Franco. Autoritarismo y poder personal no es solo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia de España.

Juan Pablo Fusi despliega en este libro el doble mérito de haberse acercado a la figura de Franco con el rigor del historiador exigente, y el de haber sabido aproximarlo a sus lectores con el estilo de un relato apasionante.

Juan Pablo Fusi

Franco. Autoritarismo y poder personal

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Titivillus 28.02.2020

Título original: Franco. Autoritarismo y poder personal

Juan Pablo Fusi, 1985

Diseño de cubierta: María Pérez-Aguilera

Editor digital: Titivillus

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PRÓLOGO: EL «FACTOR» FRANCO

Puede que la historia no sea sólo, como dijera Thomas Carlyle, «la esencia de innumerables biografías». Pero no cabe duda que personalidad y liderazgo individual —sus tipos, estilos, carácter, naturaleza y funciones— han jugado y juegan en la historia papel considerable. Desde luego, personalidad y liderazgo resultaron ser, por ir de inmediato a lo que interesa a estas líneas, principios constitutivos de los regímenes de Hitler, Mussolini y Franco, como revelaría la abundancia de teorías y doctrinas que sobre el führerprinzip, el Duce y el caudillismo elaboraron, respectivamente, los ideólogos del nacionalsocialismo alemán, del fascismo italiano y del franquismo español. Más aún, los factores Franco, Hitler y Mussolini resultan imprescindibles para la comprensión y explicación cabales de franquismo, dictadura alemana y fascismo: las personalidades de los tres dictadores fueron, además de definidoras de los regímenes que dirigieron, reveladoras en muchos sentidos de la naturaleza respectiva de los mismos.

Sobre Hitler, apareció en 1962 una biografía magistral: Hitler. Un estudio sobre la tiranía, de Alan Bullock. Sobre Mussolini, en 1965 se publicó el primero de los numerosos volúmenes que iban a componer la biografía —ciertamente insuperable— de Renzo De Felice. No fueron, por supuesto, las únicas: ambos líderes contaron casi desde el primer momento con bibliografía abundantísima. También Franco disponía antes de la publicación de la primera edición de este libro (1985) de un cierto número de biografías serias —citadas en las notas correspondientes de sus distintos capítulos—, y con posterioridad a esa fecha, aparecerían varias más, a algunas de las cuales haré referencia más adelante.

Entiendo, sin embargo, que —como ya señalaba en la Advertencia previa a la edición de 1985— escribir sobre Franco no es ni fácil ni grato, afirmación que merece alguna explicación (que no elaboré en aquella edición). Esa dificultad se debería, en mi opinión, no a razones metodológicas o de fuentes, sino a las características de la personalidad de Franco y a su significación histórica. Porque, en efecto, Franco como se irá viendo en el libro, tenía el aspecto de una personalidad anodina, era bajo, tenía una voz débil y un rostro inexpresivo. Su característica más acusada como militar y como político fue la prudencia. Era un militar carente de preocupaciones ideológicas e intelectuales, conservador, católico y anticomunista. Sus gustos privados eran los propios de la clase media de funcionarios militares de la que procedía. No fumaba ni bebía, veía películas mediocres y fue escrupulosamente monógamo. Llegó al poder, por otra parte, tras vencer en una guerra civil particularmente enconada y violenta, que produjo, además de la destrucción a gran escala de parte del país, unos 300.000 muertos, un acontecimiento, pues, difícilmente conmemorable, un fracaso colectivo, una alucinación, si se quiere usar la expresión de Azaña, el líder de la II República, que dejó heridas que tardarían varias generaciones en cerrar.

En suma, el biógrafo de Franco se enfrenta a un personaje poco atractivo y de significación política antiliberal y antidemocrática. Escribir la biografía de Franco obliga por ello a evitar un primer error: hacer literatura de denuncia, buscar la satanización de Franco, desligar su biografía hacia el libelo caricaturesco y mordaz, algo a lo que el físico y las ideas del personaje indudablemente se prestan y que es lo que parecería exigir la conciencia democrática posfranquista. Esa forma de biografiar a Franco no es, desde luego, ilícita. Pero es poco compasiva para el país y la sociedad sobre los que Franco gobernó durante cuarenta años. Por una razón: porque la larga duración del régimen franquista se debió —ya tuve ocasión de señalarlo en la citada Advertencia a la primera edición— a la acomodación de España al franquismo. Acomodación significa adaptación por conveniencia a una determinada situación más que identificación emocional con esta última. Y eso es lo que ocurrió en el caso español: que una sociedad que no se identificaba con la ideología oficial del franquismo se adaptó al mismo no sólo ni principalmente por la naturaleza represiva del régimen —cuya severidad no debe en ningún caso minimizarse— sino porque Franco supo apelar a ciertos valores tradicionales de la sociedad española: a su conciencia católica, a su concepción tradicional de la familia, a su sentido del orden y de la autoridad, a sus sentimientos españolistas, incluso a su valoración negativa de la política (porque es un hecho que el régimen de Franco, a diferencia de otros regímenes totalitarios, buscó más la desmovilización ideológica de la sociedad que su indoctrinación sistemática). El historiador del franquismo debe estar en guardia contra la ilusión, el mito, de que el pueblo español fue activa y mayoritariamente antifranquista. No lo fue. Franco murió en su cama y la transición a la democracia tras su muerte fue una reforma hecha desde el interior de la propia legalidad franquista, conducida, además, por hombres procedentes del franquismo. La tesis no disminuye el valor del antifranquismo. Al contrario, entiendo que, al precisar su verdadera importancia, pone de relieve su grandeza histórica: la oposición a Franco fue una minoría de excepcional valor moral que supo mantener, pese a todas las dificultades imaginables y ante la indiferencia de la mayoría, la memoria democrática del país.

Toda biografía, por otra parte, es igual a la personalidad (del biografiado) más las circunstancias. Franco fue básicamente un militar, pero un militar africanista, formado en la guerra que España libró en Marruecos entre 1910 y 1927. En su biografía fueron, pues, determinantes su vocación militar, su educación en la Academia de Infantería y su carrera castrense, pero lo fueron, igualmente, la tradición militar española y el particular papel que el Ejército, y sobre todo el ejército de África, jugó en la política española desde que Franco se incorporó a él. Franco permaneció en Marruecos casi sin interrupción entre 1912 y 1926: llegó como teniente y terminó, con sólo treinta y tres años, de general. En Marruecos, se labró su carrera. Marruecos le inspiró su primer libro, titulado precisamente Marruecos. Diario de una bandera (1922). Marruecos, finalmente, fue decisivo en el éxito de la sublevación militar de 1935 y en el papel que Franco tendría en el golpe.

Pero, a su vez, la tradición intervencionista del Ejército español legitimó a los ojos de Franco el levantamiento de 1936. Franco se sublevó justificado por una teoría nacional-militar que hacía del Ejército la garantía última de la «salvación» nacional. Era una teoría no explícita pero indudablemente operativa en un país donde el Ejército había sido el verdadero instrumento del cambio político desde principios del siglo XIX, primero, como artífice de la revolución liberal y luego, desde más o menos 1875, como fundamento del orden monárquico y conservador. El africanismo de la generación de Franco añadió perfiles nuevos a la teoría: los militares africanistas encarnaron un espíritu exaltadamente militarista y nacionalista, hostil al parlamentarismo, a los partidos políticos y a los nacionalismos catalán y vasco —a todos los cuales culpaban del fracaso de España como nación— y favorable a políticas de orden y autoridad, que esperaban restablecerían la disciplina social y devolverían a España, por ejemplo, en Marruecos, su viejo y perdido prestigio.

Dicho de otro modo: Franco no era un político, como lo fueron, por seguir con la comparación inicial, Hitler y Mussolini, y hasta probablemente era sincero cuando decía que despreciaba la política. No fue, desde luego, el líder de un partido o movimiento de masas. No llegó al poder ni por los votos del electorado, como Hitler, ni por una combinación de votos, movilización callejera y maniobras políticas, como Mussolini: Franco fue elevado en 1935 a la doble jefatura del Estado y del gobierno por el acuerdo de nueve generales y dos coroneles. No tenía grandes preocupaciones ideológicas. Sabía poco menos que nada de cuestiones económicas. Llegó al poder sin un proyecto político claro, sin otras ideas que las vaguedades que se repetían hasta la saciedad en los medios militares en los que siempre había vivido: salvar la patria, defender la unidad de España, necesidad de gobiernos fuertes y autoritarios y de promover políticas «nacionales», y afirmaciones similares. Con su victoria en la guerra civil el 1 de abril de 1939, logró lo que se había propuesto: destruir la República e instaurar un nuevo orden político en España que, de acuerdo con ese vago ideario militar antes mencionado, debía ser un orden autoritario, conservador y católico, que garantizase la unidad nacional y restableciese los que él creía que eran los valores tradicionales de la sociedad española (aunque, hasta 1945, se alineó sin vacilaciones junto a la Alemania nazi y a la Italia fascista, y su régimen asumió una significación indisimuladamente totalitaria).

A partir de ahí, y hasta la fecha de su muerte el 20 de noviembre de 1975, la vida de Franco se confundió con la vida de su régimen, lo que añade determinadas peculiaridades a su biografía. Su vida privada fue una vida sin dramatismos ni tensiones. Ya he mencionado que sus gustos eran mediocres y que era un hombre escasamente emocional. Los incidentes de su vida familiar —sus relaciones con su familia, las bodas, nacimientos y muertes de sus parientes más próximos, los escándalos protagonizados por éstos, su salud y la de los suyos— afectaron escasamente a su personalidad (por más que su total rechazo de la figura de su padre, su matrimonio con una mujer, Carmen Polo, de posición social muy superior a la suya, la difícil relación que tuvo con su popular y alocado hermano Ramón, o las pretensiones a la vez linajudas y mesiánicas que reveló en su libro Raza, de 1940, se prestasen a más de una maliciosidad psicoanalítica; y por más que la figura y ciertas actuaciones de su yerno, el doctor Martínez Bordiú, o episodios como la boda de su nieta Carmen con Alfonso de Borbón dieran lugar a especulaciones de todo tipo).

Sobre todo, esos incidentes familiares no interfirieron en su vida pública, salvo quizá al final de ella, razón principal por la que podían y debían interesar al biógrafo. Y es que Franco, además, apenas si tuvo tal vida privada desde 1939. Su tiempo estuvo absorbido por las funciones protocolarias y oficiales derivadas de su doble cargo como jefe del Estado y como jefe del gobierno, cargos que no separó hasta 1973. Con una peculiaridad importante: Franco se vio a sí mismo desde el primer momento más como el poder moderador que como el poder ejecutivo de su régimen. Presidía regularmente los consejos de ministros, pero se limitaba normalmente a escuchar en silencio. Maduraba sus decisiones muy lentamente, sin anticipar a nadie su pensamiento más íntimo. La suya fue una dictadura personal, sin responsabilidades ni ante la opinión pública ni ante las Cortes, un «parlamento» en gran medida nombrado desde arriba y como tal, obediente, domesticado y sin capacidad legislativa, que simplemente aplaudía las propuestas del Caudillo y de sus gobiernos.

Ejerció el poder, pues, pero sin la responsabilidad del poder, por parafrasear la conocida frase de Baldwin. Es notorio que Franco se consideraba responsable sólo ante Dios y ante la historia. Su vida fue, además de vida oficial, la vida de un jefe de Estado autocrático, vitalicio y reverenciado, de una especie de monarca distante y reservado, elevado, en virtud de su misión salvadora, por encima de las instituciones y apartado, por la misma razón, de los inconvenientes de la política y del gobierno. Todo ello contribuyó a su despersonalización. Ése es un gran problema para el biógrafo: los tipos humanos despersonalizados y no emocionales no son el material del que se hacen las biografías apasionantes.

Desde luego, y a pesar de lo dicho, Franco fue objeto de un abusivo culto a la personalidad a todo lo largo de los cuarenta años de su mandato. Fue, además, un culto que fue cambiando, adaptándose a las necesidades políticas del régimen y a la propia edad y físico de Franco. Fue, primero, el mito del césar visionario, del militar invicto —el general más joven de Europa—, del héroe de África que había conducido a sus tropas a la victoria para salvar España. Fue, después, el mito carismático y mesiánico del Caudillo, el álter ego del Führer alemán y del Duce italiano. Vino, luego, al hilo de la guerra fría, la teoría del Centinela de Occidente, del católico fervoroso y leal a Roma que había librado, en 1936, antes que nadie, la primera gran batalla contra el comunismo. Fue, más tarde, la hora del timonel seguro, prudente y firme, del estadista maduro y sereno que Europa y el mundo respetaban, del hombre que había dado a España veinticinco años de paz. Y culminó, finalmente, en la imagen de un anciano amable y bondadoso —aunque todavía duro y enérgico si la ocasión lo requería—, de palabra y maneras suaves y afables que allí seguía, pese a sus años, velando por la tranquilidad de su pueblo, sin que ni la fatiga ni la edad —aún pescaba salmones en Asturias— pudiesen rendirle.

Pero, pese a ello, el mito no sobrevivió a la muerte de Franco. Incluso, en más de un sentido, el mito no fue nunca totalmente operativo (igual que ocurrió, y por parecidas razones, con el mito Mussolini en la Italia fascista). Por complejas motivaciones históricas, la valoración negativa de la política y el escepticismo hacia el poder formarían parte de la cultura política española de los siglos XIX y XX. Afectaron igualmente a la figura de Franco. Chistes que ridiculizaban al Caudillo circularon masivamente a lo largo de todo su mandato, como una contraimagen desmitificadora y burlesca frente a la propaganda oficial: la voz, la talla y las ideas del personaje, y la falta de legitimidad democrática de su régimen, operaron siempre en su contra.

Además, incluso los aspectos en apariencia más verosímiles y, por tanto, creíbles, de la mitología caudillista serían pronto revisados. Sin duda que nadie podría negar que Franco fue un militar valeroso y que su carrera militar en Marruecos fue fulgurante. Pero el análisis militar de aquella guerra probó —hace ya mucho tiempo— que Franco fue un buen táctico, incluso un gran jefe de columna, pero que no tuvo parte alguna en las grandes decisiones estratégicas que resolvieron aquella guerra (contra lo que en algún momento dijera la propaganda oficial, que quiso darle el protagonismo que no tuvo en la conocida operación sobre Alhucemas de 1925). Lo mismo sobre la guerra civil: los estudios militares de la misma pusieron muy pronto de relieve las virtudes y limitaciones de Franco como general en jefe de la zona «nacional». Se supo, así, aunque sólo se dijera en las monografías especializadas, que Franco fue un estratega muy conservador y prudente, temeroso de mantener varios frentes abiertos al mismo tiempo, receloso de la guerra mecanizada y relámpago y obsesionado por la territorialidad. Nunca hubo dudas ni acerca de las operaciones que diseñó bien —Santander, la marcha hacia el mar por el Ebro, Cataluña— y de las decisiones que fueron oportunas y acertadas —llevar la guerra al Norte, contraofensiva de Brunete— ni acerca de las que fueron imprecisas o mal concebidas —avance inicial sobre Madrid, batalla del Ebro— e incluso totalmente equivocadas, como la ofensiva sobre Valencia por el Maestrazgo en 1938.

Como hombre de Estado, nadie le negó nunca la astucia y la prudencia —la palabra que más se usa en relación con su biografía—, pero ni siquiera la propaganda oficial pudo presentar a Franco como un hombre culto, de grandes ideas y preocupaciones intelectuales, o como un gran estadista de talla y prestigio internacionales. Por ejemplo, España cambió notablemente bajo su mandato y se convirtió en un país industrial y urbano y en una sociedad dinámica y moderna. Y sin embargo, no es ni siquiera claro si el cambio fue debido a Franco o si se produjo a pesar de él. Ya he dicho que apenas entendía de economía. A su mentalidad militar y nacionalista, posiblemente le satisfizo más la política económica de los primeros veinte años de su régimen —nacionalizaciones, autarquía, grandes obras de infraestructura, creación de grandes empresas públicas, paternalismo social— que la liberalización económica que se operó desde 1959 y que fue el verdadero catalizador del cambio: Franco no llegó a entender aquella operación económica, aunque, claro es, no se opuso a ella y asumió la política de desarrollo tecnocrático que le prepararon sus ministros.

Tal vez el único mito persistente fuese el mito de Hendaya, según el cual Franco fue el estadista que supo mantenerse firme frente a Hitler —en la reunión que ambos celebraron en Hendaya el 23 de octubre de 1940— y evitar así que España entrara en la II Guerra Mundial. Porque, a pesar de que investigaciones rigurosas e inapelables de historiadores alemanes, británicos y españoles (entre las que destacaría dos obras de Javier Tusell: Franco y Mussolini. La política española durante la segunda guerra mundial, 1985, escrita en colaboración con Genoveva García Queipo de Llano, y Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, 1995) probaron que Franco, en un primer momento, hacia junio de 1940, había considerado la posibilidad de entrar en la guerra y había tomado la iniciativa de explorar las contrapartidas que Alemania estaría dispuesta a ofrecerle; a pesar de que quedó demostrado que, tras Hendaya, la política de España fue una política de espera, que combinaba la amistad con Alemania con el aplazamiento de la decisión de entrar en la guerra (si bien se envió la División Azul a Rusia) hasta que se atendieran las pretensiones españolas en el norte de África, que no eran una mera astucia diplomática de los españoles como pretendería el mito oficial: a pesar de que siempre se supo que Alemania nunca planteó un verdadero ultimátum a Franco sino que hizo lo que más le convino, pues aceptar las peticiones españolas mencionadas habría creado a Hitler problemas con Pétain y Mussolini; a pesar de todo ello, la insistencia franquista en el mito de Hendaya caló hondo, y la tesis de que, fuese como fuese, la diplomacia española, guiada por Franco y por su entonces ministro de Exteriores Ramón Serrano Súñer (pero también por el sustituto de éste, el general Gómez Jordana, como oportuna y justamente recordaría Tusell en los libros citados más arriba), tuvo la habilidad necesaria para mantener a España fuera de la guerra resultaría, de alguna forma, resistente a la crítica.

Pero ello no altera lo dicho: el mito, si es que lo hubo, no sobrevivió a la muerte de Franco: ni el mito popular ni, mucho menos, el mito historiográfico. En 1985, a los diez años de su desaparición, Franco parecía historia antigua. Parecía posible escribir su biografía, corta o larga, con aquella neutralidad moral que Butterfield, el historiador de Cambridge, pensaba que debía inspirar los trabajos de historia. A eso respondió Franco. Autoritarismo y poder personal, el libro que ahora se reedita.

Con posterioridad a su aparición, la bibliografía sobre Franco engrosaría notablemente, y buena parte de ella resultaría ser cuando menos de extraordinario interés. Franco. El perfil de la historia (Madrid, 1992), de Stanley G. Payne, era una biografía bien informada, mesurada, solvente, breve, cuya visión de Franco se aproximaba a la por mí esbozada en 1985: Franco como militar católico conservador y anticomunista, de carrera brillante y aspecto anodino, frío, prudente, hábil, que creó una dictadura personal, un régimen sucesivamente totalitario, nacional-católico y tecnocrático bajo el cual España terminó por modernizarse espectacularmente. Payne había escrito poco antes la mejor historia general de ese régimen: El régimen de Franco. 1936-1975 (Madrid, 1987).

En 1992 se publicaron, además, Franco en la guerra civil. Una biografía política, de Javier Tusell, y Autobiografía del general Franco, de Manuel Vázquez Montalbán. Este último no era un libro de historia sino una ficción novelesca, que presentaba un Franco de psicología sinuosa, ambicioso, cruel y poseído por su propio mesianismo, y su régimen, como una dictadura fascista, militar y reaccionaria, basada en la represión y sostenida por los intereses de la derecha y del capitalismo internacional. El libro de Tusell era, en cambio, un libro exigente, muy bien documentado, lo que se llama una aportación sustancial (como para dar la razón a Ranke cuando dijo que la verdad histórica es «infinitamente más hermosa e infinitamente más interesante que la ficción novelesca»). Se centraba en el estudio del ascenso de Franco a la jefatura del Estado en los años 1936-1939, en la creación del primer embrión de Estado franquista y en la inmediata transformación de éste en una dictadura personal y vitalicia (temas que Francisco Umbral había novelado en clave esperpéntica —con brillante eficacia— en su obra Leyenda del César Visionario, de 1991). Tusell probaba al menos los siguientes extremos: primero, que los militares que se rebelaron en 1936 carecían en efecto —como ya ha quedado dicho más arriba— de un proyecto político bien perfilado, claro y unánime sobre la sublevación; segundo, que Franco actuó movido por «una radical avaricia de poder» y que, al servicio de ella, desplegó habilidad y astucia innegables; tercero, que Franco, un Franco ridículamente envanecido por su victoria en la guerra, maduró muy pronto la idea de convertirse en dictador vitalicio, y subordinó a ello muchas de sus decisiones políticas y militares.

En 1994, finalmente, se publicaron, por mencionar sólo títulos verdaderamente esenciales, otros dos libros de gran enjundia. Don Juan, de Luis María Anson, aportaba a los estudios biográficos sobre Franco —que es lo que a efectos de estas líneas, interesa— un análisis pormenorizado y riguroso de las relaciones Franco-Don Juan y de los entresijos de la política monárquica bajo el franquismo que, además de puntualizar y aun revelar numerosos hechos circunstanciales sobre esas relaciones y sobre esa política, demostraba que a Franco le preocupó mucho más, a todo lo largo de su mandato, la oposición de Don Juan que la oposición radical y de la izquierda.

Franco, de Paul Preston, cuya versión inglesa había aparecido en 1993, era una biografía muy voluminosa, exhaustiva, de gran vigor narrativo, un extraordinario esfuerzo de más de 1.000 páginas, una obra polémica, combativa y, desde luego, magistral en muchos momentos (especialmente, en el estudio de los años 1939-1947, años, o parte de ellos, muy bien analizados también, por cierto, por Florentino Portero en su libro Franco aislado. La cuestión española 1945-1950, aparecido en 1989). El retrato último de Franco no resultaba, pese a ello, muy distinto de la interpretación generalizada ya expuesta más arriba (militar formado en Marruecos, carrera rapidísima, católico, prudente, hábil, aspecto anticarismático, carencia de relevancia intelectual). Pero Preston añadía observaciones muy oportunas sobre la psicología de Franco —odio al padre, disposición «gallega» para la simulación—, hacía de su ambición de poder, de su duplicidad y de su frialdad ante la represión las claves de su biografía, y, con un estilo que recordaba al Southworth de El mito de la Cruzada de Franco (1963), procedía a un gran ejercicio de demolición de todo lo que en su día dijera del Caudillo la propaganda oficial de su régimen. De esa forma, y por citar sólo unos ejemplos, Preston sostenía que, en la guerra civil, Franco libró conscientemente una agotadora guerra de desgaste a fin de lograr la total aniquilación militar y política de sus enemigos —tesis muy discutida por la crítica británica y española— y que, en ciertos momentos, antepuso sus ambiciones personales a consideraciones estratégicas y militares (lo que explicaría decisiones absurdas como tomar Toledo en 1936 demorando el asalto a Madrid y errores como la decisión de marchar sobre Valencia, y no sobre Cataluña, en abril de 1938, y optar por ataques frontales en la batalla del Ebro). Preston argumentaba luego, corroborando tesis ya adelantadas por la historiografía española, que la política de autarquía del primer franquismo creó una situación calamitosa en la inmediata posguerra; y que, aunque España no entró en la II Guerra Mundial, ello se debió más a decisión alemana que a la habilidad diplomática de Franco en Hendaya. Subrayaba que España pagó un precio muy alto por la dictadura de Franco (su aislamiento internacional), incluido el sacrificio de la soberanía española en los pactos con Estados Unidos de 1953 y concluía que el desarrollo de 1960-1975 se debió no a Franco, sino al contexto internacional y, aun, a la ventaja comparativa que para la economía española supuso la supresión por la dictadura de los derechos y libertades sindicales.

Algunos de los puntos suscitados en los libros mencionados deberán ser, pues, tenidos en cuenta por los lectores de este libro. Creo con sinceridad, sin embargo, que el perfil biográfico de Franco que en él se proponía sigue siendo válido en sus líneas esenciales. El mito de Franco —a mi gusto, como ya ha quedado dicho, inoperante desde su misma muerte— no podrá ser recompuesto. Pero el «factor» Franco, en cambio, constituirá siempre una de las claves para el análisis del siglo XX español.

Franco no fue una necesidad histórica, la conclusión inevitable de la misma lógica histórica española, como bien advirtió Santos Juliá (en «Franco: la última diferencia española», Claves, n.º 27, noviembre de 1992). Pero su régimen distó mucho de ser un paréntesis en la historia de España: fue incluso una ruptura decisiva en ésta (como sostuvo Ignacio Sotelo en «La significación histórica del franquismo», Revista de Occidente, octubre de 1985). El franquismo fue, en buena medida, la cristalización política de una España real, protagonista de buena parte de aquella historia, la España de clase media urbana y rural y conciencia católica, la España del orden y de la familia tradicional (¿no dijo Unamuno en Ahora, 28 de julio de 1933, que la España del siglo XIX «era en su casi totalidad lo que llamamos clase media, pequeña burguesía del campo o de la ciudad»?), la encarnación, por tanto, de lo que Dionisio Ridruejo llamó, en Escrito en España (Buenos Aires, 1962), «el macizo de la raza».

En todo caso, que un hombre como Franco gobernara durante tanto tiempo sobre un país como España —objeto de idealización de la imaginación romántica europea— suscitará siempre, por lo menos a los que no se conformen con explicaciones burdas, preguntas inquietantes y provocará también respuestas polémicas.

JUAN PABLO FUSI AIZPURUA

PRÓLOGO

Han pasado ya diez años desde la muerte de Francisco Franco, tiempo suficiente como para que sea posible empezar a emitir opiniones objetivas sobre él. Sin embargo, esta tarea no resulta fácil. El primer obstáculo, el más evidente, es, en muchos aspectos, el más difícil de salvar. Para quienes llegaron a la madurez bajo su Gobierno, opinar sobre Franco de forma desapasionada resulta casi imposible. Franco fue una presencia constante que afectó radicalmente el pensamiento y la acción de dos generaciones de españoles. Fuera odiado o querido, Franco se convirtió en una realidad permanente en la vida de millones de españoles. Siempre presente, siempre el foco central de discusiones y debates, incluso para muchos de sus partidarios, el resultado inevitable fue que se formaron opiniones y juicios sobre su persona profundamente arraigados, lo que dificultaba enormemente emitir cualquier opinión objetiva sobre él.

Paradójicamente, aunque esa presencia de Franco en la vida de todos los españoles fue constante y profunda, no es menos cierto que su existencia física se hizo, sin embargo, difusa y que no se dejaba sentir de forma tangible. Franco, que nunca fue una persona extravertida, tendía a limitar sus apariciones en público a actos oficiales, que se desarrollaban de la manera más formal posible. Incluso las escenas familiares en El Pardo y sus excursiones de pesca, en las que permitía que se le fotografiara, carecían del sentido de intimidad que podría haber dado una dimensión humana a su imagen. Esta actitud deliberada de mantenerse en la sombra ayuda a explicar el por otra parte sorprendente olvido público en el que cayó Franco inmediatamente después de su muerte. Francisco Franco se convirtió en el gran olvidado, y sus oponentes no sintieron urgencia especial alguna para vengarse de su recuerdo. Por ese motivo, las plazas del Caudillo y las avenidas del Generalísimo, existentes en todas las ciudades y pueblos españoles, no cambiaron de nombre hasta varios años más tarde. Cerca del centro de Madrid, continúa en pie una estatua suya a pocos metros de otra nueva erigida en honor de Indalecio Prieto, sin que a nadie sorprenda especialmente este contraste.

La incapacidad de Franco para conseguir una imagen verdaderamente personal y humana y para crear una cierta mística centrada en su persona ayuda, asimismo, a explicar la relativa falta de información publicada sobre él. Algunos de sus colaboradores más cercanos han escrito memorias y, recientemente, se han hecho públicos algunos documentos de sus archivos. Esto puede parecer hasta impresionante en relación con el vacío informativo que existía cuando gobernaba el propio Franco, pero no nos debe hacer olvidar que nuestras fuentes de información sobre él son mucho más escasas que las existentes sobre personalidades de la historia reciente de otros países, como Roosevelt, Churchill, Mussolini, Hitler y, quizá, incluso De Gaulle.

El tercer obstáculo que tiene que salvar cualquier historiador de la etapa de Franco es su propia duración, extraordinariamente larga. Entre los dirigentes extranjeros mencionados, incluso los que más tiempo ocuparon el poder, como, por ejemplo, Mussolini, gobernaron poco más de la mitad de los años que gobernó Franco; todos los demás no llegaron como gobernantes ni a la tercera parte de su longevidad. Ni siquiera los gigantes históricos del siglo pasado, como Napoleón, Metternich o Bismarck pueden compararse con Franco en este aspecto. En la historia de Europa hay que remontarse hasta el siglo XVIII, a Federico el Grande, para encontrar a un dirigente que ocupara el poder en una de las principales naciones del continente durante un período mayor de tiempo. Y en la propia historia de España, el caso más reciente se remonta todavía más atrás, hasta el siglo XVI, con Felipe II.

Durante este largo período de tiempo se produjeron numerosos cambios, a diferencia de lo ocurrido en Portugal, país en el que la dictadura de Oliveira Salazar duró incluso más tiempo que la de Franco. El de Franco fue un período de extraordinaria intensidad para España. La guerra civil más terrible de la historia española fue seguida por el período de represión más severa que jamás ha sufrido el país y, posteriormente, por la etapa de aislamiento internacional más completo que jamás haya padecido España. ¡Quince años de constantes desastres! Después, la marea empezó a cambiar de curso, lentamente al principio, pero, desde el año 1960, aproximadamente, con la fuerza de un torrente que arrastró todo lo que se le puso por delante.

El aislamiento se transformó en el período de cooperación con el resto del mundo más continuo, más intenso y más diverso que España conociera en toda su historia. El estancamiento dio paso a una etapa de extraordinario dinamismo económico. Las propias bases sociales del franquismo fueron erosionándose a medida que se desarrollaban la urbanización, la educación general y que se lograba una distribución más equitativa de la renta. Los fundamentos psicológicos del Gobierno dictatorial sufrieron una destrucción aún más profunda a causa de una revolución de valores, más pronunciada entre la juventud, que rechazaba los principios tradicionales de autoridad y que hacía más hincapié en la satisfacción de intereses personales que en la solución de necesidades sociales.

Este cambio sin precedentes produjo un régimen enormemente complejo, que no puede definirse por medio de tópicos. Si se toman las condiciones humanitarias como elemento de juicio —el grado de represión de la oposición, ya sea por medio de delitos de sangre, por encarcelamiento o por intimidación—, la dictadura de Franco fue en algunas de sus etapas la peor en toda la historia de Europa, con las excepciones de las dictaduras de Hitler y Stalin; pero también, en otras, la mejor, exceptuando la de Primo de Rivera (y haciendo la salvedad del País Vasco, donde, desde 1969, el régimen de Franco volvió a su antigua brutalidad). Si se juzga por el nivel de crecimiento económico logrado, de nuevo la dictadura de Franco aparece con dos caras. Hasta los años cincuenta puso en práctica una política increíblemente inepta, que empeoró considerablemente el tradicional retraso económico español; a partir de finales de los años cincuenta se convirtió en el guardián del milagro económico español, sin duda uno de los auges económicos más espectaculares en la historia de Europa.

Existen contradicciones aún más pronunciadas. Debido a la revolución social y de valores antes mencionada, se dio la paradoja de que un régimen dictatorial acabaría gobernando durante una larga etapa de lo que debe ser considerado como período de protodemocratización. Sin esta prolongada preparación, España no podría haber efectuado desde 1975 la transición a la democracia en la forma tan armónica en que lo hizo. Ésta es la gran ironía: la historia demostrará probablemente que Franco dejó todo, sin duda, «atado y bien atado», pero no para la continuación de su Movimiento-Estado, como era su intención, sino para su antítesis, la democracia.

La dificultad final que se presenta al escribir acerca de Franco es separar entre la persona y el régimen. Todos los gobernantes gobiernan, al menos parcialmente, sin gobernar; es decir, se limitan a esperar, y a menudo los problemas se resuelven por sí solos sin que se hayan tomado decisiones específicas para su resolución. Asimismo, todos los gobernantes delegan una gran parte de sus poderes en otras personas, en especial en sus ministros. Pero Franco llevó estas dos características hasta su extremo. En apariencia, intervenía muy poco en lo que ocurría por debajo de él. La lentitud y la enorme precaución que caracterizaron su estilo de gobierno, tanto militar como político, exasperaban a muchos de sus colaboradores; a menudo, las crisis parecían resolverse tanto por casualidad y por el paso del tiempo como por las medidas que Franco hubiera tomado al efecto. En cuanto a la delegación de sus poderes, parecía emplear métodos más propios de un rey que de un dictador, dejando a lo largo de su régimen una sorprendente libertad de acción a alguno de sus ministros, y situando a Carrero Blanco, ya en sus dos últimas décadas de gobierno, en un cargo que era prácticamente el de un valido.

Por tanto, la tarea no es sencilla. Además de un concienzudo estudio, requiere objetividad, sensibilidad, imaginación y, quizá lo más importante, valentía. Valentía para enfrentarse y sobreponerse a los propios prejuicios; valentía para atreverse a presentar las conclusiones en la forma en que se ha llegado a ellas, sin ponerse de parte de la opinión pública generalizada. En ambas luchas, el arma principal de combate es la razón, una razón desprejuiciada y lúcida.

Desde la publicación de su primer libro —que, por coincidencia, se produjo en el mismo año de la muerte de Franco—, no cabe ninguna duda de que Juan Pablo Fusi posee todas estas cualidades, y algunas otras más, en abundancia. Una obra densa, basada en una investigación amplia y minuciosa, lo que resulta poco frecuente —Política obrera en el País Vasco (1880-1923)—, se constituyó en una de las pocas monografías auténticamente indispensables en la historia sociopolítica de España, y su autor se convirtió en uno de los principales nuevos historiadores españoles. En los alegres, pero críticos, años que siguieron al final de la dictadura de Franco, cuando España estaba celebrando su libertad al mismo tiempo que intentaba echar los cimientos sólidos que permitieran conservarla, Fusi, como muchos otros jóvenes españoles, desvió su atención hacia temas más contemporáneos, temas a través de los cuales podría contribuir a la construcción de una nueva España.

Sus nuevos trabajos produjeron dos excelentes obras. Una de ellas era una síntesis general, España: de la dictadura a la democracia, escrita en colaboración con Raymond Carr, que abarca la evolución social, económica, cultural y política de España, y que no sólo obtuvo el Premio Espejo de España en 1979, sino que también consiguió un gran éxito, tanto en sus versiones inglesa como italiana, convirtiéndose probablemente en el libro de consulta sobre el período de gobierno de Franco más utilizado fuera de España. El otro libro, El problema vasco en la Segunda República, también publicado en 1979, es mucho más breve y menos conocido, aunque, en mi opinión, es de igual importancia. En él, Fusi aborda la que quizá sea la cuestión más espinosa a la que se enfrenta la joven democracia española, el problema vasco, y, mediante el riguroso análisis de su evolución histórica, intenta proporcionar a los protagonistas actuales los conocimientos que podrían ayudarles a llegar a una resolución del conflicto. La selección del tema es prueba de valentía; su tratamiento objetivo, hasta el punto de que cualquiera de los protagonistas (políticos, partidos, etcétera) puede sentirse ofendido por la crítica en algún momento, requiere una valentía todavía mayor.

En los años transcurridos desde la publicación de estas obras, Fusi ha seguido haciendo gala de aquella misma combinación de cualidades personales y capacidad investigadora; en ocasiones, en conferencias, en otras, en artículos. Así, no me sorprende que su nuevo libro sobre Franco sea tan bueno como lo es. Como dice el propio Fusi, el libro no está basado en nuevas investigaciones de archivo, ni tampoco pretende decir la última palabra sobre el tema. Pero esto carece de importancia, ya que el libro pone de manifiesto la misma honradez de planteamiento, el mismo sentido de equilibrio, el rechazo de tópicos y prejuicios, el rigor lógico y el conocimiento que han caracterizado a los anteriores trabajos de Fusi. Y precisamente porque en la última década Franco se ha convertido en el gran olvidado, precisamente porque gran parte de lo que se ha escrito sobre él tiene un carácter partidista, la equilibrada síntesis de Fusi debe ser recibida con los brazos abiertos. Este libro, accesible a todo el mundo gracias a su excelente estructura y clara exposición, quedará como una valiosa introducción a la carrera política del hombre que dominó a España durante más tiempo que ningún otro.

EDWARD MALEFAKIS

Catedrático de Historia Contemporánea

de la Universidad de Columbia (Nueva York)

ADVERTENCIA

Este libro es más un ensayo biográfico que una biografía propiamente dicha: lo es por su extensión y por su concepción. Pretende, por tanto, ser una síntesis apretada de la vida de Franco; de ninguna manera es, ni ha querido ser, un trabajo definitivo basado en una investigación exhaustiva y nueva, capaz de aportar revelaciones originales y espectaculares sobre aquella vida.

Es, ante todo, un intento de interpretación histórica de hechos ya conocidos; su interés puede estar, por tanto, únicamente en la lógica de la explicación propuesta y en el tipo de conceptualización utilizada (que es, por otra parte, lo que distingue a la historia de otros tipos de análisis).

Al afirmar que este libro es un ensayo de interpretación histórica quiero decir que no es ni literatura hagiográfica ni literatura de denuncia. Ambas son, desde la perspectiva del historiador, igualmente ineptas.

La hagiografía franquista no ha querido nunca plantearse el que fue el gran problema del régimen de Franco: que careció siempre de verdadera legitimidad moral ante la conciencia liberal y democrática del mundo contemporáneo, por su origen (alzamiento militar, guerra civil) y por su naturaleza autoritaria y represiva. Y la literatura de denuncia del franquismo —que puede ser, contra lo que parece, una forma de comodidad intelectual— elude, a su vez, plantearse problemas no menos inquietantes, como la voluntaria y duradera acomodación de muy amplios sectores de la sociedad española en el franquismo, la estabilidad casi inatacable de éste durante varias décadas, la debilidad de la oposición, la formidable transformación de España y de su Estado desde 1939 a 1975.

Escribir sobre Franco y el franquismo no es ni fácil ni grato. En este ensayo he tratado de evitar caer en una doble tentación: la tentación de sustituir la historia del franquismo por la historia de la oposición al mismo —confusión frecuente e inadmisible— y la tentación de reemplazar el análisis histórico por la expresión de opiniones. Entiendo que la historia, incluida la biografía de Franco, no es el campo de lo opinable, y que el historiador sólo debe expresar en su trabajo sus conclusiones historiográficas (y no sus gustos personales o sus pasiones particulares). He procurado al menos que, de acuerdo con Max Weber, la ética de la responsabilidad haya estado por encima de la ética de la convicción.

J. P. F.

1. SOLDADO DE ÁFRICA

En un discurso pronunciado en Cuenca el 1 de mayo de 1936, en el curso de un acto electoral, el dirigente socialista Indalecio Prieto se hizo eco del malestar que existía en el Ejército y de los rumores que circulaban sobre un posible levantamiento militar contra la República. Y concretó: «El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el Ejército, es hombre que en momento dado puede acaudillar con el máximo de posibilidades —todas las que se derivan de su prestigio personal— un movimiento de ese género»[1].

Que aquella premonición de Prieto se cumpliría poco después, el 18 de julio de 1936, es bien sabido. En efecto, en aquella fecha el general Franco encabezó, junto a otros conocidos oficiales, el levantamiento de una parte del Ejército que, tras tres años de durísima guerra civil, puso fin a la experiencia democrática de la II República (y estableció un régimen personal y autoritario que, bajo la jefatura permanente del propio Franco, duraría cuarenta años, hasta el 20 de noviembre de 1975). Por eso interesa subrayar lo que Prieto apuntó en Cuenca: que Franco era un «ilustre militar» y que era su indudable prestigio en el seno del Ejército lo que le perfilaba como el caudillo militar que anhelaba la derecha española. Lo que daba mayor significación a tales afirmaciones era que no se trataba de juicios caprichosos: Prieto no hacía sino reflejar una opinión generalizada.

Franco tenía cuarenta y tres años en 1936. Había nacido en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892, en una familia tradicionalmente vinculada a la Marina que vivía con la «modestia decorosa y honrada» —en palabras de su primo— propia de una familia de clase media de cuatro hijos (Nicolás, Francisco, Pilar y Ramón)[2]. Tras una infancia anodina y cursar sus estudios primarios y elementales en colegios locales, en 1907, con el ingreso en la Academia Militar de Toledo, comenzaba la que habría de ser una de las más rápidas y brillantes carreras militares del Ejército español del siglo XX. Porque aunque hizo sus estudios con evidente medianía —terminó en 1910 con el grado de segundo teniente de Infantería y obtuvo el puesto 251 de los 312 oficiales que compusieron la 14.ª promoción—, Franco ascendió luego de forma fulgurante: en 1912 era teniente; en 1915, capitán; en 1917, comandante; en 1923, teniente coronel; en 1925, coronel, y en 1926 —el 3 de febrero, con treinta y tres años—, general de brigada.

Salvo por breves períodos —concretamente durante diecisiete meses que estuvo destinado en El Ferrol, entre agosto de 1910 y febrero de 1912; tres años que sirvió en Oviedo, entre mayo de 1917 y septiembre de 1920; y otros seis meses que volvió a pasar en Oviedo, entre enero y junio de 1923—, Franco hizo la práctica totalidad de su carrera militar entre 1912 y 1926 en África. Todos sus ascensos, excepto el primero, lo fueron por méritos de guerra. Logró además un total de 13 medallas, cruces y distinciones (pero no la más prestigiosa de todas, la Laureada de San Fernando, que Franco se concedería al término de la guerra civil, en 1939) en todas y cada una de esas ocasiones se le reconocieron dotes innegables de serenidad, valor y competencia. Franco tuvo, además, suerte: pese a haber intervenido, siempre en vanguardia, en un elevadísimo número de hechos de armas (sólo entre junio de 1918 y noviembre de 1924 se le contabilizaron un total de 47), Franco fue herido una sola vez, el 29 de junio de 1916, en El Biutz, cerca de Ceuta, en una guerra que entre 1916 y 1926 se cobró las vidas de 915 jefes y oficiales y las de unos 16.000 soldados españoles.

De su experiencia en África el propio Franco pensaba que los años de 1920 a 1925, en los que sirvió en la Legión —o Tercio de Extranjeros, el cuerpo de choque creado en 1920 por Millán Astray, al que Franco se incorporó como segundo jefe—, fueron los que produjeron el afianzamiento de su personalidad[3]. Fue también el período durante el cual se cimentó su prestigio y que le proporcionó la base de su popularidad. Ello se debió sobre todo a su decisiva contribución en las operaciones de reconquista de la comandancia de Melilla en la segunda mitad de 1921, después que en julio de aquel año un ataque de las tropas rebeldes de Abd el Krim sobre Annual provocase el mayor desastre militar que el Ejército español había sufrido desde que años antes empezara la guerra de Marruecos: el descalabro de Annual provocó la retirada desordenada de las tropas españolas mandadas por el general Silvestre, la muerte de unos 9.000 soldados y la caída de las principales posiciones de la zona de Melilla.

Franco se había reincorporado a la Legión en África en octubre de 1920 —tras sus tres años largos de destino en Oviedo—, y en los primeros meses de 1921 había intervenido en numerosas acciones en la zona de Xauen con las tropas mandadas por el coronel Castro Girona. Al producirse los sucesos de Annual, la Legión, y con ella Franco, formó la vanguardia de las tropas de socorro que al mando del general Sanjurjo fueron enviadas a Melilla: Franco y sus hombres, siempre a las órdenes de Sanjurjo, participaron en la reconquista de diversas posiciones próximas a Melilla (Casabona, Nador, Sebt, Atlaten, Segangan, Tifasor, Uixán, etcétera); luego, ya a principios de 1922, tras la ofensiva sobre Dar Drius, y finalmente, en octubre, en las operaciones sobre Tafersit, Bu Hafora y Tizzi Azza —que serían recordadas como algunas de la acciones más arriesgadas y meritorias de la historia de la Legión—, quedó prácticamente recuperada toda la zona perdida un año antes ante Abd el Krim. De ahí que fueran varios los periódicos nacionales que destacaron al comandante Franco como «el héroe de la campaña marroquí»: en pocos meses, en junio de 1923, fue ascendido a teniente coronel y se le nombró nuevo jefe de la Legión, en sustitución del teniente coronel Valenzuela, muerto en combate poco antes.

Aún serviría Franco otros tres años más en África. Intervino de nuevo, como antes, en numerosos combates: fue ascendido a coronel el 7 de febrero de 1925, por su intervención en un alto número de acciones entre el 1 de agosto de 1923 y el 31 de enero de 1924. En su ascenso a general de brigada, el 3 de febrero de 1926, se citaban con particular relieve sus intervenciones en las numerosas acciones que supuso la retirada de Xauen, en los últimos meses de 1924, y con evidente justicia, ya que a Franco y a la Legión les correspondió la labor de cobertura de una operación arriesgadísima en la que murieron 2.000 hombres. La operación había sido, además, desaprobada por Franco, porque veía en ella la evidencia de que el general Primo de Rivera, llegado al poder tras el golpe de Estado de 13 de septiembre de 1923, iba a seguir en África una política de repliegue y pasividad.

Eso no fue así —entre otras razones por la presión del Ejército de África, en lo que, como veremos, Franco tuvo alguna parte— y la guerra continuaría, y aun se incrementaría, hasta que las tropas españolas consideraron pacificado el territorio marroquí, lo que se logró en 1927. La clave fue el espectacular desembarco en la bahía de Alhucemas, el 8 de septiembre de 1925. Franco y la Legión habían sido los últimos en evacuar Xauen: fueron los primeros en desembarcar en las playas de Alhucemas. Franco se comportó en Alhucemas —en cuyas cercanías permaneció combatiendo hasta finales de aquel mes— como lo que había sido hasta entonces: como un excelente y valeroso jefe de vanguardia. El tipo de operación que se llevó a cabo en Alhucemas —en la que intervinieron 40 barcos de guerra españoles y franceses, más numerosas barcazas y remolcadores, 76 aviones e hidroaviones y 15.000 hombres— escapaba a su responsabilidad; el tipo de guerra que ahora, en 1926, se libraría en Marruecos —una concepción moderna que exigía el establecimiento de líneas y frentes continuos y que suponía el trazado de amplias operaciones de envolvimiento— desbordaba su experiencia. En África, Franco fue un gran jefe de columna, no un estratega. Introdujo ciertas innovaciones tácticas, pero quedó muy lejos del tipo de guerra moderna que llevó a Marruecos en 1926 el jefe del Estado Mayor del Ejército de África —mandado por Sanjurjo—, el general Manuel Goded.

Pero, en todo caso, lo verdaderamente importante es que África reveló la clave de la vida de Franco: Franco fue, básicamente, un militar. Bastaría para confirmarlo la simple mención de los principales cargos que ocupó desde su retorno de Marruecos en 1926 hasta el estallido de la guerra civil, diez años después: director de la Academia General Militar entre 1928 y 1931, comandante militar de La Coruña en 1932, comandante general de Baleares en 1933 y 1934 (estos dos últimos cargos, por tanto, ya bajo la II República, proclamada el 14 de abril de 1931), jefe superior de las fuerzas españolas en Marruecos en el primer semestre de 1935, jefe del Estado Mayor Central desde el 17 de mayo de 1935 hasta febrero de 1936 y comandante general de Canarias desde entonces hasta el 18 de julio de aquel año. Franco fue —repito— un militar; un militar —hay que añadir— africanista y miembro de lo que se ha llamado generación militar de 1915 (en la que se incluirían hombres nacidos hacia 1880-1895, como Orgaz, Goded, Mola, Varela, Aranda, Vigón, Kindelán, Rojo y Martínez de Campos)[4].

Al hilo de esa doble condición, Franco asumiría un puñado de convicciones firmes y esenciales que no lo abandonarían jamás. Por lo menos, éstas: 1) una teoría nacional-militarista que hacía del Ejército la encarnación del patriotismo y la garantía última de la unidad nacional, en un contexto en el que la monarquía liberal de 1876-1923 se identificaba con la decadencia histórica de España puesta de manifiesto en la derrota de 1898 frente a Estados Unidos; 2) la creencia de que la acción militar en Marruecos devolvería al Ejército el prestigio perdido en 1898 y revitalizaría los ideales del patriotismo español; 3) la convicción de que la historia española legitimaba el intervencionismo militar en defensa del orden nacional y como salvaguardia última de la «supervivencia de la patria».

El africanismo de Franco quedó de relieve, además de en su carrera militar, en el libro que escribió en 1922 (Marruecos. Diario de una bandera) y en los numerosos artículos que sobre la guerra marroquí publicó en distintas revistas militares. Diario de una bandera narraba las acciones de la Legión desde su llegada a Marruecos en el otoño de 1920: la primera parte describía las operaciones en el territorio de Tetuán hasta julio de 1921; la segunda, las realizadas en Melilla inmediatamente después del desastre de Annual y hasta abril de 1922.

Difícilmente podría considerarse el Diario de Franco como un libro político: no había en él ni mención siquiera de las obsesiones posteriores del autor, esto es, comunismo, masonería y partidos políticos. Pero bajo el estilo escueto, técnico y directo de un diario de campaña, el libro era revelador y significativo. Era una exaltación de los valores militares y nacionales y una defensa de la acción militar en Marruecos: Franco insinuaba indirectamente que la pérdida de los ideales de heroísmo, valor y patriotismo constituía parte esencial del fracaso de España.

Justo cuando en Madrid parecían imponerse ideas favorables a una acción de protectorado civil en Marruecos, Franco sostenía que sin acción militar la pacificación sería imposible y que esa acción debía llevarla a cabo un Ejército estimulado y arropado en su actuación por el poder civil y la opinión nacional. Por eso se lamentaba en su Diario de la indiferencia con que el país miraba la actuación —el «sacrificio», escribía Franco— del Ejército y su oficialidad y que rechazara incluso la creación de un Ejército colonial separado del peninsular, como querían algunos círculos militares. Franco veía que Marruecos era la mejor escuela para el Ejército español, quería que éste se formase allí y entendía que la combinación de acción civil y ejército-sólo-colonial provocaría una «peligrosísima decadencia» del entusiasmo militar. Cuando corresponsales de guerra, escritores y políticos presentaban la guerra de Marruecos como una acción penosa al servicio de objetivos inútiles y poco limpios, cuando en la Península (y en el Congreso y en el Senado) arreciaba la campaña para exigir responsabilidades por el desastre de Annual, Franco resaltaba la importancia que la guerra de África tenía para el Ejército y exponía en su libro lo que quería ser una saga del heroísmo y del valor de la Legión[5].

Como africanista integral que era, Franco se opondría a las juntas militares, aquella especie de órganos sindicales de la oficialidad del Ejército peninsular que aparecieron en 1917, cuya intervención en política contribuyó decisivamente a la crisis de la monarquía liberal, que llevaría al golpe de Estado del general Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, y que se oponían a los ascensos por méritos de guerra y preferían una política civil en Marruecos.

Y por lo mismo Franco era igualmente opuesto a la política de repliegue inicialmente auspiciada por Primo de Rivera tras su llegada al poder en 1923 y plasmada en operaciones como la evacuación de Xauen en 1924. Franco hizo saber sus opiniones a sus superiores en distintas ocasiones. Y lo haría ante el propio Primo de Rivera en un incidente revelador de su personalidad. En una comida en el campamento de la Legión en Ben Tieb —en la zona de Melilla, cerca de Annual—, el 19 de julio de 1924, Franco expuso al dictador el temor de la oficialidad por los planes de abandono. Ante la exigencia por parte de Primo de Rivera de «férrea disciplina» del Ejército de África, algún oficial —el futuro general Varela— exteriorizó a gritos su descontento. La reunión se cargó de tensión y terminó bruscamente. Franco asumió la responsabilidad por el comportamiento de sus oficiales. El incidente no pasó de ahí y las relaciones entre el dictador y el jefe de la Legión quedaron restablecidas en una nueva reunión que celebraron días después en Melilla. Pero había revelado que Franco no era sólo el autor «modesto, ingenuo, sencillo» del Diario de una bandera —en palabras de un periódico madrileño[6]—, sino que tras aquella cortedad de palabra y gesto que ya le definían había una voluntad firme, capaz de asumir actitudes desafiantes en defensa de lo que Franco creía que debía hacerse.

Su apasionado africanismo contribuyó sin duda a perfilar definitivamente la opinión que Franco se hizo de la política española de su tiempo. Tuvo siempre —aunque nada dijera antes de la guerra civil— una idea verdaderamente crítica de la monarquía liberal y parlamentaria que rigió en España entre 1876 y 1923. Responsabilizaba a la monarquía de la pérdida de «los pedazos más grandes de nuestra patria», como dijo en Barcelona en enero de 1942, aludiendo a la derrota de 1898 y a la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Juzgaba que el 98 había sido una «traición» del poder civil al Ejército y que éste, con más medios, habría combatido con éxito. Estaba convencido de que el liberalismo del siglo XIX propició el declive histórico español, que fue la causa del ocaso de España. La historia del siglo XIX le parecía —como dijo al inaugurar el monumento a Calvo Sotelo en Madrid, el 13 de julio de 1960— la historia de una «España chata y chabacana, de espíritu decadente, incapaz de continuar siendo cabeza de un imperio ni sostener sobre sus hombros el peso de su gloria». Era un siglo, el de 1833-1931, que Franco quería borrar de la historia de España.

El antiliberalismo de Franco era un rasgo esencial y definitorio de su idea de España y de su concepción política. Fue una tesis de la que no abdicó jamás y a la que volvería reiteradamente a lo largo de los cuarenta años durante los que ocupó la jefatura del Estado. Por ejemplo, en fecha tan tardía como el 17 de noviembre de 1967, al inaugurar la novena legislatura de las Cortes, reiteraba que entre 1833 y 1868 había habido 41 Gobiernos, 2 guerras civiles, 2 regencias, 3 constituciones, 15 sublevaciones militares; que entre 1868 y 1902 se habían sucedido otros 27 Gobiernos, había habido dos monarquías, una república y una guerra civil y se habían perdido los restos del imperio; y que bajo la monarquía de Alfonso XIII (1902-1931) España había conocido otros 29 Gobiernos, dos presidentes habían sido asesinados y habían estallado varios movimientos revolucionarios.

A Alfonso XIII lo tuvo por un gran rey, pero juzgaba que se equivocó en 1930-1931 al licenciar a Primo de Rivera, primero, y al no recurrir al Ejército, después. De los políticos de la Restauración sólo salvaba a Antonio Maura. Franco, obviamente, no entendió el liberalismo como sistema ni comprendió la esencia última de los regímenes constitucionales y parlamentarios. Veía en el liberalismo un sistema político que carecía de la autoridad, unidad y continuidad que él creía indispensables a la acción de gobierno[7].

Por lo mismo, Franco debió de ver con satisfacción el golpe militar de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, aunque, como todo el Ejército africano, recelara de las tesis inicialmente abandonistas del dictador. Rectificadas éstas en 1925, Franco serviría lealmente bajo el nuevo régimen hasta la caída de Primo de Rivera en 1930 y la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931. Lo sirvió en un puesto relevante como era el cargo de director de la Academia General Militar de Zaragoza —creada en 1927, tras haber sido cerrada en 1893—, nombramiento para el que se le designó el 4 de enero de 1928. Franco permaneció al margen de toda actividad política y, por supuesto, de toda conspiración contra la dictadura (en las que pronto asumiría un papel relevante su hermano menor, Ramón, héroe de la aviación española y hombre de extraordinaria popularidad tras protagonizar el vuelo del Plus Ultra en 1926 entre Palos de Moguer y Buenos Aires). Cuando un periodista le preguntó en 1928 si era político, el director de la Academia Militar respondió: «Soy militar»[8]. Como tal, siempre guardaría una memoria muy favorable del general Primo de Rivera y de su régimen: consideraba que en los siete años de dictadura reinó la paz, el orden y el progreso, que Primo de Rivera había pacificado Marruecos y buscado la grandeza y el resurgimiento de España[9]. Guardaría, sin embargo, algunas reservas, que probablemente no surgieran ahora —en 1923-1930—, sino más tarde, cuando Franco meditase sobre la construcción de su propio régimen: que Primo de Rivera no aboliese la Constitución liberal de 1876 y que no construyese un nuevo orden político. Y aún sacaría una experiencia adicional: que la dualidad rey-dictador que había subsistido durante 1923-1930 había contribuido a frustrar las posibilidades de la dictadura.

Como militar en África, Franco había sido, además de valeroso y competente, un oficial duro y expeditivo: él mismo recordaría a su primo cómo ordenó fusilar a un legionario que no había guardado el respeto a un superior por un incidente insignificante en torno a la comida[10]. A la Academia Militar de Zaragoza incorporó una idea tradicional del Ejército que enfatizaba como valores ideales para los cadetes y futuros oficiales el patriotismo, la formación militar férrea, la disciplina rigurosa, la caballerosidad, los sentimientos de deber y responsabilidad, la abnegación, el valor y el sacrificio[11].

El director de la Academia Militar era ya anticomunista y conservador: en Zaragoza se suscribió a una revista que trataba de asuntos del Komintern y que se editaba en Ginebra, y se convenció de que el comunismo trabajaba ya en España[12]; en las elecciones de 1933 votó a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el partido de la derecha católica acaudillado por José María Gil Robles. Además de anticomunista y conservador, Franco fue haciéndose progresivamente más religioso, algo que no había sido en su juventud: en la Legión se le llamó el oficial de las tres emes, esto es, sin miedo, sin mujeres, sin misa.

En ese cambio influyó su matrimonio, celebrado el 22 de octubre de 1923, con Carmen Polo Martínez Valdés, matrimonio que dio estabilidad afectiva a Franco, hombre de evidente austeridad sexual, al que apenas se le conocía en ese terreno otra cosa que algunas relaciones inocentísimas, y que gratificó además, por la posición relativamente acomodada de la familia Polo, las ambiciones que Franco pudiera tener de ascenso de situación social. En Zaragoza, Franco era ya católico practicante, y lo que era políticamente más importante: creía ya que el catolicismo había sido el crisol de la nacionalidad española, como dijo en su contestación al nuncio de Su Santidad en la presentación de sus cartas credenciales el 24 de junio de 1938.

En vísperas de la proclamación de la II República, Franco era un militar que apenas había expresado públicamente idea política alguna, aunque los temas políticos parecían haberle interesado desde su regreso de África y aunque él mismo dijera mucho después que su preocupación por los temas sociales databa de 1917, cuando, destinado en Oviedo, asistió a los sucesos revolucionarios de agosto de aquel año (y en cuya represión, y en contra de lo que luego se diría, Franco no tuvo parte alguna)[13].

Pero Franco era un hombre que, aunque sólo fuera por el cargo que ocupaba, no podía ignorar lo que ocurría en España; menos aún en situación tan crítica como la que el país atravesó en 1930-1931. Por lo que luego revelaría, Franco creyó que Alfonso XIII fue injusto con Primo de Rivera al destituirlo de su cargo el 29 de enero de 1930. Creyó que fue un error el nombramiento del general Dámaso Berenguer como nuevo jefe de Gobierno en sustitución de Primo de Rivera, porque la figura de Berenguer era en extremo vulnerable, sobre todo desde el momento que la opinión le había señalado en su día como principal responsable del desastre de Annual de 1921, por su condición de alto comisario en Marruecos y comandante en jefe de las tropas españolas en aquella fecha.

Y Franco creyó finalmente que Alfonso XIII no debió entregar el poder como lo hizo el 14 de abril de 1931: pensó que la Monarquía, y no la República, había ganado las elecciones del 12 de abril y que el Ejército estaba unido y listo para defender la Monarquía, y que lo hubiera hecho si el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, no se hubiera inhibido como lo hizo[14].

Por todo lo dicho es simplemente lógico que Franco recibiese con extraordinario recelo a la II República, proclamada, como es sabido, el 14 de abril de 1931. Acató el nuevo régimen y sirvió en cargos de responsabilidad, ya mencionados, bajo aquél. Pero no se identificó en ningún momento con la nueva situación: «Yo jamás di un viva a la República», recordaría a su primo el 25 de mayo de 1964, «ni aun en los tiempos en que fui jefe del Ejército en África, mandado por el Gobierno republicano de Lerroux; siempre me negué a dar este viva que no sentía»[15].

Y, en efecto, no arrió la bandera bicolor ni izó la republicana en la Academia Militar hasta que las nuevas autoridades republicanas se lo ordenaron por escrito el 20 de abril; al día siguiente, como se hubiese dicho que iba a ser nombrado por el nuevo régimen para la Alta Comisaría de España en Marruecos, apareció en el diario Abc de Madrid una carta de Franco —escrita el día 18— en la que desmentía la noticia y dejaba en claro la lealtad con que había servido a la Monarquía: «Ni el Gobierno provisional ha podido pensar en ello», decía, «ni yo había de aceptar ningún puesto renunciable que pudiera por alguien interpretarse como complacencia mía anterior con el régimen recién instaurado o como consecuencia de haber podido tener la menor tibieza o reserva en el cumplimiento de mis deberes o en la lealtad que debía y guardé a quienes hasta ayer encarnaron la representación de la nación en el régimen monárquico».

Era una carta de indudable valor y dignidad (Franco pudo haber guardado silencio o acomodarse a la nueva situación, como hicieron muchos), que obviamente le significó como desafecto al nuevo régimen. Y más aún cuando, poco después, el 14 de de julio de 1931, se despedía de los cadetes de la Academia Militar de Zaragoza —cerrada por decreto días antes— con un discurso duro y áspero en el que, tras exaltar la labor realizada en la Academia y los valores militares allí enseñados, invocaba la disciplina para acatar incluso la arbitrariedad y el error del mando, en una clarísima alusión a la decisión del Gobierno republicano de cerrar la Academia. Franco concluyó, además, vitoreando intencionadamente a España para no hacerlo a la República, como si se tratara de conceptos excluyentes. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, pidió a sus asesores que estudiaran si había materia punible en el discurso: cursó una orden de reprensión al general y éste quedó en situación de disponible hasta su designación, ya en febrero de 1932 —también por Azaña— como jefe de la XV Brigada de Infantería y comandante militar de La Coruña.

A partir de ahí, Franco, aunque hostil a la República, sirvió disciplinadamente bajo aquel régimen hasta el 18 de julio de 1936. No quiso acogerse a las leyes de Azaña, que permitían a los militares en activo el paso a la reserva sin discriminación en sus haberes. Franco quiso continuar su carrera profesional: sólo en 1933 pareció vacilar cuando le tentó la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato de la CEDA. Pero finalmente no lo hizo. Siguió en su puesto en La Coruña hasta febrero de 1933, año en que se le designó para un puesto de rango superior, la Comandancia General de Baleares, traslado que Franco entendería, sin embargo, como una «postergación».

Franco nada había tenido que ver con el fracasado intento de golpe de Estado pro monárquico del general Sanjurjo —su antiguo jefe en África— del 10 de agosto de 1932. Indudablemente, se le sondeó. Almorzó con Sanjurjo en La Coruña el 13 de julio, cuando la conspiración ya estaba en marcha; luego, en los últimos días del mes, se reunió en Madrid —adonde dijo haberse trasladado para retirar un caballo reglamentario— con Sanjurjo y los generales Varela y Goded, implicados en el golpe, a quienes dijo claramente que no se contase con él para ninguna clase de conspiración militar. Franco diría mucho después que no pensó en sublevarse contra la República hasta que vio que ésta se deslizaba hacia el comunismo, ya en 1936. El 10 de agosto de 1932 Franco permaneció en su puesto en La Coruña, aunque los rumores, para su indignación, lo incluyeran entre los sublevados y aunque Azaña advirtiese a la Dirección General de Seguridad que se le vigilase porque le tenía por el «más peligroso» de los generales.

El 18 de julio de 1936 probaría que Azaña no andaba descaminado en su juicio. Pero a corto plazo se había equivocado. Franco tampoco se afilió a la Unión Militar Española (UME), asociación clandestina de militares monárquicos creada a finales de 1932 y que desde entonces estaría en el centro de distintas operaciones conspiratorias (aunque Franco tuvo información de éstas). Ni siquiera quiso defender a Sanjurjo en el proceso que se le siguió, aunque su ex jefe se lo pidiera. Es más, le dio una respuesta reveladora de aquella frialdad que progresivamente iba apreciándose en el carácter de Franco: «Pienso en justicia», parece que le dijo cuando le visitó ya en la cárcel, «que al sublevarse usted y fracasar se ha ganado el derecho a morir»[16].

El triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 favorecería la carrera militar de Franco. Los distintos gobiernos del llamado bienio negro de 1934-1936, formados en torno al Partido Radical de Lerroux, con el apoyo de la CEDA de Gil-Robles, rectificarían la política militar seguida desde 1931 y se apoyarían a esos efectos en los africanistas marginados por Azaña en el bienio anterior. A Franco, en concreto, se le ascendió a general de división, ya en marzo de 1934, aunque de momento siguiera en su destino en Baleares. Se estableció una buena relación de entendimiento entre él y el que fuera ministro de la Guerra entre enero y noviembre de 1934, el radical Diego Hidalgo, a quien Franco conoció en febrero de ese año en Madrid en una circunstancia verdaderamente aflictiva para él, como fue la muerte de su madre. Hidalgo se formó inmediatamente una opinión en extremo favorable de Franco y de sus conocimientos militares y cultivó su trato. A Franco recurrió como asesor al estallar, en la madrugada del 5 de octubre, la revolución protagonizada por el partido socialista y la izquierda catalana, desencadenada por la entrada de la CEDA en el Gobierno, y que tuvo sus principales escenarios en Asturias y Barcelona.

Y en efecto, fue Franco quien, desde el Ministerio de la Guerra, en Madrid, sin otro título que el de asesor del ministro, dirigió las operaciones militares que terminaron con la revolución y que consistieron básicamente en una operación envolvente sobre la capital asturiana y en la que intervinieron unidades de la Flota, tropas traídas de África, al mando del coronel Juan Yagüe, y numerosas unidades —bajo el mando supremo del general López Ochoa— enviadas desde Galicia, Santander y León, en una gran tenaza que dejó liquidada la insurrección prácticamente en una semana.

Aquella intervención perfiló definitivamente la personalidad de Franco. Éste no interiorizó su actuación como un servicio a la República (y mucho menos como una defensa de la legalidad democrática y constitucional). Ni por un momento se paró a considerar las motivaciones que habrían podido llevar a los obreros asturianos a la insurrección, entre los cuales operó sin duda el temor a una progresiva fascistización de la República.

Franco, que el 21 de junio de 1934 se había inscrito en la Entente Internationale Anticommuniste, vio la insurrección de Asturias como un conato de revolución comunista y no quiso saber sino que la izquierda y el catalanismo violaban la legalidad. En una nota de archivo muy posterior, Franco escribiría que la revolución de Asturias y Cataluña abrió los ojos de la oficialidad. A él, desde luego, le confirmó en sus prejuicios y convicciones. E hizo algo más: le convirtió en el primer general del Ejército y en el militar favorito de la derecha española (de lo que ya había sido evidencia la carta que días antes de la revolución, el 24 de septiembre, le había escrito el líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, previniéndole de lo que se avecinaba e invitándole a reflexionar sobre la gravedad de la situación)[17].

Franco creyó, sin duda, que el Ejército había salvado a España de la revolución. El Gobierno le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar y el 15 de febrero de 1935 le nombró jefe del Ejército de Marruecos. Pero Franco estuvo en África sólo durante tres meses. En mayo, al formarse un nuevo Gobierno radical-cedista, presidido por Lerroux y con José María Gil-Robles como ministro de la Guerra, Franco volvió a la Península al nombrársele para el cargo más prestigioso del Ejército: jefe del Estado Mayor Central, puesto en el que permanecería diez meses, hasta que las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular.

