Las páginas de este libro reúnen a tres economistas y un mismo fin: encontrar puntos en común que ayuden a la mejora económica de nuestro país. Para ello han establecido un método de trabajo consistente en buscar las similitudes por encima de las diferencias, con el objetivo de resaltar que hay una serie de cuestiones fundamentales acerca de la economía española en las que, más allá de las posturas ideológicas, hay consenso entre las partes. ¿Qué le ha pasado a España en los últimos años? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué debilidades estructurales tenía nuestra economía cuando estalló la crisis? ¿Se han tomado las medidas necesarias para dejar atrás la recesión? ¿Es el tímido crecimiento económico un espejismo o está aquí para quedarse? ¿Estamos preparados para el futuro? A estas y otras preguntas fundamentales que preocupan a los ciudadanos da respuesta este libro. Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros y Juan Torres no pretenden resolver de un plumazo todos los problemas de la economía española. No busquen en el libro recetas mágicas porque no las hallarán. No existen. Hablando se entiende la gente rechaza los falsos debates de etiquetas y busca reconocer en los demás lo esencial de sus ideas, sin partir de la base de que siempre es la otra persona quien está equivocada. En estas páginas hay tres propuestas muy distintas sobre las medidas económicas que necesita España pero una certidumbre común: si todos los españoles afrontásemos las diferencias con la cordialidad, con el respeto y con la disposición al encuentro con que los autores han abordado las suyas, España sería, sin lugar a dudas, el gran país con el que todos soñamos. Hablando se entiende la gente es, en definitiva, una oda al diálogo, un homenaje al entendimiento necesario para reconstruir un país maltrecho.

Daniel Lacalle & Emilio Ontiveros Baeza & Juan Torres López

Hablando se entiende la gente

Un debate plural sobre la economía española

ePub r1.0

Titivillus 01.12.2019

Daniel Lacalle & Emilio Ontiveros Baeza & Juan Torres López, 2015

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prólogo

Este es un libro que nace con la pretensión de ser, ante todo, útil. Trata de la economía española y sus tres autores son economistas que no piensan necesariamente igual en todos los aspectos que conforman el diagnóstico y las decisiones de política económica que nuestro país necesita. Dispone de un propósito y un método.

El propósito no es otro que poner a disposición de los lectores, no necesariamente economistas, tres visiones sobre las causas y consecuencias de la crisis más adversa que ha sufrido la economía española desde la transición democrática. También sobre las políticas económicas necesarias para que deje de ser tan vulnerable a próximas crisis.

La utilidad creemos que deriva de que esas tres visiones son en gran medida, aunque no absolutamente, representativas de las posibles interpretaciones o sensibilidades políticas que hoy existen en España. Porque, no nos engañemos, los economistas trabajan con una disciplina que es una ciencia social que admite interpretaciones no unívocas que pueden reflejar prejuicios y formas distintas de enfocar los problemas, de priorizar las soluciones. Los lectores son libres de asignar la visión de cada uno de nosotros a las opciones políticas hoy disponibles en nuestro país, pero vaya por delante que ninguno de los tres autores de este libro está afiliado a ningún partido político, aunque somos bien conscientes del papel esencial que esas organizaciones tienen en cualquier sistema de convivencia democrática, y de la importancia que tiene acudir a las urnas para ejercer nuestras preferencias.

Antes de describir el método con el que hemos elaborado este libro queremos subrayar algo quizá más importante para nosotros: la actitud que hemos mantenido antes y durante el proceso de trabajo. Esta ha estado presidida en todo momento por el convencimiento del enunciado que da título a la obra: Hablando se entiende la gente. Aunque ello no signifique que al término del diálogo necesariamente tengamos que asumir, ni mucho menos, posiciones idénticas. El respeto, la cordialidad creciente, la amistad, han sido valores que han cruzado y animado las muchas horas que hemos estado juntos. Y terminamos el trabajo satisfechos, cuando menos, de que la pretensión que nos ha guiado, mejorar las condiciones de vida en nuestro país, ha encontrado un cauce enriquecedor en la discusión, en el diálogo, con independencia de las convicciones de cada uno.

Los lectores, creemos, se van a beneficiar del contraste. Y ese es uno de los atributos del libro. El texto revela cuál es la posición de cada uno de nosotros sobre el amplio abanico de asuntos que hemos abordado. Para ello, optamos por un método de trabajo sencillo aunque no necesariamente exento de dedicación. Decidimos elaborar cada uno dos contribuciones a modo de informes o posiciones previas: el primero relativo al diagnóstico de la situación de nuestra economía y el otro correspondiente a las políticas económicas necesarias. La constancia escrita de esas posiciones está acompañada de la transcripción de las discusiones en cada uno de esos ámbitos, mediando el trabajo mínimo de edición para facilitar la lectura, pero sin renunciar al tono discursivo que las presidió en todo momento.

Creemos que el resultado cumple con las intenciones que teníamos. Y nos encantaría que sirviera no solo para que cualquier lector se hiciera su propia composición de lugar acerca de lo que piensan los economistas en nuestro país, sino para que también ampararan discusiones, diálogos, como los que nosotros hemos mantenido, en otros ámbitos relevantes para nuestra convivencia.

DANIEL LACALLE, EMILIO ONTIVEROS, JUAN TORRES.

Madrid, junio de 2015.

Primera parte

Diagnóstico económico

Daniel Lacalle

Cuando analizamos la economía española, sobre todo tras una crisis tan profunda como la vivida en los últimos años, tendemos a olvidar el espectacular progreso alcanzado en los últimos treinta años. Los mayores críticos con la situación española suelen ser los ciudadanos de nuestro país, y eso es bueno, cuando se ofrecen soluciones constructivas. Desafortunadamente, cuando se ignora lo conseguido hasta hoy, que es muy relevante, se tiende a caer en la tentación de las soluciones de «romper la baraja», pensando —erróneamente— que «no podemos estar peor». Recordemos, pues, dónde estamos y cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos.

La entrada en la eurozona supuso un hito muy importante, ya que la mejora de la productividad y el crecimiento del país no dependían de factores tradicionalmente desestabilizadores, como las políticas de estímulo de demanda interna intervencionistas, que llevaban a los efectos «embudo» tradicionales en nuestra economía de enormes depresiones tras cortos periodos de euforia, o las mal llamadas devaluaciones competitivas. Recordemos que entre 1980 y 1996, la peseta se depreció más de un 50 % con respecto al dólar y al marco, el gasto público se duplicó en términos reales, la deuda pública sobre el PIB aumentó en 50 puntos, la inflación media anual se disparó al 7,2 % y, a pesar de todo, la tasa de paro entre 1982 y 1996 no bajó del 15 %.

El deflactor del consumo privado (el IPC) subió un 9,2 % anual medio en los años ochenta, y un 4,2 % en los noventa. Para hacernos una idea, en Alemania esas cifras fueron del 2,6 y el 1,9 %, respectivamente.

Así, la entrada en el euro incluye una serie de reformas estructurales que reducen los desequilibrios tradicionales de la economía española, que solían manifestarse en la balanza comercial excesivamente deficitaria, un mercado laboral rígido y precario y un sector empresarial orientado al mercado interior.

Esta nueva dinámica lleva a una apertura espectacular de la economía española sin precedentes entre 1996 y 2004. El cambio más relevante de la economía española se traducía en aprovechar la globalización y convertir a nuestras empresas en negocios deslocalizados y exportadores. Entre 1996 y 1998, y de forma clara entre 1999 y 2003, España se convirtió en exportador neto de capital.

En 1995, el peso de las exportaciones de bienes y servicios representaba el 22 % del PIB; en 2004 fue del 26 %, y alcanzaba el 35 % en 2014.

Entre 1990 y 2000, las exportaciones españolas subieron, en precios constantes, un 10 % anual, solo superadas por Irlanda (15 %), mientras que Alemania (6 %), Francia (6 %) e Italia (7 %) quedaron por detrás. Esa tendencia no solo no se rompió con una moneda única fuerte, sino que las exportaciones alcanzaron una cifra récord del 33 % del PIB, mientras el euro se revalorizaba contra el dólar y sus monedas de referencia.

El incremento de la actividad exportadora, el paso de empresas nacionales a multinacionales y la dinamización del mercado de trabajo fueron factores esenciales a la hora de generar riqueza y prosperidad, pero también han sido factores muy relevantes a la hora de afrontar una crisis que, de nuevo, se generaba desde el exceso de políticas de demanda.

España gastaba más de 200 000 millones de euros en obra civil —aeropuertos, AVE, ciudades de las artes, etc.— y se embarcaba en una burbuja inmobiliaria que permeaba a muchos otros sectores: ante la «expectativa» de crecer más que nadie, infraestructuras, renovables, telecomunicaciones… Se creó una sobrecapacidad media —antes de estallar la burbuja— del 20 % (utilización industrial) para un futuro de crecimiento que nunca llegó. Volvíamos a caer en el error de las políticas de «estimular la demanda interna» para cubrir los desequilibrios con más desequilibrios. El déficit por cuenta corriente se disparaba al 10 % del PIB en 2008 mientras íbamos camino de incurrir en déficits anuales del 5 % al 10 %. En cuatro años España pasaba de tener una deuda pública muy baja y superávit a tener un grave problema de solvencia.

El ahorro bruto nacional cayó desde el 23,4 % del PIB en 2003 al 18,4 % en 2010, el menor en muchas décadas, muy lejos de las cifras de los años setenta.

La deuda privada —anunciada en tantas ocasiones como «el problema»— era preocupante, pero ninguna de las empresas o familias que se habían endeudado pedían prestado un 20 % más de sus ingresos. El Estado, sí. Y dicho Estado entró en la errónea dinámica de «sostener el PIB» gastando. La deuda pública se disparaba en casi 100 000 millones anuales con la excusa de los estabilizadores automáticos y la errónea decisión de «invertir» para suplir el estallido de la burbuja.

El ahorro privado cayó del 23 % del PIB en 1996 al 14 % en 2007… En 2014 ya se ha recuperado a niveles del 22-23 %.

El país solía construir unas 300 000 viviendas al año. Pero en 2006 ya eran casi 800 000. Las viviendas terminadas pasaban de 600 000 en 2006 y, sin embargo, se vendían menos de la mitad. En 2006 el parque de viviendas vacías superaba los 3 millones.

Mientras, los gobiernos autónomos, que controlaban las cajas, pedían dinero para acometer obras gigantescas. Más de 200 000 millones de euros en préstamos que pasaron a ser de difícil cobro o incobrables.

La deuda autonómica se mantuvo constante en el 5,5-6 % del PIB desde 2000 hasta 2007. Sin embargo, en 2010 ya alcanzaba el 11,4 %, el doble que a finales de 2007. En 2014 ronda el 22 % (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1310.pdf).

Un sistema financiero excesivamente orientado a dicha burbuja de obra civil e inmobiliaria pasó a convertirse en un riesgo relevante. Las cajas públicas resultaron ser las más afectadas, precisamente por su cartera de préstamos a gobiernos locales, proyectos de infraestructuras regionales e hipotecas. Los préstamos de «menor riesgo» —a comunidades autónomas y entes públicos— se convertían en incobrables, y las hipotecas mostraban la verdadera cara del riesgo. La morosidad de la banca subía a casi un 13 %. A medida que se iba descubriendo parte del agujero se introducía la duda en los mercados internacionales sobre la magnitud del problema. Como entidades no cotizadas, era prácticamente imposible conocer la exposición real de las cajas a los riesgos que se acumulaban.

Cabe resaltar el riesgo asumido al prestar a los promotores inmobiliarios. La morosidad en las hipotecas era del 6 % aproximadamente (34 mil millones de unos 600 mil millones); en las actividades inmobiliarias la mora llegó a 85 mil millones y aún hoy representa 54 mil millones de un crédito total vivo de 150 mil millones (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0413.pdf) (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0418.pdf).

El porcentaje de la mora se mantiene muy alta en 2014 (13 %), pero es principalmente porque el crédito total (el denominador) está cayendo. Si los créditos dudosos los dividiéramos por el volumen total que había a finales de 2010, la mora estaría en 2014 cerca del 9 % (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0403.pdf).

Las políticas contracíclicas implementadas en 2008 llevaron a profundizar la crisis, al negarla, primero y al intentar suplir el agujero creado por el sector inmobiliario con gasto público. En poco más de tres años, el Estado, el sector financiero y muchas empresas privadas se convertían en un grave riesgo para la economía global. España había llevado a cabo una expansión del gasto anual superior a la de China —respecto al PIB— y dejaba deuda, paro y sobrecapacidad.

Una crisis de estallido de burbuja se convirtió en una crisis de balance, donde Estado, empresas y familias se encuentran con un endeudamiento muy superior al aceptable.

Si hacemos un análisis de la economía española tras el estallido de la crisis, una combinación de disciplina financiera y reformas estructurales empieza a cambiar la percepción global del estado de la economía.

Ahorro

El sector privado y las familias comienzan a ahorrar de manera muy relevante (hasta un 6,39 % del PIB en 2014), mientras la riqueza de los hogares alcanza el 100 % del PIB, gracias en parte a la fortaleza del euro, ya que gran parte de esa riqueza proviene de depósitos. Así, la deuda privada cae hasta niveles de 2006. El déficit comercial del país se reducía en casi 100 000 millones de euros, pasando de un 10 % del PIB a superávit, atajando uno de los mayores desequilibrios de la economía. El compromiso de España de fortalecer su solvencia y encarar reformas estructurales ha sido un catalizador muy importante que ha permitido llevar a cabo un proceso de desapalancamiento y corrección de desequilibrios mientras se empezaba a frenar la destrucción de empleo y se recuperaba el crecimiento.

Es muy relevante el incremento del ahorro ya en 2008 por parte de las familias, llegando al 15 % de la renta disponible; luego empezó a bajar pero se mantuvo porcentualmente en unos niveles aceptables. En el cuarto trimestre de 2014 ha vuelto a crecer otra vez (http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0414.pdf).

La deuda total no financiera tocó techo a finales de 2012, en 2,8 billones, y en 2014 se sitúa en 2,7 billones. (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0805.pdf).

En 2014, las familias redujeron su deuda en 24 000 millones. Por primera vez desde 2003, los depósitos tienen un volumen casi igual al de sus deudas totales (730-740 000 millones) (http:// www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0807.pdf) (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0828.pdf). Asimismo, las empresas lo redujeron en 50 000 millones (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0806.pdf).

En total, es un ahorro del 7,3 % del PIB. A eso hay que restar el déficit de las administraciones públicas, 5,7 %. Así llegamos a un ahorro total de casi el 1,5 % del PIB. El sector privado ha hecho los deberes, el público aún muestra desequilibrios relevantes.

Es evidente que han sido los ciudadanos y las empresas las que han salvado a España de una quiebra que parecía evidente en 2007-2008.

La reforma financiera y los análisis de riesgo externos

Los análisis independientes llevados a cabo sobre los activos de la banca fueron un ejercicio esencial de transparencia. Lo que importaba no era la conclusión, sino que la información estuviera a disposición de todo el mundo para valorar riesgos y acotarlos. Ese ejercicio de humildad y transparencia ha sido esencial para recobrar la confianza y atraer capital. El rescate bancario español podría haberse evitado con un reconocimiento anterior de las dificultades de la banca pública. Haber escondido y alargado el problema hizo que el rescate fuera inevitable. A pesar de ello, las ayudas a la banca en España han sido moderadas —a pesar de la magnitud de la burbuja de obra civil e inmobiliaria, que llegaron a pesar un 20 % del PIB—. El rescate supone un 6 % del PIB. Si incluimos avales y otros esquemas de protección de activos, el rescate se acerca a los 219 400 millones de euros. Sin embargo, esos avales y esquemas no se han ejecutado, por lo cual a la hora de analizar el impacto en las cuentas públicas debemos atenernos a esos 60 000 millones de euros mencionados. Una cifra menor a la del Reino Unido (82 000 millones), Alemania (64 000 millones) o Irlanda (63 000 millones), según la Comisión Europea. En total, entre 2008 y 2012, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han recapitalizado sus respectivos bancos con 591 900 millones de euros, cifra que equivale al 4,6 % del PIB comunitario.

En España no ha habido que rescatar a la banca privada, que ha llevado a cabo grandes esfuerzos de recapitalización a través de ampliaciones de capital y desinversiones. Solo a las entidades públicas y semipúblicas. De hecho, la banca privada ha contribuido al fondo de garantía de depósitos para reducir el riesgo sistémico de todo el sector.

La reforma laboral

España no partía de un problema de competitividad —como Francia o Italia— en 2011, pero sí de rigidez del mercado laboral. La reforma laboral conlleva una flexibilización del mercado que ha permitido parar la hemorragia del empleo y empezar a crear puestos de trabajo de manera continuada. Antes de su introducción, necesitábamos crecer casi a un 3 % para crear empleo, en 2014 lo hemos hecho al 1,2 %. Es cierto que una parte importante es empleo temporal, una tendencia que hemos visto de manera similar en la salida de la crisis del Reino Unido o Estados Unidos, pero desde finales de 2011 han aumentado un 19 % los trabajadores con contrato indefinido. Desde 2011 los trabajadores afectados por un ERE (expediente de regulación de empleo) se han reducido en un tercio, y en 2014 la afiliación creció en 417 574 cotizantes frente al año 2013, mientras el paro registrado caía en 253 627 personas en su mejor dato desde 1998. Un dato muy relevante, además, es que tres de cada cuatro contratos en España son indefinidos.

En términos desestacionalizados, en julio de 2013, cuando España tocó fondo, la afiliación a la Seguridad Social era de 16,25 millones; en febrero de 2015 llegaba a 16,87. Un incremento de 620 mil desde mínimos, y con perspectivas de alcanzar los 17,2 millones en 2015.

A pesar de ello, el paro sigue siendo excesivo y las medidas para combatirlo deben continuar.

Reducción significativa de la economía sumergida

Siempre digo que la economía no se sumerge, sino que emerge. Es decir, muchos trabajadores se ven obligados a desarrollar su actividad en la economía irregular, no por gusto, sino por necesidad. Según Friedrich Schneider y la consultora A. T. Kearney, en 2013 la economía sumergida representó en España el 18,6 % del PIB, lo que significa casi un punto menos —unos 10 000 millones de euros— que en 2009 (http://bit.ly/19z9NWi), y muy lejos del 21 % de 2006.

A ello ha contribuido también el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), pero no olvidemos que dicho apoyo ya existía —incluyendo compras de bonos soberanos— en 2008-2010 cuando el BCE aumentaba su balance en casi un billón y medio de euros y la Unión Europea lanzaba un plan de estímulo equivalente al 3 % del PIB.

Hoy en España la economía crece por encima del 3 %, se estima la creación de un millón de puestos de trabajo en 2015 y el consumo se recupera mientras la economía —privada y pública— ahorra casi un 1,5 % del PIB. Desde el año 2000 el tamaño del sector público español se ha disparado un 45 %, frente a la media del 20 % que ha registrado la UE-27, tan solo superado por Luxemburgo. Seguimos gastando un 15 % más de lo que ingresamos y más de 40 000 millones por encima del pico de la burbuja en 2007. Una burbuja que generaba, según el Ministerio de Economía, unos 50 000 millones de euros de ingresos extraordinarios.

El recorte en gasto

Se ha producido fundamentalmente en el área donde se habían llevado a cabo más excesos, la obra pública, con el objetivo de mantener al máximo la estructura del Estado y las partidas de gasto. De todos los programas de ajuste vistos en Europa, en España es donde se ha realizado el menor recorte a las grandes partidas de gasto público (teniendo en cuenta que se llevaba a cabo un ajuste de más de 10 puntos del PIB). Desde que se alcanzó el máximo en 2010, el recorte ha sido equivalente a 19 017 millones (http://bit.ly/1xrVPAV). Cuando miramos el consumo público, vemos que la reducción ha sido muy moderada en sanidad (-1,9 % gasto per cápita 2009-2012), pensiones (aumentaron) o educación, donde el gasto por alumno sigue por encima de la OCDE y dentro de la media de la Unión Europea. Hoy el consumo público representa el 19,1 % del PIB, un porcentaje que todavía —y pese a los recortes— se sitúa por encima de los niveles de 2008, en plena expansión económica, y cuando los ingresos crecían en tasas de dos dígitos.

Así, se ha suplido con subidas de impuestos y mayor recaudación por crecimiento la casi totalidad del agujero en ingresos fiscales creado por el pinchazo de la burbuja. La mal llamada austeridad, que en realidad solo ha sido la moderación de un gasto excesivo, empieza a dar sus frutos. Pero esas subidas de impuestos para mantener el gasto social y administrativo también han reducido el potencial de crecimiento y de creación de empleo.

Ante un entorno de recuperación frágil, las principales áreas donde centrar el diagnóstico de la economía española a efectos de nuestro debate, en mi opinión son:

Competitividad.

Facilidad para crear empresas.

Deuda y política fiscal.

Paro y desigualdad.

Europa y política energética.

Competitividad

Según el Global Competitive Index del World Economic Forum (http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-re port-2014-2015), España está en la posición número 35 de todos los países del mundo en términos de competitividad general, precedida por Puerto Rico (32), Chile (33) e Indonesia (34), entre otros países. A la hora de hacer un diagnóstico, conviene resaltar las áreas donde España presenta resultados mejorables.

En «Instituciones» sorprenden los resultados en «desvío de fondos públicos» (2,8), «confianza pública en políticos» (2,2), «derroche del Estado» (2,5) y «carga de regulación política» (2,8). Todos de un máximo de 7.

En «Infraestructuras», España se encuentra en la posición número 9, por delante de países como el Reino Unido (10), Estados Unidos (12) e Italia (26).

En «Educación», España ocupa la posición número 29, con una media de 5,2 puntos sobre 7. Destacan negativamente las puntuaciones recibidas en calidad de educación en matemáticas y ciencias (3,9), y la calidad del sistema educativo en general (3,4). La calidad de las escuelas de negocios, sin embargo, es muy buena (5,9).

La eficiencia del mercado de bienes es moderadamente baja. En este aspecto España está en la posición número 75, con una puntuación media de 4,3. Destacan negativamente el efecto de políticas fiscales sobre la inversión (2,9), el coste de las políticas agriculturales (3,7) y la sofisticación del consumidor (3,4).

La eficiencia del mercado laboral es baja. España se encuentra en la posición número 100 en este aspecto, con una media de 3,9. Destacan negativamente los procesos de contratación y despido (3,3), los efectos de políticas fiscales para incentivar el trabajo (2,8), la capacidad del país para retener talento (2,9) y la capacidad de este para atraerlo (2,8). La flexibilidad de la determinación de salarios es moderada (4,2) y el resultado general para el componente de la flexibilidad es del 4,0 (posición número 120).

El desarrollo del sistema financiero puntúa ligeramente por debajo del último componente (3,8). Dentro del componente de la eficiencia (3,8), destacan negativamente la facilidad de acceso a préstamos (1,7), la disponibilidad de capital riesgo (2,3). La confianza en los bancos es moderada (4,2) al igual que en el sector en general (4,3).

La disponibilidad de las últimas tecnologías es alta (5,6) y a nivel de empresa no tanto (4,9). El uso de las tecnologías de información es elevado (5,7).

La sofisticación de negocio está en la posición número 38, con una media de 4,4. Destaca muy notablemente el resultado negativo que presenta la voluntad general a delegar (3,5). Por otro lado destacan positivamente la cualidad y cantidad de proveedores a nivel local (5,0; 5,0). La ventaja competitiva del país es moderada (4,1)

La innovación en el país puntúa 3,7, con una positiva posición número 37.

Que España se haya situado en la clasificación global como el país número 35 de los 144 estudiados indica la sólida base de la que parte el país, pero asimismo el camino que aún queda por recorrer. La actividad empresarial se ve afectada por una falta de acceso a financiación adecuada, incluyendo capital riesgo, y menos bancarizada, por una regulación del mercado de trabajo aún demasiado estricta, un sistema burocrático que peca de ineficiente, muchas subvenciones que no funcionan y un elevado nivel impositivo. Aspectos que perjudican la competitividad de las empresas españolas y que limitan su potencial de crecimiento.

Facilidad para crear empresas

El informe del Banco Mundial, que clasifica la facilidad para hacer negocios en diferentes países del mundo, colocó en 2012 a España en la posición 33 (The World Bank, Ease of Doing Business [Index http://espanol.doingbusiness.org/rankings]). El informe clasifica a otros países europeos que se consideran un ejemplo a la hora de atraer inversores como Suecia o Finlandia en las posiciones 11 y 9, respectivamente. Muchas veces escuchamos a políticos hablar del modelo nórdico y siempre olvidan la importancia de la libertad económica y la facilidad para crear riqueza.

España se sitúa en puesto 49 del Índice de Libertad Económica, aún lejos de países como Finlandia (puesto 19) o Suecia (puesto 23) (http://www.libertad.org/indice).

La economía nacional ha perdido puntos al aumentar su gasto público y reducir la libertad laboral y la facilidad de abrir negocios en el último año. La libertad comercial y la menor corrupción han sido dos áreas en las que España ha obtenido ligeros avances. A pesar de ello, la nota de 67,2 puntos de la economía nacional sobre un máximo de 100 está por encima de la media mundial de 60,3 puntos, si bien es inferior a la europea, con 67,1.

Asimismo España es uno de los países donde es más baja la transición de la pequeña y mediana empresa a la gran empresa. En las dos últimas décadas, la probabilidad de que una pyme incremente el tamaño empresarial de un año para otro y se sitúe como gran empresa es del 8,4 %. Mientras que, la probabilidad de que una gran empresa pase a categoría pyme es del 6,7 % (https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1203_Lafi nanciacio​ndelaspy​meenespan​a_tcm346-294 961.pdf). ¿Por qué las pymes no pasan el umbral a gran empresa de la misma manera que en otros países? La excesiva intervención de los entes regionales y los sindicatos hacen que el riesgo para el creador de empleo sea demasiado alto, y prefiera quedarse «pequeño y lejos del radar». Todo esto no es fácil de cambiar en un año, pero una sencilla revisión del marco legal e impositivo que incentive al salto a gran empresa sería muy provechosa.

Teniendo en cuenta que las grandes empresas son más productivas, estables y que las pymes encuentran mayores dificultades a la hora de resolver conflictos y negociar contratos, la economía española debe hacer más por facilitar ese cambio.

Para una economía como la española donde casi el 80 % del valor añadido y gran parte del empleo vienen de la mano de las pequeñas y medianas empresas, es esencial avanzar en elementos esenciales como son: facilitar los trámites para apertura de nuevos negocios, proteger a los inversores minoritarios, garantizar el cumplimiento de contratos y resoluciones de insolvencia. La excesiva burocracia y la lenta resolución de conflictos son elementos importantes que reducen la capacidad de la economía de transformarse.

Deuda y política fiscal

Ya hemos comentado el elevado nivel de deuda pública. Pero conviene recordar algo importante a la hora de diagnosticar el problema. España jamás ha recaudado más de 433 000 millones de euros. Cuando hablamos de deuda y de los problemas estructurales deberíamos recordar esa cifra. Especialmente cuando nos dicen que gastando se va a salir de la crisis y que tenemos un problema de ingresos, no de gastos.

La lucha —necesaria— contra el fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos perdidos se van a recuperar. El historial de error en el cálculo de ingresos estimados por nuevas acciones tributarias de nuestros gobiernos es haberse equivocado entre un 50 y un 70 % entre la cifra real y la esperada. Unos ingresos «estimados» para unos gastos muy reales. Y cuando se dispara el déficit de nuevo, los impuestos vuelven a subir para todos y los recortes aumentan. Hay que luchar contra el fraude, claro, pero caer en el error de gastar hoy esperando unos ingresos a futuro es lo que nos lleva a estos riesgos.

Intentar recuperar ingresos solo vía «la lucha contra el fraude» sin atacar el gasto es peligroso, al confiar en unas estimaciones muy cuestionables mientras se mantienen unos gastos ciertos y reales. Además no se recaudaría ni de lejos la cifra necesaria para atajar el desequilibrio de las cuentas, solo se conseguiría un efecto mínimo de una sola vez, que no soluciona el déficit estructural, de unos 40 000 millones anuales.

Recordemos que un 40 % de la cifra «estimada» por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha (http://www.gestha.es/ar chivos/informacion/comunicados/2012/alternativas-de-gestha-a-la-subida-del-iva-y-recortes-del-rdl-20-2012-sin-anexos.pdf) de aumento de ingresos fiscales viene del incremento de impuestos, no de eliminar el fraude fiscal. Y no olvidemos que nunca en la historia se ha recuperado una cifra superior a 4000 millones atacando el supuesto fraude. Muy lejos de los 38 000 millones que se comentan de «economía sumergida».

En cualquier caso, ni la cifra más optimista de fraude fiscal —que además sería una cifra recaudada una vez, no anual— cubre el déficit estructural mencionado.

España no puede intentar suplir ingresos de burbuja sacándolo del bolsillo del eficiente y del que ha sobrevivido a la crisis. Tampoco puede ignorar el hecho de que cada año que incumplimos el objetivo de déficit supone otros 50-60 000 millones más de deuda. No se va a salir de un problema de deuda con mayor endeudamiento. Igual que el sector privado ha ido solucionando su problema adaptándose a un entorno en el que la euforia del pasado da paso a la moderación y la prudencia, lo mismo debe ocurrir en el sector público.

Analizar el gasto público quitando los costes de la deuda, la protección social y los extraordinarios, como si estos no se pagaran o no fueran parte de lo que un gestor público debe tener en cuenta en su escandallo, es tremendamente dañino, porque parte de la base de que todo lo demás es inamovible. Lo extraordinario se convierte en habitual.

Toda esa deuda, barata o no, se tiene que refinanciar en un futuro. La liquidez extrema y la euforia crediticia no duran eternamente. No es correcto decir que no importa el total de deuda mientras el coste sea bajo. Japón, con casi un 240 % de deuda sobre el PIB, se gasta un 22 % de su presupuesto anual en pagar intereses de la deuda a pesar de pagar solo un 0,6 % por sus bonos a diez años.

Un elemento importante a la hora de entender por qué hay que priorizar el gasto son las pensiones. Un gran problema de España es la demografía. La unidad familiar ha perdido un 44 % de miembros de media desde los años setenta. España ya supera los 9 millones de jubilados y la población activa jamás ha superado los 20,5 millones. Las pensiones ya suponen 127 000 millones de euros, el 36 % del presupuesto. Por lo tanto, para garantizar un sistema de pensiones de reparto se debe a su vez garantizar un gasto público que no ponga en peligro la sostenibilidad de las pensiones.

Precisamente si queremos tener unos servicios públicos de calidad y sostenibles debemos aprender a priorizar y gestionar unos recursos —los impuestos— que no son eternamente crecientes ni pueden ser confiscatorios. Porque ahogar el potencial de la economía para intentar rascar unos euros más de recaudación es mucho más peligroso que incentivar la creación de riqueza y empleo con impuestos bajos.

Y es que, en política fiscal, unos impuestos no confiscatorios son extremadamente importantes. El think tank Civismo publica su informe anual (http://www.civismo.org/files/informes/2014-07-03_Informe010_Dia_Liberacion_Fiscal_2014.pdf), en el que analiza la fiscalidad del trabajo con una cifra importante: los trabajadores españoles necesitan 184 días de media para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Calcular el número de días que necesitamos trabajar para pagar impuestos es importante porque refleja visualmente, y de una manera inmediata, si el coste del Estado que sostenemos es proporcionado o desproporcionado comparado con los servicios que recibimos y toda la solidaridad que queramos asumir.

El análisis del día de la liberación fiscal es importante porque muestra el nivel de esfuerzo fiscal, que es lo que realmente pagamos en impuestos de nuestro sueldo y que se sitúa en una media del 40,5 %, una de las más altas de la OCDE, y no ese ratio recaudatorio que es la «presión fiscal» que tanto usan los medios de comunicación, que mide la recaudación sobre el PIB.

Este esfuerzo fiscal sigue situando a España por encima de Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo, y solo por debajo de Finlandia o Suecia, donde el sueldo medio es un 70 % superior a la renta de un trabajador español.

Al contrario de lo que se suele comentar, las rentas más altas sufren el mayor esfuerzo fiscal. Un sueldo de 15 500 euros anuales paga impuestos hasta el 16 de junio, uno de 40 000 o 100 000 euros, hasta el 9 y 7 de julio respectivamente.

España sigue siendo el país de Europa con las cotizaciones a la Seguridad Social más altas (28,3 %), solo por detrás de Italia (33 %) y Portugal (34,4 %). En Alemania, Francia, Suecia o Bélgica, las cotizaciones fluctúan entre un 16 % y el 20 %. Este sigue siendo un enorme escollo para la contratación y el empleo.

Los Estados deben evitar acomodarse ante una trampa de exceso de liquidez en Europa y a los tipos bajos y atender a estos retos mencionados. Este exceso de liquidez lleva al riesgo de perpetuar los desequilibrios, y los Estados ignoran los errores de caer en ella. La actitud procíclica de los Estados de utilizar las épocas de bonanza crediticia para endeudarse más es «el error de la cigarra». Cuando se acepta como mantra que tenemos «un problema de ingresos y no de gastos», el diagnóstico nace erróneo y la recaudación se convierte en confiscatoria.

Paro y desigualdad

La tasa de paro en España —23,4 %— es aún demasiado alta, lo cual genera fragilidad en la economía, lastra la recuperación y reduce el potencial de crecimiento. Incluso si consideramos que un porcentaje relevante de ese paro se encuentra «trabajando» en la economía sumergida, no debe ser una excusa ni soluciona nada.

Es importante recordar también que España cuenta con un alto nivel de desempleo, a la vez que gasta casi un 0,9 % del PIB en políticas activas de empleo. Un gasto ineficiente a todas luces.

Curiosamente, la desigualdad se ha disparado a la vez que se implementaban mayores planes de estímulo y de protección social.

La desigualdad en España (coeficiente de Gini) se situaba en el 30,7 en 2004 comparado con el 30,6 de los 27 países de la Unión Europea. Entre 2004 y 2011, la desigualdad aumentó un 11 % mientras gastábamos en planes sociales, de estímulo, cheques y todo tipo de gastos protectores. En la UE-27 se mantuvo a niveles de 2004.

La pobreza crónica en la infancia creció un 53 % en España desde 2004 a 2011, según Ayuda en Acción. La tasa de pobreza infantil en España pasó del 26,2 % en 2007 a casi el 30 % en 2011, subiendo cuatro puntos en cinco años.

Por lo tanto, no es un Gobierno o «los recortes» ni otro y su «política social». Es un problema mayor. Un enorme gasto en protección social (26 % del PIB) que demuestra el fracaso absoluto del asistencialismo y de su administración.

En España, la desigualdad se redujo de un índice de Gini de 35 en 1995 a casi alcanzar la media de la UE (30,7) en 2004. El paro se redujo de manera excepcional gracias al crecimiento y el aumento de la actividad económica. Desde 2004 a 2012 la desigualdad aumentó dramáticamente (de 30,6 a 34) cuando en la Unión Europea se mantenía casi constante. Crear empresas y riqueza tiene un efecto mucho más poderoso a la hora de reducir los desequilibrios que las políticas de gasto público.

El crecimiento y el empleo no van a venir de una administración que ya consume casi el 45 % de los recursos del país (PIB) y donde el gasto en empleo público supone un 11,9 % del PIB, superando la media del conjunto de países desarrollados, que es del 11,3 %. Eso sin contar asesores ni empleados de empresas públicas. Tampoco va a venir de las grandes empresas que ya cuentan con una media del 20 % de empleados superior a sus comparables europeos (empleados sobre cifra de negocio en el país, fuente Bloomberg). Llegará del autoempleo y las pymes.

Europa y política energética

En política energética, Europa y España olvidaron la importancia de la competitividad a cambio de conseguir unos objetivos ambiciosos de energías renovables que —debido a unas subvenciones excesivamente generosas en un periodo de maduración tecnológica inicial— han supuesto una losa a la creación de empleo y riqueza. Los costes de la electricidad son de media un 50 % más altos que en Estados Unidos, y el gas industrial casi un 75 %. Entre 2005 y 2012, los precios del gas en Estados Unidos caían un 66 %, mientras en Europa subían un 35 %. A su vez, en Estados Unidos la electricidad bajaba un 4 % y en Europa se disparaba un 38 %. Curiosamente, en ese mismo periodo Estados Unidos conseguía reducir sus emisiones de CO₂ más que la Unión Europea.

Las empresas europeas son algunas de las que más pagan por electricidad y gas de la OCDE. La media del sector industrial español paga más de dos veces lo que sus comparables americanas.

Las políticas «verdes» y el desarrollo de las renovables han permitido que el precio de la electricidad mayorista baje; pero entre primas, costes fijos y subvenciones, los precios a los consumidores se han disparado. Por ejemplo, en Alemania los precios de generación han bajado casi un 38 % desde 2005 y la factura eléctrica media ha subido un 60 %. Un error que destruye empleos y empresas y que hay que atajar. En países como España hay que distinguir, por ejemplo, entre eólica, que supone un 20 % de la energía generada en 2013 y un 19 % del coste, y las solares, que suponen solo un 5 % de la energía producida y un 20 % del coste total de generación.

El objetivo de conseguir una energía limpia y sostenible debe ser compatible con un crecimiento sostenible y con la creación de empleo. Es la diferencia entre una política energética que promueve la eficiencia y la sustitución por bajos costes, con unas medidas que promueven la sustitución forzada desde el subsidio.

En lo que es la economía de la eurozona, la Unión Europea de 2014 es un conjunto de países imperfecto pero muy diferente, y mejor, que lo que era en el periodo 2004-2010. Los episodios puntuales de riesgo político o financiero vistos en Grecia o Chipre o con problemas bancarios han permitido que la Unión Europea reduzca el riesgo sistémico, ponga en marcha mecanismos de emergencia y evite los errores del pasado. El desarrollo gradual de una política común, con verdadera unión, no solo financiera y monetaria, sino fiscal, pero donde la responsabilidad crediticia de cada país y región sea real y no se diluya. Que no se utilice a las naciones que hacen los deberes para sostener los errores o despilfarros de otros. Como Estados Unidos, un sistema sólido que garantice estabilidad pero con responsabilidad. Donde Texas no corra con el riesgo de los errores de Detroit.

Hoy Europa crece a un ritmo más sólido, liderada por Alemania y España, ya que es un crecimiento generado mientras se ha reducido de manera agresiva el déficit comercial. Pero los mismos problemas demográficos y de productividad que comentábamos afectan a una Unión Europea cuyos políticos parecen querer seguir intentando volver a los excesos de 2004-2007. Así, la eurozona sufre de una alta sobrecapacidad —20 %—, un alto desempleo y de una fiscalidad muy alta, con un gasto público que ya supone el 48,6 % del PIB.

El crecimiento español y europeo sigue siendo frágil, aún por debajo del potencial de la economía.

Ni España ni el resto de Europa pueden esperar milagros de la política monetaria. Acudir a las recetas mágicas de estímulos monetarios y retrasar las reformas no funcionaría. El Banco Central Europeo puede comprar tiempo, pero no soluciona los desequilibrios de las economías.

El diagnóstico es apasionante. Cada dificultad, cada reto nos muestra una oportunidad. Caer en el pesimismo o el victimismo no soluciona nada. Nos vemos en el debate.

Emilio Ontiveros

Introducción

La economía española es una de las que más ha sufrido la crisis que se originó en el verano de 2007 en el sistema financiero de Estados Unidos. En común con la economía de ese país mantenía algunos rasgos que la hacían especialmente vulnerable a una súbita contracción de los flujos de financiación: intensidad excesiva de la inversión en activos inmobiliarios, elevado endeudamiento privado con el sistema bancario y un déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente también sin precedentes, en gran medida resultado de los dos anteriores.

Pero a medida que la crisis fue evolucionando, las consecuencias sobre la economía española han sido peores porque, al igual que el resto de las economías periféricas de la eurozona, sufrió políticas económicas que no favorecieron el crecimiento económico y han contribuido al aumento de la deuda pública. La austeridad presupuestaria a ultranza no fue precisamente expansiva, sino que acentuó la recesión y, por ello, no consiguió sanear las finanzas públicas.

Cualquier diagnóstico actual de la economía española exige revisar las razones de la excesiva exposición a la crisis y los daños que esta ha generado. Desde ese punto de partida, se analizará si la recuperación en ciernes está siendo acompañada de modificaciones en el patrón de crecimiento que reduzcan aquella vulnerabilidad y garanticen un crecimiento suficiente y sostenible.

La expansión de la economía española hasta 2008

Cuando emergió la crisis financiera la economía española concluía una larga fase de crecimiento económico y del empleo. Desde 1995 el ritmo medio de expansión del PIB había superado el 3,5 %, más de un punto por encima del promedio de la UE. En 2007 el crecimiento fue del 3,8 % y la tasa de desempleo por primera vez igualaba el promedio europeo, del 8 % de la población activa. El dinamismo del empleo era evidente: hasta final de 2007 la ocupación crecía en España dos puntos porcentuales por encima de lo que lo hacía en la UE. Desde poco después de la entrada en vigor de la moneda única, en enero de 1999, la población activa experimentó una ampliación como consecuencia de la llegada de un flujo importante de inmigrantes, alcanzando el 10 % de la población española en 2007, que a su vez posibilitaron un aumento de la incorporación de mujeres españolas al mercado de trabajo. A partir de mediada la década de los 2000, el PIB por habitante español superó el promedio de la UE.

Una «bonanza» tal fue en gran medida el resultado del singular impulso que desencadenó la participación de España en la Unión Ecónomica y Unión Monetaria de la Unión Europea, a partir de enero de 1999. Con la asunción del euro no solo desaparecía el riesgo de cambio, y se disfrutaba de tipos de interés más bajos, consecuentes con una política monetaria propia de economías con menor inflación, sino que se avanzaba formalmente hacia la homologación macroeconómica con las economías más estables de Europa. Y eso cotizaba muy favorablemente, tanto más cuanto mayor era la divergencia macroeconómica que tradicionalmente había definido nuestra economía. España aumentó su atractivo como destino de los capitales exteriores y con ello su potencial de crecimiento.

La economía española crecía mucho, pero no crecía bien. Una parte muy significativa de su expansión se debió al protagonismo destacado de la inversión en construcción residencial y a la actividad de promoción inmobiliaria. Desde la anterior crisis, en 1992-1993, que también fue de naturaleza fundamentalmente inmobiliaria, la proporción de ese sector en el PIB fue creciente hasta doblar en 2007 la existente en aquellos años y también la correspondiente al promedio de la UE. No solo no escarmentamos, sino que seguimos aprovechando las excelentes condiciones de financiación para concentrar en ese sector buena parte de la inversión. Mientras tanto, los sectores más intensivos en tecnología media-alta no mantenían un protagonismo equivalente a los de las economías más avanzadas de Europa.

Invertíamos más de lo que ahorrábamos y, por tanto, el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente iba en ascenso. Algo que no era precisamente nuevo en el patrón de crecimiento de la economía española, aunque no en la magnitud que llegó a alcanzar ese desequilibrio en la primera década y media desde el nacimiento del euro. Para cubrir esa diferencia, que llegó a representar el 10 % del PIB en 2007, el ahorro del resto del mundo se canalizó fundamentalmente a través de financiación bancaria. Los bancos españoles acudían a los mercados mayoristas y en condiciones de coste y vencimiento históricamente favorables captaban la financiación necesaria para mantener ese ritmo de actividad, ya fuera mediante la captación de financiación interbancaria, la emisión de cédulas hipotecarias o la titulización de activos. Los bancos eran muy proactivos a su vez en la canalización de esa financiación mediante crédito a empresas y familias que distribuían a través de las 45 000 oficinas bancarias que existían en nuestro país. En el conjunto del sistema bancario español, la inversión crediticia con garantía hipotecaria alcanzó el 50 % de sus activos totales al término de 2007. Esa proporción era significativamente superior en el subsector de cajas de ahorros, que entonces representaban la mitad del sistema bancario español. Solo las empresas de promoción inmobiliaria adeudaban al conjunto del sistema bancario más de 350 000 millones de euros al término de 2007.

El endeudamiento de familias y empresas ascendió a un ritmo sin precedentes hasta alcanzar al final de 2007 el equivalente al 210 % del PIB. El 80 % de las familias eran propietarias de viviendas, y estos activos representaban más de las tres cuartas partes del patrimonio familiar agregado.

