Este libro que se publicó en 1986, fue un primer intento de estudiar el franquismo con los métodos y las exigencias de la investigación histórica, al margen de la publicística favorable u hostil que habría predominado hasta entonces. Bajo la coordinación de Josep Fontana una serie de reconocidos especialistas analizaron los aspectos fundamentales de la historia del franquismo: su naturaleza política, su economía y su ideología.

AA. VV.

España bajo el franquismo

ePub r1.0

ugesan64 20.11.14

Título original: España bajo el franquismo

AA. VV., 1986

Josep Fontana

Sheelagh M. Ellwood

Ricardo L. Chueca

Miguel A. Aparicio

José Ramón Montero

Jordi Solé Tura

Hartmut Heine

Juan Pablo Fusi

José Luis García Delgado

Carlos Barciela

Fabián Estapé

Mercè Amado

Alicia Alted

Rafael Valls

José A. Ferrer Benimeli

Editor digital: ugesan64

ePub base r1.2

PREFACIO

En noviembre de 1984, el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, el I. C. E. de la propia universidad, la Fundación de Investigaciones Marxistas y la Fundación Pablo Iglesias organizaron conjuntamente un coloquio[1] con el título de España bajo el franquismo, 1936-1975, que aspiraba a sentar las bases para una reflexión crítica sobre cuarenta años decisivos de la historia contemporánea de España. Unas treinta ponencias y comunicaciones se ocuparon de la naturaleza del régimen, de su evolución política, de la lucha de la oposición, de la marcha de la economía y de aspectos diversos de su ideología, con especial atención a los relacionados con la educación.

El interés despertado por el coloquio, puesto en evidencia por el elevado número de asistentes que lo siguieron en el amplio salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de Valencia, hizo pensar a sus organizadores que merecía la pena divulgar las ponencias de forma que alcanzasen un eco mayor que el que habitualmente obtienen los papeles académicos. Se pensó, para ello, en dividir los materiales disponibles en dos partes. Los de carácter más general, no sólo por su tema sino por su tratamiento, se agruparían en un libro, mientras que los más puntuales, o de enfoque más metodológico, se publicarían en la revista del propio Departamento de Historia Contemporánea, con el fin de hacerlos llegar al público de especialistas que era su destinatario lógico. Así nació este libro, que contiene aproximadamente la mitad de aquellas ponencias, en su mayor parte revisadas y anotadas para la publicación, y a las que se ha añadido una introducción.

En estas páginas se encontrarán estudios sobre la naturaleza del franquismo y su andadura política —Sheelagh M. Ellwood y Ricardo L. Chueca se ocupan de la Falange; Miguel A. Aparicio del sindicalismo; José Ramón Montero, de los católicos y el Nuevo Estado; Jordi Solé Tura, Hartmut Heine y Juan Pablo Fusi, de la oposición—; sobre la evolución económica —de José Luis García Delgado, Carlos Barciela y Fabián Estapé y Mercé Amado— y sobre aspectos diversos de la ideología —Alicia Alted y Rafael Valls analizan temas relacionados con la educación, mientras que J. A. Ferrer Benimeli se ocupa de una de las mayores obsesiones del Caudillo en su trabajo sobre «Franco y la masonería».

No se trata, evidentemente, de un análisis integral del franquismo, para llegar al cual queda todavía mucho trabajo por hacer, pero debe ser, sin duda, uno de los primeros intentos serios de emprender su estudio con los métodos y las exigencias de la investigación histórica, al margen de la publicística favorable u hostil que ha predominado hasta ahora. Es un primer mapa del camino a seguir, y un buen inventario de los temas fundamentales que deberán abordar las futuras investigaciones sobre el franquismo. Pero no debe confundirse con un mero «estado de la cuestión». Primero, porque apenas hay todavía investigación de la que se pueda hacer balance; pero también porque la mayoría de los que han contribuido a este libro aportan a él los resultados de sus propias investigaciones.

Las convenciones del mundo editorial han hecho aparecer mi nombre al frente de este volumen como responsable de él. Conviene sin embargo, que aclare que esto ni es verdad ni resulta justo. Los verdaderos responsables, tanto del coloquio —desde su idea inicial hasta su cuidado desarrollo—, como de este volumen son los miembros del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, mis compañeros y amigos. Sus nombres son los que debieron figurar al frente de este libro. Sirvan estas líneas, cuando menos, para restituir a cada cual lo suyo.

JOSEP FONTANA

Barcelona, febrero de 1986.

Introducción: reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo

INTRODUCCIÓN

REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA

Y LAS CONSECUENCIAS DEL FRANQUISMO

En las valoraciones que se han venido haciendo con motivo de los diez años de la muerte del general Franco me parece advertir una tendencia a enjuiciar su actuación política personal, y a considerar lo que significó el régimen franquista, mirando las cosas desde 1975, lo cual puede conducir atribuir al uno y al otro —al general y al régimen definido por su autoridad personal— todo lo positivo que ha ocurrido en este país desde 1939, a la vez que tiende a mostrarnos la España franquista con un aspecto menos hosco que el de sus primeros años. Tal procedimiento tiene, en mi opinión, el grave inconveniente de ofrecernos como objeto del análisis una situación que no es el simple resultado de cuatro décadas de evolución autónoma, sino también —o tal vez fuera mejor decir: sobre todo— de los cambios que al régimen se le impusieron desde dentro, por la presión de unas luchas de masas que no pudieron ser enteramente anuladas por su aparato represivo, y, desde fuera, por la necesidad de negociar su aceptación por parte de los vencedores de la segunda guerra mundial, que no eran, evidentemente, aquellos por los que había apostado.

Me parece que lo más conveniente para comprender la naturaleza del franquismo, y para valorar sus consecuencias a largo plazo, es examinarlo en sus comienzos, en 1939, que es cuando se nos aparecen sus propósitos libres de disfraces e interferencias —de las obligadas acomodaciones posteriores— y cuando, al analizar los cambios que introdujo en la trayectoria que la sociedad española había seguido hasta 1936, podemos determinar con mejor fundamento si sus consecuencias fueron, a la larga, positivas o negativas: si ayudaron al progreso de la sociedad española o lo frenaron. Limitarse a comprobar, por ejemplo, que la economía española creció considerablemente en la década de los sesenta sirve de poco, puesto que tal crecimiento fue inducido desde fuera, por una Europa que progresaba rápidamente y necesitaba de la mano de obra que podía proporcionarle la atrasada economía española, y que lo que el franquismo hizo, en todo caso, fue dificultar que la asociación a este crecimiento general europeo fuese mayor, al mantenernos fuera del llamado Plan Marshall y de la Comunidad Económica Europea.

Al franquismo hay que juzgarlo por las consecuencias que sus acciones —aquellas que correspondían a sus proyectos, en la medida en que fue capaz de llevarlos a la práctica— tuvieron para la sociedad española. Por ello estas reflexiones iniciales —que no tienen otra pretensión que la de plantear algunas hipótesis previas para un estudio global del franquismo, del que los trabajos presentados en este volumen pueden considerarse como una primera fundamentación— comenzarán tratando de aclarar, a partir de las ideas y los programas de sus fundadores, y en especial del propio general Franco, las bases sobre las que se pretendió construir el «nuevo estado»[2], para pasar después a examinar los resultados obtenidos en un terreno concreto, el de la economía, y proponer las líneas sobre las cuales podría asentarse una valoración de las consecuencias que tuvo esta actuación para la sociedad española.

Si el autor de estas páginas no tiene pretensión alguna de ser un especialista en el período, a cuya investigación no se ha dedicado, puede reivindicar, en contrapartida, el hecho de haberlo vivido. Mi primera experiencia del régimen franquista la tuve una mañana de enero de 1939, cuando, en la casa de las afueras de Barcelona en que vivía con mis padres, entró un soldado marroquí y nos obligó, fusil en mano, a abrir armarios y cajones para llevarse de ellos todo lo que le apetecía. No era un abuso aislado, sino el resultado de una rapiña consentida y organizada desde arriba, que se acabó pocos kilómetros más adelante, cuando se obligó a estos hombres a tirar todo lo que no pudiesen guardar dentro del macuto, para que al entrar en Barcelona, a la vista de los corresponsales de la prensa extranjera y del cuerpo diplomático, no resultasen demasiado patentes los signos del saqueo. Así me enteré de que acababa de ser «liberado» y comencé a aprender, siendo todavía un niño algunas de las reglas del juego de un sistema en el que había de vivir durante más de treinta y seis años.

LOS OBJETIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE 1936

Los sublevados de julio de 1936 sostuvieron siempre que el suyo había sido un movimiento contrarrevolucionario «preventivo», que se adelantó en pocos días a otro de inspiración comunista que, de haberse llevado a cabo, hubiera significado la liquidación sangrienta de las «gentes de orden». La leyenda de la supuesta revolución inminente se fabricó muy pronto. En noviembre de 1936 se publicaba en Zaragoza un libro en que se afirmaba que tal revolución estaba prevista para el día 20 de julio —Mola, en sus discursos, la retrasaba hasta el 29— y aderezaba la noticia con detalles tan sorprendentes como el siguiente: «En Valladolid se halló la guillotina en la Casa del Pueblo y una lista de hasta 10 000 personas que habían de perecer»[3].

El general Franco, que se había adherido en mayo de 1934 a la «Entente Internacional contra la Tercera Internacional», con sede en Suiza, declarándose entonces dispuesto «a cooperar, en nuestro país, a vuestro gran esfuerzo»[4], repetiría una y otra vez que sabía a ciencia cierta lo que la Internacional comunista estaba fraguando: «Había tenido conocimiento de los documentos que se referían a la destrucción de las iglesias y de los conventos, y poseíamos la lista de los mejores españoles, que debían ser asesinados. Conocíamos el día, la fecha de ello»[5]. Pero cuando, años después, Herbert Southworth sometió a una crítica despiadada, y convincente, los documentos de la supuesta conspiración, incluso un publicista de tan notoria filiación franquista como Ricardo de la Cierva hubo de reconocer que los llamados «documentos secretos» eran una falsificación perpetrada por el escritor falangista Tomás Borrás, ninguna de cuyas numerosas, y justamente olvidadas, novelas alcanzó tanto éxito como esta fabulación[6].

Pero una cosa es lo que se dijo para cohonestar el golpe, y otra, sus móviles auténticos. Cuando se lo quiere relacionar con el triunfo de las izquierdas en febrero de 1936 y con la radicalización posterior de la política republicana, se olvida que la sublevación estaba preparada con anterioridad y que Mola se manifestó partidario de iniciarla antes de que las elecciones pudiesen dar alguna forma de legitimación a las izquierdas. Lo que la mayoría de los insurrectos quería combatir no era la radicalización de una política que hasta entonces había sido harto moderada, sino la república misma y lo que ésta había significado. El testimonio de un combatiente de primera hora nos lo dice con toda franqueza:

En 1931 hubo cambio político en España, y de entonces acá fue creándose y adquiriendo luego, de día en día, mayor ímpetu la lucha de clases. En esta lucha llevábamos la peor parte las clases burguesas. En el motín callejero, en la discusión de la plaza pública, podía la masa obrera, y uno a uno iban cayendo los contados señoritos que, teniendo la mala suerte de tropezar con un ademán provocador, tuvieran la gallardía de no someterse (…) Era constante el comentario «esto no puede seguir así», y yo he de decir que desde el año [19]31 estaba esperando llegase el momento en que hubiéramos de jugárnoslo todo, absolutamente todo[7].

Desde el primer momento quedaría claro que se trataba de liquidar la democracia y el parlamentarismo para establecer, de entrada, lo que el propio Franco llamaría una dictadura militar, de acuerdo con los términos en que se había expresado Mola al decir que la reconstrucción de España sobre nuevas bases «hemos de iniciarla exclusivamente los militares: nos corresponde por derecho propio, porque ese es el anhelo nacional, porque tenemos un concepto exacto de nuestro poder»[8]. Como lo de dictadura estaba mal visto a escala internacional, pronto se abandonó esta denominación, pero la realidad no cambió por ello, ya que, sea como fuere que se le llamara, no era otra cosa que un régimen autoritario cuya jefatura vitalicia estaba reservada para Franco, en concepto de Caudillo, y que, como diría Ridruejo, «el Caudillo no está limitado más que por su propia voluntad»[9]. Lo más que requería el caudillaje eran «órganos consultivos», que Franco afirmaba que iban a adoptar la forma de «las corporaciones, tan antiguas, bajo otras formas, en las costumbres y leyes de España»[10]. Como nunca llegó a haber en serio tales corporaciones, no se sabe a qué podía referirse.

Se pretendía, por tanto, ir mucho más allá, no ya del propósito declarado de frenar la revolución, sino incluso del «restablecimiento del orden» vigente antes de febrero de 1936. Bendecidos por el obispo Pía y Deniel, que proclamaba que ésta no era una guerra sino «una cruzada contra el comunismo para salvar la religión, la patria y la familia»[11], los partidarios de los sublevados se disponían a hacer borrón y cuenta nueva. José María Pemán, que hablaba entusiasmado de «esta contienda magnífica que desangra a España», y afirmaba que «se realiza en un plano de absoluto sobrenaturalismo y maravilla», exclamaba jubilosamente: «Los incendios de Irún, de Guernica, de Lequeitio, de Málaga o de Baena, son como quema de rastrojos para dejar abonada la tierra de la cosecha nueva. Vamos a tener, españoles, tierra lisa y llana para llenarla alegremente de piedras imperiales»[12]. Más adelante veremos por qué procedimientos fue cumpliendo la represión este cometido de dejar la tierra «lisa y llana». Lo que ahora importa es la voluntad manifiesta de aplicarse a obtener una «cosecha nueva».

Pero si los sublevados querían liquidar la república, sus dirigentes se proponían retrasar el reloj mucho más allá. Para hacernos cargo de ello convendrá echar una ojeada a las concepciones históricas del general Franco[13].

Para empezar, Franco abominaba del siglo XIX español, al que consideraba culpable de todos los males, hasta llegar a manifestarse en términos como los siguientes: «El siglo XIX, que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra historia»[14]. No podía borrarlo, pero podía retrotraer las instituciones políticas a formas semejantes a las de la monarquía absoluta anterior a 1808, como en efecto hizo. Pero si este atraso de unos ciento cincuenta años le bastaba en el terreno de las instituciones, no sucedía lo mismo en el de la política, considerada de forma más global, ni en el de la cultura. En estas cuestiones abominaba del siglo XVIII, por enciclopedista y corrompido, y del XVII, por haber aceptado la derrota militar, y no se contentaba con menos de tres siglos, como lo explicaría en una carta al conde de Barcelona, Juan de Borbón, al que exponía su concepción de la historia para hacerle comprender por qué no procedía a la pura y simple restauración de la monarquía:

Si nos adentramos en el examen de la historia y de los acontecimientos contemporáneos —escribía Franco—, encontramos que los males de España no venían de los años inmediatos al 14 de abril [de 1931]; su proceso de descomposición tenía raíces mucho más hondas … Cuando hablamos de monarquía la entroncamos con la de los Reyes Católicos, con la de Carlos y Cisneros (sic!) o con la del segundo de los Felipes … Los tiempos posteriores son, en cambio, los de la mala escuela, de la monarquía decadente y sin pulso, que ya no proyecta hacia el exterior el genio de España, sino que recibe, acoge y ensalza lo que la anti-España concibe allende las fronteras, y que culmina en la invasión enciclopédica y masónica que patrocinan Floridablanca y el conde de Aranda, que fatalmente tenía que terminar ennobleciendo banqueros y especuladores: los mismos que los últimos años suscribieron el socorro [rojo] internacional y ayudaban a los periódicos marxistas … Los sucesos de la historia están encadenados y no se producen casualmente, sino como resultado de un proceso que, sin embargo, muchas veces no acertamos a descubrir. La pérdida del arraigo de la monarquía, la proclamación de la república, los avances del marxismo y comunismo, y la consiguiente rebelión de las masas son consecuencia directa de otros hechos que no podemos desconocer[15].

Aunque tal exhibición de «incultura» histórica tuviese en este caso unas motivaciones muy concretas, no se debe minimizar la importancia que Franco daba a tales ideas. En el mensaje de fin de año de 1952 fustigaba la «vieja política», incluyendo la de la monarquía «en las alternativas liberales o absolutistas», y en 1967, en discurso solemne ante sus cortes, repetiría que España «ha permanecido tres siglos entre la vida y la muerte»[16].

No era el único en pensar así. Un general tan conocido como Kindelán iba todavía más lejos, puesto que deseaba cargarse hasta el mismísimo Renacimiento. En carta a Fal Conde, hacia 1940, sostenía que «toda Europa se da cuenta de que llevaba cuatro siglos de camino por la falsa ruta que le marcó el Renacimiento, que ahora acaba de fracasar, y que hay que retroceder al origen para buscar las sendas históricas verdaderas: hay que buscar apoyo allá donde se conservaron puras las virtudes raciales y encendida la antorcha de la Tradición, despreciando los engaños de la Demografía»[17].

Está claro que estos hombres querían un cambio profundo y radical —radicalmente retrógrado— en la sociedad española, y no se contentaban con el simple propósito, esgrimido en el momento de sublevarse, de frenar el avance de la «revolución», ni aun con el de liquidar la república y el sistema parlamentario. Sabían, sin embargo, que el apoyo popular que habían encontrado para enfrentarse contra el gobierno que estaba en el poder en julio de 1936 no implicaba un cheque en blanco para ir tan lejos. Si nos guiamos por los resultados de las elecciones de febrero de 1936, podremos ver que una cosa eran los numerosos votantes de unas derechas que incluían a democristianos y republicanos conservadores, y otra muy distinta los pocos que estaban dispuestos a dar su sufragio a quienes, como falangistas y tradicionalistas, querían liquidar el parlamentarismo y establecer un régimen autoritario. Muchos menos hubieran sido, sin duda, los que hubieran votado por quienes se hubiesen atrevido a presentarse —nadie lo hizo— con un programa tan extremo y retrógrado como éste, que no sólo negaba el liberalismo, sino hasta la civilización moderna. Claro está que a ellos, como manifiesta Kindelán en la misma carta a Fal Conde que hemos citado, les importaba poco cuántos fuesen los convencidos. Se sabían en posesión de una verdad trascendente y se proponían aplicarla con un aparato represivo amplio y eficaz —algo que podía entroncar, en la historia, con la Santa Hermandad y la Inquisición, pero que era, al propio tiempo, tan moderno como los cuerpos policiales de la Alemania nazi. Tan fundamental era el papel político asignado a la represión en la construcción del nuevo estado que convendrá dedicarle alguna atención especial.

LOS MEDIOS DE ACCIÓN: FUNCIÓN POLÍTICA DE LA REPRESIÓN

El tema de la represión fue manipulado por los franquistas desde los primeros momentos de la guerra y ha seguido siéndolo hasta la actualidad[18]. Cuál fuese su volumen en uno y otro bando es algo que sigue sin aclararse, pero hay algo de lo que no podemos dudar: que la represión tuvo unas características y, sobre todo, una función muy distinta en el campo republicano y en el franquista (lo que no implica, por supuesto, que todos los crímenes no sean igualmente condenables).

En el bando republicano, los máximos dirigentes políticos condenaron públicamente los excesos y se esforzaron por limitarlos. Hay, por ejemplo, un libro del sindicalista Joan Peiró, aparecido en 1936, donde se denuncian los crímenes cometidos en nombre de la revolución: «Si el individuo tiene la prerrogativa “revolucionaria” de llevarse a los hombres para “darles un paseo”, será entonces la propia revolución la que no tenga garantía alguna de que estos hombres no hayan caído en manos de criminales. La dolorosa experiencia ha demostrado que muchos de los inmolados lo han sido por manos criminales. Y los criminales jamás podrán ser revolucionarios»[19]. Más allá de la denuncia, sabemos que el gobierno catalán tomó muy pronto medidas para evitar la actuación incontrolada de las llamadas «oficinas jurídicas», y se esforzó por restablecer un mínimo de garantías legales[20].

Nada semejante a estas denuncias y a estos intentos se puede encontrar en el otro bando, donde el exceso y la violencia fueron alentados y legalizados por los propios dirigentes. La razón de ello es muy simple; la represión cumplía en el campo franquista una función política fundamental, ligada a las necesidades de una guerra de clases de los menos contra los más: la de paralizar al enemigo por el terror. Cuando se carece de fuerza suficiente para asegurar la vigilancia y el control totales, una represión severa e indiscriminada, tan irracional que no permita advertir regla alguna que garantice la seguridad de los contrarios o los indiferentes, es el mejor modo de paralizar a los unos y mover a los otros a una colaboración activa.

Mola había escrito en sus instrucciones iniciales: «La acción insurreccional ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado»[21], y uno de sus primeros decretos rezaba: «Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo cuantos se opongan al triunfo del expresado Movimiento salvador de España, fueren los que fueren los medios empleados a tan perverso fin». Para advertir cuán amplio era el concepto de «oposición» esgrimido, bastará señalar que el hecho de rechazar un cargo para el que le designasen a uno las nuevas autoridades era motivo suficiente para la ejecución[22].

Las primeras disposiciones de Queipo de Llano en Sevilla eran todavía más explícitas, puesto que amenazaban con la pena de muerte a quien no cumpliera de inmediato todos y cada uno de los puntos de sus bandos y órdenes. Bandos como el siguiente, fechado el 23 de julio de 1936: «En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio, que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además, un número igual de individuos de éste, discrecionalmente escogidos». Al propio tiempo anunciaba que, si se comprobaba que en algún pueblo se habían realizado «actos de crueldad contra las personas» —se sobrentiende que de derechas, que eran las únicas «personas» que el general reconocía como a tales—, se actuaría inmediatamente del siguiente modo: «serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas y las organizaciones marxista o comunista que en el pueblo existan y, caso no darse con tales directivos, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos». Eso, entiéndase bien, sin perjuicio de castigar, además, a los culpables efectivos de tales «actos de crueldad»[23].

La ejecución podía producirse por cualquier motivo. Por ejemplo, los conductores de automóviles y camiones habían sido militarizados con sus vehículos y se les advertía que «serán pasados por las armas aquellos conductores que efectúen algún acto contrario a la rapidez y buena marcha de los servicios, como pinchazos y averías en los coches, falta de inspección en los mismos antes de emprender algún servicio, … y falta de puntualidad en el desempeño de su cometido»[24]. Poco importa, para lo que ahora trato de establecer, si tales amenazas se cumplían o no[25]. Lo que interesa es la amplitud y la indefinición de los posibles delitos, que había de ejercer una influencia paralizadora.

No debe creerse, tampoco, que esta vaguedad fuese exclusiva de los primeros días de la guerra. En 1939 se publicaba un estudio jurídico en que se sostenía que se podía delinquir involuntariamente, puesto que en lo referente a «excitación a la rebelión», «la voluntariedad no es requisito indispensable para que se produzca plenamente»[26].

Que en semejantes condiciones la represión había de adquirir un considerable volumen es fácil de comprender. Lo que ocurre es que, desde un principio, se intentó enmascararla, o incluso negar su existencia, para no producir una mala impresión en la opinión pública internacional. El documento que reproducimos en la página siguiente, remitido el 13 de agosto de 1936 al juez municipal de una localidad salmantina, revela la voluntad de dejar sin aclarar, en lo posible, las causas de los fallecimientos:

Las circunstancias actuales … obligan a simpli[fi]car trámites en lo concerniente a actuaciones para levantamiento y reconocimiento pericial de cadáveres de individuos presuntamente fallecidos por choque con la fuerza pública, debiendo en estas causas limitarse la acción de los juzgados … a ordenar rápidamente su traslado a los depósitos correspondientes, donde serán identificados y reconocidos a los fines de certificación de fallecimiento y referencia solamente del aspecto exterior del mismo, sin práctica de autopsia, procediendo lo más pronto posible al enterramiento.

Paralelamente, otra instrucción prevenía que no se hiciesen constar los motivos que podían haber conducido a que se los matase[27].

Desde la más alta magistratura del nuevo estado se trató también de ocultar la realidad. El general Franco sostenía que «los rojos» habían asesinado de cuatrocientas a quinientas mil personas[28]. Es posible que lo creyera, aunque se cuidó muy bien de rectificar esta apreciación cuando las investigaciones realizadas después de la guerra arrojaron una cifra mucho menor. Pero es difícil pensar que actuase de buena fe cuando sostenía que en el bando «nacionalista» las ejecuciones no habían pasado de 4500, estableciendo así una proporción de cien «asesinatos rojos» por cada «ejecución nacional»[29].

¿Cuáles eran las cifras reales? Los cálculos pretendidamente «exactos» de Ramón Salas Larrazábal, publicados en 1977, estiman en 72 344 las víctimas de la represión gubernamental y en 57 662 las de la «nacional», a las que habría que sumar unas 23 000 ejecuciones después de terminado el conflicto[30]. O sea, que ambos bandos queda lían más o menos igualados, en términos cuantitativos. Sólo que, así que se ha empezado a investigar en serio el tema, las cifras del general Salas Larrazábal se han desmoronado. Mientras su libro reduce a 96 los ejecutados en la provincia de Gerona por el franquismo, la minuciosa investigación de Solé i Sabaté cuenta 524[31]. Y lo malo es que son los fundamentos mismos de su método, basado en considerar completas las inscripciones en los registros civiles, los que han demostrado su endeblez. En la ciudad de Córdoba, por citar otro ejemplo, los ejecutados de julio a diciembre de 1936 resultan ser, según las cifras de los cementerios, casi tres veces más de los que constan en el registro civil[32]. Y dos estudios minuciosos de la represión en provincias controladas por los franquistas desde los momentos iniciales revelan diferencias de una magnitud semejante. En la de Logroño, los 912 muertos de Salas Larrazábal se convierten en una lista nominal de unos 2000[33]. En Navarra, los 948 ejecutados de sus listas palidecen ante una relación individual y detallada de 2902 víctimas, en el bien entendido de que tal cifra es un mínimo, puesto que se nata de los muertos que ha sido posible identificar, sin contar con los que pueden haber sido enterrados anónimamente[34]. Si hay márgenes de error semejantes en las estimaciones referidas a otras provincias, y todo hace suponer que es así —entre otras razones, por la naturaleza general, «metodológica», de la subestimación—, habrá que suponer que las 57 662 víctimas en que estimaba el total de la represión franquista durante la guerra pueden convertirse en unas 150 000. Y que, si les añadimos los 23 000 ejecutados posteriormente —pasando por alto errores tan groseros como el de Gerona—, el total puede elevarse a unas ciento setenta y cinco mil personas. Una estimación, ésta que hacemos, harto insegura, que podrá mejorarse a medida que dispongamos de más estudios detallados como los que hoy tenemos para Cataluña, Navarra, Rioja y la ciudad de Córdoba, pero que, en todo caso, queda muy lejos de las pretendidas «cifras exactas» que admitía el franquismo.

Lo que importa, sin embargo, es la naturaleza de esta represión: su función política. Y ésta la podemos advertir, más que en las mismas cifras, en el carácter descaradamente clasista que adoptó. En los cuadros que nos ofrece Solé i Sabaté para Cataluña, al igual que en las listas de los 2238 fusilados en Paterna[35], predominan de manera aplastante los campesinos y los obreros. Y nos estamos refiriendo a ejecuciones realizadas, en su inmensa mayoría, una vez terminada la guerra civil, cuando ya no había excesos individuales que pudiesen justificar el sesgo.

Conviene entender, además, que el papel político de la represión no concluyó con las hostilidades. Cuando faltaba muy poco para el fin de la contienda, se pedía el establecimiento de una «policía integral o policía nacionalsindicalista», que había de ejercer un control totalitario de la población. Un control que se concebía como muy distinto al de la policía de los estados liberales y demócratas, los cuales, por su propia debilidad policíaca, habían degenerado «en estados disolventes»[36].

No debía pensar de manera muy distinta el general Franco, cuando el primero de los puntos que proponía, el 20 de diciembre de 1939, en el programa para «la revolución económico-social que España espera hace más de un siglo», rezaba así: «En el orden de la Gobernación es necesario crear el instrumento policíaco y de orden público del nuevo régimen, tan vasto y numeroso como exijan las circunstancias»[37].

LAS CONSECUENCIAS

Hemos visto hasta ahora que el objetivo de los máximos dirigentes del levantamiento de julio de 1936 —otra cosa pudo ser el del personal de a pie, que a lo mejor hasta creía que sólo se trataba de reconducir una república que les parecía estarse radicalizando— fue una remodelación total de la sociedad española, con una orientación totalmente retrógrada en su espíritu, que había de plasmarse en unas instituciones políticas pensadas para asesorar al Caudillo providencial e infalible, y en unos planteamientos culturales e ideológicos que querían recuperar una tradición de tres a cuatro siglos atrás. Para apoyar esta remodelación, unos métodos represivos modernos, que era aquello en que más se asemejaba el «nuevo estado» español a los de la Italia fascista y la Alemania nazi.

¿Cuáles fueron las consecuencias para la sociedad española de semejante proyecto, aplicado con tales medios? Lo primero que debe quedar claro es que los efectos se extendieron a todos los campos de la vida colectiva, desde la economía a la cultura. No es éste el lugar de intentar una valoración global. Por razones de comodidad, y por la evidente trascendencia que tiene, me limitaré aquí a considerar un aspecto: el del crecimiento económico.

Comenzaré intentando caracterizar la naturaleza del sistema económico del primer franquismo, para pasar después a esbozar los efectos que tuvo sobre el desarrollo de la economía española en el siglo XX.

Conviene, para empezar, establecer cuáles eran las ideas económicas de Franco —las ideas que se proponía aplicar en los momentos en que iba a configurarse la organización económica del «nuevo estado»—, puesto que, en un gobierno de carácter personal como el suyo, lo que se hiciese dependía de lo que el «Jefe supremo de la nación-española»[38] creyese conveniente. Franco leía, anotaba y seleccionaba los informes de sus asesores políticos y económicos, y sólo autorizaba la puesta en práctica de aquellas ideas que merecían su aprobación personal. Era él quien decidía en última instancia, sin delegar en nadie esta facultad; un ejemplo, contado por él mismo, en 1962, al doctor Soriano, bastará para aclararlo: «Cuando la Cruzada sólo contábamos como productos de exportación con el wolframio y con los vinos de Jerez. La libra inglesa estaba a 36 pesetas y yo la subí a 38. Poco después vino a verme un grupo de economistas, para decirme que así no se podía continuar; que era preciso subirla por lo menos al doble. Les contesté que de ningún modo, que había que aguantar aquel tope como fuese. Al cabo de algunos meses ellos mismos vinieron a darme la razón»[39].

Convencido de sus propios conocimientos en materia de economía —que, según él mismo contaría, había enriquecido a raíz del interés que, siendo general de brigada, con destino en Madrid y poco trabajo que hacer, suscitaron en él las conversaciones que mantenía con el director del Banco de Bilbao, «donde Carmen tenía algunos ahorrillos»—, Franco daba ya lecciones, en 1929, a un Calvo Sotelo que se encontraba con el agua al cuello; le explicaba que el oro no tenía la menor importancia, y obtenía como respuesta de éste, que aún no había perdido del todo la cabeza: «¿Qué tonterías está usted diciendo?»[40]. De ahí que, llegado al poder, se sintiese capaz de decidir por sí mismo, sin hacer caso a los economistas de su entorno. No sería fácil obtener su asentimiento cuando hubiese que efectuar un cambio de rumbo que pudiese entenderse como una rectificación (es bien sabido que una de las mayores dificultades que entrañó poner en marcha la política de estabilización fue la de convencerle de su necesidad). A diferencia de su predecesor, el general Primo de Rivera, que no tuvo inconveniente en reconocer públicamente alguna de sus equivocaciones, como la de la revaluación de la peseta, Franco no admitió jamás ningún error.

Por otra parte, ¿cómo poner en tela de juicio las ideas de un hombre enviado por la providencia, a quien el apóstol Santiago había ayudado en persona en las batallas, y a quien uno de sus propios compañeros, Beigbeder, apelaba «en nombre de tu misión providencial, que es tu derecho divino»[41]? En la base misma de la teoría del caudillaje está la suposición de que el caudillo, inspirado por la divinidad y afín en cierto modo al pontificado —«lo religioso impregna … decisivamente los actos genuinos del caudillaje»[42]—, no puede equivocarse en cuanto se refiere a la guía de su pueblo. ¿Por qué habría de ser la política económica una excepción?

Veamos, pues, cuál era el pensamiento económico de Franco. Su idea básica era que el sistema democrático, con la pluralidad de partidos políticos y con los sindicatos de clase, representaba un obstáculo para el crecimiento económico. Esta concepción la podemos ver claramente expresada en las palabras que diría a su pariente, Franco Salgado, en 1955: «Al terminar la guerra [mundial] no era deseo de las naciones vencedoras el que los vencidos se levantasen pronto de su postración. Para ello se les obligó a que adoptaran el régimen democrático, pues estaban convencidos de que así no les vendría la prosperidad, ni mucho menos»[43]. Decir esto en 1955, cuando las economías alemana e italiana estaban creciendo a ritmos acelerados, no sólo demuestra escasa sagacidad, sino un grave desconocimiento de lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero el Caudillo no necesitaba verificar, contrastándolas con la realidad, ideas tan esenciales como ésta, en las que se basaba la legitimidad misma de su régimen.

Esta idea la repetiría una y otra vez desde los primeros momentos de la guerra, y la seguiría sosteniendo en 1957, cuando insistía en «el retraso que en orden al progreso nos venía causando la lucha de clases y de los partidos políticos»[44]. Tal filosofía tenía otros aspectos útiles, puesto que, si todo había de funcionar bien bajo su guía ilustrada y paternal, estaba claro que cualquier manifestación de descontento era irracional y sólo podía explicarse como fruto de la labor oculta de los enemigos sempiternos del régimen, masones y comunistas, a los que más tarde se agregarían otros nuevos: «algunos curas que los soliviantan». Así, al producirse huelgas en Asturias, en 1956, Franco las consideraría injustificadas —«los mineros ganan lo suficiente para atender a sus necesidades y no carecen de nada … Ahora piden aumento de sueldo base, puntos, pluses de productividad, hospitales, escuelas, casas, etc., etc.»— y daría la culpa a los instigadores que azuzaban a los obreros: «Nadie puede dudar de nuestro interés por el bienestar de los obreros y sus familias, sin encontrar nunca gran resistencia por parte de los propietarios … Por ello es lamentable que se siembre el descontento y la rebeldía, diciéndoles que son explotados y que se dan salarios de hambre, cuando les consta que eso no es cierto». Cuando, en 1958, las huelgas se reprodujeron, repetiría el mismo análisis: «Los enlaces sindicales, que en su mayoría son de izquierdas, y bastantes de ellos comunistas, no hacen más que complicar las cuestiones y no procuran el remedio». En su opinión, los jueces se estaban mostrando demasiado blandos y lo que convenía era suprimir las garantías legales para que los detenidos permaneciesen encarcelados lo más posible. Detrás de estos planteamientos encontramos un razonamiento propio de su manera simplista de comprender la sociedad y la economía: los comunistas «halagan al pueblo diciéndole que hay que trabajar menos y que deben subir los salarios, pero no le dicen que con ello sube la vida y se derrumba la economía de la nación»[45].

El corolario lógico del supuesto de que la economía española anterior a 1936 funcionaba mal por culpa de los partidos y de los sindicatos era que bastaba con suprimirlos —objetivo inmediato del levantamiento militar— para que todo marchase bien. En agosto de 1937 el Caudillo explica que «las cosechas, este año, son magníficas …, no sólo porque el tiempo ha sido favorable, sino porque los campesinos han podido trabajar en paz, sin que los elementos comunistas introdujeran constantemente el desorden y la perturbación»[46]. De ahí el optimismo que nace de pensar que, una vez resueltos los «obstáculos» políticos, no va a haber problema económico alguno. En una entrevista con Manuel Casares, en 1937, afirma: «La España liberada … tiene riqueza, medios, trabajo, orden y entusiasmo para vivir así años, lustros y siglos». Cuando hayan derrotado al enemigo y dominen todo el territorio español, «la sorpresa del mundo será, dentro de poquísimo tiempo, ver que España, además de independiente, quedará viva, trabajadora, pujante, rica por su riqueza natural»[47]. Un año más tarde proclama que «España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada»[48].

La manifestación más rotunda y radical de este optimismo se dio en su entrevista con Manuel Aznar, el 31 de diciembre de 1938, a pocos meses del fin de la guerra. Franco, que entre otras cosas se envanecía de haber creado la base industrial necesaria para atender las necesidades de un ejército moderno, le reveló el secreto de sus concepciones económicas, que iban a revolucionar el mundo. Era, en sustancia, el mismo que había anticipado a Calvo Sotelo en 1929: que el oro y las divisas no tenían importancia alguna; que lo que contaba era tener reservas de materias primas. España tenía «capacidad económica sobrada» para dar cumplimiento a un ambicioso programa de desarrollo y bastaría con que se acabara la guerra y se dispusiera de todos los recursos para «mirar el porvenir con plena confianza». Ese descubrimiento era tan trascendental como para que Franco se permitiese añadir: «Anuncio que la experiencia de nuestra guerra tendrá que influir seriamente en todas las teorías económicas defendidas hasta hace poco como si fueran dogmas»[49].

No es de extrañar, por consiguiente, que los economistas «profesionales» le mereciesen poca confianza. Así se explica el desánimo con que Pedro Gual Villalbí hablaba de la «nueva economía» en 1939: comenzaba por reconocer que «los economistas están hoy en entredicho, después de tantos fracasos recogidos», divagaba después acerca de la pintura y de la música, y concluía, como era de rigor, que todo se resolvería gracias al profundo cambio político que se había experimentado en España: «Había un ambiente metífico (sic!) que nos ahogaba y nosotros hemos hecho esfuerzos, con la vitalidad de nuestra raza, para situarnos en otro círculo en el que hay un aire más sano»[50]. Así se explica, también, que Franco nombrase ministro de industria y Comercio a un artillero, Alarcón de la Lastra, a quien no se le sabía conocimiento alguno en las materias de que habría de ocuparse[51].

En 1939 el gobierno ponía en marcha, sobre el papel, un plan de reconstrucción económica nacional basado en la construcción de gran número de pantanos que habían de permitir aumentar la producción de energía eléctrica y poner en riego las tierras de secano, con el fin de aumentar la riqueza de España[52]. Eran las mismas ideas que había expuesto en su tiempo Calvo Sotelo, quien sostenía que lo que había que hacer era preocuparse del aumento de la riqueza y no del reparto de la miseria, y que no existía otra forma de conseguir tal aumento que transformar los secanos en regadío[53].

En medio del desconcierto general de estos años, mientras, a inspiración de Higinio Paris Eguilaz, se crea un Consejo de Economía Nacional[54], Franco, que comienza a experimentar la realidad que significa la falta de divisas, con la consiguiente dificultad de obtener las importaciones necesarias, no sólo para realizar los ambiciosos planes de reconstrucción, sino pura y simplemente para sobrevivir, va alumbrando una idea genial tras otra. Resolver lo de las divisas le parece sencillísimo: «Existe en la actualidad un procedimiento fácil de multiplicación de divisas, esto es, el empleo de divisas en materias primas base de productos de exportación que nos proporcionarían el medio de multiplicar por tres en cada operación las divisas empleadas»[55]. Por desgracia, los detalles técnicos de esta sensacional «triplicación» de las divisas nos son desconocidos.

No se acaban ahí, sin embargo, las soluciones mágicas. En el discurso de la noche de fin de año de 1939 anuncia al país «que España posee en sus yacimientos oro en cantidades enormes» y «pizarras bituminosas y lignitos en cantidad fabulosa, aptos para la destilación, que puede asegurar nuestro consumo» de combustibles líquidos[56]. Lo que no parece haberle preocupado es el coste a que pueden obtenerse este oro y este petróleo. Es también ésta la época en que se conceden las aguas del Júcar a un ingeniero austríaco que ha convencido al Caudillo de que con agua y unos polvos se puede conseguir una gasolina de elevada calidad[57], o en que Arrese consigue su promoción de gobernador de Málaga, y candidato a la cárcel, a ministro gracias a ideas tan geniales como la de «aliviar el problema del hambre con bocadillos de carne de delfín»[58].

El fracaso económico del primer franquismo —del franquismo primigenio y más auténtico— obligará más adelante a abandonar estas ideas, simplistas y a escuchar a los economistas. Franco lo hará a regañadientes, sin aceptar jamás planteamientos de signo netamente liberal, y adoptará con entusiasmo la idea de la planificación, que permite volver a atribuir los méritos del crecimiento económico al dirigismo, o sea, a la conducción providencial del jefe supremo. Así proclamará en Zaragoza, en 1970, «el triunfo de la planificación, que nos lleva a mejorar los pueblos y tierras de España»[59]. No ha llegado a entender que sus planificadores no controlan nada, que toda su obra es de papel, y que el crecimiento económico experimentado en estos años se debe a los créditos norteamericanos y, sobre todo, al tirón de la economía europea —de esa economía de unos países con regímenes democráticos que, de acuerdo con los supuestos del pensamiento económico de Franco, debería funcionar mal—, que arrastra satelitariamente a la de España.

¿Cuáles habían de ser los resultados de un proyecto económico semejante? No es mi propósito hacer aquí el relato de la evolución y colapso de la economía del primer franquismo. En este volumen se encontrarán los trabajos de Carlos Barciela y de José Luis García Delgado que nos permiten seguir esta trayectoria desde la doble perspectiva de la agricultura y de la industria. Quisiera, sin embargo, hacer algunas consideraciones de carácter general sobre este fracaso.

Es curioso que Franco, que en 1958 culpaba a las guerras civiles del siglo XIX de haber apartado a España de la «revolución industrial»[60], diese en suponer que otra guerra civil podía servir para solucionar el problema. No fue, sin embargo, la guerra la causa de los malos resultados alcanzados por el primer franquismo. Las destrucciones del equipamiento productivo no fueron muy grandes y, en circunstancias normales, la recuperación debió haber sido rápida, como lo fue en los países de la Europa occidental que, salidos en 1945 de una contienda mucho más destructiva, se encontraban en 1950 con índices de producción industrial que estaban ya un 20 por 100 por encima de los de 1938. Por contra, España tenía en 1949, a los diez años del término de la guerra civil, una producción similar a la de 1935[61], lo cual demuestra que las razones del progresivo desfase español respecto de Europa han de buscarse en lo ocurrido después de la contienda.

No se puede atribuir tampoco este retraso al solo hecho de no haber disfrutado de las ayudas del European Recovery Program, el llamado Plan Marshall, como acostumbraban a sostener los defensores del franquismo. Basta observar el volumen y la naturaleza de la ayuda americana para advertir que hubo otros factores que resultaron tanto o más decisivos para el crecimiento europeo[62], como el hecho de que unos países que tenían viva la experiencia de la crisis económica de los años treinta y que habían salido de la lucha contra el fascismo con un compromiso explícito de profundizar la democracia y mejorar la condición de vida de sus ciudadanos emprendieran una política que, a través de una mejor distribución de la renta —por las ganancias directas salariales y por las indirectas proporcionadas por el «estado de bienestar»—, había de estimular el crecimiento económico. Lo cual no se parecía en nada a lo que estaba ocurriendo, durante estos mismos años, en España.

Sin embargo, los máximos dirigentes del franquismo cerraban los ojos a la realidad y, en los peores momentos, celebraban avances y victorias que no existían más que en su imaginación. Franco afirmaba, en 1950, que estaba realizándose ya «la promesa que un día hicimos de elevar el nivel de los trabajadores españoles»[63]. ¿Qué había hecho el régimen para conseguirlo? En junio de 1941, al constituirse la Comisión interministerial reguladora de precios y salarios, José Antonio Girón explicaba los métodos que podían seguir para «romper el cerco de la penuria». Lo principal era, o bien reducir los precios de los «artículos de primera necesidad» —y las series de precios de estos años de inflación demuestran que no se hizo—, o llevar a cabo «una estabilización de salarios que, a pesar de ello, tuvieran una capacidad adquisitiva tan potente que fuera desconocida hasta el día», lo que no deja de asemejarse mucho al milagro de la «triplicación de las divisas», y que tampoco ocurrió[64]. Puesto que en el estudio que Higinio Paris Eguilaz hacía, en 1949, de la evolución de los salarios reales quedaba claro que los de 1948 venían a ser de un 20 a un 35 por 100 inferiores a los de 1936, antes de que la revolución nacional-sindicalista librase a los obreros españoles del funesto y «metílico», por decirlo a la Gual Villalbí, régimen republicano[65]. O sea, que lo de «elevar el nivel de los trabajadores españoles» debía referirse a otras cosas, pero no al «nivel de vida», como debieron creer quienes escucharan las palabras del Caudillo.

Se envanecía también el «jefe supremo», en el mensaje de fin de año de 1950, de «las inversiones y trabajos realizados», lo que se sazonaba con una imaginativa enumeración de embalses, regadíos y fábricas[66]. ¿Qué había de esto? La cruda verdad es que el proyecto de aumentar la riqueza española a través de una política de embalses y regadíos, formulado por la dictadura de Primo de Rivera, lo llevó a cabo con notable energía la república y lo abandonó por completo el primer franquismo. Fue sólo cuando los largos años de abandono provocaron el colapso de las restricciones eléctricas, cuando los gobiernos franquistas tomaron conciencia del desastre y trataron de ponerle remedio. Unas cifras bastarán para mostrarlo[67].

Lo que significa que, a los ritmos de construcción que se mantuvieron de 1930 a 1935, en 1952 la capacidad de los embalses españoles podía haber sido de más de 100 000 millones de m³. La paralización de los doce primeros años del franquismo fue responsable de que no fuera más que de 6000 millones. Y en 1966 no se había pasado todavía de los 25 000. Cuando se valoren las consecuencias que el franquismo tuvo para el desarrollo agrícola español, habrá que tomar muy en cuenta lo que significó la frustración del «Plan nacional de obras hidráulicas» de la república.

Lo que me interesa, ahora, es que tampoco en este terreno de las grandes obras públicas resultaban ser verdad los éxitos celebrados. De ahí que haya que considerar como rayana en el delirio la euforia con que a fines de 1952 el Caudillo proclamaba «victorias y triunfos en el exterior y en el interior desconocidos en nuestra historia desde el siglo XVI»[68].

Fue más tarde —gracias a los créditos norteamericanos y al estímulo del crecimiento europeo— cuando la economía española comenzó a despertar y alcanzó tasas de crecimiento muy notables, aunque es seguro que hubieran sido todavía mayores de haberse encontrado plenamente asociada a la Comunidad Económica Europea, lo cual no ocurrió por culpa de la persistencia del franquismo, que significaba un obstáculo político insalvable para tal integración. Pero los quince años de parálisis económica de la guerra civil y de la etapa de colapso y estancamiento del primer franquismo no se recuperarían ya.

¿Podemos estimar de alguna manera las consecuencias a largo plazo —incluso sobre nuestra situación actual— de este retraso? El cuadro adjunto ofrece las cifras de renta per cápita a precios constantes —en números índice que toman como base de comparación la del año 1900— y las compara con una hipótesis alternativa que trata de reconstruir lo que hubiera podido suceder sin la guerra civil y sin el franquismo.[69]

Lo cual significa que en 1970, en vísperas de la crisis que iba a acabar con la rápida expansión europea —y, en consecuencia, con la española— el coste del franquismo representaba un retraso de entre diez y quince años en nuestro crecimiento económico. Un retraso tanto más grave por cuanto no podría recuperarse ya en los años siguientes y que implicó que el inicio de la crisis nos atrapara con un nivel de desarrollo que pudo, en otras circunstancias, haber sido considerablemente mayor.