Franco, que coincidió en el ministerio con otros significados desafectos y africanistas como los generales Fanjul, Goded y Mola, dio a su trabajo un sentido acentuadamente profesional y técnico. Su principal preocupación fue la modernización de las fuerzas armadas: la adquisición de nuevo material, la mejora en el entrenamiento de la tropa, la reforma de las instalaciones de defensa de costas y aeródromos, el fomento de la industria de material de guerra. Siguió al margen de la política, salvo por la significación que pudiera tener su presencia en un ministerio regido por el hombre más representativo de la derecha católica, Gil-Robles, con cuya labor Franco siempre se mostró plenamente identificado y satisfecho. Pero en ningún momento hizo juicio alguno sobre lo que le parecía la situación política española[18].

Que ésta le preocupaba era evidente: le preocupó, en concreto, la formación del Frente Popular, la coalición de la izquierda española, desde Azaña a los comunistas, que concurrió a las elecciones de febrero de 1936. Franco no vio el Frente Popular como lo que realmente fue: una coalición electoral surgida por razones internas de la política española y estructurada en torno a los republicanos de izquierda y los socialistas. De sus lecturas del boletín de la Entente Internationale Anticommuniste Franco entendió el Frente Popular como la versión española de una operación comunista internacional inspirada por la URSS (lo que podía ser cierto, en todo caso, sólo en lo que se refería a la adhesión al Frente del partido comunista, pero no para lo demás).

Pero cualquiera que fuese su preocupación no es claro que Franco tuviese tomada una decisión firme y unívoca sobre cuál habría de ser su actuación. Aunque no es disparatado suponer que alguna vez hablase de una intervención militar con sus compañeros en el ministerio, Fanjul, Goded —alma de todas las conspiraciones contra la República— y Mola, Franco era todavía, a finales de 1935 y principios de 1936, partidario de que se respetase la legalidad republicana. Así, cuando en diciembre de 1935 el general Fanjul, subsecretario de Guerra, le consultó, con autorización de Gil-Robles, sobre un golpe militar a la vista del veto del presidente de la República a la formación de un Gobierno de la CEDA, Franco se opuso, como se había opuesto en otra exploración similar que le habían hecho Fanjul y Goded un año antes, en noviembre de 1934.

Que Franco estaba en algo de lo que se preparaba era evidente. Él mismo le dijo al comandante Antonio Barroso, agregado militar en París, con quien viajó a Londres en enero de 1936 para asistir como jefe de Estado Mayor a los actos de la coronación de Eduardo VIII, que el Ejército debía prepararse para lo peor si el Frente Popular ganaba las elecciones; y que si veía que él, Franco, iba a África, es que se había decidido el alzamiento. Pero el doctor Marañón, que le vio en París en la misma ocasión, quedó convencido de que Franco temía una victoria comunista en aquellas elecciones, pero que no se adelantaría con un golpe de Estado[19].

Y algo de eso es lo que ocurrió cuando el mismo domingo 16 de febrero se confirmó la victoria electoral del Frente Popular. Alarmado, Franco, que continuaba siendo jefe del Estado Mayor Central, quiso que el Gobierno presidido por el centrista Portela Valladares —que había formado Gobierno el 31 de diciembre anterior— proclamara el estado de guerra, pero volvió a desoír, en cambio, una nueva invitación de los generales Fanjul y Goded —secundados esta vez por Rodríguez del Barrio— para que sondeara el espíritu de las guarniciones de Madrid con vistas a una iniciativa del Ejército. Franco insistió en la declaración del estado de guerra —tesis compartida por muchas personalidades de la derecha—, pero quería que lo hiciera el propio jefe del Gobierno, Portela. Con ese fin se reunió con éste el lunes 17 —antes lo hizo con el ministro de la Guerra, general Molero, y con el director general de la Guardia Civil, general Pozas, radicalmente contrario a la opinión de Franco—: Franco no quiso aceptar la contrapropuesta de Portela en el sentido de que fuera el Ejército y no el Gobierno el que por iniciativa propia tomara la decisión que Franco proponía.

Y así, pese a que nuevamente los rumores apuntaban a un golpe militar encabezado por Franco y Goded —que Portela desmintió categóricamente—, el líder del Frente Popular, Manuel Azaña, pudo formar Gobierno el 19 de febrero de 1936. Franco no podía hacerse excesivas ilusiones sobre su futuro. Sin embargo, el nuevo Gobierno le destinó a un cargo en absoluto desdeñable, como era la Comandancia General de Canarias: el divorcio era tal que Franco asumió su nuevo destino como un destierro.

A partir de ahí la suerte estaría echada. Antes de salir para Tenerife Franco tuvo, el 8 de marzo, dos reuniones. Una, en casa de su cuñado Ramón Serrano Súñer, con el líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que fue contraproducente, pues no llegaron a simpatizar (luego, en abril, Primo de Rivera vetaría la inclusión de Franco en la candidatura que la derecha presentaba a la segunda vuelta de las elecciones en Cuenca). La otra reunión fue más importante, ya que en ella, celebrada en casa de José Delgado y Hernández de Tejada, un conocido hombre de la CEDA, los generales Mola, Orgaz, Fanjul, Varela, Kindelán, Saliquet, Villegas, Rodríguez del Barrio, Galarza y González Carrasco, y Franco, claro (Goded había marchado a su destino en Baleares días antes), acordaron ya la preparación de un movimiento militar en caso de considerarlo absolutamente necesario (y debieron pensar que lo era desde fines de abril, cuando Mola asumió ya la dirección del movimiento que estallaría el 18 de julio de 1936).

Franco, que embarcó en Cádiz el 10 de marzo, era, por tanto, partidario del movimiento militar. Probablemente, nunca dudó de que el Ejército estaba legitimado moral, institucional e históricamente para intervenir en defensa de lo que los militares entendían como la salvación de la patria. Franco creía en la teoría nacional-militar que hacía del Ejército la salvaguardia de la unidad nacional. En carta a Gil-Robles de 2 de abril de 1937, publicada en El Diario de Burgos, ya en plena guerra, le diría que el Ejército «puede alzarse cuando causa tan santa como la de la patria está en inminente peligro». «Al Ejército», declararía Franco a Abc de Sevilla el 19 de julio de 1937, «no le es lícito sublevarse contra un partido ni contra una Constitución porque no le gusten, pero tiene el deber de levantarse en armas para defender a la patria cuando esté en peligro de muerte».

No eran frases autoexculpatorias. Franco y muchos militares españoles creían en ello. Lo recordaría en muchos de sus discursos como jefe del Estado: todavía el 29 de octubre de 1970 diría que el Ejército era «custodio celoso de la conciencia nacional». Franco, militar que creía en valores tan significadamente castrenses como la obediencia, la disciplina y el honor, no asumía la teoría constitucionalista y democrática que cifraba la esencia de la condición militar en la obediencia al poder legalmente constituido. Para Franco, el Ejército se debía a una obediencia que él entendía como de rango superior y que identificaba con una idea esencialista e inmutable de la patria.

Si Franco no entendió el régimen liberal y parlamentario de 1876-1923, mucho menos comprendió la II República de 1931-1936. La consideraría como un régimen inadaptado a la personalidad histórica de España y, como tal, como un sistema que había agudizado hasta el límite el proceso de desintegración nacional, en un balance que Franco definía como «trágico»: «La República que va de abril de 1931 a junio de 1936», diría en el discurso que proponía a las Cortes el nombramiento del príncipe Juan Carlos como su sucesor, el 22 de julio de 1969, «compendiaba en sí todas las revoluciones, anarquías y desenfreno de la etapa que tuvo dos presidentes, 18 Gobiernos, una Constitución constantemente suspendida, persecución religiosa perenne, incendios de conventos e iglesias, constantes movimientos de perturbación del orden público, aperturas al comunismo, intentos de separación de dos regiones; sucesos que culminaron en el asesinato, por orden del propio Gobierno, del jefe de la oposición parlamentaria, señor Calvo Sotelo». Nunca tuvo Franco una sola palabra de generosidad o comprensión para la República, con independencia de lo que de cierto pudiera haber en la relación de hechos que Franco hiciera. Franco tuvo una insensibilidad total, si no hostilidad, para los valores democráticos que encarnaba el régimen republicano y para apreciar el profundo sentido moral e histórico de la ambiciosa obra reformista que la República quiso acometer desde la libertad y la democracia.

Pero a corto plazo, en la primavera de 1936, las preocupaciones inmediatas de Franco iban por otro lado. Partidario del movimiento militar, no compartía el optimismo de sus compañeros de conspiración. Temía que faltase unidad en el Ejército —como así sucedió— y que el Gobierno pudiese hacer abortar la conspiración. Dudaba de que se sublevasen las guarniciones de Madrid, Barcelona y Valencia y debió temer, por ese y otros motivos, que el movimiento desembocase en una guerra civil larga y dura. Por eso, todavía en fecha tan tardía como el 23 de junio de 1936 —a pesar de que el día 11 Mola había tratado con Kindelán y Jorge Vigón la forma de trasladar a Franco a África para que allí se pusiese al frente del Ejército colonial—, Franco escribió una sorprendente carta al jefe del Gobierno, Casares Quiroga. Sorprendente en sí misma, porque no es usual que un militar implicado en una conspiración advierta (como hacía Franco) al Gobierno contra el que conspira del malestar e insatisfacción existentes en el Ejército. Y sorprendente también por la calculada ambigüedad con que estaba redactada: nadie que la leyese podría decir si Franco se ofrecía al jefe del Gobierno en un último gesto conciliador o si se trataba de un verdadero ultimátum: lo mismo le decía que el estado de inseguridad en el Ejército era gravísimo que le aseguraba que no era cierto que el Ejército fuese desafecto a la República; le advertía que la división en el Ejército auguraba «futuras luchas civiles», pero le recordaba que era fácil evitarlo si se procedía con ecuanimidad y justicia; parecía amenazarle si procedía a tomar medidas de violencia no justificadas contra los cuadros militares, pero le tendía la mano instándole a que se aconsejara de generales y oficiales apolíticos y amantes del Ejército (entre los que, aunque no lo dijera, se incluía él).

Para entonces, sin embargo, Franco había dado ya su asentimiento al alzamiento y Mola pudo confirmárselo así a Fanjul el 6 de julio. El día anterior, Juan Ignacio Luca de Tena había encargado al corresponsal de su periódico (Abc) en Londres, Luis Bolín, que arrendase un avión: éste, que sería el Dragón que utilizaría Franco para trasladarse de Las Palmas a Tetuán el día 18, estaría en Casablanca el 12 de julio y en Las Palmas el 15. El día 13 fue asesinado el jefe de la oposición, José Calvo Sotelo, hecho que precipitó las cosas. El día 17 de julio, a primera hora de la tarde, se sublevó la guarnición de Melilla: el coronel Solans tomó el mando de la plaza «en nombre de Franco». Poco después Yagüe se apoderaba de Ceuta, y los coroneles Sáenz de Buruaga, Asensio Cabanillas y Beigbeder, de Tetuán.

Franco, que se había trasladado de Tenerife a Las Palmas el día 16, cursó las órdenes de sublevación a primera hora de la madrugada del 18 de julio. Las esperanzas que el Gobierno de Madrid —del que tras la dimisión fulminante de Casares Quiroga se hizo cargo el radical Diego Martínez Barrio— pudiera tener de llegar a un acuerdo con los militares pronunciados, en línea con lo que era usual en los pronunciamientos del siglo XIX, quedaron rotas antes de las nueve de la mañana de aquel día 18 por el general Mola, sublevado en Pamplona. A primera hora de la tarde del día 18 Franco salió de Las Palmas en el Dragón, durmió en Casablanca y llegó a Tetuán el día 19 a las siete de la mañana; allí tomaba el mando del Ejército de África.

En 1936, definían ya el carácter de Franco rasgos que serían permanentes hasta su muerte: se le tenía por un hombre frío, distante, reservado, desconfiado y cauteloso, aunque era también de maneras suaves y corteses, en ocasiones muy locuaz y hasta conversador ameno, y no carecía de un cierto sentido del humor. Era un hombre orgulloso, aunque no lo pareciese, reflexivo y de decisiones muy meditadas —y meditadas, además, muy pausadamente—, lo que hacía en muchas ocasiones que su pensamiento último fuera realmente impenetrable. Era, como se ha visto, un militar muy prestigioso, pero difícilmente encajaba en el tipo de personalidad carismática: era muy bajo (medía 1,64 metros), mal orador, deslucido además por una voz aflautada, y su cuerpo, en 1936, ya no era el cuerpo menudo pero estilizado de los años de la Legión, sino que mostraba una tendencia a la obesidad que quitaba prestancia a su figura. El almirante alemán Wilhelm Canaris, experto en temas españoles de los servicios de inteligencia de su país, advertía a Hitler que Franco «no tenía aspecto de héroe, sino de hombre bajito». Don Juan de Borbón diría después de entrevistarse con el general, en agosto de 1948, que sólo sus ojos revelaban «vida y astucia».

Franco había tardado en decidirse por la sublevación contra la República. Cuando lo hizo, justificó su acción y la del Ejército definiendo lo que era un golpe militar contra un Gobierno legalmente constituido como un movimiento nacional —expresión que utilizó desde el principio— y de defensa contra una situación que él veía caracterizada por la anarquía, el desorden público, las agresiones al honor del Ejército, el desgarramiento territorial, el desprestigio de la ley y las instituciones, la infiltración comunista, conceptos que incluyó en la alocución que dirigió al pueblo español desde Las Palmas a primera hora de la mañana del día 18 de julio, pero que había escrito en Tenerife dos días antes.

Se trataba inicialmente de liquidar la República. Ni Franco ni sus compañeros de rebelión tenían un proyecto definido respecto al tipo de Estado y al sistema político que establecerían de triunfar en su propósito. Ante las diferencias que había entre ellos, Franco pidió en las reuniones preparatorias que se tratase de un movimiento simplemente «español y católico». Probablemente todos ellos pensaban en un régimen militar más o menos largo inspirado en la dictadura de Primo de Rivera. A Franco le preocupaba que se repitiese el fracaso de la sublevación de Sanjurjo de 1932; sabía que, al sublevarse, se jugaban la carrera y la vida; temía que estallase la guerra civil y que ésta fuera demasiado larga. No tenía claro cuál sería su papel en la estructura de poder militar que saldría del alzamiento. En principio, era el general Sanjurjo, exiliado en Portugal, quien, al menos nominalmente, iba a recibir la jefatura del movimiento, aunque no había tenido parte alguna en su preparación.

Franco, de momento, volvía a África el 19 de julio de 1936. El regreso venía a confirmar aquella frase que José Ortega y Gasset había escrito en España invertebrada sobre la guerra de Marruecos, de la que dijo que había hecho «del alma dispersa de nuestro Ejército un puño cerrado, moralmente dispuesto para el ataque». Como diría Franco al periodista Manuel Aznar el 1 de enero de 1939: «Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí mismo».

2. CAUDILLO DE ESPAÑA

El 27 de abril de 1968, Franco le explicó a su primo y colaborador desde los tiempos de África, el teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, que, en vísperas del 18 de julio de 1936, su teoría era que «el militar que se subleva contra un Gobierno constituido no tiene derecho al perdón o indulto, y que por ello debe luchar hasta el último extremo»[1].

Eso es lo que ocurrió en su caso: Franco se sublevó en el verano de 1936 contra un Gobierno constituido y luchó contra él hasta el último extremo, hasta conseguir la victoria final, lo que no lograría hasta el 1 de abril de 1939. Como había temido, el Alzamiento sólo había triunfado en una parte de España (en Canarias, Marruecos, Galicia, Castilla la Vieja y León, Navarra, Álava, en las tres capitales aragonesas y buena parte de Aragón, en la Andalucía occidental y en las provincias de Córdoba y Granada, con sus capitales, Baleares —salvo Menorca— y en Cádiz y en alguna capital aislada, como Oviedo); pero había fracasado en el resto (Asturias, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Cataluña, el País Valenciano, la Andalucía oriental, Murcia, Albacete, Badajoz, Menorca y Castilla la Nueva). El Ejército y las fuerzas de orden público se habían dividido casi al 50% de sus efectivos. Conocidos oficiales habían sido fusilados en una y otra zona en los primeros momentos de la sublevación (de los sublevados fueron fusilados, entre otros, los generales Fanjul y Goded; de los generales leales a la República, Núñez de Prado, Batet, Campins —colaborador de Franco en la Academia de Zaragoza— y Romerales): la guerra civil se hacía inevitable e irreversible. Por lo que se refiere a Franco, la guerra supondría, entre otras cosas, su proclamación como jefe de Estado y generalísimo —caudillo sería la expresión favorita y definitiva— de la zona sublevada, que pronto se llamaría nacional. A partir de ese momento, 1 de octubre de 1936, Franco asumiría la dirección militar y política de la España nacional, con un doble objetivo: ganar la guerra y construir un nuevo Estado.

En la guerra, correspondió a Franco la dirección estratégica y la coordinación de las operaciones del Ejército nacionalista, responsabilidad que fue mucho más allá del tipo de experiencia que Franco había tenido en Marruecos o en 1934 (cuando aplastó la revolución asturiana). Ya se irá viendo el juicio que puede merecer la actuación de Franco en la guerra. Pero conviene decir, desde ahora, que Franco se iba a revelar como un estratega cauteloso y reflexivo, hostil a toda improvisación, admirador del Ejército francés y de sus métodos, preocupado, por ello, por la logística y el control territorial, contrario al establecimiento de líneas de frente excesivamente amplias, partidario siempre de agrupar sus tropas en puntos estratégicos y de asegurar las retaguardias de sus tropas, y poco proclive, por tanto, al tipo de guerra mecanizada y rápida que, al hilo de las nuevas armas y tecnologías, patrocinaban los jóvenes oficiales europeos de los años treinta y que pondrían en práctica alemanes e italianos en la II Guerra Mundial.

En principio, la estrategia de los generales sublevados se centraba en la convergencia sobre Madrid de los Ejércitos del Norte, mandados por el general Mola, y de Marruecos y sur de España, mandados por Franco, según la división hecha el 25 de julio por la Junta de Defensa Nacional, formada en Burgos el día anterior por los principales protagonistas del Alzamiento (pero no Franco, que sólo se incorporó a la Junta el día 30 de julio)[2].

A Franco, asentado en Marruecos, que tenía bajo su mando el mejor cuerpo del ejército de ambas zonas, como era el Ejército de África, con sus 47.127 hombres, aquella estrategia le exigía resolver de inmediato el paso del Estrecho. Sin aviones ni barcos para transportar sus tropas —la República retuvo en torno al 60%-65% de los efectivos de aviación y una abrumadora mayoría de los efectivos navales—, Franco tomó una decisión crucial: gestionar la adquisición de aviones de transporte en Alemania y la de cazas y bombarderos en Italia; en otras palabras, apelar al apoyo de los regímenes totalitarios europeos. La respuesta fue positiva: el 29 de julio llegaron a Marruecos los primeros Junkers alemanes y, al día siguiente, lo hicieron los primeros cazas italianos. Franco pudo transportar a Andalucía, sólo entre julio y agosto, unos 10.500 hombres: el 7 de agosto de 1936 establecía su cuartel general en Sevilla. Franco había apelado a quienes él —y Mola, que inició gestiones parecidas pero sin éxito— pensaba que le ayudarían más fácilmente. Probablemente no lo hizo por afinidad ideológica con Hitler y Mussolini, afinidad que seguramente no existía o, que de existir, sería matizada. Pero no por ello aquella opción dejaba de ser políticamente significativa: Franco no ignoraba que sólo dos dictaduras totalitarias como la Alemania nazi y la Italia fascista —y el Portugal corporativista de Salazar— apoyarían un levantamiento militar contra un régimen democrático como era la II República Española. Tomó la decisión consciente de lo que hacía y sin ignorar que ello condicionaría de múltiples maneras —ideológicas, políticas, económicas, diplomáticas— el futuro del régimen que tendría que construir al hilo de la guerra y después de la victoria.

Una vez en la Península, el Ejército de Marruecos y sur de España cumplió los objetivos que se le habían asignado —marchar sobre Madrid—, con una celeridad y una eficacia espectaculares e inesperadas (en contraste con lo que ocurriría con el Ejército del Norte, retenido en Somosierra desde finales de julio). Pudo criticarse a Franco que optara ir sobre Madrid por Extremadura, en lugar de hacerlo por la línea más directa, esto es, por Córdoba, Ciudad Real y Toledo. Pero cuando el 3 de septiembre de 1936 las columnas de Franco, mandadas por los coroneles Yagüe, Asensio Cabanillas, Castejón, Barrón y Tella se presentaron en Talavera de la Reina, tras haber avanzado 500 kilómetros en un mes y conquistado Llerena, Almendralejo, Zafra, Mérida y Badajoz, aquellas críticas quedaron olvidadas y el prestigio de Franco, visiblemente reforzado. El hecho de que, salvo en Badajoz, las fuerzas republicanas no supieran oponer una resistencia eficaz al avance de Franco, ni sacar ventaja de su superioridad aérea, y que no hicieran otra cosa que retroceder torpemente, no disminuía el éxito del general sublevado.

El 20 de septiembre, Franco estaba ya en Maqueda (Toledo) y allí volvió a tomar una decisión discutible (al menos, para el general Kindelán, jefe de sus Fuerzas Aéreas, y para el coronel Yagüe, jefe de las columnas de su Ejército, quien, por su discrepancia, sería sustituido en sus funciones por el general José Enrique Varela): liberar Toledo —en cuyo Alcázar permanecían sitiados desde julio el coronel Moscardó y varios centenares de soldados, guardias y civiles—, en lugar de avanzar decididamente sobre Madrid. Las tropas de Varela tomaron Toledo el 27 de septiembre y es probable que aquella desviación hubiera perjudicado las posibilidades de la marcha sobre la capital. Franco optó por Toledo por razones en las que se combinaban objetivos propagandísticos y psicológicos, y motivaciones sentimentales y simbólicas: porque se trataba de una ciudad de gran renombre internacional, porque los republicanos habían puesto particular empeño en acabar con aquel foco de resistencia, porque el Alcázar era la sede de la Academia de Infantería —en la que había estudiado la mayoría de los cuadros de ambos Ejércitos, entre ellos Franco— y por la significación de Toledo en la historia de España. Liberado el Alcázar de Toledo, cuya resistencia pronto convertiría la propaganda en gesta legendaria, Franco se apuntó un importante tanto publicitario (que, además, explotó con habilidad en su beneficio).

Lo hizo en un momento decisivo: cuando los generales nacionalistas debían tomar una decisión definitiva sobre la unificación militar del mando y, por extensión, sobre la naturaleza del poder político que iba a crearse en la zona nacional. Era éste un problema que estaba sin resolver desde el 18 de julio. Sanjurjo, cabeza nominal del Movimiento, había muerto el 20 de julio, al estrellarse el avión que desde Cascaes (Portugal) debía transportarle a España. El 24 de julio se había formado en Burgos una Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas y de la que, a fines de septiembre, formaban parte todos los generales importantes del bando sublevado. Pero la Junta había nacido con una cierta vocación de provisionalidad —o, por lo menos, sin que se pensase en ella como el embrión del nuevo Estado— y no había resuelto el problema que más preocupaba a sus primeros integrantes: el mando único en la dirección de la guerra.

Fue esto lo que se trató de resolver en septiembre de 1936 (y de lo que, probablemente, ya habían hablado Franco y Mola, cabezas visibles del movimiento militar, en las reuniones que habían celebrado a mediados de agosto en Sevilla y Burgos y, más tarde, en Cáceres). Franco era, verosímilmente, el candidato más cualificado y hasta obvio: por su prestigio desde los tiempos de África y de la Academia de Zaragoza; por su rango, superior, por ejemplo, al de Mola; por la coherencia de su trayectoria pública, con la que no podía competir, por citar otro posible candidato, el general Queipo de Llano, alzado en Sevilla, prestigioso como militar pero políticamente errático; por la calidad de sus victorias desde el 18 de julio (algo en lo que la liberación de Toledo importaría, ya que compensaba el éxito que para Mola había supuesto la toma de San Sebastián el 13 de septiembre); y por la misma importancia del Ejército de Marruecos y del Sur en las fuerzas nacionales. Franco, además, había asumido de hecho la dirección de la guerra y de las relaciones exteriores de su zona desde un principio, y como tal —como general en jefe— parecían haberle tratado sus interlocutores extranjeros, algunos medios de comunicación, algunos de sus compañeros de armas y las poblaciones de muchas de las ciudades y pueblos conquistados por sus ejércitos: hasta la República le había distinguido sobre sus compañeros de insurrección haciéndole blanco principal de sus ataques.

Así, no constituyó sorpresa la decisión que tomarían los líderes del Alzamiento en las reuniones que celebraron en un aeródromo de Salamanca los días 21 y 28 de septiembre designando a Franco «generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire» y «jefe del Gobierno del Estado español», como decía el decreto promulgado por la Junta de Defensa Nacional, el 29 de septiembre de 1936. Ni constituyó sorpresa ni suscitó discrepancias ni resistencias graves, aunque a los asistentes a las reuniones de Salamanca no gustara todo lo que allí se dijo.

Franco tuvo su principal valedor en el general Kindelán, y su único oponente, en el presidente de la Junta, el veterano general Cabanellas, que conocía a Franco desde los tiempos de África y que por eso prefería una dirección colegiada. Mola, cuya opinión podría haber sido decisiva, se limitó a expresar su conformidad al nombramiento de Franco.

Lo que probablemente gustó poco fue que se organizara en Cáceres —cuartel general de Franco desde el 26 de agosto— una manifestación en exaltación de Franco el día 27 de septiembre, con motivo de la liberación de Toledo; y que los hombres de Franco (su hermano Nicolás y el coronel Yagüe) orquestaran en la propia Salamanca, con ocasión de la reunión —decisiva— del lunes 28 de septiembre, un aparatoso ceremonial (con falangistas, requetés y soldados) en honor de su jefe. Ambas operaciones buscaban presionar a la Junta para forzar la designación de Franco, algo que contradecía la impresión que Kindelán se había hecho del futuro caudillo, a quien en un principio había encontrado reacio a asumir el mando único. Es probable que lo hubiera sido. Pero desde que se decidió, Franco exigió —y obtuvo— no sólo el mando militar, que nadie parecía negarle, sino la asunción de todos los poderes del nuevo Estado sin limitación de ninguna clase. Kindelán había querido que Franco asumiese la jefatura del Estado sólo mientras durase la guerra, probablemente esperando que aquello fuera sólo un paréntesis tras el cual vendría la restauración de la Monarquía. En el texto final —redactado por personas afectas a Franco— no figuraba, sin embargo, expresión restrictiva alguna[3].

Así, Franco asumió la jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936 en la Capitanía General de Burgos, tras una breve ceremonia en la que el presidente de la Junta de Defensa, Cabanellas, le transmitió los poderes. Al corresponsal del periódico japonés Asahi le diría un año después, el 25 de noviembre de 1937, que una vez que concluyera su misión se iría: «Me retiraré al campo para vivir tranquilamente la vida de familia»[4]. A la vista de lo que ocurrió, podría pensarse que se trataba de una ironía cínica del general. Pero Franco no ironizaba cuando decía que la política no le interesaba —lo dijo muchas veces—, y hasta llegó a creer que la jefatura del Estado era una responsabilidad y un deber que caían sobre él por causas que escapaban a su voluntad. En cualquier caso, jamás dio por terminada su misión: murió como jefe de Estado el 20 de noviembre de 1975.

A partir de aquel 1 de octubre de 1936 Franco tenía un poder absoluto. Era dudoso, sin embargo, que tuviera idea clara de lo que pensaba hacer con él. Desde el 18 de julio había ido haciendo públicas un número considerable de proclamas, alocuciones y declaraciones; pero se trataba, básicamente, de arengas de inspiración militar y patriótica de valor político no muy preciso, salvo por la significación que pudiera tener la reiteración de Franco en definir la sublevación militar como «movimiento nacional» y como «cruzada» —en sentido a veces religioso— contra el comunismo y por una España grande. El 15 de agosto había izado en Sevilla la bandera bicolor, pero tampoco cabía ver una intencionalidad política explícita en el gesto: Franco la consideraba como la bandera nacional y no como la bandera de la Monarquía. Se mostró algo más definido en sus primeras declaraciones a la Prensa. Al periodista portugués Leopoldo Nunes, de O Seculo, le dijo, también el 15 de agosto de 1936, que se implantaría «una corta dictadura militar», tras la cual los militares llamarían a colaborar a otros elementos: «La Administración», le dijo, «será confiada a técnicos, no políticos, para conseguir dotar a la nación de la estructura orgánica, característicamente española, que le es imprescindible». A Luigi Bargina, de Il Popolo de Italia, le habló en términos parecidos: le dijo que iba a «dar a España un Gobierno fuerte, una dictadura organizadora y moderna»[5].

Franco, evidentemente, tenía en mente el modelo de la dictadura de Primo de Rivera o, en todo caso, un sistema parecido al Estado Novo portugués de Oliveira Salazar, muy afín, por muchos motivos, a la sensibilidad de Franco. Por eso, el 2 de octubre nombró una junta técnica de gobierno —no un gabinete de ministros— y llevó a ella a personas conocidas por su competencia profesional, de escasa significación política y varios de ellos antiguos colaboradores de Primo de Rivera[6]. Pensaba, también, a instancias de su hermano Nicolás, que ejercía funciones de secretario político de Franco, en algún tipo de organismo político en que integrar a las distintas fuerzas que habían colaborado en el alzamiento del 18 de julio, esto es, Falange, carlismo, monárquicos y católicos: eso le diría, ya el 6 de octubre de 1936, al consejero alemán en Lisboa, en una recepción en Salamanca, en cuyo Palacio Episcopal había instalado Franco su nueva residencia a raíz de su investidura como jefe de Estado.

El discurso que Franco pronunció en esa ocasión —el 1 de octubre de 1936, en una alocución radiada tras haber sido designado jefe de Estado— tuvo mayor significación política que todo lo que hasta entonces había dicho. Por primera vez, Franco habló de cómo se iba a organizar el nuevo Estado. Dijo que éste se constituiría «dentro de un amplio concepto totalitario»; anunció «la implantación de los más severos principios de autoridad»; subrayó que la peculiaridad de la región se respetaría, pero al servicio de «la más absoluta unidad nacional», y que el municipio se reorganizaría como entidad pública; aprovechó para descalificar las vías de participación democráticas e indicó que la voluntad nacional se expresaría a través de «órganos técnicos y corporaciones» de raigambre nacional; rechazó el sindicalismo de clase, pero anticipó medidas sociales encaminadas a garantizar los salarios y la participación de los obreros en los beneficios, asegurando que se respetarían las conquistas logradas; añadió algunas generalidades sobre el apoyo a los campesinos y a la convivencia económica con otros pueblos —salvo con la Rusia soviética, con la que excluyó todo tipo de contacto— y anticipó el deseo de llegar a un concordato con la Iglesia católica, aunque dejando a salvo la no confesionalidad del Estado[7].

Era, sin duda, una reveladora declaración de principios, a la que su régimen se ajustaría, en adelante y hasta 1975, en muchos aspectos. Pero todavía quedaban muchas cosas en el aire. Nada se decía de la forma del Estado, ni del funcionamiento del Gobierno, ni del ordenamiento político que se adoptaría; no se aludía a futuras instituciones, ni a las formas que revestirían los poderes legislativo y judicial, ni se mencionaba si habría o no partidos (o partido único). Y es que, probablemente, Franco nada tenía pensado ni, desde luego, decidido sobre todo ello. Lo único que parecía inequívoco desde el mismo 1 de octubre de 1936 era su determinación a asumir la plena responsabilidad personal en el ejercicio del poder que en esa fecha se le entregó y a revestirse desde el primer momento de un estilo caudillista de Gobierno —de evidente inspiración totalitaria— que pronto derivaría hacia un desaforado culto a su personalidad (que contradecía, ademas, la austeridad y sencillez con que Franco se desenvolvía en su vida privada).

Franco tenía, además, a su disposición una importante reserva ideológico-política que le sería particularmente próxima y útil: la palabra y el pensamiento de la Iglesia católica. Enfrentada con el espíritu laicista de la II República, victimizada por la legislación de ésta, perseguida en la zona republicana —salvo en el País Vasco—, la Iglesia echó todo el peso de su fuerza en apoyo de Franco. Primero fue la pastoral de los obispos Olaechea (de Pamplona) y Múgica (de Vitoria), del 6 de agosto de 1936, en la que se calificó el Alzamiento como movimiento «cívico-militar» en defensa de la religión. Y siguió, luego, la pastoral del obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, de 30 de septiembre, víspera de la investidura solemne de Franco como jefe de Estado: al definir la guerra como «cruzada por la religión, por la patria y por la civilización», Pla y Deniel ponía en manos de Franco el mejor argumento propagandístico de que hasta entonces había dispuesto, y le proporcionaba, al tiempo, un marco de referencia esencial sobre el cual fundamentar su política y su régimen. Porque proyectos claros sobre éste, Franco todavía no los tenía. Y, probablemente, no los tuvo hasta que su cuñado Ramón Serrano Súñer pudo llegar a Salamanca, tras huir de Madrid, lo que no ocurrió hasta finales de febrero de 1937. Días antes le había dicho al recién llegado embajador italiano, Roberto Cantalupo: «El Estado que yo quiero constituir es la antítesis del que quieren constituir los rojos»[8]. Y, probablemente, eso era lo único que tenía claro.

En el aspecto militar, sus ideas eran, por el contrario, clarísimas[9]: Madrid constituiría el objetivo central de su estrategia por lo menos hasta la primavera de 1937, lo que no quería decir ni que no hubiese otros objetivos secundarios, ni que no se luchase en otros frentes ni que Franco renunciase a Madrid después de aquella fecha.

La ofensiva sobre Madrid —que ya había sufrido bombardeos esporádicos antes— comenzó a principios del mes de octubre de 1936, se intensificó sensiblemente en noviembre y cesó el día 23 de dicho mes, cuando Franco comprendió que el ataque frontal sobre la capital era imposible. La primera fase de la ofensiva —triple convergencia desde el Tajo y Toledo sobre Pozuelo, Alcorcón y Getafe, poblaciones vecinas a Madrid— estuvo bien concebida y los nacionales cubrieron sus objetivos para el 6 de noviembre, a pesar de la fuerte resistencia encontrada, muy superior a la que los ejércitos republicanos opusieron al Ejército de África en su marcha por Extremadura a Toledo. El 6 de noviembre, ante la proximidad de las tropas de Franco —Varela estaba ya en Carabanchel-Villaverde, prácticamente en la periferia de Madrid—, el Gobierno republicano, que, desde el 4 de septiembre presidía el socialista Largo Caballero, abandonó Madrid por Valencia y dejó la defensa de la capital en manos de una Junta, presidida por el general Miaja, con el teniente coronel Vicente Rojo como jefe de Estado Mayor.

La segunda parte de la ofensiva —asalto frontal sobre Madrid por la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria— fue un error: los nacionales atacaron la capital por los puntos en que el terreno, la fosa del Manzanares, la hacía más defendible. Tras choques durísimos en todas las líneas y puntos de combate, las tropas de Franco —a cuyo frente seguían sus oficiales favoritos: Varela, Barrón, Asensio, Tella, Delgado Serrano— quedaron detenidos en el puente de los Franceses. Después de un eficaz contraataque de Miaja —el 19 de noviembre—, Franco, reunido con sus generales en Leganés, reconoció que el asalto a Madrid había fracasado y comenzaría a trazar nuevas operaciones para rendirla (dejando, sin embargo, parte de sus tropas en aquella cuña del Manzanares, línea que no se movería hasta el final de la guerra).

La batalla de Madrid había mostrado varias cosas: que las tropas republicanas tenían más capacidad de resistencia y ataque de la supuesta, que la victoria no sería fácil y exigiría una escalada armamentística sustancial, que la guerra española se estaba internacionalizando decisivamente pese a los esfuerzos franco-británicos en favor de la no intervención, lo que abriría nuevas dimensiones a la contienda. Franco había seguido recibiendo material de guerra alemán e italiano a lo largo de los meses de agosto a noviembre (aviones, carros de combate y tanquetas) y los había utilizado sobre Madrid. La República había recibido aviones franceses y, a partir de octubre —los comunistas tenían dos carteras en el Gobierno Largo Caballero—, aviones y carros de combate soviéticos: aquéllos intervinieron el día 6 de noviembre en una gran batalla aérea sobre Madrid, y los carros de combate, en los intentos ofensivos (Seseña, Pinto) que se hicieron para romper el avance de las columnas de Franco. A partir de ahí, la participación extranjera se disparó. Alemania envió en noviembre la Legión Cóndor —un centenar de aviones con mando y pilotos alemanes—, que el 18 de noviembre intervino ya en el frente de Madrid; pondría, además, a disposición de Franco unos 5.000 asesores a lo largo de la guerra. Los comunistas —aunque no sólo ellos— promovieron las Brigadas Internacionales, por las que pasarían 60.000 combatientes, y cuyos primeros efectivos entrarían en acción también en la batalla de Madrid. A principios de noviembre de 1936 actuaban ya en zona republicana unos 500 consejeros soviéticos —aviadores, militares, instructores, artilleros, etcétera—, número que acabaría por superar la cifra de 2.000. La intervención italiana en apoyo de Franco fue aún más cuantiosa. Alcanzó la cifra de 70.000 hombres: unos 8.000 participaron ya en la ofensiva sobre Málaga en la segunda mitad de enero de 1937.

Alemania e Italia habían reconocido oficialmente a Franco el 18 de noviembre de 1936. Cuantos esfuerzos hicieron el Reino Unido y Francia, tanto en 1937 como en 1938, para lograr la no intervención internacional en España, por localizar el conflicto español —mediante un control naval que impidiese el suministro de material a cualquiera de los dos bandos—, y por buscar una solución negociada a la guerra, fracasaron. Y no podían dejar de hacerlo desde el momento en que la política de apaciguamiento que las democracias occidentales propugnaban no hacía sino alentar las políticas de guerra de Alemania e Italia. Eso se vio claramente en España en diversos episodios: nada se hizo ni cuando la Armada alemana bombardeó Almería —en mayo de 1937— como respuesta a un ataque de la aviación republicana a uno de sus barcos, ni cuando la aviación italiana bombardeó Barcelona, desde su base de Mallorca, ya en marzo de 1938 (por citar sólo dos ejemplos). Franco percibió bien el clima internacional y sacó de ello el máximo provecho para sus intereses y los de su causa.

Franco no renunciaba a Madrid. Detenido el ataque frontal, diseñó una nueva estrategia consistente en el envolvimiento de la capital por dos flancos: por el Noroeste, bloqueando la carretera La Coruña-Madrid por localidades inmediatas a ésta como Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Aravaca y Pozuelo; por el Sureste, cruzando la línea del río Jarama y cortando la carretera Madrid-Valencia. La operación sobre la carretera de La Coruña —que se aproximó al tipo de ataque relámpago que recomendaban los alemanes— empezó a principios de diciembre de 1936, se hizo en condiciones climatológicas (niebla y frío) pésimas y concluyó a mediados de enero de 1937 sin una decisión clara: las tropas de Franco habían cortado la carretera de La Coruña pero no habían conseguido el pleno envolvimiento de la capital. La batalla del Jarama se libró ya en febrero de 1937, fue particularmente dura —y eso que la anterior también lo había sido—, Franco obtuvo muy escasas ventajas territoriales, sus tropas estuvieron en alguna ocasión a punto de ser desplazadas y la lucha terminó en unas tablas que, en realidad, suponían un fracaso para Franco: había querido tomar Madrid y no había podido.

Por eso la satisfacción que, sin duda, le había proporcionado —entre una y otra batallas— la toma de Málaga el 8 de febrero de 1937 por la acción del Ejército del Sur, mandado por el general Queipo de Llano, y de las tropas italianas recién llegadas a España, no pudo ser completa. Al embajador italiano, con el que se vio en Salamanca días después del éxito de Málaga, le dijo que la guerra sería larga y que habría que llevarla hasta el final. Aún intentó una última maniobra con Madrid como objetivo último: dio luz verde a una ambiciosa ofensiva italiana —unos 35.000 hombres, encuadrados en cuatro divisiones (más otros 15.000 mandados por Moscardó, que les cubrían uno de los flancos) y 70 aviones, 2.000 camiones, 80 carros de combate, etcétera— que, partiendo de Guadalajara, buscaba una penetración directa sobre Madrid desde el Noreste. La ofensiva, iniciada el 8 de marzo de 1937, tenía más sentido militar —en razón del terreno— que los anteriores asaltos a la capital, pero, tras un espectacular avance inicial de los italianos —a quienes Franco dejó prácticamente solos, cuando debió haber reactivado el frente del Jarama—, las tropas republicanas de Líster y El Campesino lograron, tras combates durísimos, detener la ofensiva y, aun rechazar y hacer retroceder a los hombres de Mussolini.

A partir de ahí, Franco ya no dudó y a finales de marzo —la derrota italiana se había confirmado el día 20— tomó la que fue probablemente su decisión estratégica más acertada: llevar la guerra al Norte. Franco optaba, así, por una estrategia gradualista —la confrontación con el enemigo región por región—, que sólo modificaría por su firme voluntad de dar respuesta inmediata a todas y cada una de las contraofensivas que le lanzaría el Ejército republicano y que, como veremos en seguida, fueron varias y de indudable envergadura. La caída del Norte —Vizcaya, Santander, Asturias— le supuso a Franco la conquista de las principales zonas siderometalúrgicas y mineras del país y la ocupación de ciudades y puertos (Bilbao, Santander, Gijón) de excepcional valor económico, militar, internacional y aun político.

Primero fue —entre el 31 de marzo y el 19 de junio de 1937— la ofensiva sobre Vizcaya. Franco, cuyo escepticismo sobre la guerra relámpago había aumentado tras el fracaso italiano en Guadalajara, no quiso correr riesgos: al mando de Mola, concentró sobre Vizcaya —región autónoma desde octubre de 1936, gobernada por el Partido Nacionalista Vasco— la casi totalidad de la fuerza artillera y aérea de que disponía, y fuerzas de infantería de gran capacidad de maniobra (las brigadas navarras, flanqueadas por tropas italianas), al servicio de una táctica elemental pero eficaz: bombardeos masivos combinados de la aviación y la artillería, y asalto posterior de la infantería. La táctica resultó —debido, principalmente, a la total superioridad aérea de Franco en aquel sector—, pero la escalada destructiva que ello implicó tendría repercusiones muy negativas para la imagen internacional de Franco: el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor el 26 de abril conmocionó a la opinión internacional. Merced al genio de Picasso, el nombre de la villa vasca vino a simbolizar el horror de la guerra y la barbarie del fascismo. A Franco, que parece no tuvo noticia previa del alcance que tendría el bombardeo, debió importarle el descrédito internacional que Guernica le supuso. No hubo nuevas acciones de aquel tipo —Guernica era una población civil de escasa relevancia militar y estratégica— en toda la guerra; incluso aceptó las sugerencias de la Iglesia que le recomendaban que actuase con benignidad al entrar en Bilbao (que cayó, finalmente, tras duros combates en las alturas de Sollube, Bizcargui y Peña Lemona, y en los montes que rodean la capital vizcaína, el 19 de junio de 1937; Mola no llegó a verlo: se había estrellado cerca de Burgos el día 3).

La República había intentado aliviar la presión sobre Vizcaya con varios contraataques (en Alcubierre, en abril, y en Huesca, en junio) y con una ofensiva sobre Valsaín-Segovia, a fines de mayo; pero todo fue en vano. Políticamente, el éxito de Franco era sustancial: porque la conquista de Vizcaya suponía la derrota del nacionalismo vasco, incompatible con la idea de unidad nacional que sutentaban los militares sublevados el 18 de julio (Franco suprimiría de inmediato la autonomía vasca); y porque Bilbao era, de lejos, la ciudad más importante de las que hasta entonces había conquistado (por eso su caída supuso un verdadero mazazo para el nuevo Gobierno republicano que, desde el 17 de mayo, presidía el doctor Juan Negrín, del partido socialista, cuatro de cuyos ministros, además —Prieto, Zugazagoitia, Irujo y Uribe—, estaban vinculados al País Vasco). El éxito de Franco se completó el 1 de julio: el apoyo que su causa recibió ese día con la carta colectiva de los obispos españoles —firmada por un total de 48 prelados, con sólo dos ausencias notables, el arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer, y el obispo de Vitoria, Mateo Múgica— supuso la legitimación espiritual del levantamiento militar y la justificación religiosa de la guerra.

Pero a Franco la alegría le iba a durar muy poco. El 6 de julio un formidable contingente republicano —dos cuerpos de ejército, 90.000 hombres, 160 piezas de artillería, 200 aviones, 130 carros de combate— rompía las líneas nacionales en Brunete, cerca de Madrid, y lograba una penetración de 10 kilómetros. «Me han tirado abajo el frente de Madrid», parece que dijo Franco, a quien la ofensiva republicana, diseñada por el genio militar del nuevo jefe del Estado Mayor Central, el general Vicente Rojo, cogió completamente desprevenido. El mismo Franco reconocería que había dejado en Madrid muy pocos efectivos y, además, muy defectuosamente colocados (habría que añadir que todo el dispositivo que había dejado semienvolviendo Madrid era, al menos, extraño). Pero Franco supo reaccionar brillantemente: suspendió la ofensiva sobre Santander, envió a Brunete numerosas tropas de la reserva, trasladó desde el Norte toda la aviación —sector en el que su superioridad era evidente desde la batalla del Jarama— y varias brigadas, se instaló él mismo cerca de Brunete y dio el mando de aquel improvisado ejército al general Varela. El 11 de julio se había invertido el signo de la batalla: el día 25, día de Santiago, apóstol de España, Franco había batido a las tropas republicanas.

Eso le permitió volver al Norte y lanzar la ofensiva de Santander —iniciada el 14 de agosto de 1937—, una operación esta vez casi perfecta en su trazado y realización, y que no pudo interrumpir un contraataque republicano en Aragón, en Belchite. El 25 de agosto las brigadas navarras e italianas entraban en Santander; además, en Santoña se había rendido a los italianos todo lo que quedaba de ejército vasco. El paso siguiente fue Asturias: las localidades más conocidas del bastión de la izquierda obrera republicana fueron cayendo una tras otra, no sin muy fuerte resistencia. El 1 de octubre, Día del Caudillo, Franco tomaba Covadonga, cuna de la Reconquista: sus servicios de propaganda usaban la coincidencia, como ya habían hecho el día de Santiago, en Brunete, para resaltar la oportunidad casi milagrosa de las victorias de Franco, de un Franco que empezaba a creer en su propio mesianismo. El 21 de octubre, con la toma de Avilés y Gijón, había desaparecido el frente del Norte: Franco era dueño de toda la cornisa cantábrica.

La victoria en el Norte reforzó considerablemente la posición internacional de Franco: en abril de 1938 le habían reconocido ya, además de Alemania e Italia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Albania, Japón, Hungría y, lo que importaba más a Franco, la Santa Sede, representada, desde octubre de 1937, por el nuncio Antoniutti, y Portugal. Franco había empezado a jugar con habilidad en el terreno internacional. Desde la liberación de Bilbao se había especulado con el posible reconocimiento de la España nacional por el Reino Unido, de siempre interesado en el mineral de hierro de Vizcaya. No se hizo, pero el Reino Unido designó en noviembre de 1937 un agente británico en Burgos, nueva capital de Franco desde agosto, y el duque de Alba actuó desde entonces como representante oficioso de Franco en Londres. Franco pudo incluso resistirse a las presiones de sus aliados alemanes de cara a la concesión de explotaciones mineras, sin que, sin embargo, los roces que de ahí se derivaron —y que se repitieron a lo largo de 1938— empañaran las óptimas relaciones entre la España de Franco y la Alemania nazi, ni disminuyera por ello la cuantiosa ayuda de Hitler a la España nacional.

La construcción del futuro Estado franquista había avanzado considerablemente desde la incorporación a la zona sublevada de Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco, ex diputado de la CEDA y amigo íntimo y albacea del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. A diferencia de lo que ocurriera con colaboradores anteriores del cuartel del caudillo —como su hermano Nicolás, el diplomático Sangróniz, el militar jurídico Martínez Fuset—, Serrano, por su formación política y jurídica, tenía una verdadera concepción de lo que debía ser un Estado: un Estado que concebía desde una perspectiva netamente totalitaria, pero al que quería dotar de todo el aparato jurídico, administrativo y político necesario para su funcionamiento.

Lo primero fue crear una estructura política. Por decreto de 19 de abril de 1937, inspirado por Serrano, quedaron unificadas todas las fuerzas políticas que habían secundado el levantamiento militar en un nuevo organismo llamado Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), regido por el jefe del Estado, por una Junta Política (secretariado) y por un Consejo Nacional.

Franco mismo había resumido, en un discurso del día 17, en Salamanca, la ideología del nuevo organismo: una amalgama flexible de valores patrióticos, católicos, tradicionalistas y nacional-sindicalistas. El 19 de abril nacía el franquismo. La España nacional se perfilaba como un Estado totalitario —lo decía el mismo decreto de unificación— y católico, como un régimen de partido único (aunque Franco prefería la expresión movimiento a la de partido). El decreto de 19 de abril declaró disueltos todas las demás organizaciones y partidos políticos. Los estatutos de FET y de las JONS, promulgados en agosto de 1937, creaban una estructura de servicios paralela a la del Gobierno, como en todo Estado totalitario. El poder personal de Franco quedaba, además, reforzado. Los estatutos le reconocían el derecho a designar los miembros del Consejo Nacional, le declaraban responsable sólo ante Dios y ante la historia —esto es, no ante el partido, ni mucho menos ante el pueblo español— y le daban la facultad de nombrar su propio sucesor en la jefatura del Estado. Un decreto de 30 de octubre de 1937 establecía como único ritual del nuevo Estado los gritos de «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!», el «¡Arriba España!» de la Falange, y el «¡Viva España!» de los militares.

Franco había dicho en Salamanca que su Estado opondría una «democracia efectiva» a la democracia del Estado liberal, que él calificó de «verbalista y formal»; había dicho también que su sistema organizaría la participación política a través de las funciones familiar, municipal y sindical. Seguía en el aire la cuestión de la forma que tendría el nuevo Estado. Franco aludió por vez primera a la Monarquía en unas declaraciones a Abc de Sevilla de 17 de julio de 1937, pero puntualizó ya que, si llegaba la Restauración, la nueva monarquía tendría que ser muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931. La cuestión apenas tenía duda: «No basaremos el régimen futuro», escribió Franco en un artículo para La Revue Belge, el 15 de agosto de 1937, «en sistemas democráticos que decididamente no convienen a nuestro pueblo». «No creemos nosotros», diría en Zaragoza el 19 de abril del año siguiente, «en el régimen democrático liberal»[10]. Nadie lo ponía en duda. El régimen de Franco iba a ser —como él mismo dijera en distintas ocasiones en 1937 y 1938— un régimen totalitario: no sería una mímesis de los modelos alemán, italiano o portugués, sin una fórmula propia, cuya originalidad se basaría en la apelación continua al pasado español —a la España de los Reyes Católicos y a la España imperial— y en el entronque con las directrices de la Iglesia católica (algo que irritaría sobremanera, por ejemplo, al primer embajador alemán, Von Faupel).

Habría, por tanto, un doble proceso —paralelo y simultáneo— de fascistización progresiva del aparato del Estado (y del estilo político de la España nacional) y de restauración de la vida religiosa. A ello se iría cada vez con más nitidez, a medida que los éxitos militares consolidaban el movimiento iniciado el 18 de julio de 1936. Y, así, si Franco aparecía por primera vez con la camisa azul de Falange —incorporada al nuevo informe de FET y de las JONS— en Burgos, el 12 de octubre de 1937, poco después, en noviembre, declaraba que su revolución se inspiraba en las enseñanzas de la Iglesia católica, que su Estado sería católico y que «España ha sido, es y será católica» (rectificando la conocida frase de Azaña, el líder republicano, cuando dijo, en 1931, que «España había dejado de ser católica»)[11].

En octubre de 1937 Franco había designado el primer Consejo Nacional de FET y de las JONS. En enero de 1938, al tiempo que una ley de la Jefatura del Estado dejaba en sus manos toda la capacidad legislativa, dio un paso más: formó su primer Gobierno, en sustitución de aquella Junta Técnica que creara en octubre de 1936. Era, además, un paso decisivo, porque el Consejo de Ministros sería, a todo lo largo de los cuarenta años de franquismo, el verdadero órgano de poder del régimen y la única institución con la que Franco contaría verdaderamente: todo lo demás, el Consejo Nacional del Movimiento, las Cortes —creadas en 1942—, la Organización Sindical, creada a partir de 1940, los Consejos del Estado y del Reino, sería en la práctica mera coreografía, como diría, mucho después, el propio Serrano Súñer.

Serrano había tenido parte decisiva en la formación de aquel primer Gobierno: él, como ministro del Interior y secretario del Consejo de Ministros, era el verdadero hombre fuerte de la España nacional —sobre todo porque tenía en sus manos todos los servicios de Prensa y propaganda— y sugeriría a Franco los nombres de varios de los ministros. Pese a todo, el Gobierno anticipaba ya, en su composición, lo que serían todos los Gobiernos franquistas: era un Gabinete de concentración, en que se hallaban representadas todas las fuerzas del 18 de julio (Falange, tradicionalistas, militares, monárquicos)[12].

El Gobierno proclamó la organización «nacional-sindicalista» del Estado y pronto preparó un importante paquete de leyes y decretos. Lo más significativo fue el Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938, verdadera definición de lo que se quería que fuese aquel «nacional-sindicalismo». Como tal, respondía a una doble inspiración fascista y católica: anunciaba los sindicatos verticales, proclamaba el papel protector y asistencial del Estado, reconocía la propiedad privada y hacía de la familia la célula clave de la sociedad.

Luego hubo mucho más: se dictaron normas para el restablecimiento del crucifijo en las escuelas y en las Audiencias; se derogó la ley republicana del matrimonio civil (y del divorcio), y el Estatuto de Autonomía de Cataluña —aún antes de ser conquistada—; el Estado asumió el pleno control de la Prensa y estableció una rígida censura (por la ley de Prensa de 22 de abril de 1938, en vigor hasta los años sesenta); fue restablecida la Compañía de Jesús; se prohibió la coeducación en las escuelas; se crearon las Magistraturas de trabajo y el Instituto Social de la Marina; se estableció un sistema de subsidios familiares; fue reintroducida —en julio de 1938— la pena de muerte; se aprobó, en septiembre de ese año, un nuevo plan de enseñanza media (obra del ministro de Educación, Sainz Rodríguez) que enfatizaba la enseñanza religiosa y de humanidades clásicas; se empezó a perfilar la organización del sindicalismo vertical y se tomaron numerosas medidas en torno a problemas apremiantes como las obras públicas, vivienda, sanidad, instituciones bancarias, extensión cultural, en torno, en suma, a todo lo que atañía ya a un Estado en construcción (que Franco volvió a definir el 18 de julio de 1938 como «misional» y «totalitario»).

«La guerra ya está ganada», había dicho Franco el 2 de noviembre de 1937. No lo estaba. Es más, su capacidad como militar volvería a quedar a prueba poco después, en diciembre de 1937, cuando, tras tres meses largos de relativa inactividad, otra maniobra del Ejército republicano volvía a sorprenderle, esta vez en Teruel, mientras él y sus generales preparaban en Medinaceli una nueva operación sobre Madrid a través de Guadalajara.

El Ejército republicano tomó Teruel el 7 de enero de 1938: era la primera vez que la República reconquistaba una capital de provincia. Franco optó, como en Brunete, por responder al ataque enemigo, en razón de aquella obsesión por el terreno que guiaba su estrategia militar. Pero esta vez no tuvo los reflejos que había mostrado meses antes. Su contraofensiva tuvo mucho de precipitación. Escogió mal objetivos y operaciones, y pudieron apreciarse evidentes deficiencias tácticas en su desarrollo. Sólo a finales de enero rectificó sus errores y, entonces sí, montó una brillante operación envolvente muy al norte de Teruel, en la sierra de Alfambra, con eficacísimas maniobras tácticas de la artillería, aviación, infantería y hasta caballería, protagonizadas otra vez por Yagüe y por uno de los militares que más había destacado en el Norte, García Valiño, y el 22 de febrero pudo recuperar Teruel. Pero que su respuesta inicial no había sido acertada quedó de manifiesto en los informes del nuevo embajador alemán Von Stohrer, en los comentarios que el ministro italiano de Exteriores, Ciano, haría en su diario y aun en los análisis de alguno de los oficiales de Franco, como los de Carlos Martínez de Campos.

Poco después, el 7 de marzo de 1938, Franco lanzó su ofensiva hacia el Mediterráneo desplegando sus tropas —mandadas por Varela, Yagüe, Aranda, Moscardó, el italiano Berti, Solchaga, otro de los hombres de las brigadas navarras, García Valiño y Escámez— por el valle del Ebro: el 19 de abril, la columna mandada por su amigo y compañero desde los tiempos de la Academia de Toledo —y futuro colaborador en tareas de gobierno— el comandante Alonso Vega llegaba al mar en Vinaroz y cortaba la zona republicana en dos.

Ahí volvió a tomar Franco otra decisión polémica: marchar sobre Valencia, hasta poco antes capital de la España republicana y sede de su Gobierno, y renunciar a la ofensiva sobre Cataluña, como parecían aconsejarle casi todos sus colaboradores. Franco debió temer provocar una reacción francesa y agravar así una situación internacional ya muy tensa desde que Hitler se había apoderado de Austria en marzo: la posibilidad de que la situación internacional adquiriese rumbos imprevisibles, como una guerra europea o como un gran acuerdo internacional entre el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que de alguna forma impusiese una mediación a España, estuvo presente a todo lo largo de 1938. Por eso Franco decidió no atacar Cataluña. Pero la opción alternativa, avanzar sobre Valencia, resultó negativa para sus armas: las tropas nacionales avanzaron lentísimamente por un terreno favorable a la resistencia. El avance quedó, finalmente, detenido en la sierra de Espadán, al norte de la capital valenciana.

La equivocación de Franco quedó en evidencia cuando, el 25 de julio, Rojo le sorprendió por tercera y última vez: ese día, el Ejército republicano del Ebro, mandado por el teniente coronel Modesto, cruzó el río en varios puntos —a lo largo de un frente de 75 kilómetros—, logró un gran avance en un arco de terreno en torno a la localidad de Gandesa y amenazó con penetrar hacia Alcañiz y romper las tropas de Franco. La obsesión territorial del caudillo volvió a activarse, con más obstinación que nunca: se empeñó en una táctica defensiva y ofensiva frontal a ultranza contra las posiciones enemigas hasta desalojar de ellas al Ejército republicano.

Para irritación de sus consejeros —Mussolini llegó a pensar que Franco podía perder la guerra—, no quiso contemplar ni siquiera la posibilidad de maniobras tendentes a envolver a un Ejército que estaba en una bolsa de 35 kilómetros con el río a sus espaldas. Instalado en Alcañiz, Franco trataría de probar a sus colaboradores la eficacia destructora de su táctica: una y otra vez, entre el 11 de agosto y el 16 de noviembre, lanzaría sus soldados contra las cotas enemigas, en una agotadora guerra de desgaste llevada, principalmente, por la artillería: varios nombres (la Venta de Camposines, Gandesa, la sierra de Cavalls) se perpetuarían en la memoria de la guerra por la particular dureza de los encuentros que en torno a ellos se libraron.

Franco mismo consideró la batalla del Ebro como la más áspera y la más «fea» —son sus palabras— de la guerra: hubo de 50.000 a 60.000 bajas entre ambos bandos, los muertos se aproximarían a los 20.000. En los meses en que se desarrolló la batalla del Ebro, Franco pasó —según declaró a Abc el 1 de abril de 1964— uno de sus peores momentos. Y no por la guerra —o no sólo por la guerra—, sino principalmente por la situación internacional. La ambición de Hitler de anexionarse Checoslovaquia —cuestión que gravitaba desde abril— amenazó de nuevo la paz europea, pues Francia, donde el Frente Popular que ya gobernara en 1936 había vuelto al poder, y el Reino Unido habían rechazado las nuevas pretensiones alemanas.

Ante el temor de una guerra europea, Franco confió al Reino Unido y Francia que su España permanecería neutral. Esto irritó a Alemania e Italia: por eso Franco temió que, en la reunión que en Múnich celebraron el 29 de septiembre de 1938 Hitler, Mussolini y los primeros ministros del Reino Unido, Chamberlain, y Francia, Daladier, sus aliados le sacrificaran a un pacto internacional. No fue así. Durante 1938 había estado claro que Chamberlain, obsesionado por lograr un acuerdo que garantizara la paz, no se arriesgaría a una guerra por España. La actitud de Francia pareció diferente: incluso, entre marzo y junio de aquel año, el Gobierno del Frente Popular, muy sensibilizado por la crisis checoslovaca, había vuelto a ayudar a la República española. Pero Múnich fue una nueva capitulación de las democracias occidentales ante Hitler, como se vería cuando en marzo de 1939 Alemania ocupase Checoslovaquia.

Y aún más; hasta la URSS antepondría sus intereses a los de la guerra española. Temerosa de que, después del acuerdo de Múnich, Alemania pudiera volverse en su contra, la URSS empezó a retirar precipitadamente su ayuda a la República en el otoño de 1938, tratando de reactualizar viejos tratados de no agresión con la Alemania nazi. Todo favorecía a Franco. La Sociedad de Naciones había aceptado la propuesta del Gobierno Negrín sobre retirada de voluntarios extranjeros: las Brigadas Internacionales empezaron a abandonar España el 22 de noviembre de 1938. Los italianos debían haber hecho lo mismo el 16 de noviembre, al entrar en vigor un acuerdo anterior anglo-italiano: fueron repatriados unos 10.000 soldados, pero otros 12.000, al mando del general Berti, seguirían luchando en España hasta el final de la guerra; lo mismo hizo la Legión Cóndor.

A la República le quedaba todavía —después de la batalla del Ebro— Cataluña, Madrid, gran parte de La Mancha, Valencia y el sureste español. El jefe del Gobierno, Negrín, y los comunistas creían que ello permitiría la resistencia. Era un error. La batalla del Ebro —en eso acertó Franco— había destrozado la moral y la capacidad operativa de su todavía numeroso Ejército: el general Rojo no pudo ya orquestar la última estratagema que su indudable inteligencia había diseñado, una ofensiva en Extremadura y en el centro, y un desembarco en Motril.

Franco, en cambio, tenía ya lista para el 10 de diciembre la ofensiva sobre Cataluña (aunque parece que él hubiera preferido avanzar sobre Valencia). Había, además, recobrado el pulso de sus mejores días: por su concepción global, por la selección de los objetivos, por la distribución de sus efectivos, por la oportunidad de los movimientos asignados a los distintos cuerpos de ejército, por la coordinación entre las distintas armas, por la sincronización de todo el esfuerzo, la ofensiva sobre Cataluña fue, junto a las de Santander y Alfambra, la más brillante de las operaciones que Franco ordenó en toda la guerra.

Sólo hubo lucha realmente en los primeros días de la ofensiva. Franco, además, rechazó con facilidad el contraataque que la República montó —el 5 de enero— en Extremadura. Luego, se asistió a lo que en realidad fue el hundimiento fulminante de Cataluña: Barcelona cayó el 26 de enero de 1939; las tropas de Franco llegaron a la frontera por donde salieron medio millón de personas hacia el exilio —entre ellas el propio presidente republicano Azaña— el 10 de febrero. Irlanda, Uruguay, Polonia, Perú, Bolivia y, finalmente, el Reino Unido y Francia, que lo hicieron el día 27 de febrero, reconocieron a Franco.

Antes de caer Cataluña, agentes de Franco habían empezado a sondear secretamente en el mismo Madrid a algunos militares republicanos, hostiles a Negrín y a los comunistas, sobre la posibilidad de una negociación. Tras la actitud de Francia y el Reino Unido no había, ciertamente, otra alternativa, por más que la República aún tuviese en el centro de España un ejército de 800.000 hombres. El teniente coronel Casado, cabeza visible del sector abandonista republicano, recogió esa iniciativa y se sublevó contra Negrín —lo hizo el 4 de marzo de 1939, y entre el 6 y el 12, Madrid presenció fuertes enfrentamientos entre las tropas casadistas y las negrinistas— y formó un Consejo Nacional de Defensa (del que formaban parte conocidas personalidades de la II República, como el socialista Julián Besteiro y el general Miaja) para que negociara la paz con Franco.

Franco, que a todo lo largo de la guerra había rechazado reiteradamente y en términos inequívocos toda proposición de solución negociada, actuó de acuerdo con su visión militar de la guerra y de acuerdo con la fuerza que le daba la seguridad de su indudable superioridad: exigió la rendición total. Y la impuso. El 28 de marzo de 1939, las tropas de Franco, al mando del general Espinosa de los Monteros, entraban en Madrid; el 1 de abril, Franco —que permanecía en Burgos con alta fiebre a causa de una gripe— firmaba el último parte de guerra, el parte que rubricaba la victoria.

«Los militares», le recordaría Franco a su primo el 5 de julio de 1965, «nos sublevamos para salvar a la patria del caos e impedir que a la sombra de tal estado de cosas se implantase la República comunista». Había mucho de inexacto y de injusto en tal afirmación (aparte del hecho de que ni los militares eran los únicos que querían salvar a España en 1936 ni la sublevación era la única forma de hacerlo). Pero lo que importa es que Franco lo creyó a pie juntillas, en 1936 y a lo largo de toda su vida. Salvar a la patria había costado: 300.000 muertos (unos 140.000 en el frente; el resto, en las retaguardias de ambas zonas), 250.000 casas, 183 núcleos urbanos (estas dos últimas cifras se refieren, además, sólo a lo que quedó destruido o inhabitable: es incalculable lo que quedó parcialmente dañado), el 50% del material ferroviario, la tercera parte de la ganadería, un tercio de la Marina Mercante. Unos 30.000 millones en pesetas de 1935 (2,6 billones en pesetas de 1982).

3. EL TERCER HOMBRE

«Nunca me movió la ambición de mando», dijo Franco ante las cámaras de Televisión Española el 12 de diciembre de 1966, cuando pidió el voto de los españoles a favor de la ley Orgánica del Estado, entonces plebiscitada. «El servicio de la patria», añadió, «embargó mis horas y ocupó mi vida». Treinta años llevaba entonces «ocupando la nave del Estado», «al pie del cañón», de acuerdo con sus palabras, y aún le quedaban otros nueve.

Por eso no sería ni disparatado ni injusto, bien al contrario, suponerle alguna de aquella ambición de mando de la que decía carecer. Franco era ante todo un hombre imbuido profunda y sinceramente de una idea casi mesiánica de su misión —cualquiera que sea el juicio que ésa merezca[1]— y convencido, por ello, de la legitimidad de su autoridad. A don Juan de Borbón, hijo del ex rey Alfonso XIII, conde de Barcelona y heredero dinástico de la monarquía caída en 1931, le recordó, en una carta de 6 de enero de 1944, cuáles eran las razones que le otorgaban títulos indiscutibles para el ejercicio del poder: haber salvado la sociedad española, «propios merecimientos constatados en una vida de intensos servicios», «prestigio y categoría en todos los órdenes de la sociedad», «reconocimiento público» —las palabras son siempre del propio Franco—, su proclamación como jefe de Estado por el Ejército y por todas las fuerzas que se habían alzado el 18 de julio de 1936 y, finalmente, «el haber alcanzado, con el favor divino repetidamente prodigado, la victoria...»[2].