Las finanzas públicas no constituían un problema. La expansión de la actividad privada generaba ingresos tributarios más que suficientes para cubrir los gastos públicos, contribuyendo a la generación de un superávit fiscal entre 2005 y 2007 que al término de este último año superaba el 2 % del PIB. La deuda pública era una de las más bajas de Europa, del 35,5 % del PIB, con un reducido devengo en concepto de intereses.

Pero a esa posición favorable de las finanzas públicas se sobreponían los desequilibrios del sector privado antes comentados, que acentuaban la vulnerabilidad ante cualquier episodio de inestabilidad financiera, como el que acabó precipitando la convulsión generada en el verano de 2007.

Impacto de la crisis. Evaluación de daños

La crisis estadounidense tuvo su origen en el mercado inmobiliario y su principal transmisor fue el sistema financiero. Las insolvencias en ascenso de las hipotecas de alto riesgo (subprime) generaron una desconfianza creciente en el seno de la comunidad financiera que rápidamente se trasladó a otros países, a los europeos de forma clara. Un colapso en toda regla, un credit crunch, que congeló los flujos de financiación entre los operadores bancarios y contribuyó de forma determinante a esa Gran Recesión que situó a la totalidad de las economías avanzadas durante 2009 y 2010 en ritmos negativos de crecimiento durante varios trimestres.

Esa crisis de confianza alcanzaría de forma más intensa a los bancos españoles, altamente dependientes de la financiación captada en los mercados mayoristas internacionales. De hecho, una parte muy significativa de toda la deuda privada era exterior, como lo es todavía.

Es verdad que desde algunos meses antes a la emergencia de problemas en Estados Unidos se observaba cierta moderación en el crecimiento de los precios de los activos inmobiliarios españoles, pero estaban muy lejos de vaticinar su desplome brusco. Mucho menos previsible sería el encadenamiento de problemas de liquidez y solvencia en los sistemas bancarios y la llegada de una recesión como la que tendría lugar tras el contagio de la crisis financiera estadounidense a la eurozona.

Al igual que en otras economías europeas, la infección americana arraigó rápidamente en la española, abriendo una larga fase de contracción del crecimiento económico y deterioro de la solvencia privada. Los precios de los activos inmobiliarios se desplomaron, la calidad de las inversiones bancarias (recordemos que más de la mitad de las del conjunto del sistema tenían respaldo hipotecario) aceleró su deterioro, la financiación se congeló, la actividad constructora se paralizó y el desempleo ascendió. Solo en el sector de la construcción se perdieron dos millones de empleos, antes de que la tasa de paro del conjunto de la economía alcanzara el 27 % de la población activa en el primer trimestre de 2013.

Lo que en principio fueron problemas de liquidez, derivados de esa práctica imposibilidad de renovar las posiciones deudoras de los bancos, acabó erosionando la calidad de los activos bancarios a medida que la solvencia de las empresas constructoras, inmobiliarias y de las familias fue extendiéndose. Nunca antes desde que la serie estadística de morosidad bancaria está disponible se había alcanzado una tasa del 13,5 % de la inversión crediticia de los bancos. A finales de febrero de 2015 estaba todavía en el 12,59 %.

A diferencia de lo ocurrido en otras economías periféricas de la eurozona, en un primer momento no fueron dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas lo que generó desconfianza en los operadores financieros internacionales, sino el elevado grado de exposición del sector privado, el sistema bancario incluido, a la construcción residencial y la promoción inmobiliaria. Pero el desplome de la actividad acabó impactando en las cuentas públicas, a través fundamentalmente de la caída de los ingresos tributarios, empezando por los muy sustanciales provenientes del sector inmobiliario y ampliando los gastos correspondientes a prestaciones y a los intereses de una deuda pública en ascenso. En dos años aquel superávit público del 2 % del PIB en 2007 paso a un déficit del 11 % del PIB. Los ingresos públicos que suponían el 41 % del PIB en 2007 se quedaron en el 35 % en 2009, la más intensa contracción de todos los países de la eurozona. Los gastos públicos en proporción al PIB crecieron hasta el 46 %, en gran medida como consecuencia del propio desplome del PIB.

La emergencia de la crisis griega, el reconocimiento por su Gobierno de manipulaciones en sus cuentas públicas, abrió un frente de la crisis en los mercados de deuda pública de las economías consideradas periféricas. Se iniciaba la alimentación de un círculo vicioso que alcanzaría su máxima intensidad en el verano de 2012. El hundimiento de los precios de los activos inmobiliarios deterioraba los balances bancarios y reducía la inversión crediticia, acentuando la incipiente recesión. Esta, además de elevar el desempleo reducía los ingresos impositivos, con el consiguiente aumento del déficit y de la deuda pública. Y con ello, la caída en el precio (y la elevación de sus tipos de interés) de los títulos de deuda pública, que también contribuían a la depreciación de las inversiones en esos títulos que tenían los bancos en sus balances.

Los acreedores internacionales proyectaron su desconfianza sobre España a medida que ese «bucle diabólico» cobraba intensidad y las políticas aplicadas en la eurozona, a diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos o en el Reino Unido, no favorecían precisamente la recuperación del crecimiento económico, condición necesaria para generar rentas suficientes con las que pagar las deudas.

Al igual que en otros países, las ayudas públicas a las entidades bancarias engrosaron la deuda pública, al tiempo que los inversores en los mercados de bonos acentuaban su aversión al riesgo y aumentaban sus exigencias de mayores tipos de interés para financiar a los gobiernos con economías más vulnerables. La prima de riesgo —la diferencia en tipos de interés frente a bonos alemanes de igual vencimiento— ascendió en todas las economías periféricas, llegando a su máxima intensidad en julio de 2012 cuando Italia y España fueron pasto de la mayor desconfianza por los mercados de deuda pública, que llevaron sus tipos de interés a niveles sin precedentes.

La reducción del empleo y la contención salarial de buena parte de los empleados redujeron la renta disponible de forma considerable, al tiempo que la caída de los precios inmobiliarios lo hacían con la riqueza de los hogares, dada la importancia relativa que los activos de esa naturaleza tienen en el patrimonio de las familias, a la sazón fuertemente endeudadas.

Inventario de daños

Los daños originados por la crisis han sido muy significativos. Se extienden a la práctica totalidad de las dotaciones de capital y a la credibilidad de buena parte de las instituciones y mercados. Su restauración constituye una de las condiciones necesarias para asentar un crecimiento económico suficiente y sostenible.

1.1. Capital humano

Es en los datos del mercado de trabajo donde se manifiesta el deterioro en la principal forma de capital. Al término del cuarto trimestre de 2014 había en España más de 5 457 700 desempleados, un 23,7 % de la población activa.

Desde finales de 2007 a 2013 la destrucción de empleo fue de las mayores de Europa. No será fácil ni precisamente rápido recuperar los niveles de 2007, cuando se alcanzaron 19 493 050 afiliados a la Seguridad Social, frente a los 16 882 801 que existían al final de marzo de 2015, a pesar de la intensa recuperación de este primer trimestre del año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Informe de Perspectivas Económicas de abril de 2015, preveía una tasa de desempleo al término de 2016 por encima del 21 %.

Y es que una proporción muy significativa del desempleo es de larga duración. Dentro de esta categoría, que agrupa a las personas que llevan más de doce meses desempleados, son las de mayor edad o menor cualificación las que tendrán muy difícil su reincorporación a la actividad laboral. A finales de 2014 eran 2,38 millones de personas las que llevaban más de dos años sin empleo. Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2015, una de cada cuatro personas de las 5,6 millones que estaban en paro llevaba al menos tres años o más sin trabajar. En 2014, dos años después de la reforma laboral, el número de personas que encadenaban más de dos años en paro creció en más de 100 000.

Cuanto mayor sea la permanencia en el paro de una persona, mayor será el riesgo de inadecuación de su cualificación a la demanda del mercado de trabajo. Son, efectivamente, los más expuestos al desempleo tecnológico, al contraste con las habilidades que requiere la presencia de nuevas tecnologías en las cadenas de valor de las empresas más dinámicas. Frente a ello, el sistema de formación profesional está lejos de satisfacer esas exigencias de adecuación a la demanda de trabajo.

Otra manifestación de la erosión del capital humano es la referida al desempleo juvenil. Entre los menores de veinticinco años la tasa de paro al término de 2014 era del 52 %. En muchos casos se trata de jóvenes que interrumpieron sus estudios para trabajar en la construcción o en los servicios, los primeros sectores en sufrir el impacto de la crisis. Ello ha retrasado la edad de emancipación de los hogares familiares, un problema de trascendencia no solo económica. En un número importante de los jóvenes con mayor formación, el resultado es la emigración obligada, cuando no la aceptación de empleos inadecuados para sus cualificaciones que, en todo caso, quedan igualmente expuestas a la obsolescencia.

De la calidad del empleo da cuenta también la excesiva temporalidad de la contratación laboral. En realidad, del nuevo empleo creado en la recuperación reciente, más del 90 % de los contratos suscritos son temporales, reveladores en última instancia de la insuficiente confianza de las empresas. En los jóvenes la tasa de temporalidad es igualmente muy superior al promedio, alcanzando más del 80 % a los comprendidos entre dieciséis y diecinueve años, y del 65 % entre veinte y veinticuatro años.

Sin la estabilidad mínima, la eficacia de los trabajadores, su identificación con los objetivos de la empresa, no se fortalece precisamente, como no lo hace la inversión en formación, favorecedora igualmente del empleo. Y ello impacta en la productividad, en el valor creado por hora trabajada, que sigue siendo significativamente inferior al promedio de las economías avanzadas. No es un panorama que tampoco permita hacer hasta el momento un balance muy favorable de la reforma laboral de 2012.

La otra consecuencia del tipo de empleo que se está creando es su baja remuneración. En mucha menor medida ha afectado a los empleados más cualificados y con empleos permanentes, reflejo de la amplia segmentación de nuestro mercado de trabajo entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales. Estos últimos mucho más vulnerables y con salarios más bajos y flexibles a la baja. Con datos de Eurostat, la agencia estadística europea, en las empresas con más de 10 trabajadores, excluyendo administraciones públicas y agricultura, el coste por hora trabajada en 2014 era de 15,7 euros, un 27,3 % menos que en el conjunto de la eurozona. En Dinamarca era de 40,3 euros y en Alemania de 31,4 euros en la misma fecha. Esa divergencia era menor antes de la crisis: en 2008 era de un 24,3 % menos que el promedio del área monetaria. El ajuste salarial parece estar motivado en gran medida por la sustitución de trabajadores por otros con salarios más bajos.

Uno de los efectos no menos relevantes del aumento del desempleo y de la contención salarial ha sido el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, de la riqueza e incluso del aumento de la pobreza. La OCDE ya había reflejado esos aumentos hasta 2008, pero el aumento del desempleo y la reducción salarial han agudizado esa desigualdad. En un informe de mayo de 2015, «Por qué menos desigualdad beneficia a todos» («In IT Together. Why Less Inequality Benefits All»), la OCDE demuestra la ampliación de la brecha en la distribución de la renta en el periodo comprendido entre 2007 y 2011. Los ingresos de los hogares cayeron en casi todos los países avanzados. En España el impacto fue de los más desiguales: el 10 % de las familias con menor renta perdieron un 13 % anual de sus ingresos en esos años, mientras que el 10 % con mayores rentas solo perdieron el 1,5 % anual. La OCDE destaca como, además del mayor desempleo, las políticas de austeridad perjudicaron más a los hogares con rentas más bajas. Una cosa es la desigualdad y otra la pobreza. Esta última también ha aumentado en nuestro país en estos años. La población que vive por debajo del nivel de pobreza alcanzó el 18 %, el doble que antes de la crisis, según esa organización multilateral.

Hasta el punto de que en los momentos actuales la caracterización de «mileurista» ya no nos es tan adversa; incluso puede resultar un privilegio, a tenor del aumento del número de trabajadores con salarios inferiores a los mil euros. Las pérdidas de bienestar son más explícitas si tenemos en cuenta que una parte creciente de los desocupados carece de protección. A finales de febrero de 2015, un 55,7 % de los desempleados no recibía ningún tipo de ayuda, lo que significa el nivel de protección más bajo en catorce años. En realidad, todas las prestaciones y transferencias han disminuido más que las cotizaciones e impuestos.

1.2. Capital físico

La inversión hoy es más de un 30 % inferior a la de 2007. En la década que concluyó en 2007 la formación bruta de capital fijo (FBCF) creció a una tasa media del 6,4 %, muy por encima del 3,8 % que lo hizo el PIB. No solo fue la construcción, sino también la inversión en equipo. Pero a medida que la crisis se extendía y las restricciones crediticias se acentuaron la inversión empresarial se contrajo de forma muy significativa. Las empresas dejaron de ampliar capacidad y el capital físico ocioso quedó expuesto a la obsolescencia.

El conjunto de la FBCF cayó un 7,3 % entre 2008 y 2013, haciéndolo la construcción residencial un 10,3 % y la no residencial un 8,4 %. La inversión en equipo lo hizo un 2,3 %, también de forma más pronunciada que la propia caída del PIB en ese periodo, del 1,1 %.

1.3. Capital tecnológico

Una de las inversiones que ha sido tributaria de las restricciones de la inversión tanto pública como privada ha sido la concretada en Investigación y Desarrollo (I+D), descendente a partir de 2009. Sin una intensidad suficiente en I+D las economías avanzan poco en innovación, no mejoran la productividad ni la calidad de la oferta y corren el riesgo de ser superadas competitivamente por aquellas otras que aunque lo hagan en escasa proporción disponen de costes salariales más bajos.

A decir verdad, la inversión en I+D española nunca fue muy importante. Únicamente fueron las aportaciones públicas las que igualaron las asignaciones medias europeas, mientras las privadas quedaron siempre muy por debajo. Pero también la inversión pública en este capítulo ha quedado sacrificada durante la crisis. En la clasificación europea por inversión en I+D que difunde Eurostat para los 28 Estados, España ocupaba la posición decimoséptima en 2013, con un 1,24 % del PIB, muy por debajo de los Estados nórdicos que mantienen promedios superiores al 3 % del PIB, o de la media de la UE-28, del 2,02 % del PIB. Recordemos que el objetivo de la Agenda de Lisboa situaba esa proporción en el 3 % del PIB.

En cierta medida esa reducida inversión en uno de los fundamentos de la economía del conocimiento viene explicada por un patrón de crecimiento sesgado hacia producciones generadoras de valor añadido relativamente bajo. También habrá contribuido a ello sin duda el tamaño reducido de las empresas españolas.

1.4. Demografía empresarial

La demografía empresarial también acusó los efectos adversos de la crisis. Desde el máximo en 2008, han desaparecido muchas empresas y se han acentuado las dificultades para que nacieran otras, con bastante independencia del sector. La asfixia, tanto la originada por falta de demanda como de financiación crediticia, afectó a empresas viables en condiciones normales, algunas de ellas en sectores intensivos en conocimiento. La capacidad defensiva de las empresas, para apelar a otras fuentes de financiación, para acceder a otros mercados distintos del doméstico donde colocar la producción o para intensificar su tecnología, está seriamente condicionada por el reducido tamaño de nuestras empresas.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2014 había en España 3 114 361 empresas, de las cuales 3 110 522 (99,88 %) eran pequeñas y medianas empresas (pymes, entre 0 y 249 asalariados). Las consideradas microempresas (de 0 a 9 empleados) en España representaban en esa fecha el 95,8 % del total de empresas, frente al 92,4 % para el conjunto de la UE. El 54 % no tenía ningún trabajador y el 83 % tenían dos o menos asalariados.

En esa misma fecha, el 80,5 % de las empresas españolas ejercía su actividad en el sector servicios y, dentro de este, un 24,3 % corresponde al comercio. La concentración en este sector no debe preocupar tanto como el dominio en el mismo de servicios de bajo valor añadido, con muy baja productividad. El empleo mayoritario es de baja cualificación y de elevada precariedad: de los empleos que se crean en esos subsectores se consolidan una mínima parte.

El tamaño empresarial varía muy significativamente en función de los sectores económicos. Según el DIRCE, el 85,8 % de las empresas industriales son microempresas, y de ellas el 47,4 % tienen entre 1 y 9 empleados. Sin embargo, los sectores construcción y resto de servicios aglutinan el mayor número de empresas (con un 61,5 % y un 55,1 % respectivamente) en el tramo de microempresas sin asalariados. En el sector comercio, cerca del 50 % son microempresas sin asalariados y el 47 % tienen entre 1 y 9 empleados. El 11,73 % de las empresas del sector industrial son pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), porcentaje muy superior al que suponen las pequeñas empresas sobre el total de empresas (3,5 %).

La pyme española mantiene una particular importancia en su contribución a la generación de empleo empresarial, ocupando al 66 % del total de trabajadores. En particular, las empresas de menor dimensión son las que emplean un mayor número de trabajadores en el tramo de las pymes. Las microempresas y las pequeñas empresas representan, respectivamente, el 32,6 % y el 18,6 % del empleo total.

El 97,6 % de las empresas ingresaron menos de 2 millones de euros. Un 1,9 % ingresan entre 2 y 10 millones. Las que tienen ingresos comprendidos entre 10 y 50 millones representan el 0,5 %, y solo el 0,1 % ingresaron más de 50 millones de euros en 2013.

1.5. Sistema financiero

La economía española tiene un sistema financiero muy bancarizado. A diferencia de la conformación institucional de las economías anglosajonas, el de la Europa continental está dominado por la intermediación bancaria tradicional, con un peso menor de la financiación directa a través de los mercados de capitales.

El impacto de la crisis sobre el sistema bancario español ha sido importante, no solo en algunas cajas de ahorros. Los balances de aquellas entidades que han sobrevivido a la crisis se han reducido y siguen haciéndolo mediante la venta de activos, depreciaciones y un racionamiento muy acusado del crédito, que empieza a atenuarse como consecuencia en gran medida de la política expansiva del BCE y las señales de recuperación del crecimiento económico.

Con todo, del sistema bancario han desaparecido numerosas entidades, se ha intensificado el grado de concentración de estas y se ha reducido el número de oficinas. La capacidad de negociación de las empresas medianas y pequeñas se ha debilitado, sin que hasta el momento hayan emergido nuevos mecanismos e instituciones financieras que faciliten las respuestas a las necesidades de financiación, en especial de las pequeñas empresas y de las recién nacidas.

A esas limitaciones de un sistema financiero que bien podríamos considerar en transición, se añaden las menos tangibles derivadas de la erosión en la confianza, en la confianza que el conjunto de los agentes económicos, al igual que en otros países, tienen de las instituciones financieras.

1.6. Capital social

Y ese deterioro de la confianza nos conduce a los daños sufridos por esa otra forma de capital, más directamente vinculada a los activos intangibles de cualquier economía, y entre ellos a uno esencial, la confianza. La existente entre los agentes económicos y la que estos proyectan en las instituciones públicas y privadas, no solo en las españolas, sino también en las europeas.

En su acepción más amplia, la «confianza social» es fundamental en la conformación del «entorno propicio» para un crecimiento económico sostenible, para garantizar la prosperidad, en definitiva.

La recuperación

Siete años después de iniciada la crisis, y tras dos recesiones, la economía española aborda 2015 con la mayor tasa de expansión desde 2008 y un notable ritmo de creación de empleo. El ritmo de crecimiento en 2015 es probable que supere el 3 %, después de crecer en 2014 un 1,4 %. Pero tendrán que pasar varios años, suponiendo que el ritmo actual se mantenga, antes de alcanzar el nivel de PIB y el empleo previos a la crisis. Antes, en definitiva, de restaurar los daños comentados en el epígrafe anterior sobre la capacidad de producción.

En la recuperación de nuestra economía, en la ruptura del círculo vicioso en el que estaba inmersa, fue clave el cambio de actitud del BCE, primero llevando sus tipos de interés a niveles prácticamente nulos. Luego, a partir de julio de 2012, cuando las primas de riesgo de la deuda pública italiana y española eran poco menos que premonitorias de males mayores, incluida la fragmentación del euro, advirtiendo de su disposición a tomar decisiones excepcionales. Ese cambio en el BCE con su presidente dispuesto a partir del 26 de julio «a hacer todo lo que fuera necesario» recondujo los costes de financiación a niveles más razonables, y alejó el riesgo más extremo de abandono de la moneda única, constituyéndose en una verdadera red de seguridad para nuestra economía. Abrió el paso a decisiones de política monetaria necesarias desde hacía tiempo, entre ellas la instrumentación de estímulos cuantitativos (Quantitative Easing) similares a los aplicados años antes por la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, finalmente iniciados el 9 de marzo de 2015. De la importancia de esas actuaciones da idea el hecho de que parte de ese programa de adquisición de activos por 65 000 millones de euros al mes hasta septiembre de 2016, podría llegar a absorber una parte muy importante del objetivo de emisión de deuda por el Tesoro español, cifrado en 55 000 millones de euros para 2015.

La economía española se benefició enormemente de esa nueva orientación de la política monetaria. La confianza volvió a la deuda pública y a otras modalidades de inversión extranjera, directa y de cartera. Junto a ese cambio en la orientación de la política monetaria, el rescate bancario amparado en la línea de crédito a las autoridades españolas en junio de 2012 y la definición del horizonte de unificación bancaria, han sido igualmente esenciales para la restauración de la estabilidad financiera, la recuperación parcial de la confianza y el abandono de la recesión. Todo ello, conviene no pasar por alto la paradoja, a pesar de que la deuda pública española no ha dejado de ascender en estos años, a un ritmo muy superior al del promedio de la eurozona, hasta el 100 % del PIB actual.

El otro propulsor de la recuperación ha sido el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios. En 2009, el peor año de la recesión, las exportaciones de bienes cayeron un 15 %, mientras que las importaciones lo hacían un 27 %. A partir de entonces las ventas de bienes al exterior iniciarían una senda expansiva, ampliando su cobertura sobre las importaciones: en 2008 esa tasa era del 66,8 %, mientras que en 2013 alcanzó el 93,4 %, para caer un año después hasta el 90,7 %. Las exportaciones de servicios por su parte, no solo el turismo, también han tenido un excelente comportamiento, fundamental para que la balanza por cuenta corriente, de un déficit del 10 % del PIB en 2007 pasara de un superávit del 0,1 % del PIB en 2014. En ese año, según el FMI, la cuota española en las exportaciones mundiales de bienes y servicios era del 1,9 %, mientras que el PIB de nuestra economía representaba el 1,5 % del global. No son bienes ni servicios con una intensidad tecnológica elevada los que mayoritariamente se exportan (apenas un 10 % de los productos industriales exportados en 2013 tenía un componente tecnológico elevado), sino aquellos otros donde la ventaja en costes es la más acusada.

El aumento de la propensión exportadora observado durante la crisis ha tenido mucho que ver con la intensa contracción de la demanda interna y con el abaratamiento de los costes laborales, facilitado por la amplia destrucción de empleo y la regulación laboral subsiguiente. En lugar de las devaluaciones del tipo de cambio cuando no compartíamos moneda, la pertenencia a la eurozona ha obligado a una devaluación interna, salarial. Y, más concretamente, de los salarios más bajos.

A diferencia del ascenso de los salarios reales en los primeros años de la crisis, desde 2010 al término de 2014 los salarios no han crecido en términos nominales, al tiempo que su poder adquisitivo se ha erosionado un 7 %. Según la Encuesta de Coste Laboral, los salarios brutos volvieron a caer en 2014 un 0,1 %. Aunque en términos reales, dada la caída de la inflación del 0,2 %, subieron un 0,1 %. Si la comparación se hace desde 2007, la contracción en términos reales de los salarios ha sido del 3 %.

Esa evolución salarial ha contribuido a corregir la evolución de los costes laborales unitarios (CLU), por unidad producida, que desde la entrada de España en el euro habían crecido bastante más que la media de los países del área monetaria. En ese indicador, que representa la mejor aproximación a la competitividad vía costes de una economía, influyen no solo los salarios relativos sino también la productividad, que representa la capacidad para producir mejor. Su evolución depende de factores muy diversos, desde las dotaciones de capital hasta la capacidad de los empresarios para coordinarlos. En estos cuatro últimos años de crisis, además de la reducción de los salarios en comparación con la eurozona, también ha aumentado la productividad, fortaleciendo esa competitividad vía costes en la que el crecimiento de las exportaciones se ha amparado. Pero esos aumentos de la eficiencia han sido en gran medida debidos a la caída de los salarios y del empleo.

Ese comportamiento de los salarios ayuda a entender la evolución de la Renta Bruta Disponible de las familias (RBD), ya que aquellos representan dos tercios de esta, antes de impuestos. El crecimiento nominal de la RBD en 2014, de un 1,4 %, fue debido al crecimiento del empleo del 1,6 %, mientras que el descenso del salario medio fue del 0,2 %. En términos reales fue en 2014 un 10 % más baja que la existente en 2009, lo que ayuda a entender esa divergencia de percepciones sobre la recuperación que tienen distintos segmentos de la población.

Ahora la economía crece impulsada no solo por la demanda exterior sino también por la demanda nacional, la de consumo de las familias y la inversión de las empresas. En el primer trimestre de 2015 el crecimiento del PIB habrá alcanzado un ritmo anual del 2,6 %, impulsado fundamentalmente por propulsores externos y circunstanciales: unas condiciones monetarias extraordinariamente laxas que están garantizadas por el BCE hasta septiembre de 2016, un tipo de cambio del euro depreciado consecuente con esa expansión monetaria y un precio del petróleo excepcionalmente bajo. Vientos de cola con los que no se puede contar indefinidamente.

La garantía de continuidad de esa expansión, su sostenibilidad y contribución a la ampliación del crecimiento potencial, depende también de factores más directamente vinculados a nuestro patrón de crecimiento. En primer lugar del dinamismo de las ventas de bienes y servicios al exterior observado en los últimos años. Ello requiere que las demás economías aumenten su demanda y, no menos importante, que la nuestra mantenga las ventajas conseguidas en el índice del tipo de cambio efectivo real y en los costes laborales por unidad de producción, los CLU. Del aumento de empresas exportadoras y de la diversificación geográfica de las ventas, fuera de la eurozona, cabe esperar que se mantengan al menos parte de esas ganancias en la propensión a exportar, que no ocurra como en fases de recuperación de otras crisis, que los exportadores vuelvan a centrarse en el mercado nacional cuando repunte la demanda de consumo. Con todo, solo existen 148 000 empresas exportadoras, menor proporción que en la UE, con no más de 50 000 consideradas como «exportadores regulares». El tamaño medio de las empresas y la composición tecnológica de los bienes y servicios que producen amparan el escepticismo acerca de la continuidad del equilibrio en la balanza de bienes y servicios.

Pero también es necesario que las importaciones no repunten en exceso. Las compras de bienes y servicios al exterior cayeron un 18 % entre 2008 y 2013. Sin menoscabo de la competitividad vía precio antes comentada, que favoreció la sustitución de importaciones por producción nacional, la intensa caída de la demanda interna es en mayor medida responsable de esa contracción de las compras al exterior. Como ya se aprecia, la recuperación de la demanda doméstica generará aumentos de las importaciones a medida que la recuperación se asiente.

Otro condicionante de la sostenibilidad de la recuperación es el todavía elevado endeudamiento del conjunto de la economía. Las administraciones públicas han casi triplicado su deuda desde 2007, hasta el 98 % del PIB a final de 2014. Y las familias y empresas lo han reducido a duras penas sin contar precisamente con la complicidad de la inflación o de un aumento significativo de sus rentas. Al final de 2014 la deuda de las familias representaba un 72 % del PIB (equivalente al 109 % de su Renta Bruta Disponible, frente al 133 % en 2007) y del 111 % la de las empresas.

Del total de pasivos financieros de los agentes españoles, los mantenidos con el resto del mundo, expresivos de la deuda externa bruta, alcanzaron 1,7 billones de euros, un 160 % del PIB, al final de 2014. De estos pasivos, es la deuda pública la que en mayor medida poseen los acreedores extranjeros, un 50 % de toda la deuda viva. Deducida de esa deuda externa, el valor de los activos frente al exterior de los españoles, la denominada Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN), era de un billón de euros, el 94 % del PIB. Son magnitudes ciertamente elevadas que además de acentuar la dependencia de los procesos de refinanciación obligan a una cuantiosa transferencia de renta nacional al exterior en concepto de intereses, aunque estos sean hoy excepcionalmente bajos. La continuidad en la reducción de esa deuda exterior requerirá excedentes continuados en la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero lo que es de todo punto necesario incrementar el valor añadido de nuestras ventas de bienes y servicios al exterior. Y ello exige mejorar el patrón de crecimiento de la economía, que se comenta en el siguiente epígrafe.

El patrón de crecimiento actual

La crisis ha erosionado la capacidad de producción de la economía. Es, por tanto, probable que cuando se debilite la excepcional tracción que ahora están ejerciendo factores externos —una política monetaria expansiva, la depreciación del tipo de cambio del euro y la del barril de petróleo— se atenúe el ritmo de expansión de la economía, distanciándose del crecimiento potencial. El aspecto más relevante en este punto no es cuánto puede desacelerarse la expansión desde el repunte de 2015, sino si se han reducido las vulnerabilidades y se han fortalecido las ventajas competitivas de la economía. Si, en definitiva, contamos con un mejor patrón de crecimiento.

A tenor de lo observado en el inicio de la recuperación, la creación de empleo se está concentrando en sectores de escaso valor añadido. No se puede afirmar que la economía haya cambiado de forma fundamental su orientación. La encuesta sobre innovación de las empresas del INE revela que la mayoría de los empleos se han creado en sectores de baja innovación. El sector servicios, sin duda el más dinámico, presenta una tasa de innovación menor que la industria, especialmente en aquellos más cercanos al turismo tradicional y a la hostelería.

La española no era una economía muy competitiva antes de la crisis. En mi opinión, no se trata tanto de cambiar «el modelo productivo» al que con frecuencia se apela, sino de mejorar la intensidad en ventajas tecnológicas de lo que se produce. Como se ha revisado en páginas anteriores, la estructura sectorial no es muy distinta a la del promedio de Europa. La agricultura representa algo más del 2 %, la industria un 18 %, el sector de la construcción ya ha bajado al 5 % y los servicios un 75 %. En términos de empleo, el sector servicios representa el 76 % del total frente al 47 % en 1986, cuando España entró en la actual UE.

Pero la dimensión media de las empresas en casi todos los sectores vuelve a ser un factor que no favorece precisamente una mejora de la dotación tecnológica y la generación de ganancias de productividad de esa estructura productiva.

No hay necesidad en mi opinión de ambicionar una alteración significativa de esa estructura sectorial, pero sí es necesario mejorar la calidad de todos los factores y formas de capital para garantizar ritmos de crecimiento suficientes y sostenibles. Es necesario, en suma, aumentar la productividad agregada: la del trabajo y la del capital. Pero hacerlo no destruyendo empleo y empresas, como suele ocurrir en fases de intensa recesión, sino mejorando la calidad de la oferta de nuestras empresas.

Eso significa que no será suficiente con salarios y tipos de interés bajos como los que están impulsando la recuperación. Será de todo punto necesario aumentar la base de capital destruida y, en todo caso, conseguir crecimientos de esa suerte de colesterol bueno que es la Productividad Total de los Factores (PTF), componente fundamental de la productividad del trabajo, que refleja los avances en la eficiencia en el uso del conjunto de los factores y en el progreso técnico que no están directamente incorporados en los factores de producción. Su valor no está vinculado tanto a la cantidad de factores empleados, sino al uso más o menos inteligente de los mismos, a la calidad en su coordinación —la de la función empresarial, de forma destacada— y a la mayor o menor complicidad del entorno institucional. Y esa PTF ha estado ausente del patrón de crecimiento español en las dos últimas décadas reflejando, en mucha mayor media que en otras economías avanzadas, la reasignación de recursos con crecimientos más débiles de la productividad. Recuperar el potencial de crecimiento a medio plazo exige elevar de forma significativa la PTF.

Dadas las estrechas vinculaciones entre productividad y competitividad, la economía española ha mantenido tradicionalmente una posición competitiva rezagada. Una prueba de ello es el crónico desequilibrio comercial y, a pesar de las ventajas en la exportación de servicios, también en la balanza por cuenta corriente. Este último determinado no solo por el déficit de ahorro sino por la erosión de la competitividad que era compensada con frecuentes devaluaciones en el tipo de cambio cuando teníamos moneda propia. Solo en periodos inmediatamente posteriores a devaluaciones significativas de la peseta se restauraba temporalmente el equilibrio en nuestras cuentas exteriores.

La pertenencia a la Unión Monetaria eliminó esa posibilidad, aunque como contrapartida permite una mayor movilidad de los capitales, incluidos aquellos no españoles que encuentran en nuestra economía posibilidades más rentables de inversión en ausencia de los riesgos tradicionales, el de cambio incluido. La crisis ha demostrado que fue excesiva la presunción de que en el seno de la eurozona los límites a la ampliación del déficit exterior eran mucho mayores, dadas esas posibilidades amplias de financiación, a tipos de interés inferiores a los que soportaban los prestatarios públicos y privados antes de la entrada de España en la eurozona. La consecuencia es ahora bien explícita: superados determinados niveles de déficit por cuenta corriente, su corrección y la de la excesiva dependencia de la financiación exterior ha determinado la forzada reducción de los costes internos, fundamentalmente los salarios. Así ha ocurrido durante la crisis, aunque hasta que esta no se desencadenó los mercados financieros apenas dieron muestras de inquietud por el abultado endeudamiento externo que iba acumulando nuestro país.

Otros indicadores, además de los saldos de la balanza de pagos, también llevan años dejando constancia de la debilidad competitiva española. Es el caso del Índice de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial. En los 12 pilares que según esta institución condicionan la capacidad competitiva de las naciones, su potencial generador de prosperidad, la posición de España no ha avanzado en la última década: mantenemos la posición 35.ª en el ranking correspondiente a 2014-2015.

En el pilar constituido por las instituciones la posición es más rezagada, la 73.ª. La solidez de las instituciones públicas y privadas constituye el fundamento para la fluidez de la actividad económica, para la distribución de los costes y beneficios. La adecuada regulación de las actividades económicas, la evitación de poder de mercado, de la corrupción o la falta de transparencia, el cumplimiento de los contratos públicos. La independencia y adecuado funcionamiento del sistema judicial, y, en definitiva, el adecuado suministro de los servicios públicos. Todo ello contribuye a fortalecer la confianza. Como haría la extensión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, la reducción de las importantes bolsas de fraude y de economía sumergida que todavía existen en nuestro país.

En la adecuación de la educación superior, la extensión de la tecnología o el desarrollo del sistema financiero, pilares igualmente fortalecedores de la capacidad competitiva, tampoco mantenemos posiciones propias de una economía avanzada. Únicamente la posición de España se encuentra entre las diez mejores del mundo en infraestructuras, que son fundamentales para facilitar la actividad económica, facilitando la óptima localización de las empresas para la integración de las regiones.

La economía española, en definitiva, además de intensificar su ritmo de recuperación con el fin de reducir los desequilibrios comentados, ha de mejorar su patrón de crecimiento, aquellos componentes favorecedores de la productividad y capacidad competitiva de las naciones. Haciéndolo reducirá su vulnerabilidad a episodios futuros de crisis. La dirección de esos cambios es el objeto del siguiente capítulo.

Juan Torres

Nuestro análisis nos conduce a pensar que la recuperación solo puede ser efectiva si se produce por sí misma. Cualquier reactivación que se deba solo a estímulos artificiales deja parte del trabajo de la depresión sin hacer […] amenazando así a los negocios con otra crisis peor más adelante.

JOSEPH A. SCHUMPETER, Las depresiones: ¿Podemos aprender de la experiencia pasada? (1934).

La situación actual de la economía española está asociada a un término, «crisis», cuyo significado griego original es muy interesante y al que me parece que no se ha hecho justicia al hacer frente en estos últimos años a los problemas que nos está provocando.

La palabra «crisis» significaba en la Grecia antigua separación, elección, discernimiento, disputa, juicio o sentencia. Por tanto, no solo hacía referencia a un momento en el que cambian las cosas, el signo o la dirección de los procesos, sino también a la situación en la que hay que actuar con criterio para elegir un camino u otro, cuando hay que emitir un juicio sobre las alternativas existentes. Por eso Hipócrates la usaba en medicina para referirse al cambio en el estado del enfermo en el que precisamente se puede evaluar el mal y hacer pronósticos acerca de su evolución futura. La crisis se consideraba, por tanto, y creo que no hay razón para que no la sigamos entendiendo así, como la situación en la que hay que elegir, justo porque lo que muestra la crisis es que hay varios caminos por delante y, en definitiva, que no hay nada inexorable allí donde aparece.

La elección «con criterio» entre los caminos diversos que se nos abren cuando aparece una crisis requiere, sobre todo, un buen diagnóstico de la naturaleza de la situación y de los escenarios que previsiblemente podemos encontrar en el futuro, para lo que siempre resulta necesario tener en cuenta y evaluar las circunstancias que nos han llevado a donde estamos.

Cuando son varios quienes actúan como operadores frente a la crisis para tomar decisiones no tiene por qué darse siempre coincidencia en los términos del diagnóstico de cada uno. Eso puede constituir un problema si no se encuentra la forma de encajar los diferentes juicios y buscar de común la mejor solución posible a la crisis que se contempla. Pero las diferencias entre los seres humanos que dan lugar a la controversia en el diagnóstico también pueden considerarse como una garantía, pues permiten que se pongan sobre la mesa más elementos de juicio para resolver cualquier problema. No en vano decía John Stuart Mill que son las grandes diferencias que hay entre los seres humanos las que les permiten «llegar a la altura intelectual, moral y estética de que su naturaleza es capaz».

Y si algo ha podido aprender la gente no entendida en materia de economía es que entre los economistas hay siempre notables diferencias de criterio. El célebre primer ministro británico Winston Churchill se quejaba de que cuando pedía una opinión sobre un mismo tema a cinco economistas recibía cinco respuestas diferentes… salvo que uno de ellos fuese Keynes, porque entonces —decía Churchill— las respuestas distintas serían seis (Keynes tenía, efectivamente, fama de cambiar de opinión a menudo o incluso de mantener posiciones contradictorias sobre un mismo asunto, pero cuando un periodista se lo reprochó en una entrevista le contestó: «¡Ah!, pero ¿usted no cambia de opinión cuando tiene información diferente?»). Por eso, quizá uno de los primeros grandes retos que tenemos los economistas ante nosotros es el de aprender a sincretizar, sobre todo a la hora de realizar diagnósticos de los problemas que la sociedad reclama que analicemos para que se les puedan dar soluciones adecuadas.

Un cambio de tendencia que no deja atrás la crisis

Nuestra economía está pasando un largo periodo de turbulencias y perturbaciones sobre el cual creo que ya no es preciso dar muchos detalles puesto que son bien conocidas: se han perdido 3,1 millones de empleos desde principios de 2008 hasta la actualidad y el número de parados ha aumentado prácticamente en la misma cantidad hasta llegar a los 5,4 del primer trimestre de 2015, después de haber superado los 6,2 millones en el primero de 2013; de 2008 a 2014 el número de empresas se ha reducido en unas 300 000; se ha recortado la financiación de servicios públicos esenciales que funcionan ahora peor que hace siete años; miles de jóvenes en cuya formación se habían invertido miles de millones de euros han tenido que emigrar por falta de expectativas; se han cerrado líneas de investigación punteras a nivel mundial y el sistema de ciencia y tecnología está bajo mínimos; la deuda pública que era de solo el 35,5 % del PIB en 2007 está a punto de superar el 100 % (98 % al acabar el primer trimestre de 2015); y España se ha puesto a la cabeza de Europa en indicadores como los de pobreza, desigualdad y exclusión, a pesar de ser una de las grandes potencias económicas del continente.

Sin embargo, en los últimos meses se vienen observando síntomas de cambio en la tendencia de muchas variables relativas a aspectos bien distintos de la actividad económica, y las autoridades españolas y europeas hablan de «señales evidentes» y «obvias» de recuperación.

El Producto Interior Bruto es una magnitud, como dice su propio nombre, muy bruta, puesto que no contempla nada más que la valoración de las actividades económicas que tienen expresión monetaria y porque es ajeno a su calidad o naturaleza. Pero, al menos, sirve para tener una idea de cómo evolucionan grosso modo las economías. Sus registros recientes indican que la economía española tiene ya otro pulso: el PIB de 2014 subió un 1,4 % respecto al de 2013 (inmediatamente veremos que este porcentaje hay que tomarlo con cautela), lo que es significativo si se tiene en cuenta que venía bajando desde 2008 (salvo en 2010, cuando subió un levísimo 0,2 %).

También ha subido por primera vez desde 2009 el PIB per cápita y, aunque haya sido con altibajos y diferencias, han mejorado igualmente otros indicadores muy variados que corroboran que ha aumentado la actividad económica en España:

La contribución al PIB de la demanda nacional, es decir, del consumo público y privado y la inversión, subió un 2,2 % en 2014 frente a la caída del 2,7 % en 2013.

Las ventas en grandes empresas aumentaron el 2,4 % en 2014 cuando habían bajado un 2,9 % en 2013.

El consumo aparente de cemento subió el 0,1 % en 2014 y había bajado el 20,7 % en 2013.

La matriculación de automóviles subió en 2014 el 18,8 % y la de vehículos de carga el 26,1 % frente al 4,1 % y -0,4 % respectivamente en 2013.

Y lo mismo ocurrió con otros indicadores relativos al comercio al por menor, la construcción y venta de viviendas, la producción de bienes de equipo, la utilización de la capacidad productiva o con los que reflejan las expectativas de los sujetos económicos. El índice de confianza de los consumidores superó los 100 puntos en marzo de 2015 (100,4) frente a los 76,3 de justo un año antes y en mayo ya era de 10,31; y el porcentaje de empresas que consideraban en este último mes de marzo que el segundo trimestre de 2015 sería mejor superó por primera vez al de las que esperaban que fuese peor.

Algunas cifras de empleo también comienzan a mejorar. El paro registrado disminuyó en 13 538 personas en febrero de 2015, en 60 214 en marzo (en gran parte por el efecto de la Semana Santa pero, en cualquier caso, el mejor dato de la serie histórica) y en 117 985 en mayo; y la afiliación media se incrementó en este último mes en 213 014 respecto al de abril y en 446 096 respecto a diciembre de 2014. El número de ocupados también aumentó en 2014 respecto a 2013 (de 16,35 millones a 16,54 millones al finalizar sus cuartos trimestres) y también el número de asalariados (de 13,98 millones a 14,19 millones).

Todos estos datos permiten pensar que la economía española se recupera. Ahora bien, podríamos decir, metafóricamente hablando, que es evidente que el vehículo se ha puesto en marcha pero que eso no es suficiente para prever lo que pasará con él en el futuro inmediato. Hay que saber si se han subido todas las personas que deben viajar, el combustible con el que cuenta el vehículo para ver hasta dónde podrá llegar o la velocidad que alcanza, para estimar cuándo se podrá llegar al destino deseado, por no hablar de su estado mecánico, para evitar sorpresas desagradables en el viaje.

Cuando aplicamos esa metáfora al análisis de la situación en la que se encuentra la economía española ya no solo nos percatamos de que efectivamente se ha puesto en marcha, como hemos visto que parece evidente, sino que la incipiente recuperación va acompañada de algunas circunstancias que obligan a tener ciertas prevenciones en el futuro e incluso a temer que no pueda mantenerse de forma sostenida.

A mi juicio, esta nueva dinámica de recuperación de la economía española tiene algunas sombras importantes que indican que hay problemas de fondo sin resolver y que podrían lastrarla demasiado pesadamente, incluso dentro de muy pocos meses. Las señalo a continuación de la forma más rápida y sencilla posible.

Una recuperación, de momento, demasiado débil

En primer lugar, creo que hay que considerar que se trata de una recuperación cuantitativamente muy tímida. Es cierto que, viniendo de donde venimos, un simple cambio de tendencia es ya algo positivo, pero eso no puede llevar a creer que la recuperación que se está registrando es suficiente para que se ponga en marcha el conjunto de la economía y, sobre todo, para que la disfrute la inmensa matoría de la población.