Está claro, sin embargo, que las consecuencias retardatarias del franquismo no se ejercieron solamente sobre la economía, sino sobre todos los terrenos de la vida española, incluyendo el de la propia cultura. Quienes han estudiado la censura, por ejemplo, nos han contado con detalle los esfuerzos que el régimen realizó para mantenernos alejados de las tentaciones del siglo XX: por llevar a la práctica el ideal de los generales Franco y Kindelán de retrotraernos a tiempos anteriores a la gran corrupción del Renacimiento: No dudo de que un balance parecido al que he esbozado podría hacerse en éste, como en otros muchos campos. Y pienso que es necesario que se haga, para que tomemos conciencia de los costes sociales del franquismo y para que nos inmunicemos colectivamente contra cualquier tentación de prestar oídos a quienes nos propongan repetir una aventura tan desastrosa. Porque lo peor es que, encima, este gran fracaso nos costó sangre, exilio, hambre y sufrimiento.

JOSEP FONTANA

Falange y franquismo (Sheeelagh M. Ellwood)

SHEELAGH M. ELLWOOD

FALANGE Y FRANQUISMO

INTRODUCCIÓN

En noviembre de 1985 se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Franco. Fue también el décimo aniversario de la proclamación del príncipe Juan Carlos de Borbón como «rey de todos los españoles». Así, en lo que va de siglo, España ha vivido el reinado y la caída de un monarca, el establecimiento y la caída de una república, dos dictaduras y, finalmente, el retorno de la monarquía.

Ochenta años es poco tiempo para una carrera tan variada. Sin embargo, lo que impresiona al observador externo no es tanto su intensidad como el hecho de que la mitad de esos ochenta años fueron ocupados por un solo régimen. Cuarenta años cuya aridez política, social y cultural contrasta notablemente con la vitalidad de los otros cuarenta. Casi medio siglo dominado por un solo hombre, el general Francisco Franco Bahamonde, comparado con la multitud de figuras destacadas que han influido decisivamente en el curso de la historia de los años que preceden y siguen a la época franquista.

No era habitual en España que un jefe de Estado estuviera tanto tiempo en el poder. ¿Cómo fue posible que durara tanto el régimen encabezado por Franco? Tres años de guerra contra la democracia liberal, seguidos de tres décadas y media de persecución tenaz de las gentes, realizaciones, ideologías y valores que hasta 1939 habían sido sus componentes, efectivamente aniquilaron, enterraron o volvieron inefectivo todo rastro de ella. Como es evidente, tal destrucción de las posibles fuentes de oposición tenía que contribuir mucho a la duración de la dictadura franquista. La desaparición física de la mayor parte de las personas que habían ocupado puestos importantes en las organizaciones políticas y sindicales republicanas, marxistas y anarquistas durante la segunda República, más la impotencia a la que fueron reducidos los supervivientes por el exilio o la clandestinidad y la precariedad de la vida cotidiana en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil, dejaron pocas alternativas viables a la aceptación del régimen establecido y legitimado por la victoria en esa guerra.

La lucha contra la democracia, de la que la guerra civil fue el sangriento inicio, sin duda constituía uno de los principales ejes sobre los cuales se movía el régimen franquista. De hecho, incluso los aspectos militares de esa lucha siguieron estando presentes durante mucho tiempo después de firmado el último parte de guerra. Ése era el eje «externo» del régimen, el que le daba su razón de ser. Si bien la represión —tanto la sutil como la sangrienta— era un punto de apoyo fundamental del régimen, no era el único. Una mirada al conjunto de la historia del período franquista sugiere que también estaba asentado sobre la competencia entre los diferentes grupos que en él participaban por conseguir y mantener una parcela de poder dentro del marco de un sistema político, supuestamente de partido único, que no permitía la hegemonía absoluta de ningún grupo en solitario. Éste era el segundo eje, que proporcionaba la dinámica interna del franquismo, dándole su peculiar capacidad para adaptarse a circunstancias exteriores e interiores cambiantes, sin cambiar su carácter básico de régimen autoritario conservador y permitiéndole tomar el relevo a sí mismo. Así, daba la impresión de ser un sistema no estático cuando, en realidad, no se produjeron cambios políticos profundos hasta después de la muerte del dictador.

Será este segundo eje del franquismo el objeto de examen del presente trabajo. Se prestará atención particular a la carrera de los falangistas, por cuanto en ellos ambas facetas del quehacer político del franquismo —la represiva y la competitiva— estaban especialmente ligadas, llegando a ser a veces incluso inseparables. Entre 1933 y 1936, se habían mostrado incapaces de acceder al poder mediante el juego electoral libre y democrático y fueron aupados a aquél (aunque a medias con otros partidos) por una guerra civil y un dictador. La supervivencia de la Falange como grupo coherente y con posibilidad de influir en el rumbo socio-político del país dependía del mantenimiento de las condiciones que le habían salvado de la desaparición en 1936. Examinaremos aquí la contribución de los falangistas a la consecución de tal fin a lo largo de las diferentes fases de «la contradanza de los franquistas»[1] que es la historia del Movimiento Nacional.

EL EMPUJE FINAL PARA LA CONQUISTA DEL ESTADO, 1936-1939

Con un solo mando político y militar, un solo partido, un solo gobierno y un solo objetivo, la unidad del bando vencedor al final de la guerra civil contrastaba notablemente con la desunión del bando perdedor. Sin embargo, la unidad que quedaba reflejada en las tribunas de autoridades que presenciaban los desfiles de la victoria en la primavera de 1939 no era tan real como podría creerse a primera vista. Ciertamente, todas las fuerzas que habían hecho la guerra en el lado nacionalista tenían el común interés de la destrucción de la segunda República; pero nunca habían compartido un único criterio en cuanto a qué sistema poner en su lugar. Falangistas, carlistas, alfonsinos, cedistas y corporativistas católicos diferían mucho entre sí en cuanto a sus metas ideológicas. Si bien al sumarse al alzamiento mostraban que no eran tan diferentes en su metodología para la consecución de esas metas, seguramente ninguna de estas fuerzas lo hizo con la intención expresa de establecer una dictadura militar de duración indefinida. Como escribiría el monárquico marqués de Valdeiglesias años más tarde, «ninguno de los que impulsamos el 18 de julio pensamos que la gesta iba a desembocar en el régimen personal de Franco»[2].

De hecho, habían sido necesarias durante la guerra civil una serie de disposiciones de la autoridad castrense para imponer la unión política sin la cual peligraba la victoria militar. Un decreto del 25 de septiembre de 1936 prohibía tajantemente «toda actividad política … que signifique inclinación o parcialidad a favor de determinadas ideologías …»[3]. La actividad partidista seguía, no obstante, protagonizada fundamentalmente por falangistas y carlistas, en ausencia de los líderes de las otras corrientes, cuyos militantes en gran parte se habían ido incorporando a estos dos partidos a partir de la derrota electoral sufrida por aquellos en que militaban en febrero de 1936[4]. A pesar del decreto del 23 de septiembre de 1936, falangistas y carlistas mantuvieron aún durante siete meses sus propios símbolos, uniformes, milicias, Prensa, jerarquías y organizaciones en todos los ámbitos. Los falangistas incluso montaron su propia productora cinematográfica que, naturalmente, se dedicaba a rodar las actividades de los ejércitos nacionales, pero con una notable preponderancia de las milicias falangistas. La red propagandística de «Altavoces del frente» también la llevaba la Falange, y todas las corrientes tenían sus propios órganos de Prensa. Ninguno de estos recursos se utilizó de una manera que pudiera ser interpretada como contraria a los intereses del bando antirrepublicano, pero existían fuera del control estrictamente militar[5] y ello probablemente no dejaba de inquietar a los militares, que no se habían fiado nunca del «politiqueo» civil.

Cuando, a finales de 1936, tanto carlistas como falangistas pretendieron establecer sus propias academias militares para sus respectivas milicias, dejó de parecer inofensiva la independencia política. Un nuevo decreto, de diciembre de 1936, acabó con la autonomía de las milicias, que pasaron a depender directamente de la jerarquía y autoridad militares. Así se imposibilitaba apoyar cualquier acción política partidista con una acción militar también partidista. Cuatro meses después, esta medida era rematada con otra de contenido e intención más claramente políticos, pero con matices disciplinarios.

El decreto número 255, llamado de Unificación de Partidos, del 19 de abril de 1937, unía a falangistas y carlistas en un solo partido (FET y de las JONS), disolvía todas las demás organizaciones políticas y nombraba a Franco jefe nacional de la nueva entidad. Venía siendo preparado desde el otoño del año anterior, pero la lentitud de esa preparación y del desarrollo posterior del contenido político del decreto sugieren que se pensaba para después de la guerra. Si se adelantó, no era porque de pronto en el Cuartel General se viera como una necesidad urgente el inicio del «nuevo Estado», basado en un sistema político de partido único, sino porque una situación de indisciplina persistente obligaba a tomar medidas inmediatas y radicales.

Franco, que ante todo era hombre de obediencia cuartelera, había tolerado las múltiples reuniones, viajes, gestiones de canjes, declaraciones en la Prensa, elecciones de jerarquías, etcétera, de falangistas y carlistas (sobre todo de los primeros) durante seis meses, a pesar de la prohibición de tales actividades decretada en septiembre de 1936. En parte, sin duda, semejante tolerancia debía mucho a que, en contrapartida, los partidos proveyeron hombres para el frente y escuadras de «limpieza» para la retaguardia[6]. En la primavera de 1937, empero, hubo una escalada en la actividad política «extrabélica» de falangistas y carlistas, probablemente debida precisamente a los rumores que por entonces circulaban acerca de las intenciones políticas, a corto o largo plazo, de Franco. El faccionalismo siempre presente en la Falange se acerbó en torno a la decisión de elegir un nuevo jefe nacional, ante la evidencia de que el hasta entonces jefe, José Antonio Primo de Rivera, no iba a volver a ocupar el puesto nunca. También los carlistas se involucraron en unas oscuras maniobras entre facciones de ambos partidos, en un intento de llegar a un acuerdo que supusiera un freno a las ambiciones de las otras facciones y a las intenciones del Cuartel General[7].

El catalizador final fue la movilización en Salamanca de determinadas escuadras de falangistas la noche del 16 de abril de 1937 y un enfrentamiento esa misma noche en el cual murieron dos falangistas. Todas las fuentes consultadas por esta investigadora explican lo sucedido como un asunto puramente intrafalangista. Hay otra versión, sin embargo, que señala que el Cuartel General estaba preocupado por la existencia dentro de la Falange de un grupo de «jóvenes turcos», que tenían gran influencia en las milicias y que no eran partidarios fervientes del generalísimo Franco. Según esta versión (de un militar destinado a la sazón en Salamanca), los militantes movilizados en Salamanca la noche del 16 de abril pertenecían a esta rama de la Falange. Además, siempre siguiendo esta versión, los dos falangistas no murieron en un simple encuentro entre rivales políticos, sino cuando uno de ellos intentaba penetrar en el Cuartel General. No ha sido posible confirmar estos datos en ninguna otra fuente pero, de ser ciertos, apuntarían hacia un intento de golpe de mano falangista contra Franco. El posterior procesamiento del hasta entonces jefe provisional de la Falange, Manuel Hedilla, y varios falangistas más, bajo la acusación de «manifiesta actuación de indisciplina y de subversión frente al mando y el poder únicos e indiscutibles de la España nacional»[8] sugiere que se trataba de algo más grave que la negativa de Hedilla a aceptar el puesto ofrecido en el nuevo partido. Mientras no se pueda localizar y/o consultar la documentación del Cuartel General y de la Guardia Civil sobre este asunto, quedarán muchos puntos por esclarecer.

El objeto inmediato del Decreto de Unificación fue el de congelar las competencias dentro del bando nacional. No significaba, sin embargo, un corte ni tan profundo ni tan castrante como han afirmado posteriormente muchos observadores y la mayoría de los afectados. Imponía un nuevo sistema, en cuanto significaba el desmantelamiento del sistema partidista hasta entonces vigente. Pero la destrucción de la democracia había sido el objetivo de estos mismos antirrepublicanos hasta 1936 y para eso finalmente se recurrió a la fuerza de las armas. Para los partidos de la derecha, la unificación era una dosis de su propia medicina con la que no habían contado, pero no alteraba el contenido básico del juego antirrepublicano. Simplemente cambiaba el marco dentro del cual había de desarrollarse ese juego, imponiendo a todos los participantes el corsé de la estructura del Movimiento Nacional y la libertad común de la ausencia de competidores de signo verdaderamente opuesto. Así, aunque las actividades partidistas estuviesen prohibidas y la desobediencia al nuevo jefe fuese un delito, los antiguos integrantes de esos partidos y los diferentes credos que suscribían seguían existiendo, disimuladas las diferencias por la aquiescencia de todos, una vez decretada la unificación.

Semejante igualdad de criterio venía aconsejada en primer lugar por las consideraciones de tipo pragmático inherentes en una situación de guerra: nadie quería ser responsable de una posible derrota frente a lo que era, al fin y al cabo, el enemigo común. En términos de política a largo plazo, sin embargo, la aquiescencia general obedecía a motivos bien diferentes. Para los falangistas se trataba de su oportunidad de oro para acercarse al poder estatal y gubernamental. Era el «empuje final para la conquista del Estado»[9]. De ahí que, cuando, entre 1937 y 1939, algunos falangistas radicales intentaron formar núcleos «puristas» al margen del partido oficial encontrasen muy poco eco dentro del propio círculo falangista. Recuérdese también que la Falange, para la que la presencia de un líder carismático era fundamental, se había quedado «huérfana» en 1936; Franco venía a ser el padre adoptivo del partido. Los demás grupos, en cambio, si bien alguno había perdido su líder político (Renovación Española había perdido a Calvo Sotelo y los Legionarios de España al doctor Albiñana), no habían perdido a su candidato a la jefatura del Estado. Para ellos, en consecuencia, se trataba de esperar hasta concluida la guerra, para luego proceder a la sustitución de Franco al frente del Estado. En julio de 1936, todos se habían sumado al alzamiento para proteger sus intereses de clase y, a la vez, habían promovido a los de un grupo profesionalmente ajeno pero socialmente identificado con esos mismos intereses: el ejército. Ahora, en 1937, volvían a cerrar filas alrededor de su salvador. Esta vez, fortalecían no solamente el poder de un grupo, sino también y de manera especial al de un miembro en particular de ese grupo: su Generalísimo. Es revelador del oportunismo mutuamente beneficioso para ambos, ya que el objetivo último de Franco —perpetuarse en el poder— y el de gran parte de sus seguidores —sustituirle cuanto antes por un monarca— eran totalmente opuestos.

CONSPIRACIONES «A GO-GO», 1939-1945

Terminada la guerra civil con el ejército «rojo» ciertamente «cautivo y desarmado» era de esperar, pues, que cada uno de los grupos políticos que habían delegado en el ejército «azul» para el logro de este primer objetivo quisieran pasar seguidamente al logro del objetivo último: la implantación de sus respectivos sistemas ideológicos. Como es sabido, no ocurrió tal cosa y hubieron de pasar treinta y seis años para que uno de esos grupos viera cumplida su meta con la instalación de un monarca de la dinastía alfonsina.

Otro desenlace era objetivamente difícil. En primer lugar, los cambios políticos habidos durante la guerra civil hacían que cualquier proyecto de futuro tuviera que salvar el escollo de que la posición de Franco al final del conflicto era casi inexpugnable. Además, el inicio casi inmediato de la segunda guerra mundial actuó como factor aglutinador alrededor del Caudillo y parecía justificar la continuación en la jefatura del Estado de un militar profesional.

En segundo lugar, era la voluntad de Franco mantenerse en el poder, por estar convencido de que estaba «llamado» a ocupar su cargo vitaliciamente. Ni siquiera sus colaboradores más cercanos supieron, al principio, comprenderlo. Su propio cuñado y varias veces ministro, Ramón Serrano Súñer, escribió al respecto: «pese a mi amistad y relación familiar con él, anterior a la guerra, no conocía en profundidad su entidad política, su psicología, la firmeza de su propósito de permanecer vitaliciamente en su puesto»[10].

En tercer lugar, las propias fuerzas que acompañaban a Franco en la empresa antirrepublicana eran incapaces solas de derrocar a éste e igualmente incapaces de unirse para hacerlo.

En consecuencia, mientras de puertas afuera la solidaridad alrededor del Caudillo estaba a la orden del día, en vista del aislamiento político y económico en que vivió España durante y después de la segunda guerra mundial, la década de los años cuarenta fue pródiga en conspiraciones y complots dentro de las propias filas franquistas. Muchos de ellos contemplaban la desaparición (incluso física, si fuera menester) de Franco como paso previo al establecimiento de un régimen político diferente.

Así, a partir de 1939, algunos falangistas crearon sucesivos grupos y juntas clandestinos. Entre los fines de algunos de ellos se incluía el de matar a Franco como paso previo a la implantación de un Estado totalitario nacional-sindicalista. Hasta 1942, desistieron siempre por temor a provocar una invasión alemana y, a partir de esa fecha, porque ya no era propicio el contexto internacional[11]. Otros falangistas, en cambio, lejos de temer una excesiva influencia alemana, querían que el régimen franquista demostrara más fervor en su simpatía hacia el Eje. En dos ocasiones, en 1941 y 1943, planearon un asalto al peñón de Gibraltar y en otra, en agosto de 1942, organizaron un ataque a los partidarios de una política exterior más aliadófila[12].

Los monárquicos alfonsinos, que tenían su fe puesta en el triunfo de las potencias aliadas como circunstancia favorable para la dimisión o derrocamiento de Franco, actuaban con más cautela. Por una parte, la situación exterior de la que dependían sus planes no se aclaró a su favor (pensaban) hasta finales de 1942, o incluso hasta 1943. Por otra parte, no se ponían de acuerdo sobre cuál debía ser la línea adoptada por su candidato, don Juan de Borbón, pretendiente al trono español desde la abdicación de Alfonso XIII en enero de 1941. No obstante, los representantes de la causa alfonsina, encabezados por José María Gil Robles y Pedro Sainz Rodríguez, estaban en negociaciones con el gobierno británico a partir de 1941 y no fue hasta la emisión de la célebre Nota Tripartita de 1946, firmada por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que quedó definítivamente descartada la posibilidad de una intervención externa para la restauración de la monarquía española[13].

El oportunismo con el que el gobierno británico maniobraba para conseguir la ayuda de parte de las fuerzas franquistas queda patente en la utilización que, durante la segunda guerra mundial, hicieron de ciertos carlistas. A cambio de promesas acerca de ayuda para conseguir la restauración del pretendiente carlista, un grupo de carlistas navarros fue involucrado en la preparación por los servicios de inteligencia británicos de dos operaciones para impedir la posible utilización del territorio español como base o punto de cruce para tropas alemanas[14]. Dicho sea de paso, a los monárquicos alfonsinos no les agradaba la relación entre los carlistas y el gobierno británico, aunque, en teoría, la sustitución de Franco era una meta de interés común.

Los compañeros de armas del Generalísimo tampoco se mantenían al margen a la hora de conspirar contra él. Los generales Orgaz, Aranda y Asensio mantuvieron frecuentes contactos con los representantes de la monarquía alfonsina también alentados por la convicción de que una victoria aliada traería a renglón seguido la desaparición de Franco. Estimaban deseable la destitución de Serrano Súñer y la abolición de la Falange. Aranda era particularmente antifalangista. Al parecer, llegó incluso a fusilar a algunos de ellos durante su mandato como gobernador militar de Valencia, por causa de las «sacas» que estaban practicando en la cárcel de la plaza[15]. Cuando Serrano Súñer sugirió una restauración monárquica bajo tutela falangista, Aranda, entre otros generales, rechazó tal idea. Los militares, al parecer, preferían una regencia militar o una restauración con gobierno militar, propuesta que se encontraba con la oposición del antiguo jefe de la CEDA, José María Gil Robles[16]. Nuevamente en agosto de 1942, tras el choque entre falangistas y carlistas en Begoña, Aranda aconsejó a Franco que repudiase a la Falange. Franco no solamente no la repudió sino que incluso destituyó de su cargo como ministro de la Gobernación al enlace de los alfonsinos con los falangistas, el general Galarza[17].

Aranda volvió a la carga contra los falangistas en 1943. En junio de aquel año, comunicó a sus contactos británicos los objetivos de un frente unido antifranquista, entre ellos la abolición de la Falange. En septiembre del mismo año, con ocasión de una carta colectiva enviada a Franco por un grupo de generales, Aranda propuso la unión de partidos y grupos opuestos a la Falange para la composición de un gobierno mixto entre cuyos objetivos estaría, nuevamente, la disolución de la Falange. Finalmente, en septiembre de 1944, Aranda indicó a Gran Bretaña y a Estados Unidos que el momento era propicio para una intervención contra Franco, ya que éste estaría apoyado incondicionalmente por sólo un diez por ciento de los generales, en su mayoría falangistas[18].

Es difícil de saber si la estimación de Aranda era cierta. Lo que sí es comprobable es que no todos los militares de simpatías falangistas eran tan incondicionales como Aranda pensaba. A pesar del deseo de Franco de mantener una postura ambigua en cuanto a la participación de España en la segunda guerra mundial, quien estaba a la cabeza de los grupos falangistas que querían decidir la suerte de España con un asalto a Gibraltar era el general Muñoz Grandes[19]. Se rumoreaba además que mientras estaba en Rusia, en 1942, como comandante en jefe de la División Azul, estaba involucrado en la preparación de un golpe contra Franco[20].

Más sorprendente, por cuanto las maniobras eran del signo opuesto, el general Yagüe intentaba, a principios de los años cuarenta, llegar a un acuerdo con los monárquicos alfonsinos para el establecimiento de una regencia de don Juan bajo tutela falangista. La correspondencia que sobre el particular mantenía Yagüe con el falangista José Antonio Girón, entonces ministro de Trabajo y delegado nacional de Excombatientes, y con la Casa Real en el exilio, indica claramente que se consideraba necesario eliminar previamente a Franco[21].

Huelga decir que todo este insólito conjunto de intrigas no cuajó en nada. En primer lugar, los servicios de información franquistas estaban al tanto de todo. En segundo lugar, si bien existían descontentos en las filas antirrepublicanas el número mucho mayor de personas que se estaban beneficiando de los efectos de la política autárquica de esta época del franquismo era infinitamente mayor y más que suficiente como contrapeso. En tercer lugar, la utilidad a las potencias aliadas de una oposición entre las fuerzas franquistas era de interés muy limitado, sobre todo a partir de 1943 cuando la importancia estratégica de España disminuyó considerablemente con respecto al resultado final de la segunda guerra mundial. Finalmente, incluso los insatisfechos, «antes de que volvieran los “rojos” preferían que estuviera Franco»[22].

BIEN VENIDO, GENERAL EISENHOWER; ESTO YA ES UN REINO, 1945-1959

La derrota del Eje sin duda provocó un cambio en el escaparate del régimen franquista y alentó las esperanzas de los monárquicos de una pronta restauración de la monarquía en España. Desapareció de la vista pública gran parte de la parafernalia externa falangista, pero la Nota Tripartita emitida en 1946 pronto dejó claro que los antiguos simpatizantes del Eje nada tenían que temer de los aliados. No obstante, era prudente, cuando no simplemente de un pragmatismo lógico, irse distanciando de toda apariencia fascista. En 1947 se iniciaron conversaciones entre Franco y don Juan de Borbón y en ese mismo año se presentó ante las Cortes (creadas en 1942) una Ley de Sucesión. En ella se especificaba que España era un reino; pero Franco retenía vitaliciamente la jefatura del Estado y cualquier futuro monarca había de ser nombrado por él como su sucesor. Cuando, al año siguiente, llegó el hijo de don Juan de Borbón, el príncipe Juan Carlos, para ser educado en España, no fue difícil adivinar que éste era el futuro ocupante del trono vacante. Haciendo cálculos, tampoco era difícil adivinar que Franco tenía la intención de que siguiera vacante durante varios años más, puesto que en 1948 el príncipe contaba sólo diez años.

La maniobra desde luego era hábil. Se daba la impresión de un paso importante hacia la liberalización del régimen (impresión reforzada con la celebración de un referéndum «popular» para aprobar la Ley de Sucesión) sin modificar en absoluto las estructuras y relaciones del poder. A los monárquicos se les daba una esperanza, aunque lejana; y a los no monárquicos se les aseguraba que la sucesión todavía iba para largo. En 1947, por segunda vez, el falangista Dionisio Ridruejo pidió a Franco que se «licenciara» a la Falange y por segunda vez fue ignorada la petición[23].

Desde sus puestos en la administración central, local y sindical, los falangistas aún eran necesarios como servidores y garantes del orden y estabilidad socio-laborales que favorecían el enriquecimiento de la oligarquía nacional y podrían atraer al capitalismo internacional. Hacia finales de la década de los años cuarenta, el estancamiento de la economía española empezaba a indicar que era necesario renunciar a la autarquía practicada hasta entonces y sustituirla por un política que estimulara la entrada de las materias primas, capital y tecnología extranjeros de los que España carecía. Al mismo tiempo, en el mundo occidental, el fascismo había sido sustituido por el comunismo como «enemigo» de la democracia, haciendo que España recobrara interés estratégico para las potencias occidentales y aumentando la conveniencia de que perdurara allí un régimen no solamente estable sino también rabiosamente anticomunista. La década de los años cincuenta se caracterizó, en consecuencia, por la reinserción de España en el sistema capitalista internacional.

La reacción de los miembros de la clase política española fue cuando menos de consentimiento. Los carlistas prácticamente habían desaparecido como grupo reconocible y los alfonsinos ya no emitían manifiestos ni enviaban cartas colectivas al Generalísimo sugiriendo su dimisión[24]. Muchos de los simpatizantes de ambas ramas fueron a parar a los altos cargos de las empresas industriales, financieras y de servicios cuya expansión tuvo su «despegue» en estos años. Al fin y al cabo, su ideología no era incompatible con el capitalismo.

Los falangistas, de los cuales, por razones ideológicas, se podría haber esperado alguna respuesta contraria al «estrechamiento de lazos» entre España y el resto del mundo capitalista, dejaron convenientemente olvidada su «revolución pendiente» con su nacionalización de la Banca y su asignación de la plusvalía al sindicato de productores. Mantuvieron, eso sí, su control del aparato sindical, a fin de asegurar la estabilidad y bajos precios laborales que hacían rentable el capitalismo español. Lejos de protestar contra la «injerencia extranjera» que suponía el establecimiento de bases militares norteamericanas en suelo español y la firma con los Estados Unidos en 1953 de los acuerdos militar y económico conocidos como los «Pactos de Madrid», los falangistas encontraron muchas semejanzas e intereses comunes entre los dos países, sobre todo, claro está, como «centinelas de Occidente». Según el primer Congreso Nacional de la Falange, celebrado en 1953, la «misión nacional» de ésta se había convertido así en «misión universal»[25].

A pesar de haber fenecido la época totalitaria en la Europa occidental, los falangistas aún podrían prestar servicios útiles al régimen y a sus nuevos aliados, servicios que no podían prestar los demás componentes del Movimiento por carecer de la capacidad movilizadora necesaria; porque, a largo plazo, no convenía enturbiar su imagen pública; porque no interesaba, a corto plazo, darles demasiada cancha; y porque, a la hora de estimular la memoria colectiva en cuanto a las «consecuencias negativas» del liberalismo nadie estaba mejor preparado que los falangistas. Actuaban como elementos represivos contra la creciente inquietud político-intelectual en las universidades durante los años cincuenta. Organizaban las manifestaciones multitudinarias de «adhesión inquebrantable» al Caudillo. Asumieron la defensa de los «valores del 18 de julio» contra sugerencias a favor de la «monarquía social» y contra cualquier «desviación liberal»[26].

En 1956 fueron encargados de la redacción de una especie de carta magna: los Principios Fundamentales del Movimiento. Como en 1947, cara al exterior esto daba la sensación de que el régimen se guiaba por principios democráticos, recogidos en una serie de disposiciones constitucionales. En realidad, los principios en los que se basaba el régimen franquista en 1956 eran igual de antidemocráticos que veinte años antes. Cara al interior, revelaban que las relaciones de poder no habían cambiado, con la Falange todavía como proveedor oficial de doctrina. No las tenía todas consigo, empero, y el proyecto producido por la Secretaría General del Movimiento, que buscaba reforzar el papel político del partido frente a las demás esferas del poder, fue vetado por los representantes de la iglesia y del ejército, con las críticas del monárquico almirante Carrero Blanco (a la sazón subsecretario de la Presidencia) y del ministro de Justicia, el carlista Antonio Iturmendi. Los Principios Fundamentales finalmente aprobados en 1958 fueron obra del equipo de Carrero[27]. Una vez más, un proceso político importante se había realizado y decidido no en función del bien común, sino manifiestamente en función de las rivalidades internas de los elementos que componían el bando franquista y al servicio de la pervivencia del sistema que daba de comer a todos ellos.

Fue a partir del descalabro de los Principios Fundamentales cuando la figura de los falangistas de primera hora retrocedió sensiblemente y avanzó la de una nueva generación de expertos en economía y finanzas. Sus vínculos entre sí y con algunos miembros del gobierno (notablemente Carrero Blanco y Laureano López Rodó), a través de su asociación con el Opus Dei, los acercó al poder gubernamental a partir de 1957. Al poner el acento sobre el desarrollo económico, era lógico que se realzara el peso relativo de los encargados de las esferas económicas. Éstas nunca habían correspondido a la Falange ya que la mayoría de sus hombres cualificados pertenecían a una generación y a unas clases sociales para las cuales «cualificarse» equivalía a hacerse abogado, médico, notario, ingeniero de caminos o arquitecto pero nunca economista o experto en asuntos financieros. Se trataba, pues, de un cambio estratégico en la colocación o utilización de las fuerzas disponibles, con una quinta más joven en la vanguardia; pero ni la composición básica del ejército, ni sus objetivos, ni —sobre todo— su Generalísimo habían cambiado. Como ya era habitual, los falangistas vieron con recelo la redistribución de peso específico dentro del régimen, pero ninguno dimitió en señal de protesta.

Como broche de oro para, a la vez, dar por definitivamente terminado el aislamiento internacional y dar el sello de aprobación occidental al new look franquista, en diciembre de 1959 el presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, vino en visita oficial a España. Los españoles pudieron contemplar el abrazo efusivo que le dio Franco, lo mismo que, menos de veinte años antes, habían contemplado el encuentro histórico y cordial entre Franco y Hitler.

«PLUS ÇA CHANGE», 1960-1975

Paradójicamente, la estrategia adoptada a partir de 1957 para asegurar la continuidad política del régimen —el progreso socioeconómico, gestionado por los llamados «tecnócratas del Opus Dei»— llevaba dentro el germen de la posible destrucción del franquismo. En primer lugar, el desarrollo se consiguió al coste de una inflación galopante. Los efectos de ésta, amén de los de las medidas estabilizadoras introducidas en 1959, 1965, 1966 y 1967 para combatirla, fueron factores importantes en la creciente conflictividad laboral de la década de los años sesenta. En segundo lugar, el contacto con personas e ideas de más allá de las fronteras geopolíticas españolas fue un estímulo para el interés y la oposición de aquellos españoles (sobre todo en los medios universitarios e intelectuales) que sentían la necesidad de formas de expresión política alternativas a las que ofrecían los estrechos límites del franquismo. En tercer lugar, la crisis socio-económica no era «buena para el negocio»; las clases patronales empezaban a perder confianza en un sistema cuyas únicas respuestas —la represión y la organización sindical oficial— eran de eficacia cada vez menor.

Ya no era una simple cuestión de supervivencia y continuidad. Las presiones que venían acumulándose bajo la superficie artificiosamente tranquila de la sociedad española derivaban su fuerza no solamente de una situación objetivamente adversa, sino también de la conciencia subjetiva de que Franco tenía casi ochenta años y que, por lo tanto, su muerte era un acontecimiento muy probable en un próximo futuro. La tensión política, que aumentaba progresivamente según avanzaba la década, era a la vez resultado y reflejo de esta conciencia por parte de franquistas y oposición. En respuesta a estas presiones, en 1966 se promulgó la Ley Orgánica del Estado, en la que se reafirmaba la vocación monárquica de España y, en 1969, se nombró al príncipe Juan Carlos de Borbón sucesor de Franco. Eran dos medidas políticas pensadas para «terminar con toda especulación sobre el futuro del régimen»[28]. Como en 1947, el referéndum celebrado en 1967, mediante el cual se pretendía lograr el aprobado plebiscitario para la labor del Caudillo, contó con una inmensa campaña propagandística a favor. El peso de su preparación recayó fundamentalmente en los Servicios de Prensa y Propaganda organizados por los falangistas desde la Secretaría General del Movimiento y el Ministerio de Información y Turismo.

Si bien la década de los sesenta se caracterizó políticamente por el avance de los monárquicos alfonsinos y el ocaso de los «camisas viejas» falangistas, también vio la emergencia de una nueva generación de falangistas. Nacidos tarde para participar en la guerra civil, criados en los años del hambre y nutridos con la doctrina falangista en el Frente de Juventudes y el SEU, los Fraga, Martín Villa, Suárez González (Adolfo y Fernando), Elorriaga, Ortí Bordás, Cisneros, Castro Villacañas, etcétera, eran —para darle la vuelta al dicho— vino viejo en odres nuevos. Mantenían la fidelidad a los valores que habían dado pie al régimen franquista y eran partidarios de la continuación de éste, incluso después de muerto su fundador. Al mismo tiempo eran realistas y creían que, para asegurar la continuación del franquismo, era necesario adaptarlo a un contexto nacional e internacional muy diferente al de los años treinta. De ahí que considerasen compatibles «revolución» y «restauración», «monarquía» y «Movimiento». De ahí también que, en la primera mitad de la década de los sesenta, mientras algunos falangistas creaban grupos para reivindicar la doctrina de los fundadores de su partido en su más puro estado, los «camaradas» de corte moderno, por el contrario, se ocupaban de escalar puestos en las estructuras del Movimiento, en un esfuerzo previsor de participar desde dentro en la preparación del posfranquismo. Su presencia en las delegaciones de la Secretaría General del Movimiento, las centrales y servicios sindicales, la administración provincial y local y los medios de comunicación social oficiales aseguraba la permanencia del marco de unicidad política establecido durante la guerra civil. Así, era formalmente cierto cuando, en 1970, el propio Franco equiparaba la estructura política entonces vigente con la creada por el Decreto de Unificación en 1937[29]. El conservadurismo de la «generación de Fraga»[30] garantizaba la continuación de la batalla contra los «enemigos» ya tradicionales del régimen e hizo que actuara como muro de contención frente a la presión de las múltiples corrientes a favor del cambio que empezaron a surgir a lo largo de los años sesenta.

La emergencia hacia finales de la década de una «oposición tolerada» dentro del propio campo franquista suele interpretarse como una indicación de hasta qué punto el régimen había evolucionado desde sus inicios. En realidad, como hemos visto, siempre habían existido diferentes corrientes dentro del monolito aparente del Movimiento Nacional y siempre había insatisfechos. Al igual que los neofalangistas, la «oposición tolerada» —compuesta fundamentalmente por hombres de simpatías demócrata-cristianas y colectivamente más reconocible en el grupo «Tácito»— tenía sus orígenes en las filas de la derecha franquista y defendía posturas reformistas, pero no radicales. Al igual que los disidentes de los años cuarenta, esta oposición era «tolerada» porque era a la vez «controlada» por los servicios de información franquistas, por el marco político dentro del cual funcionaba y por sus propios intereses. Si, en los años setenta, era más abierta que sus predecesores, en gran medida esto era posible gracias a la labor de zapa que venía haciendo la oposición no tolerada desde el final de la guerra civil. Si ahora era más audible, aireando sus opiniones en artículos colectivos publicados en la Prensa diaria de gran tirada, era porque hasta entonces el régimen no les había estorbado; al contrario, les había facilitado una posición social, profesional y económica totalmente vetada a los perseguidos miembros de la oposición de izquierda.

A principios de los años setenta, las múltiples limitaciones del régimen franquista frustraban las ambiciones de unos hombres ya en edad de tomar las riendas del poder. Sin embargo, ya no se trataba, como en los años cuarenta, de complots y conspiraciones para desterrar o asesinar a Franco para traer después a algo aún sin precisar. Se trataba de esperar a que llegara lo que se venía preparando desde 1947 y, mientras tanto, de irse situando lo mejor posible con respecto al nuevo régimen, previsible para los próximos cinco a diez años. Así, aunque deseosos de un futuro de cariz más europeo-atlantista, a ninguno de los miembros de la «oposición tolerada» se le hubiera ocurrido adelantar su llegada mediante el asesinato de un miembro del propio bando franquista, como se les ocurrió a miembros de ETA al asesinar al presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, en 1973. Tal vez no se les ocurrió, además de por razones humanitarias, por temor a la fuerza —residual pero real— de los representantes del reaccionarismo franquista más puro (falangistas y carlistas «sixtinos»[31]), amén de la de las fuerzas armadas a cuya cabeza seguía estando Franco.

No carecían de fundamento tales temores. Carrero Blanco había sido considerado por todos como el delfín de Franco y destinado a ser el mentor del futuro rey. Su muerte sin duda supuso un paso grande hacia la frustración de este plan, pero el tímido reformismo que empezó a asomarse después de su muerte —capitaneado por Carlos Arias Navarro— era muy limitado y en ningún caso preveía el desmantelamiento del régimen franquista. Ante las promesas de asociación política libre, mayor libertad de expresión y mayor tolerancia hacia la oposición no comunista hechas por el gobierno Arias, los excombatientes sacaron su mejor léxico de reacción amenazante por boca de su delegado nacional y exministro de Franco, José Antonio Girón[32]; el ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, fue cesado por lo que se consideró su exceso de celo en la aplicación de criterios liberales a los asuntos de Prensa y cultura; y se declaró un estado de excepción en el País Vasco, en abril de 1975. Había treinta años de adaptaciones estratégicas entre, el franquismo que negociaba con Hitler en 1941 y el que daba la bienvenida al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger en 1973; pero ideológicamente no había ninguna diferencia entre el régimen que fusiló a miles de republicanos en los años cuarenta y el que ejecutó al anarquista Puig Antich en 1974 o a militantes de ETA y FRAP en 1975.[33]

Los ejes de la política franquista seguían siendo, como en 1936, la lucha contra la democracia y por conservar la parcela de poder conseguida dentro de las estructuras del sistema establecido para llevar a cabo aquélla. La lucha de los falangistas era más enconada a principios de los años setenta que en muchos años antes porque, a diferencia de los demás componentes políticos del régimen, les iba a ser sumamente difícil conservar su parcela una vez desaparecido su patrocinador vitalicio, Franco. La suya era literalmente una lucha a muerte. Su declive definitivo comenzó el 20 de noviembre de 1975 con la muerte de Franco, y hasta qué punto franquismo y falangismo habían sido mutuamente dependientes quedó demostrado por la rapidez y facilidad con las que fueron desmanteladas las estructuras burocráticas que habían sostenido a ambos. Irónicamente, lo fueron desde el Consejo Nacional del Movimiento, por antiguos miembros del propio partido, y para dejar lugar al liberalismo que habían combatido tan duramente durante cuarenta años. Para colmo, todo el proceso estaba presidido por un descendiente de la monarquía por ellos declarada «gloriosamente fenecida», a quien ellos mismos, mediante su apoyo a Franco, habían ayudado a regresar.

Así, los que al principio del régimen franquista parecían los ganadores eran, después de muerto Franco, los grandes perdedores; mientras que los que en 1939 menos parecían haber avanzado hacia el establecimiento de su ideal, al final, se salieron con la suya. Una no puede por menos de preguntarse si con más decisión, más comprensión, más flexibilidad o simplemente menos egoísmo por parte de unos y otros no se les podía haber ahorrado a los ciudadanos de a pie los sufrimientos del camino.

FET y de las JONS: la paradójica victoria de un fascismo fracasado (Ricardo L. Chueca)

RICARDO L. CHUECA

FET Y DE LAS JONS: LA PARADÓJICA

VICTORIA DE UN FASCISMO FRACASADO

Hace ya bastantes años un excelente historiador hizo explícito por escrito un aserto, que no por evidente pierde vigencia: la historia se hace siempre desde el presente[1]. Tal obviedad presenta para el caso que nos ocupa algún inconveniente.

La larga duración del régimen del general Franco y las diferentes etapas por las que ha transcurrido ha llevado a veces a errores de perspectiva no siempre involuntarios. Uno de los llamémoslos errores ha consistido en invertir la lógica de la historia, tomando lo pasado como etapa de un proceso previsto en la mente de alguien que sentaba a su vez las bases de la evolución siguiente[2]. En el caso que nos ocupa, esta singular visión del proceso histórico se apoyaba paradójicamente en las deficiencias que Falange tuvo como partido fascista. Así, cada fracaso del partido en el pasado se tornaba activo político para el presente. Hasta el punto de que no parece lejano el día en que quepa afirmar que un régimen totalitario fue el que instauró la democracia en España, del mismo modo que todos descendemos de nuestros primeros padres.

En términos ideológicos este proceso de desnaturalización histórica de Falange comenzó a producirse hace años mediante la conversión en mera anécdota de las; categóricas expresiones de totalitarismo fascista vertidas por los jerarcas del partido o del Estado. La nítida afirmación totalitaria se desvirtuaba e incluso se hacía desaparecer de los textos escritos como si nunca hubiese sido proclamada.[3] La evidencia de no haberse podido realizar, como el propio presente político demostraba, potenciaba la verosimilitud de que aquel proyecto nunca existió. Lo que no se decía es que no se pudo llevar su existencia más allá, que el partido no dio más de sí. Y menos todavía se hablaba de las razones por las cuales el proyecto original fracasó. Antes bien, al contrario, mediante los pertinentes reajustes orgánicos se reforzaba políticamente la evidencia de lo ideológicamente denostado.

El insistir ahora en la averiguación de las causas políticas por las que Falange fracasó en su proyecto fascista autónomo resulta así ser un cometido necesario. Necesario para intentar demostrar que lo que falló en FET y de las JONS no fue la fidelidad ideológica sino la aplicación en términos de estructura de una concepción ideológica netamente fascista. Necesario porque la supervivencia del partido y la estabilidad del régimen se pagó gustosamente en términos del propio fracaso político, aceptando una subordinación impropia de un partido que se decía fascista. Necesario, en fin, porque todo ello acabó siempre traduciéndose en el reforzamiento de un régimen del que durante largo tiempo se afirmó con toda justicia su carácter totalitario. Que en definitiva se quiso, pero no se pudo. Y que cada revés político para el partido, en la medida en que se producía en un nivel inalcanzable para él, daba razón del alto precio a pagar por su privilegiada situación y reforzaba un régimen que necesitaba de tales afrentas para su mayor estabilidad.

I

Lo que denominamos paradoja falangista tiene su origen último en una afirmación vertida por Linz, Falange Española nació mal y tarde, fue un latecomer[4]. Cuando surge ya nadie se mofa del fascismo en Europa. Pero tampoco llegó a su hora por lo que se refiere al sistema republicano de partidos. Un partido de 6000 militantes, como mucho, hasta las vísperas de la guerra civil, que no llegó a alcanzar el 2 por 100 de sufragios en ninguna convocatoria electoral, era sin duda un partido fracasado. Y en ello había razones políticas profundas. La disuasión que la CNT ofrecía por el lado de la clase obrera y la boyante CEDA por el de las clases medias dejaba escaso el margen de maniobra[5].

Las cosas no cambiaron significativamente hasta la primavera de 1936 tras el descalabro electoral de la derecha que, como es sabido, se convierte ya únicamente en un centro de conspiración golpista. Falange comienza aquí lo que interpreta como el comienzo de su gran éxito. Al partido comienzan a llegar militantes, dinero y los jóvenes radicales de las JAP dispuestos a poner en práctica el mensaje implícito en su organización en la creencia de que sólo el uso de la pistola separaba a la CEDA de Falange[6]. FET y de las JONS era por lo demás víctima de fenómenos contradictorios: por una parte, la derecha se pronunciaba por el golpe militar que ellos habían propugnado desde 1935 y sus afiliados aumentaban día a día; pero de otra, su papel en la conspiración en vías de producirse era políticamente marginal. Había además un elemento de especial importancia cuya trascendencia no se alcanzó a valorar correctamente: el aluvión de nuevos militantes que en muy poco espacio de tiempo superó en número a los veteranos. Neófitos que aterrizaban, y nunca mejor dicho, sobre una organización declarada clandestina y desmantelada en su estructura central por la represión policial de que fue objeto tras la victoria electoral del Frente Popular. Se verá hasta qué punto la escasa capacidad de adoctrinamiento y organización, de disciplina en fin, tan necesaria en un partido fascista, se convierte ahora en nefasta con el desembarco de tantos y tales camaradas. Posteriormente, el partido comenzará a recibir una cantidad imprecisa pero importante de emboscados que agravará el problema todavía más.

Al comenzar la guerra la situación ofrece nuevos elementos positivos. La adecuación al conflicto bélico es tan rápida que Falange desempeñó durante los primeros tiempos la función de reclutamiento de combatientes en cantidades importantes. No en balde era el primer grupo político que se había inclinado explícitamente por la solución violenta ahora iniciada. Además, la coyuntura internacional de apoyo a los sublevados descansaba en Roma y Berlín. La organización se volcó con todas sus energías en la empresa bélica, máxime cuando parecía disponer de las mejores cartas en tan crucial envite. Sin embargo, en la opción se contenían graves errores de análisis como los hechos iban a demostrar posteriormente.

En Falange siempre se sostuvo un erróneo punto de partida: la guerra civil como equivalente de una conquista fascista del poder político, como sucedáneo del proceso de penetración social y político realizado en Italia y Alemania. Las escaramuzas en el frente se confundían con la acción de los grupos de choque callejeros, olvidando así las derrotas sucesivas que Falange había encajado durante la lucha política librada con los partidos republicanos. No reparaba tampoco en el palmario fracaso que para un partido que se decía fascista supone el desencadenamiento de una guerra civil que demostraba en último término su incapacidad política. En escasos meses de guerra se constató lo obvio: aquello era una empresa militar librada y dirigida por un ejército cada vez más regularizado.

Falange se convirtió en muy poco tiempo en el símbolo político más significado del bando alzado, al tiempo que en máquina bélica auxiliar, en una loca carrera por representar un papel en el que nunca podía competir con su sujeto natural: un ejército cada vez más celoso de sus atribuciones.

Los líderes falangistas no parecían percibir que estaban sellando de modo indeleble una dependencia esencial. Su propio éxito político dependía del resultado de una guerra. Si ésta se ganaba seguirían dependiendo del vencedor, que era además el único poder existente, el ejército. Por eso ya en la propia guerra la trayectoria política de Falange hay que interpretarla a partir de ese dato esencial, no por tanto desde el partido sino desde los centros de decisión político-militar a los que sólo en la segunda mitad de la guerra pudo acceder Falange. Tan peculiar situación de subordinación no exculpa a sus líderes, sino que antes bien agrava su fracaso político. A partir de este momento Falange se constituirá como una organización política que constituye su legitimidad, su única legitimidad, sobre los cimientos de una guerra entre compatriotas: el máximo baldón para un partido fascista.

II

Tal punto de partida se sustanció rápidamente en sus estrictos términos. El general Franco alcanzó la jefatura del partido porque ya lo era del Estado, cargo al que a su vez accedió a partir de la cooptación de sus compañeros sublevados como jefe militar supremo. Esto era para Falange un dato, el gran dato, incontrovertible.

La unificación, la creación del partido único, no fue tampoco el punto de llegada de un proceso político. Más pragmáticamente, se trató de una salida en forma de decreto a un problema de «orden» dentro de las filas políticas de los sublevados, por demás entecas, pues cuando la unificación se decreta no hay ni por asomo una estructura política digna de denominarse tal.

