INTRODUCCIÓN

El nacionalismo no es un problema: es una realidad histórica. Tiene, como veremos, múltiples acepciones: teoría política (del estado, de la nación, de la nacionalidad), estrategia y discurso políticos, reacción emocional, sentimiento de identidad y de grupo o movimiento social. Ya Orwell escribió en sus «Notas sobre el nacionalismo», del 1 de octubre de 1945, que el nacionalismo es un tema inmenso. En un libro anterior, España. La evolución de la identidad nacional (2000), que respondía al mismo tipo de interés historiográfico que éste (nación, nacionalismo, identidad y cultura), recordaba, a través de Ortega, cómo el historiador alemán Eduard Meyer ya había advertido en 1910 que la idea de nacionalidad era el producto más sutil y complicado engendrado por la evolución histórica y añadía, por mi parte, que los conceptos de nación y nacionalidad son, entre los grandes temas de la historia, los que encierran mayor complejidad y mayor dificultad: extendería, ahora, esas afirmaciones al nacionalismo en el siglo XX, objeto de este trabajo.

Este libro está escrito desde la perspectiva del historiador. No estudia teorías, tipologías o modelos de nacionalismo, sino que pretende narrar acontecimientos en los que el nacionalismo ha sido el factor principal y determinante. No es, o eso espero, un centón de nacionalismos: de hecho, hay nacionalismos que no se estudian en el libro y otros que simplemente se mencionan. Lo que constituye el núcleo del libro es la secuencia o curso del nacionalismo en el siglo XX: plenitud del nacionalismo, su «fascistización» en el periodo de entreguerras, el desprestigio del nacionalismo en 1945 (pero en Europa: de ahí, la construcción de la unidad europea como proyecto supranacional), nacionalismo como liberación nacional, el resurgir etno-nacionalista desde la década de 1960, el triunfo de las nacionalidades y la reaparición de guerras nacionalistas en la Europa del Este tras el colapso del comunismo en 1989. El nacionalismo, como vemos, no es un problema sólo español. Precisamente, he procurado tratar el caso español (aparición de los nacionalismos catalán vasco y gallego, los proyectos autonómicos de 1931 y 1978, la persistencia del terrorismo de ETA) paralelamente a otros movimientos nacionalistas: o lo que es lo mismo, estudiar la historia española en un contexto comparado —a mi modo de ver la gran tarea de la historiografía española—.

Este libro incorpora textos del Manual de Historia Universal. Edad contemporánea 1898-1939, que publiqué en 1997[*] (y que, si se me permite decirlo, no era un Manual, sino una monografía sobre la «edad de las masas», o por lo menos, ése fue su propósito), pero con numerosas alteraciones que en muchos casos (Irlanda, India, Imperio otomano, Oriente Medio, Europa central y del este) hacen que el texto actual sea enteramente nuevo (como nuevo es todo lo referente a España y América Latina, excluido, por razones editoriales, del Manual); todos los capítulos posteriores a 1939 son, como es lógico, totalmente originales. En cualquier caso, este es un libro unitario, monográfico, sobre el nacionalismo.

PRIMERA PARTE

LA PLENITUD DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO I

EL MOMENTO NACIONALISTA

«El nacionalismo —escribía en 1894 Maurice Barrès, el intelectual francés— es la ley de los pueblos modernos»[1]. Tal afirmación no habría sido posible un siglo antes: en 1794, en efecto, ni siquiera existía la palabra nacionalismo. «Nacionalista», en inglés, empezó a usarse hacia 1850, y el término «nacionalismo», en francés, sólo se generalizó en la última década del siglo XIX. Pero las palabras de Barrès tenían indudablemente sentido en 1894. Precisamente, el avance a lo largo del siglo XIX de los procesos de construcción de los principales Estados nacionales europeos modernos; la progresiva nacionalización en todos ellos de la política; la mayor vertebración geográfica y económica de regiones, comarcas y ciudades en cada nación, gracias a ferrocarriles, carreteras y telégrafos; la extensión de los aparatos y servicios del estado (como el ejército y el servicio militar), de sistemas de educación unitarios y comunes y de los medios de comunicación de masas, todo ello hizo que fueran cristalizando gradualmente en los distintos países europeos voluntades y sentimientos colectivos verdaderamente nacionales, esto es, sentimientos y conciencia de orgullo y nacionalidad, teorías de lo nacional, culturas e ideales nacionales, y concepciones emocionales de la propia identidad nacional.

El nacionalismo, en suma, se fue convirtiendo de forma lenta pero evidente en el principal sentimiento de cohesión de los países y sociedades europeas y en el principio último de la legitimidad del orden político. Ello conllevó, paralelamente, cambios importantes en la misma significación política del nacionalismo. En la primera mitad del siglo XIX, el nacionalismo había estado, en efecto, asociado en general a las ideas de soberanía nacional y liberalismo, y a la exigencia de libertades constitucionales, civiles y de unificación o independencia políticas. Luego, la idea nacional se había ido impregnando, de una parte, de valores tradicionales, históricos, dinásticos y, en algunos casos, militares, que fueron los valores que inspiraron los nacionalismos más o menos articulados de los Estados ya constituidos —y de algunos que se constituirían entonces, como Alemania e Italia—, y los valores que impulsaron, en los últimos años del siglo XIX, los imperialismos coloniales de los países europeos; de otra parte, el nacionalismo había ido haciendo de elementos de diferenciación cultural —la lengua, la etnia, la religión— el fundamento de la identidad nacional. En su estudio del nacionalismo desde 1780, que se publicó en 1990 con el título Nations and Nationalism since 1780. Programme, myth, reality, el historiador británico Hobsbawm apreciaba tres grandes diferencias entre el nacionalismo de finales del siglo XIX y principios del XX, y el nacionalismo liberal-democrático decimonónico: 1) el abandono del «principio de mínimos» para definir la nacionalidad, por lo que cualquier grupo o colectividad que se considerase a sí mismo como nacionalidad tendría ahora (fines del XIX/principios del XX) derecho al autogobierno o a formar un estado independiente; 2) la asunción, ya mencionada más arriba, de las ideas de etnicidad y lengua como centrales a la definición de la nacionalidad; y 3) un radical giro del nacionalismo hacia el autoritarismo, al extremo que «nacionalismo» a fines del siglo XIX —que fue, hay que reiterar, cuando se generalizó el uso del término— equivalía en realidad a nacionalismo de la derecha[2].

La generalización del hecho nacionalista resultó, en cualquier caso, evidente y sus consecuencias, decisivas. Hechos como la independencia de Grecia (1829), Hungría (1867, dentro de la monarquía dual austrohúngara), de Rumanía, Serbia y Bulgaria (1878), como las unificaciones de Italia (1870) y Alemania (1871), transformaron el mapa de Europa. Desde finales del siglo XIX, el nacionalismo de estado o nacional fue asumiendo, como ya se ha mencionado y enseguida se verá, formas agresivas e intolerantes, identificándose con ideas de grandeza nacional, expansionismo militar y superioridad racial, y con políticas autoritarias, populistas y antiliberales. Al tiempo, las concepciones étnico-lingüísticas de la nacionalidad inspirarían la politización de las nacionalidades o minorías del centro y este de Europa enclavadas en los Imperios austrohúngaro, otomano y ruso (croatas, serbios, húngaros, rumanos, búlgaros, macedonios, albaneses, checos, polacos, eslovacos, ucranianos, armenios, georgianos, finlandeses, estonios, letonios, lituanos, judíos), y de irlandeses, catalanes, vascos, gallegos y flamencos en la Europa occidental, hasta desembocar, entre las últimas décadas del siglo XIX y el final de la I Guerra Mundial, en la primera gran etapa de movilización étnico-secesionista de la historia europea (pues anteriormente, muchos de aquellos nacionalismos no habían sido sino pequeños núcleos de intelectuales sin apoyo popular significativo). El nacionalismo irrumpía además por las mismas fechas, también se verá, en Asia y África.

En definitiva, entre 1880 y 1914 el nacionalismo cristalizó como principal factor de desestabilización de la política europea e internacional. Por lo menos, en tres sentidos: 1) como ideología y movimiento político de oposición radical al sistema liberal en nombre del estado, de la nación o del pueblo, y en defensa de principios tradicionalistas y orgánicos (la comunidad, la raza, la religión); 2) como factor de inestabilidad y disgregación de Estados unitarios y de Imperios multinacionales; 3) como causa de tensiones y conflictos internacionales: los Balcanes, concretamente, fueron el polvorín de Europa entre 1910 y 1914; el problema de los nacionalismos en esa región fue una de las causas de la I Guerra Mundial.

EL NACIONALISMO AUTORITARIO

La afirmación de Barrès antes citada no es casual. Precisamente en Francia, y merced entre otras razones a la obra del propio Barrès, fue donde, en los años citados, el nacionalismo devino, más que un sentimiento emocional, una teoría y una doctrina en las que fundamentar la acción política y la organización del estado. En primer lugar, la derrota del país ante Prusia en la guerra de 1870-1871, el desastre de Sedán, además de la Comuna parisina y de la proclamación de la III República provocó ya la aparición de un «nacionalismo de la revancha». En 1882, el poeta, político y combatiente en aquella guerra Paul Déroulède (1896-1914), creó una Liga de patriotas que alcanzó rápidamente la cifra de ciento ochenta y dos mil adheridos, y que si en principio pareció limitarse a promover la educación patriótica dentro del régimen republicano, enseguida pasó a denunciar la prudencia de la III República en la cuestión de Alsacia-Lorena —anexionadas por Alemania en 1871— como una política de debilidad y claudicación, y a ver por ello en el sistema republicano y parlamentario un obstáculo a los intereses nacionales de Francia. Casi al mismo tiempo, en 1888, Édouard Drumont (1844-1917), escritor y periodista católico y monárquico, publicó un folleto escandaloso, La Francia judía, un ensayo sobre la historia contemporánea francesa que, enlazando con los argumentos de la Liga, introducía una tesis nueva y pronto muy popular: la tesis de la culpabilidad del capital y la influencia judíos en el declinar nacional e internacional de Francia. Aunque efímero, el episodio del boulangismo, el movimiento populista y plebiscitario aglutinado en torno al general Boulanger (1837-1891) que reivindicando, igualmente, una política de revancha contra Alemania irrumpía poco después en la vida francesa (en las elecciones de 1888), fue cuando menos premonitorio, pues generó ya amplias expectativas, luego no materializadas, de un posible golpe de estado contra la República. Sucesos como el escándalo Panamá (1892-1893), que estalló cuando el periódico de Drumont, La Libre Parole, denunció que la compañía del canal de Panamá había sobornado con sumas cuantiosas a conocidos parlamentarios y periodistas para conseguir que se aprobara una ley que autorizase un empréstito a su favor, pusieron a la República francesa al borde de una crisis de estado[3].

En ese contexto, la gran crisis nacional que conmocionó Francia a finales del siglo XIX con motivo del affaire Dreyfus —el procesamiento del capitán judío Alfred Dreyfus, acusado de y condenado por espionaje a favor de Alemania, y el posterior descubrimiento de que todo lo actuado judicialmente en su contra era falso— hizo del nacionalismo la nueva y gran ideología de la derecha antirrepublicana francesa. Maurice Barrès concretamente (1862-1923), el escritor lorenés que además de prosista excelente e individualista radical había sido diputado boulangista en 1889 (luego, en 1914, sustituiría a Déroulède al frente de la Liga de Patriotas), asumió al hilo del «caso Dreyfus» la defensa del ejército, cuando muchos de sus mandos aparecían gravemente implicados en la fabricación de falsedades contra Dreyfus. En una serie de polémicos artículos y ensayos recogidos en Escenas y doctrinas del nacionalismo (1902), y en un nuevo ciclo novelístico integrado por Los desarraigados, La llamada al soldado y Sus figuras, publicado entre 1897 y 1902 y dedicado a la apología de la patria —que para Barrès no era sino la obediencia a la voz eterna de «la tierra y los muertos», título de una resonante conferencia que pronunció en 1899—, fue esbozando un nacionalismo exaltado, fuertemente impregnado de incitaciones estéticas y sociales, que reclamaba la recuperación de las esencias de la tradición e historia francesas como fundamento de una reforma nacional que hiciese de Francia una nación «armada, gloriosa y organizada».

Fue, no obstante, Charles Maurras (1868-1952), escritor y periodista nacido en Martigues, de formación católica y fascinado por la dimensión mediterránea de Francia, quien haría del nacionalismo una doctrina autoritaria, antiparlamentaria y antidemocrática. Maurras, que se interesó por la política también a raíz del affaire Dreyfus (antes había participado en el movimiento literario provenzal asociado al poeta Mistral), se incorporó en enero de 1899 a Acción Francesa, un movimiento de intelectuales nacionalistas anti dreyfusards; y, al año siguiente, publicó su libro Encuesta sobre la monarquía, la exposición más sistematizada y coherente de lo que el propio Maurras definiría como «nacionalismo integral». La definición era apropiada: el nacionalismo de Maurras suponía una revisión total de todos los argumentos previos del nacionalismo francés y sentaba los fundamentos de lo que era una alternativa teórica y programática global a la Francia republicana y democrática. Maurras, en efecto, identificaba Francia con su pasado católico y monárquico (Barrès, en cambio, era republicano y reivindicaba la tradición jacobina y napoleónica); negaba por ello la asociación de Francia con su tradición republicana y con la revolución francesa y sus símbolos —la Marsellesa, el 14 de julio, la bandera tricolor—; y frente a los conceptos revolucionarios y democráticos de soberanía y derechos del hombre y del ciudadano, afirmaba los valores que él entendía como valores eternos de Francia: la familia, la religión católica, la monarquía. Maurras, por tanto, abogaba por la restauración de la monarquía tradicional —«hereditaria, tradicional, antiparlamentaria y descentralizada» tal y como la definió en la Encuesta—, como fundamento de un estado fuerte que, primero, pusiese fin a los elementos de división antinacionales —el parlamento, los partidos políticos—; que eliminase, en segundo lugar, los que Maurras llamaba los cuatro estados federados que subvertían Francia —judíos, protestantes, masones y extranjeros o métèques—; que, en tercer lugar, integrase al servicio de la nación al capital y al trabajo, y que, finalmente, devolviese a Francia su orgullo nacional recuperando Alsacia y Lorena y liberándola del peligro de la amenaza alemana.

Maurras, por tanto, elaboró un sistema extraordinariamente coherente (lejos del mero apasionamiento patriótico de un Déroulède o de un Barrés) que hacía de la nación «la cima de la jerarquía de las ideas políticas», como escribió en un artículo de 1901 en Action Française, la revista del movimiento; se apoyaba en una interpretación verosímil de la historia de Francia, país monárquico y católico desde el año 496, fecha de la conversión de Clodoveo, hasta 1792 —el país de las apariciones de Lourdes y de Juana de Arco, símbolo de la nacionalidad, oportunamente beatificada por Pío X en 1909—; un sistema, en suma, que fundía en una síntesis nueva todos los supuestos del pensamiento reaccionario francés —antiparlamentarismo, anti-semitismo, catolicismo, monarquismo—, y que formulaba un proyecto político radicalmente hostil a la III República.

Maurras y Acción Francesa, a la que se incorporaron otros intelectuales y polemistas brillantes como Leon Daudet y Jacques Bainville, y con la que simpatizaron pasajeramente escritores y ensayistas notables como Paul Bourget, Georges Sorel, Henri Massis, Pierre Gaxotte, Georges Bernanos y Jacques Maritain, convirtieron de esa forma lo que había sido una derrota política de la derecha —el affaire Dreyfus— en una victoria moral del nacionalismo. Acción Francesa tuvo influencia notable por lo menos hasta la década de 1930, sobre todo en medios intelectuales y estudiantiles. Como demostraría el libro que Henri Massis y Alfred de Tarde publicaron en 1912, Les Jeunes Gens d´aujourd´hui, la joven generación francesa de 1914 fue una generación nacionalista. Action Française se convirtió en diario en 1908, el año en que se crearon los Camelots du Roi, los grupos de choque de Acción Francesa, cuya agresividad y activismo —dirigidos contra el régimen republicano y contra los socialistas, como portavoces del internacionalismo y del pacifismo— fue preparando un clima de opinión favorable a una guerra de revancha contra Alemania y propició el desplazamiento hacia la derecha que se observó en la política francesa desde 1910[4].

El caso francés, además, no fue excepcional: la evolución del nacionalismo italiano fue similar. El nacionalismo italiano de principios del siglo XX —un nacionalismo, como enseguida veremos, ultraderechista y antiliberal que poco tenía que ver, por ello, con la tradición liberal, democrática y republicana del nacionalismo histórico de Mazzini y Garibaldi— nació, en palabras del historiador Martin Clark, como una reacción intelectual y literaria tras la derrota militar sufrida por el ejército en 1896 en Adua (Abisinia)[5], el equivalente italiano del Sedán francés de 1871 o del 98 español (reacción reforzada por el irredentismo italiano respecto a Trento, Trieste y Fiume, que permanecieron bajo dominio austriaco hasta el final de la I Guerra Mundial, y por la frustración de las expectativas suscitadas por el Risorgimento y la unificación). Como organización, el nuevo nacionalismo italiano se articuló en torno a la Asociación Nacionalista Italiana (ANI), creada en 1910 por Enrico Corradini (1865-1931); como movimiento intelectual tuvo, además, otras dos influencias decisivas: D’Annunzio y el Futurismo.

En efecto, influido por el nacionalismo revanchista francés, por las obras del historiador Alfredo Oriani (1852-1907) así como por algunas ideas del sindicalismo revolucionario, y radicalizado por la derrota de Adua, Corradini, profesor de Instituto y periodista, autor de dramas y novelas mediocres —Julio César, La patria lejana, La guerra lejana— que exaltaban los mitos del Imperio romano e idealizaban la Italia de los condotieri y navegantes de la Edad Media y del Renacimiento, elaboró su nacionalismo casi en torno a una sola idea: la expansión de Italia en África, expansión que justificaba desde la concepción de Italia como nación proletaria, en un esquema internacional que Corradini definía en función de la «guerra de naciones», que otorgaría a Italia el derecho a una política colonial que pusiese fin al subdesarrollo del Mezzogiorno y a la emigración masiva de italianos del sur a Estados Unidos, Argentina, Túnez, Argelia y Francia. Era una idea ciertamente simplista, pero sin duda eficaz en razón de su contenido social, por lo que tuvo buena acogida en medios sindicalistas italianos. Toda la concepción del nuevo nacionalismo italiano, expuesta en el semanario L’Idea Nazionale, publicado desde 1911 por Corradini y sus colaboradores (Federzoni, Coppola, Forges-Davanzati y otros) y aireada en los varios congresos que la ANI celebró entre 1910 y 1914, era profundamente antiliberal y antiparlamentaria y acusadamente autoritaria: se resumía en un estado fuerte, la exaltación del ejército y una política de prestigio y culto a la tradición imperial romana. Corradini, que apoyó con entusiasmo tanto la guerra de Libia en 1911 como, luego, la entrada de Italia en la guerra mundial, hablaría enseguida de socialismo nacional, una expresión, por cierto, que ya había usado ocasionalmente Barrés. Otros destacados nacionalistas, como Alfredo Rocco, plantearían también muy pronto, en el Congreso de la ANI de 1914, la necesidad de crear un estado corporativo basado en la integración en el estado del capital y el trabajo organizados en sindicatos nacionales mixtos y de cooperación, como alternativa al estado liberal y parlamentario[6].

A su vez, la influencia de Gabriele D’Annunzio (1863-1938), el escritor que dominó la vida literaria italiana en los primeros treinta años del siglo XX, fue extraordinaria e indiscutible. Personalidad singular y extravagante, nietszcheano y decadentista, dandy y snob, D’Annunzio publicó una amplísima y muy desigual obra (poemas, novelas, dramas como El inocente, El placer, Francesca de Rimini, El fuego…), que era una atropellada y artificiosa exaltación del heroísmo y la acción, del erotismo y la violencia, del egocentrismo, la perversión moral y la sensualidad —el incesto y la muerte fueron dos de sus temas favoritos—; pero que era también una propuesta política, tanto por lo mucho que tenía de provocación y desafío frente al conformismo y la mediocridad de lo que él llamó la «Italieta» liberal y burguesa, prosaica y «vil», de la época giolittiana (1900-1920), como por su intencionalidad exaltadamente nacionalista. D’Annunzio, en efecto, creó un «nacionalismo estético» —en palabras de Masur—, que tenía connotaciones políticas evidentes[7]. La nave (1908), por ejemplo, un drama rebuscadamente heroico y sangriento, era la glorificación del pasado naval italiano (veneciano) en el Adriático y el Mediterráneo. Una frase del texto, «armar la proa y navegar hacia el mundo», se convirtió en lema emblemático del nacionalismo italiano. El estilo d’annunziano —heroísmo, vivir peligrosamente, nihilismo moral— apeló a los nacionalistas, pero también a una mayoría de la juventud italiana —de modo destacado a la generación que en 1915 reclamaría la intervención italiana en la guerra mundial—, y fue creando una atmósfera intelectual en la que la guerra y la violencia aparecían como formas de acción revolucionaria, y en la que la ética del valor y del heroísmo constituía una suerte de moral superior.

Esa estética nacionalista de la rebelión y de la guerra impregnó también la ideología del Futurismo, el movimiento artístico de vanguardia surgido en 1909 —al que se adhirieron Balla, Boccioni, Carrà y Severini y la revista Lacerba de Papini y Soffici—, cuyo primer manifiesto, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), apareció en el diario francés Le Figaro, el 20 de febrero de aquel año: «Nosotros queremos —escribió allí Marinetti— glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el ademán destructivo de los libertarios, las grandes ideas por las que se muere, y el desprecio a la mujer». El Futurismo, además de crear un arte audazmente innovador y de indudable calidad, fue ultranacionalista, nihilista y violento: los futuristas querían, según el mismo texto, «liberar» Italia de «su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios»; «Nosotros —añadía Marinetti— queremos destrozar los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra todo envilecimiento oportunista o utilitario». Aunque minoritario como todos los movimientos artísticos, los futuristas intentaron llegar a las masas. Idearon lo que llamaron soirées futuristas, actos públicos bajo la forma de cabaret políticos y literarios, divertidos y provocadores, pero cargados de significación nacionalista: significativamente, el primero se organizó en 1910 en Trieste —ciudad bajo dominio austriaco y bandera del irredentismo italiano— y terminó en una manifestación pro italiana y anti-austriaca.

D’Annunzio y los futuristas no se limitaron a ser, por lo demás, meros «posturistas» intelectuales. A sus cincuenta años, D’Annunzio se alistó en el ejército tan pronto como Italia entró en la guerra mundial en 1915: sus incursiones aéreas sobre Viena, en una de las cuales perdió un ojo, entusiasmaron a Italia. Los futuristas, y especialmente Marinetti, apoyaron con entusiasmo, como Corradini, la guerra y conquista de Libia (1911-1912) y fueron, como D’Annunzio, ardientes partidarios de la entrada de Italia en la guerra mundial: ellos precisamente organizaron en Milán, a fines de 1914, las primeras manifestaciones intervencionistas, factor importante en la movilización de la opinión a favor de la guerra; y, al igual que el veterano escritor, se enrolaron como voluntarios en el ejército cuando Italia optó por entrar en la contienda. En septiembre de 1918, antes incluso de que acabara aquélla, Marinetti organizó el Partido Futurista Italiano. El artículo primero de su programa proclamaba la necesidad de crear una Italia «libre» y «fuerte»; el segundo reivindicaba un nacionalismo revolucionario, y los artículos tercero y cuarto abogaban por la eliminación del parlamento y su sustitución por un gobierno de técnicos. El futurismo político pedía un anticlericalismo «de acción, violento y resuelto», la movilización de las industrias al servicio del estado y la extinción de las inversiones extranjeras en Italia. Agresivo y radical, el Partido Futurista advertía que actuaría con «violencia y coraje»; sus militantes crearon algunos de los primeros fascios y colaboraron en algunas de las asociaciones de ex combatientes que se crearon al final de la guerra mundial. Marinetti participó en el mitin de Milán del 23 de marzo de 1919 donde nació, oficialmente, el fascismo. Poco después, en septiembre de 1919, D’Annunzio ocuparía con sus «legionarios» la ciudad de Fiume, objeto de disputa entre Yugoslavia e Italia: allí creó —además de un serio problema al gobierno italiano— el que luego sería el ritual del fascismo, y elaboró un proyecto constitucional radicalmente social y populista, a la vez que nacional y sindicalista.

Mazzini y Garibaldi habían soñado, primero, con la unificación de Italia, y con la creación, después, de una Europa liberal integrada por grandes naciones independientes y democráticas. Como vemos, los nacionalistas italianos del siglo XX hablaban, por el contrario, de política expansionista y colonial; de violencia, acción, heroísmo y guerra; y de un estado fuerte, autoritario y militar que devolviese al país su grandeza histórica y que pusiese fin al empequeñecimiento internacional de Italia, y al atraso económico y desgobierno creados, desde la óptica del nacionalismo, por el sistema liberal y parlamentario implantado desde 1870. El nuevo nacionalismo italiano era, pues, al igual que el nacionalismo de Maurras, un nacionalismo autoritario y antiliberal. Aparecía impregnado de ideas sociales y sindicalistas. Aspiraba a liderar una especie de salvación nacional mediante la destrucción de las instituciones liberales y la creación de un nuevo orden basado en el estado y la nación. Electoralmente, tuvo a corto plazo poco éxito: antes de 1914, la ANI, por ejemplo, no consiguió ni siquiera media docena de diputados. Corradini, D’Annunzio, Marinetti, nacionalistas y futuristas, fueron, sin embargo, creando un clima general de pesimismo e insatisfacción con la Italia liberal —a lo que contribuyó también el malestar de algunos intelectuales independientes como Prezzolini, Salvemini o Papini—, que erosionó sensiblemente su legitimidad política; fueron creando, paralelamente, muchas de las ideas que Mussolini y el fascismo harían suyas a partir de 1919.

El peso que la exaltación del estado, y del estado prusiano, y la etnicidad y la cultura (lengua, tradiciones populares, mitos) tuvieron en general en la génesis y desarrollo de la nacionalidad alemana —una nacionalidad formada bajo la fuerte influencia del romanticismo—, hizo que la desviación del nacionalismo alemán en los años del II Reich (1871-1914) hacia tesis autoritarias y etnicistas fuera casi natural y hasta inevitable. Lógicamente, ni el énfasis en la lengua y en las tradiciones populares ni la glorificación de Prusia equivalían necesariamente a nacionalismo biológico y militarista. El mismo Johann Gottfried Herder (1744-1803), el hombre que había desarrollado la idea del espíritu del pueblo (Volkgeist) como expresión de la nacionalidad, era un ilustrado del XVIII que nunca abogó ni por la unificación de los pueblos alemanes ni por la creación de un gran estado alemán. Herder entendía la nacionalidad como un concepto meramente espiritual o cultural y no político, y aunque nacido en Prusia, aborrecía el militarismo prusiano y temía el espíritu guerrero de los pueblos germánicos. De hecho, hasta por lo menos la década de 1860, liberalismo y nacionalismo estuvieron asociados: muchos alemanes pensaban por entonces que la unificación nacional significaría el triunfo del liberalismo. Ranke (1795-1886) y Treitschke (1834-1896) —historiadores cuyas obras contribuyeron decisivamente a la magnificación del estado prusiano— desde el punto de vista político eran liberal-conservadores, no nacionalistas. Creían, efectivamente, en Prusia como instrumento de la unificación y del prestigio internacional alemanes, pero en una Prusia parlamentaria y con una política exterior mesurada, realista y no expansionista (ambos, por ejemplo, detestaban a Austria por su catolicismo y la excluían, por eso, de una posible unidad alemana). El mismo Bismarck fue un monárquico conservador y autoritario, no un nacionalista alemán. La unificación de 1871 y la creación del II Reich fueron obra suya, no del nacionalismo: significativamente, la corona imperial le fue ofrecida a Guillermo I por los príncipes alemanes, no por la representación de los pueblos y estados alemanes en nombre de la soberanía nacional.

Pero el nacionalismo alemán había tenido desde sus orígenes —en Fichte, Adam Müller, Hegel, Arndt o Jahn, por ejemplo— peculiaridades singulares. Salvo excepciones, no hizo del principio de la soberanía nacional y de los derechos democráticos el fundamento de la nacionalidad y del estado nacional (como habían hecho los jacobinos o Mazzini y Garibaldi o los primeros patriotas griegos, polacos y húngaros): el nacionalismo alemán se definió, en efecto, por la exaltación de Prusia, en tanto que encarnación de la nación alemana y factor de regeneración tras la derrota ante Napoleón en 1806; y también por una concepción étnico-cultural de la nacionalidad, que asociaba ésta con el germanismo y la lengua germana, exaltaba la idea de comunidad orgánica de parentesco y etnicidad del pueblo alemán, y ponía el énfasis de la nacionalidad en la lengua y en la tradición germánicas en tanto que expresión del alma, del espíritu (Volkgeist) y del instinto del pueblo alemán revelados a través de los grandes mitos nacionales (Odin, Sigfrido, los nibelungos, etcétera).

La unificación y la proclamación del II Reich en 1871, conseguidas, además, tras las grandes victorias militares de Prusia sobre Austria (1866) y Francia (1871), magnificaron el prestigio del estado y del poder militar prusianos. Bajo la hegemonía de Prusia, fundamento del Reich, Alemania devino entre 1871 y 1914 un verdadero estado-nacional (lo que no era en 1871). Los éxitos militares, la unificación, el formidable desarrollo económico, social y cultural que Alemania experimentó desde esa fecha crearon pronto un fuerte sentimiento colectivo de orgullo y autosatisfacción nacionales en la masa de la población, sentimiento que el Reich estimuló mediante la sistemática educación patriótica de la juventud y el abundante despliegue y uso públicos de símbolos y emblemas nacionales (banderas, himnos) y la proliferación de monumentos, actos, festividades y conmemoraciones oficiales[8].

Esa reacción colectiva se apoyó de alguna forma en el prestigio del que por entonces gozaban las teorías de la raza. La difusión que en Alemania tuvieron libros y obras que hacían de la «sangre», y de la pureza de sangre, el elemento esencial de la nacionalidad, y que glorificaban la raza germánica, aria o teutónica como la raza elegida, fue, desde las décadas de 1870 y 1880, inmensa. Desde luego, libros como Escritos alemanes (1878-1881), de Paul de Lagarde, pseudónimo de Paul Boetticher, catedrático de Gotinga; o como Rembrandt como educador (1890), del escritor Julius Langbehn, o como Los fundamentos del siglo XX (1899), del inglés germanizado y yerno de Wagner, Houston Steward Chamberlain, alcanzaron en pocos años numerosas ediciones. Su contenido era inequívoco. Lagarde defendía la existencia de un cristianismo nacional alemán —que incluía a luteranos y católicos— como base de la auténtica «germanidad», y creía en la misión colonizadora de los alemanes en el este y centro de Europa. Langbehn exaltaba la fuerza de la raza germánica —que extendía a Inglaterra y Holanda: de ahí, su entusiasmo por Rembrandt—, y creía en un gran estado racial germánico. Chamberlain afirmaba la superioridad racial de la raza aria como única raza creadora y veía en la mezcla de razas la razón de la decadencia de los pueblos.

El nacionalismo alemán integraba, así, la gloria de Prusia y de su ejército con ideas de superioridad racial y con una especie de irracionalismo mesiánico y biológico que creía en un destino singular para Alemania y la raza germánica. Era por esa razón, y casi por definición, pangermanista: veía en la reunificación de todos los pueblos de raza y lengua alemanas —austriacos, suizos, holandeses, luxemburgueses, flamencos y las minorías alemanas de Bohemia, Dinamarca, Polonia y de las provincias bálticas de Rusia— la aspiración última y esencial de la germanidad. El pangermanismo, una vieja idea que, como el ideal de pureza racial, había alentado ya en los escritos de precursores del nacionalismo como Arndt y Jahn, y en los de casi todos los escritores citados (Treitschke, Lagarde, Langbehn, H.S. Chamberlain), tuvo ahora un aparente respaldo científico: las teorías geopolíticas, elaboradas a fines del XIX por Rudolf Kjellen, por el geógrafo británico Halford Mackinder y el oficial alemán Karl Haushofer, parecían justificar la aspiración de naciones y estados a controlar determinados espacios territoriales para garantizar la supervivencia de sus pueblos y razas en nombre de inexorables leyes geográficas y naturales. Con esas concepciones, surgieron en Alemania numerosas sociedades y ligas (como surgieron asi mismo asociaciones para la defensa de la lengua alemana y para la promoción del estudio del alemán en el mundo). Bastantes de ellas tuvieron éxito considerable. La Sociedad Colonial Alemana (Deutsche Kolonialgesellschaft), creada en 1882, que reclamaba la adquisición de colonias, tenía en 1900 cerca de veinticinco mil afiliados; la Liga Pangermánica (Alldeutscher Verband), fundada en 1890 por Ernst Haase, Heinrich Class y Alfred Hugenberg, unos veintidós mil ; la Liga Naval (Flottenverein), constituida en 1898 y el gran grupo de presión que estuvo detrás del formidable desarrollo naval alemán anterior a 1914, medio millón. Intelectuales, profesores, estudiantes y miembros de las profesiones liberales más prestigiosas figuraron destacadamente, por ejemplo, en la Sociedad Colonial y en la Liga Pangermánica. Las ideas de ésta última, la más explícitamente política de todas aquellas organizaciones, sintetizaban los puntos esenciales del nacionalismo alemán: exigía la creación de un espacio vital (lebensraum) para Alemania, la construcción de un gran imperio colonial, el desarrollo de una gran escuadra y la unión de los pueblos germánicos en una gran hermandad racial (tesis defendida también en algunos de esos pueblos: en Austria, por ejemplo, Georg von Schönerer fundó en 1882, en la ciudad de Linz, el Partido Nacionalista, radicalmente pangermánico y violentamente anti-semita).

El anti-semitismo —que tenía en Alemania y, en general, en todo el centro y este de Europa viejas raíces históricas y religiosas— constituía, desde esa perspectiva, factor esencial del nacionalismo: los judíos, excluidos ya antes de 1848 de determinadas asociaciones estudiantiles nacionalistas, aparecían como una minoría religiosa no nacional y como un grupo étnico no germánico, impuro e inferior. Folletos y novelas anti-semitas de calidad ínfima, pero también ensayos pretendidamente científicos (como La cuestión judía como problema cultural, ético y racial (1889), de Dühring; el folleto Nueva Palestina (1873), del periodista Wilhelm Marr, sobre la penetración del capital judío en los medios financieros e industriales del país, tema recurrente en publicistas y articulistas de gran éxito; El liberalismo nacional y la dominación judía (1874), del escritor católico Constantin Frantz; La desesperada lucha de los pueblos arios contra los judíos (1890), del profesor Hermann Ahlwardt; Los judíos, reyes de nuestra época (1887), del etnólogo y político Boeckel, un libro que vendió millón y medio de ejemplares, o las mismas obras, ya citadas, de Lagarde, Langbehn y Chamberlain) circularían con profusión en Alemania durante todo el siglo XIX. Conocidos artistas e intelectuales como Wagner o Treitschke, por citar dos casos señeros, profesaron abiertamente en el anti-semitismo. Wagner, por ejemplo, terminaría por afirmar en alguno de sus escritos que consideraba a la raza judía como «el enemigo nato de la Humanidad»; incluso la Alemania de Bismarck le parecía demasiado liberal y democrática, poco germánica y en exceso «judaizada». Treitschke tituló en 1879 uno de sus más resonantes artículos Los judíos son nuestra desgracia, uno de los eslóganes preferidos del nacionalismo alemán antes y después de 1914.

Apoyada por algunos periódicos importantes, la propaganda anti-semita era, cuando menos, intensísima. Desde finales de la década de 1870, proliferaron, además, federaciones, ligas, asociaciones y partidos de esta significación. Muchos tuvieron vida efímera, pero otros alcanzaron indudable influencia en la opinión. Adolf Stoecker (1839-1909), pastor luterano y capellán de la Corte imperial, fundó en 1878 el Partido Social-Cristiano, un partido que apelaba al anti-semitismo como instrumento de movilización de las clases obreras y populares —el partido se autodefinió como partido obrero—, y que denunciaba tanto el liberalismo burgués como el marxismo (del Partido Social Demócrata Alemán, el SPD, creado en 1875), como movimientos de inspiración judía. Marr creó en 1879 una Federación Anti-semita, y en 1880 se crearon, sobre la base del anti-semitismo, el Partido Social del Reich y el Partido Reformista Alemán. Poco después, nació la Asociación Anti-semita Alemana. En 1889, un antiguo oficial del ejército, Max Liebermann, creó el Partido Anti-semita Germano-Social, y en 1890 Boeckel promovió el Partido Popular Anti-semita. Electoralmente, el éxito de tales partidos fue relativo: el máximo número de diputados antisemitas fue de veintiuno (sobre un total de trescientos ochenta y dos) en 1907. Pero lo importante era que el anti-semitismo había logrado representación política y parlamentaria —Stoecker, Boeckel y Ahlwardt, entre otros, fueron diputados—, y que su propaganda, impregnada de populismo social y de nacionalismo, se convirtió en componente de la vida pública alemana y comenzó a condicionar en cierta medida incluso la política de los grandes partidos nacionales.

Treitschke pudo decir en 1884 que la generación cuyo lema había sido el liberalismo estaba cediendo el paso a una nueva generación que vibraba con el canto del Deutschland, Deutschland über Alles («Alemania, Alemania ante todo»), el himno alemán. Mucho más que en Francia o que en Italia, el nacionalismo en Alemania era, por aquellas fechas, un sentimiento colectivo que había calado profundamente en toda la sociedad (aunque en la Alemania de antes de 1914 no hubiese gobiernos nacionalistas, como tampoco los hubo en el resto de Europa). Dado su énfasis en lo popular, lo tradicional y lo orgánico —la idea de que el pueblo alemán era un organismo vivo, una comunidad de sangre y lengua—, el nacionalismo alemán supuso, en parte, una reacción frente a la disolución de los vínculos orgánicos de la sociedad tradicional por la industrialización, el crecimiento urbano y la modernización del país; y en parte, una reacción de orgullo y superioridad inducida por el poderío militar y el éxito económico e industrial de la Alemania unificada. En ese contexto, el anti-semitismo vino a ser un elemento de reafirmación y seguridad nacional, desde el momento en que los judíos —aún plenamente integrados en la sociedad alemana— representaban una religión nacional distinta y una hipotética amenaza a la cohesión étnica y nacional germánica, al tiempo que encarnaban, a la luz de los estereotipos de la época, tanto el capitalismo financiero moderno como la agitación obrerista y revolucionaria, esto es, dos formas de internacionalismo.

EL NACIONALISMO ÉTNICO: AUTONOMÍA / INDEPENDENCIA EN IRLANDA Y ESPAÑA

Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia —acaba de quedar dicho— hubo gobiernos nacionalistas antes de 1914. Pero en los tres países, el nacionalismo constituía ya, antes de esa fecha, un sentimiento emocional de masas que, en muy diversas formas, condicionaba decisivamente la vida política. En Francia, la reacción nacionalista mantuvo vivo el revanchismo anti-alemán, y erosionó la legitimidad de la III República; en Italia, abanderó el irredentismo contra Austria, debilitó el sistema liberal y preparó el clima para la entrada de Italia en la guerra mundial y para el fascismo de la postguerra. En Alemania, el nacionalismo, un nacionalismo, como se ha visto, de evidentes connotaciones etnicistas y anti-semitas, glorificó el prusianismo y el militarismo, la disciplina, el orden, el conformismo colectivo y la obediencia al poder —esto es, los principios y valores que impregnaron la cultura política, la vida civil, la mentalidad de la Alemania imperial del nuevo Reich— y dio cobertura ideológica al giro que la política exterior del país experimentó desde 1897 hacia una Weltpolitik (política mundial) y hacia la reivindicación de un papel hegemónico para Alemania en el ámbito internacional.

La importancia, como teoría política, de aquel nuevo nacionalismo —autoritario y antiliberal— fue indudable: en 1900, la palabra nacionalismo era probablemente (desde luego en los tres países en cuestión) sinónimo de nacionalismo de la derecha. El fenómeno era premonitorio, pues el nacionalismo, como dijera Anthony D. Smith, fue componente esencial de todos los movimientos de ultraderecha europeos de los años veinte y treinta del siglo XX. Pero era también injusto: desde la perspectiva de los movimientos reivindicativos de las minorías étnicas y nacionalidades sin estado enclavadas en los imperios otomano, ruso y austrohúngaro (y en Europa occidental, de irlandeses por un lado, y catalanes, vascos y gallegos por otro), el nacionalismo era ante todo un derecho de los pueblos a su autogobierno, una forma de liberación, una defensa de la identidad, una aspiración política de libertad.

El problema de las nacionalidades —por usar un término impreciso pero convencional— era un problema antiguo. Ciertamente, ya antes de 1880-1914 había generado considerables tensiones nacionales e internacionales: rebeliones de las nacionalidades balcánicas contra el poder otomano, levantamientos en Hungría (1848-1849) y Polonia (1830-1831 y 1863-1864), formación de la monarquía dual austrohúngara (1867), el desastroso intento insurreccional feniano en Irlanda (marzo de 1867)… Por el tratado de San Stefano (de fecha 3 de marzo de 1878) y el Congreso de Berlín (13 de junio del mismo año), las grandes potencias confirmaron la plena independencia de Rumanía y de Serbia —aunque Bosnia-Herzegovina quedó bajo administración austríaca—, y forzaron la creación de una Bulgaria autónoma (independiente de facto). La Liga Autonomista Irlandesa creada en 1873 por Isaac Butt (1813-1879), un abogado conservador, protestante y federalista, revivió la causa irlandesa: en las elecciones de 1874 logró cincuenta y nueve del total de ochenta y dos escaños que correspondían a Irlanda en el parlamento británico.

Pero, como ya se ha dicho, el problema se extendió y radicalizó en las últimas dos décadas del siglo XIX y en los primeros años del XX, años en que se produjo, como también ha quedado apuntado, la primera gran etapa de movilización étnico-secesionista de la historia europea, que abarcó —aunque con muy desigual intensidad— a croatas, serbios, eslovenos, macedonios, checos, polacos, eslovacos, ucranianos, georgianos, bálticos, noruegos, finlandeses, irlandeses, albaneses, armenios, catalanes, vascos, gallegos, greco-chipriotas, flamencos y judíos, y que se materializó en la aparición de movimientos que reivindicaban o la autonomía o la independencia para los pueblos mencionados.

Los movimientos nacionalistas estuvieron, sin duda, condicionados por sus respectivos contextos y circunstancias estatales e históricas. Pero su fundamento último fue claro. El nacionalismo de las nacionalidades fue, básicamente, una reacción etno-cultural de pueblos que habían tenido en el pasado —reciente o remoto— o existencia política independiente o algún tipo de organización administrativa propia; una reacción asociada, en la mayoría de los casos, con el renacimiento de lenguas y culturas propias; un hecho posibilitado, a su vez, a lo largo del siglo XIX por la unificación de gramáticas y diccionarios lingüísticos, por la adaptación de los viejos vocabularios a las nuevas necesidades literarias y políticas, y por la aparición de medios modernos de comunicación de masas (prensa y libros, preferentemente). Lengua, etnicidad y religión fueron, en cualquier caso, los factores que vinieron a legitimar las aspiraciones políticas nacionalistas de las nacionalidades. El resurgir nacional checo tuvo mucho que ver con la labor del sacerdote católico Josef Dobrovsky (1753-1829), autor de la primera gramática del checo, del historiador de la literatura Josef Jungmann (1773-1847), que en 1825 publicó la primera historia de la literatura checa, y del historiador Frantisek Palacky (1798-1876), quien a partir de 1836 publicaría una monumental historia de Bohemia que fundamentaría el nacionalismo checo en la historia; el eslovaco Ludovit Stur (1815-1856) fijaría a su vez el eslovaco como lengua. Escritores como el esloveno Jernej Kopitar (1780-1844), el serbio Vuk Karadzic (1787-1864) y el croata Ljudevit Gaj (1809-1872) crearon el serbo-croata como lengua literaria: la obra de Karadzic, concretamente, de edición de poemas y canciones históricas populares serbias, contribuyó decisivamente a asociar la idea de nación serbia con etnicidad, lengua y religión ortodoxa. La poesía patriótica de Taras Shevchenko (1814-1861) y la gigantesca labor historiográfica de Michael Hrushevsky (1866-1934), el autor de la Historia de Ucrania-Rus, fundamentaron la visión de Ucrania como nación distinta de Rusia.

Reacción en parte política y en parte cultural, dichos nacionalismos fueron expresión de la crisis de identidad de unas culturas amenazadas, o por los mismos procesos de modernización de la sociedad europea; o, en ocasiones (pero no necesariamente, como enseguida se verá), por la voluntad asimilista de los poderes centrales; o, a veces, como en los Balcanes, por la misma tensión interétnica entre las mismas nacionalidades oprimidas o, en el caso del sionismo, también se verá, por la extensión del anti-semitismo por Europa. El desarrollo de movimientos nacionalistas fue, finalmente, paralelo a la extensión de las oportunidades políticas (reconocimiento de derechos y libertades políticas y constitucionales, procesos electorales y ampliaciones del sufragio), al aumento de los niveles de educación y alfabetización, y a la aparición de enclaves urbanos e industriales en las regiones y territorios nacionalistas. Las profesiones liberales —abogados, profesores, maestros, médicos—, y a veces el clero, nutrieron el liderazgo nacionalista; el nacionalismo, tanto el nacional como el de las nacionalidades, fue fundamentalmente un movimiento de las clases medias y medias-bajas urbanas y rurales, a las que vino a dar alguna forma de identidad social y de respetabilidad.

La movilización étnico-nacionalista de finales del siglo XIX fue, en suma, resultado de las contradicciones y tensiones creadas por la misma modernización económica, política y social que experimentó todo el continente europeo. Memoria histórica (aunque las interpretaciones nacionalistas falsearan casi siempre la verdad histórica), particularismo étnico-cultural (lingüístico, religioso), medios modernos de comunicación, maduración de los procesos de asimilación de la propia conciencia de identidad, mayor vertebración interna de las distintas comunidades nacionalistas, cambios graduales en las formas de producción y trabajo en el interior de las mismas: todo ello propició la aparición de movimientos nacionalistas de las pequeñas «naciones» europeas, de las minorías étnicas, de los «pueblos sin historia», como se les había llamado despectivamente. Y lo que fue más importante, hizo que los nacionalismos étnico-secesionistas recibieran un creciente apoyo social y, cuando fue posible, electoral. El auge nacionalista tendría, lógicamente, un profundo impacto en la política europea. Los «hechos» nacionalistas fueron hechos de gran complejidad: cambiaron la política y la vida social de estados, pueblos y comunidades enteras; provocaron intensas reacciones emocionales y graves divisiones y enfrentamientos sociales y comunitarios; y obligaron a individuos y pueblos a redefinir sentimientos e ideas de nacionalidad e identidad largamente arraigadas. La irrupción de los nacionalismos desencadenó procesos y conflictos políticos (nacionales, internacionales, conflictos internos en las propias regiones nacionalistas), de consecuencias siempre difíciles e imprevisibles y muchas veces, extraordinarias.

El caso de Irlanda, el problema irlandés —el gran problema de la política interna británica desde que en 1885 el nacionalismo irlandés, reorganizado y dirigido por Charles S. Parnell (1846-1891), se convirtiera en el tercer partido del parlamento británico—, resulta en muchos sentidos paradigmático. Paradigmático, porque, en realidad, la cuestión irlandesa englobó dos tipos de conflicto: conflicto político entre el nacionalismo irlandés y el Reino Unido; conflicto interno, a la vez político, social y cultural, en el interior de la propia sociedad irlandesa, o al menos en el Ulster, la provincia septentrional irlandesa de población mayoritariamente protestante. Paradigmático también, porque fue precisamente la dinámica derivada de las concepciones y filosofía política del nacionalismo irlandés y del conflicto nacionalismo irlandés-unionismo ulsteriano, lo que terminó por hacer imposible el entendimiento y las soluciones políticas, lo que convirtió, pues, al problema irlandés en un problema que no se pudo resolver y ni siquiera conllevar, un problema que, como es conocido e iremos viendo, iría deslizándose hacia la violencia, la independencia y la guerra civil.

Ciertamente, la política británica hacia Irlanda tuvo indudables desaciertos y múltiples contradicciones. Pero, como resultaba casi natural en un país donde el parlamentarismo (y no el nacionalismo, o británico o inglés) era ya la filosofía fundamental de su cultura política, que carecía de denominación identitaria fuerte (se autodenominaba Reino Unido) y que no era en puridad un estado nacional unitario, esa política buscó, en todo caso, integrar el problema irlandés en el ámbito del juego electoral y parlamentario, y no respondió a visiones nacionales enfáticas, unitarias y abstractas del Reino Unido: la misma independencia de Irlanda en 1921 no provocaría reacción o crisis alguna (ni política ni emocional) ni en la opinión, ni en los intelectuales o medios académicos, ni en el sistema político británico. Políticamente, y desde la perspectiva británica, el hecho decisivo fue, sin duda, la conversión en 1885 del partido liberal (Gladstone) a la tesis de la autonomía para Irlanda y al entendimiento y la colaboración parlamentaria y gubernamental con el nacionalismo constitucional de Parnell. Hecho decisivo por varias razones. Ante todo, porque la aprobación de la autonomía irlandesa, que los liberales plantearon primero en 1886 y luego en 1893, pudo haber hecho que la historia del conflicto hubiera sido enteramente diferente. Pero también, porque la tesis de la autonomía irlandesa alteró radicalmente todo el equilibrio político británico. El partido conservador, que estuvo en el poder entre 1886 y 1906 —salvo el breve paréntesis liberal de 1892-1895—, la rechazó y optó, como alternativa, por una política de desarrollo económico y reforma agraria para Irlanda, y en todo caso, por una gradual devolución de atribuciones financieras y fiscales a la isla: desde 1910-1911 apoyaría abiertamente, además, a los unionistas ulsterianos (no tanto —conviene precisar— por defender la unidad del Reino cuanto por erosionar y desgastar al partido liberal entonces en el poder). La autonomía, además, dividió al propio partido liberal: la escisión en 1886 de Chamberlain, que crearía el partido liberal-unionista, impidió la aprobación del primer proyecto autonómico (el segundo, en 1893, sería rechazado por la Cámara de los Lores). Más aún, la autonomía dividió a Irlanda, un país plural en el que, de acuerdo con la tesis de F. S. L. Lyons, el autor de Ireland Since the Famine (1971) y Culture and Anarchy in Ireland, 1890-1939 (1979), coexistían las culturas inglesa, anglo-irlandesa, gaélica, y protestante del Ulster, realidad ésta última que el nacionalismo irlandés (por ejemplo, Parnell) nunca quiso reconocer. La autonomía resucitó el orangismo, la expresión de la identidad protestante-presbiteriana del Ulster articulada por la Orden de Orange, creada en 1785, a través de marchas conmemorativas de hechos importantes en su historia, y creó políticamente el unionismo, el movimiento a favor del mantenimiento de la unidad de Irlanda y el Reino Unido: en las mismas elecciones de 1885, en el Ulster salieron elegidos dieciocho diputados autonomistas y diecisiete antiautonomistas o unionistas (que formaron grupo parlamentario aparte, y que convergerían después, en 1905, en el Consejo Unionista del Ulster, precedente del Partido Unionista creado ya después de la guerra mundial). Bajo el liderazgo de Edward Carson y James Craig, los unionistas tendrían regularmente desde 1885 en torno a dieciséis-dieciocho diputados, esto es, la mitad de la representación parlamentaria de la provincia.

Parnell, en todo caso y no obstante sus relaciones siempre ambiguas y enigmáticas con los grupos fenianos irlandeses, significó la apuesta constitucional, un nacionalismo parlamentario dispuesto a participar en la vida política inglesa. Precisamente, el doble fracaso autonómico de 1886 y 1893 y la «caída» de Parnell en 1890 —implicado en un resonante caso de adulterio que destruyó su carrera política— provocaron, junto con la ruptura moral y política del parnellismo, la crisis de toda la estrategia electoral y parlamentaria del nacionalismo irlandés. La respuesta fue la refundación del nacionalismo como movimiento cultural: la reivindicación y reafirmación de la identidad etno-cultural irlandesa, la definición de Irlanda como una nacionalidad gaélica y católica, la creación, en suma, de una Irlanda «irlandesa», según la expresión que usaría el periodista D.P. Moran en su libro The Philosophy of Irish Ireland, de 1905. La actividad desplegada por los grupos nacionalistas y culturales irlandeses durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX fue enorme y altamente eficaz. En 1884, Michael Cusack y Maurice Davin crearon la Asociación Atlética Gaélica para recuperar y promover los deportes ancestrales irlandeses, como el fútbol gaélico, el hurling y el camogie, y eliminar la práctica de deportes ingleses como el críquet o el rugby considerados ajenos a la cultura irlandesa. Douglas Hyde, futuro primer presidente de Irlanda, y Eoin Mac Neill fundaron en 1893 la Liga Gaélica para impulsar el uso del gaélico en escuelas y universidades —y «desanglizar Irlanda»— y para defender, en general, la herencia cultural irlandesa (historia, música, folclore, danzas, cuentos orales, objetos decorativos, etcétera). Aunque no fuera una organización nacionalista, el movimiento cooperativista agrario aglutinado por la Sociedad para la Organización de la Agricultura irlandesa, creada en 1894 por Sir Horace Plunkett, revalorizó el mundo rural y tradicional irlandés. Prolongando iniciativas aisladas anteriores, de escritores locales como John O’Leary y Standish James O’Grady, una nueva generación de excelentes escritores (William Butler Yeats, J.M. Synge, Lady Augusta Gregory o el propio Hyde, G. Moore), varios de ellos de origen anglo-irlandés, se planteó la literatura como un compromiso nacional en el que poesía, teatro e historia aparecían como meras construcciones literarias e intelectuales al servicio de la nueva nacionalidad irlandesa. Yeats creó en 1891, en Londres, la Sociedad Literaria Irlandesa y al año siguiente, en Dublín, con Lady Gregory y otros colaboradores, la sociedad teatral que en 1904 abriría el Teatro de la Abadía, el epicentro del renacimiento del teatro nacional irlandés (con obras como Cathleen ni Houlihan (1902) del propio Yeats, The Playboy of the Western World (1907) de Synge, y muchas otras, del mismo Synge, de Lady Gregory, de Bernard Shaw, enseguida de O’Casey, etcétera). Periódicos como The United Irishman, creado por Arthur Griffith en 1899, como The Leader, semanario católico integrista creado en 1900 por D.P. Moran, o como The Irish Independent, fundado en 1905, ayudaron decisivamente a cambiar la opinión irlandesa —esto es, las perspectivas de análisis y las percepciones de buena parte del público lector— a través de una información decididamente antiinglesa y abiertamente pro irlandesa y centrada obsesivamente en temas y cuestiones irlandeses.

El cambio que se produjo en unos pocos años fue, pues, notable. Ya sólo el renacimiento cultural mencionado habría sido en sí mismo un hecho extraordinario, sobre todo por la figura de Yeats, el autor de The Celtic Twilight (1893), The Wandering of Oisin and other Poems (1889), The Wind and the Reeds (1899), In the Seven Wools (1903), libros memorables, como casi todo lo que escribió posteriormente, que hicieron de él probablemente el mejor poeta en lengua inglesa del siglo XX. Además, el hurling y el fútbol gaélico se convirtieron de inmediato en espectáculos de masas. En 1903, mil trescientas escuelas habían introducido ya la enseñanza del gaélico en sus programas, enseñanza que se hizo obligatoria en toda Irlanda desde 1909. Ese mismo año se creó en Dublín la Universidad Católica, como alternativa a Trinity College, la gran universidad anglo-protestante de la ciudad. Irlanda, en efecto, se estaba haciendo irlandesa y católica. Recobraba la identidad que el nacionalismo entendía que la definía como una nacionalidad propia y distinta. Ello tenía limitaciones indudables. Políticamente, la Irlanda católica excluía al Ulster protestante del proyecto nacional; culturalmente, conllevaba el riesgo de hacer de Irlanda una sociedad provinciana y mediocre. Joyce presentaría ya Dublín en su primer gran libro, Dublineses, de 1914, como una sociedad cerrada, empobrecida y agobiada por la moral católica. Algunos de los estrenos más audaces e innovadores del Teatro de la Abadía —por ejemplo, The Playboy of the Western World, de Synge— fueron muy mal recibidos por el público y la prensa pro nacionalistas y católicos. El mismo Yeats, un hombre conservador, elitista, cosmopolita, que procedía de medios protestantes y cuya literatura, escrita siempre en inglés, quería fusionar lo gaélico y lo anglo-irlandés con la modernidad, tuvo siempre una relación compleja con el nacionalismo y con Irlanda, que a pesar de honrarle —la Irlanda independiente le nombraría senador— nunca terminó de aceptarle: de hecho, desde 1910 (murió en 1939) vivió mucho más tiempo en Londres y en Francia que en Irlanda. Joyce, que había nacido en Dublín en 1882, en un entorno familiar católico, se marchó de Irlanda en 1902. Vivió en Trieste, Zurich y París y desde 1912 (murió en 1941) no volvió a regresar a su país natal (aunque ciertamente la obsesión por Dublín recorriese toda su obra)[9].

En cualquier caso, en 1900 el nacionalismo era ya una fuerza social considerable que penetraba más allá del ámbito de la política. Conocidos nacionalistas irlandeses (Griffith, Maud Gonne, James Connolly, John MacBride…) apoyaron con entusiasmo en 1899 la rebelión de los boers, los granjeros sudafricanos de origen holandés, contra el Imperio británico. Hubo una ausencia casi total de actos públicos de condolencia en Irlanda a la muerte de la reina Victoria en 1901; el alcalde de Dublín y los parlamentarios irlandeses boicotearon al año siguiente los actos de la coronación de Eduardo VII. En sintonía con el resurgimiento gaélico, Arthur Griffith (1871-1922), el periodista dublinés antes citado, un hombre de apariencia anodina, reservado y escasamente carismático pero firme y tenaz, creó en 1900, con el también periodista William Rooney, un pequeño movimiento político, Cumann na nGaedheal (traducible como partido o grupo de los irlandeses), que abogaría por el rechazo de la autonomía, la no participación en las instituciones británicas, la ruptura de todo vínculo emocional y cultural con Inglaterra y la independencia de Irlanda, o en todo caso, por una Irlanda unida a Londres mediante un pacto de soberanía a través de la Corona, una política que en 1905 Griffith definió con la expresión Sinn Fein («nosotros solos»), nombre que adoptó una liga de organizaciones afines constituida ese mismo año y hacia la que bascularon igualmente militantes de los grupos radicales más o menos vinculados a la Hermandad Republicano Irlandesa, activa sobre todo entre los emigrantes irlandeses en los Estados Unidos y reconstituida en Irlanda en 1907 por Thomas Clarke (1857-1916). En 1908, James Larkin y James Connolly crearon, al margen del sindicalismo británico (y de los sindicatos obreros de Belfast, la capital del Ulster y el principal enclave industrial de la isla), el Sindicato Irlandés de Trabajadores del Transporte, embrión del obrerismo nacionalista. Un movimiento abiertamente independentista, por tanto, apareció desde principios de siglo amenazando el liderazgo del grupo parlamentario autonomista irlandés. El Sinn Fein logró en las elecciones municipales de 1908 de Dublín un total de quince concejales, su primer éxito electoral.

Se trataba, con todo, de un éxito ciertamente relativo y comparativamente modesto. Pese al ascenso del nacionalismo radical y a los avances de la Irlanda irlandesa, los lazos entre Irlanda y el Reino Unido no se habían roto: más de doscientos mil irlandeses lucharon en el ejército británico en la I Guerra Mundial. La solución autonómica y parlamentaria al problema irlandés era aún posible. Superada la crisis del parnellismo, el nacionalismo autonomista y constitucional, reunificado en 1900 bajo el liderazgo dual de John Redmond y John Dillon, había reemergido con fuerza indudable: logró ochenta y dos diputados en las elecciones generales de ese año, y ochenta y tres en las de 1906. El retorno, en 1906, de los liberales al poder en Londres reabrió las expectativas autonomistas irlandesas. La matemática parlamentaria fue determinante. El parlamento que salió de las elecciones de noviembre de 1910, las segundas elecciones celebradas en aquel año, ambas con resultados casi idénticos, estuvo integrado por doscientos setenta y dos liberales, doscientos setenta y dos conservadores y unionistas, ochenta y tres nacionalistas irlandeses y cuarenta y dos laboristas: la autonomía —que el gobierno liberal presidido por Asquith presentó en abril de 1912— fue el precio que los liberales hubieron de pagar al nacionalismo irlandés para gobernar[10].

Pero tampoco esta vez la ley pudo prosperar, sino que volvió a suscitar, como en las dos ocasiones anteriores, la oposición cerrada de los conservadores ingleses y de los unionistas del Ulster. Pero con diferencias sensibles y extremadamente preocupantes respecto a 1886 y 1893: convencidos de su exclusión de una futura Irlanda irlandesa y católica, los unionistas movilizaron a la opinión protestante, recogieron cerca de medio millón de firmas contra la autonomía y a principios de 1913 formaron una Fuerza de Voluntarios del Ulster, un grupo militar dispuesto a defender por la violencia la unidad anglo-irlandesa; en noviembre de ese mismo año, varios grupos independentistas crearon a su vez su propia fuerza paramilitar, los Voluntarios Nacionales Irlandeses, que en septiembre de 1914 decía contar con ciento noventa y un mil afiliados. La posibilidad de una guerra civil o, por lo menos, de choques armados entre grupos paramilitares antagónicos, era, pues, una realidad. Ese fue el motivo de que el gobierno británico empezara a estudiar la posibilidad de reformar su proyecto de ley y dar al Ulster tratamiento separado (sobre todo después de que, en marzo de 1914, cincuenta y ocho oficiales de la guarnición de Dublín dimitieran —en un gesto sin precedentes en la historia del ejército británico— ante la posibilidad de que el gobierno echara mano de las tropas para obligar al Ulster a aceptar la autonomía en caso de que ésta fuera finalmente aprobada). Pero esa idea —cuyo simple planteamiento galvanizó al independentismo irlandés— hacía a su vez casi inevitable la ruptura con el nacionalismo parlamentario de Redmond .

La guerra mundial precipitó las cosas. La Hermandad Republicana Irlandesa y el Sinn Fein, junto con los Voluntarios Irlandeses y otros grupos independentistas minoritarios, creyeron que la ocasión era propicia para preparar una insurrección armada contra el dominio británico. Y en efecto, en la semana de Pascua de 1916 (24-29 de abril), la insurrección estalló en Dublín: unos dos mil hombres armados se apoderaron de los principales edificios y puntos de la capital. El levantamiento, que comenzó el domingo de Resurrección —con objeto de simbolizar la «resurrección» de la patria irlandesa—, fue un desastre. Tuvo muy escaso apoyo popular y fue aplastado con facilidad por el ejército británico: quince de los líderes del levantamiento —Pádrac (Patrick) Pearse, maestro y poeta, líder de los Voluntarios dublineses; James Connolly, el dirigente sindical; John MacBride, etcétera— fueron ejecutados, y unas dos mil personas, entre ellas Eamonn De Valera y Michael Collins, fueron encarceladas. Las ejecuciones, sin embargo, transformaron para siempre el clima político y social de Irlanda: crearon un aura de heroísmo, martirio, sacrificio e inmolación en torno a la insurrección y sus líderes e hicieron poco menos que imposible toda idea de convivencia y reconciliación anglo-irlandesas. En las elecciones de 1918, las primeras que se celebraban desde 1910, el Sinn Fein, dirigido ahora por Eamonn de Valera, uno de los líderes del levantamiento, obtuvo setenta y tres escaños; los nacionalistas moderados, seis (y los Unionistas del Ulster, veintiséis): la autonomía resultaría en adelante inaceptable.

También en España, a finales del siglo XIX y principios del XX, la aparición de movimientos nacionalistas —en Cataluña, el País Vasco y Galicia— y de otras, si bien menores, manifestaciones de regionalismo (en Andalucía, Aragón, Valencia…), transformó la vida política, pues obligaría con el tiempo a modificar la estructura territorial del estado; primero con la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914, un sistema de semiautonomía regional; luego, en 1931, proclamada la II República, régimen que vino a identificar democracia con derechos de las regiones y cuya Constitución por ello reconoció el derecho de éstas a la autonomía, con la concesión de autonomía política a Cataluña (1932) y al País Vasco (1936).

Como en el caso irlandés, la aparición de los nacionalismos catalán, vasco y gallego respondía a razones en extremo complejas. En 1900, España —un país en declive que había perdido su imperio ultramarino primero en 1824, y luego en 1898— era todavía, pese a disponer ya de importantes enclaves de modernidad, un país rural, comparativamente atrasado: un estado pobre, con una maquinaria administrativa no grande y un gobierno de tamaño y atribuciones limitadas. El nacionalismo español decimonónico —un nacionalismo sentimental que impregnaba los textos legales y constitucionales, la acción de los gobiernos, el lenguaje político, los símbolos y conmemoraciones nacionales, y tradiciones, leyendas y festividades populares— fue un nacionalismo políticamente débil como instrumento de vertebración nacional: en 1900, la región, la comarca, la provincia y la localidad (y no la nación) eran aún el verdadero ámbito de la vida social. Ni la pérdida de casi toda América en 1824, ni la derrota de 1898 ante los Estados Unidos, por la que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, produjeron reacciones nacionalistas (del tipo de las que se produjeron, como antes se mencionó, en Francia tras la derrota de Sedán en 1871 ante Prusia, o en Italia tras la derrota de 1896 en Adua, Abisinia). En la España anterior a 1923, hubo lenguajes, ideas, valores, sentimientos nacionalistas (por ejemplo, en la prensa y pensamiento católicos, tradicionalistas y autoritarios, en algunos movimientos de las juventudes conservadoras, en el ejército); pero no hubo ni partidos ni movimientos políticos nacionalistas-españoles de masas. Pese a que el ejército español vería en la acción militar en Marruecos, que se extendió entre 1907 y 1926, la oportunidad para revitalizar los ideales del patriotismo español tras la derrota del 98, la opinión española fue probablemente contraria a la guerra. Al menos, Marruecos no generó manifestaciones patrióticas callejeras como las que se habían producido en ocasiones anteriores, como por ejemplo, al principio de la guerra del 98: Marruecos provocó, primero, en 1909, la Semana Trágica de Barcelona, una revuelta generalizada en la capital catalana contra el envío de tropas de la reserva a la guerra; luego, en 1921-1922, tras la derrota en Annual, exigencias de responsabilidades políticas y militares y un grave conflicto, por esa causa, entre poder civil y poder militar. En 1923, un escritor maurrasiano y españolista, José María Salaverría, observaba que mientras en Francia se habían entronizado el nacionalismo y el militarismo y en Italia el fascismo, España, «una de las naciones más liberales de Europa», seguía estancada en el sentimentalismo liberal (algo, conviene precisar que no cambiaría con la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, un régimen sin ideología elaborada y directora, comparativamente benévolo y paternalista, condicionado por la propia personalidad —cordial, abierta, arbitraria, incongruente— del dictador)[11].

Los nacionalismos catalán, vasco y gallego no fueron, por tanto, la respuesta de las regiones ante el nacionalismo español y el centralismo del estado. En síntesis, dichos nacionalismos fueron el resultado de largos procesos históricos de consolidación de la propia identidad particular, de cristalización, si se quiere, de una conciencia o percepción colectiva que interpretaba la identidad regional como constitutiva de una nacionalidad propia y distinta. Al menos, el fundamento último de los nacionalismos catalán, vasco y gallego fue, probablemente, el propio particularismo lingüístico, histórico, cultural, etnográfico e institucional de sus respectivas regiones (y no por tanto, la naturaleza del estado español). La génesis del catalanismo fue, en efecto, el movimiento romántico de recuperación de la lengua, historia y derecho civil catalanes, el renacimiento (renaixença en catalán) lingüístico, literario, musical y cultural de Cataluña que maduró hacia 1850 y alcanzó su plenitud en las últimas décadas del siglo XIX. La identidad vasca nació asociada a la revalorización del euskera desde el siglo XVIII, a la defensa, ya en el XIX, de los Fueros, las viejas instituciones de autogobierno —más simbólico que real— de las provincias vascas, y a la construcción, por los escritores fueristas vascos de los años 1860-1890, de un estereotipo del pueblo vasco como un pueblo noble, rudo y antiquísimo, anclado en sus costumbres ancestrales y tenaz defensor (de ahí, las guerras carlistas de 1833-1840 y 1872-1876) de sus derechos y libertades. El galleguismo cultural, asociado a la recuperación de la historia gallega y al uso del gallego como lengua literaria, nació en la década de 1840 y culminó en la obra de los tres grandes poetas gallegos de la segunda mitad del XIX, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Curros Enríquez.

Como probaban hechos tan diversos como la propia Renaixença o la fuerza del federalismo político en Cataluña (puesta de manifiesto sobre todo en los años 1868-1874), así como la proliferación de estudios lingüísticos, gramaticales e históricos y la publicación continuada de prensa en catalán desde 1870, un particularismo catalanista popular existía antes de que apareciese el catalanismo político. Por su desarrollo industrial, vinculado especialmente a la industria textil, Cataluña era en 1900 una sociedad diferenciada en el conjunto de España; el éxito que en su arquitectura, pintura, literatura y artes industriales tendrían a partir de 1890 movimientos culturales específicos, como modernismo y noucentisme, revelaban que Cataluña había generado, merced sobre todo al dinamismo de Barcelona, una verdadera cultura creadora, una cultura, además, «independizada» de España (esto es, mayoritariamente ajena a los gustos y preocupaciones de las manifestaciones culturales dominantes en el resto del país). En el País Vasco, en muchas de las tesis fueristas antes aludidas latía ya, igualmente, una interpretación que identificaba Fueros y religión católica como esencia de la identidad vasca, a lo que la reacción minoritaria pero intensa que siguió a la abolición de los Fueros en 1876 (tras su modificación en 1839) añadió la idea de unir políticamente a los vascos en defensa de los intereses vascongados y la noción de la unidad última de las cuatro provincias forales de la región (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra); o en otras palabras, al igual que en Cataluña, un hecho vasco existía antes también de que surgiese el nacionalismo, aunque los vascos estuviesen por lo que se refería a Bilbao, San Sebastián, Vitoria y gran parte de Álava (y sin duda, Navarra) mayoritariamente instalados en la lengua y la cultura españolas. En Galicia, el nacionalismo cultural, aunque apenas si contaba con una traducción política relevante, tenía ya antes del siglo XX perfiles bien definidos: El regionalismo gallego, de Manuel Murguía, y El regionalismo, de Alfredo Brañas, primeras exposiciones sistemáticas del galleguismo político, aparecieron en 1889.

La idea de nacionalidad —o catalana o vasca o gallega— estaba, pues, implícita, si bien con muy distinta significación, en muchas manifestaciones culturales y aún políticas que se habían producido en las tres regiones a lo largo del siglo XIX. Los movimientos nacionalistas aparecieron, con todo, en Cataluña y País Vasco en las últimas décadas del siglo, y en Galicia ya en los primeros años del XX. Enric Prat de la Riba (1870-1917), el principal ideólogo del catalanismo conservador, fechaba la aparición del nacionalismo catalán en la creación en 1887 de la Lliga de Catalunya. El propio Prat habló ya en 1890, en una conferencia pública, de la «patria catalana» como la única patria de los catalanes. En 1891 se creó la Uniò Catalanista, una entidad que aglutinaba centros catalanistas de toda la región, cuya primera asamblea, que se celebró en Manresa en 1892, aprobó las bases de lo que llamaron Contituciò Regional Catalana; en 1901, la Lliga Regionalista de Catalunya, un partido político surgido a iniciativa de Prat de la Riba por fusión de distintas organizaciones catalanistas —entre ellas, algunas de las mencionadas más arriba— logró cuatro diputados en las elecciones generales españolas entonces celebradas. Los nacionalistas vascos, por su parte, fecharían el nacimiento de su partido, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el 14 de julio de 1894, día en que inauguraron en Bilbao el primer círculo o batzoki de la organización: Sabino Arana (1865-1903), el fundador del movimiento, había publicado el primero de sus textos esenciales, Bizkaya por su independencia. Cuatro glorias patrias, poco antes, en 1892, y había expuesto públicamente sus ideas en Bilbao el 3 de junio de 1893, en una polémica y acalorada conferencia. Arana sería elegido diputado a la Diputación de Vizcaya en 1898; en 1899, el PNV entraba con fuerza en el ayuntamiento de Bilbao; en 1907, lograba por primera vez la alcaldía de la capital vizcaína. El primer movimiento gallego propiamente nacionalista, las Irmandades de Fala, se creó en 1916. En 1920 apareció la expresión más coherente y sistemática del galleguismo, Teoría de nacionalismo galego, de Vicente Risco, inspirador además de la revista Nos (1920-1936), la revista más influyente en la renovación de la cultura gallega del siglo XX. En 1931, se creó, bajo la dirección de Alfonso R. Castelao, el Partido Galleguista, el principal partido del nacionalismo político gallego antes de la Guerra Civil española de 1936-1939.

El impacto que todo ello tuvo sobre la política española y sobre la política interna de las propias regiones nacionalistas fue muy distinto. El nacionalismo catalán, un nacionalismo cívico y liberal, cimentado sobre una sociedad que era una realidad económica y cultural comparativamente modernizada y cuyos argumentos históricos y lingüísticos resultaban congruentes con la verdad histórica y la práctica social de la región, fue, en España, un factor de modernización y en Cataluña, un elemento de integración política de la sociedad catalana. El nacionalismo vasco, un nacionalismo fuertemente etnicista que hacía de la raza vasca, del euskera y de la religión católica la esencia de la patria de los vascos; mantenía una interpretación histórica que enfatizaba la idea de una secular independencia de los vascos perdida con la modificación foral de 1839 y pugnaba con la verdadera historia de los territorios vascos (integrados en Castilla desde el siglo XII) y de Navarra (reino propio, no vasco, hasta el siglo XVI). Fue ante todo, y desde el primer momento, factor de división de la propia sociedad vasca, más un conflicto en el interior de ésta que un conflicto entre los vascos y España. Lejos de ser como el nacionalismo catalán, un factor de modernización, el nacionalismo vasco nació como una respuesta ante la amenaza que esa misma modernización (intensa industrialización desde 1880 de la ría de Bilbao, uno de los centros económicos y financieros más dinámicos de toda España; inmigración masiva de trabajadores foráneos; aparición de un importante movimiento obrero socialista; desarrollo de San Sebastián como Corte de verano y centro del turismo aristocrático de toda España…) suponía para la cultura euskaldún y la vida tradicional (lengua, pueblo, religión) del País Vasco. El nacionalismo gallego fue, antes de 1931, más un movimiento intelectual y cultural que propiamente político: el mismo carácter agrario de la región, su subdesarrollo económico, la emigración, la falta de ciudades modernas y de opinión pública articulada, el fuerte localismo de aldea de la sociedad gallega, las dificultades de las comunicaciones internas regionales, todo ello debió de contribuir decisivamente a imposibilitar la cristalización del nacionalismo como fuerza política.

La misma extensión de los sentimientos nacionalistas en las tres regiones fue lenta y desigual (y mucho más aún en el caso de la conciencia regionalista en Andalucía, Aragón, Asturias o Extremadura). El mismo nacionalismo catalán fue sobre todo un hecho de Barcelona y Girona; el nacionalismo vasco, inicialmente muy minoritario, fue en origen un movimiento vizcaíno y luego, antes de 1936, fuerte sólo en Vizcaya y Guipúzcoa. La derrota española de 1898 ante los Estados Unidos no produjo, como ha quedado dicho, una reacción nacionalista española. Pero pronto surgirían evidentes manifestaciones de lo que Salaverría, el escritor antes citado, definiría en 1917 como «afirmación española»: exigencias de regeneración, reivindicación de España como nación —de su obra en América, de su pasado literario e histórico: Cervantes, el Siglo de Oro— y una visión más optimista de la propia realidad española. El ejército haría de Marruecos la ocasión para restaurar el prestigio perdido en 1898. Además, en el primer tercio del siglo XX fue cuando, como consecuencia de procesos y cambios sociales de larga duración (extensión de la educación primaria y secundaria; mayor circulación de la prensa de masas; «nacionalización» de formas de cultura popular como toros, zarzuela y deportes; migraciones internas; crecimiento de la maquinaria y acción del estado; aumento de la población urbana y de las grandes ciudades, etcétera), cristalizó definitivamente la plena nacionalización de la vida política y social española.

Con todo, la aparición de los nacionalismos «periféricos» no podía dejar de afectar al conjunto de España, pues redefinían la identidad regional y la propia identidad española (que aparecía ahora integrada por una cultura común y varias culturas particulares) y aspiraban a rectificar o modificar el estado. El nacionalismo catalán hablaba de Cataluña como la única patria de los catalanes: aspiraba a la autonomía política para Cataluña dentro del estado español y a configurar internamente Cataluña como nación; en otras palabras, a «catalanizar» Cataluña (lengua, educación, universidad, instituciones, derecho, actos públicos, símbolos, memoria histórica, usos y costumbres). El nacionalismo vasco era «soberanista», independentista: Arana acuñó el neologismo Euzkadi para definir la patria de los vascos, previamente inexistente, y reclamaba la reunificación de todos los que el nacionalismo consideraba territorios vascos (los españoles, los franceses y Navarra) en una confederación vasca soberana. El nacionalismo gallego consideraba a Galicia como nación: el Partido Galleguista sería un partido republicano y federal. Ciertamente, la irrupción de la Lliga Regionalista Catalana en las elecciones de 1901 —y sobre todo la gran victoria en 1907 de Solidaridad Catalana, una coalición electoral liderada por la Lliga que logró cuarenta y uno de los cuarenta y cuatro escaños catalanes— cambió, de alguna manera, la política española, pues reabrió al menos la cuestión de la organización territorial del estado. El intensísimo debate que suscitó el proyecto de reforma de la Administración local que en 1907 presentó el gobierno conservador de Antonio Maura —proyecto que modificaba el régimen de ayuntamientos y de provincias a las que autorizaba a unirse en mancomunidades regionales—, debate «catalanizado» por los diputados catalanes, probó que Cataluña era ya el gran problema político de España, y a Cataluña, en efecto, terminó por concedérsele, en 1914, la constitución de un régimen de Mancomunidad en virtud del cual se creó una junta general de diputados de las cuatro provincias catalanas y un consejo de gobierno permanente para ellas, a los que se transfirió amplias competencias en materias administrativa, educativa, cultural y de régimen interior, de las que la Mancomunidad, inicialmente presidida por Prat de la Riba, hizo excelente uso. Pero el debate anticipó algo más profundo: que la cuestión centralismo estatal y autonomías regionales podía llegar a ser una cuestión más decisiva aún que las otras grandes cuestiones políticas españolas (caciquismo y fraude electoral, intervencionismo militar, problema agrario, monarquía o república, cuestión religiosa, guerra de Marruecos, etcétera) en la vida pública del país. Los organismos provinciales de las provincias vascas, las Diputaciones, plantearon, sin éxito, en el verano de 1917, la reintegración foral para sus provincias; los diputados catalanes exigieron en 1918, también sin éxito, la autonomía para Cataluña. El ejército, y especialmente buena parte de los jóvenes oficiales del ejército de Marruecos, veían ya por entonces en los nacionalismos un enemigo interior incompatible con la idea de unidad nacional encarnada por la institución militar[12].

ETNICIDAD, RELIGIÓN, TERRITORIALIDAD: EL PROBLEMA DE LAS NACIONALIDADES EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

Ni Irlanda ni los nacionalismos españoles fueron, como se deduce ya de todo lo dicho —y como veremos en posteriores capítulos— problemas menores. El historiador Dangerfield vería, por ejemplo, en el problema irlandés una de las causas de lo que llamaría La extraña muerte de la Inglaterra liberal, título del libro que publicó en 1935. Con todo, antes de 1914 Gran Bretaña había podido sobrellevar el problema de Irlanda y España, los problemas catalán, vasco y gallego: el nacionalismo catalán, la Lliga antes citada, incluso participaría en algunos de los gobiernos españoles de los años 1918-1923. Dichos problemas fueron, además, problemas internos, que no afectaron al orden internacional. La cuestión nacionalista en los grandes imperios multinacionales de la época —Austria-Hungría, Rusia, Imperio Otomano— tuvo, por el contrario, inmensas repercusiones, cuyos efectos aún perdurarían, o reaparecerían, como habrá ocasión de ver, cien años después, en la última década del siglo XX. A corto plazo, digámoslo otra vez, las tensiones generadas por los nacionalismos balcánicos (y por el nacionalismo alemán) desde 1885 llevaron en 1914 al mundo a la guerra.

Evidentemente, ni los tres imperios eran idénticos (Austria-Hungría era un estado supranacional; Rusia, un imperio autocrático; el Imperio Otomano, un desvertebrado régimen dinástico-califal y multiétnico) ni la correlación de nacionalidades en su interior era la misma. La cuestión nacionalista y la tensión internacional por ella provocada no constituían, por otra parte, problemas nuevos (pero tampoco endémicos: en los mismos Balcanes, principal epicentro de la tensión antes de 1914, el concepto de nacionalidad no existió antes del siglo XIX —mientras los territorios estuvieron enclavados en el Imperio Otomano— y no hubo por ello, de acuerdo con la tesis del historiador Mazower, conflictos étnicos). Ya se ha mencionado que el despertar nacional (renacimiento cultural, recuperación de historia, lenguas y literaturas propias, definición de la identidad nacional y formulación de las primeras ideas de nación) de los pueblos y minorías de la Europa central y de la Europa balcánica se produjo en la primera mitad del siglo XIX, y que sus antecedentes —en el pensamiento de algunas elites y minorías ilustradas (o religiosas, según los casos)— eran incluso anteriores, del siglo XVIII. La ideología nacionalista, en efecto, hizo de lo que previamente habían sido identidades múltiples, nacionalismos destructivos. Las primeras revoluciones nacionales efectivas en los Balcanes tuvieron lugar entre 1804 y 1830, en Serbia y Grecia. Dividida Polonia en 1815 entre Rusia, Prusia y Austria, en la Polonia rusa hubo levantamientos nacionalistas en 1830-1831 y 1863-1864; en Hungría, y en las regiones checas de Bohemia y Moravia, en 1848-1849; en la Polonia prusiana en 1864. La revolución nacional rumana se desarrolló entre 1848 y 1866; la búlgara, entre 1866 y 1876. Igualmente, el intervencionismo internacional en la región, que conllevaba la pugna por la hegemonía en la zona y que se solapó con el problema de las nacionalidades, fue prácticamente permanente desde que a mediados del siglo XVIII estalló la llamada cuestión de Oriente, el conjunto de problemas planteados a las grandes potencias en los Balcanes y el Mediterráneo oriental por el declinar del Imperio Otomano y el expansionismo ruso hacia el Mediterráneo. Rusia apoyó abiertamente entre 1821 y 1830 la lucha griega por la independencia, impuso a los turcos entre 1829 y 1851 el ejercicio de un protectorado de hecho sobre la futura Rumanía, esto es, las provincias danubianas de Moldavia y Valaquia, y en 1877-1878, como respuesta a la represión turca en Bulgaria, en la que en 1876 pudieron morir unos quince mil búlgaros, desencadenó la guerra ruso-turca que aseguró la independencia de Bulgaria.

Parecía, sin embargo, que la región podría estabilizarse con la creación en 1867 de la monarquía dual austrohúngara, que daba amplísima satisfacción al nacionalismo húngaro, y con el nuevo orden nacido del tratado de San Stefano y del congreso de Berlín de 1878 ya citados (que, entre otras decisiones, reconocieron la independencia plena de Serbia y Rumanía, crearon Bulgaria como un principado plenamente autónomo y pusieron Bosnia-Herzegovina bajo administración austrohúngara). Ocurrió todo lo contrario. El problema de las nacionalidades adquirió en las últimas décadas del siglo XIX y primeros años del XX dimensiones aún más explosivas. Por tres razones: en primer lugar, porque los procesos de transformación de Austria-Hungría, Rusia e Imperio Otomano en estados nacionales —ante la necesidad de promover el desarrollo de la educación, el crecimiento económico y las obras públicas, y modernizar justicia, ejércitos y defensa— planteó la posibilidad de imposición de políticas nacionales oficiales (rusificación, turquificación) y obligó, en cualquier caso, a redefinir el papel de las nacionalidades en la administración territorial y a establecer nuevos pactos territoriales en el estado o imperio; en segundo lugar, porque el surgimiento de nuevas naciones (Grecia, Serbia, Rumanía, Bulgaria), naciones en general pobres, atrasadas, dependientes, con graves problemas territoriales y étnicos, y aún de legitimación del poder (casas reinantes, fronteras y constituciones habían sido impuestas por las potencias), y la irrupción de nuevos nacionalismos, como el nacionalismo albanés surgido tras la frustración que supuso la no creación de Albania como estado en la conferencia de Berlín de 1878, provocaron la aparición de proyectos nacionales incompatibles y enfrentados (la idea de una Gran Serbia, con Serbia, Montenegro, Bosnia y el norte de Albania, esbozada ya en 1844 por Ilija Garasanin, entonces ministro de exteriores serbio; la Megale Idea o «gran idea» griega que, sobre el recuerdo de la Grecia clásica y Bizanzio, incluía Bulgaria, Macedonia, Creta y enclaves en Asia Menor y en el Egeo; la «Gran Bulgaria», que los rusos quisieron crear en 1878 y que incluía Macedonia y Rumelia), y al mismo tiempo generaron nuevos factores, escenarios y áreas de conflicto, como Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Albania y, tras la creación de ésta en 1912, Kosovo, región disputada entre albaneses y serbios; y en tercer y último lugar, porque la pugna por la hegemonía internacional en la zona, básicamente entre Austria-Hungría y Rusia, se agudizó desde que en la década de 1880 se sumó a ella la nueva y poderosa Alemania, que aspiraba a hegemonizar lo que desde principios del XX empezó a conocerse en círculos alemanes como Mitteleuropa, la Europa central, aspiración que conllevó la satelización de Austria-Hungría —una Austria-Hungría crecientemente temerosa de las ambiciones serbias— y que exigía la contención de Rusia, país tradicionalmente garante de los pueblos eslavos de la región (serbios, checos, búlgaros) y desde 1894 aliada de Francia, y la fragmentación y debilitamiento de los Balcanes.

Por eso, aunque la monarquía dual austrohúngara de 1867 diese relativa estabilidad financiera y política a ambos estados, Austria y Hungría, al extremo de que Bohemia, la provincia checa donde estaba enclavada en torno al 70 por ciento de la industria del imperio (destilerías, industria del vidrio, fábricas de armas, industrias químicas, refinerías de azúcar…) se transformaría en una de las regiones más desarrolladas de toda Europa; aunque Praga, Budapest y sobre todo Viena, la Viena de Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, Wittgenstein, Otto Wagner, Klimt, Egon Schiele, Adolf Loos, Kokoschka, Musil y Freud, estuviesen entre los centros principales del modernismo cultural europeo; aunque la propia Rusia, un imperio atrasado y rural (en 1897, según el censo, el 81,5 por ciento de la población vivía de la agricultura), experimentase entre 1870 y 1914 un sensible desarrollo industrial y urbano, que fue particularmente notable en Polonia, aun con todo ello, el nacionalismo siguió siendo, en aquel contexto, el detonante último de la violencia. De Austria-Hungría concretamente, Karl Kraus, el gran satirista vienés, diría, ya en plena guerra mundial, que era como un «laboratorio para la destrucción mundial». En parte, exageraba. Todavía en 1914 había quienes —como el influyente intelectual húngaro Oscar Jászi o el líder checo Masaryk o los dirigentes socialdemócratas del imperio— pensaban que Austria-Hungría podría transformarse en un estado federal y multinacional, que el «federalismo razonable», según la expresión de Jászi, salvaría la unidad austrohúngara[13]. Pero en parte acertó: las nacionalidades destruyeron el imperio austrohúngaro, y erosionaron, además, la estabilidad de los imperios ruso y otomano.

Rusia (132 millones de habitantes en 1900: 55 millones de rusos, 22 millones de ucranianos, 25,1 millones de polacos, 2,7 millones de finlandeses…) sobrevivió como imperio (hasta 1917) precisamente porque no terminó nunca de transformarse en un verdadero estado nacional. El nacionalismo ruso, impulsado por los círculos tradicionalistas, burocráticos y militaristas de la corte y de la Iglesia ortodoxa, era más una mezcla de mesianismo religioso, populismo idealizante y paneslavismo genérico —que veía a Rusia como la cabeza del cristianismo en Europa central y oriental y que apelaba a la unión de los pueblos eslavos bajo una monarquía universal rusa—, que un proyecto político e institucional para el imperio. Pese a la revolución de 1905 que siguió a la derrota rusa en la guerra rusojaponesa de 1904-1905 —Lenin, por ejemplo, la interpretó como una revolución «nacional»—, todavía en 1914 Rusia era más una autocracia patrimonial y paternalista y una gigantesca y ritualizada corte nacional única y gran-rusa que un estado unitario y centralista. La misma «rusificación» del Imperio, la política uniformizadora que el zarismo puso en marcha sobre todo a partir de la década de 1880, que consistió básicamente en el uso del ruso como lengua oficial y la prohibición de lenguas y dialectos locales en escuelas, tribunales y actos religiosos y que, por ello, suscitó dificultades en Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Ucrania y Finlandia, fue poco consistente: respetó a los pueblos asiáticos del Imperio —pueblos de religión musulmana que, en general, carecían de sentido de nacionalidad—, y a judíos, armenios y georgianos, en razón en el caso de estos dos últimos de su condición de pueblos tradicionalmente protegidos por Rusia (frente a la amenaza turca). Finlandia a su vez fue un ducado semiautónomo: tendría moneda propia (1870) y ejército finlandés (1878) y desde 1906, sufragio universal masculino y femenino.

En otras palabras, el sistema, Rusia como un imperio patrimonial con muchos pueblos y territorios, funcionó mientras no se quebró la mística que rodeaba al zar y a la dinastía —lo que no sucedió hasta los desastres militares rusos en la I Guerra Mundial— y mientras las identidades locales fueron más reacciones culturales y etno-folklóricas que movimientos políticos nacionalistas. Pero su fragilidad era evidente. Rusia pudo aplastar con contundencia las manifestaciones del nacionalismo liberal y romántico polaco anteriores a 1870, un nacionalismo limitado a la nobleza y a pequeños núcleos de intelectuales. Pero no tuvo respuesta para el nuevo nacionalismo polaco nacido en las últimas décadas del siglo XIX —el Partido Nacional Demócrata, partido autonomista, anti-semita y católico dirigido por Roman Dmowski, fue creado en 1897; el Partido Socialista Polaco, independentista, revolucionario e insurreccional liderado por Jozef Pilsudski, fue creado en la clandestinidad y el exilio en 1892— como consecuencia de los mismos cambios sociales y económicos que experimentó Polonia: crecimiento demográfico, industrialización (minería del carbón, metalurgia, textiles, ferrocarriles), urbanización (en 1909, la tercera parte de la población polaca vivía en ciudades), desarrollo cultural (prensa en polaco, universidades, literatura de Sienkiewicz, Zeromski…), cambios que hicieron del nacionalismo polaco, exacerbado por las políticas de rusificación y asimilismo del zarismo, un movimiento popular que hacía de catolicismo, etnicidad y lengua polaca las claves de la nacionalidad. Tras la revolución de 1905, a la que se sumó el partido de Pilsudski, Rusia reconoció el derecho de los polacos al uso de su lengua e hizo numerosas concesiones en materia religiosa a la Iglesia católica polaca; los nacional-demócratas de Dmowski lograron notables éxitos en las elecciones a las Dumas imperiales, o Parlamentos, de 1906 y 1907 (en las que también los ucranianos, por ejemplo, lograron importante representación). Eran concesiones muy insuficientes (pronto rectificadas, además; al cabo de unos pocos años, el régimen zarista retomó en Polonia, y en las otras nacionalidades del Imperio, la política de represión y rusificación). La independencia de Polonia —ocupada por alemanes y austriacos desde 1916— sería, así, una de los primeros objetivos de guerra de los aliados occidentales en la I Guerra Mundial. Cuando como consecuencia de ésta, los ejércitos alemanes penetraron por el Báltico y el centro de Rusia, cayó el régimen zarista (marzo de 1917) y triunfó la revolución bolchevique (octubre), las nacionalidades no rusas del imperio aprovecharon la situación de caos creada y proclamaron, a veces con apoyo alemán, la independencia: Ucrania, el 20 de noviembre de 1917; Estonia, el día 28; Finlandia, el 6 de diciembre; Moldavia, la Besarabia rusa, el día 23; Letonia, el 12 de enero de 1918; Lituania, el 23 de marzo[14].

Austria-Hungría no pudo resistir el doble desafío del nacionalismo y la democracia. Ya ha quedado dicho que el compromiso de 1867, que hizo del imperio una confederación de dos estados cada uno con constitución, gobierno, parlamento, sistema judicial y administración propios, fue muy positivo, especialmente gracias a la política de equilibrio y entendimiento multinacional, desarrollada en Austria por el conde Taafe entre 1879 y 1893, y al apoyo que al régimen dualista dieron los liberales húngaros bajo el liderazgo de Kalman Tisza entre 1875 y 1890 pese a que siguieran pendientes cuestiones como la contribución económica de Hungría a la monarquía dual o como el ejército, que seguía siendo un ejército unificado y mayoritariamente austriaco. El problema fue la incapacidad del sistema para integrar ordenada y satisfactoriamente a las nacionalidades no alemanas y no magiares del imperio, nacionalidades que en 1910 representaban más del 50 por ciento de la población: 6,5 millones de checos, 4,9 millones de polacos, 4 millones de rutenos, 1,25 millones de eslovenos, 3,25 millones de rumanos, 2 millones de eslovacos, 2 millones de croatas, 2 millones de serbios (austriacos: 10 millones; húngaros, 8,5 millones). Concretamente, varios hechos políticos jalonaron, según el historiador John W. Mason, el camino hacia la destrucción: en primer lugar, la negativa en 1871 a aceptar las tesis checas a favor de la transformación del sistema dual en un estado federal, por la oposición de los húngaros y de la minoría alemana de Bohemia; en segundo lugar, la ocupación primero (1878) y anexión después (1908) de Bosnia-Herzegovina; en tercer lugar, el fracaso en 1897 de los decretos lingüísticos del gobierno del conde Badeni que habrían oficializado el uso del checo y del alemán en Bohemia; y en último lugar, el fracaso de la Corona en 1906 al no lograr la introducción del sufragio universal en Hungría, medida que probablemente habría contribuido a satisfacer las demandas de las nacionalidades de ese estado (croatas, eslovacos, rumanos)[15].

Las consecuencias políticas de todo ello fueron, en efecto, decisivas. La política de magiarización impulsada en Hungría durante el largo gobierno de Tisza, que en Croacia fue particularmente dura en los años del gobernador húngaro Héderváry, 1883-1903 —y que, no obstante, no terminó de satisfacer al independentismo húngaro, que lograría ocasionalmente importantes avances electorales en las elecciones territoriales húngaras— provocó la reacción nacionalista de croatas, rumanos y eslovacos. El nacionalismo croata, en concreto, desarrolló por una parte la idea del «trialismo», la transformación de la monarquía dual austrohúngara en una monarquía trial austro-húngara-croata, idea abanderada por el Partido del Derecho Puro de Ante Starcevic en la que una Gran Croacia integraría a todos los pueblos eslavos del imperio (croatas, serbios, eslovenos…). Por otra parte, hizo resurgir la vieja idea ilírica de la unidad de los eslavos del sur, la idea de una Yugoslavia como estado común de éstos, bien independiente, bien autónomo (dentro de la monarquía austríaca), tesis del obispo croata Josip Juraj Strossmayer (1815-1905), fundador en 1866 de la Academia Yugoslava de Zagreb, y en 1874 de la Universidad de esa misma ciudad. Al tiempo, la incorporación a Austria-Hungría de Bosnia-Herzegovina (con una población en 1910 de ochocientos cincuenta mil serbios, cuatrocientos mil croatas y seiscientos cincuenta mil musulmanes) fue, no obstante la notable labor de desarrollo llevada a cabo en la provincia por los austriacos, un desafío a Serbia y al nacionalismo serbio, que hacía del pequeño reino de Serbia (tres millones de habitantes en 1910) el Piamonte de los Balcanes, el catalizador de la liberación «yugoslava» bajo liderazgo y hegemonía serbios. Este desafío se tradujo, primero, en la aparición de organizaciones y grupos clandestinos pro serbios en la propia provincia; alteró profundamente la política interna de la propia Serbia —al hilo de la movilización popular y nacionalista liderada por el Partido Radical de Nikola Pasic—, y culminaría en 1903, cuando un golpe militar impuso, tras asesinar de forma brutal a la familia real, un cambio de dinastía y propició un giro en la política exterior serbia hacia la confrontación directa con Austria-Hungría[16].

En Austria finalmente, cuya constitución reconocía la igualdad de las nacionalidades y que había dado autonomía a la Galicia polaca y a la Bohemia checa, reconocido los derechos lingüísticos de las minorías, el problema de las nacionalidades y del ascenso de partidos de masas (como el Partido Nacionalista pangermánico y anti- semita creado en 1882 en Linz por Georg von Schönerer; el Partido de los Jóvenes Checos, partido radical y democrático creado en los años 80; el Partido Social Cristiano vienés creado en 1890 por Karl Lueger, un partido católico, populista, anti-semita, que logró la alcaldía de la capital entre 1897 y 1910; o el Partido Social-Demócrata (SPD), creado en 1889, dirigido por Victor Adler, el partido de los sindicatos y de la intelectualidad judía) terminó por paralizar la propia acción de gobierno y destruyó a la larga la política de equilibrio y entendimiento que el liberalismo dinástico —un liberalismo no nacionalista: la idea de identidad austríaca era inexistente— había desarrollado desde 1867. El problema de Bohemia, región checa pero con casi un 40 por ciento de población austro-alemana, un problema básicamente lingüístico y educativo —y que dio lugar a numerosos proyectos gubernamentales que buscaban como solución la división de la región en distritos administrativos y lingüísticos separados desde la equiparación del uso de todas las lenguas, proyectos que provocarían tanto la agitación callejera de los partidos progermanos como el obstruccionismo de los partidos nacionalistas checos— terminó, por ejemplo, con las carreras políticas de Taafe en 1893 y de su sucesor, el conde polaco Cachimir Badeni, jefe del gobierno imperial entre 1895 y 1897. La fragmentación política —unos treinta partidos en el parlamento tras la introducción del sufragio universal en 1907— hizo literalmente imposible la vida parlamentaria. Lo ocurrido con el Partido Social-Demócrata reveló el fracaso final de Austria-Hungría. Primer partido del país desde 1907 con casi noventa diputados, el SPD había elaborado, según las ideas de Karl Renner y de Otto Bauer (autor en 1907 de La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia), una verdadera teoría política del imperio, proponiendo, ante el problema de las minorías nacionales, su transformación en un estado democrático, federal y multinacional basado en la autonomía de todas las nacionalidades. Los círculos más conservadores de la corte y el propio emperador Francisco José rechazaron la integración de los nuevos partidos de masas (el SPD, el Partido Social Cristiano de Lueger) en el entramado del poder; el SPD terminó por romperse precisamente por la impregnación nacionalista de sus propias bases y, sobre todo, por las diferencias nacionales entre socialdemócratas alemanes y checos (éstos crearían su propio partido en 1911).