En términos globales, el incremento del PIB es casi insignificante si se toma, como se tiene que tomar cuando están cayendo los precios (cuando hay deflación), en términos nominales.

El PIB es una magnitud que mide el valor monetario de la producción total de bienes y servicios de un país en un periodo dado. Para ello, dicho de la manera más simple, multiplica la cantidad total producida por los precios. Pero como los precios cambian cada año no habría manera de hacer comparaciones, puesto que podríamos creer que aumenta o baja el PIB cuando en realidad solo estarían aumentando o bajando los precios. Para evitar esa confusión se mide la producción «en términos reales» o constantes, lo que se consigue multiplicando la producción de cada año por los precios de otro que tomamos como «año base». Actualmente, en España se toma como año base 2010 y como los precios están bajando desde entonces, resulta que el cálculo del PIB de 2014 en términos reales está «exagerado» puesto que la producción de ese año multiplicada por los precios de 2010 es mayor que la que se registraría multiplicada por los precios de 2014, que son más bajos.

Así, el incremento oficial del PIB en 2014 (con precios de 2010), que permite afirmar que nuestra economía se recupera, fue del 1,4 %, pero si se valora (como debería hacerse en deflación) a precios de 2014, el incremento solo habría sido del 0,9 %.

Una recuperación singular desde el punto de vista del empleo

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan claramente que la recuperación que se está produciendo no está teniendo el mejor de los efectos posibles sobre el empleo, como muestra lo ocurrido en el primer trimestre de 2015.

Tomado en precios reales, el PIB creció en ese periodo un 1,4 % (el mayor incremento desde 2007), lo que representa un crecimiento interanual del 2,6 %. Es decir, a un ritmo acelerado que hace muy pocos meses se hubiera considerado casi impensable, como demuestra que la mayoría de las estimaciones se hayan tenido que revisar al alza. Sin embargo, la EPA registró en ese mismo trimestre una disminución de 114 300 empleos en total y de 143 500 en el sector privado. Y si en esos tres meses se registra un ligero descenso en el volumen de paro (13 300 personas) es porque aumentan las personas que salen del mercado laboral, las que dejan de buscar empleo y ya no cuentan como paradas a pesar de que están realmente sin empleo (la población activa disminuyó en 127 400 personas en ese mismo trimestre).

La pregunta, entonces, es obvia: si con un crecimiento anual del PIB del 2,6 % se destruyen 143 500 empleos en el sector privado, ¿qué crecimiento desorbitado habrá que alcanzar entonces para que se cree suficiente empleo y el paro disminuya significativamente y no solo a base de expulsar a cada vez más personas del mercado laboral?

Si se desentrañan algo más los datos de empleo, las limitaciones que está comportando la recuperación resultan aún más evidentes.

En el primer trimestre de 2015 los empleos indefinidos aumentaron en 25 300, lo que viene a ser catorce veces menos de los que se creaban antes de la crisis. En este mismo periodo, el empleo a tiempo parcial aumentó en 32 600 personas, mientras que el de tiempo completo se redujo en 130 600 y de esos empleados a tiempo parcial el 62 % lo fueron por no encontrar empleo a tiempo completo (un porcentaje que era del 32 % a principios de 2008). En 2014, solo 8 de cada 100 nuevos contratos fueron de carácter indefinido y aunque es cierto que aumenta ligeramente el número de horas trabajadas, lo hacen en menor proporción que el número de empleos. Y a eso hay que añadir que más o menos uno de cada cuatro contratos se firma para menos de una semana de trabajo y que su duración media es de unos 50 días (alrededor de 400 000 personas constan como empleados trabajando menos de 10 horas semanales y 1,2 millones menos de 20 horas).

Parece claro, entonces, que lo que se está produciendo cada vez de forma más generalizada en nuestro mercado laboral es un auténtico fraude consistente en sustituir contratación indefinida por otra temporal o a tiempo parcial cuando el trabajo a realizar no tiene esa naturaleza. Y eso por no hablar en este análisis obligadamente resumido de nuestra coyuntura laboral de otros efectos de las reformas laborales que se han venido realizando y del tipo de recuperación que se pone en marcha, como el incremento de la discriminación laboral entre mujeres y hombres (España es, detrás de Portugal, el país de la Unión Europea donde más aumentó la brecha salarial de 2008 a 2013, pasando del 16,1 % al 19,3 %, según Eurostat), o de los 10 millones de horas extraordinarias no legales por semana de las que, además, la mitad no se cobran.

¿Recuperación o simple alivio coyuntural?

Es lógico que las autoridades que han impuesto políticas ampliamente contestadas en los últimos años y que han ido teniendo un efecto claramente contrario al que inicialmente se decía que iban a tener, aseguren cuando cambia la tendencia de la economía que esto ocurre gracias a las medidas que han tomado en los años anteriores.

Aún es pronto para poder sacar conclusiones definitivas sobre los factores que verdaderamente han provocado la recuperación, pero lo cierto es que hay algunos que claramente la han facilitado y que están justamente en las antípodas de las medidas que se decían que eran las adecuadas para salir de la recesión.

Concretamente, creo que hay cuatro razones que explican el cambio de tendencia de la economía española y que tienen un claro carácter coyuntural.

El limitado alcance de la política monetaria

En primer lugar, los programas de inyección de liquidez que ha realizado el Banco Central Europeo, que han aliviado extraordinariamente la carga financiera, tanto de la banca y de las empresas privadas como del sector público. Téngase en cuenta, por ejemplo, que gracias a ello la prima de riesgo española llegó a bajar de 100 al iniciarse 2015 (98,4 el 2 de enero), frente al 193 de hacía justamente un año, y que el tipo de interés del bono español a 10 años ha bajado del 4,14 % de 2013 al 1,79 % de 2014, lo que supone un ahorro muy importante en la carga de la deuda.

Además, la intervención masiva del Banco Central ha permitido que el sector financiero haya abierto algo más la mano de la financiación, como demuestra que la opinión de los demandantes sobre las condiciones de acceso a la financiación haya mejorado en el primer trimestre de 2015, según la Encuesta sobre Préstamos Bancarios (aunque cuesta pensar que haya cambiado tanto como aventura el presidente del BBVA, Francisco González, que incluso ha llegado a afirmar que «estamos viendo ya los comienzos de una indebida expansión del crédito»).

La mayor disponibilidad de liquidez y financiación ha contribuido al mejoramiento, por leve que haya sido, de la inversión y el consumo de bienes duraderos y ha dado lugar a una considerable devaluación del euro (que ha llegado a ser del 30 %) que también ha impulsado nuestras exportaciones, o al menos de ese 50 % de las españolas que van fuera de la zona euro.

Sin embargo, siempre se ha dicho, y yo creo que sigue siendo verdad, que la política monetaria es como una cuerda: sirve para tirar o frenar la economía pero no para empujarla. Por eso cabe pensar que el impulso que ha dado la inyección de liquidez del BCE no va a ser suficiente para mantener una recuperación sostenida.

La evolución de los precios del petróleo

En segundo lugar, hay que considerar el empuje que ha supuesto la gran disminución de los precios del petróleo, que han bajado de 115 dólares el barril a mediados de junio de 2014 a menos de 50 dólares al inicio de 2015.

La estructura oligopolista del mercado español y la política tan favorable a las empresas por parte del Gobierno impide que esa disminución se traslade en toda su integridad al consumidor y, por tanto, a los precios finales. Y esta circunstancia, unida a la depreciación del euro (que limita el ahorro por la bajada del precio) y a la subida en los precios de otros recursos energéticos (también debido a la estructura oligopolista del mercado y a la enorme influencia política de las empresas), hacen que el efecto impulsor de la actividad y de la competitividad del abaratamiento del petróleo no sea tan potente en la economía española como sería deseable. Pero, en todo caso, han supuesto una reducción de costes muy significativa.

Ahora bien, prácticamente todas las estimaciones coinciden en que el efecto positivo sobre el crecimiento de los tipos de interés y de precios del petróleo más bajos no se mantendrá a partir de los últimos meses de 2015 y durante 2016 con la misma intensidad que en 2014 y en los primeros meses del presente año 2015.

El ciclo político

En tercer lugar, la actual recuperación tiene una gran componente de ciclo político, es decir, de incremento de gasto y de relajación impositiva previos a los diversos periodos electorales que han empezado a desarrollarse en 2015.

En el lado del empleo, este efecto se pudo apreciar ya en el cuarto trimestre de 2014, cuando se revirtió la tendencia a destruir empleo público, y en el primer trimestre de 2015, cuando se perdieron 143.5000 empleos en el sector privado pero se incrementó el empleo público en 29 200 personas.

Por el lado del gasto, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha estimado que, además del efecto expansivo del mayor empleo público en el marco del ciclo electoral, se produce también un aumento de la inversión pública que será la que permita alcanzar una tasa de crecimiento del 3 % en 2015, aunque al mismo tiempo señala que su impacto positivo se mantendrá solo durante algún tiempo pues se irá debilitando a partir del tercer trimestre. Y el Banco de España también augura «una pauta de cierta contención» en el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año.

Profecías que se autocumplen

Finalmente, no creo que se pueda dejar de lado un aspecto más subjetivo pero que me parece que está siendo determinante de la recuperación. A mi juicio, esta puede estar teniendo una gran componente de «profecía que se autocumple», por utilizar la expresión de Robert Merton cuando decía que «si una situación es definida como real, será real en sus consecuencias».

En nuestro caso actual, creo que se ha logrado generar un clima de confianza a base de reiterar el mismo mensaje a través de todos los medios y desde las grandes fuentes conformadoras de la opinión pública («Siembra un pensamiento y cosecharás un acto», escribió en uno de sus poemas William Thackeray). Eso ha permitido, por ejemplo, que el consumo privado haya remontado cuando no subía la renta familiar disponible, simplemente porque dicho clima de confianza ha sido capaz de movilizar el ahorro, hasta entonces retraído, de los grupos de población con renta más elevada (no toda, porque solo el 16 % de los españoles ahorra de forma sistemática, según un estudio de ESADE, mientras que el 67 % tiene algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes).

El fenómeno, eso no puede negarse, es positivo en la medida en que, sea como sea, estimula la economía. Pero, por un lado, puede llevarnos a pensar que se trata entonces de una recuperación de bases poco sólidas y con el riesgo de ser efímera si se produce un cambio de expectativas o sentimiento social de sentido inverso. Y, por otro, que se trata de una recuperación que afecta de manera muy diferente a los diferentes grupos de población. Algo que es lógico que esté ocurriendo cuando la desigualdad no solo aumenta entre las rentas de capital y las del trabajo —como hemos visto—, sino también entre las salariales (el sueldo medio de los altos directivos de las empresas del Ibex35 subió el 12 % en 2014 mientras que el gasto medio por empleado de esas mismas empresas bajó el 0,6 % y la diferencia entre el salario medio de sus empleados mejor pagados y el gasto medio por empleado pasó de 75 a 1 en 2013 a 104 a 1 en 2014).

Esta última circunstancia es lo que puede explicar que haya una amplísima coincidencia entre las autoridades y la opinión publicada a la hora de reconocer que hay efectivamente recuperación económica y, sin embargo, que el 81,3 % de los españoles considere que la situación económica es igual (51,7 %) o peor (29,6 %) que en 2013, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo de 2015.

Todas estas consideraciones me llevan a estimar que la situación de cierta recuperación de la actividad en la que actualmente se encuentra la economía española es más bien el resultado de factores coyunturales y, en buena parte, el efecto de una paradoja. Las autoridades españolas y europeas atribuyen la mejora de la economía a las medidas que han venido tomando en los últimos años. Pero en realidad es la consecuencia de que las han relajado, aliviando así los efectos negativos que han tenido sobre la actividad de las empresas, sobre los ingresos, sobre la deuda, sobre el empleo y sobre las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Fueron las políticas de austeridad (con razón llamadas «austericidas») las que provocaron la segunda recesión acompañada de un extraordinario empeoramiento del problema de la deuda, en lugar de la reactivación que aseguraron que iba a producir. Y ha sido cuando el Banco Central Europeo cambió de estrategia, impidiendo la especulación desenfrenada contra la deuda de los países europeos y facilitando la financiación de sus gobiernos, o cuando estos han relajado levemente sus políticas restrictivas cuando se ha producido el cambio de tendencia.

Eso no quiere decir que las reformas de carácter estructural que se han adoptado por el Gobierno actual (en el mercado laboral, en el sector financiero, en los servicios públicos o en el marco regulatorio), que han sido abundantes y profundas, no hayan tenido efecto. Todo lo contrario, lo que ocurre a mi juicio es que en lugar de mejorar han reforzado algunos de los grandes rasgos o problemas de naturaleza estructural de nuestra economía que precisamente la hicieron tan vulnerable ante el ciclo y que explican que haya sufrido en tan gran medida los efectos de la crisis reciente.

En mi opinión, estamos viviendo la reactivación que se podría haber producido en toda Europa (y en mayor medida en las economías de la periferia como la española) a partir de 2010 pero ahora con un doble inconveniente. El primero, que las políticas que se han aplicado como aparente respuesta a la crisis han aumentado el endeudamiento y han destruido tejido productivo, servicios públicos y fuentes de generación de valor añadido, además de producir un coste social extraordinario. Y eso hace que ahora sean necesarios más recursos para hacerle frente que los que hubieran sido necesarios hace cinco años, si se quiere evitar una inestabilidad social de consecuencias inimaginables en Europa. El segundo, que al no aprovechar la crisis para realizar una modificación profunda y valiente del modelo productivo que nos llevó a la crisis, nos encontramos ahora con casi los mismos problemas estructurales de siempre, a los que me referiré cuando hablemos de soluciones, aunque ahora con menos capacidad de maniobra si no cambian las condiciones internas y de entorno y en una situación política que tiende a ser cada vez más inestable.

Para terminar me gustaría señalar que es lógico resaltar las debilidades que se han puesto claramente de evidencia en estos últimos años y lo que funciona mal en nuestra economía. Al fin y al cabo, es lo que hemos de arreglar. Pero no podemos olvidar que también tenemos grandes fortalezas. A pesar de los pesares, España ha sido capaz en muchos ámbitos de ser ejemplo y referencia para todo el mundo, y casi siempre incluso disponiendo de menos recursos que otras naciones. Debemos ser conscientes de que la magnitud de los problemas sociales no se mide por la cantidad de asuntos que funcionan mal sino por la decisión colectiva que exista a la hora de hacerles frente y ahí es donde tendríamos que apuntar. Los españoles tenemos muchos retos por delante, pero quizá el más importante a la hora de afrontar los problemas económicos siga siendo el entender que el enfrentamiento entre nosotros mismos y el cainismo nos debilitan, y que, por el contrario, la cooperación, el entendimiento y la disposición a afrontar los problemas con respeto y generosidad dan alas y nos permiten resolver cualquier dificultad que se nos ponga por delante.

Segunda parte

Soluciones

Daniel Lacalle

Una España competitiva, próspera y de oportunidades

Vivimos una recuperación y crecimiento moderados que aún se mantienen por debajo del potencial de nuestra economía, pero que resaltan por despegarse de la tendencia débil de otros miembros de la Unión Europea, notablemente Francia, nuestro mayor socio comercial.

Los elementos positivos son evidentes:

Un crecimiento de la economía de un 3,5 % en 2015 y que puede llegar al 3 % anual entre 2016 y 2018, con una creación de empleo de unos dos millones y reducción del paro al 15 %, que considero perfectamente posible, a pesar de la ralentización de la OCDE y la Unión Europea. La labor del Gobierno y las administraciones en esta recuperación es la más sencilla y la más compleja a la vez: no entorpecerla aumentando burocracia y no hundirla a base de impuestos. Se trata, en definitiva, de una cuestión de libertad, o de hacer la vida a los ciudadanos algo más fácil.

Cuando nos planteamos el modelo a promover para España debe estar centrado en dos grandes áreas de política macroeconómica:

Limitar las políticas de expansión monetaria para evitar burbujas.

Promover la estabilidad presupuestaria a través de un sistema de incentivo y penalización real.

Y tres de política microeconómica:

Bajar impuestos para incentivar la creación de empleo y el consumo.

Reformar la educación para hacerla de calidad y competitiva.

Emprender, promover la productividad y el valor añadido.

Transparencia y atacar la corrupción.

En mi opinión, cuando hablamos de oportunidades, empleo, derechos, mejora de demanda interna y aumento de flujos de crédito nos olvidamos de algo muy importante. El crecimiento es un resultado, no una política. El crédito no es un derecho o una obligación, es el resultado de la solvencia y proyectos atractivos del demandante. El crédito en sí mismo no garantiza nada y sin responsabilidad crediticia, es simplemente un mecanismo para perpetuar desequilibrios, que posteriormente achacaremos al «mercado» o al exceso de deuda. Siempre digo que el mayor error de nuestra época ha sido llamar «crecimiento» a lo que era deuda, y austeridad a lo que no ha sido más que moderación del gasto.

Un principio esencial debe prevalecer. La prosperidad y el crecimiento sostenible no parten del gasto y el endeudamiento. Parten del ahorro. España ha empezado a ahorrar a nivel total —público y privado— neto, según Richard Koo, un 5 % del PIB anual desde 2011. Gracias a ese ahorro, la riqueza de las familias se ha recuperado y el crecimiento que hoy vemos es más sólido de lo que estimaba la mayoría del consenso. Se puede decir que en 2008 los españoles salvaron el país al comenzar a ahorrar, en contra de la llamada del Gobierno entonces para que siguiesen consumiendo y endeudándose.

Pero estamos en una recesión de balances —exceso de deuda— y, tras décadas de planes de estímulo, el mayor aumento de deuda y de expansión de crédito jamás visto en la Unión Europea (donde la masa monetaria aumento un 300 % entre 1999 y 2010), y una deuda total —pública y privada— que aún supera el 300 % del PIB en la eurozona, no podemos acudir a la misma receta, la expansión del crédito y el gasto, como solución.

Precisamente España o Alemania son ejemplos de cómo ir saliendo de una recesión de balances sin acudir a las mismas recetas que la causaron. Un problema de deuda no se soluciona con mayor deuda. No caigamos en el error de convertir pan en piedras (https://mises.org/library/stones-bread-keynesian-miracle) cuando intentamos que las piedras se hagan pan.

Y en eso nos hablan de «un New Deal Europeo» —en referencia al plan implementado por Roosevelt para salir de la Gran Depresión, sobre el que recomiendo este análisis de la Universidad de California (http://newsroom.ucla.edu/releases/FDR-s-Policies-Prolonged-Depression-5409). Lo curioso es que se comente dicha solución cuando llevamos más de veinte años en lo que yo denomino «New Deal Eterno». Solo hemos visto políticas de demanda, aumento del gasto público y estimulo estatal. Lo curioso es que llamemos a «la intervención del Estado» acudiendo al ejemplo de Roosevelt, cuando en el New Deal mencionado el peso del Estado nunca llegó a superar el 24,3 % del PIB y la deuda pública sobre el PIB no superó el 40 %. Pero Roosevelt comenzó a pagar pensiones en 1935; la primera anualidad fue de… 1 millón de dólares. Eso lo piden hoy con un gasto público que supera el 45 % del PIB y una deuda de casi el 100 %, es decir, casi el doble. Y, sobre todo, olvidan que la razón por la que el Estado podía permitirse lanzar planes de crecimiento radicaba en que ahorraba y tenía un peso moderado tanto en el PIB como en presión fiscal.

Tampoco se acuerdan, o simplemente ignoran, que el boom económico de Estados Unidos después de la segunda guerra mundial se debió al notable ahorro de las familias durante esta. Al acabar la guerra, el Estado entró automáticamente en superávit.

Me sorprende la llamada a «no contar como déficit la inversión pública». Primero porque es inútil (se paga igual y devenga intereses de la misma manera), y segundo porque se incentiva de nuevo al exceso de gasto y a recuperar errores como los Planes E, aeropuertos fantasma, etc. Es por ello que una combinación de inversión privada con apoyo público en forma de incentivos fiscales, no subvenciones, cambia el sentido perverso del circulo vicioso «gasto, subvención, señales falsas de demanda, deuda, errar, mayores impuestos, caída del consumo, estancamiento» al círculo virtuoso de «apoyos fiscales, inversión en sectores donde la demanda no se cree por subvención, valor añadido, crecimiento económico y poder bajar impuestos para cimentar el consumo y la actividad».

Siempre he criticado lo que yo llamo «keynesianismo selectivo» que solo se acuerda de las recomendaciones de John Maynard Keynes para gastar, nunca para ahorrar y bajar impuestos en periodos expansivos.

Hoy muchos ciudadanos se quejan de la burbuja inmobiliaria y de los rescates y dificultades vividos tras el pinchazo, pero pocos alertaban cuando se disparaba el crédito y el país se subía al tren de «los precios nunca bajan». Es por ello que debemos evitar la expansión monetaria descontrolada, apoyados en la «amenaza» de la deflación, ya que es muy probable que —como ocurrió en el pasado— cree precisamente los efectos contrarios a los deseados:

Aumento de los desequilibrios, perpetuando sectores obsoletos y endeudados a costa del ahorrador.

Alimento al incentivo perverso de paralizar las reformas estructurales ante la lluvia de dinero, que hace que los gobiernos se relajen y mantengan las ineficiencias de su sistema.

El control de los presupuestos es, en ese sentido, esencial. Ninguna política monetaria sustituye a la necesidad de reformas estructurales. No tenemos más que ver los casos de Reino Unido o Japón, incluso Estados Unidos. Las políticas expansivas no han eliminado la necesidad de reducir gastos y mejorar las cuentas.

El déficit anual —gastos menos ingresos— no debe ser la única prioridad. España necesita un ajuste fiscal equivalente a casi cinco puntos del PIB para recuperar la estabilidad y reducir un déficit estructural que se estima en los 40 000 millones de euros anuales.

Ajustar las cuentas y volver al superávit presupuestario debe ser un objetivo inapelable. Un pilar básico de la economía tiene que ser reducir la fragilidad del sistema y devolver dinero a los ciudadanos mejorando su renta disponible previa rebaja de impuestos. Reducir el endeudamiento, por lo tanto, es simplemente cuestión de sentido común.

Y ese endeudamiento no se va a reducir a través de políticas fiscales represivas, que nunca generan los resultados de ingresos estimados, sino incentivando la actividad.

Tampoco se va a reducir atacando a «las rentas altas» o esos demonizados «ricos» a los que cada vez bajamos más el límite en nuestro afán recaudatorio. Hemos llegado a la situación perversa de considerar ricos a quienes ganan 50 000 euros anuales. Solo hace siete años se consideraba «rico» a más de 100 000 euros anuales de ingresos. Así bajamos el listón hasta que sea 30 000, 20 000, 10 000. La fiscalidad debe ser adecuada y simple, pero no confiscatoria. Perseguir el fraude, por supuesto, pero atraer capital. Cuantas más rentas altas y medias se atraigan, más riqueza se domicilie en nuestro país, más ingresos tendremos para cubrir servicios públicos y bienestar. En España, el 20 % más rico aporta el 60 % de toda la recaudación por IRPF. El 1 % más rico aporta el 16 % de la recaudación por dicho impuesto, además de otros impuestos. Por lo tanto debemos poner en marcha una política económica que atraiga capital, riqueza, inversión y ayude a que el concepto de «rico» no vaya disminuyendo hasta que no quede casi nada. Si perdemos el 20 % de empresas o personas de mayor renta y dejan el país, perdemos a su vez 40 000 millones de ingresos fiscales, lo que supone mayores impuestos y penurias para el resto de la población. El círculo vicioso de recaudar de «lo que quede», la igualdad mal entendida como hundir al que prospera y en cambio solo conseguir empeorar. Cambiémoslo por el círculo virtuoso de atraer capital, inversión y riqueza para que todos nos beneficiemos.

La lucha contra el fraude fiscal es importante, pero dicha estimación de fraude no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos «perdidos» se van a recuperar.

El esfuerzo fiscal (lo que los ciudadanos pagan respecto a su renta) en España es de los más altos de la Unión Europea, mientras que la presión fiscal es aparentemente baja. ¿Por qué? Porque la presión fiscal es un ratio recaudatorio, se calcula según el PIB, y cuando el 50 % del PIB lo controla el Estado y se ha aumentado a base de burbuja de obra civil e inmobiliaria, la trampa de la ratio nace en toda su gloria. Otra razón es que hay, proporcionalmente, menos personas trabajando y contribuyendo. Adicionalmente, si echamos capital y empresas fuera de nuestro país con una fiscalidad y burocracia excesivas, la base de ingresos y de riqueza sobre la que el Estado recauda es menor, y acaba pagando la clase media y baja.

Entendamos la diferencia entre una fiscalidad orientada al crecimiento y otra recaudatoria a corto plazo, que frena el desarrollo potencial.

No debemos perder de vista otros elementos esenciales para seguir corrigiendo desequilibrios. Aumento de exportaciones, con superávit comercial. Muy importante, comparado con el agujero, que llegó al 10 % del PIB, en la época de «estimular la demanda interna» y «los mercados nos atacan». Contrariamente a algunas previsiones, el equilibrio por cuenta corriente parece que se mantendrá pese a crecer casi un 3 % en 2015-2016. Ese es un verdadero cambio estructural de la economía española.

Una caída de los gastos por desempleo fruto de la bajada del paro que permite un gasto social de calidad y no un «parche» asistencial.

Bajada de la deuda y con ella, aprovechando un entorno de tipos bajos, los intereses de la misma, que mantienen el coste por este concepto por debajo del 3,8 % del PIB, muy lejos del 10 % que consideran las agencias de rating como insostenible.

España corrige lentamente sus desequilibrios y devuelve deuda externa a un ritmo de 15 000 millones anuales, generándose una reducción adicional del endeudamiento privado, que ya se sitúa en niveles de 2006. Sin embargo, la dependencia del exterior es aún equivalente al 100 % del PIB, aunque el riesgo de shocks de deuda es menor.

El riesgo se reduce, precisamente, por el menor déficit exterior y deuda privada, añadido a que las necesidades netas de financiación del Estado caen de un insostenible 30 % de la oferta europea de renta fija soberana en 2009-2011 a 55 000 millones de euros, que no llega al 15 %. La deuda total, pública más privada, se ha reducido por primera vez en décadas.

Con la reducción del endeudamiento público y privado, atrayendo capital a nuestras fronteras y convirtiendo a España en un centro de creación e innovación empresarial, también se reduce el endeudamiento neto con el exterior, que sigue siendo muy alto y por tanto contribuye a la fragilidad.

En definitiva, una España donde no dependamos tanto del ciclo para prosperar, y que mejora los ingresos fiscales por la recuperación económica.

A la hora de analizar el efecto de los próximos años debemos tener en cuenta que la deuda del Estado mejora en dos conceptos: stock y flujo.

El flujo anual de necesidades de refinanciación —cuándo hay que acudir a los mercados— baja dramáticamente, a menos de la mitad que hace tres años. Para los inversores en renta fija, en bonos, España ya no es un enorme problema. Se está incrementando el vencimiento medio de la deuda, cercano a los 7 años, aunque aún un poco corto (15 años en el Reino Unido).

El stock —total de deuda acumulada— es un problema, ya que sigue siendo muy alto, el 99 % sobre PIB de deuda pública. Sin embargo, al no generarse el problema de flujos crecientes por encima de lo considerado aceptable, el riesgo de que los inversores vendan el stock acumulado es muy bajo. Por eso el déficit es importante, pero también las necesidades netas de financiación.

No debemos olvidar que del aumento de deuda de los últimos tres años casi el 35 % viene de pagos pendientes de la época de los estímulos, fondos de liquidez, facturas escondidas y de rescatar a las cajas —ese modelo social de banca pública desastroso—. A pesar de ello, el gasto público sigue siendo casi 40 000 millones anuales superior a los ingresos fiscales del pico de la burbuja. El déficit estructural es aún muy alto.

Es importante resaltar todo esto para diferenciar la España de 2015 de la España precrisis de 2007, que llevó a que las necesidades anuales de refinanciación del país se disparasen en poco tiempo a casi el 30 % del total de oferta europeo.

Estado del Bienestar y servicios básicos

Contar con una sanidad y educación de calidad no debe ser una carrera a gastar «como nuestro entorno» sin atender a la sostenibilidad de dicho gasto y su eficacia.

Cuando miramos el modelo nórdico, o de los mejores países en cuanto a Estado del Bienestar, solemos hablar de gasto, gasto y gasto. Nunca de resultados, colaboración pública-privada y eficiencia.

El Estado del Bienestar, la sanidad pública, educación, etc. no es gratuito. Lo pagamos por adelantado en forma de impuestos. Tampoco es un favor o un regalo que nos concede el Estado. Es un servicio que pagamos, y muy bien, los ciudadanos y por el que debemos exigir calidad y resultados. Gastar más no es la panacea. Los problemas de un modelo que olvida la eficiencia y los resultados para centrarse en el gasto los enumero en mi análisis «gasto político» (http://www.dlacalle.com/extractos-de-viaje-a-la-libertad-economica/). Con unos resultados en PISA tan pobres, antes de hablar de gasto en educación, cuando el gasto por estudiante es un 15 % superior a la media de la OCDE, debemos hablar de eficacia.

La saturación de carreras universitarias orientadas a acumular y memorizar datos, en vez de promover el emprendimiento, la iniciativa, la meritocracia y el autoempleo, diluye el valor de la educación en el mercado laboral, y genera frustración en generaciones a las que les dicen que «son las más preparadas» y, sin embargo, se encuentran, estupefactas, con que no tienen oportunidades. Les hablan de derechos y se encuentran con el muro de la realidad. No nos damos cuenta de que la hemorragia de títulos inservibles, de aprobados generalizados, solo genera empleados destinados a cubrir puestos de trabajo de bajo nivel en un mercado laboral rígido e intervenido, donde no se generan prácticamente incentivos para crear empresas y desarrollar la iniciativa individual. La educación debe estar orientada a crear líderes, innovadores, gestores y profesionales que puedan comerse el mundo allá donde vayan. No una fábrica de parados frustrados pensando que se han esforzado mucho para aprobar exámenes.

I+D y educación

España invierte en I+D poco y mal. Cuando gastábamos cifras similares a las de nuestro entorno, el número de patentes y empresas creadas era de los más bajos de la OCDE.

Las universidades y profesores, los estudiantes y las empresas, deben contar con ayudas fiscales, préstamos, pero no subvenciones. La subvención incentiva el despilfarro y es un gasto final que se pierde en estudios sobre «la bicicleta en Andalucía» o la «desmercantilización de la vivienda». El modelo de apoyo público debe sustentarse en resultados, en ayudas a coste cero para el contribuyente y con la colaboración y empuje empresarial privado: Incentivos fiscales para startups, apoyo institucional, préstamos a coste cero, para maximizar el número de patentes internacionales y de empresas creadas. La innovación no es producir papeles, es crear los cimientos de los próximos centros de crecimiento económico a través de la tecnología.

El empleo, la competitividad y la productividad

La mejora del empleo, de un paro del 25,7 % al 22 % en 2015, sigue siendo insuficiente. Crear dos millones de puestos de trabajo en los próximos años es un dato muy positivo, pero se debe hacer mucho más.

El empleo no va a venir de una administración hipertrofiada que consume casi el 45 % de los recursos del país (PIB) y donde el gasto en empleo público supone un 11,9 % del PIB superando la media del conjunto de países desarrollados, del 11,3 %. Eso sin contar asesores ni empleados de empresas públicas. Casi un 35 % de los ingresos de las administraciones públicas se gasta en nóminas, un porcentaje mucho mayor que en el resto de la UE. Tampoco va a venir de las grandes empresas que ya cuentan con una media del 20 % de empleados superior a sus comparables europeos (empleados sobre cifra de negocio en el país, según Bloomberg). Va a venir del autoempleo y las pymes.

Aumentar el empleo público es agrandar el agujero de ese déficit estructural, además de suponer, a medio plazo, mayores impuestos. A veces se comenta que los trabajadores públicos están a nivel de 2004… No, si incluimos la enorme cantidad de empresas públicas (más de 3500 con una deuda acumulada superior a 50 600 millones de euros), un elemento que nos diferencia, en mucho, de los países de nuestro entorno.

Otro riesgo a evitar es recuperar la inversión pública aumentándola sin saber para qué o con vaguedades. El historial de creación de riqueza y empleo de la inversión pública en España en los últimos diez años es demasiado pobre —pérdidas netas, deuda y desempleo— como para sacar la chequera cuando los gestores son prácticamente los mismos y aún estamos digiriendo el 25 % de sobrecapacidad productiva.

Con un déficit estructural anual muy superior al pacto de estabilidad y la media de la UE, el objetivo único del Gobierno debe ser que sus votantes, las empresas y familias, recuperen urgentemente la renta disponible para invertir, crear empleo y consumir.

Parte de esa mejora de productividad es conseguir acceso a energía barata, abundante y un mix energético diversificado y competitivo. El factor trabajo es relevante, pero los costes energéticos son también una parte esencial de la competitividad. Nuestro error histórico ha sido subvencionar en vez de incentivar la competencia desde apoyos fiscales sin coste. Abarrotar el país con un 40 % de sobrecapacidad de generación solo ha aumentado los costes (http://www.dlacalle.com/por-una-politica-energetica-competitiva/). España puede ser un centro global de diversificación de suministro de gas gracias a su amplia y moderna red de plantas de regasificación, que ayude a reducir la dependencia de países productores. Además, nuestra experiencia con los errores del pasado debe ayudarnos a apoyar un mix energético flexible y competitivo, donde la energía eólica y solar, junto al gas, la hidráulica y nuclear, nos permitan reducir el coste para el consumidor cercenando todo tipo de subvenciones inútiles e incentivando la competencia desde un mercado mayorista donde todas las tecnologías prueben su eficiencia sin privilegios. Las subvenciones deben sacarse de la factura eléctrica, y ya que los gobiernos las han aprobado, trasladarlas al presupuesto del Estado para que no supongan un lastre de competitividad y los errores de planificación se tengan que solucionar igual que el déficit presupuestario, con reducciones de gasto inútil —no mayores impuestos.

Una batería de medidas para aumentar la competitividad, captar inversión y mejorar la financiación

España debe recuperar renta disponible a familias y empresas que son las que van a relanzar el consumo y la contratación. Eso solo se consigue reduciendo impuestos y cortando gastos innecesarios. Continuar con las reformas y reforzar el modelo exportador para recuperar el superávit comercial.

También habría que incrementar la eficiencia de las administraciones públicas para conseguir una reducción de su endeudamiento y de sus gastos. Si bien hemos dejado atrás la recesión, hace falta consolidar la salida de la crisis, para lo que se necesitan tres o cuatro años de crecimientos sostenidos.

Y mejorar la financiación. Es decir, «desbancarizarla», como comento más tarde.

Para reducir el paro hay que:

Fomentar el autoempleo: España es uno de los países de nuestro entorno con menor autoempleo y emprendimiento. Es sorprendente que la enorme mayoría de los licenciados busquen «colocarse» cuando en países de la Unión Europea como Alemania, hasta el 45 % de los titulados emprende el camino de crear su propio trabajo. Merece la pena leer las iniciativas gubernamentales (http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf) y el análisis de oportunidades (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~emprender/docu mentos/autoempleoacabar.pdf)

Debemos ser capaces de crear empresas en 24 horas, como en tantos países, no ser uno de los países de la OCDE donde es más caro y lento montar una empresa. El tiempo necesario para poner en marcha un negocio en España es el doble que la media de la OCDE. Que los creadores de pequeños negocios y nuevas empresas no vean que el coste es inasumible con respecto al riesgo que ya supone su iniciativa empresarial.

Incentivar a las pymes: que crean el 70 % del valor añadido del país. Bajar impuesto de sociedades y cuotas sociales para crear empleo. Las empresas españolas dedican un total del 58,6 % de sus beneficios a pagar impuestos, según el Banco Mundial.

España es uno de los países donde es más baja la transición de pymes a gran empresa y la mayor parte del parque empresarial son microempresas. Facilitar que esas microempresas pasen a pymes y que las pequeñas y medianas pasen a ser grandes se consigue con menos burocracia, unidad de criterios e información entre comunidades autónomas, digitalización y, sobre todo, bajos impuestos. Con empresas más grandes y mayor innovación, menos subvenciones y más apoyo fiscal, se incentiva el valor añadido y el cambio de patrón de crecimiento. Y con ello, el empleo es más sólido, de calidad y en sectores de futuro. Las empresas grandes se adaptan mucho mejor también a las crisis; en porcentaje, las grandes perdieron muchos menos empleados que las pequeñas.

Bajar cuotas a autónomos: Cercenar la inaceptable cuota de autónomos. Los trabajadores que hayan montado su propia empresa (administrador societario) y los autónomos con más de una decena de empleados a su cargo pagan una cuota mensual próxima a los 314 euros, inasumible en un entorno de incertidumbre y riesgo empresarial.

Reducir impuestos a empresas: que las nuevas empresas creadas no paguen cuotas sociales e impuestos hasta tener dos años de beneficios, como en el Reino Unido. Y cercenar de manera drástica las trabas burocráticas y la extremada complejidad legislativa de un país de diecisiete regímenes que se autojustifican creando cada año centenares de normas entorpecedoras. Cambiar los incentivos. Menos capataces para «parar y fiscalizar» y más facilitadores.

El impuesto de sociedades apenas supone un 2 % del PIB. Incluso en el pico de la burbuja solo alcanzó el 4 %. Se trata de un impuesto complicado, poco recaudatorio y, cuando es superior a países que atraen capital, se convierte en detractor de inversión.

Reducir el IRPF para aumentar el ahorro y el consumo: sí. Ahorro. Sin ahorro, y consumo posterior, la economía no se pone en marcha. Desincentivar el ahorro para sostener el PIB es una política errónea y peligrosa. El salario bruto de un trabajador se deduce un 47,3 % en impuestos. Sumando el IVA, el sueldo medio es hasta un 67,4 % para el Estado.

Cortar gasto político y superfluo, subvenciones y excesos de burbuja: España ha aumentado el gasto público un 48 % entre 2004 y 2009 y solo lo ha reducido ligeramente un 5 % desde 2010. Los que defienden «ser flexibles con el déficit» deben explicar cómo van a endeudar España más de 80 000 millones anuales, que es una locura.

Las soluciones no van a venir de las mismas políticas de gasto inútil e intervencionismo que destruyeron 3 000 000 de puestos de trabajo.

Bajar impuestos es el aspecto más importante: el dinero, donde mejor está es en el bolsillo de los que lo ganan, de los que han gestionado la crisis admirablemente: las familias, los ciudadanos.

La demanda interna no se «incentiva» desde el gasto estatal y político, sino desde el consumo, y la mejora de la renta disponible de nuestros sufridos ciudadanos y empresas debe ser el centro de la política económica.

El consumo de mañana se financia con el ahorro de hoy. A largo plazo, merece la pena empezar hoy a fomentar el ahorro.

Un tipo fijo por el que todas las compañías comerciales paguen una tasa única real, simple, igual para todos. El principal problema de nuestro sistema impositivo —además de ser muy oneroso— es su altísima complejidad. Un tipo real del 25-26 % existe en los países más avanzados (Dinamarca, Suecia) y reduce la administración del impuesto, sus costes asociados y no requeriría de una legión de fiscalistas en busca de deducciones. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota baja, como en el Reino Unido, de 25 euros —todos, no solamente los jóvenes— y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse.

El nivel de esfuerzo fiscal, que es lo que realmente pagamos en impuestos de nuestro sueldo y que se sitúa en una media del 40,5 %, una de las más altas de la OCDE, y no ese ratio recaudatorio que es la manida «presión fiscal» que tanto usan los medios de comunicación, que mide la recaudación sobre el PIB.

Este esfuerzo fiscal sigue situando a España por encima de Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo, y solo por debajo de Finlandia o Suecia, donde el sueldo medio es un 70 % superior a la renta de un trabajador español (http://blogs.elconfidencial.com/economia/lleno-de-energia/2014-07-03/feliz-dia-de-la-liberacion-fiscal_155 766/#lpu63iHIhhqC2i8s).

Al contrario de lo que se nos repite, en España las rentas más altas sufren el mayor esfuerzo fiscal. Un sueldo de 15 500 euros anuales paga impuestos hasta el 16 de junio, uno de 40 000 o 100 000 euros, hasta el 9 y 7 de julio respectivamente.

España sigue siendo el país de Europa con las cotizaciones a la Seguridad Social más altas (28,3 %), solo por detrás de Italia (33 %) y Portugal (34,4 %). En Alemania, Francia, Suecia o Bélgica, las cotizaciones fluctúan entre un 16 % y el 20 %. Este sigue siendo un enorme escollo para la contratación y el empleo.

Atraer contratación es esencial. La devaluación interna solo reduce costes y frena la destrucción de empleo, pero no lo crea. El empleo que se debe crear en España debe ser adecuado a la formación de su población, que es muy alta, y debe estar menos expuesto al ciclo inversor del Estado, que ha alcanzado un máximo imposible de recuperar.

España es el país de la UE donde es más caro establecerse después de Francia y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún muy laborioso crear puestos de trabajo (en el Reino Unido se tarda un día en crear una empresa). En vez de penalizar con más regulación y coste, facilitar la transición eliminando trabas, no «suavizándolas».

Desde la administración: más facilitadores y menos obstructores; el informe «Doing Business» del Banco Mundial sitúa a España en puestos muy inferiores a países de su entorno en cuanto a facilidad para crear una empresa. Utilizar nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor, con un sistema de remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados y trabas administrativas.

Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en «facilitadoras» en vez de «obstructoras». Disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.

Y de nuevo, la solución puede ser muy rápida y a coste cero

Menos gasto público y más apoyo sin coste: el Estado no ha conseguido reducir su deuda, pero el esfuerzo fiscal hunde las posibilidades de consumo. La demanda interna debe estimularse de nuevo desde el aumento de la renta disponible de los ciudadanos.

Como comentaba, el estímulo de la demanda interna no debe ser a través del gasto público, que ha demostrado ser ineficiente y caro —planes E, economía «verde», AVE, etc.—. El apoyo debe venir a través de deducciones fiscales agresivas a la inversión privada productiva. Un horizonte legal claro, con máximo respeto de la propiedad privada y una fiscalidad baja, simple y clara para todos, no solo para los nuevos. Estimularía claramente la inversión y la transición de la actividad hacia actividades productivas. Para atraer inversión en tecnología y alta productividad es necesario una reforma en credibilidad y transparencia, añadido a un esfuerzo de recorte del gasto real y sostenible, puesto que así se eliminará el miedo de los inversores a que se confisquen sus beneficios futuros con nuevos impuestos.

Mejorar la financiación y desbancarizarla. Más capital riesgo: la inversión por parte de fondos de capital riesgo cayó significativamente entre 2005 y 2012. Es importante recordar que el capital de estos fondos es de largo plazo, unos 10 años. Si se crea un entorno favorable, se generará una fuerte inyección de capital, creación de empresas y reducción del paro. En Estados Unidos, más del 50 % de los créditos a la economía real provienen de instituciones financieras no bancarias, fondos que se dedican a prestar dinero. Tras la crisis, los bancos europeos se han visto obligados a mejorar sus ratios de capitalización y reducir su deuda, lo que lleva a que se cierre el crédito para las empresas, y una economía con pymes débiles está condenada al fracaso. España podría ser líder en financiación privada por sus infraestructuras modernas, aprovechando el despilfarro del pasado, y sus profesionales cualificados, dando oportunidades a los afectados por la reestructuración del sector financiero. Promover la creación de fondos privados dedicados al crédito es esencial, y la forma más fácil de motivar a un inversor es reduciendo los impuestos a las ganancias obtenidas.

Dotar de mayor flexibilidad y libertad para avanzar en el mercado alternativo de renta fija y variable, apoyar el acceso a capital privado y sistemas de financiación más competitivos y flexibles es esencial.

Corrupción, acceso a la propiedad y buen gobierno: la percepción del clientelismo, la corrupción y la falta de apertura provocan pérdida de inversiones. Quejarse de que es injusto y quedarse parado es inútil. Apertura real a la inversión. Demostremos que somos mejores, no comparándonos con los peores a ver quién es menos malo.

Debemos garantizar reguladores independientes con gestores profesionales, cuyas recomendaciones sean vinculantes y no consultivas.

