Índice

Portada

Sinopsis

Portadilla

Introducción

Mentira 1. El problema básico de la economía es la escasez

Mentira 2. Todos los años se concede el Premio Nobel de Economía...

Mentira 3. El precio de los bienes y servicios lo determinan...

Mentira 4. El capitalismo es la economía del mercado libre...

Mentira 5. Se recibe como salario o como beneficio lo que cada...

Mentira 6. El dinero es un simple medio de cambio...

Mentira 7. Para crear empleo hay que bajar los salarios

Mentira 8. El envejecimiento de la población hará imposible...

Mentira 9. El libre comercio y dejar que las economías...

Mentira 10. El Estado es el problema porque el gasto público es dinero tirado...

Conclusión

Bibliografía

Notas

Créditos

Sinopsis

A pesar de su apariencia de verdad objetiva, científica e indiscutible, la economía está plagada de falsedades. Sus medias verdades o patentes mentiras, sin embargo, no se dicen por error ni por gusto, sino para causar un determinado efecto en quien las escucha. En nuestro tiempo, ese efecto es evidente: justificar y propiciar la mayor concentración de ingresos y riqueza en unas pocas manos y hacer que la gente se resigne al silencio mientras se restringen sus derechos y se le impone un modelo económico, además de injusto, ineficiente.

En este libro transparente y demoledor, el catedrático de Economía Aplicada Juan Torres desgrana las diez falsedades de la economía que más impacto tienen en nuestra forma de vivir y repartir la riqueza. En capítulos breves y analíticos, desmonta presunciones como que el problema básico de la economía sea la escasez, que el capitalismo sea un sistema económico basado en la competencia y el mercado libre, que el envejecimiento de la población hará impagables las pensiones, que es ineludible bajar los salarios para crear puestos de trabajo, que bajar los impuestos beneficia a todos y otros mantras en los que se sostiene nuestro sistema.

La economía basada en los postulados liberales, la dominante en nuestro tiempo, se nos presenta con un gran nivel de abstracción, formulada con alambicados desarrollos matemáticos que pretenden hacernos creer que su rigor científico es indiscutible. Pero lo cierto es que las conclusiones y propuestas que se derivan de ella chocan frontalmente con la realidad. Este libro lo demuestra con pasión y precisión.

Econofakes

Las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida

Juan Torres López

Introducción

No me importa quién redacte las leyes de una nación o quién elabore sus tratados avanzados, si puedo escribir sus libros de texto de economía.

PAUL A. SAMUELSON

Estamos viviendo una época en la que se ha tenido que inventar un término, la posverdad, para hacer referencia a la difusión deliberada y generalizada de la mentira en nuestras sociedades.

La proliferación de fake news (noticias falsas) es un fenómeno dramático porque la mentira nos hace esclavos, pues nos impide conocer con autenticidad qué es lo que nos interesa realmente y qué deseamos o nos conviene conseguir. Y me temo que una buena parte del origen y de la gravedad del problema, y de las consecuencias nefastas que produce, tiene que ver con lo que ha ocurrido en los últimos decenios con la economía. Una rama del conocimiento que llegó a considerarse a sí misma como «reina de las ciencias sociales», según Paul Samuelson, y que en nuestros días cuenta con una enorme influencia en todos los ámbitos de la vida, puesto que tiene que ver con la actividad de la que nace el poder más fuerte y decisivo en nuestras sociedades y de la que depende el sustento diario de todas las personas, e incluso el futuro físico del planeta.

La economía se suele presentar a sí misma como un conocimiento superior, de apariencia formal casi indiscutible y de rigor indiscutido. Sin embargo, la realidad es que una buena parte de las proposiciones económicas (desde luego, todas las que tienen que ver con la política económica) son de carácter normativo, es decir, relativas al «deber ser» y, por tanto, basadas en juicios subjetivos sobre lo que es mejor o peor en opinión de quien las formula. Y cuando son de carácter positivo, es decir, cuando se puede comprobar si son ciertas o no, se presentan muy a menudo como si realmente fueran ciertas, cuando en realidad son falsas.

La consecuencia es que la economía es también un campo en el que abundan la posverdad y las falsedades más o menos deliberadas. De ahí que me haya atrevido a utilizar el barbarismo con el que doy título al libro, econofakes, cuando me he dispuesto a presentar y desnudar a lo largo de sus páginas las diez mentiras económicas que considero más relevantes para la vida humana en nuestro tiempo.

En 2016 publiqué, en esta misma editorial, Economía para no dejarse engañar por los economistas. Cincuenta preguntas y sus respuestas sobre los problemas económicos actuales, un libro que tuvo bastante éxito, pues se realizaron de él cuatro ediciones, además de otra de bolsillo. Muchos de sus lectores me escribieron para decirme que con él habían entendido por primera vez las cuestiones económicas que suelen presentarse al público de modo complicado y difícil de leer y que, además, habían descubierto que no son siempre como parecen, o como se presentan en los medios o en la vida política.

Ésa era, efectivamente, mi pretensión cuando lo escribí: hacer ver que la economía no es un mundo cerrado regido por una sola verdad, ni una rama del saber que proporcione un único punto de vista indiscutible y científicamente contrastado.

En la presentación de esa obra indicaba que no pretendía ofrecer a los lectores una perspectiva «auténtica», «verdadera» o «indiscutible» de la economía, puesto que no creo que la haya, sino tan sólo sembrar la duda para hacerles ver que los asuntos económicos se pueden, y se deben, contemplar desde diferentes puntos de vista, porque se pueden resolver con criterios muy distintos que no tienen que ver con lo bueno o lo malo como algo objetivamente definido.

A la vista de su difusión, creo que aquel libro fue útil para muchas personas, pero es igualmente cierto que otras me dijeron que se trataba de un texto que requería atención y obligaba a una lectura sosegada y con tiempo. Y es normal: se trataba de un tomo de 432 páginas, que, aunque con un tamaño de letra considerable, costaba asimilar «de un tirón».

La «queja» no cayó en saco roto, y así llegué a la conclusión de que podría ser de interés presentar «la otra cara» de la economía dominante en un formato que propiciara una lectura más sencilla y rápida. Al fin y al cabo, la gente corriente a la que le pueda interesar saber qué hay de verdad o mentira en las opiniones económicas que escucha en telediarios, tertulias o discursos políticos no necesita demasiada profundidad ni las abundantes referencias bibliográficas típicas de la literatura académica, sino tan sólo algunas ideas elementales que le permitan saber cómodamente que aquello que le ponen por delante no es cierto, y entender fácilmente los motivos. Además, las cuestiones económicas que nos afectan en mayor medida, de un modo más directo y relevante, no son muchas.

El libro que tienes ahora en tus manos persigue precisamente ese objetivo de la manera más económica y sistemática posible, sin concesiones a la retórica ni a la brillantez académica. Es tan sólo una guía rápida para comprobar la falsedad de diez propuestas o ideas económicas que se difunden hoy en día continuamente y condicionan muy directamente nuestra vida diaria.

Como es lógico, y al igual que ocurre en otros ámbitos de nuestras vidas, en economía no se dicen mentiras o medias verdades por el gusto de decirlas, sino que se suelen utilizar, consciente o inconscientemente, para causar un determinado efecto. Por eso, en este libro no solo muestro por qué son falsas las afirmaciones que encabezan cada capítulo sino también las consecuencias que se derivan de propagarlas como si fuesen verdaderas.

Espero, pues, que después de leer este libro, se haya descubierto y comprendido sin demasiada dificultad que esas diez grandes mentiras no son ni mucho menos casuales, sino que se corresponden casi a la perfección con otros tantos procedimientos a través de los cuales se consigue concentrar el ingreso y la riqueza cada vez en menos manos, y hacer que la gente permanezca en silencio cuando se le restringen los derechos y se le impone un determinado modo de vida para que todo eso pueda suceder. Son las siguientes, y ésta es su vinculación con los diferentes capítulos de este libro.

Primero, se deja a un lado el problema que realmente nos debería preocupar, la distribución de los recursos disponibles, para establecer que lo único preocupante es que no hay suficientes para todos (mentira 1: el problema básico de la economía es la escasez).

En segundo lugar, se hace creer que todo aquello que dicen los economistas es científico y que, por tanto, no se puede poner en cuestión (mentira 2: todos los años se concede el Premio Nobel de Economía).

En tercer lugar, se presenta la vida económica como un sistema de automatismos en el que no debemos entrometernos, so pena de estropearlo (mentira 3: el precio de los bienes y servicios lo determinan las leyes de la oferta y la demanda).

En cuarto lugar, se muestra el sistema económico en el que vivimos como el mejor posible, de modo que no valdría la pena tratar de cambiarlo (mentira 4: el capitalismo es la economía del mercado libre y la competencia).

En quinto lugar, se asegura que el salario o el beneficio responden a la aportación que cada sujeto hace a la producción, así que nadie tiene por qué reclamar más de lo que recibe (mentira 5: se recibe como salario o beneficio lo que cada cual aporta a la producción).

En sexto lugar, se presenta el dinero como algo neutro que no tiene nada que ver con la política y los bancos como simples intermediarios entre los ahorradores y los inversores, de forma que lo mejor es dejarlos en libertad para que hagan bien su trabajo (mentira 6: el dinero es un simple medio de cambio, y los bancos, intermediarios que prestan lo que depositan sus clientes).

En séptimo lugar, se hace creer que el paro existe porque no sabemos gestionar bien nuestro capital humano y porque tenemos salarios muy elevados y tantos derechos laborales que no dejamos que funcione bien el mercado laboral (mentira 7: para crear empleo, hay que bajar los salarios).

En octavo lugar, se siembra desconfianza en los mecanismos de solidaridad social y se nos dice que sólo tendremos ingresos en la vejez si confiamos en los bancos y les dejamos nuestros ahorros (mentira 8: el envejecimiento de la población hará imposible financiar las pensiones públicas).

En noveno lugar, se asegura que el libre comercio y la búsqueda de la competitividad, en lugar de la protección y la cooperación, son los mejores procedimientos para que los individuos y las naciones salgan adelante (mentira 9: el libre comercio y dejar que las economías compitan entre sí es más beneficioso para todas que intentar protegerlas).

Finalmente, se dice que no vale la pena recurrir al Estado porque éste hace las cosas peor que las empresas privadas, es muy costoso y su actuación perjudica la economía (mentira 10: el Estado es el problema porque el gasto público es dinero tirado, expulsa a la inversión privada, obliga a poner impuestos que perjudican a todos y genera deuda que frena el crecimiento económico).

Espero, en fin, que siendo consciente de todo ello, este libro haga más libre a quien lo lea porque le haya despertado la duda inteligente y modesta que es, como escribió Shakespeare, la «sombra de los sabios».

JUAN TORRES LÓPEZ
https://juantorreslopez.com/
Sevilla, 1 de mayo de 2021

Mentira 1

El problema básico
de la economía es la escasez

Decir que la escasez de recursos es el problema básico de la vida económica resulta un lugar común en cualquier manual convencional de economía. Basta con abrir las primeras páginas de cualquiera de ellos para comprobarlo.

Algunos, como el más vendido de la historia, de Paul A. Samuelson y William Nordhaus, incluso hablan de la «ley de la escasez» para hacer notar que esta última es una constante en cualquier tipo de sociedad y en todo momento histórico.

El origen de esta mentira se encuentra en la definición de economía más popular y extendida entre los economistas, la que dio Lionel Robbins en su Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, de 1932: «Ciencia que estudia la utilización óptima de los recursos escasos, susceptibles de usos alternativos».

Decir que la economía como rama del conocimiento debe dedicarse a analizar la toma de decisiones en situaciones de escasez es una opinión o una preferencia legítima, aunque con consecuencias muy concretas para los seres humanos, como veremos enseguida. Sin embargo, afirmar que la escasez es el problema básico de la actividad económica choca con la realidad e incluso con el sentido común. Es mentira.

La falsedad

Dos circunstancias evidentes demuestran que esa afirmación es falsa. Por un lado, no es verdad que haya escasez de todos los recursos o para todos los seres humanos y, por otro, es obvio que hay otros problemas previos o incluso más importantes o decisivos para el sustento de los seres humanos y la vida económica que la supuesta escasez.

No se puede hablar de la escasez como un concepto abstracto. Cuando se dice que existe, para poder asegurar que los recursos a nuestra disposición son escasos, es obligado plantear al mismo tiempo cuatro preguntas o cuestiones esenciales: cuáles son los recursos escasos, para qué lo son, para quién y por qué.

Un ejemplo sencillo permite comprobar la simpleza que supone decir en abstracto que hay escasez sin responder a esas preguntas: el trabajo humano es un recurso esencial para la vida económica, quizá el que más, pues no puede existir ningún bien o servicio que satisfaga nuestras necesidades sin trabajo previo, en mayor o menor cantidad, o de uno u otro tipo. Sin embargo, ¿alguien se atrevería a decir que el trabajo humano es escaso? ¿No habría que decir más bien que es demasiado abundante o sobrante, a tenor del desempleo tan masivo que hay en el mundo? ¿Cómo se puede decir que el problema básico de la vida económica es la escasez de recursos cuando el más necesario de todos ellos sobra constantemente a nuestro alrededor?

Como en otras ocasiones que volveremos a comentar más adelante, la economía convencional confunde algo elemental: una cosa es existir en una cantidad finita y otra ser escaso; que algo sea muy muy pequeño no quiere decir que su tamaño sea cero.

Otro ejemplo igual de elemental muestra que la escasez no es de verdad el problema básico de la economía. ¿Qué recursos son realmente escasos, hasta el punto de que esa escasez obligaría a utilizarlos de manera especialmente cuidadosa? Sin duda, los que nos proporciona la naturaleza en múltiples formas o la energía que se necesita para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad económica. Y ¿cuál es la respuesta de la economía ante esa auténtica escasez? Sencillamente, no tenerlo en cuenta. Ni en los indicadores económicos que se utilizan habitualmente, ni en los modelos que sirven para deducir teorías y propuestas de política económica, ni en el marco conceptual del análisis económico se introduce el gasto que se hace de los recursos naturales escasos, su coste efectivo o el consumo de energía que se necesita para usarlos, ni los efectos que eso produce.

Se podrían poner otros muchos ejemplos para mostrar claramente que es falso que los seres humanos tenemos problemas económicos porque los recursos son escasos. Me limitaré a poner solamente otros dos.

Según la FAO, la organización de las Naciones Unidas que se dedica a los problemas de la alimentación en el mundo, el hambre no ha dejado de aumentar en el planeta desde 2014.1 En estos años, sin embargo, las cosechas de alimentos han sido las mayores de la historia. ¿Se puede decir que hay hambre en el mundo porque los recursos son escasos cuando todas las estadísticas muestran que se produce lo suficiente para alimentar a toda la población mundial e incluso se desperdician más de mil millones de toneladas de alimentos cada año?2

Por otro lado, se suele decir que no hay dinero para que los Gobiernos financien la provisión de los bienes y servicios que podrían satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos del planeta. También es falso: para financiar los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, que permitirían erradicar la pobreza en todo el mundo, proporcionar educación primaria universal, alcanzar la igualdad entre los géneros, acabar con la mortalidad infantil y materna por falta de medios, frenar el avance del VIH/sida y detener el deterioro del medio ambiente, serían necesarios unos seis billones de euros anuales hasta 2030. ¿Se puede decir que esos problemas siguen existiendo y acabando con la vida de millones de personas porque es demasiado dinero, que no hay recursos suficientes para ello, sabiendo que esa cantidad se podría obtener con una minúscula tasa de unos cuatro céntimos por cada 100 euros de todas las transacciones financieras que se llevan a cabo en todo el mundo cada año?

Por otro lado, la realidad que tenemos a nuestro alrededor nos indica claramente que no sólo no son escasos todos los recursos que necesitamos para vivir (aunque sean limitados), como acabo de señalar que ocurre con el trabajo humano, sino que para unas personas son escasos o incluso inexistentes, mientras que otras los tienen de sobra. Basta con tener presentes algunos datos como los siguientes para comprobarlo:

El 1 por ciento de las personas más ricas del mundo que poseen más de un millón de dólares disponen del 44 por ciento de la riqueza global del planeta, mientras que el 56,6 por ciento de la población global sólo posee menos del 2 por ciento de la riqueza mundial.

Ese 1 por ciento más rico del planeta se apropiaba del 15,73 por ciento del crecimiento de la riqueza mundial en 1982, y del 20,44 en 2016, mientras que el 50 por ciento más pobre pasó de disponer del 8,46 por ciento al 9,66 por ciento en ese mismo período.

Los diez multimillonarios más ricos del mundo poseen 801.000 millones de dólares en riqueza combinada, una suma mayor que el total de bienes y servicios que la mayoría de las naciones.

La concentración progresiva de la riqueza ha hecho que el 50 por ciento de la riqueza global haya pasado de estar en manos de 380 personas en 2009 a 26 en 2019.

Sólo de marzo de 2020 a febrero de 2021, en plena pandemia de la COVID-19, cuando más necesaria hubiera sido la solidaridad, la cooperación y la ayuda, los milmillonarios del planeta aumentaron su riqueza en 3,9 billones de dólares, mientras que los trabajadores en su conjunto perdieron 3,7 billones.3

No se puede decir que algo es escaso o sobrante sin determinar o cuestionar previamente para qué fin se va a utilizar. Por tanto, el problema básico de la economía no puede ser el de enfrentarse a la escasez, porque no es seguro que ésta se produzca sea cual sea la finalidad del uso de los recursos o sea cual sea su distribución. El problema básico de la economía sería, en todo caso, determinar qué se quiere hacer con los recursos disponibles y cómo se van a distribuir.

Consecuencias

Afirmar que la escasez es el problema básico que ha de resolver la vida o actividad económica de los seres humanos tiene tres consecuencias principales.

La primera es que oculta que hay otros problemas previos que, si se plantean adecuadamente, pueden evitar que haya escasez.

En España, como en casi cualquier país rico, hay viviendas suficientes, de sobra, como para que todas las personas pudieran disponer de una. Sin embargo, hay muchas personas y familias que no la tienen, que deben vivir con otras personas o familiares o incluso en la calle. ¿Ocurre eso porque los recursos son escasos o porque la sociedad no se ha planteado previamente qué quiere hacer con los recursos disponibles, es decir, distribuirlos de otro modo?

Si se planteara esto último, es seguro que en España no habría escasez de viviendas. O mejor dicho, no habría escasez de viviendas para nadie.

La segunda consecuencia de esta mentira es que permite soslayar el debate sobre la cuestión principal: cómo están distribuidos los recursos. Se da por hecho que son escasos porque se da por buena una distribución de ellos que produce la escasez y lo que entonces se plantea es la elección entre opciones de reparto que respetan el criterio de distribución establecido. Los «usos alternativos» de los que habla Robbins sólo son los que encajan en la finalidad de uso que se da por inamovible.

Por tanto, dar por hecho, sin más, que hay un problema de escasez de recursos en la vida económica equivale a aceptar el orden social existente en un momento dado para evitar que se cuestione la finalidad con la que se van a utilizar o administrar los recursos, sean escasos o no.

De hecho, los economistas convencionales que asumen más o menos literalmente la definición de Robbins y que son consecuentes han de establecer expresamente que la economía no debe ocuparse de las cuestiones relativas a la distribución ni plantearse la finalidad del uso de los recursos, sino tan sólo de proporcionar criterios que permitan realizar elecciones que impliquen su uso óptimo, en el exclusivo sentido de más eficiente, es decir, más barato. De lo contrario, dicen, se tendrían que realizar juicios de valor que no serían científicos.

Pero de ahí se deduce una última y curiosa consecuencia de esta mentira.

Los economistas de la escasez dicen que se limitan a utilizar una especie de caja de herramientas neutra, sin hacer juicios de valor, pues no se pronuncian sobre los problemas éticos que pueda haber detrás de la elección entre los diferentes usos posibles de los recursos. Pero ¿acaso se puede determinar qué es lo óptimo y qué no sin realizar un juicio de valor previo? ¿No es un juicio de valor decir que lo socialmente óptimo es usar los recursos en su combinación más barata y no cualquier otra? ¿Acaso se puede realizar una elección entre usos alternativos de un recurso sin establecer previamente un juicio ético sobre lo que conviene o no?

A esos economistas les ocurre lo mismo que al burgués gentilhombre de la comedia de Molière que hablaba en prosa sin saberlo: sostienen que la escasez es un problema básico de la vida económica que la economía resuelve sin realizar juicios de valor, pero ellos mismos hacen previamente un juicio de valor al decir que es preferible que los recursos se utilicen buscando su uso más barato en lugar de la equidad o el respeto del medio ambiente, por ejemplo.

En resumidas cuentas, no poner sobre la mesa las cuestiones esenciales y previas que hemos mencionado (escasez de qué, para quién, para qué y por qué) y aceptar que la economía como rama del conocimiento se centra en el estudio de la escasez orientado simplemente a determinar cuáles son las elecciones óptimas, más baratas, que se deben adoptar a la hora de elegir las distintas alternativas, equivale a dar por buena la finalidad, la distribución y el tipo de uso o administración de los recursos que se hace en un momento dado e impide que todo ello se ponga socialmente en cuestión.

Lo que ocurre entonces es que la economía se convierte en un instrumento para el mantenimiento del statu quo, en un discurso ideológico legitimador y que bloquea la puesta en marcha de cualquier política alternativa a las dominantes que benefician a quienes disponen de más riqueza y poder.

Mentira 2

Todos los años se concede el Premio
Nobel de Economía

Tal y como se puede comprobar fácilmente en cualquier buscador de internet, en los primeros días de octubre de cada año los medios de comunicación informan de las personas que han ganado «el Premio Nobel de Economía».1 Y eso mismo ocurre incluso en los manuales de economía. En el de macroeconomía de N. Gregory Mankiw, de los más vendidos durante los últimos años en todo el mundo, hay un epígrafe titulado: «Los macroeconomistas que han recibido el Premio Nobel».2

Es falso. No existe el «Premio Nobel de Economía».

La falsedad

Al morir en 1896, Alfred Nobel dejó escrito en su testamento que la totalidad del capital que había acumulado tras descubrir la dinamita quedaría invertido en valores seguros para constituir «un fondo cuyos intereses serán distribuidos cada año en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad». Concretamente, los intereses se repartirían en cinco partes iguales para premiar a las personas que cada año hubiesen hecho el descubrimiento o el invento más importante en los campos de la física, la química, la fisiología y la medicina, escrito la obra más sobresaliente de tendencia idealista en la literatura y trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz.

Aunque Alfred Nobel conocía los estudios de economía de aquel tiempo, en ningún momento se planteó que también hubiera un premio en ese campo, como han reconocido quienes han podido analizar su documentación y correspondencia, entre ellos, alguno de sus descendientes.

Por tanto, el que se conoce como «Premio Nobel de Economía» es un reconocimiento ajeno a la voluntad del creador de los premios y no se financia con su legado.

Lo sucedido fue que el Banco de Suecia creó un premio en 1968, cuando se conmemoraba su 300 aniversario, titulado «Premio de Economía del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel», que ha conseguido hacerse pasar por un Nobel más.

Años después, el director de la Fundación Nobel, Michael Sohlman, quiso quitarle intencionalidad a la creación de este premio como si fuera un Nobel diciendo en una entrevista que, en realidad, respondía a que «el banco quería una especie de exhibición de fuegos artificiales para celebrar su tricentenario».3 Pero no fue así. El propio Sohlman reconoció en esa misma entrevista que se trató de una operación bien pensada y calculada para que el Premio del Banco de Suecia se confundiera desde el principio con los originalmente creados por Alfred Nobel: «el banco tuvo que hacer cálculos para que los periodistas no se parasen a distinguirlos».

Consecuencias

Para entender lo que realmente implica que el Premio de Economía creado y financiado por un banco central se confunda con un Premio Nobel, hay que conocer el contexto, la situación económica y política sueca y mundial en que se produjo la propuesta. Su análisis lo realizaron con detalle y amplia documentación Avner Offer, catedrático de la Universidad de Oxford, y Gabriel Söderberg, investigador de la de Upsala, en un libro reciente.4

En la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado, justo cuando en todo el mundo se estaba preparando la respuesta neoliberal a los grandes avances sociales que se venían dando en el mundo occidental, los dirigentes del Banco de Suecia (el banco central más antiguo del mundo) se encontraban sumidos en una fuerte polémica con la socialdemocracia de ese país, entonces la fuerza política más fuerte e influyente. Las autoridades monetarias reclamaban un estatuto que reconociera al banco como una autoridad independiente del poder legislativo y ejecutivo, mientras que la socialdemocracia se oponía a ello por considerar que de esa forma se pondrían en peligro el papel tan importante que entonces jugaba la política fiscal y el estado de bienestar.

Para defender su pretensión, el Banco de Suecia —como los de otros países— necesitaba que la sociedad se convenciese de que la política monetaria y, en general, los asuntos y análisis económicos son cuestiones técnicas, neutras, científicamente fundadas y, por tanto, ajenas a la controversia política y no necesitadas del debate social y el beneplácito ciudadano.

Siendo así, si se imponen esas ideas, se aceptará que no debe producirse injerencia política y que las medidas de política monetaria sólo las debe adoptar quien tiene el conocimiento y la técnica capaces de determinar lo que hay que hacer o no en cada momento, es decir, el banco central independiente, sin presiones del Parlamento o del Ejecutivo. Sus dirigentes deberán tomar esas decisiones de política monetaria con la misma independencia y objetividad con la que un ingeniero hace los cálculos para señalar el grosor que debe tener una pieza para alcanzar determinada resistencia, o como un físico que establece la velocidad a la que debe despegar un cohete en determinadas circunstancias para poder elevarse.

La socialdemocracia sueca se oponía a esos planteamientos afirmando que la política monetaria era lo que su propio nombre indica, es decir, «política», porque sus medidas afectan siempre de un modo desigual a la gente y, por tanto, son susceptibles de debate acerca de a quién se debe beneficiar en mayor o menor medida.

Sin embargo, el Banco de Suecia terminó logrando que la Fundación Nobel aceptara su propuesta y así consiguió hacer creer a la opinión pública de todo el mundo que la economía era un saber comparable al de la Química, la Física o la Fisiología y la Medicina, ciencias que son capaces de establecer verdades universales y, en consecuencia, indiscutidas.5 Y dado que a nadie en su sano juicio se le ocurriría discutir en un Parlamento si una mezcla de cloro y sodio debe dar un cloruro o un clorato, lo mismo debería ocurrir cuando el banco central tomara medidas «científicas» sobre el nivel que deben tener los tipos de interés o la cantidad de dinero que debe circular en la economía, por ejemplo.

El nuevo premio nacía confundido en la práctica con los creados por Alfred Nobel cuando no lo era y así se revestía a la economía —en unos momentos históricos en los que se estaba gestando un cambio de visión radical en la teoría y la política económicas— con el capital simbólico acumulado durante decenios por las grandes ciencias empíricas y experimentales.