La movilización nacionalista terminó, así, por provocar la crisis del parlamentarismo austriaco. Paralelamente, el golpe de estado en Serbia en 1903, que suscitó el temor al expansionismo serbio en la zona, fue un grave revés para Austria-Hungría: puso de relieve la gravedad que el problema eslavo tenía no sólo en el interior de la monarquía austrohúngara sino en toda la región balcánica. Esa fue la razón por la que en 1908 Austria-Hungría precipitó la definitiva anexión de Bosnia-Herzegovina, provincia, como se ha indicado, de población mayoritariamente serbia. La anexión, a su vez, provocó gran preocupación en Rusia, irritación en Serbia e indignación y tensión en el interior de la propia provincia anexada. Los grupos clandestinos más radicales del nacionalismo pro serbio —como el Movimiento de los Jóvenes Bosnios o la Mano Negra— recurrieron desde entonces con frecuencia creciente a la violencia y al terrorismo. Miembros de la Mano Negra asesinaron el 28 de junio de 1914 en Sarajevo al heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando: paradójicamente, los nacionalistas serbios mataban a quien parecía más dispuesto a reorganizar el Imperio en un estado descentralizado que incluyera, junto a Austria y Hungría, el reino de Bohemia y un reino de Iliria para los eslavos del sur (por lo menos, Francisco Fernando, que era hombre de ideas cristianas conservadoras, detestaba a los nacionalistas austro-alemanes y solía recibir a los líderes de los Jóvenes Checos y de los nacionalistas eslovacos, rumanos y croatas).

Las cosas fueron igualmente difíciles en el Imperio otomano, un vasto conglomerado islámico, de religión oficial sunita, de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados y unos veintidós millones de habitantes en 1914, territorialmente desagregado (las provincias lejanas tenían en la práctica amplísima autonomía), carente de estructura estatal propiamente dicha e integrado por numerosos grupos étnicos y religiosos (turcos, kurdos, árabes, armenios, griegos, albaneses, búlgaros, serbios, judíos, sunitas, shiítas, alawitas, drusos, ortodoxos, católicos, maronitas…), y cuya permanente crisis política, militar y financiera —independencia de Grecia, Serbia, Rumanía y Bulgaria, pérdida de Chipre y Bosnia-Herzegovina (1878), Túnez (1881), Egipto (1882) y de importantes enclaves en el Caúcaso y en los propios Balcanes— parecía exigir, o al menos así se lo planteó la propia élite otomana, su reconstrucción como alguna forma de comunidad integrada. El fracaso, primero, del otomanismo (imperio como patria otomana) y de la política de reformas graduales y sucesivas o tanzimat (reformas sobre los derechos de propiedad, el ejército, la justicia y la educación, hasta desembocar en la experiencia constitucional y parlamentaria de 1876-1878 impulsada por el gran visir y presidente del Consejo de estado Midhat Bajá); y el fracaso, después, tras el restablecimiento del poder absoluto en 1878 por el sultán Abdulhamid II, del panislamismo y califato como instrumentos de unificación de un imperio redefinido ahora como comunidad musulmana, condujeron a una tercera opción: la creación de un estado nacional moderno, unificado y centralista sobre la afirmación del nacionalismo turco (por decirlo de acuerdo con las tesis expuestas por Yusuf Akçura, uno de los inspiradores del nacionalismo turco, en un texto fundamental para éste titulado «Tres políticas», publicado en El Cairo en 1904). La política neoabsolutista de la Corte tras 1878, que inició una tímida modernización cuya manifestación más evidente fue la construcción de una red ferroviaria de más de cuatro mil kilómetros, no pudo en forma alguna detener la desintegración y decadencia del régimen. El Imperio otomano perdió en 1885 la Rumelia oriental tras una sublevación pro búlgara que preocupó más a Serbia que a las propias autoridades otomanas; éstas renunciaron de hecho a su soberanía sobre la provincia. En 1897 tuvo que conceder la autonomía a Creta tras un levantamiento pro griego el año anterior y una breve guerra contra Grecia. La durísima represión de la insurrección armenia de 1895-1898, en la que pudieron morir unas doscientas mil personas, provocó una oleada de indignación anti-turca en todo el mundo. Peor aún, la proliferación a partir de la década de 1890 de acciones terroristas en Macedonia, provocadas por las distintas facciones nacionalistas del territorio (pro búlgaras, pro serbias y pro griegas), hizo que en 1903 Rusia y Austria-Hungría impusieran a Turquía la creación de una gendarmería mixta musulmana-cristiana para la provincia, con oficiales extranjeros a su frente.

La crisis del imperio creó el nacionalismo turco, articulado a partir de 1900 básicamente por Akçura, quien desarrollaría a partir de 1911, en la revista Türk Yurdu, una teoría sistemática del «turquismo», y sobre todo por el sociólogo y ensayista Ziya Gökalp (1876-1924) que definía a los turcos como nación en razón de su lengua, raza e historia y que, partidario inicialmente de una especie de panturquismo, proclamaría la necesidad de crear Turquía como una nación moderna y como una unidad cultural propia y distinta. En todo caso, el espíritu y las ideas constitucionales y reformistas de 1876 renacieron a partir de 1889 en el movimiento de los Jóvenes Turcos, donde militaban, sobre todo, exiliados, estudiantes revolucionarios y jóvenes militares nacionalistas. En 1906 se constituyó en Salónica el Comité para la Unión y el Progreso, organización clandestina que aglutinaba a los distintos grupos de la oposición al Sultán y que incluía representantes de las minorías no turcas (árabes, kurdos, armenios…). En julio de 1908, ante los rumores de que Rusia y Gran Bretaña planeaban el reparto de Turquía, oficiales del ejército estacionado en Salónica vinculados al Comité y encabezados por Enver Pachá, Mehmed Taalat y Ahmed Djemal, se sublevaron y, el 24 de ese mes, impusieron a Abdulhamid la restauración de la Constitución de 1876 y la convocatoria de elecciones parlamentarias.

La revolución de 1908 no fue, sin embargo, sólo o preferentemente un movimiento liberal y constitucionalista: fue, en realidad, una revolución nacional turca que derivó enseguida hacia soluciones nacionalistas y autoritarias. Las diferencias entre el nacionalismo de los militares turcos y las aspiraciones de las nacionalidades no turcas se hicieron, así, evidentes desde el mismo momento de la reunión del parlamento, en diciembre de 1908: el turquismo y laicismo de las nuevas autoridades provocarían, por citar un solo ejemplo, malestar y preocupación en los territorios árabes del imperio, donde la misma crisis de éste y los avances del colonialismo europeo (en Argelia, Túnez, Egipto, Marruecos) habían provocado la aparición de un incipiente nacionalismo árabe y un cierto debate —sobre el que enseguida hablaremos— sobre el papel del Islam y los árabes en la vida moderna. Los Jóvenes Turcos no tuvieron, además, ni tiempo ni oportunidad para haber podido estabilizar y definir la revolución. Como respuesta a la revolución, Bulgaria proclamó de inmediato —el 5 de octubre de 1908— la independencia, y Austria- Hungría la anexión de Bosnia-Herzegovina. En abril de 1909, militares reaccionarios y ulemas (líderes y estudiosos religiosos) partidarios de Abdulhamid planearon un golpe de estado, aplastado por las nuevas autoridades, para reponer al Sultán, que sería depuesto por ello y sustituido por su hermano. Ese mismo año estallaron manifestaciones de malestar nacionalista, aunque de importancia y significación muy distintas, en Armenia (Cilicia), Albania, Kurdistán, Siria e incluso en Yemen. Entre septiembre de 1911 y agosto de 1913, Turquía fue tres veces a la guerra: en 1911 contra Italia, que le había reclamado Libia; en octubre-diciembre de 1912 y febrero-mayo de 1913, contra Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro que habían exigido reformas en Macedonia; en junio de 1913, contra Bulgaria, esta vez en alianza con rumanos, griegos y serbios, y de nuevo por las diferencias entre los distintos países balcánicos en torno a Macedonia y Tracia. Los resultados fueron nefastos para Turquía: perdió Libia y la mayor parte de sus territorios europeos; Albania fue creada en 1913 como nuevo estado independiente. La situación interna resultó literalmente insostenible. El 23 de enero de 1913, los Jóvenes Turcos, encabezados por Enver, dieron un nuevo golpe de estado: un régimen militar ultranacionalista se hizo cargo del país y, durante la guerra mundial, alineó a Turquía al lado de Alemania y de los poderes centrales[17].

Vemos, en suma, que no había exageración alguna en la afirmación precedente de que la cuestión de las nacionalidades tendría repercusiones inmensas sobre el orden internacional: los nacionalismos balcánicos hicieron del centro y del este de Europa —ya se ha visto— un foco de inestabilidad y de permanentes tensiones. Las dos guerras balcánicas de 1912 y 1913 fueron, en efecto, provocadas por las contrapuestas ambiciones de los países balcánicos sobre los territorios europeos del Imperio otomano. La guerra de 1912 (octubre de 1912 a mayo de 1913) tuvo una causa clara: las reivindicaciones de Grecia, Serbia y Bulgaria sobre Macedonia, territorio bajo soberanía turca, e irrenunciable por distintas razones para los respectivos proyectos nacionalistas griego, serbio y búlgaro. La segunda guerra (junio de 1913) tuvo un origen más complejo. Bulgaria atacó a Grecia y Serbia en desacuerdo con los planes de éstas para el reparto de Macedonia propuesto en las negociaciones que siguieron a la primera guerra. Rumanía y Turquía declararon la guerra a Bulgaria: la primera en razón de viejos litigios fronterizos entre ambas, y Turquía para aprovechar la apuradísima situación de Bulgaria y recuperar las posiciones perdidas en el primer conflicto. El resultado de las guerras fue el engrandecimiento de Serbia y Grecia, la creación de una mal definida Albania, la humillación de Bulgaria y Turquía, el creciente temor de Austria-Hungría al papel de Serbia en la región y una cada vez mayor desconfianza de Austria-Hungría y Alemania, aliados desde 1879, hacia Rusia como potencia que avalaba el expansionismo serbio en los Balcanes. En esas circunstancias, el ya mencionado, y bien conocido, atentado de Sarajevo de 28 de junio de 1914 magnificó la potencialidad desestabilizadora de los nacionalismos. Los autores del atentado, que costó la vida, si se recuerda, al heredero a la corona austrohúngara, eran nacionalistas serbios. El atentado tuvo lugar en la capital de una provincia, Bosnia-Herzegovina, de mayoría serbia y anexionada en fecha reciente, 1908, por Austria-Hungría, en lo que había sido una provocación al reino de Serbia, que reivindicaba Bosnia como parte de la Serbia étnica e histórica. Austria-Hungría, tras responsabilizar del atentado a Serbia, le presentó, ya en julio de 1914, un durísimo ultimátum y le declaró (el día 28) la guerra ante la tibieza de la respuesta obtenida. El 30 de julio, Rusia intervino en apoyo de Serbia. El 1 de agosto, Alemania se puso de parte de Austria-Hungría: el funcionamiento de los mecanismos de alianzas y movilizaciones establecidos por todas las demás potencias en décadas anteriores hizo imposible la localización del conflicto y precipitó el estallido de la I Guerra Mundial.

EL DESPERTAR NACIONAL DE ASIA Y ÁFRICA

Pero había más. En 1898, un país europeo, España, había sido derrotado en una guerra por un país americano, los Estados Unidos. Poco después, el imponente Imperio británico era mantenido en jaque durante casi tres años (1892-1902) en África del Sur por una informal guerrilla de granjeros, los boers, de origen holandés y africanos desde varias generaciones. En 1905, otro imperio europeo, Rusia, era vencido en otra guerra —ésta, de grandes proporciones— por un país asiático, Japón, lo que electrizó a muchos pueblos no occidentales y pareció desencadenar una amplia rebelión antioccidental en toda Asia.

Lo que sucedía era evidente. Europa, que había logrado el pleno dominio mundial en los últimos treinta años del siglo XIX, y que en 1885, en la Conferencia de Berlín, se había repartido África, empezaba de hecho a dejar de mandar en el mundo. La nueva expansión colonial —denunciada ya en libros como Imperialismo (1902) de J.A. Hobson—, aquel «nuevo imperialismo» que había comenzado con la ocupación de Túnez por Francia en 1881 y de Egipto por Gran Bretaña en 1882, y que hizo que en apenas treinta años Europa ampliase sus imperios coloniales en casi diecisiete millones de kilómetros cuadrados y en unos ciento cincuenta millones de habitantes, tropezó en general con fuertes resistencias. Incluso, aunque en determinados casos la administración colonial fuese positiva y en la mayoría de ellos esencial para la modernización de los territorios colonizados, la colonización desencadenó una reacción anticolonial mucho más honda de lo que quiso admitir la autosatisfecha conciencia imperial europea.

El Imperio británico estuvo en guerra permanente. En Egipto, los ingleses afrontaron de inmediato (junio-septiembre de 1882) la revuelta nacionalista del coronel Urabi contra el jedive Tawfik y contra la penetración extranjera. En Sudán, sufrieron varios reveses ante las fuerzas del Mahdi, entre ellos la aniquilación de la guarnición de Jartún y de su jefe, el general Gordon (26 de enero de 1885); reconquistarlo les llevó años de duras luchas (1886-1898). En África del Sur, ya habían tenido que hacer frente, antes de la guerra de 1898-1902, a un primer levantamiento de los boers en 1880-1881 y que contener revueltas tribales de los zulúes en 1878-1879 (y luego en 1906) y de los matabele de Rhodesia en 1896, revueltas que estallaron igualmente en otros puntos de África (por ejemplo, en Costa de Oro, la futura Ghana, en 1873-1874, 1896 y 1900, protagonizadas por la etnia ashanti). Italia, que había sido derrotada, como se recordará, en Adua (Etiopía) en 1896, encontró en Libia (1911-1912) fuertes resistencias. Los alemanes se vieron sorprendidos por grandes insurrecciones tribales en Tanganika (1905-1907) y en el África Sudoccidental (rebelión de las tribus herero y hottentote en 1904-1906). La penetración francesa en Túnez provocó la rebelión de las tribus del sur, en las regiones de Kairuán y Sfax, aplastada por fuerzas navales y de tierra (julio-noviembre de 1881); el control del alto y medio Níger y el avance desde la costa atlántica hacia el Sáhara serían igualmente muy dificultosos. En Indochina, la extensión del protectorado francés al reino de Annam (1883) provocó gran oposición en las zonas montañosas del norte, graves tensiones con China y choques con bandas armadas y guerrillas diversas, que crearon una situación de violencia que se prolongó hasta 1913-1914. España, que en la guerra del 98 perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico, tropezó por su parte con graves dificultades en Marruecos, zona de influencia y de ambiciones colonialistas españolas y francesas desde el siglo XIX y Protectorado hispano-francés desde 1912. La victoria de Japón sobre Rusia en 1905, primera victoria militar de un país asiático sobre un país europeo en la época moderna, conmocionó, como ya ha quedado apuntado, la conciencia nacional de los pueblos o colonizados o mediatizados por Europa, sobre todo en Asia. Esta victoria fue decisiva para las revoluciones nacionales que estallaron en Persia en 1906 —que forzaron al sha Mozaffaroddin a promulgar una Constitución, si bien tutelada por el clero shiita, y a reunir el primer parlamento persa en la historia—, en Turquía en 1908, la ya comentada revolución de los Jóvenes Turcos, y en China en 1911; propició la aparición de movimientos nacionalistas (o los reforzó si ya existían) en la India, Indochina, Birmania e Indonesia, donde en 1908, por ejemplo, nació la asociación nacionalista Budi Utomo y en 1921, el partido Sarekat Islam, asociación musulmana y nacionalista que pronto tuvo miles de afiliados.

Buena parte de estas primeras rebeliones antioccidentales no fueron sino explosiones de xenofobia y resistencia de inspiración las más de las veces tradicionalista y a menudo tribal y religiosa, afirmaciones también, por tanto, de formas de vida y usos tradicionales. En algún caso, como en el Sáhara o en Indochina, fueron incluso puro bandidismo, rebeliones primitivas por parafrasear una conocida expresión del historiador Hobsbawm. En otros, se trató de sublevaciones no sólo antioccidentales: la rebelión del Mahdi en Sudán fue un movimiento religioso islámico a la vez anti-británico y anti-egipcio. Aquellas rebeliones carecieron por lo general de contenido nacionalista o, en todo caso, fueron sólo protonacionalistas. Idea de nación y conciencia histórica era ajenas a muchas culturas africanas y asiáticas, carentes durante siglos incluso de una mínima unidad administrativa. El Islam, por ejemplo, fue siempre una comunidad de creyentes, no una constelación de naciones: Turquía y Persia fueron imperios multiétnicos (si bien Persia, contaba con lengua, el farsi, y religión propias, el islam shiita, y con una larga historia unitaria, factores de su fuerte identidad); Egipto, y tal vez Marruecos, eran sólo semi-Estados. La India misma, antes del Raj británico, fue una civilización (grandes religiones, cientos de estados, miles de lenguas), no una nación.

Pronto, sin embargo, el nacionalismo vendría a dar sentido y legitimidad a la reacción antioccidental de muchos pueblos asiáticos y africanos. No tuvo, pese a ello, una significación unívoca. En Japón, y en parte en China, el nacionalismo fue, como enseguida veremos (y como ya hemos visto en el caso turco), un movimiento modernizador, reformista y a veces democrático: sirvió también de fundamento, al tiempo, a políticas y reacciones de carácter militarista y autoritario. En otros puntos, cristalizó muchas veces en movimientos reformistas y hasta revolucionarios: la lucha anticolonial aspiró paralelamente a liquidar las instituciones, oligarquías, religiones y costumbres semifeudales y tradicionalistas anteriores al propio dominio colonial. Pero a menudo, el nacionalismo anticolonial llevaba también en su interior elementos negativos y antidemocráticos —ambiciones territoriales, concepciones etnicistas, religiosas y exclusivistas de la nacionalidad, liderazgos fuertes, culto a la violencia, irracionalismos populistas y milenaristas— que lo condicionarían decisivamente. El encuentro con el mundo occidental cambiaría, antes o después, Asia y África; las contradicciones de los nacionalismos anticoloniales determinarían la historia de los países asiáticos y africanos, antes y después de su independencia.

Tal fue el caso del mundo islámico: «Patriotismo y nacionalismo —escribía en 1995 Bernard Lewis, uno de los grandes especialistas en historia islámica y de Oriente Medio, en su libro The Middle East. Two Thousand Years of History. From the Rise of Christianity to the Present Day— eran ajenos al mundo del Islam… Nación y país delimitaban la soberanía, no definían la identidad»[18]. La introducción de las ideas de nación y nacionalismo, cuyos efectos para Lewis, recogiendo una observación de Alí Pachá, ministro de Exteriores del Imperio otomano hacia 1870, fueron devastadores, cambiaría la historia árabe. La crisis del Imperio otomano, cuyas implicaciones para los territorios europeos ya hemos visto, y la aparición del nacionalismo turco, provocaron en los territorios árabes (Oriente Medio, Egipto, parte de la Península Arábiga, Yemen…) precisamente una doble repuesta: obligaron al menos a las élites árabes (ulemas, intelectuales, periodistas, representantes ante Estambul, autoridades y notables locales) a repensar el Islam y a redescubrir la identidad árabe. El intelectual afgano-iraní Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897), un hombre enigmático, de vida azarosa, que residió sucesivamente en El Cairo, Estambul, Londres, París, Teherán o Beirut, de intensísima actividad intelectual y publicística desplegada en revistas, artículos y conferencias, planteó, aunque fuese de forma confusa y a menudo contradictoria, muchas de las cuestiones esenciales: reforma y purificación del Islam como fundamento del panislamismo unitario de todos los musulmanes, defensa del Corán y de la fe, crítica de la injerencia extranjera en los países árabes, educación como base de la reforma, crítica de la tiranía y del despotismo, defensa de los regímenes parlamentarios. Abd al-Rahman al-Kawakibi (1849-1902), sirio exilado en Egipto, publicó ya a principios del siglo XX, varios ensayos resonantes («La madre de las ciudades», una defensa de La Meca, o «Características de la tiranía») en los que argumentaba que el resurgimiento del Islam habría de ser obra de los árabes, y no de los turcos, a quienes responsabilizaba del declive del mundo islámico. Al tiempo, el mufti (especie de juez y autoridad religiosa islámica) Muhammad Abduh (1849-1905) fue exponiendo en sus enseñanzas en la universidad musulmana de El-Azhar, en El Cairo, sus tesis sobre la actualización del Islam a través de su integración con la ciencia occidental; también desde la perspectiva de lo que tenía que ser una respuesta nacional árabe tanto a la dominación europea como a los viejos absolutismos islámicos, ideas que tendrían gran influencia en todo Oriente Medio y de las que se derivaría básicamente una doble interpretación que iría difundiéndose en las dos primeras décadas del XX. Para Rashid Rida (1865-1935), fundador de la influyente revista cairota al-Manar (El Faro, 1899-1940), ello supondría definir el Islam como un sistema religioso y jurídico y como instrumento de gobierno para la creación de Estados islámicos inspirados por los ulemas; para Abd al-Raziq, juez y ulema egipcio liberal, discípulo, como Rida, de Abduh, la separación entre Corán y política, entre religión y estado, era radical, por lo que estado árabe no era sinónimo de estado islámico.

El dilema entre arabismo, islamismo y (enseguida) patrias árabes específicas no terminaría nunca de resolverse satisfactoriamente. El gran problema del Islam en todo el siglo XX sería precisamente definir la naturaleza del estado islámico moderno. En cualquier caso, la oposición árabe —dispersa, indefinida, dividida, minoritaria— al régimen turco se hizo ya evidente desde 1908-1910: la expresaron representantes árabes en el parlamento turco, periódicos de Damasco, Bagdad y otras ciudades árabes del imperio, ulemas, asociaciones y clubs políticos y culturales (como Al-Arabiyya al-Fatat o «jóvenes árabes», creada por estudiantes sirios y libaneses en París en 1911; o al-’Ahd, creada casi al tiempo por militares árabes otomanistas, y otras), congresos árabes (el primero en 1913, en París, reunido por al-Fatat), etcétera. Dada la debilidad de la idea de nación en el Islam —con la excepción de Egipto, donde en 1907 Mustafa Kamil creó el Partido del Pueblo, primer núcleo del nacionalismo moderno que pronto encontraría su gran líder en Saad Zaghlul (1860-1927)—, esa oposición, y por tanto el nacionalismo árabe, fueron en la práctica inefectivos hasta que en 1916 el jerife del Hiyaz Huseyn proclamó, con apoyo británico, la revuelta árabe contra Estambul. Pero dos ideas esenciales habían tomado cuerpo desde principios del siglo: la idea de que el despertar de la nación árabe (por usar el significativo título del libro que en 1905 escribió Neguib Azoury, un escritor cristiano-árabe libanés) exigiría la liberación del yugo otomano, una convicción que iría extendiéndose a medida que la revolución turca de 1908 derivó hacia una dictadura militar y turca; y la idea de que el retorno al carácter prístino del Islam —debidamente actualizado— posibilitaría la reafirmación de los árabes en la historia[19].

Contradicciones igualmente esenciales, pero de naturaleza muy distinta, aparecerían en la India. El nacionalismo fue allí tanto un subproducto del Imperio británico como una respuesta a éste. La administración colonial sacó a la India de la Edad Media: creó un gran sistema administrativo, diecisiete universidades y más de doscientos colegios universitarios, prensa moderna, ferrocarriles, grandes industrias (textiles, siderurgia…), aunque la India fuese todavía en 1947 un país rural. El Imperio, que a veces generó más una suerte de fascinación mutua entre los ingleses y la India, y entre la élite hindú y el estilo de vida británico, que un enfrentamiento entre ellos, creó así una amplia clase media culta, y relativamente acomodada, de la que salieron precisamente los políticos, intelectuales, funcionarios y profesionales liberales (como A.O. Hume, W.C. Bonnerjee, G.K. Gokhale, La Mohan Ghose, Surendranath Banerjea o P. Mehta) que en 1885 crearon el Congreso Nacional de la India, un partido político que aspiraba a la implantación gradual de formas de autogobierno que condujesen a una India constitucional, parlamentaria y democrática. La independencia no era necesariamente una exigencia inmediata. Tagore, por ejemplo, el escritor bengalí que en 1913 recibió el Premio Nobel de Literatura, un hecho que galvanizó el sentimiento de autoestima nacional hindú, creía que la regeneración moral de la India debía preceder a su independencia política. Ciertamente, la sensibilidad independentista era evidente. La decisión en 1905 del virrey Curzon de dividir Bengala, uno de los centros del nacionalismo hindú, en dos provincias —una mayoritariamente musulmana (en su día Bangladesh) y otra hindú— provocó grandes protestas de masas y la aparición en el Partido del Congreso de un ala radical liderada por Bal Gangadhar Tilak (1856-1920), erudito, periodista y político de prestigio, que recurrió a formas extremistas de oposición incluido el terrorismo. Incluso así, la mayoría del Congreso se mantuvo en sus concepciones gradualistas y moderadas y contemplaba la independencia como resultado de un final pactado y consensuado al cabo de un largo proceso de aprendizaje político. Ello favoreció que Gran Bretaña —que, cuando lo creyó necesario, reprimió con gran dureza la agitación extremista— buscase formas políticas de atracción y conciliación. En 1909, aceptó la formación de parlamentos electivos regionales, primer paso efectivo hacia el autogobierno y un reconocimiento, por tanto, de la realidad nacional de la India.

Antes de 1914, el orden colonial distaba de estar roto. Los problemas políticos y nacionales de la India vinieron menos de la confrontación entre el nacionalismo y la metrópoli que de la propia complejidad —religiosa, cultural, económica— del subcontinente, y de las muy distintas formas que la estructuración de las relaciones políticas y sociales tenían a nivel local y provincial. Ante todo, hindúes y musulmanes no compartían un proyecto en común. Tenían religiones y textos sagrados distintos: Bahagavad Gita, Vedas, Uppanishads, para los hindúes; Corán, para los musulmanes. Diferentes tradiciones, símbolos sagrados (la vaca para los hindúes), festivales religiosos, formas de vida comunitaria, actitudes ante la vida, la muerte, el matrimonio (la poligamia musulmana), hasta las respectivas memorias históricas eran igualmente distintas. El resurgimiento espiritual de la India, que, asociado a las enseñanzas y vida de personalidades como Ramakrishna, Vivekananda o Aurobindo, fue paralelo y complementario al despertar del nacionalismo, así como la visión que de la India asumió la mirada extranjera fue un resurgimiento hindú. La mayoría de los símbolos del nacionalismo indio, como la imagen de Bharat Mata (Madre India) o muchas canciones patrióticas, eran inequívocamente hindúes. La percepción del musulmán en la mentalidad tradicional hindú fue siempre negativa, despectiva.

De hecho, el nacionalismo de Partido del Congreso era un nacionalismo hindú. La presencia musulmana en sus cuadros o en sus bases fue siempre muy escasa. De ahí que, aunque el despertar del nacionalismo musulmán fuese en principio más una respuesta al resurgimiento hindú que un movimiento anticolonial (hasta 1940, por ejemplo, la Liga Musulmana, el partido del nacionalismo musulmán creada en 1906, no planteó la creación de un estado separado sino la defensa de las comunidades musulmanes en una futura India independiente), el separatismo musulmán llevaba implícito un proyecto propio y distinto. La teoría de las «dos naciones» de la India fue expuesta ya a finales del siglo XIX por Sir Syed Ahmad Khan, el más importante de los modernistas islámicos del país. Líderes religiosos, escritores y poetas dieron voz y nuevo sentido a la cultura propia de los musulmanes (unos setenta millones a principios del siglo XX de los trescientos millones de la India). La creación de la Liga Musulmana estuvo en realidad precedida por la aparición de movimientos culturales y religiosos en defensa de los estudios coránicos y de la educación islámica en las escuelas mayoritariamente musulmanas. La influencia en éstas de los ulemas fue inmensa. La poesía musulmana, y especialmente la del gran filósofo y poeta Mohammad Iqbal (1877-1938), mantuvo siempre el ideal universalista del Islam, el especial sentimiento de la belleza de éste y la evocación del pasado esplendor de la civilización musulmana de la India. La afirmación de la identidad separada de los musulmanes tuvo múltiples manifestaciones. La crisis del Imperio Otomano, por ejemplo, provocó en la India musulmana la aparición del movimiento califal (khilafat) en defensa del sultán turco como Califa de los creyentes y defensor de los lugares sagrados del Islam, reacción ampliamente popular que derivó hacia la preservación de monumentos y lugares sagrados musulmanes en la propia India y hacia la defensa de las leyes y prácticas coránicas. La misma Liga Musulmana, a la que Gran Bretaña pudo usar como contrapeso del nacionalismo hindú, iría deslizándose hacia la definición de un nacionalismo musulmán separado que cristalizaría en torno al concepto de Pakistán, país de los puros, palabra acuñada por Choudhary Rahmat Ali en su libro Pakistán, la patria de la nación pak, de 1935[20].

LAS REVOLUCIONES NACIONALES DE JAPÓN Y CHINA[21]

El nacionalismo, finalmente, fue igualmente decisivo en la reacción que el encuentro con el mundo occidental provocó en China y Japón, pero con significación y consecuencias radicalmente distintas. En China, la incapacidad de adaptación del imperio desembocaría en la revolución (1911), la guerra civil y la instauración, finalmente, de un régimen comunista (1949). Japón, en cambio, asumió desde 1867 la modernización y occidentalización de su estado y de su economía y, en el curso de treinta años, devino una potencia militar de primer orden y un importante poder industrial y comercial. Aunque hubiera otros factores, las razones últimas de aquella diferencia fueron ante todo culturales (nacionales, si se quiere). La mentalidad de la élite china, educada a lo largo de siglos en la idea de la perfección y superioridad de su cultura y de sus tradiciones, la hizo muy poco receptiva, si no abiertamente cerrada, a toda posible apertura exterior y a toda innovación foránea (consideradas bárbaras e inferiores). Las tradiciones guerrera y comercial de Japón y el fuerte sentimiento de orgullo e identidad nacional de sus dirigentes (la casa imperial, los clanes imperiales) se combinaron, por el contrario, para que las élites japonesas vieran en la superioridad del mundo occidental —evidenciada en la serie de «tratados desiguales» que las potencias les impusieron en 1858— un desafío al que debía responderse mediante una reforma que hiciese de Japón un gran poder nacional, militar y comercial. Los rígidos códigos morales que, a distintos niveles, regulaban la conducta de las diferentes clases y jerarquías de la sociedad japonesa dieron al país el grado de cohesión social y unidad nacional, así como la ética colectiva (basada en el honor y la lealtad, en el paternalismo y la obediencia) que el proceso de cambio parecía requerir.

La reacción china al desafío occidental —que había comenzado hacia 1830-1840, por motivos parecidos a los de Japón: apertura de puertos al comercio internacional— fue en todo momento, en efecto, una reacción vacilante, contradictoria, débil e insuficiente, marcada por afirmaciones del tradicionalismo chino y en todo caso, por la aparición de sentimientos xenófobos de rechazo del mundo occidental, pero no articulados políticamente en verdaderos proyectos de gobierno. El Imperio chino, en claro declive desde el siglo XVIII, no disponía, pese a la extrema centralización del poder en el emperador y a la complejidad de su burocracia, de los instrumentos esenciales del estado moderno: gobierno ministerial, presupuestos, cuerpos de seguridad eficaces, sistema nacional de educación, administración local y provincial, academias militares, organización judicial. El burocratismo tradicional de la administración imperial, pilar fundamental del estado y de la sociedad, operaba contra el desarrollo de toda iniciativa social autónoma. Individuo, empresa y mercado carecían de sentido en una sociedad patriarcal y jerarquizada, basada en la familia campesina y en la ética confuciana que enfatizaba las virtudes de la cortesía y la etiqueta, de la obediencia y la aceptación pasiva del destino. La élite china comulgaba con un chino-centrismo que concebía China como un imperio universal distinto y autosuficiente, estructurado sobre unos sistemas educativos, administrativos y culturales que se estimaban decididamente superiores y que únicamente podían requerir su «autoreforzamiento» mediante la incorporación de tecnología y armamento occidentales. A la vista sobre todo del caso japonés, que enseguida comentaremos, la modernización de China habría exigido probablemente una revolución desde arriba, y desde luego, la transformación del Imperio en un régimen nacional. Lo primero no fue posible porque, entre otras razones y a diferencia de lo que ocurrió en Japón, la personalidad más influyente en el estado, la emperatriz viuda Cixi, regente desde 1861 a 1908 de los emperadores Tongzhi y Guangxü, apoyada por los sectores más reaccionarios de la Corte, libró una permanente pugna contra todo intento de occidentalización, reforma y apertura; lo segundo, porque el mismo carácter extranjero, manchú, de la dinastía reinante, la dinastía Qing, limitó su autoridad moral para movilizar el cuerpo social del país en el gran empeño nacional que su transformación exigía.

Con todo, algo se hizo. Como respuesta a las numerosas concesiones que China se vio forzada a hacer a las potencias occidentales, tras su derrota en las llamadas guerras del opio de 1840-1842 y 1856-1858 (cesión de Hong-Kong a Gran Bretaña, apertura de distintos puertos al tráfico comercial y al establecimiento de agentes europeos, anexiones territoriales rusas, aceptación en 1883 del protectorado francés sobre Indochina, región tradicionalmente sometida a la influencia china…), la Corte asumió entre 1863 y 1893 una cautelosa política de reformas, impulsada por Li Hongzhang (1823-1901), el «Bismarck del Este», un miembro de la alta burocracia imperial, enérgico, realista e inteligente; política que supuso el establecimiento de escuelas de lenguas extranjeras, la introducción del telégrafo, la instalación de fábricas de armas, tejidos, papel y de algún astillero, el comienzo de la explotación de minas de carbón y hierro y de la construcción de la red ferroviaria, el envío de estudiantes a los Estados Unidos, la creación de academias militares y la reorganización del ejército y la marina.

Pero todo ello era muy poco. Probablemente, además, llegaba demasiado tarde. En cualquier caso, fue inútil. La doble humillación que para China supondrían primero, en 1894-1895, su derrota ante Japón, y luego, en 1898-1900, la llamada rebelión de los boxers, terminó por deslegitimar el Imperio como institución, hizo que regeneración nacional se equiparase a cambio de régimen y abrió la crisis nacional cuyo desenlace último fue la caída del Imperio en 1911. La derrota en la guerra de 1894-1895 ante Japón, país que debía a China su escritura, muchas de sus costumbres, la religión budista y sus técnicas y formas artísticas, y al que tuvo que ceder ahora Formosa (Taiwan) y Corea, fue para la conciencia china un descrédito probablemente menos admisible que las humillaciones sufridas ante los occidentales. Significó la pérdida de la hipotética hegemonía que China había mantenido históricamente sobre los pueblos asiáticos. En 1898, China hubo de ceder Dairen-Port Arthur a Rusia, que logró además que se le reconociera el derecho a construir ferrocarriles en Manchuria para terminar el Transiberiano; y también tuvo que ceder Qingdao a Alemania, Weihaiwai a Inglaterra y Guangzhouwan a Francia.

El descrédito de la dinastía, incapaz de defender la integridad territorial del Imperio, alentó a la oposición nacional al régimen. Entre 1895 y 1911, se registraron hasta diez intentos revolucionarios, protagonizados por sociedades secretas y nacionalistas. La crisis provocó una verdadera ruptura en el seno del propio poder imperial: el sector tradicionalista vio en el repliegue hacia las ideas confucianas y hacia los valores de la tradición china la vía hacia la salvación del país; el sector reformista y progresivo aceptó, en cambio, el ejemplo japonés como el camino para la regeneración nacional. El emperador Guangxü, asesorado por un grupo de intelectuales (Kang Youwei, Liang Qichao, Tan Sitong), quiso impulsar la reforma del sistema. A partir del 11 de junio de 1898, promulgó un total de cuarenta decretos de innegable importancia política, que incluían medidas como la abolición del sistema tradicional de exámenes para funcionarios imperiales, la adopción de instituciones y métodos occidentales de educación, la creación de una Hacienda moderna, la autorización para la fundación de periódicos y asociaciones culturales y políticas, la formación de un ejército nacional e incluso, la concesión al pueblo del derecho de petición ante el gobierno (que los reformistas esperaban transformar en un gobierno constitucional). El programa de reformas fue abortado al cabo de cien días, el 21 de septiembre, por un golpe de estado palaciego de los elementos conservadores de la Corte, liderados por la emperatriz viuda, Cixi (que confinó al emperador hasta su muerte en el interior del recinto imperial).

La rebelión de los boxers, que estalló en ese contexto en junio de 1900, culminó la desintegración del Imperio. Fue un estallido de xenofobia popular —en parte espontáneo, en parte inducido por la Corte, deseosa de enmascarar de esa forma la crisis interna del Imperio—, un levantamiento de masas contra las imposiciones de las potencias occidentales que se extendió por varias provincias, con el resultado de centenares de misioneros y chinos cristianos asesinados, coordinado por sociedades secretas de inspiración religiosa, como la Sociedad de los Puños de la Justicia y la Concordia o boxers (boxeadores), y que llevó a la guerra. La negativa china a atender las exigencias de las potencias extranjeras —protección para sus súbditos, disolución de los boxers, castigos ejemplares para los rebeldes— desencadenó la intervención militar de aquéllas (20 de junio): una fuerza internacional integrada por tropas de Alemania, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón e Italia, comandada por el mariscal alemán Waldersee, ocupó la capital imperial, liberó las embajadas (14 de agosto) y puso fin al conflicto. El 7 de diciembre de 1901, China tuvo que aceptar el Protocolo de Beijing, por el que debía pagar indemnizaciones por valor de unos ochocientos millones dólares y aceptar revisiones arancelarias y distintas exigencias de carácter militar, como el establecimiento de tropas extranjeras en su territorio.

La crisis fue definitiva. Entre 1901 y 1910, los elementos moderados de la Corte, que pudieron desplazar a los consejeros más reaccionarios tras el nuevo desastre, retomaron la política de reformas: proyectos de industrialización con créditos y capitales extranjeros, nuevo impulso a la construcción de ferrocarriles, creación de ministerios modernos, abolición del sistema tradicional de exámenes, códigos legales occidentales, reforma del ejército (emprendida por Yuan Shikai), desarrollo de minas, bancos y distintas industrias, que se establecieron preferentemente en Shanghai y en los grandes puertos, reformas educativas, incluso el estudio de un posible sistema constitucional. Pero todo resultaría ya inútil. Las crisis de 1895 y 1900 habían supuesto, como parece lógico, un considerable reforzamiento del movimiento nacional y republicano, paulatinamente aglutinado en torno al doctor Sun Yat-sen (1866-1925), un intelectual cantonés occidentalizado y cristiano, educado en escuelas anglosajonas de Hanoi y Hong-Kong, de ideas republicanas y nacionalistas (que ya en 1894 había creado una organización revolucionaria, la Liga para Salvar China), movimiento que ahora encontró considerables apoyos y simpatías entre estudiantes y militares jóvenes. La victoria japonesa sobre Rusia en 1905 galvanizó al nacionalismo revolucionario; la muerte del emperador y de la emperatriz viuda en 1908 —y el nombramiento como emperador de un niño de dos años, Puyi— crearon un verdadero vacío de poder en la cúpula imperial.

Al hilo de la gran victoria japonesa de 1905, Sun Yat-sen creó en 1905 la Liga Unida (Tongmenghui), basada en los principios del nacionalismo, la democracia y el socialismo. El programa apelaba a la expulsión de los manchúes, a la restauración de China a los chinos (de etnia Han), al establecimiento de la república y al reparto igualitario de la tierra. Sun Yat-sen preveía una revolución tutelada desde arriba y estructurada en tres etapas de forma que, tras un periodo de gobierno militar, se instauraría un segundo periodo de gobierno provisional constitucional para desembocar, tras algunos años, en un gobierno del pueblo bajo una constitución democrática. La Liga Unida se infiltró con notable éxito en medios militares, intelectuales, universitarios y aún en la propia administración. Las reformas gubernamentales, por otra parte, tropezaron con numerosas dificultades y abrieron un proceso de agitación política, social y cultural que el poder no pudo ya controlar. Las Asambleas provinciales y una Asamblea nacional, que se reunieron en 1910 para preparar la reforma constitucional del país, se convirtieron en plataformas de acusación contra el régimen. Éste caería poco después. La revolución fue, sin embargo, un hecho poco espectacular y escasamente dramático, indicación del profundo descrédito del Imperio. Cuando la policía quiso arrestar a un grupo de oficiales de Wuchang (en la provincia Hubei), supuesto núcleo central de una conspiración militar antiimperial, los oficiales se sublevaron (10 de octubre de 1911): en menos de dos meses, casi todos los regimientos de las provincias del centro y sur del país se pronunciaron contra el gobierno. El 8 de noviembre, la Asamblea nacional designó primer ministro al general Yuan Shikai quien inició negociaciones con los sublevados que controlaban la mitad sur del país, donde el 30 de diciembre, en Nankin, una asamblea revolucionaria proclamó a Sun Yat-sen, recién llegado del exilio, presidente de las Provincias Unidas de China. El 12 de febrero de 1912, abdicó el jovencísimo emperador Puyi. Tres días después, tras la renuncia de Sun Yat-sen, que quiso facilitar así la unificación del país, Yuan Shikai fue elegido presidente provisional de la República de China. En marzo de 1912, se aprobó una Constitución Provisional que preveía la convocatoria de una asamblea democrática constituyente. Pero tras sofocar una segunda revolución protagonizada por el Guomintang, el Partido Nacionalista reorganizado en 1912 por Sun Yat-sen, Yuan Shikai fue elegido presidente efectivo de la República; más tarde detuvo el proceso constitucional y, finalmente, ya en mayo de 1914, se autoconcedió un mandato presidencial de diez años, con plenos poderes. La nueva República era de hecho una dictadura militar y contrarrevolucionaria; pero era cuando menos el embrión de un régimen verdaderamente nacional.

La evolución de Japón fue radicalmente distinta. El detonante del cambio fue la revolución de 1867 —por asociarla con la subida al trono ese año de Mutsu-Hito (Meiji Tenno o emperador del gobierno ilustrado) en realidad consumada en 1866-1868—, una revolución desde arriba contra el atraso y la debilidad del régimen feudal de los Tokugawa (en el poder desde 1605) y centra su incapacidad para hacer frente a la amenaza occidental, una revolución de la aristocracia, llevada a cabo en nombre del emperador por jóvenes samurais de los clanes Choshu, Tosa y Satsuma y controlada durante sus primeros veinte o treinta años por un grupo reducido de personalidades notables (Iwakura, Okubo —el hombre fuerte del país entre 1873 y 1878—, Kido, Inouye, Ito, Yamagata, Itagaki y otros). La idea capital de la revolución fue la centralización y reforzamiento del poder imperial, como vía para el desarrollo de la riqueza y del ejército nacionales y para la reafirmación del poder y el prestigio internacionales de Japón. Se cambió de inmediato (1868) la estructura del estado con la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el establecimiento de ministerios, de una asamblea bicameral consultiva y un Consejo de estado (Dajokan), a lo que siguió en años posteriores la creación de un sistema de prefecturas territoriales dependientes del poder central, de cuerpos de funcionarios al estilo occidental y de una policía moderna; la reforma del ejército, mediante la abolición de los privilegios que los samurais tenían en el antiguo ejército imperial y la creación de un ejército nacional según el modelo prusiano, con servicio militar obligatorio (1873), y la construcción de una marina moderna, inspirada en la británica y con barcos adquiridos en Inglaterra, bajo la dirección de Yamagata.

En 1871, se estableció la igualdad jurídica de los japoneses ante la ley. En los años siguientes, se introdujo un conjunto de códigos legales que transformaron toda la armazón del derecho del país. En 1872, se creó un sistema de educación primaria obligatoria y se inició un gran plan de construcción de institutos y escuelas. En 1877, se abrió la Universidad de Tokio (la antigua Edo, declarada nueva capital imperial). Se autorizó (1872) la creación de periódicos (en 1892, había ya cerca de seiscientos). Se occidentalizaron el vestido y el peinado, la alimentación y la bebida, el calendario (en 1873) y la arquitectura. Algunas grandes ciudades instalaron tranvías modernos e iluminación callejera. Se creó un sistema moderno de correos (1871) y para 1880 había telégrafo en casi todas las localidades. La red ferroviaria empezó a construirse en 1872: en 1914 tenía unos diez mil kilómetros.

El estado creó también el marco legal que hizo posible el desarrollo de una economía de mercado y usó los instrumentos a su disposición (política presupuestaria, fiscal y arancelaria) para favorecer el despegue de la producción nacional. Además de retener el monopolio de correos y telégrafos, el estado estableció directamente las primeras factorías textiles, de cemento, vidrio, y de hierro y acero —las Acerías Yawata, construidas en 1896, año en que se nacionalizó la red ferroviaria—, y en todo momento favoreció la industria nacional a través de subsidios y créditos, protección arancelaria, estímulos a la exportación y contratos sustanciosos. En 1871 se implantó un sistema financiero de tipo occidental, con la creación del yen (equivalente a un dólar norteamericano) y el establecimiento de bancos nacionales. En 1876, se fundó el primer banco privado; dos años después se creó la Bolsa de Tokio (que inicialmente operó con bonos del estado, pero que enseguida negoció toda clase de bonos industriales), y en 1882, el Banco de Japón como banco central. La extraordinaria eficiencia del sistema bancario, por un lado, y el dinamismo del sector textil (seda y algodón) y del comercio exterior, basado en la exportaciones de seda natural y tejidos, por otro, hicieron de Japón en apenas veinte años una potencia económica. El impulso industrializador se extendió, además, a otros sectores: destilerías, plantas químicas, papeleras, fábricas de suministros eléctricos, cristalerías, productos recauchutados y centrales lácteas. En 1893, se construyó la primera locomotora nacional. En 1896, comenzó la fabricación nacional de hierro y acero, y en 1899, la de bicicletas (que durante la I Guerra Mundial se exportarían a casi toda Asia). La producción de minerales (carbón y cobre) se multiplicó por diez entre 1885 y 1905. La economía japonesa creció a una media del 4,4 por ciento anual entre 1880 y 1913. La población pasó de treinta y cinco millones de habitantes en 1873 a cincuenta y cinco millones en 1918. Para ese año, el 30 por ciento de la población vivía en ciudades de más de diez mil habitantes, localizadas en su mayoría en las áreas industriales y en la costa.

El rapidísimo y formidable despegue industrial de Japón reforzó los sentimientos de identidad nacional y de orgullo y conciencia étnica del país. La idea básica de la revolución de 1868, hacer un país rico y un ejército fuerte, parecía en la práctica conseguida. La educación fue reformada en 1886 de forma que se adoctrinase a los jóvenes en un sentimiento nacionalista de servicio al estado, al ejército y a la nación. El sintoísmo, la mitología tradicional japonesa convertida en religión oficial en 1868 (aunque el budismo y el confucianismo seguían constituyendo la base de las creencias religiosas y éticas de los japoneses), pasó a formar parte central, desde 1890, del sistema educativo como forma de reforzar el culto al emperador y a los antepasados: Japón —élites y pueblo— parecía como imbuido de un fuerte sentido de misión como nación y como pueblo.

El nacionalismo, no el liberalismo, un nacionalismo articulado no en teorías o textos ideológicos sino en las tradiciones japonesas (carácter divino del emperador, código del Bushido, etcétera), era de hecho la fuerza colectiva que sostenía e inspiraba la formación de Japón como estado moderno. La Constitución de 1889 (en vigor hasta 1947), que introdujo el gobierno ministerial y creó un sistema bicameral, se inspiró en la Constitución prusiana. Era una Constitución autoritaria y centralista, en la que el poder ejecutivo no era responsable ante el parlamento (o Dieta) sino ante el emperador —que conservaba además el poder legislativo supremo— y en el que el ejército y la marina quedaban al margen del propio poder civil. La Cámara Alta era designada. La Cámara de Representantes era elegida, pero originalmente el electorado supuso solamente el 1,24 por ciento de la población (lo que no impidió que las elecciones fuesen a menudo muy disputadas y violentas debido al faccionalismo extremado de la clase política). Los mismos partidos políticos (Partido Liberal, Partido Progresista, Partido Constitucional, Partido Popular, Alianza Constitucional, etcétera) no eran sino entramados de clanes familiares y clientelas de la propia oligarquía: todavía a principios del siglo XX, el verdadero poder no lo formaban ni el gobierno ni los partidos ni las cámaras, sino los genró (o mayores), el grupo no oficial de altos consejeros del emperador, al que pertenecían políticos como Ito, Matsukata, Yamagata, Saionji, Katsura, que se alternaron en la jefatura del gobierno entre 1885 y 1913. Más aún: el establishment militar, controlado por los clanes Choshu (ejército) y Satsuma (marina), formaba un grupo de poder separado e intocable, obediente únicamente al emperador (que designaba a los ministros militares) e inspirado por una subcultura propia, impregnada de nacionalismo exaltado, antiparlamentarismo y belicismo expansionista.

El expansionismo militar del Japón fue, pues, la consecuencia casi natural del engrandecimiento nacional que el país había experimentado desde 1868. El nuevo Japón dio pruebas de sus ambiciones tempranamente. En 1872, reclamó a China las islas Riu-Kiu y en 1879 hizo de ellas una prefectura japonesa. En 1873, adquirió las islas Borin y en 1875 se anexionó las Kuriles —previamente divididas entre Rusia y Japón—, a cambio de renunciar a la mitad sur de la isla Sajalin en beneficio de Rusia. Las tensiones con China en torno a Corea —protectorado chino, pero donde la influencia económica y política japonesa había crecido considerablemente desde 1870— derivaron en una guerra abierta entre ambos países, ya mencionada anteriormente, que estalló en el verano de 1894, cuando tropas de uno y otro país intervinieron en Corea en apoyo de facciones políticas rivales. La transformación que Japón había experimentado quedó ahora de manifiesto. Desplegó un ejército de cuatrocientos veinte mil hombres y una pequeña pero muy moderna y eficaz marina formada por unos veinte barcos de guerra de reciente construcción. Japón obtuvo una serie de espectaculares victorias e impuso a China el tratado de Shimonoseki (17 de abril de 1895), por el que se anexionó Formosa y la península de Liaotung —a la que sin embargo renunció por presión de Rusia—, le obligó a reconocer la independencia de Corea y le exigió y obtuvo una fuerte indemnización de guerra.

El militarismo japonés recibió así un considerable impulso. Japón impuso ahora a las potencias occidentales la revisión de los «tratados desiguales» de 1858. Apoyó la insurrección nacionalista anti-norteamericana de Aguinaldo en Filipinas (1899-1902). Colaboró con las potencias occidentales en el aplastamiento de la rebelión de los boxers en China (1900). Y en 1902, firmó con Gran Bretaña una alianza defensiva —primer tratado en términos de igualdad entre una potencia europea y una asiática—, inspirada en el interés mutuo de contener el expansionismo ruso en Asia.

Precisamente, la rivalidad ruso-japonesa en torno al sur de Manchuria y Corea —áreas de influencia de ambos países— sería una de las principales consecuencias de la contienda de 1894 y la causa de la guerra que estalló entre Rusia y Japón en febrero de 1904. La guerra comenzó por un ataque por sorpresa lanzado por la marina japonesa contra la escuadra rusa estacionada en el puerto chino de Port-Arthur, en la península de Liaotung. Los japoneses lograron, luego, grandes victorias en las batallas del río Yakú y de Mukden, en Manchuria, y finalmente, el 28 de mayo de 1905, la escuadra del almirante Togo destruyó en su totalidad la flota rusa del Báltico en la batalla de Tsushima. Como consecuencia, Rusia cedió a Japón parte de la isla de Sajalin, numerosas instalaciones portuarias y ferroviarias en la península china de Liaotung y hubo de pagarle una fuerte indemnización de guerra. Japón, además, controló Corea, donde impuso como Residente General a Ito Hirobumi, y, tras el asesinato de éste por nacionalistas coreanos, se anexionó el país (22 de agosto de 1910).

Cuando en 1912 murió el emperador Mutsu-Hito, Japón era un país rico. Producía hierro, acero, cemento, gas, electricidad, maquinaria, fertilizantes y barcos. La renta nacional creció entre 1890 y 1914, verdadera época de oro para la economía japonesa, en un 80 por ciento. Disponía igualmente de un ejército fuerte. Los grupos ultranacionalistas violentos como el Genyosha, o Sociedad del Océano Oscuro, y como el Kokuryukai, o Sociedad del Dragón Negro, tenían desde principios de siglo una ascendencia social cada vez más acusada. El primer gobierno formado bajo el nuevo emperador, Yoshi-Hito, hubo de dimitir casi de inmediato por un grave conflicto con los militares en torno a los presupuestos. El ejército intervenía casi de forma habitual para restablecer el orden público en las ocasiones en que, por distintos motivos —sociales y políticos—, estallaban conflictos callejeros. Militares y ultra nacionalistas (como Toyama Mitsuru, el inspirador del Kokuryukai) creían en la tesis del renacimiento de Asia bajo el liderazgo militar e ideológico del Japón.

LA REALIDAD NACIONALISTA

El nacionalismo, en suma, era ya en buena parte del mundo un hecho social significativo.

En la Europa oriental y en el Asia —escribía Lenin en 1914—, la época de las revoluciones democrático-burguesas sólo ha comenzado en 1905. Las revoluciones en Rusia, Persia, Turquía y China, las guerras en los Balcanes; tal es la cadena de los acontecimientos mundiales ocurridos en nuestra época en nuestro Oriente. Y en esta cadena de acontecimientos únicamente un ciego puede dejar de ver el despertar de toda una serie de movimientos nacionales democrático-burgueses, de tendencias a crear Estados independientes en el sentido nacional y nacionalmente homogéneos[22].

Despojada de la retórica marxista, la observación de Lenin apuntaba a un hecho importante: nacionalismo, revoluciones nacionales (Lenin podía haber añadido Cuba, o México en 1910), como factor del cambio político, como fundamento del estado moderno, como factor de desestabilización. En Francia, Italia, Alemania, el nacionalismo aparecía además —ya lo veíamos al principio— como ideología alternativa al liberalismo.

El crecimiento del anti-semitismo que tuvo, como vimos, particular eco en Alemania y Austria-Hungría (von Schönerer, Lueger) y claras manifestaciones en Francia —recuérdense las ideas de Drumont y Maurras, y el affaire Dreyfus—, que impregnaba vaga o explícitamente a los nacionalismos húngaro, croata, eslovaco y polaco, y cuya manifestación más dramática serían los pogromos de Rusia de 1881-1882, llevó a muchos judíos de esas regiones (en 1910, unos dos millones y medio en Austria-Hungría y unos cinco millones en Rusia) a replantearse profundamente la cuestión de su propia identidad personal y colectiva, la cuestión de su nacionalidad. Impresionado por la degradación del capitán Dreyfus, a cuyo juicio asistió como corresponsal del gran periódico vienés Neue Freie Presse, Theodor Herzl (1860-1904), escritor judío nacido en Budapest y establecido en Viena —donde fue conocido por su germanofilia y su dandysmo y esnobismo esteticistas—, sufrió en junio de 1895 su «conversión» al judaísmo, esto es, tomó conciencia de su condición judía y, lo que iba a ser más importante, concluyó que la asimilación de los judíos en las culturas y naciones europeas estaba abocada al fracaso. Retomando ideas de otros escritores judíos (como Hess, autor en 1862 de Roma y Jerusalén, y Pinsker, Autoemancipación, 1882), Herzl publicó en febrero de 1896, en Viena, su libro Der Judenstaat (El estado de los Judíos), punto de partida del movimiento sionista, término acuñado por Nathan Birnbaum, otro intelectual judío vienés, libro en el que exponía una tesis clara y revolucionaria: la apelación a la creación de un estado judío, que Herzl, hombre de formación liberal, occidentalista y nada religioso concebía como un estado libre, laico y socialmente igualitario, que esperaba lograr mediante negociaciones con los líderes de las grandes potencias y aún con el Sultán turco, preferentemente en Palestina, pero sin descartar otras posibilidades, como Argentina o incluso, Uganda. Herzl murió en 1904 con sólo cuarenta y cuatro años. Había logrado reunir cinco grandes congresos sionistas, lanzar un periódico, crear un movimiento organizado, aglutinar a un núcleo de importantes colaboradores (como Max Nordau, Israel Zangwill y otros) y apasionar en torno a sus ideas y proyectos a las comunidades judías de Austria-Hungría, Rusia e Imperio Otomano. Y también dividirlas: Syrkin, Borokhov y Aharon David Gordon expondrían la teoría de un sionismo socialista, cuya primera manifestación sería el partido Poaleï Zion, Obreros de Sion, creado en Palestina a principios del siglo XX; Vladimir Zeev Jabotinsky (1880-1940), un intelectual ruso occidentalizado, sionista desde 1903, que emigró a Palestina al final de la I Guerra Mundial, desarrollaría ya en la década de 1920 un sionismo ultranacionalista e integral, basado en una concepción orgánica de la nación judía y en la exaltación de la fuerza; Ahad HaAm («Uno del Pueblo»), seudónimo del ensayista Asher Ginzberg (1856-1927), opondría al sionismo político el sionismo cultural: Israel como centro espiritual, y no político, del pueblo judío[23].

Karl Kraus, que era también judío, aunque plenamente asimilado, satirizó ferozmente a Herzl en su obra Una Corona para Sión, de 1898. Era una indicación de que pocos observadores acertaron a prever las consecuencias del sionismo. Ni siquiera Balfour, el ministro de Asuntos Exteriores británico, que en la carta que el 31 de octubre de 1917 escribía a Lord Rorthschild, presidente de la federación sionista de Gran Bretaña, le manifestaba la simpatía con la que el gobierno británico vería la creación de un «hogar judío» en Palestina, siempre que no atentase a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías de la región. «Hogar judío» era, en efecto, una expresión muy ambigua, no necesariamente igual a «estado judío»; tanto más ambigua, además, cuanto que en octubre de 1917 Palestina no pertenecía a Gran Bretaña y que el propio gabinete británico estaba dividido respecto a la declaración de su ministro. Pocos podían sospechar que con el libro de Herzl había nacido «una terrible belleza», por utilizar la expresión que el poeta Yeats usaría, con singular acierto, para definir otro hecho dramático del nacionalismo, ya comentado anteriormente: el levantamiento irlandés, en Dublín, durante la Pascua de Resurrección de 1916.

CAPÍTULO II

LA FASCISTIZACIÓN DEL NACIONALISMO

«El presente estudio ha sido escrito —decían en 1939 los autores de Nationalism, libro preparado por el prestigioso Royal Institute of International Affairs de Londres— porque el desarrollo contemporáneo del nacionalismo parece amenazar el futuro mismo de la civilización»[1]. Los autores, un grupo de expertos dirigidos por el historiador E.H. Carr, se referían sobre todo al nacionalismo de estado, a los regímenes totalitarios de Mussolini y Hitler, formas extremas, efectivamente, del nacionalismo; podían haber añadido el militarismo japonés, un fascismo desde arriba. Pero advertían contra toda distinción entre nacionalismos. Su tesis era que, por la exaltación de la idea de nación y por su emocionalidad particularmente intensa como forma de sentimiento de grupo, el nacionalismo, aún asociado en el siglo XIX a lucha por la emancipación nacional, era por definición agresivo, y difícilmente compatible, por ello, con la libertad individual y la democracia liberal. Retengamos, por ahora, lo esencial: en 1900 el nacionalismo era, como filosofía política, como emoción de masas, como organización (movimientos, partidos, asociaciones), una realidad social y política insoslayable; en 1939 era, en tanto que componente fundamental de regímenes fascistas y autoritarios, una amenaza para la civilización. En esa evolución las circunstancias históricas —las consecuencias políticas y sociales de la I Guerra Mundial (1914-1918), los acuerdos de paz que de ella se derivaron, la gran depresión económica mundial que se extendió a partir de 1929— fueron ciertamente determinantes. La guerra propició, en efecto, el auge del fascismo y de la dictadura, la crisis del orden colonial y el fracaso de las nuevas naciones creadas en Europa en 1919, hechos fundamentales, como iremos viendo, e inseparables de la propia historia del nacionalismo.

EL TRIUNFO DE LA NACIONALIDAD

Inicialmente, sin embargo, el final de la I Guerra Mundial, al conllevar la desaparición de los imperios austrohúngaro, ruso, alemán y otomano, la creación de nuevos países democráticos y la aparición de un nuevo orden internacional sobre la base de una comunidad de naciones, fue visto como el triunfo de la democracia. El esfuerzo que por cimentar una paz duradera se hizo en la Conferencia Internacional de París (18 de enero de 1919 a 20 de enero de 1920) y en los tratados de Versalles, Saint-Germain, Neuilly, Trianón y Sèvres resultantes de ella, fue, en efecto, extraordinario. Los vencedores rehicieron literalmente el mundo, tomando como base para ello los catorce puntos que el presidente norteamericano Wilson había hecho públicos en enero de 1918 y que contemplaban, junto a propuestas como la liberación de los territorios rusos ocupados, la evacuación y restablecimiento de Bélgica, Rumanía, Serbia y Montenegro o la creación de una Polonia independiente, acuerdos sobre los problemas coloniales respetando los derechos de las poblaciones autóctonas y los intereses de las metrópolis, la devolución a Francia de Alsacia y Lorena, la rectificación de las fronteras italianas, la garantía inmediata de un desarrollo autónomo para los pueblos de Austria-Hungría, la seguridad de existencia para las regiones no turcas del Imperio Otomano y la creación de una asociación general de naciones para regular el orden internacional[2].

Esta última, la Sociedad de Naciones, se constituyó en Ginebra el 16 de enero de 1920, como el organismo que, a modo de asamblea democrática de naciones soberanas (inicialmente cuarenta y dos países), debía garantizar la cooperación entre ellas y la resolución mediante el arbitraje y la diplomacia abierta de conflictos y disputas internacionales, completado además con la Organización Internacional del Trabajo, para extender la legislación laboral, y con el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya. El Tratado de Versalles, aceptado por las partes el 28 de junio de 1919, obligó a Alemania a devolver Alsacia y Lorena a Francia, a entregar sus colonias a Gran Bretaña, Francia y Sudáfrica bajo la fórmula de «mandatos» (y las de Asia, a Japón, Australia y Nueva Zelanda) y a ceder parte de sus territorios del este a la nueva Polonia (y Schleswig a Dinamarca). Le prohibía expresamente la unión con Austria; la región del Saar quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones y ocupación francesa hasta 1935; la del Rhin, ocupada también por fuerzas aliadas, fue desmilitarizada. En el este, se reconstruyó, efectivamente, Polonia. Danzig, ciudad de mayoría alemana en territorio polaco, fue declarada Ciudad Libre pero se trazó un «pasillo polaco» entre Danzig y la frontera alemana para permitir el acceso de Polonia al mar, cortando así Prusia oriental del resto de Alemania; el puerto de Memel fue entregado, bajo control internacional, a Lituania. Al dejar sin efecto tratados firmados entre Alemania y Rusia durante la guerra, Versalles reconoció, además, a Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia como países independientes.

Los tratados de Saint-Germain y Trianon dividieron, a su vez, el Imperio austrohúngaro. Checoslovaquia, representada en París por Benes, y el reino de Yugoslavia, formado por la incorporación a Serbia de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, fueron reconocidos como países de pleno derecho. Austria quedó reducida a un pequeño país de seis millones de habitantes, y Hungría, que perdió dos terceras partes de su territorio, a otro de ocho millones (veinte millones antes de la guerra). Transilvania, región ex húngara de población mayoritariamente magiar, y Bucovina fueron entregadas a Rumanía. Galitzia y parte de la Alta Silesia alemana, ésta tras un plebiscito, quedaron incorporadas a la nueva Polonia, cuya frontera oriental con Rusia fue trazada en 1920 por el ministro de Exteriores británico, Lord Curzon. El sur del Tirol (Trento), Trieste y la península de Istria —pero excluyendo el puerto de Fiume (Rijeka)— pasaron a Italia. Por el tratado de Neuilly, Bulgaria cedió la Dobrudja del sur a Rumanía, y Tracia occidental a Grecia (y perdió así acceso directo al Mediterráneo).

Incluso con enormes dificultades, se logró también un acuerdo respecto del Imperio Otomano, objeto en principio del Tratado de Sèvres. El Sultán Mohamed VI (1918-1922) se mostró dispuesto a ceder Tracia oriental a Grecia, a dejar que la ciudad turca de Esmirna (Izmir) fuese administrada por Grecia durante cinco años, a desmilitarizar los Estrechos y a que los territorios no turcos del Imperio (Armenia, Kurdistán, Siria, Líbano, Palestina, Irak y Transjordania) se constituyeran en Estados o independientes o autónomos. La oposición del nacionalismo turco al tratado, en razón de la dureza de los términos, provocó la reacción militar, liderada por Mustafá Kemal (1881-1938), general inspector del 9º ejército, estacionado en Anatolia. Kemal ocupó rápidamente esa Península —la parte sustancial del Imperio—, organizó elecciones, reunió un parlamento nacional en Ankara, que le designó jefe del gobierno en abril de 1920, y declaró la guerra a Grecia; y tras derrotar en varios combates a los griegos, expulsarles de Esmirna y obligarles a aceptar un armisticio (octubre de 1922), abolió el sultanato —y en marzo de 1924, el califato, dignidad de sucesión de Mahoma—, proclamando la República (29 de octubre de 1923). Los aliados, después de que los ingleses, estacionados en Chanak, en los Dardanelos, se vieran al borde de la guerra, aceptaron revisar el Tratado de Sèvres: reconocieron (Tratado de Lausana, 12 de julio de 1923) una Turquía integrada por Anatolia, Armenia, Kurdistán y Tracia oriental, le concedieron la posesión neutralizada de los Estrechos y aceptaron abandonar Constantinopla (Estambul), que había quedado bajo su control desde el 30 de octubre de 1918. Turquía no pagaría indemnizaciones de guerra. A cambio, renunciaba a los territorios no turcos de Oriente Medio, ocupados por ingleses, franceses y árabes desde la guerra mundial, región sobre la que en 1920 Francia y Gran Bretaña habían proclamado, y así les fue reconocido por la comunidad internacional, sus mandatos respectivos sobre Siria y Líbano (Francia) y sobre Irak, Transjordania y Palestina (Gran Bretaña), según el pacto secreto que en mayo de 1916 habían negociado los diplomáticos Sir Mark Sykes y François Georges-Picot.

La I Guerra Mundial supuso, pues, el triunfo de la nacionalidad, de la pequeña nación, del nacionalismo, si se quiere: «Wilson y muchos de quienes negociaron los tratados de paz —escribía en 1939, el ya mencionado E.H.Carr en The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939— vieron en la autodeterminación nacional la clave para la paz mundial»[3]. Fue un error. Aún aplicada muy parcialmente, la autodeterminación contribuiría a hacer el mundo más inestable. El nuevo orden creado por la I Guerra Mundial nació en realidad —lo iremos viendo en las páginas que siguen— bajo el signo de la inestabilidad y los conflictos. En París, las potencias europeas buscaron ante todo satisfacer sus propias reivindicaciones (Francia, recuperar Alsacia y Lorena; Italia, la Italia irredenta), apoyar a sus aliados en la guerra (serbios, rumanos, checos…) y no hacer un uso generalizado del principio de la autodeterminación. Éste se prestaba además a interpretaciones muy distintas, si no antagónicas. La idea de autogobierno no se aplicó ni a los pueblos colonizados (al contrario: acaba de mencionarse el acuerdo franco-británico sobre Oriente Medio), ni a muchas minorías internas de los nuevos países del centro y del este europeos, cuyo destino quedó, en el mejor de los casos, vagamente encomendado a la protección de la recién creada Sociedad de Naciones. El triunfo de la nacionalidad se produjo, de hecho, en las peores condiciones históricas posibles. Las nuevas naciones del centro y este de Europa, especialmente, nacieron condicionadas por el doble peso de la herencia de la guerra (gravísimos daños materiales, fuerte endeudamiento exterior, inflación, inestabilidad monetaria, pago de reparaciones en el caso de los países derrotados, sostenimiento de ex combatientes, viudas y huérfanos, desempleo) y por las casi insalvables dificultades que los problemas de tipo étnico y los conflictos fronterizos plantearían en cada caso a la propia construcción nacional: el problema de la integración nacional, concretamente, iba a ser en todas y cada una de ellas, como tendremos ocasión de ver, formidable (tal fue la causa de que se pensara en la conveniencia de mantener como factor de estabilidad algunos pequeños estados multinacionales como Checoslovaquia y el reino yugoslavo). El futuro de la región quedó hipotecado por el legado de la guerra. Polonia se vio de inmediato —de abril a octubre de 1920— implicada en una durísima guerra con la Rusia soviética y en una agria disputa con Lituania en torno a Vilna. En Hungría, el fin del imperio dio paso a una república democrática (noviembre de 1918-marzo de 1919) y ésta, a una revolución comunista (marzo-agosto de 1919), abortada por la intervención de unidades del ejército rumano en apoyo de las fuerzas contrarrevolucionarias del almirante Horthy, que entre 1920 y 1944 estableció una dictadura personal, un régimen autoritario, anti-semita y contrarrevolucionario, bajo la fórmula de una regencia de una monarquía que nunca restauró. En Austria, constituida como república en 1920, los años 1919-1921 fueron años de crisis, de desmoralización colectiva, de inflación y hambre. El gobierno del canciller cristiano-social Ignaz Seipel hubo de apelar a la Sociedad de Naciones para negociar la concesión de un crédito internacional que financiase la reconstrucción del país: la economía austriaca quedó bajo control de un delegado de la SND desde octubre de 1922 a julio de 1926. En el Reino de los serbios, croatas y eslovenos —el nombre de Yugoslavia no se adoptó oficialmente hasta octubre de 1929—, los conflictos étnico-nacionalistas debidos sobre todo a la oposición croata a la constitución de 1921, estallaron pronto. En 1928, el principal dirigente croata, Stjepan Radic, sería asesinado en el propio parlamento nacional por un diputado serbio.

Además, el reconocimiento por los aliados del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades centroeuropeas reforzó en todas partes las aspiraciones de los movimientos nacionalistas e independentistas. Más adelante veremos el efecto que todo ello tuvo sobre el orden colonial. En Gran Bretaña, coincidió con el resurgimiento del nacionalismo irlandés. En las elecciones de diciembre de 1918, el partido independentista Sinn Fein logró setenta y tres de los ciento siete escaños de Irlanda (frente a seis de los nacionalistas moderados y veintiséis de los unionistas protestantes del Ulster): el 21 de enero de 1919, los parlamentarios electos del Sinn Fein se constituyeron en Dublín en parlamento Irlandés y proclamaron la independencia de Irlanda. Disueltos el parlamento Irlandés y el Sinn Fein por las autoridades británicas y detenidos (o exiliados) sus principales dirigentes, Michael Collins reorganizó en la clandestinidad el ejército Republicano Irlandés (IRA). No habría ya barricadas al estilo del levantamiento de Pascua de 1916: Collins inventó el terrorismo nacionalista. Bajo su dirección, el IRA desencadenó a partir de principios de 1920 una violentísima campaña de atentados terroristas contra objetivos ingleses, a la que la policía anglo-irlandesa y las fuerzas auxiliares reclutadas (entre ex combatientes) para reforzarla —los llamados Black and Tans (Negros y Marrones), por el color de sus uniformes— respondieron con una durísima política de represalias que incluyó atentados y asesinatos igualmente brutales. Irlanda vivió dos años de virtual guerra abierta. El 21 de noviembre de 1920, el IRA asesinó en Dublín, a sangre fría, en sus casas, a once oficiales del ejército inglés. Como venganza, los Black and Tans abrieron fuego contra el público que asistía a un encuentro de fútbol gaélico y mataron a doce personas; poco después, incendiaron el ayuntamiento de la localidad de Cork, uno de los enclaves sinnfeinieristas. Sólo en 1920, el IRA dio muerte a ciento setenta y seis policías y a cincuenta y cuatro militares ingleses y a otros doscientos veintitrés policías y noventa y cuatro militares en los seis primeros meses de 1921. Entre enero de 1919 y julio de 1921, la organización irlandesa y sus simpatizantes sufrieron setecientas cincuenta y dos bajas mortales. A la vista de la situación y de la creciente oposición de la opinión inglesa a la guerra y a los métodos de los auxiliares, el gobierno británico, presidido por Lloyd George, aprobó en diciembre de 1920 una Ley del gobierno de Irlanda que dividía la isla en dos regiones autónomas, el Ulster o Irlanda del Norte (seis condados) e Irlanda del Sur (veintiséis condados), cada una con su propio parlamento —el del Sur, copado literalmente por el Sinn Fein en las elecciones regionales que tuvieron lugar en mayo de 1921—y bajo la autoridad de un Consejo de Irlanda. Luego, el gobierno fue atrayendo a los líderes irlandeses (De Valera, Griffith, Collins), primero hacia una tregua, que se acordó en julio de 1921, y posteriormente, a la firma de un acuerdo definitivo, que, merced a la habilidad negociadora de Lloyd George y al pragmatismo de la delegación irlandesa, encabezada por Michael Collins, se suscribió el 6 de diciembre de 1921: Irlanda del Sur se convertía en el estado Libre de Irlanda, con categoría de dominio, equiparable a Canadá, dentro de la Comunidad británica de Naciones. Irlanda del Norte, donde en las elecciones de mayo de 1921 se habían impuesto los unionistas bajo el liderazgo de James Craig, quedaba como región autónoma dentro de Gran Bretaña. El acuerdo tuvo, sin embargo, contrapartidas. El parlamento de Dublín aceptó el tratado, pero una parte del Sinn Fein, encabezada por De Valera, la rechazó. Collins, elegido primer ministro de la nueva Irlanda, fue asesinado en agosto de 1922: la guerra civil entre las dos facciones del Sinn Fein se prolongó hasta la primavera de 1923[4].

En 1921 el secretario de estado norteamericano, Robert Lansing, tenía, por tanto, ya buenas razones para decir, como dijo, que la autodeterminación era un principio «cargado con dinamita»: «Levantará —añadió— esperanzas que nunca podrán ser satisfechas. Costará, me temo, miles de vidas…»[5]. Además, no era sólo el problema de la nacionalidad. La I Guerra Mundial había cambiado el clima moral de Europa y por extensión, del mundo contemporáneo. Dejó un balance de diez millones de muertos y cerca de treinta millones de heridos, una gigantesca catástrofe humana y demográfica, y destrucciones y devastaciones a escala desconocida, con un coste incalculable. Alemania perdió 1.950.000 hombres; Rusia, 1.700.000; Francia, 1.500.000; Gran Bretaña y su Imperio, 1.000.000; Austria-Hungría, una cifra similar; Italia, 533.000 muertos; Serbia y Turquía, en torno a los 325.000 cada una; Rumanía, 158.000; los Estados Unidos, 116.000 y cifras ya menores, Bulgaria, Portugal, Grecia y Montenegro. La guerra creó o confirmó la tesis de la decadencia de Occidente, por utilizar el título de la conocida obra de Spengler aparecida precisamente en 1918. Exaltó los valores de la guerra y del militarismo. Generó en los países o derrotados o insatisfechos con los acuerdos de paz de 1919-1920 (recuérdese lo dicho sobre Turquía) un nacionalismo exacerbado, asociado en general a los ex combatientes, un nuevo tipo social, integrado por decenas de millones de personas, definido por una mentalidad patriótica y militarista identificada con el recuerdo de la guerra, y por una abierta hostilidad a la democracia, a los partidos políticos y a la vida parlamentaria en tanto que instrumentos de división nacional. Cuando en Italia se supo en 1919 que el puerto de Fiume (Rijeka), ciudad con un 62,5 por ciento de población italiana, no sería reintegrado sino que quedaría como ciudad libre, milicias de ex combatientes al mando del escritor D’Annunzio ocuparon (12 de septiembre) la ciudad. Pudo parecer una operación rocambolesca: D’Annunzio administró Fiume durante dieciséis meses con una constitución altisonante e impracticable de carácter nacional-sindicalista, y creó allí los símbolos y rituales que luego adoptaría el fascismo (como la camisa negra y el saludo romano)[6].

La guerra había trastocado toda la economía mundial. Las economías de posguerra tuvieron que hacer frente a fuertes crisis inflacionarias —Alemania fue el caso extremo— y a una acusada inestabilidad monetaria. Hasta 1924 no fue posible ni restablecer la estabilidad económica ni relanzar la producción y el comercio internacionales. Los años 1919-1922 fueron en toda Europa y en los Estados Unidos años de una intensa agitación laboral que hizo pensar que el mundo occidental estaba abocado a una situación revolucionaria (a lo que contribuyeron desde luego el ejemplo de la revolución rusa de 1917 y la creación en toda Europa de partidos comunistas alineados con las posiciones del nuevo régimen soviético). En los Estados Unidos, hubo verdadero «pánico rojo» ante las amplias y muy duras huelgas que sacudieron el sector del acero en los años 1919 y 1920. En Francia, el número de jornadas perdidas en conflictos laborales pasó de 980.000 en 1918 a 23.112.000 en 1920. Hubo graves incidentes en París durante la manifestación del 1 de mayo de 1919; y luego, en junio, una violenta huelga de metalúrgicos del «cinturón rojo» de la capital. En 1920, las huelgas se extendieron a los ferrocarriles, las minas, los puertos y la construcción. En Gran Bretaña, las jornadas perdidas pasaron de 5.875.000 en 1918 a 26.568.000 en 1920: en 1919 y 1920, se registraron graves y violentas huelgas de ferroviarios, mineros, metalúrgicos y estibadores de los puertos (y hasta de la policía). En septiembre de 1919, se declaró la huelga nacional de ferroviarios contra las medidas de recortes presupuestarios aprobadas por el gobierno; en octubre-noviembre de 1920, la huelga general minera contra la reprivatización de las minas. Del 5 al 11 de enero de 1919, la extrema izquierda alemana (los espartaquistas, el Partido Comunista de Alemania) desencadenó en Berlín una insurrección armada, la llamada «semana roja», un intento de capitalizar el descontento social y desbordar el proceso democrático iniciado el 10 de noviembre de 1918 con la caída del imperio y la proclamación de la república, para tomar el poder e implantar un régimen revolucionario basado en los consejos obreros surgidos en las jornadas finales de la guerra. El asesinato en Munich, el 21 de febrero de 1919, del dirigente de la autoproclamada República de Baviera, Kurt Eisner, por grupos de la ultra derecha provocó, ya en abril, un nuevo estallido revolucionario. En Hungría, comunistas y socialdemócratas derribaron en marzo de 1919 al débil gobierno liberal de Károlyi formado tras la disolución de Austria-Hungría y, durante cuatro meses y medio, establecieron un estado comunista, presidido por Bela Kun (1886-1937). Huelgas, ocupaciones de fábricas y de tierras y motines urbanos fueron práctica común en Italia en 1919 y 1920, el biennio rosso: unos cuatrocientos mil trabajadores metalúrgicos ocuparon en septiembre de 1920, durante cuatro semanas, las principales factorías y astilleros del país en apoyo de sus reivindicaciones salariales.

Ciertamente, la paz conllevó avances democráticos. Muchos países introdujeron a partir de 1919 el sufragio femenino o formas de representación proporcional en las elecciones. La social-democracia apareció en muchos puntos como una alternativa real de gobierno: los laboristas llegaron al poder en Gran Bretaña en 1924. Los partidos de masas avanzaron electoralmente en todas partes. Casi todas las constituciones de los nuevos países creados tras la guerra fueron constituciones impecablemente democráticas: por ejemplo, la constitución del nuevo régimen alemán, la República de Weimar, de 31 de julio de 1919. La política y la misma naturaleza del estado se transformarían irreversiblemente. Aunque el proceso hubiese empezado antes, fue sobre todo a partir de la I Guerra Mundial cuando los gobiernos asumirían la responsabilidad de la prosperidad económica, del empleo y de la seguridad social: la jornada laboral de ocho horas, por ejemplo, fue acordada en numerosísimos países en 1919.

Con todo, la guerra había destruido el optimismo y la fe en la idea de progreso y en la capacidad de la sociedad occidental para garantizar de forma ordenada la convivencia y la libertad civil. El caso de Alemania fue especialmente significativo. La República de Weimar, el régimen que reemplazó al viejo Imperio alemán, padeció de una doble ilegitimidad de origen. Para la extrema izquierda, representó la derrota de la revolución, por la represión de los intentos insurreccionales de los meses de diciembre de 1918 a abril de 1919, ya mencionados, y de los nuevos intentos revolucionarios de marzo de 1920 (en el Ruhr) y de octubre de 1923 (en Sajonia). Para la extrema derecha, que nunca aceptó la República —el 13 de marzo de 1920, hubo ya un conato, fallido, de golpe monárquico en Berlín—, Weimar significó la traición nacional, la aceptación del humillante Tratado de Versalles. La República de Weimar fue, además, un régimen políticamente débil (gobiernos de coalición, gran inestabilidad gubernamental), en el que el partido socialista, primer partido del país y eje del régimen, hubo de gobernar (lo hizo desde 1919 a 1930) apoyándose en partidos o del centro o de la derecha moderada. Ni el ejército ni la justicia, por ejemplo, pudieron ser reformados: la república dependió en todo momento de un ejército mayoritariamente conservador y ajeno a los valores democráticos del nuevo orden político. La crisis económica de la posguerra, agravada por la cuestión del pago de las reparaciones de guerra, terminó por provocar, en 1921-1923, el primer proceso hiperinflacionista de la historia: el daño político y social causado así a la nueva democracia alemana fue irreversible, a pesar de la prosperidad y estabilidad —a la postre, ficticias— que Alemania experimentó, superada la crisis de la posguerra, entre 1925 y 1929. La ultraderecha, liderada ya por Hitler y los nazis, intentó promover desde Munich un golpe contra la República en noviembre de 1923. El putsch de la cervecería, nombre que se dio a la intentona, fracasó; Hitler mismo fue encarcelado y procesado. Pero el episodio fue en sí mismo revelador y desde luego, a la vista de lo que sucedería en 1933, premonitorio[7].

La estabilidad de la democracia en la Europa de la posguerra —en Alemania y en otros países— habría necesitado que los valores y la cultura democráticos estuvieran profundamente enraizados en la conciencia popular. Eso fue precisamente, como estamos viendo, lo que la guerra mundial había destruido. La moral de la posguerra —nueva permisividad, vida como placer y consumo, crisis de ideas religiosas— suponía la cristalización de una desmoralización colectiva que parecía amenazar los valores y las convenciones que habían dado hasta entonces cohesión y sentido al orden social. «Muchas gentes —escribía Ortega y Gasset en julio de 1923 en la Revista de Occidente— comienzan a sentir la penosa impresión de ver su existencia invadida por el caos»[8], cambio que en La rebelión de las masas (1930) atribuiría a la aparición del hombre-masa, que había entronizado la vulgaridad política y propiciado que Europa se hubiese quedado sin moral. En esa crisis, el nacionalismo, el ethos de la violencia revolucionaria, las tentaciones fascista y comunista, las filosofías irracionalistas, adquirieron una vigencia social extraordinaria. Parte considerable de la sociedad confiaría en adelante —ya lo veremos— en soluciones políticas de naturaleza autoritaria. La guerra mundial ya había provocado en Rusia la caída del zarismo y el triunfo, en octubre de 1917, de la revolución bolchevique; tras la llegada del fascismo al poder en Italia en 1922 y en Alemania en 1933, parecería que el mundo había entrado en la era de las dictaduras. El régimen comunista ruso, el fascismo italiano y el nacional-socialismo alemán —a los que enseguida se hará referencia— iban a ser un fenómeno nuevo en la historia, regímenes dictatoriales de partido único, basados en la plena centralización del poder y en el control y encuadramiento de la sociedad por el estado mediante el uso sistemático de la represión y de la propaganda, al servicio de políticas de planificación estatal del crecimiento industrial y económico y de engrandecimiento militar. El régimen ruso se legitimó en la ética de la revolución y del proletariado; los regímenes fascista y nazi, en la retórica emocional del nacionalismo.

FASCISMO Y NACIONALISMO: EL MODELO ITALIANO[9]

La guerra creó, en efecto, las condiciones para el fascismo, el movimiento creado en Italia en 1919 por Mussolini y que le llevó al poder entre 1922 y 1945, y los movimientos de ultra derecha que, al hilo del ejemplo italiano, surgieron en Alemania (nazismo), España (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, Falange), Rumanía (Guardia de Hierro), Bélgica (Christus Rex), Hungría (La Cruz y la Flecha), Austria (por un lado, la Heimwehr o milicias nacionales paramilitares; por otro, el Partido-Nacional Socialista), Croacia (Ustacha), Francia, Gran Bretaña (Unión Británica de Fascistas), Holanda, Finlandia, y aún en Sudáfrica, Brasil, Argentina y México (sinarquismo), todos ellos movimientos ultranacionalistas, antiliberales, anticomunistas, antimarxistas (y algunos, racistas y anti-semitas) en nombre de «revoluciones» nacionales y «Estados nuevos» basados en liderazgos fuertes, la exaltación de la patria y la destrucción de la democracia. El fascismo tuvo un desarrollo evidente pero desigual. Llegó al poder en Italia y Alemania; lo hizo también en Croacia, en 1941, pero como consecuencia de la ocupación de Yugoslavia por el ejército alemán, y de la división del país y creación por los alemanes de una Croacia independiente bajo el mando de la Ustacha, traducible como Insurgencia, de Ante Pavelic (el régimen que Hitler impuso en Eslovaquia, tras ocupar y dividir Checoeslovaquia en marzo de 1939, dirigido por el Partido Popular Eslovaco de Andrej Hlinka y Monseñor Tiso fue más un régimen clerical y tradicional que un régimen fascista aunque fuera fanáticamente anti-semita). El fascismo, por retomar el argumento, fue importante en Austria, Hungría y Rumanía, lo fue menos en Bélgica, Francia, España y Finlandia, y poco en Grecia, Bulgaria, Polonia, y en los nuevos estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia; no prosperó en países (Gran Bretaña, los países escandinavos) donde los valores democráticos impregnaban ya de antiguo la vida política.

En efecto, en Hungría, Gyula Gömbos, un oficial del ejército vinculado a uno de los grupos fascistas creados en 1919, fue nombrado primer ministro en 1932. Paralelamente, el Partido de la Voluntad Nacional (o Movimiento Hungarista o La Cruz y la Flecha, por el emblema del partido: una cruz flechada), creado en 1935 por fusión de varios de los grupúsculos y ligas ultraderechistas y nacionalistas surgidas desde 1919 y dirigido por otro oficial, Ferenc Szalasi, cristalizaría en un verdadero movimiento de masas, con amplio apoyo campesino y obrero: en las elecciones de 1939 La Cruz y la Flecha obtuvo, efectivamente, cerca de setecientos cincuenta mil votos —de un electorado de dos millones y medio— y treinta y un escaños (en una cámara de doscientos cincuenta y nueve diputados). Igualmente, en Rumanía, la Guardia de Hierro (o Legión del Arcángel San Miguel, según su nombre original), creada en 1927 por Corneliu Z. Codreanu (1899-1938), un estudiante nacionalista, visionario y fanático —al estilo de Hitler—, movido, además, por una especie de misión de salvación cristiana de Rumanía, obtuvo en las elecciones de 1937, sesenta y seis de los trescientos noventa escaños del parlamento, lo que hizo de ella la tercera fuerza del país; sólo la instauración en 1938 de la dictadura del rey Carol (catorce dirigentes del partido, entre ellos Codreanu, serían violentamente eliminados) detuvo su ascensión.

En Francia, en cambio, donde Acción Francesa había creado desde 1899, como vimos, el núcleo principal de las ideas del nacionalismo reaccionario del siglo XX, proliferaron desde los años veinte las ligas, movimientos y grupos fascistizantes (como Faisceau, o la asociación de excombatientes Croix de feu presidida por el teniente coronel De La Rocque, o como el francismo de Bucard, o el Partido Popular Francés de Doriot), pero casi ninguno adquirió una fuerza política de relieve, aunque las Croix de feu dirían tener en 1934 unos cien mil afiliados y el PPF, creado en julio de 1936, trescientos mil, entre otras razones porque la mística antifascista creada a partir de 1933 por la izquierda, y sobre todo por escritores e intelectuales, ganó en Francia la batalla de las ideas. La misma Acción Francesa había derivado con el tiempo hacia el tradicionalismo monárquico, y en los años treinta, era una asociación abiertamente elitista, prestigiosa en medios intelectuales y universitarios católicos y aristocráticos, y hostil a la idea misma de la movilización de masas. En Holanda y Finlandia el voto nazi estuvo en torno al 8 por ciento; el rexismo belga logró en 1936 el 11 por ciento de los votos y veintiún escaños; en Suecia, Dinamarca y Noruega, el voto fascista o nazi no llegó nunca al 2 por ciento. En España, ideas, dirigentes y símbolos del principal grupo fascista, la Falange (la camisa azul, el grito Arriba España, el himno Cara al sol, el saludo fascista, el yugo y las flechas, la bandera roja y negra, la revolución nacional-sindicalista), tuvieron papel destacadísimo en el movimiento militar contra la República de 1931 que estalló en julio de 1936, y en la dictadura del general Franco que, como consecuencia, se implantó en el país hasta 1975; pero Falange, creada en 1933, podía tener a principios de 1936 unos veinte mil afiliados, y en las únicas elecciones a las que concurrió, en febrero de 1936, no logró (si bien sólo se presentó en unas pocas provincias) ni el 1 por ciento de los votos.

El fascismo distaba, además, de ser un fenómeno genérico y homogéneo. Las diferencias, por ejemplo, entre el nacional-socialismo alemán y el fascismo italiano eran, como se verá más adelante, considerables. En Austria, la Heimwehr, un fascismo estrictamente austriaco, y el Partido Nacional-Socialista, grupo nazi pro alemán, estaban profunda y violentamente enfrentados: la Heimwehr aplastaría en julio de 1934 el intento insurreccional de los nazis austriacos. El rexismo belga era exaltadamente monárquico y católico y la Guardia de Hierro rumana era de inspiración cristiana; Falange hacía de la religión católica la clave de la nacionalidad española en la historia y decía que la incorporaría a la futura «revolución nacional». La mayoría de los fascismos eran, sin embargo, aconfesionales, ateos o anticlericales. La Ustacha croata y la Guardia rumana recurrieron al terrorismo. Fascistas italianos y nazis alemanes, y en mucho menor medida los falangistas españoles, hicieron de la violencia callejera una forma de acción política y de intimidación de la población: La Cruz y la Flecha húngara, sin embargo, renunció explícitamente al uso de la violencia. La mayoría de los fascismos fueron movimientos interclasistas, con apoyo preferente en las pequeñas burguesías urbanas y rurales, y militancia mayoritariamente joven. Pero el antes citado Partido Popular Francés fue un partido obrero; la Guardia de Hierro rumana la integraron sobre todo estudiantes y campesinos; la Falange española jóvenes y estudiantes de clase media, el rexismo belga sólo estudiantes, y La Cruz y la Flecha húngara fue un movimiento de desempleados, estudiantes y campesinos sin tierras. Mussolini y Hitler eran de origen modesto y oscuro. La élite nazi la integraban, como la del fascismo italiano, seudointelectuales, tipos desclasados e inadaptados. Starhemberg, el líder de la Heimwehr austríaca, y Mosley, el principal dirigente del fascismo británico, eran, por el contrario, aristócratas. Doriot, el líder del PPF francés, era obrero de fábrica; Szalasi, militar; Codreanu, estudiante. Mussert, el principal líder del fascismo holandés, era ingeniero; Ante Pavelic, el dirigente de la Ustacha croata, abogado; Degrelle, jefe del rexismo belga, periodista; Quisling, líder fascista noruego, ex oficial de artillería; Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, los creadores en 1931 de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, el primer embrión del fascismo español, eran de origen modesto; José Antonio Primo de Rivera, el líder de la Falange, que en 1934 absorbió a las JONS, era abogado y de una conocida familia militar con conexiones con la aristocracia: Falange contó en sus filas con un grupo no desdeñable de intelectuales (Sánchez Mazas, José María Alfaro, Giménez Caballero, Eugenio Montes, Agustín de Foxá, Ridruejo, Mourlane Michelena, el arquitecto Aizpúrua, etcétera).

Los distintos fascismos europeos fueron, en buena parte, fenómenos singulares y particulares definidos por su propia especificidad. Las interpretaciones sobre su origen y significación histórica se convirtieron en seguida en objeto de un muy amplio debate: fascismo como expresión del capitalismo y la burguesía en crisis; fascismo como rebelión de masas; fascismo como reacción de la pequeña burguesía urbana y rural; fascismo como modernización estatal y autoritaria, etcétera. Los movimientos fascistas, en cualquier caso, tenían estilos, ideas, programas y hasta mentalidades comunes, si bien combinados en grados muy distintos: ultranacionalismo, elementos militaristas e imperialistas, antiliberalismo, anticomunismo, sindicalismo nacional, agrarismo, populismo, a veces racismo y anti-semitismo, culto al líder y a la fuerza, autoritarismo, mística del heroísmo, de la acción y de la violencia y un estilo militar y disciplinadamente ritualizado. El fascismo fue, en definitiva, la forma «natural» del nacionalismo de la ultraderecha.

Así lo ejemplificó, con sus ideas, proyectos, realizaciones, características y contradicciones, el fascismo italiano, al fin y al cabo origen último de todo el movimiento. Fundado oficialmente el 23 de marzo de 1919, en el mitin convocado por Benito Mussolini, se celebró en un local de la plaza del Santo Sepulcro de Milán (con muy poca asistencia: ciento diecinueve personas), donde se crearon los Fasci di combattimento —integrados por excombatientes, sindicalistas revolucionarios y futuristas—, el fascismo italiano fue en realidad un movimiento heterogéneo nacido en principio sobre la idea de formar una organización nacional que, al margen del ámbito constitucional, defendiese los valores e ideales nacionalistas de los ex combatientes. Eran, desde el comienzo, ideas incoherentes, vagas, demagógicas: el primer manifiesto-programa, aprobado en la reunión del 23 de marzo, reivindicaba, por ejemplo, el espíritu revolucionario del movimiento e incluía medidas políticas radicales (proclamación de la República, abolición del Senado, derecho de voto para las mujeres), propuestas sociales y económicas avanzadas (abolición de las distinciones sociales, mejoras de todas las formas de asistencia social, supresión de bancos y bolsas, confiscación de bienes eclesiásticos y de los beneficios de guerra, impuesto extraordinario sobre el capital) y afirmaciones de exaltación de Italia en el mundo.

Falto de un verdadero cuerpo doctrinal (acción violenta y exaltación nacionalista fueron, en la práctica, sus primeros elementos definidores), el fascismo se definió, en principio, por su negatividad y ante todo, por el recurso sistemático a la agitación y a la violencia callejeras, y a un estilo paramilitar de actuación —marchas, banderas, uso de uniformes y camisas negras, exaltación del líder, adopción del saludo romano, eslóganes y gritos rituales—, como forma de acción política y de movilización de efectivos y masas. Fue, así, un movimiento antiliberal, antidemocrático y antiparlamentario, autoritario, ultranacionalista y violento, que usó una retórica confusa y oportunistamente revolucionaria, que combinó hábilmente la exacerbación patriótica, el anticomunismo y el populismo sindicalista y anticapitalista. Su núcleo dirigente —Mussolini, Bianchi, Grandi, Ferruccio Vecchi, Farinacci, Balbo, Bottai, Malaparte, Gentile, De Vecchi, De Bono, Carli y otros— lo formaron ex combatientes, antiguos sindicalistas revolucionarios y medianías intelectuales, esto es, pequeño burgueses, pero, como se decía más arriba, sobre todo inadaptados y desarraigados, como el propio Mussolini (1883-1945), hombre de origen modesto, ateo, anticlerical, de temperamento turbulento y agresivo y vida desordenada y anárquica, que desde que entró en política (lo hizo pronto y en el Partido Socialista) tendría fama de violento y revolucionario; una mentalidad combativa a la que su reacción ante la guerra mundial —asunto en el que pasó de alinearse con las tesis no intervencionistas del socialismo a abogar por la entrada en la guerra— añadió un ardiente sentimiento patriótico. La base social del movimiento la integraban elementos de todas las clases sociales, pero preferentemente de la pequeña burguesía urbana y rural y con un alto componente de jóvenes (como los Grupos Universitarios Fascistas creados en 1920). En julio de 1920, había ya 108 fascios locales con un total de 30.000 afiliados; a fines de 1921, las cifras eran, respectivamente, 830 y 250.000 (en 1927 se llegaría a los 938.000 afiliados; en 1939, a 2.633.000). La verdadera naturaleza del fascismo quedó, en cualquier caso, en evidencia desde el primer momento. El 15 de abril de 1919, grupos fascistas agredieron en Milán a los participantes en una manifestación de trabajadores convocada con motivo de la huelga general que paralizó la ciudad; luego, asaltaron y destruyeron los locales de Avanti, el diario socialista. Fascistas y nacionalistas figuraron a la cabeza de las grandes manifestaciones patrióticas que durante varios días tuvieron lugar en las principales ciudades italianas tras la retirada de la delegación italiana de la Conferencia de Paz de París, el 24 de abril de 1919, y en las que se organizaron más tarde en apoyo de la aventura de D’Annunzio en Fiume (septiembre de 1919-diciembre de 1920) y en contra de una posible intervención militar italiana contra ella.

