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Sinopsis

La expansión de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de la producción ha motivado que la renta básica forme parte del debate económico y social de nuestro tiempo, debido sobre todo a la posibilidad de que dicha revolución tecnológica deje a una buena parte de la población excluida del mercado laboral. No obstante, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en su alcance: ¿cómo se financiaría?, ¿quién la recibiría?, ¿se podría excluir a quienes ya tienen ingresos elevados o debería ser universal como lo son la sanidad o la educación públicas?

Con un estilo ameno y una vocación didáctica, Juan Torres explica la historia de la idea de la renta básica que se remonta a la Grecia clásica, fue recogida por la Ilustración y ha sido defendida por intelectuales y científicos de todas las ideologías, sus distintas versiones, las ventajas e inconvenientes de cada modalidad, sus muchos nombres y su acepción moderna, establecida hace apenas veinticinco años.

En este libro, claro y divulgativo, Juan Torres ordena las posiciones sin tomar partido, pero aclarando de manera definitiva el que es uno de los más importantes temas de debate no sólo para la economía, sino también para la política y para el futuro de nuestro bienestar.

La renta básica

¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?

JUAN TORRES LÓPEZ

A Lina,

mi maravillosa hija pequeña,

a sus amigas y amigos

(me dicta: Lola, Candela, Elia, Elisa, Irene, Isabela…).

Y con ellas, a todas las niñas y niños del mundo,

mi esperanza,

para que se hagan realidad los versos

de esperanza:

«De un solo golpe nacen las palomas.

Se establece la luz sobre la tierra».

Oda a la vida, PABLO NERUDA

Hay que apoderarse de la utopía, imponerle el yugo de lo real, y encerrarla en el cuadro de los hechos. La idea de lo abstracto debe transformarse en idea concreta, y entonces lo que pierde en hermosura lo gana en utilidad.

Victor Hugo,

Noventa y tres (1874)

I

Introducción

Hace sólo unos pocos años, la inmensa mayoría de la gente no había oído hablar nunca de la renta básica. Hoy día, como veremos en el capítulo VIII, no sólo es un término bastante conocido, sino que su puesta en marcha, según lo que indican muchas encuestas que comentaremos, es algo deseado por un porcentaje muy elevado de la población en países bastante diferentes.

Según la investigación que hizo Dalia Research para todos los países europeos en 2016 y 2017, el 39 por ciento de los europeos sabían algo sobre la renta básica, un 25 por ciento había oído algo sobre ella, el 24 por ciento la entendía completamente y sólo el 13 por ciento afirmaba que no habían oído nunca hablar de esta propuesta.[1]

Pero no sólo es la gente de la calle la que tiene una buena opinión sobre la renta básica. Cuando se preguntó a más de trescientos expertos de cincuenta países sobre el futuro del trabajo y la revolución digital en España, para un informe de la Fundación Telefónica, resultó que ésta fue la iniciativa mejor valorada por su impacto positivo a la hora de mejorar la cohesión social.[2]

Una propuesta que hay que conocer, aunque no se esté a favor de ella

Sin embargo, a poco que se analicen esas mismas encuestas, se puede detectar enseguida que hay mucha confusión sobre el significado de la renta básica y, sobre todo, acerca de sus efectos, de sus costes y, en general, sobre lo que implica desde todos los puntos de vista, no sólo económicos, sino también políticos, psicológicos, familiares o éticos, entre otros.

El mejor ejemplo de ello es que se suele creer que la renta básica es una propuesta más bien izquierdista. Pero lo cierto es que su origen es liberal y que actualmente se defiende y se rechaza casi por igual, como también veremos a lo largo del libro, por intelectuales y científicos de todas las corrientes ideológicas, e incluso por instituciones tan poco sospechosas de izquierdismo como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial (aunque bien es cierto que cada una con matices diferentes y, a veces, contradictorios).

Como hemos señalado, las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la población e incluso los expertos tienen una opinión a favor o en contra de la renta básica. Pero no hace falta indagar mucho para comprobar que esa misma gente que la defiende o la ataca desconoce en realidad qué es exactamente la renta básica, las posibles formas de diseñarla y lo que supone cada una de ellas. En el mencionado informe de la Fundación Telefónica, por ejemplo, no se concretaba el tipo específico de renta básica por el que se preguntaba a los expertos, es decir, si se refería a una universal, para todas las personas, o a una que sólo recibieran determinados grupos de población, o de una u otra cuantía o modo de financiación.

Es fácil decir que se está a favor o en contra de que se ponga en marcha una renta básica o que se garantice un ingreso determinado a toda la población. Pero ¿quién sabe decir cierta y concretamente a qué tipo de renta básica se refieren las diferentes propuestas cuando todas utilizan el término renta básica?, ¿quién sabe cuántos tipos de renta básica hay?, ¿quién puede afirmar que sabe realmente lo que implica cada uno de ellos?, ¿quién está seguro de que la defiende sabiendo de verdad cuánto cuesta y cómo puede financiarse?, ¿qué personas, de las que afirman estar a favor o en contra de una renta básica, saben, por ejemplo, si es mejor que se reciba para todo el hogar en su conjunto o individualmente, en metálico o en especie, sustituyendo o no a otras ayudas o prestaciones sociales, financiada con un tipo de impuesto u otro, o qué diferencia hay entre una renta básica y un impuesto negativo sobre la renta...? Y, sin embargo, para poder defender o rechazar la renta básica con un mínimo de fundamento y rigor, es imprescindible tener en cuenta todas esas cosas, y algunas más.

Conocida y estudiada, aunque apenas puesta en práctica

Hoy día sabemos que el término renta básica es ya bastante conocido en casi todo el mundo o, al menos, en los países más avanzados. Ya hemos dado datos sobre el conjunto europeo, y sólo en Alemania, por poner un ejemplo, le resulta familiar a dos terceras partes de la población.

También se sabe, y lo comprobaremos enseguida y con detalle en el capítulo III de este libro, que la idea de renta básica es bastante antigua.

Se puede comprobar fácilmente que la propuesta de implantar la renta básica, en cualquiera que sea su fórmula concreta, es algo que está muy estudiado científicamente y que defienden intelectuales de gran prestigio y reconocimiento, algo que con cierta frecuencia se oculta cuando se la quiere descalificar por las buenas o cuando lo que se busca es que la ciudadanía la conozca con rigor y se pronuncie sobre ella.

Sin ningún tipo de exageración, se puede decir que hay miles de trabajos que analizan la renta básica, lo que implica y las ventajas e inconvenientes de implantarla. Si se teclea basic income (la traducción de renta básica al inglés) en el buscador de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, una de las mejores del mundo, se pueden encontrar unas mil referencias de libros impresos con esos términos en el título. En algunos otros buscadores, aparecen más de cinco mil quinientas referencias de libros sobre el tema.[3] La red de intelectuales que defiende en todo el mundo la propuesta (Basic Income Earth Network, BIEN)[4] ha realizado hasta la fecha diecisiete congresos científicos sobre el tema y en cada uno se pueden encontrar docenas de trabajos de gran rigor sobre sus diferentes aspectos.[5] En su web se ofrece un listado de más de dos mil referencias bibliográficas sobre la renta básica en diferentes idiomas[6] y la bibliografía del último libro de Van Parisj (2017) contiene también alrededor de mil quinientas referencias, a pesar de que, como señalan sus autores, «no pretende ni lejanamente ofrecer una bibliografía exhaustiva sobre el tema».[7] Sólo en la revista digital española Sinpermiso hay unos cuatrocientos artículos en español sobre diferentes aspectos de la renta básica.[8] En 2013 se editó una antología sobre estudios sobre la renta básica, cuyas 580 páginas y sus cientos de citas y referencias bibliográficas indican también que se trata de un tema que se ha asentado ya con todo merecimiento en la literatura y la investigación científicas.[9]

Todo ello indica que la producción de textos científicos sobre este concepto es muy abundante y que hoy se puede estar a favor o en contra de uno u otro tipo de renta básica, pero no porque se considere algo improvisado, carente de fundamento o porque se desconozca cómo funciona la economía, puesto que hay razones y análisis de todo tipo, y muy rigurosos, que permiten evaluarla.

Sin embargo, toda esa amplísima literatura y el conocimiento que se ha generado sobre la renta básica tienen una importante limitación. Aunque la propuesta ya se ha analizado muy abundantemente, lo cierto es que casi todos los estudios disponibles lo han hecho desde puntos de vista teóricos, porque la renta básica apenas se ha llevado a la práctica, lo que supone una gran dificultad para poder determinar científicamente sus ventajas e inconvenientes y los efectos que tiene su implantación sobre las personas, sobre la economía y sobre la sociedad en su conjunto, tal y como veremos en este libro, particularmente en el capítulo VII.

Algo más complejo de lo que parece a primera vista

Quienes han analizado todo lo que conlleva la renta básica enseguida comprueban la cantidad de matices y problemas no resueltos que hay en torno a esta propuesta. Sin embargo, la posición que suele haber en la calle, en las tertulias televisivas, entre los periodistas o incluso entre los políticos que han de tomar decisiones sobre la posible implantación de una renta básica suele caracterizarse por la rotundidad y la falta de matices, lo que con toda seguridad sólo puede ser el resultado del desconocimiento y de la confusión sobre su verdadera naturaleza. Una confusión que empieza en el propio término de renta básica, porque, como también analizaremos en el siguiente capítulo, esa misma expresión se utiliza para hacer referencia a medidas que son muy diferentes.

Pero no se crea que la confusión sobre la renta básica, sobre sus diferentes tipos, fuentes de financiación o efectos, es sólo propia de la gente corriente. También afecta a los estudiosos, como es bien fácil de comprobar en cuanto se comienza a revisar la literatura, cada día más abundante, que hay sobre ella. De hecho, las posiciones teóricas y las conclusiones sobre sus efectos son extraordinariamente variadas y, a veces, muy contradictorias.

Unos economistas y científicos sociales muy prestigiosos la consideran completamente inevitable porque prevén que los robots van a sustituir una gran parte del trabajo que ahora desempeñan los seres humanos. Creen que cuando eso ocurra, bien pronto, la subsistencia de millones de personas sólo podrá asegurarse mediante algún tipo de ingreso garantizado e independientemente de que trabajen o no. Pero otros investigadores consideran, por el contrario, que a lo largo de la historia ya ha habido etapas de gran avance tecnológico, e incluso más radicales que la robotización que se avecina, y en las que no fue necesario dejar fuera del trabajo a millones de personas porque se logró aumentar el empleo reduciendo las jornadas de trabajo. Eso les lleva a pensar que la renta básica es no sólo innecesaria, sino contraproducente.

Muchos estudiosos aseguran que propuestas como la renta básica sólo hacen que aumente la dependencia y que desincentivan el trabajo, o que confinarán para siempre a las mujeres en el trabajo doméstico. Pero otros afirman, no menos rotundamente, que la experiencia ha demostrado que eso sólo ocurriría, si ocurre, en un porcentaje muy pequeño de las personas que recibieran ingresos garantizados o algún tipo de renta básica.

Economistas de gran prestigio afirman que la renta básica es una propuesta de imposible financiación porque arruinaría a los Estados. Sin embargo, otros no menos prestigiosos hacen cuentas y muestran que poner en marcha la renta básica no tendría por qué suponer incrementos prohibitivos del gasto público, bien porque sustituiría a otros gastos sociales o porque permitiría generar más ingresos.

Algunos políticos y economistas aseguran que la renta básica provocaría el caos y grandes catástrofes si se pusiera en marcha. El español José Carlos Díez marcó un momento cumbre al respecto cuando afirmó que «Si tú pones una renta básica aquí vas a dejar total libertad de entrada de personas porque supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda van a venir todos aquí a tener una renta básica. Si pones una renta básica, no vale con el muro de Trump: tendrás que poner francotiradores».[10] Pero otros podrían responderle que una afirmación de ese tipo es sencillamente estúpida y que una renta básica no tiene por qué generar un efecto llamada mucho mayor que el que producen nuestra salud y educación universales o el mayor nivel de empleo y renta de los países más avanzados.

La existencia de posiciones políticas y teóricas sobre la renta básica tan encontradas responde a un fenómeno que también afecta muy a menudo a otras medidas similares de política social o económica: la gente de la calle que oye hablar de ellas, o incluso muchos intelectuales o científicos, toma primero posición sobre su conveniencia en función de sus preferencias ideológicas y luego trata de acumular los argumentos que estén a su alcance para tratar de defender la opción previamente elegida. Es una estrategia legítima, sin duda, pero que sólo puede llevar a mantener creencias sobre la renta básica (o sobre cualquier otra medida), pero no a tener razones en sentido estricto que avalen lo que se defiende o lo que se ataca.

Todos los seres humanos tenemos derecho a defender o a estar en contra de lo que desconocemos por principio y sin necesidad de haber evaluado lo más objetivamente posible sus pros y sus contras, a creer que algo es bueno o malo porque sí, porque lo intuimos o porque creemos que aquello que defiende quien no piensa como nosotros no puede ser, por definición, algo que nos interese o parezca bueno. Pero hay que reconocer que la sociedad funcionaría mucho mejor y más satisfactoriamente si quienes nos pronunciamos sobre algo, procurásemos disponer de argumentos más o menos fundados, contrastados y provenientes de diversas líneas de pensamiento, es decir, de un auténtico conocimiento de causa sobre lo bueno o lo malo de las políticas sociales que nos afectan a nosotros y a quienes nos rodean.

Pues bien, partiendo del interés que objetivamente tiene la propuesta de renta básica y de la gravedad de los problemas que se propone resolver, lo que pretende hacer este libro no es defender a ultranza una posición concreta al respecto, sino proporcionar criterios y claves que permitan conocer las ventajas y los inconvenientes de su puesta en marcha y las certezas o incertidumbres que hoy día tenemos sobre sus efectos.

Una propuesta política que plantea importantes problemas técnicos y que está condicionada por preferencias éticas

Lo que vamos a tratar de desvelar en este libro es qué hay realmente detrás del término renta básica, los distintos modos en que puede configurarse, y lo poco o mucho que sabemos con cierta seguridad, o lo que no sabemos, de sus efectos en los diferentes ámbitos de la vida social y económica. No es un texto para creyentes, sino para quienes desean conocer la realidad planteando dudas y cuestionándose si hacen falta incluso sus propias certezas; o para defender o criticar la renta básica en alguna de sus versiones concretas. Lo que pretende es proporcionar claves que permitan que cualquier persona pueda hacerse una idea de la naturaleza del problema que trata de resolver la renta básica y de hasta qué punto puede resolverlo. Se trata de un libro que parte de una constatación primera y esencial que se podrá ir comprobando enseguida: como cualquier otra decisión de política social o económica, la de aplicar o no una renta básica o la de hacerla con un formato u otro dependen de las preferencias de cada persona. Y eso significa que es completamente inevitable que haya desacuerdo científico, social y personal al respecto. Algo que, por un lado, nos dificulta el camino hacia la verdad, pero que, por otro, nos resulta afortunado porque, como dijo Karl Popper con toda la razón, el conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo.

Si lo que se desea es deliberar con fundamento sobre las implicaciones que hay detrás de la renta básica, el principal escollo, o al menos el primero, que hay que superar es conocer bien las diferentes interpretaciones del término o, mejor dicho, los tipos posibles de ingreso garantizado que se esconden detrás del concepto genérico de renta básica (el más popular en España, como veremos). En el capítulo II trataremos de aclararlo mostrando sus diferentes características e implicaciones.

En el capítulo III descubriremos que las diferentes propuestas de implantación de algún tipo de renta básica son el resultado de ir haciendo cada vez más rigurosas y articuladas unas ideas que vienen de lejos y que han ido madurando en el campo de las ciencias sociales y de la política desde hace bastante tiempo. Porque, aunque parezca que la propuesta de poner en marcha cualquier tipo de renta básica es una idea reciente, es, en realidad, muy antigua.

Casi quinientos años antes de Cristo, en el 489, el arconte Arístides Lisímaco fue condenado al ostracismo por proponer que los ingresos que proporcionaban las minas de plata se repartieran entre todos los ciudadanos en lugar de dedicarse a construir una armada, como propuso con éxito Temístocles. Eso mismo hicieron 2.500 años más tarde en Alaska, una de las pocas experiencias de auténtica renta básica que se ha puesto en práctica. Y fue hace ya más de doscientos años, en 1796, cuando Thomas Paine propuso a la Asamblea y al Directorio de la República Francesa que se creara un fondo estatal para poder proporcionar 15 libras a todos los ciudadanos que cumplieran los veintiún años y 10 libras por año hasta su muerte a todos los que cumplieran cincuenta años, es decir, un auténtico precedente del concepto moderno de renta básica.

Mirar atrás para conocer ése y otros antecedentes de sus formulaciones contemporáneas, que analizaremos detalladamente en el capítulo IV, no es un ejercicio banal o simplemente erudito. En el capítulo V se podrá comprobar que la idea de garantizar el sustento básico a todos los seres humanos no es un planteamiento meramente técnico o de ingeniería social, sino que lleva detrás profundas reflexiones filosóficas y éticas, que inevitablemente impregnan el análisis económico que se haga para diseñar, aplicar y financiar los diferentes tipos de renta básica.

Lógicamente, un aspecto especialmente polémico de la renta básica, y que merece atención específica, es el de su financiación. La idea de proporcionar a todas las personas un ingreso garantizado es atractiva para casi todo el mundo, pero es lógico que siempre se la haga chocar con el muro de la escasez de recursos. De hecho, suele ser por esa razón por la que se rechaza en la mayoría de las ocasiones una medida evidentemente muy costosa, como es la renta básica en cualquiera de sus tipos, e incluso sea cual sea la cantidad de ingreso que proporcione. Sin embargo, las alternativas que se han estudiado para poder adoptarla son muy variadas y los cálculos, como veremos en el capítulo VI, son más rigurosos de lo que a primera vista parece o de lo que se podría deducir de lo que afirman algunos de sus adversarios más radicales.

Es sólo cuando se han analizado todos los tipos de renta básica y las diferentes fuentes a las que se puede recurrir para financiarlas cuando se puede debatir con rigor para evaluar la pertinencia de su adopción, su mayor o menor conveniencia y, en definitiva, los factores de los que depende que una sociedad se pronuncie al respecto con garantías y con rigor.

En el capítulo VII analizaremos la controversia que ha producido dicho debate y comprobaremos que no es posible afirmar que un tipo de renta básica, o incluso una vía u otra de financiación, es mejor o peor, o más o menos deseable que otro, porque eso no depende solamente de criterios objetivos o técnicos, sino de las preferencias ideológicas de cada cual, entendiendo por ideología el conjunto de ideas que conforma el pensamiento de las personas. Detrás de cada tipo de renta básica, hay ventajas e inconvenientes objetivos, por supuesto que sí. Pero también principios éticos, una u otra concepción sobre cómo se cree que debe funcionar la sociedad, que no es objetiva sino normativa, personal de cada ser humano. Cuando se prefiere, por ejemplo, una renta básica en su sentido estricto, es decir, incondicional y universal (además de otras características que ya analizaremos), que sea recibida por cualquier persona, con independencia de su situación o de lo que haga, sin contraprestación alguna, no se opta por ella porque objetivamente sea mejor (aunque eso pueda ser lo que crea quien la defiende). Se opta por ella, en realidad, porque se tiene una determinada concepción moral del mundo y del ser humano en una sociedad determinada. Por eso decimos que la decisión sobre qué tipo de renta básica se pueda aplicar en una sociedad no es una decisión técnica, sino política, en el sentido de que depende de las preferencias previas de la persona o personas que decidan sobre ella. Con la renta básica ocurre lo mismo que señalaba Spinoza que nos sucede en los demás ámbitos de nuestra vida: no se desea algo porque se juzgue bueno, sino que se juzga bueno porque se desea.[11]

Naturalmente, estas preferencias o deseos previos pueden ser el resultado de caprichos, de prejuicios religiosos o culturales, de la ignorancia, de la influencia de un dictador o de mediadores de diverso tipo (educadores, políticos, medios de comunicación...) que nos proporcionan información, unas veces objetiva y cierta, pero otras parcial o engañosa. Por eso conviene aprender a distinguir y a resolver con criterio no sólo propio, sino fundamentado.

Las sociedades avanzadas, diversas y complejas en las que afortunadamente vivimos van a funcionar mejor sólo en la medida en que la democracia se extienda a la toma de decisiones en los campos, como el de la economía, en los que realmente se dirime el bienestar humano. Cuando eso ocurre es cuando la democracia se despliega con todo su valor, como el «escudo protector» del que habla Amartya Sen cuando afirma que es la mejor defensa de los pobres ante las crisis. Pero eso sólo puede ser así cuando la democracia es más que un mero trámite formal, más que un simple recuento de voluntades, cuando se desenvuelve como un proceso de decisión deliberativa que se lleva a cabo en condiciones de igualdad de acceso a las fuentes de la información y el conocimiento, para lo cual hay que tratar de garantizar que todas las personas dispongan de las claves correctas sobre aquello sobre lo que han de decidir.

En el caso de la renta básica, no parece que quepa duda de que habrá que decidir sobre ella en el futuro. Sólo en España había a finales de 2017 unos setecientos mil hogares donde no entraba ningún ingreso y más de 1,1 millones de personas en la misma situación. En Europa, el 52 por ciento de los parados de larga duración (el 68 por ciento de los españoles y el 80 por ciento de todo el planeta) no recibía ningún tipo de prestación y cabe pensar, por tanto, que tampoco ningún ingreso. Si contemplamos el mundo en su totalidad, la situación es mucho peor, aunque en algunos aspectos vaya mejorando: unos mil millones de personas viven con menos de un dólar diario, es decir, sin apenas ingresos. Incluso dejando a un lado cualquier tipo de consideración moral (cosa que no debería suceder), no parece muy realista creer que nuestro planeta puede seguir funcionando por mucho tiempo sin conmociones y conflictos de dimensiones colosales si deja sin recursos básicos a cientos de millones de seres humanos. Antes o después, se hará imprescindible establecer cualquier tipo de medidas que lo impidan y, entre las posibles, sin duda estará la renta básica, en cualquiera de sus diferentes tipos.

Como veremos en este libro, todos los partidos de todas las corrientes políticas y en todos los países proponen, aunque bien es verdad que con fórmulas muy diferentes, distintas vías para proporcionar ingresos mínimos garantizados a la población. Eso, naturalmente, no asegura que efectivamente se pongan en marcha medidas de ese tipo, pero sí aventura que el debate será inevitable.

Como hemos adelantado, y como enseguida analizaremos con detalle y claridad, la confusión es grande porque lo es la dificultad para establecer hechos indiscutibles y por eso ni siquiera se puede decir que haya consensos básicos entre quienes han estudiado durante más tiempo la naturaleza y los efectos de cada tipo de renta básica. De ahí que sea tanto más necesario que se conozcan y tomen en cuenta todos los criterios de decisión sin excepción y no sólo los que complacen a nuestra respectiva forma de pensar, porque, como dijo Mark Twain, «el peligro no es lo que se ignora, sino lo que se cree que es cierto y no lo es».

II

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de renta básica?

El término renta tiene en economía un significado bastante preciso. En general, se refiere al rendimiento o utilidad que proporciona la utilización de un recurso. Más concretamente, se utiliza para referirse al ingreso que proporciona la venta o alquiler de cualquiera de los tres grandes factores productivos: los recursos naturales, el trabajo y el capital. Por eso, en economía se habla de la distribución de la renta cuando se hace referencia a cómo se reparten los ingresos que se generan cuando esos tres factores se utilizan en la vida económica.

Pero el término renta también se utiliza en economía para expresar el ingreso que se puede obtener debido a circunstancias ajenas a la explotación efectiva de esos tres recursos. Para expresarlo coloquialmente, la renta en este segundo sentido sería un rendimiento que se puede obtener «sin hacer nada». Un cantante o un deportista, por ejemplo, pueden obtener más ingresos que otras personas que ejercen su misma actividad, incluso con calidad y rendimiento semejantes, simplemente porque es más conocido. O una vivienda puede proporcionar a su propietario una renta de alquiler más elevada que otra exactamente igual si está situada en una calle más valorada o tiene mejores vistas. En esos casos, decimos que quien se ha aprovechado del mayor ingreso que esas circunstancias proporcionan ha obtenido una renta.

Sin embargo, cuando se utiliza el término renta básica —en cualquiera de las diferentes modalidades que vamos a analizar inmediatamente—, se está haciendo referencia a un ingreso que no es una retribución por una actividad productiva, sino que se percibe sin contrapartida, es decir, sin necesidad de realizar algún tipo de actividad para tener derecho a recibirla. Es en este sentido en el que vamos a utilizar también en este libro el concepto de renta básica.

Ahora bien, cuando se utiliza el concepto de «renta básica» en el lenguaje coloquial, en las propuestas políticas e incluso en las normas jurídicas, se suele utilizar con significados muy diferentes, que es preciso poner en claro para que podamos entendernos y para saber de qué estamos hablando en cada momento y en cada caso concreto.

Como es lógico, y como también vamos a comprobar en este libro algo más adelante, cada modalidad de renta básica tiene ventajas e inconvenientes, formas de financiarse distintas y efectos muy diversos sobre las personas y sobre la sociedad en su conjunto. Por tanto, es fundamental tener muy claro a qué nos estamos refiriendo cada vez que utilizamos la expresión renta básica, saber discernir entre sus posibles significados cuando otras personas la utilizan mal y conocer con claridad qué características tienen las modalidades posibles de renta básica, garantizada, mínima o como en cada caso deban denominarse para hablar de ellas con rigor y claridad.

Eso es lo que vamos a tratar de hacer de la forma más sencilla y clara posible a continuación.

Los criterios de diferenciación de las diferentes modalidades de renta básica

Cuando se habla de renta básica, se puede estar haciendo referencia a diferentes clases de ingresos proporcionados por el Estado, con diferentes fines y bajo modalidades o condiciones muy distintas. A continuación, vamos a exponer los diferentes criterios que permiten distinguir a cada uno de esos tipos de renta básica.

a) Población que tiene el derecho a recibir la renta

Puede ser que la renta que proporciona el Estado esté dirigida a toda la población que habita en su ámbito político sin excepción o sólo a un determinado grupo de personas.

En el primer caso, cuando es toda la población la que tiene derecho a recibirla, se dice que la renta es universal. Es lo que sucede, por ejemplo, con el sistema sanitario en muchos países, como España, en los que cualquier persona puede acceder a él.

Sin embargo, incluso cuando se trata de una renta universal, puede haber algunas excepciones. Por ejemplo, lo lógico es que no se considere con derecho a esa renta (aunque sea universal) a personas que residen en el país, pero que no forman parte de su comunidad política, como los turistas, los diplomáticos, los inmigrantes sin documentación o incluso las personas encarceladas, aunque sean nacionales.

Las razones por las cuales se pude excluir a algunos grupos de población pueden ser diferentes, dependiendo de los objetivos que se persiga con la renta que se quiera establecer. Se puede excluir a determinadas personas o grupos estableciendo algunas condiciones específicas para poder tener derecho a ella en virtud de criterios como los que veremos a continuación.

No hace falta decir que el hecho de que una renta sea estrictamente universal o no, o que comience siendo relativamente restringida con la intención de convertirse en universal, tiene costes muy diferentes en cada caso y obliga a financiarla de una u otra forma y con mayor o menor esfuerzo colectivo, como veremos en el capítulo VI.

b) Existencia o no de condiciones a la hora de recibirla

Tanto en el caso de que el derecho a la renta sea universal o no, se pueden establecer condiciones para que puedan recibirla efectivamente todas las personas o sólo quienes cumplan todas o una parte de ellas.

Normalmente, las condiciones que se pueden establecer para recibir una renta suelen estar referidas a los recursos o al comportamiento.

En cuanto a los recursos, lo habitual es que se considere que sólo tienen derecho a recibirla quienes no alcancen un determinado umbral de ingreso. Las condiciones relativas al comportamiento suelen tener relación con la condición laboral, tener o no empleo, comprometerse a buscarlo si se está parado o realizar algún tipo de actividades.

Los diferentes tipos de rentas se pueden diferenciar también según cual sea el procedimiento o los criterios para comprobar estas condiciones. Unas veces se establecen criterios muy generales, que hay que cumplir ex ante, es decir, para poder recibir la renta, y otros ex post, esto es, cuando se está recibiendo o después de recibirla.

E incluso habría que señalar que puede ocurrir que la renta básica sea incondicional formalmente, es decir, que establezca el derecho de todas las personas a recibirla sin necesidad de cumplir ninguna condición ni de asumir obligación alguna por el hecho de haberla recibido, pero que en la práctica quede condicionada a algún requisito implícito. Serían casos algo excepcionales, pero podría ocurrir si, por ejemplo, la renta o su cuantía quedaran vinculadas a la evolución del producto interior bruto, a un índice de precios o a cualquier otra circunstancia económica y que se dieran algunas condiciones que impidieran que se pudiera percibir a causa de ellas.

Como veremos más adelante, la existencia o no de condicionalidad es una circunstancia muy importante a la hora de valorar lo que supone cada tipo de renta básica, su coste, la forma de financiarla y sus efectos.

c) Sujeto que recibe la renta

La renta básica puede ser percibida por cada individuo aisladamente o por el hogar en su conjunto, e incluso se podría distinguir también entre los diferentes tipos de hogares que podrían recibirla. Por ejemplo, podría considerarse que el hogar es estrictamente el grupo formado por la familia inmediata, pero también por quienes residen en un mismo domicilio o por quienes conforman una unidad de gasto en común. En cada caso, el resultado será diferente, al igual que el coste, y habrá que recurrir a vías de financiación adecuadas a cada uno de ellos. Cada alternativa tendrá ventajas e inconvenientes que serán bastante relevantes de cara a los efectos finales de la renta.

d) Uniformidad o no de la renta para cualquier persona que la reciba

Puede establecerse que todas las personas u hogares con derecho a recibir la renta reciban la misma cantidad o que ésta no sea uniforme.

Puede ocurrir que la renta a percibir se diferencie por el ingreso de quien la percibe o por las circunstancias del hogar. Por ejemplo, cuando se percibe individualmente, se podría tener en cuenta que no tiene las mismas necesidades ni gastos un individuo que vive solo que otro que vive en pareja o con varias personas más. Se puede considerar que los menores de edad deben recibir una cantidad, incluso si lo que se quiere es una renta universal, menor que la de los adultos.

También en estos casos podrían darse situaciones de no uniformidad por razones implícitas, es decir, no expresamente deseadas. Por ejemplo, si se hace depender de un índice de precios y éste es diferente en distintos territorios.

También en este caso, lo que se resuelva, el diferente tipo de renta que se diseñe, con uniformidad o sin ella, tiene costes y efectos diferentes.

e) Frecuencia con la que se percibe

Casi siempre que se habla de renta básica se hace referencia a un ingreso mensual, pero cabría la posibilidad de que se pague con otra frecuencia.

Como veremos, eso podría depender de lo que se quisiera conseguir con la renta y a quién estuviera dirigida. Si se busca atender las necesidades de personas u hogares muy necesitados, quizá fuese necesario un pago con frecuencia más reducida. Si lo que se busca es más bien proporcionar igualdad de oportunidades, bastaría con pagos más espaciados, como ocurre, tal y como veremos enseguida, con algunos ingresos que se reciben sólo una vez en la vida.

f) Duración de la renta

En principio, cabe pensar que la renta básica se establece para percibirla indefinidamente, pero bien podría ser que se diseñara para un tiempo concreto, tanto para el conjunto de la población como para la parte de ella que tuviera derecho a recibirla.

g) Forma en que se percibe la renta

Las diferentes propuestas de renta básica suelen percibirse en dinero líquido, es decir, mediante monedas o billetes, cheques o transferencias bancarias, aunque cabría la posibilidad de establecerse en especie. Como veremos, las consecuencias de hacerlo de una u otra forma son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar la renta básica que se quiera establecer.

h) Mayor o menor capacidad para satisfacer las necesidades de quien la recibe

Este criterio de diferenciación de la renta básica es importante y difícil de plantear en la práctica. ¿Se considera renta básica, como parece que su propio nombre indica, solamente a la renta que es capaz de proporcionar una vida digna a quien la recibe, es decir, de satisfacer todas sus necesidades básicas o esenciales?

La cuestión es delicada porque, en primer lugar, habría que determinar qué es exactamente una vida digna o cómo se establece el nivel de satisfacción que se considera básico.

Las respuestas por parte de quienes analizan y hacen propuestas de diseño de renta básica suelen ser variadas. En general, se tiende a defender que no hay un criterio objetivo que pueda responder a la pregunta anterior y que la solución es tomar como referencia algún umbral de los que habitualmente se utilizan a la hora de aplicar las diferentes políticas sociales. Unas veces, se propone que sea el umbral de pobreza (que, a su vez, ya es complicado de establecer) o el 50 por ciento o 60 por ciento del ingreso medio del territorio en donde se establezca la renta, y otras, un determinado porcentaje del producto interior bruto per cápita.

En todo caso, también se suele entender que una renta que cubriera realmente las necesidades básicas de los individuos y garantizase, por tanto, una vida digna es un horizonte y que lo decisivo es su puesta en marcha.

Todo ello quiere decir que tratar de establecer una taxonomía de diferentes tipos de renta básica atendiendo a la cantidad que supone es una tarea prácticamente imposible (y quizá sin demasiado sentido), porque casi cada investigador o colectivo social o partido político propone una cantidad diferente.

i) Relación con otras prestaciones sociales

A la hora de conocer el alcance efectivo de cada tipo de renta básica y, sobre todo, su coste y la vía de financiación que precisa, es muy importante saber si la renta básica se establece como sustitución de todas o parte de otras prestaciones sociales.

La respuesta a esta cuestión depende, como veremos, de la preferencia de quien la proponga. Las que vienen de corrientes de pensamiento más liberal suelen defender la renta básica precisamente porque creen que permite sustituir todo el entramado burocrático y muy costoso de las demás prestaciones; mientras que el resto de quienes la defienden suele asumir que, en cualquier caso, sustituye a las más básicas, pero que no es deseable que lo haga con las de mayor calado social (pensiones, salud o educación públicas).

j) Posibilidad de hipoteca o capitalización del ingreso percibido

Ésta es una cuestión aparentemente de segundo orden, pero que puede tener efectos importantes sobre el alcance de la renta básica y sobre sus efectos. Se puede optar, efectivamente, por permitir que la renta básica que se percibe se pueda utilizar como garantía en las operaciones de crédito o que, cuando se recibe de una vez, se pueda capitalizar, es decir, convertir en anualidades que se percibirían entonces a lo largo del tiempo. Como veremos en el capítulo VI, se trata de una cuestión que no sólo es de tipo técnico, sino que también tiene implicaciones políticas y sociales de interés.

k) Fuente de financiación de la renta básica

Por último, cada tipo de renta básica puede financiarse por diferentes vías y cada una de ellas producirá efectos muy diferentes e incluso condicionará no sólo su viabilidad, sino las condiciones generales de la vida económica. Dedicaremos a este aspecto tan decisivo el capítulo V del libro.

Los diferentes tipos de renta básica

A partir de estos once posibles criterios de diferenciación, se pueden ya caracterizar los diferentes tipos de subsidios o ayudas que los gobiernos pueden implantar con la finalidad genérica de garantizar un determinado nivel de ingresos mínimos o básicos a todas a las personas u hogares, es decir, las diferentes versiones de renta básica que pueden existir.

Para hacer una presentación de todos esos tipos de la forma más sistemática y clara posible, vamos a partir de la que podemos considerar renta básica en sentido estricto, y a partir de ella, presentaremos las demás modalidades, unas más cercanas que otras a la original y en algún caso incluso tan alejadas que difícilmente se puede considerar que sean una verdadera modalidad de renta básica, pero que, sin embargo, vamos a incorporar en nuestra tipología porque se suele considerar así normalmente.

En esta primera presentación de los diferentes tipos de renta básica nos limitamos a señalar las características de cada uno y en el capítulo VII analizaremos las ventajas e inconvenientes asociados a cada modalidad. Como advertencia, cabe decir que aquí los vamos a denominar de la manera más genérica y descriptiva posible, pues en cada propuesta o legislación concreta aparecen con nombres a veces muy distintos y sería imposible incorporar todos ellos sin generar una gran confusión. Para comprender mejor su naturaleza, es mejor entender primero las diferentes categorías y luego, en todo caso, asociar cada término a cada una de ellas.

a) Renta básica en sentido estricto

La renta básica en sentido estricto (que puede recibir otras denominaciones, como ya hemos señalado)[12] es un ingreso proporcionado por el Estado a cualquier persona de las que forman parte de su comunidad política, a excepción, por tanto, de residentes extranjeros temporales, como los diplomáticos, o los turistas o de quien tenga limitados sus derechos ciudadanos, como las personas encarceladas. Es, por tanto, una renta universal.

La renta básica universal es, además, incondicional. Eso significa que se tiene derecho a percibirla sin incurrir en ningún tipo de obligación o sin asumir ninguna responsabilidad a cambio de ella. Se recibe, por tanto, con independencia de que se tengan otros ingresos o se posea riqueza, sin necesidad de realizar comprobación alguna y sin que se imponga algún tipo de obligación a quien la recibe.

El sujeto que percibe la renta básica en sentido estricto es siempre el individuo, nunca los hogares.

La renta básica tiene la misma cuantía para todas las personas, salvo en el caso de los menores de edad, a quienes se les puede o no proporcionar un ingreso menor. No obstante, y aunque no parece que sea lo más adecuado, podría concebirse, como veremos, una renta básica universal e incondicional, es decir, en sentido estricto, que tuviera diferentes cuantías en distintas regiones o territorios, o incluso en los diferentes países que conformasen un espacio supranacional, como pudiera ser el caso europeo, o una eventual renta básica mundial.

La frecuencia con que se pague la renta básica es, en principio, indiferente, aunque siempre regular, es decir, que debe recibirse con periodicidad y seguridad a lo largo del tiempo. Pero, si se quiere que, además de servir para establecer un suelo de ingresos idéntico para toda la ciudadanía, sea también un instrumento efectivo de lucha contra la pobreza, al permitir que se haga frente a las necesidades más perentorias, debería tener una frecuencia, como mucho, mensual.

La duración de la renta básica debería ser ilimitada salvo, lógicamente, en los casos en que se quisiera establecer con carácter experimental.

La renta básica se proporciona siempre en dinero (bien sea efectivo, cheques o transferencias bancarias) y no en especie (alimentos, ropa o enseres de cualquier tipo), aunque lógicamente puede ser compatible con otras ayudas de esta última naturaleza en casos excepcionales o circunstancias coyunturales extraordinarias (catástrofes o accidentes naturales, por ejemplo).

La cuantía de la renta básica no tiene por qué ser de una cantidad que garantice la satisfacción de todas las necesidades de los individuos. Se trata, eso sí, de una renta mínima, aunque será lógicamente más satisfactoria en la medida en que sea más elevada. Sus defensores consideran que, al menos de entrada, la cuantía de una renta básica debería ser la suficiente para tener impacto y, al mismo tiempo, la que pueda garantizar que su financiación es posible y sostenible a lo largo del tiempo.

Esto es así porque la renta básica no se concibe como un instrumento de lucha contra la pobreza (aunque también lo sea), sino sólo como un medio para garantizar la igualdad de partida de todas las personas, tal y como veremos más adelante. Por tanto, no tiene como fin remediar situaciones de bajos ingresos, sino más bien proporcionar libertad a las personas.

La renta básica puede o no sustituir a las demás prestaciones o ayudas sociales, en todo o en parte. Obviamente, la opción depende, como ya hemos comentado, de la voluntad política y de las preferencias sociales que sean dominantes en el momento de diseñarla e implantarla. Puede o no hipotecarse, aunque teniendo en cuenta que nunca sería de una cuantía elevada, no parece que en este caso ésta sea una circunstancia decisiva. Finalmente, la renta básica en sentido estricto puede financiarse, como también analizaremos en el capítulo VI, por vías muy diferentes.

b) Renta básica condicionada a los ingresos de quien la recibe

Este segundo tipo de renta básica no es universal, porque sólo podrían recibirla quienes dispongan de ingresos por debajo de un determinado mínimo establecido legalmente, pero se percibe sin asumir ningún tipo de obligación o responsabilidad a cambio.

En este caso, la cuantía puede ser fija para quienes se encuentren por debajo de ese mínimo de ingreso o variable, y equivalente a la diferencia entre el ingreso disponible por quien la recibe y el mínimo establecido.

Puede ser proporcionada en efectivo o en especie, y no se percibiría por tiempo ilimitado, sino mientras se cumpliese la condición de mínimos ingresos establecida. El pago debe ser regular, mientras dure la percepción, y con una periodicidad corta con la finalidad de que pueda servir para hacer frente a las necesidades inmediatas.

Estas rentas pueden estar o no exentas de tributación en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y puede sustituir o no a otras ayudas (como subsidios de desempleo), aunque lo lógico es que se diseñen justamente para proporcionar ingresos mínimos a quienes no tienen otra fuente de renta o sólo en cantidades insuficientes.

La implantación de esta renta requiere aparato administrativo para realizar comprobaciones sobre las circunstancias económicas de quien la recibe y puede establecer si depende sólo de los ingresos laborales o si se tienen en cuenta la totalidad de los que recibe el sujeto.

Finalmente, estas rentas básicas sujetas a percibir ingresos por debajo de un mínimo pueden percibirse por los individuos o por los hogares, aunque en este último caso habría que establecer diferentes escalas o cuantías, para tener en cuenta el número de personas que forman parte de la unidad.

Dentro de este tipo de rentas básicas entrarían las ayudas que pueden recibir las personas con minusvalías o discapacitadas.

Se puede financiar por diversas vías y el ingreso recibido puede estar o no exento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

c) Renta básica condicionada a los ingresos y al comportamiento de quien la recibe

En este caso, quienes reciban la renta básica no sólo serán quienes tengan ingresos por debajo de un mínimo, sino quienes, además de eso, realicen algún tipo de comportamiento específico que, por regla general, suele estar vinculado con su situación laboral: buscar activamente empleo, aceptar los trabajos que se le ofrezcan o realizar cursos de formación, por ejemplo.

Normalmente, forman parte de este tipo de renta básica las llamadas rentas de inserción, que efectivamente se destinan a personas sin ingresos o con ingresos muy bajos y que reciben la ayuda o subsidio a cambio de participar en programas destinados a mejorar su formación y habilidades y, por tanto, a garantizar su plena inserción en los mercados laborales o en las relaciones sociales, cuando se trata de personas gravemente excluidas.

Las demás características y las opciones con que puede darse (percepción individual o a través del hogar en su conjunto, dinero o especie, controles, etc.) son las del tipo anterior.

d) Renta básica contributiva, de participación

Este tipo de renta básica, con la que se ha experimentado en algunos lugares concretos de Francia, se proporciona a quienes realizan algún tipo de actividad (como participar en laborales colectivas, de cuidado o protección del medio ambiente), con independencia de sus recursos. En este tipo de renta básica, se podría incluir la que propuso Anthony B. Atkinson, uno de los más grandes investigadores de la desigualdad social, con la denominación de renta de participación, que recibirían todos los niños sin distinción y las personas que, a cambio, realizaran algún tipo de participación en actividades sociales.[13]

Las demás características son las mismas que en los dos tipos anteriores.

e) Complemento a quienes tienen ingresos salariales por debajo de un mínimo

Este tipo de ayuda quizá no debería incluirse dentro de las diferentes variedades de renta básica, pero la incluimos conscientemente porque suele ocurrir en muchas ocasiones que quienes la proponen, sobre todo cuando son partidos políticos, lo hacen como una forma de renta básica o como alternativa directa a los tipos de renta básica que proponen otras personas u organizaciones. También se puede incluir porque podría argumentarse que es también una renta básica condicionada a ingresos y a que éstos sean salariales.

En cualquier caso, se trata sencillamente de un complemento en efectivo que el gobierno puede conceder a las personas que reciben un salario inferior a uno mínimo previamente establecido. Puede recibirse bajo dos formas, como ayuda directa en efectivo o como crédito fiscal. Esto último implica que quienes tienen derecho a la ayuda por tener un salario por debajo del mínimo no reciben mensualmente la ayuda, sino que ésta llega cuando liquidan anualmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como devolución.

Como veremos en el capítulo VII, cada una de estas dos formas de hacer efectivo el complemento al salario tiene ventajas e inconvenientes que deben tenerse en cuenta.

Lógicamente, este tipo de renta complementaria también requiere control administrativo y comprobaciones, y obliga a decidir si se establece con independencia de que haya otros ingresos, además de los salariales, o si queda exenta o no en el impuesto sobre la renta.

f) Impuesto negativo sobre la renta

Un impuesto negativo sobre la renta es aquel que tiene previsto que las personas que obtengan menos de un determinado nivel de ingreso no sólo no tributen, sino que reciban una determinada cantidad de dinero equivalente a la diferencia entre su renta y dicho mínimo.

De esta forma, y aunque estrictamente hablando no se trate de una renta básica, lo que consigue el impuesto negativo es proporcionar de facto una renta de ese tipo a todas las personas. Aunque este tipo de impuesto se puede diseñar con diferentes matices, el siguiente ejemplo permitirá entender fácilmente su funcionamiento con carácter general.

Previamente a todo, hay que decidir qué renta de facto se quiere proporcionar y, a partir de ahí, fijar los porcentajes del impuesto para cada nivel de ingreso. Supongamos, por ejemplo, que la «renta» que el gobierno quiere dar a todas las personas es de 10.000 euros anuales. Esta cantidad puede ser la misma para todos los niveles de renta o, lo que es más habitual si se quiere hacer un sistema progresivo (es decir, que se pague en mayor proporción a medida que se obtenga más renta), que el porcentaje a pagar aumente a medida que lo hacen los ingresos. Para hacer más fácil el ejemplo, supongamos que el porcentaje del impuesto sobre la renta es del 20 por ciento para cualquier nivel de ingreso.

Si se tratara de una renta básica en sentido estricto, lo que haría el gobierno sería proporcionar esa cantidad, dividida en mensualidades, a todas y cada una de las personas sin excepción (excluyendo tan sólo a las que ya señalamos anteriormente). Pero si se desea utilizar el mecanismo del impuesto negativo, lo que ocurriría sería lo siguiente:

Una persona que no tuviera ingresos, obtendría una devolución de 10.000 euros al liquidarse el impuesto de cada año.

Una persona que ganase menos de 10.000 euros aplicaría el 20 por ciento a sus ingresos y obtendría una renta (devolución) equivalente a la diferencia entre esos 10.000 euros y el porcentaje resultante. Un individuo, por ejemplo, que tuviera ingresos de 6.000 euros tendría que pagar 1.200 (20 por ciento de 6.000). Pero, al aplicar el sistema, recibiría una devolución de 8.800 (10.000-1.200).

Las personas que recibieran ingresos superiores a 10.000 tendrían que pagar, pero igualmente se beneficiarían porque pagarían 10.000 euros menos de lo que representase el 20 por ciento aplicado a sus ingresos.

Aunque podría haber fórmulas que individualizaran el impuesto, lo común es que se haga por unidades familiares, un aspecto en el que se diferencia de la renta básica en sentido estricto, además de otros que analizaremos cuando comentemos las ventajas e inconvenientes de todos estos diferentes tipos de renta básica.

La renta básica que se deriva de un impuesto negativo sobre la renta puede ser incondicional o no. Es decir, se puede percibir sin que el gobierno imponga algún requisito a quien la recibe, pero alguna de las veces en que se ha ensayado este tipo de impuestos, como, por ejemplo, el que se estableció bajo la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos para financiar un plan de asistencia a las familias, el disfrute de la renta estaba sujeto a que los perceptores estuvieran dispuestos a trabajar si encontraban empleo.

Cuando un impuesto negativo es incondicional, es decir, cuando no establece ningún tipo de requisito a quien se beneficia de él, cuando recae sobre los individuos y no sobre el hogar y si el impuesto es de un tipo fijo para todas las rentas, sea cual sea su cuantía, podría decirse, como hacen algunos autores, que en la práctica hay equivalencia entre esa figura y la renta básica en sentido estricto. Pero ni siquiera en esas condiciones es exactamente así por varias razones.

Como hemos visto, la renta básica en sentido estricto se percibe regularmente (normalmente todos los meses) y no está sujeta a control ni supervisión alguna, antes o después de percibirla. Quien recibe la renta básica lo hace antes de haber obtenido algún otro ingreso, de modo que iguala a todas las personas. Por el contrario, el impuesto negativo, aunque tenga un saldo monetario final equivalente, tiene una naturaleza diferente a la renta básica en sentido estricto: se cobra al final del ejercicio fiscal (aunque es cierto que se pueden establecer mecanismos de cobro anticipado a costa de ciertos inconvenientes, como veremos más adelante). Y, sobre todo, la renta que llega a las manos de la gente que la percibe por la vía del impuesto negativo diferencia a esas personas de quienes tienen más ingresos y simplemente se limitan a saldar su cuenta fiscal.

g) Crédito fiscal por ingresos salariales inferiores a un mínimo determinado

Anteriormente, vimos el tipo de renta básica consistente en complementar los salarios de quienes tuvieran ingresos por este concepto inferiores a un determinado mínimo.

En ese caso, se trataba de cantidades que iban directamente a los bolsillos bien de los propios asalariados o bien de las empresas. Pero hay otra fórmula para proporcionar estos complementos salariales: hacerlo con cargo a la liquidación futura del impuesto sobre la renta, es decir, proporcionando una especie de crédito fiscal a las personas asalariadas con ingresos por debajo de un determinado nivel que se considere digno o de subsistencia. Para quienes tengan salarios muy bajos, el crédito puede suponer que dispongan de dinero como devolución de su impuesto y, para salarios más elevados, supondrá una menor carga fiscal.

A diferencia del impuesto negativo, esta renta sólo tiene en cuenta los ingresos salariales y es de cuantía variable. Es decir, que se modula en función de cómo varíen los salarios, aumentando para los más bajos y luego disminuyendo para los más elevados.

Tal y como sucede con el impuesto negativo, lo normal es que se tome como referencia el hogar, sumando los salarios de todos los componentes que los perciban, aunque podría diseñarse con fórmulas que lo individualizaran. Los efectos de cada opción son diferentes y afectan a los costes de la renta y a los incentivos y desincentivos que genera, como veremos más adelante.

h) Dividendo social o ciudadano

Este concepto se corresponde con la idea en la que se basaron las primeras propuestas que se hicieron hace más de dos siglos para lograr que todas las personas tuvieran igualdad de oportunidades y medios para disfrutar de una vida digna, como veremos en el capítulo III.

En lugar de proporcionar un ingreso regular a lo largo del tiempo, un dividendo o dotación social se basa en dar una misma cantidad de dinero a todas las personas que se encuentren en una determinada situación, por ejemplo, cuando nacen, cuando llegan a la mayoría de edad, cuando terminan sus estudios, al jubilarse o en cualquier otro momento de su trayectoria vital.

En sentido estricto, este dividendo no se podría considerar como una renta, puesto que se recibe en un solo momento. Aunque sí se podría convertir en anualidades invirtiendo la cantidad percibida y recibiendo cada cierto tiempo el correspondiente rendimiento. Incluso algunas propuestas de dividendo se encuentran en la mitad del camino hacia las rentas básicas porque no se entregarían únicamente en un solo momento, pero tampoco regularmente, sino en dos, tres o cuatro ocasiones a lo largo de la vida.

El dividendo o dotación social se proporciona siempre en efectivo y a título individual, sin condiciones de ningún tipo y sin excepción a todas las personas que se encuentren en la situación establecida.

Se puede financiar, como veremos, de diferentes formas, aunque suele estar vinculado a la creación de un fondo de donde nace el dividendo que se supone que es el resultado de los bienes y la riqueza común y que, por tanto, es de todas las personas. De ahí, precisamente, que se denomine dividendo, es decir, la parte alícuota de una riqueza colectiva que corresponde a cada individuo de la comunidad.

Como veremos, según cual sea el momento en que se proporcione el dividendo, tendrá unas u otras consecuencias y determinadas ventajas e inconvenientes.

Una variedad de este tipo de «renta» es la herencia básica o mínima que propuso Anthony B. Atkinson. Se trataría de la dotación que recibirían todas las personas al cumplir dieciocho años procedente de un fondo creado con la recaudación del impuesto sobre sucesiones.

i) Otras formas de proporcionar ingresos básicos a la ciudadanía

Además de los tipos de rentas básicas que se acaba de presentar, sería posible distinguir otras diversas modalidades en función de la diferente forma en que cada una de ellas se financie. Como veremos en el capítulo VI, dado que no tiene los mismos costes ni el mismo alcance, no es lo mismo que cualquiera de los anteriores tipos de rentas básicas se financie, por ejemplo, mediante impuestos, a través de un impuesto o de otro, del aumento de la masa monetaria, anulando otras prestaciones sociales o con fondos procedentes de la explotación de recursos naturales, entre otras posibles formas. Aunque la naturaleza de la renta, sus requisitos o cuantía puedan coincidir, la diferente forma de financiación afectará a los incentivos o desincentivos que produce sobre el comportamiento de las personas o sobre otros muy variados aspectos de la vida social o económica. A todo ello, como queda dicho, nos referiremos más adelante.

Con independencia de esas otras diferencias derivadas de la financiación, en la ya muy amplia literatura científica que analiza la renta básica y entre las propuestas políticas que se han hecho para implantarla, así como en los debates ciudadanos que cada vez con más frecuencia se realizan al respecto, se pueden encontrar otros tipos de medidas y denominaciones. Tomar en consideración todas ellas puede ser un ejercicio académico interesante y que seguramente valdría la pena hacer, pero no en este libro, que simplemente desea proporcionar las claves fundamentales para comprender qué hay detrás de todas ellas. Además, las que no se han mencionado en la relación anterior son las que tienen ya un alcance mucho más concreto o simplemente representan una combinación de diferentes aspectos de los apuntados.

Eso no quiere decir que algunas de esas propuestas más concretas no tengan interés, sino que hay que considerarlas en el marco de los grandes tipos de renta básica que se acaban de presentar.

Al respecto, quizá valga la pena señalar, porque suelen estar más de actualidad en los últimos años, dos propuestas singulares.

La primera es la que genéricamente podríamos incluir bajo la denominación, si se nos permite el barbarismo, de cripto-rentas. Nos referimos a algunos casos de rentas garantizadas que se han propuesto financiadas mediante la emisión de criptomonedas que, como se sabe, son simplemente medios de pago de contenido puramente digital. Se trata, por tanto, de cualquier tipo de renta básica de entre las que hemos señalado pero que, en lugar de ser financiadas por los medios más convencionales que analizaremos, lo están como resultado del rendimiento o el respaldo que puedan proporcionar estas nuevas monedas. Pero, en lo que atañe a su naturaleza y a sus efectos (salvo los relativos a su financiación), no difieren de lo correspondiente a los tipos ya señalados.

Por otro lado, se suele contraponer a la renta básica el llamado trabajo garantizado, que no es, como su propio nombre indica, sino todo aquel empleo que un gobierno puede garantizar a las personas que en un momento dado no disponen de ingresos por encontrarse en paro. Es evidente que, en ese caso, y a cambio de ese empleo, esas personas disfrutan de ingresos, pero podría considerarse perfectamente que tal ingreso es, en realidad, una renta básica de la que hemos denominado contributiva, de participación o condicionada al comportamiento de quien la recibe. Es cierto que, en ese caso, se trata de una fuente de renta diferente a cualquiera de las básicas incondicionales o a los créditos fiscales al salario o al que supone el impuesto negativo, pero al fin y al cabo lo que hace el trabajo garantizado es precisamente eso, garantizar el trabajo no como un fin en sí mismo, sino en la medida en que asociado a él va una renta para quien lo lleva a cabo.

Las propuestas de renta básica en España

La confusión terminológica y la profusión de propuestas de diferentes tipos de rentas básicas que no responden exactamente al nombre que llevan se produce habitualmente en España, tanto entre las propuestas de los partidos políticos como en las expresiones legales que se utilizan en las diferentes comunidades autónomas o incluso entre las organizaciones o personas que defienden unas y otras.

Entre los principales partidos políticos, las diferencias son notables y aparecen marcadas con bastante claridad.

El Partido Popular es el único que a nivel nacional no defiende expresamente la puesta en marcha de algún tipo de renta básica como los que hemos mencionado, al menos, si se toma como referencia el programa que presentó en las últimas elecciones generales.

Sin embargo, en él sí se afirmaba que se proponía coordinar «los criterios de las Rentas Mínimas de Inserción de las distintas comunidades autónomas para favorecer la igualdad de oportunidades», de donde podría deducirse que apoya este tipo de rentas básicas condicionadas.[14] A pesar de que sus dirigentes nacionales han calificado la renta básica como una ruina, tal y como comentaremos más adelante, en algunas autonomías han hecho propuestas para asumirla tal cual o incluso han legislado para poner en marcha alguna de sus variedades. Así, en Andalucía, no sólo defendían su implantación, sino que reclamaban a otros partidos que asumieran su propuesta de crearla,[15] y en Extremadura se jactaban de haber llegado más lejos que otros partidos socialdemócratas como el PSOE en cuanto a justicia social con su ley de renta básica.[16]

El Partido Socialista Obrero Español propuso en su programa electoral de 2016 la creación de un ingreso mínimo vital, que calificaba como «renta básica que actúe como última red de protección social para atender a las personas que queden desamparadas».[17]

Tal y como fue formulada en dicho programa, se trata de una renta básica condicionada a recursos y a comportamiento, pues sólo la recibirían las personas o familias sin ingresos o que hubieran agotado la prestación de desempleo, y siempre que quedaran vinculadas a «un itinerario de inserción laboral». Quedaría sujeta también a que fuesen los beneficiarios quienes probaran la ausencia de rentas y se financiaría como una pensión no contributiva más.

Por su parte, Podemos ha sido el único partido español que ha realizado en algún momento la propuesta de renta básica en sentido estricto, aunque fuese sólo fugazmente en su primera presencia electoral, en las elecciones europeas de 2014. En su programa de 2016 ya ofrecía una versión diferenciada y doble.[18]

Por un lado, proponía una renta garantizada que recibirían los hogares (no los individuos) con ingresos inferiores al umbral de pobreza. Se trataría de una renta básica condicionada a recursos y diferencial, pues su cuantía se modularía en cada hogar en función de sus miembros, hasta alcanzar el umbral de la renta garantizada de un máximo de 1.290 euros.

Por otro, Podemos propone una renta complementaria para los trabajadores con «baja remuneración» (por debajo de 900 euros), aunque su formulación programática es bastante confusa y no es fácil determinar su relación con la renta garantizada anterior y ni siquiera si sería percibida por los individuos o por los hogares. En todo caso, se trata de una renta básica del tipo que hemos definido anteriormente como complemento a ingresos salariales por debajo de un mínimo.

Finalmente, Ciudadanos no menciona el término renta básica, aunque en su programa electoral propone un complemento salarial anual garantizado para quienes tuvieran sueldos por debajo del salario mínimo.[19] Su cuantía dependería de las condiciones familiares (el número de hijos, además de los ingresos) y se implantaría como devolución en el impuesto sobre la renta, de modo que se trata de una renta garantizada del tipo que hemos definido como crédito fiscal por ingresos salariales inferiores a un mínimo.

Con independencia de los partidos, algunos movimientos sociales y sindicatos han promovido iniciativas legislativas de diverso alcance y resultado.

El Movimiento Contra el Paro y la Precariedad promovió en 2014 sin éxito una proposición de ley que no llegó a ser debatida en el Congreso, en la que se proponía implantar una primera fase de renta condicionada mínima (para las personas desempleadas sin cobertura por desempleo ni otros ingresos) que llegara a ser con el tiempo una renta básica en sentido estricto. Dos años más tarde, los sindicatos CC. OO. y UGT lograron que se debatiese su proyecto de creación de «prestación de ingresos mínimos». Se trataba, en este caso, de una renta básica condicionada a ingresos (por debajo del 75 por ciento del salario mínimo) y a comportamiento (entre otros, realizar actuaciones dirigidas a la inserción laboral o a mejorar la ocupabilidad), y cuya cuantía se establecería con una cantidad fija más otra que dependería del número de personas a cargo de quien recibiera la renta.[20]

Ninguna de esas propuestas se ha llevado a la práctica en España con carácter estatal, aunque la Constitución española contiene varios preceptos que podría considerarse que justifican su puesta en marcha.[21] Sólo las comunidades autónomas han creado diferentes ayudas que podrían incluirse bajo la denominación de renta básica, en algún caso con esa misma denominación. Pero ninguna de las diferentes ayudas autonómicas existentes se acerca a los modelos más próximos a una renta básica en sentido estricto. Se trata de ayudas orientadas a personas en situación de máxima carencia y siempre condicionadas a determinados comportamientos por parte de las receptoras, generalmente, consistentes en participar en planes de inclusión social o inserción laboral, además de quedar obligadas a aceptar las ofertas de empleo recibidas. La crisis económica debilitó estos programas en casi todas las comunidades autónomas y el número de beneficiarios es muy reducido en casi todas ellas.[22]

III

Una idea que viene de lejos y cargada de razones

Como hemos señalado, suele creerse que la idea de implantar una renta básica es contemporánea, defendida exclusivamente por las corrientes de pensamiento más a la izquierda y que es una propuesta bastante irresponsable o resultado de cálculos descabellados. Pero lo cierto es que se trata de una idea bastante antigua, que han defendido pensadores muy reconocidos y con argumentos que se pueden compartir o no, pero que suelen ser bastante solventes. En este capítulo vamos a presentar las propuestas más relevantes que se han ido haciendo a lo largo de la historia del pensamiento y de la política para proporcionar un ingreso mínimo a todas las personas que pueda garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.

No vamos a analizar los detalles concretos de cada propuesta, porque sería tedioso e innecesario para el objetivo que persigue este libro. Simplemente vamos a señalar las motivaciones filosóficas, éticas y económicas que justifican las diferentes propuestas de renta básica (incluso en sus fórmulas más primitivas o elementales) para poder descubrir los principios y análisis que hay detrás de cada una de ellas, la concepción del mundo que las sustentan y el planteamiento técnico (cuando lo hay) que las acompaña.

Arístides Lisímaco y la primera batalla (perdida) por la renta básica

En la antigua Grecia, las rentas que proporcionaba la explotación de las minas y otros recursos naturales revertían en el erario público y con ellas se financiaban edificios, carreteras y otras obras de uso colectivo. Así, cuando en 483 a.C. se descubrió una gran veta de plata en las minas atenienses de Laurium, Temístocles propuso que con sus rentas se financiara la construcción de doscientos trirremes (un barco de guerra con tres filas superpuestas de remeros que dominaba las aguas del Mediterráneo). Temístocles era en aquel entonces uno de los grandes líderes y jefes militares de Atenas y deseaba fortalecer su defensa frente a la amenaza de Persia. Sin embargo, el que fue su gran adversario durante toda su vida, Arístides Lisímaco, también militar y político de gran reconocimiento, llamado por sus partidarios «El Justo», propuso entonces que, en lugar de dedicarlo a la construcción de barcos, el beneficio de las minas debería repartirse entre los ciudadanos, lo que ha sido considerado como la primera propuesta de una especie de renta básica.

Pero la propuesta de Arístides no salió adelante. Temístocles convenció finalmente a la Asamblea en un debate tan intenso que culminó en un referéndum (considerado, por cierto, como el primero de la historia) que condenó a Arístides al ostracismo.

