigencias de aquella situación para la corona harto depresiva. El talento literario de Pacheco y la dichosa manera de leer que la reina tuvo derritieron el hielo, por decirlo así, que entre el pueblo y su soberana se interponía. Apenas terminada la lectura, rompieron los diputados y el pueblo en vivas espontáneos y estrepitosos. En aquel instante volvió Isabel II a ser la verdadera reina de España, con mayor popularidad y apoyo que tal vez había tenido nunca.

El discurso, que leyó, decía de este modo: «Señores diputados: Vengo hoy con más complacencia y más esperanza que nunca a abrir las Cortes de la nación y a colocarme entre los elegidos del pueblo. Si el 26 de julio, reconociendo toda la verdad, me confié sin reserva a su nobleza y a su patriotismo, justo es que en este momento solemne me apresure a darle gracias por su admirable comportamiento, y reclame de los que ha investido con sus poderes la consolidación de la nueva era de bienestar y felicidad que se inició entonces para nuestra patria.

»Yo he sido fiel, señores diputados, a lo que ofrecí aquel día delante de Dios y del mundo: yo he respetado, como respetaré siempre, la libertad y los derechos de la nación: yo he puesto mi esmero y mi voluntad en promover sus intereses y en realizar sus justas aspiraciones.

»Vosotros venís a cerrar el abismo de las luchas y de las discordias, ordenando y decretando la ley fundamental definitiva que ha de consagrar estos derechos y ha de garantir esos intereses. Vosotros los estimaréis con la mano sobre la conciencia, con la vista fija en la historia. Vuestra resolución será (no lo dudo), el fallo de los buenos y de los nobles: digna de ser aceptada por vuestra reina, digna de ser defendida por vuestros comitentes, digna de ser bendecida y aclamada por la posteridad.

»Los sucesos pasados no pueden borrarse ni desaparecer de en medio de los tiempos. Pero si el corazón se comprime y los ojos se llenan de lágrimas al recordar desastres e infortunios, saquemos de ellos, señores diputados, ejemplo y enseñanza para esta vida política que ahora se nos abre. Quizá hemos errado todos: acertemos todos de hoy más.

»Mi confianza es plena y absoluta: que vuestro patriotismo y vuestra ilustración sean tan altos y tan fecundos como lo ha menester nuestra querida España. Y ya que esta ha asombrado a la Europa tantas veces con sus destinos providenciales, arranque también su admiración ahora, presentándola el cuadro consolador que hará a la vez nuestra gloria y nuestra ventura: una reina que se echó sin vacilar en brazos de su pueblo; y un pueblo que, asegurando sus libertades, responde a la decisión de su reina como el más bravo, el más hidalgo, el más caballeroso de los pueblos todos».

CAPÍTULO II

Desórdenes.—Bases de la Constitución.—Ley de desamortización
Movimientos de los carlistas

Todo fue júbilo y esperanzas, al menos entre los liberales, durante los primeros días que a la apertura de las Cortes se siguieron. A fin de solemnizarla de un modo grato, dio el gobierno amplia amnistía.

Espartero, en la sesión del 21, antes de que se hubiesen discutido actas en bastante número y estuviese constituido el Congreso, presentó su dimisión, declarando que no tenía más aspiración que la de ser un mero ciudadano. La reina no admitió la dimisión hasta el 28, día en que el Congreso se constituyó, siendo elegido presidente el mismo Espartero y primer vicepresidente O’Donnell.

La reina volvió a nombrar entonces presidente del Consejo de ministros al duque de la Victoria. O’Donnell volvió a ser ministro de la Guerra. En Hacienda, Gobernación, Fomento y Marina, continuaron Collado, Santa Cruz, Lujan y Allende Salazar. Y en Estado entró don Claudio Antón de Luzuriaga en vez de Pacheco, y en Gracia y Justicia, en vez de Alonso, don Joaquín Aguirre.

Para la presidencia del Congreso fue elegido don Pascual Madoz en vez de Espartero, y para la primera vicepresidencia, el general don Facundo Infante, en vez del conde de Lucena.

Con ocasión de discutirse el mensaje, los ministros expusieron ya su programa menos vagamente. Querían derechos individuales, unidad de fueros, dos Cámaras, buenas relaciones con las potencias extranjeras, pago religioso al clero y a los acreedores del Estado, milicia nacional, libertad de imprenta, si bien castigando severamente la injuria y la calumnia, y mucho orden y moralidad en la administración.

Entretanto, los desórdenes empezaban a hacerse sentir en varios puntos. Ya era la milicia nacional quien los promovía; ya quien los calmaba; ya quien se encargaba de una cosa y de otra. En Granada, en Valencia, en Albacete, en Écija y en otras ciudades hubo sendos motines. En Zaragoza se sublevaron algunos centenares de jornaleros y talaron los campos. En Málaga se buscó pretexto para fraguar un motín; se puso miedo a los del resguardo, y se abrió la plaza al contrabando. Luego que entró lo que tenía que entrar, fácilmente se restablecieron la paz y el reposo, con ligero menoscabo de la renta de aduanas y moderada ganancia de aquellos prácticos librecambistas.

En el mismo seno de la Asamblea no reinaba la mayor armonía. Pocos eran los republicanos que había en ella, y de estos, vergonzantes los más. La gran divergencia, como sucede a menudo en España, no estribaba en credos precisos, en conjunto de ideas y de doctrinas que formasen un todo opuesto a otro, sino en tendencias y aspiraciones vagas, que venían a resumirse y cifrarse en dos personas: Espartero y O’Donnell. Los dos partidos que estaban frente a frente, aparentando la más íntima unión porque las circunstancias lo exigían, pero llenos de mutua desconfianza y próximos a hacerse la guerra, eran los partidos o’donellista y esparterista, aunque se llamasen con diverso nombre. La enemistad entre ambos se mostraba a cada paso, y con frecuencia se convertía en guerra abierta que Espartero solía apaciguar.

En el mismo empezar de la vida parlamentaria de aquella Cámara, los progresistas puros, esto es, los que rechazaban la unión liberal y querían que Espartero imperase solo, presentaron y sostuvieron una proposición de censura contra el gobierno, negándole la unidad de miras que requería el bien de la patria y excluyendo a Espartero a fin de que pudiera presidir un gabinete futuro. Espartero conjuró aquella tempestad, logrando que sostuviesen al gobierno 138 votos contra 69.

Entonces se presentaron las bases de la nueva Constitución. Aunque eran bastante amplias para que todos conviniesen en ellas, todavía hubo no pocos votos particulares que pronosticaban discusiones animadísimas y hasta violentas.

Sobre algunos puntos, no obstante, se diría que en España no debiera haber motivo, ni siquiera pretexto, para la menor disputa: sobre la aristocracia o la democracia, por ejemplo, entendidas las cosas de cierto modo. Por una parte, la más alta nobleza está abierta entre nosotros para todo el que se distingue o bien haciendo algún servicio al país o bien enriqueciéndose aunque no le sirva y le dañe. No hay collar, ni encomienda, ni cruz, que no esté al alcance de cualquiera. Con los títulos y otras distinciones sucede lo propio. Suele ocurrir que los más fervientes liberales aspiren a titular. Apenas cabe diferencia entre nobleza antigua y nobleza nueva, ya que a menudo los apellidos más comunes son los más ilustres y gloriosos, por donde acontece que a poca costa se creen o se descubran pasmosas genealogías, y que el contratista o el logrero recién titulado venga a probar que tiene tan rancios pergaminos como la casa más antigua. Resulta de aquí algo de muy cómico, pero también resulta que no hay odio entre las clases, como si todos fuéramos unos, y que en pos de la revolución más radical se sigue, como en pos de una restauración, el que se concedan títulos en abundancia. Así es que, en pos de la revolución de 1854, el banquero Sevillano fue nombrado duque de su mismo apellido, y la viuda del general Mina, duquesa de la Caridad, y el señor Madoz estuvo a pique de ser nombrado conde de Tremp, si no hubiera tenido el buen gusto de no aceptarlo. Las personas que llevan los títulos antiguos más históricos apenas se enojan por la creación de los más inmotivados títulos nuevos. Por último, como ya varias veces hemos dicho, la clase aristocrática carece en España de verdadero espíritu de clase, y cada uno de los individuos que a ella pertenece va como desligado por camino diverso; por donde le conviene;

Do su natura o menester le inclina;

como dice Garcilaso. De aquí que en España tantos títulos y hasta grandes hayan sido y sean demócratas, radicales y aún republicanos.

En cambio en España podía haber y había motivos de discordia hasta sobre puntos meramente teóricos y filosóficos que en otros países no suelen ya consignarse en las leyes positivas por fundamentales que sean. La primera base de la Constitución declaraba que la soberanía reside en el pueblo de quien emanan los poderes. Y esta cuestión, que parece más académica que práctica, dio lugar a varios votos particulares y por lo tanto a largas discusiones.

Según la segunda base, la nación española se obligaba a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles; pero añadiendo que ningún español o extranjero podría ser perseguido civilmente por sus opiniones mientras no las manifestase por actos públicos contrarios a la religión. Esta reforma, en sentido liberal, no peca por cierto de radicalismo revolucionario. Apenas apunta en ella la tolerancia religiosa; apenas aparece la libertad de conciencia. Harto leve es la garantía que se concede a los no católicos de que no serán perseguidos mientras no se manifiesten sus opiniones por actos públicos contrarios a la religión. El sentido de la última frase es tan elástico, que puede recibir la interpretación que se quiera. Un discurso, un escrito, desde el libro hasta el suelto más pequeño de un periódico, pudiera calificarse de acto público contrario a la religión y ser por consiguiente perseguido su autor, no ya a despecho sino en virtud del artículo constitucional. La protección al culto y a sus ministros, de que el mismo artículo habla, se presta a que se interprete de la manera que decimos. Tan tímida reforma, sin embargo, fue asunto de una discusión muy acalorada que duró quince días. Todas las enmiendas que en sentido más liberal se pusieron fueron igualmente desechadas, y no solo por los conservadores, sino también por muchos de los más avanzados progresistas de entonces. Antes de votada y sobre todo después de votada dicha segunda base, que no podía satisfacer por cierto a los partidarios de la libertad religiosa, la emoción fue vivísima o pareció que lo era. Los obispos acudieron con exposiciones en nombre y en favor de la integridad y de la unidad de la fe. Muchos particulares enviaron también exposiciones a las Cortes, contra dicha segunda base, llenas de gran número de firmas.

Las demás bases no dieron tanto quehacer, aunque sí mucho que discutir; pero discutidas y aprobadas todas al cabo, las Cortes pudieron suspender sus sesiones el día 17 de julio de 1855. El excesivo calor, el cólera, que se ensañaba en muchas poblaciones, y la tranquilidad pública, perturbada con frecuencia por asonadas y alborotos de todo género, pedían este reposo a fin de que el poder ejecutivo pudiera consagrarse, libre ya de otros cuidados, a restablecer en el país el orden material.

En este primer período o legislatura de las Cortes constituyentes, se discutió la forma de gobierno y quedaron afirmadas la monarquía y la dinastía de los Borbones. Solo veintitrés diputados votaron en contra de la monarquía y de la dinastía. Según Fernando Garrido, que considera curioso este dato, cuatro eran catedráticos; otros cuatro, escritores públicos; abogados, cinco; uno, marqués, conde otro, y los demás propietarios.

El país no estaba preparado para la república. Apenas había espíritu y partido republicanos. A pesar de las faltas que se le atribuían, la reina Isabel II era aún muy popular y amada. El pueblo veía en ella prendas y condiciones que le eran en extremo simpáticas. Los furiosos artículos y folletos que contra la reina y la dinastía se escribieron, como, por ejemplo, los titulados Espartero y la revolución y El pueblo y el trono, no hicieron mella en el ánimo monárquico y dinástico de la muchedumbre, aunque el jurado los absolviese, a pesar de la violencia revolucionaria con que están escritos. Esto solo prueba, por más que sostenga lo contrario Fernando Garrido, que los jurados amaban y respetaban la libertad del pensamiento y no que fuesen partidarios, del pensamiento del autor absuelto. La verdad es que entonces había pocos republicanos en España y que la idea de traer a Madrid la casa de Braganza para reunir las dos coronas de Portugal y de España, era más quimérica aún que la república. La monarquía triunfó, pues, en medio del pueblo, en las calles y en las mismas barricadas, antes de triunfar en las Cortes. Y a hemos dicho y repetimos ahora que el retrato de Isabel II eclipsó poco a poco al de Espartero en todos los altaritos que la muchedumbre armada había erigido. Gran parte de los revolucionarios, es cierto, ponía su vanidad en tener el trono en sus manos, mas no para derribarle, sino para colocarle sobre más firme cimiento. Así es que cuando el 30 de noviembre votaron las Cortes casi, por unanimidad el mantenimiento de la monarquía, no hicieron más que confirmar la aclamación del vulgo, el plebiscito que la había antes decretado.

De todos modos esta confirmación fue útil, y fue asimismo meritoria para quien tomó en ella la iniciativa.

El abogado progresista don Manuel Cortina, presentó la siguiente proposición: «Pedimos a las Cortes que declaren que una de las bases fundamentales del edificio político, que en uso de su soberanía van a levantar, es el trono constitucional de doña Isabel II, reina de las Españas, y de su dinastía». El general San Miguel, uno de los firmantes de la proposición, la sostuvo en un brioso discurso. Espartero se fue a él, no bien acabó de pronunciarle y le dio un apretadísimo abrazo; escena patética que aplaudieron muchos de los circunstantes. El marqués de Albaida habló en contra; pero O’Donnell cayó sobre él, calificando de audaces las palabras del marqués republicano: y declarando que su grito de guerra fue siempre el de Isabel II. En contra de otro republicano habló también, con no menos calor, el general Prim, y, no previendo que con el andar del tiempo había él de arrojar del trono a aquella augusta señora, dijo entonces en su defensa: «Yo soy hoy lo que he sido siempre: monárquico constitucional, que quiero a la reina doña Isabel II como la he querido siempre y como la he defendido en el campo de batalla y en la tribuna. En el campo de batalla me encontrarán por desdicha suya los que quieran atacarla; y, si fuese posible que vencieran, no sería yo ciertamente quien les pidiera tregua, gracia, ni cuartel. Tomad acta de estas palabras por si llega el día en que se rompa el fuego entre nosotros».

La monarquía y el trono de Isabel II quedaban así confirmados por la revolución, y esta, salvo los motines y alborotos que podía producir o que producía el pueblo armado, ya con forma y organización de milicia, ya sin esta forma y organización, iba caminando tranquilamente en su desenvolvimiento. Bien es verdad que la reina Isabel, aunque tal vez más popular entonces que nunca, se prestaba y sometía a todo sin oponer el menor obstáculo a la realización de las ideas políticas de sus ministros, como si fuese, más bien que su soberana, su cautiva. En un punto, no obstante, punto en que se cifraba todo el valer práctico y trascendente de aquella revolución, la reina opuso una resistencia harto viva. Surgió entonces de repente una situación peligrosa, en la cual el Congreso y el trono, puestos enfrente el uno del otro, hicieron temer por un momento los mayores cambios y novedades en los destinos del país.

Las Cortes decretaron una nueva ley de desamortización civil y eclesiástica. Unos dicen que la reina no había manifestado sus escrúpulos cuando la ley se presentó, pero hay quien sostiene que el día 5 de febrero, antes de que la ley se presentase, en consejo extraordinario de ministros. Espartero pidió a la reina que autorizara con su firma el proyecto de ley. Preguntó entonces la reina si los bienes de la Iglesia estaban comprendidos en el proyecto, y como Espartero le contestase que sí, la reina replicó que no autorizaría el proyecto con su firma porque quería respetar el Concordato. Los ministros la conminaron entonces con presentar su dimisión y hasta se afirma que Espartero se expresó en términos bastante duros, y que la reina, vertiendo abundantes lágrimas, insistió en no firmar, a fin de no faltar a sus compromisos, y exclamó con vehemencia: «Prefiero la abdicación: así probaré al menos que sé sacrificarme por mi fe, y Dios me lo tendrá en cuenta para el perdón de mis pecados». A pesar de todo, la reina se sometió al fin. Dejáronle entrever, que siempre le quedaba el recurso de no sancionar la ley, y que mientras se discutía y votaba había tiempo de sobra para que las negociaciones, que sobre el particular se habían entablado con Roma, tuvieran éxito favorable.

Votada ya la ley por las Cortes, Espartero y O’Donnell la llevaron a la sanción de la reina, que se hallaba en Aranjuez, el día 28 de abril. Parece que monseñor Franchi, Nuncio de Su Santidad, se adelantó a la llegada de los ministros para prevenir el ánimo de la reina. La predispusieron también en contra de la ley el rey consorte, sor Patrocinio y varios empleados de palacio. Hasta al cielo le quisieron conjurar algunos sacerdotes en daño de aquella medida revolucionaria, y se dio por cierto que un Cristo de la iglesia de San Francisco sudaba sangre.

La reina se negó, pues, a sancionar la ley. Espartero y O’Donnell volvieron a Madrid con la negativa; reunieron el Consejo de ministros y resolvieron presentar su dimisión. Entretanto, en una sala del Congreso hubo junta de los diputados de la izquierda, donde se propuso declarar vacante el trono y las Cortes en Convención. A la mañana siguiente, los ministros todos volvieron a Aranjuez, en compañía de los individuos que componían la mesa de las Constituyentes, y trataron de convencer a la reina para que firmase. Hay quien supone que la reina preguntó si había alguna protesta de la Santa Sede, y que, habiéndose en efecto recibido ya dicha protesta, se le ocultó que se hubiese recibido. La reina, a pesar de todo, seguía negándose a sancionar la ley. Aseguraba que de aquel acto dependía su salvación eterna y se mostraba persuadida de que iba a condenarse si la sancionaba.

Como las conferencias entre la reina y los ministros fueron varias, hubo tiempo bastante para que algunos cortesanos propusiesen a la reina cierto plan aventuradísimo y con el cual se hubiera promovido una nueva y sangrienta guerra civil. Aconsejáronle que huyese a las Provincias Vascongadas, y que desde allí dirigiese un manifiesto a la nación. Este proyecto, por fortuna, se descubrió y se desbarató al punto. La reina tuvo al fin que rendirse y sancionar la ley, si bien hay quien añade que en aquel mismo día escribió al Papa pidiéndole perdón de lo hecho y prometiéndole deshacerlo en cuanto pudiera.

Triunfante ya el ministerio, castigó con destierro a sor Patrocinio, a los clérigos que habían hecho sudar o supuesto que sudaba el Cristo, y a varios empleados de palacio. Al desterrar a estos empleados, que eran muy queridos del rey, los señores don Claudio Antón de Luzuriaga y el comandante general del sitio, Echagüe, tuvieron que ser parte en una escena algo incómoda y dificultosa. El rey consorte, don Francisco de Asís, acompañado de varios alabarderos, trató de oponerse a que le arrebataran a sus fieles servidores; dijo que, antes de arrebatárselos, habían de pasar sobre su cadáver; y solo desistió de resolución tan tremenda a ruegos de su afligida esposa.

Como se ve, harto a poca costa lograron las Cortes y el ministerio la sanción de la ley de 1.º de mayo de 1855, la cual, según los mismos legisladores la califican en el preámbulo, era una revolución fundamental en la manera de ser de la nación española, el golpe de muerte dado al antiguo deplorable régimen, y la forma y el resumen de la regeneración política de nuestra patria. En virtud de esta ley, iba a terminar la obra económica y social de los siglos anteriores, cuando se amayorazgaba; se daban bienes raíces a la Iglesia, a los conventos, a los establecimientos de beneficencia e instrucción y a las villas y lugares; y se hacían fundaciones de todo género. Ya habían desaparecido los mayorazgos, los bienes de la Inquisición, de los jesuítas, de los conventos y en su mayor parte los de la Iglesia. Por el artículo 1.º de la nueva ley se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes a manos muertas que quedaban: todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros del clero, de las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montosa y San Juan de Jerusalén, de cofradías, obras pías y santuarios, de propios y comunes de los pueblos, de beneficencia y de instrucción pública.

Nunca, desde hacía muchos años, se había dictado disposición tan importante como esta. «Sus resultados, decía el señor Bravo Murillo, a quien por cierto no se puede tildar de revolucionario, han de ser o sumamente provechosos o en extremo funestos. ¡Inmensa gloria deben esperar en el primer caso y grave censura en el segundo los legisladores!».

El producto de toda aquella gran masa de bienes puestos en venta se había de destinar a la amortización de la deuda pública y a obras de interés y utilidad general, incluso la reedificación y reparación de las iglesias.

El gobierno, una vez hechas las ventas, y aun antes, valiéndose del crédito, iba a disponer de un gran capital con el que podía dar extraordinario impulso a las fuerzas productivas de la nación. En cambio, cargaba el gobierno con el deber de asegurar a los establecimientos de beneficencia y de instrucción las rentas de que antes disfrutaban y de dar al clero inscripciones intransferibles de la deuda consolidada por un capital equivalente al producto de las ventas de sus bienes.

A fin de hacer efectivo en parte y disponible desde luego el producto de las ventas, se dio una ley, en 14 de julio, autorizando al gobierno para emitir 230 millones de reales en billetes del Tesoro, aplicables única y exclusivamente al pago de bienes nacionales, y que devengarían el interés de un 5 por 100, siendo 90 por 100 el tipo de emisión y admitiéndose en pago por su valor nominal.

Hasta la promulgación de la ley de 1.º de mayo de 1855, se calculaba el producto de la venta de bienes nacionales en más de 5,700 millones de reales, y se suponía que los bienes, que se habían de vender en virtud de la nueva ley, habían de producir mucho más.

Aplicado todo este producto de la desamortización a obras reproductivas, hubiera causado la regeneración de España, sumida en pobreza y en el más lamentable atraso por el desgobierno de los reyes absolutos, desde la primera Isabel hasta nuestros días; largo período, durante el cual, hasta por confesión del mismo señor Bravo Murillo, no ha habido administración en nuestra patria. «Desde el principio de la revolución, añade dicho señor, se ha hecho indudablemente para el aumento de la riqueza pública más que en muchos siglos anteriores, habiendo impedido nuestras discordias intestinas hacer todavía más. Desde aquella época hasta el presente ha duplicado por lo menos la riqueza». Así lo decía Bravo Murillo en 1862. Nosotros ahora podemos decir que por lo menos se ha quintuplicado.

«Estamos, sigue hablando Bravo Murillo, en vía de adelanto. Erraría el partido, errarían los hombres que se lo atribuyesen exclusivamente. Todos los hombres públicos y todos los partidos han contribuido a esta obra, pareciendo que se obedece al espíritu, a la tendencia del siglo».

Claro está que Bravo Murillo no incluye a los carlistas o no tiene ánimo de incluirlos en esta alabanza. En vez de obedecer, como los otros partidos, al espíritu, a la tendencia del siglo, la han contrariado con las armas en la mano, promoviendo siempre, con feroz y antipatriótica tenacidad, sangrientas y costosas guerras civiles, que han asolado los campos, destruido las poblaciones y causado grandes sacrificios de hombres y dinero.

La revolución de 1854 excitó a los carlistas a renovar la guerra civil. Sus conatos y esfuerzos, aunque contrariados por nuestra policía y nuestra diplomacia, tuvieron al fin que dar funesto resultado. En no pocos puntos de España se conspiraba en favor del carlismo: en el Maestrazgo, sobre todo. El plan era apoderarse de Morella y tener una plaza fuerte.

Ocurrió en esto en Trieste, el 10 de marzo de 1855, la muerte de don Carlos María Isidro de Borbón. Allí se reunieron el conde de Montemolín, su hermano don Juan, el infante don Sebastián Gabriel, el conde de Chambord y otros personajes. Allí tal vez propusieron alzar de nuevo en España bandera de guerra en favor de las antiguas instituciones.

Al principio se levantaron pequeñas partidas en varias provincias, como Soria, Álava y Burgos. Según costumbre solían ser sacerdotes los que capitaneaban estas partidas.

La primera insurrección fue fácilmente sofocada, a mediados de junio, por el capitán general de Burgos don Ignacio Gurrea. Varios cabecillas, como Corrales, Fuelles y Hernando, fueron condenados a muerte.

Para dicho mes de junio se había dispuesto y preparado una sublevación general. No pequeña parte del clero trabajaba en ello. Habíase tratado de seducir y aun habían sido seducidos algunos soldados, cabos y sargentos; mas no, por dicha, los oficiales.

Muchos planes particulares abortaron. La sublevación careció de simultaneidad y de concierto. En Navarra se levantaron Iribarren y el cura párroco don Bernardo Crispín Galán, pero pronto fueron batidos y obligados a refugiarse en Francia.

En Cataluña, con dinero que adelantó Cabrera, entraron, desde Francia, Marsal, Estartús, Borges y otros; dieron sendas proclamas en nombre del magnánimo, sabio y justo rey don Carlos VI; y llamaron a las armas y trataron de atraer bajo su bandera a la juventud catalana y a los soldados españoles. También entró en España, de orden de Cabrera y titulándose comandante general de la provincia de Barcelona, don Rafael Tristany, acompañado de sus tres hermanos. Aparecieron, por último, otras partidas, como las de Boquica, Comas, alias Tóful, y Juvany.

Muy fría acogida hallaron todas estas gentes en el país, y faltos de recursos, y perseguidos con actividad y tino por el mariscal de campo don Joaquín Bassols, segundo cabo de Cataluña, fueron pronto dispersándose o internándose en Francia, después de varios lances y encuentros. Algunos, cogidos con las armas en la mano, como Marsal, Mas y Pons, murieron fusilados.

Así quedó restablecida por completo la paz en Cataluña, a mediados de abril de 1856.

CAPÍTULO III

Modificación del ministerio.—Rompimiento de relaciones con Roma.—Incendios en Castilla.—Ultimas tareas de las Cortes constituyentes.

El instante en que las Cortes constituyentes suspendieron sus sesiones, en julio de 1855, divide la época revolucionaria a que llamamos bienio, en dos períodos distintos. Se diría que en el primero va creciendo la fuerza de la revolución, aunque ya su misma violencia y falta de tino hacen prever que será domada. En el segundo período, la energía conservadora o reaccionaria cobra bríos, apoyándose en los mismos desórdenes de la revolución y va poco a poco preparando su término y caída.

El arma más terrible que desde el principio empleó la reacción fue la de la sátira. El blanco principal de ella eran los progresistas y demócratas; el centro del blanco, Espartero. Su engreimiento candoroso, la pomposa e inocente jactancia de algunos de sus discursos y arengas y lo teatral de las revistas y manifestaciones populares prestaban inagotable asunto a las burlas de los chistosos. Lo más aplaudido y reído de estas burlas se contenía y cifraba en un periódico famosísimo titulado El Padre Cobos. Este periódico estaba escrito por hombres que eran o aparentaban ser muy religiosos y conservadores; pero en realidad, juzgando solo por el espíritu y la forma de lo escrito, y sin penetrar en el ánimo y sin juzgar las intenciones de sus redactores, cuyos nombres no queremos poner aquí, El Padre Cobos parecía un papel escrito por gente descreída, audaz, burlona y llena de malicia, pero sin ningún elevado principio que la excitase a sus agrias censuras. Hallaba, con todo, grandes simpatías en el público por dos razones: porque el público se pone siempre de parte del burlón, sobre todo cuando el burlado merece serlo por algún estilo, y porque no puede negarse que se necesitaba entonces bastante valentía, aun ocultándose, para escribir lo que los redactores de El Padre Cobos escribieron. Apenas se comprende cómo los más turbulentos milicianos nacionales no llegaron a descubrir quiénes eran dichos redactores, y cómo, descubriéndolo, no les hicieron pagar dura y violentamente sus burlas. En estas, como suele suceder en todas cuando tienen gracia, había algo de motivado, porque no tienen gracia las burlas sin fundamento ni motivo; pero no se ha de negar que iban con frecuencia más allá de lo justo y rayaban en chocarrería irreverente y en odiosa ingratitud antipatriótica, sobre todo cuando se ensañaban contra Espartero, a quien, fuesen los que fuesen sus defectos, debía tanto la patria, y en quien solo la más ciega pasión podía dejar de reconocer grandes virtudes, descollando entro todas el más acendrado amor y el deseo más ferviente del bien público. Si este bien se confundía en la mente de Espartero con el interés de su partido, más que falta de su voluntad era alucinación de su entendimiento.

No se puede negar que el primer período de actividad de las Cortes constituyentes había sido fecundo, pero no en cosas útiles. Las bases de la nueva Constitución, discutidas y votadas, probaban solo este prurito lastimoso que tenemos de estar siempre constituyéndonos y dejaban al segundo período de la vida de las Cortes el no pequeño trabajo de levantar la nueva Constitución sobre las mencionadas bases. En el orden administrativo, las Cortes habían causado una gran perturbación, deshaciendo las leyes de diputaciones provinciales y de municipios y sustituyéndolas provisionalmente con las leyes de 1821. Y en la Hacienda pública, echando abajo la contribución de consumos, habían producido un nuevo déficit que no podía cubrirse sino con empréstitos y otros malos recursos. En realidad lo único que habían hecho las Cortes de importante y de provechoso, era la ley de desamortización de 1.º de mayo; pero su provecho y sus ventajas habían de sentirse a la larga, y por lo pronto no se sentían más que los trastornos, consiguientes al disgusto y al enojo de los verdaderamente religiosos y de los que toman como pretexto la religión: la guerra civil carlista y el próximo rompimiento con la corte de Roma.

Las Cortes constituyentes habían hecho más de 90 leyes, y más de la tercera parte de ellas para satisfacer intereses personales y pasiones de bandería. Diríase que el partido progresista quería indemnizarse de los diez u once años que había vivido alejado del poder. El Congreso había decretado pensiones individuales en gran número y recompensas generales para todos los que se habían sublevado durante los susodichos diez u once años. Por otra ley, había concedido indemnización a los deportados o desterrados de 1848. Por otra, había dispuesto que se contasen como años de activo servicio los de los empleados progresistas cesantes en 1843. Y por último, los ascensos, los grados y condecoraciones habían llovido sobre el ejército. Sin contar con que inmediatamente después de la revolución se habían hecho multitud de nombramientos y que por medida general todos los oficiales habían obtenido un grado, O’Donnell declaró, en una sesión, que, para cumplir con una nueva ley de recompensas, había tenido que dar 795, ascendiendo a subtenientes a 212 militares, a capitanes a 238, a comandantes 142, a tenientes coroneles a 17, a coroneles a 12, y a brigadieres a 58.

Poco antes de la suspensión de las sesiones de Cortes ocurrió la modificación del ministerio. Espartero y O’Donnell permanecían siempre. Así es que los llamaban los cónsules. Los demás ministros entraban y salían. Salieron en aquella ocasión los señores Luzuriaga, Aguirre, Madoz, Santa Cruz y Luján, y entraron a reemplazarlos, en Estado el general Zavala, don Manuel Fuente Andrés en Gracia y Justicia, don Juan Bruil en Hacienda, don Julián Huelves en Gobernación y en Fomento don Manuel Alonso Martínez, joven abogado de Burgos, poco conocido hasta entonces y que ha llegado después a representar papel importantísimo en nuestra historia contemporánea, por su actividad constante y hábil en el foro y por su reposada y prudente elocuencia en la tribuna.

En este nuevo ministerio prevalecía el elemento conservador o por mejor decir era el único elemento, si prescindimos de su presidente el duque de la Victoria. De aquí que, antes de conocer sus actos, el ministerio fuese duramente combatido en las Cortes. Cansado Espartero de la continua lucha que tenía que sostener, reincidió en presentar su dimisión: ansiaba retirarse y dejar a O’Donnell el mando por completo. No creemos que en esto hubiese cálculo ambicioso. Espartero se sentía verdaderamente fatigado. Tal vez en el fondo de su alma había además cierto enojo receloso contra O’Donnell y el presentimiento más o menos vago de que O’Donnell le iba a burlar. Sea como sea, la reina suplicó a Espartero que continuase al frente de los negocios; O’Donnell le volvió a hablar de su amistad invariable, le abrazó como otras veces, y Espartero se enterneció y se quedo en la presidencia.

Las Cortes suspendieron sus sesiones el 17 de julio.

Enojada la corte de Roma contra la ley de desamortización, presentó reclamaciones que no fueron atendidas. Varios prelados hicieron exposiciones contra dicha ley y se les castigó con destierro. El Padre Santo determinó entonces que su Nuncio pidiera los pasaportes y se retirase de Madrid. El general Zavala, al otorgárselos, declaró que el gobierno había hecho cuanto estaba a su alcance para conciliar los intereses de la Iglesia con los de la nación española, sometida siempre a la autoridad espiritual del Sumo Pontífice. Don Joaquín Francisco Pacheco, que estaba en Roma de embajador, tuvo también que pedir sus pasaportes y retirarse con todo el personal de la embajada, dejándolos intereses españoles al cuidado del embajador de Francia. Pacheco, antes de retirarse, comunicó al gobierno de Su Santidad un despacho de su gobierno, tratando de demostrar que no habíamos infringido el Concordato y terminando con estas palabras: «No teme el gobierno de la reina que se compare su conducta con la conducta de la Santa Sede: no duda en someter, como hoy somete, sus disidencias con la Santa Sede al fallo imparcial de las naciones católicas. Ha dicho ya que considera la ruptura de relaciones, entre ambas potestades, como un deplorable acontecimiento. Por evitarle ha hecho antes cuanto su posición y sus deberes le han permitido: por hacerle cesar se le hallará dispuesto siempre a ceder en todo lo que sea justo. Pero tranquilo en tanto en su conciencia, seguro de no haber inferido la menor ofensa a la religión ni a la Iglesia, seguro también de no haber infringido el último Concordato, no solo aguarda que el mundo católico le haga justicia desde hoy, sino que se atreve a esperar que antes de mucho, con mejor acuerdo, se la hará cumplida la Santa Sede. Firmemente adherido a sus principios, que son los de la católica nación española, la religión, la Iglesia y el pontificado mismo tendrán siempre en él un súbdito espiritual, un protector y un defensor si fuere necesario. Y si por desgracia persistiese la Santa Sede en su conducta, si de resultas de su hostilidad, más o menos patente, surgieran graves conflictos, al reprimir, al castigar, al usar del derecho de propia defensa, procuraría aunar, con la más inflexible energía, el respeto debido siempre, cualesquiera que sean sus actos, al Padre común de la Iglesia. Solo deploraría en este caso la funesta ceguedad que pondría al digno sucesor de San Pedro en el número de los enemigos de una nación cristiana y católica, que en serlo cifra y ha cifrado siempre la mayor de sus glorias».

Los hombres de los partidos liberales creemos que la ley de 1.º de mayo fue conveniente, provechosa y hasta indispensable en aquellas circunstancias; pero lo que en verdad no puede creerse por nadie que esté de buena fe y lo que parece más que argumento razonable indigna sofistería es lo de afirmar que no fue infringido el Concordato al promulgar dicha ley. El Concordato fue infringido en muchos artículos y la corte de Roma tenía sobrada razón para quejarse. Evidentemente se habían devuelto bienes al clero, en virtud de dicho Concordato, para que los tuviese establemente y en plena propiedad. El incautarse de ellos y el venderlos fue pues una infracción de lo pactado. En el artículo 41 del Concordato se dice además que la Iglesia tendría el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y que su propiedad, en todo lo que poseía o adquiriese en adelante, sería solemnemente respetada. «Este respeto solemne a la propiedad de la Iglesia, dice con razón el señor Bravo Murillo, sería una burla, si la potestad civil, sin su consentimiento, pudiera disponer la enajenación de sus bienes».

Otra prueba, por último, que lleva hasta la evidencia el convencimiento de que se faltó a lo pactado con Roma, es que en los cuatro años transcurridos, desde la celebración del Concordato hasta que se dictó la ley de 1.º de mayo de 1855, no se hizo una sola reclamación, ni en la prensa ni en la tribuna, para que los bienes del clero se vendiesen. ¿A qué, por último, la ley de 1.º de mayo si por el Concordato estaba autorizada la venta?

En vista de lo dicho, es necesario confesar que la ley de desamortización de 1855 se hizo en contra de lo pactado con Roma. Aquella medida solo puede justificarse en la conciencia de los que creen, como creemos nosotros, que toda propiedad mueble o inmueble, que no lo es de individuos determinados, pertenece al Estado, aunque esté en posesión de algunas corporaciones que tienen en el Estado mismo su razón de ser, y cuyas modificaciones y existencia dependen del Estado. Solo aceptando esta doctrina puede quedar justificada la venta de los bienes amortizados hecha en virtud de la ley de 1855, venta que por otra parte distaba mucho de comprender todos los bienes que se podían desamortizar, y que después, en virtud de ulteriores disposiciones, se han ido desamortizando.

Fernando Garrido, en su España contemporánea, presenta un cuadro de bienes del Estado, de la corona y de la Iglesia, no comprendidos en la ley de 1855, y que, según él, pueden desamortizarse con beneficio del país y sin perjuicio de la religión ni del Estado. Fernando Garrido hace subir el valor total de estos bienes a cerca de seis mil millones de reales.

«Habrá quien se espante, añade el autor citado, a la idea de desamortizar los bienes comprendidos en el cuadro precedente: tranquilícense las conciencias asustadizas: la historia nos enseña con múltiples ejemplos que, si los partidos radicales proponen las reformas, son los conservadores quienes las llevan a cabo; y así como papas y reyes católicos creen servir los intereses de la Iglesia y del Estado (pues de otro modo no es presumible que lo hicieran) suprimiendo miles de conventos, vendiendo miles de millones de propiedades de la Iglesia, y convirtiendo al clero, de usufructuario independiente y administrador de cuantiosos bienes, en asalariado del Estado, no es muy aventurado creer que en un día más o menos lejano piensen servir los intereses que representan completando la desamortización que la revolución iniciara y a la cual han concluido por dar su sanción».

Por lo pronto, y concretándonos al período que vamos historiando, la desamortización trajo, a más de los dos graves inconvenientes del rompimiento de relaciones con Roma y de la sublevación carlista, los escrúpulos y el disgusto de palacio, que habían ocasionado ya la resistencia de Aranjuez, vencida revolucionariamente por medio del terror, y que suscitaron a poco no menores dificultades.

No ya Espartero solamente, sino O’Donnell también, estaban muy recelosos de la servidumbre de la casa real y deseosos de reformar dicha servidumbre, tanto en el personal como en sus estatutos y ordenanzas. Decididos a ello, fue el conde de Lucena al Escorial, donde a la sazón se hallaba la corte, para someter a la firma de la reina un nuevo reglamento de palacio. La reina no quiso firmarle y O’Donnell volvió a Madrid desairado y algo ofendido. El duque de la Victoria fue después con el mismo propósito y no salió más airoso. Debe presumirse, pensando piadosamente, que ni O’Donnell ni Espartero se quejaron del desaire y de la nueva resistencia de palacio de modo que lo entendiesen los patriotas más fervientes y los milicianos nacionales. Pero ¿qué es lo que en Madrid puede permanecer oculto? La nueva corrió por todas partes, cundió la alarma, hubo junta de comandantes de la milicia nacional, se temió un grandísimo alboroto y se reunieron los ministros en Consejo. Entonces el señor Alonso Martínez, designado por O’Donnell, fue al Escorial en posta a convencer a la reina para que firmase el reglamento. Auxiliada la elocuencia del señor Alonso Martínez por el ya preparado e inminente alboroto, llevó al ánimo de S. M. la más completa convicción. S. M. firmó el reglamento, quedando muy satisfecha del ministerio; Espartero fue a darle las gracias; y para calmar las iras populares, hizo el papel de víctima propiciatoria un secretario particular de S. M. que se había señalado más que otros en ultramontanismo.

Con otros obstáculos más difíciles de superar que los que presentaba palacio tenía que luchar el gobierno de Espartero. No iremos nosotros tan lejos, ni seremos tan crueles en la idea, ni tan crudos en la expresión como el demócrata Fernando Garrido, el cual supone y afirma, en su España contemporánea, que los verdaderos obstáculos tradicionales, que se oponen a que los progresistas conserven el poder, no están en palacio, sino en su absoluta carencia de condiciones para el mando. Fernando Garrido llega a calificar de tontería tradicional la de los progresistas. Sin duda que tal calificación, aunque graciosa, es una insolencia absurda, sobre todo cuando se aplica a una gran colectividad de hombres; pero, fuerza es reconocer que los progresistas y su jefe, Espartero, estuvieron muy poco hábiles durante el bienio, como ya se ha visto en lo que va referido y se verá mejor en lo que queda por referir.

La misma institución de la milicia nacional y sus frecuentes manifestaciones armadas, infundiendo temor o enojo en las clases abastadas y no siendo poderosas casi nunca ni para sofocar movimientos radicales más revolucionarios ni para desbaratar los propósitos liberticidas de un gobierno fuerte, han perjudicado en todas ocasiones y han solido hacer vana y ridículamente turbulenta, instable y efímera toda dominación progresista.

En España, además, como en casi todos los países del mundo, por ser propio defecto de la menguada condición humana, suele ser más difícil gobernar legal y liberalmente que por estilo despótico y duro. La libertad alienta toda opinión por extravagante que sea; y no contenta la opinión con tratar de abrirse camino por medio de la propaganda pacífica, acomete a menudo la empresa de realizarse en la práctica por los medios más violentos y perturbadores. No es lícito desconocer estos graves inconvenientes de la libertad; pero son siempre inferiores a las ventajas que trae, y se allanan o evitan, así con la cordura e ilustración del pueblo que es digno de gozarla, como con la energía y habilidad de aquellos que saben gobernar sin destruirla.

Algo de esta habilidad y esta energía faltaba acaso, contribuyendo a ello no poco el dualismo divergente de sus tendencias, en el ministerio de Espartero y O’Donnell. Lo cierto es que, durante su dominación, hubo en España muchísimos desórdenes, motines y hasta criminales atentados, que aceleraron su caída.

Las más perversas doctrinas antisociales llegaron a penetrar en el ánimo de la clase jornalera, sobre todo en Cataluña y en el gran centro industrial de Barcelona. Los obreros de aquella ciudad se organizaron poderosamente, intimidaron a los capitalistas y fabricantes, y hasta hubo un momento en que el capitán general tuvo que refugiarse en la ciudadela. La insurrección al cabo fue sofocada, mas no sin tener que lamentar algunos crímenes como la muerte del rico fabricante y antiguo diputado Sol y Padrís, bárbaramente asesinado.

En Zaragoza hubo también un grave motín socialista. Parte del pueblo y de los milicianos se levantó con pretexto o motivo de la carestía de víveres; trató de quemar o quemó las barcas que conducían cereales por el Ebro, y apedreó e hirió a la gente que las tripulaba. Reunida la milicia nacional, en vez de perseguir a los alborotadores, se puso de parte de ellos. Las autoridades tuvieron que cejar y transigir. Se abrió una suscrición para sostener la tasa páralos primeros artículos y se prohibió la salida del trigo. Por fortuna, Gurrea, a los tres días de estar la rebelión triunfante, logró sofocarla, ocupando militarmente los puntos estratégicos de la ciudad, valiéndose de los milicianos fieles, interpolados en la fuerza de línea de la guarnición, desarmando a más de 800 nacionales que habían tomado parte en el motín, y prendiendo a muchos, con lo cual logró volver la tranquilidad al vecindario.

En Valencia, aunque fue menos importante el motivo de la insurrección, porque fue contra la quinta, la insurrección fue mucho más grave. Tomaron parte en ella no pocos milicianos nacionales y también la gente más levantisca de la Huerta. Hubo en las calles una verdadera batalla en que tronó el cañón y se dispararon no pocos tiros de fusil; y el general Villalonga, no pudiendo vencer a los rebeldes, tuvo que pedir auxilio a Madrid por el telégrafo, el cual, por dicha, había quedado libre. Ínterin el auxilio venía, el general y los soldados de la guarnición estuvieron encerrados en el palacio y hasta temerosos de la falta de alimentos.

El general Zavala, que era entonces ministro de Estado, tomó sobre si el difícil empeño de restablecer el orden en Valencia, y salió precipitadamente de Madrid con alguna tropa. El general Zavala tuvo el buen tino y la dicha de que los sublevados se le sometiesen al punto, sin tener que emplear las armas. El sorteo de la quinta se hizo luego con el mayor reposo. Y, por último, el general procedió el desarme de los milicianos nacionales alborotadores. Fijó un plazo para la entrega de las armas, pero el plazo se cumplió sin que las armas se entregaran. El Ayuntamiento alentaba a la milicia en la desobediencia. Zavala entonces hizo que el Ayuntamiento dimitiese y las armas se entregaron al cabo.

La situación de los milicianos nacionales, que quedaron con ellas, se hizo muy difícil y peligrosa, porque sus desarmados compañeros y los paisanos que habían entrado en la rebelión les mostraban grande ojeriza y los amenazaban de continuo, por lo cual Zavala excitó a los armados a que dejasen las armas también y desechasen el uniforme de la milicia, a no ser que se sintiesen con aliento bastante para arrostrar tanto peligro. Todos depusieron entonces las armas, menos 300 hombres bien decididos. Abierto después nuevo alistamiento, acudieron otros a inscribirse, y juntos formaron un escuadrón y dos batallones.

Restablecido así el orden, Zavala volvió a Madrid, donde dio cuenta en las Cortes de su conducta, que, a pesar de los ataques de los demócratas, fue aprobada por 178 votos contra 18.

Poco después de los sucesos de Valencia, empezaron los incendios de Castilla, promovidos sin duda por algunas perversas ideas socialistas, difundidas entre la masa ignorante del vulgo, pues no había pretexto para la sublevación, ni siquiera para el descontento. En vez de escasear el trabajo, faltaban brazos; y si estaba caro el pan, estaban en proporción mucho más caros los jornales. Sin embargo, gentes de Burgos, Valladolid, Rioseco, Benavente y Falencia, incendiaron almacenes, fábricas de harina y barcas que servían para su transporte; maltrataron a las autoridades, hirieron al gobernador civil de Valladolid, atropellaron a varios fabricantes y propietarios, y saquearon sus casas.

Los incendios y saqueos fueron tomando proporciones horrorosas, sin que la milicia nacional, ni los soldados, ni las autoridades, fuesen bastantes a evitarlos. En algunos puntos los incendiarios llegaron a pegar fuego hasta a las mieses, que estaban aún por segar.

El ministro de la Gobernación, Escosura, acudió a los lugares en que se habían verificado estos sucesos, a fin de reprimir, como al cabo se reprimió, aquel salvaje movimiento comunista y a fin de averiguar la causa oculta que había tenido. Esto último no pudo lograrse a pesar de los extraordinarios esfuerzos que hizo el señor Escosura. Sospechóse, no obstante, que, si bien entre los aparentes actores de aquel abominable drama es contaban hombres de los partidos democrático, republicano o socialista, había habido instigadores misteriosos, que habían suscitado la idea y que hasta habían suministrado las materias inflamables para producir con facilidad el incendio, ansiosos de deshonrar la revolución con aquellos crímenes.

Hubo quien acusó a los moderados, hubo quien acusó a los partidarios del carlismo y hasta a los jesuítas de haber excitado al incendio y al saqueo, por odio a la revolución, a la parte más abyecta y brutal de la plebe. Fomentaban estas sospechas el hecho de que no pocos de los incendiarios, hombres y mujeres, que llevaban botellas de aguarrás y gritaban ¡el pan barato! guardaban en el bolsillo o en el seno bastantes monedas de plata, y el que uno de los reos ofreciese, para salvar su vida, declarar quién le había dado dinero e instrucciones, y, después de haberse confesado, dijo: «Yo no declaro; que me fusilen». Este caso, sin embargo, puede tener más bien una interpretación favorable que desfavorable para el confesor, quien acaso convenció al reo para que se resignase a morir, en vez de procurar el indulto por medio de una delación infame y falsa. En resolución, el señor Escosura nada pudo averiguar por más que hizo. Tal vez no hubo nada de lo que pretendía averiguar el señor Escosura. Tal vez no tuvieron otras causas aquellos incendios y desórdenes que las que expresa en un escrito muy discreto el Ayuntamiento de Valladolid, al presentar su dimisión: «Si se considera, dice, el espíritu inmoral que domina en las masas no ilustradas, y los hábitos de relajación que causa la frecuencia de las elecciones populares, y la impunidad que han conseguido, por actos de clemencia, en sí recomendables, muchas de las sublevaciones políticas verificadas, fácilmente se comprenderá que una parte del pueblo sin educación, cuyo brazo viene sirviendo en pocos años a todos los partidos, haya formado uno nuevo que practica una cruzada deplorable contra la propiedad. Robustece, sin duda, en esta ciudad a semejante clase multitud de presidiarios cumplidos, que permanecen en la población, y cierto número de obreros industriales de Barcelona, Aragón y Valencia, que han venido a las fábricas aquí recientemente establecidas, trayendo ideas y costumbres nuevas y perniciosas, que infiltran en los más ignorantes y desmoralizados obreros de Castilla».

Basta, a nuestro ver, con lo expuesto por el digno Ayuntamiento de Valladolid, para explicar las causas de los incendios, sin tener que apelar a las tramas maquiavélicas de los reaccionarios. Estos, con todo, por más que compadeciesen a las víctimas de los incendios, los vieron o los supieron con cierta fruición, aprovechándolos, y extremándose si es posible en su negra pintura, a fin de desacreditar por completo al gobierno que entonces había, el cual se afanaba, no con mucho éxito, por inspirar a sus pacíficos gobernados la perdida confianza en el sostenimiento del orden público.

Las Cortes volvieron a reanudar sus sesiones el día 1.º de octubre de 1855. La situación de O’Donnell en ellas era harto difícil. Los demócratas y los progresistas puros coligados formaban o podían formar mayoría en contra de él, darle un voto de censura y derribarle. Es cierto que O’Donnell contaba más que Espartero con el favor de palacio; por interés y conveniencia se entiende, y no porque fuese allí más amado que Espartero; pero palacio podía poco entonces, y en cambio las Cortes podían mucho. Es innegable que, en diversas ocasiones, si Espartero hubiera sido menos inocente y candoroso, si hubiera tenido planes y ambición, y si hubiera dado oídos y asentimiento a los que querían llevarle por la pendiente revolucionaria, no hubiera hallado grandes dificultades en descartarse de su incómodo compañero, que al cabo le arrojó del poder. Espartero, sin embargo, justo es reconocer en él esta maravillosa buena fe, esta abnegación y este patriotismo, acudía siempre a parar los golpes que la izquierda asestaba contra O’Donnell, haciéndose solidario de su política y en cierto modo saliendo fiador de su conducta.

No queremos sostener nosotros que O’Donnell hubiese tenido preconcebida y oculta la intención de desprenderse al fin de Espartero, de echar del gobierno a la parte más vehemente en su liberalismo de los hombres que le formaban y de matar la revolución a la que él había dado nacimiento; pero el enlace lógico de los sucesos está muy por cima de todos los propósitos humanos, y suele llevar indefectiblemente a los hombres a un término al cual no propenden y para el cual no ponen premeditadamente los medios.

Don Carlos Navarro y Rodrigo, en un interesante libro titulado O’Donnell y su tiempo, defiende muy bien a aquel general de la imputación que muchos le hacen de haber empleado con Espartero, durante dos años, el disimulo y la doblez, y realza, como es justo, los grandes servicios que, en aquellos dos años, hizo O’Donnell al orden, a la nación y a la monarquía, reprimiendo o atajando todos los desbordamientos revolucionarios, que Espartero por sí solo no hubiera reprimido ni atajado, Pero, al lado de estos elogios, que toda persona imparcial debe aceptar y repetir, hay que aceptar también una grave censura que la severidad de la historia no consiente que pase en silencio. Sería providencial o fatal y no premeditado, las circunstancias y no el cálculo llevarían a O’Donnell a aquel lastimoso extremo; pero es evidente que él hizo y deshizo; que al cabo de los dos años volvieron las cosas casi al mismo punto de que partieron; que en vez del conde de San Luis tuvimos a Narváez y a Nocedal; y que todo aquel estruendo de batallas, desde la de Vicálvaro hasta la que dio O’Donnell en Madrid para disolver las Constituyentes, no condujo a nada; Tumultos, motines, incendios, guerra civil, peligro gravísimo de que se derribase al trono, todo fue inútil. Claro está que O’Donnell no promovió la revolución y no la destruyó luego para divertirse y para estar dos años compartiendo el poder con el duque de la Victoria; claro está que O’Donnell no es responsable ante la historia de haber premeditado todo esto; pero es responsable precisamente de no haber premeditado. Toda la vana agitación del bienio, producida y ahogada luego por él, presupone la más completa falta de previsión; presupone que nuestros más eminentes hombres políticos se dejan arrastrar de la pasión más ciega, en un instante dado, y no calculan las consecuencias de los pasos más aventurados e importantes que suelen dar. De aquí el lamentable tejer y destejer de nuestra historia contemporánea y la absoluta carencia de finalidad que se advierte en toda ella. Si, a pesar de tales defectos, el país ha prosperado y prospera, se debe al instinto irreflexivo de los revolucionarios y liberales, quienes, en medio de no pocas puerilidades y extravagancias, han tomado a veces medidas revolucionarias provechosas, y al movimiento ascendente de la civilización en Europa, del cual la libertad misma, acabando con el aislamiento en que el despotismo nos tenía, nos ha hecho participantes.

Un hombre más calculador, más previsor y ambicioso que Espartero, pudo salvar la revolución, conteniendo por una parte sus excesos y rechazando por otra los amaños de la reacción. Este hombre era don Salustiano de Olózaga; pero si le sobraban posición, elocuencia y despejo, faltábale no poco del brío y de la intrépida decisión que eran indispensables para el caso. El caso era haberse valido de Espartero como de un elemento fascinador de las muchedumbres, como de un instrumento fecundísimo de popularidad y de fuerza, supliendo la mente y la idea que le faltaban, y dirigiéndolo todo con su auxilio.

Llamado por sus numerosos amigos y lisonjeado, sin duda, por la esperanza de poder realizar el pensamiento que aquí hemos presentado, Olózaga vino de París, donde estaba de embajador, y ocupó su asiento en las Constituyentes. Su influencia, a pesar de las faltas que en su carácter no hemos podido menos de notar, hubiera sido decisiva en esta legislatura, «si, según dice el historiador francés Mazado, no hubiera sido contrarrestada por la palabra seria y elocuente de un hombre de mucho talento y de una gran consideración moral, de don Antonio de los Ríos y Rosas, el cual sostenía palmo a palmo el terreno en la lucha, y hacía prevalecer las doctrinas más conservadoras». Olózaga, no obstante, combatió mucho, aunque en vano.

A principios de noviembre, al discutirse los artículos de la Constitución, que tratan de la igualdad civil y de la admisibilidad de los españoles para todos los empleos, el diputado republicano don Estanislao Figueras, que había votado contra la monarquía, propuso una enmienda o adición a fin de que, para ejercer los empleos de palacio no se necesitasen títulos de nobleza. La enmienda fue rechazada por O’Donnell, quien la acusó de expresar un sentimiento hostil a la corona, y Olózaga la tomó bajo su amparo, creyendo de esta suerte dividir al ministerio y provocar la crisis; pero el generoso y honrado duque de la Victoria combatió también la enmienda, tildándola de contraria a la monarquía y declarando que no daba derecho a nadie para que dudase de sus sentimientos de fidelidad a la reina doña Isabel II. Así fue vencido Olózaga, y, lo que es peor, algo maltratado públicamente de palabra por el general Zavala, ministro de Estado. Olózaga se creyó en la necesidad de presentar su dimisión de embajador, pero mediaron negociaciones y explicaciones, y retiró su dimisión, dándose por satisfecho.

Más adelante, en el día 1.º de diciembre, el marqués de Albaida, con ocasión de los sucesos de Zaragoza, dispuso contra O’Donnell, no ya un ataque indirecto para separarlo de Espartero, sino un ataque directo, sosteniendo que su presencia en el poder era causa perpetua de irritación y desconfianza.

Orense anunció para dentro de dos días su proposición de censura; pero entonces, y en el acto, presentó y sostuvo don Augusto Ulloa un voto de confianza en favor del general O’Donnell, que fue votado por no escasa mayoría. Dos días después, en la sesión del 3 de diciembre, presentó Orense su censura, que como era de presumir fue rechazada. El duque de la Victoria no estaba a la sazón en el Congreso, pero, habiendo llegado a saber que se interpretaba su ausencia en contra de su colega, acudió y se declaró en su favor generosa y francamente.

A principios de enero de 1856, Olózaga meditó y puso por obra otro ataque contra O’Donnell, siempre con el propósito de ponerle en disidencia con Espartero y de obligarle a presentar su dimisión. Los ministros de Gobernación y Gracia y Justicia ayudaban más o menos conscientemente el plan de Olózaga, quien, según de público se afirmaba, había inspirado al señor Fuente Andrés, ministro de Gracia y Justicia, un proyecto de ley declarando libre de gastos toda dispensa de matrimonio y obligándose el Estado a dar a la Santa Sede una suma alzada en compensación de los derechos que hasta entonces percibía. El general O’Donnell estaba entonces enfermo y se esperaba que la reina aprobase el proyecto sin oir su opinión; pero el general Zavala le combatió enérgicamente, y la reina misma, aunque no se opuso ni le desechó, dijo que no daría su consentimiento hasta que oyese la opinión de O’Donnell. De esta suerte Olózaga, con su mezquina táctica y sus pequeños manejos, en vez de desacreditar y derrotar a O’Donnell, contribuyó a darle mayor autoridad y crédito o a que resaltaran y se hicieran más patentes los que ya tenía.

Casi al mismo tiempo, y durante la enfermedad de O’Donnell, ocurrió otro incidente parlamentario, con el cual estuvieron a punto los demócratas y progresistas puros de lograr lo que deseaban. El Ayuntamiento de Zaragoza había dirigido a las Cortes una petición bastante atrevida, haciéndose órgano de los supuestos o verdaderos deseos y aspiraciones de la nación y reivindicando así para las corporaciones populares de las provincias algo como un derecho de consejo y de dirección política. Esta petición, aunque sostenida con brío por el partido revolucionario, fue desechada en la sesión del 4 de enero. El gobernador civil de Madrid, que era diputado, la calificó de facciosa. Dos días después, el 7, los demócratas trataron de reanimar este asunto, proponiendo a las Cortes que declarasen haber oído con disgusto la calificación de facciosa aplicada a la petición del Ayuntamiento zaragozano. Don Estanislao Figueras hizo, en esta ocasión, un violento discurso, acusando al gobierno de hacer inevitable la guerra civil. Coincidiendo con el discurso de Figueras, o tal vez excitada por este discurso, la fuerza de milicianos nacionales que estaba de guardia en el Congreso, se insurreccionó y rompió en gritos contra el gobierno y contra los diputados reaccionarios y en favor de la república. Aquella tumultuosa, aunque poco importante, manifestación fue comprimida con facilidad y prontitud; pero, hasta cierto punto, inclinó un poco la balanza, por lo pronto, del lado de los progresistas y en contra de los conservadores y de O’Donnell, el cual, apenas restablecido de su enfermedad, el 15 de enero, tuvo que acceder a una nueva modificación del ministerio, modificación que, si algún significado tenía, era en favor del partido del progreso, ya que salía del gabinete don Manuel Alonso Martínez, que era un conservador de mucho valer, y ya que en el ministerio de la Gobernación entraba un hombre de no menor capacidad y mucho más decidido, don Patricio de la Escosura, el cual, si bien ha sido bastante veleidoso, era por entonces fogosísimo progresista, aunque de los más comprometidos y empeñados en pro de la monarquía, para cuyo sostenimiento había firmado la proposición previa de 1854.

Con Escosura, pues, en Gobernación; con Luján, progresista reposado, instruido y prudente, en Fomento; con Arias Uria en Gracia y Justicia; y con don Francisco Santa Cruz en Hacienda, se reconstituyó el ministerio a principios de 1856.

Este ministerio, si bien en su mayoría compuesto de progresistas, era moderado con relación a la izquierda de demócratas y progresistas puros. Los progresistas, que formaban parte del ministerio, así como los que le sostenían, se inclinaban ya sin saberlo del lado de O’Donnell, llevados de la contradicción a los más violentos planes revolucionarios, y empezaban a componer uno de los elementos del centro parlamentario y de la unión liberal, que fue designado más tarde con el apodo de resellado.

En la aceptación o no aceptación del plan de hacienda del señor Santa Cruz era donde más se mostraba esta divergencia entre progresistas resellados y puros.

Santa Cruz quería restablecer en parte la contribución de consumos, y los progresistas puros ansiaban perpetuar su abolición, buscando, para llenar el vacío que dejaba en las arcas del Estado, recursos irrealizables o sofísticos. Ello es que, con motivo de estas cosas de hacienda, se fueron marcando cada vez más las dos principales opuestas tendencias que dividían al Congreso, y juntándose en solo dos grandes agrupaciones las diversas fracciónenlas en que estaba el Congreso descompuesto. En la agrupación más conservadora, que llamaban centro parlamentario, figuraban como adalides el marqués del Duero, Ríos Rosas, don Pedro Gómez de la Serna, Cortina, Cantero y Collado. La otra agrupación, que se llamaba centro progresista puro, estaba capitaneada por los generales Allende Salazar y Gurrea, amigos devotísimos de Espartero, a quien reconocían por jefe. Este último centro, si a veces se resignaba a sufrir a O’Donnell, era con tal de que Espartero estuviese por cima de él, y no sin recelar de continuo que Espartero y por consiguiente el partido progresista fuesen burlados y derribados. Su sueño constante era, pues, hallar medio de obligar a O’Donnell a retirarse. Y en esto, sin duda, es en lo que debemos admirarnos de O’Donnell: de la paciencia, de la calma, de la entereza y de la sangre fría que tuvo necesidad de emplear para no enojarse nunca hasta el extremo de tener que irse, y para enojarse lo bastante a fin de conservar su posición y de que no se le impusieran; para resistir los embates de la revolución, sin dejarse arrastrar por completo de su corriente y sin caer tampoco derribado por no ceder en ocasiones y por oponer una resistencia inoportuna.

En todo el tiempo de aquella unión violenta y como forzada entre O’Donnell y Espartero ¿quién ha de negar que siempre de parte del último hubo una buena fe y una generosidad y un candor que a menudo traspasaban los límites que la prudencia concede a estas virtudes y más allá de los cuales suelen caer los que los traspasan en el abismo de la simplicidad? Esta simplicidad, no obstante, aunque tan duramente la califiquemos, es más respetable y más simpática que el maquiavelismo.

Hasta en aquellos negocios en que parecía que O’Donnell cedía, O’Donnell triunfaba y mejoraba de posición. Espartero, por ejemplo, se opuso, por desconfianza, a que el general Ros de Olano fuese director de Infantería. O’Donnell cedió por complacer a Espartero; más dio a Ros de Olano la dirección de Artillería, que tenía el general Serrano, puso en la Infantería al general Hoyos, e hizo capitán general de Madrid a Serrano, cuya decisión y cuyo denuedo le fueron poco después tan útiles para acabar de un modo violento con las Constituyentes y con la revolución.

Tales eran los más importantes sucesos, y no legislativos debates de fuera y dentro de las Cortes, mientras estas continuaban en sus tareas legislativas, acabando de concebir en su seno una desventurada Constitución, que no había de nacer o que había de nacer muerta.

En la primera legislatura se habían discutido ampliamente las bases de esta Constitución. En la segunda, que empezó en octubre de 1855, la Constitución se discutió artículo por artículo, y su redacción definitiva pudo darse por terminada en el mes de enero de 1856. Ya desde mucho antes, habiendo considerado que las Cortes constituyentes habían cumplido con su misión y que convenía salir de la situación anómala en que el país se encontraba, donde había en realidad tres poderes casi independientes y soberanos, a saber, el poder regio, el de las Cortes, que no podían ser disueltas mientras fuesen constituyentes, y el de O’Donnell y Espartero, que sobrevivían a todo cambio de gabinete y por la fuerza de las cosas no podían ser reemplazados, O’Donnell y Alonso Martínez decidieron celebrar una junta con los que componían la mesa de las Cortes y la comisión de Constitución, a fin de dar por concluido el período constituyente, y cerrarle. De esta manera, las Cortes, convertidas en Cortes ordinarias, podrían ya ser disueltas. Claro está que a la reunión que se celebró para esto no acudieron ni el conde de Lucena ni el duque de la Victoria. Quien dio la cara y tomó la iniciativa fue don Manuel Alonso Martínez; pero Calvo Asensio y Olózaga, a quienes no convenía la muerte de las Cortes, opusieron la mayor resistencia al propósito de aquel ministro, el cual se vio abandonado hasta de sus colegas de ministerio, votando solo con él don Antonio de los Ríos y Rosas. Quedó, pues, acordado y hasta se convirtió en un artículo constitucional, el artículo 92, que formasen parte integrante de la Constitución las leyes orgánicas sobre elecciones de diputados a Cortes, Consejo de Estado, relaciones entre los dos cuerpos colegisladores, gobierno provincial y municipal, organización de tribunales, imprenta y milicia ciudadana. Hasta la discusión, pues, y votación definitiva de estas siete leyes, las Cortes seguirían siendo indisolubles.

En la junta en que esto se resolvió quedó vencido el general O’Donnell, pero disimuló y sufrió la derrota, no presentó su dimisión, y aguardó acaso, como dice en sus Historias el señor García Ruiz, la oportunidad de hacer que prevaleciera su opinión a cañonazos.

Esta oportunidad no tardó mucho en ofrecerse, precipitando sin duda su llegada los desórdenes y tumultos de Valencia, Barcelona y Zaragoza, y los incendios de Castilla, de que ya hemos hablado, los cuales sublevaban el ánimo de las clases conservadoras contra aquella situación y le predisponían en favor de cualquier cambio reaccionario que restableciese la seguridad y el sosiego.

No nos atreveremos a fijar aquí desde qué momento, alentado y excitado por el disgusto de las mencionadas clases, reconciliado con palacio y tal vez animado por la reina misma, O’Donnell empezó a prepararse para echar a Espartero y a los progresistas y quedarse solo en el poder. Hay quien dice que bien de antemano se concertó O’Donnell con Ríos Rosas, Pastor Díaz, Collado y Cantero, y les declaró su resolución de acabar con la interinidad, pidiéndoles consejos y auxilios para dar cima a tanta empresa. Todo favorecía a O’Donnell y muy particularmente la candidez y debilidad de sus adversarios. Eran extremadamente cándidos los que como Espartero podían resistirle, y los que todo lo temían de él y se sentían llenos de desconfianza eran inermes y flacos. Con sus furores y sus quejas no conseguían más que provocar la risa desdeñosa y despreciativa del conde de Lucena. Las Cortes suspendieron de nuevo sus sesiones el día 1.º de julio de 1856; pero antes, el diputado republicano don Estanislao Figueras había llegado hasta a amenazar a O’Donnell, pronunciando estas palabras, que oyó O’Donnell con la calma, el desdén y la risa que le eran tan naturales: «Sabremos sostener la libertad contra el insensato que intente arrebatárnosla. Y seremos Catilinas, y no nos detendremos, como el romano, ante la emancipación de los esclavos; no; por todo atropellaremos, a todo acudiremos a título de salvar la libertad». Y en efecto, no la salvaron, si por libertad había de entenderse lo que ellos entendían.

CAPÍTULO IV

Disidencia entre Escosura y O’Donnell.—Dimisión de Escosura.—Dimisión de Espartero.—Muerte violenta de las Cortes constituyentes.—El ministerio de O’Donnell.

La sospecha, la certidumbre casi de que O’Donnell conspiraba había cundido entre los progresistas puros, republicanos y demócratas, y llegó a noticias de don Patricio de la Escosura que estaba en Valladolid persiguiendo y castigando a los incendiarios. Escosura vino al punto a Madrid con el intento de despertar a Espartero del sueño confiado en que yacía sumido, de oponerse a O’Donnell, de provocar una crisis, y de resolver de una vez si habían de ser los parciales del conde de Lucena o los parciales del duque de la Victoria los que habían de seguir dirigiendo los destinos de esta nación.

Lo primero que hizo Escosura fue ir a ver a lo reina, en lo cual hubo no poca inocencia de su parte, ya que la reina, aunque estuviese de acuerdo con O’Donnell y dispusiese ya la reacción, no había de incurrir en la simplicidad de decírselo, ni de dárselo a entender; así es que la reina estuvo con él muy afable y cariñosa, pero esto nada significaba. Escosura fue en seguida a ver a Espartero, que es por donde debía haber empezado, y le demostró que se conspiraba contra él, Propuso además Escosura una resolución atrevida que, si Espartero hubiera tenido aliento y ambición para llevar a cabo, tal vez hubiera hecho prevalecer la revolución, a despecho de los planes de O’Donnell y de los deseos de la reina. Todos los mandos militares estaban dados por O’Donnell, pero esto podía cambiarse en un instante. Espartero podía destituir al ministro de la Guerra, al capitán general y a los directores de las Armas, y nombrar otros que le fuesen enteramente adictos. En algo de esto hubo de convenir Espartero con Escosura; Escosura al menos así lo creyó cuando provocó la crisis; pero Espartero distaba mucho de pensar en medidas revolucionarias y de apelar a la fuerza, imaginando que la reina le quería mucho, que le prefería a O’Donnell como no pocas veces se lo había asegurado, y que no le engallaría ni se burlaría de él, cuando la ocasión se presentase.

En esta disposición de espíritu acudieron por un lado Escosura y el duque de la Victoria y por otro O’Donnell, a un Consejo de ministros presidido por la reina. En aquel Consejo lamentó O’Donnell todos los desórdenes que había en España, y habló de la absoluta necesidad de reprimirlos pronto. Convino Escosura en una y en otra cosa, mas no en los medios de represión, quedando patente que el ministro de la Gobernación y el de la Guerra estaban en completa divergencia. Conociendo entonces Escosura que ya era tiempo de desechar el disimulo y de hablar con franqueza, acabó por decir que O’Donnell y él no podían seguir juntos en el ministerio y que por lo tanto presentaba su dimisión. O’Donnell en seguida presentó también la suya Espartero, inocente siempre y creyendo que la reina no le abandonaría por O’Donnell, a quien, según le había dicho, no perdonaría jamás la mala pasada que en unión con Dulce le había hecho en 1854, quiso presumir aún de conciliador, y dijo que él también se iba del ministerio si cualquiera de los dos ministros se iba. O’Donnell manifestó entonces con entereza que su política era irreconciliable con la de Escosura y que a la reina le tocaba escoger. Escosura dijo sobre poco más o menos las mismas razones. Y la reina luego, tratando de suavizar el golpe con palabras lisonjeras y blandas, admitió la dimisión de Escosura, y no admitió la dimisión de O’Donnell. Conmovido, turbado Espartero con esta resolución de la reina, que por su ciega confianza no había llegado a temer, dijo con marcado despecho, asiendo del brazo a Escosura que ya se marchaba: «Espere usted, que nos vamos juntos». La reina entonces, lejos de suplicar a Espartero que se quedase, exclamó dirigiéndose a O’Donnell: «Tú no me abandonarás. ¿Es verdad que no me abandonarás?». Sin duda había ya un previo concierto entre la reina y O’Donnell, el cual distaba mucho de querer abandonarla; pero O’Donnell quiso seguramente disimular todavía y dar nueva ocasión a Espartero para lucir su firmeza. Rogóle, pues, que se quedase; se lo rogaron los demás ministros; la reina, siguiendo el buen ejemplo, se lo rogó también hasta con lágrimas; pero Espartero permaneció firme, y la reina creyó entonces plenamente justificado el confiarse a O’Donnell por completo.

El día 14 de julio de 1856, después de esta escena que hemos descrito, presentó O’Donnell su dimisión. Al amanecer del mismo día, juraba ante la reina el nuevo ministerio, preparado días antes por O’Donnell. Los que le compusieron, que habían pasado en vela toda la noche esperando el aviso, eran, a más de O’Donnell, presidente y ministro de la Guerra, don Manuel Cantero, de Hacienda; de Estado, Pastor Díaz; de Gobernación, don Antonio de los Ríos y Rosas; y de Fomento con la dirección de Ultramar, Collado. Para Marina fue nombrado don Pedro Bayarri, que estaba ausente. Del gobierno civil de Madrid se encargó don Manuel Alonso Martínez, a quien pensaba O’Donnell nombrar ministro de Gracia y Justicia, en vez de don Claudio Antón de Luzuriaga, a quien ya había nombrado, pero cuya dimisión se presumía.

Una Gaceta extraordinaria puso en conocimiento del público la formación del nuevo gobierno. Grandísimo enojo causó la noticia en el ánimo de los progresistas. Se reunió la milicia. La fuerza del ejercito permaneció en los cuarteles o acampada en la Casa de Campo, en la Moncloa y en otros puntos inmediatos a Madrid. Los soldados, que había en el Pardo y en Alcalá de Henares, se acercaron a esta villa. Era inminente un combate.

Apenas se explica la conducta de Espartero en estas circunstancias, conducta por la cual le condenan lo mismo los revolucionarios que los conservadores. Su vacilación, su indecisión aparece como causa de un inútil derramamiento de sangre. Espartero debió decidirse en aquel momento o por la revolución o por la reacción, y poniendo los medios para el triunfo de una cosa o de otra, tal vez le hubiera logrado en provecho suyo y sin pelea. «Una proclama de Espartero, dice Fernando Garrido, dada en la noche del 14 al 15, o en las primeras horas de este día, aceptando como propio el movimiento, ya que se hacía en su nombre, y afirmando que estaba dispuesto a morir por el pueblo o a salvar la libertad, hubiera bastado para asegurar la victoria». Pero ni siquiera fue menester que Espartero se aventurase a tanto. ¿Por qué, si deseaba que prosiguiese la revolución, no aceptó el consejo de Escosura y destituyó con tiempo a O’Donnell y a los directores de las Armas? ¿Por qué, en la noche del 13 al 14, se obstinó en retirarse del poder, aun cuando Escosura le rogó hasta de rodillas que no se retirase? ¿Y por qué, por último, si es que se hallaba resignado a la reacción, en vista de los desórdenes que la revolución había traído, no impidió la batalla que se dio en su nombre, publicando en el acto un manifiesto, para asegurar que se había retirado por su gusto, y poniéndose públicamente del lado del nuevo gobierno constituido para obedecerle y servirle como debía?

Nada de esto, por desgracia, hizo Espartero. O’Donnell, por su parte, acaso pudo también hasta cierto punto impedir el combate que hubo en Madrid; pero tenía razones poderosísimas para no impedirle, que atenúan su falta, ya que, a nuestro ver, no le disculpen por completo. Sin duda que hubiera sido menos político, pero hubiera sido más humano dar un golpe de Estado el día 14 de julio.

De sobra preveían O’Donnell y sus compañeros lo que iba a acontecer. Muy de antemano estaban apercibidos para todo. Pudo O’Donnell ocupar a Madrid de modo que no se reuniese la milicia nacional. Pudo evitar que se reuniesen los diputados constituyentes que se hallaban en Madrid aunque estaban suspendidas las sesiones. Y sin la reunión de las Cortes constituyentes, la resistencia hubiera sido ligerísima o casi nula; O’Donnell hubiera podido después disolver las Cortes con más suavidad, no hubiera roto tan por completo con la revolución, y no hubiera sido despedido tan pronto por la reina, en pago harto merecido de lo que había hecho, aunque no fuese la reina quien así debía pagarle.