Esta operación del Banco de Suecia tuvo, por tanto, varias consecuencias concretas.

En primer lugar, se violentó el deseo de Alfred Nobel al asociar su legado a un premio que no deseó crear. Y, aunque el Banco de Suecia dice haber creado el premio en su memoria, lo cierto es que viola no sólo la letra de su testamento, sino también el espíritu que el ingeniero y químico sueco quiso imprimir a los premios, como dijimos, el de reconocer el beneficio proporcionado a la humanidad por los premiados.

En el caso de los premios del Banco de Suecia, ese requisito ha estado claramente ausente en muchos de ellos y, en algunos, de modo flagrante. Es el caso, por ejemplo, del galardón concedido en 1997 a Myron Scholes y Robert Merton por haber descubierto una supuesta fórmula segura y lucrativa para operar en los peligrosos mercados de derivados. La habían aplicado al fondo de inversión Long-Term Capital Management, creado por ellos dos junto con otras personas en 1994, y lo que produjo fueron unas pérdidas de 4.600 millones de dólares en tan sólo cuatro meses, obligando a que se rescatara con dinero público para evitar una crisis financiera mundial. O también el de otros polémicos galardonados, como Robert Fogel, que consideró que la esclavitud en Estados Unidos había sido un sistema sólido, rentable, eficaz y sostenible en el tiempo, o Gary Becker, para quien el papel subordinado de las mujeres en la actividad laboral es simplemente una estrategia optimizadora del comportamiento y los recursos.

Por el contrario, es muy significativo que el economista que puso en marcha un nuevo tipo de banca y los microcréditos que han sacado de la pobreza a millones de personas y familias, Muhammad Yunus, no recibiera el Premio de Economía del Banco de Suecia, sino el Nobel de la Paz.

En segundo lugar, conceder un premio de economía equiparado a los Nobel supone dar una autoridad aparentemente indiscutible por sus ideas a quien simplemente ha expuesto tesis que no son científicas, sino el resultado de preferencias éticas, hipótesis siempre discutibles y cuyas conclusiones nunca pueden tener valor universal. Eso es lo que hace posible que en el caso de los premios del Banco de Suecia estos se hayan podido dar, incluso el mismo año, a economistas que afirman y proponen justamente lo contrario sobre un mismo tema económico. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en 2013, cuando se concedió a Eugene F. Fama y a Robert J. Shiller por sus estudios sobre el funcionamiento de los mercados financieros: al primero, por haber demostrado supuestamente que se comportan con eficiencia y plena racionalidad, y al segundo, por mostrar que son ineficientes y de comportamientos irracionales. Vendría a ser algo así como si el Nobel de Medicina se concediera en un mismo año a quien defiende las virtudes de la homeopatía y a quien asegura que no resuelve nada.

Uno de los galardonados, el austríaco Friedrich Hayek, tuvo la honestidad y la valentía de reconocerlo en su discurso de recepción del galardón: «El Premio Nobel confiere a un individuo una autoridad que en economía ningún hombre debería poseer».

En tercer lugar, presentar como Premio Nobel un galardón que no lo es permite encumbrar las corrientes de pensamiento que defienden los galardonados. Y la prueba de que eso no se hace por casualidad es el enorme sesgo ideológico del Premio del Banco de Suecia: alrededor de los dos tercios de los 84 galardonados hasta 2020 (de ellos, sólo dos mujeres) defienden enfoques y propuestas de política económica claramente vinculadas al neoliberalismo que se ponía en marcha justamente cuando se creó el premio.

En resumidas cuentas, la hábil estrategia del Banco de Suecia ha sido un factor decisivo para que la opinión pública crea que la economía tiene un estatus en el mundo de las ciencias que en realidad no tiene. Desde luego, no más del que puedan tener otras disciplinas o ramas del saber, como la sociología, la psicología o la antropología. Y si los dirigentes de instituciones que persiguen objetivos políticos disfrazan a la economía para que parezca un tipo de conocimiento no político es, precisamente, porque se quiere ocultar que no están tomando decisiones económicas objetivas, ni neutras, ni científicamente fundadas, sino políticas. Conviene y se procura por medios como el de hacer creer que existe un Premio Nobel de Economía para que la gente crea que esas decisiones son técnicas neutras y libres de juicios de valor y, entonces, las acepten sin discusión.

En fin, esta segunda mentira contribuye a lograr el mismo objetivo que la primera, consolidar la economía como una ideología con apariencia de conocimiento objetivo que justifica el orden existente y frena el cambio social.

Mentira 3

El precio de los bienes y servicios
lo determinan las leyes de la oferta
y la demanda

Los economistas han hablado tantas veces de «la ley de la oferta» y «la ley de la demanda» que los políticos, periodistas y hasta la gente corriente han hecho suya la expresión y creen que esas «leyes» son las que efectivamente hacen que funcionen los mercados y las que fijan automáticamente los precios de los bienes y servicios que compramos diariamente.

La enciclopedia Wikipedia resume perfectamente lo que suelen decir todos los manuales convencionales de economía al definir esas «leyes»:

La ley de la oferta indica que la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio del producto, más unidades se ofrecerán a la venta. Por el contrario, la ley de la demanda indica que la demanda es inversamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores. Por tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio del bien.

En muchos otros diccionarios y libros de todo tipo se pueden encontrar expresiones prácticamente idénticas.1

Sin embargo, esa idea es falsa. O, mejor dicho, es tres veces falsa.

La falsedad

Decir que el precio de los bienes y servicios se fija a través de la oferta y la demanda es falso, en primer lugar porque en ningún caso se puede decir que exista una ley como la que hemos visto que enuncia la Wikipedia.

La palabra ley tiene un único e indiscutible significado en el lenguaje de las ciencias: la expresión de una regularidad que se da en la naturaleza, en el comportamiento humano o en cualquier otro objeto de conocimiento. Como bien dice la misma Wikipedia, una ley es «una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores».

La clave del término está, efectivamente, en la expresión constante, porque sólo puede reconocerse como ley lo que sucede siempre, regular o permanentemente. Por eso decimos que cuando alguna ciencia descubre una ley, establece una verdad universal, en el sentido de que ocurre con independencia de cualquier otra circunstancia, en cualquier momento o situación.

Sin embargo, no es cierto que «cuanto más alto sea el precio, más unidades se ofrecerán a la venta» (supuesta «ley» de la oferta), ni que «cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores» (supuesta «ley» de la demanda).

Es muy fácil de demostrar la falsedad: si aumenta el precio y al mismo tiempo aumentan los costes de la empresa, lo más seguro es que ésta no ofrezca más cantidad. Y, por otro lado, si aumenta el precio del bien, pero sube también la renta del consumidor, o aumenta al mismo tiempo el precio de otros que puedan sustituirlo, o si ese bien se pone de moda y es más preferido por el consumidor, seguramente no sólo no baje su demanda, sino que incluso es posible que aumente.

Las «leyes» de la oferta y la demanda que establecen ese tipo de relación entre la cantidad que ofrece la empresa y la que demanda el consumidor sólo se cumplen si, y sólo si, se mantiene constante cualquier otro factor de los que inevitablemente influyen en la oferta y demanda de bienes y servicios (costes de las empresas, renta de los consumidores, preferencias, precios de otros bienes...). Y eso es algo que es imposible que ocurra en la realidad, salvo en algún caso completamente excepcional y milagroso.

En segundo lugar, la expresión es falsa porque no se puede decir que la oferta y la demanda de un bien determinan su precio.

La economía convencional muestra la fijación del precio de un bien o servicio a través de la oferta y la demanda de un modo muy sencillo. Si la oferta aumenta cuando sube el precio y la demanda baja, ambas serán como las dos hojas de una tijera, digamos que dos rectas que se encuentran en un punto y ese punto es el precio «de equilibro», el que iguala la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, al que la empresa estará dispuesta a vender y el consumidor a comprar.

El problema radica en que esa suposición es falsa, como han demostrado bastantes economistas mediante análisis matemáticos complejos, pero que vamos a resumir a continuación del modo más sencillo e intuitivo posible.

Veamos primero el caso de la demanda.

La «ley» establece que la demanda disminuye a medida que sube el precio del bien y viceversa, sube la demanda cuando baja el precio. Pero acabamos de decir que eso sólo ocurrirá si los ingresos del consumidor se mantienen constantes, si no varía el precio de otros bienes que lo sustituyan o si no cambian las preferencias del consumidor.2 Es lógico: si aumenta nuestra renta, no nos importará, por ejemplo, que suba el precio de las entradas de cine, seguiremos yendo las mismas veces que antes o quizá más porque ha aumentado nuestra capacidad de compra. Y lo mismo pasará si sube en igual o mayor medida el precio de cualquier otro bien que sustituya al cine (teatro, deporte, música...). O simplemente porque ahora preferimos ir más veces al cine.

Es decir, la «ley» funciona si cuando varía el precio de un bien, no cambia la renta del consumidor que lo demanda o si no varía el precio de otros bienes que lo puedan sustituir. Pero eso no puede ser lo que ocurre generalmente en la realidad por una sencilla razón: la bajada en el precio de un bien equivale instantáneamente a un aumento en la renta y un aumento en el precio del bien equivale a su disminución. Si baja el precio de las entradas de cine, por ejemplo, es como si aumentara nuestro ingreso, porque al bajar el precio quiere decir que podemos ir más veces al cine o dedicar ese aumento de capacidad de compra a ir al teatro, a un concierto, a un partido de fútbol o a cualquier otro bien sustitutivo del cine. La «ley» que indica que la cantidad demandada por un consumidor baja cuando sube el precio del bien y sube cuando disminuye sólo se cumpliría en el caso excepcional en que esos efectos sobre la renta y sobre el cambio hacia otros bienes sustitutivos se compensen, algo que es materialmente imposible que ocurra generalmente en la realidad.

Por otro lado, la razón de por qué es falso que la oferta sea la otra fuerza que, junto con la demanda, forma el precio es algo más complicado, pero también se puede explicar intuitivamente.

Para que funcione una tijera, como la de la oferta y la demanda, ambas hojas deben ser independientes. Y para que se cumpla la «ley» de la oferta debe ocurrir —como sabemos— que la cantidad que ofrece una empresa aumente cuando se eleva el precio, algo que ocurre, o que sólo puede ocurrir, cuando el coste de ir produciendo nuevas unidades (llamado por los economistas «coste marginal») va aumentando. Es lógico: si este coste disminuyera, la situación se daría al revés, la empresa podría aumentar la oferta aunque bajara el precio al que va a vender la producción.

Sin embargo, al respecto de ambas condiciones imprescindibles, sabemos dos cosas decisivas. La primera: cuando se analiza lo que sucede en la vida real de las empresas, se comprueba que la inmensa mayoría actúa con costes marginales constantes o decrecientes a medida que va aumentando la producción. La segunda: ambas condiciones (oferta y demanda independientes y costes marginales crecientes) son incompatibles entre sí tal como demostró el economista italiano Piero Sraffa hace 95 años.3

Finalmente, hay una tercera falsedad en la idea de que el precio de un bien se determina automáticamente en el mercado en virtud de las leyes de la oferta y la demanda.

Imaginemos por un momento que lo que hemos dicho hasta aquí lo dejamos a un lado y aceptamos que el precio de un bien es el resultado de la tijera, es decir, de la interacción entre la demanda que hace un consumidor individual según sus distintos precios y de la oferta que realiza una empresa también aislada y en función del precio. Es decir, considerados ambos individualmente.

La teoría económica convencional afirma que la demanda y la oferta del mercado en su conjunto se obtienen agregando las de todos los consumidores y empresas. Si suponemos que en un mercado hay tres consumidores, cada uno de los cuales demanda, por ejemplo, 5, 7 y 15 unidades al precio de 10 euros, se dice que, para este precio, hay una demanda de mercado de 27 unidades (5 + 7 + 15). De igual forma, se haría para obtener la oferta de mercado y con la intersección de ambas se determinaría automáticamente el precio de mercado del bien.

Es un procedimiento que se puede encontrar en prácticamente la totalidad de los manuales de economía, pero que es falso. No se pueden agregar así las cantidades.

Hace ya muchos años que varios economistas demostraron matemáticamente que eso sólo sería válido si se dan cuatro condiciones en el mercado que son mucho más que excepcionales:4

El consumidor sólo tiene a su disposición un solo bien.

Si hay más de un bien para elegir, el consumidor dedica a su consumo el mismo porcentaje de su renta, sea cual sea el nivel de ésta. Es decir, que si con 1.000 euros de renta dedica 100 a comprar pan, por ejemplo, si ganase 10.000 dedicaría 1.000.

Todos los consumidores del mercado tienen exactamente las mismas preferencias.

Sólo hay un consumidor en el mercado.

Se trata obviamente de cuatro supuestos irreales, e incluso absurdos, al margen de la lógica y el sentido común. Y para salvar las dificultades que estas condiciones plantean para poder defender que exista «un» precio de mercado como resultado automático de la ley de la oferta y la demanda, la economía convencional tiene que recurrir a dos trucos, cada uno de ellos más ingenioso que el anterior, pero igualmente surrealistas. Uno es suponer que existe un «consumidor representativo», es decir, un sujeto cuyas preferencias representan a las de la totalidad de los consumidores. Algo completamente ajeno al mundo real. Sobre todo, porque también se demuestra matemáticamente (segundo truco) que, para que pueda existir ese consumidor representativo, alguien (¿un dictador, una autoridad central, un superhombre, un ser cuasi divino...?) debe distribuir la riqueza y el ingreso antes de que comience la actividad, el intercambio en el mercado.5

Salvo que se quiera creer en ese tipo de fantasías, no se puede afirmar que la oferta y la demanda pueden determinar un precio que sea válido para todas las empresas y consumidores que intervienen en el mercado. Ni tampoco se puede decir que, para ese precio, haya una cantidad demandada del bien que sea la suma de todo lo que demanda la totalidad de los consumidores o una cantidad ofrecida que sea la suma de lo que ofrecen todas las empresas.

En definitiva, al decir que el precio de los bienes se fija automáticamente en el mercado gracias al automatismo que implican las leyes de la oferta y la demanda, se falsea la realidad por tres razones principales: no hay tales leyes; no se dan las condiciones que permitirían que la oferta y la demanda se encuentren, como se dice, en un punto de manera automática y única y, por último, y suponiendo que lo anterior pudiera ocurrir a nivel individual, no podría decirse lo mismo a nivel agregado, para todos los consumidores y empresas que intervienen en el mercado.

En resumidas cuentas, el funcionamiento de las supuestas leyes de oferta y demanda es una construcción imaginaria que sólo se encuentra en la mente de los economistas que la defienden y que es imposible que se produzca en la realidad tal como se quiere hacer creer.

Consecuencias

Cuando se afirma que hay leyes que regulan automática o mecánicamente lo que ocurre en los mercados, se hace creer que éstos funcionan inexorablemente, en virtud de automatismos que, precisamente porque responden a leyes o regularidades permanentes, no deben ser nunca intervenidos ni regulados.

Cuando a alguien le convenga que no se adopte algún tipo de medida (un salario mínimo, un control de precios de los alquileres, la despenalización de la droga...) siempre se podrá decir que eso atenta contra esas leyes y que, por tanto, produciría un daño irreversible y muy grande al mercado.

Eso sí, cuando convenga adoptar otras (eliminación de la negociación colectiva, facilidad de despido, liberalización del suelo...) se podrá aducir que son las necesarias para permitir que las leyes del mercado funcionen adecuadamente.

Con esta mentira se falsea y oculta lo que ocurre realmente en los intercambios de mercado. El precio de un bien en general no existe. Existe como resultado de una transacción concreta entre sujetos y, por tanto, no es el fruto de un automatismo del mercado, sino de un acto concreto, en un momento y lugar determinados.

Como hemos visto, no es posible determinar «el» precio de mercado, un único precio del bien que se intercambia para todas las empresas y consumidores agregados, como si fuera una cualidad inherente al propio bien. Ni tampoco se determina así «la» cantidad que se va a ofrecer y demandar agregadamente en el mercado. Por tanto, si se establece un salario mínimo, un control de precios o cualquier otra medida se producirán efectos dispares sobre cada empresa o cada consumidor que habrá que valorar en cada caso, pero nunca un efecto general ineluctable, fijo y seguro en todos los momentos o condiciones del mercado.

La realidad fácilmente observable es que el precio no viene dado automática y autónomamente por el mercado, como se da a entender cuando se dice que es el resultado de la ley de la oferta y la demanda, sino que lo fija el productor tratando de conseguir beneficio al venderlo, para lo cual debe ser capaz de apreciar lo que el consumidor va a estar dispuesto a pagar por él. Y a partir de ahí recurrirá a todos los medios a su alcance para vender la mayor cantidad o al precio más elevado posible. Y si al precio fijado no hay consumidores suficientes, o baja el precio o ajusta sus costes para obtener el suficiente beneficio, o deberá abandonar el mercado si no desea soportar las pérdidas.

Por tanto, lo que resulta determinante para conocer la formación del precio es la capacidad que tiene cada parte para imponer su particular juicio preferencia o interés sobre las condiciones del intercambio, es decir, el poder de negociación que tiene cada una en la transacción.

Así que una última consecuencia de esta mentira es que se distrae la atención de la gente para que no contemple lo que realmente hay que tomar en consideración para descubrir cómo se fijan realmente los precios de los bienes y servicios y qué consecuencias tiene eso, el poder muy desigual de negociación y decisión, dentro y fuera de los mercados, de los sujetos, las organizaciones y las instituciones sociales.

Mentira 4

El capitalismo es la economía del
mercado libre y la competencia

El capitalismo tiene virtudes que nadie puede poner en duda. Proporciona libertad para emprender cualquier actividad económica que dé beneficios y eso incentiva a los individuos para que produzcan los bienes que necesita la sociedad, pues de esa manera podrán enriquecerse. Como lo que se busca es la máxima ganancia, los productores han de ser cuidadosos a la hora de utilizar los recursos y ahorrar costes. Y por esas y otras razones parecidas, el sistema tiende a ser muy favorable para la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas. Incluso Carlos Marx y Federico Engels lo reconocieron hace ya casi 175 años en su Manifiesto comunista al señalar que la burguesía, el capitalismo, «ha creado fuerzas productivas más variadas y colosales que todas las generaciones pasadas tomadas en conjunto».

Sin embargo, decir que el capitalismo es el sistema económico del mercado libre y de la competencia es falso. Ni es verdad, ni puede serlo.

La falsedad

Definir qué se entiende exactamente por mercado libre no es fácil. Precisamente porque es algo que no ha existido nunca en la realidad.

Normalmente, quienes utilizan ese concepto se refieren a él como un mercado en el que se dan todas o algunas de las siguientes características:

No hay normas que frenen la iniciativa de los sujetos que intervienen en el intercambio.

Cada sujeto persigue su interés individual a su manera y sin trabas.

Los individuos pueden comprar y vender cualquier cosa libremente.

No hay distorsiones en la fijación de los precios.

El mercado funciona a través de la oferta y la demanda.

No hay impuestos ni intervención del Estado.

Como he dicho, no es posible que ninguna de estas circunstancias se dé en la realidad y no se han dado ni se dan en ninguna de las economías capitalistas que conocemos.

No es posible que exista un mercado sin normas que, de una manera u otra, limiten la iniciativa de los sujetos que intervienen en los intercambios.

Por muy elemental que sea un mercado, pensemos, por ejemplo, en el intercambio de cromos en los colegios, es imprescindible que se establezcan normas o reglas más o menos complicadas que determinen qué se puede o qué no se puede hacer en el intercambio. Son los llamados «derechos de apropiación», sin los cuales los mercados sencillamente no pueden funcionar.

A nadie se le ocurriría participar en un intercambio si no sabe qué ocurrirá si la otra parte no entrega el bien acordado, si lo entrega defectuoso o si no paga, por ejemplo. Y para que eso no ocurra es para lo que se establecen normas, desde la más sencilla hasta la más compleja y exhaustiva.

No es posible que haya relación comercial alguna sin reglas o leyes que den seguridad y un mínimo de certidumbre a los intercambios o que prevean qué consecuencias tiene el incumplimiento de lo acordado. Las que rigen el funcionamiento y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio ocupan más de treinta mil páginas, y el acuerdo del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, unas dos mil. Basta con ver cualquier día el boletín oficial de los Estados, las regiones o incluso de cualquier ayuntamiento para comprobar que, con independencia de que eso sea más o menos deseable, es materialmente imposible que la economía de nuestros días funcione sin normas. Unas normas que, por definición, suponen restricciones a la capacidad de obrar de los sujetos que participan en intercambios económicos de cualquier naturaleza.

Tampoco es verdad que, aunque fuese muy deseable, el capitalismo pueda permitir que los individuos busquen el interés individual a su manera y en cualquier circunstancia. Precisamente porque hay normas, como acabamos de decir, es obligado que las respeten y, por tanto, que sujeten la búsqueda de su interés individual a lo que está establecido, entre otras cosas, para evitar que unos individuos interfieran en el derecho que también tienen los demás a buscar el suyo.

No es cierto, igualmente, que en el capitalismo haya o pueda haber mercados en donde exista plena libertad para comprar o vender cualquier bien o servicio. Se puede considerar bueno o malo, más o menos deseable o justificado, pero lo cierto es que hay muchos bienes que están vedados al comercio personal: los códigos genéticos, las armas de mayor poder destructor o, en la mayoría de las legislaciones, el cuerpo humano, sus órganos, los seres humanos... Es verdad que si algo define al capitalismo es haber extendido el universo del mercado a aspectos de la vida humana y la sociedad que nunca se habían considerado mercancías, porque no han sido creados para ser comprados o vendidos. Pero, incluso así, es completamente imposible que haya o pueda haber completa libertad para comprar o vender cualquier tipo de bien, ya sea por limitaciones éticas o puramente materiales.

Se ha demostrado teóricamente que eso podría ocurrir en unos mercados ideales, denominados «de competencia perfecta», que cumplen una serie muy estricta de condiciones y requisitos.1 Sin embargo, la experiencia nos muestra asimismo que es prácticamente imposible que existan en la realidad, de modo que es prácticamente imposible que no se den distorsiones a la hora de fijar los precios en los mercados. Lo habitual es que en los mercados exista una empresa (monopolio) o algunas pocas (oligopolio) con poder para fijar los precios, que algunas de ellas diferencien el producto que venden para conseguir precios más elevados (competencia monopolística) o incluso que haya grupos de demandantes (por ejemplo, patronales sindicatos) que puedan interferir en la fijación del precio de mercado.

En Estados Unidos, la gran potencia de la economía capitalista, el Gobierno federal dedicó 1,5 billones de dólares en 2018 y 1,8 billones en 2019 a gastos fiscales, es decir, a ayudas o subsidios de diferente tipo a través de impuestos, que lógicamente distorsionan los precios de mercado: en el caso de la vivienda, por ejemplo, representan la sexta parte del volumen total del negocio inmobiliario.

En fin, se podrían contar con los dedos de una mano, si acaso, los mercados que puedan existir en el mundo que funcionen sin distorsión alguna a la hora de fijar los precios.

Por otro lado, decir que existe mercado libre porque los intercambios se llevan a cabo a través de la oferta y la demanda es otra falsedad. Es evidente que la oferta y la demanda funcionan también en mercados donde alguna empresa tiene poder de mercado suficiente para fijar los precios y cantidades a su favor, es decir, que no son «libres» en el sentido de la competencia perfecta. No se puede decir que un mercado es libre si carece de intervención estatal, pero está sometido al poder de uno o de unos pocos de los sujetos que intervienen en él.

Finalmente, se suele equiparar el mercado libre a la ausencia de impuestos (al fin y al cabo, es un elemento que distorsiona la formación del precio de mercado) y a la no intervención del Estado.

Sin embargo, y dejando de nuevo a un lado el debate sobre si es bueno o malo que haya más o menos impuestos o intervencionismo estatal, lo cierto es que también es imposible que no exista alguna forma de obtención de ingresos públicos o de intervención del Estado. Y la razón es tan sencilla como indiscutible.

Un hecho sobre el que no puede existir controversia es que en la economía hay un tipo de bienes que no pueden ser provistos por el mercado, en ninguna circunstancia. Son los llamados bienes públicos, es decir, aquellos cuyo consumo por una persona no puede impedir que los consuma otra sin pagar por ellos (como la defensa nacional o la administración de justicia, las calles, el alumbrado público o el servicio que proporciona un faro). Son bienes, por tanto, por los que nadie estará dispuesto a pagar, puesto que podrá adquirirlos si otro los compra. En consecuencia, si no los produce el Estado, no los producirá nadie porque no proporcionarán beneficio alguno.

Y si el Estado ha de producir ese tipo de bienes, es irremediable que de algún sitio obtenga los recursos necesarios para hacerlo.

Es igualmente imposible que no haya intervencionismo estatal a través de la política económica, no ya en momentos de crisis o desequilibrios mayores o menores, sino en el día a día o en la mejor de las condiciones económicas. La prueba es que ni una sola economía capitalista ha podido funcionar nunca sin llevarla a cabo. De hecho, economistas como Mariana Mazzucato han demostrado que la innovación y los avances técnicos que producen el incremento de la productividad y la eficiencia de la que, con razón, se vanaglorian quienes defienden el capitalismo no se podrían llevar a cabo sin el impulso, la inversión y la producción de bienes públicos por parte del Estado.2

En definitiva, se puede estar a favor o en contra de que los mercados funcionen con más o menos libertad, pero afirmar que existen mercados libres y que son propios del capitalismo es una falsedad desde cualquier punto de vista que se mire.

Por otro lado, también es falso que el capitalismo sea el sistema económico de la máxima competencia. Al menos, en su sentido estrictamente económico.

Si se entiende la competencia como la disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre algo, es evidente que sí existe en el capitalismo, pero también en cualquier otro sistema económico. En ese sentido, la competencia, como dice Steve Horwitz, «no es el producto de vivir en una sociedad capitalista, sino de no vivir en el cielo».3

Sin embargo, el término competencia tiene otro sentido cuando se usa en economía por quienes la hacen consustancial a un mercado plenamente eficiente. Sería la situación en la que un número indeterminado de compradores y vendedores pugnan entre ellos intentando maximizar su beneficio o utilidad en igualdad de condiciones, sin que ninguno de ellos disponga de poder suficiente para alterar las cantidades que se intercambian y sus precios. Pero es completamente falso que eso sea lo que predomine en el capitalismo.

Los grandes economistas ultraliberales, como Friedrich Hayek, afirman que la competencia no es sólo una característica más de los mercados, sino que es la razón fundamental que hace que sean políticamente deseables y lo que distingue al capitalismo de los regímenes totalitarios. Pero es falso que el capitalismo se base y promueva la competencia.