Curiosamente, y en contra de lo que se podría creer, este último era el líder de los hoplitas, una clase de soldados especializados, mientras que Temístocles era apoyado por la población de menor ingreso. Parece que, al menos desde el punto de vista de los intereses griegos, fue éste quien hizo la propuesta más acertada, pues, gracias a la nueva flota (y también a sus impresionantes argucias como estratega naval y líder social), ganó la batalla de Salamina, considerada la mayor de la antigüedad. Al final, los dos estrategas terminaron mal sus días: el que se tiene por padre de la primera propuesta de renta básica, Arístides, murió tan pobre que el Estado tuvo que pagar su funeral, y Temístocles, repudiado por los atenienses, que al final incluso le echaron en cara que no se hubieran repartido las rentas de la plata, terminó sus días protegido por el hijo del emperador persa a quien tanto había combatido. Y, para colmo, Plutarco le quitó bastante lustre a las constantes disputas que mantuvieron entre ellos a lo largo de sus vidas cuando señaló que sus diferencias de criterio no tuvieron mucho que ver con cuestiones profundas, como la implantación o no de una primeriza renta básica, sino que venían de su rivalidad por conseguir el amor de un apuesto joven: «Aristón de Ceo dice que la enemistad de ambos dimanó de ciertos amores, hasta llegar al último punto: porque enamorados de Estesilao, natural de Ceo, sumamente gracioso en la forma y figura de su cuerpo, llevaron tan mal la competencia, que aun después de marchita la hermosura de aquel joven no cesaron en su oposición […] con el mismo afecto pasaron al gobierno, acalorados y encontrados el uno con el otro».[23]

Con independencia de que no se implantara o incluso de que hay otras versiones sobre el destino que Arístides deseaba para las rentas de la plata (algunos historiadores señalan que en realidad propuso que se construyera una muralla de madera alrededor de la acrópolis), lo interesante es destacar que ya desde el primer momento la idea de una renta básica nace unida a un criterio ético que estará presente en sus formulaciones más actuales: que los recursos de la naturaleza son realmente comunes a toda la humanidad y que sus frutos, por tanto, deben ser repartidos entre todos los seres humanos para permitir la satisfacción, al menos, de sus necesidades inmediatas. Al mismo tiempo, esta primera y non nata propuesta de renta básica es interesante también porque, como hemos visto, nace de la mano de un debate social sobre el mejor destino que se le puede dar a los recursos públicos. Un debate que también resulta inevitable e igualmente consustancial a las propuestas de nuestra época.

El primer republicanismo de Efialtes y Pericles

Unos veinte años después de la propuesta de Arístides, en 462 a.C., Efialtes, el líder del partido democrático, aprovechando que Cimón de Atenas fue condenado al ostracismo, comenzó una serie de profundas reformas democráticas que no pudo proseguir personalmente porque enseguida fue asesinado. Pero con Pericles, su discípulo y sucesor, se consolidarían hasta tal punto que abrieron una época de democracia radical y de otras conquistas sociales, que llegó a ser conocida como «el siglo de Pericles».

La historia de la renta básica tiene mucho que ver con este período, porque fue entonces cuando puede decirse que nació el republicanismo, que aspira a garantizar que todos los individuos dispongan de medios efectivos para ejercer como ciudadanos y para participar, por tanto, en la vida pública. Con Pericles se entendería que todos los individuos tienen derecho a la ciudadanía y que ésta se basa en poder participar en la administración de justicia y en el gobierno de la polis, con independencia de que se fuera rico o pobre.

En su Discurso fúnebre, Pericles se jactaba de que «de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privadas», de que «es honrado en la cosa pública» en función «del renombre que cada uno, a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto», y que eso también ocurre «en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier beneficio a la ciudad».[24]

Para que así pudiera ser, Pericles sustituyó el Areópago, una especie de consejo o tribunal dominado por las fuerzas más conservadoras, por una asamblea (Ecclesia) y por tribunales populares, y llevó a cabo, además, otras reformas muy significativas que tienen mucho que ver con las ideas que hoy día están detrás de las propuestas de implantación de los diferentes tipos de renta básica.

Por un lado, instituyó el sorteo, en el que podía participar quien lo quisiera, para conformar los tribunales y, sobre todo, creó el misthos, que inicialmente fue la paga o dieta que recibían quienes formaran parte de esos tribunales (Heliea) y que se extendió también a otras actividades (miembros del Consejo, magistrados, asistentes a la Asamblea y, bajo otras formas, a remeros, algunos tipos de soldados y a ciertos gobernantes locales). El misthos no sólo permitió que los tribunales populares funcionaran con gente de pocos recursos, sino que, según Aristófanes, se convirtió en realidad en «una especie de subvención para los ancianos del pueblo».[25]

Además, bajo el liderazgo de Pericles se establecieron otros tipos de lo que hoy día podríamos denominar como primitivas «rentas de ciudadanía»: garantía del suministro de trigo y aceite a las personas sin recursos, cuidado de los inválidos y los huérfanos, de los soldados muertos y de los viejos que acudían a la Heliea. Y también se dotaron servicios públicos como baños o escuelas, e incluso un fondo de espectáculos para pagar la entrada al teatro al pueblo más pobre.[26] Esto permite afirmar a Francisco Rodríguez Adrados que «su sentido social es incomparablemente mayor al de la democracia liberal salida de la Revolución francesa».[27]

Es cierto que estas iniciativas son primitivas y que sólo de lejos podrían considerarse dentro de lo que ahora denominamos renta básica, en cualquiera de sus acepciones. Pero, aun así, tienen un doble interés. Por un lado, el ya señalado de venir de la mano de principios del republicanismo como ideología que vincula la ciudadanía con la disposición de medios efectivos para ser libre y con la libertad entendida como posibilidad real de participar en los poderes del Estado. Y, por otro, que, incluso a pesar de que se trata de una formulación tan primitiva, desveló ya entonces algunos problemas que dos mil quinientos años más tarde se siguen asociando a la renta básica o que, al menos, hay que discutir seriamente cuando se quiere hablar con seriedad de esta figura.

El primero de ellos tiene que ver con la interpretación que hace Hermann Bengtson de lo que significó la democracia radical de Pericles: «El paso de un Estado de producción a un Estado de asistencia y beneficencia», lo que, en su opinión, «corrompió poco a poco al menos a una parte de los ciudadanos y éstos, habiéndose acostumbrado a la pensión, abandonaron el trabajo productivo». [28] No obstante, hay algunas opiniones en contra de esta tesis, como la que sostiene Rodríguez Andrados: «No son, por tanto, en su intención los salarios públicos lo que quiso hacer ver siempre la oposición antidemocrática: una simple arma para el poder personal de los demagogos, una fuente de perezosos, cobardes, charlatanes y avaros, e1 puro egoísmo del pueblo, que se prevale de su poder. La política de ayuda al pueblo para que pudiese integrarse dignamente en la vida pública fue siempre mal aceptada por las clases superiores, en parte porque eran ellas quienes tenían que sufragarla, bien que no totalmente, en parte porque iba contra su tradición de servicio político gratuito y aun costeado privadamente. Podemos concluir, pues, que la pretensión de Pericles de que Atenas hacía compatible el trabajo con un nivel de vida relativamente elevado es en conjunto exacta».[29]

Pero, en todo caso, lo interesante es señalar que semejantes propuestas conllevan una polémica que inevitablemente hay que plantear y tratar de resolver de la forma más objetiva y rigurosa posible.

Una segunda cuestión que plantearon las reformas sociales vinculadas a la revolución democrática de Pericles, y que también tiene interés subrayar por cuanto vuelve a brotar en los debates contemporáneos sobre la renta básica, es que su financiación fue muy problemática (hasta el punto de que muchos autores consideran que fue la causa de su ocaso). No sólo obligó a dejar fuera de las ayudas a quienes entonces no eran hijos de atenienses (una ley del año 451 a.C. exigió serlo para lograr la ciudadanía), sino que asentó el bienestar de los atenienses en «detrimento de otras ciudades».[30] Como ha escrito Gómez Espelosín, «la democracia ateniense era imperialista».[31] Una tara que debería tenerse presente para evitar que pudiera reproducirse a la hora de poner en marcha cualquier tipo de renta básica en nuestros días.

Más acá de la Utopía de Moro: la utilidad de arbitrar medios de vida

La obra principal del humanista Tomás Moro, Utopía (publicada hace casi justamente quinientos años, en 1516), se suele mencionar como otro de los grandes hitos del pensamiento que justifican anticipadamente la renta básica. En la utopía de Moro, «nada se considera de propiedad privada»,[32] «todas las cosas son comunes»,[33] y desaparece el dinero porque «donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia y se viva con prosperidad»[34] y porque «la misma pobreza que parece que se basa en la falta de dinero desaparece desde el momento en que aquél pierde su dominio».[35] Sería un mundo en donde lo que prevalece es la comunidad de bienes, «como todo es de todos, nunca faltará nada a nadie mientras todos estén preocupados de que los graneros del Estado estén llenos. Todo se distribuye allí con equidad, no hay pobres ni mendigos y aunque nadie posee nada todos sin embargo son ricos».

Pero, precisamente por eso, el ideal plasmado en la Utopía de Moro no es exactamente el que precisa de la renta básica —la que de alguna forma procede de quienes tienen y se destina a igualar a todos—, porque Utopía es justamente la sociedad en donde —supuestamente— han quedado establecidas las condiciones que impiden que surja la desigualdad que hiciera necesaria la renta básica.

Sin embargo, hay otras ideas de Moro que sí que reflejan su convicción de que deben existir mecanismos, antes de llegar a su mundo ideal, más acá de la utopía, que eviten la insatisfacción que provoca el delito y que justifican la necesidad de actuar contra la insatisfacción. Concretamente, en el libro primero de Utopía, en realidad escrito después del segundo y que constituye más bien una crítica social de su época, Moro ataca la pena capital aplicada al robo, porque es «desproporcionadamente cruel como castigo de los robos e ineficaz como remedio». Se pregunta si no sería mejor que nadie se viera en la necesidad de robar y la respuesta es que «lo que habría que hacer es arbitrar medios de vida».[36]

Con esta idea, Moro no plantea satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos tan sólo como un deber moral, sino que se adelanta a su época, a la justificación utilitarista del bienestar de años posteriores e incluso a los análisis pioneros de Cesare Beccaria, quien, dos siglos después, estableció que las penas, además de utilizarse para castigar, deben servir como freno de sucesivos delitos. Evitar la pobreza y no permitir que haya personas que carezcan de sustento sería, sin necesidad de llegar a la utopía, la mejor forma de proporcionar seguridad y evitar la presencia de numerosos delitos en nuestra sociedad.

No sólo caridad individual: además de limosna, beneficencia pública y trabajo

Si Tomás Moro realizó el experimento mental de pensar en otro modo de organizar el mundo, su amigo Luis Vives puso las bases sobre las que más tarde se construiría el moderno concepto de bienestar social que protege los derechos humanos y, en opinión de algunos de sus defensores, incluso de la renta básica.

Vives publicó su libro, titulado Sobre el socorro de los pobres o sobre las necesidades humanas, en 1526, justo el mismo año en que la Inquisición quemó en la hoguera a su padre por judío.[37] Se trataba, en realidad, de una especie de memoria dirigida al Ayuntamiento de Brujas, ciudad en la que se había instalado después de doctorarse en La Sorbona de París y de haber trabajado al servicio de la corte inglesa. Lo que significa que, a diferencia de la Utopía de Moro, este libro de Vives se concibió con una manifiesta intención práctica y reformadora.

Es cierto que Vives no propone algo que se pueda considerar parecido a la renta básica en el sentido estricto de nuestro tiempo, al menos por dos razones. En primer lugar, porque estableció claramente que la ayuda a los pobres debería darse a cambio de realizar cualquier tipo de trabajo («no debe permitirse que viva alguno ocioso en la Ciudad», escribió).[38] Una obligación tajante que hacía extensiva incluso a ciegos, minusválidos o viejos.[39] En segundo lugar, porque, aunque creía que era bueno aliviar la pobreza antes de que la necesidad generase problemas, se negó expresamente a que la ayuda fuese anterior a que la pobreza se manifestara.[40]

Sin embargo, es cierto que, al mismo tiempo, Luis Vives parte de un principio esencial que da sentido a las propuestas contemporáneas de renta básica, el carácter común a todos los seres humanos de todo lo que ha sido creado: «quantas cosas [Dios] dio a luz las expuso en esta Casa del Orbe sin cerrarlas con valla o puerta alguna para que fuesen comunes a todos los que engendró».[41] E incluso achaca a su apropiación guiada por la avaricia y nuestra maldad los males de la carestía, el hambre y la pobreza.[42]

Con independencia de ello, en la obra de Luis Vives hay al menos seis grandes ideas que sientan, con extraordinaria antelación, principios que se consolidarán más tarde como las bases de las políticas sociales avanzadas:

Para aliviar la pobreza y el sufrimiento, hay que conocer con rigor dónde se encuentra efectivamente, y por eso propuso al Ayuntamiento de Brujas que creara un censo y vigilara los diferentes comportamientos de las personas necesitadas.

La pobreza no es el resultado de una ley divina inexorable, sino que tiene causas que hay que conocer y sobre las que hay que actuar directamente.

El remedio a la pobreza y la privación es necesario, como ya había adelantado Tomás Moro, no sólo para perfeccionar la fe cristiana, sino también por razones de utilidad, por salubridad o para evitar delitos.

La respuesta a la pobreza no puede venir solamente de la charitas individual, sino de la beneficencia pública, que tiene más recursos y mejores conocimientos de lo que se puede o debe hacer para remediarla.

No basta con aliviar la necesidad, sino que hay que lograr la integración de quienes se encuentran en la pobreza.

El reparto de los bienes y la renuncia a la acumulación innecesaria es imprescindible para combatir la pobreza. Vives no rechaza la propiedad, pero le reclama responsabilidades y le impone obligaciones.

Luis Vives es, en resumen, un auténtico precursor, un adelantado a su época y no es casualidad que el lugar donde se celebró la reunión fundacional de la Red Europea de la Renta Básica fuese en una sala de la Universidad de Lovaina que lleva su nombre.[43]

«Es justicia lo que defiendo»: el dividendo social de Thomas Paine

Dos siglos después de Luis Vives, el marqués de Condorcet recurrió a sus conocimientos del cálculo de probabilidades para hacer una propuesta que aliviara la desigualdad y que ha sido interpretada como un indicio de la renta básica.[44]

Sin embargo, su propuesta no iba realmente en esa dirección, sino que más bien se adelantó a las pensiones de capitalización modernas,[45] pues lo que proponía era asegurar «al que alcanza la vejez una pensión producida por sus ahorros, pero aumentada con las de los individuos que, tras hacer el mismo sacrificio, mueren antes del momento de tener necesidad de recoger sus frutos».[46] Aunque es cierto que, al mismo tiempo, apuntaba a la creación de algún tipo de fondo a partir de esos ahorros que proporcionara «una compensación similar a las mujeres, a los niños, para el momento en que pierden a sus maridos o a su padre» y «capital necesario para el desarrollo de su industria» a los hijos que alcanzan la edad de trabajar.

Fue su amigo Thomas Paine quien dio forma y otra justificación filosófica a las ideas de Condorcet, proponiendo una auténtica renta básica bajo la forma que ya conocemos de dotación o dividendo social.

El propio Paine indica al comienzo de su obra Justicia agraria que la escribía porque «es incorrecto decir que Dios creó ricos y pobres; sólo creó hombres y mujeres y les dio la tierra por herencia».[47]

La idea básica de Paine es que la tierra «es la propiedad común de la raza humana»,[48] que en su estado natural proporciona lógicamente menos valor que cuando se cultiva. Él creía que esa mejora que se logra con la actividad agraria no se puede separar de la tierra misma, de modo que cuando el propietario que la cultiva obtiene un beneficio de ella, en realidad le debe, decía textualmente Paine, una renta a la comunidad. Es de esa renta de donde proponía crear un fondo que proporcionara 15 libras a todos los individuos que cumplieran veinte años o 10 libras al año hasta su muerte a quienes cumplían cincuenta, como una compensación de la herencia universal de la que no han disfrutado y que les permita disfrutar de igualdad de oportunidades. Su propuesta sí que supone, por tanto, un avance evidente en los planteamientos que hasta entonces se habían hecho, no sólo por la concreción e incluso por su justificación financiera, sino porque responde a una justificación superior, que el propio Paine expresó con toda rotundidad: «No es caridad sino un derecho, no generosidad, sino justicia lo que estoy suplicando».[49]

La renta parroquial del feminista Spence, el mínimo de Fourier y una auténtica renta básica de Charlier

El recurso a la utopía (lo bueno que no tiene lugar) para realizar crítica social o para proyectar nuevas fórmulas de vida social fue abundante en el pensamiento social tras la obra iniciática de Tomás Moro.[50] Pero, aunque en casi toda ella se sueña con garantizar de algún modo el sustento de todos los seres humanos, no abundan figuras que puedan identificarse claramente como propuestas de renta básica.

Robert Owen, por ejemplo, insistió en la necesidad de proporcionar medios que garanticen igualdad de oportunidades, pero pensaba principalmente en la educación, o incluso en préstamos e impuestos. Para otros socialistas utópicos como Saint-Simon, lo que redime al ser humano de la necesidad es el trabajo o el tipo de organización social, y no las ayudas.[51]

Sin embargo, Thomas Spence sí propuso lo que podría considerarse una renta básica, aunque con algún matiz singular. La concibió como reacción ante «los pobres y miserables estipendios […] tan despreciables e insultantes» y sólo para hombres de la propuesta anterior de Paine.[52] En su opinión, el dividendo social de este último sólo consistía en pedir al ladrón que devolviera un poco de lo robado, mientras que su propuesta iba bastante más allá. Por un lado, defendía la propiedad comunal y proponía que las rentas generadas fueran a las parroquias para que éstas pagaran, en primer lugar, los impuestos estatales y los bienes públicos necesarios, mientras que el sobrante se «dividirá equitativamente e igualmente entre todas las almas vivientes de la parroquia, ya sean hombres o mujeres; casada o soltera; legítimo o ilegítimo; de un día de edad a la edad más extrema; sin hacer distinciones entre las familias de agricultores y comerciantes ricos, que pagan muchas rentas por sus granjas o locales extensos, y las familias de obreros y mecánicos pobres, que pagan muy poco por sus pequeños apartamentos, cabañas y jardines».[53]

Se podría considerar, pues, que esta propuesta de Spence es una verdadera renta básica (a escala parroquial, eso sí) que además tenía como atractivo que sería gestionada por las mujeres porque «los hombres no son de fiar».[54]

Por otro lado, una de las figuras más influyentes del pensamiento utópico, Charles Fourier, consideraba que la propiedad capitalista impide satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos porque arrebata los medios de producción y subsistencia imprescindibles a la mayoría de la sociedad. Y para evitar la pobreza que eso provocaba, defendía salarios más elevados para los trabajadores, y para quien no fuese capaz de tener trabajo, un «mínimo de subsistencia» pagado en especie que garantizara «el primero de los derechos […] el de nutrirse; el de comer cuando se tiene hambre».[55] Una ayuda que percibiría sin ninguna otra condición el pobre pero que, sin embargo, debería ser mínima para «no habituarlo a la holganza».[56]

Estas tres características señaladas (sólo para los pobres, en especie y muy escasa) no permiten calificarla como renta básica en sentido estricto, pero Joseph Charlier, un seguidor crítico de Fourier, llegó más lejos e introdujo una figura muy próxima a su concepción actual. Propuso, primero, un «mínimo garantizado» procedente de la socialización de la renta, que sería algo así como un sistema de compensación entre los propietarios y los no propietarios, en efectivo y para todos. Es decir, sin el miedo de Fourier a generar con esa ayuda perezosos que no desearan trabajar. Charlier decía que eso sólo ocurriría con una minoría y que, en todo caso, sería peor para ellos porque tendrían que conformarse con ese mínimo de subsistencia.[57]

Así, Charlier no sólo se adelantaba al diseño contemporáneo de la renta básica, sino que se ponían sobre la mesa con mucha antelación los debates que hoy día se plantean y que analizaremos más adelante.

La significativa ausencia de la renta básica en la economía «científica» del XIX

Aunque puede parecer que no tiene mucho sentido mencionar la ausencia de la renta básica en una referencia histórica de dicho tema, sí lo tiene subrayar que la consolidación de los estudios de economía como disciplina científica, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, es ajena al desarrollo de propuestas de esa naturaleza en las obras de sus economistas más relevantes (salvo, como hemos señalado, por quienes se pueden incardinar en el llamado socialismo utópico).

Es interesante señalar esta ausencia porque se debe a dos razones que van a seguir estando presentes e influyendo mucho en corrientes políticas y económicas actuales a la hora de enfrentarse a las propuestas de implantación de la renta básica.

La primera razón que explica la ausencia de propuestas de renta básica en estos economistas que forman la llamada «economía clásica» es el gran peso que tuvieron quienes pensaban que las ayudas a los pobres son muy nocivas porque generan desincentivos y mayores problemas que los que quieren arreglar.

El representante más conocido de esa corriente de pensamiento fue el clérigo Thomas Malthus, totalmente contrario a la beneficencia pública y a las llamadas «leyes de pobres» de su época.[58] Afirmaba que lo que había que hacer para combatir la pobreza era exhortar a los pobres a ser más prudentes y a no contraer matrimonio y, si acaso, prestarles ayuda privada. Pero, en su opinión, no tiene sentido dedicar recursos públicos a socorrer a las personas necesitadas porque así nada se soluciona: «Los que nacieron después del reparto de las propiedades se encontraron con un mundo ya ocupado. Si sus padres, por tener una familia demasiado numerosa, no están en condiciones de asegurarles el sustento, ¿qué pueden hacer en un mundo en el que todo está ya apropiado? […] Resulta, pues, que en virtud de las leyes de la naturaleza, algunos seres humanos deben necesariamente sufrir escasez. Éstos son los desgraciados que en la lotería de la vida han sacado un billete en blanco».[59]

Según Malthus y quienes después de él han defendido las mismas ideas, dar dinero público a quienes se encuentran en situación de pobreza implicaría concederles un derecho sobre la producción que empobrecía al resto de la población y, sobre todo, hacer que se mantuvieran siempre ociosos. Una idea que ya había sido expresada con más crudeza aún antes de Malthus: «Todo el mundo, a no ser un idiota, sabe que debe mantenerse en la pobreza a las clases bajas, o de lo contrario jamás serán laboriosas»,[60] idea que también defenderían incluso otros economistas considerados menos reaccionarios, como David Ricardo,[61] y que luego los pensadores neoliberales harían suya más o menos literalmente. Margaret Thatcher, la gran conductora de la revolución conservadora de finales del siglo XX contra el Estado del Bienestar y sus ayudas sociales —junto a Ronald Reagan—, recogió estas ideas casi dos siglos después. En su opinión, si hay pobreza es porque la gente no sabe presupuestar ni cómo gastar sus ingresos, es decir, no por una circunstancia social que haya que corregir, sino por un «defecto de la personalidad».[62]

De esa corriente de opinión ultraliberal e individualista que ha perdurado hasta nuestros días no cabe esperar, por tanto, que se propongan o acepten propuestas de renta básica que, en cualquiera de sus diferentes tipos, se basan en principios de solidaridad, de ayuda o en la idea de que la pobreza es un mal social y no personal (aunque, como veremos enseguida, hay otras corrientes del pensamiento liberal que han hecho propuestas de renta básica).

La segunda razón que explica que las diferentes formulaciones de renta básica no estén presentes en el pensamiento económico «científico» anterior al siglo XX (con la casi exclusiva excepción de John Stuart Mill, que se hizo eco y pareció asumir la propuesta de ingreso mínimo de Fourier) es porque casi todas ellas hacen depender el bienestar y la satisfacción de las necesidades humanas, por un lado, del derecho al trabajo y, por otro, porque asumen que la sociedad sólo debe dar a quienes, a su vez, den algo a la sociedad.

Estos dos criterios están expuestos claramente incluso en el pensamiento marxista, que podría creerse que fuera el más proclive a plantear propuestas de renta básica. Para Marx, el estadio superior de la sociedad es aquel que se basa en el principio de «a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad», una idea que se ha interpretado y se sigue interpretando todavía por sus defensores como opuesta a la implantación de rentas universales. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, fue tajante al respecto: «Sólo aquel que ejecuta de alguna manera un trabajo útil a la sociedad, ya sea manual o intelectual, puede reclamar de la sociedad los medios para satisfacer sus necesidades».[63]

Con el socialismo a la vuelta de la esquina: propuestas de renta básica (que más bien no lo eran) en la primera mitad del siglo XX

En la primera mitad del siglo XX es cuando comienza a creerse que es posible poner realmente en marcha un nuevo tipo de sociedad alternativa al capitalismo, y es entonces cuando comienzan a formalizarse propuestas de renta básica que pasan a formar parte de los programas de los partidos políticos, aunque, en realidad, están bastante lejos de sus formulaciones más recientes.

Quizá la única propuesta de renta básica que se puede considerar próxima a las de nuestros días fue la de Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950. En 1918, defendía un proyecto social que «equivaldría básicamente a eso: que todos, trabajasen o no, tendrían garantizados unos ingresos mínimos suficientes para cubrir sus necesidades básicas»,[64] algo que situaba más allá del capitalismo, y que planteaba más bien como una demanda moral que no llevaba detrás ningún análisis teórico que pudiera sostenerla.

Las demás propuestas más relevantes de esa época giraron alrededor de una idea de partida común: en las economías se genera siempre un dividendo social que, de alguna u otra forma, puede o debe repartirse.

Algunos defensores de la renta básica han querido encontrar entre sus precursores a Léon Walras porque reconoció la existencia de ese dividendo. Por ejemplo, cuando afirmaba que «las tierras son, por derecho natural, propiedad del Estado […] pertenecen a todas las personas en común, porque todas las personas razonables y libres tienen el mismo derecho y el mismo deber de perseguir sus fines y de cumplir su destino por sí mismas, y, por tanto, son responsables de esta búsqueda y de este cumplimiento […] no pertenecen a todos los hombres de una generación; pertenecen a la humanidad, es decir, a todas las generaciones […]. En términos jurídicos, la humanidad es propietaria y la generación presente es usufructuaria de las tierras».[65] Pero lo cierto es que su propuesta de nacionalización de la tierra (y de la banca) se orientaba a facilitar que la competencia en los mercados funcionara correctamente y no le llevaba a proponer que el beneficio así obtenido por el Estado fuese destinado a algo parecido a una renta a las personas sino, eso sí, a disminuir impuestos o a financiar servicios públicos.

Sí tuvieron más contenido analítico otras propuestas de entonces que, aunque estaban bastante alejadas de las distintas concepciones modernas de la renta básica, tienen a su favor el hecho de haberse planteado, como la de Russell, por intelectuales de un extraordinario prestigio y amplio reconocimiento. Una de ellas es la de James Meade, que recibió el premio del Banco de Suecia, equivalente al Nobel de Economía, en 1977. Su propuesta original se deducía del diseño de un nuevo tipo de propiedad social que resultaba de considerar que la renta que proporciona la riqueza social proviene, por partes más o menos iguales, de la sociedad en su conjunto y de la iniciativa privada, de modo que debería repartirse también entre esas dos partes: una como dividendo social y otra como dividendo accionarial. Esta propuesta fue matizada por Meade en los años ochenta para ir bastante más allá y proponer ya que ese dividendo se convirtiese en una auténtica renta básica, bien fuese como dotación o como complemento de ingresos a todas las personas.[66]

También en los años treinta del siglo pasado Oskar Lange trató de diseñar un dividendo social que podría considerarse una renta básica, pero en el marco de una economía socialista, donde el ingreso de los consumidores provendría de la renta que generan la propiedad colectiva y su propia actividad laboral: «En un Estado socialista, el método adecuado para determinar los bienes que hay que producir consistiría en garantizar a cada ciudadano una renta monetaria…».[67] Pero quedaba bien claro en su obra, por tanto, que se refería a lo que pudiera ocurrir en una futura economía socialista y además que esas rentas las garantizaría el Estado «de forma condicional».[68]

Otro futuro premio del Banco de Suecia, Jan Tinbergen, defendió por esa época (1934) la inclusión de una propuesta de ingreso mínimo en el programa del Partido Laborista holandés, y otros líderes políticos y sociales, como Dennis Milner o Clifford Douglas, propusieron fórmulas más concretas, aunque sin más éxito que el de haber pasado a la historia de la renta básica, pues no tuvieron demasiado impacto en la política de su tiempo. El primero diseñó un bono estatal distribuido como pago semanal, de forma universal e incondicional y de cuantía equivalente al 20 por ciento del PIB per cápita de entonces del Reino Unido. Y Douglas propuso un dividendo nacional como reparto de la herencia común que habrían de recibir todos los ciudadanos, que mensualmente proporcionara un crédito social en sustitución del que no se obtenía de los mecanismos de mercado habituales.

La amplitud que tenía en esta época la idea de que es necesario garantizar de algún modo que todas las personas dispongan de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas se demuestra quizá en el hecho de que fuera asumida por alguien como Friedrich Hayek, defensor a ultranza del mercado y, por tanto, muy opuesto a cualquier tipo de intervencionismo. En 1944, Hayek consideraba deseable y posible garantizar «la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos»,[69] capaz de preservar la salud y la capacidad para trabajar de cualquier persona. E incluso más adelante, ya en los años sesenta, afirmó que había que «asegurar a todos una renta mínima», pero solamente cuando no se fuera capaz «de salir adelante por sí mismo». Está claro, por tanto, que Hayek defendía simplemente una renta básica como mínimo de inserción para las personas que por razones involuntarias hubieran quedado excluidas del mercado (enfermos, niños, ancianos, impedidos…) y siempre que no encontraran ayuda de la iniciativa privada. En un primer momento, no quedaba muy claro cuál podría ser el modo de proporcionar ese ingreso mínimo e incluso apuntó que podría ser un «servicio voluntario de trabajo, sobre líneas militares».[70]

Sin embargo, todos estos enfoques orientados a garantizar ingresos como una especie de suelo para toda la población y con carácter más o menos incondicional según los casos, pasaron a ser mucho menos relevantes y casi a desaparecer cuando, a partir del llamado Informe Beveridge[71] en Inglaterra o del New Deal de Roosevelt,[72] se comenzaron a poner las bases del moderno Estado del Bienestar. Un nuevo régimen que se asentaba sobre un concepto algo diferente de la solidaridad, pues ésta se haría nacer más bien de la contribución fiscal que financiaría el suministro universal de bienes públicos y del pleno empleo como fuente de los necesarios ingresos de subsistencia para todos. Por eso, el planteamiento sobre la renta básica cambió radicalmente después de la segunda guerra mundial. Sólo a lo largo de los años sesenta y setenta comenzaron a realizarse ya las propuestas que culminaron en los experimentos concretos que analizamos a continuación y no fue sino hasta que estalló la gran crisis de los años setenta y ochenta, que llevó consigo no sólo una transformación económica y tecnológica muy profunda, sino también un cambio muy radical de políticas y valores sociales, cuando se abrió de par en par el debate en el que hay que situar el nacimiento de las propuestas más recientes de renta básica.

Rentas básicas contra la pobreza residual de los años gloriosos del capitalismo (1945-1973)

Después de la segunda guerra mundial, se abrió un período de crecimiento económico y empleo intensivos. Los incrementos constantes en la productividad y la continua ampliación de los mercados permitían a las empresas conceder alzas salariales que aumentaban la demanda, lo cual incrementaba las ventas y los beneficios, y eso permitía subir salarios, que de nuevo aumentaban la demanda, las ventas y los beneficios. Un auténtico círculo virtuoso que dio lugar a los llamados «años gloriosos del capitalismo».

Al mismo tiempo, en un buen número de países se desarrollaban experiencias socialistas que daban a entender que había una alternativa al capitalismo al alcance de la mano. Ambas circunstancias daban un enorme poder de negociación a los sindicatos y a los movimientos sociales de todo tipo, que aprovecharon la situación para hacer reivindicaciones que iban cada vez más allá de las simples subidas de salarios.

Eso explica que en los países occidentales, y en particular en Estados Unidos, hubiera también preocupación y demandas constantes para hacer frente a la pobreza que, a pesar del crecimiento económico y del alto nivel de empleo, se registraba en casi todos los países. Las propuestas de los grandes economistas de la época no tardaron en llegar.

La primera de ellas fue precisamente de quien en aquel tiempo estaba en las antípodas del pensamiento intervencionista y bienestarista dominante, el líder de la liberal Escuela de Chicago Milton Friedman, que también obtendría el premio del Banco de Suecia en 1976.

En 1962, Friedman propuso un impuesto negativo sobre la renta de los hogares (del tipo que ya hemos analizado) que en su opinión permitiría combatir eficazmente la pobreza, por cuanto proporcionaría ingresos básicos a toda la población que no alcanzara el umbral de renta determinado. De acuerdo con sus convicciones contra todo tipo de intervención, la propuesta de Friedman implicaba eliminar todas las demás ayudas que el Estado del Bienestar había desarrollado y que, en su opinión, no sólo resultaban más caras, sino que, además, generaban desincentivos muy negativos sobre el trabajo. Lo curioso es que, a pesar de ello, los vulgarizadores del ultraliberalismo más recalcitrante actual afirman que «el objetivo, el planteamiento y la solución que ofrece Milton Friedman son socialistas».[73]

En 1964, un amplio grupo de economistas y otros científicos (entre los que se encontraba el premio Nobel de Química Linus Pauling, Gunnar Myrdal, que recibiría el premio del Banco de Suecia diez años después, o el editor de Scientific American, Gerard Piel) elevó un memorándum al presidente Lyndon B. Johnson titulado La triple revolución, en el que se abogaba por la implantación de un ingreso mínimo.[74] Aunque la propuesta no se analizaba con detalle, lo interesante de ella era que se contemplaban las transformaciones que se vaticinaban en el mundo del trabajo y que después se han venido produciendo efectivamente. Por ejemplo, la desvinculación entre empleo e ingreso que, según los autores del informe, generaría pobreza en un mundo de gran abundancia, que podría permitirse perfectamente garantizar los ingresos mínimos de todas las personas con independencia de la relación que tuvieran con el empleo.[75]

Un año más tarde, James Tobin (que en 1981 también recibiría el premio del Banco de Suecia) hizo una propuesta de crédito fiscal por ingresos como instrumento de lucha contra la pobreza. En las sucesivas versiones que fue realizando de su propuesta inicial, lo presentó con una doble variante. Por un lado, era un crédito fiscal en sentido estricto y como resultante de aplicar un esquema de impuesto negativo. Se establecía un nivel de renta como umbral para cada hogar en función de sus miembros e ingresos y se determinaba la cuantía de la ayuda en forma de crédito con cargo a la liquidación del impuesto. Pero, por otro, era también una auténtica renta, porque Tobin proponía que esa ayuda se recibiera como un pago automático a todos los hogares, salvo a los que expresamente renunciaran a ello para recibirla al final, una vez liquidado el impuesto. El crédito se podría complementar con cualquier otro tipo de ingreso (que, lógicamente, habría que sumar a la ayuda en la liquidación final) y, a diferencia de lo que ocurría con la propuesta de Friedman, era compatible con las demás ayudas propias del Estado del Bienestar de entonces.

La propuesta de Tobin, y otras del mismo tipo que se realizaron por la misma época, lograron tener un gran impacto social. En 1968, un grupo de más de mil economistas de ciento veinticinco universidades, entre los que se encontraban algunos que luego serían premios del Banco de Suecia, como el propio Tobin o Paul A. Samuelson, presentaron ante el Congreso de Estados Unidos una petición para que se estableciera un «sistema nacional de ingresos garantizados y complementarios». En ella se hacían eco de otras peticiones similares incluso de líderes empresariales, que estaban solicitando la implantación de «algún tipo de impuesto negativo». Concretamente, afirmaban que «el país no habrá cumplido con su responsabilidad hasta que no se les asegure a todos un ingreso no inferior a la definición de pobreza oficialmente reconocida».[76] Ese mismo año, el presidente Lyndon B. Johnson creó una comisión para estudiar este tipo de medidas.

En el informe final se concluyó que la mejor medida para combatir la pobreza era crear un programa nacional de ayudas en efectivo a todas las personas, con independencia de que trabajaran o no. Pero, antes incluso de que se publicaran sus conclusiones, el nuevo presidente Nixon puso en marcha el plan de asistencia a las familias, que contenía una medida que suponía un cambio significativo en la estrategia de lucha contra la pobreza. Sustituía las ayudas hasta entonces dirigidas exclusivamente a las familias pobres por un programa de ingresos garantizados recurriendo a otra variante del impuesto negativo sobre la renta, aunque, en esta ocasión, no era incondicional, sino que se dejaría de recibir si los beneficiarios no aceptaban cualquier oferta de empleo que tuvieran a su alcance.

El plan de Nixon trataba de hacer frente a la demanda creciente de medidas efectivas contra la pobreza, pero terminó formulándose desde un punto de vista muy diferente al que estaban inspirando las propuestas más progresistas orientadas a proporcionar, de un modo u otro, rentas garantizadas a las personas sin ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Las propuestas progresistas buscaban cerrar las vías de agua que dejaba el Estado del Bienestar que se había consolidado en Estados Unidos tras el New Deal de Roosevelt para fortalecerlo. Sin embargo, el programa de Nixon, aunque se quisiera admitir que nació con esa misma pretensión, enseguida se orientó hacia otro destino cuando se abrió un debate cuya historia es importante conocer, pues tuvo consecuencias letales para el futuro de la renta básica que vamos a comentar a continuación.

El fantasma de Speenhamland

Cuando se disponía a presentar el plan de ayuda a las familias, el presidente Nixon recibió un informe de uno de sus asesores, Martin Anderson, en el que defendía las ideas más ultraliberales que comenzaban a hacerse un hueco en el Washington hasta entonces dominado por la mentalidad intervencionista del keynesianismo de los años gloriosos.

El informe de Anderson se basaba curiosamente en el análisis que el célebre historiador marxista Karl Polanyi había realizado de una famosa medida acordada en 1795 en Inglaterra, concretamente en la localidad de Speenhamland (Berkshire), y por eso conocida desde entonces por ese nombre.

En aquel año se padecía una gran hambruna, incluso por quienes tenían acceso a algunos trabajos muy mal pagados.

Los magistrados de la localidad debatieron entonces establecer un salario mínimo, pero acordaron que, en lugar de eso, se estableciera una ayuda para los trabajadores cuyo ingreso no alcanzara un determinado nivel considerado como de elemental subsistencia, que se iría revisando en relación con la evolución del precio del pan. Para ello, se estableció paralelamente una especie de impuesto negativo sobre las rentas que pudiera financiar la ayuda.

En el informe que Anderson presentó al presidente Nixon, se recurría a la autoridad de Polanyi para mostrar que esa medida, comparable a la que se trataba de implantar con el programa de ayuda a las familias, había producido efectos desastrosos sobre la economía y la sociedad inglesas.

Polanyi efectivamente había analizado con bastante detalle el sistema de ayuda de Speenhamland: «Según la Ley de Speenhamland, un hombre podía recibir socorros, incluso cuando poseía un empleo, siempre y cuando su salario fuese inferior a la renta familiar establecida de acuerdo con un baremo. Por esto ningún trabajador tenía interés en satisfacer a su patrono, ya que su renta era la misma independientemente del salario acordado»[77] y eso produjo, en su opinión, que «en el lapso de pocos años, la productividad del trabajo descendió progresivamente al nivel de la de los indigentes, y ello supuso una razón suplementaria para que los patronos no aumentasen los salarios por encima de lo que establecía el baremo».

La conclusión de todo esto fue contundente para Polanyi: «Nunca una medida fue más universalmente popular. Los padres quedaban libres de ocuparse de sus hijos, y éstos ya no dependían de sus padres; los patronos podían reducir los salarios a voluntad y los obreros, ocupados u ociosos, estaban al abrigo del hambre; las personas humanitarias aplaudieron la medida considerándola un acto de misericordia, cuando no de justicia, y los egoístas se consolaban pensando al menos que si no era misericordiosa tampoco era liberal. Hasta los contribuyentes tardaron en comprender lo que sucedería con sus impuestos en un sistema que proclamaba el “derecho a vivir”, un sistema en el que un hombre, ganase o no un salario, podría subsistir. A la larga el resultado fue desastroso [...] produjo como resultado irónico que la traducción financiera del “derecho a vivir” se materializase en la ruina de las personas a las que ese “derecho” debía, en principio, socorrer».[78]

Estas conclusiones de Polanyi coincidían básicamente con las que obtuvo la encuesta que realizó una Comisión Real en 1832 para evaluar los resultados de Speenhamland, considerada como el primer gran análisis de sociología empírica. La experiencia de conceder ayuda para que todas las personas tuvieran un ingreso de subsistencia digna, con independencia de que estuvieran empleadas o no o del ingreso salarial que obtuvieran, fue considerada un fracaso. Y no sólo por los primeros economistas clásicos, como Malthus o Ricardo, que ya hemos comentado que se opusieron radicalmente a las leyes de pobres, como esta de Speenhamland, sino que también Karl Marx y Friedrich Engels escribieron contra esta última culpándola de provocar que bajaran los salarios.

El pequeño informe de Anderson influyó decisivamente en Nixon, pero no sólo en él. El presidente ya no hablaba de welfare (bienestar) cuando se refería a las medidas que contenía su programa de ayuda a las familias, sino de workfare (bienestar a partir del trabajo). Con lo que parecía un simple juego de palabras, quería señalar algo muy relevante: que las ayudas no se entregaban porque el bienestar de las personas fuese un fin en sí mismo y, por tanto, al margen de la condición concreta en la que se encuentren las personas que las recibieran, sino que quedaban vinculadas al trabajo (work), a la obligación de llevar a cabo cualquier tipo de actividad que hiciera merecer la ayuda recibida.

Pero los efectos sobre la clase política y la opinión pública fueron mucho más amplios. La lectura que se comenzó a difundir en los medios de comunicación y en gran parte de la academia era que ayudas «generosas» como las que se estaban implantando en los experimentos localizados o proponiendo en programas como los de Nixon tendría efectos tan perversos como los que se habían detectado en Speenhamland. Se extendió la idea de que estas ayudas desincentivaban el trabajo, porque nadie iba a estar dispuesto a buscar un empleo si podía recibir sin esfuerzo un ingreso suficiente para vivir dignamente, se decía que supondrían un coste imposible de sufragar si no era a costa de subir extraordinariamente los impuestos, que producirían una bajada de salarios si se establecían, como en Inglaterra, en forma de complementos, porque ningún empresario iba a estar dispuesto a pagar sueldos decentes sabiendo que el gobierno los complementaría o que provocarían, tal y como había advertido Polanyi, fuertes bajadas en la productividad del trabajo al desaparecer el incentivo salarial por el trabajo bien hecho.[79]

El Senado rechazó finalmente la propuesta de Nixon, pero lo más relevante fue que el debate que se extendió en Estados Unidos de forma muy radical y enconada generó una animadversión muy amplia entre la población hacia este tipo de propuestas. Prueba de ello es que el candidato demócrata a las presidenciales de 1972, George McGovern, que había asumido como oferta electoral la propuesta de Tobin (una ayuda de 1.000 dólares anuales a todos los ciudadanos estadounidenses, que sustituiría a las demás prestaciones sociales que pudieran estar recibiéndose), la abandonó precipitadamente ante el rechazo que generaba entre sus propios votantes.

Como en tantas otras ocasiones, los prejuicios se habían adelantado a la razón. En aquel tiempo no se disponía todavía de los análisis empíricos que más tarde mostrarían que las fatalidades que se creían asociadas a la renta básica (al menos en los experimentos que se estaban realizando por aquel tiempo o que se llevarían a cabo pocos años más tarde) no eran las que se decían, como veremos más adelante. Lo cual no quita, como también analizaremos, que estén siempre exentas de problemas, sobre todo si se aplican irresponsablemente o con técnicas financieras deficientes. Como tampoco se tuvieron en cuenta otros análisis de la experiencia de Speenhamland que han mostrado que sus efectos no fueron realmente tan negativos, sino que, por el contrario, podrían haber sido los que permitieron que Inglaterra consolidara su economía con el poderío que finalmente alcanzó décadas después.

De hecho, la lectura que el propio Martin Anderson realizaba de la interpretación de Polanyi puede considerarse en cierto modo retorcida. A nuestro juicio, de lo escrito por Polanyi no puede deducirse que este historiador fuese contrario en realidad al «derecho a vivir» que supone un sistema de ayudas como el que se aprobó en Speenhamland o como podrían ser las nuevas formas contemporáneas de renta básica. Lo que Polanyi señala, y con razón, es que este derecho resultaba incompatible con la creación del mercado laboral (basado en la utilización del trabajo humano como una simple mercancía cuyo precio se debe determinar por la oferta y la demanda) que el capitalismo requería para consolidarse: «La tentativa llevada a cabo para crear un orden capitalista desprovisto del mercado de trabajo había fracasado estrepitosamente»[80] porque esta Ley de Speenhamland «iba justamente en la dirección contraria: pretendía reforzar poderosamente el sistema paternalista de la organización del trabajo legado por los Tudor y los Estuardo».[81]

En realidad, Polanyi planteaba algo que formaría parte más adelante del gran debate actual sobre la renta básica universal: ¿hasta qué punto ésta es compatible con el sistema económico capitalista en el que vivimos y en qué medida lo refuerza o permite transformarlo? Una cuestión que es fundamental conocer porque, si es incompatible, sus efectos serían tan desastrosos como fueron en la Inglaterra de 1795 mientras que, si es realmente transformadora, cabe pensar que encontrará todo tipo de resistencias, quizá hasta llegar a desnaturalizarla.

Planteamos este debate y otros recientes en los siguientes capítulos.

IV

La propuesta contemporánea de renta básica universal

A lo largo de los años setenta del siglo pasado, en Europa aumentaba un problema muy semejante al de Estados Unidos: la existencia de amplias bolsas de pobreza y exclusión social en un contexto todavía de crecimiento económico intensivo e incluso de alto nivel de empleo.

Como hemos visto, en América del Norte eso dio lugar a un amplio debate sobre las formas de combatir la pobreza centrado principalmente en la utilidad de las diversas variantes del impuesto negativo. Un debate que a su vez propició, como también hemos analizado, la puesta en marcha de experiencias prácticas de garantía de ingresos mínimos a grupos de población de diversas localidades. Pero en Europa no ocurrió algo parecido.

En nuestro continente, lo que se fue larvando por aquellos años, poco a poco y con mucha menos trascendencia práctica, fue un análisis más teórico y orientado a justificar una propuesta que terminaría siendo más avanzada, más estudiada y de mucho mayor alcance intelectual y político que las diferentes versiones de rentas básicas norteamericanas: la de la renta básica universal que definimos anteriormente tal y como la conocemos hoy día.

La prehistoria de la renta básica universal: de las intuiciones a la crítica de Foucault al impuesto negativo

Uno de los grandes defensores europeos de la propuesta contemporánea de renta básica universal, Bill Jordan, fue posiblemente el primero en percatarse de una idea que se estaba desarrollando en el seno de los grupos de población desempleada o empobrecida y que sería parecida a lo que ahora conocemos como renta básica. En 1973 señaló que el sentimiento de estigmatización que estaba asociado a la pobreza llevaba a pensar que eran necesarias nuevas formas de ayuda que no frenaran la capacidad reivindicativa de las personas empobrecidas, sino que, por el contrario, las empoderasen para que pudieran ejercer sus derechos como personas y ciudadanos, a pesar de estar en esa condición, o precisamente por ello.[82] En su opinión, se trataría de lograr que la población empobrecida se sintiera y actuara como una «clase reivindicante», tan portadora de derechos y de capacidad de reclamación de recursos para sí como cualquier otra.

Casi al mismo tiempo, la preocupación por combatir la pobreza llevó a la oficina de planificación francesa a encargar un informe sobre el impuesto negativo que, como sabemos, se había discutido ya en Estados Unidos. Informe que se publicó prácticamente al mismo tiempo que la obra del pionero de esta propuesta en Europa, Lionel Stoléru.[83] Este último fue efectivamente el primero en defender en la Europa de aquellos años la necesidad de instaurar algún tipo de sistema de garantía de rentas como fórmula para combatir la pobreza que aumentaba por entonces: «Todo hombre tiene necesidades fundamentales, y la sociedad debe ayudarlo a satisfacerlas cuando no logra hacerlo por sí solo».[84] La propuesta que defendió consistía en combinar un impuesto negativo para quienes disfrutaran de ingresos del trabajo (que proporciona un ingreso complementario para quienes estuviesen por debajo de un determinado umbral y una carga fiscal complementaria para quienes tuvieran ingresos superiores) con una asignación básica para las personas «no aptas para el trabajo». Pensaba que así se podría combatir la pobreza, reducir los gastos administrativos que llevaba consigo el sistema de ayudas hasta entonces imperante en Francia y, sobre todo, conseguirlo sin fomentar la ociosidad malsana. En sus propias palabras, «al margen de cualquier otro añadido administrativo, el sistema del impuesto negativo se preocupa por desalentar la ociosidad por medio de su tasa de imposición. El acicate consiste en procurar que toda persona tenga siempre interés en trabajar, y en trabajar más para mejorar su ingreso final, que es la suma de sus ganancias y de la asignación recibida. Este acicate es tanto más fuerte en cuanto que la asignación disminuye con mayor lentitud cuando las ganancias aumentan, es decir, cuando la tasa de imposición es más baja».[85]

Sin embargo, esta propuesta no llegó a ser puesta en práctica ni en Francia ni en ningún otro país europeo. Por un lado, porque enseguida fue asociada con un modelo de pensamiento neoliberal que los pensadores más adelantados advertían que se estaba abriendo paso rápidamente, de modo que apenas tuvo arraigo en la opinión pública. Y, por otro, porque en realidad no era una propuesta que formara parte de la agenda de actuaciones que se proponía llevar a cabo la «revolución conservadora» que aplicaría a partir de 1979 las políticas neoliberales, tal y como analizaremos en el siguiente epígrafe.

Pero hubo una crítica al impuesto único que fue mucho más interesante porque abrió una vía de pensamiento que llevaba hacia la renta básica universal. Nos referimos a la que realizó Michel Foucault en un famoso curso que impartió en el Collège de France entre 1978 y 1979.

En su clase del 7 de marzo de 1979, Foucault partió de presentar la naturaleza del impuesto negativo. En su opinión, lo que buscan con él sus defensores era evitar la ineficacia social y la perturbación económica que producen las ayudas que se proporcionan bajo la forma de consumos colectivos, que son financiadas mediante impuestos, para aliviar a los ricos de la carga fiscal que soportaban. Para ello, lo que se proponía hacer era proporcionar ayuda en dinero sólo a quienes no disponen de un mínimo de renta suficiente. En palabras del propio Foucault: «No vale la pena dar a los más ricos la posibilidad de participar en consumos colectivos de salud; pueden perfectamente asegurarla por su cuenta. En cambio, hay en la sociedad una categoría de individuos que, ya sea a título definitivo, porque son viejos o discapacitados, o a título provisorio, porque se han quedado sin empleo y están desocupados, no pueden alcanzar cierto umbral de consumo que la sociedad considera digno».[86]

El análisis que hace Foucault del impuesto negativo se basa en tres ideas principales que le permiten subrayar los cambios que una propuesta como ésta anticipa respecto «a todo lo que la política social había elaborado desde hacía siglos en Occidente».[87]

La primera, que el impuesto apunta hacia los efectos de la pobreza pero no a sus causas, lo que implica —en palabras de Foucault— que «lo único importante es que el individuo haya caído por debajo de cierto nivel, y en ese momento el problema será, sin mirar más allá y por consiguiente sin tener que hacer todas esas investigaciones burocráticas, policiales, inquisitoriales, otorgarle una subvención tal que el mecanismo por el cual se [le] otorga lo incite aún a volver al nivel del umbral y le dé motivos suficientes, al recibir la asistencia, para tener ganas, pese a todo, de superar ese nivel. Pero si no tiene ganas, el asunto después de todo no tiene ninguna importancia y el individuo seguirá recibiendo la asistencia»[88]

La segunda, que ese impuesto «es una manera de evitar por completo todo lo que en la política social pueda tener efectos de redistribución general de los ingresos, es decir, a grandes rasgos, todo lo que se pueda poner bajo el signo de la política socialista».[89] Eso significa, en su opinión, que «la pobreza relativa no se incluye de ninguna manera entre los objetivos de una política social de esa naturaleza. El único problema es la pobreza “absoluta”, o sea, el umbral por debajo del cual se considera que la gente no tiene un ingreso digno en condiciones de asegurarle un consumo suficiente». A diferencia de lo que ocurría con la política social tradicional que «se situaba siempre en el abanico de la pobreza relativa, en la redistribución de los ingresos entre sí, en el juego de la diferencia entre los más ricos y los más pobres».[90]

Finalmente, Foucault consideraba que el impuesto negativo sería un modo de garantizar seguridad general «pero por abajo […]. Tendremos entonces una población que, por el lado del mínimo nivel económico, estará en perpetua movilidad entre una asistencia otorgada si se concretan determinados riesgos y se cae por debajo del umbral, y que será, por el contrario, utilizada y utilizable a la vez si las necesidades económicas lo requieren y las posibilidades económicas brindan la oportunidad».[91]

Eso se plantea, termina diciendo Foucault, porque el capitalismo de aquellos días empezaba a ser incapaz de proporcionar el pleno empleo y, por tanto, medios de vida y recursos generados en los mercados para toda la población. Como ya no va a poder haber pleno empleo, aventuraba Foucault, «se deja a la gente la posibilidad de trabajar si quieren y de no trabajar si no quieren. […] Se les garantiza simplemente la posibilidad de existencia mínima en cierto umbral, y así podrá funcionar esta política neoliberal»[92]

Es por eso, concluye Foucault, que el impuesto negativo representa un giro radical en la política social: hasta entonces se concebía y diseñaba para hacerse cargo de todos los riesgos que pudiesen afectar a la masa global de la población, mientras que con él se impone el principio liberal de que sólo trata de asistir a «quienes lo necesitaran en el momento, y sólo en el momento que lo necesitaran».[93]

Lo que venía a poner de relieve este análisis de Foucault era que se estaba desarrollando un proceso de desnaturalización de la política social, la de los grandes pactos globales del Estado del Bienestar destinados a obtener recursos que proporcionaran bienes y servicios colectivos e ingresos suficientes procedentes del pleno empleo a toda la población.[94] Y, además, que este proceso no sólo llevaba consigo cambios en la política social sino también otros muy profundos que iban incluso más allá de la economía porque terminarían afectando al conjunto de la vida social e incluso a los valores que mueven y condicionan a los seres humanos.

Conocer la naturaleza de este proceso y analizar los cambios que produjo es esencial para entender la génesis de las propuestas de renta básica universal y lo que se pretende lograr con ellas.

El contexto en el que nace la renta básica universal: la revolución conservadora[95]

Tras la segunda guerra mundial y hasta los años setenta del pasado siglo, se vivió una etapa de gran expansión económica, de altos ritmos de crecimiento y de elevado nivel de empleo masculino. La gran mayoría de las sociedades y economías habían sido casi totalmente destruidas por la guerra y las empresas, las familias y los gobiernos necesitaban bienes y servicios en gran cantidad para reconstruirlas. Para satisfacer esa demanda constante y creciente, era necesario, por un lado, generar una producción masiva que requería mucho empleo y, por otro, que los gobiernos se encargasen de suministrar una amplia gama de bienes públicos, como educación, salud, seguridad o infraestructuras de transporte y comunicaciones...

En esa situación de pleno empleo (masculino) y de consumo familiar masivo, las clases trabajadoras disponían de un gran poder de negociación que utilizaban para lograr aumentos constantes de sus salarios y una provisión de bienes públicos creciente, pero el aumento constante de las ventas, de la productividad, de los beneficios empresariales y de los ingresos fiscales de los gobiernos permitía satisfacer esas reivindicaciones sin demasiados problemas. Se logró así un clima de gran consenso social basado en el equilibrio de fuerzas entre los trabajadores y la clase capitalista, que consolidó lo que más tarde se conoció como el Estado del Bienestar.

Eran los «años gloriosos» del capitalismo, en los que ciertamente también había en algunos momentos desempleo, pobreza o exclusión. Pero, en medio del crecimiento intensivo, se trataba de situaciones a las que se podía hacer frente sin dificultad mediante políticas sociales paliativas que podían financiarse fácilmente. Hasta los gobiernos más conservadores, como hemos visto que ocurrió en Estados Unidos, llegaban a plantear (con más o menos limitaciones) medidas que ahora nos parecen tan audaces como garantizar ingresos mínimos para toda la población.

Pero detrás de la euforia, del crecimiento intensivo y del consumismo generalizado comenzaron a aparecer problemas de todo tipo:

El crecimiento del consumo que se creía ilimitado comenzó a frenarse al inicio de los años setenta por la aparición de volúmenes ya relativamente importantes de desempleo y porque las familias ya disponían de casi de todo (a principios de los años setenta, el 99 por ciento de las familias estadounidenses poseían televisión y en 1977 ya había en Estados Unidos un automóvil por cada dos ciudadanos). En esa situación, seguir produciendo sólo conducía a acumular mercancías en los almacenes.

Cuando los mercados comenzaron a saturarse y las ventas bajaron, las empresas intentaron responder diversificando la producción, creando productos nuevos o variedades diferentes de los existentes. Pero la tecnología existente no estaba concebida para diferenciar, sino para producir muchas unidades idénticas (producción en masa). Diferenciar la producción era muy costoso, cuando no imposible. La productividad, las ventas y los beneficios se desplomaban mientras que los trabajadores seguían reclamando mejoras salariales como si nada hubiera cambiado.

La gran inversión y el alto nivel de consumo de los años gloriosos no se pudo financiar con los ingresos del día a día, sino que fue necesario recurrir al crédito. Al comienzo, esto no ocasionaba problemas porque los grandes beneficios empresariales y el poderío del dólar en los mercados internacionales proporcionaban grandes dosis de liquidez. Pero poco a poco, empezaron a implantarse nuevas tecnologías que permitieron comprar y vender muy rápidamente en los mercados financieros, y esto hizo que toda esa enorme cantidad de liquidez acumulada se dirigiera hacia la especulación financiera, que proporciona ganancias mucho más elevadas y más rápidas. Se produjo entonces una curiosa paradoja: justo cuando más dinero circulaba, menos recursos financieros había para la actividad productiva, y ésta se venía abajo también por esta razón.

Mientras que el crecimiento económico fue estable y las economías proporcionaban empleo e ingresos suficientes, era fácil llevar a cabo la política económica: prácticamente se limitaba a empujar (aumentando gasto o reduciendo impuestos) cuando se frenaba la economía o a frenarla (reduciendo gasto o aumentando impuestos) cuando se recalentaba. Pero cuando comenzaron los problemas que acabamos de señalar, estas políticas dejaron de ser eficaces para frenar los desequilibrios y la inestabilidad de las economías. Sin políticas económicas adecuadas para gobernar los vaivenes económicos, la inestabilidad se generalizó.

El pleno empleo de los años gloriosos generó otro problema también paradójico. Gracias al enorme poder de negociación que les daba (¿quién tiene miedo a reivindicar cada vez mejores condiciones laborales sabiendo que no va a perder el empleo o que si lo pierde en una empresa enseguida lo encontrará en otra?), los trabajadores no dejaron de aumentar sus reivindicaciones, reclamando no sólo salarios más elevados y mejores condiciones de vida, mayor provisión de bienes públicos o más horas de ocio, sino también participación en los beneficios y en el control de las empresas. Es decir, algo que las empresas capitalistas pueden satisfacer cuando hay alta productividad y beneficios suficientes, pero que las hunde cuando éstos están cayendo. Eso fue lo que ocurrió: en Estados Unidos, la tasa de beneficio neto (después de amortizaciones e impuestos) disminuyó del 12,7 por ciento en 1966 al 3,5 por ciento en 1975 y en Francia la relación entre el valor añadido y el capital invertido bajó una media del 1,6 por ciento anual de 1973 a 1980, mientras que entre 1964 y 1973 había venido aumentando el 0,5 por ciento anual.[96]

Lo anterior significaba que todas las partes «tiraban» de la cuerda para su lado, y eso generó una presión tremenda sobre los costes empresariales y sobre las finanzas públicas, que ya a mediados de los años setenta comenzó a traducirse en un alza de precios continuada que se añadía a la que provocaba la subida de los precios del petróleo. La inflación se desbocó.

Finalmente, a medida que esa inflación mermaba el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y la caída de los beneficios producía un paro creciente, se extendió el conflicto y el descontento. Se abrió así una grieta política en forma de deslegitimación creciente del sistema que agravó la situación, y todos estos factores hicieron que estallara una gran crisis que, como resumen de todo lo que acabamos de señalar, tuvo tres principales manifestaciones.

La primera fue la crisis de la producción provocada, como hemos dicho, por la saturación de los mercados y por el agotamiento de la base tecnológica, que se tradujo en el encarecimiento de los costes y en la caída continuada de los beneficios. La segunda, fue la crisis del Estado del Bienestar que se produjo cuando los grupos de ingresos y riqueza más elevados se cansaron de sufragar con sus impuestos un estado de cosas y unas políticas que ya no le reportaban beneficios adicionales, y mucho menos cuando las nuevas tecnologías permitían privatizar los servicios públicos con gran beneficio privado o invertir especulativamente con ganancias rápidas y muy elevadas en los mercados financieros. Y, finalmente, la tercera gran manifestación de la crisis fue un profundo enfrentamiento social y la evaporación de los valores de consenso y solidaridad que habían dado estabilidad y hecho posible la legitimación del sistema tras la posguerra. Lo que entonces se llamó «la cultura del más» (más salario, más consumo, más bienes públicos, más ocio...) había proporcionado suficiente satisfacción material entre las clases trabajadoras como para que no pusieran en cuestión el sistema. Pero cuando todo eso empezó a faltar, los valores que lo cimentaron hasta entonces se disiparon, provocando así un clima de tensión y de conflicto generalizado.

La respuesta no era fácil, entre otras cosas porque había actores en juego muy diferentes y con intereses muy distintos: grandes empresas multinacionales y otras de tamaño reducido y de escala nacional; entidades financieras muy poderosas empeñadas en incrementar su negocio creando cada vez más deuda; gobiernos de países muy poderosos y otros más débiles y atrasados, algunos de los cuales trataban de independizarse de sus metrópolis; antiguos países socialistas frente al mundo occidental; trabajadores de diferentes clases y condiciones… y, por supuesto, cada uno de ellos defendiendo o amparándose en ideologías muy diversas y en ocasiones radicalmente enfrentadas.

El conflicto fue profundo y dio lugar a gravísimos problemas económicos, sociales y políticos a lo largo de los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado: revoluciones, dictaduras, inflación galopante, quiebras y cierres de docenas de miles de empresas, paro masivo, explosión de la deuda… Cada grupo social o de interés trató de imponer su solución, pero finalmente resultó triunfante la llamada «revolución conservadora», inicialmente encabezada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Una alternativa de cambio radical que poco a poco fue asumida por los gobiernos de casi todos los países, aunque ya con denominaciones más tecnocráticas y menos politizadas: políticas de ajuste, de reformas estructurales, etc. Era la respuesta, conservadora en los valores pero realmente revolucionaria en sus procedimientos, de los grandes intereses del capital a todos esos problemas. Una respuesta que más tarde se ha conocido como neoliberalismo porque su contenido ideológico no fue sino el del viejo discurso liberal del siglo XIX, inteligentemente remozado, eso sí, para adaptarse a unos tiempos que estarían dominados, sobre todo, por un gran avance tecnológico.

Esta respuesta de la revolución conservadora a la gran crisis se basó en una batería de estrategias muy bien diseñadas para recuperar la iniciativa privada, el beneficio empresarial y la lógica del mercado frente al reparto consensuado, la solidaridad y el intervencionismo estatal de los años gloriosos del Estado del Bienestar.

Para hacer frente a la crisis de producción, se reconvirtió el modelo de producción cambiando la base tecnológica para que las empresas pudieran fabricar productos diferenciados y para ahorrar costes de trabajo tomando como espacio laboral la totalidad del planeta. Eso se conseguiría con la aplicación a la economía civil de las tecnologías de la información que ya se venían utilizando desde hacía años en la actividad militar. Estas tecnologías permiten que las relaciones comerciales, financieras o culturales se desenvuelvan en línea y a escala planetaria al proporcionar comunicación instantánea entre cualquier lugar del mundo. Gracias a ellas se podría aumentar la eficacia de los procesos productivos mejorando y abaratando la gestión de la información, crear nuevas industrias, e imponer nuevos tipos de organización y relaciones productivas muy flexibles, basados en las redes y en el uso de internet. Todo ello llevó consigo efectos contradictorios: por un lado, se abrieron nuevos mercados y se garantizó mayor rentabilidad a las empresas gracias a la diversificación y al escenario global más favorable que ahora tenían por delante, pero, por otro lado, la nueva correlación de fuerzas entre capital y trabajo resultaba mucho más favorable al primero, y el debilitamiento de las redes de seguridad y protección nacionales que había proporcionado el Estado del Bienestar produjeron un gran incremento del malestar y de la desigualdad.