De esta apreciación nuestra sobre la conducta de O’Donnell y de sus compañeros en aquel día, así como de la posibilidad de realizar el cambio pacíficamente, no dudamos de que O’Donnell tenía plena conciencia, pero el temor de aparecer como provocador le contuvo, y aguardó a ser provocado. Así es que desde muy temprano, en que O’Donnell anunció al presidente de las Cortes la formación del nuevo gabinete, hasta las cuatro y media de la tarde, hora en que se reunieron 80 o 90 diputados que había en Madrid, O’Donnell nada hizo para impedirlo. Reunidas las Cortes a dicha hora, si no en suficiente número para votar leyes, en número suficiente para tomar acuerdos, presentaron una proposición, firmada por Madoz, Calvo Asensio, Salmerón, Sagasta y otros, pidiendo a las Cortes que se sirviesen declarar que el gabinete recién constituido no merecía su confianza. El marqués de Tabuérniga combatió la proposición. Aprobáronla en votación nominal 81 diputados.

Se envió luego a Palacio a una comisión a fin de poner en conocimiento de la reina aquel voto de censura dado por las Cortes. Ignoramos si el voto de censura llegó entonces a conocimiento de la reina; pero O’Donnell le recibió con desprecio, enviando un oficio al presidente del Congreso, don Pascual Madoz, donde sostenía que aquella asamblea carecía de autoridad por no haberse constituido con el suficiente número de diputados. Don Antonio de los Ríos y Rosas, ministro de la Gobernación, extremando los argumentos de O’Donnell, calificó de minoría facciosa a aquella asamblea. El número de diputados era en efecto corto entonces. Después lo fue más. Tal vez había en pocos la fe profunda y la arraigada firmeza de convicciones que se requieren para aventurarlo todo, hasta la vida, en una empresa casi desesperada. Ello es que, después del voto de censura dado contra el gobierno, solo quedaron de 37 a 50 diputados en el palacio de las Cortes. La lucha se había empeñado ya en las calles y plazas entre la milicia nacional y la tropa, y el estampido del cañón y los disparos de los fusiles llegaban a resonar de un modo temeroso y amenazador en el propio recinto de las leyes.

En ocasión de tanto empeño, don Juan Antonio Seoane, don Eugenio García Ruiz y otros tuvieron el valor cívico de presentar la siguiente proposición: «Hallándose amenazada la inmunidad del Congreso y la inviolabilidad de los diputados, pedimos a las Cortes que nombren al diputado don Baldomero Espartero para mandar las fuerzas necesarias a su defensa, a cuyo fin se comunicará este decreto a todos los cuerpos del ejército y milicia nacional residentes en Madrid y en provincias».

El presidente don Pascual Madoz, o bien porque considerase que tomando aquella medida iban a provocar un combate más largo y sangriento sin resultado satisfactorio, o bien porque creyese que las Cortes al dar semejante decreto se extralimitaban de sus atribuciones, se opuso a que la proposición fuese presentada, y declaró que, si los diputados la aprobaban, se retiraría de la presidencia.

Lo cierto es que Espartero fue quien debió decidir este punto o acudiendo entonces a las Cortes para aceptar el mando que le daban y combatir y hasta morir por la revolución, o bien acudiendo, no solo a las Cortes, sino también a las calles y a las plazas, a sosegar los ánimos, y a inclinarlos a la obediencia al gobierno constituido.

El manifiesto que dio Espartero más tarde, para justificar su conducta en aquellos días, en nuestro sentir no la justifica por desgracia. Su valor personal era tan probado y tan grande que no cabe dudar de él ni soñar siquiera en que le faltara; pero le faltó la intención firme, la claridad serena de un pensamiento determinado y la pronta resolución para tomar un camino y seguir por él sin retroceder ni vacilar, no aguardando a que le moviesen e impulsasen sus parciales y amigos, sino imprimiendo él y comunicando a todos su dirección e impulso. El día 15, fue Espartero a las Cortes, y se mostró en las calles, y fue visto y vitoreado por diputados y milicianos: pero ni los excitó a que depusiesen las armas y se sometiesen, ni se puso a la cabeza de ellos para proseguir la lid ya empeñada.

Lo único que tiene visos de justificación en el manifiesto de Espartero es suponer que él creía que el triunfo de la revolución, en los días 14 y 15 de julio, hubiera traído consigo la caída del trono, y que siendo él tan monárquico y tan dinástico no podía hacerse cómplice o más bien autor principal de aquella caída. A esto alude sin duda Espartero cuando dice: «Una fatalidad cruel, superior a todos mis esfuerzos, y que hizo estériles todos mis sacrificios e inútil mi abnegación durante dos años, trajo la lucha a desesperados términos. La reacción supo escudarse con el trono. Permanecer inactivo fue para mí mil veces más cruel que lo fuera la muerte. La historia me tomará en cuenta este durísimo sacrificio, último de los que he tenido ocasión de hacer a la inflexibilidad de mis principios y a la rectitud de mi conciencia, ¡Y a los ojos del trono se me pinta como demagogo! ¡Y ante el pueblo se me quiere representar como desertor de su santa causa!».

Como quiera que sea, no solo Espartero sino también los constituyentes pecaron en aquellos días de indecisos e inactivos. El empeño era arduo, y ni el historiador ni nadie puede exigir de otros hombres resoluciones heroicas; pero hubiera sido más noble y más bello, o trabajar resueltamente para lograr la más completa sumisión, o compartir la resistencia y hacerla más eficaz dirigiéndola y autorizándola.

La resistencia, aunque no tuvo dirección, fue briosa en algunas partes, sobre todo en la plaza de Santo Domingo y sus cercanías, donde el día 14 pelearon bien los milicianos ligeros al mando de don Sixto de la Cámara y de don Manuel Becerra. La noche del 14 al 15 hubo de pasarla en una situación harto angustiosa el pacífico vecindario de Madrid, que tenía por seguro presenciar al día siguiente una batalla muy reñida y sufrir todas las consecuencias y trastornos que ocasionara O’Donnell y sus compañeros de gabinete, encastillados en Palacio; la tropa, ocupando sus posiciones; la parte alentada y revolucionaria de la milicia, haciéndose fuerte en algunos puntos y levantando barricadas; los 37 o 40 diputados, que estaban reunidos en el palacio del Congreso, en vela y sin resolver cosa alguna; y el general Espartero, retraído en casa de su amigo Gurrea. Así se pasó aquella noche.

A las seis de la mañana fue Espartero al Congreso. Los diputados y el público le saludaron con entusiasmo, como si fuera su salvador; pero Espartero se limitó a dar vivas a la libertad y a la independencia nacional, que no había extranjero alguno que atacase entonces, a no ser que a O’Donnell le considerasen como extranjero por su origen y apellido irlandeses. A poco se retiró Espartero sin volver a mezclarse en nada hasta que salió para Logroño.

Retirado ya Espartero, empezó la agonía de las Constituyentes que nadie puede describir mejor que uno de los diputados que asistió hasta lo último, en la sesión del 15, cuando las Cortes murieron. Era este diputado don Eugenio García Ruiz, de cuyas Historias extractamos lo que sigue: «Siendo ya las ocho y media de la mañana, comenzó por tres puntos a la vez el fuego de fusil y de cañón. Fue el más horrible el que hacían las tropas desde el Retiro y sitio llamado el Tívoli, junto al Museo de Pinturas, contra el 5.º batallón de milicianos mandados por Madoz, que ocupaban los palacios de Medinaceli y Villahermosa y contra el Congreso. Los defensores de aquellos dos palacios pelearon con bizarría. Conteniendo con sus acertados disparos el batallón de Madoz a las tropas, ordenó el general Serrano que las piezas colocadas en el Tívoli, arrojasen sin interrupción metralla, bombas y granadas. De una de estas, que reventó en el tejado del palacio del Congreso, penetraron diferentes cascos por la gran claraboya de encima de la presidencia, rompiendo en mil pedazos los cristales. Un casco fue a caer a los pies de Sagasta, que se hallaba sentado en los bancos del centro; otro cerca de Rivero y García Ruiz, que estaban en lo alto de la izquierda. A eso del mediodía, y sin que los diputados pensaran en tomar providencia alguna, porque la ausencia de muchos de sus compañeros y especialmente la de Espartero, con lo espantoso del fuego de los cañones, los tenía, si no amedrentados, faltos de la necesaria serenidad de espíritu, el presidente, Infante, pidió parlamentar con Serrano. Este mandó suspender el fuego y habló largo rato en el Tívoli con el presidente de las Cortes».

Durante esta tregua, los comandantes de la milicia acudieron a las salas del Congreso; dijeron que no tenían cartuchos y que las tropas ocupaban el polvorín; juzgaron inútil toda ulterior resistencia, y se mostraron desfallecidos.

De resultas, a las dos de la tarde, se ordenó a la milicia lo que hubiera debido ordenarse el día anterior y se hubieran evitado muchos males: que se retirara a sus casas. Ocupó después la silla presidencial el general Infante y dijo que las Cortes no podían deliberar por ser muy escaso el número de los diputados presentes. Pidió García Ruiz, y volvemos a copiar las Historias de dicho señor, que se votase nominalmente si había de levantarse o no la sesión, y el presidente dijo que tal votación no procedía. Entonces García Ruiz se acercó a la mesa presidencial y con el beneplácito de Infante sentó en uno de los pliegos que se llevaban para las votaciones (que aún conserva en su poder) los nombres de los diputados que habían permanecido hasta allí en sus puestos. En seguida, el presidente, sabiendo que lo que iba a decir no tendría lugar, pronunció con débil y tristísimo acento estas palabras: Se levanta la sesión: para la próxima se avisará a domicilio.

Por tan desastrada manera murieron aquellas Cortes famosas.

En aquellos dos días deshizo O’Donnell lo mismo que había hecho dos años antes. El hacerlo había costado la sangre vertida en Vicálvaro y los desórdenes, las lágrimas, y la sangre también que habían ocasionado los diversos pronunciamientos de Madrid y de las provincias. El deshacerlo costó poco menos: costó una batalla que duró cerca de dos días, y en la cual, si los 18,000 milicianos nacionales hubieran todos tomado parte y hubieran hallado en Espartero un jefe más ambicioso, más resuelto y menos fiel a la monarquía, el trono de Isabel II hubiera rodado por el polvo sangriento en las calles de Madrid.

En aquellos dos días se aventuró mucho, y hubo un instante en que O’Donnell mismo dudó de la victoria. Hay quien asegura que hasta trató, en Consejo de ministros, de irse de Madrid con la corte, y que le contuvo don Manuel Cantero, sosteniendo, con mejor aviso, que si le veían flaquear y darse en cierto modo por vencido y ponerse en fuga con la reina, antes de llegará la puerta de Hierro se le sublevarían hasta los soldados que le diesen escolta.

El gobernador de Madrid, don Manuel Alonso Martínez, en cuya serenidad y entereza creemos, lo vio todo al empezar muy en peligro, porque sabía que había solamente poco más de 7,000 hombres del ejército que oponer a tanto miliciano. Alonso Martínez acudió a palacio a enterar a O’Donnell de que era inminente la batalla y hasta se afirma que dijo a la reina: «V. M. verá lo que conviene, y si está o no a tiempo de retroceder; pues es lo cierto que V. M. juega la corona y nosotros la cabeza». La reina contestó: «¿La corona? Para llevarla sin dignidad prefiero no tenerla: adelante».

En aquella ocasión se mostró muy animosa Isabel II, y ni flaqueó ni cejó aunque durante algunas horas apareció como sitiada en palacio, del cual, si la memoria no nos es infiel, hubo un momento en que salió la reina, mostrándose en la plaza que se extiende hasta la Armería para animar a los soldados.

La zozobra y la angustia del pacífico vecindario de Madrid fueron muy grandes en aquellos dos días El humo de la pólvora, el estrépito de los cañonazos y de la fusilería y hasta las granadas que volaban por el aire debían de inspirar terror por lo menos a las mujeres. Por otra parte, si el combate se hubiera prolongado, los víveres hubieran empezado a faltar. Se decía que O’Donnell había dispuesto que la caballería, que estaba a sus órdenes y que conservaba la comunicación entre palacio, el Tívoli, el Prado y el Paseo de Recoletos donde Serrano acampaba, vigilase todas las entradas de la población e impidiese que penetrasen víveres.

Por fortuna todo acabó pronto. Los milicianos se dispersaron. O’Donnell triunfó al fin. La paz quedó restablecida. Parece que hubo grandes pérdidas de una parte y de otra. El vencedor premió a los jefes y oficiales heridos con el empleo inmediato y dio la cruz pensionada a los individuos de la clase de tropa.

Con los vencidos se mostró generoso y magnánimo. Ni aun para los mismos que fueron hechos prisioneros con las armas en la mano hubo el menor castigo. Todos fueron puestos en libertad. Ciertamente que en justicia no era posible castigarlos por haber cumplido con su deber; pero en las contiendas civiles no siempre el que vence reconoce la justicia, la acata y la sigue, y esto hay que agradecer a O’Donnell. «Dicho sea en honor suyo, dice García Ruiz, a nadie persiguió ni molestó».

El triunfo de Madrid era menester que se completase con el de las provincias. En muchas partes se levantaron en contra de O’Donnell y en favor de Espartero; pero casi todos estos levantamientos fueron sofocados con facilidad y prontitud. Solo en Zaragoza se temió que fuese, y solo en Barcelona fue la resistencia más prolongada y seria.

En Zaragoza se pronunciaron la milicia nacional y la guarnición. El capitán general don Antonio Falcón se puso al frente del pronunciamiento. La ciudad empezó a fortificarse para resistir; pero O’Donnell acudió con premura y eficacia a conjurar el peligro. Destituyó a Falcón, nombró en su lugar al general don Domingo Dulce, y le envió al punto contra los pronunciados con todas las fuerzas de que podía disponer entonces y con bastante artillería. Desalentó esto a los zaragozanos, y, reconociendo lo inútil del sacrificio que iban a hacer, acabaron por rendirse. Los más comprometidos en el pronunciamiento se pasaron a Francia, y Dulce entró en Zaragoza con las tropas sitiadoras. Cambió la Diputación provincial y el Ayuntamiento, desarmó la milicia, no hizo el menor castigo, no derramó una sola gota de sangre, y todo quedó en paz de nuevo.

En Barcelona, por desgracia, fue grave y sangriento el conflicto. Apenas se supo la caída de Espartero, algunos paisanos empezaron a levantar barricadas. La tropa, para impedirlo, disparó sobre ellos, e hirió a uno y mató a otro. Esto excitó la indignación popular. Se reunió parte de la milicia, levantó nuevas barricadas y se apoderó de puntos defendibles, llamando al pueblo a las armas. Se originó de aquí un combate que duró dos días. El general Bassols fue gravemente herido en él, al ir a apoderarse de una barricada. Prosiguió, durante bastante tiempo, largo y nutrido fuego de cañón y de fusilería; pero, ante los esfuerzos del general Villalonga, que reemplazó a Bassols, tuvieron que cejar los pronunciados retirándose hacia Gracia. Allí los persiguió la artillería y la caballería y al cabo se rindieron. Hubo en este combate más de 500 víctimas entre muertos y heridos.

Así triunfó al cabo O’Donnell en toda la línea; pero su victoria fue en realidad su derrota. Dice bien Fernando Garrido: «Subido O’Donnell al poder revolucionariamente, impuesto por la fuerza a la corona, desarmar a la revolución era desarmarse a sí propio».

Puesto O’Donnell en la pendiente de la reacción, tuvo que seguirla fatalmente, por más que le repugnara y por más que no le conviniera. Su propósito de proseguir en la política liberal del bienio, sin los desórdenes y trastornos que la habían acompañado, era vano e imposible.

Lo primero que tuvo que hacer fue disolver y reorganizar las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Después, el día 15 de agosto, disolvió en todo el reino la milicia nacional. Como la prensa progresista no podía menos de clamar contra él, O’Donnell tuvo que reprimir la prensa. No contando con mayoría en las Cortes constituyentes, O’Donnell las disolvió también, matando en su seno la Constitución aún no nacida. Entonces no tuvo más remedio que restablecer la de 1845. A fin de liberalizarla promulgó con la misma fecha, esto es, el 15 de setiembre, cierto aditamento, que llevó el extraño título de Acta adicional. O’Donnell, en todo esto, era el brazo, el hombre de acción, la energía: su gran político-teórico, su consejero y director era el ministro de la Gobernación, don Antonio de los Ríos y Rosas, quien se encargó de preparar las principales medidas en que cifraba su política el ministerio, y las exornó y motivó con elocuentes y floridos preámbulos, que parecían a veces disertaciones académicas, pero en los cuales resplandecía un liberalismo sincero, aunque templado, Al disolver las Cortes, Ríos Rosas justificaba aquella sentencia de muerte diciendo: «El cielo no les concedió el don de la moderación y de la prudencia».

Al restablecer la Constitución de 1845, Ríos Rosas daba a entender que no destruía el propósito de la revolución de 1854, sino que le retraía y le circunscribía a su objeto primitivo, que era el de que se cumpliese aquella ley fundamental y no el de destruirla. El ministro añadía, con todo: «El restablecimiento de la Constitución de 1845 no se opone en manera alguna a que V. M., de acuerdo con nuevas Cortes, someta este código, en lo que sea absolutamente indispensable, a una elaboración complementaria, que corregirá los defectos, llenará las lagunas que la experiencia ha hecho notar, cerrará la puerta a peligrosas y abusivas interpretaciones, fortificará el principio parlamentario, y extinguirá, en cuanto sea posible en lo humano, el manantial de lamentables conflictos».

Adelantándose, por último, Ríos Rosas de un modo dictatorial a esta elaboración complementaria que habían de hacer las Cortes futuras, dio con sus compañeros el Acta adicional de que hemos hablado. Por ella la calificación de los delitos de imprenta quedaba sometida al jurado; se restringía la facultad de crear nuevos senadores; se ampliaba la aptitud para ser diputado; se sujetaba a reelección al que admitiese empleo; se prescribía que las Cortes estuviesen reunidas cuatro meses al año por lo menos; se estipulaba que el soberano no pudiese contraer matrimonio sin autorización legislativa; se proponía una ley orgánica de tribunales para hacer más independiente y respetado el poder judicial; y se determinaba que a los ocho días después de la apertura de las Cortes el gobierno presentase las cuentas del penúltimo año y el presupuesto para el año próximo venidero, que dichas Cortes debían discutir y aprobar, fijando de antemano la fuerza militar permanente de mar y de tierra.

En todos estos puntos constitucionales el gobierno y la reina estuvieron acordes; pero había otro punto sobre el cual era imposible la concordancia y que al cabo había de provocar la crisis y precipitar la caída de O’Donnell por mucho que este cediera. Era este punto el de la desamortización eclesiástica, decretada por ley. La reina había contraído con Roma el compromiso de suspenderla en cuanto tuviese poder para ello. Harto comprendió don Manuel Alonso Martínez que la reina había de exigirle dicha suspensión, y por esto se negó a aceptar el ministerio de Gracia y Justicia, que le ofrecieron por no haber querido encargarse de él don Claudio Antón de Luzuriaga. Entonces fue nombrado ministro de Gracia y Justicia don Cirilo Álvarez, y no bien juró, ya estaba la reina empeñándose con él para que la desamortización no siguiera adelante. Con este dato bastaba para comprender que el ministerio había nacido muerto. Era incomprensible su alucinación de creerse con larga vida. Los periódicos conservadores diariamente procuraban desengañarle diciendo con sobrada razón que la nueva política exigía a otro hombre para que la representase y cumpliese, y que la situación era del general Narváez.

El ministro de Hacienda don Manuel Cantero, muy partidario de la desamortización y resuelto a llevarla a cabo, dio órdenes para activarla, y a fin de halagar a la reina y acallar sus escrúpulos religiosos presentó un proyecto de ley concediendo 60 millones de reales del producto de la venta de los bienes eclesiásticos para reparación de templos. Pero a Cantero no le valió este ardid. La reina pidió a O’Donnell con lágrimas que se anulara la ley de desamortización. Cantero dijo que se marcharía si la ley se anulaba.

Ocho días duró esta crisis: Cantero sosteniendo la ley y su cumplimiento inmediato; Ríos Rosas y los demás ministros tratando de hallar un término medio que no satisfaciese a nadie y que lo aplazase todo. Cantero no quiso sacrificar sus convicciones ni mostrarse inconsecuente y voluble y presentó su dimisión que fue aceptada. Hay quien sostiene que en aquellos ocho días se ofrecieron a Cantero muchos personajes de influjo y valor para ayudarle por fuerza de armas, impedir que dimitiese y hacer la revolución por completo. O Cantero no creyó en el poder que sus amigos tenían para realizar tales promesas o no quiso aventurarse a tanto empeñando a su patria en nuevos trastornos. Se añade que, al apartarse Cantero de sus colegas, les dijo, y no era menester ser profeta para decirlo, que pronto le seguirían, porque ya estaban muertos, y que la única diferencia consistía en que él se iba por su pie y por su voluntad y ellos serían echados de una manera ignominiosa.

En vez de don Manuel Cantero, fue nombrado ministro de Hacienda don Pedro Salaverría, antiguo empleado que alcanzaba muy buena reputación de inteligente y celoso, aunque extraño hasta entonces a la política. Esta crisis terminó el 20 de setiembre. El 23 apareció un decreto suspendiendo la venta de los bienes eclesiásticos.

A poco surgió otra nueva aunque más pequeña dificultad. La reina quiso que se levantase el secuestro en que estaban los bienes de su madre María Cristina. O’Donnell también la complació en esto, aunque uno de sus colegas de gabinete, el señor Bayarri, había sido de la comisión de las Cortes constituyentes que había formulado una especie de acusación contra la reina madre, en cuya virtud el secuestro había venido a verificarse.

Por estos pasos, el ministerio iba caminando a la reacción y a su propia ruina.

No dejó de haber momentos en que sospechase O’Donnell que iba a caer y en que reconociese lo débil que había sido en no irse con Cantero o en no sostenerle haciendo cejar a la reina. Parece que en uno de estos momentos. O’Donnell quiso dimitir, se lo manifestó a la reina y hasta le declaró que sabía que ella estaba decidida a llamar a Narváez. Es fama que la reina contestó con lágrimas rogando a O’Donnell que no se fuese, asegurándole que le quería mucho, y hasta jurándole que, cuando las necesidades de la política la obligasen a cambiar de ministerio, se lo avisaría con anticipación.

De este disimulo excesivo, inútil y algo odioso de parte de la reina, no sabemos que haya prueba fehaciente. Le citamos solo como rumor o hablilla que corrió por todas partes y que algunos historiadores han consignado.

De todos modos algo disimuló la reina hasta el último momento. Bastante encono, y no del todo infundado, guardaba contra O’Donnell en el fondo de su alma. La rebelión del Campo de Guardias, el haberse impuesto por fuerza, el haber desencadenado al partido progresista y a la revolución, no eran por cierto cosas fáciles de perdonar ni de olvidar. A la reina no se le ocultaba que O’Donnell había puesto su trono a punto de ser derribado. Y sobre esto, que era verdad, la calumnia o la exageración malévola añadía y bordaba mil ofensivos pormenores. Hasta hubo, según se cuenta, quien hizo creer a la reina que en el más vivo fervor de la revolución, cuando se ignoraba aún hasta qué punto llegaría, y siendo opuestos los pareceres de los jefes comprometidos en ella, se decidió o se jugó, en una casa de Madrid, acerca de la corona, a cara o cruz o dígase a las chapas. Semejante acción es de tocio punto inverosímil, atendida la noble, reservada y digna conducta del conde de Lucena; pero sin duda hubo quien tratase de hacer creer a la reina que se realizó aquel juego y que O’Donnell intervino en él, y sin duda la reina hubo de complacerse algún día en divulgar la tal especie.

Para desprenderse de O’Donnell se diría que aguardó un momento solemne en que la caída le doliese más aún, por la sorpresa.

El 10 de octubre, cumpleaños de S. M., hubo baile en Palacio. Aquella misma mañana los ministros habían salido más llenos de confianza que nunca después de su entrevista con la reina. Por la noche, en el baile, la reina, sin embargo, atendió muy poco a O’Donnell y fijó toda su atención en el personaje que más celos podía dar al gabinete: en el duque de Valencia que acababa de llegar a Madrid. Tan señalados fueron estos favores de la reina que los cortesanos no pudieron menos de conocer que ella había vuelto a poner toda su confianza en el duque de Valencia. O’Donnell se sintió herido y se decidió a provocar una explicación.

En el ánimo de la reina, a lo que puede inferirse, combatían muy opuestos sentimientos. Por una parte, vacilaba en separarse del general O’Donnell, cuyos servicios cuando era amigo reconocía, y cuyo poder como enemigo no había olvidado tampoco; y por otra parte, sus propias ideas religiosas y sus tendencias políticas, excitadas por las personas que más de continuo la rodeaban, la inducían a dar un paso decisivo hacia la reacción. Había llegado, pues, el momento de la crisis, y la crisis se resolvió en la noche del 11 al 12 de octubre. La reina depuso sus temores y mandó a decir al conde de Lucena que podía presentar su dimisión. Poco después de determinarse a esto, se cuenta que Alonso Martínez la reconvino, y que la reina, juzgándose movida a aquel cambio como por un impulso irresistible del cielo, dijo al gobernador de Madrid: «Pide a Dios, como yo, que me saque con bien». Alonso Martínez se supone que replicó, aunque la réplica nos parece inverosímil por lo dura: «Señora, no llegan al cielo esas plegarias».

Lo cierto es que el ministerio de O’Donnell cayó el 12 de octubre, y dio por motivo de su caída su disentimiento con la reina sobre la cuestión de la venta de bienes eclesiásticos.

El general Narváez compuso en seguida el nuevo gabinete, guardando para sí la presidencia sin cartera. El marqués de Pidal fue ministro de Estado; don Cándido Nocedal, de la Gobernación; don Manuel Seijas Lozano, de Gracia y Justicia; don Manuel García Barzanallana, de Hacienda; don Claudio Moyano, de Fomento; el general Urbistondo, de Guerra; y el general Lersundi, de Marina.

El cambio brusco de política de la reina en favor de Narváez y en contra de O’Donnell era la cosa más natural. ¿Qué confianza había de tener la reina en quien se le había impuesto por fuerza? Con todo, si esto explica el nacimiento del nuevo gabinete, no le disculpa. Esto no borra el pecado original con que nació. Vino al mundo en virtud de una intriga palaciega. Le dio ser un capricho, una veleidad repentina de la corona, la cual, y no O’Donnell, había sido la verdadera y única vencedora en la batalla del 14 y 15 de julio. La significación y carácter del nuevo gabinete era clara. El nuevo gabinete venía a anular y a destruir con leyes y de derecho lo que O’Donnell había anulado a tiros y cañonazos el 14 y el 15 de julio: su propia obra: toda la obra de la revolución: cuanto durante el bienio habían hecho el pueblo y las Cortes constituyentes. Era menester que desapareciese hasta el más ligero rastro del movimiento insurreccional de 1854 y todos los resultados que tuvo. De esto se encargó el nuevo ministerio Narváez.

LIBRO DECIMOSÉPTIMO

LA REACCIÓN. LOS CINCO AÑOS DE UNIÓN LIBERAL

GUERRAS DE ÁFRICA, MÉJICO Y PACÍFICO. INTENTO DE ORTEGA

ANEXIÓN DE SANTO DOMINGO

CAPÍTULO PRIMERO

Ministerio Narváez-Nocedal.—Ministerio Armero.—Ministerio Istúriz

El nuevo gabinete, apenas nacido, dio evidentes pruebas del espíritu reaccionario que le animaba. El presidente Narváez era, a no dudarlo, el más liberal de todos los ministros. El más reaccionario de todos y el que daba el tono al gabinete era don Cándido Nocedal, hombre de fácil palabra, de claro entendimiento, ambicioso sin duda, pero más que por la ambición movido por la soberbia y por orgullo grandísimo. Nocedal había sido progresista y poco a poco había venido retrocediendo en sus opiniones hasta convertirse en declarado y acérrimo adversario del parlamentarismo y de no pocas de las ideas, tendencias y opiniones que informan las modernas sociedades y que solemos llamar espíritu del siglo. En su vicia agitada de abogado y de político, consumiendo todas sus fuerzas mentales en el foro y en la tribuna, y gastando además no pequeña parte de su vida en deportes, devaneos y pasiones juveniles, tan propias de un mozo vehemente y dotado de prendas que le hacían querido y estimado, no se debe extrañar y es razonable presumir que la conversión del señor Nocedal no naciese de profundos y prolijos estudios filosóficos o teológicos; pero su rapidez de comprensión es extraordinaria y mayor aun su aptitud para apropiarse el fruto de la larga meditación y de los estudios de otras personas de mayor calma y paciencia que las suyas. Lo cierto es que el señor Nocedal había llegado poco a poco, cuando vino a ser ministro con Narváez, a tal situación de espíritu, que tenemos que calificarlo de lo que entonces se llamaba neocatólico. No nos atrevemos a decidir si estaban ya claros y distintos en su mente los fundamentos de su nueva política reaccionaria; pero, distintos o confusos, estos fundamentos eran entonces los mismos que Donoso Cortés había tomado de Bonald y de Maistre, divulgándolos en España. Desacreditados más tarde, y hasta tildados de heterodoxos, Nocedal, cuando por dicha se eleva a los primeros principios, es ahora tomista, a la manera que el moderno jesuitismo ha refundido y arreglado, para el uso de nuestros días, las doctrinas del Ángel de la Escuela.

No creemos que sea lícito al historiador penetrar en el íntimo centro de la conciencia y tasar el valor y pesar los quilates de la fe del personaje que describe, haciéndose fiel contraste en negocio tan delicado; pero, aunque dudásemos de la sinceridad o aunque viésemos al menos impremeditación o ligereza en los fundamentos de las doctrinas del señor Nocedal, todavía nos atrevemos a reconocer en él la más completa sinceridad en la nueva creencia política que en aquellos fundamentos imaginaba cimentada, por más que solo proviniese del hastío y desdén de la vida pública en la España actual, de la amarga consideración de su inferioridad y abatimiento con relación a otros pueblos de Europa, del exagerado concepto de nuestra pasada grandeza y antiguo predominio, y del errado cálculo de que todo aquel bien se debió a las instituciones, a los modos de ser social y al completo sistema político-religioso, que antes había y que la revolución ha ido destruyendo. De aquí, sin duda, que por sincero patriotismo y movidos de la idea falsa de que debimos nuestra grandeza a lo que debimos nuestra decadencia y ruina, puedan ser y hasta sean en España ultramontanos y ultrarrealistas y algo teocráticas, personas de cuya firmeza en la fe no estamos completamente seguros.

El carácter del señor Nocedal, no menos que sus doctrinas, concurrió también a dar color al ministerio. Nocedal, no solo es dominante y amigo de imponerse, sino que goza en que se sienta y se vea que se impone. El nuevo ministerio fue, pues, completa, descarada e imprudentemente reaccionario. El principal responsable y culpado de esto fue el señor Nocedal. Él tiene la culpa, menester es confesarlo, de que apenas terminada una revolución, empezase a prepararse otra más grave y más fundada. La lucha cambió de aspecto. «La lucha, como dice el señor de Mazado, no era ya entre los principios constitucionales moderados y los principios progresistas o revolucionarios, sino entre opiniones conservadoras y relativamente liberales, y opiniones, cuyo carácter absolutista no podía desconocerse, y que, aspirando desde hacía tiempo a la victoria, emprendieron desde entonces una verdadera campaña contra todas las ideas y todas las costumbres del régimen parlamentario». El proyecto de reforma de Bravo Murillo podía pasar por tímido conato de reacción al lado de los propósitos y pensamientos de Nocedal. El puso a España en el camino de nuevos trastornos cuando acababa de salir de los del bienio, y cuando trataba de suprimir hasta de la historia todo aquel período.

Casi es inútil decirlo, por ser condición esencial de todas nuestras mudanzas políticas: con el cambio de ministerio hubo un cambio total de casi todos los empleados. Luego, o más bien a la par e inmediatamente, se derogaron leyes, decretos y disposiciones. Cayó por tierra todo lo que alteraba o variaba el Concordato de 1851. La ley de desamortización fue absoluta y definitivamente suspendida en todas sus partes. Se confirmó el restablecimiento de la Constitución de 1845 como ley fundamental del Estado, votada en Cortes y sancionada por la corona. Se anuló el acta adicional por la chistosa razón de que había sido añadida dictatorialmente a la ley constitucional de la monarquía, faltando a las prescripciones esenciales de esta misma ley e introduciendo instabilidad e incertidumbre en nuestra organización política. Fueron, por último, derogadas todas las disposiciones que había tomado la revolución sobre el gobierno interior de palacio, sobre ayuntamientos y diputaciones provinciales y sobre organización y atribuciones del Consejo real En suma, se restauró todo, tal y como estaba antes de julio de 1854.

Fueron restablecidos también los derechos de puertas y consumos. La legislación de imprenta de 1845 apareció de nuevo, y una circular de Nocedal, aclarándola y comentándola, la hizo tan dura y difícil que apenas consentía en los periódicos la discusión de los actos del gobierno. Decretó este una quinta de 50,000 hombres antes de que las Cortes se reunieran; reconoció y confirmó todos los grados y distinciones concedidos por el general Bláser a los militares que habían combatido la revolución de 1854; e hizo un empréstito onerosísimo con la casa francesa de Mirés para atender a las imperiosas necesidades de la hacienda. Justo es decir, con la imparcialidad que nos caracteriza, que, si el gabinete Narváez-Nocedal fue digno de la mayor censura por su espíritu de reacción, merece alabanza por su probidad, celo y tino administrativos. Los historiadores más enemigos en política de aquel ministerio no pueden menos de reconocer y alabar este mérito en él. Pirala dice: «Se trabajó con grande afán y no con poca inteligencia para suplir la falta de libertad en las instituciones políticas con regular administración». Garrido confiesa que «Nocedal habló mucho de intereses materiales, dio impulso a los trabajos estadísticos e hizo una nueva ley de instrucción pública declarando la primaria obligatoria, lo cual sirvió de punto de partida para la realización de progresos importantes».

Las Cortes fueron convocadas para el día 1.º de mayo de 1857. Las elecciones se verificaron el 25 de marzo, y como casi siempre sucede, merced a la deplorable docilidad de nuestro cuerpo electoral, fueron más favorables al gobierno de lo que el gobierno hubiera deseado: apenas hubo media docena de diputados progresistas.

Antes de la apertura de las Cortes ocurrieron desórdenes de corta consecuencia por fortuna; pero dieron ocasión a Narváez para castigar y prevenir con mano dura, expulsando de Madrid, del modo más arbitrario y despótico, a no pocos sujetos, entre los cuales los habría probablemente revolucionarios de oficio, perdidos, vagos, y harto merecedores de aquella pena, pero no era lícito aplicársela faltando a toda ley y pisoteando toda garantía de seguridad individual.

Las Cortes se abrieron el 1.º de mayo, según estaba prescrito. Para presidir el Senado nombró el gobierno al marques de Viluma. El Congreso eligió para su presidente a don Francisco Martínez de la Rosa.

La reina no había asistido a la apertura. Narváez había leído en ambas cámaras el discurso del trono. En él se lisonjeaba S. M. del restablecimiento de nuestras relaciones con la Santa Sede y con el emperador de todas las Rusias.

Respecto al Concordato, el discurso decía: «Se ha restablecido en toda su fuerza y vigor, como lo exigían mi palabra real y mi religiosidad, el Concordato celebrado con la Santa Sede, y se han dictado además otras disposiciones para restituir a la Iglesia aquella libertad con que la dotó su Divino Fundador, que tan acatada ha sido en todos tiempos por el religioso pueblo español y por mis gloriosos progenitores».

En todo lo demás, el discurso, desde su punto de vista y salvo las ocultas intenciones que pudieran atribuirse a los que le redactaron, era un buen programa de gobierno. Anunciaba una reforma en el Senado, introduciendo en él la herencia como nuevo elemento de estabilidad y de fuerza; una ley fija y estable de imprenta que permitiese la más amplia discusión de los negocios públicos evitando abusos y extravíos; varias disposiciones sobre pública enseñanza y rápida ejecución de carreteras provinciales y municipales; y por último, una ley hipotecaria «que quitase toda incertidumbre sobre el estado y las cargas de las propiedades inmuebles, facilitase las transacciones, disminuyese en consecuencia el interés de los préstamos, y movilizase en cierto modo aquella gran masa de valores estancada con grave perjuicio de la agricultura y de la industria».

Tal era el plan que el gobierno se proponía llevar a cabo.

La reforma del Senado fue lo primero que se discutió y aprobó, entrando así en la alta cámara, con derecho propio que se transmitía por herencia, los grandes de España que gozasen de una determinada renta anual. Esta reforma hubiera sin duda liberalizado y hecho más independiente la alta cámara, si en España la grandeza poseyese algún espíritu de clase; pero, como no le posee, la tal reforma tiene en España poquísimo valor; y si bien por una parte hay cierta poesía patriótica en ver con asiento propio en el Senado a los hombres que llevan los nombres o los títulos más gloriosos de nuestra historia y que son como monumentos vivos de los sucesos y de los triunfos que más nos lisonjean, por otra parte suele tocar en lo ridículo y puede llegar a lo grotesco el que, previa la concesión de la grandeza, vengan a legislar por derecho propio y a sentarse en el Senado ya el que ha hecho su fortuna suministrando mala paja y peor cebada o no suministrándolas como debiera, ya el que ha hecho contratas más onerosas y peor cumplidas, ya otros sujetos, que podrán haberse enriquecido sin infringir el menor artículo del Código penal y sin faltar a los preceptos morales, pero a quienes la nación no debe gloria alguna, ni el Estado el menor servicio, pues si alguno le hicieron, le cobraron con creces y con usura.

Las mismas Cortes, a petición del señor Nocedal, autorizaron al gobierno para que plantease su proyecto de ley de imprenta en la forma que la comisión del Congreso le había aprobado. Impugnaron la autorización los señores Verdugo, Mazo y Coello y Quesada. La impugnó también el célebre poeta Campoamor, luciendo en esta ocasión su espíritu paradoxal y humorístico. Y la impugnó, por último, don Adelardo López de Ayala, que tan notable papel había de hacer más tarde en nuestras agitaciones revolucionarias, y que ya entonces como poeta dramático era muy aplaudido. El discurso de Ayala, bastante preparado y estudiado, alcanzó un verdadero triunfo en la opinión pública, ya que no en el Congreso, y obtuvo desmedidas alabanzas, a las que contribuyeron no poco el espíritu liberal que el discurso contenía, la buena gracia y voz sonora con que el orador acertó a decirle, y hasta su misma figura y fisonomía españolas, que le hacían en general muy simpático.

Aquella legislatura fue corta; y, salvo con ocasión de la reforma del Senado y de la ley de imprenta, no se dieron en ella elevadas discusiones políticas que merezcan mencionarse.

El ilustre marqués de Miraflores presentó en el Senado cierto curioso proyecto de ley electoral; pero no se aprobó, si bien alcanzó celebridad jocosa. Pretendía el marqués que, a fin de evitar los disgustos e inconvenientes de las elecciones, se echasen en un saco, urna o bombo, los nombres de todos los electores, que habían de ser también elegibles; que, hecha la insaculación, se procediese al sorteo; y que del sorteo saliesen los que habían de ser diputados a Cortes.

El gran interés de aquella legislatura estuvo en la discusión del mensaje, y en el ataque y defensa del motín militar de Vicálvaro, a que dicha discusión dio lugar.

Por culpa de la inercia del cuerpo electoral, el poder parlamentario en realidad es nulo. Todo depende aquí o de la corona, que puede promover crisis, en virtud de su prerrogativa, o de los generales que han solido sublevarse y echar abajo al gobierno, cuando se han cansado de él. Por dicha, estos pronunciamientos militares nunca han tenido éxito cuando la opinión pública no ha inducido a ellos. Verdad es que la opinión pública, tan paciente en los comicios, acostumbra ser algo descontentadiza fuera de ellos, y muy inclinada a la murmuración y a la difamación. De aquí que tantos motines militares hayan sido provocados por ella y que no pocos hayan triunfado. Los generales, movidos por la instable opinión y creyéndose llamados a veces a realizarla, ya salvando el orden, ya salvando la libertad, según el motín que mueven es para revolución o para reacción, sojuzgan exentos a menudo de tener idea o doctrina propia, limitándose al bello papel de instrumento divino y providencial de una mudanza, exigida hoy por los abusos y tropelías de un ministerio tiránico, y exigida mañana por los desórdenes y alborotos de turbas democráticas desenfrenadas. Así O’Donnell había hecho y deshecho la revolución, creyendo tal vez en ambas ocasiones que hacía el mayor bien a su patria.

Narváez era de más extraña condición. Narváez se creía de buena fe liberalísimo: pero su carácter violento e imperioso le hacían ser despótico en la conducta, siempre que estaba en el poder, mientras que O’Donnell, frío, mesurado y sereno, jamás lo era. En punto a doctrinas, aunque exasperado a veces, dijera frases que tanto le han echado en cara, como yo no moriré de empacho de legalidad y yo no sé de leyes, O’Donnell era hombre de mayor seriedad intelectual y moral que Narváez y gustaba de aparecer consecuente, por donde en el poder procuraba atenerse al programa que en la oposición había sostenido, y no cambiaba por completo, al modo que solía cambiar Narváez. Este había hallado, o mejor dicho, había adoptado un medio de ser consecuente con su liberalismo, prescindiendo de él en la práctica, cuando le convenía. Era este medio la fuerza de las circunstancias. Las circunstancias lo justificaban todo para Narváez.

Narváez había, pues, conspirado con O’Donnell para realizar el alzamiento de Vicálvaro. Los ultraconservadores, los que en vez de conspirar habían sido víctimas de aquel alzamiento, no podían menos de dolerse de que Narváez, que le había aprobado y había coadyuvado a él, fuese ahora jefe del gobierno, en nombre de la reacción que había triunfado del todo.

Para disculpar Narváez su inconsecuencia, hacía una distinción bastante sutil, con la cual, dejando en pie su liberalismo hasta cierto punto, explicaba por estilo satisfactorio el papel que desempeñaba entonces. Suponía Narváez que había desaprobado la reforma de Bravo Murillo porque era peligrosa cuando Bravo Murillo pensó en llevarla a cabo, y que, si en un principio aprobó la sublevación de O’Donnell, fue porque el ministerio del conde de San Luis era muy malo y estaba odiado por la nación entera. Añadía Narváez que todo esto estaba muy en consonancia con su condición y carácter de liberal-conservador, aduciendo, para mayor prueba, que se había apartado, hasta con la voluntad y con el espíritu, del movimiento revolucionario, cuando vio que se le daba aspecto progresista; cuando leyó el programa, de Manzanares, que llamaba a las armas a la milicia nacional.

Todo esto se decía, se repetía y se comentaba en conversaciones privadas. Para que se dijese en público y para que el jefe de aquel ministerio reaccionario justificase y hasta glorificase la revolución de 1854, fue menester la intransigencia de los ultraconservadores.

Tomó la iniciativa, en el Senado, el general don Eusebio Calonge, pidiendo que se exigiera la correspondiente responsabilidad a los autores del levantamiento vicalvarista, como rebeldes a la reina y seductores de altos empleados, de jefes y oficiales y de parte del ejército.

En terrible apuro hubiera puesto esta petición de Calonge a otro cualquier personaje que no hubiese tenido la serenidad de Narváez. Calonge le ponía en la disyuntiva o de condenar a los hombres de su partido, con quienes estaba gobernando, o de condenar a sus compañeros de armas, no pocos de ellos allí presentes, a quienes siempre le unía el espíritu de clase, y con quienes además había estado unido, al menos hasta cierto momento, en la conspiración.

Narváez optó sin vacilar por condenar a su partido. Harto le daba en pago con ser su jefe y con mantenerle en el poder. Así es que justificó el motín de Vicálvaro porque la nación estaba preparada a que se hiciera; porque los desmanes de los ministerios conservadores le habían provocado; porque la revolución estaba en el ánimo de todos los españoles; y porque, si no se hubieran levantadoras tropas, las poblaciones enteras se hubieran levantado para no sufrir gobierno tan perverso. Tan explícitas declaraciones del general Narváez no bastaron a satisfacer el ánimo de O’Donnell, el cual hizo a Narváez las siguientes preguntas: «¿Es verdad que el señor duque de Valencia estaba unido con los generales que después fuimos al Campo de Guardias, desde 1852? ¿Es verdad que S. S. era sabedor de todo cuanto hicieron después de cerrado el Senado y de la votación de los 105? ¿Es verdad que S. S. estaba dispuesto a unirse a nosotros? ¿Es verdad que si bien S. S. no quiso unirse por razones que yo respeto, más tarde nos felicitó por nuestro triunfo mandándonos un ayudante?».

A tan categóricas preguntas Narváez tuvo que contestar de un modo afirmativo; pero O’Donnell aún no se dio por satisfecho; y, al hacer una rápida reseña de todos los sucesos de que había sido principal autor durante dos años, puso más en descubierto la complicidad con él del duque de Valencia. Declaró que dicho duque, durante la administración del conde de San Luis, le había manifestado que no había más recurso que el de la fuerza; que, en Aranjuez, le había prometido que su espada, si no la primera, sería la segunda en desnudarse; que le había alentado, afirmando que con dos regimientos de caballería que se sublevasen caería derribado el ministerio; y que, a una carta que escribió a Narváez desde Manzanares, diciéndole que estaba allí con 1,800 caballos sublevados, y ofreciéndole el mando si se presentaba, Narváez solo dio por excusa, para no acudir, la de hallarse muy vigilado y enfermo.

Aprovechándose entonces de estas afirmaciones y aclaraciones, el conde de Lucena hizo un discurso de ruda oposición al ministerio y a su presidente; discurso, por cierto, harto difícil de contestar. Su principal argumento estribaba en lo incomprensible y contradictorio de la conducta de un hombre que estaba presidiendo un gobierno, con el fin y propósito de restaurar cosas y personas para cuya caída había juzgado indispensable una revolución en 1854.

Narváez no supo qué contestar a aquellas razones y salió harto mal parado de la contienda. Narváez además se extremó en la alabanza de los generales de Vicálvaro, y, no contento con apellidarlos dignísimos, los calificó de heroicos, glorificando así la revolución, de la cual, como presidente del ministerio, quería borrar hasta las huellas.

En el Congreso hubo también una discusión retrospectiva sobre los sucesos del 54. Don Antonio de los Ríos y Rosas defendió elocuentemente la revolución. Pero, tanto él en el Congreso, como O’Donnell y los generales Ros de Olano y Serrano en el Senado, la defendieron dentro de ciertos límites, ya que les importaba disculparse de haber acabado con ella en 1856. De aquí, si no un credo, pues nunca le túvola unión liberal, ciertas propensiones y tendencias al menos, que la determinaban y dibujaban más claramente como partido político. Este partido era entonces tan exiguo, en uno y otro cuerpo colegislador, que solo contó con 16 senadores y con 9 diputados para votar en contra del mensaje.

Las Cortes, como ya hemos dicho, suspendieron sus sesiones el 16 de julio.

Aquel verano hubo en Andalucía gravísimos desórdenes. Se levantaron partidas republicanas; y, como se les unió no poca gente de mal vivir, cometieron deplorables excesos en el Arahal, y en otras poblaciones donde entraron, quemando archivos públicos y particulares y entregándose al saqueo.

Esta rebelión fue tan fácilmente sofocada, como dura y cruelmente castigada. Llegaron a ciento los insurrectos fusilados entonces, y aun se debían cumplir otras treinta o cuarenta sentencias de muerte; pero en toda España, aunque se conocía que los condenados habían delinquido, se aterraron o se compadecieron los ciudadanos pacíficos al ver tanta dureza, y se levantó piadoso clamor para contener el derramamiento de sangre. El gobierno tuvo que ceder, mostrándose menos severo. Verdad es que, en cambio, el gobierno tomó ocasión de lo ocurrido en Andalucía para exacerbar su persecución, sin duda contra los vagos y gente perdida, pero también contra los liberales, con pretexto o con motivo de que conspiraban. El gobierno ordenó, como dice el señor García Ruiz, sin autorización de las Cortes y con menosprecio de todas las leyes, las famosas cuerdas a Leganés, en las cuales fueron a dicha villa centenares de individuos, entre ellos empleados públicos y honrados industriales, que con no poca dificultad lograron al cabo de algunos días que los dejasen libres.

Mientras que en la política se hacía el gobierno tan odioso, en administración seguía mereciendo alabanzas y realizando notables mejoras, merced principalmente a la iniciativa del ministro de Fomento don Claudio Moyano. Hubo una brillante exposición agrícola, se promulgó la ley de instrucción pública, los trabajos estadísticos adelantaron mucho, y la Academia de ciencias morales y políticas fue fundada.

La reina, sin embargo, estaba ya descontenta del ministerio. Tal vez el genio dominante de Narváez la molestaba y ofendía, y anhelaba libertarse de él. En lo que vacilaba la reina era en el camino que debía seguir, después de despedido Narváez. Tal vez, por miedo a las sublevaciones y deseosa de evitarlas con dulzura, consideraba conveniente formar un ministerio más liberal; tal vez, movida de su ingénita inclinación al absolutismo y sobre todo de sus sentimientos ultracatólicos, anhelaba un ministerio más reaccionario, cuyo jefe no tuviese, como Narváez, compromisos y arrebatos liberalescos que le obligaron a glorificar, desde el poder, las revoluciones y los motines.

En esta situación de ánimo, la reina soñó con un gobierno personal y meramente suyo, y llegó a llamar a Bravo Murillo a fin de consultarle sobre la posibilidad de ser ella misma jefe inmediato del ministerio, quitando y poniendo ministros en cada ramo, presidiéndolos a todos en los consejos, y conservando la presidencia para sí. Bravo Murillo, que era honrado y leal, no pudo menos de hacer notar a la reina lo desatinado de su proyecto, ya que en las medidas generales y en la dirección y en el conjunto de actos que determinasen la marcha política del gobierno no podía ser responsable cada ministro singularmente, sino todos tenían que serlo en junto y el presidente más que todos, por lo cual ella no podía presidir, siendo, como era, irresponsable. La reina entonces, conociéndola necesidad de tener un presidente del Consejo de ministros, estuvo vacilando entre elegir a don Javier Istúriz con el marqués de la Pezuela, don Antonio Alcalá Galiano, Bravo Murillo y otros, los cuales viniesen a realizar la reforma constitucional por Bravo Murillo en otro tiempo proyectada, o elegir al general Armero para que hiciese desde el gobierno una política menos reaccionaria y más próxima a la política de los hombres de la unión liberal. De esta misma vacilación de la reina entre tendencias tan contrarias se infiere que no estaba cansada de Narváez por sus doctrinas políticas y que si quería desprenderse de él era porque se sentía un poco fatigada de sufrir su carácter imperioso. Hay quien supone que un joven, llamado Puig Moltó, que entonces privaba mucho, era quien más harto se hallaba de la soberbia de Narváez y quien más influyó para que cayese el gabinete que presidía. De la privanza de este joven y de los consejos que dio o pudo dar, no aseguramos nada. Nos limitamos a recordar las hablillas que por entonces corrían.

Como quiera que ello sea, la reina admitió el 15 de octubre la dimisión de Narváez, y hubiera indudablemente nombrado un ministerio Istúriz-Bravo Murillo, si Bravo Murillo no se hubiera excusado, afirmando que a él no le era lícito prescindir de su política y de su proyecto de reforma y que en aquel momento no era conveniente a la nación que dicho proyecto de reforma se realizase, o más bien acabase de realizarse, ya que el general Narváez había introducido en la alta Cámara el elemento hereditario.

En vista de estas dificultades, presentadas por Bravo Murillo, la reina se resolvió por la política casi de unión liberal que quería realizar el general Armero, a quien encomendó la formación del nuevo gabinete con la cartera de Guerra. Fueron los otros ministros: Mon, de Hacienda; de Estado y Ultramar, Martínez de la Rosa; don Joaquín José Casáus, de Gracia y Justicia; don José María Bustillo, de Marina; don Manuel Bermúdez de Castro, de Gobernación; y don Pedro Salaverría, de Fomento.

Este gabinete, término medio entre la unión liberal y los moderados puros y recalcitrantes, halló desde el principio grande oposición en todos, y dio señales de muy corta vida. Era, y no podía menos de ser, un ministerio de transición. Sin duda hubiera durado menos de lo que duró a no haber retardado la crisis el estado en que se hallaba la reina.

La reina dio a luz, en la noche del 28 de noviembre de 1857, a un príncipe, heredero de la corona, que recibió con el bautismo el nombre de Alfonso. Tan fausto acontecimiento se celebró con repique de campanas, iluminación y otros festejos, y se solemnizó con una amplia amnistía, indultos, ascensos y otras gracias.

Las Cortes, que estaban convocadas para el 30 de diciembre, retardaron su reunión hasta el 10 de enero de 1858, porque la reina quiso asistir al acto solemne de la apertura. En este acto leyó S. M. un discurso, programa de una política más liberal que la de Narváez. Daba públicamente la buena nueva de que el Papa había consentido en el saneamiento de las ventas de los bienes de la Iglesia, hechas en aquellos últimos años, y anunciaba la presentación de una multitud de proyectos de ley sobre ferrocarriles, Consejo de Estado, ayuntamientos, elección de diputados a Cortes, etc. Para acabar de cumplir la reforma de la alta Cámara, introduciendo en ella el elemento hereditario, se anunciaba también una ley restableciendo mayorazgos o algo parecido a mayorazgos en aquellas casas de grandes del reino que estuviesen investidos de la dignidad senatorial. Indicaba asimismo el discurso que el gobierno presentaría una ley de empleados a fin de poner cierto orden en las diversas carreras; y decía, por último, que iba a modificar la ley de imprenta, dada por Nocedal, haciendo en ella cambios favorables a la libertad de los escritores.

Vagamente se anunciaban también en el discurso varios proyectos económicos con el fin de cubrir el déficit que había en los presupuestos, y se daba a entender que al cabo iban a venderse los bienes de los establecimientos de beneficencia y de instrucción pública, cuya venta se hallaba suspendida.

El gabinete Armero no pudo realizar ni la más mínima parte de tan extenso programa. Al día siguiente de haberle leído la reina, el gabinete fue derrotado en el Congreso, en la votación de presidente. Su candidato don Luis Mayáns obtuvo 118 votos; y Bravo Murillo, candidato de las oposiciones, obtuvo 126.

Después de esta derrota, la reina, muy enojada contra los conservadores que se habían coligado en la oposición, quiso conservar al ministerio, dándole facultad para disolver las Cortes; pero intervinieron personas de respeto e influjo que lograron refrenar su enojo con la prudencia. La reina entonces resolvió encargar a don Javier Istúriz la formación de un nuevo ministerio, pensando en que Istúriz (por más que el tal pensamiento mortificase mucho a aquel excelente caballero pero menos que mediano hombre político) era más a propósito que nadie para templar y suavizar irritaciones entre opuestas banderías, haciendo las veces de anodino o calmante.

Obligado Istúriz a hacer su papel de anodino, conferenció con Bravo Murillo, jefe ya de la oposición y presidente del Congreso, quien le ofreció el apoyo de la mayoría, con tal de que el gabinete que formase se compusiera solo de conservadores. Con arreglo a esta prescripción, formó, pues, Istúriz su gabinete. Pero, por más que Istúriz aspirase a ello, no logró constituir un gabinete compacto, cuyos individuos todos tuviesen las mismas aspiraciones y tendencias. El dualismo apareció en seguida en el seno del gabinete Istúriz. Por un lado, aunque dentro de la categoría de los conservadores, era ministro de Gracia y Justicia don José Fernández de la Hoz, quien propendía mucho al liberalismo; y por otro, eran ministros de la Gobernación y de Hacienda don Ventura Díaz y don José Sánchez Ocaña, hechuras ambos de Bravo Murillo, impuestos por él, y, como buenos discípulos, más exagerados en sus ideas y tendencias de reacción que su protector y maestro. De este dualismo había de nacer y nació inmediatamente la lucha, si bien podía preverse el triunfo del elemento liberal, porque contaba ya con el apoyo de la reina. El imperio, la ambición y las exigencias de los conservadores la tenían disgustada. Tal vez estaba hasta arrepentida de haberse desprendido de O’Donnell. Y se hallaba, sin duda, deseosa de volverle a llamar al poder, pero con transición suave y lenta a fin de que los moderados no se ofendiesen y quejasen.

Istúriz, por su parte, o bien porque de suyo era extremadamente cortesano y amigo de complacer en palacio y de realizar y satisfacer los regios deseos, o bien porque conservaba en el alma dulces dejos del liberalismo de sus mocedades, se inclinaba más a la política liberal que a la de Sánchez Ocaña y Díaz, identificados con Bravo Murillo.

De aquí que el nuevo ministerio, considerado desde luego como de transición, infundió no pocas esperanzas a la unión liberal, fue mirado benévolamente hasta por los progresistas, y alarmó no poco a la mayoría conservadora del Congreso.

Don Ventura Díaz, que pronto se puso en desacuerdo con sus compañeros, tuvo que dimitir, dejando vacante el ministerio de la Gobernación.

Las Cortes, entretanto, después de haber discutido varias autorizaciones para plantear los presupuestos y algunas otras leyes, tuvieron que suspender sus sesiones. La discordia entre los mismos moderados de la mayoría excitó al gobierno a suspenderlas; pero no impedía esto que, reunidos los diputados, ya en casa del señor Pastor, ya en casa del general San Román, tratasen de imponer al gobierno un sucesor en la cartera de Gobernación, que se hallaba vacante. Desconfiados además los diputados conservadores de la política de Istúriz, recelosos del advenimiento de la unión liberal y anhelando oponerse a él, olvidaron antiguas rencillas y se reconciliaron. Bravo Murillo y el conde de San Luis se hicieron amigos. Unidos de esta suerte, creían oponer resistente dique y atajar la corriente que, como presentían con razón, llevaba a la reina a confiar de nuevo en O’Donnell.

Grandísimo fue el disgusto de los moderados, a quienes llamaban la liga blanca, cuando Istúriz, el día 14 de mayo, para reemplazar a don Ventura Díaz, nombró ministro de la Gobernación a don José Posada Herrera.

Con este nombramiento el guante había sido arrojado. Este nombramiento implicaba la disolución de las Cortes. La propuso Posada Herrera en consejo. Se opuso a ella Sánchez Ocaña, siguiéndole otros dos ministros. El ministerio resultó dividido y no fue posible la avenencia. Istúriz y sus colegas presentaron la dimisión, y la dimisión fue aceptada. En el mismo día, 30 de junio, fue nombrado presidente del Consejo de ministros con la cartera de la Guerra, don Leopoldo O’Donnell. Sus compañeros fueron: en Gracia y Justicia, Negrete; en Hacienda, don Pedro Salaverría; y en Fomento, el marqués de Corvera. El señor Posada Herrera continuó en Gobernación, y don Saturnino Calderón Collantes, fue nombrado, el día 2 de julio, ministro de Estado.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

La Unión liberal.—La circular de Posada Herrera.—Nuevas Cortes.—Política interior de O’Donnell.—Las oposiciones.—El proceso de Esteban Collantes.

La Unión liberal, que el general O’Donnell creó por inspiración y por instinto, robusteciéndola con su prestigio y con su alta posición militar, vino a organizarse en el poder y a tomar, si no credo distinto, alguna fisonomía propia, merced al talento práctico de don José Posada Herrera, orador fácil y diserto, escritor de algún valer y hombre tenaz y hábil. Había sido progresista, y como tantos otros, se había convertido en conservador con la experiencia y los años.

La Unión liberal se había fundado y debía acabar de constituirse por un movimiento natural de la opinión, el cual había producido dos corrientes que venían a converger al mismo punto, partiendo de opuestos extremos. Traía una a los progresistas que se asustaban de los excesos de la democracia y querían hallar orden, estabilidad y fuerza en los gobiernos, sin prescindir de sus más importantes doctrinas liberales. La otra corriente arrastraba a los conservadores, que repugnaban los planes y propósitos reaccionarios de muchos de su partido, y que, permaneciendo conservadores, no querían abjurar de sus antiguas creencias en el parlamentarismo y en la revolución llevada hasta cierto punto.

Los hombres traídos de uno y otro extremo por estas dos corrientes habían venido a parar al mismo centro. La idea de unirse y de formar un solo partido se les había ocurrido ya a muchos y la habían proclamado. Así por ejemplo: Ríos Rosas, Pacheco y Pastor Díaz. La unión, no obstante, había sido siempre momentánea. Al nuevo partido, deseado y concebido si se quiere, pero no nacido aún, le había faltado hasta entonces un requisito esencial en España: le había faltado un general que le acaudillase y le prestase el poder de su espada. El partido conservador, que tan largo tiempo había vivido y dominado, debió en gran parte su vida y sus triunfos a la constante jefatura del general Narváez. Lo mismo sucedió con el partido progresista, capitaneado y robustecido por el duque de la Victoria. A la concepción y aspiración de unión liberal faltábale pues, para nacer, vivir y dominar en España, otra general como Espartero y Narváez, y le halló al fin en el conde de Lucena.

Hasta los antecedentes de este hombre eran a propósito para el papel que quería representar en nuestra escena política. Por las tradiciones de su familia, por su educación, por casi todos los casos de su vida antes de Vicálvaro, era ultramonárquico, frisaba en absolutista, podía clasificarse entre los más conservadores; y por el pronunciamiento de 1854, por el programa de Manzanares, por la política que en consecuencia de él tuvo que seguir durante dos años, y por otros compromisos y lazos que no pudo desatar ni romper su espada en 1856, O’Donnell había quedado ligado al liberalismo. Los propios sucesos de su vida le llamaban, pues, a ser fundador y jefe del nuevo partido, término medio entre el conservador y el progresista, y donde venían a refugiarse los descontentos de uno y de otro.

Las circunstancias exteriores, tal vez más que sus propios cálculos, empujaron a O’Donnell a crear el nuevo partido y la nueva situación. Los progresistas puros le aborrecían y le rechazaban por haber acabado con la revolución en 1856, y los moderados puros desconfiaban de él y le acusaban con dureza y acritud por haber sido el sedicioso y el rebelde de Vicálvaro. Así fue que O’Donnell, no pudiendo decorosamente ya ser ni progresista ni conservador, fijó su posición entre ambos campos, abrió allí un asilo, alzó bandera de enganche, y pronto contó con un partido numeroso, que en gran parte existía de antemano, aunque inerte y disgregado por falta de jefe.

Las doctrinas del nuevo partido eran más bien una serie de negaciones que de afirmaciones, y la primera negación de la serie era la negación y condenación de los dos partidos, de donde por distintos caminos habían llegado los que componían el nuevo. Posada Herrera, que era sagaz, ingenioso y sutil, aunque tal vez le engrandecían demasiado los que en son de censura le llamaron más tarde el gran sofista, explicó desde luego la razón de ser y la constitución del nuevo partido de la manera que hemos dicho: condenando al partido progresista y al partido conservador. Cada uno de ellos, según Posada Herrera, quería fundar la monarquía sobre constitución diferente; cada uno de ellos tenía diverso sistema administrativo, conforme a sus propias miras; cada uno de ellos tenía un personal exclusivo para todos los empleos. Resultaba de aquí que el partido conservador iba derecho al despotismo y que el partido progresista iba derecho a la anarquía. La unión liberal, por el contrario, lo conciliaba todo: tomaba de aquí y de allí lo mejor, así en personas como en principios. Aceptaba como punto de partida las instituciones entonces vigentes y su primer propósito era consolidarlas y hacerlas eficaces y fecundas, sin perjuicio de mejorarlas en lo futuro. Era, pues, la unión liberal un eclecticismo político: su principal defecto, lo vago y en el aire del criterio en virtud del cual elegía, no ya solo ideas, sino también personas. Para la elección de personas marcaba, no obstante, Posada Herrera algunas reglas bastante claras. No hagamos caso de procedencias ni denominaciones, decía: venga de donde venga es nuestro el que acepta la dinastía y la Constitución y no tiene opiniones contrarias a nosotros en las principales cuestiones políticas. Hay hombres honrados que por tradición o por costumbre se llaman progresistas o conservadores, pero que no lo son en realidad: estos son nuestros. Hay una juventud llena de nobles aspiraciones, obligada a retirarse de la vida pública o a renegar de su libre albedrío y de su criterio personal, alistándose en uno de los antiguos partidos ya gastados: esta juventud es nuestra igualmente.

Así acabó de fundarse y consolidarse la unión liberal. La proclama para fundarla la había dado Posada Herrera; y, a fin de que tuviera más atractivo y más fuerza, la había dado ya desde el poder, en una circular dirigida a los gobernadores, el día 21 de noviembre de 1858, preparándolos para las próximas elecciones de diputados a Cortes. El gobierno de O’Donnell quería traer así al Congreso una gran mayoría de unión liberal. A ello se había apercibido con mil medios eficaces; había cambiado, según costumbre de casi todos los gobiernos en España, el personal de la administración, y había rectificado también las listas electorales.

El buen éxito de la empresa de O’Donnell y de Posada Herrera dependía en gran parte de la corta vitalidad de los dos partidos políticos antiguos a cuyas expensas iba a crearse el partido nuevo. En este punto las circunstancias eran favorables a O’Donnell. Muchos hombres de los más eminentes de ambos partidos transigían con la unión liberal: se resellaban, como se decía vulgarmente. Entre los conservadores, Martínez de la Rosa aceptaba la presidencia del Consejo de Estado; Mon iba a París de embajador; Istúriz volvía a ocupar en Londres el puesto de ministro plenipotenciario. Entre los progresistas, Santa Cruz, Luján, Infante, don Modesto Lafuente, Cortina, Hoyos, Zavala, Prim, Lemeryc, don Cirilo Álvarez y otros, o aceptaban también altos puestos o se comprometían a apoyar la política del ministerio.

Esta misma política, que propendía a crear un partido a expensas de los otros, irritaba y esforzaba más la oposición de los que permanecían fieles a los antiguos partidos. Los jefes principales de las dos oposiciones eran, entre los conservadores, el conde de San Luis, el marqués de Pidal, González Brabo, Moyano y Egaña. Bravo Murillo se retiraba de la política abatido y desengañado. Los caudillos principales de la oposición progresista eran Olózaga, Madoz, Calvo Asensio, Sagasta, Aguirre, Sánchez Silva y don Patricio de la Escosura.

La unión liberal, como toda secta propagandista, se hallaba dispuesta a recibir en su seno a cuantos acudiesen a él sin preocuparse de la procedencia; pero con los que no acudían era intransigente e intolerante hasta lo sumo. Posada Herrera se sentía ya inclinado, y en su famosa circular dejaba notar esta inclinación, a no reconocer más partido legal y lícito que el suyo. Así es que Escosura decía, no sin fundamento, hablando de la circular: «Harto se ve que es una declaración de guerra, no solo a los progresistas, sino a los absolutistas, a los moderados y a los demócratas: a todo el qué no es el general O’Donnell o le obedece. Tal es, en verdad, la situación. Hemos llegado a punto de que se nos diga: Elegid entre ser o’donnellistas o facciosos: no hay término medio».

Lo más extraño y lo más irritante que había en esta intransigencia e intolerancia de la unión liberal era que Posada Herrera, o dígase el pontífice que se encargaba de lanzarlas excomuniones, pasaba por ser uno de los hombres más descreídos que pueden imaginarse, y dotado además de cierto deplorable candor que en ocasiones le hacía pronunciar sentencias que él consideraba dictadas por el recto juicio y por el más sano y práctico sentido común y que aparecían, comentadas por sus contrarios, desconsoladoras y ofensivas de la dignidad humana. En O’Donnell, por ejemplo, aunque alguien se aprovechase para hacerle la oposición de sus célebres frases, yo no sé de leyes y no moriré de empacho de legalidad, todavía estaba en la conciencia de sus mayores enemigos lo no trascendental de aquellos dichos, arrancados a O’Donnell en un momento de mal humor; pero en Posada Herrera, hombre que debía suponerse muy entendido en política, en administración y en economía, y que no era ni socialista ni comunista, la frase o pregunta ¿qué pedazo de pan dais a las clases pobres cuando les concedéis un derecho? no podía tener otro valor ni otro significado que el desprecio de dichas clases y de todo derecho que para ellas y en su nombre se reclamara.

Como el nuevo ministerio O’Donnell-Posada Herrera contaba con la entera confianza de la corona, y como entró a gobernar en verano y halló cerradas las Cortes, que por consiguiente no podían ponerle estorbo alguno, retardó el decreto de disolución hasta el día 11 de setiembre. La reina le firmó en la Coruña, durante el viaje que hizo aquel verano por Galicia y Asturias. Las nuevas Cortes fueron convocadas para el día l.º de diciembre. Las elecciones debían de ser a fines de octubre.

Con la mira de preparar estas elecciones, escribió y publicó el señor Posada Herrera la circular de que ya hemos hablado. En ella se insinuaba claramente a los gobernadores que, sin apartarse de la más estricta legalidad, ejerciesen toda su influencia para conseguir el triunfo de los candidatos del gobierno. En cualquiera otro país, donde el cuerpo electoral sea más independiente y la opinión pública más eficaz y activa para abrirse camino por los medios legales, la prescripción de Posada Herrera a los gobernadores hubiera estado muy en su lugar: no ha de ser de peor condición que los otros partidos el partido que está en el gobierno, y justo es que los electores oigan su voz, así como oyen la voz de las oposiciones. Por desgracia, en España, el cuerpo electoral no goza de bastante independencia; está muy ligado a la autoridad administrativa; y las insistentes insinuaciones de esta se transforman con facilidad en imperiosos mandatos. De aquí la censura grave contra Posada Herrera de haber influido más de lo justo en la lucha electoral, coartando o anulando, en no pocos distritos, la libertad de los comicios. Y de aquí que irónicamente se llamase influencia moral a la fuerte presión ejercida por el gobierno en la voluntad de los electores y que se diese título de Gran Elector a Posada Herrera.

Menester es confesar, no obstante, que el Gran Elector empleó con notable discreción su influencia moral y su poderío; y, si bien trajo inmensa mayoría de unión liberal al Congreso, no se opuso y quizás en ocasiones procuró que saliesen diputados los hombres más notables de las oposiciones todas, formando así un Congreso de gran respetabilidad y duradera energía. No nos atreveremos a asegurar que aquel Congreso, que había de durar cinco años, fuese espontáneo y libérrimo producto de la voluntad de los electores; pero, en otro sentido más lato, bien podemos decir con el señor Navarro Rodrigo, en su libro sobre O’Donnell, que era fiel y genuina representación nacional. Cierto que las falanges de la oposición eran poco numerosas, pero en cambio constaban de los personajes más distinguidos, y la calidad suplía al número. Todas las opiniones tenían allí voz y voto, personificadas en los más ilustres oradores y hombres políticos. Don Antonio Aparici y Guijarro representaba el partido absolutista; González Brabo acaudillaba la hueste conservadora que llegó a contar 30 diputados; y don Salustiano de Olózaga estaba al frente de los progresistas que serían unos 20. Todo lo demás era ministerial; pero esta gran mayoría, como había venido de campos tan distintos y aun opuestos, tenía mucho de heterogéneo y disparatado. Había un núcleo de unión liberal o de amigos particulares de O’Donnell. El resto era un cúmulo de conservadores y progresistas resellados, y de gente nueva, desconocida hasta entonces. Para dar fuerza y unidad a tan incoherente masa parlamentaria, fueron menester, y por cierto no faltaron, el alto crédito y autoridad de que O’Donnell gozaba y la habilidosa táctica y severa disciplina prescrita por el Grande Elector, y recomendada por sus seides y agentes, en términos un tanto grotescos, por aplicar a los representantes del pueblo una frase o voz de mando que se aplica a los quintos cuando aprenden el ejercicio y que llaman tacto de codos.

Desde el día de su nacimiento (30 de junio) hasta el día de la apertura de las Cortes en 1.º de diciembre, el gobierno en apariencia no había hecho grandes cosas; pero en realidad había hecho mucho, porque había vivido y se había preparado para vivir larga y fecunda vida, organizando su partido brioso y fuerte en medio de los partidos opuestos que le combatían.

El partido conservador era el que le combatía con más encono, pero con menos divergencia en los principios. Nada en realidad más conservador que la unión liberal de O’Donnell. Los conservadores por consiguiente que no se resellaron, sobre todo habiéndose retirado del palenque Bravo Murillo y no queriendo abjurar muchos de sus ideas liberales, apenas si podían hacer oposición al ministerio por sus principios políticos. Principios políticos aceptados por Martínez de la Rosa, por Mon y por Istúriz, no podían ser tildados de poco conservadores por don Luis González Brabo y por don Alejandro de Castro. Así es que muchos de aquellos conservadores, para hacer más eficaz desde luego su oposición, se dejaron arrastrar por la pendiente del liberalismo, pasaron rozándose con los progresistas, pero sin confundirse con ellos, y no se detuvieron hasta llegar a los límites mismos de la democracia. Desde allí, y sin dejar de llamarse nunca partido moderado histórico, hicieron la guerra a la unión liberal, en la prensa y en la tribuna, con doctrinas y con ideas casi siempre en perfecta consonancia con las de don Nicolás María Rivero, jefe y apóstol de la democracia y director de un periódico titulado La Discusión que defendía su programa y le comentaba. Esta singular actitud de la parte más activa del partido moderado era censurada por algunos prohombres de dicho partido, como, por ejemplo, por don Manuel García Barzanallana, y por otros, todos menos volubles, y dotados de mayor circunspección; pero aun estos mismos se resignaban a ello y lo sufrían con paciencia por no armar un cisma y realizar por completo la disolución del partido. Enojados algunos moderados puros contra palacio, empezaron además a dar muestras de antidinastismo y hasta a romper en mal encubiertas amenazas, mientras que otros moderados puros, más reposados, consecuentes y circunspectos, no quisieron sufrir esta propensión y hacerse cómplices de ella. La divergencia entre unos y otros vino a traslucirse y reflejarse en la prensa periódica. Un diario, El Estado, que dirigía el poeta Campoamor, conservaba las verdaderas tradiciones del moderantismo y se mostraba sumiso a la monarquía. Otro diario, El Horizonte, al que González Brabo daba su inspiración o en el que tal vez escribía artículos, solía apartarse de la moderación, no ya solo como doctrina política, sino como virtud moral, y aparecía a menudo con dejos y resabios del antiguo Guirigay. A fin de evitar el escándalo de esta divergencia pública, los prohombres moderados se reunieron en junta, dieron muerte a El Estado y a El Horizonte e hicieron nacer un nuevo periódico, órgano de oposición del partido conservador contra O’Donnell, que se tituló El Contemporáneo. Escribió el artículo-programa de este periódico, que era muy extenso y ocupaba gran parte del primer número, el ilustrado y discreto don Alejandro Llorente, hombre el más a propósito para el caso; hombre que no podía menos de dar especial carácter, fisonomía y tono a la nueva publicación. Nada más opuesto que su espíritu, sus costumbres, sus hábitos y su historia al antiguo progresismo español; y nada tampoco más opuesto a muchas de las propensiones y manías que habían echado a perder y que habían inficionado en España las doctrinas conservadoras, poniendo en ellas, ya por adulación cortesana para ganarse la voluntad de personajes augustos, ya por un falso patriotismo que se finge en lo pasado un ideal de perfección que no existió nunca, cierto servilismo, cierto desprecio de la legalidad, cierto amor a lo arbitrario y lo despótico, cierto aborrecimiento al libre examen y a lo que se llama espíritu del siglo y cierta intolerancia religiosa, que ni el fanatismo, ni siquiera la fe suelen cohonestar en el día, y que ha llevado al cabo a muchos conservadores, y algunos de ellos de gran valer, como por ejemplo el señor Nocedal, a hacerse franca y abiertamente absolutistas o a caer al menos en un absolutismo vergonzante y solapado.