Aunque la activa presencia callejera del fascismo no se tradujera en avances electorales sustantivos, el ascenso del fascismo a partir de 1920 se debió a lo ya dicho anteriormente: a su capacidad para postularse como única solución nueva y fuerte ante la crisis política y social —inestabilidad gubernamental, huelgas, inflación, desempleo, gigantesco endeudamiento exterior— que Italia vivía desde el final de la guerra mundial, y para afirmarse como alternativa de orden a un régimen liberal y parlamentario desacreditado y en decadencia, ante la amenaza de revolución social que, especialmente en el bienio rojo de 1919-1920, pareció cernirse sobre el país. La violencia desencadenada por las propias squadre fascistas, los grupos de choque del movimiento dirigidos por los líderes locales (Dino Grandi en Bolonia, Roberto Farinacci en Cremona, Italo Balbo en Ferrara, Giuseppe Bottai en Roma, Piero Marsich en Venecia, Perrone Compagni en Toscana) fue esencial. Concretamente, el fascismo agrario, el movimiento escuadrista que desde 1920 se extendió por el valle del Po bajo forma de expediciones punitivas de gran violencia contra dirigentes campesinos socialistas, comunistas y católicos y contra huelguistas y simpatizantes de la huelga, hizo del fascismo un verdadero movimiento de masas. El episodio decisivo tuvo lugar en Bolonia el 21 de noviembre de 1920: como represalia por la muerte de un concejal nacionalista en los incidentes que se produjeron en el acto de toma de posesión del nuevo ayuntamiento, los fascistas sembraron el terror, primero en la ciudad, luego en la provincia (Emilia, de fuerte tradición socialista), finalmente en todo el valle del Po. Sólo en 1921 murieron víctimas de la violencia fascista cerca de quinientas personas.

El oportunismo ideológico de los dirigentes fue igualmente decisivo. Desde 1920, el fascismo giró decididamente a la derecha. Explotando el temor al «peligro rojo» suscitado por la agitación obrera y campesina de 1919-1920, el fascismo buscó el apoyo de las organizaciones patronales y agrarias, moderó su anticlericalismo (incluso Mussolini manifestó en algún momento su respeto por la tradición católica y por el Vaticano) y matizó sus posturas sobre la monarquía. Al hilo de la riada de adhesiones recibidas a lo largo de 1921 —año en que llegaría a los trescientos veinte mil afiliados—, el fascismo pasó de ser un movimiento indisciplinado y heterogéneo a ser un partido político, el Partido Nacional Fascista, creado en el congreso celebrado en Roma del 7 al 9 de noviembre de 1921, con una organización estable y un liderazgo indiscutible (Mussolini). Los jefes locales del «escuadrismo» (Grandi, Farinacci, Balbo) se integraron en la estructura nacional del partido, una ratificación de la naturaleza violenta y totalitaria de la organización. Grandi habló en el congreso de socialismo nacional y de estado nacional- sindicalista, como ideas centrales del fascismo: el nuevo programa no rechazaba la monarquía y reconocía la función social de la propiedad privada.

El fascismo pudo así preparar el asalto al poder. A lo largo de 1922 se multiplicaron las movilizaciones de masas, verdaderas marchas sobre las ciudades, concentraciones disciplinadas y marciales de miles de fascistas uniformados y armados que, desfilando tras sus banderas, ocupaban durante horas calles, plazas y edificios de la localidad elegida y procedían a disolver los ayuntamientos y a expulsar a las autoridades locales; ante estas movilizaciones los gobiernos no se atrevieron a usar la fuerza y la izquierda se vio impotente. Desde mediados de octubre, los fascistas prepararon ya la marcha sobre Roma, una movilización militarizada de todos sus efectivos para converger desde distintas localidades sobre la capital, y exigir el poder: unos cuarenta mil «camisas negras» se reunieron en Nápoles el día 24 en un espectacular acto público presidido por Mussolini. Los planes, luego, no salieron como se había previsto y la misma marcha sobre Roma, organizada por los quadrumviros del partido —De Bono, Balbo, Bianchi y De Vecchi— tuvo mucho de fracaso: sólo lograron concentrar unos veintiséis mil camisas negras, mal equipados y sin víveres, y la lluvia que cayó torrencialmente durante todo el día 27 impidió que avanzaran. Pero, aun sin conquista revolucionaria, el fascismo llegó al poder: el 30 de octubre de 1922, al tiempo que miles de camisas negras desfilaban por Roma proclamando el triunfo del movimiento, Mussolini asumió por encargo del rey (convencido por personas de su entorno, como el líder conservador Salandra y los generales Diaz y Cittadini) la gobernación del país.

La creación de un régimen verdaderamente fascista no fue, sin embargo, inmediata. Ello se debió a que, como ya ha quedado dicho, el fascismo carecía de ideas y programas claros, coherentes y bien estructurados, y segundo, a que su llegada al poder había exigido evidentes compromisos políticos. La primera etapa de gobierno fascista, de octubre de 1922 a enero de 1925, fue así una etapa de transición, en la que la vida pública (parlamento, partidos, sindicatos, prensa) siguió funcionando bajo una cierta apariencia de normalidad constitucional. Mussolini siguió en ese tiempo una política económica liberal o por lo menos, no intervencionista y definida por la voluntad de favorecer el libre juego de la iniciativa privada, lo que en la práctica significó privatizaciones (teléfonos, seguros), incentivos fiscales a la inversión (los impuestos sobre los beneficios de guerra fueron reducidos), drásticas reducciones de los gastos del estado (por ejemplo, los militares) y estímulos a las exportaciones, política que permitió que la economía italiana, sobre todo el sector industrial, creciese notablemente entre 1922 y 1925, si bien al precio de una alta inflación anual y de una pérdida del valor de la lira en las cotizaciones internacionales.

En cuestiones internacionales, Mussolini se mostró igualmente ambiguo y contradictorio. No ahorró gestos que indicaban su oposición al Tratado de Versalles y a la Sociedad de Naciones, expresión de que la Italia fascista aspiraba a la revisión del orden internacional de 1919. Así, en septiembre de 1923, Italia bombardeó y ocupó militarmente la isla griega de Corfú, tras el asesinato poco antes de varios militares italianos que formaban parte de la delegación internacional que debía fijar la frontera greco-albanesa. En enero de 1924, firmó con la nueva Yugoslavia, al margen de la Sociedad de Naciones, un compromiso sobre Fiume, que pasaba a integrarse en Italia a cambio de concesiones importantes sobre los territorios del entorno de la ciudad. Igualmente, Mussolini firmó acuerdos comerciales con Alemania y la URSS —a la que reconoció enseguida— que contravenían claúsulas de la Paz de Versalles. Pero hubo también manifestaciones tranquilizadoras que parecían indicar que esa misma Italia fascista, pese a la retórica imperial y expansionista de sus dirigentes, podría jugar un papel internacional estabilizador. En diciembre de 1925, firmó el Tratado de Locarno, que garantizaba la inviolabilidad de las fronteras de Alemania, Francia y Bélgica, de acuerdo precisamente con el texto de Versalles. En 1928 se adhirió al pacto Kellog-Briand, suscrito por sesenta y dos naciones, en virtud del cual se declaraba ilegal la guerra. En 1929, Mussolini firmaba con el Vaticano los acuerdos de Letrán y sellaba la reconciliación entre el reino de Italia y la Santa Sede: Italia reconocía la soberanía de la ciudad-estado del Vaticano; la Santa Sede reconocía al reino de Italia y renunciaba a Roma. El gobierno italiano reconoció la religión católica como única religión del estado, indemnizó al Papa con una suma cuantiosa por las posesiones confiscadas tras la ocupación de Roma en 1870 y concedió a la Iglesia importantes privilegios en materia educativa.

Con todo, Mussolini tomó ya antes de 1925 iniciativas políticas significativas, pasos claros hacia la fascistización de las instituciones, el control del parlamento y el partido único. En diciembre de 1922, creó el Gran Consejo Fascista, de veintidós miembros, como órgano consultivo paralelo al parlamento. En enero de 1923, procedió a legalizar la Milicia Fascista —creada en el congreso del partido de 1921—, verdadero ejército del partido (uniformado y jerarquizado), colocándola bajo el control del citado Gran Consejo y encargándole la defensa del estado, lo que la convertía de hecho en un ejército paralelo (y en efecto, unidades de la Milicia, que tendría oficiales propios y que llegaría a los ochocientos mil efectivos en 1939, combatirían en Etiopía, en España y en la II Guerra Mundial). En febrero de 1923, procedió a la fusión del partido fascista con los nacionalistas de Corradini y sus sucesores Rocco y Federzoni. Más aún, en abril de 1923, Mussolini hizo aprobar al parlamento una nueva ley electoral en virtud de la cual la lista que obtuviera más del 25 por ciento de los votos recibiría el 66 por ciento de los diputados. En las elecciones, celebradas en abril de 1924 en un clima de extrema violencia intimidatoria, Mussolini y sus aliados (nacionalistas, liberales de la derecha y otros) lograron trescientos setenta y cuatro escaños (de ellos, doscientos setenta y cinco fascistas) de una cámara de quinientos treinta y cinco diputados. La oposición, integrada por liberales independientes, populares, socialistas-reformistas, socialistas y comunistas, obtuvo ciento sesenta escaños.

El giro definitivo hacia la dictadura y la creación de un sistema totalitario vino inmediatamente después, propiciado por la gravísima crisis política que siguió al secuestro el 30 de mayo de 1924 y posterior asesinato por una banda fascista —con conocimiento previo de la secretaría del partido— del principal líder de la oposición, el socialista Matteotti, un delito que provocó el estupor y la indignación nacionales, y un considerable desgaste del crédito internacional del régimen (se habló hasta de un posible golpe de estado contra Mussolini; el gobierno quedó paralizado y sin iniciativa durante algunos meses). Pero, al final, todo ello desembocó en una reafirmación del fascismo en el poder. Los «escuadristas» del partido fueron retomando la iniciativa. En agosto, las marchas fascistas volvieron a las calles. Cuando el 12 de septiembre fue asesinado un diputado del partido, las escuadras sembraron de nuevo el terror. Mussolini reaccionó: el 3 de enero de 1925, se presentó ante el parlamento y en un desafiante discurso que galvanizó a sus diputados y a todos los cuadros y militantes del fascismo, asumió toda la responsabilidad «moral e histórica» de lo acaecido.

Desde 1925, Mussolini y sus colaboradores procedieron a la creación de un régimen verdaderamente fascista, esto es, de una dictadura totalitaria del partido. Las tesis sobre el estado ético, encarnación ideal y jurídica de la nación, del filósofo Giovanni Gentile (1875-1944), ministro de Educación en el primer gobierno de Mussolini y uno de los hombres más influyentes en la formulación de toda la cultura fascista, proporcionaron las bases ideológicas para la legitimación del ensayo totalitario. El estado encarnaba ahora la colectividad nacional. Su soberanía y su unidad frente a partidos, parlamento, sindicatos e instituciones privadas resultaban imprescriptibles. El fascismo se concretó así en cuatro aspectos: una dictadura fundada en la concentración del poder en el líder máximo del partido y de la Nación, la eliminación violenta y represiva de la oposición y la supresión de todas las libertades políticas fundamentales; una amplia obra de encuadramiento y adoctrinamiento de la sociedad a través de la propaganda, de la acción cultural, de las movilizaciones ritualizadas de la población y de la integración de ésta en organismos estatales creados a aquel efecto; una política económica y social basada en el decidido intervencionismo del estado, una política social protectora y asistencial y la integración de empresarios y trabajadores en organismos unitarios (corporaciones) controlados por el estado y una política exterior ultranacionalista y agresiva, encaminada a afianzar el prestigio internacional de Italia y a reforzar su posición imperial en el Mediterráneo y África.

Mussolini había anunciado la dictadura, en su discurso del 3 de enero de 1925, y de forma inmediata había procedido a la retirada de periódicos, a la suspensión de los partidos políticos y al arresto de numerosos miembros de la oposición. El 24 de diciembre de ese año —días después de que un ex diputado socialista intentara atentar contra su vida—, asumió poderes dictatoriales en virtud de una ley especial: partidos y sindicatos quedaron legalmente prohibidos; la prensa, incluidos los grandes periódicos, quedó bajo control directo del estado. El 25 de noviembre de 1926 se aprobaron la Ley de Defensa del estado y las llamadas leggi fascistissime, un amplio paquete legislativo que incluyó, entre otras medidas, la creación de un Tribunal de Delitos Políticos y de una policía política, la Obra Voluntaria de Represión Antifascista (la OVRA, organizada por Arturo Bocchini), el restablecimiento de la pena de muerte, la disolución definitiva de los partidos y el cierre de numerosos periódicos. En 1926, el régimen suspendió todos los ayuntamientos electos y los sustituyó por otros designados desde arriba, a cuyo frente se nombró, con las funciones de los antiguos alcaldes, a una podestà. En 1928, se cambió de raíz el sistema electoral. Las elecciones consistirían en adelante en un plebiscito sobre una lista única elaborada por el Gran Consejo Fascista, convertido así en órgano supremo del estado. El parlamento, sustituido en 1939 por una Cámara de los Fascios y de las Corporaciones, devino una cámara oficialista sin más funciones que la aclamación de las disposiciones legales del gobierno.

El culto al Duce (del latín dux: guía), título oficial adoptado por Mussolini al llegar al poder —primer ministro de Italia y Duce del fascismo—pasó a ser parte esencial del estado fascista. Era obligado saludarle y vitorearle siempre que aparecía en público. Los baños de multitud, que Mussolini cultivó con asiduidad desde el balcón del Palacio Venecia, su residencia en el centro de Roma, eran continuamente interrumpidos por gritos de «Du-ce, Du-ce». Una propaganda desaforada, a la que se prestaban bien el histrionismo y la teatralidad del personaje, lo presentaba como un superhombre de excepcional virilidad —se diría que recibía una mujer cada día— e incomparable capacidad de trabajo: una luz del Palacio permanecía encendida por la noche para indicar que el Duce no dormía, cuando lo hacía bien y largamente. Las fotografías oficiales lo presentaban como jinete, tenista, violinista, piloto de avión o campeón de esgrima consumado, como un atleta musculoso y fuerte capaz de pasar revista a sus tropas a la carrera. Se decía que conocía la obra de Dante de memoria, que lo leía y lo sabía todo: el Duce tiene siempre razón sería uno de los más repetidos eslóganes del régimen.

Para la integración de los jóvenes, atención prioritaria del régimen, se creó el 3 de abril de 1926 dependiendo del Ministerio de Educación y del Partido la Opera Nazionale Balilla (ONB), en la que en 1937 estaban integrados unos cinco millones de niños y adolescentes de ambos sexos (de los cuatro a los dieciocho años), divididos según edades en Hijos de la Loba, Balillas, Vanguardistas, Pequeñas Italianas y Jóvenes Italianas, cada una de ellas a su vez estructurada en unidades de tipo pseudo-militar (escuadras, centurias, cohortes, legiones) y todas vinculadas mediante juramento de lealtad personal al Duce, como garantía de continuidad de la revolución de 1922. El fascismo hizo igualmente de la cultura y del deporte, sobre la base de la exaltación de la romanidad y la italianización, vehículos de propaganda estatal y de adoctrinamiento ideológico. En línea con la incorporación de toda clase de símbolos y referentes del Imperio Romano a los rituales y nombres oficiales (Duce, Fascios, Lictores, la Loba, Legiones, etcétera), la Roma imperial fue objeto de atención preferente: la Roma medieval resultó, así, destruida a fin de abrir la Vía de los Foros Imperiales entre el Coliseo y el Foro de Trajano. El arte oficial —por ejemplo, las sesenta estatuas de mármol de atletas desnudos hechas por distintos artistas para el Estadio de los Mármoles (1927-1932) del arquitecto Enrico Del Debbio en el Foro Mussolini (Itálico) de Roma— volvió hacia los modelos renacentistas y romanos. Mario Sironi (1885-1961) creó una pintura fascista desde una visión estética a la vez ascética, viril, vigorosa y heroica, que aplicó sobre todo a la pintura mural a la que, por su carácter social, creía particularmente idónea para los objetivos del régimen. La arquitectura se debatió entre el clasicismo y el modernismo y por ello pudo, en los mejores casos, incorporar elementos de las vanguardias racionalistas (como en la Estación de Florencia, obra de Pier Luigi Nervi, y en el Palacio del Trabajo, de Guerrini, La Padula y Romano en el recinto de la EUR —Exposición Universal de Roma— diseñado entre 1937 y 1942 por el arquitecto Marcello Piacentini). Desde 1934 se organizaron los Lictoriales de la cultura y el arte, especie de congresos sobre cuestiones políticas, literarias y artísticas que pretendían actualizar el espíritu de los juegos greco-romanos y que eran meros fastos propagandísticos (aunque eso no excluyese la participación de escritores y artistas, sobre todo jóvenes, de indudable valía y calidad).

La italianización se reveló, por ejemplo, en la imposición en el deporte de términos italianos como calcio, rigore, volata y muchísimos otros acuñados expresamente para evitar anglicismos como fútbol, penalti o sprint, y afectó sobre todo a la política educativa en las regiones con minorías étnicas significativas (doscientos veintiocho mil alemanes en Bolzano, casi medio millón de eslovenos y croatas en Venezia Giulia). En 1927, el régimen que ya controlaba la prensa, nacionalizó la radio e hizo de ella un formidable vehículo de propaganda oficial. En 1925, se había creado por iniciativa de Gentile un Instituto de Cultura Fascista —para llevar, como dijo el filósofo, el fascismo a la cultura— y un año después, una Real Academia Italiana, con la misión de promover los estudios de la cultura nacional y de velar por la pureza de la lengua con el mismo objeto y se impulsó la labor del Instituto Dante Alighieri.

El deporte, que era ya un espectáculo inmensamente popular, sobre todo el fútbol y el ciclismo, sirvió igualmente como catalizador del nacionalismo italiano y como factor propagandístico de las concepciones raciales y viriles que se alentaban en el fascismo. El culto al deporte se convirtió en política oficial: la educación física quedó bajo control directo de la secretaría del Partido. El régimen cuidó sobremanera su participación en los Juegos Olímpicos. Italia, hasta entonces país marginal en esas competiciones, quedó en séptimo lugar en las Olimpiadas de 1924, en segundo lugar en las de 1932 y logró más de veinte medallas en las de 1936. Sus héroes del aire, los aviadores —y entre ellos, el «cuadrumviro» Balbo— lograron por entonces un total de treinta y tres récords mundiales. Un boxeador, Primo Carnera, logró ganar en 1933 el campeonato mundial de la máxima categoría. La selección nacional de fútbol ganó el campeonato mundial en 1934 y 1938 y el olímpico en 1936. Todos esos éxitos tuvieron una significación extradeportiva y política. Desde la perspectiva de la propaganda fascista, eran la demostración evidente de que una nueva Italia —sana, joven, fuerte— estaba naciendo bajo el liderazgo del Partido y su Duce.

El fascismo suprimió las libertades sindicales y prohibió las huelgas y los sindicatos de clase como contrarios a la unidad y a los intereses nacionales. Con la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales de 3 del abril de 1926, la creación del ministerio de las Corporaciones (2 de julio de 1926) y la publicación de la Carta del Trabajo, el fascismo fue configurándose como un estado corporativo —alternativa al capitalismo liberal y al socialismo obrero—, en virtud del cual los intereses privados, organizados en confederaciones patronales y obreras, quedaban integrados unitariamente bajo la dirección del estado al servicio de los intereses de la colectividad. La acción social se concretó ante todo en la Opera Nazionale Doppolavoro (Obra Nacional de Descanso), creada el 1 de mayo de 1925, y que consistió básicamente en la organización de actividades recreativas para los trabajadores: casas de recreo, viajes, vacaciones, piscinas, instalaciones deportivas, centros de cultura y salas de cine; un éxito innegable del régimen y factor importante en la adhesión pasiva a él de una parte considerable de la población italiana.

Desde 1925-1926, la economía quedó sujeta a un creciente control del estado en razón de las concepciones nacionalistas y autárquicas del fascismo. En 1925, el régimen lanzó la «batalla del trigo», con el doble objetivo en palabras oficiales de liberalizar a Italia de la esclavitud del pan extranjero (las importaciones de trigo en 1924 se habían elevado a dos millones trescientas mil toneladas) y de aumentar para ello sensiblemente la producción nacional mediante la extensión de la superficie cultivada y la modernización de las técnicas de cultivo (fertilizantes, tractores, simientes, silos, etcétera): las importaciones cayeron drásticamente y la producción de trigo italiano aumentó de la media de 5,39 millones de toneladas anuales de los años 1921-1925 a una media de 7,27 millones de toneladas anuales para los años 1931-1935. En 1927, Italia revaluó la lira hasta la llamada «cuota noventa» (paridad una libra: noventa liras, frente al valor anterior de una libra: ciento cincuenta liras) y procedió paralelamente a elevar los tipos de interés, a reducir la circulación monetaria y los costes salariales (los salarios fueron reducidos en un 20 por ciento en 1927), medidas compensadas por la reducción de la jornada laboral y por la concesión de distintas formas de beneficios sociales para las clases modestas como subsidios a familias numerosas, vacaciones pagadas, paga extraordinaria de Navidad y mejoras en los seguros de enfermedad y accidentes (además del Doppolavoro). En 1928, inició la «batalla de la bonificación», la desecación de grandes zonas pantanosas de la Toscana y de la región del Pontino, cercana a Roma, para su conversión en tierra arable y su colonización, mediante la creación de poblados, construcción de carreteras y pantanos, y repoblación forestal.

Finalmente, el diseño económico fascista se completó con grandes inversiones públicas en obras de infraestructura y con la creación de un gran sector público tras la constitución en 1933 del IRI, el Instituto para la Reconstrucción Italiana, que hizo del estado en muy pocos años el principal inversor industrial, a través de la construcción de pantanos —elemento sustancial para la electrificación del país y para la renovación de la agricultura—, del trazado de autovías (entre Milán y Turín, Florencia y el mar, Roma y la costa) y de la electrificación de la red ferroviaria. En 1939, el IRI controlaba, además, tres de las grandes siderurgias del país —entre ellas, los altos hornos de Terni—, algunos de los mejores astilleros (como los Arnaldo), la telefónica, la distribución de la gasolina —para lo que se creó la AGIP, Agencia Italiana de Petróleos, con grandes refinerías en Bari y Livorno—, las principales empresas de electricidad, las más importantes líneas marítimas —cuya flota se renovó con barcos de gran lujo como el Rex— y las incipientes líneas aéreas.

Las realizaciones económicas y sociales del fascismo no fueron desdeñables, aunque los resultados fueran muy desiguales. La nueva política económica generó un gigantesco gasto público y enormes déficits. El proteccionismo favoreció los monopolios de las grandes empresas tradicionales (Fiat, Pirelli, etcétera) y la supervivencia de empresas pequeñas, poco competitivas y de producción de ínfima calidad: la II Guerra Mundial pondría de relieve la poca preparación, pese a todo, de la industria italiana. El fascismo poco o nada hizo respecto al gran problema económico italiano, el problema del Mezzogiorno, el atraso secular del Sur. La política del trigo benefició principalmente a los grandes latifundistas; las desecaciones y las nuevas colonizaciones fracasaron. La ruralización de Italia, que el fascismo prometió en 1925, fue otro eslogan vacío más. La población rural siguió sin otra alternativa a la pobreza que la emigración: unas quinientas mil personas emigraron durante los años 1922-1940 hacia Milán, Turín, Génova y Roma (que dobló su población entre 1921 y 1941); otras seiscientas cincuenta mil lo hicieron a Francia, y millón y medio a los Estados Unidos, Argentina, Brasil, África, Australia y otros países. Se habían hecho, a cambio, grandes obras de infraestructura. La Italia urbana se había electrificado. El país tenía a su disposición un gran sector público, por lo general eficiente. El PIB registró un crecimiento sostenido anual de un 1,2 por ciento entre 1922 y 1939 —crecimiento muy superior al de la población— y la producción industrial había crecido en el mismo tiempo al 3,9 por ciento anual. Todo ello, más la política asistencial del fascismo, la estabilidad de los precios, la seguridad pública impuesta por la policía —que incluso logró grandes éxitos contra la Mafia siciliana—, explica el alto grado de consenso nacional que la dictadura y Mussolini habían conseguido. Lo esencial, además, era el proyecto político: el control por el estado de los centros neurálgicos de la economía nacional y la plena independencia económica del país; uno de los viejos sueños del nacionalismo italiano que el fascismo veía, además, como condición esencial para la realización de la política internacional imperial y de prestigio que ambicionaba para Italia (y a lo que se encaminaba la política de construcción de armamentos y material de guerra impulsada por el gobierno).

El fascismo pudo celebrar en 1932 sus primeros diez años en el poder, los decenali, con un fasto estrepitoso. La llegada de Hitler al poder en 1933 reforzó además su papel internacional. Temerosa del revanchismo alemán, Francia buscó rápidamente una aproximación a Italia y, junto con Gran Bretaña, intentó al menos impedir que se produjese —como en buena lógica se temía— un estrechamiento de relaciones entre la Alemania nazi y la Italia fascista. Mussolini, que recelaba de las ambiciones de Alemania sobre Austria y que no se entendió con Hitler cuando se reunieron por primera vez, en Venecia, en junio de 1934, se pensó a sí mismo como el gran árbitro de la política europea, como el fundador de una nueva Europa, como declaró en 1932 a su biógrafo Emil Ludwig. En cualquier caso, Italia quiso asegurarse la amistad francesa con los acuerdos bilaterales del 7 de enero de 1935 —por los que Francia venía a dejar vía libre a Italia en Etiopía— y la de Gran Bretaña, en la reunión celebrada en Stresa, en el Lago Mayor, en abril de 1935 entre Mussolini y los primeros ministros de Francia y Gran Bretaña, donde pareció perfilarse un frente común entre los tres países.

Pocos meses después, sin embargo, ese mismo Mussolini al invadir Abisinia iba a asestar el mayor golpe que en la Europa de la posguerra se había dado a la paz. Pudo sospecharse, por tanto, que, al firmar los acuerdos con Francia y al adherirse al frente de Stresa, Mussolini sólo había pretendido ganar tiempo y asegurarse la neutralidad de Francia y Gran Bretaña de cara a la que era su gran ambición: la creación de un nuevo Imperio Romano que incluiría Libia, Somalia, Eritrea y Albania —donde Italia ejercía el protectorado desde 1927—, algunas islas del Dodecaneso, tal vez una Croacia y una Eslovenia independientes, Abisinia, donde Italia ejercía considerable influencia y donde Mussolini aspiraba a vengar la derrota de Adua de 1896, y, si fuese posible, algún territorio en Oriente Medio (preferentemente Siria), sin descartar una posible conquista de Egipto y Sudán. Sin duda había mucho de verdad en aquellas sospechas. Mussolini contempló la posibilidad de ocupar Abisinia (Etiopía) desde 1932. Un choque entre tropas etíopes e italianas en el oasis de Walwal, ocurrido el 5 de diciembre de 1934, le sirvió de pretexto. Un formidable ejército italiano de unos trescientos mil hombres, con aviones, carros de combate y gas letal, invadió Abisinia, sin declarar la guerra, el 3 de octubre de 1935.

A corto plazo, la guerra fue un extraordinario éxito para Mussolini y suscitó además una genuina explosión de patriotismo en el pueblo italiano. A medio y largo plazo, fue un error gravísimo, una empresa antieconómica y costosísima: en 1939 las posesiones africanas, Etiopía incluida, no representaban ni el 2 por ciento del comercio exterior italiano. Abisinia supuso el aislamiento internacional de Italia, lo que a su vez tendría otras dos consecuencias decisivas: la intervención en la Guerra Civil española —para integrar la España de Franco en la esfera de influencia italiana— y la aproximación de Italia al único valedor que tuvo en aquellos momentos, la Alemania de Hitler. El 25 de octubre de 1936, Hitler y Mussolini proclamaron, en efecto, la creación del Eje Berlín-Roma. Italia quedó desde ese momento dentro de la órbita de Alemania. Pronto se vería, además, que la suya era una posición de subordinación y dependencia. El resultado último de todo ello fue la entrada de Italia en la II Guerra Mundial. Esa decisión fue la tumba del fascismo. Tras tres años de derrotas ininterrumpidas, Mussolini fue cesado por el Gran Consejo Fascista en julio de 1943 y arrestado. Liberado por un comando alemán y puesto por los alemanes al frente de una república fascista del norte de Italia, Mussolini acabó sus días a finales de abril de 1945, tras ser ejecutado por partisanos italianos y colgado por los pies del techo de un garaje en otra plaza del mismo Milán donde en 1919 había nacido el fascismo[10].

LA ERA DE LAS DICTADURAS: EL FRACASO DE LA PEQUEÑA NACIÓN

El fascismo italiano no sólo sirvió de modelo a otros fascismos; la experiencia suscitó considerable interés en toda Europa. Tanto la dictadura española del general Primo de Rivera, establecida tras el golpe de estado de septiembre de 1923 que liquidó el régimen liberal y oligárquico regente el país desde 1875, como la intentona, ya referida, de Hitler en Munich en noviembre de 1923 o la dictadura portuguesa de 1926, tuvieron como referencia última el caso italiano de 1922; incluso aunque las dictaduras española y portuguesa no fueran en puridad regímenes fascistas. El caso fue, además, que hasta 1940 en Europa fueron estableciéndose sucesivamente dictaduras en Hungría, Italia, España, Albania, Portugal, Polonia, Lituania, Yugoslavia, Alemania, Austria, Letonia, Estonia, Bulgaria, Grecia y Rumanía. Fuera de Europa, un golpe militar puso fin en Argentina, en septiembre de 1930, a setenta y cinco años de gobierno civil; dictaduras de uno u otro tipo se impusieron a continuación en Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Cuba y Honduras. Getulio Vargas estableció en Brasil (1930-1945) un régimen autoritario y semifascista; en Argentina, un nuevo golpe militar llevaría al poder en 1943 a oficiales, como el coronel Perón, simpatizantes con las ideas nacional-sindicalistas del fascismo. Como en el caso de las dictaduras española y portuguesa citadas, la mayoría de esas dictaduras no fueron formas de fascismo —algunas de ellas incluso reprimieron los movimientos fascistas— sino dictaduras de inspiración por lo general conservadora y casi siempre nacionalista. Pero tuvieron algo en común con el fascismo: todas ellas quisieron establecer, ante el aparente fracaso de los sistemas de partidos y parlamentarios, un nuevo tipo de orden político autoritario y estable como base del desarrollo económico y social, «nacional», de sus respectivos países. Dirigidas en muchos casos (no en todos) por hombres enérgicos y carismáticos, las dictaduras de los años de entreguerras fueron regímenes en general de «regeneración», «salvación» o «unidad nacional», de vocación populista (sobre todo en el caso latinoamericano), justificados sobre políticas estatales de protección y asistencia social: respondieron, en suma, a la necesidad de gobiernos fuertes y de afirmación nacional que las masas, cada vez más nacionalizadas, parecían requerir en una época de crisis intensa y generalizada[11].

Como los fascismos, las dictaduras, aun participando de un proceso histórico común, tuvieron raíces y características distintas, específicas, explicables más por los propios contextos nacionales que por causas y factores generales. Los problemas de los países de la Europa del Este y centro de Europa —naciones nuevas, como Checoslovaquia, Polonia o Yugoslavia y aún Austria y Hungría, o totalmente transformadas por la guerra, como Rumanía, Bulgaria o Grecia— fueron básicamente problemas derivados de la propia construcción nacional. En estos países económicamente atrasados y predominantemente rurales, aunque con estructuras de propiedad de la tierra muy distintas y notables núcleos de modernidad (las capitales nacionales, por ejemplo) e importantes enclaves industriales y mineros en su interior, países además por lo general de muy débil tradición democrática, la construcción de estados nacionales conllevó afrontar gravísimos problemas económicos y políticos: problemas de vertebración nacional (Polonia, Hungría, Yugoslavia, Rumanía), pleitos fronterizos y reivindicaciones irredentistas (Hungría, Bulgaria), tensiones interétnicas (conflicto serbio-croata, cuestión macedónica), inestabilidad financiera, formidables devastaciones territoriales (Polonia, Hungría, Bulgaria), problemas de industrialización, reorganización y reconstrucción económica (como los derivados, por ejemplo, de la separación de Austria y Hungría, una catástrofe para Budapest) y problemas, finalmente, de régimen político (Hungría, Grecia). Las dificultades eran ciertamente intimidantes. Bulgaria, por ejemplo, había perdido en la I Guerra Mundial unos 110.000 hombres de una población de cinco millones; Serbia y Montenegro, 300.000 soldados sobre una población conjunta también en torno a los cinco millones; Rumanía había perdido 158.000 soldados; Grecia, 23.000. Ya quedó dicho que la nueva Polonia estuvo en guerra con Rusia entre 1919 y 1920, y Grecia con Turquía, entre 1920 y 1922. Hungría conoció una efímera experiencia de revolución comunista en 1919. Austria —también ha sido dicho— quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones entre 1922 y 1926. De cara justamente a la construcción nacional —que parecía requerir la definición fuerte de la nacionalidad propia y la afirmación de la cultura y la religión «nacionales»—, la existencia de importantes minorías «no nacionales» suponía en la mayoría de los casos un desafío casi insuperable (cuyo resultado último sería la marginación que sufrirían las minorías alemanas, húngaras, rutenas, albanesas y búlgaro-macedonias en Rumanía, Checoslovaquia y en el reino yugoslavo; y el anti-semitismo, obsesivo en países como Polonia, Rumanía, Lituania o Eslovaquia, pero en general dominante en la cultura y religiosidad populares y en el imaginario colectivo de muchos pueblos centroeuropeos y balcánicos). En Rumanía (dieciocho millones de habitantes en 1930), que había visto su población duplicada como consecuencia de su engrandecimiento territorial en la guerra, la población no rumana (magiares y alemanes en Transilvania, judíos en Besarabia, Banat, Bukovina) era cercana al 30 por ciento: los húngaros constituían el 8 por ciento de la población, los alemanes el 4 y los judíos el 4,2 por ciento. En Checoslovaquia (13,6 millones en 1921), los checos eran 7,1 millones, los alemanes de los Sudetes 3,2 millones (22,3 por ciento del total), los eslovacos 2,6 millones (15 por ciento), los rutenos en torno a medio millón. La recién creada Polonia tenía veintisiete millones de habitantes: 16 por ciento ucranianos, 10 por ciento judíos, 6 por ciento bielorrusos, 3 por ciento alemanes. El reino de Yugoslavia, once millones doscientos mil habitantes en 1921, lo integraban además de serbios (48 por ciento), croatas (25 por ciento) y eslovenos (9 por ciento), importantes minorías de alemanes, albaneses, turcos, húngaros y rumanos, y menos de italianos, griegos, eslovacos, rutenos, rusos, polacos, búlgaros, judíos y gitanos: el 49 por ciento de la población era ortodoxa, el 38 por ciento católica y el 11 por ciento musulmana. Tras la guerra greco-turca de 1920-1922, cerca de un millón de griegos fueron transferidos desde Turquía a Grecia en 1923; unos trescientos setenta y cinco mil turcos dejaron a su vez Grecia, o los Balcanes, por Turquía.

La evolución a la dictadura tuvo con todo, en cada caso, razones distintas; la eficacia, naturaleza y duración de las dictaduras fueron, igualmente, tan dispares como sus orígenes. Hungría, un país que salvo por la población judía, muy prominente en círculos financieros y en partidos de izquierda, no tenía problemas de minorías, la dictadura del almirante Horthy (1920-1944), que puso fin al desastroso episodio bolchevique de 1919, nació del miedo a la revolución, pero también de la frustración del nacionalismo húngaro, tras la pérdida en los acuerdos de paz de 1919, de regiones como Transilvania, Vojvodina, Eslovaquia o Rutenia que bajo el imperio austrohúngaro habían sido húngaras y donde la población magiar (o asimilada) seguía siendo importante. El régimen de Horthy, que supuso el retorno al poder de la antigua oligarquía imperial húngara, logró entre 1922 y 1932 estabilizar la economía del país e impulsar un notable desarrollo industrial y aún poner en marcha una modesta reforma agraria. Incluso, la dictadura permitió en todos esos años en los que Horthy dejó el gobierno en manos del conde Bethlen, un cierto pluralismo parlamentario, liberalizó los sindicatos y aún toleró el retorno gradual de la izquierda a la vida pública. Pero tras la crisis de 1929, que provocó gravísimos problemas financieros, ya que hundió las exportaciones de trigo, clave de la economía húngara, el régimen retornó a sus postulados más autoritarios. Para canalizar el descontento popular, Horthy jugó la carta del nacionalismo y del anti-semitismo: en octubre de 1932 encargó el gobierno al filofascista y populista Gömbos, partidario del alineamiento húngaro con la Alemania nazi y la Italia de Mussolini (aunque ello no fue suficiente para frenar el crecimiento de la ultra derecha húngara: el partido de La Cruz y la Flecha se creó precisamente en 1935). En Polonia, las diferencias sobre el modelo de república (parlamentaria o presidencial; unitaria o federal) y sobre la idea misma de nación polaca (Polonia como nación católica y homogénea; Polonia, nación secular y multiétnica), las dificultades para la integración de las distintas zonas —austriaca, rusa, alemana— en que el país estuvo dividido durante más de doscientos años, y los problemas de la defensa militar del país ante la evidente vulnerabilidad de sus fronteras, hicieron que el país viviera en sus primeros años de existencia en un clima de fragmentación e inestabilidad políticas extremas (más de treinta partidos en el parlamento, catorce gobiernos en cinco años), al borde de la guerra civil en más de una ocasión: el primer presidente del país, Gabriel Narutowicz, sería asesinado por un militante del principal partido del nacionalismo católico (el partido nacional-demócrata de Dmowski). Fue el propio mariscal Pilsudski (1867-1935), el héroe de la independencia y de la guerra contra la Rusia soviética de 1919-1920 y verdadero creador de la nueva nación polaca, quien ante el deterioro de la vida política y apelando a la «limpieza» (sanacja en polaco) o regeneración nacional, puso fin en mayo de 1926, mediante un golpe de estado, a la joven república e instauró la dictadura. Ésta, que inicialmente contó hasta con el apoyo de los comunistas, fue en sus primeros años una dictadura benigna: se limitó a enmendar la Constitución reforzando los poderes de la presidencia del gobierno —poderes que Pilsudski, hombre desdeñoso de la práctica cotidiana de la política, no ejerció personalmente salvo en algún momento excepcional— y permitió un considerable grado de libertad. Pero la prolongación de la situación, la voluntad de Pilsudski de dotar a su régimen de una base política propia y la irregularidad de ciertas actuaciones del nuevo régimen provocaron, ya a finales de la década, el fin del consenso. Pilsudski respondió endureciendo la represión y apoyándose exclusivamente en los militares —a los que la situación de la defensa del país daba un papel prominente— y en los círculos de sus colaboradores más próximos. Frente a la crisis de 1929, Pilsudski siguió una política deflacionista, que golpeó particularmente a las clases populares, y tras la llegada de Hitler al poder, intentó una política de acomodación con la Alemania nazi que pudiese garantizar la independencia de Polonia. En abril de 1935, y pese a la existencia de una amplia oposición que abarcaba desde el partido comunista en la izquierda al nacionalismo católico del ya anciano Dmowski y grupos claramente fascistas en la derecha, impuso una nueva constitución que pretendía perpetuar la dictadura que, en efecto, a su muerte (mayo de 1935), se prolongó en el llamado «régimen de los coroneles», un régimen nacionalista y anti-semita, bajo la presidencia de Ignacy Moscicki, con el jefe del ejército Rydz-Smigli como hombre fuerte y el partido Campo de la Unidad Nacional, creado por el coronel Koc, como base política.

En Austria, la misma debilidad de la identidad nacional «austriaca» (pues ya quedó dicho que el Imperio austro-húngaro no fue un estado nacional y que nunca hubo una idea de Austria como nación), reflejada en la división del país en tres bloques —pangermanistas, austrocatólicos y socialdemócratas—, las dislocaciones económicas que siguieron a la formación del nuevo país en 1919 y la inestabilidad política que marcó los primeros años de la república (gobernada por el Partido Cristiano-Social liderado por Ignaz Seipel), dañaron seriamente la legitimidad del nuevo régimen, desbordado tanto por la agitación nacionalista pro alemana, sobre todo tras la creación en 1926 del Partido Nacional-Socialista, como por las tensiones sociales y los choques entre grupos para-militares de la derecha (la Heimwehr, especie de guardia nacional formada en origen por excombatientes) y grupos armados socialistas (el Republikanischer Schutzbund). En 1927, la absolución por los tribunales de tres veteranos de guerra acusados de haber dado muerte a dos socialistas en uno de esos choques, desencadenó la «revuelta de julio»: el día 15 de ese mes, los socialistas declararon la huelga general como protesta, el Palacio de Justicia en Viena fue incendiado, y cuatro policías y ochenta y cinco huelguistas resultaron muertos en enfrentamientos callejeros. La república austriaca no recuperó ya la estabilidad política. La depresión económica de 1929-1933 —crisis internacional pero que comenzó con la quiebra del banco austriaco Kredit Anstalt y que fue particularmente grave en el país— puso fin además a la gradual recuperación económica que había ido produciéndose a lo largo de los años veinte. La llegada de Hitler al poder en Alemania en 1933 supuso una amenaza directa para la seguridad del país: los nazis austriacos, además, desencadenaron de inmediato una intensa y violenta oleada de agitación pro alemana. En esas circunstancias, el canciller Engelbert Dollfuss (1892-1934), que había sustituido a Seipel al frente del Partido Cristiano Social, optó por una política de colaboración con la Heimwehr del príncipe Starhemberg (que en 1930 habían entrado en política presentándose a las elecciones como Heimatblok, Bloque Patriótico) y de amistad con la Italia de Mussolini. La idea era de una indudable ambición. Dollfuss quiso crear un nuevo bloque político nacional que permitiese configurar Austria como un estado católico, autoritario y corporativo, basado en su cultura cristiano-germana, y dar a Austria un nuevo papel en Europa frente al nazismo alemán y al comunismo ruso. En 1934, tras suspender previamente el parlamento, limitar las libertades democráticas y prohibir el partido nazi, Dollfuss deshizo la oposición socialista tras una breve guerra civil de cinco días (12 al 16 de febrero), en la que las fuerzas del gobierno bombardearon el principal barrio obrero y socialista de Viena, e impuso (30 de abril) una nueva Constitución que convertía a Austria en una dictadura católica y corporativa: en julio, las fuerzas de la Heimwehr aplastaron un intento de putsch de los nazis, que incluyó el asesinato del propio Dollfuss, por desbordar el proceso y asaltar el poder[12].

Grecia no podría superar la catastrófica derrota ante Turquía de 1922, el desastre que obligó al país a renunciar definitivamente a las pretensiones implícitas en la Megali Idea (si se recuerda, la reincorporación de los territorios que en su día habían integrado la Grecia clásica y Bizancio, un ideal que Grecia, bajo el liderazgo de Elefterios Venizelos, estuvo a punto de conseguir en la guerra mundial y en las negociaciones de paz de 1919), y que le devolvió a su verdadera realidad como país balcánico, ortodoxo, rural, atrasado, no precisamente la reencarnación de la Grecia clásica. La derrota de 1922 agudizó el llamado Cisma Nacional, la profunda división del país entre monárquicos y venizelistas que estalló como consecuencia de la actitud pro alemana que el rey Constantino I había adoptado durante la guerra mundial en frontal oposición a la política intervencionista y pro aliada del primer ministro Venizelos. Constantino I fue obligado a abdicar en septiembre de 1922 como consecuencia de su papel en la guerra y a causa de la derrota ante Turquía. Su sucesor, Jorge II, abandonó Grecia en diciembre de 1923 tras la gran victoria de los republicanos de Venizelos (1864-1936) en las elecciones de ese mes y la posterior proclamación de la república (1924-1935). Por unos años, entre 1928 y 1932, pareció que la experiencia republicana liderada por Venizelos podría estabilizarse. Pero no fue así: la derrota de los venizelistas en las elecciones de 1932 replanteó la cuestión monárquica y abrió un nuevo periodo de enfrentamientos y tensiones graves (los venizelistas recurrirían al levantamiento militar a fin de impedir la restauración monárquica), que terminaron en 1935 cuando la monarquía fue restablecida, primero por el parlamento —presionado por el general Kondylis, que se había hecho con el poder por la fuerza en octubre— y luego por el país en un irregular plebiscito. Poco después, en mayo de 1936, el rey, de nuevo Jorge II, aceptó el golpe de estado del general Metaxas quien, ante el malestar laboral y el aumento de las huelgas, y pretextando la posibilidad de una amenaza comunista (el Partido Comunista griego había logrado representación parlamentaria en las elecciones de enero de 1936), declaró el estado de emergencia, suspendió el parlamento y la Constitución y procedió a crear un nuevo régimen, que él mismo denominó totalitario, donde quedaron prohibidos partidos y sindicatos, y suspendidas todas las libertades democráticas. La vecina Bulgaria había adoptado el año anterior una solución parecida. El irredentismo sobre los territorios perdidos en 1919, la memoria de la Gran Bulgaria diseñada en 1878 por el Tratado de San Stefano, el problema macedonio y aún el avance en los años veinte del comunismo —fuertemente apoyado por la Rusia soviética—, habían desestabilizado el país. Desde 1919, en efecto, Bulgaria conoció sucesivamente la llamada «dictadura verde» (1919-1923) del partido agrario dirigido por Alejandro Stambolijski; un golpe militar nacionalista contra éste (junio de 1923); varios y muy violentos conatos de insurrección comunista, duramente reprimidos; la violencia terrorista de la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, terrorismo que aunque dirigido principalmente contra Yugoslavia y Grecia, los países en los que se había enclavado Macedonia tras 1919, se volvió a menudo contra políticos búlgaros acusados de no apoyar suficientemente los derechos de los macedonios, o de buscar la amistad con los dos países citados; y un nuevo golpe de estado militar y nacionalista en mayo de 1934. En esas circunstancias, el zar Boris III, que reinó entre 1918 y 1943, decidió asumir el poder directamente: en enero de 1935, impuso la dictadura real.

Yugoslavia y Rumanía no pudieron, o no supieron, instrumentar las políticas necesarias a la vertebración de sus nuevos y respectivos territorios nacionales. En Yugoslavia, el enfrentamiento entre la visión federalista del nacionalismo croata (aglutinado en torno al Partido Agrario Croata de Stjepan Radic) y la concepción unitarista de la nueva Yugoslavia sostenida por el principal partido del país, el Partido Radical serbio de Nikola Pasic, hizo poco menos que imposible el gobierno parlamentario. Tras los gravísimos incidentes de 1928 —asesinato de Radic en el propio parlamento de Belgrado—, el rey Alejandro I proclamó la dictadura, que concluyó en 1931 con la aprobación de una nueva Constitución que reforzaba el poder de las instituciones yugoslavas e ilegalizaba los partidos étnicos y particularistas. Ello no significó, sin embargo, el fin de las tensiones entre las nacionalidades del país. El propio rey fue asesinado en octubre de 1934, en Marsella, por un macedonio al servicio del terrorismo croata de la Ustacha, el movimiento ultranacionalista creado en 1929 por Ante Pavelic. Su sucesor, el príncipe regente Pablo —que ejerció la regencia en nombre del joven rey Pedro II— siguió en principio una política centralista y pro serbia encarnada por Milan Stojadinovic, jefe del gobierno de 1935 a 1939, pero que al tiempo —y pese al estilo fascistizante del primer ministro— supuso una relativa apertura democrática y buscó, además, la atracción del nacionalismo croata moderado. Así, en 1935 Yugoslavia firmó un concordato con la Santa Sede que reconocía los mismos derechos a los católicos —esto es, a los croatas— que a los ortodoxos. Pero no bastó. Al contrario, la apertura fortaleció al nacionalismo croata y ello, más la fuerte oposición que suscitaron el estilo de gobierno de Stojadinovic y su política exterior (concordato, amistad con Bulgaria, acuerdo de no agresión con Italia, dos de los enemigos históricos del país), forzaron su dimisión. En agosto de 1939, el regente restableció el sistema federal mediante un «acuerdo» (Sporazum) que reconocía una amplia autonomía a Croacia. Pero el problema era ya casi insoluble: el acuerdo de 1939 irritó al nacionalismo radical serbio, radicalizó al independentismo croata de la Ustacha y despertó las aspiraciones autonomistas de Eslovenia y Bosnia-Herzegovina.

La Gran Rumanía salida de la guerra decepcionaría las expectativas suscitadas. El sistema democrático, sancionado por la Constitución de 1923, quedó viciado en la práctica por la corrupción electoral, la continuidad en el poder de representantes de las oligarquías tradicionales, del Partido Liberal —junto a partidos nuevos, como el Partido Nacional Agrario, de Iuliu Maniu— y por el propio intervencionismo de la corona (desprestigiada, además, por la propia conducta privada del príncipe heredero Carol). Pese a la reforma agraria de 1921 y al progreso industrial del país (acero, petróleo, industria química, minería del carbón…), Rumanía no podría literalmente acomodar e integrar a su nueva población: siguió siendo un país mayoritariamente rural, con una agricultura subdesarrollada y marcada por el analfabetismo y la pobreza. País de profundos sentimientos nacionales, como reflejaba, por ejemplo, el amplio debate intelectual sobre la identidad rumana (un enclave latinizado, pero de religión ortodoxa, en un mundo eslavo), el fracaso de la nueva nación propició el auge del fascismo. Bajo la inspiración de A.C. Cuza, uno de los intelectuales más conocidos del país, obsesivamente anti-semita y anticomunista, que ya en 1909 había creado el Partido Nacional-Democrático, en 1923 se creó, por fusión de diversos grupos y movimientos fascistizantes, la Liga de Defensa Nacional-Cristiana que aspiraba a hacer de anti-semitismo y nacional-cristianismo los fundamentos de la reconstrucción de Rumanía como nación. El fascismo rumano, la Guardia de Hierro, fue de hecho una escisión (1927) de la Liga, encabezada por Corneliu Z. Codreanu (1899-1938), un visionario, como ya quedó dicho, también fanáticamente anti-semita y anticomunista, que haría de la Guardia una organización paramilitar y violenta, y cuyo activismo —apoyado en las ideas fascistas de heroísmo, camaradería y sacrificio— le daría amplios apoyos en medios rurales y entre estudiantes e intelectuales de las ciudades. La Guardia obtuvo en las elecciones de 1937 un total de cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos setenta y ocho votos, esto es, el 15,58 por ciento del total (la Liga no había llegado al 6 por ciento). Ante ese hecho y a la vista de la creciente polarización del país, el 18 de febrero de 1938, el rey Carol II (que reinó de 1930 a 1940) suspendió la Constitución, suprimió los partidos políticos, formó un gobierno de concentración nacional presidido por el patriarca de la Iglesia ortodoxa, y tras un plebiscito popular fraudulento, impuso una nueva Constitución claramente autoritaria y antidemocrática, con un parlamento corporativo y un electorado restringido.

En definitiva, las dictaduras parecían revelar el fracaso de la visión que había inspirado los acuerdos de paz de 1919: el fracaso de la nacionalidad, la pequeña nación, basada en la democracia y los partidos, como instrumento de construcción nacional. Las dictaduras del centro y este de Europa (la excepción fue Checoslovaquia) nacieron, en efecto, como regímenes fuertes y de autoridad, garantía de la regeneración, independencia y engrandecimiento nacionales. La ironía estuvo, aunque ello sea adelantar la cronología, en que todas ellas, que cifraban en el nacionalismo la salvación de la patria, sucumbirían ante Hitler. El caso austriaco fue paradigmático y premonitorio. La dictadura de Dollfuss sirvió para muy poco. El gobierno pudo controlar el intento de golpe nazi de 25 de julio de 1934, pero la política de su sucesor, Schuschnigg, de salvaguardar la independencia de Austria mediante la amistad con la Alemania hitleriana fue un completo fracaso: el ejército alemán ocupó el país el 12 de marzo de 1938 y los nazis austriacos proclamaron la unión, el Anschluss, con Alemania. En Hungría, Horthy, tras la muerte de Gömbos en marzo de 1936, propició el retorno a políticas más moderadas y tradicionales, reprimió el movimiento nazi-fascista de Szálasi e impulsó una política exterior que, aun reforzando la amistad con Alemania, tendiese puentes con Austria y con otros países balcánicos y con Occidente. La colaboración con el Eje permitió a Hungría recuperar entre 1938 y 1940, comenzada ya por tanto la II Guerra Mundial, parte de Eslovaquia, Rutenia y Transilvania, la gran aspiración del irredentismo húngaro desde 1919. Como aliada de Alemania, en junio de 1941 Hungría declaró la guerra a Rusia; pero cuando Horthy —que personalmente detestaba a Hitler y a los nazis— quiso negociar una paz separada con los aliados occidentales, Alemania, cuyo ejército ocupaba importantes posiciones en el interior del país, y que en 1943 ya había impuesto un gobierno afín, encarceló a Horthy (octubre de 1944) e impuso un gobierno nazi presidido por Szálasi.

Los coroneles polacos intentaron seguir una política de equilibrio entre Alemania y la Unión Soviética. Fue inútil. A principios de 1939, Hitler anuló el pacto de no agresión que había firmado en 1934 con Pilsudski. Más aún, las cláusulas secretas del pacto nazi-soviético de 25 de agosto de 1939 suponían la quinta partición de Polonia. El 1 de septiembre, tropas alemanas invadieron el país —hecho desencadenante de la guerra mundial— y se anexionaron Danzig: antes de un mes habían entrado en Varsovia (al tiempo que el ejército soviético ocupaba importantes territorios en la Polonia oriental). Iniciada ya la guerra, en Yugoslavia, un golpe de estado de militares pro occidentales acabó el 27 de marzo de 1941 con la regencia del príncipe Pablo, que desde 1938-1939 había basculado, como los demás países de la región, hacia Alemania e Italia. Diez días después, los alemanes desencadenaron un violentísimo ataque por aire y tierra y en pocos días ocuparon el país. Yugoslavia fue dividida. Eslovenia quedó incorporada a Alemania, Dalmacia a Italia, la Vojvodina a Hungría y Kosovo a Albania. Serbia quedó bajo administración alemana; Croacia fue declarada reino independiente y a su frente alemanes e italianos pusieron a Ante Pavelic, el líder de la Ustacha, que desencadenó una represión verdaderamente atroz contra las minorías serbia y judía. Como los coroneles polacos, la dictadura militar griega había tratado de mantener una política de equilibrio entre el Eje de un lado y Gran Bretaña y Francia (que en abril de 1939 garantizaron la integridad e independencia de Grecia) de otro: el ataque unilateral de la Italia de Mussolini contra el país en octubre de 1940 rompió el equilibrio, y aunque los griegos derrotaron a los italianos, no pudieron resistir la posterior (abril de 1941) invasión alemana. Bulgaria y Rumanía también se convirtieron, incluso antes, en meros satélites de la Alemania nazi. A Bulgaria, la cooperación le valió la recuperación de Macedonia. Pero el zar Boris se abstuvo de declarar la guerra a Rusia y desde 1942-1943 trató de negociar con los aliados. En Rumanía, los alemanes tuvieron su hombre en el general Antonescu (1882-1946), militar prestigioso y de claras simpatías fascistas que encabezaba el gobierno desde 1940 y que, tras exiliar al rey Carol en septiembre de ese año —a la vista de la campaña ultranacionalista y antimonárquica desencadenada por los sucesores guardistas de Codreanu— asumió plenos poderes dictatoriales (con el título de Conducator, equivalente rumano de Duce y Führer). Antonescu, quien a veces gobernó con la Guardia de Hierro pero que la reprimió con dureza cuando le fue preciso —con el asentimiento y la ayuda alemanes, además— llevó a Rumanía a la guerra como aliado de Alemania.

CRISIS NACIONAL, FASCISMO Y NACIONALISMO EN ESPAÑA, PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA

En 1921, antes por tanto de que los procesos hacia la dictadura se hubieran consumado, Carl Schmitt, el influyente y notable politólogo alemán, había escrito un ensayo, titulado precisamente La Dictadura, en la que definía ésta como una suspensión del orden jurídico no arbitraria ni caprichosa, sino necesaria para la posterior restauración de aquel orden o para la creación de un orden nuevo, probablemente porque, como argumentaría en otros escritos de los mismos años, pensaba —como pensaban muchos observadores contemporáneos suyos— que el parlamentarismo empezaba a resultar incapaz de regular los graves conflictos de intereses y poder que definían a las modernas sociedades de masas. El triunfo de las dictaduras distó, sin embargo, de ser inevitable. La democracia prevaleció mejor en los países en los que existían instituciones sólidas, flexibles y arraigadas en la vida social —a veces la monarquía, a veces la república, a veces el parlamento, las instituciones de justicia o la administración local— y donde por razones históricas el parlamentarismo liberal y la democracia constituían la esencia misma de la cultura política; fracasó donde eso no era así, en países donde liberalismo, instituciones parlamentarias y constitucionalismo o habían sido históricamente débiles o no habían enraizado en la sociedad; o donde, como en Portugal y España, las experiencias democráticas llegaron como resultado de graves crisis o de régimen o de estado y derivaron, además, en crisis nacionales; o donde, como en América Latina, otras fórmulas políticas —caudillismo, populismo, nacionalismo— tenían más tradición y mayor vigencia.

La dictadura portuguesa, instaurada por el pronunciamiento militar del 28 de mayo de 1926 encabezado por el general Gomes de Costa (muy pronto sustituido por el también general Carmona), una de las experiencias autoritarias más largas de todo el siglo XX (duró hasta 1974), llegó por agotamiento de la experiencia democrática que se inició en 1910 con la caída de la monarquía y la proclamación, por vez primera en toda la historia portuguesa, de la república. Falta de autoridad y de instituciones moderadoras; amenazada por la contrarrevolución monárquica, el faccionalismo republicano y el intervencionismo militar; sometida a una creciente polarización por cuestiones religiosas y sociales, y marcada por un estrepitoso fracaso económico y financiero —el escudo se depreció en un 2.800 por ciento entre 1911 y 1924—, la república portuguesa naufragó. En dieciséis años, conoció nueve presidentes, cuarenta y cinco gobiernos (uno cada cuatro meses), veinticinco revoluciones y golpes de estado, y tres dictaduras contrarrevolucionarias; un presidente, Sidonio Pais, y un jefe de gobierno, Antonio Granjo, fueron asesinados en ese tiempo. La dictadura portuguesa, inspirada en el ejemplo italiano de 1922 (y en el español de 1923) aunque no fuera un régimen fascista, fue inicialmente una dictadura militar, preocupada ante todo por el mantenimiento del orden público y la suspensión de toda actividad política. Luego, bajo la dirección de Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970), un hombre de origen campesino y humilde, antiguo seminarista, muy religioso, soltero, ascético, de vida privada reservada, anodina y austera, al que los militares llevaron al poder por su prestigio como economista y que en muy poco tiempo logró, mediante una política muy conservadora de economías y ahorro, restaurar la confianza internacional en la economía portuguesa, la dictadura se institucionalizó. Salazar —que ejerció como primer ministro de 1932 a 1969—le dio una significación política clara y precisa (y distinta, sin duda, de los vagos y contradictorios proyectos iniciales de los militares). Creó un régimen, el llamado estado Novo, antiliberal, antidemocrático, contrarrevolucionario, católico y corporativo, inspirado en las directrices sociales del catolicismo conservador portugués. La Constitución de 1933, en efecto, además de establecer una especie de diarquía entre la jefatura del estado —ejercida por Carmona hasta 1951— y la del gobierno, detentada por Salazar hasta su muerte, creaba un estado fuerte, en el que el gobierno era responsable no ante las cámaras sino ante el presidente (elegido cada siete años) e introducía un sistema de representación corporativa, en el que grupos y corporaciones (gremios, casas de pescadores, universidades y similares), y no los individuos, constituían la base de la representación, y en el que las cámaras (Asamblea Nacional y Cámara Corporativa) tenían muy escasas competencias. Los partidos políticos fueron prohibidos, salvo el partido gubernamental, la Unión Nacional, que Salazar creó desde arriba —diferencia esencial con los movimientos fascistas— y que perfiló como una entidad de integración nacional que quería trascender el juego partidista.

El salazarismo fue, por tanto, una especie de corporativismo católico y autoritario. Más que a la ideologización de las masas, el salazarismo aspiró a su desmovilización. Salazar no creó un estilo fascista —de hecho, el movimiento fascista portugués, el Movimiento Nacional-Sindicalista de Rolao Preto, sería liquidado en 1934—, sino un régimen nacionalista y represivo, que se apoyó en todo momento en el ejército y que dispuso desde 1933 de una policía política, siniestro instrumento de una represión eficaz, amplia y continuada, y que, no obstante su estabilidad, tuvo que hacer frente a intentos de restauración democrática (1927), a insurrecciones de carácter obrerista (1934) y, desde 1945, a una creciente oposición. El catolicismo y el pragmatismo de Salazar, sin duda, apelaron a los valores y preocupaciones de una buena parte de la sociedad portuguesa. La dictadura creó una administración eficiente, reforzó la integración entre Portugal y sus colonias, mantuvo a Portugal fuera de la II Guerra Mundial, desarrolló un vasto programa de obras públicas —ferrocarriles, carreteras, presas hidráulicas— que cambió la infraestructura del país y saneó la economía, aunque Portugal siguiese siendo durante muchos años un país rural y pobre, y cerca de un millón de portugueses optaran por la emigración entre 1921 y 1940.

La II República española, proclamada en abril de 1931, no fracasó como la república portuguesa: fue destruida como consecuencia de un golpe militar encabezado por el general Franco y apoyado por la Italia fascista y la Alemania nazi, levantamiento, iniciado el 18 de julio de 1936, que derivó en una cruenta guerra civil de tres años (1936-1939). La República española llegó como consecuencia de un vigoroso movimiento de opinión que derribó la monarquía de Alfonso XIII por su complicidad con la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) y lejos de fracasar, abordó, bajo la dirección de Manuel Azaña, el hombre fuerte del nuevo régimen entre 1931 y 1933, la solución de los que se creía eran los grandes problemas que habían condicionado y obstaculizado la evolución política de la España moderna, esto es, los problemas agrario, militar, religioso y territorial. Lo que se quería era, pues, una profunda reforma que hiciera de España un país moderno y democrático: expropiar los latifundios y repartir la tierra entre los campesinos; crear un ejército democrático y obediente al poder civil; limitar la influencia de la Iglesia, secularizar la vida social y promover una educación liberal y laica; y rectificar el centralismo estatal concediendo la autonomía primero a Cataluña y, eventualmente, al País Vasco y tal vez a Galicia y otras regiones.

Este extremo, la reforma territorial del estado, había terminado por ser, como sabemos por otro capítulo, esencial para la democracia en España. La principal aportación de la II República, recogida en la propia Constitución de 1931, fue, precisamente, la idea del estado «integral», una alternativa tanto al estado unitario como al estado federal. La república, en efecto, afirmaba la existencia de España como una unidad histórica, lingüística, cultural y nacional (y por tanto, reservaba al gobierno central las principales competencias del estado), pero reconocía la existencia en su interior de culturas «nacionales» particulares —Cataluña, País Vasco, Galicia— y de sentimientos más o menos afirmados de identidad regional: admitía, así, las autonomías regionales; aunque estableció un procedimiento laborioso y exigente para su aprobación, les cedía importantes competencias y creaba un estado descentralizado, regional, aunque no uniforme, y que no admitía la federación de regiones autónomas. Cataluña, región donde la izquierda nacionalista y republicana, unida en la Esquerra Republicana de Catalunya, ejerció en los años treinta una evidente hegemonía política, tuvo ya autonomía desde 1932. En el País Vasco, el proceso autonómico, impulsado por el Partido Nacionalista Vasco desde 1931, tropezó en cambio con varios problemas: primero, con la desconfianza que en la izquierda republicana española producía el nacionalismo vasco por su carácter católico y etnicista; segundo, con la división interna en el propio País Vasco en torno a la idea de nacionalidad vasca; finalmente, con la defección de Navarra, cuyos ayuntamientos optaron en 1932 por no formar parte de la región autónoma vasca, y con la debilidad del sentimiento nacionalista en Álava, donde los votos favorables a la autonomía vasca en el plebiscito celebrado en 1933 no llegaron al 50 por ciento, por lo que no hubo autonomía vasca hasta el 1 de octubre de 1936, cuando la guerra civil había ya empezado y Álava y Navarra habían secundado la sublevación de los militares (y Guipúzcoa había sido tomada por éstos). En Galicia, donde la conciencia nacionalista era, como se indicó, mucho menos acusada y donde el nacionalismo gallego distaba de ser hegemónico, el Estatuto de autonomía fue plebiscitado en junio de 1936, pero la guerra estalló también antes de que pudiera ser aprobado por el parlamento español.

La reforma territorial fue indudablemente positiva: pareció dar solución al problema catalán, para muchos el mayor problema político de España desde 1900. Contribuyó, sin embargo, junto con las restantes reformas acometidas desde 1931, a polarizar la vida política. Las autonomías regionales eran, en cualquier caso, inadmisibles para el nacionalismo español, cuya ideología unitaria y españolista estaría detrás del levantamiento militar del 18 de julio de 1936 e inspiraría los cuarenta años de dictadura del general Franco (1936-1975). Como ya ha quedado indicado en distintas ocasiones, ese nacionalismo español no dio lugar a grandes partidos o movimientos de masas, al estilo del fascismo italiano o del nacional-socialismo alemán. El fascismo español fue política y electoralmente un movimiento marginal. El propio Ramiro Ledesma Ramos, uno de los inspiradores de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, el primer embrión serio del fascismo en España, diría en 1935, en su libro ¿Fascismo en España?, que la razón de ello radicaba en la falta de nacionalismo («el menguado patriotismo de los españoles», escribía), el «contratiempo esencial para el desarrollo del fascismo» que, en su opinión, exigía una «conciencia nacional al rojo vivo» que en España no existía. Ledesma Ramos pensaba que en España no había una verdadera doctrina nacional: que había únicamente religión católica. Llevaba razón. El nacionalismo español era, como ideología y forma de acción política, un hecho disperso, fragmentado; más un sentimiento emocional, una mera exaltación entusiasta de la idea de España, que una doctrina sistemática y un movimiento político articulado y coherente. Pero con una variable. Al margen del populismo españolista que pudiera alentar en las clases populares —reflejado, por ejemplo, en la cultura de masas: canciones, fiestas locales, toros, espectáculos deportivos, etcétera— y del sentimiento nacional de muchos españoles, en España el verdadero instrumento del nacionalismo era el ejército. Ya quedó dicho en el primer capítulo que el ejército, y sobre todo la generación de jóvenes oficiales que había hecho su carrera en la guerra de Marruecos entre 1910 y 1927 (Franco, Mola, Goded, etcétera), veía en los nacionalismos regionales un enemigo interior incompatible con la idea de unidad nacional encarnada por la institución militar: desde entonces, el ejército se veía a sí mismo como símbolo y columna vertebral de la unidad nacional, hacía del catolicismo la esencia de la nacionalidad española y veía en un estado fuerte, centralista, unitario, la clave de la salvación nacional.

La II República, en todo caso, no logró ni establecer un consenso básico sobre el propio régimen ni satisfacer la revolución de expectativas que el cambio de 1931 había suscitado. El anarco-sindicalismo español aglutinado en la poderosa central sindical Confederación Nacional del Trabajo vio en la caída de la monarquía la ocasión para el desencadenamiento de una revolución española y escaló la agitación laboral e insurreccional desde el mismo momento de la llegada de la república. Las reformas agraria y militar provocaron la resistencia de los intereses afectados; la política laicista de la república provocó la movilización de los católicos. El rechazo de la república por la España conservadora fue evidente. La derecha, prácticamente desaparecida tras la caída de la monarquía en 1931, se reorganizó pronto. Grupúsculos de ideología nacional-socialista y fascista se unieron en octubre de 1931 en las antes citadas Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista; en diciembre de 1931 se crearon, inspiradas en Acción Francesa y en las ideas de Maurras, la asociación política y la revista Acción Española, órganos del monarquismo autoritario, que en 1933 crearía como partido político Renovación Española; en 1932 se formó la Confederación Española de Derechas Autónomas, el partido de la derecha católica; el viejo carlismo se reorganizó en 1932 como Comunión Tradicionalista Española, ya más un partido de la ultraderecha autoritaria y nacionalista que, como en el siglo XIX, un movimiento legitimista o dinástico; en 1933, José Antonio Primo de Rivera creó Falange Española. Tras su triunfo en las elecciones de 1933, que hicieron de la CEDA el principal partido del país, el centro-derecha procedió en 1934-1935 a la rectificación de gran parte de la legislación reformista del primer bienio republicano. La revolución que el Partido Socialista Obrero Español, el principal partido de la izquierda, lanzó en octubre de 1934 contra la entrada en el gobierno de la CEDA — de la que había razones para esperar que procediera a establecer un régimen corporativo y católico, como el del canciller Dollfuss en Austria—, dañó seriamente la legitimidad de la república. Cuando en febrero de 1936, la izquierda, unida en el Frente Popular encabezado por Azaña, ganó las elecciones, los militares de la derecha fueron directamente a la conspiración y al golpe de estado, que estalló, efectivamente, el 18 de julio de aquel año. Por sus implicaciones ideológicas y morales (lucha contra el fascismo; cruzada por la salvación de España), por su duración y dureza (tres años, trescientos mil muertos), por su repercusión y dimensiones internacionales, la guerra civil que como consecuencia del levantamiento estalló en el país fue, en palabras del historiador Jover Zamora, una verdadera crisis de civilización. La victoria de Franco en abril de 1939 supuso la instauración de un estado nuevo basado en los ideales del 18 de julio, esto es, en los principios de orden, autoridad y unidad de los militares, en el pensamiento social de la Iglesia y en las ideas nacionalistas y fascistas de Falange y la ultraderecha, o en otras palabras: estado fuerte, caudillaje militar, unidad y «recatolización» de España, rituales y símbolos fascistizantes, exaltación de la hispanidad y del imperio español, principios socialcristianos, nacionalismo económico, un régimen, en suma, totalitario y filofascista (que sabría, sin embargo, adaptarse a las circunstancias y reconvertirse en una dictadura católica y pro occidental desde 1945 y sobre todo desde 1947-1950 al hilo de la «guerra fría», y en un régimen tecnocrático y desarrollista desde 1957-1959)[13].

Portugal y España se integraban también, por tanto, en la Europa de las dictaduras. Que la dictadura portuguesa, el fascismo italiano, la guerra civil española y el franquismo tuvieran eco e influencia en América, como ocurrió, era lógico por razones históricas y culturales y también en razón de la fuerte inmigración española, italiana y portuguesa que se venía produciendo desde finales del siglo XIX hacia países como Argentina o Brasil. Pero los cambios que, como enseguida veremos, se produjeron en América Latina por la misma época, años veinte y treinta del siglo XX, o hacia la dictadura militar (como algo distinto del caudillismo decimonónico) o hacia regímenes nacionalistas populistas y autoritarios, respondieron a razones internas. Ya la misma preocupación —intensa, obsesiva— por cuestionarse y definir la propia realidad latinoamericana (la naturaleza y el paisaje, el indigenismo, el mestizaje, las raíces hispánicas, las culturas afro-americanas…), por profundizar en las causas de su singular evolución política tras la independencia, por buscar las raíces, formación y características nacionales de los distintos países americanos, preocupación que caracterizó a la literatura y el ensayismo latinoamericanos desde las últimas décadas del siglo XIX, ponía de relieve de forma evidente el carácter nuevo y sin duda problemático que en la región tenía la cuestión misma de la identidad nacional. Martín Fierro, por ejemplo, el gran poema gauchesco de José Hernández que hacía de los gauchos, de los jinetes de las pampas especializados en la ganadería tradicional, la épica nacional de Argentina, apareció (1872 y 1879) cuando la mecanización de la propia explotación ganadera (ferrocarriles, frigoríficos), la inmigración (cerca de tres millones de personas, en su mayoría italianos y españoles, llegaron a Argentina entre 1880 y 1910) y el crecimiento extraordinario de Buenos Aires amenazaban de extinción al tipo social, el gaucho, al estilo de vida, lengua y mentalidad, que parecían haber constituido la esencia misma de Argentina como nación. Obras como Nuestra América (1903), de Carlos Octavio Bunge, Pueblo enfermo (1909), de Alcides Arguedas, Les démocraties latines de l’Amérique (1912), de Francisco García Calderón, o Cesarismo democrático (1919), de Vallenilla Lanz, presentaban, aunque con distintos argumentos y desde perspectivas ideológicas muy diferentes, la reciente historia latinoamericana como la historia de un fracaso. Ariel (1900), del escritor uruguayo José Enrique Rodó, apelaba por el contrario a la juventud americana a que hiciese de los ideales de la Grecia clásica (espiritualidad, belleza, cultura, inteligencia) el fundamento de un nuevo americanismo, frente a la concepción utilitaria y materialista de la vida que encarnaban los Estados Unidos («el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español», como escribiría en 1905 el poeta nicaragüense Rubén Darío en uno de los poemas de Cantos de vida y esperanza) y que amenazaba con «deslatinizar» Hispanoamérica.

La advertencia de Darío en el mismo poema («Tened cuidado. ¡Vive la América española!») era un llamamiento a hacer de la cultura hispanoamericana una cultura propia y distinta, que es lo que Darío haría a través del modernismo, el movimiento poético por él inspirado (con poetas como José Asunción Silva, Ricardo Jaimes Freyre y Julio Herrera y Reissig, y prosistas como Lugones o Enrique Larreta); y lo que haría la que, en palabras del escritor cubano Alejo Carpentier, cabría definir como «novela nacionalista, vernácula» latinoamericana: novelas de la «naturaleza» o de la tierra (Os Sertoes, 1902, de Euclides da Cunha; Cuentos de la selva, 1919 y Anaconda, 1921, de Horacio Quiroga; La vorágine, 1924, de José Eustasio Rivera; Doña Bárbara, 1929, de Rómulo Gallegos; Don Segundo Sombra, 1926, de Ricardo Güiraldes), literatura indigenista (Raza de bronce, 1919, de Alcides Arguedas; Huasipungo, 1934, de Jorge Icaza; El mundo es ancho y ajeno, 1941, de Ciro Alegría), novela de la revolución mexicana (Los de abajo, 1916, de Mariano Azuela; El águila y la serpiente, 1928, de Martín Luis Guzmán); esto es, una literatura que asociaba la América hispánica con naturaleza exótica y selvática y con el problema social e histórico de los pueblos y culturas indígenas, a la que Carpentier (con Écue-Yamba-Ó, 1927) y otros escritores cubanos, como el poeta Nicolás Guillén o el antropólogo Fernando Ortiz, añadirían, para Cuba, el hecho cultural y «nacional» de la negritud. En La raza cósmica (1925), José Vasconcelos, el intelectual mexicano, identificaría ya la nacionalidad latinoamericana con el mestizaje cultural y racial. Paralelamente, la excepcional pintura muralista mexicana de los años veinte (Rivera, Orozco, Siqueiros), patrocinada desde el gobierno por el propio Vasconcelos como Secretario de Educación Pública entre 1921 y 1924, nació como un arte nacional para el pueblo, y como tal, plasmó preferentemente temas de la historia mexicana (conquista, independencia), imágenes de la propia Revolución de 1910, mitos aztecas, evocaciones de las culturas precolombinas, y retratos críticos de la propia sociedad mexicana contemporánea. En Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1927) —un ensayo no tanto sobre la esencia de la identidad peruana como sobre las causas de su realidad económica y social—, José Carlos Mariátegui reinterpretaba el problema de Perú —y por extensión, de gran parte de América latina— como un problema de propiedad de la tierra, economía neocolonial y dependiente de capitales y mercados extranjeros y proletarización indígena, y planteaba el indigenismo no como una cuestión etno-cultural sino como un instrumento de la lucha de clases para la construcción de una sociedad agraria y socialista. Gilberto Freyre (Casa Grande e Senzala, 1934), Sergio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil, 1934) y Caio Prado Jr. (Formaçao do Brasil Contemporâneo, 1942) replantearon la cuestión de la identidad brasileña (que asociaron con democracia racial, destino suave, cordialidad y tolerancia) a la luz de la especial configuración —laboral, racial y hasta sexual— que allí tuvo la sociedad colonial. En Radiografía de la Pampa (1933), el ensayista argentino Ezequiel Martínez Estrada argumentaba que Argentina, no obstante el espectacular crecimiento de Buenos Aires y la modernidad y dinamismo de su vida cultural, era una sociedad desvertebrada por sus propias contradicciones internas y por la inexistencia de una cultura política argentina verdaderamente nacional. Finalmente, con El Señor presidente (1946, aunque escrita entre 1923 y 1933), Miguel Ángel Asturias creaba la novela de la dictadura, una reflexión capital —una narración mitológica, según el propio Asturias— sobre Latinoamérica[14].

En efecto, por tratarse de países cuyos procesos de construcción nacional no terminaron de consolidarse hasta avanzado el siglo XIX, y donde la misma identidad nacional colectiva y separada estaba, como vemos, en revisión, el nacionalismo fue, por un lado, la respuesta a la falta de sentido nacional, endeblez institucional, debilidad del estado, desvertebración geográfica y social, y escasa socialización política (muy evidente en el caso de las poblaciones indígenas) que por lo general definieron a los estados americanos en las décadas posteriores a la independencia; y fue, por otro, la expresión de la necesidad que muchos de esos estados (más estados o pueblos que naciones) parecieron sentir por redefinir y afirmar su identidad (y sus sentimientos como comunidad) ante su propia evolución económica y social (desarrollo económico, industrialización sustitutiva, economías de exportación agraria y minera, aumento de la inmigración de masas, procesos de urbanización, exigencias de democratización política) y ante los desafíos que les planteaba su paulatina incorporación a la vida internacional y el creciente intervencionismo de los Estados Unidos en la región, sobre todo en el Caribe, especialmente a raíz de su victoria sobre España en la guerra de 1898. Ese nacionalismo no tuvo, con todo, una significación unívoca. En los años veinte, por ejemplo, impregnó de alguna forma experiencias tan dispares, además de las que enseguida se mencionarán, como los gobiernos de Alfredo Zayas en Cuba (1921-1924), Hernando Siles en Bolivia (1925-1930) y el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen en Argentina (1928-1930). En Puerto Rico, que bajo control norteamericano desde 1898 gozaba de un amplio régimen democrático de autogobierno que desembocaría en 1952 en la fórmula de estado Libre Asociado, el nacionalismo, revitalizado desde que en 1930 Pedro Albizu Campos, un intelectual educado en los Estados Unidos e influido por ejemplos nacionalistas tan dispares como Gandhi y el nacionalismo irlandés, y aún por el fascismo europeo, asumió la dirección del Partido Nacionalista —que seguiría, pese a todo, siendo extremadamente minoritario—, se definiría como un nacionalismo independentista, anti-norteamericano, hispanista y nacional-socialista, y desde 1936 (asesinato del coronel Riggs, jefe de la policía) recurriría al terrorismo como instrumento de liberación. En Argentina (ejemplo que resume lo ocurrido en casi todo el continente), el nacionalismo de Ricardo Rojas, autor de La restauración nacionalista (1913), era un nacionalismo liberal, democrático, cultural; el nacionalismo de Leopoldo Lugones (La Patria Fuerte, 1930) era, en cambio, un nacionalismo autoritario, militarista, que creía llegada «la hora de la espada» y que hacía del ejército la encarnación de la patria argentina. El nacionalismo de Manuel Gálvez (El solar de la raza, El Diario de Gabriel Quiroga), del periódico La Nueva República, aparecido en 1927, de los hermanos Irazusta (autores de La Argentina y el imperialismo británico, 1934) o de Carlos Ibarguren, era, también, un nacionalismo abiertamente antiliberal, maurrasiano, integrista, hispanista y católico. El nacionalismo «popular» del grupo FORJA (Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina), creado en 1935 e inspirado por Arturo Jauretche, combinaba anti-norteamericanismo y antiimperialismo (británico) con ideas filo-nazis y populistas, en una concepción de la nación y la patria en la que las clases populares eran el fundamento de la sociedad nacional. En suma, el nacionalismo impregnó ideologías y regímenes políticos muy diversos, y se expresó en partidos, movimientos e instituciones de significación muy distinta, si no antagónica: en el ejército sin duda, pero también en movimientos culturales y estudiantiles, como los surgidos en Perú, Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile y otros puntos en la estela del movimiento universitario que irrumpió en Córdoba (Argentina) en 1918, y sobre todo, en los movimientos de carácter populista (aprismo, getulismo, peronismo, etcétera) que, al hilo de la creciente incorporación de las masas a la política, aparecieron en los años veinte y treinta, y aún más tarde, como el Movimiento Nacional Revolucionario boliviano creado en 1942 por Paz Estenssoro.

Así, en México, el nacionalismo fue un factor si no desencadenante, al menos legitimador de la revolución. La revolución mexicana (1910-1920), en efecto, desencadenada por el levantamiento armado de Francisco Madero para acabar con el régimen autoritario y de poder personal de Porfirio Díaz (1876-1910), fue a la vez una revolución nacional y una revolución social. Pese a su fragmentación, violencia y carácter caótico, la revolución hizo de México lo que antes era sólo precariamente: una nación. Creó, ciertamente, una nueva e intensa épica nacional (el 20 de noviembre, día de la insurrección maderista; la propia revolución y sus caudillos y especialmente Villa y Zapata; la Constitución de 1917, etcétera). Obligó, en cualquier caso, a los vencedores (Alvaro Obregón, presidente entre 1920 y 1924, y su protegido Plutarco Elías Calles, que le sucedió entre 1924 y 1928) a la reconstrucción del estado posrevolucionario: lo hicieron sobre la oficialización de los mitos de la revolución y del indigenismo (en lo que fue esencial la pintura muralista de Rivera, Orozco y Siqueiros antes mencionada), la secularización del estado, el partido único —que crearía Calles—, la continuidad en el poder de candidatos de éste último, y un fuerte presidencialismo, que permitirían, primero, la institucionalización del propio régimen revolucionario, y enseguida, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), la nacionalización de los bienes nacionales, del petróleo concretamente (1938), y la integración en la estructura del poder de las organizaciones obreras y campesinas.

En Brasil, Chile y Argentina, países donde la democracia de masas había avanzado considerablemente —como mostraban los casos en Argentina de Yrigoyen y el partido radical, que gobernaron entre 1916 y 1930, y en Chile de Arturo Alessandri, elegido presidente en 1920—, el principal instrumento del nacionalismo sería por el contrario, y como en España, el ejército; no ya caudillos carismáticos o singulares como en el siglo XIX, sino el ejército como institución, que intervendría desde la convicción generalizada entre los oficiales de la generación nacida hacia 1880-1890 de que la política, los regímenes liberales y las viejas oligarquías habían llevado a sus respectivos países al fracaso, y de que la regeneración de éstos exigía, no su democratización, sino políticas de autoridad, nacionalismo económico, disciplina y orden. Golpes militares nacionalistas pusieron fin, en efecto, a los regímenes parlamentarios en Chile (1924), Argentina (1930) y Brasil (1930); en Perú, por el contrario, el ejército intervino (golpes militares de 1930 y 1948) para impedir la llegada al poder del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), el partido nacionalista, populista, indoamericanista y reformista creado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los líderes de la protesta universitaria peruana de 1919, partido que había logrado amplio respaldo popular. Además, como consecuencia de la crisis de 1929, cuyos efectos en América latina fueron desastrosos, once de las veinte repúblicas cambiarían entre 1930 y 1931 irregularmente de gobierno. Las nuevas dictaduras implantadas en Guatemala (general Ubico, 1931-1944), El Salvador (Hernández Martínez, 1931-1944), República Dominicana (Rafael Leónidas Trujillo, 1930-1961), Nicaragua (Anastasio Somoza, 19371956) y Honduras (Tiburcio Carias Andino, 1932-1949) no representaron cambios sustantivos respecto a las formas ya casi tradicionales de dictadura civil o militar de la región, las que noveló Asturias en El Señor presidente: en Cuba, la revolución de 1933 contra la dictadura de Machado, 1924-1933, aún siendo una revolución fallida que no satisfizo las expectativas de liberalización y reformas sociales que había suscitado, desembocó en un régimen encabezado por el coronel Batista, 1933-1944, populista, abierto, que legalizó partidos y sindicatos, permitió una amplia libertad cultural, convocó elecciones y concedió el sufragio universal y numerosos derechos sociales. Los golpes de Chile, Argentina y Brasil dieron, en cambio, paso a situaciones políticas radicalmente nuevas (como habría sucedido con toda probabilidad en Perú si el APRA hubiera podido gobernar).

El golpe chileno de 1924 culminó en el gobierno del coronel Ibáñez del Campo que, entre 1927 y 1931, creó un régimen autoritario, no muy distinto de la dictadura de Primo de Rivera en España (1923-1930), una dictadura a su modo regeneracionista, que a través de una amplia política de obras públicas, la creación de un sector bancario público y la extensión de los derechos sociales de los trabajadores, dio a Chile cuatro años de estabilidad y prosperidad, cuya memoria gravitaría de forma amenazante en años posteriores sobre la democracia chilena (restablecida en 1932). El golpe brasileño llevó al poder en 1931, a Getulio Vargas (1883-1954), previamente gobernador de Rio Grande do Sul: Vargas, que gobernaría hasta 1945 (y luego entre 1951 y 1954), creó una dictadura autoritaria y populista (prohibió los partidos políticos, estableció la censura de prensa), un estado Novo (que no era ni democrático ni totalitario: en 1935, Vargas aplastó un levantamiento comunista; en 1937, reprimió con dureza la agitación del fascismo brasileño, el integralismo, creado en 1932), un régimen nacionalista, corporativo, centralizado, regido por la Constitución de 1937, que impulsó, con medidas proteccionistas y ayudas del estado, la industrialización del país, inició grandes obras de infraestructuras, puso bajo control del gobierno la exportación y los precios del café, integró a empresarios y trabajadores en sindicatos corporativos controlados por el estado y estableció una amplia legislación social (salario mínimo, jornada de ocho horas, vacaciones pagadas, prohibición del despido libre).

El golpe argentino de septiembre de 1930, encabezado por el general Uriburu, un militar ultra nacionalista que encarnaba los ideales de los intelectuales nacionalistas, aunque capitalizado por sectores moderados, liderados por el general Agustín P. Justo, que entre 1932 y 1943 restablecieron de alguna forma, sobre un nuevo consenso político, el régimen constitucional, puso fin en Argentina a setenta años de gobierno civil e hizo del ejército el árbitro de la vida política. El 4 de junio de 1943, un nuevo golpe, inspirado por los oficiales nacionalistas y pro alemanes agrupados en el Grupo de Oficiales Unidos (los generales Pedro P. Ramírez y Edelmiro J. Farrell, el coronel Juan Domingo Perón…), llevó de nuevo al poder, hasta 1945, al ejército, que ahora implantó un régimen autoritario, antiliberal, obsesivamente anticomunista, neutralista ante la II Guerra Mundial —neutralidad derivada, sin embargo, de la inclinación pro alemana de muchos militares— y progresivamente antinorteamericano, el cual, gracias a la política laboral del coronel Perón, sucesivamente secretario de Trabajo y Guerra y vicepresidente del gobierno (contratos colectivos garantizados por el estado, vacaciones pagadas, nuevas leyes de accidentes de trabajo y de pensiones de jubilación, etcétera), puso los cimientos de un nuevo orden social sobre la base del apoyo sindical, previa eliminación de la dirección de los sindicatos de dirigentes y núcleos de significación o comunista o socialista. A lo largo de 1945, a medida que se iba haciendo evidente la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, pareció que la oposición, unida en la Unión Democrática integrada por radicales, conservadores, socialistas, comunistas y demócratas, podría derribar al régimen y restaurar la democracia, al extremo de que, enfrentado a una amplia movilización y aislado internacionalmente, el gobierno militar dimitió el 8 de octubre de 1945. Pero la salida no sería la democracia: grandes contramanifestaciones populares de base mayoritariamente obrera, que estallaron el 17 de octubre, llevaron al poder a Perón, liberándole primero —había sido arrestado tras la caída del gobierno militar—, y llevándole a la presidencia del país después, en las elecciones de 24 de febrero de 1946.

Perón gobernaría hasta 1955. Para la Argentina liberal, el peronismo era la variable argentina del fascismo europeo. Y con razón (el propio Perón había sido agregado militar en Italia y admiraba el régimen mussoliniano, como luego admiraría a Franco). Pero, probablemente, fue algo más complejo: un nacionalismo populista que, como los intelectuales del grupo FORJA antes citados, hacía de las clases populares la base de la nación argentina (de ahí su retórica antioligárquica), apoyado inicialmente por el ejército, la Iglesia y la clase trabajadora, y que en razón de su política social, de su idea de la justicia social —el justicialismo sería la doctrina oficial del régimen—, sirvió de vehículo de integración y afirmación nacional de la nueva clase obrera argentina nacida de la inmigración (sobre todo de la inmigración interior) y segregada y marginada en la propia Buenos Aires. Perón, en cualquier caso, fomentó el nacionalismo económico y el intervencionismo del estado en la economía y la sociedad. Nacionalizó los ferrocarriles y algunas empresas de capital británico, el banco central y servicios públicos como teléfono, gas y algunas empresas de electricidad, creó un sector público crecientemente importante que incluía la recién creada Aerolíneas Argentinas, fábricas militares, gasoductos y siderurgia, y fomentó mediante el proteccionismo arancelario y los subsidios del estado el desarrollo de la industria nacional. El estado garantizó a los trabajadores el mantenimiento del empleo y negoció con los sindicatos, progresivamente integrados en el aparato del poder peronista, una amplia política asistencial: salarios mínimos profesionales, seguridad social, vacaciones pagadas, centros recreativos y turísticos para los trabajadores, viviendas populares, control de precios de consumo; paralelamente, Eva Duarte Perón «Evita» (1919-1952), la carismática mujer del presidente y «conciencia social» del régimen, desplegó a través de la Fundación que llevaba su nombre, financiada también con dinero público, una amplísima labor de beneficencia y auxilio, objeto de una propaganda oficial desmesurada, para beneficio de ancianos, huérfanos, marginados y clases humildes. El régimen peronista fue un régimen fascistizante: concentró el poder en Perón; redujo considerablemente las funciones del parlamento, controlado en cualquier caso, gracias a nuevas leyes electorales, por el Partido Peronista, el partido creado desde el poder en 1949 a la medida del presidente; recurrió ritualmente a las grandes movilizaciones de masas en las calles en fechas significativas, en honor del líder, de la patria y del pueblo; depuró y controló el sistema judicial, la Universidad y la prensa independiente, y creó una cadena de medios de comunicación oficiales como vehículo de propaganda del régimen, de manipulación de la información y de exaltación del culto a la personalidad de Perón y Eva Duarte; fomentó la cultura «popular» y el antiintelectualismo, la cultura de masas, radio, cine, fútbol, música argentina, por oposición a la cultura selecta y desnacionalizada de la «oligarquía» tradicional y de las minorías intelectuales; echó mano de la represión y el terror cuando lo juzgó necesario, como en abril de 1953, cuando numerosos líderes de la oposición e intelectuales conocidos fueron detenidos y sus centros y sedes políticas o culturales asaltadas e incendiadas como respuesta a un atentado en el curso de un acto peronista. El régimen peronista funcionó bien hasta 1949, años de evidente prosperidad para el país; luego, el desmesurado gasto público, el déficit fiscal, el endeudamiento del país, la crisis del sector agro-pecuario, los problemas monetarios, inflacionistas y cambiarios creados por el intervencionismo estatal, la escasa competitividad y baja productividad de la industria argentina, fueron generando un progresivo malestar; los intentos de «peronizar» el ejército provocaron el descontento de los militares; el empeño por hacer de la educación vehículo de adoctrinamiento «justicialista» de la juventud provocó la ruptura con la Iglesia y la movilización de los estudiantes en demanda de libertades universitarias y políticas; la corrupción y el estallido de diversos escándalos financieros, finalmente, desacreditaron al régimen: otro movimiento militar derrocó a Perón el 16 de septiembre de 1955[15].

LA DICTADURA ALEMANA

Las dictaduras portuguesa, española y latinoamericanas no fueron meros paréntesis en la historia de sus respectivos países. La política de Salazar en Portugal permitiría, ya en 1950-1960, la progresiva industrialización del país. Vargas dotó a Brasil de un estado moderno y le dio sentido como nación. En España, Franco creó un gran sector económico público (aunque deficitario e ineficiente), un gigantesco aparato estatal y el estado del bienestar español moderno: el país experimentaría en la década de 1960 grandes cambios económicos y sociales que harían de España una sociedad industrial y urbana. Perón transformó la política y la economía argentinas para siempre: el Partido Justicialista, nuevo nombre del peronismo, continuaba siendo a fines del siglo XX la principal fuerza política del país (Perón regresaría al poder en 1973-1974, tras casi treinta años de exilio). Las dictaduras crearon, con todo, tantos problemas como los que solucionaron. Salazar dejó a su país un casi insoluble problema colonial. La dictadura de Franco, como se verá más adelante, agravó con el tiempo el problema regional, la cuestión de los nacionalismos, sobre todo en el País Vasco. A fines del siglo XX todavía se debatía en Argentina sobre las graves responsabilidades que el populismo y estatismo peronistas habían podido tener en la crisis permanente —militar, política, económica— en que el país parecería estar instalado desde 1955. Pero los nacionalismos en cuestión —portugués, español, argentino o brasileño— tampoco fueron la amenaza para la humanidad que denunciaban en 1939, como veíamos más arriba, los autores de Nationalism, el estudio encargado por el Royal Institute of International Affairs. Por su especial relación con Gran Bretaña, Portugal se encontraría en 1945, al término de la II Guerra Mundial, al lado de los países democráticos. Ante dicha guerra, Vargas llevó a Brasil a la colaboración con los aliados y en 1942 declaró la guerra a Alemania e Italia: un contingente de soldados brasileños lucharía en 1944 en los frentes italianos. La España de Franco, aunque alineada con la Alemania nazi y la Italia fascista, y aunque entre 1940 y 1942 se declararía «no beligerante» en la guerra en vez de neutral (y enviaría tropas que participarían en la invasión alemana de Rusia), volvería a la neutralidad en los últimos dos años del conflicto, y en 1953 terminaría por ser, al hilo de la «guerra fría», aliada de los Estados Unidos. Pese a que muchos militares, como el propio Perón, simpatizaban con nazis y fascistas (muchos nazis hallarían refugio en la Argentina peronista), el régimen militar argentino de 1943, presionado por los Estados Unidos, rompió las relaciones con el Eje (enero de 1944) y aún le declaró, si bien de forma no operativa, la guerra (marzo de 1945).

Desde la perspectiva de los autores de Nationalism, el nacionalismo que representaba una amenaza a la civilización era, ante todo, el régimen nacional-socialista (nazi) alemán establecido a raíz de la llegada al poder del Partido Nacional-Socialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP) y de su líder Adolf Hitler, el 30 de enero de 1933. En efecto, el tipo especial de liderazgo de Hitler, el carácter paramilitar del Partido, el anti-semitismo, el uso formidable de la propaganda —que hizo del principio político del Führer la clave del estado—, la violencia represiva, los componentes míticos y raciales que impregnaban su nacionalismo, hicieron de la dictadura alemana y del nacional-socialismo algo distinto de otros fascismos europeos. La Alemania nazi llevaba en su interior —en la naturaleza del partido, en sus objetivos— la semilla de un conflicto inevitable: la mezcla atropellada de nacionalismo fanático, fantasías racistas pangermánicas, anti-semitismo patológico, voluntad de dominio mundial y simplificaciones geopolíticas que definían al nacional- socialismo y que su líder Adolf Hitler (1889-1945), resumió en su libro Mein Kampf (Mi lucha) que escribió en la cárcel y publicó con gran éxito en 1925, hacían imposible su acomodación en el orden internacional creado a partir de 1919[16].

Las cosas, ciertamente, pudieron haber sido de otra manera. Pese a que la democracia alemana, la República de Weimar (1919-1933) era, como ha quedado dicho, una democracia débil y condicionada por su origen —Alemania, país derrotado y de fuerte tradición nacionalista que aceptó el humillante Tratado de Versalles—, la prosperidad económica de los años 1924-1928 hizo creer que, pese a todo, la República podría estabilizarse. Precisamente esos fueron los años en los que el partido nazi, el NSDAP (creado en 1920 a partir de un grupúsculo anterior, el Partido Alemán de los Trabajadores de Anton Drexler; cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y siete afiliados en 1923; diario propio, el Völkischer Beobachter, El observador del pueblo; fuerzas paramilitares uniformadas, las SA, Sturm Abteilung o Secciones de Choque; emblema espectacular: la bandera roja con un círculo blanco en su centro y sobre éste, una esvástica negra), aun sobreviviendo al fracaso del putsch de la cervecería de 1923, episodio ya mencionado, y al encarcelamiento de Hitler —un hombre de origen modesto y oscuro, austriaco de nacimiento que antes de 1914 había llevado una vida anodina y mediocre como estudiante fallido de Bellas Artes en Viena y Munich—, vio que su influencia y actividad disminuían considerablemente: el voto nazi, por ejemplo, pasó del 6,5 por ciento en las elecciones de mayo de 1924, al 3 por ciento en diciembre de ese mismo año y al 2,6 por ciento en las elecciones de mayo de 1928.

El ascenso de los nazis al poder fue consecuencia de una serie de factores: las debilidades estructurales de la República de Weimar, el impacto que en Alemania tuvo la crisis económica de 1929, la capacidad de los nazis, y especialmente de Hitler —un desequilibrado, un iluminado, pero hombre de oratoria electrizante e indudable inteligencia política y gran capacidad para la maniobra y la acción— para exacerbar y capitalizar los sentimientos de buena parte de la opinión alemana, el mismo juego inmediato (cálculos electorales, pactos, estrategias de poder, intrigas, operaciones de partido) de la política. Desde luego, la crisis de 1929 rompió el equilibrio económico y político del país. Las consecuencias inmediatas de la crisis —que en Alemania se notaron ya en el último trimestre de 1929— fueron, desde el punto de vista político, la ruptura de la coalición gubernamental entre socialistas y populares que había sido el principal soporte de la República desde 1919; la formación, tras el llamado «pacto de Harzburg», de una «liga patriótica» entre la derecha nacionalista de Alfred Hugenberg y los nazis contra el Plan Young (el nuevo esquema para pagar la deuda alemana derivada de la I Guerra Mundial trazado por el financiero norteamericano Owes D. Young) y una polarización acusada. Los resultados de las elecciones de 1930 vieron ya un espectacular aumento del voto a nazis y comunistas. Los nazis ganaron unos seis millones de votos respecto a las elecciones anteriores (1928) y pasaron de trece a ciento siete diputados, y de un 2,6 por ciento a un 18,3 por ciento del voto; los comunistas, el KPD, pasaron de cincuenta y cuatro a setenta y siete escaños. El trasvase de votos de los partidos de centro y de la derecha moderada a los nazis, cuya base social previamente no era muy distinta de la del fascismo italiano —elementos de todas las clases sociales, con presencia mayoritaria de sectores de las pequeñas burguesías urbana y rural y una muy fuerte representación de jóvenes— fue ahora evidente.