Por otro lado, frente a la impotencia de la política económica tradicional para lograr estabilidad en medio de una gran inflación y de un reparto demasiado favorable a las clases trabajadoras, se atacó directamente al Estado del Bienestar (cuya financiación se consideraba insostenible en la nueva situación), a sus principios ideológicos y a las políticas que llevaba a cabo.

Para ello, se procuró desviar hacia el sector privado la mayor cantidad posible de los recursos que hasta entonces se dedicaban a proveer bienes públicos, infraestructuras o los sistemas de protección social. Se dio casi completa libertad a la iniciativa privada, se privatizaron empresas públicas, se redujeron impuestos y se suprimieron los controles a los movimientos de capitales, entre otras medidas. Se renegó de las políticas fiscales o de rentas, por considerar que eran ineficaces, muy caras y que sólo beneficiaban a las burocracias que las adoptaban, y se dio un protagonismo principal a la política monetaria.

El control de la inflación se estableció como primer objetivo de la política económica en detrimento del pleno empleo o de la mejora de las condiciones de vida de las personas. Pero, en lugar de considerar que los precios subían como resultado de un conflicto social por la apropiación de las rentas, se asumió que las causas de la inflación eran los salarios elevados y la excesiva circulación monetaria. En consecuencia, en lugar de tratar de alcanzar un cierto consenso en el reparto, se exigiría la adopción de dos medidas fundamentales: la moderación salarial continuada, cuyo efecto lógico fue el aumento inmediato de las rentas empresariales, y la subida de los tipos de interés, lo que proporcionaba retribuciones extraordinarias a los poseedores de rentas financieras.

Estas nuevas políticas (denominadas «deflacionistas» por el objetivo prioritario que perseguían) iban a lograr que se recuperase el beneficio, pero lo conseguirían a costa de frenar la actividad económica y, por tanto, la creación de empleo. No podía ser de otra forma, porque la concentración de ingresos en grupos muy reducidos de la población disminuiría la capacidad general de compra, la demanda efectiva de las economías y, en consecuencia, los niveles y las tasas de actividad. Los datos son concluyentes al respecto. Aunque el concepto de producto interior bruto es demasiado «bruto» para reflejar todo lo que realmente ocurre en las economías, su evolución puede indicarnos el freno efectivo que supusieron estas políticas. En el período de políticas más favorables del Estado del Bienestar (1950-1974), la tasa de crecimiento medio anual del PIB para el conjunto mundial fue del 4,75 por ciento, según las estimaciones realizadas por Agnus Maddison, y de 1975 a 2001, un período de políticas neoliberales, del 3 por ciento. Si se tienen en cuenta períodos más intensos de políticas bienestaristas y neoliberales (1960-1980 y 1980-2000) y grupos más singulares de países, la caída en la tasa de crecimiento es mayor. Así, la tasa de crecimiento medio anual del PIB de los países en vías de desarrollo (excluida China) en el primero de estos dos últimos períodos (1960-1980) fue del 5,5 por ciento y en el segundo (1981-2000) del 2,6 por ciento. El crecimiento medio anual del PIB en términos per cápita fue del 3,2 por ciento y del 0,7 por ciento en esos dos períodos, respectivamente. En los países industrializados que forman la OCDE, la tasa media de crecimiento del PIB fue del 3,5 por ciento en el primero período y del 2 por ciento en el segundo. En América Latina, se pasó de un crecimiento medio del 3,3 por ciento entre 1960 y 1980 al 0,3 por ciento de 1980 a 2000. Un deterioro semejante se ha producido en otros indicadores relativos al bienestar, como son los de salud, esperanza de vida, educación o desigualdad.[97]

Finalmente, la respuesta neoliberal tuvo que imponer una nueva estrategia de legitimación social, es decir, nuevos valores y formas de comportamiento que permitieran que se aceptara el nuevo orden social en esas condiciones a las que nos acabamos de referir. De nada servirían las nuevas políticas económicas neoliberales si no eran aceptadas generalizadamente, y eso lo descubrió muy inteligentemente Margaret Thatcher cuando se proponía poner en marcha su revolución: las políticas económicas —dijo— son el procedimiento, el instrumento para realizar las transformaciones que necesita el capitalismo, pero «el objetivo es cambiar el alma».[98]

Ese cambio en el alma de la gente perseguía crear las condiciones que permitieran que se pudieran imponer políticas económicas cuyos efectos iban a ser muy negativos, es decir, desarticular los focos de resistencia para hacer posible la legitimación cuando ya no se iba a dar el bienestar generalizado de los años gloriosos previos.

Para desarmar la fortísima resistencia organizada que hasta entonces habían ejercido las clases trabajadoras envalentonadas por el pleno empleo, era preciso desdibujar el carácter colectivo, social, de problemas como el paro, la precariedad, la pobreza, la inseguridad… que es lo que llama a darle respuestas igualmente colectivas y organizadas, y, por tanto, potentes y efectivas.

Las estrategias o instrumentos que produjeron ese desarme fueron variados y conviene mencionarlos, aunque sea rápidamente, para entender el clima económico, político e intelectual en el que nacerá la propuesta de renta básica universal.

En primer lugar, se desmantelaron los «grandes territorios obreros» donde se concentraban miles de trabajadores. Las antiguas grandes factorías se transformaron en docenas de centros de trabajo dispersos, a veces en multitud de países, por un lado, porque la informática y las telecomunicaciones permitieron externalizar el trabajo asalariado o «trocear» las tareas y, por otro, porque las sucesivas reformas legales limitaban o incluso anulaban derechos laborales históricos. Así, los trabajadores se comenzaron a enfrentar cada vez más aisladamente al capital a la hora de negociar sus condiciones de trabajo, rompiéndose las relaciones materiales de clase, e incluso el mero contacto personal, lo que promueve o más bien obliga a adoptar comportamientos individualistas.

En segundo lugar, la nueva producción diferenciada, la fabricación de gamas muy variadas de un producto en lugar de mucha cantidad de uno idéntico, trajo consigo también un nuevo tipo de consumidor. Bajo esta nueva lógica productiva, los bienes son tanto más exitosos cuanto más capaces sean de distinguirse de cualquier otro, no sólo por su contenido real, sino incluso por su simple envoltura o connotación icónica (no se vende el automóvil, como cualquier otro producto, por sus características como vehículo, sino por los valores que se le asocian). La imagen que el productor consiga que el consumidor se haga del producto (la fuerza, la seguridad, la sofisticación, la masculinidad o feminidad que se asocie a su consumo…) es la clave para que se realice la demanda. Pero para que eso pueda ser así, para que los consumidores aprecien sobre todo la diferencia que llevan consigo los productos y busquen la distinción y la personalización que se le ofrece con un producto individualizado, hecho «en exclusiva para él o para ella», se necesitan consumidores que aspiren principalmente a subrayar su individualidad, su desidentificación con los demás que estén encadenados a su individualidad.

Por último, también tuvo una contribución decisiva a la hora de fomentar este tipo de valores y de seres humanos, ensimismados y buscando la diferencia con los demás, la conformación de los espacios urbanos, las estrategias educativas, el tipo de programas televisivos…, o incluso la estratégica multiplicación de toda una red mundial de canalización individual de la ayuda, sobre todo, a través de una miríada de organizaciones no gubernamentales que privatizan, compartimentan e hiperespecializan la solidaridad y la cooperación a la hora de hacer frente a los principales problemas sociales y a la insatisfacción tan generalizada que crea el neoliberalismo.

Todo ello fue lo que permitió darle un significado nuevo a los nuevos problemas del paro generalizado, los bajos salarios o la exclusión social. Empezaron a contemplarse no como asuntos colectivos, sino como una especie de nuevas patologías o contingencias individuales, que, por tanto, lo que necesitan para resolverse es la acción individual de cada persona y no una respuesta de grupo, social, política. También lo indicó claramente Thatcher cuando justificaba esta filosofía: «Hay mujeres y hombres individuales, y hay familias… no existe tal cosa como la sociedad».[99]

Se impondría así la idea, por ejemplo, de que el paro no es un problema colectivo o social frente al que se precisen movilizaciones sociales que reclamen y exijan nuevas políticas macroeconómicas, sino que es un simple asunto personal que simplemente se resuelve mediante la acción individual. Por tanto, lo que debe hacer quien acepta esta idea y sufre ese tipo de problemas no es sumarse a una fuerza colectiva o social para reclamar políticas que cambien las condiciones económicas generales, sino —en el caso del paro— subsanar la patología individual que se supone que lo provoca, procurándose individualmente una mayor «empleabilidad».

Es en este contexto cuando nace la propuesta contemporánea de renta básica universal, que rompe con todas las fórmulas anteriores encaminadas a lograr, de un modo u otro, que todos los seres humanos dispongan de recursos suficientes para su supervivencia. Nace, como veremos enseguida, en 1983 y, por tanto, en pleno auge de la revolución conservadora, cuando se están afianzando las ideas que rompen con las que sostuvieron durante décadas el Estado del Bienestar: el predominio de la iniciativa privada, el recurso al mercado y no al Estado para tomar las decisiones económicas, el rechazo del intervencionismo público para hacer frente a las situaciones de necesidad y de la solidaridad como lazo social. Es decir, en el contexto de un mundo que se entiende, como decía Margaret Thatcher, como una suma de individuos y familias, pero no como una sociedad, en medio de un capitalismo que «se reinventa a sí mismo», en expresión de Luc Boltanski y Eve Chiapello,[100] para hacer frente a la crisis que lo había amenazado de muerte.

La propuesta de renta básica universal se deberá abrir paso en una situación de rotundo rechazo a los impuestos que hizo, por ejemplo, que los del capital bajaran casi 30 puntos y más de 10 los que recaían sobre las rentas más altas de 1985 a 2000. O que en la Unión Europea los impuestos directos sobre las rentas altas pasaran de representar el 64 por ciento del total en 1986 al 51 por ciento en 2006, y los indirectos (más regresivos) del 32 por ciento al 47 por ciento. Nacería también en medio de un crecimiento de la desigualdad que ya no sólo no parecía importar, sino que incluso se concebía como un incentivo para la creación de riqueza. Según los informes sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, la diferencia en el ingreso entre el 20 por ciento de los más ricos y el 20 por ciento de los más pobres pasó de ser de 30 a 1 en 1960, a 60 a 1 en 1990 y a 74 a 1 en 1999, es decir, en la época de más intensa aplicación de las políticas que trajo consigo la revolución conservadora.

En resumen, cuando en los primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado se lanzó la primera propuesta de renta básica universal en el sentido pleno que se le da al término, la situación social y económica estaba caracterizada por unas circunstancias muy claras y determinantes: el crecimiento se había debilitado y, en todo caso, se empezaba a tomar conciencia de que ni podía ser infinito ni era capaz de solucionar por sí mismo los problemas económicos, pues iba de la mano de una inestabilidad creciente. En particular, se había generalizado el desempleo y aumentaban las bolsas de pobreza y exclusión social, y, al mismo tiempo, se desterraba la idea de que esos problemas podían ser solucionados a la manera de los años gloriosos, es decir, con intervención gubernamental. Por el contrario, se confiaba la solución de los problemas económicos al establecimiento de la mayor libertad posible para el capital privado, al funcionamiento más libre de los mercados y, en general, al predominio de la iniciativa privada, lo que obligaba a privatizar, desregular y flexibilizar al máximo las relaciones económicas y los negocios. Se rechazaban, por tanto, las políticas fiscales y se consideraba que el Estado del Bienestar era insostenible financieramente hablando, además de que provocaba ineficiencias, desincentivos y despilfarro. Se establecía que los individuos deberían abordar por sí mismos la solución de sus problemas de empleo y la búsqueda de su bienestar personal o familiar, sin esperar que se los resolviese el Estado. Y todo ello ocurría en un marco de profunda globalización que permitía que los negocios y los capitales se movieran con plena libertad por todo el planeta.

Un intento fallido: la propuesta de subsidio universal en los Países Bajos

En el contexto social y político que acabamos de describir, no cabía pensar que los gobiernos recurriesen a las fórmulas de años anteriores para hacer frente al desempleo y la pobreza, en aumento constante por aquellos años en todos los países. Era lógico, por tanto, que comenzaran a realizarse propuestas que, o bien se incardinaban plenamente en el modo de pensar dominante o, por el contrario, se situaban completamente fuera de él. O que trataran de asentarse en ambos lados, es decir, en un pragmatismo de corto plazo que apuntara a soluciones alternativas o incluso que podían considerarse utópicas.

Así nació la formulación contemporánea de la renta básica universal, que se fue abriendo paso como a saltos, a partir de ideas que podían parecer deslavazadas, pero que en realidad estaban unidas por la necesidad de dar respuesta pragmática a los problemas sociales cada vez más evidentes que provocaban las políticas dominantes.

Ya en los años setenta, se hicieron propuestas aisladas que llegaron a tener cierta difusión en algunos países europeos, pero fue posiblemente en los Países Bajos donde se desarrollaron más abundante y profundamente las ideas que terminaron conformando finalmente la de la moderna renta básica universal.

En los años setenta, el médico Jan Pieter Kuiper habló en varios libros y artículos de la necesidad de establecer una «renta garantizada» para combatir la deshumanización del trabajo, pero no fue sino hasta que el desempleo comenzara a extenderse ampliamente cuando estas nuevas ideas se abrieron paso con fuerza.

A partir de 1981, un sindicato radical de trabajadores de la alimentación (Voedingsbond FNV) lanzó la idea de combatir el paro creciente con un «subsidio universal» (universal grant) con un grito de alarma que resultará familiar en los días en que ahora vivimos: «Los robots están llegando».[101] Pero, a pesar de su novedad y aparente radicalidad, la propuesta trataba de conjugarse con las ideas dominantes y se concebía como una medida que sustituiría a la mayor parte de las leyes de seguridad social entonces existentes.

Su propuesta fue rechazada por los demás sindicatos y por el Partido Laborista («Con un ingreso básico, terminarás en la derecha», afirmó su presidente), aunque no sólo porque llevara consigo el desmantelamiento de la seguridad social tradicional. Para este partido, la renta básica que proponía Voedingsbond sería incapaz de reducir el desempleo y equivalía en realidad a una especie de soborno para los trabajadores, porque les suponía ceder el derecho al trabajo a cambio de una promesa de ingresos libres que, además, serían muy bajos en comparación con los pagos de la seguridad social, por lo que serían muy perjudiciales para las personas desempleadas o discapacitadas.

A pesar de esas críticas y de que la mayoría de los partidos políticos ni siquiera se sentían concernidos por este tipo de propuestas, lo cierto fue que la idea de una renta básica se abría paso. Así lo prueba que un informe de 1981 de un comité oficial, el Consejo Científico de Política Gubernamental, le dedicara todo un capítulo. Aunque, eso sí, para advertir de sus efectos muy negativos sobre las exportaciones, sobre los salarios y los precios, y sobre la estabilidad económica en general.

Sin embargo, de forma inesperada, como señalan Loek Groot y Robert van der Veen, pero sin duda también porque alguna influencia debió ejercer el clima intelectual que se estaba larvando por entonces, como comentaremos enseguida, ese mismo consejo científico elaboró en 1985 otro informe sobre la necesaria reforma de la seguridad social que contemplaba, como uno de sus pilares fundamentales, la creación de una renta básica financiada por impuestos y un seguro mínimo social incondicional para todo tipo de contingencias (desempleo, enfermedad, discapacidad). La propuesta respondía a un complicado equilibrio entre las ideas realmente alternativas y las liberalizadoras que trajo consigo la revolución conservadora, de modo que era difícil determinar finalmente hacia qué lado caía. Por uno, recogía la fórmula novedosa de la renta básica, con componentes de incondicionalidad (precisamente porque trataba de combatir el papeleo y la enorme burocracia que había generado el sistema de seguridad social), de permanencia e individualidad. Pero, por otro, la renta básica se concebía, en realidad, como un medio para reducir costes (eliminando el salario mínimo), aumentar la flexibilización del mercado laboral, la simplificación del sistema de bienestar y para aumentar la privatización (en concreto, de todos los beneficios salariales por encima del mínimo social).

La primera propuesta de renta básica universal

A pesar del fracaso de esta propuesta en los Países Bajos, el debate intelectual sobre formas alternativas para hacer frente, sobre todo, al desempleo masivo de aquellos años no se detenían ni en aquel país ni en otros lugares de Europa. En Bélgica, tres investigadores de la Universidad Católica de Lovaina, Philippe Defeyt, Philippe van Parijs y Paul-Marie Boulanger, se constituyeron en el llamado Colectivo Charles Fourier y redactaron, en 1984, un texto titulado «El subsidio universal» («L’allocation universelle») que resultó ganador del premio creado por la Fundación Rey Balduino en uno de sus programas titulado Diálogo sobre el futuro.[102]

El texto en el que se presentaba por primera vez esa propuesta de «subsidio universal», que pronto pasó a ser conocido como la renta básica de nuestros días, comenzaba con un párrafo que seguramente confundiría a muchos de sus defensores actuales, pues la concebía como sustituta de todos los demás subsidios y ayudas sociales y paralela a una «desregulación progresiva del mercado de trabajo».[103] Es decir, muy en la línea que planteaban los ideólogos de la revolución conservadora, quizá como queriendo advertir que se trataba de una medida que, en principio, podría encajar en el encuadre general de la filosofía económica que la revolución conservadora había conseguido hacer hegemónica prácticamente en todo el mundo. Vale la pena transcribirlo en su integridad:

«Suprimamos todos los subsidios al desempleo, las pensiones del Estado, las transferencias de la seguridad social, las subvenciones familiares, la reducción de impuestos a personas dependientes, las becas estudiantiles, los planes especiales de empleo temporal, la ayuda estatal a las empresas en crisis. Pero otorguemos cada mes a cada ciudadano una suma suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales. Otorguémosela trabaje o no trabaje, sea pobre o sea rico, viva solo o con su familia, en concubinato o en comuna, haya o no haya trabajado en el pasado. No variemos la cantidad otorgada más que en función de la edad o del grado (eventual) de invalidez. Y financiemos todo ello mediante un impuesto progresivo sobre los otros ingresos de cada individuo.

»Paralelamente, desregulemos el mercado de trabajo. Abolamos toda legislación que imponga un salario mínimo o una jornada máxima de trabajo. Eliminemos todos los obstáculos administrativos al trabajo a tiempo parcial. Reduzcamos la edad de escolarización obligatoria.

»Suprimamos la obligación de jubilarse a una determinada edad. Una vez hecho todo esto, observemos qué ocurre».[104]

La propuesta concreta que se formuló en aquel primer momento es la que se ha seguido manteniendo prácticamente sin cambios hasta hoy día y que ya conocemos. Es decir, la de un ingreso monetario individual que es proporcionado por el Estado a todos los miembros o residentes de pleno derecho de su territorio, como un derecho universal de ciudadanía y, por tanto, sin condiciones; esto es, sin que las personas que lo reciben deban cumplir otro requisito distinto que el de la ciudadanía, estén o no empleadas, tengan o no cualquier tipo de remuneración adicional, con independencia de que sean ricas o pobres, y sin tomar en consideración sus relaciones familiares o de convivencia con quien conviva.

Por tanto, desde el primer momento se caracterizó por su elemento esencial y distintivo: la incondicionalidad. Una característica que implica o equivale a decir que su percepción no depende de cumplir ningún tipo de requisitos, que no se requiere ningún tipo de comprobación al respecto y en particular en relación con la riqueza o los recursos de cada cual. Y también la recibe cualquier persona sin distinción (salvo quien no pertenezca a la comunidad en la que se establece); que no depende tampoco de la condición familiar de quien la recibe porque es de percepción individual; y, en particular, que se recibe sin que eso conlleve ningún tipo de contraprestación ni obligación subsiguiente, como puede ser, en concreto, la de trabajar o la de aportar algo a la sociedad que la proporciona.

Por el contrario, también desde el principio se deducía que la propuesta originaria de renta básica contemporánea quedaba abierta a poder implantarse con fórmulas diferentes en cuanto a algunos otros aspectos concretos, a los que ya hicimos referencia. Así, en alguna de sus versiones se acepta que se perciba dividida en dos partes, una destinada directamente a las personas y otra recibida en forma de inversiones de carácter colectivo: sanidad, educación, vivienda, transporte, medio ambiente, etc.; en otras, se admite que tenga variabilidad a lo largo del tiempo, que contemple cantidades diferenciadas según la edad y, por supuesto, que pueda financiarse de diversas formas.

El título de los diferentes epígrafes del texto iniciático del Colectivo Charles Fourier indicaba claramente qué creían sus autores que ocurriría si se establecía ese tipo de subsidio: la pobreza sería vencida, el paro abolido, las tareas ingratas diezmadas, el trabajo alternativo sistemáticamente alentado o incentivado y el trabajo doméstico reestructurado. En el texto señalaban cómo la renta básica podría traer consigo esos efectos y las ventajas que tendría respecto a las políticas tradicionales, tal y como analizaremos con detalle en el siguiente capítulo.

La difusión internacional de la propuesta de renta básica internacional

La primera formulación de la propuesta de renta básica universal del Colectivo Charles Fourier termina preguntándose sobre las condiciones que pueden permitir que una medida como la que defienden sea viable. En primer lugar, señalan que debe haber un incremento de la productividad tan grande que permita que la existencia de desempleo masivo no comprometa el disfrute de un modo de vida confortable. En segundo lugar, que no se trate de superar las limitaciones que registra el crecimiento económico mediante la reutilización de la mano de obra «liberada».

La brevedad de este primer texto del Colectivo Charles Fourier (siete páginas de La Revue Nouvelle donde se publicó) y el hecho de que estuviera escrito casi a la manera de un manifiesto, podría dar la idea de que exponía simplemente intuiciones genéricas, pero la realidad era otra, se estuviera o no de acuerdo con lo que planteaban. Un año más tarde de su primera redacción, en ese mismo número de 1985 de la revista, aparecieron ya doce textos de diversos investigadores que desarrollaban y trataban de fundamentar con números y argumentos más profundos las ventajas y efectos que sus promotores iniciales habían asociado desde el principio a su propuesta de renta básica: su eficacia en la lucha contra el desempleo y la pobreza, su capacidad para fomentar un nuevo tipo de relaciones sociales, su efecto sobre las desigualdades entre mujeres y hombres, sus diferencias y ventajas respecto de otras medidas como el salario mínimo o el crédito social, así como los problemas que plantea su financiación.

El eco de estos primeros trabajos fue desigual. De los once autores que participaron en el debate con el que se cerraba el número de La Revue Nouvelle donde se publicaron prácticamente ninguno la defendía claramente, salvo André Gorz, que después de resaltar el posible escoramiento hacia la derecha liberal de la propuesta, terminaba haciendo otra que podría considerarse parecida. Otros autores incluso le achacaban calificativos y efectos claramente negativos: principio noble pero de eficacia dudosa, utopía a contracorriente, infierno lleno de malas intenciones, libertad ilusoria, propuesta que idealiza lo individual y denigra lo colectivo, un subsidio universal que no puede ser universal, ¿suicidio social?…[105] Sin embargo, al año siguiente, en septiembre de 1986, los tres miembros del Colectivo convocaron una reunión a la que ya asistieron sesenta intelectuales de diversos países interesados o defensores de la idea. Y antes de acabar el encuentro, decidieron crear una asociación a la que denominaron Red Europea de Renta Básica (Basic Income European Network, BIEN), y a partir de ahí han logrado difundir, sobre todo desde los primeros años de este siglo, su propuesta de renta básica universal con indiscutible éxito en todo el mundo. Una propuesta que ya a partir de ahora vamos a tratar de analizar con más detalle. Primero, en el siguiente capítulo, para descubrir su justificación y, en los siguientes, para conocer las posibles formas en que podría financiarse su puesta en práctica y lo que realmente sabemos sobre sus efectos si se implantara, y sobre las ventajas o inconvenientes que tienen sus diferentes tipologías respecto a otras formas de impulsar la justicia y el bienestar humano.

Las diferentes versiones contemporáneas de la renta básica universal

La formulación original de la renta básica universal que hemos analizado se ha mantenido en su diseño original desde que fue presentada por el Colectivo Charles Fourier en 1984 en lo que podríamos denominar la corriente más fiel al origen y mayoritaria que la defiende. Pero la idea original de proporcionar un ingreso garantizado a toda la población, universal, con todo lo que sabemos que implica este término, ha sido asumido por diversas corrientes de pensamiento que le han dado formas y proyecciones diferentes y más o menos alejadas de su concepción original, aunque no tanto en su diseño material como en cuanto a los fines que persigue y al concepto de sociedad que lo justifica.

Incluso en su expresión más pura u ortodoxa, se pueden encontrar matices que responden a ideologías diferentes y, por tanto, a aspiraciones sociales de futuro también muy distintas.

La renta básica se ha contemplado como instrumento de desmantelamiento de los aparatos del Estado del Bienestar, como incentivo de una mayor individualización de los comportamientos humanos y de las relaciones sociales, como un simple paliativo de problemas sangrantes de nuestras sociedades. Y, por supuesto, también desde las posiciones completamente diferentes que hemos comentado, como una medida que altera radicalmente los valores y las estructuras básicas de las sociedades capitalistas, porque no sólo implica establecer un suelo que hace más iguales a los seres humanos, sino que, al combinarse todos los efectos que se han mencionado, puede modificar las relaciones sociales y los valores e incentivos que gobiernan el comportamiento humano, las relaciones de propiedad, y el valor que la sociedad concede a lo que ahora apenas lo tiene porque carece de expresión monetaria o no es capaz de proporcionar beneficio.

Simplificando al máximo sus planteamientos, podrían distinguirse dos grandes concepciones de la renta básica universal. Por un lado, los que expresamente respetan la estructura básica de la propiedad privada que sostiene a la economía capitalista y, por otro, quienes defienden la renta básica como un instrumento expreso para su sustitución por una economía de otro tipo, socializada y basada en valores e incentivos diferentes a la búsqueda del lucro que lleva a universalizar las relaciones de mercado. Y con algo más de matices, se podrían señalar concepciones de la renta básica algo diferenciadas entre estos extremos.

En el primero, se encontraría en primer lugar la renta básica universal que defiende el anarcoliberalismo, que directamente propugna la reducción al máximo y a ser posible la completa desaparición del Estado social y del intervencionismo gubernamental.

Posiblemente, el exponente más conocido de esta corriente es Charles Murray, quien defiende la implantación de este tipo de renta básica, pero en sustitución de todas las prestaciones y transferencias sociales, incluidas las pensiones públicas y los servicios públicos de sanidad o educación y cualquier otro tipo de ayudas sociales, como las de vivienda. El subtítulo del libro en el que defiende su idea muestra claramente su pretensión: «Un plan para reemplazar el Estado del Bienestar».[106] Su idea es que, de esta manera, no sólo se garantiza más libertad a todas las personas, sino mucha más eficacia y ahorro en el uso de los recursos sin provocar desincentivos perversos que frenen la creación de riqueza.

Se podrían incluir en esta corriente todas las versiones de la renta básica contemporánea que propugnan su implantación sustituyendo, en mayor o menor medida, las prestaciones sociales en aras de promover su provisión a través de la iniciativa privada en el mercado.

Una segunda corriente entronca con un liberalismo más clásico y no tan anarquizante como el de extrema derecha que se está extendiendo en los últimos años. Sus propuestas de renta básica estarían basadas más bien en la reforma del impuesto sobre la renta hasta convertirlo en un impuesto negativo como el que originalmente propuso Milton Friedman, ya analizado anteriormente. Su versión mas cercana quizá sea el Liber, una renta de libertad para todos, tal y como la definen sus promotores, Gaspard Koenig y Marc de Basquiat.[107]

Estos autores se preguntan cómo es posible que con 400.000 millones de euros de gasto social todavía haya personas sin sus necesidades básicas cubiertas en Francia. Afirman que la principal función del Estado, la de garantizar medios de vida suficientes a todas las personas, no se está cumpliendo. Por esa razón es por lo que proponen un medio que permita disfrutar de la libertad que da el haber cubierto esas necesidades básicas a todos los individuos, pero no mediante una ayuda, sino a través del crédito fiscal (el Liber) que proporciona, como sabemos, el impuesto negativo sobre la renta. Su idea es financiar ese Liber mediante una libertasa proporcional al ingreso de cada persona, una vez deducido de este último el Liber, que sería fijo y universal. Al ponerlo en marcha, se sustituirían muchas de las prestaciones sociales, aunque no todas las del Estado del Bienestar como en el caso anterior, y se modificarían sustancialmente tanto los impuestos sobre la renta de las personas físicas como los de sociedades.

La tercera gran formulación de la renta básica sería la original que hemos analizado, la que suele calificarse como liberal-libertaria. Como hemos comentado, incluso quienes la defienden por su radicalidad, la reconocen como un instrumento que simplemente proporciona un remedio que ni siquiera es definitivo o total para los grandes problemas de nuestro sistema social. Simplemente aspira, aunque desde luego esto no sea poco, a compensar ciertas desigualdades, a aliviar la pobreza y a establecer las condiciones de la libertad real frente a la formal. Van Parisj, por ejemplo, siempre ha reconocido que su proyecto de renta básica se incardina sin problema en la economía capitalista, entre otras cosas, porque la prefiere a una centralizada, pues la considera más eficiente y más respetuosa de los derechos y libertades que una socialista o comunista. De hecho, tituló uno de sus trabajos más conocidos, refiriéndose a la renta básica universal que defiende, como «Una vía capitalista al comunismo».[108]

Finalmente, se podría destacar como una propuesta diferenciada la que José Iglesias, el primer introductor de la renta básica en España, define como su modelo fuerte y diferenciado no sólo de las versiones condicionadas de rentas garantizadas, sino de las universales que acabamos de mencionar que, a su juicio, sólo están «dirigidas a corregir las profundas desigualdades sociales que genera el sistema actual, sin que ello suponga un cambio radical del mismo sistema».[109]

Su propuesta de renta básica universal fuerte es muy parecido, lógicamente, al liberal-libertario, pero con matices importantes referidos tanto a la forma de ponerla en marcha como a su intencionalidad. Para Iglesias, este modelo se caracteriza porque proporciona a toda la población, de forma personalizada, una misma cuantía de renta equivalente al umbral de pobreza, en sustitución de «las demás prestaciones económicas en vigor: pensiones, subsidios, subvenciones, ayudas, etc.», pero dividida en dos partes, una percibida directamente por las personas y la otra dedicada a las inversiones de carácter colectivo: sanidad, educación, vivienda, transporte, medio ambiente, etcétera.

De esta forma, Iglesias asegura que se consiguen efectos que, en su opinión, no lograrían los modelos débiles: «Evitar los costes burocráticos que supone administrar la renta básica, no aumentar más el control que el Estado ejerce sobre los ciudadanos, erradicar la pobreza económica al utilizar la mitad de la renta per cápita, o umbral de pobreza, como cantidad mínima de partida y asegurar la participación ciudadana en la asignación de la parte de la renta básica que se ha de dedicar a los bienes (inversiones) y servicios de índole colectivo».

Cada uno de estos diferentes modelos en que ha cristalizado la propuesta original de renta básica universal contemporánea se basan en una preferencia ética determinada, en una concepción del mundo singular y en una evaluación diferente de los efectos que cada propuesta conlleva. Trataremos de analizar y hacer balance de todo ello en los siguientes capítulos.

V

La justificación ética, política y económica de la renta básica

Como hemos visto, el contexto en el que germinaba la propuesta de renta básica universal contemporánea era de altísimos niveles de desempleo y bolsas de pobreza que se extendían por todo el mundo, como resultado de una gran crisis estructural y del tipo de políticas (de efectos distributivos muy desiguales) que consiguieron hacerse dominantes a la hora de hacerle frente. No es de extrañar, por tanto, que la necesidad de poner remedio al paro y a la pobreza fuese la motivación primaria de cualquier reflexión que entonces se hiciera en materia de políticas sociales y así ocurrió también en el caso de la renta básica que impulsó el Colectivo Charles Fourier y más tarde todos sus numerosos defensores.

Sin embargo, para entender bien lo que realmente persigue la propuesta de implantación de una renta básica universal, entonces y en la actualidad, hay que tener en cuenta que su justificación más profunda no es solamente la de combatir el desempleo o ni siquiera la pobreza en un momento de gran deterioro económico (aunque, naturalmente, también se busque que tenga este efecto). Lo que persigue es avanzar hacia una sociedad justa y libre. Podríamos decir que para sus defensores la implantación de una renta básica universal no es sólo una propuesta de política social, o de política económica en un sentido aún más general, sino, ante todo, una propuesta moral, un proyecto ético para el conjunto de la sociedad que se basa en una idea concreta de lo que debería ser la justicia y la libertad. A partir de ahí es cuando adquiere pleno sentido, según quienes lo defienden, que se implante una renta básica universal e incondicionada. En este capítulo vamos a exponer, en primer lugar, cuál es ese fundamento moral originario y, a continuación, las demás razones por las que se defiende su implantación.

Acceso a la herencia común y derecho de ciudadanía

Uno de los primeros y más importantes impulsores de la renta básica universal, Philippe van Parijs, afirma taxativamente que su argumento principal «se basa en una visión de justicia», partiendo de la base de que «la justicia social requiere que nuestras instituciones sean diseñadas para asegurar la verdadera libertad a todos».[110]

Pero es evidente que una propuesta como la de renta básica universal plantea problemas, incluso intuitivos, desde los puntos de vista más elementales de la libertad y la justicia. Es problemático, por ejemplo, que se proporcione una renta sin más a cualquier persona, sin que se exija a quien la percibe nada a cambio, lo que en principio puede considerarse que rompe con la idea de reciprocidad que está detrás de un sentido elemental de justicia. Por otro lado, es evidente que su implantación requiere financiación elevada, lo que obliga a detraer recursos de personas a quienes quizá la renta básica no les resulte necesaria o deseable. También sabemos que se trata de una renta que se paga sin establecer ningún tipo de control sobre el uso que se hace de los recursos, lo que se podría entender como contrario a principios también elementales de buen gobierno o de uso eficiente de la riqueza de todos, entre otros. Por tanto, es evidente que si se quiere que una propuesta como la de la renta básica universal quede éticamente bien justificada, se necesita realizar una reflexión profunda y rigurosa sobre la naturaleza de la justicia y la libertad. Ésa es una tarea que trataron de acometer desde el primer momento sus defensores.

Garantía de acceso a una herencia común muy mal repartida

La justificación ética de la renta básica universal se sostiene sobre tres pilares previos, a partir de los cuales se intenta concluir que no sólo no es contraria a la justicia y la libertad, sino que, por el contrario, es una pieza esencial del orden social para que ambas puedan alcanzarse efectivamente.

El primer pilar es la teoría de la justicia formulada por John Rawls. Éste definió tres principios de la justicia que deberían respetarse a la hora de definir los derechos y libertades básicos que debería garantizar una sociedad democrática y a la hora de hacer frente a las desigualdades que afectan a los seres humanos a lo largo de su vida. El primer principio es el de igualdad e implica que «cada persona tiene el derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos».[111] El segundo principio es el de igualdad de oportunidades y resulta imprescindible porque las libertades básicas no se pueden gozar sin disfrutar, a su vez, de condiciones socioeconómicas muy precisas y adecuadas que proporcionen un mínimo de calidad de vida o el acceso a bienes y servicios básicos. El tercer principio es el de la diferencia que permite admitir que haya desigualdades o incluso que se pueden promover si son necesarias o redundan en beneficio de quienes están menos beneficiados y necesitan algún tipo de empuje para disfrutar de las anteriores condiciones. En palabras del propio Rawls, «las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones: en primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades; y, en segundo lugar, las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad».[112]

Este último principio podría justificar, efectivamente, que se estableciera algún tipo de ayuda para mejorar la posición de las personas más desfavorecidas y eso llevó a Rawls a defender en algún momento de su vida, aunque no siempre ni con gran énfasis, la implantación de algún tipo de impuesto negativo sobre la renta.[113] Sin embargo, ese principio no podría justificar una propuesta de renta básica universal o incondicional, en particular, si se proporciona sin ningún tipo de exigencia de reciprocidad. En concreto, desde el punto de vista que defendía Rawls, no estaría justificado que se diera una renta básica a quienes han decidido voluntariamente no hacer nada para obtener algún ingreso desarrollando cualquier tipo de actividad. Rawls diría que, al tomar esa decisión, quienes no hacen nada ya están recibiendo una ayuda (una «renta»), aunque digamos que virtual: el ocio del que estarían disfrutando sería ya una «diferencia» que reciben para mejorar su condición.

El segundo pilar sobre el que se basa la justificación ética de la renta básica es la obra de otro gran filósofo y jurista, Ronald Dworkin. En muy resumidas cuentas, éste sigue la tesis y el planteamiento de Rawls, pero añade un matiz que será fundamental para la propuesta de renta básica. Dice Dworkin que el reparto de los derechos no sólo tiene que responder a la elección o las preferencias que explicitamos los seres humanos cuando actuamos en nuestra vida diaria y social (por ejemplo, buscar trabajo o dejar de hacerlo, si es que se prefiere disfrutar de más tiempo de ocio), sino también a otras circunstancias de las que no somos siempre responsables porque nos vienen impuestas, por ejemplo, por nuestra condición personal.

En particular, Dworkin va más allá de Rawls en tres aspectos principales. En primer lugar, cree que hay que prestarle más atención a la inferior condición de quienes tienen menos capacidades. En segundo, que los beneficios de compensar a quienes están en peores condiciones son siempre mayores que las pérdidas que tienen quienes han de sufragar en mayor medida las ayudas. Y, finalmente, Ronald Dworkin afirmaba que para llegar a una hipotética solución de reparto ideal (la que superase la «prueba de la envidia» porque nadie quisiera ya tener lo que tiene otro), lo que se necesita no es que todas las personas dispongan de los mismos recursos materiales, sino de los imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas o los intereses generales.

De estas tesis de Dworkin también se puede deducir, por tanto, que medidas de justicia distributiva tendentes a tratar más favorablemente a quienes dispongan inicialmente no sólo de menos recursos materiales, sino también de peores condiciones personales, no violenta necesariamente el principio de igualdad, lo cual abre una rendija, por liviana que sea, a la justificación de la renta básica universal como medida que no merma la libertad.

El tercer pilar en el que se va a basar el desarrollo de la propuesta de renta básica tiene que ver con otro principio establecido previamente por John Locke y desarrollado ya en el siglo XX por Robert Nozick, aunque también por otros pensadores. Ambos reconocen que el derecho de propiedad es imprescindible para que los seres humanos podamos sentirnos y ejercer como dueños de lo que es nuestro, pero, al mismo tiempo, plantean que lo que en un momento dado es de nuestra propiedad ha sido en realidad el resultado de la utilización previa de algún tipo de recurso común o de propiedad colectiva. De ahí se puede deducir que, en aras de la justicia, es imprescindible establecer algún tipo de compensación a quienes, siendo herederos también de esos recursos comunes, se han quedado sin acceso o sin posibilidad de disfrutarlos. Un principio en realidad muy parecido a los de quienes sostuvieron la idea que ya hemos analizado de los «dividendos» que se repartían entre todas las personas, con independencia de su condición actual.

La idea de que la existencia de algún tipo de herencia común obliga a establecer algún modo de compensación a quienes no disfrutan de ella abre también otra puerta a la renta básica universal si ésta se expresa como la compensación que permite un ejercicio efectivo de la libertad, al permitir que todos los individuos accedan de un modo u otro a una herencia común de gran valor, pero muy mal repartida.

Pero, aun así, ninguno de esos tres pilares permite justificar claramente una propuesta de renta básica incondicional o universal, pues se trata de un planteamiento que, de una manera u otra, se basa en un principio de reciprocidad o compensación. De ahí que tanto Van Parisj como los demás seguidores de su propuesta tuvieran que hacer una reformulación de esos principios.

Para ir más allá, Parisj acepta que una sociedad es justa y libre si cumple dos condiciones que derivan directamente de los tres principios de Rawls: una, disponer de una estructura de derechos que afecta y vincula a todos los sujetos y, otra, que esa estructura jurídica impida siempre que se puedan agredir los derechos de cualquier sujeto.

Parisj acepta que esas dos condiciones garantizan la libertad, pero afirma que sólo lo hacen formalmente porque su ejercicio real no depende sólo de que el derecho haya sido formulado. En su opinión, para que se disfrute de libertad real no basta con que ésta exista como derecho, sino que debe disfrutarse como capacidad y esto sólo puede conseguirse aumentando las posibilidades efectivas de actuar, de decidir y de hacer de quienes, por cualquier razón, no disponen de ella.

Estos tres elementos (estructura de derechos, garantía de no agresión y libertad real que proporciona capacidad efectiva) son los que conforman, en opinión de Parisj, la libertad real que debe existir en una sociedad para que podamos considerar que es una sociedad justa. Tres elementos que no conforman una jerarquía estanca o rígida, sino que pueden tener una prioridad diferente en cada momento.

Pero, una vez establecido lo anterior, el problema lógicamente consiste en determinar cómo se puede aumentar las capacidades de los menos favorecidos o de quienes no las tienen sin violentar las dos condiciones primeras de libertad formal. Un problema que los defensores de la renta básica que siguen la línea de Van Parisj resuelven recurriendo a los planteamientos que acabamos de comentar.

En su opinión, nuestros recursos presentes, y de los que dependen las capacidades de las que disponemos, están compuestos no sólo por los que son resultado directo de nuestro propio esfuerzo o trabajo, sino también por otros comunes o externos a nosotros y que están muy desigualmente distribuidos: los recursos naturales y también las herencias.

La renta básica universal sería, entonces, el resultado de repartir esos dones o recursos comunes que, siendo de todos los seres humanos, están incorporados a otros bienes. Como dicen Parisj y Vanderborght, «nuestra economía funciona como una máquina distribuidora de donaciones, como un mecanismo que le permite a la gente explotar, de forma muy desigual, nuestra herencia en común».[114] Pero, como acabamos de señalar, resulta que esos recursos comunes están repartidos de forma que no todos los sujetos pueden disfrutarlos por igual.

En consecuencia, es imprescindible algo como la renta básica universal para que, a través de la redistribución fiscal que se establezca por medio de impuestos, se haga posible la tercera condición de la libertad real de Parisj e incluso, en opinión de este último, el propio principio de la diferencia de Rawls.

El último escollo que quedaría por resolver para lograr que la renta básica quedara éticamente justificada como una medida que no sólo no viola, sino que amplía la libertad de una sociedad justa es la cuantía del movimiento de corrección que implica su implantación.

La respuesta de Parisj y de los demás defensores de la renta básica universal es desigual, pero quienes se ajustan más estrechamente a su planteamiento ortodoxo responden que ésta no puede aspirar a ser un elemento corrector de la desigualdad o la insatisfacción en su totalidad, sino simplemente un paliativo, un instrumento que busca corregirla o disminuir la inequidad de nuestras sociedades y que, por tanto, la renta a percibir debe ser tan alta… como sea posible o, más estrictamente hablando, «sostenible». En palabras de Philippe van Parisj y Yannick Vanderborght, «otorgar un ingreso básico a todo el mundo no debe malinterpretarse como la aspiración a empatar los resultados o los logros. Más bien aspira a hacer que la libertad real, las posibilidades y las oportunidades sean menos inequitativas y se distribuyan más justamente. Otorgar a todos un ingreso básico ayuda a igualar lo que se le da a la gente —el sustrato material de su libertad real— y, sólo como consecuencia, de manera indirecta y en líneas más generales, lo que logran a partir de lo que se les da».[115] Y, precisamente porque la renta básica universal es simplemente esto y porque sólo aspira a ser lo que acabamos de señalar, un suelo, un punto de partida y no un mecanismo de igualación por arriba, sino en el punto de partida, es por lo que se justifica que sea incondicional, universal, percibida por todos los sujetos sin distinción y sin necesidad de someterlos a ningún tipo de requisito o control.

Pero incluso así, siendo la renta básica un suelo de cantidad más bien moderada, la imposición sobre esos dones o recursos comunes (la tierra, los demás recursos naturales y mucho menos sobre otros elementos intangibles o incluso sobre las formas del capital que pudieran ser susceptibles de considerarse como parte de una herencia común) sería insuficientemente para financiarla. Habría que recurrir entonces a otras fuentes de ingreso fiscal, a un recurso común lo suficientemente valioso o extendido como para poder generar el ingreso previo de donde surgiera la renta (porque, lógicamente, si se financiara con otra fuente, se estaría quebrantando la idea de que lo que hace la renta básica universal es repartir un recurso común, de todos los seres humanos, pero que no es disfrutado en igualdad por todos).

La solución de Parisj es original: considerar que el trabajo es igualmente un don común, que es escaso, sobre todo en una época como la nuestra en la que la productividad no permite evitar el desempleo masivo. Es decir, que hay personas que, lo mismo que no disfrutan de otros dones mal repartidos, tampoco tienen posibilidad de acceder a un empleo remunerado. Por tanto, si el trabajo es escaso, si está también mal repartido y no todos los sujetos pueden disfrutarlo, estaría justificado que sus frutos, en forma de riqueza general, sean otra fuente más de financiación de la renta básica, entendida, tal y como acabamos de señalar, como reparto de esa herencia o cesta de recursos comunes. Este planteamiento de Parisj para justificar la renta básica es muy parecido al que utiliza el Premio del Banco de Suecia Herbert Simon. Para éste las remuneraciones que reciben quienes tienen un empleo no responden sólo a su aportación personal, sino que son las que son gracias al trabajo, los conocimientos, las tecnologías, las instituciones… acumuladas previamente por otras muchas personas. Llama a esa «herencia» capital social y estima que puede ser el responsable del 90 por ciento de la riqueza que se genera en las economías avanzadas y que, por tanto, está justificado que esas remuneraciones se sometan a un impuesto que genere un ingreso que permita repartir la herencia entre quienes son sus legítimos propietarios: la sociedad en su conjunto, la totalidad de las personas.[116]

Derecho universal de ciudadanía

La justificación más elemental de la renta básica universal se basa en considerar que todos los seres humanos tienen derecho a disponer de unos recursos mínimos que les permitan desarrollar las capacidades esenciales que requiere la vida social, en condiciones de igualdad de salida frente a sus semejantes, y, por tanto, que acabar con la pobreza como condición de partida de la vida en sociedad es una exigencia. No sólo por razones morales, porque la pobreza implica que haya seres humanos condenados sin que hayan podido ser responsables de su situación, sino también de naturaleza económica porque las bolsas de pobreza y exclusión social debilitan los mercados y suponen un despilfarro de recursos y la renuncia a desarrollar a plena capacidad nuestras posibilidades de satisfacción de las necesidades.

Por tanto, esta justificación primaria de la renta básica deriva de considerarla como la que proporciona una igual condición de partida para todas las personas que forman parte de una comunidad que evita que una parte de ella se incorpore empobrecida desde su inicio a la vida social. Es por ello que, como ya hemos señalado, la renta básica universal es un «suelo» para que todos los seres humanos puedan comenzar la carrera de su vida desde un mismo punto de partida y no una forma de igualar los resultados que cada individuo pueda alcanzar a lo largo de su curso vital.

Cuando la renta básica se concibe y se justifica de la forma en que venimos exponiendo, lo que resulta en realidad es un nuevo tipo de justicia, y de ahí el extraordinario valor transformador que sus defensores le confieren a pesar de que, al mismo tiempo, la definen como una medida paliativa, como un suelo que encaja perfectamente con el orden establecido, con el sistema de propiedad capitalista.

En opinión de sus defensores, con la renta básica se alcanza, por tanto, un tipo de justicia diferente de la tradicional. Esta última simplemente persigue, en resumidas cuentas, la igualdad ante la ley de las personas de carne y hueso de hoy día y se desentiende de cualquier desigualdad que tenga que ver con la diferente dotación de recursos, de cualidades, de virtudes o defectos de cada cual, y de ninguna manera se propone corregir o penalizar nada que no sea el resultado de un incumplimiento de la ley.

Sin embargo, la idea de justicia que justifica implantar la renta básica universal como derecho universal de ciudadanía busca algo diferente: conseguir la igualdad de resultados y no sólo la que se da ante la ley. Por tanto, debe corregir cualquier tipo de circunstancias que hagan que los seres humanos partan de un suelo diferente a la hora de desarrollar su proyecto vital. A diferencia de la justicia tradicional, que sólo tiene en cuenta a los seres humanos o grupos sociales realmente existentes en la actualidad, se trataría de algo parecido a la «justicia cósmica» de Thomas Sowell, que se administra «a abstracciones de grupos que se extienden a lo largo de generaciones o, incluso, de siglos», es decir, a los generadores de la herencia en común que ahora trata de repartir la renta básica universal.[117]

Nuevo tipo de política social frente a la pobreza y la exclusión

Concebida como ese derecho de ciudadanía, y en la medida en que pone en manos de todas las personas que forman parte de una determinada comunidad política un ingreso que les proporcione la posibilidad real de desarrollar plenamente sus capacidades, es evidente que de esa forma contribuye, tal y como expresan sus defensores, a «vencer la pobreza»[118] si ésta se entiende como la carencia de los medios mínimos imprescindibles para satisfacer las necesidades humanas.

Esta capacidad de la renta básica que parece evidente es posiblemente la que constituye su mayor atractivo inmediato no ya para sus defensores desde el análisis social, sino para cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás seres humanos. Es tan elemental y tan primaria, tan intuitiva, que no parece que, en el terreno de la buena intencionalidad, fuera posible rebatirle la capacidad de resolver el problema de la pobreza que, en mayor o menor medida, se padece en todas las sociedades de nuestro planeta: pongamos en manos de todas las personas una cantidad de dinero que ni siquiera tendría que ser desorbitada, y a poco que eso se hiciera con un mínimo de eficiencia y acierto técnico, resolveremos automáticamente la insatisfacción y el dolor personal derivado de la carencia, así como los problemas económicos y sociales de todo tipo que sabemos que están asociados a la pobreza.

La implantación de una renta básica universal como derecho del ciudadano para hacer frente a la pobreza igualando las condiciones de partida de todos los individuos se justifica también porque, según sus defensores, eso se consigue, además, mejorando las condiciones en que actúa la política social convencional.

En su opinión, los sistemas de protección social actuales están basados en elementos que hace años que dejaron de existir: economía industrial con incrementos continuos de productividad, crecimiento económico acelerado, modelo familiar estable, esperanza de vida más o menos limitada y, sobre todo, en la idea de que es posible alcanzar el pleno empleo.

Quienes defienden la renta básica opinan que hoy día prácticamente nada de eso sigue siendo así y que la vida social se desenvuelve en nuevas condiciones (desempleo elevado, empleo precario, envejecimiento, movimientos migratorios, inseguridad, tipología familiar muy diversa, desigualdad derivada de causas distintas a las meramente económicas…) que han dado lugar a problemas mucho más abundantes y complejos que los que se producían en las sociedades del bienestar en las que se concibió la política social todavía vigente. Han aparecido nuevos riesgos y carencias, situaciones de exclusión que incluso se producen cuando se «goza» de empleos remunerados a las que se ha tratado de hacer frente con una batería muy amplia de figuras asistenciales muy complicadas y caras (por su coste intrínseco y por la burocracia y los controles que llevan aparejadas), pero que no terminan de solucionar los problemas de insatisfacción y pobreza a los que se enfrentan.

En estas condiciones, se defiende que una renta básica percibida incondicionalmente y de forma universal, como ya hemos señalado, sería incluso más barata que la política social actual, pues permitiría ahorrar en los aparatos burocráticos que son necesarios para determinar quién puede o no recibir cada ayuda, para proporcionarlas y para controlar el uso que se hace de ellas. Además, siendo una renta individual, se podrían evitar las injusticias que pueden acompañar a las ayudas familiares (puesto que es muy difícil determinar si quienes viven en grupo tienen más o menos necesidades que quienes lo hacen individualmente). Y, al ser una ayuda incondicional, evita la tentación del fraude que a veces puede ir unido a los sistemas de ayudas sociales cuando establecen mecanismos de concesión o control excesivamente meticulosos o no bien diseñados.

Quienes defienden la renta básica universal consideran también que, a diferencia de lo que ocurre con las ayudas sociales convencionales, ésta es emancipadora porque evita que quien la recibe quede estigmatizado por su condición de pobre o incluso que se dejen de percibir las ayudas porque ni siquiera se solicitan por muchas personas que las necesitan para evitar así sentirse marcadas. Por eso puede acabar con la llamada «trampa de la pobreza», que se produce cuando la situación de falta de recursos lleva consigo escasa información o pocas habilidades que impiden conocer las condiciones en que se puede recibir ayuda, o incluso que llevan a que se renuncie a otras fuentes de ingresos, en metálico o en especie, para no dejar de recibir una determinada ayuda social. Desde este último punto de vista, la renta básica sería la expresión paradigmática de un nuevo tipo de política social emancipadora porque no sólo alivia los problemas o sus síntomas, sino que sitúa en una nueva dimensión a los sujetos a quienes ayuda.

Instrumento de mejora de las relaciones laborales y para combatir el paro

Desde la primera formulación de la renta básica universal por el Colectivo Charles Fourier, se defiende que su establecimiento tendrá efectos innovadores y muy positivos sobre la oferta de trabajo.

Ya en el primer texto del Colectivo se afirmaba que con la renta básica, la definición convencional de paro dejaría de tener significado. Con ella, decían sus autores, no tendría sentido seguir dividiendo a la población activa en las dos categorías actuales, la que está en condiciones de trabajar y está empleada, por un lado, y la que está en paro y buscando activamente empleo, por otro. Puesto que las personas desempleadas estarían recibiendo el ingreso básico y éste sería compatible con cualquier otra actividad, remunerada o no, no se les podría considerar ya como desempleados o como inactivos a quienes (como ahora) se considera que no están buscando activamente un empleo remunerado.

Reguladora de la oferta de trabajo y freno del empleo de baja calidad

Además, la renta básica tendría también otros tres efectos importantes que contribuirían a incrementar la posibilidad de empleo.

En primer lugar, si los hombres o mujeres desempleados están percibiendo un ingreso procedente de la renta básica, podrán estar interesados en ocupar empleos a tiempo parcial o de baja remuneración, de modo que la oferta de trabajo aumentaría y también se podría incentivar que las empresas realizaran contrataciones bajo formas más flexibles que, sin renta básica, sólo podrían establecerse a base de insatisfacción y empobrecimiento.

En segundo lugar, los defensores de la renta básica la justifican señalando que, si se financia con un impuesto progresivo (el que grava en mayor proporción a medida que van aumentando las rentas gravables), quienes ocupen los empleos con salarios más altos estarán más incentivados para no trabajar tantas horas y eso llevará a que se produzca un mayor reparto del trabajo porque haría necesario contratar a nuevas personas.

Finalmente, para justificar y defender la implantación de la renta básica también se afirma que con ella se pude acabar con la llamada «trampa de desempleo». Ésta se produce, de modo muy parecido a lo que ocurre con la de la pobreza que ya hemos comentado, cuando las personas desempleadas están recibiendo un subsidio de paro (o una renta mínima de inserción) y las ofertas de empleo que reciben son de salarios más bajos que las ayudas que reciben o incluso un poco más elevados, pero no lo suficiente como para que les compense el empleo si conlleva, por ejemplo, gastos de transporte u otros adicionales que hacen que el salario neto sea inferior a la ayuda. Cuando eso ocurre, se dice que esas personas quedan atrapadas en el paro. Una renta básica universal permitiría que ese tipo de empleo que en otras condiciones no interese sí sea atractivo y erradica esa «trampa», puesto que proporciona un suelo o ingreso de partida.

Otra cosa sucedería, sin embargo, si las personas desempleadas no reciben ningún tipo de subsidio o ayuda. En ese caso, la implantación de una renta básica, en lugar de producir un aumento en la oferta de trabajo, podría tener el efecto contrario, es decir, que algunas personas dejaran sus empleos o de buscarlo porque considerasen suficiente el ingreso procedente de la renta básica.

Tal y como veremos más adelante, es muy difícil determinar con exactitud y con antelación qué efecto predominaría si efectivamente se pusiera en marcha una renta básica universal, porque las circunstancias de las que puede depender la respuesta de cada persona pueden ser muy variadas.

Esta capacidad de regular la oferta de trabajo y de incentivar al mismo tiempo (según sean las condiciones) las entradas y salidas al mercado de trabajo tiene también un efecto que puede ser muy positivo precisamente cuando las nuevas tecnologías podrían hacer que se generalizaran los empleos empobrecedores, no sólo para las personas que los ocupan, sino para la economía en su conjunto. Si existe una renta básica universal, es lógico que se encuentren dificultades para contratar a personas en muchos empleos que, siendo muy duros o desagradables, están además muy mal pagados. Sin renta básica universal, a muchas personas no les queda más remedio que aceptarlos, generalizándose así el universo de «trabajadores pobres», de empleos basura que se están extendiendo tanto en las nuevas formas de actividades en red, colaborativas, o de servicios de bajo valor añadido de nuestra época.

Con una renta básica, afirman sus defensores, la situación sería diferente. Muchas de esas personas podrían rechazar los puestos de trabajo peor retribuidos y de peores condiciones laborales. Eso podría considerarse a corto plazo como una fuente de desempleo, pero también representaría un incentivo para que se automaticen ese tipo de actividades que son frustrantes, nocivas, desagradables o incluso peligrosas para quienes las llevan a cabo pero que, a pesar de ello, están muy mal retribuidas. Efectivamente, si esos empleos que ahora se ofrecen son realmente necesarios para la sociedad y para los mercados, o bien se seguirían ofreciendo, pero con salarios más elevados, o bien serían automatizados.

Remedio contra el paro «voluntario» provocado por rigideces del mercado laboral

Como sabemos, en el momento en que se realizó la propuesta contemporánea de renta básica, las cifras de paro se habían desbordado en todo el mundo como resultado de la gran crisis de los años setenta, del desmantelamiento de la vieja industria y de las políticas deflacionistas que le siguieron, que, como hemos visto, frenan la actividad productiva al incentivar la financiera y al reducir la capacidad de compra de los asalariados.

En esa situación, la teoría económica no tenía más remedio que tratar de dar respuesta analítica a lo que estaba sucediendo y proponer medidas que pudieran permitir reactivar la creación de empleos. La explicación que se hizo dominante de la mano de la revolución conservadora, y que todavía hoy predomina a la hora de diseñar las políticas económicas en la mayor parte de los países, fue la conocida como «neoclásica». Esta teoría o explicación del desempleo se basa en considerar que el trabajo es una mercancía más que se intercambia en un mercado. Los trabajadores ofertan horas de trabajo a cambio de un salario que debe compensar la pérdida de ocio que supone dedicarse a trabajar. De modo que, a medida que el salario es más elevado, mayor será la oferta, porque debe compensar una mayor renuncia al ocio, y viceversa. La explicación neoclásica supone, por otro lado, que las empresas demandan trabajo en función inversa a su coste, que básicamente viene determinado por el salario que han de pagar a las personas que emplean.

Pues bien, la teoría económica del mercado de trabajo neoclásica afirma que la oferta de trabajo que hacen los trabajadores y la demanda que realizan las empresas interactúan en el mercado y determinan un salario de equilibrio. Si el salario fuese en un momento dado mayor que ese equilibrio (si fuese «demasiado» alto) habría muchos mas trabajadores interesados en trabajar, pero seguramente menos empresas que quisieran contratarlos. El paro se produce entonces cuando hay un exceso de oferta de trabajo (mas trabajadores queriendo trabajar que los que están dispuestos a contratar las empresas). Para acabar con él, simplemente bastaría con que los trabajadores aceptaran trabajar con salarios más reducidos. Por eso los economistas neoclásicos dicen que el paro es «voluntario», porque si lo hay es porque los trabajadores no desean aceptar salarios más bajos.

Esta tesis elemental se puede complementar afirmando que también puede ocurrir que los salarios por encima del salario de equilibrio y, por tanto, el paro, no tienen por qué ser solamente consecuencia de un acto de voluntad de los trabajadores, sino de que existan condiciones institucionales y normas laborales que impidan que los salarios sean suficientemente flexibles y bajen cuando hay paro, y al revés. Por ejemplo, si hay una legislación que establece salarios mínimos demasiado elevados, si los trabajadores tienen un poder de negociación muy grande o si los subsidios al desempleo son muy generosos y a los desempleados no les compensa buscar o aceptar empleos.

Los defensores de la renta básica universal, como hizo por ejemplo Guy Standing muy tempranamente, defienden que una renta básica universal permite combatir este tipo de desempleo de modo mucho más efectivo y humanamente satisfactorio.[119]

Si las personas desempleadas reciben un subsidio de desempleo o algún tipo de renta mínima, sólo estarán dispuestas a aceptar un empleo si el salario que vayan a recibir es más elevado que esa ayuda y, por tanto, les compense. Por eso puede hacer que se pierda la posibilidad de crear empleo. Por el contrario, como la renta básica universal es compatible con la obtención de cualquier otro ingreso, sería posible que una persona desempleada acepte un empleo, aunque el salario sea más bajo o incluso aunque sea a tiempo parcial. Por tanto, la renta básica sería un mecanismo eficaz para impulsar la creación de empleo si éste se produce porque efectivamente los salarios son elevados, pero también cuando los empleos que ofertan las empresas son poco retribuidos porque están asociados a actividades de baja productividad.

Sostén de la de demanda efectiva para combatir el paro involuntario

La otra gran explicación de las causas del paro generalizado y alternativa a la neoclásica es la que se conoce como keynesiana, aunque en realidad tiene una larga tradición en el análisis económico. Desde este punto de vista, se niega que el paro se puede resolver simplemente bajando salarios o flexibilizando el mercado laboral, eliminando derechos sociales y laborales o debilitando o haciendo que desaparezcan instituciones como los sindicatos o la negociación colectiva. Por el contrario, se afirma que la causa del desempleo no se debe tanto a lo que ocurra en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes y servicios. Concretamente, se defiende que el paro existe porque hay insuficiente demanda porque las empresas se quedan sin clientes. Si hay ingresos insuficientes, las familias y otras empresas comprarán menos, y las empresas reducirán las ventas y los beneficios y, por tanto, el empleo. En ese caso, aunque los salarios bajaran, las empresas no iban a contratar a más trabajadores porque su problema no es que los salarios sean altos, sino justamente lo contrario: que al ser tan bajos, generan demanda insuficiente de los bienes y servicios que producen. Por tanto, si el desempleo se produce por esta razón, lo que conviene no es que bajen los salarios, sino todo lo contrario, que haya más renta disponible para que pueda generarse demanda efectiva adicional que impulse las ventas y los beneficios.

Desde este punto de vista, la implantación de una renta básica tendría una función muy importante para sostener la demanda efectiva, puesto que estaría garantizando que todas las personas dispongan de un ingreso suelo que podrían dedicar al consumo de bienes y servicios.

Sin embargo, esta justificación de la renta básica es común a la que tienen todas las ayudas sociales en momentos de declive económico y, susceptible, por tanto, de recibir la misma crítica. En la medida en que suponen un ingreso efectivo en manos de toda o una parte de la población, permiten aumentar la demanda efectiva. Pero, por la misma razón que es positiva en momentos de insuficiente demanda, puede ser negativa si incrementa la demanda cuando hay oferta de bienes y servicios insuficiente. En este caso, lo que puede provocar es un aumento peligroso de los precios. Y también se le podría objetar que si la renta básica se financia a través de impuestos podría ocurrir que el aumento de renta que se produce por un lado se vaya por otro, lo que obliga a tener en cuenta el tipo de redistribución fiscal que se realice antes de afirmar que la renta básica es positiva desde este punto de vista.

Finalmente, algunos defensores de la renta básica universal afirman que puede ayudar a sostener o impulsar la demanda efectiva en la medida en que puede constituir un apoyo muy eficaz para la puesta en marcha de negocios y para la creación de pequeñas empresas por diversas razones. Tal y como hace tiempo señaló Bart Nooteboom, la renta básica tiene muchas ventajas desde este punto de vista: puede compensar los costes o deseconomías que lleva consigo la pequeña escala; permite que muchos asalariados dejen de serlo para pasar a ser empresarios al disponer de una fuente segura de ingresos con la que hacer frente en mejores condiciones a la incertidumbre y a los riesgos del mercado; se percibe sin los trámites, dificultades y costes de las ayudas convencionales; y evita que haya una competencia injusta entre las empresas que reciben ayudas sociales y las que no.[120]

Garantía de ingresos en las sociedades del «fin del trabajo» y robotizadas

Otra de las ventajas que se asocian a la implantación de una renta básica es que ésta podría ser un instrumento capaz de evitar las secuelas negativas que llevaría consigo la progresiva automatización y robotización de la actividad económica, que tiene como secuela inevitable la pérdida de puestos de trabajo.