La historia de ese sistema económico muestra que su desarrollo ha ido, desde el principio, unido a una creciente concentración del capital para eludir las dificultades que supone la competencia a la hora de obtener los mayores beneficios posibles, tal y como han demostrado recientemente Jonathan Tepper y Denise Hearn.4

Adam Smith, un liberal considerado el padre de la economía científica, puso de manifiesto las virtudes innegables de la competencia, pero descubrió bien pronto que el espíritu de los capitalistas no era el de favorecerla, sino justamente todo lo contrario: «Rara vez suelen juntarse las gentes ocupadas en la misma profesión u oficio, aunque sólo sea para distraerse o divertirse, sin que la conversación gire en torno a una conspiración contra el público o alguna maquinación para elevar los precios».5

Es cierto que el capitalismo va de la mano de un alto grado de competencia en muchas actividades económicas, pero la tendencia a limitarla es mucho más dominante, tal y como han demostrado multitud de estudios, nada sospechosos, por cierto.

La OCDE ha demostrado que la concentración y la pérdida de competencia subsiguiente han aumentado en las tres cuartas partes de las industrias durante el último siglo,6 una conclusión a la que, para un período más reciente, también ha llegado el Fondo Monetario Internacional.7 Un estudio de la revista The Economist mostró que la concentración había aumentado de 1997 a 2012 en seiscientos de los novecientos sectores y subsectores de actividad de Estados Unidos,8 lo que también ha sido corroborado por el Departamento de Justicia y la Federal Trade Commission de Estados Unidos.9 Y eso también se ha comprobado en Europa10 y en 134 países en donde se analizó el comportamiento de 70.000 empresas.11

Los ejemplos de hasta qué punto unas cuantas empresas controlan y dominan los mercados en todo el planeta son abrumadores, como se mostró en el capítulo 7 («¿Cómo funciona realmente el mercado en las economías capitalistas?») de nuestro libro Economía para no dejarse engañar por los economistas:12

Una sola empresa controla el 75 por ciento del comercio mundial de diamantes.

Dos empresas, las tres cuartas partes del comercio mundial de granos.

Tres corporaciones, el mercado de café tostado molido.

Cinco empresas, el mercado global del tabaco.

Seis, la industria discográfica mundial.

Cuatro, el 70 por ciento del comercio mundial de comida.

Diez, más del 50 por ciento del mercado farmacéutico mundial, el 54 por ciento del beneficio del sector de la biotecnología, el 62 por ciento del sector de la farmacéutica veterinaria, el 80 por ciento del mercado global de pesticidas, el 80 por ciento del comercio mundial de los alimentos y el 95 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales.

Menos de quince empresas son propietarias de la práctica totalidad de los animales que se dedican a alimento humano en todo el mundo, y la mitad de los huevos industriales del mundo y la mitad de los huevos industriales del mundo y uno de cada dos pavos provienen de la multinacional Hendrix o de sus filiales.13

La pérdida de competencia que acrecienta el poder sobre los mercados no se registra solamente, como acabamos de ver, en el lado de los mercados de bienes y servicios. También es creciente en los mercados de trabajo y también en ellos produce efectos muy alejados de la supuesta eficiencia que se quiere hacer creer que es propia de los mercados libres y competitivos del capitalismo. Un estudio publicado en 2018 por Alan B. Krueger y Eric A. Posner demostró que la competencia disminuye en los mercados laborales aumentando el poder sobre el mercado de los empleadores, lo que está dando lugar a salarios más bajos y menor productividad.14

En resumidas cuentas, en el capitalismo hay disputa y batalla continua a la hora de disfrutar de los recursos, de producirlos y de distribuirlos, como no puede ser de otro modo, y tal y como sucede o sucedería en cualquier otro tipo de sistema económico. Por tanto, lo distintivo del capitalismo no es ese tipo de sana competencia sino todo lo contrario. Su rasgo característico es precisamente la progresiva concentración vertical y horizontal del capital que se traduce en pérdida de la competencia efectiva. Un fenómeno producido, entre otros factores, por la desigual condición entre propietarios y asalariados o entre productores y consumidores en que se basa, por la tendencia necesaria e inevitable a incrementar la escala y el dominio del mercado para poder aumentar el beneficio cuando se requiere aumentar la inversión constantemente, o por los monopolios a donde conduce la apropiación privada de las innovaciones y la patentes.

En fin, el capitalismo prácticamente nunca fue competitivo y hoy día lo es mucho menos.

Consecuencias

La falsedad que comentamos tiene como principal consecuencia que se defienda algo por virtudes que en realidad no tiene. Asegurar que el capitalismo es la economía del mercado libre y la competencia, o que puede llegar a serlo, es, en cierta medida, una auténtica estafa intelectual. Así es porque, para defender esa idea, hay que encubrir la realidad y ofrecer como real lo que es puramente imaginado, una ensoñación de la inteligencia humana.

Para poder hacerlo, para enaltecer al capitalismo y elevarlo a un grado o potencia superior a la que en realidad le corresponde, para poder convertirlo en un sistema que no debe ponerse en cuestión, se elaboró a finales del siglo XIX el llamado «modelo de competencia perfecta» que ya hemos mencionado.

Con innegable imaginación y extraordinaria brillantez, se logró demostrar matemáticamente que, como ya hemos comentado, si se dan una serie de condiciones en el comportamiento de los sujetos económicos y en la estructura de los mercados, el funcionamiento no de uno solo de ellos, sino el de todos los de la economía, y al mismo tiempo, proporcionarían un equilibrio a través de la oferta y la demanda que resultaría inmejorable, es decir, que no podría cambiar para mejor sin perjudicar a nadie. En esa situación se alcanzaría el mayor nivel posible de eficiencia, en el sentido de que todos y cada uno de los recursos se intercambiarían en su uso más valioso, con el menor coste posible y proporcionando, como acabamos de decir, el máximo beneficio y utilidad a todos los productores y consumidores.

¿Quién podría tener, entonces, la osadía de poner algo así en cuestión?

El problema consiste en que, por mucho que ese modelo se siga enseñando en todas las universidades del mundo, no es desde ningún punto de vista posible que se dé en la realidad. Cuando no es una condición, es otra la que falla, si no son todas a la vez tal y como demuestra hasta la saciedad la historia de la economía en todos los lugares del mundo sin excepción.

La única finalidad que tiene defender una falsedad como ésta es, una vez más, la de evitar que se pueda poner en duda el capitalismo como forma de resolver las grandes cuestiones relativas a qué bienes producir, cómo hacerlo y para quién, que debe resolver cualquier sociedad humana.

Si se acepta que el sistema económico en el que vivimos es el de la libertad y la competencia, se puede justificar el rechazo de cualquier medida que no convenga con la simple excusa de que atenta contra un sistema de libertad y competencia que, en realidad, ni es libre ni realmente competitivo. A veces, incluso cayendo en una tremenda paradoja: son los grandes defensores del capitalismo quienes, a la hora de la verdad, se oponen a que haya normas que limiten el poder no competitivo de los empleadores o a que haya regulación que limite el de las grandes corporaciones. Y es normal. Podría decirse que el capitalismo realmente existente, no el de los modelos teóricos, sino el que viene funcionando día a día desde hace doscientos años, es el principal enemigo no sólo de la competencia, sino de la libertad efectiva de elección que se produce cuando se permite que millones de personas no puedan tomar decisión alguna en los mercados porque carecen de recursos.

De hecho, es otra evidencia histórica que esta falsedad, la defensa de esa supuesta libertad de mercado y de la competencia, ha sido el argumento con el que se han combatido siempre los avances sociales, la reducción de jornada, los salarios mínimos, el trabajo infantil y esclavo, la protección y los derechos sociales, las normativas ambientales o las políticas redistributivas que buscan establecer algo más de equidad.

Mentira 5

Se recibe como salario o como beneficio
lo que cada cual aporta a la producción

Ésta es, posiblemente, la mentira más destacada de la teoría económica por varias razones: es una de las más antiguas, de las más sofisticadas en cuanto a su formulación teórica, quizá la de consecuencias más importantes para la vida social y la más meritoria, pues no sólo ha logrado convencer, a pesar de su falsedad, a la gente corriente que la escucha, sino a generaciones y generaciones de economistas que la difunden sin cesar.

La formuló por primera vez Johann Heinrich von Thünen en 1850, en un libro titulado El Estado aislado, diciendo que el salario que se percibe es igual al producto extra del último trabajador empleado en una gran empresa. Pero fue John Bates Clark quien desarrolló esta idea con mucho más detalle y le dio mayor alcance. En su obra La distribución de la riqueza, Clark afirma que hay una «ley natural que, si funcionara sin fricción, le daría a cada agente de producción la cantidad de riqueza que ese agente crea».1

El razonamiento seguido por Clark es el mismo que el de Thünen: el salario que va percibiendo cada trabajador es igual a su «producto marginal», es decir, al aumento en la producción que se genera cuando añade una unidad más de su trabajo. Si la producción es de cien toneladas, por ejemplo, y una nueva hora de trabajo de un determinado trabajador hace que aumente a ciento diez toneladas, su producto marginal es diez.2

Casi sin variante alguna, esta idea se ha mantenido desde entonces y la inmensa mayoría de los economistas repiten en sus manuales o cuando imparten clases en los centros universitarios que el pago que reciben los factores productivos equivale a lo que cada uno de ellos aporta a la producción. Paul A. Samuelson lo expresa sencillamente en el manual que ha sido posiblemente el más vendido de la historia: «Los salarios están determinados por el producto marginal del trabajo [...]. Lo mismo se aplica a otros factores de producción».3 E igualmente hace Gregory Mankiw en el suyo: «Una empresa competitiva maximizadora de beneficios contrata a trabajadores hasta el punto en el que el valor del producto marginal del salario es igual al salario».4 Y en otro lugar lo explica con más detalle: «La teoría económica dice que el salario que gana un trabajador, medido en unidades de producción, es igual a la cantidad de producción que el trabajador puede producir».5

Sin embargo, es una idea falsa, porque, como vamos a ver inmediatamente, carece de consistencia lógica, sólo se puede formular teóricamente estableciendo requisitos al margen de la vida real y se ha podido contrastar con datos empíricos que no se corresponde con la realidad.

La falsedad

La falsedad o inconsistencia de esta idea se ha puesto de relieve desde hace muchos años y no sólo por economistas heterodoxos o críticos con la corriente dominante.

Puesto que la tesis original de Von Thünen o Clark se ha desarrollado con una gran sofisticación, tratando de demostrarla matemáticamente, los argumentos utilizados para demostrar su falsedad han debido ser también muy rigurosos y complejos, casi siempre basados en razonamientos formales difíciles de entender para quien no está familiarizado con el álgebra avanzada. Aquí, sin embargo, vamos a simplificar al máximo la exposición de las críticas para que sean perfectamente comprensibles por cualquier persona, con independencia de sus conocimientos de economía.6

Las principales razones por las que se puede afirmar que no es cierto que, en la realidad, el salario o el beneficio sean equivalentes a la aportación que cada factor, el trabajo o el capital, realiza a la producción son las que se exponen a continuación.

En primer lugar, que obliga a asumir supuestos muy irreales, como sus propios defensores han reconocido.

Nicholas Kaldor dijo que sólo se podía considerar que fuese una teoría verdadera en el País de las Maravillas, pero no en el mundo real.7 John Hicks, premio de Economía del Banco de Suecia, también reconoció que sólo era cierta si se aceptaban supuestos «extremadamente abstractos» y de difícil aplicación a la vida real de las empresas. Paul Samuelson la consideraba muy limitada porque no se puede considerar una auténtica teoría de la distribución, pues sólo podría explicar, si acaso, la cantidad de trabajo empleado por una empresa, pero no su precio.

En concreto, para poder demostrar algebraicamente que el salario es igual a la productividad marginal del trabajador, o el beneficio a la del capital, los mercados deben ser de competencia perfecta, es decir, de los que cumplen todas y cada una de las condiciones que ya hemos comentado que es prácticamente imposible que se den en la realidad.

Y no sólo eso. Para que sea posible formular esa tesis, es preciso establecer también otra condición igual de irreal: todos los factores deben ser perfectamente sustituibles entre sí a la hora de poner en marcha cualquier proceso productivo. Lo cual, a su vez, implica que debe ser indiferente utilizar un bien de capital u otro, o utilizar trabajo o capital, que todos los recursos han de tener perfecta movilidad entre todos sus usos posibles y, además, que todos los productos obtenidos deben ser idénticos, es decir, susceptibles de ser medidos en las mismas unidades. Es decir, un conjunto de condiciones de imposible cumplimiento en los procesos productivos reales.

De esta última condición proviene (medición de lo producido con una única unidad de medida) un segundo argumento contra la teoría.

Si acaso fuera posible establecerla como verdadera a escala individual, esto es, considerando la utilización de un trabajador por una sola empresa, no es posible extenderla al conjunto de los mercados.

La razón de esta imposibilidad es sencilla de entender, pues resulta obvio que tanto el trabajo como el capital son factores muy heterogéneos. El capital (máquinas, herramientas, instalaciones...) es tan diverso que no es susceptible de medición en su conjunto, sencillamente porque es imposible encontrar una unidad que pueda hacerlo. Y aunque, por otra parte, se podría medir la cantidad total de trabajo —en horas, por ejemplo—, se obtendría una magnitud agregada sin sentido económico, pues agregaría actividades sumamente diferentes entre sí.

Sin embargo, como es obligado agregar (es decir, medir la producción de todos los factores utilizados en una misma y única unidad) para poder sostener la teoría, sus defensores recurren a un subterfugio: en lugar de medir la cantidad total de producción que aporta el capital o el trabajo en su conjunto, se toma en consideración su valor monetario, es decir, el resultado de multiplicar la cantidad por el precio. Mankiw lo hace claramente en su famoso manual: «Para calcular la aportación del trabajador al ingreso, debemos convertir el producto marginal del trabajo (que se mide por cajas de manzanas) en el valor del producto marginal (medido en unidades monetarias). Para hacer eso, usamos el precio de las manzanas. Continuando con nuestro ejemplo, si la caja de manzanas se vende en 10 dólares y cada trabajador produce 80 cajas, entonces el trabajador produce 800 dólares».8

Sin embargo, ahí hay truco. Recordemos que la teoría establece que el salario o el beneficio equivalen al producto o productividad que aportan el trabajo o el capital, pero no es ni mucho menos lo mismo producto o productividad que el valor monetario de la producción. Si se usa este último concepto (como hemos visto que hace Mankiw), se llega a conclusiones absurdas, como puede comprobarse con un sencillo ejemplo.

Imaginemos a dos trabajadores, A y B, que producen, cada uno por su cuenta, cien kilos de patatas en dos horas, pero que las de A se venden en un mercado más competitivo a dos euros y las de B en otro sin apenas competencia a cuatro euros. El producto y la productividad de ambos ha sido el mismo (cien kilos de patatas divididos entre dos horas), pero el valor monetario de su producto es distinto (doscientos y cuatrocientos euros, respectivamente) a causa de los precios. ¿En qué quedamos, entonces? ¿Se fija el salario en función de la aportación del trabajador o del precio de mercado del bien que produce?

Un tercer argumento que pone en evidencia la falsedad de esta teoría tiene que ver con la que analizamos en el capítulo 3: al igual que es imposible determinar el precio a partir de la oferta y la demanda cuando se habla de bienes y servicios, también lo es cuando hablamos de factores. Como dijimos, cualquier cambio en la oferta de un bien (y ahora en la de un factor) tendrá un efecto distributivo determinado que provocará un cambio en la demanda, así que, también en el caso de los factores habrá diversas funciones de demanda para cada punto de la oferta. No existirá la «tijera» necesaria para que se pueda determinar «un» punto de intersección, que sería «el» precio de mercado, sino que habría muchos precios, los correspondientes al corte de una oferta con infinidad de demandas.

Un cuarto argumento contra la idea de que el salario equivale a la aportación que realiza el trabajador a la producción tiene que ver con una hipótesis especialmente irreal relativa a la oferta de trabajo.

La teoría que comentamos establece que los trabajadores ofrecen siempre sus horas disponibles de trabajo eligiendo libremente entre cobrar el salario correspondiente o dedicarse al ocio. Dicho de otro modo, si hay paro es porque los trabajadores han decidido que les conviene dedicar su tiempo a divertirse de cualquier forma en lugar de a trabajar con los salarios existentes. Una idea tan irreal que hasta un economista tan poco sospechoso como Robert Solow se tuvo que reír de ella: si fuese verdad, decía, «los palos de golf, la ropa de playa, los esquíes y los cruceros al Caribe aumentarán sus ventas en períodos de recesión, cuando se contabiliza mucho desempleo con respecto a períodos de prosperidad, en los que disminuye la tasa de desempleo. Pero no existen indicios de que ocurra una cosa tan divertida».9

La quinta razón que demuestra el irrealismo de esta teoría tiene que ver con otra condición que ha de darse necesariamente para poder defenderla. Sólo se puede afirmar que la retribución del factor equivale a su aportación a la producción si todas las demás circunstancias del proceso productivo permanecen sin cambio, es decir, ceteris paribus, expresión cuyo significado ya conocemos.

Esa condición es imprescindible, pero también insostenible e incluso lleva al absurdo.

Es fácil entender que se trata de una condición inaplicable a la mayoría de los bienes de capital. Imaginemos que aumenta la dotación de cualquier materia prima o que se utiliza una nueva herramienta, maquinaria o vehículo: si todas las demás circunstancias permanecen constantes, ¿cómo va a ser posible que un saco de material más, una nueva herramienta o máquina, o un vehículo sin conductor aumenten por sí solos la producción, sin que nadie los utilice, los pongan en funcionamiento o conduzcan?

Es completamente absurdo creer que se puede determinar lo que aporta una unidad añadida de cualquier factor sin tener presente lo que añaden los demás factores o las unidades, es decir, manteniéndolos constantes.

Pensemos, por ejemplo, en la utilización del trabajo en un proceso productivo que consista en subir material a una máquina y moverlo de un sitio a otro. Supongamos que un primer trabajador no tiene la fuerza suficiente para mover la máquina, pero que, al utilizar a un segundo, ya se puede desplazar el material, logrando un aumento de la producción de cien euros. Según la teoría del producto marginal, el salario de este segundo trabajador debería ser equivalente al total de lo nuevamente producido, cien euros. Pero si fuera así, se llega —como acabamos de decir— al absurdo. Este segundo trabajador no sólo estaría «explotando» al primero, cobrando por un trabajo que él no hubiera podido realizar sin el concurso del otro, también «explotaría» al capital porque es obvio que si se han podido producir esos cien euros ha sido gracias a la máquina. Manteniendo las demás circunstancias constantes no se hubiera podido producir, así que no tiene sentido que el salario del segundo trabajador se fije solamente en función de su producto marginal, como dice la teoría.

Por tanto, cuando se afirma que el salario o el beneficio equivalen a lo que cada uno aporta a la producción se está haciendo trampa. Para que fuese así, no sólo se necesita establecer la suposición irrealista de que los demás factores permanecen constantes (ceteris paribus), sino también otra completamente inaceptable: que no influyen para nada en lo que cada uno de los demás produce.

En el ejemplo anterior de los dos trabajadores, la producción aumentó después de que se incorporase el segundo trabajador y se deduce que ese aumento de la producción es consecuencia exclusiva de su incorporación.10 En realidad, como vimos, el aumento en el producto es consecuencia no sólo de lo aportado por ese segundo trabajador, sino también por el primero y por el capital.

Como dice con toda la razón John Pullen, la teoría del producto marginal no sólo requiere la irreal condición ceteris paribus que ya conocemos, sino otra todavía más inaceptable que podría denominarse ceteris inefficacibus, es decir, que las demás circunstancias no sólo permanecen igual, sino que dejan de intervenir o de ser influyentes.11

Alfred Marshall se dio cuenta de este fallo y trató de resolverlo diciendo que, cuando se habla del producto marginal de un factor, se hace referencia al producto «neto», es decir, al resultado de restarle la aportación de los demás factores. Sin embargo, por esa vía sólo se puede ir por un camino circular que no va a ninguna parte. Para descontar el producto que haya añadido el capital cuando se quiera determinar la aportación de trabajo para establecer el salario, hay que saber, lógicamente, la cantidad que se ha utilizado de capital y su coste. Pero para saberlo es imprescindible conocer cómo se han distribuido las retribuciones entre salarios y beneficio. Es decir, para determinar cuánto aporta cada factor y así deducir cuál es la aportación de la otra parte para calcular el producto neto, hemos de saber... cuánto es la aportación de cada uno de ellos.

Un sexto argumento contra la teoría del producto marginal como determinante del salario o el beneficio es, como dijimos al principio, que no hay evidencia empírica alguna que permita demostrar que algo así sucede en la realidad.

Hace años, Lester Thurow utilizó una amplia batería de datos de la economía de Estados Unidos y demostró que el producto marginal del trabajo excede sus rendimientos reales y el producto marginal del capital es menor que los que proporciona.12

Un estudio más reciente también afirma que las desviaciones de la teoría del producto marginal respecto a la realidad de las empresas son pequeñas, aunque mostró que el capital recibe más que su producto marginal, los insumos intermedios reciben menos y el trabajo recibe sobre su producto marginal. Es decir, que no se ajustan. Y eso estableciendo, entre otros, dos supuestos bastante poco reales: las empresas siempre buscan maximizar sus ganancias (algo que está ampliamente demostrado que no siempre sucede) y los mercados son perfectamente competitivos.13 El economista francés Laurent Cordonnier utilizaba un argumento bastante gráfico para mostrar el irrealismo de la teoría: con lo que costaba al empleador el salario anual de un trabajador de Renault, éste apenas podría comprarse un auto del modelo Laguna, cuando, según los datos de la empresa, cada trabajador contribuía a producir cada año una media de dieciséis de esos automóviles.14 Y hace muchos años que se ha podido demostrar que, en su día a día real, las empresas no toman en cuenta conceptos como coste o producto marginal del trabajo.15

Como avanzamos al principio de este capítulo, a lo largo de los últimos ciento veinte años se han hecho más críticas a esta teoría, aunque con argumentos algo más complicados que no vale la pena tratar de sintetizar aquí. Pero sí cabe señalar uno que pone en cuestión más rotundamente su irrealismo: deja a un lado la influencia decisiva que tienen las instituciones, las normas y el poder en la fijación de la retribución de los factores.

La vida diaria de las empresas y los trabajadores muestra que el reparto de los ingresos entre salarios y beneficios es más bien el resultado de la diferente capacidad de negociación que en cada momento tengan trabajadores y propietarios del capital, bien a la hora de negociarlos directamente, o de imponer las normas legales de las que depende el funcionamiento de los mercados laborales en cada momento. La existencia de sindicatos poderosos, por ejemplo, suele traer consigo salarios más elevados y la apropiación de un mayor porcentaje de las ganancias de productividad que se generan, mientras que los salarios suelen ser más bajos y la retribución del capital más elevada cuando las organizaciones sindicales tienen menos poder o hay menos trabajadores afiliados.

Sin embargo, estas circunstancias no tienen presencia alguna en la teoría que sostiene que la retribución de los factores equivale a lo que cada uno aporta a la producción.

Consecuencias

El efecto que tiene afirmar que el salario y el beneficio se fijan en función de lo que cada uno de ellos ha aportado a la producción es muy claro: se evita que los trabajadores pongan en cuestión el ingreso que reciben, obligándoles a darlo por bueno, al ser una expresión objetiva de lo que producen.

Lo que se pretende con esta teoría es presentar como una «ley natural» y, por tanto, aceptar como algo que no tiene por qué ponerse en cuestión, lo que en realidad es el resultado de decisiones humanas que afectan desigualmente a las personas y, en consecuencia, completamente discutible.

El propio Clark lo dijo claramente en el primer capítulo de su libro y hay que agradecerle su claridad y sinceridad:

El bienestar de las clases trabajadoras depende de si obtienen mucho o poco; pero su actitud hacia otras clases y, por tanto, la estabilidad del estado social, depende principalmente de la pregunta de si la cantidad que reciben, ya sea grande o pequeña, es lo que producen. Si crean una pequeña cantidad de riqueza y obtienen lo que producen en su conjunto, es posible que no busquen revolucionar la sociedad; pero si apareciera que producen una gran cantidad y obtienen sólo una parte de ella, muchos de ellos se convertirían en revolucionarios, y todos tendrían derecho a hacerlo [...]. Si se probara esta acusación, todo hombre de mente recta debería convertirse en un socialista; y su celo por transformar el sistema industrial mediría y expresaría su sentido de la justicia.16

Durante ciento setenta años, se ha mantenido esta tesis tan infundada, de derivaciones tan absurdas, como hemos comentado, tan irreal y, por tanto, que no ha podido ser nunca contrastada empíricamente porque, si se logra que sea creída por la gente, se podrá evitar que los asalariados «busquen revolucionar la sociedad». O, como escribió hace más de un siglo Hobson, para mostrar «la futilidad final de todos los intentos de las clases trabajadoras por obtener salarios más altos».17

No es de extrañar que la medalla que cada dos años premia al economista más destacado de entre quienes trabajan en Estados Unidos lleve el nombre de John Bates Clark. Posiblemente no hay otra formulación de la teoría económica que haya tenido más eficacia para mantener el orden capitalista con menos fundamento real. Aunque, eso sí, también dice mucho sobre la naturaleza y la función de la economía como rama del saber.

Mentira 6

El dinero es un simple medio de cambio,
y los bancos, intermediarios que prestan
lo que depositan sus clientes

Quien tiene el dinero tiene el poder y la capacidad de decidir e influir sobre las condiciones de vida de las demás personas. Y quien lo pueda crear tiene, por tanto, un doble privilegio, no sólo el de disfrutar de ese inmenso poder, sino el de concedérselo a quien lo ponga en sus manos.

Es natural, pues, que a lo largo de la historia se haya tratado de ocultar la existencia de ese privilegio desdibujando, o incluso falseando, la naturaleza del dinero y de los bancos que lo crean. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabe de dónde viene el dinero: una encuesta realizada en Suiza en 2015 mostró que sólo el 13 por ciento de los encuestados sabía que los bancos crean alrededor del 90 por ciento del dinero que circula en nuestras economías.1

El desconocimiento generalizado sobre la naturaleza del dinero y de la función que desempeñan los bancos es el resultado combinado, como veremos enseguida, de falsear la realidad y de ocultarla durante mucho tiempo, evitando por todos los medios que se haga público el auténtico proceder de las autoridades monetarias y de las instituciones financieras privadas. Es habitual, por ejemplo, que los manuales de economía más vendidos, como ocurre con el mencionado de Gregory Mankiw, ni siquiera mencionen que existe el dinero bancario, el que enseguida veremos que crean los bancos, como un tipo específico de dinero.2

En este capítulo vamos a referirnos a dos falsedades que están muy estrechamente relacionadas entre sí. La primera consiste en presentar el dinero como un simple medio de cambio que sirve también como unidad de cuenta y depósito de valor. Es lo que dicen absolutamente todos los manuales de economía del mundo, y es cierto. El dinero cumple, efectivamente, esas tres funciones y, si nos limitamos a contemplarlo sólo desde ese punto de vista, es cierto que el dinero es algo neutro, un instrumento para el intercambio que sólo plantea el problema de garantizar que circule en la cantidad adecuada para que ni escasee ni sobre. Un problema puramente técnico que podrían resolver las autoridades monetarias (los bancos centrales, concretamente), a ser posible sin interferencia de los representantes políticos de la ciudadanía, con la excusa de que pudieran caer en la tentación de aumentar el dinero en circulación inadecuadamente.