El señor Lorente no seguía este moderantismo castizo y estrecho, viciado por el torcido recuerdo de las antiguas instituciones españolas, sino que era un conservador a la europea, muy amante de la legalidad, muy amante del orden, muy aborrecedor de pronunciamientos, sediciones y motines; pero, en muchos puntos, con miras más amplias, con ideas más avanzadas y con propósitos pacíficamente más revolucionarios que los progresistas más progresistas. Tal fue el sujeto, que con estilo claro y elegante, sin gran calor, pero con suma nitidez, escribió el programa de El Contemporáneo. La aparición de este periódico tenía dos fines: hacer acérrima oposición al ministerio O’Donnell y reconstituir y sentar sobre nuevas bases el partido conservador. EL Contemporáneo había, pues, de tener doctrinas políticas, negando a la unión liberal que las tuviese, como en efecto no las tenía; y estas doctrinas habían de ser mucho más liberales que las que confusamente servían de norma a la conducta de la unión liberal. Estas doctrinas no habían de confundirse con las del partido progresista, lo cual era muy fácil; y no habían de confundirse con las de la nueva democracia, lo cual no era muy difícil tampoco, ya que habían de ser, como en todos los partidos medios, doctrinas no radicales, sino limitadas por las circunstancias, conciliables con el elemento tradicional, y en manera alguna adversas a ciertas instituciones seculares, que arrancan de las entrañas mismas de la historia patria, por donde conviene no desarraigarlas sino afirmarlas más cada día, injertando en ellas, como en tronco fecundo, todas las conquistas de la civilización moderna, las cuales pueden dar así, con mayor seguridad y prontitud, sazonados frutos.

La redacción del nuevo periódico, que había de modificar tan por completo al partido moderado, se encomendó a gente moza y entonces del todo nueva en la política. Su director y sus principales redactores, tomando aquello como punto de partida, han figurado después siendo bastante consecuentes y fieles a las doctrinas que en aquella ocasión defendían, con la cándida ilusión de que los conservadores habían de realizarlas en el poder, transformándose y rejuveneciéndose: pero el partido conservador ni se transformó ni podía transformarse. En la oposición aceptó el liberalismo como buena arma de combate, pero le desechó como estorbo e inútil peso no bien se encontró de nuevo en el poder con el favor de palacio.

Fue director de El Contemporáneo don José Luis Albareda. Fueron sus principales redactores don Antonio María Fabié, don Ramón Rodríguez Correa, don Gustavo Adolfo Bécquer, don Francisco Botella y don Juan Valera.

El partido progresista se preparó también a la lucha contra O’Donnell, mostrando el mismo afán por reorganizarse y unirse y no logrando tampoco resultado satisfactorio.

El 26 de setiembre se reunieron en el Teatro de Novedades los prohombres del progreso y allí se discutió un manifiesto que dieron a los electores con fecha del 30. Como era natural, aferrados los progresistas más intransigentes en los severos principios y tradiciones de su partido, querían hacer a O’Donnell una oposición sistemática; pero otros progresistas, más transigentes y dóciles, como, por ejemplo, don Claudio Antón de Luzuriaga, se inclinaban del lado de O’Donnell y creían que no debían hacerle oposición. Así fue que el l.º de octubre publicaron un escrito que puede pasar por contramanifiesto, donde, si bien decían que estaban conformes en los principios con los firmantes del manifiesto del día anterior, en cuanto a la conducta se mostraban en la mayor disidencia. Hasta el mismo don Patricio de la Escosura, que en la junta había pronunciado elocuentísimo discurso, haciendo brillante apología de su partido y vehemente oposición a la unión liberal, publicó algo a modo de voto particular contra el manifiesto, donde ya se columbraba lo probable y llano de su futuro resello.

El mayor furor de las oposiciones contra O’Donnell era el afán de este de dar poco menos que por muertos o disueltos a los antiguos partidos; pero esto era condición indispensable para que el suyo medrase y durase. A fin de que el lugar de asilo se pueble, fuerza es que no haya o que se suponga que no hay estabilidad y seguridad en aquellos puntos de donde los pobladores acuden.

Tal era la respectiva situación de la unión liberal y de los partidos que se le oponían, cuando, según estaba anunciado3 se abrieron las Cortes el día 1.º de diciembre en el palacio del Congreso.

Para la presidencia del Senado fue nombrado por el gobierno el general don Manuel de la Concha, marqués del Duero. El Congreso eligió por su presidente a don Francisco Martínez de la Rosa.

El discurso leído por la reina en el acto de la solemne apertura, fue menos explícito de lo que se esperaba. Por su vaguedad e indeterminación, como obra al cabo del señor Posada Herrera, no satisfizo a nadie y defraudó las esperanzas de todos. Es verdad que afirmaba algo positivo como el cumplimiento de la desamortización civil; negociaciones con Roma para acabar de vender los bienes de la Iglesia; una ley de imprenta estableciendo el jurado; y grandes proyectos de hacienda y de mejoras materiales; pero el espíritu político del discurso estaba muy oscuro y no tanto quizá por disimulo y habilidad diplomática como porque su autor no sabía qué pensar ni tal vez tenía nada que decir de terminante y de concreto. Así es que se espaciaba en aquellos lugares comunes con que todos estos documentos suelen llenarse. Había progreso seguro aunque lento; reforma de lo presente sin destruirlo; conciliación de los buenos españoles; práctica sincera del régimen constitucional, y otras frases huecas y manoseadas por el estilo.

Todo ello demostraba que la unión liberal carecía de pensamiento político a no ser que por política se entendiese la negación de toda política. A fin de ocultar esta negación apelaba la unión liberal a medios tan ofensivos e insolentes que la hacían en extremo aborrecible a los hombres de cualquier otro partido que no le era infiel y le abandonaba para entrar en ella. Prueba curiosa e importante de este sentimiento es el opúsculo del señor Bravo Murillo titulado Apuntes para la historia de la Unión liberal. En él trata de probar, no sin buena copia de razones, que la unión liberal, a falta de ideas y de pensamiento propio, vivió de la denigración y difamación de cuanto fuera de ella había en España, empezando por el trono, a quien en 1854 acusaba de que le deshonraban camarillas. Cierto que la unión liberal no había nacido aún: pero entonces fue concebida en dicho pecado original. Después continuó con el mismo método difamatorio, más o menos indirecto. Al llamar a su seno con insistencia y de cierto modo a los hombres honrados de todos los partidos, parecía que negaba la posibilidad de conservar la honradez en los otros. En nombre de la honradez convidaba, pues, la unión liberal a la apostasía, pero presentando esta apostasía como temporal, consecuente y sin resultados graves. Ni el conservador ni el progresista, que se resellaban, dejaban de ser en cierta manera progresista el uno y conservador el otro. Como supone bien el señor Bravo Murillo, el moderado podía decir: «Se siguen los principios del partido a que he pertenecido, porque no hay milicia nacional, porque se procura mantener el orden público a toda costa, refrenar la licencia de la prensa y sacarnos de la postración en que yacemos; y sobre todo, la tendencia es a los principios de mi partido, y cuando el ministerio de unión liberal tenga que tomar una actitud decisiva, como le será preciso, se echará en brazos del partido moderado». Un progresista podía decir a su vez: «El ministerio adopta las doctrinas del partido progresista, tales como la experiencia ha demostrado que son provechosas: no hay milicia nacional, pero esto no es esencial para la libertad: se derogarán la reforma de Narváez y la ley de imprenta: la desamortización se llevará a efecto: y sobre todo, la tendencia es a los principios de mi partido, y cuando el ministerio de unión liberal tenga que tomar una actitud decisiva, como será preciso, se echará completamente en brazos del partido progresista». Así concebían esperanzas, aunque fuesen del todo contrarias, progresistas y conservadores, y gran multitud de unos y de otros se pasaba a la unión liberal y acrecentaba sus filas. La unión liberal en cambio se veía obligada, por prudencia, a lo que de antemano se hallaba predispuesta a hacer por esterilidad de ideas: a no resolver muchas cuestiones.

Como no afirmaba teorías, tuvo que formular acusaciones y que suponer o denunciar en las otras parcialidades políticas graves faltas y delitos, a los que venía a poner coto. No sin motivo dice Bravo Murillo que «la unión liberal hizo manifestaciones grandemente ofensivas al Parlamento y a los gobiernos anteriores; destructoras o más bien despreciadoras de la legalidad, y humillantes para cuantos están llamados a intervenir en la cosa pública y para la nación entera».

Para justificar la medida dictatorial de rectificación de las listas electorales, Posada Herrera tuvo que acusar en el preámbulo, sin distinción y sin excepción, a todos los ministerios que habían hecho elecciones, desde que empezó en España el régimen constitucional, de haber restringido o modificado el sufragio a su capricho, de haberse burlado de la ley y de haber adulterado constantemente los elementos de que el cuerpo electoral debe componerse. Como ni el ministerio O’Donnell ni el señor Posada Herrera podían atribuirse mayor severidad y rectitud y no podían dar tampoco mayores garantías de previsión y conocimiento, no podían tampoco dar por seguro el remedio de los vicios que denunciaban. Antes bien ofrecían ocasión a que la gente imaginase que las listas amañadas, sin la rectificación, a gusto de los conservadores, iban a quedar amañadas, después de la rectificación, a gusto de los unionistas.

Abiertas ya las Cortes, la oposición, tanto en el Senado, como en el Congreso, fue igualmente fuerte. Por lo mismo que la unión liberal acusaba a los partidos progresista y conservador de ser partidos muertos, los hombres de estos partidos se afanaban por dar señales de vida. El marqués de Molíns, el duque de Rivas, González Bravo y Moyano, atacaban duramente al ministerio O’Donnell por su volubilidad, sus arbitrariedades y su falta de política y de sistema. En estos ataques estaban de acuerdo; pero solía resultar entre ellos una contradicción de malísimo efecto cuando unos tildaban al gobierno de demasiado poco liberal y otros le tildaban de demasiado liberal, según que los conservadores se inclinaban en la tribuna a la política representada por La España o a la representada por El Contemporáneo en la prensa.

La España era un periódico que no había muerto, como El Horizonte y El Estado, cuando El Contemporáneo nació; que estaba dirigido o sostenido por don Pedro Egaña y tal vez por otros conservadores que se sustraían al influjo de don Luis González Brabo, don Alejandro de Castro y demás del grupo que tan liberal se había tornado; y que, por lo tanto, aunque más fiel a las tradiciones del partido, no podía hacer tan viva oposición a O’Donnell, y aparecía con frecuencia como resellado. La España y El Contemporáneo se disputaban con frecuencia sobre doctrinas y sobre cuál de los dos era el representante del antiguo partido conservador; y esta disidencia menguaba el crédito de ambos y redundaba en favor del partido unionista.

Los ataques de los progresistas puros carecían dentro del mismo partido de esta contradicción y disonancia, ya que eran los mismos los principios de todos los que no se habían resellado. Llevaban pues ventaja a los conservadores en cuanto a las afirmaciones en virtud de las cuales dirigían el ataque. En cuanto a la censura y enumeración de las faltas del ministerio O’Donnell, coincidían conservadores y progresistas: todos tildaban al gobierno y al nuevo partido por su carencia de fe y de doctrina. Calvo Asensio decía, y esto se dijo y se repitió después en todos los tonos y de todas las maneras posibles: «La unión liberal no tiene otra misión que la de destruir; nada ha creado; nada puede crear; no sirve sino para alimentar las esperanzas de los Cándidos y para ofrecer refugio a los fatigados y dar pasto a los ávidos. La unión liberal no tiene tradiciones, ni historia, ni principios y no puede tener porvenir».

Verdad es que contra estas acusaciones de incoherencia y de falta de fe y de doctrina políticas, casi siempre salía triunfante O’Donnell de los moderados con el monótono recurso de acusarlos de más incoherentes y de más descreídos. O’Donnell tenía además la ventaja de hacer salir como resultado de cada una de estas discusiones, una nueva prueba de aquello en que él había puesto el fundamento de la unión liberal: una nueva prueba de la disolución, de la muerte de los dos partidos históricos, moderado y progresista. De todo ello sacaba O’Donnell la siguiente conclusión: «Estos debates, decía, ponen en claro el fraccionamiento de los partidos. Por estos debates se viene a colegir la verdad de que ninguno de los dos tiene por sí solo las condiciones necesarias para mantener el orden, el régimen constitucional, la legalidad y el trono de la reina».

Los partidos moderado y progresista, ya en la prensa, ya por medio de sus representantes en los cuerpos colegisladores, parecían como pagados para dar a O’Donnell la razón. Olvidados de que O’Donnell era el enemigo común y recordando sus antiguas enemistades, se empeñaban a veces en furiosa lucha el uno contra el otro, haciendo a O’Donnell juez del campo y dándole sobrado motivo y ocasión para que los pusiese en paz y los amonestase a fin de que fueran más reposados y juiciosos, por honra al menos y por decoro del gobierno representativo. En tales momentos O’Donnell exclamaba: «Orden, señores diputados; no desacreditéis el Parlamento. Estas escenas tumultuosas son un triunfo para los enemigos del régimen constitucional. Suplico al presidente y suplico al Congreso que pongan término a esta contienda, a fin de que no demos a los adversarios del gobierno representativo el derecho de decir que tal clase de gobierno es imposible en España». Menester es confesar que los moderados daban más ocasión que los progresistas a este género de reprimendas, llevados a veces de antiguos rencores, y por cosas pueriles que en realidad importaban poquísimo, como, por ejemplo, la célebre cuestión de la estatua de Mendizábal. En nuestro sentir, desde el punto de vista liberal en todos sus matices, nadie mejor que Mendizábal merecía una estatua. Sin su medida revolucionaria de apoderarse de los bienes de la Iglesia es probable que en España no hubiera reinado Isabel II sino don Carlos. Tan grande era pues o debía ser el valer de Mendizábal para todos los partidarios de Isabel II. Pero supongamos que en este punto sea erróneo nuestro sentir y que Mendizábal no valiese para los isabelinos lo que nosotros creemos que valía. En esta hipótesis, los moderados hubieran tenido razón en oponerse a que a expensas del Tesoro, por ley de las Cortes o por decreto del gobierno, se erigiese una estatua a aquel famoso personaje; pero nunca la tuvieron para oponerse a que por suscrición de unos cuantos particulares se hiciese la estatua, y luego, con permiso del gobierno o mejor dicho del Ayuntamiento y hasta si se quiere de la Real Academia de San Fernando o de otra cualquiera junta de peritos en las artes del diseño para garantizar que la estatua no era un mamarracho, se permitiese su colocación en cualquier sitio público. Por contrapeso de la honra y distinción que podía tener el partido progresista en poner en sitio público la efigie de Mendizábal, los conservadores, en lugar de oponerse, hubieran podido costear otra estatua de algún personaje ilustre de su partido y colocarla en otra plaza o en la misma en que estaba la estatua de Mendizábal. De esta suerte hubiera habido dos estatuas en lugar de una, y, con tal de que hubieran sido siquiera medianas, el aspecto de Madrid hubiera mejorado.

Si a O’Donnell le era fácil triunfar de sus adversarios por lo mismo que estaban tan divididos, le era en extremo difícil, y en esto fue donde él y Posada Herrera mostraron toda su habilidad, conservar la unión entre los suyos. La unión liberal se parecía a un reino o imperio, compuesto de diversos Estados; donde cada Estado tiene sus intereses, gentes que hablan lenguas diversas y creencias e instituciones distintas, y donde todos están unidos por virtud y gracia de un único soberano, en quien se cifra la unión, que se llama por esto unión personal. De esta suerte, por medio de una comparación que nada tiene de ofensiva ni de burlesca, puede la unión liberal ser representada. Pero las oposiciones buscaban para representarla y figurarla imágenes más ofensivas y chistosas. Don Antonio Alcalá Galiano, orador elocuentísimo en todos los tonos, así en el estilo elevado como en el familiar, lo mismo en lo grave que en las burlas y lo mismo también en lo patético y severo que en lo satírico y jocoso, pintó un día en el Senado, por medio de una comparación denigrante, lo que era la unión liberal; su pintura cayó en gracia, y de la pintura nació un apodo con que de allí en adelante la unión liberal fue calificada por sus enemigos. Era el apodo la familia feliz. Contó el orador que en una feria, no recordamos de qué país, había visto a cierto hábil domador de fieras y de otras alimañas, quien, en una gran jaula, tenía encerrados multitud de animales de la más encontrada índole y opuesta condición que pueden imaginarse. Sin el prestigio del domador, ya merced al castigo que les daba, ya merced al alimento que de él recibían, aquellos animales se hubieran separado huyendo unos de otros, o se hubieran arañado, herido y hasta devorado sin compasión; pero, merced al domador, a su látigo y a la ración que les propinaba, el perro y el gato, el lobo y el cordero, el milano y la paloma, la garduña y los pollos, y otros seres por el estilo, todos vivían en buena paz y armonía, dentro de la jaula, donde el domador los enseñaba, y sobre la cual había un rótulo que decía: la familia feliz. Aplicados el cuento y el rótulo a la unión liberal, esta fue llamada en adelante la familia feliz, tanto por las oposiciones, cuanto por aquella numerosa porción de público que hay en España, mal avenida siempre con todo el que gobierna, maldiciente, descontentadiza y dispuesta a reir, a aplaudir y a divulgar toda difamación y toda mofa.

Los más perseguidos y censurados entre los que vinieron a componer la unión liberal fueron siempre los progresistas. Hasta las personas más extrañas a la política sentían que O’Donnell, si era algo, era conservador, y que por lo tanto no era tan grande el cambio ni tan clara y censurable la apostasía de los conservadores que estaban con él; mientras que, respecto a los progresistas, apenas había nadie que acertase a disculpar su conducta, calificada de resello. Hasta esta misma palabra resello apenas se aplicó nunca a los conservadores que militaban en la unión liberal, aplicándose por lo común a los progresistas solo. Los progresistas resellados, aguijoneados por las burlas más acerbas, trataban de defenderse y justificarse, y al hacerlo, ponían, sin querer, mucho más en descubierto la nulidad de la unión liberal como partido que algo afírmase y que pudiese tener condiciones de vida. Don Claudio Antón de Luzuriaga en el Senado y don Modesto Lafuente en el Congreso, al hacer la apología del resello, hicieron la crítica más acerba de la política de O’Donnell; consideraron su gobierno como una calamidad indispensable y como algo impuesto por las circunstancias; y presentaron el acto de estar adheridos a él, no como procedente de entusiasmo y de fe, sino de resignación, temporal sacrificio, penitencia o purgatorio. Suponían que España estaba en condiciones anormales, y que, solo a fin de evitar desastres mayores, se ponían al lado del gobierno, porque le creían dispuesto a sostener el orden y el sistema parlamentario; porque le juzgaban el único medio de asegurar el porvenir de las ideas liberales y de salvarse por un lado de la anarquía y del despotismo por otro; mas no por eso renunciaban a sus ideas propias; y, aunque desistían de hacerlas triunfar por la fuerza material, esperaban su triunfo del progreso regular de la razón pública. Los progresistas resellados, por consiguiente, apoyaban al gobierno a falta de otra cosa menos mala y con la condición de que no hiciese nada contra sus ideas. El gobierno, pues, tenía una gran mayoría; pero tan compleja e insegura que no podía menos de recelar que se disolviese en el punto en que se llegase a tratar cualquiera cuestión de principios. El gobierno ponía, por lo tanto, todo su empeño y habilidad en evitarlas. La fortuna le favoreció para que lo consiguiese. Los productos de la desamortización le proporcionaron medios para fomentar los intereses materiales, para acometer y acabar no pocas obras públicas, de grande utilidad muchas de ellas, y hasta para lisonjear el orgullo nacional y distraer de la política interior a las gentes, emprendiendo guerras, expediciones y conquistas, que, si bien nos trajeron escasísimo provecho, realzaron la importancia de la nación y le dieron alguna gloria.

Aunque el gobierno de O’Donnell en su conducta, y si no en sus principios, porque no los tenía, en sus tendencias, era más que progresista conservador, el odio y el encono de los conservadores contra él era mucho mayor que el que los progresistas no resellados le tenían; lo cual es perfectamente natural, ya que el odio y el encono, fundados en diferencia de doctrinas, jamás son tan acerbos como el odio y el encono que nacen de ofensas personales, ni siquiera justificadas por divergencia de ideas. Los progresistas podían más fácilmente perdonará O’Donnell que, en nombre de creencias contrarias a las de ellos, los hubiese echado del poder en 1856; pero los conservadores no hallaban razón para perdonarle la rebeldía y el motín de 1854. ¿En virtud de qué principios distintos había acudido O’Donnell a Vicálvaro y había dado motivo y comienzo a la revolución? Los conservadores le acusaban de continuo y con dura insistencia de aquella infundada rebeldía. Irritado O’Donnell con esto, no obstante su reposada frialdad, sintió el prurito de justificarse y de vengarse a la vez, y para justificarse del alzamiento, aunque no le hubiera hecho en nombre de distinto ideal político, bastaba probar que le había hecho en nombre de la moralidad. A fin de dar esta prueba, tanto en la prensa como en la tribuna, los unionistas pintaban con los más negros colores el cuadro de depravada corrupción en las administraciones conservadoras que precedieron al levantamiento de 1854. De esta suerte justificaban el alzamiento y se vengaban de sus contrarios.

No contento el general O’Donnell con esta difamación harto vaga en discursos y artículos de periódicos, cedió al deseo de abrumar y estigmatizar con sentencias judiciales a algunos de los conservadores que se suponían más culpados. De aquí la acusación contra el señor don Manuel López Santaella, que había sido comisario general de Cruzada, y contra don Agustín Esteban Collantes, que había sido ministro de Fomento. No faltaron coincidencias en virtud de las cuales estas acusaciones perdieron mucho del carácter de justicia que debían tener y aparecieron dictadas por un espíritu de venganza personal. En la acusación contra Santaella tomó el gobierno la iniciativa tres días después de haber votado en contra de él dicho señor como individuo del Senado. Este cuerpo colegislador, constituido en tribunal para juzgarle, se declaró incompetente, considerando que el empleo de comisario de Cruzada, en que se suponía que Santaella había delinquido, estaba bajo la jurisdicción de Roma.

La acusación contra Esteban Collantes tuvo éxito más ruidoso y definitivo. Se le acusó porque siendo ministro de Fomento había hecho o supuesto que hacía acopio de 130,000 cargos de piedra para el canal de Manzanares, cargos que pagó el Tesoro y que no llegaron a emplearse en dichas obras. Hay quien supone, aun dando por cierto que aquel gasto no fue real sino imaginado, que Esteban Collantes se vio obligado a incurrir en tan grave falta, de acuerdo con sus compañeros de gabinete, y cediendo a exigencias imperiosas e ineludibles de muy poderosas personas. Como quiera que fuese, se vio, más que amor a la justicia, verdadera saña política en la acusación contra Esteban Collantes.

El expediente de los 130,000 cargos de piedra se llevó al Congreso. Allí se defendió el acusado con notable habilidad y sangre fría. Don José Elduayén sostuvo la acusación. El Congreso decidió por 168 votos contra 66 que la acusación debía llevarse al Senado, convertido en tribunal de justicia. Para apoyar en el Senado la acusación fueron nombrados don Fernando Calderón Collantes y don Antonio Cánovas del Castillo. Los ilustres jurisconsultos Cortina y Acebedo fueron defensores del acusado. Su condenación fue moralmente resuelta. El acusado, por mayoría de votos, resultó reo de tres delitos: de estafa, por 44 votos contra 43; de fraude, por 47 contra 40; y de falsificación por 45 contra 42. Esta condenación, no obstante, en vista de que la ley exigía las dos terceras partes de los votos para condenar a los ministros, se convirtió en absolución. Esteban Collantes fue declarado inocente.

Tal era la pasión política de entonces entre los unionistas que los senadores que habían dado voto absolutorio fueron objeto de las más espantosas diatribas, extremándose en esto un célebre y aplaudido poeta, dramático y lírico, el cual compuso y dejó circular una sátira, magnífica por el estilo, pero donde el furor y la maledicencia llegan a su colmo contra determinadas personas, cuyos nombres se citan. En la conciencia pública, sin embargo, Esteban Collantes fue tenido por más infeliz que culpado. La acusación no le hizo tanto daño como se quería, y en cambio, según dice el señor García Ruiz en sus Historias, dio margen a mil razonamientos y escandalosas conjeturas, no precisamente por los cargos de piedra, de cuyo valor no recibiría un solo céntimo el acusado, habiendo ido a otras manos, sino por lo que de ella naturalmente se desprendía respecto de la gestión de la cosa pública, durante su ministerio, al que la opinión marcaba como encargado de satisfacer las ambiciones del que le sostenía para vergüenza suya y del país que lo toleraba.

Cúmplenos confesar aquí ingenuamente que nos faltan datos para decidir si la opinión iba o no descaminada en esto; pero es indudable que existía la opinión a que el señor García Ruiz alude y que la unión liberal la sobrexcitó y estimuló con el proceso del exministro. La unión liberal no hizo ningún castigo ejemplar y saludable y promovió gravísimo escándalo, abriendo enorme brecha para que la murmuración penetrase sin dificultad en elevados recintos y allí se explayase a sus anchas.

Si Esteban Collantes no fue condenado, don José María de Mora, director de obras públicas, durante la administración de dicho ministro, lo fue en lugar suyo, aunque en rebeldía, porque se hallaba en Londres. Hizo esto el escándalo mucho mayor, ya que Mora, nada sufrido y resignado, aunque no quiso venir a España para sincerarse, escribió y publicó en Londres su defensa, la cual consistía principalmente en tremendas acusaciones contra el que fue su jefe, tildándole de codicioso, y suponiendo que, al despachar expedientes, cuyo buen despacho pudiera hacerse valer, solía exclamar ¡cuartos! ¡cuartos!

Tal era, en suma, la política del general O’Donnell. No propendía ciertamente a que hubiese partidos respetados y organizados, dentro de una legalidad común, y que pudiesen alternar en el poder de un modo pacífico, sino a crear una situación indispensable, un conjunto tal de circunstancias, que le hiciesen a él solo necesario para todo gobierno. Tan persuadido estaba O’Donnell de que lo había logrado, que un día llegó a decir en el Parlamento: «No sé quién podrá venir cuando yo me vaya».

La suerte, en efecto, le sonreía. Todo se le sometía o de todo triunfaba.

Durante el verano de 1859, no hubo sesiones de Cortos. Las Cortes volvieron a reanudar sus sesiones el 1.º de octubre. Durante las vacaciones parlamentarias hubo un pequeño movimiento republicano súbitamente sofocado. Don Sixto Cámara procuró seducir a la guarnición de Olivenza para que proclamase la república en aquella plaza Las autoridades descubrieron sus manejos. Don Sixto Cámara tuvo que huir, y la sed y el cansancio y el sofocante calor del sol, en aquellos campos sin árboles y sin sombra, le dieron muerte en la fuga.

También, por aquel tiempo, ocurrió otro suceso de poquísima importancia, pero que conviene no pasar en silencio. El conde de Montemolín había estado en tratos para venir a España, mostrándose inclinado a esta idea cuando la reina no tenía aún hijo varón. Cuando le tuvo, Montemolín desistió de venir. En cambio don Sebastián de Borbón reconoció sin condiciones a la reina y juró la ley fundamental del Estado, por lo cual se le rehabilitó como infante.

La nueva legislatura fue muy breve. Los presupuestos para 1860 se discutieron con prontitud en ambos cuerpos colegisladores. El entusiasmo patriótico así lo exigía. La guerra contra Marruecos era ya inevitable. O’Donnell lo anunció en el Congreso el 22 de octubre. Nadie se paró a examinar la condición del agravio que habíamos recibido. Nadie trató de informarse con frialdad y detenimiento de si se habían empleado o no todos los medios pacíficos antes de acudir a las armas. No hubo más que aplausos, vítores y parabienes por la guerra. O’Donnell se preparaba a ir a dirigirla. El 3 de noviembre dividió la Península e islas adyacentes en cinco distritos militares, cuyo mando confirió al marqués del Duero, Dulce, Novaliches, Alesón y Marchesi.

El día 13 suspendió O’Donnell las sesiones de Cortes.

Antes de contar, en resumen, los importantes sucesos de la guerra contra los moros marroquíes, conviene que hablemos de otras empresas y de otros hechos, a fin de fijar más desembarazadamente la atención en los tan celebrados y populares, que presentan a España, al menos por algunos meses, a los ojos de propios y de extranjeros, como la nación conquistadora y expansiva, que vuelve a tomar su antigua misión de difundir la luz del cristianismo y de la civilización de Europa entre los pueblos bárbaros de los otros continentes.

CAPÍTULO III

Negociaciones con Roma.—Cuba.—Filipinas.—Fernando Poo.—Guerra con el imperio de Annam.—Guerra de África.—Expedición a Méjico.—El Pacífico.—Trabajos para la reconciliación de la familia real.—Intento de Ortega.—Antecedentes y consecuencias.— Anexión de Santo Domingo.

Uno de los grandes medios de que se valió el gabinete O’Donnell para que fuese tan próspera su administración de cinco años, estribó en los recursos que le dio la desamortización, en virtud de la ley de 1855. El gabinete O’Donnell no quiso, sin embargo, que esto se hiciera revolucionariamente; y entabló negociaciones, enviando de embajador a la corte pontificia a uno de los hombres de más autoridad, respeto y valer, de cuantos durante muchos años, han intervenido en España en la política, el cual logró coronar sus negociaciones con éxito dichoso.

O’Donnell envió a Roma a don Antonio de los Ríos y Rosas. Difícil era el empeño que el nuevo embajador llevaba. Se trataba nada menos que de reformar el Concordato del año 1851. La corte romana debía deshacer lo que pocos años antes había hecho, y esto era tan difícil que el nuncio de Su Santidad en Madrid, monseñor Barilli, se negaba resueltamente hasta oir hablar del asunto. En tal situación fue Ríos Rosas a Roma, donde logró más de lo que podía presumir. Si su crédito y su importancia le ayudaron no se puede negar que las circunstancias le fueron también favorables. La guerra de Italia, en que los piamonteses, poderosamente auxiliados por un ejército del emperador de Francia, vencían a los austríacos y los echaban de Lombardía, infundía en la Santa Sede insólita debilidad, llevándola a poner la mira en no enemistarse con todos los Estados católicos. Pero de cualquier modo que fuese, Ríos Rosas dio muestras de hábil negociador, alcanzando para sí no pequeña gloria y abriendo camino al gobierno para lograr a la vez tres cosas importantísimas: ganarse la voluntad de los progresistas llevando a cabo por completo la desamortización eclesiástica: tranquilizar a los moderados y hasta acallar las quejas y censuras de los reaccionarios y clericales, diciendo que la desamortización se hacía de acuerdo con el Papa; y proporcionarse, por medio de esta desamortización, extraordinarios recursos: miles de millones de reales.

Para ponderar en todo su valor el triunfo de Ríos Rosas, conviene tener en cuenta que, pasado el bienio y venida la reacción, los gabinetes que se sucedieron en España hasta la vuelta de O’Donnell, pugnaban solo por que no se anulasen las ventas de bienes de la Iglesia hechas durante el bienio. En cambio del saneamiento de estas ventas consentían en que no se vendiesen los bienes de los regulares de ambos sexos, cuya propiedad pertenecía a la Iglesia por el Concordato, si bien con la obligación de enajenarlos.

Todavía, en tiempo del ministerio Istúriz, para indemnizará la Iglesia por las ventas hechas de sus bienes en 1855 y 1856, se comprometía el gobierno español a dejar en su poder como propiedad absoluta y sin obligación de hacer la venta, todos los bienes del clero regular que fueran bastantes a la indemnización; pero el gabinete Istúriz exigía de Roma la venia para vender los demás bienes del clero secular, dando en cambio inscripciones de la renta consolidada del 3 por ciento.

En tal estado estaban las negociaciones cuando Ríos Rosas intervino en ellas, relevando a don Alejandro Mon que nos representaba en la corte pontificia. Las instrucciones que a aquel se le dieron no fueron ya transigentes, sino claras y explícitas en favor de la desamortización más completa.

Todos los bienes eclesiásticos, así los procedentes del clero secular como los del regular, debían venderse, ya que el Estado no admitía la amortización, dándose en cambio inscripciones de la deuda consolidada. Esto fue a pretender o más bien a exigir Ríos Rosas. Verdad es que empezaba por reconocer el pleno derecho que tenía la Iglesia a adquirir y conservar toda clase de bienes; pero, al mismo tiempo, no le dejaba de este derecho más que la teoría o la potencia, ya que trataba de despojarla de todos los bienes en su virtud hasta entonces adquiridos, bien que mediando indemnización. Natural era que el cardenal Antonelli, ministro de Estado del papa, se resistiese a la pretensión de Ríos Rosas. Este estuvo a punto o simuló estar a punto de retirarse de la capital del orbe católico. El cardenal Antonelli, a pesar de su serenidad y agudeza de ingenio, llegó a sospechar que Ríos Rosas pudiera indisponerle, no solo con los liberales de España, sino con las potencias europeas, y aun llegó a insinuar esta sospecha; pero Ríos Rosas, con ruda franqueza, que no deja a veces de ser diplomática, le dijo haría entender al episcopado español que Roma se oponía a un convenio beneficioso. Desvaneciéronse algunos errores del cardenal, y mostróse lo que ganaba el clero con el convenio, que al fin se firmó el 25 de agosto de 1859, como adicional al Concordato.

Si el gobierno se veía libre de este grave asunto, no dejaron de preocuparle otros en las provincias ultramarinas. El general don José de la Concha, que había reemplazado al conde de Alcoy en el mando superior de la Habana, se esforzó por extirpar las malas semillas que dejara la fracasada expedición de López a Cárdenas, y moralizar la siempre tan mal parada administración de aquella isla. Tuvo la fortuna de acabar con la primera partida que se presentó en las Tunas proclamando la independencia cubana, siendo fusilado su jefe Agüero y algunos otros; fuélo después Armenteros y los que le ayudaron en el territorio de Trinidad; y el mismo López, que no escarmentado, volvió en son de guerra a Cuba, pereció en el patíbulo, y se fusiló a poco a 51 filibusteros, enviándose a gran número a presidio y al destierro.

Relevado Concha en 1852 por don Valentín Cañedo, se esmeró en contrarrestar nuevas expediciones filibusteras, fraguadas en el extranjero; y si de ellas pudo verse libre la isla, no le sucedió lo mismo con otras calamidades, como el cólera y los terremotos. Sucedióle en el mando, revestido con mayores atribuciones, por habérsele conferido las de superintendente de hacienda y la jefatura de todas las dependencias gubernativas, don Juan de la Pezuela: formó gran empeño en moralizar la administración, mal crónico que ha ido allí creciendo como la sombra de Edipo, habiéndose demostrado que hasta algún capitán general hubo que de más de 87,000 pesos que recibió por emancipaciones durante su mando, no dejó ni 300 al cesar, sin embargo de no haber satisfecho atenciones sagradas. Mostróse inexorable Pezuela en la cuestión de esclavitud, que le produjo la inquina de los que tanto ganaban vendiendo negros, y por favorecer su contrabando, comprando blancos; y con otro proceder del que tuvieron los empleados de aduanas, se hubiera evitado la cuantiosa indemnización al armador de Black Warrior, convirtiéndose su capitán de agresivo en víctima.

La amnistía concedida por el gobierno, con mejor deseo que acierto, agravó la situación de Pezuela, ya incompatible con la revolución de 1854, que llevó de nuevo a Cuba al general Concha.

Volvieron a efectuarse desembarcos de esclavos, casi como si fuera comercio lícito; disfrutóse de alguna tranquilidad, y para conservarla, consideraron algunos necesario conceder ciertas reformas, creándose así el partido reformista, en el que cabían hasta los mayores enemigos de la integridad española. Pero estos no podían menos de aprovechar las ocasiones que ofrecía aquella constante desorganización de todos los ramos de la riqueza pública; y tenían derecho muchos cubanos a participar más de lo que participaban en la política y gobernación del país: al imponerse deberes justo era conceder derechos.

Muy contrariado fue el final del mando de Concha por el agio de las sociedades anónimas, y el incremento que tomó el bandolerismo; y el general Serrano, que le relevó, opuesto algún tanto a ciertas reformas, recorrió la isla, captándose las simpatías de todos: deseó fomentar la riqueza pública; pero empezó tal penuria en las rentas, que tuvo la metrópoli que remesar fondos en vez de recibirlos; creáronse unos bonos, que se renovaron a su vencimiento, y aún se hicieron nuevas emisiones para atender a los gastos de la expedición a Méjico, que costó más de 67 millones de reales, y a la más aventurera de Santo Domingo, que excedió de 392, origen aquellos bonos de la deplorable situación financiera que entonces empezó a experimentar Cuba.

En el más valioso que conocido archipiélago filipino, si el interior de las islas no inspiraba cuidado, exigíale la piratería de los vecinos, y especialmente de los que ocupaban a Joló, cuyo sultán llegó a desconocer los incontestables derechos de España, obligándole Urbiztondo, que era a la sazón capitán general y gobernador de aquellas islas, a reconocerlos, después de castigar a los insurgentes, aun a costa de alguna sangre española.

Era necesario tal escarmiento, porque no se trataba solo de imponerse a los piratas, sino de decir a poderosas naciones de Europa, a las que no son indiferentes nuestras Filipinas, que no descuidaba España la defensa de sus derechos. Los ingleses amenazaban el norte e islas del estrecho de Balabag, que ponen en jaque a la Paragua y Calamianes, deseosos de un punto de escala para avivar con sus vapores al entonces naciente establecimiento de Hong-Kong; situados los franceses en las Marquesas con su protección en Fagtay y su presencia en China, evidenciaban sus miras de adquirir cualquier punto intermedio que pusiera en contacto sus intereses comerciales; y los holandeses, además de sus adquisiciones en Borneo, Java y Sumatra, hacían investigaciones hasta el río de Mindanao. Conocían bien la importancia del archipiélago, aumentada con las recientes circunstancias que han hecho de California un centro de actividad extraordinario, y la preponderancia que la Australia adquiere.

La inmoralidad administrativa, y más que todo el desarraigar envejecidos abusos e inmorales dilapidaciones, ocuparon a Urbiztondo, que consiguió remediar muchos males, aumentar las rentas, saldar el cuantioso déficit que ni aun permitía cubrir perentorias obligaciones, y contar con valiosos sobrantes. Cuando empezaba a disfrutar de los resultados de su honrada gestión, fue relevado por don Manuel Pavía.

La expedición exploradora de la costa meridional de la isla de Mindanao, en la que se vio el buen efecto que había hecho el castigo a los de Joló; el que sufrieron los piratas que se atrevieron a hacer frente a las cinco falúas que constituían la división naval de Calamianes, mandada por don Claudio Montero, en cuyo combate perecieron más de 100 piratas y se salvaron unos 20 cautivos, allanaron el camino para la fundación del establecimiento de Pollok, que enlazara a Davao con Zamboanga, comunicando directamente con las provincias de Caraga y Misamis, y cerrando la cadena que había de sujetar a los inquietos moradores de la hermosa y floreciente Mindanao. No se fue consiguiendo esto sin contrariedades y vicisitudes; las experimentó grandes el insurgente Cuesta, que no halló prosélitos y acabó su vida en el cadalso.

Al nuevo capitán general de Filipinas don Manuel Crespo, rindiéronle homenaje cuatro dattos de Mindanao, a los que acompañó a su regreso una comisión que obtuvo los reconocimientos posibles, y llenó perfectamente su cometido. Más adelante se estableció en Mindanao un gobierno general.

Deseada aquella isla, cuya historia es inseparable de la muy gloriosa de los padres recoletos, quienes, así como los dominicos, han prestado grandes servicios a España, por los jesuítas, consiguieron estos establecer sus misiones en Mindanao y en Joló, reemplazaron en todo a los recoletos, y surgieron grandes divergencias entre ambas comunidades religiosas, oponiéndose los recoletos a que se elevara al clero indígena, rebajando al regular y español, que con el mismo fervor ha derramado su sangre en las misiones que en los campos de batalla, de lo que es elocuente testimonio el Padre Ibáñez.

No producían tan excelentes resultados como en Filipinas las expediciones que se continuaban enviando a Fernando Póo e islas del golfo de Guinea. Estableció el ilustre marino don Joaquín J. Navarro el culto católico excluyendo de la colonia a los misioneros baptistas, ejecutó algunas obras de saneamiento con negros de África, levantó edificios, rotuló calles, y empezó entonces la verdadera colonización de aquella isla de 858 habitantes.

Unos 2,000 tenía la de Annobón, tan famélicos como degradados, siendo más bien un asilo de mendigos que de hombres libres; diferenciándose de ella la de Corisco, de unos 1,000 pobladores, bien situada, cuyos habitantes, muy adictos a España, se gobiernan patriarcalmente. Tienen algún cultivo y escuelas. En el cabo de San Juan hay cuatro pequeñas poblaciones gobernadas por un rey sometido a España.

El gobierno español creyó sacar gran partido de aquellas islas, procuró la colonización, declaró diez años después que habían sido estériles los sacrificios hechos y se disminuyeron los gastos, habiéndose invertido desde la instalación de la colonia hasta 1871 más de 30 millones de pesetas. La conveniencia de conservar o abandonar aquellas posesiones, se puso en tela de juicio.

El martirio del obispo Sampedro, el de Díaz y de otros santos misioneros cuyas exhortaciones no eran estériles en los poblados dominios de Annam, produjo la famosa expedición franco-española a Cochinchina, con el objeto de evitar vejaciones y crueldades, establecer la libertad del culto cristiano y la seguridad de sus misioneros. Pero esta, que era la sincera intención de España, no lo era de Francia, a la que se confió cándidamente el mando de la expedición; y aunque en todos los combates llevaron la mejor parte los españoles, por avezados a los rigores del clima, declaró el gobierno francés «que era necesario que la España buscase en otro punto del imperio la compensación de los sacrificios que había hecho, pues Saigón y lo conquistado pertenecía a la Francia». Y eran presentados los españoles en una orden del día dada por el almirante francés como ¡modelo de valientes!

Ajustóse al fin la paz en 1862 estipulándose la protección a los misioneros y libertad para establecerse en el punto del imperio que les conviniese, indemnización de los gastos de la guerra, estipulaciones comerciales tan ventajosas para España como para Francia; pero quedando esta dueña de tres provincias enteras.

Renováronse las hostilidades por no satisfacer a los annamitas el establecimiento de la libertad del culto cristiano, y triunfantes de nuevo las armas aliadas, se ratificó el tratado al año siguiente. Los españoles regresaron a Manila, orgullosos de su comportamiento, pues siempre habían peleado en vanguardia; mas no muy satisfechos de las ventajas obtenidas.

Al verificarse el canje del tratado, fueron recibidos en la corte de Tonquín los plenipotenciarios españoles y franceses, con verdadero lujo oriental, cuyo acto, sin ejemplo en los fastos annamitas, formó época en el reinado de doña Isabel II, siquiera por ser la primera legación europea que penetró en tan desconocido reino. Así podía hacerse olvidar la responsabilidad del ministro que al pactar la alianza con los franceses no ajustó las condiciones de ella, y el mal proceder de algunas autoridades españolas. La Francia fue a ciegas, sin conocimiento exacto del terreno. Por imprevisión de nuestro gobierno, lo que pudo haber sido una grande empresa, se limitó a una interesada adquisición de terreno, en la cual, sin embargo, ganó mucho el comercio europeo, y en el resultado de la guerra el cristianismo.

No ya acompañada España de soldados extranjeros, sino con los suyos, traspasó el Estrecho, y fue al África a vengar el agravio que suponía haber recibido por las salvajes kabilas de Anghera, confinantes con Ceuta, que derribaron una piedra y aun destruyeron unos garitones construidos en el campo neutral sin mucha escrupulosidad en los límites de la demarcación. No se había parado mientes en esto, como no se había considerado caso de guerra el que los moros del Riff hicieran sin motivo fuego a Melilla, limitándose su gobernador a pedir y obtener el castigo de los agresores. También los africanos hacían justas reclamaciones de talas de árboles; pero ni a esto, ni a la piedra, ni a los tiros daban los marroquíes importancia. Así accedieron a la reclamación del gobierno español; este aumentó sus exigencias, pidiendo que la línea fronteriza tomara por base del deslinde la sierra de Bullones, de una extensión de más de tres leguas; no admitió la mediación de potencia alguna, aunque la solicitaron Inglaterra y Francia, y la primera principalmente que no quería se estableciera frente a Gibraltar un poder que amenazara la importancia de esta plaza; atropelláronse los sucesos, y promovióse la guerra, no para vindicar el honor nacional, que no fue verdaderamente ultrajado, sino con otros fines, manifestados sin rebozo a algunos por el mismo conde de Lucena. Proponíase distraer a los partidos políticos de las cuestiones que los destrozaban y al país, reuniendo su pensamiento y su acción en un asunto nacional y popular, y supo vencer los muchísimos inconvenientes que se le presentaron.

El imperio de Marruecos, Moghreb-el-aksá, que significa extremo occidental, ocupa una considerable extensión de las dos vertientes del Atlas, cruzándole del N.E. a S.O. desde los confines de la Argelia, ocupada por los franceses, hasta el cabo de Ger, donde hunde sus tajadas rocas en el Océano Atlántico para asomar después en el Teide y otros de las Canarias. En una superficie de 691,000 kilómetros cuadrados alberga una población de 9 millones de almas, entre las que se cuentan unos 300 cristianos y cerca de 3,000 renegados.

España posee en esta región a Ceuta, Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas, Melilla y las islas Chafarinas. La primera plaza, de poco más de 7,000 habitantes, está cerrada con una triple línea de fortificaciones que resistieron un asedio de 26 años A O. se ven las ruinas de la antigua Ceuta, y cerca de la línea divisoria, al interior, elévase gradualmente el terreno hasta hacerse áspero y cubierto de espesos bosques, delante de los cuales existe una mezquita y el Serrallo. Desde Ceuta hasta el Cabo Negro, no ofrece interés la costa, en la que hay varias playas interrumpidas por puntas de rocas; la costa del Cabo Negro es brava y abrupta en general, e inhospitalaria por el salvajismo de sus habitantes; y entre los Cabos Negro y Mazarí, la costa es recta, baja, arenisca y cortada por tres ríos, de los que el único importante es el Martín o Guad-el-Jelú, que desemboca en el mar pasando antes por un extenso valle, defendida su desembocadura por el fuerte Martín. En el fondo de este valle, a unos 11 kilómetros al interior, se descubren en la falda de una eminencia los minaretes y los muros de la ciudad de Tetuán, flanqueados los muros por torres cuadradas, y dominada por un castillo. Su población, 16,000 habitantes.

Tal era el terreno que el ejército español iba a recorrer.

Regía a la sazón el imperio marroquí, Sidi-Mohjamed que acababa de suceder a su padre, y no gozaba de la mayor tranquilidad por las intrigas de otros príncipes aspirantes al trono. El mando del ejército que ordenó reunir cerca de Tánger, le confió a su hermano Muley-el-Abbas, ilustrado, valiente y bueno, y en quien tenía completa confianza.

Componíase el ejército marroquí, o más bien el del Sultán, de tropas permanentes y accidentales, formando las primeras el cuerpo de caballería o tropas de nueva ordenanza. Los Bojaris, que constituían el nervio principal del ejército, son en su mayor parte negros, a caballo, y forman la guardia del Sultán: llegaron a reunir unos 15,000 hombres armados de espingarda con bayoneta, sable-gumía, puñal y pistola Los moros de rey, Magarenis, son una especie de milicia localizada, o colonia militar, compuesta de familias determinadas, en las que todos los varones son soldados; disfrutan sueldo y terrenos del Estado y otras ventajas que hacen su condición superior a la del común del pueblo, que les respeta, y desempeñan ciertos servicios lucrativos como el de correos, acompañantes de extranjeros, etc. Suman unos 25,000 hombres, mitad infantes y mitad jinetes, armados como los anteriores. El Nizam es una escasa fuerza de infantería que no excede de 2,000 hombres, incluso algunos renegados instructores. A igual número ascendía el cuerpo de artillería, formado de renegados españoles, con unos 500 moros, contando su artillería de plaza sobre 600 piezas, antiguas y modernas, muchas inglesas, y 150 de batalla.

Las tropas accidentales, Gum, son el contingente de hombres armados que tiene obligación de presentar cada tribu cuando los llaman. Cada casa o choza da uno o más hombres de los inscritos de 16 a 60 años capaces de llevar las armas, y aunque pudiera formarse un ejército de más de trescientos mil combatientes, ha sido siempre difícil conservar reunida tanta gente por el séquito de acémilas y camellos con provisiones, y el acompañamiento de mujeres, niños y ancianos, que introducían el desorden más espantoso. De aquí que nunca reuniera el imperio un ejército de más de 40,000 hombres, que no tuvo más en anteriores empresas.

Declarada la guerra el 22 de octubre, se estableció el bloqueo de los puertos de Tánger, Larache y Tetuán. Este y el primer punto son los verdaderos objetivos de una campaña con Marruecos, siendo Tánger el más importante del imperio, militar y comercialmente considerado: es plaza de guerra, y residencia de los cónsules extranjeros. No lejos de allí se encuentra la bahía de Malabatah, a propósito para un desembarco; y a dos leguas de Tetuán la playa y desembocadura del río Martín que baña sus muros.

Por encontrarse Ceuta en nuestro poder, con puerto y muelle, es la más a propósito para desembarcar tropas; pero la operación dejado ser de guerra para el ejército ya en tierra, que se encuentra sin salida, por su gran distancia de los objetivos, y sin caminos que a ellos conduzcan, por lo que es el punto menos conveniente. Para ir a Tánger hay que recorrer diez leguas por un camino de herradura difícil y atravesar la divisoria de aguas de Sierra Bullones; y el camino de Tetuán, de 7 leguas de longitud, es también de herradura y tanto, que en muchos puntos es solo una senda de penoso tránsito aun para la infantería. Únicamente ofrecía la ventaja de estar cerca de la costa, con playas asequibles a los buques en algunos sitios.

La marcha de Ceuta a Tánger era difícil para el ejército, que podía quedar cortado a la segunda jornada con su base de operaciones y aprovisionamiento; no podía cargarse al soldado con ocho o diez raciones teniendo que combatir de continuo; tampoco era posible llevar convoyes, y en tal género de guerra, dice el general francés Jusuff, al tratar de la que ha hecho aquella nación en la Argelia, es preciso olvidar las máximas y preceptos de la guerra regular para hacerla de circunstancias. No era tan desfavorable el camino de Tetuán, porque al abandonar la base de Ceuta se quedaba en comunicación con la escuadra; aunque esta base de aprovisionamiento era bastante peligrosa, pues contar con una escuadra en el mes de diciembre es entregarse a la casualidad, era exponer al ejército a una catástrofe, como estuvo a punto de suceder por el temporal, frecuente en aquella época del año.

Quiso O’Donnell efectuar el desembarco en Malabatah o en Torre Martín, y al manifestar la marina ser imposible con los medios de que disponía, se eligió a Ceuta como punto de desembarco y base de operaciones, y a Tetuán como objetivo de la campaña Y aquí debemos repetir lo que en otra ocasión hemos dicho, para llevar al lector el pleno conocimiento de lo que referimos, y por la enseñanza que ofrece. ¿Qué se hizo para corroborar el anterior aserto? ¿Se practicó algún reconocimiento detenido? ¿Lo fue el que practicó el general O’Donnell? ¿Cómo no se vio que Torre Martín no oponía resistencia seria, y que en poco tiempo quedaba desartillada y destruida por unos cuantos buques de la escuadra, como sucedió después? De todos modos, hubo la falta de no haber hecho el reconocimiento tal como se debía hacer, no como se hizo; tarde y mal. Pero ya veremos lo que decidió la elección de Ceuta, escogida por necesidad, como base única de operaciones y punto de desembarco, a pesar de las razones expuestas que demuestran el poco acierto de tal determinación, o el olvido de las primeras reglas de la ciencia.

Guiaba el ejército español el general O’Donnell; y cada uno de los tres cuerpos de que se componía, los generales Echagüe, Zavala y Ros de Olano, mandando Prim la reserva, y Alcalá Galiano la división de caballería. La escuadra, compuesta de 14 buques, montando 223 cañones, estaba a las órdenes de Díaz de Herrera.

Incorporadas a la escuadra sus fuerzas sutiles, 4 faluchos y 10 cañoneras, se embarcó el 18 de noviembre en Algeciras el primer cuerpo, tomando tierra en Ceuta con bastante contrariedad por el estado del mar. Sin provisiones Ceuta para tanta fuerza, y suspendida la navegación por el temporal, no se pudo racionar a la tropa en dos días, el 20 y 21, y sintió escasez. Este contratiempo era una lección elocuente.

Faltando marina para embarcar de una vez mucha fuerza, había que hacerlo paulatinamente, por lo que atendiendo a la índole feroz y guerrera de los kabilas y a antecedentes históricos, era necesario no emprender operación alguna hasta contar con lo necesario para vencer y obrar vigorosamente, pues también la circunstancia de ser bisoñas nuestras tropas, era otra razón y no pequeña, para ser muy cautos y no exponerse a un descalabro que envalentonase al fanático enemigo, y rebajase el espíritu del soldado. Así que, a medida que iban desembarcando las tropas, debían haber ido acampando bajo los fuegos del cañón de Ceuta, manteniéndose en una prudente defensiva hasta hallarse en disposición de tomar una vigorosa ofensiva. Y sentimos destruir algunas ilusiones, pero debemos decir la verdad, la exige nuestra conciencia que está por encima de todo; y a lo que dejamos expuesto, debemos añadir que nuestro ejército estaba falto de todo lo necesario para entrar en campaña; y tratándose de hacerla en África, no se puede ni improvisar, ni emprenderla sin lo absolutamente indispensable, ni prescindir de algunas cosas, como material de campamento, etc.

Era el Serrallo ordinaria residencia del alcaide y fuerza de moros de rey que existía al frente de Ceuta, para obligar a los kabilas a respetar el campo neutral, cuyo edificio ruinoso, a 3 kilómetros, le abandonaron los moros cuando avanzó Echagüe. Eligió las posiciones que habían de fortificarse, se acampó allí, empezaron al día siguiente a construir los ingenieros los reductos Isabel II y Príncipe Alfonso, sosteniéndose algún tiroteo; atacaron a los dos días los moros el primero con tal empuje, que a pesar de la metralla de la artillería de montaña subieron hasta la contraescarpa del foso; les arrojaron a la bayoneta; volvieron el 24 a atacar el mismo reducto, y después de porfiado bregar y recibiendo de cara nuestros soldados un fuerte vendaval con lluvia, rechazaron al enemigo, si bien a costa de unas 100 bajas. En mayor número y con más feroz empuje atacaron el 25; resistieron valientes los batallones de Cataluña y Madrid; apoyóles Simancas, Alcántara, Granada y Borbón; rebasaron los africanos nuestra línea por la izquierda; viéronse arrollados los cazadores de Madrid y Alcántara, trabándose un combate a quemarropa y a la bayoneta, tan heroico como sangriento; acudieron Mérida y Talavera en su ayuda, empleando también la bayoneta; por haber sido herido Echagüe en un dedo de la mano cedió el mando a Gasset, que avanzó a la primera línea con el segundo de Granada; Borbón siguió también avanzando, llevando por delante al enemigo, y cerca de anochecer se efectuó la retirada al Serrallo. A 400 ascendieron las bajas de todas clases que experimentaron nuestras tropas.

La noticia de estos sucesos contrarió a O’Donnell en sus planes y proyectos sobre Tánger y le afectó, porque estaba completando lo mucho que faltaba hacer en el ejército; pero apremiaba el tiempo, tuvo que variar su plan, y aquella noche se embarcaron cuantas fuerzas fue posible con el mismo general en jefe y Zavala, ocupando este el Otero en cuanto desembarcó. O’Donnell, a bordo del Vulcano, reconoció la costa en dirección a Cabo Negro.

No asustó a los moros el refuerzo de los cristianos; hicieron frente, y trabóse el 30 ruda pelea, en la que también tomó parte O’Donnell: rechazó nuestra izquierda el ataque de los enemigos, y la derecha sosteniendo recias acometidas, vio muy reforzados a los marroquíes, que se extendieron hasta la altura del Renegado para envolver aquella ala, hasta que un ataque general por la izquierda y centro, desalojó al enemigo de sus posiciones, se cargó sobre los numerosos grupos que se habían adelantado por la derecha, les separaron en parte del grueso de sus fuerzas y los precipitaron por los derrumbaderos y barrancos que caen al mar.

Comprendiendo los africanos la importancia de los fuertes que empezaron a construir los españoles, resolvieron impedirlo, y al amanecer del 9 de diciembre cayeron denodadamente sobre el segundo cuerpo que mandaba Zavala, y se trabó una de las más sangrientas e importantes batallas de aquella campaña, presentándose por primera vez Muley-el-Abbas al frente de numeroso ejército de moros de rey y de todas las kabilas que habían peleado solas hasta entonces. Unos y otros combatientes pelearon con heroísmo, se dieron brillantes cargas a la bayoneta, y después de esa multitud de peripecias tan frecuentes en todos los combates, los heroicos africanos del jefe marroquí se estrellaron ante unas tropas que, aunque inferiores en número, tenían la incuestionable superioridad que les daban sus cualidades y el general que las mandaba, que ganó en esta batalla la gran cruz de San Fernando, única que se dio en toda la campaña.

Las pérdidas en uno y otro campo fueron grandes; de los 23 oficiales que contaba el batallón de Arapiles perdió 19.

Alentado el entusiasmo de los moros con su arraigada y fanática esperanza, reunieron nuevas fuerzas que se lanzaron valientes a interrumpir la marcha de los españoles; pelearon otra vez el 15, 20, 22, 25 y 29, teniendo que abrirse paso nuestras tropas con la punta de las bayonetas, y quedando por la noche a guardar los campamentos las que por el día no habían entrado en acción; sin que por esto dejara de hacerse frente al tenaz enemigo que se había propuesto no tuviera el cristiano un momento de reposo.

Eran ya muchas las bajas del ejército, a las que había que agregar las que producía el cólera, que ascendían a algunos miles.

Una escuadra de ocho buques fue el mismo día 29 a cañonear el fuerte Martín, cuyos fuegos apagó, sin la menor baja en sus tripulaciones. ¡Cuánta sangre y cuánto dinero se hubiera ahorrado España si este reconocimiento se hubiera hecho con oportunidad! Entonces se habría visto que podían haberse desembarcado dos cuerpos de ejército por lo menos, y contratándose la marina mercante necesaria, tomar tierra en aquellas playas en pocos días todo el ejército, evitándose una marcha con un combate a cada paso.

Al toque de diana del primer día de 1860 prosiguió la marcha el ejército, encargándose a la vanguardia apoderarse por sorpresa de unas posiciones ventajosas, que coronadas ya por los moros hubo que desalojarlos de ellas con más fuerzas. Habíase retirado el enemigo a unos montes de frente; se propuso atraer a los dos escuadrones de húsares que iban de vanguardia, y les fue atrayendo hasta internarlos en el valle del río Castillejos, donde adelantándose a la infantería cayeron en una emboscada que les fue funesta.

Proponíase O’Donnell ocupar la casa del Morabito por la división Prim, reforzada con el segundo cuerpo, y que este permaneciera en su campamento hasta el día siguiente que se lanzaría a atravesar el valle de los Castillejos; pero el general Prim, llevado de su fogosidad, enardecido a la vista del enemigo, obedeció más a su arrojo que a las órdenes recibidas, y atacó las primeras estribaciones de Sierra-Bullones, que no defendieron con empeño los africanos, desalojándolas con intento de llevar a ellas a los españoles, y recibir ellos los refuerzos que cerca tenían para caer violentamente sobre nuestras tropas. Así sucedió; trabóse reñido combate, en el que a pesar del heroísmo de los soldados y de los esfuerzos inauditos de Prim que cogió una bandera, no pudo conservar aquellas posiciones, y hubo de ceder algo del terreno conquistado, resultando una situación comprometida para el ejército todo y para el general en jefe, contrariado en sus planes, y sin fuerzas a la mano preparadas para acudir rápidamente al auxilio de Prim.

Había presenciado Zavala desde su campamento las primeras escaramuzas de la batalla, sin darlas importancia, porque sabía el propósito de O’Donnell de no empeñar nada decisivo aquel día, dejándolo para el siguiente en el que el segundo cuerpo que guiaba Zavala ocuparía la vanguardia para el ataque; pero conociendo por lo nutrido del fuego que algo extraordinario ocurría, descendió al valle de los Castillejos, ocupó la casa del Morabito, y como continuase el fuego, se dirigió con algunos batallones a penetrar por el boquete que conducía a la espalda de los moros y cogerlos entre dos fuegos, cuando recibió orden del general en jefe de retroceder; conferenciaron ambos generales en la casa del Morabito, vieron en aquel momento que las tropas de Prim perdían terreno, se lanzó Zavala a la carrera con los batallones preparados, siguiendo O’Donnell por su izquierda al sitio del conflicto, y en medio de un mortífero fuego, y sin disparar un tiro, tomó Zavala la posición enemiga a la bayoneta, y arrojó y dispersó a las numerosas huestes africanas, arrancándoles una victoria con la cual contaban.

Y no la ganaban por falta de bizarría en nuestras tropas; pues hasta aquellos mismos húsares a los que llevaron a una emboscada, en la resuelta carga a que después los lanzó Prim, llegaron al pie del campamento moro, entre posiciones escarpadas, acuchillando al enemigo, y apoderándose el cabo Mur de un estandarte. Rehechos los marroquíes acudieron contra los húsares, que sin infantería que los protegiera, por la gran distancia a que en su impetuoso avance la habían dejado, y acosados por todas partes, tuvieron que retirarse sobre la casa del Morabito.

La víctima de estos sucesos fueron los batallones de artillería de a pie, que avanzando tras los húsares, los desplegaron en las guerrillas, y no sabiendo, o no acertando a combatir bien en orden abierto, tuvieron grandes pérdidas. Siendo muy distinta su misión que la de las tropas ligeras, no se necesita ser militar para comprender que una división de reserva, cuyo núcleo principal era la artillería a pie e ingenieros, no debió ir de vanguardia ni en sitio donde tuviera que empezar el combate so pena de tenerles que emplear en orden abierto, como sucedió, sin poder hacer nada provechoso. Al entrar en su tienda el coronel de artillería don Francisco Barroeta, se suicidó de un pistoletazo, por no sobrevivir a la idea de haber sido batido; y sin embargo, aquellas fuerzas de Prim se batieron con la mayor bizarría y decisión. No era culpa de aquel digno jefe, harto pundonoroso, que se empleara su tropa de una manera tan inconveniente.

Unas 700 bajas contó el ejército español[1], no siendo menores las del africano.

Viendo su jefe la decisión de O’Donnell de seguir a Tetuán, se aprestó a entorpecer la marcha, levantó sus tiendas, y avanzó a ocupar otras ventajosas posiciones Atacó en la altura de la Condesa; no supo defender el paso del Monte Negrón, desfilando nuestro ejército por el estrecho arenal que hay entre el mar y las lagunas por donde se pierde el río Manuel; combatieron ligeramente sobre el río Asmir, con más empeño en las estribaciones del Monte Negrón; pero los obstáculos que no presentaron los moros se experimentaron del temporal; tuvo que retirarse la escuadra, perdiéndose la goleta Rosalía; empezaron a escasear las raciones; se carecía de medios para atender a los heridos y enfermos, y para no prolongar este conflicto se dispuso volviera a Ceuta una división por provisiones, que regresó a la media hora por divisar la llegada de unos vapores. Se peleó aquella tarde y el 12; después de cuatro días en el campamento que los soldados llamaron del hambre, que se invirtieron en desembarcar provisiones, y se sostuvieron los dos anteriores combates, continuó la marcha, venciéndose los obstáculos que el paso de Cabo Negro, el río Asmir y los moros presentaban, dominándose victoriosamente las elevadas crestas de la cordillera desde las que se descubría todo el valle de Tetuán, y en las que ondeó el pabellón de Castilla, costando estos triunfos bastantes pérdidas. Arreciaron los moros en su empeño, reforzados con los procedentes de Tetuán; trataron de forzar nuestras posiciones; se les rechazó; rehechos volvieron con fuerzas numerosas a atacar el centro y la derecha; otra vez fueron rechazados; pensó O’Donnell en un ataque general, y cuando le disponía, avanzó osado el enemigo con respetable caballería, trabóse ruda pelea y al fin fue rechazado por completo, dominando los españoles toda la última loma del descenso de las cordilleras, incluso el reducto, si bien a costa de más de 400 bajas, que indemnizó la llegada de la división Ríos embarcada la víspera en Algeciras y desembarcando sin obstáculo en el valle de Tetuán.

Mal podían conformarse los moros con la tranquilidad y confianza con que permanecían en aquel valle los cristianos; reunieron nuevas fuerzas, ejecutaron nocturnas algaradas, destruyeron en una noche el parapeto de la Estrella, y el 31 de enero cargaron sobre sus enemigos, decididos a arrojarlos al mar. O’Donnell supo hacer frente a esta embestida: todas las fuerzas sostuvieron bizarramente el combate.

Estos habían sido muy encarnizados por nuestra culpa; pues en vez de limitarnos a rechazar los ataques ocupando cercanas y defensivas posiciones, pudiendo en ellas ofender y ser poco ofendidos, en razón a que los moros, a pesar de su gran valor, combatían a la desbandada y en desorden, nos separábamos a gran distancia de los campamentos en su persecución, sin objeto, porque había que abandonar el terreno conquistado a fuerza de sangre.

En el combate del 31 experimentó el ejército español unas 600 bajas, aunque el parte oficial daba solo 459; pero en cuestión de partes, eran tan defectuosos, que del de esta batalla reclamó el general Quesada por las omisiones que contenía, y afectaban al bizarro comportamiento de aquel general y de sus tropas, que tanto se distinguieron en aquel hecho de armas.

Para el 4 de febrero, preparó el general español la batalla que había de hacerle dueño de Tetuán, y ya al amanecer estaba formado el ejército hábilmente; y si la lluvia pudo en un principio impedir el movimiento, iniciado este, ya no le contuvo ni el arrojo de los africanos, ni el incesante y mortífero vomitar de su artillería. Cuando se ordenó el ataque general, después de haberse lanzado unos 3,000 proyectiles, huecos en su mayor parte, Prim, con los primeros batallones que le seguían y los voluntarios catalanes, se lanzó a la trinchera enemiga, atravesando, bajo un mortífero fuego, el pantano que servía de foso a los parapetos, mientras los generales Turón y García embestían el extremo derecho de la misma trinchera. Heroicos esfuerzos hicieron los marroquíes para disputar la victoria a los españoles; igualaba su obstinación a su heroísmo; pero fueron vencidos.

Dueño O’Donnell del campo de batalla y de cuanto en él había, avanzó a Tetuán al día siguiente; mas no necesitó sitiarle, como a ello se disponía. Le rogaron para que ocuparan pronto los cristianos la ciudad santa de los mahometanos, bien maltratada por ellos mismos; se respetaron vidas y haciendas, se respetó también el libre ejercicio de la religión, y se celebró por nuestros soldados la ocupación de aquella plaza, como el preludio de la paz por todos ansiada. Ya deseó Muley-el-Abbas conocer las condiciones de ella, y aunque consideró inadmisible la concesión de Tetuán, entretuvo las negociaciones para dar tiempo a reunir más fuerzas. Tan ventajosa como era para ellos la dilación, era deplorable para nosotros. En la conferencia habida el 23 entre los dos jefes enemigos, se rompieron las negociaciones. Aprestáronse a las armas, bombardeó la escuadra los puertos de Larache y Arcilla; y el ejército, reforzado con el contingente vascongado, sostuvo ligeros combates el 10 de marzo en las inmediaciones de Samsa, donde se empeñó al día siguiente un sangriento bregar de seis horas. Olvidando elocuentes lecciones, tuvimos inútilmente más de 200 bajas, porque no se limitó nuestro ejército a rechazar la agresión, sino que avanzó más de cinco kilómetros persiguiendo a los moros, que llevaron, como de costumbre, un regimiento de caballería, Albuera, a una emboscada.

Sigue avanzando el ejército español hacia Tánger, venciendo no pocas ni pequeñas dificultades y peleando sin cesar con los indómitos infieles, hasta que en Vad-Ras se trabó el más rudo combate de toda la campaña, y el más sangriento para nuestros soldados. Sobre todo el que se empeñó en los aduares enemigos, diferentes veces tomados, perdidos y recuperados; donde la caballería, a pesar de lo dificultoso del terreno, tuvo que dar varias cargas en las que experimentó grandes pérdidas. Allí no se cedía ni se avanzaba una pulgada de terreno: allí se mezclaban unos y otros combatientes para luchar cuerpo a cuerpo; y a pesar de haber entrado en fuego las reservas y de ser continuas las cargas a la bayoneta, el enemigo no cejaba, las tropas se hallaban extenuadas de fatiga, y en tan críticos momentos, se presentó en aquel campo de muerte y desolación el general García, que enterado por Prim, que había perdido dos caballos, de lo que sucedía, atacó con una división del tercer cuerpo, y no sin trabajo, y derramándose mucha sangre, hicieron a los marroquíes abandonar los aduares, envueltos a la vez por el primer cuerpo, que avanzaba por Vad-Ras, terminando todo con la desbandada de los enemigos hacia el Fondack, cuyo paso estaba resuelto a disputarnos, y podía hacerlo con ventaja por ser el camino un profundo y estrecho barranco, y muy agrio el terreno de las alturas que lo dominan.

El combate del 23 afortunadamente fue el último. Se descansó el 24, y al día siguiente conferenció Muley-el-Abbas con O’Donnell, ajustándose la paz, quedando Tetuán en poder de los españoles hasta la completa entrega de 400 millones de reales que era la indemnización de guerra. Para el establecimiento de pesquerías en la isla de Santa Cruz de mar pequeña, misiones en Fez, sostenimiento cerca del emperador de un encargado de negocios y realización de un tratado de comercio, no hubo inconvenientes[2].

La paz fue un magnífico acontecimiento para nuestro ejército que había sufrido mucho en la batalla de Vad-Ras; aún le quedaba que sufrir en cinco días más de marcha, por terreno agrio y quebrado, donde esperaba tenaz el enemigo, y donde la caballería y la artillería montada y a caballo era inútil, por lo cual tenía que retroceder a Tetuán.

La noticia de la ocupación de esta ciudad se recibió en España con delirante júbilo, y con tibieza la de la celebración de la paz, que se esperaba ver ajustada en Tánger. Algunos, no sabemos si de buena voluntad, pretendían se empujase a O’Donnell hasta Marruecos. No merecía criticarse una paz que indemnizaba los gastos de la guerra, ampliaba nuestro territorio y enaltecía a España y a su ejército.

Si la guerra había sido, además de injusta, una insigne torpeza diplomática, se resiste a todo examen el tratado de comercio, que a virtud del de paz, se ajustó después en Madrid, onerosísimo para Marruecos y España, y solo ventajoso para todas las demás naciones. Más antipatía nos enajenó en África el antipolítico, antidiplomático e inconveniente tratado de comercio, que la misma guerra.

La guerra de África demostró la virilidad española, que no había degenerado la raza de aquellos heroicos soldados que lo mismo conquistaban imperios en Oriente que el Nuevo Mundo en América; dio ocasión a ejecutar uno de esos rasgos que nos son característicos, pagando en aquellos apuros a la Inglaterra una deuda atrasada de 49 millones de reales, que tuvo el atrevimiento de reclamar en tan críticas circunstancias, y si no consiguió O’Donnell su objeto de unir a los partidos políticos, mostráronsele afectos los más liberales, y el pueblo, al que había cañoneado cuatro años antes, lo victoreó y le arrojó coronas.

Hubo faltas, cometiéronse defectos, ¿qué obra humana no los tiene? consignados están ya; pero España conquistó innegable gloria, y adquirió legítima importancia.

La indemnización de daños causados a los españoles durante la guerra que produjo la independencia mejicana, fue objeto de reclamaciones que experimentaron diferentes vicisitudes, porque a la vez que justos créditos presentábanse no pocos fraudulentos. Agravaron esta cuestión los excesos cometidos con algunos españoles y la lucha civil que se produjo en aquella república. Considerando O’Donnell propicia la ocasión, y lisonjeado con la popularidad que le daría una expedición contra Méjico, arreció en sus reclamaciones, empezó sus preparativos belicosos, no mostró gran tacto político tratando con un partido mejicano cuando estaban niveladas las fuerzas de los que se disputaban el poder, y si podía justificar la elección de don Joaquín Francisco Pacheco para embajador en aquella república, donde fue recibido de la manera más lisonjera, no estuvo muy acertado el señor Pacheco cuando al cabo de días y meses de inexplicable irresolución presentó sus credenciales al contendiente que más en decadencia estaba el que fue a los pocos días derrotado.

Expulsado nuestro representante se preparó en Cuba una expedición mandada por los generales Serrano y Rubalcaba. Los atropellos que aquella perturbada república cometió con súbditos ingleses y franceses, produjeron el rompimiento de relaciones con Francia e Inglaterra; y temiendo estas potencias que España por sí sola llevase a cabo la expedición proyectada, trataron de que la acción fuese común. Sin cuidarse de nosotros, iban a apoderarse de las Aduanas de Veracruz y Tampico para reintegrarse de lo que les debía Méjico, y al saberlo el gobierno español, se resolvió a obrar enérgicamente para anticiparse a la acción de Francia e Inglaterra, y dijo a nuestro embajador que, «si convenían en proceder de acuerdo con España, se reunirían fuerzas de las tres potencias, tanto para obtener la reparación de sus agravios, como para establecer un orden regular y estable en Méjico. Si prescinden de España, el gobierno de la reina que esperaba momento oportuno para obrar con vigor, sin dar motivo a que se le atribuyan miras políticas de ningún género, obtendrá las satisfacciones que tiene derecho a reclamar, empleando las fuerzas que posee, superiores a las que se necesitan para realizar una empresa de este género».

El resultado de tan digno despacho y de la actitud de O’Donnell fue firmarse en Londres el convenio de 31 de octubre de 1861 para la común acción de Inglaterra, Francia y España, «obligándose a no ejercer en los negocios interiores de Méjico influencia alguna capaz de menoscabar el derecho que tiene la nación para escoger y constituir libremente la forma de su gobierno». Se aprestaron las fuerzas, dióse a Prim el mando de las españolas, las que se habían reunido en la Habana se adelantaron a Veracruz por ignorar el capitán general de Cuba el tratado de las tres potencias, ocuparon aquel puerto y el fuerte de San Juan de Ulúa, abandonado; allí esperaron a las escuadras aliadas; reunidos los tres jefes expedicionarios publicaron que no llevaban proyectos de conquista, de restauración o de intervención en su política y administración, y que habían aceptado desde luego la independencia de aquel país al que iban a tender una mano amiga.