En empresas, un mejor gobierno corporativo es esencial para afianzar la recuperación. La alineación entre los intereses de los gestores y los inversores es crucial, y las limitaciones y restricciones del voto o al capital destruyen la confianza.

La transparencia es la clave

Solo con mejorar eso ya tendríamos muchísimo ganado. La percepción de inseguridad jurídica y de que no se penalizan las actividades delictivas es letal para la inversión a largo plazo. En el Estado, la transparencia y la profesionalidad deben incluir la responsabilidad penal personal, el castigo ejemplar y la meritocracia. Un sistema que no solo genere consecuencias penales por la mala gestión, sino que imposibilite el «realojamiento» en el sector privado, así se evita el contagio de riesgo político a la industria.

Según el Banco Mundial, la corrupción puede recortar hasta un 0,5 % del PIB de un país. Estudios de la misma entidad valoran el impacto de dicha corrupción —en todas sus escalas— hasta en un 2 % de los países de la OCDE, incluido el nuestro.

En la Unión Europea, entre un 10 % y hasta un 20 % del total de los contratos públicos se pierde en corrupción.

El 5 % del presupuesto anual de la UE no se justifica (Tribunal de Cuentas UE, Transparency International).

No es de extrañar que ante semejante situación, el capital se escape.

Hay demasiado gobierno, demasiado poder, demasiada corrupción. Por ello hace falta transparencia absoluta, anteponer los principios a cualquier consenso, liderazgo y cercenar el acceso desproporcionado del Estado a la caja como parte de la solución. Precisamente porque esa es la única manera de garantizar los servicios esenciales que la gente valora. Si no, con la quiebra se hundirá todo, lo superfluo y lo necesario.

Por eso hay que recuperar los principios de austeridad, meritocracia y esfuerzo y dejar de pensar que volverá 2005 y la fiesta.

Porque nunca hemos vivido periodos de mayor prosperidad que cuando la libertad económica estaba en máximos y el intervencionismo en mínimos. En las economías más intervenidas, la renta media es hasta 8 veces menor que en las economías con alta libertad económica (según Heritage Foundation).

Creer que un problema de mala gestión se va a solucionar con más dinero público, no solo es ingenuo. Es peligroso. Y creer que un problema de corrupción que parte de una sociedad acostumbrada al paternalismo asistencial se soluciona con «otros políticos», cuyos incentivos son los mismos, es suicida.

El problema de la corrupción —y sus consecuencias— es que se convierte en un gravísimo problema financiero. Cuesta dinero cuando se pierde la confianza institucional y entonces, como en un país emergente, afecta a las primas de riesgo, que la Universidad de Cornell estima puede costar entre 300 y 350 puntos básicos de coste adicional de deuda. También cuesta por la huida de capital y caída de la inversión financiera directa, dos elementos que nuestro país necesita como el agua.

Y no es un problema causado por unos políticos, como si fueran extraterrestres que han caído de Ganímedes. Son el reflejo de una sociedad, no una casualidad. Es un problema de tolerar e incentivar el clientelismo como modo de evitar el libre mercado, la meritocracia y la competencia.

El abandono de los principios, pensando que escondiendo el problema todo se olvida, ha funcionado a veces, no lo neguemos. Pero se acabó el dinero gratis. Ahora toca demostrar liderazgo, fortaleza y contundencia. Por el bien de todos. (www.dlacalle.com/el-precio-de-la-corrupcion/#sthash.xjIKGGCs.dpuf).

Eliminar subvenciones es esencial: casi todas las actividades económicas sufren la lacra de las subvenciones-primas-ayudas (nombres tenemos de sobra), que atacan al consumidor de forma doble: vía precio y vía impuestos. Mientras España siga siendo percibida como una economía intervenida por dichas subvenciones, los inversores van a seguir buscando opciones en otros países, porque las economías muy subvencionadas están también sujetas a vaivenes regulatorios. Es esencial cambiar pagos a costa del Estado por incentivos fiscales. Evitaría burbujas y «efectos llamada falsos» además de adecuar la demanda de inversión a la rentabilidad real.

Aprovechamiento de la infraestructura existente e inversión inmobiliaria: España tiene la obligación de aprovechar la locura de infraestructuras realizadas y tratar de ponerlas en valor, que es para lo que se establecieron. No debieron hacerse muchas, de acuerdo, pero ahora que el mal está hecho deben ponerse todos los medios para sacarles rédito. Tener infraestructuras modernas es una cierta ventaja competitiva a la hora de atraer capital, pero solo si la región que las posee es receptiva y sus estructuras administrativas son facilitadoras, no obstructoras. Así se podrá reducir deuda desinvirtiendo parte de dichas infraestructuras. No existe precio bajo cuando no hay demanda. Un aeropuerto tiene valor si se pudiese vender y eso solo ocurre si se generan condiciones para que haya viajeros.

Tenemos el problema que muchos países querrían tener: demasiadas infraestructuras. No se trata de un problema de inversión y mucho menos tecnológico, sino de gestión y mantenimiento. Por ejemplo: las carreteras nacionales y regionales se entrecruzan, pero el mantenimiento es de cada administración regional. Una gestión conjunta en un mismo territorio haría caer los costes de forma relevante.

Reforma fiscal

El fraude fiscal debe atacarse desde una administración eficaz y con medios, pero debemos tener cuidado con las estimaciones optimistas.

Para que se hagan una idea, en 2007 los beneficios del Ibex 35 eran de unos 50 000 millones de euros y han caído hasta 20 000 millones en 2013, pasando por unas pérdidas netas de 8500 millones en 2012. Si aceptamos las cifras de «fraude fiscal» del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, la economía sumergida no solo genera mayores beneficios que el Ibex entero sino que, mientras las grandes empresas veían cómo sus beneficios caían un 60 %, la economía supuestamente sumergida crecía más que los beneficios de cualquier multinacional y duplicaba la evolución del Ibex. Sorprendente.

El problema de estas «estimaciones de cuento de la lechera» es que, igual que referenciar los gastos, déficit y presión fiscal a este nuevo PIB, no cambia nada. El agujero aumenta mientras nos dicen que van a recaudar miles de millones más algún día.

Una reforma fiscal debe estar orientada a conseguir los siguientes objetivos:

Mejorar la renta disponible de las personas, para incentivar el consumo.

Apoyar el crecimiento económico, para generar mejores ingresos fiscales futuros.

Facilitar que la economía sumergida se regularice.

Atraer inversión de capital extranjero.

Es decir, olvidar el objetivo recaudatorio cortoplacista del Sheriff de Nottingham arrancando monedas al que sobrevive y apostar por el crecimiento y una mayor calidad y sostenibilidad de ingresos fiscales.

Todas las medidas fiscales que olvidan esos objetivos fracasan.

La reforma fiscal debe plantearse también como una mejora de renta disponible y lanzadera de crecimiento desde el recorte del gasto. La sociedad española no saldrá de la resaca del exceso de obra civil e inmobiliaria hasta que no pinche la superestructura de gasto que se creó al calor de dicho exceso, un aumento del gasto público de casi el 50 % en cuatro años. Seguimos siendo uno de los países con mayor gasto político innecesario, entre subvenciones (10 000 millones anuales), administraciones duplicadas (22 000 millones anuales) e ineficiencias (miles de empresas y observatorios públicos con más de 40 000 millones de euros de deuda) y todo ese gasto político que comento aquí (http://www.dlacalle.com/extractos-de-viaje-a-la-libertad-economica/).

Plantear que la reducción de impuestos es imposible y no atacar ese enorme despilfarro o, lo que es peor, justificarlo, es un insulto a las familias y empresas que trabajan duramente para llegar a fin de mes. Porque es el dinero de todos lo que estamos tirando.

Los recortes fiscales expansivos son importantes, y los que dicen que nunca se han aumentado los ingresos bajando los impuestos, además de despreciar el esfuerzo de los trabajadores y analizar desde una perspectiva recaudatoria cortoplacista, mienten (lean http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2012/10/15/do-tax-cuts-increase-government-revenue/). Rusia, Estados Unidos, Singapur, el Reino Unido, Suecia, Chile o Uruguay vieron aumentos de ingresos con bajadas de impuestos. En el Reino Unido, 24 000 millones de libras de aumento con la bajada del tipo marginal. La evidencia empírica, sobre todo del impacto negativo de las subidas de impuestos, se encuentra en decenas de trabajos científicos.

Es por ello que la medida anunciada para 2015 y 2016 debe valorarse de manera positiva, ya que revierte la subida del IRPF de 2011, apoya a las familias numerosas, las más castigadas en casi todas las reformas desde 1979, y mejora la fiscalidad de empresas para facilitar la contratación.

Una reforma fiscal confiscatoria, como la que plantean algunos, que buscase recuperar ingresos extraordinarios creados por la burbuja inmobiliaria, es suicida. Recordemos que suponía casi 50 000 millones de euros anuales excepcionales para las arcas del Estado. Intentar recuperar esos ingresos con lo que ha sobrevivido del colapso de dicha burbuja es imprudente.

Intentar apostarlo todo a la lucha contra el fraude, que es necesaria, parte de peligrosas estimaciones optimistas (http://www.dlacalle.com/pib-fraude-fiscal-y-las-estimaciones-peligro sas/). Estimaciones optimistas de ingresos futuros para justificar gastos muy reales y concretos hoy. Muy peligroso.

Los ingresos fiscales y el déficit no se reducen confiscando, o bajando el listón de «quien es rico» cada vez más. Se reduce con crecimiento económico, prosperidad y prudencia presupuestaria.

Los ingresos fiscales mejorarían aumentando el porcentaje de rentas altas. Igualando a la baja no se recauda. Ninguna sociedad ha mejorado ingresos fiscales redistribuyendo la miseria, sino aumentando las oportunidades para prosperar y enriquecerse.

En definitiva, tenemos que crear un país «España 2.0» donde se maximicen las posibilidades de que las familias y empresas prosperen. No repartir la miseria. La solución no es ir bajando la definición de rico hasta que no quede ninguno, sino permitir que se enriquezca el mayor porcentaje posible de la población. Tenemos que crear cultura emprendedora, fomentar el aprendizaje y la colaboración y no estigmatizar el fracaso. Aprender. Olvidar la envidia, premiar el mérito y el esfuerzo que generan valor añadido y, por supuesto, no penalizar el éxito.

En España no necesitamos más expertos en redistribuir riqueza. Nos sobran. Necesitamos más y mejores creadores de riqueza y empleo. Pasar del círculo vicioso del gasto subvencionado, la deuda y las subidas constantes de impuestos que solo empobrecen el círculo virtuoso de apoyo fiscal sin coste, iniciativa privada y pública orientada a resultados y valor añadido, menores impuestos, más crecimiento y más prosperidad.

España es un gran país. Trabajador, solidario y que se crece ante las dificultades. Por eso vamos a salir de la crisis fortalecidos.

Citando a Ayn Rand, «la pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién me lo va a impedir». ¡Adelante!

Emilio Ontiveros

Introducción

Como hemos visto en el capítulo anterior, correspondiente al diagnóstico de la economía española, los daños generados por la crisis han sido muy importantes. Ha deteriorado sus dotaciones de capital y no han favorecido el saneamiento de la situación financiera de los agentes privados y públicos. A pesar de la recuperación del crecimiento en 2014 y 2015, el PIB por habitante está hoy muy por debajo del que teníamos en 2007.

Pero a la vez tenemos una economía con un patrón de crecimiento vulnerable, impropio de las economías más avanzadas y competitivas. Desde hace décadas, en la composición del crecimiento ha dominado mucho más la acumulación de factores que la mejora de su coordinación, la productividad. En los años de la fase expansiva fue el empleo, el de españoles e inmigrantes, el que nutria el crecimiento, y en mucha menor medida la intensidad tecnológica de la producción. Producíamos más, pero no lo hacíamos mejor. La productividad conjunta y en concreto la productividad total de los factores ha estado ausente de nuestro patrón de crecimiento al contrario de lo que ocurría en la mayoría de las economías de nuestro entorno, con las que competimos. Y lo mismo ocurre en estos meses de recuperación de la crisis. Ello debe centrar nuestra atención porque, entre otras cosas, no vamos a volver a crecer con una intensidad en el sector de la construcción residencial como la que tuvo en la década previa a la emergencia de la crisis.

Si queremos aumentar el crecimiento potencial de la economía hemos de hacerlo fortaleciendo las dotaciones de capital más dañadas durante la crisis, en especial aquellas que pueden generar ventajas competitivas más duraderas y resistentes en la escena internacional. Y todo ello tratando de reducir la desigualdad que la crisis ha ampliado de forma considerable.

Las notas que siguen están organizadas en torno a dos aspectos, en mi opinión fundamentales: las premisas en las que ha de asentarse la definición de la política económica y la clara diferenciación entre las decisiones que son urgentes, para mantener el ritmo de crecimiento económico y reducir el abultado desempleo, y aquellas otras tendentes a mejorar el patrón de crecimiento, de impacto a medio plazo.

Premisas en la definición de las políticas económicas

Tres premisas, en mi opinión, han de fundamentar las orientaciones de política económica en los momentos actuales: el papel activo de los gobiernos e instituciones, la prioridad a las políticas tendentes a restaurar las dotaciones de capital pérdidas y la diferenciación entre actuaciones inmediatas, urgentes, tendentes a fortalecer la demanda y el empleo, y aquellas otras de impacto a medio plazo orientadas a facilitar la transición de la economía española a una basada en el conocimiento.

Los gobiernos e instituciones importan

Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que los gobiernos son importantes en la gestión de las crisis. El desigual balance de resultados que ofrecen las economías de Estados Unidos y de la eurozona, es un reflejo de la calidad diferencial en la adopción de decisiones, en la rapidez y acierto de las políticas elegidas. Las instituciones comunes, lejos de adelgazarlas, es necesario fortalecerlas. En un entorno de elevada integración económica y financiera, conviene disponer de gobiernos fuertes, técnicamente preparados.

Y esa misma consideración cabe extenderla a las instituciones supranacionales. Al Gobierno multilateral. Desde luego a las más inmediatas, las pertenecientes a la UE y a la eurozona. De la gestión titubeante y en ocasiones manifiestamente errónea de la propia Unión Monetaria no cabe deducir en mi opinión que la mejor alternativa para una economía como la española sea mantenerse fuera del área monetaria. Pero sí es necesario que las autoridades españolas mantengan posiciones firmes en relación a las orientaciones que las instituciones europeas han de adoptar.

Asumir con todas las consecuencias la moneda común impone una serie de restricciones a la capacidad de adopción de políticas nacionales, especialmente macroeconómicas. La definición de la política monetaria reside en el BCE y la política presupuestaria está sujeta a reglas muy concretas que limitan el déficit y la deuda pública. En realidad, los Presupuestos Generales del Estado, la principal herramienta de política económica de los gobiernos, se han de someter a la aceptación de la Comisión Europea antes de que sean debatidos y aprobados por los Parlamentos nacionales.

Pero ello no significa que nuestra presencia en esas instituciones se tenga que limitar a la asunción a pie juntillas de las orientaciones que marcan las economías más poderosas. Cumplir con las exigencias comunes ha de fortalecer la capacidad para influir en la dirección de políticas adaptativas. El ejemplo de la sumisión a la austeridad debería ser suficiente. En definitiva, más Europa no significa ceder la definición de posiciones propias a las economías acreedoras. En las siguientes páginas veremos cómo tan importantes o más que las decisiones nacionales son aquellas políticas económicas comunes, las paneuropeas.

Las políticas han de ser de oferta y de demanda

El error más explícito en la gestión de la crisis de la eurozona ha sido confiar exclusivamente en las políticas fiscales restrictivas y de austeridad, y en las reformas de la oferta, en un contexto depresivo de la actividad, incluso deflacionista. La experiencia nos ha demostrado que la austeridad a ultranza es un error. Las finanzas públicas han de estar saneadas, pero hacerlo en condiciones de caída del crecimiento es contraproducente.

Las reformas, lejos de adoptarse como episodios aislados, han de aplicarse de forma continua, pero atendiendo al momento y a la posición cíclica en la que se encuentra la economía. En general, es en las fases de expansión cuando se han de adoptar decisiones que tengan efectos contractivos sobre el empleo o la demanda. El ejemplo de la reforma del mercado de trabajo adoptada en 2012 es claro. Ha contribuido a acelerar la destrucción de empleo y desde luego su precariedad, en un momento en el que la propia dinámica de la economía no era precisamente expansiva. El propio FMI destaca los costes en términos de empleo y producción de ese tipo de reformas, sugiriendo la adopción de mecanismos de compensación de los efectos depresivos si se llevan a cabo en momentos de debilidad de la actividad.

En todo caso, en la adopción de las decisiones de política económica se ha de considerar muy detenidamente la adecuación de su distribución temporal. Por eso es importante diferenciar, como se enuncia en el siguiente epígrafe, entre lo urgente y lo importante.

Diferenciar lo urgente de lo importante

Parece una obviedad, pero no siempre la acción política diferencia entre objetivos inmediatos, urgentes, de aquellos otros que han de influir en el medio y largo plazo. Jerarquizar es necesario. Y la distinción entre reanimar al paciente y el cambio de orientación de su comportamiento es tan elemental como necesaria.

La principal necesidad de la economía española es restaurar la capacidad de producción destruida por la crisis, en particular el empleo. Lo importante es aprovechar esa reconstrucción para avanzar hacia la definición de un patrón de crecimiento con perfiles competitivos más cercanos a los de las economías avanzadas, al conocimiento, en mayor medida que basar esas ventajas en costes reducidos del factor trabajo. Ambas son condiciones para reducir el desempleo y el endeudamiento privado y público y aumentar el crecimiento potencial de la economía, eliminando obstáculos a la asignación eficiente de los recursos y a la competencia, estimulando la innovación. Lo urgente es crecer más. Lo importante es crecer mejor y que el crecimiento sea inclusivo.

Decisiones urgentes

El crecimiento de la inversión es la prioridad más urgente en mi opinión. Es la condición necesaria para reconstruir la capacidad productiva. La intensificación de la inversión no solo conseguiría mayor crecimiento económico y del empleo hoy, sino que también aumentaría la capacidad de producción futura. Y si se hace en destinos intensivos en conocimiento, también facilitaría una mayor contribución de la productividad en la composición del crecimiento.

La destrucción en estos años de crisis no ha sido precisamente muy creativa. Durante más de cinco años la producción ha descendido y también lo han hecho todas las formas de inversión pública y privada. Han desaparecido centenares de miles de empresas y se han destruido millones de empleos. Es un hecho que la recuperación no está siendo suficiente para reemplazar todas las formas de capital erosionado, ni la natalidad empresarial es suficientemente intensa y diversificada sectorialmente, más allá del aumento de obligados autónomos. Tardaremos varios años en recuperar el empleo perdido.

La intensificación de la inversión privada seguirá siendo cautelosa, incluso la destinada a la estricta reposición del capital perdido. Será muy dependiente de las expectativas de crecimiento de la demanda, tanto nacional como externa. Y en su comportamiento, la mayoría de los gobiernos europeos tienen por sí solos una capacidad limitada.

La inversión pública por su lado tiene en el caso español las limitaciones de un plan de estabilidad presupuestaria que seguirá obligando a reducciones del gasto total. Por eso es necesario llevar a cabo planes comunes en Europa, que además de fortalecer los fundamentos de la productividad, lo hagan con el propio mercado interior. En mayor medida si tenemos en cuenta que la inversión pública en la UE ha caído entre 2008 y 2013 un 20 %. Y sin inversión no hay recuperación económica sostenida ni recaudación suficiente de ingresos para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Para intensificar la inversión pública son necesarias decisiones europeas que tomen en consideración las circunstancias excepcionales en la mayoría de las economías, especialmente las que en mayor medida han sufrido las consecuencias de la crisis. La flexibilización de los objetivos de déficit público excluyendo de su cómputo la participación en proyectos de inversión compatibles con las prioridades europeas sería un necesario punto de partida.

Una segunda decisión debería centrarse en aquellas economías de la eurozona que no han sufrido un deterioro significativo de sus finanzas públicas durante la crisis, con el fin de que intensificaran la inversión pública. Es el caso de Alemania, entre otros.

Planes de inversión paneuropea

Pero las dos anteriores premisas han de ser compatibles con el Plan «Inversión para Europa» que formuló el presidente de la Comisión Europea al inicio de su mandato. Su justificación económica es clara, como destacaba en un artículo en El País el 21 de diciembre de 2014, «Plan Juncker: tímida y lenta inversión», en el que he basado este comentario. La eurozona está abandonando la crisis con tasas muy moderadas de crecimiento económico, elevadas tasas de desempleo y, en todas ellas, con una inflación demasiado baja. En ausencia de decisiones que estimulen la demanda agregada, el crecimiento quedará muy por debajo del potencial del área. Las instituciones multilaterales, en especial el FMI, llevan tiempo recomendando la intensificación de la inversión en infraestructuras.

En la definición inicial de ese plan habrá, mayoritariamente, proyectos de «infraestructuras estratégicas»: conexiones energéticas, de transporte y de banda ancha. Potenciadores de la productividad y de la conexión transfronteriza en el seno de la UE. Aunque no existan asignaciones prefijadas por países, el programa, según lo enunciado por Juncker, tiene una pretensión solidaria: deberían ir más recursos a la periferia.

No son cantidades significativas: 315 000 millones de euros en total. Los 100 000 millones de euros al año previstos son inferiores al gap de inversión en el conjunto de la Unión Europea, la que habría tenido lugar si se hubiera mantenido su crecimiento a los ritmos previos a la crisis.

La pretensión de crear inversión sin aumentar el endeudamiento público requiere del concurso de los inversores privados en la práctica totalidad de esos recursos que no favorecen precisamente la celeridad en la concreción. La pregunta que surge es inmediata: ¿merece la pena fiar una iniciativa tan necesaria como el aumento de la inversión a la voluntad privada cuando el coste del endeudamiento público se encuentra en mínimos históricos y, por tanto, es susceptible de generar una rentabilidad significativamente superior al coste de capital?

Los efectos esperados de las inversiones dependerán del ritmo de materialización. A medio plazo, dependiendo de los destinos, puede efectivamente impulsar la productividad de las economías. Más cuestionable es la consecución de esos 3 millones de empleos previstos en los tres años del plan. Tampoco serían desdeñables las contribuciones al fortalecimiento del mercado interior y a la suavización de las barreras regulatorias. La señalización política también es relevante, en la medida en que contribuirá a fortalecer la confianza de las empresas y, dependiendo de ello, a propiciar la inversión privada.

No es la primera vez que se plantea un plan con pretensiones similares. En 1993 lo intentó Jacques Delors, sin éxito; también fracasó en 2000 la pretensión incorporada al Pacto de Lisboa de incrementar los gastos nacionales en I+D nacionales el 3 % del PIB; tampoco fue posible concretar el objetivo definido en el pacto por el crecimiento y el empleo de junio de 2012 por el que se comprometerían 120 000 millones de euros. En efecto, en la vida de las instituciones comunitarias, una cosa es el consenso en torno a la necesidad de concreción de un plan como el ahora propuesto y otra bien distinta su rápida y completa materialización. De todas formas, y aunque su grado de suficiencia sea cuestionable, no convendría que el Gobierno español demorara la presentación de proyectos susceptibles de cualificación.

Mantenimiento de la política del BCE

El plan de inversión anterior, aun cuando fuera de mayor magnitud y más rápido de lo previsto, deberá seguir contando con una política monetaria expansiva. El BCE deberá mantener su política y en particular su programa de adquisición de activos financieros hasta que la recuperación del área sea firme y la inflación se aproxime a su objetivo. La disposición de la mayoría del Consejo de Gobierno debe sortear los obstáculos que el representante del Bundesbank viene poniendo a las compras de deuda pública en los mercados secundarios en la escala que la eurozona necesita. Esta es la vía más eficaz de ese propósito de reducir la distancia al crecimiento potencial y los todavía vigentes riesgos de «japonización» de la eurozona: de estancamiento con deflación.

Nuevamente en este punto las autoridades españolas han de entender que la defensa de las instituciones europeas no es equivalente a la asunción sin cuestionamiento alguno de los postulados alemanes. Los necesarios avances hacia una mayor integración, fiscal y política, pasan por compensar los importantes costes que las actitudes basadas en una falsa ortodoxia han generado.

Lo importante: aprender lecciones y modernización

Las prioridades señaladas en el epígrafe anterior, restaurar el capital perdido o inutilizado, debería compatibilizarse con la transición de un patrón de crecimiento propiciador de la generación de ganancias de productividad, más competitivo y menos vulnerable. Por ello mismo, más cercano al de aquellas economías avanzadas en las que el crecimiento es menos volátil, más respetuoso con el medio ambiente y más inclusivo, generador de menores ampliaciones de la desigualdad.

La urgencia de decisiones de estímulo de la demanda es compatible con la necesidad de aprender las lecciones que ha dejado la crisis y acelerar la transición a una economía basada en el conocimiento. Hacerlo, avanzar hacia un consenso que permita definir un horizonte de modernización a medio y largo plazo, sería un exponente de solidez institucional.

Asimilar lecciones de la vulnerabilidad revelada por la crisis

La pertenencia a la eurozona no es un blindaje. Frente a sus indudables ventajas existen serias restricciones como son las derivadas de la ausencia de control sobre el tipo de cambio y de la política monetaria. El margen de maniobra en política fiscal es reducido, especialmente cuando se parte de un déficit o deuda pública importantes, como son los generados durante la crisis en nuestra economía. Los desequilibrios excesivos —en la balanza de pagos o en las finanzas públicas— acaban pasando factura. No hay un respaldo automático, ni fácil de negociar, como la experiencia está demostrando ampliamente durante la gestión de la crisis.

En el caso concreto de España, la gran ingenuidad fue considerar que en el seno de una unión monetaria el desequilibrio exterior no era muy relevante. Cuando se alcanzan niveles de dependencia de la financiación exterior como los registrados por nuestra economía hasta 2007, la vulnerabilidad es grande. La más inmediata consecuencia es la necesidad de vigilar el endeudamiento, no solo el público, sino también el privado. La supervisión bancaria es crucial en este punto, en la medida en que como hemos observado en el primer capítulo el ascenso de las posiciones deudoras de familias y empresas se canalizó a través de la financiación bancaria. En mayor medida la atención de la supervisión bancaria ha de atender a la excesiva concreción de los activos bancarios, del crédito, en un solo sector, como fue el caso del inmobiliario en nuestro caso. Ese fue el principal alimentador del déficit por cuenta corriente, que llegó a alcanzar un 10 % del PIB en 2007 y de la consiguiente dependencia del endeudamiento exterior.

Modernización del patrón de crecimiento

Desde hace años, desde luego bastantes antes de la crisis, he tratado de insistir en la alteración del patrón de crecimiento de la economía española en la dirección de disponer de un mayor peso de las dotaciones de conocimiento. En un trabajo de 2009, publicado años más tarde en un diccionario colectivo (Work in Progress. 55 términos para el progreso, Editorial Edhasa, 2011) trataba de avanzar una conceptualización simple del término «modernización», desde una perspectiva estrictamente económica, que desarrollaba ideas anticipadas en un artículo, «Modernización», publicado en El País el 27 de marzo de 2005. Destaco a continuación algunas de las principales ideas de entonces.

Modernizar una economía significa disponer de la capacidad de producir mejor, de forma más eficiente y tecnológicamente más avanzada, utilizando adecuadamente los recursos naturales y minimizando las externalidades negativas. Pero también las decisiones sobre la distribución del bienestar generado son expresivas de la modernización económica. Una economía moderna no solo debe garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación, sino disponer de mecanismos de protección y de cohesión social suficientes.

Las inversiones en capital basado en el conocimiento e innovación (habilidades de los trabajadores, capital basado en las TIC e I+D) son importantes propulsores de la productividad. Con todo, la modernización económica no se consigue únicamente mediante la inversión en dotaciones de capital humano y tecnológico. El proceso de modernización de una economía tiene que traducirse en un incremento de la denominada Productividad Total de los Factores (PTF), el componente con mayor influencia en la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Como hemos comentado en el primer capítulo, esta no es explicada por la cantidad de los inputs empleados, sino por el grado de eficiencia e intensidad con que esos inputs son utilizados en la producción.

En gran medida, la clave que explica el diferencial de bienestar entre los países pobres y ricos radica en las diferencias en la PTF. La disponibilidad de tecnologías, en su acepción más amplia, y la capacidad de su población para usarlas, es una expresión bastante cercana de la modernización económica.

De forma muy complementaria a ese dominio del conocimiento se podría igualmente afirmar que una economía es moderna, o está inserta en una dinámica de modernización, cuando crece el número de empleos cualificados sobre el total, aquellos que requieren poco esfuerzo físico para su desempeño.

Esa es la única respuesta para evitar los desequilibrios que acentuaron las consecuencias adversas de la crisis y para garantizar ganancias de competitividad y de bienestar sostenidas. Ello exige no tanto alterar la estructura sectorial de la economía como reducir la vulnerabilidad competitiva de cada uno de los sectores. Las acciones básicas que se enuncian a continuación, se centran básicamente en la mejora de la calidad de las dotaciones de capital y la de las instituciones. En definitiva, en un mayor protagonismo de la productividad total de los factores.

Fortalecer la calidad de las instituciones

El papel de las instituciones en el desarrollo económico es esencial, pero ha sido revitalizado en los últimos años de la mano de un muy respetable cuerpo de literatura que las convierte en uno de los factores competitivos. El exponente más reciente, pero en modo alguno el único, de esa importancia de las instituciones en la literatura sobre el crecimiento económico fue la obra de Daron Acemoglu y James Robinson (Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la riqueza). Ha contribuido a consolidar el consenso en torno a la importancia de las instituciones. Las de carácter inclusivo, las insertas en sociedades abiertas, son las que abonan el terreno al ascenso de la prosperidad de las naciones. La creación de esas instituciones, su calidad, viene determinada por las políticas. Y estas resultan de las tensiones entre quienes ejercen el poder político: de la forma en que lo usan y la distribución entre sus propios intereses y los del resto de la sociedad. La prosperidad, en suma, se fundamenta en la lucha política contra los privilegios, la evitación de que sean las élites las que concentren el poder.

Desde una perspectiva más inmediata y empírica, ya hemos comentado como el Foro Económico Mundial en la elaboración de su índice de competitividad de las naciones define esta como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Parten del hecho de que la productividad determina la rentabilidad de las inversiones que se realizan en una economía, incluida la extranjera, que a su vez constituyen los determinantes de sus tasas de crecimiento. Y en esa conformación, la tensión reformista tendente a mejorar la calidad de las instituciones y el eficiente funcionamiento de los mercados juegan un papel central.

Entre las economías con mejores prácticas al respecto se encuentran las economías nórdicas, por los estándares éticos de sus empresas y la calidad de la función política, esencial para la necesaria colaboración pública-privada que también se localiza entre los factores competitivos. En el último de sus informes, «World Competitiveness Report 2014-2015», que hemos revisado en el capítulo anterior, España aparece en la posición 35.ª, con algunos de los pilares esenciales —instituciones, desarrollo de los mercados financieros e innovación— en posiciones también muy inferiores a las de las economías avanzadas.

Desde la eficacia y ecuanimidad en las actuaciones de los supervisores de la competencia, o los encargados de controlar la estabilidad de las instituciones y los mercados financieros, hasta la transparencia con que se conducen los decisores políticos, pasando por la eficacia de las funciones públicas o la existencia de corrupción, el recorrido de mejora en la economía española es amplio.

Una prioridad a este respecto ha de ser la lucha contra todas las formas de fraude y corrupción. Es una vía de erosión de la confianza, de desafección de los ciudadanos respecto a las instituciones y al conjunto del sistema económico que no favorece precisamente a las empresas más eficientes y potencialmente más competitivas.

El mantenimiento fuera de la competencia, los tratos de favor, son situaciones cercanas a la corrupción. Las ventajas de que disponen las empresas que no practican el juego limpio perjudica a las demás, no se acerca a la optimización de la asignación de los recursos. España ha sido pródiga en episodios de ese capitalismo de amiguetes (crony capitalism) que se denunció de forma insistente a partir de la crisis asiática, en 1997. El enchufismo, las cercanías al poder, en ocasiones ha favorecido la figura de los «logreros» frente a la de los verdaderos emprendedores, una distinción sobre la que ya advirtió J. M. Keynes en 1923.

Para paliar esas desviaciones del juego limpio, tan importante como definir reglas estrictas, asumiendo las mejores prácticas en Europa, es fortalecer mecanismos amplios y frecuentes de control, además de la eficacia y celeridad de los mecanismos judiciales.

Intensidad inversora en conocimiento

La inserción en la economía del conocimiento no es solo sinónimo de modernización, sino de capacidad para sobrevivir competitivamente en la escena global.

Como se ha comentado en el capítulo anterior, mantener el crecimiento de las exportaciones no es una tarea fácil, pero lo es menos si no se intensifica el contenido tecnológico de los bienes y servicios exportados. Vimos cómo solo el 10 % de las exportaciones industriales en 2013 tenían un contenido tecnológico elevado. Las exportaciones menos intensivas en tecnología y valor añadido son las más vulnerables a la competencia de las economías menos avanzadas, con salarios más bajos. Pero, además, ocurre que es la demanda de esos bienes y servicios con mayor intensidad tecnológica la que está creciendo en mayor medida en las dos últimas décadas. Acelerar la transición a la disposición de ese tipo de bienes y servicios es una condición necesaria para garantizar una menor vulnerabilidad a la competencia basada en precios bajos, una mayor capacidad de diferenciación de la oferta y, en definitiva, una mayor prosperidad.

No es un empeño imposible, como demuestran algunas empresas españolas capaces de avanzar en esa dirección y de traducir dichas capacidades en ventajas competitivas internacionalmente. Se trata de crear las condiciones para que no sean excepciones.

A estas alturas caben pocas dudas de la conveniencia de la extensión de las tecnologías digitales, de la eficiencia que aportan. Pero además ese sector se ha constituido en uno de los más activos en innovación y en el nacimiento de empresas. Ha contribuido a alterar la propia dinámica competitiva global facilitando la irrupción competitiva de algunas economías emergentes, reduciendo la relevancia de las barreras físicas hasta el punto de cuestionar la geografía como determinante fundamental de la competitividad en la actual escena global.

Es un hecho que las TIC rejuvenecen los sectores tradicionales: mejoran las cadenas de valor, no solo en las actividades nuevas que nacen online. Nuevamente el tamaño medio reducido de las empresas españolas se constituye en un obstáculo para asimilar los avances en inteligencia artificial, en el manejo de datos, en las aplicaciones logísticas que esas tecnologías permiten y en la obtención de las ganancias de eficiencia que deparan. Aun cuando algunas de ellas tengan un impacto inicial en la sustitución e incluso en la destrucción de empleo, los efectos netos a medio plazo son inequívocamente favorables.

En la extensión de la digitalización también las inversiones paneuropeas y la creación de un verdadero mercado único digital son actuaciones favorecedoras de la dinámica de integración y de fundamentación de la generación de ganancias de productividad de las empresas. Se trata de homogeneizar las regulaciones vigentes en los 28 mercados nacionales eliminando los obstáculos a la integración en este ámbito. Las diversas estimaciones del impacto sobre el crecimiento y el empleo dejan lugar a pocas dudas acerca de la conveniencia de ese empeño por maximizar la extensión de la economía digital.

No es fácil diferenciar de las anteriores modalidades de capital basado en el conocimiento la inversión en educación y en investigación y desarrollo (I+D).

Los datos de la fundación COTEC revelan que desde que comenzó la crisis la tendencia de los indicadores de inversión en actividades de I+D no han dejado de contraerse en España y a partir del año 2009 (-0,7 %) comenzó una etapa de descenso que llegó a alcanzar el -5,6 % en 2012 y que ha continuado con una caída del 2,8 % en 2013, último año del que se dispone de datos estadísticos.

En su última edición, que ofrece datos correspondientes a 2013, indica que el gasto total en I+D en España ascendió ese año a 13 012 millones de euros, lo que representó el 1,24 % del PIB, supone un descenso del 2,8 % respecto al año anterior, en el que el gasto alcanzó los 13 392 millones de euros (1,27 % del PIB). Por sectores de ejecución, el sector privado fue el que representó un mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D del país, con el 53,3 % (53,1 % Empresas y 0,2 % Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro-IPSFL) mientras que el sector público representó el 46,7 % restante (28 % Enseñanza Superior y 18,7 % Administración Pública). La caída del gasto en I+D ejecutado entre 2012 y 2013, del 2,8 %, es resultado de la media entre la variación del -3 % que se ha producido en el sector público y del -2,7 % en el sector privado. Por primera vez el sector privado tiene más importancia que el público en el gasto total.

Por ramas de actividad, las empresas de vehículos de motor se situaron en 2013 a la cabeza en el gasto en innovación tecnológica, con un 13,4 %, seguidas de las de servicios de I+D (12,1 %), farmacia (7,9 %), actividades financieras y de seguros (7,3 %) y telecomunicaciones (6,2 %).

La disponibilidad y calidad del capital humano, las habilidades de los que trabajan, se sitúan con razón en el lugar destacado de las prioridades. Es la condición necesaria para un uso eficiente de la inversión en intangibles, en I+D en particular. Constituye, de hecho, uno de los fundamentos para que coexistan objetivos como el necesario aumento de la competitividad con la preservación de la cohesión social.

Sobre la necesidad de mejora de la educación en nuestro país existen pocas dudas. Con datos de la OCDE correspondientes a 2014, un 54 % de la población adulta española posee estudios de segunda etapa de educación secundaria o estudios superiores, muy por debajo de la OCDE (76 %) y la UE-21 (77 %). La consecuencia es clara: en España existe un porcentaje elevado de población en los niveles educativos inferiores a los de segunda etapa de educación secundaria (45 %), frente a las medias de la población de OCDE y UE-21, que se sitúan en el 24 % y el 23 % respectivamente. Al igual que en la mayoría de los países de la OCDE y de la UE-21, las personas con un mayor nivel de formación alcanzan una tasa de empleo más elevada, mientras que las personas con un menor nivel de cualificación tienen un riesgo más alto de estar desempleadas.

La flexibilidad del mercado de trabajo en modo alguno es incompatible con el fortalecimiento de la calidad del capital humano en la dirección de hacerlo más intensivo en conocimiento, precisamente. Es la base para alcanzar esa «flexicurity»: para garantizar nuevas formas de seguridad a los trabajadores a través del apoyo de la empleabilidad como retorno a una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo que permita a las empresas la suficiente capacidad de adaptación a un entorno competitivo cambiante. Es posible compatibilizar la dimensión social y la económica, en lugar de concebirlas como mutuamente excluyentes. Desde el bienestar pasivo al bienestar positivo, en la acepción de Anthony Giddens, amparando la posibilidad de que eficiencia económica y justicia social no se enfrenten.

Mejora de la demografía empresarial

Sin empresas no hay prosperidad. La calidad de las empresas, la función de coordinación de todos los factores de producción, constituye un factor muy importante en el crecimiento de la productividad.

La regeneración del censo empresarial de una economía, la intensidad de su tasa de natalidad, contribuye igualmente a garantizar un mayor crecimiento potencial. Es necesario que nazcan más empresas de las que mueren y, desde luego, es importante que entre las causas de la mortandad no haya otras que la ineficiencia o incapacidad para adaptarse a las nuevas exigencias competitivas. No es bueno, por ejemplo, que mueran empresas solo por asfixia financiera, o que no lleguen a nacer: empresas que en condiciones normales de funcionamiento del sistema financiero serían viables. Tampoco lo es que existan barreras de entrada en determinados sectores o limitaciones a la competencia.

No menos importante es disponer de empresarios con la suficiente capacidad para adaptarse a unas exigencias del entorno cada día más complejas, más demandantes de una mejor y más moderna gestión, de una mayor innovación y, consecuentemente, de organizaciones más flexibles y menos jerarquizadas. Estos dos últimos aspectos son rasgos igualmente importantes de la economía del conocimiento, perfectamente complementarios de esas habilidades de los trabajadores del conocimiento, potenciadoras del trabajo en equipo, pero absolutamente compatibles con la flexibilidad funcional asociada a las mejores habilidades.

La caracterización del censo empresarial español, como hemos visto en el capítulo primero, no presenta los mejores rasgos. Son empresas de muy reducida dimensión las que constituyen más del 90 %, con un grado de intensidad tecnológica o capacidades de diferenciación muy reducidas y una elevada tasa de mortalidad.

La crisis ha supuesto una enorme destrucción de empresas, fundamentalmente pymes, y también ha dado lugar a importantes procesos de concentración. Como consecuencia, la densidad del tejido empresarial ha retornado a niveles ligeramente inferiores a los registrados en 2006. Como vimos en el primer capítulo, una muy elevada proporción del censo existente son autónomos y empresas con menos de 10 trabajadores. Esas microempresas son en España el 95,8 % del total, frente al 92,4 % para el conjunto de la UE. Representan casi la mitad del empleo total, pero su productividad por empleado no llega a la mitad de la generada por las grandes empresas. Esas dimensiones medias constituyen limitaciones competitivas claras en mercados cada día más abiertos y globales.

Nacimiento de empresas

El crecimiento de una economía depende de la calidad de la función empresarial y, en todo caso, de la fracción de la población que se orienta emprender, a la asunción de riesgos. Que nazcan más empresas y que desaparezcan obstáculos a la supervivencia y al aumento del tamaño de las mismas son condiciones que disponen de amplio respaldo empírico en la explicación de la competitividad de las naciones. Por ello, una de las prioridades de la política económica, que además no comporta esfuerzos presupuestarios, debe ser el fomento de la natalidad empresarial.

El Banco Mundial desde hace varias décadas actualiza su registro más popular, el «Doing Business», que evalúa la facilidad para la actividad empresarial para 189 economías. Ese ranking se forma mediante la agregación de conjuntos de indicadores que miden aspectos distintos, desde las exigencias y regulaciones para crear una empresa hasta la correspondiente para su desaparición formal, pasando por los trámites para obtener permisos de todo tipo o para acceder a fuentes de financiación ajenas. Son indicadores cuya relevancia es fundamental en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Todos ellos tratan de medir condiciones para que las empresas funcionen de forma eficiente. No son la garantía de prosperidad, pero sí constituyen condiciones necesarias. Sobre ellas, las políticas económicas, desde luego las macroeconómicas, dispondrán de desigual eficacia dependiendo de la flexibilidad con que tenga lugar esa actividad empresarial en los distintos ámbitos que miden los índices.

Uno de los ámbitos que siempre me ha interesado es el de la facilidad para crear una empresa, para que quien tiene una idea pueda concretarla rápidamente y sin excesivo coste. En España, según esa clasificación, hemos ido mejorando a lo largo de los años, pero de forma muy lenta y mucho menos si comparamos con el ritmo al que lo han hecho otros países. Eso explica que cuando se revisa lo ocurrido en los últimos doce años (http://www.doingbusiness.org) las mejoras en la liga global no son precisamente destacables. En el último informe en la posición agregada estábamos en la posición 33 y en la correspondiente a la facilidad para crear una empresa en la 74. Ha sido la reducción muy significativa en el número de trámites la que nos ha sacado de esa mala posición, aunque la que ahora mantenemos en este indicador no sea precisamente buena. En la facilidad para obtener crédito, España está en la posición 52.

Eliminar los obstáculos todavía existentes, fundamentalmente administrativos y procedimentales, estrechar la coordinación entre las distintas administraciones públicas al respecto, deberían ser prioridades políticas básicas en la dirección de fomento del espíritu emprendedor.

Tamaño de las empresas

Junto a ello, deberían revisarse los condicionamientos fiscales o laborales que favorecen el mantenimiento de dimensiones medias de las empresas relativamente reducida, por debajo de los 50 empleados, y fomentar la adopción de tamaños mayores con el fin de facilitar la generación de rendimientos a escala que propicien mayores incrementos de la productividad.

También en contraste con el promedio de las economías europeas, en los primeros años de vida las empresas españolas apenas ganan tamaño, y la tasa de mortalidad es tanto mayor cuanto menor es la dimensión de partida. Todo ello ayuda a entender la escasa intensidad tecnológica de las empresas españolas en contraste con las existentes en economías más avanzadas. Y la relación entre dotación tecnológica y productividad, no debemos olvidarlo, es evidente.