Desde 1929-1930 se agudizaron, pues, todas las tensiones de la sociedad alemana. El desempleo aumentó hasta llegar a la cifra de seis millones de parados en 1932. La inseguridad económica fue extrema: por temor a quiebras en cadena, los bancos estuvieron cerrados entre el 13 de julio y el 5 de agosto de 1931. La radicalización de las actitudes políticas se acentuó. La política del gobierno del canciller Brüning —un gobierno de coalición de centro-derecha, sin mayoría en el Reichstag, formado a fines de marzo de 1930— fue una política deflacionista correcta (recortes del gasto público, mayores impuestos, aplazamiento del pago de la deuda, control de precios y salarios), pero resultó muy impopular. Los nazis capitalizaron en su favor el clima de incertidumbre y malestar social creado por la crisis. En las elecciones presidenciales del 10 de abril de 1932, en las que el presidente saliente, Hindenburg, fue reelegido, Hitler obtuvo trece millones de votos (Hindenburg, diecinueve millones; Ernst Thaelmann, candidato comunista, algo más de tres millones). En las elecciones generales de 31 de julio de 1932, los nazis, con doscientos treinta diputados y 13.745.781 votos, el 37,3 por ciento del voto popular, fueron ya el primer partido del país; lo siguieron siendo tras las nuevas elecciones del 6 de noviembre de ese año, pese al retroceso de un 4 por ciento de votos que sufrieron.

Hitler representaba evidentemente un hecho nuevo y, a su manera, revolucionario en la política alemana. Llegó al poder ante todo por el apoyo popular que él y su partido supieron conquistar. Pero lo hizo también con ayuda de la derecha tradicional. La alianza con Hugenberg en 1929 le dio la respetabilidad política de la que hasta entonces carecía. Las intrigas y maniobras del viejo presidente Hindenburg (ochenta y cinco años en 1932) y de su camarilla jugaron a su favor. Hindenburg cesó a Brüning en mayo de 1932 y encargó el gobierno a Franz von Papen (1879-1969), un diplomático vinculado a altos círculos de la aristocracia, con fuertes apoyos en los medios financieros y militares, que se propuso controlar a los nazis y devolver así la confianza a los grandes grupos económicos e inversores. Hindenburg, luego, en diciembre de 1932, no apoyó en cambio suficientemente a Kurt von Schleicher, otro aristócrata y militar distinguido, que formó gobierno (tras cesar von Papen, derrotado en el parlamento) con la idea de lograr una nueva alianza con los católicos y los socialistas para detener el avance de nazis y comunistas. Finalmente, Hindenburg nombró canciller a Hitler el 30 de enero de 1933 a instancias de von Papen —vicecanciller en ese gobierno—, creyendo que no sería difícil controlar y manejar al líder nazi. Hitler, además, recibió apoyos financieros de algunos industriales como Fritz Thyssen, magnate siderúrgico, Emil Kirdorf y Friedrich Flick, grandes propietarios de minas de carbón, de los banqueros von Stauss y von Schröder y de algún otro (si bien el número de grandes capitalistas nazis fue escasísimo, las grandes entidades e instituciones patronales y financieras no apoyaron a Hitler, e industriales, financieros y hombres de negocios influyeron poco o nada en las decisiones que tomó una vez en el gobierno).

Otras circunstancias favorecieron igualmente el ascenso de Hitler al poder. La salida de los socialistas del gobierno en 1930 fue un error: no volvió a haber gobiernos parlamentarios. Socialistas y sindicatos hicieron fracasar la oportunidad que pudo haber sido el gobierno Schleicher. El radicalismo ideológico de los comunistas fue aún más grave. El KPD consideraba a los socialistas, denunciados obsesivamente como social-fascistas, como su principal adversario, no a los nazis. Entendían que la llegada de éstos al poder supondría la última carta del capitalismo, un fenómeno pasajero, preludio evidente de la revolución obrera. En las elecciones de noviembre de 1932, las últimas antes de la llegada de Hitler al poder, los socialistas lograron 7.248.000 votos y los comunistas, 5.980.200: juntos sumaban más votos que los nazis, pero los comunistas hicieron imposible la unión de la izquierda.

Quienes creyeron que podían manejar a Hitler se equivocaron. Aunque el gobierno que formó el 30 de enero de 1933 sólo incluía a otros dos nazis (Goering y Frick), Hitler procedió con extraordinarias determinación y celeridad a la conquista del poder y a la destrucción fulminante de toda oposición (en contraste con Mussolini que, como se recordará, tardó tres años en instalar un régimen verdaderamente fascista). Hitler forzó a Hindenburg a autorizarle la disolución del parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, que se celebraron (5 de marzo de 1933) en un clima de intimidación y violencia extremadas, desencadenadas por las fuerzas paramilitares nazis, las SA, y con las garantías suspendidas como consecuencia del incendio del edificio del Reichstag (27 de febrero), que Hitler denunció como una conspiración comunista (el KPD fue, por ello, ilegalizado). Tras ganar las elecciones con el 44 por ciento de los votos, Hitler logró que las cámaras aprobaran con la sola oposición de los socialistas una Ley de Plenos Poderes que le convertía virtualmente en dictador de Alemania. El 7 de abril, nombró delegados del gobierno (Statthalter) en los distintos Estados y a principios de 1934, disolvió los Parlamentos regionales y el Reichsrat, la segunda cámara, cámara de representación regional. El 10 de mayo de 1933, prohibió el partido socialista, el SPD; centenares de dirigentes socialistas y comunistas fueron enviados a campos de concentración.

La noche del 29 al 30 de junio, Hitler, usando las SS de Himmler, procedió a la ejecución sumaria de los dirigentes del ala radical del partido (Ernst Roehm, Gregor Strasser) y de personalidades independientes, como el ex jefe del gobierno Schleicher (y su esposa) y el líder católico Klausener, por supuesto complot contra el estado: setenta y siete personas fueron asesinadas en aquella «noche de los cuchillos largos», como se la llamó, y varios centenares más en los días siguientes. El 14 de julio, tras obligar a los restantes partidos a disolverse, Hitler declaró al partido nazi, al NSDAP, partido único del estado. El 19 de agosto de 1934, asumió la presidencia (aunque usó siempre el título de Führer), tras la muerte de Hindenburg y después de un plebiscito clamoroso en que logró un 88 por ciento de votos afirmativos. La dictadura alemana había quedado en menos de un año firmemente establecida.

Una vez en el poder, los nazis hicieron un uso excepcionalmente intensivo de los mecanismos totalitarios de control social (policía, propaganda, educación, producción cultural). Más que formas más o menos autoritarias de coerción, impusieron un verdadero régimen de terror policial. El primer campo de concentración para prisioneros políticos se abrió el 20 de marzo de 1933, antes de cumplirse dos meses de la llegada de Hitler al poder. En 1929, Hitler había nombrado a Heinrich Himmler (1900-1945), un hombre minucioso y ordenado, jefe de su guardia personal, de las SS (Schutzstaffel o escalón protector) que hacían, además, las veces de servicio de seguridad. En 1934 le dio el control de la Gestapo (Geheime Staatspolizei), la policía secreta, que reorganizó como una subdivisión de las SS. En 1936, con la integración de todas las fuerzas policiales y parapoliciales (SS, Gestapo, Policía de Seguridad, Policía Criminal, Policía Política) bajo el mando de Himmler, la Alemania hitleriana se convirtió en un estado policíaco. El poder de las SS y de la Gestapo —unos doscientos treinta y ocho mil hombres en 1938—, que controlaban también los campos de concentración y los servicios de espionaje, fue inmenso, un estado dentro del estado. El número de presos políticos era en 1939 de treinta y siete mil.

Los nazis hicieron un uso excepcional de la propaganda y la cultura como formas de manipulación de las masas, de movilización social y de adoctrinamiento colectivo. Antes incluso de llegar al poder, Hitler y Goebbels (1897-1945), un intelectual mediocre y novelista fracasado, militante primero de la izquierda nazi pero unido a Hitler desde 1926, habían usado con extraordinario éxito los mítines de masas, los desfiles ritualizados y las coreografías colosalistas. Una vez en el poder, Goebbels, nombrado ministro de Ilustración y Propaganda en marzo de 1933, con control sobre prensa, radio y todo tipo de manifestación cultural, hizo de la propaganda el instrumento complementario del terror en la afirmación del poder absoluto de Hitler y su régimen. Las bibliotecas fueron depuradas de libros «subversivos». El arte expresionista y de vanguardia fue considerado como un arte «degenerado»; en su lugar, el arte nacional-socialista exaltó el clasicismo grecorromano, la grandeza y los mitos alemanes, el heroísmo y el trabajo. Conocidos escritores y artistas no nazis (Thomas y Heinrich Mann, Fritz Lang, Gropius, Bertold Brecht, Otto Dix, Georg Grosz, Max Beckmann y muchos otros) y centenares de intelectuales, científicos, profesores, artistas y músicos judíos tuvieron que exiliarse. Goebbels cuidó especialmente la radio, el cine y los grandes espectáculos. La producción de documentales y de films de ficción que por lo general glorificaban el pasado alemán y el régimen hitleriano (explícitamente antisemitas y xenófobos) aumentó considerablemente y su proyección se hizo obligatoria. Los espectáculos de masas en grandes estadios, en explanadas al aire libre, con uso abundante de recursos técnicos novedosos (luz, sonido, rayos luminosos), alcanzaron una perfección efectista sin precedentes. En concreto, la fiesta anual del Partido, organizada en el Luitpoldhain de Nurenberg, preparado debidamente por el arquitecto Albert Speer, era un espectáculo grandioso al que asistían unos cien mil espectadores y en el que se alineaban ante Hitler, con disciplina y marcialidad extremas, miles de hombres de las SA y de las SS entre mares de esvásticas y de estandartes nacionales, en una formidable liturgia nacional que sancionaba la arrebatada vinculación orgánica del Führer con su partido y su pueblo. En el mismo espíritu, Goebbels hizo de los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, una verdadera exaltación de la raza aria, de Alemania y de Hitler.

Los cuerpos de profesores de los distintos niveles de enseñanza fueron inmediatamente depurados. La educación quedó en manos de profesorado nazi. En 1936, se hizo obligatoria la afiliación de los jóvenes a las Juventudes Hitlerianas. El sistema judicial, también depurado, quedó subordinado al poder arbitrario de la policía. Mussolini, en Italia, respetó a la Iglesia católica y firmó con ella los pactos de Letrán. Los nazis, cuya ideología era paganizante y atea, sometieron a las Iglesias protestantes al control del estado y del Partido. Quienes se negaron, como los pastores y teólogos de la Iglesia Confesional —como Dietrich Bonhoeffer o Martin Niemöller— fueron duramente represaliados. El Concordato que la Alemania nazi firmó con la Santa Sede el 20 de julio de 1933 les hizo ser más tolerantes con los católicos. Pero la animadversión de los nazis al catolicismo —una religión no nacional— era manifiesta. Las violaciones del Concordato hicieron que el papa Pío XI condenara el nacional-socialismo como doctrina fundamentalmente anticristiana en su encíclica Mit brennender Sorge (Con pena ardiente) de 1937.

Hitler controló igualmente el ejército. Tras su elección como presidente (19 de agosto de 1934), exigió a los militares un juramento de lealtad a su persona. El 4 de febrero de 1938 destituyó al ministro de la Guerra, mariscal von Blomberg, y al jefe del ejército, general Beck, y asumió el mando de las fuerzas armadas. Desde 1933, el 1 de mayo quedó proclamado como fiesta del trabajo nacional. Los sindicatos de clase fueron proscritos y se crearon en su lugar sindicatos oficiales, el Frente de los Trabajadores Alemanes: las huelgas y la negociación colectiva también fueron prohibidas. El 1 de abril de 1933 se decretó el boicot a los comercios judíos. Seis meses después, una ley excluyó a los judíos de toda función pública. El 15 de septiembre de 1935, el Partido proclamó las leyes de Nurenberg, leyes racistas que privaban a los judíos de la nacionalidad alemana y les prohibían el matrimonio y aún las relaciones sexuales con los alemanes: seiscientas mil personas quedaron de inmediato privadas de la nacionalidad. En la noche del 7 al 8 de noviembre de 1938, «la noche del cristal», sinagogas, comercios y propiedades judías fueron asaltadas e incendiadas en toda Alemania: noventa y una personas fueron, además, asesinadas. De momento se trataba de provocar la emigración masiva de los judíos. Luego, en 1941, comenzó el horror, una nueva fase de represión que culminaría en la ejecución de unos seis millones de judíos, en el Holocausto, como solución final al problema.

LA CRISIS COLONIAL

Fuera de Europa, sólo otra variedad del nacionalismo podía ser considerada como una amenaza a la paz y el orden internacionales: el militarismo japonés. Pero toda Asia y buena parte de África eran ya desde 1919 focos permanentes de inestabilidad. La razón fue doble. De una parte, la I Guerra Mundial hizo estallar definitivamente el orden colonial. De otra, la terminación de las revoluciones nacionales que, como vimos, se habían desarrollado ya antes de la guerra en países como China, Turquía o Japón, resultó extremadamente problemática y compleja: en esos países, muchos nacionalismos hicieron del autoritarismo y de la violencia instrumentos esenciales de la misma revolución nacional.

En cualquier caso, aunque los grandes imperios —Gran Bretaña, Francia— pudieron usar en la I Guerra Mundial numerosos contingentes de tropas coloniales (australianos, neozelandeses, árabes, canadienses, hindúes, gurkhas nepalíes, sudafricanos, senegaleses, argelinos), como puso de relieve la masiva participación de soldados australianos y neozelandeses en la batalla de Gallipolli, la guerrilla árabe de Lawrence o la presencia del general sudafricano Smuts en el gabinete de guerra de Londres. Esta guerra, al subvertir el orden colonial, iba a constituir el detonante del definitivo despertar nacional de los pueblos de Asia y África. A ello contribuyeron de forma inmediata dos circunstancias fundamentales: el hecho mismo de que los principios de auto-determinación y nacionalidad constituyeran el fundamento del nuevo orden internacional representado por la Sociedad de Naciones; y la decepción que en el mundo colonial produjo la ampliación de los dominios coloniales de Gran Bretaña y Francia a Oriente Medio bajo la forma de los «mandatos», reemplazando así al antiguo poder otomano. A esas circunstancias se sumó enseguida un tercer factor: el impacto de la revolución soviética de 1917 y la labor de la Internacional Comunista, creada en 1919 por el nuevo régimen ruso, en apoyo de la lucha anticolonial, explicitada ya en el llamado Congreso de los Pueblos oprimidos celebrado en Bakú en septiembre de 1920. Con todo, dos hechos adicionales fueron los verdaderamente determinantes: la aparición de una nueva generación —culta y bien educada— en el mundo colonial, resultado precisamente de la propia obra colonial (que en general, potenció la educación superior de las élites de los pueblos colonizados); la necesidad de las propias potencias coloniales, puesta de relieve en escritos e informes de los mismos altos funcionarios de la administración imperial (un Sarraut o un Lyautey en Francia; Milner o Lugard en Gran Bretaña), de establecer nuevas formas de organización de sus dominios, como consecuencia de los crecientes costes de las administraciones imperiales y de las grandes dificultades militares que conllevaba la propia defensa del imperio, necesidad particularmente evidente en el caso de Gran Bretaña, donde la idea dominante desde 1919 vino a ser la transformación del imperio en una confederación de Dominios autónomos, como oficialmente proclamaría el Estatuto de Westminster de 1931.

Los poderes coloniales se encontraron, efectivamente, a partir de 1919 con una creciente oposición, cuyo epicentro fue la India, y su símbolo Gandhi, el nuevo líder del Partido del Congreso, y sus grandes campañas de desobediencia civil y resistencia pasiva contra el dominio británico. La India reveló el cambio que se había operado. El gobierno británico, que en 1917 había prometido, como compensación al esfuerzo de la India en la guerra «la implantación progresiva de un gobierno responsable», aprobó en 1919 la Ley del gobierno de la India que remodelaba la administración del territorio sobre la base de la diarquía: autonomía política y administrativa para las distintas provincias y estados indios, más un sistema bicameral nacional (en parte elegido, en parte designado); poder ejecutivo (virrey) e importantes funciones generales (policía, justicia, finanzas), en manos de la administración británica. Gran Bretaña optaba, pues, por el autogobierno de la India. El Partido del Congreso, dirigido desde 1915 por Gandhi (1869-1948), un antiguo abogado que durante su estancia en Sudáfrica entre 1893 y 1914 se había significado por su lucha en favor de los inmigrantes indios, consideró la nueva ley muy insuficiente: el nacionalismo indio optaba así por una política de confrontación cuyo objetivo final era ya la independencia. La terrible masacre de Amritsar, la capital del Punjab, donde el 13 de abril de 1919 un total de trescientas setenta y nueve personas resultaron muertas y más de mil heridas cuando tropas gurkhas mandadas por el oficial británico R.H. Dyer abrieron fuego contra una multitud congregada pacíficamente en una plaza, marcó el final de todo posible entendimiento: Gandhi promovió, como respuesta, su primera gran campaña de desobediencia civil, que se prolongó hasta 1922.

La India no sería ya, para Gran Bretaña, la civilización abigarrada, caótica y fascinante que a principios de siglo había inspirado la magnífica prosa de Kipling. La India sería un problema, la cuestión que desde 1921 reemplazaría a Irlanda como primera preocupación británica. Gandhi, cuyas distintas campañas de desobediencia civil fueron acompañadas por prolongadas huelgas de hambre que tuvieron un excepcional efecto propagandístico (y frente a las cuales el poder británico se sintió deslegitimado e impotente), hizo del Partido del Congreso, hasta entonces el partido de las élites occidentalizadas de la India, un partido de masas: su gran ambición fue crear una India libre y armónica guiada por el principio de la no violencia e inspirada en las virtudes sencillas de la vida de aldea y en la verdad profunda de su religiosidad; su inteligencia estuvo precisamente en que acertó a unir las ideas nacionalistas con los valores tradicionales del pueblo hindú (tal fue la causa de que recurriera a símbolos tan característicos como el vestido hindú y la rueca) y con la espiritualidad del hinduismo, que quiso afirmar a través de su propio ascetismo y de sus ayunos de autopurificación.

La agitación, no siempre pacífica (en Bengala hubo una intermitente actividad terrorista entre 1923 y 1932), se extendió en efecto por gran parte de la India. La «marcha de la sal» que Gandhi promovió en 1930, la segunda de sus grandes campañas de desobediencia civil, en la que Gandhi dirigió a cientos de miles de seguidores hacia el mar a lo largo de trescientos veinte kilómetros para protestar contra los impuestos británicos sobre la sal, reveló ya la extraordinaria capacidad de movilización de masas que con Gandhi, reverenciado por las multitudes como un hombre santo (Mahatma, alma grande), había alcanzado el nacionalismo indio. El gobierno británico optó por la negociación. En 1930-1932, reunió en Londres las Conferencias de la Mesa Redonda, a la segunda de las cuales, en septiembre de 1931, asistieron el propio Gandhi y el líder de la Liga Musulmana, Muhammed Ali Jinnah (1876-1948), el futuro creador de Pakistán; en 1935, aprobó una nueva Ley del gobierno de la India, que entró en vigor en 1937, y creó Asambleas legislativas de elección plenamente democrática en los catorce estados que integraban la India británica (los preveía también para los casi setecientos principados y reinos autónomos que completaban la estructura política del subcontinente, pero esto no se llevó a la práctica). Las elecciones pusieron de manifiesto el estado político de la India: el Partido del Congreso, cuya ala izquierda encabezada por Jawaharlal Nehru y Subhas Chandra Bose exigía la independencia inmediata, ganó en siete de los catorce estados del país. El lema con el que Gandhi definió su última campaña de desobediencia, promovida en 1942 después de que Gran Bretaña decidiera unilateralmente la entrada de la India en la II Guerra Mundial, no podía ser ya más explícito: «Dejad la India»[17].

Oriente Medio emergió a su vez como un nuevo escenario de tensión, después de que la adopción en 1920 por la Sociedad de Naciones de la fórmula de «mandatos» de Francia (sobre Siria y Líbano) y Gran Bretaña (Transjordania, Irak y Palestina) propiciase la substitución del poder otomano por el poder europeo. La política de mandatos no fue una política estéril. Al contrario, bajo los mandatos se crearon las estructuras administrativas, jurídicas y políticas que harían posible la consolidación de los estados árabes de la región, los arriba citados, previamente inexistentes. La reforzada presencia europea en la zona impulsó, paralelamente, cambios significativos en la vida social de todo el mundo árabe, que afectaron en muy distinto grado —y más a las elites urbanas que a las masas rurales— a la educación, cultura (un buen ejemplo sería la literatura de los escritores egipcios Taha Husayn y Naguib Mahfuz), a los usos y costumbres (vestido, prácticas matrimoniales, papel de la mujer), vida familiar y religiosa, formas del comercio, entretenimiento (introducción, por ejemplo, del cine y del deporte), información, vida urbana (transportes, automóviles, taxis, teléfonos), arquitectura de las ciudades. Pero para el nacionalismo árabe, aún incipiente —habían sido los ingleses, si se recuerda, quienes durante la guerra mundial provocaron la revuelta árabe contra el dominio otomano, encabezada por Huseyn, el jerife de la Meca y del Hiyaz—, los mandatos fueron, antes que nada, una colosal decepción: el reparto desdecía las promesas hechas por los mismos ingleses —el alto comisario McMahon y Lawrence de Arabia— a Huseyn y a sus hijos de crear un reino unitario árabe en la zona (Gran Bretaña, con todo, reconoció a Huseyn como rey del Hiyaz, hizo a Abdullah emir de Transjordania y a su hermano Feisal, expulsado por los franceses de Siria, rey de Irak, ya en agosto de 1921) y defraudaba las expectativas que los sirios habían podido alimentar de integrar, con Líbano y Palestina, una Gran Siria; el mundo árabe consideró, además, la declaración del ministro de Asuntos Exteriores británico Balfour de octubre de 1917, asegurando el compromiso británico para establecer un hogar nacional judío en Palestina, como una traición, y como un nuevo y especial desafío al Islam.

La legitimidad de los nuevos estados árabes, todos ellos nacidos como regímenes liberales y parlamentarios en el marco, claro está, de una soberanía restringida —como sería también el caso de Egipto, al que Gran Bretaña había declarado Protectorado propio en 1914 y al que ahora, 1922, daría unilateralmente la independencia—, era además cuando menos frágil, y dependiente del apoyo militar y económico o británico o francés. Su aparición reabría el que, como se dijo en un capítulo anterior, era en el fondo el gran problema del arabismo e Islamismo modernos: la definición del estado islámico, la relación entre religión y estado en el nuevo mundo árabe, que no nacía como una comunidad de creyentes, ni siquiera como una unidad panarabista (el sueño de intelectuales como Sati al-Husri y Constantin Zurayq), sino como un conjunto de distintas patrias árabes. El clero shiíta, que representaba a más de la mitad de la población iraquí, negaría desde el primer momento la legitimidad del nuevo Irak y abogaría por su transformación en un estado islámico. Siguiendo la línea de pensamiento desarrollada por Rashid Rida —Islam como sistema religioso y jurídico e instrumento de gobierno—, en 1928 Hasan al-Banna (1906-1949), un maestro de vida frugal y piadosa y gran carisma personal, creó en Egipto los Hermanos Musulmanes, una organización que vería en el Islam la religión de la igualdad social y que, frente a la creciente influencia europea, aspiraría a imponer la ley islámica sobre todas las actividades sociales y políticas del mundo musulmán (aunque la actividad de la organización, que en pocos años contaría con miles de afiliados, quedaría fundamentalmente circunscrita a Egipto). La cuestión religiosa precisamente, unida a las aspiraciones de Huseyn, quien si en 1919 había utilizado el título de «rey de los países árabes», en 1924 al producirse la abolición del califato en Turquía se proclamaría califa, provocó pronto un grave problema: la pretensión califal, que conllevaba el liderazgo religioso del Islam, tanto más así si lo asumía la casa gobernante del Hiyaz, la región que albergaba los lugares sagrados de aquél (Meca, Medina) y acogía las peregrinaciones anuales a la Meca, encubría la aspiración al liderazgo político del mundo árabe, planteamientos en todo caso inadmisibles, en la propia Arabia, para las concepciones religiosas (purificación del Islam, rigorismo doctrinal, fidelidad al Corán) de wahhabíes y príncipes de otras regiones de la península, que durante la I Guerra Mundial habían roto definitivamente todo vínculo con el mundo turco y proclamado a Abd al-Haziz ibn Saud (1880-1953) rey de Arabia. En enero de 1926, tropas de ibn Saud, originariamente líder del Nejd, invadieron el Hiyaz, y en poco tiempo tomaron las ciudades de Jedda, Medina y la Meca, provocando la abdicación y el exilio subsiguiente de Huseyn, a lo que siguió, ya en 1932, la constitución oficial del reino de Arabia Saudí.

Los mandatos británico y francés no fueron pues, por múltiples razones como vemos, mandatos tranquilos. Graves disturbios —huelgas urbanas, guerrilla y terrorismo rural y urbano—, complicados por conflictos étnicos y religiosos entre las distintas comunidades de la zona, estallaron en Irak (1920), Siria (1925-27) y Palestina (1929, 1936-39). En Irak, Gran Bretaña optó por establecer un estado independiente (1921) bajo el rey Feisal: tras firmar una alianza militar por veinticinco años, ingleses e iraquíes negociaron la plena independencia en 1930. Francia, enfrentada a una rebelión de sirios drusos, tuvo que evacuar Damasco en 1925, pero al año siguiente retomó el control de la región, concedió una Constitución (1930) y, ante la amplitud del movimiento nacionalista, prometió en 1936 la independencia (que, sin embargo, no llegó hasta 1944). En Palestina, Gran Bretaña había asumido un compromiso imposible: favorecer la creación de un estado judío sin lesionar los derechos de los árabes. Aunque en 1900 la población judía apenas si llegaba a las treinta y seis mil personas frente a una población árabe que rondaba las quinientas mil, por lo que ésta última difícilmente pudo haberse sentido amenazada, la creciente inmigración judía impulsada por el sionismo —cuarenta mil personas entre 1900 y 1914, treinta y cinco mil entre 1915 y 1923, ochenta mil entre 1924 y 1929—, aun no rompiendo el equilibrio poblacional, (en 1936 la población judía era de trescientas ochenta y cinco mil personas, sólo el 28 por ciento de la población del territorio), parecía, sin embargo, avalar la tesis del «hogar judío» de la declaración Balfour. El yishuv, «implantación», el nombre con que los judíos designarían a la sociedad israelita en Palestina antes de la proclamación del estado de Israel en 1948, pondría en marcha de inmediato, desde 1920, sobre los ideales pioneros socialistas y el retorno a la tierra, los kibbutz, el embrión de un estado judío: parlamento electo, Comité Nacional, Agencia Judía (representante de la Organización Sionista ante la Sociedad de Naciones y dentro de Palestina), partidos políticos, universidad, central obrera (histadrut), milicia de auto-defensa (haganá); el hebreo, fijado como lengua por Eliezer Ben Yehuda, un judío ruso que había emigrado a Palestina en 1881, devino el idioma «nacional»; Tel Aviv, una localidad de sesenta colonos en 1908, una ciudad de cincuenta mil habitantes en 1937, con numerosos edificios de estilo Bauhaus, emergió como el símbolo y potencial capital de la nueva nacionalidad. La comunidad árabe, liderada por el Gran Mufti de Jerusalén Haj-Amin al Husseini (1897-1974), iría viendo por tanto el mandato británico como una erosión continuada de sus derechos. Pronto, en 1920, estallarían disturbios anti-judíos y enfrentamientos entre las comunidades judía y árabe: cerca de quinientos judíos fueron asesinados en Hebrón y Safed en los choques que se produjeron a partir del 23 de agosto de 1929. La ruptura definitiva se produciría en 1936-1939: la población palestina declaró, primero (abril-octubre de 1936), una huelga general y un boicot contra el poder británico en demanda de la paralización de la inmigración judía, de la prohibición de la venta de tierra a los judíos y del autogobierno; luego, una guerra de guerrilla intermitente, duramente reprimida por el ejército inglés, golpeó durante tres años las posiciones británicas y los asentamientos judíos. En 1937, Gran Bretaña pareció decidirse por la división de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, reservándose Gran Bretaña el control de Jerusalén, Belén y Nazaret, tal como planteaba el informe que una comisión presidida por Lord Peel preparó en julio de aquel año, idea apoyada por la Agencia Judía, presidida entonces por Chaim Weizmann, pero rechazada por la comunidad árabe y por sectores extremistas judíos. El cambio en la posición británica, motivada por la revuelta palestina y la necesidad de mantener la amistad de los países árabes ante la inminencia de una nueva guerra mundial, cambio en virtud del cual Gran Bretaña propuso (Libro Blanco,1939) la creación en diez años de un estado palestino unitario de mayoría árabe y limitación de la inmigración judía, convenció a muchas organizaciones judías de la inevitabilidad de ir a una declaración unilateral de independencia, con o sin apoyo británico. El estallido de la II Guerra Mundial, tras la cual el Holocausto volcaría a la opinión mundial del lado de los judíos, no hizo sino aplazar la decisión[18].

Los problemas eran, en todas partes, considerables. En Egipto, país de identidad compleja (al tiempo, egipcia, islámica y cosmopolita) pero de fuerte sentido nacional, la agitación anti-británica, encabezada por el partido nacionalista Wafd (Delegación), nombre que hacía referencia a la delegación egipcia que encabezada por Saad Zaghlul pidió a Gran Bretaña en 1918 el fin del protectorado, provocó violentos disturbios y enfrentamientos a partir de 1919. Gran Bretaña, como había hecho en Irak y haría en Afganistán, optó por establecer (1922) una monarquía constitucional, bajo el rey Fuad, el antiguo sultán, pero reteniendo el control de Suez y del Sudán. Pese a que el crecimiento de los Hermanos Musulmanes reflejaba la creciente afirmación del Islam —en parte porque el Egipto liberal no representaba el sentir de las clases populares—, el Wafd ganó todas las elecciones que se celebraron entre 1924 y 1936, y dominó la política del país hasta la II Guerra Mundial: las relaciones egipcio-británicas siguieron siendo problemáticas hasta que en 1936 Gran Bretaña renunció al control militar del país y anunció que en veinte años se retiraría de Suez, la única zona que aún retuvo bajo su control.

En Libia, los italianos no consiguieron terminar con la resistencia de senusis y beduinos hasta 1932. En Túnez, protectorado francés desde 1881, la creación en 1920 del Partido Destur, principal exponente del nacionalismo tunecino, integrado por jóvenes tunecinos educados en Francia, marcó el comienzo de la agitación anti-francesa. Francia se limitó a crear (1922) un Gran Consejo puramente consultivo. En 1934, una escisión radical del Destur creó el NeoDestur, dirigido por Habib Burgiba: los neodesturianos organizaron una amplia oleada de huelgas y movilizaciones en 1937-1938, muy duramente reprimida por las autoridades francesas.

En Argelia, donde la aparición del nacionalismo fue más lenta por la importancia numérica de la colonia francesa —unas ochocientas treinta y tres mil personas en 1926— y por la no existencia de una clase media ilustrada musulmana, Messali Hadj fundó en 1927, pero entre los trabajadores emigrantes en Francia, la primera organización anticolonialista, la Estrella Norteafricana, precedente del Partido Popular Argelino, de ideología nacionalista y comunista, que Messali Hadj creó ya en los años treinta. Paralelamente, los ulemas tradicionalistas promoverían la idea de una patria musulmana basada en el Islam y la lengua árabe; otros sectores de la población, liderados por el diputado en el parlamento francés Ferhat Abbás, parecían inclinarse todavía por la asimilación a Francia.

En Marruecos, Protectorado hispano-francés desde 1912 pero país de acusada conciencia histórica aglutinada por la corte (dinastía alauita desde 1659) y su administración, la rebelión anticolonial contra España (la guerra del Rif, en la que se forjó, si se recuerda, el nacionalismo militar español: Franco mismo inició la sublevación de 1936 en Marruecos y el ejército de África fue su principal fuerza de choque en la guerra) no pasó, en principio, de acciones armadas esporádicas contra las posiciones españolas a cargo de líderes locales tradicionales. La guerra escaló cuando Abd-el Krim (1881-1963), jefe de las cabilas de las montañas del Rif, desencadenó a partir de 1920 una eficaz acción guerrillera —en la que el ejército español sufriría, en julio de 1921, la terrible derrota de Annual, en la que se perdieron unos diez mil hombres—, que sólo pudo ser dominada en 1925-1927 tras una acción militar conjunta hispano-francesa a gran escala sobre Alhucemas, coordinada por el mariscal Pétain, e incluso así, el Alto Atlas no sería conquistado hasta 1934. En el Marruecos francés, muy modernizado bajo la administración del mariscal Lyautey (1912-1925), el dahir beréber del gobierno francés de 16 de mayo de 1930 que sustraía las tribus beréberes a la jurisdicción musulmana, provocó la primera agitación de importancia de las juventudes urbanas nacionalistas, que vieron en la disposición un intento de dividir Marruecos. En 1934, intelectuales marroquíes (Allal al Fassi, Mohamed Ouazzani, Ahmed Balafrej) crearon el Bloque de Acción Nacional —del que saldrían el Istiqlal y el Movimiento Popular, los dos principales partidos nacionalistas— que exigiría a Francia la apertura de procesos electorales locales y regionales que fueran creando las instituciones representativas de un futuro Marruecos independiente[19].

En suma, con la excepción del África negra, el nacionalismo hizo del antiguo orden colonial un escenario de inestabilidad, insurrecciones, protestas y conflictos. Y excepción relativa, pues desde los años veinte aparecieron en Ghana, Nigeria, Kenya y otros puntos organizaciones y personalidades que reclamaban de Inglaterra, por lo general por vías amistosas y pacíficas, cambios constitucionales hacia el autogobierno, movimiento reforzado de alguna forma por la aparición en los Estados Unidos de teorías e iniciativas panafricanistas —como la Asociación para la Mejora Universal de los Negros creada en 1916 por Marcus Garvey o los Congresos Panafricanos impulsados por William Du Bois entre 1919 y 1927— que reclamaban el retorno de la población negra norteamericana a África y la unificación política africana (y en sentido contrario: en Sudáfrica, dirigentes blancos de ascendencia holandesa, encabezados por Daniel F. Malan, relanzaron en 1935 el Partido Nacional, el partido del nacionalismo afrikaner, que defendería la construcción de Sudáfrica, no como un dominio británico al estilo de Australia o Nueva Zelanda, que es lo que venía ocurriendo desde la constitución de la Unión de Sudáfrica en 1909, sino desde los supuestos de supremacía blanca, estado confesional calvinista, y cultura y tradiciones boer). En los años treinta, la rebelión anticolonial se extendió. A las ya mencionadas, se unieron ahora revueltas (malestar, descontento, oposición, en suma) en Birmania, Ceilán, Indonesia —que ya había conocido una sublevación comunista en 1926 y donde en 1927 se había creado el Partido Nacionalista Indonesio bajo la dirección de Ahmed Sukarno y de Mohammed Hatta— e Indochina, en Vietnam, donde también comunistas y nacionalistas, las dos grandes tendencias de la oposición a la colonización francesa, habían iniciado la lucha contra el dominio francés años antes. El joven Malraux, por ejemplo, había tenido ya en 1925-1926 ocasión de colaborar con intelectuales de Saigón en la creación de distintos periódicos anticolonialistas; en 1927, se creó el Partido Nacional de Vietnam (Vietnam quoc dan dang, V NQDD) que estuvo detrás de la violenta insurrección de la guarnición de Yen Bai, durísimamente reprimida por las tropas francesas; en 1930, dirigentes del exilio (Ho Chi Minh, Pham Van Dong, Truong Chinh, etcétera), alguno, como Ho Chi Minh vinculado desde el principio a la Internacional Comunista de Moscú, crearon el Partido Comunista, desde la tesis de que en Vietnam la revolución nacional habría de ser necesariamente una revolución comunista.

NACIONALISMO, REVOLUCIÓN Y MILITARISMO EN CHINA Y JAPÓN

Pese a todo, el problema, en Asia al menos, no fue tanto el nacionalismo anticolonial como los nacionalismos posnacionales que, una vez completadas las respectivas revoluciones nacionales, o en el curso de éstas, se desarrollaron en distintos países del continente. Porque, en efecto, la revuelta de Asia, como se la llamó, se completó en la década de 1920. En Turquía, tras abolir el sultanato y el califato y proclamar la República, Mustafa Kemal introdujo, bajo un sistema presidencialista que él mismo presidió hasta 1938, el sufragio universal (para varones mayores de 18 años), el sistema parlamentario, aunque con elecciones indirectas y en un régimen que era en la práctica de partido único, del Partido del Pueblo. Kemal, además, secularizó el estado y occidentalizó la sociedad, imponiendo la emancipación de las mujeres, el vestido occidental —el sombrero pasó a ser símbolo del progreso—, el alfabeto latino, el sistema patronímico occidental y el sistema métrico decimal: en 1933, inició un ambicioso programa de industrialización bajo control del estado.

En Persia, el comandante Reza Khan (1877-1944), un militar nacionalista, cumplió un papel análogo. Dueño del poder por un golpe de fuerza desde 1921, depuso al sha y a la dinastía Qajar en 1925 y, ante la oposición a la república del clero shiíta, entronizó su propia dinastía, a la que denominó Pahlévi. Pese a que nunca tendría el grado de legitimidad que, por ejemplo, Kemal tuvo en Turquía, entre 1926 y 1941 Reza hizo de Persia, a la que en 1935 redenominó Irán, un país moderno, si bien autoritario y desde luego, no democrático. Reorganizó el ejército, la educación y la administración del estado, introdujo el sistema judicial francés (1927), inició la industrialización y la construcción de infraestructuras modernas (ferrocarriles, carreteras), limitó el poder del clero —cuya influencia y prestigio harían, sin embargo, fracasar la política de secularización emprendida por el trono— y renegoció con Gran Bretaña en términos favorables para su país, los acuerdos de explotación del petróleo firmados, con británicos y rusos, en 1908.

En China, la dictadura de Yuan Shikai que siguió a la caída del Imperio en 1911 no había pasado de ser, como quedó dicho, un embrión de estado nacional. Luego, la imposición de Japón durante la I Guerra Mundial de las llamadas «Veintiuna condiciones», ante las que China tuvo que capitular y que hicieron del país una especie de protectorado económico, generó una intensa reacción nacionalista particularmente notable en las provincias del Sur. En esas circunstancias, la muerte de Yuan Shikai en junio de 1916 abrió una gravísima crisis de estado, que se prolongó durante años, al hilo de la cual se decidió el destino de la revolución nacional china. Porque, la muerte de Yuan provocó, en efecto, la desintegración del poder central —aunque un poder nominal, incapaz siquiera de articular su territorio más inmediato, siguiera existiendo en Beijing— y la afirmación de la autoridad territorial autónoma de los jefes militares de las regiones, de los «señores de la guerra», hombres como Yan Xishan, que retuvo su autoridad sobre la provincia de Shaanxi hasta 1949, Zhang Zuolin, gobernador de Manchuria, o Feng Yuxiang, «el general cristiano» que mandaba en otra región del Norte. En el Sur, en Guangzhou (Cantón), se produjo una secesión de hecho al restablecer Sun Yat-sen, exiliado durante la guerra, con apoyo de los jefes militares de la región, un gobierno republicano que rechazó la autoridad de Beijing y se autoproclamó como el único gobierno legítimo de China. En unos pocos años, el país quedaría literalmente arruinado: guerras interprovinciales, bandidismo, hundimiento del comercio interior, destrucción de las vías de comunicación, hambre, miseria rural, colapso total de las grandes ciudades y puertos. Shanghai, carente de todo control, se transformó en el centro mundial del tráfico de opio y de toda clase de drogas bajo el dominio del hampa local.

La reconstrucción de China, cuyo resultado último sería la revolución comunista de 1949, fue el resultado de la doble revolución cultural y política que se gestó en los mismos años de caos y confusión que siguieron a la dictadura de Yuan Shikai, como reacción precisamente al proceso de degeneración política y social y a la situación de vacío de poder que se habían creado. La China de los años 1919-1928 fue, por debajo de la crisis política y social, un hervidero de incitaciones intelectuales: por ejemplo, el filósofo norteamericano John Dewey, principal exponente del pragmatismo filosófico y de las ideas liberales y democráticas de su país, permaneció dos años en China, invitado en 1919 por la Universidad de Beijing, y dio unas ciento cincuenta conferencias por todo el país. La revolución cultural, el «renacimiento chino» como lo llamó uno de sus inspiradores, el filósofo y ensayista Hu Shih (1891-1962), fue, pues, básicamente una revolución de intelectuales y estudiantes, muchos de ellos, como el propio Hu Shih, educados o en los Estados Unidos o en los colegios de las misiones religiosas extranjeras. Tuvo su centro en la Universidad de Beijing, que subsistió precariamente gracias al esfuerzo de su rector, Cai Yuanpei, un antiguo ministro de educación que aglutinó a un núcleo de profesores notables, como Hu Shih y Chen Duxiu (1879-1942), el decano de la Facultad de Letras y director de La Nueva Juventud, revista crítica de toda la cultura tradicional, e impulsor de una Sociedad para el Estudio del Marxismo. Se extendió a partir de 1920 a otras universidades y centros del país (en Nanjing, Tianjin, Shanghai y otras localidades), muchos de ellos privados y los más, financiados por capital norteamericano. En términos filosóficos, supuso una reacción contra la influencia del pensamiento y la filosofía confucianos, como responsables de la decadencia nacional y fundamento del orden tradicional chino; en términos lingüísticos y literarios, supuso una ruptura con la lengua y los escritores clásicos, e impulsó la creación de una nueva literatura y el uso literario de la lengua vernácula y cotidiana, con el fin de abordar la verdadera realidad de la sociedad china contemporánea, tal como hizo, por ejemplo, Lu Xun (1881-1936), el autor de Diario de un loco, el gran escritor chino de su generación.

El renacimiento cultural chino adquirió dimensión política cuando el 4 de mayo de 1919, como protesta por la adjudicación a Japón en el Tratado de Versalles de las antiguas concesiones alemanas en China, profesores y estudiantes de la Universidad de Beijing organizaron grandes manifestaciones de protesta, prolongadas con huelgas y nuevas manifestaciones en Shanghai, Guangzhou y otras ciudades importantes. El «Movimiento del 4 de mayo» reveló la profunda conciencia, a la vez nacionalista y reformista, de la élite intelectual y universitaria: como ya observara Dewey, la China del renacimiento intelectual y nacionalista era incompatible con la China caótica y desvertebrada de los señores de la guerra. Así, la revolución política nacional tuvo su centro en el Sur, en el régimen que Sung Yat-sen había logrado estabilizar en Guangzhou. Depuesto en 1922 por uno de sus jefes militares, Chen Jiongming, Sun Yat-sen reorganizó el Guomindang —unos ciento cincuenta mil afiliados—, buscó por razones tácticas la cooperación con la Internacional Comunista, que desde el congreso de Baku del verano de 1920 había incluido a China como uno de los objetivos del movimiento de liberación de los pueblos oprimidos, y tras recuperar el poder en Cantón (Guangzhou) en 1923, fusionó el Guomindang con el minúsculo Partido Comunista Chino, que se había creado en Shanghai en julio de 1921 por iniciativa de intelectuales y jóvenes vinculados al movimiento del 4 de mayo (Chen Duxiu, Li Dazhao, el bibliotecario de la Universidad de Beijing, Mao Zedong, su ayudante, Peng Pai y otros)[20].

El objetivo era lograr la unidad nacional, como quedó explicitado en el acuerdo que en enero de 1923 firmaron Sun Yat-sen y el representante de la Internacional, Adolf Joffe. Como aspiraciones ideales, se adoptaron «los tres principios del pueblo» —nacionalismo, democracia, bienestar popular— que constituían el fundamento del pensamiento de Sun Yat-sen[21]. El programa del nuevo Guomindang, redactado por el agente soviético Mijaíl Borodin, garantizaba las libertades constitucionales esenciales, planteaba una redistribución igualitaria de la tierra y la nacionalización de empresas privadas nacionales y extranjeras de carácter monopolista (bancos, ferrocarriles, marina mercante); prometía también la anulación de todas las concesiones comerciales y portuarias hechas a los países extranjeros. Los asesores soviéticos hicieron del nuevo Guomindang un partido centralizado y disciplinado al estilo del Partido Comunista de la URSS. En mayo de 1924, fundaron la Academia Militar de Whampoa para reorganizar al ejército chino, bajo la dirección de Chiang Kai-shek (o Jiang Jiehi, 1887-1975), un militar nacionalista, ascético y enérgico, con un joven comunista de origen acomodado, Zhou Enlai (1898-1976) como director político del nuevo centro. La URSS envió instructores militares, agentes políticos, armas en abundancia y fondos cuantiosos. Los comunistas implantaron sus organizaciones políticas y sindicales en las principales ciudades y en algunas zonas rurales.

El ejército del Guomindang, bajo el mando de Chiang Kai-shek, líder del partido a la muerte de Sun en 1925, inició así, en 1926, la reconquista del país, la campaña del Norte, precedida en muchos puntos por huelgas y manifestaciones desencadenadas por el Partido Comunista. Las columnas comunistas, dirigidas por Borodin, penetraron por la costa hasta Shanghai y Nanjing, que tomaron en marzo de 1927: el posterior avance sobre Beijing fue detenido por las tropas japonesas estacionadas en puertos cercanos. Las columnas del propio Chiang avanzaron por el interior, tomando la provincia de Hunan, y luego, Shandong y Wuhan (octubre de 1926). El equilibrio militar dejó a China en una situación favorable a la izquierda: el 12 de abril de 1927, Chiang dio un golpe de estado contra la izquierda del Guomindang y contra los comunistas, arrestando y ejecutando a varios miles de ellos (a veces, como en Shanghai, con apoyo del hampa). Los consejeros rusos fueron expulsados. La insurrección que los comunistas intentaron organizar en Cantón (Guangzhou) y otros puntos fue aplastada, aunque algunos dirigentes comunistas (Mao Zedong, Zhu De, Zhou Enlai) lograrían sobrevivir, refugiarse en las montañas del interior de la provincia de Hunan y organizar desde allí un llamado «ejército rojo», base de la resistencia guerrillera contra el régimen de Chiang. Éste relanzó su ofensiva sobre el Norte, en colaboración incluso con algunos de los antiguos señores de la guerra. Tras nuevos choques con tropas japonesas, Beijing fue ocupado el 8 de junio de 1928 (aunque Chiang estableció la capital en Nanjing).

Aunque parte de Manchuria continuaba bajo ocupación japonesa, seguía habiendo fuerzas extranjeras en distintos puertos del país y no todos los señores de la guerra habían sido o sometidos o liquidados, en apenas tres años, Chiang Kai-shek había conseguido la reunificación de gran parte de China. Militante del Guomindang desde antiguo, Chiang creyó siempre que sólo la fuerza militar podría garantizar la unidad china y la independencia nacional. Dueño de la situación, estableció un régimen presidencialista y militar, que, a veces, en los años treinta, adquirió connotaciones fascistizantes, con iniciativas como la organización de Camisas Azules, al estilo de los partidos fascistas europeos, o la creación en 1934 del Movimiento de Nueva Vida para educar a la sociedad en las viejas virtudes —sentido moral, cortesía, austeridad— de la tradición china. Aunque en 1931 se aprobó una Constitución que establecía la división de poderes —los tres clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial, más dos inspirados en ideas de Sun Yat-sen: el de control y el de exámenes— fue de hecho Chiang quien, con el apoyo del ejército, ejerció realmente el poder, asumiendo la jefatura del gobierno y la del Guomindang, único partido autorizado.

Chiang Kai-shek modernizó el aparato administrativo del estado: los ministerios, los presupuestos, las academias militares, los códigos civiles y comerciales. Su régimen introdujo un moderno sistema bancario y financiero, uniformizó el papel moneda para todo el país e inició grandes obras públicas: obras hidráulicas, construcción de miles de kilómetros de ferrocarriles y carreteras, teléfonos, telégrafos, líneas aéreas, repoblación forestal. La producción industrial y minera (carbón, hierro, estaño), buena parte de ella de capital extranjero, creció notablemente: el índice de la producción pasó de 100 en 1933 a 110,4 en 1937. El gobierno, no obstante el control que ejerció sobre la vida intelectual en grave detrimento de la cultura, hizo también un ingente esfuerzo educativo lo mismo en enseñanza primaria y secundaria que en el ámbito universitario. China tenía en 1933 cuarenta universidades y veintinueve escuelas técnicas; la Biblioteca Nacional de Beijing, construida merced a donaciones norteamericanas, era una de las mejores de Asia.

El régimen de Chiang fue obsesivamente anticomunista: reprimió con dureza extrema a las células clandestinas del Partido y a sus hipotéticos colaboradores y simpatizantes, y lanzó varias ofensivas militares para acabar con la guerrilla comunista, a la que forzaría a emprender (octubre de 1934 a octubre de 1935) una «larga marcha» de unos diez mil kilómetros desde sus bases en la provincia de Jiangxi, en el sur, primero hacia el oeste y luego hacia el norte, en la que perdieron unos cien mil hombres (aunque con lo que restó del Ejército Rojo su principal dirigente, Mao Zedong, pudo estabilizarse y reorganizar la resistencia en la provincia de Shaanxi). La nueva China parecía, pues, estabilizarse. Ya en la Conferencia de Washington de 1922, se había firmado a iniciativa de los Estados Unidos —país que de antiguo venía manteniendo una especial actitud hacia China para contener el expansionismo japonés y europeo— un tratado (suscrito por Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, China, Japón y los Estados Unidos) por el que se garantizaba la soberanía e integridad territorial de China. En 1924, la Unión Soviética renunció a sus derechos de extraterritorialidad y a las concesiones portuarias que la Rusia zarista había arrancado a China. Los Estados Unidos entregaron ese mismo año al gobierno chino seis millones de dólares como indemnización por la guerra de los boxers. Inglaterra entregó en 1927 las concesiones en Hanken y Kinkiang (después de que el año anterior hubiera huelgas y manifestaciones de inspiración comunista contra la presencia de barcos ingleses en Shanghai y Guangzhou); en 1930, devolvió Weihaiwei. Entre 1928 y 1930, China pudo renegociar todos los tratados comerciales y recobrar su plena autonomía aduanera.

El gran problema para China seguía siendo Japón. Chiang, convencido de la superioridad militar japonesa y de que la prioridad militar de su régimen era acabar con la guerrilla comunista, quiso eludir tensiones y prefirió ignorar las presiones irredentistas del nacionalismo chino sobre Manchuria y sobre los restantes enclaves ocupados por los japoneses, si bien en 1928 se decretó un boicot a los productos japoneses para protestar por las intrusiones de Japón durante el avance hacia el Norte de los años 1926-1927 (que ya han sido mencionados). La realidad de la amenaza japonesa se precisó en 1931. Tres años antes, oficiales del ejército japonés estacionado en Kuantung (sur de Manchuria) habían ya provocado un gravísimo incidente al asesinar el 4 de junio de 1928 al gobernador de la Manchuria china, Zang Zuolin. Ahora, el 18 de septiembre de 1931, con el pretexto de la explosión que se había producido en una línea de ferrocarril en Mukden al paso de tropas japonesas que realizaban ejercicios de maniobras, el mismo ejército de Kuantung atacó y ocupó varias localidades chinas y poco después, en febrero de 1932, completó la ocupación de toda Manchuria. Además, Japón desembarcó en Shanghai un cuerpo expedicionario de setenta mil hombres (28 de enero-4 de marzo de 1932) y obligó a China a establecer un área desmilitarizada en torno a la zona internacional del puerto y a poner fin al boicot iniciado en 1928. Pese a las condenas internacionales —primero de los Estados Unidos, luego de la Sociedad de Naciones—, Japón creó en Manchuria el estado títere de Manchukuo y colocó a su frente al ex emperador chino Puyi, con consejeros y ministros japoneses. Lejos de oír las recomendaciones de la Asamblea General de la Sociedad de Naciones (24 de febrero de 1933), que negó el reconocimiento al nuevo estado y exigió el cese de las acciones militares, Japón ocupó otra provincia, Rehe, amenazando Beijing, y trató de forzar a China, tras firmarse un armisticio en mayo de 1933, a transformar las provincias del norte en regiones autónomas desmilitarizadas, o sea, en una suerte de protectorado japonés.

La agresión japonesa provocó una fuerte reacción nacionalista en toda China, que iba a condicionar el futuro del régimen de Chiang y, lo que iba a ser más importante, toda la historia posterior del país y aún de Asia. Los comunistas ofrecieron en agosto de 1935 el cese de la acción guerrillera y la formación de un frente nacional anti-japonés, propuesta que encontró favorable acogida en sectores del propio ejército de Chiang. La presión de la opinión a favor de una nueva guerra contra Japón, expresada a veces ruidosamente, fue haciéndose cada vez mayor. En octubre de 1936, Japón presentó nuevas demandas: incorporación de asesores japoneses al gobierno chino, formación de brigadas militares mixtas, reducción de aranceles, autonomía para cinco provincias del norte y otras. El 12 de diciembre, durante una visita a Xian, Chiang fue secuestrado durante unos días por oficiales de la guarnición local, para forzarle a declarar la guerra a Japón. Liberado, tras las manifestaciones de lealtad a su persona que se produjeron en toda China en parte alentadas por los comunistas decididamente volcados a la tesis del Frente Unido Nacional, Chiang detuvo la acción anticomunista y, previas negociaciones, restableció, poco después, el pacto Guomindang-Partido Comunista de los años 1923-1924.

En julio de 1937, tras producirse un choque entre tropas japonesas y chinas en los alrededores de Beijing, Japón invadió China, sus tropas ocuparon rápidamente Beijing y Tianjin y, tras una serie de operaciones a gran escala, una gran parte de China septentrional. En agosto, nuevos contingentes de tropas japonesas desembarcaron en Shanghai, ciudad que tomaron tras dos meses de violentísimos combates: la aviación japonesa bombardeó implacablemente numerosas ciudades chinas. En noviembre, Chiang tuvo que trasladar la capital al interior del país, a Chongqing. Nanjing cayó el 13 de diciembre y los japoneses, tras masacrar a unas doscientas mil personas, establecieron allí un gobierno Reformado de la República China, otro gobierno títere, presidido por Wang Jingwei. Pese a que las tropas chinas, que desde 1940 recibirían ayuda británica y norteamericana desde Birmania, obtuvieron algunos éxitos parciales; pese a que la guerrilla comunista al mando de Zhu De mantuvo una acción constante contra los ejércitos japoneses en las zonas ocupadas, Japón acabó por conquistar en 1942 una parte considerable del territorio chino incluido el valioso enclave cantonés, en total, un área de casi dos millones de kilómetros cuadrados con una población de ciento setenta millones de habitantes. No pudo, en cambio, lograr una decisión militar final y definitiva y la guerra terminó por resultar absorbida por la II Guerra Mundial.

El militarismo japonés seguía siendo, por tanto, el elemento determinante de la revuelta de Asia. La razón de las agresiones japonesas contra China de 1932 y 1937 no fue sólo la ambición territorial. Muchos de los oficiales del ejército japonés estacionado en Kuantung —fueron quienes, a espaldas de Tokio, provocaron los incidentes que llevaron a la ocupación de Manchuria y a la guerra— pertenecían a los sectores más ultranacionalistas del ejército: creían fanáticamente en el destino de Japón como líder militar e ideológico de la rebelión antioccidental de Asia. El mismo gobierno títere que Japón impuso en Nanjing en 1940 —bajo la presidencia de Wang Jingwei— respondió en parte a esa visión. Wan Jingwei (1883-1944) había sido uno de los héroes de la revolución de 1911, amigo y colaborador próximo de Sun Yat-sen y líder de la izquierda del Guomindang, y había ocupado altos cargos en el régimen de Chiang Kai-shek. Su régimen tuvo el apoyo de muchos chinos de ideología panasiática y antioccidental.

El militarismo ultranacionalista japonés era ya una realidad, como vimos, antes incluso de la I Guerra Mundial. Ésta reforzó sensiblemente las posiciones internacionales de Japón. Como resultado, Japón aumentó sus derechos en Manchuria del sur, se hizo con algunas de las concesiones alemanas en China y en 1920, se adueñó, como mandatos de la Sociedad de Naciones, de las islas Carolinas, Marshall y Marianas, antes alemanas. La industrialización japonesa recibió, además, un nuevo y considerable impulso. La substitución de importaciones, impulsada por el colapso del tráfico mundial, favoreció la producción nacional. La disminución de la actividad comercial europea le permitió capturar gran parte de los mercados asiáticos. La expansión comercial japonesa fue espectacular; su marina mercante, por ejemplo, duplicó su tonelaje. Pero la guerra mundial alteró también de forma notable la estructura de la sociedad japonesa. Por lo menos, generó un nivel de diversificación de la misma muy superior a la hasta entonces conocida. Provocó un aumento notable de la población —estimado en un 6 por ciento— y un gran crecimiento de la población industrial y urbana. Cuando al normalizarse la situación económica en 1919 terminó la prosperidad de los años de guerra —que había ido acompañada de un fuerte proceso inflacionista—, el malestar social, las huelgas industriales, la agitación rural (todo ello canalizado por el Partido Socialista, creado en 1901, pero también por organizaciones anarco-sindicalistas y comunistas creadas en la posguerra), adquirieron considerable amplitud y dieron lugar en los años 1919-1923 a graves y violentos disturbios. El terrible terremoto que Tokio sufrió el 1 de septiembre de 1923, que produjo unos doscientos mil muertos, vino a polarizar de forma dramática la situación social. La tensión y el horror se canalizaron en brutales actitudes xenófobas contra inmigrantes coreanos y chinos; el gobierno desencadenó una dura represión contra todas las organizaciones de izquierda ante la situación de subversión que, en su opinión, se había creado. La estructura de la política pareció también modificarse radicalmente. Los años de la posguerra vieron la irrupción de las masas en la vida política. En septiembre de 1918 llegó al poder Hara Takashi, un hombre de negocios, líder del Partido Liberal, el primer plebeyo en llegar a la jefatura del gobierno en toda la historia del Japón. La política japonesa de los años veinte y principios de los treinta se asimiló razonablemente a los sistemas parlamentarios de los países occidentales. El propio Hara amplió considerablemente el electorado. En marzo de 1925, se introdujo el sufragio universal masculino. Liberalismo, civilismo y parlamentarismo, que tuvieron su teorizador en el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Tokio, Minobe Tatsukichi, habían hecho, por tanto, progresos notables. El último gran representante de los genró, el príncipe Saionji, que vivió hasta 1940 y murió con noventa y un años, asesoró siempre al emperador (desde 1926, Hiro-Hito) a favor de soluciones liberales y parlamentarias.

Pero otras fuerzas colectivas habían tomado parecida o superior vigencia social. Los partidos políticos habían ganado poder, pero sus conexiones con los intereses de las grandes corporaciones o zaibatsu (Mitsui, Mitsubishi) desprestigiaron la política a los ojos de muchos sectores de la opinión. La Ley de Preservación de la Paz, aprobada en 1925, dirigida claramente contra la izquierda socialista y comunista, limitó el alcance democrático que tuvo la extensión del sufragio. Hara fue asesinado en 1921 por un fanático ultraderechista; Hamaguchi, jefe del gobierno en 1929-1930, sufrió un gravísimo atentado en noviembre de 1930, a resultas del cual murió un año después. Los mismos éxitos que Japón había logrado durante la guerra mundial reforzaron el espíritu nacionalista de los militares. El ejército, seducido por la idea de la misión asiática de Japón, aparecía radicalmente divorciado del poder civil y veía con creciente hostilidad la política internacional de distensión seguida por los distintos gobiernos de los años veinte (que culminó en la etapa 1924-1927 en la que el barón Shidehara ocupó la cartera de Exteriores). Muchos oficiales jóvenes se dejaron ganar por las ideas del agitador y fanático ultranacionalista Kita Ikki (1883-1937), expuestas en su libro La reconstrucción de Japón, en el que abogaba por la construcción de un imperio japonés revolucionario, militar y nacional-socialista mediante la fuerza, donde el poder de los partidos políticos y de los grandes consorcios financieros e industriales le sería restaurado al emperador, como encarnación sagrada del Japón. Ya en 1927 se supo que unos doscientos oficiales ultranacionalistas habían formado una sociedad secreta y que planeaban un golpe militar.

El incidente de Mukden —la explosión en septiembre de 1931 en aquella localidad de un ferrocarril con tropas japonesas, que desencadenó la ocupación de Manchuria—, reveló la profunda extensión que la reacción militarista e imperialista había alcanzado en el ejército. La ocupación de Manchuria fue una decisión unilateral del ejército de Kuantung, que ignoró incluso las órdenes del gobierno, que supo tarde y mal lo que se tramaba. Jóvenes ultranacionalistas asesinaron el 15 de mayo de 1932 al primer ministro, Inukai Tsuyoshi, cuyo gobierno aspiraba a controlar al ejército e incluso a detener las operaciones de guerra. El asesinato marcó el fin del gobierno de partidos. En adelante, el emperador nombró gobiernos presididos por personas de su confianza (el conde Saito, el almirante Okada, el diplomático Hirota, el general Hayashi, el príncipe Konoye), que no procedían de los partidos políticos, y que parecían tener suficientes autoridad y prestigio ante el ejército y la marina como para canalizar desde arriba las ambiciones del militarismo.

De esa forma, Japón se vio arrastrado hacia una política exterior cada vez más condicionada por las exigencias de la guerra y de la expansión territorial en el continente. Eso favoreció positivamente la rápida y notable recuperación económica que el país experimentó desde 1932, tras tres años de profunda recesión consecuencia de la crisis mundial de 1929; pero, al tiempo, el país quedó gobernado por gobiernos débiles y no parlamentarios, en una situación pública progresivamente deteriorada por la violencia militar y por las luchas por el poder que surgieron en el interior del propio ejército. El episodio más grave tuvo lugar el 20 de febrero de 1936. Al día siguiente de las elecciones generales en las que el Partido Constitucional Minseito, el partido conservador, resultó ganador, unos mil quinientos jóvenes oficiales de la guarnición de Tokio, identificados con el Kodo-ha (o Escuela de la Vía Imperial), una de las facciones ultranacionalistas del ejército liderada por los generales Haraki y Mazaki, intentaron un golpe de estado, asesinando a los ex jefes del gobierno Sato y Takahashi y a otras conocidas figuras de la vida pública. El putsch no prosperó por la firme actitud del emperador: diecisiete rebeldes —y con ellos Kita Ikki, implicado en la trama— fueron ejecutados. Pero significativamente, el fracaso no sirvió sino para el reforzamiento del propio ejército como institución y de la facción Tosei-ha (o Escuela del Control), integrada por militares igualmente nacionalistas y decididamente favorables a la guerra con China, como los generales Nagata, Hayasi, Terauchi y Tojo. Aunque en las elecciones de abril de 1937 se produjo una nueva afirmación de los partidos constitucionales, y el emperador encargó el 3 de junio la formación de gobierno al príncipe Konoye, un hombre joven y respetado, de educación liberal y no militarista, todo era ya inútil: el gobierno Konoye se vio arrastrado en tan sólo un mes a la guerra con China por los incidentes que el 7 de julio se produjeron —como ya se dijo— en las afueras de Beijing entre tropas chinas y tropas japonesas del ejército de Kuantung que merodeaban contra todo derecho por la zona[22].

La guerra chino-japonesa que, como se ha indicado, se diluyó y prolongó en la II Guerra Mundial, fue una catástrofe en términos humanos y materiales para ambos países. Políticamente, para China el resultado último fue el triunfo de la revolución comunista en 1949. Para Japón, supuso el principio de su locura imperialista en pos de la creación de un Nuevo Orden en Asia. En 1940 invadió Indochina. Luego, tras destruir en diciembre de 1941, en Pearl Harbour, la flota norteamericana del Pacífico, en 1942 ocupó Birmania, Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia y otras islas del Pacífico, «liberando» del poder occidental a unos cuatrocientos cincuenta millones de asiáticos. China perdió entre tres y trece millones de personas entre 1937 y 1949; Japón, millón y medio.

Tagore había condenado la Europa en guerra de 1914-1918 en un libro que publicó en Londres en 1917 y que tituló, justamente, Nacionalismo: «La verdad es —escribía— que el espíritu de conflicto y de conquista está en el origen y en el centro del nacionalismo occidental; no tiene por base la cooperación social»[23]. En buena medida, y por lo que hemos visto, no le faltaba razón. Aunque en grado muy distinto, el nacionalismo de estado, nacional, de las grandes naciones europeas, Alemania, Rusia, Austria-Hungría, Francia, había sido responsable en 1914 de que un conflicto también nacionalista pero local, el problema de las nacionalidades balcánicas, hubiese derivado en una conflagración gigantesca. Pero, como acabamos de ver, la reacción anticolonial y antioccidental de los pueblos africanos y asiáticos produjo a su vez sus propios horrores. China quedó asolada por el nacionalismo, la revolución, la guerra civil y las agresiones japonesas. Japón, el país que encabezó la revuelta de Asia, derivó hacia una forma de fascismo militar desde arriba: en diciembre de 1936, se adhirió al Eje Berlín-Roma. Mustafá Kemal, el gran líder de Turquía, nunca ocultó su simpatía por los regímenes de Mussolini y Hitler. Durante la II Guerra Mundial, el sha Reza Pahlevi, el muftí y líder palestino al-Husseini, el líder iraquí Rashid Ali, cofundador en su país de los Hermanos Musulmanes y primer ministro en 1941, favorecieron a, o colaboraron con, la Alemania de Hitler. Subhas Chandra Bose, el dirigente nacionalista indio y presidente del partido del Congreso desde septiembre de 1939, huyó a Alemania en enero de 1941, y en febrero de 1943 aceptó la dirección del Movimiento India Libre promovido por Japón, cuyos soldados, unos trece mil hombres, combatieron al lado de los japoneses en distintos frentes asiáticos. Aung San, la futura líder de la independencia birmana, colaboró también con el ejército de ocupación japonés y formó parte como ministro de la Guerra del gobierno birmano impuesto por Japón en 1943; el dirigente nacionalista indonesio Sukarno mostró en más de una ocasión su disposición a colaborar con los japoneses y a aceptar una hipotética independencia de Indonesia bajo su tutela.

NACIONALISMO Y GUERRA

A lo largo de los años treinta, la guerra, o la amenaza de guerra, reapareció como factor principal de las relaciones internacionales. Ya la crisis de Manchuria de 1931-1933, tantas veces aludida —ocupación de la región por Japón, tras un atentado chino contra un tren militar japonés, y creación del estado de Manchukuo— creó un gravísimo precedente: la incapacidad ante la crisis de la Sociedad de Naciones, cuya intervención reclamó China, para hacer efectivo mediante sanciones a Japón el principio de la seguridad colectiva, sancionó en la práctica el derecho de fuerza. La llegada de Hitler al poder en enero de 1933 fue aún más grave. Hitler significaba, y nadie podía ignorarlo, la denuncia del Tratado de Versalles, el rearme alemán, la idea del Anschluss o unión con Austria, una amenaza cierta sobre los Sudetes, el enclave alemán en Checoslovaquia, y sobre Danzig, puerto también alemán enclavado desde 1919, como se indicó, dentro de territorio polaco, y aún la posibilidad de que Alemania buscase para sí un «espacio vital» (Lebensraum) en las regiones eslavas del este de Europa, tal como habían proclamado reiteradamente la propaganda y los programas del nacional-socialismo alemán. Hitler no perdió el tiempo. El 14 de octubre de 1933, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. En enero de 1935, recuperó el Saar tras un plebiscito. El 15 de marzo de ese año, Hitler repudió de forma expresa el Tratado de Versalles, restableció el servicio militar, anunció la formación de un ejército de medio millón de hombres y reveló la existencia de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, y planes para la construcción de una nueva marina de guerra. La política exterior de la Italia fascista, de la Italia de Mussolini, terminó por romper el equilibrio internacional. Italia pudo recelar en principio de que Hitler procediera a la unión austro-alemana y favorecer por ello la colaboración entre los «cuatro» (Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania) o incluso una colaboración sólo entre tres, como pareció con su integración en 1935 en el efímero frente de Stresa con Gran Bretaña y Francia. Pero en octubre de 1935, pretextando ciertos incidentes fronterizos entre tropas etíopes e italianas, Italia invadió Abisinia (Etiopía), una violación flagrante del derecho internacional, acto gratuito de agresión y violencia, un desafío abierto —a la postre, el golpe definitivo— a lo que pudiera aún quedar de autoridad de las Sociedad de Naciones: la invasión de Abisinia puso de manifiesto, más aún que la crisis de Manchuria, la total incapacidad del sistema internacional para prevenir y castigar la guerra.

La comunidad internacional no supo reaccionar con firmeza ante lo que estaba ocurriendo. Ante la llegada de Hitler al poder, Francia impulsó su tesis tradicional del aislamiento de Alemania y de su cercamiento a través de la colaboración con Gran Bretaña, la aproximación a Italia y la activación de una política de alianzas con países del este europeo (a cuyos efectos, en 1933 estrechó lazos con la Pequeña Entente de Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia y en 1934 y 1935, preparó pactos con Polonia y la Unión Soviética). Gran Bretaña, absorbida por sus problemas coloniales (la India, Palestina), condicionada por una opinión pública mayoritariamente pacifista y por la existencia de círculos influyentes proclives al entendimiento con Alemania, aunque se mostró dispuesta a apoyar a Francia en caso de agresión directa e inició un prudente rearme, trató de eludir la confrontación directa con Hitler y descartó la idea de ir a una nueva guerra europea por problemas que se derivaran de los conflictos en el este de Europa (como quedaría de relieve en la crisis de Checoslovaquia de 1939). Ante la invasión de Abisinia, la Sociedad de Naciones, reunida en Asamblea el 7 de octubre de 1935, acordó declarar a Italia «agresor» e imponerle sanciones económicas. La propia Sociedad de Naciones tardó, sin embargo, más de un mes en hacer efectivo el embargo, que excluyó además productos esenciales como el petróleo, el acero y el carbón; Alemania y Austria ignoraron el acuerdo; Italia siguió abasteciendo a sus tropas desde sus colonias en Eritrea y Somalia; y Gran Bretaña no cerró el canal de Suez al tráfico italiano.

Lejos de reaccionar con firmeza, parecía que Gran Bretaña y Francia optaban por la que enseguida empezaría a conocerse como «política de apaciguamiento» hacia los dictadores. En diciembre de 1935, se reveló que los ministros de exteriores de ambos países, Hoare y Laval, habían diseñado un posible pacto sobre Abisinia — que no llegó a materializarse por el escándalo que provocó la revelación—, que preveía entregar a Italia las dos terceras partes de Abisinia a cambio de asegurar a este país una salida al mar. En marzo de 1936, tomando como pretexto la aproximación entre Francia y la Unión Soviética, tropas alemanas ocuparon, entre el entusiasmo de la población, la zona desmilitarizada del Rhin, un acto que destruía literalmente el Tratado de Versalles, que prohibía explícitamente la militarización por Alemania de la región. Gran Bretaña no hizo nada; buena parte de la opinión pública vio incluso la ocupación como un derecho de Alemania. Francia se limitó a reforzar su estrategia defensiva en la zona, ampliando la línea de fortificaciones que por iniciativa del entonces ministro de la Guerra, Maginot, venía construyendo desde 1929. Italia y Alemania colaboraron ya decididamente en la Guerra Civil española (1936-1939), apoyando abiertamente el levantamiento del general Franco. Gran Bretaña y Francia, por cuya iniciativa la Sociedad de Naciones creó un Comité de No Intervención con sede en Londres, trataron de «localizar» el conflicto, e impulsando una política de neutralidad y de no intervención impedir que la guerra española pudiera desembocar en una conflagración europea. La No Intervención fue una burla: Alemania e Italia, que en teoría habían aceptado la resolución, violaron el acuerdo enviando armas, soldados y asesores a Franco (setenta mil soldados italianos; unos diez mil técnicos, expertos y aviadores alemanes); la república española sólo recibió ayuda de la Unión Soviética.

El uso de la fuerza determinaba la política internacional. Seguridad colectiva era, a la altura de 1936, un concepto inoperante. En octubre de ese año, Hitler y Mussolini proclamaron el Eje Berlín-Roma y después de que Italia abandonase la Sociedad de Naciones a fines de 1937, suscribieron una alianza formal, el llamado «Pacto de Acero», en marzo de 1939; Japón se incorporó al año siguiente. El peligro de una nueva guerra mundial era evidente. Precisamente, la «política de apaciguamiento», de conciliación hacia los dictadores, enarbolada por el nuevo primer ministro británico Neville Chamberlain desde su llegada al poder en mayo de 1937, política basada en el deseo de paz y que suponía una política exterior británica más activa que conllevaba, además, un reforzamiento de su poder militar, no sólo no pudo evitar la guerra, sino que hasta cierto punto, al condonar las agresiones de Hitler y Mussolini, la hizo inevitable. Primero, Gran Bretaña y Francia terminaron por aceptar prácticamente sin protesta alguna la unión de Austria y Alemania, proclamada por Hitler el 13 de marzo de 1938, tras la entrada de fuerzas alemanas en el país (primero, en febrero, Hitler había impuesto al canciller austriaco Schuschnigg la legalización del partido nazi y la entrada de los nazis en el gobierno; tras la dimisión de Schuschnigg, su sucesor, el nazi Seyss-Inquart, pretextando que la seguridad austriaca estaba amenazada por la agitación interior, solicitó la ayuda militar de Alemania, que se produjo el 12 de marzo). Luego, en Checoslovaquia, que ya en agosto de 1938 era el objetivo de la estrategia alemana, y donde el pretexto de intervención era la agitación independentista que desde 1934 había estallado en la región de mayoría alemana de los Sudetes, la claudicación fue aún mayor. En la reunión que los «cuatro grandes» (Chamberlain, Hitler, Mussolini y Daladier, el primer ministro francés) celebraron en Munich el 29 de septiembre de 1938, se dio de hecho plena satisfacción a las exigencias nazis: se acordó transferir los Sudetes a Alemania, parte de Rutenia a Hungría, y Teschen a Polonia, a cambio de la garantía de los cuatro a la independencia de Checoslovaquia, que ni siquiera fue consultada previamente. Hitler y Chamberlain —que al hilo de la crisis checa había establecido una diplomacia de relación directa con el Führer que consideraba básica para la paz— proclamaron al día siguiente su voluntad de no ir jamás a la guerra.

Munich fue, como dijo Churchill en la Cámara de los Comunes británica, «una derrota sin guerra», no «la paz para nuestro tiempo» que había proclamado Chamberlain. El 15 de marzo de 1939, Alemania, pretextando ahora el problema creado por las aspiraciones a la autodeterminación de la región eslovaca, invadió Checoslovaquia, puso Eslovaquia bajo su «protección» —con un régimen encabezado por el líder del nacionalismo eslovaco, el obispo católico Josef Tiso— y transformó Bohemia y Moravia en un protectorado alemán. El 21 de marzo, Alemania se anexionó la ciudad de Memel, antiguo puerto prusiano asignado a Lituania por el Tratado de Versalles. Días después, Hitler reiteró los derechos de Alemania sobre Danzig y el corredor polaco, área de Prusia occidental con fuerte población alemana asignada a Polonia también en Versalles, para permitirle el acceso al mar. Gran Bretaña y Francia optaron ya por abandonar las tesis del apaciguamiento y garantizar la integridad de Polonia en caso de agresión; garantizaron también la independencia de Grecia y Rumanía, amenazadas tras la ocupación de Albania por Italia en los primeros días de abril. Era ya inútil. El 1 de septiembre, sólo días después de que Alemania y la URSS firmaran un pacto de no agresión que incluía cláusulas secretas para una nueva partición de Polonia, el ejército alemán invadió Polonia y ocupó Danzig. La II Guerra Mundial había comenzado[24].

La tesis de Nationalism, el informe del Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, era cierta: el nacionalismo —la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, el Japón militar— era una amenaza para el futuro mismo de la civilización. «Hagamos el nacionalismo ridículo y odioso», había pedido sin éxito en 1933 el intelectual francés Julien Benda en su ensayo Discours à la nation européenne, un apasionado alegato en defensa de la Europa humanista e ilustrada, de la Europa de las luces y la razón, de Erasmo, Spinoza y Descartes, una Europa amenazada por el nacionalismo. «El ismo que causó la guerra —resumiría ya desde la perspectiva histórica el historiador Stephen Ambrose—, que llevó a la gente en todas partes a los sacrificios necesarios para soportar el conflicto, que causó los mayores problemas tanto al Eje como a los Aliados, y el que tuvo mayor capacidad de resistencia, fue el nacionalismo». Hitler era, tanto o más que un racista, un ultranacionalista. En la Francia de Benda, ocupada por los alemanes entre 1940 y 1944 —a cuyo apoyo apelaron sin éxito nacionalismos minoritarios como el bretón—, el régimen colaboracionista del mariscal Pétain, la Francia de Vichy, se legitimó en nombre de una Revolución Nacional y en las ideas de Maurras, en la visión de una Francia católica basada en el trabajo y la familia y en la exclusión de comunistas, judíos y masones. «Y desde luego, nadie cree ya en el nacionalismo», podría escribir en 1938, en Los grandes cementerios bajo la luna, a la vista de lo que ocurría en la guerra española, el escritor francés Georges Bernanos, en su día simpatizante de la Acción Francesa de Maurras y militante de los Camelots du Roi, su fuerza de choque; «por lo menos —añadía— nadie ignora que se trata de una putrefacción del sentimiento de patria»[25].

SEGUNDA PARTE

DESPUÉS DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO III

NACIONALISMO Y LIBERACIÓN NACIONAL

La II Guerra Mundial tuvo consecuencias profundas y duraderas en la evolución de las ideas, principios y planteamientos nacionalistas. No podía ser de otra forma. Por un lado, la guerra desacreditó al nacionalismo, asociado en distinto grado a racismo, antisemitismo y voluntad de dominio: en 1945, el nacional-socialismo alemán, el fascismo italiano y el militarismo japonés aparecían a los ojos del mundo como la expresión más extrema y peligrosa del nacionalismo, y éste, como la causa última y principal de la guerra; movimientos nacionalistas de nacionalidades históricas significadas, como los nacionalismos croata, eslovaco y albanés o, en menor medida, como los nacionalismos bretón, alsaciano y flamenco y hasta algunos elementos del IRA irlandés, eran además culpables o de colaboracionismo con los nazis o de haber formado parte de alguna forma del nuevo orden ideológico y territorial de la Alemania nazi y de los países del Eje. Por otro lado, la II Guerra Mundial destruyó definitivamente el orden colonial, precipitó la desintegración de los viejos imperios europeos, impulsó los movimientos de liberación nacional e independencia en los territorios colonizados, y terminó por dar lugar en unos pocos años a la creación de numerosos nuevos Estados nacionales en Asia y África.

En 1945 se pensaba que el nacionalismo era una fuerza en declive. El historiador E.H. Carr, por ejemplo, argumentó en un pequeño libro que publicó ese mismo año y que tituló significativamente Después del nacionalismo (Nationalism and After), que el clima después de la II Guerra Mundial era muy distinto del clima de 1919 cuando, tras la disolución de los imperios austrohúngaro, ruso y otomano, el principio de autodeterminación de los pueblos había aparecido como la encarnación del progreso en las relaciones internacionales. E.H. Carr pensaba que, visto el fracaso de la Sociedad de Naciones en los años veinte y treinta, 1919 había sido el último triunfo de la ideología de la «pequeña nación» como forma ideal de unidad económica y política, y creía que la historia entraba en 1945 en una nueva era de «internacionalismo», basado en grandes unidades continentales supranacionales, tipo Unión Europea, Unión Africana y similares, como la perspectiva más segura para un mundo «asombrado –escribía— por las turbulencias del nacionalismo y la guerra»[1].

LA DESCOLONIZACIÓN: LA TRAGEDIA ARGELINA

La tesis del eclipse del nacionalismo estaba, sin embargo, equivocada. Apenas unos años después, en 1958, en un largo artículo que escribió para el semanario L’ Express, Jean Paul Sartre afirmaba que «el despertar del nacionalismo» entre los pueblos afro-asiáticos era «el acontecimiento más importante de la segunda mitad del siglo»[2]. El descrédito del nacionalismo —luego lo veremos— era sólo un hecho europeo. Sartre llevaba razón: en 1945, el nacionalismo era en Asia y África la principal fuerza de transformación, un movimiento, para el filósofo francés, «irresistible» e «irreversible».

Y en efecto, la descolonización fue, por múltiples razones, un movimiento inevitable. Primero, el despertar nacionalista de Asia y África había generado ya antes de la II Guerra Mundial, como vimos, considerables problemas a los imperios coloniales y había obligado a introducir cambios importantes en el orden colonial: independencia de Egipto (1922) e Irak (1930), creación de Asambleas Provinciales autonómicas en la India (1937), proyectos británicos para la partición de Palestina (1936-1937), promesa francesa de pleno autogobierno para Siria y Líbano, plasmada en la firma de tratados específicos (1936). Segundo, aunque como ya había ocurrido en 1914-1918 Gran Bretaña y Francia aún pudieron movilizar en la II Guerra Mundial amplios contingentes de tropas coloniales, la guerra dislocó sustancialmente la relación entre los imperios y los territorios colonizados, especialmente en el sudeste de Asia, en el norte de África y en Oriente Medio. La Indochina francesa, la Indonesia holandesa y los territorios británicos de Birmania, Malasia y Singapur fueron, por ejemplo, ocupados antes o después por Japón.

Hechos como la rendición de Singapur en febrero de 1942, que supuso la capitulación de un ejército británico de más de sesenta mil hombres (dieciséis mil soldados ingleses, catorce mil australianos, treinta y dos mil indios), o como la caída de Francia en junio de 1940, significaron probablemente los mayores golpes dados al prestigio de los imperios británico y francés, respectivamente, en toda su historia, humillaciones sin precedentes, en cualquier caso, del poder colonial. La caída de Francia, por ejemplo, reforzó de forma inmediata las expectativas de independencia en Siria y Líbano. De hecho, el imperio francés quedó dividido. Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Madagascar y las Antillas francesas optaron inicialmente por la Francia colaboracionista de Vichy; el África Ecuatorial Francesa (Chad, República Central Africana, Congo-Brazzaville) y algunas islas del Pacífico (Tahití) se unieron en cambio a la Francia libre del general De Gaulle. Ciertamente, el desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942 puso fin al poder colonial del régimen de Vichy y restableció de alguna forma la autoridad de la Francia libre de De Gaulle en las colonias. Pero el cambio era ya evidente. Los Estados Unidos, la principal fuerza aliada, no creían en, ni querían, la reconstrucción de los imperios europeos tras la guerra. Significativamente, el presidente Roosevelt se entrevistó en enero de 1943, en Casablanca, con el sultán marroquí Mohamed V a espaldas de Francia; en diciembre, Allal al Fassi y Ahmed Balafrej fundaban el Istiqlal, el partido nacionalista marroquí. En Argelia, el nacionalista moderado Ferhat Abbas había publicado en febrero de ese año (1943) un manifiesto rechazando la política asimilista francesa y abogando por una solución federal y democrática para Argelia; los actos que en mayo de 1945 se celebraron en Sétif para celebrar el fin de la guerra mundial se transformaron en violentos disturbios de carácter independentista; en 1946, Messali Hadj promovió un nuevo partido independentista, el Movimiento para el Triunfo de las Libertades Democráticas (MTLD).

La antes mencionada capitulación de Singapur en 1942 puso de relieve, a su vez, la extrema vulnerabilidad del Imperio británico en Asia. Hizo pensar que, incluso en caso de victoria aliada, lo que parecía ya probable a partir de 1943, el mantenimiento del poder británico en la región sería prácticamente imposible. Los nacionalistas del Partido del Congreso de la India así lo vieron. Su respuesta a la oferta (autogobierno y una nueva constitución para la India) que el gobierno inglés les hizo en abril de 1942 a cambio de su apoyo al esfuerzo bélico fue, como se indicó, inequívoca: «dejad la India». Aunque, como en el caso de Francia, los norteamericanos no se pronunciaran públicamente al respecto, resultó pronto evidente que sus planes no contemplaban la reconstrucción del poder británico en la zona (India, Birmania, Malasia, Singapur): su estrategia militar en la región durante la guerra se basó más en la cooperación con la China libre que con los propios ingleses.

El viejo orden colonial, en otras palabras, no podría ser reconstruido. Era incompatible con la visión que tenían los aliados del nuevo orden mundial que habría de seguir a la guerra, o por lo menos, los más importantes de ellos, esto es, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que en 1945 eran de hecho ya las dos nuevas superpotencias mundiales. Era incompatible, si se quiere, con el mismo clima moral de la posguerra, reflejado en las numerosas declaraciones y textos radicalmente críticos con el colonialismo hechos públicos por entonces por organismos internacionales, Iglesias cristianas, grupos de derechos humanos, partidos de izquierda ( y sobre todo, los partidos comunistas, muy fuertes tras 1945 en países como Francia e Italia), organizaciones pacifistas y numerosas personalidades prestigiosas. La «negritud», por ejemplo, la afirmación de la cultura, estética y sensibilidad africanas, que tendría sus principales teorizadores en el poeta martinicano Aimé Cèsaire y en el escritor senegalés Léopold Sédar Senghor, tuvo ahora, en la inmediata posguerra, su momento de mayor ascendencia: en el prólogo que escribió en 1948 a la antología de la poesía en lengua africana publicada por Senghor, Sartre la exaltó como manifestación necesaria en el proceso de liberación de los pueblos africanos colonizados[3].

La Carta del Atlántico, suscrita en agosto de 1941 por el presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill, fue el primer documento de cara precisamente a perfilar el nuevo orden internacional tras la guerra; era básicamente un llamamiento a favor de un mundo libre, afirmaba el derecho de cada pueblo a escoger la forma de gobierno bajo la que quisiera vivir (aunque luego, Churchill tratara de matizar y de excluir al Imperio británico del acuerdo). Luego, el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas de la ONU, la gran organización internacional creada en 1945 e integrada inicialmente por cincuenta naciones, haría referencia al principio de «auto-determinación de los pueblos» como base de la paz y de la amistad internacionales; el artículo 73 (párrafo B; capítulo XI) pedía a los países que administraban territorios no autónomos que desarrollasen el «autogobierno», que tuviesen en cuenta «las aspiraciones políticas de los pueblos» y que cooperasen con éstos en el «progresivo desarrollo de instituciones políticas libres». La ONU, y dentro de ella países antes colonizados como Egipto y la India, tuvo en general un papel relevante en la descolonización. La resolución 1514 de su Asamblea General condenó la continuación del poder colonial; en 1961, Naciones Unidas creó un Comité de descolonización encargado de acelerar y supervisar los procesos de descolonización en marcha (de forma que de los cincuenta países iniciales, la ONU habría pasado a ciento ochenta y cinco países en 1998)[4].

El hecho decisivo fue, con todo, el anuncio que el 20 de febrero de 1947 hizo el nuevo gobierno británico, el gobierno laborista presidido por Clement Attlee tras su victoria en las elecciones de junio de 1945, de que, ocurriese lo que ocurriese, Gran Bretaña abandonaría la India no más tarde de junio de 1948. La razón no podía ser más sencilla. Los dirigentes británicos, esto es, gobierno y oposición, cuerpo diplomático, estado Mayor del ejército, altos funcionarios del imperio —incluidos los últimos virreyes de la India: Wavell y Mountbatten—, medios de comunicación y sindicatos, habían llegado a la conclusión de que el mantenimiento del imperio resultaba militar y económicamente imposible[5]. India y Pakistán no esperaron a 1948: proclamaron la independencia el 15 de agosto de 1947 (y Ceilán, Sri-Lanka, el 15 de diciembre). Pronto les seguirían muchos otros países: Birmania, el 4 de enero de 1948; Indonesia, el 27 de diciembre de 1949; Libia, el 14 de diciembre de 1951. Eritrea, ex colonia italiana, se federó a Etiopía en 1952. Tras su derrota militar en Diên Biên Phu (mayo de 1954), Francia reconocería la independencia de Indochina (Vietnam, Laos y Camboya). Veintinueve países afro-asiáticos independientes podrían ya reunirse en la conferencia de Bandung de abril de 1955, un verdadero hito en la historia de los países descolonizados. En 1956, se produjo la independencia de Sudán, Túnez y Marruecos; en 1957, las de Ghana y Malasia; en 1958, las de Singapur y Guinea. Diecisiete países accedieron a la independencia en 1960; dos más lo hicieron al año siguiente; otros cuarenta, entre 1961 y 1981.

El proceso de descolonización distó mucho, sin embargo, de ser un proceso ordenado y gradual. Al contrario, fue un proceso marcado decisivamente por la guerra y por la violencia. La partición en 1947 del subcontinente indio en India y Pakistán pudo costar la vida en enfrentamientos interétnicos y religiosos a unas doscientas cincuenta mil personas. Francia tuvo en la guerra de independencia de Indochina (1945-1954) un total de setenta y siete mil bajas mortales (de ellas, once mil soldados franceses; siete mil quinientos legionarios, cuatro mil quinientos africanos, catorce mil soldados indígenas, etcétera) y cifras muy superiores de desaparecidos, heridos y prisioneros; el Viet-Minh, el movimiento por la independencia de Vietnam (Tonkín, Annam y Cochinchina), perdió más de doscientos mil hombres. En la guerra de independencia argelina (1954-1962), murieron veintisiete mil soldados franceses y, según fuentes francesas, ciento cuarenta mil argelinos (aunque las fuentes argelinas hablarían de un millón de muertos). Miles de personas murieron en Kenya en la década de 1950, en los años inmediatamente anteriores a la independencia (1963), como consecuencia de la rebelión étnico-nacionalista del Mau-Mau, una sociedad secreta de la tribu kikuyu, y de la represión desatada contra ella; miles, finalmente, murieron en el Congo entre 1960 y 1965, en la serie de crisis desatadas por la concesión de la independencia el 30 de junio de 1960. Paradójicamente, y como ya había ocurrido en Europa central tras 1919, Asia y África iban a ser más inestables tras la descolonización que antes de ella. Con la proclamación del estado de Israel en 1948 —no exactamente un problema de descolonización, aunque inseparable de ésta, y desde luego, de la historia del nacionalismo en el siglo XX— y la negativa de los países árabes a reconocer su existencia, contra el mandato de la ONU que había acordado en 1947 la partición de Palestina en dos Estados, uno árabe y otro israelí, Oriente Medio se transformó en un foco permanente de guerra e inestabilidad. En la llamada por Israel «guerra de independencia» (1948-1949) y por los árabes el «desastre» o «catástrofe de Palestina», la primera de las cinco grandes guerras abiertas libradas entre árabes e israelíes entre 1948 y 1973, Israel perdió unos seis mil hombres (el 1 por ciento de su población) y los árabes (jordanos, sirios, libaneses, iraquíes y egipcios), una cifra similar. Cerca de setecientos mil árabes palestinos (hombres, mujeres, niños, familias enteras) marcharían de su tierra, Palestina, como refugiados, hacia los países árabes vecinos.

El curso de los distintos procesos de descolonización dependió lógicamente, en primer lugar, de la política descolonizadora de los imperios europeos; pero también, lo veremos más adelante, de la estrategia hacia la independencia seguida por los diferentes movimientos nacionalistas anticoloniales y, por tanto, de la naturaleza y significación de éstos últimos. La respuesta de los imperios al desafío anticolonialista fue, en efecto, muy distinta. Gran Bretaña careció, en la práctica, de un proyecto descolonizador y postimperial coherente y articulado. Al margen de posiciones individuales, como la de Churchill, por ejemplo, el hombre que había llevado al país a la victoria en la guerra mundial y que siempre había sido un ardiente defensor del Imperio, había en realidad desde los años veinte un amplio consenso nacional sobre el problema: mantenimiento del Imperio pero sin recurrir a la coerción y sin sueños de unidad en una nueva estructura imperial[6]. Es, salvo excepciones (Kenya, Chipre), lo que ocurrió. Los laboristas, que permanecieron en el poder entre 1945 y 1951, habían sido siempre favorables al autogobierno de las colonias, dentro en todo caso de una Commonwealth, o comunidad, británica. Tras la II Guerra Mundial, sus dirigentes (Attlee, el primer ministro; Bevin, ministro de Asuntos Exteriores) consideraron que el nuevo papel de Gran Bretaña en el mundo debía basarse en la amistad con los Estados Unidos, la integración en un organismo occidental de defensa (la OTAN), la reconstrucción económica (Plan Marshall) y la presencia en la ONU como miembro de su Consejo de Seguridad, no en el Imperio. Enfrentado a crecientes problemas en la India y Palestina, las dos cuestiones más acuciantes, (en la India: peligro de conflicto entre hindúes y musulmanes puesto de relieve en los graves enfrentamientos entre miembros de ambas comunidades que se produjeron en agosto de 1946; en Palestina: emigración masiva de judíos tras el Holocausto y campaña terrorista antibritánica judía para forzar la independencia, que culminó en el atentado del Hotel Rey David de Jerusalén, también en agosto de 1946, en el que murieron noventa y una personas), el gobierno Attlee optó por negociar con los dirigentes indios —hindúes y musulmanes— el abandono y partición de la India, y por retirarse de Palestina y traspasar la administración del territorio a la ONU[7].

La descolonización británica, que no provocó reacción popular alguna y que fue consensuada por los dos grandes partidos del país, fue así, en buena medida, una descolonización «sin trauma»[8]. En África, Gran Bretaña concedió en 1951 a Ghana y Nigeria un amplio grado de autogobierno. Las victorias electorales de los partidos independentistas (en Ghana, del Partido de la Convención del Pueblo, creado en 1949 por Kwame Nkrumah, que ganó las elecciones de 1952, 1954 y 1956; en Nigeria, país federal desde 1954, de los partidos musulmanes del norte, vencedores de las elecciones de diciembre de 1959) llevaron en ambos casos a la independencia: Ghana, en 1957; Nigeria, en 1960. Sierra Leona y Tanganica (luego unificada con Zanzíbar) recibieron la independencia en 1961; Uganda, en 1962; Kenya en 1963, una vez controlada la violencia del Mau-Mau (1952-1955) y pese a los intentos, fallidos, de la minoría blanca de imponer una constitución que le reservara un poder separado; Gambia, en 1965.

Pero Gran Bretaña fue la excepción, no la norma. Portugal y España no tuvieron de momento problemas serios: de hecho, no hubo en ellos quiebra del poder colonial, tal vez en razón de su neutralidad en la guerra mundial. Francia, Bélgica y Holanda, por el contrario, tratarían de reconstruir o mantener sus respectivos imperios. Bélgica y Holanda, países de reducida capacidad militar, lo hicieron con poca convicción, y procedieron a liquidar sus mandatos en cuanto pareció que la situación podía hacerse insostenible. Bélgica no tuvo en principio excesivos problemas. A mediados de los años 50, el Congo, su principal colonia, ocupado por tropas aliadas durante la guerra y restituido a Bélgica en 1944 tras la liberación, aparecía como un modelo de prosperidad y tranquilidad colonial: no existían siquiera movimientos nacionalistas significativos, sólo empezaron a aparecer a fines de la década, con la formación de la Alianza de los Bakongo de Joseph Kasavubu y del Movimiento Nacional Congoleño de Patrice Lumumba; tampoco hubo agitación o resistencia relevantes en el territorio de Ruanda-Burundi que, por mandato de la ONU, Bélgica administró como una extensión del Congo, como ya hiciera a partir de 1919. Holanda, por su parte, que aspiraba a formar una especie de confederación o comunidad holandesa de naciones con sus colonias, quiso sin duda restablecer su autoridad en Indonesia, donde en agosto de 1945 —al producirse el colapso de Japón que había ocupado el archipiélago desde 1940— los nacionalistas, liderados por Sukarno y Hatta, habían declarado la independencia y proclamado la república. No hubo acuerdo. Tras cuatro años de tensión, que el nacionalismo indonesio consideraría como los años de la «revolución nacional indonesia» (choques entre nacionalistas indonesios y tropas holandesas, treguas, negociaciones, acuerdos provisionales, resistencia guerrillera indonesia, operaciones de policía holandesas, conato de sublevación comunista en 1948, mediación de la ONU, presiones norteamericanas), Holanda reconoció, en agosto de 1949, la plena independencia de la República Indonesia.

El verdadero problema fue Francia. De Gaulle, que gobernó tras la liberación del país entre 1944 y 1945, aceptó la independencia del Líbano (1944) y con reservas, causa de graves fricciones con Damasco, la de Siria (1946). Pero los dirigentes de la IV República, proclamada ya sin De Gaulle en 1946, vieron en el mantenimiento del Imperio, redefinido constitucionalmente como una Unión Francesa fundada en la igualdad de derechos y deberes entre los pueblos que la integraban, la clave para el restablecimiento del papel internacional de Francia y el fundamento del prestigio y la autoridad nacionales del nuevo régimen, tras la humillación que había supuesto la capitulación ante la Alemania nazi de junio de 1940. La Unión Francesa, integrada por Francia, los «departamentos» y «territorios» de Ultramar y los «territorios asociados», resultaba un proyecto parcialmente plausible. Satisfacía la visión que del imperio como misión civilizadora y progresiva había tenido Francia; era, o podía ser, aceptable, aunque sin entusiasmo, para las colonias africanas y para las Antillas, cuyos habitantes devenían ahora ciudadanos franceses, y cuyas realidades «nacionales» recibían un reconocimiento cultural y político que nunca habían tenido: de hecho, la Unión sólo fue rechazada en Madagascar, donde los días 29 y 30 de marzo de 1947 se registraron reivindicaciones violentas de carácter nacionalista e independentista que Francia aplastó, a modo de advertencia, con inaudita brutalidad, que causó miles de muertos. Pero la Unión Francesa resultaba, vistas las circunstancias, imposible para Indochina y difícilmente aceptable para Marruecos y Túnez y aún para Argelia (pese a la aparente amplia aceptación que todavía tenía la unión con Francia en ésta última, y de la división del nacionalismo argelino entre el independentismo de Messali y el MTLD, y el federalismo de Ferhat Abbas y su Unión Democrática del Manifiesto argelino).