Tal era el talante con que se contemplaba Franco a sí mismo. Desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975 —fecha de su muerte— la vida de Franco se confundió con la vida de su régimen: él mismo diría en una ocasión que casi no era persona. Desde el 18 de octubre de 1939 fijó su residencia oficial en el palacio de El Pardo, a unos 10 kilómetros de Madrid, una gran finca enclavada en un terreno semiserrano y dotada de montes y bosques propios. Allí Franco utilizaba unas pocas habitaciones —las necesarias para el uso familiar—, decoradas con mesura, al gusto de una familia de clase media. Contaba con dos despachos de trabajo, uno de ellos más amplio que usaba como lugar de recepción; los consejos de ministros se celebraban en lo que era el comedor de gala del palacio. En verano Franco alternaba entre San Sebastián, antigua residencia veraniega de la corte, y el pazo que en Meirás, cerca de La Coruña, le regaló el Ayuntamiento de esta ciudad en 1938.

En el círculo de su familia hubo alteraciones, lógicas a lo largo de cuarenta años. Su hermano Ramón, el aviador y político imprevisible, que de posiciones extremistas pasó a cooperar con su hermano en la guerra civil, había muerto en accidente aéreo el 28 de octubre de 1938. Era el hermano más querido de Franco —pese a la irritación que le provocaba su aventurerismo político—, y sintió mucho su muerte. En febrero de 1942 murió el padre de ambos, con quien Franco no había tenido relación alguna desde que aquél abandonara la familia. Su única hija, Carmen —verdadera pasión afectiva del caudillo—, nacida en 1926, cuya discreción y simpatía fueron siempre unánimemente reconocidas, se casó en 1950 con el médico y aristócrata Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, que, por el contrario, concitaría pronto el amplio rechazo de una opinión popular que vería su conducta marcada por la arrogancia y la mundanidad y la utilización ventajosa de su privilegiada situación familiar. Entre 1951 y 1964 tuvieron siete hijos, por los que Franco sintió indudable afecto. El clima sofocante de adulación al jefe del Estado hizo que las Cortes propusieran que a uno de ellos, Francisco, nacido en 1954, se le invirtiera el orden de los apellidos para que así se perpetuaran el nombre y apellidos del abuelo.

Franco era un hombre de gustos sencillos y conducta metódica. No salió de España más que en el año 1941, en que visitó a Mussolini en Bordighera y a Pétain en Montpellier —antes, en 1940, se había visto con Hitler en Hendaya—, y en 1949, cuando, a invitación de Oliveira Salazar, visitó Portugal, del 25 al 27 de octubre (al año siguiente acompañó al dictador portugués a Oporto, pero regresó de inmediato a España). Su actividad oficial, que iniciaba a las diez de la mañana, la ocupaban las audiencias civiles y militares —a las que dedicaba los martes y los miércoles—, y los despachos con sus ministros: los recibía de lunes a jueves, separadamente, por la tarde, en breves sesiones de trabajo de una media hora; los jueves por la mañana despachaba largamente con el que fue, desde mayo de 1941, subsecretario de la Presidencia del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco (1903-1973), que pronto se convirtió en verdadero álter ego de Franco; los viernes reunía en El Pardo al Consejo de Ministros.

Franco dedicaba muchos fines de semana y las vacaciones a sus aficiones favoritas: la caza y la pesca, tanto de altura, que practicaba los veranos a bordo del yate Azor, otra de sus pasiones, como de río, en los ríos salmoneros asturianos. Hasta 1973, con ochenta años, siguió practicando sus aficiones, con éxitos notables, de los que se ufanaba infantilmente. Mientras se lo permitió la edad, jugaba al tenis o montaba a caballo a primera hora de la mañana —se levantaba a las ocho—; luego practicaría el golf. Le gustaba el cine —que veía en sesiones privadas en El Pardo—, la televisión, el fútbol —en 1967 ganó casi un millón de pesetas al acertar un pleno en las quinielas, que rellenaba habitualmente.

Practicó la pintura, con más tesón que talento. Aunque en 1927 Carmen Polo dijo que el autor preferido de su marido era Valle-Inclán, y aunque siempre se dijo que era aficionado a la lectura y al estudio, no tuvo aficiones intelectuales. Desconfiaba de los intelectuales, si no los desdeñaba. En 1940 escribió la novela Raza, un melodrama militar, la historia de los Churruca —trasunto ennoblecido de los Franco— desde el 98 a la guerra civil, una ingenua exaltación del patriotismo y del heroísmo, asimilable por su calidad a un folletín de quiosco. Por su carácter reservado y distante —que, como ya se indicó, no excluía la amabilidad y admitía momentos de locuacidad—, el caudillo tuvo un círculo de amistades muy reducido: sus compañeros de caza y pesca (Max Borrell, el doctor Juan José Iveas Serna, Andrés Zala, el almirante Nieto Antúnez), compañeros de armas (Alonso Vega, González Gallarza, Martín Alonso, Millán Astray, etcétera), su médico personal de 1940 a 1974, Vicente Gil —y el hermano de éste, Federico—; su confesor, el padre Bulart; algunas personas de los medios de su familia y de sus casas civil y militar (le gustaba sostener con ellas tertulias en la sobremesa y jugar al mus, al dominó y al tresillo).

Franco no fumaba y apenas bebía. Tampoco era exigente en sus comidas —que cuando no eran oficiales resultaban escasas y sencillas—; su alimento preferido era el foie-gras, y desde los años sesenta sus médicos controlaron su dieta para corregir su tendencia a la obesidad. Llevaba sus propias cuentas: adquirió primero una finca —Valdefuente— cerca de Madrid, en Navalcarnero, donde instaló una granja, y luego otra —el Canto del Pico— en Torrelodones. Parece que dejó a sus nietos un total de 20 millones de pesetas[3].

Como jefe de Estado, el estilo de gobierno de Franco combinó la suntuosidad protocolaria propia de una casa real con el populismo de masas característico de los sistemas totalitarios y de poder personal. Al estilo suntuario respondían ceremonias aparatosas —como la presentación de embajadores en el Palacio Real de Madrid o la fiesta anual con motivo del Dieciocho de Julio en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso—, símbolos de status —el veraneo en San Sebastián, la guardia mora que acompañaba al caudillo, sustituida en 1956 por la Guardia de Franco—, y atribuciones insólitas, como la concesión de títulos de nobleza, de los que hasta 1969 había dado una treintena, en su mayoría a sus compañeros de armas. Franco, además, atendía a los actos propios de la jefatura de Estado, como la inauguración de las Cortes y de las sesiones del Consejo Nacional del Movimiento, la Pascua Militar —el 6 de enero—, los desfiles de la victoria —al principio, el 1 de abril; luego, en alguna fecha de la primavera—, funerales históricos, festividades religiosas de vieja tradición nacional —a muchas de las cuales asistía bajo palio, privilegio real— y actos similares. No en vano dijo Franco en Sevilla, el 1 de mayo de 1956, que su régimen en nada se parecía ni a una República ni a un régimen presidencialista: «Somos de hecho una monarquía sin realeza» dijo, «pero somos una monarquía».

Pero era una monarquía que no podía renunciar a su primera vocación nacional-sindicalista, recogida en el ritual populista que, como se ha indicado, convivía con el suntuario. Hasta el final de sus días Franco hizo muy frecuentes viajes por toda España. Era usual que en ellos dirigiera la palabra desde el balcón del Ayuntamiento o desde cualquiera otra tribuna pública, a la multitud congregada en adhesión y homenaje a su caudillo. Llegaron a ser proverbiales las magnas concentraciones de miles de personas en la plaza de Oriente de Madrid: las más significativas lo fueron las de 1946, como rechazo de la condena de España en la ONU; 1970, como reacción ante la protesta internacional por el juicio de Burgos contra varios militantes de la organización vasca ETA; 1971, porque sí, y 1975, también con motivo de la condena internacional del régimen de Franco a causa del fusilamiento de cinco miembros del FRAP y ETA.

Franco presidía regularmente espectáculos festivos o deportivos de gran popularidad: la corrida de la Beneficencia, la final del Campeonato de Copa de fútbol, las regatas de traineras del Cantábrico; se dirigía todos los años, primero por radio y luego por televisión, al pueblo español con motivo del fin de año; desde 1958 presidía en Madrid la demostración sindical, el espectáculo folclórico-deportivo que los sindicatos estatales preparaban el 1 de mayo. Todo ello respondía a una política deliberada: era una especie de populismo plebiscitario y triunfalista, una suerte de democracia directa entre el líder carismático —Franco— y el pueblo, en un régimen sin instituciones representativas. Franco llegó a creer en el sistema: veía en aquellas manifestaciones populares —muchas de ellas organizadas por los servicios del régimen— la expresión del apoyo del pueblo español a su persona y a su política.

El propio Franco definió en una ocasión —en 1959— su régimen como un régimen de mando personal. Siempre consideró su jefatura como permanente; habló de su magistratura como vitalicia ya en unas declaraciones al diario Arriba el 27 de febrero de 1955, y repitió la expresión en infinidad de ocasiones. En ningún momento tuvo intención de abandonar el poder o de dar paso a un tipo de régimen distinto del franquismo: «Ya he dicho», le comentó en 1960 a Franco Salgado-Araújo, «en diferentes ocasiones y actos políticos que mientras tenga salud y facultades físicas y mentales no dejaré la jefatura del Estado»[4].

El verdadero instrumento de gobierno fueron los Consejos de Ministros. Franco tuvo un total de 19 Gobiernos —aunque Gobiernos básicos fueran 12—, lo que supuso una duración media en torno a los dos años, y unos 120 ministros. A Franco le parecía conveniente renovarlos cada cuatro o cinco años, aunque medio centenar de ellos sirvió durante más de ese tiempo: Carrero Blanco estuvo en el Gobierno casi veinticinco años, y José Antonio Girón de Velasco, más de quince. Franco dejaba a sus ministros una amplia autonomía en el ejercicio de su cargo; le irritaba que se le hicieran confidencias críticas sobre ellos; defendía siempre su gestión. Pocos fueron los que destituyó fulminantemente. Lo hizo, por ejemplo, en 1940 con el entonces ministro del Aire, Yagüe, catalizador de diversas intrigas contra su autoridad, y luego, en 1956, con los ministros de Educación, Ruiz-Giménez, y del Movimiento, Fernández Cuesta, con motivo de los incidentes entre estudiantes y falangistas que se produjeron en febrero de aquel año.

Procedió salomónicamente cuando vio graves divergencias en el Gabinete: en 1942 destituyó a los ministros salpicados por un atentado falangista contra un acto tradicionalista, esto es, a Galarza (ministro de Gobernación), a Varela (del Ejército) y a su cuñado Serrano Súñer (titular de Exteriores); en 1969 hizo otro tanto con varios ministros del Opus Dei afectados por un grave escándalo financiero —Matesa— y con los ministros (Solís Ruiz, Fraga Iribarne) que quisieron explotar la ocasión para desplazar al Opus del Gobierno.

Salvo esos casos —y algún otro—, Franco destituía a sus ministros con desdeñosa suavidad autocrática: se lo notificaba por carta que les hacía llegar mediante un motorista. En los consejos de ministros, que Franco presidía sin pausa alguna pese a su a veces extensa duración —no toleraba que sus ministros fumasen en ellos—, no admitía discusiones ni mucho menos impertinencias. Tampoco las cometió jamás él, hombre extremadamente cortés y que en el ejercicio de su cargo logró lo que su ministro Girón definió como una despersonalización asombrosa: únicamente se permitió bromear a costa de su amigo Alonso Vega, ministro de la Gobernación entre 1957 y 1969; sólo en rarísimas ocasiones se dirigió con aspereza a alguno de sus ministros, como fue el caso con Fraga Iribarne en 1965, a quien, como le replicara una opinión —en torno a la cuestión monarquía o república—, le interrumpió: «¿Cree que no me doy cuenta, cree que soy un payaso de circo?»[5].

Sus Gobiernos respondieron siempre a la misma fórmula: Gobiernos de concentración franquista con representación de las distintas fuerzas que habían participado en el Dieciocho de Julio. Franco mismo los definió —en declaraciones a Abc el 2 de abril de 1957— como «equipos de hombres que aceptan los principios y el sentido histórico del Movimiento», aunque existió una cierta hegemonía falangista entre 1939 y 1945, una ascendencia del catolicismo político entre 1945 y 1957 y una fuerte presencia opusdeísta y tecnocrática entre 1957 y 1973 (los Gobiernos de 1974 y 1975 los haría el jefe del Gobierno, Arias Navarro, y no Franco, aunque Arias seguiría una fórmula inspirada en la anterior).

A Franco le interesaba poco lo que él entendía por política —en realidad, política democrática—, de la que tenía una idea en extremo peyorativa. No pensaba que lo que él hacía era también política, sólo que de signo autoritario. Pensaba, como vimos, que lo suyo era un servicio y un deber. Es más: no tenía un pensamiento político en el verdadero sentido de esta expresión. Su política —económica, social, exterior— no fue el despliegue del diseño de un estadista ni la cristalización de una doctrina o una ideología. Franco era un hombre pragmático, no un doctrinario ni un ideólogo, y, como veremos, no hizo otra cosa que adaptar su política a las exigencias de las circunstancias. Casi se estaría en la tentación de repetir sobre él lo que Wellington dijo de lord Liverpool, que fue premier británico entre 1812 y 1827: que el secreto de su política era que no tenía política.

Franco tenía, evidentemente, una serie de principios básicos en los que creía: el que fuera su ministro de la Gobernación entre 1969 y 1973, Tomás Garicano Goñi, citaba entre ellos los principios de patria, religión, unidad y orden. Y estaba en lo cierto. El pensamiento de Franco consistía en ideas vagas y elementales de autoridad, religiosidad y paternalismo social. Todo ello era como una prolongación de su formación militar: «Sin autoridad bien establecida y sin un último poder decisivo», diría ante las Cortes el 17 de noviembre de 1967, «no hay paz, ni orden, ni derecho». «Sin autoridad», insistiría en su mensaje de fin de año de 1968, «no es posible la convivencia humana; sin mando y sin Gobierno no se podría dar una sociedad equilibrada». Franco entendía mal la complejidad de la vida moderna: atribuía la conflictividad —laboral, política, social—y el pluralismo ideológico a la acción de minorías agitadoras y subversivas (a la acción del comunismo y de la masonería, verdaderas pesadillas patológicas del caudillo) y creía que España necesitaba, ante todo, unidad y orden: la libertad sólo la admitía «dentro de un orden», como afirmó el 9 de marzo de 1963 y repitió en numerosas ocasiones hasta convertir la expresión en una muletilla monocorde (como le ocurriría con otras frases características: «Unidad entre los pueblos y tierras de España», «atado y bien atado», «españoles todos», etcétera.

Detestaba, por todo ello, los partidos políticos y la democracia liberal: «Abominamos de los partidos políticos», llegaría a decir el 4 de diciembre de 1952. Veía en ellos, no la expresión de las diferencias de opinión y perspectiva de una sociedad plural y evolucionada, sino la plataforma de la lucha de clases y de la desintegración nacional. No podía verlos como una solución constructiva, y menos aún para una sociedad como España, de cuya capacidad política guardaba innegables reservas: «Recuerden los españoles», advirtió en las Cortes el 22 de noviembre de 1966, «que a cada pueblo le rondan siempre sus demonios familiares, que son diferentes para cada uno. Los de España se llaman: espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre los hombres, extremismo y enemistad mutua». A FET y de las JONS lo consideró siempre como un movimiento nacional, no como un partido: incluso se referiría a aquél como a un «gran antipartido», como diría también en las Cortes el 27 de noviembre de 1967.

Ni doctrinario, ni ideólogo, ni político vocacional, visceralmente hostil a la idea misma de partido, Franco no era fascista, como inmediatamente comprobarían los primeros embajadores ante el caudillo español del führer alemán y del duce italiano, Wilhelm von Faupel, que tendría a Franco por un clerical y un reaccionario —y lo era—, y Roberto Cantalupo. Y como lo pensaba el mismo Franco: «Yo, tú lo sabes», le comentaba a su primo el 6 de marzo de 1965, «nunca he sido fascista...»[6].

Franco no llegó a entenderse con José Antonio Primo de Rivera, el líder de la Falange, el partido de la revolución nacional-sindicalista, versión española del fascismo. Franco llegó a creer en la Falange —lo dijo en diciembre de 1942—, pero aquello no era sino gratitud por la lealtad que siempre le guardaron las masas falangistas. Pero no creía en un Estado falangista ni permitió —ya se verá— que la Falange controlara el Estado. Su idea de las cosas estaba más próxima a las posiciones de Víctor Pradera, el líder del tradicionalismo, asesinado en la guerra civil e inspirador del Bloque Nacional de la ultraderecha en la II República, cuyo ideario se resumía en los lemas «religión, Estado, propiedad y familia», y cuya tesis de El nuevo Estado —libro que publicó en 1935— ensalzaba la monarquía tradicional y social de los Reyes Católicos (ideas todas ellas verdaderamente próximas a Franco): éste prologó en 1945 las obras completas de Pradera, y en las notas de su archivo quedó un apunte en que aludía a su amistad con el político vasco-navarro[7]. El pensamiento de Franco tenía puntos de efectiva coincidencia con el de Pradera; apenas si creyó en otra cosa que en aquellas ideas y, por supuesto, en la virtualidad de su régimen y en la legitimidad del Dieciocho de Julio.

Lograda la victoria, el 1 de abril de 1939, el régimen de Franco basculó inevitablemente hacia las potencias fascistas que habían apoyado decididamente el levantamiento militar. Ello se reflejó, al menos, en los siguientes puntos:

1. Política exterior de amistad y cooperación con Italia y Alemania. El 27 de marzo de 1939 España se adhirió al pacto anti-Komintern, adhesión renovada por cinco años en 1941; el 31, firmó un tratado de amistad con Alemania; el 8 de mayo, abandonó la Sociedad de Naciones; el 31 de mayo, una delegación española, encabezada por Serrano Súñer, visitó Italia, y otra, de la que formaban parte varios militares prestigiosos (Aranda, Alonso Vega, Solchaga, García Valiño, Yagüe), Alemania. El ministro italiano de Exteriores, Ciano, visitó España en julio de 1939; al año siguiente, en octubre, lo hizo el jefe nazi Himmler.

2. Reforzamiento del poder de la Falange en el aparato del Estado y en la vida social. La afiliación a Falange subió vertiginosamente desde el final de la guerra: pronto contaría con unos 650.000 afiliados. La Sección Femenina, el Frente de Juventudes y el Sindicato de Estudiantes Universitarios —instituciones falangistas— sirvieron de vehículo de encuadramiento de distintos sectores de la sociedad. La Falange se constituyó desde el primer momento como la columna vertebral de la Organización Sindical, creada en 1940; la Prensa, la radio y la propaganda oficial quedaron en sus manos. El ritual falangista (la camisa azul, el saludo fascista, el ¡arriba España!, el apelativo de camarada, la bandera negra y roja, el yugo y las flechas, el Cara al sol) adquirió categoría oficial. Del 20 al 30 de noviembre de 1939, el Estado organizó un impresionante espectáculo para trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera de Alicante a El Escorial. El 10 de agosto de 1939 Franco nombró nuevo Gobierno: su cuñado Serrano Súñer, el hombre de Italia, que había hecho de aquella nueva Falange de la posguerra la base de su creciente poder político, se convirtió en el verdadero hombre fuerte del nuevo Gabinete (por más que éste siguiera la fórmula franquista de equilibrio y concentración: había, además, ministros contrarios a Serrano, en especial los militares, y sobre todo el del Ejército, general José Enrique Varela). El 17 de octubre de 1940 Serrano acumuló a sus cargos de ministro de la Gobernación y presidente de la Junta Política de FET y de las JONS la cartera de Exteriores. De 1940 a 1945 se reforzó la presencia falangista en el Consejo Nacional del Movimiento.

3. Política económico-social, definida por criterios de autarquía, estatalismo y corporativismo. Las ideas elementales de Franco en materia económica coincidían con los ideales autárquicos de los ideólogos de su régimen. En un discurso que había pronunciado el 5 de junio de 1939 ante el Consejo Nacional de FET y de las JONS ya había dicho que el triunfo de la revolución nacional-sindicalista constituiría «el triunfo de unos principios económicos en pugna con las viejas teorías liberales». La consigna que allí propuso —«producir, producir, producir»— era inequívoca: Franco quería aumentar la producción nacional y restringir las importaciones para fomentar el empleo y reducir la deuda exterior[8]. En febrero de 1940, visitó Puertollano (Ciudad Real), en torno a cuya cuenca de carbón se crearía en 1942 un gran complejo industrial, uno de los primeros símbolos del esfuerzo autárquico del régimen; el 24 de enero de 1941, se estatalizaron las compañías de ferrocarril y se creó la Renfe; el 30 de septiembre de ese año, se creó el Instituto Nacional de Industria —inspirado en modelos italianos (a cuyo frente Franco puso a su amigo Juan Antonio Suances)—, la fachada, pronto gigantesca y costosísima, del esfuerzo industrializador del Estado. Desde agosto de 1937 funcionaba un Servicio Nacional del Trigo por el que el Estado regulaba la producción cerealística; en 1939 se creó la Comisaría General de Abastecimientos y Tasas, y al año siguiente, la Fiscalía de Tasas: el Estado pasaba a controlar el abastecimiento y los precios de los artículos de consumo. Una ley de 26 de enero de 1940 estableció la unidad sindical, y en diciembre se creaban los sindicatos verticales, también de inspiración fascista. Franco probablemente veía en ellos simplemente un instrumento de conciliación laboral que superase la lucha de clases, sobre la que sus experiencias en la conflictiva Asturias (en 1917-1920 y en 1934) le habían sensibilizado. Eran mucho más: eran el instrumento de integración de la clase obrera y de la iniciativa empresarial al servicio de los intereses totalitarios del Estado. Toda la economía había quedado subordinada a la política, de acuerdo con los modelos de las potencias del Eje.

4. Acción represiva permanente. Leyes como las de Responsabilidades Políticas (de 1939), Represión de la Masonería y el Comunismo (1 de mayo de 1940) y Seguridad del Estado (1941) y otras establecieron las bases de un duro sistema represivo y policial sobre el que se fundamentaría la estabilidad y la continuidad de la dictadura de Franco. Además de los 300.000 exiliados de la guerra, entre 1939 y 1945 sufrieron penas de prisión otras 300.000 personas; una cifra difícil de precisar —entre 28.000 y 200.000, según las estimaciones— fue fusilada en el mismo tiempo (la disparidad de cifras se debe a los distintos criterios usados por los autores. La cifra de 28.000, que es la más baja de las esgrimidas —calculada por Ramón Salas Larrazábal—, supondría que hubo unos 10 fusilados en todos y cada uno de los días de los siete años comprendidos entre 1939 y 1945)[9]. Franco, que no era un hombre temperamentalmente violento, ejecutó la represión de forma serena e implacable, como si se tratara del cumplimiento de un deber. Introdujo el sistema de redención de penas por el trabajo: centenares de prisioneros políticos trabajaron en las obras del Valle de los Caídos, iniciadas en 1940 y terminadas en 1959, un gigantesco mausoleo que a la memoria de los caídos del bando vencedor construyó Franco en la sierra de Madrid, como una réplica de la basílica de El Escorial de Felipe II. Hubo, también antes de 1945, varios indultos, pero no la amnistía general y generosa que hubiera sellado la reconciliación nacional y liquidado la guerra civil. En 1945, la población reclusa había disminuido a 39.527 personas —había sido de 270.719 en 1940—, cifra todavía superior a los niveles usuales en tiempo normal en España (niveles no alcanzados hasta 1950): de esa cifra, los presos políticos se aproximarían a los 17.000.

5. Reforzamiento del caudillaje de Franco. Franco —cuyo tipo de mando tendría su base teórica en escritos como la doctrina del caudillaje, del profesor Javier Conde, que se publicó en 1942— retenía las jefaturas del Estado, del Gobierno y del Movimiento (FET y de las JONS), el mando de las Fuerzas Armadas y el poder legislativo del Estado, como ratificó la nueva ley de la Jefatura del Estado de 8 de agosto de 1939. Ni la creación del Consejo de Estado en 1940 —órgano asesor— ni la de las Cortes en 1942 alteró esa situación. La ley de Cortes (17 de julio de 1942) decía que continuaba en la jefatura del Estado la potestad de dictar normas jurídicas de carácter general —esto es, leyes, decretos, etcétera—. Franco creó las Cortes como un instrumento de colaboración con sus funciones, no como una Cámara legislativa que limitara su poder.

De forma que no le faltaba razón a don Juan de Borbón cuando, en su manifiesto de Lausana de 19 de marzo de 1945 —probablemente el documento que irritó más a Franco en los cuarenta años de su mandato—, dijera que el régimen implantado por el general Franco se había «inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje», esto es, Alemania e Italia[10]. Lo estuvo. En concreto, al estallar la II Guerra Mundial, el 4 de septiembre de 1939, la España de Franco estuvo con Alemania, y, desde que en 1940 —el 10 de junio— Italia entrara en la guerra, España estuvo inequívocamente al lado de las dos potencias totalitarias.

Y, sin embargo, España no entró en la guerra, decisión que el régimen de Franco siempre subrayaría como uno de los grandes aciertos históricos de su caudillo. España declaró el 4 de septiembre de 1939 su neutralidad ante el conflicto; optó por la no beligerancia —un paso más allá de la simple neutralidad— el 12 de junio de 1940 y retornó a la neutralidad en octubre de 1943.

La no intervención española en la guerra fue el resultado de la combinación de una serie de factores —estratégicos, diplomáticos y económicos—, muchos de los cuales fueron ajenos a la voluntad y a los deseos de los dirigentes españoles y, por tanto, de Franco mismo. Para Franco, que hubiera querido un largo período de paz y estabilidad que le permitiera la reconstrucción de su país; que quería, no obstante su alineación con el Eje, la colaboración con la comunidad internacional, y que había firmado ya en 1940 sendos acuerdos comerciales con el Reino Unido y Francia, la guerra mundial fue un grave contratiempo. Probablemente, ni él ni sus colaboradores más responsables (y en primer lugar Serrano Súñer, artífice, con Franco, de la política exterior hasta agosto de 1942) quisieron que España entrara en la guerra. Por eso España proclamó la neutralidad en 1939; Franco, incluso, se dirigió a las potencias para impedir la desaparición de Polonia.

Pero cuando, entre abril y junio de 1940, Alemania invadió Europa occidental y forzó la capitulación de Francia, los dirigentes españoles debieron pensar que era o conveniente o inevitable que España entrara en la guerra. España no declaró la guerra a Francia ni al Reino Unido —como hizo Italia—, ni atacó a Francia en el norte de África, como llegó a pensarse. España se limitó a ocupar Tánger —el 14 de junio de 1940— y a declarar su no beligerancia. Pero, al tiempo, Franco tomó en junio mismo la iniciativa de explorar cerca de Hitler la respuesta que hallaría una oferta —de la que fue portador el general Vigón— que contemplara la entrada de España en la guerra a cambio de sustanciosas ayudas militares y económicas, Gibraltar y un apreciable incremento de los dominios españoles en África.

Fue el desinterés alemán en la oferta española lo que cambió los planteamientos de la diplomacia franquista. Alemania no creía que España estuviera en condiciones de incorporarse eficazmente a la guerra; de interesarle algo de España, le interesaba que Franco diera vía libre al paso de tropas alemanas en caso de decidirse por atacar Gibraltar. Alemania, además, juzgaba desorbitadas las exigencias españolas en Marruecos y prefirió —lo mismo recomendó Italia— que no se alterara en beneficio de España el equilibrio hispano-francés en el norte de África, a fin de no malograr la cooperación del régimen colaboracionista francés, establecido en Vichy, en junio de 1940, por el mariscal Pétain.

A partir de ahí, Franco optó por una política que se aproximó bastante, precisamente, al attentisme —política de espera— de Pétain: por una política que combinara la amistad inequívoca con Alemania —de la que se hicieron portavoces Serrano Súñer, la Falange y la Prensa oficialista— y el aplazamiento indefinido de la decisión de entrar en la guerra a menos que Alemania accediera a las contrapartidas exigidas por España. Ésa fue la postura que Serrano Súñer defendió ante Hitler y Ribbentrop en la visita que hizo a Alemania en septiembre de 1940 —cuando todavía no era ministro—, la que mantendría Franco en la reunión que celebró con Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 y la que reiteraría Serrano en posteriores reuniones que hubo de sostener con los líderes nazis[11].

En la biografía de Franco, aquella entrevista de Hendaya con Hitler fue una fecha decisiva. Desmontado todo el artificio que la hagiografía franquista montaría en torno a ella —y al que Franco no se sumaría: guardó siempre una gran discreción sobre el asunto—, lo esencial de la reunión fue que Hitler y Franco no se entendieron —aquél se llevó una pésima impresión del general español—, que Franco expuso al Führer las aspiraciones españolas en África y las necesidades que España tenía en alimentos y armas y que Franco y Serrano redactaron —la misma noche del 23 de octubre, ya en San Sebastián— un protocolo por el que España se adhería a la alianza militar de Alemania, Italia y Japón y se comprometía a entrar en la guerra, pero reservándose la decisión sobre la fecha de entrada. En Hendaya, Hitler no forzó una decisión española, y es ocioso preguntarse qué habría hecho Franco si el führer hubiera accedido a sus exigencias. Hitler siguió prefiriendo asegurarse la colaboración con la Francia de Pétain; le bastaba una España neutral, pero leal y amiga, y esa lealtad y amistad se las había reiterado Franco, una vez más, en Hendaya. Quedaba en el aire la posibilidad de una operación alemana sobre Gibraltar, algo que Hitler había contemplado reiteradamente desde que comenzara la batalla de Inglaterra en agosto de 1940 y que, de ultimarse, habría colocado a España ante una opción dificilísima; pero en diciembre Alemania aplazó esa operación, y pronto, en la primavera de 1941, la ofensiva contra la URSS desplazaría sus preocupaciones bélicas lejos de España (a lo que ya había contribuido el ataque de Italia a Grecia, cinco días después de Hendaya).

No era, por tanto, cierto que Franco —y Serrano— hubieran preservado en Hendaya la neutralidad española[12]. Pero habían, en cualquier caso, evitado contraer un compromiso irreversible, y a partir de ahí la posición española —en la que influirían las opiniones del oscuro y cauteloso Carrero Blanco— iría haciéndose cada vez más firme. A esa firmeza contribuyó, finalmente, un factor decisivo: la política de ayuda condicionada que, en el suministro de alimentos y petróleo, siguieron para con España, desde que estallara la guerra, el Reino Unido, primero, y Estados Unidos, después. El Reino Unido, que había establecido un bloqueo marítimo internacional contra Alemania, utilizó el arma de la concesión de permisos de circulación (navycerts) de buques con trigo y gasolina destinada a España para presionar a ésta y forzarla a preservar su neutralidad; Estados Unidos usó el arma del petróleo con el mismo fin.

España dependía de esos suministros para vivir. No podía querer la guerra. Por ese motivo, iría exagerando progresivamente sus peticiones, como táctica dilatoria, a medida que aumentaba la presión alemana. Ésta se hizo más evidente a principios de 1941 (aunque la irritación alemana por la ambigua actitud de España —reflejada, por ejemplo, en la carta de Hitler a Franco de 6 de febrero de 1941— no llegó a traducirse en un verdadero ultimátum). Alemania pidió la mediación de Italia. Franco se entrevistó con el líder italiano en Bordighera el 12 de febrero de 1941; la entrevista fue muy cordial; Mussolini entendió los argumentos españoles y salió con la certeza de que Franco no podía ni quería ir a la guerra. Franco se había reafirmado en sus argumentos[13]. Volvería a hacerlo en la carta que envió a Hitler el 26 de febrero, en la que insertó una reflexión nueva: indicaba a Hitler que la toma de Gibraltar sería inútil sin la ocupación previa de Suez, en el otro extremo del Mediterráneo.

«Nosotros tres, el duce, usted y yo, estamos unidos por la más implacable fuerza de la historia», le había dicho Hitler a Franco en la carta de 6 de febrero de 1941.

Franco era probablemente de la misma idea; siempre conservó un grato recuerdo de Mussolini y siempre pensó que éste y Hitler habían elevado sus países con energía, autoridad y patriotismo, como le comentó mucho después —veinte años más tarde— a Franco Salgado-Araújo. Pero era claro que Franco no pensaba ya que aquella «implacable fuerza de la historia» suponía que España entrara en la guerra. Hitler debió entenderlo así, porque a partir de entonces no insistiría. Le constaba la lealtad española: los puertos españoles sirvieron como puntos de suministro de los submarinos alemanes lo mismo en 1940 que en 1941; la amistad entre ambos países se traducía en una abundante presencia alemana en España.

Franco hizo más. El 28 de junio de 1941, sólo seis días después de que Alemania atacara a la URSS, España —tras una campaña de prensa verdaderamente beligerante— creó la División Azul: unos 18.000 voluntarios españoles, mandados inicialmente por el general Muñoz Grandes, que había sido ministro en el Gobierno de 1939, lucharían hasta 1944 en el frente soviético al lado de las tropas alemanas. La decisión irritó a los aliados occidentales —que restringieron los suministros a España—, tanto más a la vista del imprudente discurso del propio Franco, el 17 de julio, ante el Consejo Nacional del Movimiento, en que se jactó de que los aliados habían perdido la guerra y mencionó sospechosamente la deuda de sangre que España tenía para con sus «camaradas del Eje».

La presión anglosajona —que administraban en Madrid con suma habilidad los embajadores Hoare y Weddell— surtió efecto[14]. España sólo enviaría la División Azul: la diplomacia española desarrollaría, para tranquilizar a las democracias occidentales, la «teoría de las dos guerras», una argucia hábil, aunque poco aceptable —la URSS era aliada de Occidente—, que explicaba que España era beligerante contra el comunismo —como venía siéndolo desde la guerra civil— y neutral en la contienda entre el Eje y el mundo occidental. En diciembre de 1941 —tras el ataque japonés a Pearl Harbour y la entrada de Estados Unidos en la guerra mundial—, las dos guerras serían tres, en dos de las cuales (la del Pacífico y la europea) España no entraba: el 18 de diciembre, España se ratificó en su posición de «no beligerancia».

La ambigüedad española era flagrante. Franco volvió a provocar una nueva sacudida de indignación en el mundo occidental cuando el 14 de febrero de 1942 ofreció en Sevilla un millón de voluntarios para defender Berlín en caso de que cupiera una victoria comunista, y sin embargo, probablemente, Franco había aprovechado la entrevista que en Sevilla mismo celebró con Oliveira Salazar para usar la conexión portuguesa —aliada tradicional del Reino Unido— como puente hacia los aliados.

Esa ambigüedad no era sino la exposición de las evidentes contradicciones en que se movía el régimen de Franco, que harían eclosión en 1942 a través de una serie de hechos notables y a los que no eran ajenos ni las consecuencias de la guerra mundial ni las disensiones en el interior del franquismo. Brevemente, esos hechos fueron: la aparición del descontento de los monárquicos, la caída de Serrano Súñer, el comienzo del retorno hacia una neutralidad estricta en política exterior (como primer paso hacia una neutralidad benévola hacia los aliados, que no llegaría, sin embargo, hasta 1944). Nada de eso alteraría ni la naturaleza del régimen de Franco ni su posición de poder personal al frente del mismo, pero se abrirían nuevos frentes de problemas que, lógicamente, determinarían las decisiones del caudillo.

El descontento monárquico no era sino la consecuencia lógica del desencanto que producía la no restauración de la monarquía. En diciembre de 1939, Franco había criticado el sistema bicéfalo que, en su opinión, había esterilizado la dictadura de Primo de Rivera. Sólo envió un escueto telegrama cuando murió Alfonso XIII, en Roma, en febrero de 1941 (aunque declaró luto oficial de tres días). En Barcelona, el 28 de enero de 1942, en el curso de uno de sus viajes triunfales, había dejado pocas dudas sobre su punto de vista: «Nosotros no dijimos nunca», puntualizó, «que fuéramos a restablecer la España que trajo la República ni la España que perdió los pedazos más grandes de nuestra patria». Estaba claro; Franco no pensaba restaurar la monarquía liberal que presidiera Alfonso XIII hasta 1931 y cuyos derechos heredaba su hijo don Juan.

El conflicto parecía inevitable. Franco sabía que, tanto en 1941 como en 1942, había habido contactos entre la embajada británica y significados militares monárquicos (como los generales Aranda, Kindelán, Orgaz y otros); se dio como cierto que, en caso de que los alemanes ocuparan la Península, el Reino Unido apoyaría la formación de una junta militar presidida por el general Aranda con vistas a una restauración de don Juan y a la formación de un régimen liberal y neutralista: en agosto de 1942, los dos políticos monárquicos más significados en aquellas conspiraciones —mejor: tentativas y especulaciones—, Sainz Rodríguez, ex ministro, y Eugenio Vegas Latapié, tuvieron que exiliarse. El 12 de mayo, Franco había tomado la iniciativa de escribir a don Juan —establecido en Lausana— y de decirle claramente que la revolución que él y la Falange patrocinaban no eran compatibles con la restauración de la institución monárquica, y de asegurarle que no existía en España sentimiento monárquico alguno (lo que probablemente era cierto).

Don Juan no contestó de inmediato; lo hizo el 11 de noviembre de 1942 —días después de producirse el desembarco aliado en el norte de África—, en unas declaraciones a un diario de Ginebra. Eran unas palabras breves, pero contundentes, que suponían, además, un claro desafío a Franco: don Juan afirmaba el papel conciliador y abierto de la monarquía y se definía a favor de una «absoluta neutralidad» en la guerra. Y todavía fue más explícito en la carta privada que escribió a Franco el 8 de marzo de 1943. Don Juan calificaba como «ominoso desamparo» para España la situación creada por «la vinculación exclusiva del poder en una sola persona sin estatuto de base jurídica institucional» —por la dictadura personal de Franco, en otras palabras—; le apremiaba a restaurar la monarquía y rechazaba con firmeza la idea de identificarse con el programa de FET y de las JONS que le había sugerido Franco en su primera carta. Don Juan se reafirmaba en su doble tesis de la monarquía como régimen de la reconciliación de los españoles y de la monarquía como garantía de la estricta neutralidad española que la situación internacional exigía.

A Franco debió indignarle la carta de don Juan. Su contestación fue una carta —de 27 de mayo de 1943— áspera, colérica en algunas expresiones, arrogante y clarísima. Franco puntualizaba a don Juan que el jefe del Estado era él —Franco—, y don Juan, un simple pretendiente al trono: le advertía contra los colaboradores que le rodeaban (entre los que figuraba ya destacadamente José María Gil-Robles); le recordaba que la monarquía había presidido siglo y medio de decadencia y conflictos políticos y civiles; censuraba la conducta que Alfonso XIII, padre de don Juan, había tenido con Primo de Rivera en 1930; dejaba claro que su régimen no era ni provisional, ni aleatorio, ni partidista, sino un movimiento de salvación nacional, y, finalmente, le señalaba que su política internacional —neutralidad en el conflicto europeo, «no beligerancia» en el Mediterráneo, intervención en el frente soviético— era lo que exigían los intereses de España.

El diálogo entre Franco y la monarquía aparecía, por tanto, como imposible. Era más que probable que, desde entonces, Franco hubiera descartado a don Juan como candidato, en el hipotético caso de una futura restauración monárquica. Desde 1942-1943, don Juan representó para Franco la monarquía liberal y constitucional que él rechazaba por completo. Probablemente no había descartado una solución monárquica; pero, de pensar en algo, pensaría ya en el tipo de monarquía católica, social e inspirada en los ideales del Dieciocho de Julio, que le había perfilado, por primera vez, Carrero Blanco en un informe fechado el 28 de septiembre de 1942. En todo caso, la decisión definitiva habría de esperar hasta 1969. A corto plazo, lo que hizo Franco —además de contestar con dureza a don Juan— fue proceder con las dosis de prudencia y habilidad que ya empezaban a ser proverbiales en su conducta de gobernante: de los militares monárquicos, sólo destituyó —como director de la Escuela Superior del Ejército— a Aranda (y le sustituyó, además, por otro significadísimo militar monárquico, el general Kindelán); conocidos monárquicos fueron nombrados procuradores en las Cortes creadas en 1942 e inauguradas el 20 de marzo de 1943.

Esa política de atracción tendría, sin embargo, frutos relativos. La «cenagosa charca de la vida política» —como diría Franco, con expresiva y reveladora franqueza, el 17 de julio de 1943— se había revuelto. El 5 de junio, 27 de esos procuradores —y a la cabeza de ellos, el duque de Alba— le habían planteado, en términos exquisitamente respetuosos, la restauración de la monarquía. El 15 de septiembre, después de la caída de Mussolini, del desembarco aliado en Calabria y de la rendición de Italia, el general Varela (que hasta un año antes había sido su ministro del Ejército) le entregó una carta firmada por él y otros siete tenientes generales de indudable prestigio y autoridad (Orgaz, Dávila, Kindelán, Solchaga, Saliquet, Monasterio y Ponte. Faltaba Aranda, que, roto todo vínculo con el régimen, estaba ya en contacto con elementos de izquierda). En el escrito le preguntaban, «con lealtad, respeto y afecto», si no estimaba, como ellos, «llegado el momento de dotar a España de un régimen estatal» de acuerdo con la «forma monárquica».

Pero Franco estimaba que ese momento no había llegado. No les hizo caso, pero no tomó medida alguna contra ellos: los recibió separadamente y, combinando gestos de autoridad con muestras de afecto y camaradería, deshizo el potencialmente peligroso desafío[15].

Sin una decidida acción militar, la restauración monárquica era imposible. Porque la situación de Franco en el interior de su régimen —con independencia de los problemas que le planteara la coyuntura de la guerra— era cada vez más sólida. Franco jugó con indudable habilidad en las dos crisis políticas que se le plantearon en 1941 y en 1942: ambas llevaron a un sensible reforzamiento de la base de su poder y fueron esenciales en el proceso de control desde arriba —desde Franco— de las distintas instituciones del Estado que se operó en España.

La crisis de mayo de 1941 se desarrolló en dos tiempos. El día 5, Franco había nombrado al general Valentín Galarza como ministro de la Gobernación, nombramiento lógico, dado que Serrano Súñer regentaba al tiempo aquel ministerio y el de Exteriores. Pero como el nombramiento provocara cierta impaciencia en la Falange —expresada en un sarcástico artículo contra el nuevo ministro aparecido en el diario falangista Arriba el día 18 de mayo—, Franco procedió a reajustar su Gabinete y dar entrada en el mismo, como compensación, a tres conocidos falangistas: José Antonio Girón de Velasco, José Luis de Arrese y Miguel Primo de Rivera. E hizo más: destituyó a los responsables del control de la Prensa y propaganda del régimen —Dionisio Ridruejo y Antonio Tovar, dos jóvenes intelectuales del neofalangismo vinculado a Serrano—, en razón de las opiniones aparecidas en Arriba. El nombramiento de Galarza había dado satisfacción a los militares, en cuyos círculos se resentía el formidable poder que Serrano había acabado por adquirir desde 1937; la entrada de los tres ministros falangistas favorecía a la Falange, pero a los sectores no serranistas de Falange y cuyas señas de identidad no eran ya sino la lealtad inquebrantable a Franco. Serrano perdía, además, el control de la Prensa y la propaganda: en agosto de 1941, Franco promovía a esos cargos a otros dos hombres del franquismo puro, Gabriel Arias Salgado y Juan Aparicio. Un mes antes había destituido al independiente jefe de los sindicatos, Gerardo Salvador Merino, y lo había reemplazado por otro camisa vieja falangista, Manuel Valdés; en noviembre suprimió los servicios nacionales de Falange —especie de Administración paralela— y los integraba en tres vicesecretarías del Estado.

El aislamiento de Serrano —enfrentado con los militares y con la Falange franquista de Arrese, el nuevo secretario general del Movimiento— se hizo aún mayor a lo largo de 1942 (se llegaría incluso a decir que buscaba la aproximación de los monárquicos, cuando había sido él uno de los hombres más contrarios a la restauración). En agosto se produciría el incidente más grave que hasta entonces había conocido el nuevo régimen. El día 15, unos jóvenes falangistas arrojaron dos bombas a la salida de una ceremonia religiosa organizada por los tradicionalistas en Bilbao —en la basílica de Begoña— y que presidía el ministro del Ejército, el general Varela, hombre tenido por anglófilo y monárquico, antiserranista y ligado al carlismo por sus vínculos matrimoniales. Varela denunció el atentado como un ataque al Ejército; exigió —y logró— el fusilamiento de uno de los jóvenes falangistas detenidos.

Franco no perdió la serenidad ante unos incidentes que amenazaban con producir graves tensiones entre el Ejército y la Falange, y entre carlistas y falangistas. Apareció en público —en Galicia, donde veraneaba— con el ministro Arrese, reprendió telefónicamente a Varela por el giro que había dado a los acontecimientos y no hizo nada en quince días. Pero el 3 de septiembre tomó una decisión espectacular. Destituyó a Varela —y le sustituyó por otro de sus mejores colaboradores en la guerra, el general Asensio Cabanillas— y a Galarza, el ministro de la Gobernación que no había impedido el atentado, sustituyéndole por un hombre duro, no vinculado a ninguna facción política, Blas Pérez (que regiría el Ministerio del Interior hasta 1957). Es decir, destituyó a dos militares y, por indicación de Carrero Blanco y como compensación, cesó a Serrano Súñer, de quien Franco no había pensado, al parecer, prescindir, sustituyéndole por el general Gómez Jordana, hombre moderado y discreto, que ya se había manifestado como neutralista y que daría una nueva orientación a la política exterior del régimen de Franco. Era la primera vez que Serrano no figuraba en el Gobierno desde 1938. El nuevo Gobierno —que hasta 1945 no sufriría otra modificación que la incorporación de José Félix de Lequerica al fallecer Jordana en 1944— era más homogéneo que el anterior y, sobre todo, era un instrumento servicialmente obediente al caudillo. A Franco no le gustaban las personalidades dinámicas e independientes como su cuñado Serrano Súñer[16].

Serrano había salido del Gobierno por cuestiones de política interior, ya que su política exterior había sido la de Franco, por más que luego interesara al régimen echar sobre sus espaldas la responsabilidad exclusiva de la indudable germanofilia del franquismo en los años 1939-1942.

Con la entrada de Jordana no cambió la política española de amistad con Alemania e Italia (aunque ésta, tras la caída de Mussolini, en julio de 1943, acabaría por desaparecer del horizonte diplomático español: Franco no reconoció a la República social de Salò, el régimen títere que Mussolini, con ayuda alemana, creó en el norte de Italia). La División Azul aún siguió en el frente; dirigentes españoles continuaron visitando Alemania con alguna frecuencia; los intercambios comerciales entre ambos países siguieron teniendo todavía un nivel desusadamente alto: sólo el valor de las exportaciones de wolframio, que había sido de 2,1 millones de pesetas oro en 1940, ascendió a 200 millones en 1944. Pero la etapa Jordana (1942-1944) quedaría definida por la preocupación del ministro por aproximarse a los aliados occidentales y, en particular, a Estados Unidos, aproximación tanto más necesaria cuando en el verano de 1942 quedaron perfilados los distintos planes de operaciones para un desembarco aliado en el norte de África: la posibilidad, por ejemplo, de que Canarias pudiera ser objetivo marginal en aquél no quedó despejada hasta finales de septiembre.

Los aliados occidentales, dada la importancia que Gibraltar tenía para cualquier operación en el norte de África, concedían un especial interés a que España se mantuviera estrictamente neutral. Fue el embajador norteamericano Carlton J. Hayes, llegado en junio de 1942, a quien correspondía la misión de conseguirlo[17], y de nuevo el arma de los suministros resultaría decisiva. Oficialmente, España no abandonaría la «no beligerancia» y no retornaría a la «neutralidad» hasta octubre de 1943. Pero a corto plazo aquella voluntad recíproca de aproximación dio sus frutos. El 2 de noviembre de 1942, Hayes comunicó a Jordana que Estados Unidos no violaría la soberanía de España ni de sus colonias; el día 8 entregaba a Franco una carta del presidente norteamericano, Roosevelt, en la que, en términos muy cordiales, aquél garantizaba al generalísimo que el territorio español no se vería afectado por el inminente desembarco aliado en el norte de África.

El desembarco tuvo lugar, en efecto, ese mismo día. Tres días después, Alemania ocupó toda Francia, pero no llegó a pensarse en serio en hacer otro tanto con España y atacar Gibraltar. Ambos bandos estaban igualmente interesados, por distintas razones, en la neutralidad española: eso fue lo que en última instancia salvó a España, sin que ello suponga prejuzgar el mérito —o el demérito— que pudo acompañar la acción de los dirigentes y los diplomáticos del régimen de Franco. Franco así debió creerlo. Supo, al menos, que la decisión última no estaba en sus manos: la noche del 7 al 8 de noviembre de 1942, cuando aún no había recibido la carta de Roosevelt, la pasó rezando[18].

Franco creyó entender que su nueva posición le abría posibilidades de mediación en el ámbito internacional. Inseguro todavía acerca del resultado militar de la guerra —hasta 1944 no llegó a convencerse de que Alemania la perdería—, Franco intentó promover, en los primeros meses de 1943, una iniciativa de paz de los países neutrales. La fundamentó en uno de sus argumentos favoritos: que la Unión Soviética de Stalin constituía el verdadero peligro para el mundo occidental y que una Alemania fuerte era necesaria como muro de contención del comunismo.

La propuesta de Franco era, contra lo que pudiera parecer a la vista de lo ocurrido después de 1945, un despropósito: ni los británicos ni nadie podían considerar al país que estaba soportando el mayor esfuerzo de la guerra, y que precisamente entonces —a principios de febrero de 1943— lograba una de las victorias que cambiaban el signo de aquélla (Stalingrado), como un enemigo. La propuesta de Franco —que Jordana reiteró en Barcelona en un discurso el 17 de abril de 1943— levantó las sospechas de los aliados: equivalía a garantizar la supervivencia de la Alemania nazi (sospechas que confirmaban hechos como el acuerdo sobre compra de armas que España suscribió con Alemania en febrero o el nuevo acuerdo comercial que ambos países habían firmado en diciembre de 1942).

Lo que los aliados querían de España se lo expuso claramente Hayes a Franco en la entrevista que celebraron el 29 de julio de 1943, unos días después de la caída de Mussolini: retorno a la neutralidad estricta y retirada de la División Azul. El 19 de agosto, Hoare, el embajador inglés, añadió dos puntos más: el cierre del consulado alemán en Tánger y la supresión de las exportaciones de wolframio a Alemania.

Franco no pareció dispuesto a plegarse de inmediato a las pretensiones de los aliados. Pero con éstos avanzando ya en Italia, con la propia Italia vuelta ahora contra Alemania, en estudio los planes para nuevos desembarcos aliados en Europa, no tenía mucha elección. El 1 de octubre de 1943, el Gobierno español volvió a la neutralidad; el 17 de noviembre disolvió la División Azul (aunque seguiría un pequeño contingente de voluntarios agrupados en una minúscula Legión Azul).

Y sin embargo, los problemas de Franco, lejos de resolverse, casi no habían hecho más que empezar. El propio Franco diría algún tiempo después, el 18 de mayo de 1949, que los momentos más graves que pasó en la guerra lo fueron en los primeros días de 1944. De ser así, ello se debió a:

1. Las presiones de Estados Unidos y el Reino Unido, que llegaron a la anulación total del envío de petróleo, en razón de la negativa española a suspender las ventas de wolframio a Alemania (pero tras lo cual bien pudiera haber habido, como pensó el Gobierno español, una estrategia de tensión que sirviese para justificar, en caso necesario, una eventual invasión en apoyo del proyectado desembarco en Normandía).

2. El temor a que se propiciara en España un movimiento de resistencia guerrillero similar a los de Yugoslavia, Italia, Grecia y Francia.

3. Un nuevo episodio en la tensión Franco-don Juan.

De todo ello, es obvio que el régimen de Franco vio con particular alarma las presiones aliadas. El Gobierno español no pudo hacer otra cosa que capitular. El 3 de febrero, se ratificó en su neutralidad; el 11, pidió a Alemania que disolviera la Legión Azul; el 2 de mayo, se comprometió ante el Reino Unido y Estados Unidos a limitar los envíos de wolframio, a cerrar el consulado alemán en Tánger y a poner coto al espionaje alemán. Los aliados reanudaron los suministros de petróleo. No se realizó más operación en Europa que la Overlord, por lo que no hubo más desembarco que el que se llevó a cabo en Normandía, ya en junio de 1944.

Tampoco hubo foco guerrillero en España; no lo hubo hasta que, liberado el sur de Francia, pudieron equiparse y prepararse en los Pirineos los efectivos necesarios para una operación de aquel tipo; eso no ocurrió hasta el otoño de 1944, en que los comunistas formaron un ejército guerrillero de 12.000 hombres, que penetró en España por el valle de Arán.

A don Juan, Franco le escribió el 6 de enero de aquel año una nueva carta que repetía, básicamente, los mismos argumentos que ya le expusiera el 27 de mayo de 1943, pero que equivalía esta vez a una ruptura de carácter definitivo. Por lo menos, le dejó bien claro lo que él (Franco) pensaba que había ocurrido: que la monarquía abandonó en 1931 el poder; que los militares se levantaron contra la República; que el movimiento no tuvo significación monárquica, sino «española y católica»; que los monárquicos habían sido una exigua minoría en el millón de combatientes de la cruzada. «Por tanto», le aclaraba, «ni el régimen derrocó a la monarquía ni estaba obligado a su reconocimiento». Falto de apoyo que fuera más allá de la simpatía —y eso lo mismo en el Ejército español que en las cancillerías de los aliados—, poco era lo que podía hacer don Juan. Hizo lo único que cabía (y así se lo dijo a Franco en carta de 25 de enero de 1944): expresar públicamente «la total insolidaridad» de la monarquía con el «régimen nacional-sindicalista» de Franco y fortalecer así la legitimidad moral de la monarquía con vistas al futuro de España (los distintos proyectos conspirativos que los generales Aranda, Kindelán y Beigbeder imaginaron entre 1944 y 1946 con vistas a una posible restauración —que contaron con la simpatía de los embajadores británico y norteamericano— nunca tuvieron verdadera entidad operativa).

Franco, por tanto, tras superar aquellos malos momentos de 1944, había dado un nuevo paso en el camino que llevaba a asegurar la supervivencia de su régimen. Por unos meses, éste iba a convivir con los aliados en lo que el embajador Hayes describió como una «neutralidad benévola». Pero aquello era el resultado de una aproximación coyuntural. No suponía ni que tuviese carácter permanente ni que los aliados fueran a tolerar en el futuro la existencia de un régimen que había querido hacer de su caudillo una tercera edición del führer alemán y del duce italiano.

Por ese motivo, Franco iniciaría en el otoño de 1944 una operación de cosmética política que daría a su régimen una fachada más aceptable. El 8 de octubre de 1944 se dirigió por carta a Churchill, el premier británico, que poco antes había tenido palabras de comprensión hacia el régimen español, proponiéndole una alianza sobre la base del anticomunismo, cuestión que siempre preocupó al político británico. El 3 de noviembre de 1944 hizo unas declaraciones a la agencia de noticias United Press en las que, entre otras cosas, negaba que España hubiese sido o nazi o fascista, y en las que manifestaba que, en cualquier caso, el régimen interno español no sería obstáculo para la colaboración con los aliados. Poco después, el ministro Arrese informaba de que se estaba preparando un Fuero de los Españoles; esto es, una especie de declaración que definía los derechos que a aquéllos les correspondían.

Franco iba pronto a comprobar, sin embargo, lo que era el verdadero problema de su régimen (algo que iba a perseguirle a lo largo de sus cuarenta años): que carecía de verdadera legitimidad moral democrática. Pudo verlo ya en la contestación de Churchill a su carta en enero de 1945: le recordaba la influencia alemana en España, las muchas veces que el propio Franco había predicho la derrota de los aliados y la «íntima relación» que había mantenido con Alemania e Italia. Poco después, el 19 de marzo, don Juan publicaba su manifiesto de Lausana, en el que, como se recordará, se decía que el régimen de Franco estaba «inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios del Eje». El 25 de marzo, Franco conocía la opinión que merecía al presidente Roosevelt: «No hay lugar en las Naciones Unidas», había escrito éste en sus instrucciones a su nuevo embajador en España, Norman Armour, «para un Gobierno fundado sobre los principios fascistas». No lo había: el 19 de junio —ya habían muerto Hitler y Mussolini y capitulado Alemania— era rechazada la admisión de España en las Naciones Unidas, cuya conferencia inaugural había comenzado en San Francisco el 25 de abril de 1945.

Bastaba aquello para saber cuál iba a ser la reacción que rodearía al régimen de Franco en el nuevo orden internacional que nacía de la guerra: una reacción de reprobación y aislamiento que culminaría con la resolución condenatoria de la ONU del 12 de diciembre de 1946 y la posterior retirada de embajadores. Antes de esa fecha, Franco había intensificado el ritmo de su estrategia de imagen. El 13 de julio de 1945 había promulgado el Fuero de los Españoles; el 17 concedió una amnistía parcial; el 11 de septiembre suprimió el saludo fascista; el día 18, España evacuó Tánger; el 22 de octubre promulgó la ley de Referéndum Nacional, que contemplaba por vez primera que algunas leyes pudiesen ser sometidas al voto de los españoles.

Lo más significativo fue la formación de un nuevo Gobierno, el 20 de julio de 1945. Y lo fue porque la entrada de Alberto Martín Artajo en el Ministerio de Exteriores y el cese de Arrese como ministro secretario general del Movimiento, cargo que quedó vacante hasta 1951, cambios sugeridos por el almirante Carrero Blanco, significaron una alteración evidente en la identidad y composición del franquismo: marcaron el comienzo de la colaboración del catolicismo político y de la definición del régimen como un Estado católico[19].

No fue sólo la presencia de Artajo. Franco buscaba —y recibía gustosa y espontáneamente— la cobertura de la Iglesia católica. Ésta había estado con Franco, ya lo vimos, desde 1936, a pesar de que algunas cuestiones —la unidad sindical, el caso del nazismo, el nombramiento de los obispos— habían provocado, ocasionalmente, roces y divergencias entre ambos. En 1945, Franco jugaba abiertamente la carta católica (y no lo hacía por otra razón que la de asegurar la supervivencia del régimen, de acuerdo con la consigna que, con cínica crudeza, le dio Carrero Blanco: «Orden, unidad y aguantar»)[20].

Las señales eran inequívocas. Antes de la formación del nuevo Gobierno, el 9 de mayo, el cardenal Pla y Deniel rompía una larga etapa de silencio y hacía pública una pastoral en defensa del régimen; luego, el 28 de agosto, respaldaría el Fuero de los Españoles; el 17 de julio se había aprobado una nueva ley de Enseñanza Primaria inequívocamente volcada a la instrucción católica. El nuevo Gobierno ponía en manos de hombres del catolicismo el control de la Prensa y la censura. El 18 de noviembre de 1945, el papa Pío XII enviaba un elocuente mensaje al pueblo español; en diciembre, el presidente de la institución de la Iglesia Pax Romana, Joaquín Ruiz-Giménez, visitaba Londres y Nueva York en misión equivalente a la de un embajador volante de Franco: encontraría en el cardenal Spellman un influyente defensor del régimen español y de su titular.

El 14 de mayo de 1946, Franco pronunciaba un importante discurso en las Cortes. Lo era esencialmente porque allí expuso la nueva definición que quería para su régimen. La clave estaba en una frase: «A esa democracia convencional», dijo, «nosotros oponemos una democracia católica y orgánica...». La tesis era, por tanto, que el franquismo era también una democracia (aunque orgánica, expresión que Franco ya había usado en unas declaraciones a United Press de 7 de noviembre de 1944): lo configuraban como tal —en palabras de Franco— el Consejo de Estado, el Fuero de los Españoles, las Cortes y la ley de Referéndum. Lo que se quería afirmar era que el régimen español no era una dictadura: que era, como había dicho Franco en una ocasión anterior —el 9 de febrero—, «una solución inédita, social, católica y española».

A eso era a lo que Franco llamaba, con cierto cinismo, «vestir traje democrático». Era poco ropaje, sin embargo, para lograr la homologación internacional que buscaba. Ni el Fuero de los Españoles reconocía los derechos democráticos básicos de libertad de expresión, asociación política, reunión y manifestación; ni las Cortes españolas eran un Parlamento democrático, pues ni siquiera eran electivas, sino designadas; ni la ley de Referéndum instituía un sistema electoral democrático.

La opinión internacional siguió viendo al régimen de Franco como lo que, en realidad, era: un régimen personal, una dictadura —por más que le irritase a Franco—, inspirada en ideas radicalmente divorciadas del espíritu de la democracia liberal. El 1 de marzo de 1946, el Gobierno francés cerró la frontera; el 4, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido hacían pública una nota tripartita en la que las potencias expresaban su esperanza de que los españoles llegaran a encontrar los medios para lograr la retirada pacífica de Franco y la formación de un Gobierno interino que convocara elecciones libres. En abril, los países del Este que tenían relaciones con España las rompieron unilateralmente.

Polonia, en concreto, llevó el caso español a las Naciones Unidas. Su estudio se aplazaría hasta el otoño-invierno de 1946, pero el resultado final podía haberse anticipado desde antes. La nota contra el régimen español que Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS redactaron en Potsdam el 2 de agosto dejó poco lugar a dudas. Y así, el 12 de diciembre de 1946, la Asamblea de las Naciones Unidas votaba por 34 votos contra 6 y 13 abstenciones una moción que condenaba al régimen español y recomendaba la ruptura de relaciones con él.

La resolución comenzó a cumplirse de inmediato. Uno tras otro fueron retirándose de Madrid los diversos embajadores. Lo hicieron todos salvo el representante de Portugal, el nuncio de Su Santidad y los plenipotenciarios de Irlanda y Suiza. Sólo un país desafió el acuerdo de la ONU: Argentina, donde desde el 24 de febrero se había establecido el régimen justicialista del general Perón —que tanto se asemejaba a los sistemas totalitarios del Eje—, nombró al doctor Radío embajador ante Franco.

Era, por tanto, la primera gran derrota que Franco sufría desde el 18 de julio de 1936. La resolución de la ONU declaraba que, «por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general», el régimen de Franco era «un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini». Era un lenguaje muy duro. La resolución expresaba su convicción de que el régimen de Franco le había sido impuesto al pueblo español por la fuerza de las armas y, además de la exclusión de Franco de todos los organismos internacionales, recomendaba que si con el tiempo no se restablecía en España un régimen de libertades, la Asamblea de la ONU tomase medidas al respecto.

Y, sin embargo, Franco no estaba ni con mucho vencido: «A nosotros», había dicho al presidir un acto militar el 16 de febrero de aquel año, «no nos arrebata nadie la victoria». No había permanecido ocioso mientras crecía la presión internacional contra su régimen: su respuesta, además de su apuesta por los católicos y la Iglesia, fue la movilización de la opinión del país en apoyo de su figura, apelando a los resortes del patriotismo y del numantinismo nacionales, y presentando como una conjura contra España lo que en realidad era una condena de su régimen. La estrategia funcionó: más de medio millón de personas aclamaron a Franco en la plaza de Oriente de Madrid el 9 de diciembre, tres días antes de que la ONU votara la resolución condenatoria. No era un plebiscito nacional; pero era la expresión de la amplia adhesión popular que su figura tenía en España. A Franco le bastó para recibir con menos preocupación la votación de la ONU: diría, después, que había pasado aquel día —el día 12— pintando[21].

Es probable que eso fuera sólo una frase arrogante. A Franco no pudo dejar de mortificarle una resolución como la de las Naciones Unidas. El 1 de enero de 1939 le había dicho al periodista Manuel Aznar: «Quiero, sencillamente, decir que yo no aspiro solamente a vencer, sino a convencer. Es más, nada o casi nada me interesaría vencer, si en ello no va el convencer»[22]. Por lo que hacía, al menos, a la opinión internacional, era evidente, en diciembre de 1946, que Franco estaba muy lejos —en las antípodas— de haber visto cumplido su propósito.

4. CENTINELA DE OCCIDENTE

«Tenemos el orgullo de ser la primera nación que se levanta para defender la civilización occidental, amenazada por las ideas de Oriente», había proclamado Franco en la declaración en que anunció oficialmente el levantamiento del Ejército contra la República del 18 de julio de 1936[1]. Como se ha visto, diez años más tarde, la civilización occidental todavía no se lo había agradecido. Nunca lo hizo, y ni siquiera compartió la infatuada tesis del militar español. Pero haría algo que a Franco le bastaba: convivir con él, aceptarle como miembro de la comunidad internacional. No era el reconocimiento de la legitimidad moral del franquismo; era, simplemente, el reconocimiento de su legitimidad de ejercicio.

No era poco. En 1955, aquel Franco al que se había declarado culpable de conspirar, en unión de Hitler y Mussolini, para el desencadenamiento de la guerra, era admitido en la misma entidad —la ONU— que le había condenado y que había dicho que, mientras su régimen permaneciese en el poder, España no podría ser aceptada entre las Naciones Unidas. En el cambio —que supuso la gran victoria de Franco— influyeron diversos factores. Pero lo decisivo fue, sin duda, el apoyo que recibió de dos de los principales pilares de aquella civilización occidental: Estados Unidos y la Santa Sede.

En eso, Franco no tuvo que hacer un gran esfuerzo. Decidieron por él, ciertamente, la coyuntura internacional y la guerra fría. En una situación en que la contención del expansionismo de la URSS pasaba a determinar las necesidades estratégicas del mundo occidental, a Franco le bastó con mostrar su pedigrí: pocos más cualificados que él para el puesto de centinela de Occidente (y así lo entendió su propaganda, que en 1956 publicó con ese título una semblanza biográfica del caudillo escrita por Luis de Galinsoga, con la colaboración de Francisco Franco Salgado-Araújo).

Pero no fue sólo eso. Franco sobrevivió al doble desafío del aislamiento internacional y de la posibilidad de alguna alternativa democrática en el interior. Al doblar el cabo de la década de los cincuenta, su régimen aparecía ya plenamente consolidado, a pesar incluso de sus evidentes fracasos en el orden económico y social. Y lo que era más: Franco apenas si había tenido que hacer concesiones. Al contrario, la evolución política de su régimen se había hecho en las condiciones por él impuestas. El 1 de octubre de 1953 pudo declarar: «Ésta es la hora de la plenitud para nuestra política exterior». Lo era también, como veremos, para su política interior.

En ello tuvo mucho que ver su respuesta a los sucesos de diciembre de 1947, que vimos en el capítulo anterior. Franco y sus asesores —y, ante todo, Carrero Blanco— vieron la necesidad —y la oportunidad— para lanzar una operación política que de una parte hiciese frente a la repulsa internacional y de otra cortase de raíz las aspiraciones de los distintos núcleos de oposición. Aquella respuesta fue la ley de Sucesión de 1947, un nuevo eslabón —tras el Fuero del Trabajo, las Cortes, el Fuero de los Españoles y la ley de Referéndum— en el lento y laborioso proceso de formación de aquella solución inédita que, según Franco, era el franquismo.

La ley de Sucesión era importantísima. Su artículo primero definía, por fin, la forma del Estado salido del 18 de julio: «España», decía, «como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». Franco había optado así por una solución monárquica. Pero la ley reafirmó al mismo tiempo la naturaleza permanente de su poder personal. El artículo segundo proclamaba que la jefatura del Estado correspondía a Franco; el artículo sexto le daba el derecho a proponer la persona que habría de sucederle, bien como rey, bien como regente. La idea de una restauración, por tanto, había quedado descartada. Como Franco declararía el 27 de abril de 1947 a The Sunday Times de Londres, se trataba de la «instauración» de una monarquía de nuevo cuño, no de la restauración de la monarquía anterior a 1931.

Por eso mismo, don Juan no podía aceptar la ley de Sucesión (por más que Franco tratara de lograr su aprobación y despachara a Estoril —nueva residencia del conde de Barcelona desde 1946— a su fiel Carrero Blanco). El 7 de abril de 1947, unos días después de que Franco enviara a las Cortes el texto de la ley y de que anunciara por Radio Nacional de España un próximo referéndum sobre ella, don Juan hizo pública su disconformidad en su resonante manifiesto de Estoril. En síntesis, don Juan rechazaba, en nombre de la legalidad dinástica, la ley de Sucesión y ponía al descubierto lo que tras ella se ocultaba: «Lo que ahora se pretende», decía, «es pura y simplemente convertir en vitalicia esa dictadura personal».

