Las pensiones se encuentran en el centro del debate político en España. La propuesta del gobierno de retrasar a los 67 años la edad de jubilación ha sembrado la inquietud en una ciudadanía que se hace hoy muchas preguntas: ¿Cuáles son las verdaderas amenazas? ¿A quién interesa que las pensiones sean privadas? ¿Llevan razón quienes dicen que son inviables? ¿Qué conviene hacer para garantizar su futuro?

Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

¿Están en peligro las pensiones públicas?

Las preguntas que todos nos hacemos

Las respuestas que siempre nos ocultan

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Titivillus 04.02.16

Título original: ¿Están en peligro las pensiones públicas?

Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, 2010

Diseño de cubierta: Miguel Vagalume

Fotografía de Sergio Bastida Nunes, bajo licencia Creative Commons

Los textos de este libro son de libre difusión (copyleft) y proceden de ATTAC-España

Editor digital: Titivillus

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Introducción

Los cambios sociales de los últimos años han sido extraordinarios. Se ha producido una gran revolución tecnológica que ha traído consigo nuevas formas de producir, nuevas relaciones laborales, modos de gobernar diferentes y un reparto de las rentas y de los frutos del progreso mucho más desigual e injusto. En el capitalismo de la postguerra había un equilibrio de poderes que permitió mantener potentes estructuras de bienestar pero en los años setenta el mundo empresarial se rebeló frente a este estado de cosas. Con el liderazgo de políticos como Pinochet, Reagan y Tatcher se aplicaron políticas neoliberales que han dado lugar a un capitalismo sin bridas ni limitaciones que no admite contemplaciones a la hora de apostar por las rentas financieras y del capital en perjuicio de los trabajadores y amplios sectores de las clases populares.

Eso se ha podido producir porque se ha propiciado un gran cambio moral y en los valores sociales. El equilibrio social en torno al bienestar colectivo ha sido sustituido por un capitalismo insolidario que rompe con la cohesión social. Se ha debilitado a la sociedad para sostener la convivencia en el individualismo y los ciudadanos han quedado envueltos en una avalancha de mensajes que les impiden entender que su situación es la de otros muchos millones como ellos. Y así, aislados, solo saben gobernarse a sí mismos aspirando a salir individualmente de la frustración y del entorno fantaseado por los grandes medios de información y persuasión que los envuelve.

En tales medios se presentan como verdades científicas y objetivas argumentos que son claramente erróneos e ideológicos y que no tienen detrás sino la búsqueda compulsiva de más beneficios y mejores condiciones de acumulación para los afortunados que todo lo tienen.

Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías.

Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.

Lo que quieren lograr con esos discursos es muy sencillo: que sean los bancos y no los poderes públicos quienes manejen el ahorro colectivo, y que ese ahorro se gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no equidad o solidaridad entre una generación y otra.

La privatización de los sistemas públicos de pensiones es, posiblemente, una de las medidas más beneficiosas del capital financiero, puesto que permitiría poner en manos de los bancos y entidades financieras volúmenes ingentes de recursos, quizá suficientes para garantizarles el dominio total sobre las economías y las fuentes de creación de empleo, renta y riqueza. Es decir, del poder.

Y precisamente por ello es urgente reaccionar y evitar el brutal asalto que se proponen sin descanso. En primer lugar, desvelando los errores y las falsedades en que se basan sus discursos y, además, tratando de movilizar a los ciudadanos para que defiendan por todos los medios sus derechos y las conquistas sociales que tanto esfuerzo costó alcanzar.

Este texto divulgativo y escrito en un tono muy conciso intenta contribuir a esa toma de conciencia y a esa movilización. Porque solo la movilización ciudadana puede parar esta enorme avalancha ideológica que se presenta como científica, y que en realidad responde a unos intereses concretos, contrarios a los intereses generales de las clases populares. Es propósito de este trabajo mostrar la falsedad de sus argumentos, con datos e información que niegan su veracidad y credibilidad.

Animamos a sus lectores a divulgarlo y hacer de estos argumentos un arma de debate y de concienciación para evitar que se sigan dando pasos hacia atrás en el ejercicio de los derechos ciudadanos y del bienestar al que todos las mujeres y hombres del mundo tienen derecho.

Vicenç Navarro, Juan Torres López, Alberto Garzón Espinosa

Febrero de 2010

¿Qué son las pensiones y cómo se financian?

¿Qué es un sistema público de pensiones?

Un sistema público de pensiones es un mecanismo que el Estado mantiene con el fin de garantizar unos recursos que en teoría (y no siempre en la práctica) permitan mantener un nivel digno de vida a aquellas personas que han dejado de percibir tales recursos por causas ajenas a su voluntad como pueden ser la jubilación, la invalidez o la muerte[1].

¿Qué tienen que ver las pensiones públicas con la Seguridad Social?

El sistema público de pensiones forma parte del sistema de la Seguridad Social, que es un instrumento del Estado que, además de las pensiones, abarca muchos más ámbitos de protección social.

¿Qué es la Seguridad Social?

La seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles.

Según la Organización Internacional de Trabajo es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos[2].

¿De qué riesgos nos protege, entonces, la Seguridad Social?

La Seguridad Social cubre las privaciones que puedan sufrir los individuos a causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

Por tanto, incluye entre otros servicios la asistencia sanitaria, las prestaciones por incapacidad temporal, las prestaciones por maternidad, las prestaciones de atención a la tercera edad, las prestaciones por desempleo y las pensiones.

¿Cuándo nace la Seguridad Social?

El movimiento obrero es el que inicia la demanda de que se garantice la seguridad y protección social durante el siglo XIX. Son los movimientos socialistas los que piden la universalización de tal protección social, incorporando los derechos sociales y laborales como parte de la condición de ciudadanía. En esta concepción, la financiación de tales derechos provendría de los fondos generales del Estado y la provisión sería la responsabilidad del Estado. Este modelo (erróneamente llamado modelo de Beveridge, pues el modelo que este autor inspiró no fue universal) se desarrolló en aquellos países donde el movimiento obrero fue más fuerte.

En el otro modelo, el movimiento obrero no consiguió la universalización pues la resistencia de las clases dominantes en aquellos países lo impidió. Este segundo modelo no universalista garantizó la protección social de los trabajadores y sus familias a través de las aportaciones de los trabajadores y empresarios a las Cajas de la Seguridad Social, recibiendo los beneficios sociales según su nivel de contribuciones. Con el tiempo, y como resultado de las presiones continuas del movimiento obrero, este segundo modelo se ha ido extendiendo, alcanzando niveles de cobertura muy extenso, aún cuando nunca ha llegado a ser universal. Se le llama modelo Bismarck pues se estableció durante el gobierno conservador del Canciller de Alemania Otto von Bismarck (en 1883, con la Ley del Seguro de Enfermedad). El término Seguridad Social fue utilizado por primera vez en EEUU, durante la Administración Roosvelt.

La diferencia fundamental entre los dos modelos es que el primero es un sistema de solidaridad entre los ciudadanos y el segundo es un sistema de ahorro forzoso en el que los derechos se adquieren según el nivel de aportaciones basados en el mercado de trabajo.

¿Cuándo nace la Seguridad Social en España?

Se suele decir que nace de modo parcial en 1900 que es cuando se crea el primer seguro social que fue la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión en el que se integraban las cajas que gestionaban los seguros sociales que entonces ya iban surgiendo.

Más tarde fueron naciendo otros derechos o seguros sociales como el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), el Seguro de Paro Forzoso (1931), el Seguro de Enfermedad (1942), y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). Durante la dictadura que gobernó España durante cuarenta años se promulgaron leyes (1963, 1966) que pretendían la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social para todos los trabajadores pero en realidad dejó a muchos de ellos y a sus familias fuera del sistema. Las cotizaciones no tenían mucho que ver con los salarios reales de los trabajadores y, además, no se aportaban los recursos suficientes. Solo en la década de los ochenta comenzó a universalizarse el sistema de seguridad social para que llegara a todos los ciudadanos y se sentaron las bases para su estabilidad financiera.

¿Cómo se financia la Seguridad Social?

Originalmente, el sistema de seguridad social se financiaba mediante las cotizaciones sociales a lo que más tarde se añadieron fondos de los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, se financian a partir del salario de los propios trabajadores y de los impuestos que pagaban todos los ciudadanos en proporciones que han variado a lo largo del tiempo y en los diferentes países.

Las reformas sucesivas que se han llevado a cabo en España y la aprobación del Pacto de Toledo (1997) establecieron lo que pasó a llamarse «separación de fuentes de financiación». Lo que quiere decir que las prestaciones contributivas se financian a través de las cotizaciones sociales y que las prestaciones no contributivas y universales mediante las aportaciones del presupuesto del Estado (a través de impuestos generales).

Actualmente, las cotizaciones sociales representan aproximadamente el 88,1% de los recursos de la Seguridad Social, y las transferencias del Estado el 8,9%.

¿Qué son las cotizaciones sociales?

Son una parte del salario de los trabajadores que se destina a financiar la Seguridad Social. Una proporción de ellas la transfieren los empleadores directamente al Estado y otra se descuenta de la nómina de cada trabajador o trabajadora pero, en ambos casos, salen o forman parte de la retribución de los asalariados. Por eso, cuando se propone reducir las cotizaciones sociales lo que realmente se está haciendo es proponer que bajen los salarios puesto que el empresario no sube el salario directo del trabajador cuando baja el salario indirecto (es decir la cotización social).

¿Es obligado que se financie de esa forma la Seguridad Social?

No. Como veremos más adelante, cada sociedad puede elegir el modelo de financiación que considere más favorable o coherente con los objetivos que desee alcanzar. El que un país tenga un sistema u otro depende en gran manera de las relaciones de fuerza existentes entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial.

¿Qué tipos de sistemas de pensiones hay?

Se pueden clasificar desde dos puntos de vista fundamentales. Por un lado, los sistemas de pensiones pueden basarse en dos modelos generales: el modelo contributivo y el modelo universalista o no contributivo. Por otro, se distinguen dos sistemas, uno de reparto y otro de capitalización.

En el modelo contributivo reciben pensiones aquellas personas que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Bajo este sistema los empresarios tienen que destinar a la Caja de la Seguridad Social una parte del salario del trabajador en forma de cotizaciones sociales, las cuales se van acumulando en un fondo del que se obtendrán las pensiones en la época de jubilación. Se dice que es un sistema contributivo porque en realidad el trabajador está destinando forzosamente una parte de su salario a un fondo personal del que se obtendrán en su momento las pensiones de su jubilación.

El modelo universalista o no contributivo, en cambio, está basado en los principios de solidaridad entre ciudadanos y bajo su aplicación reciben pensiones todas las personas de una sociedad con independencia de que hayan trabajado o no a lo largo de su vida.

¿Qué diferencia existe entre las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas?

Las pensiones contributivas son aquellas que se calculan a partir de las cotizaciones sociales que cada trabajador ha realizado durante su vida laboral. Su cuantía final depende, precisamente, de la cantidad y cuantía de dichas cotizaciones. Se financian íntegramente a partir de las cotizaciones sociales.