Quienes defienden la renta básica consideran que el avance de estos procesos es una tendencia imparable y seguramente afortunada en nuestras sociedades. Algunos estudios muy conocidos, como el de Carl Frey y Michael Osborne, estiman que nada más y nada menos que el 47 por ciento de los empleos de Estados Unidos podrían ser sustituidos por robots en los próximos veinte años[121] y otros estudios señalan un porcentaje del 50 por ciento para la Unión Europea.[122] Un informe del McKinsey Global Institute calcula que se verán afectados desde 400 a 800 millones de empleos en 2030 por esa causa en todo el mundo.[123]

Es posible que muchas de estas estimaciones estén sobrevaloradas y ya vimos que la primera propuesta de puesta en marcha de una renta básica en los Países Bajos, hace treinta y cinco años, ya se hizo bajo el lema temeroso de que «vienen los robots». Pero incluso así, no parece que pueda quedar duda de que nuestras sociedades se encuentran en un proceso imparable de automatización que permitirá sustituir infinidad de tareas y de horas de trabajo.

Sin embargo, lejos de considerar que esta tendencia pueda ser una amenaza, para quienes defienden la renta básica universal supone la posibilidad de alcanzar unas relaciones sociales más satisfactorias y libres, aunque eso no implique negar el efecto negativo que puede tener sobre la desigualdad y sobre muchas de las personas que pierdan sus empleos. Afirman que, en esas condiciones, la renta básica puede ser el instrumento contemporáneo de reparto del trabajo que puede impedir que quienes disminuyan su tiempo de empleo remunerado en el mercado tengan que pasar a vivir en peores condiciones de vida.

La renta básica no sería entonces solamente un remedio paliativo, sino que se afirma que actuaría como catalizador, como acelerador del cambio positivo que nuestras sociedades necesitan para lograr los incrementos en la productividad que proporcionen mejores formas de satisfacer las necesidades humanas, pero con ella aprovechados de modo más igualitario.

Eso sería posible gracias a las dos funciones que hemos comentado ya que puede desempeñar la renta básica y que hacen posible que no se pierdan empleos aunque aumente la productividad. La primera, la de permitir que aumente el trabajo a tiempo parcial sin los costes humanos y económicos que hoy día conlleva, «repartiendo» el trabajo en lugar de expulsar del empleo. Y la segunda, la de sostener la demanda efectiva al aumentar la renta disponible y facilitando así que la mayor capacidad productiva derivada del aumento de productividad no se traduzca en producción que no se puede vender y, por tanto, en desempleo.

Recurso para la autonomía personal en la era del posproductivismo

Como corolario de lo que acabamos de señalar, se entiende que sólo con la implantación de la renta básica universal se podría lograr que la política social deje de formularse en los términos actuales, que ya no van a poder seguir dándose en nuestras sociedades. Es decir, como un elemento consustancial a las economías de pleno empleo.

Robert E. Goodin ha destacado que todas las concepciones sobre el bienestar dominantes en las últimas décadas tienen efectivamente como denominador común de vinculación, de una forma u otra, el trabajo.

La concepción más liberal defiende sencillamente que lo que hay que hacer es crear trabajo y olvidarse del bienestar (work, not welfare), dado que consideran que el bienestar es un concepto innecesario porque en realidad es lo que proporcionan los ingresos que se generan en el mercado de trabajo. Por tanto, no hay que entenderlo como objeto singular, y mucho menos como una estrategia de política social, salvo, si acaso, como un residuo dedicado exclusivamente a proporcionar recursos de supervivencia a quienes, por causas ajenas a su voluntad, no pueden incorporarse a dicho mercado. El corporativismo considera que el bienestar se consigue a través del trabajo, de modo que se debe garantizar el sistema de normas y derechos que permita que la vida laboral sea la fuente que proporcione los recursos de bienestar que necesitan las familias, según un modelo que las hace típicamente dependientes de los ingresos del cabeza de familia (welfare through work). Finalmente, la perspectiva socialdemócrata defiende que bienestar y trabajo son complementarios (welfare and work) y que, por tanto, es imprescindible implementar políticas activas, sobre todo en los mercados laborales, que permitan que se alcance cada uno de esos objetivos sin detrimento del otro.[124]

Ahora bien, si las tendencias que se advierten para el futuro se consolidan, el trabajo remunerado va a dejar de tener la centralidad que ha tenido en las sociedades del productivismo capaz de generar empleo masivo. Y, con mucha más razón, el pleno empleo, entendido en el sentido que tiene en esas sociedades, es decir, como dedicación a tiempo completo al trabajo de mercado remunerado, ni será posible ni deseable. Por tanto, ya no será viable la política social actual que se basa justamente en la existencia —salvo en los momentos de desequilibrio más o menos puntual— del pleno empleo. En ese caso será preciso, por lo tanto, diseñar nuevas fórmulas de bienestar sin trabajo (welfare without work) o, al menos, sin ese tipo de trabajo asociado a la remuneración. Si se desea que las políticas sociales sean un instrumento efectivo en esta nueva situación para corregir la insatisfacción, la pobreza y el malestar social, deberán dedicarse a garantizar el bienestar fuera de las actividades remuneradas tradicionales o prescindiendo de ellas.

En suma, quienes defienden la renta básica asumen, en palabras de Goodin, que «bienestar sin trabajo, entendido en un sentido literal, es un ideal imposible. Si no hubiese nadie produciendo, no habría nada para distribuir y mucho menos para redistribuir». Pero sí es perfectamente posible dar valor a una amplia gama de actividades o cosas como «trabajo» socialmente necesario y conceder más autonomía a los individuos para organizar su tiempo de trabajo (entre remunerado y no remunerado) según su propia voluntad.[125] Esa posibilidad es la que creen que puede garantizar la renta básica universal.

Fuente de sostenibilidad y de nuevas formas de actividad económica

Además de servir como motor de las economías, gracias a lo que acabamos de señalar, la renta básica universal se justifica también por quienes la defienden porque, en su opinión, puede actuar así, pero creando actividad económica y riqueza de un modo alternativo, evitando los problemas de insostenibilidad que están provocando los motores que actualmente mueven nuestras economías, simplemente empeñadas en generar crecimiento económico medible solamente en términos monetarios.

Desde hace años, muchos economistas de diferentes corrientes ideológicas coinciden en que tratar de sostener la actividad económica sobre una estrategia de crecimiento continuado es insostenible porque genera un daño a la naturaleza que incluso amenaza con poner en peligro la vida en nuestro planeta.

Hasta ahora, la evolución de la actividad económica se mide a través del producto interior bruto, un indicador que refleja el valor monetario de la producción de bienes y servicios pero que, precisamente por ello, deja fuera cualquier actividad que no tenga expresión monetaria. Alfred Pigou reflejaba esa limitación con un ejemplo famoso: «Si me caso con mi ama de llaves —decía—, bajará el PIB». Se refería a que daba por supuesto que, a partir de casarse con ella, su esposa seguiría haciendo la misma actividad que hacía antes como ama de llaves pero que, al no ser retribuida, ya no sería registrada por el PIB. Y es así: el trabajo doméstico o el de voluntariado, que representa un gran número de horas dedicadas a la satisfacción de las necesidades humanas, no se registra en el PIB que sí mide, sin embargo, actividades de expresión monetaria que no pueden considerarse que satisfagan realmente ningún tipo de auténtica necesidad. Lo mismo pasa con las llamadas externalidades, es decir, con los efectos, positivos o negativos, que algunos sujetos económicos generan sobre los demás. Cuando son negativos (como la contaminación, por ejemplo), quienes los producen no registran todos los costes de su actividad y, por tanto, producen más de lo que debieran (si un fumador tuviera que hacerse cargo de todos los costes que genera su adicción y no sólo del precio de las cajetillas de tabaco, fumaría mucho menos, e igual ocurriría con una empresa que tuviera que asumir los costes de la contaminación que pueda producir).

Pues bien, uno de los efectos de la renta básica es que incentiva que las personas dediquen su tiempo a realizar actividades que no necesitan estar retribuidas monetariamente, porque quien las va a realizar disfruta ya de un ingreso a través de esa renta. Eso se puede interpretar en el sentido de que la renta básica es una especie de punta de lanza que permite abrir un nuevo espacio para la satisfacción social, y que redimensiona el universo del trabajo y, en general, el de la generación de todo aquello que requerimos para satisfacer nuestras necesidades. Quienes defienden su implantación afirman que al hacerlo serían cada vez más amplios los espacios del trabajo doméstico o el de voluntariado que no se registran, pero que suponen una satisfacción efectiva de las necesidades humanas. Eso quiere decir que sería mucho más evidente la necesidad de recurrir a nuevos indicadores de la dinámica económica y, por tanto, reconocer definitivamente que los convencionales como el PIB u objetivos de la política económica como el simple crecimiento de ese indicador, que hasta ahora se considera como el eje central de las decisiones económicas, son inútiles para mostrar el grado efectivo en que nuestras economías garantizan el sustento mínimamente satisfactorio de los seres humanos.

En particular, se defiende que la renta básica haría posible emprender la imprescindible transición ecológica que necesitan nuestras sociedades. Al alterarse el balance entre trabajo remunerado, o empleo de mercado, y otras actividades alternativas que con la renta básica podrían ser desarrolladas, cambiarían también dos tipos de evaluaciones por parte de los sujetos, como consumidores e incluso como autoproductores.

Por un lado, valorarían más estrictamente los costes asociados a sus empleos de mercado. Por ejemplo, los de transporte, comidas fuera de casa, cuidado de los hijos… y eso les llevaría a preferir formas de vida, de movilidad y de consumo diferentes, de un menor consumo de energía. Y, por otra parte, al modificarse su pauta de transporte, de ubicación o de consumo, se estaría abaratando e incentivando la provisión de otro tipo de bienes y servicios más cercanos, de menor consumo energético y más ecológicos.

Por otro lado, la implantación de una renta básica tiene un doble efecto sobre la actividad y el crecimiento económico tal y como hoy es entendido. Es cierto que su efecto inmediato pudiera suponer una merma de actividad y, por tanto, un freno del crecimiento. Pero quienes la defienden subrayan que ni siquiera esto es un efecto negativo, porque el crecimiento de nuestras economías es actualmente insostenible desde el punto de vista ambiental, de modo que ciertos procesos de decrecimiento (que no tienen que ver con la recesión consecuencia de las crisis, sino con los cambios de paradigma, es decir, en el modo de producir y consumir), como el que pudiera llevar consigo la puesta en marcha de la renta básica, serían positivos. En todo caso, lo relevante no sería este efecto inicialmente depresor (que además afectaría, como hemos analizado, a las actividades más indeseables, desagradables o humanamente costosas), sino que la renta básica sería, a medio y largo plazo, la fuente de nuevos estímulos a la actividad económica, aunque, eso sí, de un tipo diferente.

La renta básica, por ejemplo, permitiría potenciar el emprendimiento. No deja de ser significativo, aunque lógicamente no puedan ser considerados como casos generalizables, que la autora de la serie de Harry Potter, Joanne «Jo» Rowling, creara su obra mientras vivía de recibir ayudas sociales por carecer de empleo convencional, o que el diseñador de WhatsApp, Jan Koum, lo desarrollara al volver de un año sabático y por su cuenta después de ser rechazado por Facebook cuando les solicitó un empleo convencional.

Finalmente, en la medida en que se supone que la renta básica universal incentiva y permite que los individuos dediquen más tiempo a actividades que producen una satisfacción más auténtica, porque no son las que se llevan a cabo con el exclusivo propósito de lograr ingresos monetarios, se estima que puede lograr que la actividad económica (que no es sólo la de expresión monetaria) proporcione más felicidad y un mejor modo de vida a las personas. Desde hace años se conoce como paradoja de Easterlin porque en 1974 la formuló un economista con ese apellido, un fenómeno muy significativo que afecta a las sociedades contemporáneas. Es cierto que los grupos sociales o individuos de mayor nivel de renta en un determinado país tienden a ser quienes más frecuentemente afirman sentirse felices, pero cuando se analiza ese sentimiento a lo largo del tiempo y en comparación con la evolución del ingreso por persona, resulta que el grado de felicidad que los individuos reconocen tener no cambia, aunque aumente considerablemente el ingreso. Este fenómeno se interpreta en el sentido de que para lograr que los seres humanos sean más felices, no es necesario que aumente continuamente su riqueza monetaria, sino otras variables que seguramente tienen más que ver con el modo de vida, con las actividades a las que dedican su tiempo, con el tipo de retribución que reciben por el esfuerzo que hacen en su vida social, etc. Quienes defienden la renta básica universal consideran que, por todas las razones mencionadas, es el instrumento adecuado justamente para permitir que los individuos puedan dedicar más tiempo de su vida a ese otro tipo de actividades que contribuyen más efectivamente a que se sientan felices.

Generadora y garantía de auténtica economía colaborativa

Una de las características más importantes de las sociedades contemporáneas en las que vivimos es que la creación y distribución de la riqueza cada vez depende más o es posible que se realice en mayor medida sin depender de las contrapartidas monetarias.

Eso es así porque las nuevas tecnologías y las redes permiten reproducir y expandir el conocimiento sin apenas coste alguno. Hace sólo unos años, por ejemplo, había que pagar por disponer del conocimiento necesario para arreglar un lavavajillas casero, o para recibir una clase de chino. Actualmente, sin embargo, todo eso y muchos recursos más están a nuestro alcance de forma gratuita. No porque no haya costado nada generarlos, puesto que sí tienen un valor original y precisan de una inversión de dinero, de tiempo y de conocimientos previos, sino porque, una vez puestos en la red, ya se pueden reproducir y difundir a coste cero.

Si es ya una evidencia que eso es lo que puede ocurrir en nuestro tiempo, no resulta menos evidente que tener que depender de que exista una contrapartida financiera o retributiva para que esa nueva economía que llamamos «colaborativa» se ponga en marcha es una rémora que la frena. Y, por el contrario, resulta que la existencia de una renta básica que permita a las personas retirarse de empleos remunerados para dedicarse a estas otras actividades de diferente naturaleza lo que hace es incentivar, y en cierto modo incluso garantizar, que se desarrollen y multipliquen todas estas nuevas formas de colaboración «gratuitas» de creación de riqueza.

Lo que se cree que puede hacer la renta básica universal es romper el vínculo que actualmente existe entre empleo como forma paradigmática de la actividad que crea riqueza, y entre este empleo y el ingreso. Hasta ahora, una persona sólo dispone de ingresos si está «empleada» en las actividades que convencionalmente generan remuneración. Si no lo está, no tiene ingresos. Sin embargo, se supone que con una renta básica de por medio: a) muchas personas podrían dedicarse sin miedo a actividades que por ser «gratuitas» (en el sentido de que difunden sus resultados sin percibir nada a cambio) no les proporcionan ingresos y b) podría estar garantizado que se llevaran a cabo ese tipo de actividades.

Podría decirse que la renta básica sería la «retribución» que tendría la generación de nuevo trabajo, que algunos llaman «cognitivo», de nuestra época, en el que se basa esta nueva economía colaborativa. Es más, sería el único tipo posible de retribución si, por definición, se acepta —como no puede ser de otra manera— que este nuevo tipo de economía no puede ser retribuido según los criterios tradicionales de la economía de mercado.

La razón de esto último es de naturaleza teórico-económica pero fácil de entender. Para que un mercado sea eficiente, es decir, para que retribuya de la mejor forma posible en función de los recursos utilizados y a su vez genere los menores costes posibles, es necesario que el precio fijado en el mercado para cada recurso sea el equivalente a su llamado «coste marginal». Este último es el coste que supone utilizar una unidad sucesiva más del recurso y la razón de por qué debe ser así es fácil: si el coste de producir una nueva unidad de algún bien es menor que el precio que vamos a recibir por él, nos convendrá producirlo. Y así seguirá ocurriendo hasta que se iguale, pues, a partir de ahí, el coste de producir el bien será ya mayor al precio y no convendrá producirlo. Por tanto, si hay recursos, como el conocimiento cuando puede circular «libre» por la red, que tienen un coste marginal de cero, porque una vez puestos en circulación ya no cuesta nada reproducirlos, resulta que el precio al que debería venderse o adquirirse cuando van circulando debe ser también cero. Lo que quiere decir que, si fuera para obtener beneficio, nadie lo produciría.

En definitiva, sólo si la sociedad establece algún tipo de retribución para quienes «producen» ese conocimiento de coste marginal cero será posible que éste se difunda. Si no se difunde, la sociedad estará siendo muy ineficiente y renunciando a disponer de una dotación de riqueza muy importante.

Quienes defienden la renta básica universal afirman que sólo ésta puede garantizar que se desarrollen en toda su extensión potencial estas nuevas formas de auténtica economía colaborativa basadas en recursos que son «comunes», en el sentido de que nadie puede apropiarse de ellos una vez que se difunden.

Fuente de empoderamiento y mejora de la capacidad de decisión y negociación de los individuos y grupos sociales más desfavorecidos

Desde su primera formulación en el texto del Colectivo Charles Fourier que hemos comentado, la implantación de la renta básica universal se ha justificado porque, en opinión de quienes la defienden, puede tener un efecto muy positivo sobre las mujeres, aunque como veremos en el siguiente capítulo, éste es precisamente uno de sus aspectos más controvertidos.

En general, las ventajas que podríamos denominar «de género» de la renta básica se pueden referir a dos ámbitos, tal y como señala Ingrid Robeyns: el interno del hogar y el externo del mercado laboral.[126]

En el ámbito interno del hogar, se considera que la percepción de la renta básica sería intrínsecamente positiva para aquellas mujeres que, sin ella, no disponen de ningún tipo de ingreso, pues les proporcionaría recursos básicos, aún más esenciales si se trata de mujeres cabeza de familia. Y también porque aumenta su autonomía, tengan o no la familia en su conjunto o la mujer otro tipo de ingresos. En particular, se destaca que puede desempeñar un papel especialmente relevante a la hora de combatir la violencia de género en el ámbito del hogar, porque permite que las mujeres afectadas tengan más capacidad de salir de esa situación o hacer frente al divorcio (que suele ser mucho más oneroso para ellas que para los hombres) en mejores condiciones. E incluso se ha defendido que la renta básica podría ser un instrumento importante para evitar que muchas mujeres caigan en las redes de la prostitución por razones económicas.

Robeyns señala que, gracias a una renta básica, podría reevaluarse la función social del trabajo doméstico, un trabajo no remunerado y que en su inmensa mayoría realizan las mujeres. En particular, su autonomía financiera y personal podría aumentar si existe una renta básica dedicada a los menores que percibieran las mujeres, entre otras cosas porque podría ser utilizada para contratar trabajo externo de cuidado.

La implantación de la renta básica se defiende también como positiva para las mujeres por quienes consideran que el trabajo doméstico, los cuidados, la crianza de los hijos… no son actividades indeseables, sino más bien todo lo contrario, y que la renta básica permitiría, por tanto, que las mujeres y (a ser posible cada vez más) los hombres puedan dedicarles más tiempo y en mejores condiciones.

La renta básica también tendría efectos psicológicos y materiales positivos en la medida en que aumenta el poder de negociación de las mujeres en el seno de la familia. Además, el empleo remunerado en el mercado no sólo implica mayor ingreso monetario (con todo lo que ello conlleva), sino también reconocimiento social, autoestima, posibilidades de formación, contactos personales de gran utilidad o más independencia de los hijos. Algo de todo ello se puede recuperar o disfrutar, aunque no se tenga un empleo remunerado, si se participa en actividades ajenas al trabajo doméstico, de voluntariado, sociales, de ocio, etc., lo que resulta mucho más accesible si se disfruta de la renta básica. Como señalan Jordi Tena-Sánchez y José A. Noguera, «el problema de que algunas mujeres no puedan incorporarse plenamente al empleo porque deben hacer frente en solitario al trabajo reproductivo no es que el trabajo remunerado sea mejor en ningún sentido que el trabajo doméstico. En realidad, el problema radica en que esas mujeres no puedan decidir libremente si desean o no incorporarse al mercado de trabajo y que al quedar excluidas del empleo, pasan a depender económicamente de sus maridos». Por tanto, «la introducción de una RB sería netamente beneficiosa para las mujeres, ya que aumentaría sus oportunidades y su poder de negociación frente a sus parejas».[127]

En cualquier caso, si se implantara una renta básica, los efectos sobre la relación de las mujeres con el empleo remunerado no se pueden determinar con seguridad, tal y como veremos en el capítulo VII, pero a su favor se argumenta que, al disponer ya de un ingreso de partida (y también gracias a la mayor autonomía a la hora de tomar decisiones), las mujeres podrían tener más fácil el acceso al mercado laboral, porque una renta básica les podría compensar ocupar empleos a tiempo parcial que en principio fueran compatibles con otras tareas que podrían seguir desempeñando en el hogar (ni que decir tiene que este argumento da por sentado que estas tareas corresponden por definición o naturaleza a las mujeres, algo que suele ser muy criticado por quienes consideran que no se trata de una ventaja real de la renta básica desde este punto de vista).

Por otro lado, la renta básica presenta una ventaja importante (aunque no en todos los casos) al recibirse individualizadamente y no para el total del hogar, como suele ocurrir con las ayudas tradicionales. Cuando esto último ocurre, suele ser el hombre quien la recibe como titular y, por tanto, quien la administra, mientras que es obvio que las ayudas que se reciben por cada persona proporcionan una mayor capacidad de decisión sobre su uso. Y, finalmente, al percibirse sin que se establezca ningún tipo de control o seguimiento adicional, en sustitución de otras que sí pudieran tenerlo asociado, las mujeres se ven beneficiadas porque está comprobado que los controles que se establecen cuando son ellas las beneficiarias de ayudas condicionadas son más engorrosos, más intrusivos y más costosos que los establecidos sobre los hombres.

En todo caso, es preciso hacer hincapié en que, incluso quienes defienden con mayor ahínco que la renta básica universal es claramente positiva para las mujeres, reconocen que no es suficiente por sí misma para producir los efectos transformadores que son necesarios, sino que debe ir acompañada de otras medidas de muy diversa naturaleza (relativas al uso del tiempo y a la corresponsabilidad, a infraestructuras sociales, educación, cultura, formación de valores cívicos, contra la violencia, etc.) para que se pueda avanzar eficazmente hacia la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y hacia la eliminación de cualquier tipo de discriminación basada en estereotipos de género.

La implantación de una renta básica también podría suponer un beneficio para los individuos y grupos sociales más desfavorecidos, pues podría aumentar su capacidad de decisión y negociación.

Quienes defienden la renta básica argumentan que, si se percibe una renta básica que permita la satisfacción de nuestras necesidades básicas sin necesidad de realizar nada a cambio, la capacidad negociadora de los trabajadores respecto a los empleadores aumenta en gran medida. Gracias al suelo que proporciona un ingreso asegurado, se está en condiciones de rechazar las ofertas de empleo más degradadas o peor pagadas. Como escribió en su día Michel Kalecki, el desempleo es un disciplinante muy efectivo de las clases trabajadoras, porque sin empleo no se dispone de ingresos y se pierde una buena parte de la autonomía, de la estima o de la posición social. Por eso, decía, el paro disciplina y es deseado por los empleadores, a pesar de que para ellos sería mucho más rentable que existiera siempre pleno empleo porque sus beneficios serían más elevados.[128]

Sin embargo, si se tiene asegurado un nivel de ingreso de subsistencia, ese poder disciplinario, político, de los empleadores desaparecería, al mismo tiempo que aumentaría el de los trabajadores, no sólo de los ya empleados, sino el de quienes no tuvieran empleo.

Naturalmente, ésta es una «ventaja» de la renta básica que no será aceptada como tal por todos los grupos sociales, lo que ya pone de manifiesto algo que comentaremos con más detalle más adelante: las ventajas y los inconvenientes de la renta básica universal no se pueden establecer casi nunca como algo objetivo, sino que están vinculados a los intereses sociales y económicos o a las preferencias ideológicas o éticas de cada persona en particular.

Las ventajas de la renta básica universal frente a las demás modalidades de rentas garantizadas

Para finalizar la exposición de los argumentos que sirven para justificar las ventajas de implantar la renta básica, hay que tener en cuenta que ésta se defiende también porque se considera que es mejor que otra forma de garantizar las rentas para combatir la pobreza o las situaciones de necesidad que producen exclusión.

Las principales razones que se suelen aportar para mostrar sus ventajas comparadas son las siguientes:

Las ayudas en efectivo son mejores que las que se proporcionan en especie

Muchas de las ayudas que se prestan a personas en situación de necesidad se entregan en especie (alimentos, vestido, vales para adquirir otros bienes, servicios sanitarios o de cualquier otro tipo…). La ventaja de hacerlo de esta forma es que se asegura que quien recibe la ayuda utiliza o consume aquello que realmente necesita, mientras que si la ayuda es en efectivo, podría desviarse para otros usos que no satisfagan realmente las necesidades.

Se podría considerar entonces que las ayudas en efectivo, como se entiende que debe ser siempre la renta básica, tienen este último inconveniente que puede hacer que su efecto no sea el deseado al ponerlas en marcha. Pero, por el contrario, se señala que tienen otras ventajas que hacen que en conjunto sean más útiles que las prestadas en especie.

En primer lugar, que respetan la libertad de los individuos y no asumen de partida el principio paternalista que lleva a pensar que la mayoría de las personas harían un mal uso de las ayudas. Se asume, por el contrario, que la mayoría de quienes las reciben tienen capacidad de obrar y responsabilidad suficiente como para hacer un buen uso del dinero que se proporciona.

En segundo lugar, se argumenta que las ayudas en metálico requieren mucha menos burocracia y controles, de modo que resultan menos costosas y que eso compensaría el coste que llevara consigo que una parte reducida de los receptores pudiera utilizar inadecuadamente las ayudas.

En tercer lugar, las ayudas en metálico serían más automáticas y no estarían sujetas a la presión clientelar, puesto que la entrega es más impersonal y directa.

Finalmente, se defiende que si la ayuda es en efectivo, quienes la reciben seguramente comprarán los bienes y servicios que necesiten en su entorno, impulsando así la actividad económica más cercana y local, que suele ser más intensiva en empleo y que deja en el territorio el valor añadido. Un argumento realista, pero que igualmente se podría asociar a las ayudas en especie, porque la administración que las proporciona también puede adquirir los bienes y servicios de dichas ayudas en actividades de proximidad.

Las ayudas individuales son más eficaces y más justas que las que se conceden a la familia en su conjunto

Parece obvio que las ayudas que se conceden a la familia como un todo son menos costosas y más fáciles de poner en marcha, puesto que no requieren ningún tipo de discriminación interna, pero quienes defienden la renta básica universal (que como sabemos se concede siempre a los individuos y no a los hogares o familias) argumentan que de esta forma se obtienen ventajas mucho mayores. Sin embargo, incluso quienes defienden la renta básica y las ayudas individuales en particular señalan que a veces no es fácil comprobar si efectivamente se cohabita o no, porque las familias de nuestro tiempo a veces tienen una conformación atípica, y que esa determinación puede encarecer y hacer más compleja la ayuda. Y, como consecuencia de ello, que dejen de recibirla personas o familias que en principio tendrían derecho a ello.

En primer lugar, porque sólo cuando las ayudas son individuales se empodera a las mujeres que hasta entonces no tuvieron ingresos y que con la renta básica, como hemos analizado, pueden disponer de autonomía y de mayor capacidad de negociación.

En segundo lugar, parece también claro que las ayudas individuales tienen la ventaja de que no desincentivan la vida en común y la formación de hogares. Algo que puede ocurrir si las ayudas son para el hogar en su conjunto y eso significa que las personas individuales pierden las que tengan como individuos.

Finalmente, quienes defienden la renta básica entienden que al ser individual se resuelve el llamado «problema de escala» que lleva consigo la vida en común. El problema se plantea porque cuando dos personas pasan a cohabitar o vivir en familia, no multiplican por dos sus costes, sino que seguramente se benefician de economías de escala al poder dividir por dos los gastos. Por tanto, si se diera la ayuda al conjunto, se estaría otorgando una ayuda desproporcionada. La dificultad estriba, sin embargo, en poder determinar con rigor cuál es realmente el beneficio o incluso pérdida que lleva consigo pasar de la vida individual a la cohabitada, porque los análisis empíricos que se han realizado en diversas situaciones y países muestran resultados diferentes: no siempre el beneficio de cohabitar es de la misma magnitud, e incluso a veces ni siquiera se disfruta, sino que la vida en común podría ser más cotosa.

Las ayudas no condicionadas son más eficaces, generan menos costes y son más justas que las condicionadas a estar dispuestos a trabajar o a no tener otro tipo de ingresos

Como sabemos, la característica principal de la renta básica universal es justo esto último, su universalidad, y eso se traduce, en primer lugar, en que se concede sin establecer ningún tipo de condiciones a la persona que la recibe.

Quienes la defienden afirman, como ya hemos analizado, que sólo si existe la posibilidad de rechazar un empleo cuando se está recibiendo la ayuda o de estar ocupado y además recibirla se pueden eliminar las trampas del paro y de la pobreza. Es decir, evitar que personas desempleadas o de bajos salarios no acepten empleos pensando que si éstos no se consolidaran perderían las ayudas. Mientras que una renta incondicional les permitiría recibirla y al mismo tiempo estar ocupados.

Además, la no condicionalidad se defiende porque se considera que con ella disminuye sustancialmente el coste de administración de las ayudas, puesto que no hay que establecer mecanismo alguno de control y seguimiento de lo que hagan o dejen de hacer quienes la reciban. Se argumenta que determinar quién está en condiciones o no de recibir la ayuda no sólo es costoso en dinero, sino que lleva un tiempo que retarda la percepción de las ayudas o incluso que a veces hay situaciones vitales que son difíciles de encajar en las condiciones que se hayan podido establecer para recibir la ayuda. Si se establecen criterios muy rígidos, es más probable que queden fuera más personas injustamente, pero si se hacen demasiado flexibles, se pueden producir desajustes semejantes. Mientras que una ayuda incondicional permite resolver directamente esas dificultades.

Cuando no se establecen condiciones para recibir ayudas, también se evita el chantaje clientelar que pudiera darse y la estigmatización que lleva consigo mostrarse en la condición de exclusión, de paro o de pobreza que permite recibirlas.

La incondicionalidad también se convierte en un incentivo para crear riqueza de la que se puede aprovechar toda la sociedad y no sólo quienes reciben la renta básica, pues el hecho de recibirla no impide, como sabemos, que se puedan llevar a cabo otras actividades que proporcionen ingresos y que no se realizarían si la ayuda fuese condicionada.

El hecho de que la renta básica universal se pueda recibir incluso estando empleado permite que se ocupen puestos de trabajo de actividades recién puestas en marcha, que pueden ser muy inseguras o estar asociadas a bajos salarios, no necesariamente porque haya voluntad de explotar a la mano de obra, sino porque se trate de negocios emergentes y poco consolidados. Y, al mismo tiempo, se considera también que gracias a que la renta básica universal es incondicionada, se pueden rechazar, como hemos analizado ya, puestos de trabajo degradados, evitar la explotación laboral y forzar a que ese tipo de empleos basura o bien desaparezcan por innovaciones técnicas o que reciban salarios más elevados cuando se enfrentan a una oferta de trabajo escasa para ocuparlos. Como vimos, la no condicionalidad es también la garantía de que se puedan explorar y llevar a cabo actividades económicas que inicialmente no generan ingresos, pero que pueden resultar muy rentables individual y socialmente a medida que se vayan consolidando al pasar el tiempo. Y también gracias a esa característica de la renta básica universal, se puede permitir que el acceso a puestos de trabajo que a veces son una especie de preempleos (becas o estancias de formación, por ejemplo) puedan ser ocupados no sólo por personas jóvenes con recursos propios, sino por cualquiera, sea cual sea su patrimonio familiar.

Por otro lado, el hecho de que la renta básica universal se perciba con independencia de que se disponga de cualquier otro ingreso también se considera que es una garantía para acabar con el control paternalista que se asocia a las prestaciones típicas del Estado del Bienestar. En general, se defiende que la no condicionalidad es más justa y favorece a las personas más pobres, porque los estudios empíricos parecen demostrar que cuantas más condiciones se establecen a la hora de conceder ayudas y cuantos más controles burocráticos las acompañan, hay más personas que demandan las ayudas. Y en el caso de las ayudas que puedan recibir mujeres, se entiende que la condicionalidad limita el efecto de empoderamiento que puedan tener, pues, como ya hemos señalado, el control y el seguimiento que se establece sobre ellas cuando reciben algún tipo de ayudas suele suele ser especialmente severo.

Por último, se considera que la incondicionalidad es la característica de la renta básica universal que permite que vaya asociada a mejores condiciones para repartir del trabajo. Se entiende así porque se supone que proporciona condiciones materiales para que, sin necesidad de establecer límites máximos a la jornada laboral, las personas puedan reducir el número de horas trabajadas, disminuyendo la pérdida de ingresos que podría llevar consigo la reducción de la jornada.

La renta básica (continuada durante toda la vida) es mejor que una dotación de dinero recibida en un momento determinado

Como sabemos, una alternativa a las rentas garantizadas consiste en proporcionar una determinada dotación de dinero, normalmente a las personas que cumplen una determinada edad.

La ventaja que esta dotación podría tener es que con ella se puede llevar a cabo una inversión cuantiosa, quizá para estudios o vivienda, o también convertirla en una renta periódica. Pero, por el contrario, presenta algunos inconvenientes respecto a la renta básica.

Por un lado, la percepción de una dotación de capital obliga a tener buen criterio a la hora de darle una finalidad concreta y su utilidad futura puede depender de circunstancias ajenas a quien la recibe, como una crisis económica o un proceso inflacionario que disminuyan su poder adquisitivo. O puede ocurrir que se lleven a cabo inversiones arriesgadas o incluso irresponsables. Eso quiere decir que el efecto final de una dotación de capital depende del tipo de ahorro que se haga con ella y, por tanto, que puede ser muy volátil y más inseguro.

Por el contrario, la renta básica, que se percibe periódicamente a lo largo de toda la vida, está exenta en principio de estos peligros. Pudiera ocurrir que se utilizara inadecuadamente, pero incluso en ese caso se podría poner remedio más fácilmente y la cantidad perdida se podría reducir al mínimo posible. A diferencia de lo que puede suceder con una dotación básica, no cabe pensar que pudiera perder toda la renta que se puede percibir a lo largo de toda la vida. Y, puesto que la dotación de capital se recibe sólo a partir de un momento dado y la renta básica desde el principio, esta última cubre mejor el recorrido vital de las personas.

La ventaja de la renta básica frente al impuesto negativo sobre la renta

Tal y como analizamos en el capítulo II, el impuesto negativo sobre la renta es un instrumento para proporcionar una renta mínima que puede ser muy parecido o incluso equivalente a la renta básica universal (si se individualiza, si la devolución o crédito fiscal se hace mensual o si se establecen algunos otros requisitos técnico-fiscales que no vamos a tratar aquí).[129] Ambos comparten, por ejemplo, la incondicionalidad que, como ya hemos señalado en varias ocasiones, es el signo decisivo de la renta básica universal.

Quienes defienden la renta básica consideran, sin embargo, que esta última tiene algunas ventajas importantes respecto al impuesto negativo.

En primer lugar, que se percibe individualmente, si bien es cierto que cabe la posibilidad, como acabamos de señalar, de que el impuesto se establezca también tomando como sujeto a cada persona y no al conjunto del hogar, haciendo para ello ajustes técnicos que no deberían tener mayor importancia.

Una segunda ventaja de la renta básica es que la ayuda que proporciona puede financiarse, como veremos más adelante, recurriendo a diversas fuentes, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto negativo, que lógicamente sólo obtiene financiación de los ingresos de las personas físicas.

En tercer lugar, se defiende que la renta básica no dejaría a ninguna persona sin la ayuda, precisamente por su carácter universal, mientras que para recibirla a través del impuesto negativo habría que ser sujeto pasivo y hacer la correspondiente declaración, lo que posiblemente dejaría fuera a un buen número de personas sin información o sin recursos. Y, como en los casos anteriores, tampoco comportaría ningún tipo de estigma al recibir una ayuda que no reciben otras personas.

Los defensores de la renta básica frente al impuesto negativo reconocen que la primera es inicialmente más cara, puesto que implica movilizar de entrada una mayor cantidad de dinero, pero que, a la postre, no tendría por qué serlo (dependería, como veremos más adelante, de cómo se ajusten los tipos del impuesto negativo o de otros impuestos con los que se financiara) y que, además, sería más barata y fácil de administrar.

Finalmente, desde un punto de vista diferente, hemos de recordar la crítica que Foucault realizó del impuesto negativo, crítica que asumen los modernos defensores de la renta básica, porque efectivamente consideran que un impuesto de ese tipo está concebido para ayudar a los pobres y no como un derecho universal de ciudadanía, y que, al poder ser financiada, como hemos señalado, a través de otras fuentes, nos transmite la idea, equivocada para sus defensores, de que la justificación de la renta básica radica simplemente en repartir los frutos del trabajo remunerado, que es lo que principalmente soportan hoy día los impuestos sobre la renta.

La renta básica frente a los complementos salariales

Las ventajas que se suelen asociar a la renta básica frente a la garantía de ingresos mínimos mediante el subsidio a las personas o familias con salarios por debajo de un determinado umbral son de diferentes tipos.

En primer lugar, que esta garantía de ingresos se hace depender solamente del salarial, cuando puede ocurrir que los individuos o familias perciban ingresos de otras fuentes.

En segundo lugar, que si se establece tomando como base el hogar (algo que suele ocurrir en la práctica con este tipo de ayudas), se podría estar desincentivando el empleo remunerado de las personas con menos ingresos, y especialmente de las mujeres.

En tercer lugar, que la experiencia parece demostrar que a medida que aumenta el complemento salarial (la brecha entre el salario percibido y el umbral establecido), disminuye la demanda de ayudas por este concepto, posiblemente como efecto de las trampas de pobreza o empleo, o por la consustancial falta de información o recursos de las personas de ingresos más bajos.

Finalmente, es evidente también que esta forma de garantizar ingresos mínimos sólo afecta a las personas empleadas, pero no a las paradas o inactivas, al contrario de lo que ocurre con la renta básica universal.

VI

La financiación de la renta básica universal

Una de las principales controversias que siempre ha existido sobre la conveniencia de implantar una renta básica universal, en cualquiera de sus diferentes versiones, es la relativa a su coste financiero.

Es habitual escuchar a mucha gente, políticos, periodistas o incluso economistas, que aseguran que se trata de una medida completamente imposible de poner en marcha porque supondría la ruina de cualquier Estado, para lo que dan cifras disparatadas que tienen poco rigor porque se calculan sin tener en cuenta lo que realmente hay que considerar para saber con certeza lo que podría costar ponerla en marcha. Pero también es cierto que, por otro lado, se defiende a veces su implantación asegurando todo lo contrario, que apenas tendría coste para las arcas públicas y que el rechazo de la renta básica sólo puede justificarse por razones ideológicas y no de carácter financiero, porque se podría sufragar sin grandes dificultades.

La realidad es que la determinación de cuánto cuesta de verdad la renta básica universal es algo complejo, ciertamente, y que obliga a hacer cálculos complicados. Como ya hemos señalado, este libro simplemente trata de abrir las ventanas para empezar a comprender qué es realmente y qué hay detrás de la renta básica. Por tanto, no nos proponemos realizar todos esos cálculos en profundidad, ni creemos que sea necesario hacerlo para saber lo que resulta imprescindible para tener una posición propia sobre lo que supone, ahora desde el punto de vista financiero, la implantación de una medida de tanto alcance como la renta básica universal.

Lo que haremos en este capítulo será explicar de la forma más sencilla posible qué es la renta básica desde el punto de vista económico, cuáles son las diferentes fuentes a las que se puede recurrir para financiarla, mencionando en cada caso sus ventajas y sus inconvenientes, y cómo se puede calcular cuánto costaría ponerla en marcha en nuestras sociedades. Terminaremos haciendo una reflexión abierta sobre su viabilidad.

Es cierto que se trata de una cuestión complicada, pero en las páginas siguientes se va a comprobar que sus fundamentos y principales implicaciones se pueden comprender sin demasiada dificultad por cualquier persona, por muy escasos que sean sus conocimientos de números, de finanzas o de políticas económicas.

Una cuestión previa: la naturaleza económica de la renta básica

Aunque pueda parecer un asunto puramente teórico que pueda interesar sólo a los eruditos, lo cierto es que conocer qué es exactamente la renta básica desde el punto de vista económico resulta esencial para poder entender su justificación filosófica, el modo en que se puede financiar y los problemas monetarios que lleva consigo ponerla en práctica.

Como ya dijimos, en sentido estricto una «renta» es la utilidad o el rendimiento que proporciona el uso productivo de alguno de los tres factores que pueden utilizarse para producir bienes y servicios, es decir, la tierra,[130] el trabajo o el capital.

Sin embargo, casi desde que comenzó a analizarse científicamente la vida económica, el término renta se utilizó para referirse específicamente a las utilidades, al rendimientos o a la retribución que proporciona a sus propietarios el uso productivo de la tierra. Para referirnos a la retribución que proporciona el uso de los otros dos factores, utilizamos otros dos términos bien conocidos: salario, en el caso del trabajo, e interés en el del capital.

Así entendida, decimos que la renta es una fuente «primaria» de ingreso. Primaria porque proviene o nace directamente del uso de un factor y sólo de ese uso. No puede haber renta de la tierra si ésta no se alquila o se pone en explotación directamente por quien disponga de su propiedad; no puede haber salario si no se han vendido horas de trabajo a cambio de esa remuneración; y no hay interés si no se alquila o se pone en uso el capital. Por tanto, para que haya renta, salario o interés, alguien ha debido hacer algo productivo con alguno de los tres factores de la producción. Si éstos se mantienen inertes, no generan renta. Por eso decimos que la renta de la tierra, el salario y el interés son rentas primarias.

Pero cuando los diferentes sujetos propietarios de los factores productivos reciben sus rentas, pueden contribuir con ellas a las arcas del Estado pagando impuestos. Y después, el Estado puede gastar esos ingresos que ha recibido procedentes de esas rentas primarias repartiéndolos entre los diferentes sujetos mediante ayudas, becas, pensiones, subvenciones, etc., proporcionándoles así nuevas rentas, que ahora llamamos secundarias porque, como acabamos de señalar, proceden de las primarias.

Por tanto, las rentas primarias son el resultado de una primera distribución que se realiza cuando se utilizan los factores, y si unimos las rentas de los recursos naturales y las del capital, podemos decir que las rentas primarias se dividen entre salarios (retribución del trabajo) y beneficios (retribución de la tierra y el capital). Según la fuerza negociadora que tengan los trabajadores y los capitalistas que los contratan, así se distribuirá el fruto de la producción entre salario y rentas del capital. Las rentas secundarias son el resultado de la redistribución que haga el Estado del salario y de las rentas del capital que haya logrado obtener por medio de los impuestos. Y también son el resultado de un pulso o balance de fuerzas, pues cada grupo social siempre trata de lograr una mayor parte en el reparto. Pero lo que nos interesa destacar especialmente es que no puede haber rentas primarias sin que alguien utilice un factor productivo y genere un rendimiento, y no puede haber rentas secundarias sin que antes haya habido rentas primarias.

Entre ambos tipos de rentas hay, por lo tanto, una diferencia sustancial. Las rentas primarias nacen como resultado de una contraprestación y su cuantía es reflejo o responde a la contribución que el factor haya realizado. Sin embargo, las rentas secundarias se pueden percibir sin necesidad de realizar algún tipo de contrapartida, y su cuantía se determina de modo completamente discrecional, más concretamente, en función de un criterio político de reparto.

Esa diferencia tiene también un efecto social importante porque cada una de ellas tiene que ver con un sentido diferente de la equidad o la justicia.

Las rentas primarias responden a un principio que podríamos denominar de justicia contributiva, porque, como hemos dicho, se establecen —al menos inicialmente— en función de la contribución que cada factor realice a la producción del bien o servicio para el que se utiliza. En cierta medida, son objetivables, puesto que se basan en una contraprestación.[131]

Pero las rentas secundarias se perciben, o se pueden percibir, como hemos señalado, sin que haya una contraprestación objetiva (lo que no quiere decir que no haya que cumplir determinadas condiciones para recibirlas). Responden a un principio de justicia diferente, el igualitarista, que busca precisamente corregir el efecto del principio contributivo cuando la preferencia social representada en el Estado considera que su aplicación ha dado lugar a un reparto de la renta por alguna razón indeseable. Por tanto, la aplicación de este principio igualitario es más complicada, porque depende de preferencias y juicios éticos, que son los únicos en que se puede basar un juicio sobre el reparto de carácter discrecional o político. Las rentas secundarias son, por tanto, una especie de mecanismo que, en mayor o menor medida (según desee la sociedad o en su nombre el poder político que toma las decisiones), corrige los resultados de la distribución primaria de la renta para lograr otros resultados de reparto diferentes (muchas veces no a mejor, o con mayor justicia, sino que puede hacerse a peor y producir un reparto aún más desigual o injusto, por ejemplo).

Por tanto, si combinamos la naturaleza de estos dos tipos de rentas, podríamos establecer una especie de metáfora: las rentas primarias establecen un suelo a partir del cual cada sujeto se eleva más o menos en la escala del ingreso y las secundarias modifican esa altura para lograr que entre los sujetos sólo haya la diferencia de igualdad deseada o consentida, y no la primaria, si es que ésta no se considera justa o deseada.

Ahora bien, en todas las economías puede darse un fenómeno curioso que matiza en buena medida lo que acabamos de señalar y que tiene mucho que ver con la naturaleza económica de un ingreso como el que conlleva la renta básica universal.

Imaginemos dos personas que escriben un libro sobre la renta básica. Supongamos que ambas tienen los mismos conocimientos, que disponen de los mismos recursos (un mismo ordenador, los mismos libros de consulta y la misma cobertura de internet) y que ambas dedican las mismas horas y exactamente el mismo esfuerzo para escribir el libro. Pero imaginemos también que una de ellas vive en un país rico, donde hay población con gran hábito de lectura y editoriales dispuestas a invertir lo que haga falta para que su libro lo puedan leer la mayor cantidad posible de personas, mientras que la otra persona vive en un país en el que no hay nada de eso.

Parece evidente que la renta que ambas personas obtendrían de su esfuerzo sería muy diferente, porque quien hubiera escrito el libro en el país rico disfrutaría sin duda de más renta, en este caso, en forma de derechos de autor o incluso como salario si hubiese sido contratado por la editorial para escribirlo. Pero esa diferencia en la renta que ha obtenido quien ha escrito el libro en el país rico, invirtiendo el mismo trabajo y capital que otro en un país pobre, no proviene de su propia actividad, de su intrínseca contribución a la producción del libro. Es una renta adicional que responde a lo que Branko Milanovic denomina «premio» de localización o de situación, derivado del simple accidente que supone haber nacido en un país rico, que tendría no sólo nuestro autor o autora, sino cualquier otra persona de las nacidas en ese país respecto a los de otros más pobres.[132] Y un premio que se convierte en penalización para quien había escrito el libro en un país pobre.

En economía es muy habitual que ocurran estas cosas, porque se producen las externalidades, otro fenómeno que ya hemos comentado más atrás. Pusimos el ejemplo de las externalidades negativas, aquellas que se expresan en costes que unos sujetos pueden provocar a otros, por ejemplo, cuando contaminan. Pero también existen las externalidades positivas. Por ejemplo, cuando se construye un centro comercial, se abren instalaciones deportivas o se mejoran los accesos junto a una vivienda que se alquila. O de la que se había beneficiado quien escribió el libro sobre la renta básica en el país rico. El resultado en estos dos ejemplos es que una inversión de otros sujetos permitirá al propietario de la vivienda o a quien ha escrito el libro obtener una renta adicional que no es achacable a su esfuerzo, al trabajo o a una característica intrínseca del factor que se ha retribuido.

Y todo esto que acabamos de señalar viene a cuento cuando hablamos de «renta» básica universal porque parece evidente que ésta no es la retribución que se percibe por el uso productivo que alguien hace de un factor de la producción, puesto que, como sabemos, se percibe sin obligación de realizar ningún tipo de contraprestación. Por eso es interesante preguntarnos sobre qué es exactamente la «renta» básica.

Como ya sabemos perfectamente, la renta básica es un ingreso que reciben los individuos como un derecho de ciudadanía. Y como todo ingreso que se reparte a los sujetos, o bien es una renta primaria (retribución por el uso de algún factor) o bien es secundaria (procedente de la redistribución que el Estado hace de rentas primarias) y, entonces, alguien debe haberlo generado previamente a ser repartido. Según lo que realmente sea, responderá a uno de los dos principios de justicia distributiva que hemos señalado.

Si se defiende que la renta básica universal es lo que hasta ahora hemos venido diciendo que es, no puede ser considerada como una renta secundaria. Esta última, como hemos dicho, es una renta que busca corregir los resultados, es igualadora y por eso se realiza ex post, es decir, cuando se han generado y percibido las primarias. Y, como sabemos, la renta básica universal se percibe ex ante, es un punto de partida, un suelo. Se proporciona antes de que sepamos cómo de desiguales van a llegar a ser los individuos.

Una renta secundaria es el resultado del reconocimiento de un derecho (social) a ser más iguales que antes de recibirla. Sin embargo, la renta básica no se implanta para corregir ningún reparto previo, porque no se reconoce sólo como un derecho social de los sujetos menos iguales que otros, sino como un derecho de ciudadanía de todos los sujetos, como acabamos de decir, previo a saber cómo de desigual será la situación de cada individuo respecto a los demás en el transcurso de su vida.

Pero si la renta básica universal no es una renta secundaria, ¿se puede considerar entonces que el ingreso asociado a ésta es una renta primaria? Es decir, ¿se puede afirmar que el dinero que se recibirá por ese concepto es una retribución por el uso de un factor?

En principio, la respuesta debería ser negativa porque, como sabemos, la renta básica universal se recibe sin necesidad hacer nada a cambio.

Para poder definir la renta básica universal como lo que sus defensores quieren que sea, un derecho de ciudadanía que actúa como un suelo y no como un derecho social que funciona como mecanismo igualador de resultados, hay que encontrar un recurso o factor que genere el ingreso que la renta básica universal proporciona a todos los sujetos.

Para ello es preciso recurrir a reconocer, a «ver» algo que está velado para la economía convencional, porque ésta sólo «ve» lo que se expresa monetariamente. Y eso que hemos de ver (más allá de lo monetario) no es otra cosa que una externalidad que la sociedad ha generado y genera constantemente bajo diferentes expresiones: un acervo de conocimientos, una tecnología, un ambiente cultural y unos recursos proporcionados por la naturaleza que es preciso utilizar y que utilizamos sin pagar nada por ellos cuando producimos los bienes y servicios por los cuales luego sí recibimos una retribución monetaria… Es decir, que proporcionan unos rendimientos o beneficios de los que se apropian (de manera bastante desigual) quienes reciben rentas monetarias, pero que deberían ser considerados como de disfrute común, porque en realidad se han generado por el común de los individuos no sólo de las generaciones presentes, sino, en muchos casos, de las anteriores.

Dicho de otro modo, eso significaría que en la retribución que reciben los propietarios de los factores productivos hay una parte que no corresponde exactamente a su «propiedad» o a la inversión que han realizado, sino a la de otros. Por tanto, y del mismo modo que consideramos que la renta adicional que recibe el propietario de una vivienda junto a la que se han hecho mejoras urbanas que elevan su precio es una renta primaria en sentido estricto, aunque sea «de situación», igualmente se podría considerar entonces que la renta básica es una renta primaria.

¿Y cuáles son esos sujetos que producen la externalidad que genera el ingreso que se convierte en renta básica?

La respuesta que permite justificar la renta básica como lo hacen sus defensores también la hemos dado anteriormente: quienes usan o se benefician del uso de los recursos naturales, quienes reciben donaciones o herencias, quienes de forma anónima contribuyen a generar el capital social de Herbert Simon o, como añadió Van Parisj para justificar su propuesta, las personas que tienen empleos remunerados en una época de escasez de puestos de trabajo.

Entendida de esta manera, la renta básica sería efectivamente una renta primaria más. Concretamente, la retribución de lo que podríamos considerar como un factor productivo adicional, lo «común» resultante de la gran externalidad que produce nuestra vida social como interrelación de actividades, de recursos y de esfuerzos y habilidades que las personas desplegamos gracias a que otras también lo han hecho o lo hacen, y que en realidad no es un factor «nuevo», sino el resultado de haber utilizado aislada o conjuntamente cualquiera de los tres factores convencionales.

Resumiendo todo lo anterior de un modo bastante más simple, se puede decir que quienes defienden la renta básica universal afirman que la renta primaria total, como retribución de todos los factores necesarios para producir los bienes y servicios, tiene un componente de retribución a los factores apropiados individuales (recursos naturales, trabajo o capital) y otro que retribuye a recursos que son «comunes», y que, por esa razón, no se pueden asignar sólo a los propietarios actuales de los factores, sino, deseablemente, a todas las personas presentes y futuras. La renta básica sería precisamente esa parte de la renta primaria total que proviene del común. En palabras de André Gorz, es «la puesta en común de una parte de lo que, sabiéndolo o no, se produce en común».[133]

Así entendida, la renta básica es efectivamente una «remuneración» que hace la colectividad a toda la colectividad como contrapartida por la creación de un valor que se ha creado o se crea colectivamente, pero que el sistema convencional de generación de rentas primarias (la retribución monetaria) ni reconoce como tal ni, por tanto, puede repartir a todos como renta.

De esta forma se puede sortear el problema normativo que plantea considerar que la renta básica sea una renta secundaria. Pero se genera, a su vez, un problema peliagudo: para ser coherentes, el montante total de la renta básica debería ser el correspondiente a la cuantía de ese valor colectivo y no a otro cualquiera. Es decir, no se debería fijar caprichosamente, sino en exacta proporción a la que correspondería a cada cual en ese común. Pero eso es algo muy difícil, por no decir que imposible, de determinar y, de hecho, constituye uno de los grandes problemas teóricos a la hora de implantar la renta básica si se quiere respetar la fundamentación ética, filosófica y política que, como hemos analizado, se supone que es la que puede justificarla como una forma de igualar a los seres humanos de forma equitativa y sin afectar a los derechos y libertades de los demás.

Las diferentes fuentes de financiación de una renta básica universal

En la práctica, cuando una persona o empresa se plantea cómo financiar cualquier tipo de gasto, parece lógico que el primer paso sea cuantificar lo más exactamente posible cuánto cuesta lo que se quiere financiar, la cantidad de dinero que se necesita para poder adquirir algo o para llevar a cabo una inversión. Y normalmente se recurrirá a una fuente u otra de financiación en función de esa magnitud.

Si se trata de poner en marcha la implantación de una renta básica, lo lógico sería actuar de la misma forma: determinar cuánto cuesta y luego elegir las mejores vías de financiación entre las disponibles. Pero a la hora de explicar de manera introductoria, como pretende este capítulo, los problemas que lleva consigo la financiación de la renta básica, nos encontramos con una cierta paradoja (que, en realidad, quizá ocurra siempre y no sólo en el caso de la la renta básica). Resulta que el coste de implantación de la renta básica universal depende en gran medida de cómo se financie. Por tanto, para poder calcularlo, como queremos hacer en este capítulo, necesitamos saber antes cuáles son las diferentes vías o fuentes a las que, teóricamente, podríamos recurrir para financiarla.

A diferencia de lo que suele ocurrir casi siempre, el asunto de la financiación de la renta básica es más fácil en la práctica que en la teoría. En la teoría, es complicado por las razones que hemos tratado de explicar en el epígrafe anterior. Si la renta básica fuese una renta primaria convencional, estaría ahí delante de nosotros, como una retribución expresa por el uso de un factor productivo. Aún con las dificultades propias que siempre tiene la medición de la actividad económica, lo cierto es que podemos saber cuál es el montante de los salarios que se generan en una economía, la renta que genera el uso de los recursos naturales o la remuneración del capital. Están ahí y podemos comprobar cómo se reparte o incluso influir en el reparto, para que dé una solución distributiva u otra. Pero hemos dicho que la renta básica es la retribución de… ¡algo que no se retribuye! Y, por tanto, cuyo valor o montante final no está determinado. Hay que recurrir a la «ficción» económica (en el mejor sentido del término) de considerar que retribuye una herencia común, un «activo» que ha sido generado colectivamente y no por uno u otro sujeto en particular, sino por el acervo, incluso histórico, de una sociedad, para llegar a asumir que la renta básica es el montante de esa retribución. Por eso decimos que el asunto es bastante complicado en la teoría.

Sin embargo, en la práctica, si deseáramos implantar y repartir una renta básica universal, el asunto sería bastante más fácil, porque en realidad esta última se presenta como una renta secundaria, es decir, como el resultado de dividir entre todos una renta efectiva que ha estado previamente en el bolsillo de algunos sujetos y que se puede repartir sólo porque ha sido generada anteriormente (salvo cuando se financie con dinero nuevo, creado expresamente para financiar la renta básica, tal y como veremos). Por tanto, basta con establecer qué cuantía es la que consideramos que debe tener la renta básica y a partir de ahí encontrar el modo de repartirla entre todos los sujetos de una comunidad política. Ese reparto se haría exactamente igual que se realiza el de cualquier otra renta secundaria: el Estado hace suya una determinada cantidad de rentas primarias y las redistribuye a los sujetos en función de un criterio político de reparto determinado. En el caso de la renta básica, dando una cantidad que es igual para todos y sin ningún tipo de condición previa, con carácter universal.

La cuestión estriba entonces en determinar el procedimiento que puede permitir que el Estado disponga de los recursos monetarios suficientes para poder entregar a cada sujeto la cuantía establecida de renta básica.

Más adelante veremos cómo se puede determinar esta cuantía y cómo se puede calcular el montante final del que hay que disponer. Ahora, de momento, para conocer cuáles pueden ser las distintas fuentes a las que en principio se puede recurrir para financiar la renta básica, esa cuantía nos resulta indiferente. Tanto da que sea una u otra porque lo que nos interesa ahora es conocer las fuentes de donde pueden salir los recursos para financiarla. Más adelante veremos cuál de ellas es la más adecuada, en función de los efectos que deseemos lograr o evitar con la renta básica, o en función de su cuantía concreta, pues, como es lógico y tal y como veremos enseguida, no todas las fuentes serán capaces de proporcionar un mismo caudal de recursos monetarios.

Pues bien, si suponemos que en un país determinado se decide establecer una renta básica universal, las fuentes posibles de financiación serían las siguientes.[134]

El impuesto sobre la renta de las personas físicas

Como se sabe, este impuesto grava todas las fuentes de renta de las que pueden disfrutar las personas físicas, como su propio nombre indica.

Para quienes defienden la renta básica, este impuesto es la fuente «natural» de financiación de la renta básica universal, porque se entiende teóricamente que ésta es, como hemos visto, una retribución, una renta algo especial, pero renta al fin y al cabo, que se corresponde teóricamente con el ingreso o rendimiento que, en lugar de ser atribuido a sujetos particulares, es generado o se deriva del «común», de lo que no ha sido producido con la exclusiva aportación de un solo sujeto o bien determinado de sujetos, en el momento presente o a lo largo de la historia.

Se supone, como hemos visto, que ese acervo común genera una renta de la que se apropian desigualmente los sujetos cuando luego utilizan otros factores en beneficio propio, una renta en forma de externalidad, que no es valorada. Y precisamente porque no es valorada, para tratar de repartirla luego en forma igualitaria de renta básica no se puede sino recurrir a una vía indirecta que más o menos nos permita deducir en qué medida cada sujeto se ha apropiado del acervo común. Como no hay otra manera de hacerlo, lo que se puede suponer es que cada cual se ha apropiado del beneficio de ese recurso común en función de la cuantía del resto de sus rentas. Es verdad que no hay nada que nos confirme que eso ha sido exactamente así, pero asumir que la participación de cada sujeto en el rendimiento de lo común es más o menos proporcional a la participación de cada sujeto en el rendimiento obtenido en el conjunto de las demás rentas es la única forma de aproximarnos a una solución mínimamente aceptable al problema.

Siendo así, una vez establecida discrecional o políticamente la cuantía de la renta básica que se va a repartir (más adelante veremos en virtud de qué criterios), lo que se hace es sumarla al resto de rentas obtenidas y someterlas al gravamen del impuesto.

Cuando todos los sujetos de una comunidad reciben la renta básica, lo que ocurre es que todos ellos tienen ahora una renta total (que será la gravada por el impuesto) que tiene, digámoslo así, dos partes: la correspondiente a la renta básica y la correspondiente a las retribuciones obtenidas por el uso «normal» de los factores productivos (sueldos y salarios, alquileres, rentas del capital, etc.). Normalmente, la renta básica se considerará exenta y el resto se someterá al tipo o a los tipos fijados en el impuesto.

Adicionalmente, se deben o pueden establecer las deducciones que se consideren necesarias para minorar o no las rentas de unos sujetos u otros, y los tipos impositivos con los que se va a gravar la renta. Esto se debe hacer en función de dos criterios: uno, el de obtener finalmente la recaudación suficiente para financiar la renta básica, y, otro, el efecto redistributivo concreto que se desee alcanzar, es decir, quiénes serán los que soporten mayor carga a la hora de financiarla, porque es obvio que esto no resultará indiferente a unos u otros grupos sociales.

Aquí se entra en un tema técnico complejo en el que no vamos a adentrarnos con mucho detalle, pero que hoy día se podría resolver sin demasiada dificultad gracias a los instrumentos estadísticos y de simulación de los que disponen quienes investigan estas cuestiones.

Normalmente, quienes proponen que la renta básica se financie mediante un impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF en España) defienden un modelo de impuesto sobre la renta lo más simplificado posible, para lograr que los efectos redistributivos sean más transparentes y fáciles de conseguir (aunque eso normalmente suele ir en menoscabo de la equidad, pues a menor complejidad, menos depuración de todas las consecuencias del tributo). Generalmente, suelen coincidir en que lo mejor es que se aplique un tipo único desde el primer euro, pero el efecto final puede conseguirse igualmente con tramos de renta diferenciados a los que se apliquen tipos distintos.

Como consecuencia de aplicar el tipo o los diferentes tipos a cada tramo de rentas (excluyendo en cada caso la parte correspondiente a la renta básica), los sujetos gravados pueden quedar en tres tipos de situaciones, que recordarán lo que en su momento ocurría en un impuesto negativo sobre la renta: unos sujetos saldrían ganando porque ingresan al recibir la renta básica más de lo que pagan de más por recibirla, otros quedarían igual y otros perderían porque pagarían más que lo que reciben de renta básica.

La financiación de la renta básica se realiza, por tanto, a través de una operación de redistribución de la renta: los individuos que resultan «perdedores» son quienes la financian.

Desde este punto de vista, se puede decir que cuando el impuesto sobre la renta se diseña para financiar una renta básica se convierte en un impuesto negativo que funciona como habíamos explicado en el capítulo II. Aunque la diferencia sería que, para que se pueda proporcionar una renta mensual y no un ingreso al cabo del año, cuando se liquida el impuesto, habría que hacer una serie de cambios en la liquidación de las nóminas o de los demás tipos de ingresos algo complejos, pero de solución técnica relativamente fácil y que no vamos a detallar aquí.

El efecto redistributivo de esta operación de financiación lo ejemplifican claramente Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens en uno de sus trabajos.[135] Para ello utilizan el caso del conocido empresario Amancio Ortega que, según los datos publicados, ingresó en 2011 675.250.000 euros y le aplican un tipo del 32 por ciento, que es el promedio de imposición efectiva que tributaron en el año 2010 las rentas superiores a 600.000 euros. Por tanto, teóricamente habría pagado a Hacienda 216.080.000 euros. Si se hubiera implantado una renta básica de 7.471 euros anuales su ingreso total sería entonces de 675.257.471 euros. La propuesta de estos autores (como veremos más adelante) es que al implantar la renta básica se reformara el IRPF estableciéndose un único tipo del 49 por ciento aplicable al tramo no exento de su renta (el que no se corresponde con los 7.471 euros de renta básica). Por tanto, con la renta básica, el dueño de Inditex hubiera tenido que pagar por IRPF la cantidad de 330.865.029 euros (49 por ciento de 675.250.000). Eso quiere decir que habría resultado «perdedor» o «financiador» de la renta básica porque un incremento de 7.471 euros por ese concepto le ha hecho pagar 114.785.029 euros (330.865.029 – 216.080.000) más que lo que pagó sin renta básica.