La segunda mentira consiste en definir los bancos como meros intermediarios financieros cuyo trabajo principal —como dice el ya citado manual de N. Gregory Mankiw y cualquier otro— «es aceptar los depósitos de las personas que quieren ahorrar y utilizar esos depósitos para hacerles préstamos a las personas que quieren solicitar un préstamo».3

Veamos por qué se trata de dos falsedades y cuál es su trascendencia para nuestra vida diaria.

La falsedad

La primera de esas dos afirmaciones es falsa porque oculta el rasgo más distintivo del dinero. No es un simple medio de cambio, es algo de mucha mayor trascendencia para la economía y la vida social: el dinero es, sobre todo, poder.

¿Puede haber alguna duda sobre ello? Entonces, ¿por qué los economistas no lo definen unido a esa característica que es tan definitoria y decisiva? ¿Por qué no se dice en los manuales que cuando hablamos de dinero, nos estamos refiriendo al elemento que proporciona capacidad de decisión y mueve la economía y a toda la sociedad en cualquiera de sus dimensiones? ¿No es evidente, entonces, que no puede dar igual quién tenga más o menos dinero o cómo lo obtenga? Entonces, ¿por qué los economistas no se plantean las consecuencias que puede tener que el dinero lo pueda crear un sujeto u otro, de una u otra manera, y con unas u otras consecuencias?

Para poder soslayar este rasgo fundamental del dinero, la economía dominante ha de recurrir a establecer dos supuestos falsos.

El primero consiste en considerar que el dinero es una mercancía más cuya oferta y demanda se dilucida también en un mercado, el del dinero. Siendo así, la posesión del dinero y su circulación estarían explicadas simplemente en virtud de «las leyes» de la oferta y la demanda que ya conocemos y que determinarían su precio, llamado «tipo de interés».

Sin embargo, es una evidencia que el dinero, los diferentes tipos de medios de pago que usamos en los intercambios y que, en conjunto, denominamos dinero no se «producen» ni se pueden producir como el resto de las mercancías. Sólo el Estado, por ejemplo, puede «producir» monedas y billetes, y si alguien tratara de hacerlo también, estaría cometiendo un delito. Y, aunque en los modelos teóricos se establece el supuesto de que la cantidad de dinero en circulación la establece el banco central, enseguida veremos que eso tampoco es así, puesto que los bancos comerciales prácticamente pueden crear todo el dinero bancario que deseen (lo explicaremos enseguida) e incluso muchas empresas emiten hoy día medios de pago que pueden considerarse dinero en un sentido amplio.4

Cuando se trata de dinero físico que posee un valor intrínseco (como las antiguas monedas acuñadas con metales preciosos), quizá podría aceptarse que el dinero es una mercancía, pero ¿cómo darle esa naturaleza cuando se trata de dinero bancario, o sabiendo, porque es evidente, que se trata de «algo» que no puede ser producido por cualquiera, sino en función de normas jurídicas y decisiones políticas?

Algunos economistas han definido el dinero como una especie de «ilusión compartida». Y llevan razón. Utilizamos medios de pago que ni siquiera pueden tener realidad física, o simples trozos de papel que aceptamos en los intercambios porque sabemos que las demás personas también los aceptarán. Por tanto, lo decisivo del dinero no es su realidad como mercancía, sino el hecho de que todas las personas compartamos la certeza de que «algo», cualquier cosa o incluso lo materialmente inexistente, va a ser aceptado como medio de pago por los demás.

Tan diferente es el dinero de cualquier otra mercancía y tan singular su naturaleza que la teoría económica ni siquiera es capaz de ofrecer su definición exacta de «lo que es» y sólo sabe referirse, como reconocía John Hicks, a «lo que hace».5

El concepto básico de la política monetaria, la variable clave que se utiliza en los modelos económicos, es el de oferta monetaria, que hace referencia a la cantidad de medios de pago que circulan en la economía. Sin embargo, no tiene una definición definitiva, unívoca e inequívoca, y se define de diversos modos en cada país o zona monetaria: M0 si sólo se incluyen las monedas y los billetes; M1 si se añaden los depósitos a la vista; M2 si se consideran los depósitos a plazo de hasta dos años... y así varias magnitudes más, según cuáles sean los medios de pago que se desee tomar en consideración.

El segundo supuesto que la teoría económica dominante necesita establecer sobre el dinero es que es un elemento neutral, queriendo decir con ello que si varía la cantidad en que circula, sólo produce efectos sobre los precios, pero no sobre la producción, ni sobre la distribución de la riqueza. Gracias a este supuesto, el dinero se puede dejar fuera de los modelos económicos teóricos que los economistas de la ideología dominante utilizan para explicar el funcionamiento de la realidad económica y de donde deducen sus propuestas de política económica.

En contra de esa tesis, la evidencia muestra que, cuando aumenta o disminuye la cantidad de dinero en circulación, la demanda de los diferentes individuos no varía en la misma proporción, porque no todos tienen las mismas preferencias ni idéntica cantidad de dinero. Por tanto, no puede afectar por igual a los precios de todos los bienes y servicios, de modo que el efecto sobre la capacidad de pago y el ingreso debe ser diferente. Y es evidente también que los efectos de cambios en los tipos de interés no son iguales para todas las personas, para quienes disponen de gran cantidad de dinero o para quienes están endeudados.

La segunda falsedad que desvelamos en este capítulo consiste en afirmar que los bancos son simples intermediarios financieros, una especie de pasadizos a través de los que pasa el dinero depositado por los ahorradores para convertirse en crédito para los inversores y consumidores. Es mentira, porque los bancos son mucho más que eso.

Es cierto que todos los manuales de economía reconocen que los bancos no se limitan a mantener el dinero de sus clientes en depósito, sino que crean dinero cuando dan los préstamos, pero lo hacen sin atreverse a hablar claramente y recurriendo entonces a expresiones un tanto oscuras, como «expansión múltiple de los activos bancarios», en lugar de hablar directamente de creación de dinero.

Y aunque se reconoce que los bancos crean dinero cuando dan préstamos, la explicación del proceso de creación se explica prácticamente siempre de forma equivocada, sin reflejar lo que de verdad ocurre.

La explicación habitual es la siguiente: los bancos reciben depósitos de sus clientes y reservan un porcentaje en su caja. Es el denominado «coeficiente de reservas», que fija el banco central correspondiente. El resto del depósito pueden prestarlo y, lógicamente, en el momento en que lo hacen, crean dinero. Y como ese proceso de depósito, reserva y préstamo se hace ininterrumpidamente, termina existiendo una cantidad de dinero bastante mayor que la inicialmente depositada.

Sin embargo, esa explicación que dan la inmensa mayoría de los manuales de economía sobre cómo los bancos crean dinero es falsa.

No es cierto que los préstamos que dan los bancos procedan de los depósitos de sus clientes. Si fuese así, si los préstamos viniesen del dinero que han depositado los clientes, éstos no podrían utilizarlo. El proceso es otro y es explicado con toda claridad por tres economistas del Banco de Inglaterra en una publicación de esa misma institución:

Los bancos deciden primero cuánto prestar dependiendo de las oportunidades de préstamos rentables que tengan (que dependerá principalmente del tipo de interés que fije el Banco de Inglaterra). Es esta decisión de préstamo la que determina cuántos depósitos bancarios se crean en el sistema bancario. La suma de depósitos bancarios determina a su vez la cantidad de dinero legal que los bancos mantienen en reserva (para hacer frente a la retirada de fondos de los clientes, para pagar a otros bancos o para cumplir con los requerimientos legales de liquidez), una cantidad para reserva que es proporcionada por el banco central a demanda de los propios bancos.6

Lo que ocurre en la realidad es, por tanto, justamente lo contrario de lo que se explica en los manuales: los préstamos que conceden los bancos no proceden de los depósitos de sus clientes. El dinero bancario que crean los bancos cuando los conceden se crea de la nada, no existe previamente.

Ésta es una realidad que han reconocido otros economistas muy eminentes y nada sospechosos, como Maurice Allais, y que los convencionales tratan de negar, pero con argumentos tan endebles y trucados como la tesis que defienden.

El caso de Gregory Mankiw es bien expresivo. Después de explicar el proceso de creación del dinero en la banca, dice en su manual:

Parece que el banco está creando dinero de la nada. Con la finalidad de hacer que esta creación de dinero parezca menos milagrosa, observe que cuando el First National Bank presta algo de sus reservas y crea dinero, no genera ninguna riqueza. Los préstamos del First National Bank proporcionan a los prestatarios algo de efectivo y, por consiguiente, la capacidad para comprar bienes y servicios. Sin embargo, los prestatarios también están asumiendo deudas, por lo que los préstamos no los hacen más ricos. En otras palabras, cuando un banco crea el activo en forma de dinero, también crea un pasivo correspondiente para aquellos que pidieron prestado el dinero creado. Al final de este proceso de creación de dinero, la creación tiene mayor liquidez en el sentido de que hay más del medio de cambio, pero la economía no es más rica que antes.7

Para negar que la banca crea dinero de la nada, Mankiw dice que ese nuevo dinero va acompañado de deuda por la misma cuantía (lo cual es evidente y nadie lo pone en duda) y que, por tanto, no se crea riqueza porque el aumento de liquidez (de dinero) se compensa con el de la deuda. Es decir, primero reconoce que se crea dinero, luego hace equivalente el dinero a la riqueza y, finalmente, sostiene que esta última no aumenta, de donde sólo se puede deducir que el dinero que aumenta no aumenta.

Es un argumento falaz, contradictorio y que se viene abajo con el ejemplo más sencillo posible. Si María presta veinte euros de su propiedad a Manolo, ya no puede hacer uso de ese dinero. Está claro, pues, que en este caso no se crea dinero porque ese préstamo no aumenta la cantidad de euros que hay en la economía. O María gasta los euros y no los puede prestar o, si los presta, ya no los puede gastar porque sólo hay esa cantidad de dinero en la economía. Los veinte euros o están en su cartera o en la de Manolo. Sin embargo, si María deposita sus veinte euros en un banco, recibirá una tarjeta y podrá gastar cuando y como quiera ese dinero. Y si Manolo recibe de ese banco un préstamo de veinte euros o de cualquier otra cantidad menor (si se obliga al banco a mantener una determinada reserva en su caja), podrá gastarlos también a su antojo. Por tanto, una vez que el banco conceda el préstamo, en la economía ya hay más dinero: los veinte euros que puede gastar María más los del préstamo que ha recibido Manolo. Se deducen, pues, dos conclusiones: una, que el banco ha creado dinero, y otra, que ese dinero creado al dar el préstamo surge de la nada porque no existía antes. Si el dinero prestado fuese el depositado por María (como dicen erróneamente los economistas convencionales), ésta no podría hacer uso de él, como en el primer caso. No es así, porque el recibido por Manolo es nuevo dinero, dinero bancario que crean los bancos cada vez que dan un préstamo.

Por otro lado, hay otra segunda razón para poder afirmar que no es cierto que los bancos sean simples intermediarios del dinero.

Originariamente, los bancos se dedicaban sólo a prestar dinero a consumidores e inversores, creándolo de la nada como hemos dicho. Más tarde, algunos se dedicaron también a invertir ellos mismos el dinero de sus clientes, un negocio más rentable pero más peligroso. Su afán de lucro los llevó a emprender inversiones cada vez más arriesgadas y a lo largo de la segunda década del siglo XX sus negocios comenzaron a convertirse en puramente especulativos, generando burbujas que terminaron por provocar el crash bursátil de 1929. En Estados Unidos primero y más tarde en otros países, se decretó la separación entre ambas actividades de los bancos, la puramente comercial, por un lado, y la industrial o inversora, por otro, de modo que los primeros debían dedicarse exclusivamente al negocio, mucho más conservador y seguro, del préstamo.

Esa medida y otras, como el control de movimientos del capital, garantizaron varias décadas de estabilidad en las que prácticamente no se registró ni una sola crisis financiera. Sin embargo, en los años ochenta y noventa del siglo pasado, volvieron a imponerse las tesis liberalizadoras y se eliminaron ese tipo de restricciones en casi todos los países, la banca volvió a combinar la actividad comercial y la inversora cada día más especulativa y arriesgada y, muchas veces, sin que sus propios clientes lo supieran, lo cual terminó produciendo otra gran crisis financiera a partir de 2007.

La banca siempre fue una fuente de poder inmenso gracias al privilegio que le proporciona el crear dinero de la nada. Pero, cuando además utiliza los depósitos de sus clientes para invertir, su influencia y capacidad de decisión la han convertido en la gran fuerza que domina el mundo. No sólo controla el sistema financiero, sino todas las industrias, incluyendo la de los medios de comunicación, que adoctrinan y generan sometimiento social, y también las instituciones políticas y judiciales.

El volumen de activos que poseen es extraordinario: sólo los diez bancos más grandes del mundo disponen de unos 35 billones de dólares, es decir, más o menos la mitad del PIB mundial, y los veinte mayores, unos 57 billones. Y eso les permite adueñarse de la propiedad que deseen, controlar las actividades que les interesen en cualquier lugar del mundo o comprar voluntades allí donde quieran influir o lograr que se actúe a su conveniencia.8

Una de las investigaciones más amplias sobre el control efectivo de las grandes empresas que operan en todo el planeta, publicada en 2013, demostró que el capital bancario y financiero, bajo sus diferentes formas, poseía el 68,4 por ciento de las acciones de las grandes corporaciones del mundo, mientras que los individuos o familias sólo eran propietarios del 3,3 por ciento.9

Otro gran estudio de las relaciones entre 43.000 empresas transnacionales identificó al grupo de las que tenían control directo o a través de redes de empresas sobre el conjunto de la economía mundial. De las 50 más poderosas, 17 eran bancos y 31 una variedad de empresas de inversión, seguros y servicios financieros, es decir, también capital financiero.10 Y diez bancos de diversos países controlan prácticamente la mitad del negocio del mercado de cambios mundial.

Una investigación de la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos mostró que ese control lo utilizaron para comportarse como «entidades o bandas organizadas» para manipular los tipos de interés. Y en el diario The New York Times se desveló que nueve representantes de los grandes bancos de Estados Unidos se reúnen el tercer miércoles de cada mes en una oficina de Manhattan, en Nueva York, para proteger sus intereses controlando directamente el mercado de derivados, que mueve más de setecientos billones de dólares, es decir, unas diez veces el PIB mundial.11

Por tanto, decir que la banca es una mera correa de transmisión del dinero es una falsesdad. En realidad es el sujeto más poderoso de los que intervienen en todos los mercados del mundo, no sólo en el financiero, y con tantos tentáculos que bien puede definirse, en palabras del profesor François Morin, como una hidra que domina la economía, la política, la cultura y los valores sociales.12

Consecuencias

Los efectos sobre la vida de las personas de estas falsedades son bastante evidentes.

Asumir que el dinero es neutro, porque sus variaciones afectan por igual a los precios de todos los bienes y servicios, supone dejar a un lado las inevitables implicaciones distributivas que llevan consigo los cambios que se producen en su creación y circulación.

Cuando se convence a la población, como ha ocurrido en los últimos treinta o cuarenta años, de que las cuestiones relativas al dinero son asuntos técnicos, de los que deben encargarse con total independencia las autoridades monetarias, lo que se consigue es eliminarlo del escrutinio público de una política, la monetaria, que sí que tiene efectos muy desiguales sobre la población. Lo cual equivale a dar por bueno que las decisiones que se adoptan beneficiando a grupos sociales específicos con capacidad de influencia son lo que conviene a todos. Y, cuando se consolida esa convicción, se puede evitar que se discuta sobre los muy desiguales efectos de la política monetaria.

Una buena prueba de ello es que hay una fuerte relación entre la independencia de los bancos centrales y el incremento de la desigualdad, tal y como han demostrado recientemente tres economistas del Banco Mundial.13 La socialdemocracia sueca llevaba razón cuando advertía de las consecuencias que tendría en el debate que mantuvo sobre el premio de Economía con el Banco de Suecia y que comentamos en el capítulo 2. Finalmente, como dijimos, considerar que el dinero es una variable neutra en la vida económica lleva a no tomarlo en consideración en los modelos económicos. Y aunque pueda parecer mentira a quien no esté al tanto de cómo opera el análisis macroeconómico más sofisticado, esto es lo que ocurre efectivamente en la teoría económica dominante: asume que se puede conocer lo que ocurre en las economías sin analizar lo que ocurre con el dinero. Es una solución ingeniosa para evitar que se conozca su auténtica naturaleza y sus efectos desiguales sobre la vida de la gente, sin duda, pero es lo que provoca inevitablemente que la economía dominante haya sido siempre del todo incapaz de predecir correctamente las crisis financieras, el desbordamiento de la deuda y, en general, los graves problemas que puedan estar asociados con patologías monetarias o financieras.

Por otro lado, limitarse a decir que los bancos son intermediarios financieros que prestan una parte de los depósitos de sus clientes oculta la fuente y la naturaleza del privilegio que tiene la banca y que le permite dominar el mundo: el de crear de la nada el 90 por ciento del dinero que circula en el planeta.

La mentira tiene tres últimas secuelas.

En primer lugar, ocultando que los bancos pueden crear prácticamente todo el dinero que deseen, se hace creer que la financiación que precisa la economía es inevitablemente escasa, algo casi siempre muy dañino para la economía, pues el crédito es como la savia o la sangre sin la que no se pueden llevar a cabo inversiones a largo plazo. Eso frena la actividad de las empresas y los Gobiernos y, por tanto, la creación de empleo y la satisfacción de las necesidades humanas.

En segundo lugar, al ocultar que el dinero se crea de la nada, sin más coste que el meramente administrativo, se justifica el cobro de intereses que suponen no sólo una carga tremenda para las empresas, los Gobiernos y las familias, sino también la mayor y más larga esclavitud de la historia.

Finalmente, poner a disposición de la banca el poder casi ilimitado de crear dinero cuando concede préstamos es lo que ha hecho que la deuda se haya convertido en el motor fatídico de las economías de nuestro tiempo. Es lógico que sea así: ¿qué empresa renunciaría a vender todo lo que pueda, a obtener beneficios sin límite? Ninguna, y no lo hace tampoco la banca.

El problema, sin embargo, radica en que el negocio de la banca consiste en endeudar cuanto más mejor al resto de los sujetos económicos. Por tanto, para obtener cada vez más beneficios lo que ha de hacer la banca es utilizar su enorme poder para tratar de imponer políticas que limiten la generación de ingresos y que obliguen a endeudarse, convirtiendo a la deuda en el motor de las economías. Todas las fuentes estadísticas muestran sin ningún lugar a duda que, cuanto más alto ha sido el nivel de deuda (es decir, más floreciente el negocio bancario), ha habido mayor número de crisis y, en general, peor rendimiento económico en todos los aspectos.

Mentira 7

Para crear empleo hay
que bajar los salarios

La relación entre los salarios y el empleo es una de las cuestiones más debatidas en el análisis económico a lo largo de su historia, así que resultaría imposible abordarla, ni siquiera resumidamente, en las páginas de este libro. En este capítulo nos limitamos a mostrar que es falso que para crear empleo haya que bajar salarios y su secuela, eliminar cualquier salario mínimo y evitar que los sindicatos tengan poder e interfieran en las relaciones laborales.

En general, la idea es una derivación necesaria de la teoría marginal de la distribución de la renta que ya comentamos en el capítulo 5. De hecho, su autor, John B. Clark, fue uno de los primeros en expresarla claramente cuando escribió sobre los efectos de un salario mínimo: «Podemos estar seguros, sin la necesidad de realizar pruebas exhaustivas, de que los salarios más altos reducirán el número de trabajadores empleados».1 Otro economista británico, Arthur Pigou, volvió a decirlo igual de tajantemente en su obra Unemployment de 1914: «Cualquier intento de un sindicato de obtener un salario superior al de referencia de su rama para sus afiliados será causa de desempleo».2

Ambos se basaban en una idea básica y tan aparentemente sensata que parecía imposible que se pudiera poner en cuestión: el trabajo es una mercancía más y, como todas ellas, será menos demandada por las empresas cuanto menor sea su precio, el salario. Años más tarde, James Buchanan defendía esta tesis con una contundencia quizá inaudita en la literatura económica. Aunque la cita es larga, vale la pena recordarla:

La relación inversa entre la cantidad demandada y el precio es la proposición central en la ciencia económica [...]. Así como ningún físico diría que «el agua corre cuesta arriba», ningún economista que se precie afirmaría que los aumentos en el salario mínimo hacen crecer el empleo. Tal afirmación, si se sostiene seriamente, equivale a negar que haya un contenido científico mínimo en la economía y que, en consecuencia, los economistas no pueden hacer nada más que escribir como defensores de intereses ideológicos. Afortunadamente, sólo un puñado de economistas están dispuestos a dejar atrás la enseñanza de dos siglos; todavía no nos hemos convertido en un grupo de putas que siguen al campamento militar (camp-following whores).3

En los últimos años, las autoridades económicas, los bancos y las grandes patronales repiten como si se tratase de un mantra, que difunden sin cesar los medios de comunicación, que hay que reducir los salarios para crear empleo: «El Banco de España cree que la moderación salarial está detrás de la creación de empleo»,4 «Una disminución salarial del 7 por ciento aumentará el empleo en un 10 por ciento»,5 «CEOE y Cepyme insisten en moderar los salarios para evitar más pérdidas de empleo»,6 «Los datos avalan al Banco de España: la subida del salario mínimo destruye empleo»,7 «El Gobierno quiere reducir el poder sindical en las pequeñas y medianas empresas [...] para que puedan aumentar de tamaño [...]. Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, dijo que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas estamos a favor [...] cuanto más grande sea una empresa más empleo creará».8

Se podrían poner muchos más ejemplos de este tipo de declaraciones pero, por mucho que se repitan, estas afirmaciones son falsas. Keynes dijo en 1929 que sólo podía defender algo así quien tuviera «la cabeza llena de tonterías». Veamos por qué.

La falsedad

Si fuese cierto que para crear empleo hay que bajar salarios o eliminar el salario mínimo, los datos y estudios empíricos deberían poner de manifiesto que eso es justamente lo que ha ocurrido en la realidad. Pero ésa no es la evidencia de la que disponemos con carácter general.9

Se puede comprobar fácilmente que los países con salarios más elevados son los que tienen mejores cifras de empleo, y diversos estudios han mostrado que puede ocurrir todo lo contrario de lo que dicen quienes defienden la moderación salarial. En muchas economías se ha creado empleo en períodos en los que los salarios han aumentado. Así ocurrió, por ejemplo, en la práctica totalidad de las economías occidentales en los llamados «años gloriosos del capitalismo», entre 1945 y 1970. En Europa, el empleo aumentó de 1980 a 2005, cuando también lo hacían los salarios, y se redujo cuando bajaron.10 Y durante la última crisis, cuando los salarios bajaron en España como «no se ha visto nunca en los tiempos modernos en un país desarrollado»,11 el desempleo aumentó.

También se ha podido poner en evidencia que no es verdad que el establecimiento o aumento de un salario mínimo impida crear empleo. Los estudios empíricos de Krueger, Katz y Card de 1992 y 1993 demostraron que en diferentes estados de Estados Unidos, donde aumentó el salario mínimo también lo hizo el empleo; más tarde se volvió a comprobar que eso también había ocurrido de 1990 a 2006 en otros estados, y otros estudios han demostrado que en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Hungría, España y, en general en los países de la OCDE, las subidas en el salario mínimo o no han provocado ningún efecto negativo sobre el empleo o, si lo han tenido, ha sido estadísticamente insignificante o sólo en alguna parte de la población activa.12 Y tampoco hay evidencias claras que muestren que el aumento en el coste del trabajo al subir las cotizaciones sociales, como se suele decir, haya repercutido en la destrucción de empleo o su disminución en la mayor creación de puestos de trabajo.

Tampoco hay evidencia que permita considerar bien fundadas las explicaciones teóricas que se dan para justificar que el recorte de salarios es necesario para crear empleo.

Por un lado, se afirma que hay que bajar los salarios para que aumente el empleo porque si suben se produce el llamado «efecto sustitución»: el trabajo se encarece y se sustituye por el otro factor, el capital, que se habrá abaratado en términos relativos, así que aumentaría el desempleo.

Sin embargo, este argumento sólo se puede mantener ceteris paribus, es decir, si no cambia ninguna de las demás circunstancias productivas. Nada asegura que el precio del capital no pueda aumentar al mismo tiempo que aumentan los salarios, por ejemplo. Y, de hecho, cabe pensar que eso sería lo normal. Si aumenta el salario y la empresa lo sustituye por unidades de capital, aumenta la demanda de este último, de modo que —siguiendo la certeza «científica» de Buchanan— también aumentará su precio. Y, además, para poder sostener que si suben los salarios se despedirían trabajadores y aumentaría el uso del factor capital, hay que sostener también otro supuesto completamente irrealista: los dos factores son perfectamente sustituibles entre sí.

La realidad es que resulta muy difícil, por no decir imposible, que ambos supuestos se den en el día a día de las empresas, y la prueba de ello es que cuando se ha querido cuantificar el grado de respuesta de la demanda a los cambios en su precio (su elasticidad, en términos económicos), los valores que se han encontrado son muy dispares y más bien bajos. Lo cual prueba que no se produce la relación tan directa que los liberales afirman que se da entre variaciones en el salario y en el empleo.

Por otro lado, se argumenta que si los salarios aumentan, se encarecen los precios de los productos nacionales y se exportarán en menor cantidad, lo que hará que haya despidos en las industrias exportadoras y, por el contrario, más empleo si los salarios bajan.

Sin embargo, también hay estudios que han demostrado que eso no es exactamente lo que ocurre en la realidad, porque la exportación no sólo depende de los salarios, sino también de su relación con los precios (en realidad, de los llamados costes laborales unitarios), y que estos últimos, como consecuencia de la falta de competencia por el gran poder de mercado de las grandes empresas, son más decisivos a la hora de aumentar las exportaciones.

Además, para que esa tesis fuese cierta, tendría que ocurrir también que la bajada de salarios para poder crear empleo sólo se produjera en un país, porque si se trata de un recorte que se produce en todos los países, ninguno obtendría ventaja de la devaluación salarial. Y, para colmo, la tesis de la creación de empleo gracias a las mayores exportaciones por reducción de salarios sólo se podría confirmar si todos los países concernidos producen exactamente la misma gama de productos. Cuanta mayor sea la especialización (como suele ocurrir en la realidad), menos cierto sería que se puede crear más empleo nacional recortando salarios gracias al mayor volumen de exportaciones.

Y hay otro factor adicional que permite poner en cuestión esta tesis: podría suceder que un aumento de los salarios haga crecer el consumo nacional y hacer que las industrias que venden en el mercado interior puedan crear más empleo como consecuencia de ello que el que pierden las exportadoras.