Es verdad que son decisiones que en última instancia han de ser asumidas por los propios empresarios, pero tanto desde las administraciones como desde las organizaciones empresariales debería fomentarse la cooperación o integración con el fin de alcanzar dimensiones medias suficientes que faciliten la disposición de medios y posibilidades de acceso a los mercados que las pequeñas o microempresas no alcanzan. Las posibilidades de financiación, la menor capacidad de negociación con las entidades financieras y de acceso directo a los mercados de capitales son otro exponente claro de las limitaciones por razón del tamaño.

Diversidad en la estructura del sistema financiero

La existencia de mecanismos de financiación adecuados a las distintas conformaciones empresariales es una de las condiciones necesarias para la actividad empresarial. Nuestro sistema financiero pertenece al grupo de los más bancarizados: aquellos en los que la financiación directa de los mercados de capitales está menos desarrollada. La intermediación del sistema bancario es la dominante y la posibilidad de apelar directamente a los mercados de capitales está de hecho limitada a las empresas de mayor tamaño. Las modalidades de financiación del nacimiento de empresas no disponen del grado de desarrollo que encontramos en las economías anglosajonas.

Por ello debería ser prioritario el fomento de instituciones e instrumentos que permitieran la adecuación de la financiación a las empresas de menor tamaño y a las que se encuentran en sus primeras fases de evolución. Se trata de complementar el protagonismo del sistema bancario, más adecuado a la financiación ordinaria, sin riesgo diferencial, de los agentes económicos con modalidades existentes pero con un desarrollo muy limitado, como el capital riesgo, los mercados de acciones y de títulos de deuda para empresas pequeñas y medianas.

En esa dirección se inscriben los intentos de las autoridades europeas por diversificar los sistemas financieros, en especial los muy bancarizados de la eurozona. Es el caso del proyecto de Unión de los Mercados de Capitales, complementario de la ya iniciada Unión Bancaria. Esta ha supuesto un avance significativo sobre la situación previa a la crisis en la eurozona. La existencia de una supervisión bancaria única, de un mecanismo común de resolución de crisis favorecerá la eficiencia del sistema financiero en su conjunto y la reducción de los costes públicos de próximas crisis bancarias. Pero no resuelve por si sola la exigencia de diversificación comentada.

Ocurre, además, que una de las consecuencias de la resolución de la crisis bancaria española ha sido la reducción del número de entidades bancarias, el avance en el grado de concentración de la oferta de servicios financieros. Una razón adicional para avanzar en la diversificación de la oferta en un sector esencial para el fortalecimiento de la competitividad de la economía en su conjunto.

Sistema fiscal más justo y competitivo

La economía española no es precisamente la que dispone de mayores cargas fiscales de Europa. En todo caso sí parece existir un consenso acerca de la necesidad de mejorar su eficiencia, su capacidad recaudatoria, aun cuando ello no signifique necesariamente aumentar demasiado la presión fiscal. Con todo, la evidencia nos dice que la posición competitiva de las economías no guarda una estrecha e inequívoca correlación con la presión fiscal que soportan sus ciudadanos y empresas. Entre las economías más competitivas del mundo se encuentran, por ejemplo, las nórdicas, en las que la presión fiscal es relativamente elevada, aunque también existen otras en las que ocurre justo lo contrario, como la de Estados Unidos.

De forma muy sintética, una primera aproximación permitiría concluir que en la totalidad de las figuras tributarias de nuestro sistema impositivo, las bases imponibles son reducidas y los tipos elevados. Para la mayoría de los contribuyentes sujetos a la imposición por rentas del trabajo la carga media es muy superior a la que soportan las rentas de las sociedades. En este caso el problema más importante no es tanto el derivado de tarifas elevadas sino de la amplia panoplia de deducciones, exenciones y beneficios fiscales de todo tipo que terminan reduciendo la base imponible del impuesto y con ella la capacidad recaudatoria. A pesar de tipos homologables o incluso superiores a los de la mayoría de los países europeos, la recaudación de cada figura tributaria en nuestro país es significativamente inferior.

La simplificación y la lucha contra el fraude son condiciones necesarias para disponer de un sistema fiscal homologable al de las economías avanzadas, y que este satisfaga las funciones básicas que tienen asignados. Entre estas, la realización de inversiones en bienes públicos y en aquellas dotaciones de capital como la educación y la investigación y desarrollo.

Pero también es misión del sistema fiscal corregir la ampliación en la desigualdad de la renta y de la riqueza que ha tenido lugar durante las dos últimas décadas. Conseguir que el crecimiento económico sea más inclusivo. Hacerlo no solo es una exigencia elemental de solidaridad, sino que también constituye una forma de garantizar más y mejor crecimiento. La propia OCDE destaca en un reciente documento de trabajo (Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth) que el estrechamiento de la desigualdad tendría un efecto positivo significativo sobre el crecimiento económico de aquellas economías en las que mayor es la brecha en la distribución de la renta. La evidencia destaca que en las economías donde la desigualdad decrece las posibilidades de crecimiento económico son mayores. La reducción de la composición de las clases medias es malo para el crecimiento. Por eso es prioritario que los sistemas fiscales lejos de reducir la inversión en educación, principal elemento que contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y el aumento de la productividad, la intensifiquen. «La desigualdad no es rentable» daba título a un artículo que publiqué en El País (1 de mayo de 2011) en el que trataba de ilustrar la conveniencia en términos de sostenibilidad del crecimiento y estabilidad financiera, de reducción de la excesiva desigualdad existente ya antes del inicio de la crisis.

Eficiencia de las administraciones públicas

Si la mejora de la eficiencia de las empresas, la productividad, constituye una condición necesaria para fundamentar el aumento del crecimiento potencial, en las administraciones públicas ocurre otro tanto. Garantizar la eficacia de las mismas es la mejor vía de legitimar su existencia y la necesidad de fortalecimiento de sus recursos.

La consideración genérica anterior es tanto más relevante cuando se está ante un Estado tan descentralizado como el español. Este es un rasgo constitucional esencial que encuentra amparo y legitimidad en la diversidad y riqueza cultural del territorio español. La articulación en torno a comunidades autónomas es una respuesta legítima a las aspiraciones de cercanía a los ciudadanos y de disposición de mayor autogobierno de los mismos. Pero esos niveles de gobierno han de ser eficaces y no redundantes con otros niveles de la administración pública.

Para ello, el sistema de financiación autonómica ha de ser suficiente, garante de la equidad entre las regiones, pero también sostenible. La responsabilidad de los gobiernos regionales ha de ser compatible con la autonomía. Y ello remite necesariamente a la revisión y ordenación de los tributos autonómicos.

Como han de ser eficaces los ayuntamientos, y las administraciones más cercanas al ciudadano, para que la identificación y sensación de pertenencia sea más intensa. Pero la disposición de servicios públicos de calidad, la necesaria eficiencia, debería favorecer la puesta en común de esfuerzos presupuestarios y favorecer las posibilidades de integración o cooperación entre administraciones locales. De los 8122 municipios que hay en nuestro país, el 84 % de ellos no tiene más de 5000 habitantes. El 40 % de los españoles vive en 62 de ellos.

Lejos de avanzar en la integración, en los años de democracia los hemos aumentado, a diferencia de lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de la UE. La gestión de los servicios es más complicada con la excesiva atomización. Sin necesidad de sacrificar ese sentido de pertenencia, sí podrían mejorarse las condiciones de vida de muchos municipios excesivamente pequeños si hicieran un esfuerzo por compartir, cooperar entre los más próximos. El excesivo minifundismo sacrifica eficiencia sin que las ventajas en términos de ejercicio de la democracia sean tan superiores. La existencia, la identidad diferenciada, puede ser compatible con la puesta en común de servicios, desde luego aquellos donde la dimensión explica su calidad.

Relevante a este respecto es la dificultad de los pequeños municipios para acceder a las posibilidades que permite la inserción en la sociedad de la información. El tamaño influye de forma clara en la reducción de la «brecha digital». Datos recientes del «Informe anual de cobertura de banda ancha» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ponen de manifiesto que más de 2700 municipios españoles no tienen cobertura de banda ancha fija que les permita navegar a 10 megabits por segundo. Pero en 2015 hay más de dos millones de ciudadanos que no pueden hacerlo a dos megas.

Las ciudades tampoco han de menoscabar sus dimensiones competitivas. Y el papel central que en la garantía de unas buenas condiciones de vida tienen las exigencias medioambientales. Estas se revelan cada día con más claridad como factores competitivos en la atracción de inversiones, de talento cualificado, necesario para mejorar las bases de la prosperidad. La evidencia en trabajos empíricos sobre economías avanzadas demuestra que la intensificación de los cuidados medioambientales que en mayor medida han llevado a cabo algunos gobiernos en los últimos años no limita precisamente la generación de ganancias de productividad.

Demografía e inmigración

Somos menos y más viejos. Al igual que otras economías avanzadas, la población española está envejeciendo a un ritmo demasiado rápido. Tenemos uno de los índices de fertilidad más bajos del mundo, 1,32 nacimientos por mujer en 2012. Y la esperanza de vida no deja de aumentar.

La reducción de la población española ha sido otra de las consecuencias de la crisis. De los datos del último padrón se pone de manifiesto que la población española ha caído por tercer año consecutivo. En enero de 2015 éramos 46,6 millones, 170 000 menos que en 2014. La principal reducción es de población extranjera que no ha dejado de descender desde 2012, hasta situarse por debajo de 5 millones de personas por primera vez desde 2007. También conviene destacar que las caídas son mucho mayores en los segmentos de población joven, con lo que el envejecimiento se acentúa.

No hace falta insistir en las consecuencias estrictamente económicas de una tendencia tal. Solo considerando la continuidad del ascenso de la tasa de dependencia (la proporción de población mayor de sesenta y cinco años respecto a la población en edad de trabajar [dieciséis-sesenta y cuatro años]), hoy en el 28 %, ya podemos hacernos a la idea de los riesgos asociados a la sostenibilidad, no solo a los sistemas de previsión social, o a los presupuestos de asistencia sanitaria, entre otros. También pueden ser muy relevantes los efectos sobre la propia adecuación de la población a las exigencias de cambios tecnológicos, entre otros.

Por eso es necesario mantener una política de incentivos a la recepción de inmigrantes, procurando, como están llevando a cabo algunos gobiernos europeos, la definición de atractivos para aquellos con cualificaciones más cercanas a las exigencias antes comentadas o los que disponen de talento emprendedor.

Recapitulación

La economía española ha abandonado lo peor de la crisis de 2008. Su PIB crece y también lo hace el empleo. Pero la calidad de unos y otros está distante de ser la propia de una economía avanzada. La consolidación del crecimiento dependerá en gran medida del acierto en las orientaciones de política monetaria y presupuestaria, condicionadas por decisiones europeas. Pero la calidad del empleo, la estrechamente asociada modernización de nuestro patrón de crecimiento y la reducción de la desigualdad, dependen de decisiones nuestras, de la intensificación de las dotaciones de capital basado en el conocimiento que fortalezcan ventajas competitivas hasta ahora muy circunstanciales. Probablemente en este punto no será difícil entenderse, incluso tampoco discutir demasiado.

Juan Torres

Las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas sino políticas. No hay oscuras fórmulas técnicas que permitan resolver las dificultades en un clima de gabinete. Los problemas económicos de un país solo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos […]. Sé, desde luego, que solo puede esperar esa colaboración un Gobierno en quien ustedes confíen como veraz y que les merezca credibilidad.

ENRIQUE FUENTES QUINTANA. Discurso en TVE, 18 de julio de 1977.

Es lógico que después de siete años de un rendimiento tan frustrante y doloroso de la economía se dé por bueno cualquier indicio de recuperación, sea cual sea la forma en que se presente, pero el problema radica en que la recuperación puede ser de nuevo flor de un día si no se resuelven de raíz las causas que han hecho que la economía española sea tan vulnerable ante los avatares del ciclo. Por eso me parece que a la hora de hacer propuestas para tratar de consolidar su recuperación efectiva en el futuro es necesario considerar algunas cuestiones fundamentales sobre las fortalezas y debilidades estructurales de nuestra economía.

Se necesita algo más que cambiar de tendencia: combatir nuestros problemas estructurales

En primer lugar, habría que asumir que las llamadas políticas de austeridad europeas de los últimos años han sido un completo fracaso y que conviene dejarlas de lado cuanto antes. Se aseguró que eran imprescindibles porque solo de esa forma se podría recuperar la actividad y el empleo y disminuir la deuda, pero lo cierto es que ha sido lo contrario: desde que se han aplicado en la eurozona la deuda ha subido del 72 % del PIB en 2007 al 103 % en 2014, y hay casi dos millones de ocupados menos y seis millones de parados más. Algo que no es de extrañar que haya ocurrido en Europa y concretamente en España porque es lo que ha sucedido siempre que se han aplicado este tipo de medidas en situaciones como las que hemos estado viviendo. Isabel Ortiz y Matthew Cummins (The age of austerity: A review of public expenditures and adjustment measures in 181 countries, 2013) han analizado 314 informes del Fondo Monetario Internacional publicados de enero de 2010 a febrero de 2013 y llegan a la conclusión de que la contracción fiscal, la disminución de salarios públicos, la reducción o eliminación de subsidios, el incremento de impuestos al consumo, las reformas de las pensiones, de los sistemas de salud y de protección social orientadas a limitar su alcance, o la flexibilización del mercado de trabajo… «no ayudan a promover crecimiento económico robusto y generador de empleo, ni a mejorar el nivel de vida ni la cohesión social» sino que, por el contrario, los empeoran y en lugar de salir de las crisis producen nuevas recesiones y mayor desigualdad (tal y como ha sucedido en Europa y concretamente en España).

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los problemas actuales de nuestra economía no se deben solamente al impacto de la crisis internacional sino a que esta afectó a un modelo productivo con deficiencias estructurales muy importantes que se habían agudizado en los años inmediatamente anteriores a 2007.

La economía española ha recorrido un proceso de indudables mejoras en la reciente etapa democrática y es fundamental que seamos conscientes de ello y de la importancia que tiene el que hayamos sido capaces de conseguirlo colectivamente. Ha dejado de ser una economía agrarizada y tradicional, se ha abierto al exterior, se han consolidado —aunque haya sido con inmensas limitaciones y dificultades, bien es cierto— un sistema de servicios públicos moderno y un Estado del Bienestar más avanzado que el de la inmensa mayoría de las naciones del planeta, y se han producido cambios sociales de extraordinaria magnitud, como la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral y a los puestos más decisivos de la vida social. Pero, al mismo tiempo, nuestra economía ha mantenido una serie de rasgos estructurales (porque vienen de hace mucho tiempo o porque tienen que ver con su funcionamiento profundo) muy negativos porque limitan su rendimiento, la eficiencia de su aparato productivo y su capacidad de crear empleo e ingreso, además de hacerla muy frágil y vulnerable cuando empeora el ciclo económico.

Esos rasgos o defectos estructurales son los que han provocado que el impacto de la última crisis haya sido mucho más fuerte en España que en otros países de nuestro entorno y los que me parece que hay que tratar de corregir si se quiere que el cambio de tendencia que vivimos se convierta en una verdadera salida de la crisis y no en la antesala de otra más profunda.

A mi juicio, los más relevantes son los siguientes y los menciono ahora que hablamos de soluciones no por insistir en lo negativo (los enumero en positivo, como retos pendientes) sino porque creo que deberían ser precisamente los ejes en torno a los que giren las respuestas que a mi juicio hay que dar a la situación en la que nos encontramos, como digo, no solo para quitarnos de encima la crisis sino para evitar que vuelva a producirse con semejante daño en el futuro.

Frenar la concentración de poder y la falta de competencia y mejorar nuestras instituciones

Nuestra sociedad está muy oligarquizada y muy pocos concentran muchísima capacidad de decisión (Iago Santos ha demostrado en su estudio Una aproximación a la red social de la élite del poder económico en España que 1400 personas controlan en España recursos que equivalen al 80,5 % del PIB). Su gran poder genera mercados muy concentrados en sectores estratégicos, destroza la competencia y es la verdadera razón de que los precios en España tiendan más fácilmente al alza (de 1998 a 2007 subieron aquí unas cuatro veces más que en Alemania y el doble que en Francia). Y la gran influencia de grandes grupos de poder es lo que permite que instituciones fundamentales para la vida económica (incluidas las políticas, los medios de información o la administración de justicia) funcionen sometidas a sus intereses. Esto ha sido y es especialmente grave en el caso del sistema financiero, que en España tiene un poder económico, político y mediático muy superior al de otros países y que en gran medida explica que nuestra economía esté excesivamente bancarizada y que avance siempre de la mano de un alto nivel de endeudamiento (la generación de deuda es, no se olvide, el negocio de la banca). En concreto, es lo que alimentó la inmensa burbuja inmobiliaria anterior a la crisis (cuando el crédito total a residentes pasó de 701 663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008, y de los que el 70 % fue dirigido hacia la construcción o sus actividades colindantes) a costa de un gran endeudamiento de la propia banca española, pues en 2000 recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo recibía 0,76 euros.

La existencia de reducidos grupos sociales que concentran un gran poder ha debilitado también nuestro sistema fiscal, que se caracteriza por niveles de elusión y fraude por parte de esos grupos de poder muy altos y superiores a los de países vecinos como Francia, Alemania o incluso Italia. En España, las familias aportan alrededor del 90 % de la recaudación y las empresas el 10 %, y de ese porcentaje, menos del 2 % corresponde a las grandes compañías, mientras que alrededor del 70 % del fraude fiscal corresponde al de grandes empresas y patrimonios.

El gran poder de esos grupos de interés es lo que les permite influir constantemente en las decisiones gubernamentales y eso explica, por ejemplo, que fuesen los gobiernos quienes modificaran las normas legales (urbanísticas, fiscales, mercantiles…) para impulsar la burbuja inmobiliaria, para favorecer el sobreendeudamiento de empresas y familias o para restringir la competencia.

Revertir los procesos de desindustrialización y el predominio de las actividades con bajo valor añadido

En los últimos decenios han ido perdiendo peso en la economía española las actividades productivas primarias y secundarias (su aportación al PIB español cayó el 57 % y el 44 %, respectivamente, de 1985 a 2007) y aumentado el de la construcción y los servicios (72 % y 1,3 %, respectivamente, en ese periodo). Y paralelamente a ello, se ha producido una progresiva especialización en sectores y actividades de contenido tecnológico bajo y medio bajo (alrededor del 65 % de nuestra producción de manufacturas en 2006, frente al 0,7 % de las de alta intensidad tecnológica) y además, o precisamente por eso, en actividades poco sujetas a la competencia exterior, como la construcción y el comercio al por menor, y en servicios de bajo valor añadido (en servicios se da la mayor diferencia en cuanto a productividad respecto a la de la eurozona, un 20 %). Aunque está mejorando mucho nuestra capacidad de exportar servicios de mayor valor añadido, y no solo turísticos, como ha puesto de relieve recientemente el profesor Cuadrado Roura, aún queda mucho que recorrer en este campo que debe impulsarse en la mayor medida de lo posible.

Acabar con la dependencia empresarial del capital y de las decisiones públicas

Una gran parte del capital español es rentista y muy dependiente de las decisiones gubernamentales vinculadas, principalmente, a la inversión en infraestructuras, a la política de suelo y urbanística, a las facilidades fiscales y a la financiación, lo que ha sido la causa de grandes ineficiencias, de un gran despilfarro de capital y recursos de todo tipo y de un insoportable nivel de corrupción económica y política que ya afecta decisiva y muy negativamente al funcionamiento de los negocios y de la economía en general. Acabar con esta dependencia es fundamental para fortalecer un tejido empresarial innovador y de vanguardia.

Superar el déficit social

Aunque en los primeros años de la democracia se fue superando el gran atraso social que supuso la dictadura, a mediados de los años noventa del siglo pasado se comenzó a volver atrás y de nuevo aumentó nuestro déficit social respecto a Europa (medido en porcentaje de gasto social sobre el PIB). Según Eurostat, nuestro gasto público total era el 43,6 % del PIB en 2014, frente al 48,1 % de la UE-28 y el 49 % de la eurozona, y el dedicado a protección social representaba el 25,9 % del PIB, frente al 29,5 % de la UE-28 y al 30,4 % de la eurozona.

Este déficit explica que hoy día tengamos una dotación insuficiente de capital social y estructuras de bienestar colectivo todavía débiles, si las comparamos con nuestro entorno, lo que provoca efectos muy negativos. Por un lado, se deterioran las condiciones de vida de la población (España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil y tenemos cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social). Por otro, se reduce la productividad, el rendimiento del capital privado y la eficiencia general del sistema económico. Es verdad que el mal gasto público es indeseable, pero su insuficiencia también perjudica a todos, a familias, a empresas y a la sociedad en su conjunto.

Equilibrar el mercado laboral

Nuestras relaciones laborales se basan en un balance muy asimétrico de los poderes de negociación y decisión, en perjuicio de las clases trabajadoras. Algo que es una clara herencia de la dictadura y que ahora se refuerza por el escaso nivel de afiliación a sindicatos, muy burocratizados y dependientes de la financiación estatal, y por una legislación que, en contra de lo que se quiere hacer creer, proporciona mucha menor protección, participación en las empresas y capacidad negociadora a las clases trabajadoras que la de otros países vecinos.

Esas asimetrías de poder son fuentes de privilegios que la ideología liberal considera imprescindibles para que las empresas puedan crear empleo fácilmente. Pero la historia demuestra que en realidad lo dificultan porque provocan baja productividad, desincentivan la innovación y empobrecen a la sociedad. La disminución del poder negociador de las clases trabajadoras es lo que ha permitido, entre otras cosas, la constante devaluación salarial y la generalización del empleo temporal y parcial (este último, en los últimos años de crisis). Y hay que tener en cuenta que la mayor temporalidad del empleo en España no se debe, como se dice, a que esté menos protegido que el empleo indefinido (solo Luxemburgo y Francia tienen, entre los países de la OCDE, un indicador de protección al empleo temporal más alto que el de España, según los datos de esa organización) sino a que se permite (sobre todo a partir de la última reforma laboral) que las empresas lo utilicen con carácter claramente fraudulento, puesto que abunda en actividades que en realidad no precisan de prestación temporal del trabajo, ni por su naturaleza, ni por razones de estacionalidad, funcionalidad o eficiencia. El indicador de la OCDE que mide la protección de los trabajadores indefinidos frente a los despidos individuales y colectivos está en España por debajo de la media de la Unión Europea, como también ocurre con la cuantía de las indemnizaciones por despido. Y esta baja protección al trabajo en España y la gran flexibilidad de nuestra legislación laboral se comprueba también analizando las causas de acceso al derecho en la Encuesta de prestaciones por desempleo: de 2008 a mediados de 2014, solo el 10 % de los despidos fueron colectivos y el resto individuales; y el 60 % de todos los despidos y el 70 % de los individuales lo fueron por decisión discrecional y no justificada de la empresa, sin mediar restricción o decisión judicial. Unos porcentajes que no se dan en ningún otro país de Europa.

Resolver el carácter traumático de nuestra apertura al exterior

El proceso de internacionalización o apertura al exterior de nuestra economía ha sido muy problemático en los últimos decenios (en realidad, como casi siempre a lo largo de nuestra historia) al coincidir con una globalización muy asimétrica y con los ajustes necesarios para entrar en una Unión Europea y más tarde en una zona euro que no fueron concebidas precisamente para ayudar a sus periferias sino más bien para lo contrario, para someterlas al mucho mayor poder de sus motores centroeuropeos.

Es cierto que nuestra pertenencia a la Unión Europea ha favorecido nuestra modernización y la entrada de fondos muy importantes que han permitido consolidar estructuras de bienestar y una gran dotación de capital social. Pero, por otro, ha puesto en manos del capital extranjero los mejores activos de nuestra economía (alrededor del 35 % del PIB en la actualidad, más del doble que en 1990) hasta el punto de que el capital español ha desaparecido de sectores enteros, algunos de ellos de gran importancia estratégica. Eso hace que sea muy difícil, por no decir que imposible, que nuestra economía se apropie, en beneficio de los intereses nacionales, de todo el valor añadido real y potencial que puede generar. Y nuestra pertenencia a la zona euro limita también enormemente nuestra autonomía y capacidad de maniobra para decidir sobre nuestros propios problemas económicos y para poner en marcha y ejecutar políticas de estabilización macroeconómica contra el ciclo a pesar de que, por las razones que acabo de apuntar, estamos expuestos más cruda y directamente a sus vaivenes.

El problema que este tipo de inserción externa plantea es doble. Por un lado, nuestra debilidad intrínseca y la dependencia creciente hacia el capital extranjero empeoran nuestra posición frente al exterior (como dije, hemos llegado a registrar la segunda mayor deuda externa del mundo). Pero, al mismo tiempo, pertenecer al euro nos impide hacer frente a nuestra menor competitividad mediante la devaluación de la moneda, como se había hecho tradicionalmente, lo que nos obliga a hacerlo a través de los costes, lo que se quiere conseguir reduciendo salarios gracias a las condiciones tan desiguales con que funciona, como acabo de señalar, el mercado laboral. Pero ni siquiera a pesar de que los salarios han sufrido un proceso constante de contención (España es el único país de la OCDE en donde no tuvieron crecimiento real entre 1995 y 2005), esta vía de ajuste ha sido insuficiente para mejorar nuestra posición exterior, lo que ha condenado a nuestra economía a una especie de fatalidad: aunque los salarios absolutos reales no aumentan y aunque baja su participación en la renta, no mejora nuestra competitividad porque nuestra productividad es baja, porque suben aún más los beneficios y los precios, y porque no hemos fortalecido otros factores de los que en realidad depende la mejor posición en el comercio internacional: amplitud de la demanda y del mercado internos, competencia, vertebración sectorial, innovación, o calidad de los materiales y los recursos humanos, entre otros.

Frenar el deterioro medioambiental y la ineficiencia energética

Finalmente, el modelo productivo que se ha consolidado en los últimos cuarenta años en España está basado en la generación de costosas externalidades medioambientales y en un gran despilfarro de recursos energéticos y de residuos que, sin embargo, no se tienen en cuenta a la hora de medir su verdadero alcance, algo que también es urgente que comencemos a evitar.

Combatir la desigualdad

Todos estos factores han ido acompañados (en realidad, como causa y consecuencia a la vez y tal y como ya señalé en el capítulo anterior) de un notable incremento de la desigualdad, y no solo en la última fase de crisis sino, con anterioridad, en la etapa de expansión.

Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, entre 2002 y 2005 la renta media correspondiente al 20 % más pobre de los hogares de España se redujo en un 23,6 %, mientras que la renta media del 10 % más rico se incrementó más de un 15 %. Y el Consejo Económico y Social mostraba en su Memoria de 2007 que mientras que en 2006 la retribución del trabajo crecía un 3,4 %, los beneficios de las sociedades que cotizaban en bolsa lo hacían por encima del 26,6 %, una dinámica que confirmaba un informe del sindicato Comisiones Obreras al revelar que desde 2002 a 2007 los dividendos empresariales aumentaron una media del 30 % anual.

Este incremento de la desigualdad es un fenómeno al que hay que hacer frente por su efecto negativo sobre la actividad económica y el bienestar, que no mejorarán en España mientras crezca. Un estudio muy reciente para la OCDE con datos de los últimos 30 años (Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, 2014) concluye que el incremento de la desigualdad de ingreso, como la que se ha dado en España, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento a diferencia de su reducción, que lo favorece. Y un organismo tan conservador en este aspecto como el Banco Mundial tomaba como referencia ocho trabajos seminales al respecto para concluir que solo dos de ellos afirman que la desigualdad es positiva para el crecimiento, otros dos que es indiferente, cuatro que es negativa y otros dos más que la redistribución es positiva. En algún otro trabajo reciente del Banco Mundial se ha demostrado también que la desigualdad (que como dije en el capítulo anterior ha crecido en nuestro país más que en ningún otro europeo en los años de la crisis) «reduce el crecimiento, socava la estabilidad política y contribuye al conflicto, repercutiendo sobre el crecimiento y la pobreza» (The Political Economy of Inequality: Implications for Inclusive Growth, 2008).

Como conclusión de esta breve relación de rasgos estructurales de la economía española cabría decir que el reto al que nos enfrentamos en estos momentos no debería limitarse a seguir la inercia de una recuperación promovida en su mayor parte por factores coyunturales, como los que señalé. Si se quiere que sea efectiva, prolongada y positiva desde el punto de vista de la creación de ingreso, riqueza y satisfacción social habría que proteger a nuestra economía del riesgo de nuevas sacudidas y crisis, lo que solo sería posible, a mi juicio, si se promueve un nuevo modelo productivo y de relaciones económicas, bajo impulsos e incentivos más eficientes y en un marco institucional que corrija en la mayor medida de lo posible el atraso, la dependencia, el despilfarro y la inequidad que lo caracterizan.

En el marco necesariamente limitado de este libro no puedo detallar las alternativas más concretas que creo que habría que poner en marcha para conseguirlo (y que he expuesto en otras obras como Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, 2011, escrita junto a V. Navarro y A. Garzón). Me voy a referir solamente a dos cuestiones que me parecen centrales al respecto. Una, las vías posibles para impulsar la actividad y la generación de ingreso y, otra, el modo de actuar que a mi modo de ver es imprescindible para lograr cambios sustantivos, positivos y deseados por la mayoría de la sociedad en nuestra economía.

¿Cómo generar más y mejor actividad económica y empleo?

De la forma más clara posible podríamos decir que la demanda que necesitan las empresas para crear empleo puede proceder de cuatro motores que son los que se tendrían que poner en marcha: el consumo de los hogares, la inversión empresarial, el gasto público y la demanda externa (exportaciones).

Potenciar el mercado interno y generar demanda efectiva

La estrategia europea y española se ha basado en pretender que el motor principal de todas las economías fueran las exportaciones y que para ello es necesario que se esfuercen en reducir salarios para que así sus empresas estén en mejores condiciones de vender fuera. No se puede negar que cuanto más vendan nuestras empresas al extranjero más renta crearán aquí y también, por tanto, más empleos. Pero son muchas las razones que permiten pensar que esa es una estrategia muy limitada en España, al menos a corto y medio plazo. Por ejemplo, porque las empresas españolas que se relacionan habitualmente con el exterior no llegan al 5 % del total o porque para vender fuera tenemos que comprar también en el exterior muchos productos intermedios. Y, además, porque al bajar salarios para fortalecer el motor exterior (que en el mejor de los casos y descontadas las importaciones, no aporta más que una proporción muy pequeña del combustible total) quitamos fuerza a los demás y lo que se consigue es que la economía se venga abajo.

En su «Informe sobre el comercio y el desarrollo 2013» la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala que las estrategias que están dando mejor resultado en el mundo para conseguir el crecimiento de la actividad y la creación de empleo son justamente las que se basan en el desarrollo de los mercados internos (es verdad que se refiere a países en desarrollo, pero creo que sus conclusiones bien pueden extrapolarse). Concretamente, en ese informe se afirma que «la competencia entre economías a base de bajar los costes laborales unitarios y los impuestos provoca una igualación hacia abajo, beneficia poco al desarrollo y puede tener consecuencias sociales desastrosas».

A mi juicio, la economía española necesita una nueva estrategia basada en el impulso de la demanda interna (aunque no exclusivamente eso, como señalaré enseguida), lo que requiere adoptar medidas contrarias a las que se vienen aplicando.

Aumentar la masa salarial y reducir la carga financiera de las familias

Para garantizar que nuestra economía se reactive y no se venga abajo de nuevo me parece necesario, en primer lugar, que aumente el consumo privado pero no a base de endeudamiento, y para ello hay que aumentar el poder adquisitivo y la participación de los salarios en la renta nacional sin perjudicar el rendimiento de las empresas. Eso se puede conseguir disminuyendo el abanico salarial (los más altos se dedican en mayor proporción al ahorro), subiendo los salarios más bajos y el mínimo y haciendo que las empresas se beneficien también de ello no solo al tener más demanda general sino también por medio de incrementos en la productividad (todo lo cual, a su vez, es lo que puede reactivar el gasto en inversión de las empresas). Me parece fundamental, por lo tanto, reinventar la política de rentas, redefinir los espacios de negociación colectiva y promover una cultura de la participación y cogestión, del reparto y la cooperación como forma de mejorar el rendimiento de las empresas y las condiciones de trabajo.

En relación con este asunto resultan fundamentales dos cuestiones adicionales. Por un lado, aliviar la carga financiera de las familias aunque sea a costa de comprometer en esa solución a las entidades financieras que, al fin y al cabo, han sido primero responsables del problema y más tarde las que más ayuda han recibido para salir adelante. Y, por otro, evaluar y mejorar las políticas de transferencias a las familias, que son insuficientes pero también muy ineficaces e inequitativas.

Optimizar el rendimiento de la política fiscal

En segundo lugar, es imprescindible utilizar de otro modo la política fiscal. Como decía el informe de la UNCTAD, «las finanzas públicas no pueden gestionarse como las de un hogar porque repercuten inevitablemente en el conjunto de la economía y el gasto del sector privado. Los intentos de alcanzar la consolidación fiscal a corto plazo han sido ineficaces en el mejor de los casos, y contraproducentes y procíclicos en el peor. Dicha consolidación solo puede lograrse tras varios años de crecimiento económico sostenido y no debería considerarse condición previa para la recuperación económica». Una idea sensata que, en otro orden de cosas, plantea la necesidad de combatir el error y el fundamentalismo ideológico que viene guiando las políticas europeas.

Como he señalado, España está por debajo de los niveles medios europeos en materia de gasto público y también en eficacia y recaudación tributaria, lo que significa que no utilizamos todo el potencial de nuestros motores para poder reactivar la economía.

En el lado del gasto público es imprescindible aumentar el que tiene mayor efecto multiplicador sobre la renta, el que se dedica a la inversión social que promueve la actividad empresarial y el empleo (I+D+i, educación, igualdad, cuidados…), y reducir el que viene asociado a un gran despilfarro de recursos materiales y ambientales y corrupción (como el de algunas grandes infraestructuras) y el que genera desincentivos perversos. Y todo ello en un marco de continua evaluación y promoviendo una cultura de auténtica austeridad que no es precisamente la que caracteriza a las políticas que se aplican con ese calificativo y a quienes las imponen.

En el lado de los ingresos públicos es preciso acabar con los mitos que extiende la ideología neoliberal sobre la necesidad de mantener bajos los impuestos para crear ingresos. La evidencia empírica demuestra, por ejemplo, que los países de la OCDE con tipos impositivos más altos, como Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Suiza, Noruega o Francia son los que tienen el PIB per cápita más alto y tasas de paro más bajas, y no lo contrario. Una cosa es tratar de mantener los impuestos en el nivel más bajo posible y no por encima de lo necesario y eficiente y otra inventarse que por el solo hecho de que sean más bajos o se reduzcan irán mejor las economías.

Recuperar la capacidad de gasto productivo del sector público es esencial porque, también en contra de otro mito sobre la inutilidad de la inversión pública, lo que la experiencia muestra y también señalaba la UNCTAD es que con frecuencia «es un prerrequisito para la viabilidad de la inversión privada, para ampliar la productividad del capital privado y complementar los mecanismos de mercado», que, por el contrario, se resienten cuando es insuficiente o está mal orientada. Y, en todo caso, el objetivo para que la política fiscal española contribuya positivamente a la actividad y al empleo no tiene por qué ser el de aumentar los impuestos sino el de evitar el fraude y conseguir recaudarlos con eficacia.

Ahora bien, estas dos grandes estrategias (aumentar la rentas primarias y disponibles y el impulso de la política fiscal) se enfrentan a tres problemas fundamentales que no son de fácil solución en el contexto en el que nos movemos.

Desbancarizar la economía y garantizar la financiación mediante banca pública

El primero es el de la financiación porque, por razones que no puedo desarrollar aquí, el sistema bancario privado, además de ser procíclico pues financia en exceso en la expansión y demasiado poco en las épocas recesivas, no está en condiciones de proporcionar toda la financiación necesaria y en las condiciones en que precisan las empresas, las familias y la economía en general. Mientras que, por el contrario, está demostrado que una alta presencia de banca pública garantiza mayores tasas de crecimiento de la actividad económica.

Alfredo Schclarek y Michael Brei han hecho un estudio detallado del funcionamiento de más de quinientos bancos en todo el mundo (Public bank lending in crisis time, 2011) y han podido demostrar que los de propiedad pública son más seguros, prestan más a las empresas y, sobre todo, contribuyen mejor al cambio productivo tras las crisis. Por eso creo que es prioritario y un prerrequisito de nuestra recuperación económica que se reconstituya en España un subsector de banca pública que, naturalmente, debe estar basado en un modo de operar y en un sistema de controles que reproduzca el buen comportamiento que siempre tuvo la banca pública en España y no la nefasta experiencia reciente del prostituido sistema de las cajas de ahorros.

Hacer sostenible la deuda pública

El segundo problema es que tenemos un nivel de deuda pública que dificulta, por no decir que imposibilita, que se produzca una recuperación efectiva sin perjudicar gravísimamente las condiciones de vida de una parte muy importante de la población y sin destruir conquistas y capital social que son esenciales incluso para mantener el equilibrio económico. Por eso creo que es necesario plantear un debate profundo sobre este tema y que ponga sobre la mesa exigencias como el retraso en los objetivos de déficit, la necesaria reducción en los pagos de intereses, la vinculación del pago de la deuda, al menos en determinadas proporciones, al rendimiento de la economía, o el necesario cambio de la política europea para hacer posible la mutualización de la deuda, la emisión de deuda perpetua y elaborar planes coordinados de reestructuración.

Aumentar nuestra capacidad de maniobra

De hecho, el tercer gran problema al que se enfrenta la posibilidad de poner en marcha un proceso de auténtica recuperación económica es que España dispone hoy día de muy escasa capacidad de maniobra en el marco de una unión monetaria como la del euro, mal diseñada a propósito para favorecer a Alemania, que carece de los requisitos que pueden hacer que funcione sin producir constantes desequilibrios e inspirada, además, por una ideología económica que solo sirve para encubrir el rendimiento que todo ello proporciona a los grandes grupos de poder.

Es evidente que se trata de un tipo de condicionante complejo y difícil de abordar en el que no voy a entrar de lleno ahora pero que en algún momento debe ser puesto en cuestión, sobre todo, cuando es tan evidente que los criterios que se imponen no dan los resultados que se proponen alcanzar.

En ese sentido me parece crucial que España deje de comportarse en Europa con el seguidismo de los últimos años y asuma la necesidad de impulsar propuestas alternativas que permitan modificar el hasta ahora tan desequilibrado balance de los intereses en juego. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de contar con una auténtica hacienda europea, con un presupuesto suficiente y con una política fiscal común y armonizada, con una política de rentas europea que, por ejemplo, garantice un salario mínimo para todos los países, con un banco central que contribuya activamente a crear actividad y pleno empleo y no solo estabilidad de precios, con una unión bancaria o, como he dicho, con una política común y realista frente a la deuda, por señalar solo algunos requisitos que me parecen mínimos para evitar que el proyecto europeo se diluya o incluso que se haga incompatible con las aspiraciones más elementales de la ciudadanía. Y que permita a Europa tomar posiciones en un mundo globalizado dando prioridad a los intereses de los europeos y no a los de los grandes capitales internacionales.

Actuar también sobre la oferta y modificar el modelo productivo

Finalmente, hay que tener en cuenta también que los problemas de nuestra economía no tienen solución simplemente poniendo en marcha (mediante el impulso de la demanda) el actual modelo productivo porque, como he tratado de poner de relieve, hay problemas estructurales profundos que nos obligan a actuar también desde el lado de la oferta, lo cual suele ser siempre más complejo y lento. Es preciso abrir nuevos espacios y tipos de actividad productiva, vinculándolos, por ejemplo, a la rehabilitación, reciclaje y sostenibilidad; habría que reformular nuestros canales de distribución; impulsar estrategias que refuercen nuestra capacidad de generación y apropiación del valor añadido; crear sistemas de incentivos y un entorno de valores más favorable a la creación, en todos sus sentidos, y a la promoción de la actividad que genera riqueza productiva y empleo. La apuesta por la educación y la formación, por la investigación de base o por la utilización de recursos comunes y el desarrollo de nuevas experiencias en el uso de lo inmaterial y de la economía colaborativa que promuevan la innovación son fundamentales si queremos que en el horizonte se contemple un futuro de progreso para nuestra sociedad.

La puesta en marcha de la política económica

Finalmente, no quiero dejar de referirme al modo en que a mi juicio debe ponerse en marcha la política económica si se quiere que termine siendo efectiva y satisfactoria para la mayoría de la sociedad.

Acertar en el diagnóstico

En primer lugar creo que es fundamental que se acierte en los diagnósticos y que no se esté al albur de intereses cortoplacistas.

Valga un ejemplo. En marzo de 2008 se celebraron elecciones generales en España. Las ganó el Partido Socialista seguido por el Partido Popular y entre ambos obtuvieron el 83,22 % de los votos emitidos. Aunque en 2007 muchos economistas habían alertado de que se estaba desencadenando una crisis económica quizá sin precedentes, ambos partidos se proponían un mismo objetivo en su programa electoral: alcanzar el pleno empleo en España (el candidato Rajoy concretó más y prometió crear 2,2 millones de empleos en los cuatro años siguientes). Sin embargo, 2008 se cerró con 1,3 millones más de parados y la legislatura con 3,34 millones más. Dos meses antes de esas elecciones, el entonces presidente Rodríguez Zapatero afirmaba que la crisis «es una falacia. Puro catastrofismo» y aseguraba que el PIB español había superado ya al de Italia y que en 2013 nuestra renta per cápita estaría por encima de la de Francia. Según los últimos datos, el PIB italiano superaba en 659 000 millones euros al español en 2014 y en 2013 la renta nacional bruta per cápita francesa era unos 5700 euros mayor que la nuestra. El actual presidente Rajoy aseguraba antes de gobernar (11 de julio de 2009) que «en una situación de crisis […] es un disparate quitarle recursos a los particulares y subir los impuestos», y que «no voy a tocar ningún impuesto si gano las elecciones, salvo los impuestos a emprendedores, que esos sí hay que bajarlos» (17 de noviembre de 2011). Sin embargo, su Gobierno ha llevado a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia. Y no solo fueron estos presidentes las únicas autoridades que se equivocaron o miraron para otro lado. En mayo de 2006 los inspectores del Banco de España escribían una carta al ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno denunciando, entre otras cosas incluso más graves, «la complaciente lectura de la situación económica de España» que hacía el gobernador Caruana «ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español».

Es posible que esté equivocado, pero yo tengo la convicción de que a España le hubieran ido las cosas de otro modo si el diagnóstico de lo que estaba sucediendo en esos años y la previsión de lo que podría ocurrir no hubiera estado tan al servicio de intereses electoralistas o, como en el caso del exgobernador Caruana (actualmente nada menos que director general del Banco Internacional de Pagos), de quienes estaban multiplicando sus patrimonios a costa de una burbuja escandalosa, cuya existencia no se quería reconocer. Y eso me lleva a pensar que para evitar en el futuro problemas como los que hemos vivido y estamos viviendo es necesario que se establezcan mecanismos que obliguen a rendir cuentas de modo efectivo a los responsables políticos, incluso de esos pronósticos económicos tan errados. Quizá, disponiendo de algún tipo de organismo conformado por personas solventes y de independencia reconocida y probada, y cuyos análisis deben ser obligadamente divulgados y tenidos en cuenta antes de adoptar cualquier tipo de decisión gubernamental sobre asuntos económicos.

Definir (democráticamente) los objetivos de la política económica

En segundo lugar, creo que hay que tener en cuenta que los problemas económicos no son neutros desde ningún punto de vista. Incluso reconocerlos y ponerlos sobre la agenda para abordarlos o no implica ya una decisión con efectos muy diferentes sobre cada tipo de persona o grupo social. ¿Consideramos como un problema a resolver el incremento de la actividad financiera meramente especulativa, practicada como un fin en sí mismo? ¿Pensamos que el aumento de la desigualdad es un problema que debemos atajar con prioridad, asumimos que crear trabajo precario no es un éxito sino un problema porque proporciona ingresos insuficientes a los trabajadores? ¿Creemos que los poderes públicos deben actuar en todo caso para impedir que haya personas en la indigencia y sin medios para subsistir? Es evidente que no todas las personas ni todos los gobiernos coincidimos en las respuestas a preguntas esenciales como estas. Y las diferencias serán posiblemente mayores cuanto más afecten a los bolsillos de la gente (¿debe gravarse la transmisión de los patrimonios o no?).