Las pensiones no contributivas son aquellas pensiones que el Estado proporciona a aquellas personas que de otra forma carecerían de todo tipo de ingresos tras su jubilación, bien sea por no haber cotizado suficiente o por no haber trabajado nunca en el mercado de trabajo. La cuantía de este tipo de pensiones está establecida por ley y se financian a través de los impuestos.

¿De qué depende la cuantía de las pensiones no contributivas?

Sencillamente depende de la voluntad política del gobierno de turno. Así, si consideran que las cuantías actuales son insuficientes para proporcionar un nivel de vida digno, podrán subirlas financiándolas a través de los presupuestos del Estado. Si, por el contrario, consideran que son suficientes en su cuantía, entonces las mantendrán como están.

¿Cuál es el sistema que hay en España?

En España, como en la mayoría de los países desarrollados, existe un sistema mixto que combina el modelo contributivo con el modelo no contributivo.

Así, las pensiones contributivas se calculan de acuerdo a lo que cada persona ha cotizado a lo largo de su vida laboral. Y para aquellas personas que no han cotizado o cuyas pensiones son insuficientes para un nivel de vida digno existen un tipo de pensiones mínimas (no contributivas) que regula el Estado.

¿Qué son los planes de pensiones privados?

Los llamados planes de pensiones privados son distintos a los planes de pensiones públicos. En realidad, no son pensiones. Son fondos privados constituidos simplemente por el ahorro que cada persona va depositando voluntariamente poco a poco en una entidad gestora —normalmente un banco— hasta el momento de su jubilación. Esta entidad gestora invierte ese ahorro en algún activo privado —por ejemplo en el mercado financiero— y obtiene una rentabilidad con ello. Una vez la persona se jubila puede retirar esos fondos que fue ahorrando durante su etapa laboral más la suma de los intereses que tales fondos pueden haber producido durante todos aquellos años. Esta suma puede transformarse en una resta cuando los intereses son negativos, es decir, cuando la rentabilidad de los ahorros e inversiones es negativa como ocurre en las recesiones.

¿Qué es un sistema de capitalización?

Un sistema de pensiones de capitalización es aquel en el que cada cotizante recibe al final de su vida activa la pensión que se corresponde con los fondos que ha ido acumulando y que el sistema capitaliza a lo largo del tiempo invirtiéndolos en activos privados que generan intereses. Así, la pensión que finalmente reciba se calcularía en función que lo que cada trabajador haya cotizado por él mismo más los intereses devengados. Bajo este método cada trabajador se paga su propia pensión pero en una cuantía que en realidad depende del rendimiento que el sistema sea capaz de obtener de los fondos que acumule. Este rendimiento puede ser positivo o negativo. De ahí el riesgo que este tipo de pensiones tiene para el pensionista.

¿Qué es un sistema de reparto?

El sistema de pensiones de reparto es aquel en el que los trabajadores van cotizando día a día y con los fondos que actualmente se han generado se pagan las pensiones de los jubilados que en ese momento tienen derecho a recibirlas, mientras que las pensiones de los jubilados de mañana se pagarán con las cotizaciones que en su día estén aportando los trabajadores. Este es el método que se aplica en España.

¿Por qué las pensiones en España son un mecanismo de redistribución?

Por dos razones. Primera, porque transfieren rentas desde los períodos de actividad hacia los períodos de no-actividad, ya que las rentas que los beneficiarios reciben cuando no trabajan han sido generadas en los períodos de actividad.

Y segunda porque también redistribuyen intrageneracionalmente, es decir, entre distintas generaciones, ya que las rentas percibidas por los beneficiarios, normalmente personas jubiladas y con más de 65 años, provienen de las contribuciones que realizan los trabajadores de ese momento y que pertenecen a generaciones posteriores.

¿Podemos considerar que las pensiones son parte del salario?

Efectivamente las pensiones son una parte del salario de los trabajadores, tal y como hemos dicho que lo son las cotizaciones sociales. Son un salario diferido y que en la literatura económica se conoce como parte del salario indirecto. En un sentido amplio, la retribución que reciben los trabajadores la forman el salario directo, que es el que perciben directamente cuando cobran la nómina; y el salario indirecto, que perciben en forma de bienes públicos que en realidad se financian con sus contribuciones; y el salario diferido, que son las pensiones.

¿Qué se quiere decir cuando se habla de «crisis» de las pensiones públicas?

¿Por qué se habla de crisis del sistema público de pensiones?

Como hemos señalado, los sistemas modernos de pensiones se consolidaron en la fase de expansión posterior a la segunda guerra mundial, en la época que se ha llamado la «época dorada del capitalismo».

Durante esta época, hubo un pacto social entre el mundo del trabajo, por un lado, y el mundo del capital por el otro. En este pacto, los trabajadores y sus sindicatos aceptaron el derecho a la propiedad por parte de los empresarios a condición de que estos aceptaran la expansión de los derechos laborales y sociales del mundo del trabajo y de las clases populares. Fue durante este periodo cuando en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado se establecieron y desarrollaron sus estados del bienestar, incluyendo sus sistemas de protección social. En los años setenta, sin embargo, el mundo empresarial se rebeló y rompió el Pacto Social, y bajo la dirección del Presidente Reagan en EEUU y la Sra. Thatcher en la Gran Bretaña, se comenzaron a aplicar una serie de políticas públicas, llamadas neoliberales, que redujeron tales derechos laborales y sociales, privatizando la Seguridad Social[3].

Para justificar la menor transferencia de los estados a los sistemas de pensiones públicas se comenzaron a difundir tesis catastrofistas afirmando que sería imposible financiarlos, que entrarían en una crisis inevitable y que, en consecuencia, sería más conveniente sustituirlos por otros sistemas privados.

¿Quiénes difundieron esas ideas y qué proponían exactamente?

Inicialmente se propuso directamente la privatización de los sistemas públicos de reparto y su sustitución por otros de capitalización. Así se hizo en las primeras experiencias neoliberales que se dieron en dictaduras como la chilena de Pinochet (quien, por cierto privatizó todas las pensiones menos las de la policía y del ejército). Pero pronto se pudo de manifiesto que eran muy inestables, poco eficaces y muy costosos.

¿Qué consecuencias tenía este tipo de reforma radical?

El sistema de pensiones privado pasaba a ser gestionado por el sistema financiero (es decir, de los bancos) que tenía como objetivo aumentar los ingresos y beneficios del capital financiero, a costa de los intereses de la ciudadanía, incluyendo aquella que dependía de sus pensiones privadas. De esa forma se dinamitaba también el régimen tradicional que había gobernado el sistema de pensiones prácticamente en todos los países. Sustituir el sistema de reparto por otro de capitalización llevaba consigo echar por tierra el contenido redistribuidor y solidario que hasta entonces había estado implícito en la existencia de pensiones. Sustituir la gestión pública de los fondos por la privada implicaba también renunciar a gestionar el ahorro de los trabajadores mediante criterios políticos, lo que podía permitir no dar cuentas a la población de su utilización y evitar ser censurados en caso de que esta no responda a las preferenciales ciudadanas. En el sistema de capitalización, el criterio era la rentabilidad de las empresas financieras, independientemente del beneficio que ello supusiese al pensionista. En la Gran Recesión que hemos estado experimentando hemos podido ver como las compañías de pensiones privadas (incluyendo los bancos) han antepuesto sus intereses a las de sus usuarios, práctica generalizada y que adquiere dimensiones dramáticas en situaciones de crisis como la actual. El aseguramiento privado es, además de altamente arriesgado, sesgado a favor del banco y en contra del beneficiario.

¿Qué dificultades conlleva poner en marcha la privatización de las pensiones?

En el sistema de reparto las generaciones que trabajan financian las pensiones de los que no trabajan. Pero en el sistema de capitalización, no hay tal transferencia intergeneracional. Entonces, la pregunta que debe hacerse es quién paga las pensiones de aquellos que se están jubilando y se estarán jubilando durante varios años. La respuesta es, el Estado. Pero ello significa unos costes enormes, unos costes de transición muy elevados, tanto desde el punto de vista puramente económico como administrativo. Por otro, se trata de un proceso muy difícilmente asumible socialmente, que necesariamente abriría un debate social tanto más amplio en la medida en que la propuesta fuese más radical. Y las debilidades intrínsecas a ese debate son muy grandes debido a que no hay en modo alguno razones definitivas para probar la conveniencia de la propuesta.

Además, cualquier proceso hacia la privatización de las pensiones es contemplado socialmente como una pérdida de beneficios, lo que obliga a darle una suficiente cobertura de legitimación que garantice el convencimiento y la aceptación. Pero experiencias como la chilena mostraban que eso iba a ser muy difícil porque sus costes sociales eran muy evidentes, el número de personas que se quedaban sin pensión o que perdían sus derechos era muy alto y eso advertía de los riesgos de todo tipo que habría que correr si la opción se aplicaba sin más en otros países. Eso llevó a que los organismos internacionales, la patronal y los gobiernos neoliberales optaran por una estrategia menos radical y más disimulada.

¿Cuál fue la propuesta inicial de reforma del Banco Mundial?

La propuesta que realizó el Banco Mundial (1994) consistía en establecer dos pilares básicos: uno de pensión mínima para «aliviar la pobreza en la ancianidad» gestionado por el sector público y otro de gestión privada basado en la capitalización[4].

¿Qué proponía en España la patronal?

Prácticamente lo mismo:

Nivel básico o mínimo predominantemente público, aunque no exclusivamente.

Segundo nivel, profesional, con predominio de la iniciativa privada compatibilizada con la presencia de instituciones públicas.

Nivel complementario, libre e individual, exclusivamente gestionado por el sector privado.

¿Y cómo se llevó a cabo este proceso?

Una modificación de esta naturaleza era menos problemática que la radical pero también era dificultosa porque debilitaba inevitablemente un sistema que la población apreciaba y había hecho suyo.

Para poner en marcha la estrategia se avanzó en dos direcciones:

Justificar la necesidad de sustituir progresivamente el sistema de pensiones públicas y para ello nada mejor que tratar de demostrar su inviabilidad financiera a medio plazo. Eso dio lugar a una ingente producción académica de trabajos e investigaciones financiada en su inmensa mayoría por bancos e instituciones financieras y dirigida a mostrar que el sistema de pensiones públicas estaría en quiebra en unas pocas decenas de años y que, por lo tanto, había que reformarlo y sustituirlo por otro diferente.

Aplicar reformas parciales que, por un lado, fuesen menguando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, que fuesen fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada.

¿Qué medidas y reformas parciales se han ido adoptando con la excusa de la inviabilidad futura del sistema público de pensiones?

Las medidas propuestas incluyen:

Reducción progresiva de las prestaciones del sistema público.

Modificación de los sistemas de cálculo, aumentando los años necesarios para acceder a las prestaciones y los tenidos en cuenta para calcular el montante de las pensiones.

Aumento de la edad de jubilación.

Adopción de mecanismos de indiciación que limitaran la posibilidad de mejora sustancial de las pensiones recibidas.

Apoyo fiscal muy generoso a los fondos de pensiones privados.