Había otro objetivo tras la unificación, aunque contara en su origen con muy escasos partidarios si se exceptúa a los propios falangistas. Se trataba del enojoso problema de poner límites a la movilización política iniciada en la segunda República y para lo que el Estado tradicional no contaba con estructura ni instrumentos adecuados. A tal fin, el partido acometería la función de adoctrinamiento y propaganda, de control y de neutralización del elevado porcentaje de españoles contrarios o indiferentes a lo que la nueva España significaba. Ahora bien, nunca se insistirá bastante en que este cometido se dio como sobrevenido y que para una parte significativa de los grupos políticos que apoyaron el alzamiento militar tal oferta era absolutamente Contraria a sus designios políticos. De ahí que se deba de tomar con reservas cualquier consideración que aluda a que ese objetivo estaba prefigurado en la propia unificación.

Función que además FET y de las JONS no era capaz de cumplir. A su insuficiencia originaria sobradamente contrastada debía de añadirse ahora una indisciplina generalizada que tenía su origen en la inversión de valores y jerarquías que toda guerra genera. Sólo tenía verdadero poder quien disponía de fuerza armada. Así, un jefe de una partida falangista suficientemente numerosa acababa siendo, en la práctica, incluso formalmente, jefe político del territorio.

La incompetencia era otro de los males crónicos ahora agravados. El incremento cuantitativo de militantes y la amplia oferta de cargos y funciones políticas a cubrir caía sobre una organización carente de cuadros. Aquí aparecía ya en toda su imagen la primera factura política grave: el partido, que no disponía de unos cuadros forjados en la lucha política por el poder, se encontraba con una gran cantidad de cargos que el «atajo» de la guerra había puesto en sus manos. El increíble criterio de la antigüedad en el partido dio en seguida ocupación a la escasa Falange republicana. Pronto FET y de las JONS al acabar la contienda se encontró con que prácticamente sólo disponía de expertos en el único tema que le estaba prohibido usar: el arte de la guerra.

La inclusión por decreto de una masa de militantes no mejoró las cosas, sino todo lo contrario. En el interior de la organización se acumulaban falangistas de diferente antigüedad y procedencia, tradicionalistas sin interés en dejar de serlo, el reducido pero muy activo grupo de monárquicos y reaccionarios de Acción Española y Renovación siempre en continua conspiración. Una enorme masa indefinida y nunca cuantificada, entre la que no era difícil encontrar a miembros o simpatizantes de todos los partidos del arco parlamentario republicano, completaban el elenco. Aquello parecía más un cuadrilátero para la lucha política, un partido de partidos, que un partido único. Más bien era un único partido. Fácilmente deducirá el lector la patología del tinglado. Cuando en las esferas estatales se producía algún tipo de cambio, rápidamente el partido pasaba a reproducir en su seno —con la mayor fidelidad posible— aquella alteración. Se invertía así la lógica fascista de las cosas.

Pero aún había más. El término de unificación era profundamente inexacto. Se habían unificado las organizaciones políticas, pero no todas las organizaciones de protagonismo político directo vencedoras. La iglesia, repuesta en toda la línea, y un ejército apabullantemente vencedor, no parecían muy dispuestos a compartir nada con la nueva organización[7]. De ahí que FET y de las JONS, integrante de los vencedores, se va a encontrar en una situación política esquizofrénica: su mayor obstáculo en el desarrollo de las funciones políticas que el Estado le encomienda se va a encontrar justamente en esos dos grupos de apoyo del régimen. Es más, el «dinamismo» futuro del régimen es resultado de los términos en que se irán ventilando los diversos conflictos que el paso del tiempo va abriendo entre estos protagonistas, producto de las respuestas sucesivas de un desigual combate.

III

Los supuestos políticos aludidos encontraron inmediatamente su traducción en términos estructurales y organizativos en FET y de las JONS.

Tempranamente se reflejan en los estatutos del partido en las dos versiones que sucesivamente estuvieron vigentes. Ambas se elaboraron con arreglo a las necesidades del sistema político, del régimen. Sólo muy escasamente respondían a las necesidades del partido. Incluso cabe afirmar que, la organización propuesta era netamente lesiva para FET y de las JONS. Orgánicamente se configuraba como una gran estructura burocrática, frente a la hasta entonces casi inexistente, que por lo demás no venía exigida por las circunstancias del momento. En cambio, sí que era profundamente funcional desde el punto de vista del efecto unificador del reparto del botín. La complicación de la estructura burocrática como medio de satisfacer las necesidades personales se convirtió ya en 1937 en una práctica habitual dentro del partido. Este principio corruptor era además bien visto por el propio poder estatal, pues ponía el acento en el encuadramiento estructural, en la burocracia, con perjuicio del desarrollo funcional, frontal y dinámico de la organización.

Por las mismas razones la estructura funcional del partido, el embrión de Estado alternativo en la jerga fascista, no era tal. De los doce servicios o ramas de actuación específicas del partido, cinco respondían a necesidades internas de la organización, confirmando así la propensión a buscar las razones de su existencia dentro de sí mismo, en su propia burocracia pronto rampante. Por el contrario, servicios como las juventudes o los sindicatos sólo tarde, mal y un tanto forzadamente comenzaron a «montarse». A ello contribuían tanto la incapacidad propia como la habilidad de los grupos políticos concurrentes. Fácilmente se comprenderá que con tales y tan ajenos mimbres sólo aislamiento político e incomunicación se podía lograr. Los proyectos de implantación social se alejaban cada vez más.

El trascendental tema, en toda organización política, de la reproducción de los cuadros de mando y del reclutamiento de nuevos militantes acusó también las consecuencias de los dislates falangistas y favoreció a medio y largo plazo un debilitamiento de la organización. Las circunstancias tan especiales en que el partido nació produjeron además un singular fenómeno: Falange batió su record de militantes el día de la unificación a tenor de la lectura del art. 5.º de los Estatutos de 1937[8]. A partir de aquí no va a haber sino un continuo descenso del volumen de militantes, cuyas cifras no conocemos en razón de que tampoco el partido las conoció nunca. Sólo cabe una definición jurídica del volumen de militancia. Fácilmente se comprenderá que el subsiguiente paso de adoctrinamiento y conversión de la militancia en una máquina partidaria operativa propia de un partido fascista jamás se diera.

Hubo ciertamente limitaciones para la entrada en el partido, como la que vedó la admisión directa entre 1941 y 1945. Pero ésta, al igual que las limitaciones fácticas que también se dieron fuera de estas fechas, tenía una razón ya aludida aunque inconfesable: el miedo a aumentar el número de candidatos al reparto del botín político. De modo que las dificultades para ingresar en FET y de las JONS se incrementaban en proporción directa a la presunta valía del candidato. La derogación de la prohibición expresa en la etapa republicana para desempeñar cargos en el partido una vez cumplidos los 45 años cierra la enumeración de los factores que con el paso del tiempo van a propiciar un fenómeno objetivo: el envejecimiento de los cuadros y élites partidarias y la ausencia de renovación. Aquí está el origen de un fenómeno característico del partido que llegará hasta nuestros días: las remociones tendrán naturaleza casi biológica y sus recambios procederán siempre de los cuadros burocráticos.

La desnaturalización de la militancia alcanzó tales cotas que el propio partido se vio obligado a reaccionar ante el triste espectáculo de unas bases que, no sólo no dinamizaban la organización, sino que antes bien la lastraban. La reacción se produjo en forma de sendas purgas aunque quizá sólo la primera fue realmente tal. La purga en una organización totalitaria construida en torno a verdades dogmáticas es el mecanismo de remoción de élites por antonomasia, de modo que los neófitos, mediante la radicalización y profundización del mensaje, fuerzan la movilidad de los titulares del poder. A mi modo de ver, nada de ello se produjo nunca en Falange. Lo más parecido acaeció en 1938, dados los niveles de arbitrariedad que la purga realizada aquel año conllevó. Pero fue ante todo una respuesta defensiva del partido ante el cúmulo de emboscados que motivaron en el resto de los grupos de apoyo del régimen el calificativo de FAI-lange. El tipo de respuesta dada por el partido, la expulsión de algo más de 6000 militantes, da idea de su debilidad política tanto como de su irrelevancia cuantitativa si se atiende a la militancia de entonces.

Más aparatosa fue la revisión de militancia —depuración en la jerga— que se emprendió en 1941 en razón —según rezaba la ordenanza— del apresurado reclutamiento anterior, invitando a los militantes a aclarar las filas del partido a la vista del reparto presente y del futuro que se avecinaba a causa de la próxima victoria del Eje. Precisamente por tratarse de una revisión de la militancia lo que causó fue un efecto negativo sobre el partido que ponía en evidencia así su debilidad. No hace falta decir que por ello mismo no cabía esperar demasiados frutos de la misma. Tampoco estará de más recordar que el entonces secretario general incurría en dos de las causas de expulsión automática y que por supuesto estaba prohibido investigar sobre los militares y los miembros del Consejo Nacional[9].

Sobre estas bases no cabía esperar sino lo que sucedió. El partido se fue reduciendo en volumen al paso de los años, con menos botín que repartir cada vez y con unos militantes que por ser los mismos eran cada vez más viejos.

El partido nunca vertebró al Estado. Más bien todo lo contrario. FET y de las JONS fue desde su origen un instrumento dependiente del Estado, un aparato cada vez más burocratizado en términos de administración del Estado. En seguida dispuso de sus escalafones y concursos de traslado. El desempeño de funciones estatales, en la medida en que se hacía según pautas ajenas a Falange, cuando no contrarias, acabó produciendo un síndrome de funcionarización, una especie de deseo colectivo de convertirse en funcionario del Estado. A partir de la segunda mitad de los cuarenta esta tendencia del aparato es evidente, imparable e irreversible.

El mecanismo de la unión personal tan típico y operativo para un partido fascista alteró radicalmente su significado y naturaleza. De tal modo que era el cargo estatal el que pasaba a encabezar a un tiempo la rama correspondiente del partido, supuesto particularmente sangrante cuando se trataba de personas de notorio y radical antifalangismo[10].

Pero paradójicamente, cuando FET y de las JONS ve desaparecer sus expectativas políticas «por simpatía», a tenor del resultado de la segunda guerra mundial, es cuando más consolidado está su papel como aparato de dominación y control social y político. La derrota de su propio proyecto fascista movilizador resultaba ser así particularmente beneficiosa para la estabilidad y perduración del sistema político surgido de la guerra civil. Un partido intensamente burocratizado y férreamente dependiente de instancias políticas estatales en los temas básicos era algo demasiado útil para lanzarlo al baúl de los recuerdos de las veleidades totalitarias.

IV

Lo aparentemente paradójico de FET y de las JONS estriba en el hecho de que toda derrota y afrenta no minaba ni un ápice sus utilidades políticas. Su situación de dependencia, el fracaso radical de su proyecto fascista, le hacían más útil, más adecuado como aparato especialmente cualificado para reforzar y asegurar la perdurabilidad del régimen surgido de la guerra civil. Todavía más, los conflictos que regularmente surgían con otros grupos de apoyo del sistema eran, habida cuenta de los términos en que se producían, fuente de estabilidad y de consolidación del mismo. Este mecanismo propio de los regímenes totalitarios, tan magistralmente analizados por Arendt y otros, rayaba la perfección en la etapa totalitaria del régimen del general Franco.

Lo peculiar fue el tipo de relación y el mecanismo que traducía positivamente para el aparato estatal la práctica política partidaria. Si exceptuamos los criterios políticos y orgánicos expuestos anteriormente, poco más se puede enunciar con carácter general. Por eso, prácticamente para cada rama del aparato partidario la situación era diferente, como lo eran su eficacia, implantación y alcance.

Quizá la selección que razones de espacio me obligan a hacer sea discutible, pero ilustra en cierto modo dos formas de comportamiento, dos pautas de relación que iluminan lo que de victoria y fracaso hay en Falange. Victoria porque consiguió sellar y fijar en términos políticos el triunfo bélico y su correspondiente traducción en un régimen totalitario: su protagonismo por este concepto está fuera de discusión. Derrota porque cuando el partido intentó forzar, en inmejorables condiciones, el reparto de las cuotas de poder obtuvo siempre un apabullante fracaso político. Más lacerante si cabe que el experimentado en la lucha política abierta durante la segunda República.

Hasta el punto de que no es injusto sostener que Falange fue el partido fascista más fracasado en su intento de lograr un régimen de igual tipo bajo su dominio. Y sin embargo, paradójicamente, fue el más duradero. Protagonista de la construcción de un régimen totalitario famoso por su perdurabilidad, valor supremo de la política.

Prensa y Propaganda, como modelo de función estatal encomendada al partido, y Juventudes, Educación y SEU, como intentos frustrados de implantación autónoma en la sociedad civil, espero que ilustren suficientemente las tesis sostenidas[11].

Prensa y Propaganda

Es uno de los apartados donde el partido se significó más y a su vez uno de los más condicionados desde fuera de Falange. Sus limitaciones siempre fueron nítidas. Se aceptó que era éste tema de Falange, tanto como que una cosa era la gestión y otra muy distinta su dirección. A cambio de la cesión —en precario, como se vería después— de tal encomienda el partido asumió renunciar a la propaganda de modo tácito y progresivo. Y lo que de ésta quedó —casi siempre hacia dentro del partido— se confundió en seguida con el adoctrinamiento, cuestión muy diferente.

A su vez, Falange aceptó una estructura de compromiso que a la larga le supuso gravosos costes. En la opción entre propiedad privada o pública de la prensa se optó por distinguir entre propiedad y control, encomendando éste al partido mediante la emisión de consignas y el control partidario del personal periodístico. A ello había que añadir la censura que orgánicamente nunca dependió directamente del partido, hasta el punto de que hubo frecuentemente falangistas con problemas en este sentido.

El confuso reparto de competencias en la materia entre partido y Estado se complicó a través del endiablado mecanismo de las uniones personales y reales. En la práctica, apareció el partido casi siempre como responsable político de todo lo que pasaba en la Prensa. Aunque no es menos cierto que en el origen fue él quien propició tal estado de cosas con su sistemática política de incautación de medios de prensa.

Terminada la guerra, la propaganda del partido es cada vez más pura censura y éste se vuelca con todas sus fuerzas en los temas de la Prensa y de los medios de comunicación en general. Pero pronto es demasiado poder en manos del partido. Un serio incidente político sirve de motivo para iniciar el proceso de separación mediante la creación de una vicesecretaría que sólo formalmente y en sus inicios dependerá del partido: la vicesecretaría de Educación Popular, pronto con epígrafe propio en los Presupuestos Generales del Estado.

Es la época de la superburocratización, pero es también la época —dicho sea sin demagogia— de la nueva inquisición, la llamada etapa Arias-Salgado. La dependencia orgánica del partido va a servir paradójicamente para lo contrario de lo lógico política y orgánicamente: el vicesecretario va a ser delegado de Prensa y Propaganda del partido, va a censurar cualquier expresión pública del mismo y a controlar las finanzas de sus medios de comunicación.

Muy pronto, el proceso de estatalización se confirmará cuando vientos contrarios soplen en el mundo y la vicesecretaría sea trasladada con los ascensores funcionando al Ministerio de Educación Nacional.

El final fue muy amargo para el partido. Falange, que había creado mediante la rapiña bélica un más que respetable aparato de prensa, acabó dejándose ir de las manos uno de sus más preciados logros. Se confirmaba así que el mecanismo de la encomienda en nombre y por delegación de otro era un mecanismo políticamente precario.

Claro que a cambio FET y de las JONS no quedaba periodísticamente en la calle. Seguía teniendo en las manos la propiedad y el control de la cadena de medios de comunicación más grande que nunca existió en España[12].

Los intentos de penetración social

Cuando el partido intenta logros propios de una organización fascista, atendiendo a una situación política interna y exterior que estima inmejorable, es cuando surgen todos y cada uno de los costos de su privilegiada situación. La contradicción política esencial quedaba así claramente reflejada. Los costos de su privilegiada situación, desde la que se estimaban posibles los logros fascistas, eran precisamente los que ahora los tornaban imposibles.

Extraía su poder político de un fenómeno de protagonismo compartido, la guerra civil, y carecía de unas bases sociales de apoyo definibles como exclusivas. El proselitismo y la recluta de nuevos y fieles miembros se convertía así en una práctica inexcusable de supervivencia y perdurabilidad. Su situación relativa era de clara desventaja. La iglesia, el ejército, el capital habían sido simplemente repuestos en sus privilegiados lugares de antaño y disponían de apoyos y recursos políticos propios. Falange, que tanto había contribuido a tal cambio, no. Sólo políticamente disponía de garantías harto dudosas.

La tarea que tenía por delante se complicaba más al reparar en que de poco le servían los contenidos ideológicos y políticos originales. De la cómoda situación del «anti», propia de un grupúsculo fascista, había que pasar a legitimar lo existente desde una posición de privilegio político exterior e interno. La mitad de la población, cuando menos, era contraria al proyecto político falangista, lo que junto a los indiferentes y a la oposición procedente de entre algunos de los vencedores dibujaba un cuadro poco halagüeño.

Para colmo, el proyecto político del régimen no se identificaba plenamente con el del partido. De aquí surgirá la situación de doble conciencia en los militantes falangistas más coherentes: desde una situación privilegiada denostaban parcialmente de la actuación política del régimen al tiempo que intentaban, en vano claro está, ampliar sus bases sociales de apoyo.

Juventudes

A la hora de la unificación es éste un aparato que aparece como inevitable, algo que la ideología del partido y su talante exigen crear, pero sólo crear. Cuando, tras un lapso de tiempo más que sospechoso, se encara el tema se hace con cierta desgana. Las juventudes del partido se van a entretener en actividades deportivas, culturales y sobre todo religiosas, con arreglo a unos contenidos valorativos de increíble obsolescencia.

Muy pronto, la tímida organización juvenil chocó con lo inevitable: la familia y la iglesia, que le forzaron a una actividad extraordinariamente limitada incluso en términos estrictamente temporales. Rápidamente, la iglesia exigió y obtuvo un tiempo reglado para las actividades del Frente de Juventudes[13]. Por ello, en seguida FET y de las JONS acuñó para tal actividad la idea de rapto (recuérdense los campamentos como forma de apartar al joven de su hábitat «natural»).

Otras limitaciones surgían del propio partido y por puras razones objetivas. Teóricamente, el Frente asumía el encuadramiento de 6,5 millones de jóvenes y esto ya de por sí era un imposible estructural para Falange. De ahí que el Frente jamás asumiera el reto en tales términos. Se ignoró sistemáticamente a los no afiliados. Sólo cuando éstos vinieran a adquirir algún tipo de relevancia social (asistencia a centros de enseñanza o trabajo), el encuadramiento se producía aprovechando tal coyuntura. El reclutamiento era poco más que formal. El mundo rural fue prácticamente ignorado.

El fracaso en el mundo laboral no fue sino el inicio de una política de renuncia a los grandes colectivos sobre un volumen de afiliación qué se situó en una banda de entre el 7,5 y 13 por 100 del potencial colectivo.

En 1944 se produce una reorganización que es en el fondo afirmación explícita de impotencia y humilde vuelta a unos orígenes ya imposibles. El diseño de un tipo de estructura orgánica más acorde con los principios ideológicos y con los objetivos de creación de cuadros fue fundamentalmente expresión de un voluntarismo digno de mejor causa. Un imparable proceso de disminución de la función de encuadramiento y de intensificación de la burocratización producirá, con el paso del tiempo, un singular fenómeno ya aludido: los cuadros del partido serán cada vez más un producto burocrático surgido no de la actividad política sino de la puramente oficinesca.

Educación

Es éste uno de los temas donde la distancia entre sociedad y partido llegó a ser abismal. Quizá por ello, conocedores de la dificultad intrínseca de la cuestión, los escasos líderes que hincaron el diente a asunto tan importante lo hicieron siempre acogidos al poco prometedor principio táctico de que era éste un sector que caería en manos del partido a la hora del triunfo total. Tan simple planteamiento excusaba, además, de esconder las carencias teóricas del partido y de afirmar una situación casi inconfesable: el control de la iglesia sobre el aparato educativo desde el primer momento del golpe de Estado[14].

El partido, además, creía o aparentaba creer que se trataba de la educación política en un marco de movilización totalitaria. Consecuentemente, Falange entendía que el tema quedaba «pendiente» de cumplirse los requisitos previos. Pero otras veces se sostenía con igual rigor que toda educación era política, lo cual era cierto… en el marco de una sociedad totalitariamente movilizada, cosa que estaba por producirse.

Independientemente de estas enunciaciones, siempre coyunturales, lo cierto era que para Falange había en esta cuestión un hecho inconmovible y genuinamente constituyente: la educación era patrimonio de la instancia religiosa que, cuando FET y de las JONS todavía no había reparado en la importancia del aparato educativo, ya había procedido por personas interpuestas a una recatolización radical de todo el sistema creado bajo la segunda República.

Ciertamente, el partido jugó su papel, pero un papel secundario y nunca en el marco de ningún pacto, por la sencilla razón de que no hubo ni pudo haber siquiera amago de enfrentamiento. Sólo cuando las potencias del Eje estuvieron en su punto más álgido acometió Falange la cuestión y de modo muy peculiar y subordinado.

Tras la brutal depuración del cuerpo de maestros y profesores que articuló el ministerio de Sainz Rodríguez, y aun antes de que éste existiera, desde finales de 1936, funcionaba en Burgos una comisión integrada entre otros por Pemán, Toledo y Robles, Súñer, Puigdollers, etcétera, que eran los que iban a establecer los contenidos educativos acordes con el nuevo estado de cosas y que controlarán tan importante parcela durante larguísimos años para mayor gloria de los más reaccionarios postulados.

El partido tiene aquí una función subsidiaria, de «guardia de corps», al encomendársele el control y encuadramiento del personal docente a través de un aparato especializado, el SEM. Paralelamente, el ministro de Educación será siempre el delegado nacional de servicio encargado de ahogar cualquier pretensión falangista por ampliar su campo de acción más allá de lo estrictamente encomendado.

Y es lo cierto que lo encomendado fue formalmente bien ejecutado. La práctica totalidad de los maestros nacionales formaron parte del SEM, es decir, de Falange. Claro que al obtener esta afiliación con artimañas burocráticas, sólo burocráticamente eran miembros del partido. Pero el sistema político tampoco pedía más que un control potencial que previniese frente a los desviacionismos y garantizara la eficacia en el tiempo de los efectos de una simpar depuración como la realizada ya desde la misma guerra.

El SEU

Curioso y paradigmático caso éste del sindicalismo español universitario. En el período republicano fue el núcleo básico de Falange. Tuvo cierto éxito entre los universitarios por la insistencia en lo joven como neutralizador ideológico de otras divisiones sociales alternativas. De aquí surgieron siempre los líderes más capaces del partido. Pero tras la guerra las cosas cambiaron de modo sustancial.

El SEU había sido y quería seguir siendo la vanguardia del partido. Pero lo joven como aglutinante ya no era de recibo. No sólo porque los años iban pasando, sino porque era ésta una categoría que no distinguía entre vencedores y vencidos, negando implícitamente la base de legitimidad del partido: el resultado de la guerra civil. Los seuistas reclamaban además un papel protagonista a modo de grupo de presión, apoyados en una mítica pero cierta tradición radical. Reivindicaban el papel de educadores de los futuros líderes que en su criterio debían surgir del sindicato, razón por la cual solicitaban la inclusión en la junta política de sus principales jefes con carácter nato. A mayor abundancia, se mostraban muy remisos a abandonar su principal bandera estatutariamente reflejada, «laborar por una enseñanza única del Estado». Todo ello constituía argumento más que suficiente para poder afirmar que tal organización carecía de sitio en el nuevo orden de cosas.

En 1937, con los nuevos estatutos se inicia un proceso de desmontaje del sindicato comenzando por diluir el objetivo de la enseñanza única y volcando la organización hacia una función de control de los universitarios, creando burocracia donde jamás la hubo. Paradójicamente, una organización especializada en la agitación política en la universidad debía dedicarse ahora justamente a lo contrario.

La profunda alteración del tipo de estudiante con relación a la República y aun del propio contexto, junto con el aislamiento producido por la función de control encomendada, inició el proceso de destrucción de la otrora organización más potente de Falange.

A partir de aquí la evolución acabó desembocando en la humillación más profunda. En octubre de 1942 se establece que las Milicias Universitarias son encargadas del orden público en los campus y este mismo año el SEU es integrado orgánicamente en el Frente de Juventudes.

La puntilla llega sin duda el 11 de noviembre de 1943, cuando una orden ministerial establece la sindicación única y obligatoria. En fin, la Ley de Ordenación Universitaria le encomienda el encuadramiento y control del estudiante. No tardando mucho, el Sindicato Español Universitario terminó haciendo algo impensable: convocar elecciones estudiantiles.

CONCLUSIÓN

Tras todo lo expuesto quizás encuentre cierta justificación el título que encabeza estas líneas. Si se repara en la sociedad española de los años treinta creo que se puede afirmar categóricamente que Falange Española llegó mucho más lejos de lo que nadie en su sano juicio podía prever, incluyendo al militante más optimista. Falange dispuso de una organización en régimen de monopolio de inusitado volumen e importancia. No debe caber ninguna duda por este extremo de su profunda y prolongada huella en la sociedad española.

Pero no es menos cierto que Falange nunca dispuso de la iniciativa política autónoma indispensable para articular un proyecto de dominación totalitaria y fascista. Eso fue un mito.

Hubo sin duda dominación totalitaria. Y todavía más, el logro de tal dominación fue sólo posible mediante el concurso de Falange. Hasta el punto de que sólo mediante la renuncia al proyecto fascista, sólo mediante la declaración implícita de incapacidad para hegemonizar un proyecto fascista, fue posible la persistencia y duración de un Estado que durante mucho tiempo pudo ser denominado totalitario con todos los pronunciamientos y sin ningún género de dudas.

Sobre los comienzos del sindicalismo franquista, 1939-1945 (Miguel A. Aparicio)

MIGUEL A. APARICIO

SOBRE LOS COMIENZOS DEL SINDICALISMO

FRANQUISTA, 1939-1945[1]

INTRODUCCIÓN: EL ESTADO FASCISTA Y SUS ORGANIZACIONES SINDICALES

Sin más pretensiones que encuadrar los elementos de análisis que introduciré posteriormente, deseo empezar esta comunicación con el enunciado de alguno de los rasgos caracterizadores del sindicalismo fascista. Esta necesidad de estudio previo se presenta ante todo como una exigencia en la comprobación del paralelismo, aparente o real, entre los modelos sindicales fascistas y la organización sindical española. Entre otras razones porque ese paralelismo ha sido invocado, bien para defenderlo o bien para rechazarlo, por la mayor parte de los autores que han tratado algún aspecto del régimen político impuesto tras la guerra civil. Lo curioso es que en este campo no hay unanimidad entre los distintos bandos ideológicos. Incluso dentro de los agiógrafos del régimen ha habido quienes no han dudado en calificar de «residuo fascista» a la organización sindical. Brian Crozier, uno de estos intelectuales europeos de media fila que logró captar el franquismo en sus postrimerías, indicaba, como sin darle importancia, que «los sindicatos verticales siguen siendo todavía uno de los más permanentes adornos fascistas del régimen de Franco». Esto se publicaba en 1969, fecha en la que también aparecía una obra del catedrático de Derecho Político —R. Fernández de Carvajal— (La Constitución española) con el sano propósito de demostrar el carácter constitucional del régimen y su carácter relativamente adaptable a los demás sistemas europeos.

La primera característica común en los Estados fascistas clásicos ha sido la de crear sus propias organizaciones sindicales como aparatos insertos en el propio Estado. Su sistema político, reproducción en buena parte de una estructura militar modernizada gracias al papel del partido único (segunda gran característica común), culminaba un proceso de integración coactiva del movimiento obrero cuyos rasgos ya se habían apuntado en épocas políticas anteriores. En definitiva y en este aspecto, los aparatos sindicales fascistas son la versión contemporánea de la actitud del viejo Estado liberal frente a la lucha de clases: la de la prohibición radical de las organizaciones sindicales. Naturalmente que el fenómeno es mucho más complejo y que no pretendo ningún tipo de asimilación hipostática entre ambas formas estatales; pero lo que sí es indudable es que nos hallamos ante dos maneras de tratamiento de la lucha de clases que parten de una visión común: la de su rechazo y la instrumentación de medios pertinentes (distintos en cada momento histórico) para impedir que aflore políticamente.

Esta radical negación de la lucha de clases (lo que en términos funcionalistas se llamaría negación a la institucionalización del conflicto) cruza de arriba abajo la estructura política e ideológica del Estado fascista que si, por un lado, concentra el poder político, por otro mantiene y profundiza la propia estructura de la sociedad civil. En definitiva, el poder se ejercerá para lograr un doble núcleo de objetivos: en el ámbito interior, la consolidación política de las clases dominantes bajo la hegemonía de una de sus fracciones y, en el exterior, facilitar las vías de salida de la expansión imperialista.

Este doble espectro de objetivos, en el que coinciden la mayor parte de los comentaristas, fue acompañado de respuestas derivadas de esas necesidades. La fundamental de ellas y premisa necesaria para satisfacerlas fue la creación y articulación especial de los aparatos de dominación de la clase obrera. De todas formas, se hace preciso distinguir entre los fines generales pretendidos y las consecuencias accesorias de los medios utilizados; pero, también, a su vez, hay que distinguir entre las pretensiones de las fuerzas que apoyaron y mantuvieron la subida del fascismo al poder y los fines del propio movimiento fascista. En la primera distinción, los fines generales del Estado fascista se concretan en el logro de esa finalidad última que corresponde al capitalismo en su estadio monopolista: la remoción de obstáculos que impidan el desarrollo de las relaciones de producción capitalista y la continuación del proceso de acumulación y concentración. En este sentido, el Estado fascista no supone sino una articulación especial de las diversas instancias políticas en torno a la aceleración de ese desarrollo. En la segunda, los fines del propio movimiento fascista dado su específico contenido de base inicial pequeño burguesa se mueven esencialmente en el terreno del ejercicio del poder al servicio, con determinadas contradicciones, de los intereses anteriormente indicados.

Las consecuencias de este entrelazamiento de objetivos vinieron expresadas en los medios excepcionales utilizados para su consecución.

Estos medios excepcionales se explican en virtud de la coyuntura concreta en que se encontraban los respectivos capitalismos nacionales, en su estructuración interna y en el ámbito internacional. Es indudable, por ejemplo, que la subida del fascismo liquidó el reformismo, pero no como finalidad preferente —en contra de lo que señalaba Rosemberg— sino más bien como una consecuencia general de la opción escogida por el gran capital.

Sin entrar en la complejidad de la articulación de clases que el fascismo potencia (subordinación del medio capital y de la propiedad media agraria), lo cierto es que, con el Partido Único como gran auxiliar, su funcionalidad general de carácter bonapartista requirió de una reestructuración de sus aparatos políticos en línea con los objetivos a que respondía. En un primer acercamiento nos encontramos con una organización sumamente centralizada que liquida poderes locales y refuerza los mecanismos jerárquicos de la administración. Todo ello favorece una mayor homogeneidad en la toma de decisiones aunque, como es obvio, no se consiguiera la eliminación de las distintas contradicciones internas. La segunda característica está representada en el rol jugado por el partido fascista, especialmente en la primera fase del asentamiento del Estado. Se trata de un rol múltiple que enlaza la base social de apoyo con los aparatos estatales, integra a los funcionarios de la ideología y despliega los medios coercitivos necesarios en el proceso de dominación. Sin embargo, el partido no es un simple instrumento en manos del gran capital, como lo pone de manifiesto su carácter de partido de masas en la etapa de consolidación. En realidad, su principal función vendrá dada por el mantenimiento del apoyo al Estado por parte de las clases medias, de un lado, y de otro por la cohesión general que ideológicamente proporciona a la mayor parte de los aparatos del Estado. Como es sabido, una vez estabilizada la dictadura fascista, la comunicación con las capas medias ya no será un factor institucional indispensable aunque siga, en cambio, siendo necesaria la función ideológica. En todo caso, pasada la fase de estabilización, el partido se diluye en cierta forma en el interior de los aparatos estatales o funciona como uno más de entre ellos.

Alrededor de las notas que acabo de enumerar, se produce progresivamente una reestructuración general del conjunto de esos aparatos estatales: la represión se convierte en un centro básico de aseguramiento del poder político, excediendo ampliamente los instrumentos de coacción tradicionales del Estado; la unificación ideológica es proyectada no sólo por los aparatos estrictamente especializados en ella sino por todo el conjunto de organismos estatales. Y, sin embargo, el aspecto de mayor importancia es el de la organización de la dominación de la clase obrera a través de todos los expedientes a su alcance.

Este hecho fundamental es el que, por encima de todos los demás, caracteriza al Estado fascista. No se trata de que únicamente se persiga la dominación física de esta clase. Se trata, sobre todo, de lograr su sometimiento incondicional en el proceso productivo y al poder político. La organización del consentimiento y la coacción, la supresión de organismos obreros autónomos y su sustitución por órganos estatales especializados modulan en la práctica estatal fascista el objetivo expresamente fijado de «suprimir la lucha de clases».

Como es lógico, cada uno de los dos Estados fascistas-tipo (el italiano y el alemán) siguieron unas pautas organizativas distintas en materia de organización sindical obrera. El primero fue implantando progresivamente el sistema de centralización e integración de los sindicatos dentro del Estado siguiendo los mismos pasos que el propio proceso de transformación fascista del Estado. El segundo, lo impuso con gran celeridad, como correspondió a su propio proceso de consolidación.

Pero es que, incluso, aunque las finalidades eran las mismas los modelos organizativos fueron diferentes. En el supuesto italiano, donde hasta la Ley de 1926 no se establece el principio de unidad sindical, se mantuvieron separadas las organizaciones patronales y las organizaciones obreras. Incluso hasta 1928, en que es separado Rossoni de la dirección sindical fascista, los sindicatos mantuvieron ciertas veleidades populistas con algún enfrentamiento con la patronal. Por el contrario, en el Estado nazi fue eliminado cualquier tipo de organización sindical desde el primer momento y sustituido por una organización sui generis —el Frente Alemán del Trabajo—, con la misión estricta de conseguir la «paz en el trabajo», consistente en la aplicación estricta del Führer-prinzip dentro de cada una de las empresas.

Dado el carácter de estas notas, no puedo extenderme en perfilar ambos modelos y destacar sus principales elementos. Baste indicar este carácter común de constituir, en los dos casos, un instrumento específico de dominación política y social en la línea de «eliminar la lucha de clases» y ese carácter diferencial de articularse con sistemas orgánicos distintos como aparato de Estado.

EL PAPEL POLÍTICO DEL SINDICALISMO VERTICAL

Dadas las peculiaridades de este tipo de trabajo, pretendo desarrollar únicamente dos de los puntos posibles: la construcción normativa del sindicalismo vertical en el período que nos sirve de referencia y algunos aspectos de su expresión ideológica. Sin duda, es una visión demasiado escueta para un fenómeno tan importante y tan diverso a la vez.

El proceso de creación de los sindicatos verticales

Lo que resultaría finalmente el edificio orgánico de la Organización Sindical española adquiere su expresión más gráfica en las sucesivas disposiciones normativas que la van apuntando primero, creando después y adaptándola más tarde hasta una consistente estabilización.

Tal vez la perspectiva de hacer alusión a tales normas jurídicas sea excesivamente parcial e incapaz de poner de manifiesto el plural entramado histórico en el que y mediante el cual la Organización Sindical aparece. Pero, sin embargo, posee una virtualidad a mi juicio muy señalada: no hay que olvidar que nos enfrentamos con un período una de cuyas características más importantes reside en el ejercicio desnudo de la fuerza; en el que en buena parte la ideología son ideas y valores no sólo de justificación sino también de definición y exteriorización de esa misma fuerza. Y, por eso, la mayor parte de las disposiciones jurídicas adoptan un doble carácter: por un lado, se alejan voluntariamente de las técnicas jurídicas liberales, con todo su peso ideológico encubridor, y, por otro, exponen de forma muy directa los propósitos que mueven a adoptar las decisiones. No quiero decir que siempre sea así; lo único que quiero es resaltar este aspecto (a mi juicio no lo ha sido suficientemente) que de por sí puede aportar bastante luz sobre los contenidos objetivos del franquismo.

La primera disposición de carácter general que afecta a las actividades sindicales aparece en el primer «bando» de la Junta de Defensa Nacional, de 28 de julio de 1936, por el que se declara el «estado de guerra»: «Se considerarán como rebeldes … Los que coarten la libertad de contratación o de trabajo o abandonen éste, ya se trate de empleados, patronos u obreros».

Más decisivo y conceptualmente elaborado es el Decreto de 13 de septiembre de 1936, en el que aparece una clara concepción del adversario («entidades que, bajo la apariencia política, envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales, espejuelo para que las masas obreras —subrayado mío— siguieran a sus dirigentes, quienes las aprovecharon para medrar a su costa…», etcétera) y en el que se declaran fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que hubieran formado parte del Frente Popular o se hubieran opuesto a las fuerzas que cooperaban al Movimiento Nacional. Con esta norma se iniciaba el proceso de allanamiento que facilitaría las construcciones políticas del bando insurgente.

Pocos días después, el Decreto de 25 de septiembre se aplica en crear una escala de necesidades y justificar las medidas a tomar: bajo el lema del «carácter netamente nacional del Movimiento salvador», se impone la exigencia primordial de «una abstención absoluta de toda actividad política y sindical» —subrayado mío—. Pero a la vez, marca un objetivo que se convertirá en la línea directriz de todo el proceso posterior: «Día llegará —dice el mencionado decreto— en que el Gobierno que rija los destinos de España sabrá desarrollar la única política y la única sindicación posible en toda nación bien organizada: la política y la sindicación que rijan y controlen los directores de la cosa pública, como depositarios de la confianza del pueblo» —subrayado mío—. La consecuencia de toda esta motivación no se hacía esperar: «Quedan prohibidas, mientras duren las actuales circunstancias, todas las actuaciones políticas y las sindicales obreras y patronales de carácter político, aunque se autoricen las agremiaciones profesionales sometidas exclusivamente a la autoridad de esta Junta de Defensa Nacional y de sus delegados».

A partir de aquí sucesivas normas irán despejando el camino de obstáculos en la construcción del nuevo aparato político y sindical: la Ley de 10 de enero de 1937 regula la incautación, censo y administración de los bienes pertenecientes a las organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular y, tras sucesivas órdenes de la Junta Técnica del Estado, se va confeccionando la lista de las organizaciones afectadas hasta llegar a la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que declara «la pérdida total de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes». Finalmente, la Ley de 29 de septiembre de 1939 cierra este primer desarrollo normativo declarando: «Los bienes de los antiguos sindicatos marxistas y anarquistas no pueden ser destinados a ningún fin más propio que el de constituir el patrimonio de aquellos otros que, bajo la dirección política de FET y de las JONS y agrupados bajo la Delegación Nacional de Sindicatos de la misma, han de constituir la base de la futura organización económica nacional». Esta ley todavía tuvo posteriores especificaciones (creación, por ejemplo, de la Comisión Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas), pero fueron meros detalles para su mejor puesta en práctica.

Junto con esta línea de supresión de obstáculos, aparece confluyentemente una segunda de formulación de directrices y adopción de decisiones tendentes a plasmar la organización sindical propia. Existe todo un proceso de unificación interna de las diversas opciones sindicales en el seno insurgente que culmina en un primer estadio con el conocido Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937 (en el que no entraré) y que va a marcar luego una serie de peripecias muy ilustradoras del propio papel político jugado por este sector del régimen.

Por lo pronto, el artículo 1 de la Orden de la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional, de 23 de junio de 1937, excluía de las disposiciones unificadoras y de la prohibición de realizar actividades sindicales a «las asociaciones cooperativas y sindicatos agrícolas, por lo que en lo sucesivo se admitirá y tramitará normalmente la documentación que los agricultores y ganaderos presenten para la constitución de los referidos organismos con sujeción a las disposiciones vigentes». De esta manera surgía un primer obstáculo a la unificación interna al dejar libres a las organizaciones patronales del medio rural, monopolio de la CESO y bastión del sindicalismo católico.

Mas, si por un lado se dejaba subsistente el esquema sindical rural católico, por otro se abordaba con prontitud la unificación en otras instancias: «Procederá a la inmediata reunión bajo su presidencia —decía un telegrama-circular del secretario político de FET y de las JONS, en mayo de 1937— sindicatos patronos y obreros afectos a Falange Española y Obra Sindical Corporativa y a su unificación con arreglo a las normas siguientes…». Y a continuación indicaba la necesidad de agrupación de los obreros por profesiones y localidades, cuyos directivos debían ser nombrados por el jefe provincial de Falange y de actuar de la misma forma con los sindicatos y asociaciones profesionales. En realidad, esta disposición se refería a los sindicatos falangistas casi exclusivamente ya que la Obra Nacional Corporativa (el telegrama confunde el adjetivo) apenas tuvo implantación alguna.

Como quiera que sea, la primera norma que acomete la tarea global de perfilar los caracteres y organización de los futuros sindicatos verticales se halla contenida en el Decreto de 4 de agosto de 1937, por el que se aprobaban los estatutos de FET y de las JONS. En éstos, los sindicatos son regulados como un servicio necesario del Partido Único (artículo 23) «para encuadrar el trabajo y la producción y reparto de bienes. En todo caso, los mandos de estas organizaciones procederán de las filas del Movimiento y serán conformados y tutelados por las jefaturas del mismo como garantía de que la Organización Sindical ha de estar subordinada al interés nacional e infundida de los ideales del estado» (artículo 29). Se encuentran aquí las líneas generales de conformación de la Organización Sindical durante todo el período que estudiamos: el artículo 30 establecía que «la jefatura nacional de sindicatos será conferida a un solo militante y su orden interior tendrá una gradación vertical y jerárquica, a la manera de un ejército creador, justo y ordenado». Estos estatutos fueron luego modificados por dos decretos (de 26 de noviembre del mismo año y de 31 de julio de 1939), pero este principio fundamental quedó incambiado. De esa forma, la futura Organización Sindical se estructuraba como un servicio del partido, dirigido por un delegado nacional, nombrado y destituido por el jefe nacional del Movimiento, es decir, por el general Franco, en quien, como es de sobra sabido, convergían «todos los poderes del Nuevo Estado».

En principio, pues, ninguna autonomía se concedía al proyecto sindical; más bien todo lo contrario, y en cualquier supuesto no mayor que el que hubiera podido tener el Partido Único. Las cosas, sin embargo, no fueron así y, como ya he escrito en otras ocasiones, se asistió a un intento de lograr un cierto margen de maniobra propio aglutinando un sector de la élite política que pretendía un mayor poder. Pero en esta cuestión no podemos entrar. Ahora nos interesa señalar muy brevemente unas cuantas normas que expresan bastante bien la confusión en que se desenvuelve este inicial proceso.

Porque, en efecto, durante la guerra civil y mientras se dictaban las normas anteriores, habían ido apareciendo varias disposiciones —normalmente bajo el rótulo de «órdenes»— creadoras de un buen número de «organismos sindicales», que también son llamados «sindicatos», donde aparecen algunos tan peculiares como el Sindicato de la Hoja de Lata y el Estaño, o el Sindicato de Importación de Abonos, también llamado, este último, de Fertilizantes. En realidad se trataba de organismos de intervención económica que en determinados momentos se superpusieron a las Comisiones Reguladoras de la Producción (creadas el 21 de abril de 1938). La mejor muestra de este carácter es fijarse en la composición de sus comités sindicales: estaban formados exclusivamente por miembros del gobierno, un vocal por los empresarios del sector afectado y un delegado de FET y de las JONS.

Al margen de estos «sindicatos» ningún otro organismo especial aparecerá durante la guerra civil. Incluso existe una amplia variedad de interpretaciones sobre qué estructura debían adoptar al término de la misma, según veremos más adelante, hasta el límite de que el mes de mayo de 1937 el secretario político de FET y de las JONS dicta una circular ordenando que «las delegaciones sindicales provinciales y las delegaciones provinciales de Prensa y Propaganda se abstendrán en absoluto de publicar escrito alguno que pretenda interpretar el contenido del citado punto» (circular de 2 de mayo de 1937). El citado punto no era ni más ni menos que uno de los Veintisiete Puntos de FET y de las JONS que habían sido reducidos a veintiséis en el Decreto de Unificación y que justamente trataba de qué Sindicatos pretendía la Falange.

De esta forma surge, al compás del proceso de reorganización del Estado, una reformulación del proyecto sindical. Por Ley de 30 de enero de 1938, a la par que se volvían a consagrar los plenos poderes del general Franco, se daba una nueva estructuración a la administración del Estado y se creaba el Ministerio de Organización y Acción Sindical con la misión de asumir las competencias sindicales que, en principio, tenía otorgadas el Partido Único. Y aunque la existencia de este nuevo organismo no aclaró demasiado el panorama sindical sí que, en cambio, puso de relieve cómo el inicial proyecto falangista no tan sólo no era patrimonio exclusivo de ese sector sino que en cualquier momento le podía ser sustraído.

Las aportaciones de esta fase son en resumen pocas y hasta en ocasiones grotescas. La creación de las Centrales Nacional-Sindicalistas por Decreto de 21 de abril de 1938, que pretendían «terminar con el confusionismo existente en la actualidad» —según rezaba la exposición de motivos— marca una sugerente organización dual en que los delegados provinciales de sindicatos son miembros del partido y, simultáneamente, delegados del ministerio. Esta clásica vía de la centralización por medio de los delegados no tuvo apenas desarrollo. Lo más peculiar fue la creación de los llamados «síndicos económicos» por Decreto de 5 de agosto de 1938, que aparecieron como la piedra filosofal para conseguir la intervención de los organismos sindicales en «la ordenación de la vida económica nacional». Pues bien, tales síndicos («es un título de honor, el honor más alto a que pueden aspirar los elementos productores», decía el n.º 19 de la revista Vertical) no era más que un desmesurado organismo consultivo cuyos miembros eran designados por el gobierno y que debían operar exclusivamente mediante encargo. El número 1 de la revista Organización y Acción Sindical parece que no compartía este juicio. Por el contrario, para ella «los síndicos económicos —nombre de rancia estirpe española, grave y austera— responden a todas las exigencias de la doctrina nacional-sindicalista y sirven al mismo tiempo a las necesidades de un estado moderno». Naturalmente, carecían de cualquier competencia que no fuera consultiva.

Más importante fue, como es de suponer, el Fuero del Trabajo, que expresó en este ámbito unas directrices lo suficientemente ambiguas como para que pudieran ser moldeadas en el futuro sin excesivos problemas, y ello a pesar de las aparentemente rotundas afirmaciones que se contienen. Su Declaración XIII, tras indicar que la organización nacional-sindicalista del Estado se inspirará en los principios de unidad, totalidad y jerarquía, ordenaba el encuadramiento de todos los factores de la economía en sindicatos verticales, que sus directivos serían militantes del Partido Único y especificaba como caracteres de la Organización Sindical el ser un instrumento al servicio del Estado, a través del cual «realizará principalmente su política económica», definiendo al sindicato vertical como «una corporación de derecho público que se constituye por integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado». Recordemos que esta norma fue de 9 de marzo de 1938. Desde luego, el Fuero del Trabajo, tal como se promulgó, constituyó más la expresión de un determinado pacto ideológico («norma programática») que una norma de contenido institucional. Pese a lo cual sirvió como punto de referencia a los intentos sindicales una vez que hubo terminado la guerra civil.

Con toda esta serie de disposiciones podemos percibir, al menos, una cierta ebullición en las diversas alternativas que se proponen para la definitiva estructuración sindical. Lo cierto es que la guerra civil marcó más las pautas de una cierta lucha ideológica que los rasgos perfilados de la institución que estamos comentando. Entre otras razones porque las finalidades que habría de cumplir con posterioridad la Organización Sindical estaban siendo cubiertas por los propios mecanismos militares bélicos.