Es por esa razón que decimos que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas sino políticas. Cualquiera de ellos implica un resultado distributivo y es obvio que lo mejor o lo peor en materia de distribución de la renta o la riqueza (y, por tanto, en materia económica en general) no se puede determinar en función de un juicio objetivo: cada uno lo decidirá según su interés, su preferencia, su creencia o ideología (entendida esta como lo que es, el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona).

Y si la decisión que se precisa para resolver los problemas económicos es siempre política hemos de decidir si deseamos una decisión política democrática, es decir, que tenga en cuenta y respete las preferencias de la población, o autoritaria. Una elección que se suele pasar por alto y muy especialmente en los últimos años, cuando los grandes centros del poder han establecido que solo hay una política económica posible y que no es ni necesario ni deseable que la población se pronuncie sobre las cuestiones económicas. La canciller Angela Merkel lo dijo claro en relación con los frenos a la deuda: «Nunca se podrán cambiar a través de una mayoría parlamentaria» (habría que señalar, por cierto, lo incoherente que resulta tratar de frenar la deuda —lo que efectivamente es deseable— y al mismo tiempo conceder a la banca privada el privilegio de generarla sin límite).

Los datos del eurobarómetro muestran en qué gran medida lleva razón Habermas cuando dice, comentando los efectos de la crisis en Europa, que «en la Unión Europa se esta desmantelando la democracia». En el realizado en diciembre de 2014, el 76 % de los españoles manifestaba no estar satisfecho con la democracia en nuestro país, el 65 % creía que su voz no cuenta en España y el 74 % que no cuenta en la Unión Europea, y solo el 16 % pensaba que las cosas iban en la buena dirección en nuestro país. Una encuesta realizada en Francia a finales del verano de 2014 señalaba que el 85 % de los franceses estaba en contra de los recortes del gasto y de la política fiscal del Gobierno, y otras muchas, como las que periódicamente realiza en España el Centro de Investigaciones Sociológicas, que han puesto de relieve que la gran mayoría de la población preferiría que se adoptaran medidas de política económica distintas a las que se han aplicado en los últimos años.

La necesidad de tomar en cuenta las preferencias sociales, de garantizar que la democracia llegue también, y podríamos decir que sobre todo, a la economía es una cuestión esencial porque, como dice el premio Nobel de Economía Amartya Sen, la democracia, como valor universal, es un «escudo contra la crisis». Es así porque solo si hay democracia auténtica, la que realmente garantiza que todas las personas puedan defender en igualdad de condiciones sus intereses, se puede evitar que la renta y la riqueza se concentren tanto como en los últimos años, causando la crisis y sus efectos lamentables que ahora tenemos que lamentar y tratar de aliviar.

Tercera parte

Debate

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

EMILIO. —¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que es fácil convenir, en relación al diagnóstico de la crisis, en dos aspectos. En primer lugar, que esta no es una crisis originaria de Europa, es decir, de la eurozona, sino que es una crisis como aquella marca de cigarrillos americanos que se anunciaba: genuinamente americana. Además, su epicentro estuvo muy localizado en un subsector del sistema financiero de Estados Unidos, el de hipotecas y, más concretamente, el de hipotecas de alto riesgo.

Afortunadamente ya hemos conocido dictámenes y trabajos empíricos suficientemente significativos que nos han advertido acerca de los desequilibrios que se incubaron en aquella economía. No solamente en el mercado inmobiliario, sino también en lo referente a la gestión de riesgos, que es básica.

Como ocurre desde la ruptura de Bretton Woods, las crisis financieras ya no son locales. Todas tienen un manifiesto componente contaminador. Y más aún cuando la actividad interbancaria, la actividad mayorista de los mercados financieros, es tan amplia como en los años previos a 2007. Eso ayuda a entender el contagio a la eurozona. Y, dentro de la eurozona, en mi opinión hay tres economías que presentaban una sintomatología similar a la de Estados Unidos: las del Reino Unido, Irlanda y España.

Una alta intensidad de los activos inmobiliarios, una apelación al endeudamiento privado, que llevó a la deuda de familias y empresas al máximo y una elevada bancarización de ese endeudamiento. Eso es particularmente importante en los casos de Irlanda y de España. Por eso, la primera manifestación de la crisis en nuestro país es un colapso en la apelación de los bancos a la refinanciación de sus posiciones deudoras. La crisis no llega a España a través de un problema de deuda pública, la crisis a España llega fundamentalmente como consecuencia del desplome inmediato de los activos inmobiliarios. Y todo el sistema bancario tenía posiciones de inversión en activos inmobiliarios.

A 31 de diciembre de 2007, si recordáis, la mitad de los activos bancarios tenían como colateral activos inmobiliarios. A 31 de diciembre de 2007 el endeudamiento privado de las familias y empresas rozaba el 300 % del PIB. Recordemos también que a 31 de diciembre de 2007 la economía española no tenía déficit público, sino el mayor superávit público de Europa, un 2,1 % del PIB, y la deuda pública era la segunda más baja después de Luxemburgo, un 35,5 % del PIB.

Pero la contaminación y la posterior gestión de la crisis hizo que efectivamente una economía con una sintomatología bien distinta acabara recibiendo el impacto de las economías que tenían un problema de finanzas públicas. En mi opinión esto es muy importante para aprender lecciones de la crisis. La economía española era muy vulnerable, pero no era particularmente vulnerable a los problemas con los que en Europa se inicia el tratamiento a la griega en el conjunto de sus economías.

DANIEL. —Sin estar en desacuerdo con todo, si estoy en desacuerdo con una cosa: si el problema hubiese sido solamente la deuda privada se hubiese solucionado inmediatamente y muy rápidamente a través de otras estructuraciones, quiebras, ventas de activos y ampliaciones de capital. Yo creo que el elemento adicional que siempre tendemos a olvidar cuando hablamos de la burbuja inmobiliaria en España es la burbuja de obra civil. ¿Por qué? Porque lo que ocurre cuando tú tienes el balance de un banco o de una caja endeudado 25 veces, como estaba, de media, tú tienes una serie de préstamos que consideras de bajísimo riesgo.

En España, históricamente, siempre se ha considerado el préstamo inmobiliario como el préstamo de menor riesgo y, a resultas de ello, el que requería menor capital. Porque lo último que se dejaba de pagar era la hipoteca. Por lo tanto, a la hora de hacer el análisis de riesgo de la cartera de préstamos, el préstamo inmobiliario partía de la base de que era el de más bajo riesgo y se le añadía uno al que se le consideraba estratégico o social o como queráis llamarlo, que es el préstamo en infraestructuras públicas, en proyectos de crecimiento de las comunidades autónomas, etc.

Ese segundo préstamo, dado que estaba garantizado por las comunidades autónomas y sus ingresos fiscales o por el Estado, también se le consideraba un préstamo de muy bajo riesgo, por lo tanto tenía muy pocas necesidades de capital. ¿Qué es lo que ocurre? La propia estructura de análisis del riesgo financiero de la economía española estaba penalizando (sin quererlo) lo que era el préstamo a lo que llamamos la economía productiva, la economía real, la economía de alto valor añadido, porque para presentar un proyecto que fuese empresarial, que fuese de cierta categoría necesitabas una serie de colaterales, una serie de garantías y, sin embargo, tanto para el inmobiliario como para la obra civil se requería muy poco colateral y muy poco capital. Cuando un banco o una caja tiene la mitad de su volumen de préstamos en inmobiliario y obra civil la percepción o el análisis de riesgo de esos activos pasa de ser de bajísimo riesgo o nulo, a, de golpe, ser altísimo; es decir, cuando empiezan a producirse impagos, retrasos, etcétera, en esos proyectos de obra civil. Y ahí es donde en mi opinión confluyen los dos problemas que vienen a prolongar nuestra crisis durante más tiempo. Porque si hubiese sido exclusivamente que las familias y las empresas estaban endeudadas, este problema se hubiera solucionado rápidamente, como ocurrió en Inglaterra o como ha ocurrido en Estados Unidos, a través de una política de choque.

El problema fue perpetuarlo. Primero, debido al enorme volumen, se intentó mantenerlo fuera de la percepción de riesgo de la comunidad internacional, y eso en un país que tenía ya en el año 2007 una posición neta financiera con el exterior de las más altas, sino la más alta, como producto interior bruto, del mundo, lo cual generaba desconfianza. Recuerdo perfectamente que en 2007 se decía que el volumen de préstamos de difícil cobro de la banca de España no excedía el 3 %.

Había, en consecuencia, un problema de análisis de riesgo por acumulación. Y cuando todos estamos en el mismo barco lo que ocurre es que todos nos apoyamos; es decir, que en vez de decir, oiga, pongámonos colorados una vez y limpiemos todo eso de una manera rápida, lo que hicimos fue intentar mantenerlo. Intentar mantenerlo por acumulación y por doblar la apuesta… Y ahí es donde yo creo que cometimos el mayor error. El mayor error fue que en vez de decir «Oiga, mire, efectivamente el volumen de préstamos de difícil cobro es mucho mayor» y solucionarlo, lo que hicimos fue esperar a que escampara para ir arreglándolo de manera gradual.

JUAN. —Sí, yo creo que habéis apuntado un elemento que a mí me parece crucial: una crisis externa e internacional tan potente es evidente que tiene que afectar a una economía como la española, que está casi plenamente inserta en la economía internacional. Pero yo creo que es difícil evaluar lo que ha ocurrido en España estos últimos años pensando que solamente ha sido el impacto de la crisis exterior. Nuestro sistema financiero y bancario no estaba colocado en la cadena de riesgo que se estaba desencadenando. Lo que ocurrió, a mi entender, fue que la cadena de riesgo se rompió en la banca alemana y francesa y a partir de ahí los bancos españoles se quedaron a las puertas de una tensión que les puso en una situación muy difícil porque habían pedido prestado mucho dinero a esos bancos, para hacer negocio financiando nuestra burbuja inmobiliaria, y los franceses y alemanes querían cobrar a toda costa.

Además, me parece que no se puede entender y explicar lo que ha ocurrido en España si no se tiene en cuenta que esa crisis, de una gran envergadura, impacta en una economía que tiene unas fuentes de vulnerabilidad muy grandes que la hacen muy frágil ante cualquier tipo de impacto. Debilidades estructurales, intrínsecas a nuestro modelo de crecimiento, y que en los momentos previos al impacto externo se habían agravado por efecto de una gran burbuja inmobiliaria (algo que no es casual ni mucho menos). Y eso creo que hay que tenerlo muy presente porque mientras no desaparezcan esas fuentes de vulnerabilidad vamos a estar expuestos a que se desencadenen oleadas de riesgo muy importantes en nuestra economía. Hay que tener en cuenta que por muy grande que haya sido esta crisis no va a ser la última, sino que forma parte de una oleada de crisis recurrentes. Entre otras cosas, porque no se ha querido aprender de la experiencia y apenas se han establecido las reglas y normas que puedan evitar nuevos episodios de la irresponsabilidad bancaria y financiera que hemos vivido como causante inmediata de la crisis.

Y hay otra cuestión que a mí me parece importante añadir: la falta de acierto a la hora de dar respuestas inmediatas como he escrito en mi texto anterior. Y no solo por parte del Gobierno, del Banco de España o de los principales organismos internacionales sino también de los bancos de inversión y analistas de muy diverso tipo. No digo que le quitaran importancia, que muchos se la quitaban, pero sí que no fueron capaces de apreciar, sobre todo algo que Daniel acaba de señalar, y también Emilio, y es que efectivamente había un problema de deuda privada.

Basta conocer un poco de historia económica para saber que es prácticamente imposible que una crisis de deuda privada no termine convirtiéndose en una crisis de deuda pública de mayor o menor envergadura pero siempre muy problemática, porque aunque dejes caer a los bancos, aunque se dé una respuesta muy contundente, antes o después las finanzas públicas se ven afectadas. Creo, pues, que hay un elemento que podríamos llamar subjetivo, de respuesta lenta y tardía, e incluso desacertada, que influye en todo; en el comportamiento, los incentivos y las expectativas de la gente, y luego en la falta de confianza posterior. Porque creo que hemos tenido una gestión de la crisis que ha tenido también como característica una ciudadanía muy poco conectada con las medidas que se estaban tomando, y eso en una situación de inestabilidad como esta, creo que ha sido importante.

DANIEL. —Yo aquí añadiría ese elemento que para mí es muy importante. El shock de euforia. Recuerdo oír constantemente, viviendo en el extranjero, que España no tenía subprime, que los bancos españoles eran los más sólidos del mundo, que el sistema financiero era el más robusto del mundo… ¿Y qué es lo que ocurre? El shock de euforia general genera el shock de pesimismo después. Ni tanto, ni tan calvo. Entonces, lo que has comentado, Juan, es muy cierto: no es verdad que cuando se desencadena un problema de financiación privada de este nivel no puede generar un problema sobre las finanzas públicas.

El problema es la magnitud y sobre todo la decisión de suplementar o suplantar lo que era el viento de cola que generaba un sector privado sobreendeudado con un gasto público también sobreendeudado. Porque efectivamente tú puedes tener un shock como ha ocurrido en muchos otros países. Pero hasta qué punto intentas el famoso concepto de sostener el PIB. Si lo que tienes que hacer es sostener el PIB a base de suplementar el impacto de la ruptura de una burbuja con otro elemento de gasto, ahí lo que generas es que pasas de ese shock de optimismo al shock de pesimismo. ¿Y qué ocurre? Que la gente llega a un punto en que no se cree nada.

EMILIO. —Yo creo que es muy importante aislar claramente y recordar cuál es de alguna forma el origen de la traslación de la infección a la economía española. La economía española no tenía un gasto público desbocado.

DANIEL. —Pero tenía otras cosas.

EMILIO. —El diagnóstico era claro, la economía española no había financiado de forma irresponsable con las finanzas públicas grandes proyectos de inversión porque tenía un superávit público del 2,1 % el año de emergencia.

JUAN. —Perdona, y un superávit primario (es decir, descontado el pago de intereses) mucho más alto y desde hacía muchos más años.

DANIEL. —Pero es que yo creo que el problema es olvidar que se utiliza la mano derecha del sistema, es decir, el balance que se está utilizando… No se puede hablar de privado cuando el balance que se está utilizando es un sector financiero que en gran parte es público.

EMILIO. —No, no, espera, yo creo que tú estás haciendo hincapié en la financiación de infraestructuras, que en mi opinión es muy poco relevante en la generación de multiplicadores de la crisis. Yo creo que el tema fue mucho más simple y más grave. Ojalá estos problemas los hubiéramos tenido en la financiación más o menos controvertida de infraestructuras más o menos convenientes.

Nosotros no teníamos un problema de estabilidad de las finanzas públicas, en absoluto. Los mercados de bonos en ese momento estaban aplicando un tratamiento equivalente al alemán, y cuando uno hablaba con bonistas lo que veía era una capacidad de repago de la deuda pública absoluta.

Insisto, recordemos que en diciembre de 2007 tenemos una economía con un 36 % del PIB de deuda pública, un 2 % de superávit público, una tasa de desempleo por primera vez equivalente a la media europea, del 8 %; en 2007 la economía española concluía 12 años con una tasa media de crecimiento del 3,6 %. Esa era la cara buena. La contrapartida era la ingenua presunción de que, en el seno de una unión monetaria, los desequilibrios por cuenta corriente no eran relevantes. Y la otra cara de ese desequilibrio en la cuenta corriente era una inversión muy intensa que llegó en un año a ser la propia de una economía emergente, del 32 % del PIB. Hasta aquí todo bien. Bueno, todo bien salvo que financiamos esa inversión con apelación a los mercados mayoristas. El problema es que de esa inversión, el 75 % eran viviendas. La mecánica era muy simple: ante la ausencia de ahorro interno, mandábamos a los bancos a que fueran a las lonjas, a los mercados mayoristas, cargaban de financiación interbancaria, etcétera, y distribuían esa liquidez a través de las 45 000 oficinas bancarias que en diciembre de 2007 existían en nuestro país. Nosotros íbamos a las oficinas bancarias o las oficinas bancarias venían a nosotros, en una proactividad de los bancos sin precedentes, y acumulábamos deuda privada.

La primera manifestación de la crisis en nuestro país y el origen de todos los males, y la razón del principal error en el diagnóstico, fue la infección del sistema bancario. Si recordáis la secuencia de la crisis, en el comienzo, como en la Biblia, fue un credit crunch. Fue un colapso del crédito. El sistema bancario más endeudado con el exterior cuya financiación era fundamentalmente hipotecaria dejó de recibir financiación y, quienes antes le prestaban, dijeron que ya no. Recordad que a 31 de diciembre de 2007 había ya más de 330 000 millones de euros en financiación solo a promotoras. Habíamos multiplicado el número de promotoras inmobiliarias.

DANIEL. —Y éramos el único país del mundo donde se prestaba por el suelo. Donde se podía comprar suelo con deuda. En el resto del mundo el suelo solo se puede comprar con capital.

EMILIO. —La corrección en el diagnóstico tenía que haber llevado a aislar el problema del endeudamiento privado. Pero no por la vía de las familias y de las empresas, sino por la vía bancaria. Sin embargo, la crisis bancaria de nuestro país no se resuelve hasta junio de 2012 tras la petición de un rescate bancario.

Entre agosto de 2007, cuando ya los bancos españoles empezaron a tener problemas de racionamiento en los mercados mayoristas, hasta junio de 2012, estamos aplicando una terapia errónea, que es la terapia griega. Y por entonces ya se habían cometido cantidad de errores en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos; infraestructuras innecesarias u obsesivas. Pero nos guste o no, ahí no teníamos el problema. El problema lo teníamos en un endeudamiento con bancos españoles colateralizado con viviendas, que todavía en 2007 hicimos más de 700 000. Teníamos una concentración elevada de riesgo en un solo sector.

DANIEL. —En España teníamos dos cosas en el año 2007 que escondían parte de ese diagnóstico. Primero, a la hora de decir que el endeudamiento privado era del 300 % o el 320 %, del PIB no nos podemos olvidar de que más de la mitad del sector bancario, que era el que se endeudaba 25 veces los activos, era un sector bancario público.

Y yo creo que hay otro elemento importante. Cuando nosotros hablamos de la deuda pública, del gasto público, de todos los macroindicadores públicos, olvidamos las empresas públicas, que son máquinas de esconder deuda.

EMILIO. —Correcto, Daniel, pero las cajas no son empresas públicas y por lo tanto no computan en la deuda pública.

DANIEL. —Ese es el problema, en efecto, hay muchas cosas que no entran en el cómputo, como, por ejemplo, que de repente decidan que lo que es deuda no lo sea. Pero lo cierto es que lo es y se paga.

Lo que yo quiero decir es que no existe una línea divisoria entre el sector privado y el sector estatal en España. Están completamente engranados el uno con el otro. Parte del enorme problema que se encuentra el inversor extranjero que se fija en nuestro país llega cuando le asalta la duda. Cuando de repente descubre que, ¡ahí va!, hay 50 mil millones de deuda escondida en las empresas públicas. ¡Ahí va!, que no sabíamos que el 25 % de los préstamos de difícil cobro no estaban computados como difícil cobro y que se iban cambiando cada tres meses.

EMILIO. —Pero eso no tiene nada que ver con el sector público.

DANIEL. —¿Cómo que no? Claro que tiene que ver. Recuerdo un caso en que una de las cajas pretendía salir a bolsa y a un inversor se le ocurrió la locura de pedir un estado de caja y un balance. Y la caja no lo tenía ¡a una semana de la salida de la OPV! Entonces, lo que yo creo que es importante en cualquier caso es que teníamos un problema que se puede resumir, en mi opinión, de modo mucho más sencillo: que siempre habíamos pensado que apalancando crecíamos más. Con cualquier tipo de actividad profesional. Y, de hecho, si te vas, no solo a las empresas grandes, sino por debajo del Ibex 35, y al sector público, etcétera, lo que había era la percepción general de que si te apalancabas 2 veces o 3 veces no pasaba nada porque era para crecer. El modelo de crecimiento basado en el endeudamiento y el apalancamiento como concepto general.

EMILIO. —Eso te iba a decir, Daniel, hablas como los católicos hablan del pecado. Endeudarse no es pecado.

DANIEL. —No, no… Lo que es pecado es…

EMILIO. —Endeudarse no es pecado, decían los hacendistas clásicos. Siempre que no te endeudaras para irte de juerga como primera condición, decían los hacendistas clásicos. Y la segunda es que la tasa de la rentabilidad esperada de lo que inviertes tiene que superar el coste del capital.

Y la experiencia de esta crisis nos dice que hay una tercera condición, que es lo que yo le digo a mis alumnos: no ponga usted todos los huevos en la misma cesta. No concentre todo el endeudamiento en un solo sector. Aun cuando ese sector fuera intensísimo en conocimiento, que no es el caso.

Nosotros tuvimos la mala fortuna de concentrar buena parte de nuestro endeudamiento, algo así como las tres cuartas partes de la apelación a la financiación exterior, en un solo sector, cuya matriz tecnológica es grosso modo la que manejaban hace 30 años. No hay que estigmatizarlo. Yo no estigmatizo el endeudamiento privado. Me parece que cuando una empresa se endeuda y lo hace de manera inteligente, bienvenido sea.

Hubo casi un tercio del endeudamiento exterior de nuestra economía que fue para financiar procesos de crecimiento inorgánico de grandes empresas españolas. Muy bien.

DANIEL. —No, muy bien no.

EMILIO. —Muy bien. Son procesos de crecimiento de empresas que hoy están dando unas rentabilidades notables. ¿Cuál fue nuestro problema? Nuestro problema, y ya lo hemos apuntado, es una concentración del endeudamiento en un solo sector que además era particularmente vulnerable, que venía definiendo excesos sin que las autoridades corrigieran desde hacía años.

DANIEL. —No es solo que no corrigieran. El problema es que las autoridades incentivaban ese endeudamiento. Y eso es muy importante.

EMILIO. —No, Daniel, los gobiernos son muy importantes.

DANIEL. —Claro. Yo no digo que no lo sean.

EMILIO. —El Gobierno tendría que haber intervenido en su momento y plantearse lo siguiente: ¿Tiene sentido que, con tipos de interés históricamente bajos, yo financie con dinero público la adquisición de viviendas a las rentas altas? Esa es una pregunta que os planteo.

Yo creo que tuvimos un gran pecado original: la excesiva bancarización. Entendiendo por excesiva bancarización el peso que en la intermediación de los activos y los pasivos financieros de familias, empresas y administraciones públicas tiene el sistema bancario. Si hubiéramos tenido un sistema financiero algo más diversificado, como el británico o el estadounidense, el impacto contractivo del credit crunch habría sido menor.

DANIEL. —Claro. Pero habría sido más grave.

JUAN. —Habría sido más rápido.

EMILIO. —Eso, habría sido más rápido y habría sido menor. Y otro problema a mencionar: la alta concentración inmobiliaria. Y no solucionamos ambos problemas hasta después de 2010.

DANIEL. —Permitidme un apunte muy rápido respecto al tema del endeudamiento. Claro que el endeudamiento en sí no es malo, y depende de en qué lo vayas a invertir; pero sí hay una falta de honestidad intelectual en el endeudamiento en el que se incurre en España entre el año 2000 y el año 2009. Porque, entre otras cosas, entre el año 2000 y 2009, toda Europa, toda la Unión Europea, todas las empresas del Eurostock, se fueron al extranjero como locos. Y hay una falta de honestidad intelectual en lo que yo siempre llamo «pretender y extender»; que es una parte enorme del problema español. No es lo mismo cuando uno hace una inversión incorrecta y tiene que hacer un writedown de esos activos, como le ha pasado al 90 % de las grandes empresas o como le ha pasado a tantos bancos y cajas, que posponerlo y posponerlo. Extender y extender, e intentar constantemente mover los números para un lado y para el otro, para que parezca que nosotros no éramos el problema, sino que era cualquier otro. Esto fue lo que hicimos en España, y lo que conseguimos fue magnificar todavía más el problema.

Yo creo que en eso tenemos que ser suficientemente honestos en España porque todo el mundo cometió algunos errores y algunos aciertos: en la internacionalización, en los elementos estratégicos, en las infraestructuras… En Europa se equivocaron los alemanes, se equivocaron los franceses, mucha gente se equivocó. Pero en España hay un momento que yo creo que no debemos nunca olvidar, que es, en primer lugar, la concepción del endeudamiento en sí mismo como una solución al propio problema de endeudamiento. Fijaos que en muchas ocasiones, y no solo en el sector público, sino también en el sector privado, cuando nos encontrábamos con un problema de una inversión mal hecha o un préstamo mal hecho ¿cómo lo solucionábamos? Añadiendo uno nuevo. Lo solucionábamos redoblando la apuesta. Y tampoco podemos olvidar, tú lo has apuntado Emilio, que entre 2007 y 2012 vivimos años de negar el problema por parte de todos los sectores.

JUAN. —A mí me gustaría hacer un matiz, porque no estoy muy de acuerdo en plantear el tema del endeudamiento solo como algo bueno o malo. El endeudamiento es un negocio. Y además es el negocio del sector económico posiblemente más poderoso y que por lo tanto tiene la capacidad de imponerlo como pauta al conjunto de la sociedad.

EMILIO. —¿De imponerlo?

JUAN. —Hombre, por ejemplo, el boom crediticio en España en gran medida es posible porque las autoridades miraran a otro lado. Los inspectores del Banco de España en una serie de cartas le advirtieron a Solbes, el vicepresidente del Gobierno, de que Caruana no intervenía, que no hacía nada. O mejor dicho, no es que miraran a otro lado sino que miraron a la banca para protegerla: dictaron normas que abocaban al sobreendeudamiento, en materia de suelo, de tasación, de bonificaciones fiscales, de falta de supervisión… ¿Y quién tasaba al alza constantemente y tantas veces de forma artificial e innecesaria el suelo o la vivienda, sino las sociedades de los propios bancos?

Y luego, otro elemento que creo que quizá no deberíamos olvidar es que, cuando hablamos de la economía española, la tenemos que ver en el contexto en el que está. Yo creo que también ha habido un mal tratamiento a la hora de entender la naturaleza de los problemas que se dan en el marco europeo. Se suelen achacar nuestros problemas solo a nuestro déficit externo, a nuestra falta de competitividad y de rendimiento (y no digo que todo esto no sea un problema porque lo es, como efecto de una unión monetaria que en lugar de equilibrar desequilibra los espacios que la componen o de nuestros propios errores). Pero la verdad es que en el seno de una moneda única tanto problema representan los déficit como los superávit. Hay que tener en cuenta que lo que estaba ocurriendo es que Alemania generaba un gran superávit (a costa de los déficit de los demás) que en su mayor parte no aplicaba en su economía sino que expandía como una especie de gas y en forma de préstamos que la banca alemana (no solo ella pero sí principalmente) colocaba (ya he dicho que ese es su negocio) a los bancos de la periferia. Así se alimentaba, facilitaba o permitía ese endeudamiento en cadena de donde nacían las burbujas o las compras masivas de armamento o los grandes negocios de inversión en infraestructuras.

Eso también habría que haberlo gobernado y no consentido. Las economías necesitan contrapesos en forma de desincentivos e incentivos. Se necesita una política monetaria y unos supervisores que frenen todo eso en lugar de ayudar a la banca para que haga lo que ha hecho. Europa y los gobiernos han dejado de actuar en este sentido durante mucho tiempo, y también el nuestro y el Banco de España: dejaron que se expandiese un gas letal como si nunca fuese a crear problemas, pero llegó un momento en que explotó.

DANIEL. —Pero fíjate que en aquella época, cada vez que se comentaba que el Banco Central Europeo tenía que subir tipos (y esas llamadas de atención venían precisamente de países del norte), había un clamor por todos lados pidiendo exactamente lo contrario. Es decir, yo siempre comparo el periodo 1999-2010 con China. No hay parangón con la expansión monetaria de la Unión Europea entre 1999 y 2010 y la de China. Estamos hablando de una época en la que Estados Unidos tuvo una expansión monetaria del 5 o el 6 %.

Pero, claro, como tú bien dices, el sistema estaba incentivando ese tema. Luego, además, tú puedes tener un periodo de expansión en el que hay mucho crédito disponible, hay mucha liquidez disponible o lo que sea, pero la gente no tiene por qué tomarlo. Es decir, la política de un país o de una Unión Europea o de un Banco Central Europeo puede crear las condiciones, te puede acercar al río, pero no te puede obligar a beber. Aquí es que la gente se liaba a beber. Este era el problema y no solo en España, sino en todos los países. Pero ¿cuál era la diferencia en España? Pues que nos creíamos, en muchas capas de la sociedad, nuestro propio problema. Es decir, nos habíamos convertido en una máquina de autojustificar lo injustificable. Se empezaba justificando por el crecimiento de la economía, después por el crecimiento de la población, etc., y luego se terminaba justificando el sector inmobiliario. Yo recuerdo cuando la gente justificaba el crecimiento del sector inmobiliario porque decía: «No, es que van a venir los rusos».

EMILIO. —Más allá de lo que comentas y un poco por clarificar, yo he sido muy crítico con el Banco Central Europeo, porque creo que además se ha equivocado durante la gestión de la crisis en un par de ocasiones, sobre todo en la etapa de Jean-Claude Trichet. Pero, claro, no le podemos echar la culpa de la crisis de 2007 al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene una función de reacción clara. Tiene una función de reacción demasiado estricta, demasiado ortodoxa, y que podríamos discutir luego, que es adecuar sus decisiones a un objetivo, un criterio de estabilidad de precios, mientras la tasa de inflación no se aleje demasiado del 2 %, el Banco Central Europeo mantiene constante su función de reacción. Yo creo que el problema no era la existencia de demasiada liquidez o de demasiado crédito. Y, por otro lado, los bancos son empresas, las cajas son empresas privadas, que recordemos responden a los incentivos y las posibilidades de hacer negocios.

DANIEL. —Pero insisto, el que toma el préstamo no lo toma porque le han obligado a ello, lo toma voluntariamente.

EMILIO. —Claro, fíjate, este es un país que tiene un problema cultural muy arraigado, como es considerar que uno no es nadie si no tiene una vivienda propia. Este es el país del mundo en el que la proporción de vivienda en propiedad es más elevada. Y eres un mindundi si no tienes una o dos viviendas. Esto es un error. Y no sé si es un error religioso o cultural. Pero ha sido un error político. Desde la dictadura franquista se viene estimulando a que la gente agudice su conservadurismo mediante el arraigo a la propiedad inmobiliaria. Aquí se han condicionado vidas en común, matrimonios, por tener un pisito. Y a partir de ahí se ha condicionado la movilidad geográfica, la movilidad en el mercado de trabajo, etc. Hombre, no se le puede echar la culpa al Banco Central Europeo. Todas las autoridades, y yo creo que eso ha sido un error, mantuvieron un estímulo fiscal para la compra de viviendas de forma indiscriminada hasta el último momento.

Pero, además, es que aquí entró mucha gente. Que no se nos olvide que este fue el país de Europa que más inmigrantes recibió. En apenas cinco o seis años recibimos a cinco millones de trabajadores no españoles que permitieron el suministro de fuerza de trabajo en los sectores más intensivos, como en la construcción y en los servicios, y que además permitieron la liberación de la mujer. Hay una tesis doctoral de un antiguo alumno de la Autónoma, Rodrigo Madrazo, que ilustra de forma muy rigurosa cómo la llegada de trabajadores extranjeros ha contribuido a aumentar la participación de la mujer en la población activa de una forma significativa. En trabajos además más cualificados lógicamente que los otros.

Y, por último, Juan, permíteme que te haga una precisión. Yo creo que el hecho de que pueda existir financiación crediticia es un progreso.

JUAN. —Sin duda. Pero no es eso lo que he puesto en cuestión.

EMILIO. —Es decir, la posibilidad de redistribuir temporalmente el ahorro entre los excedentarios y los deficitarios es un hallazgo. Y las finanzas pueden ser el origen de innovaciones de progreso. Cuidado con estigmatizar la función crediticia. Lo que ocurre es que la evidencia, la observación empírica nos dice que esa intermediación la pueden realizar los bancos o los mercados. Se puede realizar de forma directa o de forma intermediada.

Nosotros quizá aquí tuvimos un peso demasiado elevado de los bancos. Ahora nos lo ha dicho la Unión Europea. Nos ha dicho «desbancarícese usted un poco». No porque los bancos sean malos ni sujetos peligrosos, sino porque no se puede depender, en algo tan esencial como es el oxígeno de una economía, de intermediarios que se pueden quedar colapsados en los mercados mayoristas. Por eso es bueno que haya alternativas de financiación directa, que ya se están poniendo en marcha. Es bueno ver reacciones en Estados Unidos y en el Reino Unido de desarrollos de los mercados de bonos o de papel comercial para pequeñas y medianas empresas. Por eso es bueno pensar incluso en el crowdfunding. Es necesario buscar mecanismos de financiación directa, que es otra de las lecciones, yo diría, que deja esta crisis. El sistema bancario es necesario y yo creo que fue muy eficiente hasta el 31 de diciembre de 2007.

DANIEL. —Perdona, pero se me escapa la risa.

EMILIO. —Fue muy eficiente si entendemos por eficiencia lo que en banca se ha de entender, que es la capacidad para no transmitir al sector real ineficiencias propias. Excesivos costes transaccionales, etc. pero fue demasiado osado. Hizo una gestión de riesgos de crédito sobre todo (porque riesgos de precio no hubo) muy agresiva.

DANIEL. —Yo iría a la raíz del porqué. Es decir, muchas veces, cuando hablamos de por qué se bancariza excesivamente una economía, debemos pensar que en el mundo y en los países cercanos en los que te miras como espejo tienen otro modelo. ¿Y por qué es? La razón por la que la economía española estaba tan bancarizada es fundamentalmente porque el sistema de gestión de riesgo y de gestión de las ineficiencias a la hora de prestar, normalmente, no se solucionaba de la manera en la que se solucionan cuando tienes un sistema como el de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos?

EMILIO. —Pero fíjate en que la economía española no es la única bancarizada. Todo el continente, toda Europa, menos el Reino Unido, está muy bancarizado. Si tomas los activos y pasivos financieros que tienen todos los agentes y los distribuyes por, digamos, contrapartidas, los mercados de capitales solo tienen un poquito de los pasivos de las grandes empresas, como sabes. Y el resto está bancarizado. Alemania también está muy bancarizada; casi como nosotros. Japón está muy bancarizado. Francia está muy bancarizada, Italia está muy bancarizada. ¿Por qué?

DANIEL. —Los intereses especiales de Japón.

EMILIO. —Pero en el nuestro, no es tanto porque nos guste gestionar el riesgo de una forma u otra. Eso son consecuencias. Aquí está esa historia. Con el tiempo si os habéis dado cuenta ha funcionado bien.

DANIEL. —Sí, claro, en un periodo de expansión siempre.

EMILIO. —Funcionó bien hasta que se rompió el statu quo y funcionó mal cuando las autoridades permitieron que hubiera un oligopolio y que las ineficiencias y beneficios extraordinarios de la industria bancaria los pagáramos los usuarios de servicios financieros.

DANIEL. —Pero no solo lo permitían, lo incentivaban.

EMILIO. —Hasta que llegó Emilio Botín una mañana en 1987 dijo: «Supercuentas. Remunero el pasivo más que mi competidor». Faltaba competencia. Faltaba oxigenación competitiva.

JUAN. —El sistema bancario en España ha sido una fuente constante de rentas de oligopolio. Ha sido una fuente de costes tremendos para el conjunto de la economía. Y luego, claro, es verdad que puede parecer que soy muy crítico con el sistema bancario, pero claro, el problema también es que la economía española…

EMILIO. —No, no, con el sistema bancario se puede ser crítico, pero no con la función crediticia.

JUAN. —No, con la función crediticia no lo soy, eso de ninguna manera, eso lo tengo clarísimo. Lo que pongo sobre la mesa es otra cosa. El problema es que el sistema bancario en España es un sistema con muchos privilegios desde hace decenios: se pudo endeudar hasta los tuétanos porque sabía que luego podría imponer las condiciones necesarias para colocar la liquidez que recibían en préstamos al resto de la economía. Y porque confiaba en que al final, como ya ha sucedido más veces, tendría el poder político suficiente para que su deuda, si se hacía insoportable (como era inevitable que ocurriera con el nivel de apalancamiento general alcanzado), pasara a ser deuda pública a través de las ayudas, avales, créditos fiscales o apoyos en forma de normas contables de todo tipo que recibe.

EMILIO. —Aquí, Juan, esto depende de las empresas. Tú puedes tener una propensión a endeudarte…

JUAN. —No, pero lo que te quiero decir es que si los bancos alemanes están deseosos de colocar préstamos, los bancos españoles se lo van a recibir sin ninguna dificultad.

EMILIO. —Por eso los bancos alemanes deben pagar su parte.

JUAN. —Claro. Lo que quiero decir es que la banca española se encuentra con una nula dificultad para tener liquidez y colocarla de cualquier manera. Lo cual tiene que ver con otra cuestión que ha mencionado Daniel antes y sobre la que hemos pasado un poco por encima a pesar de que es algo muy interesante, la enorme dependencia del capital español de decisiones público-políticas. Me refiero al negocio que tiene que ver con el Estado de una manera u otra: una recalificación, un crédito, una infraestructura, una autovía, un aeropuerto…

Yo sé que el crédito en la economía es como la sangre para el cuerpo. No se puede vivir sin él pero es absurdo meternos quince litros en el cuerpo si solo necesitamos cinco porque así se enferma. Y lo que yo creo que pasó es que la transfusión de los superávit alemanes en forma de créditos a la banca española produjo a la postre esa innecesaria abundancia de sangre crediticia en nuestra economía pero eso sí, porque hubo una conexión perfecta entre los financiadores y las administraciones que ponían la excusa para la deuda.

DANIEL. —Y que nos dejemos meter diez litros de sangre, ¿no? Ese es el problema.

JUAN. —Valdría la pena ver cómo se produce ese encadenamiento del negocio. Es decir, primero el banco alemán hace un negocio cerrando los ojos y le presta al banco español. Luego el banco español cierra los ojos y presta, bien a esa pareja que ganaba 600 euros al mes y paga 400 de hipoteca, bien a ese promotor que especula con el suelo. Es una cadena de despropósitos.

EMILIO. —En mi opinión se necesitan dos cosas. Que quien hace banca la haga bien. Es decir, sistemas de gestión de riesgos de crédito. Porque ese problema no es solamente la consecuencia de que los bancos alemanes nos tenían manía. Ese problema de gestión de riesgo malo ocurrió también en Estados Unidos. Y hay un incentivo, y es que si yo gano más arrimaré el ascua a mi sardina. Y para evitar esto deben estar los supervisores y las instituciones. A los mercados no se les puede dejar solos. ¿De acuerdo?

DANIEL. —No entiendo por qué. Pero ¡si son las instituciones las que incentivan!

EMILIO. —Los supervisores bancarios, Daniel, son necesarios. Los guardias de la circulación son necesarios porque podemos meternos en dirección prohibida.

DANIEL. —No si los guardias de la circulación tienen la potestad de decir: «Acelere, amigo, ante una curva peligrosa».

EMILIO. —Bueno, lo hacen…

DANIEL. —Bueno, pero sabes lo que te quiero decir, me refiero a que te diga que aceleres cuando estás entrando en la curva, que es lo que ha sucedido con las instituciones al incentivar el endeudamiento. Ahí hay un tema que yo creo que es muy importante. La razón por la que economías como Japón, cuando salta una burbuja similar, o economías como la española se resisten de una manera agresiva y regulatoria a desbancarizarse es precisamente por los incentivos perversos. No es una casualidad que los fondos de inversión privados prohíban hasta cierto punto el endeudamiento.

EMILIO. —Yo creo que es un error. Es un error prohibir los Ferrari y las motocicletas veloces. Ahora bien, es necesario que haya un código de la circulación estricto y una guardia de la circulación que tenga más elementos de juicio que el conductor del Ferrari.

DANIEL. —Pero es que ni siquiera la expansión petrolera en Estados Unidos ha generado tanto aumento de ingresos fiscales como la burbuja inmobiliaria generó. Por eso las instituciones del Estado la incentivaron.

JUAN. —¿Tú crees que las burbujas solamente se producen alentadas por las instituciones? O sea, ¿que el mercado de modo natural no produce burbujas?

DANIEL. —Vamos a ver. La propensión al crédito genera dos cosas. Y no es que crea que haya que demonizar el crédito, pero la deuda genera dos cosas. Primero, genera la sensación de poder. Imagínate: «Me han dado un crédito y, además, como soy más listo que nadie, me han dado un crédito a menos coste que a los demás». La segunda cosa que se genera cuando dependes excesivamente de la deuda es euforia en las previsiones. Cuando vas a pedir el primer crédito eres muy prudente, pero cuando vas a pedir el segundo dices: «Bueno, mis expectativas de beneficio las voy a subir un poquito, mis expectativas de crecimiento las voy a subir un poquito». Y empiezas a ser menos prudente.

Yo he tenido el privilegio de conocer personalmente a dos presidentes de la Reserva Federal, a los que siempre les han preguntado lo mismo: «¿Qué es lo que nos perdimos?». Y lo que te encuentras es que se empiezan a ver cambios estructurales, hay productos mucho más sofisticados, el riesgo está más acotado, etc. Se va cambiando el paradigma y tu percepción de riesgo también cambia, igual que nos está pasando ahora, ¿no? Vemos tipos de interés muy bajos y entonces estamos dispuestos a prestarle a un país en guerra civil en África al 4,5 %, cuando nosotros hace un año y medio no lo íbamos a prestar.

EMILIO. —Fíjate, Daniel, eso es bueno y eso es una tensión. Yo creo que aquí hay una dialéctica que no es necesariamente perversa. Pero hay que partir de puntos de arranque obvios. Uno, como decía Minsky, que las crisis financieras son algo endógeno al sistema, y siempre va a haber crisis financieras.

JUAN. —Pero no siempre ha habido. Del 45 al 70…

EMILIO. —No, cuidado. Existieron crisis pero no fueron globales.

JUAN. —Pero financieras no.

EMILIO. —Sí. Episodios de crisis de balanza de pagos. Las crisis económicas y financieras básicamente vienen porque hay un desequilibrio exterior de la cuenta corriente que acaba precipitando. Entonces, yo creo que siempre habrá focos de inestabilidad con independencia de que los profesionales de las finanzas mejoren. El error es creer que no hay que supervisar, que no hay que vigilar a los operadores financieros.

¿Cuál fue el error de Alan Greenspan? Considerar que la autorregulación era suficiente. Y, afortunadamente, en su comparecencia ante el comité bancario del Senado lo reconoció y dijo: «Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa». Por eso la reacción no tiene que ser suprimamos los derivados. Ahora bien, tiene que haber un supervisor eficaz y ese supervisor tiene que tener la capacidad en ocasiones para decir: «Oye, se ha colapsado la Gran Vía». Dirección prohibida. El que quiera ir a Callao tiene que ir por la calle de Hortaleza o por la calle de las Infantas o lo que corresponda.

Yo creo que aquí hubo un exceso de confianza que también reconoció Bernanke, en lo que popularizó como «la gran moderación». Ese periodo que va desde 1985 en adelante y nos lleva a confiar primero en la academia, en Robert Lucas, siendo presidente de la American Economic Association, cuando dice: «Las depresiones son una cosa del pasado». Pero, cuidado, lo dice también Olivier Blanchard, más en el centro izquierda, director del departamento de economía del MIT y luego, y hasta hace unos meses, chief economist en el Fondo Monetario Internacional. Hemos aprendido a regular la volatilidad del PIB. Ahí nos equivocamos. Nos equivocamos en tolerar una dinámica de innovación financiera sin acompañarla de mecanismos de supervisión eficaces.

DANIEL. —Pero ¿nos equivocamos o lo incentivamos?

JUAN. —Pero es que además es lógico, porque el mecanismo de financiación es intrínsecamente arriesgado, por su propia naturaleza. Es que tiene que serlo.