¿Qué consecuencias han tenido todas estas reformas?

Al disponer de menos fondos, al disminuir sus cuantías y al ser más favorable el ahorro privado, los ciudadanos han percibido que efectivamente había una «crisis» del sistema de pensiones públicas y han tratado de destinar una parte de sus ahorros (quienes han podido hacerlo) a fondos privados que es, en definitiva, lo que iban buscando los bancos y las entidades financieras como explicaremos más adelante.

¿Cuál es la situación en España? ¿Qué es el Pacto de Toledo?

El llamado Pacto de Toledo se presentó en 1995 en España como la fórmula que podría permitir evitar que el debate de las pensiones quedara sometido a las idas y venidas de la coyuntura política, planteándose como una «cuestión de Estado». Posiblemente, fue el resultado de que ninguna de las partes implicadas estaba en condiciones de imponer su alternativa: optar claramente y sin fisuras por un sistema público basado en el principio de solidaridad como deseaban las izquierdas o por uno de capitalización o de predominante gestión privada como pedían sectores próximos a la Banca.

¿Qué aspectos positivos incluye el Pacto de Toledo?

El Pacto de Toledo contiene propuestas que pueden considerarse muy positivas desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema público:

el acuerdo para que las pensiones no contributivas pasen a ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,

los compromisos de mantenimiento del poder adquisitivo, la creación de un fondo de reserva y el compromiso por aumentarlo, y

los compromisos de adopción de medidas orientadas a ampliar las prestaciones y el alcance del sistema en algunos ámbitos como la conciliación laboral, la inmigración, situaciones de dependencia y discapacitados, entre otros.

¿Y qué aspectos negativos conlleva?

El Pacto de Toledo admitía la posibilidad y conveniencia de los sistemas complementarios privados e incluso la de los seguros de dependencia igualmente privados, lo que ha resultado en una expansión de estos sectores. También acentúa el principio de contribución a costa del principio de solidaridad, diluyendo el compromiso con la universalización de los beneficios.

Además establece una desconexión entre la situación financiera de la Seguridad Social y el tipo de políticas económicas que se aplican y que marcan la posibilidad de alcanzar unos u otros ritmos de crecimiento.

¿Protege entonces el Pacto de Toledo el sistema público de pensiones?

El Pacto de Toledo constituye una afirmación institucional del deseo de mantener las pensiones públicas pero ni en su letra ni en su desarrollo se encuentran medidas que lo apuntalen definitivamente. Por eso es muy importante que los defensores del sistema público fortalezcan constantemente sus posiciones en la negociación que se pueda ir realizando al respecto, sobre todo, combatiendo las informaciones inadecuadas e interesadas que a veces se difunden para confundir a la población, haciéndole creer que su desmantelamiento y sustitución por la iniciativa privada es más conveniente y favorable para todos, cuando en realidad eso solo beneficia a las entidades financieras y a las clases adineradas.

¿Es inevitable entonces ir hacia la privatización del sistema público de pensiones?

En este documento mostraremos que el interés en cambiar el sistema de pensiones público por uno privado no responde a necesidades reales y técnicas sino más bien a las necesidades económicas de los bancos y otras entidades financieras que harían un negocio muy lucrativo si ese cambio se llevara a cabo. Además, veremos que el deterioro del sistema de pensiones públicas conlleva igualmente el deterioro de las condiciones de vida de la población y, especialmente, de aquellas personas en peor situación económica.

Por tanto, no se puede considerar que la privatización completa o progresiva del sistema de pensiones públicas sea inevitable, como nada lo es en la historia de los seres humanos. Mientras que las clases populares y sus representantes políticos y sindicales tengan el poder suficiente, podrán evitar que los grandes grupos financieros lleven a cabo unos cambios que solo se dirigen a que ellos puedan apropiarse más cómodamente de los recursos sociales.

¿Llevan razón quienes afirman que el sistema público de pensiones es inviable? ¿Hay consenso sobre ello?

¿Qué argumentos dan los defensores de la progresiva privatización?

Aunque fueron muy dispares pueden sintetizarse en los siguientes:

La evolución demográfica hará que cada vez haya más personas jubiladas y menos trabajando, de modo que será imposible que haya recursos suficientes para financiar las pensiones.

Las tasas de desempleo tenderán a aumentar y, por tanto, habrá menos cotizantes y, en consecuencia, también menos recursos para financiarlas.

La edad de incorporación al primer empleo tiende a retrasarse. Como eso acorta la vida activa, disminuye el período en que se puede estar cotizando y habrá menos fondos para financiar las pensiones.

La vida activa también se acorta porque igualmente se tiende a la reducción de la edad de jubilación, ya sea porque esto se potencia para luchar por el desempleo o porque los sistemas vigentes incentivan la jubilación al ofrecer pensiones atractivas.

¿Qué dicen que habría que hacer entonces?

Los defensores de la privatización argumentan que como consecuencia de esas circunstancias van a generarse menos recursos. Además, se dice que las alternativas posibles para mantener las pensiones públicas tales como aumentar las cotizaciones sociales, incrementar la aportación del Estado a la financiación del sistema, o elevar la presión fiscal global, no son factibles. De ahí que concluyen que la única alternativa posible es avanzar cuanto antes en la dirección privatizadora que acabamos de apuntar.

¿Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de abandonar o de privatizar el sistema público de pensiones porque este sea inviable?

Los defensores de la privatización afirman que sus propuestas responden a un consenso unánime entre los expertos. Pero eso no es cierto. De ninguna manera existe tal consenso porque son muchos los expertos que han demostrado claramente lo contrario y que la privatización total o parcial de la seguridad social es innecesaria, salvo si se quiere beneficiar a los grandes capitales financieros.

Son muchos los economistas, incluso premios Nobel de economía como Joseph Stiglitz[5], conocedores de la experiencias internacionales llevadas a cabo a nivel mundial como Mesa Lago[6], expertos en España como Adolfo Jiménez, Camila Arza, Felipe Serrano, Ignacio Zubiri, Vicenç Navarro entre otros, que han demostrado en repetidas ocasiones y por diferentes vías, que las tesis neoliberales de privatización de las pensiones carecen de fundamento y rigor científico[7]. Importantes instituciones como la Organización Internacional del Trabajo o el Consejo de Europa han mantenido posiciones críticas respecto a las propuestas el Banco Mundial. Incluso algunos líderes políticos como la Presidenta del Gobierno chileno, la Sra. Bachelet, que gobernó un país donde tiene vigencia desde la dictadura un sistema de pensiones privado (que poco a poco se pretende revertir) han afirmado claramente a raíz de su propia experiencia, que el sistema privado que se pretende imponer manifiesta grandes deficiencias.

¿Quiénes ponen en cuestión la viabilidad del sistema?

Es fácil comprobar que los defensores de la privatización más o menos encubierta de las pensiones públicas son los grandes empresarios que desean dejar de pagar cotizaciones sociales, los bancos que pretenden gestionar los ahorros ahora en manos del sector público, o economistas que están en su nómina o seducidos por la fe ciega en el libre mercado y su mano invisible. Además, los políticos de ideología liberal o incluso algunos de adscripción formalmente socialdemócrata que aplican, en la práctica, los principios neoliberales.

¿Aciertan en sus previsiones quienes constantemente auguran la inviabilidad del sistema público de pensiones?

También es fácil comprobar que los «expertos» que vienen insistiendo en que el sistema público de pensiones está condenado a la quiebra se equivocan continuamente en sus predicciones.

El caso español es esclarecedor. Para argumentar sus propuestas privatizadoras todos ellos habían previsto primero que en el emblemático año 2000 se produciría un importante déficit del sistema, como anticipo de su deterioro venidero. Y lo mismo vaticinaron más tarde para 2005.

Herce[8] aseguraba en junio de 2009 que «el sistema público de pensiones español entrará en déficit en torno al año 2020», una predicción ampliamente difundida por los medios y que lógicamente conllevaba la natural preocupación a los ciudadanos. Pero este mismo autor había pronosticado en un trabajo publicado en 1995 que la Seguridad Social tendría un déficit del 0,62% del PIB en 2000 y del 0,77% en 2005; en otro trabajo de 1996 que el déficit sería del 1,37% del PIB en 2000 y del 1,80% en 2005; en otro estudio con J. Alonso que sería del 0,96% del PIB en 2000 y del 1,17% en 2005 y en su último estudio de 2000 que sería del 0,16% del PIB en 2005 y del 0,03% en 2005[9].

Sin embargo, lo cierto fue que que al finalizar el año 2000 la Seguridad Social no registró déficit como Herve había pronosticado sino un superávit del 0,4%, y del 1,1% en 2005.

También erraron otros defensores de las tesis liberales como Piñera y Weinstein (1996) que habían pronosticado un déficit del 0,42% del PIB para 2000 y del 0,75% para 2005, Barea y otros investigadores que afirmaron sería del 1,61% del PIB en 2000 e incluso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1995) que estimó un déficit del 0,10% del PIB en 2000 y del 0,40% para 2005[10].

¿Por qué fallan tanto las predicciones de quienes vaticinan que el sistema público se hundirá sin remedio?

La mayoría de estos análisis están ideologizados, en el sentido de que parten de supuestos que responden a preferencias y que no son científicos. Las hipótesis de las que parten se establecen a propósito para que se puedan alcanzar los resultados que se buscan.

Así, J. F. Jimeno, para poder afirmar que el sistema de pensiones públicas es insostenible supone que hasta 2050 habrá una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto del 1,5% anual y de un 3,22% de la pensión, lo que en opinión de Felipe Serrano y otros expertos son dos ritmos de crecimiento «incompatibles para cualquier distribución de la renta entre remuneración de asalariados y excedente empresarial incluso en un escenario de pérdida de población en edad de trabajar[11]». A veces, como también han puesto de manifiesto Felipe Serrano y sus coautores, los defensores de las tesis catastrofistas hacen vaticinios con presupuestos e hipótesis que contradicen los establecidos solo unos pocos meses antes. Son fácilmente rebatibles científicamente, pero los daños que produce el «ruido» que consiguen hacer cuando trasladan sus conclusiones a la sociedad es casi siempre inevitable.

¿Hay previsiones más acertadas por parte de quienes defienden el sistema público?

Los expertos que defienden el sistema público de pensiones, como Adolfo Jiménez y su equipo en la Secretaría General de la Seguridad Social, predijeron correctamente que no habría tal colapso en los años noventa, alcanzando superávit en los 2000 tal como ocurrió. Un saldo positivo que incluso se mantuvo en un año muy negativo como 2008, cuando registró de nuevo un superávit equivalente al 1,31% del PIB. También son mucho más realistas y acertados los análisis realizados por los equipos de estudios de los sindicatos o por los autores que acabamos de citar en la nota anterior.

¿Es excesivo entonces, como dicen los informes liberales, el coste del sistema público de pensiones?

Algunos autores liberales como Taguas y Sáez han denunciado que el coste de la seguridad social en España amenaza con destruir las bases mismas del sistema de pensiones. Según ellos, el coste pasaría de ser el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en 2059, algo que consideran excesivo[12] a pesar de que no es mucho más alto del porcentaje que actualmente dedican a pensiones países de nuestro entorno como Italia (14%). Este error lo ha hecho también el Banco de España y la Comisión Europea.

Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en los informes del Banco de España y de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.

En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones solo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado[13].

¿Están los ciudadanos de acuerdo con mantener un sistema público de pensiones?

El aprecio que la ciudadanía de los países europeos tiene a los diferentes Estados del Bienestar es bien conocido por multitud de encuestas. Y también que los ciudadanos son conocedores de que el precio a pagar por mantenerlos y mejorarlos está medidos por la presión fiscal que han de soportar.

Una reciente encuesta revelaba que un 57,8% de la población española prefiere pagar impuestos altos con tal de mantener un amplio sistema de seguridad social. La misma encuesta también mostraba que el 75,1% de los españoles considera que el Estado tiene que tener la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadanos frente a un 21,0% que considera que esa responsabilidad descansa en uno mismo.

Sobre las pensiones, el estudio indicaba que un 75,0% de los españoles considera que el Estado tiene «mucha» responsabilidad a la hora de asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas, frente a un 22,4% que considera que tiene «bastante» responsabilidad y un insignificante 2,6% que considera que tiene «poca» o «ninguna» responsabilidad[14].

Es preciso, pues, que se sepa que las propuestas liberales, además de estar infundadas científicamente, están en contra la los deseos de la inmensa mayoría de la población.

Si la mayoría de la población está a favor de un sistema público de pensiones ¿debemos temer que este sistema no se privatice parcial o totalmente?

Es un error pensar que la clase política no se atreverá a privatizar un sistema tan apreciado por los ciudadanos, puesto que son muchos y muy cuantiosos los intereses en juego. De hecho, los analistas liberales conocen perfectamente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el sistema público de pensiones y son sabedores de que en caso de llevar a cabo una privatización parcial o total del mismo tendría lugar una gran oposición popular.

Precisamente por ello, estos mismos analistas han desarrollado diferentes estrategias para evitar dicho enfrentamiento, que van desde la sutil desinformación y propaganda acerca de los planes de pensiones privados hasta el descarado intento de procurar aprobar las reformas privatizadoras en órganos poco democráticos como la Unión Europea.

¿Qué papel tiene la Unión Europa respecto al sistema de pensiones?

La forma escasamente democrática en que se toman las decisiones en la Unión Europea hace que pueda ser utilizada para imponer medidas poco populares.

Si las reformas privatizadoras se impusieran desde arriba, esto es, desde la Unión Europea, los partidos políticos españoles no asumirían el coste electoral al quedar desvinculados del proceso mismo de privatización. En ese caso, aunque los ciudadanos protestasen ante los políticos españoles, estos no tendrían más que mirar para otro sitio o echar balones fuera.

¿Cómo se utiliza la Unión Europea para aprobar las reformas privatizadoras?

Los grandes banqueros y los lobbies de los empresarios pueden presionar a la Unión Europea para que lleve a cabo las reformas que en ningún país se atrevería a tomar la clase política local por el coste político y electoral que conllevaría. Esta es la opinión explícita de Vincenzo Galasso, un analista liberal en cuyo informe aseguraba lo siguiente:

«Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea —y muy en especial a la Comisión Europea— lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U. E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera esta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido[15]».

¿Con qué argumentos se critica al sistema público de pensiones?

¿Cuál es el argumento demográfico que se utiliza para justificar la privatización de las pensiones?

Desde hace años se viene insistiendo en que la evolución demográfica va a ser muy negativa para la suficiencia financiera del sistema porque las estimaciones demográficas más aceptadas anuncian que la evolución de las tasas de natalidad y mortalidad llevará consigo un aumento de la población de más edad en el conjunto de la población. Según esas hipótesis, se producirá entonces un incremento sustancial de la población jubilada, mientras que será cada vez menor la proporción de los ciudadanos en edad de trabajar. En consecuencia, se deduce que la relación entre pensionistas y cotizantes (la llamada tasa de dependencia) tenderá a aumentar, lo que provocará que haya recursos insuficientes para financiar las pensiones públicas.

¿Qué es la tasa de dependencia?

La tasa de dependencia es un indicador estadístico que puede calcularse de diferentes formas según el propósito para el que se utilice. Para lo que aquí pretendemos podemos definirla como la relación entre la cantidad de personas que reciben pensiones y las que cotizan.

¿Cómo influye el envejecimiento de la población en la tasa de dependencia?

El envejecimiento de la población supone un incremento en la tasa de dependencia porque aumenta el número de pensionistas en relación con el de cotizantes.

Si se reduce el número de cotizantes y se amplía el número de personas que tienen derecho a pensiones, entonces cada trabajador que cotiza está sufragando las pensiones de cada vez más gente. O, dicho de otra forma, aumentan los gastos (pensiones satisfechas) y se reducen los ingresos (cotizaciones efectuadas).

¿Es verdad que el envejecimiento afecta negativa e inevitablemente al sistema de pensiones?

El envejecimiento de la población no tiene por qué significar necesariamente que se produzca un desequilibrio entre los ingresos y los gastos en el sistema público de pensiones porque al mismo tiempo que aumenta el número de pensionistas pueden modificarse otros factores de los que depende el equilibrio entre ambos.

¿A qué se le llama equilibrio financiero del sistema de pensiones?

Se llama equilibrio financiero del sistema de pensiones a la situación en la que los recursos generados por el propio sistema de pensiones son suficientes para hacer frente al montante de pensiones que hay que satisfacer. Es decir, se alcanza el equilibrio financiero cuando las cotizaciones sociales en un determinado momento son suficientes para hacer frente a las pensiones de ese mismo momento.

Sin embargo, para poder decir si se puede alcanzar este equilibrio o no (como quieren demostrar los que proponen la privatización) hay que determinar cuáles son todos los factores de los que depende el equilibrio y qué problemas le pueden afectar.

¿De qué variables depende el equilibrio financiero?

La cantidad de ingresos que proceden de las cotizaciones depende lógicamente de las cotizaciones mismas, pero estas dependen a su vez de una gran cantidad de variables a tener en cuenta.

Por lo tanto, para que la financiación del sistema llegue a desequilibrarse no basta con que la población envejezca y aumente el gasto, sino que deberían darse otras circunstancias que tienen que ver con las fuentes capaces de generar los ingresos de donde salen las cotizaciones sociales.

Los factores más importantes que hacen que pueda aumentar o disminuir el volumen de las cotizaciones sociales son los siguientes:

El empleo y desempleo existentes.

El nivel salarial.

El volumen de actividad económica y su evolución a lo largo del tiempo, es decir, la tasa de crecimiento económico.

La distribución de la renta.

La calidad del empleo.

La productividad del trabajo.

La extensión de la economía sumergida.

La tasa de actividad y de empleo femenina.

Solo cuando, además del envejecimiento, todos estos factores evolucionaran negativamente podría aventurarse que habría problemas financieros para el sistema público de pensiones.

¿Cómo afecta el paro al equilibrio financiero del sistema de pensiones?

Los altos niveles de desempleo, especialmente en la población más joven y en el paro de larga duración, reducen la cantidad de ingresos en el sistema de pensiones porque, lógicamente, los desempleados no pueden cotizar y, de esa forma, no pueden destinar recursos a los fondos de pensiones.

En cambio, si estuviesen trabajando se incrementaría notablemente la cantidad de ingresos y se podría mantener con mayor facilidad el equilibrio financiero del sistema de pensiones.

¿Qué papel desempeña la mayor o menor capacidad de generar actividad económica sobre el sistema de pensiones públicas?

Cuando el nivel de actividad de una economía es más alto, las cotizaciones sociales suelen ser también más elevadas. Por tanto, incluso en condiciones de alto envejecimiento, el sistema de pensiones público puede ser completamente viable si la economía es capaz de mantener ritmos adecuados de progreso de la actividad económica.

Sin embargo, es importante señalar que la mera existencia de tasas positivas de crecimiento económico no garantiza por sí sola ni la viabilidad del sistema ni el alcance de un mayor progreso económico y social. Si el crecimiento económico se mide exclusivamente con variables como el Producto Interior Bruto (PIB), que no tienen en cuenta ni la calidad de la actividad, ni las actividades no monetarias, ni los daños al medio ambiente, ni el despilfarro de recursos, entre otras cosas, el crecimiento puede ser realmente un proceso de destrucción de recursos y de deterioro económico.

Eso indica que los análisis de los defensores de la privatización basados solamente en hipótesis (ya de por sí infundadas) sobre la evolución del PIB no pueden ser consideradas ni creíbles ni rigurosas ni, como la experiencia ha demostrado, capaces de proporcionar previsiones realistas.

¿Cómo influye la distribución de la renta en la inviabilidad del sistema?

La desigual distribución de la renta afecta muy negativamente al mantenimiento del equilibrio financiero de las pensiones. Y no es para menos: la tendencia a la disminución de los salarios reales, o la tónica de distribución privilegiada a favor de los beneficios, merma gravemente el volumen recaudado de cotizaciones sociales.

Y en un país como el nuestro, en donde la participación de los salarios en la renta ha descendido más de diez puntos porcentuales en los últimos treinta años, este es un verdadero factor de distorsión en dicho equilibrio financiero[16].

¿Y cómo influye la calidad del empleo?

La extensión generalizada del empleo precario o de baja calidad también afecta muy negativamente al equilibrio financiero del sistema de pensiones porque implica salarios más reducidos, lo que a su vez supone un menor nivel de cotizaciones sociales.

¿Qué ocurre cuando hay altos grados de economía sumergida?

Cuando una gran parte de la actividad económica está fuera de la ley, como ocurre con la llamada economía sumergida, no se generan cotizaciones sociales y, por lo tanto, no se contribuye al desarrollo del sistema público de pensiones.

¿Cómo influye sobre las pensiones la escasa participación femenina en el mercado de trabajo?

Como hemos señalado, los ingresos necesarios para financiar las pensiones o vienen de las cotizaciones sociales de los trabajadores empleados o de los impuestos, que podrán proporcionar una mayor recaudación cuanto más empleo haya en la economía. Por eso es muy importante que el empleo femenino sea el mayor posible. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social. Mientras que tener una tasas de actividad y empleo femeninas mucho más bajas que las de los países de nuestro entorno significa renunciar a una gran fuente de ingresos.

Por eso, una vía fundamental para garantizar el futuro de las pensiones es acabar con las dificultades que encuentran las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo. Y para ello es preciso fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para que no sean solamente estas las que se hagan cargo del trabajo doméstico, e invertir en escuelas de infancia y en servicios domiciliarios.

La integración de las mujeres en el mercado de trabajo es una inversión pública de gran calado que es una estrategia fundamental para garantizar el futuro de las pensiones públicas.

¿Cómo es que los análisis que defienden la privatización no tienen en cuenta estas variables?

Es muy significativo que no contemplen este tipo de variables y que, como hemos dicho, se centren en establecer hipótesis (que nunca resultan acertadas) sobre la evolución del PIB. Ello demuestra que su intención no es la de establecer previsiones objetivas sino justificar sus propuestas privatizadoras que han establecido con anterioridad a la realización de los análisis.