En Indochina, y particularmente en Vietnam (Annam, Tonkín y Cochinchina), Francia se encontró en situación parecida a la de Gran Bretaña en la India, y Holanda en Indonesia. Tras la rendición de Japón, el Viet-Minh, la liga por la independencia de Vietnam creada en 1941 por Ho Chi Minh y Nguyen vo Giap, que desde 1943 había sostenido con apoyo aliado una intensa guerra de guerrillas contra la ocupación japonesa, proclamó en Hanoi (septiembre de 1945) la República de Vietnam, bajo la presidencia del dirigente comunista Ho Chi Minh. En situación similar, en la India, Gran Bretaña había optado por renunciar al imperio: el traspaso de poderes no fue de esa forma, como acaba de quedar dicho, traumático. La determinación de Francia de afirmar su antiguo poder colonial en Indochina provocó la guerra. En principio, entre noviembre de 1945 y enero de 1946, los franceses, mandados por el general Leclerc y el alto comisario d’Argenlieu, restablecieron pacíficamente su autoridad en el centro y sur de Vietnam (Annam y Cochinchina), además de en Laos y Camboya, y luego negociaron con Ho Chi Minh la posible incorporación de un hipotético Vietnam independiente y unificado a la Unión Francesa. Las negociaciones fracasaron. Francia, bajo creciente presión norteamericana, vio en el sector «duro» del Viet-Minh y en Ho Chi Minh la amenaza de una revolución comunista; los líderes vietnamitas se convencieron de que Francia no aceptaría un Vietnam independiente y unificado. En diciembre de 1946, el Viet-Minh pasó a la clandestinidad y desencadenó, desde sus reductos del norte, la guerra de guerrillas y atentados terroristas contra las tropas y guarniciones francesas; en 1949, Francia restableció al ex emperador Bao Dai como jefe del «estado de Vietnam», con capital en Saigón.

La guerra fue larga y costosa. Francia llegó a enviar a Indochina un total de trescientos setenta y cinco mil soldados y sufriría, como ya se indicó, setenta y siete mil bajas mortales. Obligado a operar en un terreno desfavorable a la guerra convencional (montañas cubiertas de selvas, amplias zonas pantanosas) y con una climatología igualmente complicada por el particular régimen de lluvias de la región, el ejército francés se vio por lo general privado de la capacidad de iniciativa, limitado a acciones defensivas y a operaciones de castigo —siempre de enorme dureza— sobre aldeas o áreas supuestamente controladas por el Viet-Minh. El conflicto, que fue crecientemente impopular en Francia, sufrió pronto una escalada y se internacionalizó, al extremo de que, tras el triunfo en 1949 de la revolución comunista en China y el estallido de la guerra de Corea en 1950, tuvo más el carácter de una guerra de contención del comunismo que de una guerra estrictamente colonial. La China comunista y la Unión Soviética reconocieron al gobierno de Ho Chi Minh en enero de 1950. A su vez, el régimen de Bao Dai —un régimen débil, salpicado por continuas denuncias de corrupción y una gran inestabilidad gubernamental— fue reconocido por los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales; los Estados Unidos concretamente, iniciaron el envío de ayuda militar a Saigón en junio de 1950.

La guerra terminó con un formidable desastre militar para Francia. Pudo, ciertamente, haber sido de otra forma. En 1950, el ejército francés, mandado por el carismático y controvertido general De Lattre de Tassigny, pareció restablecer la situación, hasta entonces claramente favorable al Viet-Minh, mandado por el hábil Giap. Su sucesor, el general Salan, logró detener los intentos del Viet-Minh de extender la guerra a Laos y al centro de Vietnam (el epicentro de la guerra estuvo siempre en el norte: en torno a Hanoi y al enorme delta del río Rojo), y aún, liberar la región del delta. Pero desde finales de 1952, el equilibrio militar volvió a ser favorable al Viet- Minh (unos ciento setenta y cinco mil hombres en 1953), en razón sobre todo de la ayuda china y soviética. El éxito en algunas operaciones de contención hicieron pensar, sin embargo, a los militares franceses y a su nuevo general en jefe, Henri Navarre, que sería posible asestar un golpe definitivo a su enemigo en Diên Biên Phu, una localidad en territorio del Viet-Minh próxima a la frontera de Laos y punto clave para dominar las comunicaciones entre China y Vietnam del norte. Tras una brillante operación aerotransportada, los franceses ocuparon Diên Biên Phu (23 de noviembre de 1953) e hicieron de ella una formidable base militar. Lo que los franceses creyeron que iba a ser el principio de su victoria —ir creando bases similares, inexpugnables, en los puntos clave del territorio enemigo y empeñar a éste en una guerra de desgaste sobre aquéllas—, fue la causa de su derrota. Contra lo que se esperaba y parecía casi imposible a la vista del terreno y de las difíciles comunicaciones de la zona, Giap logró concentrar en torno a Diên Biên Phu un ejército de unos sesenta mil hombres e importantes contingentes de artillería y, tras ocho semanas de ataques y bombardeos constantes en los que pudieron morir unos tres mil soldados franceses y cerca de ocho mil vietnamitas, el 7 de mayo de 1954 forzó la rendición de la guarnición francesa (reducida al final a unos quince mil hombres). Dos meses después se firmó el armisticio; en los acuerdos de Ginebra (20 de julio de 1954), firmados tras negociaciones impulsadas por las principales potencias internacionales para poner fin conjuntamente a los conflictos de Vietnam y Corea, se acordó establecer una línea de alto el fuego entre los dos Vietnam —la República del Norte, de Ho Chi Minh; el régimen de Saigón, de Bao Dai—, y celebrar elecciones de cara a la reunificación antes de julio de 1956. Los Acuerdos supusieron el fin del poder colonial de Francia en el Sudeste asiático[9].

Diên Biên Phu, que dejó una huella indeleble en la memoria francesa, convenció a muchos franceses, y a parte de su clase política, de la necesidad de rectificar la política colonial. El nuevo primer ministro, el inteligente y capaz Mendès-France (junio de 1954-febrero de 1955), líder del radicalismo republicano de izquierda, firmó los acuerdos de Ginebra y preparó la independencia de Túnez, consumada en 1956, y probablemente, contempló en principio las de Marruecos y Argelia. Era, sin duda, la alternativa más racional y prudente. Pero probablemente llegaba demasiado tarde. El problema colonial terminaría por destruir la IV República francesa. Mendès-France y sus sucesores al frente del gobierno (E. Fauré, Guy Mollet) chocaron en el caso de Argelia con una realidad de difícil manejo: la totalidad de los partidos políticos franceses y gran parte de la opinión pública consideraban que el territorio argelino era parte de Francia, no una colonia, un territorio francés desde 1830, carente de identidad histórica definida y de hecho, una creación administrativa francesa, y con una población de origen y nacionalidad franceses cercana en 1954 al millón de habitantes, población además en su mayoría urbana, modesta, de empleados, comerciantes y trabajadores. En Marruecos, Francia se estrelló también con una complejísima situación: por un lado, la confrontación entre la política oficial francesa (desde 1945: reformas políticas, modernización y occidentalización del país, estrechamiento de la cooperación franco-marroquí), y el malestar y resistencia de la población europea (unas trescientas mil personas en 1945) y del ejército francés a las concesiones hechas a la población marroquí; por otro, las aspiraciones dinásticas y nacionales del Sultán Mohamed V al restablecimiento de la independencia y a la plena reunificación de su país y el ascenso del nacionalismo de masas; en medio de ello, un conglomerado de notables y jefes locales (caids, pachás), líderes religiosos y minorías étnicas, oscilantes entre Francia, el Sultán y sus propias tradiciones e intereses locales. En cualquier caso, las expresiones del descontento nacionalista marroquí habían ido en aumento, especialmente desde 1953: disturbios esporádicos, manifestaciones, huelgas, sabotajes, atentados contra colonos y propiedades europeas. La decisión francesa en agosto de 1953 de deponer a Mohamed V (deportado primero a Córcega y luego a Madagascar) y sustituirle —con el apoyo de un grupo significativo de notables marroquíes— por Muley Ben Arafa, hizo de aquél el símbolo del nacionalismo marroquí, extendió la protesta popular antifrancesa incluso a regiones como las comarcas beréberes del norte tradicionalmente poco afectas al Sultán, y llevó la cuestión de Marruecos a un callejón sin salida: Francia tendría que aceptar el retorno de Mohamed V a Rabat (noviembre de 1955) y la formación de un gobierno marroquí para la negociación del proceso de independencia, acordada el 7 de marzo de 1956. España, que había sido más conciliadora respecto al nacionalismo marroquí que Francia y que en realidad desde que terminó la guerra del Rif en 1926 no había tenido problemas en su zona, no fue consultada: sorprendida por el acuerdo de marzo de 1956, dio precipitadamente la independencia al Marruecos español, pero excluyendo los territorios de Ifni y Sahara[10].

En Argelia, Francia volvería a empeñarse, como en Indochina, en una guerra costosísima y brutal, de consecuencias, como enseguida se verá, determinantes. La revolución argelina, dirigida por el Frente de Liberación Nacional, estalló, en efecto, el 1 de noviembre de 1954, día en que se produjeron una treintena de atentados (bombas, cortes de líneas de ferrocarril, disparos contra cuarteles y comisarías de policía) en distintos puntos del país. Francia, ya ha quedado dicho, consideraba Argelia como parte irrenunciable de la república; tras Indochina, el ejército no estaba dispuesto a sufrir en Argelia una nueva humillación. El nacionalismo argelino, por su parte, liderado desde el FLN por una nueva generación (Ben Bella, Budiaf, Belkassem Krim, Bitat, Ait Ahmed, Larbi Ben Mehdi, etcétera) procedente del MTLD de Messali —quien, sin embargo, quedó marginado del proceso—, hizo del terrorismo y la acción directa la estrategia para la independencia y la revolución, y excluyó toda posibilidad de aceptar la propuesta —alto el fuego, elecciones, negociaciones— que en un primer momento les hizo el gobierno francés. De esa forma, la guerra resultó inevitable; iba a prolongarse hasta el 19 de marzo de 1962.

La «tragedia argelina» —como la llamó Raymond Aron en el polémico ensayo de ese título que publicó en 1957— fue, como se dijo en su momento, un «catálogo de atrocidades». De parte argelina, atentados con bombas (y asesinatos por degollación) contra civiles y militares, terrorismo urbano indiscriminado, guerrilla, sabotajes, emboscadas; de parte francesa, represión, detenciones en masa, «limpieza» de barrios árabes (la kashbah de Argel, por ejemplo), torturas —práctica y símbolo atroz de la actuación del ejército francés—, ejecuciones, «cuadriculación» del país (bloqueos y controles en carreteras y pasos de montaña, alambradas electrificadas en las fronteras con Túnez y Marruecos), acciones militares durísimas contra las zonas y refugios de la guerrilla con uso de la aviación y «napalm». Francia llegaría a enviar a Argelia un ejército de cuatrocientos mil hombres, de los que murieron veintisiete mil; los argelinos tuvieron entre ciento cuarenta mil (cifra francesa) y un millón (cifra argelina) de víctimas mortales. El año 1956 fue favorable al FLN y 1957 al ejército francés, que ganó, de hecho, si bien merced a la represión y la tortura, la llamada «batalla de Argel», la confrontación en la capital, por espacio de varios meses, entre el terrorismo urbano argelino y la X División de Paracaidistas del general Massu, el responsable del orden público en Argel. El FLN internacionalizó el conflicto, con considerable éxito. Marruecos, Túnez, Egipto, la Liga árabe, apoyaron la causa argelina. El apresamiento por Francia en 1956 de un avión en el que viajaban algunos dirigentes argelinos (Ben Bella, Khider, Ait Ahmed) provocó una amplia condena internacional. Con el voto del bloque afro-asiático y de los países de la Europa del Este, la ONU incorporó (1955) la descolonización de Argelia a su agenda. El «gobierno provisional de la República argelina» que el FLN creó en septiembre de 1958 —tras la adhesión de otras fuerzas políticas argelinas, como la UDMA de Ferhat Abbas, que presidiría el gobierno provisional, y el Partido Comunista argelino, y de los líderes religiosos, ulemas— fue inmediatamente reconocido por numerosos países.

Como viera antes que nadie Raymond Aron —con lucidez y frialdad analíticas, sin indignación moral alguna—, Argelia era «una aventura sin salida». La integración era imposible; la descolonización, inevitable. El único objetivo racional para Francia habría sido, en efecto, lo que Aron llamó «el heroísmo del abandono»: dejar que Argelia accediese a la independencia, repatriación de la población europea, retirada sin humillación para el Ejército[11]. Pero el contexto emocional y político en que se desarrolló la guerra lo impidió. Los éxitos del FLN endurecieron las posiciones de los colonos europeos, los pieds-noirs, y del ejército francés en favor de una «Argelia francesa». La tortura, la represión, las ejecuciones, dividieron progresivamente a la opinión pública francesa: intelectuales de izquierda, como Sartre, y católicos (Marrou, Mauriac), organizaciones estudiantiles, revistas como Esprit y Les Temps Modernes, el semanario L’Express, el diario Le Monde y otros, denunciaron desde 1956 la «guerra sucia»; Camus, nacido en Argelia, en Mondovie, en una familia obrera de pieds-noirs, aun responsabilizando de los hechos al FLN y al terrorismo, pediría una «tregua civil» entre ambas partes[12]. La idea de que el conflicto no tenía solución militar sino política, fue paralelamente ganando terreno.

Argelia, en realidad, desgarró a Francia. Primero, hirió de muerte a la IV República francesa, que no pudo sobrevivir al gravísimo desafío planteado en mayo de 1958 por los mandos militares en Argelia (concretamente, por los generales Massu y Salan, éste último comandante en jefe desde 1956) quienes, ante el temor de que el nuevo gobierno formado aquel mes, quinto gobierno en dos años, pudiera estar contemplando la negociación con el FLN, constituyeron en Argel (día 13 de mayo) un Comité de Salvación Pública y exigieron (día 15) el retorno al poder de De Gaulle, el hombre de la victoria en la II Guerra Mundial. Un retorno exigido igualmente en las grandes manifestaciones que el día 16 recorrieron la capital argelina entre vítores a la Argelia francesa y al general De Gaulle, y que se produjo, en efecto, de forma casi inmediata, el 29 de mayo, con la formación por De Gaulle de un «gobierno de salvación nacional» (que procedería a la implantación, previo referéndum, de un nuevo régimen, la V República). Luego, cuando a fines de 1959 pareció que De Gaulle optaba por la liquidación del problema y el abandono de Argelia[*], Francia se enfrentaría a un verdadero levantamiento de la «Argelia francesa». La población europea dirigida por el propietario del café Forum, Ortiz, y el presidente de los estudiantes, Lagaillarde, se amotinó en la capital argelina durante la semana del 24 al 30 de enero de 1960, la «semana de las barricadas». En enero de 1961, cuando el gobierno anunció el comienzo de las negociaciones con el FLN para el mes de abril, Lagaillarde, Jean Jacques Susini y el general Salan, exiliado en Madrid desde 1960 por su oposición a la política argelina de De Gaulle, crearon una Organización Armada Secreta (la OAS), que desencadenaría una importante campaña terrorista, en Francia y en Argelia, contra los nacionalistas argelinos. Entre el 22 y el 24 de abril (1961), los generales Challe, Zeller, Jouhaud y Salan intentaron, desde Argel, un golpe de estado contra París en defensa de la unidad de Francia y de una Argelia francesa.

La tragedia argelina finalizó, pues, en negociaciones con el FLN (que se iniciaron en Evian, el 20 de mayo de 1961), negociaciones difíciles, interrumpidas en alguna ocasión, y acompañadas casi hasta el final por atentados terroristas tanto del FLN como de la OAS, y por manifestaciones, huelgas y disturbios a favor y en contra de la causa argelina; pero que culminaron con la aceptación de la independencia de Argelia, oficialmente proclamada el 3 de julio de 1962. Antes, la población francesa había ya aprobado la política de De Gaulle en un referéndum celebrado el 8 de abril; Argelia votó por la autodeterminación de su país el 1 de julio. El éxodo de los pieds-noirs fue casi total. Unos doscientos cincuenta mil llegaron a Marsella entre febrero y marzo de 1962; trescientos cincuenta mil marcharon a Marruecos y otros puntos, en junio. Cerca de mil ochocientos europeos murieron en Argel víctimas de la violencia argelina tras la independencia, entre julio y diciembre de 1962. De Gaulle escapó milagrosamente a un atentado preparado por el coronel Bastien-Thiry (que sería ejecutado), el 22 de agosto de ese año[13].

La guerra de Argelia fue el conflicto más violento del proceso de descolonización de la posguerra. Vino a mostrar, entre otras muchas cosas, que el sueño francés de una Unión Francesa como recambio cosmético del imperio había sido una ilusión estéril, y que el «viento de cambio» al que se refirió en Ciudad del Cabo, en febrero de 1960, el entonces primer ministro británico Harold Macmillan, era una realidad formidable: «El viento de cambio —dijo Macmillan en aquella ocasión— recorre este continente, y nos guste o no, este crecimiento de la conciencia nacional es un hecho político. Debemos todos aceptarlo como tal, y nuestras políticas nacionales deben tomar nota de ello»[14]. Portugal se empeñaría en no entenderlo. Desde 1951, redefinió a sus colonias (Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde), a las que en la década de 1950 emigraron cientos de miles de portugueses de clase modesta, como «provincias de ultramar», y consideró su desarrollo como inseparable del propio desarrollo metropolitano. Desde 1960-1961, Portugal tendría que hacer frente a insurrecciones guerrilleras en todas sus colonias. Precisamente, el malestar del ejército por la guerra colonial sería una de las causas de la revolución de 1974 que derribó la dictadura implantada, si se recuerda, en 1926 (y en buena lógica, la nueva democracia portuguesa liquidó de inmediato el régimen colonial: Guinea-Bissau logró la independencia en septiembre de 1974; Angola y Mozambique, en 1975). Francia, en cambio, rectificó. En 1956, había dado la independencia a Túnez y Marruecos; en 1960, mientras combatía en Argelia, la concedía a Camerún, Togo, Madagascar, Congo-Brazzaville, República Centro-africana, Chad, Gabón, Alto Volta (Burkina-Faso), Dahomey (Benin), Costa de Marfil, Senegal, Mali y Mauritania.

La descolonización, la liberación nacional de los pueblos de Asia y África, creó además una nueva realidad internacional. Un total de veintinueve países de esos continentes se reunieron —como ya se indicó— en Bandung (Indonesia) entre el 17 y el 24 de abril de 1956 en la que fue la primera reunión en la historia de países afro-asiáticos, a la que asistieron, además, como observadores, representantes greco-chipriotas, marroquíes, tunecinos, argelinos, el Gran Muftí de Palestina y una delegación del Partido del Congreso Nacional Africano, el principal partido del nacionalismo africano de Sudáfrica. Muchas cosas fueron criticables: la organización, la incongruencia de que a Bandung asistieran la futura Ghana (Costa de Oro) y los dos Vietnam (Vietnam del Norte y Vietnam del Sur) y que no lo hicieran la futura Nigeria o Corea. En la Conferencia se pusieron de manifiesto, además, diferencias importantes, como las que surgieron entre los países partidarios de constituir un bloque «neutral», y los que ya estaban alineados por razones de defensa con alguno de los dos grandes bloques de la «guerra fría»: Turquía, Pakistán e Irán, por ejemplo, eran en aquel momento miembros de alguno de los Pactos defensivos inspirados por los Estados Unidos (OTAN, Pacto de Bagdad); China y Vietnam del Norte formaban parte del bloque comunista; Vietnam del Sur había nacido por voluntad de Francia y los Estados Unidos como barrera frente a un Vietnam unificado y comunista. Las diferencias históricas entre India y Pakistán, o entre India y China, se hicieron también palpables. China tuvo que defenderse de las acusaciones que se le hicieron por la ocupación del Tíbet en 1951, y aún tuvo que defender a la URSS de las críticas que algunos delegados hicieron a la política de esta última en las repúblicas soviéticas asiáticas, para muchos una manifestación de colonialismo. Con todo, la Conferencia de Bandung significó la aparición de un bloque de países «no alineados», esto es, independientes de las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, de un bloque opuesto al «colonialismo» y al «imperialismo», y favorable a los principios de no agresión y coexistencia pacífica en las relaciones internacionales. La Conferencia vio, además, la voluntad de asumir un nuevo papel en el orden internacional de países hasta hace poco tiempo o colonizados —casos como el de la India de Nerhu, el Egipto de Nasser y la Indonesia de Sukarno, tres de los grandes protagonistas de Bandung— o en vías de reconstrucción nacional, como la China comunista representada en Bandung por su ministro de Asuntos Exteriores, Zhou Enlai.

El colonialismo había perdido el curso de la historia. Cuando el 26 de julio de 1956 el presidente de Egipto, Nasser, anunció la nacionalización de la compañía del Canal de Suez, compañía propiedad de inversores británicos y franceses, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra (con la connivencia de Israel, deseosa de proceder a una acción militar preventiva en el Sinaí donde Egipto había ido concentrando fuertes contingentes militares desde 1955 y desde donde partían la casi totalidad de los numerosísimos ataques terroristas contra Israel de los fedayines palestinos). El 31 de octubre de 1956, aviones británicos y franceses bombardearon las bases militares egipcias, y fuerzas aerotransportadas de ambos países (marines, paracaidistas) ocuparon Port Said y otros puntos (5 de noviembre). La operación franco-británica fue un desastre (salvo para Israel, cuyas tropas infligieron graves pérdidas a los egipcios y ocuparon Gaza y casi todo el Sinaí): fue inmediatamente condenada por la ONU, los Estados Unidos, Canadá, la URSS, por la práctica totalidad de los países independientes, por las propias opiniones públicas británica y francesa. Ante la presión norteamericana, Gran Bretaña y Francia tuvieron que retirarse de Egipto (7 de noviembre). Israel devolvería a Egipto todos los territorios ocupados más tarde, en marzo de 1957. La ONU enviaría una fuerza de pacificación de «cascos azules». Suez costó la carrera política a Eden, el primer ministro británico y probablemente la personalidad más brillante y atractiva de la política británica de la posguerra; supuso, además, una nueva humillación para la IV República francesa (y un revés para su política en Argelia, pues Francia había tratado de justificar Suez en razón del apoyo de Egipto al FLN). En suma, Suez no pasó de ser, en palabras del dominical liberal británico The Observer, el principal portavoz de la amplia oposición que Suez suscitó en Gran Bretaña, una «operación de policía» de dos potencias ya «secundarias»[15]. Fue, si se quiere, la última operación militar del colonialismo europeo. Significativamente, el verdadero vencedor fue Nasser. La propaganda patriótica británica y francesa quiso presentarlo como un nuevo Hitler; Suez hizo de él, el líder del mundo árabe y el símbolo del despertar de los pueblos antes colonizados.

LOS CONDENADOS DE LA TIERRA

Nadie dudó de que la descolonización supuso una de las mayores revoluciones de la historia: una formidable alteración del poder internacional, una gigantesca transferencia de poder de las metrópolis a las ex colonias, la emergencia de nuevas élites y estructuras de gobierno en Asia y África, transformaciones sustantivas en las nuevas naciones (políticas de industrialización, nacionalizaciones, reformas agrarias, derechos y libertades políticas, etcétera), desaparición de los imperios europeos, aparición de nuevos poderes regionales (India, Egipto) y de nuevas regiones económicas, nuevo equilibrio internacional, la irrupción de nuevas culturas. La descolonización, precisamente, dio un nuevo sentido a la palabra «revolución», cuya articulación ideológica más consistente elaboraría ahora Frantz Fanon (1925-1961), un psiquiatra negro, martinicano, destinado en un hospital psiquiátrico en Argelia (1953-1956), que se unió al FLN argelino y combatió hasta su muerte, desde la ideología y la propaganda, por la revolución de Argelia. Lo que hicieron las ideas y la obra de Fanon (Piel negra, máscaras blancas, 1952; Año V de la Revolución argelina, 1959, Los condenados de la tierra, 1961; Por la revolución africana, 1964), fue, en efecto, eso: redefinir la revolución, vista hasta entonces como la lucha de los trabajadores en las sociedades industrializadas, como lucha nacional, anticolonialista y antirracista, como liberación nacional de los pueblos colonizados.

El desarrollo del pensamiento de Fanon fue, sin embargo, gradual. En principio, fue incluso ajeno a preocupaciones y análisis explícitamente políticos. Desde luego, su interés por el racismo, y enseguida por la psiquiatría, fueron anteriores a su interés por la descolonización y la violencia revolucionaria, y de alguna forma fueron siempre esenciales a, e inseparables de, sus análisis y reflexiones sobre la revolución anticolonial. Raza y racismo fueron, en efecto, las claves de su pensamiento, el fundamento, si se quiere, de su rebelión. Siempre dijo que descubrió el racismo —su condición de negro, que jamás sintió en Martinica, su país natal— en el ejército francés, al que se unió voluntariamente a los dieciocho años, en 1943, una vez que Martinica, como las otras colonias francesas en las Antillas, se unió a la Francia libre de De Gaulle, y con el que sirvió durante la II Guerra Mundial, primero en Marruecos y Argelia y enseguida, en la región de Toulon-Lyon y en el Rhin. Aunque por sus servicios y su valor (y sus heridas) recibiría la Cruz de Guerra de bronce, algo que luego ocultaría cuidadosamente, el ejército francés —en cuyo interior Fanon creyó ver una jerarquía racista que colocaba en primer lugar a los blancos, luego a los negros y en tercer lugar a los árabes norteafricanos— le hizo sentirse, según sus palabras, soldado negro en un ejército blanco.

Desmovilizado en 1945, estudiante de psiquiatría entre ese año y 1950 en Lyon, localidad que prefirió a París para apartarse de la comunidad martinicana de la capital, pues siempre mantuvo una relación muy ambigua y distante con Martinica y su cultura, incluido su escritor más relevante, el poeta Aimé Césaire; aficionado al jazz, lector incansable —de filosofía, ensayo, psicoanálisis y revistas intelectuales como Les Temps Modernes de Sartre y Présence Africaine, la principal revista africana en lengua francesa— y lector sobre todo de escritores negros norteamericanos como Richard Wright y Chester Himes, todos sus primeros y aún inmaduros escritos estuvieron marcados por lo negro y la raza. Piel negra, máscaras blancas (1952), libro en que recogió muchos de esos escritos, era, bajo su apariencia de reflexiones sobre temas como el jazz, el surrealismo o la poesía de Aimé Césaire, una crítica frontal del racismo europeo (o así fue percibido al publicarse). Escrito desde perspectivas psicoanalíticas, como revelaba su propio lenguaje, esto es, no desde perspectivas políticas o sociológicas, en el libro aparecía ya una idea esencial a toda la visión de Fanon: el concepto de experiencia vivida, la traducción que del concepto de erlebnis de Heidegger y Husserl había hecho la fenomenología francesa y que había interesado mucho al grupo de psiquiatras de Lyon con el que se formó Fanon; esto es, la idea de que la conciencia es experiencia vivida y que, por tanto, para el grupo de Lyon y para Fanon mismo, la enfermedad mental, la neurosis, serían consecuencia, igualmente, de la experiencia vivida. Para Fanon, la «alienación del hombre negro», el tema de su interés, se derivaría de esa forma del hecho mismo de vivir atrapado por la negritud, y de ser visto por los otros —no por él mismo— como negro; se derivaría, en definitiva, de su encuentro con el hombre blanco (lo que explicaría las muchas reservas que Fanon tuvo hacia la negritud de Césaire y Sénghor: para Fanon, las ideas de negro y negritud eran, simplemente, formas creadas por el racismo blanco, como la imagen de éste reflejada en un espejo). Familiarizado en el hospital de Dôle en el que trabajó entre 1951 y 1953 con el tratamiento de enfermedades psíquicas de muchos emigrantes norteafricanos, Fanon complementó en seguida la alienación del hombre negro con otra tesis sustantiva y, por lo dicho más arriba, poco menos que inevitable a la luz de sus ideas: «el síndrome norteafricano», título del artículo que publicó en febrero de 1952 en Esprit, la neurosis del colonizado como consecuencia de la colonización misma.

Precisamente, lo que de inmediato tuvo Fanon en Argelia —a donde llegó en 1953 tras casarse en 1952 con Josie Dublé, una joven de origen corso-gitano, y tras ganar unas oposiciones como psiquiatra para el hospital de Blida, el más importante centro médico para enfermedades mentales de la colonia—, fue la experiencia directa de la colonización. Fanon, un hombre no muy alto (1,65 metros), de facciones correctas, elegante (usaba siempre bata blanca, camisas caras, gemelos y corbata), cortés, arrogante, encontró, en efecto, en el hospital de Blida un sistema hospitalario y unas prácticas clínicas que suponían, desde su perspectiva profesional, la encarnación casi perfecta, y para Fanon necesaria e inevitable, del colonialismo: el argelino, el árabe (indolente, pervertido, vago, ladrón) como patología a civilizar. Por resumir: Fanon, que con la oposición de la mayoría de los médicos del hospital quiso introducir con los pacientes argelinos, en vez de los electroshock, drogas y camisas de fuerza, las formas de tratamiento avanzado que había practicado en Francia adaptándolas a las tradiciones norteafricanas (terapia de grupo, trabajos y juegos colectivos: juego de dominó, trabajo en el campo, oración del viernes, recreación del ambiente del café, etcétera), hizo suya de forma casi natural la condición de los colonizados.

Por eso, aunque cuando llegó a Argelia ignoraba la situación del país y carecía de interés y preocupación por el nacionalismo argelino, Fanon pudo tener ya contactos con la revolución argelina desde 1955, a través de algunos médicos o franceses o argelinos de su hospital, simpatizantes del Frente de Liberación Nacional. Esos contactos fueron, probablemente, la asistencia médica a heridos o torturados argelinos, la protección a algún militante del FLN perseguido, el suministro ocasional de información. El caso fue que, en su intervención en el I Congreso de Escritores y Artistas Negros celebrado en París por Présence Africaine en septiembre de 1956, la única vez en su vida en que habló en público en la capital francesa, Fanon habló ya de racismo, colonialismo, liberación y solidaridad, lo que bastó para que las autoridades coloniales francesas le expulsasen de Argelia (diciembre de 1956). Establecido en Túnez, donde aún practicó por un tiempo y con éxito la psiquiatría, Fanon apareció pronto como uno de los principales portavoces del FLN argelino: escribió abundantemente en su prensa y lo representó oficialmente en reuniones y conferencias internacionales; ejerció, además, en 1960 como embajador con sede en Accra (Ghana) del gobierno provisional argelino ante distintos países africanos. Desde esas posiciones, Fanon defendió la lucha argelina, el uso de la violencia como instrumento necesario a la liberación nacional. Criticó, lógicamente, lo que para él era ambigüedad de la izquierda francesa ante la tragedia argelina; ni siquiera tuvo paciencia con las críticas que desde esa izquierda se hicieron, como algo se dijo, a la práctica de la tortura: porque entendía la tortura no como un exceso sino como parte esencial de la opresión colonial. Fanon justificó el nacionalismo argelino. Más aún, frente a visiones genéricas e idealizantes sobre la unidad y fraternidad de los pueblos árabes y africanos, el caso de Argelia le hizo ver en la nación y el nacionalismo la clave para la revolución. Incluso pensó en extender el modelo argelino a otros países (del África negra, un mundo que fue interesándole progresivamente); posiblemente, en sus viajes por África en 1960, exploró la posibilidad de formar una especie de «legión africana» armada, que ayudara a la lucha argelina abriendo nuevos frentes desde el sur.

Enfermo de leucemia, quiso recoger sus últimas preocupaciones en Los condenados de la tierra (1961), su publicación más conocida, entre otras razones por el prólogo de Jean Paul Sartre, un libro escrito precipitadamente —por su enfermedad—, que, como los anteriores, recogía materiales heterogéneos incluidos varios casos clínicos que Fanon había tratado como psiquiatra. Esas preocupaciones eran básicamente dos. Primero, el análisis de la conciencia y de la situación de los pueblos colonizados y de la descolonización, con una tesis inequívoca y explícita: la violencia como instrumento de liberación nacional, la lucha armada como método, como «praxis absoluta» del colonizado (según sus palabras), como la reintegración de éste, alguien creado por el racismo colonial (de ahí la inclusión de los casos clínicos aludidos bajo el título de «guerra colonial y trastornos mentales»), a su condición humana: «el hombre colonizado —escribía Fanon— se libera en y por la violencia»[16]. Y en segundo lugar: el planteamiento de la descolonización como revolución campesina, desde una interpretación tópicamente «marxistizante» (sobre conceptos como capitalismo colonial, burguesías nacionales, proletariado, masas, etcétera) en la que la lucha campesina, bajo una dirección revolucionaria, asumía la naturaleza de lucha del pueblo y de las masas como algo distinto y radicalmente superior al puro nacionalismo, desde una perspectiva en la que ideas como «reivindicación nacional» o «cultura nacional» se redefinían como «cultura de combate», como expresiones de la lucha popular, y no como encarnación del alma nacional ni como folclore o etnicidad, ni mucho menos como esencia idealizada de la nación en la historia: «la cultura nacional argelina —escribía— cobra cuerpo y consistencia en estos combates, en la cárcel, ante la guillotina, en los puestos militares franceses sitiados y destruidos»[17].

La nueva teoría de la revolución —como liberación nacional— partía de una constatación evidente: la situación colonial y el racismo habían introducido en la historia variables no percibidas en las teorías revolucionarias del marxismo y del socialismo europeos; la lucha nacional, el nacionalismo —en fecha recentísima una amenaza para la humanidad— adquiría ahora, como revolución violenta, como combate anticolonial y antirracista, dimensión liberalizadora para los pueblos colonizados y las masas campesinas, la fuerza revolucionaria —para la nueva teoría— de Asia y África. Significativamente, Fanon habló, cuando lo hizo, de nacionalismo «voluntarista», nunca de nacionalismo étnico o cultural o identitario: para él, por ejemplo, argelino era quien asumía la lucha por la liberación nacional, no quien era étnicamente argelino. Siempre pensó en la futura Argelia como un estado popular y socialista: jamás contempló la posibilidad de que se construyera como un estado árabe-islámico, ni se interesó en el Islam como uno de los fundamentos de la identidad religiosa (cultural), social e histórica de países como Argelia y el mundo árabe.

La revolución como liberación nacional anticolonialista era una teoría sugestiva, en buena medida cargada de incuestionable fuerza moral: la denuncia del racismo colonialista por Fanon (y no sólo por él) tendría vigencia permanente en la conciencia contemporánea. La tesis parecía, además, dar legitimidad inapelable a las luchas de los pueblos colonizados, a los condenados de la tierra. Pero era al tiempo una teoría de consecuencias imprevisibles, si no terribles: el escritor francés Jean Daniel, nacido en Blida precisamente, íntimo amigo de Camus y como éste profundamente marcado por la crisis argelina (sobre la que escribió ininterrumpidamente en el semanario L’Express desde 1954 hasta 1964), vio inmediatamente en Los condenados de la tierra, en las ideas de Fanon, la semilla de nuevas violencias, de nuevos torturadores, un futuro de horror. Era una teoría basada en análisis y argumentos escandalosamente reduccionistas, circunscrita, por lo que se refería a los libros de Fanon, a un ámbito territorial y cultural muy limitado (Argelia y unos pocos países africanos: Guinea, Ghana, Costa de Marfil, Mali y Congo-Brazaville); una teoría, en suma, históricamente errónea y por ello, políticamente falsa.

La teoría revolucionaria de la liberación nacional ignoraba, en efecto, la extraordinaria diversidad de los procesos de descolonización y de las mismas realidades nacionales de Asia y África, prácticamente inasimilables entre sí. Desconocía deliberadamente el papel que, por ejemplo, religión y etnicidad tenían en muchos nacionalismos africanos y asiáticos. Hacía del campesinado, sin duda el mundo social más complejo, dispar, plural e inclasificable (y probablemente, más conservador y tradicionalista) de Asia y África, una abstracción revolucionaria, que por ello mismo resultaría en muchos casos «inencontrable» como vanguardia de la revolución. Veía en la violencia la estrategia única hacia la independencia y la revolución, cuando la no violencia precisamente había sido el instrumento determinante en la victoria probablemente más significativa y decisiva de todo el proceso descolonizador, la independencia de la India, y a pesar de que la negociación, y la transferencia gradual y consensuada de autogobierno (y enseguida, independencia) a los poderes postcoloniales, habían sido igualmente, en muchos otros casos, fórmulas si no idóneas, al menos positivas, de descolonización. Paradójicamente además, Los condenados de la tierra se publicó cuando sus argumentos estaban dejando de ser pertinentes: Fanon no previó, ni anticipó, por ejemplo, que el conflicto argelino pudiera tener un final negociado, ni que el problema, al final, fueran más los pieds-noirs, la OAS y el ejército colonial francés que el FLN argelino, ni que Francia fuese a dar la independencia, sin violencia, a todas sus ex colonias africanas, lo que hizo en 1960 sin que Fanon hiciera el menor comentario al respecto (como no previó la deriva hacia formas brutales de dictadura que, como veremos, tomarían, a veces por impulso de dirigentes políticos con los que Fanon había intimado, varias de las revoluciones por él más queridas, como la revolución argelina o los regímenes de Ghana y Guinea)[18].

Era, pues, dudoso que las tesis de la liberación nacional y de la violencia revolucionaria pudieran ser la única, o la mejor, explicación para entender el hecho nacionalista en Asia y África, y el único cauce para canalizar el despertar de los pueblos colonizados. La descolonización fue, y no podía dejar de serlo, muy distinta en el subcontinente indio que en Oriente Medio, en el sudeste asiático que en el norte de África y en la propia África negra que al final de su vida tanto interesaría a Fanon. Indudablemente, en los años posteriores a 1945, el nacionalismo era en Asia y África un movimiento «irresistible», «irreversible», por decirlo de nuevo con las palabras antes citadas de Jean Paul Sartre. Pero la descolonización fue, en realidad, mil cosas a la vez (por parafrasear lo que el historiador Braudel decía del Mediterráneo) y por eso, sus derivaciones y consecuencias cristalizarían en una amplísima pluralidad de realidades y situaciones nacionales y políticas.

ASIA: VIEJOS Y NUEVOS NACIONALISMOS

La partición de la India en 1947 —por empezar por uno de los temas más sustantivos— no había sido una mera división artificial, una burda maniobra británica para contrarrestar el ascenso del nacionalismo hindú. Gandhi, que rechazó la partición de 1947, y que sería asesinado por eso el 30 de enero de 1948, precisamente por un nacionalista hindú, Nathuram Godse, pudo no haber terminado nunca de entender bien el concepto de Pakistán. Pero era Jinnah, el líder de la Liga Musulmana y «fundador» de Pakistán, quien llevaba razón: nunca hubo una sola India, sino varias. Lo cierto era, en efecto, que, como ya se indicó en un capítulo anterior, hindúes y musulmanes tenían identidades colectivas diferentes. El contexto político en el que se produjo la partición precipitó, además, los acontecimientos. En las elecciones provinciales celebradas entre enero y abril de 1946, todavía bajo mandato británico, para la elección de Asambleas o Parlamentos Provinciales en las trece provincias del país, la Liga Musulmana logró mayoría abrumadora en las provincias musulmanas (Sind, Baluchistán y Frontera Noroeste), éxito que repitió en las elecciones celebradas en julio para la formación, a instancia británica, de la Asamblea Constituyente que había de decidir el futuro de la India. Poco después, el 6 de agosto, la Liga convocó el «Día de la Acción Directa» para forzar al Partido del Congreso hindú a aceptar la partición: cuatro mil personas murieron en los choques que, como consecuencia, se produjeron en Calcuta. Luego, en diciembre (1946), la Liga boicoteó en medio de nuevos estallidos de violencia la reunión de la citada Asamblea Constituyente. Finalmente, cuando el último virrey de la India, Lord Mountbatten, pidió a las Asambleas Provinciales, ya en junio de 1947, que se pronunciaran al respecto, Sind, Baluchistán y Frontera del Noroeste votaron por Pakistán, y Bengala y Punjab por autodividirse, de forma que el oeste del Punjab y Bengala este, la futura Bangladesh, se integrarían en Pakistán, la última pese a estar situada a miles de kilómetros de distancia del resto del país. La partición fue sangrienta. Unos ocho millones de refugiados emigrarían en ambas direcciones, perdiendo sus casas y tierras, o hacia Pakistán o hacia la India. En la violencia que se desató murieron, como se indicó, unas doscientas mil personas; miles y miles de familias quedaron divididas para siempre.

Los nacionalismos hindú y musulmán hicieron, pues, imposible el sueño de Gandhi, una única India, hindú y musulmana, espiritual, tradicional, rural. La partición dejó, además, una amarga herencia. La disputa sobre Cachemira, estado de población mayoritariamente musulmana pero cargado de especial significación emocional para el hinduismo y gobernado secularmente por una dinastía de maharajás hindúes, el último de los cuales acordó en octubre de 1947 la incorporación del territorio a la India, provocaría tres guerras abiertas entre India y Pakistán (1947-1949, 1965, 1971) y el terrorismo de los grupos armados islámicos en demanda de la separación de Cachemira de la India, que se inició en 1989 y que hasta el año 2.000 había causado unos treinta mil muertos. El Punjab y Bengala, los dos grandes pilares del Imperio británico en la India, quedaron desde 1947 literalmente desvertebradas, ya que fueron de hecho las regiones que soportaron todo el peso de la partición, divididas entre los dos nuevos países: ése fue el origen del independentismo sij en el Punjab indio (los sijs, antes de la partición, eran el 15 por ciento de la población del estado), y de la violencia revolucionaria que, capitalizada por el Partido Comunista Marxista, sacudió en las décadas de 1960 y 1970 la Bengala india, un estado devastado por la superpoblación, una espantosa pobreza urbana y el subdesarrollo rural.

El Partido del Congreso llevó a la India a la democracia; Pakistán desembocó, en cambio, en un estado islámico. Ambos países habían tenido, sin embargo, que acometer en 1947 problemas similares. Países subdesarrollados, pobres, dependientes, pronto superpoblados, India y Pakistán (y también, Sri Lanka) tuvieron a partir de entonces que construir no ya un estado, sino la nación misma, por decirlo con los argumentos de Judith Brown en su biografía de Nerhu, el hombre que llevó a la India a la independencia en 1947 y su primer ministro desde ese año hasta 1964[19]; y tuvieron que hacerlo desde la acusadísima diversidad cultural, lingüística, regional, religiosa y étnica de los respectivos territorios nacionales. La India, por ejemplo, tuvo que integrar, además de los principados independientes (unos seiscientos, algunos como Hyderabad, Rajasthan, Jaipur o Mysore, de considerable importancia territorial), a las minorías musulmana (11 por ciento del país tras la partición), sij, jainista, cristiana y budista, aceptar la existencia de dieciséis lenguas principales (hindi, urdu, punjabí, bengalí, tamil…) y casi dos mil variaciones locales, y acomodar las distintas identidades regionales politizadas (nacionalismo sij en el Punjab, nacionalismo tamil en el sur, etcétera). Pakistán tuvo sin duda el problema de su esquizofrénica territorialidad —un país formado por dos inmensos territorios, Pakistán occidental y Pakistán oriental, separados por miles de kilómetros— e importantísimos problemas lingüísticos (pushtu, sindhi, urdu…) y etno-nacionalistas (por ejemplo, el nacionalismo pashtun, una minoría más próxima a Afganistán que al nuevo Pakistán).

Pues bien; la India independiente se construyó sobre las ideas democráticas y regeneradoras que habían inspirado la lucha por la independencia del Partido del Congreso. Heredera de todo el aparato administrativo central del Imperio, factor esencial en la transferencia del poder y en la construcción del nuevo estado; dirigida por Nerhu —un miembro de la élite del país, educado en Cambridge, hombre culto, agnóstico, formado mucho más en las ideas políticas occidentales que en la tradición espiritual de la India (lo que no impidió su pleno entendimiento con Gandhi)—, la India independiente nació como un estado secular y democrático, como una república federal, tal como proclamaba la Constitución de 1950, que Nerhu quiso construir sobre la industrialización, el socialismo, la reforma agraria, el desarrollo económico y social, y la neutralidad, o no alineamiento, en el ámbito internacional. El Pakistán independiente, inicialmente carente de burocracia estatal e incluso de capitalidad, un estado que había nacido más como una creación ideológico-religiosa que como resultado de la historia, de la geografía o de una etnicidad específica, osciló entre la creación de un estado secular, ideal de Jinnah, el elegante, ascético, arrogante y obstinado líder del país (que murió de tuberculosis en 1948), o de un estado islámico. Significativamente, no tuvo Constitución hasta 1956. La debilidad del poder civil —a la que sin duda contribuyó decisivamente la muerte de Jinnah, un gravísimo contratiempo de cara a la construcción del país— hizo del ejército el árbitro de la política: el ejército tomó el poder tras los golpes de estado de 1958 y 1977. El régimen militar de 1958-1970 trató de impulsar la modernización del país a través del desarrollo económico, la reforma agraria y reformas sociales no islámicas. Caído el régimen militar tras su fracaso en el conflicto de 1971 que llevó a la independencia de Pakistán oriental, Bangladesh (aparición aquí, en 1954, de un movimiento nacionalista bengalí dirigido por la Liga Awami, victoria de ésta en las elecciones de 1970, exigencias de cambio constitucional, intervención de la India a favor de la Liga, guerra entre India y Pakistán, y fulminante derrota de éste), el régimen civil que le sucedió entre 1971 y 1977, liderado por el Partido Popular de Zulfiqar Ali Bhutto, quiso promover una especie de populismo nacional (nacionalización de industrias básicas y bancos, nueva reforma agraria, reforma de la burocracia del estado y del ejército, aproximación internacional a los países islámicos) como fundamento del nuevo Pakistán: el golpe de estado de 1977 del general Zia ul-Haq, en teoría desencadenado por el malestar popular ante la corrupción, el clientelismo y las irregularidades electorales de los gobiernos de Bhutto, dio paso, sin embargo, al establecimiento de un estricto régimen islámico y a un intenso proceso de islamización del país que afectaría a la vida familiar, régimen matrimonial, educación, vestimenta femenina, jurisprudencia, leyes de herencia, código penal y castigos, situación legal de la mujer, censura y prensa[20].

Pese a su origen común, la evolución postcolonial de India y Pakistán sería, en suma, enteramente diferente. Pero más diferente aún sería la evolución que seguirían otros países asiáticos. Como acabamos de ver, el comunismo no tuvo papel alguno en la independencia de la India y Pakistán. Fue en cambio factor decisivo en el sudeste asiático. No sólo en Indochina o en Vietnam: la insurrección guerrillera comunista —en parte derivada, como en Vietnam, de la resistencia antijaponesa durante la II Guerra Mundial— se extendió a partir de 1945 por Birmania, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas, desencadenando amplias y violentas guerras civiles paralelas a los procesos de descolonización[21]. En Malasia, nombre adoptado en 1963 por la Federación Malaya, fueron las tropas británicas mandadas por el mariscal Templer las que llevaron el peso de la lucha antiguerrillera que se prolongó hasta 1954. La insurrección comunista no fue dominada en Birmania hasta 1955: murieron a causa de ella cerca de treinta mil personas. El Partido Comunista Indonesio, creado en 1920 y con unos dos millones de afiliados y cerca del 16 por ciento de los votos del país en 1955, promovió una insurrección armada en el este de Java en septiembre de 1948, para desbordar el proceso de independencia dirigido por nacionalistas (Sukarno) y musulmanes.

Bajo la autoridad de Ho Chi Minh y del Viet-Minh, Vietnam del Norte derivó decididamente hacia el comunismo. Ho Chi Minh mismo (1890-1967) era a la vez un patriota y un comunista: un patriota poseído del sereno pero profundo sentimiento de orgullo por la civilización y el pasado vietnamitas que impregnó siempre la conciencia nacional del país, antes y después del comienzo en 1850 de la colonización francesa; un comunista disciplinado, funcionario desde 1920 de la Internacional Comunista a cuyas órdenes trabajó hasta 1943 en París, Moscú, China y Hong Kong, y cuyas ideas y políticas (estalinismo, partido único, purgas, etcétera) defendió siempre y asumió como propias. Ho Chi Minh, uno de los fundadores en 1930 del Partido Comunista Indochino, creyó siempre que el comunismo era posible en Asia. Incorporado en 1941 a la resistencia contra Japón en la frontera chino-vietnamita, la misma lucha nacional era para él simplemente una forma de encuadrar la lucha por la revolución comunista. El Viet-Minh, la liga por la independencia de Vietnam que él, Nguyen vo Giap, Fam Van Dong y otros dirigentes comunistas crearon en el sur de China en 1941 y que desde 1943 iría liberando Vietnam del Norte de la ocupación japonesa, no fue concebido como una coalición nacional, como a veces pretendió su propia propaganda, sino como un frente militar y político bajo control estricto del Partido Comunista: la lucha guerrillera antijaponesa conllevó el desplazamiento, si no la eliminación, de organizaciones y grupos armados nacionalistas no comunistas. En la misma guerra contra Francia (1945-1954), a la que ya hubo ocasión de hacer referencia más amplia antes, oficiales y comisarios del Viet-Minh procedían de manera sistemática, y a menudo fanática, a la educación revolucionaria y encuadramiento y control ideológicos de los habitantes de las regiones y zonas «liberadas». Con una dirección altamente cohesionada (Fam Van Dong, Nguyen vo Giap, Le Duan, Truong Chinh, Nguyen Duy Trinh) en torno al liderazgo de Ho Chi Minh, un hombre de aspecto frágil, delgado, esbelto, de facciones afiladas y mirada brillante, un político no dogmático, sin vanidad y sin petulancias ni ideológicas ni retóricas, de vida personal sencillísima, amable e irónico y que creyó siempre en la dirección colegiada de su partido, Vietnam del Norte se configuró desde 1945 como un estado comunista (como luego, tras la victoria sobre los Estados Unidos en la guerra de 1963-1974, sucedería con el Vietnam ya unificado): régimen de partido único, democracia «popular», centralismo «democrático», nacionalizaciones, economía de estado, planificación centralizada, reforma agraria colectivista, granjas y cooperativas estatales, adoctrinamiento sistemático de la población. La reforma agraria de 1955-1956, una colectivización extremada y rigurosa, conllevó la ejecución de unas quince mil personas, en su mayoría campesinos opuestos a la reforma; las libertades de prensa y opinión fueron prácticamente eliminadas desde 1956-1958; unas novecientas mil personas huyeron a Vietnam del sur entre 1956 y 1964[22].

Indonesia, en cambio, derivó hacia la autocracia y el poder personal del líder de la independencia, Sukarno, y luego, desde 1965, hacia la dictadura militar. País de complejidad extraordinaria, de población musulmana (ochenta y dos millones en 1958) e importantes minorías cristiana, hindú, budista y china, con cerca de tres mil islas, unos dos millones de kilómetros cuadrados y doscientas cincuenta lenguas; país devastado por la ocupación japonesa (1942-1945) y la lucha contra Holanda (1945-1949), en Indonesia el verdadero problema fue, en palabras del propio Sukarno, «encontrar una identidad nacional». Sukarno, cuyo nacionalismo era un nacionalismo voluntarista y vago, basado en el «alma» de Indonesia y en el «deseo» y «urgencia» de su unidad como república «libre», popular y «grande», esto es, que englobara a todos los pueblos malayos de la región salvo Filipinas, concretó esa identidad, en 1945, en cinco principios: estado nacional, humanismo o internacionalismo, gobierno representativo, prosperidad y justicia social, y creencia en un solo Dios (nunca precisado). Sukarno, musulmán pero escasamente religioso, creó ciertamente el estado indonesio. La Constitución de 15 de agosto de 1950 hizo de Indonesia un estado unitario, y no una república federal, la apuesta de Holanda que trató, a la hora de la transferencia de soberanía, de mantener a Bali, las islas Célebes, las Molucas y otros territorios como regiones autónomas; la unidad nacional se completó en 1963 con la incorporación de la Nueva Guinea holandesa (Irian Jaya), hasta entonces objeto de disputas y negociaciones entre Indonesia y la ex metrópoli. Indonesia asumió el importante papel internacional que quería Sukarno con la celebración en su territorio, en 1955, de la ya varias veces mencionada conferencia de Bandung.

La nueva Indonesia no logró, por el contrario, la estabilización de la política. Vano, egotista, carismático, demagógico, oportunista, indisciplinado e indolente en la dirección del gobierno, Sukarno creía poco en el gobierno representativo. No hubo elecciones hasta 1955. Sukarno nunca las quiso: prefirió la fórmula de gobiernos de unidad nacional basados en el equilibrio entre militares, musulmanes y comunistas, la fórmula que usó con indudable habilidad entre 1949 y 1956, y que en la práctica hacía de él el árbitro último de la vida nacional. Así, cuando entre 1957 y 1959, la gravísima crisis económica y social del país, la inestabilidad gubernamental, la polarización ideológica y política y el estallido de una insurrección musulmana en Sumatra —apoyada por los Estados Unidos— amenazaron con quebrar la vida pública, Sukarno proclamó la «democracia guiada»: gobierno personal, prohibición de partidos políticos —pronto, sin embargo, semiautorizados—, sustitución del parlamento por un Consejo Representativo del Pueblo designado desde arriba, política exterior ultranacionalista y antioccidental (en 1963, Sukarno lanzó, en efecto, la «confrontación» contra Malasia, konfrontasi en indonesio, negando el reconocimiento de ese país y apelando a la formación de una Gran Indonesia integrada por Indonesia, Malasia, Singapur y las regiones del norte de Borneo integradas en Malasia). La democracia guiada no era en definitiva otra cosa que un régimen autoritario y de poder personal (en 1963 Sukarno se autoproclamó presidente vitalicio), apoyado en los extravagantes y progresivamente incoherentes discursos anuales en los que Sukarno se dirigía al pueblo. El 20 de septiembre de 1965, el ejército, pretextando la existencia de una insurrección comunista en marcha, dio un golpe de estado, que supuso la liquidación sistemática de los comunistas (pudieron morir víctimas de la represión unos quinientos mil militantes de ese partido) y que estuvo acompañado por el estallido de manifestaciones de xenofobia popular contra la minoría china del país. Sukarno quedó retenido en el palacio presidencial hasta que el jefe del ejército, el general Suharto, asumió oficialmente el poder en 1967[23].

ORIENTE MEDIO: ISRAEL Y EL NACIONALISMO ÁRABE

Los problemas de Oriente Medio fueron muy distintos. La terminación definitiva en 1945 de la presencia británica y francesa no trajo sólo la aparición de un nuevo escenario regional: nuevas naciones, nuevos sistemas políticos. Religión, historia, derechos territoriales y comunitarios, lealtades e identidades múltiples y milenarias, la significación espiritual de aquellos territorios —como vemos, conceptos totalmente ajenos a la visión de las cosas de alguien como Fanon, por retomar un argumento anterior—, su mismo valor estratégico, reforzado ahora, tras la II Guerra Mundial, por la importancia de sus reservas petrolíferas, hicieron de Oriente Medio uno de los puntos neurálgicos de la política mundial de la posguerra[24]. Concretamente, la proclamación el 14 de mayo de 1948 del estado de Israel —uno de los grandes momentos de la humanidad, aunque sólo fuese por el Holocausto del pueblo judío en la guerra mundial—, de acuerdo con el criterio de la ONU favorable a la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe con Jerusalén como ciudad internacional, vino a alterar tanto la identidad islámica de la región como el equilibrio político de la misma, y a condicionar toda su historia posterior. Ciertamente, la aceptación de Israel por los países árabes de la zona (Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano) y la creación de un estado árabe-palestino paralelo, habría significado, con toda probabilidad, la paz. Los países árabes optaron por la guerra —que desencadenaron, como se indicó, horas después de la proclamación de Israel—, y por una hipotética Palestina árabe y unificada con capital en Jerusalén, ciudad sagrada por definición de la Biblia y de la tradición judía, y de gran valor espiritual para los árabes, si bien no similar a las de la Meca y Medina. El conflicto árabe-israelí así creado —tras la guerra de 1948-1949 habría otras cuatro: en 1956, 1967, 1970 y 1974— no fue un conflicto «local»: provocó la masiva intervención de las dos grandes superpotencias de la posguerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que poco o nada habían tenido que ver con el nacimiento y construcción del Oriente Medio del siglo XX. Los Estados Unidos garantizarían la seguridad de Israel, sobre todo desde finales de los años 50 (pues previamente su política en la región había incluido también un sistema de pactos con Irán, Irak, Turquía, Gran Bretaña y Pakistán); la Unión Soviética, que había apoyado y reconocido de inmediato la creación del estado de Israel, apoyaría en adelante al bloque árabe.

Aun teniendo mucho de impactante —retorno de un pequeño pueblo a su tierra de origen tras dos mil años de diáspora y destierro—, el Israel de 1948 no fue, sin embargo, el Israel soñado por el sionismo. Para el escritor Amos Oz, el nuevo Israel no era sino «un campo de refugiados construido a toda prisa»[25]. Pese a lo hecho por el yishuv desde los años 20, no le faltaba razón. En el momento de la fundación, la extensión del nuevo estado era de unos catorce mil kilómetros cuadrados, el tamaño de la provincia española de Sevilla. De los seiscientos cincuenta mil habitantes que en mayo de 1948 integraban la población judía de Israel, por lo menos cuatrocientos setenta mil eran inmigrantes que habían llegado a Palestina entre 1904 y 1947, y de ellos setenta mil entre 1945 y 1947. Israel fue, en efecto, un país creado por inmigrantes, sobre todo por inmigrantes llegados del este de Europa. Fue un estado creado por sionistas socialistas, cuya encarnación fue precisamente el mismo hombre que en 1948 proclamaría la independencia: David Ben Gurion (1886-1973), líder del Mapaï, Partido de los Trabajadores de Palestina, y primer jefe de gobierno de Israel. Nació en Polonia, emigró a Palestina en 1906, fue secretario de la organización de obreros judíos de Palestina en 1920 y fundador en 1930 del Mapaï. Era muy culto, un apasionado por los libros y obsesionado por la historia, gran conocedor de la Biblia y de la tradición judía y de la filosofía griega, y excelente escritor. Fue un hombre de pequeña estatura, vivaz, obstinado, irascible, de vida personal modestísima; en 1963 se retiró al kibbutz de Srd Boker, en el desierto del Neguev, donde vivió en una pequeña casa prefabricada carente de toda comodidad, guiado por la obsesión casi mesiánica de hacer de Israel un pueblo elegido, una «luz entre las naciones»[26].

Israel nació, así, como una democracia parlamentaria, un régimen multipartidista, con una sola cámara de ciento veinte diputados (la Knesset), elecciones cuatrienales, representación proporcional, voto para los mayores de dieciocho años. El sistema hacía casi imposible que partido alguno pudiera tener mayoría absoluta: todos los gobiernos israelíes del siglo XX serían gobiernos de coalición. Pero Israel nació también, e inevitablemente dada la identidad entre judaísmo y nacionalidad en la historia y en la realidad judías, como un estado judío: no hubo constitución, para satisfacer a los grupos religiosos que entendían que la constitución estaba en la Torah, nombre de la primera parte de la Biblia y de los comentarios rabínicos a la misma. Aspectos importantes de la vida social (matrimonio, entierros) y de la educación, como las escuelas talmúdicas, serían reguladas de acuerdo con la jurisdicción tradicional religiosa. Rabinos y líderes religiosos, antes de la independencia simples líderes espirituales de su comunidad, tuvieron por definición, en un estado que se proclamaba judío, un papel institucional y público relevante; los partidos ultra ortodoxos (Agudath Israel, Shass, etcétera) pudieron desempeñar muchas veces, gracias al sistema proporcional y a la extrema fragmentación partidista del parlamento, un papel decisivo, muy superior al que hubiera cabido esperar en razón de sus votos.

La cohesión nacional del nuevo estado fue, pese a todo, excepcional. Entre 1948 y 1980, Israel integró a más de un millón quinientos mil nuevos inmigrantes (de ellos, setecientos mil procedentes de los países árabes). Pese a los cuantiosos gastos militares derivados de las necesidades de defensa, pese a la carencia de petróleo y a la aridez y pobreza del territorio, Israel, dirigida por Ben Gurion y Moshé Sharett hasta 1963 y por Levi Eshkol y Golda Meir entre ese año y 1974, pudo, paralelamente, crear en apenas una generación una base industrial diversificada y competitiva, una agricultura altamente mecanizada y rentable, un notable sector de servicios, un sistema nacional de Seguridad Social, numerosas instituciones públicas de cultura (orquestas, ballet nacional, museos…), y un conjunto de excelentes universidades y centros de investigación científica[27].

Los países árabes carecieron, probablemente, de impulsos nacionales ideológicos y políticos tan categóricos como los que inspiraron la creación del estado de Israel. No fue ya que los Estados árabes de Oriente Medio (Jordania, Irak, Líbano, Siria) fueran estados de creación reciente y en parte artificial, y sociedades de base familiar y local, identidad nacional imprecisa (aunque los respectivos nacionalismos territoriales hubiesen avanzado sensiblemente en el periodo de entreguerras, bajo los mandatos británico y francés, bien por éstos, bien contra ellos), economías mayoritariamente rurales y agriculturas tradicionales y atrasadas. La cuestión era otra: el problema era la debilidad constitutiva del nacionalismo árabe moderno, derivada del conflicto que en la cultura política árabe existía entre la idea de nación (soberanía nacional, estado-nación secular y constitucional, legitimación democrática del poder) y tradición islámica (autoridad como poder delegado del Profeta, comunidad de creyentes o umma, ley sagrada)[28]. Ése sería, en efecto, el gran desafío para el mundo árabe contemporáneo: compatibilizar nacionalismo, una ideología secular, e Islam, como fundamento para la construcción de estados árabes modernos y eficaces. Como ya sabemos, el problema no era nuevo. Fue, si se recuerda, tema recurrente y principal en los debates ideológicos y políticos que acompañaron tanto el despertar de la nación árabe —o etapa del renacimiento árabe de 1850 a 1914, en expresión del historiador marroquí Abdallah Laroui[29]—, como las luchas de la independencia durante los años de la I Guerra Mundial e inmediatamente posteriores; el desafío que para los países árabes de Oriente Medio supusieron su independencia definitiva y la creación del estado de Israel, lo hizo aún más urgente y decisivo.

Probablemente, en 1948 los nacionalismos específicos libanés, iraquí, sirio, jordano y árabe-palestino eran todavía ideologías, proyectos políticos, de las elites urbanas, y el nacionalismo común árabe, un sentimiento de identidad y pertenencia genérico más que una realidad política operativa: la misma Liga Árabe creada en 1945 por Egipto, Siria, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudí y Yemen no era más que una vaga confederación de estados. En 1948, Jordania e Irak eran más unos reinos unidos por lazos tradicionales de lealtad dinástica y personal que estados nacionales. Líbano, desde 1946 una república parlamentaria y multiconfesional y centro (Beirut) comercial y financiero de Oriente Medio, oscilaba entre el occidentalismo de la minoría cristiana maronita —probablemente, el grupo social con más sentido político y administrativo de la nación y del estado—, y el islamismo de la población musulmana. Siria, una sociedad heterogénea (musulmanes sunnitas, alauitas, drusos, cristianos, judíos), lastrada por el faccionalismo político y militar y las rivalidades en el interior de la clase política tradicional, dividida en torno a diferentes concepciones del estado y sobre los principios esenciales de su nueva identidad (parlamentarismo o presidencialismo; islamismo o laicismo; constitucionalismo o arabismo socialista), quedó sumida en una espiral de inestabilidad política incontrolable (salvo bajo el régimen del coronel Shishkali, 1949-1954) que se prolongó prácticamente hasta la década de 1960: sólo en 1949, por ejemplo, se produjeron tres golpes de estado. La misma política árabe-palestina había sido antes de 1948 una política fundamentalmente de clanes y notables. El nacionalismo popular palestino era aún muy débil. Todavía tras el «desastre» de 1948, los palestinos optaron mayoritariamente —como argumentaría el ensayista libanés Fouad Adjami en Los árabes en el mundo moderno (1967)— por la salvación individual y por su integración o en los países árabes vecinos (Jordania, Líbano) o en los territorios de Gaza, administrado por Egipto entre 1948 y 1967, y Cisjordania, bajo administración jordana, como Jerusalén este, durante todo ese tiempo: en ningún momento durante esos veinte años (1948-1967) reclamaron a Egipto y Jordania la formación de un estado propio a pesar de ser Gaza, Cisjordania y Jerusalén este los territorios adjudicados a Palestina en la partición de la ONU en 1947. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la principal organización del nacionalismo palestino, se creó en 1964, fecha comparativamente tardía. Aunque, como vimos, hubo revueltas árabes en el territorio antes de la II Guerra Mundial, y aunque habría numerosos actos terroristas palestinos contra Israel desde 1948, la verdadera lucha por la creación de un estado palestino comenzó en 1967-1968, cuando Gaza, Cisjordania y Jerusalén este quedaron, tras la guerra de los Seis Días de 1967, bajo ocupación israelí[30].

Paradójicamente, fue la creación de Israel el gran y definitivo detonante del nacionalismo árabe. La derrota en la guerra de 1948-1949 —como se recordará, guerra de independencia para Israel; catástrofe para los palestinos— convulsionó el mundo árabe: la opinión popular culpabilizó mayoritariamente a las monarquías y a los poderes oligárquicos tradicionales del desastre. La respuesta fue una verdadera revolución, cuyo punto neurálgico políticamente se situó en Egipto, e ideológicamente, en Siria. En Egipto, un golpe de estado del ejército, preparado por militares asociados en la organización clandestina Oficiales Libres, derribó en 1952 la monarquía del rey Faruk y proclamó la república —un hecho verdaderamente insólito en la milenaria historia egipcia y aún, en el mundo islámico—, que desde 1954 encabezó el hombre fuerte del golpe de 1952, el coronel Gamal Abd al-Nasser (1918-1970); en Siria, intelectuales vinculados al Partido Baaz («resurrección árabe») como Michel Aflaq, Salah-al-Din al-Bitar y Sami al-Jundi, y al Partido Socialista de Akram al-Hurani, partidos fusionados en 1952 en el Partido Socialista Baasista Árabe, elaborarían un conjunto de ideas sugestivas (panarabismo, socialismo árabe, «misión eterna» de la nación árabe, Islam como «alma» de lo árabe), en parte coincidentes con lo que enseguida sería el nasserismo, que parecían poder dar respuesta (unidad árabe, afirmación del Islam) a la crisis moral provocada por la derrota de 1948, e integrar Islam y modernidad en un proyecto de «socialismo árabe» capaz de apelar a las clases populares[31].

Nasser y nasserismo, panarabismo —que hasta su muerte en 1963 seguiría teniendo en Sati al-Husri su principal ideólogo—, socialismo árabe, iban a dominar la política árabe por lo menos en los veinte años posteriores a 1952. Nasser, un militar de origen modesto, alto, atlético, arrogante, susceptible, cauteloso y reservado, transformó Egipto. Estableció un estado fuerte, un régimen presidencialista y de partido único, con uso del referéndum como forma de consulta popular, planteó la reforma agraria, inició la construcción de grandes obras de infraestructura y ante todo, de la gran presa de Asuan, un gran proyecto de cara a la electrificación del país y la extensión de la tierra arable; impulsó la industrialización y negoció la retirada de las bases militares británicas aún establecidas en el país. Nasser asumió una activa política internacional; fue con Nerhu, Zou Enlai y Sukarno, uno de los grandes protagonistas de la Conferencia de Bandung de 1956, uno de los primeros líderes, por tanto, del Tercer Mundo, la expresión acuñada por entonces. Propició, así, la aproximación de su país a la Unión Soviética y en 1956 planteó el desafío final a los antiguos poderes coloniales, Gran Bretaña y Francia: la nacionalización del Canal de Suez. Su victoria diplomática en la crisis que se desencadenó (que ya se ha mencionado: operación militar franco-británica contra Egipto apoyada por un ataque preventivo de Israel en el Sinaí; fulminante intervención de la ONU, los Estados Unidos y la URSS, que forzó la retirada de Gran Bretaña y Francia) hizo de Nasser el líder indiscutible del mundo árabe; su popularidad entre las masas árabes fue excepcional[32].

El nasserismo sacudió todo el mundo árabe. Siria y Egipto establecieron en 1958 la República Árabe Unida (aunque la experiencia sería disuelta en 1961 por temor sirio a una excesiva hegemonía egipcia). En Jordania, el rey Hussein puso al frente del gobierno entre 1956 y 1958 al nacionalista Nabulsi. En Líbano, el difícil equilibrio del país estuvo a punto de romperse al estallar en mayo de 1958 la guerra civil, desencadenada por nacionalistas musulmanes pro nasseristas contra la política pro occidental del presidente Chamoun. En Irak, una cruenta revolución militar encabezada por los generales Kassem y Aref liquidó en julio de ese mismo año la monarquía hachemita —tras ejecutar a la familia real y a sus principales colaboradores— y proclamó una república de inspiración baasista, que nacionalizó la industria del petróleo y secularizó el estado. Egipto mismo intervino directamente, en apoyo del coronel Sallal, en la guerra civil que estalló en Yemen en 1962. Los regímenes militar-baasistas que se establecieron en Irak en 1968, con los generales Hasan al Bakr y Saddam Hussein a su frente, y en Siria en 1970, bajo el mando de Hafez el-Asad, y las revoluciones del coronel Gaddafi en Libia y del coronel Numeyri en Sudán, ambas de 1969, o tuvieron que ver con los procesos políticos abiertos por la política panarabista de Nasser (casos de Irak y Siria) o se inspiraron claramente en la revolución egipcia de 1952 (casos de Libia y Sudán).

El equilibrio de Oriente Medio se había roto y se había desplazado a favor de regímenes autodefinidos como progresistas y populares. La fase egipcia del nacionalismo árabe engendró, sin embargo, sus propias contradicciones. El neutralismo positivo que Nasser había proclamado como definición del nuevo papel internacional de Egipto y de los países árabes, no fue tal: de hecho, supuso la entrada de la Unión Soviética en Oriente Medio, influencia que se reforzaría bajo los regímenes de Hafez el-Asad en Siria y Saddam Hussein en Irak (aunque los partidos comunistas fueran en esos países, como en Egipto, duramente reprimidos). La unión árabe había resultado a su vez una ilusión. Pese a su corta existencia, los Estados árabes de Oriente Medio se habían consolidado con fortaleza innegable. Hechos como la ruptura de la RAU en 1961 o como el distanciamiento entre Egipto e Irak entre 1960 y 1963 (o entre Siria e Irak a partir de 1966 a pesar de ser ambos regímenes de inspiración baasista), o como la guerra civil yemení de 1962-1970 que enfrentó a Egipto y Arabia Saudí, probaban que el panarabismo no podría ser, en el mejor de los casos, más que una política de cooperación más o menos estrecha entre los países árabes, o entre grupos de ellos. Tampoco el socialismo árabe pudo lograr sus objetivos. Países como Siria, Irak y Argelia adoptaron desde los años 60 modelos económicos basados en formas de capitalismo de estado, nacionalizaciones, industrialización a gran escala, reformas agrarias y grandes obras de infraestructura; el socialismo árabe así implantado no supuso, sin embargo, ni democracia política, ni libertades individuales, ni participación popular. De hecho, los regímenes revolucionarios sirio, iraquí argelino y libio fueron dictaduras de partido único, basadas en el ejército, sistemas duramente represivos sin garantía alguna para la libertad de expresión y los derechos humanos.

Peor todavía, veinte años después de la revolución nasserista de 1952 ningún país árabe había resuelto satisfactoriamente el dilema entre modernidad e Islam. La existencia de Israel —enseguida volveremos sobre ello— seguía obsesionando a la conciencia islámica de los pueblos árabes. Con todo, nasserismo, panarabismo, socialismo árabe, parecieron dar, efectivamente, respuesta coherente y esperanzadora a la difícil situación que la identidad árabe e islámica experimentaba en el mundo moderno y postcolonial, a veces, como en Irak, Argelia y el propio Egipto, excluyendo del proyecto nacional al islamismo religioso.

EL NUEVO NACIONALISMO AFRICANO

Tanto o más que la acción de agentes y fuerzas exteriores, fue la misma dialéctica de sus respectivos y complejos nacionalismos lo que decidió la evolución de la India, del sudeste asiático y de Oriente Medio tras la descolonización. El problema del África negra y de los nuevos países creados allí por el colonialismo fue justamente al revés: no la pasión nacional y nacionalista, sino la ausencia o debilidad del nacionalismo nacional, y con ello, del sentido del estado y del sentimiento de nación. Lo que de Nigeria dijo en 1947 uno de los primeros dirigentes del país, Obafemi Awolowo, «Nigeria no es una nación. Es una mera expresión geográfica»[33], cabría repetirlo de la casi totalidad de los nuevos países africanos: en parte, sin duda, por efecto del reparto colonial; pero en gran medida, porque las estructuras territoriales esenciales de los pueblos y culturas africanas se apoyaban en formas de identidad de base étnica, de complejidad y diversidad extraordinarios (etnias, tribus, clanes, linajes, unidades locales de distinto tipo), nunca, en cualquier caso, en el estado-nación unitario y parlamentario del pensamiento europeo (colonial), algo que parecieron infravalorar por igual a la hora de la descolonización, los poderes coloniales y los nuevos nacionalistas africanos[34].

Significativamente, los nuevos líderes africanos (Nkrumah, Seku Touré, Sénghor, Nyerere, Kaunda, Kenyatta, etcétera), los exponentes del nuevo nacionalismo de África, hablaron siempre menos de nacionalismos nacionales que de ideales genéricos y no territoriales, como panafricanismo, socialismo africano o marxismo. Se trataba, desde su perspectiva, de recuperar el continente, de alcanzar, con la independencia, la libertad y la dignidad humanas, por decirlo con las palabras, casi literales, que Nkrumah, el dirigente de Ghana y casi el primero en emerger entre los nuevos líderes continentales, pronunció el 8 de diciembre de 1958 al inaugurar en Accra, la capital de su país, la Conferencia de los Pueblos de África[35]. Así, Julius Nyerere, presidente de Tanzania entre 1962 y 1985 y hombre de profundas convicciones cristianas, veía en la ujamaa, la vida simple de la familia y los parientes cercanos del África anterior a la colonización donde la tierra era de todos y donde la explotación humana no existía, la base de lo que debería ser un «socialismo africano»: un régimen donde la riqueza perteneciese a todos y donde no existieran formas de dominación. «Nadie usaba la riqueza para dominar a otros —diría evocando el África precolonial—. Así es como queremos vivir como nación. Queremos que la nación entera viva como una familia»[36]. Kaunda, presidente de Zambia entre 1964 y 1991, como Nyerere un humanista cristiano, entendía la «africanidad» como un fenómeno religioso y pensaba que la fusión de humanismo evangélico, valores éticos y tradiciones africanas debía fundamentar el futuro de Zambia y de África[37]. Léopold Sédar Sénghor, el poeta e intelectual de la negritud y presidente de Senegal entre 1960 y 1980, veía en la liberación cultural de África, que él asociaba a negritud o dignificación de las raíces y tradiciones culturales africanas, francofonía y mestizaje cultural, el complemento, si no la condición previa, para la liberación política del continente. Nkrumah, el líder de Ghana, era un convencido panafricanista que entendía la unión de África como la cristalización de la personalidad africana, desde la idea de que la verdadera identidad de los pueblos de África no era su etnicidad específica sino el hecho mismo de ser africanos; y creía que sólo la unidad africana permitiría a África contar con voz propia en el mundo y proceder a las grandes reformas estructurales de carácter socialista y modernizador que fundamentasen su independencia y liberación económicas respecto tanto de la herencia colonial como de la amenaza creciente del neocolonialismo.

Todos los líderes africanos tendrían, sin embargo, que afrontar una misma e ingente, y en muchos sentidos casi imposible, tarea: hacer naciones y estados a partir de sociedades de identidad múltiple —cultural, religiosa, étnica— y no nacional. La ausencia de verdadero nacionalismo tuvo, sin duda, efectos positivos: esa pudo ser una de las razones del bajo nivel de violencia que, en general, se registró durante la lucha por la independencia del continente. Pero, en un sentido al menos, sus consecuencias fueron altamente negativas. Obligó a los nuevos dirigentes africanos a inventar literalmente la nación. En esas circunstancias, la idea de que liderazgos fuertes y unidad política —y no, pluralismo y democracia— eran esenciales a la supervivencia misma de las nuevas naciones, cobró vigencia excepcional. Poder personal y partido único (casi siempre, de la misma base étnica que el poder personal) emergerían muchas veces como encarnación y símbolo principales, si no únicos, del nuevo estado, y el ejército como su institución más nacional, necesaria y eficiente[38].

De lo ya dicho, cabe inferir que el África subsahariana empezó mal, por parafrasear el título del libro de René Dumont, L’Afrique noire est mal partie, de 1962. En Sudáfrica, un país de once millones de habitantes en 1948 (dos millones y medio blancos, un millón de «color», ocho millones de negros) en el que, a diferencia del África negra, existían fuertes sentimientos de identidad nacional articulados por el nacionalismo blanco afrikaner sobre un puñado de ideas esenciales (exaltación del papel de la minoría holandesa en la fundación del país, supremacía blanca, religión calvinista, lengua afrikaan), la victoria en las elecciones de 1948 del Partido Nacional de Daniel F. Malan, el partido del nacionalismo blanco, dio paso a la creación de un régimen de apartheid, de «desarrollo separado de las razas», de segregación racial y supremacía blanca, con prohibición de matrimonios mixtos, segregación residencial, discriminación social y laboral de la población negra y negación de sus derechos políticos; un régimen, que procedería al establecimiento de enclaves territoriales semiautónomos para la población negra (Transkei, Ciskei y otros) y cuya estabilidad —el régimen duraría hasta 1989— se basaría fundamentalmente en la represión policial (aunque también, en la misma prosperidad económica del país): sesenta y siete africanos resultaron muertos en los disturbios que contra el apartheid estallaron en Sharpeville en marzo de 1960; ciento setenta y seis en los que, por la misma causa, tuvieron lugar en Soweto en junio de 1976. El asesinato en 1977, por la policía sudafricana, del líder negro Steve Biko indignó a la opinión mundial. Nelson Mandela, uno de los dirigentes del ilegalizado Congreso Nacional Africano, el principal partido de la oposición africana al régimen, permaneció encarcelado entre 1962 y 1990[39].

La negativa de Portugal a conceder la independencia a Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, a las que declaró «provincias de ultramar», provocó ya en la década de 1960 la aparición de importantes movimientos de resistencia guerrillera de liberación nacional, una guerra colonial de amplias dimensiones (Portugal destinaría a África un ejército de unos doscientos mil hombres: un esfuerzo casi insostenible para la débil economía portuguesa) que se prolongaría hasta 1974-1975, con graves implicaciones internacionales en razón de la intervención militar de la Cuba comunista en Angola, y del apoyo de Sudáfrica a la guerrilla anticomunista angoleña y mozambiqueña para contrarrestar precisamente el ascenso de los movimientos revolucionarios de liberación nacional[40]. En Ghana, el régimen de Kwame Nkrumah, un gran africanista pero también un megalómano, derivó hacia la dictadura personal y de partido único, el culto desaforado a la personalidad del líder —el Líder Victorioso, como se autoproclamó—, gasto público incontrolable, crisis económica crónica y aproximación al bloque soviético: Nkrumah fue derribado el 24 de febrero de 1966 por un golpe militar. Sus ambiciones panafricanistas quedaron en nada: la unión en 1958 de Ghana y Guinea, cimentada en la amistad personal y la afinidad ideológica entre Nkrumah y Sekou Touré, el presidente guineano, se disolvió enseguida. La República de Guinea de Sekou Touré (1958-1984), un régimen «democrático, laico y social» vagamente socialista —uno de los regímenes de referencia en la revolución africana de Fanon— fue también un régimen dictatorial de partido único, alineado con la Unión Soviética y la China comunista, y sustentado en una implacable represión y en la eliminación física de los disidentes: el escritor Keita Fodeba, por ejemplo, ministro del Interior y por un tiempo, director de los Ballets Africanos, uno de cuyos poemas Fanon citaría como ejemplo de la «literatura de combate» que la revolución anticolonial exigía, fue ejecutado por Sekou Touré en mayo de 1969[41].

Las tensiones raciales, religiosas y políticas entre las tres grandes etnias del país —hausas, ibos y yorubas— hicieron casi imposible el funcionamiento de la democracia en Nigeria. En 1966, se produjeron dos golpes militares de distinto signo. La secesión de Biafra en 1967, región de predominio de los ibos y de gran riqueza petrolífera, sumió al país durante treinta meses en una terrible guerra civil que hizo del ejército el principal instrumento del poder y del cambio político. La creación de Uganda como estado unitario, tras un autogolpe del presidente Obote en 1966, conllevó la supresión de la autonomía de sus regiones, reconocida en la Constitución de 1962, y la expulsión del país del kabaka (príncipe) de Buganda. El Senegal de Sénghor, que entre 1966 y 1974 fue de hecho un régimen de partido único, se vio continuamente amenazado por tensiones étnicas y secesionistas, en parte alimentadas por los países musulmanes limítrofes. En Zambia, el propio Kaunda suspendió en 1972 la Constitución de 1964, que había hecho del país un régimen parlamentario y multipartidista.

Tensiones regionales, conflictos interétnicos, desorden militar (insurrección y amotinamiento de tropas) y vandalismo racial frustraron la independencia del Congo ex belga, acordada por Bruselas el 30 de junio de 1960: las agresiones a la población blanca, por ejemplo, decidieron a Bélgica a enviar topas paracaidistas para proceder a su evacuación. Concretamente, la secesión de la provincia minera de Katanga bajo el liderazgo de Moise Tshombe, declarada casi inmediatamente después de la independencia y apoyada por grupos mineros occidentales y tropas mercenarias blancas; las diferencias entre el presidente del país, el moderado Kasavubu, y su primer ministro, el radical Patrice Lumumba, un hombre de izquierdas y de una etnia muy minoritaria que quería un Congo unido, democrático y progresista, diferencias que llevaron al cese de Lumumba por el ejército (coronel Mobutu) y a la formación de un gobierno lumumbista alternativo en la región de Kisangani; el asesinato de Lumumba el 17 de enero de 1961 por tropas katangueñas en connivencia para la ocasión con el gobierno central; y la intervención, ya en enero de 1963, de la ONU que envió tropas para poner fin a la secesión de Katanga, pusieron al país al borde del caos, lo que desembocó en la toma del poder en 1965 por el jefe del ejército, el coronel Mobutu, apoyado por los Estados Unidos y Bélgica, y en el establecimiento de esa forma de un régimen presidencial autoritario y brutalmente represivo[42]. En ese mismo año, 1965, la minoría blanca de Rhodesia, la futura Zimbabwe (225.580 europeos, 5.090.000 africanos en 1969), dirigida por Ian Smith, el líder del derechista Frente Rhodesiano, proclamó unilateralmente la independencia antes que aceptar el gobierno de mayoría negra que se derivaría del proceso de descolonización trazado por Gran Bretaña, conflicto que generaría también una intensa resistencia guerrillera y que se prolongó hasta los acuerdos logrados en 1979, mediante negociaciones auspiciadas por Londres.

POST-COLONIALISMO

África, en efecto, había empezado mal. En Marruecos, la independencia supuso el reforzamiento del poder del Trono (Mohamed V, 1957-1961; Hassan II, 1961-1999) y del Majzén, el aparato burocrático tradicional del estado. Mohamed V asumió directamente la jefatura del gobierno en 1960, para muchos observadores, un verdadero «golpe de estado». Hassan II, bajo cuyo mandato Marruecos recuperaría Ifni (1969) y el Sáhara occidental (1975), suspendió en 1965 la Constitución de 1962 —que había creado un parlamento electivo— y declaró el «estado de excepción», que se prolongó hasta 1970: el principal dirigente de la oposición, Mehdi Ben Barka, líder de la Unión Nacional de Fuerzas Populares, fue secuestrado y asesinado en París en 1965. En Túnez, donde tras la independencia fue abolido el sistema tradicional semimonárquico regido por el Bey, Burguiba y el Partido Socialista Desturiano monopolizaron el poder: reelegido presidente de la República en 1959, 1964, 1969 y 1974, Burguiba se declaró presidente vitalicio en 1975. La Argelia de Fanon se constituyó sobre la base del socialismo y el partido único, de acuerdo con el programa de Tripoli del FLN de junio de 1962 y de la Constitución de 1963. Enfrentado con graves problemas, especialmente en la región de la Kabilia, Ben Bella, el primer presidente de la República —que lanzó al país por la vía de la autogestión agraria— asumió en 1963 plenos poderes y suspendió la Constitución. Luego, en 1965, un golpe de estado contra Ben Bella encabezado por el jefe del ejército, el coronel Bumedián, dejó el poder en manos del nuevo presidente, que lo retendría hasta su muerte en 1978, y de un reducido Consejo de la Revolución, bajo cuyo mandato Argelia procedería a nacionalizar petróleo, minas, hidrocarburos y el gas, y a promover, en 1970 y 1974, grandes planes quinquenales de industrialización según el modelo soviético.

En el Magreb, por tanto, el estado iba a dominar totalmente a la sociedad y al individuo, afirmación al menos válida cuando la formuló su autor, Abdallah Laroui, en 1994[43]. Ya ha quedado dicho que los regímenes del coronel Gaddafi en Libia (1969), Hafez el-Asad en Siria (1970) y Saddam Hussein en Irak, que asumió el poder en julio de 1979 tras el cese del presidente Bakr, regímenes que aún permanecían en el poder en el año 2000, fueron, también, dictaduras duramente represivas: el mismo baasismo quedaría en Siria y en Irak en lugar secundario. En Egipto, Nasser reprimió enérgicamente a comunistas y fundamentalistas islámicos: la ejecución en 1966 de Sayyid Qutb (1906-1966), uno de los líderes de los Hermanos Musulmanes, la principal organización islamista del país y uno de los intelectuales más influyentes en todo el pensamiento extremista musulmán identificado con las tesis de la revolución islámica, autor de La justicia social en el Islam (1949), A la sombra del Corán (1952-1963) y Sobre la historia (1967), conmocionó al mundo árabe[44]. Ya vimos también que en Asia, Sukarno había hecho de Indonesia un régimen autocrático y que, en todo caso, el ejército se había hecho con el poder en 1965-1967; que Vietnam del Norte era una dictadura comunista; y que Pakistán, tras el golpe militar de 1977 del general Zia ul-Haq, derivó hacia una dictadura islámica.

Los ideales de la descolonización —libertad, democracia, revolución social— se trocaron, por tanto, en pocos años en opresión y violencia: regímenes militares, dictaduras de partido único, gobiernos autoritarios de poder personal, revoluciones nacionalistas autoritarias. De hecho, en el primer medio siglo después de la II Guerra Mundial, en África sólo Tanzania y Kenya tuvieron una evolución comparativamente tranquila y se constituyeron como sociedades relativamente abiertas y no autoritarias[45]. En Asia y Oriente Medio, la democracia sólo pareció estabilizarse en la India, Israel y, con interrupciones, en Turquía. Tal es la causa de la importancia que tuvieron allí —como quedó señalado en cada caso— los valores y principios políticos sobre los que se habían fundado los nuevos estados. La democracia de la India tuvo siempre gravísimos problemas. El Partido del Congreso, convertido en una gigantesca maquinaria clientelar bajo la «dinastía» de los Nerhu, gobernó ininterrumpidamente hasta 1989. Entre 1975 y 1977, Indira Gandhi, la hija de Nerhu, primera ministra del país desde 1966, declaró el estado de emergencia y asumió temporalmente poderes dictatoriales. Pese a que su política exterior desde 1947 decía inspirarse en los principios de la neutralidad y la no alineación, India iría varias veces a la guerra después de la independencia. Cuestiones fronterizas provocaron la guerra con China en 1962; Cachemira fue la causa de las guerras con Pakistán de 1947-1949 y 1965-1966 y Bangladesh, de la de 1971. En el país de la no violencia, Indira Gandhi, primero, y después su hijo, Rajiv Gandhi, a su vez primer ministro entre 1984 y 1989, morirían víctimas de la violencia política: la primera, en 1984, asesinada por un sij de su guardia personal, como respuesta a la represión que su gobierno desencadenó cuando extremistas sijs ocuparon el Templo Dorado de Amritsar y otros lugares sagrados, en apoyo de un Punjab sij autónomo; Rajiv, en 1991, asesinado en un atentado llevado a cabo por nacionalistas tamiles. Partidos y movimientos hinduistas y ultra nacionalistas (Rhastriya Swayam Sevak Sang, Jana Sang, Bharatiya Janata, Hindutwa…), que apenas si habían tenido papel alguno en la independencia y en la construcción de la nueva India, cobrarían, desde la década de 1980, auge considerable, principalmente como reacción frente al abusivo hegemonismo del Partido del Congreso, salpicado, además, por numerosísimos escándalos de corrupción y profundamente dividido por faccionalismos personales y políticos. Como observó el escritor V.S. Naipaul, nacido en Trinidad pero hijo de emigrantes indios, en su libro An Area of Darkness escrito tras su primera visita a la India en 1964, veinte años después de la independencia nadie se acordaba de Gandhi[46]. Todo eso era cierto. Pero entre 1947 y 2000, la población se había triplicado y se aproximaba a los mil millones de habitantes. En 1997, año del 50º aniversario de la independencia, la India era una sociedad vibrante, marcada aún por la pobreza (la renta per cápita media era de trescientos dólares; la de los Estados Unidos, de veintitrés mil dólares), pero sacudida por el frenesí del cambio, en la que existían las oficinas y edificios más caros del mundo y donde buena parte de la ya inmensa clase media urbana y profesional —unos trescientos millones de personas— tenía rentas per cápita superiores a la media europea y en la que dinero, consumo, confort, trabajo y poder, eran los valores dominantes. Era probablemente una «civilización herida» como dijo el propio Naipaul en 1967, en otro de sus libros: pero, no obstante los cambios políticos experimentados desde la irrupción en los años 90 del Partido Popular (Bharat Janata Party, BJP), un partido hinduista, como primer partido del país, era con Japón la única democracia de Asia[47].

Que fuera, como quedó dicho, el pionerismo sionista y de izquierdas, representado primero por el Mapaï y desde 1968 por el Partido Laborista —que gobernó hasta 1977— el que construyó Israel como nación, fue igualmente importantísimo. Porque, las sucesivas migraciones y la misma dinámica económica y social modificarían la estructura sociológica del país. Las nuevas generaciones no tendrían ya el espíritu pionero de la «generación del estado»: los mismos kibbutz, las cooperativas agrarias expresión del colectivismo israelí, decaerían desde los años 80, y el Israel de las dos últimas décadas del siglo XX era mayoritariamente una sociedad urbana y de servicios. Más aún, tras su victoria en la guerra de 1967 en la que ocuparía Gaza, Cisjordania y Jerusalén este, los territorios de población palestina, Israel se transformó en un poder de ocupación. Tras el triunfo en las elecciones de 1977 del Likud, una coalición de partidos de la derecha liderada por Menachem Begin y Isaac Shamir, el laborismo perdería el monopolio del poder que ejercía desde 1948. El equilibrio político del país se desplazaría desde entonces hacia la derecha y los partidos ortodoxos religiosos. Un estudiante ortodoxo, precisamente, asesinaría en 1995 en Tel Aviv al entonces primer ministro el laborista Yitzhak Rabin, que desde 1992 había buscado una solución negociada al conflicto árabe-israelí en colaboración con el rey Hussein de Jordania y el propio líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasir Arafat. Cuando en 1998, celebró el 50º aniversario de su creación, Israel era, en razón de todo lo ocurrido en la región desde 1948, una país discutido y una sociedad con una identidad intensa pero atormentada y dividida, como reflejaba, por ejemplo, su literatura (Oz, Yehosúa, Apelfeld, Grossman, etcétera). Pero la cultura y los valores fundacionales aún impregnaban la filosofía política y las instituciones del estado: Israel continuaba siendo una sociedad plural y profundamente democrática, como mostraba, en política, la misma alternancia de partidos en el poder, la única que, en puridad, podía ser definida como tal, en todo Oriente Medio. Por eso mismo, la ocupación de Gaza y Cisjordania y luego, en 1987-1991, la intifadah («insurrección») palestina en esos territorios, una forma de violencia aparentemente menor (lanzamiento de piedras, algaradas, huelgas, violencia callejera, disparos ocasionales) a la que Israel respondió con extraordinaria contundencia militar y en la que morirían cerca de mil palestinos, terminarían por provocar una profunda crisis en la conciencia israelí: una parte de la opinión optaría a principios de la década de 1990 por una paz negociada con los palestinos, otro hecho también excepcional en Oriente Medio[48].

La construcción nacional resultó, por tanto, en Asia y África particularmente complicada. Pero, y ello importa, por muy distintas y muy complejas razones en cada caso: toda generalización al respecto resultaría abusiva y por tanto, radicalmente falsa. Desde luego, el «Tercer Mundo», la expresión acuñada en 1952 por el geógrafo francés Alfred Sauvy para designar países asiáticos y africanos no pertenecientes ni al mundo occidental ni al bloque comunista, nació en realidad sumido en el subdesarrollo y la pobreza. Lo integraban países y regiones con rentas per cápita muy bajas, fuerte crecimiento demográfico, industrialización escasa, economías agrarias dependientes, subalimentación endémica y elevadas tasas de analfabetismo. Ello condicionó, ciertamente, la evolución de todos los estados postcoloniales. Pero no fue menor la importancia que tuvieron factores culturales y sociales, derivados de la propia diversidad étnica, religiosa o tribal de los países asiáticos y africanos, o de su propia especificidad histórica y política, o de la influencia que en Asia y África pudo tener la dinámica internacional de la posguerra definida por la «guerra fría» entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. E incluso factores aparentemente más simples. Harto de otro tipo de explicaciones —herencia colonial, etnicidad, subdesarrollo—, el escritor nigeriano Chinua Achebe, el más importante de los escritores del África negra del siglo XX, diría en 1981 que «el problema de Nigeria es lisa y llanamente un fracaso de liderazgo»[49]. Fue precisamente, o eso ha quedado planteado en las páginas anteriores, la muy diferente naturaleza y significación de los nacionalismos asiáticos, árabes, israelí y africanos, esto es, la diferente naturaleza de sus respectivos proyectos nacionales, ideas del estado, tipos de liderazgo, ideologías políticas y componentes sociales, étnicos, emocionales y religiosos, lo que determinó los múltiples procesos postcoloniales de Asia y África (y no, como pensó Fanon, por cerrar el análisis de su interesantísima visión de las cosas, las «desventuras de la conciencia nacional», con lo que quiso decir la desviación no revolucionaria de la lucha por la descolonización, perpetrada en cada caso, desde su perspectiva, por la «burguesía nacional» postcolonial[50]).

El nacionalismo fue responsable de la que, vista en perspectiva, sería la verdadera catástrofe (no la de 1948) de Oriente Medio: la guerra de los Seis Días de junio de 1967. Las causas últimas de la guerra fueron, probablemente, dos: la creciente polarización contra Israel del mundo árabe y concretamente, la tensión a lo largo de 1966 entre palestinos, Jordania y Siria, e Israel; y en segundo lugar, la propia lógica de las grandes expectativas suscitadas en el mundo árabe por el liderazgo que Nasser y Egipto ejercían desde la revolución de 1952 y sobre todo, desde el episodio de Suez de 1956. En cualquier caso, los acontecimientos se precipitaron. El golpe de Estado de febrero de 1966 había llevado al poder en Siria al sector más radical del Partido Baasista y a un grupo de oficiales de la minoría alawita, como Hafez el-Asad, con una política de confrontación con Israel y de apoyo decidido al terrorismo palestino desde sus bases en la propia Siria. En abril, se produjo ya un grave incidente entre aviones de combate sirios e israelíes, que decidió a Egipto a firmar un pacto de defensa con Siria. En noviembre, varios soldados israelíes murieron como consecuencia de una explosión cerca de la frontera jordana, e Israel bombardeó, como respuesta, una aldea palestina en Jordania. Advertido erróneamente por la URSS de que Israel concentraba tropas en el Sinaí, Nasser, decidido a ejercer sus responsabilidades como dirigente de la causa árabe (o presionado por la propia situación), pidió a la ONU y logró, en mayo de 1967, la retirada de los «cascos azules» que custodiaban la región desde 1956, ordenó el despliegue de tropas en el Sinaí, firmó un nuevo pacto de defensa, esta vez con Jordania, y cerró los estrechos de Tirán y el golfo de Aqaba, de vital importancia para Israel, a la navegación israelí. Israel respondió de forma fulminante y espectacular, con una audacia y eficacia militares inusitadas, asociadas a la figura del ministro de defensa, el general Moshe Dayan, un genio de la guerra. Mediante ataques relámpago sobre los aeródromos árabes en Egipto, Siria, Irak y Jordania, y penetrando por tanto profundamente en territorio enemigo, la aviación israelí destruyó el 5 de junio la práctica totalidad de las fuerzas aéreas árabes y el contingente de tanques egipcios en el Sinaí. Desbordando a los egipcios, el ejército israelí llegó al canal de Suez dos días después. Atacando, simultáneamente, desde el centro de su país, fuerzas israelíes desbancaban a las jordanas y ocupaban toda la Cisjordania, y al norte, arrollaban a los sirios en los Altos del Golán —una permanente amenaza para Israel— y amenazaban Damasco: el 10 de junio, la guerra había terminado[51].

Las consecuencias fueron extraordinarias. La victoria hizo de Israel el poder hegemónico de Oriente Medio. Previamente, la hostilidad árabe había hecho que naciera como una nación amenazada e insegura, como una nación en armas: la guerra de los Seis Días, en la que, como ya ha quedado dicho, Israel ocupó Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén del Este y puso así bajo su administración a los seiscientos mil palestinos de aquellos territorios, hizo de Israel una fuerza de ocupación, un estado que para su propia supervivencia parecía condenar al pueblo palestino o a la ocupación o al destierro. La reunificación de Jerusalén que la victoria propició —y especialmente la recuperación del Muro de las Lamentaciones, el lugar sagrado de los judíos hasta entonces bajo administración jordana— despertó las ambiciones de construir la Gran Israel bíblica y reforzó considerablemente la concepción del estado israelí como un estado judío y ortodoxo: esa fue la razón principal del triunfo, ya mencionado, de la derecha en las elecciones de 1977, y aún de la hegemonía que esa misma derecha ejercería en la política israelí hasta el año 2000, sólo interrumpida por el retorno de los laboristas al poder entre 1992 y 1996.