En definitiva, no hay evidencia que permita afirmar que para crear empleo sea necesario que bajen los salarios. En la realidad ha ocurrido más bien lo contrario y se ha podido demostrar que hay otros factores, distintos a la evolución de los salarios, que explican las variaciones en el empleo y en el paro.

Como pusimos de relieve con más detalle en Economía para no dejarse engañar por los economistas, se pueden encontrar evidencias que muestran que la evolución del empleo a largo plazo se explica mejor por las condiciones generales de la política económica, la inversión, los tipos de interés, el coste del capital, el ritmo de las innovaciones técnicas y, en general, por la evolución de la demanda. Y la evolución del paro, por la influencia del PIB o de las horas trabajadas, y no por la marcha del salario, o, como también dicen los economistas liberales, por las rigideces que pueda haber en los mercados de trabajo como consecuencia del reconocimiento de derechos laborales.13

Para poder afirmar que una subida de salarios destruye empleo y viceversa hay que establecer dos supuestos: a) todos los mercados han de ser de competencia perfecta y b) el trabajo debe considerarse como una mercancía más cuyo precio (el salario) está exclusivamente determinado por la oferta y la demanda de trabajo.

Ya hemos dicho anteriormente que el primero de ellos es prácticamente imposible que se dé en la realidad y, menos aún, en mercados tan necesariamente intervenidos como los laborales.

El segundo es también inaceptable por diversas razones, algunas de las cuales ya las hemos comentado en el capítulo 5. En primer lugar, la «mercancía» que se oferta y demanda en los mercados de trabajo es la capacidad de trabajo, algo que está indisolublemente ligado a la condición humana y ésta no es en modo alguno una mercancía. No se ha producido para obtener beneficio y la condición en la que queda en las relaciones laborales no puede ser ajena a principios éticos: quien la compra no la «consume» ni puede utilizarla de cualquier forma. En segundo lugar, incluso si se considerase una mercancía más, su precio no se podría determinar a través del simple funcionamiento de la oferta y la demanda. Le afectan las mismas limitaciones que ya analizamos en el capítulo 3 para el caso de todos los bienes, pero de forma más intensa: cuando se produce un aumento o disminución en el salario (precio) como consecuencia de una variación en la oferta de trabajo, se produce un evidente efecto sobre la distribución de la renta que afecta a la demanda de otros bienes, a los precios y, finalmente, a la demanda de trabajo, de modo que para cada nivel de oferta puede haber varios niveles de demanda a causa de ese efecto distributivo. En consecuencia, no se puede determinar un salario de equilibrio. Y aún hay otro problema más: se supone que al aumentar el salario, se incrementa también la oferta de horas trabajadas, pero también se supone, como dijimos, que los trabajadores eligen en cada momento entre trabajar o dedicar su tiempo al ocio (una ilusión ciertamente, pero que forma parte de los supuestos de quienes defienden la tesis cuya falsedad estamos desvelando). Por tanto, en cada momento en que se produzca un aumento de salario no sabremos si el trabajador decide trabajar más, creciendo así la oferta, o si decide dedicar más tiempo al ocio, decreciendo la oferta de horas de trabajo. Por tanto, el volumen de trabajo ofertado puede subir o bajar a medida que aumente el salario y es también por esta razón que no se puede saber predeterminadamente cuál va a ser el punto en que se corten las dos hojas de la tijera, de la oferta y la demanda de trabajo, para determinar un precio o salario de equilibrio.

Se debe suponer también que las empresas sólo generan un producto en un solo sector de actividad, porque si no fuese así, sería imposible saber qué ocurre con el empleo cuando varía el salario. La razón es sencilla. Si se dice que al subir el salario se sustituye el factor trabajo por otro, la demanda de este último debe aumentar y, por tanto, quizá también la necesidad de empleo para producirlo, así que es imposible determinar qué efecto tendrá la subida inicial del salario sobre el nivel de empleo total.

En resumen, la idea de que existe «una» demanda de trabajo y «una» oferta en cuya única intersección se encuentra el volumen de trabajo para el cual habrá pleno empleo es una ensoñación de la economía neoclásica. Una idea muy rentable ideológicamente como veremos enseguida, pero que no se puede sostener sin hacer supuestos que es materialmente imposible que se den en la realidad.

El error básico del que se parte para poder llegar a esa proposición es tan elemental que incluso parece mentira que se venga manteniendo durante tanto tiempo o que la defiendan sin pestañear economistas que reciben los premios más prestigiosos, a pesar de que en sus propios manuales se proporcionan las claves para entender que se trata de una afirmación falsa.

En todos ellos se indica, por ejemplo, que la demanda de un factor es una demanda «derivada», lo cual quiere decir que una empresa demanda más o menos cantidad de un factor no en función de su precio, sino de la demanda que vaya a haber del producto para cuya fabricación se va a utilizar. Una fábrica de automóviles, por ejemplo, no demanda más o menos neumáticos en función de su precio, sino del número de vehículos que crea que puede colocar en el mercado.

Este último hecho, a pesar de que es algo tan elemental, no se tiene en cuenta, sin embargo, a la hora de analizar la demanda de trabajo. Y es natural, porque si se tuviera, no se podría llegar a la conclusión deseada. ¿Acaso aumentará el empleo una empresa porque bajen los salarios de sus trabajadores si no tiene ni un cliente a la puerta de su negocio?, ¿dejaría de contratarlos porque aumentan si puede compensar de sobra esa subida cuando entran muchos más compradores?

Otro error inherente al planteamiento que sostiene esta mentira es suponer que las empresas se comportan como los hogares, los cuales tienen unos ingresos que luego gastan en bienes y servicios en función de su precio. La realidad, sin embargo, es otra distinta. Las empresas tienen que gastar primero para poder obtener luego ingresos. Su demanda de trabajo, las horas que necesitan están relacionadas con su capacidad de producción y con el nivel de actividad, y éste se establece en función de las estimaciones de ventas.

Por tanto, sólo se puede decir que una subida de salarios implica menos empleo y viceversa si se establece el supuesto de que no cambian, al mismo tiempo, las ventas. Y éste es un supuesto igualmente inadmisible por una última pero muy importante razón.

El salario no es solamente un coste de la empresa. Por un lado, es también el principal componente de la demanda de consumo de bienes y servicios de la economía, que en los países más avanzados representa casi el 60 por ciento del PIB; y, por otro, es también un determinante de la productividad. Por tanto, es posible que un aumento de los salarios pueda llevar consigo más empleo si aumenta la demanda de consumo, las ventas de bienes y servicios y, por tanto, la demanda de más factor trabajo para producirlos; o si, por otro lado, mayores salarios van acompañados de incrementos de la productividad del trabajo.

En resumen, se puede afirmar que la proposición «para crear empleo hay que bajar salarios» es falsa porque para que fuese cierta, tendrían que darse, entre otras razones, que por su mayor dificultad expositiva no hemos deseado tratar aquí, las siguientes condiciones que es imposible que se den en la realidad: a) el trabajo se considera como una simple mercancía más, lo que no se puede aceptar ni ética ni económicamente; b) el mercado de trabajo debería funcionar de un modo en que ni funciona ni puede hacerlo nunca; c) las empresas deberían producir un solo producto en un solo sector, y el trabajo y el capital deberían ser perfectamente intercambiables en todo momento, algo simplemente impensable; d) el salario tendría que ser sólo un coste y no un componente de la demanda y un determinante de la productividad como sabemos que es, y e) cuando suban o bajen los salarios debe permanecer absolutamente sin cambios cualquier otra circunstancia de las que día a día suceden en la economía, es decir, un imposible.

Consecuencias

Cuando se logra convencer de que los salarios más elevados destruyen empleo, se producen cuatro efectos que impactan muy negativamente sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población.

En primer lugar, se obliga a disponer de menos ingresos para hacer frente a las necesidades y a renunciar a derechos laborales o a salarios mínimos que permiten disminuir la pobreza asociada a los empleos peor pagados y más precarios. Y eso, sin que los salarios más bajos repercutan finalmente en menos tasas de desempleo efectivo más reducidas.

En segundo lugar, se aumenta lógicamente el beneficio, pero no el de todas las empresas, sino el de las que tienen más dominio del mercado. Cuando baja la masa salarial global de una economía, se reduce el consumo y, por tanto, las ventas de la inmensa mayoría de las empresas. Sólo se salvan las que tienen demanda cautiva, es decir, clientes que han de comprar sus productos por mayor necesidad o las que tienen mercados internacionales donde colocar sus productos. Eso agudiza, además, los procesos de concentración y el empobrecimiento de las empresas más pequeñas y desprotegidas frente al dominio de las grandes. Es justamente lo que viene ocurriendo desde los años ochenta como consecuencia de las políticas neoliberales que han frenado la demanda de consumo, provocando, en consecuencia, que disminuya el volumen de empleo.14

En tercer lugar, la menor masa salarial provoca el mayor endeudamiento de los hogares que disponen de menos ingresos, de las empresas que reducen sus ventas y del sector público, que ha de hacer frente a niveles más elevados de pobreza.

Finalmente, las políticas de devaluación salarial deterioran la marcha de la economía en su conjunto, del empleo, de la inversión y del crecimiento económico.

El McKinsey Global Institute, considerado como el laboratorio de pensamiento de interés privado más importante del mundo, publicó en 2018 un informe que lo demuestra. Después de estudiar lo ocurrido en seis países (Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia) y en siete de sus principales sectores económicos en los últimos treinta años, concluyó que no son los costes y otros factores de oferta los que determinan la productividad, sino la demanda de bienes y servicios. Esta última aumenta cuando suben los salarios, y es sólo entonces cuando las empresas tienen incentivos para invertir en la innovación tecnológica.15

Es una conclusión que ratifica lo que ya habían descubierto otros estudios al tratar de poner en claro la influencia de los sindicatos en la vida económica: en los períodos de mayor afiliación y poder sindical, los salarios son más elevados, pero entonces también aumenta la productividad, el empleo, la inversión productiva y el nivel de actividad económica en general. Y, al contrario, todas estas magnitudes presentan peores registros cuando los sindicatos tienen menos fuerza y los salarios son más bajos.16

Es cierto, en fin, que algunas empresas se pueden beneficiar de la bajada de los salarios porque reducen sus costes y pueden tener más beneficios. E incluso puede ocurrir que eso aumente su contratación de empleo. Pero no se puede caer en la falacia de creer que lo que es bueno para unos pocos es lo mejor para todos. La estrategia de reducción salarial generalizada no sirve más que para que bajen las ventas y, por tanto, los ingresos de las empresas que crean empleo, para que sea menos atractivo y rentable invertir en innovación y, en definitiva, para empobrecer al conjunto de la economía.

Mentira 8

El envejecimiento de la población hará imposible financiar las pensiones
públicas

Cuesta imaginar que haya alguna persona que no haya escuchado, no una, sino muchas veces, que en un futuro cada vez más cercano será imposible financiar las pensiones públicas, sobre todo porque la población está envejeciendo a un paso acelerado.

Los políticos lo han dicho en multitud de ocasiones. José María Aznar aseguraba en 2019 que llegará un día en el que las pensiones «no se puedan pagar»,1 y lo daba por sentado Pedro Sánchez cuando criticaba a Rajoy por «haber bajado los brazos para resolver el problema de la insostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones».2

El Banco Central Europeo y el Banco de España, aunque no tienen entre sus competencias el pronunciarse sobre este tema, también lo aseguran periódicamente: «El BCE alerta de que el envejecimiento hará imposible el equilibrio de las prestaciones»,3 «El Banco de España advierte [...] [que] el envejecimiento poblacional supone un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas».4 También lo reiteran constantemente los organismos internacionales: «El FMI pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado».5 Los periodistas lo aseguran constantemente incluso con mayor énfasis: «Las pensiones públicas son insostenibles tal y como están diseñadas. Esto es un axioma. Es decir, no debería necesitar ninguna demostración».6 Por supuesto, insisten en lo mismo los directivos y portavoces de los bancos: «El economista jefe de Caixabank, Enric Fernández, [...] ha expresado su convencimiento de que el actual modelo del sistema público “es insostenible”».7 Los economistas que realizan las investigaciones que luego sirven para que los anteriores puedan haber hecho ese tipo de declaraciones trasladan exactamente el mismo mensaje aunque envuelto en números y modelos sofisticados, pero con razonamientos no mucho más complicados: cuando nacieron los sistemas de pensiones modernos, sólo una de cada tres personas alcanzaba los sesenta y cinco años, mientras que hoy día sobreviven a esa edad nueve de cada diez. Eso hace que resulte imposible «mantener, con los actuales sistemas de pensiones públicas, un nivel de consumo suficiente para un número de jubilados cada vez mayor».8

Parece una conclusión obvia y muy elemental, pero es falsa. Por muchas veces que se haga esta afirmación, será mentira decir que el envejecimiento de la población, el factor demográfico, es lo que pone en peligro el futuro de las pensiones públicas.

La falsedad

La influencia de la demografía en el sistema de pensiones públicas es evidente y muy importante. Determina directamente el número de personas jubiladas y el tiempo durante el que van a estar recibiendo pensiones y, de forma indirecta, la población que potencialmente puede estar disponible para trabajar y generar rentas con las que pagarlas, bien a través de cotizaciones sociales, o bien de otro tipo de impuestos. Sin embargo, hay varias razones que permiten afirmar que la evolución demográfica, sea cual sea, no es el factor que puede provocar que las pensiones públicas sean insostenibles porque no se puedan financiar. De la forma más resumida y clara posible, esas razones se pueden agrupar en tres grandes grupos.

El primero tiene que ver con las dificultades de todo tipo que conlleva hacer proyecciones o, mejor aún, predicciones sobre le evolución de la población. El segundo está relacionado con otro hecho innegable: la influencia de la demografía en las pensiones no se puede contemplar aisladamente de lo que sucede en el mercado de trabajo y en la producción o, para ser más rigurosos, en la economía en general. El tercero se refiere a la forma correcta de determinar el equilibrio financiero del sistema de pensiones públicas.

Es evidente que para poder decir que el envejecimiento futuro de la población hará imposible financiar las pensiones se debe conocer cuál va a ser la evolución a lo largo del tiempo no sólo de la población total, sino, lo que es aún más difícil, de su distribución por edades, la longevidad o la esperanza de vida de cada grupo social. Y la evidencia que conocemos nos indica claramente que no se dispone de ninguna técnica que permita realizar predicciones científicas sobre el futuro de la población.

Ningún demógrafo ni organismo oficial de estadística ha sido capaz de anticipar con acierto el volumen de población real de nuestras sociedades en plazos relativamente cortos, así que mucho menos podría hacerlo para dentro de treinta o cuarenta años que es cuando se dice que ocurrirá el hecho fatal de la quiebra del sistema por esa razón.

La mejor prueba de ello son las grandes diferencias que se dan en las proyecciones o predicciones que para España realizan el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), Eurostat u otros organismos internacionales. Diferencias que, además, no sólo se dan entre ellos, sino también cada vez que uno hace estimaciones a lo largo del tiempo.

Así, la fecundidad estimada por el INE para 2050 es de 1,4 hijos, y para la AIREF, de entre 1,8 y 2. La población total en ese año sería de 49 millones para el INE (en 2013 había estimado que en 2052 sería de 41 millones) y de entre 50 y 60 millones para la AIREF; la tasa de dependencia (relación entre personas con más de 65 años y las que están en edad de trabajar) sería del 90 por ciento para AIREF y del 81,1 por ciento para el INE. Eurostat, por su parte, estima la población total de España para ese año en 49,3 millones.9 Sin embargo, el Health Metrics and Evaluation (IHME), un centro de investigación sobre salud de la Universidad de Washington, estima que no llegará a los 45 millones.10

Si es prácticamente imposible predecir con exactitud la población futura, como se viene comprobando desde hace décadas en las proyecciones que se han realizado en diferentes naciones, mucho más lo es determinar el número que habrá de pensionistas. Valga un solo ejemplo.

Un estudio de la Secretaría General de la Seguridad Social publicado en 1996 estimaba que en 2010 habría en España 3.876.177 pensiones de jubilación, y en 2030, 5.133.383. Cuando finalizó 2010, la realidad fue que ya había 5.193.107 pensiones de ese tipo, es decir, una cifra mayor que la que, en 1996, se había calculado que habría en 2030.11 A pesar de ello y de la crisis que lo redujo un 72 por ciento respecto al de 2009, en ese año se registró un superávit de 5.182.747 millones de euros.

Y quizá sea todavía más complicado poder acertar en la evolución de la esperanza de vida. Parece fácil considerar que su aumento será al alza como consecuencia de la mejora de las condiciones de vida y del desarrollo económico, pero es obvio que no puede aumentar permanentemente y no se puede descartar que sufra una involución importante en cualquier momento. Ya se produjo en España, por ejemplo, en los años 2011 y 2012, y también se acaba de reducir, a causa de la COVID-19, en 25 de los 27 países con estadísticas vitales de calidad que se han analizado en una reciente investigación.12 En España, un poco más de 1,5 años para las mujeres y algo menos para los hombres.

En definitiva, si no se puede determinar con precisión cuál va a ser dentro de unos años la población total, la mayor de sesenta y cinco años o la de otros grupos de población, si es imposible anticipar cuántos años va a vivir cada persona de media o cuántos niños nacerán por cada mujer, y si eso no se ha sabido determinar nunca con acierto, ¿cómo se puede asegurar que dentro de treinta o cuarenta años habrá una población tan envejecida que será imposible financiar las pensiones necesarias para las que se hayan jubilado?

El segundo tipo de razones que permiten afirmar que es falso que el envejecimiento de la población provoque necesariamente la insostenibilidad de las pensiones públicas es igual de evidente.

Como dijimos, la influencia de la demografía en el equilibrio y la salud del sistema de pensiones es obvio. Cuantas más personas superen la edad de jubilación establecida, más pensiones habrá que financiar y más gasto será necesario para ello. Pero el hecho de que haya más pensionistas no implica necesariamente que haya menos población con capacidad de generar ingreso para financiar las pensiones.

A la hora de analizar ese efecto no se puede separar el factor demográfico, lo que ocurre con la población, de lo que sucede en el mercado de trabajo, en la producción y en la sociedad en general.

Cuando se afirma que el envejecimiento de la población impide en el futuro que haya fuentes de ingreso suficientes para financiar las pensiones se está asegurando (sin decirlo) alguna de las siguientes hipótesis, o todas a la vez:

La población que va saliendo del mercado de trabajo no se sustituye por otra más joven. Es decir, o no aumenta la tasa de actividad (no se suman al mercado de trabajo personas que antes no lo hacían) o no aumenta la tasa de empleo (de personas hasta entonces paradas) o no entran inmigrantes.

No aumenta la productividad y, por tanto, menos personas trabajando no son capaces de generar más producto e ingreso. Lo que equivale a decir que a partir de ahora se interrumpirá un proceso que se ha venido produciendo casi sin interrupción a lo largo de toda la historia, la producción de mayor cantidad de bienes y servicios con cada vez menos horas de trabajo.

Los aumentos de la población envejecida son permanentes.

Ninguna de estas tres hipótesis es realista.

Lo que suelen hacer los modelos y análisis que quieren «demostrar» que el envejecimiento producirá la insostenibilidad del sistema público de pensiones es exagerar el efecto del envejecimiento y aliviar o incluso no tener en cuenta el incremento potencial de empleo o la entrada de inmigrantes. Es lo que hicieron todos y cada uno de quienes en los años noventa del siglo pasado elaboraron estudios (normalmente pagados por entidades financieras) para mostrar la insostenibilidad, y eso fue lo que provocó que ni uno solo, ninguno, acertara en la previsión sobre lo que ocurriría con las pensiones españolas en 2000, 2005 o 2010. Unos predijeron a la baja el empleo que se iba a generar en la economía española, al mismo tiempo que envejecía la población; otros no contemplaron el aumento en la población activa; casi todos minusvaloraron la inmigración que vendría e incluso algunos no la tomaron en cuenta... y ninguno acertó. Aunque, eso sí, todos sembraron el efecto buscado a medida que se iban haciendo públicos sus predicciones catastrofistas, el miedo al futuro y la convicción de que en el futuro no podría haber pensiones públicas.

Como acabamos de decir, para poder afirmar que el envejecimiento hace insostenibles las pensiones públicas hay que asumir que la productividad no aumenta o lo hace en muy poca medida. La razón es fácil de entender.

La posibilidad de financiar las pensiones no depende de que haya muchos o pocos pensionistas, sino de la riqueza que se genera en la economía, del volumen de producción y, por tanto, de los ingresos.

Imaginemos una economía en la que se produce un billón de euros, de los cuales se dedica el 10 por ciento a financiar las pensiones de diez millones de pensionistas (10.000 euros para cada uno de ellos). Supongamos que la población envejece y que dentro de cuarenta años hay dieciocho millones de pensionistas, casi el doble. Para que su pensión fuera imposible de financiar, no sólo tendría que ocurrir, como hemos visto, que no se incorporasen más trabajadores, bien nacionales o inmigrantes, sino también que no aumentara la productividad.

Sin embargo, si esta última aumenta, la situación cambiaría. Si la productividad aumentara un 1,5 por ciento anual de media, dentro de cuarenta años no se produciría 1 billón de euros, sino 1,8 billones y dedicando el mismo porcentaje que antes, el 10 por ciento, se podría mantener la misma pensión no a diez sino a dieciocho millones de pensionistas.

Eso es más o menos lo que ha ido ocurriendo en España en los últimos decenios, a pesar de que el número de pensionistas ha aumentado sin cesar, el aumento en el empleo o en la productividad ha permitido que se fuesen financiando las pensiones.

Por lo tanto, lo que puede producir problemas a la hora de financiarlas más recientemente no ha sido el crecimiento demográfico o el envejecimiento de la población, sino la pérdida de empleo, el empleo de baja calidad de productividad o el bajo crecimiento económico ocasionado por las crisis.

Por tanto, para poder predecir el efecto del envejecimiento no sólo basta con saber (cosa que no es posible con rigor, como hemos visto) la población total por edades o el número de pensionistas, sino también la evolución de la producción, y ahí tampoco hay manera de tener seguridad. Ni los organismos internacionales con mejor información y técnicas estadísticas son capaces de predecir con acierto la evolución del PIB a lo largo del tiempo y, si no se sabe cuál será el tamaño de la tarta, es un engaño tratar de decir que no habrá suficiente para una parte de quienes participan en su reparto.

De hecho, un análisis reciente ha demostrado que las previsiones a nivel micro y macroeconómico de Gobiernos y organismos económicos no sólo se equivocan, sino que están «sistemáticamente distorsionadas».13

Para colmo, las previsiones demográficamente catastrofistas sobre el futuro de las pensiones públicas se basan en convertir el envejecimiento de la población en un factor permanente cuando puede ser temporal. Así ocurre en España, como consecuencia del llamado baby boom que se produjo en los años sesenta y setenta del siglo pasado, un efecto que dejará de causar el resultado que ahora produce hacia el año 2040.

Finalmente, la tesis de la insostenibilidad de las pensiones a causa de la demografía es falsa porque se olvida que el equilibro financiero de un sistema público de pensiones no depende tan sólo de ese factor, como ya se puede haber deducido fácilmente de lo que acabamos de señalar.

Es evidente que dicho equilibrio depende de los ingresos y los gastos, y el engaño se basa en centrarse tan sólo o enfatizar el aumento de los gastos, sin tomar en consideración que al mismo tiempo se pueden incrementar los ingresos para sostener el sistema de pensiones públicas, si es que realmente eso es lo que se desea.

Aunque aumenten el número de pensionistas, la cuantía de pensión que reciben y el tiempo durante el que vivan para cobrarlas, la sostenibilidad no sólo depende de esas variables, sino también de otras que hacen que los ingresos sean mayores o menores.

La primera trampa para justificar la tesis que venimos desmintiendo puede consistir en asumir que el sistema no se puede financiar nada más que a través de las cotizaciones sociales, obviando que puede recurrirse, como de hecho ocurre en muchos países, a otras fuentes de financiación.

Y si se asume que sólo se financiarán mediante cotizaciones, debe tenerse en cuenta que éstas dependen de una serie de variables sobre las que es posible incidir: el volumen de empleo y de la tasa de actividad, el nivel salarial, el producto que se genera y su evolución, así como la productividad, tal y como hemos señalado antes, la extensión del fraude y la economía sumergida, y la distribución de la renta.

Un sencillo ejemplo puede mostrar la importancia de esta última variable y, como antes vimos que ocurría con la productividad, por qué es incorrecto suponer que sólo el envejecimiento produce insuficiencia financiera.

Supongamos una economía que produce un PIB de 100 euros, en la que el gasto en pensiones fuese del 18 por ciento de ese PIB y que las pensiones las financiaran los trabajadores con un 30 por ciento de su salario.

Si la totalidad de sus salarios representase el 60 por ciento del PIB, se podría financiar el gasto en pensiones (18 euros) con el 30 por ciento de su salario (18 euros). Pero si se redujeran los salarios y pasaran a representar el 50 por ciento del mismo PIB, entonces el 30 por ciento de la masa salarial resultante (15 euros) sería insuficiente y el sistema tendría un déficit de 3 euros, incluso con el mismo número de pensionistas o de gasto en pensiones.

Por tanto, es un error, por decirlo suavemente, extraer conclusiones sobre el efecto del envejecimiento en la salud financiera del sistema de pensiones sin considerar esas otras circunstancias.

Prueba de ello es que, a poco que se modifiquen de un modo más realista las hipótesis demográficas y macroeconómicas de partida, las conclusiones a las que se llegan son muy diferentes. Así lo han demostrado para el caso español autores como Fernández Cordón o Muñoz del Bustillo,14 quienes revelan que el sistema actual es perfectamente sostenible si se añaden nuevas fuentes de financiación que son perfectamente asequibles.

Consecuencias

Es bien sabido que la reiteración de una mentira logra que termine percibiéndose como una verdad, y eso es lo que ha ocurrido en el caso de las pensiones.

Según la Encuesta sobre Jubilación y Hábitos de Ahorro que realiza el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el 89 por ciento de los españoles creía en 2019 que será necesario completar la pensión pública en el futuro para poder vivir tras la jubilación, y un 37 por ciento incluso opinaba que este sistema público podría desaparecer. Sin embargo, sólo un 32 por ciento de la población había empezado a ahorrar para hacer frente a ese riesgo. Es decir, o no se cree mucho en lo que se dice, o se es indiferente a tener o no ingresos suficientes en la jubilación, o lo que ocurre es que la posibilidad de ahorrar para cuando llegue ese momento está muy lejos de la gran mayoría de los españoles.

La primera consecuencia del engaño es, por tanto, que la población da por bueno un escenario futuro al que no va a estar en condiciones de hacer frente con suficientes recursos.