¿Cómo habría que razonar entonces para poder establecer hipótesis sobre el equilibrio financiero de las pensiones y cómo actuar para alcanzarlo?

Habría que considerar todas esas variables y no solo las demográficas y la evolución del PIB.

Si se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema lo que habría que hacer sería incidir sobre todas estas variables arriba descritas.

Por ejemplo, impulsar políticas que tengan como objetivo generar actividad productiva y la creación de empleo decente, aumentar la masa salarial y su participación en el conjunto de las rentas, mejorar la distribución de la renta, mejorar la calidad en el empleo, incrementar la productividad mediante inversión en I+D+i, facilitar la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, o luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida para integrar en el sistema una gran cantidad de recursos y rentas que hoy en día permanecen en la ilegalidad y no se traducen en más ingresos del sistema de la seguridad social.

¿Justifica el aumento de la esperanza de vida el alargamiento en la edad de jubilación?

Uno de los errores más extendidos entre los defensores de la privatización es que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, lo que les permite obviar que hay otras medidas socialmente más beneficiosas para fortalecer el sistema de pensiones públicas.

Es también un error porque del aumento de la esperanza de vida promedio en España (que ha pasado de 76 a 80 años entre 1980 y 2005) se deduce que el ciudadano medio español vive ahora cuatro años más. Lo cual no es cierto. Supongamos que España tuviera solo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino hay también dos ciudadanos: uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80 dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato de esperanza de vida dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas, sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito.

Todos los documentos que defienden la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, como hemos visto, no es así. Y por tanto, alargar la edad de jubilación con esta interpretación errónea es evidentemente un error.

¿Cuál es la consecuencia de este error?

Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el anciano viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven.

¿Es bueno alargar la vida laboral?, ¿afecta esa medida por igual a todos los ciudadanos?

Alargar la vida laboral puede ser un gran beneficio para un catedrático universitario que disfruta con su trabajo pero es una gran injusticia exigirle cinco o dos años más de trabajo a una persona de limpieza de la Universidad que ha realizado un trabajo manual y repetitivo durante toda su vida laboral. De hecho, tal como han documentado varios estudios epidemiológicos, la salud del profesional universitario a los 70 años es mucho mejor que la salud de la trabajadora manual no cualificada, la cual, a los sesenta años tiene ya el nivel de salud que el catedrático tiene a los setenta años (ver los trabajos del profesor Chandola del University College of London ampliamente popularizados por la BBC).

Por eso, proponer que aumente obligatoriamente la edad de jubilación para todas las personas por igual, con independencia del desgaste sufrido a lo largo de su vida laboral y de su estado actual de salud, es extraordinariamente injusto.

¿Cuáles son las consecuencias del retraso obligatorio de la edad de jubilación?

En España, los años de vida de una persona dependen de su clase social. En general, un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que vive dos años más que un profesional de clase media alta, que vive dos años más que un trabajador no cualificado que vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años de paro. La diferencia entre el primero y el último son diez años, una de las mortalidades diferenciales por clase social más altas de la Unión Europea (cuyo promedio son siete años). Es profundamente injusto que la persona de la limpieza de la Universidad, tenga que trabajar dos años más (algunos como David Taguas piden incluso cinco años más) para pagar las pensiones que un Catedrático que va a sobrevivirle seis años más.

¿Qué medidas respecto a la edad de jubilación deberíamos llevar a cabo?

Se debe ajustar la edad real de jubilación, que está sobre los 62 años, a la edad legal, situada en los 65 años, pero establecer edades superiores de jubilación con carácter obligatorio es un grave error. Incluso países con esperanza de vidas mayores y con tasas de dependencia más grandes que España (tales como Suecia, Francia, Alemania y Bélgica) tienen edades de jubilación entre los 60 y los 65 años. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2007 solo Estados Unidos (65,8 años), Noruega e Islandia (67 años) tenían una edad de jubilación superior a los 65 años. Y solo el gobierno de coalición alemán liderado por Angela Merkel y el gobierno federal republicano del Presidente Bush han hecho la propuesta de retrasar la edad de jubilación a 67 años. En España, Taguas y Sáez propusieron nada menos que un retraso de la edad de jubilación a los 70 años, una propuesta única hoy en los países desarrollados y, como hemos señalado, profundamente antisocial e injusta.

Por el contrario, es mucho más justo y eficiente permitir la prolongación de la vida laboral con carácter voluntario para aquellas personas que lo deseen.

¿Cómo afecta la discriminación, basada en edad, a las pensiones?

El mundo empresarial habla constantemente de la necesidad de rejuvenecer las plantillas, prejubilando a los trabajadores con mayor edad, para sustituirlos por trabajadores más jóvenes. Constantemente se utiliza la imagen de que se está defendiendo excesivamente a los «insiders» (es decir a los que tienen trabajos fijos) a costa de los «outsiders» (los que no tienen). Se establecen así divisiones entre la clase trabajadora, enfrentando a los jóvenes frente a los de mayor edad. La lucha de clases se olvida, sustituyéndola con la lucha de generaciones, una lucha que acentúa la discriminación contra las personas ancianas y de edad madura que está muy generalizada en España.

De ahí que debiera haber leyes antidiscriminación por edad (como tienen Finlandia o EEUU) en los que se prohibiera la prejubilación por edad. En España las prejubilaciones han sido utilizadas ampliamente para reducir la plantilla y la masa salarial. Estas medidas han empeorado la financiación de las pensiones pues al prejubilar a un trabajador que ha estado trabajando muchos años, se reduce la cotización social, siendo sustituida por una cotización social menor (la del trabajador con menor vida laboral y menor salario) o por ninguna cotización, en caso de que no se le reemplace. En ambos casos el trabajador de edad avanzada, pasa de ser cotizante a ser beneficiario con lo cual quedan afectadas las cuentas de la Seguridad Social.

En este aspecto es importante subrayar que los países que tienen un gasto en pensiones más alto son precisamente aquellos que tienen un porcentaje menor de la población de 50 a 65 años trabajando. Las prejubilaciones dañan la viabilidad de la Seguridad Social. Las políticas de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación debieran eliminarse y en su lugar, desincentivar las prejubilaciones, sancionando al empresariado que las utiliza como medidas de ahorro de puestos de trabajo o de salarios.

En cuanto a los trabajadores jóvenes, el mayor problema es su precariedad, que les lleva a cambiar de trabajo con gran frecuencia, lo cual implica unas cotizaciones sociales bajas e interrumpidas. Esta condición de precariedad no se basa —como los liberales proclaman— en la supuesta excesiva seguridad de los trabajadores de mayor edad, sino en la escasa seguridad de los más jóvenes, y es el resultado del excesivo poder empresarial que dificulta su sindicalización, como consecuencia del tipo de trabajo y lugar de producción y distribución en donde se ubica su trabajo. El llamado deseo de modernizar las plantillas (basadas en un supuesto erróneo y falso, de que la productividad depende de la edad) es, en realidad, el deseo de diluir la sindicalización de la fuerza laboral.

¿Son demasiado elevadas las pensiones en España?

Otro argumento que suelen argumentar los partidarios de privatizar las pensiones públicas es que estas son demasiado generosas en España. Pero se trata de un argumento exagerado y falso, como puede comprobarse fácilmente si se hace un estudio comparado.

En realidad, el problema de las pensiones —tanto contributivas como no contributivas— no es su excesiva generosidad sino precisamente lo contrario: son demasiado bajas. La insuficiencia de las pensiones no contributivas es un hecho ampliamente reconocido en España.

Pero lo que no es tan conocido es que incluso las contributivas son bajas en comparación con el promedio de los países de la Unión Europea de los quince (EU-15) el grupo de países más cercanos a España por su nivel de desarrollo económico. La pensión media contributiva en España es solo el 68% de la pensión media contributiva de la UE-15 (homologada por el tipo de pensiones y medida no por la tasa de sustitución de los salarios —que son muy bajos en España— sino por la cantidad de la pensión). Y la pensión no contributiva es solo el 46% del promedio de la UE-15.

¿Se corresponden los niveles de pensiones existentes en España con nuestro nivel de riqueza?

Para valorar el significado de los datos anteriores que muestran que las pensiones españolas no son, como dicen los liberales, demasiado generosas, hay que tener en cuenta que España tiene un nivel de riqueza (medido por su PIB per cápita) semejante al promedio de la UE-15: su PIB per cápita es ya el 92,7% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto social per cápita es solo el 62% del promedio de la UE-15.

Si nos gastásemos el porcentaje del gasto social que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza debiéramos gastarnos más de 72 000 millones de euros más de lo que nos gastamos. Según los datos elaborados por la oficina europea de estadística (EUROSTAT) España destina el 19,7% del PIB (2003) a gasto en protección social mientras que el promedio de la UE-15 es del 28,3%. Si se consideran los gastos de vejez, invalidez y supervivencia, el porcentaje sobre el PIB es de 9,8%, ocupando el penúltimo lugar de la UE-15 (2003), frente a países como Suecia (17,6%) o Alemania (14,7%)[17].

¿Qué convendría hacer entonces con la cuantía de las pensiones en España?

Además de por la razón que acabamos de apuntar, la subida de las pensiones es una medida política prácticamente obligada en función de la dinámica que ha seguido la economía española en los últimos años.

Hemos pasado de un modelo de crecimiento económico en el que los ciudadanos al jubilarse tenían a su disposición una vivienda de propiedad completamente pagada a un modelo en el que los futuros jubilados aún tendrán que seguir pagando sus viviendas hipotecadas. En esa situación, solo una subida de las pensiones compensará la pérdida de nivel adquisitivo al que harán frente los nuevos jubilados españoles. En consecuencia, España debe gastarse en su Estado del Bienestar, incluyendo su Seguridad Social, más de lo que se gasta actualmente.

¿Deben reducirse, como piden los empresarios, las cotizaciones sociales?

La demanda de la patronal española responde a un nuevo intento de apropiación de aún mayor parte del excedente económico generado en el proceso de producción.

Como recordábamos más arriba, la participación de los salarios en la renta ha descendido en España más de diez puntos porcentuales en los últimos treinta años, lo que significa que los incrementos de productividad (el incremento en la cantidad de producción generada por hora de trabajo) de los últimos años han ido fundamentalmente a los beneficios empresariales, mientras que apenas han repercutido en las rentas salariales.

¿Por qué lo piden entonces?

La petición de la patronal española es una simple reivindicación política destinada a lograr una proporción más grande en el «reparto de la tarta» pero que se hace sin fundamento económico alguno. De llevarse a la práctica puede arrastrar a la pobreza a un número importante de jubilados y jubiladas que verán mermada seriamente su capacidad adquisitiva. Su interés no es otro que el afán de lucro y la búsqueda incesante de más y más beneficios, sin tomar en consideración las consecuencias económicas y sociales que ello entraña.

Y si no hubiera ingresos suficientes para financiar las pensiones públicas por la vía de las cotizaciones sociales ¿habría que renunciar a ellas, o se podrían financiar por otros medios?