La guerra de los Seis Días hizo del problema palestino, del destino del pueblo palestino —y de la acción terrorista de sus organizaciones armadas (Al Fatah, Frente Popular de Liberación de Palestina y muchas otras, varias de ellas unidas en 1964 en la Organización de Liberación de Palestina, dominada pronto por Al Fatah y su dirigente Yasir Arafat)—, el nuevo foco de la cuestión. Nasser y el nasserismo (panarabismo secular, socialismo árabe) quedaron desacreditados: el ultranacionalismo árabe pondría en adelante sus esperanzas en la reafirmación fundamentalista de los principios religiosos y sociales del Islam, especialmente tras el triunfo en Irán, en enero de 1979, de la revolución islámica (shíita) en cabezada por el ayatollah Ruholla Jomeini, que derribó a la monarquía autoritaria y pro occidental, y a su manera modernizadora, del sha Mohammed Reza Palevi. En el propio Egipto, muerto Nasser en 1970, su sucesor, Anwar el Sadat (1918-1991), procedería a la «desnasserización» del país —ruptura con la URSS, liberalización económica, aproximación a los Estados Unidos— que culminaría, tras una nueva y desastrosa guerra con Israel en octubre de 1973, en la sorprendente y emocionante iniciativa de reconocer a Israel (Sadat se presentó en Jerusalén, ante el parlamento israelí, en noviembre de 1977) y en los acuerdos de Camp David de septiembre de 1978, auspiciados por los Estados Unidos, cuando Egipto e Israel firmaron un tratado de paz y establecieron relaciones diplomáticas (además Israel devolvió el Sinaí a Egipto)[52].

La afirmación de la identidad palestina tuvo a su vez enormes repercusiones en los países que desde 1948 habían acogido a la gran masa de la diáspora palestina, esto es, Siria, Jordania y Líbano, diáspora estimada en 1975 para esos países en setecientos cincuenta mil refugiados en Jordania, cuatrocientos mil en Líbano y doscientos mil en Siria. Los intentos del rey Hussein de Jordania, convertida casi en un estado étnicamente palestino, por limitar el activismo de la guerrilla radical palestina desde su país, provocaron en 1970 una verdadera guerra civil que se desarrolló con extraordinaria violencia entre los días 17 y 23 de septiembre, «septiembre negro» para los palestinos, y que Hussein pudo superar sólo gracias a la lealtad de los regimientos de beduinos a su servicio. Siria, cuyos dirigentes nunca renunciarían a la idea de una Gran Siria que incluyese el Líbano y la propia Palestina, mantuvo un sutil juego de contención de los palestinos en su territorio, pero de reforzamiento (y control) de las organizaciones palestinas en Líbano. Líbano, convertido tras los sucesos de Jordania en el cuartel general del nacionalismo palestino y base de sus acciones terroristas contra Israel, fue literalmente destruido por el problema palestino. Entre 1970 y 1975, Israel atacó repetidamente las posiciones palestinas del país; una violenta guerra civil entre el principal partido cristiano (el Partido Falangista) y grupos musulmanes partidarios de la islamización libanesa como respaldo a la causa palestina, devastó Beirut en 1975-1976: tropas sirias entraron en el país como fuerza de pacificación en junio de 1976, aunque la violencia interna continuaría intermitentemente durante varios años. A principios de 1978, Israel ocupó una franja del sur del país, para crear, con el apoyo de milicias cristianas, una zona de seguridad frente a los ataques de las guerrillas palestinas, medida que no significaría en forma alguna el cese de bombardeos e incursiones militares contra posiciones y aldeas libanés-palestinas, que seguirían produciéndose siempre que Israel lo juzgase necesario para los intereses de su defensa. En junio de 1982, Israel lanzó la «Operación Paz para Galilea», una invasión militar a gran escala, que se prolongó hasta 1985, planeada por el ministro de Defensa Ariel Sharon con el objetivo de erradicar del Líbano a la Organización para la Liberación Palestina: la invasión conllevó la devastación de la ciudades de Tiro y Sidón y de buena parte de Beirut, sitiada por los israelíes durante varias semanas, y hechos execrables como la masacre, en septiembre de 1982, de miles de palestinos de los campos de refugiados de Chabra y Chatila, perpetrada por fuerzas cristiano-falangistas aliadas de Israel. El colapso de la autoridad del estado fue total. Tras la retirada israelí, Líbano quedó a merced de grupos armados y facciones rivales de distinta significación política, étnica y religiosa (falangistas, cristianos moderados, drusos, shíitas, etcétera) y de los numerosos y siempre violentísimos combates por ellos protagonizados. Todos los esfuerzos, oficiales y privados, que la comunidad internacional hizo para buscar la normalización y reunificación del país resultaron durante mucho tiempo estériles. Siria volvió a intervenir militarmente, con un ejército de setenta mil hombres, en febrero de 1987. Pero aún se requerirían varios años —y nuevos episodios sangrientos, como el asesinato del presidente René Muanad en 1989— para que pudieran apreciarse avances hacia la pacificación[53].

Podemos, por tanto, concluir. Sartre tuvo razón: el despertar el nacionalismo en Asia y África era el acontecimiento más importante de la segunda mitad del siglo XX. La tragedia fue que, lo que Fanon escribió al principio de Los condenados de la tierra, «liberación nacional, renacimiento nacional, restitución de la nación al pueblo, Commonwealth, cualesquiera que sean las rúbricas utilizadas o las nuevas fórmulas introducidas, la descolonización es siempre un fenómeno violento», también había resultado cierto. Pero con unas derivaciones contrarias a lo que ellos mismos, Sartre y Fanon, probablemente pensaron. Sartre había escrito en el mismo prólogo a Los condenados (1961) que «la guerra instituye nuevas estructuras que serán las primeras instituciones de la paz», e incluso apuntaba allí su esperanza de que la violencia anticolonial fuese como la lanza de Aquiles y que cicatrizase las heridas que había infligido[54]. Eso, ya lo hemos visto, no fue así. Las nuevas instituciones creadas por la liberación nacional no trajeron necesariamente la paz. Las heridas abiertas, lejos de cicatrizar, trajeron en la mayoría de los casos, también lo hemos visto, nuevas heridas, mayores violencias.

CAPÍTULO IV

DESPUÉS DEL NACIONALISMO:

LA UNIDAD EUROPEA

El descrédito del nacionalismo no era en 1945 —lo acabamos de ver— un hecho universal, sino un hecho europeo. Era básicamente Europa, no el mundo, quien al acabar la II Guerra Mundial estaba «asombrada por las turbulencias del nacionalismo y la guerra», por repetir el argumento del historiador E.H. Carr con el que se iniciaba un capítulo anterior.

EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA

La guerra mundial dejó, lógicamente, un legado moral confuso, contradictorio, problemático. La respuesta de la filosofía francesa fue el existencialismo, la filosofía y la literatura de Jean Paul Sartre y Albert Camus, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty y la revista Les Temps Modernes (y también la escultura de Giacometti y la pintura de Dubuffet), una visión negativa de la condición humana que enfatizaba la inutilidad y el absurdo de la existencia, que, por eso mismo y por el éxito social que obtuvo (en el caso de Sartre, éxito estrepitoso), fue inmediatamente entendida como la expresión del pesimismo de la conciencia europea por la guerra, aunque tuviera raíces en la filosofía anterior a ésta. Para los intelectuales franceses e italianos, como para los escritores alemanes de la llamada «literatura de ruinas» de la inmediata posguerra (Böll, Grass, Lenz y otros), el legado de la guerra y de la resistencia fue la idea del compromiso moral y político con la izquierda. En Francia e Italia, países donde los partidos comunistas tendrían después de 1945 considerable fuerza electoral, ello conllevó a menudo la cuestión de la militancia comunista y los dilemas de conciencia que de ahí se derivaban: los conflictos entre vida personal y actividad de partido, entre justicia social y libertad individual, entre ejercicio del poder y ética política, entre pragmatismo e ideal. Estos fueron los temas que impregnaron las obras que Sartre y Camus escribieron entre 1945 y 1950, obras como Los caminos de la libertad y Las manos sucias de Sartre y como Calígula, La peste, Estado de sitio o Los justos de Camus, temas sobre los que giró también la literatura italiana, o parte de ella, y desde luego, los ensayos literarios y políticos de escritores entonces particularmente relevantes como Cesare Pavese, Ignazio Silone o Elio Vittorini. La atención que el «neorrealismo» italiano, un movimiento estético complementario de la ética de la resistencia y el antifascismo que impregnaba la visión del Partido Comunista, prestó al sufrimiento y a la miseria de la gente humilde y trabajadora (en novelas como Cristo se detuvo en Eboli, 1945, de Carlo Levi o Crónica de pobres amantes, 1948, de Vasco Pratolini; y en films como Roma, ciudad abierta, 1945, y Paisà, 1946, de Roberto Rossellini; El limpiabotas, 1946, y Ladrón de bicicletas, 1948, de Vittorio De Sica; y La terra trema, 1948, de Luchino Visconti), reforzaba la tesis que hacía del comunismo la gran y única opción moral de la posguerra.

Desde esa perspectiva, muchos intelectuales franceses e italianos (Louis Aragon, Fernand Léger, Pierre Daix, Paul Eluard, Picasso, Jean Kanapa, Georges Sadoul, Edgar Morin, Roger Garaudy; Pavese, Renato Guttuso, Giaime Pintor, Silone, Vittorini, Emilio Sereni, Lombardo Radice) militaron en el Partido Comunista y apoyaron y exaltaron a la Unión Soviética de Stalin. En Humanismo y terror (1947), por ejemplo, Merleau-Ponty salió al paso de la demoledora crítica que en su novela El cero y el infinito (1940) publicada en francés en 1945, el escritor británico, si bien húngaro de nacimiento, Arthur Koestler, había hecho del régimen soviético, y justificaba la represión estalinista como justicia revolucionaria, y el marxismo como un humanismo eficaz y una fuerza histórica de liberación. Sartre mismo, aunque sus ideas existencialistas habían sido inicialmente muy criticadas en medios intelectuales comunistas, coincidió a menudo, desde que en 1952 escribiera su artículo «Los comunistas y la paz», con las posiciones de la URSS y del comunismo, aunque con rupturas y contradicciones (como en 1956, cuando condenó la represión por la Unión Soviética del levantamiento de Hungría) —que no impidieron su ruptura con Camus, un escritor obsesionado por la idea moral de justicia que, por eso mismo, rechazó pronto el comunismo como proyecto totalitario y opresivo, y de forma explícita en El hombre rebelde, de 1951—; Sartre se aproximaría al marxismo en su obra Crítica de la razón dialéctica (1960), todo ello en razón de su interpretación del compromiso político y social del intelectual como una necesidad inherente a su misma libertad individual.

Los dilemas morales del existencialismo y los problemas del compromiso político y del comunismo fueron una preocupación casi exclusivamente francesa e italiana. A Alfred Ayer, catedrático de filosofía en la Universidad de Londres entre 1946 y 1959 y autor en 1936 de la mejor exposición moderna del empirismo lógico, Lenguaje, verdad y lógica, el existencialismo le parecía sencillamente «un abuso del verbo ser». Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura en 1950, se ocupó o de cuestiones relativas a la naturaleza del conocimiento científico (El conocimiento humano, 1948) o, en las charlas y conferencias públicas que fundamentaron su inmensa popularidad, de temas aparentemente divulgativos (la felicidad, el envejecimiento, el sexo, la religión) que trataba con irónico sentido común y elegancia y lucidez admirables, características esenciales de su pensamiento. En el ámbito de la filosofía académica, Gilbert Ryle, autor de El concepto de lo mental (1949), John L. Austin, el más influyente filósofo de Oxford entre 1945 y 1960, y el último Wittgenstein, el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas (1953), trabajaron en la posguerra sobre la relación entre lenguaje ordinario y la argumentación de las proposiciones filosóficas, sobre cuestiones de lógica y método, al margen, por tanto, de preocupaciones existenciales o políticas. La mejor literatura británica de la posguerra fue intensamente moral pero raramente política o politizada. Retorno a Brideshead (1945), de Evelyn Waugh, evocaba el mundo de la aristocracia, que desaparecía justamente al hilo de la II Guerra Mundial, y se adentraba en extrañas preocupaciones teológicas. Bajo el volcán (1947), de Malcolm Lowry, recreaba a través de la trágica historia de un alcoholizado cónsul británico en un pueblo mexicano, el tema fáustico de la autodestrucción y la condenación. En El revés de la trama (1948), la historia de un oficial británico en un país africano, Graham Greene planteaba las contradicciones morales que la fe imponía sobre la conciencia de los católicos, tema no muy distinto en el fondo de El poder y la gloria (1940), la espléndida historia de un cura mexicano, borracho y padre de una hija bastarda, cuyo sentido de culpa le inyectaría la dignidad suficiente para arriesgar su vida y, aun perseguido por tropas del ejército, llevar el consuelo de la religión, prohibida por el gobierno, a modestos indígenas de aldeas perdidas en el interior de México.

El pensamiento anglo-sajón de la posguerra, representado, en el caso de Inglaterra, además de por los filósofos antes citados por Popper, Hayek, el propio Keynes, Orwell, Koestler, Isaiah Berlin, Maurice Bowra, A.J.P. Taylor y Namier, pensamiento en el que el comunismo y las ideas comunistas carecieron casi siempre de ascendencia y prestigio o académico o moral, incluso a pesar de la influencia que el marxismo pudo tener en la obra de algunos conocidos historiadores (E.P. Thompson, Hobsbawm, Gordon Childe, Christopher Hill…), retomó una de sus cuestiones morales y políticas más clásicas y definidoras: la defensa de la libertad individual frente al estado, ahora, 1945-1950, frente a las desviaciones totalitarias del estado intervencionista y socialista. Ese fue el tema de Camino de servidumbre (1944), del economista F.A.V. Hayek, de La sociedad abierta y sus enemigos (1945), del filósofo Karl Popper, de El cero y el infinito, la novela de Koestler ya citada, y de 1984, la novela de la utopía negra de un mundo futuro gobernado por el totalitarismo comunista que George Orwell escribió en 1949. Significativamente, Bertrand Russell, la personalidad más conocida de la intelectualidad británica, sentía, en contraste con Sartre y Merleau-Ponty, verdadera aversión por el comunismo: antes de 1950, año en que empezó a preocuparse por el peligro que representaban las armas nucleares, incluso en más de una ocasión se manifestó a favor de una guerra preventiva contra la Unión Soviética. En «Dos conceptos de libertad», originariamente una conferencia pronunciada en Oxford en octubre de 1958, Isaiah Berlin reafirmaba la idea política de libertad como ausencia de coerción (del estado, de la sociedad, o de otros individuos sobre el individuo mismo) y como derecho del individuo a definir y decidir su propia vida. Orwell, «conciencia» moral de la izquierda de su país, satirizó la revolución en su lúcida y divertida Rebelión en la granja (1945)[1].

En suma, la cultura europea de la posguerra —de la que lo anterior, como resulta obvio, es sólo una pequeña muestra— tenía, como quedó dicho, mucho de contradictorio y problemático. Era una cultura, probablemente, sin certidumbres éticas y estéticas; la cultura que correspondía a un mundo sin imperativos morales claros e indiscutibles, definido así por lo que Berlin llamaría «pluralismo agónico», un mundo en efecto asombrado por las turbulencias del nacionalismo y la guerra, y que rechazaba frontalmente una y otro, la guerra y el nacionalismo. El «discreto» liberalismo anglo-sajón de la posguerra (discreto, esto es, apartado, a diferencia de la intelectualidad francesa, de modas comerciales, proyección en los medios de comunicación y operaciones publicitarias) se preocuparía, al menos, por cuestiones esenciales y necesarias a la articulación de la sociedad como una comunidad justa y libre —individuo como sujeto de la historia, crítica de todo determinismo histórico, pluralismo político, neutralidad moral del estado, ámbito mínimo de libertades, autonomía individual—, cuestiones entre las que, por su propia naturaleza, no tenían sitio ya ni la nación como proyecto o destino, o como sujeto de la política, ni la etnicidad o el particularismo como afirmación de la nacionalidad, ni la nación o el nacionalismo como instrumentos de libertad.

La II Guerra Mundial, la más intensa y destructiva que el mundo había conocido (causó la muerte de unos sesenta millones de personas, entre ellas seis millones de judíos exterminados por los nazis en el Holocausto), produjo, además, el definitivo declinar de Europa, dividida en un bloque occidental libre (con la excepción de Portugal y España) aliado de los Estados Unidos, y una Europa del Este, bajo gobiernos comunistas y controlada por la Unión Soviética. Enseguida, la necesidad de legitimar socialmente el esfuerzo desarrollado durante la guerra, provocó o impulsó —en Europa sin duda, pero también en buena parte del mundo— cambios profundos, en buena medida revolucionarios, en la concepción de la política y en la naturaleza del estado, como la adopción de políticas de crecimiento económico, modernización y pleno empleo, de acuerdo con el pensamiento y las tesis que Keynes había planteado en su Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936), o la asunción por el estado de la plena responsabilidad en el funcionamiento de la economía y en la garantía del empleo, con políticas económicas orientadas a la industrialización y el consumo de masas, nacionalizaciones de servicios y sectores clave, creación de fuertes sectores públicos y planificación del crecimiento, y políticas sociales orientadas a garantizar la seguridad social y el «estado del bienestar» (según el modelo británico de Seguridad Social establecido en 1946).

El estado vino a ser la garantía de los servicios sociales de todo país, el gestor de la seguridad social y de los intereses generales, y el instrumento democrático de integración y conciliación de los conflictos. La democracia cristalizó como la única forma de legitimación del poder (incluso los regímenes comunistas de la Europa del Este se autodefinirían como «democracias populares»). Alemania occidental o República Federal (Alemania sería dividida a partir de 1945 en dos estados: la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana), Italia y Japón, los países fascistas de los años veinte y treinta, renacieron como democracias pluralistas. Aunque con regímenes y sistemas políticos distintos (repúblicas y monarquías; sistemas bipartidistas, como Gran Bretaña, o multipartidistas, como la IV República francesa constituida tras la liberación o como la nueva República italiana; regímenes presidenciales o parlamentarios; centralistas, como Francia, o federales, como Alemania occidental), y con evidentes alternancias de etapas conservadoras y de etapas progresistas; aun con considerables y a veces graves problemas políticos, laborales o coloniales, la estabilidad de la democracia quedó en Europa occidental —siempre con la excepción de Portugal y España donde las dictaduras de Salazar y Franco se prolongaron hasta 1974 y 1975, respectivamente— definitivamente asegurada. Los laboristas gobernaron en Gran Bretaña en 1945-1951 (Attlee), 1964-1970 (Wilson) y 1974-1979 (Wilson, Callaghan); los conservadores, en 1951-1964 (Churchill, Eden, Macmillan), 1970-1974 (Heath) y 1979-1997 (Thatcher, Major). La democracia cristiana gobernó en Alemania occidental entre 1949 y 1969 (Adenauer, Erhard, Kiesinger) y entre 1982 y 1997 (Kohl); los socialistas (Brandt, H. Schmidt) entre 1969 y 1982. La IV República francesa (1947-1958) se fundamentó en la colaboración entre cristiano-demócratas, radicales y socialistas; la República italiana, básicamente en la democracia-cristiana (De Gasperi, Fanfani, Segni, Moro, Rumor, Andreotti…), con fórmulas o de centro-derecha o de centro-izquierda, hasta la crisis de su hegemonía ya en los años setenta. El fracaso de la IV República francesa por la crisis argelina, a la que ya hubo ocasión de referirse más arriba, que hizo temer, si se recuerda, incluso en un golpe militar del ejército colonial, no significó el fin de la democracia en Francia, sino la implantación (1958) de una república presidencialista, la V República del general De Gaulle, que, aunque cambió el sistema de partidos y pareció implantar la hegemonía del gaullismo, no impediría la alternancia política: la oposición llegó al poder tras la victoria electoral del socialista François Mitterrand en las elecciones presidenciales de 1981. La crisis de la República italiana —minada, ya a principios de la década de 1990, por la inestabilidad gubernamental, la corrupción, los escándalos financieros, el descrédito de partidos y políticos, y la propia judicialización de la política— se resolvería en el marco jurídico de la propia república (y de la democracia, por tanto) a través de una transición no traumática, completada en los años 1991-1998 y basada en el procesamiento de los políticos implicados en casos de corrupción y cambios en las leyes electorales y en los sistemas de financiación de los partidos, transición que desembocaría, sencillamente, en otro sistema de partidos. Socialismo, social-democracia, laborismo, fueron desde la posguerra —en el caso de los países escandinavos desde antes— opciones de gobierno, no, como hasta entonces, movimientos de agitación y de protesta. Los mismos partidos comunistas occidentales, aún no totalmente desvinculados de la tutela soviética hasta avanzado el siglo, buscarían vías nuevas y autónomas hacia el socialismo, como el eurocomunismo de los años setenta, y aceptarían, en suma, el juego y los valores de la democracia, especialmente en el caso del Partido Comunista Italiano. Significativamente, el episodio social más grave acaecido en Europa occidental entre 1945 y 2000, la movilización de los estudiantes franceses del mes de mayo de 1968, fue una revuelta generacional antiautoritaria en el seno de un país democrático, no una revolución obrera o sindical: de hecho, las únicas revoluciones sociales que se produjeron en ese tiempo fueron el feminismo y la revolución sexual de los años 60.

Reconstruida en gran parte merced a la ayuda norteamericana, al Plan Marshall (ayuda cifrada en diecisiete mil millones de dólares para 1948-1951), Europa occidental experimentó, sobre todo en los años 50 (y la España de Franco, que quedó fuera del Plan Marshall, en los años 60), un verdadero milagro económico. El crecimiento real del PIB alemán en esos años fue del 7,8 por ciento anual; la economía italiana creció a un ritmo del 6,4 por ciento anual, la holandesa y la francesa, que viviría desde el fin de la guerra «treinta años gloriosos», al 4,5, y la británica al 2,6 por ciento. La renta per cápita europea creció entre 1950 y 1970 a una media del 4,5 por ciento anual, una cifra increíble y sin precedente alguno en la historia europea. Como en los Estados Unidos o Canadá, los años de la posguerra, los cincuenta y los sesenta, fueron para Europa occidental, una Europa progresivamente urbanizada y donde el tipo social del campesino iría prácticamente desapareciendo, los años de las motocicletas y los automóviles, de la aviación comercial y de pasajeros, de los electrodomésticos y supermercados, de la vivienda en propiedad, de la explosión de salas de cine y deportes de estadio, del comienzo del turismo de masas, de la radio y enseguida la televisión, del crecimiento de las clases medias y los sectores de servicios, de los obreros especializados y de los técnicos altamente cualificados, y de la universalización de la educación secundaria y aún superior. Con rentas per cápita que en 1975 superaban los tres mil quinientos dólares (en valores de ese año), y que en la década de 1990 se acercaban a los veinte mil dólares, Europa occidental, como el resto del mundo desarrollado, había entrado en la era de la «afluencia»: sociedades con altos niveles de desarrollo, bienestar social y prosperidad económica, con muy bajas tasas de natalidad y mortalidad, donde buena parte del gasto familiar, estimulado por una publicidad omnipresente, era absorbido por vacaciones, turismo y segunda vivienda, y por las múltiples y cambiantes formas del entretenimiento y del ocio (televisión, cine, deportes, industrias de la moda, música pop y sus derivados, etcétera). Superada la grave crisis que provocó la brutal subida de los precios del petróleo decidida en 1973 por los países productores, crisis que hizo reaparecer el temor a los fantasmas del estancamiento, la inflación y el desempleo, entre 1985 y 2000 las economías de los quince países integrados en la Unión Europea, que incluía ya, una vez restablecida la democracia, a Portugal y España, registraron crecimientos en torno al 2 y 3 por ciento anual: cuando terminaba el siglo XX, la sociedad occidental, y por tanto buena parte de Europa, era ya una sociedad postindustrial donde los sectores vinculados a las que se conocerían como nuevas tecnologías (electrónica, telecomunicaciones, ordenadores, telefonía móvil…) eran ya, y no las industrias pesada, química y de bienes de equipo, los motores del desarrollo[2].

El análisis económico y las políticas económicas concretas, el estudio de los procesos, modelos y factores del crecimiento, la sociedad industrial y sus problemas; el individuo y sus derechos como sujeto de la política, el papel del estado, la financiación de la seguridad social, la justicia distributiva; los conceptos de sociedad abierta y democracia participativa, el pluralismo; el papel de la mujer en la sociedad; el medio ambiente y la conservación de la naturaleza: esos serían los temas que centrarían los grandes debates teóricos y políticos de Europa occidental a partir de 1945. Lógicamente, los sentimientos nacionales y manifestaciones distintas de nacionalismo persistieron. Pero su fuerza emocional y su proyección política fueron insignificantes. Tras la constitución en 1949 de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar que integraba a Europa occidental en el sistema defensivo de los Estados Unidos, la nueva gran superpotencia del mundo occidental, esa Europa había cedido uno de los fundamentos capitales de la soberanía nacional: la autonomía de su defensa. En Europa, el nacionalismo se manifestaría desde 1945 ante todo como nacionalismo «banal» (según la expresión de Michael Billig)[3]: inofensivos rituales nacionales de carácter conmemorativo y nostálgico (monumentos, fiestas nacionales, desfiles militares y similares); sentimiento de orgullo y satisfacción, a menudo expresados ruidosa y multitudinariamente, por los éxitos deportivos de los equipos y deportistas nacionales, los más de ellos, paradójicamente, movidos más por razones profesionales y comerciales que por pasiones patrióticas.

LA UNIDAD EUROPEA

En buena medida, la respuesta política de Europa occidental a la II Guerra Mundial fue la unidad europea. Significativamente, como enseguida se mencionará, la idea ya había tenido vigencia y relieve tras la I Guerra Mundial. Ello ayuda a comprender en parte las dos principales razones que impulsaron y llevaron a la unidad europea: la necesidad de crear algún tipo de unidad europea supranacional (sobre la reconciliación entre Alemania y Francia, obsesión de los grandes europeístas de 1945-1950 : Monnet, Schuman, Adenauer, De Gasperi, Spaak), capaz de contener y diluir las tensiones y ambiciones nacionales y nacionalistas de los países europeos, causa de ambas conflagraciones; la necesidad de reforzar la presencia de Europa en un mundo en el que la hegemonía europea —clave de la historia durante siglos— estaba ya cuestionada (1918) si no definitivamente superada (1945): «tenemos que recuperar activamente nuestro puesto —diría en 1949 Jean Monnet a Beuve-Méry, director del diario Le Monde— en la solución de los problemas en que está metido Occidente»[4].

La unidad europea fue, en otras palabras, un ideal político —no un mero juego de cínicos intereses nacionales de unos países semidestruidos por la guerra ni una mera operación económica, como a menudo parecería, pues la Europa unida nacería, como a continuación veremos, primariamente como una comunidad económica—, un ideal que, desde la idea de la unidad básica de la cultura y el espíritu europeos, no obstante la diversidad de sus formas nacionales, sociales y lingüísticas, aspiraba a la creación de un orden nuevo capaz de garantizar a los europeos estabilidad internacional, libertad política, desarrollo económico y bienestar social.

En efecto, la I Guerra Mundial —en la que murieron unos ocho millones de europeos— provocó una profunda crisis de la conciencia europea. Spengler escribió, como quedó dicho, La decadencia de occidente, título harto expresivo, en el verano de 1918; la guerra generaría una literatura pesimista y desencantada cuyas mejores manifestaciones fueron La montaña mágica (1924), de Thomas Mann, el excepcional poema Tierra baldía de T.S. Eliot y Ulises de Joyce, ambos de 1922, y novelas como Sin novedad en el frente (1928) de Erich M. Remarque y Adiós a las armas (1929) de Hemingway, expresión de un clima moral que el poeta Paul Valéry acertó a resumir cuando escribió, en 1919, que la guerra había lanzado a Europa hacia el abismo de la historia y precipitado «el movimiento de decadencia de Europa».

Fue en ese contexto cuando tomó fuerza la idea de unos Estados Unidos de Europa, nombre que dio título a por lo menos media docena de libros interesantes publicados entre 1924 y 1930, algunos de gran difusión, como Europe. Une patrie de Gaston Riou y Europa: análisis espectral de un continente del conde Keyserling. La idea era avanzar hacia una Europa nueva (por usar el título del semanario que a partir de enero de 1918 publicó Louise Weiss, una intelectual francesa) y unida, idea compartida también por industriales como el francés Louis Loucher o el luxemburgués Emile Mayrisch, principales defensores por los mismos años de la integración económica transfronteriza de sectores como el acero y la minería. Al servicio de esa idea, la voluntad más tenaz fue la del conde austrocheco Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), un hombre, como hijo de un diplomático austro-húngaro y de madre japonesa, de educación y perspectivas ampliamente cosmopolitas; la iniciativa más sólida, la del ministro de Exteriores francés Aristide Briand ante la Sociedad de Naciones en 1929; y la argumentación más ambiciosa, la del filósofo español Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, el ensayo que publicó en 1930, con inmensa repercusión internacional, cuya segunda parte titulada «¿Quién manda en el mundo?», estaba dedicada íntegramente a la cuestión europea.

Coudenhove-Kalergi fundó en Viena en 1923 el Movimiento Paneuropeo, publicó en ese mismo año su libro Pan-Europa, impulsó luego la revista de ese mismo título y promovió la reunión en Viena en 1926 del I Congreso Paneuropeo, al que acudirían unos dos mil participantes de más de veinte países, y al que seguirían otros. Sus ideas (además de Pan-Europa, 1923, publicaría en 1931 La lutte pour l’Europe, y en 1952, J’ai choisi l’Europe) eran muy claras. Partía de la convicción de que la división de Europa impediría que el viejo continente siguiese desempeñando un papel central en el escenario internacional; estaba convencido de que la rebelión de Asia y África pondría fin a la era de la dominación europea y que, como consecuencia, la hegemonía mundial se desplazaría a potencias no europeas y, en concreto, a los Estados Unidos y a la naciente Unión Soviética. Creía, y el tiempo le dio la razón, que la Sociedad de Naciones creada después de la I Guerra Mundial no podría garantizar la paz en Europa, y que sólo la unión europea construida sobre la reconciliación de Alemania y Francia —intuición, como vemos, acertadísima— impediría que el viejo continente fuese de nuevo escenario de posteriores conflagraciones. Quería, por tanto, primero, una unión aduanera europea y después, la formación de una federación de los Estados Unidos de Europa —en la que incluía a veintisiete Estados y excluía a Gran Bretaña, en razón de sus intereses imperiales, y a la Unión Soviética, la Rusia comunista, por su régimen político—como alternativa al bolchevismo, a la reacción y a los nacionalismos chauvinistas de los Estados, cuya fuerza le parecía «aterradora».

La proposición Briand insistía igualmente en aquella idea de la reconciliación entre Francia y Alemania. Precisamente, fue el acercamiento que entre los dos países se había producido desde 1925, gracias en parte al propio Briand, lo que le animó a presentar, el 5 de septiembre de 1929, ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, y lo hizo en un resonante discurso, una unión federal entre los distintos pueblos de Europa que les permitiese abordar de común acuerdo la resolución de los problemas que les eran comunes. Era la primera vez que la idea de la unidad europea se discutía en un foro internacional, y no en un foro secundario sino ante el organismo internacional más importante y representativo de los creados hasta entonces en la historia moderna. Briand quiso ir más lejos y para el 17 de mayo de 1930 tuvo preparado un memorándum que presentó a la deliberación de las cancillerías de los veintisiete estados europeos que formaban parte de la Sociedad de Naciones. Que la acogida fuese poco entusiasta, que la iniciativa se debilitase tras la muerte en 1929 de Gustav Stresemann, ministro alemán de Exteriores, uno de los artífices de la iniciativa, y de la aproximación franco-alemana, y sobre todo tras la dimisión de Briand en enero de 1932; que no se consiguiese de los países requeridos más que una declaración genérica de adhesión (con fecha 8 de septiembre de 1930), importaba tal vez menos que el hecho mismo de que la cuestión se hubiese planteado: la unidad europea no era ya un dislate (o el sueño de un caballero casi particular como Coudenhove-Kalergi); era una posibilidad.

Las tesis de Ortega enlazaban con aquellos mismos planteamientos si bien desde perspectivas culturales y no directamente políticas: la idea de la construcción de Europa como estado nacional que planteaba Ortega estaba íntimamente relacionada con su teoría de la rebelión de las masas y la consiguiente decadencia de la civilización europea. Ortega había llegado a la conclusión de que el imperio de las masas había dejado a Europa sin moral y carente de un proyecto de vida. Pues bien; creía que lo que estaba en crisis no era Europa en tanto que unidad histórica —unidad real por debajo de la pluralidad de pueblos y culturas europeas—ni tampoco la civilización europea: lo que para Ortega había hecho crisis eran las naciones europeas en tanto que entidades separadas. Es más; Ortega entendía que esta misma decadencia de las naciones europeas era necesaria para la afirmación de una Europa nueva y unitaria. Y concluía, consecuentemente, que esa Europa unida daría al viejo continente aquel programa de vida que resultaba ineludible para vigorizar su moral y permitirle seguir mandando de alguna forma en el mundo, algo que Ortega consideraba necesario habida cuenta de que América era aún joven y no apta para el mando y que el bolchevismo, el comunismo soviético, resultaba ajeno a los valores europeos[5].

LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA[6]

En suma, desde diferentes perspectivas, se proponía ya en los años veinte la idea de unos Estados Unidos de Europa como salida a la crisis abierta por la I Guerra Mundial. La idea sería literalmente barrida por la pasión del nacionalismo en la década siguiente, que llevó, como quedó dicho en capítulos anteriores, al horror de una nueva conflagración, la II Guerra Mundial (aunque revistas como L’Ordre nouveau, creada en 1931 por Alexandre Marc, o Esprit, creada al año siguiente por Emmanuel Mounier, o el movimiento «Orden nuevo», vinculado a la revista citada y animado entre 1930 y 1938 por el intelectual suizo Denis de Rougemont (1906-1985) mantendrían de alguna manera viva la visión de una nueva Europa basada, frente a los estados y los nacionalismos, en la unidad y la paz).

Pero eso justamente no haría sino reforzar los argumentos de quienes pensaban que sólo la unidad europea —y sobre todo la cooperación franco-alemana— podía asegurar la paz en Europa y en el mundo. La II Guerra Mundial llevaría esa convicción hasta entonces minoritaria a la conciencia de una gran mayoría de europeos. Se diría que la destrucción, agotamiento y empequeñecimiento de Europa como consecuencia de la guerra hicieron de la unidad europea un hecho inevitable, una necesidad histórica. Las declaraciones federalistas —inconsistentes, platónicas, vagas e inconcretas— proliferaron incluso desde antes de que la guerra terminase. Por iniciativa de Altiero Spinelli (1907-1986), encarcelado por el régimen fascista italiano entre 1927 y 1943, a principios de 1944 distintos grupos de la resistencia europea elaboraron un manifiesto en favor de la unión europea. El mismo Spinelli, uno de las más activos europeístas italianos, creó en 1945 el movimiento federal europeo de Italia, uno entre los varios movimientos federalistas de toda Europa que confluyeron primero, en 1946, en la Unión Europea de Federalistas creada en la reunión celebrada, a instancias entre otros de Spinelli y De Rougemont, en Herstenstein, cerca de Lucerna; inmediatamente después, en el Movimiento Europeo creado en La Haya en un gran congreso europeísta que se celebró el 7 de mayo de 1948 bajo la presidencia de Churchill (al que se unió Coudenhove-Kalergi, refugiado en Suiza y Estados Unidos durante la guerra y que, al regreso del exilio e instalado de nuevo en Suiza, en 1947 había promovido una Unión Parlamentaria Europea, con la idea de elaborar una Constitución para Europa, sobre la que crear una federación europea dentro de la Organización de Naciones Unidas, el nuevo organismo internacional constituido tras la guerra). Churchill volcó todo el peso de su autoridad —inmensa en aquel momento, en razón de su papel en la victoria de los aliados en la guerra mundial— para apoyar la idea, en el resonante discurso que pronunció en la Universidad de Zurich el 19 de septiembre de 1946. Propuso allí expresamente la unificación de la «familia» europea sobre una estructura regional en unos Estados Unidos de Europa; urgió, como primer paso, a la reconciliación entre Francia y Alemania, propuesta en aquel momento delicadísima y provocadora, sobre todo para la opinión francesa (con independencia de los antecedentes que tuviera); y apeló a la creación inmediata de un Consejo de Europa.

El año de 1947 fue, con todo, el momento crucial, en razón de varios hechos o acontecimientos producidos a lo largo del mismo que muchos observadores, y luego un gran número de historiadores[7], considerarían como verdaderamente decisivos para la unión europea:

1) La evidencia de la decadencia de Gran Bretaña, primera potencia europea, después de que el gobierno laborista británico, presidido por Attlee y con Ernest Bevin como ministro de Exteriores, anunciase, en junio, que Gran Bretaña renunciaba a su imperio y concedía la independencia a la India y Pakistán (que la proclamarían de forma inmediata: el 15 de agosto); y en septiembre, que su país no podía hacer frente a sus compromisos en Oriente Medio y se retiraba de Palestina.

2) La firma (4 de marzo) del tratado de Dunkerque entre Gran Bretaña y Francia, tratado de alianza militar que suscitó grandes expectativas, que no se cumplirían, pero que sirvió de base al tratado de la misma naturaleza de Bruselas, de 17 de marzo de 1948 (firmado por los dos países citados más Bélgica, Holanda y Luxemburgo), tratados que fueron los primeros eslabones en la creación de una unión europea de defensa (al extremo de que la Unión Europea Occidental, organización defensiva creada en 1954 a partir del Tratado de Bruselas, todavía inoperativa durante años, pasaría a ser vista en los años noventa como el posible pilar europeo de la defensa y se integraría en 2001 con la Unión Europea).

3) El anuncio por el secretario de estado de los Estados Unidos, George C. Marshall, en Harvard (5 de junio), del plan que llevaría su nombre, el Plan Marshall para la Recuperación de Europa, al que seguiría un mes después, la primera reunión de estados europeos para discutir el Plan, reunión que se celebró en París, en efecto, entre el 12 y el 15 de julio.

4) El comienzo de la reconstrucción política de la Alemania occidental, con la unificación (1 de enero) de las zonas ocupadas desde 1945 por los Estados Unidos y Gran Bretaña, y el anuncio de la creación de un Consejo Parlamentario de delegados de los distintos länder, que se reunió ya en 1948 (1 de septiembre) en Bonn, bajo la presidencia de Konrad Adenauer (1876-1967), el líder del reconstruido Partido Cristiano-Demócrata, alcalde de Colonia, y futuro Canciller de la República Federal de Alemania desde su constitución en 1949 hasta 1963.

5) El estallido definitivo de la «guerra fría» entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a raíz de la formulación de la «doctrina Truman» (promesa de ayuda norteamericana a todo país amenazado por el comunismo), del rechazo por la Unión Soviética del Plan Marshall y de todo acuerdo sobre la cuestión alemana, de la generalización de la guerra civil en Grecia entre fuerzas de la resistencia comunista y el nuevo ejército griego apoyado por Gran Bretaña y los Estados Unidos, y de la caída de Polonia, Hungría y Rumanía en la órbita comunista.

En 1947 (14 de marzo) se produjo otro hecho significativo: la unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, tres de los países más decididamente europeístas. El 16 de abril de 1948 se creaba en París, para la aplicación del Plan Marshall, la Organización para la Cooperación Económica Europea, la OEEC, de la que formaron parte originalmente un total de dieciséis países: Austria, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía. El 5 de mayo de 1949, se instituía en Estrasburgo el Consejo de Europa, una iniciativa (la última) de Coudenhove-Kalergi, una asociación de estados, integrada inicialmente por Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia, para la defensa y promoción de los valores democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos, dotada de un comité de ministros (los ministros de exteriores de los países miembros), una Asamblea de parlamentarios meramente consultiva y sin poder legislativo (e integrada por parlamentarios de los distintos parlamentos nacionales) y un Tribunal de Derechos Humanos. Ese mismo año, 1949, nacía la OTAN.

El clima, al menos, para la unidad europea estaba ya creado. Las circunstancias históricas y políticas, bien reflejadas en los acontecimientos de 1947 mencionados, parecían apropiadas. Incluso estaban apareciendo ya, lo acabamos de ver, organismos europeos, y hasta símbolos supranacionales: el Consejo de Europa adoptaría en 1955 la bandera de Europa, un círculo de estrellas doradas sobre fondo azul, diseñada por Arsène Heitz, la misma que luego, en 1985, sería adoptada oficialmente como bandera europea por el parlamento europeo y las instituciones de la Comunidad (enseguida Unión) Europea. El impulso definitivo hacia la unidad vendría, sin embargo, de otra iniciativa, el llamado Plan Schuman, coincidente en apariencia con las anteriores, pero en el fondo distinta y de mayor alcance, puesto que pretendía ser mucho más que un proyecto para la reconstrucción inmediata de las economías europeas o una asamblea indefinida para vigilar los derechos humanos. En efecto, el Plan Schuman, según el nombre del entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, presentado el 9 de mayo de 1950 y preparado por quien iba a ser ya el verdadero artífice de la Comunidad Europea, Jean Monnet (Cognac, 1888-1979), un hombre demasiado escéptico ante iniciativas como el Consejo de Europa o ante declaraciones casi retóricas como las de los intelectuales de los movimientos federalistas europeos, daría un giro radical a la construcción de Europa: proponía la creación de un mercado común del carbón y del acero (mediante la integración de las distintas empresas de ambos sectores, en ese momento los sectores claves de la economía europea, y la eliminación de barreras y tarifas aduaneras entre los países que lo formasen), idea capital y revolucionaria que, tras su apariencia económica, se planteaba la consecución de tres objetivos políticos fundamentales: crear un núcleo comunitario supranacional, la gran idea de Monnet, que había sido secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones en los años de entreguerras y que ambicionaba una Europa supranacional que pusiese fin a varios siglos de estados-nacionales; lograr la alianza esencial para la unidad europea, la alianza franco-alemana, la gran preocupación de Robert Schuman (1886-1963), un hombre profundamente cristiano, vinculado por nacimiento a la región fronteriza de Luxemburgo, Lorena y Alemania y como tal obsesionado por la paz y el entendimiento entre unas naciones próximas y reiteradamente enfrentadas en el curso de su propia vida; y apostar por una estrategia gradual que fuese consiguiendo acuerdos limitados pero en áreas decisivas[8].

El Plan Schuman, la Comunidad del Carbón y del Acero, la CECA, constituida en París el 18 de abril de 1951 y que entró en funcionamiento en julio de 1952, marcó, en efecto, el nacimiento de la «era comunitaria» europea. Integrada por «la Europa de los seis», esto es, Francia, Alemania Federal, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, la CECA fue la primera Comunidad Europea y creó el modelo institucional para todos los posteriores proyectos de integración. Comportaba, efectivamente, cuatro instituciones: un Alto Comisariado de nueve miembros encargado de las tomas de decisiones, que presidió Monnet entre 1952 y 1955; un Consejo de Ministros de los seis, como órgano de coordinación; una Asamblea de la Comunidad integrada por setenta y ocho miembros designados por los distintos parlamentos, con capacidad de control sobre el Alto Comisariado, presidida al principio por el líder social-demócrata belga Paul-Henri Spaak; y un Tribunal europeo de Justicia, cuya sede fue fijada en Luxemburgo, y que inicialmente presidió Massimo Pilotti, encargado de regular y vigilar la aplicación de las normas legales que la integración y su funcionamiento requiriesen.

El proceso comunitario sufriría, sin embargo y casi de inmediato, un primer contratiempo: el 30 de agosto de 1954, el parlamento francés, merced al voto de los seguidores del general De Gaulle y de los comunistas, rechazó ratificar el acuerdo de creación de una Comunidad Europea de Defensa que, a iniciativa irónicamente del propio gobierno francés y en el entusiasmo europeísta suscitado por la puesta en marcha de la CECA, había sido aprobado por la Europa de los Seis en la reunión de París, de 27 de mayo de 1952. Se creó a cambio, ya en octubre-diciembre de 1954, como solución de repuesto, la antes citada Unión de Europa Occidental, que, a diferencia de la CED, dejaba a salvo la soberanía de sus miembros y que, como ya se ha dicho, permanecería durante años inoperativa a todos los efectos aunque sirviera para lanzar ideas de cooperación europea en materia de defensa. Pero el revés, que arrastró también a la posible formación de una comunidad política europea, propuesta por Spinelli, Spaak y el propio Monnet, como instrumento de control de la Comunidad de Defensa, fue considerable: a Monnet le convenció definitivamente de la necesidad de optar por una estrategia pragmática y meramente funcionalista, que permitiera ir creando Europa y las instituciones comunitarias gradualmente y en concordancia con los intereses nacionales de sus Estados miembros.

Esa estrategia presidiría ya la conferencia que, para relanzar la idea de Europa, los Seis celebraron en Messina los días 1 y 2 de junio de 1955, por iniciativa del Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa presidido por Monnet —tras dejar la presidencia de la CECA— y a impulsos de los ministros de Exteriores de Bélgica (Spaak) y Holanda (Beyen), en la que se tomó el acuerdo más importante de cara a la unidad europea desde la formación de la CECA: la creación de un Mercado Común Europeo y de una Comunidad Europea de la energía nuclear, Euratom, cuyas respectivas estructuras institucionales y competencias quedarían perfiladas en el «informe Spaak» encargado por la conferencia, que sería presentado y debatido en una nueva reunión de los Seis, esta vez en Venecia, los días 29 y 30 de mayo de 1956, para llegar así al momento definitivo: la firma por los Seis, el 25 de marzo de 1957, del Tratado de Roma que instituyó, en efecto, la Comunidad Económica Europea, el mercado común como se le llamaría coloquialmente, y el Euratom.

Con el Tratado de Roma, que entró en vigor el 1 de enero de 1958, nació ya, como todo el mundo supo apreciar, la unión europea, aunque estuviera limitada a seis países (pero en 1973 se unirían a la CEE Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca; en 1981, Grecia; en 1985, España y Portugal; en 1995, Austria, Suecia y Finlandia; el nombre de Unión Europea se adoptó en 1991). El Tratado de Roma, en efecto, marcaba como objetivos el establecimiento de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, el progreso económico y social de éstos mediante la eliminación de todas las barreras que dividían a Europa, el desarrollo armonioso de sus regiones y zonas menos favorecidas, y la defensa de la paz y de la libertad; al servicio de esos objetivos, la CEE pondría en marcha la unión aduanera entre los Seis, con aranceles exteriores comunes y libre circulación de hombres y capitales salvo por algunos límites, una política agraria común, una política comercial común y una política de la competencia. El Tratado creaba, como instituciones comunitarias, una Comisión, nombre que se prefirió al de Alta Autoridad que usaba la CECA, de nueve miembros, a modo de ejecutivo, con sede en Bruselas, presidida hasta 1967 por el alemán Walter Hallstein, un profesor de Universidad que había representado a su país en casi todas las conferencias y reuniones que habían llevado hasta el Tratado de Roma; un Consejo de Ministros (en principio de Exteriores encargados de Asuntos Generales, pero enseguida de las distintas áreas de gobierno: asuntos económicos, asuntos de justicia, agricultura, etcétera), con sede también en Bruselas, encargado de la coordinación; una Asamblea parlamentaria, que desde 1962 pasó a llamarse Parlamento Europeo y que desde 1979 se elegiría por elecciones directas, con sede en Estrasburgo —más una asamblea deliberante que un poder legislativo—; y un Tribunal de Justicia, encargado como el de la CECA, de velar por la aplicación del derecho en el desarrollo e interpretación del Tratado. El Euratom, que en principio presidió Louis Armand y que como la CEE entró en vigor el 1 de enero de 1958, tenía una estructura institucional idéntica a la de aquella: en buena lógica, en 1967 CECA, CEE y Euratom integraron sus instituciones.

La puesta en marcha de la unidad europea —la CEE fue un éxito inmediato, gracias entre otras razones a la inmensa labor organizativa y diplomática desplegada por Hallstein— tenía, pues, una trascendencia que difícilmente podría ser exagerada: la Europa de las naciones y del nacionalismo estaba terminando y empezaba a germinar en su lugar la Europa de la instituciones comunes y de la integración. Por razones distintas, cuatro circunstancias, de importancia histórica muy diferente, resultarían significativas:

1) La ayuda americana, el Plan Marshall, como factor fundamental en la reconstrucción económica de la Europa de la posguerra, condición indispensable para la unidad europea. Pese al anti-norteamericanismo que posteriormente, años ochenta y noventa, se extendería en la burocracia europea, los Estados Unidos favorecieron en todo momento la unidad europea y también los planes para la creación de una Comunidad Europea de defensa, si bien, por lo que a esto último hizo referencia, concibiéndola como «el pilar europeo» de la Alianza Atlántica, de la OTAN, y vinculada a los intereses de defensa y seguridad de esta última.

2) El distanciamiento de Gran Bretaña de los proyectos para la creación de una Comunidad Europea. Gran Bretaña no formó parte ni de la CECA ni de la CEE ni de Euratom, sólo solicitó su entrada en la CEE en 1961 y no entró hasta 1973 (gobierno Heath), y aún un gobierno posterior (gobierno Wilson, 1975) sometió la decisión a referéndum. La posición de Gran Bretaña ante Europa, que de alguna forma mantuvieron todos los gobiernos entre 1960 y 2000 (si bien con importantes diferencias de disposición y actitud), se basó en los siguientes principios: oposición a toda unión federal europea que conllevase la creación de instituciones y proyectos supranacionales; participación en proyectos europeos de defensa dentro de la Alianza Atlántica; reserva de la «especial relación» británica con los Estados Unidos; apoyo a la creación de Europa como una zona de libre comercio (de hecho, como alternativa a la integración comunitaria, Gran Bretaña impulsó la creación de la EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, creada el 20 de noviembre de 1959, e integrada por Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza), pero reservas en torno a la plena integración monetaria y económica.

3) El éxito de la estrategia gradualista, funcionalista, de Monnet de ir logrando acuerdos limitados en áreas decisivas a fin de forjar así «solidaridades de hecho» que fueran conduciendo a largo plazo a la creación de una Europa supranacional sin desafiar frontalmente la soberanía secular de los Estados nacionales europeos.

4) El fracaso en cuestiones de defensa, como quedó de manifiesto con lo sucedido con la Comunidad Europea de Defensa en 1954.

Esto último fue, además, una indicación del que era e iba a seguir siendo, como veremos, el verdadero problema de la unidad europea: la existencia de realidades nacionales con políticas e intereses nacionales discrepantes en puntos esenciales, y poco dispuestas a la renuncia de su soberanía. Ello quedó de manifiesto en la ya mencionada tibieza europeísta británica: Gran Bretaña no se decidió a solicitar su incorporación a la CEE hasta que, primero el episodio de Suez de 1956, y luego la concesión en cadena de independencia a los países del África negra a partir de 1957, acabaron con sus responsabilidades imperiales. Pero se puso de manifiesto, sobre todo, en la reafirmación del nacionalismo francés a raíz de la proclamación en 1958 de la V República por el general De Gaulle, como consecuencia del fracaso de la Francia de la posguerra ante la crisis argelina (como hubo ocasión de ver en otro capítulo). La nueva actitud de Francia, la reafirmación de su plena independencia nacional e internacional —posición que literalmente invertía todo lo actuado por Francia hasta entonces, como principal impulsora, con la Alemania Federal de Adenauer, de la integración europea— se concretó en los siguientes extremos: a) en el veto francés, en dos ocasiones además (enero 1963 y mayo 1967), a la entrada de Gran Bretaña en la CEE (De Gaulle entendía que Gran Bretaña sería el «caballo de Troya» de los Estados Unidos); b) en la proclamación por De Gaulle (1960) de una «Europa de las patrias», esto es, en su negativa a contemplar, siquiera como posibilidad, una Europa supranacional y federal; c) en la hostilidad explícita e indisimulada a la política de integración desarrollada por el presidente de la Comisión, Hallstein, verdadera obsesión personal de De Gaulle: Francia provocaría en 1965 una grave crisis en el funcionamiento interno de la CEE al negarse a aceptar que las decisiones institucionales se tomasen por mayoría cualificada y exigir que se reconociese a los Estados el derecho de veto (lo que se aceptaría, para desbloquear la crisis, en 1966); d) en la salida de Francia de la estructura militar de la OTAN (que conllevó la evacuación de territorio francés de las fuerzas de la Alianza) y en el impulso, paralelamente, de una política de defensa autónoma basada en el desarrollo de sus propias armas nucleares y de sus propias fuerzas de intervención.

Los proyectos de unidad europea parecían, pues, a finales de los sesenta preñados de dificultades, no insalvables —tras la retirada de De Gaulle en 1969 se relanzaron los planes para la ampliación de la CEE y en 1973 pudieron incorporarse, como se ha mencionado, Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda— pero sin duda intimidantes. Así y todo, era un hecho que la CEE, el mercado común europeo, estaba en marcha. Incluso en los momentos de mayor anti-europeísmo de De Gaulle se avanzó: en 1962 se creó el mercado común agrícola (la Política Agraria Común), y en 1968, entró en funcionamiento la unión aduanera entre los Seis, éxitos indudables atribuibles sobre todo a la tenacidad y capacidad de Hallstein (que puso también en pie todo el aparato burocrático de la CEE)[9].

MEDITACIONES DE EUROPA

Europa continuaba, por tanto, siendo un punto de referencia esencial en todo el sistema de relaciones internacionales. Eso era así porque Europa, la civilización europea, tenía, pese a su evidente declive, un significado histórico, cultural y político especialmente relevante ante la conciencia contemporánea (incluso para culturas y pueblos no europeos). La reflexión sobre el espíritu europeo, el deseo de definir lo que Europa había significado en la historia —y lo que debía seguir significando—, la búsqueda de una teoría de Europa que diese sentido y contenido filosófico-cultural a la unidad económica y política europea, fue paralela a la construcción de las instituciones europeas, tal como reflejaban la aparición de libros con títulos expresivos y de autores bien conocidos como, por citar sólo unos pocos ejemplos, L’Esprit de l’Europe (1952), de Salvador de Madariaga, L’Europe en jeu (1953), de Denis de Rougemont, El rapto de Europa (1954), de Luis Diez del Corral, L’Esprit européen (1957),de Karl Jaspers, la Histoire de l’Europe, en varios volúmenes (1958-1962) de Henri Pirenne, la Histoire de l’Europe (1960), de Henri Brugmans, Vingt-huit siècles d’Europe (1962), de Rougemont y L’idée d’Europe dans l’histoire (1965), de Duroselle, precedidos tal vez por la Meditación sobre Europa, título de la resonante conferencia pronunciada por Ortega y Gasset en Berlín en septiembre de 1949: «cuando se vuelve la mirada a este periodo que divide el siglo —escribiría en 1976 en sus Memorias el propio Monnet—, impresiona la extraordinaria efervescencia intelectual en torno a la idea de Europa»[10].

La meditación orteguiana tenía, sin duda, una ambición extraordinaria: sentar las premisas culturales sobre las que edificar un nuevo orden europeo, dilucidar lo que habían sido la civilización, la geografía y las instituciones europeas. Quería, además, resolver lo que era evidente a la luz de toda la historia europea: la dualidad entre Europa como ámbito común de una civilización y una sociedad definida por unos usos, unas costumbres, unas leyes y unas formas de poder poco menos que comunes, y Europa como cristalización de diferentes naciones y nacionalidades. Ortega veía en el «equilibrio europeo» —equilibrio entre las distintas formas de ser europeo que eran las distintas naciones y sus respectivas culturas, lenguas, literaturas y arte— la fórmula que había hecho Europa, y entendía que la dualidad unidad de vida colectiva / idea de nación debía constituir el fundamento de la reconstrucción europea (lo que parecía inclinarle hacia una idea confederal de la unidad europea que respetase las distintas manifestaciones nacionales europeas, y le apartaba de las teorías más acusadamente supranacionales y federalistas de Europa)[11].

Las restantes obras citadas no eran, quizás, tan ambiciosas pero coincidían en tratar de definir la esencia, el alma, el espíritu, de Europa en la historia (como fundamento para su futuro). Madariaga veía en la libertad la esencia misma de la vida europea. Jaspers identificaba Europa con tres palabras: libertad, historia, ciencia. Diez del Corral cifraba la civilización europea en las realizaciones del helenismo clásico y de la Antigüedad, de la cristiandad medieval, del humanismo renacentista y de la Ilustración y del liberalismo modernos; creía que la misma riqueza y dinamismo de la cultura europea —cultura basada en la ciencia, la técnica y la razón— habían determinado la centralidad de Europa en la historia del mundo. Y pensaba que era precisamente la presión exacerbada ejercida sobre los elementos constitutivos de su identidad lo que había provocado el rapto, que no la decadencia, de Europa, esto es, el extravío que Europa había sufrido en el siglo XX arrebatada —cediendo a la tentación fáustica, a la voluntad de dominación— por el imperialismo, el nacionalismo agresivo y los totalitarismos. Por lo que llegaba a una conclusión coincidente con las anteriores: que Europa sólo hallaría su libertad volviendo sobre su verdadera historia.

Los puntos principales de las conclusiones a las que llegaron los participantes en la conferencia que el Colegio de Europa y la Universidad de Pensilvania reunieron en 1957 para definir los valores esenciales de la civilización europea, y por extensión de la civilización occidental, fueron parecidos. Singularizaban, en efecto, especialmente estos:

—el respeto por el valor intrínseco de la persona como tal, como valor superior a toda concepción absoluta del estado;

—la libertad, como inseparable de la responsabilidad moral del individuo;

—la solidaridad humana y el deber de hacer acceder a todos los hombres a los bienes materiales y espirituales;

—el diálogo, la libre discusión de todas las opiniones, el respeto al «otro», la confrontación de las ideas.

Individuo, ciudadanía, libertades, democracia: tales eran, básicamente, los valores que definían a la civilización europea y sobre los que se construyó la Unión Europea. Era cierto que, como advirtió el propio Walter Hallstein en su discurso titulado La Europa de los europeos, que pronunció en Bruselas el 22 de septiembre de 1960, la nueva organización de Europa se desarrollaría en primer lugar y ante todo en el dominio de la economía. Pero el proyecto ideal inicial nunca se olvidaría, o no del todo: Hallstein mismo dijo, en la ocasión citada, que de lo que se trataba, y lo que se venía haciendo con la CECA y la CEE, era «defender, salvar una civilización, unas reglas morales, una concepción de la vida a la medida del hombre fraternal y justo»[12].

LA UNIÓN EUROPEA

Desde los años setenta, superada la grave crisis provocada por la política de De Gaulle, pero también por la escasa determinación y relieve de los hombres que sustituyeron a Hallstein en la presidencia de la Comisión (Jean Rey, 1967-1970; Franco Mª Malfatti, 1970-1972; Sicco Mansholt, 1972-1973; François Xavier Ortoli, 1973-1977), la integración europea y el desarrollo de las instituciones europeas cobrarían, aun con alternancia de etapas de euro-euforia y de euro-pesimismo, un impulso extraordinario. El resultado no sería exactamente lo que se había pensado en 1945-1950. La propia complejidad del objetivo (construir nada menos que una Europa unida); los problemas planteados por las sucesivas ampliaciones de la comunidad; el juego de lo contingente e imprevisto (elevación de los precios del petróleo en 1973, caída del comunismo de la Europa del Este en 1989…); las tensiones entre intereses nacionales e integración supranacional, la misma lógica funcional de las instituciones europeas, todo ello, y muchos otros factores y circunstancias, se combinarían para hacer de Europa, de la Unión Europea, el nombre adoptado definitivamente en 1991 (Tratado de Maastricht), algo históricamente insólito y políticamente inédito: Europa en el año 2000 no era ni un estado nuevo ni una federación (ni confederación) de Estados, sino una unión interestatal e intergubernamental con instituciones comunes dotadas de amplias competencias de soberanía supranacional, regida por un complejo sistema de tratados, y definida por símbolos igualmente comunes: bandera propia (la azul con una corona de estrellas doradas), himno (la Novena Sinfonía de Beethoven), festividad conmemorativa (9 de mayo: día de Europa) y el euro, la moneda común. La unidad europea tropezaría en todo momento, como iremos viendo, con varios problemas básicos y formidables, algunos de ellos insalvables: indefinición institucional, ampliaciones sucesivas, carencia de verdadera identidad colectiva, gran diversidad lingüística, económica y social, inexistencia de un cuerpo político, de un demos europeo, instituciones remotas y no responsables, realidad mitológica débil (pese a los símbolos citados). Desde la perspectiva del año 2000, lo logrado sería, con todo, extraordinario: medio siglo de estabilidad política, prosperidad económica y afirmación de la democracia, instituciones comunes propias, elecciones europeas, derecho comunitario, políticas sectoriales comunes (agricultura y pesca, desarrollo regional, protección medio-ambiental…), derechos de ciudadanía europeos, mercado único, moneda unitaria (el euro), Banco Central Europeo; con unos trescientos treinta millones de habitantes, la Unión Europea era en el año 2000 el mayor poder comercial del mundo.

Desde luego, la unidad europea, si nació como la germinación de una idea, no fue el despliegue de un proyecto rector, sino, más bien, el resultado de la convergencia de numerosos proyectos parciales, algunos de ellos meras respuestas reactivas a problemas inmediatos. Eso se vio ya en los años 70, cuando, después de que no se hubiera hecho nada relevante desde que en 1968 se completó la unión aduanera de los Seis, en 1973 la CEE, ya sin De Gaulle en la Presidencia de Francia, se amplió con la incorporación de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda (Noruega, en cambio, rechazó tras un referéndum la adhesión). La ampliación, la primera de las varias que irían produciéndose, planteó ya una cuestión evidente, el desequilibrio en el desarrollo regional de la CEE, y trajo una repuesta adecuada y a la larga, capital para Europa: la creación en 1975, por presión italiana e irlandesa, del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER), el más importante de los que pronto se conocerían como «fondos estructurales» (FEDER, FSE, FEOGA: el Fondo Social Europeo creado en 1960 por el mismo Tratado de Roma para mejorar las condiciones del empleo y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, de 1962, no habían tenido ni el volumen ni las dimensiones del FEDER), instrumentos capitales en adelante de la política económica y social europea[13].

Otros dos problemas aparecieron como igualmente apremiantes: el problema monetario, derivado de la complejidad de los mecanismos de cambio en un sistema con varias monedas y de la suspensión por los Estados Unidos desde agosto de 1971 de la convertibilidad del dólar; y el problema político, derivado de la crisis de la Comisión Europea tras el vacío dejado por Hallstein. La respuesta de la CEE a ambas cuestiones cambió para siempre la historia de Europa. Así, la crisis monetaria, agravada por la elevación mundial de los precios del petróleo en 1973, puso en marcha el proceso hacia la unión económica y monetaria, esbozada ya en el informe que en 1971 elaboró el primer ministro luxemburgués Pierre Werner, y cuyos resultados últimos serían la creación en 1998 y 1999 del Banco Central Europeo y del euro como moneda europea: en 1972, se estableció una banda máxima de fluctuación entre las divisas de los países comunitarios; en 1979, se creó el Sistema Monetario Europeo, con tipos de cambios fijos para las distintas monedas, y el ecu como unidad monetaria de referencia; en 1989, se aprobó ir a la Unión Monetaria, crear un banco central europeo, fijar los tipos de cambios y establecer criterios de convergencia (en inflación, tasas de interés, deuda pública y déficit presupuestario) para llegar a la moneda única (cuya creación se fijó, en efecto, para 1999). El Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, que entró en funcionamiento el 1 de junio de 1998 bajo la presidencia de Wim Duisenberg, asumía la dirección y control de la política monetaria de los países de la Unión, en sustitución de los bancos centrales nacionales; el euro, que nació el 1 de enero de 1999, sustituiría a partir de 2002 a las viejas monedas nacionales en un total de once de países europeos.

El problema político de los 70 tuvo también una respuesta, doble en este caso, de importancia decisiva: el acuerdo, tomado en 1974, de celebrar reuniones regulares de jefes de estado y de gobierno de la CEE para fijar la dirección política de ésta, y la celebración de elecciones directas al parlamento Europeo. Esta última era una decisión simplemente lógica, de acuerdo con los principios democráticos que inspiraban el proceso de construcción europeo: las primeras elecciones europeas se celebraron, así, los días 7 a 10 de junio de 1979, con una participación media del 63 por ciento y victoria, en el cómputo global, de los socialistas, con ciento trece eurodiputados en una cámara de cuatrocientos diez. La otra iniciativa, el acuerdo, a sugerencia de los nuevos dirigentes de Francia, Giscard d’Estaing, y Alemania, Helmut Schmidt, de celebrar reuniones regulares de los jefes de estado y de gobierno de los países de la Comunidad para determinar las grandes líneas de la política europea, cambiaba radicalmente el rumbo institucional y político de la Comunidad: institucionalizadas desde 1986 como Consejo Europeo (con presidencia rotatoria cada seis meses), las reuniones de jefes de estado y de gobierno pasaron a ser, de hecho, el principal organismo político de la Europa comunitaria, por encima de la Comisión —revitalizada, no obstante, a partir de 1977 tras un nombramiento de gran prestigio y capacidad, el del político liberal británico Roy Jenkins—, y en no siempre armónica relación con ésta. La creación del Consejo Europeo supuso la introducción del poder intergubernamental, del poder de los Estados, en la estructura comunitaria. Desde 1974, por tanto, Europa se haría sin nacionalismos; pero a pesar de su vocación supranacional, se haría con Estados nacionales (cuyo número además iría en aumento: Grecia se incorporó en 1981; España y Portugal, en 1986; Austria, Suecia y Finlandia en 1995).

Europa como federación de Estados-nación sería, precisamente, la formulación que gustaría a Jacques Delors, el hombre que presidiría la Comisión Europea entre 1985 y 1995, sin duda el presidente de la Comisión más enérgico y activo desde Hallstein, pero también el más polémico y controvertido, y a quien se deberían las contribuciones más sustantivas para la constitución definitiva de la Unión Europea. Delors, en efecto, pondría en marcha desde 1985 el mercado único, que entró en vigor el 1 de enero de 1993; impulsaría decisivamente la unión económica y monetaria y la política social de la Comunidad (con la aprobación en 1989 de una Carta de Derechos Sociales), procedería a revisar profundamente los tratados fundacionales integrándolos en el Acta Única Europea aprobada en Luxemburgo el 12 y 13 de febrero de 1986; y diseñaría la nueva arquitectura política europea, plasmada en el tratado fundacional de la que en adelante se llamaría Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993. Delors tuvo a su favor una situación económica especialmente buena, que se prolongó desde 1985 a 1991. No actuó solo: contó en todo momento con el apoyo incondicional del presidente francés Miterrand (1981-1995) y del canciller alemán Helmut Kohl (1982-1997), y tras la entrada de España, con la del primer ministro español Felipe González (1982-1996), tres decididos europeístas; el avance hacia la unificación política de los viejos tratados fundacionales debió mucho a una moción en ese sentido presentada en el parlamento europeo en febrero de 1984 por el veterano Altiero Spinelli. Pero la capacidad personal de liderazgo de Delors fue indudable: sorteó con destreza la situación creada por la caída del comunismo en la Europa del Este y la consiguiente reunificación alemana, un hecho que rompía en la práctica el equilibrio político y territorial de la Europa unida; supo sobrellevar también la frontal oposición que sus proyectos suscitaron en el gobierno británico, encabezado entre 1979 y 1990 por Margaret Thatcher, la líder del partido conservador, opuesta a toda idea supranacional de Europa y al creciente poder de Bruselas y de la burocracia europea, y partidaria de una Europa concebida como un área de libre comercio que no reconociese otra fuente de soberanía ni otros ámbitos de decisión que la soberanía de los Estados y parlamentos nacionales.

Las consecuencias de las iniciativas de Delors fueron, en efecto, sustantivas. El mercado único interior, definido en un Libro Blanco elaborado paradójicamente por el político conservador británico Lord (Arthur) Cockfield, que Delors asumió en junio de 1985 y que sancionó el Acta Única Europea de 1986, preveía la supresión en el plazo de siete años de todas las barreras físicas, técnicas y fiscales a la libre circulación en el espacio de la Comunidad. Los objetivos se cumplieron casi en su totalidad: para, o desde, 1993, se suprimirían los controles fronterizos y aduaneros para mercancías y personas (incluida, con excepciones como Gran Bretaña, la supresión del control de pasaportes); se había liberalizado (o armonizado) el sector de servicios y el ejercicio de numerosas profesiones; toda mercancía de cualquier país de la Unión podía ser libremente comercializada en cualquier punto de la comunidad; se había reforzado, si no unificado, la colaboración policial entre los Estados miembros en materias como lucha contra el crimen, drogas, asilo e inmigración; había avanzado considerablemente la libre prestación de servicios como transportes aéreos, terrestres y marítimos, y existía ya una amplia base jurídica, emanada del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que regulaba y garantizaba la aplicación de las reglas del mercado único en régimen de libre y justa competencia.

El Acta Única de 1986, que como ya ha quedado dicho modificó los tratados fundacionales y especialmente el tratado de Roma de 1957, además de asumir la realización del mercado único interior como objetivo esencial de la comunidad y consagrar los objetivos de la unión económica y monetaria y de la cohesión económica y social, institucionalizó el Consejo Europeo, pero, de acuerdo con la visión política de Delors de Europa como federación de estados-nación, reforzó paralelamente tanto a la Comisión como al parlamento Europeo, que en adelante se incorporaría al proceso legislativo comunitario.

El Tratado de Maastricht de 1991, finalmente, hizo de lo que seguía siendo una comunidad económica europea, una entidad política, la Unión Europea. En primer lugar, definió sus instituciones: el Consejo Europeo, como órgano supremo de la dirección política de la Unión; la Comisión, como instrumento ejecutivo; el Consejo de Ministros (de asuntos generales y de asuntos especializados), como instancia de las tomas de decisiones, acordadas por voto mayoritario y ponderado, y de coordinación entre los Estados miembros sobre políticas comunes; el parlamento Europeo, órgano deliberante, de consulta y ahora también de codecisión de la política comunitaria, y de control de la Comisión, con capacidad para votar la investidura del presidente de ésta y de promover mociones de censura sobre su gestión; el Tribunal de Justicia, integrado por quince jueces, como instrumento de garantía en la aplicación e interpretación del derecho comunitario; y el Tribunal de Cuentas, creado en 1975, para controlar ingresos y gastos de la Unión y de todos sus organismos. Maastricht, en segundo lugar, concretó los objetivos de la Unión: la ciudadanía europea, el mercado único, la integración económica y monetaria, la política exterior común. Estructuró la Unión sobre tres pilares: la Comunidad Europea (mercado interior, políticas económica comunes, unión monetaria), responsabilidad básica de la Comisión y por tanto, de naturaleza federal; la política exterior y de seguridad común (un objetivo nuevo, afirmar el papel de Europa en el orden internacional, que integraba los acuerdos de cooperación que la CEE había ido firmando con otros organismos internacionales en el curso de los años y anticipaba una posible política de defensa europea propia) y la cooperación judicial y policial (cooperación en las áreas de derecho civil y penal, lucha policial contra la criminalidad, políticas de inmigración y asilo, libre circulación de personas), ambas, política exterior y cooperación judicial, responsabilidad de los Estados miembros y de naturaleza intergubernamental. El Tratado especificaba los procedimientos comunitarios y los intergubernamentales, es decir, fijaba los modos de participación y votación de las distintas instituciones y gobiernos en las aéreas de su competencia y en las instancias de codecisión: introdujo, además, el principio de subsidariedad, en virtud del cual la Comunidad (la Comisión) no intervendría en asuntos que no fueran de su competencia más que cuando la intervención comunitaria fuese más eficaz que la de los Estados miembros.

Maastricht, además, precisó los objetivos y las acciones de las políticas comunes: el desarrollo regional, con el objetivo de rectificar, a través de los fondos estructurales (si se recuerda: FEDER, FSE y FEOGA, ahora unificados en el Fondo de cohesión), los desequilibrios regionales en Europa y de actuar en las zonas atrasadas y en declive, política decisiva para países como Grecia, España, Portugal e Irlanda, sus grandes beneficiarios; la política social, ya definida en la carta de derechos sociales de 1989, para profundizar en la dimensión social de la Unión y garantizar derechos como, entre otros, la libre circulación, la protección social, la negociación colectiva, la igualdad de hombres y mujeres, la protección de niños y adolescentes, o los derechos de las personas discapacitadas; la política agraria común, la política de investigación y desarrollo, la política medio-ambiental. Por último el Tratado, como vemos complejísimo, anunció la creación de nuevos órganos (el Banco Central Europeo, el Comité de las Regiones) o integró otros preexistentes, como el Comité Económico y Social, en la nueva estructura, y fijó los criterios de convergencia (de inflación, déficit presupuestario, deuda pública y tasas de interés) para llegar a la moneda única.

EUROPA: ILUSIÓN Y REALIDAD

Con Maastricht y el nacimiento de la Unión Europea, por tanto, el proceso iniciado en Roma en 1957 (y si se quiere, antes: en 1950, con el Plan Schuman y la CECA de Monnet) parecía culminado. De hecho, por múltiples conceptos (territoriales, institucionales, de competencias y jurídicos) la Unión Europea era ya algo muy distinto y sin duda superior a la Comunidad Económica Europea: como diría Ralf Dahrendorf, el influyente sociólogo y ensayista de origen alemán vinculado a prestigiosas instituciones académicas británicas (London School of Economics, St. Antony’s College de Oxford), la Europa de Monnet había muerto[14]. La ironía estaría en que el Tratado de Maastricht, lejos de provocar entusiasmo, dividió a Europa. Los años 90, sobre todo los años 1993-1998, fueron años decepcionantes para la construcción europea, años de acentuado pesimismo sobre la realidad y el futuro de la Unión. El historiador Tony Judt, por ejemplo, argumentaría en su ensayo ¿A Grand Illusion? An Essay on Europe (1996) que Europa era un mito demasiado abstracto para lograr la adhesión popular y que las condiciones sociales y económicas de los años 90 (desempleo, envejecimiento de la población, inmigración, tensiones regionales) estaban haciendo reaparecer las viejas naciones europeas y que, en cualquier caso, harían de la ampliación de la Unión a la Europa del Este una operación costosísima y probablemente, imposible.

El tratado de Maastricht fue, en efecto, un texto demasiado ambicioso y, por su complejidad, de difícil comprensión (especialmente en casos como, por ejemplo, el principio de subsidariedad, fuente permanente de confusión): los daneses lo rechazaron en el referéndum que para su ratificación se celebró el 2 de junio de 1992 (aunque finalmente lo aprobaron en mayo de 1993); en Francia, principal valedora del tratado, fue aprobado por una exigua mayoría. El proceso hacia la unión monetaria tropezó enseguida con la grave crisis financiera que toda Europa padeció en 1992-1993. La ralentización del crecimiento económico que se observó desde 1995, aun no afectando a todos los países de la misma manera; el aumento del desempleo en Alemania y Francia; los enormes déficit públicos que arrojaban las economías de Grecia, Bélgica o Italia; la gravísima crisis política que la misma Italia vivía desde 1990-1991, hicieron pensar que algunos países no podrían cumplir con los criterios de convergencia hacia la unión monetaria impuestos en Maastricht. Ante las dificultades, se empezó a hablar de la conveniencia de construir una Europa «a la carta», esto es, de que cada país trazara sus propios objetivos y plazos de convergencia; o una Europa «de varias velocidades» o de «geometrías asimétricas»; o una Europa de «núcleo duro», en la que algunos países (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo) formarían una Europa federal a la que gradualmente, y cuando las circunstancias lo permitiesen, irían incorporándose los restantes. No las viejas naciones, sino formas de populismo neonacionalista, en este caso movimientos xenófobos contra la inmigración y las minorías étnicas, como el Partido Austriaco de la Libertad (FPÖ) de Jörg Haider o el Frente Nacional francés de Jean Marie Le Pen, que parecían una reedición del nacionalismo de la extrema derecha de los años veinte y treinta, adquirieron en los años 90 un tan creciente como sorprendente, apoyo electoral: Le Pen logró el 15 por ciento del voto popular en las elecciones presidenciales francesas de 1995: el FPÖ de Haider, el 26,91 por ciento en las legislativas austríacas de 1999.

La caída del comunismo en 1989 había creado a su vez un horizonte político enteramente nuevo para la Unión. La reunificación alemana en 1990, por integración de la República Federal y la República Democrática Alemana (la Alemania del Este, la Alemania comunista creada, como la República Federal, en la posguerra), provocó temor al reforzado poder de Alemania en la Unión y desconfianza, ante la posibilidad de que la nueva Alemania pudiera provocar un desplazamiento de los intereses europeos hacia la Europa central y del este, tradicionales zonas de influencia de Alemania desde el siglo XIX. Al margen de las incertidumbres que existiesen sobre las posibilidades mismas de la operación y sobre sus efectos sobre la estructura institucional europea, la posibilidad de ampliación de la Unión Europea a la Europa del este, planteada ya claramente desde 1991, puso de relieve la indefinición conceptual de Europa y replanteó el debate sobre la realidad histórica y cultural del continente: el libro, y es tan sólo un ejemplo, del historiador anglo-sajón Norman Davies Europe. A History (1997) enfatizaba, así, la centralidad de países como Polonia en la historia europea y ponía de relieve la naturaleza evolutiva y aún provisional de estados e identidades europeas a lo largo de los siglos. Con la creación del Comité de las Regiones, un organismo meramente consultivo en cuestiones de interés para las regiones (educación, cultura, cohesión económica y social, ordenación del territorio…) y que en 1998 tendría ya un total de doscientos veintidós representantes, el Tratado de Maastricht había dado, además, reconocimiento oficial a la cuestión regional. Era probablemente inevitable. El desarrollo de la Europa regional tenía básicamente tres causas: las mismas y considerables desigualdades en el nivel de desarrollo de las distintas regiones europeas, realidad puesta de relieve especialmente con las sucesivas ampliaciones de la comunidad; la reaparición desde los años 60, como veremos en otro capítulo, de conflictos etno-nacionalistas y regionalistas en países como España, Bélgica o Gran Bretaña (en regiones como el País Vasco, Cataluña, Galicia, Flandes, Irlanda del Norte, Escocia y Gales); y la emergencia, como consecuencia del formidable flujo de bienes y servicios (tecnología, capital, información) en una economía mundial cada vez más globalizada, de regiones, o áreas económicas transnacionales (Singapur-Malasia-Batam, Silicon Valley-bahía de San Francisco, Alpes-Ródano-norte de Italia-Suiza, Baden Würtemberg-Alto Rhin…), como nuevos centros de decisión y gestión económicas. Que por todo ello las regiones (todo tipo de regiones: regiones naturales, regiones políticas, regiones transfronterizas, como el Arco Atlántico o la Europa del Mediterráneo) terminasen incorporándose al proyecto europeo, era natural. Pero añadía otro frente de incertidumbre a la integración: planteaba que Europa habría de ser no sólo una Europa supranacional y una Europa de naciones, sino también una Europa de las regiones y aún, una Europa de las ciudades. Los partidos etno-nacionalistas europeos (nacionalismo vasco, nacionalismo escocés, nacionalismo catalán) veían Europa como una posibilidad para el reconocimiento de sus viejos planteamientos «nacionales». El ya citado Dahrendorf advertiría en 1994 que una Europa de las regiones sería la peor de las recetas para la integración[15].

Con todo, fue la impotencia que la Unión Europea manifestaría ante los nuevos y graves conflictos internacionales de la década (guerra del Golfo de 1991, guerras en la ex Yugoslavia de 1991 a 1995, guerra de Kosovo de 1999) lo que reveló las contradicciones de la idea de Europa. Carente en la práctica (fuese lo que fuese lo que dijeran sus tratados institucionales) de una política exterior y de defensa común, incapaz moralmente de asumir responsabilidades militares, profundamente dividida ante los conflictos (por ejemplo, en el caso de la ex Yugoslavia, Francia y Gran Bretaña creyeron por un tiempo en el papel moderador de Serbia, una herencia probablemente de la II Guerra Mundial; Alemania fue desde el primer momento, por el contrario, partidaria de la partición y precipitó el reconocimiento de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina), la Unión Europea, un gigante económico, parecía un enano político: desde luego, carecía de capacidad de liderazgo internacional (y de hecho, serían los Estados Unidos quienes acabarían asumiendo las máximas responsabilidades militares y diplomáticas en la resolución de los conflictos citados). En ese contexto, el Tratado de Ámsterdam de 1997, elaborado para rectificar los excesos de Maastricht y profundizar en la integración, fue decepcionante. Peor todavía, en 1999 la Comisión conocería la crisis más grave de su historia: la dimisión del presidente Santer, el hombre que había sustituido a Delors en 1995, y de todo su «gobierno» o comisarios (que eran ya veinte; con Hallstein habían sido doce; con Delors, dieciocho), por graves acusaciones contra algunos de ellos por corrupción, nepotismo e ineficacia.

La Europa comunitaria parecía estar viviendo su hora más negra desde 1950. Sin embargo, como diría el politólogo inglés Larry Siedentop en La democracia en Europa (en inglés, año 2000), la integración europea era en el año 2000, a todos los efectos, «un hecho concluido», una realidad histórica[16]. Podían faltarle —ese era el argumento de Siedentop— legitimidad democrática, una Constitución, un Senado, una identidad cultural clara. Pero la Unión Europea, a la que en 1995 se habían incorporado Austria, Finlandia y Suecia, tenía ya multitud de competencias, poder de intervención en numerosas materias y grandes recursos humanos y financieros, una burocracia de cerca de veinte mil personas, un mercado interior único, moneda común (el euro), un Banco Central común (y desde 1999, un responsable de la política exterior y de seguridad, el español Javier Solana), y regulaba la libre circulación de personas, mercancías y capitales por su territorio, sus aduanas exteriores, la agricultura, la pesca y los transportes de los Quince, los derechos de ciudadanía de sus trescientos treinta millones de habitantes y la casi totalidad de asuntos judiciales y policiales que convenían a su seguridad.

Era cierto que en la construcción de la unidad europea se había optado, desde Monnet, por una estrategia gradualista que atendiese, primero, a lo que parecía menos problemático y más determinante: la unidad económica, la unión aduanera, el mercado común. Para Monnet, efectivamente, las ideas no servían si no se traducían en instituciones, y probablemente llevaba razón. En cualquier caso, merced a un hombre como él, más próximo al funcionario que al ideólogo brillante o al líder carismático, Europa tendría ideas e instituciones. Porque aquel hombre de aspecto anodino y mentalidad burocrática, ambicionaba un proyecto fantástico y tal vez imposible: una Europa sin naciones, unos Estados Unidos de Europa. La Unión Europea del año 2000 no era, ya lo hemos visto, los Estados Unidos europeos de Monnet. Pero las ideas y los valores morales y políticos fundacionales no se habían olvidado, o no completamente. Los recordó en 1995 el presidente francés François Miterrand a la vista de las guerras que provocaron la disgregación de Yugoslavia: «Europa —dijo—, es la paz. El nacionalismo, es la guerra»[17].

TERCER PARTE

EL RETORNO DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO V

ETNO-NACIONALISMO:

LA PERSISTENCIA DEL HECHO NACIONALISTA

Hacia 1970, buena parte de Europa asociaba todavía nacionalismo con fascismo y xenofobia: «la imagen dominante hoy día del nacionalismo —escribía Anthony D. Smith en 1971— es sobre todo negativa». «Como consecuencia de las dos guerras mundiales y de los horrores nazis —añadía—, ha perdido gran parte de su antiguo atractivo»[1].

La afirmación de Smith, sin embargo, empezaba hacia 1970 a no ser cierta. El estallido en los Estados Unidos desde mediados de la década de 1960 de graves disturbios raciales asociados al «nacionalismo negro»; el auge desde las mismas fechas —con algún precedente— de movimientos nacionalistas en Quebec, Irlanda del Norte, País Vasco, Cataluña, Galicia, Córcega, Escocia, Gales y Flandes, para cuya conceptualización, precisamente, el politólogo norteamericano Walker Connor había acuñado en 1967 el término «etno-nacionalismo»; el estallido, a partir de 1989, tras la desintegración de Yugoslavia y de la Unión Soviética, de violentas guerras etno-nacionales en los Balcanes y en el Cáucaso, mostrarían que nacionalismo, etnicidad, sentimientos nacionales y nacionalistas, suscitaban nuevamente un fuerte atractivo emocional, incluso en el aparentemente desnacionalizado mundo occidental[2].

EL RESURGIMIENTO ETNO-NACIONALISTA EN OCCIDENTE

La tesis de Smith no era, tampoco, del todo errónea. Llevaba razón, con toda seguridad, al afirmar que la imagen dominante de los viejos nacionalismos era hacia 1970 negativa. Ocurría, sin embargo, que el resurgir etno-nacionalista de los años 60 y 70 suponía, en muchos sentidos, un hecho nuevo (aunque especialistas como el propio Connor dijeran que el nuevo etno-nacionalismo era, simplemente, nacionalismo a secas). El caso norteamericano era un buen ejemplo. Era evidente que la lucha de los negros en los Estados Unidos por sus derechos civiles y contra la segregación tenía hacia 1960-1965 una larga historia. Había culminado, probablemente, con la gigantesca «Marcha sobre Washington» (unas doscientas cincuenta mil personas) que, encabezada por Martin Luther King, tuvo lugar el 28 de agosto de 1963. El movimiento de los Musulmanes Negros, por poner otro ejemplo, que desde su creación en 1930 había venido planteando la «separación» de la minoría negra norteamericana bajo la bandera del Islam, había crecido también considerablemente desde 1950, especialmente tras la aparición de la fulgurante personalidad de Malcolm X (1925-1965). Pero la aparición en 1966 del Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos, organismo que aspiraba a movilizar el activismo de los estudiantes universitarios negros, dirigido por Stokely Carmichael, un intelectual radical nacido en Jamaica y muy influido por la personalidad y el pensamiento de Fanon; y la creación aquel mismo año de la organización Panteras Negras (Black Panther Party), un partido político dirigido por Huey Newton, Bobby Seale y Eldridge Cleaver, que abogaba abiertamente por la violencia y cuyos militantes vestían militarmente (boinas, cazadoras y gafas negras), portaban armas y levantaban el puño cerrado en señal de saludo, replantearon de raíz la cuestión. El problema racial derivó, por un lado, hacia la reivindicación del «poder negro», eslogan, pronto popularísimo, derivado del título del libro Black Power que Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton escribieron en 1967, tras el que emergía la afirmación del hecho negro como expresión de la existencia de una «nacionalidad» negra norteamericana propia y distinta. Por otro, la cuestión generó una ola de violencia sin precedentes. Gravísimos disturbios raciales sacudieron las ciudades de Los Angeles, Chicago, Newark y Detroit entre 1965 y 1968; nueve policías y diez activistas negros murieron en choques entre la policía y los Panteras Negras entre 1967 y 1969[3].

En Canadá, donde en 1960 ni siquiera en Quebec se usaba el término «quebequés» para designar a la población francófona de dicho estado (se decía «franco-canadiense») y donde prácticamente no había habido jamás violencia política, el Frente de Liberación de Quebec, una organización independentista creada en 1963, colocó entre ese año y 1970 cerca de un centenar de bombas y asesinó a ocho personas, entre ellas a Pierre Laporte, ministro de Trabajo del propio estado de Quebec. Un partido nacionalista de creación tardía (1968), el Partido Quebequés, liderado por René Levesque, ganó en 1976 las elecciones del estado, y en 1980 planteó un primer referéndum para decidir la continuidad o no de Quebec en Canadá[4]. En Francia, en Córcega, donde el autonomismo corso, surgido en 1927, había sido literalmente insignificante, entre 1971 y 1982 se registraron cerca de tres mil incidentes terroristas de distinto tipo (voladuras de líneas eléctricas, atentados contra comisarías de policía y cuarteles del ejército…), casi todos ellos reivindicados por el Frente de Liberación Nacional de Córcega, creado en la clandestinidad en mayo de 1976. En Irlanda del Norte, donde no había habido violencia entre protestantes y católicos desde 1935, la reaparición a partir de 1968-1971 del terrorismo del IRA, el ejército Republicano Irlandés, provocaría hasta 1998 un total de tres mil doscientos ochenta y nueve muertos y de cuarenta y dos mil ochenta y ocho heridos, en una provincia con una población en 1997 de un millón seiscientos setenta y cinco mil habitantes. En la misma España, que no había conocido violencia nacionalista antes de 1968 —aunque como vimos el problema de los nacionalismos catalán, vasco y gallego había aparecido a finales del siglo XIX—, el terrorismo de ETA, organización independentista vasca creada en 1959, produjo entre 1968 y 2000 cerca de ochocientos muertos (para una población de dos millones cien mil habitantes en 1980), casi todos ellos, unos setecientos cincuenta, no bajo la dictadura de Franco (1939-1975), sino tras el restablecimiento de la democracia a partir de 1975[5].

El resurgimiento nacionalista de los 60 constituía, pues, un hecho político en muchos sentidos nuevo y en cualquier caso, una realidad de indudable importancia. El impacto de todo ello fue, además, considerable. En los Estados Unidos, el nacionalismo negro, al carecer de base territorial, no pudo ser otra cosa que una forma extrema de protesta racial, que disminuiría además sensiblemente desde 1972-1973, por la acción policial y por la propia desintegración interna de los Panteras Negras, una organización cuyas prácticas bordearían muchas veces la mera delincuencia criminal: violaciones, drogadicción, alcoholismo. Pero, salvo esa excepción, el problema adquiriría en otros países dimensión considerable. Y se comprende. La reaparición del IRA reabría la cuestión irlandesa, aparentemente cerrada con la partición de 1921: el IRA planteaba la desaparición del Ulster, de Irlanda del Norte, como provincia protestante unida al Reino Unido y exigía su integración en la República de Irlanda. El nacionalismo quebequés reclamaba la independencia de Quebec (unos seis millones cuatrocientos mil habitantes en 1980: 80 por cien francófonos y católicos; 20 por cien anglófonos y protestantes) o, en todo caso, una asociación de soberanía entre Quebec y Canadá que reconociese los derechos «nacionales» de Quebec. ETA aspiraba a la integración en un estado vasco independiente de los territorios vasco-españoles y vasco-franceses, y de la provincia de Navarra. El Bloque Flamenco, una coalición de partidos nacionalistas radicales creada en 1978, propugnaba la formación de una nación flamenca de base étnica, integrada por Flandes y los enclaves franceses de habla flamenca, y asociada a Holanda. El nacionalismo extremista corso planteaba, sencillamente, la independencia de Córcega. El nacionalismo catalán quería la construcción de la nación catalana dentro de España, pero de una España entendida como un estado plurinacional donde Cataluña tuviese el mismo rango de nación que la propia España.

Aunque esos objetivos no se hubiesen alcanzado en el año 2000, el ascenso nacionalista induciría en muchos casos a impulsar y asumir cambios políticos y constitucionales verdaderamente sustantivos. En Suiza, la agitación en defensa de la identidad francesa y católica de una parte de la población jurasiana —agitación encabezada por la organización Rassemblement Jurassien (Unidad Jurasiana) creada en 1947 y que incluyó brotes de terrorismo en los años 1962, 1965 y 1966— dio lugar a la creación en 1978 de un nuevo cantón, por división del Jura según la frontera lingüística entre francófonos y germanófonos, con la aceptación, por tanto, de los planteamientos del nacionalismo jurasiano. En Italia, la movilización de la población germana de la pequeña provincia del Alto Adigio o Tirol del Sur, población que suponía el 60 por ciento de la población provincial, una movilización articulada por el católico y anticomunista Partido del Pueblo Sudtirolés (SVP) —y que se tradujo, como en el Jura, en distintos episodios terroristas también en los años 60—, llevó a la negociación de un nuevo estatuto de autonomía para la provincia, aprobado en 1969, que supuso el bilingüismo, la transferencia a la región de amplios poderes administrativos y legislativos, el control de la educación por las autoridades autónomas y el equilibrio italo-germano en los puestos del funcionariado de la administración provincial.

En Canadá, a pesar de que el Partido Quebequés perdiera el ya citado referéndum de 1980 —perdería también el poder regional en Quebec entre 1985 y 1994—, el gobierno central (federal) modificó en 1982 la Constitución de 1867 a fin de completar la soberanía nacional canadiense frente a Gran Bretaña, y proceder después a renegociar la integración de Quebec en Canadá, en la federación canadiense, como «sociedad diferenciada» (distinct society, en inglés) por su lengua, religión e instituciones. En Bélgica, el auge del nacionalismo flamenco, cuyo principal partido, la Volksunie o Unión Popular, pasó del 3,8 por ciento del voto flamenco en 1958 al 18,8 por ciento en 1971, impulsaría una dinámica de cambios constitucionales sucesivos que harían de Bélgica un estado federal. En 1961, se estableció la existencia a todos los efectos (judiciales, administrativos, educativos) de comunidades lingüísticas; en 1970, se acordó la división de Bélgica en tres comunidades culturales —flamenca, francesa y alemana— y en tres regiones administrativas (Flandes, Valonia, Bruselas-capital), cuyas competencias e instituciones fueron perfiladas y definidas entre 1980 y 1989; en 1995, se aprobó la elección directa de las asambleas legislativas de las regiones previamente creadas.

La Constitución de 1978, aprobada tras el restablecimiento de la democracia a la muerte de Franco en 1975, configuró a España como un «estado de las autonomías», integrado por «nacionalidades» (en principio, Cataluña, País Vasco, Galicia) y regiones. País Vasco (Euskadi), Cataluña y Galicia tendrían a partir de 1980 el mayor grado de autogobierno de toda su historia moderna. En Francia, el gobierno central aceptó en 1982 la concesión de una autonomía limitada a Córcega, con la creación de una Asamblea territorial corsa elegida por sufragio universal y la transferencia a la misma de competencias en materias como turismo, educación, comunicaciones y medio ambiente. En Italia, la irrupción electoral desde 1990 de la Liga Norte, una confederación de partidos autónomos de regiones del norte del país que sobre la muy artificial idea de Padania (la región del valle del Po, de Lombardía al Véneto) capitalizó el malestar del norte de Italia contra la mezcla de subdesarrollo, mafias, clientelismo político y gigantesco gasto público que parecía caracterizar al Sur del país, plantearía la posibilidad de una reforma federalista de la República. En la misma Gran Bretaña, un país sin regiones ni provincias, la coincidencia del recrudecimiento del problema de Irlanda del Norte con el crecimiento de los nacionalismos escocés y galés, más la percepción del evidente declinar de Gran Bretaña en el mundo desde la pérdida del Imperio y su polémica entrada en Europa en 1973, abrió un inusitado debate sobre la «ruptura», «muerte» o «abolición» de Gran Bretaña, un debate sobre el papel de Gran Bretaña (a la luz de su historia) en una Europa transnacional, y por extensión, sobre la naturaleza del estado-nacional británico (para muchos, inexistente) y sobre la identidad «inglesa» —siempre difuminada y débil, y más una evocación poética, histórica, que una realidad política—, y con ello, sobre la necesidad de proceder a reformar profundamente instituciones como el parlamento y la monarquía y aún su organización territorial[6]. Todavía en los plebiscitos que el 1 de marzo de 1979 se celebraron de cara a la posible concesión de autonomía a Escocia y Gales —«devolución» de poderes, según la fórmula británica—, la «devolución» fue ampliamente derrotada: en Gales, sólo votó a favor el 12 por ciento del electorado y en Escocia, el 33 por ciento. Pero replanteada en 1997 por el Partido Laborista —que había hecho de la reforma constitucional del país una de las piezas de su alternativa tras el largo periodo de hegemonía conservadora entre 1979 y 1997—, la devolución logró el 50,3 por ciento de votos en Gales, y el 74,9 por ciento en Escocia, regiones que tendrían así, desde 1999, Asamblea (Gales) y parlamento (Escocia) propios y autónomos.

TEORÍAS DEL NACIONALISMO

El resurgimiento de los nacionalismos (etno-nacionalismos; nacionalismos periféricos; nacionalismos de minorías nacionales; micro-nacionalismos) tenía sin duda muchas y distintas causas. Ya los primeros historiadores del nacionalismo, Carlton J. Hayes y Hans Khon, entendieron por lo menos que la cuestión era en extremo compleja, y que explicar el nacionalismo, sencillamente, como la afirmación del sentimiento de identidad de los pueblos y del derecho de las nacionalidades a su autogobierno, era explicar poco[7]. La publicación en 1966 de una nueva edición del libro de Karl Deutsch Nationalism and Social Communication, publicado originalmente en 1953, replanteó, en cualquier caso, todas las teorías e interpretaciones generales de la cuestión. Deutsch entendía, en efecto, el nacionalismo, no como la expresión «natural» de la identidad «esencial» de los pueblos, sino como un proceso social —la formación de una nacionalidad común— resultado de la interacción, ya en los siglos XIX y XX, de la modernización económica y de la intensificación de la comunicación social: resultado, en otras palabras, de la progresiva integración territorial, funcional y económica de mercados, ciudades y regiones (gracias a ferrocarriles, barcos de vapor, bolsas de valores, unificación de monedas, supresión de aduanas interiores…), y de la extensión de una educación unitaria y común (en la escuela, a través del servicio militar obligatorio, etcétera) y de medios modernos y previamente inexistentes de comunicación (prensa nacional diaria, suplementos gráficos, libros populares, telégrafo, manuales de historia, etcétera). Deutsch vinculaba, así, nación y nacionalismo con industrialización, urbanización y nuevas formas de información y educación social, y también con construcción del estado moderno y ampliación de sus servicios. La nacionalidad era, desde esa perspectiva, un hecho sociológico: la asociación de un amplio número de individuos —élites nacionales y regionales, clases medias, clases populares—, unidos por múltiples y complejos canales de comunicación social e integración económica.