Pronto demostró la llegada de Miramón el poco crédito de tales ofertas, que eran además hipócritas, porque el francés llevaba ya un monarca y España aspiraba platónicamente a que lo fuera una princesa: no armonizaron mucho los plenipotenciarios en algunas de las quince conferencias celebradas en Veracruz; ajustó Prim con el ministro mejicano Doblado, en la Soledad, los preliminares de las conferencias que se habían de celebrar en Orizaba, a las que desearon los representantes de Inglaterra y España que asistiera Lagraviere, que ya había dicho que obraba por su cuenta; ocupan en tanto las partes aliadas a Córdoba, Orizaba y Tehuacán; Prim y el gobierno español mostráronse decididos a oponerse a que se quiera imponer a la nación mejicana la forma de gobierno monárquico y el príncipe Maximiliano como candidato; el representante francés declaró que su expedición era una expedición francesa que no estaba a las órdenes de nadie, y decidido a toda costa a llegar al fin que se había propuesto[3]. En tales circunstancias celebróse en Orizaba el 9 de abril la famosa conferencia que rompió la unión de los representantes de las tres potencias, no queriendo hacerse los de Inglaterra y España solidarios de los propósitos belicosos y monárquicos del de Francia[4]. Rota la alianza en Orizaba se separaron las fuerzas inglesas y españolas. Lo comunicaron así al gobierno mejicano, que quiso tratar con los representantes de Inglaterra y España y muy especialmente con Prim, no llegaron a efectuarse estos tratos y el jefe español regresó a España por no hacerse cómplice de implantar en Méjico una monarquía que acabaría en cuanto dejaran de apuntalarla las bayonetas extranjeras.

Ya lo había dicho al gobierno: no fue una resolución repentina, como se ha creído: tenemos a la vista todos sus despachos: escribe en uno «que antes que un príncipe extranjero quería que conservasen los mejicanos sus instituciones republicanas» y desde Orizaba, el 17 de marzo, dijo al emperador Napoleón, entre otras cosas lo siguiente:—«La llegada a Veracruz del general Almonte, del antiguo ministro Haro, del P. Miranda y de otros mejicanos emigrados, trayendo la idea de crear una monarquía en favor del príncipe Maximiliano de Austria, bandera que según ellos, debe ser apoyada y sostenida por las fuerzas de V. M. I., va a crear una situación difícil para todos y más difícil y angustiosa para el general en jefe de las tropas españolas; quien a tenor de las instrucciones de su gobierno basadas en la Convención de Londres y casi iguales a las que vuestro digno y noble vicealmirante Lagraviere recibió del gobierno de V. M., se vería en el sensible caso de no poder coadyuvar a la realización de las miras de V. M. I. si ellas fuesen realmente las de levantar un trono en este país para sentar en él al archiduque de Austria. A más, tengo la profunda convicción. Señor, de que en este país son muy pocos los hombres de sentimientos monárquicos, y es lógico que así sea, cuando aquí no conocieron nunca la monarquía en las personas de los monarcas de España y sí solo en las de los virreyes que gobernaban cada uno, según su mejor o peor criterio y propias luces, y todos según las costumbres y modo de gobernar a los pueblos en aquella época ya remota. La monarquía, pues, no dejó en este suelo ni los inmensos intereses de una nobleza secular, como sucede en Europa, cuando al impulso de los huracanes revolucionarios se derrumba algunos de los tronos; ni dejó intereses morales: ni dejó nada que pueda hacer desear a la generación actual el restablecimiento de la monarquía que no conoció, y que nadie ni nada le ha enseñado a querer y venerar.

»Por lo dicho y por otras razones que no se pueden ocultar a la elevada penetración de V. M. I., comprenderá que la opinión inmensamente general en este país, no es ni puede ser monárquica; pero si la lógica no bastara, bastará a demostrarlo el hecho de que en dos meses que las banderas aliadas ondean en la plaza de Veracruz, ni hoy que ocupamos los pueblos importantes de Córdoba, Orizaba y Tehuacán, en donde no han quedado fuerzas mejicanas ni más autoridad que la civil, ni monárquicos ni conservadores han hecho la menor demostración, siquiera para hacer ver a los aliados que tales partidarios existen…

»Hasta fácil le será a V. M. conducir al príncipe Maximiliano a la capital y coronarlo rey, pero este rey no encontrará en el país más apoyo que el de los jefes conservadores, quienes no pensaron en establecer la monarquía cuando estuvieron en el poder y piensan en ello hoy que están dispersos y vencidos y emigrados — Algunos hombres ricos admitirán también al monarca extranjero, siendo fortalecido por los soldados de V. M., pero no harán nada para sostenerlo el día en que este apoyo llegara a faltarle, y el monarca caería del trono elevado por V. M. como otros poderosos de la tierra caerán el día en que el manto imperial de V. M. deje de encubrirlos y de escudarlos».

No habiéndose enviado de Cuba a Prim los buques que pidió, aceptó los ingleses, y él se embarcó en el vapor de guerra español Ulloa: recibiéronle fríamente en la Habana; censuró a su vez el comportamiento que con él habían tenido las autoridades de Cuba; comprendió que tenía en su contra la opinión pública; menos para la reina, se hizo para casi todos los demás esta cuestión de partido cuando era nacional, y O’Donnell, dejándose guiar por la corriente, llevó a S. M. el decreto desaprobando la conducta del conde de Reus. No queriendo poner el duque de Tetuán en el caso de dimitir si no firmaba el decreto de que sabía era portador, salió el rey al encuentro del presidente del Consejo, y le dijo: «Bien venido seas. La reina te espera impaciente. Suponemos que vendrás a felicitarnos por el gran acontecimiento de Méjico, Prim se ha portado como un hombre. Ven, ven; la reina está loca de contento». Y aquella señora con su característica vivacidad, le dijo: «¿Has visto qué cosa tan buena ha hecho Prim?». Los mensajeros que este envió, la habían informado de todo.

O’Donnell se adhirió al sentimiento de la reina; arrostró en ambas cámaras ataques más apasionados que lógicos; se retiró el representante de Francia en Madrid, haciendo lo mismo Mon que nos representaba en París; se envió después al marqués de la Habana, al que dijo el emperador que «de la reina de España dependía solo el conservar un aliado sincero y leal en S. M. Imperial»; y dio al fin Napoleón las explicaciones que satisfacieron al gobierno español, aunque guardando resentimientos al general Prim, que no tardó en ver cumplida su profecía respecto a la monarquía impuesta a Méjico.

Por este tiempo se suscitaron, o más bien se agravaron pequeñas diferencias con el Perú y Chile; se ocuparon las islas Chinchas, productoras del guano que constituye la principal riqueza de aquella república, aunque se devolvieron a poco, cesando el estado de hostilidad que con ella existía; no tuvieron tan buen término las negociaciones con Chile, en las que no estuvo acertado ni oportuno nuestro negociador el señor Pareja, enviando el memorial de agravios pidiendo satisfacciones el mismo día en que Chile celebraba el del aniversario de su independencia, hiriendo en lo más vivo el sentimiento nacional. Se rompieron las hostilidades apresando los chilenos la goleta Covadonga, por lo que se suicidó el general Pareja, dejando escrito que no se arrojara su cadáver en las aguas de Chile, reemplazándole el brigadier don Casto Méndez Núñez, que vengó la pérdida de aquel buque, y bombardeó a Valparaíso; Perú declaró la guerra a España, aliándose con Chile, y pelearon bien la Villa de Madrid y la Blanca en el canal de la isla de Abtao contra las fuerzas navales combinadas de Chile y el Perú.

Al participar Méndez Núñez este combate, que, si bien no fue decisivo por las graves dificultades que impidieron a nuestras fuerzas penetrar en aquella localidad, inauguró bien las operaciones y acreditó a los comandantes de ambos buques señores Alvargonzález y Topete, contestó el ministro de marina general Zavala celebrando que se atacara a los enemigos, y que, «si concluida esta operación se hubiera dirigido Méndez Núñez al estrecho de Magallanes a esperar el paso del Huáscar e Independencia, echando a pique el primero y pasándolo por ojo con la Numancia, y abordando al segundo con cualquiera de las fragatas, por no tener la Independencia blindadas sus extremidades ni su cubierta alta, habría coronado de un modo glorioso una empresa confiada a su talento y demás circunstancias que le distinguían». Las instrucciones que además se le daban, eran terminantes y belicosas, sin que ofrecieran la menor duda, extrañándose el ministro de la tardanza en el cumplimiento de ellas, impaciente como estaba de que se verificara un acto de que pudiera enorgullecerse nuestra marina y honrarse España. Ya había dicho antes también el mismo ministro que no acertaba a explicarse que Méndez Núñez, teniendo oportuno y seguro aviso por el que le constaba que la Unión y América, corbetas peruanas, que antes habían debido su salvación, perseguidas por la Numancia, al tiempo que esta perdió por el recalentado del cojinete de la chumacera central del eje del hélice, hacían rumbo después de Iquique al Sur, pasando por consiguiente a la altura de Valparaíso, no pusiera inmediatamente en movimiento las fuerzas necesarias para apresarlas, desperdiciando así una ocasión tan favorable para reivindicar nuestra dignidad ultrajada.

Después del bombardeo de Valparaíso, se componía la escuadra del Pacífico de la fragata blindada Numancia y las de hélice Villa de Madrid, Almansa, Resolución, Berenguela y Blanca, con la goleta Vencedora y algún vapor transporte, además de varios mercantes consagrados a depósitos de carbón y otros servicios. Con esta escuadra fue Méndez Núñez al Callao, cuyo puerto bloqueó anunciando su decisión de bombardearle; apresó algunas embarcaciones peruanas, y el 2 de mayo —1866— como si pensara solamente en contestar a los que habían criticado se atacara a Valparaíso, donde no había fortalezas, por permitir las leyes de la guerra atacar al enemigo por la parte más flaca, decidióse a hacerlo en el fortificado Callao, y presentó el pecho de los españoles antes las baterías y torres de los peruanos.

Estos habían construido excelentes baterías bien artilladas y una magnífica torre blindada con dos monstruosos cañones Armstrong que arrojaban proyectiles de 300 libras.

Dada la señal de zafarrancho por la Numancia, marcharon todos los barcos silenciosa y ordenadamente, victoreados por los extranjeros a quienes asombraba ver ir naves de madera a atacar fuertes blindados. Un ¡viva la reina! y un cañonazo de la Numancia anunciaron el principio del combate, adelantándose majestuosamente y sin hacer fuego la Villa de Madrid a ocupar su puesto; entonces recibió uno de aquellos proyectiles, que inutilizó a 40 hombres y la máquina, no impidiendo esto que contestara con sostenido fuego hasta que la retiró la Vencedora. Salieron también de la línea la Berenguela a reparar averías, la Blanca por agotadas sus municiones, y la Almansa por un incendio que se dominó; siguió el combate; fue herido Méndez Núñez y algunos otros oficiales; se voló la torre peruana; se apagaron los fuegos de casi todos los cañones enemigos; pero ya no disparaban nuestros buques y lo seguía haciendo una batería de tierra, como proclamando la victoria y el dominio del sitio de la batalla.

En aquel combate a pecho descubierto, sin poder ser los disparos de los buques tan certeros como los de tierra, por lo que fue menor la pérdida de los peruanos, tuvo nuestra escuadra cerca de 200 bajas entre muertos, heridos y contusos.

Unos y otros combatientes se atribuyeron la victoria, fundándola los peruanos en que los últimos disparos fueron de sus cañones, y en que la escuadra española no repitió al siguiente día el bombardeo hasta apagar enteramente los fuegos peruanos.

Méndez Núñez manifestó la imposibilidad de continuar el ataque, no tanto por lo que padecieron los buques, como por el estado de salud de la tripulación, a cuyo restablecimiento atendió, marchando unos a Río Janeiro y otros a las islas del archipiélago de Otahiti.

Pudo sin embargo haberse repetido el ataque, y debió repetirse al día siguiente por la Numancia, Almansa, Blanca y Resolución; y este segundo ataque, por los términos en que hubiese sido contestado, habría dado la medida del estado en que había quedado el enemigo; siendo más que probable que esto fuera lo que proporcionara la victoria verdadera y completa. La retirada de los buques de la batalla antes de apagar totalmente los fuegos enemigos, motivó la jactancia del Perú, no desprovista de fundamento, de que era suya la victoria, porque habían hecho retirar maltrechos a los buques, y que envalentonados con su presumido triunfo, lanzasen aquella noche un torpedo desde la isla de San Lorenzo, que ocasionó una noche toledana, con los movimientos a que obligó a casi todos los buques para evitar el encuentro con aquel objeto desconocido en su forma y presumido en su esencia.

Aunque retrocedamos algún tanto en la narración, importa para el cabal conocimiento de algunos hechos, exponer antecedentes que son notables El pavor que infundió a la corte la revolución de 1854, convirtióse a poco en conspiración contra las ideas que representaba. Disgustóse la reina con los progresistas, e inclinado el rey a la reconciliación de la real familia, creyendo con esto evitar la guerra civil con que amenazaban los carlistas, comisionó a don Eugenio de Ochoa, que vio en la tarde del 10 de febrero de 1855 a don Antonio de Arjona, diciéndole iba de parte del rey, para efectuar una entrevista, pues «conocían SS. MM. los peligros que les rodeaban, y deseaban encontrar un medio de reconciliación para ser así más fuertes contra la revolución que amenazaba disolverlo todo». Verificóse la conferencia en el regio alcázar; manifestó el rey «que bajo la base de respetar los derechos de la reina, quería la reconciliación para oponerse todos al enemigo común, con cuyo designio había tenido con el conde de Montemolín una larga correspondencia antes de su matrimonio, de la cual no se había hecho un uso prudente, ocasionándole con posterioridad graves disgustos, cuando su objeto no había sido otro que el evitar que un extranjero, aun cuando fuera Borbón, ocupase el trono de España, considerando que su primo debía ser preferido a él, y en vista de su negativa absoluta se decidió al matrimonio para servir por lo menos de obstáculo a males que de otro modo hubieran ocurrido; que el mayor peligro estaba en los carlistas, a quienes creía ayudaba Napoleón, y que combatir el trono de la reina era destruir la dinastía borbónica». No quedaron bien parados en la conferencia Olózaga, Orense, O’Donnell, Espartero y algún otro, por expresiones vertidas contraía reina; expuso que esta señora no estaba dispuesta a firmar la ley que declarase la libertad legal de conciencia, haciendo entonces un llamamiento a los monárquicos católicos de todos los partidos, y preguntó si los carlistas le seguirían. Convínose en que para todo ulterior resultado, tenía que mediar la reconciliación, y redactó Ochoa una nota que aprobada por el rey, se envió a Montemolín, consignando en ella: «1.º SS. MM. doña Isabel II y don Francisco de Asís conservarán los honores que hoy disfrutan.—2.º El conde de Montemolín gobernará la nación bajo la denominación de Carlos VI.—3.º La princesa Isabel será la prometida esposa del hijo primogénito del conde de Montemolín.—4.º Si el conde de Montemolín no tuviese hijo varón, la princesa casará indispensablemente con el primogénito del señor infante don Juan: en ambos casos, los futuros esposos se titularán segundos Reyes Católicos, y tendrán iguales derechos.—5.º El señor conde de Montemolín abdicará la corona cuando el presunto heredero tenga 25 años». Se concertaban otros enlaces, se confirmaba en sus empleos, grados y condecoraciones, a los que habían militado bajo una y otra rama de la real familia, y verificada la concordia, se convocarían unas Cortes, según costumbre antigua de España, para el arreglo definitivo de sucesión de estos reinos.

Montemolín envió desde Nápoles otras proposiciones idénticas en lo esencial; y ocurriendo entonces el fallecimiento de don Carlos María Isidro, padre de aquel, escribióle el rey don Francisco una carta —17 de marzo de 1855— dándole el pésame con sentidas frases, y le decía: «Yo, a lo menos, experimento hoy con mayor vehemencia que nunca una gran tristeza al considerar el apartamiento en que vivimos hace tantos años con pesar y daño mutuos, contrariando así por fatales complicaciones de un interés mal entendido, los impulsos del cariño y las leyes de la naturaleza. Tú sabes que estas ideas de concordia y amor, no son nuevas en mí; y que por más que esta dolorosa ocasión no sea propicia para tocar ciertas materias por el estado de aflicción en que estará tu ánimo, no puedo menos de recordarte el contenido de mis cartas anteriores, y de rogarte que lo medites seriamente, en la nueva situación en que te ha colocado la desgracia. Los sucesos políticos caminan por una pendiente muy peligrosa, tú lo sabes. Nuestras discordias de familia, aprovechadas con pérfida habilidad por los que tanto en ti como en nosotros, no ven más que obstáculos a sus planes de innovaciones funestas para España, nuestra patria común, podrían muy bien, si te dejases engañar por ellos, alentarlos en la esperanza de una victoria que nuestra unión sincera haría imposible. Por eso, y solo por eso, créeme a mí, ponen tanto empeño en que vivamos desunidos.—Consulta tu corazón como yo consulto el mío, y si él te dice de acuerdo con tu claro entendimiento, y con las lecciones de la experiencia, que en la deshecha borrasca porque todos estamos pasando, solo la unión de nuestra familia puede consolidar nuestra dinastía y alejar de España horribles males, ten por cierto, querido Carlos, que en la reina y en mí hallarás siempre el más cordial deseo de poner término a esta situación tan peligrosa y violenta, salvando hasta donde sea posible el decoro y el interés tuyo y de tus hermanos».

Don Carlos Luis contestó desde Trieste —29 de marzo— entre otras cosas, lo siguiente: «No tengo más que repetirte lo que te hice decir en respuesta a tu carta del 15 de febrero, a saber, que estoy resuelto a hacer cuantos sacrificios sean compatibles con mi honor y mi conciencia, porque deseo de veras la reconciliación de mi amada familia, objeto el más caro de mi corazón y sin excepción alguna…

Te aseguro que me afecta extraordinariamente el estado actual de cosas en España, y no menos la situación en que se encuentra la familia, y particularmente tú y mi querida prima, y que anhelo ardientemente contribuir al bien general y al tuyo particular y al de Isabel. El día en que vea realizada la unión de todos con vínculos indisolubles, será el más afortunado de mi vida».

Esta contestación y la nota que la acompañaba, la entregó Arjona al rey en presencia de Ochoa, reiterando S. M. su deseo de llegar pronto a una buena inteligencia, cumpliendo así lo que manifestó su madre y le encargó en sus últimos momentos. En las dos horas y media que duró la conferencia, insistió el rey en que era preciso combatir la revolución, sin que por esto quisiera que imperase el despotismo, pues deseaba la publicidad, como correctivo contra las arbitrariedades del poder, considerando lo más cómodo gobernar sin responsabilidad; acusó a los moderados de conspirar contra la reina, y quedó en resolver, de acuerdo con esta señora, sobre la nota que ya conocemos.

Al dar Arjona cuenta a Elío para que este lo hiciera a Montemolín, del proyecto de algunos moderados para destronar a la reina, —carta de 1.º de abril de 1855— no quiso admitir Montemolín este movimiento, sin que le precediera un pacto de familia.

En cuanto a las negociaciones para la reconciliación, no produjeron resultado, atribuyéndolo Arjona a la intervención del señor Ochoa, de quien dice que procuraba más servir los intereses de la reina Cristina, adversa a los carlistas Se intentaron después por otros nuevas negociaciones para la reconciliación de la real familia y ciertos enlaces; la contrarrevolución de 1856 disipó los temores de la reina y se creyó más asegurada en el trono, y aunque no se prescindió por completo de ciertas alianzas o inteligencias, se pensó en más vasta empresa. Nombró al efecto Montemolín una comisión regia suprema que llegó a ser un Estado dentro del Estado, pues como dice uno de sus más importantes individuos, «empujaba la máquina giratoria del ministerio de la Guerra en lo que convenía a la comisión… no había una capitanía general donde no estuviese representada su influencia de un modo semioficial, y esta influencia a veces era enérgica. La comisión regia suprema llevaba y traía regimientos, movía y removía jefes ad libitum». Dispuso asimismo del ministerio de Gracia y Justicia, y su poder se extendía desde palacio a la última de las oficinas públicas.

Habíase planteado el problema de si podía hacerse la revolución con solo los elementos carlistas, y si debía efectuarse una restauración no solo de principios, sino también de personas, y se resolvió llamar gente nueva y transigir con ciertos hechos y derechos creados. Era la completa abdicación del carlismo. Así se admitieron prosélitos de todas procedencias, siendo la que consideraron más valiosa la del general don Jaime Ortega, joven no menos afortunado que audaz, cuyas ideas liberales abandonó, según es fama, por las revelaciones políticas que le hiciera la infanta doña Luisa Carlota, Pensó desde entonces en poder ejecutar un acto grande, atrevido, en el que perdiera la vida o diera mucho que hablar, son palabras suyas; y creyendo ancho campo a la satisfacción de sus deseos el montemolinista, se afilió a su bandera a principios de 1858, pero reservadamente. Solo así se explica que, aunque O’Donnell no le quiso llevar a la guerra de África, ni darle el mando de capitanías generales de importancia, le confiriera el de las Baleares.

Durante el viaje de la reina a Asturias y Galicia en 1858 se había pensado en efectuar un movimiento para destronarla, y así se trató en una reunión en casa de Ortega; mas no se realizó el plan porque los jefes de Castilla la Vieja mostraron carecer de medios para obtener un favorable resultado.

Siguieron los trabajos de conspiración, se reunieron para ella grandes recursos, habiendo grande de España que dio él solo por aquel objeto más que toda la grandeza reunida por la guerra de África, y se dispuso realizar el proyecto el 19 de marzo.

Como programa firmó don Carlos Luis el 16 un manifiesto en el que declaraba que quería para España un gobierno representativo, en el que los diputados con el mandato imperativo, fueran a las Cortes a representar los intereses de los electores y no los suyos; la división de las provincias, buscando una división territorial por zonas; la descentralización administrativa más completa, dando a las diputaciones provinciales absolutas facultades en todo lo referente a montes, aguas y vías de comunicación; constituir los ayuntamientos con propietarios; sustituir los jueces de primera instancia con tribunales de tres magistrados, y reducir el número de audiencias; reconocimiento de la deuda pública; realizar todas las economías posibles hasta nivelar los presupuestos; vigilar la instrucción pública como base de la civilización y del bienestar de los pueblos, fiscalizándola los padres de familia; reformar el ejército y la carrera militar, y terminaba diciendo: «A nadie considero como enemigo mío, a nadie rechazo, a todos llamo y todos los españoles honrados y de buena fe caben bajo la bandera de vuestro rey legítimo.—CARLOS».

Previo un aplazamiento de ocho días que desconcertó todos los planes, por no haberle avisado a la comisaría regia suprema, al fin se embarcó en Marsella don Carlos, con su hermano don Fernando, Elío y Quintanilla: una gran tormenta les obligó a arribar a Cette; detuviéronse allí hasta vencer las dificultades que podían comprometer a los viajeros, que iban de incógnito; zarpó de nuevo el buque a condición de no arribar en ningún otro puerto español que Palma; unióseles aquí Ortega con la pequeña escuadra que tenía reunida de cinco vapores y dos buques de vela, y embarcadas las tropas en Mahón y Palma, tomó rumbo la expedición el 1.º de abril para San Carlos de la Rápita.

Todo había marchado felizmente para los expedicionarios que penetraron hasta Amposta; pero no había contado Ortega con la adhesión de las fuerzas que sacó de las Baleares; desconfiaron del objeto a que se las llevaba, consideróse Ortega perdido y el fracaso fue completo. Al ser preso y saber que no había estallado en Madrid rebelión alguna, ni abdicado la reina, exclamó: ¡Me han vendido!

Conducido a Tortosa, y juzgado y sentenciado ilegalmente, pues debió sometérsele a la ley de 25 de abril de 1821, sufrió la muerte con valentía y resignación cristiana. Preso Elío cerca de Vinaroz fue encerrado en el castillo de Tortosa, donde también estaba Ortega; pero no se le sometió al mismo tribunal.

Don Carlos y su hermano permanecieron varios días escondidos en una casa en Ulldecona; en ella les prendió la guardia civil, les condujo a Tortosa, allí firmó la renuncia de los derechos que creía tener a la corona de España y se amnistió a todos los comprometidos, que eran muchos, en los anteriores sucesos. A vista de la renuncia de don Carlos, reclamó su hermano don Juan los derechos que suponía tener al trono, manifestándolo así a las Cortes, a las que no se dio lectura de este documento. Pocos días después se retractó Montemolín.

Si al efectuar Ortega su desembarco en San Carlos de la Rápita no se realizó en el resto de España el pronunciamiento proyectado, lanzáronse algunas partidas que sucumbieron en breve, apresurándose el fusilamiento de algunos infelices muchachos trabajadores en las minas de Baracaldo, y el de Carrión en Palencia.

Cansados y empobrecidos los dominicanos por sus sangrientas discordias, prefirieron someterse a España, su antigua madre patria, antes de ser absorbidos por sus vecinos de Haiti: no admitió O’Donnell, que mandaba en Cuba, la anexión que ya pedían, pero les facilitó armas y municiones. Insistieron más adelante en su propósito de anexión; amparados en la ley se hicieron tantos dominicanos súbditos españoles, que apenas quedaban nacionales al gobierno republicano, y al fin, en marzo de 1861, entre gritos y salvas, se enarbolaron en la torre del Homenaje, antigua prisión de Colón, las banderas dominicana y española, redactándose en el palacio de Justicia de Santo Domingo, el acta proclamando como reina y señora a doña Isabel II, en cuyas manos depositaban los firmantes la soberanía que hasta entonces habían ejercido, anexionando el territorio de la república a la corona de Castilla, En casi todas las poblaciones de la isla se levantó la misma acta de adhesión, y el 19 de marzo se decretó en Aranjuez la reincorporación a la monarquía del territorio que constituía la república dominicana. Se confirió a Santana la capitanía general, se constituyó una audiencia, y se dispuso la organización de todos los ramos de la administración pública, cambiándose por pesos fuertes papeles de ningún valor.

No podía conformarse Haiti con lo que en Santo Domingo, su vecina, sucedía; hubo que enviar fuerzas de la Habana, se promovieron insurrecciones en los acabados de anexionar, encendióse la guerra, la dirigió con impericia Narváez, contrario a la anexión, mandó se reconcentraran las tropas mientras las Cortes derogaban el decreto de reincorporación; así lo hicieron, y se evacuó aquella isla, después de haber gastado, como dijimos, unos 392 millones de reales y haberse enviado 30,000 hombres, diezmados por los rigores del clima y el mal empleo que en muchas ocasiones se hizo de aquellos bravos. Justas fueron las censuras que de la anexión y de la guerra hicieron elocuentes senadores, que han consignado ilustrados escritores, y que probó el mismo general Santana.

LIBRO DECIMOCTAVO

LA REACCIÓN Y LA REVOLUCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Nueva legislatura.—Viajes regios.—Política interior y exterior.—Crisis

Terminada el 27 de enero de 1860 la legislatura de 1859, e inaugurada la siguiente el 25 de mayo, contó la reina en el discurso leído en el Congreso lo que acababa de suceder, anunciando lo que esperaba se hiciera.

El Congreso, dignamente presidido por Martínez de la Rosa, comenzó por declarar beneméritos de la patria a cuantos habían tomado parte en la guerra de África. No hubo la misma unanimidad al tratarse de la amnistía del 1.º de mayo; generosidad forzada, manto de olvido que se echó sobre unos para salvar a otros. Rivero se lamentó de que no se hubiera usado de la misma clemencia con los republicanos que se agarrotó en Badajoz.

Suspendidas las sesiones el 5 de julio, se pretendió dar nueva faz a la política, proponiendo El Pensamiento Español, dirigido por don Gabino Tejado, llevar al partido carlista a una actitud legal reconociendo en doña Isabel, además de la legitimidad de la sangre, la de la opinión pública. Era esto resucitar anteriores tratos, que podían convenir a algunas individualidades, pero que no aceptaba un partido al que nunca abandonó la esperanza. Los progresistas que militaban en la unión liberal, empezaron a disgustarse de la marcha que a la política imprimía O’Donnell; no agradaba a este el alejamiento de tan importante fracción, y le contuvo llevando al general Zavala al ministerio de Marina. Lo acertado de esta elección lo experimentó en breve; así como el ramo a cuyo frente estuvo, que recibió grande incremento.

La embajada marroquí fue un honroso acontecimiento, efecto del ascendiente que nos proporcionó la guerra de África; por lo cual, y por lo que de nosotros esperaba el emperador de los franceses en sus propósitos con Italia, y otros, estuvo a punto de que España fuese declarada potencia de primer orden.

Más que para estudiar las necesidades públicas, que es lo que debiera ser objeto de los viajes de los reyes, para recibir ovaciones, marchó la reina a Alicante, visitó las Baleares, saliendo de ellas intencionadamente cuando se acercaba la escuadra que conducía a Napoleón; recibióla Barcelona con frialdad, trocada a poco en entusiasmo al ver que se confiaba a la hidalguía de los catalanes; no fue menos obsequiada en Zaragoza y demás pueblos del tránsito hasta el campamento de Torrejón de Ardoz, donde revistó las tropas, y un insensato pretendió acibarar el contento de la ilustre viajera, disparándola un tiro, que no salió, al desembocar la real comitiva en la Puerta de Sol.

Reunidas de nuevo las Cortes el 25 de octubre, no podían menos de ocuparse con preferente atención de los asuntos de Italia que habían obligado a retirarse a nuestro representante en Turín, protestando contra la entrada del ejército sardo en el reino de las Dos Sicilias y contra la proyectada anexión de la monarquía de Francisco II a la de Víctor Manuel. Sublevado el sentimiento religioso de Aparisi y Guijarro y de los que a su tendencia se inclinaban, pretendían se interviniera a favor del Papa, a lo que se negó O’Donnell, de quien se pretendió después se combinara con Austria, Portugal y Baviera, para que Napoleón se pusiera al frente de una coalición, lo más pacífica posible, que salvara al pontificado. Pero la Francia quería ser la árbitra de la conservación de Roma, por sus tropas ocupada, y de la suerte del Papa. Creyó el gobierno español interesado al francés en impedir que Cavour realizara su intento de hacer de Roma la capital de Italia, y cedió algún tanto en sus gestiones, más eficaces que las de las demás potencias católicas, por más desinteresadas, pues en la cuestión de Roma no veía más que lo que pudiera afectar al Papa, el cual, en aquella ocasión, como siempre, recibió evidentes pruebas del fervoroso cariño que le ha tenido constantemente la católica España. Estuvo en esta cuestión nuestro gabinete fervorosamente católico, no eminentemente político, obedeciendo, más que a sus propias inspiraciones, a elevadas influencias mal aconsejadas.

Otro asunto, no menos ruidoso, puso en triste evidencia a nuestro ministro de Estado. Sin conocimiento del Consejo de ministros, tomó por sí la grave resolución de mandar incautarse de los archivos de los cónsules napolitanos en Portugal, solo porque el gobierno español resolvió encargarse de los de los antiguos consulados de Nápoles como pertenecientes a la casa de Borbón. La intervención de la Francia en las cuestiones que suscitó el representante de Italia en Madrid, terminó este desagradable y no muy lucido negocio.

La cuestión que surgió en Venezuela, se arregló también satisfactoriamente, cuando amenazaba adquirir terribles proporciones.

El gobierno había presentado entretanto a las Cortes el proyecto de ley de ayuntamientos y el de gobiernos de provincia; pero este último no podía ser aceptado por los progresistas. Representándoles en el ministerio el general Zavala, pretendió las modificaciones que sus amigos deseaban, produjo esto una crisis, porque no cedía Zavala en su propósito de liberalizar aquellas leyes, accedió Posada Herrera, se admitieron las enmiendas de los progresistas y se conjuró la crisis, aunque no continuó Zavala gustoso formando parte de un gabinete cuya política no era tan resuelta y franca como él deseara.

La nunca cumplida ley de ascensos militares, infringida por sus mismos autores y por otros después; la tan necesaria ley hipotecaria, aun no completa; la de la enajenación de los bienes eclesiásticos, que el contrato con Roma y la necesidad de la hacienda española reclamaba; la ley de las diputaciones provinciales; el ferrocarril de San Juan de las Abadesas, y otros asuntos, ocuparon las tareas legislativas en los primeros meses de 1861; tareas interrumpidas por la interpelación y disidencia de Ríos Rosas, que combatió por poco liberal la política, si no de todo el ministerio, de algunos de sus principales miembros. Sagasta produjo también un gran alboroto al mostrar su extrañeza de que el gobierno, inclinado a los austríacos en la cuestión de Italia, se opusiera a la soberanía nacional en el exterior cuando eran los ministros de una reina que reinaba exclusivamente en virtud de ese principio. El buen tacto del marqués de la Vega de Armijo, que ocupaba la presidencia, evitó un conflicto.

No era ya muy bonancible la existencia del gabinete, por opuestas tendencias combatido. Ostentóse en Andalucía la bandera republicana, y gracias que ni el jefe de los revolucionarios, el albéitar Pérez Álamo, ni los que le ayudaban, que llegaron a reunir hasta más de 8,000 hombres, supieron dirigirlos. Fuéles fácil apoderarse de Loja e Iznajar; tiempo tuvieron para hacerse temidos, y, sin resistir apenas, se disolvieron, fusilándose a 6 y enviándose a presidio unos 400.

Después de regresar la reina de tomar baños en Santander marchó el rey a inaugurar las obras del ferrocarril de Martorell a Tarragona, a la bendición del de Barcelona a Zaragoza, llevó el mismo objeto a Zaragoza Tudela y Pamplona, y regresó a Madrid por Soria.

Terminada el 28 de setiembre la legislatura de 1860, convocáronse Cortes para el 30 de octubre y después para el 8 de noviembre, por la muerte de la infanta doña Concepción; y ya en la elección de presidente, aun cuando fue elegido Martínez de la Rosa por gran mayoría, obtuvo Ríos Rosas 89 votos. Esto era ya una oposición respetable, estando bien dirigida. De todos modos, tenía adalides como Olózaga que atacaba sin piedad a O’Donnell, ridiculizando en él ciertas prácticas devotas, que no consideraba espontáneas, ni voluntarias, así como el que se facilitara dinero a sor Patrocinio para fundar conventos. E iba más allá en sus intencionados ataques, dirigiendo sus dardos por encima del ministerio, y habló de los obstáculos insuperables y tradicionales que se oponían, no solo a que gobernara el partido progresista, sino a que se siguiera una política liberal en la gobernación del Estado.

Separáronse algunos progresistas del ministerio, y como ya se ha dicho, aquella situación empezó a experimentar las consecuencias de todas las que soberbiamente se fundan más bien en el propio valer que en la legalidad y conveniencia de sus actos. Alonso Martínez dejó el ministerio por no poderse poner de acuerdo con Posada Herrera en la ley de ayuntamientos, pues pretendía el primero que estos eligieran su presidente; la fracción disidente encontró la bandera que le faltaba, y fue desmoronándose aquella situación abandonada después por Cánovas, Concha y otros de no menos valía.

A fin de diciembre se autorizó al gobierno para plantear los presupuestos, que después se discutieron detenidamente, se terminaron algunas leyes, y suspendiéronse las sesiones el 2 de julio de 1862. El Congreso había experimentado la sensible pérdida de su presidente don Francisco Martínez de la Rosa, que dejó un gran vacío en la literatura patria.

Visitó la reina las provincias de Andalucía y Murcia; al regresar, se declaró terminada la legislatura de 1861 y el 1.º de diciembre se abrió la nueva. La reina recordó, en su discurso de apertura, su triunfal viaje al Mediodía de España, su interés por el Sumo Pontífice, porque cesara satisfactoriamente la cuestión con Méjico, como había cesado la tenida con el rey de Annam; congratulábase de la confianza que inspiraba la tranquilidad pública y el cumplimiento de las leyes, por lo que concedió el indulto a los complicados en los disturbios de Loja, «que serían menos frecuentes a proporción que la verdadera opinión pública se manifestase con mayor libertad», los pueblos se ocuparan de sus propios intereses, y la administración de justicia fuese más expedita y mayores sus garantías de acierto; explicaba los buenos propósitos en pro de la administración y de los intereses morales y materiales del país; que se introducirían en Ultramar las reformas necesarias; y se lisonjeaba de la política seguida por el gobierno en los cuatro años anteriores, que había producido aumentos y mejoras interiores, y el respeto y la consideración en el exterior, por lo que continuando el sistema de libertad y tolerancia, y la práctica sincera de la Constitución, acostumbrando a todos al ejercicio de los derechos que elevan su dignidad, y al trabajo que es estímulo del orden y aumenta la riqueza pública, se afirmaría la paz, y la historia señalaría aquella época como fuente de prosperidad.

La hubo indudablemente; pero pudo haber sido mayor teniendo O’Donnell más instinto liberal. Hubiera evitado el desmembramiento de importantes personalidades, y el fraccionamiento de la unión liberal. No podía esta menos de resentirse de no pocos errores e inconveniencias. Cánovas evidenció su disidencia por una cuestión que no era de principios, por presentar una enmienda que no votó, porque vio que se había convertido en arma de oposición, y aunque dimitió su destino, dijo que seguiría al lado del gobierno, y formó sin embargo en las filas de la fracción que capitaneaba Ríos Rosas, quien terminó la discusión del mensaje combatiendo rudamente al gobierno.

No evitó el triunfo del ministerio en la votación, la crisis que era inevitable, y produjo el marqués de la Vega de Armijo, declarando la imposibilidad de la existencia de un gabinete en el que el presidente representaba tanto prestigio que no armonizaba con el poco que la mayor parte de los demás individuos sumaban. Fuera o no valor entendido con O’Donnell esta peregrina proposición, bastó para la disolución de aquel ministerio.

El nuevo le formó O’Donnell, ya duque de Tetuán, al que se encargó este cometido, quedándose con la presidencia y la cartera de Guerra, y dando la de Estado al duque de la Torre, la de Gracia y Justicia a Pastor Díaz, la de Gobernación a Vega de Armijo, la de Hacienda a Salaverría, a Luján la de Fomento, y la de Marina después a Ulloa por no haber aceptado Bustillo y negádose terminantemente Zavala.

La entrada en el gabinete de Pastor Díaz, era la benevolencia de Ríos Rosas, que aceptaba el programa de gobernar constitucionalmente con las Cortes y sin estados de sitio; respetar las garantías políticas a individuales; fomentar la riqueza pública; activar la discusión de las leyes presentadas; llevar decididamente a las nuevas Cortes la reforma constitucional respetando la senaduría hereditaria, y terminar de esta manera el período constituyente dejando dispuesta la organización del país.

Pero no había homogeneidad en aquel gabinete, como se evidenció en el Parlamento; dimitió Pastor Díaz, «que había tenido el valor de callar», reemplazándole Aurioles; Ulloa sirvió de blanco a una gran intriga política, pues no eran otra cosa las dimisiones de los marinos que no querían servir a las órdenes de su nuevo jefe, y si algunos eran incapaces de prestarse a ser ciegos instrumentos de intencionados propósitos, la mayor parte lo fueron, y no pocos inocentemente: debemos repetir lo que en otra parte hemos dicho: «la excitación a las dimisiones era más alta y poderosa; provenía de la reina, que daba de esta manera el golpe de gracia al ministerio, ¡bien ajena esta señora de imaginar entonces las consecuencias que había de traer aquel acto!».

No agradaban a la reina Ulloa ni Vega de Armijo; O’Donnell se opuso a complacerla; presentó como dilema, o la disolución de las Cortes o la caída del gabinete, y en este supuesto ofreció la dimisión. La primera noticia la tuvo el público en una célebre última hora del periódico La Correspondencia, que atribuía la crisis al colorido liberal del preámbulo sobre la reforma constitucional; y no era esto exacto.

Hubiera o no la sinceridad debida y el deseo conveniente de acierto en las conferencias que celebró la reina con importantes hombres públicos, es cosa que no afecta al hecho; fueron importantes, e interesa a la historia dar una idea, siquiera muy sucinta, de la celebrada con los señores Moreno López, Cortina y Madoz, como representantes del partido progresista Dijese a la reina que la unión liberal, en vez de descomponer los partidos políticos, debió haber mejorado sus condiciones; porque sin partidos no hay gobierno parlamentario posible, y porque no los había se veía la reina en el conflicto de no saber a quién dirigirse. «De esto es una consecuencia la necesidad de recomponer los antiguos partidos… y para lograr esto, V. M, debe nombrar un ministerio moderado o progresista. Si lo primero, compuesto de hombres cuya historia no evoque recuerdos que pudieran ocasionar un conflicto funesto para el país y para el trono principalmente, y que ofrezcan garantías de que gobernarán liberalmente, porque la libertad y el trono de V. M. se hallan tan identificados, que no se concibe su separación sin que trajese un cataclismo espantoso: si progresista, compuesto de hombres que ofrezcan garantías cumplidas de orden, marcando un límite a su progresismo.—Sí, eso es lo que yo deseo, interrumpió S. M.; pero los progresistas han venido siempre, siempre después de revoluciones; yo deseo que vengan legalmente algún día, porque soy reina de todos, y no de ningún partido».

Cortina, entonces, dando las gracias, repuso, «que ni la revolución de 1835 ni la de 1836 las hizo el partido progresista, que a la sazón no existía, que sus principales autores fueron hombres políticos que habían ocupado los primeros puestos en el partido moderado, constituido y organizado más tarde; que en las Cortes de 1837 fue donde puede decirse que se creó el partido progresista, y la Constitución de aquel año, obra suya, le hacía ocupar un lugar distinguido en la historia»; sigue haciéndola de sucesos posteriores, justificando los actos de los progresistas a la vez que enumeraba lo que con ellos se había hecho y añadió: «si en 1854 volvieron al poder, no fueron quienes hicieron la revolución, pues los que la hicieron le pidieron su auxilio y se prestó a conquistar lo que de derecho le correspondía, teniendo nuevamente la desgracia de ser poder después de otra revolución, y que ahora era la vez primera que el trono volvía la cara hacia los progresistas, pudiendo estar seguro de que le prestarían, y a su dinastía identificada con las instituciones políticas, grandes e importantes servicios, y de que no harían con S. M. lo que había hecho La Correspondencia.—Sí, contestó la reina, es verdad, he leído los periódicos progresistas y todos me defienden y condenan lo hecho por La Correspondencia; los he visto con mucho gusto, y no es verdad que la crisis la ha provocado ninguna cuestión política, sino la de personas; os autorizo para que lo digáis en todas partes. Y bien, preguntó, ¿a qué partido os parece que me dirija, a qué hombres?». Contestaron a fuer de leales y constantes progresistas, «que se haría gran daño a su partido llamándole a la sazón a gobernar, porque blanco privilegiado del anterior ministerio por su plan de descomposición de los antiguos partidos, se hallaba desorganizado y dividido, que existían odios que imposibilitarían a los elegidos para gobernar el dar los importantes resultados que podía y debía dar con sus doctrinas y principios aplicados en buenas condiciones y en el terreno de la estricta legalidad; y si bien no deseaban que entonces gobernase, confiaban podría hacerlo pronto con gran provecho de todos y propio; que si S. M. se decidía por los moderados, evocase funestos recuerdos; que cuando el mundo estaba conmovido no debía provocarse a los pueblos… que ofrecieran los nombres garantías de liberalismo… y que preparasen y auxiliasen la reorganización de los partidos para que pudieran funcionar libre y desembarazadamente en las circunstancias en que a cada uno de ellos tocase constitucionalmente hacerlo».

No comprendía Cortina que O’Donnell tratase de disolver las Cortes con una mayoría de 180 votos contra 80, si bien otro ministerio no podía menos de hacerlo, y «demostró a la reina el mal origen, por punto general, del Congreso, compuesto en gran parte de diputados impuestos por el gobierno y elegidos a fuerza de maniobras que no quería calificar; que así se falseaba la opinión del país y se inducía a error a la reina, porque no era verdad que mayorías así amañadas representaran la verdadera y genuina expresión del país; que abusando del poder que S. M. misma ponía en manos de sus ministros, se hacía una mayoría que les apoyase y diese plaza cerca de los monarcas, lo cual era la más funesta de las decepciones en un gobierno representativo; que después de cuatro años y de tantos malos papeles como se le había obligado a hacer, había visto la poca fuerza moral y parlamentaria de la mayoría, hallándose en la minoría todos los hombres políticos importantes; que aun cuando pudiese reunir mayoría debía decretarse la disolución, porque esto mismo acababa con el prestigio de la institución que tanto importa conservar, y que si había de salirse del círculo vicioso en que se estaba, debían hacerse las nuevas elecciones con toda libertad, para que su resultado fuera la verdadera expresión de los pueblos, siendo la influencia del gobierno la de remover cuantos obstáculos se opusieran a la libérrima emisión del sufragio».

La importancia de lo que dejamos expuesto, disculpa el que nos hayamos detenido a referirlo. Los acontecimientos que en breve empezaron a sucederse con vertiginosa rapidez, aquilatan más y más el valor de los notables consejos de Cortina, a quien debemos su revelación. La crisis de aquel ministerio lo fue también para la monarquía, que empezó a navegar por mares tormentosos y sin rumbo.

CAPITULO II

CAPÍTULO II

Ministerio Miraflores.—Retraimiento de los progresistas.—Nuevos ministerios

No admitiendo la reina la disolución de las Cortes, que era la base del ministerio formado por los señores Armero y Mon, le constituyó con urgencia el 3 de marzo de 1863 el marqués de Miraflores, bajo su presidencia, con el marqués de la Habana, Vaamonde, Sierra, Mata y Alós, Monares y don Manuel Moreno López, que se encargaron respectivamente de los despachos de Guerra, Gobernación, Hacienda, Marina. Gracia y Justicia y Fomento. Dijo Miraflores que gobernaría con política propia, no siendo continuación ni antagonismo de lo pasado, sí conservadora, completamente constitucional y tan liberal como lo exigía el siglo; que atendería la moralidad y la capacidad; no se removería a ningún funcionario público; que rebajaría más de 23 millones a los presupuestos; retiraría todos los proyectos de ley de carácter político; pensaría sobre la reforma que se hizo a la Constitución en el año 57: que la bandera del gabinete era la de conciliación, y la aspiración de su presidente el que se pudiera decir sobre su tumba: Aquí yace un hombre honrado.

La unión liberal combatió rudamente a este ministerio, y fue a la vez combatida, calificándola Cánovas de panliberalismo. Poco justa fue la oposición que se hizo al gobierno por no celebrarse la acostumbrada procesión del 2 de mayo, y trabajo costó a Miraflores convencer a la reina que no se efectuara al domingo siguiente, como deseaban los progresistas y a ello se inclinaba aquella señora diciendo que era ella muy española.

Suspendiéronse el 6 las sesiones de aquella legislatura; creóse el ministerio de Ultramar, del que se encargó interinamente el marqués de la Habana y después don Francisco Permanyer; una circular sobre futuras elecciones disgustó a las oposiciones, más por lo que callaba que por lo que decía, y dividió al ministerio que se reforzó con Alonso Martínez, quedando fuera Vaamonde.

Al convocar Miraflores para el 4 de noviembre nuevas Cortes, disueltas las anteriores en agosto, y designar el día de las elecciones, repitió su programa mostrando su deseo de que no hubiera más que dos grandes partidos legales, el conservador y el progresista, y ofreció a Olózaga que no se opondría a una respetable minoría progresista. Otra circular que limitaba el derecho a las reuniones electorales a los electores, produjo nueva disidencia en el ministerio y la protesta de los demócratas y progresistas, declarando estos a poco su retraimiento; la cual, bien considerado, era el primer paso a la revolución. La circular del 20 de agosto fue un pretexto, no la causa, porque ya había practicado el partido progresista la exclusión de los no electores en la junta que presidida por Mendizábal se celebró el 19 de febrero de 1843 en el ayuntamiento de Madrid: allí no se permitió hablar al que no era elector y se echó del local al que no tenía aquel carácter. Antes que los progresistas de Madrid protestaron de la circular los demócratas de Barcelona. No faltaron algunos jóvenes progresistas que protestaron del retraimiento, por querer el triunfo solo por las vías legales; pero los más aceptaron tan extrema resolución, grandemente aplaudida por los demócratas, que eran los que más ganaban.

Los progresistas se consideraron desheredados: ni aun siquiera nombraban a la reina en su manifiesto; miraron como invencibles los obstáculos tradicionales, y pensaban que retrayéndose, sus contrarios políticos, de suyo divididos y odiándose, se anularían, haciendo imposible todo gobierno. El partido progresista se mostró fuerte, y alardeó de su fuerza en el entierro de Calvo Asensio, director de La Iberia.

El reemplazo del señor Moreno López con don Victoriano Fernández Lazcoiti; las elecciones que revelaron marasmo e indiferencia; los obsequios a la emperatriz de los franceses, que nos visitaba para cerciorarse de los grados que señalaba el barómetro dinástico en España; la venida de una embajada annamita a satisfacer nuestra vanidad ya que no se había satisfecho, si no por los annamitas, por los franceses, nuestra justicia y derecho, y las dimisiones y relevos que menudearon al aproximarse la reunión de las Cortes, distrajeron la atención pública hasta la apertura de estas. En el discurso regio se procuró lisonjear a todos los partidos y alentar todas las esperanzas de mejoramiento. Para todo se ofrecían proyectos de ley, saludables reformas. La misma prodigalidad informaba lo estéril del propósito. Aun el que mostró el gobierno a favor de los progresistas, no pasó de un buen deseo no realizado al incluir a tres de aquel partido en una promoción de 48 senadores. Retraídos todos, solo tomó asiento en el Congreso don Joaquín Garrido.

El gobierno tenía enfrente de sí en las Cortes a los moderados y unionistas, de los que triunfó en la elección presidencial, que la obtuvo Ríos Rosas. De su energía y de su carácter se necesitó en aquellas sesiones tumultuosas, de mutuas acriminaciones, y no estuvo menos valeroso el ministerio, después de lo que le dieron quehacer los propagandistas de la Iglesia española reformada, o sea protestante, procesados en Andalucía, en presentar la reforma constitucional, creyendo acallar los ánimos, y atraerse a la grandeza. Esta misma grandeza tan elocuentemente defendida por el ministro de Fomento, mató a aquel ministerio.

No aceptando Ríos Rosas, y no pudiendo vencer delicadas resistencias el marqués del Duero, encomendóse la formación del nuevo gabinete a don Lorenzo Arrazola, que pretendió le ayudaran Ballesteros y Cánovas, y constituyóle al fin encargándose de la presidencia y cartera de Estado, y de las de Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda, Gobernación, Fomento, Ultramar y Marina, los señores Álvarez, Lersundi, Trúpita, Benavides, Moyano, Castro y Rubalcaba.

Moderado histórico, templado, conciliador se declaró este ministerio al presentarse a las Cortes el 18 de enero de 1864, y de conciliación mostró deseos amparando los trabajos electorales de los progresistas. Pero no se trataba de gobernar sino de halagar influencias y satisfacer ambiciones políticas y mercantiles, y considerándose a poco incompatible con aquellas Cortes, propuso su disolución o su retirada. A los tres días se presentó el nuevo gabinete presidido por Mon y compuesto de los señores Pacheco, Mayáns, Marchesi, Salaverría, Pareja, Cánovas, Ulloa y Ballesteros, ofreciendo devolver su integridad a la Constitución de 1845, reprimir los excesos en las elecciones, realzar el prestigio del Congreso, modificar la ley de imprenta, y en resumen: defender los principios fundamentales de la sociedad española y desenvolver y aplicar en sentido liberal la Constitución del Estado.

Procuró cumplir sus ofertas, discutióse tranquilamente cuanto propuso el gobierno, la reforma de la ley de imprenta llevó los periódicos a los consejos de guerra; aseguró el ministerio su existencia por el apoyo de O’Donnell, pero la inercia era el efecto de la escasez de vigor político. Bien podía decirse que la corona estaba sin norte, el gobierno sin brújula, el Congreso sin prestigio, los partidos sin bandera, las fracciones sin cohesión, las individualidades sin fe, el tesoro ahogado, el crédito en el suelo, los impuestos en las nubes, el país en inquietud, la revolución en actitud amenazadora, la prensa perseguida o silenciosa, y el poder condenado uno y otro día por los consejos de guerra que absolvían a los periódicos a ellos sometidos.

Animó un tanto este marasmo político el regreso del rey, que fue a París a pagar la visita de la emperatriz, trayendo el compromiso del reconocimiento del reino de Italia y de la venida de la reina Cristina. Y cuando estos dos asuntos soliviantaron tantas pasiones en palacio, se decidió el relevo del ministerio.

Con O’Donnell convino la reina en la formación de un gabinete moderado, al que aquel daría su apoyo, y muy especialmente si le constituía Narváez, con una política de resistencia que encauzara a la democracia. Sabedor Narváez de lo que se trataba y con el propósito de desmentir con hechos los propósitos o esperanzas de la reina y O’Donnell, formó el ministerio, bajo su presidencia, con los señores Llorente, González Brabo. Córdova, Barzanallana (don Manuel), Arrazola, Seijas Lozano, Galiano y Armero. En su circular-programa se mostraron liberales; amnistiaron todos los delitos de imprenta, condonando y devolviendo multas, y disolvieron las Cortes. Al ponerse Prim a la cabeza del partido progresista se fue este ostentando más unido y compacto; volvieron a sus filas los que se habían ido a las de la unión liberal, y se estrecharon con algunos banquetes, considerándose ya Espartero sustituido en la jefatura activa del partido por Prim. El retraimiento le llevó a la revolución. Temiéndola Cristina, se interesó, a su regreso a Madrid, porque no se prescindiera de aquel partido de la manera que se prescindía; pero no fueron oídos sus consejos; siéndolo, hubiérase evitado la publicación del manifiesto del 29 de octubre, que calificaba de farsa la próxima lucha electoral, combatía la gangrena política que impedía el turno pacífico de los partidos, decía que los desatados elementos de la mogigatocracia no los enfrenaba la elección de cámaras populares por ser el Senado un valladar del triunfo en los comicios, que se había ido aprendiendo en la infecundidad legislativa de los últimos combates parlamentarios, que todo se esterilizaba en el campo del oscurantismo y todo se estrellaba en los obstáculos tradicionales; se condolía de los congresos de real orden, enumeraba los abusos electorales, de cuya farsa no querían ser cómplices, e insistía en el retraimiento por continuar los motivos que a él le impulsaron. Acudieron, sin embargo, a las elecciones municipales, triunfando en algunos distritos de Madrid y de provincias, y esto alentó a los opuestos al retraimiento que trabajaron para que en vez de buscar el nihilismo en el vacío, se luchara en los comicios, en la imprenta y en la tribuna.

Y no dejaba de ser propicia la ocasión, por la crisis que surgió entonces. Aunque el gobierno había ganado las elecciones, ayudándole en algunos puntos los progresistas, que en odio a la unión liberal prescindieron particularmente del retraimiento para votar a los candidatos ministeriales o moderados, dimitió primero Llorente; el abandono de Santo Domingo, al que se oponía la reina, produjo la dimisión de los demás ministros, se encargó a Istúriz la formación del nuevo gabinete, no quiso ser jefe de un ministerio pantalla, como pretendía O’Donnell lo fuera, y dióse maña, en tanto, Narváez, para convencer a la reina de la conveniencia de abandonar a Santo Domingo y continuar en el ministerio.

Empezaron las Cortes sus tareas el 22 de diciembre, presidiéndolas don Alejandro de Castro, y al Senado el marqués del Duero, invirtiendo meses en discusiones estériles, en las que no aprendió otra cosa el país sino que se veía en lontananza la revolución y que el estado de la hacienda era deplorable, en cuyo departamento reemplazó a Barzanallana don Alejandro de Castro, que presentó los presupuestos con el ilusorio sobrante de 45 millones de reales.

Tuvo efecto entonces la cesión que hizo la reina del 75 por ciento de las propiedades del real patrimonio cuya venta convenía. Presentóse admirablemente este acto, y de él se tomó pretexto para hacer un llamamiento a todos los partidos a fin de salvar la hacienda.

Eran muchas las contrariedades que experimentaba el ministerio, y hasta de donde no podía esperarlas, de los mismos obispos, que publicaron la encíclica Quanta cura dirigida por Su Santidad el 8 de diciembre de 1864 a todos los prelados de la cristiandad, y el Syllabus, resumen que comprende los principales errores de nuestra época y se señalan en las alocuciones consistoriales, en las encíclicas y demás letras apostólicas de Pío IX, sin haber obtenido el pase; y aunque la publicación podía hacerla la prensa, porque tales documentos eran ya conocidos en toda Europa, no podían, ni debían, sin embargo, los prelados, acompañar su publicación con exhortaciones impolíticas unas y poco convenientes otras para el gobierno. Este, previo informe del Consejo de Estado, concedió el pase a la encíclica y al Syllabus, sin perjuicio de las regalías de la corona y de los derechos y prerrogativas de la nación, y adoptó otras disposiciones para no verse en lo sucesivo en el caso de ser el último que conociese tales documentos.

Pronto tuvo Narváez ocasión de arrepentirse de no haberse mostrado más regalista en el anterior asunto, pudiendo así dominar el dualismo que existía en el gabinete. Por abdicar algún tanto de su omnipotencia ministerial, posteriores sucesos le exacerbaron, haciéndole perder la calma para faltar a la justicia; no la hubo para separar de la manera que se separó a Castelar de su cátedra, por su artículo titulado El Rasgo, aludiendo a la regia cesión, ni para reemplazar al rector de la Universidad, y mucho menos para las escenas que tuvieron lugar del 8 al 10 de abril, atropellando patrullas de infantería y caballería a pacíficos e indefensos transeúntes, y de tan feroz manera que con razón fue calificado aquel acto de brutal ojeo. Nunca se ha castigado de tal manera una manifestación estudiantil, que no era otra cosa pues protestaron su participación todos los partidos. Allí se vio que se buscaba una resistencia que no se encontraba, que se provocaba inútilmente: por lo que fue grande la indignación pública y se sublevó toda conciencia honrada al saber las víctimas que produjo aquella horrible hecatombe. Haciéndole ella recordar al ministro de Fomento, Alcalá Galiano, la del 10 de marzo, en Cádiz, se afectó tanto con la discusión que se promovió en el Consejo, que le costó la vida.

El Ayuntamiento y la Diputación provincial se divorciaron del gobernador civil por la parte que tuvo en aquellos sucesos. A la primera corporación sucedió otra nombrada de real orden, y el gobernador civil fue reemplazado.

Triunfó el gobierno en la discusión que produjeron los anteriores acontecimientos; pero no se rehabilitó en el concepto público, le abandonó el centro parlamentario, y viendo, por el reemplazo del marqués de Alcañices, que no contaba con el favor de palacio, dimitió.

La política que seguían la reina y sus ministros, no podía ser más favorable para la revolución. Apenas se concibe tanta ceguedad.

Desvanecidas con la caída del ministerio Arrazola las esperanzas que la reina había hecho concebir a Prim, prescindió este de toda legalidad. Detrás del banquete del 3 de mayo de 1864 en los Campos Elíseos había un importante movimiento militar perfectamente organizado. El discurso antiesparterista de Olózaga lo desbarató. Los militares comprometidos, afectos todos a Espartero, consideraron como una ofensa el que se le relegara de la jefatura del partido, y como un peligro para la reina, y se suspendió el movimiento. Preparólo para la noche del 6 de junio, primero, y para la del 6 al 7 de agosto después; no pudo realizarse por tener algunas noticias del plan la autoridad, que efectuó prisiones y destierros y desconcertó por entonces todos los planes, si bien continuaron conspirando los progresistas, pero con mala fortuna: fracasó el movimiento bien preparado en Valencia —junio de 1865— a donde acudió Prim disfrazado, y para el que se contaba con la guarnición; faltóle la de Pamplona, y ni en Zaragoza, en la Mancha y otros puntos pudieron ejecutarse las sublevaciones que se ofrecían como seguras.

No pudo menos de comprenderse que la actitud de los progresistas era un peligro inminente para el trono, y al encargarse O’Donnell de la formación de un nuevo ministerio, ofreció tres carteras a los directores de los tres periódicos progresistas; aceptábala el del Progreso Constitucional, y rechazada por Fernández de los Ríos que dirigía La Soberanía Nacional con el lema de todo o nada, no se brindó Sagasta, director de La Iberia, y se constituyó el gabinete con Posada Herrera, Zavala, Alonso Martínez, Cánovas, Vega de Armijo, Calderón Collantes, y Bermúdez de Castro.

Previa una amnistía, sin excepción, para toda clase de delitos de imprenta, y la reposición del ayuntamiento de Madrid, expuso en las Cortes el 22 de junio —1865— su programa político desplegando su bandera de unión liberal, a la que llamaba a cuantos de ella se habían desprendido y a cuantos quisieran prestar su concurso al gobierno; retiró los reaccionarios proyectos de ley de imprenta presentados por el gabinete anterior; ofreció un proyecto de ley electoral de grandes circunscripciones, verificándose la elección por provincias y rebajando el censo a la mitad,—doscientos reales;—activar la desamortización eclesiástica; reconocer el reino de Italia y sostener el orden público.

Para desarmar a los progresistas entabló O’Donnell relaciones con Prim, pretendió este que se abandonara el retraimiento; pero una asamblea de los representantes de todos los comités votó que en él se continuara. Y el gobierno, sin embargo, colocaba a los militares que los progresistas designaban; desterraba a Roma con pretextos religiosos a Sor Patrocinio y al Padre Claret; hacía viajar también a otras influencias palaciegas, que en su bastarda intervención o intriga política atendían más a su peculiar interés que al de la reina y al de la patria; y a pesar de la oposición de los prelados que causaron una verdadera agitación político-religiosa, se reconoció, como una necesidad política, la unidad del reino de Italia, que era ya un hecho consumado. En vano trató una gran parte del clero de soliviantar los ánimos de las masas en algunas provincias contra el gobierno y aún contra la reina.

CAPÍTULO III

Insurrecciones.—Cambios de política.—La reacción en el poder

En busca de salud, si no de tranquilidad, se trasladó la corte a Zaráuz para tomar la reina baños de mar. El natural sosiego a que convida la vida en el campo, no reflejaba en aquella sazón la paz política; evidenciaba por el contrario hallarse esta tan agitada como las olas que con tanta frecuencia, en aquella turbulenta costa, se estrellan al pie del palacio que ocupaba la reina, asentado en la pintoresca orilla del Océano. Allí pasó la corte el estío, y como si la perturbación de los partidos políticos no fuera bastante a ocupar al gobierno y a la reina, aún se produjo un extraño conflicto de mal carácter y peor género. En él mostró el gobierno su fuerza logrando expulsar de la corte al secretario particular de la reina que acababa de llegar llamado por esta misma señora. No temió el gobierno al centro isabelino que se estableció en Bayona, y aunque apenas tomó parte en la misión que llevó Cristina al lado de su hija, para que esta transigiera con los progresistas, cuya actitud la asustaba, entraba en las ideas del ministerio atraerlos a la legalidad de que se separaban para ir a la revolución.

Distrajeron los ocios de la corte, la visita primero del duque de Aosta, y en San Sebastián después la de los emperadores franceses, devolviéndoles la reina la visita en Biarritz.

En lo que no estuvo bien aconsejada la reina al regresar de las Provincias Vascongadas, fue en su larga residencia en la Granja, huyendo del cólera que reinaba en Madrid; lo cual produjo fundado descontento en la opinión pública, sabiendo aprovecharle los partidos antidinásticos para divorciar a la corte con el pueblo porque no compartía con él sus peligros y desgracias. El disgusto que entonces ocasionó en Zaragoza un impuesto de consumos, alteró el orden, que pudo haberse apaciguado ostentando la fuerza, no haciendo uso de las armas, siendo responsable el general Zapatero de las víctimas que ocasionó su falta de don de mando. En el mismo sentido hubo también alborotos en Lérida, Tarazona, Villanueva y Geltrú y en otros puntos; contribuyendo todo a que acreciera el malestar que por todas partes cundía; que se exacerbó en Madrid por el recrudecimiento del cólera, ocasionando esto la creación por los progresistas de la humanitaria asociación de los Amigos de los pobres, que tan admirables resultados produjo. Como si sus individuos trataran de que su proceder contrastara con el de otros más conspicuos, ejercieron la caridad hasta el heroísmo, sacrificando muchos su vida por salvar la del prójimo, siendo víctimas algunos de su abnegación y de su virtud. Cuando esto sucedía en Madrid, cuando se separaba a los empleados que no regresaban a sus puestos, cuando algunos grandes hacían alarde de no salir de la villa a negocios de interés porque no se creyera que huían del peligro, la corte continuaba en la Granja, si bien envió un millón de reales y otras cantidades para las suscripciones que en Madrid se abrieron en beneficio de los pobres. Gran beneficio dispensa el dinero a la desgracia; pero no infunde en el alma ese goce interior, no la da ese consuelo que proporciona el interés de la asistencia amiga, y máxime si le dispensa la más elevada jerarquía de una nación. Nunca pareció la reina de Hungría más grande que curando a los leprosos, lo cual le valió la santidad.

Disueltas las Cortes el 10 de octubre y convocadas las nuevas para el 27 de diciembre, se efectuaron las elecciones con escasa animación por falta de lucha en todos los distritos El partido progresista, después de mostrar en una reunión numerosa, celebrada en el Circo de Price, la diversidad de tendencias que le trabajaban, pues según el señor Olózaga, no había habido en la dirección la unidad indispensable, faltando la de pensamiento y la de acción, y la confianza mutua, dejaba de tomar parte en la dirección del partido y se insistió en el retraimiento a disgusto de los que no querían la revolución, que salieron de esta junta profundamente afectados: los demócratas, que llamaban a su partido el del porvenir, marchaban unidos con los progresistas, y los moderados que también se reunieron, querían el retraimiento, pero como esto era revolucionario, dejaban en libertad a sus individuos para que asistieran o no a las urnas. Se publicaron sendos manifiestos, no faltó el del comité de la unión liberal, todos ofrecían la felicidad del país, y al abrirse las Cortes, se prometía la reina en el discurso de apertura «que, con una política tolerante sin ser débil, represora del desorden sin crueldad, y con firmeza y tesón para realizar sus propósitos, desembarazaría el camino fácil de perfección y de progreso a que están llamados los individuos y las naciones; y teniendo todos por única mira el interés público, por guía la opinión nacional, por regla el respeto a la ley, e invocando siempre el nombre de Dios, nunca faltaría, como lo esperaba, entre los poderes del Estado aquella cordial inteligencia que afirmaba la tranquilidad y el progreso en lo presente y preparaba días prósperos y felices a las nuevas generaciones».

A los pocos días varió tan lisonjera perspectiva. Prim se puso el 2 de enero de 1866 a la cabeza de algunas fuerzas sublevadas contra el gobierno, las únicas que no faltaron a los compromisos contraídos, aunque la culpa mayor estuvo en la ineptitud de algunos de los agentes, cuya falta de tacto ocasionó también fusilamientos como el del capitán Espinosa y dos sargentos.

Sin infantería, Prim renunció a su plan y se propuso ganar tiempo, sin alejarse mucho de la corte, esperando le ayudasen algunos de los muchos que lo ofrecieron; presentó como programa la reunión de Cortes constituyentes; vio que solo podía contar con los regimientos de caballería Calatrava y Bailen, que salieron de Aranjuez y pocos paisanos por carecer de armas para todos los que se presentaban; y activamente perseguido por Zavala; sin recursos por no querer gravar a los pueblos; imposibilitado de llevar la insurrección a Andalucía; sin poder reponer los caballos fatigados y sin municiones, resolvió marchar a Portugal a esperar ocasión más propicia. Entró resignado en aquel reino el 20, por Barranco, y alabó el comportamiento que con él y con los que le siguieron, tuvieron los portugueses.

Gran desengaño experimentó Prim, porque aquella insurrección contaba con muchos y poderosos elementos militares; con casi todas las fuerzas que guarnecían a Madrid, y las que estaban acantonadas en Leganés, Torrelaguna, Alcalá y en otros puntos, excepto los ingenieros y la artillería. Pero se cometieron indisculpables torpezas, y por ligereza y aturdimiento de Lagunero dejó de unirse a Prim el regimiento de caballería de Albuera, acuartelado en Alcalá de Henares, y las dos compañías de cazadores que habían de proteger el pronunciamiento de la caballería.

Comprometido también el batallón de Almansa, que guarnecía a Valladolid, salió en un tren preparado que le condujo a Zamora, donde debía unírsele el batallón de África y los carabineros; pero también aquí hubo omisiones y descuidos a pesar de ser los pronunciados dueños desús acciones y de las poblaciones que ocupaban. Fue tal el desconcierto o la falta de resolución, que al llegar a Zamora en un tren las fuerzas que se habían pronunciado en Ávila, se vieron abandonadas de sus compañeros, retrocedieron a Toro y de esta ciudad a Portugal. Así fracasó el movimiento de Castilla la Vieja, de gran solidez, y que cumplía los deseos de Prim, que eran, no hacer una revolución, sino un cambio de situación política, pues habiéndole hecho su amigo Muñiz, que fue uno de los principales agentes para preparar el movimiento, observaciones de los inconvenientes y dificultades que podría ocasionar tanto movimiento en los cantones, y cuánto mejor era la concentración de fuerzas tomando la iniciativa la capital, contestó: «Tiene usted razón, pero temo que la mezcla de paisanos y soldados, haga perder a estos la disciplina y me tiren el trono por el balcón; y de este modo me pongo a las puertas de una capital sublevada moralmente, con fuerzas superiores a su guarnición; la corte se rinde y cuando el país se aperciba del pronunciamiento, ya tiene un gobierno que sin sangre ni disturbios, ha verificado el cambio político». Y dijo después: «que impulsado por el amor a la patria y a la libertad, había iniciado una revolución política destinada a salvar la propiedad y la familia de la tremenda revolución que las amenazaba».

Una casual coincidencia imposibilitó el movimiento del regimiento de Burgos que acababa de llegar a Madrid procedente de Valencia; y al ser conducido aquella mañana por el brigadier duque de Gor, mandó Rada, que había sido su coronel y disponía del regimiento, a decir a don Joaquín Aguirre, que desde donde estaba el cuerpo, afueras de la Puerta de Toledo, se encontraba dispuesto a dar el grito, tomando posesión del barrio de aquel nombre; pero no se podía aceptar la oferta en aquel momento por falta de noticias de los demás cuarteles, ocupados ya por los generales de la confianza de O’Donnell, que imposibilitaron la ejecución de los planes concertados, aprovechando aquellos generales el tiempo que perdieron los que más interés tenían en ganarlo.

Aún se hicieron esfuerzos en la tarde del 3 al entrar en Madrid la brigada de Alcalá. El comité progresista, declarado en sesión permanente, y mudando todos los días de casa, no cesó de buscar y tratar con los comprometidos en Alcalá, de lo cual estaban encargados los mismos que allí habían trabajado con tan poca fortuna; afanábanse también en incitar a la guarnición de Madrid, Palacios, Lagunero, Hidalgo, Gaminde, De Blas, Montejo y de todos cuantos tomaban parte en aquel pronunciamiento; mas todo se estrelló ante la negativa del comandante de Isabel II que era la base.

El movimiento efectuado con algunas fuerzas de Alcalá, en Molina de Aragón, no favoreció mucho a sus iniciadores, y fue origen de lamentables fusilamientos.

Los Merinos en Despeñaperros, Escoda en el Priorato, ayudado por Saqueta, Huguet, Martín de la Tecla y otros, y Ortega, Floria y Royo en Aragón, levantaron partidas que, con más o menos fortuna, duraron poco.

Apresurada la constitución del Congreso que se efectuó el 4 de enero, se disolvieron todas las asociaciones políticas y mostróse enérgico O’Donnell contra los sublevados, no queriendo recordar que Prim no había hecho más que lo que él hizo en 1854, y aun andado por los mismos sitios, sin más diferencia que a O’Donnell le salvaron los progresistas y a Prim no le ayudaron.

El malestar general era evidente: si el gobierno había restablecido el orden material, estaba cada día más perturbado el moral: nada se hacía para quitar a la revolución su razón de ser: se asustaba O’Donnell de la libertad, y a la vez que rechazaba la investidura de dictador, imposible en una monarquía constitucional, pedía a las Cortes siete autorizaciones para que en todo el tiempo que mediase entre aquella legislatura y la siguiente, pudiera aumentar el ejército y la armada, legislar sobre los presupuestos y sobre la deuda, y hacer frente a las dificultades que preveía.

Y no eran estas pequeñas. Prim había dicho que no había terminado su obra, que no se consideraba vencido, y se reanudaron los trabajos de conspiración, contando con los demócratas. También se aprovechó el resentimiento de los sargentos de artillería con los oficiales de colegio que habían hecho revocar la disposición de Córdova que les permitía ascender dentro del cuerpo hasta comandantes.

Un incidente estuvo a punto de acabar con los trabajos que se hacían y sacar a los progresistas del retraimiento. Don Nazario Carriquiri, que, dada su posición, no obraba por si seguramente, deseó conocer la disposición con que el partido progresista recibiría un ministerio moderado, sin Narváez, que disolviera las Cortes, y abriendo el palenque electoral, llevara a él a los progresistas. Celebróse una conferencia en casa de don Manuel Cantero, a la que asistieron Carriquiri, Ruiz Zorrilla y Muñiz, y se acordó admitir un ministerio Lersundi, que daría una amplia amnistía, disolvería las Cortes, rectificándose las listas, y daría seguridades de legalidad en las elecciones. Contento se mostró Carriquiri de tal acuerdo, y no lo quedaron menos los progresistas, que preferían el poder por medios legales a los revolucionarios; pero se frustró esta transacción, porque O’Donnell, que siempre veía en Lersundi su sucesor, le confirió la capitanía general de Cuba. Esto produjo además tanta perturbación en el partido moderado, al que estaba afiliado Lersundi, que don Alejandro de Castro le significó bien claro su resentimiento, pues al aceptar el mando de la gran Antilla abandonaba a su partido.

Continuaron los progresistas sus trabajos de conspiración, y formó Prim un plan estratégico, cuya base de operaciones estaría en Miranda de Ebro. La iniciativa del movimiento debía partir de Valladolid, cuya ciudad se pronunciaría con toda su guarnición. Los jefes del regimiento de caballería de Albuera que estaba en Falencia, resolvieron permanecer firmes en sus puestos y obedientes al gobierno; «pero si se pronuncia la guarnición y la ciudad de Valladolid, dijeron, entonces, y antes de pasar por la vergüenza de que los sargentos se nos lleven la tropa, reconocemos y nos ponemos a la orden de la junta». También se contaba con la guarnición de Burgos, excepto con los lanceros de Numancia, mas como solo tenían lanzas se pensó reducirlos poniéndoles una compañía de cazadores en los balcones que dominan al cuartel. En Bilbao, Vitoria y San Sebastián se disponía igualmente de las fuerzas necesarias.

Expuestos a Prim estos datos, dispuso que Valladolid iniciara el movimiento, tomando el mando el brigadier Rosales, acudiendo allí para el 20 de junio Gaminde, Lagunero y Escalante: las fuerzas de Burgos secundarían el anterior movimiento, poniéndose en comunicación con Miranda, para mantener las comunicaciones con Vitoria. Prim, que estaría el mismo día 20 en Hendaya, acudiría con las fuerzas de Irán y San Sebastián sobre Vitoria y Miranda, y si la ciudad alavesa no había obrado como ofreciera, marcharían sobre ella las tropas de Burgos, ocupando todo el material del ferrocarril. En un tren especial debía ir Muñiz con la guarnición de Zamora a ocupar a Ávila, desguarnecida, y sin apagar los hornos de la máquina, observar desde la sierra lo que ocurría en Madrid, y volar en caso extremo las obras de fábrica del ferrocarril para dar a Prim tiempo suficiente de concentrar y organizar sus fuerzas, para lo cual necesitaba lo menos tres días.