Don Juan tenía razón. Y sin embargo, sus esfuerzos —y los de los demás grupos de la oposición— fueron inútiles. Franco tenía todo el poder en su mano y lo volcó en apoyo de su proyecto. Se orquestó desde la Prensa una verdadera campaña de descrédito contra don Juan; se endureció la represión; no se autorizó la menor disidencia en torno a la ley; se movilizó a la opinión pública (Franco viajó en mayo por distintas provincias; se hizo coincidir la visita de Eva Duarte de Perón —recibida con multitudinarias manifestaciones— con la aprobación de la ley en las Cortes). El 4 de julio, Franco pidió por radio el voto afirmativo en el referéndum. En éste, celebrado el día 6, no se escatimó forma alguna de manipulación y falseamiento electorales. El resultado fue escandaloso: de un censo de 16.187.992 electores habían votado 14.054.026, y de ellos, 12.628.983 —el 78,01%— habían votado afirmativamente. Ésos eran los datos que tenía Franco; por si fuera poco, a la Prensa se le hizo publicar que los votantes habían sido 15.219.563, y los votos afirmativos, 14.145.153[2].

Daba lo mismo. La importancia no estaba en las cifras, sino en la convicción de que el resultado era una evidente victoria política de Franco. No era sólo que lo dijera él —que llegaría a decir que era el acto más trascendente en la historia contemporánea de España, y que todavía el 22 de noviembre de 1966 hablaba de que aquello había sido un refrendo democrático a su régimen—; era que así lo reconocía la misma oposición. Phillip Bonsal —el encargado de negocios norteamericano desde la retirada de los embajadores y la persona que más había laborado, con los generales Aranda y Beigbeder, con vistas a una aproximación entre los monárquicos y los grupos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas— fue el primero en comprenderlo; diría incluso que toda la cuestión de la ley de Sucesión había mostrado una indudable habilidad política por parte de Franco.

Era cierto. La ley, por de pronto, desarboló la alternativa monárquica de don Juan y deshizo la entidad que pudiera tener el Gobierno republicano en el exilio (en todo caso, muy escasa, sobre todo después de que la ONU no le diera su reconocimiento).

Así lo entendieron, separadamente, don Juan y los socialistas exiliados. Entre éstos, Indalecio Prieto, el que fuera uno de sus principales dirigentes en los años de la II República y ministro en distintas oportunidades, impulsó a raíz de la aprobación de la ley de Sucesión una política de colaboración con los monárquicos y de abandono gradual de la alternativa republicana como única posibilidad de lograr el restablecimiento de un régimen democrático. Era la misma política que desde Estoril propiciaba José María Gil-Robles, el antiguo líder de la derecha católica, ministro de la Guerra en 1935 (con Franco a sus órdenes como jefe del Estado Mayor), exiliado en 1936 y pasado al monarquismo juanista en 1942. Prieto y Gil-Robles celebraron conversaciones en Londres —auspiciadas por el Gobierno laborista británico—, y el 30 de agosto de 1948 firmaron un pacto en San Juan de Luz en el que plasmaban los principios que se comprometían a respetar con vistas a una eventual transición a la democracia: lo más importante, la formación de un Gobierno imparcial que convocara un plebiscito sobre la cuestión monarquía-república.

Y sin embargo, el pacto nacía muerto. Don Juan estaba probablemente convencido desde el referéndum del 6 de julio de 1947 de que la línea de ruptura con Franco patrocinada por Gil-Robles estaba abocada al fracaso: ignoraba la realidad de la consolidación del régimen franquista.

Casi al tiempo que Gil-Robles y Prieto suscribían los acuerdos de San Juan de Luz, don Juan se reunía por primera vez con Franco. El encuentro, iniciativa de otros consejeros de don Juan —en concreto, de Julio Danvila—, se celebró el 25 de agosto de 1948 en el yate Azor, en aguas de San Sebastián. Franco y don Juan no simpatizaron, pero pudieron ponerse de acuerdo en que el príncipe Juan Carlos —hijo mayor de don Juan y heredero de la dinastía— estudiara en España. Don Juan optaba así por una vía larga hacia la restauración, la vía que reconocía la necesidad del entendimiento —nunca entusiasta y siempre lleno de reservas— con Franco, y que apoyaba el sector colaboracionista del monarquismo juanista (Julio Danvila, el conde de Ruiseñada, José María Pemán, etcétera, y, desde el catolicismo integrista del Opus Dei, Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez Embid y otros).

Aún restaría algún conspirador monárquico —el general Aranda no renunciaría hasta 1949—, aún habría ocasionales protestas del monarquismo —como la carta que unas 300 personalidades monárquicas entregaron en enero de 1950 al nuevo encargado de Negocios extranjeros norteamericano, Paul Culbertson, protestando por unas afirmaciones pro franquistas del secretario de Estado de su país, Acheson—, aún habría nuevas manifestaciones liberales de don Juan (como su carta a Franco de 10 de julio de 1951) e incluso una candidatura monárquica concurriría a las elecciones locales de noviembre de 1954, para irritación de las autoridades franquistas. Pero desde 1948, Franco sabía que el monarquismo no era sino, como escribió Gerald Brenan en 1950, «una débil fronda de políticos y descontentos de café»[3].

El referéndum de 1947 fue también, probablemente, la señal para la desaparición de otro frente antifranquista. Al menos, poco después, en 1948, los comunistas tomaron el acuerdo de disolver su ejército guerrillero. El balance era mucho más dramático de lo que la sociedad española entonces pudo saber: la Guardia Civil había tenido, desde 1944, unas 500 bajas, y los guerrilleros, unas 4.500, de las que la mitad, aproximadamente, serían muertos. La guerrilla había sido un fracaso: los guerrilleros, aislados en zonas rurales, desconectados de una población atemorizada y cansada de violencia, no hicieron otra cosa que huir de la Guardia Civil.

Franco, por tanto, había hecho en su referéndum de 1947 una maniobra casi impecable. No se había comprometido, además, a nada. No había fallado la cuestión dinástica a favor de la línea de Alfonso XIII, lo que habría creado indudables problemas con el tradicionalismo carlista. A la Falange, presumiblemente antimonárquica, le había ofrecido la posibilidad de un regente, fórmula en adelante siempre grata al falangismo, y, en todo caso, la seguridad de que la futura monarquía no sería una monarquía liberal y democrática. Al catolicismo político le había entregado un Estado que oficialmente era ya un reino católico, además de social y representativo (definición que debió satisfacer al ministro de Exteriores, Artajo, cabeza visible de la corriente católica, cuyo programa personal al incorporarse al Gobierno en 1945 incluía la instauración de la monarquía tradicional)[4].

La innegable habilidad que Franco había mostrado —posibilitada, naturalmente, por la naturaleza autocrática de su poder— tenía un complemento y una contrapartida. El complemento era la prudencia, la cautela de que Franco había dado pruebas sobradas lo mismo en la República, que en la guerra, que durante el conflicto mundial.

La prudencia era, ciertamente, como una segunda naturaleza de Franco, y eso no pudo dejar de traslucirse en su gestión política. Al doctor Soriano, que le atendió en el tratamiento de rehabilitación de la mano izquierda tras el accidente de caza que sufrió en 1961, Franco le dijo que de lo único que presumía era de tener las cualidades del pastor; esto es, «vista larga y paciente». «En mi vida de gobernante», le dijo, «la paciencia, la serenidad y tratar de ver claro lo que asoma por el horizonte me ha proporcionado gran ayuda»[5].

Franco procedió siempre «con la prudencia que aconsejaban las circunstancias», como dijo en las Cortes el 8 de julio de 1964. Esa prudencia le aconsejó que la evolución institucional de su régimen fuese siempre lentísima: veintidós años pasarían antes de que Franco diese cumplimiento a la ley de Sucesión de 1947; hasta 1966, su régimen no tuvo una ley orgánica del Estado; esto es, un ordenamiento jurídico que vertebrase el funcionamiento de su aparato institucional. En eso consistía la constitución «abierta, y no cerrada», de su régimen —en palabras de Franco el 31 de diciembre de 1955—; en eso consistía aquella inercia —«magistral inercia» se diría— de Franco.

Franco alargó y dilató deliberadamente el despliegue institucional de su régimen; por prudencia, desde luego, pero por táctica también: de esa forma eludía y obviaba los problemas que resultaban más intratables. La restauración monárquica, por ejemplo, le habría dificultado sus relaciones con la Falange y con el carlismo; dejar el Estado en manos de la Falange —como quiso Serrano en 1939-1942 y como intentaría Arrese en 1957— le habría enfrentado a monárquicos, católicos (otra idea del programa de Artajo era la desfalangización del régimen), tradicionalistas, a muchos militares e incluso a Carrero Blanco. La inercia de Franco —que quedaría de manifiesto después del referéndum de 1947— tenía una indudable función operativa: no hacía sino reforzar su papel como árbitro y eje esencial y último de la estructura de poder de su régimen. Eso bastaba para justificar los argumentos de quienes pensaban que Franco no tenía otro proyecto político que no fuera el de permanecer; a medida que su inercia y su prudencia se prolongaron, se vería que Franco no había sabido institucionalizar su régimen a tiempo (y no faltarían quienes pensaran y dijeran que no había sabido retirarse a tiempo).

En algo, además, su vista larga y paciente de pastor no vio claro lo que asomaba por el horizonte: ésa era la contrapartida a aquella innegable habilidad política que mostrara. El 14 de diciembre de 1946, dos días después de que la ONU aprobara la resolución condenatoria contra su régimen, Franco publicaba en Arriba, con el seudónimo de Jakim Boor, el primero de una serie de cuarenta y nueve artículos que irían apareciendo entre aquella fecha y el 3 de mayo de 1951, y que Franco recogería en el tercero de sus libros, titulado Masonería (publicado en 1952). Masonería era un libro sorprendente, incomprensible. Lo era que un jefe de Estado de un país moderno, militar brillante y estadista cauteloso, tuviese una visión del mundo y de la política internacional basada en una formidable y obsesiva superchería: en la idea de que toda la historia contemporánea no era sino el resultado de una gigantesca conspiración masónica (dentro de la cual, España era objetivo preferente).

El tema de Masonería era siempre el mismo: masonería y comunismo, historia de las conspiraciones masónicas, orígenes, número y rituales de las logias, la masonería y España, la internacional masónica, etcétera. Franco decía en el prólogo haber desvelado uno de los secretos —«repugnante misterio», escribía— menos investigados en la historia (debió emplear muchas horas en hacerlo: sus artículos mostraban un grado de erudición no desdeñable). Lo que había desvelado es que eran masones casi todos los políticos que en algún momento u otro habían dicho o hecho algo contra su régimen (Roosevelt, Churchill, Truman, Blum, el noruego Trygve Lie, secretario de las Naciones Unidas, blanco principal de las invectivas del caudillo); que toda la política del Reino Unido y Francia desde el siglo XVIII había sido dictada por la masonería; que la masonería perseguía la decadencia de España desde que la introdujera Felipe Wharton —que era, con Trygve Lie, la otra pesadilla del autor del libro— en 1728 (y a su mano se debía todo lo que en España había ocurrido desde entonces: el motín de Esquilache, la expulsión de los jesuitas, la pérdida del imperio, revoluciones y guerras civiles, la ferrerada de 1909, la caída de Maura, los crímenes políticos, etcétera).

Toda esta lucubración alucinada —en la que es muy probable que Franco creyera— tenía, sin embargo, un propósito político: explicar el rechazo internacional de su régimen. «Todo el secreto de las campañas desencadenadas contra España», escribía, «descansa en estas dos palabras: masonería y comunismo»[6]. A Franco, la razón de todo ello le parecía clara: España era el país que había derrotado al comunismo (en la guerra civil) y que, por su catolicismo y lealtad a la Iglesia, había vencido al cáncer masónico. Y no sólo eso. El 19 de agosto de 1949 escribía que «las conjuras» contra España no eran sino un ejemplo —otro le parecía la creación del Estado de Israel— de que el mundo vivía «bajo la dictadura masónica». Las tesis de Franco rayaban a veces en lo delirante: sostenía que existía una conspiración masónica desde los años de la I Guerra Mundial —como respuesta al ascenso de las masas en la vida moderna—, que había conquistado la Sociedad de Naciones en los años veinte, que fue contenida por Hitler y Mussolini (idea que aparecería en el libro en más de una ocasión) y que había recobrado toda su fuerza al caer éstos y crearse la ONU en 1945. En ese momento se había alcanzado, según Franco, lo que él llamaba «el punto más grave y delicado de toda la política internacional», del que sólo él estaba en el secreto. «Masones tan conspicuos como Roosevelt y Churchill», escribía el 2 de julio de 1950, «pactaron con Rusia en Yalta, Teherán y Potsdam». La conclusión le parecía evidente: masonería y comunismo —a Franco, no obstante, aquélla le parecía la más peligrosa— constituían la gran amenaza del mundo contemporáneo.

Afortunadamente, esta interpretación disparatada —que bordeaba lo patológico; que a veces llegaba a la injuria, como cuando decía que Eleanor Roosevelt era, además de «masona», un caso «que en España llamaríamos de marimachos o mujeres machorras»[7]— estaba destinada al consumo interno y no llegó a afectar a la diplomacia franquista (hasta es probable que, aparte de algunas mentes piadosas y Carrero Blanco, nadie leyera en serio la tesis de J. Boor).

El objetivo de esa diplomacia desde 1946 fue la ruptura del aislamiento internacional de España; esa necesidad —esto es, la respuesta a una coyuntura concreta más que al despliegue de un designio previo y propio de acción internacional— es lo que acabaría por transformar la política exterior de España. El propio Franco diría en las Cortes, el 17 de mayo de 1952, cuáles eran las nuevas claves de su política: el Pacto Ibérico con Portugal, los vínculos con América, la amistad con los pueblos árabes y los acuerdos de seguridad con Estados Unidos (entonces en negociación). El cambio era considerable: Franco no hablaba ya de las «reivindicaciones» de España —aquella desorbitada aspiración a reconstruir un imperio en el norte de África que el régimen franquista planteó en 1940—, ni siquiera hablaba de Gibraltar, objetivo al que Franco no renunció, pero que hasta la década de los sesenta no ocuparía un papel central en su política (y algo en lo que él, personalmente, no insistió nunca mucho: creía que la reintegración de Gibraltar sería una cuestión de tiempo y de paciente espera).

Algunas de aquellas claves eran lógicas: con la dictadura portuguesa, el franquismo había logrado un nivel de entendimiento óptimo desde el primer momento; con los países americanos existían vínculos obvios, y algunos de ellos —la Argentina de Perón, en concreto— no habían obedecido la resolución condenatoria de la ONU de 1946.

Con los países árabes, en cambio, la relación no era tan lógica. Franco y sus representantes siempre hablaron de la amistad de España con dichos países: no dejaba de haber algo paradójico en ello. La historia de España había sido definida en parte por la reconquista de los reinos cristianos contra el islam. Además, su Ejército moderno —y el propio Franco— se había forjado luchando contra insurgentes musulmanes en Marruecos. Pero la España de Franco no quiso reconocer en 1948 al Estado de Israel, en parte por alinearse con la diplomacia vaticana, y apoyó a los árabes en la guerra que entonces estalló en Oriente Próximo. En septiembre de 1949, Franco recibía en Meirás al rey Abdullah de Jordania, el primer jefe de Estado que visitaba España desde 1936. Franco había tenido su recompensa: el aislamiento internacional comenzaba a debilitarse[8].

En la relación con Estados Unidos —el país probablemente más hostil a Franco en 1945 y 1946—, la iniciativa no fue española, sino norteamericana; fue la situación internacional de la posguerra lo que movió a Estados Unidos a propiciar una aproximación al régimen español. Franco tuvo pronto una percepción bastante atinada del nuevo orden mundial nacido de la II Guerra Mundial. «Antes de la última guerra mundial», declaró a Le Figaro el 14 de junio de 1948, «fue la era de las rivalidades nacionales... Al egoísmo sagrado de las naciones ha seguido el egoísmo sagrado de los grupos de naciones. A la era de las rivalidades nacionales, la era de las rivalidades entre los grupos de naciones, entre los bloques».

Franco halló su espacio en uno de esos bloques a través de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos de 1953. No necesitó para ello ni rectificación, ni conversión, ni adaptación algunas. «En el anticomunismo está la clave de nuestra política», había dicho el 17 de julio de 1943 ante el Consejo Nacional del Movimiento. Y tenía razón. La lucha contra el comunismo fue siempre uno de los argumentos principales en la justificación del alzamiento de 1936. Era, además, un argumento en el que Franco creía —y en el que creía visceralmente—, con independencia de que en julio de 1936 el partido comunista fuese insignificante en España y de que no fue cierto, como dijeron los sublevados, que los elementos extremistas del Frente Popular preparaban una revolución comunista (bien al contrario, fue el levantamiento popular lo que desencadenó la revolución de la clase obrera que la España republicana experimentó después del 18 de julio y lo que permitió el ascenso del partido comunista hacia el poder). Y no se trataba sólo de España. Franco presentó el movimiento de 1936 como un acto de defensa de la civilización occidental, de Europa. «Luchando contra el comunismo creemos prestar un servicio a Europa», dijo a Le Journal de Génève en diciembre de 1938, «ya que el comunismo es un peligro universal». La tesis del centinela de Occidente estaba, por tanto, implícita en la teoría de la cruzada.

Por eso, Franco pudo ser finalmente aceptado en el bloque occidental (aun a pesar de que era el mismo bloque que le había condenado sin paliativos en diciembre de 1946 y que siempre le tendría en cuarentena). El anticomunismo de Franco no disonaría en la política de contención del comunismo que definió el nuevo presidente norteamericano, Truman, en mayo de 1947 y que recibió el total apoyo de una Europa más que deseosa de que Estados Unidos asumiese el liderazgo y la protección del mundo libre. Franco podría incluso alegar, a la vista de la formidable expansión del poderío soviético entre 1945 y 1950, que los hechos no habían sino confirmado sus argumentos.

Franco no se sumó al anticomunismo de la guerra fría por necesidades de supervivencia o por mero oportunismo: había sido un hombre de la guerra fría antes de tiempo. En su mensaje de fin de año de 1954 pudo decir, con razón, que llevaba veinte años sosteniendo que frente al comunismo soviético no cabía más que la prevención y la defensa. No aceptaría ni la coexistencia pacífica de los años cincuenta ni la distensión posterior. Lejos de disminuir, su anticomunismo fue endureciéndose con los años: esa preocupación apareció, por ejemplo, como particularmente intensa en muchos de sus discursos de los años sesenta. Nunca bajó la guardia: muchas veces se lamentaría de que el bienestar y la secularización (o, en sus palabras, el materialismo y la pérdida de la fe) habían debilitado la capacidad de resistencia del mundo occidental frente a la Unión Soviética.

En los años de la guerra fría (a partir de 1947), por tanto, Franco jugó la carta —el anticomunismo— que mejor se ajustaba a su mentalidad y a sus convicciones más íntimas. Tuvo la excepcional fortuna de que la tensión internacional iba a llevar a Estados Unidos a anteponer las razones de la estrategia de la defensa occidental a cualquier consideración de orden ideológico o político: la fortuna de que Estados Unidos antepusiera el papel que la España de Franco pudiera tener en su estrategia militar a la naturaleza antidemocrática de ese régimen.

El acierto de Franco estuvo en darse cuenta de ello; su responsabilidad, en que antepuso el reconocimiento de su régimen a otras consideraciones (y que por eso llegó a hacer concesiones decisivas en los acuerdos con Estados Unidos, firmados en 1953).

El deshielo hispano-norteamericano comenzó en 1947-1948, y los primeros indicios de ello parecen haber sido, por una parte, el documento que en octubre de 1947 preparara para su Departamento de Estado el diplomático norteamericano George F. Kennan, uno de los formuladores de la doctrina Truman, recomendando que su país debía modificar la política contraria a Franco que venía siguiendo, y, por otra, la visita particular que el almirante Forrest Sherman, jefe de la flota norteamericana en el Mediterráneo, hizo a Madrid en febrero de 1948, base de una relación Sherman-Carrero Blanco ciertamente importante. Entre uno y otro, el 17 de noviembre de 1947, Estados Unidos había votado por primera vez a favor de España, cuando la ONU rechazó por 29 votos contra 16 y varias abstenciones una moción polaca contra el régimen español.

Hasta 1950, sin embargo, las relaciones entre ambos países no entrarían en la recta final del entendimiento. España quedó así, en 1948, fuera del Plan Marshall, el plan de ayuda norteamericano a la reconstrucción de la Europa democrática, precisamente por la naturaleza no democrática del régimen de Franco (que no pudo ni siquiera recibir la aplicación de algunos de los beneficios del plan por rechazar Franco la condición del presidente Truman de que cesasen los obstáculos a la actividad de las religiones no católicas).

En 1950, el deshielo se aceleró desde que el secretario de Estado, Dean Acheson, escribiera, en una carta al senador Tom Connally, aparecida el 18 de enero en The New York Times, que pronto retornaría el embajador norteamericano a Madrid —la ONU no había levantado aún la resolución de 1946— y que no había alternativa a Franco. En ese año fueron ya varios los miembros del Departamento de Estado y del Pentágono que se expresaron o a favor de la concesión de créditos y ayudas a España o que pusieron énfasis en el valor estratégico de aquélla en la defensa del mundo occidental (aunque España no había entrado en la OTAN, creada en abril de 1949).

Del cambio operado fue expresión la decisión del Congreso norteamericano de 1 de agosto de 1950 de autorizar al presidente Truman la concesión a través del Import-Export Bank de un crédito a España por valor de 62,5 millones de dólares: era menos de lo que los promotores de la idea, de la enmienda propuesta por el senador Patrick Mac Carran, querían —un crédito de 100 millones—, pero era la primera vez que el Gobierno norteamericano concedía ayuda económica a Franco (ayudas que, siempre a instancias de Mac Carran, se renovarían posteriormente)[9].

El signo, por tanto, se había invertido. Y no sólo por lo que hacía a Estados Unidos. En febrero de 1948, el Gobierno francés había acordado la reapertura de la frontera (cerrada desde 1946). En la reunión que la ONU había celebrado en París en septiembre de aquel mismo año, quince países latinoamericanos habían presentado una primera moción —que no llegó a votarse— a favor de la admisión de España. En mayo de 1949, la Asamblea General aprobaba una moción de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú que dejaba en libertad de acción a los miembros de la ONU en relación a España, aunque la propuesta no obtuvo los dos tercios necesarios para que fuese efectiva.

A partir de ahí, el reconocimiento de Franco parecía imparable: la visita del rey Abdullah, ya mencionada, fue todo un síntoma. Costa Rica y Colombia enviaron embajadores —rompiendo el acuerdo de la ONU— a principios de 1950. Cuando en el otoño de ese año volvió a plantearse el caso español en las Naciones Unidas, el resultado estaba cantado: la resolución favorable a España fue aprobada, primero, en todos los distintos subcomités y comités previos a su entrada en la Asamblea General. Ésta revocó oficialmente la resolución condenatoria contra España el 4 de noviembre de 1950: votaron a favor de España los países latinoamericanos, salvo México, Uruguay y Guatemala (y Cuba, que se abstuvo), los países árabes, Estados Unidos y algunos países europeos (pero Francia y el Reino Unido se abstuvieron); en contra lo hizo el bloque de países del Este, Israel y los tres países latinoamericanos mencionados[10].

Franco pudo declarar al corresponsal de una cadena norteamericana de radio y televisión que creía tener derecho a que se corrigiesen los yerros que con España se habían cometido. Los embajadores, por de pronto, volvieron a Madrid de inmediato. España no era todavía miembro de la ONU —no lo fue hasta 1955—, pero el país se incorporó automáticamente a distintos organismos internacionales.

La revocación de la condena internacional al régimen de Franco dio luz verde al acuerdo entre Estados Unidos y España. La cuestión estaba en el aire, desde luego, al menos desde la creación de la OTAN, en 1949. Ya se había puesto de relieve entonces —y aun antes— que España tenía indudable importancia en los planes estratégicos del mundo occidental. En Estados Unidos se había especulado con la integración de España en la Alianza Atlántica o con una alianza militar bilateral. Pronto quedó claro, sin embargo, que diversos países europeos vetarían la primera alternativa. Franco mismo manifestó que prefería la vía del acuerdo bilateral. Y lo dijo en distintas ocasiones en esos años; vio siempre —y con él sus asesores, como Carrero— mayores ventajas materiales y menos complicaciones políticas en esa fórmula que en la del ingreso en la OTAN. Lo que importaba era que Estados Unidos quería a España entre los aliados.

Eso decidió. Franco se limitó a capitalizar el interés norteamericano, y lo hizo sin precipitarse en la negociación y sin exteriorizar inicialmente un excesivo entusiasmo. Le importó, ante todo, el reconocimiento internacional de su régimen. El paso decisivo —hubo otros previos, indudablemente— se dio a raíz de la entrevista que Franco sostuvo el 16 de julio de 1951 con el almirante Sherman y el embajador Griffis: se planteó ya abiertamente la cuestión del establecimiento de bases norteamericanas en España.

Aún saltarían algunos chispazos, como cuando el presidente Truman dijo en febrero de 1952 que no le gustaba el general Franco. Pero con la elección en noviembre de ese año del nuevo presidente norteamericano, el general Eisenhower —que en 1951, como jefe de la OTAN, ya había mostrado su interés en España—, las negociaciones, llevadas por los generales Kissner y Juan Vigón, avanzaron decididamente. El acuerdo estaba ya logrado en abril de 1953. La firma se retrasó, sin embargo, hasta septiembre: España quiso firmar antes el concordato con la Santa Sede[11].

El concordato, suscrito el 27 de agosto de 1953 en Roma por el ministro español Artajo y el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Tardini, fue, como se indicó, la segunda columna sobre la que se asentó aquella victoria definitiva de Franco: su reconocimiento internacional. El concordato fue un acuerdo casi natural. Lo era que lo suscribieran la Iglesia y un Estado nacido de una «cruzada por Dios y por España», que se definía como «reino católico» y cuya legislación —social, educativa— se inspiraba en las doctrinas de la Iglesia. Franco llevaba razón cuando dijo en su mensaje de fin de año de 1954 que en España se había construido un Estado «católico» (añadió «social y representativo», pero esto entraba, al menos, en el campo de lo discutible).

Desde 1936 se había producido un intenso proceso de restauración religiosa, reforzado, además, desde que, en la coyuntura crítica de 1945, la Iglesia asumiera un papel principal, como se indicó, en la cobertura internacional del régimen de Franco. Que el escritor británico Brenan viera, cuando visitó España en la Semana Santa de 1950, a las mujeres ataviadas de penitentes, con falda larga de satén y mantilla y en la mano un rosario y un libro de oraciones, era sólo un síntoma. Franco había dado a la Iglesia el monopolio de la educación y un extraordinario poder en el control y censura de espectáculos, libros y costumbres. El primer acto de Franco tras el desfile de la Victoria en 1939 fue presidir un solemne tedéum en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid: Franco y el cardenal Gomá, primado de la Iglesia española, consagraron España a la causa católica.

Franco prodigó su asistencia a toda clase de actos religiosos: procesiones de Semana Santa, coronaciones de Vírgenes, jubileos, ofrendas al apóstol Santiago (su imagen, vestido de militar y arrodillado ante la cruz, durante al acto de traslado de reliquias a la cámara santa de Oviedo, el 5 de septiembre de 1942, podría resumirlas todas). Las festividades religiosas —Semana Santa, Navidad, Corpus, Ascensión, etcétera— pasaron a celebrarse en España con intensidad inusitada. El crucifijo fue solemnemente entronizado en la Universidad. España celebró oficialmente el Año Santo de 1950 y la declaración del dogma de la Asunción ese mismo año; en 1952, Franco presidió en Barcelona un espectacular congreso eucarístico; España fue consagrada al Inmaculado Corazón de María en 1954. Desde el final de la guerra había habido una verdadera explosión de vocaciones. La cultura católica —simbolizada por el obispo Ángel Herrera Oria y las actividades de La Editorial Católica, por una parte; por el Opus Dei, la revista Arbor y las teorías neointegristas de Rafael Calvo Serer, por otra— había alcanzado hacia 1950-1955 una hegemonía intelectual como no la tuviera en casi un siglo.

En esas condiciones, las relaciones entre la Iglesia y el Estado llegaron a ser ciertamente ideales, como dijo monseñor Eijo Garay en Ya el 12 de febrero de 1950. Ciertamente había habido más de un conflicto: en el año 1939 se había incluso prohibido la difusión de una pastoral del cardenal Gomá pidiendo la reconciliación entre los españoles. Y volvería a haberlos. Las intemperancias integristas del iracundo arzobispo de Sevilla, el cardenal Segura, provocaron en los años cincuenta más de un disgusto entre el régimen y la jerarquía: Franco dijo que las llevaba como quien lleva una cruz. Incluso hubo momentos en que aquellas relaciones no fueron tan ideales como las veía el obispo Eijo en 1950: en concreto, entre 1945 y 1948 pudo apreciarse algún retroceso en ellas, por debajo de la clara apuesta franquista de la jerarquía y del catolicismo españoles.

La conveniencia de un concordato se hacía necesaria. Fue el embajador español ante la Santa Sede, Joaquín Ruiz-Giménez, quien tomó la iniciativa (con el asentimiento algo escéptico de Franco y Artajo) y lo hizo en octubre de 1949: lo veía como un doble servicio que, de una parte, consolidase la posición de la Iglesia en España y, de otra, asegurase definitivamente la plena confianza del Vaticano en España.

El Vaticano aceptó la idea desde febrero de 1950. La negociación fue larguísima, se llevó con el máximo secreto y no estuvo exenta de dificultades, expresión de las reservas que a la diplomacia vaticana todavía le merecían ciertos aspectos del régimen de Franco. Pero al final hubo acuerdo y el concordato —en cuya redacción, por parte española, fue decisiva la participación de Fernando María Castiella, embajador ante el Vaticano desde 1951— se firmó el 27 de agosto de 1953.

Franco —según manifestó en su mensaje de fin de aquel año— recibió el concordato con íntima satisfacción. Era lógico. El concordato no era imprescindible ni decisivo para él, ya que consagraba una realidad ya existente —las buenas relaciones Iglesia-Estado—; el cerco internacional contra España ya se había roto antes, en 1950-1951. No resolvió, además, todos los problemas que pudieran existir entre ambas partes: en 1955, por citar un solo ejemplo, el propio ministro de Información, Arias Salgado, y el obispo Herrera Oria protagonizarían una polémica —versallesca, pero reveladora— en relación con la libertad de Prensa, que la Iglesia quería ver reconocida. Pero no por ello dejaba el concordato de tener para Franco y su régimen un valor extraordinario: reconocía definitiva y oficialmente la significación católica del alzamiento de 1936 y la naturaleza católica del régimen y del Movimiento.

Franco hizo numerosísimas concesiones a la Iglesia: el concordato convertía de hecho al Estado y a la sociedad españoles en un Estado y una sociedad jurídicamente católicos. Era cierto que, a cambio, Franco retenía el derecho de nombramiento (y veto) de los obispos, pero era un derecho que le había sido reconocido ya en el acuerdo firmado el 7 de junio de 1941 y que era obviable —como se vería en la década de los sesenta— mediante el recurso de dejar las sedes vacantes indefinidamente y nombrar desde Roma obispos auxiliares. No era, por tanto, una cesión de la Santa Sede. Era el Estado español el que hacía las mayores concesiones. Franco las hizo muy gustoso, no sólo porque el concordato era el mayor éxito diplomático que hasta entonces había conseguido —de valor muy superior a la votación de la ONU del 4 de noviembre de 1950—, sino porque, además, Franco era profundamente religioso; era, en materia de religión, un integrista (ahí estaba Masonería, publicado en 1952). El concordato le trajo, además, algunas de las gratificaciones personales que le serían más queridas: el papa Pío XII restableció en Franco los privilegios de Felipe IV —lo que le hacía, entre otras cosas pintorescas, canónigo de San Liberato—; luego le nombró caballero de la Orden de Cristo, máxima distinción otorgada por el Vaticano[12].

Un mes después, el 26 de septiembre de 1953, con la firma por el ministro Artajo y el embajador James Dunn de los acuerdos (ni tratados ni alianza) entre España y Estados Unidos, Franco alcanzaba, como dijera, la plenitud en su política exterior. Era un acuerdo triple —convenio defensivo, convenio de mutua defensa, convenio de ayuda económica— en el que lo sustancial era evidente: la utilización por Estados Unidos, por un período de diez años —prorrogables—, de las bases conjuntas que se establecerían en Torrejón, Zaragoza, Morón y Rota, y la concesión por Estados Unidos a España de una sustancial ayuda económica (cifrada en principio en 226 millones de dólares, pero que terminó por elevarse a 1.183 millones de dólares).

Los acuerdos eran, obviamente, trascendentales: rompían la política de aislamiento internacional que España había mantenido —con resultados a veces nefastos— desde el último tercio del siglo XIX, la vinculaban al área —el mundo occidental— a la que por geografía e historia parecía pertenecer y daban a España —y, por tanto, a su Ejército— una verdadera política exterior de defensa.

Pero la naturaleza política del régimen de Franco había hecho que España negociara desde posiciones de evidente debilidad y que, por asegurarse el reconocimiento norteamericano, los negociadores españoles aceptasen unos acuerdos en los que España hacía concesiones en su soberanía (aunque no se percibieran como tales: bases norteamericanas las había en todos los países democráticos occidentales y nadie había visto en ellas una cesión neocolonial, sino la garantía de la defensa nacional e internacional). Se creaban cuatro bases extranjeras en territorio español, aunque fuesen de utilización conjunta (adjetivación, además, dudosa: una cláusula secreta preveía que Estados Unidos podría utilizar las bases unilateralmente en caso de «agresión comunista que amenazase la seguridad de Occidente», sin más condición que la comunicación —no consulta— al Gobierno español).

Es probable que por ese motivo Franco —que en 1940 se había negado a ceder bases a la Alemania nazi— no estuviera íntimamente satisfecho. Al menos, su diplomacia trataría de mejorar las condiciones de los acuerdos en las negociaciones que precederían a las distintas prórrogas de aquéllos y trataría de llegar a una verdadera alianza entre iguales, cosa que no eran ni con mucho los pactos de 1953. Franco no recibió distinciones en esta ocasión, pero la visita del presidente Eisenhower algún tiempo después —en diciembre de 1959— valió por todas ellas. Era el primer jefe de un Estado democrático —del más poderoso de todos ellos— que visitaba oficialmente a quien Hitler había dicho que sus destinos estaban unidos por la fuerza implacable de la historia[13].

En 1959, la España de Franco era ya un miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. Los éxitos de la diplomacia franquista en 1953 —pues lo eran, aunque al precio que se ha visto— tendrían su continuidad lógica. En enero de 1955, las Naciones Unidas invitaron a España a que enviara un observador. En agosto, la España de Franco era admitida en la Unión Interparlamentaria. El 1 de noviembre, el secretario de Estado norteamericano, Foster Dulles, visitaba a Franco en El Pardo. El 15 de diciembre de 1955, la Asamblea General de la ONU sancionaba definitivamente el ingreso de España en la organización internacional por 55 votos favorables y las abstenciones de Bélgica y México. «Al fin he ganado la guerra española», parece que dijo Franco el 26 de septiembre de 1953, después de que se firmaran los acuerdos con Estados Unidos[14]; así lo reconoció la ONU con su decisión de diciembre de 1955, que Franco aparentó recibir con indiferencia, con la misma imperturbabilidad que recibió siempre las noticias decisivas.

Franco podía estar seguro de su victoria. Lo estaba ya incluso antes de los pactos de 1953 y del ingreso en la ONU, en 1955. Tan es así que en 1951 se había permitido, al cambiar de Gabinete, dar de nuevo rango ministerial a la Secretaría General del Movimiento, de evidente sabor falangista, y de poner al frente del ministerio a uno de los hombres históricos de la Falange, Raimundo Fernández-Cuesta. Incluso más: en octubre de 1953 permitió que la Falange celebrara su primer congreso en veinte años, y en septiembre de 1955 diría, en La Coruña, que la Falange era «la representación más genuina de las inquietudes nacionales».

Pero aquello no suponía el regreso de la Falange como partido único (además de que se trataba de una Falange domesticada, pronta a diluirse en el Movimiento). De hecho, el Gobierno de 1951 suponía la verdadera expresión de lo que Franco entendía que era el Movimiento (aquella «pléyade de hombres inasequibles al desaliento», como les llamó en su mensaje de fin de año de 1954). Franco hizo volver a la Falange para afirmar así la legitimidad del Estado del 18 de julio frente al mundo que lo había condenado en 1946 y lo aceptaba en 1950.

En 1951 volvió, pues, la Falange, que, además del Ministerio del Movimiento, retenía el de Trabajo (Girón) y podía contar con los ministros del Ejército (Muñoz Grandes), Agricultura (Cabestany) y aun Comercio (Arburúa). Pero se reforzó la representación del catolicismo político (Artajo seguía en Exteriores; Ruiz-Giménez tenía acceso a Educación Nacional), siguió habiendo representación tradicionalista (Iturmendi, en Justicia) y monárquica (Vallellano, en Obras Públicas). También continuó la presencia de ministros técnicos y de franquistas puros, entre los que Carrero Blanco pasaba ahora a ser ministro de la Presidencia. Era un Gobierno del Movimiento en el que las representaciones falangista y católica aparecían como más destacadas (por eso, en 1953, el intelectual del Opus Dei Rafael Calvo Serer propuso «una tercera vía», que identificaba con la fórmula de una monarquía social y representativa —esto es, no liberal ni parlamentaria— desde los principios ideológicos del catolicismo integrista).

Franco volvió a relanzar, en varios discursos de 1952, su teoría de la democracia orgánica (lo hizo, por ejemplo, al inaugurar las Cortes el 17 de mayo; luego, en Valencia, el día 27, y volvió a repetirlo en Pamplona, el 4 de diciembre); una democracia que era, desde luego, la contrahechura de la II República, a la que Franco calificó en Sevilla, el 17 de abril de 1953, de «la estafa del pueblo español» y «engaño de los hombres de bien», y una democracia que, fuera lo que fuese, excluía los partidos políticos. «Abominamos de los partidos políticos», había dicho en Pamplona en diciembre de 1952; luego, en su mensaje del 31 de diciembre de 1955, hablaría del «desdichado y artificial engendro de los partidos» y los responsabilizaría, una vez más, de las desgracias históricas de España.

Movimiento Nacional, democracia orgánica, Estado católico, social y representativo, ésas eran las fórmulas más repetidas por el Franco de los años cincuenta. Restaba la incertidumbre de la sucesión. El carlismo —o por lo menos la familia Borbón-Parma, cuyo titular, don Javier, era el pretendiente carlista desde 1936— había comenzado a hacer pública su impaciencia desde comienzos de aquella década. Una candidatura monárquica significadamente liberal —bastaba para serlo que figurase en ella Joaquín Satrústegui— había concurrido a las elecciones locales de noviembre de 1954. Un mes después, el 29 de diciembre, Franco volvía a reunirse con don Juan en la finca que en Navalmoral de la Mata (Cáceres) tenía el conde de Ruiseñada, principal representante de la doble lealtad monárquica a don Juan y a Franco. Lo que se trató fue, de nuevo, la educación del príncipe Juan Carlos y lo que se acordó —que estudiase en España e ingresara en la Academia Militar de Zaragoza— dejó muy complacido a un Franco que probablemente ya pensaba en aquel príncipe como su eventual sucesor.

A ello contribuía, desde luego, la edad del Príncipe. Los dieciséis años que Juan Carlos tenía en 1955 hacían que, de acuerdo con la ley de Sucesión, a Franco aún le quedaran —suponiendo que pensara en él— catorce años (hasta 1969) antes de nominarle para la sucesión. En 1955, Franco tenía sesenta y dos años y su salud era espléndida. Era de esperar que, por lo vitalicio de su magistratura —parafraseando sus propias declaraciones a Arriba del 27 de febrero de 1955—, aún le quedaran muchos años por delante. Por si a alguien le cupieran dudas sobre lo que vendría después —o por si alguien viese en su entrevista con don Juan un paso hacia la restauración de la monarquía liberal—, Franco definió de forma significativa lo que entendía por la sucesión: «La salida del Movimiento Nacional es el mismo Movimiento Nacional». Así lo afirmó en el mensaje de fin de año del 31 de diciembre de 1954.

España no estaba en un paréntesis. Franco estaba más seguro que nunca de ello. Y tenía motivos. «No quiere sino sostenerse a perpetuidad: es infatuado y soberbio. Todo lo sabe, y confía en el juego internacional temerariamente». Eso es lo que pensaba de Franco el duque de Alba —su representante en Londres— en mayo de 1945[15]. El juicio era muy duro y nunca se sabrá si era correcto o era la expresión de un disgusto del duque. Diez años después, en 1955, una cosa, sin embargo, parecía segura: Franco había acertado al poner su confianza en el juego internacional. A ese juego debía la consolidación definitiva de su régimen.

5. CAMBIO DE PIEL

«Yo soy el centinela que nunca se releva, el que recibe los telegramas ingratos y dicta las soluciones, el que vigila mientras los otros duermen». Con estas palabras de Franco pronunciadas en el Museo del Ejército el 7 de marzo de 1946 encabezaban Luis de Galinsoga y el general Franco Salgado-Araújo la semblanza biográfica del caudillo que publicaron en 1956.

Pues bien, en algún momento, aquel centinela vigilante y atento debió descuidar su guardia. Porque fue precisamente entonces, en 1956, justo en el momento en que decía haber alcanzado la plenitud en su política, cuando pareció que se le venía abajo todo el complejo edificio que con tantas dificultades había construido. En 1956 volvían los desórdenes a las calles, cuando se había dicho reiteradamente que la paz social era la gran conquista de Franco. En ese mismo año había que dar la independencia a Marruecos, al territorio en cuya guerra se había forjado el africanismo del caudillo. En el bienio siguiente, el espectro de las huelgas volvía a recorrer España bajo un régimen que aseguraba haber dado con la fórmula —el sindicalismo vertical— que había abolido la lucha de clases; en 1957-1958, el régimen de Franco —del que su titular había dicho poco antes que había hecho más en diez años que los otros regímenes españoles en medio siglo— estaba al borde de la bancarrota y de la suspensión de pagos internacional.

El centinela parecía, además, haber perdido pie. Franco, que en los once años entre 1945 y 1956 sólo había tenido dos Gobiernos, tendría que nombrar otros dos en sólo dos años (1956 y 1957). Daba, además, muestras de desconcierto. En 1956 pareció apostar por una institucionalización de su régimen sobre la base de la Falange y dio luz verde a los planes en tal sentido del ministro Arrese; al año siguiente, 1957, licenciaba a la Falange (lo que no había querido hacer, contra toda lógica, en 1945), y en 1958 introducía una ley, la de Principios del Movimiento, que a todos los efectos desfalangizaba el régimen (porque definía al Movimiento como comunión de todas las fuerzas políticas, lo que excluía el hegemonismo falangista).

Y no sólo eso. En 1957-1959, Franco aceptaba cambiar radicalmente su política económica. Pronto se vería que el cambio permitió superar la crisis y preparar el espectacular desarrollo de los años sesenta; pero ello había supuesto, aunque Franco se obstinase en no verlo, la liquidación de los ideales nacional-sindicalistas en los que la política económico-social del régimen se había fundado desde 1939.

En efecto, el Estado nacional-sindicalista del 18 de julio había optado por una política económico-social claramente inspirada en el modelo fascista italiano, que se resumió en una palabra clave: autarquía. Franco carecía de preparación y conocimientos económicos. Al llegar al poder en 1936 probablemente pensaba, simplemente, en una política similar a la que había seguido Primo de Rivera en 1923-1930: ideas nacionalistas de fomento de la producción nacional a través del desarrollo por el Estado de grandes obras públicas. Al periodista Manuel Aznar le dijo el 1 de enero de 1939 que su política económica y comercial se basaría en «el patriotismo» —le pidió que excusara que no se extendiese más en ese punto— y que estaba absolutamente tranquilo en cuanto al futuro económico[1]. Pero no dio razón alguna de ese optimismo, que tal vez pudiera deberse a que la zona nacional no había conocido verdaderos problemas económicos durante la guerra.

Los problemas —carencia de divisas, fuerte deuda exterior, inflación, escasez de materias primas y alimentos, déficit comercial, etcétera— se le presentaron a Franco al terminar la contienda. Aquella política económica y comercial basada en el patriotismo probablemente significaba para él unas ideas simples y primarias: sustitución de las importaciones, mantenimiento de una peseta fuerte, aumento de la producción industrial y agraria, cooperación de empresarios y trabajadores en la obra de resurgimiento económico nacional, realización de grandes obras de infraestructura, reconstrucción de zonas y efectos destruidos por la guerra y similares. Eran unos presupuestos que sintonizaban con los informes de sus asesores que, ya en los meses inmediatos a la terminación de la guerra, hablaban de autarquía.

La autarquía no fue sólo ni principalmente imposición de las circunstancias creadas por la guerra mundial (y más tarde por el aislamiento internacional). Era básicamente un proyecto ideológico —extremadamente coherente, además— para la realización del nuevo orden económico, social y sindical que había de reemplazar al viejo sistema liberal.

Autarquía y estatalización eran complementarias, y bajo su inspiración Franco fue configurando un sistema económico, que el mismo Fuero del Trabajo de 1938 definía como «totalitario» y opuesto tanto al «capitalismo liberal» como al «materialismo marxista», basado en los principios de autosuficiencia económica, sindicación vertical y subordinación de la economía al Estado[2].

Franco tuvo siempre una preocupación social que hay que creer sincera. Era un hombre de clase media que nunca se sintió cómodo con la aristocracia tradicional (aunque respetaría sus privilegios). Compartiría el populismo de la Falange, aunque desde perspectivas más mesuradas y conservadoras. En su discurso-programa del 1 de octubre de 1936 prometió que se aseguraría la estabilidad de los jornales y que respetaría todas las conquistas de las clases trabajadoras. Desde el primer momento repitió que el movimiento militar no era un movimiento de clase: «Yo quiero», le diría a Manuel Aznar en enero de 1939, «que mi política tenga el profundo carácter popular que ha tenido siempre en la historia la política de la gran España». En el capítulo de un libro suyo, nunca publicado, que reprodujo Il Corriere della Sera en diciembre de 1938, rechazaba la idea de que únicamente le apoyaran las clases privilegiadas y recordaba que los campesinos de Navarra que se sublevaron con él formaban parte del pueblo. «Cuidaremos especialmente de mejorar la condición de las clases trabajadoras y de aquellas que han sufrido sin culpa», dijo en otra ocasión temprana.

Al año de finalizada la guerra recordaba que ya había introducido medidas como el auxilio al obrero parado, la exención de los alquileres y del pago del agua y luz a los que se hallaban sin trabajo, las cajas familiares para llegar a implantar el salario familiar, la creación de la Fiscalía de la Vivienda —preocupación ésta verdaderamente constante en Franco—, el Patronato Antituberculoso y otras muchas; al crear como primera ley fundamental el Fuero del Trabajo quiso precisamente subrayar el carácter social del Movimiento.

Pero Franco combinaba ese paternalismo social-católico con un concepto autoritario de la paz social. Cuando en sus primeras declaraciones importantes a la Prensa —las que hizo a Abc de Sevilla el 19 de julio de 1937— se le preguntó sobre el programa del nuevo Estado en materia social, respondió: «Primero, supresión absoluta de la lucha de clases, desaparición de las huelgas y de lock-outs: mantenimiento de la función arbitral, hasta ahora encomendada a los jurados mixtos...»[3]. Franco nunca consideró la huelga como un derecho: «La huelga», dijo el 12 de mayo de 1951, «es un delito» (y como tal fue tratada bajo su régimen hasta el final de su mandato). El sistema social de Franco combinaría una amplia legislación de carácter asistencial y protector hacia las clases trabajadoras con la negación de las libertades sindicales y la represión de toda acción reivindicativa.

Todo ello se tradujo en la creación de un alto número de instituciones estatales y en la adopción de importantes decisiones en materia social y económica. Se han mencionado algunas. En octubre de 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización con el objeto de poner en cultivo tierras mal o no explotadas, reforzar los arrendamientos y fomentar la producción agropecuaria (pero sin llevar a cabo la reforma agraria). En diciembre de 1940 se puso en marcha la Organización Sindical. En septiembre de 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), el instrumento mediante el cual el Estado participaría directa y ampliamente en el proceso de industrialización autárquica del nuevo régimen.

El Estado estableció un rígido control de abastecimientos, precios y salarios (fijados por el Ministerio de Trabajo); asumió, igualmente, el control de la instalación y ampliación de industrias; impuso —fijando cupos y contingentes, y operando con un sistema de cambios múltiples— fuertes restricciones a las importaciones y al comercio exterior, etcétera. En materia social, creó la Magistratura de Trabajo para ejercer aquella función arbitral de que hablara Franco; prohibió las huelgas, pero garantizó la estabilidad en el empleo; introdujo seguros obligatorios de vejez e invalidez, el subsidio familiar, el Seguro Obligatorio de Enfermedad, el plus familiar (los puntos, ya en los años cuarenta), el mutualismo laboral (también en esa década, que regulaba pensiones y otros tipos de beneficios) y otras muchas disposiciones del mismo carácter[4].

Y, sin embargo, los resultados fueron altamente negativos e insuficientes. La política agraria fue un desastre. Desde 1939 mismo se produjo un brusco descenso de la producción total: Franco diría el 17 de julio de 1944 que desde la guerra no había habido una buena cosecha (y desde ese año hasta 1951 una «pertinaz sequía» aún agravaría las cosas). Hubo ya en aquel primer año ocultaciones graves y mercado negro (porque se obligaba a los agricultores a producir y vender a precios oficiales) y el Estado tuvo que recurrir a importaciones masivas de cereal (de Argentina, principalmente). En 1950, la producción estaba todavía por debajo del nivel de 1936.

Lo mismo ocurría en el sector industrial. Franco —que, como Primo de Rivera o el socialista Prieto, sufrió el espejismo de las obras públicas— pudo decir en su mensaje de fin de año de 1950 que en una década su régimen había construido grandes saltos de agua, pantanos (unos 30) y grandes centrales térmicas (unas 40), había instalado —todo ello merced al INI— fábricas de aluminio y nitratos, industrias químicas, farmacéuticas, de maquinaria, autocamiones (Pegaso), astilleros (la Bazán), refinerías de petróleo (Escombreras), etcétera. Y las cifras eran ciertas, como lo era que, para 1944-1945, la reconstrucción de las devastaciones de la guerra estaba terminada. Pero todo se hizo con costes desmesurados, con una rentabilidad muy escasa y una productividad muy baja y a costa de un proceso inflacionario muy alto. Se favoreció la tendencia al monopolio; la restricción de las importaciones dio lugar al empleo de materiales de mala calidad y de equipamientos industriales inadecuados. Sólo el aumento de la producción eléctrica fue un logro duradero y tangible.

Los años 1940-1951 fueron un período de estancamiento económico y de escasez, agravada ésta, desde luego, por las dificultades en los suministros de petróleo y alimentos durante la II Guerra Mundial (aunque en este punto, el contraste con el formidable enriquecimiento que la neutralidad produjo durante la I Guerra Mundial bajo la monarquía liberal no podía ser más flagrante). El control por el Estado de las concesiones industriales y de los cupos de importación favoreció la corrupción y el amiguismo. Los salarios fueron en todo momento por detrás de los precios. Los años 1939-1942 fueron verdaderamente de hambre. Las cartillas implantadas en mayo de 1939 no pudieron ser retiradas hasta 1951: hasta entonces proliferaron el estraperlo y el mercado negro. Sólo entonces la renta nacional superó el nivel de 1936, y sólo dos años después, en 1953, se consiguió que la renta per cápita superara el nivel de la preguerra. En 1951 se produjeron los primeros disturbios sociales de la posguerra de alguna envergadura: el boicoteo a los tranvías en Barcelona —del 1 al 6 de marzo— y algunas huelgas, poco después, contra el coste de la vida en la propia Barcelona, País Vasco y Madrid.

Franco no pudo ignorar lo que ocurría. El cambio de Gobierno de 1951 respondió, según la nota que Carrero le pasó el día 4 de abril, a la necesidad de introducir cambios en la política económica con vistas, sobre todo, a una liberalización del comercio exterior y de los precios. Franco lo aceptó; sus discursos de 1951-1955 tendrían mucho mayor énfasis en cuestiones económicas, sobre todo en la política de industrialización, que los que hasta entonces pronunciara.

Y en efecto, el Gobierno de 1951 (y en concreto el ministro de Comercio, Manuel Arburúa) inició la liberalización del mercado, simplificó el sistema de cambios, favoreció las importaciones, expandió el crédito al sector privado, fomentó las inversiones de capital y dio al INI una función complementaria del sector privado y no, como hasta entonces, alternativa a aquél.

La coyuntura se invirtió casi de inmediato: hasta 1954 por lo menos, casi todos los indicadores mostraron balances altamente positivos. El régimen logró en los años cincuenta algunas de sus realizaciones más importantes: entró en funcionamiento, en Asturias, la gran empresa siderúrgica de Ensidesa; se creó Seat en Barcelona, que en 1953 lanzó al mercado sus primeros automóviles; en 1952 se inició el Plan Badajoz, que preveía la puesta en regadío de unas 100.000 hectáreas, la construcción de embalses y centrales eléctricas, la introducción del cultivo del algodón y tabaco y la instalación de industrias agrícolas.

Pero los cambios de 1951 no fueron suficientes. El año 1954 fue catastrófico para la agricultura, y el Estado tuvo que importar más de un millón de toneladas de trigo. El gasto público, en un país con una estructura fiscal francamente regresiva y sin una verdadera política monetaria y presupuestaria, seguía siendo excesivo e inflacionario. La inversión disminuyó desde 1953. La inflación volvió a dispararse desde 1954. El ministro de Trabajo —José Antonio Girón de Velasco, el líder falangista cuya labor desde 1941 se identificaba con toda la política asistencial del régimen— aumentó los salarios por decreto en diciembre de aquel año: no logró sino acelerar el proceso inflacionario. Las importaciones habían sido mucho más elevadas de lo que se esperaba: el déficit en la balanza de pagos y la pérdida de divisas alcanzaron también, como veremos, cifras casi insoportables[5].

En suma, España, con una renta per cápita por debajo de los 300 dólares, era en 1960, veinte años después de terminada la guerra civil, el país más pobre de Europa, junto con su vecino Portugal. Y ocupaba ese lugar a pesar del evidente progreso industrial logrado, a pesar de la elevación del nivel de vida experimentado desde 1950 (y a pesar de que la sociedad española mostrara, pese a esos niveles de renta, una innegable vitalidad: a Ortega y Gasset, cuando regresó del exilio en 1946, ya le había sorprendido la «indecente salud» que parecía observarse en España)[6].

Era evidente que el régimen de Franco había realizado esfuerzos considerables —a Franco, en concreto, le entusiasmaron las realizaciones del INI—, pero también lo era que los niveles de consumo y bienestar de la sociedad española, la capacidad de sus empresas y la calidad de su producción industrial, por no hablar de los rendimientos de la agricultura, eran comparativamente muy deficientes. La España de los años cuarenta y cincuenta era todavía la España del subdesarrollo. En 1950, por ejemplo, sólo el 33,7% de las viviendas tenía agua corriente (aunque el 79,5% tenía electricidad); sólo el 1,4% de la población de dieciocho a veinticinco años tenía acceso a la Universidad[7].

Franco mismo comprobaría con irritación en sus numerosos viajes por España que todavía en la década de los sesenta existían amplias bolsas de pobreza y miseria, y que aún subsistía aquel chabolismo que él mismo definiera como una vergüenza que había que extirpar[8].

Era un subdesarrollo, además, sostenido sobre el durísimo esfuerzo trabajador y ahorrador de las clases medias, populares y obreras. A Franco —según dijo a su primo Franco Salgado en 1961— sus leyes laborales le parecían las más avanzadas del mundo[9]. No sólo estaba en un error evidente, sino que probablemente desconocía que la «revolución nacional-sindicalista», socialmente, sólo había producido hasta 1960 tres cosas: 1) un definitivo desplazamiento del poder económico desde la oligarquía aristocrática y terrateniente a los círculos financieros, industriales y empresariales; 2) la incorporación al aparato burocrático del Estado de numerosos efectivos de las clases medias («la Falange», escribió Brenan, «es simplemente parte de la capa inferior de la clase media»)[10]; 3) una cierta movilidad social, hecha con considerables esfuerzos y dificultades, entre esas clases medias y las clases medias bajas. En todo caso, el paternalismo social de Franco malamente podía compensar a unas clases trabajadoras que, al filo de la crisis de 1957-1959, estaban abocadas a la miseria secular de una agricultura atrasada y sin inversiones, o a la emigración sin horizontes a los suburbios de las grandes ciudades.

España cambió, como veremos, en la década de los sesenta. Franco tardó veinte años en convencerse de que su sistema no funcionaba y de que la solución estaba en la economía liberal que tanto había criticado. Para que se convenciera tuvieron que pasar muchas cosas. Fue la acumulación de conflictos a partir de 1956 lo que, como ya se indicó al principio del capítulo, acabó por inducirle a cambiar.

El primer aldabonazo, en orden cronológico, llegó con los graves sucesos que ocurrieron en el centro de Madrid el 9 de febrero de 1956, cuando en un choque entre estudiantes y jóvenes falangistas, uno de éstos, Miguel Álvarez, resultó herido de un tiro en la cabeza. El problema no eran sólo los sucesos del 9 de febrero, con ser graves: el problema era la creciente agitación que desde 1954-1955 se venía observando en la Universidad de Madrid. Se manifestó de diversas formas: lo más significativo fueron las manifestaciones a la muerte de Ortega y Gasset (en octubre de 1955) y los intentos de celebrar un congreso de escritores jóvenes y un congreso libre de estudiantes.

La significación política de todo ello estaba en que se cuestionaba la representatividad y hasta la existencia misma del Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), de origen falangista y obligatorio para todos los estudiantes. Y aún más: los sectores duros del régimen veían en aquella actividad de los estudiantes la consecuencia del tímido proceso de apertura que había iniciado en 1951 el ministro de Educación Ruiz-Giménez y sus colaboradores, el cual ya había suscitado años antes fuertes críticas. Franco, en razón de la autonomía que dejaba a sus ministros, lo había respetado pero lo había visto con creciente inquietud.

Los sucesos del 9 de febrero fueron la culminación de varios días de incidentes. Produjeron verdadero estupor en la opinión pública, que era la primera vez que recibía información, aunque escandalosamente manipulada, de unos desórdenes públicos, e indignación en los círculos falangistas. Se llegó a temer incluso que, en caso de fallecer el herido, por un disparo perdido de un policía, información que se ocultó, la Falange organizara una noche de los cuchillos largos.

La reacción de Franco fue enérgica y fulminante. El día 10 de febrero el Gobierno decretó el estado de excepción en todo el país, el 11 fueron detenidos Dionisio Ridruejo, antiguo falangista y colaborador estrecho de Serrano Súñer y voluntario en la División Azul, que había roto ya años antes con el régimen, y varios escritores e intelectuales jóvenes, todos los cuales fueron procesados como dirigentes de la rebelión de los estudiantes (Tamames, Sánchez Mazas, Enrique Múgica, Javier Pradera, Ruiz Gallardón y otros; días después lo fueron Sánchez Dragó, José Luis Abellán, López Pacheco, etcétera). La Universidad fue cerrada durante unos días.

Franco no perdió la serenidad en ningún momento, lo que no fue el caso de otros miembros de su Gobierno. El Consejo de Ministros del día 10 fue tensísimo; al ministro de Educación sólo lo apoyó Artajo. Franco hizo lo que era característico en él: actuar salomónicamente. El día 16 suspendió de su cargo al ministro del Movimiento Raimundo Fernández Cuesta —que no estaba en España cuando ocurrieron los hechos— y a su vicesecretario general, Tomás Romojaro, y con ellos al ministro de Educación, Ruiz-Giménez y a sus colaboradores (Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid; Antonio Tovar, que ocupaba el mismo cargo en Salamanca, y otros)[11].

Con eso bastó. Franco no dio demasiada importancia a la agitación de los estudiantes, que probablemente no la tenía: lo que creó la tensión no fue la rebelión de aquéllos, ciertamente minoritaria, sino la violentísima reacción de los falangistas ante lo acaecido a Miguel Álvarez, que, contra lo que se dijo inicialmente, no murió.

Pero Franco no entendió la significación última de aquella rebelión. Creyó que se trataba de una algarada juvenil movida por los comunistas. Era mucho más: por una parte, la expresión del creciente divorcio entre las jóvenes generaciones y su régimen, la expresión de una rebelión cultural contra aquel «perezoso aburrimiento», de que hablara en 1949 Serrano Súñer a que había llevado la combinación de restauración religiosa y nacional-sindicalismo del 18 de julio; por otra, marcaba el nacimiento de una nueva oposición, todavía muy embrionaria y difusa ideológicamente; una oposición nacida en el interior del país y que nada tenía que ver ni con la herencia republicana del exilio ni con el monarquismo juanista de Estoril.

El segundo aldabonazo llegó de Marruecos y, como el anterior, cogió a Franco y a su régimen a contrapié. No es que se desconociera lo que venía sucediendo allí. No se ignoraba que en la zona francesa del Protectorado había aparecido desde el final de la II Guerra Mundial un importante movimiento independentista que acabaría por encabezar el propio sultán Mohamed V. El caso había llegado incluso a debatirse en la ONU en 1952. Pero Franco, que nombró para el puesto de alto comisario en Marruecos a generales prestigiosos (Asensio, Orgaz, Varela, García Valiño, este último nombrado el 31 de marzo de 1951), confió en que su benevolente política de protectorado, que se tradujo en un cierto desarrollo de la economía marroquí, y la amistad con los países árabes (España no había reconocido a Israel) le evitarían problemas. Franco pensaba, a juzgar por sus conversaciones con Franco Salgado Araújo, que la independencia de Marruecos era a largo plazo inevitable, pero se sentía partidario de una independencia gradual —en veinticinco años, dijo a su primo— [12]; quería realizar previamente una amplia acción anticomunista, y pensaba, como dijo al director de la agencia Efe el 15 de diciembre de 1955, en un futuro Marruecos sin partidos políticos.

En cualquier caso, desde que comenzó a agravarse la agitación nacionalista —en 1952-1953—, el régimen había seguido una política claramente antifrancesa, de tolerancia incluso con el nacionalismo marroquí. Al cauteloso Franco le hubiera gustado una actitud menos complaciente con aquel nacionalismo que la que siguió el alto comisario García Valiño, pero sostuvo la política de éste. Cuando Francia destituyó a Mohamed V, el 20 de agosto de 1953, España se negó a reconocer a las nuevas autoridades impuestas por Francia: Franco mismo llamó al nuevo sultán (Muley Arafa) sultán Quisling, el nombre del líder nazi noruego, que en jerga política había pasado a significar traición y colaboracionismo. Cuando en octubre de 1955 el Ejército francés intentó actuar sobre las cabilas de la zona española, España, aun con riesgo de cierta tensión militar, cerró la frontera de su protectorado.

Aun en el caso de que el móvil de esta política fuese únicamente conseguir el apoyo árabe para romper el aislamiento internacional —apoyo que Franco consiguió—, aquella política fue, si no una política inteligente, al menos mejor que cualquier otra posibilidad. Lo que falló fue la previsión. Se confió en que el nacionalismo marroquí tardaría en volverse contra España. Por eso cuando Francia, inesperada y unilateralmente, concedió la independencia a Marruecos el 2 de marzo de 1956, tras haber repuesto poco antes a Mohamed V, España quedó sin opción. Franco, a quien el cambio francés cogió por sorpresa, quiso «un acuerdo pacífico»; en menos de un mes liquidó el asunto y el 7 de abril de 1956, pese a cierto malestar en el Ejército, se firmaba el protocolo que reconocía la independencia, que se oficializó en el tratado que Franco y Mohamed V firmaron en El Pardo el 12 de febrero de 1957.

Fue entonces cuando la imprevisión española quedó más de relieve (imprevisión y en algún caso incoherencia). No sólo no hubo «acuerdo pacífico», sino que a finales de noviembre de 1957 volvía la guerra a África. Tropas irregulares marroquíes atacaron por sorpresa los puestos españoles en Ifni y en el norte del Sáhara: la acción cogió nuevamente por sorpresa a las autoridades españolas y hubo que enviar precipitadamente un contingente de 8.000 soldados y apelar a la ayuda francesa para contener la ofensiva. La calma no volvería hasta después de un duro contraataque de la Legión, ya en enero de 1958; España tuvo entonces que ceder a Marruecos la zona norte de Ifni.

La lógica de la situación se había invertido completamente. Un Franco decepcionado por el proceder de Marruecos contemplaba cómo España pasaba a convertirse en el blanco del irredentismo nacionalista marroquí, tras el que veía, como en él era habitual, la mano de Rusia, y cómo las relaciones entre los dos países se enturbiaban irreversiblemente. Desde entonces quedó convencido de que Marruecos pediría todos los territorios españoles sin hacer concesiones de ninguna clase. Franco estaba decidido a resistir a las reivindicaciones marroquíes, pero no a involucrarse en una guerra: el 4 de enero de 1969 cedería Ifni. Quedaría pendiente, hasta los días mismos de la muerte de Franco, el pleito del Sáhara.

La ironía era doble. No sólo, como ya se dijo, uno de los más significados africanistas del Ejército español cedía ahora precipitadamente la zona de un protectorado que España había ejercido desde 1912. Además, el régimen que había hecho de la amistad con las naciones árabes una de las claves de su diplomacia se encontraba con que uno de tales países, Marruecos, se convertía en el principal problema de su política exterior.

Con todo no terminaban ahí los problemas de Franco, un Franco que el 1 de octubre de 1956 celebraba el 20.º aniversario de su elevación a la jefatura del Estado reuniéndose en Salamanca con los pocos que sobrevivían de entre quienes lo nombraron (Saliquet, Dávila y Moreno Calderón; no asistió, significativamente, el general monárquico Kindelán, precisamente quien en su día propusiera la candidatura de Franco). En 1956 la crisis económica y el malestar social eran evidentes. El ministro de Trabajo Girón quiso frenar el descontento a través de nuevas alzas salariales. El 3 de marzo de 1956 logró que el Gobierno acordara una nueva elevación salarial: un 20% inmediatamente y otro 10% en el otoño. La medida creó una situación insostenible: en dos años el coste de la vida aumentaría en casi un 40%. Las reservas de divisas bajaron, además, de 220 millones de dólares en 1955 a 57 millones en 1958 y el déficit exterior alcanzó en 1957 la cifra récord de 387 millones de dólares. En enero de 1957 surgieron algunas huelgas en Barcelona —contra la elevación de las tarifas del transporte— y Madrid.

Era evidente por la situación que el Gobierno de 1951 estaba agotado. A la crisis económica se añadió a lo largo de 1956 la crisis política. Franco no había querido plantear la crisis total de su Gobierno en febrero para que no pareciese que lo hacía como consecuencia de los incidentes estudiantiles. Lejos de ello, autorizó al nuevo ministro del Movimiento José Luis de Arrese para que preparara un proyecto de «leyes fundamentales» que dieran al régimen la «Constitución» de que todavía carecía, lo que era una necesidad ampliamente sentida. Por un momento pareció que Franco iba a apoyarse decididamente en la Falange (e incluso se especuló con un Gobierno netamente falangista). Pero la reacción que provocaron los proyectos de Arrese hizo abortar esa posibilidad, si es que verdaderamente Franco llegó a pensar en serio en ella, ya que tal vez sólo quiso tranquilizar a la Falange después de los sucesos de febrero.