Además de financiar el sistema de pensiones públicas por la vía de las cotizaciones sociales, también se puede financiar directamente por vía impositiva. El sostenimiento del sistema público de pensiones se facilita si se utiliza esta vía y así se permite que los trabajadores se apropien también de una mayor parte del excedente económico.

Además, la carga fiscal en España (porcentaje de los impuestos sobre el PIB) es uno de los más bajos de la UE-15, lo que significa que su capacidad recaudatoria dista mucho de haberse agotado. Y dado que en España el sistema impositivo no es demasiado progresivo y está sujeto a un grado enorme de evasión fiscal (por inoperancia de los instrumentos del Estado destinados a evitarla), se podría lograr un gran incremento de ingresos públicos si se fortalecieran las estrategias de lucha contra el fraude y se llevaran a cabo reformas fiscales que hicieran más justo el sistema.

¿Es mejor un sistema privado de ahorro que uno de pensiones públicas?

¿Hay argumentos incuestionables a favor de la privatización del sistema público de pensiones?

El discurso liberal ha desarrollado diferentes argumentos para tratar de demostrar que los planes de pensiones privados (que en realidad, como hemos señalado anteriormente, son el simple ahorro personal que cada uno pueda ser capaz de realizar) son más eficientes que el sistema público de pensiones. Sin embargo, dichos argumentos distan mucho de ser considerados plenamente ciertos y pueden ser contrapesados con otros tantos posiblemente de mucha más importancia.

No hay argumentos incuestionables a favor de la privatización. Si acaso, más bien se podría concluir en lo contrario, como hacía algunos años atrás un informe de la Organización Internacional del Trabajo: «Si se tienen en cuenta todos los factores, el fiel de la balanza se inclina claramente contra el recurso a aseguradores privados, siempre y cuando los regímenes públicos se administren con eficacia y sean sensibles a las necesidades de los usuarios[18]».

¿El sistema de Seguridad Social desincentiva el trabajo y afecta negativamente a la competitividad de la economía?

Según los liberales, los sistemas de Seguridad Social han extendido hasta tal punto los niveles de protección social que desincentivan el trabajo y el esfuerzo, mientras que además no permiten a los ciudadanos percibir el verdadero coste económico que conlleva el sistema público en su conjunto.

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que la existencia de altos niveles de protección social no va acompañada de fenómenos negativos en las economías, sino más bien todo lo contrario. Así, los países del norte de Europa, con un alto nivel de protección social y con un sistema de pensiones mucho mejor dotado, se encuentran entre los más competitivos del mundo.

¿Perjudica a la economía el gasto público de la Seguridad Social?

Según los liberales, el gasto público de la Seguridad Social está gestionado de forma poco eficiente y sin el rigor que se mantendría en caso de que la gestión de los recursos fuese privada. Sin embargo, el gasto en Seguridad Social constituye un elemento primordial para el sostenimiento de la demanda agregada de la economía (es decir, el gasto total) y es un factor esencial del crecimiento y el desarrollo económico. Este gasto es el que permite al sistema capitalista continuar la senda del crecimiento económico al insuflar recursos a personas que los destinarán al consumo y que, de esa forma, repercutirán también en mayores niveles de empleo. Cuando el gasto es insuficiente la economía se paraliza.

Por otro lado, tampoco se puede afirmar que la gestión privada vaya a ser más eficiente. Basta ver el desastre financiero que ha ocasionado la gestión de los bancos y fondos financieros en los últimos años, provocando enormes pérdidas económicas.

¿Son más eficaces los planes de pensiones privados?

Antes que nada, hay que reiterar que los llamados «fondos de pensiones privados» no son tales. Son, simplemente, el ahorro acumulado de quien puede ahorrar a lo largo de su vida.

En todo caso, cualquier sistema privado de ahorro tiene menor garantía y menos solvencia que un sistema público de pensiones. La crisis financiera actual demuestra esta situación.

Y no solo es más inseguro económicamente hablando sino que, además, implica renunciar a los mecanismos de transferencia de derechos y rentas que permiten alcanzar más estabilidad económica, mayor bienestar social y lazos sociales más solidarios y humanos.

¿Por qué son más arriesgados los fondos de ahorro privado que los sistemas públicos de pensiones?

En primer lugar, porque los fondos privados no pueden garantizar una remuneración determinada cuando llegue la hora de hacerse efectivos «como pensión». Eso es así porque su valor final depende de cómo se vayan dando las circunstancias de las que depende su capitalización. La inflación, por ejemplo, merma continuamente su valor.

Otro riesgo es que las grandes empresas dejen de cotizar para dedicar los fondos de sus trabajadores a otros fines más rentables, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, especialmente en Estados Unidos.

Además, los fondos tienen que «mover» constantemente los recursos de los que disponen para tratar de hacerlos más rentables y eso les lleva a realizar inversiones arriesgadas que, en muchas ocasiones, provocan grandes pérdidas patrimoniales.

¿Son los fondos de pensiones privados más rentables?

La rentabilidad de los fondos privados de ninguna manera está asegurada, puesto que depende de los vaivenes de los mercados financieros que por definición son muy inestables y volátiles. Dicha rentabilidad depende fundamentalmente del contexto económico, y concretamente del contexto financiero, en el que se mantienen los fondos privados.

De hecho, cuando un trabajador suscribe un plan de pensiones privado lo que está haciendo en realidad es depositar (ahorrar) parte de sus ingresos en un fondo que gestionará una entidad financiera. Esta invierte ese dinero en el mercado financiero de acuerdo a sus propios criterios, buscando en todo momento revalorizarlo a través de procedimientos la mayor de las veces puramente especulativos, y obteniendo ingresos financieras con dichas operaciones.

La rentabilidad de dichas operaciones dependerá del riesgo asumido y del contexto financiero, pero en todo caso la mayor parte de la misma se la quedará el banco.

Solo una parte de dicha rentabilidad será devuelta al trabajador en forma de «intereses del fondo de pensión» al finalizar su vida laboral.

¿Son seguros los planes de pensiones privados?

Los liberales afirman que los sistemas de capitalización privados son más rentables a largo plazo pero nada hay que asegure eso si se tiene en cuenta la extremada inestabilidad, la gran incertidumbre y el alto riesgo que hoy día caracterizan a los mercados financieros.

Para hacer frente a todos estos riesgos lo que han de hacer los gestores de fondos privados es aumentar las primas pero bajando entonces su rentabilidad.

Pero incluso con primas cada vez más altas, nada podría evitar la quiebra general de los fondos privados si se llegara a una crisis financiera más o menos generalizada, lo que no es una hipótesis descartable, como hemos podido ver a partir del verano de 2007, o teniendo en cuenta que desde 1970 a 2003 se han contabilizado 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 episodios de «stress» financieros en 17 países[19].

En contextos de crisis financiera las inversiones acometidas por los diferentes fondos de pensiones privados pueden ser contraproducentes y proporcionar rentabilidades negativas.

Es lo que viene ocurriendo en la reciente crisis financiera internacional, la cual ha provocado que de marzo de 2008 a marzo de 2009 los fondos privados hayan devuelto una rentabilidad media anual negativa del 6,37%.

¿Están asegurados frente a estos riesgos los fondos privados? ¿Podrían quebrar?

No solo no están asegurados sino que la experiencia ha demostrado que pueden quebrar y que así ha ocurrido en muchas ocasiones provocando grandes pérdidas, sobre todo, a los pequeños ahorradores y cotizantes.

¿Ha ocurrido eso recientemente? ¿Y cómo se ha hecho frente a la situación?

En agosto de 2006, bajo la presidencia de G. Bush se dictó una ley para salvar a los fondos de ahorro privados de Estados Unidos que estaban materialmente quebrados, sufriendo pérdidas que la Oficina de Auditoría del Congreso estimó en 600 000 millones de dólares.

Ante la quiebra de los fondos privados es un organismo público (el PBGC, Pension Benefit Guarantee Corporation) el que debe hacer frente a los pagos que no pueden hacer los fondos privados.

¿Por qué se suscriben entonces los planes de pensiones privados?

En realidad, e incluso cuando su rentabilidad es positiva, los intereses que pueden obtener suelen ser muy bajos. Sin embargo, los gobiernos que apoyan la estrategia privatizadora han establecido generosas desgravaciones fiscales.

Estas desgravaciones son uno de los elementos más injustos y regresivos que hoy día hay en el sistema fiscal pues benefician casi exclusivamente a las rentas más altas que son las que pueden invertir cantidades elevadas en fondos de ahorro. Y además son muy caras, pues representan actualmente en España alrededor de un 4% del total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esa es la razón por la que se mantienen pero puede afirmarse categóricamente que si no fuese por esos apoyos fiscales, los fondos de ahorro como fuente de pensiones de cara a la jubilación no tendrían el menor interés como inversión.

¿Es justo el sistema privado de pensiones?

La gestión privada del ahorro que se resuelve en la órbita del mercado es incapaz, por definición, de resolver de manera efectiva las contingencias que trata de paliar la protección social, entre otras cosas, porque generalmente es el propio mercado el que las produce.

Eso es lo que explica que cualquier régimen privado se caracterice por las barreras de entrada que presenta, pues solo los que disponen de un alto nivel de ingresos pueden acceder a él como mecanismo efectivo para garantizarse la pensión.

Bajo un sistema plenamente privado solo aquellas personas con capacidad para ahorrar en su vida laboral podría tener garantizada una jubilación adecuada o sencillamente suficiente para vivir. Basta observar el costo de la vida actual y el bajo nivel de ingresos de la mayoría de la población para hacerse una idea de las consecuencias catastróficas que conllevaría implantar un sistema basado en tales principios.

¿Es mejor un sistema de capitalización que uno de reparto?

¿Qué hay detrás de la disyuntiva entre el sistema de capitalización y el de reparto?

El sistema de capitalización es equivalente a un sistema privado en el que cada trabajador contribuye a su propio fondo de pensiones, algo que tiene importantes inconvenientes económicos y sociales.

El sistema de reparto, en cambio, está basado en principios solidarios y las contribuciones de los trabajadores no se destinan a un fondo personal sino a pagar las pensiones de los jubilados de ese momento.

En consecuencia, detrás de la polémica sobre la conveniencia de uno u otro lo que hay es una posición u otra sobre los términos en que se va a dar la solidaridad entre ciudadanos de una misma sociedad y sobre en qué medida se está dispuesto a lograr una distribución más igualitaria y justa de la renta y la riqueza.

¿Favorece el sistema de capitalización el ahorro y la inversión?

Según los liberales, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de reparto, en donde lo recaudado se gasta inmediatamente, cuando se constituyen fondos se favorece el ahorro y, en consecuencia, la inversión.

Sin embargo, la inversión no siempre depende de la existencia de ahorro en la economía sino, más bien, de la existencia de opciones de colocación de capitales rentables.

Por otro lado, tampoco hay evidencia empírica decisiva que permita identificar claramente los efectos reales de los diferentes sistemas sobre el ahorro.

¿Perjudican al crecimiento económico los sistemas de reparto?