Historiadores, politólogos y sociólogos matizarían o revisarían ampliamente las ideas y planteamientos de Deutsch y, bien bajo su influencia o al margen de ella, propondrían explicaciones alternativas, pero igualmente sugestivas y fructíferas. El debate, sustancial para el conocimiento académico del hecho nacionalista, iba a ser, en efecto, particularmente relevante. Gellner, por ejemplo, explicaría el nacionalismo en razón de su función social, como el factor esencial de cohesión de la sociedad industrial y urbana moderna. Entendía, por tanto, que la aparición del nacionalismo necesitaba —como para Deutsch, pero desde perspectivas distintas— de cambios fundamentales y permanentes en la estructura de la propia sociedad: 1) que la colectividad, y no una elite reducida o el poder personal, viniera a ser la base de la legitimidad del poder; 2) que cristalizasen nuevos sistemas de posiciones y roles sociales por la creciente división y especialización del trabajo; 3) que una cultura ya moderna, y no religiones o mitos, fuese el instrumento fundamental de homogeneización de la sociedad[8]. El historiador checo Hroch, interesado no en teorías generales del nacionalismo sino en el caso específico de los nacionalismos centro-europeos, especificaba que la existencia de una pequeña burguesía intelectual, la movilidad social de la población, el desarrollo de las comunicaciones y la implantación de economías capitalistas, eran «precondiciones» necesarias al desarrollo de la conciencia nacional. También para Hroch, por tanto, el nacionalismo era un proceso. Hroch, en efecto, constataba la existencia de fases en la evolución de todo nacionalismo, desde las formulaciones ideológicas iniciales —en las que el nacionalismo era una mera idea o un simple discurso— hasta su plenitud como fuerza política y social, cuando era ya un hecho de masas[9].

Los constructivistas o «modernistas» (como los llamaría Anthony D. Smith, el autor con una obra más amplia y competente sobre la cuestión[10]) explicarían, en suma, el nacionalismo como resultado de la naturaleza misma de la sociedad moderna. La teoría admitía, lógicamente, numerosas variables. En uno de los libros más influyentes, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (1983), Benedict Anderson decía que las naciones eran «comunidades imaginadas», un hecho posible sólo a raíz del desarrollo del «capitalismo de imprenta», del lenguaje impreso (libros, periódicos, enciclopedias, diccionarios, gramáticas, historias nacionales…); y que, como tales, los nacionalismos eran invenciones modernas, construcciones deliberadas. La tesis de Paul Brass, especialista en las identidades del subcontinente indio, era parecida, aunque con algún matiz distinto: relacionaría el nacionalismo con el uso que de tradiciones, símbolos y emociones étnicas y culturales, harían las élites (locales, regionales, nacionales) como estrategia de poder. En el caso de Gran Bretaña, Hechter explicaba el nacionalismo étnico de la «franja celta» (Irlanda, Gales, Escocia) como resultado del «colonialismo interno» que había marginado a dichas regiones, todas ellas periféricas, en la historia del país desde el siglo XVI; Tom Nairn lo hacia en virtud del «desarrollo desigual» de las regiones en la formación de la Gran Bretaña contemporánea, teorías («colonialismo interno», «desarrollo desigual») que sus autores pensaban que podían tener valor explicativo universal[11]. Así, en su análisis de los casos de Cataluña, Quebec y Escocia, Michael Keating plantearía una versión «invertida» de la tesis del «desarrollo desigual»: nacionalismo como proyecto racional y moderno para la articulación de comunidades de base étnica pero dinámicas y desarrolladas (como era el caso, a fines del siglo XX, del modelo de Keating, esto es, Cataluña, Quebec y Escocia, y también de Lombardía, País Vasco y Flandes). Keating, concretamente, explicaba el resurgimiento del nacionalismo en Quebec, Cataluña y Escocia en razón de su propio desarrollo económico y tecnológico, del «despegue» que habían supuesto la llamada «revolución tranquila» de Quebec entre 1960 y 1970 —que hizo del estado una de las áreas más prósperas de América del norte— el descubrimiento de petróleo en el mar del Norte para Escocia, y el continuo crecimiento de Cataluña. Correcta o no, la idea de Keating distaba mucho de ser vulgar: lejos de amenazar su identidad, desarrollo y modernización económica habían reforzado la conciencia nacional y los sentimientos nacionalistas de Escocia, Cataluña y Quebec; al menos, habían roto su dependencia respecto de Gran Bretaña, España y Canadá respectivamente, y debilitado paralelamente la soberanía económica y financiera de éstas últimas, esto es, de los respectivos Estados-nacionales[12].

«Primordialistas», «perennialistas» y «etno-simbolistas» plantearían explicaciones enteramente diferentes. Para los primordialistas (Geertz, van den Berghe), naciones y nacionalismos nacían de hechos sociales «primordiales» a todo grupo humano a lo largo de la historia, como la religión, la raza, la lengua, la «sangre» y el parentesco, esto es, la etnicidad. Para los perennialistas (Connor, por ejemplo, y con matices, el propio Anthony D. Smith), la nación, bajo una forma u otra, había existido siempre y tenía un origen básicamente étnico-lingüístico y emocional —objeto de mitos y leyendas, y de distintas representaciones simbólicas—, lo que explicaba que los resurgimientos nacionalistas y etno-nacionalistas, como el que venía produciéndose desde mediados de los años 60, fuesen hechos recurrentes en la historia. En palabras de su principal representante, Anthony D. Smith, el etno-simbolismo trataba de descubrir el legado simbólico de las identidades étnicas de naciones y nacionalidades modernas, y explicaba que el nacionalismo contemporáneo reinterpretaba símbolos, mitos y tradiciones étnicas como respuesta a la crisis de la modernidad. Connor, a su vez, vendría a decir que el etno-nacionalismo no era sino puro nacionalismo, y que la perplejidad que había producido su resurgimiento en los años 60 era consecuencia, por un lado, de la tendencia a subestimar su fuerza emocional y, por otro, del doble error de pensar que el aumento de las comunicaciones y de la movilidad de las poblaciones tendía a difuminar las identidades regionales, y de creer que los estados occidentales eran Estados-nacionales plenamente integrados[13].

Smith lo resumió brillantemente. Para las teorías «modernizadoras», la nación era, pues, una comunidad política moderna, creada o inventada, una realidad plural construida por las élites y vertebrada por los medios de comunicación modernos; para el perennialismo, la nación era, en cambio, una comunidad cultural inmemorial, orgánica, popular, de base étnica y ancestral[14]. En cualquier caso, las nuevas teorías de la nación ponían de relieve que términos como nación, nacionalismo, estado-nacional, nacionalidad, identidad nacional, etnicidad, etno-nacionalismo, implicaban, cualquiera que fuese la opinión al respecto, procesos históricos de gran complejidad. Los nuevos nacionalismos occidentales tenían mucho en común: la aspiración a la autodeterminación de pueblos, minorías y nacionalidades. Pero también, múltiples diferencias. Los nacionalismos vasco, flamenco, irlandés, galés, corso, gallego, eran «nacionalismos étnicos», para los que etnicidad y comunidad de origen y lengua fundamentaban sus respectivas identidades y nacionalidades; los nacionalismos quebequés y catalán, y probablemente el escocés, eran «nacionalismos cívicos», basados, no obstante su base cultural y lingüística, en los valores y filosofía política del autogobierno constitucional, primacía de la sociedad civil y derechos individuales y cívicos[15].

NACIONALISMOS DIVISIVOS

Eso influiría decisivamente en la evolución que, en los distintos casos, tendría el problema nacionalista. Todos los nacionalismos periféricos modernos estuvieron fuertemente condicionados por sus respectivos contextos nacionales y regionales. De ahí que el problema del resurgimiento nacionalista no fuese sólo la cuestión del fundamento último de las distintas identidades nacionales. Ése era un problema —lo hemos visto— puramente académico. El problema político, e histórico, era otro. Como planteó, con razón, el historiador Eric J. Hobsbawn en su libro, de 1989, sobre el nacionalismo, los nacionalismos occidentales de fines del siglo XX, por tratarse de nacionalismos que aparecían en Estados ya plenamente desarrollados y largamente consolidados (España, Francia, Canadá, Gran Bretaña, etcétera), eran nacionalismos «esencialmente negativos», o mejor, siempre en sus palabras, «divisivos». Para Hobsbawm, eran reacciones defensivas frente a amenazas o reales o imaginarias (como movimientos internacionales de población, revolución tecnológica en transportes y comunicaciones, movimientos económicos transnacionales, secularización, cambios sociales y económicos vertiginosos, etcétera), y afirmaciones de etnicidad e identidad, no por la «opresión» del estado central sino precisamente por lo contrario; por el carácter no nacional y no nacionalista del estado posterior a 1945[16].

Y lo que era, desde mi perspectiva, más importante todavía; las mismas nacionalidades o regiones etno-nacionalistas eran de hecho sociedades plurales. De ahí precisamente que el resurgir del nacionalismo en ellas fuese muchas veces (en Quebec, País Vasco, Irlanda del Norte…) factor de división política y aún de polarización interna. O si se quiere: el conflicto fue —por ejemplo, en Irlanda del Norte y en el País Vasco— tanto o más un conflicto interno en la propia región o comunidad nacionalista que un conflicto entre ésta y su estado.

La evidencia al respecto parecería al menos abrumadora. El «hecho inglés», por ejemplo, era una realidad en Quebec, que representaba entre el 10-20 por ciento de la población. El nacionalismo quebequés ganó las elecciones regionales de 1976 y 1994. Pero las perdió, ante el Partido Liberal, en 1985. En el segundo referéndum sobre la soberanía, celebrado en 1995, el nacionalismo, el sí a la soberanía, logró el 49, 4 por ciento de los votos; el no nacionalismo, el no a la soberanía, el 50,6 por ciento. En Escocia, el Partido Nacionalista Escocés, creado en 1934, nunca había obtenido antes de 1970 ni el 10 por ciento del voto escocés. En 1974, llegó hasta el 30,4 por ciento, pero retrocedió sensiblemente entre 1979 y 1987, y su voto se estabilizó, en los años noventa, en torno al 21 por ciento del voto regional. Había, por tanto, «dos Escocias», como ya dijera en 1977 el historiador Christopher Harvie, que distinguía entre una Escocia «roja» —cosmopolita, unitaria, asimilista— y una Escocia «negra», rural, defensiva, localista[17]. La razón era clara. La unión con Inglaterra en 1707 no había supuesto ni la pérdida de la identidad escocesa ni la desaparición de muchas de sus instituciones (derecho y sistema judicial, instituciones eclesiásticas). Reportó, además, inmensos beneficios económicos a la región. El mismo gran resurgimiento intelectual y literario de Escocia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII (David Hume, Adam Smith, Robert Burns, Walter Scott, enseguida Carlyle y Stevenson) no fue un renacimiento gaélico, sino un renacimiento inglés: el gaélico lo hablaban en 1891 unas doscientas cincuenta mil personas de una población de cuatro millones de habitantes. Walter Scott «rehizo» ciertamente la identidad literaria de Escocia, pero como la región romántica del imaginario británico, e inseparable, por tanto, de éste. La reina Victoria (1837-1901) y sus sucesores en el siglo XX cultivaron siempre de forma muy explícita y visible su condición de titulares de la corona de Escocia. El mismo Imperio británico fue en muchos sentidos —militares, funcionarios— casi una empresa escocesa. Políticos y sindicalistas escoceses tuvieron papel principal en el nacimiento y desarrollo del laborismo y de los sindicatos británicos. En 1928 se creó una secretaría de estado para Escocia, con rango ministerial en el gobierno de Londres; en 1939, se fijo su sede en Edimburgo y se le confirieron las competencias de Asuntos Internos, Sanidad, Agricultura, y Educación. En Gales, el partido nacionalista, Playd Cymru, creado en 1925, no logró un solo diputado hasta las elecciones de 1966. Su voto entre 1974 y 2000 estuvo en torno al 9-10 por ciento del voto galés. De hecho, en los siglos XIX y XX, el laborismo y no el nacionalismo fue la manifestación del particularismo político de la región. La misma iniciativa de 1997 que, como ya se ha indicado, supuso el reconocimiento de la autonomía para ambas regiones, Escocia y Gales, fue más consecuencia de los intereses políticos del Partido Laborista británico que una exigencia de los nacionalismos escocés y galés.

En Córcega, el voto nacionalista osciló en los años 80 en torno al 7-12 por ciento del voto de la isla, llegó al 22 por ciento en las elecciones regionales de 1992, pero disminuyó hasta el 16,1 por ciento en las de 1998. En la misma Francia, antes del año 2000, el nacionalismo vasco no había superado en el conjunto del País vasco-francés el umbral del 10 por ciento del voto. El balance del nacionalismo bretón era aún menos significativo: inferior al 5 por ciento.

En España, en Cataluña, el voto nacionalista osciló, en elecciones generales, entre el 26,9 por ciento en 1977 y el 36,8 en 1996, y en elecciones autonómicas catalanas, entre el 36,6 (1980) y el 50,1 por ciento (1995); en Galicia, entre el 6,7 por ciento (1977) y el 13,1 (1996) en elecciones generales, y entre el 12,7 (1981) y el 25,1 por ciento (1997) en elecciones autonómicas gallegas; en el País Vasco, entre el 39,3 por ciento (1977) y el 46,5 (1996) en elecciones generales, y entre el 65,2 (1980) y 42,7 por ciento (2001) en elecciones vascas. En Galicia, el nacionalismo no llegó a ser ni siquiera la segunda fuerza política de la región hasta 1977; Galicia estuvo gobernada entre 1986 y 2000 no por el nacionalismo, sino por el Partido Popular, un partido «estatal» —aunque asumiera la idea y los símbolos regionales de Galicia— dirigido por el ex ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne. En Cataluña, el nacionalismo, con un voto entre 1984 y 1999 próximo a 1,3 millones de votos sobre un censo electoral de cinco millones, gobernó ininterrumpidamente entre los años 1980 y 2000: durante todo ese tiempo, el Partido Socialista catalán regía, sin embargo, la capital, Barcelona, y numerosos ayuntamientos, y su voto total en la región superaba generalmente los 800.000 votos (1.178.652 en las elecciones de 1999); la derecha españolista tendría en torno a los 200.000 votos entre 1984 y 1995, 421.752 en este último año y 295.774 en 1999. En el País Vasco, el voto nacionalista sumó en 1980 (elecciones autonómicas) 590.691 votos y el no nacionalista, 288.912. En 1994, el balance era, sin embargo, de 575.629 frente a 442.730, respectivamente; en 2001, de 742.530 (voto nacionalista) por 653.285 (voto no nacionalista)[18].

En ningún sitio fue mayor el efecto divisivo del nacionalismo que en Irlanda del Norte. Entre 1968, en que se organizó (24 de agosto) la primera marcha de derechos civiles contra la discriminación de la población católica de la provincia, y 1998, en que se firmó el Acuerdo de Paz de Viernes Santo (10 de abril), por el que los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda y representantes de todos los partidos políticos norirlandeses acordaban que Irlanda del Norte decidiría democráticamente su futuro y configuraban un nuevo marco político para la provincia, la historia de Irlanda del Norte estuvo marcada por la violencia terrorista (más de tres mil doscientos muertos y de cuarenta y dos mil heridos) y la división profunda e insalvable entre las dos comunidades, católica y protestante, de la región. El detonante de los «Disturbios» (The Troubles, el término con que los historiadores llamarían a lo sucedido en Irlanda del Norte entre 1968 y 2000) fue, sin duda, el malestar de la población católica de Irlanda del Norte por su marginación económica, social y política en el interior del Ulster mayoritariamente protestante y unionista creado tras la partición de Irlanda en 1921[*]. Por eso surgió en 1967, a imitación de la campaña pro derechos civiles de la población negra norteamericana, la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte. Pero el fondo de la cuestión era, obviamente, otro. El unionismo protestante, que gobernó ininterrumpidamente en el Ulster entre 1921 y 1972, consideraba la unión con Gran Bretaña, sancionada por el Acta de la Unión de 1800, como intangible y veía el Ulster como una sociedad presbiteriana y no gaélica, y diferenciada de Irlanda; el nacionalismo católico irlandés y norirlandés quería, por el contrario, la liquidación del poder «británico» en Irlanda del Norte y el establecimiento de un estado irlandés en toda la isla. El malestar de la población católica del Ulster pudo haberse canalizado a través de la movilización callejera y a través de la acción política de los partidos pronacionalistas. No fue así. El IRA Provisional, nacido de la escisión de la organización en 1970, vio en la tensión suscitada por las marchas pro derechos civiles de la población católica (manifestaciones y contramanifestaciones, disturbios y choques callejeros, aparición de «zonas prohibidas» en barrios católicos y protestantes…) la ocasión para retomar la acción armada: el IRA legitimaría en adelante el terrorismo como una guerra de desgaste contra el estado británico y sus fuerzas de seguridad en el Ulster (especialmente, el Royal Ulster Constabulary, esto es, la policía norirlandesa) y, tras el envío de tropas en 1969, como una guerra contra el propio ejército británico[19].

En 1969 habían muerto en distintos incidentes dieciocho personas; en 1970, veintiséis. La irrupción del terrorismo del IRA Provisional a partir de 1971 provocó una terrible escalada: ciento ochenta y seis muertos en 1971, cuatrocientos noventa y siete en 1972; doscientos setenta y cuatro en 1973; doscientos sesenta y cinco en 1975 (año en que, no obstante algún antecedente, hizo su verdadera aparición el terrorismo de respuesta de los grupos paramilitares unionistas: los Luchadores por la Libertad del Ulster, la Fuerza de Voluntarios del Ulster); trescientos catorce muertos en 1976, hasta un total, como quedó dicho, de tres mil doscientos ochenta y nueve muertos hasta 1998. Algunos atentados, o sucesos relacionados con ellos, tuvieron por su gravedad características estremecedoras. Trece personas murieron en Londonderry el domingo 30 de enero de 1972, el «domingo sangriento», cuando tropas británicas dispararon contra los manifestantes —católicos— que participaban en una marcha prohibida por el gobierno; una bomba del IRA mató el 22 de febrero de ese año a siete soldados ingleses en Aldershot (Inglaterra); nueve personas murieron en Belfast el 21 de julio, el «viernes sangriento», al estallar varias bombas del IRA. Cinco personas murieron el 5 de octubre de 1974 en un pub de Guilford (Inglaterra), como consecuencia de otra bomba del IRA, y diecinueve, más ciento ochenta y dos heridos, el 21 de noviembre de ese mismo año en un atentado similar, en un pub de Birmingham.

El 27 de agosto de 1979, el IRA mató en sendos atentados a Lord Mountbatten, primo de la reina y último virrey de la India, en Sligo (Irlanda), y a dieciocho soldados ingleses en Warrenpoint (Inglaterra); el 20 de julio de 1982, asesinó a otros ocho soldados, esta vez, en el propio Londres; el 17 de diciembre de 1983, a cinco civiles, también en Londres, en los almacenes Harrods. La bomba que hizo estallar en un hotel de Brighton durante la convención anual del Partido Conservador de 1984 mató a cinco personas más. Nueve policías murieron el 28 de febrero de 1985 en Newry en un nuevo atentado; once civiles, en Enniskillen, el 3 de noviembre de 1987; doce soldados, de la Escuela de Música de los Marines, el 22 de septiembre de 1989; nueve trabajadores protestantes, en Teebane, el 17 de enero de 1992; nueve personas, en una pescadería de Belfast, el 23 de octubre de 1993…

Por otro lado, siete presos del IRA y tres del ejército Irlandés de Liberación Nacional, un pequeño grupo rival, murieron en 1981 en distintas cárceles británicas, en medio de una gran conmoción, tras largas huelgas de hambre para reclamar su reconocimiento como «presos políticos». Los Servicios Especiales del ejército británico mataron el 8 de mayo de 1987 a ocho miembros del IRA en Loughgall, a tres más, el 6 de marzo de 1988, en Gibraltar y a otros tres, el 30 de agosto de ese mismo año, en County Tyrone. Pistoleros unionistas mataron a cinco personas en una imprenta católica de Belfast, el 5 de febrero de 1991. El UUF (Luchadores por la Libertad del Ulster) asesinó a cuatro personas en Londonderry el 25 de marzo de 1993, y a otras siete, también en Londonderry, el 30 de octubre de ese mismo año. Incluso tras la firma del Acuerdo de Paz de 1998, tres niños católicos resultaron muertos (12 de julio) en Ballymoney, por una bomba incendiaria arrojada por unionistas; un coche-bomba del IRA Real, un sector que no había aceptado el Acuerdo, mató a 29 civiles en Omagh el día 15 de agosto de ese año, en el atentado más sangriento de todos los cometidos desde el comienzo de los disturbios.

El coste humano de la violencia terrorista fue, pues, inmenso. En total, el IRA fue responsable de más de dos mil muertes, esto es, del 55 por ciento del total de víctimas; los grupos paramilitares unionistas, de unas novecientas ochenta muertes (27,5 por ciento del total); el ejército y la policía, de unas trescientas setenta (10,5 por ciento). El IRA perdió en torno a los trescientos sesenta hombres; los paramilitares unionistas, ciento diecisiete; el ejército británico, cuatrocientos ochenta y seis. El coste económico fue igualmente enorme. El Banco de Irlanda afirmó en 1990 que los Disturbios costaban a los gobiernos británico e irlandés unos cuatrocientos diez millones de libras anualmente. El desempleo en el Ulster, que en 1971 afectaba al 6,5 por ciento de la población masculina protestante y al 17,3 por ciento de la población masculina católica, era en 1991 del 12,7 y del 28,4 por ciento, respectivamente. La violencia del IRA provocó, como ha quedado dicho, el terrorismo de respuesta de los grupos paramilitares unionistas: el sentimiento de odio entre las dos comunidades norirlandesas, católica y protestante, era manifiesto y afectaba a todas las formas de la vida social (áreas de residencia, escuelas, trabajo, entretenimiento, conmemoraciones, festividades, etcétera), como revelaban los casi continuos incidentes que, por cualquier motivo, estallaban entre ambas. El Movimiento por la Paz, impulsado en 1976 por dos mujeres valerosas (Betty Williams y Mairead Corrigan), que comenzó esperanzadoramente, se difuminó en apenas dos años.

Políticamente la ofensiva del IRA supuso el fin de la autonomía de Irlanda del Norte, establecida en 1921. El gobierno de Londres asumió el gobierno directo de la provincia, primero en 1972, y definitivamente en 1974, después de que un intento de restablecer la Asamblea legislativa norirlandesa y de imponer un gobierno «compartido» entre católicos y unionistas fracasase completamente. Ante el incremento de la violencia, Londres envió tropas, inicialmente bien recibidas por la población católica, pero enseguida objetivo «militar» preferente del IRA. El número de soldados se elevó a seis mil en 1969, y a veinte mil en 1972. En 1971, el gobierno introdujo la práctica del «internamiento», el encarcelamiento masivo de sospechosos de colaboración con el terrorismo, y en 1974 aprobó una Ley de Prevención del Terrorismo que suspendía determinados derechos y garantías democráticos. Con todo, la idea de los gobiernos británicos —lo mismo laboristas (1969-1970, 1974-1979) que conservadores (1970-1974, 1979-1997)— fue siempre la misma: implicar al gobierno irlandés y a los partidos políticos norirlandeses en una solución política que supusiera el restablecimiento de la Asamblea o parlamento de Irlanda del Norte y la coparticipación en el gobierno de unionistas y católicos. El gobierno británico logró, en efecto, en 1985 que el gobierno irlandés suscribiese un Acuerdo Anglo-Irlandés, que daba, pese a la irritación de los unionistas, un cierto papel oficial a la República de Irlanda en los asuntos norirlandeses. Luego, en diciembre de 1993, después de que John Hume, el líder del nacionalismo moderado norirlandés (representado por el Partido Laborista y Social Demócrata) y la nueva dirección del Sinn Féin (Gerry Adams, Martin McGuinness), el «brazo» político del IRA, iniciasen negociaciones de cara a plantear algún tipo de propuesta de paz conjunta, los gobiernos inglés (John Major) e irlandés (Albert Reynolds) firmaron la Declaración de Downing Street, por la que aceptaban la idea de una soberanía compartida para Irlanda del Norte y se comprometían a que cualquier solución al problema garantizase los derechos de la minoría católica en Irlanda del Norte y la no inclusión forzada de los protestantes del Ulster en una hipotética Irlanda unida (y ofrecían la incorporación del Sinn Féin a las negociaciones de paz si el IRA cesaba en la violencia). De esa forma, en agosto de 1994 se logró un primer alto el fuego, roto, sin embargo, por el IRA en febrero de 1996 por diferencias sobre la cuestión de la entrega de armas. La presión norteamericana fue ya, pese a todo, visible e importante, y presionó sobre todo al Sinn Féin, a cambio de darle un reconocimiento político excepcional. En enero de 1996, un informe del senador norteamericano George Mitchell, mediador en el proceso de paz, recomendaba que todas las partes aceptasen el principio de negociación, el alto el fuego, la idea de gobierno compartido y el futuro desarme de los grupos terroristas. Reiniciadas las negociaciones por el gobierno laborista de Tony Blair tras su victoria en las elecciones de 1997 y restablecido el alto el fuego por el IRA en julio de ese año, el proceso culminó en el varias veces mencionado Acuerdo de Paz de 10 de abril de 1998, el Acuerdo de Viernes Santo (por el día en que se firmó), suscrito por los Gobiernos británico e irlandés, por el Sinn Féin y por el principal partido unionista, el Partido Unionista del Ulster, dirigido por David Trimble.

Ahora se vería la tragedia del Ulster, de Irlanda del Norte: la violencia había sido inútil; el Acuerdo de 1998 no suponía cambios esenciales respecto de la situación anterior a 1969-1971. Las partes reconocían, simplemente, que el futuro de Irlanda del Norte sería decidido democráticamente por la propia provincia, lo que implicaba que Irlanda renunciaba a considerar al Ulster como parte irrenunciable de la República, y que Gran Bretaña no se sentía obligada por el Acta de la Unión de 1800. Institucionalmente, se restablecía la autonomía de la provincia, esto es, se dotaba a Irlanda del Norte de las instituciones que ya tuvo entre 1921 y 1972, de un gobierno y un parlamento propios, para lo que se convocaron elecciones para el 25 de junio de 1998. En éstas, los unionistas lograron el 50 por ciento del voto y cincuenta y ocho escaños (de un total de setenta y ocho); el SDLP de John Hume, el 22 por ciento y veinticuatro escaños; el Sinn Féin, de Adams y McGuinness, el 18 por ciento y dieciocho escaños. En las elecciones que se habían celebrado en 1982 —un intento del gobierno británico, entonces presidido por Margaret Thatcher, para relanzar la vida política de la provincia—, el Sinn Féin había logrado el 10 por ciento del voto y cinco escaños; y el nacionalismo moderado de Hume, el 18,8 por ciento y catorce escaños (sobre un total también de setenta y ocho). Todo lo que treinta años de disturbios habían logrado políticamente era, por tanto, un relativamente modesto avance de los partidos católicos. Y con ello, la radicalización de los unionistas. En 1982, los distintos partidos unionistas habían logrado el 59 por ciento del voto y cuarenta y nueve escaños; en 1998, como acaba de ser mencionado, el 50 por ciento del voto y cincuenta y ocho escaños. El Partido Unionista del Ulster fue el partido más votado en ambas ocasiones; pero el Partido Unionista Democrático, el partido del extremismo unionista fundado en 1971 y dirigido por el reverendo Ian Paisley, opuesto a cualquier tipo de acuerdo con los católicos, tuvo, en ambas elecciones, entre el 18 y el 23 por ciento del voto, y con su minoría (veintiún escaños) condicionaba toda la situación.

La interpretación nacionalista (Irlanda como una sola nación, dividida en 1921) y la interpretación unionista (incapacidad del nacionalismo irlandés y norirlandés para aceptar el hecho diferencial del Ulster) eran, por tanto, igualmente erróneas. Lo cierto es que factores religiosos, históricos, económicos y culturales habían hecho de Irlanda del Norte desde 1921 una sociedad dividida, que la identidad del Ulster era en parte gaélico-católica-irlandesa y en parte anglo-presbiteriana, de acuerdo pues con la tesis del historiador F.S.L. Lyons en Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939, libro publicado en 1977; que los disturbios habían sido consecuencia del «conflicto interno» entre las dos comunidades norirlandesas[20] y que, en ese contexto, el terrorismo del IRA sólo había servido, al margen de su altísimo coste humano, para exacerbar la división de la provincia.

ESPAÑA: NACIONALIDADES Y REGIONES

Por el nivel de violencia terrorista sólo el caso vasco era comparable, en Europa occidental, al caso de Irlanda del Norte. Como ya ha sido dicho, entre 1968 y 2000, ETA, organización independentista vasca creada en 1959, mató en atentados terroristas de distinto tipo a un total de ochocientas tres personas e hirió a centenares de personas más. Como veremos, el caso vasco era, sin embargo, muy distinto del caso norirlandés. Ni era sólo, como éste, un problema de enfrentamiento entre dos comunidades (aunque la dimensión del problema vasco como «conflicto interno» en la sociedad vasca era indudable desde la aparición misma del nacionalismo vasco a fines del siglo XIX) y se insertaba, además, en un problema mucho más amplio y sin duda de mayor complejidad, como era la articulación del estado nacional español moderno, cuestión en la que se conjugaban, por distintas razones, varios de los temas cuyo análisis vertebra este libro: construcción del estado nacional, papel del nacionalismo nacional como factor de cohesión social y de legitimación política, integración en el mismo de regiones y territorios particularistas, aparición de nacionalismos regionales étnicos y/o cívicos.

Ya vimos en un capítulo anterior que la aparición a finales del siglo XIX de los nacionalismos catalán, vasco y gallego había cambiado la política española, y que Cataluña fue, probablemente, el primer problema nacional español desde 1900. Vimos también que la solución que la II República española intentó entre 1931 y 1936 fue una solución mesurada y razonable: una política selectiva y gradual de concesión de autonomía a las regiones nacionalistas, esto es, a Cataluña, que se constituyó como región autónoma en 1932, País Vasco, que tuvo autonomía a partir de octubre de 1936, y Galicia, donde no llegó a haber autonomía porque lo impidió el estallido de la guerra civil provocada por el levantamiento militar contra el régimen republicano de julio de 1936. Pues bien, la dictadura del general Franco, creada tras la victoria del llamado bando nacional en la guerra, liquidó la experiencia. Frente a la visión laica, civil y plural de la España de la República, la dictadura franquista (1939-1975) impondría los principios y teorías del nacionalismo ultra españolista: exaltación de la idea de España y glorificación de su pasado religioso, imperial y militar; el ejército, como símbolo y columna vertebral de la unidad nacional; catolicismo como esencia de la nacionalidad española y de la «hispanidad»; estado centralista, autoritario y unitario, como clave de la salvación nacional. Los cuarenta años de dictadura (1939-1975) vieron, así, la aplicación sistemática de políticas unitarias y asimilistas, y la plena centralización y uniformización administrativa y territorial del estado. Los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco aprobados antes de la guerra fueron fulminantemente derogados. Vizcaya y Guipúzcoa, las provincias vascas, fueron consideradas por el nuevo régimen como provincias «traidoras». Los movimientos nacionalistas catalán, vasco y gallego fueron duramente reprimidos y muchos de sus dirigentes y militantes, encarcelados y/o fusilados. Por lo menos hasta la década de 1960, lenguas, literatura, cultura, banderas e himnos regionales, fueron prohibidos y perseguidos.

Como se vería tras la muerte de Franco en 1975, todo ello constituyó, sin embargo, un formidable error histórico y político, con gravísimas consecuencias, además, para el futuro de España como nación. La dictadura supuso, no la solución, sino exactamente lo contrario: el agravamiento del problema regional. Primero, los sentimientos de identidad de Cataluña, País Vasco y Galicia no desaparecieron bajo la dictadura. Como mostraba la obra de escritores, artistas, músicos, historiadores y filólogos catalanes, vascos y gallegos (Pla, Espriú, Tàpies, Vicens Vives, la Nova Cançó catalana; Oteiza, Chillida, grupos de Escuela Vasca, Aresti, Koldo Mitxelena; Otero Pedrayo, Xosé L. Méndez Ferrín, Ramón Piñeiro y la editorial Galaxia, la nova canción galega, el poeta Celso Emilio Ferreiro…), la significación que las manifestaciones deportivas (la pelota y el remo vascos, el club de fútbol Barcelona) tenían en aquellas comunidades, la fuerza que allí tenía el folklorismo local, ciertas actitudes de las Iglesias respectivas, o la aparición ya en los años 60 de influyentes editoriales y revistas regionalistas y antifranquistas, el particularismo cultural de dichas regiones era una realidad innegable, un hecho político (encubierto) que no podría ser ignorado. Segundo, la aparición en 1959 de la organización vasca ETA (Euskadi ta Askatasuna, Euskadi y Libertad), que enseguida se autodefinió como «movimiento vasco de liberación nacional» y que desde 1968 optó por el terrorismo y la violencia, radicalizó el problema regional. Cuarenta y siete personas murieron como consecuencia de acciones y atentados de ETA entre 1968 y 1975, entre ellas el entonces jefe del gobierno de la dictadura, el almirante Carrero Blanco, asesinado en Madrid en diciembre de 1973. La dura represión que, contra ETA, desencadenó el régimen de Franco en esos años, simbolizada en el juicio de Burgos de 1970 contra varios dirigentes de la organización y en el fusilamiento en septiembre de 1975 de dos de sus miembros, fue un verdadero revulsivo de la conciencia vasca, como pudo verse en la creciente movilización que en apoyo de ETA (manifestaciones, actos de solidaridad con los presos, huelgas, jornadas de lucha, etcétera) se produjo en todo el País Vasco a partir de 1970: en 1975 había unos cuatrocientos presos vascos en las cárceles españolas y cerca de quinientos exiliados en el sur de Francia. Tercero, como ponía de evidencia la publicación, ya en los años 60, de numerosos ensayos y estudios históricos, económicos y sociológicos de carácter regional en Andalucía, Valencia, Canarias, Baleares, Asturias o Aragón, o la misma aparición allí de manifestaciones literarias y artísticas propias, la conciencia de identidad regional parecía haberse extendido.

Todo ello puso de manifiesto el fracaso del estado unitario y ultra nacionalista impuesto desde 1939 por el régimen de Franco, el fracaso de la España «una, grande y libre» que la dictadura había pretendido construir. Tras la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) y el restablecimiento de la democracia, el histórico Partido Nacionalista Vasco reaparecería, tras décadas de clandestinidad y exilio, como el principal partido vasco. En las siete elecciones generales celebradas entre 1977 y 1996, los partidos nacionalistas obtuvieron en el País Vasco entre un mínimo del 39,3 por ciento del voto (1977) y un máximo del 59,4 (1989), y en elecciones autonómicas entre un mínimo del 55,5 por 100 y un máximo del 67,9. Cerca de un millón de personas se manifestaron en Barcelona el 11 de septiembre de 1977 en demanda de autonomía para Cataluña: el nacionalismo moderado, representado por Convergència i Unió, coalición liderada por Jordi Pujol, se configuró como la primera fuerza política de la región desde 1980 y gobernó ininterrumpidamente en Cataluña entre ese año y el año 2000 (límite cronológico de este libro). El Bloque Nacionalista Galego, una coalición de partidos galleguistas de izquierda, que halló en la singular personalidad del profesor universitario Xosé Manuel Beiras un líder capaz y brillante, logró en las elecciones gallegas de 1993 el 18,8 por ciento del voto, y en 1997 el 24,8.

Antes y después de las elecciones de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas celebradas en España desde el fin de la dictadura y por tanto, desde 1936, las manifestaciones en demanda de autonomía regional se multiplicaron en Andalucía, Valencia, Canarias, Baleares, Asturias, Cantabria, Aragón, Extremadura e incluso en las dos Castillas. Todas las regiones instituyeron a partir de 1976 la práctica de celebrar el «Día de la región», como forma de afirmación de la identidad local. Llegó a temerse que en Canarias el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), un movimiento africanista e indigenista creado en la clandestinidad en 1964, pudiera convertirse en otra ETA. En Andalucía, el andalucismo, la idea de la nacionalidad andaluza, se convirtió, tras la muerte de Franco y durante por lo menos una década, en la cuestión central de la vida política.

Luego se vería que aquel resurgir regional tenía límites. En la misma Galicia, el nacionalismo no empezó a tener verdadera fuerza política (otra cosa era su ascendencia cultural) hasta la aparición en 1982 del mencionado Bloque Nacionalista Galego. Euskadi estaba profundamente dividida entre nacionalistas y no nacionalistas. En Cataluña, el Partido Socialista catalán —partido catalanista y federalista pero no nacionalista— tenía fuerza incluso superior a la del nacionalismo en Barcelona, Girona y en las zonas urbanas de la comunidad. Pero el franquismo había desacreditado el nacionalismo español: en 1975, «democracia» aparecía en España como sinónimo de «autonomía para las regiones». En consecuencia, la nueva democracia española, configurada por la Constitución de 1978, optó por la generalización del principio de la autonomía regional y creó así un estado de las Autonomías, integrado, una vez completado el proceso ya en los años 80, por diecisiete comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. España, históricamente una de las primeras entidades nacionales de Europa, se convertía de hecho en un estado cuasi federal, integrado por la propia nación española, más sus «nacionalidades» (en principio, Cataluña, Euskadi y Galicia) y sus regiones: la concepción centralista del estado, vigente desde el siglo XVIII salvo por el breve paréntesis republicano de 1931, había sido literalmente desmantelada.

La reforma territorial del estado fue una reforma controvertida, polémica. Alguna de las nuevas regiones aparecían, a la luz de la historia, como creaciones artificiales; otras eran escasamente funcionales. El entramado burocrático y administrativo resultante —diecisiete comunidades, todas ellas con sus propios gobiernos, parlamentos y administraciones provinciales y locales— era extraordinariamente complejo. Era un sistema caro y, en principio, la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas resultaba insuficiente: el endeudamiento de éstas se elevaba en 1991 a más de un billón de pesetas, una cifra colosal. El mismo desarrollo autonómico resultaba difícil. El nivel de competencias de las distintas Comunidades Autónomas no era el mismo; la participación de aquéllas en las decisiones generales del estado resultaba escasa; la conflictividad de competencias entre la Administración central y las administraciones autonómicas fue, en los primeros años de funcionamiento, alta. El nuevo estado español aparecía, en suma, como algo inacabado, «indefinidamente abierto», como dijera en 1992 el catedrático de Historia del Derecho Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992.

Pero, pese a todo ello, el estado de las Autonomías se consolidó pronto. Desde luego, dio plena satisfacción a gran parte de las aspiraciones regionales que se habían manifestado, como quedó dicho, en los primeros años de la transición a la democracia. El temor a la desvertebración del país no se materializó. Con escasas excepciones, los partidos nacionales, no los partidos regionales, fueron entre 1980 y 2000 los partidos dominantes en la mayoría de las regiones no nacionalistas. Los nuevos gobiernos autonómicos acometieron, por lo general, importantes obras de infraestructura y comunicaciones, atendieron con eficacia a problemas de sanidad y medio ambiente y procedieron a ampliar sensiblemente la oferta cultural y educativa de sus respectivos territorios: a ellos se debió la mejora sustantiva de la vida social regional que pudo apreciarse en toda España desde mediados de los años 80. El estado de las Autonomías resolvió, por tanto, uno de sus objetivos esenciales: descentralizar el estado español.

La nueva democracia española dio también amplia satisfacción a los nacionalismos catalán, vasco y gallego, como forma de impulsar su integración en el estado, el otro gran objetivo de la reforma autonómica. En septiembre de 1977, el gobierno español, entonces presidido por Adolfo Suárez, restableció por decreto la Generalitat de Cataluña, esto es, el gobierno propio de la región, bajo la Presidencia de Josep Tarradellas, un veterano político nacionalista que regresó, así, triunfalmente a Barcelona tras cuarenta años de exilio. Aunque con muchísimas dificultades, derivadas del terrorismo de ETA y del problema de la integración o no de Navarra en el País Vasco, también éste último, el País Vasco, tuvo ya, con la creación de un Consejo General Vasco en diciembre de 1977, un régimen de preautonomía, antes por tanto de que se aprobara la nueva Constitución democrática. La Constitución, como ya ha quedado dicho, consagró el estado de las Autonomías. Para dar, además, satisfacción especial al malestar vasco, el texto constitucional incluyó disposiciones que derogaban las leyes que en su día, en el siglo XIX, habían abolido los Fueros vascos (el decreto de 25 de octubre de 1839 y la ley de 21 de julio de 1876) y que amparaban los «derechos históricos» de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra (disposición adicional primera), provincia a la que, además, la disposición adicional cuarta permitía optar o por integrarse en el País Vasco o por seguir una vía autonómica separada (que es lo que haría, constituyéndose como Comunidad Foral de Navarra por ley de 10 de agosto de 1982).

Aprobada la Constitución en diciembre de 1978, vascos y catalanes procedieron a la elaboración de sus respectivos estatutos de autonomía. El Estatuto de Cataluña, el Estatuto de Sau (nombre del parador donde fue elaborado), preparado por una comisión de parlamentarios catalanes, fue aprobado por el pleno de la Asamblea de Parlamentarios catalanes el 16 de diciembre de 1978; el Estatuto vasco, el Estatuto de Gernika, por la Asamblea de Parlamentarios vascos, días después, el 29 de diciembre, si bien tras laboriosísimas negociaciones entre los representantes vascos y el gobierno central. Sometidos a referéndum el 25 de octubre de 1979, aprobados por amplias mayorías (90,28 por ciento en el caso vasco; 88,15 por ciento en el catalán) y ratificados por el parlamento español, los estatutos entraron en vigor en diciembre de 1979, y los Parlamentos vasco y catalán fueron elegidos en la primavera de 1980. En las elecciones vascas celebradas el 9 de marzo de 1980, que fueron literalmente las primeras elecciones vascas en la historia, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo veinticinco escaños (de un total de sesenta) y el 37,5 por ciento de los votos emitidos; Herri Batasuna, una coalición de partidos próxima a ETA, once escaños y el 16,3 por ciento de los votos; el Partido Socialista de Euskadi, la rama vasca del Partido Socialista español, nueve escaños y 14 por ciento del voto; Euskadiko Eskerra, un partido de izquierda derivado de ETA pero ya desvinculado de ésta, seis escaños y 9,6 por ciento de votos; Unión del Centro Democrático, el partido centrista español, seis escaños y 8,4 por ciento del voto; Alianza Popular, el partido de la derecha española, dos y 4,7 y el Partido Comunista, un escaño y el 3,9 por ciento de los votos emitidos. En las elecciones catalanas, celebradas casi al tiempo que las vascas, el 20 de marzo de 1980, Convergència i Unió, la coalición nacionalista, logró el 27 por ciento de los votos y cuarenta y tres escaños (de ciento cuarenta y tres); el Partido Socialista de Cataluña, el 22 por ciento y treinta y tres escaños; y el Partido Comunista Catalán, el PSUC, el 18 por ciento y veinticinco escaños (Unión de Centro Democrático, dieciocho escaños; Esquerra Republicana de Catalunya, otro partido nacionalista, 8,9 por ciento de los votos y catorce escaños). Los gobiernos autónomos vasco y catalán, presididos respectivamente por los nacionalistas Carlos Garaikoetxea y Jordi Pujol, quedaron formados en abril de 1980. En Galicia, que tuvo también su régimen de preautonomía desde marzo de 1978, el proceso fue más largo y complejo, pero finalmente, el 21 de diciembre de 1980 se aprobó en referéndum el Estatuto de autonomía, y en 1981 se celebraron ya elecciones al parlamento gallego, que ganó Alianza Popular, con veintiséis escaños, seguida por Unión de Centro Democrático, con veinticuatro, y Partido Socialista, con dieciséis. A diferencia de lo ocurrido en País Vasco y Cataluña, la representación nacionalista fue insignificante; en consecuencia, el primer gobierno autonómico gallego fue presidido por un hombre de Alianza Popular, el partido de la derecha española, como ya se ha dicho más arriba, Xerardo Fernández Albor.

Bajo el nuevo sistema, el País Vasco lograba, sin duda, la mayor capacidad de autogobierno de su historia: gobierno y parlamento propios, cooficialidad de euskera y castellano, amplia autonomía fiscal (basada en el Concierto Económico, en virtud del cual el País Vasco pagaba al estado español, no los impuestos ordinarios, sino un cupo anual acordado por las administraciones central y vasca), policía autónoma, la Ertzaintza, creada en 1981, y competencias exclusivas en educación, cultura, obras públicas, justicia y seguridad social. El Estatuto catalán, a su vez, reconocía a Cataluña competencias exclusivas en materia de lengua, enseñanza, cultura y medios de comunicación, pero era más restrictivo que el vasco en materias de autonomía financiera y policial, para lo que, por ejemplo, se trazaba un régimen de competencias compartidas entre la futura policía autónoma catalana y la policía española. El Estatuto gallego confería igualmente a Galicia importantes competencias políticas, económicas, sociales, culturales y educativas.

Todas las encuestas de opinión hechas hacia el año 2000 mostraban que el grado de satisfacción de vascos, catalanes y gallegos con sus respectivos regímenes autonómicos era, cuando menos, alto. No sin buenas razones. Los nacionalismos catalán y vasco, por ejemplo, seguían gobernando en Cataluña y Euskadi en el año 2000, límite cronológico de este estudio. Tras su llegada al poder regional en 1980, el nacionalismo catalán iba a proceder a la paulatina realización de buena parte de sus aspiraciones: por ejemplo, a la extensión de la lengua catalana a todos los ámbitos de la vida social (enseñanza, universidad, medios de comunicación públicos, topografía, señalizaciones, libros, cinematografía, actos judiciales, vida cotidiana), al fomento de una cultura exclusivamente catalana y a la difusión de una visión histórica y cultural del país que enfatizaba la tesis de Cataluña como única nación de los catalanes. A eso respondieron iniciativas como la creación de la televisión catalana y la Ley de Normalización del catalán, ambas de 1983 (y el posterior Plan General de Normalización Lingüística, de 1995), la conmemoración en 1988 del Milenario de Cataluña, la creación por el parlamento catalán de la Universidad Pompeu Fabra (1990) o la construcción por el gobierno catalán de un Museo Nacional de Historia de Cataluña (1995). El nacionalismo vasco que ha gobernado ininterrumpidamente en Euskadi desde 1980, bien solo, bien en coalición con los socialistas (1987-1998), procedió igualmente a configurar el País Vasco como la «patria de los vascos», mediante la total oficialización de la simbología y los rituales nacionalistas (bandera, himno, conmemoración del «Día de la Patria», etcétera), la euskerización de topónimos, señalizaciones y nombres de localidades y calles, la progresiva euskaldunización de administración, enseñanza, universidad y medios de comunicación oficiales (televisión y radio vascas) y la potenciación de las manifestaciones del folclore y los deportes vascos (bertsolarismo, pelota, remo). Con un autogobierno amplísimo, cuya mejor expresión eran los Conciertos Económicos y la Policía Vasca, Euskadi, que inició a partir de los años 80 una notable recuperación económica tras una década de gravísima crisis de los sectores tradicionales de su industria (siderurgia, astilleros, metalurgia, etcétera), era en el año 2000, no un estado pero sin duda mucho más que una región.

Y sin embargo, los nacionalismos vasco y catalán, y en menor grado el gallego (que sólo era, si se recuerda, la segunda fuerza de la región y eso, a partir de 1997), seguirían gravitando de una forma u otra —a veces, positivamente; a veces, negativamente— sobre la política española. El nacionalismo catalán, que para algunos historiadores, como Cacho Viú, había sido desde su aparición a fines del XIX un «factor de modernización» de la sociedad española[21]— actuó, por ejemplo, a todo lo largo de la transición española y aún después, en el periodo 1975-2000, como una fuerza de estabilización y equilibrio. La misma Constitución española de 1978 fue aprobada en Cataluña con el 61,6 por ciento de votos del censo electoral. Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat, del gobierno catalán, ha dicho muchas veces a lo largo de su mandato que Cataluña asumía plenamente la unidad del estado español[22]. Su partido, Convergència i Unió, apoyó en el parlamento español al gobierno socialista de Felipe González (1993-1996) y luego, al gobierno conservador de José María Aznar (1996-2000), apoyo decisivo principalmente para la aplicación en España de las medidas económicas de convergencia europea aprobadas por la Unión Europea en Maastricht, en 1991.

El nacionalismo vasco, dirigido desde 1976 por Xabier Arzalluz, un etnicista convencido, un ex jesuita de oratoria agresiva y provocadora, constituyó, en general, un problema para la nueva democracia española. El PNV, por ejemplo, no votó la Constitución española de 1978, por entender que el texto constitucional no recogía otra fuente de soberanía que la soberanía española. La Constitución tuvo, así, en el País Vasco sólo el 42,3 por ciento de los votos del censo electoral. Con el voto de los partidos nacionalistas, y la oposición de los partidos no nacionalistas, el parlamento vasco aprobó el 15 de febrero de 1990, por treinta y ocho votos contra veintitrés, una proposición que proclamaba el derecho del pueblo vasco a la autodeterminación, derecho no contemplado en la Constitución de 1978. Hubo ocasiones en que el PNV pareció optar por una política dialogante y pragmática. El mismo Arzalluz rechazó en 1988, en un discurso de gran repercusión que pronunció en el teatro Arriaga de Bilbao el día 9 de enero, toda visión exclusivista de lo vasco y las aspiraciones a patrimonializar el País Vasco desde la política y la óptica nacionalistas. Como ha quedado apuntado, el nacionalismo gobernó entre 1987 y 1998 o en coalición con el Partido Socialista o con una fórmula «tripartita» que incluyó, además del propio Partido Socialista, a Eusko Alkartasuna, partido nacionalista surgido en 1986 de una escisión del PNV. El lehendakari (presidente) Ardanza, un nacionalista moderado e integrador, el hombre que presidió los gobiernos de coalición mencionados, impulsó en 1988 el llamado Pacto de Ajuria-Enea, un acuerdo de todos los partidos democráticos vascos contra la violencia y a favor de la pacificación y normalización de Euskadi.

Pero, por lo general, el Partido Nacionalista Vasco, y de forma especial Xabier Arzalluz y el «número dos» de la organización, Joseba Egíbar, sucumbiría a la tentación del exclusivismo étnico y lingüístico —fundamento esencial de la idea de nacionalidad vasca desde su formulación por Sabino Arana a finales del siglo XIX— y a la apelación a la emocionalidad y victimismo de lo vasco, como instrumentos de confrontación con Madrid. En el mismo discurso de Bilbao de 1988, Arzalluz afirmó que la Constitución española de 1978 no reconocía la «soberanía como pueblo» de los vascos y que encomendaba a las Fuerzas Armadas la defensa de la nación española, una idea que repetiría, luego, en numerosas ocasiones. Como repetiría que Euskadi era una nación por las «peculiaridades sanguíneas de los vascos»; o que él lamentaba ser jurídicamente español o que sin los emigrantes, el nacionalismo vasco habría convocado (y ganado) un referéndum sobre la independencia. España le parecía un «estado de medio pelo», atrasado; la prensa de Madrid, una «Brunete mediática» en guerra contra los vascos (en alusión a la división acorazada Brunete, una de las principales unidades del ejército español). Aunque el PNV se movilizó en numerosas ocasiones contra ETA —como en la multitudinaria manifestación por la paz que convocó en Bilbao, el 18 de marzo de 1989—, a Arzalluz los activistas de ETA le parecían «patriotas», aunque equivocados; entendía que ETA existía porque había un conflicto político entre Euskadi y Madrid, y aún llegó a afirmar que la derrota de ETA no sería buena para el nacionalismo[23].

Fuera como fuese, lo esencial era que los nacionalismos vasco y catalán, aún gobernando en sus respectivas regiones de forma continuada desde 1980 —y en el caso catalán, colaborando, como se ha dicho, a la gobernación del estado— seguían manteniendo en su plenitud, desde sus respectivas perspectivas, sus aspiraciones a la constitución de Cataluña y Euskadi (y el nacionalismo gallego, la de Galicia) como naciones soberanas diferenciadas. El nacionalismo catalán de Convergència i Unió definía a Cataluña como un país o pueblo distinto de España, aunque se hubiese movido en la historia en el ámbito español, con una evolución diferenciada, lengua y cultura propias, y acusada conciencia colectiva de identidad. El programa del Partido Nacionalista Vasco aprobado en 1977 —texto definidor del partido para la nueva etapa democrática— proclamaba la realidad de «Euskadi como nación», y «el derecho del pueblo vasco a realizarse conforme a su propia personalidad». En su congreso constituyente de abril de 1987, Eusko Alkartasuna proclamaría, por su parte, «el derecho del Pueblo Vasco a ejercer su libre determinación para constituir un estado Vasco, reunificado e independiente…»[24]. Reunidos en Barcelona, Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió y Bloque Nacionalista Galego firmaron el 16 de junio de 1998 una Declaración en la que afirmaban que, tras veinte años de democracia, seguía sin resolverse «la articulación del estado español como plurinacional» y pedían que se abriese «una nueva etapa» en la que el «estado» y «Europa» reconociesen las «realidades nacionales» de Cataluña, Euskadi y Galicia.

Más aún, el terrorismo de ETA había cambiado radicalmente la naturaleza del llamado problema vasco. Como movimiento nacional vasco de liberación nacional, como nacionalismo revolucionario, ETA no planteaba la cuestión vasca sólo como la aspiración a una hipotética soberanía étnica y cultural del pueblo vasco —planteamiento del nacionalismo moderado—, sino como una lucha armada por la liberación de Euskal Herria. ETA, en otras palabras, supuso la refundación del nacionalismo como enfrentamiento «militar», como guerra interminable con España, tal como argumentaría Jon Juaristi, el brillantísimo autor de El bucle melancólico (1997) y Sacra Némesis (1999), dos espléndidos estudios sobre los mitos, leyendas y rumores que fueron componiendo el microcosmos cultural del nacionalismo vasco. ETA hizo, así, de terrorismo y violencia las nuevas señas de identidad del hecho vasco. Con una adición importantísima: la violencia de ETA no era, como pudo pensarse en un principio, bajo el franquismo, la respuesta a unas determinadas circunstancias históricas y políticas, la respuesta a la dictadura de Franco; la «lucha armada» era, ante todo, una concepción estratégica que hacía de terrorismo y violencia, como en muchos otros procesos independentistas o revolucionarios (recuérdese a Fanon, autor estimadísimo por los ideólogos de ETA), el instrumento esencial del proceso de liberación nacional, la vía necesaria hacia la independencia. ETA tuvo, lógicamente, objetivos parciales. La violenta ofensiva que las dos ramas en que la organización se dividió en 1974, ETA militar y ETA político-militar, desencadenaron entre 1975 y 1981, perseguía, probablemente, hacer fracasar el proceso constitucional y autonómico abierto por la nueva democracia española (proceso que amenazaba sus aspiraciones independentistas): ETA que había matado, como ya se indicó, a cuarenta y siete personas en los últimos años del franquismo (1968-1975), mataría a doscientas treinta y seis personas entre 1975 y 1981, los años de la aprobación de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía vasco. Pero el objetivo último de ETA era inequívoco: la reunificación e independencia de todo el territorio que el nacionalismo definió como vasco, de Euskal Herria (Navarra, las provincias vascas, los enclaves vascos de Francia), tal como la organización concretó, primero, en la llamada «alternativa KAS» de febrero de 1978 —amnistía, legalización de todos los partidos políticos, retirada de las fuerzas de orden público del País Vasco, integración de Euskadi y Navarra y derecho de autodeterminación— y luego, en la «alternativa democrática» de abril de 1995 (derecho de autodeterminación y unidad territorial vasca).

La violencia, la tragedia del terrorismo, iba, pues, a continuar. La acción policial logró, sin duda, éxitos importantes en la lucha antiterrorista, con la detención, a lo largo de los años ochenta, de numerosos e importantes «comandos» y dirigentes de la organización, como Lasa Mitxelena, Isidro Garalde, Santiago Arróspide, Josu «Ternera», Henri Parot, Zabaleta Elósegi, Josu Mondragón, Eugenio Etxebeste, López Riaño, Urrusolo Sistiaga y otros. Desde 1984, ETA perdió su «santuario» del sur de Francia, después que el gobierno francés decidiera implicarse decididamente en el conflicto. En noviembre de 1986, la policía logró el desmantelamiento del centro financiero que la organización tenía en la localidad francesa de Sokoa; el 29 de marzo de 1992, se produjo la detención, también en Francia, en Bidart, de la «cúpula» de ETA, integrada desde 1989 por Francisco Múgica Garmendia, José Luis Álvarez Santacristina y José Arregi Erostarbe (antes, en 1987, ETA había perdido a su principal dirigente, Txomin Iturbe, muerto en accidente en Argel); entre julio de 1996 y febrero de 2001, caerían, a su vez, varios de los dirigentes que había sustituido al grupo de Bidart, activistas como Julián Atxurra, Arizkuren Ruiz, Ignacio de Gracia y Javier García Gaztelu. Paralelamente, los partidos democráticos, incluidos los partidos del nacionalismo moderado, Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, habían llegado en distintas ocasiones a acuerdos importantes para reafirmar su compromiso con la democracia y la paz contra la violencia de ETA, como el ya citado Pacto de Ajuria-Enea (Vitoria) de enero de 1988. Los actos de condena del terrorismo de ETA (manifestaciones, comunicados, concentraciones, etcétera) protagonizadas o por las instituciones y los partidos políticos o por organizaciones pacifistas vascas (Gesto por la Paz, Denon Artea, Elkarri, entre otras) o por la propia iniciativa ciudadana, fueron igualmente numerosísimos, hasta culminar, primero, en la amplísima protesta del «lazo azul» de la población de San Sebastián contra el secuestro por ETA del industrial Julio Iglesias Zamora en 1993, más tarde en el estallido de indignación colectivo de la población vasca, y española, provocado en julio de 1997 por el asesinato del joven concejal de la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco, y por último, en la imponente manifestación convocada por la plataforma ciudadana ¡Basta Ya! en San Sebastián, el 23 de septiembre de 2000.

Pero todo fue inútil. ETA asesinó a cuatrocientas noventa y ocho personas entre 1981 y 1998, año en que, el día 16 de septiembre, declaró una tregua supuestamente indefinida, y a otras veintitrés más desde la ruptura de dicha tregua en enero de 2000 y el comienzo del nuevo siglo. Desde mediados de los años 80, usó recurrentemente, con efectos devastadores, coches-bomba, como en los atentados contra el supermercado Hipercor en Barcelona en junio de 1987 (quince muertos) y contra los cuarteles de la Guardia Civil de Zaragoza ese mismo año (once muertos) y Vic en 1991 (nueve muertos, cuarenta heridos), así como en diversos atentados en la propia capital del país, Madrid. ETA asesinó indiscriminadamente: a guardias civiles, militares, policías —de la policía española y de la policía vasca—, fiscales, jueces, empresarios, periodistas, funcionarios de prisiones, políticos y concejales no nacionalistas (de Unión del Centro Democrático, del Partido Socialista, del Partido Popular); a personalidades de relieve, como el profesor Tomás y Valiente, el líder del Partido Popular de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, los dirigentes socialistas vascos Enrique Casas, Fernando Múgica y Fernando Buesa, éste ex vicepresidente del propio gobierno vasco, o el también socialista y ex ministro Ernest Lluch; y a simples particulares, incluidos varios niños.

ETA contaba con apoyo social. El voto de Herri Batasuna, «brazo político» de la organización creado como partido en 1978, osciló entre 1980 y 2000 en torno al 15-19 por ciento del voto vasco (esto es, en torno a los ciento cincuenta-doscientos mil votos). ETA disponía de un «entorno», de un entramado de organizaciones y publicaciones —la propia Herri Batasuna, Jarrai, rama juvenil, el sindicato LAB, gestoras proamnistía, movimientos de apoyo a los presos o los diarios Egin y Gara…— con amplia capacidad de movilización y de presión sobre la sociedad vasca. La organización podía, además, esperar que sus planteamientos independentistas apelaran de alguna forma no ya a los sectores soberanistas de los partidos nacionalistas moderados (PNV, EA), sino sobre todo a los sentimientos nacionalistas de una parte de la sociedad vasca. Así, aunque en 1998 un 57 por ciento de los electores del PNV y un 51 por ciento de los de EA rechazaban totalmente a ETA, en 1999 un 24 por ciento de vascos nacionalistas consideraban a los activistas de ETA como «patriotas» y un 42 por ciento como «idealistas equivocados»[25]. Fuera como fuese, desde 1994-1995, para contrarrestar la creciente movilización de la opinión contra el terrorismo y por la paz, el entorno de ETA, y especialmente la organización juvenil Jarrai, recurrió abiertamente a la violencia callejera (contra manifestaciones, quema de autobuses, destrozos en instalaciones y edificios, agresiones, como las varias sufridas por la librería Lagun de San Sebastián, un símbolo del antifranquismo y de la democracia vasca no nacionalista), como forma de intimidación social y como actividad complementaria del terrorismo, estrategia que recordaba claramente al «escuadrismo» fascista europeo de los años veinte. En palabras del filósofo Fernando Savater, uno de los portavoces de la plataforma ¡Basta Ya! mencionada más arriba —palabras pronunciadas ante el parlamento Europeo, en Estrasburgo—, ETA había terminado por ser «un proyecto totalitario de secesión violenta»[26].

En todo caso, en un País Vasco donde en 1978 se amnistió a los últimos presos etarras del franquismo y que desde 1980 gozaba de un amplísimo autogobierno, hegemonizado por el propio Partido Nacionalista Vasco, el partido que había creado la idea de Euskadi como «patria de los vascos» y todos los símbolos de la nacionalidad vasca, la violencia de ETA era una opción deliberada, no una necesidad inevitable. El nacionalismo vasco moderado, y de forma destacada el PNV, vería, sin embargo, la existencia de ETA como la expresión de un conflicto político entre el País Vasco y el estado español que se remontaba al siglo XIX, cuando, como consecuencia de las guerras carlistas, las provincias vascas habían perdido sus Fueros, su soberanía «histórica». La consecuencia era inequívoca. En razón de esa argumentación, el PNV optaría, a veces discreta, a menudo públicamente, por una solución negociada del problema terrorista, y por la creación, como respuesta al mismo, de un nuevo marco político vasco que, superando el Estatuto autonómico de 1979, contemplase el derecho del pueblo vasco a la autodeterminación (proclamada, en efecto, si se recuerda, por el parlamento vasco el 15 de enero de 1990, con el voto exclusivo de los partidos nacionalistas). Tomando como modelo los procesos de paz entonces en marcha en los conflictos palestino y norirlandés, la dirección del PNV, representada en este caso por Juan María Ollora, planteó claramente desde 1995 la posibilidad de una pacificación a través de la negociación directa con ETA y sobre la base de la asunción del derecho a la autodeterminación. Más aún, todas las fuerzas nacionalistas (PNV, EA, el sindicato ELA-STV) asumirían la «línea Ollora» —pacificación a través de una final dialogado y autodeterminación— a partir del último trimestre de 1997, como respuesta a la imponente reacción popular —una espontánea rebelión ciudadana contra el terrorismo, una verdadera catarsis colectiva— que, contra ETA y Herri Batasuna, se produjo tras el asesinato en julio de ese año de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua, y posiblemente ante el temor de que la eventual derrota policial de ETA, que entonces pareció posible, pudiera conllevar, indirectamente, la deslegitimación de todo el nacionalismo vasco. Los nacionalistas consideraron desde entonces, como reiterarían en numerosas ocasiones, que el Estatuto de 1979 estaba agotado y exigieron la ampliación del marco autonómico vasco. En marzo de 1998, el propio lehendakari vasco, José Antonio Ardanza, hizo público un plan de paz en el que proponía, en efecto, una salida dialogada al conflicto, previo el cese de la hostilidad por parte de ETA y el reconocimiento por Herri Batasuna del sistema democrático vigente, y un diálogo entre los partidos nacionalistas y no nacionalistas sin condiciones previas y sin límites y centrado en la «cuestión nacional», esto es, en el modelo de autogobierno del País Vasco. El 12 de septiembre de 1998, PNV y Herri Batasuna, y con ellos EA, Izquierda Unida y los sindicatos nacionalistas ELA-STV y LAB, y hasta un total de veinticuatro organizaciones nacionalistas de muy distinto tipo, suscribieron la Declaración de Lizarra/Estella, un pacto que exigía un proceso de diálogo y negociación abierto y sin exclusiones, bajo condiciones de «ausencia permanente» de «todas las expresiones de violencia», que permitiese abordar y dar respuesta a lo que se consideraban como causas del conflicto vasco, esto es, su «territorialidad», «sujeto de decisión» y «soberanía política», eufemismos que significaban reunificación de todos los territorios vascos y derecho de autodeterminación. Sólo días después, el 16 de septiembre, ETA, que podía ver que el pacto de Lizarra recogía gran parte de sus argumentos, declaraba la tregua indefinida.

Por positiva y esperanzadora que la tregua pudiera parecer en un principio, lo cierto es que la evolución de los hechos revelaba ante todo la capacidad polarizadora y divisiva del nacionalismo. Como pronto se vería, ETA no buscaba la paz, sino un compromiso de todas las fuerzas nacionalistas, moderadas y radicales, para la «construcción nacional» de Euskadi. El pacto de Lizarra/Estella, que PNV y EA asumieron con entusiasmo, no era la paz, sino un frente nacionalista excluyente (pues no tenía en cuenta el hecho no nacionalista del propio País Vasco) como vía hacia la soberanía del territorio. Era, por eso, la mejor receta para la confrontación (a la que el gobierno español, presidido desde 1996 por José María Aznar, el líder del Partido Popular, el partido conservador español, respondería con firmeza y contundencia extremas). Lizarra desconocía la realidad abiertamente plural del País Vasco. En las mismas elecciones autonómicas vascas de octubre de 1998, el voto nacionalista representó el 54,5 por ciento del voto vasco, pero el voto no nacionalista (Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular, Izquierda Unida, Unidad Alavesa) llegó al 44,4 por ciento; en las elecciones europeas y municipales de junio de 1999, las primeras celebradas tras el pacto de Lizarra/Estella, el Partido Popular arrebató al nacionalismo Vitoria y Álava (su versión navarra, Unión del Pueblo Navarro, logró una gran victoria en Navarra), y los socialistas ganaron en San Sebastián y en varias de las más importantes localidades vascas, como Eibar, Irún, Baracaldo y Sestao.

Además, la violencia callejera impulsada por el entorno de ETA continuó en los meses de tregua, ante la pasividad casi clamorosa del gobierno vasco, presidido desde enero de 1999 por Juan José Ibarretxe (PNV) merced a un pacto de legislatura entre PNV, EA y Herri Batasuna, el partido abertzale afín a ETA: sólo en 1999 se cometieron en las provincias vascas trescientos diez ataques de distinto tipo (bombas incendiarias contra viviendas de cargos públicos no nacionalistas, contra entidades bancarias, dependencias periodísticas, autobuses, etcétera). Pronto se vio que ETA utilizaba la tregua para reconstruir sus comandos y reforzar su capacidad ofensiva. Entre enero de 2000, fecha en que rompió la tregua, y diciembre de ese año, asesinó, como ya se ha indicado, a veintitrés personas. PNV, EA y el gobierno de Ibarretxe siguieron, pese a ello, apostando por las tesis del pacto de Lizarra, por la soberanía vasca y por la total ruptura con Madrid y con los partidos democráticos no nacionalistas. La ruptura con Madrid se produjo: los años inmediatos al pacto de Lizarra vieron un casi continuo enfrentamiento institucional entre los Gobiernos de España (Aznar) y Euskadi (Ibarretxe).

En un resonante ensayo titulado Contra la violencia, publicado en 2001, el historiador Varela Ortega equiparaba el pacto de Lizarra/Estella con el «frente nacionalista» que derechistas y centristas alemanes firmaron en 1932, en Hazburg, con los nazis, y veía al PNV padecer en 1999-2000 «la misma fascinación por el populismo violento nacionalista» que afectó desde 1930 al Zentrum católico alemán y a los nacionalistas moderados bávaros[27]. Para Varela Ortega, ETA era, simplemente, un «poder totalitario». En todo caso, cuando terminaba el siglo XX, la cuestión vasca era casi menos un conflicto entre Madrid y el nacionalismo vasco que una división, profunda y sustancial, en el interior de la sociedad vasca sobre el terrorismo y sobre el proyecto etno-nacional que el nacionalismo vasco impulsaba para la región. Lo que estaba en juego no era ya el autogobierno de Euskadi como nacionalidad, puesto que Euskadi gozaba desde 1980 de un grado incomparable de autonomía; sino la constitución del País Vasco como una sociedad democrática y libre, ante la amenaza que para las libertades y derechos de los vascos no nacionalistas suponían el terrorismo y la violencia.

CAPÍTULO VI

EL RETORNO DEL PASADO:

EL TRIUNFO DE LAS NACIONALIDADES

EN YUGOSLAVIA Y LA URSS

Los casos de Irlanda del Norte y del País Vasco revelan, como hemos visto, la naturaleza divisiva del etno-nacionalismo en sociedades plurales y de identidad múltiple. Más específicamente, en España, país que desde 1975-1978 había acometido una de las mayores reformas del estado emprendidas en Europa occidental en la segunda mitad del siglo XX, la persistencia del desafío nacionalista y especialmente, del terrorismo independentista, mostraban, no sólo la fuerza del nacionalismo como reacción emocional de masas, sino sobre todo que en los nacionalismos étnicos como el vasco, la idea de reivindicación nacional era fácilmente susceptible de derivar hacia formas de exclusivismo y violencia.

La tesis iba a tener nueva (y trágica) demostración en la llamada Europa del Este tras la caída del comunismo en 1989, al hilo de la división en 1993 de Checoslovaquia, de los distintos episodios de violencia interétnica que se registrarían en Hungría y Rumania, y al hilo, especialmente, de la descomposición de Yugoslavia y de la Unión Soviética. Concretamente, la desintegración de estos dos países, el triunfo en ellos de las nacionalidades, por decirlo con el título del libro que la historiadora francesa Hélène Carrère D’Encausse dedicó al caso soviético en 1990[1], triunfo que se tradujo en la creación a partir de 1989-1991 de un total de veinte estados nuevos, desencadenó el estallido de reivindicaciones nacionales y de conflictos etno-nacionalistas a gran escala, con intensidad y extensión desconocidas en Europa desde hacía muchísimo tiempo. Un total de cinco guerras estallaron en los Balcanes entre 1991 y 2000: en ellas morirían cerca de doscientas cincuenta mil personas. Gravísimos conflictos se produjeron igualmente en esos años en la ex Unión Soviética: en Azerbaiyán (intento de secesión de la región armenia de Alto Karabaj), en Georgia (movimientos secesionistas en Abjasia y Osetia), en la república rusa de Chechenia, donde al intento de proclamar en 1991 una república independiente, Rusia respondió en 1995 con la ocupación militar, provocando un conflicto —guerra de resistencia chechena— que costó la vida a unas treinta cinco mil personas.

El triunfo de las nacionalidades balcánicas y ex soviéticas era, además, paradójico. Yugoslavia y la Unión Soviética habían sido países comunistas y como tales, fuertemente centralizados. Pero habían sido también Estados federales, multinacionales. De ellos se había dicho, justamente en vísperas de su disolución, que su «gran logro» había sido «limitar los efectos desastrosos del nacionalismo en su interior»[2]. De Yugoslavia, el historiador Hobsbawm, a quien se deben las afirmaciones anteriores, escribía en 1989 que el régimen comunista había impedido desde 1945 que las nacionalidades del país se masacraran mutuamente como había ocurrido en el pasado, y añadía que, aunque a finales de 1988 (cuando él escribía su libro sobre el nacionalismo) el sistema parecía hacer crisis, las tensiones nacionales no habían producido todavía un solo muerto.

Tales afirmaciones no carecían de fundamento. La URSS y Yugoslavia fueron, en efecto, factores de estabilidad. La Unión Soviética fue un verdadero imperio multinacional. Yugoslavia, nacida en 1945 como una república socialista federal integrada por Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Macedonia, fue «un estado federal relativamente logrado»[3]: la Constitución de 1974 estableció la paridad y la proporcionalidad absolutas en la representación de las repúblicas en los órganos federales. En ambos casos —no simétricos: la Yugoslavia comunista gozó de una relativa libertad cultural y de un cierto bienestar material inexistentes en la URSS—, la combinación de centralización política y económica, monopolio del poder por el Partido Comunista y represión policial aseguró, bajo la estructura federal, la unidad del estado. De hecho, en Yugoslavia, aunque la tensión entre centralismo y autonomías condicionase las relaciones de la federación y aunque pudiesen apreciarse ocasionalmente manifestaciones diversas de los particularismos culturales esloveno, serbio y croata, hasta 1969-1971 en que estalló la «primavera croata», a la que enseguida se hará referencia, no hubo tensiones nacionales verdaderamente significativas; tampoco las hubo en la URSS hasta el estallido, en diciembre de 1986, de graves revueltas anti-rusas en Alma-Ata, la capital de Kazajstán, la república de Asia central de población mayoritariamente kazaja y musulmana.

En cualquier caso, el desafío de los nacionalismos no fue —ni en la URSS ni en Yugoslavia— lo que provocó la caída del comunismo, sino al revés: fue la crisis del comunismo (en Yugoslavia, a la muerte de Tito en 1980; en la URSS, con la perestroika de Gorbachov a partir de 1985) lo que desencadenó el triunfo de las nacionalidades. La verdadera cuestión en ambos casos fue, por tanto, evidente: el fracaso del comunismo como vehículo y fundamento de una nueva identidad nacional, como un nuevo patriotismo (soviético, yugoslavo) capaz de generar sentimientos nacionales e ideas de nación compartidas.

LA SEGUNDA YUGOSLAVIA

En Yugoslavia, dicho fracaso fue sólo parcial. En primer lugar, la idea misma de Yugoslavia —ya lo vimos en su momento— distaba mucho de ser artificial; en segundo lugar, los mismos dirigentes yugoslavos (Tito, Kardelj, Djilas, Rankovic, etcétera) fueron muy conscientes de que la primera Yugoslavia, la Yugoslavia monárquica de 1919 a 1941, había fracasado por la confrontación entre los nacionalismos serbio y croata. Quisieron, por eso, forjar una nueva Yugoslavia que incorporase las identidades nacionalistas, étnicas y religiosas de las distintas comunidades históricas de la región en una Yugoslavia integrada y supranacional, que evitase tanto la dominación serbia como el particularismo croata —causas últimas del fracaso anterior— y cuya legitimidad se derivase, no de la etnicidad, la religión y la historia, sino de la resistencia partisana a la ocupación alemana (1941-1944) y de la revolución comunista que la acompañó, y aún del mismo proyecto socialista, federal y modernizador que el nuevo régimen y su principal dirigente, Tito (Josip Broz, 1892-1980), encarnaban.

En parte se consiguió. La misma cultura yugoslava de la posguerra, representada por escritores como Cosic, Davico o Andric se definía por un énfasis explícito en lo distintivamente yugoslavo y por el deseo de trascender el provincialismo étnico y localista de las culturas etno-nacionales. Lo que distinguió, por ejemplo, a las grandes novelas de Andric (El puente sobre el Drina, Sucedió en Bosnia, ambas publicadas en 1945), aun centradas en la Bosnia otomana y en los conflictos religiosos y nacionales de sus varias comunidades —musulmanes, católicos, ortodoxos, judíos—, fue precisamente el noble y admirable sentido universal que su autor, que siempre creyó en la unión política de los pueblos yugoslavos, supo darles. La ruptura de Yugoslavia con la URSS en 1948 y la independencia ideológica y política que, como consecuencia, el régimen de Tito exhibió en adelante (sobre la base de la autogestión, la descentralización y la no alineación internacional) reforzaron indudablemente, por su parte, el sentimiento nacional yugoslavo. Ciertamente, la Yugoslavia comunista respetó los derechos administrativos y culturales, el desarrollo separado y la afirmación identitaria de las distintas nacionalidades y repúblicas federadas (a Eslovenia, por ejemplo, le dio el aparato legal y administrativo que le permitiría, luego, transformarse en un estado, y que prácticamente no había tenido nunca previamente). Más aún, las minorías nacionales participaron destacadamente en la dirección política del nuevo régimen. Tito mismo había nacido en una localidad croata cercana a la frontera eslovena. Rankovic, ministro del Interior y jefe de la policía hasta 1964 y como tal, verdadero hombre fuerte del régimen, era serbio; Milovan Djilas, el vicepresidente del país —lo fue hasta su ruptura con el régimen en 1954— era montenegrino; Kardelj (1910-1979), uno de los principales ideólogos del Partido Comunista, y Boris Kidric, responsable de la política económica entre 1946 y 1953, eran eslovenos. Pero, con todo, la segunda Yugoslavia fue, por lo menos hasta 1966, un estado más unitario y centralizado en materias económicas, sociales y políticas que la Yugoslavia anterior a 1941. Los serbios (36,3 por ciento del total de la población del país en 1981), la minoría con mayor conciencia nacional yugoslava del conjunto, tuvieron peso importante en la policía y el ejército, los pilares del estado. El propio prestigio personal de Tito, derivado de su papel en la resistencia y en la creación del nuevo estado, garantizó el equilibrio entre las nacionalidades en la construcción y dinámica del régimen.

Ello no fue, sin embargo, suficiente. Hacia 1990, sólo una cuarta parte de la población —estimada en veintiún millones y medio en 1981— se consideraba yugoslava. El sentimiento nacional yugoslavo estuvo, probablemente, demasiado unido a la memoria de la guerra mundial, de la resistencia y de su líder, Tito, e iba a morir con ellos. Tito había vinculado su sucesión a una Constitución, la de 1974, plenamente federal (que además quitaba poder a Serbia, al conceder amplia autonomía a las provincias serbias de Kosovo, de población mayoritariamente albanesa, y Vojvodina, con importantes contingentes de población de origen magiar) y a una dirección colegiada y rotativa del país. Fue un error. La Presidencia de la República, en la que en adelante rotarían, anualmente, los ocho miembros de la dirección colectiva, dejó de ser una institución eficaz; la nueva Constitución reforzó el poder y la autonomía regionales de los estados federados y disminuyó, por tanto, la capacidad del poder federal como instrumento de equilibrio nacional. La grave crisis económica que el país vivió en la década de 1980 —inflación, desempleo, numerosas huelgas— agudizó, además, los desequilibrios regionales entre los distintos estados e hizo que los más desarrollados —Croacia y Eslovenia— optaran por seguir políticas económicas propias.

Las manifestaciones de particularismo étnico-regional fueron haciéndose cada vez más evidentes. Ya las hubo antes de la muerte de Tito en 1980. Los musulmanes bosnios, por ejemplo, habían sido reconocidos como «nacionalidad» a fines de los años 60. Por entonces, algunos importantes intelectuales serbios, como el escritor Cosic o el jurista Mihailo Djuric, manifestaron su preocupación por la paulatina desaparición de la cultura serbia en un Kosovo progresivamente albanizado. En 1967, la Asociación de escritores croatas proclamó el carácter propio del croata como lengua literaria (frente al serbo-croata, la lengua de Yugoslavia). Algunos historiadores, como el director del Instituto Histórico de Zagreb, Franjo Tudjman, ex comunista destacado y ex oficial del ejército yugoslavo, impulsaron la revisión del pasado croata desde perspectivas que justificaban la existencia de Croacia como nación, incluyendo por ello una visión relativamente positiva de su historia inmediata, esto es, del periodo del régimen fascista de la Ustacha de 1941. En la llamada «primavera croata» de 1969-1971, confluyeron el descontento de intelectuales y estudiantes contra el régimen comunista con reivindicaciones culturales y manifestaciones nacionalistas.

Pero el proceso adquirió especial intensidad tras la muerte de Tito. Las grandes manifestaciones que estallaron en Kosovo en 1981 en demanda del reconocimiento de la provincia como estado, en demanda de un «Kosovo étnicamente puro», de una «república de Kosovo», fueron en realidad manifestaciones abiertamente proalbanesas y decididamente anti-serbias. Fueron, además, el detonante del resurgimiento del nacionalismo serbio que tuvo lugar desde entonces, articulado de nuevo sobre las viejas tesis históricas de la victimización de Serbia como nación a lo largo de la historia, y destacadamente sobre el mito de Kosovo, la derrota serbia ante los turcos en la batalla de Kosovo de 1389, mito central de su épica nacional. Significativamente, un Memorándum de la Academia Serbia de Ciencias que se conoció en septiembre de 1986 criticaba la postergación que Serbia había sufrido en el régimen de Tito en beneficio, ante todo, del desarrollo económico de Eslovenia y Croacia y denunciaba la Constitución de 1974 como instrumento del desmembramiento de Serbia como nación. El Memorándum advertía, además, contra el «genocidio legal» que la minoría serbia sufría desde la aprobación de la constitución en el Kosovo autónomo entonces creado, y reclamaba soluciones a la crisis de Kosovo como clave para la supervivencia misma de Serbia. Cuando a partir de 1987, el nuevo secretario del Partido Comunista Serbio, el carismático Slovodan Milosevic, hiciera suyos los argumentos del Memorándum, asumiendo abiertamente la defensa de los serbo-kosovares y la retórica y el lenguaje nacionales del heroísmo y la unidad serbios —impulsando, además, la movilización de las masas en mítines y manifestaciones multitudinarias que culminaron el 28 de junio de 1989 en los actos conmemorativos del sexto centenario de la batalla de Kosovo—, el populismo nacionalista sustituiría al comunismo como ideología oficial de Serbia y como fundamento de la legitimidad del poder de los nuevos dirigentes. El problema fue que Yugoslavia devino desde ese momento inviable.

EL PATRIOTISMO SOVIÉTICO

El caso soviético fue distinto y desde luego, infinitamente más complejo. El régimen comunista hizo a lo largo de sus setenta y cuatro años de duración (1917-1991) un colosal esfuerzo propagandístico y educativo para crear una nueva identidad, como fundamento «nacional» de la URSS sin duda, pero también como forma de reforzar la moral colectiva y de cimentar la adhesión popular al régimen y a los planes de los distintos gobiernos. El «socialismo en un solo país», la política impulsada por Stalin desde 1924-1926 que dio al régimen soviético su dirección definitiva, significó precisamente el triunfo de una concepción nacional-comunista que venía a dar prioridad al fortalecimiento económico del país y a la conversión de la URSS en un gigante industrial y militar. En vez del culto al zar y a la dinastía (los Romanov), en lugar de la religión ortodoxa, el eslavismo y el mesianismo de Rusia y su pueblo, bases de la identidad tradicional rusa, los bolcheviques entronizaron el culto a Lenin y a la Revolución de Octubre, la clarividencia del partido y sus dirigentes, la electrificación, la industrialización, la planificación y las colectivizaciones agrarias —esto es, las grandes empresas acometidas entre 1917 y 1939— como mitos de la épica comunista-nacional del nuevo patriotismo soviético.

Los héroes del trabajo, los stajanovistas, se convirtieron en el arquetipo del revolucionario y patriota. La historia rusa fue reinterpretada como la lucha de una interminable lucha de clases que conducía inevitablemente a octubre de 1917. Cine, arte y literatura fueron forzados a reflejar los valores y la estética de la nueva moral nacional-proletaria. Pasado un primer y breve momento de colaboración, la vanguardia rusa (Malevich, Kandinsky, Chagall, Mayakovsky, Isaak Babel, Akhmatova, Zamiatin, Mandelshtam, entre otros) fue eliminada y reemplazada como doctrina oficial por el «realismo socialista», un retorno a las técnicas estéticas y literarias del realismo decimonónico al servicio ahora de un retórico obrerismo ejemplarizante y heroico. Cuando convino, a partir de 1933, tras la llegada de Hitler al poder en Alemania —que el régimen soviético percibió como una amenaza frontal a su seguridad—, hasta la simbología y los mitos del nacionalismo ruso, incluida la religión, fueron actualizados al servicio de la política oficial, como elemento emocional para enaltecer los sentimientos populares. Lenin y sobre todo, Stalin aparecían como los herederos de Iván el Terrible y Pedro el Grande, y al igual que ellos, como los constructores de la gran Patria rusa. Legitimada en la doble ética de la revolución y del proletariado, y luego por las gestas memorables del pueblo y los soldados rusos durante la II Guerra Mundial (la «gran guerra patria», como la denominaría la memoria oficial: veinte millones de muertos, Stalingrado, etcétera), la URSS de Stalin apareció a los ojos de los comunistas y de buena parte de la izquierda europea de los años 1930-1955 como la gran patria del comunismo internacional. Entre la intelligentsia comunista y filocomunista europea, «la forma dominante del nacionalismo —escribía con razón en 1945 Orwell, el escritor inglés— es el comunismo», esto es, como el mismo Orwell observaba, un nacionalismo «transferido» a la URSS[4].

Pero la URSS era, en realidad, un proyecto estatal y nacional inacabado (como ya fue el caso, también, de la Rusia zarista, de acuerdo con la tesis de Hélène Carrère D’Encausse[5]). La URSS fue un imperio, no un estado nacional, que, además, no terminó de resolver satisfactoriamente la dualidad unificación-plurinacionalidad en que se debatiría su construcción, tal vez porque los bolcheviques partieron en 1917 de premisas imposibles: conjugar universalismo marxista y fraternidad de los pueblos, con reconstrucción nacional rusa; evitar al tiempo el chauvinismo gran-ruso y los nacionalismos de nacionalidades y regiones; sovietizar a rusos y no rusos y uniformizar las estructuras administrativas y políticas de toda la URSS, e incorporar, paralelamente, al sistema federal a nacionalidades, minorías étnicas, repúblicas federales y autónomas y regiones. El resultado fue la ambigüedad. Oficialmente, de acuerdo con las constituciones de 1924, 1936 y 1977, la URSS fue un estado multinacional con una identidad, la identidad soviética, supranacional, e integrado inicialmente por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la Federación Transcaucásica (Armenia, Georgia, Azerbaiyán) y luego, ya en 1977, por un total de quince repúblicas soviéticas. En la práctica, y como expresivamente subrayaba la política de «socialismo en un solo país», fue un régimen unitario y férreamente centralizado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. La URSS regeneró las culturas nacionales y étnicas victimizadas por el zarismo antes de 1917 (aunque también liquidó, e implacablemente, a minorías étnicas y nacionales reacias a la integración en el sistema comunista: tártaros, chechenos, alemanes del Volga, judíos…); muchos de los territorios federales y/o repúblicas como Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguizistán o Uzbekistán recibieron ahora, bajo la URSS y por primera vez en su historia, entidad administrativa y fronteras precisas. El sistema soviético generó, además, la aparición de élites locales no rusas incorporadas tanto a las burocracias territoriales como a los órganos centrales del estado y a los cuadros dirigentes del Partido (casos de Stalin, georgiano; Jruschov, ucraniano; Mikoyan, armenio y muchos otros). Pero los rusos fueron siempre mayoría en el comité central del PCUS, y en los escalones más altos del ejército y de los servicios policiales y de espionaje e inteligencia (KGB); y lo ruso, no lo georgiano, o lo armenio, o lo báltico, o lo turco-musulmán, impregnó la visión comunista del país. De hecho, la URSS fue la continuación de la autocracia zarista y del nacionalismo ruso por otros medios. Los bolcheviques, los comunistas, crearon un estado fuerte y un ejército imponente, y reconstruyeron el imperio según los esquemas y líneas del pensamiento tradicional zarista: controlar las posibles salidas al mar; crear una línea de seguridad frente a Occidente; dominar y estabilizar el Caúcaso; hegemonizar Asia central.

Pese a la memoria épica de la II Guerra Mundial y al orgullo que en la población generaron algunos de los grandes éxitos de la URSS —como su mismo gigantismo industrial, los éxitos en la carrera espacial, o las hazañas de los atletas soviéticos en las grandes competiciones internacionales—, el patriotismo soviético tuvo muchas limitaciones. Primero, fue, más que nada, un patriotismo de estado, o de Partido, esto es, eslóganes reiterativos, propaganda oficialista, no un sentimiento popular ni verdadero patriotismo nacional. Segundo, el precio que la población pagó por los ideales soviéticos fue sencillamente terrible. La colectivización agraria, completada para 1941, tuvo resultados calamitosos. Stalin reconocería que había supuesto la liquidación y deportación de unos diez millones de campesinos. Otros siete millones de personas murieron entre 1924 y 1937 por la situación de hambre creada. Las cifras del terror político stalinista fueron igualmente escalofriantes: unos diez millones de represaliados entre 1934 y 1941 (de ellos, cerca de tres millones de ejecutados, y tres millones más muertos en campos de concentración); seis millones de desaparecidos en las purgas de 1944-1946; y otro millón, entre 1947 y 1953, año de la muerte de Stalin.

Sobre tal pesadilla difícilmente podía sostenerse emoción nacional alguna. En 1956, en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el nuevo hombre fuerte del país, Nikita Jruschov, reveló y denunció los «crímenes de Stalin». Un día en la vida de Iván Denisovich (1962), el relato de Solzhenitsyn cuya difusión fue ahora autorizada, expuso el horror de la vida en los campos de concentración, donde acabaron incluso muchos jóvenes soldados que habían combatido en la II Guerra Mundial acusados de traición por haberse rendido a los alemanes, como el propio Iván Denisovich en la obra mencionada. El mito de Stalin, encarnación del patriotismo comunista, de la revolución nacional soviética y del heroísmo de la guerra, quedó, de esa forma, literalmente deshecho, y el patriotismo estalinista asociado a terror policial, purgas y campos de concentración. En los años de Jruschov (1956-1964), el ideal soviético era poco menos que sinónimo de camarilla de partido. En los de su sucesor, Leónidas Brezhnev (1964-1982), el régimen comunista era ya una gerontocracia esclerotizada, como bien reflejaban la avanzada edad y decrépita imagen de sus líderes (Brezhnev, Kosygin, Gromyko, Podgorny, Suslov, Grishin, Chernenko). En ese contexto, la ocupación militar de Checoslovaquia en agosto de 1968, para poner fin a la experiencia reformista impulsada por la propia dirección comunista checa, destruyó la idea de fraternidad de pueblos y países comunistas que la URSS decía haber creado. La invasión de Afganistán en 1979, para imponer un régimen pro soviético, fue un desastre para el ejército Rojo, el ejército soviético, un foco de descontento en el interior de la propia Unión Soviética y un gravísimo revés para su prestigio nacional e internacional: la URSS terminaría por retirarse de aquel país en 1989, tras diez años de guerra infructuosa contra la resistencia de las guerrillas afganas. El desastre de Chernobil (Ucrania), la explosión, el 26 de abril de 1986, de una central nuclear en la que pudieron morir seis mil o siete mil personas, fue visto como la prueba del fracaso del supuesto poderío industrial soviético y de la incompetencia e irresponsabilidad de sus órganos ejecutivos y de su gigantesca burocracia. En suma, la URSS de mediados de los años 60 parecía sumida en un profundo vacío ideológico, moral y nacional. La misma obra del más importante de sus escritores, Solzhenitsyn (Un día en la vida de Iván Denisovich, 1962; Pabellón de Cáncer, 1968; El primer círculo, 1968; El archipiélago Gulag, 1973-1975, entre otros títulos) era una exposición devastadora de la destrucción moral del pueblo ruso por el régimen comunista[6]. El también escritor y disidente Andrei Amalrik se preguntaba a mediados de los años 70 si la URSS sobreviviría más allá de 1984[7]; en un libro de 1978, L’Empire Éclaté, Hélène Carrère D’Encausse predecía el próximo estallido del imperio soviético por su incapacidad para integrar a sus diferentes nacionalidades y especialmente, de las repúblicas musulmanas del Asia central.

La Unión Soviética vivía, ciertamente, una crisis de régimen que conllevaba —a nuestros efectos— una profunda crisis de identidad: la quiebra del ideal soviético como forma de patriotismo nacional. Así lo revelaba, por ejemplo, la reaparición en los años 60 del interés por la Rusia histórica, por la religión ortodoxa y por las tradiciones de la Rusia popular, que se manifestó de distintas formas en la vida intelectual, en la vida social e incluso en los ámbitos oficiales, el resurgir, si se quiere, del nacionalismo ruso (que es lo que, en realidad, esa reacción significaba). La llamada literatura «ruralista» o de aldea, representada sobre todo por las obras de Valentin Rasputin (Dinero para María, Tiempo prestado, Vivir y recordar, Adiós a Matyora) y Vasilii Belov (Eso es como es, Historias de un carpintero), pero también por Solzhenitsyn (La casa de Matrena, 1963), Abramov y otros, evocaba aldeas, pueblos, tradiciones, festividades religiosas, oficios, paisajes, desaparecidos al hilo de las colectivizaciones y de la industrialización[8]. En Doctor Zhivago, la hermosísima novela que Boris Pasternak publicó en 1957, Rusia, un país, como Zhivago, de alma noble y sensible, parecía haber asistido perpleja e indefensa, impotente y resignada, como los protagonistas de la novela, a los acontecimientos y convulsiones de su historia contemporánea. El bellísimo film de Andrei Tarkovski Andrei Rublev (1966), la historia del mayor pintor de iconos de la historia rusa, evocaba la Rusia medieval del siglo XV con la tesis de que, frente a la opresión de los tártaros, la religión y los iconos acertaron a preservar la identidad y el «alma» rusas. La reedición a partir de 1956-1959 de la inmensa obra del historiador V.O. Kliuchevskii (1840-1911) y especialmente de los ocho volúmenes de su El curso de la historia rusa, publicados originalmente entre 1904 y 1911, pareció responder a la necesidad de recuperar el pasado ruso en toda su complejidad y riqueza y de revisar, paralelamente, las falsificaciones y simplificaciones ideológicas cometidas desde 1917 por la historiografía soviética[9]. La obra del gran especialista en Bizancio y su influencia en la Rusia de Kiev (siglos IX a XIII), Dimitri S. Likhachev, enfatizaba el origen europeo y cristiano de Rusia, tesis por lo general común a toda la historiografía especializada en la Rusia de Kiev, el interés por la cual resurgió, igualmente, en los años 60 y 70. El etnógrafo y geógrafo Lev Gumilev reivindicaría, por su parte, en su libro En busca del reino imaginario (1970), el origen euroasiático de Rusia, y con ello, la civilización ruso-esteparia nacida de la simbiosis de lo ruso y lo tártaro-mongol tras la invasión de los tártaros en el siglo XIII[10]. Organizaciones como la Asociación Panrusa para la Protección de Monumentos Históricos y Culturales (Voopik) creada en 1966, o como Pamiat (Memoria), nacida a principios de los años 80 como sociedad bibliográfica pero que en los años 90 sería germen de organizaciones nacional-bolcheviques y neofascistas, nacieron para recuperar las tradiciones culturales rusas. En el caso de Pamiat, eso significó algo muy concreto: la recuperación de ideas y temas —la eslavofilia, la tradición ortodoxa, el anti-semitismo, la etnicidad rusa, etcétera— definidores del ultra nacionalismo ruso anterior a la revolución de 1917. Hasta la religión reaparecía. Hacia 1988, la mitad de la población rusa se consideraba creyente. Pese al carácter oficialmente ateo del régimen, la URSS conmemoró ese año con gran fasto el Milenario de la Iglesia ortodoxa rusa[11].

LA CRISIS NACIONAL DEL COMUNISMO

Fracaso del comunismo como instrumento de vertebración nacional; afirmación de Rusia como entidad nacional distinta de la URSS. En esas circunstancias, la Unión Soviética sólo podía sobrevivir mientras el régimen y el Partido Comunista funcionasen al menos como maquinaria eficaz de poder. Cuando esto falló, lo que ocurrió a partir de 1985 en que Mijaíl Gorbachov, nuevo secretario general del Partido y nuevo líder del país, puso en marcha una reforma general del sistema, la URSS estalló.

Las reformas de Gorbachov, asociadas a los conceptos de perestroika (reconstrucción) y glasnost (transparencia), reabrieron, en efecto, e inevitablemente, la cuestión nacional. Graves disturbios anti-rusos estallaron en Alma-Ata, la capital de Kazajstán en diciembre de 1986, en protesta por el nombramiento de un ruso como nuevo secretario del Partido en la región. Reivindicaciones de carácter cultural y político, éstas últimas en demanda de mayor autonomía, y protestas de distinto tipo (por ejemplo, contra los proyectos industriales soviéticos en la zona), se extendieron por las mismas fechas en Letonia, Estonia y Lituania, regiones de población no rusa, incorporadas a la URSS en fecha comparativamente tardía (1940), y que habían retenido, junto a la cultura, lengua y religión propias (religión protestante en Estonia y Letonia, católica en Lituania), un fuerte sentido de identidad nacional. Poco después, 1988-1989, los Parlamentos o soviets locales de esas tres mismas repúblicas bálticas, aún dominadas por los comunistas, acordaron la recuperación de los viejos emblemas nacionales (banderas, himnos, fiestas conmemorativas) y adoptaron, enseguida, declaraciones de «soberanía». Tanto en las elecciones de 26 de marzo de 1989 al nuevo Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS convocadas por Gorbachov como pieza clave de su reforma[12], como en las elecciones de febrero y marzo de 1990 a los nuevos soviets o Parlamentos regionales, los resultados en las tres repúblicas bálticas fueron idénticos: considerable avance de los candidatos de los «frentes populares» que reformistas y nacionalistas habían creado en 1988 y fuerte retroceso de los candidatos oficiales comunistas. El 11 de marzo de 1990, el parlamento lituano, dominado por el Frente Popular (Sajudis) encabezado por el nacionalista Vytautas Landsbergis, proclamó la «independencia» de Lituania, una independencia en principio no operativa pero no por ello decisión menos significativa; el parlamento de Estonia le siguió días después, el 30 de marzo; y el de Letonia, el 4 de mayo[13].

En Ucrania, donde la terrible catástrofe de Chernobil de abril de 1986 había provocado, junto al malestar popular, el despertar de los sentimientos nacionalistas —apoyados en el argumento que veía Chernobil como el resultado de la imposición de una política nuclear ajena a los intereses ucranianos—, hubo también manifestaciones anticomunistas desde junio-julio de 1988. La Iglesia Autocéfala Ortodoxa Ucraniana se movilizó a su vez en demanda de su legalización, que logró en octubre de 1990. Varias organizaciones disidentes formaron en septiembre de 1989 un Movimiento Popular de Apoyo a la Perestroika (Rukh, en ucraniano) que lograría excelentes resultados en las elecciones de marzo de 1990 al parlamento o Rada ucraniano, en el que emergió un bloque nacional-comunista encabezado por Leonid Kravchuk, quien proclamó su intención de afirmar la soberanía nacional. Grandes manifestaciones nacionalistas tuvieron lugar, igualmente, en Armenia en febrero de 1988, en demanda de la reintegración de la región del Alto Karabaj que el régimen soviético había enclavado en su día en Azerbaiyán, y en solidaridad con el movimiento nacionalista pro armenio que había ido extendiéndose en dicha región. Treinta y dos personas, en su mayoría armenias, murieron el día 28 de aquel mes en los enfrentamientos que se produjeron entre armenios y azeríes por dicha cuestión en la localidad de Sumgait (Azerbaiyán). Otras veinte personas murieron, y más de doscientas resultaron heridas, el 9 de abril de 1989 en Tbilissi, la capital de Georgia, cuando las fuerzas del orden soviéticas reprimieron con excepcional dureza una manifestación nacionalista. En marzo de 1990, el propio soviet (parlamento) georgiano declaró derogado el tratado de 1922 por el que Georgia se había unido a la URSS. Los nacionalistas, dirigidos por el antiguo disidente Zviad Gamsajurdia, lograrían una gran victoria electoral en las elecciones regionales celebradas seis meses después.