Mientras este plan se disponía, estuvo a punto de ser descubierto por la actividad que mostró el gobernador civil señor Gallostra; pero no lo consiguió, ni lo revelaban los papeles ocupados a don Toribio Balbuena, que fue sumido en un calabozo.

Moriones acudió desde Zaragoza a Madrid a organizar el pronunciamiento con su guarnición, y «es maravilloso, nos dice uno de los principales autores en aquellos sucesos, lo que hizo en la organización de todas las fuerzas, pues aunque le ayudaban oficiales y sargentos, Muñiz, el cura Alcalá Zamora y otros, él solo llevaba la dirección admirablemente bien, y con pulso y gran reserva». Contándose hasta con muchos cabos y soldados, ninguno faltó al secreto. Los sargentos estaban todos comprometidos, entendiéndose Moriones con una representación de los más caracterizados, y llevaba por separado las relaciones con jefes y oficiales de los mismos cuerpos, sin ponerlos en comunicación con los sargentos, sino con uno en cada cuerpo, excepto en artillería, en que Hidalgo no vio a ningún sargento hasta pocos días antes del 22 de junio.

Habíase pensado efectuar el movimiento el 20 de mayo; pero lo denunció un oficial, fueron los de artillería a sus cuarteles, recorrieron exacerbados las cuadras tirando la ropa de las camas de los sargentos, que estaban dormidos, lo cual tranquilizó a los jefes y oficiales, cuya tranquilidad habría cesado si les hubieran registrado y encontrado los revólveres que en gran cantidad tenían, y que a ellos, como a todos, les habían sido entregados por Moriones pocos días antes Esta visita irritó a los sargentos de tal modo, que algunos quisieron sublevarse en seguida. Suspendióse el movimiento, se hicieron algunas pocas prisiones de militares, y Moriones, que se opuso a aquella suspensión, lo designó para el 5 de junio, dos días antes de que regresara la corte de Aranjuez con fuerzas contrarias a la revolución. Iban a efectuarse también relevos que la perjudicaban; y el expresado día 5 daba el servicio de plaza el regimiento de Burgos, que se proponía poner en libertad a sus compañeros y jefes presos en San Francisco, cuya guardia se comprometió a ello. Rivalidades de algunos directores de los trabajos, impidieron se ejecutara el concertado plan para aquella noche, y Moriones fue destinado por Prim a organizar el pronunciamiento de Valencia, lo cual produjo tal disgusto en los sargentos, que no quisieron tratar con el sujeto que se les presentó, diciendo que no eran demócratas y que mientras no se les presentara un progresista importante nada harían, rechazando los empleos que se les ofrecían por no ser el interés el que les impulsaba. Presentado Sagasta, dijéronle en el acto: «Ahora cuanto V. mande; solo le pedimos que cuando se dé la orden, no haya después contraorden, porque el secreto puede peligrar, puesto que tenemos que contar anticipadamente con muchos cabos y soldados»[5].

Los elementos dispuestos por la revolución en Madrid, quedaron reducidos a los cuatro regimientos de artillería, si había quien sacaba el 1.º montado; unos 300 hombres del Príncipe; un teniente valeroso y bastantes sargentos en Asturias, pero ninguno capaz de arrestar en sus pabellones a los jefes y oficiales; los de Burgos que estaban presos, obtuvieron la libertad, haciéndoles salir inmediatamente de Madrid, separándose a los que habían quedado en el cuerpo; la caballería casi toda era contraria, así como los regimientos de ingenieros y de cazadores; y si en el de Isabel II que estaba en Leganés se podía fundar alguna esperanza, no era muy sólida. No tenía seguridades de éxito la revolución en Madrid: la impericia de los que habían sustituido a Moriones era evidente; podían ser notabilidades políticas, pero fueron nulidades revolucionarias.

Sospechando el gobierno que algo se tramaba en Castilla la Vieja, envió a Burgos al general Caballero de Rodas, que fue en el mismo tren que algunos de los conspiradores.

Después de no pocas peripecias que estuvieron a punto de producir un terrible fracaso, se dispuso la revolución en Castilla para el 23 y la de Madrid para el 22, para donde acudió el general Pierrad que se hallaba desterrado en Soria; pero este señor desconocía en absoluto los elementos con que se contaba.

Los sargentos de artillería, según habían convenido, iniciaron la insurrección el amanecer del 22. No pudiendo sorprender dormidos a los oficiales que estaban en el cuarto de banderas, pues no querían matarlos, se decidieron a sorprenderlos despiertos, apuntándoles con las carabinas a la voz de el que se mueva es muerto. Al despertar sobresaltado el teniente Martorell, cayó atravesado de un balazo. Trabóse una lucha horrible, hallaron honrosa muerte dignos jefes y oficiales, y libres los sublevados dispusieron de unas 30 piezas de artillería y sobre 1,200 hombres. Uniéronse bastantes paisanos armados, situáronse piezas en lo alto de la calle de Fuencarral, Plazuela de Santo Domingo y calle de Preciados, para apoderarse del ministerio de la Gobernación donde había de establecerse el gobierno provisional, y la resistencia que hallaron en la guardia del Principal frustró este intento.

Los generales Serrano y O’Donnell obraron activos. Las piezas disponibles en el cuartel de artillería del Retiro las envió el duque de la Torre a la Puerta del Sol; el coronel Camino venció a los que defendían los cañones que atacaban al ministerio de la Gobernación, apoderándose de ellos y de cincuenta prisioneros, y reunidas las fuerzas de la guarnición y convenientemente situadas por el general Zavala las que fueron llegando a Palacio, se atacó al cuartel de San Gil, sosteniéndose más de dos horas el fuego de cañón y fusilería, con grande ardimiento por una y otra parte.

Del batallón del Príncipe solo se unieron a los sublevados unos cuarenta hombres, por haber contrarrestado el coronel y algunos oficiales los esfuerzos de los sargentos que intentaron arrastrar toda la fuerza. De ella necesitaba O’Donnell, pero como ocupaba el cuartel de la Montaña del Príncipe Pío, y estaba obstruido el camino directo con el fuego que se hacía desde algunas casas, no se podía ir a él directamente, y dando un gran rodeo fue el duque de la Torre. Contó con la decisión de aquella fuerza, y con toda la que ocupaba el cuartel de la Montaña, la distribuyó bien, y la colocó a espaldas del cuartel de San Gil, con orden de penetrar en él oportunamente; al hacerlo cuando más arreciaba el ataque, trabó en el interior un combate difícil de describir. Arrollados los insurrectos en el piso bajo por el fuego y las bayonetas de los soldados del Príncipe, se refugiaron en el principal, donde volvió a trabarse nueva pelea, que se reprodujo en el segundo. Vencido allí el grueso de los insurrectos, todavía algunos de los más tenaces resistieron en las buhardillas hasta sucumbir o ser prisioneros. En quinientos se calculó el número de estos y en más de cien el de los muertos.

La insurrección militar estaba vencida, y la civil, que se ostentó temida en varias calles auxiliada por algunos artilleros, defendió bien las barricadas precipitadamente construidas; pero fueron conquistándolas las tropas del gobierno, no sin sostener en muchos puntos reñidos combates. Aún se sostenía la insurrección en los barrios del Sur, contra la que cayeron tres columnas, marchando por diferentes direcciones: sostuvieron ruda pelea en las calles de Segovia, Toledo, Plazuela de la Cebada, del Progreso y de Antón Martín, y quedaron vencidos los insurrectos en este último baluarte, contando bastantes muertos, heridos y prisioneros.

No pudo estar peor dirigida la insurrección. Pierrad, Contreras e Hidalgo, que, como militares tenían la principal responsabilidad, quisieron estar en todas partes, arriesgaron mil veces su vida, y no pudieron dominar el desorden que se inició desde el primer momento.

Acertada, a la vez que peligrosa, fue la resolución de O’Donnell de combatir la revolución por partes, atacándola primero en San Gil después en toda la zona del norte y últimamente en la del mediodía; y aunque, como hemos dicho en otro lugar, los pronunciados pudieron aprovechar este tiempo para emprender los ataques que les conviniera, se limitaron a estar a la defensiva en las barricadas y algunas casas, y ¡había miles de paisanos armados! Estos supieron batirse y morir, exclamando oportunamente un actor en aquellos sucesos: «Inútil alarde de heroísmo, sacrificio sin objeto, que el pueblo ha olvidado por fortuna de aquellos que habían adquirido gravísimos compromisos arrastrándole a la pelea, compromisos que eludieran en el momento crítico, dejando los unos de presentarse, retrayéndose otros, mostrando poca energía, poca actividad y gran torpeza, o huyendo cobardes algunos otros».

El desastre que la revolución sufrió en Madrid, frustró el pronunciamiento preparado en Valladolid. Efectuóle en Gerona el regimiento infantería de Bailén; pero después de andar extraviado por las vertientes del Pirineo se refugió en Francia. En otros puntos ni aun se intentó la sublevación; y Prim, que se había acercado a Hendaya, al verlo todo perdido, regresó a París. No permitiéndole el gobierno francés residir en Francia, se refugió en Bélgica.

Completo el triunfo del gobierno, lo ensangrentó con 66 fusilamientos, muriendo algunos sargentos perfectamente inocentes, pues estando para cumplir, rehusaron tomar parte en la sublevación, se quedaron en el cuartel donde fueron hallados, y como sublevados los sentenció el consejo, que no dio muestras seguramente de imparcialidad ni aún de cumplir con su deber en tan solemnes circunstancias. Secundaran o no elevados deseos, aún había menguados palaciegos que pedían más ejecuciones, haciendo decir a O’Donnell: «¿Pues no ve esa señora que si se fusila a todos los soldados cogidos, va a derramarse tanta sangre que llegará hasta su alcoba y se ahogará en ella?».

Aunque vencida la revolución no estaba exterminada, y para ser más fuertes sus enemigos se procuró la reconciliación de moderados y unionistas; no fue afortunado Miraflores en su mediación con O’Donnell y Narváez y se cesó en los tratos, por no prestarse el primero a lo que de él se quería. Tuvo entonces enfrente a moderados y disidentes; se creyó más fuerte; obtuvo en las Cortes la suspensión de garantías que él no había de utilizar, porque al proponer a la reina una promoción de senadores, comprendió que estaba minado su poder, y previo el acuerdo del Consejo de ministros, dimitió. Al salir O’Donnell muy enojado de la entrevista con S. M. dijo que no volvería a pisar el palacio mientras reinase doña Isabel II. Otro comportamiento que el que con él se tuvo, merecía quien acababa de salvar el trono exponiendo su vida, aun cuando fuera cumpliendo con su deber; mas no faltaron cortesanos, de los que nunca se les ve en los peligros, que le culparan ante la reina de haberla abandonado porque no había estado a su lado.

Narváez, que también contribuyó a la caída de O’Donnell, fue el encargado de sucederle, y formó su ministerio con Arrazola, González Brabo, Barzanallana, Calonge, Castro y Rubalcaba. Proponiéndose una política liberal y de conciliación, salieron de sus escondites los progresistas que habían tenido parte en el anterior desastre, mandó Prim a Muñiz se suspendieran los trabajos de conspiración y se retirara Moriones de Valencia, y en la carta en que esto disponía, mostraba su dolor por los males a la patria causados, y expresaba dignos y elevados sentimientos.

Pero aquella política de tolerancia duró pocos días. Opusiéronse a ella Cheste, Calonge y Orovio, que en su intransigencia no querían prescindir de la fuerza; avisó González Brabo se pusieran en salvo los que acababan de salir de sus escondites, protegió su marcha, y el fusilamiento en Barcelona de los desgraciados oficiales Mas y Ventura, que habían consentido en salvar la vida, porque así se les ofreció, fue la señal de la emigración de todos los comprometidos en los anteriores sucesos.

Como si la historia no fuera maestra de la vida, se despeñó el gobierno en una situación de fuerza, adoptando medidas que dejaban atrás a las más reaccionarias; aun a las adoptadas en el campo carlista por el intransigente Mazarrasa en octubre de 1835, más dignas y humanitarias que la ley de orden público de un ministerio que se llamaba constitucional, y en 1866.

Suspendidas las sesiones de aquella legislatura, se anuló por completo la necesaria e imprescindible intervención de la prensa en la administración pública; se decretó se pagasen en dos plazos los cuatro de contribución que estaban escalonados hasta mayo de 1867; se declaró ilegal e incompatible de todo punto con las instituciones la democracia y parcialidades que se relacionaban con ella, recomendándose su persecución; la sobrexcitación de los ánimos con motivo de tales medidas, la aumentó la crisis metálica que paralizó casi todos los negocios industriales y mercantiles; cerráronse muchas tiendas por no poder pagar sus dueños el anticipo forzoso; se tomó de aquí ocasión para nuevas persecuciones, y para que se expidieran bandos como el del capitán general de Valencia por haberse cerrado también las tiendas y talleres en aquella ciudad; publicóse en Madrid otro bando terrorífico contra los propaladores de noticias; se disolvieron los ayuntamientos y diputaciones provinciales; se modificaron de real orden leyes hechas en Cortes, dándose por decreto nueva organización a aquellas corporaciones populares, y los repetidos incendios de Valls, a fines de noviembre, amedrentaron al poder y fueron origen del enérgico bando del general Gasset de 1.º de diciembre.

¿Qué extraño era que ni la inauguración del ferrocarril que une a Madrid con Lisboa, ni el viaje de la real familia a Portugal, pudieran distraer la atención pública del sentimiento que a todos embargaba? Se caminaba al despotismo, necesario, a juicio del poder, y se discutió acabar con el parlamentarismo y las instituciones liberales.

Era ya intolerable tanta insensatez. Alarmadas las oposiciones, pensaron en congregar las Cortes por derecho propio, y se redactó una exposición a la reina protestando contra las ilegalidades cometidas. Al saberlo el gobierno, envió al capitán general, conde de Cheste, a recoger el escrito; exacerbóle no hallarle, hasta el punto de faltarse a sí mismo y al mayor del Congreso atropellándole inconsideradamente; allanó aquel edificio nacional; prohibió la entrada en él a los diputados; aprobó el gobierno tan arbitraria conducta, negando al presidente de las Cortes, Ríos Rosas y a la comisión, derecho alguno para calificar los actos de la autoridad, y no contento con todo esto desterró a aquel presidente y a aquella comisión de gobierno interior del Congreso que pretendió entregar la exposición a la reina. Entrególa al fin el duque de la Torre, que por su cualidad de grande de España tenía entrada en la regia cámara, y fue también desterrado.

El 30 de diciembre se disolvieron las Cortes convocando las nuevas para el 30 de marzo siguiente. «La constitución interna y real de esta antigua nación, se decía en el preámbulo del decreto de disolución, no está del todo de acuerdo con la interpretación que en no pocos casos se ha dado a las leyes políticas hechas y promulgadas durante sus varias y sus más o menos permanentes dominaciones por los diferentes partidos que nos dividen y nos destrozan… Hora es ya que los españoles sean gobernados según el espíritu de su historia y la índole de los sentimientos que constituyen su general carácter»; y se planteaba la cuestión constituyente, la lucha entre la libertad y el absolutismo, y en Cortes ordinarias. Aquel desatentado ministerio iba derecho a su objeto, prescindiendo de toda consideración.

No podían tenerla tampoco sus enemigos. En la junta que celebraron en Ostende el 15 de agosto de 1866, se ratificó la unión íntima y cordial de progresistas y demócratas «para destruir todo lo existente en las altas esferas del poder, nombrándose en seguida una asamblea constituyente, bajo la dirección de un gobierno provisional, la cual decidiría de la suerte del país, cuya soberanía era la ley que representase, puesto que sería elegida por el sufragio universal directo».

Definida la cuestión de principios, se acordó la reunión de fondos para llevar a cabo la revolución, y se formó un Centro revolucionario bajo la jefatura de Prim, que se instaló en Bruselas.

Al empezar 1867 ya estaba regularizada la conspiración. Cuando se preparaba un movimiento en Cartagena, surgieron dos partidas en Cataluña, que si de suyo tenían poca importancia, por obedecer solo a instigaciones de Albaida, emancipado del Centro de Bruselas, produjeron la funesta consecuencia de precipitar la sublevación del fogoso joven Copeiro del Villar, en Palencia, donde fue fusilado.

Separado también del Centro de Bruselas, formaron otro en París Pi y Margall, Castelar y varios más, aunque contribuyendo todos al mismo fin. Declinando toda participación en los planes de estos centros y protestando contra las sublevaciones, escribió desde Barcelona don Román Lacunza a Espartero, consultándole si convenía proteger y fomentar tal idea o limitarse a protestar; la digna negativa del duque de la Victoria, a la que se sometió Lacunza, impidió una declaración, que, aun hecha a nombre de muchos progresistas, hubiera sido cuando menos inconveniente.

Al enmudecimiento de la prensa libre sucede la clandestina, que se expresa con la violencia que se expresó entonces, proclamando la caída de los Borbones y la soberanía nacional. Periódicos extranjeros se hacían eco, no solo de las quejas de los emigrados, sino que daban a todos los vientos de la publicidad las noticias que más desconceptuaban a la reina en la opinión pública, como reina y como señora. Esta actitud de la prensa extranjera produjo la circular del 4 de marzo a todos los representantes de España, y otra a los gobernadores civiles para que rectificasen la opinión. «¿Cómo hacerlo, hemos dicho en otra ocasión, cuando el mismo gobierno en vez de desvanecer la calumnia, se limitaba a condenarla, despertaba la curiosidad pública de suyo excitada, para leer unos escritos desconocidos de los más, y se aguijoneaba el deseo de conocer el fundamento de lo que la malicia humana se hallaba más dispuesta a creer verdad que difamación? ¿Qué objeto práctico podían tener aquellas numerosas exposiciones de real orden, y hechas por clases y corporaciones a quienes la ley prohibía presentarlas en colectividad, que llenaron tanto tiempo las columnas de la Gaceta, escritas en los mismos centros oficiales, y produjeron la cesantía de algunos empleados por no querer firmarlas?». Se caminaba por una pendiente resbaladiza.

Así se concibe que en tales circunstancias, publicara el gobierno por real decreto un proyecto de ley de imprenta que hacía imposible el uso de ella. Si alardeó del levantamiento del estado de sitio, como lo exigía el período electoral, era ineficaz la medida, vigente como estaba la suspensión de garantías. Y aún se apresuró el gobierno, en cuanto se hicieron las elecciones, a mandar por decreto rigiera como ley el proyecto de la de orden público, hasta la aprobación de las Cámaras. En los tres estados en que podía encontrarse la sociedad relativamente al orden público, definía el primero como el normal y ordinario, consistiendo las funciones gubernamentales en medidas de previsión y vigilancia amparadas con la policía, dando la ley no solo facultades indefinidas, sino discrecionales, sin más limite que la prudencia y el buen sentido. No quedaban seguramente indefensas las autoridades para el estado de agitación y alarma, y para el de guerra solo mandaba la autoridad militar con omnímodas facultades. Todo estaba en carácter con aquel gobierno, que creyendo en su ceguedad resistir la revolución, la alentaba.

CAPÍTULO IV

Nuevas insurrecciones.—Arrecia la reacción.—Preliminares de la revolución

Abiertas las Cortes por decreto, contó el ministerio más de doscientos diputados dispuestos a seguirle hasta en sus extravíos, excepto los que acaudillaba el conde de San Luis, y las pequeñas fracciones dirigidas por Moyano y Nocedal, al que se pensó nombrar presidente y lo fue Belda. Solo había cuatro unionistas.

Aprobada la conducta del gobierno respecto al destierro del duque de la Torre, que volvió a ocupar su asiento en el Senado, quedó legalmente desprestigiada la representación nacional al sufrir la humillación de ver relevados de sus altos destinos los magistrados senadores que votaron contra el ministerio. La dictadura ministerial fue también aprobada en el Congreso casi unánimemente a pesar de combatirla con enérgica elocuencia Cánovas del Castillo, que pedía orden y confianza, verdadera administración, que no se provocaran cuestiones pueriles con los extranjeros, ni se aumentara la funesta antipatía que los odios religiosos por una parte y la diferencia de ideas políticas por otra mantenían: decía que las ideas del siglo, irresistibles, empujaban a todo el mundo hacia el régimen representativo, y esparcían la libertad por todas partes, y añadía: «Cuando veis a la aristocracia inglesa, con sus seculares preocupaciones y privilegios, ceder y abrir al fin las puertas, no ya a las clases medias, sino quizás a la democracia misma; cuando veis que hasta al pie de las Pirámides levanta su voz la libertad política, no imaginéis, no, que puedan desaparecer, por ningún motivo, de entre nosotros, los principios constitucionales, que tanta sangre han costado a vuestros padres, y quizás a vosotros mismos».

González Brabo, que hizo entonces una campaña parlamentaria brillantísima, más que de convencer, procuró imponerse, preguntando: «¿Creen los señores diputados que yo ignoro que el ministerio actual tiene una responsabilidad indeleble ante alguien? Ya sé yo que la tiene: el voto que vais a dar y el de la otra Cámara, ya sé yo que no nos absuelvo a nosotros de aquella responsabilidad sangrienta, que no a nosotros solos, sino a muchos otros, espera en su día, si es que llegan a desencadenarse el ímpetu, la fuerza, el arranque de las pasiones revolucionarias… ¿Cree el señor Cánovas que la revolución olvidará aquellas escenas sangrientas con que un día y otro, por espacio de muchos, se hizo correr la sangre y se llenó de cadáveres el campo, siendo su señoría ministro de la Gobernación?… El día que la revolución vuelva, volverá rabiosa… no perdonará a nadie ni nada de lo que constituye el ser de este país».

Alentado el gobierno, propuso a las Cortes la reforma de sus reglamentos para cerrar la tribuna, ya que estaba enmudecida la prensa, anular el sistema representativo y establecer el criterio absolutista inherente a la constitución interna y tradicional del país, haciéndose un absolutismo para el uso particular de aquel ministerio.

Con esta política, no solo agrandaba el vacío que se iba formando alrededor del gobierno, sino que le hacía alrededor del trono. Podía tener poca importancia la actitud en que se colocó el infante don Enrique, al que se destituyó de todos sus títulos, honores y dignidades, pero fue de gran trascendencia la indisposición con la hermana de la reina, duquesa de Montpensier, que daba una bandera a la revolución.

Un acto de habilidad, y laudable, como todo lo que es generoso, ejerció el gobierno con la amnistía del 24 de abril, que aumentaba el ejército con unos dos mil soldados emigrados, quitando a la revolución este poderoso elemento. Mas no se repetían actos de esta naturaleza; antes al contrario, parecía haber empeño en abordar cuestiones impopulares, y resolverlas, como sucedió con la conversión de los famosos cupones ingleses, a cuyos tenedores se daban ochocientos millones de reales más de lo que se les debía, y se gravaba al Tesoro español con una renta anual de treinta. Obligó a esto a aquel ministerio, contra sus convicciones, lo apurado de la hacienda y fue causa de las dimisiones de Calonge y Rubalcaba, reemplazándoles Castro y Belda, renunciando poco después aquel la cartera de Estado.

En una nueva junta de los emigrados, celebrada en Bruselas el 30 de junio, asistiendo a ella los demócratas y reconciliados, Olózaga y Prim, se acordó no proclamar la república ni la monarquía, dejando a la voluntad del pueblo o a la asamblea nacional elegida por el sufragio universal, el derecho de constituir el país como mejor le pareciese. Y sin embargo, era unánime el grito de abajo los Borbones, al que se oponía Prim por no privarse de la adhesión de algunos militares, diciendo que lo principal era pelear y vencer y después obrar como fuese necesario.

Nuevas disidencias incomodaron a Prim que prescindió de los demócratas para hacer la revolución. Pidió dinero a sus amigos; apenas se reunió para facilitar el viaje hasta la frontera a los que habían de iniciar el movimiento; nombró los jefes que habían de dirigirle en diferentes provincias, acudiendo todos con exactitud a sus puestos, y accediendo Prim a que se ofreciera en la proclama la abolición de quintas y de matrículas de mar, disgustó a casi todos los militares, y no contribuyó esto poco a que fracasara el plan Este se varió por las seguridades que se dieron de que la guarnición de Valencia iniciaría el movimiento si se presentaba Prim; allí acudió, esparciendo antes sendas proclamas a los españoles y al ejército, ofreciendo a los primeros toda clase de libertades y garantías de justicia, moralidad y virtud, y al segundo recompensas y descanso; y fondeado en el Grao, sufrió un nuevo desengaño, por no estar conformes con la abolición de quintas los que habían de ejecutar el movimiento. Regresó Prim a Marsella, se dirigió al Pirineo, esperó en vano las fuerzas que debían proteger su entrada, e inútiles sus esfuerzos, se retiró.

Contreras llamó a los catalanes a las armas al grito de libertad, entró por el valle de Arán y no pasó adelante. Baldrich, proclamando abajo lo existente, quedó con Lagunero y Targarona en la provincia de Tarragona; libraron sendos combates con ventaja contra el brigadier García Torres, y solos, y sin recursos, licenciaron su gente y marcharon a Francia sin perder un hombre. En la provincia de Gerona se encontraron las fuerzas revolucionarias sin las armas prometidas y con tres columnas que no les permitieron obtener la menor ventaja. Tampoco cumplió la provincia de Lérida sus compromisos más que a medias; excepto los señores Cas tejones y varios otros, sobre todo los del valle de Aran, donde continuó Contreras hasta que el general Izquierdo le obligó a retirarse a Francia, después de un combate inútil que produjo sensibles pérdidas.

En Aragón había mayores elementos, que se hubieran aprovechado perfectamente, si Prim, en vez de ir a Valencia, se hubiese presentado en aquel país como lo esperaban y a ello se había comprometido. No inspiraba Pierrad la misma confianza, por menos conocido, y Moriones tuvo que variar su plan. Creyó lo más prudente proceder de sorpresa en sorpresa; para lo cual recomendó a Pierrad no efectuara su entrada en España hasta un día determinado; pues no llamando así la atención de las autoridades españolas, podía Moriones efectuar desahogadamente sus sorpresas Con grande acierto sorprendió puestos de carabineros que le seguían, llegando a reunir hasta 500, con los cuales y unos 60 paisanos de los valles contaba sorprender fácilmente las Cinco Villas; mas la anticipada entrada de Pierrad, perseguido por la gendarmería francesa, imposibilitó tan importante operación. Cubriéronse inmediatamente Uncastillo, Sádaba y Luesia; Manso de Zúñiga fue con una pequeña columna al encuentro de Moriones, ya unido con Pierrad, juntando ambos 560 carabineros y 80 paisanos; con ellos esperaron en Linás de Marcuello, y al saber Moriones la aproximación de su enemigo, escondió en las casas del pueblo y a los dos flancos que dan paso al monte, 200 carabineros solteros, y el resto de la fuerza a la falda del monte, a retaguardia y oculta por las casas. Como Manso avanzaba lento, dejando su caballería cubierta para cargar a los sublevados en cuanto abandonaran su fuerte posición del pueblo, se propuso Moriones sostener por algún tiempo el fuego de guerrilla, figurar después una dispersión entrando por el pueblo, salir entonces por retaguardia subiendo por el monte los carabineros ocultos, mezclados con los paisanos, para que les siguieran los enemigos, y en este caso caer sobre ellos los 200 carabineros emboscados. Este plan tan bien dispuesto, le desbarató Pierrad, que, mal aconsejado, le hizo precipitarse a combatir; trabóse la pelea con varios accidentes, triunfando al fin los sublevados, experimentando las tropas del gobierno la sensible pérdida de su general.

La fatalidad que perseguía a Moriones, impidió que aquella noche destrozara a la columna de Zúñiga, falta de municiones, y que obtuviera las ventajas que se prometía, teniendo a poco que guarecerse en Francia.

Las partidas que se presentaron en el antiguo reino de Valencia, careciendo de la principal base, que era el movimiento de la capital, se dispersaron después de sostener pequeños encuentros. Lo mismo hicieron las partidas levantadas en la provincia de Cuenca, de Madrid y en otros puntos. En Béjar, donde se mostró imponente la sedición, contando con más de 6,000 combatientes, pudo evitarse una colisión a todos funesta, y previo el indulto, entraron en el pueblo las tropas del gobierno.

Este mostró grande actividad y no menor acierto en mover sus fuerzas, dominando así una insurrección que con tantos elementos contaba y había sido tan bien organizada. El verdadero cuartel general estuvo en el ministerio de la Guerra.

Los mismos revolucionarios fueron los que más contribuyeron a su desgracia. Alucinados unos, crédulos otros, faltos de resolución bastantes, e inconvenientes declaraciones en las proclamas, fueron causas que, aunque independientes unas de otras, contribuyeron de consuno al mal resultado.

Terminado todo, se apresuró Narváez a levantar el estado de sitio, puso en libertad y permitió volver a sus hogares a los que habían sido arrestados y alejados de sus pueblos por causas políticas por aquella administración y ministerios anteriores, e indultó a los condenados a última pena. Consideró muerta la revolución y no se quiso ensangrentar con un cadáver. Después de vencer le halagaba ser generoso.

Como es frecuente después de una derrota, menudearon las inculpaciones, mediaron expresivas cartas, publicó Prim un notable manifiesto declarando en él, «que no se habría colocado en una situación revolucionaria a haber sido atendidos los clamores de la opinión pública, y que no abandonaría tal situación hasta que los gobiernos sucesivos dejasen de ser en España los verdugos de su patria y el escándalo de Europa». Diéronse a luz otros manifiestos anunciando que estaba jurado el destronamiento de los Borbones y que no se desistía de la revolución, que era inminente. El ministerio a su vez, dirigió una circular al cuerpo diplomático español para contestar indirectamente a una parte de la prensa extranjera que fomentó la rebelión, la justificó y proclamó su repetición, desprestigiando cosas y personas; presentaba a la revolución como enemiga de la nacionalidad e integridad española, del orden social y político, reemplazándolo con repúblicas niveladoras, lo cual rechazaba el país y el ejército, recomendando se inculcase esta idea.

No podía creer el gobierno lo mismo que decía en su circular, o estaba mal enterado de los trabajos revolucionarios. Estos adquirieron nueva faz al tomar parte en ellos los generales Dulce y Serrano y el duque de Montpensier. Conferencias se celebraban también con O’Donnell, poco antes de que le arrebatara la muerte, y tuvieron lugar entonces otros tratos a los que se dio más importancia de la que en realidad tenían. Poseemos los documentos. El progresista aragonés don Félix Cascajares pensó en identificar a don Carlos con la revolución: le habló para que se entendiera con Prim y Sagasta, opúsose este, y al dar cuenta a Prim de la negativa y de la insistencia del mediador, convinieron en que podía efectuarse la conferencia sin adquirir compromisos de ninguna especie ni ceder en lo más mínimo de los principios liberales, no olvidando la conveniencia de que cuando menos estuvieran quietos los carlistas, y si no ayudaban no entorpeciesen la revolución. Expuso Sagasta en este sentido las condiciones para la entrevista; Prim, expulsado a la sazón de Bélgica, fue a residir a Londres; se dispuso allí la conferencia; se interpusieron algunas dificultades para que se efectuara, porque Sagasta no quería comprometerse, y de acuerdo con Prim se decidió al fin a conferenciar, no con don Carlos, sino con Cabrera, sin perjuicio de hacerlo después con aquel. Aún se presentaron inconvenientes, los venció el jefe carlista, porque don Carlos mostró mucho empeño en la entrevista para la cual corrió a Londres desde Gratz, y Sagasta se presentó en la posesión de Cabrera, recibiéndole este con las mayores atenciones. Conversaron solos, aceptó Cabrera en nombre de don Carlos todos los principios políticos, religiosos y sociales, hasta cierto punto, rechazando la soberanía nacional, «porque si se le quita, decía a la causa carlista la legitimidad, ¿qué sería de mi historia?». Manifestó que estas ideas eran de su cuenta, pero que se viera a don Carlos que podía pensar de otra manera, a lo que Sagasta replicó que era inútil, porque dando a Cabrera la debida consideración, su opinión sería la predominante. Grande insistencia mostró Cabrera en que Sagasta conversara con don Carlos; fue en vano cuanto hizo; quedaron completamente rotas las negociaciones y no se volvió a hablar más del asunto.

Las Cortes, cuyas sesiones se habían suspendido el 13 de julio —1867—, reanudaron sus tareas el 27 de diciembre, leyendo la reina un extenso discurso en el que se congratulaba del «éxito que había coronado la política tan enérgica como previsora y prudente adoptada por el gobierno, después de las rebeliones de enero y junio del año anterior»: enumeraba los proyectos de ley que se iban a presentar, a fin de afirmar de nuevo y desenvolver gradualmente la política de resistencia franca a la revolución, y pedía al que «era causa y Señor de todo, que ilumine nuestro espíritu, bendiga nuestros propósitos, y premiando el ardor y la sinceridad de nuestro patriotismo, cumpla al fin nuestras legítimas esperanzas».

Apenas invirtió un par de horas el Congreso, presidido por el conde de San Luis, en discutir y aprobar la contestación al mensaje. Las restricciones que imponían los nuevos reglamentos hacían indiferente la discusión. No había tampoco oposición, y para hacer frente a la que acaso pudiera tener en el Senado, se hizo una promoción de cerca de treinta senadores, algunos de ellos sin carrera, condiciones, ni merecimientos.

La aprobación de multitud de proyectos de ley y los presupuestos de 1868 a 1869, ocuparon a las Cortes hasta la modificación del ministerio por el fallecimiento de su presidente el general Narváez, habiéndose establecido el precedente de que el Congreso no tenía derecho a exigir la explicación de los motivos que habían producido crisis parciales, ni el gabinete a explicar la significación y carácter de su política.

A Barzanallana y Belda sucedieron en los ministerios de Hacienda y Marina, Ocaña y Catalina, cuyas ideas ultramontanas acentuaron más la reacción; y a poco, la muerte de Narváez dio nuevo sesgo a aquella situación política. El duque de Valencia bajaba a la tumba sin ser bien conocido por corresponderle gobernar en circunstancias azarosas y críticas. Si tuvo ocasiones en que desplegar sus dotes de gobierno y su amor a las instituciones liberales, débiles condescendencias y el dejarse llevar, más de lo conveniente, de ciertos defectos de carácter, le hicieron en más de una ocasión obrar contra los generosos impulsos de su corazón, contra la nobleza de sus sentimientos, embotados con frecuencia por la exacerbación de las pasiones políticas. Impresionable a los afectos de la amistad, amante de la autoridad, y lisonjeándole el poder, deseóle siempre, halagándole el bien que podía hacer; pero era demasiado sensible a las contrariedades que parecía buscar por el placer de vencerlas, creyéndose más fuerte resistiendo que cediendo: de aquí la constante lucha en que vivió siempre. Ocasión se presentaba a la reina para conjurar la tormenta que la amenazaba, emprendiendo otra política que la insensata que se seguía; desoyó los consejos más desinteresados y prudentes, despreció las elocuentes lecciones de la historia, y como cuando Dios quiere perder primero ciega, antes de fallecer Narváez, convino con González Brabo en que le sucediera en la presidencia, se identificó con él, y en vez de seguir el camino de la prudencia se siguió el de las aventuras.

González Brabo constituyó el nuevo ministerio con Roncali, Marfori, Orovio, Catalina, Mayalde, Belda y Coronado, sucediendo a poco don Tomás Rodríguez Rubí a Marfori en Ultramar, cuya cartera cambió por la intendencia de palacio que adquirió verdadera preponderancia, y el intendente grande y criticada influencia. Al presentarse González Brabo en las Cortes, anunció que su política sería de resistencia, como la de Narváez, cuyo recuerdo y sombra presidía el gabinete. Su propósito era hacer ver que podía un paisano ejercer en España la dictadura, consiguiendo él sobreponerse al elemento militar, cosa que no pudieron lograr Bravo Murillo ni San Luis.

Creyó, si no contar con el ejército, ejercer sobre él alguna influencia, considerando como poderosos auxiliares a los marqueses de la Habana y de Novaliches, y los elevó a la alta dignidad de capitanes generales.

El 19 de mayo se terminaron las sesiones de Cortes y su presidente, el conde de San Luis, se retiró triste y descorazonado a la vida privada a escribir un folleto, calificado oportunamente de oración fúnebre, y lo era, no solo de la parte intransigente del partido moderado que tenía más afinidad con el absolutismo, sino de todo el partido. ¡Con qué gráfica amargura decía el conde!: «el falseamiento completo del régimen constitucional, al que todos debemos nuestro ser político, ha traído a España al peligroso trance en que hoy se encuentra». No gobernaba ya en España un partido, sino una fracción obcecada, una bandería apasionada, de la que se apresuraban a separarse las eminencias más moderadas, como si temieran su contacto, produciendo alrededor del gobierno el vacío más grande en que ninguno se ha visto. Nadie podía ya dudar un momento de las consecuencias que había de producir tanta insensatez, tan escaso tacto político. No podía hacer más la reina en favor de la revolución, ni podía haberse formado un gabinete que más la precipitara.

Apresuráronse los trabajos de coalición revolucionaria, y el mismo día que la corte se trasladaba a la Granja, satisfecha del enlace de la infanta con el conde de Girgenti, hermano del destronado rey de Nápoles, decía La Nueva Iberia como última palabra: «Adelante podemos ir todos; y para ello, y coincidir en puntos capitales de política, no es necesario que la unión liberal abdique. La ley del progreso es predicar la unión de las fuerzas y elementos afines. Unidos podemos ir todos».

Este artículo era una revelación, un grito de guerra, que fue atendido. Ya no hubo más vacilaciones, ni el gobierno necesitó más para extremar sus rigores. Se prendió y desterró a los generales Serrano, Dulce, Zavala, Córdova, Serrano Bedoya, Echagüe, Caballero de Rodas y brigadier Letona, y para que la presencia en España de los duques de Montpensier no pudiera contribuir a fomentar la conspiración, como el gobierno les dijo, les mandó salir de la Península en el más breve plazo posible, poniendo a su disposición la fragata Villa de Madrid, para que les llevara al punto que en el extranjero designasen y lo hicieron a Lisboa, donde ni aun quería la reina que desembarcasen, deseando sin duda tenerles más lejos; para lo cual envió un parte cifrado, que el rey portugués mostró a los duques cuando fue a visitarles solemnemente a bordo.

Desde Lisboa, como no podían menos, expusieron los duques a la reina haber cumplido su orden, que no contenía cargo explícito, que era extralegal y depresivo el destierro, y si creyeran oportuno vindicarse, dirían: «Si España, si la desventurada España pasa por situaciones difíciles, que con nuestro corazón deploramos, no somos, no, la causa generadora de ellas. Búsquese en otra parte, si le hay, el origen de conmociones lamentables, que sirven de pretexto para condenarnos. Cuando los pueblos se agitan es que un mal grave les aqueja, que no existen individualidades ni nombres tan poderosos que basten a alzar banderas ni a arrastrar a una nación en pos de sí»; protestaban enérgicamente de la medida contra ellos adoptada, y esperaban que el desagravio fuera tan público como la ofensa.

No era esperanza vana, y los mismos duques contribuían a obtenerle grande, ruidoso, como lo deseaban, aunque consentidos en conseguir otro resultado que el que obtuvieron.

El acto de fuerza que acababa de ejecutar el gobierno, efectuando tantos destierros de importancia, habríale sido muy eficaz si contara con la opinión pública, pero le produjo un efecto contrario, porque le enajenó las simpatías, o la condescendencia de algunos generales que trocaron su indiferencia política por adhesión hacia sus compañeros, a los que consideraban víctimas de excesiva arbitrariedad. Hubo general, Makenna, que se ofreció a libertar a los generales cuando estaban en las prisiones de San Francisco, contando para ello con el regimiento de Asturias. Otros se les ofrecieron para cuanto quisieran, y a su paso por Sevilla para Cádiz, a donde se embarcaron, se les brindó con efectuar el movimiento de aquella ciudad primero y en la segunda después; pero este se preparaba con más madurez, y Topete y Malcampo se opusieron a que se prescindiera de los progresistas.

A los agentes que tan activa parte tomaban en los trabajos revolucionarios, se unieron otros de valer: se nombró en Madrid un comité de individuos progresistas y unionistas; se dio forma a los trabajos, en relación con el centro progresista de Londres y el unionista de Canarias; tomó parte eficaz y activa en todo el general Jovellar, procediendo con acierto, y a fines de julio solo faltaba iniciar el movimiento; todo estaba ya preparado.

Se pensó en efectuarle el 9 de agosto, porque el gobierno se iba apercibiendo de algunos trabajos; y no se verificó, porque Arias, que mandaba la Villa de Madrid, se negó a desembarcar 200 hombres de la escuadra que pedía el regimiento de infantería de Cantabria para salir del cuartel.

Este propósito, que era solo de los unionistas, alarmó a Prim en cuanto lo supo, y desde Vichy a donde se hallaba tomando las aguas, corrió a Londres para dirigirse con no menos celeridad a Cádiz; deteniéndose al saber que no se había realizado el pronunciamiento.

Nuevas contrariedades tuvo que vencer Prim en Londres, consistentes en la tirantez de relaciones que existía en Andalucía entre los progresistas y unionistas; estos eran montpensieristas antes que revolucionarios; tuvo Montpensier que tratar con los progresistas[6] y en Londres, al fin, se arregló todo. Se concertó que Prim se embarcaría el 12 de setiembre en la mala de las Indias para llegar el 16 a Gibraltar, mandando antes un vapor a Canarias a buscar a los generales allí desterrados, sin perjuicio de otro vapor que también salió de Cádiz.

Después de este acuerdo, conferenció Prim con Muñiz, Sagasta y Zorrilla, tratándose de la parte material del movimiento y de la personal: en cuanto a la misión respecto a Montpensier, dijo Prim a Muñiz: «Dígale usted al señor Solís, que la bandera de la revolución es: “Cortes Constituyentes”, y que el país libremente decida de su suerte».

No podía Prim, seguramente, comprometerse con el duque de Montpensier, porque alarmado el gobierno francés de su repentino regreso de Vichy, esperábale en el andén de la estación del ferrocarril en París el conde de Lavallette para manifestarle de parte del emperador, que al abandonar al cuarto día unas aguas que tan necesarias supuso para su salud, en cuanto le visitó un español, no podía tener otro objeto que el efectuar la revolución, en cuyo caso exigía de él el compromiso de no aclamar al duque de Montpensier, si quería que no le fuese hostil el gobierno francés. Prim, que necesitaba la benevolencia de este para las fronteras de Aragón y Cataluña, tuvo que acceder por su parte, encargando a sus más íntimos que no contrajeran compromiso alguno con el duque. Otros menos escrupulosos trataban de explotarle.

La revolución, ya inevitable, fue aceptada por la opinión pública como un mal necesario. Era imposible doña Isabel II, porque si en un principio pudo ser compadecida, al evidenciarse su proceder y su conducta, se enajenó el amor, el respeto y hasta la consideración de los pueblos, que son la base del poder de los reyes. Nuestra sociedad no rinde culto al derecho divino, que no le considera como principio de soberanía, sino a los propios merecimientos.

Los más monárquicos de la revolución pretendían reemplazar a la reina con su hermana doña Luisa Fernanda, duquesa de Montpensier; Prim, como hemos visto, lo dejaba todo a la resolución de unas Cortes constituyentes, y don Salustiano Olózaga, factor importante en lo que se disponía, no variaba su fórmula, consistente en que «había un obstáculo que era preciso derribar, y no era posible derribarlo sin el concurso de todos; que se pensara en quitarle, se hiciera el vacío, y la naturaleza que tiene horror al mismo vacío se encargaría de llenarlo».

Algunos, muy pocos, se retrajeron porque no querían correr una serie de aventuras; y otros, admitían el destronamiento de la reina, constituyéndose una regencia durante la minoría de su hijo don Alfonso. Pero todos estos eran los menos, cuya influencia no podía contrabalancear el decidido propósito de que no continuara el reinado de doña Isabel, divorciada completamente del país. Esto no tiene remedio, se repetía en todas partes. Los que más temían la revolución se limitaban a cruzarse de brazos condoliéndose de los males que veían y de los mayores que preveían.

Las personas más adheridas al gobierno como Castro, Novaliches y el mismo conde de Cheste, dimitieron unos sus puestos y no aceptaron otros los que se les daban; y si el último aceptó la capitanía general de Cataluña, fue como puesto de honor y peligro. El mismo González Brabo consideró imposible sostener su posición, y quiso retirarse; pero no se lo permitió la reina. Se decidió a combatir la revolución o sucumbir, mostrando grande y valerosa actividad. Estando en Lequeitio, escribía: «Se dice que van a entrar emigrados por la frontera de Francia. No me impresiona esto. Hasta me alegraría de ello. La lucha pequeña y de policía me fastidia. Venga algo gordo que haga latir la bilis, con tal que no venga por provocación ni por negligencia de mi parte. Entonces tiraremos resueltamente del puñal, y nos agarraremos de cerca y a muerte. Entonces respiraré ancho; no ahora, que todo se vuelven traguitos».

El ministro de la Guerra apenas creía se conspirase.

Ya en setiembre se avisó al gobierno que la marina, en odio a Belda, estaba dispuesta a todo: se denunció a Izquierdo y a otros jefes, y a algunas guarniciones, cuyos relevo se pedía, mas González Brabo contestó defendiendo a la marina, a Izquierdo y a otros, y escribía: «Así como mi instinto me decía en los primeros días de julio que aquello era verdad, hoy me dice que esto es agua de cerrajas. Si algo sucede, ya verá V. como es un aborto». El 16 de setiembre telegrafiaba al gobernador civil de Cádiz, «que era infundado lo que se temía de los comandantes, oficiales y tripulaciones de los buques, teniendo el gobierno la seguridad de que esta misma fuerza sería la que más contribuiría a reprimir y castigar cualquier rebelión; que procurase medidas de tranquilidad, y estuviese seguro que nadie vendría de Canarias e Inglaterra, ni de parte alguna, y que el gobierno estaba por momentos enterado de todo cuanto se hacía e intentaba en todas partes, y la seguridad con que hasta ahora había desbaratado todos los planes mejor combinados, era una garantía de su acierto en esta ocasión». Insistió el gobernador civil en la evidencia de la insurrección, y el gobierno en su confianza: llegó hasta resignar el mando en la autoridad militar en la mañana del 18, y aun le telegrafiaba el presidente del Consejo, «que no pasara más adelante en las disposiciones que había tomado, por estar perfectamente seguro que la agitación que allí notaba no era otra cosa sino que se empiezan a conocer planes que pueden decirse abandonados ya. El gobierno tiene informes seguros sobre esto… Recomiendo a V. mucho que no demuestre la menor sospecha de los comandantes de los buques de guerra, de la marina en general, pues el gobierno tiene absoluta confianza en su honor y lealtad, dígase lo que se quiera en contrario, y antes bien, si las circunstancias lo exigieran, acuda V. E. reclamando su cooperación para sostener el orden público, en la seguridad de que la obtendrá. Vea V. E. al capitán general de ese departamento de marina y entérele de este despacho».

Podía explicarse esta obcecación del gobierno en las seguridades que se le hacían concebir; pero apenas se comprenden las circulares reservadas que dirigía al mismo tiempo a los gobernadores civiles para que vigilaran a los capitanes generales, siendo esto causa de bien deplorables escenas en Cataluña.

También del extranjero se avisaba al gobierno los trabajos revolucionarios. Entre los telegramas que envió nuestro representante en Bruselas, es notable el que bajo el concepto de muy reservado, decía que la legación austríaca iba a mandar publicar en los periódicos de aquella capital lo siguiente: «Según noticias muy fidedignas, el duque de Montpensier ha tomado parte en una conspiración antidinástica. Su Alteza su esposa, será reina de España. El duque se dirigirá a Prusia para conseguir un apoyo y fondos secretos».

El gobierno tenía confianza en que carecían de fondos los revolucionarios, y no tuvieron muchos en efecto, pero no les faltaron los necesarios, facilitando Montpensier algunos[7] que ascenderían a tres millones de reales.

Desde los encantadores jardines de la Granja, se había trasladado la reina a Lequeitio, donde algunos pensaron apoderarse de ella obligándola a abdicar en favor de su hijo; pero no se prestaron a ejecutarlo los que habían de hacerlo: la dispensaron las más delicadas muestras de respeto y adhesión a bordo de la Zaragoza, cuando estuvo a visitarla, y si prevenida entró en el buque, salió tan satisfecha que manifestó a González Brabo lo infundado de las sospechas que de los marinos se tenían, a quienes obsequió con un banquete.

Esta confianza prolongaba la estancia de la corte en la costa cantábrica, y aguijoneaba a los revolucionarios a emprender el movimiento antes que la abandonara, pues temían que regresando la reina a Madrid peligraría su vida, lo cual se quería evitar. No era Topete el menos interesado en esto; arreció en sus trabajos, y con fondos facilitados por Montpensier envió un vapor a Prim. Al mismo tiempo, Paul y Angulo y otros, con el producto de una suscrición, fletaban otro vapor también para Londres, que fue en el que se embarcó, no aceptando el enviado por Topete.

A Canarias fue el vapor Buenaventura donde tomó a los generales en la oscura noche del 14 de setiembre.

CAPÍTULO V

Pronunciamiento de la Marina.—Declaraciones.—Alcolea.—Triunfo de la Revolución

Había llegado el momento deseado por unos, temido por otros y desdeñado por la reina y el gobierno.

En la extensa bahía de Cádiz se reunieron las fragatas de guerra Zaragoza, Tetuán, Villa de Madrid, y Lealtad; los vapores Ferrol, Vulcano e Isabel II; las goletas Edetana, Santa Lucia, Concordia y Ligera, y los transportes urca Santa María y vapor Tornado: en su puesto los jefes Topete, Malcampo, Barcaíztegui, Arias, los Guerras, Uriarte (don Florencio), Montojo, Pardo, Pilón, Vial, Pastor y Landero y Oreiro[8]; y la insignia almirante en la Zaragoza. Solo se esperaba la llegada de los generales, cuya tardanza impacientaba a Topete, sabedor de que las autoridades de Sevilla y Cádiz nada ignoraban.

El primero que llegó, no sin vencer grandes dificultades, fue Prim con Sagasta, Zorrilla, Merelo y Paul y Angulo Se había embarcado el 12 en Southampton en la Mala de las Indias, llegó felizmente a Gibraltar el 17 en el vapor Delta, disfrazado de ayuda de cámara de los condes de Bar, con traje de librea y en cámara de segunda clase; se propuso esperar, obedeciendo a Topete, la llegada de los generales de Canarias, para presentarse todos juntos a la marina y dar el grito, pero al saber que en Cádiz había conmoción, que las autoridades tomaban sus medidas, y la Ligera vigilaba la mar, se decidió a arrostrarlo todo, ayudó grandemente a su propósito el entusiasmo del opulento inglés Mr. Bland, que dio su vapor Adelia y quiso acompañar a Prim, que aquella misma tarde se embarcó con Sagasta, Ruiz Zorrilla y Paul y Angulo.

Vagando en la bahía de Cádiz, con noche oscura y mar gruesa, separados los buques de la escuadra, dudando y temiendo, resolvió Prim ir a la Zaragoza y entregarse confiado a Topete. La fortuna les deparó una lancha de la Zaragoza con Malcampo, les dirigió a la fragata, se abrazaron Prim y Topete, y como hasta entonces ni se habían tratado, ni aun puéstose de acuerdo para una empresa tan importante como la que acometían, al quedar solos, expuso Topete las luchas que había tenido consigo mismo en la alternativa de ser fiel a la patria o a la reina, sacrificando al optar por la primera las afecciones personales que a la segunda le ligaban; que no quería servir a ningún partido político, sino al restablecimiento de una verdadera monarquía constitucional, colocando en el trono a doña María Luisa Fernanda, y que solo reconocía como jefe en la revolución al duque de la Torre.

Importándole poco a Prim el puesto que se le señalara, sin aspirar a preferencias, expuso su desinterés, y sus luchas también de años enteros, para evitar la caída de la reina, a la que se reconocía personalmente deudor de muy singulares atenciones, e infructuosos sus esfuerzos, se había visto obligado a sacrificarlo todo por la felicidad de la patria; que no era contrario a la infanta doña Luisa, pero por respetos a esta misma señora le parecía inconveniente lanzar su nombre a la publicidad, debiendo reservarse este asunto a las Cortes constituyentes.

No era difícil la armonía entre ambos pareceres, cuando tanto apremiaba el tiempo; así que en la madrugada del 18 convinieron con Sagasta y Zorrilla iniciar el movimiento sin esperar a los generales de Canarias, asumiendo Prim interinamente el mando Presentado este a la escuadra, que se colocó frente al puerto en orden de combate, reconociéronle todos, arengó Topete a la tripulación, victoreó a la libertad, y con 21 cañonazos anunció la Zaragoza el destronamiento de Isabel II, realizado por toda la escuadra.

Tan importante y esperado acontecimiento lo explicó Topete a los gaditanos en una proclama, en la que, después de reseñar los abusos del poder y los males que sufría la patria, sin poderlos remediar por los medios legales, exponía sus aspiraciones, que eran: la armonía de los poderes legítimos en la órbita que la constitución les señalara; que las Cortes constituyentes restablecieran la verdadera monarquía constitucional; que se respetasen los derechos de los ciudadanos, y que se moralizase la hacienda, modificando gravámenes, extinguiendo restricciones dando amplitud al ejercicio de toda industria lícita y ancho campo a la actividad individual y al talento; manifestaba por último que no procedía la marina por afecto a partido determinado, pues a ninguno pertenecía; que tomaran los demás cuerpos militares, los hombres de Estado, el pueblo, la bandera que ellos habían izado, pidiendo solo plaza de honor en el combate para defender el pabellón hasta fijarlo, cuya satisfacción y la de sus conciencias, eran las únicas recompensas a que aspiraban.

Al desembarcar Prim con Topete en Cádiz en la madrugada del 19, también dirigió una alocución a los españoles, llamándoles a las armas por haber llegado a su límite la paciencia de los pueblos y sonado la hora de la revolución; que con liberalismo y sensatez se hubiera podido pacíficamente transformar el país; pero la arbitrariedad y la inmoralidad, que empezaba a infiltrarse en la organización de la sociedad después de haber emponzoñado la gobernación del Estado, convirtiendo la administración en granjería, la política en mercado y la justicia en escabel de asombrosos encumbramientos, habían hecho tardías e imposibles tan saludables concesiones; que todos los liberales borrasen durante la batalla sus diferencias y no hubiese más bandera que la regeneración de la patria; que se destruyera súbitamente lo que el tiempo y el progreso debieron transformar, sin aventurar por de pronto soluciones que eventuales circunstancias podían hacer irrealizables en el porvenir, ni prejuzgar cuestiones que, debilitando la acción del combate, menoscabarían la soberanía de la nación; y cuando la calma renaciese y la reflexión sustituyera a la fuerza, los partidos podrían desplegar sin peligro sus banderas, y el pueblo, en uso de su soberanía, podría constituirse como lo juzgase conveniente, buscando en el sufragio universal todas las garantías que a sus libertades y derechos creyesen necesarias. Victoreaba a la libertad y a la soberanía nacional.

Por la tarde llegó a Cádiz el Buenaventura con los generales procedentes de Canarias. Topete se apresuró a exponerles sus compromisos por la duquesa de Montpensier; mas poco dispuestos a abordar esta cuestión, contestó el duque de la Torre que lo primero era vencer y después se trataría del asunto. No se presentaba el menor obstáculo a la revolución, que fue cundiendo por toda Andalucía[9]. Aunque Topete había publicado su proclama, creyeron necesario los generales dar un manifiesto, cuyas bases convinieron, encomendando su redacción a don Adelardo López de Ayala En él se decía que, al negar la obediencia al gobierno se interpretaba el sentimiento de los ciudadanos que en el dilatado ejercicio de la paciencia, no hubiesen perdido el sentimiento de la dignidad; que no depondrían las armas hasta que la nación recobrara su soberanía, manifestase su voluntad y se cumpliese; enumeraba los vicios de la administración; presentaba la hacienda como «pasto de la inmoralidad y del agio, tiranizada la enseñanza, muda la prensa, y solo interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva real orden encaminada a defraudar el tesoro público, de títulos de Castilla vilmente prodigados, del alto precio a que lograban su venta la deshonra y el vicio»; que bastaba de escándalos; que al lanzar la marina, siempre extraña a nuestras diferencias, el primer grito, demostraba que no era un partido el que se quejaba; que no se trataba de deslindar los campos políticos, sino de pelear por la existencia y el decoro, queriendo una legalidad común; que el encargado de observar la Constitución no fuera su enemigo irreconciliable; que las causas que influían en nuestras supremas resoluciones se pudieran decir en alta voz delante de nuestras madres, de nuestras esposas y de nuestras hijas; vivir la vida de la honra y de la libertad; que un gobierno provisional asegurase el orden, mientras el sufragio universal echaba los cimientos de nuestra regeneración social y política, para lo que se contaba con el concurso de todos los liberales, de las clases acomodadas, de los amantes del orden, con los partidarios de las libertades individuales, con los ministros del altar, interesados en cegar en su origen las fuentes del vicio y del mal ejemplo; con el pueblo todo, y con la aprobación de la Europa, porque España no había de vivir envilecida; rechazaba el nombre de rebeldes, porque no lo eran los que devolvían a las leyes el respeto perdido; llamaba a las armas y victoreaba a España con honra. Tal era el manifiesto que sintetizó la revolución, declarando las causas que la motivaron y el objeto que se proponía.

Topete quedó en Cádiz al frente de la flota que allí se formó; Serrano marchó a Sevilla, ya pronunciada, y Prim con tres fragatas a recorrer las costas del Mediterráneo hasta Cataluña.

El manifiesto de Cádiz fue verdaderamente una tea incendiaria, que satisfacía generales aspiraciones; pero no podía menos de ser un desengaño para el duque de Montpensier, aunque confiara en el desenvolvimiento de los sucesos. Todo lo que no fuera haber declarado desde luego el reinado de la infanta, era alejarla de su elevación al trono: había, pues, que encauzar la revolución por tal derrotero; y así debió comprenderlo Montpensier al adherirse al movimiento, pedir un puesto en la escuadra, o en el ejército, no como infante sino como español, y triste debió parecerle la unánime contestación de los generales dándole las gracias y oponiéndose a la aceptación de su ofrecimiento por razones de alta política. No carecía de altas influencias por él interesadas; pero le faltaba la principal, la popular, que no se le mostró propicia.

El comité de Madrid, que tenía buenos servidores en telégrafos, sabía cuantas noticias se comunicaban al gobierno, por lo que pudo dar avisos útiles. Recibió al mismo tiempo que el ministerio el parte del pronunciamiento efectuado en Cádiz; a su virtud, empezó la publicación de un boletín revolucionario; envió comisionados a secundar el movimiento; nada pudieron hacer los demócratas en Zaragoza y Valladolid; en Santander y Santoña se realizó el pronunciamiento por estar bien preparado, y fue cundiendo aunque lentamente a otros puntos la revolución, pero no de la manera explosiva que se temía.

Reunidos los ministros que residían en Madrid, mandaron publicar solemnemente la ley marcial. González Brabo les hacía falta, le suplicaron que viniese; mas ya le había reemplazado en la presidencia del ministerio el marqués de la Habana, que convocó una junta de generales, a cuya virtud se destinó a Novaliches a Andalucía, a Calonge a Castilla la Vieja, encomendóse a Pezuela la corona de Aragón y al marqués del Duero el mando de Castilla la Nueva.

Restablecida por Calonge la autoridad del gobierno en Santander, después de un porfiado combate en las calles de la ciudad, y dejado en Santoña el foco de la insurrección, volvió Calonge a Valladolid; fue rechazado el brigadier Nanneti en Béjar al cabo de ocho horas de rudo bregar, y temiéndose pronunciamientos en todas partes, apenas podían operar las escasas fuerzas con que para ello contaba Calonge.

En Andalucía estaba la base de la revolución y el verdadero peligro para el gobierno. Prim encontró pronunciada Málaga; en Granada chocó el pueblo con la tropa y se abrazaron después; Almería dio el grito al avistar la escuadra; unióse a esta en Cartagena la fragata Princesa de Asturias, y el general que mandaba aquella plaza se retiró con la guarnición, que le abandonó antes de llegar a Murcia; y esta provincia, y las de Alicante y Valencia, secundaron la revolución levantando numerosas partidas.

La revolución contaba en Sevilla con los jefes militares Izquierdo y Peralta, segundo cabo el primero y gobernador el segundo. El capitán general don Francisco de P. Vasallo permanecía fiel al gobierno y confiaba en los anteriores señores. En este sentido, no solo se proponía resistir en su puesto, sino que al saber el pronunciamiento de Cádiz, creció su ardor con lo crítico de las circunstancias, y se aprestó a ir a aquella ciudad en ayuda de las fuerzas que suponía defenderían a la reina. No participaba con respecto a Cádiz de menos ilusiones que las que tenía confiando en las autoridades subordinadas a él en Sevilla. En el momento de disponerse para combatir la revolución, se vio preso en ella. El general Izquierdo efectuó el pronunciamiento de Sevilla, disponiendo de tal modo de todas las fuerzas, que Vasallo se encontró sin elementos para combatir, aun sin la caballería para retirarse con la artillería rodada, evitándole transigir con la sedición; por lo que resignó el mando en Izquierdo, y aceptó el vapor que le condujo a Gibraltar. Izquierdo quedó al frente de la capitanía general y de general en jefe del ejército de Andalucía, Nouvilas de segundo cabo, nombróse a Peralta gobernador civil, se propagó la insurrección por todo el distrito, y se empezó la organización de su ejército, que éralo que más importaba, pues y a se sabía que Pavía salió el 20 de Madrid.

No tenían interés los que se habían puesto al frente de la revolución en que progresaran las pequeñas partidas, y menos que juntas, como la de Sevilla, modificaran las declaraciones hechas en Cádiz, en las que no se proclamaba la libertad de cultos, de tráfico e industria, la reforma de los aranceles hasta que pudiera establecerse la libertad de comercio, la abolición de la pena de muerte, la supresión del artículo de la Constitución concerniente a la religión del Estado, el título relativo a la dinastía, la abolición de quintas y matrículas de mar, organizando el ejército con alistamientos voluntarios, el desestanco de la sal y del tabaco, unidad de fueros y Cortes constituyentes. Esto era usurpar poderes y atribuciones e introducir el desorden. Había asuntos más importantes a que atender. Novaliches había atravesado el 21 la cordillera de Despeñaperros, y Serrano con las tropas que pudo reunir salió de Sevilla para Córdoba.

Siguió avanzando Pavía, y el 24, en Andújar, dijo a sus soldados que sus compañeros habían faltado a sus deberes haciéndose instrumento de pasiones y miras personales, sin tener en cuenta los males que podrían acarrear a la patria; que confiaba en su disciplina y entusiasmo fueran generosos y mirasen a aquellos habitantes como a sus conciudadanos, amantes de la reina, de la Constitución y del orden. A los andaluces les dijo que iba a asegurar el orden interrumpido por errores políticos y ambiciones personales; que la revolución no se contendría en los límites a que sus jefes la querían conducir, y que no se dejaran alucinar ni intimidar.

Serrano salió de Córdoba con un lucido ejército superior en infantería al de Novaliches que contaba con unos 9,000 infantes, 1,300 caballos y 32 piezas. Inmediatas ambas fuerzas, y fracasada la misión que llevó Vallín de recordar a algunos individuos del ejército del gobierno sus compromisos, lo cual le costó la vida, aun fue Ayala con una carta para Pavía, en la que, explicándole lo inconveniente de la resistencia, le invitaba en nombre de la humanidad y de su conciencia le dejara expedito el paso.

Novaliches contestó mostrando su dolor porque se hallara el duque al frente del movimiento, y tener que cruzarse las bayonetas entre camaradas, en una lucha que no había provocado, que podría evitarse reconociendo todos la legalidad existente.

Imposible la avenencia, aprestáronse a la lucha: apoderóse oportunamente Caballero de Rodas del puente de Alcolea, cuyo nombre toma de unas ventas en que se apoya su estribo derecho; Lacy, encargado del ataque contra la izquierda de Serrano, llegó, sin saberlo, a rebasar sus avanzadas; conferenció con Serrano que pudo retenerle prisionero, y a su brigada; prefirió la muerte a entregarse; caballeroso el duque, le permitió retirarse con su fuerza, dándole palabra de no romper el fuego sin avisarle con anticipación; fue generalizándose el combate; se empeñó mortífero y casi a quemarropa en algunos puntos; se mezclaron las bayonetas de ambos combatientes; hubo momentos de indecisión por creerse que se pasaba un batallón de los pronunciados; en el bosque, donde hacía más de tres horas que se peleaba con coraje, cesó el sangriento bregar, cediendo el campo las fuerzas del gobierno, sin municiones una gran parte: supo abrumar Serrano a aquellas tropas separadas de las del grueso del ejército, y obtuvo un triunfo importante.

Pero no estaba allí el objetivo de la batalla, sino en el puente de Alcolea. A él avanza la columna de ataque arma al brazo: ya próximos unos de otros, gritan los del puente ¡viva la libertad!; les contestan los acometedores ¡viva la reina! ¡a dormirá Córdoba!; vacila a la descarga la cabeza de la columna acometedora, replégase, se sostiene el fuego, le aviva la presencia de Novaliches, que se pone delante victoreando a la reina, llevando a su tropa a ganar el puente, y gravemente herido en la boca, le reemplazó el general Paredes en el mando, desistiendo del ataque al puente. «La primera columna, han dicho testigos presenciales, que estaba empeñada sobre el puente con un montón de cadáveres de hombres y caballos alrededor que la embarazaban, pudo parapetarse a lo largo de los pretiles, y en esta posición que los liberales no atacaron con empeño de desalojarla, sostuvo hasta poco más de las ocho un vivo fuego de fusilería. La artillería continuó arrojando algunos proyectiles huecos sobre el campo enemigo, pero el combate continuaba sin vigor ni objeto determinado. Ni los realistas, ni los liberales, hacían esfuerzo alguno serio para desalojarse de sus posiciones respectivas. A las ocho y media cesó el fuego, y los dos ejércitos acamparon en el sitio que cada uno ocupaba». El general Paredes ordenó la retirada hacia el Carpió, de donde había salido aquella mañana, y se emprendió a media noche, permaneciendo toda ella en el campo los heridos; pues las cuatro compañías de Alcántara que fueron a recogerlos y los muertos, se pasaron a los pronunciados, así como los escuadrones de Montesa. Las bajas de uno y otro ejército se calcularon en 900.

La revolución podía ya ostentar el derecho de la victoria al ver a la mañana siguiente que el enemigo dejaba el paso libre para Madrid. Procuró Serrano que se le uniera aquel ejército, en el que estaban de su parte algunos jefes, y a virtud del consejo celebrado en la villa del Río el 1.º de octubre, se enviaron parlamentarios al duque para que declarase si sostendría el trono de la reina doña Isabel II y su dinastía, en cuyo caso toda la división se pondría a sus órdenes, y no accediendo a la anterior proposición, le exigiesen una capitulación honrosa, y si se negase, se propusiera la entrega a discreción de unas tropas que no habían sido vencidas, pero a las que la fatalidad obligaba a retirarse y tomar la defensiva, conservando la conciencia de su fuerza. Desempeñaron bien su misión los parlamentarios Trillo, Golfín y Espina, a los que contestó Serrano que no podía ligar su porvenir a una declaración contraria a las manifestaciones del pueblo y del ejército; que nadie como él había querido a la reina, pero que nadie tampoco había lamentado más y expuesto los excesos políticos a que la condujeron sus últimos gobiernos; que no había desnudado su espada para derribar el trono, sino que fiel a sus antecedentes y compromisos, buscaba el voto popular que había de resolver la cuestión iniciada en Cádiz Deseó hallar una fórmula aceptable a todos, ofició al general Pare des que se había apelado al sufragio universal, y él había de resolver la cuestión política, y si fuese la voluntad nacional que reinase o no en España doña Isabel II; aseguraba espontáneamente para que lo hiciera saber a las tropas de su mando, que en nada habían desmerecido a sus ojos ni a los del país, y en su deseo de hermanar al ejército, concedía al de Novaliches la misma gracia otorgada al de su inmediato mando. Unidos ambos ejércitos, continuó Serrano su marcha a Madrid, a la que ya no había de oponerse el menor obstáculo.

En la corte, en tanto, reinaba la confusión y el desaliento. Solo la reina estaba animosa; hasta pretendió ir a Cádiz Vióse contrariada en sus repetidas tentativas para regresar a Madrid; el pronunciamiento de los vapores Colón, Caridad y San Francisco de Borja, que acababan de dejar a San Sebastián y Pasajes, fue un contratiempo, que neutralizó en algo la noticia de la entrada de Calonge en Santander y las esperanzas que se fundaban en el ejército que guiaba Novaliches. Aun se formaron proyectos insensatos para hacer frente a la revolución, o asegurar a la reina. Don Sebastián, Heredia-Espínola, y algunos otros, comenzaron a agitar los elementos absolutistas con la idea de armar al país vasco-navarro, y no fue Dorronsoro, diputado general a la sazón, y que tan importante papel desempeñó después en el campo carlista, el que menos contribuyó a que no se ejecutara un plan que calificaba de absurdo, y que rechazó la mayoría de las tres diputaciones ferales.

Empeorando cada día, cada hora, la situación de la monarquía, falta de acertado consejo y de feliz ingenio, que no lucía seguramente en los que la rodeaban; pensándose ya en la abdicación de la reina para encomendar la defensa de su hijo a Espartero, se supo en la mañana del 29 el resultado de la batalla de Alcolea y se consideró perdida toda esperanza. Pero no se tomaba resolución alguna; y a las indicaciones de Concha sobre la marcha de la reina a Francia, se contestó negativamente. En la real familia todo era irresolución; en los cortesanos aturdimiento; todos estaban abrumados por el peso de la desgracia. Llegó el telegrama anunciando el pronunciamiento de Madrid, y después otro más expresivo de la definitiva caída de los Borbones y de la constitución de una junta revolucionaria; recibieron partes de nuevos pronunciamientos inmediatos; pasóse la noche en la mayor ansiedad, e informada la reina de todo, dispuso su marcha, que se efectuó al mediodía siguiente, dando el rey el brazo a la reina que no podía ocultar las lágrimas que corrían por sus mejillas. Al bajar lentamente la escalera del alojamiento real, se veía detenida en cada escalón por la gente que la despedía: abrazaba a las señoras, volvía a abrazarlas, costábale trabajo avanzar un paso, como si temiera dejar el suelo que pisaba por última vez como soberana, y la sinceridad de tan profundo sentimiento le infundió en cuantos presenciaron aquella conmovedora escena, anegándose en llanto los ojos de todos; lloraban basta los soldados de la guardia ordinaria de palacio. No quiso la reina se cubriera la carrera ni hiciera salvas la artillería del castillo. La multitud que se apiñó al tránsito hasta la estación, la vio marchar en medio del más edificante silencio.

Las autoridades y corporaciones la acompañaron hasta Irún: al despedirse dijo la reina: Creía tener más raíces en este país.

La real familia fue a Pau, cuna de los Borbones, al cumplirse justamente los 35 años del reinado de la hija de Fernando VII, despidiéndola San Sebastián, uno de los primeros pueblos que la proclamaron y que tanto la defendió. Sic transit gloria mundi.

En Pau firmó al día siguiente la apasionada protesta de que «obedecía a fuerza mayor al abandonar su reino, sin deber de perjudicar, atenuar, ni comprometer la integridad de sus derechos, sin que los actos del gobierno pudieran en manera alguna menoscabarlos, y menos aún las resoluciones de sus asambleas, que habían de formarse necesariamente bajo el impulso de los furores demagógicos, con presión manifiesta de las conciencias y de las voluntades».

La culta San Sebastian esperó la marcha de la reina para pronunciarse.

Si el marqués de la Habana cuando se encargó del ministerio pudo decir que le dieron un cadáver, siendo ya la cuestión de fuerza, poco podía hacer al ver que «ni uno solo de los muchos oficiales generales que residían en Madrid, se le presentó entonces, ni aun después, con el objeto de pedir un puesto para combatir la revolución».

Algunos pretendieron negociar con el comité de Madrid, que se ocupaba en tanto de impedir que al estallar la sublevación en esta villa hubiera el menor desorden, por lo que no fue acertado seguramente desterrar a los que en tales disposiciones se ocupaban No obedecieron, lo cual podía importar poco al gobierno, porque perdida la batalla era garantía de orden, y triunfando el gobierno, lo mismo harían dentro que fuera de Madrid.

De todos modos, la digna alocución del marqués del Duero a los madrileños publicada en la Gaceta del 29, el comportamiento del comité y de cuantos le ayudaron, fue laudable, y contribuyó a que el pronunciamiento de Madrid se efectuara sin punibles excesos, pues si algunos, muy pocos, se contaron, no tuvo parte en ellos el pueblo, que se constituyó en custodio de la propiedad pública y privada Cuando se vio armado, y sin autoridades apenas, fue modelo de cordura y de patriotismo y escribió una gloriosa página más en su siempre gloriosa historia Bastó a su poderío la pueril satisfacción de derribar las coronas que ostentaban las muestras de las tiendas de los proveedores de la real casa. Sin la intervención oficiosa de quienes nada tenían que ver con el comité, ni nada habían hecho, no se hubiera saqueado el parque para vender algunos las armas, ni se asaltaran algunas tiendas de armeros, armándose así turbas de malos instintos que fueron contenidas por el mismo pueblo.

Y pudo haber un conflicto, ya que no había enemigo que combatir; pues se constituyó en el ministerio de la gobernación una junta democrática que se puso enfrente de la formada en el Ayuntamiento. Ambas se consideraban con igual derecho, se transigieron diferencias, se unieron, se proclamó la destitución de los Borbones y la incapacidad de todos para ocupar el trono, y se atendió a cuanto el orden público exigía, ayudando perfectamente a la junta central las juntas de distrito que en todos se formaron…

Efectuó a poco el duque de la Torre su entrada en Madrid, que fue verdaderamente triunfal; arengó desde el ministerio de la Gobernación a la apiñada multitud que le aclamaba; pidió grandes sacrificios y virtudes para consolidar la revolución; peroró también Rivero, abrazando al duque para significar con aquel acto la armonía de sentimientos, ya que no la hubiera en las aspiraciones, por la divergencia que en los principios de ambos había; pidió el duque a la junta autorización para formar el ministerio, que concedió, a pesar de la oposición de algunos, y negándose Cantero a entrar en él hasta la llegada de Prim, quedó Serrano de ministro universal y de la Guerra. Como un acto de respetuosa deferencia, púsose a las órdenes del duque de la Victoria para formar el nuevo gabinete, contestándole que «los que concibieron, iniciaron y habían llevado a cabo la revolución, eran los que debían formar el gobierno provisional, y a todos los demás tocaba apoyarlos, así como también acatar y defender la ley fundamental que la nación hiciera en uso de su soberanía».