Según los liberales el sistema de reparto es un mecanismo de asignación de recursos que actúa fuera de la órbita del mercado y ello supone un elemento de rigidez e inercia para el funcionamiento de la economía que puede llevar a deprimir la actividad económica en un sistema de intercambio gobernado por la iniciativa privada de mercado.

Sin embargo, también se puede argumentar de forma alternativa afirmando que ni la magnitud de esta pérdida de posibilidades puede estimarse con precisión, ni un menor crecimiento económico (suponiendo que se diera) tendría que significar necesariamente un menor bienestar social si va acompañado, por ejemplo, de una distribución de la renta más equitativa.

Además, en la medida en que los sistemas de reparto proporcionan más garantías de recibir rentas en la jubilación, suponen una inyección también más segura para el gasto que impulsa la actividad económica. Los liberales olvidan demasiado a menudo que la pobreza y los bajos salarios son la fuente más directa del menor crecimiento económico que dicen buscar.

¿Incentivan los sistemas de reparto la jubilación?

Otra crítica de los liberales al sistema de reparto es que, al proporcionar pensiones cuya cuantía es mayor a la contribución realizada a lo largo de la vida activa, incentiva la jubilación, disminuyendo así la oferta de mano de obra y distorsionando el mercado de trabajo.

Como contrapartida mucho más razonable puede argumentarse que los problemas de oferta de trabajo no suelen proceder de los segmentos de edad más cercana a la jubilación.

Si ese argumento liberal fuera riguroso no se entendería que las grandes compañías financien pensiones muy generosas a sus directivos porque entonces estarían dando lugar a que se jubilaran antes.

¿Qué sistema está más preparado para proteger a los más débiles?

El sistema de reparto tiene mayor capacidad para proteger efectivamente a los sectores más débiles de la sociedad, lo que al fin y al cabo es uno de los objetivos que debe perseguir un sistema de seguridad social.

Como habíamos visto antes, bajo un sistema de capitalización las personas que no hubieran podido ahorrar suficiente durante su vida laboral, o que ni siquiera lo hubieran hecho, estarían destinadas a vivir prácticamente en la mendicidad una vez alcanzada la edad de jubilación.

¿Qué ocurre con la inflación en el sistema de capitalización? ¿Y en el de reparto?

El sistema de reparto es más eficaz para hacer frente al problema de la inflación porque financia las pensiones con recursos actuales, mientras que en un sistema de capitalización los fondos acumulados se van desvalorizando por efecto de la inflación.

Además, el sistema de reparto tiene posibilidad de generar fondos con carácter inmediato, mientras que la capitalización requiere un largo periodo de acumulación.

¿Cuáles son los costes de administrar un sistema de capitalización?

El coste de gestionar un sistema de capitalización es muy superior al coste de administrar la Seguridad Social. La evidencia acumulada es que los costes de administración de los sistemas privados de aseguramiento son muchas veces más grandes que los costes de administración de los sistemas públicos. Así, el 22% del coste de la prima de aseguramiento van a cubrir gastos administrativos en Argentina, el 22% en México, el 19% en el Salvador, el 15% en Chile y el 14% en Colombia. En EEUU, por lo contrario, tal porcentaje en la Seguridad Social es solo el 0.5%. En realidad, tal experiencia internacional con el aseguramiento privado ha sido sumamente problemática, beneficiando solo al capital financiero (bancos y cajas) pero no a la mayoría de los supuestos beneficiarios[20].

Ante esta realidad, lo que está ocurriendo es que a la hora de defender el paso a los sistemas de capitalización se pasen por alto estos costes, como hacen los españoles Sáez y Taguas en el trabajo anteriormente citado, lo que equivale a aceptar una enorme disminución en los niveles de protección y seguridad social de la población.

¿Es fácil transformar un sistema de reparto en un sistema de capitalización?

Pasar de un modelo actual de reparto a uno de capitalización es enormemente costoso, puesto que si las personas que ahora cotizan a la Seguridad Social dejaran de hacerlo para pasar una parte de su salario a su banco o a su caja, el Estado tendría entonces que pagar las pensiones a los pensionistas de ahora.

Los analistas liberales no acostumbran a citar el coste de esta transición de un sistema de reparto a un sistema de capitalización a pesar de que se trata de cifras elevadísimas. Así, Dean Baker y Debayani Kar han calculado que tal transición en la privatización del sistema de reparto al sistema de capitalización que tuvo lugar en Chile durante la dictadura del General Pinochet costó a las arcas del Estado una cantidad equivalente al 8% del PIB[21].

¿Qué proponen los liberales para diferir los costes de dicha transición?

La naturaleza de tales costes explica que autores liberales como Taguas y Sáez aconsejen que se vaya a la capitalización individual gradualmente. Para ello se irían dando una serie de pasos progresivos como los que hemos mencionado anteriormente:

La reducción significativa de los beneficios de las pensiones, convirtiéndose estas en un sistema de mínimos universales.

Basar la pensión en el salario promedio de la vida laboral del pensionista (lo cual significaría la reducción de un 30% de las pensiones actuales como los propios autores reconocen).

Aumento de la edad de jubilación a 70 años.

Disminución considerable de la actualización de las pensiones de manera que las pensiones no seguirían la evolución de los salarios (como ocurre en la mayoría de países de la UE-15) ni de los precios (la inflación) según el IPC normal sino de otro disminuido que daría un registro de la inflación a la baja y que reduciría las pensiones con la edad.

Cuando estas medidas provocaran una insuficiencia fatal de las pensiones públicas, se supone que no quedaría más remedio que acudir a la creación de fondos privados.

¿Qué hay detrás de las propuestas liberales? ¿Quién las promueve y a quién benefician?

¿Ha quedado demostrada científicamente alguna afirmación liberal?

No está demostrado que la evolución demográfica por sí misma haga inviable a medio o largo plazo un sistema público de pensiones.

No se ha demostrado que un régimen de gestión privado sea más eficiente que el público.

No está demostrado que el régimen de capitalización sea más eficaz, más seguro y por lo tanto más conveniente y sostenible que uno de reparto.

Tampoco se ha podido contrastar que la financiación de las pensiones a través de cotizaciones sociales tengan los efectos negativos que se le achacan sobre el empleo o el crecimiento. En definitiva, ninguna afirmación liberal se sostiene cuando se contrasta con la realidad.

¿Qué dice la teoría económica?

Un economista español tan poco sospechoso como Julio Segura concluía hace unos años: «La teoría económica no proporciona apoyos irrefutables en favor de posiciones neoliberales y privatizadoras como con frecuencia intentan hacernos creer quienes hacen gala de mantener el debate sobre la protección social en el ámbito de la economía positiva sin interferencias ideológicas espurias[22]».

¿Mantienen entonces todos los liberales las mismas propuestas privatizadoras que antes?

Sin fundamentación científica alguna que permita sostener como probados los principales argumentos que justifican las reformas privatizadoras, las propuestas que se hacen son cada vez menos rigurosas e incluso contradictorias en las hipótesis y presupuestos, como hemos señalado. Son cada vez más ideologizadas e impuestas a base de poder en lugar de con razonamientos discutidos y contrastados.

Tanto es así que incluso el propio Banco Mundial, que fue la primera institución que divulgó la ortodoxia a seguir, ha matizado sus propuestas iniciales a la vista de los efectos perversos y negativos que ha producido en los países en los que se ha llevado a cabo la privatización más avanzada.

¿Por qué, entonces, siguen empeñados en privatizar?

La respuesta radica en que la actividad y los negocios financieros son cada vez más rentables. Eso ha hecho que la gestión de el recursos que movilizan las pensiones públicas sea especialmente atractiva para los intereses privados. Los recursos que mueve el sistema de pensiones públicas se han convertido en un botín con el que muchas entidades privadas sueñan quedarse.

¿Por qué han crecido tanto los planes de pensiones privados en los últimos años?

El extraordinario crecimiento de los planes de pensiones está estrechamente vinculado a las modificaciones en la configuración de la economía mundial que tuvieron lugar a partir de la década de los setenta y bajo políticas económicas de inspiración neoliberal.

Por un lado, la enorme desigualdad que se ha generado en los últimos treinta años ha hecho que las rentas más altas puedan disponer de una gran capacidad de ahorro, un incremento de los beneficios y del ahorro de las clases más altas que lógicamente es paralelo a la pérdida de peso de la masa salarial.

Por otro lado, las desregulaciones financieras que se han ido acometiendo en todas partes del mundo, unidas a la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación, han permitido utilizar esos fondos ahorrados de manera muy rentable en los mercados financieros. Los bancos aprovecharon esa oportunidad para convertirse en catalizadores de esas inversiones financieras especulativas y para hacer que sus ganancias crezcan sin freno. Y por ello tratan por todos los medios de acumular todo el ahorro disponible lo que, entre otras cosas, lleva a evitar que los estados manejen el inmenso ahorro social vinculado a los sistemas de pensiones públicas.

¿Cómo funcionaban antes los bancos y cómo se han adecuado al nuevo mundo financiero?

El sistema bancario basaba tradicionalmente su negocio en los préstamos que concedía a empresas y hogares, a los cuales aplicaba un tipo de interés más alto que el que pagaba por los depósitos de sus clientes.

Tras las transformaciones del sistema financiero como resultado de las medidas económicas neoliberales, las empresas comenzaron a preferir financiarse en los mercados financieros emitiendo bonos o acciones, e incluso los hogares preferían mantener sus ahorros en forma de acciones o de otros títulos financieros. Los bancos, por lo tanto, cada vez tenían más dificultades para recibir dinero que poder prestar, por lo que tuvieron que ampliar sus líneas de negocios.

¿Qué tipo de nuevas líneas de negocio abrieron los bancos?

Una de estas nuevas líneas de negocios son los fondos de inversión colectiva y, en particular, los fondos de pensiones. Esta forma de negocio se caracteriza porque el banco recoge dinero de diferentes clientes, forma un fondo con ellos e invierte en los mercados financieros en busca de su revalorización. Si esta se produce se devuelven ganancias financieras al cliente después de que el banco se haya quedado con la mayor parte.

¿Qué papel han tenido los fondos de pensiones en la reciente crisis financiera?

Estos nuevos instrumentos han crecido exponencialmente en los últimos años y han tenido un papel crucial en el origen de la actual crisis financiera[23]. Los fondos de pensiones privados son una parte cada vez más importante del total de fondos de inversión colectiva, aunque enfrentan la dificultad de que tienen que competir con los fondos públicos de pensiones.

Por esa razón los fondos de pensiones privados son especialmente importantes en aquellos países donde el Estado del Bienestar es más débil, como ocurre en Estados Unidos, país del que provienen el 61% de todos los fondos de pensiones privados del mundo. De hecho, mientras que en Francia los fondos de pensiones privados representan el 3,4% del total, en EEUU alcanzan prácticamente el 50%[24].

¿Por qué quieren los bancos que se privatice el sistema público de pensiones?