EMILIO. —Y eso no es malo.

JUAN. —No, no. Es que es así. Estás financiando una incertidumbre.

EMILIO. —Bendita asunción de riesgos. El día que tengamos una propensión a no asumir riesgos, el sistema se paraliza.

JUAN. —Claro, es la tranquilidad del cementerio.

(Risas).

JUAN. —No puede ser de otra manera. Y sabemos una cosa: creo que un sistema bancario sin bridas tiende a irse más allá del riesgo. Posiblemente por lógica elemental, también le pasa a un empresario normal y corriente que tiende a ir más allá. Si no tendiera a ir más allá, ¿qué empresa progresaría? El problema es que hay un tercer elemento. El sistema financiero tiene una capacidad de interconexión, de interpenetración y de transmisión de sus propios problemas muy grande. Lo hemos dicho antes, es la savia que está hasta en la última esquina de la economía. Entonces, a mí eso me lleva a pensar que si no existen mecanismos de evaluación, de seguimiento y de control, el sistema financiero tiende a desbordarse casi permanentemente, y máxime cuando hemos tenido, y tú mejor que nadie lo conoces, Daniel, unas posibilidades incluso tecnológicas de operar a una velocidad vertiginosa y de innovar de tal manera que se te va de las manos constantemente.

Cuando hablo de que tiene que existir un control me refiero a que hay que establecer unos caminos por los que circular. Tiene que haber unas normas. No conozco ningún mercado que no tenga normas. Incluso, la ausencia de normas es una norma. No puede ser que haya un sistema bancario que esté financiando inversiones de empresa al 100 %. O a las familias, en la hipoteca, al 110 %, porque seguro que tiene que haber un problema antes o después. Entonces tiene que haber alguien que controle.

DANIEL. —Pero también yo creo que, igual que tiene que haber unas normas, eso nadie lo cuestiona, lo que tiene que haber es el concepto de responsabilidad crediticia. Es decir, si yo soy una empresa y tomo una decisión de inversión equivocada, la culpa no es del banco que me ha prestado. Y si soy de una familia que gana 600 euros al mes y me compro una casa que la hipoteca me cuesta 400, la culpa no es solo del banco. El banco podrá tener parte de culpa. Pero el concepto de responsabilidad crediticia es esencial.

El otro elemento que para mí es básico es el hecho de que la regulación es una herramienta, pero la regulación no es una solución. Y de hecho, cuando nos sentemos dentro de unos años (espero que muchos años) y veamos otra crisis, diremos: «¿Y cómo puede haber pasado esto cuando en la Unión Europea y en el sistema bancario tenemos esos reguladores (en Inglaterra ya tenemos dos), que escupen miles y miles de páginas de regulación diaria, en el que hay bancos y bancos de inversión y fondos de inversión, que tienen más gente en compliance y en regulación que operando?».

Lo que quiero decir es que me parece bien que haya un guardia, como en el ejemplo de Emilio, que regule el tráfico, que es algo que está bien, pero no evita que muchas veces el señor que está regulando el tráfico sea el que está creando el atasco. Y, sobre todo, yo creo que siempre hay que ir al tema de los incentivos. En el problema de la regulación del crédito y la expansión de la asunción de riesgos excesivos es muy difícil que esa regulación venga garantizada por el Gobierno, por el Estado o por lo que sea, por una sencilla razón; porque entonces los países donde el sistema bancario público es el 70, 80, 90 % del sistema no tendrían crisis nunca. Y las tienen, y las tienen muy gordas.

Entonces, para mí el elemento fundamental es, sin negar y sin quitar la importancia de una regulación y de un control serio, repetir una y otra vez la importancia de la responsabilidad crediticia y del concepto del riesgo que tomas.

La respuesta a la crisis

JUAN. —La economía española ha llegado hasta donde está por tres grandes problemas. El primero, el impacto de una crisis internacional; el segundo, por las debilidades que intrínsecamente tenía el modelo, por llamarlo de alguna manera, al que impacta la crisis; y en tercer lugar, por las respuestas que se le han ido dando a la crisis. Yo creo que la política frente a la crisis ha sido parte del problema que tenemos. Primero, porque se tarda en reconocer la crisis; segundo, porque se desacierta a la hora de ver la verdadera naturaleza de los problemas; tercero, porque se dan vaivenes. Por ejemplo, quien estuviera de acuerdo con que los planes de estímulo eran necesarios, tiene que estar en desacuerdo con que después se hayan frenado, es decir, una cosa no puede ser buena y al mismo tiempo mala, dado que una cosa no puede ser al mismo tiempo su contraria.

Creo, asimismo, que hemos jugado mal las cartas de nuestra pertenencia en Europa. El diseño de la unión monetaria y las actuaciones de la Unión Europea no nos han ayudado porque sus efectos han sido muy desequilibrados, muy asimétricos, por razones diversas. Entre otras, porque la naturaleza de los problemas que tenía Alemania y la cadencia de esos problemas eran muy diferentes a las nuestras. Y entonces, como no íbamos a aquel paso, al mismo que Alemania (y que los motores principales de la eurozona), hemos tenido respuestas que han tenido impactos diferentes. Concretamente, esos desaciertos en las políticas se manifiestan en algunas políticas esenciales.

En primer lugar, en relación con el sistema bancario y financiero. Yo creo que se tarda en reconocer los problemas y que además no se han resuelto adecuadamente, como prueba el hecho de que todavía no tengamos resuelto el problema de la financiación y que no se hayan mejorado los problemas de la economía real. Es verdaderamente sorprendente que el presidente de un banco tan importante como el BBVA diga ahora que lo que estamos es entrando en una etapa de expansión «indebida» del crédito.

En segundo lugar, porque creo que las reformas del modelo, de las vulnerabilidades previas, prácticamente no se han abordado, y porque creo, además, que no se ha conseguido trasladar a lo largo de toda la crisis la más mínima sensación de credibilidad, de complicidad con la sociedad y se han producido unos recortes que son muy fuertes. La consecuencia de ello es que, de hecho, ninguno de los propósitos con los que se había venido a justificar esta política, a legitimar las políticas frente a la crisis, se están cumpliendo, sobre todo y particularmente en lo relativo a la deuda. Es decir, hemos hecho una gestión de la crisis básicamente orientada a reducir la deuda pública porque se consideraba que era el principal freno para generar actividad y empleo, a pesar de que, como decíamos antes, no era el problema inicial, y probablemente estemos en estos momentos en una situación en la que el mayor factor o el factor más preocupante de cara a gobernar la situación sea la deuda pública que tenemos.

Por lo tanto creo que la respuesta ha sido muy insatisfactoria y que deja muchos temas, muchos hilos sin tocar y esa me parece la causa principal de que estemos teniendo una recuperación muy irregular y producida en realidad por factores externos y no por efecto principal de esas políticas que se han hecho.

DANIEL. —Yo creo que estamos de acuerdo en que uno de los motores que ha hecho que la crisis haya sido tan profunda y tan lenta a la hora de la salida ha sido la respuesta política. Pienso que la respuesta, que básicamente lo que buscaba era hacer el menor daño al statu quo, ha sido el gran problema. Recuerdo haber tenido una conversación con mi queridísimo David Taguas, que en paz descanse: «Vamos a ver, como las crisis básicamente tienen un periodo de maduración de dos o tres años, deberíamos hacer una política de mitigar riesgo durante dos o tres años». Él proponía tomar medidas muy drásticas que no le aceptaron.

¿Qué es lo que ocurrió? Que no comprendieron la gravedad de la crisis y se produjeron desequilibrios al intentar sostener el producto interior bruto sin llevar a cabo ese proceso de ponerte colorado una vez, en lugar de ciento amarillo. Y sobre todo, creo que también había una complicidad por parte de muchos que, aun viendo los riesgos, no veían que fuesen tan agresivos. Creo que incluso los que éramos bastante negativos nos hemos sorprendido en muchas ocasiones ante algunas cifras que iban apareciendo de repente, y que no tenías una percepción de ese nivel de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo es importante entender el efecto marginal. Ese ha sido el gran problema. Intentar sostener el mismo modelo con el mínimo impacto a corto plazo, eso ha llevado a que sea mucho más lento el proceso, y en eso entronca también con la parte de la bancarización, claro. Cuando tú llevas un proceso de ponerte colorado una vez a la norteamericana, tienes que tener una pata de financiación externa a la bancaria (en Estados Unidos ni el 20 % de la economía real lo financia el sector bancario) para que, cuando tienes que pasarte dos años limpiando balance, haciendo revisiones patrimoniales, etc., lo soluciones. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran problema.

El segundo gran problema ha sido la tradicional solución española, que como Emilio y yo hemos comentado varias veces, es la que soluciona muchos desequilibrios a través de la devaluación salarial y el aumento del paro. Porque se parte de la base de que una economía ultracíclica lo va a absorber muy rápido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de nuevo se ha creado un paro estructural que te devuelve a los años noventa… Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Has tenido una política de demanda extremada que ha atraído muchísima gente al sector inmobiliario, pincha la burbuja inmobiliaria y, de repente, tienes a una gente que era muy necesaria en su momento, pero que ahora es una gente que no tiene salida.

Estas dos patas han sido importantes a la hora de hacer que una crisis que en otros países se ha empezado a solucionar antes haya tardado mucho más en empezar a resolverse aquí. Además, creo que las reformas estructurales que empezó a introducir Zapatero, y que después frenó, han sido una parte del problema. El hecho de no abordar las reformas internas necesarias, dejar demasiado en manos del exterior, decir: «El BCE tiene que hacer esto, Europa tiene que hacer esto con respecto a reformas microeconómicas», que yo creo que habrían sido mucho más importantes en su momento.

EMILIO. —En mi opinión una forma de aproximarse a la gestión de la crisis pasa por asumir el escaso grado de discrecionalidad que han tenido las autoridades españolas. Particularmente a partir del 8 de mayo de 2010, cuando las políticas económicas las adoptan en Europa.

Por otro lado, una de las lecciones de la crisis es que las políticas no tienen que ser procíclicas. Claro que hay que reducir el déficit público, claro que hay que reducir la deuda pública, pero hay que hacerlo, y ahí está la habilidad política, en el momento en el que esas decisiones no acentúen el carácter depresivo del ciclo. Y ese ha sido el principal error.

En Europa hemos cambiado pragmatismo y racionalidad económica por prejuicios; en algunos casos prejuicios morales. «Esos del sur son unos manirrotos», «la letra, con sangre entra»… Cuando resulta que España había incumplido menos veces el pacto de estabilidad y crecimiento que Alemania. Cuando resulta que España llega a la crisis con un superávit público, mientras que Alemania tenía un déficit público, y cuando resulta que España tenía una deuda pública inferior a la de Alemania. Pero, como en algún ejército, al meternos en la enfermería nos aplicaron la misma terapia que al que tenía una luxación de clavícula, pero nosotros teníamos un problema de insuficiencia respiratoria de nuestro sector privado. Entonces el resultado es que, en lugar de atender los problemas del sistema bancario y la deuda privada en 2008 como teníamos que haber hecho, esperamos a que nos dieran el rescate bancario en julio de 2012. Ese es el error.

DANIEL. —En esto me temo que discrepamos en casi todo. El problema es que si yo busco mejorar mi estado físico y mi forma, y estar más guapo y mejor, lo que no puedo hacer es compararme con Arnold Schwarzenegger o con George Clooney. La Unión Europea no podía embarcarse, después de haber aumentado el balance del BCE en 1,5 billones, después de haber llevado a cabo la mayor expansión monetaria jamás vista comparada con China o cualquiera de las otras burbujas que hayáis visto, no podía embarcarse en todavía más. Es decir, el error no es que viniera de adelgazar, el error es que venía de la obesidad.

El problema de Europa en el año 2009 no era que la gente no demandara y tuvieras que hacer estímulos. El problema es que nos habíamos liado a construir casas y casas con programa de estímulo tras programa de estímulo, que nos llevó a gastarnos el 3,5 % del producto interior bruto en un año de la Unión Europea para destruir cuatro millones de puestos de trabajo.

En cualquier caso hay una cuestión que es muy importante y es que, a la hora de copiar a la Reserva Federal de Estados Unidos, hay tres cosas que siempre tenemos que recordar; sobre todo cuando, y esto no lo digo solo yo, lo dice Bernanke, lo dicen mis compañeros, etc., en aquel momento hay 28 países llevando a cabo las mismas políticas de estímulos, monetarias y fiscales. Las mismas. Todos. De esos 28 países siempre decimos: «Fijaos qué bien lo ha hecho Estados Unidos», y nos olvidamos de que en los 27 restantes, o en los 26 restantes, si queremos considerar el Reino Unido un éxito también, ha sido un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? ¿Y por qué no está funcionando en Japón ahora, por ejemplo? Creo que es algo bastante claro.

Lo importante es entender que la política monetaria no es ninguna solución sin unas políticas fiscales y sin unas políticas estructurales que sirvan para canalizar toda esa liquidez, porque crear liquidez es muy fácil. Crear esa liquidez es sencillísimo. Estados Unidos se puede dedicar a llevar a cabo ese tipo de políticas monetarias tan expansivas y tan agresivas porque es la moneda de reserva del mundo. Y por tanto exporta parte de la inflación que puede crear esa política tan agresiva. Eso para empezar.

Ser la moneda de reserva del mundo o ser, como es el Reino Unido, con todo mi cariño, en el que vivo y tributo desde hace once años, no el primo de Zumosol, pero sí el primo de la moneda de reserva del mundo, es una enorme diferencia, porque esos dólares se están consumiendo por todo el mundo. Ser la moneda de reserva mundial es muy importante. Ser el euro en una época en el que estaba cuestionado bajo el punto de vista no de los mercados malvados, sino desde los países. Yo siempre recuerdo que en el año 2009, en el Parlamento Europeo, había decenas de personas hablando de ruptura del euro, de salida del euro, del euro de dos velocidades, de dos tipos de euro… Había de todo. No puedes considerar una moneda que no es reserva y que no se utiliza para nada más que para comerciar dentro de Europa, porque el 80 % del uso de los euros es para comerciar exclusivamente entre los europeos, para llevar a cabo esos estímulos.

Segundo: exceso de capacidad. Cuando tienes un 30 % de exceso de capacidad industrial (ahora mismo tenemos un 25 %), llevar a cabo políticas de estímulo que de nuevo se vuelvan a poner en los mismos sectores, tiene un riesgo. Tiene el riesgo de que no solamente cuentas con el mismo problema que Japón, que dejas esa sobrecapacidad ociosa, porque no ha habido el proceso de ponerte colorado, porque no ha habido el proceso de quiebra y de reordenamiento que hubo en Estados Unidos. Y tercero, y lo repito una y otra vez, para que no nos olvidemos: Estados Unidos ha sido un modelo de éxito porque han encontrado petróleo. Porque la enorme mayoría del dinero que se ha creado en Estados Unidos, entre otras cosas, se ha ido al sector productivo que tiene el segundo efecto multiplicador más alto después del inmobiliario y la construcción, que es el del petróleo y el gas.

El concepto de austeridad aplicado en Europa me sorprende. Porque el gasto público, excluyendo el coste de la deuda de los 27 países, está todavía por encima de los niveles del pico de la burbuja de 2007. Podemos llamarlo prudencia presupuestaria. Podemos llamarlo muchas cosas, pero el concepto de austeridad expansiva significa que se reduce el gasto público, y por lo tanto se pueden reducir los impuestos. Lo que ha habido en Europa ha sido aumento de impuestos y moderación del gasto público. Lo cual ha hecho que el ahorro que se generaba no fuera ni a consumir ni a invertir porque te estabas cargando la renta disponible tanto de empresas como de familias, que además estaban en proceso de desapalancamiento. Richard Koo, que es muy buen amigo, me dice que en España se ahorra el 5,5 % del producto interior bruto cada año entre el sector privado y público, y eso a lo que lleva es a mayor depresión. Y yo le digo: «Claro, pero es que te olvidas de dónde lo gastamos».

Igual que antes decíamos que parte del error del diagnóstico es llamar crecimiento a un exceso de deuda agresivo, es un error llamar austeridad a un proceso que en realidad es moderación presupuestaria. Además es extremadamente moderada porque, si nos vamos a la Unión Europea en conjunto y nos olvidamos de España, vemos que Francia, Italia… No han llevado un proceso de austeridad, pero para nada, vamos. Y, de hecho, por eso Francia está donde está.

JUAN. —Yo creo que tampoco conviene entrar en una dinámica de comparaciones. Creo que en Europa teníamos tres problemas. Un problema de falta de financiación, de savia para la economía; una demanda insuficiente (en el Eurobarómetro, permanentemente, cuando se le pregunta a las empresas cuál es su principal problema lo primero que te dicen es que no tienen clientes), y en tercer lugar el problema de deuda. Y cada uno de estos problemas se ha manifestado en mayor o menor medida en cada uno de los diferentes países.

Lo cierto es que la política llamada de austeridad ha sido incapaz de solventar el problema de la demanda, como es evidente que iba a ocurrir cuando está cayendo el gasto privado y encima el gasto público no lo compensa. Segundo, no ha resuelto el problema de financiación, porque la Unión Europea, en el momento en el que toma la medida de que los bancos puedan seguir valorando sus activos a precio de adquisición y no de mercado lo que hace es disimular el problema que tiene la banca, como en algún momento se pone de relieve de manera impresionante cuando bancos que pasan un test de estrés a los tres o cuatro meses están reclamando miles de millones de euros, lo cual significa que algo está fallando. Finalmente, no solamente no ha resuelto el problema de la deuda sino que, como decía Emilio, tenemos más deuda pública que antes.

DANIEL. —El endeudamiento total ha bajado.

JUAN. —Déjame terminar. Yo creo que el fracaso es evidente. No se han resuelto los problemas. En segundo lugar en este tránsito hemos visto algunas cuestiones que a mí me parecen muy elementales y que yo pondría sobre la mesa. Por un lado, una política de piñón fijo no tiene sentido en una coyuntura como esta. Me refiero a una política como la que ha mantenido el banco central hasta que no se ha saltado sus propios estatutos, los tratados, y ha terminado haciendo de una manera absolutamente irregular lo que tiene prohibido hacer, a pesar de que debería ser su función esencial: financiar a los gobiernos. Y eso es lo que ha acabado haciendo, de una manera torticera, pero es lo que ha conseguido que la cosa se mueva.

Por otro lado, es verdad que esa nueva acción del Banco Central Europeo logra dar un empuje, pero yo creo que también sabemos desde hace muchos años que la política monetaria es como una cuerda: sirve para tirar, pero la política monetaria difícilmente empuja. O sea, no digo que no ayude, pero difícilmente es un instrumento adecuado para empujar. Y luego hemos visto también los efectos de esa política inadecuada, porque estamos viendo las limitaciones que tiene la unión monetaria. Una unión monetaria sin pies ni manos, es decir, sin una política fiscal común, sin mecanismos para hacer frente de manera más o menos mutualizada a la deuda, sin mecanismos de tratamiento de uno de los grandes focos del problema, que es el sistema bancario… Es incomprensible que haya 27 o 28 supervisores, no tiene lógica ninguna, en un sector que está dando tantos problemas.

Entonces yo creo que esas son las cuestiones que están sobre la mesa. Primero, el fracaso de la política; y segundo, que estamos haciendo frente a un problema gravísimo en la unión monetaria que está careciendo de instrumentos porque no tenemos una auténtica unión monetaria ni un auténtico banco central, como tampoco un auténtico Gobierno europeo.

Y luego una simple matización, porque siempre les oigo a mis amigos más contrarios a todo tipo de intervención (por no utilizar etiquetas, que no me gustan), que la creación de dinero por el banco central es inmediatamente inflacionista, y yo creo que de ninguna manera eso es así. En 8 meses, la Reserva Federal creó más dinero que en 60 años. Desde el punto de vista de la inflación no pasa nada porque va a la base monetaria. Y luego, si va a balances de bancos, y si no va a la economía, y si además hay oferta ociosa, no tiene por qué generar inflación de manera inmediata, o sea que tampoco hay que demonizar ese tipo de intervenciones.

DANIEL. —Yo creo que, efectivamente, el tema cuando se habla de inflación es ¿dónde va el dinero? Y, claro, como el dinero que se está creando no va a inversión, no va a consumo…

EMILIO. —Ojalá fuera a consumo.

Europa podía haber sido Estados Unidos de Europa y haberse equivocado en el diagnóstico del paciente y haber aplicado las políticas contrarias, haber cometido un error. Podía haber sido el Estado más centralizado del mundo. Es más, Europa en la eurozona ha actuado con un grado de monolitismo superior al de Estados Unidos, ha habido menos contestación entre los 13 o 14 gobiernos de la unión monetaria, que en Estados Unidos. En Estados Unidos yo he percibido debates, dudas que no ha habido aquí. Y dos, el tener moneda o no… nosotros tenemos moneda, somos Europa.

DANIEL. —Pero no la moneda de reserva del mundo.

EMILIO. —Pero si es que eso de la reserva solo sirve para comprar bonos.

La libra esterlina no es una moneda de reserva tan importante como el euro. Lo importante es saber qué hacer con la política monetaria. El Banco Central Europeo tiene una moneda muy importante. Aquí nosotros optamos por políticas contractivas en la emergencia de la crisis. Todavía, a los tres o cuatro meses de iniciada la crisis, creímos que el principal riesgo era la inflación, pero un mes antes de la quiebra de Lehman Brothers también subimos tipos, porque el temor de la expansión monetaria podía ser la inflación, cuando, hoy, si hay un continente que reproduce el paradigma del estancamiento secular sobre el que nos están advirtiendo unos y otros, ese es Europa. Si hay un continente más japonizado, esa es la eurozona. Nunca habíamos visto en la historia económica un país como el nuestro, que era el más proinflacionista del mundo, nueve veces consecutivas en tasa de variación negativa de los precios. Los supersticiosos no dicen que es deflación, pero es un hecho que es el principal enemigo de los deudores.

Pero, además, es que el Banco Central Europeo estuvo incumpliendo su tarea. Su tarea es garantizar la estabilidad de precios. Pero ¿qué creéis que es ahora la estabilidad de precios? ¿Evitar que los precios suban? ¡No! Por lo tanto el balance del BCE tiene que crecer todavía más, porque hay una combinación que es peligrosísima, y solo la irresponsabilidad y la no asimilación de la lección japonesa nos sitúa al borde del suicidio, que es un exceso de capacidad instalada brutal (una cosa es la capacidad instalada y otra cosa es el grado de utilización de la capacidad productiva). Nosotros tenemos un exceso de oferta en la economía brutal, no solo en nuestro país, en toda la eurozona.

Dos: un demonio al que no le hemos visto el pelo jamás. La única referencia que tenemos son diez años de la gran depresión y nueve en Japón y se llama tasa negativa de variación de los precios, desinflación o deflación.

Tres: economías altamente endeudadas. Si hay un enemigo del endeudamiento elevado, este es la deflación. Para los que no tenemos deudas, porque somos viejos o lo que sea, nos viene de maravilla, pero cuando el desempleo es elevado y el endeudamiento es elevado, mantener una tasa de inflación negativa es peligrosísimo.

Yo estoy de acuerdo en que una de las lecciones de la crisis es completar la unión monetaria. Nacimos con una unión monetaria incompleta. La unión monetaria fue una operación de ingeniería política. Fue una operación articulada entre Kohl y Mitterrand, que contó allí con el apoyo de González, y trató de hacer aquello que decían los fundadores: «Europa se hará por la moneda o no se hará». Alguien les dijo: «Oye, es que no se cumplen las condiciones para que la eurozona sea un área monetaria óptima». Y Kohl dijo: «El roce hace el cariño, vamos a charlar y dentro de unos meses hablamos de la unión fiscal».

Y no solamente no es un área monetaria óptima por eso. Tampoco hay movilidad y flexibilidad a la baja en los precios de los factores. Además no tenemos un mecanismo fiscal de emisión de deuda común. Hemos hecho una unión bancaria gracias al rescate de España. Si no hubiera habido rescate de España, no hubiera habido unión bancaria en ese momento, y eso es un paso adelante. Es verdad, que como siempre en Europa, hacemos las cosas cuando estamos con una hemorragia. Ojalá demos pasos en la dirección de una unión fiscal.

Para mí hay un elemento relativamente esperanzador y es la posibilidad de: uno, crear un mercado digital único, que está ahora encima de la mesa. Dos, un plan Juncker de inversión paneuropea que trata de aprender la moraleja que contábamos antes de los hacendistas públicos: «Oiga, si tengo un problema de inversión en redes energéticas (de las que tú conoces mucho, Daniel), en redes tecnológicas, en la natalidad empresarial, ¿por qué no aprovechamos la situación excepcionalmente cómplice de los mercados financieros y buscamos inversiones comunes que aumenten la productividad de las empresas?». Esa es una señal positiva en mi opinión.

DANIEL. —Yo creo, primero, y sobre todo después de haber trabajado con empresas norteamericanas demasiado tiempo, que es muy fácil echarle la culpa a Europa, porque el problema fundamental de la Unión Europea es que habla todo el mundo, y además habla mucho, y sus problemas están todos los días en la prensa. En la Reserva Federal tampoco se llevan todos fenomenal, pero te enteras de los problemas y los conflictos tres años después porque alguien lo ha publicado en un libro, pero no los estás viendo todos los días.

Pero vayamos a lo importante: la Unión Europea ha solucionado en parte el problema a través de una política que no ha sido ni leche ni agua. Que no es austeridad, pero que no es tampoco política de estímulo. Ha sido lo que yo llamo keynesianismo selectivo, que es: te olvidas de ahorrar y bajar impuestos en la época expansiva y te olvidas también de llevar a cabo políticas anticíclicas después. ¿Cuáles son las cosas buenas? Vamos a empezar por las cosas buenas de la Unión Europea, que son las que nos sorprenden todos los días en Estados Unidos y en el Reino Unido.

Primero: la Unión Europea está saliendo de la crisis con un superávit comercial muy importante. Eso no lo deberíamos olvidar porque venimos del exceso. La segunda: el hecho de que el plan Juncker no se esté planteando desde un enorme plan de estímulo público, que es una política que ya estuvo a punto de llevarnos a la quiebra. Yo creo que lo positivo del plan Juncker es que tiene muchísimo más de sector privado, con un apoyo pequeño del sector público; por lo tanto no nos va a suponer una enorme carga en subida de impuestos cuando hagas puentes que no sirvan para nada después. Tercero: que en la Unión Europea ya no tenemos la capacidad de volver a tirar de la chequera en blanco aunque queramos. Ni Alemania ni Francia pueden. Siempre que hablamos de la Unión Europea, oímos mucho hablar de Alemania pero no hablamos de la tensión Alemania-Francia, que son dos modelos completamente antagónicos. Y deberíamos también aprender del modelo de Francia, que siendo un modelo completamente antagónico al alemán es un desastre, y que habiendo hecho lo contrario a lo que todos estamos comentando que puede haber sido más erróneo o menos erróneo, está en una situación francamente preocupante. Y no olvidemos que es el primer socio comercial para nuestras exportaciones como españoles.

Entonces, para mí la lección de Japón no es tanto solucionar los problemas echándole, como yo digo, chocolate al jalapeño (que le pegas un mordisco y sigue sabiendo a pimiento). No. No se trata de echarle azúcar, el gas de la risa monetaria encima, y ver por dónde sale ese dinero. Se trata de llevar a cabo reformas estructurales que, acompañadas de una política muy laxa del Banco Central Europeo, permitan que no se genere mayor sobrecapacidad, que es el error que ha cometido Japón, aparte de muchos otros seis planes de estímulo, ¡seis!, que lo único que han conseguido ha sido aumentar la sobrecapacidad.

Y es lógico caer en esos errores hasta cierto punto, porque los incentivos no dejan de ser volver a tirar de lo mismo. Fíjate que ahora mismo la gente está diciendo que volvamos a tirar del ladrillo. Pero yo creo que es importante evitar los errores del pasado, pero todos. Evitar los errores del pasado de las políticas que no funcionaron. A mí me decía en Bruselas uno de los europarlamentarios: «El hecho de que los planes de estímulo no funcionaran no les quita su validez». Y yo le dije: «Hombre, algo de validez sí les quita, porque a mí me han subido los impuestos, y a ti también. Bueno, a ti no».

EMILIO. —¿Cómo que a mí no?

DANIEL. —No, a ti sí. Digo que a él, al europarlamentario, no.

(Risas).

DANIEL. —Lo que quiero decir es que aprender de todos los errores es una parte muy importante y, con todo lo que criticamos a la Unión Europea, hay que reconocerle sus aciertos. Es muy fácil criticar a los MEP (Miembros del Parlamento Europeo): son aburridos, no salen en Fox, hablan mal inglés, hablan distintos idiomas… Pero vamos a ver sus aspectos positivos: con esa tensión entre dos modelos antagónicos, con un problema de desequilibrio entre unos países y otros, resulta que estamos saliendo de la crisis, con dificultades, sí, pero al menos no estamos saliendo de la crisis repitiendo el mismo error a la japonesa. Porque entonces nos encontraríamos con un 220 % de deuda sobre el PIB, nos encontraríamos con que la estabilidad de precios, por mucho que imprimiéramos el 40 % de la masa monetaria anual, no la mejoraríamos, y los europeos, como los japoneses, no son tontos, tienen memoria, y no consumen.

JUAN. —Fijaos en una cosa curiosa: en el rato que llevamos hablando de la respuesta de la crisis, hemos estado todo el tiempo hablando de Europa, y creo que es significativo. En primer lugar, porque es normal que ocurra, teniendo en cuenta que, como país, no tenemos prácticamente margen de maniobra. Pero, en segundo lugar, quizá tendríamos que preguntarnos si hemos asumido o si hemos aceptado que España no tenía ningún margen de maniobra. Porque es cierto que teníamos poco margen de maniobra, pero algo sí que podíamos haber hecho, yo creo.

Y, en relación con Europa, yo concluiría, y no sé si estaréis de acuerdo en esto, que se puede discutir sobre la bondad de estimular o no, y por qué sitios hacerlo, pero yo tengo la impresión de que, con independencia de eso, lo que esta crisis ha planteado (sobre todo con las respuestas, entre comillas, de la Unión Europea a la crisis), es que Europa tiene inevitable y urgentemente que plantearse qué quiere ser de mayor. Yo creo que Europa sigue actuando con una impresionante indefinición, sobre todo en el ámbito de la unión monetaria, que es mucho más determinante. Y esto tiene que resolverlo, porque esta crisis ha sido fuerte, pero me atrevería a decir que en esta crisis Europa ha agotado el cargamento defensivo del almacén. O sea, que si se diera un nuevo latigazo, una nueva situación de perturbación, Europa se encontraría con bastantes problemas, y por eso creo que es muy urgente que Europa se mire a sí misma y decida qué quiere ser de verdad.

EMILIO. —Yo creo que es bueno que los ciudadanos seamos conscientes de la importantísima cesión de soberanía que nuestro país ha hecho a Europa, que hizo en 1986 cuando entramos a la Unión y que, desde luego, hicimos el 1 de enero de 1999 cuando entramos en el euro. Y es que hay muy poco margen de maniobra en políticas de demanda, en políticas macroeconómicas. La política presupuestaria se somete a validación de Bruselas antes que al parlamento español. Antes que el parlamento español diga «me gustan» o «no me gustan los presupuestos generales del Estado español», es la Comisión la que dice pa’ lante o no.

DANIEL. —Bueno, luego te aceptan todo.

EMILIO. —No, no, vamos a ser serios, Daniel. ¡Que yo no me estoy quejando! A mí me parece muy bien, porque creo que este país tiene que estar allí donde se fortalezca la integración europea, por lo tanto no me duelen prendas nacionalistas con que mi presupuesto general del Estado lo aprueben en Bruselas. Me parece correcto y me parecería correcto que se fuera estricto. La política monetaria no existe. La política monetaria desde 1999 la tenemos subcontratada en Frankfurt y optamos en su momento por darle un estatuto de ortodoxia absoluta al Banco Central Europeo. Yo creo que sería bueno que aprendiera de la experiencia de su propio Consejo de Gobierno y viera que mantener un objetivo exclusivamente en la estabilidad de precios no le permite jugar, establecer mecanismos de compensación cuando las crisis tienen una naturaleza financiera. Yo creo que esa va a ser una lección, y va a haber más flexibilidad, pero flexibilidad operativa. Esto de la inflación pura y dura está pasado de moda, porque los problemas que tienen las economías ahora son de otro tipo. Si nos creemos además esas cosas que están diciendo ahora de que el mundo se enfrenta a una etapa de crecimiento muy bajo, de inflación muy baja, de tipos de interés cercanos al nivel del tipo de interés natural, apaga y vámonos, porque entonces los bancos centrales tienen que empezar a reinventarse.

Yo creo que lo que tenemos que hacer es que nuestros gobiernos hagan valer políticas adecuadas en la sede de Europa. El 10 de mayo el Gobierno de Zapatero se equivocó cuando dio un giro radical y dijo. «Lleva razón, Alemania, lleva usted razón». Y empezó a adoptar una política que era la que tenía que haber adoptado Grecia, en lugar de decir: «No, yo tengo un problema que es muy serio. Tengo que actuar sobre el sistema bancario, no sobre la deuda pública». Y luego el Gobierno de Rajoy ha hecho lo propio. No ha rechistado. Ahora está reclamando medidas expansivas y el ministro de economía viene contento de Europa porque espera que el plan Juncker llegue a tiempo, a tiempo de noviembre, lógicamente, porque hay elecciones.

Cuando hay una brecha entre oferta, capacidad instalada y demanda, el sentido común, pero no solo Keynes, dice: «Oye, voy a cebar un poquito la moto y cuando esté andando le quito la gasolina prestada», y vuelvo a reducir el déficit o la deuda, etc. Pero es una estupidez, es masoquismo, mantener la estabilidad de precios en un entorno de paralización del crecimiento, muy por debajo del potencial. La macroeconomía elemental dice: «Oiga, la obligación de un Gobierno en la política económica es que el crecimiento se acerque al crecimiento potencial». Y estamos muy por debajo, sin inflación, con 28 millones de parados en Europa y con una ampliación de la desigualdad que ha irritado a todo el mundo. La desafección de la gente es manifiesta.

Antes, España y los españoles éramos proeuropeos. Ahora empezamos a desconfiar de los bancos, de los supervisores, de los mercados, del sistema económico. ¿Por qué creéis que ha emergido esa desafección? Porque nos hemos equivocado en la aplicación de las políticas económicas, porque no hemos tomado las medidas que correspondían. Y no olvidemos que la principal misión de la política económica es garantizar aumentos de prosperidad y de bienestar para la gente. La política económica no es una ciencia en sí misma que busca el refinamiento, como si esto fuera una pieza de Mozart. Lo que hay que procurar es aumentar el empleo y darle un poquito más de renta a la gente para que pueda pagar la deuda y los bancos no entren en otra dinámica perversa. Y ese pragmatismo ha estado ausente de la política en Europa y ha propiciado que la gente diga: «A mí, con esa orden monástica que tiene ese voto de pobreza, castidad, obediencia, y que además no le luce el pelo, no me interesa estar».

DANIEL. —Ya, Emilio, lo que pasa es que tú dices: «Voy a echarle un poco de gasolina a la moto y luego cuando ya esté andando la moto le voy quitando gasolina». ¿Cuál es el problema? Que al final no le quito gasolina. Es la historia de la Unión Europea.

EMILIO. —¿Cómo que no? Cuando tú eras estudiante teníamos un déficit público elevado y llegamos a tener superávit. ¿Qué hace España teniendo superávit cuando tiene un déficit de capital tecnológico, cuando tiene un déficit de capital físico? ¿Qué hace usted con dinero en el banco cuando tiene a sus hijos mal alimentados y mal educados?

DANIEL. —¿Qué es lo que ocurre con eso? Empezamos la cronología. Primero empieza el Estado pesando un 25 % del PIB; hoy, el Estado en la Unión Europea pesa el 49 % del PIB.

EMILIO. —Nosotros estamos por debajo, en niveles del 42-43 %.

DANIEL. —Como si el 42-43 % fuera poco…

EMILIO. —No hay correlación entre tamaño del Estado y eficiencia.

DANIEL. —Nadie lo ha dicho. Estoy diciendo otra cosa. Y volviendo al problema de la demanda interna: la demanda interna como se estimula no es diciendo: «Por favor, cómprame, cómprame». La demanda interna como se estimula es poniendo más dinero en el bolsillo de las personas.

EMILIO. —Muy bien, totalmente de acuerdo.

DANIEL. —¿Cuál es el problema del que siempre se olvidan los europeos cuando se comparan con Estados Unidos o con el Reino Unido? ¿Cuál es el problema de la Unión Europea cuando se compara con sus economías similares? Primero: que tiene un esfuerzo (no presión) fiscal absolutamente desproporcionado. Digo esfuerzo y no presión porque la presión fiscal es un ratio recaudatorio ridículo, porque, entre otras cosas, si tú echas a todos los ricos baja la presión fiscal, y ese no es el tema. El esfuerzo fiscal está totalmente desproporcionado.

Segundo problema: los incentivos perversos. Si tú tienes un sector que está supuestamente tirando de la economía pero está constantemente tirando del balance de los Estados y del BCE para generar esas políticas de aumentar la demanda interna, luego, cuando fallan esos planes de estímulo porque has invertido en cosas que no eran necesarias y nunca lo fueron, tienes un problema. Yo decía ya en el año 2006 que nos gastamos solamente el 2 % del PIB de Europa para generar sobrecapacidad, lo que se traduce en más coste para todos. En cualquier caso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando cometes ese error, el esfuerzo fiscal lo aumenta porque tienes que subir los impuestos, porque entonces el déficit se te dispara. Hombre, podemos pedir una política más laxa con los déficits, como de hecho ya la tiene la UE, pero ¿qué déficit queremos tener, el 20 % anual? No podemos.

Ese problema de los incentivos perversos ya pasó en Japón, y pasó en otros países. Cuando los planes no están interconectados con una demanda real, lo que haces es que creas un efecto demanda falso que luego viene a pagarlo el ciudadano siempre. Ni ricos ni leches, el problema aquí es que cuanto más tiremos de esa política de demanda, ni conseguiremos la demanda, que es lo que está sucediendo en Europa, ni tampoco conseguiremos que se recupere la renta disponible y por lo tanto el consumo.

¿Hay recuperación?

DANIEL. —Yo creo que la situación en la que estamos actualmente es una recuperación frágil donde todavía se mantienen muchos de los problemas estructurales, pero que hay que valorar positivamente. Porque hay que tener la honestidad intelectual como analistas de reconocer que hemos tenido que revisar al alza un 100, un 120 % nuestras estimaciones, tanto de indicadores de corto como de largo plazo. Y algo está pasando en el agua cuando sabe así.

¿Qué cosas positivas están ocurriendo? Primero: nosotros estamos saliendo de la crisis ahorrando. La deuda total de España ha caído por primera vez en décadas, y lo ha hecho en 45 mil millones desde el año 2011. Esto es muy importante.

El segundo: la deuda privada ha bajado a niveles del año 2006. Este es un elemento también extremadamente importante. Estamos saliendo de la crisis tirando un poco del consumo, tirando un poco de factores externos, un petróleo bajo a nosotros nos ayuda mucho y un euro razonablemente depreciado, pues también. Pero hay un tercer elemento en la reformas estructurales que yo creo que ha funcionado francamente bien, y el más importante es la reforma financiera, que nos ha sacado de ser una black box, una caja negra.

Eso es lo que nos ha llevado a multiplicar por tres las estimaciones de crecimiento del PIB, nos ha llevado a hablar ya de 800 000 empleos nuevos. Estamos creando más puestos de trabajo de los que el modelo de crecimiento histórico planteaba. Por supuesto, esos puestos de trabajo no son los puestos de trabajo que nos gustaría tener, pero tampoco lo eran en Estados Unidos, donde el under employment estaba en máximos históricos. O sea, el proceso de crear empleo primero desde la temporalidad para luego, a medida que la empresas recobren confianza, generar empleo de calidad, está ocurriendo.

¿Qué es lo que necesitamos? Hemos salido de la recesión pero todavía estamos en crisis. Necesitamos que las empresas vean la oportunidad, las empresas y también los Estados, todos juntos, deben buscar las oportunidades de crear crecimiento en sectores de valor añadido y recuperar el concepto de productividad. Entonces, la recuperación es frágil, sí, pero, como le decía yo a unos periodistas: los analistas más críticos que yo conozco y los economistas más pesimistas, han tenido que multiplicar por dos o por tres sus estimaciones de hace menos de doce meses para ahora. Por lo tanto, hay que tener la honestidad intelectual de decir: «Oiga, aquí está pasando algo bueno y las cosas ya son bastante diferentes».

EMILIO. —Yo creo que la economía española se está recuperando, como dice Daniel, a una tasa muy superior a la prevista por todo el mundo, a la prevista por el Gobierno, a la prevista por el FMI y a la prevista por los analistas privados. Pero creo que lo está haciendo propulsada, casi en su totalidad, por factores externos y circunstanciales. Por una política excepcionalmente estimuladora del BCE, por la depreciación del tipo de cambio del euro, que está contribuyendo a que la diversificación internacional de las exportaciones sea notable, y por una caída en el precio del petróleo. Si hay un país al que esto beneficia de forma significativa es al nuestro, dada la gran dependencia que tenemos de la importación de hidrocarburos. Es como si nos hubieran reducido los impuestos de forma sorprendente y nos evitaran hacer transferencias de renta al exterior en cuantías que pueden estar cercanas al 1 % del PIB, aun cuando el barril esté por encima de 60 dólares.

La gran cuestión que uno se plantea es: ¿y esto está aquí para quedarse? Porque si convenimos que esos tres factores son los que están propulsando la economía española, tenemos que preguntarnos esto. La política monetaria tiene fecha de caducidad, porque ha dicho el presidente Draghi que en septiembre de 2016 va a empezar a retirar el ponche de la fiesta, y por lo tanto podemos volver a ver tipos de interés un poquito más elevadas. Dos: la depreciación adicional del tipo de cambio del euro tiene dificultades porque la demanda internacional del euro es importante, la gente se refugia en el euro y las autoridades estadounidenses procuran que su moneda no se aprecie demasiado. Y tres, y en esto tiene más elementos de juicio Daniel que yo: ¿es probable que volvamos a ver el barril de Brent en el entorno a los 50 dólares? ¿Podríamos contar con que en el corto plazo volviéramos a tener un precio del barril inusualmente bajo? Yo creo que no. Eso nos remite entonces a la fragilidad que señalaba Daniel.

La recuperación es dependiente del exterior y vulnerable, no solo porque se puedan evaporar los tres shocks que estamos teniendo, sino porque las rentas españolas, sobre todo las de las familias, pero también las de las pequeñas empresas, son reducidas. Hemos creado empleo, sí, pero con un temporalidad altísima. Y lo que muestra la evidencia es que cuando uno tiene un empleo que no sabe si va a conservar dentro de tres meses, no cambia el tresillo, no cambia de apartamento, no cambia de televisor, no compromete su gasto en bienes de consumo duradero… Y, desde luego, la confianza está muy baja.

Decía el Gobierno de Zapatero: «Yo soy el artífice del superávit público». No, es la recaudación, que iba como una moto, y que hacía que esa obsesión de Daniel que es el ratio de deuda sobre el PIB se redujera, pero porque la recaudación aumentaba más que el PIB. Y ahora necesitamos aumentar la renta para que la gente viva mejor, esté más contenta, menos desafecta… Al fin y al cabo, la obligación de la política económica es garantizar la felicidad. ¡Lo decía Adam Smith!

DANIEL. —No garantizarla. Intentar facilitarla.

JUAN. —A mí me gustaría introducir alguna cosa porque estoy básicamente de acuerdo con vosotros, por lo tanto no lo repito, creo que efectivamente hay un cambio de tendencia, hay una recuperación, eso está clarísimo. Pero, primero, yo subrayaría que incluso materialmente es más débil de lo que parece porque, si se mide, teniendo en cuenta la deflación, es lo mínimo de lo mínimo, pero en fin… Es verdad también que después de unos años como los que hemos tenido, cualquier cambio de tendencia es saludable. Hay un elemento que sí añadiría y es el ciclo político. Estamos en un año electoral, el Gobierno central le ha dado un aire a los ayuntamientos por ejemplo que está siendo bastante positivo pero que…

EMILIO. —¿Aire, en qué sentido?