Es, en consecuencia, al término de la guerra cuando el proceso legislativo nos permite ver con mayor claridad los elementos básicos del papel que va a otorgarse a la Organización Sindical. Según veremos más tarde, es el momento en que se crea la primera Delegación Nacional de Sindicatos y es el momento también en que comienzan a dibujarse con cierta precisión las funciones políticas generales que se atribuyen al nuevo aparato.

De esta forma, la cadencia legislativa continúa con dos normas fundamentales: la Ley de Unidad Sindical, de 26 de enero de 1940, y la Ley de Constitución de los Sindicatos, de 6 de diciembre del mismo año. Entre una y otra se desenvuelve un período muy rápido de construcción sindical con ciertos aires de disidencia política. Previamente, en una nueva reestructuración de la administración, el Ministerio de Organización y Acción Sindical había sido sustituido por el Ministerio de Trabajo, separándose así la rama laboral que quedaba en éste de la rama sindical que pasaba de nuevo al Partido Único. Pero veamos, en primer término, los rasgos generales de las dos leyes anteriormente apuntadas.

La Ley de Unidad Sindical sentaba el principio del monopolio sindical por el Partido Único: «La Organización Sindical de FET y de las JONS —decía— es la única reconocida con personalidad suficiente por el Estado …». Monopolio relativo, sin embargo, porque a continuación añadía que: «No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las corporaciones de derecho público y los organismos de índole social que ejerzan, por disposición emanada del poder público, representación profesional económica, subsistirán en el ejercicio de sus funciones hasta que se acuerde lo contrario por ley o decreto, según los casos, acordado en consejo de ministros» (artículo 1, párrafos 1 y 2). Por otro lado, también quedaban excluidas de la unificación las entidades que con anterioridad al mes de octubre de 1938 (Ley de Cooperativas) viniesen funcionando como tales cooperativas.

Ello no fue obstáculo para que desde el equipo de sindicatos se iniciase una amplia y rápida operación unificadora que le trajo no pocos problemas poniendo de relieve un cierto enfrentamiento entre élites políticas del que luego daremos cuenta.

Como quiera que sea, lo cierto es que la Delegación Nacional de Sindicatos comenzó a emitir una serie de disposiciones dotándose de una organización interna dividida en «servicios», tres «secciones» especializadas, una asesoría jurídica, una secretaría de despacho y un consejo asesor, y desarrollando la creación de los primeros Sindicatos Nacionales y de los llamados Servicios Nacionales (que más o menos eran idénticos a dichos sindicatos).

Hay que advertir que en el período que transcurre entre las dos leyes que acabamos de indicar toda la operación creativa se dirigió, aparte de la reestructuración interna, a fundar tales Sindicatos Nacionales con fines esencialmente de control económico. Para ello, al tiempo de promulgarse la Ley de Constitución de los Sindicatos, o Ley de Bases, se había procedido a una organización unitaria de cada sindicato que adoptaba la estructura siguiente: ámbito nacional, con sus jefaturas, dividido a su vez en «ciclos» (de producción, de industria y de comercio) y éstos, a su vez, en «grupos» variables; a continuación se hallaba la zona económica en que cada «grupo» se extendía territorialmente; se terminaba con el ámbito provincial, que seguía una división muy similar a las anteriores. La provisión de los cargos se efectuaba directamente bien por el delegado nacional (jefes, subjefes, secretarios y vicesecretarios nacionales de cada sindicato), bien por el jefe nacional del sindicato que nombraba todos los demás cargos inferiores.

Ahora bien, mientras tanto subsistieron las Centrales Nacional-Sindicalistas, que tenían un ámbito provincial y local y que estaban destinadas al «encuadramiento» de las «masas» y que también fueron reordenadas: al frente de cada provincia, el delegado provincial de sindicatos era el jefe de la CNS provincial correspondiente, dependía y era nombrado por el delegado nacional y tenía bajo su mando los delegados comarcales y locales. Su estructura orgánica general era la siguiente: un secretario provincial como segundo jefe; una administración encargada de recoger las cuotas y coordinar la actividad de los enlaces sindicales; inspección provincial; cuerpo de delegados administrativos; asesoría jurídica; servicio de estadística y colocación; jefatura de obras sindicales, etcétera. Como se ve, emerge un aparato administrativo bastante desarrollado que se plantea como expresión de la organización central encarnada en la Delegación Nacional de Sindicatos.

Pues bien, estas líneas organizativas van a ser recogidas y fijadas por la Ley de Sindicatos de 6 de diciembre de 1940. Las Centrales Nacional-Sindicalistas como órganos de masa y los Sindicatos Nacionales como órganos económicos u órganos sin masa. Las primeras, encargadas de «establecer la disciplina social de los productores sobre los principios de unidad y cooperación» (artículo 16), tenían una estructura de mando basada en un estricto principio jerárquico con un escalamiento sucesivo de jefaturas individuales con poder cuasi absoluto en la propia esfera. Los segundos poseían una estructura algo más compleja: en cada Sindicato Nacional un jefe asistido por una Junta Central Sindical (integrada por un número indeterminado de «jerarquías», jefes de los diversos «ciclos», «secciones» y «grupos económicos» además de un representante de cada ministerio afectado por la rama o servicio afectado por cada sindicato). Otra novedad importante era que se cambiaba el sistema de designación de los cargos: el jefe de cada sindicato era nombrado por el jefe nacional del Movimiento (es decir, el general Franco), las «jerarquías» por el secretario general del Partido Único; los representantes ministeriales por el gobierno; y quedaba en manos del delegado nacional el nombramiento de los jefes de los diversos «ciclos», «secciones», etcétera. Las otras subdivisiones orgánicas quedaban como hemos apuntado líneas atrás.

A partir de esta ley se «formaliza» la Organización Sindical, no sin antes sufrir modificaciones sus órganos de dirección central como consecuencia de la caída del primer delegado nacional, Gerardo Salvador Merino. El Decreto de 28 de noviembre de 1941 reorganizaba la Secretaría General del Movimiento y el 29 del mismo mes una orden de dicha secretaría reestructuraba la Delegación Nacional de Sindicatos mediante la creación de una Secretaría Nacional de Sindicatos y cuatro vicesecretarías (Ordenación Social, Ordenación Económica, Obras Sindicales y Organizaciones Administrativas), en un camino de progresiva centralización y afianzamiento de la autoridad única de la Secretaría General del Partido. Se prosiguió de esta forma el desarrollo organizativo sindical, cuya característica común (en cuyo detalle no podemos entrar) fue la de la proliferación burocrática y de órganos de la más variada tipología.

Por fin, dos decretos de la Jefatura del Estado de 17 de julio de 1943: uno regulaba las funciones generales de los organismos sindicales, distinguiendo entre «línea política de mando» y «línea económico social», que en adelante se convertirían en los dos grandes principios teóricos de la Organización Sindical. Estas funciones se reputaban autónomas, para lo cual se concedía a las organizaciones sindicales personalidad jurídica pero «sometidas a la disciplina política de FET y de las JONS». Declaraba, por último, dicha norma la separación entre el patrimonio sindical y el patrimonio del Partido Único. El otro versaba sobre «provisión de jerarquías en las unidades sindicales» y supuso la introducción de un restringido sistema electoral cuyo esqueleto era el siguiente: por elección directa los afiliados a los sindicatos escogían únicamente los puestos a cubrir de primer grado (cofradías, sindicatos de empresa, gremios y hermandades locales) entre una lista de candidatos, elaborada por el delegado local de sindicatos, que debía contener el triple de nombres de los puestos a cubrir. Realmente, no se podía pedir más.

Tras estas disposiciones, por un nuevo Decreto de 17 de julio de 1944, se convocaron las primeras elecciones sindicales, que tuvieron lugar el 22 de octubre siguiente. Definitivamente, la Organización Sindical había adquirido la estructura más adecuada a la función política que se le exigía.

Mas ¿cuál era ésta?

Las funciones y el juego político de la Organización Sindical en su expresión ideológica

Es evidente que afrontar este problema exige tener en cuenta, al menos, una serie de elementos que se superponen: la expresión ideológica, el juego del aparato sindical dentro del Estado y las funciones concretas que va desempeñando.

Lo primero que hay que indicar es que la novedad más importante que introduce el régimen franquista sobre el período anterior de la restauración y, más en concreto, sobre la dictadura de Primo de Rivera es la aportación del Partido Único. Y que dentro del Partido Único el conjunto institucional y político más destacado ha sido siempre la Organización Sindical. De forma que en esta última ha confluido gran parte de la propia andadura del régimen y, a mi juicio, ha seguido con bastante fidelidad sus cambios o adaptaciones. Lo que ocurre es que en cada fase la Organización Sindical ha tenido que cumplir objetivos diferentes, pero siempre, en cambio, bajo la directriz de la absoluta coherencia con las necesidades del sistema por el que y para el que fue creada.

Y partiendo de la formulación ideológica sería bueno también distinguir varios niveles: la teorización del sindicato y de lo que tal institución debía representar en el proyecto de Estado dentro de categorías más generales, así como el producto teórico que la propia institución, una vez construida expande hacia fuera. En otras palabras, cuál es la ideología sobre la Organización Sindical y cuál es la ideología de la Organización Sindical. Obviamente, ambos planos se confunden en muchas ocasiones y además adquieren expresiones diversas según los momentos concretos.

En estos sentidos valga una afirmación inicial que después irá siendo matizada: parece claro que una de las fuentes de que se nutre la teorización del sindicato provino de los antes citados puntos de Falange. El noveno rezaba así: «Concebimos a España en lo económico como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica nacional».

Sin embargo, como es bien sabido, las influencias teóricas provinieron también del corporativismo católico y, de hecho, en las diversas publicaciones que aparecen en la guerra civil se entabla una curiosa lucha de influencias ideológicas en la que aparecen opiniones para todos los gustos y en las que el caballo de batalla se encuentra en determinar si el punto de inflexión organizativo futuro va a radicar en la «corporación» o en el «sindicato». De hecho, ambas posturas, con matices de grado que no de calidad, se hallan de acuerdo en dos postulados básicos: un Estado autoritario y la erradicación completa de la lucha de clases. José M.ª Gil Robles lo decía muy claramente en un prólogo del año 1937 a la obra de Ruiz Alonso: «El régimen corporativo, sobre todo en el período forzosamente largo de su implantación y consolidación, exige un poder político fuerte … capaz de superar las desviaciones de las fuerzas sociales y encaminarlas coactivamente a los fines colectivos». Y más adelante: «un sistema de organización corporativa no será nunca eficaz si no acierta a arrancar de raíz el principio disolvente de la lucha de clases». Un repaso a las obras de Prieto Castro, el jesuita Joaquín Azpiazu, el propio Eduardo Aunós o el entonces joven Alberto Martín Artajo marcan esas mismas pautas: de hecho, hay una invocación al fascismo italiano por lo que se le interpretaba de contenido corporativo en un esfuerzo, no demasiado difícil todo hay que decirlo, por combinar los viejos postulados corporativistas católicos de finales de siglo, la nueva doctrina social de la iglesia y las realizaciones de dicho régimen político. En estos postulados, la corporación engloba al sindicato que se organizaría dentro de ella por brazos distintos de obreros y patronos. Y en este sentido de defensa de la corporación continúa la polémica incluso después de publicado el Fuero del Trabajo: artículos y publicaciones como las del citado Prieto Castro, Ignacio Serrano y Serrano o Sancho Izquierdo acerca de ese mismo «Fuero» son también muestra del esfuerzo interpretativo de las nuevas normas desde la óptica del corporativismo católico.

Estos puntos básicos comunes se hallan también con al menos igual fuerza en los pensadores falangistas, al margen de las indefiniciones que, por falta de directrices oficiales, tenían sus ideólogos en el campo de la estructuración orgánica. Por eso, las aportaciones más claras surgieron tras la publicación del Fuero del Trabajo. Por lo pronto, Fernández Cuesta manifestaba en Sevilla: «queremos montar la vida económica sobre la base sindical, elemento necesario para la producción, y con la propiedad privada, siempre que sea consecuencia legítima de un esfuerzo personal». Nada más decía sobre qué carácter concreto habrían de tener los sindicatos. Sin embargo, por la misma época, surgen dos categorías íntimamente ligadas con la concepción del sindicato: la de Comunidad Nacional-Sindicalista y el concepto de «relación de trabajo». La primera supone la comunidad de todos los productores que deben, obligatoriamente, tener intereses confluyentes; la segunda, en palabras de su introductor, A. Polo —que luego sería ampliada por Legaz Lacambra—, «la relación duradera y permanente, de carácter eminentemente personal, establecida a base de lealtad y confianza recíprocas, que une a todos los colaboradores de la empresa en una comunidad de intereses y fines; sintiéndose todos ellos solidarios en una obra común de interés nacional y colectivo».

En cualquier caso, y desde el principio, se pone de manifiesto que las diferencias entre los grupos que acabamos de señalar residen más en la cristalización orgánica que en los fines a cumplir. Ambos están de acuerdo: los sindicatos han de tener como misión primordial la eliminación de la lucha de clases.

Esto se aprecia con gran transparencia inmediatamente después de la guerra civil. La propia Ley de Sindicatos lo había dejado bien claro: «Expresa la ley una concepción originalmente española de la disciplina política de la economía —al considerar— a cuantos españoles participan en la producción como constituyendo una gran comunidad nacional y sindical —que es— la forma concreta de la unidad de los hombres de España en el servicio a su potencia económica; el pueblo entero de España ordenado en milicia de trabajo». Era lo que después iba a introducir su artículo 1 al indicar que «los españoles, en cuanto colaboran en la producción, constituyen la Comunidad Nacional-Sindicalista, como unidad militante en la disciplina del Movimiento».

Y no se crea que estas afirmaciones eran vistas como mera retórica. Los comentaristas de la ley lo percibieron con exactitud. Diez del Corral señalaba que ese precepto era «un imperativo de carácter moral, que se articula jurídicamente en el texto de una ley, mediante la atribución de facultades disciplinarias a las entidades por ella creadas» (es decir, a los sindicatos). Era, pues, un curioso imperativo moral con facultades coactivas. Y más tajante aún era Pérez Botija (de perspectiva corporativista católica, por lo demás) cuando decía, comentando también el mismo precepto, que «si no surgen espontáneamente la convivencia y la armonía económica serán impuestas por la coacción. Y para ello —añadía— no se recurre a la coacción estatal, al clásico intervencionismo administrativo, sino que se atribuye la garantía de ese buen orden a los organismos sindicales».

La comprensión de los fines del sindicato era, por tanto, singularmente directa. No se quedó, sin embargo, la Organización Sindical, en la aceptación de estas finalidades. En realidad, quienes formaron su primera estructura daban por supuesta en gran parte la función del encuadramiento de la clase obrera. Y puesto que, como la Ley de Bases advertía: «Vencida ya toda ilusión democrática, los organismos sindicales se constituyen por quienes voluntariamente se movilizan para el servicio de constituirlos y mandarlos», la organización inicial se aprestó no sólo a elaborar el nuevo cuadro organizativo sino también a elaborar todo un cuerpo teórico que iba bastante más allá del mero panorama sindical. A tal efecto se celebró el primer Consejo Sindical de la Falange, presidido por el delegado nacional de Sindicatos, en el que se pretendió formular un cuerpo completo de doctrina referido a todo el conjunto social y político: temas como la concepción del Estado, la lucha de clases, el concepto de empresa, la política agraria, la idea de nación, unidad, etcétera, sobrepasan ampliamente la teorización interna para proyectarse como conjunto ideológico orgánico general. Por otro lado, a este congreso asistió toda la plana mayor de los nuevos sindicatos e incluso personajes como Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar o José M.ª de Areilza. En síntesis, en este congreso se formularon análisis sobre el capitalismo (algunos bastante chocantes), sobre el Estado, sobre la necesaria autonomía de los sindicatos, sobre la lucha de clases (que se considera producto de doctrinas nefastas y no de una realidad estructural), sobre la vocación imperial de España, así como sobre la formulación de políticas concretas entre las que destaca la política industrial y agraria.

Es imposible ampliar en estas líneas el anterior resumen. No obstante, para seguir con el hilo anterior se hace imprescindible recoger algunas notas sobre la concepción de este Consejo sobre «las masas». Decía Jesús Suevos que «la Falange, forzosamente, ha de basarse también sobre la masa proletaria si quiere tener, de verdad, un futuro … Necesitamos que la conquista de las masas se realice inexorablemente». Lo mismo indicaba Carlos Pinilla («reconquistar para la patria las masas proletarias»), o Martínez Sánchez Arjona con una expresión mucho más directa: «somos, como falangistas genéricamente y como sindicalistas específicamente, los conductores del pueblo que no puede salvarse a sí mismo». Pero tal vez la formulación más precisa y exacta la efectuó el propio delegado nacional, G. Salvador Merino: «Pues bien, camaradas, a ello, con el empeño previo de ganar la confianza de las clases dirigentes que han de formar con nosotros el bloque directivo, y a merecer luego por nuestra conducta y fe la confianza de las clases populares para que nos sigan con el entusiasmo y brío de quienes se sienten soldados de una misma doctrina militante».

Creo que este último párrafo es todo un tratado sobre la concepción política y social de ese primer equipo dirigente de los sindicatos y pone bien de manifiesto el pretendido carácter «izquierdizante» que algunos comentaristas (sobre todo Ridruejo en «Escrito desde España» y aun el propio Payne) han querido atribuirle después. Lo que en realidad planteó este equipo fue un problema de ampliación de su propio margen de poder y no, en cambio, una disidencia ideológica profunda. El mismo delegado nacional abundaba en sus conclusiones en el papel político que como tal institución debían desempeñar los sindicatos. El párrafo es largo pero merece la pena transcribirlo:

De la misma manera, no podemos dejarnos llevar de nuestras ilusiones y confiar que, en plazo más o menos breve, surgirá en el corazón y en la inteligencia de cada productor una noción exacta del modo de prestar más eficientemente el servicio que se le encomienda. Ninguna eficacia tendrá la actuación de cada productor sin un encuadramiento en el que, debidamente jerarquizados con sometimiento a imperiosa disciplina —no olvidemos que la Falange es milicia y que todas sus realizaciones deben ir impregnadas de tal carácter— vayan conociendo en cada momento y en cada fase de la producción las exigencias nacionales para una total y perfecta coordinación de su actividad con las demás que integran el complejo estatal. Este encuadramiento se hace en los sindicatos …

En consecuencia, la inflexión ideológica posterior, cuando este equipo haya sido eliminado, adoptará unas connotaciones distintas, pero no tanto porque se haya modificado el papel político asignado al sindicato sino porque entra en una fase de adecuación subordinada al sistema político general en el que están presentes los distintos sectores sociales e ideológicos que habían resultado vencedores en la contienda civil. El catolicismo como ideología adquiere su máxima capacidad expansiva y la legitimación sindical ya no se busca por categorías políticas estrictas sino por la afirmación de estar realizando los valores clásicos de la religión. De ahí que aparezca de nuevo el corporativismo como núcleo permanente de aportación de ideas y elementos que sirven para identificar las realizaciones sindicales con los objetivos católicos. En este sentido, José Luis Arrese fue un vivero inagotable: desde el «queremos espiritualizar la vida», al que «la Falange está al servicio de la España auténtica y la auténtica es la España teológica de Trento frente a la España volteriana del siglo XIX», la mayor parte de sus discursos y escritos se hallan transidos por un pietismo realmente notable. Ello no obsta para que se siga viendo en el sindicato el gran instrumento de eliminación del conflicto social. Si se quiere puede notarse ahora más un discurso que adopta el tono de un sermón con intenciones convincentes que la consigna violenta de la anterior etapa. Pero el mensaje es el mismo: «Y entonces, camaradas, ¿quién es el explotador y quién el explotado?, ¿dónde están las clases?, ¿a qué viene agrupar al empresario y al obrero en ejércitos diferentes? Ya no habrá para unos y para otros sindicatos distintos, horizontales, dispuestos como en plano de batalla, sino unos mismos sindicatos verticales del nacional-sindicalismo, en los que habremos conseguido la más perfecta armonía, la más perfecta unión, porque el empresario y el obrero ya no serán dos poderes en lucha sino dos colaboradores igualmente interesados en el éxito de la empresa; no representarán intereses opuestos sino comunes».

Menos místico se mostraba Fermín Sanz Orrio, segundo delegado nacional de Sindicatos y que cubrió toda esta etapa sin el más mínimo problema. Su teorización sigue también muy parecidos caminos aunque, con una visión más pragmática, se centra, por un lado, en deshacer las pretensiones de intervención económica de los sindicatos, propias de la anterior fase, y, por otro, a insistir en la función integradora de la Organización Sindical. Valga una cita por todas: «Los sindicatos verticales no son instrumentos de lucha clasista. Ellos, por el contrario, sitúan como la primera de sus aspiraciones, no la supresión de las clases, que siempre han de existir, pero sí su armonización y la cooperación bajo el signo del interés general de la patria». La estructura desigual de la sociedad como elemento natural de la misma había sido siempre un leit motiv del corporativismo católico. Pero hay otras muchas invocaciones directas al mismo que no podemos recoger en este momento. Valga siquiera otra referencia a ese planteamiento: «Las relaciones entre empresarios y obreros se parecen a las de un padre con sus hijos».

Por fin, dentro de este mismo dirigente, comienza a destacarse también de manera expresa otro aspecto que en la fase anterior había sido ocultado. Aquí ya el papel del empresario surge con su verdadero contenido tradicional y expresa también lo que los sindicatos podían servir para sus intereses. Sanz Orrio retoma la línea del viejo conservadurismo —que había expuesto Pemartín aplicándolo a la nueva situación política— y señala cómo el empresario «es una interesante y compleja figura, pivote fundamental de todo el sistema, de tal modo que a sus facultades de mero gestor del negocio, concedidas por el derecho mercantil privado, asocia las de representante sindical de un grupo de productores, depositario de la autoridad del Estado y del Movimiento en aquel sector de la riqueza pública confiado a sus cuidados y a su diligencia, que ejerce sobre sus subordinados una autoridad directamente protegida por la fuerza del Estado y del Movimiento». Es decir, en esta visión (expresada en un discurso del año 1944) se elimina cualquier referencia al «jefe de empresa» que, como tímido proyecto, había sacado el propio Sanz Orrio dos años antes a imitación de la correspondiente figura en el nazismo. Aquí, las funciones políticas que se otorgaban a tal figura pasan sin más al empresario, uno de los beneficiarios del propio sistema sindical tal como definitivamente se había consagrado.

* * *

En las breves páginas anteriores, según se ve, únicamente he podido abordar el aspecto que, a mi juicio, fue el determinante del papel político asignado a los sindicatos verticales.

Como se puede comprobar, nos hallamos ante un complejo institucional destinado esencialmente a la organización de la clase obrera mediante su encuadramiento coercitivo. Tal finalidad cubría tanto el frente económico como el frente puramente político. En el primer aspecto, la Organización Sindical sustituirá los mecanismos de funcionamiento tradicional del mercado de trabajo poniendo en manos del Estado la regulación directa del mismo (reglamentaciones laborales) e impidiendo el juego de la organización corporativa obrera; en el segundo, los sindicatos oficiales asumen la misión de impedir el conflicto social en el campo laboral y de impedirlo de una forma especialmente política: el sometimiento de toda la clase obrera a la organización y directrices emanadas de este complejo aparato estatal.

Es obvio que se dejan de lado otros muchos elementos de análisis (el papel asistencial que se les otorga, el contenido de promoción de sectores de la pequeña burguesía como clase de apoyo a través de la propia burocracia sindical e incluso la propia peripecia histórica como aparato que cubre la tan teorizada «fase izquierdista» del fascismo, etcétera). Sin embargo, por encima de todos ellos destaca ese fundamental objetivo de eliminación política de la lucha de clases (de alguna forma nos hallamos ante una lucha de clases «invertida», donde todo su contenido se precipita en la misma dirección política del Estado) que fue la razón de la creación y existencia misma de la Organización Sindical.

Y para finalizar estas líneas sólo me queda indicar cuál ha sido mi intención al escribirlas (o, mejor dicho, reescribirlas). Ha sido la del simple recordar, porque volver al pasado es siempre, como decía Adorno, un momento de la crítica del presente y porque, a pesar del optimismo de Brecht, todavía sigue siendo imprescindible demostrar lo evidente.

Los católicos y el nuevo estado: los perfiles ideológicos de la ACNP durante la primera etapa del franquismo (José Ramón Montero)

JOSÉ RAMÓN MONTERO

LOS CATÓLICOS Y EL NUEVO ESTADO:

LOS PERFILES IDEOLÓGICOS DE LA ACNP

DURANTE LA PRIMERA ETAPA DEL FRANQUISMO

INTRODUCCIÓN

La Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) llega al Nuevo Estado con unas excelentes cartas credenciales para el período histórico que entonces comenzaba. Aunque ha perdido una sexta parte de sus miembros en la guerra civil, su probada capacidad de recuperación le permitió reclutarlos con facilidad e incluso superar los niveles precedentes de afiliación. Es cierto que las nuevas autoridades no permitieron la publicación de El Debate, pero mantuvieron en cambio el periódico YA, la agencia de prensa Logos, la Editorial Católica y su eficaz red de publicaciones provinciales, que lo hacían además sin la competencia de la prensa «enemiga». También es cierto que los supuestos del Nuevo Estado impidieron la continuidad de numerosas organizaciones fundadas, promovidas y/o controladas por la ACNP (como la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, la Confederación Nacional Católico-Agraria, la Confederación Española de Sindicatos Obreros, el Instituto Social Obrero y la propia Confederación Española de Derechas Autónomas [CEDA][1]). Pero no lo es menos que permanecieron otras de importancia no pequeña (como la Acción Católica, la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia o el Centro de Estudios Universitarios) y que, en cualquier caso, gran parte de aquéllas resultaba hasta cierto punto innecesaria: al margen de las pretensiones totalitarias de algunas de las nuevas organizaciones, como la estudiantil o la sindical, la dominación política impuesta por la dictadura y la implantación del llamado nacional-catolicismo privaban de sentido a instituciones surgidas para combatir a enemigos ya inexistentes o para paliar los peligros derivados de situaciones políticas competitivas ya destruidas.

Treinta años después de su nacimiento, la ACNP inauguraba su época de madurez formando uno de los núcleos constitutivos del Nuevo Estado. Sus dos principales presidentes no han podido por menos que reconocer positivamente su doble logro de adaptación y continuidad, cualidades por lo demás infrecuentes en nuestro pasado reciente. Así, Ángel Herrera Oria recordaba en 1960 que la ACNP «ha pasado por momentos difíciles. Ha triunfado en la prueba de fuego y del hierro. No ha suspendido nunca su actuación. Se ha adaptado maravillosamente a las circunstancias»[2]; y Fernando Martín-Sánchez Juliá estimaba, en 1945, con mayor laconismo, que en ninguno de los múltiples avatares sufridos por la vida católica nacional desde principios de siglo «ha faltado la palabra y la acción justas, precisas y oportunas de la ACNP»[3]. Sus miembros, conocidos normalmente como propagandistas o, más gráficamente, como católicos por antonomasia en un sistema que se definía ante todo por su catolicismo, contribuyeron de forma decisiva a la institucionalización del Nuevo Estado y protagonizaron después las distintas fases de la larga dictadura franquista: bien que en grados diversos, la presencia de esos católicos ha sido una constante en los niveles superiores de los aparatos estatales y gubernamentales, en los ámbitos informativos y educativos, en los círculos económicos y financieros. Todo ello proporciona a la ACNP una evidente importancia en la configuración definitiva del franquismo: una importancia reconocida generalmente por los historiadores, pero que no ha venido acompañada, sin embargo, de una atención correlativa por parte de los especialistas, que no han dedicado a la ACNP demasiados análisis monográficos. De ahí el interés que puede acaso revestir la consideración específica de los principales elementos ideológicos utilizados por la ACNP durante el sexenio 1939-1945, un período decisivo para su posterior contribución a la consolidación de la dictadura. Debe precisarse que para ello se utilizará primordialmente el Boletín de la ACNP, de escasa, casi nula, relevancia pública, pero de utilización imprescindible para el conocimiento de las vertientes ideológicas más pronunciadas de la asociación. Y ello porque, aunque el Boletín no contenía editoriales o artículos de fondo que reflejaran la postura oficial de la ACNP, sino reseñas de sus actividades y discursos de sus directivos o miembros, sus páginas plasman acertadamente la formulación de su estrategia en estrecha coordinación con la de la iglesia, la adopción de las tácticas oportunas y, a partir de 1945, el relativo triunfo de ambas con el comienzo de la denominada «desfalangistización» del régimen franquista[4].

LAS BASES DE LA ESTRATEGIA DE LA ACNP

En realidad, puede aventurarse la hipótesis de que esa «desfalangistización» dio sus primeros pasos antes siquiera de finalizar la guerra civil. El Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937, por el que se creaba el partido único de la FET y de las JONS, privó de homogeneidad ideológica al nuevo partido e hizo inviable, de paso, su pretensión de monopolizar políticamente el poder. La preceptiva disolución de todos los partidos republicanos, incluso de aquellos que habían apoyado activamente la insurrección del Ejército y combatido en sus filas (como la CEDA, Renovación Española o Comunión Tradicionalista), produjo la fusión de sus elementos de base en el interior de la FET, pero sus respectivos líderes no llegaron a confundirse. La nueva élite gobernante fue desde luego franquista, condición imprescindible para la ocupación de cualquier cargo público, pero estuvo además coloreada secundariamente por su pertenencia a alguno de los grupos constitutivos del régimen: los mandos superiores del ejército, la Falange de cuño reciente o antiguo, el tradicionalismo o carlismo, los partidos liberales o reaccionarios de la dinastía borbónica y los católicos, de entre cuyos diversos subgrupos destacaba especialmente la ACNP. La forzada coexistencia de todas estas élites dentro de la estructura política impuesta por la unificación no impidió, en definitiva, que sus respectivos elementos ideológicos y sus distintos ámbitos de representación social impulsaran sus intentos de realización de proyectos políticos relativamente diferenciados dentro del marco común de la dictadura.

En este contexto, la importancia de la ACNP, avalada ya por su trayectoria histórica anterior, pudo además potenciarse por la incidencia de dos factores de distinta naturaleza. El primero radica en el fracaso del partido único español en la consecución de sus objetivos: como ha podido comprobarse, la FET no sólo no monopolizó la élite política, sino que compartió en condiciones de inferioridad con la iglesia el control de la Prensa y sobre todo del aparato educativo, y fue además impotente para llevar a cabo la Gleichschaltung de la sociedad española, es decir, el proceso por el que el partido se erigiera en el único medio de comunicación entre el Estado y la sociedad[5]. Y, ligado directamente a este fracaso, el segundo factor relevante de la ACNP consiste en el extraordinario papel histórico desempeñado por la iglesia con respecto a la legitimación del nuevo régimen; la consagración de la guerra civil como cruzada y la consiguiente aplicación a todos los aspectos del Nuevo Estado del nacional-catolicismo son expresiones suficientemente significativas. Claro que podría argumentarse que ambos términos no suponían excesiva novedad en la reciente historia española. La conflictividad del período republicano posibilitó, como es sabido, una rica proliferación de símbolos religiosos identificadores del orden divino con el orden capitalista entonces vigente, el crecimiento de la intransigencia de la iglesia en la defensa de posiciones supuestamente inmutables y el agresivo desarrollo de una cruzada del pensamiento católico que quería extenderse, a los simples efectos de la dominación, sobre cualquier manifestación de la vida de los españoles. En una medida u otra, todo ello pudo patentizarse en la actuación política e ideológica de la derecha española durante la segunda República, destacando especialmente la CEDA en cuanto principal partido de los comprendidos en el frente contrarrevolucionario[6]. Pero lo distintivo ahora consistirá en la ampliación que hace la iglesia de la legitimidad tradicional religiosa sobre los motivos de la guerra civil y la institucionalización del Nuevo Estado, alcanzando así grados cualitativos muy superiores. Para decirlo en pocas palabras, el resultado se cifró en que la virtualidad legitimadora de la ideología falangista se subordinó a la mucho más decisiva de la religiosa en todo aquello que la primera tuviera de diferenciado con respecto a la segunda. Los términos religión, catolicismo e iglesia se conjugaron hasta la saciedad, exprimiendo todos sus valores ideológicos y simbólicos e introduciéndolos en los campos aparentemente más lejanos a sus significados, con la finalidad fundamental de legitimar la extraordinaria violencia contrarrevolucionaria de la guerra civil y la no menos dramática situación de excepción e intransigencia que presidieron los años iniciales del régimen. Como era de esperar, la mayor capacidad legitimadora de la iglesia gozó además de su sanción legal en no pocos textos oficiales, y tuvo su expresión histórica en su acceso a posiciones de privilegio y dominación hasta entonces desconocidas[7].

El principal núcleo de impulsión de la iglesia dentro de la sociedad civil era, como ya sabemos, la ACNP, esa organización de seglares caracterizados ante todo por su condición de católicos, que precedió a la dictadura y ha sobrevivido a su desaparición[8]. Después de la guerra civil, la estrategia de la ACNP podría resumirse apuntando a: 1) la elaboración de un proyecto ideológico que, a la par que complemente al falangista con su catolicismo, neutralice sus tendencias más radicales y ofrezca sobre todo una alternativa viable para la continuidad del régimen franquista. Para ello, la ACNP, actuando como el más eficaz instrumento de la iglesia, 2) se dispuso a copar la dirección de los aparatos de la sociedad civil que la misma iglesia le ofrecía, a la vez que, 3) se introducía lenta pero irreversiblemente en importantes áreas de gestión del Nuevo Estado y en varios sectores clave del mundo educativo o económico. Los tres aspectos se produjeron, como es evidente, indisolublemente unidos. Pero la posibilidad de su distinción analítica permite comprobar para cada uno de ellos cómo, pese a la coincidencia de los intereses contrarrevolucionarios del bando vencedor, la ACNP, a) pretendió mantenerse diferenciada dentro de aquél mediante la sedimentación de un contenido ideológico relativamente propio que facilitara el tránsito a una etapa posterior del régimen, en la que su eje central católico no estuviera impregnado de vetas falangistas, o lo estuviera sólo de modo residual y simbólico; b) monopolizó la representación eclesial y aprovechó los numerosos huecos dejados en la sociedad civil por el partido único de la FET mediante la conquista, por parte de la élite propagandista o católica, del mayor número posible de instituciones sobre las que proyectar la dominación implícita en su contenido ideológico católico; en fin, c) introdujo asimismo su élite en los niveles superiores del Nuevo Estado, forzosamente coexistiendo con la procedente de otros grupos, para así reconciliar la dirección política y social de la dictadura con el proyecto ideológico que los intereses de clase de la ACNP pretendían conseguir. Como es sabido, los resultados de este triple proceso sufrieron a partir de 1945 un importante salto cualitativo: la finalización de la segunda guerra mundial y las nuevas perspectivas internacionales reforzaron el protagonismo de la ACNP al convertirla en la principal solución de recambio limitado que entonces necesitaba el régimen.

La organización interna de la ACNP también supo adaptarse a las necesidades de la nueva estrategia. El primer paso consistió en el reclutamiento de los nuevos propagandistas que sustituyeran a esa sexta parte fallecida durante la guerra civil, al que siguió en seguida un cierto incremento en los niveles globales de su afiliación. El censo de la ACNP, que incluía en 1935 a 488 miembros, y en 1940 a 499, creció en 1942 a 616 personas y llegó en 1944 hasta las 649. La red organizativa, constituida en 1943 por 31 centros, 34 correspondencias y 3 núcleos, había logrado extenderse nuevamente por toda España, bien que cerca de una tercera parte de los propagandistas residiera en Madrid; le seguían en importancia los centros de Barcelona, Bilbao, La Coruña, Granada, Valencia y Zaragoza, cuya afiliación oscilaba entre los veinte y los treinta miembros. Su edad media debería rondar los 40 años. Profesionalmente, la ACNP había conseguido aglutinar a una excelente representación de la burguesía y de la pequeña burguesía de la época, con una acusada preponderancia de juristas y de altos cuerpos de la administración cuyos servicios no fueron desaprovechados por el Nuevo Estado. Y a juzgar por diversos testimonios, su homogeneidad ideológica era considerable, pero menos que la manifestada años atrás, a causa probablemente del reciente crecimiento de la organización. La respuesta a este peligro potencial provino sobre todo del propio equipo directivo, que, presidido siempre por Martín-Sánchez Juliá, conoció muy pocos cambios entre 1940 y 1945. Y fue además completado por medio de los Círculos de Estudios, un instrumento formativo repetidamente utilizado por la ACNP para lograr tanto la uniformidad ideológica de sus miembros como el reforzamiento de sus lazos personales, de los que su acción política o profesional habría indudablemente de beneficiarse.

Ahora bien, un repaso a los temas de los Círculos de Estudios celebrados durante los años 1939-1945[9] permite también atribuirles una finalidad complementaria de cierto alcance, y que por lo demás se conecta con las precisiones anteriores sobre los movimientos estratégicos de la ACNP. Y es que la ausencia de temas inmediatamente relacionados con la problemática española del momento o con los entusiasmos ideológicos de la época parecía reflejar una posición táctica que resultó fructífera incluso a corto plazo: se trataba de mantener la actividad corporativa de la ACNP en puntos que no irritaran los muy susceptibles ánimos falangistas, y establecer con mayor firmeza al mismo tiempo los fundamentos de su propia concepción ideológica. La ausencia de pronunciamientos formales sobre los grandes temas falangistas se compensaba con los realizados sobre los temas católicos, cuyas bases ideológicas podían prepararse para servir de relevo al agotamiento de las anteriores; en cualquier caso, ese silencio no impedía la participación activa de sus miembros en el sistema político ni, menos aún, equivalía a una condena tácita de la dictadura franquista o del dictador. Pero la ACNP evitaba así el enfrentamiento entre falangistas y católicos: un católico podía ser subsidiariamente falangista, pero no al revés; y evidenciaba además su convencimiento, sólidamente apoyado en la legitimación que la iglesia aportaba al régimen, de que el elemento ideológico católico suponía algo fundamental y permanente, mientras que el falangista no era sino accesorio y, como se demostró al poco tiempo, provisional. Para expresarlo en términos más gráficos, cabría decir que la ACNP no se «quemó» políticamente adoptando de forma corporativa, oficial y sin reservas la ideología falangista, sino que fomentó el desarrollo alternativo de la propiamente católica para asegurarse así su continuidad y la del régimen franquista. En las páginas del Boletín puede observarse fácilmente cómo la ideología católica era presentada a veces de forma opuesta a la falangista, más a menudo era contraria a los marcos de referencia fascistas o totalitarios sólo en los que éstos tenían de absorbentes de la personalidad de la iglesia, y siempre coincidía con la tarea desempeñada por el general Franco. Las moderadas críticas a Hitler o a Mussolini y el silencio sobre José Antonio Primo de Rivera se compensaban suficientemente con el apoyo activo e incondicional suministrado a Franco, paradigma del gobernante católico. A partir de estos planteamientos, las enseñanzas transmitidas por la ACNP, y reflejadas en mayor medida en su Boletín, no pudieron por menos que apuntar a un perfil ideológico relativamente diferenciado; sus principales componentes consistirían en la dimensión otorgada a su anticomunismo, la caracterización de los sistemas totalitarios y el orden político deducido de la doctrina católica.

LAS RAÍCES DEL COMUNISMO Y EL ESTADO ANTICOMUNISTA

La ACNP no supuso una excepción al ingrediente anticomunista que compartían los vencedores de la guerra civil[10]. Desde hacía muchos años, sus procesos de elaboración ideológica estaban presididos por un profundo maniqueísmo de las fuerzas políticas o sociales y una absoluta subversión de la realidad en favor de sus prejuicios: no era difícil, por lo tanto, que de la contemplación de la dinámica histórica como el desarrollo de una lucha irreductible entre las sublimaciones oportunas del bien y del mal dedujera la homogeneidad del mundo adverso y una actitud favorable a los enemigos de sus enemigos. Estos criterios se revalidaron, obviamente, para la década de los cuarenta. La ACNP redujo el pluralismo del reciente pasado mediante una dicotomización completa de la situación (sustanciando su enemigo en el término comunismo y sus derivados) y predicó sin posibilidad de réplica ni mayores distingos todos los atributos imaginables sobre dicho enemigo (concretándolos en los pintorescos adjetivos que se popularizaron durante aquellos años).

Acaso quepa señalar, como su contribución más notable al irracionalismo de la época, la determinación última de las causas del comunismo en un problema individual y sobre todo de índole «espiritual». Como se apostillaba tras la sesión de un Círculo de Estudios dedicado a los «frutos del comunismo»,

… en España se ha desatado la idea del comunismo con un furor mayor que en otros países, y […] la causa de eso es que se haya borrado la idea de Dios en muchos españoles, y que, por tanto, el comunismo ha sido vencido en los campos de batalla, pero que el peligro continúa en tanto en cuanto en esas almas está ausente la idea de Dios, y ésta es una llamada para nuestras actividades y nuestro apostolado[11].

El problema comunista proyectado en el sentimiento es un problema de egoísmo, puesto que es un problema evidentemente individualista […] Por tanto, se trata de una idea egoísta, y como consecuencia de este vivir bien y de vivir sin freno ninguno religioso como consecuencia de este egoísmo brutal, viene el problema de la envidia, de la solidaridad materialista[12].

Es cierto que tampoco este tratamiento era nuevo en el pensamiento católico y contrarrevolucionario. Al menos desde la primera década del siglo, el catolicismo social había venido insistiendo en similares argumentaciones. Pero había una diferencia no pequeña entre ambos momentos históricos: la victoria militar de 1939 imposibilitaba la presencia del enemigo en cualquiera de los frentes que había venido ocupando y desde los que los católicos, con más miedo que fundamento, se habían sentido amenazados. Y de que así continuara siendo habrían de ocuparse, en una actuación coordinada, tanto la iglesia como el Estado. El establecimiento de una «paz social» mediante un sistema de dominación cualificado por su violencia permitiría centrarse en la «solución» definitiva del problema, y con mayor eficacia que antaño gracias a la creación de un nuevo orden estatal y al protagonismo asumido en él por el elemento eclesial. La complementariedad lograda entre el Estado y la iglesia quedó simbolizada a la perfección en la persona de Jesús Riaño Goiri, propagandista y juez del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo; en una conferencia pronunciada en el centro de la ACNP de Madrid, Riaño señalaba que

… son la iglesia y el Estado quienes han de oponerse al comunismo … La definitiva eliminación del comunismo, como de toda desviación ideológica y de conducta, corresponde en último término a la iglesia, maestra en la verdad y en las costumbres […] y el Estado deberá respetar su acción y colaborar con ella, porque sus medios son la única garantía del triunfo final […] Pero mientras tanto el Estado está obligado a defenderse dentro del radio de acción que le consienten su naturaleza y sus fines […] El único Estado con derecho a defenderse frente a una revolución materialista es aquel que tiene como supuestos valores eternos, a los que caminan dentro de él sus elementos personales; y la defensa llegará precisamente hasta el punto necesario para salvaguardar esos valores.

No hace falta precisar que el Nuevo Estado español se ajustaba totalmente a esas condiciones y que, «sin reparos liberalescos», había desplegado los medios preventivos y represivos para llevarlos a cabo. Los primeros consistían en la «legislación social» del Fuero del Trabajo, «en cuya materia el Estado español figura ahora a la cabeza de los pueblos cultos». Pero necesitaba complementarse con los represivos debido a la continuidad de la amenaza comunista. La represión, «que ha de ser dura, severísima, inexorable», viene facilitada jurídicamente por la ley de marzo de 1940, que el mismo Riaño cifraba en estos términos:

Es una ley de trascendencia histórica, arma templada contra el comunismo y otras no menos perniciosas actividades, caracterizadas por socavar los cimientos de nuestra civilización cristiana con la subversión de sentimientos e ideas en lucha abierta del mal, casi desenmascarado, con todas las fuerzas del bien[13].

Aunque siempre rodeado de un fondo ideológico legitimador, resulta sorprendente tanto el realismo con el que se aborda la voluntad represiva del régimen, como la disolución simultánea de las soluciones que eliminen a largo plazo el problema comunista en criterios primordialmente «espirituales»: el papel represivo del Estado casaba así a la perfección con el legitimador de la iglesia. Isidoro Martín Martínez resumía esos criterios al comentar la conferencia de Riaño:

No hay más remedio que volver a una vida cristiana, que es una vida de oración y penitencia, y todo cuanto tengamos que hacer para combatir al comunismo tiene que ir imbuido de este espíritu sobrenatural. Como propagandistas y como católicos, tenemos que plantear la solución de los problemas mirando al orden sobrenatural. De modo que hay que revalorizar el espíritu de penitencia y el espíritu de oración para lograr lo que pretendemos[14].

LA CARACTERIZACIÓN DE LOS REGÍMENES TOTALITARIOS

Al lado de la intensidad absoluta con la que la ACNP combatió al «comunismo», sus críticas a los regímenes totalitarios revistieron tonos menores y circunstanciales. La ACNP les reconocía en su haber, evidentemente, el importante logro del sometimiento de los movimientos revolucionarios e incluso reformistas del proletariado y la institucionalización política de sus impulsos antidemocráticos y antiliberales. Pero no dejaba de temer la reproducción en España de la persecución sufrida por la iglesia en Alemania e Italia. De ahí esa cierta ambigüedad de la Asociación al respecto: mientras comulgaba con lo esencial de sus realizaciones contrarrevolucionarias, se veía obligada a expresar su disgusto por la absorción que de las más variadas funciones (entre ellas, muchas de las desempeñadas por la ACNP y, en general, por la iglesia) hacían sus Estados. Por eso podría resumirse su postura afirmando que, de forma por lo demás similar a la también manifestada durante el período republicano, consistió más en un rechazo limitado que una aceptación condicionada.

Sin duda, el protagonismo de la iglesia en la guerra civil y en el Nuevo Estado amortiguaba los peligros de aquella absorción. La táctica de la ACNP, como la de la propia iglesia, quedaba limitada a neutralizar las veleidades totalitarias en que incurrían algunos sectores de la FET. Pero el problema se complicaba un tanto por la presencia de propagandistas que también militaban en el partido único. La ACNP optó aparentemente por desarrollar una fórmula que el tiempo mostraría acertada: respetar la actuación de sus miembros falangistas (por cuanto suponía un elemento ideológico accesorio y quizá provisional) y contrarrestar al mismo tiempo sus posibles efectos negativos con la adopción de una postura (considerada como inmutable por su pertenencia al acervo católico) contraria al totalitarismo sólo en lo que éste tenía de absorbente de entidades intermedias como la propia ACNP o de sociedades perfectas y sobrenaturales como la iglesia; sus restantes objetivos contrarrevolucionarios y antidemocráticos se aceptaban casi íntegramente. Así, en 1940, el propagandista Soler y Díaz Guijarro explicaba que

… si bien en principio [los Estados totalitarios] están perfectamente de acuerdo con la doctrina de la iglesia, en cuanto robustecen la autoridad y producen una integración de fuerzas, pueden ofrecer peligros si se desvían de la doctrina católica […] Una cosa es que se gobierne totalitariamente, esto es, que se encauce la vida desde el gobierno, y otra cosa que se administren directamente todas las actividades del país privándolas de su propia autonomía en vez de orientarlas dentro de sus propias iniciativas al bien común.

Pero la autodefinición del franquismo de la primera época como Estado totalitario permitía su compatibilización con la ideología católica mediante la expresión de un nuevo accidentalismo, que simbolizaba la adaptación de los intereses de la iglesia (en su sentido más amplio, que llegaba incluso a su defensa del orden social) a cualquier sistema político antidemocrático:

Lo importante en la doctrina católica no es la forma que adopte el poder, sino el respeto a su origen y a la doctrina de los fines con arreglo a la iglesia. Lo demás son medios que pueden variar en uno u otro momento[15].