En Madrid parecía olvidarse por algunos lo que se pactó en Cádiz; de aquí el deseo por parte de los progresistas de que llegara Prim, cuyo viaje por la costa fue venturoso, a pesar de los esfuerzos del general Gasset que mandaba en Valencia y resistió cuanto pudo el pronunciamiento de esta ciudad, creyendo conseguir en ella lo que en Alicante, Alcoy y Murcia.

Prim no quería ir a Madrid sin tener asegurada la revolución en Cataluña ya que la tenía en Valencia, y siguió embarcado a Barcelona, que había efectuado su pronunciamiento en cuanto supo el de Madrid. No tuvo el pueblo catalán la calma que el conde de Cheste recomendaba; invadió algunos edificios públicos quemando regios retratos; incendió también las casillas de los guardas de consumos; constituyó una junta revolucionaria, más bien impuesta que elegida, aunque fue aclamada; intimó al capitán general se adhiriese o resignase el mando, a lo que contestó dando consejos y enviando fuerzas al mismo tiempo a ocupar los puntos invadidos por los pronunciados, verificándolo sin colisión; y al cabo de algunas horas de incertidumbre en autoridades y revolucionarios, desapareció Cheste de Barcelona dejando el mando al general Bassols. Entonces se instaló definitivamente la junta, sustituida después por otra elegida por el sufragio universal; y como si nada hubiera que hacer, se ocupó en extinguir los jesuítas, el cuerpo de mozos da escuadra y la policía, incendiar el pontón que había hecho derramar muchas lágrimas, nombrar las corporaciones populares, y cuando la reina salió de España se pronunció el ejército, bien necesario para contener las excitaciones federales.

No fue menos útil la presencia de Prim, al que se arrojaron flores y coronas. En el seno de la junta demostró que no debía haber más que un solo partido, cuya denominación se lo darían las Cortes; recomendó la unión, enalteció la honradez de los catalanes, y al ver la intransigencia de algunos republicanos, después del incidente ocurrido a su entrada en la ciudad, pidiéndole se quitara la corona real que llevaba en la gorra de marino que vestía, y lo resistió con entereza, se disgustó. No salió de Barcelona muy satisfecho por las tendencias que en muchos veía. Quería la unión de todos, la proclamaba como una necesidad suprema; no tuvo otro objeto su visita a Tarragona y Reus, y se lamentó, como no podía menos, de los excesos con que trataron quizá de justificar algunos en Zaragoza lo tardío de su pronunciamiento, pretendiendo ganar en ferocidad lo que en tiempo perdieron, pues a haberlo efectuado cuando desde Madrid se les impulsaba a ello, pudieron haberse apoderado de una gran conducta de dinero que iba para el gobierno de la reina, que habría servido perfectamente a la revolución Hallaron más cómodo sacrificar víctimas inocentes.

Si ovación continua fue la marcha de Prim a Madrid, su entrada en esta villa recordaba las más fastuosas y entusiastas que se dispensaron. Prim personificaba la revolución.

Esta se había completado en toda España, sin tener que lamentar desgracias, si exceptuamos las que hubo en Zaragoza y en las Baleares, debidas a malas sugestiones, a venganzas particulares. Ni una voz se levantó en defensa de aquella reina que contaba treinta y cinco años de reinado, de aquella dinastía de dos siglos. No tenía la revolución que atender a vencer enemigos, sino a consolidar lo que consideró como un principio salvador; a que imperase la ley, la moralidad, la justicia y reinasen las virtudes públicas. Se hacía una nueva revolución proclamando tan seductores dogmas, y más radical que la de 1854. Sus enemigos estaban vencidos, y la gran mayoría del país asistía a los sucesos que llamaban la atención como a un espectáculo. Si se interesaba por unos u otros personajes, lo hacía platónicamente, sin aprestarse a hacer por ninguno el menor sacrificio; pero sabiendo quejarse, y contribuyendo a demoler, no a edificar, que era la mayor necesidad que el país experimentaba.

La pluralidad de juntas revolucionarias que se crearon proclamaron nuevos principios, poco en armonía los de unas provincias con los de otras, obedeciendo así a sus particulares intereses más que a los generales: el provincialismo, la localidad era para ellas más que la patria. Pretendióse formar una central en Madrid, y sobre no ser empresa fácil, el tiempo urgía, y era necesario que terminase el disolvente poder de las juntas.

La de Madrid, en la que al lado de individuos de escasa importancia se sentaban eminencias políticas, comprendió acertadamente que no representaba solo la villa, y sus determinaciones fueron generales. Si algo se separó del programa de Cádiz, fue para interpretar las aspiraciones de otras juntas en lo que eran aceptables. Proclamó el sufragio universal, la libertad de cultos, de enseñanza, de reunión y asociación pacífica, y de imprenta sin legislación especial; la descentralización administrativa que devolviese la autonomía al municipio y a la provincia; el juicio por jurados en materia criminal; unidad de fueros en todos los ramos de la administración de justicia; inamovilidad judicial; seguridad individual; inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y abolición de la pena de muerte. Esto se había proclamado en muchas partes, pero aún querían más algunas juntas, especialmente la abolición de las quintas y matrículas de mar, apoyándose, con razón, en lo que había ofrecido Prim; y llevadas del deseo de no pagar, suprimían casi todos los tributos, como si no se necesitaran para el sostenimiento del Estado. Atendiendo a locales intereses, la junta de Cádiz rebajó la tercera parte de los derechos de importación, y guiada por el mismo móvil la de Barcelona, el cincuenta por ciento en los mismos de las primeras materias de importación. A tal extremo se llevó este afán de rebajar y suprimir, que hubo más de un pueblo que podríamos citar, donde se suprimió el medico. Esto podrá mostrar el peligro que para la buena administración pública eran las juntas revolucionarias, formadas comúnmente por los más audaces, no por los más entendidos, que se constituyen en supremos legisladores.

CAPÍTULO VI

Hacienda.—Presupuestos.—Deuda flotante.—Crédito.—Deuda pública

Unida hoy la hacienda a la política, por la parte que esta tiene en el desenvolvimiento de la riqueza pública, ha llegado a ser uno de los más importantes ramos del Estado, el nervio de todo gobierno y el barómetro de toda administración. De aquí el interés que la hacienda merece, y el que exija que de ella nos ocupemos, si no con detención, por no permitirlo una historia general, con la sobriedad que haga comprensible su marcha y sus vicisitudes, para adquirir siquiera ese conocimiento que suele servir de estímulo para interesarnos en lo que todos saber o comprender deben.

No había logrado Bravo Murillo nivelar los presupuestos, aun cuando en los que presentó para 1853 superaban los ingresos más de cinco millones sobre los gastos; pero era en el papel, no en la práctica, pues el déficit ascendió a cerca de veintidós millones de reales, en un presupuesto de más de mil cuatrocientos de gastos.

Considerada la deuda pública como obligación preferente sobre todas las demás del Estado, se creía llegado el día en que España se apresurase a abrir los brazos a sus acreedores, a imponerse esfuerzos siquiera se convirtiesen en sacrificios, para salvar su honra y rehabilitar su crédito, pues no era ya disculpable el estado del Tesoro, que a mejorarle estaban obligados los que dirigían la hacienda, y no había guerra civil que sirviera de disculpable pretexto para no cumplir sagradas obligaciones. Para 1853 se fijó en el presupuesto de la deuda pública un aumento de 47 millones sobre el del año anterior; más de 12 millones las clases pasivas; y siguiendo la costumbre establecida y sin interrupción creciente, se hicieron modificaciones y aumento en los gastos por valor de cerca de 65 millones.

Lo que más perjudicaba la hacienda era el continuo relevo de sus ministros: cinco lo fueron en este año, y no era así fácil la armonía en la gestión de tan importante ramo. Procuró no hacer variación alguna Aristizábal; Llorente, que le sucedió, pidió autorización para cobrar y gastar con arreglo a los presupuestos que ya regían desde 1.º de enero, la aprobación de créditos supletorios y extraordinarios, proyectos que reprodujo después Domenech, y pidió también el señor Llorente se le autorizara a emitir títulos de deuda consolidada al tres por ciento por valor de 30 millones y pagar diez y medio por ciento de los famosos certificados llamados de comité. Otros proyectos abrigaba para ir regulando el estado de la hacienda, pero ni de pensarlos siquiera tenían tiempo los ministros, que pasaban como meteoros por aquel departamento.

En más de 1,818 millones de reales fijaba los ingresos de los presupuestos de 1854 el señor Doménech, y en 3 millones menos los gastos, haciendo figurar partidas que se llevaban a sus respectivas cuentas y no se creía necesario que figurasen en los presupuestos; fijándose sin ellas los gastos del servicio ordinario en poco más de 1,471 millones y calculándose los ingresos en más de 1,474. A la deuda flotante se la señalaba un máximum de 500 millones; pero no excedería de 150 en el caso de que las Cortes concediesen la autorización que se pedía para la conversión de la mayor parte de dicha deuda y de que el gobierno usara de tal autorización. Al ocurrir la revolución se había elevado a 580 millones la deuda flotante, y había además la del Tesoro de unos 60. Si esto hacía difícil la situación de la hacienda, se empeoró con la supresión de los derechos de puertas y consumos; si bien afectó esto más directamente a los presupuestos de 1855. No pudo menos de sancionarse lo que las juntas habían hecho, y el déficit excedió de 112 millones, que había que añadir a los demás descubiertos del Tesoro.

Sin ilusorios sobrantes, con un déficit de más de 162 millones, se presentaron a las Cortes constituyentes los presupuestos de 1855, esperando cubrir aquel con una ley especial basada en los productos de la desamortización. Fijábanse los gastos del servicio ordinario y extraordinario en más de 1,498 millones y se calculaban los ingresos en cerca de 1,336. Se hizo extensivo al clero el descuento gradual sobre los haberes de las clases dependientes del Tesoro, cuya escala era del 10 al 25 por ciento, exceptuando a las monjas en clausura, ejército, marina y carabineros; se anulaban las acciones existentes en el Tesoro público, autorizadas por decreto de agosto de 1852, reconociéndose por equidad las que existían en circulación; se autorizaba al gobierno para emitir acciones de obras públicas bastantes a cubrir los 60 millones de reales comprendidos en el presupuesto de gastos para este servicio, dejando sin efecto la emisión de dicha clase de valores decretada en diciembre de 52 y de 53, en la parte que no hubiesen tenido ejecución; se autorizaba también al ministro para negociar las obligaciones de compradores de bienes del clero secular, a vencer en los años de 56 y siguientes, bastantes a producir los 65 millones efectivos presupuestos como ingresos extraordinarios; se fijaba en 640 millones el máximum de la deuda flotante, hasta 30 de junio de 56, inutilizándose desde luego los 120 millones de reales en títulos del tres por ciento que se mandaron emitir en febrero anterior, y se adoptaban otras disposiciones para mejor regular la administración, en lo cual había sincero y honrado propósito.

Los presupuestos para 1856 y seis primeros meses de 57, cuyos gastos ordinarios ascendían para los diez y ocho meses a 2,198 millones y medio, y se calculaban los ingresos en 2,202, y más de medio también, fueron aprobados por las Cortes, destinándose la parte que se recaudara para la venta de bienes nacionales a cubrir el presupuesto extraordinario por los diez y ocho meses, que sumaba más de 371 millones. Destinábanse, en cumplimiento de la ley de 1.º de mayo de 1855, a la amortización de la deuda, 18 millones anuales en deuda amortizable de l.ª y 2.ª clase, y se dedicaban otros fondos de las ventas de bienes nacionales para otras atenciones en la misma ley consignadas. A cumplirse el principal objeto de la desamortización, otro fuera el estado de la deuda pública y el del país, pero solo se ha ido atendiendo a ir cubriendo las obligaciones, aumentándolas, y la deuda, a ir saliendo del paso.

Injustos seríamos si no reconociéramos lo que se trabajó para mejorar las condiciones tributarias, ya que no fuera tan fácil la regularidad, la exactitud por la que ha tanto tiempo están clamando las clases contribuyentes. En 350 millones de reales anuos se fijaba la contribución sobre el producto líquido de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería, aumentando una sexta parte sus cupos; no podría imponerse a los que tuvieran sus tierras arrendadas, fueran vecinos o forasteros, cuota mayor del 14 por ciento de la cantidad líquida del arrendamiento o valoración, repartiéndose lo que faltase hasta el completo del cupo de cada pueblo, entre los demás contribuyentes del mismo, sin perjuicio de igualarles con aquellos, e indemnizarles, justificada que fuese la imposibilidad de repartir dicho cupo, sin traspasar el tipo máximo fijado por regla general; se aumentaba el 1 por ciento como fondo supletorio para cubrir partidas fallidas, etc., en una sexta parte el importe de las matrículas de la contribución industrial y de comercio, cesando de cobrarse los recargos impuestos para atender a los gastos provinciales y municipales, sobre los que se adoptaban varias medidas; se señaló el 13 por ciento de descuento a los que percibían haberes del Estado en la Península y Ultramar, incluso el clero, exceptuando los cuerpos armados del ejército y marina, viudas y monjas; y en equivalencia de los derechos de puertas y consumos, se establecía una derrama general de 50 por ciento de lo que se satisfacía por aquellos conceptos.

A más de 100 millones se elevaron los productos líquidos de las cajas de Ultramar y descuentos de los empleados, calculados en 74; se fijó en 640 millones el máximum de la deuda flotante, reduciéndole a 200 si el déficit del Tesoro para fin de 1856 fuera extinguido por los medios señalados por las Cortes, así como también podía aumentarse la primera cifra, si los productos en metálico de la venta de bienes del Estado no bastaran a cubrir las sumas que del Tesoro tuviese derecho a percibir el clero, beneficencia, instrucción pública y propios de los pueblos. A fin de evitar gastos no presupuestos y aún abusos, se prohibía la concesión de suplementos de crédito o créditos extraordinarios, transferencias de los del todo o parte de un capítulo a otro.

Para la necesaria extinción de 500 millones de reales de deuda flotante del Tesoro, se autorizó al gobierno para emitir títulos de consolidado al tres por ciento, verificándose la negociación en pública licitación al precio-tipo, previo acuerdo del Consejo de ministros y con asistencia del presidente de las Cortes, del del tribunal de Cuentas, gobernador del Banco de San Femando, etc. Basado en esta ley y siendo a la sazón ministro de Hacienda don Francisco Santa Cruz, se decretó el 23 de abril de 1856 la autorización para negociar títulos del 3, con el cupón que vencería el 31 de diciembre de aquel año, pero en cantidad suficiente a producir 200 millones de reales efectivos, reservándose el precio mínimo a que habían de cederse los títulos el día de la licitación pública, etc., etc. Y efectuada esta el 31 de mayo, fijándose como precio-tipo el 40 por ciento del valor nominal de los títulos, se ofrecieron más de 680 millones de reales, cubriéndose con poco más de 493, los 200, al cambio medio de 40’53 por ciento, sin tener que pagar el Tesoro un maravedí por comisión, giros, ni ningún otro motivo tan puesto en práctica. Justo fue el voto de gracias que por unanimidad dieron las Cortes al gobierno al dar cuenta el ministro llevando la copia íntegra del expediente al día siguiente de verificada la subasta, cuya operación en sus formas y ventajas para el Estado puede y debe presentarse como modelo.

Al 9 por ciento de interés se prestaba al Tesoro cuando Santa Cruz se encargó del ministerio de Hacienda, y a los prestamistas, a más del pagaré se les entregaban títulos de la deuda pública como garantía, con la exposición de que el acreedor hiciera uso del pagaré y de los títulos, como alguna vez sucedió, dando lugar a un vergonzoso abuso si no a un robo; y si el ministro no pudo por el pronto prescindir de la entrega de títulos en garantía, tomó acertadas disposiciones para impedir el abuso, anotando en los pagarés la numeración de aquellos, y después de la subastado 31 de mayo que hemos referido, bajó al 7 el interés de los préstamos, y no dio más títulos en garantía.

Mejoraba visiblemente el estado de la hacienda que no la habría afectado mucho la contrarrevolución de 1856 al continuar don Manuel Cantero al frente de ella. Partidario de la desamortización eclesiástica, que además de ser el lazo que unía al ministerio O’Donnell con la revolución era una necesidad política y financiera, estaba resuelto a efectuarla como la votaron las Cortes, lisonjeándose de conseguir la completa regeneración de la hacienda pública, y poder contribuir en gran manera al fomento de la riqueza general, emprendiendo obras que la necesidad reclamaba y la opinión pública exigía; y tanta fe tenía en los resultados innegables de la desamortización, que para llevarla adelante y acallar elevados y religiosos escrúpulos, propuso dar al ministerio de Gracia y Justicia sesenta millones de reales para que los invirtiera en la restauración de iglesias y templos Todo fue inútil, no se quería la desamortización, se había ofrecido al firmarla destruirla en cuanto la ocasión fuera propicia, y así se hizo; accediendo en tales circunstancias a encargarse del ministerio de Hacienda don Pedro Salaverría. Se anulaba la desamortización, sin dejar de reconocer su importancia y necesidad todos los partidos liberales, habiendo sabido aprovecharse de ella los que más oposición le hicieron, los que la tomaron como poderosa arma de partido, despertando con ella escrúpulos de conveniencia más que de convicción, sin reparar en el daño que se hacía no solo a la fortuna pública sino a la hacienda y al país.

Las buenas prácticas observadas en el bienio se olvidaron, e interrumpióse la buena costumbre de que aprobaran las Cortes los presupuestos. Los de 1857 se fijaron por real decreto, con un sobrante en el papel de más de cuatro millones de reales que se convirtió en un déficit de más de 146. Y esto en presupuestos más elevados, cuya cifra crecía cada año, y a la vez el déficit, que se cubría con emisiones de títulos de la deuda. Se propuso Barzanallana hacer alto en tan funesto camino; y como para ello, como para el desenvolvimiento del plan que cada ministro se proponía, era necesaria mayor estabilidad, la falta de esta no les dejaba ni el tiempo necesario para empezar a poner en práctica lo mismo que lo que en el preámbulo de los presupuestos indicaban, y mucho menos que algunos pudieran estudiar el sistema que se proponían seguir, dado caso que muchos lo tuvieran.

Los presupuestos de 1858 se plantearon a fin de marzo por autorización por no haber podido ser discutidos en el Parlamento. Si no había exactitud no carecía de mérito la completa nivelación del servicio ordinario; pues el presupuesto extraordinario excedía de 209 millones; y aunque el gobierno había aceptado el compromiso contraído en la apertura de las Cortes, y cuando se publicaron los presupuestos de 57, de nivelar los sucesivos sin arbitrar recursos extraordinarios, tocó la imposibilidad de verificarlo Partiendo de la base de los de 57, existía una diferencia de más de 455 millones ocasionada por los recursos extraordinarios con que fue saldada en su aprobación primitiva, y los nuevos gastos que desde entonces se habían autorizado por reales decretos, y esto excediendo la recaudación a todos los cálculos. ¡Qué beneficios no hubiera reportado al país una buena gestión financiera!

Empezado ya el último mes de 1858 se presentaron a las Cortes los presupuestos para el siguiente año, con un remanente en los ingresos de más de ocho millones de pesetas, prometiéndose Salaverría que sería más cuantioso. Comparando este presupuesto con el anterior, con agregaciones y deducciones, ascendía a más de 1,838 millones, y entre el presupuesto calculado de 1858 y el de 59 figuraba este aumentado en más de 19 y medio millones. El máximum de la deuda flotante se calculaba en 640.000,000, proponiendo envolver en esta deuda el déficit de los presupuestos anteriores, y otras sumas, entre ellas los 55 millones anticipados por el Tesoro para que la Puerta del Sol de Madrid tuviera la amplitud necesaria. No pudiendo, o no acertando a hallar medio de que costeara el municipio tan importante obra, por carecer de recursos, se declaró aquel sitio como punto de partida de los caminos públicos y principales carreteras, a fin de que corrieran las obras por cuenta del Estado, como así sucedió. El déficit de aquellos presupuestos, era, no probable, sino seguro, y por lo mismo, una ilusión la esperanza de que la deuda flotante no pasara de aquel límite, aun realizando los cobros que se prometía. En el decreto que precedía a los presupuestos se decía: «Si en otros tiempos el sostenimiento de la deuda flotante en menor escala era un gravamen y un peligro para el Tesoro, en el día a favor de la Caja de Depósitos, y con el concurso de Bancos, se conlleva con mayor facilidad y a costa de menores quebrantos». Era exacto, pero no parodiándose la fábula de la gallina de los huevos de oro. Se dispuso locamente y a ciegas de los fondos allí depositados; se emplearon en hacer lujosos cuarteles en vez de realizar obras de pública utilidad, y aun hoy se lamentan las consecuencias de aquel estéril e impremeditado despilfarro, sin destruir la expectativa para más o menos tarde de consolidar los descubiertos de anteriores presupuestos conllevados por la deuda flotante. Se adoptaron medidas convenientes de administración; se prohibió muy justamente la dispensa de los derechos por los diplomas de cruces, más concedidas a la vanidad que a la virtud y al mérito; y discutidos los presupuestos generales en las Cortes, se aumentaron en más de tres millones, cuyo aumento fue creciendo; pues en los presupuestos de 1860 presentados oportunamente a las Cámaras, sin innovaciones en los servicios ni alteración en las contribuciones y rentas del Estado, con solo diferencias de mera apreciación, por circunstancias de tiempo en el importe de algunas obligaciones y en el producto de los impuestos eventuales, se aumentaban en más de 44 millones los gastos y en cerca de 46 los ingresos. Al discutirse, aumentáronse también ingresos y gastos y se fijó el máximum de la deuda flotante en 740 millones, elevándose ya el presupuesto a más de 2,000, además de concederse al gobierno igual cantidad de las existencias en la Caja de Depósitos, para obras públicas, que aún están por hacer las de verdadera utilidad, si bien el dinero consumido. Se autorizaron ciertos recargos en las contribuciones y tarifas, descuentos en los haberes, y créditos con destino al material de guerra y marina, etc.

No podía menos de asustar el paulatino aumento de los gastos; la poco esmerada y lisonjera administración, limitada en los apuros a realzar los impuestos o contraer empréstitos más ruinosos que favorables, en vez de mejorar los servicios públicos, escoger un personal apto y honrado, y moralizar la administración. Nada más fácil que sumar guarismos; así que, dando al presupuesto de 1861 más de 2,000 millones de ingresos y medio más de gastos, y en progresión ascendente los de una y otra procedencia del año siguiente; rebajándose algo los gastos para el año económico de 1863 a 64, ofrecían un déficit entre los ingresos y los gastos ordinarios y extraordinarios desde el año 1850 a 1863-64 inclusive de 1,884.975.847’22, y aumentándose a este déficit el que resultó de las liquidaciones del Tesoro hasta 1849, importante más de 108 millones, se acercaba a 2,000 el déficit total. Tal era el resultado de administraciones que tanto se encomiaron.

Y como si esto no fuera bastante, se presentó mayor ese mismo déficit en los presupuestos de 1865-66. Para extinguirle había de aplicarse el líquido de billetes hipotecarios ya negociados, y la negociación de otros valores; pudiendo asegurarse, según consignó Bravo Murillo, que por término medio, los gastos de cada año en todo este período, habían excedido, excedían y habían de exceder en 1865 a 66 en 500 millones, o acaso más a los ingresos.

¿Qué de extrañar era la deplorable situación económica a que se vino en 1867? Se iba a la bancarrota, que hubiera sido una vergüenza nacional. El primer paso para evitarla era la reducción de los gastos hasta nivelar los presupuestos, esa aspiración constante de todos los gobiernos, si bien todos la proclaman y ninguno la practica. Se intentó en los presupuestos de 65 a 66; pero quedó solo en el papel tan magnífica perspectiva, porque el déficit de aquel presupuesto no fue menor que el de los anteriores. El mismo Bravo Murillo, que tanto combatió la gestión financiera de Salaverría, y otras, y a quien distinguían excelentes dotes y grande inteligencia, tampoco lo consiguió, si bien enseñó el camino que a él no se le dejó seguir, debiendo seguirle otros, que pudieron hacerlo.

Al encargarse en 1865 el señor Alonso Martínez de la cartera de Hacienda, abrumaban los vencimientos diarios de la Caja de Depósitos, ahogaba la deuda flotante, no habiendo más remedio que la desamortización eclesiástica, cumpliendo y haciendo cumplir a los prelados lo concordado con Su Santidad. No eran las circunstancias las más a propósito por la hostilidad en que el episcopado español estaba con el gobierno por el reconocimiento del reino de Italia; pero entabló el ministro con delicado tacto una negociación con cada uno de los prelados, fueron individualmente haciendo las concesiones canónicas, y pudo efectuarse la desamortización.

Los bienes cedidos canónicamente importaban más que el valor de la deuda flotante; pero esta estaba vencida; había que pagarla en el acto o renovarla abonando intereses, mientras que el ingreso con que esta deuda había de extinguirse era sucesivo y lento, toda vez que había que vender los bienes a grandes plazos. Precisaba realizar los pagarés de bienes nacionales; y para conseguirlo ideó establecer un gran Banco de Crédito territorial, bajo la experimentada dirección de M. Fremy, director del de Francia y fundador del de Austria y otros puntos, firmándose entre ambos un contrato en virtud del cual debía entregar por de pronto 200 millones e igual suma cada año, con la hipoteca de los pagarés por las dos terceras partes de su valor y el interés de un cinco por ciento, comprendida la amortización del capital. Deseó Fremy el privilegio del Banco; mas cedió a las instancias del ministro, que aunque partidario del privilegio, cedía a la corriente de las ideas económicas que dominaban en aquellas Cortes y en el gobierno. Como un medio indirecto de suplir el privilegio, se estipuló que el nuevo Banco, una vez establecido, tendría la cobranza de la contribución territorial en los mismos términos que la tiene hoy el Banco de España.

Tuvo este proyecto enfrente a Bermúdez de Castro, que no veía con gusto en Hacienda a Alonso Martínez. Cuando se discutió el presupuesto en Consejo de ministros, exigiendo el de Hacienda una considerable reducción en el ramo de guerra, no queriendo O’Donnell ser un obstáculo a la solución de la cuestión financiera, se retiraba del ministerio, por no perder su prestigio militar. Alonso Martínez, entonces, manifestó que no quería imitar a Bravo Murillo ni hacerse personaje necesario levantando la bandera de las economías; y sabiendo al mismo tiempo que la fuerza que tenía la perdía completamente el día que leyese el presupuesto sin las reducciones que exigía en los gastos, aun teniendo esta conciencia, prefería sacrificarse y ser leal a hacer una política que, si por de pronto le proporcionaba gran celebridad y una brillante posición política, a la postre no haría más que destrozar la unión liberal y enflaquecer el principio de gobierno. Este acto de generosidad fue debidamente apreciado por O’Donnell; pero no bastó para la realización de los planes del ministro de Hacienda, estorbados en la oposición que se hacía a sus detalles.

Y el problema era sencillo; saber aprovechar los recursos de la desamortización para extinguir el déficit y la deuda flotante; y para evitar esto en el porvenir, la nivelación real de los presupuestos, llegando a ella gradualmente por la reducción en los gastos y el aumento en los ingresos. Como sobre la cuestión del Tesoro, y aun sobre la del presupuesto, hay otra, en la que por lo regular no se fijan los gobiernos, y que sin embargo es más grave, más extensa y trascendental, más comprensiva, por enlazar y resolver todas las demás, a saber, la cuestión económica en general o sea los medios de desenvolver la producción nacional, y aumentar así la masa imponente, base de todo presupuesto, y resolver esta cuestión es el problema que más interesa al gobierno y al país. No basta hacer unos buenos aranceles por más que esto sea importante, sino que es preciso abaratar el dinero para que esté al alcance del productor, cuyo propio capital suele ser insuficiente para abarcar el ramo de industria a que se dedica, y necesita acudir al crédito. ¿Qué producción cabe en un país donde al productor le costaba el dinero un 16, un 20 o 24 por 100, siendo el mismo Tesoro quien en sus préstamos ponía esta elevada tasa? ¿Qué industrias habían de crearse cuando el capital tenía tan segura y lucrativa colocación, sin contingencias de ninguna especie, sin experimentar las naturales contrariedades y vicisitudes que suelen acompañar a cada industria a su creación, y sufrir en su desenvolvimiento?

Fracasó la creación no solo del Banco territorial sino la de otro de emisión, así como que el Banco de España se transformase en Banco nacional, para lo que se hicieron desesperados esfuerzos estrellados en la obstinada negativa del que solo quería ser Banco de Madrid, porque de España no lo era; si bien no consentía, auxiliado por la casa Rothschild, que banquero alguno le disputara el monopolio de los negocios con el gobierno, que tan lucrativos le han sido siempre.

Con un déficit de más de 60 millones de reales, mucho mayor después, se sometieron a las Cortes los presupuestos para el año económico de 1867 a 68, ascendiendo los gastos a más de 2,637 millones, y excediendo los ingresos de 2,570; pero la revolución hace inútil el examen de guarismos, que había que someter a la política, que lo absorbía todo; porque era la cuestión capital para el gobierno combatir, vencer la revolución.

Si Bravo Murillo prestó un gran servicio al país con el arreglo de la deuda, la ley desamortizadora de l.º de mayo de 1855 y las de 27 de febrero y 11 de junio de 1856, que ampliaron aquella, proporcionaron tan liberales y necesarias medidas, abundantes ingresos, aunque no se aprovecharon como debían haberlo sido y disponía la ley; que siempre se han falseado las mejores disposiciones.

Deudora fue la unión liberal a las Cortes constituyentes del bienio de aquel gran beneficio que la legaron, pudiendo así aplicar grandes cantidades a obras de utilidad pública, para lo que autorizó la ley de 1.º de abril de 1859 concediendo créditos extraordinarios por la suma de 2,000 millones de reales para invertirlos en material de guerra y marina, restauración de templos, carreteras, canales, etc., y atender al pago de las subvenciones de ferrocarriles. No habría que lamentar en algunas obras lo que en ellas se gastó, si en todas hubiera habido el acierto y la actividad que en las de marina. Entonces empezó a tener los primeros buques acorazados, que debieran llevar el nombre del general Zavala, no solo por las dificultades que supo vencer con la energía de su carácter, sino por lo mucho que hizo para colocar nuestra marina de guerra y mercante, nuestros arsenales y talleres de construcción, todos los ramos de la industria que con la marina se rozan, a una altura que nunca tuvo.

Para atender a las obligaciones corrientes, en 1864 se autorizó al gobierno negociara por suscrición o licitación pública, renta consolidada interior o exterior, bastante a producir 600 millones de reales efectivos, destinándose 450 a extinguir el déficit de los presupuestos ordinarios de 1859 y siguientes y los 150 millones restantes a satisfacer gastos de Ultramar. A 4r68 por término medio resultaron los 1,439.360,000 reales nominales de 3 por 100 interior que se subastaron. Hubo que hacer otras varias emisiones para extinguir la deuda flotante y saldar los presupuestos, aumentándose así la deuda pública en proporciones aterradoras, de lo cual nos ocuparemos oportunamente; porque la revolución de setiembre cambió las condiciones rentísticas del país, produciendo un lamentable desnivel en todo.

CAPÍTULO VII

Cuba.—Reformistas.—La insurrección en Lares y Yara.—Ineptitud de las autoridades.—Desórdenes.—Destitución de Dulce.—Caballero de Rodas.—Tratos con los Estados Unidos.—Estado de la guerra y de la isla al concluir el año de 1869.—Filipinas.

Los honores fúnebres tributados a don José de la Luz Caballero, conocido por el Sócrates cubano, aunque no dejó como el sabio ateniense tan claras muestras de ingenio, ni tuvo la muerte de aquel filósofo, sirvieron para hacer ostentosa manifestación del número de los partidarios de la independencia de Cuba, a los que el general Serrano procuraba atraer con la bondad más bien que imponerse a ellos por la fuerza. Este sistema, la anulación de absurdas y hasta humillantes etiquetas, y otras acertadas medidas que tomó, le valieron excelentes simpatías. Al ser relevado por el general Dulce en diciembre de 1862, le dispensaron una verdadera ovación de despedida, haciéndole valiosos presentes.

Siguió Dulce la misma marcha política que su antecesor; observó una prudente neutralidad en la gigantesca lucha del Norte con el Sur de los Estados-Unidos; hizo frente a las graves dificultades que creaba la situación en que se colocó la isla de Santo Domingo; faltóle habilidad para extinguir el tráfico negrero, quedando mal parada su autoridad en la cuestión de los negros bozales del señor Zulueta; trató de indemnizar esta falta con la energía que mostró después en importantes aprehensiones de negros; y ojalá hubiera tenido tanta perspicacia como buen deseo, que habría cometido menos errores como la injusta deposición del gobernador Navascués, y no hubiera sido Cándido instrumento de los interesados fines que se ocultaban en muchas reformas y mejoras administrativas.

Ese mismo buen deseo de acierto en el general Dulce originó que se pidiera a la reina la prórroga por tres años más del mando que ejercía. Mucho se trabajó para efectuar cierta clase de reformas que asimilaban por completo la administración de la isla a la de la metrópoli, efectuándose al fin algunas con más precipitación que acierto por el desconocimiento que generalmente se tiene en la Península de las necesidades y conveniencias de aquella Antilla, quedando, sin embargo, muy notables trabajos no aprovechados muchos aún. Es verdad que la petición de las reformas era para algunos «un pretexto para preparar el advenimiento de la libertad y de la independencia», para la que se fueron organizando, contrayendo empréstitos y emitiendo papel moneda para ayudar al establecimiento de una república de las Antillas españolas, aprovechando para ello escándalos como el de los tacos del Louvre, con motivo de la función celebrada en el teatro de Tacón, a beneficio de la viuda del patriota cubano Zambrana.

Los sucesos que se fueron precipitando hicieron imposible a Dulce en el mando, que dimitió, reemplazándole Lersundi, asediado a poco por los representantes de las opuestas tendencias que tan perturbada tenían la opinión pública en la Habana. Era natural que los que habían lamentado la inclinación de Dulce a los reformistas, procurando desviar a la nueva autoridad de la senda por aquel seguida, así como era una consecuencia que sus contrarios procuraran aparecer fuertes para ser temidos; si bien no era el mejor medio de conseguirlo permitirse demostraciones como las que estuvieron a punto de alterar el orden en las fiestas de San Juan en Puerto Príncipe. Más podían intentar e intentaban; y no había acabado Lersundi de limpiar a Cuba de ñañigos o gente de mal vivir, cuando se dedicó a contrarrestar los trabajos de conspiración. Creyendo haberlo conseguido recorrió algunos puntos de la isla sin hacer otra cosa que lo acostumbrado en tales visitas; esto es, recibir obsequios, paralizar los negocios y recargar los presupuestos locales con los gastos que su presencia ocasionaba.

Relevado por don Joaquín del Manzano, fue también poco duradero el mando de este. Tuvo que hacer frente a mayores dificultades, por tomar mayores proporciones los graves asuntos que tanto afectaban a la isla. Precisamente coincidió su arribo con el famoso memorándum que el comité español de la Habana dirigió a Madrid pidiéndole la supresión del ministerio de Ultramar, sustituyéndole por una sección en el Consejo de Estado, que se ocupara exclusivamente de los asuntos ultramarinos, compuesta de personas que hubiesen residido veinte años en aquellos dominios; se proponía también que la responsabilidad de los empleados públicos fuera efectiva, sin eximir de ella ni a los regentes de audiencia; y en las reformas que se pedían así como en los abusos y defectos que se denunciaban, se revelaba el profundo conocimiento que de todo se tenía.

Reunidos los comisionados elegidos en Cuba y los nombrados por el gobierno, discutieron con inteligencia y obraron con acierto. Batallaron las dos tendencias que dividían la isla; la autonómica y la separatista. En la cuestión de esclavitud se propuso la emancipación gradual por medio de sorteos o loterías anuales y por coartaciones sucesivas otorgadas como actos de gracia o de beneficencia. No pudiendo concederse, por peligroso, nada de lo mucho político que se pedía, y algo era necesario conceder, pues tenía derecho aquel país a lo que la vida moderna no puede negar a ningún pueblo, lo único que se hizo fue establecer el impuesto directo; pero con tan desgraciado criterio, con tanta falta de tino y sobra de precipitación, que no contentó a los reformistas que deseaban emplear aquella arma en pro de sus ideas independientes y disgustó a los buenos españoles. Y se mandaba plantear aquel decreto cuando Manzano escribía al gobierno que cada día trabajaban más los separatistas que residían en los Estados Unidos, que nada era imposible en aquellas circunstancias en materias de filibusterismo; cuando no podía ser más lamentable el estado de la hacienda, sitiada ya por los conspiradores, que supieron aprovecharse de la apurada situación económica, de la pavorosa crisis mercantil a la que tantas causas contribuyeron.

Intentó remediar el general Manzano los graves males que se experimentaban, nombrando una comisión que le ilustrara y ayudase; pero no reinó en sus individuos la mejor armonía. Fesser consignó en un voto particular que el gobierno de la metrópoli era el mayor responsable de cuanto pasaba, por haber recargado las obligaciones del Tesoro de Cuba más de lo que podía soportar, y el gobernador de la isla por haber permitido lanzar a la plaza una cantidad de papel exorbitante. El Banco Español de la Habana, en el que podía confiar el gobierno, se vio fuertemente estrechado, habiendo día que satisfizo 16 millones de reales, obligándole la necesidad a limitar el cambio de sus billetes a 25,000 pesos diarios, y a 200 cada pedido individual; y para hacer frente a la falta de metálico se llevaron al Banco los sagrados depósitos que existían en la beneficencia, lo cual produjo la muerte repentina del director de aquel establecimiento; «pero ¿qué había de hacer, dice el señor Zaragoza, tan competente en los asuntos de Ultramar, en presencia de semejante conjuración y al enterarse de que Fesser acababa de enviar a Europa letras de gran valor con buen premio, y por el mismo correo y en metálico la cantidad necesaria para satisfacer aquellas letras?».

Favoreciendo a los separatistas la crisis metálica y los apuros del Tesoro, arreciaron en sus trabajos; avisábalos Manzano al gobierno, pero este continuó cometiendo errores de bien funestas consecuencias, lleváronse absurdas teorías y no grandes capacidades a plantearlas, aumentáronse los déficits de las rentas, y al volver por segunda vez Lersundi a la Habana a causa del fallecimiento de Manzano, le preocuparon las cuestiones de hacienda y orden público. Las censuradas comisiones militares que estableció para exterminar el bandolerismo, cometieron tropelías que produjeron descontento, aumentado con las absurdas disposiciones del ministerio de Ultramar, elevando cuotas de impuestos, cuando no se cobraba apenas la cuarta parte de los señalados, y enviaba los presupuestos de 1868 a 69 con un sobrante de cerca de 134 millones, importando la deuda del Tesoro de Cuba más de 400. Además de la triste idea que esto daba de los conocimientos de los que tales torpezas cometían, no se fijaban sin duda en lo que exacerbaban los ánimos de los que eran víctimas de tal ignorancia; exacerbación que crecía de punto a la vista de los fraudes de criminales empleados que, abusando de la sencillez de las gentes del campo, que no conocían otro escudo que el de oro, cuyo valor es de 42 reales y medio, hacían pagar las cuotas del impuesto directo, a razón de estos escudos, por no expresarse en los recibos que aquella unidad monetaria era la de 10 reales en la Península. El tiempo y no el gobierno fue corrigiendo tales irregularidades.

Llegó a pensarse en Madrid en contratar un empréstito con los Estados Unidos garantizándole las rentas y propiedades de la nación en Cuba, lo cual equivalía a su venta, siendo una fortuna que ni tal empréstito ni otros de que se trató lograran realizarse por lo gravosos que hubieran sido para el Tesoro, aun cuando había de empeorar la situación de este, que llegó a ser tan apurada, que no sintiéndose Lersundi con fuerzas para continuar en su cargo, teniendo además motivos para estar quejoso del gobierno por su cuestión con el obispo, pidió permiso para regresar a la Península, justamente cuando alboreaba la revolución de setiembre.

Era natural que los eternos enemigos de la integridad española aprovecharan para conseguir sus fines los conflictos de la madre patria. No ignoraban los trabajos revolucionarios en la Península y arreciaron en los suyos. Conspirábase con menos reserva; vitoreóse en Puerto Rico la independencia de Boriquén; se llamó a las armas a los gíbaros o campesinos; embarcó Lersundi para la Península al comandante don Luis Padial y Vizcarrondo suponiéndole dispuesto a ponerse a la cabeza del movimiento en Puerto Rico; el general Marchessi expulsó de esta isla a otros; se fueron exacerbando los ánimos; publicó el comité revolucionario de Nueva York una proclama aclamando Puerto Rico y Cuba libres y muera España para siempre en América; tuvo resonancia este grito en el pueblo de Lares donde se empezaron los aprestos para el movimiento, que pudo inutilizar con más tacto del que tuvo el coronel que al efecto se envió; en el Bartolo, en Mirasol, en Pezuela y en otros puntos se fue organizando la revolución, que contaba, no ya con la tolerancia o condescendencia de las autoridades, sino con su candidez, pues a su vista se concertaban los conspiradores de Mayagüez, Las Marías, Camuy y otros pueblos de aquel extremo de la isla; designaron el 29 de setiembre para efectuar la revolución, y descubierto el plan casualmente, se anticipó para el 23, reuniéndose en Lares unos 300 hombres que comenzaron por cometer punibles excesos en las tiendas de los españoles. En la finca de Rojas se ostentó la bandera encarnada con el lema de muerte o libertad; viva Puerto Rico libre, año 1868. Guiados por Rojas se apoderaron del pueblo sin resistencia, proclamaron la república, formaron un gobierno provisional bajo la presidencia de don Francisco Ramírez, de origen mulato, se cantó un Te-Deum por el triunfo de la independencia, fueron al día siguiente unos 700 insurrectos a Pepino, y al invadir sus calles en confusa gritería, hízoles frente el corregidor de Aguabilla con algunos vecinos. A los primeros tiros huyeron atropellándose unos a otros, gritando traición y arrojando las armas. Esto amedrentó a los demás insurrectos: los más decididos se ocultaron en los bosques inmediatos, donde les persiguieron las columnas; los que no fueron capturados se presentaron a indulto, pero juzgados por una comisión militar y amnistiados por el gobierno provisional, siguieron conspirando. Así pagaron la generosidad con ellos tenida.

Es evidente que las grandes revoluciones no las destruyen los primeros desastres, que suelen hacer más cautos a los revolucionarios. Con menos optimismo, Lersundi pudo haber desbaratado muchos planes, y ahorrado quizá una guerra tan cara como sangrienta, porque no reinaba la mejor armonía entre los conspiradores, pues los había entre ellos que solo deseaban plantear en Cuba la Constitución de la Península, a la vez que otros querían anexionarse a los Estados Unidos, habiendo otras tendencias entre ambos extremos. Mientras todos conferenciaban juntos, porque les interesaba la armonía, y se preparaba en mayores proporciones el movimiento, escribía el capitán general al gobierno que el orden era inalterable, que nada hacía suponer que la marcha tranquila de aquel país se perturbase, porque los Estados Unidos, de quienes más debía temerse, se hallaban muy ocupados con la elección presidencial, etc.

Pronto vio desvanecida su infundada esperanza; pues aunque tuviera motivos para confiar en que los revolucionarios carecían de los elementos que necesitaban para efectuar su movimiento, no podía responder que no sucediera lo que sucedió; esto es, que don Carlos Manuel de Céspedes, contrariando lo acordado en las logias y junta central, reuniera el 9 de octubre en su ingenio la Demajagua los principales caudillos del departamento oriental, juraran vengar los agravios de la patria cubana o morir en la contienda, y se dirigieran aquellos 37 individuos al pueblo de Yara para apoderarse de Manzanillo, de lo que desistieron, aunque no de fechar en este pueblo el «Manifiesto de la Junta revolucionaria de la isla de Cuba», dirigido a sus compatriotas de todas las naciones. Quejábase en él de la tiranía del gobierno español que imponía tributos a su antojo, privando de toda libertad política, civil y religiosa a los hijos de Cuba, expulsándolos sin concederles otro recurso que callar y obedecer; de la plaga de empleados que les devoraba y monopolizaba todos los destinos; del ejército y de la marina permanente que agotaban con sus enormes gastos las fuentes de la riqueza; que expuestos a perder sus haciendas, su vida y hasta su honra, les obligaban a exponerlas para reconquistar sus derechos de hombres con la fuerza de sus brazos en el campo, ya que no podían con la palabra en la discusión, sin que les extraviaran rencores, ni les halagaran ambiciones, queriendo solo ser libres e iguales: prometía la gradual e indemnizada emancipación de los esclavos, y constituirse en nación independiente, habiendo acordado nombrar un jefe único que dirigiese las operaciones; una comisión gubernativa de cinco miembros para auxiliar al general en jefe en la parte política y civil; que desde aquel momento quedaban abolidos todos los derechos, impuestos y cuantos cobraba el gobierno de España, y que solo se pagase con el nombre de ofrenda patriótica para los gastos de la guerra, el 5 por 100 de la renta conocida a la sazón, a reserva de poder aumentarse en lo sucesivo o adoptarse alguna operación de crédito, según lo estimasen las juntas de ciudadanos; que se remunerarían los servicios prestados a la patria; que en los negocios se observase la legislación vigente, interpretada en sentido liberal, y que todas las disposiciones adoptadas fueran transitorias hasta que la nación se constituyera en el modo y forma que juzgase más acertado. Como un alarde de generosidad se prometía en este manifiesto un abrazo amigable y un corazón fraternal a todos los pueblos, y aun a la misma España, si consentía en dejar a Cuba libre y tranquila y las estrechaba en su seno cual buena madre a su amante hija, pues de lo contrario, amenazaba con el exterminio de todo lo español. Allí se decía también que la isla de Cuba no podía prosperar, porque «la inmigración blanca, única que en la actualidad nos conviene, se ve alejada de nuestras playas por las innumerables trabas con que se la enreda y la prevención y ojeriza con que se la mira»; y se terminaba diciendo, «que todas las disposiciones adoptadas serían puramente transitorias mientras que la nación, ya libre de sus enemigos y más ampliamente representada, se constituya en el modo y forma que juzgue más acertado».

La tendencia separatista era evidente, y como no se trataba de tal separación ni podían quererla los autores de la revolución de Cádiz, ni había connivencia en las personas, no fue causa la revolución de la Península de la iniciada en Yara. Ya hemos visto cómo se venía elaborando: no como cándidamente se ha creído para que se introdujeran en Cuba reformas liberales, sino para su separación, para su independencia, como la proclama Céspedes. En Yara y en Manzanillo no se victoreó a Prim, ni a la revolución de España, como se ha dicho por ministros más apasionados que exactos y ha repetido una parte de la prensa mal informada; y si el levantamiento de Céspedes fue a los nueve días de la batalla de Alcolea, es natural, repetimos, que aprovechase las circunstancias en que la revolución ponía a la metrópoli para llevar a cabo su preparada empresa.

Más dispuestos a resistir los sublevados en Yara que los de Lares, sostuvieron al día siguiente un pequeño choque con las tropas enviadas por el gobernador de Bayamo derramándose en Yara la primera sangre, anuncio de la abundante que debía verterse y verificándose el primer fusilamiento en el secretario del juzgado de paz, hecho prisionero. Ni sirvió de escarmiento esta ejecución, ni les impuso la derrota; juntáronse los dispersos a la mañana siguiente, aprovechando la ineptitud de sus perseguidores; no se supo impedir el levantamiento de las jurisdicciones de Jiguaní, Holguín, las Tunas y Bayamo, donde entró Céspedes guiando ya 5,000 hombres; mostróse en una nueva proclama más enemigo de España; y si no era difícil que con tanta gente venciera a las escasas fuerzas que valerosamente se defendieron en el cuartel de Bayamo durante cuatro días, es inexplicable la conducta del teniente gobernador militar, al que hubo que prender y embarcar para la Península. Lo mismo debió haberse hecho con otras autoridades militares, que ineptas, o adormecidas quizá por la funesta impasibilidad de la superior, permitieron que cundiera fácilmente la insurrección por los departamentos central y oriental. Esto sacó de su letargo al capitán general que dictó severas medidas, a las que respondió Céspedes con otras más fuertes; y hallando este expedito el camino, porque no había estudiado aún aquella autoridad un plan de campaña, ni tenían aquellos departamentos tropas para emprenderla, se esparcieron las partidas desde el Oriente hacia el Camagüey para darse la mano con los conspiradores de Puerto-Príncipe, que tenían su centro de acción en la Sociedad filarmónica. Y aún hicieron más; supieron aprovecharse de los errores y faltas de algunos gobernadores militares, y de la imprudencia de ciertos emisarios de Lersundi, apoderándose de Camagüey, y de Guáymaro y atacando al ferrocarril de Nuevitas, aumentando su gente con los descontentos que produjeron las autoridades españolas, tan faltas de tacto como de instrucción. El mismo capitán general, para disculpar sin duda su imprevisión y proceder, presentó como insignificante el movimiento, contra el que envió «unas compañías de infantería con un escuadrón de caballería, con destino a las Tunas y Manzanillo, con lo cual puede darse por terminado ese ridículo y criminal intento, en el cual llevan arrastrados por la fuerza a varios paisanos, que han empezado a presentarse». ¡Así se publicaba oficialmente en la misma Habana!

Los propios acontecimientos desmentían tales inexactitudes y destruyeron tan inconcebible optimismo. La reunión habida en el palacio de gobierno, de cuyas resultas desterró Lersundi al coronel don Juan Modet que opinó por consultar a Madrid las concesiones que debían otorgarse, le hizo al fin comprender la importancia que la insurrección tenía; que era una revolución, y pidió tropas, pues apenas había en Cuba 7,000 soldados. Creó nuevos cuerpos de voluntarios, y despertó el patriotismo del elemento español, ofreciendo todos su hacienda y su vida, cuya oferta no fue ilusoria. Empezaron a enviarse tropas, conociéndose al fin que era el principal elemento para apagar la insurrección; pues aun hubo quien creía que concediendo, como se concedió a poco a Puerto Rico el justo derecho de elegir diputados a Cortes, se contentaría a los insurrectos. Extraña ilusión en el señor Ayala, ministro de Ultramar, que declaró al verse tan asediado por los reformistas que, «todo el mundo quería concesiones, pedía la abolición inmediata de la esclavitud, se insultaba al pobre ministro por su resistencia, se le llamaba traidor a la revolución de setiembre, y se le rodeaba de una muchedumbre que pedía la libertad de los negros y la libertad de Cuba». Formábanse planes para atraerse a los conspiradores, prescindiendo muchos de estos de la emancipación de los negros, en la cual empezaban a ver un peligro; excitábanse las pasiones por la heterogeneidad de los elementos que entre sí chocaban, y en aquella lucha de intereses encontrados, se alarmaban los ánimos más pacíficos, se hacían cada vez más críticas las circunstancias, bastante poderosas para que Lersundi, cansado y poco afecto a la revolución efectuada en la Península, insistiera en su dimisión, que fue aceptada, reemplazándole Dulce.

El 4 de enero de 1869 arribó a la Habana el nuevo capitán general, no debiendo quedar muy satisfecho del recibimiento que se hizo al que se había declarado en su poco meditada proclama de despedida en su anterior mando, un cubano más. Rodeáronle todos los reformistas, mostrando algunos muy prácticos sentimientos; pero no contribuyeron al mejor acierto en la gestión política del general, que necesitaba cuando menos hacer olvidar sus poco meditadas declaraciones. La Habana atravesaba entonces bien críticas circunstancias. La imponente manifestación que se hizo en el entierro del joven Cepeda, y las proclamas tan subversivas como intencionadas que circularon halagando a los peninsulares, consiguieron se apoderara de muchos que tenían acreditada su lealtad, la vacilación y la duda.

A los dos días de encargarse Dulce del mando, dio una alocución a los cubanos, exponiendo el gran sacrificio que hacía, por el estado de su salud, en admitir aquel puesto; que no esquivaba peligros, obstáculos ni responsabilidades, para lograr el bienestar de la isla y asentar el principio de autoridad sobre la base de la equidad y la justicia; «que la revolución que había barrido una dinastía y arrancado de raíz la planta venenosa que emponzoñaba hasta el aire que respirábamos, había devuelto al hombre su dignidad, y al ciudadano sus derechos, de los que usarían acudiendo dentro de poco a elegir los diputados que les habían de representar en las Cortes constituyentes, donde recabarían las reformas que la legislación exigía, las mejoras que la administración reclamaba y los derechos por la civilización conquistados; que insulares y peninsulares todos eran hermanos con una misma religión y un mismo idioma, siendo ya Cuba una de las provincias españolas; que la posesión de los derechos que se les otorgaban constituía la verdadera libertad política de un país; pero si las malas artes la convertían en bandera de insurrección o en grito de independencia, sería inflexible y duro en el castigo; porque no había libertad sin orden, y quien voluntariamente abandona el terreno legal con que por vez primera se le brindaba, era un malvado al que debían juzgar los tribunales de justicia; y en nombre de la madre patria les recomendaba la unión y fraternidad, olvido de lo pasado y esperanza en el porvenir». Al mismo tiempo telegrafiaba al gobierno que los insurrectos no adelantaban, que el espíritu público había mejorado mucho y que ningún cuidado le daban los rebeldes por ser grande su desaliento y cada vez menores los medios de acción de que podían disponer. Lersundi telegrafiaba a su vez que la tranquilidad era perfecta en el departamento occidental de la isla, y en el oriental estaba circunscrita la rebelión a los puntos que hasta allí había indicado.

Podía el gobierno quedar satisfecho con los telegramas anteriores, pero ni a insulares ni a peninsulares satisfizo la proclama; aquellos por lo escaso y vago de las ofertas, y los segundos consideraban excesivo y extemporáneo cuanto se les daba. Publicóse por los primeros una hoja con el epígrafe de independencia, calificando de cantos de sirena las ofertas liberales y demostrando que la paz era imposible y la guerra inevitable.

Si esto no bastaba a Dulce para apreciar con más verdad la situación en que se hallaba, al tratar de sondearla pudo medir la profundidad del abismo, conocer los tratos de Céspedes con Mr. Seward para que los Estados Unidos reconocieran, si no la independencia, la beligerancia al menos de los republicanos de Cuba, y enterarse bien de cuanto hacían y se proponían hacer los insurrectos, aunque cometiera Céspedes la inconsecuencia y anomalía de declarar libres los siervos de sus enemigos o españoles, y decretar la confiscación de los bienes de estos. Así que, a los dos días de haber presentado fácil la sumisión de los insurrectos, pedía 4,000 hombres porque la insurrección reclamaba grandes medios para sofocarla; aunque confiaba conseguirlo con las medidas políticas que sintetizaban las aspiraciones de la revolución: de aquí su apresuramiento a conceder «a todos los ciudadanos de la provincia de Cuba, derecho a emitir libremente sus pensamientos por medio de la imprenta, sin sujeción a censura ni a ningún requisito previo», y a suprimir las comisiones militares. Las consecuencias fueron aumentarse los denuestos contra España, desatarse los lazos de la obediencia, remover recuerdos irritantes, y efectuarse un desbordamiento que evidenciaba la saña y la ingratitud de los que tan enemigos se declaraban de los hermanos de sus padres, ya que nada quisieran deber a la patria común. La supresión de las comisiones militares permanentes, solo aprovechó a los reos de homicidio, robo e incendio. Tomó parte la mujer en significativas manifestaciones, se concitó la pueril exaltación de los estudiantes para demostrar todos su inconsciente odio a España; y al decreto concediendo amnistía general por causas políticas, y el dilatadísimo término de cuarenta días para presentarse los que estuvieran con las armas en la mano, respondieron en la Habana en el mismo día de su publicación, recibiendo a tiros a los agentes que fueron a sorprender un depósito de armas para los insurrectos.

No por esto desistía Dulce de sus ideas conciliadoras; hasta llegó a enviar comisionados a Céspedes para negociar su sumisión y la de los que le seguían; y los señores Correa (don Ramón Rodríguez), Armas, Tamayo, Fleites, Oro y Vila, divididos en dos grupos, celebraron sendas conferencias con el comité de Camagüey y con Céspedes; animaba a todos buen espíritu, o demostrábanle al menos, aun cuando en un principio no podía ser más repulsivo en algunos; se confió en llegar a una avenencia a todos conveniente, pero ocurrió el mismo día el desgraciado fin de Augusto Arango, individuo del comité camagüeyano que de su propia cuenta se dirigió a Puerto Príncipe para acelerar las negociaciones de pacificación, confiando en el salvoconducto que le facilitó el gobernador de Nuevitas, y fue asesinado en unión del parlamentario que le acompañaba. Esto rompió las negociaciones, despidiendo indignado el comité de Camagüey a los comisionados Correa y Tamayo, y Céspedes por conducto de los que le hablaron, contestó a la carta de Dulce que después de aquel incalificable suceso (el del asesinato de Arango) ningún patriota cubano se prestaría a tratar con el representante del gobierno español. Aquella muerte fue una gran desgracia, de funestas consecuencias por las transacciones que impidió y la exasperación que produjo.

Envalentonados cada vez más los enemigos de España, se permitieron las ruidosas demostraciones, o más bien escandalosa perturbación del orden público que se verificó por dos noches en el Teatro de Villanueva, y la agresión a los voluntarios desde el café del Louvre, originando el que estos mismos voluntarios, admirados ya de tanta audacia, rechazaran violentamente la agresión y se produjeran en distintos barrios y calles de la población las colisiones que pusieron un límite sangriento entre los peninsulares y los separatistas. La insurrección se presentaba en la misma Habana, con igual inquina, con la propia ferocidad que en el campo. Sucedía esto justamente cuando se publicaba la ley electoral, dando a los cubanos el derecho, de que podían disfrutar ampliamente, de enviar 18 diputados que representaran aquellas provincias, exponiendo sus justas quejas, pidiendo las necesarias y debidas reformas, e interviniendo en todos los actos de la administración de la metrópoli.

El elemento más puro español que no confiaba en las concesiones, empezó a tomar la actitud que correspondía a los decididos defensores de la integridad nacional: amonestó a Dulce para que terminaran sus vacilaciones, origen de tantas desgracias, producidas por el aliento que daba a los separatistas, y le pedían obrara con el rigor que lo crítico de las circunstancias aconsejaba; pues aunque se había perdido un tiempo precioso, podía ganarse todavía. Pero Dulce estaba ofuscado. En vez de atender tan oportunos consejos, en vez de apoyarse en aquellos españoles tan leales, que tanto sacrificaban, llegó a divorciarse de ellos. Pudieron haber cometido excesos los voluntarios, los cometieron sin duda; pero fueron provocados. Si estaban mal dirigidos, diérales acertada y prudente dirección, no los denostara; oía otros consejos que no eran patrióticos; indujéronle a grandes errores políticos, y no viendo el elemento español en aquella autoridad la que había de salvar a Cuba, la fue retirando su afecto y hasta su consideración.

Mientras se verificaban los anteriores acontecimientos, el conde de Balmaseda procuraba restablecer la tranquilidad, y hallándose en Manzanillo, abundando también en las ilusorias ideas de conciliación, escribió a los insurrectos de Bayamo para que depusieran las armas, puesto que el gobierno les daba los derechos y garantías que habían pedido. A sus atentas consideraciones, contestaron de una manera tan insolente y agresiva, que sobre producir al general un triste desengaño, debió sufrir mucho su valor y altivez militar, cuando en vez de correr a castigar tamaño insulto y osadía, considerando escasas las fuerzas que mandaba, unos 800 hombres y una batería de montaña, se alejó de aquellos sitios, desembarcando en Vertientes. Se trasladó del departamento oriental al central.

Al dirigirse a Puerto-Príncipe, escribió también brindando con la paz, y procurando interesar a sus amigos para que mediaran con los insurrectos. Todos mostraron los más patrióticos y elevados sentimientos; pero no eran sinceros ni leales en la mayor parte. Insistió en Puerto-Príncipe en sus trabajos conciliadores, para convencerse a poco de que se estuvo jugando con su credulidad y buena fe; pues sus principales agentes, Argílagos y Napoleón Arango, se le pusieron enfrente, siendo compañeros de armas y fraternizando con los que todo lo aceptaban menos ser españoles.

Resuelto a obrar el conde, marchó a Nuevitas; al llegar confiado al puente de Tomás Pío, montes de Bonilla, recibió una descarga casi a quemarropa que produjo 10 muertos y 30 heridos[10], retirándose los agresores al contestárseles. Recogió Balmaseda sus heridos y siguió su camino, sin más obstáculo que algún tiroteo insignificante lejano, por lo que destruyó algunas fincas desde donde le hostilizaron, lo cual exacerbó a los separatistas, según mostraron en el lenguaje empleado en sus hojas impresas.

Puerto-Príncipe quedó sin comunicaciones y bloqueado. A falta de tropa se pudo constituir una fuerza de unos 100 hombres de movilizados, para cuyo sostenimiento se reunieron por suscrición cerca de 5,000 duros mensuales, que hubieran sido mejor empleados en formar pequeñas partidas de guerrillas, cual lo exigían las condiciones de aquella guerra, y como las formaron después el general don Simón La Torre, que comprendió en la guerra civil de la Península su utilidad, y Balmaseda. Más servicios prestaba la ronda de caballería que se organizó en Puerto-Príncipe, para velar por la noche y ejecutar pequeñas algaradas, que otras muchas fuerzas, aunque no por carecer de los buenos deseos que les animaban: bien que estos deseos eran generales, como fue bizarro el comportamiento de los comerciantes y peninsulares que se armaron en muchos puntos: ellos contribuyeron en unión de unos 100 soldados a rechazar de Holguín a más de 3,000 insurrectos, a evitar el completo incendio de la población, de la que más de 40 casas fueron destruidas por las llamas, defendiéndose desde el 30 de octubre hasta el 6 de diciembre que llegaron tropas, teniendo que lamentar aquellos buenos españoles el saqueo de sus casas y de los archivos del juzgado y promotoría.

Hechos de esta naturaleza eran frecuentes en algunas poblaciones de los departamentos sublevados, y lo hubieran sido también los encuentros a estar organizada siquiera la persecución de los enemigos. El comandante Lámela, teniente gobernador de Morón, obtuvo un triunfo de valer sobre los insurrectos, y el cubano Acosta con el batallón de voluntarios movilizados del Órden, costeado por el Banco de la Habana, consiguió otro muy importante en el monte de las Yeguas. Como estos triunfos escaseaban, eran más celebrados por los españoles, que se lamentaban del tiempo tan precioso que se perdía.

Después de una larga estancia en Nuevitas, salió el conde de Balmaseda con un batallón del regimiento de España, dos compañías de San Quintín, los voluntarios movilizados de Matanzas, una batería de montaña y alguna caballería para las Tunas, atravesando victoriosamente por los poblados de Cascorro y Guáymaro y potrero de los Dolores: hostilizada su gente por los insurrectos guarecidos tras los parapetos levantados junto al camino, defendidos algunos con cañones de madera durísima fortalecidos con zunchos o aros de hierro, tuvo que sostener una lucha diaria; fue sangrienta la empeñada en la orilla del río Salado, que logró atravesar burlando al enemigo, simulando un movimiento sobre Holguín, para ir por el camino Boajato, hacia el potrero Naranjillo, por donde descendió por la profunda cuenca del río; rehechos los enemigos esperaron atrincherados en Cauto el paso, impidiendo a Balmaseda pasar el río, que al fin lo consiguió por otro punto, contribuyendo a ello el valeroso Mendiguren, que despreciando el fuego enemigo cruzó el río y se apoderó de una chalana atracada a la orilla opuesta, desalojando desde ella a los insurrectos de sus parapetos y trincheras; y derrotados en todas partes los separatistas, a pesar de su superioridad numérica y de lo excelente de las posiciones que defendían, en vez de oir la voz del patriotismo, oyeron la de la destrucción. Bayamo iba a ser ocupado por los soldados españoles, y como era el cuartel general de los insurrectos donde hacía tiempo que ondeaba la bandera de Cuba libre, ya que no fueron sus defensores quisieron ser sus incendiarios, aunque no imitando a los saguntinos arrojando a las llamas los objetos de valor, sino robándolos antes y cometiendo los más criminales excesos. El Diario de un testigo dice: «Comenzó el robo: las carretas empezaron a salir cargadas de ricas telas, de valiosas prendas y de muebles: los negros se acuchillaban por una alhaja, sus jefes registraban ávidos las cajas: el desorden y el pillaje imperaban; se estupraban las mujeres; eran atropellados los ancianos; todo eran horrores y el crimen contestaba a las resistencias». Y añade un escritor bien informado de cuanto entonces sucedió, el señor Zaragoza: «Una comisión de las señoras principales de la ciudad, medio desnudas, acudió en aquellos momentos de angustia a la casa del gobierno a impetrar gracia a los directores del exterminio Mármol, Maceo y Milanes; pero aquellas atribuladas madres y esposas ni siquiera alcanzaron que estos malvados las oyesen, porque embriagados y ciegos por el demonio de la anarquía, ni el tiempo les bastaba para incitar al incendio y al saqueo. No consiguieron tampoco que se las permitiera salir de la ciudad para ampararse de las tropas de Balmaseda, obligándolas, por el contrario, a seguir a sus violadores y a los asesinos de sus esposos y de sus hijos, si no preferían perecer entre las llamas de la inmensa hoguera, levantada por aquellos cobardes para deslumbrar a los soldados españoles que se aproximaban, mientras ellos se valían de su siniestra luz para ocultarse en las espesuras de la manigua».

También incendiaron el pueblecillo del Dátil, contrastando con este furor destructor la conducta de Balmaseda que dispuso la reedificación de Bayamo, logrando volvieran a poblarle, si no todas las familias que habían ido de grado o por fuerza con los incendiarios, las que estos abandonaban, y algunas, muy pocas, arrepentidas.

Crecía el entusiasmo separatista; tres mil partidarios de estos dieron el grito de rebelión en Cinco Villas, destruyendo el ferrocarril de Cienfuegos y las líneas telegráficas; hubo que restablecer la previa censura y los consejos de guerra, y a la suspensión de las garantías que tan inoportunamente se concedieron, contestaron los laborantes con una proclama a la gente de color, en la que se les decía que si querían ser libres se pusieran de acuerdo, «y a la hora convenida tomad un puñal en vuestra mano, el cual no arrojaréis hasta haber castigado a los tiranos: nada de compasión, nada de temor; demostradles que sois hombres por medio de la sangre y del incendio, supuesto que a desesperado mal desesperado remedio, y entonces tendremos el mayor placer en estrechar vuestras manos entre las nuestras». Céspedes, al mismo tiempo, amnistiaba a los cubanos y extranjeros, así llamaba a los españoles, que se hubiesen acogido al indulto del gobierno, con tal que se presentaran a las autoridades de la república, poniendo en libertad a los procesados que estuviesen sufriendo prisión o Condenas por causas políticas.

Considerándose victoriosos los insurrectos, establecieron su cámara de representantes, insistió Céspedes en que los Estados-Unidos reconocieran la república que él presidía, defendida, según decía, por 70,000 hombres en el campo de batalla prestando servicio, organizados y gobernados con todos los principios de la guerra civilizada, con una poderosa escuadra, en posesión de las dos terceras partes del área geográfica de la isla, y con la simpatía de todos los cubanos amantes de la república que declaraba la libertad de conciencia y la independencia individual; y a pesar de los buenos amigos que tenían en Nueva-York, no lograron de Grant ni que se ocupara seriamente de la solicitud de los separatistas, a los que manifestó oficialmente su desdén en el discurso presentado ante las cámaras al tomar posesión de la presidencia de la república. Aun hizo más: dióles a entender que no esperaran su protección, y calificó con el depresivo nombre de americanos fraudulentos a los cubanos que después de naturalizarse en los Estados-Unidos, admitían en su tierra natal cargos de confianza u honoríficos cuando la guerra civil o la conveniencia personal hacían valer su cambio de ciudadanía.

Los crímenes que para mengua de la humanidad se perpetraron a principios de febrero en Mayarí y en Jiguaní, cuya población incendiaron las desbandadas hordas de la manigua, repelidas por los valerosos defensores que así consiguieron dominar el incendio, en Baire, que menos afortunado fue reducido a cenizas; la orden que Máximo Gómez comunicó a Figueredo para entregar a las llamas las casas de vivienda, trapiches y maquinaria de los ingenios pertenecientes a los que contribuían al sostenimiento de los voluntarios movilizados de Cuba, destruyéndose así en pocos días propiedades valuadas en más de 100 millones de reales, y el carácter feroz que los separatistas dieron a la guerra, causas fueron todas que contribuyeron poderosamente a acelerar la constitución del verdadero partido español, y de que conociera el ministro de Ultramar, que tan poéticas ilusiones se había hecho, que no eran derechos políticos lo que se ventilaba en Cuba con las armas, sino cuál había de seguir siendo la nacionalidad de los cubanos. Aún continuaban las vacilaciones de Dulce y sus ilusorias esperanzas, cuando hasta sus medidas de previsión las inutilizaban sus enemigos[11]; cuando la actitud del batallón de Ligeros y la de todos los voluntarios debió convencerle de lo errado de su marcha política, y hacer algo más que dar su alocución del 22 de enero, que si restableció algún tanto la tranquilidad, no era lo que los voluntarios deseaban, ni lo que lo crítico de las circunstancias exigía. No obraban los voluntarios a impulsos de consejos malévolos, como les decía Dulce, sino inspirados por su españolismo. El mal aconsejado y el mal inspirado era el capitán general, que aun escribía al gobierno que «la rebelión concentrándose toda en el departamento del Centro cuenta con más elementos por las condiciones especiales del terreno y el carácter duro de sus pobladores. No me inspira, sin embargo ningún cuidado; tengo la seguridad de dominarla en un breve plazo».

Hubiera podido conseguirlo a tener todos los jefes militares la buena fortuna o el acierto de tropezar con los enemigos y vencerlos, como le tuvo en las fuertes posiciones de Cubitas el brigadier Lesea en su expedición de Nuevitas a Puerto Príncipe; pero estos triunfos eran raros a pesar del buen deseo de obtenerlos y del entusiasmo de los soldados, noblemente excitado por los voluntarios de la Habana, que en cuanto desembarcaban aquellos, les hacían objeto de solícitas y patrióticas atenciones.

Más bien obligado por los voluntarios, que eran la verdadera expresión de la opinión pública española, que de su propia voluntad, envió Dulce a Fernando Póo a los 250 detenidos en las fortalezas de la Cabaña y del Morro. A presenciar su salida acudió inmenso gentío, de suyo impresionado, más que por el acto que se ejecutaba, por los rumores que hacía días circulaban anunciando graves sucesos para el día del embarque; así que, el robo de un bolsillo ejecutado por un joven amulatado, al que empezaron a apalearle los más cercanos a él, produjo grande alboroto, desfiguróse el hecho diciendo algunos que había victoreado a Cuba libre y un subcomisario de policía y unos voluntarios pudieron librarle de la multitud que quería matarlo, y se lo llevaron al inmediato cuartel de la Fuerza. Delante de su cerrada verja se apiñó una muchedumbre de marineros, patronos y boteros, dependientes de los muelles y de las tiendas inmediatas, amenazando arrollar la guardia de voluntarios para matar al preso, si estos no le fusilaban inmediatamente. En vano trataron de apaciguarles el gobernador político y el secretario, ofreciendo que se castigaría con arreglo a la ley al detenido si resultaba criminal; acudió Dulce, pudo penetrar en el cuartel por entre aquellas masas que pedían el preso con gritos y mueras a los traidores y a los enemigos de España; preguntó dónde estaba el preso y qué debía hacerse con él; contestó el comandante de voluntarios. Cabarga, que le tenía encerrado en un calabozo, y según la opinión debía ser fusilado desde luego, y conformes con esta opinión los oficiales y voluntarios allí presentes, dijo Dulce a los alborotadores que esperaban en la verja el resultado de aquella corta conferencia, que el reo iba a ser ejecutado en seguida. Uno de los que transmitieron este acuerdo, añadió que corrieran en busca de un confesor. Muchos corrieron hacia las iglesias más cercanas, y creyendo las guardias del gobierno político y palacio del general hostiles aquellas turbas, las hicieron fuego matando a un hombre.

Apaciguada la falsa alarma, e indicada la conveniencia de formar un consejo de guerra verbal para dar un carácter de legalidad a aquel asesinato, regresó el general a su morada en medio de vítores y ruidosas aclamaciones que no tendrían en él la resonancia que los gritos de su conciencia.

Presentóse entonces el jefe de policía que había preso a aquel desgraciado, manifestando que no dio tales voces subversivas, ni hecho otra cosa que robar un bolsillo, que él había recobrado y enseñaba; y aunque el gobernador y el secretario le aconsejaron que lo reservara todo para declararlo en el consejo de guerra, poseído de justa indignación y dejándose llevar de sus sentimientos humanitarios, dijo en medio de los grupos que era infame matar a un hombre por haber robado un bolsillo. Un balazo en la cabeza le derribó cadáver. No se supo de dónde salió el tiro, ni se procuró saber.

Constituido el consejo, fueron admitidos a declararlos que de las turbas se ofrecían y protestaban haber presenciado todo el suceso, deponiendo todos contra el preso. Convicto este, aunque no confeso, por embargadas sus facultades, aterrorizado por los golpes que recibió, intimidado, sin conciencia de lo que a su alrededor pasaba, sin voz para defenderse, ni aliento para declarar, ni aun para disculparse, retratado en su semblante el espanto y la estupidez, mal defendido, el consejo unánime, mostrándose cohibido y débil, le condenó a ser fusilado en el mismo punto donde se suponía cometido el delito; aprobó en seguida el capitán general la sentencia y con la misma precipitación se ejecutó. Al día siguiente publicó Dulce una proclama diciendo: «Os he cumplido mi palabra. Os ofrecí justicia y pronta justicia, y la población entera de la Habana ha presenciado ayer uno de esos espectáculos terribles, que no porque estremezcan a la humanidad, dejan de ser necesarios en momentos dados y cuando la traición levanta una bandera de exterminio. Dos desgraciados, instrumentos tal vez de la perversidad de ocultos promovedores de la rebelión, se atrevieron a prorrumpir en gritos sediciosos, contraviniendo descaradamente y a la luz del día, las disposiciones que rigen. El uno de ellos, contra el que las pruebas eran palmarias, ha pagado con su vida su loca temeridad»[12].

Rodeada de obstáculos la autoridad superior de Cuba, parecía entregarse en brazos de la Providencia para vencerlos, y algunos sucesos, como el apresamiento del vapor Comanditario y la goleta Mary Lowell, tan favorables neutralizar otros adversos, y aun a distraer la atención pública, preocupada por ciertos acontecimientos que aunque parecían sencillos, si no pueriles, como el famoso entierro del gorrión, adquirieron grandes proporciones. Obtuviéronse entonces valiosos triunfos con las armas en la Siguanea contra los insurrectos del departamento oriental, y al regresar a la Habana el batallón de artillería que había contribuido a aquella victoria, trayendo una bandera enemiga arrastrándola por el lodo, se le recibió con el mayor entusiasmo. No se desperdiciaba la menor ocasión de demostrarle. Produjo contento la creación de un tercio de la guardia civil y la formación de un batallón de negros. Al saberse que Barcelona enviaba voluntarios catalanes, se prepararon fiestas para recibirlos, el Ayuntamiento de la Habana escribió a la Diputación provincial de la ciudad catalana una expresiva carta manifestándole su gratitud, y la dedicó una plancha de oro y plata perpetuando el hecho.