Arrese preparó tres anteproyectos de ley: de Principios del Movimiento Nacional, de Ordenación del Gobierno y de ley Orgánica del Movimiento. Había dos cuestiones esenciales: en ningún momento se hacía alusión alguna a la institución monárquica o al futuro rey, y los anteproyectos configuraban un Estado en el que el poder real quedaba en manos del Movimiento Nacional y de su Consejo Nacional (dentro de los cuales el ascendiente de la Falange seguía siendo evidente). Los proyectos de Arrese suponían con ello una refalangización del régimen. Como dijo el ministro de Exteriores Martín Artajo, totalmente opuesto a ellos, lo vinculaban a los sistemas totalitarios y concedían a la Falange el control del Gobierno a perpetuidad.

Fue la reacción ante los proyectos de Arrese lo que decidió a Franco. Por lo menos el presidente de las Cortes (Esteban Bilbao), los ministros de Justicia, Exteriores, Obras Públicas, Hacienda y Educación (Iturmendi, Artajo, Vallellano, Gómez de Llano y Jesús Rubio, que había reemplazado a Ruiz-Giménez), Carrero Blanco y los cardenales Quiroga, Arriba y Castro, y Pla y Deniel expresaron a Franco su frontal oposición a Arrese.

Franco optó entonces por plantear la crisis, cambiar el Gobierno y dar carpetazo a los anteproyectos del ministro del Movimiento[13]. Lo hizo en febrero de 1957. Hubo cambios espectaculares como el cese de Alberto Martín Artajo, sustituido por Fernando María Castiella en el Ministerio de Asuntos Exteriores tras doce años en el cargo, durante los cuales había conseguido acabar con el aislamiento internacional del franquismo y definir las claves de su política exterior. O como el cese, también tras doce años, del ministro de la Gobernación Blas Pérez, a quien sustituyó el enérgico general Camilo Alonso Vega, amigo de Franco desde los tiempos de la Academia Militar y director durante muchos años de la Guardia Civil.

Pero lo más significativo fue el relevo de la Falange y la entrada en los ministerios económicos de hombres del Opus Dei. Girón cesó como ministro de Trabajo al cabo de dieciséis años, y Arrese fue relegado al Ministerio de la Vivienda (Franco no había querido sustituirlo; dijo que quería que antes se le «enfriase» en otro cargo. Dimitió en 1960). Su sustituto, José Solís Ruiz, pondría mucho más énfasis en la idea del Movimiento como proyección de la Organización Sindical que en la Falange histórica. En Hacienda y Comercio entraban los dos ministros del Opus (los tecnócratas, como pronto se les llamaría por su significación estrictamente técnica): Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres, vinculados a un tercer miembro de aquella institución, Laureano López Rodó, eminencia gris de Carrero Blanco desde que éste lo nombrara, en 1956, secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno[14].

Los proyectos de Arrese fueron definitivamente descartados. En su lugar acabaría por imponerse el proyecto político Carrero Blanco-López Rodó: monarquía tradicional y del 18 de julio, reforma administrativa del Estado, sucesión en el príncipe Juan Carlos. Ése era también probablemente el proyecto en el que creía el cada vez más inescrutable Franco, pero su voluntad dilatoria alargaría el desenvolvimiento de tal programa por espacio de otros doce años.

En todo caso, en la crisis de 1956-1957 pudo observarse una cierta incoherencia en el caudillo. Franco dio su consentimiento a unos proyectos, los de Arrese, en los que no creía demasiado: al propio Arrese llegó a decirle que incluso gobernaría con la Constitución liberal de 1876 (poco después le diría a su embajador Garrigues que para él el Movimiento era como una claque, sin otra función que la de aplaudir)[15]. Y además, Franco yuguló aquellos proyectos, no porque le parecieran malos o totalitarios —incluso los defendió ante el cardenal Pla y Deniel—, sino porque suscitaron la enemistad de casi todos los sectores no falangistas del régimen.

Fuese como fuese, Franco se sintió, al parecer, cómodo y optimista con el nuevo Gobierno. Que la crisis había sido grave y que el cambio era notable quedó en evidencia en el desusado número de explicaciones que Franco se creyó obligado a dar. En 1957 concedió largas entrevistas a importantes medios informativos (The New York Times, Abc, la agencia Efe y otros), con un doble mensaje: que la estabilidad y arraigo de su régimen eran óptimos; que su continuidad estaba asegurada a través de las propias leyes del Movimiento.

Franco minimizaría la importancia de la crisis de 1957, como haría en todas las crisis posteriores y como había hecho en las anteriores: la explicaría como un «desgaste lógico» de la tarea de gobierno y como un relevo que no perturbaba la marcha normal del régimen. Y negaría —como también lo hizo siempre— que el cambio de Gobierno representara una rectificación de su política: su obsesión por afirmar la legitimidad del 18 de julio, la unidad de su sistema y la virtualidad de su régimen le harían presentar siempre todos los cambios ministeriales y todas las decisiones políticas, por contradictorias que fueran entre sí, como el desenvolvimiento lógico y coherente de un pensamiento inteligente y justo y de un sistema perfecto que ya lo tenía todo previsto desde 1936.

El nuevo Gobierno, que tropezó en pocos meses con la guerra de Ifni y luego, en marzo de 1958, con importantes huelgas en las minas de Asturias, acometió inmediatamente tres cuestiones: el proceso institucional, la crisis económica y la normalización de la política exterior.

El 19 de mayo de 1958 Franco presentaba a las Cortes la ley de Principios del Movimiento, que le había preparado el equipo Carrero Blanco-López Rodó. Lo que la ley significaba lo explicó Franco en el largo discurso que entonces pronunció y que fue al tiempo una recapitulación triunfalista y una definición de lo que Franco pensaba que era su obra y su régimen. Como tal, sus puntos principales fueron: a) virtualidad, frente a los sistemas democráticos, de la «revolución nacional» del Movimiento Nacional, definido por su cuádruple unidad política, religiosa, nacional y social; b) trascendencia histórica del Movimiento, demostrada en las batallas económicas ganadas en veinte años y en el crecimiento industrial y agrario del país; c) justificación de la política exterior del régimen y fundamentación anticomunista de la misma; d) definición del régimen como «monarquía tradicional, católica, social y representativa».

Lo esencial era este último punto. Entre la ovación de los procuradores Franco había dicho: «Nuestro régimen vive de sí mismo, no espera nada fuera de él, se sucede a sí mismo y no se preparan otras sucesiones. No somos ni un paréntesis ni una dictadura entre dos tiempos...». Descartaba toda sucesión que no fuera una monarquía identificada con los principios del 18 de julio: el futuro rey tendría que jurar y acatar los principios del Movimiento que ahora se aprobaban y que se definían como «permanentes e inalterables» (como tendrían que jurarlos cuantos ejercieran algún cargo público).

Esos principios, que sustituían a los puntos de la Falange como claves de la ideología del franquismo, eran 12 y recogían de manera escueta y clara lo que la retórica oficial había venido diciendo desde 1936: España como unidad de destino en lo universal (la conocida afirmación de la Falange), acatamiento de la ley de Dios, unidad intangible entre los hombres y las tierras de España, familia, municipio y sindicato como estructuras básicas de la comunidad y cauce de participación política, derechos a la justicia y al trabajo y la nueva fórmula, ya mencionada, «monarquía tradicional, católica, social y representativa».

Franco había dado al fin con la identidad definitiva de su régimen. Dejaría en hibernación por muchos años los otros proyectos complementarios que Carrero Blanco y López Rodó —y no sólo ellos— consideraban precisos: una ley orgánica del Estado y el nombramiento del sucesor. Pero lo esencial estaba hecho. Como veremos, Franco ya no rectificaría los Principios del Movimiento. Al contrario, lo que hizo —por lo menos a corto plazo— fue reafirmarlos y explicarlos. Lo hizo en los numerosos actos (discursos, viajes, inauguraciones, declaraciones a la Prensa, mensajes de fin de año, etcétera), que durante 1958-1961, como antes y después, siguieron ocupando su vida política. En todos ellos las ideas eran las mismas: legitimidad de origen y ejercicio de su régimen; asalto comunista contra España desde 1934; quiebra de la legalidad en 1936; críticas a los partidos políticos y al liberalismo; defensa de su régimen como un sistema político-social de derecho; la unidad, clave de su política, del resurgimiento de España y de su futuro; lo social, como definidor de la Cruzada, etcétera. En suma, una casi permanente justificación del levantamiento militar y una constante reiteración triunfalista de la obra de su régimen y de sus ideales nacionales y católicos (y antidemocráticos, además de obsesivamente anticomunistas).

Aquella vida seguía marcada por el ritual de una actividad oficial intensa y múltiple. El 30 de octubre de 1958 Franco presidía la conmemoración de la Falange; el 18 de febrero de 1959, el I Congreso Nacional de la Familia Española. El 1 de abril de aquel año inauguraba el Valle de los Caídos (adonde fueron trasladados los restos de José Antonio). El 1 de mayo de 1960 presidía la demostración sindical en Barcelona; el 13 de julio inauguraba —en Madrid— el monumento a Calvo Sotelo. En marzo del año siguiente presidía el I Congreso Sindical. El 17 de julio de 1961 presenciaba el desfile que conmemoraba el 25.º aniversario de la victoria (en el que tomaron parte 25.000 veteranos); en septiembre presidía el Congreso Eucarístico de Zaragoza, y el 1 de octubre celebraba en Burgos, con toda solemnidad, su jubileo, también con motivo del 25.º aniversario de la exaltación —era la fórmula usada— a la jefatura del Estado. Hubo, lógicamente, muchos actos más. La actividad diplomática de Franco, por ejemplo, se incrementó a medida que el ministro Castiella —continuando la labor de Artajo— fue consiguiendo la labor que se había propuesto: normalizar las relaciones exteriores. El número de jefes de Estado y ministros que visitaron Madrid y El Pardo aumentó sensiblemente desde finales de los años cincuenta y principios de la década de los sesenta. Ninguna visita pudo satisfacer más a Franco que la que hizo el presidente Eisenhower el 21 de diciembre de 1959. Fue, como ya se indicó, un verdadero triunfo de la diplomacia franquista: la presencia de un millón de personas en las calles de Madrid —prueba de la satisfacción con que la opinión recibía la ruptura del aislamiento exterior— le pareció a Franco un plebiscito a su política.

El Gobierno de 1957 había abordado, también, la situación económica. Lo hizo en dos etapas. En la primera, entre 1957 y 1959, Ullastres y Navarro Rubio trataron de poner orden en el desbarajuste económico nacional e iniciar la adecuación de la economía española a una posible integración en la Comunidad Económica Europea que entraría en vigor el 1 de enero de 1959. Se unificó el cambio (fijándolo en 42 pesetas el dólar), se elevaron los tipos de descuento, y Navarro Rubio —tras hacer una reforma fiscal en diciembre de 1957 que aumentó sensiblemente la recaudación— presentó en 1958 un presupuesto que reducía el gasto público (y que cerró con superávit), incentivaba las exportaciones y abría la puerta, tímidamente, al capital extranjero. En la segunda etapa, Ullastres presentó el 20 de julio de 1959 el Plan de Estabilización (de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Europea de Cooperación Económica). El Plan se proponía, como primer paso, controlar la inflación y, de inmediato, liberalizar y racionalizar la economía como base de su relanzamiento saneado. Se devaluó la peseta, se redujo la circulación fiduciaria, se elevaron los tipos de interés, se liberalizaron las importaciones y el Gobierno volvió a bloquear en sus presupuestos el gasto público[16].

Los resultados fueron fulminantes. Los precios —pese a la devaluación de la peseta— estuvieron prácticamente estabilizados en los cuatro años siguientes; España, admitida a principios de 1958 en las grandes instituciones económicas internacionales, recibió ya en 1959 créditos extranjeros valorados en 400 millones de pesetas; las inversiones extranjeras aumentaron espectacularmente (de 12 millones de dólares en 1958 a 82,6 millones en 1960). A fines del verano de 1959, España tenía ya un superávit de 81 millones de dólares en su balanza de pagos; las reservas ascendían en mayo de 1960 a 300 millones de dólares; la devaluación favoreció un aumento verdaderamente espectacular del turismo (en 1960 entraron seis millones de turistas, el doble que en 1958).

El coste social del plan fue ciertamente muy alto. Durante año y medio, la recesión afectó a casi todos los sectores de la economía; los salarios quedaron prácticamente congelados de 1957 a 1961, razón de las huelgas de 1958 ya mencionadas (y que Alonso Vega reprimió con una dureza e inflexibilidad que a Franco parecieron excesivas); el paro se estimó en torno a los 150.000-200.000 desempleados; en 1960 comenzó el éxodo masivo de trabajadores hacia Europa. Pero, hacia mediados de 1960, la economía daría ya muestras indudables de recuperación; la operación había sido un verdadero acierto, probablemente la mejor operación económica en la historia del franquismo.

Técnicamente, el plan había sido la aplicación de un modelo ortodoxo de estabilización, una apuesta por una liberalización neocapitalista de la economía española. Su importancia histórica estaba en que ésos eran justamente los modelos a que tan refractarias se habían mostrado siempre —en perjuicio de la sociedad española— las autoridades franquistas (y que aún veían con antipatía, en 1957, los sectores vinculados al Movimiento y a la Organización Sindical). Desde 1957-1959, los ideales económicos del nacional-sindicalismo quedaron liquidados.

No es fácil que Franco lo viera así, por aquel empeño suyo en negar discontinuidades en su política y en afirmar que todo se había hecho siguiendo las líneas maestras que estableció desde los primeros momentos (como dijo en Burgos, en el discurso de su jubileo, el 2 de octubre de 1961).

La palabra liberalización no le gustaba ni siquiera en su significación económica: «Yo me estoy volviendo comunista», les diría a los ministros económicos en una de las muchas veces que insistieron en la liberalización. Pero aceptó todo lo que le plantearon sus ministros —otorgándoles, como en él era habitual, un amplísimo margen de confianza— y acabó por convencerse de la necesidad de la estabilización. En su mensaje de fin de año de 1959 habló ya de que se estaba en condiciones para acometer un ambicioso plan de desarrollo nacional. A su primo Franco Salgado le comentó el 11 de junio de 1960 que sin la estabilización «marchábamos a la bancarrota y el predominio de los especuladores que encarecían la vida y hacían, sin tener capital para ello, todo género de negocios»[17].

Por entonces asumió ya abiertamente, en público, la defensa de las medidas de Ullastres y Navarro Rubio. En concreto, en Barcelona, el 7 de mayo de 1960, se refirió a la estabilización como «una primera meta». Poco después en Madrid, el 18 de julio, aseguró que era un punto de partida para que «nosotros podamos entrar en el mundo internacional y dar una base firme a nuestros empresarios para que puedan constituir las empresas». Con complacida autosatisfacción anunciaba a fines de ese mismo año que el Plan de Estabilización —del que insistía que había sido posible merced a una preparación de cuatro lustros— había dado, y con creces, los frutos apetecidos.

Los discursos de Franco en 1960 y 1961 mostraron una creciente preocupación por los temas económicos: de los conceptos de estabilización y recuperación, el énfasis fue progresivamente cambiando hacia los de crecimiento y desarrollo. Franco, verdaderamente, abrumó con cifras a los telespectadores que le escucharon el mensaje de fin de año de 1961, y volvería a hacerlo posteriormente en infinidad de ocasiones (aunque el propio Franco era muy escéptico sobre la atención que se le prestaba. En una ocasión, como se equivocara en una cifra al grabar su mensaje de fin de año y como el ministro de Información Arias Salgado insistiera en repetir la grabación, dijo: «No se preocupe, es lo mismo. Si el mensaje no lo escucha nadie»)[18].

El lenguaje político de Franco y del franquismo sufrió a partir de la década de los sesenta una radical transformación: la retórica fascistizante del nacional-sindicalismo cedió paso —salvo en el animoso ministro Solís— a un lenguaje seco y árido, plagado de términos económicos y técnicos. El desarrollo y sus consecuencias —el bienestar material y la paz— se convirtieron en las piezas claves de la legitimación del franquismo: crecimiento y desarrollo se convirtieron en la filosofía oficial del Estado. El 26 de enero de 1962, Laureano López Rodó era nombrado comisario de Desarrollo Económico; poco después se publicaba un informe del Banco Mundial —confeccionado a lo largo del año anterior— que sancionaba que la óptima situación de reservas que tenía España, merced a la estabilización y al turismo, permitía realizar un gran esfuerzo de crecimiento.

Franco se sintió muy identificado con la ideología del desarrollo. Lo vio —una vez más— como la culminación del empeño de resurgimiento nacional en que había insistido desde 1936. Negó siempre —por ejemplo, en su discurso ante el Consejo Nacional de 9 de septiembre de 1963— que hubiera habido un cambio dramático de la autarquía «a la concurrencia». «El Plan de Desarrollo», dijo en su mensaje de fin de año del mismo 1963, «no es cosa nueva en nuestra nación». Lo era, aunque Franco creyera que lo hecho entre 1939 y 1957 había sido un plan de desarrollo «de urgencia». Capitalizó, también, inteligentemente, el potencial político del desarrollo. Otro de sus argumentos ya permanentes sería que el desarrollo económico no era sino la consecuencia económica del desarrollo político, y que sin el Movimiento no hubiera podido alcanzarse la base para el crecimiento (lo dijo, por ejemplo, a Abc, el 1 de abril de 1964).

La realidad era, como sabemos, casi al revés: el desarrollo había sido posible sólo cuando el régimen había asumido las ideas económicas ortodoxas y neoliberales que el Movimiento había rechazado por razones ideológicas y doctrinarias hasta 1957. Pero era igual: el éxito del desarrollo, como veremos en el capítulo siguiente, acabaría por hacer de aquél un argumento casi irrefutable.

El 1 de octubre de 1961 Franco había celebrado sus veinticinco años como jefe de Estado. Tenía sesenta y ocho años; su salud seguía siendo magnífica. Estaba en el ápice de su poder. Todo indicaba que España iba a emprender una larga etapa de crecimiento: «Va a constituir la gran obra de nuestro tiempo», diría Franco, más adelante, sobre el Plan de Desarrollo.

Las huelgas de Asturias de 1958 habían sido importantes, pero la enérgica reacción de Alonso Vega —que declaró el estado de excepción en la región— bastó para controlarlas. En 1960 había habido cierta agitación nacionalista en Cataluña, precisamente durante una visita de Franco (se habían impuesto duras penas de cárcel a los detenidos Jordi Pujol, Francesc Pizón y otros). En 1959 se había creado en el País Vasco ETA (Euskadi ta Askatasuna, Euskadi y Libertad), una organización independentista y revolucionaria que iba a practicar, pronto, la lucha armada, esto es, la violencia y el terrorismo; al año siguiente, 339 curas vascos habían hecho pública una carta denunciando las torturas y la represión y exigiendo libertades democráticas para España y el pueblo vasco.

Pero ni en Cataluña ni en el País Vasco había pasado todo aquello de ser el primer burbujeo —discontinuo y muy minoritario— de una efervescencia que aún tardaría años en estallar. Ni en el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Asturias cabía hablar de una ruptura colectiva con el franquismo: salvo por conflictos esporádicos, aquellas regiones estaban cómodamente instaladas en el sistema. La huelga general pacífica de veinticuatro horas contra la situación económica y contra el régimen convocada para el 18 de junio de 1959 por el partido comunista fue un total fracaso. Cuando la inteligente militante del Partido Comunista Italiano Rossana Rossanda visitó clandestinamente España en 1962 ni vio la descomposición del franquismo que se anticipaba ni situación revolucionaria alguna; al contrario, encontró una sociedad profundamente despolitizada y una oposición clandestina que se alimentaba de sus propias fantasías: «No era una sociedad política silenciada», recordaría después, «sino aparentemente una sociedad no política; no amordazada, sino vacía o dotada de otros lenguajes»[19].

El régimen de Franco seguía teniendo, pese a ello, una enfermiza mala conciencia acerca de su legitimidad (por más que insistiera en su legitimidad de ejercicio). Los días 7 y 8 de junio de 1962 se reunieron en Múnich un total de 118 personalidades de la oposición (38 del exilio, 80 del interior), representantes de tendencias democristianas (Gil-Robles, Álvarez de Miranda, Cavero, etcétera), monárquico-liberales (Satrústegui, Senillosa, etcétera), social-demócratas (Ridruejo), socialistas, nacionalistas vascos y republicanos (e independientes como Salvador de Madariaga), que firmaron una resolución que indirectamente exponía ante Europa el carácter antidemocrático y represivo del franquismo. El régimen reaccionó con una violencia rayana en el histerismo. Fue suspendido el Fuero de los Españoles, varios de los participantes fueron condenados a penas de destierro —otros se exiliaron— y la Prensa, siguiendo órdenes del ministro Arias Salgado, desencadenó una campaña injuriante contra lo que se denominó «el contubernio de Múnich»[20].

Lo irónico era que todo aquello era innecesario (y contraproducente para el propio régimen). A Rossana Rossanda todos los miembros de la oposición con los que contactó nada más llegar a Barcelona le comunicaron la misma opinión: «Que franquismo y desarrollo en ningún caso podían ir juntos»[21]. Franco creía justamente lo contrario y en eso, como veremos, tuvo toda la razón.

Pero era falso que su anticipación magistral lo hubiera previsto todo. Al contrario, su estrategia dilatoria había creado a la altura de 1960 graves vacíos en el ordenamiento del régimen que, incluso, podían poner en entredicho su futura continuidad. El 24 de diciembre de 1961 un accidente de caza vino a recordar la fragilidad de la situación. A Franco le estalló una escopeta que le provocó diversos destrozos en la mano izquierda. Hubo que operarle de urgencia; lo hizo el doctor Garaizábal en un hospital militar de Madrid. El accidente no fue grave, aunque hasta junio de 1962 Franco estuvo sometido a varias sesiones diarias de recuperación que le fueron aplicadas por los doctores Soriano, Epeldegui y Dávila. Pero su misma accidentalidad bastó para poner de relieve el estado de imprevisión institucional en que el régimen vivía. En concreto, el accidente de caza de 1961 dejó claro que no se sabía lo que podría ocurrir en el caso de que Franco faltara.

6. DESPUÉS DE FRANCO, ¿QUÉ?

«Después de Franco, ¿qué?» fue el título de un folleto que a mediados de la década de los sesenta publicó, en el exilio, el dirigente comunista Santiago Carrillo. El título apenas era novedoso: aquélla era precisamente la pregunta que venía haciéndose toda la España política dentro y fuera del régimen, sobre todo a raíz del accidente de caza del caudillo, en diciembre de 1961. Desde la perspectiva del propio Franco, la pregunta, en realidad, tendría que haber sido formulada de otra forma, sustituyendo aquel ¿qué? por un ¿quién? Porque Franco había dejado bien claro, por lo menos, tres cosas: que España era ya un reino, que la monarquía que se implantaría después de él no se confundiría con la monarquía liberal y parlamentaria (por eso hablaba de instauración y no de restauración), que la identificación más absoluta de la persona real con el Movimiento era premisa indispensable para la sucesión[1].

La designación de sucesor, por tanto, era una cuestión política cuyo fondo, de alguna forma, determinaba la naturaleza de la monarquía que había de suceder a Franco. Éste tenía una idea casi abstracta de la monarquía: creía en ella por creer que el reino era la forma histórica esencial de España. La cuestión dinástica, en sí misma, no le importaba demasiado. No sentía la monarquía de la aristocracia cortesana y palaciega, a la que no perteneció jamás, aunque Alfonso XIII le distinguió de diversas formas. Creía que en España sólo había una dinastía real: la familia Borbón. Pero la tesis de la instauración, que le era tan grata porque creaba una monarquía de nuevo cuño, suponía, casi por definición, la violación de las normas hereditarias de esa casa (o de cualquier otra).

Por ese motivo, el verdadero problema de Franco en ese punto eran las irrenunciables aspiraciones de don Juan. Las otras posibles candidaturas probablemente nunca entraron en serio en sus planes. A pesar de que la monarquía tradicional, católica, social y representativa de que hablaba tenía obvias resonancias carlistas, a pesar del apoyo entusiasta del carlismo al alzamiento de 1936 (Franco concedió la Laureada a Navarra) y a pesar de que Franco siempre contó en sus Gobiernos —hasta 1973— con hombres procedentes del tradicionalismo, el generalísimo no contó nunca ni con Javier de Borbón-Parma ni mucho menos con su hijo Hugo (luego Carlos-Hugo).

Franco veía sin legitimidad histórica a la rama tradicionalista; a don Javier y a Carlos-Hugo los tenía, además, por «príncipes extranjeros», como ya dijo en unas declaraciones a Arriba en febrero de 1955. Les negó la nacionalidad española cuando, ya en los años sesenta, la solicitaron. El activismo político desplegado por Carlos-Hugo desde 1957 —que tuvo, además, un claro sesgo antifranquista y un sorprendente contenido izquierdizante— le irritó profundamente. El 26 de noviembre de 1964 Franco reunió a cuatro de sus ministros—Iturmendi, Alonso Vega, Solís y Fraga Iribarne— y les dejó bien clara cuál era su opinión sobre el príncipe carlista: «Todavía», les dijo, «no puedo tomar las últimas decisiones, pero sí debo aclarar las que están concluidas. Este señor [Carlos-Hugo] no va a ninguna parte. Les ruego a ustedes que tomen nota y cada uno en su sector haga lo posible por aclararlo»[2]. En 1968, como se indicará, expulsó de España a toda la familia Borbón-Parma. (Las demás candidaturas tuvieron aún menos consistencia: en los años cincuenta volvió a España Alfonso de Borbón-Dampierre, nieto, como don Juan Carlos, de Alfonso XIII. Sus derechos eran problemáticos, al haber renunciado a ellos su padre, el infante Jaime, hermano de don Juan: Franco le tuvo sólo como una solución de reserva en el caso de que no se llegara a una solución en la línea don Juan-don Juan Carlos. Y eso fue así incluso después que don Alfonso se casara, en 1972, con la nieta mayor del caudillo, María del Carmen Martínez-Bordiú.)

El problema era don Juan. Y es que desde que Franco y aquél llegaron a un acuerdo —en sus entrevistas de 1948 y 1954— sobre la educación del príncipe Juan Carlos, estaba cada vez más claro, aunque Franco callara, que el caudillo veía en aquel príncipe la solución al problema: don Juan Carlos era la persona que podía hacer coincidir la teoría de la instauración de una nueva monarquía con los principios de la legitimidad dinástica. Pero eso requería o que don Juan renunciase a sus derechos, como Franco expresó muchas veces en sus conversaciones privadas —López Rodó llegó a decirle al propio don Juan, en la entrevista que ambos mantuvieron en Estoril el 17 de septiembre de 1957, que Franco jugaba con esa idea[3]—, o que Franco los ignorase.

Franco, ciertamente, había excluido desde muy pronto a don Juan. Jamás olvidó ni perdonó el Manifiesto de Lausana de 1945: repetía que don Juan se había puesto desde entonces contra el régimen (no cambió de idea ni siquiera cuando, en 1957, don Juan asumió los principios de la Comunión Tradicionalista, el máximo paso que llegó a dar hacia el régimen de Franco). Le tenía por hombre débil y mal aconsejado, y creía que eran masones algunos de sus colaboradores próximos (como Pedro Sainz Rodríguez, a quien Franco conocía desde los años veinte y que había sido su propio ministro de Educación en 1938-1939)[4].

Había, además, dos razones de fondo en el rechazo de Franco a don Juan. Primero, su designación habría supuesto aquella restauración de la monarquía que Franco había excluido por lo menos desde las declaraciones que hiciera a Abc de Sevilla en julio de 1937. Segundo, la significación liberal de don Juan —obsesión enfermiza de Franco— hacía presumir que la monarquía que él encarnara sería un régimen constitucional y parlamentario, radicalmente divorciada de la monarquía del 18 de julio que Franco quería (y que sus leyes sancionaban).

De ahí que el entendimiento Franco-don Juan no fuera posible. Ni siquiera desde que en 1954 pareciese que don Juan aceptaba la línea colaboracionista del conde de Ruiseñada. Esa línea —que tuvo su fundamento teórico en un artículo del propio Ruiseñada que apareció en el Abc del 11 de junio de 1957 con el título «Lealtad, continuidad y configuración del futuro»— condujo a la tercera entrevista Franco-don Juan, celebrada en el mismo lugar que la anterior, la finca Las Cabezas, en Cáceres. De allí salió un nuevo acuerdo sobre la educación de don Juan Carlos, que ya había terminado sus estudios militares, y un acuerdo, además, en línea con los deseos de Franco: el príncipe cursaría diversos estudios universitarios en Madrid —y no en Salamanca, como proponía don Juan— bajo la coordinación de una comisión de catedráticos (Torcuato Fernández-Miranda, Antonio Fontán y otros) identificados con el régimen. A cambio, en el comunicado oficial de la entrevista se hacía constar que esa futura presencia de don Juan Carlos en Madrid —donde se instaló, en el palacio de la Zarzuela, desde octubre de 1960— no prejuzgaba la cuestión sucesoria (lo que parecía una afirmación de los derechos dinásticos de don Juan)[5].

Pero aunque la entrevista fue cordial y las relaciones eran buenas —don Juan diría en noviembre de 1961 que eran «de perfecta cordialidad»— Franco no estaba satisfecho. Creía que no se había adelantado gran cosa y seguía pensando que la política de don Juan traería el comunismo (o cosas similares). Sin duda, no le gustó que el matrimonio de don Juan Carlos con la princesa Sofía de Grecia se hiciera a espaldas suyas y sin que pasara por la aprobación protocolaria de sus Cortes, aunque reaccionó con suma corrección y envió una importante representación de su Estado a la boda, que se celebró en Atenas el 14 de mayo de 1962. Y, desde luego, le apartó aún más de don Juan la presencia de significados políticos de su entorno (Gil-Robles, Joaquín Satrústegui, etcétera) en la ya citada reunión de Múnich de junio de 1962, por más que don Juan hiciera pública su total desvinculación de aquélla y por más que Gil-Robles dimitiera días después —el 20 de junio— como consejero privado de don Juan[6].

En realidad, la situación sucesoria estaba en un casi insalvable callejón sin salida. Ni Franco se pronunciaba ni don Juan, pese a la cordialidad de relaciones, aceptaba la fórmula de la monarquía del Movimiento Nacional. Don Juan Carlos empezaba a quedar en una situación casi imposible que, a medida que Franco fuera prodigando gestos a su favor, iría forzándole a optar entre los derechos de su padre —lo que con toda probabilidad significaba renunciar a la restauración de la monarquía— o la aceptación de una reinstauración de ésta en su persona en los términos planteados por Franco. A ello se iba. Franco mismo se lo dijo claramente el 1 de marzo de 1962: «Vuestra alteza», le intimó, «tiene más probabilidades de ser rey que vuestro padre»[7]. Franco le había dado ya, desde 1960, un lugar destacado en el protocolo oficial: en 1964 le hizo acompañarlo en la tribuna desde donde presidía el desfile de la victoria en Madrid (y lo hubiera hecho en 1963, pero el desfile hubo de suspenderse por el fallecimiento del papa Juan XXIII).

Pero Franco aún tardaría otros cinco años en nombrar sucesor, a pesar de las reiteradas presiones a que se le sometía desde distintas posiciones políticas (y en especial por Carrero Blanco, López Rodó y los ministros Iturmendi —ministro de Justicia entre 1957 y 1965— y Alonso Vega, todos ellos empeñados en la fórmula juancarlista). Lo único que hizo fue, al cambiar de Gobierno en julio de 1962, designar un vicepresidente —el capitán general Muñoz Grandes— que pudiera asumir el gobierno en caso de repetirse situaciones como la creada en 1961 por su accidente de caza.

No era sólo la cuestión sucesoria la que, hacia 1960-1965, estaba detenida por la voluntad dilatoria de Franco. Todo el proceso institucional —en marcha desde aquella etapa 1957-1958 que Arrese llamaría «constituyente»— estaba estancado. Franco fue sometido a un bombardeo aún mayor en este punto que en la cuestión sucesoria. Al arzobispo de Madrid, monseñor Morcillo, que le visitó en mayo de 1965 en representación de la jerarquía episcopal con el mismo motivo —esto es, expresarle la opinión de los obispos, favorables a una pronta institucionalización del régimen—, le dijo: «Tengo una maleta llena de proyectos y anteproyectos»[8].

Y, en efecto, así debía ser. Hasta esa fecha le habían hecho llegar borradores de ley orgánica o de constituciones al menos los ministros Solís (y Herrero Tejedor, uno de los políticos más prestigiosos del Movimiento), Fraga Iribarne y Carrero Blanco (el de éste, perfilado por López Rodó). Carrero, Alonso Vega, el embajador Garrigues, el ministro Oriol (ministro de Justicia entre 1965 y 1973), el también ministro Lora Tamayo (que lo fue de Educación entre 1962 y 1968) y otras personalidades le habían presionado de una forma u otra para que impulsara de una vez el proceso institucional. Fraga se lo dijo casi a gritos en un Consejo de Ministros, el 2 de abril de 1965, que fue la ocasión ya referida en que Franco cortó al ministro con dureza, preguntándole si le tenía por un payaso de circo que no se daba cuenta de las cosas[9].

Hasta el 13 de junio de 1966, sin embargo, Franco no comunicó a sus colaboradores —a Carrero, en concreto— que había tomado ya una decisión. No todo era estrategia dilatoria. Probablemente no lo era ni siquiera en primer término. Franco dudaba: le preocupaba, ciertamente, el futuro, pero —como le dijo a Lora Tamayo en marzo de 1965— le resultaba difícil dar con la solución[10].

Ahora bien, las dificultades políticas de Franco no eran sólo resultado de su mayor o menor competencia en el ámbito del Derecho Constitucional. Eran, sobre todo, expresión de las contradicciones y limitaciones del sistema político que el propio Franco había construido.

Lo que Franco tenía que hacer era dar forma constitucional (e instituciones representativas y parlamentarias) a un régimen que no era ni constitucional ni representativo ni parlamentario; a un régimen que era, como él mismo había señalado, un régimen de mando personal. Aquello no era posible. Los problemas que más le inquietaban lo demostraban. Dudaba, por ejemplo, en someter (o no) a referéndum la nominación de sucesor, lo que hubiera puesto al régimen al borde del colapso en cada sucesión. Como no admitía un verdadero sistema de partidos y elecciones libres, especulaba con la insólita idea de que el jefe de Gobierno fuese nombrado por elección, pero por elección restringida entre una terna propuesta por el Consejo del Reino.

Es decir, Franco tropezaba ahora con los problemas insalvables de querer estructurar como un moderno Estado de derecho la democracia orgánica basada en la familia, el municipio y el sindicato. «Nosotros estamos en el camino de las situaciones políticas modernas», había dicho Franco en León el 18 de septiembre de 1962: precisamente porque no lo estaban era por lo que se encontraba con aquellos problemas (sobradamente resueltos en los regímenes modernos). «No hemos pasado de totalitarios a liberales», dijo en Madrid el 9 de marzo de 1963, «porque no somos nada de ambas cosas». Liberales, desde luego, no lo eran; totalitarios, en puridad, tampoco (al menos desde 1945). No se sabía muy bien qué era el franquismo. No es que fuera una solución inédita, como dijera Franco: es que no era una solución. La democracia, contra lo que él argumentara, no admitía diversidad de formas. La democracia orgánica no era democracia. Por eso, a Franco no le salía la imposible cuadratura de su círculo institucional.

A su ministro Fraga Iribarne —ministro de Información y Turismo desde 1962 a 1969— le dijo el 13 de agosto de 1965, cuando decidió enviar a las Cortes el proyecto de ley de Prensa por la que el ministro venía luchando desde 1962: «Yo no creo en esta libertad, pero es un caso al que nos obligan muchas razones importantes»[11]. Esa actitud explicaba probablemente muchas de aquellas dilaciones del Franco de los años sesenta. Era suficientemente lúcido para comprender que la realidad le empujaba a cambios que llevasen hacia la liberalización de su régimen, pero ni creía ni podía creer ya en aquellas libertades que la realidad demandaba.

Es más, la edad no había hecho sino confirmarle en sus convicciones, temores y preocupaciones. Lo que antes pudo ser inquietud y alarma por lo que creía debilidad de Occidente ante el comunismo soviético —cuya acción veía en cualquier problema internacional— y como crisis de los valores cristianos del mundo occidental era ya, en los años sesenta, verdadera y casi monomaníaca obsesión. La expansión del comunismo a más de la mitad de la población del universo, como dijo ante el Consejo Nacional el 9 de abril de 1964, le parecía el hecho fundamental de su tiempo. Veía al comunismo como una situación de guerra contra la sociedad y contra todas las confesiones (según manifestó poco después, el 8 de julio, en las Cortes). En su opinión, el mundo entero estaba sometido a una constante propaganda subversiva, que la Unión Soviética había puesto en marcha desde el momento que el comunismo se había apercibido —según explicó en las Cortes en la misma ocasión— que el obstáculo mayor a su expansión era la fe religiosa.

A partir de ahí, la conexión entre amenaza comunista y libertad de conciencia y de costumbres estaba ya hecha. «La indiferencia religiosa», «la relajación de las costumbres», «el contubernio con el mal», «el naufragio de las virtudes», «la intensa descristianización» —expresiones todas ellas usadas en su discurso del 8 de julio de 1964—, todo respondía a lo mismo: era «una acción sistemática y destructiva para mejor esclavizar a la sociedad». El mundo occidental se le aparecía como un mundo en descomposición, carente de fe y de ideales, dominado por el ateísmo y el materialismo.

Era muy difícil que un hombre que se expresaba en esos términos pudiera creer en la idea de libertad: «El liberalismo», advirtió a una concentración de ex combatientes reunida en el cerro de Garabitas, en Madrid, el 27 de mayo de 1962, «es una de las puertas principales por donde el comunismo penetra». Veía a España, como les dijo a los ex combatientes, como «el punto clave más importante de la resistencia política occidental». En esas condiciones, que Franco hablara —como habló desde 1962 a 1964— de desarrollo político, de renovación, de perfeccionamiento político, que dijera incluso —como dijo en su mensaje de fin de año de 1964— que la postura política permanente que él significaba no defendía «ninguna clase de inmovilismo», no parecía sino un mero eufemismo. Franco retrasaba el desarrollo político. Primero, porque siempre meditó y pensó mucho todas sus resoluciones; segundo, porque temía sus consecuencias.

Además, Franco podía hasta cierto punto permitirse aquella doble indeterminación, sucesoria e institucional, en que su régimen aparecía hacia 1965. Por dos razones: primero, porque se había conseguido —durante la gestión de Castiella— la total normalización de la situación internacional del régimen; segundo, por el innegable éxito de la nueva política económica seguida desde 1957-1959.

En efecto, Castiella (ministro de Exteriores entre 1957 y 1969) realizó una gestión positiva, aunque dos de sus mayores empeños —la integración en Europa y la reivindicación de Gibraltar— fracasaran. En 1963 se renegociaron con éxito los acuerdos con Estados Unidos: lo que en 1953 habían sido meros pactos ejecutivos pasaban ahora a perfilar una cuasi-alianza que mejoraba sensiblemente la posición española (y ello permitiría, entre otras cosas, el comienzo de un ambicioso plan de modernización de las Fuerzas Armadas iniciado en 1964). Con Marruecos se logró una cierta distensión que culminaría con la retrocesión de Ifni en 1969. (Quedó el tema del Sáhara: Franco dijo claramente que no lo cedería nunca. España emprendería desde 1964 una política encaminada a salvaguardar la especificidad étnica y cultural de los saharauis que sólo se rectificaría a última hora, agonizante ya Franco, en 1975.)

Continuaba la política de amistad con los países árabes a pesar de los cambios revolucionarios ocurridos en varios de ellos. Desde 1964, Castiella diseñó una política para el África negra: con retraso y mal, pero se inició también la descolonización de Guinea Ecuatorial, a la que se daría la independencia en 1968.

Se pidió —en 1962— la integración en la Comunidad Económica Europea: no hubo respuesta, pero en 1967 se iniciaron las gestiones para firmar un tratado de asociación que culminarían en 1970. Franco, además, no fue particularmente entusiasta de la integración (desde luego, no estaba dispuesto a ella si eso suponía cambios en «nuestra salud interior», como dijo en Valencia el 18 de junio de 1962). Prefería, con mucho, la idea de la «Europa de las patrias» lanzada por el general De Gaulle.

España logró establecer desde 1960 relaciones bilaterales óptimas con Francia y la República Federal de Alemania. Las habría conseguido con el Reino Unido, como fue el caso hasta 1964, pero el planteamiento por España en ese año, en la ONU, de la cuestión de Gibraltar lo impediría. La cuestión de Gibraltar, sin embargo, dio al régimen de Franco uno de sus mayores éxitos internacionales, cuando la Asamblea General de la ONU acordó en diciembre de 1967 dar la razón a los argumentos españoles y resolver a favor de la descolonización del territorio (otra cosa fue que España, ante la negativa británica, impusiera a partir de 1968 restricciones fronterizas y ejerciera presiones económicas sobre Gibraltar que sólo sirvieron para reforzar los sentimientos pro británicos de los gibraltareños).

En suma, Castiella había consolidado y aun extendido la legitimación definitiva e irreversible del régimen de Franco en el exterior (e incluso, en 1967, se iniciaron relaciones comerciales con países del Este)[12].

Los años 1961-1964 fueron excepcionales para la economía española. Creció ésta en esos cinco años al 8,7% anual, los precios se mantuvieron en torno al 5%-9%, los salarios reales crecieron en torno al 8%-11% anual. La producción de energía eléctrica ascendió de 18.614 millones de kilovatios/hora en 1960 a 31.650 en 1965; la de acero, de 1,9 millones de toneladas a 3,5 millones; la de automóviles, de 39.732 unidades en 1960 a 112.672 en 1964; se triplicó el volumen de las importaciones; se duplicó el de las exportaciones; las reservas se cifraban en 1964 en 1.500 millones de dólares; los ingresos de divisas por turismo alcanzaban 1.104,9 millones de dólares en 1965 (año en el que se superó la cifra de 14 millones de turistas)[13].

En 1964 entró en vigor el I Plan de Desarrollo —preparado por López Rodó—; en 1968, el II Plan, y en 1972, el III Plan. La planificación del desarrollo se había convertido así en la operación política de los últimos quince años del franquismo (que había dejado atrás ya definitivamente los ideales joseantonianos del nacional-sindicalismo). Para los ideólogos del desarrollismo —esencialmente los llamados tecnócratas de López Rodó, que aumentaron su presencia en los Gobiernos de 1962 y 1965 merced a Carrero Blanco—, la continuidad del régimen requería la modernización y la expansión del país, de forma que el crecimiento y la prosperidad garantizasen la paz pública y eliminasen los riesgos de tensiones y enfrentamientos sociales[14].

Así, Franco se encontró con los dos últimos grandes eslóganes de su largo mandato: la paz —conmemorada con especial fasto en 1964, al cumplirse los veinticinco años del régimen— y el «Estado de obras» (expresión acuñada por Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas entre 1970 y 1973), esto es, la tesis de que la radical transformación que la infraestructura española había experimentado bajo el franquismo era la demostración inapelable de la virtualidad del régimen y del caudillaje de Franco[15].

Y, en efecto, la transformación de España en la década del desarrollo fue radical. A las cifras ya citadas hay que añadir otras. Entre 1966 y 1971 la economía crció al 5,6% anual. La producción de energía eléctrica llegaba en 1970 a los 56.484 millones de kilovatios/hora; la producción de acero superó ese año los siete millones de toneladas; la de automóviles, las 450.000 unidades. Entraron 21 millones de turistas; los salarios reales industriales crecieron entre 1965 y 1972 a un 7,9% anual; la renta per cápita llegó a los 900 dólares en 1970 y a 1.239 dólares en 1972.

No todo era tan brillante como pretendía la propaganda oficial. Incluso se diría —lo dijo Julián Marías— que España era un país desarrollado, pero mal desarrollado. A partir de 1965, el crecimiento español fue un crecimiento con inflación, que llegó a alcanzar cifras próximas al 14% anual; en 1966 fue precisa una miniestabilización para contener los precios (la peseta fue devaluada en noviembre de 1967 y los salarios fueron congelados por unos meses). La economía española, sin dejar de crecer —no dejó de hacerlo hasta el segundo semestre de 1974— entró en un período de avances y frenazos, alternándose etapas de crecimiento (e inflación) y etapas de estabilización y crisis (por ejemplo, 1966-1967 y 1970-1971); desde 1965 hubo una verdadera alternancia de ciclos bianuales de expansión y recesión (ya que no hubo prácticamente reformas estructurales después de 1964).

Y aún peor. El desarrollo español tuvo graves limitaciones. Tres, esenciales: el estancamiento de la agricultura, los fuertes desequilibrios regionales y el elevado éxodo rural (casi cuatro millones de personas dejaron el campo entre 1960 y 1970, de los que casi la mitad emigraron a Europa). Y otras, notables: regresión fiscal, proteccionismo elevado, sector público —el INI, que tanto gustaba a Franco— ineficiente y deficitario, graves insuficiencias de tipo social y asistencial (vivienda, sanidad, educación), especulación en los precios del suelo urbano, horrores urbanísticos (en las zonas turísticas y en las grandes ciudades), desastres ecológicos (en los ríos industriales, por ejemplo).

Pero España había superado la barrera del subdesarrollo. Había dejado de ser un país rural y agrario y era ya una sociedad industrial, urbanizada y moderna, con altos niveles de bienestar y consumo. La población activa agraria, que en 1960 suponía el 42% de la población activa total, era en 1970 sólo el 25% de aquélla. En 1960, sólo el 27,7% de la población española vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes; en 1975 lo hacía el 50%. Más de 1,5 millones de personas se incorporaron al trabajo industrial entre 1960 y 1970; sólo el sector del metal pasó de emplear medio millón de personas en 1950 a dar ocupación a más de dos millones en 1970. La población activa industrial suponía en ese año el 37% del total de la población activa; la del sector de servicios, el 38%. Carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, se habían transformado en una década. La primera empresa española era en 1969-1970 una empresa de automóviles (SEAT); la exportación de buques había pasado a ser la primera partida de las exportaciones, en vez de las tradicionales naranjas, aceite y vino. En 1960, sólo el 1% de los hogares españoles tenía televisión, sólo el 4% disponía de frigorífico y sólo el 4% tenía automóvil; en 1969, el 62% de aquellos hogares tenía ya televisión; el 63%, frigorífico, y el 24%, automóvil (cifras que darían un nuevo y espectacular salto hasta 1975).

Fue esa realidad la que permitió al régimen celebrar en 1964 —cuando el desarrollo era ya una realidad y el optimismo sobre el futuro económico era máximo— los veinticinco años de paz, que fueron, además, una celebración verdaderamente orgiástica de exaltación de la figura de Franco. El culto a su personalidad, que había llegado ya a límites inverosímiles (se le había llamado «campeón de la milicia, del cielo y de la tierra», «caudillo-sacerdote», «jefe-taumaturgo», «césar y pontífice», «enviado de Dios hecho caudillo», «espada del Altísimo», «broncínea voz con diamantinos armónicos», «ministro de Dios», «semidiós inasequible» y otras muchas cosas)[16], se desbordó ahora: llovieron sobre Franco homenajes populares, distinciones y medallas conmemorativas, nombramientos honoríficos, frases laudatorias, visitas de pleitesía, etcétera. En noviembre se estrenó una película en su honor, Franco, ese hombre (su director diría que Franco era «el mejor actor que he dirigido»); hasta el deporte se sumó al homenaje, y España venció precisamente a la Unión Soviética en un partido, que presidió Franco, en el que España se proclamó campeona de Europa de fútbol, el deporte que tanto gustaba al caudillo. No sorprende que Franco hubiera acabado por creer ya definitivamente en su propio mesianismo (ya en 1941 el mariscal Pétain había dicho, tras la entrevista que celebraron en Montpellier el 13 de febrero, que Franco no debería creerse el primo de la Virgen María).

Y, sin embargo, fue precisamente cuando celebró sus veinticinco años de paz cuando más en evidencia se pondría que el régimen de Franco, no obstante sus espectaculares realizaciones, distaba mucho de haber resuelto los problemas de España. El desarrollo tuvo unos resultados contradictorios. De una parte, aumentó extraordinariamente el grado de acomodación de la sociedad española a un régimen que le proporcionaba bienestar y posibilidades de movilidad social; de otra, generó la reaparición de altos niveles de conflictividad (lo que ponía en entredicho la paz de Franco).

Esa conflictividad fue, además, múltiple: laboral, estudiantil, regional —más concretamente, vasca— y eclesiástica. No se trató de una conflictividad generalizada ni coordinada ni siempre de la misma intensidad. No llegó a romper la amplia acomodación de la sociedad española bajo el franquismo (sociedad que en algún caso incluso se volvió contra los propios grupos sociales que protagonizaban los conflictos, como ocurrió con los estudiantes y con los sacerdotes). Ni siquiera fue mayor en intensidad que la conflictividad que existía en otros países occidentales. Pero fue importante en volumen y su misma existencia erosionaba sensiblemente la legitimidad misma del franquismo.

Cronológicamente, los primeros conflictos importantes fueron las huelgas de los trabajadores. Tras un amplio movimiento huelguístico en la primavera de 1962 —centrado en Asturias, pero extendido a otras provincias—, los conflictos laborales, motivados básicamente por la renovación de los convenios colectivos, alcanzaron cifras cada vez más altas: las cifras oficiales reconocieron la existencia de 777 conflictos en 1963 —en un país donde la huelga estuvo prohibida hasta 1975—, de otros 484 en 1965, y cifras similares en los años posteriores, alcanzándose la cifra récord de 1.595 huelgas en el altamente conflictivo año 1970. Barcelona, Asturias, País Vasco y Madrid, la minería, la metalurgia y la construcción, fueron en principio las provincias y los sectores más afectados; luego, al filo del cambio de década, las huelgas se extenderían regional, sectorial y socialmente: surgirían en regiones sin tradición conflictiva, como Galicia (Vigo, El Ferrol) y Navarra; en sectores nuevos, como el del automóvil, y se extendería a profesiones de la clase media, como los empleados de banca, la enseñanza o los médicos.

La conflictividad volvió a la Universidad en 1963-1964. La rebelión universitaria surgió originalmente en demanda de sindicatos democráticos para los estudiantes. Pero su alcance iba mucho más allá: reclamaría, además, la democratización de la Universidad y de la sociedad española.

La agitación estudiantil tuvo inicialmente importancia únicamente en Madrid y Barcelona. En febrero de 1965 se produjeron en Madrid numerosos incidentes que culminaron en una marcha multitudinaria de estudiantes en la que participaron, o a la que se adhirieron, los catedráticos Aranguren, García Calvo, Montero Díaz, García Vercher, Tierno Galván y Aguilar Navarro. Al año siguiente, representantes de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, encerrados en el convento de los capuchinos de Sarriá, crearon un Sindicato Democrático de Estudiantes, en abierto desafío a los sindicatos oficiales. Pero luego, y hasta la declaración del estado de excepción en febrero de 1969, las manifestaciones, huelgas y alteraciones del orden público se hicieron casi permanentes en casi todos los campus del país (el suceso que más irritó al régimen fue el asalto al rectorado de la Universidad de Barcelona en enero de 1969: fue destrozado un busto de Franco).

La reaparición del problema regional tanto en el País Vasco como en Cataluña reveló que la conciencia de identidad nacionalista no había desaparecido en aquellas regiones después de treinta años de castellanización obligada y de asimilación cultural. La conciencia catalana se mantuvo viva merced al vigor de la lengua y de la cultura catalanas, en un contexto en el que escritores, intelectuales, cantantes —como el movimiento de la nova cançó de los años sesenta—, la Iglesia —sobre todo, la abadía de Montserrat— y hasta una entidad deportiva, como el club de fútbol Barcelona, actuaron como depositarios de un fuerte sentimiento de identidad diferenciada. No hubo graves conflictos, pues no lo fueron ni el proceso Pujol de 1960 —ni una campaña de protesta del año anterior— ni la expulsión, en 1965, del abad de Montserrat, Aureli Escarré, que un par de años antes había hecho unas claras declaraciones antifranquistas en el periódico Le Monde. Pero, aun así, era evidente la intensidad que la conciencia catalanista tenía en una amplia mayoría de la población catalana: los mismos conflictos de la Universidad de Barcelona lo revelaban.

En el País Vasco, donde la conciencia vasca era probablemente más radical pero menos extendida que en Cataluña —por apoyarse en una cultura y una lengua minoritarias y por el mayor pluralismo y división de los vascos ante la cuestión nacional, la protesta regional adquirió, en cambio, particular violencia. Eso se debió, fundamentalmente, a la aparición de ETA y su estrategia de lucha armada y terrorismo. Hasta 1968, ETA se limitó a acciones no sangrientas: atracos, atentados contra símbolos del franquismo, colocación de banderas vascas, pintadas, etcétera. En 1968 murieron un guardia civil y un policía —en distintos atentados— y un dirigente de la organización, X. Etxebarrieta, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Entre 1968 y 1975 murieron, víctimas de acciones de ETA, 47 personas (entre ellas, el presidente del Gobierno, Carrero Blanco). En ese mismo período murieron 27 etarras. ETA había protagonizado, además, varios secuestros espectaculares y el País Vasco había sido testigo de infinidad de acciones de masas.

Y, finalmente, el régimen de Franco vio también cómo iba produciéndose un evidente alejamiento de la Iglesia, una Iglesia que había sido instrumento capital en su legitimación al definir la guerra de 1936-1939 como cruzada, y elemento esencial —en 1945-1953— en su cobertura internacional. En mayo de 1960 fue la carta, ya mencionada, de 339 curas vascos denunciando la falta de libertades; en 1963, las declaraciones a Le Monde del abad de Montserrat; por entonces, algunos obispos —simpatizantes de los movimientos obreros católicos clandestinos— criticaron la Organización Sindical.

Hubo fricciones al prohibir la censura española algunos textos progresistas de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Éste, cuando era cardenal de Milán, había despertado la ira del régimen en distintas ocasiones; la más notable en 1963, cuando intercedió por la vida del dirigente comunista Julián Grimau, condenado a muerte y ejecutado aquel año; Franco vio su designación como Papa como «un jarro de agua fría». Algunos teólogos se abrían al diálogo con el marxismo; curas vascos apoyaban a ETA; otros, en diferentes provincias, lo hacían a las organizaciones obreras clandestinas y a los estudiantes (por ejemplo, en mayo de 1966, unos 130 sacerdotes se manifestaron por las calles de Barcelona —ante el estupor de toda la opinión pública española— para protestar por los malos tratos de que había sido objeto un dirigente estudiantil detenido).

En 1971, la propia Asamblea Episcopal aprobó una resolución contra el espíritu de cruzada, al pedir públicamente perdón por la parcialidad de la Iglesia en la guerra civil; en 1973, los obispos hicieron público un documento en favor de la independencia entre la Iglesia y el Estado.

El conflicto tenía una razón clara: el proceso de actualización de la Iglesia española, impulsado por los nuncios Riberi y Dadaglio, aunque algo tardío e incompleto (la jerarquía estuvo con Franco prácticamente hasta la designación del cardenal Vicente Enrique y Tarancón como primado de España en 1969), había ido configurando una Iglesia nueva y progresiva que chocaba con los principios y valores del Estado del 18 de julio[17].

Franco se veía, por tanto, ante una conflictividad amplia y hondamente significativa. Las huelgas obreras ponían en duda que la organización sindical —pieza clave del franquismo— sirviera como instrumento de integración de los trabajadores en el régimen y como un marco eficiente de conciliación laboral. Comisiones Obreras (CC OO) —nervio de la oposición obrerista y embrión de los futuros sindicatos comunistas— surgieron, precisamente, como comités de trabajadores para negociar los convenios colectivos al margen de los sindicatos oficiales. La agitación de los estudiantes revelaba el divorcio entre la élite de las nuevas generaciones y un sistema autoritario y conservador, la contradicción entre las exigencias de una España nueva y moderna y un régimen envejecido y anacrónico. La reacción regional ponía de manifiesto el fracaso del modelo de Estado unitario y ultraespañolista impuesto por la España una, grande y libre del 18 de julio. El distanciamiento de la Iglesia hacía peligrar toda la legitimidad católica del régimen.

Fue entonces cuando se puso de relieve la que fue probablemente mayor limitación de Franco como gobernante: su incapacidad para evolucionar a tiempo y adecuar las instituciones de su régimen a los cambios de la propia sociedad española. Entonces se vieron los riesgos políticos que podían implicar aquella inercia y prudencia que caracterizaban —y con evidente éxito en muchos casos— su gestión política. Franco respondió a la conflictividad con la represión o con reformas insuficientes y tardías.

Represión la hubo, indudablemente. En abril de 1963 fue ejecutado, como se indicó, el dirigente comunista Julián Grimau, y en agosto del mismo año —aunque sin el escándalo internacional que provocó la muerte de Grimau—, los anarquistas Delgado y Granados, acusados de haber colocado bombas en Madrid.

Ese mismo año se creó el Tribunal de Orden Público, que en adelante se ocuparía del procesamiento de centenares de acusados de delitos de naturaleza política. Cientos de estudiantes y trabajadores —entre ellos, los principales dirigentes de CC OO— fueron detenidos, sancionados y expedientados. Lo fueron también bastantes profesores, entre ellos los implicados en los sucesos de febrero de 1965. Rara fue la universidad que no fue cerrada por algún tiempo en un momento u otro. La policía vigiló en el interior de las universidades de 1968 a 1973.

El estado de excepción —que dejaba en suspenso ciertos artículos del Fuero de los Españoles— fue declarado nueve veces entre 1962 y 1975; de ellas, tres en todo el territorio nacional y el resto en el País Vasco. A finales de 1968 había ya 189 presos vascos y una treintena de exiliados (que serían 300 al año siguiente)[18]. Las multas —y algún proceso— comenzaron a llover sobre los curas disidentes desde finales de los años sesenta. Sólo entre 1970 y 1973 murieron 11 personas en choques con la fuerza pública por motivo de las huelgas.

El juicio de Burgos, en 1970, contra varios miembros de ETA y el proceso 1.001, en 1973, contra los principales dirigentes de CC OO (Marcelino Camacho, Julián Ariza, Nicolás Sartorius y otros) —además de las ejecuciones de 1975, que veremos en su momento— quedaron como símbolos del endurecimiento represivo con que el régimen de Franco respondió a aquella reaparición —y escalada— de conflictos que acompañó al desarrollo.

Franco no pareció particularmente alarmado por la conflictividad, por lo menos inicialmente. «Mi propósito», le dijo a su primo Franco Salgado cuando estallaron las huelgas de Asturias de 1962, «es proceder sin violencia, y estoy dispuesto a conceder los aumentos posibles sin que se resienta la economía nacional»[19]. Desde luego, nunca echó mano del Ejército, ni en aquellos ni en posteriores conflictos. Por supuesto, pensaba que el Gobierno debía actuar con energía y sancionar cualquier delito de orden público, pero entendía igualmente que debía actuar dentro de las leyes y con serenidad: «Jamás se tomarán medidas de represión», le comentó a su primo con ocasión de los conflictos estudiantiles de 1965, «que no sean autorizadas por las leyes vigentes». No quería que se hicieran «víctimas inocentes»[20]. Como se acusara a su Gobierno de debilidad en los conflictos de la Universidad de Barcelona del año 1966, explicó —siempre en conversaciones privadas con su primo— que el Gobierno no podía dedicarse a matar estudiantes ni declararse enemigo del clero. La política de orden público que le parecía deseable era una combinación de energía, serenidad y cumplimiento de las normas jurídicas vigentes (en cuya aplicación rigurosa creyó incluso cuando ello supuso ejecuciones o fortísimas penas de cárcel). Siempre creyó que su política era a la vez justa y enérgica y que eso bastaría para acabar con los conflictos. Pero no vaciló en recurrir a medidas más duras —como la declaración del estado de excepción— cuando aquéllos alcanzaron, hacia 1968-1969, mayores proporciones; lo hacía más porque no se acusara de debilidad a su régimen que porque creyera que éste corría verdadero peligro.

Las raíces últimas de los conflictos —antes señaladas— no las entendió nunca. Aun así, se mostró siempre más comprensivo con los conflictos laborales y más desdeñoso con los estudiantiles, que le parecían algaradas juveniles provocadas por minorías revoltosas al servicio de los comunistas; más duro con los vascos y más decepcionado con los conflictos con la Iglesia. Estaba convencido —y con razón— de que su régimen había hecho por la Iglesia más que ningún otro; creía, por ello, no merecer las críticas y acusaciones de los sacerdotes disidentes y de las publicaciones católicas; le escandalizaba la politización creciente de la Iglesia y siempre trató de eludir una confrontación con ella.

Le irritó y amargó profundamente que el papa Pablo VI le pidiera —el 29 de abril de 1968— que renunciase a los derechos que el concordato de 1953 le reconocía en el nombramiento de obispos, privilegio del que siempre hizo un uso prudentísimo y adaptado a los deseos de Roma. En el borrador de la carta que escribió al Papa había frases —que luego suprimió— reveladoras de su reacción: «España se siente mal querida de Roma», «las intrigas de nuestros enemigos triunfan en Roma», «es lamentable la actitud de Roma a la España oficial», etcétera[21]. En su carta oficial, fechada el 13 de julio de 1968, la irritación de Franco quedó atemperada: no se negó al requerimiento del Papa, pero le propuso una renegociación global del concordato de 1953 que supusiera una revisión de los privilegios que en aquél se reconocían a ambas partes: al Estado español y a la Iglesia (que, como se dijo, eran excepcionales). No llegó a entender la crisis de la Iglesia.

Franco creyó siempre que el ordenamiento institucional de su régimen bastaba para contener y canalizar los conflictos. De ahí que no considerara necesario introducir cambios. A la liberación económica de 1957-1960 no acompañó una liberalización política, como se especuló al formarse el Gobierno de 1962. Esa liberalización sólo tuvo dos resultados tangibles: la ley de Prensa de 1966, del ministro Fraga Iribarne, y la ley de Libertad Religiosa, de 1967, defendida tenazmente durante años por el ministro Castiella ante la oposición de muchos de sus compañeros de Gobierno (del sector integrista, apiñado en torno a Carrero Blanco). La segunda apenas si tuvo repercusión social en un país homogéneamente católico.

La ley de Prensa, en cambio, aunque comparativamente restrictiva, aunque aplicada con reservas —fueron muchas las publicaciones sancionadas entre 1966 y 1975—, cambió sustancialmente el nivel informativo del país. Franco, que en julio de 1965 le había dicho a Fraga que la Prensa estaba «muy suelta»[22], aceptó, no obstante, como vimos, la nueva legislación. Pero no lo hizo sin imponer, en sus anotaciones a los distintos borradores que le presentó el ministro, la subordinación de la libertad de Prensa a principios que le parecían inalterables —sobre todo de tipo moral— y sin dejar de definir una larga serie de delitos (ataques a la Iglesia y al Movimiento, apología del comunismo, divulgación de hechos inmorales, incitación al descontento y a la desobediencia civil, anuncios que implicasen auxilio al vicio y otros). Defendió a Fraga cuando arreciaron las censuras —en los sectores ultras del régimen y también en el propio Consejo de Ministros— a la vista del renovado estilo crítico que la Prensa adquirió desde la entrada en vigor de la nueva ley. Pero pronto se contagió de aquel clima de impaciencia e inquietud: «Yo ya estoy harto», le dijo Franco a Fraga el 4 de noviembre de 1966, «de que la Prensa despierte cada día preguntándose ¿qué criticamos hoy?»[23].

Otras leyes, o llegaron tarde —como la ley de Educación de 1970, que reorganizó todos los niveles educativos y amplió positivamente la enseñanza general básica— o fueron muy restrictivas —como la ley Sindical de 1971—; en todo caso, ni una ni otra lograron frenar los conflictos. A lo largo de los años sesenta Franco fue, además, delegando progresivamente su confianza y sus decisiones en Carrero Blanco, hombre extremadamente conservador y ultrarreligioso, movido por una lealtad incondicional y absoluta al caudillo, hostil a toda idea de apertura y liberalización y empeñado en garantizar la continuidad integral del régimen. Apoyándose en López Rodó y los tecnócratas del Opus Dei —cuyo liberalismo era, en la mayoría de los casos, estrictamente económico—, Carrero fue desplegando su estrategia continuista desde las perspectivas del franquismo conservador, desarrollista y desideologizado en el que creía: a Fraga Iribarne —con Castiella, uno de los ministros más reformistas del período 1962-1969— el Gobierno de 1965, que fue más conservador que el de 1962, le pareció un crimen perfecto de López Rodó.

Franco, además, estaba convencido de que contaba con la aquiescencia de una parte importante de la sociedad española. La veía en aquellos viajes que en olor de multitud seguía realizando por toda España. Algunos le satisficieron especialmente: los que hizo a Valencia en junio de 1962, a Bilbao en junio de 1964 y a Barcelona en julio de 1966. «Ahora nadie podrá olvidar», le comentó a su primo tras el primero de ellos, «que Valencia ha dado un sí a mi política y una verdadera aprobación a mi jefatura del Estado». «Ha sido delirante, algo que recordaré siempre y agradeceré mucho», le dijo a su regreso de Bilbao, en junio de 1964. «El pueblo bilbaíno ha demostrado estar a mi lado...»[24].

Franco estaba convencido de que, bajo su régimen, los españoles vivían bien, y desde luego mucho mejor que nunca. Decía que tenía a su lado al 90% del país. Al diario Arriba declaró, el 1 de abril de 1969, que su régimen había subsistido desde 1939 por la «adhesión». Sin elecciones libres, tales afirmaciones era imposible probarlas. Pero Franco tuvo indudablemente la adhesión incondicional de muchos españoles (como sin duda tuvo también el rechazo visceral de otros muchos que no pudieron expresarlo). Sobre todo, Franco contó con la cómoda instalación en su régimen de una parte importante de la sociedad española, que no era ideológicamente franquista, que tenía ya una mentalidad (creencias, valores, estilos de vida) moderna, pero a la que los valores de paz, orden, trabajo y desmovilización política de Franco supieron apelar.

Con aquel Gobierno de 1965 Franco iba, finalmente, a abordar la solución de las dos cuestiones capitales para la continuidad de su régimen: la redacción de una ley orgánica del Estado y la designación de sucesor. Franco, a quien no le gustaba que se le importunara con esos temas, que no quería que asuntos de esa naturaleza —de política general— se plantearan en sus consejos de ministros, se había convencido al fin de la necesidad de hacerles frente. No cabe duda que la aparición de conflictos dio argumentos a quienes pensaban que aquellas dos medidas eran inaplazables para completar la plena vertebración institucional del franquismo, y como garantía de su supervivencia después de Franco.

El 14 de junio de 1966, Franco reunió a varios ministros. Les entregó el texto del borrador de ley orgánica del Estado que había preparado inspirándose en los numerosos anteproyectos que, como vimos, le habían ido llegando en los años anteriores, y coincidente, de entre aquéllos, con el que le había entregado Carrero Blanco y elaborado López Rodó. Ultimada la redacción definitiva a lo largo del verano, y a pesar de la oposición a aquel texto de los hombres del Movimiento representados en el Gabinete por Solís y aun por el vicepresidente Muñoz Grandes, Franco acordó a finales de octubre remitir el proyecto de ley a las Cortes.

Franco presentó la ley orgánica ante las Cortes el día 22 de noviembre de 1966. Su discurso —no excesivamente largo— fue una recapitulación de lo hecho por su régimen a lo largo de sus treinta años y una meditación sobre su futuro. En la labor del régimen, Franco enfatizó, sobre todo, tres cosas: la paz y el orden —que contrastó, como ya era habitual, con la anarquía y el desorden de los años anteriores a 1936— y la realidad de la espectacular transformación económica y social de España (de la que proporcionó abundantes cifras). Definió lo hecho por su régimen —y, como subrayó en varios pasajes, por su especial dedicación personal— como una «revolución nacional»: rechazó toda identificación del Movimiento y de la cruzada con la regresión y el inmovilismo.