Ahora bien, los cambios posteriores en la correlación de fuerzas de la dictadura y el desarrollo de los acontecimientos internacionales favorecieron una toma de postura más crítica por parte de la ACNP, aunque siempre limitada a su tendencia desconocedora del individuo, es decir, y en último término, de la iglesia. Los equilibrios «accidentalistas» disminuían así un tanto para condenar por igual a

… Platón, Aristóteles, el socialismo, el estatismo, el racismo y hasta la filosofía vitalista por la ley de una evolución fatal, [ya que] todos estos sistemas merman en la persona humana los derechos frente al Estado para quedarse únicamente con las obligaciones[16].

Y prácticamente desaparecían cuando algún tiempo después se criticara el «feroz positivismo político» de los cuatro Estados totalitarios entonces existentes para algún miembro de la ACNP (Rusia, Alemania, Italia y Portugal): entre ellos había diferencias, que podían medirse por la diferente intensidad con que la iglesia los trataba, pero todos habían sufrido el proceso a través del cual

… por esa ley física y acaso también moral de que a toda acción acompaña una reacción igual y opuesta, se ha pasado a un extremo contrario, y del reconocimiento absoluto de la soberanía popular y de los derechos del individuo saltamos al punto opuesto: el desconocimiento del individuo frente al Estado[17].

Aunque la crítica del totalitarismo se limitara fundamentalmente a su eliminación de entidades intermedias entre el individuo y el Estado (caso de la ACNP) y a su desconocimiento de sociedades más perfectas que la estatal (caso de la iglesia), estuvo también acompañada de referencias a facetas ideológicas colaterales. Aquí apuntaremos sólo dos de ellas. La primera es la de la patria. Exaltada hasta extremos irracionales por la demagogia de la época, la ACNP participó también de esa tendencia general al mismo tiempo que recordaba, siguiendo una larga tradición católica, su inseparabilidad del ámbito religioso o simplemente eclesial. Al decir de un propagandista,

… cuando se pone un hombre o una nación más alta que Dios o, como suele afirmarse, por encima de todo, es no solamente adoptar una línea de conducta que nada justifica y que todo condena, tanto la razón como la fe. Actitud ésta que atenta por igual a las libertades del ciudadano como a los derechos del Creador; esto, además, es suprimir el más sublime motivo de piedad para con la patria [18]…

La exaltación legítima de la patria sólo cabe realizarse con la vista puesta en Dios y en términos entrelazados con los de la iglesia: el verdadero patriotismo de una nación católica digna de tal nombre ha caminado siempre unido al sentimiento religioso. De ahí la confluencia de los enemigos de la iglesia católica, que lo son también de la auténtica patria. Están de un lado, según el recuento de otro propagandista, «las internacionales comunistas-socialistas, el capitalismo hebraico, las partes degeneradas de las clases dirigentes … el actual espíritu del judaísmo y la masonería»; y en el otro se hallan los «estatistas», que hacen de la nación un dios investido de sus peculiares atributos. Por el contrario,

… cuando la historia de una nación como España nos indica que ésta ha estado al servicio de la iglesia católica y, por tanto, de toda su doctrina […] entonces el patriotismo español […] es un sentimiento lícito y fuerte que hace desear que … no quedarán estériles los esfuerzos nacionales. [Y, para ello, dos objetivos de la patria:] Hacerla primero medio útil para nuestra salvación y, segundo, instrumento definitivo para el logro absoluto en esta vida del solo rebaño y el solo pastor en todos sus aspectos, y en la otra el de la salvación del mayor número posible de almas[19].

Una segunda faceta ideológica, cifrada en la idea del imperio español, se movió a instancias de objetivos similares. Aunque aparece escasamente reflejada en el Boletín, trata de diluir la belicosidad falangista al respecto mediante su entrelazamiento con motivos católicos. La idea del imperio español fue reducida en diversas ocasiones a un ejercicio de «índole moral» o al ideal de un «orden internacional imperial» basado en el pensamiento católico sobre la paz y la guerra[20]. Se pensó incluso en dedicar un Círculo de Estudios al tema del «Ideario católico del imperio español», con el que pretendía hallarse el galvanizador que exigía el «revivir de España» para que así se sientan «movidos los españoles, los mejores, desde luego, y a ser posible, su totalidad y unánimemente»; y para ello no hacía falta acudir a los «abstractos ideales colectivos», sino que bastaba una recurrencia explícita al pasado imperial

… por lo que satisface a la nostalgia de las pretéritas grandezas; por lo que tiene de reivindicación del espíritu nacional y de vindicta de cuantos cayeron defendiéndolo; por el prestigio que el tiempo da a lo que pasó; porque lo concreto, aun recordado, mueve más a la acción que lo abstracto, irreal siempre en algún aspecto.

Y también para ello trataba de recrearse el pasado en virtud de un presente político y social dominado por la legitimidad tradicional religiosa:

El imperio español adoptó formas colectivas de vida que ofrecen un nivel moral que hoy sería una conquista alcanzar […] Ha sido el más grande intento histórico de atraer a un alto nivel moral a las razas culturalmente inferiores y de ordenar la vida de los hombres procurándoles las más favorables condiciones que para la salvación de cada uno pueden alcanzarse en la sociedad civil[21].

No hace falta demasiado esfuerzo para trasladar estas imágenes a la tarea de recristianización que la ACNP y la iglesia se propusieron sobre un proletariado encarcelado o atemorizado, o la de salvación colectiva que el Estado y la iglesia adoptaron como una de las principales finalidades de su estrecha colaboración; especialmente cuando los nuevos vientos internacionales, que soplaron a partir de 1945, arrumbaron definitivamente cualquier idea del imperio español, cuyos contenidos ideológicos se replegaron hacia el interior de la península.

LA DOCTRINA CATÓLICA Y EL ORDEN POLÍTICO

Tras la guerra civil, la ACNP volvió a hacer gala nuevamente de su habitual obediencia a la más rígida ortodoxia católica en materia social o política. Por eso no es extraño que las encíclicas se convirtieran en la principal, si no en la exclusiva, guía de sus formulaciones ideológicas, y que su actitud hacia ellas consistiera en dotarlas de un valor omnicomprensivo y absoluto. Y por la misma razón tampoco resultaba exagerada la descripción que el presidente de la ACNP, Martín-Sánchez Julia, hacía de un libro que compilaba todas las encíclicas publicadas a lo largo de dos siglos; para él, reflejando sin duda el sentir común de la asociación,

… he aquí en este tomo una verdadera y autorizadísima historia crítica del pensamiento de la humanidad, porque en él se encuentra la crítica de todas las desviaciones que han logrado boga en dos siglos tan agitados como los que han transcurrido desde 1740 hasta ahora [1941]. Aquí está […] la luz que se enciende para alumbrar al mundo cuando la humanidad, como el ciego que no sabe si marcha en la luz o camina a tinieblas, ignora por dónde va[22].

Como era de esperar, las aportaciones doctrinales de la ACNP contribuyeron no poco al mantenimiento del auténtico páramo en que quedó convertida la vida cultural española de la posguerra. La ACNP no elaboró, ni quiso, ni acaso podía hacerlo, un pensamiento propio. Su misión «clarificadora», como gustaba de autodenominarse, se limitó a sistematizar los textos pontificios por materias, añadiéndoles unas glosas mínimas que tan sólo pretendían ser una ajustada interpretación literal de su contenido. Las relativas al orden político no significaron una excepción. Desde el punto de partida de un providencialismo sin fisuras, encontramos en ellas tanto una nueva repetición de la ortodoxia católica general como una leve adaptación de sus implícitas ambigüedades dirigida a la legitimación del sistema franquista, presentado naturalmente como la encarnación del Estado católico.

Sus elementos específicos son sobradamente conocidos. El Estado y el individuo son interdependientes, están ordenados el uno para el otro en cuanto que ambos provienen de la misma voluntad divina, por lo que no pueden desconocerse. Pero el origen divino de ambos también conlleva la conversión de Dios en el objetivo de todo lo creado, que obliga al hombre, sea súbdito o gobernante, a guiarse por esa estricta jerarquía normativa, de rancio sabor escolástico, de las leyes eterna, natural y positiva. Dicho con las palabras de Ruiz Jiménez,

… la ley eterna [es] el fundamento y supremo punto de apoyo de todas las leyes, no sólo de la ley natural —reflejo inmediato de aquélla, participación consciente de la criatura racional en el orden cósmico—, sino también de las leyes positivas, en las que se concretan las exigencias de la norma natural, acomodándose a las circunstancias históricas y especiales, de suerte que todo el conjunto normativo del humano existir, individual o colectivo, queda gravitando sobre la razón, divina legisladora, suprema norma de orden ético y del orden jurídico […] La norma suprema […] no puede ser más que aquella razón de la divina Sabiduría, rectora y legisladora del mundo todo[23].

Todo ello convierte al Estado en un medio instrumental para impulsar a la sociedad a la consecución de su fin, que, evidentemente, no puede ser otro que el de la salvación del alma de los individuos que la componen:

La misión del Estado no es sólo imperar, sino también la de ayudar a la sociedad al cumplimiento de su fin, que es la paz y concordia de sus miembros, proporcionando a éstos el mayor número de bienes espirituales, culturales y económicos con los cuales los hombres consigan más fácilmente su fin último. En el orden cristiano, el Estado se ha de colocar al servicio de la sociedad, ésta a la del hombre y éste al de Dios.[24]

En consecuencia, el verdadero Estado católico, definido nuevamente con los rasgos escolásticos del bien común, es el que asume de forma deliberada el objetivo de la salvación eterna de sus súbditos, que colabora para ello estrechamente con la iglesia y que respeta la independencia de la última en atención a la superior importancia de sus actividades sobrenaturales. Estas concepciones se completaban con otras dos no menos clásicas, que servían tanto de legitimación a la dictadura como de panacea de los problemas sociales. La primera toma cuerpo con las típicas definiciones hipostasiadas del bien común:

El papel del Estado es actuar el bien común. El bien común es el conjunto de condiciones externas necesarias al ciudadano para desarrollar sus fines propios, en tanto en cuanto la propia persona no los puede desarrollar y siempre que no correspondan a la familia, institución natural anterior al Estado o a la iglesia, institución sobrenatural distinta de él[25].

Y la segunda se aloja de nuevo en la doctrina social católica, enlazando así con el valor absoluto y omnicomprensivo que antes destacábamos:

El comunismo, trágica y falsa reforma social, acusa, empero, la necesidad y la urgencia de una reforma verdadera. Ésta sólo se halla en una vuelta decidida y verdadera a los principios cristianos, que es preciso hacer que sean aplicados con toda su plenitud y en su total integridad. La doctrina cristiana […] es el remedio único de la crisis del mundo[26].

Al cabo, la culminación de estos planteamientos llevaba a la legitimación religiosa de la dictadura franquista mediante la clásica afirmación de que todas las condiciones requeridas para un verdadero Estado católico se hallaban presentes, una a una, en el acaudillado por el general Franco. Ello se hizo de forma tácita en numerosas ocasiones, como en esta declaración general del presidente de la ACNP:

Nosotros los propagandistas creemos en la religión católica y en el magisterio de sus pontífices, fuente de verdad y de vida que perennemente mana normas eficaces para los individuos y las naciones. Creemos en la unidad nacional de España, forjada por siglos de tarea histórica en unidad de creencias y de empresas universales. Creemos que se debe esa unidad al catolicismo. Creemos en la grandeza histórica de nuestra patria, en sus siglos de oro, cuando por un pensamiento claro y la fuerza de su imperio guió y señoreó al mundo. Creemos en la resurrección de España, y por ella trabajamos, forjando hombres que sirvan a la iglesia y a la patria[27].

O bien de forma expresa, como en estas palabras de Ibáñez Martín, propagandista y ministro de Educación Nacional:

Por servicio a la verdad y a la más absoluta justicia, y sin que ello sea para nosotros [los propagandistas] una revelación, he de manifestar que la política seguida por Franco […] en materia social […] la política toda del gobierno, está inspirada en un profundo sentido de justicia social […] Y vosotros sabéis que desde el primer día en que en España reinan el orden y la paz, el Caudillo, en definiciones solemnes y magníficas […] ha propugnado como única doctrina la del Evangelio […] Y esto, con mayor o menor perfección, se está logrando en la vida española. Y que es verdad lo demuestra la realidad grande de nuestra vida española […] [en] la unión de esos grandes ideales que nos unieron en el servicio de Dios, servicio de la iglesia, servicio de la patria y servicio de Franco[28].

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los relevos ministeriales del 18 de julio de 1945 significaron un cambio importante para la influencia y el poder de la ACNP. Como es sabido, el general Franco renovó entonces a los titulares de ocho ministerios y dejó sin cubrir la Secretaría General de la FET: era todo un símbolo político de la nueva etapa ante la derrota militar del Eje en la segunda guerra mundial y la necesidad de iniciar el acercamiento diplomático a los aliados. Como también lo era la entrada en el gobierno de dos ministros propagandistas, que se unían a Ibáñez Martín: José María Fernández Ladreda en Obras Públicas y, sobre todo, Alberto Martín Artajo en Asuntos Exteriores. Con la iglesia como su principal fiador internacional, el régimen comenzó un intenso proceso de «desfalangistización» en los niveles políticos e institucionales que habría de repercutir directa y positivamente en el mayor protagonismo asumido por la ACNP[29].

La Asociación culminaba así un período en el que su coparticipación en los niveles superiores del poder político, social y económico estuvo acompañada por ciertas dificultades en sus relaciones con algunos de los integrantes del Nuevo Estado. No hace falta añadir que el éxito de la ACNP a partir de 1945 probaba plenamente el acierto de su estrategia hacia aquéllos y la validez de los presupuestos ideológicos que aquí han tratado de perfilarse. Y tampoco parecen abrigarse demasiadas dudas sobre la capacidad de la ACNP para monopolizar la representación de la iglesia en la sociedad civil y aprovechar el fracaso de la FET en sus pretensiones de exclusividad de la élite política y en la creación de canales de comunicación entre el Estado y la sociedad. En definitiva, la ACNP, superado ya el peligro de sus enemigos de clase tradicionales y paliada la competencia de los falangistas dentro del sistema franquista, pudo seguir siendo, con más eficacia incluso que antes, un centro de reclutamiento y formación católica de élites sociopolíticas, cuyos objetivos fundamentales se cifraban en ponerse a disposición incondicional de la iglesia para, como solían decir, «servirla como ella desea ser servida» y «actuar allí donde ella no pueda actuar directamente». Su presidente lo intuía ya a finales de 1944, cuando señalaba a la Asamblea General de la Asociación que «los propagandistas ya hemos estudiado bastante […] Podemos lanzarnos a una acción que en estos últimos años ha estado aletargada […] desarrollando las ideas del Sumo Pontífice sobre el orden internacional y el orden interno de los pueblos»[30]. Tras la pérdida de influencia falangista, la acción no podía ser otra que reforzar su presencia en todos los niveles posibles, de forma que la iglesia y, naturalmente, la dictadura puedan resultar beneficiadas.

Unidad y diversidad en la oposición comunista al franquismo (Jordi Solé Tura)

JORDi SOLÉ TURA

UNIDAD Y DIVERSIDAD EN LA OPOSICIÓN

COMUNISTA AL FRANQUISMO

Hablar de «unidad» y «diversidad» en la oposición comunista al franquismo quiere decir huir de algunas interpretaciones simplificadoras que ven la trayectoria del PCE-PSUC[1] bajo el franquismo como un todo homogéneo en el espacio y en el tiempo. Creo que esta trayectoria fue una combinación de momentos de uniformidad y de diversidad, que se pueden distinguir claramente varias fases en la elaboración de la política comunista, que la aplicación de esta política no fue uniforme y que la implantación misma del PCE-PSUC se caracterizó en todo momento por la diversidad y la desigualdad. La implantación organizativa de los comunistas se centró en Cataluña, Madrid, Andalucía, Asturias y País Valenciano. En el resto de España hubo núcleos dispersos, que en algunos momentos alcanzaron importancia pero que no llegaron a estabilizarse como tales. Y hubo anchas zonas del país en las que el comunismo apenas penetró.

Creo que es importante reflexionar sobre esta cuestión porque, en realidad, bajo el franquismo se forjó la identidad política y orgánica del comunismo español y porque los avatares del PCE-PSUC permiten entender la debilidad y la fuerza de la oposición al franquismo. Me parece indudable que el PCE-PSUC constituyó el núcleo esencial —y en algunos momentos, único— de esta oposición y que, por lo mismo, su fuerza y su debilidad expresan y resumen la fuerza y la debilidad del conjunto de la oposición antifranquista.

Me propongo, pues, seguir las líneas generales de esta unidad y de esta diversidad de los comunistas bajo el franquismo. Pero para ello considero necesario detenerme antes en unas consideraciones generales sobre la tradición y la identidad de los comunistas en España.

LA TRADICIÓN COMUNISTA EN ESPAÑA

El PCE-PSUC es uno de los herederos del movimiento obrero español forjado en el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX. Este movimiento obrero, matriz de los comunistas, pero también de los socialistas y de los anarquistas, se desarrolló históricamente como movimiento totalmente ajeno a las estructuras de un Estado cerrado e impermeable que no dejaba el más mínimo resquicio para una política reformista. En realidad, durante aquellos años cruciales, el movimiento obrero no consiguió introducir en los aparatos del Estado español ninguno de sus valores esenciales, ninguna de sus aspiraciones colectivas. Y si lo consiguió fue de manera precaria, por breve tiempo, sin posibilidades de consolidar nada.

Esto explica, a mi entender, la enorme importancia que en el movimiento obrero español han tenido el republicanismo, el anticlericalismo, el antimilitarismo y, en general, el antiestatismo como propuestas políticas, como valores ideológicos y como actitudes vitales.

El PCE surgió en el seno de este movimiento obrero sin un patrimonio teórico propio, sin cuadros políticos e intelectuales capaces de impulsar una elaboración teórica sobre las condiciones concretas de España, a la manera de Gramsci en el caso italiano. El movimiento obrero español nunca contó con grupos de intelectuales revolucionarios dispuestos a fundirse profundamente en su causa. Y si esto condicionó enormemente al conjunto del movimiento obrero más condicionó todavía al PCE, animado por una fuerte aspiración revolucionaria. En realidad, durante los doce primeros años de su existencia el PCE conoció ya la clandestinidad, no pasó de ser un grupúsculo que asumía en malas condiciones el papel a que estaba reducido, es decir, el papel de apoyo del Estado soviético en territorio adverso, y ni siquiera pudo influir en el acontecimiento capital que fue el hundimiento de la monarquía y la proclamación de la segunda República.

Más todavía. Ya en aquel precario período inicial el comunismo en España mostró diversidades que no aparecieron en otros países próximos. Así, por ejemplo, en Cataluña el comunismo no tardó en diferenciarse, no sólo por el origen anarcosindicalista de algunos de sus exponentes, sino también por su relación con la cuestión nacional, planteada ya con fuerza por núcleos nacionalistas de izquierda e interpretada por los comunistas catalanes en función del análisis de Lenin-Stalin sobre el problema nacional en el imperio zarista.

Es sabido que el PCE no empezó a tener un protagonismo significativo hasta ya avanzada la segunda República y que el momento culminante de este primer protagonismo fue la guerra civil de 1936-1939, en parte por circunstancias internacionales pero sobre todo por su determinación y su combatividad.

Pues bien, ya en este momento de intenso protagonismo se produjo una situación de profunda diversidad. Mientras el PCE se consolidaba en el conjunto de España en torno a una dirección bastante homogénea, surgida del núcleo sevillano de José Díaz y Antonio Mije, y del núcleo vasco-asturiano encabezado por Dolores Ibárruri, en Cataluña se formaba el PSUC por una vía original y con unas características muy propias y específicas.

Como es sabido, el PSUC no surgió de la escisión del PSOE sino, al contrario, de la fusión de comunistas, de socialistas catalanes, de los socialistas del PSOE en Cataluña y de radicales de corte nacionalista. Esta formación original no sólo se debía al impulso unitario provocado por la sublevación franquista sino también al contexto social y político de Cataluña, marcado por un desarrollo específico de la sociedad industrial y por la influencia de la cuestión nacional. El PSUC no surgió propiamente como partido comunista. Si acabó orientándose en este sentido fue por las circunstancias de la guerra civil, pero incluso en estas circunstancias mantuvo un carácter y una composición social que lo diferenciaban profundamente de los demás núcleos orgánicos del comunismo en España. Basta leer los escritos de Palmiro Togliatti sobre la guerra civil española para darse cuenta de la profundidad y de la importancia, no sólo coyuntural, de estas diferencias.

El hecho decisivo para el comunismo español —como para todas las fuerzas de izquierda— fue, sin embargo, que la guerra civil terminó con una derrota total de la democracia y, por consiguiente, con una derrota total de toda la izquierda. La derrota fue especialmente dura para los comunistas. Primero porque fueron casi los únicos partidarios de la resistencia hasta el final y se vieron aislados al final de la guerra, incluso en el seno de las fuerzas republicanas. Segundo, y principalmente, porque la guerra civil fue presentada ideológicamente por los vencedores como una lucha contra el comunismo dentro y fuera de España y avalada en este sentido por la iglesia católica. De este modo, los comunistas aparecieron no sólo como los perdedores principales sino que fueron convertidos en el enemigo por antonomasia y sometidos a la más dura de las persecuciones. Ambos elementos contribuyeron a aislar a los comunistas en la posguerra.

El PCE-PSUC entró, pues, en la lucha contra el franquismo marcado por los siguientes elementos:

1. Una experiencia de enorme protagonismo bélico, con unas estructuras organizativas marcadas por las condiciones y las necesidades de la guerra y una conciencia colectiva de vanguardia principal y no claudicante contra el franquismo.

2. Una terrible pérdida de dirigentes, de cuadros y de militantes que significó la destrucción de los grandes avances organizativos conseguidos durante la breve experiencia de la guerra civil.

3. Un gran aislamiento político, no sólo entre los restos de las fuerzas republicanas en el exilio sino también —y principalmente— entre una población española cansada de la guerra, maltrecha por la represión y la penuria y bombardeada por una propaganda oficial —del Estado y de la iglesia— que presentaba a los comunistas como los únicos enemigos del régimen y como los únicos culpables de la guerra civil.

4. Una posición política oscilante ante la evolución de la política internacional y de la segunda guerra mundial. Mientras el pacto germano-soviético contribuía más todavía a su aislamiento político, el desarrollo concreto de la segunda guerra mundial les abría un espacio político más amplio. Pero a diferencia de otros países, como Italia y Francia, este espacio no se podía abrir políticamente en la propia España. Los comunistas españoles fueron especialmente activos en la lucha contra el nazismo, pero en Francia. Y cuando intentaron trasladar esta lucha a España la guerra mundial ya había terminado de hecho y empezaba el período de la guerra fría, que cerró totalmente esta posibilidad. Mientras los comunistas italianos y franceses podían encabezar la lucha de liberación nacional contra el nazismo y el fascismo y salían de esta lucha convertidos en grandes partidos de masas, aureolados por su capacidad de combate y por su representatividad como grandes fuerzas nacionales, los comunistas españoles libraban casi aislados una desesperada guerra de guerrilla, se veían obligados a abandonarla, contemplaban cómo el franquismo era recuperado y consolidado por los gobernantes norteamericanos y eran marginados por una oposición en el exilio que ya entraba en el juego de la guerra fría.

En aquellas condiciones es difícil hablar de unidad y diversidad en el comunismo español. Las direcciones del PCE y del PSUC se encontraban, básicamente, dispersas en el exilio. El simbólico episodio del reconocimiento del PSUC como partido específico de la Internacional Comunista no pasó de episodio ante la disolución de la propia Internacional, aunque no se puede menospreciar por lo que tuvo de reconocimiento del PSUC como partido comunista —condición que no tenía exactamente en sus orígenes— y como partido nacional catalán, aunque esto fuese más simbólico que real.

En el interior, la organización comunista consistía esencialmente en algunos núcleos dispersos que practicaban la guerrilla urbana y rural con terribles sacrificios personales y una enorme combatividad, pero con grandes dificultades para romper su aislamiento y para reorganizar una dirección política eficaz.

Creo importante recordar estos datos —por lo demás, suficientemente conocidos— para situar política y organizativamente la actividad de los comunistas en la lucha contra el franquismo.

LAS FASES DE LA POLÍTICA COMUNISTA BAJO EL FRANQUISMO

Creo que, en líneas generales, se pueden distinguir cinco grandes fases en la elaboración y la puesta en práctica de la política de los comunistas. Estas fases son: 1) el período de la guerrilla; 2) la política de reconstrucción del movimiento de masas a partir de los sindicatos verticales; 3) la definición de la política de reconciliación nacional y los intentos de desarrollar un movimiento de masas político; 4) la reconstrucción de las vanguardias políticas y sindicales a partir de las huelgas de Asturias y otros movimientos de masas y la definición de la política de pacto para la libertad, y 5) la política de unidad en las postrimerías del franquismo.

Aparentemente, estas fases se suceden según una línea política continua y una práctica uniforme. En realidad hubo momentos de uniformidad y de gran diversidad, momentos de gran acercamiento a los cambios reales de la sociedad española y momentos de extremo subjetivismo. Y, a partir de la década de los sesenta, hubo prácticas muy diferenciadas no sólo entre el PCE y el PSUC sino también entre los distintos núcleos organizados del PCE. A medida que el desarrollismo de los años sesenta introducía cambios en la sociedad española, las organizaciones del PCE tenían que hacer frente a situaciones nuevas que no respondían plenamente —o no respondían de la misma manera— a los planteamientos generales que se trazaban desde una dirección que seguía funcionando principalmente en el exilio. Y aunque esto no se traducía en planteamientos políticos diferentes, sí daba lugar a prácticas diferenciadas y a situaciones organizativas distintas.

Hablar de fases en la elaboración y en la aplicación de la política de los comunistas no significa, sin embargo, establecer divisorias rígidas en el espacio y en el tiempo. Significa, únicamente, que hubo avances y retrocesos, elaboraciones tácticas y desarrollos de éstas, momentos organizativos diferentes. Y que cada uno de esos aspectos respondía a la necesidad de afrontar situaciones nacionales e internacionales diferentes en condiciones normalmente difíciles, con mecanismos de discusión interna poco ágiles y con un instrumento, el partido, que debía consumir una buena parte de su tiempo en la tarea de sobrevivir frente a la represión y reorganizarse.

Hubo, desde luego, una gran divisoria y ésta fue la definición de la política de reconciliación nacional, pues hasta entonces los comunistas —como toda la oposición— veían la resistencia contra el franquismo como una prolongación de la guerra civil. La aportación fundamental del PCE-PSUC no consistió únicamente en definir una nueva línea política, llena de posibilidades creadoras, sino también en terminar con un enfoque que llevaba a toda la oposición a un callejón sin salida.

La guerrilla de los años cuarenta fue, como es sabido, la combinación de dos movimientos guerrilleros. En primer lugar, el de los núcleos que subsistían como tales desde la guerra civil y que eran esencialmente núcleos dispersos con un objetivo político fundamental: no dar por terminada la guerra civil, no reconocer oficialmente la derrota y mantener algunos puntos de referencia para la continuación y la extensión de la lucha anterior. En segundo lugar, el de las unidades que lucharon victoriosamente contra el nazismo en Francia y que intentaron trasplantar su experiencia y su combatividad a España con la esperanza de forjar una alternativa popular cuando el final de la segunda guerra mundial significase —como en Alemania, Italia y Francia— el fin del nazi-fascismo, es decir, del franquismo.

Este movimiento guerrillero, duro y heroico, pero de importancia desigual, fracasó no sólo por el aislamiento político de los diversos núcleos de guerrilla sino también, y principalmente, porque el inicio de la guerra fría consolidó al franquismo.

La diferencia entre los comunistas españoles y los comunistas de Italia y Francia fue, pues, enorme como ya he recordado. Mientras éstos salían victoriosos de la lucha contra el nazi-fascismo y capitalizaban una parte fundamental del espíritu patriótico de la resistencia, el comunismo español luchaba aislado, sin conseguir conectar políticamente con la mayoría de la población —ni siquiera con una minoría significativa— y se veía obligado, finalmente, a retirar las unidades guerrilleras, mientras el resto de la oposición —salvo contados núcleos que actuaban en el interior— se perdía en las vicisitudes y las lejanías del exilio y el franquismo se consolidaba, tras haber salvado, con el apoyo de los EE. UU., el momento más difícil de la posguerra.

El fracaso de la guerrilla era el final de un período, y así supieron entenderlo los dirigentes comunistas. De este modo, a finales de la década de los 40 empezó a tomar cuerpo, no sin dificultades, una reorientación táctica y estratégica que llevaría, en unos años, a un replanteamiento completo de la línea política de los comunistas[2].

El mérito principal del PCE-PSUC, a diferencia de la mayoría de los demás grupos de oposición y, desde luego, de la mayoría de los núcleos dirigentes de éstos en el exilio, fue que al reorientar su política supo situar el centro de gravedad de la misma en la reconstrucción de las vanguardias políticas y sindicales a partir de la lucha de masas en el interior.

Reconstruir estas vanguardias significaba acudir a donde estaba el grueso de los trabajadores, es decir, a los sindicatos verticales del franquismo, y trabajar en su interior.

Esta política, definida en los últimos años de la década de los 40 y primeros de la década de los 50, dio resultados desiguales. Sin duda contribuyó, desde el primer momento, a potenciar nuevos tipos de lucha y de organización en el seno del movimiento obrero. Pero sus efectos no empezaron a percibirse seriamente hasta finales de los años 50 y comienzos de los 60.

A veces se ha dicho que la huelga general de Barcelona, de 1951, fue el primer resultado concreto de esta nueva política. A mi parecer, esto no es del todo exacto. Creo más bien que la huelga general de Barcelona fue un estallido, en gran parte espontáneo, de núcleos de obreros industriales que ya empezaban a superar el síndrome de la guerra civil y que protestaban por las pésimas condiciones de subsistencia y por la explotación a que eran sometidos, después de una posguerra tan larga. Era, en cierto sentido, la constatación de lo mismo que había llevado al PCE-PSUC a abandonar la guerrilla, es decir, que la guerra civil había terminado, que no se podía seguir aceptando las duras condiciones de la posguerra y que había que iniciar otra fase, con otros métodos, otros principios de organización, otros objetivos y, desde luego, otra mentalidad.

La huelga general de Barcelona demostraba, en todo caso, que las fórmulas políticas del franquismo de la inmediata posguerra habían durado demasiado y empezaban a agotarse, lo cual planteaba nuevos desafíos a la oposición y al propio franquismo.

Las huelgas obreras de 1956, 1957 y 1958 y el comienzo del movimiento estudiantil antifranquista en 1956 y 1957, primero en Madrid y después en Barcelona, mostraron que el franquismo experimentaba nuevas y profundas contradicciones, agravadas por la rigidez del propio sistema. Mostraban también que empezaban a crearse las condiciones para un nuevo movimiento político y sindical que, social y generacionalmente, tenía ya poco que ver con las líneas divisorias de la guerra civil y de la posguerra inmediata.

Fue entonces cuando el PCE-PSUC planteó la política de reconciliación nacional. La gestación y la aprobación de esta política provocó una importante crisis en la dirección del PCE, crisis que se resolvió con la formación de un nuevo equipo dirigente en torno a Santiago Carrillo y Fernando Claudín, ambos procedentes de las Juventudes Socialistas Unificadas, apoyados decisivamente por Dolores Ibárruri, frente al grupo dirigido por Vicente Uribe. Cabe decir que el resultado del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que abrió en 1956 el camino de la desestalinización, influyó decisivamente en este cambio político y generacional en la dirección del PCE.

Los nuevos dirigentes del PCE se orientaron con un mayor sentido de la realidad, percibieron las nuevas contradicciones surgidas en la sociedad española[3] y definieron una política que permitió dar un salto adelante no sólo a los comunistas sino a otros grupos de la oposición.

La consecuencia lógica de esta política era el planteamiento de objetivos generales que permitiesen, a corto plazo, concretar y unificar un nuevo movimiento antifranquista, dándole un carácter de masas. Estos objetivos fueron la jornada de reconciliación nacional, convocada el 5 de mayo de 1958, y la huelga nacional pacífica, convocada el 18 de junio de 1959.

El fracaso de estas dos jornadas de lucha —pese a algunos éxitos parciales— demostró, sin embargo, que la política de reconciliación nacional tenía todavía muchas debilidades y que el PCE-PSUC subestimaba algunos factores importantes y sobreestimaba otros.

La dirección comunista cometió el error de creer que la dictadura sería incapaz de superar la crisis económica y el agotamiento del modelo autárquico de la posguerra, y por ello sobreestimó la capacidad de lucha de una población que en su inmensa mayoría seguía políticamente dispersa y que, tras la política de estabilización aplicada por la dictadura, conoció grandes cambios estructurales.

Las huelgas iniciadas en Asturias en 1962 fueron, para un sector de la dirección comunista, la confirmación de la crisis del franquismo y del fracaso de la política de estabilización económica. Fueron también, para este sector, la confirmación de que ya existían las bases para organizar un potente movimiento de masas capaz de asumir el gran objetivo político del derrocamiento del franquismo.

Para otro sector minoritario, que pronto se articuló en torno a Fernando Claudín, el fracaso de la jornada de reconciliación nacional y de la huelga general pacífica y el carácter mismo de las huelgas iniciadas en Asturias demostraban, por el contrario, que todavía no existía la posibilidad de un movimiento político de masas, que la política de estabilización del franquismo había conseguido sentar las bases de una nueva fase de desarrollo económico que provocaría nuevas contradicciones en la sociedad española y que el movimiento huelguístico de 1962 significaba la aparición de una nueva vanguardia obrera y sindical, pero no todavía de un gran movimiento social. Como es sabido, esta distinta valoración —llena de implicaciones tácticas y estratégicas— dio lugar a una nueva crisis en la dirección del PCE y culminó con la expulsión de Fernando Claudín y sus seguidores.

El surgimiento de una nueva vanguardia obrera, en torno a Comisiones Obreras, fue sin duda el resultado más importante de aquel movimiento huelguístico.

Al mismo tiempo, empezó a manifestarse una nueva oposición que, de hecho, confirmaba la validez de la política de reconciliación nacional pero que, a la vez, demostraba que no sería fácil convertir dicha política en la línea hegemónica del antifranquismo, como línea de los comunistas.

La aparición pública de una oposición nacionalista catalana en torno a los incidentes del Palau de la Música de Barcelona y de la figura de Jordi Pujol, la radicalización de sectores juveniles del nacionalismo vasco que acabaron creando el movimiento ETA, la aparición de corrientes radicales en el movimiento cristiano y entre sectores universitarios, cuyo resultado más tangible fue la formación del Frente de Liberación Popular (FLP) y, en otro plano, la reunión de Munich —de la que se excluyó oficialmente a los comunistas, aunque algunos representantes del PCE-PSUC estuviesen presentes como observadores— mostraban que empezaban a crearse nuevas condiciones políticas y que, por consiguiente, la línea de la reconciliación nacional había llegado a un primer límite.

Por lo demás, las nuevas condiciones internacionales influían política e ideológicamente en las nuevas vanguardias y daban lugar a una diversificación política e ideológica que también afectaría al PCE-PSUC. No hay que olvidar que la aparición de nuevos sectores de vanguardia era, también, un corte generacional, que las nuevas vanguardias surgían a partir de nuevas contradicciones en España y en el mundo y que, precisamente por ello, el PCE-PSUC tenía que reflejar en su propio seno esta nueva diversidad.

Así, por ejemplo, la Revolución cubana y el castrismo influían en el FLP, pero también en núcleos del PCE-PSUC. La crisis entre la URSS y la República Popular China dio lugar, también, a tensiones dentro del PCE-PSUC y produjo las primeras escisiones «prochinas», que no llegaron más allá de algunos grupos reducidos pero que inicialmente provocaron una gran alarma y situaron a la dirección comunista en una posición defensiva y duramente beligerante. Así, por ejemplo, el peligro de una fuerte escisión prochina, cuyas dimensiones eran difíciles de prever en aquellos momentos, influyó decisivamente en la crispación que hubo en torno al debate con las posiciones de Fernando Claudín y en la radicalización del enfrentamiento con éste.

Como antes decía, el nacimiento de Comisiones Obreras fue otro factor nuevo, de gran trascendencia. Por un lado, demostraba que no sólo existía una nueva vanguardia obrera sino que ésta se podía organizar como una auténtica vanguardia política y sindical. Por otro lado, esta vanguardia organizada era más amplia que la estrictamente comunista y tendía a asumir posiciones propias que no siempre coincidían con las del PCE-PSUC.

La formación de esta vanguardia obrera dentro de España podía dar lugar a una cierta separación entre un movimiento obrero interior, de tipo nuevo y con dirigentes igualmente nuevos, surgidos de la lucha dentro del sindicalismo vertical, en las fábricas, por un lado, y por otro una organización política —el PCE-PSUC— que era sustituida en las fábricas por Comisiones Obreras y tendía a convertirse, por ello, en una organización de agitación política general, sin presencia propia significativa en los principales centros obreros. Más clara era, en cambio, la hegemonía del PCE-PSUC en el movimiento universitario, especialmente en el momento de formación del Sindicato Democrático de Estudiantes.

Bajo la dirección y la inspiración política personal de Santiago Carrillo, el PCE se enfrentó desigualmente con todas estas nuevas realidades. Superó con energía y audacia el trauma de la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968, asegurando una independencia que equivalía de hecho a una ruptura con la URSS; hizo frente con éxito a los sucesivos intentos de escisión —como el del PCE-ML prochino de 1964; el llamado grupo «Unidad», que posteriormente dio lugar al PC internacional en 1967, etcétera— y elaboró una línea política que intentaba aplicar el programa de reconciliación nacional a las nuevas condiciones de la España desarrollista —y que, por lo mismo, recogía bastantes elementos de la reflexión de Fernando Claudín.

Las líneas principales de esta política se formularon a través de diversos libros y folletos de Santiago Carrillo y se concretaron en una serie de consignas políticas que expresaban, de manera condensada, los conceptos principales.

A partir de un análisis sugerente pero limitado de las nuevas contradicciones del capitalismo en general y del español en particular y de las consecuencias de la llamada «revolución científico-técnica» —que servía de base para el concepto estratégico de la «alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura»— se llegó a la fórmula política del pacto para la libertad[4], completada con las consignas de la huelga general política y de la huelga nacional[5].

Estas fórmulas intentaban combinar el desarrollo de un amplio movimiento de masas con una alternativa política unitaria. Se definía así una línea de ruptura política que debía acabar con el derrocamiento del franquismo a través de una gran presión social organizada. Por ello la política de «pacto para la libertad» no sólo prestaba una gran atención a la organización de ese movimiento de masas sino que daba una importancia decisiva a la política de alianzas fuera y hasta dentro del franquismo. Así, por ejemplo, se distinguía entre los «ultras» y los «evolucionistas» dentro del franquismo, se ofrecían puentes de entendimiento con sectores de las fuerzas armadas y de la administración y se seguía con detalle la evolución de los diversos grupos de la oposición antifranquista.

Es más, en aquellas condiciones, el PCE-PSUC consiguió elaborar una línea estratégica que ligaba la concepción del «pacto para la libertad» con la aspiración revolucionaria que había impulsado y guiaba a sus militantes y simpatizantes. La reflexión sobre el desarrollo capitalista y las consignas políticas antes citadas, la nueva postura favorable al ingreso de España en el Mercado Común —adoptada en el VIII Congreso del PCE, en 1972—, la definición de la democracia política y social como fase de la vía democrática y pluralista al socialismo y la definición final del concepto de eurocomunismo como síntesis de todo lo anterior, son algunos de los hitos más significativos de esta elaboración teórica.

Ahora bien, dentro de su coherencia lógica, la política de «pacto para la libertad» mostraba grandes debilidades que eran, a la vez, las principales debilidades del conjunto del movimiento antifranquista.

La primera de ellas era la dificultad de poner en pie una auténtica alternativa unitaria. En realidad, hasta muy avanzada la década de los años 70 apenas existieron fuerzas de oposición suficientemente significativas con las que organizar o pactar una alternativa unitaria. Y ello por una doble razón: porque estas fuerzas eran débiles y porque dentro de su debilidad —y acaso por ello mismo— se resistían a organizar una alternativa en la que el PCE tuviese un papel importante.

La segunda debilidad era que el movimiento de masas que debía potenciar la alternativa y provocar el derrocamiento del régimen franquista era limitado y desigual. En realidad, el antifranquismo obrero y universitario —y más tarde el del movimiento popular urbano— fue un movimiento de amplias vanguardias que no consiguió transformarse en un gran movimiento de masas —excepto en algunos momentos puntuales. Los factores que explican este hecho son diversos y el primero es, sin duda, la terrible represión con que el franquismo destruyó los cuadros obreros y sindicales de la izquierda en la inmediata posguerra y con la que obstaculizó la reconstrucción de dichos cuadros durante largos años, hasta el final del propio franquismo. Pero hubo otros, derivados de la propia evolución de la sociedad española bajo el franquismo, que no es el caso analizar aquí. Baste constatar el hecho.

La suma de las debilidades explica el carácter que tuvo la transición del franquismo a la democracia y es, también, la clave para entender el papel del PCE-PSUC en dicha transición.

Las consignas de «huelga general política» y de «huelga nacional» resultaron rigurosamente impracticables. Más aún: los últimos años del franquismo se caracterizaron por una mezcla de extremo autoritarismo político y de absoluta pasividad e inoperancia del régimen en el terreno económico. Mientras la dictadura mantenía toda su dureza contra las vanguardias políticas más radicales —baste recordar el proceso 1001 contra los dirigentes de Comisiones Obreras o las condenas a muerte y las ejecuciones de militantes de ETA y del FRAP—, los trabajadores obtenían en los últimos años del franquismo importantes reivindicaciones salariales. Paradójicamente, esto contribuía a la separación entre unas vanguardias políticas perseguidas como extremistas y un movimiento obrero desorganizado que obtenía conquistas aparentemente sin necesidad de dichas vanguardias.

Ante la inminencia del fin del franquismo, la dirección del PCE tuvo que forzar la creación de una alternativa unitaria que le permitiese seguir impulsando la política de ruptura o, por lo menos, estar presente en las negociaciones que podían abrirse entre un sector del franquismo y una oposición que se organizaba a marchas forzadas. Esta alternativa unitaria fue la Junta Democrática.

Es sabido que la Junta Democrática era débil y que algunos de sus integrantes no representaban ninguna fuerza social. Además, la Junta Democrática era contrarrestada como plataforma unitaria por la Plataforma de Convergencia Democrática, claramente privilegiada desde los sectores reformistas del franquismo y desde algunos gobiernos como el «interlocutor» de la reforma.

Las dificultades que encontró el PCE para estar presente en la plataforma unitaria final —la llamada Platajunta— y en la subsiguiente Comisión de los Diez, encargada de negociar la reforma con el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, expresan claramente la debilidad del movimiento de masas antifranquista como elemento clave de la ruptura política preconizada por los comunistas.

EL PSUC Y LA POLÍTICA DE UNIDAD

Quizá no exista una demostración más clara de la «diversidad» de la realidad comunista bajo el franquismo que la trayectoria del PSUC.

En las páginas anteriores, al abordar la fase final del antifranquismo y la creación de alternativas unitarias he utilizado únicamente las siglas PCE, para señalar que lo dicho no era totalmente aplicable al PSUC.

En efecto, la situación política en Cataluña bajo el franquismo y el papel del PSUC en ella contrastan fuertemente con la situación en el resto de España y con el papel del PCE en la política unitaria.

No quiero decir, con ello, que el movimiento de masas antifranquista fuese superior al del resto de España. Hubo momentos más avanzados, ciertamente, pero en general el nivel de desarrollo fue el mismo y en algunas fases inferior al de otros puntos de España.

La diferencia sustancial estuvo en el terreno de la unidad. En Cataluña se manifestó pronto una oposición más diversificada y más representativa que en el resto de España. Esto se debió a diversos factores, entre los cuales el primero y más importante fue que la cuestión nacional catalana activó núcleos de oposición más definidos y más coincidentes en lo esencial.

El franquismo reprimió duramente las manifestaciones del hecho nacional catalán, englobando en una misma persecución a las fuerzas de izquierda y a las nacionalistas. Esto hizo que la lucha por la democracia estuviese estrechamente ligada, en todo momento, a la lucha por las libertades nacionales, y que en esta lucha coincidiesen fácilmente fuerzas políticas de muy distinto signo, desde los comunistas hasta los nacionalistas de centro-derecha.

El PSUC planteó esta cuestión con gran claridad desde el primer momento y supo vincular en una misma propuesta política y en una misma acción la lucha reivindicativa, la lucha contra el franquismo y la lucha por la autonomía y la libertad de Cataluña. La política de reconciliación nacional, la convocatoria de jornadas de lucha y, más tarde, la política de pacto para la libertad siempre fueron planteadas por el PSUC desde una óptica específicamente catalana, con la atención puesta en la cuestión nacional.

Es indudable que el PSUC siempre estuvo en la primera línea de reconstrucción del movimiento nacional catalán, disputando la hegemonía a los sectores nacionalistas y consiguiendo conquistarla en muchos momentos[6].

De este modo, la política comunista tuvo pronto una gran influencia entre los universitarios y la intelectualidad y a nivel obrero fue un importante factor de unificación que impidió divisiones entre las vanguardias políticas y sindicales en función de la lengua o del lugar de origen.

Mientras el PCE chocaba con grandes dificultades para forjar una alternativa unitaria o para estar presente en las que se anunciaban, el PSUC no sólo estuvo presente en todas las alternativas unitarias que se organizaron en Cataluña sino que fue el principal impulsor de todas ellas.

El PSUC estuvo presente ya en la «Taula» unitaria creada a partir de la organización y subsiguiente represión del Sindicato Democrático de Estudiantes en el convento de los Capuchinos de Sarriá en 1966.

Fruto de esta primera iniciativa unitaria, en 1969 se organizó la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, de la que formaban parte comunistas, socialistas, nacionalistas, democristianos y carlistas.

El punto culminante de la política unitaria en Cataluña fue, sin duda, la creación de la Assemblea de Catalunya en 1971. La Assemblea comprendía una gran diversidad de fuerzas políticas y sociales en torno a un programa que reivindicaba la amnistía, las libertades y el restablecimiento del Estatut de Catalunya de 1932, como paso para la conquista de la plena autonomía.

Finalmente, en 1975 las fuerzas políticas más importantes se unieron en el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, en el que el PSUC tuvo un importante protagonismo. El Consell fue la plataforma unitaria única de Cataluña y como tal pudo representar al conjunto de las fuerzas catalanas en las alternativas unitarias del resto de España en los momentos decisivos de la reforma política A través de la Assemblea de Catalunya estas fuerzas tuvieron además una estrecha relación con una gran diversidad de grupos de la sociedad catalana.

De este modo, algunos planteamientos esenciales del PCE, como el «pacto para la libertad» o la Junta Democrática apenas tuvieron eco en Cataluña. Esto no quiere decir que el PSUC no los tuviese en cuenta. Así, por ejemplo, la política de «pacto para la libertad» se aplicó, pero con escasas referencias al concepto mismo. En cambio, sí puede decirse que el PSUC rechazó explícitamente extender a Cataluña las Juntas Democráticas promovidas por el PCE.

Estas diferencias entre la situación política de Cataluña y la del resto de España se explicaban, naturalmente, por otros factores. Así, por ejemplo, la unidad antifranquista era más fácil en Cataluña porque era menos decisiva para el conjunto del país que la que pudiese gestarse en Madrid, donde una alternativa unitaria podía convertirse en gobierno.

La razón principal era, sin embargo, la distinta configuración sociológica de una Cataluña con una larga tradición de sociedad industrial y duramente reprimida como nacionalidad por el franquismo.