A diferencia de este caso, estos autores ponen otro ejemplo de una persona que antes de implantarse la renta básica percibiera una renta total 20.695 euros, a la que le correspondería un tipo del 12,9 por ciento. Por tanto, pagaría 2.670 euros (0,129 × 20.695). Su ingreso neto sería de 18.025 (20.695 – 2.670). Si se implantara la misma renta básica de 7.471 euros, este sujeto pasaría a tener una renta total de 28.166 euros (7.471 + 20.695) y pagaría el 49 por ciento de la cantidad no exenta (20.695), es decir, 10.141 (0,49 ≈ 20.695). Pero su mayor pago por IRPF se compensa con el incremento del ingreso que le supone la renta básica y, al final, su ingreso neto de 18.025 euros (28.166 – 10.141 = 18.025) es igual al de antes de que se implantara.

Por nuestra parte, podríamos añadir un tercer caso. Supongamos un sujeto que tuviera un ingreso de 10.500 euros antes de la renta básica y que el tipo que le correspondiese fuera del 10 por ciento. Eso quiere decir que pagaría por IRPF 1.050 euros y que su ingreso neto sería de 9.450 euros (10.500 – 1.050 = 9.450). Si se implantara la renta básica, pasaría a tener un ingreso de 17.971 euros (10.500 + 7.471 = 17.971) y ahora pagaría en el IRPF más que antes: 5.145 euros (49 por ciento de 10.500) en lugar de 1.050. Pero ese mayor pago después de recibir la renta básica se compensaría con un ingreso neto mayor: ahora 12.826 (17.971 – 5.145) frente a los 9.450 de antes. Sería, por tanto, un «ganador».

Estos sencillos ejemplos nos muestran que el impuesto sobre la renta financia la renta básica generando «perdedores» que tributarán más y que es ese ingreso adicional que proporcionan los «perdedores» el que financia la renta básica al trasladarse a los «ganadores». El diseño del impuesto, de sus deducciones y de sus tramos y tipos (único o diferenciado) es el que determina qué cuantía de ganancia o pérdida corresponde a cada nivel de renta, es decir, a partir de cuánto ingreso un sujeto pasa de ser ganador a perdedor. Una decisión que se articula técnicamente, pero que, lógicamente, es política porque depende del esfuerzo redistributivo que se le quiera exigir a un determinado grupo social «perdedor».

Además de determinar esto último, el diseño de un impuesto sobre la renta que pretendiera proporcionar ingresos suficientes para financiar la renta básica debería resolver otra serie de cuestiones que simplemente mencionamos aquí porque responden a planteamientos técnicos más complejos de los que pretende exponer este libro. Entre ellas, las más importantes son:

a)  La necesidad de «mensualizar» el impuesto porque si se espera a su liquidación anual se pierde una de las ventajas más importantes que tiene la renta básica (su disponibilidad para hacer gastos en el día a día) respecto al impuesto negativo, que «devuelve» a los sujetos la cantidad que le pueda corresponder, pero al final del ejercicio fiscal, cuando se liquida.

b)  La necesidad de individualizar el impuesto porque, como sabemos, la renta básica es un ingreso que no perciben las familias, sino cada sujeto individualmente. Por eso, si se quiere que el impuesto sirva para financiarla, en principio no debe existir la posibilidad de que se tributen las rentas familiares en su conjunto. No obstante, éste es uno de los asuntos más complejos y debatidos del uso de esta fuente de financiación, puesto que, como ya comentamos anteriormente, la determinación de las ventajas o inconvenientes financieros de la vida en familia no siempre están del todo claros, de modo que se pueden generar efectos perversos si el diseño técnico del impuesto no es acertado para cada caso concreto.

c)  El diseño actual del impuesto sobre la renta en casi todos los países se hace descansar principalmente sobre las rentas del trabajo (en España, por ejemplo, el 84 por ciento de toda su recaudación corresponde a rentas del trabajo, el 6 por ciento a rentas de actividades económicas y el 10 por ciento a rentas del capital). Por tanto, al recurrir a este impuesto para financiar la renta básica, se está sobretasando al trabajo, lo que lleva a pensar en complementar esta fuente de financiación con otras que graven otras fuentes de renta que suelen escapar fácilmente de este impuesto.

d)  El impuesto sobre la renta suele llevar consigo un buen número de deducciones y gastos fiscales con efectos muy diversos, unas veces más sociales o equitativos que en otras y que, en cualquier caso, pueden afectar al objetivo que persigue el establecimiento de la renta básica, lo que obliga a plantearse rigurosamente su naturaleza y la conveniencia de mantenerlos, reformarlos o suprimirlos.

e)  Hay que tener en cuenta que el efecto final deseado sobre la renta disponible o ingreso neto de los sujetos se puede conseguir por dos vías alternativas. Si, por ejemplo, se desea que aumente, se pueden obtener más recursos elevando la renta básica o disminuyendo el tipo aplicable (en su totalidad o en determinados tramos), y viceversa. Pero hay que tener en cuenta que el efecto de cada una de esas vías no siempre es el mismo.

f)  Finalmente, es imprescindible no olvidar que un impuesto tan potente como el de la renta de las personas físicas no sólo tiene efectos recaudatorios (para obtener recursos que, en este caso, permitan financiar la renta básica) y redistributivos (para determinar quiénes verán disminuir sus ingresos para que puedan aumentar los de otros sujetos), sino que también tiene un efecto de incentivo o desincentivo sobre el comportamiento de los sujetos. Una carga impositiva muy elevada, por ejemplo, puede hacer que a muchas personas no les compense obtener nuevas rentas, de modo que puede terminar produciendo una caída de la actividad que disminuya la recaudación; o desincentivar el ahorro si éste se grava excesivamente. El problema que plantean estos efectos es que pueden ser muy importantes, y de ahí que haya que tenerlos en cuenta, pero muy difíciles de cuantificar y de medir con exactitud.

En cualquier caso, sobre todo pensando en períodos de transición, quienes defienden que la renta básica se financie por esta vía suelen reconocer que es imprescindible tratar de obtener recursos adicionales de otras fuentes, como las que vamos a analizar a continuación, no sólo porque puede ocurrir que la carga de IRPF necesaria sea demasiado elevada, sino porque, al mismo tiempo, sea interesante buscar los efectos de incentivo y desincentivo que otras figuras impositivas pueden generar y que son consustanciales a los objetivos transformadores que, como ya hemos analizado, se sobreentiende que persigue la renta básica universal.

Impuestos sobre el consumo

Una segunda posible fuente de financiación de la renta básica universal es la imposición sobre el consumo.

Como se sabe, la renta disponible de los sujetos económicos puede dedicarse al consumo o al ahorro, y lo que hace un impuesto al consumo es, simplemente, dejar a un lado el ahorro y gravar solamente la parte de esa renta que se destina a la adquisición de bienes y servicios.

En general, la imposición sobre el consumo se puede considerar como una vía apropiada para recaudar ingresos, por un lado, si los impuestos sobre la renta, como ha ocurrido en los últimos decenios, dejan escapar a su gravamen gran cantidad de rentas, gracias a los privilegios que han logrado conseguir los grupos de población de ingreso más elevado. Y, por otro, y esto especialmente, si no se desea que la financiación de la renta básica descanse casi exclusivamente sobre las rentas del trabajo.

Normalmente, la imposición del consumo puede realizarse recurriendo a dos modalidades diferentes de gravamen. Una es el impuesto sobre el gasto, que se establece restando el ahorro de la renta disponible total y aplicando al resultado un determinado tipo impositivo. Esta fórmula tiene la ventaja de que sirve para incentivar o privilegiar el ahorro, pero presenta el inconveniente de que a veces es muy difícil, por no decir que imposible, distinguir qué es gasto y qué es ahorro. Es lo que pasa, por ejemplo, con el que se lleva a cabo para adquirir la vivienda.

Otra modalidad de impuesto sobre el consumo es el que recae directamente sobre las ventas, es decir, el que se establece directamente sobre las compras que realizan los sujetos económicos como hace, por ejemplo, nuestro impuesto sobre el valor añadido (IVA).

En comparación con el impuesto sobre la renta, los que se establecen sobre el consumo tienen la ventaja de que son más fáciles de aplicar, aunque también pueden permitir que haya mayor elusión si no existe un buen sistema de control y administración tributaria, o si hay mucha economía sumergida y cultura del fraude fiscal. Quienes los defienden argumentan, además, que no incrementan el coste del trabajo y que desincentivan menos la contratación o la inactividad, como hemos comentado que puede ocurrir si el impuesto sobre la renta es muy elevado.

Pero, por el contrario, los impuestos sobre el consumo aumentan directamente los precios de los bienes y servicios, de modo que pueden provocar un efecto aún peor sobre la economía en general, e incluso sobre la recaudación, si ese aumento de precios termina provocando una caída de la demanda y de las ventas.

Finalmente, este tipo de impuestos tiene también otros inconvenientes en una época económica como la actual, en la que las empresas actúan en mercados internacionales, sometidas a marcos legales muy diferentes y con grandes posibilidades de distraer los recursos de un sitio a otro para aplicar sus beneficios allí donde más les conviene fiscalmente hablando.

Esas facilidades y privilegios de los que gozan las grandes corporaciones son los que producen una enorme evasión fiscal en este tipo de imposición, incluso en zonas que se supone que están protegidas por normas comunes, como la Unión Europea, donde la diferencia entre la cantidad prevista y la finalmente recaudada se ha calculado que fue de 151.500 millones de euros en 2017.[136]

Con independencia de todo ello, la imposición sobre el consumo es más regresiva que la de la renta, puesto que se establece con independencia del nivel de ingreso que tenga quien pague el impuesto, aunque eso se podría corregir con la que quizá sea la única ventaja neta de este impuesto como fuente de financiación de la renta básica universal.

Nos referimos a que con los impuestos sobre las ventas se puede discriminar entre diferentes pautas o formas de consumo. Se pueden establecer diferentes tipos de gravamen según se quiera incentivar o desincentivar la compra de unos bienes u otros, o de algunas gamas de ellos, y de esa forma se puede ayudar a crear un modelo de consumo diferente, algo que es fundamental en economías como las actuales, que están presionando tan negativamente sobre el equilibrio ambiental y provocando tanta desigualdad y despilfarro de recursos.

Esto podría ser interesante, por ejemplo, justamente cuando se están produciendo cambios tecnológicos y de relaciones económicas y sociales que apuntan hacia una automatización acelerada de los procesos económicos. ¿Se desea que esto se produzca en toda su intensidad?, ¿está del todo justificado que allí donde había una actividad que contribuía con recursos a los intereses generales por medio de la imposición sobre las rentas deje de haberla cuando, por ejemplo, se introduzcan robots?

Muchos autores están planteando que este tipo de imposición se utilice para gravar en mayor medida los bienes y servicios que sean resultado de actividades más automatizadas, para penalizar a las que que producen más contaminación, a las que son menos respetuosas con criterios de responsabilidad social o ambiental, etc. Y, en particular, a las de nueva aparición y que, de momento, escapan en una gran medida a los viejos sistemas impositivos y eluden contribuir a la financiación de los bienes públicos y las necesidades colectivas, como en gran medida está pasando, por ejemplo, con el comercio en línea.

Como señalábamos, si se grava de forma discriminada el consumo de unos bienes o servicios, se podría hacer recaer el mayor peso del impuesto sobre aquella gama de productos más consumidos por los sujetos de renta más elevada, aunque no es seguro que una medida de este tipo fuese totalmente eficaz. De hecho, la opinión científica más generalizada sobre este tipo de imposición es que, por un lado, es regresiva por la razón apuntada y, por otro, que apenas sirve para hacer redistribución.

A pesar de todo, entre quienes defienden la implantación de la renta básica universal, hay cierta confianza en que los impuestos sobre las ventas puedan ser útiles para financiarla. De hecho, se ha propuesto que su posible implantación en el seno de la Unión Europea podría venir de la mano de un «eurodividendo» basado en el IVA europeo.

Eso es lo que defienden Phillipe van Parisj y Yannick Vanderborght, para quienes este impuesto sería la fuente ideal de financiación porque ya tiene una base armonizada en Europa y un largo recorrido en el continente. Aunque reconocen que su propuesta no está «completamente elaborada y afinada», sino que es una «base para pensar seriamente sobre la mejor forma de organizar algo que no tiene precedentes: un programa de transferencias interpersonales de rentas».[137]

El problema es que, para conseguir que este impuesto fuese una fuente de financiación suficientemente potente de la renta básica, serían necesarios tipos muy elevados. Según los cálculos de estos dos autores, para conseguir una renta básica de 200 euros mensuales por persona de promedio (en 2016) la tasa del IVA para toda la Unión Europea debería ser del 19 por ciento. Lógicamente, resulta completamente impensable la viabilidad de añadir esos puntos porcentuales a un impuesto que ya tiene de media en la Unión Europea algo más del 21 por ciento. Para poder financiar una renta básica sin dispararse los tipos de forma inasumible, sería necesario una reforma muy profunda en su diseño que podría ir, según los dos autores que acabamos de citar, por la vía de concebir la parte recaudada con destino a la renta básica en una especie de crédito fiscal.[138]

Fiscalidad ecológica

Una variedad de imposición indirecta que se propone también como fuente de financiación de la renta básica universal es la que recae sobre las actividades que en mayor medida producen daño ambiental, porque se parte precisamente de asumir que uno de los fundamentos de su implantación es internalizar entre toda la sociedad el efecto negativo que producen algunas actividades cuyos costes no son asumidos por los sujetos que se apropian de sus rendimientos.

Cabe pensar que, en el estado de deterioro ambiental del planeta, este tipo de tasas e impuestos aumentarán en un futuro próximo y que irán adquiriendo una capacidad recaudatoria mayor, pero ninguna estimación asume que puedan ser una fuente de financiación suficiente ni adecuada de la renta básica. No sería suficiente ahora y menos aún con el paso del tiempo, porque si estos impuestos fueran realmente eficaces cabría pensar que, a medida que se fuesen implantando, tendrían un efecto desincentivo que debiera ir reduciendo progresivamente la actividad y, por tanto, su recaudación. Y, en segundo lugar, porque son figuras impositivas que generan inevitablemente distorsiones importantes sobre los precios de los bienes y servicios que son difíciles de apreciar y corregir. Y también efectos distributivos importantes que pueden llegar a ser muy injustos (por ejemplo, porque encarecerían bienes y servicios básicos cuya subida de precios afectará en mayor medida a las personas u hogares de ingresos más bajos), lo que posiblemente obliga a tener que proporcionar subsidios añadidos.

Las estimaciones de la Unión Europea o de algunos autores más optimistas asumen que una tasa sobre el carbono, con el volumen de permisos hoy día administrados en la Unión Europea, podría dar para financiar una renta básica de entre dos o tres euros mensuales a cada europeo, o hasta unos 17 si todas las emisiones estuvieran administradas.[139] Se trata pues, de una fuente que, como mucho, puede considerarse como complementaria, justificada por razones medioambientales y además de positivos efectos simbólicos, por lo que tiene de penalización del daño a la naturaleza, pero de muy poca utilidad para poder financiar adecuadamente un proyecto de renta básica universal.

Imposición sobre las rentas del capital

Como hemos comentado, el peso de la imposición de las rentas del capital en los impuestos sobre la renta ha venido disminuyendo en los últimos años en casi todos los países, en detrimento de las rentas del trabajo. Por eso, recurrir en exclusiva a la imposición personal sobre la renta resulta cada vez más inequitativo si lo que se quiere es obtener recursos de un modo más o menos simétrico o equilibrado entre todas las fuentes de rentas. Máxime cuando esto se plantea para financiar algo como una renta básica universal que, por definición, responde al deseo de proporcionar una retribución suelo de la máxima igualdad, pues se proporciona como sabemos a todos los individuos sin distinción.

Las causas que han hecho que las rentas de capital puedan eludir cada vez más fácilmente la imposición general sobre la renta no serían difíciles de combatir en teoría, pues se trataría, entre otras cosas, de igualar los tipos que les corresponden en comparación con los del trabajo o evitar que puedan disponer de vías legales de escape que no han venido del cielo, sino que han sido abiertas por las propias normativas fiscales. Pero en la práctica no es tan sencillo, porque los negocios y las relaciones económicas de todo tipo se han globalizado sin que se haya desarrollado paralelamente un sistema fiscal global que permita gravar las rentas del capital allí donde efectivamente se generan o en donde terminan por ubicarse a través de mecanismos de optimización fiscal cada vez más complejos, pero fáciles de llevar a cabo para las grandes corporaciones.

El régimen de prácticamente total libertad de movimientos del que goza el capital permite a sus propietarios trasladarse de un país a otro casi sin límite alguno. Y la ausencia de normas internacionales que prohíban de manera efectiva la existencia de los llamados paraísos fiscales o de zonas de baja tributación, muchas de ellas dentro del propio territorio de las grandes potencias económicas, permite que el capital pueda dejar de contribuir a las arcas públicas.

De hecho, la disminución de la imposición sobre las rentas del capital no se ha producido solamente en el impuesto sobre la renta, sino también en los impuestos específicos que lo gravan, como en España el impuesto de sociedades.

Las diferentes legislaciones nacionales e internacionales permiten que las empresas y negocios que operan a escala multinacional coloquen sus beneficios allí donde mejor les conviene desde el punto de vista fiscal, utilizando para esto los llamados precios de transferencia. Con ellos, lo que hacen estas grandes empresas es comprar o vender entre sus diferentes filiales a los precios convenientes para colocar el margen o beneficio no en el lugar en donde realmente se ha generado, sino allí donde mejor convenga. Eso es lo que explica, por ejemplo, que las grandes empresas tecnológicas que obtienen beneficios multimillonarios en todo el planeta apenas registren ganancias muy escasas en los países en donde la imposición sobre el capital es más elevada.

Diversos estudios han calculado la magnitud de las pérdidas que supone esta práctica y aunque no es fácil estimarlas con plena exactitud, puede decirse que quizá superen los 200.000 millones de euros en el seno de la OCDE (la organización que reúne a los treinta y seis países más ricos del mundo).[140] En España, sin ir más lejos, gracias a los precios de transferencia y a otras estrategias de optimización fiscal, las cuatro grandes firmas tecnológicas (Apple, Google, Amazon y Facebook) contribuyeron a la hacienda española en menor cuantía que la empresa de menor valor de capital del IBEX-35 (el grupo de las treinta y cinco empresas cotizantes en bolsa). En 2017, Amazon Spain Fulfillment, S. L. tuvo una cifra de negocios de 211 millones de euros y pagó 2 millones de euros de impuesto sobre beneficios; la segunda, 45,9 millones y obtuvo un balance fiscal positivo de 531.000 euros; la tercera, facturó 14,4 millones y pagó 184.187 euros; y la cuarta, en el año 2016 obtuvo 3,1 millones y aportó 37.512 euros. Apple registró una facturación de 382,3 millones de euros en España a través de la sociedad Apple Retail Spain, S. L. y pagó 8 millones de euros, mientras que Apple Marketing Iberia, S. L. ingresó 40,1 millones y abonó 5,3 millones. En 2016, Facebook Spain, S. L. sólo declaró ingresos de 7,8 millones de euros en España, de los que pagó 182.775 euros. En el caso de Google Spain, S. L., reconoció ingresos en España de 92,3 millones de euros y aportó al fisco 6,4 millones. Es decir, que todas ellas pagaron impuestos en porcentajes reducidísimos sobre sus volúmenes de ventas o beneficios.[141]

Aunque no es éste lugar para analizar las posibilidades recaudatorias de una imposición sobre las rentas del capital, cada día más debilitada en casi todos los países por el poder enorme de las grandes corporaciones, cabe hacer alguna precisión sobre su utilidad como fuentes de financiación de la renta básica. Por un lado, es evidente que razones elementales de justicia deberían llevar a aumentar la contribución del capital al erario público, entre otras cosas porque es evidente que se beneficia de una masa de recursos ingente que es resultado de la acción colectiva y del capital social, a la que apenas retribuye. Pero, al mismo tiempo, un planteamiento mínimamente realista lleva a pensar que, tanto tratar de aumentar el peso de la tributación sobre el capital en el impuesto sobre la renta como evitar la elusión de las grandes corporaciones, serían esfuerzos baldíos si se plantean sólo a nivel nacional. Para lograr que aumente la recaudación por este concepto, mejorando la eficacia y la equidad de los impuestos existentes o de las nuevas figuras que pudieran establecerse, y en la elevada cuantía que se requiere para financiar la renta básica, se necesita la colaboración y cooperación internacional, una voluntad política hoy día inexistente, y un poder de decisión alternativo al de las grandes empresas que eluden estos impuestos que tampoco existe en la actualidad.

Imposición sobre el capital

La dificultad que supone obtener recursos de la imposición sobre las rentas del capital ha llevado a plantear que se grave directamente la propiedad de los bienes de capital. Más concretamente, que para financiar la renta básica universal que en gran parte se justifica por los efectos de la automatización, se establezcan impuestos sobre los robots y, en general, sobre todos los procesos y materiales que la hacen posible, como el software, las patentes o incluso el conocimiento acumulado. La idea de que las máquinas que sustituyen a los trabajadores «paguen» impuestos es antigua y ahora comienza a hacerse popular porque la defienden personalidades tan conocidas e influyentes como Bill Gates. Incluso en el seno del Parlamento europeo se ha llegado a debatir la idea haciendo referencia a los robots como «personas electrónicas».[142]

Sin embargo, la idea no parece muy consistente, al menos desde un punto de vista teórico y conceptual. En primer lugar, porque responde a un concepto equivocado de los robots como cuasi personas, quizá porque se identifican a los de aspecto antropomórfico con su totalidad. Los robots son, en realidad, algo ya antiguo y no sólo los que tienen un aspecto físico humanoide que hace que se parezcan a los seres humanos. Son robots las cadenas de montaje, la ofimática, las máquinas de control numérico, incluso las modernas imprentas… y no es el aspecto físico lo que les da naturaleza, sino su capacidad para realizar automáticamente tareas que antes realizaban los seres humanos. De manera que habría que determinar con precisión a qué máquinas se va a gravar y a cuáles no, y eso sería muy difícil hacerlo con un criterio mínimamente riguroso.

En segundo lugar, habría que tener en cuenta que gravar a los robots, con independencia de lo que se acaba de señalar, implicaría gravar de nuevo, doblemente, la actividad en la que participan, porque, como hemos dicho, un robot es una máquina más. Y, en tercer lugar, porque desde un punto de vista muy pragmático orientado a recaudar recursos que pudieran financiar la renta básica, no está del todo claro que lo que sustituye al trabajo humano sea el robot en sí, la máquina, sino los programas, la inteligencia artificial que se le incorpora, de modo que, también desde este punto de vista, la determinación de lo que realmente conviene gravar sería más complejo de lo que aparentemente parece.

Otra cosa es que, como ya hemos señalado antes, se desee que las actividades que son capaces de generar más valor añadido o más beneficio (como se supone que pasaría con las más automatizadas) contribuyeran en mayor medida a generar recursos fiscales para financiar la renta básica, porque se considere que en ellas hay una acumulación más elevada de recursos comunes o de saber colectivo. Pero eso se podría realizar mejor, con más sencillez y eficacia recaudatoria, a través de otro tipo de impuestos, como los anteriormente señalados.

Finalmente, como ocurre con todas las modalidades de imposición sobre el capital y sobre sus rentas, habría que tener en cuenta lo limitada que sería si se establece en el entorno singular de las fronteras nacionales, cuando el capital y los procesos productivos a los que aporta valor se mueven sin dificultad por encima de ellas.

Imposición sobre el capital inmobiliario en grandes urbes

Ésta sería una modalidad de impuestos sobre el capital que algunos defensores de la renta básica consideran que podría ser apropiada cuando se vienen produciendo enormes burbujas especulativas en torno a la construcción y al negocio inmobiliario.

Al igual que en otras épocas estuvo justificada la imposición sobre otras fuentes de riqueza, como la agraria cuando tenía un enorme peso en la riqueza total, la hipertrofia actual de un capital inmobiliario, no precisamente dedicado a satisfacer necesidades efectivas de habitación, podría ser una forma bastante coherente de devolver a la sociedad recursos que sin duda tienen una buena base de externalidad no asumida por quienes se apropian de sus rentas. Aunque es evidente que los nuevos impuestos que pudieran establecerse con esta finalidad tendrían que diseñarse con acierto para distinguir los diferentes usos de la propiedad inmobiliaria o incluso los distintos tipos de rentas, y no sólo la cuantía, que proporcionan a quienes las perciben.

Imposición sobre el conjunto de la riqueza o patrimonio

Otra posibilidad de obtener recursos para financiar la renta básica es recurrir a un impuesto que grave el patrimonio en su totalidad.

En casi todos los países más avanzados, la imposición sobre el patrimonio ha ido perdiendo relevancia en los últimos decenios. Unas veces ha quedado reducida a una especie de impuestos «chivatos» que las administraciones tributarias utilizaban para tratar de detectar fuentes ocultas de rentas y, en la mayoría de las ocasiones, simplemente ha ido despareciendo con la excusa de que apenas contribuía a la recaudación. Sin embargo, recurrir a este tipo de impuestos podría estar bien justificado para financiar la renta básica universal por varias razones. En primer lugar, porque en la riqueza acumulada se incorpora evidentemente una parte del activo común cuyo reparto es una de las razones que llevan a proponer su implantación. También porque algunos de los estudios más relevantes que se han hecho sobre el incremento de la desigualdad de rentas en los últimos decenios ponen de relieve que tiene una estrecha relación con la desigualdad en los patrimonios, de manera que si se disminuyera esta última, se podría reducir la desigualdad de rentas.[143]

Para ello se podría recurrir básicamente a dos tipos de impuestos. A uno sobre la transición hereditaria del patrimonio, que siempre tendría menor capacidad recaudatoria, o a otro sobre el patrimonio neto, es decir, una vez reducidas las deudas. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la riqueza acumulada por los hogares españoles, según el Banco de España, es de 6,4 billones de euros,[144] se puede deducir fácilmente que, incluso estableciendo generosos tramos no gravados o las exenciones que se considerase oportuno, se podrían obtener abundantes ingresos fiscales para financiar la renta básica, tal y como veremos en los siguientes epígrafes, en los que tendremos en cuenta no sólo las posibilidades teóricas, como ahora, sino también los números que hay que poner sobre la mesa.

En Francia, por ejemplo, se ha calculado que con una tasa proporcional del 1,72 por ciento sobre el patrimonio neto de los hogares, 10,4 billones de euros, y dejando exentos a los inferiores a 50.000 euros, sería suficiente para financiar una renta básica universal de 465 euros mensuales para cada persona adulta.[145]

Tasación de las transacciones financieras

Hasta hace unos decenios, la cantidad de dinero que circulaba en las economías era más o menos proporcional y mucho menor que el volumen de transacciones reales que se realizaban. Era lógico que fuese así porque el dinero se utilizaba como un medio de pago, como el instrumento que permitía llevar a cabo el intercambio, las transacciones comerciales de todo tipo. Y como la misma unidad monetaria —un euro, un dólar, etc.— se puede utilizar para realizar muchas transacciones al cabo del tiempo, la cantidad de dinero circulante podía ser mucho menor que la de operaciones reales, y eso es exactamente lo que sucedía.

Sin embargo, a lo largo de los años setenta del siglo pasado se produjeron algunos cambios muy importantes, como ya explicamos al hablar de los procesos que dieron lugar a la revolución conservadora. El enorme beneficio líquido de las grandes empresas multinacionales, las cuantiosas rentas de los países exportadores de petróleo cuando los precios del barril se dispararon en aquellos años, la enorme cantidad de dólares que Estados Unidos había inyectado en Europa (en forma de créditos y ayudas para reconstruir los países devastados por la segunda guerra mundial) y el incremento de la demanda de crédito que se producía a medida que las economías iban perdiendo vigor, todo eso produjo un paulatino incremento de la circulación de dinero. Y la abundancia de liquidez en manos de los bancos los llevaba a aumentar su oferta de créditos, alimentando así todavía más la cantidad de dinero circulante.

Por aquellos años, movilizar el dinero era costoso y lento, pero cuando comenzaron a desarrollarse las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los movimientos de dinero de un sitio a otro comenzaron a ser muy baratos y rápidos, y, por tanto, rentables. Se produjo así un fenómeno histórico que resultaría decisivo: el dinero, en lugar de utilizarse como un medio de cambio, se convirtió en el objeto del cambio. Resultaba más beneficioso comprar y vender dinero que utilizarlo para comprar y vender bienes y servicios. Así se expandió el negocio financiero dedicado a realizar transacciones financieras puramente especulativas, sin tener detrás prácticamente ningún respaldo real. Las finanzas se divorciaron de la economía real y se convirtieron en un universo propio para hacer negocios de forma mucho más rápida y rentable. Ese desarrollo impresionante de las operaciones financieras vino de la mano de la aparición de cada vez más sofisticados instrumentos financieros, de «papeles» (porque detrás de ellos no hay nada real) para comprar y vender: seguros, reaseguros, coberturas de los seguros y de los reaseguros, créditos sobre todo ello… Unos activos financieros cada vez más sofisticados y rentables, pero, precisamente también por ello, con más riesgo. Y como ese negocio se alimentaba con préstamos para así poder realizar cada vez más operaciones, se produjo un incremento espectacular de la deuda, que comenzó a erigirse en motor de las economías.[146]

Las consecuencias de todo ello han sido muy variadas y casi siempre negativas (caída de la actividad económica, desempleo, desigualdad, incremento de las crisis financieras…), pero no podemos analizarlas aquí porque no es eso lo que persigue este libro, ni se necesita explicar para conocer lo que nos interesa saber sobre la renta básica.[147] Simplemente vamos a referirnos a su consecuencia más elemental: el incremento extraordinario de las transacciones financieras que se realizan con carácter especulativo, es decir, sin que tengan nada que ver con la economía real y sólo con el objetivo de obtener ganancias comprando y vendiendo papel.

Desde los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando comenzó a vislumbrarse este fenómeno, muchos economistas de gran prestigio señalaron (como ya lo había hecho mucho antes John Maynard Keynes) que esa dinámica era terrible y que tendría consecuencias muy peligrosas, por lo que comenzaron a proponer fórmulas que permitieran desincentivar ese tipo de operaciones. El premio de Economía del Banco de Suecia James Tobin decía que para evitar problemas era imprescindible «echar un poco de arena en las finanzas internacionales» y propuso una pequeña tasa de entre el 0,01 por ciento y el 0,1 por ciento para gravar esas transacciones especulativas, pensando que con ella se podrían hacer algo más costosas y, de paso, obtener una buena cantidad de recursos.[148]

A partir de ahí, la idea de establecer una tasa como ésa y con los mismos objetivos de recaudación y desincentivo de la especulación financiera se ha extendido extraordinariamente y lo que inicialmente se concebía como una utopía imposible de realizar ha terminado por ser apoyada, con más o menos fuerza o convicción, por gobiernos e incluso por organismos internacionales bastante conservadores; de ahí que se haya pensado también que una tasa sobre las transacciones financieras podría ayudar a financiar la renta básica.

Esa posibilidad depende, como suele ocurrir casi siempre en materia económica, de las condiciones de las que se parta. Por un lado, depende de la cuantía de las transacciones que se tome como referencia y, por otro, de quién sea quien aplique una tasa de ese tipo.

La cuantía de las transacciones financieras que se llevan a cabo en el mundo es compleja de determinar y lo cierto es que las estimaciones que se han llevado a cabo responden bastante directamente a los intereses o preferencias de quienes las realizan.

En la Unión Europea, se han hecho propuestas al respecto que han sido lideradas incluso por dirigentes bastante conservadores, pero han tenido muchas dificultades para salir adelante y, además, se realizan sobre estimaciones del volumen de transacciones que proporcionan resultados de recaudación insuficientes para financiar una renta básica, porque son sumamente conservadores.

En un estudio de la Comisión Europea de 2013, se calculaba que una tasa del 0,1 por ciento sobre las compras y ventas de acciones y obligaciones, y del 0,01 por ciento sobre las de derivados financieros permitía recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros,[149] una cantidad que, en el mejor de los casos, apenas llegaría a proporcionar unos 7 euros mensuales por cada persona residente en la Unión Europea. Sin embargo, otras estimaciones basadas en los datos que proporciona el Banco Internacional de Pagos permiten establecer que la recaudación de una tasa de este tipo podría generar recursos mucho más elevados, como veremos unas páginas más adelante.

En cualquier caso, es evidente que además de determinar correctamente cuál es exactamente el tipo y la cuantía total de las transacciones sometidas a la tasa, sería necesario que una medida de esta naturaleza se realizara con la cooperación y la complicidad internacional, porque, en otro caso, tendrían que establecer tasas superreducidas y con un impacto recaudatorio muy pequeño para que los capitales no escapen hacia territorios donde la tasa no estuviera establecida.

Financiación mediante expansión monetaria

Una última fuente a la que puede recurrirse para financiar la renta básica universal es la creación de dinero.

En principio, hay varias vías que se podrían utilizar para producir la expansión monetaria que cree los nuevos medios de pago con los que financiar una renta básica y para entenderlas, hay que saber previamente cuáles son los mecanismos mediante los que se crea el dinero en nuestras economías.

El dinero que se utiliza hoy día está formado por el llamado «dinero legal» (las monedas y billetes que crea el Estado a través del banco central) y el «dinero bancario», que son los medios de pago que crean los bancos comerciales cada vez que dan un crédito.[150] El porcentaje que representa cada una de esas dos clases de dinero varía según los países y el momento. En el Reino Unido, por ejemplo, el dinero legal ha llegado a representar tan sólo el 2 por ciento de todos los medios de pago, pero en los demás países europeos suele representar entre el 5 por ciento y el 10 por ciento. La inmensa mayoría de los medios de pago que se utilizan hoy día operan, por tanto, como dinero bancario, aunque habría que añadir algunos otros medios de pago más singulares y sofisticados a los que no aludiremos aquí.

Tradicionalmente se ha creído que la creación del dinero bancario depende en última instancia de los bancos centrales, porque éstos tienen la capacidad de establecer normas que permiten aumentar los créditos que conceden los bancos u obligar a que los restrinjan. Pero lo cierto es que no es así. En realidad, lo que ocurre es que los bancos conceden créditos cuando creen que tienen clientes solventes, con independencia de que tengan depósitos previos en sus balances. Si no los tienen, lo que hacen es recurrir al banco central para que les conceda, a su vez, el préstamo necesario para cubrir el porcentaje de depósito establecido como necesario para poder dar el crédito. Eso significa que son los créditos que conceden los bancos los que crean los depósitos, es decir, el dinero, y no al revés, como se creía. Por eso se dice que los bancos privados crean dinero de la nada cuando conceden prestamos o créditos, es decir, cuando generan deuda.

Pues bien, lo que podría hacer el Estado para financiar una renta básica por la vía de la expansión monetaria sería poner en marcha, básicamente, tres alternativas.

La primera sería la que se conoce como poner en marcha el helicóptero, nombre que procede del economista ultraliberal Milton Friedman a raíz de su análisis sobre cómo se podía hacer frente a una deflación (justo lo contrario de la inflación, es decir, una bajada continuada y general de los precios como consecuencia de que no hay actividad económica suficiente). Friedman decía que si eso ocurría, lo que se podría hacer es imprimir monedas y billetes y entregárselos directamente a la población para que los gaste, como si se tirase el dinero desde un helicóptero. Así, decía, la mayor capacidad de compra aumentaría la demanda, lo que haría subir los precios y se combatiría la deflación.

Sin embargo, de esa manera sólo se puede aumentar la circulación de moneda legal y sólo es una medida adecuada cuando hay demanda insuficiente y exceso de oferta.

Una segunda alternativa para crear dinero es la llamada expansión cuantitativa (Quantitative Easing, QE), que ya vienen realizando los bancos centrales para hacer frente a los problemas financieros que produjo la última gran crisis económica que estalló en 2007.

Es una forma de generación de liquidez distinta a la del helicóptero, porque consiste en que los bancos centrales compran títulos de la deuda pública, pero no directamente a los gobiernos, sino a los bancos o fondos que los poseen. Así, se aumenta efectivamente la cantidad de dinero, pero, a diferencia de lo que ocurre con el método anterior, no se garantiza que los nuevos medios de pago lleguen finalmente a las empresas y consumidores que realizan el gasto en la economía. Quienes reciben la nueva liquidez son solamente los propietarios de esos títulos (normalmente los bancos y los fondos de inversión). Lo que significa que el dinero creado así tiene unos destinatarios específicos y no el común de la gente.

En 2015, el líder laborista Jeremy Corbyn propuso que se aplicara en su país una expansión cuantitativa para la gente y luego otros líderes y economistas lo han reclamado igualmente para toda Europa.[151] Aunque, en ese sentido, lo que se estaría reclamando sería en realidad el procedimiento anterior del helicóptero y no el mecanismo indirecto de las expansión cuantitativa.

La ventaja que tendría un procedimiento como el del helicóptero en Europa sería que no sería contrario a lo establecido en los tratados europeos que impiden al banco central financiar a los gobiernos, porque se trataría de financiar directamente a las personas.[152]

La tercera vía alternativa para financiar la renta básica mediante expansión monetaria sería la creación de una moneda complementaria, en nuestro caso, al euro. Se trataría de una fórmula que permitiría crear poder de compra añadido, es decir, renta adicional sin tener que alterar las condiciones tan restrictivas que impone la pertenencia a una unión monetaria, un método al que nos referiremos más concretamente al final del capítulo.

En cualquier caso, habría que señalar que, al igual que la imposición sobre la renta es la fuente que mejor se justifica si la renta básica se considera la retribución por la apropiación desigual que se hace en la sociedad de una herencia común que se utiliza (aunque desigualmente repartida) para generar las rentas convencionales, su financiación a través de expansión monetaria sería la fórmula que parece más lógica si se considera que la renta básica es una renta primaria que corresponde a todos los sujetos con ciudadanía simplemente por existir como tales y por ser receptores de una herencia común que no se ha incorporado como tal en ningún otro tipo de renta. Si la renta básica es eso (algo que aún no se ha repartido) y no el efecto de una redistribución, entonces lo suyo sería que la renta básica se financie también con nuevos medios de pago. Si la renta básica es un ingreso nuevo, ajeno a otros que ya se perciben, entonces debería financiarse con dinero también ex novo.

Pero en este caso conviene también poner sobre la mesa una cuestión que suele ser controvertida cuando se habla de crear dinero para financiar gasto público, como al fin y al cabo sucede si lo que se financia es una renta básica: el efecto que eso pueda tener sobre los precios. Sobre todo, porque los críticos con esta forma de financiación afirman que es muy peligrosa, porque siempre va a producir inflación, es decir, subida de precios. Algo que, sin embargo, no tiene por qué suceder en todos los casos.

Para que un incremento de los medios de pago en circulación genere subida de precios, deben ocurrir varias circunstancias al mismo tiempo. Primero, que los nuevos medios de pago que se ponen en manos de los bancos vayan realmente a la economía y no se queden en sus balances en forma de depósito en el banco central, simplemente para darle otro «aspecto» a su estructura patrimonial. Es por esta razón que las expansiones cuantitativas de Estados Unidos, Japón, Reino Unido o Europa, que han sido billonarias, no han producido inflación: porque el dinero se ha quedado en los bancos centrales como depósitos de los bancos privados. En segundo lugar, para que la creación de dinero produzca subida de precios debe ocurrir no sólo que el dinero nuevo creado por los bancos centrales se ponga en manos de los bancos y que éstos lo presten a los sujetos económicos, sino, además, que estos últimos no lo ahorren o lo dediquen a disminuir su deuda anterior, sino que lo utilicen para comprar bienes y servicios. Y, finalmente, para que el nuevo dinero creado produzca subida de precios también debe ocurrir, además de todo lo anterior, que cuando se vaya a gastar no exista oferta suficiente de bienes y servicios en la economía. Si, por el contrario, hay oferta sobrante o capacidad de crearla más o menos inmediatamente, la mayor cantidad de medios de pago tendrá un efecto benévolo, pues será la que permitirá que las empresas puedan venderla. Sólo si se dan esas condiciones se genera subida de precios cuando se produce una expansión monetaria, es decir, la creación de nuevos medios de pago, de dinero.

Por tanto, la creación de dinero nuevo no se puede desechar de entrada para financiar una renta básica universal, aunque, por supuesto, haya que tener en cuenta la situación de la oferta de bienes y servicios cuando se produzca. Todo lo contrario, es una vía que se corresponde perfectamente con su naturaleza económica.

Financiación de la renta básica mediante el ahorro en otras partidas de gasto y gracias al incremento de actividad que puede generar

Finalmente, para terminar este epígrafe dedicado a exponer las distintas fuentes de financiación de la renta básica tendríamos que aludir a otras dos más. Por un lado, a la financiación que supone el ahorro de otra serie de gastos que pueden ser muy cuantiosos (pensiones mínimas, subsidios al desempleo, ayudas a familias…), un ahorro que será mayor o menor en función del diseño que se haga de la renta básica e incluso de la perspectiva ideológica desde la que se ponga en marcha, pues en sus diferentes concepciones conlleva una sustitución mayor o menor de otras políticas de bienestar social, como ya analizamos en el capítulo anterior.

Además de ello, habría que tener en cuenta que la renta básica da capacidad de compra adicional a muchos miles de personas y que cabe esperar que eso suponga un impulso de la actividad económica que generaría recursos que permitirían financiar más fácilmente su implantación. Aunque, como comentaremos más adelante, también puede llevar consigo un efecto desincentivo que produzca el efecto totalmente contrario.

Ambas circunstancias las tomaremos en cuenta a continuación, cuando vamos a tratar de responder a la pregunta que casi todo el mundo se hace cuando habla de la renta básica.

La pregunta del millón (nunca mejor dicho): ¿cuánto cuesta la renta básica?

Por muchas que pudieran ser las ventajas filosóficas o incluso económicas de implantar una renta básica universal, es lógico que cualquier persona, los líderes sociales o los partidos políticos se pronuncien sobre la conveniencia de ponerla en práctica una vez que tengan seguridad sobre el coste que va a suponer. Cabe pensar que, con las herramientas de estadística, de manejo de datos y cálculo tan avanzadas y sofisticadas que hoy día tenemos a nuestro alcance, no debería ser muy difícil saber con alto grado de certidumbre y rigor cuál sería su coste.

La realidad es que esto último se puede saber con bastante certeza, pero lo sorprendente es que haya tantas diferencias a la hora de calcularla y, sobre todo, que a veces se proporcionen cifras tan claramente erróneas que cuesta trabajo creer y que, viniendo algunas de donde vienen, sean realmente simples errores de cálculo, algo que no parece que puede tener más que una sola explicación: primero se establece el acuerdo o el desacuerdo con la propuesta de implantar la renta básica, en función de las legítimas razones éticas o ideológicas que la justifican, y luego se hacen los números, no para saber de verdad lo que cuesta, sino para reforzar la opinión normativa que se defiende.

En cualquier caso, con independencia de otras razones menos limpias, las diferencias en la estimación de lo que costaría implantar una renta básica universal normalmente vienen de que se tomen en cuenta unos u otros conceptos a la hora de calcular el coste, otras veces de la imposibilidad de contabilizar todos los beneficios y costes que implica, lo que obliga a realizar estimaciones derivadas de hipótesis de partida diferentes, y otras, como vamos a ver enseguida, porque se asume su coste total sin deducir todos los ahorros que la renta básica puede acarrear.

Teóricamente, es decir, si se quisiera conocer con todo rigor el coste real de la implantación de una renta básica universal y no tuviéramos problemas para registrar una serie de conceptos con exactitud, habría que calcular todos y cada uno de los siguientes:

a)  El importe bruto, que sería el resultado de multiplicar la cuantía de la renta que percibiría cada persona, que debe haber sido determinada previamente por el número de personas que la van a recibir.

b)  El ahorro que se podría conseguir sustituyendo otras prestaciones al implantar una renta básica. Al restarlo a lo anterior, se obtendría su coste neto.

c)  El ahorro que pudiera conllevar la fuente de financiación que se adopte. Como vimos anteriormente, si se financia a través del impuesto sobre la renta, el ahorro se produce porque un gran porcentaje de quienes reciban la renta básica la van a devolver a través de este impuesto, de manera que la parte que se devuelva debe descontarse. Lo mismo ocurriría si se financiase a través de la creación de dinero ex novo o mediante la puesta en circulación de una moneda complementaria. En cada caso, habría que determinar el ahorro que se genera para descontarlo del coste bruto.

d)  El coste o beneficio monetario neto (beneficios menos costes) de los efectos colaterales que lleve consigo la implantación de la renta básica. Por ejemplo, el incremento o pérdida de recaudación que pueda ocasionar si genera más actividad, la pérdida o ganancia de empleo y productividad que produzca, la inflación y sus consecuencias sobre la renta real, o la disminución de gastos sanitarios o el aumento de los educativos que implique, entre otros.

e)  Rigurosamente hablando, deberían contabilizarse también otros costes o beneficios no monetarios que pudiera conllevar su puesta en marcha, por ejemplo, en términos de bienestar o de incremento de actividades que dan valor a la vida, aunque no se traduzcan en ganancia monetaria, o las ganancias derivadas de la sostenibilidad que ayude a conseguir o de la mayor igualdad a que pueda dar lugar, entre otros.

Parece evidente que las dos primeras evaluaciones son bastante objetivas y que la tercera es más complicada, pero que se puede realizar con bastante grado de certeza, como se ha demostrado en muchos estudios realizados para bastantes países.[153] Sin embargo, también es cierto que las dos últimas serán siempre muy difíciles, por no decir que de imposible determinación, lo que quiere decir que el coste final real de la implantación de la renta básica, si lo definimos con propiedad, no se puede establecer con total certeza y rigor. Si se está hablando de la conveniencia de poner en marcha una medida que se justifica fundamentalmente por razones que van más allá de lo monetario, no parece que sea muy coherente tratar de valorar sólo ese aspecto monetario cuando se quiere determinar su coste real. Pero, como decimos, el cálculo de los costes y beneficios no monetarios es muy relativo y no tenemos suficientes experiencias reales, como analizaremos en los siguientes capítulos, para tomarlas como base más o menos irrefutable de estudio. E incluso si las hubiera, sería igualmente difícil sacar conclusiones generales de ellas, porque se trataría de efectos de amplia difusión, muy expandidos en la economía y que se producen de la mano de otros generados por procesos paralelos, de modo que sería muy difícil distinguir unos de otros. El problema es que todos esos costes o beneficios no monetarios es muy posible que no sean nimios, sino, por el contrario, bastante relevantes.

Con estas limitaciones presentamos a continuación el resultado de las estimaciones más rigurosas que se han realizado en España para que se pueda conocer, aunque sea por aproximación, cuánto costaría implantarla.

El coste bruto de la renta básica universal en España

Como hemos dicho, el coste bruto de una renta básica depende, en primer lugar, de cómo de generosa se quiere que sea, y eso quiere decir que no hay un coste fijo, sino que siempre dependerá de ese primer supuesto.

Normalmente, quienes defienden su implantación no establecen una cuantía inamovible, sino que estiman que debería empezarse modestamente y con realismo para tratar de llegar lo antes posible a la cantidad que sea suficiente para garantizar un mínimo de vida digna y la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. No obstante, a la hora de hacer cálculos para evaluar el coste de su implantación, se suelen barajar dos posibles criterios para fijar su cuantía. Uno, defendido con carácter general por Van Parisj y Vanderborght, es que suponga más o menos el 25 por ciento del PIB per cápita del territorio donde se establezca[154] y, otro, que equivalga al umbral de pobreza (que se establece normalmente en el 60 por ciento de la renta mediana de todas las personas que la van a recibir).[155] Aunque, lógicamente, se puede optar por una alternativa de comienzo aún más modesta, como la renta básica equivalente a las pensiones no contributivas para los adultos y del 30 por ciento de esa cantidad para los hijos no emancipados fiscalmente, como propone en su simulación Juan Gimeno para España.[156] Normalmente también se considera que debe haber dos grandes cuantías de renta básica, para las personas adultas y para los menores de dieciocho años, a quienes se suele asumir que recibirían la quinta parte de lo que reciban las primeras. Aunque también se puede establecer, como hace la OCDE para hacer estimaciones, una cuantía general para el primer receptor dentro del hogar y porcentajes que se van reduciendo para los siguientes.

Por tanto, este primer cálculo del coste bruto de la renta básica es bastante fácil. Para España vamos a tomar los datos de 2010, porque son los que toman como referencia los modelos más rigurosos que se han realizado para defender su implantación, el que vamos a seguir en este texto divulgativo. Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens proponen en su modelo asumir el umbral de pobreza como cuantía de la renta básica universal, que en 2010 era de 7.471 euros al año. A los menores les correspondería el 20 por ciento de esa cantidad, es decir, 1.492 euros anuales. Eso quiere decir que, para la población española de aquel año, la renta básica universal de esa cuantía tendría un coste bruto total de 280.092 millones de euros.[157] Si se asume la mencionada propuesta más modesta de Gimeno (4.755,80 euros anuales, 396,32 euros mensuales para los adultos y el 30 por ciento para los menores) el coste bruto sería de 163.013 millones de euros.[158] Para 2017, estos costes serían lógicamente más elevados, puesto que habría variado la población y las cuantías de la renta, incluso según esos criterios.

El coste neto de la renta básica universal

Esas últimas cuantías brutas no se pueden considerar como el coste real o definitivo de ponerla en marcha, porque hay que tener en cuenta, como ya hemos señalado anteriormente, que la renta básica universal puede sustituir a un buen número de prestaciones económicas, cuya cuantía habría que restar del coste bruto.

Las prestaciones que serían sustituidas pueden variar en las distintas propuestas de implantación de la renta básica que cada uno haga. Quienes la proponen desde posiciones ideológicas más a la izquierda, consideran que la renta básica complementa al Estado del Bienestar y, por tanto, que sólo debe sustituir a las que tengan una cuantía menor y no afecten a otros bienes públicos universales. Pero quienes defienden la renta básica desde postulados más liberales proponen que sustituya no sólo a esas prestaciones de menor cuantía, sino al conjunto de las prestaciones sociales. Por lo tanto, para calcular el coste neto de la renta básica universal habría que determinar concretamente cuáles serían las prestaciones que se sustituyen, y al respecto no hay un criterio objetivo que se pueda aplicar, sino que la decisión vendrá dada, como acabamos de decir, por las preferencias de quien haga la propuesta.

Arcarons, Raventós y Torrens proponen eliminar totalmente cualquier otra prestación pública monetaria si su cuantía es menor que la de la renta básica y hacerlo sólo parcialmente, hasta esa cuantía, si la cantidad que proporciona la otra prestación es mayor.[159] Esa sustitución supondría un ahorro, según los cálculos de estos autores para los datos de 2010, de 92.222 millones de euros.

Por tanto, el coste neto de la renta básica (descontando el ahorro que supone la sustitución de otras prestaciones) se quedaría ya en 187.870 millones de euros, el 17,4 por ciento del PIB español.

Esta última cantidad es la que realmente refleja lo que costaría poner en marcha en España una renta básica universal de una cuantía equivalente al umbral de pobreza (con datos de 2010) para los adultos y del 20 por ciento de esta cantidad para las personas menores de dieciocho años sustituyendo, eso sí, a cualquier otra prestación pública monetaria inferior a su cuantía.

En el caso de la estimación de Juan Gimeno, la renta básica absorbería otras prestaciones por valor de 59.537 millones de euros, lo que significa que su coste neto sería de 103.476 millones de euros.[160]

Sin embargo, para saber el coste efectivo o real de la implantación de una renta básica no podemos quedarnos en la determinación de su coste neto, puesto que a la hora de financiarla se puede conseguir un ahorro que puede ser muy importante, que hay que detraer si no se quiere dar una imagen falseada de su coste. Un olvido sorprendente en el que cae el responsable del servicio de estudios del BBVA cuando presenta el coste de la estimación de Arcarons, Raventós y Torrens, dejando fuera el ahorro fiscal que llevaría consigo con el obvio propósito de hacer creer que su coste es mucho mayor del real.[161]

El coste efectivo de la renta básica universal financiada a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas

Si la renta básica universal se financia a través del impuesto sobre la renta, se producen ahorros que hay que tener en cuenta a la hora de determinar su coste real o efectivo por una razón muy sencilla: una parte importante de la renta percibida se va a devolver cuando se liquide el impuesto. Por tanto, para saber el coste que efectivamente supone poner en marcha la renta básica no basta con registrar lo que cuesta una vez descontado el ahorro derivado de sustituir a otras prestaciones, como acabamos de hacer, sino que hay que restar también la cuantía total de renta básica que se va a devolver.

El cálculo de ese coste no tendría demasiada dificultad si se hiciera ex post, es decir, una vez que se implantara, pero hacerlo ex ante obliga a realizar una serie de suposiciones y simulaciones que no siempre permiten conocer con exactitud lo que costaría.

En los últimos años se han hecho cálculos para muchos países tratando de calcular lo que podría costar ponerla en marcha y lo cierto es que hay una coincidencia bastante notable si se toma la cuantía en términos porcentuales respecto al producto interior bruto.

Para España, la evaluación más detallada es la que han realizado Arcarons, Raventós y Torrens, que han presentado en diversos trabajos, con algunas diferencias menores en los diferentes textos.[162]

Estos autores han utilizado los datos del Ministerio de Hacienda para simular qué ocurriría con el IRPF si se estableciera en España la renta básica de la cuantía antes señalada teniendo en cuenta algunas condiciones de partida: que el resultado final tenga un impacto distributivo muy progresivo; que más del 50 por ciento de la población con menos ingresos gane renta neta respecto a la situación actual; que los tipos impositivos reales o efectivos que se establezcan no sean excesivamente elevados, y que la implantación de la renta básica no suponga detracción de ningún otro ingreso público (lo que obliga a sumar a su coste el total de recaudación del IRPF en el momento en que se establece).

A partir de esas condiciones de partida, el modelo incorpora a todas las personas (incluyendo, por tanto, a quienes antes estaban exentas del IRPF) y establece un único tipo impositivo del 49 por ciento, que se aplicaría por igual a todas las rentas a partir de la correspondiente a la básica.

Lógicamente, el modelo permite establecer diferentes simulaciones y en virtud de ellas se puede llegar a la conclusión del porcentaje mayor o menor de renta básica que podría devolverse o no. Aunque sus resultados son algo distintos en sus diferentes textos, creemos que reflejamos fielmente lo que quieren decir concluyendo que, según sus estimaciones, la renta básica se financiaría con una «transferencia cercana a los 32.000 millones de euros desde el 20 por ciento de las personas más ricas al primer 70 por ciento de la ordenación».[163] Aunque en otro texto dan una cifra algo más elevada cuando afirman que «el coste real fiscal de la implementación de la renta básica», es decir, el «de lo que pagan de más o pierden de renta neta dichos perdedores es de 34.232 millones de euros».[164] Con otros tipos o modificando el umbral de pobreza y la cuantía de la renta básica, pueden llegar a otros escenarios. Por ejemplo, señalan que si se simula una renta básica repartida en diferentes niveles dentro del hogar (7.471 euros para el primer adulto del hogar, el 50 por ciento al resto de adultos y el 30 por ciento a los menores) bastaría un tipo impositivo del 39,5 por ciento para que el coste efectivo (lo que tendrían que financiar los perdedores) fuese sólo de 20.707 millones de euros.

Gimeno, por su parte, estima que al coste neto de su propuesta (103.476 millones de euros), se le podrían descontar 26.150 millones de euros por las deducciones del IRPF que serían absorbidas, 6.520 millones de euros por el incremento de la recaudación que supondría la renta básica y 2.532 millones por ahorro en gastos de administración, lo que daría un coste neto de 68.274 millones de euros.[165] Para sufragar esa cantidad, Gimeno señala que habría dos caminos. Uno, que a grandes rasgos coincidiría con la propuesta de Arcarons, Raventós y Torrens, sería rediseñar el IRPF para que se lograra la devolución a Hacienda de renta básica percibida por ese mismo valor, pero concentrando esa devolución en el 30 por ciento de los declarantes de mayor renta. Y otro, para evitar la injusticia que supone que sean las rentas del trabajo quienes sostengan casi por completo el peso de la financiación de la renta básica, recurrir a otras fuentes de financiación, como la imposición sobre el patrimonio o sobre las transacciones y plusvalías financieras.

Como veremos enseguida, con estas metodologías u otras semejantes se han hecho también otras estimaciones del coste neto y efectivo o real de la implantación de una renta básica universal en España, en alguna de nuestras comunidades autónomas y en otros países, y, por supuesto, también otras que las critican para tratar de demostrar que su coste es mucho más elevado y que, por tanto, su puesta en marcha es inviable o indeseable. Lógicamente, cada una de ellas proporciona resultados diferentes. Por eso, si en lugar de entrar en una guerra de cifras lo que de verdad se quisiera fuese disponer de información y criterios rigurosos sobre los costes y beneficios reales de implantar una renta básica universal, lo necesario quizá sería promover algún tipo de espacio de debate plural e independiente que tratase de evaluar lo más objetivamente posible lo que verdaderamente implica adoptar una medida como esa.

En cualquier caso, no se debe olvidar que cuando se ha analizado el coste neto de la renta básica y el efectivo cuando se financia a través del IRPF, se ha aludido a su coste fiscal, es decir, a la transferencia de renta que se debe lograr entre los grupos que hemos denominado perdedores y ganadores para disponer de los recursos necesarios. Obviamente, además de ello habría que poner sobre la mesa, como haremos más adelante, que una transferencia de esa magnitud tiene también un coste evidente para el bolsillo de quienes van a soportar en realidad la carga final de la financiación, coste que seguramente se traduce en dificultades grandes y no sólo de tipo económico, a la hora de implantar una renta básica universal, al menos si se financia exclusivamente por esta vía.

El coste efectivo de la renta básica universal financiada a través de expansión monetaria

Ya hemos señalado que financiar la renta básica a través de la creación de dinero puede traer consigo problemas de diversa naturaleza, sobre todo vinculados con los precios si la cantidad de dinero que se crea ex novo para financiar la renta básica no se corresponde con la capacidad de generar oferta y provoca un exceso de demanda en los mercados de bienes y servicios. Pero, dicho esto, no se puede obviar que si la renta básica universal se financiara a través de este procedimiento, no se tendría que soportar carga fiscal alguna (salvo lógicamente la que pudiera derivarse de modo indirecto del incremento de actividad que llevaría consigo la puesta en marcha de la renta básica).

Eso ocurriría no sólo cuando la expansión monetaria se produjera a través de la creación del dinero legal convencional del banco central, sino también si la renta básica se financia a través de la creación de una moneda o de una red de monedas complementarias. Si la renta básica se financiara totalmente mediante la puesta en circulación de una moneda electrónica complementaria al euro que tuviera que ser gastada en un año, bien comprando cualquier tipo de bienes o servicios nacionales (lógicamente no se podrían adquirir los de fuera de España porque éstos habría que pagarlos en euros) o bien pagando los impuestos al Estado, la renta básica no costaría nada. Aunque es cierto que, en esa proporción, generaría problemas de inflación casi con toda probabilidad, lo que lleva a pensar que lo más razonable, en todo caso, sería financiar mediante la moneda complementaria una parte total o parcial, por ejemplo, de la que corresponde a la operación de redistribución que hay que hacer en el IRPF para completar el pago, en la propuesta de Arcarons, Raventós y Torrens, o del 40 por ciento que no se alcanzaba en la propuesta de Juan Gimeno.

¿Hay recursos para financiar una renta básica universal?

Como acabamos de mostrar, el coste efectivo, no el que a veces se presenta sin considerar los ahorros que llevaría consigo la implantación, sino el que realmente habría que sufragar si se pusiera en marcha una renta básica universal, es elevado. De eso no cabe ninguna duda. Pero supone porcentajes de entre el 3 por ciento y el 5 por ciento del producto interior, que no se pueden considerar desproporcionados o fuera del alcance de economías avanzadas. Sobre todo, cuando en ellas se registra un fraude fiscal tan elevado (los técnicos del Ministerio de Hacienda afirman que se pueden obtener unos 40.000 millones de euros anuales a medio plazo luchando contra él),[166] cuando los bancos que obtienen miles de millones de beneficios y han recibido cientos de miles de millones de euros de ayudas o de préstamos públicos a fondo perdido prácticamente no tributan, como en España, en el impuesto de sociedades[167] y cuando se ha ido modificando la legislación para que las grandes empresas tributen cada vez menos.[168] Más que nada, si se compara su coste no desmesurado con el efecto positivo que podría suponer proporcionar un ingreso digno a los millones de personas que, en estos momentos, a pesar de la abundancia de recursos y de riquezas que hay en el planeta y en prácticamente todas las economías del mundo, se encuentran en la pobreza o en extrema indigencia (en España, como ya dijimos, hay alrededor de un millón de personas sin ningún tipo de ingreso).

En todo caso, es evidente que cuando hay que realizar una operación de transferencia de rentas entre unos grupos de población y otros de magnitud tan realmente importante lo que entra en juego es una balanza que no puede objetivarse, puesto que depende de preferencias personales, de los valores e intereses y de los criterios éticos de cada persona, y, por tanto, ahí no se puede establecer una verdad general sino, a lo sumo, una propuesta o preferencia personal.

Pero, con independencia de ello, también es necesario tener en cuenta que muchos investigadores han puesto de relieve que implantar la renta básica sin generar mayores problemas financieros, es decir, de modo sostenible, al menos económicamente hablando, es algo completamente viable con los recursos de los que disponemos en nuestro planeta. Algunos ejemplos quizá podrían servir para corroborarlo.

Los cálculos realizados para Andalucía permiten concluir que el coste de implantar una renta básica en Andalucía podría financiarse sobradamente con algunos cambios presupuestarios y mediante reformas del IRPF que no se pueden considerar fuera de nuestro alcance.[169]

El investigador Simon Thorpe ha calculado lo que costaría implantar una renta básica equivalente al 50 por ciento de la renta mediana de cada economía en ciento treinta países (cuya población representa el 93,5 por ciento del total mundial). Para ello ha multiplicado la mitad de dicha renta mediana, según los datos de Gallup,[170] y la ha multiplicado por la población de cada uno, resultando así que el coste total de una renta básica mundial de esa cuantía diferenciada en cada país sería de 10,6 billones de dólares. Para España, el coste de esa renta básica sería de 167.787 millones de euros (7.284 dólares de renta mediana y 46 millones de habitantes). Es decir, una cantidad no muy alejada de la que hemos manejado anteriormente.

Se trata de un cálculo de trazo grueso porque, tal y como se ha hecho, se supone, entre otras cosas, que la renta básica de todos los menores sería igual que la de los adultos. Lo que quiere decir que un análisis más estilizado permitiría cifrar la cuantía de la renta básica universal en todo el mundo en una cuantía más reducida. Pero, incluso tomando esa cifra generosa como coste total de una renta básica en todos los países del mundo, obtenemos una cantidad (10,5 billones de dólares) que se podría financiar sin demasiada dificultad si hubiera voluntad política. La prueba es sencilla.

El Banco Internacional de Pagos proporciona información sobre el volumen total de transacciones financieras de todo tipo que se realizan en el planeta cada año. Lo hace en un informe que no agrega todos los datos, pero éstos se pueden acumular sin demasiada dificultad. Y al hacerlo resulta que el valor total de todas esas transacciones que se realizan en el mundo es de 11.704 billones de dólares (no es un error: once mil setecientos cuatro millones de millones de dólares).[171]

Eso quiere decir que con una minúscula tasa del 0,1 por ciento sobre este volumen total de transacciones se podría financiar sobradamente una renta básica universal en todos los países del planeta sin que ningún Estado tuviera que establecer ningún tipo de impuesto adicional.