Cuando más contentos parecían estar los separatistas, celebrando la emancipación de los esclavos con banquetes y bailes en los que las amas servían a los que las habían servido y bailaban con ellos, se produjeron rivalidades y divisiones trascendentales Manuel Quesada, a pesar de sus antecedentes, asumió el mando de las fuerzas separatistas, de lo cual protestaron algunos, y Napoleón Arango protestó «contra los funestos errores en que la revolución había incurrido»; acusaba a la asamblea de «ejercer un despotismo que afligía y destrozaba al país»; preguntando si el pueblo había ganado algo, contestaba: «no, porque hoy está el pueblo más oprimido que nunca; y si hemos tomado las armas en la mano exponiendo nuestras vidas y bienes para derrocar la tiranía española, ¿consentiremos que se establezca otra peor?»: desvirtuaba a la asamblea, compuesta de cinco miembros que se imponían a todos; calificaba al comité de contrarrevolucionario, y decía de él «que quitaba a los pobres estancieros la poca miel y cera que producían sus colmenas, y valiéndose de la fuerza quitaba el dinero a los cubanos…, causaba vejaciones a los que estaban con las armas, etc.».

Algunos más triunfos que los obtenidos por Morales de los Ríos en el Potrerillo, adonde cayó desde Cienfuegos el 12 de marzo, el apresamiento por la columna de Remedios de 3 cañones, la incesante persecución que hacían algunas fuerzas, y el aumente^de estas, hubieran producido admirables resultados para restablecer la paz, a saberse aprovechar mejor tales ventajas, pues se vieron tan acosados los insurrectos, que se presentaban en las poblaciones millares de familias que con aquellos estaban, habiéndolo hecho en Bayamo más de 4,000. No podían ser de grandes utilidades estas familias a los separatistas, y aunque no les estorbaran no viéndose perseguidos, en cuanto lo fueron, eran un grande obstáculo a su movilidad, más necesaria entonces que nunca, por la activa persecución que sufrían.

Decidido Balmaseda a que fuera mayor, y cansado de la benignidad que había usado, en cuanto recibió algunos refuerzos dirigió una proclama a los habitantes de los campos, que fechó en Bayamo el 4 de abril, en la que decía, entre otras cosas: «Sabéis que he perdonado a los que nos han combatido: sabéis que vuestras esposas, madres y hermanas han encontrado en mí una protección negada por vosotros y admirada por ellas: sabéis también que muchos de los perdonados se han vuelto contra mí. Ante esos desafueros, ante tanta ingratitud, ante tanta villanía ya no es posible que yo sea el hombre de ayer; ya no cabe la neutralidad mentida: el que no está conmigo está contra mí, y para que mis soldados sepan distinguiros, oid las órdenes que llevan.—Todo hombre desde la edad de 15 años en adelante, que se encuentre fuera de su finca, como no acredite un motivo justificado para haberlo hecho, será pasado por las armas.—Todo caserío que no esté habitado será incendiado por las tropas.—Todo caserío donde no campee un lienzo blanco en forma de bandera para acreditar que sus dueños desean la paz, será reducido a cenizas.—Las mujeres que no estén en sus respectivas fincas o viviendas, o en casas de sus parientes, se reconcentrarán en los pueblos de Jiguaní o Bayamo, donde se proveerá a su mantenimiento: las que así no lo hicieren serán conducidas por la fuerza». Amedrentó esta proclama a los rebeldes, que no tenían razón en censurarla, porque ellos habían dado a la guerra el carácter de salvaje ferocidad que la distinguía, y una de las muchas pruebas que podríamos presentar es el decreto de Céspedes del 8 de febrero, en el que considerando como enemigo al que no estaba con los separatistas, no solo aplicaba con profusión la pena de muerte, sino que se adjudicaba los bienes de los considerados como enemigos: motivo fue también aquella proclama para que buenos españoles, hijos del país, dirigieran a sus paisanos sendas alocuciones aconsejándoles que depusieran las armas al ver lo infructuoso de su insistencia en resistir el poder de España, y aunque se atrajo a muchos desviados, nada se logró con los jefes y principales comprometidos, que seguían dando instrucciones para que «se destruyese por el fuego y por el pico, no solo los pueblos sino las casas fuertes de los campos»[13].

Don José Morales Lemus, que después de haber obtenido la confianza de Dulce, de quien era abogado, y ejercido algún ascendiente, no quiso vivir entre los españoles y marchó a los Estados-Unidos para defender más abiertamente las ideas separatistas de las que nunca había prescindido; publicó, como presidente que era de la junta central republicana de Cuba y Puerto-Rico, una circular reservada para allegar recursos, y a su virtud se decretó el embargo de sus bienes y el de los que componían aquella junta, ampliándose después el embargo a todos los que estaban en armas o les ayudasen[14]. Estas medidas, antes pensadas y discutidas, fueron bien recibidas por los españoles, que comprendían habían de afectar mucho a los separatistas. Protestaban estos de su desinterés; mostraban seguir impávidos su obra emancipadora, confeccionando la Constitución de su república; no desperdiciaban para promover asonadas, ni aun la ejecución de algún reo separatista, como sucedió cuando fueron ajusticiados los señores Nuez y Medina, y propalando noticias falsas, lo cual obligó a Dulce a dar una alocución para tranquilizar los ánimos de los voluntarios, teniendo la debilidad de autorizarlos para que se apoderasen de todo el que propalase noticias que pudieran contribuir a la excitación y al desbordamiento de las pasiones. Los abusos y atropellos que por exceso de celo o impericia produjeron las anteriores medidas, ocasionaron la emigración de más de cien mil habitantes.

Nombrado un consejo administrativo de bienes embargados, vióse la confusión y embrollo con que se había procedido, la dificultad de disponer desde luego, cual se esperaba, de productos líquidos suficientes a los gastos de la guerra: quisieron algunos que el embargo se convirtiera en secuestro, que los bienes de los disidentes se vendieran en vez de administrarse, y se empezara a indemnizar a los que por defender la integridad nacional sufrieran perjuicios notables en su hacienda, en cuyo caso se hallaban los comerciantes que habían hecho préstamos a los que figuraban entre los enemigos de la patria; y las exigencias de unos y el poco tacto de otros, produjeron graves disgustos y malestar, que si no cesó, tuvo un paréntesis con la llegada a la Habana del lucido batallón de voluntarios catalanes —19 abril— recibido con gran ostentación y delirante júbilo, y obsequiado con fraternal cariño y opulenta generosidad.

Desde noviembre a fines de abril habían desembarcado en Cuba más de 18,000 hombres, que variaron indudablemente el aspecto de la insurrección; pero no la exterminaron, porque los insurrectos evadían los encuentros y sabían eludir la persecución internándose en aquellos espesos bosques. Sosteníales la fe, el fanatismo político, y esperaban confiando en extraña protección. Alimentaban esa esperanza los laborantes de la Habana, que, cuando más de vencida iba la insurrección, más se afanaban en su maquiavélica táctica de dividir los ánimos y sembrar la desconfianza entre los voluntarios, que eran los más temidos y los más fáciles de alucinar. Muchas escenas desagradables pudieran haberse evitado si el capitán general y otros altos funcionarios hubiesen estado al nivel del cargo que ejercían y de las circunstancias que se atravesaban; pero débiles unas veces, injustos otras y poco acertados casi siempre, no están exentos de la responsabilidad que les cabe en no pocos lamentables sucesos. Bien es verdad que hasta el gobierno de la metrópoli parecía aconsejado por los enemigos de la integridad nacional, pospuesta a poderosas influencias, atendidas siempre por caracteres débiles e inteligencias negativas. El destinar a Canarias o a las Baleares a los que tanto costó fueran a Fernando Póo, y aun el pasearse por Madrid algunos de los más odiados por el elemento peninsular por haber hecho público alarde de su irreconciliable enemistad a España, exaltaron en alto grado el descontento de los leales habitantes de Cuba, que tan poco correspondidos veían sus sacrificios. Fue además un acto altamente inconveniente e impolítico el del gobierno del duque de la Torre, porque desautorizó al general Dulce, cuando más necesitaba fortalecer su autoridad, contrarió las trascendentales medidas de los consejos de guerra, y fue a echar el peso de su omnímoda autoridad para anular el primer acto político de importancia ejercido en la Habana con beneplácito del elemento español. Así han solido resolverse en Madrid muchos y muy importantes asuntos de Cuba.

Motivos había para considerar la insurrección en decadencia; pero cuando más parecía estarlo recibía refuerzos de hombres y de armas, tan considerables algunos, como el recibido a mediados de mayo, procedente de los Estados Unidos, consistente en cerca de 300 hombres, 4,000 fusiles, 18 cañones, algunos de ellos de plaza, una imprenta, municiones y varios efectos. Poco tranquilizadores eran estos desembarcos, que no revelaban fuera muy exquisita la vigilancia de la costa. La alarma que producían las noticias que circulaban sobre la actitud de los Estados Unidos, ciertos tratos con el gobierno de Madrid, de lo cual nos ocuparemos oportunamente, algunas imprudencias y poco acertadas medidas de varias autoridades, predispusieron grandemente los ánimos contra el general Dulce. Lejos de recatarse este sentimiento de hostilidad se publicaba en multitud de impresos, diciendo en ellos que era general el disgusto que reinaba por no haber terminado la guerra, ya tan decadente, atribuyendo al parecer con sobrado fundamento, su continuación «al mal proceder de no pocos tenientes gobernadores que a trueque de un puñado de oro, están vendiendo a la patria, alimentando la insurrección con su tolerancia, y a la vez haciendo hacer a la tropa exprofeso marchas inútiles». Se hacía responsable al capitán general, que sabiendo perfectamente lo que pasaba, consentía que ciertos jefes mandasen columnas; se culpaba también al gobierno central por haber levantado el confinamiento de los deportados a Fernando Póo, y por otras determinaciones que alentaban a los simpatizadores, «quienes, no solamente se mofan de los voluntarios, que tanto trabajaron por quitar tan vil semilla del país, sino que dicen muy alto que si no triunfan en el campo, está visto que en Madrid conseguirán todo lo que apetezcan para los fines de su independencia»; que no debía haber piedad para el bandolerismo de los insurrectos; que estaban poco satisfechos del general Dulce por haber perdido las simpatías de todos; y estimulaban a los buenos españoles para que hicieran saber a sus amigos y al gobierno lo que ocurría[15].

Anulado de esta manera el prestigio del capitán general, era ya imposible, agravándose su situación con lo manifestado por los voluntarios a causa del embarque de los separatistas condenados a presidio, y a los que se enviaba a la Carraca a cumplir su condena[16]. La junta de altos funcionarios que reunió en su palacio, y otras juntas y otras reuniones de autoridades, llevaron a su ánimo la convicción de no poder continuar más tiempo en aquel cargo. A su virtud telegrafió al gobierno dando por terminada la insurrección, de la que decía quedaban solamente partidas de bandoleros que exterminarían pequeñas columnas de milicia y guardia civil; que urgía su relevo, fuera inmediatamente su sucesor, y que en su resolución irrevocable no se mezclaba la política. Al día siguiente se recibió la contestación admitiendo la renuncia de Dulce, al que reemplazaba Caballero de Rodas. Estaban satisfechos los deseos de cuantos querían dejara de mandar en la isla aquel general; pero su ya efímera permanencia les impacientó: pretendían marchase desde luego: la impaciencia se convirtió en agitación de los ánimos; irritóle esto a Dulce; hizo víctimas de su ira a los Sres. Álvarez Mijares, Castañón, al cura Redondo y al abogado Díaz del Villar, ordenándoles se embarcaran para la Península bajo partida de registro[17]; exacerbó esto más los ánimos por las simpatías que entre los voluntarios tenían aquellos; la llegada del general Peláez produjo un grave escándalo, que se repitió al regresar el coronel Modet de la jurisdicción de las Cinco Villas a la Habana y se transmitió aquella noche del 1.º de junio al palacio de Dulce, gritándole muera; supo mostrar el valor y la serenidad con que siempre se había distinguido; no pudo emplear las fuerzas a sus órdenes contra los revoltosos, por conocer los coroneles Baile y Franch las funestas consecuencias que de ello se originarían, engrosáronse los grupos con voluntarios armados; se intimó a Dulce resignase el mando en el general segundo cabo; no quiso ceder a la imposición del tumulto, aunque habían acompañado a los comisionados los generales Clavijo, Venenc y Espinar; se dispuso que formados los batallones de voluntarios manifestaran por medio de comisiones su voluntad definitiva; recibió en la mañana del 2 estas comisiones, y al preguntarles Dulce si aprobaban los voluntarios la actitud demostrada por los grupos la noche anterior, contestó una voz desconocida que su mando no era conveniente en la isla de Cuba; un oficial de los comisionados apoyó esta afirmación con varias razones y terminó diciendo: «que los voluntarios querían una política más franca, y exigían que para el efecto, se encargase del mando el general Espinar». Dulce, entonces, les dijo lastimado que era aquel hecho más grave y más criminal que la misma insurrección de Yara; pero ya que se le obligaba polla fuerza de los voluntarios, única existente en la capital para sostener sus disposiciones, resignaba el mando en el segundo cabo. Dice en esta sazón un testigo de aquellos acontecimientos y muy competente por el cargo que ejercía, el señor Zaragoza: «Pero ¿fueron los voluntarios los que obligaron a Dulce a dejar el mando de un modo tan violento? Absolutamente, no. El capitán general sufría en aquel doloroso paso las consecuencias lógicas y obligadas de su desgraciada gobernación de cinco meses. Los voluntarios y todo el elemento español que desde la primera proclama del 6 de enero fueron coleccionando cuantas expedía la primera autoridad, vieron a poco en ellas defraudadas sus esperanzas, por la falta de cumplimiento de las promesas: los voluntarios conocían, si no en la forma, en la esencia, todas las manifestaciones hechas por el general al gobierno de Madrid, en las que daba a la insurrección una importancia escasa y a la metrópoli grandes seguridades del próximo término de la lucha, cuando precisamente sabían que el enemigo era tan numeroso, si no más, que el día del levantamiento de Céspedes en Yara: los voluntarios sentían la pesadumbre de sus sacrificios, cada día crecientes, y no recompensados; sufrían los malos efectos de las torpezas militares, no corregidas, y de la gobernación por momentos más funesta, porque resultaba cada vez menos eficaz; y con todo, y a pesar de motivos tan graves, ahogaban su sentimiento en secreto, porque aquellos gobernantes y aquellos militares procedían de la adorada madre España. Pero cuando después de desairárseles se les provocó con amagos de cargas de caballería y con responder a tiros a las que conceptuaban justas reclamaciones, y cuando no pudiendo sufrir más perdieron la prudencia, rompiendo el dique de los miramientos, desahogaron la irritación tanto tiempo comprimida, y lanzados en el camino de la pasión desenfrenada, no tuvieron más remedio que recorrerlo hasta el fin y marchar muy de prisa, que es lo que han hecho y harán siempre los pueblos en iguales o parecidas circunstancias. Estas fueron, pues, las que arrojaron más bien a Dulce de su mando; circunstancias preparadas por él mismo y no por los buenos españoles, que a todo accedían si era para conservar la integridad nacional; circunstancias agravadas por la terquedad del primer gobernante en proseguir una política y rodearse de unos hombres antipáticos a la mayoría del elemento español, y aprovechados por los altos funcionarios que, quizás por disfrutar mayor popularidad, halagaron las aspiraciones de las masas que dieron carácter al ruidoso suceso calificado por Dulce de más grave que el mismo grito insurreccional de Yara».

La actitud de los voluntarios era gravísima, y la explicaron en un manifiesto a la nación, no para disculparse, porque no lo habían menester, decían, los que ajustan sus actos a la razón, a las exigencias del interés y a la honra de la patria. Sin oponerse a las reformas, sostenían que su aplicación práctica no podía llegar hasta que el sentimiento nacional estuviese unificado: historiaban sucesos pasados; exponían que al volver Dulce segunda vez a la Habana y casado con una cubana, fue acogido como un salvador, demostrando luego que no estaba a la altura de las circunstancias, al declararse en su primera proclama paladín de la autonomía, expresando que había venido a establecer el gobierno del país por el país; citábanse ciertos actos en que no estuvo previsor ni afortunado, y hechos que no daban gran prestigio a la autoridad, aun cuando alcanzábale responsabilidad a otras; se formulaban cargos gravísimos, como los de que, «órdenes dirigidas oficialmente a los jefes de columnas y tenientes de gobernador recomendándoles la energía y el rigor, eran anuladas por otras secretas encargándoles la benignidad»; todo lo cual aumentó el descontento hasta el punto de que comprendiendo Dulce la desconfianza que inspiraba, dimitió el mando, después de oír a la junta de autoridades; refieren después la llegada a la Habana de Peláez y Modet, contra los que había gran disgusto y se quería se les sometiera a un consejo de guerra; las demostraciones que produjeron, y que cuando se esparció la noticia de que se mandó hacer fuego sobre las masas, la indignación llegó a su colmo, porque «el que tan benigno era con los enemigos de la patria, trataba de fusilar a unos cuantos españoles que cedían a un momento de exaltación; de sembrar la división entre el ejército y el pueblo; de provocar una lucha estéril, cuyo resultado forzoso era abrir un foso de sangre entre hijos de una misma patria»: que entonces se reunieron los voluntarios para evitar un conflicto y unánimes se nombraron las comisiones para significar respetuosamente al capitán general la conveniencia de que resignara el mando en el jefe a quien por ordenanza le correspondía: todo esto sin la menor protesta, sin haber tenido que lamentar siquiera desacuerdos como los que precedieron en 23 de agosto de 1717 a la destitución por el pueblo del capitán general de aquella provincia don Vicente Raja; haciendo notar que no habían efectuado un movimiento revolucionario, porque ni habían nombrado el poder que había de regirles, ni constituido una situación nueva.

No tenían razón seguramente los alarmantes telegramas que Dulce dirigió a Madrid, pues a la vez que aquel continuó residiendo tranquilamente y disfrutando de completa libertad en la casa de gobierno, los voluntarios, satisfechos con lo conseguido, recibían espléndidamente a sus compañeros vascongados, demostrando en todos sus actos su amor a España. A bordo Dulce del Guipúzcoa, escribió un extenso oficio al gobierno historiando cuanto había pasado, quejándose amargamente del comportamiento de los generales Espinar, Venenc y Clavijo, así como de los coroneles Franch y Baile, y de las autoridades administrativas, que le dejaron «solo, sin más apoyo que la fuerza moral que le prestaba la bandera española, que aquella turba procaz pisoteaba y escarnecía»; calificaba la exigencia de los voluntarios, como «proceder indigno del carácter español, aprovechándose de las armas que les había dado la patria para sostener la autoridad, volviéndolas contra la misma y valiéndose de verla desarmada; que les había entregado las llaves de las fortalezas y de la ciudad, y hasta la guardia de su persona, y que cuando se encontraba solo, sin fuerza y sin el apoyo de un soldado, porque todos estaban en los campos de batalla, se atrevían a él, consagrando la insurrección con tamaña iniquidad»; y retratando la situación que se atravesaba, añadía: «El extravío moral de aquellos habitantes, la insignificancia de las transacciones mercantiles, las nuevas ambiciones que nacen siempre al calor de las contiendas civiles, la codicia que crece con la angustia y las necesidades urgentes de la administración, la inmoralidad y la licencia, resultado práctico en todos tiempos del desorden interior, el afán de figurar en las altas regiones de la política y otras causas que considero ocioso enumerar, forman y constituyen hoy el fondo de una situación gravísima, cuyas consecuencias serán funestas en el porvenir para la provincia de Cuba».

Para más demostrar su amor a España, o más bien para adquirir valiosa influencia y ejercerla, se apresuró el establecimiento del Casino Español de la Habana, que era la «reunión de todos los españoles para armonizar algunas horas de recreo y tratar entre sí sobre las cuestiones relacionadas con los intereses de los asociados y de los del país en general»; lo cual demostraba la razón de su posterior importancia. Teníala ya la presión que algunos peninsulares ejercían sobre la autoridad superior, no siendo el patriotismo el único móvil que a muchos impulsaba, como hubo ocasiones de demostrarlo, y lo evidenció el estado de los negocios de varios comerciantes, los medios con que procuraban el aumento de su hacienda, lo que se resintieron los ingresos del tesoro, de suyo apurado. Había que buscar por la política y alardeando patriotismo, lo que era imposible por otros caminos, cerrado sólidamente el que pudiera llegar a la autoridad económica, don Joaquín Escario, cuyo nombre debe consignarse como modelo de honradez, de virtudes y de patriotismo, a las que se rindió el debido culto al acompañar sus restos mortales al cementerio.

Los mismos elementos que habían dado el mando al general Espinar, le fueron contrariando y poniendo dificultades, empeorando cada día el espíritu público por tan diferentes sentimientos perturbado. Sirviéronle mucho a Espinar las noticias que se recibieron relativas a los acertados movimientos de algunos jefes militares, que obtuvieron valiosos triunfos sobre los insurrectos, con lo cual pudo ir conservando el orden material; pero tuvo que sostener verdaderas luchas, abdicar de muchas de sus facultades, esforzarse en contener imprudencias, aquietar a algunos intransigentes para dar a su mando el carácter de justificación que lo hecho por Dulce exigía: y si no conservó al capitán general propietario toda la autoridad que le correspondiera, lo hizo de la que disponía. En todas las contrariedades y sinsabores que Espinar experimentó, sufrió la expiación de anteriores desaciertos.

Nombrado para reemplazar a Dulce don Antonio Caballero de Rodas, que se había acreditado en su reciente campaña contra los republicanos de Andalucía, desembarcó en la Habana el 28 de junio, prestó en la sala del municipio el debido juramento y dio al público su alocución, en la que después de reseñar los desastres de la guerra, decía que su misión era restablecer la calma y la confianza, acabar con la lucha civil a todo trance, y estudiar después las necesidades de la isla y cuanto condujera al bien del país para proponer las reformas necesarias; que comprendía las dificultades con que tenía que luchar, pero le alentaba la esperanza de la ayuda del ejército, de los voluntarios, a los que se debía en gran parte la salvación de la isla, y de los hombres sensatos y honrados, y que su línea de conducta se encerraba en tres palabras: España, justicia y moralidad; cuyo programa adoptaba con fe inquebrantable y voluntad firme. Dirigiéndose a los voluntarios, les dijo que, con su actitud enérgica y decidida, habían prestado un eminente servicio a la causa del orden, de la justicia y del derecho, por lo que merecían bien de la patria; que debían estar orgullosos por su proceder como él lo estaba por encontrarse a su frente para sostener la buena causa, teniendo además la fortuna de darles las gracias en nombre del gobierno de la nación y de sus conciudadanos.

Tanto por lo que decía como por lo que callaba, se aplaudió la alocución programa de la nueva autoridad que fue acogida con verdadero entusiasmo, y obsequiado y distinguido Caballero como no lo fueron muchos capitanes generales. Pudo así atender fácilmente a restablecer el principio de autoridad, bastante quebrantado, según confesión del mismo Espinar; satisfacieron sus disposiciones sobre infidencias, por lo que halagaba el sentimiento del partido español, anheloso de ver arranques de energía contra los enemigos; pero el que sometiera los delitos de contrabando al juicio sumario de los consejos de guerra no agradó a ciertos elementos mercantiles, que no eran ajenos a esa constante defraudación de las rentas del Estado. Una circular reservada que expidió después, en la que ordenaba a las autoridades fueran parcas en el derramamiento de sangre, llegando solo a este doloroso extremo con jefes u hombres a quienes se hubiese probado delitos de incendio o asesinato, remitiendo en otro caso los prisioneros a su disposición; que se respetasen las vidas, casas y propiedades de todos los habitantes sin distinción, castigando con rigor a los que contraviniesen y que no se prendiera a nadie por meras sospechas y sin tener pruebas de que delinquía, fue indiscretamente publicada por el gobernador de Matanzas. No agradaron al elemento español aquellas medidas que, siendo justas fueron consideradas como sobrado generosas, y para transigir el general con los disgustados, embarcó para la Península algunos de los detenidos por laborantes y simpatizadores de la insurrección.

Como si el anterior acto, que era una verdadera abdicación de autoridad, no hubiera mostrado en Caballero de Rodas o precipitación o debilidad, incurrió en otro nuevo desliz cuando para acallar las murmuraciones que ocasionó su falta de justicia en la concesión de varios destinos públicos, ordenó el embargo de los bienes de los ricos propietarios Aldamas, haciendo así decididos protectores de la insurrección a los que, con más tacto, si no amigos, se les hubiera conservado neutrales. Echábase de menos la prudencia exquisita y el delicado tacto que en la autoridad se necesitaba, y no se distinguían los subordinados por exceso de confianza hacia aquella. De aquí las mutuas prevenciones, los recelos, el que se fuera mermando el prestigio del capitán general, falto del perfecto conocimiento de los asuntos de la isla y poco práctico en el arte de gobernar; el que al mes de ser recibido con tan entusiastas ovaciones viera que se le dirigían escritos como la Carta Manifiesto al general Caballero de Rodas, dándole consejos que eran cargos, sobre las cualidades que debían tenerlos jefes en operaciones militares, «porque algunos en vez de tomar los caminos que directamente conducían al escarmiento del enemigo, solían preferir los opuestos, facilitándole de ese modo la fuga»; que había cansancio de ver expedir salvoconductos a los que los utilizaban en beneficio de los enemigos; incitábase al general a mostrarse implacable con los delincuentes y hacer sentir todo el peso del castigo a todo el que faltase a su deber, porque las contemplaciones y miramientos por afección particular o recomendaciones de amigos no podrían producir los resultados que había derecho a esperar de las autoridades.

Este y otros impresos llamaron la atención de Caballero de Rodas, que animado de las mejores intenciones y decidido a restablecer el principio de autoridad, le ofendía el sistema empleado por los autores de las hojas clandestinas; pero como no ignoraba que los rumores de la opinión suelen obedecer a poderosas causas, quiso averiguar cuál fuera, además de las conocidas, la de la inquietud que se sentía, el motivo de los recelos y de las desconfianzas, tomando todo por momentos el carácter más alarmante, y pronto lo supo. Producían aquel malestar ciertas negociaciones diplomáticas que acababan de establecerse con la mayor reserva entre Prim y el ministro de negocios extranjeros de los Estados Unidos.

Tiempo hacía que los separatistas cubanos trabajaban en Washington para que se reconociera la beligerancia de los que sostenían la guerra, negándose a ello aquel gobierno y a admitir oficialmente a ningún representante de aquellos; pero sostenía don Domingo Ruiz antiguas y muy amistosas relaciones con el ministro Mr, Fish, y perdida la esperanza de obtener el reconocimiento, se consagró a demostrar que las relaciones comerciales con Cuba libre habían de ser mucho más provechosas para los Estados Unidos que las que mantenía con Cuba española. Tanto trabajó en este sentido que Fish convocó en su propia casa una reunión privada de los miembros del gabinete de Washington, a quienes Ruiz presentó la cuestión, y a su virtud, Fish envió a Mr. Sickles, representante de los Estados Unidos en Madrid, un despacho en el que encargaba ofreciese al gabinete español los buenos oficios de aquellos Estados para poner término a la guerra civil que devastaba a la isla de Cuba, con arreglo a las siguientes bases:—«1.º Reconocimiento de la independencia de Cuba por España.—2.º Cuba pagará a España en los plazos y forma que entre ellas se estipularán, una suma en equivalencia del abandono completo y definitivo por España de todos sus derechos en aquella isla, inclusas las propiedades públicas de todas clases. Si Cuba no pudiese pagar toda la suma de una vez en metálico, los pagos futuros por plazos serán asegurados convenientemente con la garantía de los derechos de Aduana por importaciones y exportaciones, mediante un convenio que se hará para su recaudación, en el cual se asegurarán, no solo la suma principal, sino también los intereses de esos plazos hasta su pago total.—3.º La abolición de la esclavitud en la isla de Cuba.—4.º Un armisticio durante las negociaciones que han de seguirse para estos arreglos».

Muy contrariado el jefe del gabinete español con la actitud de los separatistas cubanos, después de lo que había hecho por las provincias de Ultramar, siendo vehementes sus deseos de hacerles partícipes de todos los derechos y de todas las ventajas que la madre patria había conquistado, y si no había hecho ya todas las concesiones que el estado social de la isla reclamaba a su juicio, consistía únicamente en que sus hijos se habían lanzado a la pelea al grito de muera España, entibiando así las simpatías de esta nación hacia aquellos naturales, y obligando al gobierno a suspender toda concesión mientras la rebelión armada no cesase, expuso al ministro de los Estados Unidos estas consideraciones, añadiendo que el ministerio español persistía en la idea de proponer a las Cortes se otorgasen a la isla de Cuba los mismos derechos que por la Constitución de la monarquía tenían todos los ciudadanos de la Península; pero conocedor de las circunstancias en que la madre patria se encontraba, apreciador de los rasgos característicos del pueblo español y admirador de su noble altivez, que en medio de su desgracia le permitía esmaltar su historia con brillantísimos hechos, no podía aceptar ninguna idea que por lisonjera que pareciese, pudiera contribuir en último extremo a un resultado contrario al objeto que se proponía, y que abrigaba la firme convicción de que no había poder humano que alcanzase concesión alguna del pueblo español mientras la rebelión existiese. «Podrá España perder su rica Antilla si la suerte de las armas no le fuese favorable, pero se creería honrada en su desgracia, y esta creencia forma en ella una segunda religión que juzga superior a cualquiera otra ventaja material. En este concepto, a todo propósito ulterior sobre la isla de Cuba, es necesario e indispensable que preceda: 1.º Que los insurrectos depongan las armas que esgrimen contra la metrópoli.—2.º Después de la completa sumisión de los insurrectos el gobierno español concederá una amnistía amplia y general. Enteramente pacificada la isla se procederá a la elección de los diputados a Cortes en Cuba, sin cuyo concurso no puede legislarse sobre aquella provincia con arreglo a la Constitución del Estado. Luego que los diputados cubanos, libremente elegidos, se encuentren en España, el gobierno español no tendría inconveniente en presentar a las Cortes un proyecto de ley concediendo a la isla de Cuba las más amplias libertades, llegando, si necesario fuera, a una autonomía bajo el protectorado de España. El procedimiento que para ello habría de seguirse y las compensaciones que España reclamaría serían distintas, según el límite que se pusiera a sus concesiones. Para llegar a la emancipación juzgaría el gobierno indispensable:—1.º Que así se acordase por los habitantes libres de la isla por medio de un plebiscito.—2.º Que se obligase la isla emancipada a garantir la seguridad individual y las propiedades y derechos de los españoles avecindados o residentes en Cuba.—3.º Que por cierto número de años, por ejemplo, se concediesen ventajas al comercio español, quedando este, luego de terminado aquel plazo, en las condiciones de la nación más favorecida.—4.º Que se indemnizaría a España del valor de todas las propiedades inmuebles, fortalezas, establecimientos militares o civiles, caminos, puentes, faros y demás obras públicas; en una palabra, de todos los bienes inmuebles que la nación posee en la isla.—5.º Que esta tomaría a su cargo una parte de la deuda pública de España. Para deslindar bien la carga que la isla de Cuba aceptaría por este concepto, se computarían los valores en 250 millones de pesos en metálico, y España no recibiría nada de su importe, sino que se limitaría a que la isla pagase los intereses de la parte de deuda española que al tipo corriente en una fecha convenida fuese el equivalente de la indicada suma en metálico.—6.º El cumplimiento de este contrato exigiría forzosamente la intervención de una potencia que le garantizase, y en este concepto España aceptaría gustosa la de los Estados-Unidos de América. Esta garantía, en cuanto al pago de la suma convenida, consistiría en que los acreedores de España a quienes cupiese la suerte por sorteo, tendrían derecho a canjear sus títulos por otros de la nación garantizadora. Si no lo hiciesen, esta pagaría los intereses por semestres en Madrid o en París, a voluntad del gobierno español.—7.º El tratado que estipulase tales condiciones se habría de someter al poder legislativo de los Estados Unidos así como a las Cortes españolas, sin cuya aprobación ni tendría valor alguno, ni crearía ninguna clase de compromiso».

Estas indicaciones, escritas, al parecer, por el señor Silvela, ministro de Estado, se redujeron a las cuatro proposiciones siguientes: «1.ª Los insurrectos depondrán las armas. 2.ª España concederá simultáneamente una amnistía absoluta y completa. 3.ª El pueblo de Cuba votará por el sufragio universal sobre la cuestión de su independencia. 4.ª Si la mayoría opta por su independencia, España la concederá, previo el consentimiento de las Cortes, Cuba pagará un equivalente satisfactorio, garantizado por los Estados-Unidos.—Así que se concierten los preliminares, se darán salvoconductos para atravesar las líneas españolas a fin de que haya comunicación con los insurrectos».

A virtud de estas proposiciones, Sickles, representante de los Estados Unidos en Madrid, telegrafió al ministro de Estado de su nación Mr. Fish: «El presidente del Consejo de ministros me autoriza para decir a V. que se aceptan los buenos oficios de los Estados Unidos. Indica para conocimiento de V. cuatro proposiciones cardinales, que serían aceptadas si son hechas por los Estados-Unidos como base de una convención, y los detalles se arreglarán en cuanto sea posible».—Consignaba las principales proposiciones que hemos dado a conocer, y terminaba diciendo: «Prim encarga el mayor secreto respecto de esta y otras comunicaciones». Hizo Fish algunas observaciones, en virtud de las cuales celebró Sickles una conferencia con Prim, y la transmitió a Washington, diciendo que, comunicadas al general español las miras de aquel gobierno respecto de las proposiciones 1.ª y 3.ª, respondió Prim a la objeción que le hizo Sickles a la base de cesar los insurrectos en las hostilidades, como preliminar, que no había en ella la intención de imponerla como condición que hubiera de preceder a una inteligencia con los Estados-Unidos; que estaba pronto a acordar las bases de un arreglo que preparara la independencia de Cuba, pero que no podía darse a ese arreglo la sanción de un tratado, ni someter la proposición a las Cortes para que fuera ratificada mientras los insurrectos estuviesen en armas; que no tenía duda de que, cualquiera que fuese el éxito de la lucha, Cuba sería completamente libre; que reconocía sin vacilación el curso manifiesto de los sucesos en el continente americano, y la terminación inevitable de todas las relaciones coloniales en su autonomía, en cuanto estaban preparados para la independencia; pero que nada concedería España hasta que cesasen las hostilidades; que Sickles recordó a Prim que Austria había transferido el Véneto a Francia y consentido su traspaso a Italia antes de la paz; que la independencia de los Estados americanos había sido reconocida durante las hostilidades, y que al entrar en un arreglo con los Estados-Unidos, España no trataría con insurgentes, sino con un poder amigo, quien ofrecía sus buenos oficios a un antiguo aliado; que a estas objeciones contestó Prim que los Estados-Unidos podían estar seguros de la buena fe y favorable disposición de España y de la franqueza y sinceridad del presidente de su gobierno para tratar con el de Washington, sobre la base de la independencia de Cuba, en el momento en que pudiera hacerse de acuerdo con la dignidad y el honor de España; que la insurrección podía ser formidable, pero aún no tenía las proporciones de ninguno de esos conflictos en que los gobiernos se veían obligados a tratar durante las hostilidades; que los cubanos insurrectos no poseían ciudades, ni fortalezas, ni buques, ni ejército que pudiera ofrecer ni aceptar batalla; y ahora, antes de que llegara la estación para las operaciones activas, en que España reuniría los refuerzos que tenía juntos, los cubanos debían aceptar la seguridad de los Estados Unidos, dada sobre la fe de España, de que podían tener su independencia deponiendo las armas, eligiendo sus diputados y declarando sus deseos de ser libres por el voto del pueblo. Al transmitir Sickles este despacho a su gobierno, no ocultaba su satisfacción por lo bien dispuesto que se manifestaba Prim a un arreglo con los Estados-Unidos respecto de Cuba, sin que fuera «la independencia de la isla de Cuba un obstáculo serio para la negociación».

Era el principal objeto del general Prim la terminación de la guerra, porque conseguida la paz y acudiendo a las Cortes los diputados cubanos, como todas sus proposiciones estaban basadas en la aprobación de la cámara española, nada haría esta incompatible con el honor y la conveniencia de España. Sickles remitía telegramas a virtud de los informes e impresiones que recibía, diciendo que «en general encontraba menos susceptibilidad a la idea de una transferencia de la isla a los Estados Unidos, que a la de concederle su independencia». Mr. Fish consideraba las proposiciones de España incompatibles con cualquiera negociación practicable, porque decía «que los representantes del gobierno insurrecto son partes necesarias a una negociación. Las comunicaciones libres a través de las líneas españolas son de una inmediata necesidad. Los Estados Unidos no pueden pedir a los insurgentes que depongan las armas, a menos que los voluntarios no se desarmen también simultáneamente y se desbanden de buena fe. Esto, si es practicable, requerirá tiempo». Para contener los terribles efectos de la guerra y el buen éxito de cualquiera negociación, proponía un armisticio inmediato, que permitiría arreglar los términos de las compensaciones bajo la mediación de los Estados Unidos; así, pues, el gobierno de esta república concretó sus deseos de mediación proponiendo: «1.º Armisticio inmediato. 2.º Cuba recompensará a España por las propiedades públicas tomadas; los Estados Unidos no garantizan a menos que el Congreso apruebe; la destrucción diaria disminuye rápidamente el valor de las propiedades, por cuya compra se ofrece dinero. 3.º Las personas y propiedades de los españoles que permanezcan en Cuba serán protegidas, pero pueden optar por salir. Para prevenir dificultades, así como para detener el derramamiento de sangre y la devastación, debe haber una pronta decisión. Estas ofertas serón retiradas si no se aceptan antes del 1.º de octubre. Diga que la anarquía prevalece en gran parte de la isla. Se cometen asesinatos de ciudadanos americanos por los voluntarios. Las autoridades españolas intentan confiscarlas propiedades de americanos».

Celebrábanse, en tanto, algunas conferencias más o menos importantes, en las que se evidenciaba que sin la actitud de los separatistas cubanos, hubiera disfrutado inmediatamente aquella Antilla de las mismas libertades que la madre patria. Así escribía Sickles: «Los liberales españoles que tramaron y pusieron en práctica los movimientos revolucionarios, que han dado a la nación su nueva vida política, pensaron, aprovechando la primera oportunidad, otorgar a Cuba un gobierno propio; pero esta fatal insurrección estalló precisamente en los mismos momentos en que iba siendo posible conceder a Cuba los derechos que deseaba. El grito de ¡mueran los españoles! resonó en España, y desde entonces, en presencia de la guerra civil, se ha hecho imposible establecer el plan benéfico que se había concebido. El partido liberal de España se ve obligado, muy a pesar suyo, a simpatizar con el partido reaccionario de Cuba; y los liberales de Cuba, que debieron ser sus más fieles amigos, se han convertido, por la fatalidad de la situación, en sus más acerbos enemigos. No hay sentimiento más caro para los corazones de los jefes liberales que el de la libertad general; poro sin embargo, en lo que atañe a la lucha cubana, se presentan ante el mundo entero como opuestos al gobierno propio y resistiéndose a la abolición de la esclavitud; este partido considera la insurrección como el error y el infortunio más deplorables, tanto para Cuba como para España».

Escribió también Sickles sobre la actitud de algunos ministros y personajes españoles, presentándolos, en lo general, opuestos a desprenderse de Cuba, aun cuando no todos fueran muy partidarios de conservarla supeditada a ciertos elementos preponderantes, de los que no se mostraban sobrado satisfechos; y cuando parecían estar más empeñados estos tratos y menudeaban las reclamaciones, reclamaron las cámaras de los Estados Unidos cuanto constituía el expediente sobre Cuba, e impreso de oficio[18], llegó a conocimiento de la prensa, se esparció rápidamente la alarma entre los que en la isla tenían interés o conservaban amor a las Antillas españolas, y fue unánime el grito en contra de todo lo que pudiera aparecer como venta; a cuyo grito se asoció la prensa europea, con muy contadas y extrañas excepciones. Solo algunos de los mismos separatistas rechazaron la mediación de los Estados Unidos, lo mismo que rechazaban el derecho de España para entrar en negociaciones de venta. Aun teniéndose por desechadas las proposiciones, que según el periódico de aquellos Estados, La República, solo se dirigían a tomar en hipoteca la isla, continuó la discusión en los periódicos, considerando algunos hasta perjudicial y gravoso para los Estados Unidos un asunto que el tiempo resolvería de suyo.

En la Península y en Cuba se dio el grito de alarma[19]. De aquí el malestar que en un principio llamó tanto la atención de Caballero de Rodas, y al saber lo que se trataba con los Estados Unidos, «se abandonó confiado a las corrientes españolas, impidiendo así, y con gran oportunidad, que se condensaran y formasen tempestades, las amenazadoras nubes que aparecían en el horizonte».

Levantado el espíritu público y enardecidos los ánimos de los peninsulares, el ayuntamiento de la Habana elevó al capitán general, en son de protesta, para que lo comunicase al gobierno supremo, el acuerdo unánime de la municipalidad, ofreciéndose a cuanto fuese necesario para sostener a todo trance la dignidad de la nación. Siguieron a esta manifestación la de los demás ayuntamientos de la isla, y todos los españoles se consideraron obligados a protestar públicamente, ofreciendo perecer antes que consentir la humillación de ajeno dominio, revelando en los escritos que dieron a luz, los más elevados y patrióticos sentimientos. Llevando estos a la exageración, hasta se trató en serio por algunos peninsulares de los más sensatos, de enviar nuestras fragatas blindadas, como propuso la Voz de Cuba, a las costas de los listados Unidos para bombardear sus puertos más importantes, en venganza de los despreciativos artículos de los periódicos yankees. A estas causas de general perturbación, se añadió la subida del cambio del oro, haciendo quebrar a algunas casas de comercio con la ruina de numerosas familias; no contribuyendo poco al malestar la publicación de ciertos documentos que informaban la complicidad de algunos republicanos de la Península con los insurrectos de Cuba.

Los que les ayudaban en los Estados-Unidos preparaban expediciones filibusteras, debiéndose al presidente de aquella república la disolución de unos 400 acuartelados en Gardned Island: dispuso además que la marina de guerra de la Unión persiguiera hasta las aguas de Cuba cualquiera expedición que contraviniendo a las leyes pudiera auxiliar a los insurrectos: más de un centenar de filibusteros que llegaron a Nueva-York fueron presos, logrando evadirse el coronel Ryan, y a la misma prisión que los anteriores se condujo a 50 capturados en New-Jersey, Esta solicitud en favor de España contrastó con el embargo de 30 cañoneras que en los puertos de la república se habían construido, y estaban pagadas, pretextándose que eran para ir contra el Perú. Con razón se calificó este proceder de vergonzoso para los Estados-Unidos, que de tal manera violaban deberes que tanto pregonaban. Para desembargarlas, lo cual se consiguió a fin de aquel año de 1869, hubo que tratar con el ministro del Perú en los Estados-Unidos.

Después del desastre que experimentó el batallón de la Unión en el departamento central, y de algunos otros pequeños descalabros sufridos por las tropas españolas, evitándose algunos como el que hubiera producido la cortadura de un puente en el ferrocarril de Nuevitas, a no preverse a tiempo, las operaciones militares iban produciendo excelentes resultados, sin que fuera bastante a neutralizarlos la sorpresa que intentaron los insurrectos penetrando algunos en Puerto-Príncipe, sin otra ventaja que la satisfacción de recorrer algunas calles vitoreando a Cuba libre, para tener que retirarse perseguidos y escarmentados. Esto les exacerbaba, aunque publicaban partes de haber obtenido mentidos triunfos, y mostraban su saña sacando el corazón a los cadáveres de algunos soldados españoles, envenenando aguas y proyectando envenenar el pan.

Balmaseda había conseguido a fines de julio la completa pacificación de las jurisdicciones de Bayamo, Jiguaní y Manzanillo, por lo que dio las gracias a sus soldados que tanta constancia y bravura supieron mostrar. Esto aumentó el prestigio de que el conde gozaba a costa del de Caballero de Rodas, quien se propuso obrar con decisión. Necesitaba para ello recursos, y decretó un anticipo sin interés y reembolsable en dos años, de 12 millones de escudos; autorizando además para elevar a 28 millones de escudos la emisión de billetes en circulación del Banco español de la Habana, Para la amortización del anticipo se contaba con el de guerra que había producido en cuatro meses dos millones y medio de escudos y se calculaba en seis su ingreso anual; pero tan lisonjeros cálculos salieron fallidos, y aquellas determinaciones no satisfacieron a los españoles que veían tan de cerca el quebranto de sus intereses y tan lejano el término de la guerra.

Un brillante hecho de armas se verificó por entonces. Deseando apoderarse los insurrectos de Las Tunas para demostrar su poderío, asentando en aquella población el gobierno de su república sirviendo a la vez de centro y base de operaciones, alentóles Céspedes con una belicosa alocución, y juntos todos, y en considerable número, sobre 5,000 hombres, aprovecharon el momento en que parte de la guarnición, unos 200 hombres, había salido a forrajear y adquirir provisiones, para arremeter impetuosos a la plaza. Guiaba Quesada a los acometedores, e iban con ellos los principales caudillos. Invadieron las calles; al bullicio de la invasión, era de noche, el resto de la guarnición, casi compuesta de soldados convalecientes y enfermos de que estaba lleno el hospital, pues existía el cólera morbo, y algunos del vecindario extenuado la mayor parte por falta de alimentos, dejaron el lecho para lanzarse a la defensa de las calles y casas, sin que les arredrara el número de los enemigos ni los estragos de su artillería; les contuvieron hasta que al ruido del combate acudieron los que habían salido a forrajear; envolvieron por retaguardia las masas rebeldes; prolongóse la lucha más de nueve horas, en medio del incendio, saqueo y diluvio de balas disparadas por armas de precisión y artillería; presenciáronse actos de verdadero heroísmo[20], y aquellos numerosos invasores cedieron a la bien dirigida bizarría de apenas 600 hombres, que les obligaron a abandonar la población dejando en ella buen número de muertos. Confiando en la posesión de Las Tunas, acompañaba a los separatistas una colonia de mujeres vestidas de amazonas.

Las Cortes declararon beneméritos de la patria a los valientes defensores de Las Tunas, y los peninsulares vieron una vez más lo indispensable que era el aumento de las fuerzas españolas para terminar con la insurrección, casi concluida en el departamento oriental que, fuera de las partidas que vagaban por las escabrosidades de los montes, y que no eran muy considerables, las siete jurisdicciones que componen este departamento estaban casi pacificadas, demostrando la existencia de los separatistas los incendios y atropellos que cometían: hicieron una tentativa infructuosa para invadir la jurisdicción de Guantánamo; el corto destacamento de Baire rechazó bizarro la brusca acometida de los insurrectos, y muchos naturales del país se unían ya a las columnas y a los destacamentos para defender sus propiedades. En el departamento central, aunque a él se habían pasado algunos jefes insurrectos del oriental, apenas se hacía más que conducir convoyes a Las Tunas, cuidar el ferrocarril de Nuevitas y efectuar algunas salidas de escaso resultado; porque diseminados los insurrectos después de la derrota de Las Tunas, atendían más a sostenerse y esperar, que a obrar con eficacia. En el departamento occidental seguían los incendios y saqueos, particularmente en las Cinco Villas. Desalojados los insurrectos de la Siguanea, se concentraron en el Narciso, desde donde emprendían vandálicas algaradas, corriéndose a la jurisdicción de Colón y Cárdenas para impedir la zafra. Si en Colón y Jagüey Grande fueron castigados, se indemnizaron en Sancti-Spíritus, cayendo en gran número sobre la pequeña columna que guiaba el coronel Portal, mortalmente herido a los primeros disparos y fusilado después por los insurrectos que se ensañaron además de una manera tan feroz como inmoral en el cadáver de aquel desgraciado. También obtuvieron otro triunfo sobre los voluntarios de Puerto-Príncipe al efectuar estos una salida en la que pecaron más de confiados que de prudentes.

Para que se atendiera debidamente a la guerra, se acordó en la Habana enviar una comisión al gobierno exponiendo en toda su verdad el triste estado de la isla y la urgente necesidad como principal remedio de enviar 24,000 hombres, o en caso contrario autorización para abrir bandera de enganche por cuenta de los que gestionaban; convínose con el gobierno el envío de los 24,000 hombres, siendo de cargo de los propietarios y comerciantes de la Habana el pago de fletes; empezaron a enviarse algunas fuerzas[21] y se suspendió la marcha de las demás por la insurrección republicana en la Península, acusada de estar en contacto con la separatista de Cuba.

Al regresar Caballero de Rodas a la Habana de una corta excursión a Matanzas, hallóse que, cuestiones entre algunos voluntarios, como la habida con el capitán Martiantu, la manifestación separatista con motivo de la celebración de un bautizo, por lo que hubo necesidad de enviar a las Recogidas a algunas mujeres y los hombres a la cárcel, y otros hechos que demostraban la excitación de los ánimos, pues se llegaba hasta el punto de efectuarse luchas femeniles por cuestiones políticas, como sucedió en los baños de Romaguera, le ponían en la precisión de obrar con más vigor de lo que lo había hecho hasta entonces. Tomó algunas medidas de policía en perjuicio de los insurrectos y laborantes, mas no fueron todo lo eficaces que debieron ser, y no ciertamente por culpa del general.

Elevado entonces al ministerio de Ultramar don Manuel Becerra, ganoso de fama y apasionado por los principios democráticos que profesaba, declaró la libertad religiosa en las Antillas españolas; abolió la anticuada información de limpieza de sangre para aspirar a ciertos cargos y ejercer determinadas profesiones; decretó el establecimiento de una casa de moneda en la Habana; restableció las contribuciones suprimidas en 1867; dictó órdenes sobre aduanas, aranceles, presupuestos, contabilidad administrativa, aplicación de la ley de enjuiciamiento civil y parte del Código relativa a sociedades anónimas, y sobre otros asuntos; presentó además a las Cortes proyectos de ley para declarar de cabotaje la navegación entre las provincias ultramarinas y la Península, para suprimir el derecho diferencial de bandera, explotar cables telegráficos submarinos, plantear los presupuestos en nuestras colonias, para la organización municipal y provincial, orden público, etc., y tenía preparado, cuando salió del ministerio, un proyecto de ley declarando libres los hijos de esclavos nacidos en Cuba desde el 29 de setiembre de 1868 y a los esclavos que sirvieran como soldados en el ejército español, otros aboliendo la esclavitud en Puerto-Rico, suprimiendo la sala de Indias en el Tribunal de Cuentas del reino, sobre el matrimonio civil, y algunos asuntos más, importantes todos.

Temido en la isla el resultado de tales y tantas innovaciones, y muy especialmente las sociales y políticas proyectadas para Puerto-Rico, se dirigieron muy comedidos escritos al gobierno manifestando el peligro de aquellas reformas mientras no terminase la guerra; pero a la vez, incitaban al ministro a que siguiera adelante, los diputados puertorriqueños, que tan afectuosamente fueron acogidos por la Cámara, cambiándose entre ellos y el gobierno frases altamente patrióticas y lisonjeras. No en todos, sin embargo, había el mismo criterio: en las primeras reuniones para tratar de las reformas que se proyectaban, hubo grandes divergencias; pues a la vez que unos las creían de apremiante necesidad, otros las consideraban prematuras, si no inconvenientes; no querían se prescindiera del concurso de sus hermanos, de la Habana, y sobre todo, que no se llevara ninguna reforma sin examinarla antes en las Cortes.

Ya fuera por salir Caballero de Rodas de la inacción a que se veía sujeto en la Habana o por librarse de los disgustos que empezó a producirle la falta de buena inteligencia entre los individuos del casino con los del comité, siendo los mismos los intereses de unos y de otros, marchó al departamento de las Cinco Villas, donde si no existían grandes masas insurrectas, consternaban los merodeadores e incendiarios: recibió obsequios y devolvió confianza; regresó satisfecho del patriotismo y buen espíritu de los habitantes de los distritos de Villaclara, Trinidad, Sancti-Spíritus y los de las Cinco Villas que recorrió, consignándolo públicamente; pero si pudieron estar agradecidos a la visita del general los presos por delitos comunes en las cárceles de las Villas, cuyas condenas rebajó, adquiriendo así muchos la libertad, no debieron quedar muy contentos de ello los habitantes de aquellas jurisdicciones, porque les dejó con la misma inseguridad y abatimiento, necesitándose fuera el general Carbó a operar en aquellos distritos.

La guerra de Cuba se consideraba como terminada, y estaba muy lejos de serlo. Es verdad que habían sido batidos los insurrectos en Ñipe, en Sevilla, en Sidonia, en el cafetal Petisier, en Canto-Abajo y Palma Soriano, en cuantos puntos les hallaron nuestras tropas, tomándoles sus campamentos, teniendo en algunos, como en los de Sevilla y Sidonia, sobre mil hombres, posiciones atrincheradas, y en trayectos de cinco leguas: no había progresado la rebelión, pero no cesaban los incendios y devastaciones; sufrían los insurrectos derrotas como la de Sancti-Spíritus, mas no se les exterminaba; se habían presentado a indulto algunos jefes y muerto otros, pero eran reemplazados. Lo mismo que en el departamento oriental, sucedía poco más o menos en el central. Después de la derrota de Las Tunas, que la presentaron como un triunfo los vencidos, podían circular convoyes custodiados solo por 500 o 600 hombres, pues aunque eran hostilizados, seguían su marcha y llegaban a su destino; pero los que los hostilizaban continuaban siendo enemigos y trabajando para serlo poderosos. Limpia la Ciénaga de Zapata de los allí refugiados después de la fracasada insurrección de Jagüey Grande, y pacificado aquel territorio con la ayuda de los voluntarios de Matanzas, Cárdenas, Colón y otros puntos, se esperaba la completa y pronta pacificación, y no se lograba esta sin embargo.

Ayudaban admirablemente a los insurrectos sus correligionarios desde los Estados-Unidos, donde Aldama reorganizó la junta cubana[22], la cual, tratando de adormecer la confianza de los leales de Cuba y facilitar la ejecución de sus planes, dio una proclama aconsejando deponer las armas para volver a recuperar por el trabajo al lado de sus familias las pérdidas que habían sufrido, y la firmaban los que componían la junta. No cayó en el lazo Caballero de Rodas, que sabía además se preparaba un conflicto en la Habana para la próxima Nochebuena; se propuso no cejar en su política de rigor, y a los que le arguyesen con los sentimientos pacíficos de aquel escrito podía contestarles con el belicoso de los separatistas que circuló al día siguiente llamando a las armas a todos los partidarios de la independencia de Cuba. Autorizó al gobernador político para poner en práctica la política represiva contra los considerados como desafectos, y manejóse bien para que con el mayor secreto se prendiera en la noche del 22 al 23 de diciembre a más de cuarenta personas y se las embarcara en el vapor extraordinario que con rumbo a la Península saldría el 24, exceptuándose dos o tres individuos que tuvieron influencia bastante para quedar en la cárcel, protestando alguno su españolismo.

Tales medidas de rigor contentaron a los que tenían la firme convicción de que todo medio conciliatorio y suave producía funestos resultados, y como la energía, en el superior, cuando es necesaria, sirve de estímulo al subordinado, alentó a los demás: la marina, aun cuando no necesitara entonces tal estímulo, estaba obrando con laudable actividad, impidiendo desembarcos de refuerzos, armas y efectos que se enviaban a los insurrectos, y estos llegaron a verse en verdadero apuro al finalizar el año de 1869. El mismo Quesada escribía a la junta central de Nueva-York «que la falta de auxilios y la frialdad de la prensa americana tenía apocados los ánimos de algunos y entristecidos e indignados los más; obligándole a él a tomar la resolución de salir de la isla para procurarse los medios de mejorar aquel estado».

Las fuerzas insurrectas, que constituían el ejército libertador, se componían entonces de un general en jefe, 3 lugartenientes generales, 9 mayores generales, 214 coroneles, tenientes y comandantes, 2,466 oficiales, y 29,000 soldados; habiendo además sus cuerpos de sanidad y administración militar, presentado todo en un informe de Quesada con más ingenio que exactitud.

No habían conseguido los insurrectos llevar la guerra a la Vuelta-abajo, y para evitarla, se guarneció con voluntarios de la Habana, que llevados de un exagerado celo patriótico y de justicia, a los presuntos autores de los asesinatos, que prendieron, les formaron consejo de guerra y fusilaron a 10: también los voluntarios de Matanzas que salieron a campaña, fusilaron a don Tollo Lamar y Valero, previo un consejo verbal, por guardar armas y efectos de los insurrectos; y como son contagiosos tan malos ejemplos, se efectuaron en la Habana precipitadas ejecuciones exigidas por la pasión más que por la justicia. Esto satisfacía a los que tanto deseaban imperase el rigor, en su convicción de la inutilidad de todo otro medio para acabar la guerra.

CAPÍTULO VIII

Filipinas.—Mandos de Lemery y de Echagüe.—Mindanao.—Joló.—Mandos de los generales Soler, Lara, Sanz, Gándara y Latorre.

No menos importante que el de Cuba el mando superior de Filipinas, acierto hubo en conferirle al general don José Lemery, que se dedicó a extirpar vicios y abusos, introducir mejoras, contribuyendo a que dejara de ser proyecto el código de procedimiento penal, formulado por el oidor Aguirre Miramón; que los ricos productos de aquellas islas figuraran en los exposiciones; que lo que se gastaba en fiestas para recibir a los capitanes generales se aplicase a obras de utilidad pública, tan escasas en Manila y extramuros; creó el gobierno político-militar en las importantes islas Visayas, denominándose provincia a este grupo y distritos, para armonizarle con las de Luzón y adyacentes; se instaló igual autoridad en Mindanao, se promovió el reconocimiento de la no bien conocida isla de la Paragua, y apenas hubo asunto de importancia ni ramo de riqueza pública a que no atendiera.

A virtud de las operaciones efectuadas por el comandante general de Mindanao, se tomó posesión de Cotabato, capital y asiento del gobierno de Mindanao; se obtuvieron excelentes resultados en los encuentros con embarcaciones piratas; y por infringir el sultán de Joló los tratados y negarse a satisfacer las justas reclamaciones promovidas por sus faltas, se suspendió el abono del sueldo que a él y a los dattos se les había señalado. Suplicó el sultán contra el castigo alegando los servicios que había prestado, y que no tenía fuerzas para contener los instintos rebeldes de algunos de sus súbditos; y Lemery, que había optado por darle una parte del sueldo, quedando el resto en garantía, se le volvió a dar íntegro, porque el cónsul inglés había hecho al general confidencialmente algunas observaciones referentes a la legitimidad de los derechos adquiridos por la nación española sobre el dominio de Joló, «y teniendo presente por una parte, decía el general al gobierno, que el sultán puede prestar interesantes servicios favorables a nuestra dominación, llegado el caso de realizarla cuando para ello contemos con los necesarios elementos; y de otra, que una de las razones que sirvieron de base al gobierno de S. M. para satisfacer ciertas reclamaciones promovidas por el representante de una potencia extranjera acerca de pretensiones análogas a las indicadas por el precitado cónsul, fueron los sueldos asignados a dicho sultán y dattos, en calidad de funcionarios públicos, como súbditos leales, que reconocen la soberanía de S. M. la reina (q. D. g.), he dispuesto que a partir de principios del presente año se les vuelvan a acreditar sus sueldos, haciéndole entender que de su conducta sucesiva dependerán las consideraciones que se le dispensen, de conformidad con lo estipulado en los tratados»[23].

La isla de Formosa situada al norte de la de Batanes y de las provincias de Ilocos y Cagayán, a la proximidad respectiva de 35 y 62 leguas, ocupa una posición muy importante con respecto al archipiélago filipino en el mar de la China, de cuyo imperio depende, habiendo ondeado antes en ella nuestro pabellón 17 años. Durante tres siglos se habían realizado en aquellos mares indo-chinos diferentes empresas más o menos felices, quedando para España solo el recuerdo de posesiones que no se pudieron conservar, amén de inmensos sacrificios inútiles en sangre y dinero. Ordenó ahora el gobierno la conveniencia de ocupar aquella isla poblada con cerca de dos millones de habitantes, feroces e inhospitalarios; en un terreno insalubre por los pantanos, que producen, además de las enfermedades endémicas, calenturas perniciosas de un breve término fatal, con puerto seguro y derecho no claro, pues si fue ocupada transitoriamente hace más de dos siglos por España, ha sido dominada después por los holandeses, y lo estaba a la sazón por los chinos. El promover entonces esta reconquista era un absurdo; pues sobre ser cuestionable la utilidad que pudiera sacarse de ella, habría suscitado complicaciones con Inglaterra y Francia, que tienen en aquellos mares respetables intereses políticos y mercantiles; no se podría competir comercialmente con los puertos de Hong-Kong, Singapore y Saigón, nos hallábamos en peor actitud material que en la cuestión de Cochinchina, y sobre todo se carecía de medios aun para las atenciones más perentorias en el interior del archipiélago, donde había admirables y extensas islas y comarcas no reducidas en el corazón de Filipinas, a las que debían dirigirse los esfuerzos para completar la reducción, y pendiente entonces, como lo está en el día la cuestión con Joló. Con justa razón consideró Lemery irrealizable el pensamiento, que no se llevó a cabo.

Más atención merecían los derechos de España sobre las islas de Borneo y de Labuán, y a la colonia de Sarawak, fundada por el súbdito inglés Mr. James Brooke al norte de la isla de Borneo; pero nada pudo hacerse por la ausencia de nuestro cónsul en Singapore, reemplazándolo el vicecónsul inglés, al que era expuesto revelar lo que se deseaba saber.

Fuera por fanatismo religioso o por interés político, siempre era un peligro la reunión de tantos miles de almas que seguían a una mujer de Leyte, llamada la Santa, y se conjuró; obtuvo nuestra marina de Camianes señalados triunfos contra los piratas musulmanes que recorrían la costa; se efectuaron en febrero de 1862 algunas operaciones militares en la vega de Mindanao contra los moros que intentaban de nuevo fortificarse para rechazar nuestras fuerzas, y fue tan excelente el comportamiento de las tropas, y tan bien ayudaron los padres misioneros, que además de obtener sumisiones de valer, adelantando en la obra civilizadora emprendida en Mindanao, consiguieron que los llamados manobos, naturales aborígenes de aquella isla, semisalvajes, pero de carácter dócil, vejados y perseguidos por los moros, bajaran de sus guaridas a convencerse de que a los españoles debían su libertad, su seguridad y el alejamiento de sus tiranos.

El general don Rafael Echagüe que reemplazó a Lemery (julio de 1862) siguió la marcha político-administrativa trazada por su antecesor. Efecto de la confianza que los españoles inspiraban, se presentaron en Ilocos, procedentes de varias rancherías, considerable número de tinguianes infieles, deseando abrazar nuestra religión y formar pueblos; se convino con ellos cederles terrenos para el cultivo del tabaco y arroz, dándoles los útiles de labranza y eximiéndoles por cierto número de años de toda contribución; se redujo a muchos infieles de Camarines; en las provincias al norte de Luzón efectuaron nuestras tropas expediciones contra los igorrotes, y en el distrito de Bentoc se ejecutó una en mayo de 1863 y otra en 1864, sufriendo los igorrotes un justo y ejemplar castigo por las tropelías que habían cometido, experimentando también el debido escarmiento varios malhechores que se levantaron en la isla de Negros, no escaseando tampoco en las inmediaciones de Manila.

Al cólera morbo que produjo en aquellas islas más de 124,000 defunciones, sucedió casi inmediatamente el gran terremoto de la noche del 3 de junio —1863— que en pocos instantes redujo a escombros la mayor parte de los edificios de mampostería de Manila, quedando sepultadas entre las ruinas unas 350 personas; y como si no bastara tanta desgracia, al desastroso incendio del barrio de San Nicolás, en febrero de aquel año, sucedieron otros, siendo de los más sensibles el del gran almacén de colecciones, que devoró 86,000 quintales de tabaco, el del pueblo de Taal en Batangas y el de dos cuarteles: la langosta destruyó la agricultura en las provincias del sur de Luzón; en Tayabas hubo una epidemia de viruelas; fuertes temporales de vientos y aguas produjeron siniestros marítimos y males sin cuento; hundióse el monte Urtoe en el territorio de Cabugao, en Ilocos sur, y nuevos terremotos, incendios, baguios, inundaciones y huracanes dejaron imperecederos recuerdos en muchos puntos de aquel archipiélago, que no había conocido iguales desastres, teniendo que remontarse a dos siglos atrás, un día de santa Potenciana, para hallar algo semejante, arruinándose aquel día parte de la ciudad.

A consecuencia de tantas calamidades, se suspendieron cuantas reformas y mejoras se proyectaban; bastante había que hacer con reconstruir lo destruido, para lo que se abrió una suscrición nacional, de cuyos productos dispuso el gobierno.

No podía este menos de considerar que, privadas las Filipinas de algunos derechos políticos, por estar regidas por leyes especiales, debía atenderse con más particular esmero a la satisfacción de las necesidades de aquellos habitantes. Al efecto se dieron a Echagüe instrucciones reservadas, para que procurase demostrar que en aquellas provincias estaba garantido el ejercicio de una prudente y útil libertad; que se administraba, se respetaba la seguridad de las personas y de las propiedades, y se fomentaba la riqueza pública; que se extirpara la administración de pandilla que habían establecido algunos empleados; que desterrara fórmulas introducidas por algunos de sus antecesores, propias solamente del poder real: que bajo ningún concepto se mezclara la acción de la autoridad superior en nada que se refiriese a la administración de justicia; que armonizara con los institutos religiosos que estaban prestando eminentes servicios y prodigando su vida por la religión y la patria; que si naciones extranjeras solicitaran auxilios, concediera los que no pudieran comprometer al gobierno en su política y comercio internacional; que llamando la atención el número considerable de razas que existía sin reducir al cabo de tres siglos, aun cuando hubiera dificultades, se carecía de un sistema constante de ocupación del territorio poblado por los infieles, siendo indispensable que la dominación española llegase a ser una verdad, lo que podría conseguirse efectuándose periódicamente expediciones por los jefes de las provincias, y se combinase por ellos en sus relaciones con las tribus salvajes la energía en los casos en que fuese necesaria, con la prudencia y aun con la dulzura en otras ocasiones, dándose en esta civilizadora empresa a las misiones religiosas la parte que de derecho les correspondía; y se hacían convenientes observaciones sobre todos los ramos de la administración pública.

Las calamidades que acababan de experimentar las islas, hicieron más aflictiva la situación de su Tesoro, Más de 12 millones de pesos importaban los ingresos para el presupuesto de 1863-64: y excedían de 14 los gastos, resultando un déficit de más de dos millones, por lo cual Echagüe propuso el restablecimiento del presupuesto de 1859, de unos 10 millones de pesos, cuya reforma le privaba de 15,000 anuales en el sueldo que gozaba[24].

Es evidente que hay mucho que reformar en Filipinas, en ese inmenso y magnífico archipiélago, en el que puede constituirse un grandioso imperio; pero no se trata de que estas reformas lo sean todas como pueden y deben serlo en la Península, ni que al efectuarlas se olvide el carácter y costumbres de aquellos habitantes y hasta la topografía del país, sino que se lleven las que el estudio detenido de las necesidades aconseje y la conveniencia exija La raza cobriza de los malayos degenerados de Filipinas, nunca será tan activa como la caucásica o mogola; pero tiene algunas cualidades muy excelentes, de las que se puede sacar mucho partido sabiendo conducirles; así que, más que a ciertas reformas, hay que atender a las personas que allí se envían. Vayan ilustradas autoridades y honrados y competentes empleados y serán grandes los progresos que se hagan en la obra de la sumisión que debe ser constante, y en la de la perfecta civilización de aquellas islas.

Opiniones respetables han abogado por la unidad de mando, y el Sr. Escosura que fue de comisario regio a estudiar y proponer las necesidades de aquel país, adquirió el profundo y razonado convencimiento de que una sola autoridad superior no podía desempeñar debidamente los múltiples e importantes cargos que le estaban encomendados en lo militar, en lo político, en lo civil y en lo rentístico, ni podía atesorar la gran suma de conocimientos que tan varias atenciones exige. Otra persona, si no de las elevadas dotes del señor Escosura, no menos competente por su buen criterio, el señor Miramón, dice en una interesante memoria reservada e inédita: «Nada de expediciones militares si no es para causas inexplicables. No necesitamos conquistar territorio, sino conquistar habitantes: las armas los ahuyentan, como ha demostrado la experiencia, y territorio sin habitantes no nos serviría sino para muchos gastos y muchos malos ratos. Hartas provincias tenemos incultas en Filipinas por falta de brazos. La historia y los resultados han juzgado las expediciones llevadas a cabo en años anteriores: pregúntese la que fue la última de Balabac. La fuerza y riqueza de un país no consiste en su extensión, sino en el número de sus habitantes. Casi todas las reformas se han hecho sin el debido conocimiento del país y principiando por el envío de empleados, antes de organizar los empleos mismos o sea los servicios a que habían de dedicarse». ¡Cuántos hechos de esta naturaleza podríamos presentar, no solo que ruborizarían, sino que indignarían a toda conciencia honrada!

Mindanao, Joló, la parte norte y nordeste de Borneo y otras islas tienen verdadera importancia y han sido y son causa de contestaciones diplomáticas por los que ignoran o no quieren conocer el perfecto derecho de España a la posesión y dominio de todo el archipiélago. El ilustrado coronel, jefe de Estado Mayor, D. J. Burriel, recorrió varios de los puntos y establecimientos militares de Mindanao, consignando atinadas observaciones, presentando los croquis, planos y vistas[25], para demostrar gráficamente la gran fertilidad de aquella riquísima cuanto atrasada isla, poblada por una porción de castas infieles indígenas, siendo muy ínfima la parte en que tenemos pueblos cristianos. Para la necesaria superioridad, nada más conveniente como ir ocupando las costas y orillas de los grandes ríos; ensancharse y extenderse; establecer comunicaciones, y estando la capital de Mindanao en un punto céntrico, llevar colonos y plantar colonias militares, para obtener los ricos y variados productos que hacen de aquella isla una de las primeras del archipiélago. Expone la situación de los seis distritos militares de Mindanao, la conveniencia de que las operaciones se limitasen por el pronto a fomentar el Delta del río Grande por las tropas, sus familias y los colonos que se enviasen de las Visayas y otros puntos, hasta que las necesidades obligasen a ensancharse; y da tales razones, que hubiera dispuesto el general suspender las operaciones de avance por el río y ocupar más terrenos, persuadido de que los moros, abandonando sus chozas y tierras, se retirarían al interior, quedando asolados sus cultivos y ocupando terrenos sin provecho, pero como de real orden se le tenía prevenido que las tropas siguieran ocupando el río y avanzando a la laguna de Butuán, no se determinó hasta recibir nuevas órdenes del gobierno.

En 1863 se ejecutó una expedición para cruzar la isla de Mindanao y recorrer la laguna de Butuán; subió por el río 25 leguas, encontrando bastante población mora, que aun cuando no hostilizaba a las tropas tampoco las auxiliaba, alejándose lo que podían, abandonando sus cottas o fuertes y parte de la artillería por faltarles tiempo para retirarla; se recogieron algunas piezas de hierro y bronce, se destruyeron las cottas, y nuestros soldados se establecieron en Martincahuanán, donde quedó la mayoría de sus habitantes. Dirigióse desde allí el gobernador de Mindanao con dos compañías a cruzar por tierra la isla y salir a Davao, y por entre bosques vírgenes, jamás hollados, malas veredas donde las había, y teniendo que llevar a hombros los víveres para ocho días, llegó a Davao, después de atravesar muchas rancherías de infieles que habitaban aquellos montes, y cuyos pobladores no habían visto una cara blanca.

Menos pacíficas fueron las expediciones que se efectuaron contra los igorrotes al norte de Luzón, en el distrito de Bentoc, y gran castigo merecieron los moros de Mindanao, cuya mala fe es incorregible. Cogieron descuidados en el campo a un teniente y un sargento de infantería que estaban con su fuerza talando árboles y cañas, y los asesinaron vilmente. Salió al momento una compañía, hostilizó a los enemigos causándoles algunas bajas, pero no pudo coger a los criminales. Atribuyóse el delito a los moros de la ranchería de Talayán, fue el gobernador del 5.º distrito con una columna de 400 infantes, 2 piezas de artillería y 300 moros fieles, venció la resistencia que en el camino se le opuso, se presentó sobre Talayán, y por razones de prudencia, falta de municiones, de víveres y por dificultades del terreno, se retiró al punto de partida, Tavirán; se congratularon los moros de aquella extraña retirada que era para ellos un triunfo, y aquel gobernador, ya sin prestigio, fue depuesto y enviado a España, preparándose otra expedición para restablecer el perdido ascendiente.

Ofendieron por entonces los moros joloanos establecidos en la Paragua a la tripulación de un cañonero; salió fuerza de la guarnición de Balabac a vengar esta ofensa, mató a varios moros e incendió sus casas. Solo así se les podía tener a raya. Ni el tratado de 1851, ni cuantas palabras daban los joloanos se cumplían, a pesar de los terribles escarmientos que experimentaban. La piratería era y es para ellos una pasión y una necesidad; y aunque se les quitaran sus cañones y armas de fuego, les proveían de unos y otras los ingleses de Labuán y Laudakán. Así se repitieron infinitos actos de piratería, y hubo que disponer expediciones a castigarlos, sufriendo tan tremendos castigos como los que ejecutaron el bravo teniente de navío don Francisco de P. Madrazo, al que los moros llamaban el Caimán verdadero; los oficiales de marina Santa Coloma, Remolina, Mora, Muñoz, Izquierdo, Roca y otros y el jefe de las fuerzas sutiles Malcampo. No era esto suficiente a extirpar la piratería ejercida en embarcaciones mucho más ligeras que las que la perseguían, y merced al patriotismo de los filipinos se adquirieron en Inglaterra algunos cañoneros de vapor y casco de acero con la fuerza de 20 y 30 caballos, cuyos buques sustituyeron dignamente a las falúas, sin que dejaran estas de prestar en ocasiones excelentes servicios. Fueron saqueados e incendiados los pueblos piratas de Ponugáu, Patán y Caneanga por los joloanos auxiliares; en julio de 1862 fue a escarmentar a los piratas de Joló, Tavi-Tavi y Borneo una escuadrilla compuesta del bergantín Scipión, de 12 cañones, la goleta de vapor Santa Filomena, de 2, y el cañonero-vapor Samar, de 1, a las órdenes todos del teniente de navío Roca; conferenció con el sultán de Joló que se mostró conforme con lo dispuesto por el gobierno de la reina su señora, cuya soberanía reconocía, como tenía pactado de antiguo, y mandó extender órdenes a todos los dattos no dedicados al pirateo, a fin de que se uniesen a la expedición española con toda su gente para destruir a los piratas, fuesen o no súbditos suyos; y esta expedición, después de dejar bien escarmentados a los piratas, aprisionar al temido y tristemente célebre datto Amá-Mang, que murió de desesperación a los tres días de preso, no encontrando ya moros que vencer, caseríos que quemar, cosechas que asolar ni embarcaciones que destruir, habiéndolo sido de todo en gran número y rescatádose muchos cautivos, regresó con abundante botín y gloria a Zamboanga. Obtuvo además que se presentaran todos los dattos y jefes de aquellos alrededores a patentizar su adhesión a la reina como dueña y señora[26].