El hecho es que, por todas estas razones, el PSUC tuvo un mayor protagonismo político y social en Cataluña que el PCE en el resto de España. Puede decirse, sin temor a exagerar, que no hubo en Cataluña ningún movimiento político, social o cultural bajo el franquismo que no tuviese al PSUC como uno de sus inspiradores y, a menudo, como el inspirador principal. Por eso el PSUC pudo afrontar la reforma en mejores condiciones que el PCE, con mayor protagonismo social y con mejores perspectivas electorales, como se demostró en las primeras elecciones generales de 1977[7].

A MODO DE CONCLUSIÓN

La expresión más sintética —y más dramática— de lo que había sido la trayectoria política del PCE-PSUC y de todo el movimiento antifranquista fue que en el momento de iniciarse la transición a la democracia la fuerza que más había luchado contra el franquismo fue la que más dificultades tuvo para ser legalizada, la que de manera más precaria se incorporó a la reforma y la que fue superada ampliamente en votos en las primeras elecciones generales por otras fuerzas que o procedían del franquismo o habían tenido un protagonismo más escaso contra el franquismo.

Que la ruptura política preconizada por los comunistas fuese superada por la reforma es la demostración más clara de que el antifranquismo no consiguió vencer como movimiento de masas claramente rupturista, es decir, como movimiento de masas político.

Sin embargo, la sociedad española abordó el cambio político con una cultura política nueva. La transformación sufrida por esta sociedad en los años de desarrollismo y de apertura al exterior es, sin duda, una causa fundamental de esta nueva cultura, frente a la cual la dictadura franquista fue incapaz de evolucionar. Pero éste no fue el único factor. La larga lucha de las vanguardias políticas y sindicales, encabezadas por el PCE-PSUC, fue sin duda otro factor de modernización, de creación de una nueva mentalidad social, de superación de las líneas divisorias creadas por la guerra civil. En 1975-1976, en unas condiciones internacionales que ya no eran las de 1945 y tras una larga trayectoria que había permitido reconstruir las vanguardias destruidas, pero no levantar un gran movimiento de masas político, el PCE-PSUC no pudo capitalizar los resultados de su acción ni superar del todo los factores de su aislamiento. Pero su actividad y sus planteamientos políticos fueron decisivos, a mi entender, para estabilizar la reforma y abrir el camino a un sistema democrático que en pocos años soportó sin traumas el acceso del PSOE al poder.

Las condiciones de la reforma impidieron, como decía, que los comunistas pudiesen capitalizar políticamente los resultados de su lucha contra el franquismo, y ésta es, sin duda, una de las claves de la ulterior crisis del PCE y del PSUC. Pero las razones de esta incapacidad de capitalización deben buscarse más en las debilidades generales del antifranquismo que en los factores internos del PCE y del PSUC, como tiende a hacerse a menudo. Ésta es, en líneas generales, mi conclusión.

La contribución de la «nueva izquierda» al resurgir de la democracia española, 1957-1976 (Hartmut Heine)

HARMUT HEINE

LA CONTRIBUCIÓN DE LA «NUEVA IZQUIERDA»

AL RESURGIR DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA,

1957-1976

La «Nueva Izquierda» española —vulgo Izquierda Revolucionaria— constituye uno de los fenómenos de la era franquista que, no obstante la enorme influencia que ejerció sobre la configuración de la misma, aún no se ha estudiado con el esmero imprescindible para poder valorarlo en toda su complejidad.

La mayoría de los artículos dedicados al tema resaltan lo efímero de muchos de los grupos que integraban la «Nueva Izquierda», así como el escaso peso numérico de su militancia, factores que a los autores generalmente les parecen prueba contundente de la relativa insignificancia del tema. Otros, con hostilidad apenas disimulada, juzgan lo que denominan la «extrema izquierda», bajo el prisma exclusivo de la violencia desencadenada por grupos como el FRAP o el GRAPO y, por tanto, rechazan toda la experiencia como totalmente negativa. También las escasas aportaciones de los mismos protagonistas adolecen generalmente de una visión donde el orgullo nostálgico va emparejado con el deseo de explicar la pasada militancia como un mero traspiés juvenil que poco o nada tiene que ver con su posterior trayectoria política.

Por razones obvias no es éste el lugar para explorar las múltiples facetas que la «Nueva Izquierda» española exhibió durante la segunda mitad de la era franquista, sino que nos proponemos simplemente dibujar a grandes rasgos su génesis así como su trayectoria ideológica y organizativa.

Gran parte de este proceso se encuadra perfectamente en ese movimiento casi universal que se ha denominado «la rebelión de los jóvenes». El historiador alemán Klaus Mehnert utiliza los términos «Nueva Izquierda» y «rebelión juvenil» casi como sinónimos. En su libro dedicado a ese movimiento[1] fija su comienzo en aquellas manifestaciones del estudiantado japonés que, por su violencia y persistencia, consiguieron que la visita del presidente Eisenhower, proyectada para principios de 1960, finalmente tuviese que ser cancelada. Mehnert ve en estos sucesos, así como en las protestas que unos meses más tarde desembocaron en el derrocamiento del dictador surcoreano Syngman Rhee, el resurgimiento del estudiantado como protagonista histórico.

El proceso que se había iniciado en España unos cinco años antes no produjo a corto plazo resultados comparables y, por tanto, no sorprende que Mehnert lo haya ignorado por completo. De hecho, los disturbios estudiantiles que se desarrollaron a raíz del entierro de Ortega y Gasset, así como el enfrentamiento entre estudiantes y autoridades que resultó de la suspensión del Congreso Nacional Universitario de Jóvenes Escritores, proyectado para la primavera de 1956, debían aparecer desde fuera como chiquilladas de escaso contenido político. Lo que les daba a estos sucesos una importancia muy por encima de su resonancia inmediata no era sus resultados sino la personalidad de sus protagonistas y la coyuntura nacional en que se desarrollaban. A diferencia de la situación que se daría más tarde en otros países industrializados, el rechazo del régimen y de la sociedad imperante procede en España de un estudiantado que se recluta en su casi totalidad de las capas altas y medias del país, es decir, de un campo que, no obstante una cierta pluralidad en su visión ideológica, se identifica social y políticamente con el statu quo nacional.

Esta característica ha servido como motivo para valorar estos hechos como la mera expresión de un choque generacional, es decir, como el rechazo por parte de la juventud de ciertos valores y experiencias por el simple hecho de que éstos han sido establecidos y vividos por sus padres. De hecho, no faltaban aquellos que, una vez terminada la carrera universitaria, abandonaron todas sus veleidades izquierdistas para volver nuevamente al hogar ideológico de su clase social. Sin embargo, éstos fueron probablemente una minoría. Si bien la mayoría no permanecería totalmente fiel a los principios ideológicos de su juventud, se conserva en general de aquella experiencia una visión más amplia del mundo y una mayor receptividad para las ideas nuevas, mejor adaptadas a la coyuntura nacional e internacional.

El motivo de que la presencia en la oposición marque al joven español más profundamente que a su coetáneo europeo reside precisamente en las condiciones impuestas por la dictadura franquista. Pedir públicamente «una mayor participación del pueblo en el quehacer nacional» —reivindicación contenida en el llamado «Testimonio de las generaciones ajenas a la guerra civil», de abril de 1957— representa en España un acto de inmensurables consecuencias. El joven estudiante o profesional no solamente rompe con ello los lazos que le unen a su ámbito familiar y social, sino que se expone también a una brusca y a veces prolongada interrupción de su carrera universitaria, al encarcelamiento o posiblemente al exilio. Puesto que de 1956 en adelante serían docenas de jóvenes procedentes de las capas altas y medianas de la sociedad los que comparten esta experiencia, no consideramos lícito ni ajustado a la realidad histórica hablar simplemente de un «choque generacional».

¿Cuáles son entonces los motivos que impulsan a los jóvenes a combatir una sociedad que ha sido creada por sus padres y que les promete un futuro más o menos asegurado? Por una parte está allí el agotamiento ideológico del régimen. El país acaba de experimentar, en 1955, lo que fue posiblemente la última campaña propagandística en la que la Falange consiguió despertar en considerables sectores de la juventud universitaria esperanzas, esperanzas que la realidad franquista pronto se encargaría de defraudar. La capacidad persuasiva del régimen, tanto en su faceta joseantoniana como en el lado dinástico, está gastada. El papel del régimen de «reserva espiritual de Occidente», con toda la carga de superioridad moral que ello implica, pierde sus últimos restos de credibilidad a medida que España se convierte en una base más del poder estadounidense. También la iglesia, cuya autoridad y apoyo sirven al régimen como mayor factor de legitimación, deja de constituir un poder monolítico. El naciente pluralismo en el seno de la iglesia afecta al joven universitario sobre todo en su faceta intelectual. Libros como Catolicismo día tras día, de Aranguren, o Del paternalismo a la justicia social, de Ignacio Fernández de Castro, reclaman la adaptación de la iglesia a la realidad social española. Entre los universitarios se discuten las nuevas interpretaciones de la teología católica, como son el personalismo del francés Mounier y las ideas de su compatriota Maritain[2].

Son también representantes de la iglesia, como los padres Diez Alegría y Llanos en la región madrileña y mossèn Dalmau en Barcelona, los que introducen al joven universitario por primera vez a la realidad social de las capas menos privilegiadas.

En esta primera fase del nacimiento de la «Nueva Izquierda» —que situamos aproximadamente en la segunda mitad de la década de los años cincuenta— la iglesia constituye en sus diversas manifestaciones uno de los principales factores que atraen al joven universitario a posiciones no conformes con el statu quo. Mas no es el único. Muchas veces es el mismo ambiente familiar el que facilita el paso a esas posiciones. Las actitudes catalanistas latentes en gran parte de la burguesía catalana y las nostálgicas simpatías por un republicanismo centrista, que caracterizan a amplios sectores de las capas profesionales del resto de España, inclinan al joven universitario a adoptar una actitud crítica que la realidad social del país pronto se encargaría de acentuar.

Las antiguas organizaciones de la clase obrera española no son, por el contrario, en estos momentos un factor que influya fuertemente en la radicalización del joven universitario. Hay varios motivos para ello. Por una parte, su presencia organizativa es o extremadamente tenue —caso de los socialistas— o prácticamente nula, como ocurre con los anarcosindicalistas. Si bien la situación de los comunistas ofrece en este aspecto ciertas perspectivas alentadoras, la experiencia de la guerrilla es aún demasiado reciente para que PC y PSUC tengan ya una presencia sólida en todas las capas sociales de la nación.

Ello supone en la práctica que al joven no directamente relacionado con el ámbito obrero le resulta enormemente difícil informarse de la política actual de esas organizaciones y de las soluciones que propugnan. Por otra parte, veinte años de propaganda antimarxista y antilibertaria, ampliada profundamente en el ámbito familiar, no dejan de penetrar en la conciencia del joven universitario. Otros, por el contrario, que ya han conseguido familiarizarse sobre bases más fiables con el pasado y la política actual de esta izquierda, la rechazan por motivos muy diversos. El bloque libertario se les presenta en su faceta apolítica como una fuerza que perdió su norte ideológico en cuanto se enfrentó por primera vez con la realidad del poder. Ello, junto con otros factores, hace al joven politizado rechazar al anarcosindicalismo como una experiencia interesante pero no aplicable a la tarea actual.

Al socialismo se le ve paralizado en posiciones anticuadas y dominado por un anticomunismo estéril que le impide reaccionar adecuadamente a la nueva situación que se está forjando en el país. Los más radicalizados e impacientes rechazan sin más al PSOE como un partido de esencia socialdemócrata y, por tanto, incompetente para resolver los ingentes problemas del país. Salvo el Moviment Socialista de Catalunya (MSC) —con un radio de acción limitado a Cataluña— no existe aún una alternativa socialista que esté libre de las taras de un largo y penoso pasado. La idea de llenar esta laguna con un partido socialista y revolucionario fascina desde mediados de la década a un cada vez mayor número de universitarios y jóvenes intelectuales.

Respecto al PC se adopta en general una actitud bastante ambivalente. Por una parte, se reconoce que el partido posee capacidad organizativa e ideológica para construir dentro de la izquierda el principal polo de resistencia. Por otra, hay toda una serie de reservas y recelos que se interponen a que —salvo en contados casos— se tome la decisión de adherirse al PC. Al lado de las aspiraciones hegemónicas de los tiempos de la guerra civil y del «centralismo democrático», tal como se practica entonces en el PC, pesa sobre todo la oposición a la política de «reconciliación nacional», interpretada por los jóvenes como el abandono de las últimas posiciones revolucionarias. Las denuncias de los crímenes estalinistas por Krushev en el vigésimo congreso del PCUS y la invasión soviética de Hungría en otoño de 1956, que desbarata el intento de reconstruir un estado socialista sobre la base de los derechos humanos y del auténtico poder obrero, son otros dos factores que en la opinión de muchos obran en contra del PC.

La decisión de crear nuevos marcos organizativos para fundir en ellos los difusos sentimientos de rebeldía se ve impulsada por la creciente radicalización del estudiantado y el deseo de oponer a las huestes de la Falange y al SEU organizaciones auténticas del universitario para así echar a ese nivel de la sociedad franquista los cimientos de un «doble poder».

El régimen, que ha permitido que la universidad, bajo la batuta de Ruiz Giménez y por motivos relacionados principalmente con las necesidades de la economía, goce de cierta libertad, parece hallarse en plena retirada. Nacen, por tanto, a raíz de los sangrientos choques de febrero de 1956, las dos organizaciones que más influirían en el desarrollo de la «Nueva Izquierda», a saber, la Asociación Socialista Universitaria (ASU) y el Frente de Liberación Popular (FLP).

Influye fuertemente en la fundación de estos grupos la convicción de que la economía española ha entrado en una vía muerta y que, por tanto, las señales de descontento popular no pueden menos de multiplicarse y ganar en fuerza. El problema principal para los jóvenes militantes de las dos organizaciones reside, por tanto, en conseguir lo más rápidamente posible el enlace con la clase obrera. La dificultad es tanto mayor por cuanto la ASU —cuya militancia pasaría más tarde mayoritariamente a las filas del FLP— y los «felipes» están integrados en gran parte por universitarios e intelectuales. El FLP, que en el otoño de 1958 había surgido como la proyección extrauniversitaria de la Nueva Izquierda Universitaria (NIU), se distingue además por su marcado carácter católico, lo que para muchos obreros lo convierte en una entidad vedada.

El FLP intenta escapar de este dilema por dos vías. Una es el intento de estrechar los lazos que ya le unen con ciertos dirigentes obreros procedentes de las organizaciones obreras de Acción Católica. Es allí, en el marco de la HOAC, JOC y VOJ, donde en los años cincuenta se estaba formando otro de los fundamentos de la «Nueva Izquierda». El entusiasmo de ciertos sacerdotes de marcada conciencia social y la protección financiera y práctica de ciertos sectores de la iglesia han permitido que surja, al lado de un cierto «amarillismo», una hornada de jóvenes obreros que, si bien no han conseguido aún desprenderse de ciertos prejuicios antimarxistas, están adoptando una posición de franca hostilidad hacia el statu quo social. Son ellos los que, al lado de los cuadros más experimentados de las organizaciones tradicionales, emprenden la reestructuración de la clase obrera sobre unas bases esencialmente economistas para después encauzarla hacia objetivos que tendrían un cada vez mayor contenido político.

Los esfuerzos del FLP en general no se ven coronados por el éxito. Sólo en Euzkadi, donde el Frente no aparecería de forma organizada hasta la creación de ESBA, en el verano de 1961, y en Cataluña, se consigue esa inserción en las luchas obreras de una forma sólida. Paralelamente a estos contactos personales se entablan conversaciones con la izquierda establecida, con vistas a ofrecerse como aliado potencial. El resultado más tangible de este paso es la participación del FLP en la llamada «huelga nacional pacífica», convocada por el PC para el 18 de junio de 1959. El FLP madrileño sufre a consecuencia de la huelga la detención de varios de sus dirigentes más destacados, pero se crea, en cambio, un prestigio considerable entre la clase obrera y las otras organizaciones de la izquierda española. Más importante aún, las caídas y la experiencia carcelaria de varios cuadros facilitan una reorientación ideológica y táctica de la organización que la acercan a posiciones más pragmáticas y a la vez de un mayor contenido marxista. Hallamos aquí uno de los factores que permiten a las organizaciones federadas del FLP desempeñar un papel de indudable importancia en las huelgas de abril y mayo de 1961, las que constituyen la mayor manifestación del descontento obrero que el régimen había experimentado hasta aquel momento. Prueba de ello es que, de un total de unas 400 personas detenidas a raíz de esos sucesos, se acusa a casi la mitad de ser militantes del FLP. En la Asociación Democrática Popular (ADP), la rama catalana del FLP, esas caídas abren un período de confusión y dudas que duraría hasta después de las detenciones de mayo de 1962, de las que son víctimas varios dirigentes de la organización. A partir de ese momento, el Front Obrer de Catalunya (FOC), que había surgido de la ADP tras un proceso de clarificación táctica y estratégica, experimenta un crecimiento constante.

En la universidad barcelonesa el FOC se presenta dentro del marco del Moviment Febrer de 62 —una alianza que ha creado junto con el MSC e independientes— como la principal organización de la izquierda universitaria, posición que sigue manteniendo aun después de que el MF 62 se vea reemplazado por el SDEUB. En las Comisiones Obreras, que aparecen en la región barcelonesa en noviembre de 1964, el FOC ocupa inicialmente una posición muy minoritaria, para después convertirse en el gran rival del PSUC en la lucha por el control de este organismo. En el momento más álgido de esa lucha, es decir, en 1967, se presenta también la posibilidad de consolidar la posición del FOC para transformarlo, por medio de la fusión con el MSC y la Força Socialista Federal (FSF), en un aglutinante permanente de la «Nueva Izquierda» en el panorama político de España.

Aparte de ciertos factores exteriores, como la represión y la recesión, son sobre todo la radicalización de ciertos sectores del FOC y la consiguiente acentuación de la tradicional falta de cohesión política los que impiden que esa posibilidad se haga realidad. Las tensiones reflejan en buena parte una creciente hostilidad hacia una política que combina la retórica revolucionaria con una práctica gradualista y pragmática. La radicalización afecta también a aquella organización que, iniciando su existencia en 1955 bajo el nombre de Crist-Catalunya, se convierte más tarde en Comunitat Catalana, para transformarse, en 1964, en Força Socialista Federal (FSF).

Una vez pasado el momento de la mayor compenetración, las tres organizaciones mencionadas entran en un proceso de decadencia que conduciría, en el caso del FOC y de la FSF, hacia finales de la década, a la extinción, mientras que en el MSC —una organización que a pesar de su veteranía de más de 20 años exhibe muchas características típicas de la «Nueva Izquierda»— provoca una autodisolución parcial.

Esa coyuntura, es decir, el período que va desde 1968 hasta 1971, presencia una considerable expansión de la «Nueva Izquierda», expansión que va acompañada de una reorientación táctica e incluso estratégica.

Antes de pasar a la historia de la segunda etapa de este proceso histórico creemos conveniente evaluar brevemente las características más salientes de la «Nueva Izquierda» respecto a la posterior evolución política del país.

En cuanto a la vertiente universitaria, intelectual, destaca sobre todo un factor que, por muy obvio que sea, merece ser constatado con toda claridad: el surgimiento y la evolución posterior de la «Nueva Izquierda» privan al régimen de una parte nada desdeñable de la futura clase rectora para situarla en un punto de franca oposición al mismo, un hecho que en sí hubiera sido suficiente para obstaculizar enormemente un posible intento de mantener el franquismo aun después de la muerte del dictador. Por otra parte, la existencia de la «Nueva Izquierda», lo nuevo de sus planteamientos y su negativa a asumir y defender toda una serie de errores y deficiencias que la izquierda había acumulado durante su larga historia, permiten que el marxismo español gane masivamente adeptos en una capa social que antes de la guerra apenas le había prestado apoyo alguno.

El proceso que se inicia en aquellos años y en aquel marco beneficiaría a largo plazo principalmente a la izquierda establecida. Una docena de destacados dirigentes, así como varias decenas de cuadros de menos relieve que militan actualmente en el PSOE o en el PC, iniciaron su carrera política como militantes o simpatizantes de organizaciones como el FLP, la ASU o la FSF. Respecto al movimiento obrero, la «Nueva Izquierda» de los años cincuenta y sesenta constituye uno de los factores que, a pesar de su escasa implantación en este campo, consigue en cierta manera romper el alto grado de despolitización que le caracteriza a esas alturas. Las huelgas de la primavera de 1961 demuestran que una organización como el FLP, si bien carece de la fuerza necesaria para desencadenar y controlar un movimiento de esas dimensiones, sí es capaz de acentuar su contenido político y de acelerar su evolución. Por otra parte, grupos como el FLP o la Acción Sindical de Trabajadores (AST), hacen de puente para que los jóvenes militantes de la JOC, VOJ u otras organizaciones católicas pasen al socialismo tal como se presenta mayoritariamente en la actualidad.

La «Nueva Izquierda» de la segunda etapa nace en un contexto nacional muy distinto del que había presenciado la génesis de su precursor. Seguía vigente la condición fundamental, el régimen franquista, pero este régimen, al igual que el país que dominaba, había cambiado en muchos aspectos. La nueva política económica, íntimamente asociada con el nombre del Opus Dei y de los Planes de Desarrollo, había desencadenado profundas transformaciones socioeconómicas. Por ejemplo, el país contaba ahora con una base obrera más amplia que nunca, que otra vez venía cobrando conciencia de su fuerza inherente. Este fenómeno, pero también las exigencias de una sociedad en pleno proceso de modernización, había provocado una serie de concesiones gubernamentales —Ley de Prensa, elecciones sindicales relativamente libres, Ley Orgánica del Estado— que, por limitadas que fuesen, estaban contribuyendo al cambio del régimen. Por otra parte, no solamente la clase obrera sino también el estudiantado, ese otro foco de la lucha antifranquista, estaba creciendo a pasos gigantescos, de modo que el número de los estudiantes matriculados en las universidades estatales había aumentado entre 1957 y 1967 en un 90 por 100. Más importante aún, España se había abierto hacia Europa. Mientras que el contacto del emigrante español con los valores sociales y políticos de más allá de los Pirineos posiblemente no haya tenido el impacto que a veces se le imputa, la penetración desde fuera de corrientes ideológicas, nuevas las unas y medio olvidadas las otras, no dejó de influir profundamente en los medios universitarios. Esta penetración se desarrollaba de diversas formas. En algunas librerías aparecen los escritos de ciertos teóricos marxistas —normalmente editados en el continente americano—, la prensa española transmite con mayor exactitud que antes las noticias que llegan del extranjero y un creciente número de estudiantes aprovecha las vacaciones para enterarse personalmente en Francia o Italia de los grandes acontecimientos políticos que están sacudiendo al mundo.

No nos parece exagerado calificar de fundamentales los acontecimientos que venían produciéndose a lo largo de la década de los años 60. Mientras que la creación del Mercado Común ha inaugurado en gran parte de Europa occidental el consumismo a una escala hasta entonces desconocida, se acentúa en el campo comunista la lucha ideológica hasta desembocar en el gran cisma. Uno de los contrincantes, la China de Mao, promociona con este paso el surgimiento de una nueva corriente en el movimiento comunista internacional, que en España se manifiesta con la fundación del Partido Comunista marxista-leninista. Mas no tarda en asestar otro golpe a las estructuras ideológicas vigentes. La revolución cultural china se presenta ante el observador extranjero como un movimiento antiautoritario, como una rebelión juvenil encaminada, al parecer, a recuperar el primitivo contenido igualitario del comunismo. Paralelamente a estas embestidas contra una burocracia esclerotizada, la lucha de la nación vietnamita contra la superpotencia norteamericana alcanza nuevas dimensiones. Sobre todo en la Europa industrializada se interpreta este proceso como una señal de que no son inalterables ni los moldes ideológicos ni la relación de fuerzas establecidos en la década de los 40. He aquí uno de los factores más importantes que dotan a los evenements del mayo de 1968 y al llamado «otoño caliente» de 1969 en Italia de un cierto potencial revolucionario. Estos acontecimientos, a su vez, les parecen a muchos una prueba contundente de que la clase obrera de los países capitalistas no ha dejado de ser revolucionaria, sino que su aparente aburguesamiento resulta en gran medida del hecho de que se halle avasallada por los partidos «reformistas» y «revisionistas». Según la IV Internacional y su dirigente más destacado, Ernest Mandel —a cuyo juicio se adhieren más o menos disimuladamente también muchos acólitos del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tse-tung— incumbe a la juventud, el sector menos corrompido por el reformismo, rescatar a la clase obrera de su esclavitud ideológica para devolverle su protagonismo histórico.

Al lado de las posiciones prochinas, elaboradas y adaptadas al mundo occidental por Bettelheim y otros reconocidos teóricos de la izquierda europea, se redescubre el pensamiento marxista en toda su amplitud y, en algunos casos, intenta enlazarlo con ciertas corrientes del anarquismo libertario. Así que, al lado de los escritos de Rosa Luxemburg, del joven Lukács, de Trotsky, de Gramsci, del consejismo de Pannekoek, Gorter y Korsch se discuten las ideas de Kropotkin y Bakunin, intentando establecer sobre ellas un modelo ideológico que resuelva las contradicciones inherentes a una sociedad industrializada basada sobre el sistema capitalista.

En España este fenómeno ideológico incide sobre una situación especialmente propicia ya que aquí el conjunto socioeconómico arriba referido sigue basado sobre una estructura política represiva y anticuada que a raíz de la crisis económica de 1967 demuestra nuevamente que sus instrumentos de control carecen en absoluto de la flexibilidad que les permite a las democracias parlamentarias neutralizar las presiones revolucionarias. (La amplia publicidad que con el beneplácito de las autoridades acompaña al caso Matesa constituye posiblemente un intento aislado de dotar al régimen de ciertos elementos de esa flexibilidad). A los despidos en masa de los enlaces sindicales elegidos en 1966 sigue un año más tarde la prohibición formal de las Comisiones Obreras; después sobreviene lo que podríamos llamar el «trienio del estado de excepción». En 1968 su imposición aún se limita a las provincias vascas, pero en 1969 —motivada en gran medida por las protestas estudiantiles— y en 1970 ésta se ve extendida a todo el país. Este último año también presencia el juicio de Burgos, un acontecimiento de suma importancia para la formación y evolución de la «Nueva Izquierda» en su segunda etapa.

Todo ello refuerza en amplias capas de la juventud obrera y estudiantil la convicción de que en España existen ya las condiciones objetivas para una revolución socialista o, al menos, para la primera fase de la misma, la «democrática-popular». Este sentimiento provoca entre 1967 y 1971 el surgimiento de la inmensa mayoría de los grupos de la «Nueva Izquierda» en su segunda etapa. (Notables excepciones son el PC ML —ya mencionado anteriormente— y el grupo Acción Comunista, que surge de una escisión en la organización del exilio del FLP). Mas esta pluralidad organizativa refleja también las enormes divergencias que dividen al campo de la izquierda heterodoxa. Por una parte, está la cuestión de qué grado de madurez ha alcanzado ya la situación prerrevolucionaria en el país; por otra, se mantiene un acalorado debate sobre quién constituye el verdadero sujeto de esta revolución. Si bien a nivel internacional se puede estar convencido del protagonismo revolucionario de los países del tercer mundo, no es ya lícito albergar semejantes esperanzas respecto al campesinado español. (Incluso en el FLP de los principios de la década —al que sus rivales de la izquierda española solían acusar de un «guerrillerismo infantil»— había bien pocos que creían en la guerrilla rural como una opción primordial en la lucha contra Franco). Si, por tanto, seguía siendo la clase obrera la que debía desempeñar este papel, ¿cómo iba a adquirir la conciencia necesaria para poder abordar esa tarea?, y ¿cuál sería el puesto de la juventud, sobre todo de la juventud intelectualmente formada, del estudiantado, en este proceso?

La realidad pronto se encargaría de dar una respuesta a estas preguntas. En la mayoría de los casos en que individuos o grupos de personas procedentes de las capas privilegiadas entran en colaboración con núcleos semiorganizados de obreros, terminan estos contactos en la destrucción parcial o total de la organización obrera, a no ser que ésta se someta a las directivas de quienes en un principio iban a actuar simplemente como «asesores» desinteresados[3]. En gran parte se debe ello a que los estudiantes —a veces son universitarios transformados en obreros «bolchevizados»— que buscan este contacto, militan en grupos que se autodeíinen como «la vanguardia de la clase obrera» y consideran, por tanto, este proceso como perfectamente consecuente con su papel histórico. Mas en otros casos resulta también del hecho de que sus conocimientos teóricos y sus posibilidades prácticas son tan superiores a los que tienen los obreros que, estos últimos, a veces con plena conciencia, abdican en ellos el papel destacado que les ha asignado la teoría marxista. Así que los grupos y organizaciones de la «Nueva Izquierda» van saliendo de la penumbra ideológica, donde aún había sido posible reconciliar las ideas de Korsch o incluso de Bakunin con los preceptos férreos del leninismo, para refugiarse en unas estructuras ideológicas consagradas por el tiempo pero imperfectamente adaptadas a la situación socioeconómica real del país.

Un ejemplo ilustrativo de este proceso lo constituye la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Tiene su origen en la Acción Sindical de Trabajadores (AST), una organización que a principios de la década se había formado en el cinturón industrial de Madrid sobre la base de la Vanguardia Obrera Juvenil (VOJ), cuya creación habían promovido los jesuitas. Paralelamente a su expansión hacia Navarra y algunos puntos aislados como Huelva y Aranjuez, la AST experimenta una lenta evolución hacia el marxismo sin que ello suponga un inalterable compromiso con un determinado modelo doctrinario, mientras que en su labor práctica se fundamenta sobre una estrecha colaboración con el PCE. Su transformación en ORT, en 1969, no cambia radicalmente esta situación, de modo que aun después de esta fecha sigue subsistiendo en su seno una cierta diversidad ideológica. Mas es precisamente esta permeabilidad doctrinaria la que permite el ingreso y la posterior subida a la dirección de unos elementos intelectuales que, por medio de una purga de los elementos refractarios, proceden a limpiar la línea política de la organización de todo «eclecticismo» para anclarla firmemente en el «marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tse-tung».

Otras organizaciones que, como las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista (CRAS) en Asturias o el núcleo que desde principios de 1969 existía en Barcelona en torno a la revista mensual ¿Qué Hacer?, buscaban una vía hacia la autoemancipación obrera en cuyo desarrollo el elemento «externo», intelectual, no tuviera más que un papel consultivo, o desaparecen por completo o se dividen para dar raíz a otras opciones ideológicas. Así ocurre, por ejemplo, con ¿Qué Hacer?, de cuyos escombros surgen primero los Grupos Obreros Autónomos (GOA), de tendencia consejista, y después el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo que entronca con la larga tradición libertaria del proletariado catalán. Su nombre saltaría a la primera plana de la prensa nacional cuando el juicio y la posterior ejecución de Puig Antich, uno de sus militantes, revelan, no por última vez, la sangrienta faz del franquismo[4].

La tentación de abandonar en favor de los postulados del marxismo-leninismo la ingente tarea de elaborar con los propios medios un análisis y una táctica para la lucha diaria en una España en pleno proceso de modernización, va ganando a prácticamente todos los grupos importantes. Unos, como el PC ML/FRAP, la ORT o el Partido del Trabajo (PTE) en su fase inicial (conocido entonces como PC internacional), se limitan a repetir con apenas ligeras modificaciones las consignas y tácticas que Mao Tse-tung o el PCE de la era de José Díaz habían elaborado en otra época y en un contexto socioeconómico muy diferente. Otros —como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), representante español de la corriente mayoritaria del trotsquismo, el Movimiento Comunista (MC), cuyo origen como escisión de ETA le predispone para una comprensión menos mimética del problema regional de lo que es corriente en la «Nueva Izquierda», o la Organización de la Izquierda Comunista de España (OICE) que, influida por sus orígenes cristianos y su etapa gramsciana, había tardado años en asumir plenamente los mecanismos del marxismo-leninismo— si bien se esfuerzan por adaptar su línea política a la situación real, tampoco consiguen sustraerse a la tentación del dogmatismo.

Mas ¿qué quiere decir «dogmatismo» en este contexto? Significa, a grandes rasgos, intentar trasplantar a la España de los años setenta análisis y tácticas que no se ajustan a la realidad del país. Así, por ejemplo, se supone la existencia de una pequeña burguesía que, sumisa a una creciente depauperación, está experimentando una progresiva radicalización. Ésta debe a la larga conducirle hacia una alianza con el proletariado, a pesar de que no se disimula en absoluto que semejante pacto desembocará en una revolución que tarde o temprano provocará su eliminación como clase. Asimismo, se distingue entre una parte de la burguesía —muy minoritaria, por demás— que económica y políticamente se halla totalmente identificada con EE. UU., y otra que, amenazada por el imperialismo económico yanqui, se someterá en la ya próxima crisis revolucionaria al liderazgo del proletariado, aun sabiendo que este paso, como en el caso anterior, supondrá su propia extinción. El mimetismo resulta insoslayable. El esquema maoísta de la alianza antijaponesa y antikuomintang, así como la táctica interclasista de la Unión Nacional, que por voz de Negrín proclama el PCE durante la guerra civil, reaparecen en la España de los años setenta bajo la consigna de la «unión de las fuerzas democrático-populares» contra el capital monopolista autóctono y el imperialismo yanqui. (Obsérvense en este contexto las elucubraciones nacionalistas, por no decir ya chovinistas —celebración de las insurrecciones antinapoleónicas de los días 2 y 3 de mayo, constante denuncia del supuesto status colonial de España respecto a EE. UU., sin mencionar en absoluto la presencia española en África, etcétera— que galardonan las páginas de la prensa del PC ML y otros grupos).

A ello se añade la tendencia a interpretar las crecientes luchas obreras como un claro signo de la fuerza y de la voluntad revolucionaria del proletariado español. Se infravalora, por otra parte, la estabilidad del régimen y se niega la capacidad de maniobra de la burguesía ante la inminente desaparición del dictador. No se concibe en el contexto español la supervivencia del sistema capitalista sin el sostén de la dictadura; la crisis que ineluctablemente seguirá al derrumbe de ésta, no tendrá otra salida que la revolución «democrático-popular» o incluso socialista.

A pesar de este esquematismo no cabe la menor duda de que la «Nueva Izquierda» desempeña un importante papel en las masivas luchas obreras que a partir de 1970 sacuden con fuerza cada vez mayor al régimen franquista. Su capacidad de movilizar a las masas es, en determinadas zonas y en determinados momentos, considerable. Asimismo, desempeña un importante papel en la politización del joven proletariado y de sus reivindicaciones sociales. Al igual que sus precursores de los años 50 y 60, participa de un modo destacado en la construcción de un puente ideológico y sindical por el cual buena parte de los obreros de formación cristiana pasarían un día al sindicalismo marxista.

Si bien los defectos del dogmatismo —para no hablar ya de la falta de una democracia interna que no sea la del «centralismo democrático»— provocan una constante hemorragia de militantes desilusionados, el ritmo de ingresos nuevos es tan elevado que los elementos rectores no ven motivo alguno para cambiar de rumbo. (El traspaso de militantes es muy considerable, sobre todo en aquellas organizaciones donde un gran activismo, marcado por acciones espectaculares, va emparejado con un autoritarismo y con una inflexibilidad ideológica férreos. Un ejemplo destacado lo constituye el PC ML/FRAP. Según las estimaciones de un antiguo dirigente, pasaron por las filas de este grupo durante el período 1969-1975 un total de hasta 3500 militantes, si bien la militancia en ningún momento superó la marca de los 500. Este fenómeno tiene el efecto de concienciar políticamente a miles de jóvenes, preparándoles para una posterior militancia en un partido de la izquierda tradicional. Mas en muchos casos, por el contrario, el desengaño es tan profundo que provoca el distanciamiento permanente de toda actividad política o, para decirlo en el lenguaje de los iniciados, el militante «sale quemado, se va a casa»).

Son sobre todo los acontecimientos que se producen entre la revolución portuguesa y el verano de 1975 los que empiezan a minar esta autosuficiencia. La caída del régimen de Caetano y la capacidad de la burguesía portuguesa de desviar las energías populares hacia metas menos revolucionarias, provocan en ciertos grupos de la izquierda española graves dudas respecto a las previsiones consagradas sobre la inminente crisis del régimen español. La aparición de la Junta Democrática (JD) en el verano de 1974 y de la Convergencia Democrática un año más tarde son una prueba insoslayable de que también la burguesía española es capaz de preparar una salida que salvaguarde al máximo sus intereses socioeconómicos.

Varios grupos se ven, por tanto, en la necesidad de replantear sus supuestos tácticos. En el PTE, que pronto ingresaría en la JD, este proceso toma la forma de un análisis crítico del «izquierdismo» que había imperado en el partido hasta poco antes. El triunfo de la línea «pragmática» supone que en lo sucesivo el PTE se esfuerza por presentarse como una organización «responsable» que, no contenta con ocupar las posiciones que va abandonando el PCE, a veces se apresura a superar a este partido en su moderación. En Bandera Roja (BR), que ya en el pasado había ocupado una posición extrañamente emplazada a medio camino entre la «vía italiana» y el «maoísmo», se inicia por aquellas fechas una profunda crisis que, transcurriendo por etapas, conducirá al paso de gran parte de su dirección y de su militancia al PSUC. Mientras que el MC no cree posible adaptarse a la nueva situación sin antes haber revisado algunas de sus posiciones, no existen, al parecer, semejantes dudas en la ORT, ya que este grupo ingresa —al igual que el MC— en la Convergencia Democrática sin modificar en lo más mínimo sus declaraciones de fe en el «marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tse-tung».

Mientras que estas organizaciones, y también otras como la LCR y la OICE, se aprestan —si bien con poca convicción— a adoptar el pactismo y con ello la vía electoral o, en palabras de Dutschke, a «emprender la larga marcha por las instituciones», otras —consecuentes con su verbalismo revolucionario— se creen capaces de forzar la situación por medio de la vía insurreccional o, si sé prefiere, del terrorismo. El balance que esta opción arroja respecto al PC m-1/ FRAP asciende a varios muertos tanto entre las fuerzas del orden como entre sus propios militantes, además de las tres ejecuciones de otoño de 1975, las últimas de la época franquista. En cuanto al PC reconstituido y su «brazo armado», GRAPO, seguimos siendo testigos de las consecuencias de una táctica que resulta a la vez errónea y criminal.

Apenas más positivos —aunque menos trágicos— han sido los resultados de la opción política parlamentaria. Poco valía que prácticamente todos los grupos importantes de la «Nueva Izquierda» estuvieran presentes a nivel nacional y regional en los grandes organismos de la oposición (JD, Convergencia, Assemblea, Consell, Consello, etcétera), una presencia que no sólo tenía que garantizar que la transición habría de producirse sobre la base de profundas transformaciones socioeconómicas, sino que debía servir también para anclar la imagen de la «Nueva Izquierda» firmemente en la conciencia del pueblo. Nunca se cosecharon tampoco los frutos de la labor de millares de militantes que durante meses o incluso años se habían agotado física y mentalmente para movilizar y politizar a las masas y para concienciar y organizar fuera y dentro del marco de las CCOO al creciente y joven proletariado español, aun cuando esas actividades adolecieron de muchos defectos, tanto en su enfoque como en la práctica. A la hora de las primeras elecciones democráticas queda bien patente que para la inmensa mayoría de los españoles existe sólo una izquierda, la tradicional. (No modifica fundamentalmente esta apreciación el hecho de que los esfuerzos electorales de las organizaciones de la «Nueva Izquierda» se viesen hasta el último momento gravemente obstaculizados por las autoridades).

El choque sufrido a consecuencia de las elecciones de verano de 1977 provoca un cierto acercamiento entre varios de los grupos más importantes. Mas la comprensión de que la «Nueva Izquierda» sólo tendrá un futuro político si se logra fusionar a los diversos grupos en una sola organización, llega tarde e incluso a esas alturas no es aceptada por todos con la firmeza necesaria. Así que tanto el PTE como la ORT, a pesar de haber mantenido ya largas conversaciones tendentes a conseguir la unificación, insisten en mantener en pie su propia organización sindical (CSUT, SU), contribuyendo así a la progresiva división del proletariado español. La fusión de los dos grupos en el Partido de los Trabajadores no se produce hasta el verano de 1979, pero ya a pocos meses se abre la crisis definitiva que desembocaría en su liquidación como fuerza política.

Como detonador de esta crisis sirvió un documento («Una fuerza para una nueva civilización») en la que los autores (García Castro y Palazuelos) plantean a la militancia la transformación del partido en un movimiento que combinara sus tareas tradicionales con la defensa de toda una serie de intereses a los que hasta aquel momento se había concedido escasa importancia. Este intento de ir más allá del modelo que habían dado los «verdes» alemanes y potenciar su organización, asumiendo tanto los intereses de la clase obrera como los de ecologistas, feministas, homosexuales y otros grupos marginales, posiblemente hubiera abierto una salida a la crisis latente de la «Nueva Izquierda», pero no consiguió abrirse paso. Una de las pocas organizaciones que aparentemente ha logrado resistir esta crisis, el MC, sí ha intentado seguir este camino, pero no nos consta que este paso haya dado los frutos deseados.

La reaparición de la conflictividad en la España de los sesenta (Juan Pablo Fusi)

JUAN PABLO FUSI

LA REAPARICIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD

EN LA ESPAÑA DE LOS SESENTA

La idea de esta intervención es clara: que fue en los años 60 y no antes cuando el régimen de Franco tuvo que hacer frente a niveles de conflictividad importantes como para afectar decisivamente la vida pública y la dinámica política del propio régimen. Esta conflictividad tuvo una manifestación cuádruple: laboral, estudiantil, regional y eclesiástica.

La reaparición de los conflictos de masas fue consecuencia de causas y factores de orden muy distinto: sociales, políticos, estructurales, institucionales, coyunturales, etcétera. Pero, básicamente, todo ello respondió a una última realidad: la incapacidad de una estructura política autoritaria —el régimen de Franco— para responder a una sociedad —la española— en vías de desarrollo y de evolución. El régimen de Franco no pudo resolver armónicamente la alta conflictividad generada en un país en transformación acelerada, aunque pudiera convivir con ella. Es más, la propia naturaleza autoritaria del sistema contribuyó a exacerbar la conflictividad: ante la escalada de conflictos, el régimen no tuvo más respuesta —salvo algunos tímidos retoques institucionales— que una rígida política de orden público. Los conflictos, finalmente, no derribaron el régimen de Franco, pese a la gravedad, intensidad y frecuencia que llegaron a alcanzar. Pero erosionaron seriamente la legitimidad del régimen. Al menos, pusieron en entredicho uno de los fundamentos del franquismo: la idea de que el régimen de Franco representaba una etapa de paz sin precedentes en la historia de España, tal como la propaganda oficial sancionó al celebrar, con inusitado fasto, en 1964, los «25 años de paz».

La afirmación inicial —que fue en los años 60 cuando la conflictividad adquirió carácter endémico en la España de Franco— implica otros puntos que deben ser igualmente debatidos:

1) que las manifestaciones de descontento y oposición al régimen fueron, antes de aquella década, aislados, ocasionales y esporádicos, y en ningún momento llegaron a inquietarle seriamente (lo que no significa ni disminuir su importancia, ni desconocer el excepcional valor moral y político de quienes los protagonizaron): una represión dura y eficaz bastó para deshacer y contener los distintos episodios de agitación y conflicto;

2) que la represión no basta para explicar la amplia desmovilización de la opinión (y la falta, por tanto, de una oposición mayoritaria y popular al régimen) en los años cuarenta y cincuenta: el régimen de Franco tuvo mayores apoyos sociales de los que sus enemigos pensaron, en razón no de sus instituciones e ideología —posiblemente ignorados por una mayoría del país—, sino porque representó la restauración de valores tradicionales sobre la educación, la religión, la familia y el orden, profundamente arraigados en la sociedad española;

3) que la oposición política clandestina tuvo un papel comparativamente menor en la escalada de conflictos de los años 60 (con las excepciones que luego se indican). El papel de dicha oposición fue preservar los valores y principios de la democracia y de la libertad, pero su acción apenas afectó la dinámica cotidiana del régimen de Franco. El Partido Comunista (y el PSUC en Cataluña) fue, tal vez, la principal excepción: tuvo al menos una función importante en la coordinación y continuidad de los conflictos laborales y universitarios; ETA, creada en 1959, fue el catalizador del problema vasco, principal —casi único— problema regional serio que tendría que afrontar el régimen. Pero la conflictividad no reapareció como consecuencia de la acción de la oposición: fue, como se ha dicho, consecuencia del propio desarrollo de la sociedad española y de la imposibilidad del régimen de Franco de adaptar su estructura política a las nuevas realidades sociales del país. De la conflictividad de los años 60 surgiría, precisamente, una nueva oposición antifranquista, esto es, una nueva tradición democrática, nuevas ideologías y nuevos organismos («nuevos», en el sentido de no vinculados con las fuerzas democráticas anteriores a la guerra civil): en el orden laboral, CCOO, HOAC y JOC; en el orden regional, ETA; en el orden ideológico-político, el FLP, germen de toda una «nueva izquierda», la renovada democracia cristiana, el PSI, los grupúsculos de izquierda comunista, la labor de algunas personalidades de significación liberal y socialdemócrata. En contraste, fuerzas «históricas» como PSOE (exterior), grupos republicanos, CNT, UGT, PNV, Generalitat en el exilio, Esquerra Republicana y similares, o desaparecerían o se desdibujarían y, en cualquier caso, tendrían una importancia verdaderamente irrelevante (lo que no impediría que algunos de ellos reaparecieran con extraordinaria fuerza en los últimos años de la vida de Franco);

4) que la conflictividad no llegó, ciertamente, a terminar con el régimen de Franco, que, si no pudo ni resolverla ni canalizarla, llegó a convivir con ella (una imagen de los últimos quince años del franquismo que sólo diera cuenta de la proliferación de conflictos, y que no tuviera en cuenta ni el crecimiento económico, ni los relativamente altos niveles de bienestar y consumo logrados, ni la integración de una gran masa de la sociedad española en el sistema, falsearía la verdadera realidad histórica de aquel período). Pero la conflictividad erosionó sensiblemente la legitimidad y la credibilidad política del franquismo, y generalizó fuera y dentro del régimen —sobre todo, en las nuevas generaciones del franquismo— la convicción de que el régimen no podría continuar a la muerte de Franco.

Veamos, pues, los factores que pueden explicar, en cada caso, la aparición de la nueva conflictividad de los años 60.

LA CONFLICTIVIDAD LABORAL

Además, lógicamente, del descontento social —que es, como es bien sabido, la raíz última de la conflictividad laboral en toda sociedad industrial—, lo que hizo que los conflictos de trabajo alcanzaran intensidad y frecuencia sin precedentes desde 1959-1962 fue el nuevo sistema de relaciones laborales introducido, a partir de aquellos años, por el régimen de Franco.