Es verdad que se trata de cálculos brutos, de trazo grueso, y una tasa así necesitaría un gran acuerdo internacional, una tecnología apropiada, mecanismos adecuados de liquidación y luego de reparto (porque no tendría sentido que la renta básica fuese igual en todos los países o incluso territorios…). Pero todos esos no son sino problemas técnicos que se pueden resolver con más o menos dificultad con los medios de los que hoy día disponemos. Lo importante es que no se puede afirmar que la financiación de una renta básica universal, ni siquiera a escala planetaria, sea imposible porque no hay recursos. Es más: si esa renta básica mundial se podría financiar con una simple tasa del 0,1 por ciento de todas las transacciones financieras y sin necesidad de ningún otro tipo de impuesto, lo mismo podríamos decir de todo el gasto público mundial. Puesto que es de unos 25 billones de dólares, resulta que todo lo que gastan todos los gobiernos del mundo más una renta básica por un valor total de esos 10,5 billones de dólares se podría financiar con una sola tasa del 0,35 por ciento sobre el conjunto de las transacciones financieras y, por tanto, se podrían eliminar todos y cada uno de los demás impuestos que hoy día hay en el mundo.[172]

Ante datos como éste, palidecen cualesquiera de los demás estudios que han mostrado que la renta básica universal (incluso en sus formulaciones más ortodoxas, generosas o incondicionadas) se pueden financiar con los ingresos que se recibirían del impuesto sobre la renta. Y, en cualquier caso, quienes defienden la implantación de una renta básica universal contemplan siempre su aplicación como una estrategia de carácter progresivo, no sólo con cuantías más reducidas al comienzo, sino incluso con algún tipo de condicionalidad, que hiciera más llevadera su financiación. Por tanto, la decisión sobre su implantación, dejando a un lado otros problemas que comentaremos más adelante, no puede hacerse depender de su supuesto elevado coste en un mundo que gasta los recursos como el nuestro y que renuncia a poner en marcha los mecanismos más elementales para logar un reparto mínimamente equitativo de las cargas fiscales.

VII

La controversia sobre la renta básica: críticas, incógnitas y evidencias

Después de haber analizado la naturaleza de la renta básica tal y como la proponen sus defensores, los efectos que supuestamente debería acarrear su implantación, su coste y cómo podría financiarse, ahora es el momento de presentar la controversia que la propuesta ha suscitado en los últimos años.

Como ocurre con todo lo que hasta ahora hemos presentado en relación con la renta básica, los textos críticos que tratan de poner de manifiesto sus inconsistencias y limitaciones son muy abundantes y aquí no vamos a tratar de hacer una presentación exhaustiva de todos ellos, sino tan sólo de mostrar cuáles son las líneas por las que se desarrolla la crítica y las cuestiones que son objeto principal del debate.

En primer lugar, en los dos epígrafes siguientes, vamos a presentar las que tienen que ver con la naturaleza que los defensores de la renta básica entienden que ésta tiene; después nos introduciremos en el debate sobre si cabe esperar que los efectos que sus defensores esperan que produzca la implantación de la renta básica son realistas o pueden aceptarse sin más; y finalmente mostraremos la controversia relativa a su financiación y analizaremos las evidencias empíricas, no muy abundantes como veremos enseguida, que hasta el momento tenemos sobre lo que ocurre cuando se pone en marcha un experimento parecido a la renta básica, puesto que salvo en el caso de Irán (que por otras razones que comentaremos es un caso demasiado singular), no existe ninguna experiencia de implantación de una auténtica renta básica universal.

La renta básica como subproducto del ataque neoliberal al Estado del Bienestar

Como hemos analizado, quienes defienden la renta básica universal suelen coincidir en que se trata de una medida que busca proporcionar más libertad, igualdad y bienestar que las que proporciona el sistema económico imperante y, aunque ya sabemos que se defiende también por corrientes de pensamiento que podríamos caracterizar de esencialmente conservadoras, lo cierto es que la renta básica se presenta y se percibe comúnmente como una propuesta típicamente «progresista». Y también hemos comprobado que hunden sus raíces en propuestas muy antiguas orientadas a la búsqueda de una mayor justicia.

Sin embargo, muchos de sus críticos señalan que la renta básica no es sino un resultado más del ataque al Estado del Bienestar que llevó consigo la revolución conservadora que comentamos más atrás. Es decir, que no es, como se quiere presentar, un intento de hacer frente a las propuestas neoliberales del desmantelamiento de las políticas sociales, sino que, en realidad, es uno más de sus subproductos, una propuesta de pretensiones reformistas aparentemente no neoliberales, pero que termina encajando en el encuadre ideológico dominante de los últimos cuarenta años. Incluso algún autor, como Daniel Zamora, considera que tratar de encontrar sus raíces tan lejos en el tiempo no es sino una forma de «inventar la tradición» —utilizando la expresión de Eric Hobsbawm— para no dejar ver su auténtica ubicación histórica, su «relación íntima con la aparición del neoliberalismo, tanto el tipo de respuesta que ofrece a la crisis como en la concepción de justicia social que la vehicula».[173]

En el caso de la renta básica «liberal» está claro. Pero ¿también en el de la renta básica progresista o fuerte?

Las razones que se aducen para considerar que la renta básica se inserta, más o menos centralmente, en el marco neoliberal que ha perfilado las políticas económicas y sociales de nuestra época se resumen en cinco principales.

En primer lugar, que la renta básica se basa en instituir al individuo, como hace el liberalismo, como pivote de la lucha contra la pobreza en lugar de centrarla en las políticas sociales, que tienen como epicentro los colectivos sociales o a la sociedad en su conjunto. Sus críticos dicen que en realidad responde a la idea neoliberal que Margaret Thatcher expresó nítidamente cuando decía que existen hombres o mujeres individualmente, o familias, pero no tal cosa como la sociedad, tal y como ya comentamos anteriormente. De esa forma, afirma Daniel Zamora, lo que ponen realmente en cuestión los proyectos de renta básica es la noción misma de derecho social.[174]

En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, se afirma que la renta básica sustituye el principio de gestión colectiva y de renta socializada típica de los Estados del Bienestar como instrumentos para combatir la pobreza y la desigualdad, por la apropiación privada de recursos, considerando que esos objetivos se pueden lograr simplemente poniendo a disposición de personas individuales una determinada cantidad de numerario para su gestión individual.

En tercer lugar, porque lo anterior también implica sustituir el principio de elección colectiva como sustento de las políticas bienestaristas por la elección individual en los mercados.

En cuarto lugar, porque, aunque haya sido más o menos matizada, la declaración de principios inicial que acompañaba la primera propuesta de renta básica del Colectivo Charles Fourier, que también comentamos anteriormente, no era otra que tratar de compaginarla con las políticas neoliberales dominantes de flexibilización de los mercados laborales. Un objetivo que, como vimos en el capítulo III, no sólo no se rechaza, sino que se trata de fortalecer con la puesta en marcha de la renta básica.

Y, finalmente, porque se considera que la renta básica simplemente pretende paliar la pobreza (ni siquiera en su totalidad, como veremos más adelante que también se le critica) sin entrar en las causas que la provocan, es decir, sin modificar las condiciones estructurales que dan lugar a un reparto de la riqueza que produce la desigualdad, lo cual no puede llevar sino a reproducir las condiciones sistémicas y de modelo político que rigen la economía de nuestros días.

Esta crítica no sólo se lanza contra las versiones más débiles o liberales de la renta básica, sino incluso contra la versión más fuerte de la renta básica, pero parece evidente que no tiene sentido plantearla como un punto de partida, sino, en todo caso, como una conclusión una vez analizados sus efectos. Lo relevante desde un punto de vista menos ideológico, por tanto, no parece que sea tratar de dilucidar si formalmente se inserta de forma más o menos directa con una corriente de pensamiento o con una práctica política, sino si los efectos reales que la renta básica produce sobre las personas y la sociedad son los que le asocian quienes la defienden. Y, por esa razón, abundaremos más bien en esta perspectiva más adelante, aunque antes haremos mención a otra crítica que tiene que ver con la naturaleza teórica de la renta básica, que tiene importantes consecuencias a la hora de justificar, sobre todo, su financiación.

No es una renta originaria, sino el resultado de redistribuir renta anteriormente generada

Una segunda línea de crítica a la renta básica universal tiene que ver con su naturaleza económica, un asunto al que ya nos referimos cuando abordamos el problema de la financiación en el capítulo anterior. Y no se trata sólo de un asunto abstracto o puramente retórico, sino que afecta a su justificación ética, a su capacidad de generar una situación social de mayor justicia y a su financiación, entre otras de menos importancia.

Como dijimos, para poder reconocer la renta básica universal como un derecho de ciudadanía que actúa como un suelo, y no como un derecho social que funciona como mecanismo igualador de resultados, hay que encontrar un recurso o cesta de recursos que generen el ingreso que la renta básica universal proporciona a todos los sujetos o, por otra parte, que se considere que la renta básica es la retribución monetaria de actividades que, sin ella, no la tendrían. Entre esos recursos, señalamos que podían encontrarse el acervo de conocimientos acumulados, la tecnología, el ambiente cultural o los proporcionados por la naturaleza, entre otros (como los empleos, cuando se considera que son escasos y de ahí se deduce que quien los «disfruta» ha de compensar, financiando la renta básica, a quienes no están empleados).

Gracias a esos supuestos, se puede deducir, como afirman los defensores de la renta básica, que ésta implica romper el vínculo tradicional entre renta o ingreso y trabajo, es decir, que se puede obtener un ingreso (la renta básica) sin necesidad de que quien la reciba desarrolle lo que comúnmente entendemos que es el trabajo (una actividad de producción de bienes y servicios que es retribuida monetariamente).

Pues bien, la crítica de carácter más teórico a la renta básica se basa en considerar que esos supuestos anteriores no son aceptables por alguna de las siguientes razones que, en realidad, están relacionadas entre sí.

Afirmar que establecer una renta básica equivale a romper la vinculación entre ingreso y trabajo es incorrecto, pues lo correcto sería decir que implica romper el vínculo entre producción e ingreso (o renta). Esto es así porque el trabajo no puede considerarse algo separado a la producción de bienes y servicios. Sólo hay trabajo si se producen y sólo se pueden producir si hay trabajo. Pero, precisamente porque esto último es así, resulta imposible romper el vínculo entre producción e ingreso.

A juicio de sus críticos, quienes defienden que la renta básica es la retribución a una (nueva) actividad que genera valor (porque enriquece a quien la lleva a cabo) y que produce riqueza cometen el error de creer que cualquier actividad que produce utilidad o valor de uso (escribir un poema, componer un puzle o sacar al perro de paseo) produce también riqueza, algo que no es cierto. Lo correcto, expresado de la forma más sencilla posible, sería afirmar que una actividad genera riqueza en sentido económico cuando se traduce en la producción de algo que la sociedad asume como «valioso» porque alguien disfruta o se aprovecha de lo que se produce, y diríamos entonces que lo es cuando se ha producido a través del trabajo. Lo cual lleva a considerar que trabajo no es cualquier tipo de actividad humana, sino sólo aquella que produce lo que es potencialmente deseado, disfrutado o aprovechado por otro sujeto. Diríamos entonces que la sociedad lo acepta o valida como tal, aunque puede ocurrir que ese «trabajo» vaya acompañado de retribución monetaria o no. La actividad que una persona desarrolla en una organización no gubernamental o en su hogar es trabajo: no tiene retribución monetaria, pero produce un bien o servicio del que disfruta alguien. Y es trabajo, por supuesto, la actividad que podría ser exactamente del mismo tipo que se realiza (con independencia o con dependencia de un empleador) a cambio de una retribución monetaria en el mercado o en el sector no mercantil (Estado).

Por tanto, la renta básica no se puede considerar que es la contrapartida al ocio o a la realización de esas actividades, que, siendo efectivamente muy satisfactorias para cualquier persona, no producen algo para las demás personas. Y si la sociedad retribuye por ellas a quien no realiza cualquier otro tipo de actividad, esa renta o ingreso que se paga, dicen los críticos, debe venir de algún sitio, que no puede ser otro que del trabajo de las demás personas que sí producen bienes o servicios y, por tanto, ingresos monetarios, una parte de los cuales sí que pueden entonces ir a quienes no lo hacen. Esto quiere decir que la renta básica no es originaria o primaria, sino una secundaria que proviene de otras rentas previas que han producido quienes producen los bienes y servicios de los que se dispone en la sociedad.

La prueba que se aduce para mostrar que no es posible romper el vínculo entre producción e ingreso o entre trabajo y renta, si se quiere utilizar otra expresión totalmente equivalente, se obtiene llevando la situación al extremo: si la renta básica llevara a que todos los individuos, y no sólo unos pocos, dedicaran su tiempo a actividades de gran satisfacción personal, pero sin contrapartida monetaria (porque ninguna otra persona tuviera interés en disponer de ellos) no habría bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Algo lógico y elemental: los seres humanos nos necesitamos unos a otros para sobrevivir con un mínimo de satisfacción y bienestar y, en cualquiera que sea el sistema económico en que vivamos, siempre necesitaremos un determinado sistema de intercambio, una división del trabajo y un mecanismo que permita comparar las respectivas proporciones en que cada uno de nosotros contribuimos o no a la generación de la producción total o nos apropiamos o disfrutamos de ella.

En definitiva, la renta básica no sería un ingreso original que recibiríamos si se implantase por llevar a cabo algún tipo específico de actividad ajena al trabajo (si fuese esto último, no sería renta básica sino sueldo, salario, beneficio, etc.). Es el resultado de repartir una renta previamente generada por algunas personas: es, por tanto, una operación redistributiva.

En segundo lugar, para poder considerar que la renta básica es una renta, debe aceptarse, como hemos dicho, que con ella se retribuye por el uso de un stock de algún recurso o cesta de recursos que son de propiedad común, pero que por alguna razón o no han sido repartidos (y se distribuyen entonces entre todos los individuos) o han sido aprovechados sólo por una parte de la población (y, por tanto, se establece que ésta debe compensar al resto por haberse beneficiado de ese uso).

Pero los críticos con este supuesto esencial para poder justificar la renta básica como una auténtica retribución afirman que tal stock o no existe como algo que se pueda distribuir en forma de renta o que, si existiera como tal, no estaría justificado que se compense a unos sujetos por el eventual uso que pudieran hacer otros.

La crítica se basa, en primer lugar, en señalar que un determinado patrimonio no produce una renta sino hasta que ha sido procesado, manipulado, transformado o utilizado de cualquier manera a través del trabajo. De donde se deduce que lo que genera la renta básica no sería un patrimonio común, sino, de nuevo, la redistribución de una renta previa procedente del trabajo de alguien. Como suelen señalar los críticos utilizando el típico ejemplo de la renta básica de Alaska (que explicaremos en el capítulo VIII), que se paga gracias a la riqueza petrolera de dicho estado, lo que percibe la población por este concepto no es una cuota parte del petróleo (tal cual está en la naturaleza), es decir, no se reparte el patrimonio común, sino una renta que se ha podido generar sólo cuando el trabajo aplicado a él, al petróleo en su estado natural, ha producido algún bien con contrapartida monetaria, es decir, un ingreso que ya sí se puede redistribuir.

Al poco de empezar cualquier curso introductorio de economía, se explica que cualquier patrimonio o dotación de recursos es un stock, algo que permanece a lo largo del tiempo en un estado determinado, mientras que la renta es un ingreso que se va obteniendo en forma de flujo porque se va generando en cada momento, justo cuando el trabajo convierte una parte del patrimonio o de los recursos existentes en forma de stock en ingreso monetario, que no es otra cosa que la contrapartida que proporciona quien ha adquirido o disfrutado de lo que el trabajo ha producido.

Por otro lado, la crítica a la justificación de la renta básica como compensación por el uso que unos sujetos puedan haber hecho de algunos recursos comunes se basa en afirmar que eso no tiene razón de ser por dos razones: la primera, porque el hecho de que unos sujetos hayan utilizado el acervo común no ha impedido que lo utilicen otros y, la segunda, porque siempre que se utilizan, se devuelve al mismo tiempo a la sociedad algún beneficio que pasa a formar parte también del acervo común, de modo que no hay razón para que quien supuestamente lo haya utilizado deba compensar a quienes, pudiendo haberlo utilizado también, no han deseado hacerlo o incluso se han beneficiado de ese uso. Justificada por esta razón, la renta básica equivaldría a retribuir doblemente a una parte de la población y a penalizar, por otro lado, a quienes, sin embargo, han aumentado el bienestar derivado de ese acervo común.

Además, incluso los propios defensores de la renta básica justificada por esta razón han de reconocer que, aunque se pueda asumir que su necesaria razón de ser proviene de la existencia de esa herencia no repartida o desigualmente repartida, lo cierto es que no se puede establecer en qué parte concreta debería compensarse o retribuirse a cada persona en función del uso o el beneficio que haya percibido de esa dotación común, de modo que la retribución que supone la renta básica es completamente arbitraria o, al menos, tan discrecional como es cualquier solución redistributiva.

Por lo tanto, también esta crítica lleva a considerar que la renta básica no es un ingreso o renta primaria. Lo sería si, y solo si, fuese la retribución de una actividad que crea valor económico, es decir, que es producto del trabajo, esto es, que produce algo que otros desean adquirir o disfrutar y que, por esa razón, es asumido o validado como tal por la sociedad. Así lo reconocía en sus primeros análisis de la renta básica un autor tan representativo como André Gorz. Éste asumía que podía percibirse con independencia de que quien la recibiera realizara o no un trabajo convencional (con retribución monetaria), pero siempre que estuviese vinculada a la participación en otros tipos de actividades encaminadas a producir bienes o servicios, con carácter voluntario, social, comunitario, etc. En otro caso, escribió, la renta básica no sería sino el «salario» que reciben quienes se ven forzados a la inactividad.

El corolario de esta crítica es que la renta básica no es realmente una medida que implique la universalidad de ingreso por parte de toda la población. Esto último es lo que simplemente ocurre con carácter nominal cuando se reconoce como derecho de ciudadanía y se proporciona a todas las personas una misma cantidad de dinero (con las únicas diferencias por edad que ya sabemos que pueden establecerse). Pero podría decidirse que inmediatamente a su reconocimiento como tal derecho, y en cuanto se pone en marcha el proceso que lleva a proporcionar la retribución en sí, lo que sucede (si se financia a través de impuestos) es que unos individuos con más renta financian a otros, de modo que, como ya hemos señalado, la renta básica como retribución no es sino una momentánea ficción, puesto que enseguida deja de serlo para los «perdedores» (por utilizar la expresión que utilizamos más atrás) o pagadores finales.

La consecuencia de plantear esta última cuestión no es sólo retórica, sino que lleva a que las críticas a la renta básica se centren en considerar si es necesario establecer un aparato discursivo tan alambicado (derecho de ciudadanía, universalidad, libertad…) cuando lo que en realidad se está haciendo es poner en marcha un ajuste redistributivo que se corresponde más o menos plenamente con los cánones de la política social tradicional, aunque ahora, eso sí, con la voluntad expresa de no dejar fuera en ningún caso a ninguno de los individuos que carece de un nivel de renta considerado como mínimo para la vida social.

Y ésta es la crítica que lleva entonces a plantear si realmente la ingeniería social y retórica que acompaña a la renta básica es imprescindible para lograr el efecto deseado o si, por el contrario, no es mejor, más fácil, menos costoso y más eficaz, además de más aceptado por la mayoría de la sociedad, cualquier otro tipo de vía para garantizar esos ingresos mínimos a toda la población. Pero éste es el tema que analizaremos en el capítulo siguiente.

La crítica normativa al principio de universalidad

Como sabemos, la renta básica se define como universal porque es un ingreso que reciben todos los individuos sin distinción, sin estar sometidos a ningún tipo de control o a alguna obligación de reciprocidad, y sin que se establezca ningún tipo de control sobre quienes la reciben. Precisamente es esa ausencia de reciprocidad lo que quizá ha provocado la respuesta crítica más generalizada a su implantación. Y es lógico, porque, sea cual sea la posición de cualquier persona al respecto, cabe asumir que la solución que se le pueda dar a esta disyuntiva entre exigir o no algún tipo de contraprestación o reciprocidad debe basarse en consideraciones rigurosas de carácter económico y ético, y que tiene igualmente claras consecuencias de esos dos tipos, pero también políticas, psicológicas y de todo tipo.

Las razones que justifican que la renta básica sea efectivamente universal las hemos analizado ya y son, básicamente, de tres tipos: filosóficas o normativas; económicas, basadas en que gracias a la universalidad, las ayudas son menos costosas y más eficientes para luchar contra la pobreza y para procurar bienestar; o políticas y administrativas, porque implican mucha menor burocracia, control, estigmatización o discriminación que otras fórmulas. Y de esta misma naturaleza son las críticas que se hacen a la propuesta de proporcionar un ingreso a todas las personas sin distinción y sin exigencia alguna de reciprocidad. Dejaremos las de carácter económico o político-administrativo para el próximo epígrafe y para el siguiente capítulo, y comentaremos ahora brevemente la crítica normativa.

El rechazo a que se implante una renta básica de estas características, sin establecer ningún tipo de condición o control, se basa en que nadie debería recibir nada de la sociedad si no da a su vez algo a quienes le proporcionan el ingreso, una idea que puede ser más o menos legítima o aceptable, pero que no puede ser objeto de un debate objetivo puesto que hunde su raíces en una preferencia íntima, en un principio ético que, por definición, no se puede poner en cuestión mediante razones o argumentos científicos. Es una preferencia normativa y los individuos deben establecer mecanismos de acuerdo que permitan dilucidar democráticamente si existe una preferencia que merezca ser considerada superior a la del resto.

La justificación que hay detrás de esta preferencia suele ser que si se establece una renta básica de esta naturaleza, se obliga, por las razones apuntadas en el epígrafe anterior, a que algunas personas trabajen para obtener los ingresos de los que van a disfrutar otras que deliberadamente optan por aprovecharse de las primeras, lo que, a juicio de quienes se oponen a la renta básica universal por esta razón, significa que se produce una explotación en el sentido estricto de la palabra.

Desde un punto de vista más analítico, la crítica a la ausencia de reciprocidad se podría vincular, como ya analizamos anteriormente, a los planteamientos de John Rawls cuando establecía que lo que ha de buscar una sociedad que aspira a conjugar libertad y justicia es a mejorar en la mayor medida de lo posible la situación de las personas que menos tienen o de quienes se encuentran en una situación más desventajosa. Eso justificaría que se realice una transferencia de rentas de unos individuos o grupos sociales hacia estas últimas, pero nunca hacia quienes por voluntad propia han decidido procurarse algún tipo de ingreso. Una idea que propició uno de los debates más polémicos y representativos de los problemas normativos que genera la propuesta de implantar la renta básica universal, el que mantuvieron el propio Rawls y Van Parisj para negar o justificar que quienes se dedican libremente a hacer surf en las playas de Malibú tengan que recibir una renta básica.[175]

Según Rawls, «aquellos que surfean todo el día en la costa de Malibú deben encontrar una forma de autosostén, y no serían acreedores a los fondos públicos».[176] En su opinión, estos surfistas han elegido ya un beneficio en forma del ocio del que disfrutan y, por tanto, resultan ya suficientemente compensados. Otros autores dirían, más adelante, que se han apropiado de un bien (el ocio) que es tan escaso como pueda serlo el empleo. Si la escasez de este último justifica para Van Parisj que quienes lo ocupan compensen a los demás, de la misma manera se seguiría, según el criterio rawlsiano, que quienes han elegido disfrutar del ocio compensen a los demás, pues pueden disfrutarlo si, y solo si, hay algunos que renuncian a él: obviamente, nadie podría disfrutar del ocio si todos decidieran disfrutar de él, porque en ese caso no habría posibilidad alguna de disponer de los bienes y servicios esenciales que se necesitan para la vida.

Por esa razón es por lo que los críticos del principio de reciprocidad afirman que una renta básica universal simplemente generaría lo que en economía se llaman free rider, o gorrones en castellano coloquial, es decir, personas que se aprovechan de que algunas otras se dediquen, por sea cual sea la razón, a producir bienes y servicios que los gorrones necesitan para sobrevivir, pero cuya producción no están dispuestos a retribuir porque pueden obtenerla sin hacer nada.

La puesta en cuestión de los efectos positivos que, según sus defensores, tiene la renta básica

Junto a las críticas de carácter más general o teórico que acabamos de señalar, en los últimos años se ha desarrollado también una amplia literatura orientada a poner de relieve las inconsistencias y puntos flacos más concretos de la renta básica. Unas veces se trata de críticas de carácter normativo, basadas realmente en la asunción de preferencias o puntos de vista éticos o ideológicos diferentes a los de quienes defienden sus ventajas. Otras, ponen sobre la mesa cuestiones más positivas, que, por tanto, se podrían dilucidar mediante el análisis científico. Pero en ambos casos se trata de consideraciones generalmente de gran interés, que hay que tomar en consideración porque sin duda influyen sobre el acuerdo social que, al fin y al cabo, es necesario lograr para que pueda llevarse a cabo una propuesta tan compleja, novedosa, discutida y costosa como la de la renta básica universal. Sin ánimo ni posibilidad de hacer en este libro un análisis exhaustivo de cada una de esas líneas de crítica, las vamos a presentar de la forma más sencilla, clara y sistemática posible.

La renta básica como contraria a la libertad y a la justicia social: la crítica anarcoliberal

Esta primera crítica es la que típicamente realizan las corrientes anarcoliberales que no sólo defienden una presencia limitada del Estado en la vida social, sino su práctica disolución en aras de la máxima libertad individual. Este principio ideológico les lleva a condenar la implantación de la renta básica, incluso en su versión liberal cuando sustituye, como vimos, a cualquier otra intervención pública de apoyo a las personas más necesitadas.[177]

Afirman que la renta básica no puede contribuir a que haya más justicia social porque al aplicarse viola los principios de justicia distributiva por diversas razones. En primer lugar, porque supone proporcionar ingresos a individuos que ya disponen de medios suficientes para disfrutar de una vida digna.

En segundo lugar, porque la idea de que algunos individuos se hayan aprovechado en toda o en mayor medida de algunos recursos comunes no puede justificar, en su opinión, que deban compensar a quienes no lo han hecho. En su opinión, aprovecharse de algo no implica necesariamente ser responsable o culpable de esa situación, pues, como dijimos anteriormente, suele ocurrir que, al usar esos recursos comunes, proporcionan también beneficio a los demás individuos. Y, además, porque según esa idea, no sólo debería hacerse pagar para financiar la renta básica a quienes ahora sean ricos como resultado de haberse aprovechado de recursos comunes, sino a quienes quizá lo hayan sido anteriormente por esa misma razón y hayan perdido su riqueza a lo largo del tiempo.

En tercer lugar, se considera que la renta básica atenta contra la justicia cuando no tiene presente que los individuos disfrutan de condiciones muy diferentes a la hora de traducir o transformar el ingreso que le proporciona en libertad o bienestar, de modo que, retribuyendo con la misma cantidad a todas las personas, se estaría tratando igual a quienes en realidad son desiguales, lo que es intrínsecamente injusto.

La tradición liberal más extrema critica la renta básica también porque defiende que en realidad constituye una transferencia de renta desde unos grupos de población a otros y que la redistribución es una confiscación o que los impuestos, como decía Nozick, equivalen realmente a los trabajos forzados.[178]

En cuarto lugar, el anarcoliberalismo considera también que la renta básica no permite respetar ni el principio de libertad ni el de igualdad, pues su puesta en marcha implicaría un consenso tan mayoritario que sería imposible lograrlo en una sociedad plural sin algún tipo de imposición de unos grupos o individuos sobre otros.

En quinto lugar, desde esta posición ideológica se critica la renta básica porque se entiende que, incluso si se aceptase que promueve la libertad o que ayuda a que haya más justicia en la sociedad, lo hace sin exigir responsabilidad, lo que a la postre implica una pérdida de valores o incentivos que son imprescindibles para acumular riqueza y garantizar el progreso social.

Y, finalmente, la crítica anarcoliberal se basa en afirmar que la defensa que las corrientes republicanas hacen de la renta básica como un instrumento que permite librarse de la dominación tampoco es cierta. Porque, en su opinión, implica, por un lado, la dominación de unos sobre los otros, la de quienes se benefician de la renta básica sobre quienes han de sufragarla con sus impuestos y, por otro lado, la del Estado que gestiona e impone los impuestos sobre el conjunto de la sociedad.

La ineficacia de la renta básica para combatir la pobreza

La inmensa mayoría de quienes han analizado la renta básica aceptan que su implantación supondría disminuir la pobreza absoluta en la medida en que proporciona un ingreso básico a toda la población. Se puede afirmar que, en función de su cuantía, el remedio de esta situación sería mayor o menor, o que hay otras fórmulas más o menos eficaces, pero lo cierto es que con ella se pondrá remedio a la insatisfacción que sufren los millones de personas que no disponen de ingresos mínimos para adquirir los bienes y servicios imprescindibles para la vida, o incluso para su supervivencia.

Sin embargo, una parte de las críticas a la renta básica se basan en considerar en que, si bien lo anterior es totalmente cierto, se trata de una propuesta que no resuelve ni la pobreza relativa ni la pobreza en sí misma.

Si la renta básica es un ingreso que reciben todas las personas por igual, es evidente que no reduce la pobreza como una situación relativa, es decir, como una situación social que se mide no sólo en términos de carencia absoluta, sino de imposibilidad de lograr lo que otras personas pueden alcanzar. Y si se responde que en realidad la renta básica no termina siendo un ingreso que todas las personas reciben por igual (porque al financiarla mediante impuestos, hay ganadores y perdedores que la financian con sus ingresos, como vimos) y que, por tanto, sí se cambia la situación relativa porque se produce un ajuste redistributivo, entonces se viene a reconocer que lo que acaba con la pobreza o, al menos, la disminuye no es la renta básica, sino esas transferencias de renta de unos grupos a otros.

Por otro lado, a esa crítica se une la que señala que la renta básica puede ser aceptable como un suelo que permite que todos los seres humanos tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas pero que eso no resuelve de modo integral ni la pobreza ni la desigualdad.

Eso es lo que llevó a que el premio de Economía del Banco de Suecia James Tobin afirmara que, al menos a corto plazo, la renta básica puede ser un buen remedio contra los síntomas de la pobreza, pero no de sus causas.[179] Y para muchos críticos de la renta básica eso es algo crucial, porque no está claro que pueda dejar de limitarse a ser simplemente eso, ni a medio ni a largo plazo, precisamente porque la pobreza no es un fenómeno que se pueda resolver tal y como lo afronta esta medida.

Se afirma que la contribución de la renta básica a combatir la pobreza es muy limitada, en primer lugar, porque la pobreza no se elimina simplemente proporcionando una determinada suma de dinero líquido, y además no muy abundante, a personas que no sólo carecen de dinero, sino también de otros recursos esenciales para la satisfacción de las necesidades básicas humanas: formación, cultura, relaciones sociales, autoestima, información, incentivos, infraestructuras accesibles… En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, porque las causas de la pobreza son complejas y estructurales, relacionadas con aspectos sobre los que la renta básica actúa o tangencialmente o incluso en sentido contrario, como veremos enseguida. Quienes critican la renta básica como fórmula adecuada para combatir la pobreza señalan efectivamente que para combatirla, es necesario actuar sobre la organización del trabajo, las condiciones en que se desenvuelve y negocia el trabajo productivo, sobre los tiempos de trabajo, la provisión de bienes públicos o, en general, sobre la estructura de los derechos.

En relación con esto último, se critica también que la renta básica lleva consigo una inversión que a lo largo de la historia se ha comprobado que es muy negativa. Frente al diseño de un entramado de derechos sociales y de poderes colectivos de decisión y apropiación que han predominado en las etapas o en los lugares en los que los niveles de pobreza han sido más bajos, la renta básica se basa, por el contrario, en la individualización del derecho al ingreso y del mecanismo del que se supone que nace la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas.

La renta básica universal no elimina la exclusión social

Unida a la crítica anterior, se desarrolla otra que, aun reconociendo como hemos dicho que la renta básica puede limitar el grado de carencia que padecen las personas en situación más desventajosa en nuestras sociedades, afirma que no puede considerarse, sin embargo, como un instrumento que pueda acabar con la exclusión.

Las razones de esta crítica tienen bastante que ver con las que acabamos de mencionar en relación con la pobreza.

Se considera que la exclusión no es el resultado de una carencia de dinero en efectivo simplemente, sino la incapacidad de vincularse con el conjunto de la sociedad y de aprovechar las ventajas que proporcionan las redes, los servicios y los espacios colectivos.

Se critica también a la renta básica como fórmula para acabar con la exclusión porque no tiene en cuenta que quienes la reciben están en situaciones diferentes, que tienen sesgos o condiciones personales o grupales que hacen que sus capacidades sean muy desiguales. Como ya hemos apuntado, esta crítica vuelve a plantear la que ya hemos mencionado cuando se decía que trataba igual a quienes son desiguales y, por tanto, que reproduce la desigualdad, la exclusión o la discriminación de partida.

Esta crítica, además, abunda en esta limitación de la renta básica sosteniendo que no se puede ser autónomo, dejar de estar excluido, si no se tiene algo más que una mínima dotación monetaria para entrelazarse positivamente y enriquecerse con el entorno social. Para combatir la exclusión, como la pobreza en su sentido más auténtico y dañino, no basta con proporcionar una determinada cantidad de dinero ya de por sí exigua, sino que es necesario configurar pasarelas de inclusión, espacios compartidos de socialización que rompan los hasta entonces compartimentados. Se señala que si no va acompañada de ese otro tipo de medidas, la renta básica no proporciona en principio esas imprescindibles agarraderas o palancas para lograr la inclusión. Es más, otras críticas señalan que, en la medida en que implica que desaparezcan otras ayudas concebidas para actuar de un modo más flexible y diferenciado en función de cada situación concreta, además de que su puesta en marcha lógicamente absorbería una gran cantidad de recursos que se detraerían de otras políticas sociales, lo que más bien podría ocurrir si se implanta una renta básica es que se extremen las situaciones de exclusión (por mucho que éstas vinieran afortunadamente acompañadas, eso sí, de una situación de carencia absoluta mas aliviada).

Y, finalmente, desde este punto de vista, se critica que la renta básica puede traer consigo una división social y una discriminación más sutil, quizá acompañada de menos carencias materiales, como acabamos de señalar, pero no menos generadora de exclusión. Estas críticas se refieren al hecho de que si se aplica la renta básica, se podría generar una situación social dual en la que una parte de la población simplemente tuviera acceso al ingreso y, por tanto, a la capacidad de satisfacción limitada que le proporcionaría la renta básica (y quizá a algunos ingresos mínimos adicionales procedentes de empleos a tiempo parcial de enorme precariedad), mientras que otra parte, más privilegiada, accedería no sólo a esta última renta, sino también a las rentas primarias derivadas de su posibilidad de participar en la actividad productiva. Una dualidad de consecuencias reales y concretas quizá hoy día inimaginables, pues también parece evidente que esta parte de la sociedad no disfrutaría entonces sólo del privilegio de apropiarse de más rentas primarias, sino que eso también le permitiría ocupar privilegiadamente las esferas del poder y el control de la vida social.

La errónea concepción del trabajo en que se basa la renta básica universal

Como hemos señalado ya en varias ocasiones, quienes defienden la renta básica afirman que una de sus grandes virtudes es que permite desvincular el ingreso del trabajo, lo que equivale a liberar a los seres humanos de la tiranía del trabajo, permitiéndoles que, al disponer de un determinado montante de ingresos asegurados, puedan dedicar parte de su tiempo o incluso todo, si lo desean, a desarrollar actividades que suponen una mayor y más feliz realización personal que la que normalmente proporciona el trabajo remunerado.

Las críticas señalan que es verdad que una gran parte del trabajo que realizamos los seres humanos tiene un innegable componente de insatisfacción, de incomodidad, que lleva asociado en muchas ocasiones un extraordinario malestar. No en vano, la palabra trabajo viene del término latino tripalium, un aparato que utilizaban para mantener inmóviles a los caballos o bueyes, pero también para la tortura de los esclavos, y que la expresión tripalliare, de donde viene nuestro verbo trabajar, significaba, torturar, atormentar o causar dolor.

Pero si bien eso es cierto, también lo sería que en nuestros días el trabajo tiene no sólo otro significado, sino otra consecuencia. Incluso a pesar de que en el capitalismo se presta en condiciones de asalarización, de enorme dependencia y, sobre todo en los últimos tiempos, de gran precariedad, el trabajo es, al mismo tiempo que una actividad sacrificada o la explotación de unos seres humanos por otros, una fuente de realización personal que crea vínculos de solidaridad, de cooperación y de satisfacción en sentidos muy diversos y enriquecedores para la inmensa mayoría de las personas.

Si se acepta esta doble naturaleza del trabajo, las críticas a la renta básica afirman que la alternativa para lograr una mayor satisfacción humana no puede ser la que implícita o a veces incluso explícitamente propone: facilitar o incentivar el abandono del empleo remunerado o trabajo productivo para lograr así una supuesta mayor felicidad, al poder dedicarnos todas las personas a actividades de ocio o solaz personal. Sobre todo, cuando, como acabamos de señalar más arriba, no todos los seres humanos van a poder elegir en condiciones no ya iguales, sino incluso semejantes entre ambas dimensiones del trabajo.

El efecto bumerán de la renta básica sobre el empleo

Como ya sabemos, otra de las ventajas que sus defensores asocian a la implantación de la renta básica es que contribuye a flexibilizar las relaciones laborales y que elimina la trampa del empleo precario (que impide dejar puestos de trabajo especialmente mal retribuidos) y la del desempleo (que impide aceptar determinadas ofertas de trabajo si se corre el riesgo de perder las ayudas pasado el tiempo). Y, a su vez, que eso puede permitir combatir el paro e incluso elevar los salarios o mejorar las condiciones laborales si las empresas no cubren los empleos que ofertan si son de malas condiciones de trabajo o de salario.

Sin embargo, los críticos a la renta básica no están tan seguros de que ésta tenga unos efectos tan benéficos sobre el mercado de trabajo.

En primer lugar, porque consideran que el efecto general que produce está ligado a cambios en la oferta de trabajo y no a la demanda que realizan las empresas. Y estiman que, a medio y largo plazo, es mejor establecer condiciones que hagan rentable contratar más trabajadores que precarizar el empleo facilitando que las empresas transformen su demanda hacia el trabajo a tiempo parcial y mal retribuido.

En segundo lugar, la crítica a la renta básica en este campo se basa en plantear que es muy posible que su implantación produzca un efecto de salida de la oferta de trabajo de un número más o menos grande de personas que tiene lógicamente efectos perversos. Quizá se pueda aceptar que a medio o largo plazo sea posible que las empresas adecúen sus condiciones productivas a las nuevas condiciones generadas por una renta básica que retira a muchas personas de los malos empleos, pero a corto plazo lo más seguro es que no puedan hacerlo. E incluso cabe plantear la posibilidad de que no puedan reajustar tecnológica u organizativamente sus actividades ni siquiera a largo plazo, y eso puede producir un aumento importante en el nivel de desempleo.

Como veremos en el epígrafe siguiente, no es fácil determinar qué ocurrirá en estos casos. Los propios defensores de la renta básica la proponen precisamente deseando que tenga ese efecto de salida del mercado de trabajo de muchas personas, si no de todas, justamente porque gracias a ella se dispondría de ingresos básicos garantizados que permitirían renunciar a un determinado número de horas retribuidas en el mercado. Pero el problema es determinar con el mayor rigor y exactitud posibles cuáles son las condiciones de esa retirada y en qué proporción se da entre los diferentes grupos de personas, porque es evidente que no todas tienen la misma atracción hacia el trabajo remunerado que realizan, ni el mismo deseo de disfrutar de más ocio, ni los mismos salarios para poder disfrutar de más horas de ocio sin una pérdida neta de bienestar importante. Esto quiere decir que la implantación de una renta básica que aparentemente es igual para todos terminaría produciendo efectos muy diferentes según la condición de cada persona. Y esto último es algo muy importante en cuanto a la desigual situación en la que están las mujeres y los hombres, como veremos con más detalle enseguida.

No hay por qué admitir que vayamos al fin del trabajo ni la imposibilidad de pleno empleo en el futuro inmediato

Una de las críticas más habituales a la renta básica procede de quienes consideran que ésta se justifica estableciendo un supuesto que no es del todo cierto: que nuestras sociedades se dirijan inevitablemente a una situación del fin del trabajo que haría imposible garantizar un ingreso suficiente a toda la población como contrapartida del empleo remunerado.

Quienes la critican afirman que la historia y los datos recientes demuestran que no existe algo así como una tendencia ineluctable a que la tecnología haga desaparecer todos los puestos de trabajo necesarios para proporcionar ingresos salariales y que implantar la renta básica no es el mejor medio para garantizar ingresos a la población, porque significa renunciar al empleo y condenar a una parte de los individuos a vivir de la generosidad de los demás.

La evidencia histórica es clara a la hora de mostrar que el desarrollo tecnológico es prácticamente continuo en nuestras sociedades y que eso da lugar a que la productividad crezca. Aunque lo haga en mayor o menor medida, y aunque sea cierto que suele crecer casi siempre de forma poco homogénea a lo largo del tiempo, es decir, como por oleadas. Hoy día sabemos que se produce entre quince y veinte veces más por hora trabajada que a finales del siglo XIX (como media y con diferencias que pueden ser notables según el sector o la actividad económica considerada). Desde hace mucho tiempo se ha tenido miedo a que esos avances tecnológicos se lleven consigo los empleos y, por tanto, los ingresos de los que depende la vida de mucha gente.

Muchos trabajadores ya destrozaban máquinas a finales del siglo XVIII porque creían que iban a destruir sus puestos de trabajo, sin ser conscientes de que su efecto era la desaparición de tareas, pero no del trabajo en general. Lo que hacían esas máquinas era permitir que se pudiera obtener más producto por hora trabajada en muchas actividades (es decir, más productividad, en términos económicos). Pero gracias a ello se generaban, por un lado, más ingresos (porque el ingreso es la otra cara del producto) y, por otro, nuevas actividades productivas necesarias para crear o mantener las máquinas y también para satisfacer las nuevas demandas que generaban los mayores ingresos de consumidores y empresas. Y ambas cosas permitían crear más empleos, casi siempre en otras actividades, como hemos dicho, o incluso en lugares distintos en donde comenzaban a funcionar las máquinas, pero más empleos, al fin y al cabo. Aunque también es cierto que ese efecto de creación de nuevos empleos no era necesariamente automático, sino que sólo se producía si se daban al mismo tiempo otras condiciones que hoy día conocemos con bastante certeza.

Si se considera una fase larga, por ejemplo, desde finales del siglo XIX a la actualidad, se puede comprobar fácilmente que no sólo ha aumentado la productividad, sino también el empleo, y bastante. Aunque hay diferencias notables en cada país, se puede afirmar que el volumen total de empleo ha crecido en el último siglo entre un 30 por ciento y un 50 por ciento respecto al existente a finales del XIX en las economías avanzadas.

También conocemos con certeza otros dos hechos históricos al respecto. El primero, que el desempleo no aumenta, ni baja el empleo, siempre que crece la productividad, o viceversa. Por el contrario, es fácil comprobar que hay etapas de incremento muy grande de la productividad (por ejemplo, desde el final de la segunda guerra mundial hasta casi mediados de los años setenta del siglo pasado) que van acompañadas de bajo paro y crecimiento del empleo; y etapas de baja productividad (como la que estamos viviendo en los últimos años) en donde el paro es elevado y se destruyen empleos. Y el segundo hecho que conocemos bien es que todos estos procesos se dan, a su vez, con diferencias a veces notables en el tiempo y entre las distintas economías.

¿Por qué ocurre eso y cuál es la causa de que haya tales diferencias? ¿Cómo es posible que habiendo aumentado la productividad, incluso más que el producto, haya ahora más empleo, cuando nos dicen constantemente que la nueva tecnología destruye puestos de trabajo?

La respuesta también es en realidad bastante sencilla.

Como sabemos, la productividad es el incremento del producto por hora trabajada. En términos algebraicos, es el producto dividido por las horas de trabajo. Por tanto, se podría creer que es inevitable que disminuya el empleo (denominador) si aumenta la productividad, puesto que la nueva tecnología aumenta el producto. Pero eso no necesariamente ocurre así, porque pueden darse dos circunstancias añadidas que son, en realidad, de las que depende el efecto final de la tecnología sobre el empleo.

La primera es que el empleo total (el número de puestos de trabajo existentes) no depende solamente del número total de horas trabajadas o necesarias para obtener el producto total (que suelen bajar con la innovación tecnológica), sino de la duración de la jornada de trabajo.

¿Y qué es lo que se puede observar a lo largo de la historia? Pues, justamente, que los incrementos de la productividad generan pérdida de empleo total y aumento del paro sólo en función de cómo evolucione la jornada de trabajo (o la segunda circunstancia que comentamos más abajo). El gran incremento de productividad generado desde finales del siglo pasado no ha producido un desempleo gigantesco sencillamente porque la jornada de trabajo se ha reducido prácticamente a la mitad en este último siglo. En España, por ejemplo, el 74 por ciento de los trabajadores tenía en 1914 una jornada de 60 horas semanales, algo más de 3.000 anuales, frente a las 1.600 actuales.

Cuando una oleada de innovación no se acompaña de menos tiempo de trabajo, el paro aumenta. Por el contrario, si baja la jornada de trabajo, si se trabajan menos horas en cada puesto de trabajo cuando aumenta la productividad, no sólo no tiene por qué aumentar el paro, sino que se pueden crear más empleos.

La segunda circunstancia que puede hacer que un aumento de la productividad produzca desempleo tiene que ver con las políticas que afectan a la actividad productiva. Si la innovación va acompañada de políticas restrictivas (deflacionistas, como las que se implantaron tras la revolución conservadora), el producto y, por tanto, el ingreso, van a bajar. En consecuencia, serán necesarias muchas menos horas de trabajo, pero no sólo por la mayor productividad, sino, ahora, por la caída del producto y el ingreso. Pero si, por el contrario, la innovación se acompaña de políticas adecuadas (en concreto, por políticas que eviten que caiga la demanda y que formen y reciclen adecuadamente a la población), será posible que aumente el producto y, por tanto, el ingreso y el empleo.

A partir de estas ideas, se critica la renta básica porque se considera que simplemente se basa en dar por hecho que los procesos económicos que generan desempleo son resultado de una especie de ley natural y, por tanto, inevitables, cuando en realidad están producidos por la aplicación de unas determinadas políticas que crean artificialmente el desempleo, bien porque deprimen la demanda agregada al dedicar de un modo muy desproporcionado las ganancias de productividad hacia el beneficio, o bien porque de esa forma se garantizan mejores condiciones de negociación y de apropiación de las rentas a la propiedad del capital.

La renta básica provoca problemas macroeconómicos que pueden ser importantes

Algunas críticas a la renta básica universal no se centran solamente en los aspectos microeconómicos, es decir, en los que tienen que ver con el comportamiento individual de los sujetos económicos, sino con su efecto agregado sobre la economía en su conjunto.

Las críticas señalan algunos peligros que podrían venir asociados a su implantación en varios sentidos.

En primer lugar, se afirma que el incremento en el poder adquisitivo que supone la renta básica se concreta precisamente en los grupos de población de menor renta (porque los de rentas más elevadas son los que la financian y, por tanto, terminan disponiendo de menos ingresos para el consumo o el ahorro). Se sabe que cuanto menor es la renta, mayor es la proporción de su incremento que se gasta en consumo, de manera que cabe suponer que una proporción muy elevada del aumento de ingreso que conlleva la renta básica irá directamente a la compra de bienes y servicios, y no al ahorro. En principio, eso podría ser positivo en cuanto que refleje una mayor satisfacción de necesidades, pero podría producir problemas si ese incremento de la demanda efectiva no viene acompañado de una oferta de bienes y servicios suficiente en los mercados. Si no fuese así, si aumentara la demanda sin que haya oferta suficiente, lo que se produciría sería un proceso inflacionario, es decir, la subida de precios que podría acarrear problemas subsiguientes importantes. Eso fue, como veremos más adelante cuando analicemos las experiencias reales de implantación de la renta básica, lo que ocurrió en Irán (aunque bien es cierto que debido a otros problemas y no sólo por el exceso de demanda que pudo provocar la renta básica que allí se implantó).

Un segundo problema macroeconómico que algunas críticas asocian a la puesta en marcha de una renta básica es que, por la razón que acabamos de señalar, llevaría consigo un aumento de la renta disponible de los grupos de menor ingreso, que son los que más gastan proporcionalmente en consumo, y una disminución en los que más ahorran. Por tanto, la implantación de la renta básica podría dar lugar a una escasez de fondos disponibles para financiar la inversión. Suponiendo, claro está, que éstos dependen principalmente de la renta familiar.

En cualquier caso, estas dos críticas podrían contrarrestarse fácilmente por quienes defienden la renta básica porque el incremento en el consumo podría interpretarse como un impulso de la actividad productiva que favorecería las ventas, el beneficio empresarial y, por tanto, el ahorro de las empresas para financiar la inversión.

La renta básica no garantiza por sí misma que se estimule una forma de producir y consumir alternativa, más sostenible y humanamente más satisfactoria

Colateralmente a la crítica anterior, también se argumenta, en contra de lo que afirman los defensores de la renta básica, que no hay nada que garantice que el aumento en la demanda de bienes y servicios que sin duda vendría dado por su implantación vaya a producir un cambio positivo en la pauta de consumo. Se da por hecho, cuando se defiende la renta básica, que un mayor tiempo de ocio, poder dedicarse a actividades más lúdicas o placenteras y la menor dependencia de la lógica mercantil, implica por sí mismo una transformación en los valores y las conductas que determinan las elecciones de consumo, pero, como afirman por otro lado sus críticos, eso no tendría por qué ser una consecuencia automática. En todo caso, sería necesario que la renta básica se pusiera en marcha como una parte más de una estrategia de cambios sociales y éticos, no sólo económicos, orientados en esa dirección. Pero incluso cabe pensar que, a corto plazo, el mayor poder de compra redundara en el fortalecimiento de la pauta de consumo materialista y muy a menudo irracional, guiada sólo por impulsos publicitarios y dependiente de las estrategias de la oferta que predomina en nuestro tiempo.

Por esa misma razón, también cabe señalar que otras críticas a la renta básica dudan que ésta pueda significar automáticamente un reforzamiento de las aspiraciones decrecentistas, es decir, de las que entienden que nuestras sociedades no pueden seguir basándose en el constante incremento de la producción porque ya hemos alcanzado niveles de saturación material que ponen en riesgo incluso la vida en nuestro planeta. Es más, incluso se señala que, puesto que habría que obtener más ingresos fiscales para poder financiar la renta básica, sería necesario que aumentara la actividad para poder obtenerlos y no que, por tanto, ocurriera todo lo contrario.

La renta básica conlleva condiciones de puesta en práctica muy complicadas y de difícil asunción en nuestras sociedades plurales y complejas

Para terminar este elenco de argumentos críticos contra la renta básica universal, hay que señalar los que se centran en que una propuesta de política social o económica como la renta básica universal implica asumir no sólo un determinado procedimiento de ajuste redistributivo, es decir, ponerse de acuerdo sobre quién debe pagar a quién y en qué cuantía, sino también sobre los principios éticos sobre los que se hace depender esa transferencia de renta. Dicho de otra manera, esta crítica se centra en advertir que la implantación de una renta básica requiere un acuerdo social muy amplio, traducir ese acuerdo en un proyecto político económico concreto y tener la fuerza suficiente para oponerse, democráticamente, a cualquier otro planteamiento alternativo.

Naturalmente, ésta no es una crítica que implique poner en cuestión la utilidad o las ventajas de la renta básica, sino las dificultades para llevarla a la práctica, algo de lo que suelen ser bastante conscientes, como ya vimos anteriormente, quienes la defienden. Y es por eso que hace tiempo que han ido asumiendo posiciones gradualistas, aceptando como pasos intermedios la implantación de rentas mínimas condicionadas, por ejemplo, y, sobre todo, tratando de difundir por todos los medios posibles y con la mayor fuerza pedagógica posible sus ventajas para el conjunto de la sociedad.

Las controvertidas consecuencias sobre hombres y mujeres de implantar la renta básica

En la época en que vivimos, resulta impensable realizar una propuesta de política social que no se presente como positiva para acabar con la discriminación o la desigualdad entre mujeres y hombres.

Como ya vimos, desde las primeras propuestas de implantación de la renta básica, se subrayó con especial énfasis que con ella se lograría avanzar gracias a la igualdad y a aumentar el empoderamiento, la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres. Pero ésta es una pretensión que también ha sido puesta en duda de forma muy acentuada en los últimos años.

Como ocurre en otros aspectos, la inexistencia de experiencias reales de implantación de la renta básica impide que se puedan establecer conclusiones científicas y perfectamente fundadas sobre lo que podría suceder si se aplicara una medida como ésa. Cabe hacer previsiones sabiendo lo que pueda haber ocurrido con medidas más o menos parecidas o en experiencias concretas, pero no se puede ir más allá de aventurar lo que podía suceder si se implantara. Sabiendo eso, las principales críticas podrían ser las siguientes.

No está asegurado que la renta básica aumente necesariamente la capacidad de decisión y la libertad de elección de las mujeres dentro del hogar

Es una evidencia que disponer del dinero que supondría la renta básica permitiría a las mujeres que hasta ahora no tenían ingresos aumentar su autonomía financiera y personal. Pero ni siquiera se puede decir que eso sería así en todos los casos. Sí parece lo más probable en el caso de las mujeres que hasta entonces no hubieran tenido ni empleo remunerado ni otro tipo de ingresos propios, pero quizá no sea tan seguro que una renta básica aumentara por sí misma o automáticamente el empoderamiento de las mujeres en el seno de las familias si éstas ya están empleadas y disponen de ingresos. Sobre todo, porque cabe afirmar que su autonomía y capacidad de decisión dependen efectivamente de que puedan disponer de ingresos propios, pero no solamente de eso, sino también de otras circunstancias sobre las que la renta básica, en principio, no tiene de por sí influencia decisiva: valores, criterios de reparto de las tareas domésticas, circunstancias externas a la familia y en especial en el mercado de trabajo…

La renta básica influiría con toda probabilidad en la elección que las mujeres realizan entre la dedicación al empleo remunerado y el trabajo doméstico, pero tampoco está claro en qué sentido lo haría, y no es seguro que fuese en el positivo que aseguran sus defensores.

El efecto de una renta básica en este sentido no sería el mismo, por ejemplo, si el empleo remunerado y las condiciones de trabajo en el mercado son mejores o peores desde el punto de vista de la seguridad, la salubridad, los horarios, el salario, etc. Peores condiciones laborales sin duda harían que fuese más atractivo optar por el trabajo doméstico si éste va a acompañado de una renta básica, sobre todo para mujeres jóvenes sin demasiada experiencia vital y conciencia de los efectos de su decisión.

Además, la decisión sobre esa alternativa ni siquiera parece que pueda depender, en el mejor de los casos, de que una renta básica hubiera mejorado el poder de negociación de las mujeres. También estaría determinada, en primer lugar, por la conciencia que tuvieran las mujeres que vayan a decidir sobre los efectos de salir del mercado laboral; en segundo lugar, por sus expectativas sobre quién podría cuidar de ellas en el futuro (porque se suele confiar en que se produce una especie de «te doy para que me des» que incentiva dedicarse al cuidado presente de los demás confiando en que más tarde se recibirá la atención de quienes ahora son cuidados). Y, finalmente, por el grado mayor o menor de discriminación existente en el momento en que se decide. Realmente no es fácil asumir que estas tres condiciones sean todavía muy favorables para las mujeres, sino más bien lo contrario. Desgraciadamente, todavía se asumen como universales los valores del patriarcado, no se es consciente de los cambios vertiginosos que afectan a la estructura de las familias y a los valores personales y, por mucho que haya disminuido en los últimos decenios, sigue existiendo todavía una gran discriminación en contra de las mujeres, dentro de los hogares y en el empleo remunerado.

La renta básica hace que disminuya el empleo remunerado de las mujeres, aunque no se pueda decir que eso ocurra en una magnitud bien determinada

El aspecto más controvertido y el que más temen una parte de los movimientos feministas es si la puesta en marcha supondría un incentivo para que muchas mujeres dejaran sus empleos remunerados, o su intento de alcanzarlo, para quedarse en sus familias desempeñando las tareas de cuidado en las que han quedado históricamente confinadas en virtud de división del trabajo patriarcal imperante durante siglos. Pero, en este sentido, es muy difícil «por no decir que imposible» determinar, tal y como afirma Ingrid Robeyns en su amplio repaso de esta problemática,[180] la magnitud del efecto final sobre la oferta laboral de las mujeres, es decir de su disposición a ocupar empleos remunerados, que tendría la implantación de una renta básica.

Los numerosos estudios empíricos que se han realizado para tratar de determinar de qué factores depende que las mujeres estén más o menos dispuestas a aumentar su oferta de trabajo remunerado parece que son bastante concluyentes. Casi todos coinciden en que hay diversas circunstancias o variables que influyen claramente en esa decisión: el nivel de formación de las mujeres, el salario neto que esperan recibir, el número de hijos o hijas de la familia (un factor que es especialmente decisivo para decidir sobre el número de horas que se desearía dedicar al empleo remunerado), y el ingreso total del hogar y el del marido.

Parece claro que la percepción de una renta básica debe influir en alguna medida en esa decisión, bien sea en un sentido o en otro, es decir, desanimando el empleo remunerado o incentivándolo, si priman alguno de esos otros factores o si la renta básica no se considera que compensa suficientemente. Pero lo que igualmente parece evidente es que, en ningún caso, la renta básica sería una variable que pudiera determinar esa decisión por sí sola y tan decisivamente como para que esos otros factores dejaran de influir. Por tanto, resulta prácticamente imposible establecer con rigor una conclusión general y definitiva sobre las consecuencias de la renta básica en la oferta laboral de las mujeres. Habría que conocer cada caso concreto para poder saber qué ocurriría realmente. De ahí que Robeyns concluya diciendo que lo más seguro es que la renta básica redujera la oferta laboral, es decir, que hubiera mujeres que dejaran el empleo remunerado para optar por quedarse en su hogar o que ofrecieran menos horas para ocuparlo, aunque eso no se produjese «en masa», según su expresión.[181]

La renta básica aumenta la discriminación estadística contra las mujeres

Otra crítica de los efectos de la renta básica sobre las mujeres se refiere a que puede hacer que aumente la llamada discriminación estadística. Ésta es la que sufre una persona concreta cuando el universo al que pertenece tiene algunos rasgos en común. La discriminación consiste en que se tiende a caracterizar a todas las personas del grupo con los rasgos de dicho grupo en su conjunto. En este caso, si hubiera una parte importante de mujeres que dejasen de estar interesadas en mantener el empleo remunerado al recibir una renta básica, «se esperaría» que todas las mujeres, con independencia de su voluntad efectiva, actuarían así, reforzándose de esa manera la discriminación.[182]

La renta básica puede contribuir a desmercantilizar el trabajo, pero no la desfamiliarización

Otras críticas aluden a que es cierto que la renta básica permite desmercantilizar el trabajo, en la medida en que puede favorecer que muchas personas elijan dedicar todo o parte de su tiempo a realizar actividades ajenas a la remuneración del mercado. Pero eso es algo que ya se produce de hecho en el seno del hogar, de modo que esa desmercantilización del trabajo en el ámbito doméstico no es la solución, sino precisamente el problema que han padecido las mujeres históricamente. Éstas necesitarían no tanto que se desmercantilice el trabajo, como que se produzca la desfamiliarización que las ha encerrado en el ámbito del hogar.[183] De hecho, en este mismo sentido, la crítica señala que lo que más bien podría ocurrir es que la renta básica supusiera una especie de mercantilización disimulada si la renta básica actúa como un «salario» para quien realiza el trabajo doméstico, que habitualmente, o al menos en mucha mayor medida, son las mujeres.

El problema que plantearía la renta básica desde estos puntos de vista sería que de ninguna manera supone, por sí sola, que se modifique la división del trabajo en el seno de la familia. O, dicho de otra manera algo más favorable, que si bien se pudiera aceptar que puede ayudar a ello en cierta medida, no es ni mucho menos una fórmula que por sí sola pueda garantizar que se transformen las condiciones de entorno, de valores, de relaciones de poder e incluso de suficiente autonomía financiera que podrían permitir que desaparezca la lógica patriarcal que domina las relaciones familiares.

Para ser realistas, sabemos que ni siquiera si la renta básica supusiera una «vuelta» de los hombres al hogar por aprovecharla como «liberación» del empleo remunerado, se tiene garantía de que eso suponga una mayor corresponsabilidad en el desempeño del trabajo doméstico o de cuidados. Es más, algunos estudios empíricos han mostrado que cuando los maridos pasan más tiempo en el hogar, por ejemplo, porque están desempleados, un alto porcentaje de mujeres afirman que tienen todavía mayores dificultades para conciliar su actividad profesional con la personal.[184]

La renta básica puede fortalecer la tendencia a feminizar los empleos de peor calidad

Por último, las críticas que podríamos denominar «de género» a la renta básica señalan que ésta, como sabemos, puede ser una medida que facilite la multiplicación del empleo a tiempo parcial y con salarios muy reducidos, precisamente porque el ingreso que proporciona a quienes la reciben permite que estos empleos se ocupen sin perder otras ayudas y a pesar de su escaso salario. Es sabido que, en España, el empleo a tiempo parcial es «cosa de mujeres», pues son ellas las que ocupan casi el 75 por ciento de los puestos de trabajo remunerados de este tipo y prácticamente seis de cada diez, según la Encuesta de Población Activa, lo hacen sin desearlo, la mayor parte de las veces por razones que tienen que ver con la necesidad de hacerse cargo del trabajo doméstico o de cuidados.

El temor es que si el tiempo parcial y de baja calidad se extiende como consecuencia de la puesta en marcha de una renta básica, sin que haya otro tipo de medidas que cambien los sesgos hoy día dominantes en las estrategias de incorporación al mercado de trabajo o las pautas de distribución de tareas dentro del hogar, el resultado sea que las mujeres sigan especializándose, quizá en mayor medida que hasta ahora, en estos empleos de peor calidad que, así, no harían sino encadenarlas aún más al trabajo no remunerado dentro del hogar.

Como se ha dicho, lo que podría ocurrir con la implantación de la renta básica si todo ello fuese así sería que actuaría como una especie de ingreso mínimo para los hombres (un suelo a partir del cual podrían seguir aspirando con las mismas mayores posibilidades que las mujeres al empleo remunerado) y uno máximo para las mujeres.[185]

Algunos aspectos negativos para las mujeres de la individualización de la renta básica

Como sabemos, la renta básica es un ingreso que se percibe individualmente y no para el conjunto de la familia. Eso es considerado generalmente como una de sus ventajas para las mujeres, puesto que es la única forma de que puedan disponer personalmente del dinero que les proporciona autonomía y libertad de elección, sea cual sea el grado en el que realmente las disfruten. Ciertamente es así, pero también hay que señalar que esa individualización de los ingresos que en conjunto conforman el total de la renta del hogar familiar puede ser negativa a la larga para las mujeres, sobre todo para el cálculo de las pensiones, puesto que, como es sabido, su ingreso por otros conceptos suele ser mucho menor que el de los hombres.

Naturalmente, todas estas críticas a la renta básica proceden desde posiciones intelectuales que consideran que el empleo remunerado, como ya analizamos anteriormente, tiene, junto a su dimensión alienante, otra que podría calificarse como liberadora en la medida en que proporciona realización personal, autonomía, redes, acceso a otros bienes colectivos y al capital social, formación, etc. Por esa razón se considera que es especialmente importante que no sólo se facilite, sino que no se desincentive, ni siquiera suavemente, el acceso de las mujeres a ese tipo de empleo, algo que pone en cuestión una parte del feminismo contemporáneo que entiende, por el contrario, que no habría nada de malo en que las mujeres se dediquen preferentemente a la actividades propias de la vida doméstica y ajenas al mercado.

El coste de la renta básica es mayor que el que se dice

Para terminar la presentación de las principales críticas que se vienen haciendo a la propuesta de implantar la renta básica universal, hay que hacer referencia a algunas que tienen que ver con el coste real que lleva consigo su implantación y con la necesidad de tener en cuenta en mayor medida los problemas que puede traer consigo.