Al plantear el futuro de las pensiones públicas como consecuencia de un hecho prácticamente ineluctable, se oculta lo que realmente hay detrás y sostiene a las pensiones públicas: la solidaridad y una distribución de la renta mínimamente equitativa, sin la cual es lógico que no ya las pensiones, sino cualquier bien o servicio público sea de imposible financiación.

Esta mentira, por tanto, consigue soslayar el debate social sobre cómo repartir los recursos. Esconde también que el futuro de las pensiones públicas no depende de la demografía, sino de las políticas económicas que se lleven a cabo y, rizando el rizo del argumento, se hace creer que las políticas que hay que adoptar para disponer de ingresos tras la jubilación son las de recortes de gasto, salarios y pensiones. Precisamente, las que están deteriorando el sistema y dando lugar a que se pueda decir que cada día está peor y que no podrá mantenerse en el futuro.

Cuando se logra convencer de la inexorable crisis futura de las pensiones públicas, se vuelve a trucar la realidad proponiendo como solución el recorte del gasto, la disminución de su cuantía o el atraso de la edad de jubilación, sin hacer mención de que el equilibrio financiero del sistema, como hemos dicho, no sólo depende de los gastos, sino también de los ingresos. Y cuando eso ocurre, lo que se refuerza, lógicamente, es la percepción de pauperización y crisis del sistema.

Finalmente, difundiendo esta mentira se provoca para que la población (la que puede hacerlo, porque ni siquiera esto es algo que esté al alcance de todas las personas) tome una decisión financiera muy poco provechosa y arriesgada: depositar sus ahorros en fondos de «pensiones» privados. Una recomendación que siempre acompaña al discurso de insostenibilidad de las pensiones públicas y que es muy perjudicial para la gente, pues se oculta que esos planes son muy poco rentables y muy inseguros. Es así porque dependen de la evolución económica en mucha mayor medida que los públicos y porque son tan volátiles como la inversión financiera a la que están vinculados. Y es, además, una recomendación basada también en un engaño, porque los fondos de ahorro privados dependen de las circunstancias demográficas en la misma medida que las pensiones públicas. Por tanto, estarían tan en peligro como las pensiones públicas por un envejecimiento de la población que fuese unido a la generación de menos ingresos por la población trabajadora futura. Aunque hay matices que tendrían que ser tomados en cuenta, la explicación general de esto último es sencilla.

Una «pensión» privada no es sino el ahorro acumulado durante la vida laboral de un dinero que se deposita en entidades financieras. Si se dejara intacto, al llegar la jubilación habría perdido una gran parte de su valor, así que hay que ir haciéndolo rentable. La entidad financiera trata de conseguirlo invirtiendo ese ahorro en activos que proporcionen beneficio, es decir, lo «capitaliza» para conseguir que vaya aumentando de valor a lo largo del tiempo. Cuando el ahorrador necesita recuperar su ahorro, deben venderse los activos en que fue invertido para obtener la liquidez que se reclama. Y para que eso sea posible, debe haber en la economía los ingresos y el ahorro suficientes como para poder comprarlos. La cuestión, entonces, es elemental: si se dice que no habrá ahorro para financiar las pensiones públicas, tampoco podrá haberlo para comprar todos los activos que sería necesario vender para financiar las «pensiones» privadas... salvo, claro está, que se dé por hecho que no toda la población pueda haber ahorrado y sólo haya que encontrar liquidez para liquidar el ahorro de los ricos.

Como hemos visto en capítulos anteriores, ha habido grandes y exitosas mentiras económicas que condicionan fuertemente nuestras vidas, pero la que acabamos de analizar quizá haya sido la mejor orquestada y masivamente difundida y la que, como hemos comprobado, ha logrado convencer expresa y decisivamente a la población. No es de extrañar que haya contado con tantos medios, que se hayan utilizado tantos recursos para difundirla y que se venga insistiendo durante tanto tiempo en ella si se sabe que el Estado gastará en España algo más de 160.000 millones de euros en pensiones públicas en 2021. Una cantidad de dinero extraordinaria cuya gestión, en todo o en una parte considerable, supondría un colosal negocio para la banca privada, que es quien ha orquestado y financiado desde los años ochenta las campañas y los estudios más conocidos para tratar de propagar esta mentira.

Mentira 9

El libre comercio y dejar que las
economías compitan entre sí es más beneficioso para todas que intentar protegerlas

Uno de los economistas contemporáneos más acreditados en cuestiones de comercio internacional, Paul Krugman, premio de Economía del Banco de Suecia por sus estudios sobre este tema, afirmaba hace ya algunos años que si existiera un credo de los economistas seguramente contendría la afirmación «Abogo por el libre comercio».1 Una opinión que Gregory Mankiw reforzaba años más tarde en un artículo de prensa diciendo que los economistas «alcanzan la unanimidad» en este tema del comercio internacional.2

En su conocido manual, Mankiw no llega tan lejos y se limita a decir que «la mayoría» de los economistas apoyan el libre comercio internacional y consideran que es una manera eficiente de distribuir la producción y mejorar los niveles de vida tanto en la economía nacional como en el extranjero. Allí reconoce que «hay varios argumentos para restringir el comercio: proteger los empleos, defender la seguridad nacional, ayudar a las industrias nacientes, prevenir la competencia desleal y responder a restricciones extranjeras del comercio», alguno de ellos —dice— con «algún mérito en ciertos casos», aunque «los economistas creen que el libre comercio es por lo general la mejor política» y «ven a Estados Unidos como un experimento en curso que confirma las virtudes del libre comercio».3

La explicación de ese acuerdo es sencilla, si se recurre a los argumentos que utiliza Mankiw en su manual: los efectos del libre comercio pueden determinarse mediante la comparación del precio nacional y el mundial sin comercio y con comercio. Un precio nacional más bajo que en el exterior significa que el país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien respecto a los demás, y eso hará que este país se convierta en exportador. Por el contrario, un precio nacional alto en relación con el mundial indica que el resto del mundo tiene ventaja comparativa en la producción del bien, y el país se convertirá en importador. En ambos casos, las ganancias del comercio son mayores que las pérdidas.4

De ahí se deducirá que lo mejor para todos es que desaparezcan las limitaciones de cualquier tipo al libre comercio entre las naciones o, como suele decirse, que la mejor protección para las economías es que no soporten ninguna protección. Y para conseguir que todas las economías mejoren aumentando cada una de ellas su presencia en los mercados internacionales lo que convendrá hacer será dejarlas que compitan libremente, tratando de bajar sus costes para conseguir un precio nacional, en la terminología de Mankiw, que sea competitivo. Los modelos teóricos tratan de demostrar que, cuando eso ocurre, todos los países producen más cantidad de bienes y servicios con los mismos recursos y a precios más bajos, lo que supone un incremento general de eficiencia que mejora el beneficio y la utilidad de productores y consumidores.

El argumento es atractivo y puede parecer razonable y elemental, pero tiene un gran inconveniente: es completamente falso. No es verdad que haya existido algo así como el libre comercio generalizado a lo largo de la historia, ninguna economía ha progresado siguiendo sus reglas, no se ha podido demostrar nunca que —de existir— sus ventajas sean superiores a la protección comercial y tampoco que la búsqueda de una mayor competitividad con el exterior sea la mejor forma de lograr más y mejor actividad económica.

La falsedad

Algunos economistas expertos en comercio internacional, como el mencionado Paul Krugman, han tenido la honestidad de reconocer claramente que es falso que el libre cambio implique más ventajas para todas las economías: «La teoría económica dice que el libre comercio normalmente hace a un país más rico, pero no dice que normalmente sea bueno para todos».5 Lo normal, sin embargo, es que este tipo de matices se dejen a un lado y se divulgue que el libre cambio produce beneficios siempre y para todos.

En los últimos años se han firmado docenas de tratados llamados «de libre comercio», pero es falso que sean de esa naturaleza. Todos ellos contienen cláusulas que reservan condiciones favorables a algunas de las partes y permiten que las más poderosas se reserven el derecho a establecer subsidios o medidas proteccionistas de todo tipo. Y, aunque el cálculo es complejo, según se tomen unas u otras medidas, los datos muestran claramente que las economías más ricas se protegen constantemente y que no suscriben la ideología del libre comercio que imponen a las demás.

Un informe de estudio de Gowling WLG estima que, desde 2008 a 2016, las sesenta principales economías del mundo han adoptado más de siete mil medidas comerciales proteccionistas con el fin de apuntalar sus industrias clave, proteger puestos de trabajo o mantener sus ventajas estratégicas. La Unión Europea sería responsable de más de 5.657 directivas o medidas que pueden considerarse activamente restrictivas del comercio entre 2009 y 2016. Y Estados Unidos, el «experimento en curso que confirma las virtudes del libre comercio», según dice Mankiw en el manual de introducción a la economía posiblemente más vendido en todo el mundo, ha establecido en ese período 1.297 normas de carácter proteccionista y sólo 206 que puedan considerarse que ayudan a liberalizar el comercio internacional.6 Otro informe de Global Alert Trade mostraba que los países del G-20, los más poderosos del mundo, son responsables de los dos tercios de las medidas proteccionistas que se vienen adoptando.7

La realidad, como dijo quien fuese director general de la Organización Mundial del Comercio, Pascual Lamy, es que «el libre comercio no existe [...] es una ficción útil».8 Y eso tiene una explicación que la mayoría de los economistas no quiere reconocer: sus ventajas no se han podido demostrar ni en la realidad ni en el plano teórico.

Los hechos son tozudos y ponen las cosas en su sitio.

No ha habido ni un solo país que haya logrado mínimas cotas de progreso económico y bienestar social aplicando las reglas del libre cambio, es decir, abriendo completamente su economía a los bienes y servicios provenientes de cualquier otro país. Lo normal ha sido que todos ellos hayan utilizado para subir peldaños la escalera de los aranceles, las subvenciones, los contingentes o las barreras cualitativas de todo tipo para protegerse. La evidencia empírica al respecto, puesta en claro por multitud de economistas e historiadores, es abrumadora e indiscutible.9

Algunos economistas recurren a algunos ejemplos de economías prósperas que ahora tienen una gran apertura al exterior, pero olvidan señalar que eso ha ocurrido y ha sido posible sólo como efecto de muchos años previos de fuerte protección. Sólo cuando ya han conseguido dominar los mercados y aplacar toda competencia es cuando se han abierto al exterior.

También se ha demostrado que las mayores tasas de crecimiento económico a lo largo de los siglos XIX y XX están inversamente relacionadas con el grado de apertura del comercio internacional. Y cuando se ha querido demostrar que el incremento en el comercio mundial producido a partir de los años noventa del siglo pasado es la causa del considerable incremento del PIB mundial, se está olvidando que, en este último período, el comercio que antes se registraba como nacional en la antigua Unión Soviética pasó a registrarse como internacional.10 Por todo ello, incluso los más fervientes defensores de las ventajas del libre comercio, como Jagdish Bhagwati, reconocen que no se puede decir que este último promueva necesariamente el crecimiento, y menos el de todas las economías al mismo tiempo.11

Muchos autores también han demostrado que países en desarrollo con políticas proteccionistas han logrado un crecimiento económico más elevado que los que han respetado las reglas del libre cambio.12 Y aunque es cierto que algunos países registran muy buenos resultados económicos en etapas de alto grado de apertura comercial, se ha podido comprobar que eso también va unido a la aplicación de políticas macroeconómicas acertadas, y que cuando éstas no se aplican, la misma estrategia de apertura comercial exterior no produce esos efectos positivos.13

También se han puesto en cuestión las estimaciones de los beneficios supuestamente muy elevados que produce la liberalización, por ejemplo, demostrando que la eliminación de los subsidios favorece a las economías más ricas, simplemente eliminando a China de los países beneficiados o mostrando que la agricultura de los países más pobres siempre termina siendo perdedora neta de la liberalización.14

Por último, el caso de Estados Unidos muestra que una gran potencia se beneficia en mayor medida cuando comercia con otras economías con las que no tiene acuerdos de libre comercio y obtiene peores saldos y ganancias cuando respeta sus reglas, algo completamente contrario a lo que debería ocurrir en todo caso, según los defensores del librecambismo.15

La realidad, por tanto, prueba que es falso que el libre cambio haya sido efectivo a lo largo de la historia y que todos los países se hayan beneficiado o se estén beneficiando de ello. Como dice Ha-Joon Chang, los países ahora más ricos han subido por la escalera del proteccionismo para lograr la prosperidad de la que gozan y el dominio de los mercados y, ahora que ya lo han conseguido y están arriba, la retiran para que los países que van detrás ya no puedan recorrer su mismo camino y poner en peligro su poder y privilegios.

Con el fin de lograrlo se hace lo imposible por mantener durante décadas una mentira que sólo se puede sostener analíticamente sobre la base de modelos completamente irrealistas y sumamente endebles.

Originalmente, para demostrar que un sistema generalizado de ausencia total de barreras al comercio era superior al proteccionismo se utilizaron modelos que establecían como hipótesis la existencia generalizada de mercados de competencia perfecta, algo que es completamente imposible que se pueda producir en la realidad, como sabemos. Más adelante, se dejó de lado esta condición tan irrealista, pero se tuvieron que seguir manteniendo otras no menos alejadas de lo que de verdad ocurre en el mundo real de los mercados, las empresas y los consumidores.

Así, para poder demostrar que un régimen de libre cambio es más eficiente hay que asumir que con la ausencia o retirada de barreras al comercio que protejan la economía nacional no se producen efectos sobre la distribución de la renta. Es decir, que si se pierden empleos en una actividad como consecuencia de la apertura al exterior, se crea el mismo número de ellos en otra actividad y los trabajadores que los pierdan vuelven a obtener exactamente los mismos salarios que antes en las nuevas actividades.

Son modelos, pues, de una gran sofisticación matemática, pero completamente irreales. Sólo un auténtico milagro cósmico podría producir un ajuste tan exacto y compensatorio como el que acabamos de señalar. Desde luego, completamente contrario a lo que se ha podido comprobar que ocurre en la realidad. Sabemos que los beneficios innegables que puede tener la apertura comercial se difunden mucho, mientras que los daños se concentran bastante, en actividades, empresas o grupos sociales, según el caso, y eso hace muy difícil evaluar y registrar con exactitud los efectos que se producen para poder tratar de compensarlos.

Como han puesto de relieve diversos investigadores críticos, esta dificultad es la que hace prácticamente imposible calcular con exactitud la respuesta real de las exportaciones y las importaciones en cada economía ante cambios en los precios exteriores (recuérdese el argumento elemental de Mankiw para proclamar las bondades del libre comercio). Y eso se comprueba al constatar que se pueden obtener resultados diferentes a partir de los mismos datos reales.

Los datos también reflejan, por otra parte, que los ajustes de empleo no se dan en la realidad ni tan automática ni rápidamente como los modelos establecen que deberían darse, sino que o no se producen o sólo lo hacen a largo plazo.16

Además, estos modelos teóricos no contemplan tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, que en el comercio internacional no intervienen unas economías frente a otras en su conjunto y, por tanto, que es completamente absurdo e irreal hablar, como vimos que hacía Mankiw en su manual, de un «precio nacional» o «mundial». Y ni siquiera lo hacen productores o empresas frente a otros, sino que compiten, en realidad, empresas frente a Estados que establecen normas, influyen sobre los precios y los costes y, en suma, fijan constantemente las condiciones de los intercambios.

En segundo lugar, los modelos teóricos que se elaboran para tratar de mostrar la ventaja del libre comercio dejan a un lado, por una parte, «lo que viene después» de la mayor o menor apertura comercial, es decir, las consecuencias futuras de las políticas que se adoptan. Por tanto, no hacen una buena ni completa evaluación de sus ventajas e inconvenientes. Y, por otro, tampoco consideran los costes de oportunidad de la apertura, esto es, lo que deja de ganar o perder una economía cuando cambian las condiciones en que se desenvuelve en el exterior. Y, sobre todo, dan por hecho que la ventaja del comercio internacional se dirime exclusivamente en términos de la eficiencia que se manifiesta en precios más bajos. Es evidente que si se quieren evaluar realmente las ventajas o inconvenientes, las ganancias o pérdidas que conlleva la liberalización del comercio frente a la protección, es imprescindible tomar en consideración no sólo otros efectos complementarios a los manifestados en el precio, sino incluso los de carácter cualitativo que tienen que ver con la calidad de los empleos, las condiciones de vida o los derechos de los seres humanos.

Finalmente, no se puede olvidar el defecto básico de estos modelos, y es que tratan de deducir las ventajas de un sistema de libre cambio frente al no comercio. En realidad, lo único que se puede considerar que ha demostrado la teoría económica que sostiene estas tesis es una obviedad: el comercio con otras economías es más ventajoso para una nación que la autarquía. Y eso, tan sólo tomando como criterio de «lo mejor» el precio de los bienes y servicios y bajo unas condiciones que no se pueden dar en la realidad. En fin, no está demostrado que, en la práctica, el librecambio sea más ventajoso para el conjunto de las economías que la protección bien entendida, o que produzca más eficiencia, mayor rendimiento económico, equidad, respecto al medio ambiente o bienestar humano. La historia nos demuestra que ocurre todo lo contrario.

Consecuencias

Las consecuencias de imponer una falsedad como la que hemos analizado en este capítulo a la hora de aplicar la política económica son diversas y muy influyentes sobre las condiciones de vida de los seres humanos.

En primer lugar, se hace creer que la consecución del mayor nivel de bienestar se deriva de dejar hacer a los mercados internacionales, sin establecer normas que protejan los intereses nacionales. Se oculta así que las economías que se pueden estar beneficiando en un momento dado de su mayor grado de apertura comercial lo pueden hacer gracias a decenios previos de estrategias ex ante de protección estatal de sus industrias y de otras ex post que vigilan y compensan a los sujetos o sectores perdedores, en ambos casos a través, sobre todo, de políticas fiscales.

Sin embargo, lo que suele estar ocurriendo cuando los organismos económicos internacionales y las grandes potencias «recomiendan» la apertura a las economías más débiles es que, al mismo tiempo, les atan las manos o les limitan las posibilidades de llevar a cabo ese tipo de políticas, bien porque les imponen directamente la reducción del sector público, o bien porque se acompañan de otras medidas que producen disminución de los ingresos fiscales.

En cualquier caso, lo que está ocurriendo, como ya hemos analizado, es que esas medidas liberalizadoras se establecen de modo muy asimétrico, pues se le imponen a las países más débiles y empobrecidos mientras que las grandes potencias se protegen. Eso es lo que está haciendo que aumente la desigualdad en el mundo, no solo entre los países más ricos y los demás, sino también en el interior de los primeros porque, al mismo tiempo, se debilitan las políticas redistributivas que permiten repartir equitativamente las ganancias de ese proceso.

Afirmar que abrir las fronteras de par en par a los productos extranjeros es beneficioso para todas las economías y, más aún, permitir que eso ocurra sólo en los países más pobres es dar alas a un sistema de comercio internacional basado, en el mejor de los casos, en el trato igual a los desiguales y, en el peor, es una asimetría que no puede sino multiplicar constantemente los desequilibrios y desigualdades.

Como han puesto de relieve muchos estudios,17 el comercio internacional que se desenvuelve en esas condiciones produce perdedores y ganadores sin que, al mismo tiempo, se desarrollen los instrumentos de contrapeso y compensación necesarios para evitar la inequidad y las crisis económicas que se derivan de esas asimetrías. Y, en particular, la evidencia acumulada sobre la relación entre la liberalización del comercio, la seguridad alimentaria y la pobreza sugiere, como ha demostrado John Madeley, que habrá más perdedores que ganadores.18

En definitiva, es incorrecto y deshonesto afirmar que la teoría económica ha demostrado que más comercio internacional es mejor que menos para el conjunto de la economía, o que comerciar sin protegerse sea la estrategia que proporciona más seguridad, mejores resultados a la totalidad de las empresas, estabilidad económica o más bienestar y satisfacción a las personas.

Mentira 10

El Estado es el problema porque
el gasto público es dinero tirado, expulsa
a la inversión privada, obliga a poner impuestos que perjudican a todos y
genera deuda que frena el crecimiento económico

Dejamos para el final la mentira sobre los efectos de la intervención del Estado en la economía por tres razones. La primera, porque no es exactamente una sola mentira, sino que la tesis principal (el Estado es el problema que tiene la economía para desenvolverse positivamente) se traduce en un ramillete de variantes que merecen ser consideradas. En segundo lugar, porque la intervención estatal tiene efectos muy importantes sobre el ingreso y la riqueza de los diferentes grupos sociales, de modo que las mentiras sobre sus efectos tienen una incidencia singular en la vida de la gente. Y la tercera razón no es la menos importante: han sido tan exageradas y evidentes las mentiras que se han venido diciendo sobre los efectos de la intervención estatal en la economía, que hasta muchos de quienes las han defendido están dejándolas a un lado ante la fuerza de los hechos.

La expresión más resumida y literal de esta gran mentira es la que Ronald Reagan expresó en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos: «En esta crisis, el Estado no es la solución, es el problema».

La intervención estatal ha estado y estará siempre sujeta a un debate inevitable sobre sus ventajas e inconvenientes. Se traduce en medidas políticas que afectan desigualmente a las personas y a las empresas, así que es lógico que cada una de ellas tenga una preferencia diferente al respecto: quien pueda pagarse la sanidad privada quizá prefiera que no haya impuestos para financiar la pública, pero quien disponga de muy pocos recursos seguramente defienda que el Gobierno haga lo necesario para financiar y mantener buenos servicios públicos; unas personas preferirán más riesgo y disponer de medicinas o productos básicos lo antes posible, mientras que otras serán partidarias de que el Gobierno establezca normas que garanticen la seguridad y la salud por encima de todo...

La intervención pública en la economía es siempre política, responde a criterios normativos y, por tanto, no hay criterios objetivos que permitan determinar qué alternativa es preferible a otra. Sin embargo, siendo eso cierto, otra cosa bien diferente es que, a la hora de defender una preferencia u opción ideológica sobre la intervención pública deseada, se utilicen argumentos que son objetivamente falsos. Los que nos parecen más importantes de estos últimos son los que vamos a desmentir en este capítulo.

La primera mentira consiste en afirmar que el dinero que gasta el Estado es baldío y no aporta nada a la economía, como si se enterrase en una especie de saco sin fondo ajeno a la vida económica. Algunos economistas ultraliberales, como Daniel Lacalle, trasladan esta idea, a veces incluso de forma completamente explícita: «La subida del PIB en España ha sido provocada por proyectos megalómanos que no aportan nada ni generan nada».1

La segunda variante de la mentira consiste en afirmar que el gasto del Estado «expulsa» a la inversión privada porque utiliza recursos que ya no quedan a disposición de las empresas y éstas dejan de invertir y de crear empleo, deteriorándose así la marcha de la economía. Mientras que, por el contrario, cuando se reduce el gasto público se dejan libres recursos para el sector privado, lo que aumenta el crecimiento económico, una tesis muy difundida en los últimos años para defender las políticas de recorte de gasto, llamadas «de austeridad», frente a las crisis recientes.

La tercera expresión de la misma mentira se refiere, por un lado, a la inevitabilidad de los impuestos como fuente de financiación del gasto público y, por otro, a la idea de que, cuando éstos se establecen, se perjudica a todas las personas, empresas o grupos sociales por igual. Y, por el contrario, que reducirlos, en particular a los grupos o personas con mayor ingreso o riqueza, produce un efecto de «derrame» muy positivo sobre el conjunto de la economía. En España, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo expresa muy a menudo y claramente: «Nuestra decisión política de bajar impuestos tiene como consecuencia mayor inversión, más empleo y mejores servicios sociales».2

La última variante de la mentira es que el aumento del gasto público provoca un incremento de la deuda que frena el crecimiento económico. La versión más extendida de esta mentira fue el trabajo de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart en el que decían haber descubierto y demostrado que la deuda elevada era la causa de una caída muy importante de las economías en su tasa de crecimiento a largo plazo.3

La falsedad

La idea de que el Estado es el problema y no la solución se desmiente por sí misma, y mucho más en los tiempos que vivimos. La crisis financiera que comenzó a desencadenarse en 2007 y 2008 ya demostró que la intervención de los Gobiernos fue decisiva para evitar que la corrupción bancaria y los fraudes generalizados produjeran un colapso global; y la pandemia de la COVID-19 ha vuelto a poner en evidencia que la masiva inyección de gasto público y la expansión de los servicios públicos ha sido tan esencial como inevitable para evitar la catástrofe sanitaria y la paralización completa de las economías. El Estado, en ambos casos, es decir, en las dos crisis más graves de este siglo, no sólo no fue el problema, sino la solución.

Cuando estalló la crisis de 2007, los Gobiernos y los organismos internacionales recurrieron a esta mentira para aplicar recortes en el gasto social. Decían que así, con esas políticas que llamaron de «austeridad», aumentaría el empleo y el crecimiento, y bajaría la deuda. Para justificarlo, difundieron estudios en los que se afirmaba que la disminución en el gasto público (uno de los cuatro motores de la vida económica, junto con el consumo privado, la inversión de las empresas y las exportaciones) apenas reduciría la actividad.

El Fondo Monetario Internacional estimó entonces que un recorte de un euro en el gasto público sólo reduciría en 0,5 céntimos el PIB, pero luego se pudo comprobar que la realidad fue otra. Por cada euro recortado, la actividad llegó a bajar incluso más de 1,7 euros. Es decir, que el efecto llamado «multiplicador» del gasto público había sido realmente mucho mayor que el estimado «equivocadamente» para poder justificar las políticas de recortes en salud, educación o pensiones, mientras que, eso sí, aumentaban las ayudas a los grandes bancos.

El propio economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, reconoció más tarde que sus «pronósticos subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la caída de la demanda interior con la consolidación fiscal».4 Los investigadores de ese mismo organismo Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri reconocieron también en un artículo que sus recetas habían provocado un «aumento de la desigualdad que daña el nivel y la sostenibilidad del crecimiento».5 Y un estudio de Isabel Ortiz y Matthew Cummings en el que se analizaron 314 informes del Fondo Monetario Internacional (publicados entre enero de 2010 y febrero de 2013) demostró que los recortes del gasto público «no ayudan a promover crecimiento económico robusto y generador de empleo, ni a mejorar el nivel de vida ni la cohesión social». La realidad que comprobaron fue, por el contrario, que esas políticas de menos Estado y recortes en el gasto público empeoraron la situación económica en lugar de ayudar a salir antes y mejor de las crisis.6

En segundo lugar, también es una mentira, bastante burda en este caso, afirmar que el dinero que gasta el Estado es dinero perdido que «no aporta nada».

De entrada, es claramente contradictorio afirmar, como hace Daniel Lacalle, que una inversión o gasto público «no aporta ni genera nada» cuando en la misma línea se reconoce (porque no puede ser de otro modo) que aumenta el Producto Interior Bruto, es decir, la producción y, por tanto, la renta. O una cosa o la otra.

Esta idea es mentira porque cualquier gasto que realiza el Estado se convierte inmediata e inevitablemente en un ingreso por la misma cantidad en el sector privado. Y eso ocurre con independencia de que ese gasto sea más o menos productivo, megalómano —como dice Lacalle— o inútil.