La movilización nacionalista fue, pues, amplia. Pero el verdadero problema era otro, un problema además doble: la ausencia en la perestroika de Gorbachov de ideas y proyectos sobre la reorganización territorial de la URSS, y la evolución que desde 1985 siguió Rusia que, con sus ciento cuarenta y siete millones trescientos mil habitantes en 1989, la mitad de toda la población soviética, era, lógicamente, la clave del arco de la URSS. La perestroika, en efecto, supuso reformas económicas, una nueva relación de la URSS con el mundo occidental, cambios constitucionales, democratización de los órganos centrales del Partido Comunista y del estado (del Soviet Supremo o parlamento soviético), la reducción de los gastos militares y la no intervención en los asuntos internos de los restantes países comunistas: no contemplaba —hay que insistir— reformas territoriales, la posibilidad de una redefinición del papel de repúblicas, regiones y nacionalidades en el nuevo entramado constitucional resultante.

Gorbachov careció, probablemente, de visión de estado sobre el futuro de la URSS o, si la tuvo, no acertó a definirla y proyectarla. Su aplicación, en todo caso, resultó vacilante y contradictoria: pasividad inicial ante el auge de los movimientos nacionalistas, reacción autoritaria tardía (cuando comprendió que el desafío nacionalista, y especialmente la actitud de las repúblicas bálticas, amenazaba la existencia misma de la URSS). Sólo entonces, ya en 1990, se abordó la cuestión. El 4 de abril de 1990, el Congreso de los Diputados del Pueblo, el nuevo parlamento de la URSS, aprobó una Ley de Secesión que regulaba el ejercicio de la soberanía y de la autodeterminación de las repúblicas. En noviembre de ese mismo año, después de que Ucrania (en julio) y la propia Rusia (en agosto) afirmasen sus respectivas soberanías, el propio Gorbachov anunció un nuevo Tratado de la Unión que contemplaba la transformación de la URSS en una Unión de Repúblicas Soberanas, expresión que sustituía, por tanto, la de «Repúblicas Socialistas Soviéticas».

Desde la perspectiva de las repúblicas más nacionalistas, la reforma era, sin embargo, decepcionante. La soberanía que reconocía el nuevo Tratado de la Unión —que sería aprobado en referéndum en marzo de 1991— era una soberanía nominal. La Ley de Secesión era de hecho una ley de «no secesión», como alguien la calificó de inmediato: exigía no sólo que la secesión fuese aprobada en referéndum por los dos tercios del electorado de la república que quisiera aplicarla, sino que, además, imponía un periodo de negociaciones de cinco años con el poder central, para dirimir los enormes problemas económicos, sociales y militares que conllevaría la secesión, y reconocía además el derecho «a la secesión dentro de la secesión», esto es, el derecho de las minorías étnicas y nacionalidades a separarse de las repúblicas independizadas, lo que, a la vista del complejísimo mapa étnico de la URSS podía dejar muy devaluada cualquier futura independencia (así, Georgia podría perder Osetia y Abjacia; Azerbaiyán, el Alto Karabaj; Ucrania, Crimea; Rusia, Chechenia, etcétera; a repúblicas como Estonia, Letonia, Kazajistán y Moldavia, la Ley también les planteaba graves dificultades: tendrían que reconocer los derechos de su población étnicamente rusa, que en los cuatro casos era superior al 30 por ciento de la población total respectiva). Gorbachov había mostrado ya, al tiempo, su determinación a mantener la URSS. Ante la declaración de independencia de Lituania (marzo de 1990), ordenó el bloqueo económico de la república. Luego, recurrió a la presión militar. Catorce manifestantes resultaron muertos el 13 de enero de 1991 en choques con tropas especiales soviéticas en el curso de una manifestación nacionalista en Vilna, la capital lituana. Cinco personas murieron días después, el 20 de enero, en Riga (Letonia), cuando las tropas soviéticas intentaron ocupar varios de los edificios oficiales de la ciudad.

La política de Gorbachov precipitó de hecho el final de la URSS. Esa política, y en general la perestroika, fue, como ha quedado dicho, decepcionante para el nacionalismo de las repúblicas. En marzo de 1991, las manifestaciones y movilizaciones por la independencia volvieron a las calles de las principales ciudades de Estonia y Letonia, pese a los sucesos de Vilna y Riga mencionados más arriba. La perestroika era, además, inadmisible para los sectores conservadores del comunismo soviético. La oposición de esos sectores, que culminó en el intento de golpe de estado contra Gorbachov promovido en agosto de 1991 por el sector «duro» del Partido Comunista de la Unión Soviética, llevó a la ruptura definitiva de la Unión y del sistema soviéticos. El fracaso del golpe, que naufragó ante la resistencia popular encabezada por el nuevo presidente de Rusia, Boris Yeltsin, supuso, primero, la inmediata ilegalización del PCUS, tras setenta y cuatro años de gobierno; y en seguida, el fin de la Unión Soviética. Como respuesta al golpe, once repúblicas (Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Moldavia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán) declararon de forma inmediata la independencia; Armenia lo hizo en septiembre; Ucrania, el 1 de noviembre. Reunidos el 8 de diciembre, en una localidad de Bielorrusia cercana a la capital, Minsk —Gorbachov no fue convocado—, los líderes de Rusia (Yeltsin), Bielorrusia (S. Shuskiévich) y Ucrania (Kravchuk) declararon oficialmente la disolución de la URSS: Gorbachov dimitió el día 25[14].

La desmembración del gigantesco imperio soviético, un «gran estado» en palabras de Gorbachov, era en sí mismo un hecho extraordinario, sorprendente. La decisión final partió, además, de los presidentes de las tres regiones —Rusia, Bielorrusia, Ucrania— sobre cuya herencia histórica común se habían construido la Rusia zarista y la propia Unión Soviética; más aún, los tres presidentes citados —Yeltsin, Shuskiévich y Kravchuk— habían sido hasta hacía poco, miembros prominentes, aparatchik, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto último parecía indicar que la caída del comunismo se había producido cuando los propios hombres del sistema entendieron que era imposible sostenerlo[15]. Esto fue posible, a su vez, por lo ya indicado más arriba: por el fracaso del comunismo como nacionalismo, por el fracaso del patriotismo soviético como ideología nacional. El resurgir, como alternativa, del nacionalismo ruso desde los años 60 fue decisivo. Esa fue la gran intuición de Boris Yeltsin, secretario del PCUS de Moscú en 1985, cesado en 1987 por sus posiciones favorables a una reforma plenamente democrática, presidente del Soviet o parlamento ruso tras las elecciones de marzo de 1990, presidente de Rusia tras elecciones celebradas en junio de 1991: comprender no ya que la URSS estaba agotada, sino que el nacionalismo ruso (al que ya se ha hecho referencia anteriormente) respondía a que el pueblo ruso no soportaba la vía soviética y prefería una vía nacional propia; que prefería, en suma, la construcción de Rusia como estado nacional. Que luego, entre 1991 y 1998, bajo su dirección semiautoritaria, imprevisible y errática la nueva Rusia democrática de Yeltsin tuviera excepcionales dificultades: gravísima situación económica, empobrecimiento del país, hiperinflación, corrupción generalizada, aumento de las mafias y de la criminalidad urbana; o que la construcción en esa Rusia de una nueva identidad cívica, y no étnica, basada en la lealtad a las nuevas instituciones democráticas, resultara extraordinariamente complicado, serían cuestiones distintas. En 1989-1991, Yeltsin, a diferencia de los que intentaría Milosevic en Serbia —articular Yugoslavia sobre la base del nacionalismo étnico serbio—, llevó a Rusia por una vía soberanista, democrática y anti-soviética. Yeltsin fue el principal artífice del fracaso del intento de golpe comunista de agosto de 1991, con las consecuencias ya conocidas: caída del comunismo y disolución de la URSS.

La evolución de la URSS desde 1985 había tenido, lógicamente, repercusiones extraordinarias en toda la Europa del Este. El anuncio de que la URSS no intervendría ya en los países satélites —como había venido haciendo desde el final de la II Guerra Mundial— y que retiraría sus tropas de los mismos (unos quinientos mil soldados), precipitó la llamada revolución de 1989, esto es, la caída de todo el sistema comunista. En efecto, bien mediante cambios pactados, como en Hungría, o tras grandes movilizaciones de masas, como en Checoslovaquia y Alemania del Este, o aún ocasionalmente, al hilo de estallidos generalizados de violencia, como en Rumania, el final fue el mismo: la sustitución de los gobiernos comunistas por gobiernos democráticos provisionales y la apertura de procesos electorales y constituyentes. La revolución de 1989 incidió decisivamente —como era igualmente lógico— en la crisis yugoslava. Los procesos electorales que, al hilo de los cambios que se producían en toda la Europa del Este se pusieron en marcha también en Yugoslavia, precipitaron la desintegración del país. Ya quedó dicho que la apelación de Milosevic, el dirigente del comunismo serbio desde 1987 y presidente de Serbia (dentro de Yugoslavia) desde 1989, al nacionalismo étnico serbio como nueva forma de legitimación del poder, hacía inviable Yugoslavia: significativamente, la Asamblea federal serbia abolió en marzo de 1989 la autonomía de Kosovo y Vojvodina. En seguida, el colapso en enero de 1990 del partido comunista unitario, la Liga de Comunistas Yugoslavos, y la victoria en las elecciones celebradas en las seis repúblicas del país a lo largo de ese año, entre abril y diciembre[16], de fuerzas políticas o secesionistas y nacionalistas, como sucedió en Croacia (la Unión Democrática Croata) y en Eslovenia (la coalición Demos), o anticomunistas, como ocurrió en Bosnia-Herzegovina y Macedonia, y del nacional-comunismo de Milosevic en Serbia, crearon una situación insostenible. Los tibios intentos que hubo de negociar un nuevo pacto confederal entre las seis Repúblicas fueron inútiles. La Asamblea nacional croata salida de las elecciones de abril eligió como presidente de Croacia al líder de la Unión Democrática, el ultra nacionalista y etnicista Franjo Tudjman, y en diciembre (1990) aprobó una nueva Constitución que definía a Croacia como el estado nacional del «pueblo croata». En Eslovenia, donde se estableció una especie de cohabitación entre el presidente, el ex líder comunista Milan Kucan, y la coalición Demos integrada por seis partidos de la oposición democrática, los nuevos dirigentes proclamaron, en julio, el derecho de Eslovenia a la independencia: un referéndum popular ratificó, en diciembre, la resolución.

Alarmado por la desintegración del país, por el auge de lo que él definía como fuerzas conservadoras y de la derecha —especialmente, tras el nombramiento de Tudjman como presidente de Croacia—, y por la aparición de una amplia oposición democrática en la propia Serbia, Milosevic acentuaría a lo largo de 1990 su nacionalismo, al servicio de una Gran Serbia y de la integración en la misma de las minorías serbias de Croacia (unas seiscientas mil personas, la mayoría en la región croata de la Krajina) y Bosnia-Herzegovina (donde la minoría serbia suponía en 1991 el 31 por ciento de la población). Cuando el 15 de mayo de 1991 Milosevic se negó a aceptar la elección del croata Mesic como presidente federal yugoslavo, Croacia y Eslovenia proclamaron la independencia (25 de junio). Macedonia lo hizo el 18 de septiembre. Bosnia-Herzegovina, dirigida desde las elecciones de 1990 por el Partido de Acción Democrática (partido musulmán) de Alija Izetbegobic proclamó la suya, finalmente, el 1 de mayo de 1992.

LAS GUERRAS NACIONALISTAS

El mundo, por lo menos el mundo democrático, celebró por lo general la desaparición del comunismo en la Europa del Este. Sólo los nacionalistas celebrarían, por el contrario, el triunfo de las nacionalidades en la ex Unión Soviética y en la ex Yugoslavia. La aparición en lugar de estas últimas de una veintena de estados nuevos, muchos de ellos, como las ex repúblicas soviéticas de Asia central, o como Bosnia-Herzegovina, sin fundamento histórico apreciable, o con escasa funcionalidad estatal y económica, y casi todos ellos sin homogeneidad étnica y nacional, causó sobre todo preocupación y alarma. La desintegración de Yugoslavia y la URSS —y cabría añadir, de Checoslovaquia, dividida en 1993 en la República Checa y Eslovaquia— parecía indicar que los Estados plurinacionales y federales no constituían alternativa viable al estado nacional. Era muy dudoso, y lo ocurrido en la URSS y Yugoslavia desde 1985 parecía premonitorio al respecto, que el nacionalismo, el equilibrio entre Estados-nacionales nuevos y en construcción, no bien definidos, y étnica y religiosamente complejos, pudiera garantizar la estabilidad y el orden territoriales.

En Checoslovaquia, país construido en torno a un nacionalismo, el checo, profundamente cívico y democrático, la separación fue pacífica. En Yugoslavia, por el contrario, el nacionalismo y sus múltiples manifestaciones —voluntad independentista de Croacia y Eslovenia, determinación serbia de formar una Serbia unida que incluyese territorios de Croacia y Bosnia, aspiración albanesa a formar o estados o autonomías albanesas en Kosovo y Tetovo (Macedonia)— trajeron la guerra o mejor, varias guerras: en Eslovenia (julio de 1991), Croacia (julio-diciembre de 1991), Bosnia (abril de 1992-diciembre de 1995), Kosovo (enero de 1998-julio de 1999) y Macedonia (2001).

Todavía en Eslovenia, y por razones parecidas a las de Checoslovaquia, la separación fue comparativamente no violenta. En la llamada «guerra de los diez días» de julio de 1991 que siguió a la declaración de independencia de Eslovenia el 25 de junio de ese año —en realidad choques armados breves y limitados entre milicias eslovenas y unidades del todavía existente ejército yugoslavo— murieron trece eslovenos y treinta y nueve soldados yugoslavos. Las razones de que fuera así eran, sin embargo, harto significativas. Primero, la identidad eslovena, por su pasado más vinculado a Austria e Italia que a los Balcanes, por la homogeneidad étnica del país (dos millones en 1990: 88 por ciento eslovenos y católicos), y por su elevado desarrollo económico, era una identidad étnicamente «débil», asociada ante todo a los derechos humanos individuales y a la libertad económica del país. Segundo, Eslovenia no era, como podían serlo Bosnia o Kosovo, centro del imaginario de ninguno de los nacionalismos «fuertes» de la región balcánica, esto es, de los nacionalismos croata, serbio y albanés[17]. En cambio, etnicidad y nacionalismo, xenofobia, leyendas y mitos épicos, el miedo, la memoria de enfrentamientos antiguos y recientes, la politización desaforada de la identidad por los nacionalismos de la región, hicieron que las restantes guerras balcánicas fueran, como iremos viendo aunque sea sucintamente, guerras de extraordinaria violencia e intensidad, y de elevadísima mortandad[18]. En la guerra de Croacia (julio-diciembre de 1991) murieron treinta mil personas; en la de Bosnia-Herzegovina (1992-1995), entre doscientas y doscientas cincuenta mil, y cerca de tres millones huirían, en condiciones lamentables, de sus lugares habituales de residencia.

En efecto, aunque sólo fuese por el número de víctimas, la guerra de Croacia de 1991 confirmó ya los peores augurios que sobre la evolución de Yugoslavia habían podido hacerse. Los factores desencadenantes del conflicto —por un lado, la aspiración de la Serbia de Milosevic a construir una Gran Serbia como heredera legítima de la antigua Yugoslavia, que incorporase junto a Serbia-Montenegro, con Kosovo y Vojvodina, los territorios serbios de Croacia (la Krajina y Eslavonia) y de Bosnia-Herzegovina; por otro, la determinación del nacionalismo croata de Tudjman de crear una Croacia étnicamente homogénea que integrase a los croatas de Bosnia-Herzegovina y afirmase la identidad croata sobre los territorios «croatas» de mayoría serbia (precisamente, Krajina y Eslavonia, donde vivían unos seiscientos mil serbios)—, revelaron la verdadera naturaleza del problema yugoslavo y pusieron de manifiesto las casi insuperables dificultades que su hipotética solución plantearía. La guerra estalló de esa forma tras la declaración de independencia de Croacia (25 de junio de 1991), como consecuencia precisamente del rechazo de la misma por los serbios de la Krajina. Enfrentó a las milicias croatas, con fuerzas paramilitares ultra nacionalistas serbias, como los Tigres de Zeljko Raznatovic «Arkan» o los chetniks de Vojislav Seselj, apoyados por el ejército federal yugoslavo, ya totalmente dominado por Serbia. El conflicto sufrió pronto una escalada: la intervención del ejército yugoslavo transformó lo que en principio había sido una rebelión local (de los serbios de la Krajina) en una agresión unilateral (de Serbia a Croacia), y se prolongó durante varios meses ante la impotencia general.

Episodios como la destrucción de Vukovar o el sitio y bombardeo de la bellísima ciudad adriática de Dubrovnik, operaciones realizadas ambas por el ejército yugoslavo (serbio), conmocionaron al mundo. Plantearon, además, un gravísimo desafío a la comunidad internacional (los Estados Unidos, Europa, la ONU, Rusia), que ésta no entendió o entendió erróneamente. Rusia se ratificó en su apoyo tradicional e histórico a Serbia. Europa, sobre la que por razones geográficas y políticas recaían las máximas responsabilidades, estaba dividida. Gran Bretaña y Francia veían el conflicto como una guerra civil interna yugoslava, no como una agresión serbia o como una guerra derivada de la explosiva dialéctica irredentista, etnicista y territorial de los nacionalismos serbio y croata; creían, además —siempre lo habían hecho, desde la I Guerra Mundial— en el mantenimiento de una Yugoslavia unida como garantía de estabilidad. Alemania, por el contrario, responsabilizaría desde el primer momento a Serbia y abogaría, frente a las ambiciones de ésta, por la disolución de Yugoslavia y por el reconocimiento internacional inmediato de Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia (una posición tras la que muchos observadores vieron, simplemente, la reaparición de las históricas ambiciones alemanas a fragmentar, y hegemonizar así, los Balcanes). Con tales perspectivas, el mismo plan de paz propuesto, ya en septiembre-octubre de 1991, por el mediador europeo, Lord Carrington, nacía muerto. Era de aceptación y realización indudablemente difíciles: contemplaba una especie de Yugoslavia «a la carta» (derecho de independencia de sus distintos estados; derecho de los distintos grupos étnicos dentro de éstos a decidir su futuro destino territorial), previo un casi imposible acuerdo constitucional entre todas las partes. Lo hizo inviable, en cualquier caso, la intransigencia serbia. Las iniciativas de la ONU —embargo de armas para toda la región, envío de fuerzas de interposición, armisticio (logrado en enero de 1992) y negociaciones posteriores—resultaron igualmente inútiles. Llegaron, además, tarde; sancionaron en la práctica la superioridad que en el terreno militar había logrado Serbia durante la guerra.

El embrollo nacionalista balcánico no había hecho, además, más que empezar. La decisión casi unilateral de Alemania de forzar en enero de 1992 el reconocimiento internacional de Eslovenia y Croacia fue una equivocación. Lejos de garantizar la paz, no hizo sino extender la guerra. Dejó a Bosnia-Herzegovina, región multiétnica (4 millones trescientos cincuenta mil habitantes en 1989: 44 por ciento musulmanes, 31 por ciento serbios, 17 por ciento croatas), gobernada desde 1990, como se indicó, por el Partido de Acción democrática (musulmán) de Alija Izetbegovic, sin otra opción que o la independencia, que sería la opción tomada, o su permanencia en una Yugoslavia totalmente dominada por Serbia. La declaración de independencia el 1 de marzo de 1992 significó, como en Eslovenia, como en Croacia, la guerra: fue rechazada de inmediato tanto por la minoría serbo-bosnia representada por el Partido Democrático Serbio de Radovan Karadzic (que proclamó la República Serbia de Bosnia) como por el propio gobierno serbio de Milosevic. En la guerra, serbios y serbo-bosnios buscaron la «liberación» de un pasillo territorial que propiciase la integración de los territorios serbo-bosnios de Bosnia en un estado serbio unificado; los croatas, que terminaron por intervenir activamente en el conflicto, aspirarían a la partición de Bosnia-Herzegovina entre Croacia y Serbia.

La guerra de Bosnia (1992-1995: entre doscientos y doscientos cincuenta mil muertos, tres millones de refugiados) fue, así, una guerra mucho más larga, cruenta, compleja y brutal que la guerra de Croacia. Una guerra librada en muchos frentes, en torno a posiciones civiles y militares muy localizadas, con oscilaciones constantes y múltiples contendientes (serbo-bosnios, serbios, musulmanes, croatas); más una guerra de guerrillas que una guerra regular o convencional, una guerra, por tanto, de unidades militares fragmentadas y dispersas por el territorio, en terrenos montañosos y difíciles, librada a base de franco-tiradores, minas antipersona, morteros y artillería, y con objetivos preferentemente civiles: ciudades desmilitarizadas como Sarajevo, que estuvo sitiada por los serbios entre abril de 1992 y septiembre de 1995, como Srebrenica, Mostar, Zepa o Gorazde, y otras, sufrieron ataques continuos. Ocho mil civiles musulmanes fueron asesinados por tropas serbias en Srebrenica en julio de 1995 tras la toma de la ciudad. Asesinatos o deportaciones en masa, violaciones, destrucción sistemática de propiedades, ejecuciones sumarias, internamientos en campos de concentración, torturas, fueron ejecutadas de forma premeditada y particularmente atroz por Serbia y sus aliados serbo-bosnios. La «limpieza étnica» no fue fruto de las circunstancias: fue practicada como vía para garantizar la homogeneidad étnica y nacional, para asegurar la dominación territorial.

Por eso, exactamente, la guerra de Bosnia implicó más dramáticamente aún que la guerra de Croacia a la comunidad internacional, pues la obligó, favorable como era a una intervención humanitaria y de paz en la zona pero reacia a aceptar que la solución del conflicto exigía acciones militares contundentes contra Serbia, a asumir nuevas responsabilidades, a tomar decisiones necesariamente controvertidas y discutibles —que culminarían con la intervención militar de la OTAN, la alianza defensiva occidental creada en 1949—, con resultados polémicos y consecuencias inevitables y a veces, indeseadas. Las dificultades fueron evidentes. La ONU condenó a serbios y serbo-bosnios por «limpieza étnica» y declaró, primero, el embargo comercial y luego, el bloqueo naval contra Serbia y Montenegro; pero los intentos por desplegar tropas de paz en la zona fracasaron, principalmente por la oposición de los serbobosnios. Fracasaron tanto el plan de paz patrocinado a partir de agosto de 1992 por la propia ONU y por la Unión Europea y elaborado por Cyrus Vance y David Owen, plan que preveía la división de Bosnia-Herzegovina en diez cantones autónomos y que fue rechazado tanto por Serbia (Milosevic) como por sus aliados serbo-bosnios, como las distintas iniciativas del llamado Grupo de Contacto, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Sólo se logró, ya en 1994, el alto el fuego entre croatas y musulmanes y la creación de una federación croata-musulmana en Herzegovina, de cara a una futura articulación federal del país (Bosnia-Herzegovina).

La guerra, por tanto, se prolongaría. La ONU había declarado Sarajevo y otros enclaves musulmanes atacados por los serbios, «zonas de seguridad» bajo su protección; pero ni siquiera ataques aéreos de la OTAN contra las posiciones serbias, que se iniciaron en 1994 por mandato de la ONU, pudieron detener la agresión. Sólo una ofensiva relámpago de Croacia, ya en 1995, que le permitió recuperar todos los territorios que había perdido en 1991 (Krajina, Eslavonia) y una dura ofensiva aérea de la OTAN en agosto de 1995, impulsada por los Estados Unidos —unos Estados Unidos hartos de la ineficacia europea y partidarios de acciones de guerra contra Serbia pero no de desplegar fuerzas de tierra a gran escala— obligó a serbios y serbo-bosnios a aceptar un plan de paz patrocinado directamente por los Estados Unidos, los acuerdos de Dayton (Ohio), por el que se reconocía a Bosnia-Herzegovina como estado independiente y unitario —lo que era una derrota de los serbios—, pero dividido en una Federación bosnio-croata y una República serbo-bosnia, plan que preveía además el envío de una muy amplia fuerza de paz de la ONU (que llegaría a ser de unos sesenta mil hombres) como garantía de la paz.

Dayton fue, sin embargo, un éxito sólo parcial. Supuso la derrota del nacionalismo serbio, y pareció desactivar al nacionalismo croata que vio satisfechas buena parte de sus aspiraciones territoriales. Pero tuvo efectos indeseados. Dayton fue, en concreto, el detonante del nacionalismo albano-kosovar, estimulado precisamente por la derrota de Serbia y por la decepción que para las aspiraciones albanesas supuso que en Dayton no se abordara la cuestión de Kosovo. Ésta era, como sabemos, una cuestión particularmente conflictiva. Provincia serbia de población mayoritariamente albanesa (de sus dos millones de habitantes en 1990, el 95 por ciento eran albaneses), Kosovo era, si se recuerda, el mito central de la épica nacional y religiosa serbia, como escenario de la derrota de 1389 frente a los turcos otomanos, causa de la destrucción de la Serbia histórica; era igualmente —hay que añadir ahora— mito central también del nacionalismo albanés, un nacionalismo basado en la idea de los albaneses como el pueblo más antiguo de los Balcanes (como hipotéticos descendientes de los ilirios), con cultura y alfabeto propios y con su propia épica medieval, nacionalismo que aspiraba a la reunificación de todos los albaneses de los Balcanes en una Gran Albania étnica (aspiración, según el nacionalismo albanés, injustamente ignorada por las potencias europeas y por los otros estados balcánicos a lo largo de los siglos XIX y XX)[19].

Kosovo, en cualquier caso, venía siendo punto de fricción en el interior de Yugoslavia desde 1981. Primero, de forma pacífica: la respuesta a la supresión de la autonomía albanesa, decidida, si se recuerda, por Serbia en 1989, había sido el desarrollo de un amplio movimiento autonomista-nacionalista dirigido por la Liga Democrática de Kosovo de Ibrahim Rugova. Enseguida, tras Dayton, de forma violenta: en 1996, unos cinco meses después de los acuerdos de Dayton, grupos armados del ejército de Liberación de Kosovo, fundado en 1992 y opuesto a la línea pacífica de la Liga Democrática, desencadenaron una ofensiva de atentados terroristas contra los serbios (policías, militares y civiles) a lo largo de toda la provincia. La intención era, probablemente, provocar la reacción serbia y precipitar de esa forma la internacionalización del conflicto y una nueva intervención exterior (de la ONU, de la OTAN), que impusiera una solución sobre la base del reconocimiento de un status especial para Kosovo. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La represión serbia fue durísima. En 1998, tras dos años de conflicto intermitente (ataques serbios contra las posiciones de la guerrilla albanesa, «limpieza étnica» contra la población civil), la OTAN amenazó a Milosevic con acciones aéreas de castigo si no cesaba la violencia desatada contra la población albano-kosovar. La amenaza se cumpliría. Cuando los intentos de mediación impulsados por la diplomacia internacional, que culminaron en las negociaciones de Rambouillet de marzo de 1999 entre representantes serbios y representantes de la guerrilla albano-kosovar fracasaron, la OTAN desencadenó una intensa ofensiva aérea contra Serbia: Belgrado, la capital de Serbia y de la nueva Yugoslavia, integrada ya sólo por Serbia y Montenegro, fue bombardeada durante tres meses; en junio, Serbia acordó retirarse de Kosovo. Cientos de miles de albano-kosovares huyeron de la provincia cuando comenzó el conflicto en 1996: en torno a diez mil de ellos morirían a manos de los serbios. Tras la victoria de la OTAN en junio de 1999, la mitad de la población serbia de la provincia, estimada en unas doscientas mil personas, huyeron de Kosovo por temor a las represalias albanesas. Los que se quedaron vivirían en enclaves fuertemente protegidos[20].

LA PASIÓN NACIONALISTA

Milosevic, el hombre que había hecho del nacionalismo serbio la ideología sustitutoria del comunismo yugoslavo, y responsable principal del nuevo desastre balcánico, cayó en octubre del año 2000, derribado del poder por una revuelta popular democrática contra su régimen. El legado de su gestión en los once años en que permaneció al frente de Serbia y Yugoslavia fue terrible: una Yugoslavia dividida y en ruinas. Para vigilar la aplicación de los acuerdos de Dayton, la OTAN envió a Bosnia a fines de 1996 una Fuerza de Estabilización compuesta en agosto de 2001 por un total de veinte mil soldados. En esa fecha, la OTAN tenía al tiempo desplegados en Kosovo otros cuarenta mil hombres, encargados, como en Bosnia, de asegurar la paz y de garantizar el regreso de los miles de refugiados huidos durante la guerra, pero también, de crear, bajo control de la ONU, la nueva administración de la provincia. Se había acordado, igualmente, y había comenzado ya, el envío de otro contingente de tres mil quinientos soldados a Macedonia, como parte del plan de paz diseñado por la misma OTAN ante la posibilidad de que la guerrilla albanesa del país, fuerte en la región de Tetovo y que había iniciado acciones «militares» meses antes, provocara un conflicto similar al de Kosovo.

Era un hecho, pues, que los nacionalismos balcánicos (serbio, croata, albanés) habían provocado, como en las guerras balcánicas de 1912 y 1913, como en el atentado de 1914 que dio origen a la I Guerra Mundial, como en los años de la II Guerra Mundial, violencia y guerras. Los hechos no fueron, además, muy distintos en la antigua Unión Soviética: cuando menos, los conflictos étnico-nacionalistas perturbaron gravemente la independencia de varios de los nuevos estados nacionales allí surgidos tras la desintegración de la URSS. Cerca de diecisiete mil personas murieron entre 1991 y 1993 en Georgia, en los conflictos armados que estallaron en las regiones independentistas de Osetia del sur y Abjacia (al tiempo que la política autoritaria del nacionalista Gamsajurdia, presidente de la República tras la proclamación de la independencia en 1991, provocaba una grave crisis de estado en un clima de guerra civil, que llevó al poder a Eduard Sheverdnadze, el ex dirigente de la URSS). Unas cincuenta y cinco mil personas murieron en Armenia entre 1988 y 1997 como consecuencia de la violencia étnica entre armenios y azeríes que había comenzado en 1988, como ya se ha dicho, y en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en que aquélla desembocó, ya en los años 90, por el control del Alto Karabaj, la región armenia enclavada en Azerbaiyán, origen de todo el problema. Otras mil personas murieron en 1992 en Moldova, la ex Moldavia, región de población rumana pero con una importante minoría rusa, en choques entre fuerzas del nuevo ejército moldavo y separatistas pro rusos de la región del Transdniester[21].

Los sucesos más graves tuvieron lugar, con todo, en la propia Rusia, en la república de Chechenia, región del Caúcaso, de un millón de habitantes, un viejo pueblo caucásico, no eslavo y musulmán, de estructura social comunal y de clanes, con una antiquísima tradición de belicosidad, bandidismo y resistencia a Rusia, y región de indudable valor para el control de las zonas petrolíferas y oleoductos de la vieja URSS, que, tras la desintegración de ésta, proclamaría (noviembre de 1991) la independencia. Rusia, la Rusia de Yeltsin, una Rusia que a partir de 1991 se convirtió en «el enfermo de Europa» (reestructuración económica fallida, privatizaciones mal hechas, crecimiento de mafias y de la criminalidad organizada, hiperinflación, auge del nacionalismo autoritario, etcétera), vio en la secesión de Chechenia una amenaza a su propia integridad territorial y un nuevo e inaceptable desafío a su muy deteriorado prestigio como potencia, puesto ya seriamente en entredicho en los Balcanes, área tradicional de interés para Rusia (y para la URSS), donde ahora había tenido que aceptar la intervención de la OTAN, el enemigo de la URSS en la «guerra fría» posterior a 1945. Rusia quiso así liquidar de raíz el problema checheno; hacer del conflicto una demostración de su todavía formidable capacidad militar, y reafirmar paralelamente su hegemonía política en el Cáucaso y, por extensión, en toda la región del Mar Negro. Por eso, a la declaración de independencia chechena, Rusia respondió, primero, fomentando el conflicto interno en la república secesionista; luego, fracasados los intentos de llegar a una solución negociada, con la guerra. Yeltsin ordenó, ya en diciembre de 1994, la ocupación de Chechenia, una ofensiva militar a gran escala, brutal, catastrófica —Grozny, la capital de Chechenia, quedó literalmente arrasada—, pésimamente desarrollada por las tropas rusas, que se prolongó durante veintiún meses y en la que pudieron morir en torno a ochenta mil chechenos y unos dos mil soldados rusos, y que resultó, además, inútil: el conflicto terminó con la llamada «paz de Jazaviurt» de 1996, en virtud de la cual Rusia reconocía la independencia de facto de Chechenia, si bien la elaboración del marco jurídico definitivo para la región se retrasaba durante cinco años[22].

Los casos de la ex Yugoslavia y de la antigua Unión Soviética llevaban, pues, a una conclusión difícilmente discutible: en la Europa de finales del siglo XX, el nacionalismo no era sólo un problema interno y localizado en unos pocos países, como eran los casos de Irlanda del Norte, donde la violencia cesó en 1998, Euskadi, donde por el contrario persistía el terrorismo de ETA, Escocia, Cataluña o Córcega; la pasión nacionalista había reaparecido como factor de desestabilización internacional y de guerra. Rusia volvió en 1999 a invadir Chechenia, como respuesta a un ataque checheno —en realidad, de grupos armados fundamentalistas con base en Chechenia— contra la vecina república rusa de Daguestán. Fuera de Europa, el nacionalismo kurdo propició desde 1984 la lucha guerrillera en Turquía e Irak en demanda de la creación de un Kurdistán independiente. Unas treinta mil personas murieron en Cachemira entre 1989 y 2000, como consecuencia del terrorismo de las guerrillas islámicas que aspiraban a la integración de la región en Pakistán. Cerca de sesenta y cuatro mil habían muerto en Sri Lanka desde 1983, víctimas de la violencia del nacionalismo tamil en demanda de autonomía para su región (norte y este de la isla). Unos quinientos mil tutsis fueron masacrados en 1995 en Ruanda por miembros de la etnia hutu, en un conflicto relacionado con la pugna por el equilibrio y control de la región de los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, Uganda, Congo).

En Oriente Medio, la paz parecía una posibilidad real a principios de la década de 1990. Por primera vez en la historia del conflicto, israelíes y árabes, incluida una representación de la Organización para la Liberación de Palestina, participaron juntos en una conferencia de paz, la gran Conferencia celebrada en Madrid en octubre de 1991, auspiciada conjuntamente por los Estados Unidos y Rusia. Luego, a pesar de la insurrección palestina que contra la ocupación israelí había estallado en Gaza y Cisjordania en 1987 y en la que morirían, como consecuencia de las represalias del ejército israelí, más de mil palestinos, israelíes y palestinos firmaron en Oslo en septiembre de 1993 unos acuerdos de paz que parecían garantizar la seguridad de Israel y reconocer la autonomía de Gaza y Cisjordania, como primer paso hacia la creación de un estado palestino. Arafat, el líder palestino, retornó, en efecto, triunfalmente a Gaza en julio de 1994 como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno autónomo de Gaza y Cisjordania (unos dos millones trescientos mil habitantes). Israel y Jordania firmaron poco después, en octubre, un tratado de paz que reconocía el papel especial del reino jordano sobre los lugares sagrados musulmanes de Jerusalén.

Las esperanzas, sin embargo, se desvanecieron pronto. Primero, Isaac Rabin, el primer ministro israelí y artífice, con Simón Peres y el propio Arafat, de los acuerdos de Oslo, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 por un extremista judío opuesto a la retirada israelí de Cisjordania. Segundo, una serie de atentados suicidas perpetrados entre febrero y marzo de 1996 por Hamas, la rama palestina de la organización de los Hermanos Musulmanes creada en 1987, atentados en los que murieron cincuenta y siete israelíes, más la serie de ataques contra poblaciones israelíes con cohetes «Katyushas» llevados a cabo desde el Líbano por Hezbollah, el «partido de Alá» libanés apoyado por Irán (a los que Israel respondió con un durísimo ataque militar: la operación «Uvas de la ira»), pusieron de relieve la oposición de una parte de las organizaciones radicales palestinas a cualquier acuerdo de paz, y su determinación a seguir la lucha hasta la destrucción del estado de Israel y la creación de un estado palestino en toda Palestina. Tercero, la victoria electoral en las elecciones israelíes de mayo de 1996 del Likud, el partido de la derecha, llevó al poder en Israel a un hombre, Benjamin Netanyahu, enemigo declarado de Oslo que consideraba que los acuerdos de paz eran un peligro para la seguridad de su país y un principio incompatible con el derecho de Israel a su tierra bíblica. Durante su controvertido mandato, Netanyahu extendió los asentamientos judíos en Cisjordania, obstaculizó las negociaciones con los palestinos y demoró la aplicación de los acuerdos. Con el retorno de los laboristas al gobierno tras su victoria en las elecciones de mayo de 1999, se volvió a la vía de la negociación, representado sobre todo por el nuevo ministro de Seguridad e Interior (luego, de Exteriores), Shlomo Ben Ami, pero desde una estrategia distinta: el nuevo primer ministro, Ehud Barak, creía, en efecto, en la negociación pero desde posiciones de fuerza que hicieran de la seguridad de Israel la garantía de todo acuerdo. Barak dio, así, prioridad a acuerdos con Líbano y Siria, y endureció, en cambio, la posición israelí respecto de los propios palestinos; la construcción de asentamientos judíos en zonas palestinas incluso aumentó bajo su gobierno. En esas circunstancias, la visita en septiembre de 2000 del entonces nuevo líder de la oposición, el «halcón» Ariel Sharon, al más importante de los lugares sagrados musulmanes de Jerusalén, la Explanada de las Mezquitas, fue el pretexto para una nueva intifadah o insurrección palestina: sólo hasta diciembre de ese año 2000, morirían, en tres meses de enfrentamientos diarios, doscientos noventa y ocho palestinos, trece árabe-israelíes y cuarenta y tres israelíes. Muchos observadores pensaron que el proceso de paz estaba muerto; más aún tras la victoria de Sharon en las elecciones israelíes de febrero de 2001.

A pesar, por tanto, de las varias «cumbres» entre israelíes y palestinos que se celebraron por presión de los Estados Unidos entre 1997 y 2000, en alguna de las cuales se estuvo muy cerca del acuerdo final, cuando terminaba el siglo XX y comenzaba el siglo XXI, violencia, terrorismo y represión seguían ensangrentando Oriente Medio y endureciendo las respectivas posiciones de israelíes y palestinos: ataques terroristas palestinos (coches-bomba, atentados suicidas, acciones de comandos, en su mayoría, actos de terrorismo indiscriminado contra la población civil israelí); implacable respuesta militar israelí (control militar de los territorios palestinos, «cierres» de Gaza y Cisjordania, asesinatos selectivos de líderes palestinos, ataques con misiles, tanques y helicópteros contra poblaciones palestinas y campos de refugiados). Israel seguía viendo en el terrorismo palestino la voluntad árabe de liquidar el estado judío. A la vista de lo ocurrido después de Oslo y sobre todo en 2000-2001, la mayoría de los líderes israelíes dudaban, además, de que Arafat pudiera ser su interlocutor para una paz negociada; los palestinos veían en los sucedido en Oriente Medio desde 1967, sencillamente, treinta y cinco años de violenta ocupación militar israelí contra su pueblo. El escritor israelí Amos Oz consideraba la intifada palestina iniciada en septiembre de 2000 como una guerra «innecesaria» y «demente»[23]. Hasta diciembre de 2001, habían muerto en ella más de mil personas. Lo trágico era, además, que no parecía vislumbrarse otra alternativa que no fuese el acuerdo entre israelíes y palestinos y la división de la región en dos Estados, es decir, la solución propuesta por la ONU en 1948 y que el mundo árabe no quiso entonces aceptar.

Por si todo ello fuera poco, el fundamentalismo islámico, el movimiento por la reafirmación de los principios religiosos y sociales del Islam integrado por distintos grupos radicales del mundo musulmán (Frente Islámico de Salvación argelino, Islami Harekat turco, Hamas y Jihad Islámica palestinos, la organización Al-Qaeda del millonario saudí Bin Laden, los Hermanos Musulmanes en Egipto, el Talibán afgano…), fundamentalismo alimentado por la revolución iraní de 1979 y por el ultra nacionalismo árabe desatado por la prolongación del conflicto de Oriente Medio y por la causa palestina, apareció como una amenaza creciente a la estabilidad de los propios países islámicos (y aún, para la seguridad de algunos países occidentales, y especialmente de los Estados Unidos) desde las décadas de 1970 y 1980. En Afganistán, un país destruido y en guerra civil desde la revolución comunista de 1978, el fundamentalismo, encarnado por el movimiento armado Talibán (estudiantes islámicos fundamentalistas), se hizo con el poder tras la toma de la capital, Kabul, en septiembre de 1996; en Argelia, se estimaba que cerca de cien mil personas murieron entre 1992 y 2000 como consecuencia, también, de la violencia desatada por el islamismo armado[24].

No le faltaba razón, por lo tanto, a Walker Connor, el politólogo, si se recuerda, que en 1967 había acuñado el término etno-nacionalismo, cuando escribía en 1998 que las luchas étnicas eran una realidad en buena parte del mundo (citaba Birmania, Palestina, el Punjab sij, Cachemira, el caso tamil en Sri Lanka, el nacionalismo kurdo en Irak y Turquía, y otros casos). Para Connor, las guerras balcánicas de los años 1991 a 1995 y sucesos como la masacre de Ruanda de 1995 antes mencionada, eran ejemplos «horrorosos» de la «conducta bestial» en que podían degenerar los conflictos étnicos[25]. «De Kosovo a Cachemira, de Irlanda del Norte a Nigeria —escribían, por su parte, los editores de la Encyclopedia of Modern Separatist Movements publicada en el año 2000—, la mayoría de los conflictos en el mundo son hoy conflictos étnicos sobre el territorio»[26].

EPÍLOGO

En su conocido ensayo sobre el concepto de «nacionalidad» que escribió en 1862, en el que debatía algunas de las ideas y tesis del patriota italiano Mazzini, Lord Acton (1834-1903), el historiador inglés, puso ya de relieve la naturaleza contradictoria del nacionalismo. Acton escribía cuando el nacionalismo era una fuerza liberadora y democrática —por ejemplo, el nacionalismo de Mazzini—, cuando no habían aparecido aún sus desviaciones integristas, totalitarias, imperialistas y xenófobas. Pues bien, incluso en fecha tan temprana, Acton veía al nacionalismo oscilar entre dos ideas que a él se le antojaban opuestas e irreconciliables: entre la teoría política de la libertad y el principio de la unidad nacional. Acton estaba en lo cierto. La teoría moderna de la libertad se fundamentaba en valores cívicos, en los derechos del individuo y del ciudadano, las libertades civiles, la ausencia de toda coerción, y en la afirmación del pluralismo; el nacionalismo, en los derechos colectivos (de pueblos, naciones, nacionalidades), en la nación, la nacionalidad y la etnicidad como valores supremos y absolutos, y en la visión de la comunidad nacional como una realidad homogénea y unida, propia y distinta, cuya realización sería un derecho histórico y una exigencia irrenunciable.

Por lo que hace al siglo XX, y aun a riesgo de repetir alguna de las afirmaciones hechas en las páginas anteriores, cabría extraer por lo menos dos grandes conclusiones de carácter general: 1) que el nacionalismo fue, como ya lo había sido en el siglo XIX, una fuerza de transformación y cambio probablemente más poderosa que lo que pudieron haberlo sido las transformaciones económicas, la conflictividad social e incluso el progreso científico y tecnológico, factores tenidos usualmente por instrumentos esenciales del cambio histórico; 2) que los nacionalismos (porque, en efecto, la variedad de los mismos obligaría a proponer muchas y muy distintas tipologías: nacionalismos liberales y cívicos, y nacionalismos autoritarios; nacionalismos religiosos; étnicos; lingüísticos; tribales; mesiánicos; nacionalismo abierto y nacionalismo cerrado; nacionalismo nacional, de estado, y nacionalismo de nacionalidad, de minorías…) serían causa de importantes y a menudo violentos conflictos, con consecuencias casi siempre decisivas y muchas veces —las dos guerras mundiales, por ejemplo—, aciagas.

Por nacionalismo —que, como hemos visto, tendría mucho de construcción moderna—, habría que entender, como también hemos visto, muchas cosas: procesos de construcción de estados nacionales; teorías regionalistas o independentistas; reivindicaciones etno-nacionales y etno-lingüísticas; sentimientos de pertenencia a una nación o nacionalidad; doctrinas políticas basadas en la exaltación de la idea de patria y en la movilización emocional de masas; movimientos o partidos políticos explícitamente nacionalistas. En última instancia, la fuerza y la vigencia del nacionalismo se derivarían, probablemente, de su capacidad como elemento de cohesión social y de la importancia de los sentimientos de grupo como factor de vertebración de la sociedad; pero el nacionalismo ha sido y es también, muchas veces, una forma de hacer política y, por tanto, una estrategia de poder.

En cualquier caso, en las últimas décadas del siglo XIX y primeros veinte años del siglo XX, el nacionalismo experimentaría una importante transformación: fue entonces cuando se transformó en un hecho de masas. Con varias consecuencias: la cristalización del nacionalismo como principal factor de desestabilización de la política europea, y la proliferación de movimientos nacionalistas en toda Europa. Con Maurras y Barrès, el nacionalismo se definió como la principal alternativa ideológica al liberalismo; el despertar de las nacionalidades, a las que el nacionalismo dio sentimiento e idea de nación y conciencia de sus derechos colectivos, provocó la primera gran etapa de movilización étnico-secesionista —en el centro y este de Europa y en algunos países occidentales (casos de Irlanda, por ejemplo, y en España, de los nacionalismos catalán, vasco y gallego)—, movilización que dio lugar, tras la I Guerra Mundial, a la creación de un importante número de nuevos países: Irlanda, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia. Hungría, Austria, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania.

Además, desde principios del siglo XX, el nacionalismo irrumpió definitivamente en Asia y África. En Europa, pero también en determinados países latinoamericanos y en Japón, fue asumiendo formas agresivas e intolerantes, identificándose con ideas de grandeza nacional, expansionismo militar y superioridad racial (y en Europa central y del este, de anti-semitismo), y con políticas autoritarias, populistas y antiliberales, hasta culminar en lo que he llamado la fascistización del nacionalismo, ejemplificada por los casos de Alemania, Italia y Japón (en España: Ledesma Ramos, Falange, nacionalismo militar), pero que impregnó también a nacionalismos de base étnico-lingüística, como el nacionalismo croata, a algunos nacionalismos árabes, y en África, al nacionalismo blanco afrikaner surgido en Sudáfrica en los años 30. El nacionalismo de la ultra derecha amenazaba en 1939 la libertad en el mundo.

Después de 1945, en lo que se llamaría «tercer mundo» (Asia, África) el nacionalismo se asoció a movimientos de liberación nacional y/o antiimperialistas, pero también a regímenes militaristas y de partido único, y a movimientos tribales, tradicionalistas y religiosos, y estuvo, desde luego, en la raíz de algunos de los más espinosos problemas internacionales de la posguerra: procesos de descolonización, conflicto árabe-israelí. En Europa occidental, el desprestigio de las ideas nacionalistas y de los nacionalismos nacionales generó la aparición del proyecto territorial y político históricamente más novedoso entre las ideas que aflorarían en el continente en todo el siglo: la construcción de una Europa unida y supranacional, la construcción de la unidad europea. En la Europa central y del este, los nacionalismos parecieron desaparecer, por lo menos hasta 1989, bajo la hegemonía de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas allí creados tras la II Guerra Mundial. El nacionalismo reaparecería, con todo, en las últimas décadas del siglo: nacionalismos de minorías, etno-nacionalismos, en la Europa desarrollada y próspera de la Unión Europea (con particular incidencia en Irlanda del Norte, en Bélgica y en España, donde el resurgimiento de los nacionalismos regionales llevó a partir de 1975 a la creación de un nuevo tipo de estado, basado en la autonomía política de las regiones); reivindicaciones nacionales, declaraciones de independencia, formación de nuevos estados, en la Europa del Este tras el colapso del comunismo en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética y de Yugoslavia. El IRA norirlandés y la ETA vasca refundarían, respectivamente, los nacionalismo norirlandés y vasco sobre la violencia y el terrorismo; guerras y conflictos interétnicos de extrema gravedad asolarían los procesos de independencia y secesión de los nuevos estados balcánicos y ex soviéticos.

Cuando terminaba el siglo XX, la cuestión nacional, que se pensaba que desaparecería en una Europa cada vez más «europeísta» e integrada, volvió, pues, a generar, como señalaba el historiador francés François Furet, fanatismo y masacres. Acton dejó ya dicho en su citado ensayo que la «nacionalidad» no aspiraba ni a la libertad ni a la prosperidad, sino que, si le era necesario, no dudaba en sacrificar ambas a las necesidades imperativas de la construcción nacional²⁷.

NOTAS

PRIMERA PARTE

LA PLENITUD DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO I

EL MOMENTO NACIONALISTA

[1] Citado en Z. Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français (Fayard, París, ed. 2000), p. 251. El libro de Sternhell es ya el libro clásico sobre Barrès. En español, véase la novela de este último, Los desarraigados, edición de Adelaida Porras Medrano (Cátedra, Madrid, 1996).

[2] Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programs, Myth, Reality (Cambridge University Press, 1990).

[3] Sobre el nacionalismo francés: M. Winock, Nationalisme, anti-sémitisme et fascisme en France (Seuil, París, 1990).

[4] Para Maurras y Acción Francesa: E. Weber, L’Action Française (Fayard, París, ed. 1985) e Y. Chiron, La Vie de Maurras (Perrin, 1991).

[5] M. Clark, Modern Italy 1871-1982 (Longman, Londres, 1964), pp. 150 y ss. y pp. 174-175.

[6] Para Corradini y el nacionalismo italiano, véase F. Gaeta, Nacionalismo italiano (Nápoles, 1965).

[7] G. Masur, Prophets of Yesterday. Studies in European Culture 1890-1914 (Harper, New York, 1961), p. 141. Para D’Annunzio: R. De Felice, D’Annunzio político 1918-1938 (Laterza, 1978); sobre Marinetti y el futurismo: L. De Maria, F.T. Marinetti, teoria e invenzione futurista (Milán, 1968) y I. Gherarducci, Il futurismo italiano (Roma, 1976).

[8] Para el carácter étnico, no cívico, del nacionalismo alemán, Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Harvard University Press, 1992); para el clima nacionalista de la Alemania de 1870 a 1914, H. Schulze, Germany. A New History (Harvard University Press, 1998), pp. 155-189.

[9] Introducciones generales a la historia de Irlanda: J. Coohill, Ireland. A Short History (Oxford, 2000); R. Foster, The Oxford Illustrated History of Ireland (Oxford University Press, 1989); y Ch. Townshend, Ireland, the Twentieth Century (Arnold, Londres, 1998). Los tres contienen excelentes bibliografías. Además: Conor Cruise O’Brien, Voces ancestrales. Religión y nacionalismo en Irlanda. Prólogo de Jon Juaristi (Espasa, Madrid, 1999).

[10] Estudios clásicos sobre el levantamiento de Pascua de 1916: O.D. Edwards y F. Pyle, 1916. The Easter Rising (MacGibbon and Key, 1968); F.X. Martin (ed.), Leaders and Men of the Easter Rising: Dublin 1916 (Methuen, London, 1967); K.B. Nowland (ed.), The Making of 1916: studies in the history of the Rising (Dublín, 1969).

[11] Sobre el nacionalismo español, J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (Taurus, Madrid, 2001) y Andrés de Blas, Sobre el nacionalismo español (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989).

[12] Para los nacionalismos vasco, catalán y gallego, véase Jon Juaristi, El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos (Espasa, Madrid, 1997); A. Elorza, Un pueblo escogido. Génesis y desarrollo del nacionalismo vasco (Crítica, Barcelona, 2001); J. G. Beramendi y X. M. Núñez Seixas, O Nacionalismo Galego (A Nosa Terra, Vigo, 1995) y B. de Riquer, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal (Marcial Pons, 2001).

[13] Sobre Kraus, E. Timms, Karl Kraus, satírico apocalíptico. Cultura y catástrofe en la Viena de los Habsburgo (Visor, Madrid, 1986), pp. 279-371. La expresión de Jászi, en John W. Mason, The Dissolution of the Austro-Hungarian Empire 1867-1918 (Longman, Londres, ed. 1990), p. 82.

[14] D. Lieven, «The Russian Empire and the Soviet Union as Empire Polities», Journal of Contemporary History, octubre 1995, pp. 607-636. Para Polonia: J. Lukovski y H. Zawadzki, A Concise History of Poland (Cambridge University Press, 2001).

[15] La tesis de Mason, en John W. Mason, op. cit., pp. 82-83.

[16] Como introducción a los Balcanes, M. Mazower, The Balkans (Weidenfeld and Nicholson, Londres, 2000) y M. Todorova, Imagining the Balkans (Nueva York, 1997). Para la historia de los países balcánicos, M. Glenny, The Balkans. 1804-1999. Nationalism, War, and the Great Powers (Granta Books, Londres, 2000).

[17] Tanto Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires. Central Europe, Russia and the Middle East 1914-1923 (Routledge, Londres, 2001) como H. Kayali, Arabs and Young Turks. Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918 (University of California Press, 1997) son imprescindibles para el nacionalismo en el imperio otomano.

[18] B. Lewis, The Middle East. Two Thousand Years of History. From the Rise of Christianity to the Present Day (Phoenix Press, Londres, 2000), p. 328.

[19] Para la historia intelectual árabe, Ibrahim M. Abu-Rabi, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World (State University of Nueva York Press, 1996).

[20] Una historia general de la India, John Keay, India. A History (Atalic Press, New York, 2000); un estudio comparado de los casos indio y pakistaní, en Ian Talbot, India and Pakistan (Arnold, Londres, 2000).

[21] Para China en el siglo XX, Paul J. Baily, China in the Twentieth Century (Blackwells, Oxford, 2001) y Jonathan Unger (ed.), Nacionalismo chino (Bellaterra, Barcelona, 1999). Para el Japón contemporáneo: W. G. Beasly, Historia contemporánea de Japón (Alianza, Madrid 1995) y Ewin O. Reischauer, Japan, the Story of a Nation (Alfred Knopf, New York, 1989).

[22] V.I. Lenin, Obras escogidas (Moscú, 1960), vol. I, p. 655.

[23] Una biografía de Herzl, Steven Beller, Herzl (Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1991); para el sionismo: E. Barnavi, «Sionismes», en E.Barnavi y S. Friedländer, Les Juifs el le XXe siècle. Dictionnaire critique (Calmann-Lévy, París, 2000), pp. 216-230.

CAPÍTULO II
LA FASCISTIZACIÓN DEL NACIONALISMO

[1] Nationalism. A Report by a Study Group of Members of the Royal Institute of International Affairs (Oxford University Press, 1939), p. XIV.

[2] Para los acuerdos de paz de 1919 y sus múltiples repercusiones, Margaret MacMillan, Peacemakers. The Paris Conference of 1919 and Its Attempt to End War (John Murray, Londres, 2001).

[3] E.H. Carr, The Twenty Years’ Crisis 1919-1939 (Harpertorchbook, Nueva York, ed. 1964), p. 46.

[4] Para Collins y la crisis irlandesa de la posguerra: Tim Pat Coogan, Michael Collins. A Biography (Arrow Book, London, 1991) y Ulick O’Connor, Michael Collins and the Troubles. The Struggle for Irish Freedom 1912-1922 (Mainstream Pub., Edinburgh / Londres, 1975).

[5] Citado en A. Cobban, The Nation State and National Self-Determination (Collins, London, 1969), p. 62.

[6] M. Leeden, The First Duce: D’Annunzio at Fiume (Baltimore, 1977).

[7] Para la Europa de la posguerra: M. Beaumont, La faillite de la paix (Presses Universitaires de France, 1967), 2 vols., y M. Kitchen, El periodo de entreguerras en Europa (Alianza, Madrid, 1992).

[8] J. Ortega y Gasset, «Propósitos», Revista de Occidente, julio 1923, p. 1.

[9] Como introducción al fascismo, Stanley G. Payne, Historia del fascismo (Planeta, Barcelona, 1995) y S. Bernstein y P. Milza, Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme (Complexe, 1992).

[10] Para el fascismo en Italia debe empezarse por A. De Bernardi y S. Guarracino (eds.), Il fascismo. Dizionario di storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico (Mondadori, Milan, 1998).

[11] Una visión de la evolución histórica hacia la dictadura en E. Halévy, L’ère des tyrannies (Gallimard, París, 1990), originalmente publicado en 1932.

[12] Un estudio de conjunto y país por país de Europa del Este en el periodo de entreguerras en Anita J. Prazmowska, Eastern Europe and the Origins of the Second World War (Macmillan, Londres, 2000). Para el caso de Grecia: R. Clogg, A Concise History of Greece (Cambridge University Press, 1992) y J. Campbell y P. Sherrard, Modern Greece ( Londres, 1968).

[13] Como introducción al problema regional en la España de la II República, véase S. Varela, Partidos y parlamento en la Segunda República (Barcelona, 1978) y Justo G. Beramendi y R. Maiz (eds.), Los nacionalismos en la España de la II República (Siglo XXI, Madrid, 1991).

[14] Para los problemas de identidad y cultura en América latina, Jean Marie Lemogodeuc (coord.), L’Amérique hispanique au XXe siècle. Identités, cultures et sociétés (PUF, París, 1997); véase el «prólogo» de Carpentier a su novela Ëcue-Yamba-Ó (Alianza, Madrid, 2002), pp. 7-12.

[15] Como historia de conjunto, la Cambridge History of Latin-America, 10 vols. (Cambridge University Press, 1984-1992), editada por Leslie Bethell, es imprescindible. Para Argentina: Luis A. Romero, Breve historia contemporánea de Argentina (Fondo de Cultura Económica, 1994) y E. Zuleta Alvarez, El nacionalismo argentino (La Bastilla, Buenos Aires, 1975), 2 vols.

[16] Hitler como nacionalista en J. Lukacs, The Hitler of History. Hitler’s Biographers on Trial (Weidenfeld and Nicholson, Londres, 2000). Además, M. Burleigh, El Tercer Reich. Una nueva historia (Taurus, Madrid, 2001).

[17] Como introducción a Gandhi, véanse los dos libros de J.S. Brown, Gandhi. Prisoner of Hope (Yale University Press, 1989) y Gandhi’s Rise to Power. Indian Politics 1915-1922 (Cambridge University Press, 1972). Para la crisis de la India, R.J. Moore, The Crisis of India’s Unity 1917-1940 (Oxford University Press, 1974).

[18] Sobre Oriente Medio después de la I Guerra Mundial, D. Fromkin, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East (New York, 1989). Además, Tom Segev, One Palestine Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate (Metropolitan Books, 2000).

[19] Para Egipto después de 1922, G. Martín Muñoz, Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-1990) (Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1992). Sobre Marruecos, Abdallah Laroui, Orígenes sociales y culturales del nacionalismo marroquí (1830-1912) (Mapfre, Madrid, 1997) y P. Laporte, La atracción del Imán. El desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea (1921-1923) (Biblioteca Nueva, Madrid, 2001).

[20] Sobre la revolución cultural de 1919, V. Schwarcz, The Chinese Enlightenment: Intellectuals and the Legacy of the May Fourth Movement of 1919 (Berkeley, 1986).

[21] Para Sun Yat-sen, M. Claire Bergère, Sun Yat-sen (Fayard, París, 1994) resulta imprescindible y contiene una espléndida bibliografía sobre la historia del nacionalismo en China.

[22] Sobre el nacionalismo japonés, Richard Story, The Double Patriots: A Study of Japanese Nationalism (Cambridge, 1957) y Bruce Stronach, Beyond the Rising Sun: Nationalism in Contemporary Japan (Westport, Connecticut, 1995).

[23] Citado en F. Bhattacharya, «Tagore: la quête d’un humanisme moderne», en Calcutta 1905-1971. Au cœur des créations et des révoltes du siècle (Autrement, París, 1997), p. 74.

[24] Un estudio ya clásico de los orígenes de la II Guerra Mundial, A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War (Penguin, 1964).

[25] La cita de Benda en J. Benda, Discourse à la nation européenne (Gallimard, París ed. 1979), p. 73; la de Ambrose, en «The Rise of Nationalism», The Oxford Companion to the Second World War (Oxford University Press, 1995), p. 774; la de Bernanos, en Los grandes cementerios bajo la luna (Alianza, Madrid, 1986), p. 126.

SEGUNDA PARTE

DESPUÉS DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO III

NACIONALISMO Y LIBERACIÓN NACIONAL

[1] E.H. Carr, Nationalism and After (Macmillan, London, 4ª ed., 1968), p. 70 y pp. 36-37.

[2] J.P. Sartre, Colonialismo y neocolonialismo. Situations V (Losada, Buenos Aires, 1964), p. 90.

[3] Véase Léopold Sédar Senghor, Obra poética. Introducción de Lourdes Carriedo. Traducción y notas de Javier de Prado (Cátedra, Madrid, ed. 1990), pp. 37 y ss.

[4] Dos breves, pero excelentes, introducciones a la descolonización son: Henri Grimal, La Décolonisation de 1919 à nos jours (Bruselas, 1996, edición original de 1965), y M.E. Chamberlain, Decolonization (Blackwell, Oxford, 2ª ed., 1999).

[5] Es la tesis de Mark Mazower, Dark Continent. Europe’s Twentieth Century (Penguin, Londres, 1998), pp. 198-199.

[6] De acuerdo con los argumentos de P.J. Marshall en «1918 to 1960s: Keeping Afloat», P.J. Marshall (ed.), The Cambridge Illustrated History of the British Empire (Cambridge, 1996) pp. 84 y ss.

[7] K. Jefferys, The Attlee Goverments 1945-51 (Longman, Londres, 1992), pp. 33-41.

[8] Ibídem, p. 39.

[9] Puede consultarse: Y. Gras, Histoire de la Guerre d’Indochine (París, 1979) y E. O’Ballance, The Indochina War, 1945-54 (London, 1964); un excelente resumen, en A. Clayton, The Wars of French Decolonization (Longman, Londres, 1994), pp. 59-78.

[10] Los libros de Abdallah Laroui (Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830-1912, 1977; Histoire du Magreb: un essai de synthèse, 1978; Marruecos: Islam y nacionalismo, 1994) son magníficos. Véase además: John P. Halstead, Rebirth of a Nation 1912-1944 (Cambridge, Mass., 1967); Víctor Morales Lezcano, España y el norte de África: el Protectorado de Marruecos (1912-1956), Madrid, 1984; y A. Segura i Mas, El Magreb: del colonialismo al islamismo (Barcelona, 1994), pp. 145-176.

[11] Además de La tragédie algérienne (París, 1957), véase R. Aron, Memorias (Alianza, Madrid, 1985), pp. 343-363.

[12] Camus recogió sus artículos en Chroniques algériennes, 1958, incorporados luego en Carnets, III, 1951-1959 (Gallimard, París, 1989).

[13] Para todo el problema argelino, véase: Alain-Gérard Slama, La guerre d’Algérie. Histoire d’une déchirure (Gallimard, París, 1996); Mohammed Harbi, 1954. La guerre commence en Algérie (Complexe, París, 1984); y Alistair Horne, A Savage War of Peace: Algeria 1954-1962 (Londres, 1987).

[14] Citado en M.E. Chamberlain, Decolonization (Blackwell, Oxford, 2ª ed., 1999), p. 43.

[15] R. Cockett, David Astor and The Observer (Londres, 1991), pp. 207-234.

[16] F. Fanon, Los condenados de la tierra (Txalaparta, Tafalla, 1999), p. 67.

[17] Ibídem, p. 182.

[18] Para todo lo anterior he tenido en cuenta, además de los libros de Fanon, la gran biografía de Macey. David Macey, Frantz Fanon. A Life (Granta Books, 2000).

[19] Judith M. Brown, Nerhu (Longman, Londres, 1999); Brown es autora también de Modern India. The Origins of an Asian Democracy (Oxford University Press, 2ª ed., 1994).

[20] Un estudio comparado de la «construcción nacional» en India y Pakistán, en Ian Talbot, India and Pakistan (Arnold, Londres, 2000) dentro de una colección titulada precisamente «Inventando la nación».

[21] Para una visión de conjunto de la descolonización en el sudeste asiático puede verse Benedict Anderson, The Spectre of Comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World (Verso, Londres, 1998) y Clive J. Christie, A Modern History of South East Asia. Decolonization, Nationalism and Separatism (Tauris Academic Studies, London, 1996).

[22] Sobre Ho Chi Minh: J. Lacouture, Ho Chi Minh (París, 1967), Daniel Hémery, Ho Chi Minh. De l’Indochine au Vietnam (Gallimard, París, 1990) y Charles Fenn, Ho Chi Minh: a Biographical Introduction (Scribner’s, New York, 1973). Sobre Vietnam: Stanley Karnow, Vietnam. A History (Penguin, Londres, 1984).

[23] Ross Marlay y Clark Neher, Patriots and Tyrants. Ten Asian Leaders (Rowan and Littlefield, Lanham, 1999), pp. 203-237.

[24] Como introducciones de carácter general, pueden verse, entre otras muchas: B. Lewis, The Middle East. 2000 Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day (Phoenix Press, Londres, 2000); P. Mansfield, A History of the Middle East (Penguin, Londres, 1991); Arthur Goldschmidt Jr., A Concise History of the Middle East (Westview Press, Boulder, 1999); y B. López García, El mundo árabo-islámico contemporáneo. Una historia política (Síntesis, Madrid, 1997).

[25] Citado en Elie Barnavi, Une histoire moderne d’Israel (Flammarion, París, 1988), p. 147.

[26] Michael Bar-Zohar, Ben Gurion. A Biography (Wiedenfeld and Nicholson, Londres, 1978), p. 274.

[27] Como historias generales de Israel pueden consultarse, además de la ya citada de Elie Barnavi, las siguientes: Sh. Ben Ami y Z. Medin, Historia del estado de Israel (Rialp, Madrid, 1981); A. Perlmutter, Israel. El estado repartido, 1900-1985 (Espasa-Calpe, Madrid, 1987); H. Sachar, A History of Israel (Oxford, 1987).

[28] Véase para estas cuestiones: K. Armstrong, Islam. A Short History (The Modern Library, N. York, 2000); O. Carré, Le nationalisme arabe (Payot, Paris, 1993); A. Hourani, A History of the Arab Peoples (Faber, London, 1991); G. Martín Muñoz, El estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islámica (Bellaterra, Barcelona, 1999).

[29] Citado en Fouad Ajami, Los árabes en el mundo moderno. Su política y sus problemas desde 1967 (Fondo de Cultura Económica, México, 1983), p. 35. Este libro, y el de Laroui al que Ajami hace referencia en su cita, La crisis de los intelectuales árabes (Libertarias, Madrid, 1991), son imprescindibles para entender los dilemas del pensamiento árabe de los años 60 y 70 del siglo XX.

[30] Historias nacionales de interés en: Kamal Salibi, The Modern History of Jordan (I.B. Tauris, Nueva York, 1998); Charles Tripp, A History of Irak (Cambridge University Press, 2000); G. Corm, Liban, les guerres de l’Europe et l’Orient, 1840-1992 (Paris, 1992); D. Roberts, The Ba’th and the Creation of Modern Syria (Londres, 1987). Sobre los palestinos: Elias Sanbar, Les Palestiniens dans le siècle (Gallimard, Paris, 1994); B. Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949 (Cambridge University Press, 1987): H. Cobban, La Organización para la Liberación de Palestina (Fondo de Cultura Económica, México, 1984)

[31] Sobre el nacionalismo panárabe del Baaz, O. Carré, Le nationalisme arabe (Payot, Paris, ed. 1996), pp. 39-69; y F. Ajami, Los árabes en el mundo contemporáneo. Su política y sus problemas desde 1967 (Fondo de Cultura Económica, México, ed. 1995), pp. 90 y ss.

[32] Sobre Nasser y el nasserismo: P.J. Vatikiotis, Nasser and his Generation (Croom Helm, 1978); P. Mansfield, Nasser’s Egypt (Penguin, Londres, 1965); P. Woodward, Nasser (Longman, London, 1992); y G. Martín Muñoz, Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-1990) (Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1992).

[33] Citado en M.E. Chamberlain, Decolonization (Blackwell, Oxford, 2º ed., 1999), p. 45.

[34] Véase, por ejemplo, Jean-Loup Amselle, «Ethnicité et identité en Afrique», en Nations et nationalismes (La Découverte, Paris, 1995), pp. 8793; y Alfred Bosch, La vía africana. Viejas identidades, nuevos estados (Bellaterra, Barcelona, 1997).

[35] J. Milne, Kwame Nkrumah. A Biography (Panaf Books, Londres, 2000), pp. 83-84; una selección de sus discursos en K. Nkrumah, África debe unirse (Eudeba, Buenos Aires, 1965).

[36] J. Nyerere, «Los líderes no deben ser amos», en E. Chukwudi Eze (ed.), Pensamiento africano. Ética y política (Bellaterra, Barcelona, 1998), p. 20.

[37] Sus ideas, en Kenneth D. Kaunda, Carta a mis hijos (Mundo Negro, Madrid, 1991).

[38] Dos buenas introducciones a la historia de África que abordan algunos de los argumentos del texto, son: Basil Davidson, Africa in History. Themes and Outlines. Revised and expanded edition(Phoenix, Londres, 1992) y R. Oliver y J.D. Fage, A Short History of Africa (Penguin, Londres, 6ª ed., 1988).

[39] Sobre el régimen de apartheid: Deborah Posel, The Making of Apartheid 1948-1961. Conflict and Compromise (Clarendon Press, Oxford, 1997); sobre Sudáfrica: Leonard Thompson, A History of South Africa (Yale University Press, 2001).

[40] Para la guerra colonial portuguesa: Joao de Melo, Os anos da guerra (1961-1975) (Lisboa, 1988), 2 vols.

[41] Fanon introducía un largo poema de Keita Fodeba en Los condenados de la tierra: F. Fanon, op. cit., pp. 178-180.

[42] Una visión a la vez etnográfica y política de la crisis del Congo en Thomas Turner, Ethnogenèse et nationalisme en Afrique centrale. Aux racines de Patrice Lumumba (L’Harmattan, Paris, 2000). Discursos y artículos de Lumumba, en P. Lumumba, Libertad para el Congo (Equipo Editorial, San Sebastián, 1968); sobre el conflicto de Katanga, Jean Ziegler, La contrarrevolución en África (Lumen, Barcelona, 1967), pp. 49-150.

[43] A. Laroui, Marruecos: Islam y nacionalismo (Mapfre, Madrid, 1994), p. 61.

[44] Sobre sus ideas, véase Ibrahim M. Abu-Rabi, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World (State University of New York Press, 1996), pp. 92-219.

[45] Para el caso de Kenya: F. Grignon y G. Prunier (eds.), Le Kenya contemporain (Khartala, Paris/Nairobi, 1998).

[46] V. S. Naipaul, An Area of Darkness (Penguin, Londres, 1964), pp. 81-82.

[47] Para India en 1997, véase el espléndido número monográfico que le dedicó la revista literaria Granta: «India. The Golden Jubilee», Granta, nº 57, Primavera 1997.

[48] «1948-1998», Ariel. Revista de artes y letras de Israel, 107-108, Jerusalem, 1998.

[49] Citado en la crítica de Akim Ojumu al libro de Kalr Maier, This House Has Fallen: Nigeria in Crisis, publicada en The Observer, 11 febrero 2001, p. 23.

[50] F. Fanon, op. cit., pp. 117-159.

[51] Un excelente estudio de la guerra, en A. Bregman, Israel’s Wars, 1947-93 (Routledge, London, 2000), pp. 41-66.

[52] Ibídem, pp. 66-94. Para el crecimiento del islamismo político, véase Antoine Basbous, L’Islamisme. Une révolution avortée? (Hachette, París, 2000).

[53] Robert Fisk, Pity the Nation: The Abduction of Lebanon (Atheneum, N. York, 1990) e Itamar Rabinovich, The War for Lebanon 1970-1985 (Cornell University Press, 1985)

[54] La cita de Fanon, en F. Fanon, Los condenados de la tierra (Txalaparta, Tafalla, ed. 1999), p. 27; la de Sartre, ibídem, p. 25

CAPÍTULO IV

DESPUÉS DEL NACIONALISMO: LA UNIDAD EUROPEA

[1] Para la cultura de la posguerra son muy útiles las biografías de Sartre, de Cohen-Solal (Annie Cohen-Solal, Sartre, 1905-1980, Edhasa, Barcelona, 1990), y de Isaiah Berlin, de Ignatieff: Michael Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida (Taurus, Madrid, 1999).

[2] La Europa de la posguerra en Mark Mazower, Dark Continent. Europe’s Twentieth Century (Penguin, 1998), pp. 290-331 y W. Laqueur, Europe in Our Time. A History 1945-1992 (Penguin, 1992). También, M. Anderson, States and Nationalism in Europe since 1945 (Routledge, Londres, 2000).

[3] M. Billig, Banal Nationalism (Sage, London, 1995).

[4] J. Monnet, Memorias (Siglo XXI, Madrid, 1985), p. 285 (la primera edición, en francés, en 1976).

[5] La rebelión de las masas en J. Ortega y Gasset, Obras Completas (Alianza, Madrid, 1987), Tomo IV, pp. 112-310. Para Coudenhove-Kalergi, B. Oudin, Pan-Europe et le mouvement européen (Genève, 1994)

[6] Dos excelentes introducciones generales: M. Thérèse Bitsch, Histoire de la construction européenne (Ed. Complexe, 1999) y Bino Olivi, L’Europe difficile (Gallimard, París, 2001).

[7] Por ejemplo, Henri Brugmans, La idea de Europa 1920-1970 (Moneda y Crédito, Madrid, 1972), pp. 107 y ss.

[8] Para Monnet, Pascal Fontaine, Jean Monnet, l’inspirateur (Grancher, Paris, 1988) y François Duchêne, Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence (Norton, New York, 1994). Sobre Schuman, René Lejeune, Robert Schuman. Padre de Europa (1886-1963) (Palabra, Madrid, 2000).

[9] Para De Gaulle y Europa, E. Jouve, Le général De Gaulle et la construction de L’Europe (1940-1966) (París, 1967), 2 vols.

[10] J. Monnet, op. cit., p. 272.

[11] Meditación de Europa en J. Ortega y Gasset, Obras Completas (Alianza, Madrid, 1987), Tomo IX, pp. 243-313.

[12] El pensamiento y los discursos de Hallstein, en W. Hallstein, L’Europe inachevée (Laffont, París, 1970). Las conclusiones de la conferencia de 1957 mencionada en el texto en Claude Delmas, La civilisation européenne (PUF, 1980), p. 102.

[13] A los libros de M.T. Bitsch y B. Olivi citados en nota anterior, debe añadirse ahora John Peterson y Michael Shackelton, The Institutions of the European Union (Oxford University Press, 2002) y John Mc Cormick, Understanding the European Union (Macmillan, Londres, 1999).

[14] R. Dahrendorf, «La CE posterior a Monnet», El País, Temas de nuestra época, nº 298, 28 octubre 1993, p. 3.

[15] R. Dahrendorf, «The changing quality of citizenship», en Van Steenbergen (ed.), The Condition of Citizenship (Sage, Londres, 1994). Para la Europa de las regiones: Christopher Harvie, The Rise of Regional Europe (Routledge, Londres, 1994) y S. Petschen, La Europa de las regiones (Barcelona, 1992).

[16] L. Siedentop, Democracy in Europe (Penguin, 2000), p. 1.

[17] Europa. El pensamiento y la identidad europea de la antigua Grecia hasta el siglo XXI (Fonds Mercator/Fundación Academia Europea de Yuste, 2001), dirigido por Eric Bussière, Michel Dumoulin y Gilbert Trausch, p. 379.

TERCERA PARTE
EL RETORNO DEL NACIONALISMO

CAPÍTULOV

ETNO-NACIONALISMO: LA PERSISTENCIA DEL HECHO NACIONALISTAV

[1] Anthony D. Smith, Las teorías del nacionalismo (Península, Barcelona, 1973), p. 33; la primera edición en inglés, en 1971.

[2] Walker Connor, Etno-nacionalismo (Trama, Madrid, 1998); la edición inglesa del libro, que recogía artículos de Connor escritos mucho antes, apareció en 1994.

[3] Sobre la cuestión racial en los Estados Unidos: Richard Polenberg, One Divisible Nation. Class, Race and Ethnicity in the United States since 1938 (Penguin, Londres, 1980); además, Raymond Hall, Black Separatism in the United States (1978) y Komozi Woodward, A Nation within a Nation (1999).

[4] Kenneth McRoberts, Quebec. Social Change and Political Crisis (McClelland and Stewart, Toronto, 3ª ed. 1993); Jean Hamelin y Jean Provencher, Brève Histoire de Quebec (Boreal, Quebec, 1997).

[5] Para una introducción con información detallada de todos y cada uno de los movimientos nacionalistas de los años 60, con una bibliografía internacional excelente, véase Xosé M. Núñez Seixas, Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo XX (Síntesis, Madrid, 1998). Para el caso francés (Córcega, Bretaña, etcétera), E. Le Roy Ladurie, Histoire de France des Régions. La périphérie française, des origines à nos jours (Seuil, París, 2001); para Irlanda del Norte, M-T. Fay, M. Morrissey y M. Smyth, Northern Ireland’s Troubles. The Human Costs (Pluto Press, Londres, 1999); una relación de víctimas de ETA hasta 1997 en José Mª Calleja, Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas de ETA (Temas de Hoy, Madrid, 1997), pp. 205-299.

[6] Para el debate británico, véanse, entre otros: Tom Nairn, The Breakup of Britain. Crisis and Neo-Nationalism (1977) y After Britain (2000); John Redwood, The Death of Britain (1999); Peter Hitchens, The Abolition of Britain (1999); Andrew Marr, The Day Britain Died (2000); Roger Scruton, England. An Elegy (Chatto and Windus, London, 2000). Para la Liga Norte italiana: R. Mannheimer (ed.), La Lega Lombarda (Feltrinelli, Milán, 1991).

[7] Sus libros clásicos son: Carlton J. Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism, 1931; y Hans Khon, Nationalism. Its Meaning and History, 1955.

[8] Sus libros más influyentes fueron: E. Gellner, Nations and Nationalism (1983) y Culture, Identity and Politics (1987); de ambos hay traducción española (Naciones y nacionalismos, Alianza, Madrid, 2001; Cultura, identidad y política: El nacionalismo y los nuevos cambios sociales, Gedisa, Barcelona, 1988).

[9] Su principal libro, sumamente influyente en su momento, fue: Social Preconditions of Patriotic Groups among the Smaller European Nations (Cambridge University Press, 1985).

[10] Obras de Anthony D. Smith: Theories of Nationalism (1971 y 1983); Nationalism in the Twentieth Century (1979), The Ethnic Origins of Nations (1986), Nationalism and Modernism (1998), The Nation in History (2000).

[11] M. Hechter, Internal Colonialism. Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966 (Routledge, Londres, 1985); T. Nairn, The Break-up of Britain. Crisis and Neo-colonialism (Verso, Londres, 2ª ed. 1981).

[12] Michael Keating, Naciones contra el estado. El nacionalismo en Cataluña, Quebec y Escocia (Barcelona, 1996). La primera edición en inglés apareció igualmente en 1996.

[13] W. Connor, Etno-nacionalismo (Madrid, 1998), pp. 59-60. Para las tesis de Smith, véase especialmente, Anthony D. Smith, Nationalism and Modernity (Routledge, Londres, 2000), pp. 223-224.

[14] Anthony D. Smith, op. cit., p. 23.

[15] La distinción entre nacionalismo étnico y nacionalismo cívico, en R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Harvard University Press, 1992). Las variedades y tipologías de nacionalismos (liberales y tradicionales, occidentales y orientales, autoritarios, mesiánicos, tribales, religiosos, populistas, irredentistas, oficiales, de liberación, de estado, de nacionalidad, etcétera) estuvieron presentes en el debate desde los primeros estudios del nacionalismo.

[16] E.J. Hobsbawn, Nations and nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality (Cambridge University Press, 1989), p. 164 y ss.

[17] Christopher Harvie, Scotland and Nationalism. Scottish Society and Politics 1707-1977 ( Londres, 1977)

[18] Los resultados están tomados de la prensa diaria.

[19] M-T. Fay, M. Morrisey y M. Smyth, Northern Ireland Troubles. The Human Costs (Pluto Press, Londres, 1999), p. 11 y ss.

[20] Esta fue la tesis sostenida por John Whyte en Interpreting Northern Ireland (Oxford, 1989). Para todos los datos de atentados citados en el texto, véase el libro de Fay, Morrisey y Smyth citado en nota anterior, y T.G. Fraser, Ireland in Conflict 1922-1998 (Routledge, Londres, 2000).

[21] V. Cacho Viú, El nacionalismo catalán como factor de modernización. Prólogo de Albert Manent (Barcelona, 1998).

[22] Por ejemplo, en su discurso en la Universidad Carlos III de Madrid, de 14 de mayo de 1991.

[23] Para todo ello, véase José Díaz Herrera e Isabel Durán, Arzalluz. La dictadura del miedo (Planeta, Barcelona, 2001), pp. 127-134.

[24] S. de Pablo, J.L. de la Granja, L. Meer (eds.), Documentos para la historia del nacionalismo vasco. De los Fueros a nuestros días (Ariel, Barcelona, 1998), pp.150-152 y 166-168.

[25] F.J. Llera, «La encrucijada vasca», Revista de Occidente, Madrid, mayo 2001, p. 95. Los datos que en el texto aparecen sobre víctimas de ETA, en José María Calleja, Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas de ETA. Prólogo de Fernando Savater (Temas de Hoy, Madrid, 1997).

[26] F. Savater, «Alocución de Estrasburgo», El País, 14 de diciembre de 2000.

[27] J. Varela Ortega, Contra la violencia. A propósito del Nacional-socialismo alemán y del vasco (Alegia, 2001), pp. 30 y 40.

CAPÍTULO VI
EL RETORNO DEL PASADO:
EL TRIUNFO DE LAS NACIONALIDADES
EN YUGOSLAVIA Y LA URSS

[1] H. Carrère D’Encausse, El triunfo de las nacionalidades. El fin del imperio soviético (Rialp, Madrid, 1991). El título original en francés fue La gloire des nations ou la fin de l’Empire soviétique (1990).

[2] Lo escribió así el historiador Eric J. Hobsbawn en su libro ya citado Naciones y nacionalismo desde 1870: Eric J. Hobsbawn, op. cit., p. 179.

[3] B. Denitch, Nacionalismo y etnicidad. La trágica muerte de Yugoslavia (Fondo de Cultura Económica, México, 1995), p. 60.

[4] G. Orwell, «Notes on Nationalism», en The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell. Volume 3. As I Please. 1943-1945 (Penguin, 1970), p. 414.

[5] H. Carrère D’Encausse, La Russie inachevée (Fayard, Paris, 2000). Para todo lo referente a la identidad y construcción nacional rusas y Rusia como estado-nación, véase Vera Tolz, Russia (Arnold, Londres, 2001).

[6] De Solzhenitsyn, véase además su ensayo El «problema ruso» al final del siglo XX (Tusquets, Barcelona, 1995), publicado en ruso en 1994.

[7] Su libro se tituló exactamente ¿Sobrevivirá la Unión Soviética en 1984?, y se publicó en París en 1976.

[8] Deming Brown, The Last Years of Soviet Russian Literature. Prose Fiction 1975-1991 (Cambridge University Press, 1993), pp. 79-99.

[9] Paul Dukes, «Klyuchevsky and the Course of Russian History», en P. Dukes (ed.), Russia and Europe (Collins and Brown, Londres, 1991), pp. 108-115.

[10] Tesis similar a la del crítico literario Vadim Kozhinov: Vera Tolz, Russia (Arnold, Londres, 2001), pp. 149-150. Para Likhachev, véase P. Dukes, A History of Russia c.882-1996 (Macmillan, Londres, 3ªed. 1998), pp. 7-23.

[11] Además de los libros citados en las notas inmediatamente anteriores, véase B. Féron, Rusia, esperanzas y amenazas (Salvat, Barcelona, 1995), pp. 164-174.

[12] Fueron, efectivamente, las primeras elecciones democráticas celebradas en la URSS desde 1917.

[13] J. Hiden y P. Salmon, The Baltic Nations and Europe. Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century (Longman, Londres, 1994), pp. 145-167.

[14] Para el proceso de desmembración de la URSS, véase: H. Carrère D’Encausse, El triunfo de las nacionalidades. El fin del imperio soviético (Rialp, Madrid, 1991); R.G. Suny, The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union (Stanford University Press, 1993) y C. Taibo, La explosión soviética (Espasa, Madrid, 2000).

[15] Es la tesis, simple pero convincente, de Mark Mazower en Dark Continent. Europe’s Twentieth Century (Penguin, 1998), pp. 382-393.

[16] Fueron las primeras elecciones libres celebradas desde el final de la II Guerra Mundial.

[17] Para Eslovenia, véase J. Cow y C. Carmichael, Slovenia and the Slovenes. A Small State and the New Europe (Hurst and Company, Londres, 2000).

[18] Para los mitos serbios, Mira Milosevic, Los Tristes y los Héroes. Historias de Nacionalistas serbios (Espasa, Madrid, 2000), es excelente. C. Taibo, La desintegración de Yugoslavia (Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000) es una muy buena síntesis, con una magnífica bibliografía. Una excelente narrativa de acontecimientos en L. Silber y A. Little, The Death of Yugoslavia (Penguin, ed. revisada 1996).

[19] Para el nacionalismo albanés, Mira Milosevic, El trigo de la guerra. Nacionalismo y violencia en Kosovo (Espasa, Madrid, 2001), un libro, como el ya citado de la misma autora sobre el nacionalismo serbio, excelente.

[20] Sobre el conflicto de Kosovo, Tim Judah, Kosovo. War and Revenge (Yale University Press, 2000).

[21] Los datos anteriores, en Jack Snyder, From Voting to Violence. Democratization and Nationalist Conflict (W.W. Norton, Nueva York/Londres, 2000), pp. 355-360.

[22] Véase, por ejemplo, Carlos Taibo, La explosión soviética (Espasa, Madrid, 2000), pp. 218-223 y 247-252.

[23] El País, 14 de octubre de 2000. Para el proceso y las posibilidades de paz tras los acuerdos de Oslo conviene ver Shlomo Ben Ami, Israel, entre la guerra y la paz (Ediciones B, Barcelona, 1999).

[24] Ahmed Rashid, Los Talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo Gran Juego en Asia Central (Península, Barcelona, 2000) y Antoine Basbous, L’Islamisme. Une révolution avortée? (Hachette, París, 2000).

[25] W. Connor, Etnonacionalismo (Trama, Madrid, 1998), p. XI.

[26] Ch. Hewitt y T. Cheetham, Encyclopedia of Modern Separatist Movements (Santa Barbara-Denver, Oxford, ABC-CLIO, 2000), p. XI.

[27] Acton, «Nationality», en H. Kohn, Nationalism. Its Meaning and History (Van Nostram Company, Princeton, 1965), pp. 121-125. Las palabras de Furet en declaraciones a The Guardian, 30 de agosto de 1991.

Notas

[*] Agradezco a la editorial Historia 16 su amabilidad al permitirme utilizar, libremente, dichos textos.

Notas

[*] De Gaulle, probablemente, no tuvo al principio una idea clara sobre el problema argelino. En 1958 y 1959, cultivó los sentimientos nacionalistas de la Argelia francesa, anunció un gran plan de desarrollo económico y social para Argelia y planteó una ilusoria «paz de los valientes» al FLN. El ejército, mandado por el general Challe, lanzó una gran ofensiva a lo largo de 1959. El 16 de septiembre de ese año, De Gaulle anunció, sin embargo, que pensaba en un referéndum de autodeterminación para Argelia si se restablecía la paz, declaración que conmocionó a la Argelia francesa. El 4 de noviembre de 1960 habló ya de una «Argelia argelina» esto es, de la independencia.

Notas

[*] Irlanda del Norte tenía desde 1921 gobierno autónomo, presidido por un Primer Ministro, y parlamento propio (Stormont); pero ciertas disposiciones legales, como la representación universitaria y el voto económico, reforzaban el voto protestante y unionista.

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© Algar.

D’Annunzio (1863-1938), escritor italiano, nacionalista ardiente, tras tomar parte en la I Guerra Mundial, en 1919 ocupó, con un grupo de excombatientes, la ciudad de Fiume, reivindicada por Italia pero integrada en Yugoslavia tras la guerra, y creó allí los símbolos del fascismo.

© Algar.

Sabino Arana y Goiri (1865-1903), fundador del nacionalismo vasco.

© Algar.

Enric Prat de la Riba (1870-1917), inspirador y uno de los creadores del partido Lliga Regionalista, principal expresión del catalanismo político a principios del siglo XX.

© Agencia EFE.

Alfonso Rodríguez Castelao (1886-1950), líder y principal inspirador del Partido Galleguista, creado en 1931, y del nacionalismo gallego.

© Algar/Biblioteca Nacional, Madrid.

Charles S. Parnell (1846-1891), principal líder del nacionalismo parlamentario irlandés en las últimas décadas del siglo XIX.

© J. Gómez

El asesinato en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, del heredero al trono de Austria-Hungría, archiduque Francisco Fernando, por el joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, terminó desencadenando la I Guerra Mundial.

© Agencia EFE.

Mustafá Kemal, Atatürk, (1881-1938), militar turco que encabezó la revolución nacionalista de 1919, y desde 1922 la nación de Turquía como un Estado nacional moderno.

© Agencia EFE.

Josef Pilsudski (1867-1935), militar y hombre de Estado polaco, fue el verdadero vencedor de Polonia tras la restauración del país como nación, a partir de 1919.

© Agencia EFE.

Sun Yat-Sen (1866-1925), o Sun Yixian, fundador del Guomindang, principal partido del nacionalismo chino.

© Agencia EFE.

Eamonn De Valera (1882-1975), líder nacionalista irlandés, participó en el levantamiento de Pascua de 1916 y presidió el Sinn Féin, principal partido independentista entre 1917 y 1926. De 1932 a 1973 estuvo al frente de la República irlandesa, o como primer ministro o como presidente.

© Europa Press.

José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), fundador y principal dirigente de Falange Española, nacida el 29 de octubre de 1933.

© Europa Press.

El NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, Partido Nacional-Socialista de los Trabajadores Alemanes) fue creado, a partir de un grupúsculo anterior, en 1920. Expresión del ultranacionalismo totalitario alemán, llegó al poder bajo la dirección de Hitler, en 1933.

© Agencia EFE.

Benito Mussolini (1883-1945): tras militar en el Partido Socialista hasta 1915, el 23 de marzo de 1919 creó, en Milán, el fascismo, manifestación del ultranacionalismo autoritario italiano, a su modo revolucionario, que llegó al poder en Italia en octubre de 1922.

© Contifoto.

El coronel Juan Domingo Perón (1895-1974) y su mujer Eva Duarte (1919-1952), crearon e inspiraron el peronismo –en el poder entre 1945 y 1955–, la dictadura argentina que tuvo numerosos puntos en común con el fascismo europeo.

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Jawaharlal Nehru (1889-1964) y Mohandas K. Gandhi (1869-1948), líderes del nacionalismo de la India. Gandhi fue el inspirador espiritual del movimiento. Nehru fue el primer ministro de la India tras la independencia (1947-1964).

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Bajo el retrato de Theodor Herzl (1860-1904), creador del movimiento sionista, Ben Gurion dio lectura (14 de mayo de 1948) a la declaración de independencia de Israel en una sala del Museo de Tel-Aviv.

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Kwame Nkrumah (1909-1972), uno de los principales líderes del nacionalismo africano, que llevó a su país, Ghana, a la independencia en 1957.

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Ahmed Sukarno (1901-1970), uno de los fundadores del movimiento nacional por la independencia de Indonesia (1927) y primer presidente del país (1945-1968).

© Agencia EFE.

Ahmed Ben Bella (1918-), fue uno de los fundadores y dirigentes del Frente Nacional de Liberación, que desencadenó la guerra argelina de independencia (1954-1963). Fue presidente de Argelia entre 1963 y 1965.

© Agencia EFE.

Gamal Abd el-Nasser (1918-1970), presidente de Egipto entre 1954 y 1970, galvanizó el nacionalismo árabe. Pero la derrota de Egipto en la Guerra de los Seis Días con Israel (1967) fue una catástrofe para todo Oriente Medio, especialmente para los árabes.

© Agencia EFE.

Hosni Mubarak, presidente de Egipto desde 1981, Saddam Hussein, presidente de Irak desde 1979 y Yasir Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y principal dirigente palestino desde la creación en 1964 de la Organización para la Liberación Palestina.

© Agencia EFE.

La República Democrática del Congo fue proclamada en 1960. El Congo fue inicialmente dirigido por Patrice Lumumba (1925-1961), en la foto a la derecha, uno de los principales exponentes del nacionalismo anticolonial y de izquierda africano. Lumumba fue asesinado el 17 de enero de 1961, en el curso de una crisis que devastó el país, y que desembocó en la dictadura del coronel Mobutu.

© Contifoto.

Mao ZeDong (1893-1976), el líder comunista chino, y Ho Chi Minh (1890-1969), el dirigente comunista vietnamita, integraron comunismo y nacionalismo en la construcción, respectivamente, de China (desde 1949) y Vietnam (desde 1946) como Estados unitarios.

© Agencia EFE.

El IRA (Irish Republican Army, Ejército Republicano Irlandés), organizado originalmente en 1919 por Michael Collins, desencadenó a partir de 1969 una durísima ofensiva terrorista para lograr la incorporación de Irlanda del Norte a la República de Irlanda, en la que hasta 1998 morirían un total de 3.289 personas.

© Europa Press.

ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi y Libertad), organización independentista vasca, nació en 1959, y desde 1968 hizo del terrorismo y la violencia la estrategia para la independencia vasca: cerca de 800 personas murieron, víctimas del terrorismo de ETA, entre 1968 y 2000.

© Agencia EFE.

Tito, Josip Broz (1892-1980), dirigente comunista yugoslavo, uno de los líderes de la resistencia de los partisanos yugoslavos contra la ocupación alemana durante la II Guerra Mundial, y creador de Yugoslavia como un Estado comunista y federal a partir de 1945.

© Agencia EFE.

Franjo Tudjman (1922-1999), general del ejército yugoslavo hasta 1961, emergió tras la década de 1970 como uno de los líderes del nacionalismo croata, que proclamaría la secesión e independencia de Croacia en mayo de 1991. Tudjman fue presidente de Croacia entre 1990 y 1999.

© Agencia EFE/SIPA-Press/Delahaye.

El estallido de Yugoslavia en 1991 –independencia de Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina; afirmación de los nacionalismos serbio y albanés– provocó hasta el año 2001 una serie de guerras devastadoras, en las que murieron más de 300.000 personas. En uno de los peores episodios de «limpieza étnica» tropas serbias asesinaron en Srebrenica a más de 8.000 civiles musulmanes, en julio de 1995, tras la toma de la localidad en el curso de la Guerra de Bosnia (1992-1995).

© Contifoto.

La política de reformas que desde 1985 intentó impulsar en la URSS el entonces nuevo líder soviético Mijaíl Gorbachov, provocó las exigencias de soberanía e independencia por parte de muchas de sus distintas repúblicas y nacionalidades. Los nuevos líderes de Rusia (Boris Yeltsin, en la foto), Bielorrusia (Shuskiévich) y Ucrania (Kravchuk) decidieron, al margen de Gorbachov, la disolución de la URSS, el 8 de diciembre de 1991.

© Agencia EFE

La Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) fue constituida en París el 18 de abril de 1951, por parte de Francia, la República Federal Alemana, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo (momento que recoge la fotografía). Fue el primer paso para la integración de Europa en una comunidad económica (y en su día, política) que hombres como Jean Monnet (1888-1979), inspirador del acuerdo de París, vería esencial para superar las tensiones nacionales y nacionalistas que habían llevado a Europa y al mundo a la guerra en 1914 y 1939.

© Contifoto.

La Comunidad Europea, luego Unión Europea –la fotografía recoge una cumbre de sus principales dirigentes en la década de los noventa– se constituyó oficialmente en julio de 1967, al fusionarse instituciones comunitarias anteriores. En 1995 la integraban quince países, entre ellos España. Para entonces, la Unión Europea (330 millones de habitantes) disponía de numerosas instituciones comunes y constituía un mercado interior único.

© Santos Cirilo, El País.

Xabier Arzalluz (Azcoitia, 1932): ex jesuita, profesor de la Universidad de Deusto, principal dirigente del Partido Nacionalista Vasco desde 1977 e inspirador de su progresiva evolución hacia posiciones abiertamente etnicistas y soberanistas.

© Archivo ABC.

Jordi Pujol y Soler (Barcelona, 1930), en la foto a la derecha: dirigente nacionalista catalán, fundador de Convergencia Democrática de Cataluña en 1974, presidente de Cataluña desde 1980 (reelegido en los años 1984, 1988, 1992, 1995 y 1999).

© Luis Magán, El País.

Xosé Manuel Beiras (Santiago de Compostela, 1936): catedrático de Instituciones Económicas en la Universidad de Santiago, autor en 1973 de O atraso económico de Galicia y desde 1982 uno de los principales dirigentes del Bloque Nacionalista Gallego.

© 2003, Juan Pablo Fusi

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Table of Contents

Portadilla

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE LA PLENITUD DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO I EL MOMENTO NACIONALISTA

CAPÍTULO II LA FASCISTIZACIÓN DEL NACIONALISMO

SEGUNDA PARTE DESPUÉS DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO III NACIONALISMO Y LIBERACIÓN NACIONAL

CAPÍTULO IV DESPUÉS DEL NACIONALISMO:

TERCER PARTE EL RETORNO DEL NACIONALISMO

CAPÍTULO V ETNO-NACIONALISMO: LA PERSISTENCIA DEL HECHO NACIONALISTA

CAPÍTULO VI EL RETORNO DEL PASADO: EL TRIUNFO DE LAS NACIONALIDADES EN YUGOSLAVIA Y LA URSS

EPÍLOGO

NOTAS

BIBLIOGRAFÍA

Fotografías

Créditos

Grupo Santillana