En primer lugar, se señala que si se financia exclusivamente a través del impuesto sobre la renta, se produciría un efecto de inequidad muy relevante hoy día. Sería así porque las reformas fiscales realizadas en los últimos años han ido aliviando cada vez más la tributación de las rentas del capital o el ahorro, como ya adelantamos anteriormente, de modo que ahora el impuesto sobre la renta de las personas físicas recae de un modo muy desproporcionado sobre las rentas del trabajo. Eso significa que obtener la financiación de la renta básica por esta vía de entrada implica asumir que han sido los receptores de rentas del trabajo quienes, en mucha mayor medida, se aprovechan del acervo o herencia común y que, por tanto, son ellos quienes han de soportar el mayor peso de la financiación de la renta básica, algo que evidentemente no es muy realista y, por tanto, tampoco justo. De ahí que quienes señalan este problema reclamen que, en todo caso, la financiación de la renta básica se realice a través de diversas figuras impositivas y no sólo mediante el impuesto sobre la renta. Y, mejor aún, que el debate sobre su conveniencia vaya acompañado de otro sobre la necesidad de avanzar en justicia fiscal.

En segundo lugar, se critica que quienes calculan el coste de la renta básica y tratan de defender su puesta en marcha prácticamente nunca tienen en cuenta el coste implícito que supone la salida de la actividad laboral remunerada de muchas personas. Aunque ésta es una crítica que igualmente se podría hacer, en sentido contrario, a quienes critican a los defensores de la renta básica: lo que suele ocurrir es que los detractores de la renta básica exageran la caída de ingresos fiscales que se produciría si se aplicase la renta básica y, paralelamente, que quienes la defienden no la tengan en cuenta o que, si lo hacen, simplemente mencionen el problema sin cuantificarlo.

Si la renta básica es lo que afirman sus defensores, una puerta abierta a que los individuos puedan disociar sus ingresos y su felicidad y bienestar del trabajo remunerado, lo obvio es que eso debería tener un efecto de salida del mercado importante. Y si eso es así, tendría a su vez como consecuencia una caída de la actividad generadora de rentas, lo que implícitamente supondría un aumento del coste real o efectivo de la renta básica universal. De ahí que sea imprescindible tratar de determinar con el mayor rigor posible este tipo de efectos (lo que en términos económicos se define como la medición de la elasticidad de la oferta de trabajo, es decir, del grado en que aumentaría o bajaría si se implantase una renta básica). Algo, eso sí, bastante difícil de determinar ex ante, cuando no se tienen experiencias reales que puedan servir de referencia efectiva para calcularlo.

Otras críticas se orientan a señalar que la aplicación de una renta básica universal no sólo generaría ese tipo de costes implícitos derivados de la caída de ingresos fiscales, sino también otros vinculados con la transición entre los sistemas, de desajustes de todo tipo en el empleo en los diferentes sectores o actividades laborales, o incluso en otros de carácter diferente: necesidad de generar nuevas infraestructuras sociales, de disponer de nuevos tipos de capital social, de formar a personas en nuevas actividades, etc.

Desde otro punto de vista, y aun a sabiendas de que también es un asunto de difícil medición, quienes son más críticos con la renta básica advierten de que si ésta se pusiera en marcha, seguramente generaría efectos de carácter macroeconómico (como los que ya advertimos antes sobre los precios) que quizá no siempre fuesen de carácter positivo. Una de las grandes líneas de defensa de la renta básica, por ejemplo, proviene de quienes al mismo tiempo defienden estrategias de decrecimiento, algo muy necesario en un planeta que está a punto de alcanzar límites quizá sin vuelta atrás en el daño a la naturaleza. Pero es evidente que este tipo de estrategias, a las que se supone que está vinculada la puesta en marcha de la renta básica, obligan a pensar en nuevos tipos de fuentes de generación de ingresos que sean capaces de financiar algo tan costoso como una renta básica. Y si son necesarios más y nuevos ingresos, deberá crecer la actividad, no lo contrario.

Finalmente, no queda al margen de las críticas la financiación de la renta básica a través de la expansión monetaria. Por un lado, ya señalamos sus posibles efectos peligrosos sobre los precios si la implantación de una renta básica no va acompañada de una oferta de bienes y servicios suficiente y proporcionada al incremento de capacidad de compra que lleva consigo. Por otro, se señala que de ninguna manera está asegurado que la disposición de más dinero líquido se traduzca ni en mayor actividad de satisfacción de las necesidades humanas, ni en mejor actividad productiva ni en conductas que ayuden a que las economías y la sociedad en su conjunto funcionen mejor y más razonablemente, es decir, con más estabilidad y sin los problemas de insatisfacción, paro, pobreza o exclusión social que supuestamente justifican que se implante.

La evidencia empírica disponible sobre los efectos de implantar la renta básica

En los últimos decenios se han realizado algunos experimentos de aplicación del sistema de renta básica en muchas localidades, pero sólo con carácter aislado y sin que se pueda decir que constituyen experiencias suficientemente generales como para que se puedan deducir consecuencias que fueran extrapolables a otros lugares o momentos. Sólo hay un auténtico caso de implantación de una auténtica renta básica universal en sentido estricto y, sorprendentemente, apenas es conocido, el de Irán, cuyo análisis vamos a dejar para el final de este epígrafe, precisamente por su singularidad. En varios lugares de Estados Unidos (Nueva Jersey, Iowa, Colorado e Indiana) y Canadá (Manitoba) se hicieron diversas experiencias de ingresos garantizados entre los años 1968 y 1980 cuyos resultados y efectos han sido analizados mediante estudios empíricos bastante fiables. Más recientemente, han proliferado experiencias aún más concretas en Brasil (desde 2008), California (2016-2017), Canadá (2017), Finlandia (2017-2018), India (2011-2013), Namibia (2008-200), Kenia (desde 2011), Uganda (desde 2017), Países Bajos (desde 2017), Italia (desde 2016) y Uganda (desde 2017). La mayoría son demasiado recientes como para poder proporcionar conclusiones definitivas sobre los efectos de la implantación de una renta básica, pero, aunque sea con carácter limitado y provisional, algunos estudios empíricos permiten establecer algunas conclusiones interesantes y significativas.

Los resultados no son ni mucho menos uniformes ni generalizables a todas las experiencias, pero sí se han podido establecer algunas conclusiones interesantes.[186]

Según esos estudios, los hombres no renunciaron a sus trabajos, aunque disminuyó ligeramente la cantidad promedio de horas trabajadas. La disminución más baja fue en Manitoba (Canadá) y la más alta en Colorado. Los estudios demostraron también que la disminución más grande entre los hombres se produjo en los más jóvenes en todos los experimentos. En Canadá, la reducción del esfuerzo laboral entre los hombres jóvenes se asoció con una mayor educación. En el caso de las mujeres, se produjo también una disminución en las horas trabajadas en todos los experimentos que es especialmente relevante en términos porcentuales.

La cuestión que plantean estos datos es una de las que más se viene discutiendo en relación con la implantación de la renta básica, sobre todo por parte de los movimientos feministas, tal y como ya señalamos.

En opinión de Evelyn Forget, para interpretarlos hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjeron los experimentos, cuando la participación de las mujeres en el mercado laboral era más baja, cuando había menos ayudas familiares (por ejemplo, de bajas de maternidad y paternidad en Canadá) y cuando gran parte de las mujeres no consideraba todavía que su participación en el empleo remunerado fuese un objetivo prioritario de sus vidas. En todo caso, se pregunta: «¿Es necesariamente un resultado negativo encontrar que las familias tomaran parte de sus ingresos, cuando éstos se mejoran a través de un ingreso básico, para disfrutar de una mayor flexibilidad en el uso del tiempo? Algunos participarán en capacitación y educación; otros en la producción del hogar, cuidando a sus propias familias en lugar de pagar a otros para que brinden la atención necesaria. Algunas personas pueden elegir pasar tiempo en actividades creativas o voluntarias, o participar en actividades empresariales innovadoras. Otros pueden leer más novelas o ir a caminar más. La cuestión es que las sociedades ricas pueden permitirse dedicar parte de su riqueza a darse una mayor calidad de vida asociada con el tiempo fuera del trabajo remunerado».[187]

Por otro lado, en todos los experimentos (salvo en el caso de Nueva Jersey, donde no se analizó) se detectó una mejora en los indicadores educativos de abandono escolar en los períodos en que fueron realizados y en Canadá se detectó también una disminución del 8 por ciento en la tasa de hospitalización,[188] así como una disminución en los índices de criminalidad.[189]

Los análisis empíricos sobre estos experimentos generaron en su día un gran debate que resultó ser decisivo sobre la posición que la opinión pública adoptó en Estados Unidos sobre la renta básica a final de los años 70. En 1978 se publicó un estudio que afirmaba que durante los experimentos de Seattle y Denver (Colorado) se había registrado un incremento del 50 por ciento en la tasa de divorcios, un dato que produjo una gran animadversión hacia la renta básica, pues por esa razón se consideró que era un enemigo de la familia estadounidense.[190] Sin embargo, los datos fueron reconsiderados más tarde y en 1990 se demostró que ese incremento en la tasa de divorcios no había sido real.[191]

Los efectos sobre la participación de la fuerza de trabajo, horas trabajadas e ingresos, educación, salud y otras variables sociales, como matrimonios y fertilidad de los experimentos norteamericanos, también han sido analizados por Ioana Marinescu. Ha demostrado que esos diversos experimentos muestran que aumenta el consumo, que no disminuye el empleo y que aumenta el empleo a tiempo parcial (Alaska), que los demás tampoco tienen efectos negativos sobre la oferta de empleo y sí positivos sobre la educación y la salud, como se ha dicho, pero, eso sí, que es importante analizar el modo de financiación porque puede tener efectos sobre el empleo cuando se hace a través de un impuesto negativo sobre la renta, o sobre la economía en general si se hace aumentando la presión fiscal.[192] Sí se aprecia, sin embargo, un cambio del empleo a tiempo completo al de tiempo parcial.[193]

Otra experiencia norteamericana quizá más cercana a una auténtica renta básica es la de Alaska, que comenzó a recibirse por todos los ciudadanos desde 1982 (actualmente, algo menos de 2.000 dólares anuales) como fruto de un fondo petrolero creado en 1976. Puesto que ha sido auténticamente universal e incondicional y se ha mantenido durante todo este tiempo, es la única experiencia (además de la iraní, que comentaremos enseguida) que ha permitido realizar un análisis empírico que podría considerarse más útil para extraer conclusiones generales y aplicables a otros lugares. Es lo que ha hecho una investigación publicada recientemente, que concluye que su aplicación no desincentivó la oferta de empleo y que, por tanto, no tuvo efectos negativos sobre el mercado laboral, pues la tasa de ocupación incluso aumentó desde que se comenzó a recibir la renta.[194] Pero la peculiaridad del país y de su fuente de financiación hace, por otro lado, que sus efectos difícilmente fueran los mismos en cualquier otro lugar.

Abhishek Roy y Joshua Copeland han realizado un repaso de los resultados empíricos que se están obteniendo de algunas experiencias concretas de renta básica estas últimas décadas y obtienen algunas conclusiones significativas:[195]

En el experimento de Kenia, se comprueba el efecto positivo sobre el consumo y la inversión de las familias que reciben la renta.

En la India, se ha detectado un mayor grado de escolarización de niños y niñas en las aldeas donde se recibía renta básica en comparación con aquellas en las que no se recibe.

En la aldea de Otjivero, en una zona rural de Namibia, también se han observado efectos positivos en relación con otras aldeas sin renta básica durante y después del experimento de percepción de renta básica. Sobre todo, disminuyó un 42 por ciento la tasa de malnutrición en niños menores de cinco años, también la de ciertos delitos de «desesperación» (hurto, caza furtiva…) y aumentó la de escolarización.[196]

Finalmente, algún estudio ha encontrado que la aplicación de una renta básica podría producir incrementos de productividad, si bien no muy significativos, como consecuencia de las mejores condiciones de vida y de salud, sobre todo en los hogares de menor nivel de renta.[197]

Para finalizar, es imprescindible y especialmente interesante referirnos al único caso que realmente se puede considerar como de implantación de la renta básica en sentido estricto en todo un país y con todas sus consecuencias, el de Irán.

Los grandes ingresos petrolíferos habían permitido desde hace décadas que el gobierno iraní proporcionara un buen número de ayudas a la población. Pero generalmente se hacía en forma de subsidios al consumo de energía y alimentos. Ese sistema mantenía artificialmente bajos los precios, pero generaba una gran ineficiencia y desigualdad (se estimaba que el 70 por ciento de las ayudas, que representaban casi el 30 por ciento del PIB iraní, sólo las disfrutaba el 30 por ciento más rico de la población). Para hacer frente a esos problemas, en 2010 se plantearon dos reformas complementarias. Por un lado, las ayudas anteriores se redujeron a la mitad (lo que hizo que se disparase la inflación) y, por otro, se comenzó a proporcionar una ayuda equivalente a 45 dólares al 80 por ciento de la población, y al 97 por ciento en 2011. Una cantidad relativamente importante en Irán, pues representaba entonces el 49,3 por ciento de los gastos mensuales del 20 por ciento más pobre de la población y del 25 por ciento del segundo 20 por ciento de menos ingresos.

El análisis efectuado por un buen número de investigadores para instituciones académicas y oficiales ha permitido establecer también algunas conclusiones igualmente interesantes sobre esta experiencia:

La renta básica implantada en Irán ha propiciado una clara reducción de la pobreza (del 10,2 por ciento en 2009 al 5,1 por ciento en 2012) y de la desigualdad.[198]

No hay evidencia de que la renta básica iraní haya provocado la disminución de la oferta de trabajo, ni en hombres ni en mujeres, salvo en el caso de jóvenes con relación laboral frágil o en algún caso de empleos especialmente duros. Pero como señalan Salehi-Isfahani y Mostafavi-Dehzooei «obtener 1,50 dólares por día, con dudoso valor real en los próximos años, es una pequeña razón para que los trabajadores pobres renuncien a sus trabajos, aunque algunos en trabajos más exigentes físicamente podrían hacerlo […]. Pero, si eso ocurre, ¿representa la reducción en la oferta laboral una pérdida real de valor para la economía? Dudamos que muchos consideren que un trabajador agrícola forzado a trabajar con pesticidas peligrosos y sin el equipo adecuado para dejar su trabajo después de recibir una transferencia de efectivo es un mal resultado».[199]

Paralelamente a estos efectos positivos de la renta básica iraní sobre la desigualdad, hay que señalar, sin embargo, que su implantación estuvo acompañada de profundos desequilibrios macroeconómicos. Haberla establecido al mismo tiempo que se reducían las ayudas en especie dio lugar, como se ha señalado, a que los precios (sobre todo de la energía y del pan) se multiplicaran incluso por nueve y, por extensión, los de otros productos básicos. Un efecto agravado además porque su financiación se realizó mediante el incremento de la oferta monetaria sin aumento paralelo de la oferta de bienes (en realidad de todo lo contrario por la subida de precios).

En cualquier caso, sobre la validez de estas conclusiones hay que tener en cuenta, como han señalado también diversas investigaciones, que el proceso de implantación se produjo en el contexto de sanciones exteriores que hubieron de tener un lógico efecto negativo sobre la economía iraní. Y, en cualquier caso, es evidente que la iraní es una experiencia que difícilmente se podría tomar como referente de la puesta en marcha de una auténtica renta básica en sentido estricto si ésta se considera no solamente como una ayuda en dinero efectivo, sino como un ejercicio de libertad y capacidad de decisión, algo de lo que de ninguna manera disfruta la población en una dictadura.

En definitiva, no hay, pues, suficientes experiencias reales para saber a ciencia cierta qué ocurre en la sociedad cuando se implanta una renta básica. E incluso ni siquiera si se implantara en algún país concreto y en sentido estricto sería fácil obtener conclusiones claras, porque los efectos de cualquier tipo de renta básica son siempre a medio y largo plazo, y dependen de cómo vayan evolucionando no sólo los mercados laborales o la economía, sino las instituciones, la cultura y los valores que se supone que se verán afectados por una medida como ésta.

El análisis econométrico de la renta básica

La única alternativa para tratar de determinar, antes de que se implante una renta básica, lo que puede suceder si se pone en marcha es recurrir al análisis teórico y elaborar modelos econométricos que permitan predecir la realidad, tal y como se ha hecho también en los últimos años. Pero aunque se han desarrollado mucho recientemente gracias a las nuevas tecnologías, tienen, al menos, dos limitaciones muy grandes, por no decir que decisivas: operan a partir de modelos teóricos que suelen ser muy poco realistas y no pueden tener en cuenta lo que ocurre con las normas sociales, con los valores y el cambio institucional, que sabemos que serían variables muy influyentes a la hora de determinar qué sucedería si se implantase una renta básica. Además, sus conclusiones dependen de las hipótesis de partida que se desee tener en cuenta y, precisamente por ello, suelen ser muy diferentes y a veces sumamente contradictorias.

Un informe del Roosevelt Institute de Estados Unidos estimó en 2017 que un programa de implantación de una renta básica universal de 500 dólares mensuales produciría un aumento del PIB de hasta un 6,5 por ciento en los ocho años posteriores a su inicio, y del 12,56 por ciento si la cuantía fuese de 1.000 dólares mensuales. De ese modelo se deduce que la renta básica no disminuiría la oferta laboral por parte de quienes la recibieran y que el aumento de la deuda pública que llevaría consigo no tendría efectos negativos sobre la evolución del PIB.[200]

Sin embargo, otros modelos llegan a conclusiones diferentes y señalan que la puesta en marcha de una renta básica universal reduce las horas trabajadas, la oferta de capital, el PIB y los ingresos de la seguridad social.[201] Y otros concluyen que, aunque en general las medidas de carácter universal como la renta básica parecen ser más eficaces que otras modalidades de garantía de rentas, sus efectos finales son distintos según los países (por ejemplo, más positivos en el Reino Unido y Dinamarca, y más costosos en Portugal o Italia), lo que quiere decir que tampoco los análisis de predicción econométrica llegan a conclusiones rigurosas que puedan considerarse válidas en cualquier momento o situación.[202]

VIII

Lo que sabemos sobre la gente que apoya o rechaza la renta básica

La renta básica es hoy día una propuesta bastante más conocida de lo que a veces se cree, como vimos en el primer capítulo, y bastante polémica. La gran mayoría de las personas a las que se pregunta sobre ella se pronuncian a favor o en contra y son muy pocas las que afirman que no tienen opinión al respecto. Pero las afirmaciones que hace la gente corriente sobre la renta básica, e incluso los políticos que se supone deberían estar bien informados o los estudiosos, suelen ser a menudo muy contradictorias y, a veces, cargadas de juicios de valor. No es raro oír, por ejemplo, que es una propuesta utópica y que no tiene fundamento científico, o irresponsable porque arruinaría al país que la pusiera en práctica. En la sesión del Congreso de los Diputados español que debatió la iniciativa popular de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la seguridad social, lo más parecido a una renta básica que se ha debatido en dicha sede, el representante del Partido Popular afirmó que la propuesta sería «la ruina de las arcas públicas en España»,[203] el de Ciudadanos la calificó como «promesa de humo», además de «antiliberal y antiprogresista»[204] y uno de los economistas más mediáticos de España escribía por ese tiempo que quien hable de renta básica «o es un soñador alejado de la realidad o tiene pocos conocimientos de cómo funciona la economía».[205]

A lo largo de este libro hemos comprobado que la renta básica es, como cualquier otra propuesta de política económica y social, una medida que afecta de desigual manera a la gente y a su bolsillo, que su puesta en marcha comporta lógicamente muchas dificultades técnicas y financieras, y que se puede apoyar o rechazar en virtud no sólo de que sea más o menos costosa o viable, sino de otras consideraciones subjetivas que tienen que ver con el modo en que cada persona crea que debe funcionar la sociedad, con sus valores o principios éticos. Después de tener en cuenta todo esto, podremos comprobar que la renta básica no es una propuesta que se pueda despachar en términos tan simplistas, sino que es muy compleja y que tiene muchas aristas. Eso hace que tenga abundantes sombras y que conlleve un buen número de incertidumbres, sin duda.

Pero, si bien eso es cierto, también lo es que tenemos muchas certezas y que sabemos bastantes cosas en relación con la renta básica que nos permiten afirmar que, en sus más importantes aspectos, es una propuesta solvente y bien analizada, y menos utópica y mejor conocida de lo que parece. Después de haberla analizado con distanciamiento para conocer lo más abiertamente posible las ventajas e inconvenientes que pudieran derivarse de su implantación, en este capítulo final vamos a analizar lo que sabemos que la gente sabe sobre la renta básica, sobre cuál es el tipo de personas que la rechazan o defienden y sobre lo que piensan de ella. Lógicamente, hasta donde eso sea posible, puesto que los datos, como vamos a ver enseguida, son a veces muy contradictorios.

El nivel de apoyo o rechazo de la población a la renta básica

En los últimos años se han realizado diversas encuestas en distintos países para tratar de indagar sobre la opinión ciudadana respecto a la renta básica. La más significativa y completa de todas ellas, por su extensión, posiblemente sea la que realizó la empresa Dalia Research en 2016, actualizada en 2017.[206]

Además de porque abarca a varios países y diversa problemática de la renta básica, esta encuesta es muy significativa porque, a diferencia de otros estudios, como el mencionado de la Fundación Telefónica, sí concreta el concepto de renta básica al que se refiere: un ingreso incondicional pagado por el gobierno a cualquier persona individual con independencia de que trabaje o no, o de que tenga cualquier otra fuente de ingresos.

La encuesta permite afirmar que la opinión de los europeos en su conjunto es muy favorable a la implantación de la renta básica, pues el 68 por ciento votaría a favor si hubiera un referéndum para decidir sobre su introducción (cinco puntos porcentuales más que en la encuesta de 2016). Sólo el 24 por ciento de las personas encuestadas votaría en contra, mientras que el 9 por ciento afirma que no votaría.

Lógicamente, los porcentajes de voto favorable varían en los diferentes países: 75 por ciento a favor en Italia, el 70,5 por ciento en España y el Reino Unido, 68 por ciento en Alemania, 65 por ciento en Polonia o 60 por ciento en Francia.

Los datos más concretos de esa encuesta relativos a cada país sólo están disponibles para 2016; así sabemos que en España votaría a favor de implantar una renta básica el 70,5 por ciento de la población. Más concretamente, un 36,4 por ciento lo haría con toda seguridad y el 40 por ciento probablemente. Por el contrario, votaría en contra un 21,8 por ciento de los españoles encuestados, un 8 por ciento con seguridad y el 13,8 por ciento probablemente. No votaría el 7,6 por ciento.

La encuesta de Dalia Research también muestra que la gran mayoría de los europeos considera que la implantación de una renta básica no se debe diferir mucho. Sólo el 13 por ciento de los encuestados prefería que la renta básica no se aplique pronto, mientras que el 31 por ciento deseaba que se implante lo antes posible, el 32 por ciento una vez que en su propio país se hubiera experimentado con éxito y el 16 por ciento cuando esos experimentos exitosos se hubieran realizado en otros países diferentes al suyo propio.

Sin embargo, los estudios del mismo tipo que se han realizado en otros países o en Europa por otros centros de investigación permiten comprobar que la renta básica es ciertamente conocida por gran parte de la población, pero que la percepción concreta que se tiene de ella no es tan clara y homogénea como esa gran encuesta de Dalia Research podría dar a entender para Europa.

La encuesta que realiza la European Social Survey (2016), por ejemplo, revela porcentajes de apoyo a la renta básica en los países europeos muy notables, aunque menores que la anterior y con algunos matices interesantes.

En primer lugar, esta amplia encuesta revela que el porcentaje de población de los países europeos analizados que está fuertemente en contra de la renta básica es tan sólo del 15 por ciento. En segundo lugar, muestra que el grupo de población más numeroso en el conjunto de los países es el que apoya la renta básica (45 por ciento), que si se suma al que la apoya fuertemente casi se llega al 60 por ciento de la población total analizada.

Finalmente, esta encuesta permite apreciar que, si bien el apoyo es notable (cercano al 60 por ciento, como se acaba de decir), se da con muchas diferencias en los distintos países europeos y, según la condición personal y social de los encuestados, como veremos en el siguiente epígrafe.

Donde recibiría más apoyo es en Rusia (73 por ciento), seguido de Israel (65 por ciento), Eslovenia (65 por ciento), Bélgica (58,6 por ciento) y Polonia (58,5 por ciento). Pero, en general, los datos de esta encuesta reflejan un nivel de apoyo bastante más bajo que en la de Dalia Research: Reino Unido (50,8 por ciento), España (49,4 por ciento), Francia (48,8 por ciento), Alemania (45,7 por ciento) y Noruega (33,7 por ciento).[207] Por tanto, si se dejara a un lado Rusia e Israel, la media sería bastante más baja, aunque en gran parte debido a que en Suecia (37,5 por ciento), Suiza (34,7 por ciento) y Noruega (33,6 por ciento) el apoyo es más bajo por razones diversas. En todo caso, no se puede obviar que el porcentaje de apoyo en los países en donde no supera el 50 por ciento de la población es alto.

En Estados Unidos, los resultados son dispares, aunque, en gran parte, porque las opiniones parecen que van cambiando a gran velocidad en los últimos años, como ocurre en todos los países, y también porque las respuestas suelen cambiar según sea la fórmula concreta bajo la que se presente el término de renta básica.

Una encuesta de Rasmussen Reports, una de las empresas de análisis de opinión más importantes de Estados Unidos, mostró que el 82 por ciento de los estadounidenses rechazaba en 2011 la idea de que el gobierno diera dinero a todas las personas para garantizarles una vida digna, con independencia de que trabajasen o no.[208] Sin embargo, los datos obtenidos pocos años después por las encuestas realizadas por otras empresas no menos relevantes son muy diferentes.

La de Morning Consult, por ejemplo, mostraba en 2017 que el 43 por ciento de los encuestados afirmaba apoyar algo o fuertemente la implantación de una renta básica, mientras que el 34 por ciento estaba algo o fuertemente en contra.[209] Una encuesta del Instituto Gallup y la Universidad de Northeastern publicada en febrero de 2018 indica que el 48 por ciento de estadounidenses encuestados apoyaría un ingreso básico para los empleados que perdieran sus puestos de trabajo a causa de la inteligencia artificial, en comparación con el 52 por ciento que dijo que se opondría.[210]

En resumen, se podría concluir que sólo un porcentaje muy pequeño de la población muestra desconocer qué es la renta básica (otra cosa es que sepa a ciencia cierta de qué modalidad se está hablando en cada momento), que los porcentajes de apoyo, aunque no sean mayoritarios en todos los casos estudiados, son siempre importantes (incluso en países aparentemente más reacios a asumir políticas estatales bienestaristas como Estados Unidos) y, por último, que el apoyo varía considerablemente según la condición y la ideología de cada persona y, en alguna medida que no está muy bien estudiada, según las condiciones en que se aplicara y sus consecuencias, como veremos a continuación.

El tipo de personas que apoyan o rechazan la renta básica

Las encuestas realizadas hasta el momento no sólo son escasas, sino que se han dedicado a analizar la opinión de la población sobre la renta básica de modo bastante general, sin permitir obtener conclusiones más matizadas sobre quiénes son los grupos sociales que la apoyan más o menos, o según qué condiciones. No obstante, algunas de ellas sí que proporcionan información interesante al respecto. Algunos datos que sabemos, aunque no puedan ser extrapolables a toda la población de todos los países, y que pueden servirnos de orientación aproximada para conocer quién piensa qué sobre la renta básica son los siguientes.

La mencionada encuesta de Gallup para Estados Unidos indica que la renta básica la apoya un 52 por ciento de las mujeres frente al 43 por ciento de los hombres; el 54 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 35 años y sólo el 38 por ciento de las personas de más de 66 años; y el 51 por ciento de quienes tienen estudios medios o superiores frente al 42 por ciento de quienes sólo tienen estudios inferiores al bachiller.

La European Social Survey también permite conocer el grado de apoyo a la renta básica según la edad, la condición laboral, la educación y la renta, además de la ideología política, como analizaremos más adelante para el caso español.[211]

Prácticamente en todos los países estudiados, el principal apoyo a la renta básica proviene también de los jóvenes de entre 15 y 35 años. En algunos casos, como el del Reino Unido (61,3 por ciento) o los países del Este (72 por ciento), con un porcentaje de apoyo muy elevado. En este último grupo de países y en Austria, Bélgica, Francia y Alemania, el porcentaje de población de más apoyo de más de 65 años también es elevado, pues casi alcanza más del 65 por ciento de media en el primero y casi el 50 por ciento en el segundo grupo.

Según esta encuesta, hay diferencias notables en el apoyo a la renta básica entre las personas que se han encontrado en paro o buscando empleo en los últimos cinco años (para resumir, las denominaremos paradas) y las que no (no paradas), a pesar de que la pregunta se formula en relación con una renta básica que implicaría acabar con los subsidios por desempleo. Así, el porcentaje de personas que han estado paradas en los últimos cinco años y que están en contra o fuertemente en contra de la renta básica (35,6 por ciento) es menor que el de las que no han estado en esa situación (44,7 por ciento). Y también es mayor el apoyo entre el primer grupo de paradas: están a favor o fuertemente a favor el 64,5 por ciento frente al 55,3 por ciento de quienes no han estado paradas en los últimos cinco años.

Por otro lado, quienes están más en contra o fuertemente en contra son quienes están ocupados en sus propias empresas (48 por ciento), frente a los autónomos (47 por ciento) o los empleados por cuenta ajena (44,8 por ciento), mientras que el orden se invierte cuando se trata del apoyo: empleados por cuenta ajena (55,2 por ciento), autónomos (53 por ciento) y empleados en sus propias empresas (51 por ciento). Y, por otra parte, también hay diferencias según el tipo de contrato: el 53 por ciento de quienes lo tienen indefinido están a favor o fuertemente a favor de la renta básica, frente al 56,3 por ciento de quienes lo tienen temporal o al 63,4 por ciento de quienes no tienen contrato. Y, por el contrario, están en contra o fuertemente en contra el 36,6 por ciento de quienes no tienen contrato, el 43,7 por ciento de los temporales y el 46,1 por ciento de los indefinidos.

Esta encuesta también muestra el diferente apoyo que recibe la renta básica según los años de educación recibidos, pero las diferencias no son tan notables como a primera vista pudiera creerse. El mayor porcentaje de personas a favor se da entre quienes tienen menos de siete años de estudios, algo menos del 65 por ciento, y también entre los que han estudiado al menos quince años (60 por ciento). En esa franja de años de estudios, el apoyo es bastante estable, en torno al 55 por ciento. Sin embargo, el apoyo a la renta básica disminuye progresivamente a medida que van aumentado los años de estudios, hasta llegar a los diecinueve (47 por ciento), cuando vuelve a subir, aunque sin llegar al 50 por ciento de apoyo entre quienes han estudiado durante más de veinte años. Por lo que respecta al nivel educativo, el apoyo a la renta básica no varía sustancialmente. Así, el 53,1 por ciento de quienes tienen título de doctorado o el 52,7 por ciento de máster la apoyan, frente a un porcentaje no mucho más bajo que el grupo de las personas que tiene estudios primarios (56,3 por ciento) y poco más alto que el del grupo con nivel equivalente a nuestro bachiller (49,2 por ciento).

Sí hay un nivel de apoyo a la renta básica más diferenciado según cual sea la fuente de los ingresos de las personas encuestadas. El grupo más numeroso de quienes están fuertemente en contra de la renta básica es el de quienes tienen ingresos procedentes de la agricultura (16 por ciento), seguido de los autónomos (13,2 por ciento), los pensionistas (12,7 por ciento), los asalariados (10,8 por ciento) y finalmente de quienes están en desempleo o reciben subsidios por ello (8,3 por ciento). En el mismo orden se muestra el rechazo (no fuerte pero sí rechazo) a la medida: ingresos procedentes de la agricultura (51,9 por ciento), seguido de los autónomos (50,5 por ciento), pensionistas (47,2 por ciento), asalariados (43,3 por ciento) y desempleados o con subsidios de paro (34,9 por ciento). Por el contrario, están más a favor o fuertemente a favor los desempleados o subsidiados por ello (65 por ciento), los asalariados (56,7 por ciento), los pensionistas (52,8 por ciento), los autónomos (49,5 por ciento) y quienes tienen ingresos de la agricultura (48,1 por ciento).

Contrasta aún más el apoyo o rechazo a la renta básica si se distingue, como hace esta encuesta, entre las personas que tienen ingresos procedentes de otro tipo de ayudas sociales o de inversiones o ahorros. Entre las primeras, sólo está en contra o fuertemente en contra el 34 por ciento, frente al 62,8 por ciento de las que reciben sus ingresos de inversiones o ahorros.

Finalmente, hay también una notable diferencia entre el apoyo y el rechazo a la renta básica en función del diferente volumen de ingreso que reciben las personas que se pronuncian sobre ella. Así, sólo el 35,5 por ciento de las personas que no han tenido nunca un empleo remunerado está en contra de la renta básica, frente al 64 por ciento de las que sí lo han tenido alguna vez. Y, como cabría esperar, la encuesta confirma que el apoyo más numeroso a la renta básica se da en el 10 por ciento de la población que recibe ingresos más bajos (59,1 por ciento) y el más bajo en el 10 por ciento de mayor ingreso (45 por ciento). Pero, al mismo tiempo, cabe hacer un par de consideraciones: que las diferencias por este concepto no son muy grandes, de 15 puntos entre los extremos, pero menores entre los grupos intermedios, y que, en todo caso, la sociedad se encuentra bastante dividida, pues incluso entre el 10 por ciento de la población con ingresos más bajos hay un 28,2 por ciento de rechazo y un 11,9 por ciento de fuerte rechazo (40,1 por ciento en total). Ese 40 por ciento de rechazo a la renta básica entre el grupo de menos ingresos parece más significativo que el rechazo del 55 por ciento del grupo con ingresos más elevados. Lo que sin duda pone de relieve que la posición a favor o en contra de esta medida no se determina exclusivamente por las condiciones económicas en las que se encuentran las personas, algo que podremos comprobar más claramente a lo largo de las páginas que siguen.

Para terminar, no resulta menos interesante comprobar en esta encuesta que hay una diferencia significativa de apoyo a la renta básica entre las personas que se encuentran muy satisfechas con la vida económica de su país (el 46,5 por ciento la apoyan) y las que, por el contrario, se encuentran muy insatisfechas (56,7 por ciento la apoyan en mayor medida).

En definitiva, podríamos concluir diciendo que sabemos que hay más partidarios de la renta básica entre las mujeres y entre las personas jóvenes, las desempleadas o que reciben ayudas sociales, las de menor educación y también entre las que tienen más años de estudios, entre las asalariadas y las que trabajan con contratos indefinidos y con menor nivel de ingresos. Aunque, en todo caso, no puede decirse que las diferencias, ni siquiera al considerar el nivel de ingreso, entre los distintos porcentajes de apoyo o rechazo a la renta básica sean muy grandes en la mayoría de esas distintas condiciones.

Lo que la gente cree que puede ocurrir si se aplica una renta básica

Las encuestas que hemos mencionado y algunas otras adicionales nos permiten descubrir también que la población no sólo conoce y apoya o rechaza la renta básica, sino que tiene conciencia de que su implantación, a diferencia de lo que podría ocurrir con otros instrumentos de política social, como la universalización de la salud, de la educación o de las pensiones, conlleva ventajas e inconvenientes significativos y que, por tanto, modulan el grado en que la apoya o rechaza.

La mencionada encuesta de Dalia Research muestra que los europeos tienen claro qué puede resolver la puesta en marcha de una renta básica en sus países y, por tanto, los argumentos que podrían señalarse a su favor.

Según esa encuesta, la más amplia de las que se han hecho hasta el momento, el 52 por ciento cree que una renta básica reduciría la ansiedad sobre las necesidades financieras básicas; el 42 por ciento que proporcionaría más igualdad de oportunidades; el 32 por ciento que fomenta la independencia financiera y la autorresponsabilidad; el 29 por ciento que aumenta la apreciación por el trabajo doméstico y el voluntariado; el 26 por ciento que incrementa la solidaridad porque estaría financiada por todos; el 21 por ciento que reduciría la burocracia y los gastos de la administración; y el 16 por ciento no suscribe ninguna de esas opiniones.[212]

De esa misma encuesta también se deduce que los europeos tienen claro igualmente una serie de inconvenientes asociados a la renta básica y que podrían considerarse como argumentos en contra de que se aplique. Concretamente, el 52 por ciento de los europeos encuestados cree que la renta básica puede fomentar que las personas dejen de trabajar; el 39 por ciento piensa que la renta básica llamaría a los extranjeros, que se aprovecharían así de sus beneficios; el 34 por ciento considera que solamente las personas que lo necesiten deberían recibir algo del Estado y ese mismo porcentaje cree que es imposible financiarla; el 29 por ciento opina que con ella aumentaría la dependencia del Estado; el 23 por ciento que la renta básica es contraria al principio que impone que las recompensas deben estar vinculadas a los méritos; y el 12 por ciento no suscribe ninguna de estas objeciones.

Finalmente, la encuesta de Dalia Research muestra que la opinión de los europeos es muy variada cuando se les pregunta sobre los efectos que creen que tendría una renta básica sobre el trabajo y sus condiciones de vida. Concretamente, el 37 por ciento piensa que no afectaría a sus elecciones; el 17 por ciento que le permitiría estar más tiempo con su familia; el 8 por ciento cree que con ella trabajaría menos, el 7 por ciento que haría más voluntariado; el 7 por ciento que le permitiría adquirir nuevas habilidades; el 5 por ciento que la utilizaría para buscar un empleo diferente; el 4 por ciento cree que le permitiría trabajar como autónomo, y sólo el 3 por ciento afirma que si disfrutara de renta básica dejaría de trabajar (un porcentaje similar, por cierto, al que se obtuvo en una encuesta realizada entre el personal de la Universidad del País Vasco en 2016: el 3,5 por ciento dejaría de trabajar si percibiese una renta básica, mientras que el 71,8 por ciento continuaría trabajando y el 19,4 por ciento trataría de reducir su horario laboral).[213]

Parece lógico pensar que si la población toma en cuenta las posibles ventajas e inconvenientes de la renta básica, su nivel de apoyo o rechazo debería variar, y así parece que efectivamente ocurre en la práctica si tenemos en cuenta, por un lado, las diferencias de porcentajes de apoyo y rechazo que se dan cuando las preguntas sobre la renta básica se presentan con unos matices u otros o, por otro, cuando se hace referencia, por ejemplo, a que su puesta en marcha consume recursos que han de financiarse bien por la vía de aumentar los impuestos o por la de recortar los gastos.

Un sondeo del Institute for Policy Research de la Universidad de Bath, por ejemplo, permitió poner de relieve que el 49 por ciento de la población británica apoya la renta básica, frente a un 26 por ciento que la rechaza. Pero ese apoyo cae al 30 por ciento cuando se plantea financiarla con impuestos o al 37 por ciento si es con recortes de gasto, mientras que el rechazo sube al 40 por ciento en el primer caso o al 30 por ciento si se financia con recortes sociales.[214]

Sin embargo, en Estados Unidos alguna encuesta ha mostrado que el apoyo a la renta básica apenas se modifica si se plantea financiarla por impuestos, pues sólo bajaba del 48 por ciento al 46 por ciento en el estudio mencionado de Gallup. Y una investigación de Splendid Research en Alemania proporciona datos bastante significativos al respecto, que, aunque sean relativos a ese solo país, bien podrían tomarse como referentes generales por lo que reflejan.[215]

Por un lado, ratifican el alto grado de conocimiento y de apoyo de la renta básica que ya hemos comentado: según esa encuesta, el término le resulta familiar a las dos terceras partes de la población alemana de entre dieciocho y sesenta y nueve años, y el 58 por ciento apoya su implantación, algo menos que el porcentaje de apoyo que proporciona Dalia Research (65 por ciento), pero más que la European Social Survey (47,5 por ciento).

Sin embargo, lo más interesante de esa encuesta es que el apoyo a la renta básica varía mucho según cuales sean las connotaciones o efectos que se le asocien. Los datos son, efectivamente, muy claros en este aspecto: cuando la encuesta pregunta por el apoyo a una renta básica que suponga que cada ciudadano reciba una cantidad fija de dinero del Estado que reemplazaría varios beneficios del gobierno, como la prestación por desempleo, la prestación por hijo y el beneficio de vivienda, manifestando que con ella desaparecería una buena parte de la burocracia y mejorarían las condiciones del empleo, el apoyo a la propuesta sube al 64 por ciento. Sin embargo, si ese mismo concepto se presenta asociado a la idea de que con la renta básica algunas personas ya no trabajarían tanto y que algunas empresas tendrían dificultades para encontrar trabajadores en ciertos tipos de ocupaciones, entonces, el apoyo sólo es del 46 por ciento. Eso revela, por tanto, que la población es muy sensible, a la hora de decidir su apoyo o rechazo, al relato que se haga en su entorno sobre las virtudes o inconvenientes de la renta básica.

Esta encuesta alemana también proporciona información interesante sobre las ventajas e inconvenientes que la población asocia a la puesta en marcha de una renta básica. Así, dependiendo de la cuantía de renta básica que se estableciera, hasta un 38 por ciento de la población alemana con trabajo remunerado afirma que cambiaría de actividad o empresa, que reduciría el número de horas trabajadas o que incluso elegiría no trabajar en absoluto si la recibiera. De los que actualmente trabajan y tienen una menor calificación profesional, una cuarta parte consideraría renunciar a su carrera por completo y eso mismo ocurriría incluso en el 20 por ciento de las personas empleadas con mayor nivel académico. Resulta muy curioso que sólo el 9 por ciento de los alemanes dijera que si recibiera una renta básica de 1.000 euros dejaría de trabajar, pero piense que en esas mismas condiciones lo haría un 28 por ciento de sus compatriotas. Y no menos significativo es que, en promedio, las mujeres alemanas encuestadas se planteen dejar sus empleos remunerados a partir de una renta básica de 1.477 euros de media, mientras que los hombres, también en promedio, lo harían a partir de 1.830 euros.

Ahora bien, no deja de ser significativo, y no sabemos hasta qué punto relevante o susceptible de ser generalizado, que en el único país en donde se ha realizado un referéndum sobre la posibilidad de implantar una renta básica, en Suiza, el resultado haya sido ampliamente negativo. Allí, un 77 por ciento de los votantes rechazó establecer una renta básica universal de 2.260 euros mensuales más otros 565 por cada hijo en 2016.

La ideología de quienes apoyan o rechazan la renta básica

La European Social Survey proporciona una amplia batería de datos que permiten conocer la posición política y la ideología de quienes apoyan o rechazan en mayor o menor medida la renta básica.

Aunque el cruce de datos puede ser muy pormenorizado y los resultados para cada país pueden ser lógicamente diferentes, y en muchas ocasiones no tener significación estadística, los globales de la encuesta permiten obtener algunas conclusiones interesantes, que podrían considerarse como diferentes a la idea que generalmente se tiene sobre de dónde proceden principalmente los apoyos sociales a la renta básica.

Concretamente, si se divide el espectro político de 0 a 10, siendo 0 la posición más a la izquierda y 10 la más a la derecha, resulta bastante claro, según los datos que proporciona esta encuesta, que los grupos de población situados más a la izquierda (0, 1 y 2) serían más proclives a apoyar la renta básica, es decir, donde hay un mayor porcentaje de personas (de las que se sitúan en esa posición) que apoya la renta básica. Y, por el contrario, es en los grupos situados más a la derecha en donde hay un porcentaje mayor de personas que están en contra o muy en contra. Sin embargo, también es claro que el mayor volumen de población que apoya la renta básica es el que se sitúa en el centro del espectro político (grupos 5 y 6). Sorprende que el grupo en donde el porcentaje a favor de la renta básica es mayor (47,4 por ciento) sea el que está justamente más a la derecha (el grupo 10), aunque en este último hay, sin embargo, un porcentaje muy bajo que esté muy a favor de ella (el 7,9 por ciento).

Los datos también muestran un hecho significativo: quienes apoyan o apoyan fuertemente la renta básica (y también quienes se oponen a ella) se sitúan muy señaladamente en el centro del espectro (37 por ciento a favor y 33 por ciento muy a favor). Más a la izquierda (grupos 0, 1 y 2) se sitúa el 20 por ciento del total de quienes están muy a favor de la renta básica y sólo un 10 por ciento en la posición más a la derecha (8, 9 y 10).

Finalmente, esta gran encuesta europea proporciona también datos que permiten conocer el perfil ideológico de quienes apoyan o rechazan la renta básica. Para no hacer demasiado prolija esta exposición, nos limitaremos a subrayar algunos de las variables más significativas.

Entre las personas que están muy interesadas en la política, hay un poco más de rechazo (50,8 por ciento) que apoyo a la renta básica (49,2 por ciento) y un empate entre las personas que simplemente están interesadas. Sin embargo, la apoya el 60,6 por ciento de quienes no están nada interesados.

También hay algo más de apoyo a la renta básica entre quienes no tienen ninguna confianza en el sistema legal (55,7 por ciento) que entre quienes confían plenamente en él (51,8 por ciento). Sin embargo, hay más apoyo entre quienes confían plenamente en los políticos (58,4 por ciento) que entre quienes no tienen ninguna confianza en ellos (53,7 por ciento).

Hay más apoyo a la renta básica entre quienes no votaron la última vez en que pudieron hacerlo (56,6 por ciento) que entre los que votaron (50,6 por ciento). Y apoyan bastante más la renta básica quienes están extremadamente insatisfechos con la vida en general (65,8 por ciento) que los que se sienten extremadamente satisfechos (48,9 por ciento).

El 56,5 por ciento de quienes están extremadamente insatisfechos con la situación económica de su país apoya la renta básica, frente al 52,5 por ciento de quienes están satisfechos en el mismo grado.

El 62,9 por ciento de quienes están muy de acuerdo con que los hombres tengan prioridad ante las mujeres cuando el empleo es escaso están a favor de la renta básica, frente al 50,9 por ciento de quienes están muy en desacuerdo con esta proposición.

Apoya la renta básica el 62,8 por ciento de quienes se sienten extremadamente infelices, frente al 50,2 por ciento de quienes están igual de felices. El 63,9 por ciento de quienes están muy de acuerdo con que las diferencias en los niveles de vida deben ser reducidas para que la sociedad sea justa están a favor de la renta básica, frente al 52,4 por ciento de quienes están muy desacuerdo con esa idea, que no la apoyan.

Igualmente, apoyan en mayor medida la renta básica quienes están más de acuerdo con que los beneficios sociales expanden la economía y llevan a una sociedad más igualitaria. Quienes están muy de acuerdo con que los beneficios sociales generan cargas impositivas demasiado elevadas para las empresas apoyan la renta básica en menor medida (46,3 por ciento) que quienes están en desacuerdo con esa idea (62,5 por ciento).

Un 61,1 por ciento de quienes están muy de acuerdo con que los beneficios sociales los disfruten sólo quienes tienen ingresos bajos están a favor de la renta básica, frente al 45,4 por ciento que está a favor de entre los que están muy en contra de esa idea.

En Estados Unidos también hay diferencias notables. Apoya ese tipo de renta básica el 65 por ciento de los votantes demócratas y sólo el 28 por ciento de los republicanos. Si se tiene en cuenta el sentimiento religioso y se gradúa de 0 (nada religioso) a 10 (muy religioso), resulta que el mayor porcentaje de personas que está fuertemente en contra de la renta básica es el que se declara menos religioso (21,4 por ciento, frente a sólo un 6 por ciento que corresponde a quienes se definen como muy religiosos). Sin embargo, el grupo menos religioso es también el que proporciona un mayor porcentaje de personas fuertemente a favor de la renta básica (el 27,6 por ciento de todas las que la rechazan así), aunque en gran parte es debido a que es el grupo más numeroso de las personas encuestadas.

Finalmente, en cuanto a los valores humanos que defienden los encuestados, se deduce que el 61,3 por ciento de quienes están muy de acuerdo con que es muy importante tener dinero y cosas caras apoya la renta básica, frente a un 51,8 por ciento de quienes están muy en desacuerdo con ello. También recibe más apoyo (56,9 por ciento) de quienes están muy de acuerdo en que es importante tratar a la gente con igualdad que los que están muy en desacuerdo con ello (42,1 por ciento) y entre quienes están muy de acuerdo con que es importante tomar las propias decisiones y ser libre (50,8 por ciento), frente al 46,5 por ciento que piensa lo contrario.

El perfil de quienes están más a favor o en contra de la renta básica en España

Para conocer con detalle el grado de apoyo a la renta básica en España, se puede recurrir a la mencionada encuesta Dalia Research y a otras de escala más reducida que muestran resultados más o menos semejantes. Una del GESOP para Cataluña, por ejemplo, mostró que el 72,3 por ciento de los encuestados está más bien de acuerdo con una renta básica de 650 euros mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía, financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20 por ciento de la gente más rica al resto de la población, mientras que el 20,1 por ciento estaría en desacuerdo y sólo un 7,6 por ciento no sabía o no contestaba.[216] Pero la investigación que proporciona un abanico de datos más amplia y que permite obtener un perfil detallado de quienes apoyan o rechazan en mayor o menor medida la renta básica en España es la ya referida European Social Survey.

Según esta última, el 42 por ciento de los españoles encuestados está a favor de la renta básica y un 7,4 por ciento fuertemente a favor, mientras que el 37 por ciento está en contra y el 13,6 por ciento fuertemente en contra. Eso da el porcentaje total antes señalado de 51,6 por ciento en contra y 49,4 por ciento a favor.

El apoyo a la renta básica en las distintas comunidades autónomas es desigual y va del 23 por ciento de Murcia al 66,2 por ciento de Castilla-La Mancha. El apoyo total (a favor o fuertemente a favor) que se registra, según esta encuesta, en las demás comunidades es el siguiente: Cantabria 58,2 por ciento, Cataluña 56,6 por ciento, Andalucía 53,3, Comunidad Valenciana 53,3 por ciento, Galicia 50 por ciento, País Vasco 47,6 por ciento, Aragón 46,6 por ciento, Asturias 46,5, Navarra 46,1 por ciento, Extremadura 46 por ciento, Canarias 45,3 por ciento, Madrid 43,9 por ciento, La Rioja 37,5 por ciento, Castilla y León 37,3 por ciento y Baleares 25,8 por ciento.

Si se tienen en cuenta tan sólo las respuestas que se pueden considerar significativas desde el punto de vista estadístico en esta encuesta, se puede obtener un perfil aproximado de los españoles según están más favor o en contra de la renta básica, pero teniendo en cuenta, en cualquier caso, que las diferencias entre las distintas posiciones de las personas encuestadas son pequeñas, como cabe pensar tras conocer que el conjunto está dividido casi a partes iguales entre el apoyo o el rechazo.[217]

En cuanto al perfil político, se puede decir que están más a favor de la renta básica los españoles y españolas que votan preferentemente a partidos más a la izquierda, pues los votantes que en mayor medida la apoyan son los de Unidos Podemos (50,5 por ciento a favor y 13,7 por ciento fuertemente a favor, frente al 26,8 por ciento en contra y 8,9 por ciento fuertemente en contra). Por tanto, un 64,2 por ciento de sus votantes la apoya. En el caso del PSOE, defienden la renta básica el 51,8 por ciento de sus votantes (46,2 por ciento a favor y 5,6 por ciento fuertemente a favor). Por el contrario, la mayoría de los votantes de Ciudadanos (57 por ciento) y PP (63,4 por ciento) están en contra. En el caso de los demás partidos, los datos no se pueden considerar significativos.

Esta anterior vinculación de la defensa de la renta básica a posiciones más a la izquierda del espectro político se corrobora al analizar el posicionamiento de quienes la defienden o rechazan en una escala de 0 (más la izquierda) a 10 (más a la derecha), aunque en este caso los resultados son bastante más matizados. Así, entre quienes se sienten más a la izquierda (posiciones 0-4) está a favor el 56,2 por ciento (46,8 por ciento a favor y 9,4 por ciento fuertemente a favor), mientras que más a la derecha (posiciones 5-10) la defiende el 52,3 por ciento (44,9 por ciento a favor y 7,4 por ciento fuertemente a favor).

También se deduce de esta encuesta que la apoyan en mayor medida los españoles que están muy de acuerdo en que el sistema político permite a la gente participar en la política (60 por ciento de apoyo, frente al 46,8 por ciento de quienes no está para nada de acuerdo con eso); quienes tienen completa confianza en el Parlamento (54,6 por ciento, frente al 44,8 por ciento entre quienes no tienen ninguna); en el sistema legal (52,6 por ciento de apoyo, frente al 48,4 por ciento de quienes no tienen confianza en él); en los partidos políticos (75 por ciento de apoyo, frente al 43,9 por ciento de quienes no confían nada); o quienes no votaron en las últimas elecciones (49,3 por ciento de apoyo, frente al 47,8 por ciento de quienes sí votaron).

También es significativo el mayor apoyo a la renta básica entre quienes trabajaron de alguna manera con algún partido político en los últimos doce meses (52,2 por ciento, frente al 49,2 por ciento de apoyo entre quienes no lo hicieron); entre quienes están más de acuerdo con que el Gobierno debe reducir las diferencias entre los niveles de ingreso (51,9 por ciento de apoyo, frente a sólo el 26,2 por ciento de quienes están más en contra de eso); entre quienes están menos de acuerdo en que las grandes diferencias de ingreso están justificadas para premiar el esfuerzo y el talento (61,3 por ciento de apoyo entre quienes están muy en desacuerdo con ello, frente al 41 por ciento entre quienes están muy de acuerdo); entre quienes creen que los beneficios y servicios sociales pueden evitar que se extienda la pobreza (50,7 por ciento a favor de la renta básica entre quienes están muy de acuerdo con esa idea, frente al 44,6 por ciento de apoyo entre quienes están muy en desacuerdo); o entre quienes creen que los beneficios y servicios sociales no cuestan mucho en impuestos a las empresas (52,4 por ciento de apoyo a la renta básica entre quienes están muy de acuerdo con esa idea, frente al 49,2 por ciento entre quienes están muy en desacuerdo con eso). Y, por supuesto, entre quienes están más en desacuerdo con la idea de que los beneficios sociales hacen que la gente sea más vaga (56,1 por ciento de apoyo, frente al 36,4 por ciento de quienes sí están de acuerdo con ello); entre quienes están más de acuerdo con que es muy importante que las personas sean tratadas con igualdad y que tengan igualdad de oportunidades o con que las diferencias de ingresos deben ser pequeñas en una sociedad justa.

Las posiciones a favor o en contra de la renta básica en España también están relacionadas por la condición laboral o por el tipo de ingresos. Así, recibe más apoyo entre quienes tuvieron algún período de desempleo o búsqueda de trabajo en los últimos cinco años (61,2 por ciento a favor, frente al 53,8 por ciento entre quienes no lo tuvieron); entre quienes nunca tuvieron un trabajo remunerado (60,2 por ciento a favor de la renta básica, frente al 48,8 por ciento entre quienes sí lo tuvieron); entre quienes tienen como fuente principal de ingresos en su hogar un subsidio de desempleo (59,2 por ciento a favor de la renta básica), o sueldos o salarios (50,1 por ciento); entre quienes trabajan sin contrato o con contrato temporal (56,7 por ciento de apoyo en el primer caso y 51,1 por ciento en el segundo, frente a un 46,6 por ciento de apoyo entre quienes tienen contrato indefinido); o entre quienes trabajan para negocios de su propia familia (54,9 por ciento a favor, frente al 48,5 por ciento de apoyo entre los empleados por cuenta ajena y 46,5 por ciento entre los autónomos).

También se percibe un mayor apoyo entre quienes no tienen la ciudadanía española (57,7 por ciento a favor, frente al 48,1 por ciento de apoyo entre quienes la tienen) y entre quienes no nacieron en España (61,7 por ciento a favor o muy a favor, frente al 48 por ciento entre los nacidos en España).

Finalmente, en España están más a favor de la renta básica quienes creen que es importante intentar hacer nuevas y diferentes cosas en la vida (54 por ciento de apoyo entre quienes están muy de acuerdo y sólo 41 por ciento entre quienes están menos de acuerdo con esa idea); quienes no están de acuerdo con que sea importante seguir las reglas establecidas (53,1 por ciento de apoyo a la renta básica entre quienes piensan así, frente al 45,3 por ciento entre quienes están más en desacuerdo con esa idea); o quienes consideran que es muy importante tomar las propias decisiones y ser libre (50,9 por ciento a favor o muy a favor de la renta básica, frente al 37,5 por ciento entre quienes están más en desacuerdo con eso).

Para terminar, resalta que apoyen en mayor medida la renta básica los españoles y españolas que están de acuerdo o muy de acuerdo con que los hombres tienen más derecho al empleo que las mujeres cuando escasean los puestos de trabajo (75 por ciento y 69,5 por ciento a favor, frente al 46,8 por ciento de apoyo entre quienes están en desacuerdo con ello o el 47,7 por ciento de apoyo entre quienes están muy en desacuerdo); quienes no forman parte de una creencia religiosa (56 por ciento de apoyo frente al 46,1 por ciento de entre quienes sí forman parte de alguna, destacando que sólo un 38,8 por ciento de los católicos esté a favor de la renta básica y un 5,3 por ciento muy a favor). O que quienes estaban afiliados a un sindicato en el momento de realizarse la encuesta la apoyen en menor medida (43 por ciento a favor o muy a favor de la renta básica) que quienes estuvieron afiliados en algún momento (51,9 por ciento) o no lo hayan estado nunca (49,9 por ciento).

En esta encuesta no parece que sean significativas, en relación con el mayor o menor apoyo a la renta básica, aunque seguramente sea por su tamaño, las diferencias por sexo, la mayor o menor satisfacción con la vida, con el estado de la economía, con el funcionamiento de la democracia o con los servicios de salud actuales, salvo en alguna medida el estado de la educación actual. La relación entre el acuerdo o desacuerdo con la renta básica según los niveles de estudios tampoco resulta muy significativa y, en todo caso, desborda la pretensión de este libro, que sólo ha querido servir de introducción a los planteamientos políticos, filosóficos y económicos que sustentan la propuesta de implantar una renta básica universal y a la controversia que lleva consigo.

Nuestro planeta, las sociedades con recursos sobrados en las que vivimos, no pueden seguir permitiéndose por mucho tiempo que haya millones de personas sin ingresos suficientes para vivir con dignidad. El debate, pues, ya no se puede evitar y de lo que se trata ahora es de participar en él con conocimiento, con honestidad y con generosidad, libres de ideas preestablecidas y con voluntad de acordar las decisiones políticas resultantes democráticamente. Para ello es imprescindible informarse y dialogar serenamente, con las personas cuyas opiniones compartimos y con las que no, pero también con nosotras y nosotros mismos, porque demasiadas veces somos esclavos de la inercia mental, de la comodidad y del sectarismo. Un reto bien difícil, lo sabemos, porque sigue siendo cierto lo que lamentó Albert Einstein: «¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio». Pero hay que intentarlo porque lo que está en juego es el bienestar y el buen vivir de millones de seres humanos e incluso quizá el futuro de la propia humanidad.

Esperamos que este libro contribuya a ello.

IX

Resumen, conclusiones y propuestas para un debate no sectario sobre la renta básica

1. El sistema capitalista ha traído consigo los avances sociales quizá más valiosos de toda la historia de la humanidad y un progreso nunca jamás alcanzado. Pero no es menos cierto que eso ha venido acompañado de una gran desigualdad e insatisfacción para miles de millones de personas. Casi una tercera parte de la humanidad sigue sin disponer de recursos básicos para la vida y apenas dispone de ingresos suficientes para sobrevivir. Sólo en España, uno de los países más avanzados del mundo, hay alrededor de un millón de personas sin ingresos de ningún tipo.

Esta situación estructural y los avances tecnológicos que muchos estudios aventuran que provocarán un gran aumento del desempleo en las próximas décadas y, por tanto, la carencia de ingresos, obliga a plantear fórmulas que permitan garantizar la subsistencia digna de los millones de personas que hoy día no la tienen asegurada.

2. Para hacer frente a esas situaciones, desde hace decenios se viene recurriendo a las ayudas estatales de diverso tipo, que garantizan un ingreso mínimo a las personas que por cualquier circunstancia carecen de recursos. Con diversas denominaciones, todas ellas se podrían incluir en el concepto genérico de renta básica. Pero teniendo en cuenta que sus diferentes tipos y formas de aplicarse producen efectos diversos sobre el bienestar personal y colectivo, sobre las finanzas o sobre la economía en su conjunto; es imprescindible conocer bien su diferente naturaleza y distinguir entre sus diferentes tipos o formas de implantarse.

3. Muchas encuestas e investigaciones sociales han mostrado que el término renta básica es ya ampliamente conocido no sólo en el mundo intelectual o en el de la política, sino entre la población en general.

Sin embargo, también es fácil constatar que hay bastante confusión sobre su naturaleza concreta, sobre las formas en que puede aplicarse o sobre los problemas que plantea su financiación. Esta confusión no sólo afecta a la gente corriente, como pudiera creerse, sino también a dirigentes sociales y políticos, e incluso a muchos académicos. No es difícil encontrar pronunciamientos carentes de todo fundamento sobre sus ventajas o inconvenientes o sobre los efectos que su posible implantación llevaría consigo. Desgraciadamente, las opiniones dominantes sobre la conveniencia de aplicar o no algún tipo de renta básica sólo dependen, con demasiada frecuencia, de prejuicios o de preferencias personales, legítimas pero que están muy lejos de ser juicios razonados y fundados, rigurosos y acordes con la realidad o con el conocimiento científico que haya podido alcanzarse. Sin embargo, detrás de la renta básica hay ya una abundante literatura, muchos análisis científicos y una amplia discusión intelectual y política. Por eso es irresponsable rechazarla de plano o aceptarla sin más.

4. Aunque las causas de la confusión y los prejuicios existentes sobre la renta básica pueden ser variadas, tiene mucho que ver con ello el hecho de que apenas haya habido experiencias reales suficientes para poder sacar conclusiones sobre lo que realmente ocurre cuando se implanta una renta básica. Y también que la renta básica sea un tipo de intervención pública muy diferente a las que hasta ahora se han desarrollado en todo el mundo. A diferencia de estas últimas, la renta básica es una medida compleja, cuya justificación y análisis obliga a adoptar diferentes perspectivas de análisis y a tomar en consideración puntos de vista o consideraciones de muy distinto tipo (económicas, financieras, políticas, sociales, psicológicas, éticas…).

5. Cuando se habla de renta básica es corriente referirse a figuras muy diversas y, al mismo tiempo, utilizar expresiones diferentes para denominar a la propia renta básica.

Las diferentes formas que pueden tener las ayudas encaminadas a garantizar ingresos mínimos se pueden distinguir en función de la población que tiene el derecho a recibir la renta, de la existencia o no de condiciones a la hora de recibirla, del sujeto que la recibe, de si es la misma o no para cualquier persona, de la frecuencia y de la forma con la que se percibe, de su duración, de su mayor o menor capacidad para satisfacer las necesidades, de su relación con otras prestaciones sociales, de la posibilidad de hipoteca o capitalización del ingreso percibido, o de su fuente de financiación.

Teniendo en cuenta esos criterios, se pueden distinguir las siguientes formas de garantizar ingresos mínimos o rentas básicas: la renta básica en sentido estricto, la renta básica condicionada a los ingresos de quien la recibe, la condicionada a los ingresos y al comportamiento de quien la recibe, la contributiva o de participación, el complemento a ingresos salariales por debajo de un mínimo, el impuesto negativo sobre la renta, el crédito fiscal por ingresos salariales inferiores a un mínimo determinado y el dividendo social o ciudadano.

6. La renta básica en sentido estricto que analizamos en este libro puede recibir otras denominaciones, pero se refiere siempre a un ingreso proporcionado por el Estado a cualquier persona de las que forman parte de su comunidad política, a excepción, por tanto, de residentes extranjeros temporales, como los diplomáticos o los turistas o de quien tenga limitados sus derechos ciudadanos, como los presos. Es, por tanto, una renta universal e incondicional porque se tiene derecho a percibirla sin incurrir en ningún tipo de obligación o sin asumir ninguna responsabilidad a cambio de ella. Y se recibe con independencia de que se tengan otros ingresos o se posea riqueza, sin necesidad de realizar comprobación alguna y sin que se imponga algún tipo de obligación a quien la recibe.