En cuanto al futuro, que lo veía asegurado en razón precisamente de la inmensa obra realizada, Franco presentó la ley orgánica como la culminación y la sistematización del nuevo orden político que había construido desde 1938-1939 (y sobre cuyas leyes fundamentales hizo un breve comentario). De alguna forma, sin embargo, la mala conciencia política del franquismo se manifestó en las palabras de Franco: se detuvo en defender la política de realidades de su régimen frente al verbalismo ideológico de las democracias, en afirmar la virtualidad de su democracia orgánica frente a la democracia liberal y en demostrar que los partidos no eran esenciales a la democracia.

En suma, lo que Franco vino a decir fue que su régimen era, pese a todo, un Estado de derecho, abierto y flexible, cuyo ciclo institucional se cerraba con la ley orgánica. Desde esas premisas, y echando todo el peso de su prestigio en el envite —«plenamente consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia», dijo—, pidió a las Cortes el acuerdo sobre la ley. Anunció entonces que sería sometida a referéndum.

Y así fue. El 14 de diciembre, la LOE (Ley Orgánica del Estado) fue sometida a plebiscito, segundo referéndum que el régimen organizaba en treinta años de existencia. Fue precedido de una apabullante campaña oficial dirigida por el ministro de Información, Manuel Fraga, en la que, como había ocurrido en 1947, el Gobierno no escatimó medio alguno de presión. La televisión, la radio, la Prensa abrumaron con su propaganda a la opinión: no se permitió campaña contraria alguna; toda España, hasta el último rincón, quedó cubierta de carteles, pasquines y fotografías —todas con la imagen de Franco— invitando al público a votar; se presionó a los electores (los funcionarios, empleados y trabajadores debían presentar el certificado de voto para cobrar sus salarios de diciembre). Todo ello era, además, innecesario. La pregunta en el referéndum estaba formulada de manera que votar sí era votar a favor de la LOE —esto es, votar por la continuidad del régimen— y votar no era votar por dejar las cosas como estaban —esto es, por el mismo régimen.

La campaña fue hábilmente llevada, de manera que la opinión llegó a convencerse de dos cosas: que votaba por Franco y que votaba por el cambio. El propio Franco cerró la campaña y dio al referéndum un giro hacia un plebiscito a su persona. El día 12 de diciembre se dirigió por televisión al país. Su breve, emotiva y eficaz apelación tuvo una sola idea: que era justo que la nación diera su voto al hombre que, renunciando a su propia vida, llevaba treinta años sacrificándose por España: «(...) Aquí permanezco», dijo, «al pie del cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años mozos, empleando lo que me quede de vida útil en vuestro servicio». Y preguntó: «¿Es mucho exigir el que yo os pida a mi vez vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum?».

Una amplia mayoría del país creyó que no era excesiva exigencia. Por si acaso, se hincharon las cifras —aunque el Gobierno lo negó— y se ofreció un resultado inapelable. Votó casi el 89% de un total de 19 millones de votantes; el 95% de los votos válidos lo fue a favor de la LOE. Franco quedó satisfechísimo, incluso decidido, a la vista del resultado, a acometer otras reformas. En su mensaje de Navidad de ese año, un Franco eufórico habló de la «grandiosa jornada democrática» que había sido el 14 de diciembre; agradeció al pueblo español lo que calificó como «el modo hidalgo, realmente ejemplar, con que habéis querido manifestarme, en forma libre y clamorosa, vuestra adhesión y confianza», y aseguró («en política no caben inmovilismos», dijo) que la LOE sólo era el principio de una nueva y mejor etapa política.

Franco así lo creyó. Y, sin embargo, la LOE no era aquella «amplia democratización» de que habló cuando presentó la ley ante las Cortes. La LOE era, simplemente, una regulación orgánica del conjunto de las instituciones del régimen. Pudo ser la ocasión de un cierto cambio, pero no de un cambio democrático. No podía serlo, porque no era democrática ninguna de las novedades que introducía.

La representación familiar en las Cortes —que suponía la presencia en éstas de un centenar de procuradores de la familia mediante elecciones— era una parodia de una representación parlamentaria democrática. Aunque la LOE reconocía el derecho al «contraste de pareceres» sobre la acción política, no autorizaba los partidos políticos; al contrario, encomendaba al Movimiento y a su Consejo Nacional —designado directa o indirectamente por el jefe del Estado— el encauzamiento de la política y la vigilancia de la integridad de los principios del régimen (lo que equivalía a decir que sólo habría política tolerada dentro del Movimiento). Aunque separaba los cargos de jefe de Estado y jefe de Gobierno, seguía dejando en aquél impresionantes poderes; el recurso de contrafuero que ahora se creaba apenas si daba a las Cortes —que seguían siendo mayoritariamente designadas— un tímido derecho a preguntar al Gobierno sobre la legitimidad de leyes y disposiciones y en ningún caso el derecho a fiscalizar y controlar los actos del poder. La LOE no fue, como dijo Franco, el principio de una nueva etapa; fue una simple operación de cosmética política.

La LOE ratificó a la monarquía como forma política del Estado español. Pero nada decía sobre la cuestión del sucesor. Era éste, sin embargo, el tema más conflictivo e intrigante dentro y fuera del régimen y del que dependía, además, aquella cuestión decisiva de «después de Franco, ¿qué?». A responder a esa pregunta se iría poco después de aprobarse la LOE. Y así como ésta se aprobó cuando el régimen cumplió treinta años de existencia, el impenetrable Franco actuó como si hubiera decidido aguardar hasta que el príncipe Juan Carlos cumpliera treinta años para, de acuerdo con la ley de Sucesión, designarle. Eso sucedería en 1969; hasta entonces, Franco no cesó de prodigar gestos públicos en su favor.

En todo caso, lo que desencadenó la última batalla política sobre la cuestión fueron unas declaraciones del ministro de Información, Fraga Iribarne, al diario The Times, de Londres, en noviembre de 1965, en las que daba por segura la nominación de don Juan Carlos. Para entonces era ya claro que soluciones alternativas a la monarquía, como el regencialismo o el presidencialismo en que llegaron a pensar hombres vinculados al sector populista y azul —esto es, de procedencia falangista— del Movimiento (más o menos encabezados por el ministro Solís Ruiz), no tenían perspectivas.

Era evidente, además, que incluso aquel sector haría lo que dijera Franco. La tesis defendida, por ejemplo, por Emilio Romero, uno de sus hombres más representativos e incisivos, en su libro Cartas al príncipe, aparecido en 1964, era que el populismo falangista acataría la monarquía si el príncipe aceptaba la ideología del Movimiento y si éste era institucionalizado de alguna forma —al modo del PRI mexicano, por ejemplo— en la futura monarquía; era la misma tesis que desde parecidas posiciones sostenía el profesor de Derecho Político Jesús Fueyo cuando decía que después de Franco vendrían las instituciones.

Ése era el motivo de que los problemas siguieran viniendo de Estoril, esto es, de don Juan de Borbón. Desde 1966, don Juan, probablemente también convencido de que la elección de Franco en favor de don Juan Carlos estaba hecha, promovió su última ofensiva en afirmación de sus derechos y en defensa de su tesis de una monarquía liberal y conciliadora. A ello contribuyó la incorporación a su consejo privado de José María de Areilza, ex embajador de Franco en Buenos Aires, Washington y París, pero que ya desde 1964 había marcado claramente sus distancias con el franquismo y que en sus escritos de los años 1964-1968 había expresado su opinión de que el futuro de España no pasaba por el Movimiento, sino por la creación de un Estado democrático y pluralista[25].

El 5 de marzo de 1966 se organizó en Estoril un acto en homenaje a la memoria de Alfonso XIII que fue una nueva afirmación, rotunda e inequívoca, de la titularidad de don Juan como jefe de la casa de Borbón y legítimo heredero, por tanto, de la Corona. El 21 de julio de 1966, las autoridades secuestraban el diario monárquico Abc —entonces el más influyente de España— por publicar un artículo de Luis María Anson, un joven monárquico muy vinculado a don Juan, en el que bajo el título La monarquía de todos defendía una monarquía europea, democrática, popular (de todos) en la persona de don Juan. A fines de enero de 1968 nació el infante Felipe, hijo de don Juan Carlos; al bautizo, celebrado en Madrid el 8 de febrero, asistieron la reina Victoria Eugenia, viuda de Alfonso XIII y que desde 1931 no había vuelto a España, y el propio don Juan.

A Franco le disgustó la reactivación del monarquismo juanista. Tuvo palabras gruesas para con Areilza, en privado. Sin embargo, la reacción fue algo inusitada en él. El artículo de Anson le pareció «tendencioso, inoportuno e impolítico»[26]; el despliegue de don Juan en Madrid —donde recibió a personalidades e instituciones como si fuera ya el jefe del Estado— le mortificó.

Ésa fue la coyuntura que aprovecharon quienes, desde el mismo Gobierno (como Carrero Blanco, López Rodó, Alonso Vega, Oriol, Silva, etcétera), veían en la instauración de la monarquía en la persona de don Juan Carlos la única posibilidad de continuidad del franquismo después de Franco; en una monarquía que fuese, como decían los principios del régimen, tradicional, católica, social y representativa. En julio de 1967 Franco destituyó al vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, militar prestigioso, hombre de reconocida honestidad, con cierta ascendencia sobre Franco. Muñoz Grandes era, ciertamente, más aperturista que Franco, poco afín a Carrero y a los tecnócratas, y en él habían visto los regencialistas del régimen un posible sucesor de Franco como alternativa a la solución monárquica. Probablemente Franco no le destituyó por eso —Muñoz Grandes estaba muy enfermo y moriría poco después—, pero su sustitución por Carrero Blanco reforzó aún más a los promotores de lo que se llamó Operación Príncipe.

Dos documentos que Franco recibió de esos promotores —uno, con fecha 2 de octubre de 1968, que le entregó Oriol, y otro, del 21 de ese mismo mes, de Carrero Blanco, ambos basados en notas de López Rodó— serían decisivos. Cuando Franco leyó la nota de Carrero en la que éste descartaba a don Juan, a Alfonso de Borbón-Dampierre y a don Carlos-Hugo y le explicaba que don Juan Carlos era la única persona de la dinastía con cualidades y formación para recibir la sucesión, Franco se decidió: «Conforme con todo», le dijo[27]. Poco después, en diciembre, expulsaba de España a la familia Borbón-Parma; primero, a don Carlos-Hugo, y luego, a don Javier y a los demás miembros: quedaba liquidado un pleito dinástico que se remontaba a 1833 y que desde entonces había provocado varias guerras civiles.

No había nada que don Juan pudiera hacer, salvo imponer a su hijo Juan Carlos la no aceptación de la sucesión. Desde luego, no podía traer la monarquía; por eso, la renuncia de don Juan Carlos habría supuesto la negación de toda posibilidad de restauración. El 7 de enero de 1969 don Juan Carlos hizo unas comentadísimas declaraciones al diario Pueblo —inspiradas por Fraga Iribarne— en las que reconocía la validez de las leyes fundamentales del régimen, se decía dispuesto a respetarlas y mostraba su voluntad de servir a España a costa de cualquier sacrificio. La significación de las declaraciones era clara. Don Juan Carlos estaba dispuesto a aceptar la designación: anteponía la recuperación de la institución monárquica al principio de la legitimidad dinástica, porque entendía —con razón— que ésa era la única solución viable y lógica en las circunstancias creadas por el franquismo.

Franco quedó muy satisfecho con aquellas declaraciones. Poco después, el día 15 de enero, se lo dijo al propio don Juan Carlos: «Tengo mucha tranquilidad, alteza», le dijo. «No se deje atraer ahora por nada. Todo está hecho»[28]. La decisión, evidentemente, la tenía tomada. Faltaba sólo determinar la fecha.

Ése fue el último objetivo de la Operación Príncipe, ya en la primavera de 1969, después de que el Gobierno anticipara al 21 de marzo el levantamiento del estado de excepción que había decretado en enero —a la vista de la agitación universitaria y de la violencia en el País Vasco— por un período de tres meses. Ahora, la gestión clave pareció ser la larga conversación sostenida el 28 de mayo entre Franco y su amigo y ministro de la Gobernación, teniente general Alonso Vega, al cumplir éste ochenta años. La apelación a la edad —Franco tenía setenta y seis años— le convenció: al día siguiente, Franco comunicó a Carrero Blanco que nombraría sucesor antes del verano.

Lo hizo ante el Pleno de las Cortes el 22 de julio de 1969. Antes, el 14 de julio, Franco escribió a don Juan una escueta carta en la que le comunicaba su decisión y en la que le expresaba su esperanza de que supiera entender que el nombramiento de don Juan Carlos era la mejor solución para España. Don Juan hizo pública, el 19 de julio, una declaración en la que se desvinculaba de la instauración próxima a realizarse y en la que recordaba —con toda razón— que su misión a lo largo de los últimos treinta años no había sido sino definir y salvaguardar una monarquía concebida como institución liberal y democrática. La declaración resumía una trayectoria política de una significación democrática inequívoca. Para Franco constituyó la mejor prueba de que don Juan era «inservible», como les comentó a sus ministros en el consejo celebrado el día 21 de julio[29].

Franco presentó la designación de don Juan Carlos a las Cortes el día siguiente. Su discurso fue breve y claro y se basó en tres puntos: que el Estado español, constituido en reino, había nacido el 18 de julio de 1936 y no antes; que la designación de don Juan Carlos aseguraba la unidad y permanencia del Movimiento Nacional; que la solución propuesta era una instauración y no una restauración.

Franco había contestado por fin a la pregunta que venía haciéndose la clase política durante años. Lo que propuso fue lo que venía repitiendo desde 1947: una monarquía fundada en la legitimidad del 18 de julio. Con la aprobación por las Cortes de la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor a título de rey —lo que se hizo por 491 votos afirmativos, 19 negativos y 9 abstenciones—, Franco tenía la seguridad, como dijo en su discurso, de que todo había quedado «atado y bien atado» para el futuro.

Todavía quedaba, además, él. La designación preveía la sucesión sólo en caso de su muerte o de su incapacidad. Por si cupieran dudas sobre su determinación, las disipó en su mensaje de fin de año de aquel mismo 1969: «Mientras Dios me dé vida estaré con vosotros, trabajando por la patria». Dios le dio otros seis años de vida.

7. EL OTOÑO DEL PATRIARCA

«He visto a Franco pescar, andar, saltar de peña en peña, levantar a pulso un salmón de nueve kilos.» Eso declaró, a finales de mayo de 1964, el entonces director de la agencia Efe, Carlos Mendo, comentando los días que Franco había pasado en Asturias dedicado a su afición favorita. Franco tenía ya setenta y un años, edad a la que saltar de peña en peña no suele ser ni usual ni prudente.

Y, sin embargo, afirmaciones de aquel tipo se prodigarían a partir de entonces. Con cierta periodicidad, el médico de Franco, Vicente Gil, diría a los medios de comunicación que la salud de Franco era magnífica; la televisión mostraría al caudillo jugando al golf —al lado de Joaquín Guimaraens— en La Zapateira, en La Coruña, o, como en 1964, pescando en Asturias, metido en el agua hasta la cintura (algo que siguió haciendo regularmente hasta 1973, como siguió cazando incluso hasta el invierno de 1974-1975, unos meses antes de su muerte).

Tales afirmaciones acerca de la salud de Franco eran demasiado sospechosas. Querían salir al paso de los rumores cada vez más insistentes sobre supuestas enfermedades del caudillo; rumores basados, fundamentalmente, en el evidente envejecimiento que Franco experimentó desde 1964-1965 y en ciertos signos inequívocos de su declive físico.

Franco siempre tuvo, hasta entonces, una salud excelente. Había sufrido en toda su vida tres accidentes: la herida en El Biutz, en 1916; un accidente de automóvil en 1935, en la provincia de Salamanca, en el que el coche ocupado por Franco y su esposa (Franco no conducía jamás) arrolló a dos ciclistas y volcó —un ciclista resultó muerto; Carmen Polo, levemente herida—, y el accidente de caza de 1961. Ninguno dejó secuelas importantes. Enfermedades tampoco tuvo muchas ni graves. Entre 1939 y 1974 apenas si tuvo que guardar cama media docena de veces: dos gripes fuertes, y algún proceso menor, infecciones y extracciones bucales, que le atendía su amigo el doctor Iveas (y antes, hasta 1961, el doctor Jacobo Chermant), alguna intoxicación alimenticia y una inflamación intestinal, ya en 1973, para lo que bastaron los cuidados de su médico personal, Vicente Gil[1].

Franco le comentó a su primo Franco Salgado el 5 de mayo de 1966: «La única enfermedad que tengo son mis setenta y tres años»[2]. Probablemente, ya no era cierto, aunque él tal vez lo ignorase. Franco sufría ya entonces, aunque oficialmente no se reconoció hasta 1974, la enfermedad de Parkinson, una degeneración gradual del cerebro producida por la edad, caracterizada por temblores musculares, rigidez y debilidad general. La enfermedad es relativamente compatible con una actividad normal, pero disminuye la capacidad de reacción del enfermo y favorece la tendencia a la introspección y a la rigidez mental. Es lo que debió pasarle a Franco. Tuvo, al menos, todos los síntomas externos del Parkinson: inexpresividad facial, voz débil y monótona (y eso que la de Franco ya lo era naturalmente), temblor de las manos, fijeza de la mirada, rigidez corporal, ligero adelantamiento del tronco, etcétera. Eso fue lo que alimentó todas las especulaciones sobre su salud[3].

Franco, por tanto, fue adquiriendo —desde 1964-1965— la imagen de un anciano débil y frágil. Eso, unido a su afabilidad y a su cortesía, dio a su figura un aura de suavidad, y hasta de amabilidad, que parecía no acomodarse con aquella realidad autoritaria y represiva de su poder (que se manifestaría además, y como veremos, con rigor e implacabilidad hasta 1975).

Era un hombre enfermo, cada vez menos lúcido y con menos reflejos. Era cierto que todavía podía pescar y cazar, y aun aguantar hora y media bajo una lluvia densa, como hizo en el Desfile de la Victoria de 1966. Pero incluso sus ministros notaban signos crecientes de agotamiento. Los consejos de ministros se acortaron. El 6 de diciembre de 1968 se levantó de uno de ellos, la primera vez que lo hacía en treinta años. No sería raro ya que dormitara ocasionalmente en alguno; apenas si hablaba durante su desarrollo. Su formidable autodisciplina aún le permitió ausentarse de uno de aquellos consejos, el 12 de mayo de 1972, durante veinte minutos, sufrir la extirpación de dos muelas y reincorporarse a su puesto sin que nadie notara nada. Pero ese mismo año, una semana después exactamente, fue preciso ya colocarle disimuladamente un asiento de cazador para que pudiera presidir el Desfile de la Victoria. Sus propios ministros temían las audiencias que Franco continuaba celebrando, por miedo a que los efectos del Parkinson dieran lugar a alguna situación ridícula o patética[4].

El envejecimiento evidentísimo de Franco vino a simbolizar la esclerosis institucional de su propio régimen. Al menos, parecía un contrasentido que aquel hombre de cuerpo menudo y encogido, pulso vacilante, mirada inexpresiva y voz apenas audible gobernara una sociedad tan dinámica como era la sociedad española de fines de los años sesenta y principios de los años setenta.

Franco había dicho muchas veces que su régimen había nacido para restaurar la religión católica frente al ateísmo y el materialismo modernos. Tenía una concepción verdaderamente cristiana de la vida y de la sociedad. La familia era para él la piedra básica de toda la vida social, y en su obra de gobierno había pruebas evidentes de ello (ahí estaba, por citar un solo ejemplo, la representación familiar en Cortes).

Pues bien, el desarrollo, última filosofía política del franquismo, había hecho de España, en una década de cambios vertiginosos, un país secularizado, impregnado de una concepción de la vida basada en el placer, la permisividad y el consumismo. Claro que el cambio no fue ni definitivo, ni general, ni inmediato, ni fácil, y que aún pervivirían usos, hábitos y mentalidades tradicionales. Pero el cambio era real e irreversible.

España llegó en 1975 —año de la muerte de Franco— a los 2.486 dólares de renta per cápita. La población que vivía en municipios de más de 100.000 habitantes se aproximaba al 75%. Entre un 35% y un 40% de los hogares disponía de automóvil; en el presupuesto familiar medio, los gastos diversos y vacaciones suponían un capítulo casi tan importante como los de alimentación; unos cinco millones de españoles hacían ya turismo fuera de España[5].

Desarrollo industrial y urbano, incorporación de la mujer al trabajo, turismo masivo, bienestar económico, disminución dramática de las prácticas religiosas (y de las vocaciones): todo ello, y mucho más, configuraba una España nueva, servida por la publicidad incitante de una televisión —instalada en el 85% de los hogares— que estimulaba a los españoles al consumo y al bienestar (que esa televisión, bien controlada por el Estado, identificaba con automóviles, vacaciones al sol, viajes, electrodomésticos, aperitivos internacionales y perfumería de lujo). Las procesiones y otros rituales de Semana Santa eran ya casi únicamente parte de la oferta turística nacional: lo que ahora se veía durante aquélla eran playas atestadas de jóvenes en biquini y shorts.

Era casi imposible que un hombre de ochenta años, sinceramente religioso y educado en valores morales radicalmente opuestos a todo aquello, rigiera sobre aquella sociedad.

Y de alguna forma, esa contradicción subyacería a toda la crisis —política y de autoridad— que el régimen de Franco sufriría en los últimos años de su existencia. La paradoja no era pequeña: el régimen de Franco fue víctima del mismo proceso de cambio social que había generado. O en otras palabras: el nuevo dinamismo de la sociedad española exigía cambios políticos que ni Franco ni su régimen querían ni podían acometer.

La conflictividad, que no hizo sino aumentar entre 1969 y 1975, fue, ciertamente, el catalizador de la crisis. Pero ésta fue, básicamente, una crisis en el interior del franquismo, una crisis en torno a la interpretación que cabía hacer de su propio proceso institucional de cara a su eventual continuidad a la muerte de Franco. Que en todo ello se mezclaran pugnas por el poder, e incluso la cuestión del sucesor, no altera lo dicho. «En España», diría con razón Blas Piñar, el líder del grupo ultraderechista Fuerza Nueva, creado en 1967, «estamos padeciendo una crisis de identidad de nuestro propio Estado»[6].

Esa crisis se manifestó a partir de 1967 —lo que desmentía la afirmación de Franco según la cual todo estaba «atado y bien atado»—, y se desarrolló por lo menos a dos niveles: la pugna por el control del proceso político entre Carrero-López Rodó, por un lado, y el sector azul del Movimiento, por otro (pugna larvada, no abierta, que no impedía la colaboración entre ambos sectores), y el enfrentamiento entre aperturistas e inmovilistas en torno al desarrollo de la ley orgánica del Estado (y más concretamente sobre la cuestión de las asociaciones políticas del Movimiento).

Aquella pugna por el control del proceso político había ido gestándose al hilo de la ascensión política de Carrero Blanco, López Rodó y los tecnócratas a lo largo de los años sesenta, y se había manifestado, por ejemplo, en las esporádicas explosiones de antipatía contra el Opus Dei aparecidas en la Prensa del Movimiento.

Carrero Blanco y López Rodó tenían, sin duda, un proyecto político claro: Gobierno fuerte, terminación del proceso institucional, desarrollo económico, reforma administrativa, monarquía del Dieciocho de Julio —con don Juan Carlos como sucesor—, y ello como fundamento de un continuismo controlado y prudente.

El interés del Movimiento, que tenía en Solís su portavoz en el Gobierno, era otro: hacer del Movimiento el único cauce de representación política del régimen (admitiendo, si fuera necesario, asociaciones políticas en su interior), de forma que el Consejo Nacional del Movimiento se convirtiera en un órgano superior (incluso a las Cortes), con atribuciones para fiscalizar y controlar al Gobierno. En otras palabras: crear, como ya se indicó, una réplica del PRI mexicano, en el que las instituciones (en el caso español, el Movimiento y su Consejo Nacional) fueran la base de la continuidad y del poder político.

De alguna forma, a la pugna entre esas dos opciones —que estallaría en 1969— se superpuso la otra línea de fractura que se abrió en el franquismo: la cuestión del aperturismo o inmovilismo del régimen (y aun la cuestión de la sucesión, pues se recordará que los hombres del Movimiento habían preferido fórmulas como el regencialismo o el presidencialismo a la monarquía).

En el inmovilismo militaba la ultraderecha del régimen, integrada por diversos sectores, como la vieja guardia de Falange, los excombatientes de Girón de Velasco, los núcleos neofascistas de Blas Piñar, algunos elementos duros del Ejército (militares azules, como los generales García Rebull, Iniesta Cano y Pérez Viñeta) y grupos conservadores del catolicismo y del tradicionalismo. Muchos de sus hombres más conocidos ocupaban importantes posiciones en los pasillos del poder franquista y en las instituciones, tenían influencia en los círculos íntimos de Franco, monopolizaban la lealtad emocional al caudillo. Para los inmovilistas, el franquismo era una estructura coherente y perfecta, cuya modificación, por ligera que fuera, generaría un proceso de cambio que destruiría el sistema. Entendían que eso se había visto ya en los años sesenta: atribuían a la debilidad de los Gobiernos de 1962 y 1965 y a la liberalización operada en aquellos años (por ejemplo, en la ley de Prensa) la oleada de conflictos y desórdenes que el país conocía desde 1965-1966.

Para los aperturistas, la conflictividad era precisamente la prueba de la necesidad de crear un marco legal y político abierto, que facilitase la solución ordenada del contraste de pareceres y de aquellos conflictos que habían surgido en la sociedad española al hilo de su propio desarrollo. El aperturismo fue, en gran parte, un fenómeno generacional, protagonizado por la tercera generación del régimen, por la generación del Príncipe (esto es, los nacidos hacia 1930-1940): una generación dialogante y europeísta, que no había hecho la guerra civil, convencida de que la nueva sociedad española exigía un sistema político también nuevo y que además supusiera un puente hacia alguna forma de democracia.

La incidencia de esa doble tensión sobre la vida pública, bien conocida además por la opinión merced a la liberalización de la Prensa desde 1966, dio a los últimos años de existencia del régimen de Franco una vivacidad política previamente inexistente (acrecentada además por la creciente conflictividad laboral, universitaria, vasca y eclesial).

Los resultados, sin embargo, fueron contrarios a las expectativas de liberalización que la ley orgánica del Estado de 1966 había suscitado (y que a veces se apoyaban en frases del propio Franco, en frases al estilo de «el inmovilismo es inviable en nuestra época», que dijo el 30 de diciembre de 1968).

El inmovilismo ganó todas las batallas políticas libradas en torno al desarrollo de la LOE. La Ley de Libertad Religiosa, promulgada el 28 de junio de 1967, tropezó con una intensísima ofensiva en su contra de la derecha del régimen. Lo que se aprobó fue la tolerancia de las religiones no católicas (no su libertad); la confesionalidad católica de España y su régimen quedó además ratificada. En la ley orgánica del Movimiento, promulgada el mismo día que la anterior y tras debates aún más apasionados, el cerrojazo fue mayor. El Movimiento volvió a ser definido como organización, y no como comunión (como en la LOE), lo que consagraba el poder del formidable aparato burocrático del Movimiento y de los sindicatos y cerraba la puerta incluso al limitadísimo pluralismo (limitadísimo, y dentro del régimen) que podría haber supuesto la idea de Movimiento-comunión.

La ley de Representación Familiar, presentada también el 28 de junio de 1967, supuso igualmente una regresión respecto a la LOE. Las restricciones incorporadas (sobre el número de procuradores por provincia, sobre el derecho al voto, etcétera) desvirtuaron la autenticidad de la representación. Además, cuando se celebraron las elecciones, en noviembre de 1967, el Movimiento-organización copó la representación familiar. Era cierto que llegaron a las Cortes algunos procuradores familiares independientes, que dieron cierto aire crítico a sus debates y sesiones, pero el año siguiente, en septiembre de 1968, el ministro de la Gobernación, Alonso Vega, prohibió que siguieran efectuándose las reuniones que un pequeño grupo de aquellos procuradores, conocidos como trashumantes, había venido celebrando para ver de coordinar su acción parlamentaria.

Los Estatutos del Movimiento (de diciembre de 1968) y de Asociaciones (de julio de 1969), ambos iniciativa del ministro Solís, estuvieron bien lejos de ser, contra lo que se había dicho, la puerta abierta hacia el asociacionismo político dentro del régimen. Se autorizaban, ciertamente, asociaciones de opinión pública, pero no se aceptó el término asociaciones políticas; se les exigía 25.000 afiliados como mínimo, no se les permitía concurrir a elecciones y su aprobación quedaba sometida al Consejo Nacional del Movimiento (y no, por ejemplo, a las leyes ordinarias).

Como reflejo del agotamiento del impulso reformista, también la política exterior fue haciéndose más rígida e ineficaz en torno a 1967-1970. Gibraltar acabó por monopolizar la atención del Gobierno, o, al menos, del ministro de Exteriores, Castiella. El 4 de mayo de 1968, como ya se indicó, el Gobierno español cerró la frontera de La Línea de la Concepción, ante la negativa actitud británica en las negociaciones sobre la descolonización. La medida resultó contraproducente: enajenó definitivamente a la población gibraltareña y España no logró objetivo alguno. En las negociaciones con Estados Unidos, en septiembre de 1968, para la renovación de los acuerdos bilaterales ocurrió algo parecido: las pretensiones de Castiella —1.000 millones de dólares en ayuda militar, apoyo norteamericano en la cuestión de Gibraltar—, no mal vistas, al parecer, por Franco, crearon dificultades. No hubo acuerdo: los pactos se prorrogaron (hasta septiembre de 1970) sin que hubiera concesiones por parte de Washington.

A la oleada de conflictos (primeros atentados mortales de ETA, en 1968; grandes manifestaciones obreras con ocasión de la fiesta del Primero de Mayo, lo mismo en 1967 que en 1968; nuevos desórdenes universitarios, que culminaron con la muerte del estudiante Enrique Ruano en Madrid, en enero de 1969, y el asalto al Rectorado de Barcelona, días después), el Gobierno sólo pudo responder, en febrero de 1969, con la declaración del estado de excepción. La rectificación regresiva del proceso institucional iniciado en 1966 era, pues, evidente en todos los frentes.

Franco, en realidad, nunca había dado pie a excesivas expectativas. Frases suyas, como aquella del 30 de diciembre de 1968 antes citada, eran más bien ocasionales: más que de firmes y claras promesas de Franco, el aperturismo se alimentó de sus propios deseos y de sus propias ilusiones.

Franco no engañó a nadie. Desde que comenzó a hablarse de desarrollo político, liberalización y apertura —expresiones estas dos últimas que apenas si utilizó alguna vez—, Franco habló de institucionalización. Entendía el término como un lento proceso de evolución que adaptase el régimen a las necesidades y circunstancias de la hora, pero en el que lo esencial permanece inalterable.

Lo esencial, según explicara Franco en sus dos largos discursos de 17 y 28 de noviembre de 1967 —al inaugurar, respectivamente, la IX Legislatura de las Cortes y el XI Consejo Nacional del Movimiento—, era, por lo menos, lo siguiente: —El Movimiento Nacional, su doctrina, sus principios, su organización institucional: «Este Movimiento», dijo el 28 de noviembre, «ha estado, está y debe continuar en la base de nuestro ordenamiento jurídico y político». —Unidad: «No me cansaré de pedir unidad en lo esencial», había proclamado el día 17, «para bien de nuestra España...». —Autoridad: «Ningún cambio», dijo en la misma ocasión, «ha de afectar, por supuesto, al mantenimiento del principio de autoridad», principio que era para Franco la clave de la paz, del orden y del derecho. —Negación de los partidos políticos: «Se equivocan», advirtió, «los que creen que un proceso de institucionalización ha de partir de una fragmentación previa de la unidad social en múltiples partidos políticos». Lo había dicho poco antes, el 27 de abril, en Sevilla: «Si a disculpa del contraste de pareceres lo que se busca son los partidos políticos, sepan en absoluto que eso jamás vendrá».

Para Franco, España estaba ya vertebrada, el armazón institucional del Estado estaba cerrado y se había dotado al país de estructuras sólidas y eficaces. Entendía que con la designación del sucesor en julio de 1969, la institucionalización había concluido: «La permanencia inalterable de los principios del Movimiento, la solidez del sistema institucional del Estado y la designación y juramento prestado por el Príncipe de España, de cuya lealtad y amor a la patria ha dado sobradas pruebas», dijo en su mensaje de 30 de diciembre de 1969, «son firme garantía de la continuidad de nuestra obra».

Institucionalización, continuismo: ésa era la respuesta de Franco al debate abierto en el interior de su régimen. Franco optaba por aquello en lo que, desde su perspectiva pragmática y prudente, siempre había creído: por la continuidad institucional del franquismo. No fue un inmovilista a ultranza (al estilo de lo que por entonces empezaría a llamarse el búnker del régimen), pero mucho menos fue un aperturista. Ante el dilema inmovilismo o apertura, se mantuvo en un equilibrio parcialmente descompensado en favor del primero.

Ello se vio en los cambios de Gobierno que dispuso a partir de 1969: cuando se decidió a delegar la jefatura del Gobierno lo hizo en hombres duros, experimentados, leales, poco sospechosos, como Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno entre 1969 y junio de 1973 y presidente entre junio y diciembre de ese año (aunque actuó como presidente de hecho en todo ese tiempo), y Carlos Arias Navarro, nombrado jefe de Gobierno a la muerte de Carrero.

La formación de un nuevo Gobierno en octubre de 1969 parecía lógica y obligada: el Gobierno de 1965 estaba gastado y dividido (por la ley de Prensa, la LOE, las huelgas, el estado de excepción, el nombramiento de sucesor, etcétera). Franco y Carrero, una vez más pieza clave en la operación de cambio, venían estudiando la crisis desde hacía tiempo.

Pero su tramitación coincidió con el estallido de una nueva cuestión que, por sus características —ya que se trataba de un formidable escándalo financiero—, vino a acentuar la imagen de deterioro y crisis que dio el régimen de Franco en sus últimos años. En efecto, el 10 de agosto de 1969 el Gobierno reconoció que los créditos concedidos a la empresa Matesa por la entonces enorme suma de 10.000 millones de pesetas para la exportación de maquinaria textil habían sido utilizados indebidamente. Varios directivos de la empresa, a los que se suponía vinculados al Opus Dei, fueron detenidos y procesados: los ministros de Hacienda, Juan José Espinosa San Martín, y Comercio, Faustino García Moncó, ambos del Opus Dei, aparecían gravemente comprometidos.

Matesa provocó, indudablemente, una grave erosión en el prestigio público del régimen de Franco: el espectro de la corrupción, que ya había asomado en distintas ocasiones, saltó ahora de lleno a la luz pública. La impresión fue que todo un sistema y un Estado hacían crisis. La reacción de Franco contribuyó muy poco a disipar sospechas y acallar rumores. No quiso aceptar que el asunto hubiese podido salpicar a altos cargos del Gobierno o de la Administración del Estado. Permaneció impasible, por ejemplo, cuando en sus propias Cortes se leyó, el 30 de junio de 1970, el informe de la comisión encargada de dictaminar el asunto, que implicaba a cargos importantes. Zanjó la cuestión incluyendo a Espinosa San Martín y García Moncó entre los beneficiarios del indulto concedido el 1 de octubre de 1971, por lo que quedaron exonerados de toda responsabilidad en que pudieran haber incurrido[7].

A Franco le disgustó la politización del asunto Matesa por la Prensa del Movimiento, en lo que pareció ser una maniobra de ese sector por hacer saltar del Gobierno a los tecnócratas del Opus Dei. El intento, si es que lo hubo, no prosperó. Franco hizo la crisis que le propuso Carrero Blanco: en ella salían del Gobierno los ministros implicados en el asunto Matesa, pero también otros a los que se les suponía en la maniobra política contra el Opus, como Solís, o de quienes se dijo que la habían consentido, como Fraga Iribarne, responsable de la Prensa.

El 29 de octubre de 1969, Franco llevó a cabo el reajuste de Gobierno más amplio de su ya larguísimo mandato. En el Gobierno entraron trece ministros nuevos de un total de dieciocho. Era el más próximo a un Gobierno monocolor (aunque no lo era) de los que hasta entonces se habían formado. Carrero Blanco, aunque nominalmente vicepresidente, se convertía de hecho en jefe del Gobierno; Franco actuaría en adelante, en la práctica, como jefe de Estado (que es lo que en realidad había hecho siempre: sus consejos de ministros fueron más que nada consejos de administración, salvo alguna rarísima ocasión, y apenas si se habló de grandes temas de política nacional en ellos). Por lo menos 12 de los ministros podían ser considerados afines a la línea conservadora-tecnocrática de Carrero Blanco-López Rodó. Por eso se habló, jugando con las palabras, de copus.

Terminado el proceso institucional, planteado el dilema inmovilismo-apertura, cuestionada seriamente la capacidad de integración del sistema, en crisis de identidad todo el Estado franquista, Franco apostaba por el franquismo integral, desarrollista, conservador y desideologizado de Carrero Blanco.

La principal preocupación de Carrero fue restaurar la autoridad del Gobierno sobre todas las instituciones del Estado. Esto era lo que significaban «la unidad de poder y la coordinación de funciones» que, según la declaración oficial, inspirarían la política del nuevo Gobierno. Con un Gabinete homogéneo, Carrero pensaba que podría acometer con eficacia la realización de un amplio programa político que terminase con la situación de crisis de autoridad que el Estado sufría y que preparase el camino hacia una transición al posfranquismo que ya se veía como cada vez más inminente: reforma de la educación, nueva ley Sindical, reactivación de la economía (tras la recesión de 1967-1969), relanzamiento de la política exterior y replanteamiento de las relaciones Iglesia-Estado eran los puntos claves[8].

El Gobierno de 1969 tuvo éxito sólo en dos de sus objetivos: economía y política exterior. El producto interior bruto creció en un 4,1% en 1970, en un 4,9% en 1971, en un 8,1% en 1972 y en un 7,8% en 1973 (aunque al precio de una alta tasa de inflación que superó el 8% en 1971 y 1972 y llegó al 11,4% en 1973). En el ámbito exterior, el nuevo ministro, Gregorio López Bravo, por quien Franco tuvo especial debilidad, sacó la política española de la situación de inmovilidad en que la había dejado Castiella: firmó, en junio de 1970, un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea; renovó, en septiembre, los acuerdos con Estados Unidos (e hizo que el presidente Nixon visitara España en octubre); dio nuevo impulso a las relaciones con los países árabes, apoyando incluso las tesis palestinas en Oriente Próximo (sin duda para contrarrestar las aspiraciones de Marruecos sobre el Sáhara), e inició la apertura hacia los países del Este y China, con la que estableció relaciones diplomáticas formales.

Pero en lo demás, el Gobierno tropezó con muy graves dificultades: el problema no era de Gobierno, sino de régimen. La ley de Educación de 1970 del ministro Villar Palasí —sin duda, valiosa en otras circunstancias— no resolvió el problema universitario: continuando varios años de confrontación más o menos intensa, la agitación culminó en graves y amplios incidentes de orden público en las universidades de Madrid y Valladolid en los cursos 1972 y 1973.

La Ley Sindical de 1971 fue regresiva incluso para muchos sectores del Movimiento. La paz social de Franco se quebró precisamente entonces. Se registraron

1.547 huelgas en 1970, 542 en 1971 y 853 en 1973.

Y lo que fue más grave: la falta de un sistema democrático de relaciones laborales hizo que muchos conflictos degenerasen en graves enfrentamientos entre la policía y los huelguistas. Ocho trabajadores resultaron muertos en ellos entre 1970 y 1973: tres en Granada, en julio de 1970; uno en Madrid, en septiembre de 1971, en una huelga de la construcción; otro más en Barcelona, en noviembre, cuando la policía intentó desalojar las plantas de la factoría Seat, ocupadas por unos 7.000 obreros en huelga; dos más en El Ferrol, la ciudad natal de Franco, en marzo de 1972, y otro, finalmente, al año siguiente, en una huelga en una central nuclear en construcción cerca de Barcelona (San Adrián del Besós).

En el País Vasco las cosas fueron aún peor. Entre julio y septiembre de 1970, ETA, a pesar de una durísima represión (1.953 detenidos en 1969, 831 en 1970), llevó a cabo una serie de espectaculares atracos a bancos, cajas de ahorro y empresas; el 18 de septiembre de 1970, un Franco perplejo, aunque imperturbable, veía cómo un veterano nacionalista, Joseba Elósegui, se prendía fuego ante sus ojos, al estilo de los monjes budistas, durante un partido de pelota en San Sebastián[9].

Poco después, en diciembre, Franco y su Gobierno se iban a enfrentar con el acontecimiento más dramático de su historia reciente: el juicio en Burgos por un tribunal militar contra 16 miembros de ETA (entre ellos, dos sacerdotes y tres mujeres), para los que se pedía un total de seis penas de muerte (o nueve, porque alguna estaba duplicada) y 752 años de prisión.

Franco, que dio luz verde al juicio, y su Gobierno quisieron así responder con una prueba de fuerza al desafío vasco (y acallar a quienes desde la ultraderecha criticaban la debilidad del régimen). Los resultados no pudieron ser más negativos. En primer lugar, porque la nueva sociedad española, moderna y desarrollada, se encontró sin excusa posible frente a la realidad represiva del régimen, algo que aquella sociedad no había querido reconocer o algo que, cuando se trató de disolver manifestaciones de obreros y estudiantes, no le había importado demasiado. En segundo lugar, porque el juicio generó una reacción internacional de protesta contra Franco como no se recordaba desde 1946.

Las tensiones en torno al juicio de Burgos comenzaron antes de la fecha de celebración de éste, fijada para el 3 de diciembre de 1970. El 21 de noviembre, los obispos vascos Cirarda y Argaya publicaron una carta pastoral en la que condenaban la legislación aplicada a los acusados y pedían clemencia en los casos de penas de muerte. El 30 de noviembre, algunos centenares de personas se manifestaron en Barcelona contra el juicio y contra Franco.

El 1 de diciembre, la asamblea plenaria del episcopado era la que pedía «máxima clemencia». Ese mismo día, al tiempo que se iniciaban huelgas, asambleas y manifestaciones en todo el País Vasco que iban a prolongarse varios días, y al tiempo que el general García Valiño proponía al capitán general de Burgos, general García Rebull, que pospusiese el juicio hasta que se ratificase la competencia de la jurisdicción militar, ETA, en un golpe de audacia con objetivos propagandísticos, secuestraba en San Sebastián al cónsul alemán occidental, Eugen Beihl.

A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. Los acusados convirtieron el juicio en un desafiante proceso contra el régimen y en favor de la causa vasca. El día 4 fue declarado el estado de excepción en Guipúzcoa; los días 9 y 10 hubo nuevas manifestaciones en diversas ciudades de España; el 12, unos trescientos conocidos intelectuales catalanes (Miró, Tàpies, Raimon, Serrat, Terenci Moix, etcétera) se encerraron en la abadía de Montserrat y publicaron un manifiesto en el que, además de condenar el juicio de Burgos, pedían amnistía y el restablecimiento de las libertades democráticas. El día 14 de diciembre de 1970, después de que varios capitanes generales pidieran mano dura a Franco, el Gobierno acordó declarar el estado de excepción en todo el país durante seis meses.

La reacción internacional había sido también muy amplia. Desde que comenzó el juicio hubo manifestaciones y mítines en numerosas ciudades europeas, algunos consulados españoles y oficinas de Iberia fueron apedreados, en algunos puertos se boicoteó a los barcos españoles, toda la Prensa y los medios de comunicación internacionales expresaron su repulsa por el juicio, el propio órgano oficial del Vaticano pidió clemencia.

La respuesta del franquismo fue muy similar a la que había tenido lugar en 1946, cuando el régimen de Franco fue condenado en la ONU: la movilización de la opinión en exaltación de Franco, apelando al chovinismo nacional contra la hostilidad extranjera. El 17 de diciembre, Franco recibía en la plaza de Oriente el homenaje de cientos de miles de personas que, al tiempo que le aclamaban —a él y al Ejército—, pedían el castigo de ETA y la ejecución de los condenados a muerte. Manifestaciones similares fueron organizadas en casi toda España en los días siguientes.

El día 28, tras dos semanas de tensa espera desde que terminara el juicio, sin más distensión que la liberación del cónsul alemán occidental, el tribunal militar hizo público el veredicto: condenaba a muerte a seis de los acusados (Izco de la Iglesia, Uriarte, Gorostidi, Dorronsoro, Larena y Mario Onaindía) y a 519 años de prisión a los demás.

Confirmada la sentencia por el capitán general de Burgos, Franco reunió al Gobierno el día 29. Lo presidió vestido de capitán general, algo que jamás había hecho. Casi todo el Gobierno —que se había conducido con prudencia en aquel clima de tensión que rodeó al juicio— opinó a favor de la conmutación de las penas de muerte.

Franco no se pronunció, aunque los ministros creyeron ver una reacción de alivio en el caudillo al conocer sus respectivas opiniones (y uno aseguraría que dijo: «Muchas gracias, me han quitado ustedes un gran peso de encima»). El día 30, en su mensaje de Fin de Año, Franco anunció al país que había decidido usar la prerrogativa de gracia de indulto y conmutar las penas de muerte[10].

Se había enmendado así lo que, de otro modo, habría sido un irreparable error político y moral. Pero, pese a ello, el juicio de Burgos fue un fracaso del régimen. Había redescubierto la cara negra del franquismo, reabierto la cuestión de su legitimidad y polarizado a la opinión española. Sobre todo en el País Vasco, el juicio de Burgos fue un verdadero punto de inflexión histórica, un revulsivo de la conciencia nacional vasca, como pudo ya comprobarse en la amplia movilización que allí se produjo a lo largo de todo aquel mes de diciembre de 1970: fue el inicio de un proceso que, en pocos años de agitación y represión, acabaría por alienar del régimen de Franco a amplios sectores de la opinión vasca y que terminaría por generar un sentimiento amplio de enconamiento y crispación contra la idea misma de España.

Franco no supo darse cuenta de ello. La política que el franquismo siguió en el País Vasco entre 1969 y 1975 fue uno de los grandes errores históricos en la historia reciente del país.

Además fue entonces cuando se quebró definitivamente la paz de Franco. A los graves sucesos de Granada, Seat, El Ferrol y San Adrián del Besós ya mencionados se añadieron huelgas generales —amplias y violentas, aunque sin víctimas— en Vigo, Pamplona y otras localidades. Todo estaba lejos de estar bien atado. En 1971, la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes de toda España votó en favor de la resolución por la que la Iglesia pedía perdón por no haber sabido desempeñar un papel reconciliador en la guerra civil; dos años después, los obispos pedirían la revisión del concordato de 1953 y la separación entre la Iglesia y el Estado.

En 1971-1973, ETA (o ETA-V Asamblea, su rama dura, nacionalista y militar), bajo la dirección de Eustaquio Mendizábal, Txikia, desencadenó su más intensa campaña de violencia terrorista hasta la fecha: atracos, atentados (cuatro policías y cinco etarras murieron en 1972-1973), secuestros (de los industriales Lorenzo Zabala, en 1972, y Felipe Huarte, en 1973), destrucciones (locales de sindicatos, monumentos de la guerra civil, clubes de la alta burguesía, etcétera). Por entonces apareció el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), grupo activista de ideología maoísta partidario de la destrucción violenta del franquismo: el 1 de mayo de 1973 asesinó a un policía en Madrid.

Hasta en la cuestión de la sucesión parecía que las previsiones de Franco podían fallar. No le gustó que el príncipe Juan Carlos intentara restablecer la armonía de relaciones con su padre, don Juan, por las implicaciones políticas que ello tenía, ni que aparecieran reportajes, como el que publicó The New York Times el 4 de febrero de 1970, en los que el Príncipe aparecía como esperanza de un futuro democrático para España. Cuando Franco supo por el propio don Juan Carlos que éste había cenado con José María de Areilza, uno de los inspiradores de la política liberal de don Juan, Franco le dijo: «Ya lo sabe, alteza: o príncipe o persona privada»[11].

Más problemas produjo, sin embargo, el matrimonio de un primo de don Juan Carlos, Alfonso de Borbón-Dampierre, con la nieta mayor de Franco, María del Carmen Martínez Bordiú, celebrado el 8 de marzo de 1972 en el palacio de El Pardo.

Los problemas se debieron al trasfondo político de la boda: ésta, por la significación de los contrayentes, podía permitir que sectores antijuancarlistas del régimen pudieran ver en Alfonso de Borbón, que nunca había ocultado sus simpatías por el Movimiento y a quien se tenía por hombre de ideología derechista, una solución alternativa. Lo que podía dar pie a ello era que todavía no se había instaurado la Corona en el Rey, y que no estaba establecido, por tanto, el orden de sucesión futuro en la primogenitura de la línea descendiente de don Juan Carlos: ahí cabía la posibilidad de que las Cortes pudieran incluir a don Alfonso en la sucesión a don Juan Carlos, como pariente próximo que era y habida cuenta de que no había aceptado la renuncia de su padre (don Jaime) a los derechos que en su día tuvo a la Corona.

Franco, que era un hombre profundamente respetuoso con las instituciones y las leyes, probablemente nunca consideró tal posibilidad. Y probablemente también, nadie llegó más allá de especular con ella. El propio Alfonso de Borbón declaró que reconocía la instauración en don Juan Carlos (aunque también afirmó que nunca renunciaría a los que creía eran sus derechos).

Pero a Franco le molestaron las iniciativas de las casas de don Juan Carlos y don Juan para evitar que a la boda se le diera rango de boda de Estado o de matrimonio regio y para impedir que don Alfonso utilizara un título como el de príncipe (que únicamente podía corresponder a don Juan Carlos). Cuando el 1 de febrero de 1972 el ministro de Justicia, Antonio María Oriol, despachó con él sobre el asunto, Franco no ocultó su malestar: «Quisiera saber de dónde sale la maniobra», dijo. «Don Alfonso tenía el título de príncipe, y ahora, porque se casa con mi nieta, se lo quieren quitar»[12].

Aunque aceptó las explicaciones que se le dieron, su contrariedad fue clara. Las relaciones Franco-don Juan Carlos se enfriaron aún más a raíz de unas nuevas declaraciones liberales realizadas por don Juan en Estoril el 24 de junio, coincidiendo con una visita de don Juan Carlos (aunque ello no impidió que Franco firmara las leyes de 18 de julio que reforzaban la autoridad del futuro Rey sobre las instituciones para el momento en que se produjera la sucesión)[13].

Franco además no había renunciado a otorgar a don Alfonso el título de príncipe de Borbón, como se lo comunicó a Carrero Blanco el 16 de noviembre de 1972: fue precisa una muy tensa reunión entre don Juan Carlos y Franco, celebrada el día 20, para que el caudillo desistiera y accediera, a cambio, a la concesión del título de duque de Cádiz, con tratamiento de alteza real, tratamiento que ostentarían igualmente la nieta de Franco y sus descendientes directos; título que, evidentemente, subrayaba la posición marginal de don Alfonso en la línea de sucesión.

El régimen seguía sin resolver sus problemas políticos internos. Carrero, como Franco, recelaba del asociacionismo. Varias veces dijo que los partidos políticos no volverían jamás. La idea de reintroducir la figura de la oposición legal en el sistema —de lo que también se habló entonces— le parecía innecesaria y contraproducente; ni siquiera admitía la posibilidad de que los procuradores en Cortes formasen grupos parlamentarios. Pensaba que el sindicato, la familia y el municipio eran suficientes para absorber cualquier manifestación de pluralismo ideológico.

Con tales criterios, no pudieron sorprender las casi insolubles dificultades con que se encontró el que desde 1969 fue nuevo ministro del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda. De entrada, en diciembre de 1969 suprimió la Delegación Nacional de Asociaciones, lo que implicaba la desaparición del Estatuto de Asociaciones aprobado por su predecesor Solís sólo unos meses antes.

El nuevo ministro comprendía, sin duda, la necesidad de regular el pluralismo existente en el país y de ensanchar los cauces de representación del sistema. Habló, por ejemplo, de pluriformismo, y en mayo de 1970 presentó un nuevo proyecto de asociaciones en el que se incluían ya las «asociaciones de acción política».

Pero Fernández-Miranda, hombre hábil e inteligente, que no ignoraba que las asociaciones políticas no serían sino partidos con otro nombre, no pudo tampoco hacer de las asociaciones una tercera vía entre el partido único y los partidos políticos. El nuevo Gobierno congeló el proyecto del ministro y declaró el asociacionismo «materia reservada». Las piruetas verbales que Fernández-Miranda tuvo que hacer en defensa de la medida fueron extraordinarias: «Decir sí o no a las asociaciones», dijo el ministro en las Cortes en noviembre de 1972, «es, sencillamente, una trampa saducea... El tema está en ver si diciendo sí al asociacionismo político, se dice también sí o no, o no se dice sí sino no, a los partidos políticos». La conclusión que se pudo sacar del galimatías del ministro fue que, puesto que las asociaciones serían partidos disfrazados, no habría asociaciones. Y, en efecto, no las hubo[14].

Y es que eran el Gobierno y el régimen los que estaban atrapados en la «trampa saducea» de que habló Fernández-Miranda. El franquismo carecía de respuestas políticas a los problemas nacionales. Eso lo vieron ya incluso hombres del propio sistema. En 1971, el ex ministro Fraga Iribarne publicó un libro resonante, El desarrollo político, en el que indicaba cuál era la raíz última de la crisis del régimen: que una sociedad desarrollada e industrial como era la España de los años setenta necesitaba otras instituciones políticas, un nuevo sistema político. Fraga mismo pensaba ya en una apertura hacia la liberalización y las asociaciones, y en mayores cauces de representación y de legitimidad democrática.

Eso lo decía, además, alguien que era franquista y cuyo nombre figuraba siempre en todas las combinaciones que se hacían de cara a posibles cambios de gobierno. Eso era lo importante: la extensión que el debate político había adquirido en el interior mismo del régimen. Areilza, por ejemplo, escribía abiertamente en la Prensa sobre la «vía española a la democracia», y recordaba que democracia suponía soberanía popular, gobierno responsable, Parlamento y partidos políticos. Los aperturistas hablaban ya prácticamente el lenguaje de la oposición democrática clandestina.

El Gobierno de Carrero Blanco no acertó a resolver sus propias contradicciones y dilemas. A la escalada de conflictos respondió con el endurecimiento de las medidas de orden público. En 1971 fue reformada la ley de Orden Público de 1959, aumentándose la cuantía de las multas y las penas de prisión para los delitos de su competencia. El diario Madrid, el más liberal de los periódicos españoles, fue cerrado por el Gobierno en 1972 (y dinamitado su edificio el 21 de abril de 1973; su director, Rafael Calvo Serer, el mismo que antes fuera ideólogo del integrismo católico, tuvo que exiliarse); otras publicaciones (periódicos, revistas, editoriales) sufrieron cierres temporales y multas. En 1972 fueron detenidos los principales líderes de Comisiones Obreras, que fueron procesados al año siguiente y condenados a penas de hasta veinte años de cárcel[15].

Pero esa política resultaba ya impotente. Ya se ha visto que los conflictos laborales, estudiantiles y vascos no cesaron. Lo mismo ocurrió en otros campos. La desaparición del vespertino Madrid no silenció a la Prensa: ésta acabó por convertirse en un «parlamento de papel», expresión del pluralismo político que se agitaba ya en el país y en el régimen (aunque la oposición democrática sólo accediera a la opinión con muchas cautelas y restricciones, y sufriera todavía los efectos de la represión). Un grupo de excelentes y celebrados humoristas gráficos (Mingote, Forges, Chummy Chúmez, etcétera), por ejemplo, satirizó desde la Prensa cotidiana el inmovilismo y la retórica tradicional del franquismo.

El Gobierno mismo estaba dividido. Mientras Carrero Blanco y Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas, se asomaban a la Prensa y publicaban, bajo los seudónimos respectivos de Ginés de Buitrago y Diego Ramírez, violentas diatribas contra el aperturismo y los partidos, otros ministros hacían declaraciones en favor de las asociaciones políticas y de la liberalización. El ministro de la Gobernación, responsable por tanto del orden público, Tomás Garicano Goñi, le dijo a Franco en una nota que le entregó el 11 de septiembre de 1972 que era preciso que la actuación política del régimen se orientara, rechazando el ultrismo, a facilitar el cambio y el relevo que propugnaban las generaciones jóvenes. Unos meses después, el 7 de mayo de 1973, denunciaba en una nueva nota el «desorbitado histerismo» de los ultras, y le decía que creía necesario «un auténtico aperturismo»[16].

La misma reacción de la derecha del régimen, del ultrismo de que hablaba Garicano Goñi, evidenciaba la profunda crisis del franquismo (al tiempo que contribuía a agravarla). En las Cortes, los procuradores ultras expresaron con energía su profundo desagrado con aspectos aperturistas de la política del Gobierno: con la apertura al Este de López Bravo, por ejemplo, o con proyectos como el de reconocimiento de la objeción de conciencia.

Desde 1971 hubo también violencia ultraderechista: comandos de ese signo asaltaron librerías y galerías de arte conocidas por su izquierdismo cultural y político. Fue la derecha la que protagonizó las manifestaciones masivas de adhesión a Franco (la de 1970 y la del 1 de octubre de 1971) y la que promovió los actos en homenaje a la policía de mayo de 1973, que fueron, al mismo tiempo, una protesta contra la debilidad del ministro Garicano Goñi. Finalmente, la derecha del régimen rechazaba las asociaciones políticas. Todo lo que admitía era, según dijo Girón de Velasco en mayo de 1972, un juego de «tendencias» y, por supuesto, sólo dentro del régimen: Girón habló de una tendencia «progresista y revolucionaria», que podría ser la Falange; de otra «conservadora y tradicional» (los católicos) y de una tercera «templada y moderadora», que se pensó pudiera estar representada por López Rodó.

Al franquismo no parecía unirle ya más que la adhesión incondicional y emocionada al caudillo. Un año después de la multitudinaria manifestación de 17 de diciembre de 1970, otra vez las masas franquistas se echaron a la calle. El 1 de octubre de 1971 volvieron a homenajear ruidosamente a su líder en la plaza de Oriente de Madrid. Esta vez no había motivo específico alguno; la manifestación se organizó, simplemente, «porque sí», como se leía en la intensísima propaganda desplegada. La exaltación de la figura de Franco, aquel nuevo tipo de liderazgo plebiscitario basado ahora en la edad, era la respuesta del franquismo a su insoluble crisis de identidad.

Franco, sin embargo, tenía ya muy poco que decir. Sin embargo, su actividad seguía siendo intensa. En 1970 viajó a Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cáceres, Jerez y Salamanca y recibió en El Pardo, entre otras personalidades, a los presidentes Nixon, de Estados Unidos, y Americo Thomas, de Portugal. Aún continuó recibiendo numerosísimas visitas en sus incontables audiencias en El Pardo (y, en verano, en Meirás): en sus cuarenta años como jefe de Estado recibió a 9.169 personas y a 5.023 comisiones (integradas por 68.596 personas)[17]. Pero desde 1971 sus viajes por España cesaron prácticamente y, en cualquier caso, sus palabras en aquellos y otros actos se limitaban ya a lo estrictamente protocolario.

Franco se movía en las mismas contradicciones que su régimen. Cuando Fernández-Miranda le comunicó en diciembre de 1969 que iba a suprimir el Estatuto de Asociaciones, le dijo: «De todos modos, no cierre la puerta del todo; déjela un poco entreabierta»[18]. Era esa ambigüedad, precisamente, lo que alimentaba y prolongaba la crisis.

«Hay que esperar; hay que esperar; este hombre reaccionará; tiene que hacerlo. No hay otra solución», le comentó Girón de Velasco al médico de Franco, Vicente Gil, el 14 de noviembre de 1972[19]. La esperanza del líder de la ultraderechista federación de excombatientes no se cumplió. No sólo aquel hombre, Franco, no reaccionó; tampoco él tenía la solución.

Franco pronunció los dos últimos discursos verdaderamente políticos de su vida los días 18 de noviembre de 1971, al abrir la X Legislatura de las Cortes, y 31 de enero de 1972, al inaugurar el XII Consejo Nacional del Movimiento. En ellos volvió a quedar claro que no todo estaba «atado y bien atado», expresión que Franco volvió a usar en su intervención del 18 de noviembre: la prueba era que Franco se veía forzado con ochenta años a definir una vez más lo que era su régimen y sus instituciones.

En el primero de aquellos discursos, tras repasar la labor de las Cortes desde el año 1967 y después de hacer un balance triunfalista de lo que había sido el desarrollo entre 1940 y 1970, Franco volvió a sus ideas favoritas. Insistió en su tesis de que el desarrollo se debía al Movimiento Nacional y de que en España había un «Estado social de Derecho». Definió su régimen como «unidad de poder y coordinación de funciones», según la fórmula de Carrero Blanco: «España», recordó, «como unidad política, es un Estado social, católico y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». Habló del necesario «perfeccionamiento» de las instituciones, pero rechazó abiertamente los partidos políticos y dejó nítidamente claro que las diferencias de opinión no podrían confundirse en su régimen con «encuadramientos dogmáticos preconcebidos con grupos ideológicos». Recordó una vez más que los principios del Movimiento eran, por definición, «permanentes» e «inalterables».

No negó que España tuviera problemas, que atribuyó al propio crecimiento y a la «subversión sistemática» de sus enemigos. Pero afirmó que España gozaba de buena salud política, que era ya una democracia («práctica» y «orgánica») y que aquel Estado social de derecho era el orden político que garantizaba la libertad y la justicia.

El discurso de 31 de enero de 1972 fue más breve, pero no menos definidor. Franco quiso definir, precisamente, las funciones del Consejo Nacional del Movimiento y señalar la labor de defensa del orden institucional que le correspondía. Determinó su papel como árbitro de la acción política y su función delimitadora de los criterios políticos del régimen.

Franco, en realidad, no había dicho nada nuevo en sus discursos. Había dejado en claro una sola cosa: que no cabían alternativas a su régimen, que la fidelidad a los principios del 18 de Julio era insoslayable y que no podía haber acción política más que dentro del Movimiento.

Probablemente, no podía exigírsele más a un hombre de ochenta años que aquella fidelidad inquebrantable a la obra de toda su vida. Pero aquellos discursos eran simples definiciones abstractas y solemnes, recapitulaciones idealizadas de la labor y la significación del régimen. El problema era precisamente que aquel régimen, así definido, se veía desbordado por el propio dinamismo de la sociedad española y que, como la proliferación de conflictos mostraba, no servía para encauzar ordenadamente el pluralismo que hervía en el país. El régimen no era la solución: el régimen era el problema.

De ahí que las vacilaciones y la incertidumbre continuaran. La reacción que esperaba Girón no se produjo. Al contrario, en su discurso navideño de 1972 Franco pareció inclinarse hacia el aperturismo: «Hemos de alejar cualquier criterio cerrado y excluyente; la disparidad de juicios o tendencias es no solamente legítima, sino necesaria». Carrero Blanco se dirigió al Consejo Nacional del Movimiento el 1 de marzo de 1973 pidiéndole que redactara «medidas concretas para ampliar la participación de los españoles en las tareas públicas».

Las esperanzas del aperturismo, que había recibido con entusiasmo el mensaje navideño de Franco, fueron, sin embargo, efímeras. El asesinato, en mayo de 1973, de un policía por el FRAP y la polémica suscitada cuando el arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón, vetó la entrada en la capital de una peregrinación político-religiosa que paseaba por España la imagen de la Virgen de Fátima, sirvieron de ocasión para una verdadera ofensiva de la ultraderecha, que culminó con la manifestación en homenaje a la policía.

Aunque Carrero Blanco resolvió la situación con prudencia y moderación, la crisis política era inevitable. En junio de 1973, Franco reorganizó el Gobierno. Las novedades estuvieron en la separación entre las jefaturas de Estado y de Gobierno, algo que parecía obligado dada la edad de Franco, y en la designación de Carrero Blanco como jefe de Gobierno (y, además, en el paso de López Rodó a Exteriores y en la entrada del duro Carlos Arias Navarro en Gobernación). Pero, políticamente, cabía esperar pocos cambios: Carrero mismo dijo que el programa de su Gobierno era «continuar».

El Gobierno de 11 de junio de 1973 supuso, en todo caso, un giro a la derecha como única manera de tranquilizar a los ultras sin renunciar por ello a un moderado aperturismo bien controlado por el Gobierno. Así parecían indicarlo el discurso de Carrero en las Cortes, en julio, y la «ofensiva institucional» anunciada en octubre por Fernández Miranda, elevado en el nuevo Gobierno a la categoría de vicepresidente.

En cualquier caso, el Gobierno quedó inédito. El 20 de diciembre de 1973, el mismo día en que debía comenzar el juicio contra los dirigentes de CC OO, Carrero Blanco fue asesinado por un comando de ETA: una formidable explosión, provocada por tres cargas colocadas en un túnel de siete metros, excavado bajo el pavimento de la calle de Claudio Coello de Madrid, lanzó por los aires al automóvil en que iba Carrero Blanco, que acababa de asistir a su misa diaria en la iglesia de los jesuitas. El coche se elevó más de 30 metros, voló por encima de un edificio de cinco plantas, la residencia de los jesuitas, y cayó en un patio interior de ésta: murieron, además de Carrero, el conductor del vehículo y el policía de escolta.

Franco supo la noticia hacia las diez de la mañana de aquel día, unos veinte minutos después de producirse el atentado: el ministro de la Gobernación, Arias Navarro, se lo comunicó a Antonio Galbis, uno de los ayudantes de Franco después de haber sido informado por la policía. Pero, hasta cerca de las doce de la mañana, se le hizo creer que Carrero había muerto en un accidente. Cuando Fernández-Miranda le comunicó que había sido un atentado, Franco, que sufría un fuerte catarro gripal, recibió la noticia con relativa serenidad. Dio unos pasos y comentó: «Estas cosas ocurren». Al día siguiente, sin embargo, se evidenció la emoción que el suceso le había producido: rompió a llorar, aunque se rehízo de inmediato, antes de comenzar el Consejo de Ministros que había convocado urgentemente (y que acordó nombrar duque de Carrero Blanco al presidente asesinado)[20].

Franco no acudió al entierro que se celebró el 21 de diciembre por la tarde, presidido por el príncipe Juan Carlos, en medio de una emoción y una tensión intensísimas. La ceremonia fue ocasión para una ruidosa manifestación de la ultraderecha, que vitoreaba a la Guardia Civil y pedía que el Ejército tomara el poder.

Asistió, en cambio, a los funerales que se celebraron el día 22, en la iglesia de San Francisco el Grande, oficiados por el cardenal Tarancón (que había sido blanco de las iras de los ultras en las ceremonias anteriores: los gritos de «Tarancón, al paredón» habían sido constantes). Franco estuvo muy emocionado: lloró y gimió en algunos momentos del acto, y lloró sin disimulo alguno cuando, al final del mismo, abrazó a la viuda de Carrero Blanco, Carmen Pichot.

La muerte de Carrero Blanco fue, ciertamente, un golpe muy duro para el anciano Franco: Carrero había sido su colaborador más leal y valioso, su álter ego, desde 1941; había sido la pieza clave en la construcción del franquismo, en la designación de sus Gobiernos, en la elaboración de sus leyes y en la evolución de sus instituciones. Era, también, la llave maestra para el futuro del franquismo después de Franco.

Como comentó el ministro de Obras Públicas, Fernández de la Mora, «no pudo asestarse un golpe más duro contra la continuidad del Estado del 18 de Julio». Se tuvo la sensación de que la muerte de Carrero Blanco suponía el fin del régimen de Franco. Si eso fue así, era, precisamente, por la conciencia generalizada que existía sobre la profundidad de la crisis que el régimen venía padeciendo en los últimos años y por la evidencia del agotamiento físico de Franco.