Más allá del papel pernicioso que tienen los movimientos financieros de los fondos de pensiones privados la cuestión está clara: son un instrumento más, y cada vez más importante, para el beneficio de los bancos y las entidades financieras en general. Y el obstáculo principal que tienen enfrente para poder rentabilizarlo al máximo es la supervivencia del sistema público de pensiones, que desvía hacia el Estado recursos económicos que los bancos buscan para proseguir sus lucrativas actividades económicas.

No son por tanto, razones económicas ni de sostenibilidad o equilibrio financiero, las que ponen sobre la mesa la necesidad, como dicen los liberales, de privatizar el sistema público de pensiones. Ni es «la sociedad» quien prefiere o quiere hacer ese cambio. Son los bancos quienes desean acabar con este sistema para aumentar su volumen de negocio y poder competir en mejores condiciones con otros bancos extranjeros.

Como hemos explicado, la privatización radical era y es la alternativa más rentable, más atractiva y más deseada por el capital financiero que de esa forma se haría cargo de la gestión de fondos supermillonarios y extraordinariamente rentables. Pero se trata, sin embargo, de una alternativa costosa y arriesgada tanto económica como social y políticamente.

¿Es que acaso pueden los bancos influir en las decisiones de los políticos?

Pueden y tratan de hacerlo cada vez más.

David Taguas, uno de los técnicos liberales que más insiste en divulgar la tesis de la inviabilidad del sistema público de pensiones, fue Director de la Oficina Económica del presidente del gobierno de España entre 2007 y 2008. Antes, sin embargo, había sido subdirector del servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Tras abandonar su puesto pasó a trabajar al servicio de la patronal inmobiliaria.

Las relaciones entre políticos, banqueros y empresarios son por lo general muy poco transparentes, a pesar de lo cual de vez en cuando nos encontramos con evidencias palmarias: antiguos gobernadores del banco central que pasan a formar parte de consejos de administración de bancos privados o subgobernadores que lo hacen a la patronal de la banca privada son casos que tenemos muy cercanos y que muestran que el tejido de intereses es compacto e inteligentemente articulado.

Todo ello obliga a concluir que quien toma muchas de las grandes decisiones en nuestras democracias no son los representantes de los ciudadanos sino quienes de verdad detentan el poder: los que tienen el dinero.

¿Hay que dejar entonces el sistema público de pensiones como está?

Aunque la estrategia neoliberal de apropiación del ahorro que está detrás de estas continuas llamadas a la reforma para privatizar las pensiones se sustente en análisis y propuestas que no se pueden dar científicamente irrebatibles, sino más bien todo lo contrario, no se puede tampoco concluir que no hay peligro para el sistema y que se puede dejar la situación tal y como está.

Por supuesto que las pensiones públicas están en peligro. Como también lo están otros derechos sociales. Lo que ocurre es que lo están pero no por las razones a las que apuntan los liberales sino justamente porque se aplican las políticas que ellos proponen. Lo que hace peligrar el disfrute de los derechos sociales es la falta de empleo, el empleo precario, los salarios bajos, la desigualdad, la especulación financiera, el reducido gasto social…, es decir, todo lo que han provocado las políticas que se vienen aplicando en los últimos decenios.

En las condiciones actuales en las que se encuentra nuestra economía, con el alto nivel de paro y de empleo precario, con escaso gasto social… el sistema de pensiones público está en auténtico peligro si solo se financia con las cotizaciones sociales que puede proporcionar el actual nivel de empleo y con las tasas de crecimiento que se pueden obtener a partir de un modelo productivo que prima la actividad especulativa y que genera una destrucción neta de recursos materiales y naturales.

Por eso es preciso avanzar en dos frentes complementarios. Por un lado, fortaleciendo la capacidad de generar actividad económica sostenible y verdaderamente orientada a satisfacer necesidades humanas que se traduzca en más empleo e ingresos más elevados y mejor distribuidos. Y, por otra, logrando que el sistema de pensiones públicas pase a financiarse también mediante impuestos gracias a la mayor recaudación que puede proporcionar la primera vía y a reformas que incidan en la equidad fiscal y en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Hay países donde las pensiones son financiadas con fondos públicos en su mayoría. La gran popularidad de las pensiones garantiza que la sociedad, a través del Estado, siempre encontrará las vías, a través de la fiscalidad progresiva de apoyarlas.

¿Es esto último posible?

Salvar las pensiones públicas no solo es imprescindible para garantizar el bienestar y la sostenibilidad social. Es un objetivo posible siempre y cuando los ciudadanos se convenzan de su conveniencia y apoyen opciones de gobierno firmemente comprometidas con su mantenimiento. Como en tantas otras dimensiones de la vida social el que se adopten políticas en uno u otro sentido es, al fin y al cabo, una cuestión de preferencias y, sobre todo, de poder para lograr que estas se transformen en decisiones.

VICENÇ NAVARRO. Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) y de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU), donde ha impartido docencia durante 35 años. Obligado a salir de España por razones políticas durante el franquismo, se formó y trabajó en Suecia, Inglaterra y Estados Unidos y está reconocido como uno de los principales expertos mundiales en políticas sociales y públicas. Es autor de cientos de trabajos científicos traducidos a varios idiomas y ha recibido premios y honores en diversas universidades españolas y extranjeras. Actualmente dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University y el Observatorio Social de España.

JUAN TORRES LÓPEZ. Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Entre otros cargos académicos ha sido vicerrector de la Universidad de Málaga y Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Autor de una docena de libros entre los que destacan Economía de la comunicación de masas; Análisis Económico del Derecho. Panorama doctrinal; El neoliberalismo. Sociedad, trabajo y poder financiero; España va bien y el mundo tampoco; Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas; Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta; el manual universitario Economía Política y los de bachiller Economía y Economía de la Empresa. También es coautor de La economía del delito y de las penas, coordinador de otros como Pensiones públicas; ¿y mañana qué?; La otra cara de la política económica. España 1982-1994; Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana, además de haber publicado numerosos artículos científicos y un gran número de trabajos de divulgación y análisis político. Coordina con Alberto Garzón la web de información y pensamiento económicos alternativos altereconomia.org y con su colaboración publicó La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla que editó ATTAC-España.

ALBERTO GARZÓN ESPINOSA. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, es en la actualidad alumno de postgrado en la Universidad Complutense de Madrid y principal impulsor de los nuevos grupos de jóvenes economistas críticos en España.

Notas

[1] Algunos textos fundamentales para entender la Seguridad Social en España son: 1) Los capítulos sobre la Seguridad Social en España, escritos por Adolfo Jiménez en los Volúmenes I, II y III de «La Situación Social de España», colección dirigida por Vicenç Navarro. 2) Arza, C. Kohli, M. Pension Reformin Europe: Politics, policies and outcomes. London, Routledge. 2007. 3) De la Fuente, Mikel. El sistema de pensiones en España. Evolución y perspectivas de futuro. Comares, 2006. <<

[2] Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org/wow/PrintEditions/lang--es/docName--WCMS_122248/index.htm <<

[3] Navarro, V. Globalización económica, poder político y Estado del Bienestar. Editorial Ariel Económica, 2000; y Torres López, J. Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas. Icaria, Barcelona 2005. <<

[4] World Bank. Averting the Old Age crisis: Policies to protect the Old and Promote Growth, New York: Oxford University Press 1994. <<

[5] Stiglitz, Joseph y Orszag, Peter. «Un Nuevo Análisis de la Reforma de las Pensiones: Diez Mitos Sobre los Sistemas de Seguridad Social». Ponencia en la Conferencia «Nuevas Ideas sobre la Seguridad en la Vejez». Banco Mundial. Washington 14-15/9/1999. <<

[6] Mesa Lago, Carmelo. «Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de pensiones en América Latina». Revista de la CEPAL, n.o 84 (2004), pp. 59.82. <<

[7] Entre otras de sus obras pueden verse: Arza, C. «El sistema español de pensiones en el contexto europeo: estructura institucional, reformas e impactos sociales» en Navarro, V. (director). La situación social de España/III. Biblioteca Nueva. Madrid 2009; Jiménez, A. «La evolución de la Seguridad Social en España. Evolución y situación actual», en Navarro, V. (director). La situación social de España/III, cit.; Serrano, F., García, M. A., y Bravo, C. El sistema español de pensiones. Ariel Sociedad Económica, Madrid 2004; Zubiri, I. El futuro del sistema de pensiones en España. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid 2003. Navarro, V. (ed). The Political Economy of the Welfare State. 2007. <<

[8] Herce, José A. «Declaraciones en la comparecencia en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados el 9 de junio de 2009». Diario de Sesiones, n.o 305, p. 16. 2009. <<

[9] Herce, José A. et al. (1996). El futuro de las pensiones en España: Hacia un sistema mixto. Servicio de Estudios de La Caixa. Barcelona, 1996. Herce, José A. y Alonso, Javier (1998). «Los efectos económicos de la Ley de Consolidación de la Seguridad Social». Documento de Trabajo de FEDEA. Publicado también en Hacienda Pública Española, n.o 152, pp 51-66. 1998. Herce, José A. y Alonso, Javier (2000). La reforma de las pensiones ante la revisión del Pacto de Toledo. La Caixa. Barcelona, 2000. <<

[10] Ver Herce, José A. y Alonso, Javier. La reforma de las pensiones ante la revisión del Pacto de Toledo. La Caixa, Barcelona 2000. <<

[11] Serrano, F., García Díaz, M. A. y Bravo, C. El sistema español de pensiones…, ob. cit., p. 165. <<

[12] Navarro, Vicenç. «¿La Seguridad Social en España es inviable?». Temas para el debate. Mayo 2007. <<

[13] Navarro, V. «Las Pensiones son viables». El Viejo Topo. 2006 <<

[14] Fundación BBVA, «Percepción del Modelo Económico y valoración de la crisis», Julio 2009. http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Presentacion_percepcion_modelo_economico_valoracion_ crisis.pdf <<

[15] Calaso, V. The political future of social security in aging societies. The MIT Press, Mass. 2006 <<

[16] Annual macro-economic database of the European Commission’s, AMECO (2009) <<

[17] Navarro, V., Quiroga, A. La protección social en España y su desconvergencia con la Unión Europea. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander 2003. <<

[18] O.I.T. La Seguridad Social en la perspectiva del año 2000. OIT, Ginebra 1984, p. 113. <<

[19] Caprio, Gerald y Klingebiel, Danila (2003). «Episodes of Systemic and Boderline Financial Crisis. World Bank», Mimeo, January 2003 y «Banking Crises Database» en: http://www1.worldbank.org/finance/html/database_sfd.html <<

[20] James, E., Smalhour, J., Vittas, D. «Administrative costs in the organizations of individual Account Systems: a Comparative Perspectiva». Washington D.C. World Bank 1999. <<

[21] Baker, D. y Kar, D. «The World Bank’s Approach to Social Security Reform». Center for Economic and Policy Research. 2002. <<

[22] Segura, Julio. «Ponencia síntesis». En Seminario Europeo sobre la financiación de la Seguridad Social, editado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el título «La reforma de la protección social. La reforma financiera del sistema español de Seguridad Social en 1989». Madrid 1991, p. 393. <<

[23] Torres López, J., Garzón, A. La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? En prensa. <<

[24] International Financial Services London, 2009. <<