7. La idea de proporcionar un ingreso mínimo o renta básica a todas las personas viene de muy lejos, aunque naturalmente sin tener la precisión y el alcance de su formulación contemporánea. Desde Grecia hasta las diversas propuestas de rentas mínimas o impuestos negativos de la segunda mitad de siglo XX, pasando por las demandas de la Ilustración o de los intelectuales de diversas ideologías preocupados por combatir la injusticia y la pobreza, se han hecho un buen número de propuestas en ese sentido. Su estudio es interesante no sólo para comprobar lo antiguo de la preocupación social que la justifica, sino también para comprobar que una buena parte de los debates que plantea su posible implantación en la actualidad se daban ya hace siglos. Por ejemplo, si es justo que se aplique a una ciudadanía a costa de la carencia impuesta a otros pueblos, como ocurrió en Grecia; si esas rentas mínimas generan desincentivos o efectos perversos si son universales; hasta dónde puede llegar el esfuerzo redistributivo de unos individuos para financiar ayudas para otros; o si hay otras modalidades más efectivas para acabar con la pobreza.

8. Aunque ha habido diferentes propuestas para garantizar un determinado nivel de ingreso mínimo a toda la población para acabar con la pobreza, la propuesta de implantar una renta básica universal, en sentido estricto y con las propiedades que hemos señalado, se produce en 1984.

Inicialmente, esa propuesta se realiza con la idea de facilitar la flexibilidad en los mercados de trabajo y de sustituir el resto de ayudas sociales considerando que, entre otros efectos, de esa forma se acababa con la estigmatización que éstas producen. Con ella se pensaba que se podría permitir que todas las personas dispusieran de un ingreso básico que incrementara su poder de negociación y que les permitiría recibir ayudas sin renunciar a empleos de bajo salario, o aceptar estos últimos y poder dedicar su tiempo a otro tipo de actividades.

9. La propuesta contemporánea de renta básica que se formuló inicialmente por el Colectivo Charles Fourier se ha desarrollado con el paso del tiempo, se ha concretado su alcance y se ha avanzando extraordinariamente en su análisis para mostrar a la sociedad tanto sus ventajas como sus inconvenientes. De ahí se han derivado cuatro perspectivas o modalidades de puesta en marcha: la anarco-liberal propone que la renta básica universal sustituya completamente al Estado del Bienestar; la que podría encajarse en el liberalismo clásico se basa casi exclusivamente en plantearla como el crédito fiscal resultante de implantar un impuesto negativo; la liberal libertaria la justifica en la necesidad de basar la libertad individual en un sentido radical de justicia que no modifica las bases y el régimen de propiedad del capitalismo; y la llamada renta básica fuerte se orienta a transformar profundamente el sistema económico para avanzar hacia formas socializadas de propiedad y gestión de los recursos.

10. La renta básica contemporánea tiene detrás una amplia gama de argumentos que tratan, por un lado, de justificarla desde el punto de vista de la ética, de la política y de la economía. Y, por otro, demostrar sus ventajas respecto a otras formas de proporcionar ingresos que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas a todos los individuos y, por tanto, la libertad efectiva.

Los dos argumentos que proporcionan una argumentación más primaria de la renta básica son, por un lado, el que se basa en considerar que no es posible que los individuos gocemos de auténtica libertad si no poseemos los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades básicas.

Por otro, el que señala que una buena parte de los recursos que en cada momento utilizamos los seres humanos para producir bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades provienen de una herencia común formada por conocimientos, experiencias, habilidades... que se han acumulado a lo largo del tiempo y que, por tanto, pertenecen a todos los seres humanos y no a nadie en particular. La renta básica sería lo que permite el reparto de esa herencia histórica entre todos los individuos en un momento dado.

Para poder repartir esa herencia común a través de la renta básica, quienes la defienden proponen que se establezca algún impuesto sobre esos dones comunes (herencias, recursos naturales y otros intangibles relativos al conocimiento), pero al mismo tiempo aceptan que esa imposición sería en todo caso insuficiente para financiar la renta básica. Entonces, para poder disponer de los recursos necesarios, afirman que el trabajo se ha convertido en un bien escaso y que quien disfruta de él se está apropiando privilegiadamente de un recurso al que no tienen acceso otros muchos individuos. De ahí proponen que la renta básica se financie mediante impuestos que graven el trabajo remunerado como expresión del privilegio que supone tenerlo.

11. Adicionalmente, la renta básica se justifica porque supone no sólo ese derecho de ciudadanía a recibir la parte correspondiente del acervo o herencia común, sino, más allá de eso, porque es una fórmula ideal apara enfrentarse a la pobreza y la exclusión. Quienes la defienden afirman que sería más barata que la política social actual, pues permitiría ahorrar en los aparatos burocráticos que son necesarios para concederlas y para determinar quién puede o no recibir cada ayuda, o para controlar el uso que se hace de ellas, lo que evita el fraude o el clientelismo de los gobernantes. Además, consideran que la renta básica es auténticamente emancipadora, porque evita que quien la recibe quede estigmatizado por su condición de pobre o incluso que se dejen de percibir las ayudas porque éstas a veces ni siquiera se solicitan por muchas personas que las necesitan para evitar sentirse marcadas. Y también porque puede acabar con la llamada «trampa de la pobreza», que se produce cuando la situación de falta de recursos lleva consigo escasa información o pocas habilidades que impiden conocer las condiciones en que se puede recibir ayuda, o incluso que llevan a que se renuncie a otras fuentes de ingresos, en metálico o en especie, para no dejar de recibir una determinada ayuda social.

12. También se defiende o justifica la renta básica porque se entiende que gracias a ella se lucha contra el paro que se produce cuando hay demasiada rigidez en el mercado de trabajo. Concretamente, se cree que obligaría a que las empresas elevaran los salarios de los empleos peor retribuidos o que los automatizaran, puesto que los trabajadores los rechazarán si disfrutan de ingresos gracias a la renta básica. Y, al mismo tiempo, se estima que se crearían más empleos a tiempo parcial, porque éstos podrían ocuparse sin merma de ingresos cuando se recibe la renta básica. Y, puesto que la renta básica proporciona capacidad de pago adicional, se considera que constituiría un impulso a la demanda efectiva, que puede hacer que disminuya el desempleo que se genera cuando ésta es insuficiente y eso hace que disminuyan las ventas y las contrataciones laborales de las empresas.

Un gran parte de la defensa de la renta básica, en sus diversas concepciones, se basa en considerar que la robotización cada vez más extendida va a crear sociedades de «fin del trabajo», en las que será imposible proporcionar empleo e ingresos por esta vía a todos los individuos. Se entiende, por tanto, que sólo una renta básica universal podría ser la forma de evitar que haya decenas de millones de personas sin ingreso alguno en las sociedades más avanzadas.

13. Otra justificación de la renta básica proviene de la necesidad de hacer frente al nuevo tipo de actividades que son consustanciales a las redes sociales y a las economías en las que se pueden reproducir las mercancías sin incurrir en costes adicionales. Si eso es así, resulta que no se podrían producir a través de los mercados tradicionales, puesto que nadie estaría dispuesto a pagar un precio por algo que se puede producir sin coste alguno. Pero si esas novísimas actividades no proporcionan ingresos, tampoco habría nadie dispuesto a llevarlas a cabo. Salvo que una renta básica les proporcione los ingresos que efectivamente les permitan dedicarse a producirlas.

14. Quienes defienden la renta básica afirman que gracias a ella los grupos más desfavorecidos adquirirían mayor poder de negociación para lograr nuevos y más avanzados derechos. En particular, entienden que eso ocurriría con los trabajadores frente al capital y, sobre todo, con las mujeres fuera y en el interior del hogar. Estas últimas podrían tener más fácil acceso a empleos a tiempo parcial o enfrentarse con más autonomía personal y financiera a la dominación patriarcal en el seno de las familias.

15. La defensa y justificación de la renta básica también se basa en mostrar que tiene más ventajas que otras modalidades de rentas garantizadas. Se considera que, al proporcionarse en efectivo, da más libertad y que es menos costosa que las ayudas en especie; que es menos costosa y más eficaz que las ayudas que necesitan generar un sistema de control y de seguimiento de las ayudas; que es más útil para luchar contra la pobreza que las dotaciones de renta que se perciben de una sola vez porque éstas deben invertirse y pueden perderse, y porque no contemplan que a lo largo de la vida puede haber momentos muy diferentes que precisen ayuda y que quizá no la puedan tener si ésta no se proporciona hasta que no llegue un determinado momento. También se considera superior a los créditos salariales, porque éstos sólo pueden recibirlos las personas empleadas, dejando fuera a las desempleadas. E igualmente se considera que tiene más ventajas que el impuesto negativo, porque sería menos costosa y, sobre todo, porque éste sólo proporciona la ayuda al liquidarse y no desde el primer momento, que es cuando la necesitan los individuos más desfavorecidos.

16. La financiación de la renta básica es posiblemente el asunto más polémico a la hora de debatir su implantación, y no siempre se plantea con objetividad y buen hacer.

La renta básica universal puede financiarse a través de diferentes fuentes: impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre el consumo, sobre las rentas del capital, sobre el capital en general, sobre el capital inmobiliario en grandes urbes, sobre el conjunto de la riqueza o patrimonio, sobre las transacciones financieras o mediante diversos instrumentos de fiscalidad ecológica. También mediante expansión monetaria, creando dinero, y, por supuesto, ahorrando gasto sustituyendo otras partidas de gasto social al implantarla. Y, por supuesto, combinando una o varias de esas fuentes.

17. Con mucha frecuencia se presentan cifras relativas a lo que costaría poner en marcha la renta básica sencillamente disparatadas o mal calculadas, a veces incluso por economistas de instituciones muy poderosas, supuestamente bien informados, lo que da idea de que el debate sobre la renta básica, como tantos otros temas de política económica y social, está a menudo contaminado por intereses o prejuicios que no tienen mucho que ver con el estricto análisis científico de la realidad.

18. Para calcular correctamente el coste de la renta básica, en primer lugar hay que estimar su coste bruto, que es el resultado de multiplicar la cuantía de la renta que percibiría cada persona, previamente determinada, por el número de personas que la van a recibir. Pero de este coste, que es el que se suele presentar cuando se quiere dar una idea desfigurada del coste total, hay que deducir el ahorro que se podría conseguir sustituyendo otras prestaciones al implantar una renta básica y el que podría obtenerse según la fuente de financiación a la que se recurriera. Si se financia a través del impuesto sobre la renta, el ahorro se produce porque un gran porcentaje de quienes reciban la renta básica la van a devolver a través de este impuesto; y si se financiase a través de la expansión monetaria o mediante la puesta en circulación de una moneda complementaria, habría que tener en cuenta que la creación de dinero ex novo, de la nada, no implica costes (salvo los que mencionamos más adelante).

Una vez calculado el coste neto de la renta básica, habría que considerar también el coste o beneficio monetario de los efectos colaterales que acarree su implantación. Por ejemplo, el incremento o pérdida de recaudación que pueda ocasionar si genera más actividad o si la destruye; el coste o beneficio de la pérdida o ganancia de empleo y productividad que genere; el coste de la inflación que pueda producir y sus consecuencias sobre la renta real; o la disminución de gastos sanitarios o el aumento de los educativos que implique, entre otros. Un cálculo riguroso del coste de una renta básica universal tendría que contabilizar también otros costes o beneficios no monetarios que pudiera conllevar su puesta en marcha, por ejemplo, en términos de bienestar o de incremento de actividades que dan valor a la vida, aunque no se traduzcan en ganancia monetaria; o las ganancias derivadas de la sostenibilidad que ayude a conseguir; o de la mayor igualdad a que pueda dar lugar, entre otros.

19. La determinación del coste de poner en marcha una renta básica de manera rigurosa no es sencilla, porque implica establecer hipótesis de comportamiento o simular escenarios futuros sobre los que no siempre están de acuerdo todas las corrientes de análisis. De ahí que, para que la evaluación de su coste real sea rigurosa y honesta, debiera hacerse un esfuerzo de puesta en común de los análisis, quizá confiando en organismos o grupos de análisis auténticamente independientes de los poderes económicos o de los intereses políticos particulares.

20. Desde que se propuso en su formulación contemporánea, la idea de implantar una renta básica universal ha recibido multitud de críticas que tratan de mostrar sus debilidades o los efectos contraproducentes sobre la economía y la sociedad.

Desde un punto de vista filosófico o ético, la renta básica recibe críticas desde todos los puntos de vista: por un lado, se afirma que representa un atentado a la libertad individual (como cualquier otra medida de política social), puesto que requiere intervenciones redistributivas por parte del gobierno que, en opinión del pensamiento ultraliberal, se califican como un expolio. Y, por otro, se critica que renuncie a recabar de todos los individuos algún tipo de contribución a la riqueza o la vida social para poder beneficiarse del esfuerzo que otros sí realizan para poder generar los recursos de donde sale la renta básica.

Por otro lado, se la critica afirmando que la renta básica no es en realidad una propuesta que se pueda considerar progresista, sino que se incardina en la filosofía individualista que generalizó la revolución conservadora de los años ochenta, que trajo consigo la hegemonía del neoliberalismo en casi todo el planeta. En opinión de quienes sostienen esta crítica, la renta básica no es sino la sustitución de la decisión y gestión colectiva y desmercantilizada de las políticas sociales típicas del Estado del Bienestar por una estrategia de búsqueda (individual) del bienestar personal.

21. Desde el punto de vista económico, se pone en cuestión que la renta básica sea una auténtica renta, sino el resultado de redistribuir las que se han generado anteriormente y que, por tanto, no es exactamente universal, porque desde el mismo momento en que se proporciona a todos ya hay algunos individuos que pierden renta para poder financiarla. De este modo, se dice que su universalidad no es en realidad sino una ficción y que no es la renta básica, sino la acción redistributiva la que permite reducir la pobreza o avanzar hacia la justicia y la igualdad.

22. Lógicamente, una gran parte de la crítica de la renta básica se ha orientado a cuestionar las ventajas o virtudes que le atribuyen quienes la defienden.

Concretamente, se señala que quizá puede servir para combatir la pobreza absoluta, pero que es ineficaz para combatir la relativa. O incluso que apenas hace nada en el primer caso, porque la pobreza es un fenómeno multidimensional y de causas estructurales y complejas que es imposible combatir proporcionando una cantidad (para colmo limitada) de dinero en metálico.

23. También se critica que la renta básica se basa en una concepción equivocada del trabajo, como algo que sólo implica insatisfacción, explotación o sufrimiento humano, cuando tiene, en realidad, una doble naturaleza, pues, además de esos posibles aspectos negativos, también es una fuente de realización personal que crea vínculos de solidaridad, de cooperación y de satisfacción en sentidos muy diversos y enriquecedores para la inmensa mayoría de las personas.

24. Una crítica especialmente relevante que se hace a la renta básica tiene que ver con sus efectos sobre el mercado de trabajo.

Por un lado, se critica que se base en propiciar la creación de empleos de baja calidad en lugar de mejorar las condiciones generales de la economía que permitieran que hubiese más demanda de trabajo por parte de las empresas. Por otro, se advierte que el efecto de salida del mercado de trabajo que puede producir puede tener efectos muy negativos y aumentar el desempleo. Además, no sólo se critica que se dé por bueno el supuesto de que nuestras sociedades vayan a un escenario de fin de trabajo, sino que se señala que, incluso de ser así, habría formas más efectivas y satisfactorias para hacer frente a ese proceso. Concretamente, se considera que la experiencia histórica demuestra que las oleadas de innovación tecnológica e incremento de la productividad no tienen por qué generar destrucción general de empleo si se aplican políticas económicas apropiadas.

25. Otras críticas a la renta básica señalan que su posible implantación podría llevar consigo efectos macroeconómicos también negativos en determinadas circunstancias. Así, podría producir inflación si no se dispone de capacidad suficiente para aumentar continuamente la oferta de bienes y servicios. O también una escasez de ahorro que afectara a la inversión.

Y se señala también que su implementación no garantiza por sí misma el estímulo de nuevas formas de producir o consumir, sino que, por el contrario, incluso podría reforzar los esquemas consumistas propios de nuestra civilización del crecimiento de la cultura del más.

26. Una crítica a la renta básica que ha sido especialmente polémica y controvertida es la que tiene que ver con sus efectos sobre la desigual situación en la que se encuentran las mujeres y los hombres en nuestra sociedad.

Quienes la defienden señalan, como se ha dicho, que la renta básica concede autonomía y empoderamiento a las mujeres y que facilita su entrada en el empleo remunerado. Pero las críticas señalan que nada de eso está garantizado y que lo que más bien se puede producir es que las mujeres, históricamente confinadas al ámbito doméstico, tengan con la renta básica todavía más incentivo para quedar sometidas a esa división patriarcal del trabajo. O que, en lugar de liberar a las mujeres permitiendo que se incorporen en mayor medida al mercado de trabajo, lo que ocurra es que se feminicen casa vez más los empleos de peor calidad y de bajo salario.

27. Otras críticas señalan que la renta básica, lejos de constituir un suelo a partir del cual se puede lograr una mayor igualdad, puede consagrar una trágica división social entre quienes simplemente van a disfrutar del menguado ingreso de la renta básica y entre quienes podrán alcanzar el privilegio de disponer de otros recursos y medios, no sólo de vida, sino de control social y de poder.

28. Finalmente, se ha criticado que el coste real de la renta básica es bastante más elevado que el que calculan quienes la defienden. Por un lado, porque su financiación se hace descansar muy desigualmente sobre las rentas del trabajo (si se financia con el impuesto sobre la renta), porque no se tienen en cuenta los costes explícitos e implícitos del efecto salida del mercado de trabajo que sin duda tiene la implantación de una renta básica, y porque se minusvaloran las pérdidas de ingreso que llevarían consigo esto último o las necesarias reformas fiscales que habría que hacer para financiarla.

29. El problema principal que plantea el debate sobre las ventajas o virtudes de la renta básica y de sus defectos o inconvenientes es que no hay experiencias históricas que permitan conocer qué sucede en realidad cuando se aplica.

Los razonamientos de quienes la defienden o critican sólo se pueden basar en el establecimiento de determinadas hipótesis de por sí discutibles, en modelos econométricos de alcance científico limitado o en el análisis de experimentos cuyos resultados, por ser experimentos y por su alcance e impacto reducidos, no pueden extrapolarse al conjunto de la sociedad.

Aquí radica el gran reto que plantea la propuesta de la renta básica en nuestro tiempo.

Por un lado, la necesidad de garantizar un ingreso digno para todos los individuos parece una exigencia cada día más asumida por personas de todas las clases sociales e ideologías, sobre todo cuando nuestro sistema económico, dejado a su libre albedrío, no es capaz de proporcionar medios de vida decentes y suficientes a toda la población. Así parecen demostrarlo la inmensa mayoría de las encuestas y estudios de opinión que se han realizado en los últimos años.

Por otro, las posibles fórmulas para darle solución a esa insatisfacción injusta, e incluso indeseable por ineficiente desde el punto de vista económico, son muy variadas. Y lo que es peor o más complicado, sus diferencias no son solamente objetivas.

30. Si se pudiera determinar científicamente que un crédito fiscal o salarial es mejor que una renta básica universal, o que ésta es mejor o peor que un impuesto negativo o que una renta condicionada, cabría tener la esperanza de que pudiera llegarse a un acuerdo universal sobre la política social y sobre la renta básica en particular. Pero eso nunca podrá ocurrir.

Las diferentes fórmulas de garantizar algún tipo de ingreso mínimo a quien no dispone de él, o de establecer un suelo que proporcione un punto de partida más o menos semejante a todos los individuos, no es algo que se pueda determinar científicamente, es decir, objetivamente y, por tanto, pudiéndose llegar a alguna conclusión inapelable sobre su conveniencia o consecuencias.

Ocurre todo lo contrario. Todas esas posibles formas de atajar el problema de la injusta carencia de ingresos para satisfacer la necesidades básicas de una parte de la población se distinguen no sólo por generar efectos más o menos objetivos que se podrían tomar en consideración técnicamente y sólo a la luz de los hechos, sino también, y sobre todo, porque se basan en unas determinadas preferencias éticas o ideológicas o simplemente en un interés particular legítimo. De eso resulta, en consecuencia, que la mayoría de sus ventajas o inconvenientes, e incluso de sus consecuencias, no se pueden objetivar.

31. La conclusión de todo ello es que, por un lado, parece cada día más evidente que es imprescindible recurrir a algún tipo de modalidad de garantía de ingreso, pero que la determinación de la más adecuada sólo puede venir de un juicio colectivo basado en la preferencia social. Y para que esto pueda dilucidarse de la forma más ampliamente satisfactoria, lo que resulta imprescindible es que exista una auténtica posibilidad de debatir y resolver democráticamente la diversidad de preferencias.

Aunque, al mismo tiempo, parece también evidente que para que lo anterior pueda proporcionar resultados satisfactorios y no inviables o indeseables, sería necesario, por no decir que imprescindible, que esa preferencia se pueda formar mediante la deliberación y el conocimiento transparente de la naturaleza de la renta básica y de las demás fórmulas de que todos los individuos disfruten de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, de lo que se puede conseguir con cada una de ella y de los efectos que tiene cada modalidad. Es muy posible que eso no pueda depender solamente de la voluntad individual de las personas, sino que sea preciso que nuestras sociedades complejas se doten de un nuevo tipo de instituciones que faciliten la deliberación y la toma de decisiones por parte de la ciudadanía de manera auténticamente democrática y libre.

Bibliografía citada

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Notas

[1]. <https://bit.ly/2K3WTpJ>.

[2]. Fundación Telefónica, 50 estrategias para 2050. El trabajo y la revolución digital en España, 2018. <https://bit.ly/2JaCnRe>.

[3]. <https://bit.ly/2tlneFE>.

[4]. <http://basicincome.org>.

[5]. <http://basicincome.org/congresses/>.

[6]. BIEN, The Big bibliography. <https://bit.ly/2JRBgcW>.

[7]. Parisj, Philippe van y Yannick Vanderborght, Ingreso básico, Fondo de Cultura Económica, México, 2017, p. 415.

[8]. Ver <http://www.sinpermiso.info>.

[9]. Widerquist, Karl, José A. Noguera, Yannick Vanderborght, y Jurgen de Wispelaere, Basic Income. An anthology of contemporary research, Wiley Blackwell, Oxford, 2013.

[10]. El Huffington Post, 22 de enero de 2017. <https://bit.ly/2yksWe3>.

[11]. «Así pues, queda claro, en virtud de todo esto, que nosotros no intentamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que, al contrario, juzgamos que algo es bueno porque lo intentamos, queremos, apetecemos y deseamos». Spinoza, Baruch de, Ética demostrada según el orden geométrico, Orbis, Madrid, 1980. p. 132.

[12]. Entre otras, asignación básica ciudadana, asignación universal, asignación universal incondicional, dividendo social, garantía universal de subsistencia, ingreso básico universal, ingreso ciudadano, ingreso de subsistencia incondicional, ingreso mínimo, ingreso mínimo garantizado, ingreso universal, ingreso social, mínimo vital, paga universal, renta activa, renta base, renta básica de los iguales, renta básica universal, renta ciudadana, renta de ciudadanía, renta económica básica incondicional, renta garantizada de ciudadanía, renta incondicional garantizada, renta individual universal, renta mínima, renta social, renta universal garantizada, salario ciudadano, salario de ciudadanía, salario social, subsidio ciudadano, subsidio universal garantizado, subsidio universal incondicional, sueldo base incondicional, transferencia universal...

[13]. Atkinson, Anthony B., Desigualdad: ¿Qué podemos hacer?, Fondo de Cultura Económica, México, 2016.

[14]. Partido Popular, Seguir avanzando. 2016-2020. Programa electoral para las elecciones generales de 2015. <https://bit.ly/2eXxdaM>.

[15]. «El PP quiere que Ciudadanos apoye la renta básica», ABC de Sevilla, 29 de septiembre de 2016. <https://bit.ly/2ILV6lg>.

[16]. «El PP asegura que con la ley de renta básica de Extremadura se deja atrás la política de caridad del PSOE», El Periódico de Extremadura, 22 de abril de 2014. <https://bit.ly/2IIxRN3>.

[17]. PSOE, Propuestas de Política Social 2016. <https://bit.ly/2B6o8r7>.

[18]. Unidos Podemos, Programa electoral 2016. <https://lasonrisadeunpais.es/programa/>.

[19]. Ciudadanos, 350 Soluciones para cambiar España a mejor, 2016. <https://www.ciudadanos-cs.org/nuestro-proyecto>.

[20]. Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, Congreso de los Diputados. <https://bit.ly/2kqBOHV>.

[21]. Algunos de los artículos de la Constitución española que podrían justificar la implantación de algún tipo de renta básica son los siguientes: el 15 que establece que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral», algo que evidentemente puede estar en peligro si se carece de recursos suficientes para garantizar las necesidades básicas; el 35.1 que dice que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho […] a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia»; el artículo 9.2 que afirma que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas»; o el 41, que señala que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo».

[22]. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica un informe sobre este tipo de rentas, aunque su última edición se refiere a 2015, y la mayoría de sus datos e incluso conceptos en algunas comunidades han quedado obsoletos. Vid.: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Informe de rentas mínimas de inserción, año 2015. <https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/InformeRMI2015.pdf>.

[23]. Plutarco, Vidas paralelas, tomo III, edición digital, p. 5. <https://bit.ly/2H1FXuo>. En desagravio de este comentario de Plutarco sobre Arístides hay que señalar que en el mismo texto narra una anécdota, ocurrida justo en el momento en que se votaba para condenarlo o no al ostracismo, que muestra la honradez que siempre caracterizó al militar y político ateniense: «Estaban en esta operación de escribir las conchas, cuando se dice que un hombre del campo, que no sabía escribir, dio la concha a Arístides, a quien casualmente tenía a mano, y le encargó que escribiese Arístides; y como éste se sorprendiese y le preguntase si le había hecho algún agravio: "Ninguno —respondió—, ni siquiera lo conozco, sino que ya estoy fastidiado de oír continuamente que le llaman el justo"; y que Arístides, oído esto, nada le contestó, y escribiendo su nombre en la concha, se la volvió» (p. 13).

[24]. Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, traducción de Francisco Rodríguez Adrados, Ed. Hernando, Madrid, 1987, pp. 34-46.

[25]. Rodríguez Adrados, Francisco, Pericles y la democracia de su época, Estudios clásicos, tomo 6, n.° 35, 1962, p. 363.

[26]. Ibídem, p. 367.

[27]. Ibídem, p. 365.

[28]. Bengtson, Hermann, Historia de Grecia, Gredos, Madrid, 1986, p. 146.

[29]. Rodríguez Adrados, Francisco, Pericles… ob. cit., pp. 366-367.

[30]. Ibídem, p. 369.

[31]. «La democracia ateniense era imperialista no por accidente, sino por esencia; su principal objetivo era asegurar una vida decente a los ciudadanos, incluso a los más desfavorecidos, y para ello necesitaba disponer de grandes recursos que sólo le podía proporcionar un imperio». F. J. Gómez Espelosín, Introducción a la Grecia antigua, Alianza Editorial, Madrid, 1998. p. 203.

[32]. Moro, Tomás, Utopía, edición digital: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/300883.pdf>, p. 31.

[33]. Ibídem, p. 23.

[34]. Ibídem, p. 24.

[35]. Ibídem, p. 75.

[36]. Moro, Tomás, Utopía, ob. cit., p. 7.

[37]. Por si eso fuese poco, los inquisidores desenterraron tres años después el cuerpo de su madre para quemarlo también.

[38]. Vives, Luis, Sobre el socorro de los pobres o sobre las necesidades humanas. Imprenta de Benito Monfort, Valencia, 1781, p. 170. Editado digitalmente: <https://bit.ly/2xuUJKT> y <https://bit.ly/2Jg1cOq>.

[39]. «Si ya es de provecta edad, o de ingenio demasiado rudo, enséñesele oficio mas fácil. […] Los que malgastaron su hacienda con modos feos y torpes, como en el juego, rameras, amancebamientos, luxo o gula, se han de alimentar con precisión, porque a ninguno se ha de matar de hambre; pero a éstos mándenseles trabajos mas molestos […]. Ni a los ciegos se les ha de permitir o andar ociosos; hay muchas cosas en que pueden exercitarse […]. A los enfermos y a los viejos dénseles también cosas fáciles de trabajar según su edad». Ibídem, pp. 172 y ss.

[40]. La ayuda no se debe dar «antes que se necesite, sino antes que esa necesidad estreche, antes que obligue a una torpeza o maldad, antes que encienda el rostro del necesitado la vergüenza y rubor de pedirlo». Ibídem, p. 145.

[41]. Ibídem, p. 100.

[42]. «¿Dime ahora tú que te has alzado con algo o con mucho, si eres más hijo de la naturaleza que yo? Si no lo eres, ¿por qué me excluyes como si fueras tú hijo legítimo de la naturaleza y yo un bastardo? Pero respondes: yo empleé mi trabajo y mi industria; no me impiden el poseer, que yo haré lo mismo: luego hacemos propio por nuestra malignidad lo que la liberal naturaleza hizo común a todos; lo que ésta puso a la vista y disposición de todos, nosotros lo apartamos, escondemos, cerramos, lo defendemos de otros, y los apartamos de ello con los postes, paredes, cerraduras, hierro, armas, y en fin con las leyes, y así nuestra avaricia y malignidad ha inducido carestía y hambre en la abundancia de la naturaleza y pone pobreza en las riquezas de Dios». Ibídem, p. 101.

[43]. <https://basicincome.org/basic-income/history/>.

[44]. Klein, Elise, Towards an historical account of Universal Basic Income, en Can less work more fair? A discussion paper on Universal Basic Income and shorter working week, The Green Institute, 2016, p. 24. <https://bit.ly/2suybEq>.

[45]. Una pensión de capitalización es la que se recibe, una vez que se alcanza la edad de la jubilación, como resultado de haber ido obteniendo beneficios (capitalizando) el ahorro generado a lo largo de la vida laboral.

[46]. Condorcet, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, Editora Nacional, Madrid, 1980, p. 231.

[47]. Paine, Thomas, Agrarian Justice, 1795. Edición digital de <http://www.grundskyld.dk>, <https://bit.ly/2L8FNnI>, p. 8. El libro llevaba como subtítulo Opuesto a la ley agraria y al monopolio agrario: un plan para mejorar las condiciones del hombre.

[48]. Ibídem, p. 10.

[49]. Ibídem, p. 15.

[50]. Se puede encontrar una exhaustiva presentación de esta literatura en Pohl, Nicole, Utopianism after More: The Renaissance and Enlightenment, en G. Claeys (Ed.), The Cambridge Companion to Utopian Literature (Cambridge Companions to Literature, pp. 51-78), Cambridge University Press, Cambridge, 2010. <https://bit.ly/2BG3mTE>.

[51]. El término socialismo utópico fue acuñado por Fiedrich Engels para referirse a la corriente de pensamiento que defendió la superación del capitalismo con anterioridad a su obra y a la de Carlos Marx. En ella se suele incluir a pensadores como Henri de Saint-Simon, Louis Blanc o Pierre-Joseph Proudhon, además de los citados Robert Owen o Charles Fourier.

[52]. Cit. en Marangos, John, «Contrasting primitive conceptions of Basic Income Guarantee», International Journal of Environment, Workplace and Employment (IJEWE), 2, 1 (2006), p. 11.

[53]. Ibídem, p.12

[54]. Ibídem, p. 11. El título completo del panfleto de Thomas Spence es Los derechos de los infantes o el derecho imprescriptible de las madres a una parte de los elementos que sea suficiente para permitirles amamantar y criar a sus hijos.

[55]. Fourier, Charles, El falansterio, edición digital, p. 66. <https://bit.ly/2LNKiVW>.

[56]. Ibídem, p. 68.

[57]. Cunliffe, John, y Guido Erreygers, «The Enigmatic Legacy of Charles Fourier: Joseph Charlier and Basic Income». History of Political Economy, 33, 3 (2001), pp. 459-484.

[58]. Las llamadas «leyes de pobres» son el conjunto de normas establecidas en Inglaterra y Gales, algunas desde el primer tercio del siglo XIV, destinadas a evitar la mendicidad y el vagabundeo. En 1601, Isabel I dictó la que se considera como la primera ley de pobres, en la que se establecían los métodos que debían seguirse para ayudar a los indigentes, el tipo de ayudas y la fuente de financiación. Fueron muy discutidas por su elevado coste y porque se extendió la opinión de que las ayudas contribuían a que aumentara el número de personas que prefería recurrir a ella en lugar de trabajar o encontrar medios de vida por su propia cuenta.

[59]. Malthus, Robert, Primer ensayo sobre la población, Alianza Editorial, Madrid, 1970, p. 156 y ss.

[60]. Cit. en López, Fernando, «Pauperismo y cuestión obrera en la España del siglo XIX: entre la "economía de la salvación" y el riesgo de fractura social». Iberian Journal of the History of Economic Thought, 5, 1 (2018), p. 60. <https://bit.ly/2yigb6o>. Sobre este tema, López, Fernando, «El buen samaritano no sabía economía política: de la primera ley de beneficencia al intervencionismo científico (1822-1920)», Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 4 (2010), pp. 21-45. <https://bit.ly/2QSWwyj>.

[61]. Ricardo advirtió en alguna ocasión de los «grandes males» que se derivaban de que las leyes de pobres inculcaran en los pobres la idea de que tenían derecho a la ayuda y que únicamente las aceptaría si se dedicaran a socorrer «sólo a los ancianos y a los enfermos y, en determinadas ocasiones, a los niños». Citado en Blaug, Mark, Teoría económica de Ricardo, Editorial Ayuso, Madrid, 1973, p. 325.

[62]. Thatcher, Margaret, Interview for Catholic Herald, 5 de diciembre de 1978. <https://bit.ly/2EmwrGm>.

[63]. Luxemburgo, Rosa, La socialización de la sociedad. Traducción al español del artículo publicado en diciembre de 1918 en <https://bit.ly/2llVOvM>.

[64]. Russell, Bertrand, Caminos de libertad, Tecnos, Madrid, 2003, p. 99.

[65]. Walras, Léon, «Teoría de la propiedad», Revista de Economía Institucional, 10, 18 (primer semestre de 2008), p. 359. <https://bit.ly/2NH188H>.

[66]. Meade, James, Agathotopia: The Economics of Partnership, Aberdeen University Press, Aberdeen,1989.

[67]. Lange, Oskar, Sobre la teoría económica del socialismo, Ariel, Barcelona, 1973, p. 46.

[68]. Ibídem., p. 48.

[69]. Hayek, Friedrich, Caminos de servidumbre, Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 158.

[70]. Ibídem, p. 165.

[71]. Se conoce así al informe presentado en 1942 al Parlamento británico por William Beveridge con el título Informe al Parlamento acerca de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan. En él se proponía que todos los ciudadanos en edad laboral constribuyesen con diversas tasas a la financiación de un sistema nacional de ayudas para casos de enfermedad o accidentes, desempleo o jubilación, entre otras, y por esa razón está considerado como el punto de partida de los modernos sistemas de seguridad social.

[72]. Se conoce como New Deal («nuevo trato») a la política de grandes intervenciones públicas puesta en marcha por el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt entre 1933 y 1938, que se centró en apoyar a las clases trabajadoras y pobres con el fin de que su consumo impulsara la economía. Para ello apoyó a los sindicatos, frenó el poder de las grandes empresas y bancos, y se promulgaron un buen número de leyes que establecieron nuevos derechos sociales y laborales.

[73]. Rodríguez, José Carlos, El «impuesto negativo», Instituto Juan de Mariana Actualidad, 11 de abril de 2014. <https://bit.ly/2yMvn8T>.

[74]. El texto completo del memorándum puede verse en la página web dedicada a presentar las aportaciones de Linus Pauling al movimiento por la paz. <https://bit.ly/2sHtSFB>.

[75]. Encontrarás una interesante revisión de lo que supuso ese documento desde entonces hasta la actualidad en Gulotta, Lawrence, The Triple Revolution Revisited (1964-2012), 10 de septiembre de 2012. <https://bit.ly/2kLQ0Ls>.

[76]. «A Statement by economist on income guarantees and supplements», en Sreenivasan, Jyotsna, Poverty and Government in America: A Historical Encyclopedia, vol. I, Greenwood Publishing Group, ABC-CLIO, 2009, p. 269.

[77]. Polanyi, Karl, La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1989, p. 138.

[78]. Ibídem, pp. 139 y 141.

[79]. Un análisis de las críticas de Anderson y otros autores a la propuesta original de Nixon en el capítulo 4 («La extraña historia del presidente Nixon y su ley de renta básica») en Bregman, Rutger, Utopía para realistas, Ediciones Salamandra, Barcelona, 2016, pp. 77-97. Las críticas a las interpretaciones tradicionales sobre la perversidad de la Ley de Speenhamland son abundantes. Se puede encontrar una amplia recopilación de todas ellas en el capítulo 5 («In the Shadow of Speenhamland: Social Policy and the Old Poor law») de Block, Fred y Margaret R. Somers, The Power of Market Fundamentalism, Harvard University Press, Cambridge, MM, 2014, pp. 114-150. Existe una versión en español más reducida en Aguirre, Julio y Rubén Lo Vuol, «El sistema de Speenhamland, el Ingreso Ciudadano y la "retórica de la reacción"», Revista de Historia de América, 143 (2010), p. 117-143. <https://bit.ly/2JW2TRD>.

[80]. Ibídem, pp. 139 y 140.

[81]. Ibídem, p. 136.

[82]. Jordan, Bill, Paupers. The Making of the New Claiming Class, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1973, p. 14.

[83]. Stoffaës, Christian, Rapport du groupe d'etude de l'impot négatif, Commissariat du Plan, París, 1974.

[84]. Stoléru, Lionel, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Flammarion, París, 1974, p. 242.

[85]. Ibídem, p. 206.

[86]. Foucault, Michel, Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979), Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 243.

[87]. Ibídem, p. 245.

[88]. Ibídem.

[89]. Ibídem.

[90]. Ibídem, p. 246.

[91]. Ibídem, p. 247.

[92]. Ibídem, p. 248.

[93]. Ibídem, p. 248.

[94]. En realidad, no a toda la población, porque las mujeres habían permanecido en su mayor proporción recluidas en el trabajo doméstico no retribuido.

[95]. El análisis de este epígrafe resume lo expuesto con detalle y con mención de las fuentes de los datos que se mencionan en Torres, Juan, Desigualdad y crisis económica, Sistema, Madrid, 2000; y Torres, Juan, El capitalismo en crisis: del crac de 1929 a la actualidad, Anaya, Madrid, 2015.

[96]. Armstrong, Philip, Andrew Glyn, y John Harrison, Capitalism since 1945, Basil Blacwell, Oxford, 1991, p. 248.

[97]. Los datos anteriores y otros que muestran el «largo período de fracaso de la política económica» del neoliberalismo en materia de bienestar social se encuentran en: Weisbrot, Mark, y Rebecca Ray, The Scorecard on Development, 1960-2010: Closing the Gap, Center for Economic and Policy Research, Washington. <https://bit.ly/2LEAxfv>.

[98]. Ogden, Chris, Maggie: An intimate portrait of a woman in power, Simon & Schuster, Nueva York, 1990, p. 173.

[99]. Thatcher, Margaret, Interview for Woman's Own ("no such thing as society"), Margaret Thatcher Foundation. <https://bit.ly/1I3jQPn>.

[100]. Boltansk, Luc, y Eve Chiapello, The New spirit of capitalism, Verso. Londres, 2005.

[101]. Groot, Loek, y Robert van der Veen, «Clues and leads in the debate on basic income in The Netherlands», en Groot, Loek, y Robert van der Veen (Ed.), Basic Income on the Agenda. Policy Objectives and Political Chances, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000, p. 200.

[102]. Este texto fue publicado por primera vez en octubre de 1984 por la fundación que lo premió. Las referencias para este libro se han tomado de su reimpresión del año siguiente: Collectif Charles Fourier, «L'allocation universelle», La Revue Nouvelle, 4 (1985). <https://bit.ly/2CfzJZg>.

[103]. Ibídem, p. 351.

[104]. Ibídem, p. 345.

[105]. Todas estas expresiones se encuentran en los diferentes textos aparecidos en la misma revista en que se publicó el texto original del Colectivo Charles Fourier: La Revue Nouvelle, 4 (1985). <http://www.revuenouvelle.be/Le-debat-2935>.

[106]. Murray, Charles, In Our Hands: A Plan To Replace The Welfare State, American Enterprise Institute, Washington, 2006.

[107]. Información detallada de su propuesta en <https://bit.ly/2yloWdb>.

[108]. Parijs, Philippe van, y Robert J. van der Veen, «Una vía capitalista al comunismo», Zona Abierta, 46-47 (1988), pp. 19-46.

[109]. Iglesias, José, «Renta Básica: el modelo fuerte como instrumento de transformación social», El Vuelo de Ícaro: Revista de Derechos Humanos, Crítica Política y Análisis de la Economía, 2-3 (2002), pp. 35-68. Artículo sin paginar consultado en <https://bit.ly/2ExmYwa>.

[110]. Van Parijs, Philippe, «Una Renta Básica para todos: asegurar la libertad real, otorgando a todos un ingreso de subsistencia», Persona & Sociedad, XXXI, 2 (2017), p. 207.

[111]. Rawls, John, La justicia como equidad. Una reformulación, Paidós, Barcelona, 2002, p. 73.

[112]. Ibídem, p. 73.

[113]. Rawls, John, Distributive justice, en Collected Papers, Harvard Univesity Press, Cambridge (Mass.), 1967, p. 41.

[114]. Parisj, Philippe van, y Yannick Vanderborght, ob. cit., p. 144.

[115]. Ibídem, p. 145.

[116]. Simon, Herbert, «Universal Basic Income and the Flat Tax», en Widerquist, Karl y otros, Basic Income. An anthology, ob. cit., p. 241.

[117]. Sowell, Thomas, The Quest for Cosmic Justice, Simon & Schuster, Touchstone, 2002, p. 31.

[118]. Ésa era la expresión del Colectivo Charles Fourier en su texto original, ob. cit., p. 345.

[119]. Standing, Guy, «Meshing Labour Flexibility with Security: An Answer to British Unemployment?», International Labour Review, 125, 1 (1986), p. 87.

[120]. Nooteboom, Bart, «Basic Income as a basis for small business», en Widerquist, Karl y otros, Basic Income. An anthology, ob. cit., p. 210.

[121]. Frey, Carl Benedikt, y Michael A. Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, 17 de septiembre de 2013. <https://bit.ly/2htpskc>.

[122]. Bowles, Jeremy, The computerisation of European jobs. <https://bit.ly/29TL30e>.

[123]. Varios autores, Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages, Report McKinsey Global Institute, noviembre de 2017. <https://mck.co/2J5pBqO>.

[124]. Goodin, Robert E., «A post-productivist Welfare Regime», en Widerquist, Karl y otros, Basic Income…, ob. cit., p. 283.

[125]. Ibídem, p. 286.

[126]. Robeyns, Ingrid, «A gender analysis of Basic Income», en Widerquist, Karl y otros, Basic Income…, ob. cit., p. 153.

[127]. Tena-Sánchez, Jordi, y José A. Noguera, «Renta básica e incentivos laborales: una aproximación desde la teoría de juegos», Revista de Ciencia Política, 36, 2 (2016), p. 578. <https://bit.ly/2vEOKQ6>.

[128]. «No puede esperarse que el pleno empleo se consolide como una situación permanente en las economías capitalistas. En el pleno empleo, el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría, y la seguridad en sí misma y la conciencia de la clase trabajadora aumentarían... Es cierto que las ganancias serían mayores bajo un régimen de pleno empleo... Pero los dirigentes empresariales aprecian más la "disciplina en las fábricas" y la "estabilidad política" que los beneficios». Kalecki, Michel, «Aspectos políticos del pleno empleo», en Hunt, Emery Kay, y Jesse G. Schwartz (eds.), Crítica de la Teoría Económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1977, p. 405.

[129]. Parisj, Philippe van, y Yannick Vanderborght, Ingreso básico, ob. cit., p. 52 y ss.

[130]. Los economistas suelen incluir dentro del término tierra, como factor productivo, el conjunto de los recursos naturales. Por tanto, podríamos utilizar indistintamente ambos términos para referirnos a un mismo factor productivo.

[131]. Es cierto que esa retribución en función de la contribución del factor no se puede establecer en la vida real con carácter objetivo. Dependerá, efectivamente, de elementos objetivos, como la productividad, la cualificación, la dificultad…, pero también de otros que lo son mucho menos, como el poder negociador o los derechos que le hayan sido reconocidos a cada parte, por ejemplo.

[132]. Milanovic, Branko, «Global inequality of opportunity: how much of our income is determined by where we live?», Review of Economics and Statistics, 97, 2 (2015), pp. 452-460.

[133]. Gorz, André, L'immatériel. Connaissance, valeur et capital, Galilée, París, 2003, p. 101.

[134]. En principio, estas fuentes podrían ser válidas para cualquier tipo de comunidad política, para un Estado, para una unión de Estados, como la Unión Europea, o incluso para una región, aunque lógicamente las posibilidades de cada fuente de financiación podrían variar en cada caso. En concreto, algunas de las que vamos a presentar a continuación no tendrían ninguna o plena validez, por ejemplo, a escala regional, si las regiones no disponen de capacidad plena para establecer cualquier tipo de impuestos o si no disponen de moneda propia.

[135]. Arcarons, Jordi, Raventós, Daniel y Torrens, Lluís. ¡No son 188.000 millones! Los torpes errores del informe del BBVA sobre la Renta Básica. En VI Monográfico Sin Permiso Renta Básica. Sin Permiso. En <https://bit.ly/2withwW>, p. 200.

[136]. Center for Social and Economic Research (CASE), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report. <https://bit.ly/2yJySfr>.

[137]. Parisj, Phillipe van, y Yannick Vanderborght, ob. cit., pp. 307 y 308.

[138]. Un análisis de por dónde podría ir una reforma del IVA con el propósito de financiar la renta básica en Arcarons, Jordi, Daniel Raventós, y Lluís Torrens, Renta básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2018, pp. 110 y ss.

[139]. Parisj, Philippe van, y YannickVanderborght, ob. cit., p 305.

[140]. OCDE, Proyecto OCDE/G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Informes Finales 2015. <https://bit.ly/2MQ83ju>.

[141]. Arranz, Rubén, «La empresa más pequeña del Ibex paga más impuestos que Apple, Google, Facebook y Amazon juntas», Vozpópuli, 20 de agosto de 2018. <https://bit.ly/2OPKAMv>.

[142]. Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica, Estrasburgo. <https://bit.ly/2sLWtKR>.

[143]. Piketty, Thomas, El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2014.

[144]. Banco de España. <https://bit.ly/2wsHTZF>.

[145]. Hyafil, Jean-Eric, y Thibault Laurentjoye (coords), Revenue de base. Comment le financer? Panorama del modalités de financement, Eds. Yves Michel, 2016, pp. 103-107.

[146]. Hemos explicado todo estos fenómenos en Navarro, Vicenç, y Juan Torres, Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero, Espasa, Barcelona, 2012.

[147]. Un análisis de todo ello en Torres, Juan, El capitalismo en crisis…, ob. cit.

[148]. Eichengreen, Barry, James Tobin, y Charles Wyplosz, «Dos argumentos para echar arena en las ruedas de la financiación internacional». Pensamiento iberoamericano, 27 (1995), pp. 327-342.

[149]. European Commission, Taxation of the financial sector. <https://bit.ly/2cMIQUx>.

[150]. Para conocer con detalle el proceso de creación del dinero bancario, Torres, Juan, Economía para no dejarse engañar por los economistas, Deusto, Barcelona, 2016, cap. 20, y Navarro, Vicenç, y Juan Torres, Los amos del mundo, ob. cit., pp. 56 y ss.

[151]. Lerven, Frank van, A guide to public money creation: Outlining the alternatives to Quantitative Easing, Positive Money. <https://bit.ly/1sy9C86>.

[152]. Un análisis de las posibilidades de esta vía de financiación en Europa en Mencinger1, Jože, «Universal Basic Income and Helicopter Money», Basic Income Studies, 12, 2 (2017). <https://bit.ly/2MCRIiT>.

[153]. Entre otros, se han hecho estimaciones del coste de la renta básica universal para Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Más información al respecto en: Matsaganis, Mano, y María Flevotomou, «Basic Income for Housing? Simulating a Universal Housing Transfer in the Netherlands and Sweden», Basic Income studies, 2, 2, (2007), 1-25; Colombino, Ugo, «Alternative Basic Income Mechanisms: An Evaluation Exercise with a Microeconometric Model», Basic Income Studies, 5, 1 (2010), 1-28; BIEN-Suisse, Le finacement d'un revenu de base inconditional., Seismo, Ginebra, 2010; Levy, Horacio, Manos Matsaganis, y Holly Sutherland, «The distributive and cross country effects of a Child Basic Income for the European Union», Research Note, 2/2012, Social Situation Observatory, European Commission; Colombino, Ugo, «Five Crossroads on the Way to Basic Income. An Italian Tour», Italian Economic Journal, 1, 3 (2014), pp. 353-389; Hyafil, Jean-Eric, y Thibault Laurentjoye (coords.), Revenue de base. Comment le financer, ob. cit.

[154]. Parisj, Philippe van, y Yannick Vanderborght, ob. cit., p. 25

[155]. La mediana es el valor que ocupa la posición central en una serie de datos ordenados de mayor a menor.

[156]. Gimeno, Juan A., «Aproximación a una renta básica sostenible», en Segundo Informe sobre la desigualdad en España, Fundación Alternativas, Madrid, 2015, p. 100.

[157]. Arcarons, Jordi, Daniel Raventós, y Lluís Torrens, Renta básica incondiciona..., ob. cit.

[158]. Gimeno, Juan, Aproximación a una renta básica, ob. cit., p. 100.

[159]. Arcarons, Jordi, Daniel Raventós, y Lluís Torrens, Renta básica incondicional, ob. cit., p. 37. Las ayudas que se sustituyen en la propuesta son las destinadas a pensiones, prestaciones por desempleo, familia, vivienda, exclusión social, becas, clases pasivas del Estado, reservistas sin destino de las Fuerzas Armadas, sacerdotes de la Iglesia católica, reclusos y además el 50 por ciento de los gastos de administración del gasto social.

[160]. Gimeno, Juan, Aproximación a una renta básica, ob. cit., p. 101.

[161]. Doménech, Rafael, Algunas Reflexiones sobre la Renta Básica Universal, FIDE, BBVA. <https://bit.ly/2H7nVuY>. Una crítica a este proceder en Arcarons, Jordi, Daniel Raventós, y Lluís Torrens, ¡No son 188.000 millones! ob. cit., pp. 198-204. <https://bit.ly/2withwW>. Y un error parecido al de Doménech en Zacuto, Abraham, Sobre la viabilidad económica de la creación de una renta básica universal (I), Blog Nada es gratis, 19 de enero, 2015. <https://bit.ly/2GqVtF4>.

[162]. La última versión en Arcarons, Jordi, Daniel Raventós, y Lluís Torrens, Renta básica incondicional, ob. cit.

[163]. Ibídem, p. 39.

[164]. Arcarons, Jordi, Daniel Raventós, y Lluís Torrens, ¡No son 188.000 millones!, ob. cit., p. 202. Cuando este libro se encontraba en edición se ha publicado una nueva publicación de su modelo: Arcarons, Jordi, Daniel Raventós y Lluís Torrens, «Nuevo modelo de financiación de la Renta Básica», Sin Permiso. En <https://bit.ly/2S5rWCn>.

[165]. Encontrarás otra estimación alternativa en Mercader, Magda, «La aritmética de una Renta Básica Parcial para España: una evaluación con EspaSim», Hacienda pública española, n.° extra 2003, pp. 185-209. Esta autora demuestra que con un tipo lineal del 28,1 por ciento, sería posible financiar una renta básica de 1.500 euros, de 2.000 euros con uno del 33 por ciento y otra equivalente al del 56 por ciento.

[166]. Europa Press, Gestha pide a Gascón reforzar la lucha contra el fraude para recaudar 40.000 millones y más medios, 22 de junio de 2018. <https://bit.ly/2LvSCbl>.

[167]. Ramírez, Begoña, «Los grandes bancos no pagan nada a Hacienda por el impuesto de sociedades», Infolibre, 20 de agosto de 2018. <https://bit.ly/2Nmdeon>.

[168]. Duarte, Teresa, ¿Por qué las empresas no contribuyen a la sociedad de acuerdo con sus capacidades económicas? Blog Arquitectura Contable, 22 de agosto de 2018. <https://bit.ly/2ocMRpN>.

[169]. Artero López, Jesús, Rosario Gómez-Álvarez Díaz, y David Patiño Rodríguez, «Evaluación financiera de una renta básica universal en Andalucía», artículo inédito proporcionado por los autores. Con otro título y diferente redacción se ha publicado en <https://bit.ly/2wgBYYo>: «Si todos los andaluces y andaluzas recibieran 7.500 euros anuales, el coste (de una renta básica universal) ascendería a 62.782,31 millones de euros. En el caso de que los menores recibieran 1.500 euros anuales, el coste sería de 52.884,22 millones de euros. Este coste podría ser sustentado parcialmente a través de cambios en las partidas presupuestarias que ya se financian, junto a la reforma del IRPF. En concreto, las medidas propuestas aportan recursos que ascienden a 59.694.602,97 millones de euros. Por tanto, el escenario dos de la reforma propuesta sería asumible financieramente generando incluso un superávit de 1.520,63 millones de euros».

[170]. <https://bit.ly/2wq7aUE>.

[171]. Committee on Payments and Market Infrastructures, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries. Bank for International Settlements, 2017. <https://bit.ly/2z1iPJa>. Hay que tener en cuenta que esa cantidad total está claramente subestimada. Entre otras razones, porque el informe sólo registra las operaciones de veintitrés países (España, por ejemplo, no está incluida) y porque no incluye las correspondientes a la Options Clearing Corporation de Chicago.

[172]. Evidentemente, éste es un planteamiento que sirve simplemente para poner de relieve que no existe un problema de escasez de recursos, sino de su distribución. Los impuestos no sólo tienen una función rcaudatoria, sino también redistributiva e incentivadora o desincentivadora, de modo que su existencia estaría justificada incluso si fuese posible establecer una tasa como la mencionada.

[173]. Zamora, Daniel, «Histoire et genése d'une idée néoliberale», en Alaluf, Mateo, y Daniel Zamora, Contre l'allocation universelle, Lux Editeur, Québec, 2016, p. 14.

[174]. Zamora, Daniel, Histoire et genése…, ob. cit., p. 32.

[175]. Un resumen de esta polémica concreta en Parijs, Philippe van, «Renta básica y justicia social. ¿Por qué los filósofos no están de acuerdo?», Andamios, 11, 25 (2014), pp. 173-204.

[176]. Rawls, John, Collected Papers (Samuel Freeman, ed.), Cambridge, Massachusetts-Londres: HUP, 1999, p. 455. Cit. en Van Parijs, Philippe, Renta básica y justicia social, ob. cit., p. 175.

[177]. Una buena exposición de todos estos argumentos del anarcoliberalismo es la de Rallo, Juan Ramón, Contra la renta básica. Por qué la redistribucion de la renta restringe nuestras libertades y nos empobrece a todos, Ediciones Deusto, Barcelona, 2015.

[178]. «El impuesto a los productos del trabajo va a la par con el trabajo forzado», Nozick, Robert, Anarquía, Estado y utopía, Basic Books, Nueva York, 1974, p. 170. <https://bit.ly/2DgDRKM>.

[179]. Tobin, James, «The Case for an Income Guarantee», The Public Interest, 4, 32 (1966), pp. 31-41. <https://bit.ly/2IUrEuf>.

[180]. Robeyns, Ingrid, A gender analysis of Basic Income…, ob. cit.

[181]. Ibídem, p. 154.

[182]. Robeyns, Ingrid, «Will a Basic Income do Justice to Women?», Analyse und Kritik, 22, 2 (2000).

[183]. Fitzpatrick, Tony, «A Basic Income for feminist?», en Widerquist, Karl y otros, Basic Income…, ob. cit., p. 165.

[184]. Gálvez, Lina, y Mauricio Matus-López, Impacto de la ley de igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las empresas andaluzas, Fundación de Estudios Sindicales, Sevilla, 2010, p. 44.

[185]. Carlson, J., «Is a Basic Income Women Friendly? Assesment of the Problems and Prospects Associated whith Basic Income Scheme», Social Policy Papers, 1 (1997), p. 9.

[186]. Un resumen de los diferentes estudios en Forget, Evelyn, Contemporary basic income experiments in historical context, febrero de 2018. <https://bit.ly/2tlACcG>.

[187]. Ibídem, p. 8.

[188]. Para el caso de Estados Unidos, Munnell, Alicia H., Lessons from the Income Maintenance Experiments: An Overview, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, 1986. <https://bit.ly/2t5QiBC>. Para Canadá, Forget, Evelyn L., «The town with no poverty: The health effects of a Canadian guaranteed Annual income field experiment». Canadian Public Policy, 37, 3 (2011), pp. 283-305.

[189]. Forget, Evelyn, ob. cit, p. 9.

[190]. Hannan, M., N. Tuma, y L. Groeneveld, «Income and Independence Effects on Marital Dissolution: Results from the Seattle and Denver Income-Maintenance Experiments». American Journal of Sociology, 84, 3 (1978), pp. 611-633.

[191]. Cain, Glen G., y Douglas Wissoker. «A Reanalysis of marital stability in the Seattle-Denver Income Maintenance Experiment». American Journal of Sociology, marzo de 1990, pp. 1235-1269.

[192]. Marinescu, Ioana, No Strings Attached: The Behavioral Effects of U.S. Unconditional Cash Transfer Programs, Roosevelt Institute, mayo de 2017, p. 23. <https://bit.ly/2pS7AxJ>.

[193]. Damon, Jones, y Ioana Marinescu, The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund, Working Paper, National Bureau of Economic Research, febrero de 2018. <https://doi.org/10.3386/w24312>.

[194]. Jones, Damon, y Ioana Marinescu, The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund, NBER Working Paper n.° 24312, febrero de 2018.

[195]. Roy, Abhishek, Universal Basic Income: Empirical Studies, Seven Pillars Institute for Global Finance and Ethics (SPI), 2016. <https://bit.ly/2M2Uo4i>; Copeland, Joshua, Universal Basic Income: More Empirical Studies, Seven Pillars Institute for Global Finance and Ethics (SPI), 2018. <https://bit.ly/2I2d8yz>.

[196]. Dado que no vamos a analizar con detalle ni estos experimentos ni los estudios empíricos realizados sobre ellos, señalamos simplemente la bibliografía básica donde pueden encontrarse: Baird, Sarah, Craig McIntosh, y Berk Özler, «Cash or Condition? Evidence from a Cash Transfer Experiment», The Quarterly Journal of Economics, 126, 4 (2011), pp. 1709-1753, <https://doi.org/10.1093/qje/qjr032>; Davala, Sarath, Renana Jhabvala, Guy Standing, y Soumya Kapoor Mehta, Basic Income. A Transformative Policy for India, Bloomsbury, Londres, 2015; Haushofer, Johannes, y Jeremy Shapiro, «The Short-term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor: Experimental Evidence from Kenya», The Quarterly Journal of Economics, 131, 4 (2016), pp. 1973-2042, <https://bit.ly/2QOxSi8>; Haarnann, Claudia, y Dirk Haarnann, Piloting basic income in Namibia — critical reflections on the process and possible lessons, Paper delivered at the 14th Congress of the Basic Income Earth Network (BIEN), Munich, 14-16 de septiembre de 2015.

[197]. Randall, Akee K. Q., William E. Copeland, Gordon Keeler, Adrian Angold, y E. Jane Costello, «Parents' Incomes and Children's Outcomes: A Quasi-Experiment Using Transfer Payments from Casino Profits», American Economic Journal: Applied Economics 2, 1 (enero de 2010), pp. 86-115. <https://bit.ly/2yDSuSP>.

[198]. Soleimaninejadian, Pouneh, y Chengyu Yang, «Effects of Subsidy Reform on Consumption and Income Inequalities in Iran», International Journal of Economics and Management Engineering, 10, 12 (2016), p. 2600.

[199]. Salehi-Isfahani, Djavad, y Mohammad H. Mostafavi-Dehzooei, Cash transfers and labor supply: evidence from a large-scale program in Iran. Working Paper 1090, mayo de 2017, p. 13. <https://bit.ly/2prK0wc>.

[200]. Nikiforos, Michalis, Marshall Steinbaum, y Gennar Zezza, Modeling the Macroeconomic Effects of a Universal Basic Income, Roosevelt Institute, agosto de 2017. <https://bit.ly/2MSc2Z0>.

[201]. Penn Wharton Budget Model. The Effect on Households of Different Methods of Financing a UBI, marzo de 2018, <https://whr.tn/2ORjCV6>; Penn Wharton Budget Model, Options for Universal Basic Income: Dynamic Modeling. marzo de 2018, <https://whr.tn/2un2UUL>.

[202]. Colombino, Ugo, Marilena Locatelli, Edlira Narazani, y Edlira O'Donoghue, Alternative Basic Income Mechanisms: An Evaluation Exercise with a Microeconometric Model, Institute for the Study of Labor, Bonn, 2010. <https://bit.ly/2yEc1Te>.

[203]. «El Gobierno frena la «ruina» de la renta básica», El Mundo, 5 de marzo 2018. <https://bit.ly/2yyrYh5>.

[204]. Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, «Proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la seguridad social». <https://bit.ly/2lhahZQ>.

[205]. Díez, José C., «Renta básica universal y el experimento finlandés: ¡imposible en España!», el blog de José Carlos Díez, 8 de enero de 2017. <https://bit.ly/2lhxlHG>.

[206]. Encontrarás comentarios sobre la encuesta y los datos en <https://bit.ly/2K3WTpJ>.

[207]. European Social Suvey, Welfare Attitudes (ESS4 2008, ESS8 2016). <https://bit.ly/2ylKM2R> y <https://bit.ly/2O5Ors0>.

[208]. 11 por ciento Think Government Should Provide Basic Income Grant for All, Rasmussen Reports, 1 de septiembre de 2011. <https://bit.ly/2OLfqqe>.

[209]. Morning Consult National Tracking Poll #170911, September 14-17, 2017. <https://politi.co/2zoFySi>.

[210]. Public Split on Basic Income for Workers Replaced by Robots, Gallup, 26 de febrero de 2018. <https://bit.ly/2xKjYWw>.

[211]. European Social Survey, Welfare Attitudes (ESS4 2008, ESS8 2016), <https://bit.ly/2ylKM2R>. En esta encuesta se pregunta por la renta básica universal en sentido estricto con las características conocidas: el gobierno paga a todos un ingreso mensual para cubrir los costes de vida esenciales; reemplaza a muchos otros beneficios sociales; el objetivo es garantizar a todos un nivel de vida mínimo; todos reciben la misma cantidad independientemente de si están trabajando o no; las personas también mantienen el dinero que ganan del trabajo u otras fuentes; este esquema es financiado con impuestos. Metodología de la encuesta y definiciones en <https://bit.ly/2QcLCmC>.

[212]. Dalia Research, 31 % of europeans want..., ob. cit., <https://bit.ly/2K3WTpJ>.

[213]. «Una encuesta de la UPV/EHU muestra una clara mayoría a favor de la renta básica incondicional», Universidad del País Vasco, 17 de noviembre de 2016. <https://bit.ly/2znUfF9>.

[214]. «Universal basic income: Half of Britons back plan to pay all UK citizens regardless of employment», The Independent, 11 de septiembre de 2017. <https://ind.pn/2zoVWT7>.

[215]. Splendid Research, Studie: Mehr als die Hälfte für Bedingungsloses Grundeinkommen. <https://bit.ly/2I8r9wj>.

[216]. GESOP, Gabinet d'Estudis Socials, L'omnibus de GESOP, Informe de resultats, julio de 2015. <https://bit.ly/2MFVDYH>.

[217]. Para conocer el grado de significación de las respuestas se ha realizado un análisis de diferencias para variables ordinales y se han considerado como significativas las respuestas con diferencias con un 95 por ciento de confianza.

La renta básica

Juan Torres López

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