Otra expedición dirigida por el comandante de las fuerzas sutiles de Visayas, el capitán de fragata don Antonio Mora y Cuncunegui, salió contra los moros malayos y exterminó algunos pueblos, cosechas y arboledas.

Mas no era esto lo que allí se necesitaba y se necesita. Acertada fue la misión conferida a Escosura; excelente la Memoria que escribió dando cuenta de aquella; pero se ha aprovechado poco; ha tenido la misma suerte que otras muchas, que gracias si son leídas por los que debieran estudiarlas y plantear lo que tengan de útil y conveniente; y esto tratándose de aquel rico archipiélago de más de 1,400 islas, cuya superficie total se aproxima a 300,000 kilómetros, cuya población excede de cinco y medio millones de almas, hablándose más de treinta idiomas y dialectos; donde se producen los frutos más preciados del mundo, hay bosques de las maderas más exquisitas, arrastran oro sus ríos y se crían perlas en aquellos mares.

Considerado el mar de Mindanao como nuestro Mediterráneo en aquel archipiélago, forzoso y único vehículo de las comunicaciones y comercio interior, ha de ser todo español, so pena de vernos condenados a inseguridad perpetua y de renunciar hasta la esperanza de alcanzar un día el poderío que en aquellas regiones nos corresponde. Así lo demostró Escosura en su erudita Memoria, y la incompatibilidad absoluta que hay entre los cristianos españoles y filipinos y aquellos moros semisalvajes, y por inclinación cuanto por necesidad, piratas de oficio, que, con más o menos interrupciones seguían abasteciendo de esclavos, todos cristianos y filipinos, los mercados de Joló y de Borneo: de aquí la necesidad de perseguirles sin descanso, porque el germen de ese mal existe y existirá mientras haya moros en el Sur o nuestra dominación allí no sea más real y efectiva, como conviene y debe serlo.

Nuestro protectorado en Joló, analizando el tratado de 1851, base del derecho a la sazón vigente en la materia, lejos de reportarnos utilidad, consideraba Escosura que nos comprometía a riesgos y eventualidades probables, por lo que se declaraba contra los sueldos que por el tratado se concedieron, sin compensación de ningún género, al sultán y varios dattos de Joló. Tenidas en cuenta para explicar esa y otras concesiones igualmente inconcebibles, las circunstancias en que se celebró el tratado, halló la clave del misterio en haberse prolongado la campaña más de lo que se esperaba; en la resistencia no muy prevista que se encontró en los moros; en las dificultades materiales que embarazaban los movimientos y abastecimiento del ejército, y sobre todo en que, resumiendo el capitán general todo el gobierno del archipiélago, no le era posible demorar su regreso a Manila mucho tiempo.

Comparando Escosura los sistemas coloniales de Holanda y de Inglaterra con el nuestro, deducía no haber paridad alguna entre aquellos y este, puesto que los extranjeros se proponen generalmente un fin mercantil, y nosotros el de asimilar a España nuestras colonias, civil, política y religiosamente sobre todo: así que, mientras ingleses y neerlandeses pueden mostrarse y se muestran indiferentes en la cuestión religiosa, esta, que es para nosotros la capital, nos obliga a no poder contentarnos con simples factorías, y a procurar a toda costa la posesión completa de nuestros dominios ultramarinos.

Desgraciadamente para España, tanto los gobiernos como las autoridades, casi todos y todas, no solo han sido rémora para el necesario progreso de nuestras posesiones de Ultramar, sino un perjuicio; y si este no le causaron por malicia, lo hicieron por ignorancia. Solo desconociendo completamente la historia de Joló, no tomándose la molestia de pedir antecedentes a nuestros archivos, se podía conceder pensión a los que habían sido tributarios de España[27]; pero aun se ha hecho más: aun, con temeraria imprevisión, se ha dado motivo a que se desconozca nuestro perfecto derecho al dominio completo de aquellos territorios. De esto, que entraña mucha gravedad, nos ocuparemos a su tiempo.

Si se tratara de una isla insignificante, podría disculparse la inercia, el abandono, la ignorancia y la gran culpabilidad de algunos de nuestros gobernantes; pero prescindiendo de su grande extensión, se trata de una población de 57 islas, que son las que forman el grupo de Joló, siendo las principales Joló, Tonquil, Bealún, Bocatuán, Balangüingui, Pangutarán y Pandacán, midiendo la de Joló, que es la mayor, sobre 30 leguas de circunferencia, contando 44 pueblos[28].

La población de casi todas aquellas fértiles y hermosas islas se compone de dos razas; la de los moros que viven generalmente en las riberas del río o en la playa del mar, y la de los manobos o monteses que tienen su morada en el monte[29]. La raza mora está reducida a los principales dattos, que apenas practican nada de la religión y costumbres mahometanas: esta raza disminuye a la vez que aumenta la manoba, que es la verdadera indígena, si bien el aumento no es muy considerable a causa de la poligamia y de las costumbres inherentes a su estado de vida bárbara y salvaje. Aunque divididos en reinos o sultanías, el sultán apenas ejerce autoridad alguna, ni es muy obedecido ni respetado, pues cada datto, según el número de esclavos y armas que tiene, vive independiente, sin más ley que su capricho, enemigo por lo regular de los demás, y buscando siempre la ocasión de atropellar, robar y sujetar al más débil. Odian a los españoles, a pesar de llamarse amigos; así es que, aunque aparezcan sometidos a España, no lo están en realidad. Es verdad que el gobierno no ha dictado ninguna ley ni disposición para unir y civilizar a esta gente bárbara e inculta. Estos moros siguen practicando las tiránicas costumbres de sus antepasados. Valiéndose los dattos de su autoridad se dividen el territorio como bien les parece, exigen el tributo a los manobos, van al monte en tiempo de la cosecha, roban a aquellos infelices cuanto tienen tratándoles con excesivo rigor, y gracias que no se lleven a sus hijos e hijas, como lo hacen otros con los bilanes, etc. Esta tiranía tan vil y repugnante, se sigue ejecutando a la vista de nuestras autoridades, y el mismo datto Amirol, pensionado por el gobierno español con mil pesos anuales, seguía cobrando su tributo a los manobos que continuaban reconociendo a los moros por sus amos y señores, después de los años que nuestro gobierno se dice amo y señor de este país, especialmente desde 1861.

Como viven los moros del trabajo y hacienda ajena, se cuidan poco del cultivo de la tierra: son muy voluptuosos, inmorales y afeminados; el robo es entre ellos común; el juego de todas clases se ha desarrollado de una manera espantosa entre dattos y esclavos chicos y grandes, y de aquí los defectos consiguientes a estos vicios, aumentados con el roce con los chinos, y aun con los mismos españoles, que debieran dar otros ejemplos que los que suelen dar en no pocas ocasiones.

Los manobos de Tamontaca, en Mindanao, la mayor de las islas después de la de Luzón, pues mide más de 350 leguas de circunferencia y se calcula su población en unas 815,000 almas, son indios monteses, debiendo estos, como los que pueblan otras comarcas e islas, proceder de una sola raza, aunque viven separados y usan distintos dialectos. Las noticias más exactas, y debidas al ilustrado don Juan Bautista Vidal, que tan discretos informes escribió de lo que él mismo presenciaba, se refieren a los tirurayes, que viven en una cordillera del brazo sur desde cerca de Bohayán hasta las inmediaciones de Sarangani, a una, dos, cuatro, seis, ocho o más leguas de la ribera del río o de la playa del mar, sometidos a un jefe superior llamado Macalicampo y dos o tres jefes subalternos —Bandarras— que son como cabezas en otros tantos distritos: hay además en cada ranchería uno o dos llamados capitanes. Ninguno de todos estos ejerce grande autoridad sobre los demás, ni rigen entre ellos leyes algunas; solo observan ciertos usos en los casamientos y en el castigo de algún delito. Respetan, como todos los indios, a los mayores, a los ancianos y a los jefes; no es completamente salvaje su modo de vivir: las familias están muy unidas entre sí con el vínculo del amor recíproco entre marido, mujer e hijos. Por lo regular, cuatro o más familias de los parientes más cercanos viven juntas y llegan a reunirse en una ranchería veinte o más familias. Aunque estos indios tienen sus vicios y defectos, creen en Dios y le dirigen sus súplicas; no les repugnan nuestras costumbres, oyen con gusto cuanto se les enseña de nuestra religión; se casan generalmente muy jóvenes y viven bien con una sola mujer; detestan a los moros y sus costumbres, así que no se ve en los tirurayes borrachos, jugadores, ladrones, etc., y «a los españoles nos miran como a sus amigos y libertadores; pero temen que los dejemos, no ven en nosotros una conducta decidida y franca con respecto a los moros, ven que les dejamos como antes con su fuerza y autoridad, que siguen pidiéndoles el tributo, robándoles, etc., y que nosotros en cierta manera les autorizamos para esto; y esta conducta les hace titubear y hasta cierto punto desconfiar de los españoles, y están en expectativa y no se resuelven a bajar y juntarse con nosotros».

Como no conviene a los moros la reducción de estos indios, les hacen creer que los españoles van a dejar el país y los llevarán presos a Manila; que si bajan atropellarán a sus mujeres e hijas, de lo cual hubo algún caso; pero luchando los españoles para infundir la debida confianza, comenzaron al fin a bajar algunas mujeres, fue una familia a establecerse, y a poco, más de 170 personas se constituyeron a media hora de distancia, desmontando y sembrando; asisten los domingos a la misa; acuden algunos casi todos los días a la doctrina; son muchos los bautizados y más los que piden esta gracia, acudiendo aún de largas distancias, y acudirían más si viesen una protección decidida, y si no se hubiese suprimido la asignación de 3,000 pesos destinados para fomentar estas reducciones. ¡Vergonzoso es consignar hechos de esta naturaleza que tan mal informan de nuestra administración pública! Y esto sucedía en 1864. ¿Qué conocimientos tendrían de aquellas islas los que tal disponían? ¿Qué responsabilidad tan inmensa han contraído algunos ministros y gobiernos ante la patria? Si esta no la hace efectiva, consigne el hecho la historia para que no lo olvide la conciencia pública.

De los múltiples productos de aquellas fértiles tierras, parece ser el tabaco el más atendido, y no se saca de él el partido que pudiera y debiera sacarse[30]; e informándose que ningún resultado daban las colecciones de Visayas y Mindanao, se abolieron, modificando en estas provincias la forma del estanco.

Ocúrresenos que el tabaco que remesan las Filipinas para las fábricas de la Península, y que tiene un valor muy considerable, viene a ser como el sobrante que de antiguo enviaban a la Metrópoli las cajas de las Antillas, y parécenos que, no es muy político, ni se ajusta mucho a los preceptos de equidad, que el gobierno acepte tales cantidades cuando se hallan en déficit los presupuestos del Archipiélago. De estas anomalías, que acusan un gran desbarajuste administrativo, podríamos formar bastantes procesos.

Al general Echagüe reemplazó don Juan de Lara e Irigoyen, y en el interregno de uno y otro, cerca de un mes, de 29 de marzo a 25 de abril, ejerció el mando superior de las islas el segundo cabo don Joaquín del Solar e Ibáñez, correspondiéndole el cumplimiento de las disposiciones sobre nueva organización de las dependencias de Hacienda, creándose en provincias las administraciones de Hacienda pública, cuando habría sido más práctico y económico crear en los gobiernos de provincia una sección de Hacienda. Pero no eran los intereses públicos los más atendidos.

Alguna parte de la marina seguía prestando importantes servicios en sus expediciones contra los piratas, siendo notables las algaradas marítimas y terrestres efectuadas en 1864 y 65 por las fuerzas guiadas por el capitán de fragata don Antonio de Mora, que dejó imperecederos recuerdos entre aquellos infieles criminales, y rescató muchos cautivos. Habíase obligado al sultán de Joló a publicar un bando, y lo hizo con grande aparato, imponiendo pena de la vida a todo pirata que se encontrara dentro o fuera de la sultanía, gratificándose con dos piezas de coco crudo al que matase a un pirata, y con una pieza se premiaba la muerte de un ladrón; pero fuese porque faltase autoridad o no se pusiera grande empeño en el cumplimiento de tales mandatos, nada era más eficaz para rescatar cautivos que las expediciones que se ejecutaban, aun cuando tanto destruían.

Poco afortunado y venturoso el mando del general Lara, durante él devoraron grandes incendios barrios enteros; afanándose por remediar sus fatales consecuencias, debiéronsele los magníficos trazados de San Nicolás y otros arrabales, que las edificaciones se hicieran con más solidez, y prohibió que los edificios públicos de determinadas poblaciones fuesen de materiales ligeros[31].

Alarmada la opinión pública con las alteraciones que el orden sufría en muchas provincias, se declararon los estados de sitio con arreglo a la ley de 17 de abril de 1821, se estableció el consejo de guerra, que obró activo, y le debieron su tranquilidad las comarcas perturbadas por cuadrillas de malhechores, tan frecuentes allí por lo que las favorece la misma topografía del país.

Dio Lara ostentosas fiestas, que contrastaban con las necesidades públicas: por considerar reducida para aquellas la quinta de recreo de Malacañán, habilitó el colegio de Santa Potenciana para palacio de la primera autoridad de las islas, lo cual no fue muy celebrado; y al dejar el mando el 13 de julio de 1866 al general don José Laureano de Sanz, a falta de esas satisfacciones que debe llevar consigo una autoridad por los gratos recuerdos que de su mando deje, solo podía lisonjearle lo que progresara la instrucción pública con la creación del Ateneo municipal dirigido por los jesuítas, con el que se daba algún impulso a lo que de tanto estaba necesitado.

Resuelto el general Sanz a poner el necesario remedio a la inmoralidad administrativa en Filipinas, obró, según el parecer de algunos, con demasiada precipitación, por lo cual, y como se ha escrito, por «no conocer al personal oficial el intendente señor don Gabriel Álvarez, recién llegado al país, y por otras causas, le hicieron emplear medios que elaboraron una situación tirante en el elemento oficial, que creció de punto al dictarse la prisión de conocidos empleados; durando hasta años después los efectos de aquellas medidas».

Sin observancia el reglamento orgánico de las carreras civiles de U l tramar que hizo el señor Cánovas del Castillo; autorizada la Intendencia a descontar y negociar pagarés, y el Banco Español filipino de Isabel II a aumentar sus acciones, no se conjuró por esto la mala situación económica, que se fue agravando, abriendo el ayuntamiento de Manila una suscrición para auxiliar al Tesoro en los gastos extraordinarios que irrogara el arribo de parte de la escuadra procedente del Pacífico que se había batido en el Callao.

Con el general Lara había marchado el segundo cabo señor Solar, al que dos días después ordenaba el gobierno se hiciera cargo del mando superior de Manila, adonde regresó desde Singapore a poco de embarcarse el general Sanz, y reemplazarle el comandante general de marina señor Osorio. Solar, en esta segunda vez —setiembre de 1866— estableció una junta de agricultura, industria y comercio, que no produjo resultados palpables, y aunque se tomaron algunas medidas, muy pocas, de administración y de hacienda, la situación del Tesoro se agravó hasta el punto de verse exhaustas las cajas que un día estuvieron apuntaladas. De escasos resultados la suscrición abierta por el ayuntamiento, renunció afectado el intendente Álvarez, nombrándose interinamente al Sr. Govantes, que se vio obligado a aceptar contra su voluntad, y reunió Solar en junta a las autoridades, que aprobaron, a propuesta del Sr. Govantes, una operación con el tabaco, que produjo unos seis millones de reales con los que se logró salvar la apurada situación que se atravesaba, debiéndose aquel lisonjero resultado a la excelente calidad del tabaco puesto en venta. Así se pudo recibir ostentosamente a los buques procedentes del Callao.

El 26 de octubre de 1867 se encargó del mando de aquel Archipiélago el general don José de la Gándara, al que acompañaba como intendente don Tomás Rodríguez Rubí. Se efectuaron obras públicas, se continuó extinguiendo las partidas de bandoleros, secundando a lo primero los corregidores Oraá y Azcárraga y el regidor conde de Avilés, y la guardia civil, que se creó, a lo segundo, sustituyendo dignamente este cuerpo al de cuadrilleros que, lejos de ser una garantía de orden, llegó en ocasiones a considerársele como un peligro, por relajados sus vínculos, y sido instrumento de no muy bien elegidas autoridades locales.

Para proteger el comercio se abolieron los derechos de exportación, y para fomentar las obras públicas se eximió de todo pago los materiales extranjeros; se derogó la prohibición de prestar a los indígenas más de cinco pesos; se proyectó garantizar y regular la propiedad rural de las islas, colonizar a Mindanao, reducir a Joló, crear gobiernos civiles en las provincias del Archipiélago, hacer de regadío la mayor parte posible de los terrenos de las islas, establecer una línea de vapores correos a Singapore, que funcionó años después; autorizóse a unos particulares a fundar una escuela de artes y oficios, suprimida por el general Izquierdo antes de abrirse; se dio algún impulso a la instrucción primaria; suprimióse la jurisdicción de Hacienda y la contencioso-administrativa, hoy restablecida; se unificaron los fueros, excepto en lo referente a lo eclesiástico, que continúa sin alteración; prohibióse a los empleados públicos comerciar, tener cargos de corporaciones, ni ejercer apoderamientos; se suspendieron las remesas de tabaco por administración a Australia y se procuró atender a este importante ramo.

Al saberse en Manila la revolución de setiembre, no faltaron quienes quisieran anticipar su adhesión a aquel nuevo orden de cosas; pero no eran temidos, por lo que fue excusado el aparato de fuerza desplegado y las precauciones tomadas con motivo de la popular y concurrida fiesta de Santa Cruz. No impulsados por la política, sino por sus malos instintos, los infieles de la cordillera central de Luzón molestaban gravemente a los pueblos de la isla, y una expedición militar castigó severamente aquel bandolerismo. Siguiendo este sistema de castigos análogos se fue después avanzando la línea de dominación, y a los que se reducía se les dispensaba de tributos por diez años.

Al general Gándara sucedió el segundo cabo señor Álvarez Maldonado, y a los 15 días —junio 1869— tomó posesión del mando superior de las islas el general don Carlos María de la Torre, que presenció a poco una de esas manifestaciones políticas, completamente desconocidas en Manila, donde no había habido hasta entonces necesidad de protestar la adhesión a principios políticos más o menos avanzados y mucho menos a España. Si el general se dejó llevar de la generosidad y franqueza de sus sentimientos obsequiando a los manifestantes, no obedeció en ello a ninguna elevada inspiración política; y no pensó seguramente en que sentaba un precedente que podría ser lamentable, y era ya desde luego impolítico.

Mucho había y hay que mejorar y reformar en Filipinas; pero las reformas y mejoras que allí puedan llevarse, necesitan, a nuestro juicio, más detenido estudio por la gravedad que todas pueden entrañar, y que de suyo entrañan. Se estudió y propuso por una junta un plan completo de reformas administrativas y económicas, que, por demasiado radicales o no bien pensadas duermen en el ministerio de Ultramar; estuvo a punto, en virtud de órdenes supremas, de secularizarse, como es debido, la Universidad y la segunda enseñanza, suspendiéndose por telégrafo la ejecución de esta reforma reclamada, porque no la quisieron, mal aconsejados, muchos padres de familia; estableciéndose en cambio las facultades de Medicina y Farmacia en la Universidad; creó en Madrid el señor Moret, en su gran deseo de hacer algo por Filipinas, un Consejo, para que le ilustrase y ayudase; no hallando medio de sustituir la renta de Aduanas, cuya supresión intentó, creyó satisfacer al comercio y procurar su desarrollo, creando una carrera especial de empleados de aduanas; reformó sus aranceles, reduciendo a 107 sus interminables partidas; se inició la desaparición del derecho diferencial de bandera, aspiración constante de muchos; autorizóse el estudio de un ferrocarril de Manila a Lingayen y de un cable telegráfico a Hong-Kong; y aunque no llegara a realizarse es digno de mención el propósito de premiar la mejor descripción de las islas Filipinas, de las instituciones de las posesiones inglesas y holandesas, y medios de desarrollar la colonización española en Filipinas, cuyos trabajos fuesen estudiados en la Universidad de Madrid por los que aspirasen a ingresar en el cuerpo de Administración civil que intentó crear, así como la carrera de contabilidad, para dotar aquellas islas de empleados idóneos, bien necesarios, aunque no era allí solo donde hacían falta. Ordenóse la formación del presupuesto del año 1869 al 70; mas no llegó a regir, sirviendo el anterior aprobado de 1868 con las alteraciones que se fueron introduciendo, y ese mismo ha regido los años siguientes. También anunció la contratación del importantísimo servicio de vapores correos entre Barcelona y Manila, que por falta de licitadores no llegó a realizarse hasta 1880.

Dominado el general La Torre de un alto espíritu democrático, al que son poco afectas las razas orientales, presentábase en público con estudiada y excesiva llaneza; hizo borrar con innecesaria publicidad hasta de edificios de empresas particulares y buques mercantes, los nombres de las reales personas caídas, y retirar sus efigies, siendo preciso acudir a los extranjeros chinos para poder derribar la estatua que el general Solano erigió en 1860 en Arroceros, y resistiéndose pasivamente el consejero señor Barrete a fundirla en su establecimiento, pudo salvarse aquella joya artística; la reclamó para su museo la Real Sociedad Económica, se le negó, y después se restableció en su pedestal. Si esto no afectaba a intereses públicos, no sucedía lo mismo con la incautación de establecimientos piadosos, cuando la junta administradora había inaugurado el buen sistema de publicar las cuentas de su administración, lo cual no habían hecho otras. Grandes sinsabores causó esto al general, porque a sus resultas se publicó en Madrid un folleto en el que no quedaba bien parado el mando de la autoridad superior, y se presenciaron escenas en aquellas islas que más perjudicaban que favorecían a los que por su falta de tino y prudencia las ocasionaron. A la vez que se perseguían imaginarios proyectos de rebelión, efectuándose indebidos atropellos, que hasta produjeron un suicidio, se usaba de benignidad con tenaces malhechores, ofreciéndoles indulto si se presentaban en el plazo de tres meses; e inútiles, como lo habían sido siempre estos medios de persuasión, hubo al fin que obrar con energía, creándose para su persecución una fuerza armada titulada Guías de La Torre, guiada por un capitán de bandoleros indultado, excesivamente distinguido por el general. Activamente se persiguió a los bandidos; pero no era muy de fiar el jefe perseguidor, complicado después en la insurrección de Cavite que le costó la vida.

Empeorada cada día la situación económica del Archipiélago; desbarajustada la administración por la falta de aptitud de la mayoría del personal de empleados, hicieron imposible la gestión del intendente señor Álvarez, que llegó a publicar en la Gaceta de Manila que «el aumento siempre creciente de las obligaciones, la disminución más alarmante aun de los ingresos, la triste perspectiva de ver agotarse los recursos, y por último los escasos elementos de ejecución con que contaba para desarrollar mi pensamiento al par que para cumplir y hacer respetar fielmente los preceptos del gobierno supremo, no pudieron menos de abatir mi espíritu, y en la convicción de que cuanto hiciese en lo sucesivo sería insuficiente para atajar el mal, mientras no empleara remedios enérgicos y extraordinarios a la altura de su gravedad, me decidí por prescindir, como siempre lo he hecho, de mis intereses particulares», etc., y dimitió el cargo que ejercía. Volvió a él por no haber sido aceptada su dimisión; intentó con almonedas de tabaco salvar la crisis, produjo ruidosas reclamaciones el admitir que el contratista de conducciones de tabacos pudiese emplear buques extranjeros a falta de nacionales en condiciones aceptables, y se vio precisado a abandonar con licencia el país y la intendencia. Una de las causas que más agravaban la situación del Tesoro de Filipinas era el abono de tanto pasaje a empleados que iban y venían, llegando a algunos la cesantía antes de que tomaran posesión de su destino. Esmeróse el intendente interino señor Carbonell en hacer frente a la apurada situación que se atravesaba, enviáronse muestrarios de tabaco a nuestros consulados en los mercados productores; hubo que abrir una suscrición para reedificar la catedral; tuvo la Caja de los locales que adelantar los fondos para siete cañoneros que se necesitaban para perseguir a la morisma del Sur, y pudieron al fin arbitrarse recursos para las funciones públicas con motivo de la jura de la Constitución de 1869, del aniversario de la revolución de setiembre, de la llegada del duque de Edimburgo, hijo de la reina de Inglaterra, que fue espléndidamente obsequiado, y de la procesión cívica conduciendo los restos del insigne magistrado y gran patriota don Simón de Anda Salazar, al que se elevó digno monumento.

Honra a los vivos enaltecer a los muertos, y justo era que la autoridad superior se asociara de la manera que se asoció a estos actos, ejerciendo siempre los religiosos la poderosa influencia que de suyo tienen. Podía presidir un sentimiento cristiano a la reorganización en la provincia de Tayabas, de la cofradía de San José, base de la insurrección ocurrida en 1841; pero en aquella se ocultaba un pensamiento político. Con pretexto de rezar a diferentes santos se celebraban reuniones en algunas casas de los barrios de Nanea, Potol e Ilayang-Ibasang, haciéndose cuestaciones voluntarias para alumbrar a los santos, para procesiones y misas que se celebraban el día 19 de cada mes; constituyendo estas reuniones una asociación, cuyo jefe principal, Juanario Labios, y los diferentes cabecillas de los barrios inculcaban a los asociados creencias absurdas y contrarias a la religión católica, como la de suponer santificado a Apolinario, fusilado como jefe de la insurrección de 1841 contra la dominación española, titulándose Juanario Labios pontífice o profeta inspirado por la Virgen y diversos santos que manifestaba se le aparecían en el monte Banajas; arrastró muchas personas a dicho punto, haciéndolas rezar en idioma desconocido y adorar una piedra que decía encerraba bienes más preciosos que los que dispensar podía todo el oro del mundo en aquel sitio, y ante gran concurrencia efectuó Juanario un casamiento que hizo creer era tres veces santo, pues para consumarlo se habían aparecido la Virgen y San Apolinario, que eran más que los sacerdotes que casaban en Tayabas; y como los promovedores y oráculos de esta asociación resultaban complicados en los sucesos de 1841, si entonces no se la dio carácter político se consideró que podría tenerle aumentándose el número de sus asociados, aun cuando solo fueran ciego instrumento de ajenas miras; se ordenó la captura de todos los principales y la prohibición de intentar siquiera el restablecimiento de la extinguida cofradía de San José,

Justo era que al transmitir el gobierno su decisión aprobando lo que había hecho la autoridad superior de Filipinas, aunque amonestándola que no prescindiera otra vez de las formas legales, se recomendara la conveniencia de fomentar la instrucción y educación moral de los habitantes de aquel distrito, organizando misiones, ejerciendo la vigilancia debida hasta desterrar del espíritu de aquellos naturales la preocupación y el fanatismo de que eran víctimas. Esto revelaba el descuido en que estaba su instrucción religiosa, aun teniendo párroco, para el que era un cargo la superstición de sus feligreses. Bien es verdad que también dejaba mucho que desear la instrucción pública. Solo en Manila y en algunos arrabales de la capital había escuelas de instrucción primaria en castellano, y en los dialectos del país en los demás pueblos; pero en lastimoso estado en general, por culpa de todos, y muy especialmente por las autoridades superiores. El exacto conocimiento de las necesidades públicas podría no ser desconocido, pero no era muy atendido, y se han dado casos, y en Madrid, de evidenciar una ignorancia completa e indisculpable, por la que se cometían crasos errores. Así se mandó de real orden perseguir el anay por la fuerza pública, como si fuera algún bandido, ignorando quien tal mandaba que es el anay un gusano roedor que destruye las maderas y los papeles.

De aquí el que se hayan cometido grandes torpezas, incurrídose en lamentables errores y se causaran perjuicios de funesta trascendencia, cual iremos viendo en el curso de esta historia, aun con la sobriedad que nos hemos impuesto, como necesaria, por dolorosa que nos sea, porque tratándose de tan rico y desconocido Archipiélago, poco puede sernos indiferente, y máxime no existiendo de él ninguna historia completa.

INDICE

DE LOS LIBROS Y CAPÍTULOS DEL TOMO VIGÉSIMO TERCERO

LIBRO DECIMOCUARTO

DE 1843 A 1848

CAPÍTULO III

La reforma constitucional.—Otras leyes.—Proyecto de Concordato Sistema tributario. <<

CAPÍTULO IV

Ministerio Miraflores.—Nuevo ministerio Narváez.—Planes contra la República mejicana.—Ministerio Istúriz.—Sublevación de Galicia.—El nuevo partido o fracción de los puritanos.—El general Flores.—El matrimonio regio. <<

CAPÍTULO V

Ministerio Sotomayor.—Ministerio Pacheco.—Intervención en Portugal. <<

CAPÍTULO VI

El partido carlista y la guerra civil hasta fin de 1847.—El advenimiento al pontificado de Pío IX.—Influjo momentáneo que ejerció en el partido católico inclinándole al liberalismo. <<

LIBRO DECIMOQUINTO

EL DOMINIO DE LA REACCIÓN HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE 1854

CAPÍTULO PRIMERO

Dictadura de Narváez en 1848. <<

CAPÍTULO II

Guerra civil en Cataluña durante los años de 1848 y 1849. <<

CAPÍTULO III

Legislatura de 1849.—Amnistía.—Expedición a Italia.—El ministerio relámpago.—Nueva legislatura.—Crisis.—Dimisión de Narváez y de sus compañeros de ministerio. <<

CAPÍTULO IV

Ministerio Bravo Murillo.—Arreglo de la deuda.—Proyecto de reforma. <<

CAPÍTULO V

El Concordato.—Ministerio Roncali.—Ministerio Lersundi.—Ministerio del conde de San Luis. <<

LIBRO DECIMOSEXTO

EL BIENIO

CAPÍTULO PRIMERO

Ministerio del duque de Rivas.—La dictadura de San Miguel.—Entrada en Madrid de Espartero y de los generales de Vicálvaro.—Ministerio Espartero-O’Donnell.—Cortes constituyentes. <<

CAPÍTULO II

Desórdenes.—Bases de la Constitución.—Ley de desamortización
Movimientos de los carlistas. <<

CAPÍTULO III

Modificación del ministerio.—Rompimiento de relaciones con Roma.—Incendios en Castilla.—Ultimas tareas de las Cortes constituyentes. <<

CAPÍTULO IV

Disidencia entre Escosura y O’Donnell.—Dimisión de Escosura.—Dimisión de Espartero.—Muerte violenta de las Cortes constituyentes.—El ministerio de O’Donnell. <<

LIBRO DECIMOSÉPTIMO

LA REACCIÓN. LOS CINCO AÑOS DE UNIÓN LIBERAL

GUERRAS DE ÁFRICA, MÉJICO Y PACÍFICO. INTENTO DE ORTEGA

ANEXIÓN DE SANTO DOMINGO

CAPÍTULO PRIMERO

Ministerio Narváez-Nocedal.—Ministerio Armero.—Ministerio Istúriz. <<

CAPÍTULO II

La Unión liberal.—La circular de Posada Herrera.—Nuevas Cortes.—Política interior de O’Donnell.—Las oposiciones.—El proceso de Esteban Collantes. <<

CAPÍTULO III

Negociaciones con Roma.—Cuba.—Filipinas.—Fernando Poo.—Guerra con el imperio de Annam.—Guerra de África.—Expedición a Méjico.—El Pacífico.—Trabajos para la reconciliación de la familia real.—Intento de Ortega.—Antecedentes y consecuencias.— Anexión de Santo Domingo. <<

LIBRO DECIMOCTAVO

LA REACCIÓN Y LA REVOLUCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Nueva legislatura.—Viajes regios.—Política interior y exterior.—Crisis. <<

CAPÍTULO II

Ministerio Miraflores.—Retraimiento de los progresistas.—Nuevos ministerios. <<

CAPÍTULO III

Insurrecciones.—Cambios de política.—La reacción en el poder. <<

CAPÍTULO IV

Nuevas insurrecciones.—Arrecia la reacción.—Preliminares de la revolución. <<

CAPÍTULO V

Pronunciamiento de la Marina.—Declaraciones.—Alcolea.—Triunfo de la Revolución. <<

CAPÍTULO VI

Hacienda.—Presupuestos.—Deuda flotante.—Crédito.—Deuda pública. <<

CAPÍTULO VII

Cuba.—Reformistas.—La insurrección en Lares y Yara.—Ineptitud de las autoridades.—Desórdenes.—Destitución de Dulce.—Caballero de Rodas.—Tratos con los Estados Unidos.—Estado de la guerra y de la isla al concluir el año de 1869.—Filipinas. <<

CAPÍTULO VIII

Filipinas.—Mandos de Lemery y de Echagüe.—Mindanao.—Joló.—Mandos de los generales Soler, Lara, Sanz, Gándara y Latorre. <<

JUAN VALERA Y ALCALÁ GALIANO nació en Cabra, Córdoba (España), el 18 de octubre de 1824 en el seno de una familia aristocrática. Sus padres, ambos de origen aristocrático, eran el marino José Valera Viaña y la Marquesa de la Paniega Dolores Alcalá Galiano. Los años de su niñez transcurrieron en el mundo rural andaluz, que después se reflejará en muchas de sus novelas.

Antes de iniciar sus estudios de Filosofía y Derecho en la Universidad de Granada, estudió Lengua y Filosofía en el seminario de Málaga entre 1837 y 1840 y en el colegio Sacromonte de Granada en 1841.

Ingresó en el cuerpo diplomático y desempeñó diversas funciones diplomáticas en varias embajadas (Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro, Dresde y Rusia) y, más tarde, fue ministro plenipotenciario en diversas capitales europeas y en Washington. Fue diputado y ocupó importantes cargos en la administración. En 1861 ingresó en la Academia de la Lengua. La última etapa de su vida transcurrió alejada de toda actividad pública, a causa de su ceguera.

Valera fue un hombre de mundo, elegante, distinguido y refinado, de gran cultura y brillante ingenio, y con cierta dosis de escepticismo e ironía distanciadora.

ANDRÉS BORREGO MORENO (Málaga, 23 de febrero de 1802 - 1891) fue un periodista, historiador y político español.

Tuvo sus primeros contactos con quienes serían importantes hombres de la época como Antonio Recalde, que lo instruyó, antes de los ocho años, cuando hubo de marchar a Madrid como consecuencia de la muerte de su padre.

A cargo de un pariente perseguido por afrancesado al regreso de Fernando VII, siguió la suerte de su protector marchando a París. Hacia 1818 regresa a España, a su ciudad natal y se casa. La expansión económica de la zona sur andaluza ofrecía un ambiente burgués próximo al liberalismo y allí vivirá el alzamiento de Riego de forma peculiar. En efecto, avisó al general de la proximidad de tropas oficiales, facilitando la huida de los sublevados. Con el triunfo de la revolución liberal, la amistad con Riego se acrecentó. Borrego se unió a algunas de las sociedades secretas de la ciudad, integradas por comerciantes y donde el bullicio por la causa liberal y la superación del absolutismo era constante.

Hacia el final del Trienio, Borrego se entrevistó con Riego advirtiéndole del peligro de no hacer una reforma de la Constitución Gaditana para evitar la reacción absolutista, buscando un pacto entre partes. Riego no tomó decisión alguna y la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823 al mando del Duque de Angulema puso fin a la experiencia democrática.

De nuevo el exilió lo llevó a Inglaterra vía Gibraltar y más tarde a Francia. Allí despertó su vocación de periodista y participó como redactor en Le Temps, uniéndose dos años más tarde a Lafayette como combatiente en la revolución de 1830. El triunfo liberal le dio empuje para crear una nueva publicación destinada a distribuirse ilegalmente por España: El Precursor, financiado por las aportaciones voluntarias de los exiliados españoles.

Regresó a España a la muerte de Fernando VII en 1834, apoyando expresamente a la madre de la futura reina Isabel II, María Cristina de Borbón, frente al infante don Carlos, en línea con el liberalismo. Convencido de que el mejor instrumento a su alcance era su propia pluma, crea la Compañía Tipográfica, sociedad que sostendrá económicamente un nuevo diario de información política, pero también económica, cultural y social, al estilo de los modernos periódicos europeos, El Español. Durante dos años será un referente del liberalismo español y en donde los miembros más destacados de la economía y la política progresista escribirán.

Más tarde, cuando el levantamiento de los sargentos de La Granja pone fin a los tres años de vigencia del absolutista estatuto Real, Borrego se unirá como cronista parlamentario defensor de la nueva Constitución de 1837 y fundará un nuevo diario más tarde, El Correo Nacional.

ANTONIO PIRALA CRIADO (Madrid, 27 de marzo de 1824 - Madrid, 22 de junio de 1903), historiador y político español, conocido por sus obras sobre la historia de las Guerras Carlistas.

Fue jefe superior de administración civil e individuo de número de la Real Academia de la Historia. Dirigió en Madrid El Profesorado (1857) y colaboró en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, Flor de la Infancia (1868), La Ilustración Española y Americana, La España Moderna, Gente Vieja (1902) y otros periódicos y revistas.

Liberal progresista, fue individuo de honor y mérito de la Academia de Profesores de Primera Enseñanza de Madrid, que pretendió simplificar la ortografía en contra de los criterios de la Real Academia Española, y empleado en la casa y estados del Duque de Osuna, secretario de la Casa Civil del rey Amadeo I y gobernador civil de varias provincias. Colaboró en la Enciclopedia moderna de Francisco de Paula Mellado.

En Anales de la guerra civil (1853) esboza su futura obra sobre las guerras carlistas y analiza las dos primeras. Historia de la guerra y de los partidos liberal y carlista aumentada con la regencia de Espartero (1868) es una segunda edición tan ampliada que casi puede considerarse una obra nueva. En 1875 se editaría la continuación, Historia contemporánea: Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil. Años más tarde la prolongó hasta el fallecimiento de Alfonso XII.

Pirala almacenó datos y documentos de todas las procedencias, ya que sostuvo una gran amistad con los principales protagonistas de las guerras carlistas y estos le cedieron sus documentos personales; sin embargo esto le hizo basar sus textos con harta frecuencia en una simple copia de los datos de los que en gran abundancia disponía y por ello ofrece a veces dos versiones diferentes del mismo hecho.

Por esta falta de unidad de criterio, Pirala ha sido muy discutido, aunque siempre se ha reconocido y valorado el hecho de que para conocer de primera mano aquellas guerras es inevitable acudir a la consulta de sus obras, de forma que es citado y considerado como fuente indispensable para el conocimiento profundo de tal época. De su imparcialidad y rigor da fe que los historiadores de ambos bandos usaron y citaron sus obras con frecuencia.

Se casó en San Sebastián con una hija del exalcalde local Ángel Gil Alcain Garro llamada Laureana Micaela, con quien tuvo varios hijos.

Notas

[1] Zavala, que no se había apeado en todo el día del caballo, entró en su tienda a las altas horas de la noche, empapada su ropa por el rocío, se recostó sin desnudarse ninguna prenda, y al día siguiente se encontró sin movimiento del lado derecho. <<

[2]

PRELIMINARES DE PAZ FIRMADOS POR EL GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO ESPAÑOL Y MULEY-EL-ABBAS EN 25 DE MARZO DE 1860

Bases preliminares para la celebración de un tratado de paz que ha de poner término a la guerra hoy existente entre España y Marruecos, convenidas entre D. Leopoldo O’Donnell, duque de Tetuán, conde de Lucena, capitán general en jefe del ejercito español en África, y Muley-el-Abbas, califa del imperio de Marruecos y príncipe del Algarbe.

Don Leopoldo O’Donnell, duque de Tetuán, conde de Lucena, capitán general en jefe del ejército español en África, y Muley-el-Abbas, califa del imperio de Marruecos y príncipe del Algarbe, autorizados debidamente por S. M. la reina de las Españas y por S. M. el rey de Marruecos, han convenido en las siguientes bases preliminares para la celebración del tratado de paz que ha de poner término a la guerra existente entre España y Marruecos.

Artículo 1.º S. M. el rey de Marruecos cede a S. M. la reina de las Españas, a perpetuidad y en pleno dominio y soberanía, todo el territorio comprendido desde el mar, siguiendo las alturas de Sierra-Bullones hasta el barranco de Anghera.

Art. 2.º Del mismo modo, S. M. el rey de Marruecos se obliga a conceder a perpetuidad en la costa del Océano en Santa Cruz la Pequeña el territorio suficiente para la formación de un establecimiento como el que España tuvo allí anteriormente.

Art. 3.º S. M. el rey de Marruecos ratificará a la mayor brevedad posible el convenio relativo a las plazas de Melilla, el Peñón y Alhucemas que los plenipotenciarios de España y Marruecos firmaron en Tetuán en 24 de agosto del año próximo pasado de 1859.

Art. 4.º Como justa indemnización por los gastos de guerra. S. M. el rey de Marruecos se obliga a pagar a S. M. la reina de las Españas la suma de 20 millones de duros. La forma del pago de esta suma se estipulará en el tratado de paz.

Art. 5.º La ciudad de Tetuán con todo el territorio que formaba el antiguo bajalato del mismo nombre, quedará en poder de S. M. la reina de las Españas como garantía del cumplimiento de la obligación consignada en el artículo anterior, hasta el completo pago de la indemnización de guerra. Verificado que sea este en su totalidad, las tropas españolas evacuarán seguidamente dicha ciudad y su territorio.

Art. 6.º Se celebrará un tratado de comercio en el cual se estipularán en favor de España todas las ventajas que se hayan concedido o se concedan en el porvenir a la nación más favorecida.

Art. 7.º Para evitar en adelante sucesos como los que ocasionaron la guerra actual, el representante de España en Marruecos podrá residir en Fez o en el punto que más convenga para la protección de los intereses españoles y mantenimiento de las buenas relaciones entre ambos Estados.

Art. 8.º S. M. el rey de Marruecos autorizará el establecimiento en Fez de una casa de misioneros españoles como la que existe en Tánger.

Art. 9.º S. M. la reina de las Españas nombrará desde luego dos plenipotenciarios para que con otros dos que designe S. M. el rey de Marruecos extiendan las capitulaciones definitivas de paz. Dichos plenipotenciarios se reunirán en la ciudad de Tetuán, y deberán dar por terminados sus trabajos en el plazo más breve posible, que en ningún caso excederá de treinta días, a contar desde la fecha.

En 25 de marzo de 1860.—Firmado.—Leopoldo O’Donnell.—Firmado.—Muley-el-Abbas.

Tratado de paz firmado en Tetuán en 26 de abril de 1860

En el nombre de Dios Todopoderoso.

Tratado de paz y amistad entre los muy poderosos príncipes S. M. doña Isabel II, reina de las Españas, y Sidi Mohammed, rey de Marruecos, Fez, Mequínez, etc., siendo las partes contratantes por S. M. Católica, sus plenipotenciarios D, Luis García y Miquel, caballero gran Cruz de las reales y militares órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de la distinguida de Carlos III y de la de Isabel la Católica, condecorado con dos cruces de San Fernando de primera clase y otras por acciones de guerra, oficial de la Legión de Honor de Francia, teniente general de los ejércitos nacionales y jefe de Estado mayor general del ejército de África, etc., etc.; y D. Tomás de Ligués y Bardají, mayordomo de semana de S. M. Católica, grefier y rey de armas que ha sido de la insigne orden del Toisón de Oro, comendador de número de las reales órdenes de Carlos III e Isabel la Católica, caballero de la ínclita militar de San Juan de Jerusalén, gran oficial de la militar y religiosa de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, de la del Medjidié de Turquía y de la del Mérito de la Corona de Baviera, comendador de la de Santiago de Avis de Portugal y de la de Francisco I de Nápoles, ministro residente y director de política en la primera secretaría de Estado, etc., etc.; y por Su Majestad Marroquí sus plenipotenciarios el siervo del emperador de Marruecos y su territorio, su representante, confidente del emperador, el abogado el Sid-Mohammed-el-Jetib, y el siervo del emperador de Marruecos y su territorio, jefe de la guarnición de Tánger, caid de la caballería el Sid-el Hadech Ajimad, Chablí-ben Abd-el Melek, los cuales, debidamente autorizados, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.º Habrá perpetua paz y buena amistad entre S. M. la reina de las Españas y S. M. el rey de Marruecos y entre sus súbditos.

Art. 2.º Para hacer que desaparezcan las causas que motivaron la guerra, hoy felizmente terminada, S. M. el rey de Marruecos, llevado de su sincero deseo de consolidar la paz, conviene en ampliar el territorio jurisdiccional de la plaza española de Ceuta hasta los parajes más convenientes para la completa seguridad y resguardo de su guarnición, como se determina en el artículo siguiente.

Art. 3.º A fin de llevar a efecto lo estipulado en el artículo anterior, S. M. el rey de Marruecos cede a S. M. la reina de las Españas en pleno dominio y soberanía todo el territorio comprendido desde el mar, siguiendo las alturas de Sierra Bullones hasta el barranco de Anghera.

Como consecuencia de ello, S. M. el rey de Marruecos cede a S. M. la reina de las Españas en pleno dominio y soberanía todo el territorio comprendido desde el mar, partiendo próximamente de la punta oriental de la primera bahía de Andaz Rahma, en la costa Norte de la plaza de Ceuta por el barranco o arroyo que allí termina, subiendo luego a la porción oriental del terreno, en donde la prolongación del monte del Renegado, que corre en el mismo sentido de la costa, se deprime más bruscamente para terminar en un escarpado puntiagudo de piedra pizarrosa, y desciende costeando, desde el boquete o muelle que allí se encuentra, por la falda o vertiente de las montañas o estribos de Sierra-Bullones, en cuyas principales cúspides están los reductos de Isabel II, Francisco de Asís, Pinier, Cisneros, y príncipe Alfonso, en árabe Vad-arriat, y termina en el mar, formando el todo un arco de círculo que muere en la ensenada del Príncipe Alfonso, en árabe Vad-arriat, en la costa Sur de la mencionada plaza de Ceuta, según ya ha sido reconocido y determinado por los comisionados españoles y marroquíes, con arreglo al acta levantada y firmada por los mismos en 4 de abril del corriente año.

Para conservación de estos mismos límites se establecerá un campo neutral, que partirá de las vertientes opuestas del barranco basta la cima de las montañas desde una a otra parte del mar, según se estipula en el acta referida en este mismo artículo.

Art. 4.º Se nombrará seguidamente una comisión compuesta de ingenieros españoles y marroquíes, los cuales enlazarán con postes y señales las alturas expresadas en el artículo 3.º, siguiendo los límites convenidos.

Esta operación se llevará a efecto en el plazo más breve posible, pero su terminación no será necesaria para que las autoridades españolas ejerzan su jurisdicción en nombre de S. M. Católica en aquel territorio, el cual, como cualesquiera otros que por este tratado ceda S. M. el rey de Marruecos a S. M. Católica, se considerará sometido a la soberanía de S. M. la reina de las Españas desde el día de la firma del presente convenio.

Art. 5.º S. M. el rey de Marruecos ratificará a la mayor brevedad el convenio que los plenipotenciarios de España y Marruecos firmaron en Tetuán el 24 de agosto del año próximo pasado de 1859.

S. M. Marroquí confirma desde ahora las cesiones territoriales que por aquel pacto internacional se hicieron en favor de España, y las garantías, los privilegios y las guardias de moros de Rey otorgados al Peñón de Alhucemas, según se expresa en el art. 6.º del citado convenio sobre los límites de Melilla.

Art. 6.º En el límite de los terrenos neutrales, concedidos por S. M. el rey de Marruecos a las plazas españolas de Ceuta y Melilla, se colocará por S. M. el rey de Marruecos un caid o gobernador con tropas regulares, para evitar y reprimir las acometidas de las tribus.

Las guardias de moros de Rey para las plazas españolas del Peñón y Alhucemas se colocarán a la orilla del mar.

Art. 7.º S. M. el rey de Marruecos se obliga a hacer respetar por sus propios súbditos los territorios que con arreglo a las estipulaciones del presente tratado quedan bajo la soberanía de S. M. la reina de las Españas.

S. M. Católica podrá sin embargo adoptar todas las medidas que juzgue adecuadas para la seguridad de los mismos, levantando en cualquier parte de ellos las fortificaciones y defensas que estime convenientes, sin que en ningún tiempo se oponga a ello obstáculo alguno por parte de las autoridades marroquíes.

Art. 8.º S. M. Marroquí se obliga a conceder a perpetuidad a S. M. Católica en la costa del Océano junto a Santa Cruz la Pequeña el territorio suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería como el que España tuvo allí antiguamente.

Para llevar a efecto lo convenido en este artículo, se pondrán previamente de acuerdo los gobiernos de S. M. Católica y S. M. Marroquí, los cuales deberán nombrar comisionados por una y por otra parte para señalar el terreno y los límites que debe tener el referido establecimiento.

Art. 9.º S. M. Marroquí se obliga a satisfacer a S. M. Católica como indemnización de los gastos de la guerra la suma de 20 millones de duros, o sean 400 millones de reales vellón. Esta cantidad se entregará por cuartas partes a la persona que designe Su Majestad Católica, y en el puerto que designe S. M. el rey de Marruecos, en la forma siguiente: 100 millones de reales vellón en l.º de junio, 100 millones de reales vellón en 29 de agosto, 100 millones de reales vellón en 29 de octubre, y 100 millones de reales vellón en 28 de diciembre del presente año.

Si S. M. el rey de Marruecos satisfaciese el total de la cantidad primeramente citada antes de los plazos marcados, el ejército español evacuará en el acto la ciudad de Tetuán y su territorio. Mientras este pago total no tenga lugar, las tropas españolas ocuparán la indicada plaza de Tetuán y el territorio que comprende el antiguo bajalato de Tetuán.

Art. 10. S. M. el rey de Marruecos, siguiendo el ejemplo de sus ilustres predecesores que tan eficaz y especial protección concedieron a los misioneros españoles, autoriza el establecimiento en la ciudad de Fez de una casa de misioneros, y confirma en favor de ellos todos los privilegios y las exenciones que concedieron en su favor los anteriores soberanos de Marruecos.

Dichos misioneros españoles, en cualquier parte del imperio marroquí donde se hallen o se establezcan, podrán entregarse libremente al ejercicio de su sagrado ministerio, y sus personas, casas y hospicios disfrutarán de toda la seguridad y la protección necesarias.

S. M. el rey de Marruecos comunicará en este sentido las órdenes oportunas a sus autoridades y delegados para que en todos tiempos se cumplan las estipulaciones contenidas en este artículo.

Art. 11. Se ha convenido expresamente que, cuando las tropas españolas evacúen a Tetuán, podrá adquirirse un espacio proporcionado de terreno próximo al consulado de España para la construcción de una iglesia donde los sacerdotes españoles puedan ejercer el culto católico y celebrar sufragios por los soldados españoles muertos en la guerra.

S. M. el rey de Marruecos promete que la iglesia, la morada de los sacerdotes y los cementerios de los españoles serán respetados, para lo que comunicará las órdenes convenientes.

Art. 12. A fin de evitar sucesos como los que ocasionaron la última guerra y facilitar en lo posible la buena inteligencia entre ambos gobiernos, se ha convenido que el representante de S. M. la reina de las Españas en los dominios marroquíes resida en Fez o en la ciudad que S. M. la reina de las Españas juzgue más conveniente para la protección de los intereses españoles y el mantenimiento de amistosas Velaciones entre ambos Estados.

Art. 13. Se celebrará a la mayor brevedad posible un tratado de comercio, en el cual se concederán a los súbditos españoles todas las ventajas que se hayan concedido o se concedan en el porvenir a la nación más favorecida.

Persuadido S. M. el rey de Marruecos de la conveniencia de fomentar las relaciones comerciales entre ambos pueblos, ofrece contribuir por su parte a facilitar todo lo posible dichas relaciones con arreglo a las mutuas necesidades y conveniencias de ambas partes.

Art. 14. Hasta tanto que se celebre el tratado de comercio a que se refiere el artículo anterior, quedan en su fuerza y vigor los tratados que existían entre las dos naciones antes de la última guerra, en cuanto no sean derogados por el presente.

En un breve plazo, que no excederá de un mes desde la fecha de la ratificación de este tratado, se reunirán los comisionados nombrados por ambos gobiernos para la celebración del de comercio.

Art. 15. S. M. el rey de Marruecos concede a los súbditos españoles el poder comprar y exportar libremente las maderas de los bosques de sus dominios, satisfaciendo los derechos correspondientes, a menos que por una disposición general crea conveniente prohibir la exportación a todas las naciones, sin que por esto se entienda alterada la concesión hecha a S. M. Católica por el convenio del año de 1799.

Art. 16. Los prisioneros hechos por las tropas de uno y otro ejército durante la guerra que acaba de terminar, serán inmediatamente puestos en libertad y entregados a las respectivas autoridades de los dos Estados.

El presente tratado será ratificado a la mayor brevedad posible, y el canje de las ratificaciones se efectuará en Tetuán en el término de veinte días, o antes si pudiese ser.

En fe de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios han extendido este tratado en los idiomas español y árabe, en cuatro ejemplares: uno para S. M. Católica, otro para S. M. Marroquí, otro que ha de quedar en poder del agente diplomático o del cónsul general de España en Marruecos, y otro que ha de quedar en poder del encargado de las relaciones exteriores de este reino; y los infrascritos plenipotenciarios los han firmado y sellado con el sello de sus armas en Tetuán a 26 de abril de 1860 de la era cristiana, y 4 del mes de Chual del año de 1238 de la Égira.

(L.S.)—Firmado.—Luis García.

(L.S.)—Firmado.—Tomás de Ligués y Bardají.

(L.S.)—Firmado.—El siervo de su Criador Mohammed-el-Jetib, a quien sea Dios propicio.

Firmado.—El siervo de su Criador, Ahmed-el-Chablí, hijo de Abd-el-Melek. <<

[3] «Je suis decide, en un mot, a poursuivre, a mes risques et périls, le but que je veux atteindre. Je désire profiter, pour y arriver, de la sympathie tres réelle qu’on parait eprouver ici pour la France. Par conséquence, sans rénier nos allies, sans séparer le moins du monde notre cause de la leur, je tiens a ce qu'il soit bien établi, aux yeux de tous, que notre expédition est une expédition française et qu'elle u'est sous les ordres de personne». <<

[4] Es notable el incidente que promovió Prim en aquella conferencia, que tomamos de la misma acta:

«El conde de Reus interpela entonces a M. de Saligny sobre un hecho personal; este último había dicho al coronel Menduíña, gobernador de Veracruz, y a M. Cortés, cónsul de España en dicho puerto, que si el conde de Reus censuraba el proyecto de una monarquía en Méjico, a favor del archiduque, era porque él mismo aspiraba a la corona de emperador en Méjico, habiendo llegado hasta declarar que poseía la prueba de lo que avanzaba. El conde de Reus protesta enérgicamente contra semejante acusación, y exige de su colega que se explique sobre el particular, y añade que una versión tan absurda en boca del público no tendría importancia alguna; pero que viniendo de M. de Saligny adquiría un carácter en alto grado grave, y por último, que si la prueba de esto existía, exigía su presentación.

»El comisario francés recuerda, en efecto, haberse expresado en este sentido, pero no hizo más que repetir lo que se decía alta y públicamente. Las pruebas a que se refería, eran en primer lugar una carta, de la cual tuvo conocimiento también el almirante y escrita por una persona afecta en sumo grado a la candidatura del Sr. conde de Reus para el trono de Méjico; en segundo lugar, las insinuaciones que podían hacer suponer que el emperador favorecía este proyecto, y por último, los artículos del periódico “El Eco de Europa” a los cuales M. de Saligny no hubiese dado importancia alguna, a no haber declarado el Sr. conde de Reus en la conferencia de Veracruz, que en dicho diario no se publicaba una sola palabra que no hubiese obtenido anteriormente la aprobación de S. E.

»M. de Saligny recuerda también que una frase del conde de Reus despertó vivamente su atención. Era esta frase, que la candidatura de un príncipe austríaco para el trono de Méjico era absurda; que quizás habría algunas probabilidades de éxito para un soldado de fortuna.

»El conde de Reus declara que al expresarse de esa manera, aludía a un soldado de fortuna mejicano; que jamás había autorizado a nadie para que pudiese imputarle un proyecto tan insensato, ni tampoco sostenerlo; que era muy cierto que en “El Eco de Europa” no se publicaba absolutamente nada que no hubiese recibido antes su aprobación, pero que no lo era menos que nada podría encontrarse en aquel periódico relativo a su candidatura para el trono de Méjico.

»Estas suposiciones le hieren vivamente. A ningún precio admitiría él a Méjico con todas sus riquezas aun cuando viniesen a ofrecérselo; porque prefiere con creces la posición que se ha creado en España, y para él lo que más valor tiene en el mundo es el aprecio de su soberana y la estimación de sus compatriotas.

»Habiendo manifestado los comisarios franceses que en todo esto nada había que pudiese herir al conde de Reus, replicó este que era hacer injuria a su lealtad bien conocida, el suponer que abrigaba en secreto semejantes proyectos». <<

[5] Al tratarse de tomar la iniciativa, la pedían los sargentos del Príncipe y Asturias, que ocupaban el cuartel de la Montaña, y les dijeron los de artillería: «Nosotros tenemos necesidad de tomarla, porque nuestros oficiales se apercibirán de lo que arriba pasa, y la sorpresa nuestra será imposible sin verter sangre, y nosotros queremos sorprenderlos, pero no atentar a sus vidas. Cuando desde las ventanas de vuestro cuartel veáis enganchar en el patio del nuestro las piezas del regimiento de a caballo, es señal que ya la sorpresa está hecha». <<

[6] «El 18 de agosto se presentó en casa del Sr. Muñiz el coronel de estado mayor señor Solís, ayudante y secretario del duque de Montpensier, con una carta de introducción que le había dado en Lisboa don José Merelo. Quería el señor Solís saber hasta dónde podía contar el duque con los progresistas, y sobre todo con los amigos de Prim en favor de su causa. Contestóle Muñiz con toda franqueza, que ni él ni los amigos que trabajaban estaban autorizados más que para engranar y poner en acción los elementos militares que el duque pudiera aprontar con los que ya había, pero que el día 20 saldría para Londres y pondría en conocimiento de aquel centro la pretensión y deseos del señor duque, y que como no le sucediera ningún desaguisado, pensaba estar de vuelta el 27, y le traería la contestación original. Igual respuesta oyó el señor Solís de los señores Cantero, Olózaga y Moreno Benítez a los cuales fue presentado por Muñiz. El 20 salió este para Londres con el pretexto de acompañar a la marquesa de Santiago, que pasaba a Lequeitio a unirse con su marido que mandaba la guardia de alabarderos».

(Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la última guerra civil, por don Antonio Pirala). <<

[7] Ya hemos dicho en otra obra que don Cipriano del Mazo, que hoy ocupa un elevado puesto diplomático, manejó los primeros fondos que para la revolución facilitó el duque de Montpensier. Cuando aquel comisionado vio en Londres a Prim, manifestóle este necesitar seis millones de reales si había de comprar un vapor o cuatro si se le facilitaba; así se le expuso al duque que envió solo cien mil francos, desdeñados por Prim, que indicó no se contara con él para conquistar con tal cantidad un trono como se proponía el que la facilitaba.

«Fue el señor Mazo tan escrupuloso depositario de esta cantidad, que al pedirle primero Escoda 5,000 francos y después Moriones 25,000, no los entregó por no presentarle ninguno de estos señores carta del general Prim, aunque decían que iban de su orden. De la de los generales Córdova y Dulce facilitó unos 80,000 francos a don Dionisio López Roberts, para la junta de Madrid, y otras atenciones. De todo presentó Mazo la cuenta justificada enviando de su peculio los gastos de viaje, etc.».

Montpensier envió también a Madrid otros 100,000 francos y a Santander y otros puntos. <<

[8] El único que no estaba en antecedentes de lo que se trataba era don Vicente Montojo, comandante de la Ligera. <<

[9] El regimiento de artillería que guarnecía a Cádiz no quiso pronunciarse, y con todos los honores de guerra se trasladó a la Almansa. <<

[10] Aunque el conde escribió lo ocurrido, se dijo al público que «la columna del comandante general tuvo un encuentro con las columnas insurrectas que se encontraban al abrigo de los montes llamados de Bonilla, de los que fueron desalojados por las valientes tropas, causándoles bastante número de muertos y heridos y cogiéndoles más de 50 caballos, gran número de armas, municiones y efectos, teniendo que lamentar por su parte la pérdida de 10 muertos y 30 heridos leves en su mayor número».

El parte que publicaron los separatistas era aún más inexacto, y tan fanfarrón como ridículo. <<

[11] Al mandar intervenir las líneas telegráficas de los ferrocarriles, por las que se entendían los insurrectos del campo con los de la capital con más precisión que el gobierno, se valieron de negros apostados a cortas distancias desde el campo de la lucha a la Habana, que de viva voz se comunicaban palabras convenidas entre los insurrectos y los laborantes, poniéndose en mutua inteligencia. De aquí los rumores y las alarmas promovidas por los disidentes cada vez que las tropas españolas sufrían algún revés, pues conociendo ellos el hecho antes que el capitán general, excitaban con las noticias al elemento español, que sufría al ver confirmados todos los sucesos que le anticipaban, quedando deslucida la autoridad. <<

[12] Dulce telegrafió al ministro de Ultramar al día siguiente de la ejecución participando el embarque de los destinados a Fernando Póo, mencionaba el alboroto ocurrido, por haberse provocado con gritos subversivos alguna agitación durante el acto, por lo que habían sido presos dos individuos a quienes se juzgaba en consejo de guerra. Así se engañaba al gobierno y se engañaría a la historia, si no tuviéramos otros datos que los oficiales. <<

[13] A tal extremo llegaron los excesos cometidos por algunas fuerzas insurrectas, que uno de sus jefes, el prefecto Joaquín Basulto, escribía de oficio lo siguiente: «Yo creo que nada se perderá y mucho se ganará con que no se repartan los iniciados servicios con esos individuos, porque en todo el vecindario son temidos más que los enemigos por sus mayores estragos, y considerados como la plaga de la langosta más arrasante, o la más terrible calamidad que pudiera sobrevenir al territorio; según las frecuentes y multiplicadas quejas que contra ellos cada día recibo de estos pacíficos vecinos, a quienes roban caballos, bestias de todas clases, cerdos, aves y cuanto ven y encuentran, hasta abriendo lo que está cerrado para sustraerlo, talando y destruyendo aun lo que no les es útil, y ejerciendo, en una palabra, el bandolerismo más desastroso, y colocando en la más completa penuria esta comarca a pesar de la buena acogida que en toda ella se les ha dado en el concepto de hermanos, llegando al extremo de pagar con igual ingratitud en las mismas habitaciones o fincas donde más cordial y distinguidamente han sido atendidos, y abusando de la facultad concedida a su jefe de quemar las fincas en que pudiera albergarse el enemigo en su aproximación haciéndola extensiva a muchas sin semejantes circunstancias y necesidad, tan solo por antojo y gusto de hacer daño y perjudicar a este vecindario, que se han propuesto sumir en la más espantosa miseria, hurtando allí mismo después de quemar».

Céspedes ordenó a Quesada la destrucción de todos los campos de caña en la isla y de la cosecha de tabaco; «pues cuanto más completa sea la obra de destrucción, tanto más adelantará nuestra santa causa… Borremos toda señal de civilización desde el cabo Maisí al de San Antonio con tal que Cuba sea libre». <<

[14] fue objeto de justas censuras el que se acordaran los embargos el l.º de abril, y se publicara el bando el 15, dándose así tiempo para que los amigos dispusieran de los bienes vendiéndolos o empeñándolos simuladamente para eludir el embargo. <<

[15] Terminaba diciendo: «Ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo, no queremos aquí ninguna libertad, pero sí que no nos envíen tantos empleados de malas notas; los más de ellos vienen con sus sueldos embargados, desprestigian a la autoridad, y con su proceder sublevan la opinión de los naturales contra España.—Habana mayo 15-1869.—¡ALERTA! A NUESTROS HERMANOS DE LA PENÍNSULA».

En otra hoja titulada: Situación política de la isla de Cuba el 15 de mayo de 1869, se calificaba a la autoridad superior de negación absoluta en lo físico, en lo moral, en lo político y en lo civil, no siendo el destinado a salvar a Cuba, ni a contar con los voluntarios: culpaban la política de su primer mando, el que entonces dijera a los reformistas contad con un cubano más, considerándolo como un insulto a los españoles, y si no podía menos de hacerse la debida justicia a su reconocida honradez, se lamentaba la carencia de otras dotes necesarias para el mando en tan críticas circunstancias, en las que de tanta energía se necesitaba para contener en los límites del deber a aquellos de sus subordinados militares y civiles, que no daban ejemplares muestras de patriotismo y de moralidad; no eximiendo de culpa al gobierno central. <<

[16] Como no se cumplían la mayor parte de estas condenas por las influencias que había cerca del gobierno, no querían los voluntarios que se sacara de la fortaleza de la Cabaña a aquellos jóvenes aprehendidos el 27 de enero en el pailebot Salvanic en Cayo Romano, y el embarque se efectuó de noche, cerrando los dormitorios de los voluntarios. <<

[17] No mostró interés en que se cumpliera esta orden, y quedaron en la capital. <<

[18] Además de la Correspondence betwen etc. publicado por el gobierno de los Estados Unidos, se publicó también un libro titulado: Correspondence relating to the progress of the revolution in Cuba transmited to the senate in obedience to a resolution.—Washington: government printing office, 1869. <<

[19] Los catalanes que tantos intereses tienen en aquella isla y alarmados por la actitud del Diario de Barcelona, enviaron una comisión a Prim, y de la reservada y larga conferencia con él tenida escribieron, entre otras cosas, lo siguiente: «Las palabras de Juan muy cariñosas y expresivas, y ha dado seguridades para que no tengamos ningún recelo.—Fuera de lo que yo pueda deciros verbalmente, di a los amigos que Juan no ha olvidado sus mañas y que se burla de los yankes. Al mismo tiempo que entra en estas negociaciones secretas se desvive por mandar fuerzas a Cuba para ahogar la insurrección, pero que procura que los insurrectos conciban esperanzas y desistan de la guerra, que después todo se andará. Desde luego debéis tener en cuenta que las proposiciones de Juan son inadmisibles para Cuba y para los Estados Unidos, pero abren campo para entrar en argumentos y dar largas al negocio. Nos ha dicho, y debéis creerlo, que él antes que todo es catalán, y que no había de querer perjudicar a sus paisanos… Nuestros diputados hacen lo que todos… Cuando necesitan nuestro sufragio, muy complacientes y mucho prometer, y cuando llegan aquí se convierten en unos b… Ya os contaré cosas curiosas. El único que marcha por buen camino es Balaguer…».

Poco después dijo Prim en las Cortes.—«La isla de Cuba no se vende, porque su venta sería la deshonra de España, y a España se la vence, pero no se la deshonra». <<

[20] Celebróse debidamente la acción heroica del sargento 1.º graduado de alférez don Facundo Martín Picado que, en combate personal y con sin igual aplomo, se apoderó de una magnífica bandera de glasé, dando muerte, en medio de los suyos, al abanderado, que, a juzgar por su exterior, su rubia cabellera y colosal figura, era uno de esos mercenarios extranjeros que ayudaban a los separatistas. <<

[21] Y en brillante estado. En pocos días se formó en Madrid un batallón de más de 1,000 plazas, en el más perfecto estado; habiendo habido tal entusiasmo por alistarse que hasta lo hicieron artistas que ganaban buen jornal.—Este batallón, puesto a bordo con vestuario completo, menajes, fornituras, bolsas de municiones, botiquines, calzado de repuesto, pagas de marcha de oficiales, haberes de tropa desde que se principió a su organización, y transporte por ferrocarril, costó un millón de reales. Igual número alistado en Inglaterra para la campaña de Abisinia, costó cinco millones, y en los Estados Unidos para la campaña del Sur, solo el enganche costaba 170,000 pesos.—Al representante en Madrid de los principales miembros del Comité español de la Habana, coempresario de la compañía de los vapores de López, se debió mucho de lo que entonces se hizo, y por lo que recibió señaladas muestras de la gratitud de los españoles cubanos. <<

[22] La formaban D. Miguel Aldama, Morales Lémus, Cisneros, Piñeiro, Fesser, Echevarría, y Castillo, confiriendo importantes comisiones y cargos a los señores Castillo, Zenea, Valiente, Agramonte, Armas, Quesada (D. Rafael), González Arango y otros. <<

[23] Comunicación al ministro de la Guerra y de Ultramar de 19 de junio de 1861. <<

[24] Como curiosidad notable y digna de estudio, vamos a dar a conocer el resumen del presupuesto de gastos e ingresos de Filipinas y el Moluco en el año de 1635, cuyo documento debemos a la buena y antigua amistad del Sr. D. Eugenio Alonso Sanjurjo, inteligente y discreto jefe de la sección política del ministerio de Ultramar.

RESUMEN DE LO QUE SE GASTA, CON TODO COSTE EN LAS ISLAS FILIPINAS ASÍ EN LAS PERSONAS COMO EN EL DINERO

Españoles
Indios
Pesos

1.º Ramo de justicia
33
»
37,077

2.º Conversión, culto y hospitalidades, además de
los conventos y hospitales e iglesias
73
»
37,297

3.º Correspondencia con los Reyes
»
»
1,500

4.º Administración de la Real Hacienda
19
»
11,550

5.º Guerra terrestre de Manila y sus islas
1,762
140
229,696

6.º Guerra del Moluco y sus islas
612
200
97,128

7.º Gastos navales y maestranza
832
2,200
283,184

8.º Provisión
8
»
153,734

Total
3,419
2,540
851,166

Ingresos

573,812

Diferencia

277,354

<<

[25] Cuyos originales tenemos. <<

[26] «Estos casos, tan generales, de benignidad en nuestro gobierno, son una de las causas más poderosas que sostienen la piratería del Archipiélago, pues no puede menos de animar al robo la seguridad de hallar después facilidad de conservar sus intereses mal adquiridos y disfrutarlos a la sombra de nuestro pabellón nacional, que se les autoriza a usar; esto es escandaloso, inmoral, antipolítico y muy perjudicial a nuestro Archipiélago: un moro cualquiera, por su cuenta o por orden de algún datto, o algunos de estos arman una expedición, movida en las calmas y en la huida por el remo de muchos infelices indios cristianos cautivados en otras algaradas o comprados por el máximo precio de 5 a 7 pesos en algún mercado público, y pasando de isla en isla y aprovechando las noches más oscuras para los parajes donde pueden ser vistos o perseguidos, pasan sesteando tranquilamente las calurosas horas de la canícula, en los manglares, en los esteros y en los buques, y cuando menos esperados son, caen sobre los pueblos cristianos de las costas, que saquean e incendian, cautivan sus habitantes servibles y asesinan bárbaramente a los viejos a inútiles que no pueden aprovechar para las fatigas del remo, de la labranza o de sus serrallos. Cargados de rico botín y de esclavos regresan a sus tierras; si encuentran alguna embarcación mercante, la atacan; y si les persigue alguna de guerra, rara vez son alcanzadas sus veloces naves con que ganan algún estero o manglar donde el buscarlos es tan comprometido como difícil: ya en su tierra estos criminales, hacen abjurar de sus creencias a los indios cautivos que sin gran trabajo cambian a Cristo por Alá, para mejorar su posición, se casan con otras sácopes adictas a sus tiranos y entonces se les permito el uso de las armas y se les da tierras de labranza, de que tributan a su señor, quien contrae con ellos la obligación de protegerlos contra la tiranía de otros, así como aquellos están obligados a defender a su señor hasta morir; de este modo llegan los jefes aventureros piratas a formar un pueblo o poblar alguna isla o territorio con los despojos de los nuestros, y cansados de la vida peligrosa del pirateo prestan sumisión al gobierno del Archipiélago, que les deja disfrutar impunemente el fruto de aquellas atrocidades que tantas desolaciones causaron en nuestras propiedades y en nuestras gentes…

»Al poco rato de haber fondeado la expedición en Simonol, pasó a bordo de la goleta el datto Wagas, que, enterado del objeto que los traía y de las órdenes del sultán, no vaciló un momento en salir a batir a los mismos que él en otras ocasiones había capitaneado y ayudado a hacer su fortuna y célebre su nombre con muchas escenas de horror».

(JOLÓ.—Relato histórico militar, por el teniente coronel D. Pío A. de Pazos y Vela-Hidalgo). <<

[27] «En 1577 y 1578, a los seis años de la fundación del gobierno de Manila, el gobernador don Francisco de Sande envía una expedición a Mindanao y otra a Joló y Borney (Borneo) que sometió estas islas o hizo pagar tributo a sus naturales. Bajayro Panguilán, de Borney, que se intitula rey de Joló, se dio por vasallo de S. M. el rey don Felipe de Castilla por sí y sus descendientes; en señal de reconocimiento y vasallaje, dio 12 perlas y 35 tales de oro, por sí y por sus vasallos, que son las islas de Joló y Taguima, Zamboanga, Cavite y Tavi-Tavi, y se obligó a reconocer a D. Felipe, como súbdito de la corona de Castilla y León, y “a pagar tributo cada año lo que se le señalase; el cual dicho vasallaje hizo el dicho Bachayro por el hecho de la guerra”». (Archivo de Indias).

Prescindiendo de citar otros hechos comprobantes del vasallaje de los sultanes de Joló, no debemos omitir, por los muchos intereses que hoy lo aconsejan, lo que sucedió a fines de 1862 cuando el fallecimiento del sultán Panduca-Majasari-Maulana-Majammad. Disputando a su hijo el poder algunos parientes, fueron fuerzas españolas a ponerle en posesión de su herencia, ratificando el sultán su sumisión, diciendo que «los Archipiélagos de Joló, Tavi-Tavi y gran parte del norte de la isla de Borneo, que forman la sultanía, pertenecen de hecho y por derecho de conquista y de anexión a España». Ante el retrato de la reina dona Isabel II, y sobre el Corán, juró el nuevo sultán Majammad-Diamarol-Alán, reconocimiento y adhesión a la soberanía española. Al presentarse al puebla y aclamarle, se aclamó y victoreó a España. <<

[28] El ministerio de Ultramar acaba de publicar el censo de la población de hecho de Filipinas en 1877, y da a Joló 1,298 varones y 103 hembras, haciendo un total de 1,401 almas. Nosotros le completaremos con el documento que poseemos original y que incluimos al final de este capítulo. <<

[29] Esta raza la componen también multitud de otras, no todas conocidas. La vida de muchas de ellas es nómada y vagabunda, son independientes y belicosas, y dueñas del interior del país.

Don José Montero y Vidal acaba de publicar en la Revista de España del 28 de mayo de 1881, un curioso artículo titulado Las Razas salvajes de Filipinas, y da a conocer gran número de ellas, lamentándose como nosotros de la indiferencia del gobierno por no fijarse lo que debiera en asunto de tanta importancia. <<

[30] Según los estados oficiales que tenemos a la vista del tabaco en rama que han producido las colecciones durante el quinquenio de 1859 a 1863, arrojan los totales siguientes:

<<

[31] La Real Sociedad Económica abrió un certamen para premiar al que resolviera el problema de construir habitaciones económicas para los proletarios, prescindiendo de la inflamable nipa, y continúa el problema sin solución, a pesar de los esfuerzos hechos para el mismo objeto por el gobierno de la Metrópoli. <<