JUAN. —Aire en el sentido de aflojar la presión sobre la deuda, han podido aumentar su gasto y las inversiones.

EMILIO. —Es que los ayuntamientos han cumplido mejor que el Estado y las comunidades autónomas. Han cumplido.

JUAN. —Yo creo que eso lógicamente se nota, pero no estoy seguro de que se vaya a poder mantener después. Las señales de mejora, de la recuperación del empleo, ya lo habéis señalado, no es que sean débiles o poco estables, es que el problema es que hay señales equívocas, porque es que la EPA del primer trimestre de 2015 es de destrucción de empleo. Entonces no termina, creo yo, de verse claramente qué está ocurriendo en el mercado laboral. Con independencia del tema de la temporalidad o del tiempo parcial, yo creo que hay un cambio de modelo muy importante que está ocurriendo seguramente en toda Europa, pero más en España.

Y luego, sobre todo, no veo una cosa, no sé si vosotros la veis: dicho de manera coloquial, lo lógico sería que al generarse una recuperación más o menos evidente, como todo el mundo parece que la está viendo, tendríamos que estar observando un motor. Lo mismo que antes veíamos que era la construcción la que estaba tirando. ¿Veis que haya claramente un motor que esté tirando? Y luego hay otro asunto que, bueno, lo dejo caer también: a mí me parece bastante claro que, con independencia de la recuperación y el cambio de tendencia, estamos asistiendo a un fenómeno de generación de expectativas para que se autocumplan. Ojo, que me parece positivo, pero hay un aluvión de noticias positivas, y no lo digo como crítica.

EMILIO. —El Gobierno ha alterado claramente el tono porque había adoptado siempre una actitud bastante prudente y realista y quizá ahora el principal error sea caer en un exceso de triunfalismo. Las principales previsiones de crecimiento de la economía española para el año 2015 casi todo el mundo las sitúa en el entorno del 3 %. Pero, cuidado, porque todo el mundo da una inflexión el año que viene (menos el Gobierno) porque quizá va a tener lugar el debilitamiento de los propulsores que comentábamos antes. Hay gente que rebaja las previsiones del 2,9 al 2,5 %, el FMI pasa del 2,5 al 2 %. Y sigue desacelerando la economía española hasta 2020, cuando el FMI da el 1,7 % y dice que es imposible que la tasa de paro caiga por debajo del 21 %.

Yo creo que el Gobierno aquí ha hecho un ejercicio claramente electoral porque, aceptando el 3 % que da de crecimiento en 2015, no vemos dentro del patrón de crecimiento de la economía española un factor autónomo con suficiente carga tractora. Uno podría decir: «Hombre, el empleo», pero hemos convenido que el empleo es un empleo con salarios relativamente bajos. Ha ocurrido una cosa que no se nos debe olvidar, y es que la recuperación está teniendo lugar gracias a la competitividad, en gran medida, de las exportaciones, y esto lo hemos conseguido después de bajar el sueldo a un buen número de españoles.

Los costes laborales unitarios en España tradicionalmente han crecido más que la media europea. Sin embargo, nuestros costes por hora trabajada son inferiores a los de las economías avanzadas. A día de hoy, según Eurostat, el precio de la hora en España es de 15 euros. En Alemania, 32,3. En Dinamarca, que juega en la Champions de la competitividad global son 40,4 euros. En Europa no solo hay empresas que pagan salarios buenos, sino que obtiene de esos salarios valor. Nosotros, no. Nosotros, buena parte del empleo que estamos creando, aparte de tener una naturaleza más o menos circunstancial, temporal, está yendo a la hostelería, básicamente. ¡Bendito turismo! Yo no estigmatizo… Ahora bien, no es Silicon Valley.

Y dos, eso nos está permitiendo bajar el salario. Ser mileurista antes era una forma de estigmatizar a la gente, hoy es un privilegio, porque hemos bajado el salario medio bastante y eso ha ayudado a que las exportaciones hayan crecido a ritmos significativos, y en el plan económico del Gobierno, que ha mandado a Bruselas en el programa de estabilidad, hay un crecimiento de las exportaciones del 5 %. Ahora bien, tenemos que basar nuestra capacidad competitiva en algo que no sea la devaluación interna. Algo más, y este es el patrón de crecimiento: innovación. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando creó Silicon Valley? Bueno, inversión pública inicial, luego se ha retirado. Dijo: «Yo voy a abonar el terreno».

DANIEL. —Sí, pero acuérdate del porcentaje.

EMILIO. —Bueno, en la época de Al Gore metió dinero.

DANIEL. —Pero nunca fue con subvenciones, Emilio, que la diferencia es muy importante.

EMILIO. —Lo que sí hace Estados Unidos muy bien es decir: «Oye, yo ya he metido gasolina a la motocicleta, ya está aquí Silicon Valley, carburando. Regulatoriamente, voy a permitir que haya fondos de capital de riesgo en cada universidad, voy a permitir que los profesores de universidad cobren bonus como comadronas, es decir, que si ayudan al parto de una buena empresa, cobran más, etc.».

En Europa se hace menos, pero, cuidado, hay que reconciliarse con Europa, porque hay economías en Europa que lo están haciendo de maravilla, por tanto, ser europeo no es una maldición, todo lo contrario, si me apuras. Mirad Dinamarca, o Finlandia o Suecia. ¿Y qué veo en España?, pues, hombre, yo veo un riesgo. Estamos saliendo de la crisis y está bien, el optimismo preelectoral está bien, hemos colocado a unos cuantos españoles más. Pero, cuidado, hemos dejado a millones de españoles ya sin protección. Cuidado, porque tenemos casi tres millones de españoles que llevan parados tres años y que no los vamos a recolocar. Por lo tanto, ¿qué es necesario hacer? Hombre, cambiar el patrón de crecimiento y si tenemos que hacer un esfuerzo público ahí, pues se hace.

DANIEL. —Hay muchas cosas que se han dicho con las que no estoy de acuerdo. La inversión pública no es una panacea, y la razón por la que en Estados Unidos ha funcionado es porque la inversión pública no se hacía con subvenciones, se hacía con préstamos, se hacía con ayudas fiscales. La inversión pública no puede ser el gasto por el gasto. Cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando de oportunidades y todo esto, no se puede, por ejemplo, tener el mismo gasto en I+D que la media de la OCDE o similar sin tener ni la décima parte de las patentes. Cuando hablamos de inversión e innovación, no debemos olvidar que uno de los tres proyectos que ha recibido más dinero de financiación por I+D en este país es el uso de la bicicleta en Andalucía. El problema es que tenemos mucha cara, porque cuando tú te vas a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Dinamarca, y dices que vas a hacer un proyecto de I+D, se entiende que es un proyecto serio, y se le da un préstamo o una ayuda fiscal, no una subvención.

Segundo: yo no estoy de acuerdo en que en España los factores que están moviendo el crecimiento sean todos externos. El mayor impacto, con mucha diferencia, en la creación de empleo y en la mejora del crédito viene de la reforma laboral y la reforma financiera, con mucha diferencia. ¡Si es que hay un antes y un después en cuanto a crédito, en cuanto a financiación de empresas, de pymes, etc.!

Entonces, yo creo que hay factores externos, pero achacarlo todo a factores externos es un poco, digamos, autoengañarnos, cuando el crecimiento nuestro está siendo el doble, el triple de otros países que tienen los mismos factores externos. Véase Italia o Portugal. Somos una economía no muy diferente a la italiana en problemas estructurales.

Pero yo creo que ahí pecamos un poco de nuestro shock de pesimismo español cuando vemos que crecemos, que lo estamos haciendo mucho mejor que países que han sido muy similares en la gravedad y en el impacto de la crisis y que están saliendo mucho peor. Es una cuestión importante.

JUAN. —Mira, recuerdo un titular de prensa que decía: «La renta de los hogares baja pero aumenta el consumo». Lo que estaba ocurriendo es que se habían quitado amarras que existían y que actuaban como un freno psicológico al consumo. Había un ahorro que estaba inmovilizado. Y ha habido un cambio de coyuntura muy sutil que ha permitido que se mueva, porque lo que había ocurrido hasta ahora ha sido que la demanda externa estaba empujando casi por inacción de la economía. Las exportaciones tiraban en la ecuación, pero en realidad tiraban casi más porque, como estaba la economía parada, las importaciones no subían, y entonces el saldo positivo a favor de las exportaciones era mayor. Pero la realidad es que la economía estaba parada. Ahora esto está cambiando, y el hecho de que haya bajado la aportación de la demanda externa se debe a que ha mejorado un poco la situación, el ahorro se ha movilizado, empieza a comprarse fuera y, curiosamente, el apoyo de la demanda externa baja y sube un poco el del consumo.

Soluciones para un futuro inmediato

EMILIO. —A la hora de hablar de soluciones a la crisis, quiero partir de algunas consideraciones. La primera: una de las lecciones de la crisis es que estamos en Europa y que tenemos un margen de maniobra limitado. Pero, además, debemos seguir en Europa. Sé que hay colegas, opciones políticas incluso, que se han escorado hacia el euroescepticismo. Yo adelanto que mi posición es seguir en Europa y seguir con todas las consecuencias.

Dos: sacar lecciones de la crisis quiere decir supervisar bien para que no haya desequilibrios excesivos, sobre todo por la parte privada, y también, desde luego, por la parte pública.

Tres: a la hora de proponer soluciones de política económica, yo distinguiría entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es garantizar que el crecimiento ahora observado dure, lo urgente es la sostenibilidad del crecimiento. Eso exige valorar los daños que ha dejado la crisis, analizar su legado, la erosión en todas las formas de capital: en capital físico, en capital humano, en capital social, etc. Eso va a requerir estimular la demanda, y el estímulo de la demanda se tiene que hacer con decisiones paneuropeas.

¿Cuáles tienen que ser estas decisiones panaeuropeas? En primer lugar, dejar trabajar al Banco Central Europeo. Que no haya intromisiones como la del Bundesbank en el Consejo de Gobierno del BCE. Dejar que su programa de estímulos cuantitativos agote el plazo. Y en política presupuestaria significa que las economías que tienen desequilibrios excesivos (en este caso superávit) en las finanzas públicas estimulen más la inversión. Ese es el caso de Alemania.

Eso es lo urgente. Y lo importante es alterar el patrón de crecimiento de la economía española. A mí no me gusta hablar de modelo productivo porque da la impresión de que vamos a alterar las relaciones básicas de producción como decíamos cuando éramos pequeños. Es más, ni siquiera cuestiono la estructura sectorial de la economía española. A mí no me duelen prendas al observar que la participación que tiene la industria en el PIB español es algo más baja que la media en Europa (no mucho más). No me duelen prendas al ver que tenemos una participación en el sector servicios en torno al 75-76 %. Cuando hablo de mejorar el patrón de crecimiento lo que quiero decir es que en esos sectores, en la agricultura, en la industria, en los servicios, hay que fortalecer sus ventajas competitivas y hay que cambiar salarios bajos por intensidad en conocimiento. Hay que procurar mejorar en una última instancia la calidad del capital humano. Necesitamos más educación, más habilidades, mayor calidad del capital tecnológico, más inversión en tecnologías de la información y calidad del capital social. Calidad del capital social significa confianza entre nosotros mismos en las instituciones, mejores supervisores y mejores gobiernos. Soy de los que tengo claro que el papel de los gobiernos es muy importante. Es decir, de esta crisis no salimos verificando que los gobiernos estorban, sino verificando que es necesario tener buenos gobiernos, potentes gobiernos, pero muy buenos.

JUAN. —Me gustaría, antes de entrar en el corazón de la intervención, hacer una especie de confesión en voz alta. Me ha pasado un fenómeno curioso cuando he ido a escribir mi capítulo de propuestas, no se si os ha pasado a vosotros. Para bien o para mal, con más o menos acierto, yo llevo como vosotros y más gente pensando en propuestas para la economía española desde hace tiempo. Pero cuando he tenido que escribir un papel que yo sabía que era un papel que estaba destinado a ser dialogado, yo mismo me daba cuenta de que amoldaba mi punto de vista para facilitar el diálogo. Para mí ha sido una experiencia grata en ese sentido.

EMILIO. —Está muy bien ese ejercicio.

DANIEL. —Yo he hecho lo mismo, así que estoy totalmente de acuerdo.

JUAN. —Bueno, pero iré al grano. La primera cuestión que yo plantearía a la hora de hablar de respuestas es que se necesitan sobre todo aquellas que puedan ser compartidas, porque tenemos problemas que son problemas de una sociedad en su conjunto. De una sociedad muy diversa, con intereses muy diferentes, con una distribución del poder y de los privilegios sin duda asimétrica. Tenemos que encontrar soluciones que sean viables. No me ha gustado nunca mucho la palabra consenso, pero sí creo que necesitamos ponernos de acuerdo. En estos momentos lo que es imprescindible es tratar de reactivar lo prioritario y, como decía Emilio, lo urgente es reactivar la economía española para que cree empleo, cree ingresos y evite el sufrimiento de la gente, que en definitiva es lo que buscamos.

Yo creo que reactivar una economía, hacer que una economía funcione adecuadamente, es lograr que se pongan en funcionamiento los que sabemos que son los cuatro motores que tiene una economía: el consumo privado, la inversión de las empresas, el gasto público y la demanda externa. No hay otra. Por lo tanto, tengo la convicción o tengo la sospecha de que, empezando por el final, la demanda externa es muy difícil de estimular, porque la magnitud de los problemas que tenemos impiden que sea un motor de la suficiente potencia como para poner a la economía española en marcha. Sin embargo, sí es verdad que a medio y largo plazo tenemos que hacer un esfuerzo para que, en la medida de lo posible, contribuya a ello.

Sobre el motor del gasto público, podemos entrar en consideraciones ideológicas, pero si somos pragmáticos, cuando no están funcionando los motores privados se tendrá que recurrir a él. Lo cierto es que en estos momentos el gasto público no es muy fácil que podamos recurrir a él ni siquiera aunque nos pusiéramos de acuerdo en que fuera imprescindible, porque no tenemos recursos propios y vamos a tener que seguir endeudándonos. Por tanto eso no es algo que esté a nuestra disposición. Sin embargo, creo que eso no debe llevarnos a que pasemos a la página siguiente. O sea, el motor del gasto público yo creo que todavía tiene un cierto recorrido, porque en el campo de los ingresos creo que hay margen para mejorar la recaudación, para mejorar el sistema. Yo creo que hay que intentarlo.

Naturalmente eso requiere una tarea diría casi cultural, pues no olvidemos que España es uno de los países de Europa que más justifica el fraude fiscal. Hay que optimizar la política de ingresos y tener en cuenta también que en materia de gasto público estamos por debajo de la media europea. Creo que hay gastos que hemos desmesurado y que han hecho una contribución al crecimiento y el bienestar que no ha sido la mejor. Yo creo que eso lo podríamos poner sobre la mesa. En España tenemos que pensar en lo que estamos gastando. Nuestras transferencias a las familias son inequitativas, no tiene sentido que eso esté ocurriendo, porque, entre otras cosas, eso lleva a que se deforme incluso el debate ideológico. Necesitamos un esfuerzo de diálogo y un planteamiento muy sincero en torno al gasto público. Ahora, yo sigo pensando que es un motor fundamental.

Y luego, quedan los dos motores que son casi el 70 % o casi más de la economía: el consumo de las familias y la inversión. Y en gran parte ambas variables están relacionadas con la renta. Ahí es donde nosotros tenemos a corto y medio plazo la piedra de toque para conseguir una reactivación sostenida. Un elemento que es fundamental es la pérdida progresiva de peso de los salarios en la renta nacional. Yo creo que eso está hundiendo la economía y que puede hacer que derive no solamente en un problema de demanda, sino también de productividad, de bienestar e incluso social y político. Esa es la cuestión central. Ahora bien, es una cuestión central muy difícil, la verdad, porque soy plenamente consciente de que la solución no es decir mañana: «Vamos a aumentar los salarios un 15 %». Es evidente que eso no es así. Entonces yo creo que tendríamos que reinventarnos la política de rentas, es decir, reinventarnos la manera de fortalecer las fuentes generadores de rentas endógenas, porque tampoco podemos pensar en reactivar la inversión o el consumo permanentemente a base de gasto público porque entonces eso es deuda antes o después. Yo creo que la cuestión está en reactivar la fuente de la generación originaria de renta que tiene dos vías básicamente: un reparto más equilibrado y generar una actividad que sea más potente desde el punto de vista de la productividad y el valor añadido.

Y además de todo eso tenemos que poner sobre la mesa el tema de la financiación, y yo sigo pensando que no está resuelto el tema financiero en España como he expuesto en mi texto anterior. Y hay también un tema que hay que exponer que es el de la deuda, sobre todo la deuda pública, yo creo que hay que abordarlo a escala europea pero de manera más realista…

EMILIO. —¿Te refieres a alguna solución excepcional de la deuda pública?

JUAN. —Yo creo dos cosas en ese sentido. Primero: la historia me dice que no se ha salido de ninguna crisis de deuda pública sin algún tipo de restructuración. Entonces, yo creo que conviene plantearlo, y que en la medida de lo posible tendríamos que alcanzar una solución europea. Segundo: creo que esta cuestión quizá tenga muy difícil solución, y que quizá sea imposible de resolver si España no empieza a convertirse en una mosca penosa para Europa. España tiene que dar un golpe en la mesa de Europa. Y yo creo que esa es una cuestión fundamental porque una cosa es aceptar que un socio de una unión monetaria pierde capacidad de maniobra, porque en eso consiste entrar en un club, y otra cuestión es que tú no tengas capacidad ninguna o que renuncies a la capacidad de intervenir de alguna manera en el tipo de solución que se le da a los problemas, cuando son problemas que además tienen que ver en gran parte con los demás socios.

DANIEL. —Yo creo que plantearía la solución con dos tipos de medidas, microeconómicas y macroeconómicas. Creo que olvidar las medidas estructurales es un grave error. Siempre se dice que la administración de Clinton fue la que mejor lo hizo en Estados Unidos en muchos años. Y todo el mundo se pregunta qué política económica hizo. ¡Pues ninguna! Lo que aprovechó fue el efecto de cola de los diez años anteriores. Pero más allá de demonizar el sector público o el sector privado, yo insistiría en la importancia de mirar dónde vamos a generar valor añadido. Y eso solo lo vamos a entender desde las dos partes, por eso hablábamos del plan Juncker. Se necesita la aportación de un sector privado que ayude al sector público, y un sector público que canalice las ayudas de una manera eficiente. Porque, como tú bien dices, lo que no hay es dinero para tirar de la chequera en blanco y volver a hacer puentes que no van a ninguna parte.

Para ser eficientes es muy importante mirar al exterior. Y cuando miro al exterior, ¿en qué pienso? Pienso, en vez de en subvenciones, en ayudas fiscales de coste cero; pienso, en vez de en gasto finalista, en créditos; pienso en oportunidades para emprender. El cambio del modelo de crecimiento no lo vamos a decidir nosotros tres, ni un consejo de ministros, ni la UE. Se va a decidir a través de la interacción de la oferta y la demanda. Entonces, el hecho de que confluyan esos dos elementos, para mí es muy importante, y el hecho de que sea a coste cero permite lo que para mí es el tronco fundamental de la recuperación en Europa y en España en particular, que es la recuperación de la renta disponible de las familias y de las empresas. Es decir, que haya más dinero en los bolsillos para que los que mejor se han comportado durante la crisis, los que más prudentes han sido, sean los que lleven a cabo esa mejora para que se reduzca la sobrecapacidad industrial y aumente el consumo.

También creo que es muy importante volver a revisar el esfuerzo fiscal. Rediseñar el concepto de los impuestos de una manera en la que no se haga como se hace en toda Europa y desafortunadamente en España, en la que cuando pierdes un sector que te generaba unos ingresos fiscales artificiales, lo intentes recuperar con todo lo que sobrevive, porque entonces se convierte en un incentivo perverso para el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas. No olvidemos que este es el país donde menos pymes se convierten en gran empresa.

Hay otro elemento también muy importante, que es el emprendimiento, el autoempleo, el moverse. España es un país donde la mayoría de los trabajadores nacen y mueren en un radio de menos de 70 kilómetros. Eso no puede ser. Hay un problema que tiene que ver en parte con la obsesión española de tener una casa en propiedad, de comprar una casa, pero también hay un problema de miedo a tomar riesgo. No es normal que España sea el país de toda la UE, olvídate de la OCDE, en el que los universitarios crean menos empresas. A la salida de la universidad todo el mundo busca colocarse. El autoempleo, el emprendimiento, todas esas cuestiones, tienen que fomentarse con apoyo fiscal. Lo que no puede ser es que un autónomo sea un generador de ingresos inmediatos cuando todavía no tiene ni siquiera un negocio que sea viable. Los autónomos y las pymes van a ser los que recuperen el empleo, y esto tiene que ver también con el tema de la productividad.

Cuando el empleo viene de sectores mucho más diversificados, también se evita que recaiga todo en la construcción y la hostelería, que es lo que ha generado el problema de salarios en el que todos estamos de acuerdo. Lo que hay que hacer es que se incentive, como ha ocurrido en Estonia, como ha ocurrido en tantos países, la creación de empresas de alto valor añadido.

En cuanto a las medidas macroeconómicas, yo creo que contamos con algo que es incuestionable: la política del BCE ya no va a ser nada más que expansiva a medio plazo, podrá ser un poquito más ajustada, pero aquí hay dos palabras que yo siempre repito a la gente cuando me pregunta, que son open-ended, abierto sine die. El apoyo de una política fiscal y una política microeconómica para hacer reformas estructurales va a estar ahí. Con eso podemos contar.

Ahora estamos recobrando una posición de fortaleza. Tenemos muchos elementos de confianza. En el pasado, una de las razones por las que perdíamos peso dentro de la UE es porque no teníamos con qué negociar. Para poder negociar tienes que tener algo que ofrecer, no solamente que pedir, y ese es el problema de algunos países periféricos. Yo creo que eso es una parte importante que el peso estructural de España dentro de la UE vaya creciendo desde el ejemplo. España se está convirtiendo en un ejemplo de salida de la crisis.

El papel de la política monetaria, en ese sentido, es de apoyo a la política fiscal. Yo creo que en España tenemos que plantearnos muy seriamente que no podemos tener una política fiscal que sea confiscatoria. Con una política fiscal confiscatoria el problema que generamos es que echamos a las rentas altas. En este país, hace seis años se consideraba rico a una persona que ganaba 100 000 euros al año; ahora se pone en 50 000 euros. Lo que tenemos que hacer es atraer capital, atraer inversión, atraer que la gente en vez de echarla. ¿Por qué se montan grandes empresas en Estonia, en lugar de en España? Porque allí hay una política fiscal que no es confiscatoria.

También estoy de acuerdo en que hay que hacer una revisión del gasto público. La gente en España quiere un Estado del Bienestar que sea sostenible y de calidad. Sostenible y de calidad significa que no puede ser deficitario eternamente, porque lo que acaba pasando al final es que ese Estado del Bienestar termina hundiéndose con el resto de las partidas. Creo que hay que priorizar que la educación, en la que gastamos un 15 % de media más que la OCDE por alumno, sea una educación orientada a crear oportunidad, es decir, a crear empresas, a que los alumnos puedan montar sus propios negocios, que los estudiantes tomen la iniciativa. Que no aprendan a acumular conocimiento, sino que aprendan a manejarse en el mundo. La educación para mí es esencial. Y para sostener esos gastos públicos, también es muy importante atraer capital con seguridad jurídica. Tenemos que tener unas instituciones de calidad y sobre todo confiables, que no atraigan capital especulativo, sino capital de largo plazo.

No se pueden solucionar los desequilibrios en las cuentas de los Estados tirando del que ha ahorrado o del que lo ha hecho bien, es una penalización de la actividad productiva. Lo que tenemos que hacer es que esa actividad productiva crezca, que las empresas que ahora son pymes lleguen a ser grandes empresas, que los autónomos crezcan. Y eso se consigue mediante una política fiscal muchísimo más orientada a reducir el esfuerzo fiscal. Yo creo que hay que hacerlo desde una política seria que no sea la de demonización del todo, que no diga que todo está mal.

Y con respecto a Europa, también hay algo que es muy importante: España aporta a Europa muchas cosas que son muy necesarias ahora. Primero: tenemos cinco empresas entre las diez mejores empresas de ingeniería del mundo. Tenemos un know-how adquirido en renovables y en infraestructuras que es de muchísima ayuda. Podemos ser un elemento esencial en Europa de diversificación de suministro de energía, de gas para el resto del continente, para no depender tanto de Rusia. Tenemos otro elemento absolutamente esencial del que siempre nos olvidamos de hablar, que es el de la sanidad.

Tenemos una población que envejece en Europa y en España tenemos una industria de la sanidad y del cuidado de los mayores que está extremadamente desatendida por una fiscalidad completamente confiscatoria. Con las ayudas fiscales adecuadas podríamos ser la Florida de Europa. Puede ser muy importante. Y, cuando hablamos de valor añadido, hay que poner énfasis en que en las universidades, los profesores, las cátedras y los universitarios creen empresas. Hay que poner también las patentes como elemento esencial de recepción de ayudas. No puede ser que tengamos un gasto en I+D similar al de otros países de la UE y que tengamos menos patentes que ningún país de la OCDE. Aquí hay otra vez un problema de incentivos perversos. No puede ser, como decía antes, que el proyecto que más se ha llevado de I+D sea el de la bicicleta en Andalucía. Hay que acabar con el incentivo de la subvención para poner el círculo virtuoso de las ayudas fiscales y de las mejoras. Hay que poner ayudas en forma de créditos o de reducciones de impuestos. Desde mi punto de vista, así es como ganaremos peso en Europa.

Y la última pata para mí es el sector financiero. Demonizamos el sector financiero, que me parece perfectamente lógico después de una crisis, pero nos olvidamos de que tenemos un sector financiero que tiene un equipo profesional absolutamente espectacular. Y que es un elemento esencial para cambiar esta bancarización que tenemos analizada como parte del problema. Para cambiar la bancarización tenemos que contar con una regulación que no sea restrictiva y que permita el cambio. Que tengamos esa tercera pata para que la silla esté bien estabilizada. Y así es como empezaremos a ver el cambio en el modelo productivo. El cambiar el círculo vicioso de subvención, gasto finalista, endeudamiento, mayores impuestos, menos salarios, menos consumo… por el círculo virtuoso de ayudas fiscales, menor esfuerzo fiscal, mayor consumo, mejora de la renta disponible y, por lo tanto, mayor inversión empresarial y mayores salarios. Esa es para mí la gran diferencia. Y contamos con un apoyo de la UE que creo que es incuestionable.

EMILIO. —Yo diría varias cosas. Uno: para garantizar la sostenibilidad hay que flexibilizar las exigencias presupuestarias. Flexibilizar la política presupuestaria quiere decir, en mi opinión, dos cosas que son urgentes y una importante. Lo urgente es sacar del cómputo del déficit público la inversión pública. Es lo que yo propongo. Y que las economías con un superávit público estimulen la inversión pública. El caso de Alemania es obvio, porque además Alemania ha erosionado sus infraestructuras físicas de una forma espectacular. Y lo importante es mejorar la demografía empresarial. Fortalecer la tasa de natalidad empresarial, que en España es muy baja, y también fomentar que nuestras empresas crezcan. En España tenemos una amplísima mayoría (superior al 90 %) de microempresas. Y sabemos que existe una clara relación entre tamaño empresarial y generación de ganancias de productividad.

Dos: hay que educar, hay que invertir en educación, en I+D. España se ha quedado a la cola del mundo (ya no hablo solo de Europa). Según los últimos datos, el I+D está en el 1,2 % del PIB. Inquietante.

Tres: diversificación financiera. Creo que hay que procurar que haya instrumentos e instituciones nuevas en nuestro sistema financiero. No tanto ir contra la banca, sino facilitar que haya nuevas criaturas en el ecosistema financiero. Diversificar su estructura institucional.

Cuatro: eficiencia de las administraciones públicas. Creo que aquí hay que definirse. Yo soy partidario del Estado de las autonomías, de la descentralización fiscal, de la descentralización de la toma de decisiones, pero hay que generar criterios de productividad, lo mismo que en las empresas. Criterios de coordinación. Este es un país que tiene reconocido en su constitución, y bien reconocido, el Estado de las autonomías. Y hay que preservarlo porque en ocasiones hay colegas que creen que, en la gestión de la crisis, habría que eliminar las autonomías Y yo creo que no. Hay que establecer mecanismos de coordinación mucho mayores. El autogobierno es una exigencia objetivamente positiva. Incluido el federalismo fiscal. Creo que la conformación fiscal del Estado de las autonomías, hoy, no es muy distinta de uno de los esquemas del federalismo fiscal que se propusieron hace 10 o 15 años. Pero sí creo que hay que mantener mecanismos de coordinación. Por ejemplo, no se puede, a día de hoy, no garantizar la interlocución digital única en todo el Estado español. Es una premisa de inserción en las tecnologías de la información, pero al mismo tiempo de democracia, de derechos de los ciudadanos. Yo, nacido en Ciudad Real, tengo que tener derecho a utilizar la misma acreditación si quiero abrir un negocio en el País Vasco o trasladar mi expediente académico a Granada.

Y dejadme que diga la última cosa: eficacia fiscal, lucha contra el fraude. España no puede seguir siendo el paradigma, junto a Italia, de la economía sumergida. Hay que luchar contra el fraude. Y luchar contra la desigualdad. La desigualdad no es rentable. Eso ya lo hemos dicho algunos hace años, pero hace un par de semanas, acaba de sacar un documento la OCDE, que no es un peligroso grupo izquierdista, diciendo: «La evidencia nos dice que aquellos países que reducen la desigualdad y fomentan el crecimiento de las clases medias tienen un ritmo de crecimiento potencial mayor». España está saliendo de la crisis con una de las brechas en distribución de renta y riqueza más vergonzosas. Más allá de consideraciones de otro tipo (morales, sociológicas, éticas), es que no es rentable. Rajan, el que fuera economista del FMI, hoy gobernador del Banco de la India, ya lo dijo: la desigualdad invita al endeudamiento excesivo en el sector privado, a una suerte de emulación a las rentas más altas, que no es sano. Estados Unidos y algunos países de Europa han demostrado que la potenciación de las clases medias, la reducción de la brecha de renta y de la riqueza es buena incluso para las empresas. Ahí está el ejemplo de Warren Buffett reclamando una fiscalidad más progresiva.

DANIEL. —Sin embargo, Warren Buffett gana 17 800 veces más que el salario medio de su empresa. Entonces, claro… Yo creo que es una cuestión de prioridades.

EMILIO. —Por eso hay que distinguir entre lo urgente y lo importante.

DANIEL. —Yo creo que hay cosas que son consecuencia. En un sistema en el que el crecimiento no esté basado en la subvención y el endeudamiento, la desigualdad en sí misma empieza a reducirse. Si es empírico, pero empírico de verdad: cuando hemos estado con unos niveles de esfuerzo fiscal muchísimo más bajos, con unos niveles de endeudamiento público y privado mucho más bajos, es cuando hemos conseguido reducir la desigualdad a niveles que llegaron a estar prácticamente igual que la UE.

EMILIO. —En los últimos 30 años hemos aumentado la desigualdad en España. Incluso gobiernos socialdemócratas han aumentado la desigualdad.

DANIEL. —Pero en cualquier caso, la desigualdad o la igualdad son conceptos que son consecuencias. Igual que el crecimiento. El crecimiento no es una política, el crecimiento es una consecuencia de muchas cosas. Para mí lo importante es, primero, que la educación sea una educación orientada a la meritocracia, a la competitividad, a la innovación. Pero eso no puede venir de una educación orientada a crear funcionarios y ciudadanos clase B. Eso lo hemos discutido hace décadas. Eso lo primero. Lo segundo es aprender a emprender, a no demonizar el riesgo, a no demonizar el fracaso, porque, claro, en este país parece que el señor que se monta un bar y lo ha tenido que cerrar no puede hacer nada más en su vida, está acabado, es un paria del mundo. No, hombre. Y la segunda parte es poner encima de la mesa el modelo productivo.

EMILIO. —¡No lo llames modelo productivo! Es el patrón de crecimiento. ¿La propiedad privada vamos a cambiarla acaso?

DANIEL. —Bueno, pues lo importante es que el patrón de crecimiento, o como lo queramos llamar, no venga impuesto desde una decisión quinquenal, porque lo que terminamos siempre es equivocándonos y terminan pagándolo los que podrían cambiar el patrón de crecimiento. Ese es el problema de España, el problema de España y de Europa. Yo quiero que España crezca y mejore desde lo que podemos controlar, desde lo que podemos hacer. Yo no sé si los alemanes van a consumir. Tengo una idea, y creo que no lo van a hacer. Entonces, lo que no podemos intentar es cambiar el patrón de crecimiento, pero lo que sí podemos hacer es no tener que depender de eso. Para no tener que depender de eso, tenemos que continuar incentivando que la exportación en España vaya mejorando en cuanto a valor añadido. Que las microempresas pasen a ser pymes, y que las pymes pasen a ser gran empresa. Eso se consigue con una política fiscal en la que no salga siempre penalizado el que se queda y el que lo ha hecho bien. Que salga penalizado el que lo ha hecho mal. Que la política fiscal no tenga un objetivo puramente recaudatorio, sino un objetivo de crecimiento.

EMILIO. —Y de distribución.

DANIEL. —Y de distribución. Pero sobre todo de crecimiento, porque sin crecimiento no hay distribución. Lo que terminas distribuyendo es cada vez menos. Entonces, si tú tienes una política fiscal cuyo objetivo es el crecimiento, tu base de ingresos va aumentando. Si tienes una política fiscal cuyo objetivo es solamente la distribución, te pasa lo que nos ha pasado: que se pasa de que el rico es quien gana 100 000 euros, a que el rico es el que gana 50 000, y dentro de tres años va a ser el de 30 000.

Y, finalmente, yo creo que hay que combinar una política monetaria prudente, que creo que ya está garantizada, con medidas estructurales. Y tenemos que tatuarnos en la frente: «No queremos volver al año 2007». Eso es lo que nos va a sacar de la crisis. En resumen, educación, política fiscal y combinación de sector público y privado desde el coste cero para el contribuyente.

Epílogo

Somos conscientes de que los problemas económicos no se resuelven por el simple expediente del diálogo entre economistas. La solución a los problemas que nos preocupan, desde el paro a la deuda, pasando por el cierre de empresas o la innovación insuficiente, no depende de ninguna persona en particular, ni de un solo grupo de la población. No se pueden arreglar por un grupo de economistas, por muy amplio o valioso que sea, sino en el marco de las instituciones en donde se revelan las preferencias ciudadanas. Pero es también evidente que si las propuestas rigurosas que pueden hacer los economistas no afloran y se pulen resulta imposible que la sociedad en su conjunto pueda encontrar el camino adecuado para mejorar la economía. Y un escollo que suele ser fatal para ello y que impide que se puedan encontrar soluciones eficaces a nuestros problemas económicos es la falta de diálogo, la incapacidad para llegar a acuerdos y la falta de disposición para ver que la verdad o lo que conviene hacer no siempre está completamente en nuestro lado.

Con el debate que hemos mantenido en este libro hemos pretendido contribuir a crear el clima social de libertad de pensamiento y respeto que tenemos la convicción es el que puede permitir que broten las soluciones que nuestra economía necesita. Y, sobre todo, hemos querido mostrar que se puede generar dicho clima sin demasiada dificultad y con independencia de la lejanía que pueda haber entre los distintos puntos de vista, a poco que haya voluntad de diálogo y deseo de entenderse para encontrar puntos de encuentro y aprender unos de otros y no solo para tirar las ideas propias sobre la cara de quien piensa de otro modo.

El gran maestro de pedagogos Paulo Freire decía que el diálogo es la comunicación que «no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza» y también que «solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo».

Esa práctica, el diálogo constante de esa naturaleza nos parece que es el prerrequisito para afrontar con éxito las grandes dificultades de nuestra economía en una etapa tan convulsa como la que nos está tocando vivir. Hay que rechazar los falsos debates de etiquetas y reconocer lo esencial de las ideas y no partir de la base de que es el otro quien está equivocado, ni abordar con simplezas las cuestiones complejas.

Al poner las ideas de cada uno de nosotros frente a las de los demás se puede descubrir la riqueza del pensamiento ajeno y las debilidades del nuestro pero también es así como se refuerzan del mejor modo posible nuestras propias ideas, al tener que defenderlas abiertamente y sin prejuicios. Todos aprendemos y nadie pierde cuando se dialoga con respeto y prudencia, cuando se escucha al mismo tiempo que se expone y cuando se corrige a uno mismo al tiempo que se critica a los demás.

El debate entre posiciones tan distintas como las que en algunos campos defendemos los autores de este libro no garantiza que se llegue a un completo acuerdo sobre todas las cuestiones sobre las que se dialoga. Es lógico y seguramente hasta bueno. Pero sí que acerca mucho las posiciones, pues la discusión colectiva con ánimo de construir y no de derrotar a quien piensa diferente obliga a contemplar perspectivas que no siempre se tienen en cuenta cuando se habla solamente con quien coincide con nuestro modo de ver las cosas. De hecho, nosotros, que partíamos de puntos de vista que muchas personas considerarían irreconciliables, hemos llegado a acuerdos y tenemos muchas más coincidencias que antes de iniciar el debate. Hemos comprobado que estamos de acuerdo en aspectos esenciales, y creemos que igual podría ocurrir si un debate de esta naturaleza se extrapolase a otros economistas o incluso al conjunto de la sociedad. Coincidimos, por ejemplo, en que hay que mejorar nuestras instituciones para fomentar una actividad económica más eficiente y satisfactoria; el debate nos ha llevado a consensuar que necesitamos más competencia en más sectores y actividades económicas; hemos llegado al acuerdo de que las finanzas deben apoyar y reforzar la actividad productiva o de que ha de aumentar la masa salarial para que no se venga abajo la demanda interna; y hemos llegado conjuntamente a la conclusión, entre otras, de que hay que ampliar y mejorar la evaluación de todos nuestros gastos, que hay que salvar y fomentar la educación y la formación, que la innovación es imprescindible y la dependencia empresarial de las decisiones públicas una rémora.

Por supuesto que junto a esos acuerdos quedan diferencias entre nosotros, el resultado lógico de la formación y experiencia distintas o de nuestra ideas más generales sobre la economía y la sociedad o la vida en general. Pero de esas diferencias aprendemos y no nos preocupan porque son la expresión de la diversidad que nos enriquece y sin la que no puede entenderse el mundo en el que actuamos ni la vida inteligente de los seres humanos.

Todo eso ha reforzado nuestra convicción inicial: el debate y el diálogo son los inductores esenciales del clima social en el que mejor pueden resolverse los problema económicos. Aunque, eso sí, no somos tan ingenuos como para creer que ocurra así de cualquier manera. Hace falta también una gran dosis de solvencia técnica y de conocimiento especializado. Podemos discutir durante horas o días sobre nuestras preferencias en materia de impuestos o de pensiones, de políticas de empleo o en cualquier otro campo pero el debate no llegará muy lejos si no conocemos con rigor los mecanismos de funcionamiento de la vida económica. Una cosa es asumir que las soluciones a los problemas económicos derivan siempre de una preferencia social u otra y que el diálogo más abierto posible es el que mejor garantiza que se adopten las más satisfactorias y otra no tener en cuenta los hechos objetivos que hacen que sean más o menos eficientes. Ponerse de acuerdo sobre la conveniencia de subir o bajar un determinado impuesto o todos ellos quizá no sea muy difícil pero elaborar un modelo que muestre con realismo y precisión el efecto que esa medida tendría sobre el empleo o el bienestar es algo bastante más complicado. Y, sin embargo, es algo esencial no solo para el debate en sí, sino para aplicar sus conclusiones o para saber el efecto de las medidas que se vayan tomando.

En definitiva, después del debate que hemos mantenido es mucha mayor nuestra disposición a llegar a acuerdos y el empeño que estamos dispuestos a poner para encontrarlos. Y, por descontado, ahora estamos mucho más seguros que al inicio del debate de algo fundamental: si todos los españoles afrontásemos las diferencias con la cordialidad, con el respeto y con la disposición al encuentro con que hemos abordado las nuestras, España sería sin lugar a dudas el gran país con el que todos soñamos. Por eso queremos terminar estas páginas con una llamada urgente al diálogo y a la generosidad que permita tender puentes y poner en primer plano lo que une a los españoles y no los que nos separa.

GRÁFICOS ILUSTRATIVOS

Variación del PIB

Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado en moneda local, a precios constantes.

Fuente: Banco Mundial.

Inflación, precios al consumidor (% anual).

La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación porcentual anual en el coste para el consumidor medio de adquirir una canasta de bienes y servicios que puede ser fija o variable a intervalos determinados, por ejemplo anualmente.

Desempleo en porcentaje de la población activa total

El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo.

Fuente: Banco Mundial.

Evolución de la población de España

Datos en millones.

Fuente: INE.

Crecimiento del PIB per cápita (% anual).

Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB per cápita en moneda local, a precios constantes.

Fuente: Banco Mundial.

Superávit/déficit público (% del PIB).

El superávit/déficit de efectivo es el ingreso (incluso por donaciones) menos el gasto, menos la adquisición neta de activos no financieros.

Deuda pública (% sobre el PIB).

Fuente: Eurostat.

Desigualdad

Número de hijos por mujer

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DANIEL LACALLE. Es economista y gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, posee el título de analista financiero internacional CIIA (Certified International Investment Analyst), máster en Investigación Económica (UCV) y posgrado (PDD) por el IESE (Universidad de Navarra).

Su carrera en gestión de carteras e inversión comenzó en Estados Unidos y continuó en Londres (en Citadel y Ecofin Limited), abarcando renta variable, fija, capital riesgo y materias primas.

Ha sido votado durante cinco años consecutivos en el Top 3 de los mejores gestores del Extel Survey, el ranking de Thomson Reuters, en las categorías Estrategia General, Petroleo y Eléctricas.

Previa a su etapa como gestor, trabajó como analista financiero en ABN Amro (hoy RBS), y llevó a cabo distintas responsabilidades en Repsol y Enagas, donde recibió el premio a la mejor OPV (IR Awards 2002).

Daniel Lacalle es autor de Nosotros, los Mercados (2013). También es autor del bestseller Viaje a la Libertad Económica (2013) y La Madre de Todas las Batallas (2014, junto a Diego Parrilla), publicado originalmente en inglés como The Energy World Is Flat.

Sus dos obras más recientes son Acabemos con el Paro (2015) y Hablando se Entiende la Gente (con Juan Torres y Emilio Ontiveros).

Escribe una columna diaria en El Confidencial, y colabora habitualmente en La Razón, Inversión, la CNBC, BBC, El Mundo, Intereconomía, 13TV, Espejo Público, La Sexta, The Commentator y The Wall Street Journal.

Daniel Lacalle ha dado clases en la London School of Economics (verano 2013, 2014 y 2015), Instituto de Empresa (Economía para Inversores), Escuela AFI (2012) y en el master MEMFI de la UNED (2013 y 2014).

EMILIO ONTIVEROS BAEZA. Es catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), de la que fue Vicerrector durante cuatro años. Es fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi), consultora a la que pertenecen un centenar de profesionales. Es autor de numerosos trabajos académicos sobre economía y finanzas. Entre sus libros: La economía en la red. Nueva economía, nuevas finanzas, Global Turning Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century con Mauro Guillén, traducido al español como Una nueva época. Los grandes retos del siglo XXI, con Mauro Guillén, El Rescate, en coautoría con Ignacio Escolar, El ahorrador inteligente, con David Cano y A new era in Banking. Landscape after the battle con Á. Berges, M. Guillén y J. P. Moreno. Dirigió la revista Economistas, del Colegio de Economistas de Madrid, y forma parte de diversos consejos de redacción de publicaciones especializadas.

JUAN TORRES LÓPEZ. Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad académica y ha sido secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Autor de numerosos artículos científicos y de divulgación económica y de una veintena de libros, además de dirigir o participar en numerosas obras colectivas como el best seller Reacciona.