Naturalmente, el gasto del Estado tendrá un efecto final sobre la producción y la renta desigual, dependiendo de quién lo reciba y a qué se destine. No será igual que lo perciba como sueldo o ayuda una persona que lo gaste en consumo en su mayor proporción u otra que sea rica y pueda ahorrar una gran parte de su ingreso. No tendrá el mismo efecto final un gasto del Estado dedicado a operaciones corrientes (sueldos o transferencias, por ejemplo) que otro dedicado a inversión e, incluso, habrá inversiones que generarán más ingreso y riqueza que otras. Será diferente según se financie con un tipo de impuesto u otro, con deuda pública o creación de dinero, o si se gasta en bienes nacionales o importados, por ejemplo. Pero, en cualquier caso, un gasto realizado por el sector público se convertirá inmediatamente, como acabamos de decir, en un aumento del ingreso en la economía por la misma cuantía. El gasto público nunca es dinero tirado, es dinero puesto a circular en la economía, aunque eso no quiere decir, lógicamente, que no haya que discutir el mejor uso que convenga darle en cada momento. Entre otras cosas, porque la potencia del motor que supone el gasto público para el conjunto de la economía no tiene por qué ser siempre la misma y, en consecuencia, hay que calibrar en todo momento su magnitud y orientación.

Los datos, sin embargo, no dejan lugar a dudas. Se ha demostrado, por ejemplo, que un dólar de dinero público gastado en infraestructuras ha producido actividad económica por valor de 3,21 dólares en Estados Unidos a lo largo de veinte años.7 El Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos ha calculado que mil millones de dólares de inversión en infraestructura de transporte crean trece mil puestos de trabajo durante un año.8 Investigadores del FMI también estimaron que un aumento del 1 por ciento en el gasto público puede disminuir la tasa de paro en un 2 por ciento en cuatro años,9 y otros estudios, que da lugar a un aumento del 3,4 por ciento de la producción en una recesión y del 2,3 por ciento en expansión.10 Es mentira, pues, que el gasto público sea dinero tirado y que no aporte nada a la economía.

A esta última mentira se asocia otra que durante años ha gozado de bastante difusión, no sólo en la academia, sino también entre la opinión pública. Como adelantamos, se trata de decir que el gasto público «expulsa» a la inversión privada, lo cual sería doblemente negativo, según quienes defienden esta tesis. Por un lado, porque así se bloquearía un motor tan importante como es el gasto en capital de las empresas, su inversión; y, por otro, porque se supone que la inversión pública resulta más cara, más ineficiente y menos ventajosa para los consumidores que la privada.

Se ha podido comprobar que ambas ideas son falsas.

Se dice que el gasto público expulsa a la inversión privada asegurando que, cuando el Estado realiza cualquier tipo de gasto, debe usar recursos que ya no puede utilizar la empresa privada. Si lo financia con deuda, porque ésta se venderá a los ahorradores y así el volumen de ahorro disponible para la inversión privada disminuirá. Si lo financia con impuestos, porque se producirá una disminución de la renta disponible y, en consecuencia, también del ahorro. Y, en ambos casos, la menor cantidad de ahorro disponible hará que suba el tipo de interés, lo cual disminuye la inversión y esto trae consigo una caída en la demanda agregada, de donde se sigue que bajarán también el empleo y el crecimiento económico.

Una vez más, el análisis económico se basa en el «si ocurre esto, sucederá lo siguiente» sin que se pueda determinar previamente si esas condiciones se dan siempre y con toda seguridad. Si se repasa la secuencia en la que se basa el argumento de la expulsión de la inversión privada por parte del gasto público es fácil comprobar que, para que eso fuese verdad, tendrían que darse, al mismo tiempo, todas y cada una de las siguientes circunstancias:

Pleno empleo de todos los recursos, pues si los hay sobrantes no tiene por qué disminuir el uso de recursos para la inversión privada cuando aumenta la del Estado. No hay duda de que, en una situación de pleno empleo, el aumento del gasto público no será nada conveniente pues tan sólo provocaría subida de precios, pero es bien sabido que ésa no es la situación general de las economías. De hecho, la mentira que se critica es que se niegue el efecto benefactor del gasto público en situaciones de crisis y recesión, precisamente para combatir el desempleo de recursos y la falta de inversión privada.

Los tipos de interés deben depender exclusivamente del volumen de ahorro existente en la economía, algo que no se corresponde con la realidad, pues sabemos que el banco central puede alterarlos manejando la oferta monetaria. Una prueba evidente de que esta condición no se da en la realidad la tenemos en lo que viene sucediendo en los últimos años: se están registrando los mayores déficits públicos justamente cuando los tipos de interés están más bajos que nunca, justo lo contrario de lo que tendría que haber sucedido si la teoría del efecto expulsión fuese cierta.

El volumen de ahorro existente en la economía es fijo, se acaba cuando se produce el gasto del Estado y, cuando eso sucede, ya no hay más crédito en la economía. Es un argumento inaceptable porque implica desconocer el funcionamiento real del sistema financiero: los bancos centrales y los propios bancos privados pueden crear dinero bancario si fuese necesario para financiar la demanda de inversión solvente de las empresas siempre que sea necesario.

La demanda de inversión de las empresas sólo depende del tipo de interés y no de las expectativas de ventas y beneficios que tengan, algo igualmente contrario al sentido común, a la lógica y a la experiencia. Si estas expectativas son elevadas, una supuesta subida del tipo de interés, como consecuencia del aumento del gasto público (que ya hemos dicho que no tiene por qué producirse), podría ir acompañada de mayor inversión privada. De hecho, se ha podido comprobar que la inversión pública «tira» o atrae a la privada precisamente porque abre oportunidades de negocio y beneficio.

La pérdida de actividad provocada por una menor inversión privada (que ya hemos dicho que no tendría por qué producirse si hay recursos sobrantes) tendría que ser mayor que el incremento que pudiera llevar consigo el aumento del gasto público. Y es obvio que esto no se puede dar por hecho en cualquier caso. No hay ninguna razón, por ejemplo, para que la inversión en una carretera con dinero público cree menos actividad que la realizada con dinero privado. Y no vale argumentar tampoco que la primera destruye actividad porque consume recursos porque debe ser financiada necesariamente por impuestos o deuda, pues la inversión privada también debe financiarse de algún modo, bien recurriendo al ahorro o al incremento de la deuda privados.

También debe darse por sentado que una inversión pública lleve consigo menos creación de empleo que la misma cantidad de inversión con dinero privado. Algo que no tiene por qué ocurrir necesariamente.

Por último, hay que asumir una condición que va en contra de todas las experiencias que tenemos: ni es posible ni conviene prescindir del gasto público, pues no puede haber inversión privada rentable sin gasto público. No es posible que la haya sin infraestructuras, investigación básica, administración de justicia, servicios públicos y de seguridad..., o con una gran parte de la población sumida en la pobreza o en el caos social. Todo esto es necesario para que pueda rentabilizarse la inversión privada, y para ello es imprescindible que haya gasto público.

Si es difícil asumir cada una de estas condiciones como realista aisladamente, pensar que se pueden dar todas ellas a la vez y en cualquier momento en que se realice el gasto público es una hipótesis irreal e inadmisible. Y la mejor prueba de ello es que, al analizar los datos reales, se ha podido comprobar que el gasto público no provoca efecto expulsión de la inversión privada.

Uno de los estudios más recientes es de Timothy P. Sharpe, quien ha demostrado que este efecto no se produce en las que llama «economías soberanas», es decir, las que disponen de una moneda propia. Lo que reduce la inversión privada no es el aumento del gasto público, sino el hecho anómalo de que una economía renuncie a la capacidad de emitir su propia moneda.11 Y también se ha podido comprobar que es igualmente falsa la otra cara de la mentira, es decir, que la disminución del gasto público impulse el crecimiento porque deja recursos libres para la inversión privada. Trató de demostrarlo el más conocido defensor de la tesis de la austeridad, Alberto Alesina, pero se ha puesto de manifiesto que su investigación estaba sesgada porque se basaba en los casos de economías cercanas al pleno empleo.12

La siguiente variedad de la mentira principal sobre los efectos de la intervención del Estado (el gasto del Estado obliga a imponer impuestos que perjudican a todos) también es materialmente falsa por varias razones.

En primer lugar, es evidente que el gasto público puede financiarse también a través de deuda o de creación monetaria. Obviamente, se pueden discutir las ventajas e inconvenientes de cada vía de financiación, pero es mentira que sea obligado establecer impuestos. Es más, si se acepta que el gasto público dedicado a inversión (infraestructuras, investigación básica, educación, empresas públicas, economía de los cuidados...) crea riqueza y actividad económica productiva, como es evidente e innegable que la crea, resulta entonces que es el propio gasto público el que genera los ingresos que pueden financiar su gasto. Hasta un economista tan poco amigo de la intervención del Estado como el mencionado Daniel Lacalle debe reconocer que un gasto megalómano, como sucedería también incluso con otros totalmente superfluos, aumenta el PIB, es decir, la renta de los sujetos económicos que luego podría gravarse con impuestos.

Para mantener todo este tipo de mentiras se da por hecho, como ya dijimos anteriormente, que los inversores se comportan y deben comportarse como los hogares, es decir, disponiendo primero de los ingresos y luego gastando. Una idea completamente equivocada. Las empresas y el Estado, en su condición de inversores, deben gastar primero y luego obtienen sus ingresos. Las empresas, porque deben comprar primero los bienes de capital con los cuales producir los productos que van a vender para obtener entonces ingresos, y el Estado, porque tiene el privilegio de crear sus propias fuentes de financiación, los impuestos o el dinero. Y es gracias a que las cosas son así, y no como dicen los liberales, por lo que pueden funcionar las economías.

También es materialmente incierto que cualquier impuesto perjudique a toda la sociedad por igual. Se puede discutir sobre la preferencia de que haya más o menos bienes públicos (es decir, aquellos que es imposible que el mercado pueda proporcionar) y, por tanto, que sea necesario establecer más o menos impuestos para financiarlos cuando los provee el Estado. Pero lo que es innegable es que los impuestos no afectan por igual a todas las personas o grupos sociales, sencillamente, porque no todos ellos están en la misma situación de partida. Si se pudiera diseñar un impuesto perfectamente neutral ya afectaría de modo diferente, puesto que se estaría tratando igual a los desiguales, y los impuestos que recaen diferencialmente sobre las personas en función de su condición personal tienen, por definición, un efecto diferente.

Otra variante de la mentira consiste en afirmar que disminuir los impuestos y, en particular a los ricos, es bueno para todos porque aumenta la riqueza, el empleo y el crecimiento económico. Pero la realidad indica lo contrario.

Es fácil comprobar que los países donde los tipos de los impuestos sobre la renta son más elevados tienen un PIB per cápita más alto y tasas de paro más reducidas, y que no hay correlación entre impuestos más bajos y más empleo, ni tampoco con tasas de crecimiento más elevadas.13 El caso de Estados Unidos, de donde suelen nacer este tipo de fábulas, es claro: cuando la tasa impositiva marginal máxima ha sido más alta (entre el 71 por ciento y el 92 por ciento), el crecimiento medio anual del empleo fue del 2 por ciento y el del PIB del 4 por ciento anual. Cuando ha sido más baja (entre el 28 por ciento y el 39 por ciento), el del empleo fue del 0,4 por ciento de media anual y el del PIB del 2,1 por ciento.14

La última mentira que analizamos entre las que tratan de mostrar que el Estado es el problema de las economías es la que afirma que el gasto público produce deuda que frena el crecimiento.

Es obvio que el gasto público no tiene por qué crear deuda si se financia adecuadamente y, en todo caso, también cabe señalar que la deuda pública que pudiera estar asociada al incremento del gasto no tiene por qué ser considerada una carga negativa para la economía. A veces, incluso sería todo lo contrario. Sería una auténtica barbaridad, por ejemplo, que las inversiones cuyos retornos y beneficios van a producirse a largo plazo se financiaran sin recurrir al crédito. De hecho, lo que hipotecaría el avance de la actividad económica y el progreso sería que no se hiciera. Lo que viene ocurriendo, sin embargo, es que el fundamentalismo infundado de quienes defienden estas mentiras ha llevado a limitar las inversiones a largo plazo de los Estados. Una cosa es evaluar la necesidad del gasto público, someterlo a controles imprescindibles y tratar de que se realice en su justa medida, y otra muy distinta aplicar el mismo tipo de límites a los gastos corrientes y a las inversiones.

Por otra parte, también es evidente que la deuda que soportan hoy día casi todas las economías del mundo, una auténtica esclavitud por la forma en que están generadas en beneficio de la banca, no está provocada por un exceso del gasto que se quiere recortar, supuestamente, para evitarla.

Según los datos que proporciona la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, el 92 por ciento del incremento de la deuda pública en la Unión Europea de 1995 a 2019 y el 110 por ciento en la Eurozona se debe a intereses. Y lo mismo ha ocurrido en todas las economías en las que se aceptó que los bancos centrales no financiaran a los Gobiernos, obligándolos a recurrir al crédito privado, mucho más caro. El gasto público no es, por tanto, el origen de la deuda mucho más elevada de los últimos años, sino el mucho mayor gasto en intereses.

Ya hemos dicho que consideramos que la deuda es una esclavitud y muchos economistas críticos han demostrado que haberla convertido en motor de las economías contemporáneas es la causa de que haya más crisis financieras que nunca. Pero eso es una cosa, y otra distinta afirmar que la deuda frene el crecimiento, un argumento que se utiliza para defender la tesis de la maldad intrínseca del gasto público y la de intervención del Estado.

La tesis se convirtió en una especie de verdad revelada tras la publicación en 2010 de un estudio de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart. Del estudio de las economías con niveles de deuda pública superior al 90 por ciento del PIB durante al menos cinco años dedujeron que su crecimiento medio era del –0,1 por ciento, lo que les permitió afirmar que la deuda elevada era la causa de una caída muy importante en su tasa de crecimiento a largo plazo, una tesis que se convirtió en el argumento intelectual de todas las autoridades económicas para imponer recortes de gasto en medio de una enorme recesión económica, provocando una nueva recesión, destrucción de empleo y nuevas caídas de la tasa de crecimiento.

No fue extraño que ocurriera eso porque bien pronto se demostró que la tesis de Rogoff y Reinhart estaba incorrectamente deducida. Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin analizaron con detalle su estudio y comprobaron que en él se habían omitido numerosas observaciones de países endeudados y de tasas de crecimiento, que utilizaron un sistema de agregación muy discutible, puesto que daba menos peso a los países con niveles de deuda continuos que a los que tienen momentos coyunturales de crisis con deuda elevada, e incluso que habían cometido un error de cálculo en la hoja Excel que utilizaban para obtener las conclusiones.

Al corregir esos defectos, resultaba que los resultados eran otros: desaparecía el crecimiento negativo asociado a la deuda elevada y, al ponderar de otro modo los datos, resultó que la deuda continuada superior al 90 por ciento en los países considerados estaba asociada a un crecimiento positivo del 2,2 por ciento.15 La biblia que había servido de legitimación de los recortes de gasto público en medio de una recesión resultó ser papel mojado.

Quienes defienden que el gasto público y los déficits presupuestarios, en particular, tienen esos supuestos efectos negativos se basan en un error de partida fundamental. Aseguran que el aumento del gasto y los déficits provocan, como hemos dicho, la caída de la inversión y de la actividad. Sin embargo, lo que ocurre en la realidad es justamente lo contrario: son las crisis y las recesiones las que obligan (afortunadamente) a aumentar el gasto y provocan los déficits, de modo que lo que hay que hacer no es reducirlos siempre, sino evitar las crisis.

El caso europeo lo demuestra claramente: antes de la crisis de 2007-2008, países como España (35,8 por ciento) o Irlanda (23,9 por ciento) tenían niveles de deuda pública respecto al PIB más bajos que Alemania (64 por ciento) e Italia registraba saldos presupuestarios más saneados, a pesar de lo cual su deuda no dejaba de aumentar. Fue la crisis en el primer caso o los continuos recortes de gasto, en Italia, lo que produjo el progresivo empeoramiento de las finanzas públicas y no al revés, como se ha querido hacer creer. Y también resultó evidente que el efecto de los recortes no fue la reducción de la deuda que se aseguró vendría tras ellos. Ocurrió lo contrario, tal y como habían advertido muchos economistas críticos: la relación de la deuda pública europea sobre el PIB aumentó del 72 por ciento en 2007 al 103 por ciento en 2014, y al 84,1 por ciento en 2019.

Consecuencias

La gran mentira sobre la naturaleza y los efectos de la intervención pública en la que se basan las políticas neoliberales de los últimos cuarenta años tiene tres consecuencias principales que están muy claramente documentadas en multitud de análisis e investigaciones.

La primera es la concentración de la riqueza extraordinaria y sin igual que se ha producido en este período. Los recortes en el gasto han disminuido las ayudas y transferencias contra la pobreza y la cuantía de las pensiones, y han dificultado la generación de ingreso por parte de las empresas privadas, mientras que la disminución de los impuestos a los más ricos ha aumentado su ingreso de forma extraordinaria. La consecuencia no puede ser otra que una mayor brecha de ingreso y riqueza. Justo en medio de la anterior crisis económica, en 2010, las políticas que responden a las mentiras que hemos comentado permitieron que en Estados Unidos el uno por ciento más rico de todas las familias de ese país se quedase con noventa y tres de cada cien dólares de incremento en el ingreso de ese año,16 y su participación en el ingreso total pasó del 9 por ciento en 1970 al 16 por ciento en 2016.

El último estudio realizado hasta la fecha sobre lo ocurrido en dieciocho países de la OCDE en los últimos cincuenta años tampoco deja lugar a dudas: impuestos más bajos para los ricos han aumentado las diferencias de ingreso, sin que ello haya conducido a más actividad económica o a más creación de empleo.17

La segunda consecuencia de limitar inadecuadamente el uso del gasto público, especialmente en etapas de recesión, es que se ata las manos de los Gobiernos y se les impide que tomen las medidas que realmente podrían contrapesar la marcha negativa de las economías, tal y como hemos visto que sucedió en la crisis económica de 2007-2008. Así, en lugar de frenar las crisis y paliar el daño que producen, se da lugar a un efecto procíclico, es decir, de potenciación de la crisis, incrementando innecesariamente la destrucción de empleo y de la actividad económica. Como hemos dicho, y como ponen de relieve los datos que han obtenido investigaciones tan poco sospechosas como las del Fondo Monetario Internacional, limitar el gasto público que crea riqueza y fomenta la actividad productiva es renunciar a la potencia que da uno de los motores que puede hacer que la economía adquiera una conveniente velocidad de crucero. Y eso, como hemos señalado varias veces, sin perjuicio de reiterar que siempre es imprescindible que ese gasto sea el adecuado y realmente necesario, transparente, limpio y sometido a evaluación permanente, porque no es bueno en sí mismo, sino en función de su oportunidad y destino.

Si los Gobiernos registraran constantemente superávits presupuestarios o limitaran al mínimo el gasto público, las economías se encontrarían permanentemente al borde del abismo porque, como hemos señalado, no se puede rentabilizar la inversión privada cuando se carece de las infraestructuras y el capital social imprescindible, y porque no se dispondría de los mecanismos que impulsan la marcha de la economía cuando los motores de la actividad privada se vienen abajo.

La tercera consecuencia es precisamente el enorme deterioro que se produce de ese capital público y de los servicios esenciales para hacer frente a la marcha diaria de la economía y la sociedad. Especialmente, cuando se producen tragedias o impactos como ha ocurrido con la pandemia de la COVID-19, cuyos efectos dramáticos han sido mucho peores precisamente por el estado precario en el que se han encontrado los servicios de prevención, sanitaros y de investigación básica, después de los últimos años de recortes y privatización alentados por los ideólogos del ultraliberalismo.

Durante los últimos cuarenta años, quienes han estado defendiendo todas estas mentiras como verdades absolutas nos decían que la historia ya había acabado y que no cabía pensar en ningún tipo de marcha atrás. Aseguraban que las políticas de desmantelamiento del Estado, de reducción de impuestos a los más ricos y privatización de servicios públicos se mantendrían ya para siempre.

Uno de los economistas españoles más ultraliberales, Xavier Sala i Martí, escribía en 2004: «Gracias a la revolución reaganiana, la lógica del liberalismo se ha instalado en el centro del espectro político y económico, y sólo los ultrarradicales (como Vicenç Navarro y otros soldados derrotados del marxismo universitario) siguen hablando del aumento de impuestos, del gasto público y del intervencionismo público tal como hacían en los años setenta».18

La realidad vuelve a demostrar que los economistas ultraliberales, como Sala i Martí, viven en un mundo de ficción. Cuando se escriben estas líneas, quienes hablan y reclaman intervención de los Gobiernos, aumento del gasto público y subidas de impuestos —con toda la razón— no somos solamente los economistas críticos a quienes quiso ridiculizar porque desmentíamos sus mentiras. Lo piden también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,19 su secretaria del Tesoro y antigua presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen,20 los dirigentes del Fondo Monetario Internacional21 y la OCDE,22 e incluso el presidente de Amazon, Jeff Bezos,23 y otros muchos multimillonarios,24 entre otros.

Es cierto, en todo caso, que la voz de quienes defienden mentiras como las que acabamos de comentar sobre la función y los efectos del Estado en la economía siguen siendo muy extendida y potente. Es natural, porque el anarquismo de derechas que critica cualquier intervención pública y postula la eliminación de los impuestos o la privatización de todo tipo de servicios públicos es una ideología muy útil para crear el clima que permite a los grupos de poder económico y financiero aumentar sus beneficios e influencia social. La correlación entre su influencia en los últimos años y el incremento de la desigualdad y la concentración de la riqueza es un hecho evidente y fuera de cualquier duda.

Conclusión

Si los economistas pudieran lograr que se los considerara personas humildes y competentes, al mismo nivel que los dentistas, sería espléndido.

JOHN MAYNARD KEYNES

En este libro hemos analizado diez afirmaciones sobre la economía que se difunden casi constantemente como ciertas e indiscutibles. Podríamos haber ampliado el número con algunas otras, pero hubieran requerido conocimientos algo más avanzados de álgebra y razonamientos más complejos y abstractos, sin que hubiera cambiado la conclusión: la economía dominante de nuestro tiempo no es una ciencia y está plagada de falsedades, no por casualidad, muy perjudiciales para la vida de la mayoría de la gente.

Decimos que la física o la química, por ejemplo, son ciencias porque son capaces de descubrir las regularidades que rigen el desarrollo de los fenómenos que estudian, es decir, porque descubren y formulan leyes: la de la gravedad, las de la termodinámica, la de Ohm, la de la conservación de masa, la de las proporciones constantes...

La economía, sin embargo, no ha sido capaz de descubrir nunca una sola ley o regularidad que se dé en la actividad económica, aunque algunas proposiciones se conozcan como tales. No lo dice el modesto autor de este libro, sino quien generalmente es reconocido como el economista más brillante e influyente de la segunda mitad del siglo XX, Paul A. Samuelson. En un texto de 1960 contó que el matemático Stanislaw Ulam le retó, cuando era bastante joven, a que le indicara «una sola proposición en todas las ciencias sociales que sea a la vez verdadera y no trivial».1 Según reconoció el propio Samuelson, tardó treinta años en encontrar una respuesta: la teoría de la ventaja comparativa que inicialmente había formulado David Ricardo. Sin embargo, el propio Samuelson puso en cuestión en 2004 que esa teoría pudiera estar explicando lo que ocurría en el comercio internacional de nuestros días: «No se puede contar con los vientos de la ventaja comparativa dinámica para crear con seguridad en cada región nuevas ganancias netas de los ganadores mayores iguales que las nuevas pérdidas netas de los perdedores».2

La economía basada en los postulados liberales que se ha hecho dominante en nuestro tiempo se presenta revestida de un gran nivel de abstracción, formulada con alambicados desarrollos matemáticos con los que se quiere hacer creer que adquiere rigor científico indiscutible, pero la realidad es que los postulados, conclusiones y propuestas que se derivan de todo ello chocan frontalmente con la realidad. Tampoco es el autor de este libro quien lo descubre o denuncia.

Criticando a los economistas que se oponen al salario mínimo diciendo que destruye empleo, el premio de Economía del Banco de Suecia, Agnus Deaton, decía que así lo que se hace es negar la realidad en aras de una ciencia que está falsamente construida. Más concretamente, decía que la afirmación tan radical que hacía al respecto James Buchanan, y que comentamos más arriba, implica «renunciar a la evidencia en aras de la “ciencia”».3 Otro premio del Banco de Suecia, Robert Solow, decía en un artículo de 2003, significativamente titulado «Torpes y más que torpes en macroeconomía», que, a partir de los modelos dominantes, no se podía esperar que surgiera una macroeconomía sensata a medio o largo plazo. La razón era sencilla en su opinión: se supone que la economía trata de dar cuenta de las patologías agregadas ocasionales que acosan a las economías capitalistas modernas, como recesiones, intervalos de estancamiento, inflación, estanflación. Pero es muy improbable, decía Solow, que lo consiga cuando descarta por definición que esas patologías puedan darse.4

Otro premio del Banco de Suecia, Paul Krugman, ha dicho que los economistas que defienden proposiciones como las que hemos desmentido en este libro «han confundido la belleza, revestida de matemáticas de aspecto imponente, con la verdad».5 Y Paul Romer, también galardonado con ese premio, ha escrito que los economistas «rechazan hechos probados», que «los modelos macroeconómicos actuales emplean hipótesis increíbles para llegar a conclusiones desconcertantes», «si los hechos se disocian de la visión teórica sancionada oficialmente, se subordinan a ella. Y antes o después las pruebas dejan de ser relevantes». Dice también que la economía ha iniciado una «regresión hacia la pseudociencia» y que «el problema no es tanto que los macroeconomistas digan cosas que son inconsistentes con los hechos. El problema de verdad es que a otros economistas les dé igual que a los macroeconomistas los hechos les den igual. Una tolerancia indiferente hacia el error evidente es algo todavía más destructivo para la ciencia que consagrarse a hacer apología del error».6

La mejor prueba de que la economía dominante no dispone de capacidad para descubrir regularidades es que es incapaz de predecir. Los organismos internacionales, los bancos y los economistas más reputados hacen constantes profecías para tratar de convencer a la gente de que hay que poner en práctica las medidas que proponen, las propuestas que hemos analizado en este libro. Cuando pasa el tiempo, se puede comprobar que, ni anticipan nunca con acierto lo que va a ocurrir, ni sus medidas tienen el efecto que dijeron que tendrían. Y es natural porque sus análisis y teorías están plagados de prejuicios, sesgos ideológicos y errores analíticos, de una visión deformada de la realidad que se diseña previamente para que puedan encajar en ella las políticas que desean imponer. Tampoco es este modesto autor quien lo descubre, sino los propios protagonistas del desaguisado cuando, al menos, tienen la mínima honradez de evaluar sus actuaciones.