El nuevo sistema vino a reemplazar al entramado fascistizante de los sindicatos verticales del nacional-sindicalismo, cuya inviabilidad había quedado de relieve en la grave crisis económica social de los años 1956-1959. El nuevo sistema vino a hacer de la negociación colectiva de los convenios laborales la clave del sindicalismo: la Ley de Convenios Colectivos de 1958 potenció los jurados de empresa y los enlaces sindicales y determinó que, en adelante, salarios y condiciones de trabajo se regularan en convenios directos entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores (y no, como hasta entonces, por el Ministerio de Trabajo). A partir de ahí, las huelgas se multiplicaron (aunque hasta 1975 seguirían oficialmente prohibidas). Hubo 777 conflictos en 1963, 484 en 1965, llegándose a la cifra record de 1595 huelgas en 1970. Por provincias, las más conflictivas fueron —en la década de 1960— Barcelona, Madrid, País Vasco y Asturias; por sectores, la minería, la metalurgia y la construcción (aunque al final de la década las huelgas se habían extendido a provincias sin tradición obrerista, a sectores nuevos —como el automóvil— y a grupos sociales de las clases medias). La negociación colectiva propició el crecimiento de los sindicatos clandestinos que acertaron a percibir la importancia que para los trabajadores tenía el nuevo sistema: CCOO —el más importante de todos— surgieron como comités para negociar los convenios colectivos al margen del sindicalismo oficial, pero dentro del nuevo sistema: el PCE fue decisivo en la transformación de CCOO de un movimiento espontaneísta en una organización estable, lo que ocurrió hacia 1964.

LA AGITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

La agitación en las universidades españolas —que tuvo el precedente de los sucesos de 1956— adquirió carácter endémico, sobre todo en Madrid y Barcelona, desde 1963-1964: la policía ocupó las universidades de 1966 a 1973, la agitación estudiantil sirvió de coartada oficial para la declaración del estado de excepción en febrero de 1969, manifestaciones, huelgas y alteraciones del orden público se hicieron casi permanentes en todos los campus del país, centenares de estudiantes —y algunos profesores— fueron detenidos, sancionados y/o expedientados; rara fue la universidad que no fue cerrada, por algún tiempo, en algún momento u otro.

La rebelión universitaria surgió, en origen, en demanda de sindicatos democráticos para los estudiantes (y de la desaparición del sindicato oficial, el SEU): reclamaría en todo momento tanto la democratización de la universidad, como la democratización de la sociedad española. Tales demandas revelaban las raíces últimas del conflicto: la reacción de la élite de las nuevas generaciones contra un sistema político autoritario y conservador, la contradicción entre las exigencias de una España nueva, europeísta y moderna y un régimen viejo, aislado y arcaico. La rebelión de los estudiantes puso en evidencia el fracaso educativo del franquismo: demostró la incapacidad de una universidad inspirada en los principios de aquel régimen para satisfacer las demandas científicas, culturales y políticas del sector más formado de la sociedad. El régimen de Franco trató el problema universitario como un problema de orden público: respondió a la protesta estudiantil con sanciones, multas y detenciones. El único intento de reforma llegó demasiado tarde, en 1970. Incluso los propios autores de la reforma tuvieron que reconocer que el problema universitario no era sino el reflejo de un problema más hondo, que no era sino la expresión de los desequilibrios provocados por un sistema educativo tradicional, rígido, mal planificado, cerrado y pobre en una sociedad en marcha acelerada a su democratización. A juzgar por lo ocurrido fuera de España (Berkeley, Berlín, París), podría argumentarse que la rebelión de los estudiantes españoles no fue sino un episodio más en un problema generacional de ámbito universal y que, por tanto, no tuvo relación con el régimen político español. Y, sin duda, que hubo algo de eso. Pero la naturaleza del régimen de Franco y su reacción ante la agitación estudiantil contribuyeron a hacer de aquella rebelión un problema político de primer orden y a extender la conflictividad; reveló el divorcio entre el franquismo y los cuadros llamados a dirigir España; puso de relieve la opción evidentemente democrática de la España del desarrollo y la prosperidad.

LA REBELIÓN DE LOS VASCOS: ETA

La década de 1960 vio también el retorno de otro de los fantasmas del pasado con el que el régimen de Franco creía haber acabado para siempre: el problema regional. La conciencia «nacional» catalana se mantuvo viva y despierta merced al vigor excepcional de la lengua y la cultura catalanas: escritores, artistas, ensayistas, intelectuales, editoriales, músicos, la propia iglesia, el Club de Fútbol Barcelona, fueron los depositarios de un sentimiento de identidad fuerte y ampliamente extendido en la sociedad catalana. Que el hecho diferencial catalán no se tradujera en conflictos graves y resonantes —incluso sucesos como la campaña y el proceso Pujol en 1960, la expulsión de Escarré, abad de Montserrat, en 1965, o la marcha contra la tortura de 130 sacerdotes en Barcelona en 1966, no deben ser exagerados— resultó engañoso: ocultaba la realidad del profundo rechazo del franquismo en Cataluña y la intensidad que la conciencia catalanista tenía entre una amplia mayoría de la población catalana (como quedó de relieve, por ejemplo, en los conflictos en la universidad catalana de los años 60, y en la misma fuerza que tuvieron las tendencias unitarias de la oposición clandestina. Una de las razones del éxito del PSUC fue su capacidad para integrar, junto a los planteamientos sociales de la ideología comunista, las aspiraciones y preocupaciones «nacionales» del catalanismo intelectual).

Pero fue en el País Vasco donde la protesta regional adquiriría proporciones más graves para el régimen de Franco. Eso se debió, fundamentalmente, a la aparición de ETA y su estrategia de lucha armada: entre 1968 y 1975 murieron, víctimas de acciones de ETA, 47 personas (entre ellas, el presidente del gobierno Carrero Blanco) y habían muerto, al mismo tiempo, 27 «etarras»; ETA había protagonizado secuestros espectaculares (el cónsul Beihl, el industrial Huarte), multitud de atracos y atentados, centenares de vascos habían sido encarcelados y el País Vasco había sido testigo de infinidad de acciones de masas en apoyo de ETA. Las más amplias de todas ellas tuvieron lugar justo en el año que cierra el período aquí estudiado: en 1970, con ocasión del juicio de Burgos contra 16 jóvenes vascos (entre ellos dos sacerdotes), para los que se pidieron nueve penas de muerte y 518 años de cárcel. Las fechas confirman, por tanto, que el problema ETA fue también un problema nacido en la década de los sesenta (ETA, de hecho, fue creada en 1959).

Hay, también, algún punto que debería tenerse en cuenta para centrar el problema de la aparición de ETA. Por lo menos, dos: 1) La aparición de ETA fue una respuesta a la falta de libertades políticas del régimen de Franco (toda la legislación de 1939-1975 desconoció la personalidad histórica y cultural de la región vasca y suprimió sus instituciones anteriores); pero fue también una reacción ante la patente crisis de sentimientos «nacionales» vascos y ante la pasividad e inoperancia del nacionalismo histórico en la clandestinidad; 2) ETA fue la creación de un grupo reducido de militantes, sin apoyo inicial en la opinión vasca. Fue una durísima e indiscriminada represión lo que alteró sustancialmente el problema: amplió la base popular de apoyo a ETA, provocó el resurgimiento de la conciencia nacionalista vasca, crispó y politizó radicalmente a la sociedad vasca y dañó profundamente toda idea nacional española en el País Vasco.

El juicio de Burgos fue un verdadero revulsivo de la conciencia vasca. Probó que la represión no sólo no terminaba con ETA sino que le daba una legitimidad doble: legitimidad como punta de lanza de la lucha antifranquista; legitimidad como vanguardia en el resurgimiento del vasquismo. El error histórico del régimen de Franco fue tratar el problema ETA como un problema de orden público, caer en la trampa de la espiral acción-represión-acción tendida por la organización vasca, y no percibir las mutaciones que se estaban operando en la sociedad vasca. La política de estados de excepción seguida por el régimen desde 1968 —con sus terribles secuelas— jugó irónicamente en beneficio de ETA: terminó por alienar del régimen de Franco a una parte importante de la opinión vasca y, lo que es peor, generó en ella sentimientos claros de hostilidad a la idea de España.

LA DESERCIÓN DE LA IGLESIA

Con todo, el régimen de Franco continuó hasta la muerte de su titular, en 1975. Pero continuó privado de un elemento decisivo para su supervivencia y perpetuación: falto de una fundamentación democrática, el régimen de Franco careció de verdadera legitimidad moral y política (por más que el régimen se dotara de numerosas «leyes fundamentales», hablara de «democracia orgánica» y reivindicara una doble legitimidad, de origen y de ejercicio). En eso, sin duda, tuvo un papel no menor el evidente apartamiento del régimen que inició la iglesia católica en los años 60, una iglesia que, previamente, había sido instrumento central en la legitimación del Estado franquista al definir la guerra civil de 1936-1939 como cruzada.

Por eso el conflicto eclesiástico, último de los problemas aquí estudiados, fue particularmente irritante y dañoso para el régimen. No fue la menor de las ironías ver que, en un régimen cuyo titular solemnizaba las grandes festividades religiosas entrando en los templos bajo palio, se pidiera a gritos, en las calles —en el entierro del presidente Carrero Blanco en 1973— que se llevara al primado de España, cardenal Tarancón, «al paredón». Ello era la culminación de una larga cadena de conflictos: en mayo de 1960, carta de 339 curas vascos denunciando la falta de libertades; en 1963, declaraciones contra el régimen, en Le Monde, del abad de Montserrat; apoyo de algunos obispos a HOAC y JOC; fricciones del régimen con Juan XXIII y Pablo VI, ambos simpatizantes de la oposición demócrata-cristiana vinculada al exministro Ruiz Jiménez; apertura de algunos teólogos al marxismo (Diez Alegría, Dalmau, González Ruiz, etcétera); colaboración de algunos curas vascos con ETA (cinco procesados en 1969 y condenados a fuertes penas de cárcel, y otros dos procesados en Burgos); apoyo de algunos curas a CCOO (como el caso García Salve) y a los estudiantes (como el episodio de la «capuchinada» y la marcha de los sacerdotes, ambos en Barcelona, en 1966); en 1970, oposición de los obispos vascos al juicio de Burgos; en 1971, resolución de la Asamblea Episcopal contra el «espíritu de cruzada», al pedir públicamente perdón por la parcialidad de la iglesia en la guerra civil; en 1973, documento de los obispos a favor de la independencia entre la iglesia y el Estado.

El distanciamiento de la iglesia respecto del régimen de Franco respondió básicamente a una razón: a que el aggiornamento emprendido por la iglesia española, aun siendo tardío e incompleto, configuró una iglesia comparativamente renovada y progresiva o, por lo menos, abierta a una concepción pluralista de la vida y de la sociedad, y, por ello, difícilmente compatible con los principios antidemocráticos y autoritarios del Estado del 18 de julio. Ese aggiornamento fue, en España como fuera de España, la respuesta de la iglesia al proceso de secularización de la sociedad y a la propia crisis interna de la iglesia en la época contemporánea, procesos que tuvieron su sanción oficial en la voluntad reformadora de los papados de Juan XXIII y Pablo VI y que se concretaron en el Concilio Vaticano II. En España, la renovación de la iglesia se produjo después, y no antes, de dicho concilio, aunque una parte importante de la base de la iglesia española había mostrado ya su voluntad de cambio antes de aquel acontecimiento. Lo decisivo fue la renovación de la jerarquía episcopal —una jerarquía, salvo alguna excepción individual, sólidamente comprometida con el régimen de Franco—, acometida a partir de 1964 por los nuncios Riberi y Dadaglio. Entre 1964 y 1974 fueron nombrados un total de 53 obispos nuevos. El nombramiento clave fue la designación de monseñor Enrique y Tarancón —un liberal muy próximo a Pablo VI y partidario decidido de la ruptura de la iglesia con el franquismo— como primado de España, primero (en 1969), y como arzobispo de Madrid y presidente de la Asamblea Episcopal, después.

Los conflictos más graves, en los años aquí considerados, fueron los protagonizados por el obispo de Bilbao, monseñor Cirarda: en abril de 1969 se negó, en nombre del Concordato, a que se procesara a varios sacerdotes de su diócesis; al año siguiente, se negó a celebrar la misa solemne que conmemoraba la entrada de las tropas de Franco en Bilbao durante la guerra civil; aún más, en diciembre de ese último año, 1970, hizo leer en todas las iglesias vascas una homilía pidiendo clemencia para los procesados en el juicio de Burgos.

Estos actos provocaron una reacción casi histérica en los medios oficiales del franquismo, indicación de la irritación que producía la oposición de la iglesia en un régimen ultracatólico que había hecho de la defensa de la religión uno de los puntos justificadores del levantamiento militar de 1936. A principios de los 70, hubo numerosas explosiones verbales, y aun físicas, de un anticlericalismo de la ultraderecha, una ultraderecha incapaz de asimilar las críticas que a su régimen le caían ahora desde los púlpitos. Quien sin duda nunca entendió lo que sucedía fue el propio Franco, convencido de que ningún otro régimen había hecho tanto por la iglesia como el suyo. El régimen no pudo resolver los problemas que le planteaba una iglesia posconciliar; se negó en todo momento a revisar el Concordato de 1953 —casi un imperativo después del Vaticano II—, particularmente por la negativa de Franco a renunciar a su derecho de veto en la nominación de los obispos. Franco gobernó los últimos años de su dominio sin el concurso de la iglesia (aunque no le faltara el de algunos monseñores «azules» como Guerra Campos). Franco debió pensar que él era responsable ante Dios, pero no ante su iglesia.

Quedan así esbozados los principales conflictos que tuvo que afrontar el franquismo desde 1960. Ello sería bastante para llegar a una primera conclusión: que el régimen de Franco se vio confrontado con niveles de conflictividad significativos —comparables sin duda a los de las democracias occidentales—, lo que, evidentemente, desmentía en los hechos a una propaganda oficial que hacía del franquismo la garantía de la paz de los españoles. Pero convendría no olvidar, igualmente, lo que quedó apuntado en algunas de las hipótesis iniciales propuestas: que el régimen de Franco llegó a convivir con la conflictividad, que probablemente su supervivencia nunca se vio seriamente amenazada, que la sociedad española estaba, pese a todo, cómodamente instalada en la sociedad de desarrollo, consumo y relativa prosperidad que se fue creando a partir de los años 60. El régimen de Franco no sobrevivió a su titular porque, en última instancia, carecía de legitimidad moral en una Europa definida por los principios de la democracia liberal y ante una sociedad, la española, radicalmente modernizada. Los conflictos de los años 60 contribuyeron decisivamente a poner en evidencia las contradicciones del franquismo. Nada menos, pero tampoco nada más.

Estancamiento indrustrial e intervencionismo económico durante el primer franquismo (José Luis García Delgado)

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO

ESTANCAMIENTO INDUSTRIAL

E INTERVENCIONISMO ECONÓMICO

DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO

INTRODUCCIÓN

Tanto el debate económico actual —centrado, una vez más y con renovada intensidad, en el coste del intervencionismo y de la protección—, como los más recientes avances en el estudio de la economía española del siglo XX y, en particular, de su evolución durante el franquismo, suscitan el interés por las características y los resultados de la política económica de los años cuarenta; esto es, el período de la industrialización española que mejor revela —dígase sin dilación— las penosas limitaciones de un intervencionismo económico exacerbado, expresión final del introvertido nacionalismo económico español del medio siglo precedente, síntesis última de autarquía y máxima extensión de las facultades estatales de ordenación y regulación de la economía. Recuperado interés al que tratan de corresponder estas páginas, que amplían y matizan lo ya adelantado en otras ocasiones[1].

No estará de más, en cualquier caso, una primera precisión acerca de los límites temporales de lo que denominamos, «primer franquismo».

Es hasta cierto punto un lugar común dividir la evolución de la economía española durante todo ese régimen en dos grandes mitades (autarquía primero, apertura económica después), situando el gozne de enlace en el plan de estabilización y liberalización de 1959, punto nodal éste hasta el que se hace durar, consecuentemente, la primera parte del franquismo en términos de política económica. Pero no es difícil afinar más, sin negar que esa simple y en buena medida simétrica división tiene la virtualidad de realzar la indudable bipolaridad que a grandes rasgos presenta la economía española entre 1939 y 1975.

En efecto, la mera observación de los principales indicadores y hechos económicos sobresalientes revela que deben cuando menos distinguirse tres etapas: la primera es la que, tras el prólogo sangriento de la guerra civil, se extiende desde 1939 hasta el final del decenio de 1940; la segunda se inicia con los años cincuenta y llega hasta el decisivo verano de 1959; y la tercera, la de los años sesenta, se prolongará hasta finales de 1973, cuando la muerte de Carrero Blanco —tal vez el momento a partir del cual, y al margen de la evolución de cualesquiera macromagnitudes, la suerte del régimen franquista para sus propios valedores es ya una derrota aceptada— se combina con los primeros impactos de la crisis económica del último largo decenio. (De hecho, 1974 y 1975, con el debilitamiento físico, primero, y la atroz agonía, después, del dictador superpuestos a la crisis del propio régimen, no hacen sino abrir el período de la economía española que presencia, en la escena política, la transición a la democracia).

Triple distinción que refleja con mayor nitidez las cambiantes tonalidades de la política económica franquista y que capta también con mayor tersura los muy diferentes resultados que se consiguen en unos y otros momentos. En particular, la singularización de los años cincuenta permite realzar no sólo el cambio que en la orientación predominante de la economía española se introduce entonces —de forma expresa desde las primeras declaraciones del nuevo gobierno formado a mediados de 1951—, en el sentido de abandonar paulatinamente las pretensiones autárquicas y de disminuir gradualmente los dispositivos interventores, sino también el muy distinto pulso de la actividad productiva. De forma que es todo el decenio de 1950 —y no sólo su último eslabón, 1959, por importante y crucial que éste sea—, con su entrecortado avance hacia la liberalización, con su mantenida tensión entre medidas a favor y en contra de la apertura económica, lo que constituye una bisagra, una alargada bisagra entre los a su vez extensos extremos de la trayectoria de la economía española durante el régimen anterior.

Se entiende aquí como «primer franquismo», pues, la etapa de los años cuarenta, que, no obstante admitir ciertas subdistinciones —bien diferenciando los dos quinquenios separados por la terminación de la segunda guerra mundial, bien desglosando del conjunto decenal un tramo inicial, hasta 1942, de establecimiento de las bases legales e institucionales de la economía del «nuevo Estado»[2]—, presenta frente a las etapas siguientes del propio régimen dictatorial un doble rasgo distintivo: el nulo o muy corto crecimiento industrial y la extraordinaria intensidad del intervencionismo económico en el marco de un aislamiento económico y político sin precedentes. A glosar algunos aspectos de uno y otro enunciado se dedican precisamente los dos epígrafes siguientes.

«LA NOCHE» DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

El todavía reciente trabajo de Albert Carreras construyendo un índice de la producción industrial española (IPI) desde 1842 a 1981[3], junto a la estimación que él mismo ha efectuado del gasto nacional bruto y de sus componentes para el período 1849-1958[4], permiten precisar los ritmos de crecimiento económico en diversas etapas de la España contemporánea; en particular, y toda vez que aquel índice rectifica ampliamente los cálculos oficiales del Consejo de Economía Nacional y del Instituto Nacional de Estadística, que habitualmente han servido para cifrar la evolución económica del período aquí estudiado, la investigación de Carreras obliga a una valoración más ajustada de la política económica del primer franquismo en el sector industrial.

Efectivamente, el nuevo y más completo índice de la producción industrial española expresa, sin asomo de duda, un sostenido estancamiento económico durante el decenio de 1940, dejando al descubierto de paso (véase el cuadro 1[c1]) el sesgo «optimista» muy acusado de las mediciones oficiales[5]. Los datos son, en verdad, escalofriantes. A los resultados ya negativos que arroja el primer quinquenio de los años treinta en España —aunque, debe subrayarse, sólo moderadamente negativos, tanto en términos absolutos como en términos comparados, lo que no habla mal de la capacidad de la economía española durante la segunda República para asimilar el impacto de la crisis internacional, con profundos cambios en los precios relativos y en la estructura interindustrial, y para hacer frente a las dificultades y tensiones que provoca, simultáneamente, el cambio de régimen político—; a esa evolución negativa del quinquenio 1931-1935, repetimos, se suma la prolongada depresión de los tres lustros siguientes, desde 1936 hasta el final del decenio de 1940. En concreto, el estancamiento posbélico que conoce la economía española en los años cuarenta no tendrá parangón en la historia contemporánea de Europa[6], donde el período de reconstrucción, a partir de devastaciones y daños mayores causados por la guerra[7], es mucho más rápido, sobre todo desde 1948, con la puesta en marcha del plan Marshall. En España, tanto la primera como la segunda mitad de los años cuarenta arrojan resultados muy pobres. De 1941 a 1945 el promedio quinquenal de la tasa de crecimiento del IPI es negativo, del —0,8 por 100 en comparación con la tasa promedio de los primeros años treinta (pues no se dispone de datos fiables para el período 1936-1940). Y en la segunda mitad del decenio de 1940, cuando la retirada de embajadores renueve las pretensiones aislacionistas de la política económica del régimen de Franco, aunque la tasa de crecimiento del IPI ya registre valores positivos, lo más destacable es la cuantía mucho menor de éstos en comparación con los de la inmensa mayoría de los países europeos, incluidos los mediterráneos (véase el cuadro 2[c2]). Así, mientras Italia, Grecia y Yugoslavia duplican o casi duplican sus respectivos índices de producción industrial entre el final de 1946 y el de 1950 (Italia lo multiplica por 1,7, Grecia por 2 y Yugoslavia por 2,1), España apenas consigue multiplicarlo por 1,1. De forma que, considerados en conjunto los 15 años que van de 1936 a 1930, ambos incluidos, «no se trata de un estancamiento, sino de una verdadera depresión»[8]; y no sólo en términos de producción industrial sino también en términos de renta real por habitante, pudiéndose subrayar el hecho de que en los últimos 150 años, los decenios de 1930 y 1940 «constituyen la única fase en que se produjo un retroceso de los niveles de bienestar de la población a largo plazo»[9].

El significado último en cuanto a ritmo de crecimiento económico que ofrece la primera etapa del franquismo tiene, en consecuencia, una doble dimensión. Por una parte, supone el final del proceso de crecimiento moderado pero mantenido que se prolonga en España durante el último tercio del XIX y el primero del XX; expansión lenta pero tenaz —por encima de determinadas fluctuaciones a corto plazo— que sobre todo desde el inicio del novecientos implica ya notorios cambios estructurales (demográficos, productivos e institucionales)[10]. Por otra parte, la segunda consecuencia es el ensanchamiento de la brecha que separa la trayectoria de España respecto a la de otros países europeos; una diferencia que, en ritmos de crecimiento y de producto real por habitante, se amplía enormemente durante esos años, tras una larga serie histórica de avances y retrocesos, de aproximaciones y distanciamientos. Como concluye Carreras, «el período 1935-1950 resulta ser el único que puede explicar satisfactoriamente el atraso industrial de España», al menos en los tramos más recientes de la historia económica: es ahí, en suma, donde cabe situar «la noche de la industrialización española»[11]. Como es ahí donde se encuentra el pasaje más sombrío de nuestra historia social contemporánea, con la cruenta eliminación de los partidos políticos y organizaciones de clase —la suma de la represión y de la lucha por la supervivencia acalló la protesta[12]—, con rígida disciplina laboral —la huelga «es un delito», dijo en alguna ocasión el propio jefe de Estado, y como tal fue tratada hasta el final de su mandato[13]— y con drástica fijación de salarios en una situación que registra simultáneamente fuertes tensiones alcistas en los precios —«la inflación incontrolada combinada con los salarios controlados»[14]—. Y ahí donde se escribe, asimismo, el más infecundo capítulo de la historia intelectual y cívica española del siglo XX, con cercenamiento de las libertades individuales y con la pérdida, en unos casos, y marginación, en otros, de un capital humano irrecuperable. El fracaso económico —«un fracaso sin paliativos»[15]— corrió entonces paralelo a la postración cultural y a la regresión política y social[16].

De hecho, y volviendo otra vez al nuevo índice de la producción industrial disponible, habrá que esperar a 1950 para que su nivel sobrepase holgada e irreversiblemente el alcanzado en la preguerra, abriéndose a partir de entonces, y al compás del escalonado final del aislamiento y de las más rígidas prácticas intervencionistas, una etapa de recuperación: la de los años cincuenta[17], durante la que casi se dobla el valor de aquel indicador (entre 1950 y 1958 se multiplica por 1,9, un avance semejante al de Italia, Grecia y Yugoslavia en el mismo período) y durante la que, ahora sí, la política de sustitución de importaciones consigue objetivos apreciables, como ya señalara Donges[18]. No es ocioso, en todo caso, recordar las líneas con que Carreras sintetiza esta última cuestión que ha suscitado posiciones encontradas: «la mayor parte de la información estadística utilizada en los índices oficiales para el período 1940-1960 se refiere a las industrias productoras de bienes intermedios y de energía eléctrica, y no a las productoras de bienes de consumo final ni a las de bienes de equipo. Como los principales esfuerzos en materia de política industrial se dirigieron hacia los primeros sectores, la valoración del período ha podido distorsionarse en algunas ocasiones, exagerando la magnitud de los avances conseguidos, lo que equivale a la aceptación de las tasas de crecimiento del producto industrial implícitas en los índices oficiales. La consideración más atenta de las industrias manufactureras, vinculadas, por una parte, a los niveles interiores de consumo —que se hundieron entre 1935 y 1940 y luego permanecieron estancados durante una década— y, por otra, a los niveles de la formación interior bruta de capital fijo, que no se hundieron pero sí permanecieron básicamente estancados, modifica radicalmente esta imagen. No hay que olvidar, finalmente, que la industrialización sustantiva de importaciones, con todas sus limitaciones y sus virtualidades, no fue característica de la primera década de la posguerra, sino de la segunda»[19].

LA POLÍTICA INDUSTRIAL INTERVENCIONISTA

Tan desolador balance de los años cuarenta, detrás del que hay que ver el marcado retroceso del consumo privado[20] y, durante una buena parte de la década, el sacrificio de las escasas posibilidades de reequipamiento e importaciones energéticas e industriales a las exigencias del abastecimiento de productos alimenticios de primera necesidad[21], no es ajeno, desde luego, a los efectos negativos de un intervencionismo económico extremado al servicio de la opción aislacionista del régimen y de la política autárquica del primer franquismo. A su caracterización, ya se anticipó, se dedica este epígrafe dada la relevancia que muchas de las medidas intervencionistas entonces adoptadas van a tener como consumación de tendencias anteriores, de un lado, y, de otro, como origen de no pocas malformaciones, difícilmente extirpables, de la actuación del Estado en la economía española y de las pautas de comportamiento de los agentes sociales en los decenios siguientes.

Cuatro son las notas más llamativas de la política intervencionista del período aludido, particularmente en el terreno industrial.

1) En contra de muchas declaraciones retóricas de los portavoces del «Nuevo Estado», es un intervencionismo, por lo que se refiere a instrumentos utilizados, muy poco original en relación a las prácticas que la orientación nacionalista de la política económica española ha ido ensayando desde comienzos de siglo. Las novedades son muy escasas: con unos y otros retoques, las disposiciones fundamentales de la inmediata posguerra enlazan con normas precedentes que jalonan el itinerario seguido por la industrialización española. Así, las originarias medidas de apoyo y estímulo a la producción nacional con objeto de conseguir la nacionalización de las materias primas y la sustitución de importaciones, constitutivas de la denominada política directa de fomento de la industria nacional del primer tercio del novecientos, con puntales principales en las leyes de 14 de febrero de 1907 y de 2 de marzo de 1917 y en el decreto-ley de 30 de abril de 1924, encuentran plena continuidad en la ley de 24 de octubre de 1939 sobre nuevas industrias de interés nacional y en la ley de 24 de noviembre de ese mismo año sobre ordenación y defensa de la industria. Y en cuanto a las limitaciones a la libertad de industria impuestas por los decretos de 20 de agosto de 1938 y 8 de septiembre de 1939, estableciendo expresamente un régimen generalizado de autorización previa para las iniciativas e inversiones industriales (régimen confirmado poco después por la ley ya citada de ordenación y defensa de la industria), el precedente es asimismo bien conocido: la real orden de 4 de noviembre de 1926 que crea el Comité Regulador de la Producción Industrial, determinándose que a partir de ese momento no podrá constituirse sociedad o negocio industrial alguno, ni se podrán ampliar o trasladar las instalaciones ya existentes, sin la debida autorización. El enlace, mimético en muchos puntos, de los resortes de la intervención del Estado franquista en la industria con el instrumental puesto a punto en períodos anteriores es, pues, un primer aspecto que no puede nunca dejar de destacarse, si bien la creación, sobre el modelo de IRI italiano, del Instituto Nacional de Industria por ley de 25 de septiembre de 1941[22], al definir e impulsar la participación directa del Estado como inversor y empresario en el proceso de industrialización, suponga, en la medida en que sobrepasa algunos ensayos previos puntuales, un paso cualitativo, con rasgos propios diferenciadores, en el largo trayecto recorrido por el nacionalismo económico y el intervencionismo en la España contemporánea. De ahí que sea más apropiado, al situarse en el plano doctrinal, hablar de «nacionalismo tradicionalizante» —como escribe Moya[23]— que de «nacionalismo fascistizante», como en tantas otras ocasiones se ha propuesto[24], para caracterizar la ideología inspiradora del intervencionismo del primer decenio franquista[25]; un nacionalismo tradicionalizante que se presenta, como ocurre también con la cobertura ideológica del régimen primorriverista[26], como sincretismo, como amalgama de diversas influencias doctrinales, que van desde el regeneracionismo —que es a su vez un auténtico amasijo— hasta el conservadurismo maurista, desde el nacionalismo económico de entreguerras hasta el fascismo, que tiene asimismo muy heterogéneas manifestaciones[27]. Carácter híbrido, en suma, que otorgará al régimen, por lo demás, una especial versatilidad para adaptar el lenguaje oficial a las diferentes situaciones por las que atraviese, y para asumir «políticas flagrantemente contradictorias entre sí», al menos en el ámbito económico[28]. En todo caso, lo que ahora interesa dejar anotado es que el intervencionismo practicado durante el período específico que se está considerando responde todavía en medida muy considerable al «paternalismo tradicional» del Estado español del que hablaba Madariaga[29], o a esa suerte de «patriarcalismo económico» al que se refiere Morodo en su estudio de los orígenes ideológicos del franquismo, donde destaca el papel de Acción Española durante los años treinta como aglutinante y vehículo de diversas influencias doctrinales[30]. Se trata, en otros términos, de una celosa política reglamentista al servicio de viejos objetivos proteccionistas, aunque con los aditamentos de ocasión consustanciales a la «adopción de un patrón autoritario y burocrático de asignación de recursos entre las diversas categorías y subcategorías del gasto nacional»[31].

2) En el exceso está precisamente su elemento más distintivo. Mucho más que el de Primo de Rivera, el intervencionismo de los dos primeros lustros del régimen franquista se distingue, en efecto, por su carácter extremoso. Si aquél representa —en palabras de Carr— «una exageración de la fe de los proteccionistas del siglo XIX en las virtudes del mercado nacional»[32], éste responde a la «exacerbación de la política de sustitución de importaciones»[33], con una desmesura que, aun conocidos «los límites a que puede llegarse en la extensión del sistema productivo en función de la dotación interna de factores y de la accesibilidad a tecnologías que necesariamente han de importarse», no vacila en el empleo del término «autarquía»[34]. De Autarquía «con mayúscula», como señaló Estapé[35], entendida como medio para alcanzar la independencia económica, pero también como sublimación del aislamiento político y de una «desconfianza casi alérgica hacia cualquier relación exterior»[36]. Énfasis retórico que se corresponde con el afán ordenancista de una administración que hereda «hábitos militares en la dirección de la economía»[37] y, también, por qué no, con los hábitos cuarteleros del propio Franco y de sus más estrechos colaboradores[38]. El «rasgo exclusivo» de la economía española en esos años —ha podido por eso escribirse— «no consistía en el racionamiento de los artículos que escaseaban, ni en el control de precios, sino en la torpeza del aparato que administraba los controles y en el hecho de considerar el dirigismo y la autarquía no como expediente temporal, sino como política correcta y permanente para un Estado imperial militar»[39]. De hecho, más que el de ninguna época anterior, el intervencionismo de los años cuarenta tiene no pocos elementos de una «economía de intendencia», con una especie de «autarquía cuartelera» como desiderátum[40]. Si España, en suma, «de 1936 a 1951 vive en una situación de economía de guerra»[41], no es sólo, desde luego, por obligaciones y condicionamientos no buscados.

3) El paralelismo con la dictadura de Primo de Rivera es muy acusado si se considera el efecto que la política intervencionista del primer franquismo tiene a favor de situaciones de monopolio en la industria española. Y no sólo porque en una y otra situación «la aplicación de la legislación de la libertad de industria favorezca a las empresas ya establecidas», dado que la necesidad de autorización previa, unida a la prolijidad de formalidades administrativas e instalaciones burocráticas, se convierte en una «barrera legal de entrada»[42], al dificultar la apertura de nuevas empresas y desalentar nuevas inversiones. También, y sobre todo, porque en uno y otro régimen se favorece la proliferación y el reforzamiento de prácticas monopolísticas al concederse a los grupos patronales una participación efectiva en las medidas de la política económica en materia de instalación industrial y de asignación de cupos de materias primas. Dicho engarce decisorio en los años veinte se materializa en la tupida red corporativa del régimen primorriverista; y en el primer franquismo lo aseguran las Comisiones Reguladoras de la Producción inicialmente (se crean en julio de 1938), y después una «cascada de artilugios burocráticos», que enlaza las decisiones gubernamentales con la «venta» de «pequeños favores» a escala provincial por parte de los organismos sindicales, a los que se les traspasa teóricamente las competencias de aquellas comisiones[43]. Y es fácil la eliminación de posibles competidores cuando son las propias empresas establecidas y los grupos empresariales más fuertes dentro de cada sector quienes informan las solicitudes de nuevas instalaciones y aconsejan la distribución de cupos de materias primas. Todo inclina a la creación de auténticos statu quo sectoriales. Todo invita, en suma, a marginar de las preocupaciones del empresario la reducción de costes. En un mercado radicalmente distorsionado por «la múltiple ortopedia de las prohibiciones, permisos y subvenciones», esto es, en la «economía discrecional y recomendada» del «intervencionismo arbitrista imperante» en los años cuarenta[44], la consecución de influencias políticas o administrativas deviene tarea prioritaria; y en un mercado reservado por «la práctica de un proteccionismo generalizado, guiado por la conservación garantizada de todo el tejido empresarial existente»[45], para incrementar los beneficios de una industria débil y en condiciones de monopolio, no se buscará tanto la reducción de costes como el aumento de los precios de una producción con destino preestablecido. Con el «rango legal» dado a «la oligopolización y al bajo nivel técnico existente» —en expresión de Palafox referida al régimen primorriverista, pero del todo aplicable también a la política industrial del decenio de 1940[46]—, difícilmente puede impulsarse un desarrollo competitivo de la industria y esperarse una respuesta positiva de ésta en términos de crecimiento y di versificación[47]

4) Dominio asfixiante de la burocracia y múltiples irregularidades administrativas serán, en esas condiciones, una secuela ineludible, componiendo otro rasgo definitorio del régimen intervencionista aludido. Que no deriva sólo del carácter preventivo y generalizado de la intervención; también de la multiplicidad de órganos con funciones ejecutivas o asesoras de regulación económica, que desemboca «en la desorganización y en el caos producido por la suma de actuaciones públicas parciales o sectoriales incoherentes»[48]. En un «régimen de expediente» —al que también se aludiera al final de la dictadura de Primo de Rivera[49]— tan pretencioso como, ironía previsible, escasamente efectivo en muchas ocasiones. Se han alegado como atenuantes de esa «deficiente intervención en la economía, que pudiera conducir al favoritismo», la «carencia de conocimientos importantes sobre las cuestiones económicas, tanto por parte de los viejos funcionarios públicos como de los nuevos» y la desorganización burocrática causada por la guerra[50]. Pero el principal motivo de ineficacia tiene su raíz en las características mismas del sistema de intervención que además, y no debe pasarse esto por alto, establecido con carácter provisional y extraordinario, va a prolongar su vigencia durante largo tiempo, en particular, como ya se ha repetido, durante los años cuarenta[51]. De ineficacia y también de la corrupción que se refleja en la profusa ramificación de actuaciones irregulares que eluden o burlan las normas interventoras. En algunos casos, dichas prácticas pueden dar lugar a la formación y desarrollo de mercados clandestinos paralelos («negros») a los intervenidos; en otros, a la aparición de una suerte de precoz «economía subterránea», en sectores donde la pequeña empresa y el trabajo doméstico conservan todavía amplias posibilidades de mantenimiento; y en los más, finalmente, a prácticas de corrupción, sin paliativos. El ejemplo máximo del primer tipo de comportamiento, provocado en buena medida por la propia intervención del Estado, se tiene durante el decenio de 1940 fuera del ámbito industrial, en el «mercado negro» del trigo, cuya amplitud y persistencia con tanto detalle ha estudiado recientemente Barciela[52]; pero no han de faltar así mismo muestras, bajo modalidades en cada caso específicas, en la comercialización de productos industriales, toda vez que, como se ha acertado en definir, el mercado negro no es sino «la otra cara de la intervención»[53]. He aquí un tema que bien podría ser objeto de algún esfuerzo investigador, aunque su análisis sea especialmente difícil, como lo es el estudio de los otros dos tipos de actuaciones apuntadas. Con los testimonios fragmentarios de que por ahora se dispone, lo que sí puede sostenerse, en todo caso, es la generación de «rentas de situación» que se derivan de una intervención tan «drástica» como «transgredible»[54], cuando el tráfico con divisas, con licencias de importación, con cupos y con cualesquiera «otros expedientes arbitrados para sortear la penuria», se convierten en actuaciones particularmente lucrativas[55]; y cuando, por decirlo de otra forma, los «negocios» y las prácticas especulativas y fraudulentas —«el afán de ganancias inmediatas» alimentado por un «intervencionismo corrupto y aberrante»[56]— sustituyen a la actividad empresarial convencional. Y podrán hacerse distintas valoraciones de la acumulación de capital generada a través de unos u otros procedimientos —en una situación, no se olvide, en la que los salarios se rezagan ampliamente respecto de las alzas de los precios[57]—; pero no admite discusión el hecho mismo de la redistribución de la renta durante la etapa considerada a favor de quienes pudieron aprovecharse de las situaciones mencionadas. Como tampoco podrá ponerse en duda que, en esas circunstancias, la corrupción es un cultivo espontáneo, la inevitable consecuencia del «ejercicio arbitrario de un poder discrecional»[58].

A MODO DE EPÍLOGO

La identificación que se acaba de efectuar de las características del intervencionismo practicado por el primer franquismo —tan expresivas de la sordidez y de las limitaciones económicas de esa etapa— abre algunas líneas de reflexión que, de modo muy sintético, pueden esbozarse como apartado final de estas páginas.

Cuatro son también aquí los puntos que interesa destacar:

1) El intervencionismo industrial de la política económica del primer franquismo actúa, muy al contrario de su declarada finalidad, como «factor limitativo» en el esfuerzo de reconstrucción de la posguerra[59]. La rigidez ordenancista retrae y cohíbe entonces también las posibilidades de expansión del sistema productivo, de la misma forma que —creo haberlo argumentado en otro lugar[60]— la potencialidad de crecimiento de la industria española en los años veinte, en el marco de una fase expansiva de la economía mundial, se vio recortada por el «corsé corporativista» de la dictadura de Primo de Rivera. Intervencionismo y aislamiento imponen, conjuntamente, un precio altísimo, «un precio que no puede pagarse», en palabras de Estapé[61]. Es más, así como a largo plazo «no parece existir paralelismo entre industrialización y proteccionismo»[62], si alguna relación puede establecerse de forma inequívoca contemplando la evolución de la economía española durante todo el franquismo es el paralelismo entre crecimiento industrial y liberalización económica, tanto en el ámbito del comercio exterior como en la regulación de la producción y del comercio interiores, dado que dicha apertura condiciona el aprovechamiento por parte española de los impulsos expansionistas de la economía internacional en sus fases de auge. En términos negativos lo demuestra, como se ha tratado de glosar en lo que antecede, la coincidencia del período de mayor depresión del comercio exterior español durante todo el siglo[63] con la etapa de mayor estancamiento y escasez de toda la economía española contemporánea. Y en sentido contrario esa relación se verá confirmada cumplidamente en los años cincuenta y sesenta; y durante el primero de estos dos decenios no en menor medida que en el segundo, por cuanto la sólo leve y titubeante apertura que en la década de 1950 se produce —cuando el signo de las economías occidentales lo marcan la cooperación internacional, el pleno empleo y el crecimiento autosostenido en cada país— es lo que explica el notorio avance de la producción industrial española, prueba bien elocuente, insisto, de la marcadísima sensibilidad de la economía española respecto de todo influjo exterior y de su capacidad de aprovechamiento de los reclamos del mercado internacional. No se exagera, pues, cuando se afirma que bajo las pretensiones de autarquía y omnirregulación económica del primer franquismo subyace «un desprecio profundo por la racionalidad en la gestión económica y, en paralelo, una ignorancia crasa sobre las interrelaciones fundamentales de la economía»[64].

2) En línea con lo anterior, debe subrayarse, como apostilla asimismo Carreras, que si bien el franquismo preside un intenso y prolongado proceso de crecimiento industrial y cambio económico muy profundo en el tercer cuarto del novecientos —cuando la flexibilización de su inicial política económica permite la incorporación de España al duradero y excepcional ciclo expansivo de las economías occidentales, repítase una vez más—, dicho régimen es también el escenario de la etapa más sombría —la de los primeros lustros de la posguerra— de toda la industrialización: una etapa cuyos negativos resultados explican más satisfactoriamente que ningún otro hecho el atraso industrial de la economía española contemporánea en términos comparativos[65].

3) Con mayor fuerza que el del régimen primorriverista, el intervencionismo del primer franquismo contribuye a malformar, y con efectos tan perturbadores como duraderos, la administración económica y ámbitos enteros de actuación del sector público. Más que a una ampliación sistemática de las competencias económicas del Estado y más que a la paulatina y generalizada sustitución del capitalismo liberal decimonónico por el capitalismo corporativo y organizado que Keynes observa en los países occidentales y contribuye a conceptualizar desde mediados de los años veinte[66], la España de los años cuarenta presencia la incierta difuminación de fronteras entre lo público y lo privado, con consecuencias perversas para el conjunto. Se está, en definitiva, ante una modalidad de intervención estatal de la que cabe afirmar no sólo que sus efectos contradicen la función histórica que desempeñó el Estado en la mayor parte de los países europeos —también en España— durante las primeras etapas de la industrialización: el establecimiento de un marco institucional adecuado para «crear un ambiente capitalista», empleando los términos bien conocidos de Supple[67]; sino también que se trata de una suerte de caricatura de lo que es o puede ser la intervención estatal en una economía capitalista contemporánea. Por eso, tal vez para los años sesenta sea válida la caracterización del español como uno de los ejemplos máximos de capitalismo corporativo —en el sentido antes aludido— dentro de un sistema político autoritario; pero no lo es, en mi opinión, a pesar de su rotundidad, para identificar el caótico sistema de intervenciones estatales y mediaciones corporativas vigentes en los cuarenta, al servicio, bien de una «delirante autarquía», bien de una «rígida sustitución de importaciones»[68].

4) La falta de homogeneidad del régimen franquista en lo que se refiere a política económica y al propio balance de la actividad industrial y económica, en general, no debe interpretarse como expresión de una alta capacidad adaptativa y, menos aún, de sentido anticipatorio a cambiantes situaciones internas y exteriores. Lo dicho más arriba acerca de la asunción por el régimen de políticas flagrantemente contradictorias entre sí, no implica necesariamente facilidad de acomodación a circunstancias diferentes. Por el contrario, lo que sobresale al examinar en su conjunto la evolución de la política económica franquista —aunque no sólo ni principalmente de la económica— es la resistencia a cambiar, la fuerza de la inercia, siempre el régimen a remolque de los acontecimientos. Los cambios, se ha dicho expresivamente respecto al procedimiento de gobierno y a la mantenida ausencia de voluntad institucionalizadora de Franco, «se producían con la, lentitud con que se depositan las capas geológicas»[69]; y algo parecido puede anotarse en lo relativo específicamente a las decisiones con mayor trascendencia en la orientación de la economía. Una lentitud que se corresponde, no hace falta demostrarlo, con la rigidez de criterio y la opacidad del propio Franco, muy notoriamente en relación con los problemas económicos: considérese, por ejemplo, que fue su personal resistencia a aceptar la necesidad de una nueva política económica el último gran escollo que hubo de superarse para dejar el paso expedito al plan de estabilización de 1959[70]. En consecuencia, el repaso de la política económica del período estudiado y de los años inmediatamente posteriores revela —coincidentemente con la revisión que también se está haciendo desde la óptica de la historia política— el escaso pragmatismo y el magro sentido de la oportunidad de quien «tardó 20 años en convencerse de que su sistema no funcionaba» y de que la solución estaba en la liberalización económica que tanto había criticado[71].

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El mercado negro de productos agrarios en la posguerra, 1939-1953 (Carlos Barciela)

CARLOS BARCIELA

EL MERCADO NEGRO DE PRODUCTOS AGRARIOS

EN LA POSGUERRA, 1939-1953 [1]

En España, a partir de 1939, y como es sobradamente conocido, se desarrolló un amplio mercado negro que afectó a todo tipo de materias primas y productos básicos. Especial importancia alcanzó el mercado negro de productos alimenticios, que perduró mientras se mantuvo el régimen de racionamiento y el sistema de intervención en la agricultura, cuyo principal instrumento fue la requisa de productos a los campesinos a precios de tasa.

A pesar de la extraordinaria importancia del mercado negro de productos agrarios y de la gravedad de sus consecuencias, no son muchas las investigaciones que se han realizado sobre el tema. La presente nota intenta mostrar cuál es el estado actual de nuestros conocimientos sobre el fenómeno del estraperlo de productos agrarios en los años cuarenta, sobre las consecuencias del mismo y sobre las necesidades y limitaciones de posibles futuras investigaciones. En mi opinión, tras la aportación —pionera, aunque limitada en lo relativo a los resultados— realizada por Francisco Alburquerque en su tesis doctoral, las investigaciones más relevantes realizadas sobre el tema han sido las de José Manuel Naredo, Carmen Gutiérrez del Castillo, Aurelio García González y Carlos Barciela López. La monografía de J. M. Naredo enfoca el problema con carácter general, no perdiendo de vista ninguno de los aspectos relevantes del mercado negro, estudiando tanto las cantidades como los precios de los diversos productos agrícolas estraperlados en las grandes fincas del sur de España. En cuanto a las fuentes de información, J. M. Naredo utilizó fuentes de carácter privado, concretamente las propias contabilidades de las fincas objeto de estudio. El planteamiento teórico del trabajo de Naredo constituye un modelo que debería ser utilizado para emprender nuevas investigaciones. El trabajo de Carmen Gutiérrez tiene como objeto el estudio del estraperlo de aceite de oliva en el período 1940-1944. Carmen Gutiérrez ha utilizado en su investigación, esencialmente, fuentes de carácter oficial, especialmente de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. Finalmente, los trabajos de Carlos Barciela y Aurelio García González están centrados en torno al principal producto objeto de estraperlo, el trigo, durante el período 1939-1933. Las fuentes utilizadas han sido, en este último caso, también fundamentalmente oficiales, del Servicio Nacional del Trigo y, especialmente, del Banco de España.

Los resultados de este grupo de investigaciones podrían sintetizarse de la forma siguiente:

a) En relación a las cantidades estraperladas destaca, en todos los trabajos, la extraordinaria importancia que alcanzaron, hasta el punto de que el mercado negro superó —caso del trigo— o estuvo muy cercano —caso del aceite— al propio mercado oficial, como puede observarse en los cuadros 1[c1], 2[c2] y 3[c3] y en los gráficos 1[gr1] y 2[gr2]. Los cuadros 1 y 2 y el gráfico 1 proceden de mi trabajo «El estraperlo de trigo en la posguerra», y el cuadro 3 del trabajo de Carmen Gutiérrez, «Una estimación del mercado negro de aceite de oliva en la posguerra española».