Era cierto. España era un Estado católico donde la Iglesia condenaba al régimen y donde se clamaba, en las calles, contra el arzobispo de Madrid y los «obispos rojos». Era un Estado que prohibía las huelgas y donde éstas se realizaban por miles; un Estado autoritario, que buscaba, por su mala conciencia, alguna forma de legitimidad democrática.

Cuando terminaba 1973, vistos el fracaso de la policía en el atentado contra Carrero Blanco y la crisis en que se debatía el franquismo, casi se podrían aplicar a aquel régimen las palabras que el patriota italiano Giuseppe Mazzini (1805-1872) había dicho siglo y medio antes sobre las autoridades de Génova: que tenían todos los elementos para ejercer la tiranía, excepto la capacidad necesaria para ello.

8. AGONÍA Y MUERTE

«Las circunstancias políticas en que a la sazón se hallaba España habían hecho imposible a Calomarde.» Así escribió en 1853, en su Historia de la guerra civil, el historiador Antonio Pirala, al aludir a que en la transición desde el absolutismo al liberalismo que se produjo en España a la muerte de Fernando VII, en 1833, el país no admitió ya la política ultramontana y reaccionaria del ministro Calomarde, jefe del Gobierno en 1832. Franco no debió conocer los juicios de Pirala, porque el caso es que, al nombrar a Carlos Arias Navarro como jefe de Gobierno a la muerte de Carrero Blanco, cometió el mismo error que Fernando VII cometiera siglo y medio antes con Calomarde. Se podría decir que las circunstancias políticas en que se hallaba España en 1974 habían hecho imposible a Carlos Arias. Eso al menos fue lo que demostró la experiencia de lo que sucedió en el tiempo durante el que Arias gobernó con Franco, entre enero de 1974 y noviembre de 1975.

El nombramiento de Arias fue inesperado incluso para el propio Arias Navarro. Primero, porque era el ministro de la Gobernación en el Gobierno anterior y responsable, por tanto, del espectacular fracaso de la seguridad del Estado en el atentado a Carrero. Segundo, porque Torcuato Fernández-Miranda, como vicepresidente del Gobierno, había manejado la crisis de la muerte de Carrero con gran serenidad y acierto (la tranquilidad no se quebró; no hubo represión, como podría haberse temido, sobre todo a la vista de las enérgicas órdenes del director de la Guardia Civil, general Iniesta Cano, pronto anuladas por el Gobierno). Era razonable que se pensase en él, en Fernández Miranda, como el hombre mejor emplazado para sustituir a Carrero.

No fue así, sin embargo. Hubo muy fuerte oposición a Fernández-Miranda por parte de personalidades influyentes del régimen (como los casos de Girón y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes desde 1970). No era tampoco un hombre próximo a El Pardo, donde influiría decisivamente un reducido grupo de personas integrado por la mujer de Franco, Carmen Polo; su yerno, el marqués de Villaverde; su médico, Vicente Gil; su ayudante, el capitán de navío Antonio Urcelay, y el segundo jefe de la Casa Militar, general José Ramón Gavilán. Fernández-Miranda no hizo tampoco gran cosa por el cargo, bien porque no lo quisiera (parece que tuvo presiones familiares), bien porque pensara que en aquellas circunstancias su nominación era segura.

Franco, sin embargo, le descartó pronto. Fernández-Miranda era un intelectual sutil y complejo, un profesor de Derecho Político, y Franco siempre desconfió de intelectuales y profesores y pensó que carecían de capacidad de gobierno (como el caso portugués de Marcelo Caetano, sucesor de Oliveira Salazar desde 1969, se lo confirmaba). En algunos círculos políticos se dijo ya que Fernández-Miranda sería el enterrador del régimen, y desde luego se le tenía por una de las personas más cualificadas para pilotar la evolución gradual del franquismo hacia alguna suerte de reforma constitucional.

Pero no era eso lo que Franco quería. Por eso, cuando Fernández-Miranda sondeó al caudillo sobre sus posibilidades en la reunión que celebraron cuatro días después del atentado contra Carrero, el 24 de diciembre de 1973, Franco, ágil pese al nerviosismo con que vivió los días posteriores al atentado, le cortó: «¿Es que me está usted insinuando», le preguntó, «que le incluya en la terna del Consejo del Reino?». Aquello fue suficiente. Fernández-Miranda ni siquiera figuró en aquella terna (lo hicieron Carlos Arias Navarro, José Solís Ruiz y José García Hernández), sin lo cual su nombramiento era imposible.

Franco no se decidió hasta el 28 de diciembre. Pasó esos días alterado, visiblemente nervioso e incómodo, sometido a las presiones de sus círculos íntimos (Carmen Polo estuvo especialmente nerviosa durante la tramitación de la crisis; tenía miedo de que, salvo que se optara por un presidente enérgico, el régimen y todos ellos terminaran como Carrero), vacilante ante una decisión que sabía trascendental y sobre la que no tenía criterio claro y firme.

Hasta el día 28 se inclinó por su amigo y ex ministro el almirante Pedro Nieto Antúnez, favorito también hasta entonces de doña Carmen. Pero las presiones de quienes tenían a Nieto por un hombre viejo (setenta y seis años) y pusilánime se impusieron. Cambió de opinión probablemente en el último minuto, cuando hasta el propio presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Rodríguez de Valcárcel, aguardaba que Franco le encargase el nombramiento de Nieto Antúnez. Las opiniones finales de Antonio Urcelay, ayudante de Franco, y de doña Carmen en favor de Arias fueron decisorias: «Que incluyan a Carlos Arias en la terna», ordenó Franco, en presencia de su mujer, a Valcárcel el día 28 por la mañana. Ese mismo día por la tarde, el Consejo del Reino, reunido por aquél, presentaba disciplinadamente la terna, en la que únicamente importaba que figurara el nombre que Franco quería[1].

Así nombró Franco a su segundo y último jefe de Gobierno: por una decisión personal y autocrática en la que no contaron más consideraciones que las recomendaciones de los círculos de su confianza. Políticamente, sin embargo, el nombramiento no era ilógico. Arias era, entre las personas más próximas a El Pardo, la que aparecía con más energía para hacer aquello que Carrero, gobernante prudente y moderado pese a su apariencia, no había sabido hacer: continuar.

El nombramiento de Arias casi no satisfizo más que al búnker del régimen: para aperturistas, reformistas y oposición clandestina, y para la cada vez más expectante opinión pública, Arias fue, simplemente, el hombre de la represión (por la dureza que había mostrado durante la guerra civil en Málaga como fiscal y por sus muchos años como director general de Seguridad, con Alonso Vega).

Franco había optado, por tanto, por una política de autoridad. No significaba eso que hubiera descartado aquel continuismo controlado y prudente en el que él y Carrero habían coincidido y que no excluía un cierto grado de adecuación aperturista a las nuevas realidades. No; Arias, por ejemplo, legalizaría las asociaciones políticas (en diciembre de 1974) y legalizaría la huelga (en abril de 1975), y Franco le apoyaría. Pero Franco anteponía ya a cualquier otra consideración la afirmación del principio de autoridad. El mantenimiento riguroso y enérgico de la ley y el orden se le aparecían como condiciones previas a cualquier política evolutiva o de apertura.

Arias formó su Gobierno en enero de 1974. Retuvo ocho ministros del Gabinete de Carrero Blanco, pero eliminó a López Rodó y a los tecnócratas —en el poder desde 1957—; llevó al Gobierno a hombres del Movimiento de extracción falangista e incorporó a varios nuevos, pocos conocidos de la opinión, pero colaboradores suyos en sus anteriores cargos (Antonio Carro, José García Hernández, Valdés y González Roldán, Rodríguez de Miguel); sorprendió el nombramiento de un hombre de Fraga, Pío Cabanillas, como ministro de Información.

El nuevo Gobierno debía afrontar de inmediato dos problemas urgentes: el orden público, puesto de manifiesto en el atentado contra Carrero, y la crisis económica que había empezado a manifestarse en la segunda mitad de 1973 (bajo la forma de una inflación en torno al 14% anual y un déficit comercial de 4.500 millones de dólares, aunque el producto industrial bruto todavía creció ese año en un 10,1% y la población activa industrial en un 2,4%).

Pero el problema fundamental que tendría que afrontar Arias era el problema que venía arrastrando el régimen desde por lo menos 1967: el problema de su desarrollo político, a lo que se unía, además, la cuestión, cada vez más abiertamente planteada, de si debía o no el anciano Franco ceder el poder en vida al príncipe Juan Carlos y facilitar así la transición. Arias, que con independencia de los aciertos o desaciertos que acompañaron su gestión resultó un hombre con mayor instinto político del que se sospechaba, no ignoraba que la etapa Carrero (entre 1969 y 1973) había mostrado que el inmovilismo era imposible y que los problemas del país, y sobre todo la continuidad del régimen, necesitaban alguna forma nueva de consenso[2].

El problema de Arias fue que no acertó a encontrar la línea de equilibrio entre la plena lealtad a Franco y a su sistema (que profesaba) y la evolución hacia ese consenso (que consideraba inevitable). Así, sus dos años de gobierno serían una sucesión oscilante de avances y retrocesos —que Arias no logró, además, dosificar con acierto—, una combinación de aperturismo verbal y represión real que no satisfizo prácticamente a nadie. Al contrario, irritó al búnker, decepcionó a los aperturistas, alentó a la oposición clandestina y favoreció la politización de la sociedad española (tanto que, como veremos, habría momentos en los que parecería como si aquellos demonios familiares de los españoles que tanto preocupaban a Franco habían escapado del infierno y campaban, aunque con dificultades, por el país).

Arias Navarro sorprendió a la clase política, al régimen y al país cuando, en su primer discurso ante las Cortes, el 12 de febrero de 1974, anunció un detallado programa de gobierno (preparado por el joven político soriano Gabriel Cisneros) que prometía, con plazos concretos, una auténtica apertura del régimen. La clave del discurso estuvo en la promesa del jefe del Gobierno de que el consenso nacional, que hasta entonces se había expresado «en forma de adhesión» a Franco, habría de manifestarse en adelante «en forma de participación» política: eso, que significaba la aparición de asociaciones y el ensanchamiento del juego político, fue sustancialmente lo que se llamó el espíritu del 12 de febrero. Franco debió estar también entre los sorprendidos, pero no se opuso. Se limitó a aconsejar cautela a su nuevo jefe de Gobierno: «Con prudencia, Arias», le aconsejó[3].

Pudo saberse indirectamente cuáles eran la opinión y el talante del país. Porque, en efecto, el discurso del 12 de febrero revitalizó la vida política. Suscitó un interés y un entusiasmo extraordinarios, como no lo había hecho ningún otro acontecimiento político conectado con la vida oficial del franquismo. Arias tuvo el apoyo unánime de todos los sectores aperturistas y el aplauso entusiasta de una Prensa sorprendida por el espíritu liberal y tolerante del nuevo ministro de Información, Pío Cabanillas.

En efecto, España conoció desde 1974 un grado de libertad de Prensa sin precedentes durante el franquismo: supuso incluso una contribución sustancial al resurgimiento de la conciencia política (y democrática) del país. El éxito de una publicación como Cambio 16, con casi medio millón de ejemplares de venta semanal, reflejaba el despertar del interés político en parte de la sociedad española y sus deseos de cambio político. Unos meses después del discurso de Arias, Emilio Romero, el director de Pueblo, diario de la organización sindical, ironizaba sobre la transformación que se había producido, reflejando al tiempo la preocupación que ello producía ya en la derecha del franquismo: «(...) mis ilustres colegas de los periódicos», decía, «estaban como en fumaderos de hachís con la apertura y la liberalización»[4].

A la apertura informativa de Cabanillas se añadió, además, la llamada apertura cultural del director general de Cultura Popular, el historiador Ricardo de la Cierva. España descubrió el desnudo femenino en el cine, en el teatro y en la Prensa, algo que disgustó profundamente en los círculos íntimos de Franco (lo que no dejaba de tener su lado irónico: el estilo de vida de los nietos de Franco, por ejemplo, era el mismo que el de los jóvenes de la alta burguesía española, y como tal, una negación de aquellos valores cristianos que sobre la moral pública y privada practicaban y proponían el franquismo ortodoxo y el propio Franco). La Prensa informó ya con amplitud y veracidad sobre huelgas, política y terrorismo. Incluso las opiniones de los líderes de la oposición democrática —todavía en la clandestinidad— aparecían con frecuencia en artículos y entrevistas publicadas en periódicos y revistas nacionales.

Era cierto que el Gobierno suspendía conferencias y actos políticos de aquella oposición y que la apertura de Cabanillas tuvo aún notables restricciones (que se acentuarían con su destitución, en octubre de 1974, y su sustitución por León Herrera). Pero, básicamente, la existencia de los grupos de la oposición moderada (democristianos, liberales, socialdemócratas y socialistas) fue tolerada. El periodista Pedro Calvo Hernando podía escribir en mayo de 1975 que los nombres del socialista Felipe González (elegido secretario de su partido en el congreso que el PSOE celebró todavía en el exilio, en Francia, en octubre de 1974), del socialdemócrata Dionisio Ridruejo, verdadero aliento de toda la oposición interior desde los años cincuenta, y de los democristianos Ruiz-Giménez y Gil-Robles eran ya nombres familiares para los españoles instruidos[5].

Esa libertad de prensa y esa tolerancia de la oposición moderada serían ya irreversibles. Pero eso sería todo lo que quedaría de la democratización gradual del régimen que prometió Arias el 12 de febrero. Su política fue una continua alternancia de discursos esperanzadores e iniciativas decepcionantes, de promesas alentadoras y medidas represivas. Al discurso del 12 de febrero siguieron dos graves crisis: el arresto domiciliario del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, después de que publicara, el 24 de febrero, una homilía en favor del uso de la lengua vasca, y la ejecución, el 2 de marzo, del joven anarquista catalán Salvador Puig Antich, acusado de participar en el asesinato de un policía en Barcelona.

El caso Añoveros empeoró las ya malas relaciones Iglesia-Estado. El episcopado español y el Vaticano apoyaron al obispo de Bilbao. Se dijo que el papa Pablo VI tenía preparada la excomunión del propio Franco (de la «espada del Altísimo», del «ministro de Dios», como le llamó en una ocasión el cardenal Herrera Oria) y del Gobierno en caso que se decidiera la expulsión de España del obispo. La ejecución de Puig Antich provocó una nueva oleada de manifestaciones y protestas en toda Europa y la irritación profunda de una impotente oposición española.

Franco hizo rectificar a Arias en la cuestión Añoveros y le prohibió literalmente que rompiera con la Iglesia. Trataba de evitar el tipo de conflicto que más temía, por más que la actitud de la Iglesia hacia su régimen le decepcionase y amargase[6]. Nada dijo, al parecer, sobre el caso Puig Antich. Fuera como fuese, el desgaste del Gobierno fue enorme: se llegó a decir (Gabriel Cisneros) que el Gobierno Arias había sufrido en tres meses la erosión que en condiciones normales hubiera sufrido en tres años.

Ese desgaste fue el motivo de que resultaran casi inútiles los esfuerzos del Gobierno por restaurar su credibilidad, que culminaron en un discurso del ministro Cabanillas en Barcelona, el 22 de abril. El ministro de Información volvió a hablar de renovación, libertad y tolerancia, y de poner fin al dirigismo estatal sobre la Prensa (además, el ministro ondeó una barretina, la tradicional gorra catalana, en un gesto de reconocimiento de la peculiaridad catalana sin precedente hasta entonces).

Los esfuerzos fueron inútiles, sobre todo, por dos razones. Primero, por la resistencia de un búnker franquista (que encontró indudable eco en el propio Franco) irritado por la libertad informativa, alarmado por sucesos como la revolución portuguesa de abril de 1974 y preocupado por la escalada de la agitación y del terrorismo: en 1974 hubo 20 víctimas mortales del terrorismo —entre ellas, 12 en el atentado de la cafetería Rolando, en Madrid—, 69 reuniones y manifestaciones violentas, 96 atracos políticos, 168 sabotajes, 37 explosiones, etcétera. Segundo, porque Arias, en el fondo, era demasiado conservador y franquista para haber llevado a cabo la democratización del franquismo. De ahí el paralelismo con Calomarde, el que fuera ministro de Fernando VII.

En concreto, la revolución del 24 de abril en Portugal sirvió de ocasión para la ofensiva de la derecha franquista contra el Gobierno y en particular contra la política informativa de Cabanillas: el propio Franco le diría poco después a López Rodó que la información que la Prensa española dio de los acontecimientos portugueses, aplaudiendo sin reservas el fin de la dictadura de Salazar, había sido «una campaña de prensa al revés»[7].

El 28 de abril, Girón publicó en el diario Arriba un manifiesto, el gironazo, denunciando la libertad de prensa y advirtiendo que la derecha no toleraría ni que se olvidase el significado de la guerra civil ni que se traicionase al régimen y a Franco. Días después, Blas Piñar aludió a los «enanos infiltrados» en el régimen para subvertirlo, en lo que se vio una alusión a Cabanillas, hombre de no excesiva estatura, y denunció a la «prensa canallesca», refiriéndose a los periodistas que habían asistido en París a una conferencia de prensa del secretario del partido comunista, Santiago Carrillo.

El 13 de junio fue destituido de su cargo de jefe del Alto Estado Mayor el general Manuel Díez Alegría, el general más prestigioso del ala liberal del Ejército y en quien la oposición quería ver el Spínola español, esto es, el militar que, como el general portugués, pudiera poner fin a la dictadura. El día 15 pudo apreciarse la reacción operada en el lenguaje que usó el propio Arias en un discurso en Barcelona: rectificando lo que dijera el 12 de febrero, Arias enfatizó el protagonismo del Movimiento y proclamó la identidad entre éste y el pueblo. La tesis estaba clara: el espíritu del 12 de febrero no podría ser nada distinto ni contrario al régimen y al Movimiento Nacional. Como dijo con satisfacción Emilio Romero, convertido en portavoz del franquismo ortodoxo, lo razonable era ya que los entusiastas del 12 de febrero lo buscasen con un candil debajo de las mecedoras.

Así estaban las cosas cuando la salud y la edad de Franco iban a proyectar sobre la política española toda la incertidumbre y la tensión que cabía esperar, al faltar el titular en un sistema tan inequívocamente personal como era el régimen de Franco. El caudillo amaneció el 6 de julio de 1974 con molestias e inflamación y amoratamiento en la pierna derecha. Su médico, Vicente Gil, sospechó que era una tromboflebitis —esto es, un coágulo de sangre en una vena—, probablemente precipitada por las muchas horas que Franco había pasado sentado ante la televisión, contemplando los encuentros del campeonato mundial de fútbol que se celebró en la República Federal de Alemania. Luego se descubrió que la clave de la tromboflebitis había sido un absceso que se le formó bajo una callosidad en un dedo del pie[8].

Dada la gravedad de la enfermedad, el doctor Gil hizo que reconocieran a Franco los doctores Francisco Vaquero, Ricardo Franco Manera y Rivera López. Confirmado el diagnóstico por los análisis, los médicos acordaron, previa información al jefe del Gobierno, el ingreso de Franco en una clínica. Fue internado en el hospital provincial Francisco Franco, de Madrid, el día 9, no sin que ofreciera cierta resistencia (habría preferido que se le tratara en El Pardo) y después de que Vicente Gil le comunicara la gravedad de su dolencia.

Franco quedó instalado en la habitación 609 del citado hospital. Carmen Polo ocupó la habitación contigua. Le atendió un amplio equipo de médicos y enfermeras. Se decidió no operar (Franco creyó que lo harían), se siguió un tratamiento con heparina —y se le suministró también medicación contra el Parkinson— y se le realizaron toda clase de análisis y exploraciones (de aparato digestivo, próstata, recto, corazón, etcétera). Para prevenir el riesgo de una embolia, el marqués de Villaverde —que se incorporó al equipo médico el día 14, al regresar de un viaje a Filipinas— ordenó la instalación de una maquinaria especial que se trajo de otro hospital.

Franco afrontó su hospitalización y su tratamiento con la serenidad que le era característica, con docilidad incluso. Recibió únicamente a Arias, al príncipe Juan Carlos —que le visitaron a diario—, a José Antonio Girón, amigo íntimo y político de Gil, y a sus familiares. No se quejó jamás del tratamiento y correspondió a quienes le asistieron con la cortesía y la afabilidad habituales, y hasta tuvo algún rasgo de humor. Respondió bien a la medicación; sus constantes permanecieron normales. La inflamación empezó a ceder pronto, lo que permitió que Franco pudiera dar paseos por los pasillos, necesarios para activar la circulación de la sangre. El día 16 se decidió pasar ya al tratamiento con anticoagulantes orales; el optimismo de los médicos era evidente.

Políticamente, no se hizo en principio nada. El mismo Franco, antes de salir hacia la clínica, había indicado al jefe del Gobierno, Arias Navarro, y al presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, que preparasen el decreto para que, en virtud del artículo 11 de la ley orgánica del Estado, el príncipe asumiera las funciones de jefe del Estado. Arias estuvo de acuerdo y llevó el decreto a la firma de Franco. Pero fue el propio príncipe quien se opuso: en primer lugar, por deferencia hacia Franco; en segundo lugar, por la anomalía que, en su opinión, supondría una situación de suplencia en la que quedaría como un sucesor que todavía no era rey y con funciones imprecisas[9].

Franco no asistió a la recepción del 18 de julio en La Granja; ese día lo pasó contemplando una película sobre su vida en la televisión. El nerviosismo emocional que eso le produjo, unido a la suspensión del tratamiento de heparina, produjeron una gravísima recaída que acabó con el optimismo de sus médicos. Franco estuvo muy inquieto durante todo el día 18, con pulso alto y tensión baja; el día 19, de madrugada, tuvo una intensa hemorragia digestiva. Ésta pudo ser contenida, pero el agravamiento de Franco replanteó la cuestión sobre la conveniencia o no de una intervención quirúrgica. Por indicación de doña Carmen, el padre Bulart le administró, de forma preventiva, la extremaunción.

Se planteó también la cuestión de la transmisión de poderes. Pese a la oposición del marqués de Villaverde, Arias llevó a Franco el decreto por el que el príncipe Juan Carlos asumía las funciones de jefe de Estado. Franco lo firmó, limitándose a decir que debía cumplirse la ley.

A Franco, finalmente, no se le operó. Se impuso el criterio de su yerno, el marqués de Villaverde, cuyas discrepancias con Vicente Gil dieron lugar a escenas borrascosas entre ambos, que llegaron al borde del enfrentamiento físico (el día 22 hubo también otra violenta escena entre el irascible Gil y el jefe del Gobierno por entender aquél que Arias no había defendido su autoridad como médico del caudillo ante lo que él creía eran desaires de Villaverde. Gil fue sustituido como médico de Franco por Vicente Pozuelo poco después). Nuevas consultas determinaron que de los distintos riesgos que acechaban a Franco (hemorragia, embolia) el peor era la operación. Se decidió, por tanto, volver al tratamiento de anticoagulantes, masajes y paseos; se le practicaron nuevas (e incómodas) exploraciones para determinar si la hemorragia podía o no haberse debido a otra causa; llegó incluso a pensarse, al ver unos resultados, que Franco pudiera tener un tumor en el recto.

Pero Franco volvió a reaccionar y superó la crisis. El día 25 se hallaba ya muy recuperado; el 26, incluso despachó con el príncipe, Arias y varios ministros durante tres horas. El día 30, el equipo médico, en el que la influencia del marqués de Villaverde era evidente, autorizó que Franco abandonara la clínica y regresara a El Pardo. Lo hizo a media mañana, entre los aplausos de las muchas personas que se habían reunido en el hospital, sonriente y demacrado por la pérdida de cuatro kilos.

No estaba, sin embargo, curado; incluso volverían, a los pocos días de abandonar el hospital, los dolores de la pierna. El alta médica no la firmó la junta de siete médicos que le atendía hasta el 31 de agosto. Hasta el 2 de septiembre, la jefatura del Estado siguió desempeñada por don Juan Carlos.

El nuevo médico personal de Franco, Vicente Pozuelo Escudero, que se incorporó a su puesto el día 31 de julio de 1974, le encontró, además de sin voz y muy débil, triste y enormemente decaído. Esa depresión fue quizá el mayor problema que tuvo que afrontar para lograr la recuperación del enfermo.

Pozuelo puso en práctica una ingenua y eficaz psicoterapia que, dada la autoridad y edad de Franco, resultaban casi como una pintoresca desacralización del caudillo. Le hacía marchar por su habitación (a puerta cerrada) al compás de himnos militares, marcando el paso. Le sometía a ejercicios de gimnasia sueca. Hizo traer una escalerilla de Iberia, que instalaron en el jardín de El Pardo, para que Franco se ejercitara antes de coger el avión para trasladarse al pazo de Meirás (lo que hizo el 16 de agosto).

En Meirás, Pozuelo continuó con el tratamiento. Franco se sometió también a sesiones de foniatría para recuperar la voz. El 13 de septiembre, al día siguiente de reasumir sus poderes, jugó al golf, en una jornada que comenzó, como era habitual en él, hacia las 8.30 y la terminó pasada la medianoche. Su voluntad y determinación extraordinarias se habían impuesto. Franco estaba relativamente ágil y lúcido. Permanecía perfectamente informado de la política nacional y extranjera, despachaba con sus ayudantes y colaboradores. El 9 de agosto, cuando todavía estaba en El Pardo, se había celebrado allí un Consejo de Ministros presidido por el príncipe Juan Carlos; hubo otro el día 30, en Meirás, también presidido por don Juan Carlos. En ambas ocasiones Franco recibió a los ministros, habló privadamente con el presidente del Gobierno y con el príncipe y se mostró prácticamente recuperado, con la excepción de la voz, todavía débil[10].

Franco le había dicho a su médico que su ingreso en la clínica sería una bomba política. Y lo fue. Pero fue aún mayor la sorpresa que se produjo cuando el 2 de septiembre se anunció que Franco reasumía sus funciones como jefe de Estado. Sorpresa que se trocó en estupor cuando se supieron algunos detalles, porque, al parecer, nada había dicho sobre ello el día anterior en el pazo de Meirás. Parece que quien primero comunicó la noticia a Arias fue el marqués de Villaverde, por teléfono (también se dijo que Franco se limitó a decirle con su casi inaudible voz: «Arias, ya estoy curado»). El príncipe se enteró cuando llegó el día 1 de septiembre a Mallorca, su residencia habitual de verano, y recibió la noticia también por teléfono.

Explicaciones candorosamente favorables a Franco vieron en su decisión una prueba más de su sentido del deber o una demostración de su generosidad, al no querer dejar al príncipe enfrentado con los graves problemas del terrorismo, del Sáhara —que Marruecos había planteado ya abiertamente— y aun de la oposición. El 30 de julio, el partido comunista y algunos políticos y grupos independientes y escasamente representativos (Rafael Calvo Serer, Antonio García Trevijano, los carlistas, el pequeño partido socialista de Tierno Galván, el Partido del Trabajo, etcétera) habían creado en París una junta democrática como teórico embrión de una alternativa democrática al régimen de Franco. Explicaciones hostiles a Franco vieron en la reasunción de poderes la coronación de su largo mandato de autócrata, la prueba definitiva de su ambición de permanecer en el poder hasta el final.

Probablemente eran ciertas muchas de esas razones, no tan contrapuestas entre sí como pudiera parecer. Debió operar también el temor de los círculos familiares de Franco —si se excluye a su hija, Carmen, que no quiso que su padre reasumiera sus funciones— y del búnker a que el alejamiento de Franco propiciase la apertura de un proceso de evolución política que desembocase en un cambio gradual de régimen. Pero, sobre todo, lo que decidió fue la naturaleza misma del régimen de Franco. Cuando éste había dicho una y otra vez que su jefatura era vitalicia no había hecho retórica: quería decir que él era el régimen y que el régimen y él morirían juntos. Una situación dual, con don Juan Carlos proclamado rey y Franco retirado en Meirás, era casi inimaginable, y aunque sea pura especulación, lo más probable es que habría creado una situación insostenible.

Franco regresó a Madrid el 9 de septiembre de aquel año de 1974 y reanudó su actividad como jefe de Estado (y eso que poco después le revelaría a su médico que su gran ilusión desde hacía diez años era ingresar en una cartuja)[11]. Continuó atendido diariamente por el doctor Pozuelo, a quien se le ocurrió otro ejercicio para mejorar la voz y los reflejos de Franco: repentizar discursos. Franco y su médico ensayaban hipotéticas audiencias. El caudillo improvisaba pequeños parlamentos según lo que su interlocutor pretendiera ser (presidente de un sindicato, de una comisión científica, etcétera). Franco tenía un minuto para responder; el ejercicio le divertía, repentizaba con agilidad y terminaba sus improvisaciones como sus audiencias reales, con un «¡Viva España!»[12].

López Rodó, entonces embajador en Viena, que le visitó el 11 de septiembre durante treinta y cinco minutos, le encontró bien, lúcido y con su excepcional memoria de siempre. El también embajador Fraga (representante español en Londres desde noviembre de 1973), que le había visto en Meirás el 25 de agosto, le había encontrado distendido y acogedor, pero «evidentemente acabado»[13].

Que Franco había recuperado parte de su vigor era innegable. El 4 de octubre de 1974, día de su onomástica, por ejemplo, permaneció en pie saludando a un total de 427 personas. Reemprendió su ritmo usual de audiencias civiles y militares de los martes y miércoles (unas diez o doce diarias). En el otoño-invierno de 1974-1975 volvió a sus cacerías, soportando, con riesgo de su salud, las incomodidades que acompañan a ese deporte (frío, cansancio, etcétera). En mayo de 1975 inauguró, con el príncipe Juan Carlos, la Feria del Campo, algo que siempre le gustó especialmente, presidió el desfile de la victoria y recibió, el día 31, al presidente norteamericano Ford. Asistió también a la corrida de la Beneficencia y a la final de la Copa de fútbol. Inauguró, ya el 11 de julio, el Museo de Arte Contemporáneo y volvió a presidir la recepción de La Granja del día 18 (incluso pescó en el lago de la finca). En agosto, en su último verano en Meirás, volvió a jugar al golf y a pescar en el yate Azor.

Incluso aguantó algunos episodios molestos. En diciembre de 1974 hubo que extraerle un diente que se le había roto, y soportó sin decir nada, durante casi un mes, las heridas e inflamaciones que le causó la nueva prótesis que hubo que acomodarle. En enero de 1975 tuvo que guardar cama a causa de una ligera inflamación de vejiga y próstata como consecuencia del enfriamiento que sufrió en una cacería. El 25 de marzo tuvo un ligerísimo episodio de flebitis que superó con el tratamiento usual. En junio hubo que extraerle otras tres piezas dentales.

Pero, pese a todo ello, el problema era, lógicamente, la capacidad de mando que podía tener un anciano de ochenta y un años, enfermo de Parkinson, recién salido de una grave tromboflebitis y sometido permanentemente a vigilancia médica y a ejercicios de rehabilitación. Al embajador Fraga le daba «grima» (son sus palabras) pensar en un país entregado totalmente a un mando imposible de ejercer. El historiador De la Cierva, tras visitar a Franco poco después de dimitir como director general de Cultura Popular, en octubre de 1974, quedó con la convicción de que el caudillo «ya no era más que un muñeco manejado por otras personas»[14].

Lo cierto fue que desde que Franco reasumió los poderes España vivió en plena incertidumbre y total provisionalidad. Se asistió desde entonces a la desintegración acelerada de un régimen. Todo lo indicaba: la proliferación de clubes políticos, la salida a la superficie —ya incontenible— de la oposición clandestina, las deserciones de muchos hombres del franquismo, los propios bandazos del Gobierno. El franquismo era un régimen a la deriva, y España, un país expectante donde todo estaba pendiente de la muerte, si no anunciada desde luego anticipada, del caudillo.

En esas condiciones, el presidente del Gobierno, Arias Navarro, intentó relanzar el espíritu del 12 de febrero. En las primeras declaraciones que hizo después que Franco reasumiera la jefatura del Estado, el 10 de septiembre de 1974, Arias anunció, entre otras cosas, que habría asociaciones políticas antes de enero de 1975.

Un terrible atentado de ETA, la explosión de una bomba en la cafetería Rolando de Madrid, lugar frecuentado por la policía, que costó la vida a doce personas, vino a segar la iniciativa de Arias y a dar nuevos argumentos a la ultraderecha del búnker: «Señor presidente», escribió uno de sus portavoces, Blas Piñar, en un artículo famoso, «nos autoexcluimos de su política... Nosotros no queremos ni obedecerle ni acompañarle».

Arias respondió con uno de sus bandazos característicos: entregó al búnker la cabeza de Cabanillas, cesado el 29 de octubre, con la aprobación y posiblemente la presión de Franco. Se produjo entonces algo insólito, expresión también de la crisis del régimen: la dimisión, en solidaridad, del ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, y de un cierto número de cargos de la Administración significados por su talante reformista (Marcelino Oreja, Ricardo de la Cierva, Francisco Fernández Ordóñez, etcétera). Arias quiso compensar el cese de Cabanillas con la exclusión de dos ministros azules (el del Movimiento, Utrera Molina, y el de Justicia, Ruiz-Jarabo), pero Franco no le dejó, indicándole que se trataba de hombres muy leales[15].

La crisis del 29 de octubre significó, como ya entonces mismo se dijo, el final de la línea política del 12 de febrero. El Estatuto de Asociaciones que Arias presentó en diciembre de 1974, y que fue aprobado el día 16 en el Consejo Nacional del Movimiento por 95 votos a favor y sólo tres abstenciones, fue un estatuto decepcionante y limitado. Autorizaba, ciertamente, las asociaciones políticas y preveía que concurrieran a las elecciones. Pero seguía exigiendo a cada asociación un mínimo de 25.000 afiliados —y, además, distribuidos en quince provincias cuando menos— y dejaba su aprobación en manos del Consejo Nacional del Movimiento. Se trataba, una vez más, de asociaciones dentro del Movimiento: eso equivalía a excluir automáticamente a toda la oposición democrática. Sin esa oposición, la democratización del sistema estaba condenada a ser una farsa.

Aun en el caso de que el estatuto de Arias hubiera sido más generoso, su aceptación por la oposición habría sido más que problemática. La junta democrática articulada por los comunistas en julio de 1974 proclamó la necesidad de una «ruptura democrática» como única vía hacia la democracia. Rechazaba la futura monarquía de don Juan Carlos y abogaba por la formación de un Gobierno provisional que concediera una amnistía, legalizara los partidos y convocara un referéndum para decidir la forma definitiva del Estado.

La oposición democrática moderada era más cautelosa. Los socialistas eran todavía (en 1974-1975) republicanos, pero personalidades socialdemócratas, liberales y democristianas seguían frecuentando a don Juan en Estoril, en quien veían la esperanza de una monarquía que supusiese el desmantelamiento del franquismo a la muerte de Franco.

En todo caso, la oposición moderada —que en julio de 1975 se unió en una Plataforma de Convergencia Democrática— no fue menos firme que la junta en su negativa a colaborar en la apertura de Arias Navarro. Dos meses antes de que éste llevara a las Cortes su Estatuto de Asociaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había optado en su decimotercer congreso, celebrado en Francia en octubre de 1974, por la «ruptura»: sus aspiraciones (amnistía, libertades democráticas, elecciones libres antes de un año) eran inaceptables para Arias. Los democristianos hablaban (en la reunión que celebraron en Valencia en junio de 1975) de «cambio democrático» y de elecciones constituyentes; Ridruejo planteó en abril la necesidad de una reforma constitucional.

Arias Navarro había rechazado antes, en febrero de 1975, incluso la simple sugerencia de una reforma de esa naturaleza. Lejos de contemplar una amnistía, en abril declaró, una vez más, el estado de excepción en el País Vasco, que superó en dureza represiva a cuanto hasta entonces se había experimentado en las provincias vascas. El diálogo Arias-oposición era, pues, de todo punto imposible.

La cuestión crucial para la apertura del Gobierno era la actitud que adoptarían los reformistas del régimen. Y fue precisamente la negativa de éstos a aceptar el Estatuto de Asociaciones de 1974 lo que finalmente decidió el fracaso de la oferta de Arias. Por ejemplo, el grupo Tácito, grupo de jóvenes católicos que desde 1973 venían abogando en el diario Ya por la apertura del régimen, consideró el estatuto como «el estatuto de los antiasociacionistas»; uno de sus líderes, Marcelino Oreja, fue uno de los tres que se abstuvieron en la votación del Consejo Nacional; otro, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, expuso la tesis de la evolución democrática, que suponía elecciones libres y libertades democráticas, como alternativa al continuismo del régimen y a la ruptura de la oposición.

Fraga Iribarne dudó algún tiempo. Aun siendo embajador en Londres, desplegó una intensa actividad en España, sobre todo desde diciembre de 1974, con el objetivo de crear una gran asociación de lo que se llamó la «derecha evolucionista y moderna» (Areilza, Silva Muñoz, los propios tácitos, Cabanillas, etcétera) que con un programa de reformas permitiese la transformación paulatina de España en un Estado democrático.

Franco mismo vetó a Fraga. Parece que cuando en enero de 1975 Nieto Antúnez hizo llegar a Franco los estatutos de la asociación que proyectaba Fraga, el caudillo preguntó: «Y ¿para qué país es esto?»[16]. Poco después, el 17 de febrero, Nieto le dijo a Fraga que la actitud de El Pardo sobre las asociaciones se reducía a dos negativas: «No a los choques» (entre tendencias) y «no a Fraga». El 25 de julio, Fraga pudo exponerle directamente a Franco, en Meirás, su proyecto. Franco le escuchó, pero no le contestó nada[17]. Fraga renunció así a crear una asociación política: promovió en su lugar una sociedad de estudios políticos (FEDISA) y desde octubre de 1975 expondría en el diario Abc su proyecto de reformas hacia la legitimidad democrática.

La apertura de Arias estaba fracasada. Nueve meses después de aprobado el estatuto sólo se habían constituido ocho asociaciones políticas, de las cuales seis eran falangistas, cinco claramente continuistas y sólo una, la insignificante Reforma Social Española (dirigida por Manuel Cantarero del Castillo), era reformista.

Lo que era más grave: en junio de 1975, el sector azul del Movimiento había creado la Unión del Pueblo Español (UDPE), la única asociación que sobrepasaba los 25.000 afiliados. Presidida por Adolfo Suárez, íntimo colaborador del nuevo ministro del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor (nombrado en marzo), con el presumible apoyo de éste, más la cadena de prensa y radio del Movimiento, UDPE aparecía como la gran asociación del continuismo franquista (el equivalente al gaullismo francés): era, en la práctica, la negación de la neutralidad política que el Gobierno había prometido.

El asociacionismo político había, por tanto, fracasado. Además, toda la situación del país se había deteriorado gravemente. La crisis económica había aparecido ya claramente en la segunda mitad de 1974. El malestar laboral se había acentuado. El año 1974 batió todos los récords precedentes en número de huelgas, horas perdidas y número de huelguistas: los dos primeros meses de 1975 registraron una de las más espectaculares oleadas de huelgas en la historia del franquismo.

Franco, pese a todo, seguía confiando en Arias y le autorizó, en marzo de 1975, a hacer un nuevo reajuste ministerial (no sin que le expresara su descontento ante lo que era una segunda crisis en cinco meses solamente).

Arias pareció quitar color azul a su Gabinete (cambió ahora a Utrera Molina y a Ruiz-Jarabo), lo que todavía hizo pensar que el Gobierno aún trataría de recobrar su pulso aperturista. La nueva decepción vino en seguida, en junio. Herrero Tejedor, el sustituto de Utrera, murió en accidente. Arias, ante las indicaciones del propio Franco, trajo otra vez al Gobierno a José Solís Ruiz, uno de los hombres más significados precisamente del sector azul del Movimiento y cuyo nombramiento fue, además, como el retorno de una reliquia del pasado.

El terrorismo, además, continuaba. El año 1975 fue, probablemente, el más violento desde los días del maquis de la posguerra. Entre enero de 1974 y julio de 1975 se contabilizaron unos 200 actos de violencia. Entre marzo y octubre de 1975 murieron 11 policías y guardias en atentados perpetrados por ETA en el País Vasco y por el FRAP en Madrid.

Los funerales de los agentes de orden público muertos se convirtieron en violentas manifestaciones ultraderechistas: en alguno de ellos fueron hasta atacados los coches de los ministros presentes. En casi todos se coreó el grito de «Iniesta, Iniesta», el nombre del general ex director de la Guardia Civil en quien la ultraderecha confiaba como el hombre que llevaría de nuevo al Ejército al poder.

El 25 de abril de 1975 fue decretado, como ya se indicó, el estado de excepción en el País Vasco: 2.000 personas fueron detenidas en los días inmediatos. Grupos de incontrolados sembraron el terror en la población civil. Familiares de supuestos miembros de ETA, personas conocidas por su vasquismo, algún sacerdote, abogados de presos, fueron amenazados y agredidos y sus propiedades atacadas (además, un matrimonio resultó muerto el 14 de mayo, en Guernica, cuando la Guardia Civil abrió fuego al intentar detener a un activista de ETA que también murió, así como un sargento del cuerpo; luego, un joven moriría en San Sebastián, en septiembre, en una manifestación). El 12 de mayo, la derecha organizó un tumultuoso acto de afirmación patriótica en Bilbao.

Por si fuera poco, don Juan hizo unas declaraciones el 14 de julio, en Estoril, en las que dijo que en España se acercaba, como en Portugal, «el fin de una etapa de poder absoluto»: «Como depositario que soy del tesoro político secular que es la monarquía española», dijo, «no me he sometido a ese poder personal tan dilatado e inconmoviblemente ejercido por quien fue encumbrado por sus compañeros de armas para la realización de una misión mucho más concreta y circunstancial»[18]. La alusión personal a Franco era explosiva. La reacción fue fulminante: el 19 de junio, el Gobierno prohibió a don Juan, titular de la dinastía, padre de quien desde 1969 era futuro sucesor de Franco y futuro rey, el acceso a cualquier puerto, aeropuerto o puesto fronterizo españoles. A don Juan Carlos se le comunicó la noticia por teléfono. No lo hicieron, como parecía obligado, ni Franco ni Arias Navarro: lo hizo el gobernador de Baleares.

Poco después, el 30 de julio de 1975, se hizo pública la detención de nueve militares (un comandante y ocho capitanes) —hecho insólito en el franquismo—, acusados de pertenecer a una Unión Militar Democrática (UMD). Los sectores duros del Ejército quisieron ver en la UMD un paralelismo con el movimiento militar democrático portugués que había derribado la dictadura un año antes. La sensación de desintegración del orden franquista era ya absoluta.

El Gobierno Arias respondió con un formidable salto en el endurecimiento de las medidas represivas a su alcance. El 26 de agosto dictó un decreto ley antiterrorista que suponía la pena de muerte para los terroristas y sus colaboradores en caso de que en sus actos resultasen muertos agentes del orden u otros funcionarios públicos. Tres días después eran ya condenados a muerte dos miembros de ETA (Ángel Otaegui y Juan Antonio Garmendia); al cabo de un mes, los condenados a muerte eran 11 (tres de ETA y ocho del FRAP) y se esperaba que la cifra aumentara a raíz de los espectaculares éxitos contra ETA de la policía, que había conseguido detener en aquel verano a dos de los principales dirigentes de la organización, Pedro Ignacio Pérez Beotegui, Wilson, y José Antonio Múgica Arregui, Ezquerra.

Franco se enfrentaba de nuevo a una situación como la que se había planteado en diciembre de 1970 con ocasión del juicio de Burgos. Entonces, Laureano López Rodó, miembro del Gobierno, le dijo al vicepresidente Carrero Blanco que no convenía ensombrecer la imagen de Franco ante el mundo y la historia presentándole a su edad como un hombre duro e implacable que sentenciaba a muerte a sus enemigos[19]. En 1975 no se tuvo la misma sensibilidad y se creyó que a la escalada terrorista había que responder con sus mismas armas: cinco de aquellos 11 condenados a muerte (los miembros de ETA Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot y los del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena) fueron ejecutados el 27 de septiembre (a los otros seis se les conmutó la pena de muerte).

Franco, desde luego, era partidario de medidas duras contra el terrorismo. Cuando supo el terrible atentado de ETA en la cafetería Rolando de Madrid le comentó a su médico, Vicente Pozuelo: «Dígame usted por qué se van a respetar los derechos humanos de los asesinos, de unos seres crueles que han violado los de sus víctimas. A estos desintegradores de la sociedad hay que tratarlos con la máxima energía. O se acaba con ellos o ellos acaban con nosotros»[20]. Lo probable es que la doble escalada terrorista de ETA y FRAP en 1975 le reafirmara en sus opiniones: no podía desconocer las consecuencias que tendría el decreto ley de 26 de agosto, acordado en el Consejo de Ministros que cuatro días antes se celebró bajo su presidencia en el pazo de Meirás.

Pero el desarrollo de los consejos de guerra que dieron lugar a las 11 condenas de muerte y la inmediata reacción internacional contra ellas, que se inició a mediados de septiembre, sometieron a Franco a una tensión emocional tremenda: el doctor Pozuelo opinaría después que fue entonces cuando se fraguó la enfermedad que le causaría la muerte.

Pozuelo observó que en los días anteriores al 27 de septiembre Franco era otro hombre: «Perdía peso por días», escribió después; «estaba continuamente nervioso y apenas podía conciliar normalmente el sueño». La presión sobre Franco y su Gobierno fue muy intensa: el papa Pablo VI y los obispos españoles pidieron clemencia, distintos Gobiernos solicitaron formalmente la conmutación de las penas de muerte. Desde mediados de septiembre se iniciaron en toda Europa —y en el País Vasco— movilizaciones (huelgas, manifestaciones, mítines, recogidas de firmas, sentadas, ocupación de edificios, etcétera) contra las sentencias. De nuevo, embajadas, consulados y dependencias españolas en el extranjero fueron blanco de la indignación internacional.

El Gobierno español no quiso ceder ante aquellas presiones. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre optó por una fórmula salomónica que confirmaba cinco de las 11 sentencias y modificaba las restantes. Franco, que se había encerrado en un mutismo casi total, rubricó la decisión final de su Gobierno. Según su médico, «estaba demacrado, seguía perdiendo peso, pero se le notaba más firme que nunca»[21].

Las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975 provocaron un formidable estallido de repulsa en toda Europa (y dentro de España en Vizcaya y Guipúzcoa, donde los paros y la tensión se prolongaron hasta principios de octubre). Hubo manifestaciones tumultuosas contra el régimen español en numerosas ciudades: fueron atacadas y asaltadas diversas embajadas españolas; la de Lisboa fue destruida por un incendio provocado por los manifestantes. Varios países retiraron a sus embajadores de Madrid. México pidió que se expulsara a España de la ONU: desde 1947 no había sido mayor el descrédito del franquismo. El 1 de octubre, un grupo desconocido, los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), mataba a tres policías en Madrid, y el día 5, ETA, a tres guardias civiles, en Oñate, Guipúzcoa (y horas después era asesinado por incontrolados Ignacio Echave, hermano de un conocido activista de ETA).

Como en otras ocasiones, el franquismo se echó de nuevo a la calle para homenajear a su caudillo, una vez más repudiado por una opinión internacional a la que, tras cuarenta años de gobierno, no había podido convencer. El 1 de octubre de 1975, la plaza de Oriente de Madrid volvió a dar cobijo a cientos de miles de personas que vitoreaban a Franco frente a un mundo supuestamente hostil y equivocado. Entre gritos de «¡ETA, al paredón!» y entre pancartas en las que se leía «No queremos apertura, queremos mano dura», Franco, un Franco demacrado y tembloroso, habló por última vez a una multitud de seguidores suyos. No los decepcionó. Con voz débil y entrecortada y dicción difícil, aún pudo expresar en unas breves palabras lo que pensaba sobre lo que estaba ocurriendo: «Todo obedece», dijo, volviendo a aquella obsesión política suya, «a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social que si a nosotros nos honra a ellos les envilece».

Franco estaba acabado: al retirarse del balcón del Palacio Real desde el que había hablado permaneció algunos minutos abrazado al cardenal primado, monseñor Marcelo González, llorando, embargado por la emoción[22].

Unos días después, el 12 de octubre, tras presidir los actos del Día de la Hispanidad, Franco se sintió enfermo. Inicialmente, pareció un proceso gripal. En la madrugada del 14 al 15 de octubre se despertó sobresaltado, aquejado de dolores y con una gran opresión: había sufrido un infarto, como temió su médico, Vicente Pozuelo, que acudió urgentemente a El Pardo, y como confirmaron los doctores Castro Fariñas, Gómez Mantilla, Mínguez, Vital Aza y el yerno de Franco, Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde.

Franco, que a pesar del infarto estaba aparentemente normal, no quiso suspender las audiencias del miércoles día 15, pese a que los médicos —Vital Aza, en concreto— le comunicaron lo que tenía y le indicaron que debía guardar reposo absoluto. Les dijo, a su vez, que no haría lo que se le pedía hasta después del Consejo de Ministros del día 17.

Así fue. Franco despachó el día 16 con el jefe del Gobierno, Arias, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri. Estudiaron la situación del Sáhara: Marruecos, que en diciembre del año anterior había planteado el caso ante los tribunales internacionales, preparaba ahora, en vista de que aquéllos habían fallado en favor de la autodeterminación del territorio saharaui, una especie de marcha santa (la marcha verde) para anexionarse lo que todavía estaba bajo soberanía española. Franco estaba dispuesto a no ceder, pero probablemente tampoco quería la guerra: el día 8 de octubre había enviado a Rabat a su colaborador, el general Gavilán, y había obtenido del rey marroquí, Hassan II, la seguridad de que no habría guerra.

Franco mantuvo su determinación de presidir el Consejo de Ministros del día 17. Pero lo hizo con tres electrodos pegados al pecho y conectados por unos cables a un monitor situado en una habitación contigua bajo la vigilancia de varios médicos. No quiso ni que el consejo se celebrara en su dormitorio ni acudir en una silla de ruedas: «Es necesario», les dijo a sus médicos, «que yo me siente en mi puesto». Toda la escena era un símbolo de la determinación que siempre había demostrado de permanecer en aquel puesto hasta el final. Lo hizo, aunque en aquel consejo sufriera varios episodios cardiacos (extrasístoles ventriculares, un leve infarto).

Franco pasó, pese a ello, tranquilo el 18 de octubre; probablemente fue entonces cuando escribió su testamento, que entregó a su hija Carmen días después. El domingo 19 sufrió, sin embargo, otro infarto. Era muy consciente de lo que pasaba. «Esto se acaba», le comentó a uno de sus ayudantes; pero mejoró sensiblemente, asistió a misa y por la tarde pudo ver un partido de fútbol en la televisión.

Al día siguiente recibió a Arias Navarro, al príncipe Juan Carlos y al presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, con quienes debió tratar de la cuestión de la transmisión de poderes (don Juan Carlos no era partidario de una nueva interinidad, sino de que la transmisión se hiciera sólo en el caso de que fuera irreversible; Arias le dijo en algún momento que él no podía decir a Franco que había llegado el momento final y que debía procederse a la sucesión).

El lunes 20 de octubre sufrió un nuevo infarto, pero, como ocurriera con los anteriores, se recuperó y los días 21 y 22 no tuvo incidencias. En la madrugada del 23, sin embargo, empeoró súbitamente como consecuencia de una nueva y fuerte insuficiencia coronaria que volvió a repetirse el día 24. El fin de semana de los días 25 y 26 de octubre fue de gran alarma y ansiedad: a la insuficiencia cardiaca que dio lugar a nuevas crisis se añadieron encharcamiento pulmonar, parálisis intestinal, hemorragias gástricas (debido a la medicación contra el Parkinson) y otras molestias. El 27 aparecieron ascitis (acumulación anormal de líquido en el vientre) e inflamación del hígado; por una sonda que se le había colocado salió sangre. Las radiografías parecían indicar perforación en el peritoneo.

Pese a su gravedad, Franco seguía consciente (y consciente, además, de su estado) y hablaba con su familia y con los numerosos médicos que se habían ido incorporando a su cuidado hasta convertir El Pardo en un hospital de urgencia. Permanecía sereno. El día 25 de octubre el padre Bulart le dio la comunión y la unción de los enfermos. Fue Franco mismo quien el día 30 ordenó que se procediera a aplicar el artículo 11 de la ley orgánica del Estado, por el que don Juan Carlos asumía la jefatura del Estado; probablemente estaba convencido de que esta vez la transmisión de poderes era irreversible.

A la opinión pública se le comunicó un primer parte clínico sólo el día 21 y hasta el 24 no comenzó a suministrarse información científica veraz. A partir de ahí ya no hubo dudas sobre la gravedad de Franco. Hasta ese momento, la falta de información permitió que circularan toda clase de rumores y bulos; en adelante, la tensión y el interés informativos seguirían siendo intensísimos, clínicamente veraces pero políticamente especulativos y a veces disparatados, como en los cálculos que se hicieron sobre la fecha y hora en que se suponía había de morir Franco.

Hasta el día 3 de noviembre la situación clínica de Franco permaneció estacionaria, dentro de la gravedad. Ese día, por la noche, sufrió una hemorragia aguda que le tuvo al borde de la muerte. Los médicos decidieron operarle a vida o muerte en la misma enfermería del acuartelamiento del palacio de El Pardo.

Franco resistió la operación, que realizó el doctor Hidalgo Huerta, pero su situación era desesperada.

El día 5 hubo que dializarle en vista del problema de la urea. Al reproducírsele la hemorragia hubo que trasladarle urgentemente a la clínica La Paz, en Madrid, y realizarle una segunda operación, a vida o muerte como la anterior: se le operó durante cuatro horas, hubo que hacerle una trasfusión más de seis litros de sangre y se le eliminó gran parte del estómago.

Franco resistió su segunda operación. Sufría mucho. Se le oyó musitar frases como «¡qué duro es esto!», «¡déjenme ya!» y «¡Dios mío, cuánto cuesta morir!». Estaba entubado, permanecía sedado, con calmantes, con respiración asistida, sometido a dos diálisis diarias y a punciones en el vientre para eliminar la ascitis. El día 15 sufrió otra hemorragia masiva y peritonitis aguda: Hidalgo Huerta tuvo que operarle por tercera vez.

Franco había entrado en la fase terminal de su larga y dolorosa agonía. Tenía ya un nivel mínimo de consciencia. Había perdido más de 20 kilos. Parte del equipo médico y algunos familiares —parece ser que su hija Carmen y su nieta Mariola— querían ya únicamente que se le dejara morir tranquilo. El día 18 se le hibernó a 33 grados, absolutamente inconsciente ya. Presentaba una enorme hinchazón abdominal. Esa noche volvió a sufrir nuevas hemorragias y una peritonitis brutal: se renunció a operarle de nuevo y se procedió simplemente a hacerle trasfusiones de sangre.

Era el final: murió por paro cardiaco provocado por aquella peritonitis a las 5.25 del día 20 de noviembre de 1975. El último parte médico era sobrecogedor: enfermedad de Parkinson, infarto de miocardio, úlceras digestivas con hemorragias masivas, peritonitis, fracaso renal agudo, tromboflebitis, bronconeumonía, shock endotóxico, paro cardiaco irreversible[23].

Franco murió sólo dos meses después del escándalo y la crisis provocados por las ejecuciones de septiembre de 1975. Afrontó su muerte con plena consciencia de ello y con serenidad y dignidad indudables; sufrió una agonía dolorosa y prolongada tal vez innecesariamente.

Pero hubo elementos en esa agonía que en algún momento llegaron a recordar los esperpentos de quien en 1927 fuera autor favorito de Franco: aquel cabildeo interminable de políticos y notables del franquismo en los pasillos de la clínica de La Paz; aquellos coros de plegarias y aquellas colas de penitentes que se montaron ante El Pardo y La Paz, de gentes indudablemente piadosas que esperaban lograr la curación imposible con sus oraciones y sacrificios; aquella milagrería que se instaló en la misma habitación del enfermo, adonde se llevaron la reliquia del brazo de santa Teresa (que Franco conservaba desde la guerra civil) y el manto de la Virgen del Pilar, traído desde Zaragoza. El contraste entre la sofisticación médica con que se le atendió y todo aquello era como un símbolo de la España que Franco había gobernado: una sociedad moderna bajo un Estado católico tradicional.

Lo que ocurrió en el Sáhara tenía también un extraño carácter simbólico. El Gobierno español no quería la guerra: probablemente su decisión era abandonar el territorio saharaui a la gestión de las Naciones Unidas. En todo caso, el primer acto de don Juan Carlos como jefe de Estado fue presentarse, el 1 de noviembre de 1975, en El Aaiún, capital del Sáhara, para tranquilizar a los soldados españoles y explicarles la reacción española ante la inminencia de la marcha verde (anunciada, en efecto, para el día 7 de noviembre). Ese mismo día 7 llegaba a Agadir el ministro Antonio Carro, que dio seguridades a Marruecos sobre nuevos acuerdos (ya se habían celebrado conversaciones previas) a cambio de la suspensión de la marcha.

Logrado esto, España dio un radical viraje a su política en favor de la autodeterminación del Sáhara que había sostenido hasta entonces: el día 14 de noviembre se firmaron en Madrid unos acuerdos que equivalían a la cesión de aquel territorio por parte de España a Marruecos y Mauritania. Probablemente, dadas las circunstancias que vivía España, aquella solución no era la peor, pero para la biografía de Franco, el hombre que no se entendía a sí mismo sin África, parecía como si España saliese de aquel continente precipitadamente, como si quisiera desembarazarse para siempre de aquella África donde había germinado la carrera del militar que la había sometido a su autoridad durante cuarenta años.

Franco dejó escrito su testamento, el último documento salido de su pluma, que el presidente Arias Navarro leyó a los españoles al tiempo que informaba, profundamente emocionado, de la muerte del caudillo. Era un documento breve y sincero cuya sencillez y contenido reflejaban la personalidad de Franco: la autenticidad de su catolicismo («quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir»), su idea del patriotismo («(...) España, a la que amo hasta el último momento de mi vida que ya sé próximo»), su paternalismo autocrático («os pido que perseveréis en la unidad y en la paz», «no cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo»), sus simplificaciones y obsesiones políticas («no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta», «mantened la unidad de las tierras de España») y hasta su obstinación en no comprender el pluralismo y la discrepancia política. Pedía perdón y perdonaba a sus enemigos, pero decía creer y desear no haber tenido «otros que aquellos que lo fueron de España», como si disentir de él, de Franco, equivaliese a ser enemigo de España.

El 17 de noviembre de 1967 Franco había dicho que ni él ni su régimen eran un paréntesis en la historia de España: «Somos la historia misma», afirmó. Así fue hasta el 20 de noviembre de 1975. Quizá se pueda decir, parafraseando lo que el joven intelectual liberal italiano Piero Gobetti (1901-1926) afirmó sobre el fascismo en Italia, que Franco y su régimen fueron mucho más que una etapa histórica más o menos interesante: guste o no, fueron, al menos desde la perspectiva de 1985, la autobiografía de su país.

Por eso mismo la historia mirará durante mucho tiempo esa época no con «admiración y respeto», como Franco profetizó el 24 de diciembre de 1966, sino con apasionado interés y opinión dividida y polémica.

No podrá ser de otra forma. Podrá discutirse sobre las causas del alzamiento del 18 de julio, sobre las motivaciones personales de Franco en ello, sobre la naturaleza —totalitaria o autoritaria— de su régimen. Podrán debatirse los aciertos y desaciertos que Franco tuvo en su gestión como jefe de Estado y como jefe de Gobierno, sobre sus relaciones con Hitler y Mussolini, sobre su actuación durante la II Guerra Mundial, sobre la elección de sus distintos Gobiernos, sobre las diferentes políticas sectoriales de éstos. Se podrá disputar sobre la amplitud de la represión o sobre el grado de apoyo social que tuvo el franquismo. Podrán incluso explicarse y entenderse las razones de los franquistas. Pero hay algo que jamás se discutirá: que Franco estableció la dictadura más larga de los siglos XIX y XX de la historia española, una dictadura personal de cuarenta años cuya simple existencia provocó el rechazo frontal de la conciencia liberal y democrática de su tiempo.

Mientras esa conciencia impregne nuestra visión de las cosas, Franco, que se declaró responsable ante Dios y ante la Historia, tendrá, guste o no, el juicio mayoritariamente adverso de esta última.

ANEXOS

BIOGRAFÍAS

Abd el Krim el Jatabi: Nació en Ajdir, Marruecos, en 1882. Profesor en la escuela musulmana y asesor de la Oficina de Asuntos Indígenas, fue cadí en la administración árabe de Justicia. Nombrado juez de jueces en 1914, fue encarcelado en 1915 por intentar armar un ejército para luchar contra las fuerzas coloniales españolas. La muerte de su padre ante Tafersit le convirtió en el máximo dirigente de la resistencia marroquí. Organizó un Estado independiente y propagó el conflicto bélico a la zona francesa de Marruecos. Más tarde, se rindió a los franceses. En 1947 se le permitió abandonar la isla donde estaba deportado, pero en vez de viajar a Francia, desembarcó en Port Said y obtuvo asilo político en Egipto. Presidió el Comité de Liberación de África del Norte. Mohammed V le nombró héroe nacional. Murió en El Cairo en 1963.

Alonso Vega, Camilo: Nació en El Ferrol el 29 de mayo de 1889. Ingresó en la Academia Militar de Infantería de Toledo en 1907 y participó en la guerra de Marruecos. Tuvo un papel decisivo en la preparación y realización de la sublevación militar de julio de 1936. Durante la guerra civil alcanzó el grado de general y actuó en casi todos los frentes. Finalizada la guerra, fue nombrado consejero nacional de FET y de las JONS, subsecretario del Ejército (1940), director general de la Guardia Civil (1943-1955) y procurador en las Cortes franquistas (1942-1969). Fue ministro de la Gobernación entre 1957 y 1969. Fue, con Muñoz Grandes y Franco, el único que ostentó el grado de capitán general, y formó parte del Consejo del Reino. Falleció en Madrid en julio de 1971.

Arias Navarro, Carlos: Nació en Madrid el 11 de diciembre de 1908. Licenciado en Derecho. En 1933 ingresó en la carrera fiscal y ejerció como fiscal en las audiencias de Málaga y Madrid. Encarcelado durante la guerra civil en la zona republicana, se incorporó al Ejército Nacional tras la toma de Málaga. En 1944 fue nombrado gobernador civil y jefe del Movimiento de León. Posteriormente ocupó este cargo en Santa Cruz de Tenerife y Navarra. Entre 1957 y 1965 fue designado por Camilo Alonso Vega para encargarse de la Dirección General de Seguridad. Desde 1965 a 1973 fue alcalde-presidente del Ayuntamiento de Madrid, procurador en Cortes por los Municipios y consejero nacional designado por Franco. El 11 de junio de 1973, Carrero Blanco le nombró ministro de Gobernación. Tras el asesinato de Carrero fue nombrado presidente de Gobierno. Fue el primer civil que ocupó la Presidencia en el anterior régimen. El 11 de diciembre de 1975, muerto Francisco Franco, fue confirmado por el rey Juan Carlos y presidió el primer Gobierno de la monarquía. Cesó en su cargo el 1 de julio de 1976. Murió en 1989.

Arias Salgado y de Cubas, Gabriel: Nació en Madrid en 1904. En 1937 pasó a la España nacionalista, donde fue director del periódico Libertad. Finalizada la guerra civil fue gobernador civil de Salamanca. Ocupó posteriormente los cargos de vicesecretario de Educación Popular y delegado Nacional de Prensa y Propaganda. De 1951 a 1962 fue ministro de Información y Turismo. Murió en Madrid en 1962.

Azaña Díaz, Manuel: Nació en Alcalá de Henares en 1880. En 1897 se licenció en Derecho en Zaragoza. Ingresó en el cuerpo de Registros y Notariado en 1909 y dos años después marchó a París para ampliar estudios. Fue colaborador de El Imparcial y El Sol y dirigió de 1920 a 1922 la revista literaria La Pluma, que fundó con Cipriano Rivas Cherif. De 1922 a 1924 dirigió la revista España. En 1918 intervino en la fundación de Unión Democrática Española. En 1924 publicó el folleto Apelación a la República contra la dictadura de Primo de Rivera. Un año después fundó el partido Acción Republicana. Fue presidente del Ateneo de Madrid en 1930. Formó parte del Comité revolucionario que contribuiría al advenimiento de la República, en la que fue ministro de la Guerra en el Gobierno provisional bajo la presidencia de Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional y presidente constitucional hasta su dimisión en 1933. En 1934 fue encarcelado, acusado de participar en el levantamiento de la Generalitat y fundó Izquierda Republicana con Marcelino Domingo. Después de las elecciones de 1936 fue jefe del Gobierno del Frente Popular y, tras ser depuesto Alcalá Zamora, presidente de la República. Huyó a Francia en 1939. Dimitió de su cargo antes de terminar la guerra. Murió en Montauban, Francia, en 1940. De su importante obra literaria se pueden destacar Vida de don Juan Varela, por la que recibió el Premio Nacional de Literatura, El jardín de los frailes y Memorias íntimas.

Besteiro Fernández, Julián: Nació en 1870 en Madrid. Alumno de la Institución Libre de Enseñanza, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. En 1912, ganó la cátedra de Lógica Fundamental en la Universidad Central de Madrid. En 1914 fue elegido vicepresidente de la UGT, y un año más tarde se le nombró para similar cargo en el PSOE. Miembro del comité que convocó la huelga revolucionaria de 1917, fue detenido y condenado por un tribunal militar a treinta años de prisión; quedó libre en 1918 al ser elegido diputado por Madrid. Contrario a una salida revolucionaria de ruptura con la monarquía, en 1930 dimitió de la presidencia del PSOE. Con la llegada de la República en 1931 fue elegido presidente de las Cortes Constituyentes. Durante el congreso nacional del PSOE de 1932 fue derrotado por Largo Caballero en las elecciones para la presidencia del partido. En las elecciones de 1936 obtuvo un acta de diputado. Durante la guerra civil desempeñó diversas funciones diplomáticas. En 1939 entró a formar parte del Consejo de Defensa Nacional para negociar una rendición honorable. Fue detenido y condenado a treinta años de prisión mayor. Murió en la cárcel de Carmona en 1940.

Borbón, Juan de: Nació el 20 de junio de 1913 en el palacio de La Granja, de Segovia. Hijo del rey Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia. Tuvo que suspender sus estudios en la Escuela Naval de San Fernando cuando su padre partió al exilio tras la proclamación de la II República. Terminó sus estudios de marino en la Escuela Naval inglesa. Se convirtió en 1932 en heredero de la Corona de España. En 1935 se casó con María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Vivió en Roma, donde nació su hijo primogénito, don Juan Carlos, y en Portugal, donde hizo públicos manifiestos en favor de la democratización del régimen imperante en España. Llegó a un acuerdo con Franco para que don Juan Carlos estudiara en España. Después de la muerte de Franco cedió sus derechos a la sucesión en favor de su hijo don Juan Carlos. Murió el 1 de abril de 1993.