Sirva como ejemplo el listado de errores que una oficina de evaluación independiente detectó a posteriori en los análisis que el Fondo Monetario Internacional había realizado sobre la crisis de 2007:7

Transmisión de una «visión idílica de la economía mundial».

No advertir a los países en el epicentro de la crisis, ni a sus países miembros en general, de las vulnerabilidades y los riesgos que finalmente provocaron la crisis.

Prestar muy poca atención a problemas fundamentales de la economía mundial como el deterioro de los balances del sector financiero, las cuestiones relacionadas con la regulación financiera, los posibles vínculos entre la política monetaria y los desequilibrios mundiales, el auge del crédito y las burbujas de precios de los activos que se estaban gestando.

No incorporar las señales de alerta con respecto a estos riesgos a los mensajes fundamentales que transmitía y haberlas suministrado sin una evaluación de la escala de los problemas o la severidad de su impacto potencial, además de mostrarlas debilitadas al acompañarlas de un panorama global optimista.

No detectar elementos clave que subyacían a la crisis en ciernes. En Estados Unidos, por ejemplo, no analizó, hasta que se desató la crisis, el deterioro de las normas para la concesión de préstamos hipotecarios, ni evaluó de manera adecuada los riesgos y el impacto que tendría en las instituciones financieras una fuerte corrección de los precios de la vivienda.

No poner de relieve las vulnerabilidades que se estaban gestando en las grandes instituciones financieras hasta el segundo trimestre de 2008, cuando ya se había desatado la crisis.

No examinar adecuadamente la interacción entre la innovación financiera, el capital extranjero y el auge del sector inmobiliario y la titulización.

Prestar poca atención a las políticas encaminadas a corregir el desequilibrio entre el ahorro y la inversión, y no haber analizado el papel que podría haber cumplido la política monetaria en el auge del crédito y de los precios de la vivienda.

Promover los beneficios de la titulización debido a sus supuestas propiedades de diversificación de los riesgos y haber desestimado la probabilidad de una fuerte caída de los precios inmobiliarios.

Publicar con gran retraso (seis meses después de que los problemas salieran a la luz) el primer análisis del problema de las hipotecas de alto riesgo.

Actuar con un «sesgo cognitivo» que llevaba a pensar que «la disciplina de mercado y la autorregulación serían suficientes para evitar problemas graves en las instituciones financieras», y, por otro lado, que lleva a «notar solamente la información que coincide con sus propias expectativas y a ignorar la información que es incompatible con las mismas».

Adoptar enfoques analíticos y haberse basado en modelos macroeconómicos que resultaron inadecuados y limitaron el conocimiento de la realidad.

Ignorar o interpretar erróneamente muchos de los datos disponibles.8

¿Simples errores?, ¿sesgos inevitables?, ¿prejuicios de poca monta?, ¿mala suerte, simples casualidades?

No se puede creer que sea eso lo que le ha ocurrido al organismo que supuestamente dispone de la mejor plantilla de economistas del mundo, el que impone las políticas que se llevan a cabo en la práctica totalidad de los países del planeta. No se puede creer eso porque hay una evidencia indiscutible al respecto: todos esos «errores», como las mentiras que hemos desvelado en este libro, conforman una doctrina sistemática que sirve de soporte a una política específica que ha tenido unos resultados inequívocos en las etapas o en los países en que se han aplicado: la mayor concentración de la renta y la riqueza de la historia.

Las fases y picos de mayor concentración de la riqueza en menos manos durante el último siglo coinciden justamente con los períodos en que han predominado las ideas más liberales y en economías vinculadas a los supuestos tan irreales que hemos desmentido.

La economía dominante en nuestro tiempo, la que generalmente se enseña en los centros educativos y ha servido de soporte a las políticas económicas de los últimos, está plagada de mentiras, como hemos comprobado en este libro. Sus principales supuestos de partida son falsos, los análisis en que se basa están sesgados y las conclusiones fundamentales a las que llega están, la mayoría de las veces, muy alejadas de la realidad. Se ha convertido en una ideología revestida de aparatosidad matemática y de abstracción para justificar las propuestas políticas que enriquecen cada vez más a los grupos sociales más ricos. Como escribió Paul Krugman, «la profesión económica se descarrió porque los economistas, como grupo, confundieron la belleza, vestida con unas matemáticas de aspecto impresionante, con la verdad».9

La economía no es el conocimiento científico, objetivo, neutral y cuya puesta en práctica deba quedar, por tanto, solo en manos de los técnicos, tal y como se le presenta habitualmente. Como dijo hace ya tiempo Robert Heilbroner, quien se definía a sí mismo como un «conservador radical», está cargada de «consideraciones ideológicas cuya función es enmascarar la comprensión más completa posible de las propiedades del orden social capitalista»10 Lo que dicen los economistas que marcan las directrices de las políticas económicas recientes no es un reflejo fiel de lo que realmente ocurre en la vida económica sino, como dicen Peter Berger y Thomas Luckmann, una «construcción social de la realidad».

Uno de los economistas más representativos de la ideología económica de los últimos cuarenta años, Robert E. Lucas, reconoció sin ningún rubor que formula sus teorías con absoluto desprecio a la realidad y que al investigar no busca la verdad, sino tan solo ratificar sus propios puntos ideológicos de partida: «La construcción de modelos teóricos es nuestra forma de poner orden en la forma en que pensamos sobre el mundo, pero el proceso implica necesariamente ignorar alguna evidencia o teorías alternativas, dejándolas de lado».11

En este libro tiene los argumentos, en esas palabras de Lucas, una declaración de parte inapelable. Ahora, usted, querida lectora y querido lector, tiene la oportunidad de seguir dejándose engañar o de poner todo en duda y decidir por su cuenta y en su propio interés.

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Notas

1. FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020, FAO, Roma, 2020, <https://bit.ly/3xVzPzQ>.

2. Naciones Unidas, «¿Podemos alimentar al mundo entero y garantizar que nadie pase hambre?», Noticias ONU, 16 de octubre de 2019, <https://bit.ly/3aDD6th>.

3. Las fuentes de los datos que siguen se pueden encontrar en: <https://bit.ly/3aXmlK5>.

1. Los titulares de algunos medios españoles en octubre de 2020 no dejan lugar a dudas. El País: «Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson ganan el Premio Nobel de Economía 2020»; RTVE: «Los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, Premio Nobel de Economía 2020»; El Periódico: «El Nobel de Economía 2020 premia a Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson»; COPE: «Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, Premio Nobel de Economía»; Cadena Ser: «Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, Premio Nobel de Economía»; El Economista: «Un Nobel merecido para la Economía de la información»; Cinco Días: «Un Nobel a las aportaciones a la teoría de las subastas».

2. Mankiw, N. Gregory, Macroeconomía, Antoni Bosch, Barcelona, 2014, p. 59.

3. Truc, Olivier, «Economie: un prix Nobel qui n’en est pas un», Le Monde, 11 de octubre de 2010, <https://bit.ly/32Ukelu>.

4. Offer, Avner y Gabriel Söderberg, The Nobel factor. The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn, Princeton University Press, Princeton, 2016.

5. Parece ser, como se ha tratado de demostrar, que Alfred Nobel no promovió el de Matemáticas para evitar que lo pudiera ganar un matemático también enamorado de la mujer a la que Alfred amaba sin ser correspondido. Pazos Sierra, Juan, ¿Por qué no hay Nobel en Matemáticas? Rencor u olvido, <https://bit.ly/2SpXEzB>.

1. En una página divulgativa del Banco Bilbao Vizcaya se reproduce textualmente ese párrafo para explicar «cómo se conforma el precio de un producto o servicio». En: <https://bbva.info/3dTw1qN>.

2. Esta condición muy utilizada por los economistas es la llamada ceteris paribus, que literalmente significa «siendo igual el resto de las cosas».

3. El argumento de Sraffa expuesto de la manera más sencilla y resumida posible sería más o menos el siguiente: si una empresa aumenta su producción utilizando algún factor que es también utilizado en otras empresas, aumentará el coste de hacerlo no sólo en la primera, sino en todas las demás, y eso afectará al precio al que vendan todas, lo cual influirá en la demanda no sólo de esos factores, sino en la de los bienes para cuya producción se utilicen. La oferta y la demanda, pues, no son independientes. Y si eso no ocurriera, sería porque las demás empresas pueden utilizar más cantidad de factores, encarecidos, sin que aumenten sus costes, es decir, no habría costes marginales crecientes. Tenéis una exposición relativamente asequible en: Contreras Herrada, Tania, Iván Mendieta Muñoz y Rogelio Huerta Quintanilla, «Equilibrio parcial y general: dos problemas inquietantes», Ensayos de Economía, 22, 41 (2012), pp. 89-108, <https://bit.ly/3sULDOT>.

4. Un desarrollo más complicado de esas condiciones y de lo que suponen puede encontrarse en Keen, Steve, La economía desenmascarada, Capitán Swing, Madrid, 2015, capítulos 3 y 4.

5. Keen, Steve, La economía desenmascarada, ob. cit., pp. 122 y ss.

1. Para que se pueda dar la competencia perfecta y llegar a esa situación, deben darse inexcusablemente todas y cada una de la siguientes condiciones: se toma siempre en consideración el sujeto individual y no los grupos; los individuos se comportan siempre con egoísmo, es decir, tomando siempre y únicamente en consideración sus propios intereses o preferencias; todos los sujetos actúan con racionalidad, esto es, son plenamente coherentes al tomar decisiones; los sujetos buscan solamente la maximización de su beneficio o utilidad; en los mercados hay un número de oferentes y demandantes suficientemente elevado como para que ninguno de ellos pueda influir en los precios o cantidades que se intercambian; el producto que se intercambia es totalmente homogéneo, igual, en todos los intercambios; no hay barreras de entrada o salida a los mercados, de modo que cualquier empresa se puede instalar e intervenir en él si lo desea, o dejarlo en cualquier momento, y, por último, todos los sujetos que intervienen en el mercado tienen información perfecta y gratuita.

2. Mazzucato, Mariana, El Estado emprendedor: Mitos del sector público frente al privado, RBA, Barcelona, 2014.

3. Horwitz, Steve, «Competition is not unique to capitalism —it exists in all economic systems», Institute of Economic Affairs, 2 de noviembre de 2015, <https://bit.ly/2QqA5Gd>.

4. Tepper, Jonathan y Denise Hearn, The Myth of Capitalism. Monopolies and the Death of Competition, Wiley, Londres, 2018.

5. Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1994, p. 125.

6. OCDE, «Market Concentration», Issues paper by the Secretariat, junio de 2018, <https://bit.ly/3dUFDBz>.

7. Fondo Monetario Internacional, «El aumento del poder de mercado de las empresas y sus efectos macroeconómicos. Perspectivas de la Economía Mundial», abril de 2019, Fondo Monetario Internacional, <https://bit.ly/3ext8er>.

8. The Economist, «Capitalism is Becoming Less Competitive», The Economist, 10 de octubre de 2018, <https://econ.st/3tWP7lh>.

9. Federal Trade Commission, «The United States has a Market Concentration Problem», Federal Trade Commission, septiembre de 2018, <https://bit.ly/3gTLTLZ>.

10. Cavalleri, Maria Chiara, Alice Eliet, Peter McAdam et al., «Concentration, Market Power, and Dinamism in the Euro Area», VoxEU.org, 24 de agosto de 2019, <https://bit.ly/3nSA7CP>.

11. De Loecker, Jan y Jan Eeckhout, «Global Market Power», National Bureau of Economic Research, Working Paper, 2018, <https://bit.ly/3vrdU1n>.

12. Torres, Juan, Economía para no dejarse engañar por los economistas, Deusto, Barcelona, 2016, pp. 66 y ss.

13. En Estados Unidos, el grado de concentración es aún más elevado y, sobre todo, a partir de los últimos veinte años: Walmart controla el 72 por ciento de los almacenes y supercentros en todo Estados Unidos. Amazon vende el 74 por ciento de todos los libros electrónicos y el 64 por ciento de todos los libros impresos vendidos en línea. Dos empresas controlan el 60 por ciento de todo el mercado de colchones estadounidense. Foods y Dairy Farmers of America controlan entre el 80 y el 90 por ciento de la cadena de suministro de leche en algunos estados y ejercen una influencia sustancial en toda la industria. Los tres principales hospitales y sistemas representan el 77 por ciento de todas las admisiones hospitalarias. Corning vende el 60 por ciento de todo el vidrio utilizado en las pantallas LCD y Owens Illinois tiene casi el monopolio del mercado de botellas de vidrio en ese país. Nike importa hasta el 86 por ciento de ciertos tipos de calzado para baloncesto. Las dos principales agencias controlan más del 70 por ciento de la publicidad televisiva. Google controla el 64 por ciento de todas las búsquedas de ordenadores de escritorio y el 94 por ciento de todas las búsquedas globales y de tabletas móviles. Intel controla alrededor del 98 por ciento del mercado de microprocesadores en servidores y alrededor del 93 por ciento en portátiles. Mars y Hershey controlan el 75 por ciento del mercado de dulces en Estados Unidos. Tres grupos controlan el 99 por ciento de las farmacias. Cuatro corporaciones controlan el 80 por ciento de los asientos en los vuelos nacionales. Cuatro empresas controlan prácticamente toda la industria musical. Ver: Open Markets, «Monopoly by the Numbers». Y también: Taylor, Kate, «A Handful of Companies Control almost Everything We Buy, and Beer is the Latest Victim», Insider, 24 de agosto de 2017, <https://bit.ly/2PJmb1i>.

14. Krueger, Alan B. y Eric A. Posner, «A Proposal for Protecting Low-Income Workers from Monopsony and Collusion», The Hamilton Project, febrero de 2018, <https://brook.gs/2QwY0U8>.

1. Clark, John Bates, The Distribution of Wealth. A Theory of Wages, Interest and Profits, edición digital en: <https://bit.ly/3dTxU6R>, p. V.

2. En sentido estricto, deberíamos distinguir entre producto y productividad. El producto es la cantidad total producida y la productividad es la cantidad producida dividida entre el número de horas de trabajo. Sin embargo, para lo que tratamos de explicar de la manera más sencilla posible, no es necesario hacer esta distinción.

3. Samuelson, Paul A. y Williams Nordhaus, Economía, McGraw-Hill-Interamericana de España, Madrid, 2013, p. 224.

4. Mankiw, N. Gregory, Principios de Economía, Cengage Learning Editores, México D. F., 6.ª ed., p. 380.

5. Mankiw, N. Gregory, «How are Wages and Productivity Related?», Greg Mankiw’s Blog, 29 de agosto de 2006, <https://bit.ly/2QAdczR>.

6. Una explicación más complicada de todas esas críticas se puede encontrar en Keen, La economía desenmascarada..., op. cit., cap. 6.

7. Kaldor, Nicholas, «Marginal Productivity and the Macro-Economic Theories of Distribution: Comment on Samuelson and Modigliani», The Review of Economic Studies, 33, 4 (1966), p. 311.

8. Mankiw, Principios de Economía, op. cit., p. 379.

9. Solow, Robert, El mercado de trabajo como institución social, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 46.

10. Esta falacia es muy conocida y causa numerosos errores. En latín se expresa diciendo post hoc, ergo propter hoc, es decir, «ocurre después de esto, luego es consecuencia de ello».

11. Pullen, John, «A Linguistic Analysis of the Marginal Productivity Theory of Distribution; or, the Use and Abuse of the Propietorial “of”», Working Paper, Series in Economics 4, University of New England, febrero de 2001, p. 7, <https://bit.ly/3vmZU8C>.

12. Thurow, Lester, Generating Inequality, Basic Books, Nueva York, 1975.

13. Biewen, Martin, y Constantin Weiser, «An empirical test of marginal productivity theory». Applied Economics, 46, 9 (2014), pp. 996-1020, <https://bit.ly/2QQwroY>.

14. Cordonnier, Laurent, Pas de pitié pour les gueux. Sur les théories économiques du chômage, Liber-Raisons d’Agir, París, 2000, p. 57.

15. Lester, Richard A., «Shortcomings of Marginal Analysis for Wage-Employment Problems», American Economic Review, 36, 1 (marzo de 1946).

16. Clark, The Distribution of Wealth, op. cit., p. 4.

17. Citado en Pullen, John, The Marginal Productivity Theory of Distribution: A Critical History, Routledge, Londres, 2014, p. 67.

1. Positive Money, «Survey Confirms: People Have no Idea about How Money Is Created», Positive Money, <https://bit.ly/3aFW7vt>.

2. En este manual, cuando se presenta «los tipos de dinero”, sólo se mencionan el dinero mercancía (“el que asume la forma de una mercancía con un valor intrínseco”, como una moneda de oro o plata, por ejemplo) y el dinero fiduciario (“no tiene valor intrínseco”, como un billete»). El término dinero bancario no aparece en ninguna página del texto. Mankiw, Principios de Economía, op. cit., p. 622.

3. Ibídem, p. 558.

4. Es cada día más frecuente que muchas empresas emitan tarjetas de compras o con puntos de regalo con las que se pueden adquirir productos no sólo en sus establecimientos, sino en muchos otros. Y las grandes empresas pueden emitir acciones que utilizan luego para adquirir activos de todo tipo o incluso a otras empresas.

5. Hicks, John, Ensayos críticos sobre Teoría Monetaria, Ariel, Barcelona, 1970, p. 1.

6. McLeay, Michael, Amar Radia y Thomas Ryland, «Money Creation in the Modern Economy», Banco de Inglaterra, Quarterly Bulletin, Q1, 2014, p. 2.

7. Mankiw, Principios..., op. cit., p. 629.

8. Indicadores Forex, «TOP 20 Largest World Banks in 2021 by Total Assets», <https://bit.ly/3gD9a4w>.

9. Peetz, David, Georgina Murray y Werner Nienhüser, «The New Structuring of Corporate Ownership», Globalizations, 10, 5 (2013), pp. 711-730, <https://bit.ly/3nMLyMb>.

10. Stefabia, Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, «The Network of Global Corporate Control», PLoS ONE 6 (10): e25995, 2011, <https://bit.ly/3tkvmmF>.

11. Story, Louise, «A Secretive Banking Elite Rules Trading in Derivatives», The New York Times, 11 de diciembre de 2010, <https://nyti.ms/33bZ6aT>.

12. Morin, François, L’hydre mondiale: l’oligopole bancaire, Lux Editeur, Montreal, 2015.

13. Aklin, Michaël, Andreas Kern y Mario Negre, Does Central Bank Independence Increase Inequality? World Bank Group. Poverty and Equity Global Practice, enero de 2021.

1. Citado en Husson, Michel, «Salaire minimum et emploi: histoire d’un débat», La Revue de LÍRES, 1, 100 (2020), p. 18.

2. Pigou, Alfred C., Unemployment, William and Nordgate, edición digital, Londres, 1914, p. 242, <https://bit.ly/3tcwmJu>.

3. Buchanan, James, Carta a The Wall Street Journal, 25 de abril de 1996.

4. El Boletín, 21 de septiembre de 2018, <https://bit.ly/3sUYEbo>.

5. Cardoseo, Miguel, Rafael Doménech, Juan Ramón García et al., «Hacia un mercado de trabajo más eficiente y equitativo», BBVA, 2016, <https://bit.ly/3tWQGj9>.

6. Cotizalia, 2 de abril de 2013, <https://bit.ly/3nphLsR>.

7. Libre Mercado, 6 de agosto de 2018, <https://bit.ly/3ns33S6>.

8. Valverde, M., «Plan del Gobierno para reducir el poder sindical en las Pymes», Expansión, 12 de enero de 2018, <https://bit.ly/2QwYzgI>.

9. Tenéis un recorrido crítico que muestra el enfrentamiento entre ideología y evidencias empíricas para combatir o defender el salario mínimo en Bergin, Tom, Free Lunch Thinking: How Economics Ruins the Economy, Random House, Londres, 2021, cap. 5.

10. Stockhammer, Engelbert, «Wage Moderation does not Work: Unemployment in Europe», Review of Radical Political Economics, 39, 3 (2007).

11. Fitoussi, Jean-Paul y Xavier Timbeau, «What Does a Social Europe Look Like Today?», Social Europe Journal, 20 de junio de 2013.

12. Podéis encontrar una historia resumida del debate teórico y empírico sobre los efectos del salario mínimo, con referencias bibliográficas, en Husson, Salaire minimum et emploi, op. cit., pp. 15 y ss.

13. Torres, Economía para no dejarse engañar..., op. cit., caps. 40 y 41.

14. A menudo, este proceso queda oculto en las estadísticas de empleo porque, paralelamente a la devaluación salarial, se han ido modificando los criterios de cuantificación del empleo. Actualmente, se considera que se ha creado un puesto de trabajo si se contrata a una persona en edad de trabajar sólo durante una hora al mes y a cambio de cualquier pago, ya sea en dinero o en especie. Eso hace creer que el número de empleos es mucho mayor de lo que en realidad existe en nuestras economías.

15. Remes, Jaana, James Manyika, Jacques Bughin et al., «Solving the Productivity Puzzle», McKinsey Global Institute, 20 de febrero de 2018, <https://mck.co/3xp21e1>.

16. Tenéis un interesante estudio sobre el efecto benéfico en la producción en Doucouliagos, Christos y Christos Laroche, «What Do Unions Do to Productivity? A Meta-Analysis», Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 42, 4 (2003), pp. 650-691. Y sobre la influencia sindical positiva en el conjunto de la actividad económica a largo plazo: Brennan, Jordan, Rising Corporate Concentration, Declining Trade Union Power, and the Growing Income Gap. American Prosperity in Historical Perspective, Levy Economics Institute, Nueva York, 2016, <https://bit.ly/3voEfNE>.

1. Europa Press, 22 de marzo de 2019, <https://bit.ly/3dRHNlh>.

2. Diario 16, 15 de febrero de 2018, <https://bit.ly/32OTSkS>.

3. La Razón, 8 de agosto de 2019, <https://bit.ly/3aGqpy5>.

4. El Economista, 22 de mayo de 2018, <https://bit.ly/3xrtonP>.

5. El País, 11 de abril de 2012, <https://bit.ly/32NLB0R>.

6. El Mundo, 2 de marzo de 2017, <https://bit.ly/3tXC7vL>.

7. Capital Madrid, 19 de octubre de 2018, <https://bit.ly/32SAROw>.

8. Conde-Ruiz, José Ignacio, ¿Qué será de mi pensión? Cómo hacer sostenible nuestro futuro como jubilados, Península, Madrid, 2014, pp. 11-12.

9. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «Proyecciones población del Instituto Nacional de Estadística y previsiones demográficas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal», <https://bit.ly/3eDbLsJ>.

10. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), <https://bit.ly/3gO1yfo>.

11. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, La Seguridad Social en el umbral del siglo xxi, Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1996, p.143.

12. Aburto, José Manuel, Jonas Schöley, Ilya Kashnitsky et al., «Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life expectancy losses», MedRxiv, 2021.03.02.21252772, <https://bit.ly/2RpowPk>.

13. Gehringer, Agnieszka, «Causas y consecuencias de pronósticos económicos erróneos», RankiaPro Europe, 20 de junio de 2019, <https://bit.ly/3xuvXFx>.

14. Tenéis dos buenos resúmenes de esta problemática con hipótesis alternativas en los capítulos de Juan A. Fernández Cordón («Demografía y pensiones») y Rafael Muñoz del Bustillo («Pensiones y mercado de trabajo») en Frades, Jaime (coord.), El Sistema Público de Pensiones de Jubilación. Desafíos y respuestas, Fundación Francisco Largo Caballero, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2011.

1. Krugman, Paul R, «Is Free Trade Passe?», Journal of Economic Perspectives, 1, 2 (1987), p. 131.

2. Mankiw, N. Gregory, «Economists Actually Agree on This: The Wisdom of Free Trade», The New York Times, 26 de abril de 2015, <https://nyti.ms/3gURVfl>.

3. Mankiw, Principios de Economía..., op. cit., pp. 187 y 188.

4. Ibídem.

5. Krugman, Paul, «Trouble With Trade», The New York Times, 28 de diciembre de 2007, <https://nyti.ms/2RWwCPN>.

6. Gowling WLG, «A new Protectionist era», <https://bit.ly/3aGbrbg>.

7. Evenett, Simon J. y Johannes Fritz, Throwing Sand in the Wheels: How Trade Distortions Slowed LDC Export-Led Growth, Centre for Economic Policy Research, Londres, 2015, <https://bit.ly/3dT1ZmQ>.

8. Matelly, Sylvie y Pim Verschuuren, «Le libre-échange n’existe pas», International and Strategic Review, 108 (2017), pp. 55-67.

9. Chang, Ha-Joon, Retirar la escalera: La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2004.

10. Sapir, Jacques, «Libre-échange, croissance et développement: quelques mythes de l’économie vulgaire», Revue du MAUSS, 2, 30 (2007), pp. 227-247.

11. O’Rourke, Kevin H., «Tariffs and Growth in the late 19th Century», Economic Journal, 110, 3 (2000), pp. 456-483; Vamvakidis, Athanasios, «How Robust is the Growth-Openness Connection? Historical Evidence», Journal of Economic Growth, 7 (2002), pp. 57-80.

12. Rodrik, Dani, «What Produces Economic Success?», en Ffrench-Davis, Ricardo y José Luis Machinea, Economic Growth with Equity: Challenges for Latin America, Palgrave Macmillan, Londres, 2007.

13. Chang, Retirar la escalera, op. cit.

14. Ackerman, Frank, «The Shrinking Gains from Trade: A Critical Assessment of Doha Round Projections», Working Papers 15580, Tufts University, Global Development and Environment Institute, 2005; Sapir, «Libre-échange...», op. cit.

15. Public Citizen’s Global Trade Watch, «Lies, Damn Lies and Export Statistics. How Corporate Lobbyists Distort Record of Flawed Trade Deals», 2010, <https://bit.ly/3dUVAI3>.

16. Dorn, David, y Gordon H. Hanson, «The China Shock: Learning from Labor Market Adjustment to Large Changes in Trade», Annual Review of Economics, 8 (2016), pp. 205-240.

17. Torres, Economía para no dejarse engañar por los economistas..., op. cit., cap. 48.

18. Madeley, John, El comercio del hambre. El precio que pagan los pobres por el libre comercio, Oxfam, Barcelona, 2003.

1. Entrevista en La Razón, 8 de abril de 2013, <https://bit.ly/3dRTcli>.

2. ABC, 18 de febrero de 2020, <https://bit.ly/3gG6qU7>.

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8. Tenéis un análisis complementario en Lamdany, Ruben, «Prevención y gestión de crisis: Lecciones de la Experiencia del FMI en la Gran Recesión», Oficina de Evaluación Independiente del FMI, Whasington D. C., <https://bit.ly/2QZfwAX>.

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11. Lucas, Robert E., «Professional Memoir», en William Breit y Barry T. Hirsh (eds.), Lives of the Laureates, The MIT Press, Cambridge, 2004.

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Juan Torres

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