Borbón, Juan Carlos de: Juan Carlos I, rey de España. Nació en Roma el 5 de enero de 1938, hijo de don Juan de Borbón y Battemberg, conde de Barcelona y jefe de la Casa Real española, y de la princesa doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Es nieto del último rey de España, Alfonso XIII. Cursó sus primeros estudios en el Colegio de los Marianistas de Friburgo, en Suiza. Tras el acuerdo que alcanzó su padre con el general Franco, Juan Carlos llegó por primera vez a España en octubre de 1948, a los diez años de edad, y pasó a cursar estudios en el Instituto de San Isidro, de Madrid. En 1950 se trasladó a San Sebastián, donde durante cuatro años residió en el palacio de Miramar. En 1955 ingresó en la Academia Militar de Zaragoza, en la que obtuvo al año siguiente el grado de alférez de Infantería. Ese mismo año entró en la Escuela Naval de Marín, de la cual salió, en 1958, con el título de alférez de fragata. A continuación realizó un curso en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia, donde obtuvo el grado de alférez y el título de piloto militar. En 1959 ingresó en la Universidad de Madrid, donde asistió a cursos monográficos de Derecho, Economía, Política y Filosofía, hasta el año 1961. El 14 de mayo de 1962, a los veinticuatro años, contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia, hija del rey Pablo y de la reina Federica. El matrimonio se instaló en el palacio de la Zarzuela, cercano a Madrid. En 1963 nació la infanta Elena, dos años después la infanta Cristina, y en 1969, el infante Felipe, príncipe de Asturias. El 22 de julio de 1969, ante el Pleno de las Cortes españolas, el general Franco le propuso como sucesor, a título de Rey, a la jefatura del Estado. Las Cortes aprobaron la designación, y Juan Carlos fue proclamado oficialmente sucesor a la Jefatura del Estado y recibió el título de Príncipe de España. El 24 de julio de aquel mismo año fue ascendido, por decreto, a general de brigada de los Ejércitos de Tierra y Aire, se le dio el título de contralmirante de la Armada y se le otorgaron honores militares de capitán general. A partir de este momento, pasó a ocupar el puesto inmediato al Jefe del Estado en todos los actos oficiales. En julio de 1974, ante la tromboflebitis que aquejó al general Franco, el Príncipe asumió las funciones de Jefe de Estado. Como tal, firmó la declaración de principios hispano-norteamericana, y el 9 de agosto presidió un consejo de ministros por primera vez. El 3 de septiembre cesó en sus funciones al recobrar Franco la jefatura del Estado. Un año y tres meses más tarde, el 30 de octubre de 1975, ante una nueva y grave enfermedad del general, don Juan Carlos se hizo de nuevo cargo de la jefatura del Estado en funciones. El 20 de noviembre, tras el fallecimiento del general Franco, el consejo de regencia asumió los poderes. El 22 de noviembre de 1975, tras prestar juramento, Juan Carlos fue proclamado rey de España, bajo el nombre de Juan Carlos I. El nuevo rey pronunció su primer mensaje de la Corona. Cinco días más tarde tuvo lugar la exaltación de Juan Carlos I al trono de España en la iglesia de los Jerónimos en Madrid. Desde aquel día el Rey se manifestó resueltamente partidario de la implantación en España de un régimen democrático, tal y como demostró con motivo de la intentona golpista de febrero de 1981.

Calvo Serer, Rafael: Nació en Valencia en 1916. A los veinte años fue elegido presidente de la Federación de Valencia de los Estudiantes Católicos. En vísperas de la guerra civil asistió en Madrid al Congreso Nacional de este sindicato de estudiantes católicos, conoció a monseñor Escrivá e ingresó como socio numerario en el Opus Dei. En 1942 obtuvo la cátedra de Filosofía y en 1946 la de Filosofía de la Historia, ambas en la Universidad de Madrid. Formó parte del consejo privado de don Juan de Borbón. Desde 1951 a 1953 fue director de la revista Arbor, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De 1966 a 1971 mantuvo a flote el diario Madrid. Tras la clausura del diario, se exilió a París, donde en 1974, junto a Santiago Carrillo y otros representantes de fuerzas políticas, fundó la Junta Democrática. Regresó a España en 1976, fue encarcelado y más tarde obtuvo la libertad condicional. Murió en abril de 1988.

Calvo Sotelo, José: Nació en 1893 en Tuy, Pontevedra. Estudió Derecho. Fue abogado del Estado. Afiliado al partido de Maura, fue diputado a Cortes de 1919 a 1922 y gobernador civil de Valencia en 1923. Durante la Dictadura de Primo de Rivera se incorporó a la Unión Patriótica y en 1923 ocupó el cargo de director general de Administración Local y colaboró en la desmilitarización del régimen primorriverista con la redacción del Estatuto Municipal en 1924. De su gestión en el Ministerio de Hacienda puede destacarse la creación del monopolio de petróleos. Al proclamarse la República se expatrió a Portugal y más tarde a Francia. A pesar de su exilio obtuvo el acta de diputado para las Cortes Constituyentes y las de 1933. Regresó a España cuando se dictó en 1934 la amnistía para los ministros de la dictadura. Fundó el Bloque Nacional. Murió asesinado el 13 de julio de 1936.

Carrero Blanco, Luis: Nació en Santoña, Santander, en 1903. Obtuvo el grado de alférez de navío en la Escuela Naval Militar y participó en la guerra de Marruecos entre 1924 y 1926. Ascendió a capitán de corbeta en 1934 y ejerció como profesor de Táctica en la Escuela de Guerra Naval. En 1936, al estallar la guerra civil, se refugió en las embajadas de México y Francia, hasta que en 1937 pudo pasar a la zona nacionalista. Se le confió, en 1938, el cargo de jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros de la Flota Nacional y el de jefe de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Armada en 1939. Ascendió a capitán de fragata en 1940, fue nombrado profesor de la Escuela de Guerra Naval, cuyo derecho al uso permanente de dicho título se le reconoció en 1944. Ascendió a almirante en 1966. Ocupó los cargos de subsecretario de la Presidencia del Gobierno en 1941, ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno en 1951, vicepresidente del Gobierno en 1967, a la vez que conservaba su anterior cargo, y presidente del Gobierno en 1973. Murió víctima de un atentado de la organización terrorista ETA el 20 diciembre de 1973.

Casares Quiroga, Santiago: Nació en La Coruña en 1884. Licenciado en Derecho. Intervino en el movimiento revolucionario republicano y firmó el Pacto de San Sebastián. En las Cortes Constituyentes de la República representó a la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), que en 1933 se unió a Acción Republicana para constituir un nuevo partido, Izquierda Republicana. Formó parte en 1931 del primer Gabinete de la República como ministro de Marina y, unos meses más tarde, como ministro de Gobernación. Desde julio de 1933 fue al mismo tiempo ministro de Justicia. En 1936, tras la elección de Manuel Azaña como presidente de la República, fue nombrado presidente del Gobierno. Pero no pudo mantener el orden público y, tras las muertes del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, dimitió y cedió su puesto a Martínez Barrio. Una vez iniciada la guerra civil se marchó a Francia. Murió exiliado en París en 1950.

Castiella y Maíz, Fernando María: Nació en Bilbao en 1907. En 1933 ganó la Cátedra de Derecho Internacional en la Universidad de La Laguna. Voluntario en la División Azul. Fue catedrático de la Universidad de Madrid desde 1939 y miembro permanente del Tribunal de La Haya. Ocupó el cargo de embajador en varias legaciones españolas en el extranjero. Firmó en 1957 el Concordato. Fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores en 1957. En 1963, solicitó el ingreso de España en la CEE, que se limitaría a la firma, en 1967, de un tratado económico preferencial, y firmó la renovación de los acuerdos hispano-norteamericanos, negándose en 1969 a firmar de nuevo. Cesó ese mismo año como ministro y se incorporó a su cátedra de Derecho Internacional. Académico de Ciencias Morales y Políticas desde 1974. Murió en Madrid en 1976.

Fernández Cuesta, Raimundo: Nació en Madrid el 5 de octubre de 1896. Ministro Togado de la Armada y notario. En 1934 fue nombrado por José Antonio Primo de Rivera secretario general de la Falange y miembro de la Junta Política. En las elecciones de 1936 fue candidato falangista por Madrid y Jaén. Fue nombrado por Franco secretario general de FET y de las JONS y, en febrero de 1938, ministro de Agricultura en el primer Gobierno de Franco. Fue también ministro de Justicia y ministro secretario general del Movimiento. Consejero del reino, consejero nacional y procurador en Cortes en varias legislaturas. Al formarse la Asociación Frente Nacional Español fue elegido presidente. Continuó en la presidencia cuando dicha asociación se transformó en Falange Española de las JONS. Murió en julio de 1992.

Fraga Iribarne, Manuel: Nació en Villalba, Lugo, el 23 de noviembre de 1922. Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Diplomático y catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Letrado de las Cortes, ha ocupado los cargos de secretario general técnico del Ministerio de Educación Nacional, delegado de Asociaciones de la Secretaría General del Movimiento y director del Instituto de Estudios Políticos. Durante el período de 1962 a 1969 fue ministro de Información y Turismo. Estuvo al frente de la Embajada Española en Londres desde 1973 a 1975. Al volver a España fue nombrado vicepresidente del Gobierno para Asuntos del Interior y ministro de la Gobernación. Presidente de Reforma Democrática en 1976, patrocinó la formación de Alianza Popular de la que fue presidente desde 1977 hasta 1986, fecha en que dimitió. Retornó a la política activa en 1988 para volver a ocupar la presidencia de su partido, convertido en Partido Popular. En 1989, tras ser sustituido en el cargo por José María Aznar, fue elegido presidente de la Xunta de Galicia.

Franco Polo, Carmen: Hija de Francisco Franco, anterior jefe de Estado, marquesa de Villaverde, duquesa de Franco. Casada con Cristóbal Martínez Bordiú, el 1 de agosto de 1950. Tiene siete hijos.

Franco Bahamonde, Nicolás: Nació el 1 de julio de 1891 en El Ferrol. Hermano mayor del anterior jefe de Estado. Estudió ingeniería naval y fue oficial de la Marina de Guerra. Director de la Escuela Superior de Ingenieros Navales, fue también director general de Marina Mercante. Designado procurador en Cortes por su hermano, murió el 15 de abril de 1977.

Franco Bahamonde, Pilar: Hermana del anterior jefe de Estado, nació como éste en El Ferrol. Se casó con Alfonso Jaraiz Jerez, con el que tuvo diez hijos. Murió en 1989.

Franco Bahamonde, Ramón: Nació en El Ferrol en 1896, hermano del anterior jefe de Estado. Ingresó en 1911 en la Academia de Infantería y en 1914 alcanzó el grado de oficial. En 1921, fue trasladado a Marruecos. En 1926, al mando del hidroavión Plus Ultra, realizó el vuelo Palos de Moguer-Buenos Aires que le dio una gran popularidad en todo el mundo. En 1929, intentó realizar otro vuelo transatlántico (Los Alcázares-Washington), sin éxito. Conspiró contra la monarquía, por lo que fue declarado excedente del Ejército y encarcelado. Al proclamarse la República fue nombrado jefe superior de Aeronáutica Militar y más tarde resultó elegido diputado por Sevilla y Barcelona. Al estallar la Guerra Civil era agregado aéreo en Washington; regresó a España y fue jefe de la base aérea de Baleares. Desapareció mientras pilotaba un avión en la costa de Mallorca en 1938.

Gil-Robles y Quiñones, José María: Nació en Salamanca el 27 de noviembre de 1898. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. En 1922 ganó la cátedra de Derecho Político de la Universidad de La Laguna. Colaboró en la creación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de la que fue nombrado presidente. En mayo de 1935 se encargó del Ministerio de la Guerra, en el sexto gobierno Lerroux. Con el triunfo del Frente Popular pasó a la oposición. En julio de 1936 se exilió. Regresó a España en 1953. Formó parte del consejo privado de don Juan hasta 1962 en que fue expulsado a raíz de su asistencia al Congreso de Múnich. Por este mismo motivo tuvo que exiliarse hasta 1965. Fundó el partido de la Democracia Social Cristiana. El 13 de marzo de 1975 creó la Federación Popular Democrática, de la que fue elegido presidente. En las elecciones de junio de 1977 la democracia cristiana fracasó por completo. Murió el 14 de septiembre de 1980 en Madrid.

Girón de Velasco, José Antonio: Nació el 28 de agosto de 1911 en Herrera de Pisuerga, Palencia. Licenciado en Derecho. En abril de 1931 entró a formar parte de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Pasó a las JONS en 1932. Antes de la guerra civil fue jefe provincial de Milicias en Valladolid. Al término de la contienda era consejero nacional de FET y de las JONS y capitán honorario de Infantería. Fue nombrado delegado nacional de Excombatientes en 1939. Fue ministro de Trabajo, consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes. Desde 1974 ostentó la presidencia de la Confederación Nacional de Excombatientes. Murió en agosto de 1995.

Goded Llopis, Manuel: Nació en San Juan de Puerto Rico, en 1882. Ingresó en la Academia de Infantería. Participó en las campañas de Marruecos y, tras el desembarco de Alhucemas, alcanzó el grado de general. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército de África y subsecretario del Ejército. Como consecuencia de la sublevación del 10 de agosto de 1932, fue procesado y pasó a la situación de disponible. Fue inspector general del Ejército y director general de Aeronáutica en el ministerio de Gil-Robles, en 1935, y, tras el triunfo del frente popular, se le designó comandante general de Baleares para alejarlo de Madrid. Encabezó el alzamiento del 19 de julio de 1936 en Palma de Mallorca y el mismo día se trasladó a Barcelona para dirigir el de esta ciudad; fracasó y fue detenido. Condenado a muerte por un consejo de guerra, fue fusilado en Barcelona el 12 de agosto de 1936.

Gomá y Tomás, Isidro: Nació en La Riba, Tarragona, en 1869. Nombrado obispo de Tarazona en 1927, sucedió al cardenal Segura como arzobispo de Toledo. En 1935 fue elevado al cardenalato. La sublevación militar de 1936 le sorprendió en Navarra, desde donde prestó su apoyo incondicional al alzamiento. Redactó, por indicación del general Franco, la Carta colectiva del episcopado español a favor del gobierno de Burgos en 1937. Justificó teológicamente la guerra civil y dio su aprobación a la designación de cruzada. Falleció en Toledo en 1940.

Herrera Oria, Ángel: Nació en Santander en 1886. Fue abogado del Estado, periodista y propagandista católico. Dirigió el diario El Debate, en 1911, y creó la Editorial Católica. Después de la proclamación de la República, en 1935, fundó el diario Ya. Organizó y dirigió Acción Católica, para lo que abandonó la dirección de El Debate. Su influencia sobre este movimiento y sobre la Prensa católica fue decisivo, especialmente sobre la CEDA de Gil-Robles. Comenzó su carrera eclesiástica en 1936, se ordenó sacerdote en 1940, y en 1947 fue nombrado obispo de Málaga. En 1965 alcanzó el cardenalato. Falleció en Madrid en 1968.

Kindelán Duany, Alfredo: Nació el 13 de marzo de 1879 en Santiago de Cuba. Procedente del arma de Ingenieros, se especializó en misiones aéreas y creó el aeródromo de Cuatro Vientos, en los alrededores de Madrid. Intervino en el desembarco de Alhucemas y llegó a ser jefe superior de Aeronáutica con la Monarquía. Con el advenimiento de la República pidió la baja del Ejército y se exilió en Suiza. El inicio de la guerra civil le sorprendió en Cádiz y pasó a Tetuán. Proclamó caudillo al general Franco en Salamanca. La Junta de Defensa Nacional le nombró jefe de los Servicios del Aire. Al finalizar la guerra fue nombrado capitán general de Baleares y de Cataluña. Evolucionó posteriormente hacia posturas monárquicas, lo que le valió ser desterrado a Canarias. En 1944 fue rehabilitado y nombrado jefe de la Escuela Superior del Ejército. Falleció el 14 de diciembre de 1962 en Madrid.

Largo Caballero, Francisco: Nació en Madrid en 1869. Miembro de UGT y del PSOE. Condenado a cadena perpetua por su participación en el comité de huelga de 1917, salió en libertad al resultar elegido diputado. Durante veinte años fue secretario general de UGT. En 1930, nombrado representante de la UGT en el comité revolucionario, se enfrentó a Besteiro, que opinaba que el partido no debía colaborar con el establecimiento de una república burguesa. Tras el triunfo electoral de 1931 fue nombrado ministro de Trabajo. Fue designado en 1932 presidente del partido. Su evolución hacia posiciones izquierdistas le valieron el calificativo de Lenin español. Ante el avance de las tropas de Franco sobre Madrid fue nombrado jefe de un Gobierno de concentración de las fuerzas del Frente Popular y ministro de la Guerra, hasta que presiones comunistas le hicieron dimitir. Fue apartado de los cargos directivos del partido y del sindicato. En enero de 1939 marchó a Francia. El gobierno de Vichy le detuvo y los alemanes le internaron en el campo de concentración de Oranienburgo en 1943. Unidades polacas le liberaron en abril de 1945, y falleció en marzo de 1946 en París, donde se le enterró junto a los héroes de la Comuna de París. Sus restos fueron trasladados el 8 de abril de 1978 al cementerio civil de Madrid.

Lerroux, Alejandro: Nació en La Rambla, Córdoba, en 1864. Periodista, fue redactor y director en el diario El País. Fundó los periódicos El Progreso, El Intransigente y El Radical. En 1901 fue elegido diputado a Cortes en la candidatura republicana por Barcelona y reelegido en 1903 y 1905. Ejerció gran influencia sobre el proletariado barcelonés. Defensor del republicanismo unitario, perdió su influencia entre los catalanistas y fundó el Partido Radical. Escándalos financieros le llevaron al destierro, y, tras la Semana Trágica, reemprendió la lucha política como un liberal moderado. Con el advenimiento de la República se convirtió en ministro de Estado. Presidió seis Gobiernos republicanos entre 1933 y 1935, con el apoyo de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Su Gobierno cayó en 1935. Durante la guerra civil se exilió en Portugal, desde donde envió cartas de adhesión al general Franco. Regresó a España en 1947 y murió dos años más tarde.

Líster, Enrique: Nació en Ameneiro, La Coruña, el 21 de abril de 1907. Emigró con su padre a Cuba en 1927, año en que ingresó en el Partido Comunista cubano. A su regreso a España, en 1930, fue elegido presidente del Sindicato de Oficios Varios. Entre 1931 y 1934 estudió y trabajó en Moscú. Al producirse la sublevación de 1936 en España, regresó a combatir a las fuerzas nacionales. Llegó a comandante del V Regimiento, organizado por el Sindicato de la Construcción, y su acción fue decisiva en las batallas de Teruel, Guadalajara y el Ebro. Alcanzó, al término de la contienda, el grado de coronel. Tras la derrota, volvió a Moscú, donde vivió durante seis años. Combatió en las tropas de la Unión Soviética; alcanzó el grado de general en los ejércitos soviético, polaco y yugoslavo. Volvió a Cuba, donde actuó de instructor militar en 1965. Afiliado al PCE desde 1935, fue miembro del buró político entre 1946 y 1970, año en que fue expulsado por sus diferencias con el comité central. Fundó el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en 1973. Regresó a España el 7 de noviembre de 1977. Murió en diciembre de 1994.

López Rodó, Laureano: Nació en Barcelona el 18 de noviembre de 1920. Abogado y catedrático de Derecho Administrativo. Miembro destacado del Opus Dei. Fue promotor del Plan de Desarrollo Económico y Social, ministro-comisario del Plan del Desarrollo Económico y Social, ministro de Asuntos Exteriores, embajador de España en Austria y consejero nacional designado por el general Franco. Fue procurador en Cortes y consejero nacional. Promotor en las Cortes del grupo parlamentario Regionalista, lo transformó en el partido político Acción Regional en 1976. Candidato al Congreso de Alianza Popular por Barcelona, fue elegido diputado en las elecciones de junio de 1977. Dimitió de la presidencia de AP en Cataluña el 15 de enero de 1979.

Martín Artajo, Alberto: Nació el 2 de octubre de 1905 en Madrid. Se licenció en Derecho por la Universidad Central. Fue letrado del Consejo de Estado en 1931. Colaborador íntimo del cardenal Herrera Oria, fue secretario general y después presidente de Acción Católica. Nombrado ministro de Asuntos Exteriores en 1945, ocupó este cargo durante doce años. A lo largo de su gestión se rompió el bloqueo diplomático que había reducido a tres el número de embajadas acreditadas en Madrid. Su política culminó con la firma del tratado de mutua ayuda y cooperación con Estados Unidos, en 1953; del Concordato con la Santa Sede, el mismo año; y con el ingreso de España en las Naciones Unidas, en 1956. Fue consejero delegado de la Editorial Católica y presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Falleció en 1979.

Martínez Bordiú, Cristóbal: Marqués de Villaverde. Nació el 1 de agosto de 1922. Se doctoró en Medicina, especializándose en cirugía torácica en los años cincuenta. Contrajo matrimonio con Carmen Franco, hija única del anterior jefe de Estado. Realizó una carrera meteórica y llegó a ser jefe del servicio de cirugía cardiovascular en la Ciudad Sanitaria de La Paz y a realizar los primeros trasplantes de corazón en España en el año 1968. Participó en la creación de la Clínica Incosol de Marbella.

Miaja Menant, José: Nació en Oviedo en 1878 y murió en México en 1958. Militar de carrera, tras participar en las campañas de Marruecos, en 1932 fue ascendido a general. Pese a haber pertenecido a la Unión Militar Española (UME), en 1936, al estallar la guerra civil, permaneció adicto a la República y fue ministro de la Guerra en el Gabinete de Martínez Barrios. En noviembre presidió la Junta de Defensa de Madrid que dirigió la batalla de Madrid. Posteriormente fue jefe del Ejército del Centro y jefe de la Agrupación de los Ejércitos Centro-Sur. En marzo de 1939 aceptó la presidencia de la Junta de Casado y poco después se exilió a México, donde falleció.

Millán Astray Terreros, José: Nació en La Coruña en 1879. Militar español. En 1920 fundó la Legión española y el Tercio de Extranjeros. Escribió un libro titulado La Legión. Ascendió a general en 1932. En 1936 se unió al Movimiento Nacional y organizó la Oficina de Prensa y Propaganda Nacionalista en Salamanca. Murió en Madrid en 1954.

Mola Vidal, Emilio: Nació en Placetas, Cuba, en 1887. Estudió en la Academia Militar de Toledo y se incorporó al ejército de Marruecos en 1909. Tuvo actuaciones muy destacadas. En 1926 ascendió a coronel y poco después a general. En 1930 fue nombrado director general de Seguridad, por lo que fue detenido y procesado al caer la monarquía. Finalmente absuelto, fue separado del Ejército. Para justificar su actuación escribió Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad y El pasado, Azaña y el porvenir. La amnistía de 1934 le reintegró al Ejército. Trasladado a Pamplona en marzo de 1936, se convirtió en el principal organizador de la sublevación militar. Miembro destacado de la Junta de Defensa Nacional de Burgos, logró el control de gran parte de la zona norte del país y organizó las primeras columnas que avanzaron sobre Madrid. Dirigió las campañas del norte. Murió el 3 de junio de 1937 en accidente de aviación.

Moscardó Ituarte, José: Nació en 1878 en Madrid. Era coronel director de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo al iniciarse la guerra civil. Se hizo fuerte con sus tropas en el Alcázar de Toledo durante dos meses, hasta la llegada de las tropas nacionales. En octubre de 1936 pasó a mandar la división de Soria, y en 1938 el ejército de Aragón, con el que hizo la campaña de Cataluña, de donde pasó a la región Centro. Terminada la guerra, fue capitán general de la IV y de la II regiones militares, y se le nombró jefe de la Casa Militar del jefe del Estado y delegado nacional de Deportes. Murió en 1956, en Madrid.

Muñoz Grandes, Agustín: Nació en Madrid en 1896. Militar y político, se distinguió en las campañas de Marruecos, donde resultó gravemente herido. Al iniciarse la guerra civil pasó de Madrid a la zona nacionalista y participó en la campaña de Cataluña. En 1939 fue nombrado ministro secretario general del Movimiento. En 1941 mandó la División Azul, y al año siguiente fue ascendido a teniente general. Fue ministro del Ejército, capitán general del Ejército y jefe del Alto Estado Mayor. Ocupó también las vicepresidencias del Gobierno y del Consejo del Reino. Murió en 1970.

Negrín López, Juan: Nació en Las Palmas en 1892. Médico y político español. Alumno distinguido de Ramón y Cajal, perfeccionó sus estudios de medicina en Leipzig. Catedrático de la Universidad de Madrid, creó una escuela cuyos discípulos más destacados fueron Severo Ochoa y Grande Covián. En 1929, año en que ingresó en el PSOE, se le confió la organización y dirección de la Junta constructora de la nueva Ciudad Universitaria madrileña. Diputado a Cortes en 1931. Formó parte del Gobierno de Largo Caballero como Ministro de Hacienda. Al dimitir Prieto del Ministerio de Defensa, se hizo cargo de esta cartera y constituyó un Gobierno de unión nacional en abril de 1938. El 6 de marzo de 1939 Negrín hubo de marchar a Francia donde siguió presidiendo el Gobierno republicano. Murió exiliado en París en 1956.

Nieto Antúnez, Pedro: Nació en El Ferrol en 1898. Estudió en la Escuela Naval Militar en 1914. En 1935 fue nombrado jefe de estudios de la Escuela de Artillería y Tiro Naval. Durante la guerra civil mandó las fuerzas de marinería que declararon el estado de guerra en la península de El Morrazo. En 1950 ascendió a contralmirante y fue nombrado segundo jefe de la Casa Militar del anterior jefe de Estado. Ascendido a almirante, fue nombrado en 1962 ministro de Marina. Fue procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento. Murió en Madrid en 1978.

Polo y Martínez Valdés, Carmen: Nació en 1902. Se casó con el anterior jefe de Estado en octubre de 1923. Tuvieron una hija. Murió en 1988.

Portela Valladares, Manuel: Nació en Pontevedra en 1868. Miembro del Partido Liberal, fue gobernador civil de Barcelona y ministro de Fomento. Después de la revolución de octubre de 1934, Lerroux le confió el cargo de gobernador general de Cataluña y después le nombró ministro de Gobernación. Formó dos Gobiernos consecutivos con la misión de preparar nuevas elecciones e intentar la constitución de una nueva fuerza política de centro, tarea en la que fracasó. Al estallar la guerra civil marchó al extranjero, si bien se puso, en 1937, a disposición del Gobierno republicano. Murió en 1952.

Prieto y Tuero, Indalecio: Nació en Oviedo el 30 de abril de 1883. En Bilbao, adonde se había trasladado su familia, empezó a trabajar como taquígrafo en La Voz de Vizcaya y más tarde como redactor en El Liberal, periódico republicano del que llegó a ser propietario y director. Se afilió al Partido Socialista y participó en la fundación de las Juventudes Socialistas. Fue elegido sucesivamente diputado provincial por Vizcaya, concejal y diputado a Cortes. Firmante del pacto de San Sebastián, tras el advenimiento de la II República fue ministro de Hacienda y Obras Públicas. Se exilió por su implicación en la revolución de octubre de 1934. Regresó a España tras la victoria del Frente Popular, defendió la alianza de los socialistas con los republicanos y apoyó la sustitución de Alcalá-Zamora por Azaña. Durante la guerra civil se encargó del Ministerio de Marina y Aire en el Gobierno de Largo Caballero y de Defensa en el de Negrín. Dimitió por oposición al incremento de influencia del partido comunista. Al finalizar la guerra, organizó en el exilio la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles y creó en México la Junta Española de Liberación que intentaba reunir a socialistas y republicanos con el objeto de restablecer la legalidad republicana. Murió en México en 1962.

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, José Antonio: Nació en Madrid en 1903. Licenciado en Derecho. Tras la caída de la Dictadura, asumió la defensa de la política de su padre, el general Primo de Rivera. En 1930, ingresó en la Unión Monárquica. Se presentó sin éxito a las elecciones de 1931 y, desencantado ante el liberalismo parlamentario, su ideario político evolucionó hacia un totalitarismo nacionalista, antiliberal y antimarxista. Fundó Falange Española en 1933. En las elecciones de noviembre de 1933 obtuvo un escaño de diputado por la candidatura derechista de Cádiz. En febrero de 1934 Falange Española se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). En el primer Congreso, en octubre del mismo año, se redactaron los 27 puntos de FE y de las JONS y José Antonio Primo de Rivera fue encargado de la jefatura única de la organización. No logró el acta de diputado en las elecciones de febrero de 1936. Un mes más tarde fue detenido en Madrid y trasladado a la cárcel provincial de Alicante. Desde allí dio su apoyo al levantamiento militar. Fue procesado, junto a su hermano Miguel, como inspirador de la rebelión y condenado a muerte por un tribunal popular. Fue ejecutado el 20 de noviembre en Alicante.

Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel: Nació en Jerez de la Frontera en 1870. En 1884 ingresó en la Academia Militar. Intervino en las campañas de Melilla, Cuba, Filipinas y Marruecos, y obtuvo el grado de general de brigada. Ascendió a teniente general y estuvo destinado en las capitanías generales de Valencia, Castilla la Nueva, Andalucía y Cataluña. El 13 de septiembre de 1923 dio un golpe de Estado militar que contó con la aprobación de Alfonso XIII. Nombrado jefe de Gobierno, formó un Directorio Militar y suprimió las libertades democráticas. Concentró en su persona el poder ejecutivo y el legislativo e intervino constantemente el judicial. En 1924 creó la Unión Patriótica, que se vio continuamente acusada de corrupción y no logró el apoyo popular. Sólo pudo contar con los militares y la extrema derecha pues, aunque intentó atraerse a otros sectores políticos, su autoritarismo le valió una amplia oposición. Saneó la economía, cumplió su promesa de acabar con las campañas de Marruecos y en 1925 nombró un Directorio Civil. Las conspiraciones contra el régimen se multiplicaron. Finalmente, tras un intento fracasado de obtener el apoyo total de todas las capitanías generales, se vio obligado a dimitir el 28 de enero de 1930. Se exilió a París donde murió poco después, el 18 de marzo.

Queipo de Llano Sierra, Gonzalo: Nació en Tordesillas, Valladolid, en 1875. Siguió la carrera militar y luchó en las campañas de Cuba y Marruecos. En 1928 fue desterrado por su oposición a la Dictadura de Primo de Rivera. De tendencia republicana, participó en la sublevación de Cuatro Vientos en 1930. Tras la proclamación de la II República desempeñó el cargo de capitán general de la I Región Militar y el de jefe de la Casa Militar del presidente Alcalá-Zamora. Tras la destitución de Alcalá-Zamora fue desplazado a un mando de segunda fila, director general de Carabineros y, resentido, se aproximó a Mola. La junta de generales que preparaba la conspiración le designó para tomar el mando en Andalucía. Su actuación proporcionó la caída de Sevilla en poder de los nacionalistas. Como jefe del Ejército del sur, participó en la toma de Málaga y destacó por sus campañas propagandísticas radiofónicas, muy agresivas. Concluida la guerra, fue ascendido a teniente general. Murió en Sevilla en 1951.

Ridruejo, Dionisio: Nació en Burgo de Osma, Soria, en 1912. Ingresó muy joven en Falange Española y ocupó altos cargos: jefe provincial de Valladolid en 1937 y jefe del Servicio Nacional de Propaganda en 1938. En 1940 fundó la revista Escorial y se alistó en la División Azul. Su posición crítica y su descontento ante la fijación del régimen franquista se manifestaron pronto. La carta que dirigió a Franco en julio de 1942 le valió el confinamiento en Ronda y Cataluña y le distanció definitivamente del régimen. La crisis de 1956 le llevó a la cárcel. Durante los años sesenta ejerció la docencia en Estados Unidos. En 1974 fundó la Unión Social Demócrata Española. Murió en Madrid en 1975. Ganador del Premio Nacional de Poesía en 1950, cabe destacar entre su obra poética: Plural, Poesía en armas, Cuaderno catalán y Casi en prosa. Escribió también obras en prosa: Escrito en España, Diario de una tregua, Entre literatura y política y Casi unas memorias.

Rojo Lluch Vicente: Nació en Fuente La Higuera, Valencia, en 1894. Ingresó en la Academia Militar. Estuvo destinado en África y Toledo. Diplomado de Estado Mayor y comandante, en 1936 se mantuvo a las órdenes del ejército de la República. Tras intervenir en el Alcázar de Toledo en septiembre de 1936, con el grado de teniente coronel, fue nombrado jefe de Estado Mayor de la Junta de Defensa en las operaciones de la defensa de Madrid. Tuvo a su cargo las campañas del Jarama y Guadalajara y en mayo de 1937, nombrado por el Gobierno de Negrín, se hizo cargo de la jefatura del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas. Desde este puesto dirigió la reorganización del Ejército Popular de la República y todas las operaciones militares. Fue ascendido a general en septiembre del mismo año. Planificó las ofensivas de Brunete, Teruel y del Ebro. Tras la ocupación de Cataluña, se exilió a París, a Argentina y finalmente a Bolivia, país en el que ejerció como profesor de la Academia Militar de Cochabamba. En 1957 volvió a Madrid donde fue sometido a un consejo de guerra y condenado a cadena perpetua. Aunque la sentencia fue suspendida, los controles y limitaciones, unidos a una larga enfermedad, le mantuvieron aislado hasta su muerte, ocurrida el 15 de junio de 1966. Escribió varios libros, entre los que cabe destacar Elementos de arte de la guerra, España heroica, Culminación y crisis del imperialismo y Así fue la defensa de Madrid.

Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín: Nació en Hoyo de Manzanares, Madrid, en 1913. Estudió Derecho en la Universidad de Madrid y ocupó cargos directivos en la Confederación de Estudiantes Católicos. Al estallar la guerra civil, fue detenido e ingresado en la cárcel de Madrid de donde logró escapar a la zona nacional. En 1937 ingresó en el Ejército como oficial de Ingenieros y pasó a servir a las órdenes de Muñoz Grandes. Acabada la guerra fue nombrado concejal de Madrid y presidente de la Organización Internacional de Estudiantes Pax Romana, puesto en el que se mantuvo hasta 1946. Fue nombrado director del Instituto de Cultura Hispánica. Como miembro del Instituto de Estudios Políticos, intervino activamente en la redacción de las Leyes Fundamentales. En 1948 marchó a Roma como embajador cerca de la Santa Sede, con el encargo de negociar el Concordato. En 1951 fue nombrado ministro de Educación Nacional. Su política aperturista provocó su cese a raíz de los incidentes universitarios de febrero de 1956. Poco después fue nominado procurador por designación de Franco, pero dimitió en 1964 tras la publicación de la ley de Asociaciones. Ejerció la abogacía e impartió clases en las universidades de Salamanca y Madrid. En 1963 fundó la revista Cuadernos para el Diálogo, en la que colaboraron democristianos y marxistas. Después de la muerte de Franco, creó el partido Izquierda Democrática, que en las elecciones de 1977 se presentó con la Federación Demócrata Cristiana del Estado Español y no logró ningún escaño. En diciembre de 1982 las Cortes Generales aprobaron su nombramiento como Defensor del Pueblo. Cargo que desempeñó hasta finales de 1987.

Sainz Rodríguez, Pedro: Nació en Madrid en 1897. Monárquico alfonsino y catedrático de las universidades de Oviedo y Madrid, resultó elegido diputado por Acción Española en 1933 e impulsó la creación del Bloque Nacional. Tuvo una destacada actuación en los inicios de la guerra civil, en Burgos, como enlace de Sanjurjo. Más tarde fue enviado a Roma por el general Mola para la obtención de aviones italianos para trasladar a las tropas de Marruecos a la península. Nombrado ministro de Educación Nacional en el primer Gobierno de Franco, reformó toda la legislación promulgada por la República. Dimitió de su cargo al finalizar la guerra y se marchó a Lisboa como consejero privado de don Juan de Borbón. Regresó a España en 1968. Miembro de las academias de la Lengua y de la Historia. De su obra de investigación cabe citar La evolución política española y el deber de los intelectuales, Introducción a la historia de la literatura mística en España, Evolución de las ideas sobre la decadencia de España, Menéndez y Pelayo, historiador y crítico literario, La mística española y Siembra mística del cardenal Cisneros y las reformas en la Iglesia. También ha publicado un libro de memorias, Testimonio y recuerdos. Murió el 14 de diciembre de 1986.

Sánchez Mazas, Rafael: Nació en Madrid en 1894. Licenciado en Derecho, fue uno de los fundadores e inspiradores ideológicos de Falange Española. En 1936 ocupó la corresponsalía de Abc en Roma y al terminar la guerra civil fue nombrado ministro sin cartera, miembro del Consejo Nacional del Movimiento y procurador en Cortes. De su obra literaria cabe citar las narraciones Pequeñas memorias de Tarín, las novelas La vida nueva de Pedrito de Andía y Lances de boda y el libro de poemas Sonetos de un verano antiguo y otros poemas. Murió en 1966.

Sanjurjo Sacanell, José: Nació en Pamplona en 1872. Siguió la carrera militar y participó en las campañas de Cuba, Melilla y Marruecos. Ascendido a teniente general, fue puesto al frente de la Comisaría Superior del Ejército de África en 1925. Tres años más tarde fue nombrado director general de la Guardia Civil. El 14 de abril de 1931 acató la nueva legalidad republicana, pero se sublevó en Sevilla el 10 de agosto de 1932. El movimiento fracasó tanto en Madrid como en Sevilla. Sanjurjo intentó huir pero fue detenido en Huelva y trasladado a Madrid, donde, sometido a un consejo de guerra fue condenado a muerte por rebelión militar. La sentencia fue conmutada por la de cadena perpetua. Dos años más tarde, el Gobierno Lerroux le concedió la amnistía y se marchó a Estoril. En 1936 aprobó los planes del general Mola y aceptó la jefatura del levantamiento militar, pero murió el 20 de julio cuando se estrelló en Portugal el avión que debía llevarle a España.

Segura y Sáez, Pedro: Nació en Carazo, Burgos, en 1880. Nombrado obispo auxiliar de Valladolid en 1916, ocupó después las sedes de Coria y Burgos. Arzobispo de Toledo y primado de España, fue nombrado cardenal en 1927. Con la proclamación de la República, publicó diversos documentos pastorales contrarios al nuevo régimen. Fue expulsado de España por el Gobierno provisional en mayo de 1931. Fijó su residencia en Roma, donde recibió un cargo en la curia. Fue el inspirador de la pastoral colectiva del obispado español, en agosto de 1931, que manifestaba los «serios inconvenientes» del proyecto constitucional republicano. A raíz de la guerra civil fue designado arzobispo de Sevilla. Conocido por sus ideas conservadoras y monárquicas, destacó en los años cuarenta por sus normas y pastorales sobre la moral sexual cristiana. Murió en Madrid en 1957.

Serrano Súñer, Ramón: Nació en Cartagena, Murcia, en 1901. Licenciado en Derecho, formó parte del cuerpo de abogados del Estado. Dirigente de las Juventudes de Acción Popular (JAP) y diputado en las Cortes de la República con la CEDA, era amigo de José Antonio Primo de Rivera y cuñado de Franco. Al estallar la guerra civil escapó de Madrid a Salamanca, en la zona nacional, donde trabajó en la unificación de las fuerzas políticas. Nombrado presidente de la Junta Política de FET y de las JONS en 1939, desempeñó el cargo de ministro del Interior, después de Gobernación, entre los años 1938 y 1940. Como ministro de Asuntos Exteriores, fue testigo del encuentro de Franco y Hitler en Hendaya. Al entrar en decadencia las potencias del Eje, Serrano fue destituido. Es autor de Entre Hendaya y Gibraltar y Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias.

Solís Ruiz, José: Nació en Cabra, Córdoba, en 1913. Cursó la carrera de Derecho. Participó desde el principio en la sublevación militar de 1936, en la que fue nombrado subjefe de una centuria falangista y formó parte de la primera promoción de oficiales provisionales. Finalizada la guerra, organizó, como secretario técnico de los sindicatos verticales, el I Congreso Nacional de Trabajadores. Posteriormente, fue gobernador civil de Pontevedra y de Guipúzcoa. Desempeñó también los cargos de consejero del reino y delegado nacional de Sindicatos, y conservó este último puesto al ser nombrado ministro secretario general del Movimiento. De nuevo ministro del Movimiento con Arias Navarro, negoció con Marruecos la salida española del Sáhara, ante la presión de la marcha verde y de la última enfermedad del general Franco. Tras la muerte del dictador, fue nombrado ministro de Trabajo en el primer gobierno de la Monarquía. Murió en 1990.

Ullastres Calvo, Alberto: Nació en Madrid en 1914. Es licenciado en Derecho y profesor mercantil. Miembro del Opus Dei, fue dirigente de Acción Católica en su juventud. En la guerra civil combatió en el ejército de Franco. Catedrático de Economía y Hacienda Pública. Nombrado ministro de Comercio en febrero de 1957, articuló junto con Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, el plan de estabilización de la economía española que puso fin a la autarquía de la posguerra. En su etapa ministerial, se iniciaron los primeros contactos con el Mercado Común, y España solicitó su ingreso. Cesado en 1965, fue designado embajador ante la CEE, puesto que ocupó hasta finales de 1976, y consiguió la firma, en julio de 1970, de un acuerdo preferencial entre España y el Mercado Común.

Yagüe Blanco, Juan: Nació en San Leonardo, Soria, en 1891. Hizo su carrera militar en África. Tomó parte en la represión de la revolución de octubre de 1934 en Asturias, al mando de tropas de Regulares y de la Legión. Teniente coronel en 1936, sirvió de enlace entre Franco y Mola y encabezó en Ceuta la sublevación militar contra el Gobierno de la República. Posteriormente, desembarcó en el sur de la península al frente de las fuerzas legionarias y marroquíes, ocupó Mérida y Badajoz, dirigió la ofensiva hacia Madrid y apoyó el nombramiento de Franco como jefe de Estado. Ascendido a general en 1937, actuó en los frentes de Aragón y Cataluña al mando del cuerpo de ejército marroquí y tomó Tortosa y Barcelona. Fue nombrado ministro del Aire en 1939 y capitán general de la sexta región militar en 1943. Murió en Burgos en 1952.

Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945) fue director de la Biblioteca Nacional de 1986 a 1990. Ha sido Secretario de Revista de Occidente y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en historia del País Vasco y en el nacionalismo en los siglos XIX y XX, es autor, entre otros libros, de Franco. Autoritarismo y poder personal (Taurus, 1995), La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX (Taurus, 2003), Identidades proscritas: el no nacionalismo en las sociedades nacionalistas y Franquismo: el juicio de la historia y Por la independencia (Taurus, 2008), escrito con Francisco Calvo Serraller. En 2000 recibió el Premio Montaigne de la Fundación Alfred Toepfer.

Notas

[1] Indalecio Prieto, Discursos fundamentales. Prólogo de Edward Malefakis (Madrid, 1975), p. 257. <<

[2] Otra hermana, Pacita, murió a los cinco años. Los padres de Franco fueron Nicolás Franco Salgado-Araújo y Pilar Bahamonde Pardo. Franco fue bautizado el 17 de diciembre de 1892, en la iglesia de San Francisco de El Ferrol. El padre de Franco, contador de navío, abandonó a la familia al ascender y ser destinado a Madrid. Este comportamiento de su padre fue algo de lo que Franco se resintió siempre. Véase Francisco Franco Salgado-Araújo, Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona, 1976), p. 174. <<

[3] Luis Suárez Fernández, Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol. I, p. 145. <<

[4] Véase especialmente el libro de Julio Busquets El militar de carrera en España (Barcelona, ed. 1971), pp. 141-147. <<

[5] El libro apareció, como se ha dicho, en 1922. Hay una edición reciente: Comandante Franco, Diario de una bandera. Prólogo de Manuel Aznar (Madrid, 1976). <<

[6] El Debate, 26 de enero de 1923. <<

[7] Véase la antología de opiniones de Francisco Franco sobre la cuestión, recogida en Pensamiento político de Franco (Madrid, 1975), tomo I, pp. 77-93. <<

[8] Entrevista en Estampa, 29 de mayo de 1928, reproducida en Ricardo de la Cierva, Francisco Franco. Un siglo de España (Madrid, 1973), vol. I, pp. 214, 278 y 293. <<

[9] Véase el discurso de Franco al inaugurar el monumento al general Primo de Rivera en Jerez, el 30 de octubre de 1970: en Pensamiento político de Franco (Madrid, 1975), tomo I, p. 197.

No se citan en el texto las fuentes de los discursos de Franco. Hacerlo, dada la frecuencia con que aparecen, habría ampliado desmesuradamente las notas de este libro. Tales discursos fueron recogidos y publicados regularmente hasta 1970 en volúmenes con el título habitual de Discursos y mensajes del Jefe del Estado, editados por la Dirección General de Información (luego, Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos). Los discursos y mensajes de los años 1970 a 1974 fueron publicados, separadamente, por Ediciones del Movimiento. Las citas provienen, por tanto, de tales ediciones. <<

[10] Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., p. 184. <<

[11] El decálogo que Franco escribió para sus cadetes lo reproducen todas sus biografías: véase, por ejemplo, J. Arrarás, Franco (Valladolid, 1939), pp. 150-151. <<

[12] Véase el testimonio del propio Franco en George Hills, Franco. El hombre y su nación (Madrid, 1969), p. 153. <<

[13] La explicación acerca de la actuación de Franco en 1917 que hizo Ricardo de la Cierva parece convincente. Véase el libro de Ricardo de la Cierva Francisco Franco. Un siglo de España (Madrid, 1973), vol. I, pp. 122 y ss. <<

[14] Véase, a modo de ejemplo, lo que Franco dijo a su primo el 29 de junio de 1965: Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., p. 452. <<

[15] Ibídem, p. 425. <<

[16] Citado en Rogelio Baón. La cara humana de un Caudillo. 401 anécdotas (Madrid, 1975), p. 110. Sobre el papel de Franco el 10 de agosto de 1932, véase Luis Suárez Fernández, op. cit., pp. 246-248. <<

[17] Para la actuación de Franco en octubre de 1934, véase Luis Suárez Fernández, op. cit., pp. 271-281. <<

[18] José María Gil-Robles, No fue posible la paz (Barcelona, 1968), pp. 233-264. <<

[19] Luis Suárez Fernández, op. cit. <<

[1] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona, 1976), p. 526. <<

[2] La Junta de Defensa Nacional la formaron inicialmente los generales Cabanellas, como presidente; Saliquet, Mola, Ponte y Dávila y los coroneles Montaner y Moreno Calderón; el 30 de julio de 1936 entraron Franco y el capitán de navío Francisco Moreno; el 18 de agosto, el general Gil Yuste; el 19 de septiembre, los generales Orgaz y Queipo de Llano. <<

[3] Para la designación de Franco como jefe de Estado, véase Ricardo de la Cierva, Francisco Franco. Un siglo de España (Madrid, 1973), vol. I, pp. 506-528, y Philippe Nourry, Francisco Franco: la conquista del poder (Madrid, 1976), pp. 369-395. <<

[4] Palabras del Caudillo. 19 de abril 1937-31 de diciembre 1938 (Barcelona, 1939, 2.ª ed.), p. 214. <<

[5] Las declaraciones de Franco, en José Emilio Díez, Colección de proclamas y arengas del Excmo. Sr. General D. Francisco Franco, Jefe del Estado y Generalísimo del Ejército Salvador de España (Sevilla, 1937), pp. 86 y 92. <<

[6] Formaron parte de ella Andrés Amado, Mauro Serret, José María Pemán, Joaquín Bau, Eufemio Olmedo, Alejandro Gallo, José Cortés, en calidad de presidentes de las distintas comisiones (Hacienda, Obras Públicas, Cultura y Enseñanza, Industria, etcétera); el general Fidel Dávila actuó como presidente de la Junta, y los también generales Fermoso y Gil Yuste fueron nombrados gobernador general y secretario de Guerra, respectivamente. <<

[7] Véase el discurso, en José Emilio Díez, op. cit., pp. 50-55. <<

[8] Citado por Ricardo de la Cierva, op. cit., p. 584. <<

[9] Por la naturaleza de este libro, el tratamiento que aquí se da a la guerra está hecho únicamente en función de la biografía de Franco: ni siquiera pretende ser un resumen esquemático de la contienda. Los análisis que de la guerra se hacen en el texto se basan en la bibliografía usual sobre la misma, que, como se sabe, es muy amplia. Por esto, y por las características de este libro, se ha prescindido del aparato usual de notas. Baste recordar que el libro de Hugh Thomas La guerra civil española (Barcelona, ed. 1979), 2 vols., sigue siendo la mejor aproximación global al tema; las numerosas monografías publicadas por el coronel Martínez Bande son imprescindibles para el estudio militar de la guerra; es muy útil el polémico librito de Ramón Salas Larrazábal Los datos exactos de la guerra civil (Madrid, 1980); y para Franco y la guerra, la biografía de Ricardo de la Cierva ya citada. <<

[10] Ese artículo, las declaraciones a Abc y el discurso de Franco en Salamanca, en Palabras del Caudillo. 19 de abril 1937-31 de diciembre 1938 (Barcelona, 1939, 2.ª ed.). Para la labor de Serrano Súñer, véanse sus libros Entre Hendaya y Gibraltar (Madrid, 1947), pp. 17-32, y Memorias (Barcelona, 1977), pp. 181-209. <<

[11] Palabras del Caudillo, p. 230. <<

[12] El general Gómez Jordana era el ministro de Asuntos Exteriores; el también general Fidel Dávila, que había sustituido a Mola al mando del ejército del Norte, asumía la cartera correspondiente a Defensa. Dos ex primorriveristas (Andrés Amado y el general Martínez Anido) entraban en los ministerios de Hacienda y Orden Público; dos técnicos (Peña Boeuf y Juan Antonio Suances, marino y amigo de la infancia de Franco), en Obras Públicas e Industria y Comercio; un falangista, Raimundo Fernández Cuesta, secretario general de FET y de las JONS, en Agricultura; un tradicionalista, el conde de Rodezno, en Justicia; un monárquico, Sainz Rodríguez, en Educación; un hombre de Serrano, Pedro González Bueno, en Organización y Acción Sindical. <<

[1] Véase, Luis Ramírez, Francisco Franco. La obsesión de ser, la obsesión de poder (París, 1976); y Carlos Castilla del Pino, Psicopatología de un dictador, El Viejo Topo, extra n.º 1, 1976. <<

[2] La carta íntegra en Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía (Barcelona, 1977), pp. 520-522. <<

[3] Jimmy Giménez-Arnau, Yo, Jimmy. Mi vida entre los Franco (Barcelona 1981), p. 76. Gran número de anécdotas referidas a la vida íntima de Francisco Franco, en Rogelio Baón, La cara humana de un Caudillo (Madrid, 1975). <<

[4] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., p. 280. Franco definió su régimen como sistema de mando personal en declaraciones a The Observer, 5 de julio de 1959. <<

[5] Laureano López Rodó, op. cit., pp. 229-230. <<

[6] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., p. 443. <<

[7] Véase Luis Suárez Fernández, Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol. II, p. 116, nota 44. <<

[8] Véanse sus notas manuscritas sobre ese punto en Luis Suárez Fernández, op. cit., vol. III, pp. 52-59. <<

[9] Un resumen del debate, en Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty, Un imperio en ruinas. Historia del franquismo (1) (Barcelona, 1985), pp. 146-163. <<

[10] El texto en, X. Tusell, «Relaciones secretas Franco-D. Juan», Actualidad Económica, 4 de mayo de 1976. <<

[11] La bibliografía a la que se puede acudir sobre las cuestiones referidas a España y la II Guerra Mundial es muy amplia. Véase Ramón Serrano Súñer, Entre Hendaya y Gibraltar (Madrid, 1947); José M. Doussinague, España tenía razón, 1939-1945 (Madrid, 1949); Ramón Garriga, La España de Franco (Barcelona, 1976), 2 vols.; Ángel Viñas y otros, Política comercial exterior en España 1931-1975 (Madrid, 1979), 2 vols.; el número de Revista de Occidente sobre el tema (octubre de 1984), con artículos de Ángel Viñas, A. Marquina y X. Tusell y Genoveva García Queipo de Llano. Son imprescindibles la biografía de Franco, citada anteriormente, de Ricardo de la Cierva y Luis Suárez Fernández, así como las de B. Crozier, Franco. Historia y biografía (Madrid, ed. 1975), 2 vols.; George Hills, Franco. El hombre y su nación (Madrid, 1966), y J. W. D. Trythall, El Caudillo. 1892-1970 (Nueva York, 1970). <<

[12] Además de la bibliografía de la nota anterior: Ricardo de la Cierva, Hendaya. Punto final (Barcelona, 1981) y Ramón Serrano Súñer, Memorias (Barcelona, 1977), pp. 283 y ss. <<

[13] Javier Tusell y G. García Queipo de Llano, Franco y Mussolini: las relaciones hispano-italianas en la II Guerra Mundial, Revista de Occidente, octubre de 1984, pp. 101-117. <<

[14] Hoare escribió un libro: Misión en España (Buenos Aires, 1946; hay una edición posterior, de 1977). <<

[15] Sobre las relaciones Franco-Don Juan y el descontento monárquico, véase el artículo de Tusell sobre el tema (ya citado), y el libro, también citado, de Laureano López Rodó. <<

[16] S. Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange Española. 1933-1983 (Barcelona, 1984), pp. 125 y ss.; la conversación Franco-Varela, en Laureano López Rodó, op. cit., pp. 503-507. <<

[17] Véase su libro Misión de guerra en España (Madrid, 1946). <<

[18] Rogelio Baón, op. cit., p. 140. <<

[19] Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (Madrid, 1984). <<

[20] Ibídem, p. 99. <<

[21] Según L. Galinsoga, Centinela de Occidente (Semblanza biográfica de Francisco Franco) (Barcelona, 1956), p. 387. Para la cuestión de la condena de la ONU contra el régimen de Franco, véase Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo. Aislamiento, transformación, agonía (1945-1975) (Barcelona, 1978), pp. 13-42. <<

[22] Palabras del Caudillo (Ediciones Fe, 1939), p. 302. <<

[1] Véase el texto en La voz y la obra de: Francisco Franco Caudillo (Madrid 1983), p. 19. <<

[2] Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol. IV, p. l75. <<

[3] Gerald Brenan, La faz actual de España (Buenos Aires, 1964), p. 11. Para el monarquismo, véase el libro de López Rodó ya citado previamente. <<

[4] Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (Madrid, 1984), pp. 84-93. <<

[5] Ramón Soriano, La mano izquierda de Franco (Barcelona, 1981), p. 60. <<

[6] Jakim Boor, Masonería (Madrid, 1952), p. 11. <<

[7] Ibídem, p. 74. <<

[8] Para la política exterior de Franco, véase José Mario Armero, La política exterior de Franco (Barcelona, 1978). <<

[9] Para las relaciones hispano-norteamericanas, véase: Ángel Viñas, Autarquía y política exterior en el primer franquismo (1939-1959), Revista de Estudios Internacionales, y Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de soberanía (Barcelona, 1979); Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol. IV. <<

[10] Luis Suárez Fernández, op. cit., pp. 417-449. <<

[11] Además del libro de Viñas citado más arriba (Los pactos secretos), es obligada la consulta del volumen V de la también citada obra de Luis Suárez Fernández. <<

[12] El mejor trabajo sobre Franco y los católicos —y, por tanto, sobre el Concordato— es el libro de Javier Tusell de ese título, ya citado; véase, además, Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (Madrid 1984), pp. 79-100. <<

[13] Véase supra, notas 9 y 11. <<

[14] Citado en George Hills, Franco. El hombre y su nación (Madrid, 1969), p. 430. <<

[15] Citado en Javier Tusell, op. cit., p. 60. <<

[1] Palabras del Caudillo. 19 de abril 1937-31 de diciembre 1938 (2.ª ed., Ediciones Fe, 1939), p. 310. <<

[2] Para la política económica del franquismo a lo largo de este capítulo, véase: Manuel Jesús González, La economía política del franquismo (1940-1970) (Madrid, 1979); J. Ros Hombravella y otros, Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939-1959) (Madrid, 1973); Ángel Viñas y otros, Política comercial exterior en España (1931-1975) (Madrid, 1979); J. A. Biescas y Manuel Tuñón de Lara, España bajo la dictadura franquista (Barcelona, 1980); J. L. García-Delgado, El intervencionismo económico del primer franquismo en su perspectiva histórica. Coloquio: España bajo el franquismo (Valencia, 1984). <<

[3] Todas las citas anteriores en Palabras del Caudillo, op. cit., pp. 25, 168, 174, 286 y 302. <<

[4] Joaquim Verges, La Seguridad Social española y sus cuentas (Barcelona, 1976). <<

[5] Ver supra, nota 2. <<

[6] Para la reaparición de la cultura popular de la posguerra véase Fernando Vizcaíno Casas, La España de la posguerra 1939-1953 (Barcelona, 1975), y Manuel Vázquez Montalbán, Crónica sentimental de España (Barcelona, 1971). <<

[7] V. Fernández Vargas, La resistencia interior en la España de Franco (Madrid, 1981), pp. 210-211. <<

[8] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona, 1976), pp. 317 y 319. <<

[9] Ibídem, p. 308. <<

[10] Gerald Brenan, La faz actual de España (Buenos Aires, 1964), p. 95. <<

[11] Véase Luis Suárez Fernández, Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol. V, pp. 211-261; Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (Madrid, 1984), pp. 367-384; Fernando Jáuregui y Pedro Vega, Crónica del antifranquismo (Barcelona, 1983), vol. I, pp. 186 y ss.; José Luis Abellán y otros, Nace la oposición interna, Historia del franquismo. Diario 16, capítulo 25. <<

[12] Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., pp. 158, 172, 176 y otras; para todo lo referente a Marruecos, véase V. Lezcano Morales, España y el norte de África: el Protectorado en Marruecos (1912-1956) (Madrid, 1984), pp. 197 y ss. <<

[13] Véase la versión del propio Arrese en su libro Una etapa constituyente (Barcelona, 1982); y, además, Javier Tusell, op. cit., pp. 387-453, y Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía (Barcelona, 1977), pp. 120-135. <<

[14] Sobre el nuevo Gobierno, además de los libros citados en la nota anterior, véase Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo (Barcelona, 1978), vol. II, pp. 153 y ss. <<

[15] Citado en Javier Tusell, op. cit., p. 403. <<

[16] Véase supra, nota 2. <<

[17] Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., p. 294. La frase «Yo me estoy volviendo comunista», en Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública (Barcelona, 1980), p. 106. <<

[18] Rogelio Baón, La cara humana de un Caudillo (Madrid, 1975), p. 81. <<

[19] Rossana Rossanda, Un viaje inútil (Barcelona, 1984), p. 30. <<

[20] X. Tusell, La oposición democrática al franquismo (Barcelona, 1977), pp. 388 y ss. <<

[21] Rossana Rossanda, op. cit., p. 38. <<

[1] Por ejemplo, en sus declaraciones a Arriba de 22 de enero y 27 de febrero de 1955. <<

[2] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública (Barcelona, 1980), p. 124. <<

[3] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía (Barcelona 1977), pp.145-148. <<

[4] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona, 1976), pp. 40, 52, 106, 156, 208, 214 y muchas otras. <<

[5] Laureano López Rodó, op. cit., pp. 166-184. <<

[6] Ibídem, pp. 186 y ss. <<

[7] Ibídem, p. 202. <<

[8] Ibídem, p. 232. <<

[9] Manuel Fraga Iribarne, op. cit., p. 135. <<

[10] Laureano López Rodó, op. cit., p. 228. <<

[11] Manuel Fraga Iribarne, op. cit., p. 145. <<

[12] Véase, entre otras: Fernando María Castiella, España ante las Naciones Unidas (Madrid, 1968); P. García, España-Mercado Común. Una integración problemática (Barcelona,1977); J. C. Pereira, Introducción al estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX) (Madrid, 1983). <<

[13] Véase supra, nota 2 del capítulo 5. <<

[14] Véase el libro del propio López Rodó, Política y desarrollo (Madrid, 1971). <<

[15] «El Estado de obras» fue el título del artículo que Fernández de la Mora publicó en ABC el 1 de abril de 1973. <<

[16] Véase una antología de frases ditirámbicas, en C. Fernández, El general Franco (Barcelona, 1983), pp. 311-324. <<

[17] Para estos conflictos, véase P. Preston (ed.), España en crisis: la evolución y decadencia del régimen de Franco (Madrid-México, 1978); X. Tusell, La oposición democrática al franquismo (Madrid, 1977); G. Jáuregui, Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y 1968 (Madrid, 1981); José A. Biescas y M. Tuñón de Lara, España bajo la dictadura franquista (1939-1975) (Barcelona, 1980); Fernando Jáuregui y Pedro Vega, Crónica del antifranquismo (Barcelona, 1983), 2 vols.; F. Urbina y otros, Iglesia y sociedad en España 1939-1975 (Madrid, 1977). <<

[18] S. Vilar, La oposición a la dictadura franquista (1959-1976), Historia de España-Historia 16, vol. 13, p. 82. Véase, además, Jorge de Esteban y L. López Guerra, La crisis del Estado franquista (Barcelona, 1977), pp. 139-148. <<

[19] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., p. 340. <<

[20] Ibídem, p. 446. <<

[21] Luis Suárez Fernández, Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol. VIII, pp. 41-42. <<

[22] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública (Barcelona 1980), p. 141. <<

[23] Manuel Fraga Iribarne, op. cit., p. 183; véanse las notas personales de Franco, en Luis Suárez Fernández, op. cit., vol. VII, pp. 228-229. <<

[24] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., pp. 342 y 426. <<

[25] Véase José María de Areilza, Escritos políticos (Madrid, 1968), pp. 182 y ss. <<

[26] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, op. cit., pp. 478-479. Para todo lo relacionado con la «larga marcha hacia la Monarquía» resulta imprescindible el libro de ese título de Laureano López Rodó, citado repetidamente. <<

[27] Laureano López Rodó, op. cit., p. 279. <<

[28] Ibídem, pp. 291-301. <<

[29] Ibídem, p. 363 y pp. 316-386. <<

[1] Sobre la salud de Franco, véase E. Salgado, Radiografía de Franco (Barcelona, 1985), pp. 208 y ss., y Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, 1981). <<

[2] Teniente general Francisco Franco Salgado-Araújo, Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona, 1976), p. 469. <<

[3] E. Salgado, op. cit., pp. 220-222. <<

[4] Sobre el último Franco, véanse Franco visto por sus ministros (Barcelona 1981) y los libros de López Rodó y Fraga Iribarne citados en capítulos anteriores. <<

[5] José Félix Tezanos, «Cambio social y modernización en la España actual», REIS, n.º 28,1984. <<

[6] Citado en Ya, 10 de octubre 1967. Me he ocupado de la etapa final del franquismo en España, de la dictadura a la democracia (Barcelona, 1979), escrito en colaboración con Raymond Carr, y en La década desarrollista (1959-1969), Historia de España. Historia 16, vol. 13 (Madrid, 1983). En ellos pueden verse las fuentes y referencias bibliográficas sobre las que se apoyan muchos de los argumentos de historia política que aparecen en éste y en el capítulo siguiente. <<

[7] Sobre Matesa, D. Sueiro y B. Díaz Nosty, Las corrupciones del poder. Historia del franquismo (2) (Barcelona, 1985), pp. 276283; y L. López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía (Barcelona, 1977), pp. 403-404. <<

[8] Almirante Carrero Blanco, Discursos y escritos. 1943-1973 (Madrid, 1974), pp. 165 y ss. <<

[9] Para la conflictividad de los últimos años del franquismo véase Fernando Jáuregui y Pedro Vega, Crónica del antifranquismo (2) (Barcelona, 1984). <<

[10] Sobre el juicio de Burgos: Edouard de Blaye, Franco and the politics of Spain (Penguin Books Ltd., 1976), pp. 281-323; el testimonio del ministro citado es el de Licinio de la Fuente, en Franco visto por sus ministros (Barcelona, 1981), p. 239. <<

[11] Laureano López Rodó, op. cit., p. 401. <<

[12] Ibídem. p. 416. El libro de López Rodó es, sin duda, el que mejor analiza todo este asunto. <<

[13] Véase, además de López Rodó, Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol. VIII, p. 279. <<

[14] Véase supra, nota 6. <<

[15] Sobre la crisis del régimen, véase: P. Preston (ed.), Spain in crisis (Sussex, 1977); y Jorge de Esteban y Luis López Guerra, La crisis del Estado franquista (Barcelona, 1977). <<

[16] Las notas de Garicano Goñi, en Laureano López Rodó, op. cit., pp. 424-425 y 441. <<

[17] Citado en Vicente Pozuelo Escudero, Los últimos 476 días de Franco (Barcelona, 1980), p. 108. <<

[18] Rogelio Baón, La cara humana de un Caudillo. 401 anécdotas (Madrid 1975), p. 148. <<

[19] Vicente Gil, op. cit., p. 55. <<

[20] Para lo referente al atentado contra Carrero y sucesos posteriores: El País. Equipo de investigación (Ismael Fuente, Javier García, Joaquín Prieto), Golpe mortal. Asesinato de Carrero y agonía del franquismo (Madrid, 1983). <<

[1] Para el nombramiento de Arias Navarro, véase: El País. Equipo de investigación (Ismael Fuente, Javier García, Joaquín Prieto), Golpe mortal. Asesinato de Carrero y agonía del franquismo (Madrid, 1983), pp. 281 y ss.; y Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, 1981), pp. 151-163. <<

[2] Para los propósitos del Gobierno Arias y su formación, véase el testimonio de Antonio Carro, en Franco visto por sus ministros (Barcelona, 1981), p. 312; para toda la etapa Arias, véase Emilio Romero, Prólogo para un Rey (Barcelona, 1976), José Oneto, Arias entre dos crisis 1973-1975 (Madrid, 1975), y Ricardo de la Cierva, Crónicas de la transición. De la muerte de Carrero a la proclamación del Rey (Barcelona, 1975). <<

[3] Para los propósitos del Gobierno Arias y su formación, véase el testimonio de Antonio Carro, en Franco visto por sus ministros (Barcelona, 1981), p. 312; para toda la etapa Arias, véase Emilio Romero, Prólogo para un Rey (Barcelona, 1976), José Oneto, Arias entre dos crisis 1973-1975 (Madrid, 1975), y Ricardo de la Cierva, Crónicas de la transición. De la muerte de Carrero a la proclamación del Rey (Barcelona, 1975). <<

[4] Emilio Romero, «Luz verde», Pueblo, 19 de junio de 1974. <<

[5] Pedro Calvo Hernando, «Opinión personal», Gaceta Ilustrada, 11 de mayo de 1975. <<

[6] Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (Madrid, 1984), vol.VIII, pp. 364-366. <<

[7] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía (Barcelona, 1977), p. 469. <<

[8] Vicente Pozuelo Escudero, Los últimos 476 días de Franco (Barcelona, 1980), p. 125. Para la tromboflebitis de Franco, véase Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, 1981), pp. 167-185. <<

[9] Laureano López Rodó, op. cit., pp. 463-464. <<

[10] La recuperación de Franco, en V. Pozuelo, op. cit., pp. 29-102. <<

[11] Ibídem, p. 158. <<

[12] Ibídem, pp. 112-116. <<

[13] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública (Barcelona, 1980), p. 333; Laureano López Rodó, op. cit., pp. 468-470. <<

[14] Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo. Aislamiento, transformación, agonía (1945-1975) (Barcelona, 1978), p. 415. El libro de De la Cierva (pp. 415-466) debe ser consultado para conocer el último año del franquismo. <<

[15] Testimonio de Antonio Carro, en Franco visto por sus ministros (Barcelona, 1981), pp. 354-356. <<

[16] Ricardo de la Cierva, op. cit., p. 423. <<

[17] Manuel Fraga Iribarne, op. cit., pp. 349 y 363. <<

[18] Laureano López Rodó, op. cit., p. 477. Sobre la etapa Arias, además de los libros citados en la nota 3 y de la historia del franquismo de Ricardo de la Cierva, también citada, véase Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, España, de la dictadura a la democracia (Barcelona, 1979), pp. 254-288. <<

[19] Laureano López Rodó, op. cit., p. 406. <<

[20] Vicente Pozuelo Escudero, op. cit., p. 112. <<

[21] Ibídem, p. 210. <<

[22] Testimonio de José María Sánchez-Ventura, en Franco visto por sus ministros (Barcelona, 1981), pp. 424-425. <<

[23] La fuente fundamental para la agonía de Franco es el libro ya citado de Vicente Pozuelo Escudero (pp. 215-253); además, Ricardo de la Cierva, op. cit., pp. 453-466; Yale, Los últimos cien días (Madrid, 1975), y José Oneto, Cien días en la muerte de Francisco Franco (Madrid, 1975). <<