Aunque el lector interesado puede ver con detalle en ambos artículos tanto la metodología como las fuentes utilizadas, considero imprescindible hacer algunas observaciones. El Servicio Nacional del Trigo publicó unos datos de «consumo invisible» (eufemismo utilizado para hablar del mercado negro) que subvaloran notablemente su importancia real. Por una parte, porque se inflaron las cantidades de trigo compradas por el Servicio, disminuyendo las correspondientes al mercado negro. Por otra, porque los resultados se presentaron como porcentaje del mercado negro sobre la producción total. Obsérvese que de esta forma el Servicio comparaba conceptos no homogéneos: mercado negro respecto a producción total. La comparación verdaderamente significativa que relaciona conceptos similares es lógicamente la de mercado negro/mercado oficial.

En mi estimación, que aparece en los cuadros y gráficos 1 y 2, procedí a rectificar ambos sesgos. Por su parte, Carmen Gutiérrez ha presentado los resultados de su investigación siguiendo este planteamiento teórico.

b) Los precios a los que se vendieron los productos estraperlados superaron, por término medio, entre 2 y 3 veces los precios oficiales de tasa.[2] Éste es, no obstante, un problema muy complejo y las variaciones observadas en los precios pagados en el mercado negro presentan grandes oscilaciones. En general, se puede afirmar que los precios del mercado negro eran mucho más altos en las zonas deficitarias y alejadas de los centros productores. Estos precios, lógicamente, eran más bajos en las zonas excedentarias. Conocemos casos puntuales de compra de trigo en el mercado negro en Alicante y Barcelona a precios 10 veces superiores a los de tasa. Sin embargo, en zonas productoras del interior, los precios del estraperlo eran, a menudo, sólo 2 o 3 veces superiores a los de tasa.

La capacidad financiera de los agricultores es otra variable a tener en cuenta. En general, las posibilidades de estraperlar y de obtener buenos precios estuvo en razón directa a la capacidad de espera para colocar los excedentes en el mercado en el momento adecuado.

c) La calidad de los productos estraperlados, dado el carácter ilegal del mercado y la multitud de demandantes, se deterioró notablemente. Los consumidores adquirieron, en general, productos de mala calidad, sin ninguna garantía y a precios muy elevados.

d) El ocultamiento de parte de la cosecha, para su posterior comercialización en el mercado negro, se tradujo en una infravaloración por parte del Ministerio de Agricultura de los volúmenes de producción agraria. Posteriormente, ya en los años cincuenta, se procedió, en algunos casos, por parte de la Sección de Estadística del Ministerio de Agricultura, a una revisión al alza de las producciones de trigo, avena, cebada y centeno, aunque no se hizo lo mismo para otros productos agrarios que fueron también objeto de estraperlo.[3]

e) Puede hablarse, pues, de un fracaso del sistema de intervención en la agricultura practicado por el «Nuevo Estado». Los agricultores rechazaron los cauces oficiales y, a pesar del riesgo (que dicho sea de paso no afectaba a todos los estraperlistas por igual) que implicaba la participación en el mercado negro, éste se vio más concurrido que el propio mercado oficial. La mejor forma de participar sin riesgo en el mercado negro era la de pertenecer a los propios organismos de intervención o desempeñar cargos oficiales de importancia. José Manuel Naredo ha comprobado la activa participación en el estraperlo de algunos inspectores de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes e incluso la de un ministro franquista que ponía en letras muy visibles su nombre, como salvoconducto, en los camiones con los que realizaba el estraperlo. El riesgo aumentaba paulatinamente para las personas con menos influencia económica o política. Finalmente, el peso de la justicia del régimen solía recaer en los más débiles, sorprendidos, a veces, con un pequeño saco de grano.

En definitiva, los organismos interventores, Servicio Nacional del Trigo y Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, no comercializaron los productos y las cantidades que, teóricamente, debían comercializar y los precios oficiales de tasa fueron sistemáticamente vulnerados.

f) Debe destacarse que el sistema de intervención, a pesar de su aparente objetividad, no afectó a todos los productos ni a todos los agricultores por igual. Respecto a los productos cabe advertir que el mayor control ejercido sobre el trigo hizo que sus porcentajes de ocultación fueran menores que los de otros productos en los que la administración ofrecía mayor permisividad (por ejemplo, leguminosas, otros cereales, etcétera), aunque en términos absolutos el trigo fuera el producto rey del estraperlo. En lo que concierne a los agricultores, las entregas obligatorias a bajos precios de tasa fueron normalmente mejor satisfechas por los pequeños campesinos, indefensos ante los funcionarios de los organismos de intervención. Sin embargo, los agricultores grandes y medianos contaron con todo lo necesario para poder participar en el mercado negro: excedentes, lugares para ocultar parte o toda la cosecha, medios de transporte (o en su defecto capacidad financiera para alquilarlos), conocimiento del mercado (fabricantes, intermediarios urbanos) y, lo más importante, la impunidad política que les proporcionaba el formar parte del bando victorioso en la contienda civil. No obstante, la amplia casuística que caracteriza el fenómeno del estraperlo dificulta enormemente cualquier intento de generalización por zonas y tamaño de las explotaciones agrarias.

g) La intervención proporcionó dos mecanismos de acumulación. Por una parte, se logró proporcionar un nivel mínimo de racionamiento a bajos precios a los obreros industriales, lo que hizo soportable la pérdida de poder adquisitivo de los salarios experimentada en los años cuarenta, con cargo al sector agrario. Por otra parte, la intervención estatal tuvo un efecto muy distinto entre aquellos agricultores que acumularon importantes beneficios gracias a su participación en el mercado negro o a las concesiones de abonos y maquinaria, y aquellos otros que no lo hicieron o lo hicieron más moderadamente. Esto se tradujo, en muchas ocasiones, en reajustes en la propiedad de la tierra, apareciendo en aquella época nuevos apellidos en el grupo de los grandes propietarios, fruto de fortunas acumuladas en los años cuarenta (hay que recordar que el estraperlo de una cosecha, en condiciones favorables, arrojaba un beneficio por hectárea similar al precio de la tierra).

h) En otro orden de cosas, podemos considerar como una consecuencia más del mercado negro la mala calidad de las estadísticas agrarias oficiales relativas a los años 1939-1953. En realidad, para ser más precisos, no deberíamos achacar esta falta de calidad a la existencia de un mercado negro, sino, más bien, responsabilizar de ello a las autoridades, que intentaron negar oficialmente el fenómeno del estraperlo… a base de no reconocerlo estadísticamente. Se puede afirmar que, como consecuencia de esta actitud, las estadísticas oficiales de precios de los productos agrarios, de valores de las producciones, de renta agraria y, como consecuencia, de la renta nacional, están notablemente infravaloradas. La importancia del fenómeno es indudable y sorprende cómo todavía hoy el Ministerio de Agricultura sigue publicando unas series (que muchos investigadores siguen utilizando) de cantidades, precios y valoraciones que tienen muy poco que ver con la realidad. La única revisión que se ha llevado a cabo en este sentido, si no estoy equivocado, ha sido la realizada por Aurelio García y Carlos Barciela (1983) para los precios y valores de la producción triguera. Los resultados de esta estimación pueden verse en los gráficos 3[gr3] y 4[gr4]. Es necesario advertir que esta revisión se ha realizado considerando que, en promedio, los precios del mercado negro fueron sólo 2,5 veces superiores a los de tasa. Respecto a los valores, se ha computado al precio oficial de tasa, además del trigo comercializado en el mercado oficial, todo el autoconsumo (de las familias campesinas y de siembra). Sólo se ha valorado al precio de mercado negro el grano comercializado clandestinamente. Ello implica un claro sesgo a la baja que permite afirmar que ambas estimaciones representan un mínimo, tanto de los precios medios percibidos por los agricultores, como del valor de la producción triguera.

La última de las cuestiones que quería comentar en esta breve nota es la relativa a las lagunas existentes en la investigación y las posibilidades de superarlas. Los aspectos no estudiados hasta el momento son muchos. Excepto sobre el trigo y sobre el aceite, y para este último producto sólo en el subperiodo 1940-1944, no se han realizado investigaciones monográficas sobre el mercado negro de ningún otro producto agrario. Como mínimo, para poder tener una visión general del problema que venimos tratando, sería necesario completar el estudio del aceite, investigar algún cereal más (centeno, cebada, arroz o maíz) y analizar lo que aconteció con el comercio de las principales leguminosas. Simultáneamente, sería necesario investigar lo que sucedió con los productos ganaderos y forestales.

Las posibilidades de realizar estas investigaciones no aparecen, lamentablemente, muy claras, principalmente por la falta de documentación. Conforme al resultado de mis averiguaciones, el SENPA (heredero del antiguo SNT) no dispone de información sobre el estraperlo de otros productos distintos del trigo. Resulta muy extraña esta carencia, dado que el SNT intervino no sólo el trigo sino la totalidad de los cereales y leguminosas. Oficialmente, sin embargo, no existe información. En mi opinión, no obstante, mientras el archivo del SENPA permanezca cerrado a los investigadores, no podemos tener certeza sobre la existencia o no de documentación sobre este tema. Sería también posible que la documentación hubiera sido destruida, práctica habitual en el SENPA.

En relación con la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (organismo que intervino una amplia variedad de productos agrícolas y ganaderos) hay que señalar la implacable destrucción de todo documento que pudiera proporcionar información de su gestión durante el período franquista. Es posible, dada la particular eficacia demostrada por la CGAT en la destrucción de documentos, que nunca se pueda llegar a realizar un estudio completo de la actividad de este organismo de amargo recuerdo para muchos españoles.

Las dificultades no son, a pesar de todo, insalvables y el investigador ha de poner en juego su ingenio. José Manuel Naredo, mediante el estudio de contabilidades privadas, y Aurelio García y Carlos Barciela, mediante el estudio de contabilidades de fabricantes de harinas, han mostrado dos caminos alternativos a las fuentes oficiales muy fructíferos para el estudio del problema. En relación a algunos productos de origen ganadero una vía de investigación, que recientemente he sugerido, sería la consulta de archivos de fábricas textiles, dada la importancia que alcanzó el estraperlo de lana.

Finalmente, quiero señalar que en la actualidad se están llevando a cabo nuevas investigaciones sobre el fenómeno del estraperlo. Carmen Gutiérrez prosigue con sus trabajos sobre el aceite; Daniel Criach, dirigido por José Fontana, ha comenzado recientemente un estudio sobre el estraperlo de productos agrarios en Cataluña, y José Pujol realiza, igualmente, otra investigación sobre el mercado negro. Es posible, pues, que en un futuro no muy lejano podamos tener una visión mucho más completa de uno de los temas más trascendentales de la reciente historia de España.

BIBLIOGRAFÍA

Alburquerque, F., Investigación acerca del marco institucional en el que se configuró el sistema de racionamiento de alimentos a partir de la última guerra civil en España, tesis doctoral leída en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.

Barciela, C. (1981), «El estraperlo de trigo en la posguerra», en Moneda y Crédito, 151, pp. 17-37.

—, (1983 a), «Producción y política cerealista durante la guerra civil española, 1936-1939», en G. Anes, L. A. Rojo, y P. Tedde, eds., Historia Económica y Pensamiento Social, Alianza Universidad-Banco de España, Madrid, 1983.

—, (1983 b), «Intervencionismo y crecimiento agrario en España, 1939-1971», ponencia presentada en el Seminario de Historia Económica Cuantitativa, celebrado en la Fundación Ortega y Gasset.

—, y A. García González (1983), «Un análisis crítico de las series estadísticas de los precios del trigo entre 1937 y 1980», en Agricultura y Sociedad, 29, pp. 69-151.

Gutiérrez, C. (1983), «Una estimación del mercado negro de aceite de oliva en la posguerra española», en Agricultura y Sociedad, 29, pp. 153-173.

Naredo, J. M. (1981), «La incidencia del estraperlo en la economía de las grandes fincas del sur de España», en Agricultura y Sociedad, 19, pp. 81-128.

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Realidad y propaganda de la planificación indicativa en España (Fabián Estapé y Mercè Amado)

FABIÁN ESTAPÉ Y MERCÈ AMADO

REALIDAD Y PROPAGANDA

DE LA PLANIFICACIÓN INDICATIVA EN ESPAÑA

Un período relevante del régimen franquista es, sin lugar a dudas, el comprendido entre los años sesenta e inicios de los setenta. Período en el que se dio un crecimiento económico sin precedentes en la economía española.

Nuestro propósito es realizar un balance general sobre la experiencia de la planificación indicativa en España, subrayando el uso que de los planes se hizo por los denominados «tecnócratas» que formaban parte de los gobiernos de aquel entonces. Nos ceñiremos, por lo tanto, al período comprendido entre los años 1964 y 1975, años en los que tiene lugar la aplicación del modelo «francés» de planificación económica en España.

Se puede hablar básicamente de dos grandes tipos de planificación: la planificación central y la planificación indicativa. La primera responde al modelo aplicado en la Unión Soviética a partir de 1928 y, con posterioridad, en los países del Este europeo. La planificación indicativa nació en Francia, al finalizar la segunda guerra mundial, con la prioritaria tarea de reconstruir el país de la forma más rápida y adecuada posible. Ante este reto, Jean Monnet propuso la práctica de una planificación económica con carácter vinculante para el sector público (de considerable peso en Francia en aquel entonces) y exclusivamente indicativa para el sector privado. Esta experiencia tuvo lugar también en diversos países de Europa occidental, con ciertos matices, pero con la misma esencia.

Este tipo de planificación ofrecía como ventaja la no eliminación del mercado, a la vez que se ponía al gobierno en condiciones de domar las denominadas fuerzas ciegas de la economía.

Podríamos citar como hechos catalizadores de la instauración de la planificación indicativa en Europa los siguientes:

en primer lugar, y como ya hemos señalado, la reconstrucción de la economía europea exigía el establecimiento de un sistema de prioridades a la inversión pública;

la imperiosa necesidad de asegurar un aumento de la renta per cápita y obtener el máximo rendimiento de las inversiones públicas y privadas;

la exigencia de una transformación industrial que permitiese estar en condiciones de participar en una situación favorable en el comercio internacional, y

la necesidad de sistematizar las intervenciones del gobierno para evitar efectos distorsionadores en la economía.

Se utiliza la planificación como una técnica con posibilidades de aportar una situación de bienestar a las economías destrozadas por la guerra, sin pretender un cambio del sistema económico vigente, para lo cual se recurre a esta fórmula híbrida de planificación, que combina la existencia del modelo de economía de mercado con un cierto grado de dirección central. En breves palabras, la planificación indicativa adquiere el compromiso de formular una previsión sobre la evolución de la economía, proponiendo unas medidas de política económica correctivas y estimuladoras que actúan con carácter obligatorio para el sector público y de forma persuasiva para el sector privado. Para Andrew Shonfield el compromiso de planificar caracterizó no sólo el cambio de la política económica de posguerra con respecto a la preguerra, sino incluso la diferencia entre capitalismo clásico y moderno.

La planificación se convierte, o es en sí misma, una técnica al servicio de la política; comprende una serie de objetivos vinculados a un esquema de crecimiento para un período de tiempo determinado. No obstante, Stuart Holland señala que la planificación económica no es una panacea para resolver problemas. Más bien es una vía para evitar la ignorancia y la incoherencia en la formulación de las políticas a seguir. Su principal misión es la de clarificar cuáles son los objetivos económicos que la nación desee alcanzar. En realidad, no fue éste el sentido que se dio en España a la planificación indicativa. Aquí se presentó como una auténtica panacea para los problemas que aquejaban a España.

Pero antes de centrarnos en este tema, al cual pretende responder esta ponencia, creemos obligado hacer una breve referencia a los antecedentes más próximos a los planes de desarrollo españoles.

Volviendo un poco la vista atrás, destacaremos el hecho económico, a nuestro juicio, más relevante de la historia del régimen franquista: el Plan de Estabilización de 1959, que creó las bases para que dos años después se pudiese empezar a hablar de desarrollo.

De un régimen económico basado en la autarquía y de un sistema basado en una regulación estrictamente burocratizada de las relaciones económicas pasamos a una situación de creciente apertura al exterior. En una palabra, en 1959 se inició un proceso importante de liberalización de la economía española.

Lo que deseamos resaltar aquí es que el Plan de Estabilización no fue un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la idea de desarrollo económico, de ahí su estrecha vinculación con los planes de desarrollo. Existe un hecho significativo que pone de manifiesto esa vinculación. Es la existencia de una carta del entonces ministro de Comercio, Ullastres, dirigida al jefe del Estado, en la que solicitaba la creación de una agencia especial encargada de elaborar un plan de desarrollo; caso contrario, anunciaba su dimisión inmediata. Esta carta, un tanto fuera de lo común en aquellos tiempos, confirma el carácter instrumental del Plan de Estabilización ya que venía a decir que no había otra alternativa que sentar las bases para que la estabilidad concebida como un medio desembocara en el desarrollo concebido como un fin.

Ése es el punto de arranque de las discusiones acerca de cómo debería ser ese «deseado» plan de desarrollo. En esa tesitura el ministro de Hacienda, Navarro Rubio, solicitó el asesoramiento del Banco Mundial. El resultado fue un informe que consiguió ser un best-seller, lo cual no deja de sorprender dado el carácter técnico de este tipo de informes. Quizá fue debido a que la opinión pública se fiaba del Banco Mundial, que le decía que España podía crecer, afirmación agradable de creer, y más cuando provenía de un organismo no vinculado al régimen. Su publicación en diciembre de 1962 favoreció sin duda la elaboración del I Plan de Desarrollo para el período 1964-1967.

Para la elaboración del programa de desarrollo económico que recomendaba el informe del Banco Mundial, se decide trasladar el modelo francés de planificación indicativa; y decimos trasladar por no decir copiar, que en realidad fue lo que se hizo, adjudicándose a Laureano López Rodó la responsabilidad de esta tarea, que ejerció hasta el año 1973, año en que pasó a ocupar la cartera de Asuntos Exteriores.

Desde el inicio de la planificación en España se ofreció por parte de los responsables de la misma una visión irreal de lo que se podía esperar de la planificación indicativa; se formó una especie de aureola casi mística alrededor de los planes, que convertía esta técnica en la solución a todos los problemas que padecía la economía española. Conducta derivada de la clara intención de hacer un uso político de los planes. Laureano López Rodó, al comentar las causas del crecimiento en esos años, afirmaba que: «Tenemos un primer deber de justicia: proclamar que el intenso proceso de transformación que España está viviendo tuvo un comienzo, la paz. Una paz ganada con la más legítima de las victorias».[1] La planificación y los resultados económicos quedaban así vinculados al propio origen del régimen.

Lo peor del caso fue que se pasó con excesiva rapidez del misticismo al escepticismo. El clima de optimismo general que se respiraba alrededor del primer plan no se volvió a repetir ni en el segundo ni en el tercero como consecuencia de las circunstancias que rodearon la devaluación de 1967, que rompieron las expectativas de crecimiento y el clima de confianza en la planificación. Una vez derrumbadas las expectativas fue muchísimo más difícil devolver la confianza sobre un instrumento que se creía infalible. No se volvió a crear una corriente positiva hacia la planificación hasta los años 1971-1972.

Respecto al contenido general de los planes señalaremos los principales fines perseguidos, agrupándolos de la siguiente forma:

—maximizar el crecimiento del producto nacional;

—alcanzar el pleno empleo;

—programar el desarrollo dentro de la estabilidad;

—una progresiva integración en la economía mundial;

—alcanzar una distribución equitativa de la renta, y

—flexibilizar el sistema económico.

Para alcanzar los objetivos mencionados, la primera misión del plan era disciplinar las inversiones públicas, coordinar la política económica y ofrecer amplia información al sector privado.

Los tres planes se construyeron de forma bastante similar. El I Plan contó con un estudio general de la economía española desde fuera que los demás no tuvieron; el II Plan trató de ser más selectivo, y el III Plan (el más expansivo de todos) incluyó unas modificaciones considerables en los instrumentos utilizados y en los objetivos perseguidos. Pero los tres poseen un elevado grado de similitud, tanto en sus planteamientos como en su forma de elaboración, en las técnicas económicas que incorporan y en su modo dé ejecución. Tanto el primero como el segundo y los primeros años del tercero se aprovecharon de una ventaja objetiva: la fase expansiva que atravesaba Europa por aquel entonces.

En cuanto a resultados es necesario reconocer que a excepción del último plan, los dos primeros se situaron alrededor de lo programado: en el I Plan el PNB creció a razón de un 6,2 por 100 anual, y en el II Plan se superó la tasa del 5,5 por 100 anual en algo más de un punto. Existen opiniones de toda índole acerca de las influencias que la planificación tuvo en esas tasas de crecimiento. Hay quien sostiene que esto fue una mera coincidencia y que se hubiera crecido igual o incluso más sin necesidad de los planes de desarrollo; pero lo cierto es que a pesar de todos sus defectos (que no son pocos) durante los primeros diez años de la planificación indicativa en España se creció a un ritmo del 7 por 100 anual, como término medio, lo que no se había conseguido con anterioridad.

Es justo reconocer que la planificación en España tuvo la virtud de poner en marcha un conjunto de fuerzas tales como determinados estímulos a la inversión privada, un cierto grado de racionalidad en el sector público, un impulso al proceso de industrialización y una mayor integración en el mercado internacional, entre otras, que sin duda favorecieron un progreso general de crecimiento económico. Así, J. R. Álvarez Rendueles señala que crecimiento, transformación económica y social, mayor racionalidad y coordinación de la política económica y mejor información y «apertura» en lo económico son aspectos positivos que constituyeron un activo innegable de los años de planificación de la Comisaría.

Son también considerables, como apuntábamos antes, los defectos atribuibles a esta «técnica» económica; no tanto por su naturaleza, como por la aplicación que de ella se hizo en España. En primer lugar es apreciable la ausencia de atención a las cuestiones puramente sociales. A este respecto es curioso señalar como caso anecdótico, pero altamente significativo, que el I Plan en su «primera edición» se denominaba Plan de Desarrollo Económico y, debido a críticas recibidas de los llamados procuradores sindicales, se decidió añadir, ya cuando su redacción e impresión estaban terminadas, el calificativo de Social en el título sin realizar ninguna modificación en el interior del texto.

Si aceptamos que desarrollo no significa sólo crecimiento, sino crecimiento más transformaciones estructurales, se puede afirmar que los planes de desarrollo no aportaron ninguna modificación básica de estructuras ni ningún cambio institucional.

Otro elemento que entorpeció la marcha de la planificación en España fue la dificultad en el acopio de datos, dada la realidad de unas pésimas estadísticas; no se hicieron, sin embargo, a lo largo de todo el período muchos esfuerzos para remediar esta situación. Esto, unido a que el plan fue principalmente un instrumento político, llevó a una manipulación de hecho del sentido de las estadísticas.

En cuanto al incumplimiento por parte del sector público, fue notable. La inversión pública en algunos sectores no alcanzó el 50 por 100 de lo planeado. No se detallaba en el Programa de Inversiones Públicas (PIP) nada referente a las empresas públicas; no existían previsiones sobre la tasa de expansión probable de las inversiones del INI, ni sobre su distribución entre las distintas ramas de la actividad económica. El PIP, en la práctica, no fue realmente vinculante aun cuando sí contribuyó a aumentar la racionalidad en el comportamiento del sector público.

Es remarcable la falta de capacidad para revisar los objetivos fijados en momentos clave, como al final del I Plan, momento en el que se produce la quiebra de la confianza depositada en los planes de desarrollo, por causa de la devaluación del 19 de noviembre de 1967. Este hecho tuvo como primera consecuencia nefasta el derrumbe de las expectativas del sector empresarial y de la opinión pública, que empezó a dudar acerca de la mágica naturaleza de la planificación indicativa, justo seis semanas antes de finalizar el I Plan. Se tuvo que prorrogar el I Plan por decreto, ya que era necesario reajustar todos los cálculos del II Plan, obligando a reducir la tasa de crecimiento del PNB, hecho que como propaganda política no era muy apetecible. En virtud de que es imposible prever las eventualidades no se puede planificar sin prestar atención a la revisión periódica de los planes. Un plan debe estar siempre sujeto a enmiendas si se pretende que conserve su validez a lo largo del período establecido.

La pretensión de incrementar la producción industrial y del sector servicios implicó un desplazamiento del sector agrícola que condujo a una desatención casi total de este sector, manifestándose sobre todo en el I Plan, que careció por completo de una política agrícola digna, con el peligro de no conseguir un crecimiento armónico.

Tampoco se logró un gran progreso en cuestiones de política de desarrollo regional, aspecto que adquirió un carácter de subsidiariedad respecto al principal objetivo de crecimiento máximo del PNB. No existió una verdadera estrategia de desarrollo regional y las medidas que se practicaron estuvieron marcadas por una arbitrariedad absoluta. Aunque es obligado decir que en el III Plan se consiguió un cambio de enfoque radical en ese ámbito, y se entró ya en la teoría moderna del desarrollo regional articulado dentro de un Estado, con una proyección más amplia. Pero entre otros errores cabe mencionar que ninguno de los tres planes tuvo en cuenta un fenómeno de trascendental importancia como es la magnitud de los movimientos migratorios de la población española, movimientos que reflejan las profundas transformaciones sociales que conlleva una fase de crecimiento económico.

La experiencia de la planificación indicativa en España finalizó con el III Plan, que aportó unas mejoras significativas, tuvo un mayor grado de libertad en su elaboración, incluyó el establecimiento de un horizonte más amplio y prestó más atención a las cuestiones regionales, entre otras; pero también cabe decir que fue el menos aplicado de todos debido principalmente a la aparición de la crisis de 1973.

Asistimos al fin de la planificación indicativa cuando aparece una crisis económica, ocasión que reclama con mayor ansiedad una actuación lo más racional posible; pero es comprensible que sea mucho más fácil planificar cuando la situación económica se encuentra caracterizada por un «boom». Como señala Ángel Viñas,[2] la crisis de las materias primas expuso claramente a luz las debilidades de la estrategia de desarrollo en que degeneró el giro de 1959.

Como conclusión, la planificación en España se identificó por amplios círculos de opinión con el régimen, y en concreto con la carrera política de López Rodó; prueba de ello es que cuando se crea el Ministerio de Planificación del Desarrollo el 12 de junio (hasta el 4 de enero de 1974) pierden protagonismo los planes de desarrollo. A pesar de los esfuerzos de hombres como Juan Velarde que intentaron hacer coherentes las monografías con el contenido del plan, sucedió el práctico fin de la planificación. Puede parecer paradójico, pero la decadencia de la planificación apareció cuando se creó un ministerio específico. Esto responde principalmente a que el poder de la Comisaría del Plan era inversamente proporcional a la distancia que le separaba de la mesa del presidente del gobierno.

Creemos que la planificación es un instrumento valioso y que sería absurdo desecharlo por el simple hecho de que dicho instrumento fuese utilizado por el régimen anterior; estamos convencidos de su utilidad en épocas de crisis como mecanismo reductor de la incertidumbre, a pesar de los elementos negativos que se le atribuyen y del final poco afortunado que tuvo en España.

Para concluir nos gustaría señalar, sin detenernos en un análisis minucioso, las características que debería reunir un plan de desarrollo para responder a las ilusiones y esperanzas de un mayor crecimiento y bienestar. Sería conveniente que la elaboración del plan se realizara en estrecho contacto con los organismos capaces de expresar los objetivos que desea la sociedad en su conjunto. Un plan que complemente al mercado y que discipline las decisiones del sector público. Que sea un verdadero instrumento de orientación y estímulo para la iniciativa privada, y, sobre todo, que se aplique, que no se convierta en un mero documento para favorecer la imagen política de unos pocos. Para ser eficaz, un plan de desarrollo debe ser general y detallado, pero ¿cómo puede elaborarse y ejecutarse un plan semejante en una economía de mercado que no permite una planificación imperativa? La respuesta la encontramos en la necesaria armonización entre el Estado y los centros de decisión privados.

Por muchas que sean las críticas de la experiencia internacional recopiladas por Stuart Holland en su obra La superación de la planificación capitalista, un examen de las políticas económicas de los países supuestamente mal servidos por la planificación indicativa nos dice que no se ha ganado en el cambio. Una buena parte del equívoco, y ello es cierto singularmente en España, está en que algunos regímenes políticos recurrieron a las técnicas de la planificación indicativa y, sobre todo, a sus resultados para hacer lisa y llanamente propaganda política. Pero allá cada cual con su conciencia.

Notas para la configuración y el análisis de la política cultural el franquismo en sus comienzos: la labor del ministerio de educación nacional durante la guerra (Alicia Alted)

ALICIA ALTED

NOTAS PARA LA CONFIGURACIÓN

Y EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA CULTURAL

DEL FRANQUISMO EN SUS COMIENZOS:

LA LABOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL DURANTE LA GUERRA

INTRODUCCIÓN

El tema objeto de esta comunicación lo constituyen, por una parte, los comentarios en torno a una serie de aspectos puntuales de política educativa y cultural desarrollada por el Ministerio de Educación del primer gobierno de Franco. Por la otra, la descripción y el análisis de los fondos que se conservan en el archivo privado del entonces ministro de Educación, Pedro Sainz Rodríguez.

La consulta de estos fondos es lo que me ha permitido detectar un grado de coherencia apreciable entre las precitadas manifestaciones puntuales, que permiten suponer la existencia de una política cultural desarrollada desde el ministerio, sujeta, claro es, a todo tipo de matizaciones.

Perfilándose, así, una línea de investigación que tiene su primera manifestación impresa (por supuesto que no acabada y siempre en continua revisión) en el libro Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española[1].

DIVERSAS MANIFESTACIONES DE POLÍTICA CULTURAL

Hace tiempo, Pierre Vilar, reflexionando sobre la historia e historiografía de la guerra civil, señalaba cómo la bibliografía sobre ésta «es abundante, pero no las fuentes»[2]; afirmación también aplicable a la historia más inmediata sobre el régimen franquista. Ahora bien, cabe preguntarse si esa escasez de fuentes primarias (a las que alude P. Vilar) se debe bien a que el conflicto no las generó, bien a que han sido destruidas o bien, por último, a que el investigador todavía no las ha podido localizar.

En nuestro caso concreto, el planteamiento sobre la existencia o no de una política educativa y cultural desarrollada en los inicios del régimen de Franco, vino motivado por el descubrimiento (no casual) de una documentación conservada en el archivo privado del ministro de Educación en el gobierno de 1938. Dicha documentación primaria corroboraba una hipótesis que quizás a priori no hubiera sido formulada, pues a simple vista parecía ilusorio que, paralelamente al desarrollo de la contienda, los elementos sublevados tratasen de sentar en la retaguardia las bases de una política sobre educación y cultura. No obstante, así fue; y su explicación reside en el hecho de que los militares cuando se levantaron contra un gobierno y régimen legítimos lo hicieron con el apoyo de unos elementos civiles que desde hacía tiempo abogaban por una «contrarrevolución», la cual implicaba la sustitución del régimen republicano por un Nuevo Estado, en el que la política cultural desarrollada desde el gobierno fuese concebida como instrumento de legitimación de ese Nuevo Estado y como vehículo transmisor de una ideología que asegurase su posterior permanencia. Así, el sistema escolar, las manifestaciones artísticas, los medios de comunicación de masas… se tendrían que constituir en los «aparatos ideológicos del Estado», según la consideración de Louis Althusser[3].

No cabe aquí profundizar en la discusión acerca del carácter político del régimen de Franco, pero sí nos interesa, en cambio, señalar cómo éste se fue definiendo a partir del establecimiento de vinculaciones más o menos directas con instituciones que le fueron dando una sustancialidad de la que en sí carecía: la iglesia y Falange. De esta manera, mientras la iglesia hacía que el nuevo Estado fuera apareciendo como un régimen conservador y tradicional, Falange le aportaba los aires de totalitarismo en boga en Europa en los años de la guerra. Esa diferente base de sustentación (que, sin embargo, tenía como punto en común la jerarquización autoritaria) motivó que el régimen se moviera en un terreno ambiguo e impreciso que contribuyó a su permanencia.

En los textos de diversa índole y en la historiografía «científica» sobre el franquismo, se tiende a situar su origen en abril de 1939, pero para el propio régimen ése ya era su «tercer año triunfal». Por nuestra parte, creemos que el régimen de Franco se inició con la guerra civil, definiéndose de manera explícita tras la constitución del primer gobierno. Esto es perfectamente constatable en el ámbito de la política cultural, que a pesar de su aparente uniformidad, presentó una dialéctica interna contradictoria, producto de esa ambivalencia institucional citada.

La iglesia, a cambio del apoyo prestado a la sublevación, exigió del régimen el control del campo que tradicionalmente había considerado suyo: la educación y enseñanza. Por su parte, Falange como partido único iba a intentar imponerse a través de los mass media. Ello explica el reparto de poderes que se realizó tras la constitución del primer gobierno por Ley de 30 de enero de 1938: En el Ministerio del Interior (Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda) los falangistas; en el de Educación, los monárquicos de Acción Española, con Pedro Sainz Rodríguez al frente, bajo la atenta vigilancia del cardenal Gomá, primado de España.

Previamente y en un deseo (no conseguido) de consolidar la no intromisión de Falange en el ámbito educativo, Sainz Rodríguez había sido nombrado delegado nacional de Cultura y Enseñanza de FET y de las JONS, cargo desde el que, como él mismo ha afirmado, nada se hizo.

De otro lado, ya ministro, nombró a sus colaboradores siguiendo esa táctica de aunar diferentes posiciones ideológicas que había presidido la constitución del gobierno. En el Servicio Nacional de Primera Enseñanza, el tradicionalista Romualdo de Toledo; en el de Enseñanza Superior y Media, José Pemartín, monárquico de Acción Española; en el de Enseñanza Técnica y Profesional, un técnico, Augusto Krahe. Encargado de Bellas Artes, Eugenio d’Ors, y de Archivos y Bibliotecas, Javier Lasso de la Vega. Por último, la necesidad de nombrar a alguien vinculado con Falange la obvió con Alfonso García Valdecasas, un falangista de la primera hora, amigo personal suyo, que ocupó un cargo eminentemente técnico y administrativo: el de subsecretario.

El nuevo Ministerio de Educación sustituía al todavía actuante Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, asumiendo las funciones tradicionalmente encomendadas a éste e implícitas en su denominación. En cuanto al cambio de nombre, estaba inserto dentro de una corriente imperante en la Europa de esos años, la de consolidar el papel director y organizador de la vida social por parte del Estado, a través de la influencia «intencional y sistemática» ejercida en las jóvenes generaciones mediante una educación eminentemente formativa.

La preeminencia de la iglesia en el mundo educativo se explica no sólo por esa «contrapartida» a la que se ha aludido, sino también por la composición sociológica de los elementos civiles que apoyaron a los militares sublevados. De esta manera, la derecha tradicional y conservadora que se había movido siempre entre las brumas nostálgicas de un pasado imperial, cuyo eje había sido la tradición católica de Trento, en la línea interpretativa de nuestra historia dada por Menéndez y Pelayo, impuso esta visión como directriz de la política educativa y cultural que desarrollaría uno de sus más caracterizados representantes, discípulo de Menéndez y Pelayo, a quien convirtió en mentor de aquélla junto con el pedagogo y educador católico Andrés Manjón[4].

La consideración de la religión como parte integrante de la tradición histórica nacional se reafirmó en estos años al identificarse una y otra. El sentido religioso y patriótico está, pues, en la base de toda realización de política educativa y cultural, integrándose ambos componentes en el concepto de la «contrarrevolución» que preconizaban los dirigentes del ministerio; «contrarrevolución» que, por otra parte, no implicaba el total «desmantelamiento» de la labor realizada por la República en este ámbito, sino más bien el retorno a un estado anterior y la asunción de determinados aspectos de la política republicana, bien que con otro espíritu.

A modo de ejemplo, en este sentido, una de las realizaciones más importantes del Ministerio de Educación del primer gobierno y que tuvo mayor trascendencia posterior, fue la Ley de 20 de septiembre de 1938, reguladora de los estudios del bachillerato. Pues bien, como el propio ministro diría, «este plan no es una medida imaginaria, no es ninguna arbitrariedad que yo he inventado»[5]. Sus antecedentes están constituidos por tres planes de estudios: el de 24 de agosto de 1926, siendo ministro de Instrucción Pública Eduardo Callejo; el de 20 de agosto de 1930, de Elías Tormo; y el de Filiberto Villalobos de 29 de agosto de 1934. Junto a ellos, la ley presentaba claras influencias de la organización del bachillerato en distintos países europeos, Italia y Francia particularmente.

Otro ejemplo importante que cabe señalar es el referido a la función directora de la «alta cultura e investigación superior» que se daba al Instituto de España, mediante el Decreto de 19 de mayo de 1938, con la que se pretendía dotarle del mismo contenido científico e investigador que había tenido la disuelta Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.

Por último, las tareas organizativas de la recuperación y defensa del patrimonio artístico tuvieron su base en el Decreto-ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección y conservación de la riqueza artística, y en la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio artístico nacional. De ambas se partió para la redacción, entre septiembre y noviembre de 1938, del proyecto de Ley de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

La colaboración de la iglesia en la labor educativa implicaba restituirle el poder que había ostentado durante siglos. Con ello se daba al traste con la política de «sustituciones» que había intentado, sin éxito, implantar la República, a la par que se convertía la enseñanza oficial en subsidiaria de la privada en manos de las órdenes religiosas; enseñanza que en su grado medio (identificado básicamente con el bachillerato universitario) presentaba un fuerte carácter elitista ya que su objetivo era formar a las futuras clases dirigentes; aquellas que tendrían en sus manos la posibilidad de consolidar el proceso de ideologización política y social que se estaba imponiendo. Esto explica que de los varios proyectos de reforma de la enseñanza, en sus distintos niveles, elaborados en este período, sólo la Ley de Reforma del Bachillerato Universitario encontrase expresión acabada.

Dentro de este planteamiento del proceso educativo cabe preguntarse por el papel que le estaba reservado a la mujer. La respuesta nos la da José Pemartín: «Se debe tratar de encauzar la gran corriente de estudiantas apartándolas de la pedantería feminista de bachilleras y universitarias que deben ser la excepción, orientándolas hacia su propio magnífico ser femenino que se desarrolla en el hogar»[6].

De acuerdo con esto, la política educativa oficial canalizó la formación de la mujer hacia los niveles de enseñanza primaria y media profesional, a la vez que sutilmente obstaculizaba su acceso al bachillerato universitario y de ahí a la universidad. Pues para desarrollar las tareas del hogar, la formación en esos niveles se consideraba suficiente; formación que se reforzaba con la inclusión en los planes de estudio de las enseñanzas del hogar y de economía doméstica, con carácter obligatorio. De esta forma, también en este punto la política del ministerio supuso un retorno (regresivo) a una situación tradicionalmente defendida por la iglesia y las capas más reaccionarias de la sociedad[7].

Uno de los aspectos que más llama la atención a la hora de estudiar el tema es la prolija legislación desarrollada primero por la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica y después desde el ministerio. Ello puede explicarse como un deseo de hacer perdurable una labor que el carácter de la guerra y la provisionalidad de la situación ponían en entredicho. Una parte considerable de esa legislación promulgada durante el año 1937 la constituyen las relaciones de personal docente depurado; cuestión ésta que por su propio carácter, y la manera como se hizo en estos años y con posterioridad, iba a hipotecar la imagen del régimen de cara a las generaciones venideras.

Básicamente, las disposiciones que regularon el proceso depurador durante la guerra se promulgaron entre noviembre de 1936 y febrero de 1937. Tras la formación del primer gobierno, el Ministerio de Educación intentó, mediante la creación de una oficina técnico-administrativa, imprimir celeridad al proceso de resolución de los expedientes. El hecho de que casi todo el personal docente tuviera en su haber un expediente de depuración dificultaba en gran medida la labor tendente a una reorganización de la enseñanza. El proceso se agravó tras la caída del frente catalán, en febrero de 1939. La depuración presentó el doble carácter de «preventiva» y «punitiva». Los cargos que se formulaban contra los encartados atendían a la actuación política y a la conducta religiosa. En relación con ellos se investigaba también el proceder privado y la actuación social y profesional. Dado el ambiente de enfrentamiento ideológico que generó la guerra, cualquier motivo podía ser válido para abrir un expediente. Esto explica que personas de probada adhesión al Movimiento hubieran sido depuradas (Alfonso García Valdecasas o Antonio Onieva, por ejemplo). De otro lado, fueron muy frecuentes las denuncias contra el proceder arbitrario de las comisiones depuradoras, así como sobre la poca credibilidad ideológica y profesional de muchos de sus miembros.

Pero la depuración no sólo afectó al personal docente; el conseguir que las jóvenes generaciones se impregnasen de la ideología del nuevo Estado exigía un «saneamiento» previo de la cultura que acabase con la denominada «literatura disolvente». A ello tendió toda la normativa sobre depuración de bibliotecas. El libro, la lectura «dirigida», tenía que producir el tipo de hombre que debía servir al nuevo Estado. Así pues, «la biblioteca, que comenzó por ser un anexo marginal en el plan nacional de instrucción pública, se ha de imponer como uno de los instrumentos más eficaces de previsión social»[8], a través de su integración en el sistema escolar. El mismo carácter tenían que presentar los museos mediante los que se debía asimismo inculcar el sentimiento religioso y patriótico informador de nuestro pasado.

Para su legitimación, el régimen de Franco necesitaba ganar la guerra y ser reconocido a nivel diplomático. En este sentido, la política de expansión cultural con el exterior desarrollada desde el Ministerio de Educación se utilizó como elemento de esa legitimación. Esta política se concretó en el intercambio escolar con Italia y Alemania; en la firma (no ratificada) de un convenio cultural con este último país; en la asistencia a varias ferias y congresos internacionales; en la reanudación, en el verano de 1938, de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de Santander; en la celebración en esta misma ciudad en agosto de 1938 del XV Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias; en la organización de la IV Exposición Internacional de Arte Sacro, celebrada en Vitoria entre mayo y agosto de 1939, y en la participación de España, en fin, en la XXI Exposición Internacional de Arte de Venecia, en junio de 1938, el acto más importante en este ámbito durante la guerra.

Dada la trascendencia de esa participación, se quiso que España estuviera representada en ella «imperialmente», y para esto se acogió, junto a artistas españoles (seis pintores y cuatro escultores), al artista portugués Lino Antonio y al escultor uruguayo Pablo Mañé. El prestigio de Ignacio Zuloaga, que concurría a la exposición con veintiocho obras, no podía ocultar, sin embargo, a los ojos de sus organizadores el hecho del «reducido número de artistas de que se disponía», como señaló el jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes, Eugenio d’Ors, en la primera reunión de la Junta de Relaciones Culturales en abril de 1938. Ahora bien, cara al exterior, la escasez de artistas se trastocaba en lo reducido del local, inadecuado para albergar la gran «cantidad y calidad de los artistas españoles adheridos a nuestra causa»[9].

Esa afirmación en extremo optimista podía unirse a la de José María Pemán: «Los mejores con nosotros»; [10] pero la realidad, como vemos, era muy otra, aunque tampoco se puede ignorar la mayor o menor identificación con la «causa nacional» de artistas e intelectuales extranjeros como Paul Claudel, Igor Strawinski, Karl Burckhardt, Reynaldo dos Santos, Charles Maurras, Henri Massis, Giovanni Papini o Benedetto Croce… El apoyo de estos intelectuales se basó en su oposición al «bolchevismo internacionalizante», «anticlericalismo» y «revolucionarismo» que para ellos representaba la República; pero rara vez esa defensa se basó en una justificación de principios totalitarios. Para ellos, lo que había que defender era la civilización cristiana y occidental, y en esta defensa el régimen republicano, a su juicio, había fracasado.

El mismo planteamiento es el que explica la adhesión de figuras como las de Manuel de Falla, Gerardo Diego, único miembro de la Generación del 27 que apoyó la «causa nacional» y a quien, siguiendo la tónica del momento, se le había formado expediente de depuración al igual que a Ernesto Halffter, o Miguel de Unamuno. En este último caso, la intransigencia, el autoritarismo y el dogmatismo chocaron contra la duda agónica de este pensador para quien civilización «venía de civil». Su caso ejemplifica lo que significaba el intelectual para el nuevo Estado; un ser que sólo resultaba soportable en tanto en cuanto pusiera su pluma al servicio del mismo, ya que, en otro caso, le esperaban la postergación o el exilio. Lo curioso era la apropiación que Falange hacía de estos intelectuales cuando ya no podían replicar; por mor de ello, Unamuno se convirtió en el «camarada» Unamuno, lo mismo ocurrió con García Lorca, una «gloria imperial».

Evidentemente, los dirigentes del ministerio no ignoraban las consecuencias que podían derivarse de los planteamientos político-militares del nuevo Estado frente a la cultura. El propio ministro de Educación calificaba el éxodo de intelectuales que se estaba produciendo como «uno de los más graves problemas que la guerra civil plantea a la cultura española»[11]. En un deseo de poner un freno a los efectos negativos que, de cara a la credibilidad del nuevo régimen, estaba produciendo este hecho en el extranjero, se constituyó el Instituto de España, con el que se quiso dar el «matiz cultural» al Alzamiento. «Había que demostrar al mundo que el Alzamiento no había sido sólo una sublevación de militares, moros, banqueros y clérigos, sino que también habían intervenido intelectuales y personas civiles de muy diversas procedencias»[12]. Sin embargo, y a pesar de algunos tímidos esfuerzos, no se llegó a emprender el camino hacia esa «cultura asuntiva y superadora» de la que nos habla Laín Entralgo[13].

Dos últimas consideraciones queremos hacer en estas notas; referidas, una, a la política y propaganda en torno a la protección del patrimonio cultural, y otra, al papel ejercido por Italia en este ámbito.

La repercusión internacional que tenía todo lo relacionado con la destrucción del patrimonio artístico hizo que se cuidara especialmente la propaganda sobre el mismo. En relación con ella, los dirigentes culturales siempre fueron a remolque de lo que se hacía en la zona republicana. Su propaganda, basada en la capacidad destructora de las «hordas marxistas», presentó un tono agresivo. Pedro Muguruza, máximo responsable de la labor de recuperación y defensa del patrimonio en estos momentos, trató de hacer frente al carácter negativo que ejercía ese tipo de propaganda, así como a la poca eficacia demostrada por la Comisión de Cultura y Enseñanza en orden a la protección del patrimonio, con la organización de una amplia política que tuvo su inicio en el Decreto de 22 de abril de 1938, por el que se creaba el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Esta política se vio constantemente obstaculizada por la falta de presupuestos, de medios materiales (coches y camiones para los desplazamientos, depósitos para almacenar en condiciones los objetos de arte) y por las frecuentes intromisiones de organismos con funciones análogas dependientes del Ministerio del Interior (como el Servicio Nacional de Regiones Desvastadas y Reparaciones, por ejemplo).

De otro lado, la guerra propició un expolio, enajenación y comercio, más o menos clandestino, de obras de arte en el exterior. Este fenómeno, a todas luces ilegal, provocó las airadas protestas de ambos gobiernos, pero la actitud de los países europeos ante el mismo fue en su mayoría de inhibición y, en ocasiones, de complicidad. Junto a esto, la evacuación oficial de obras de arte por parte del gobierno de la República; capítulo aparte de este discutido proceso lo constituye el traslado a Ginebra de una parte del tesoro artístico.

Para concluir, nos podemos preguntar hasta qué punto la ayuda militar de Italia y Alemania a la España nacional implicó una supeditación ideológica y cultural hacia las potencias del Eje. Creemos que hubo una identificación más formal que real en concreto con Alemania. En esto, la iglesia desempeñó un papel fundamental. Las relaciones con Italia presentaron un carácter diferente. Se partía de una compenetración histórica de ambas culturas mediterráneas. El espíritu clasicista era uno de los ingredientes de la educación formativa del nuevo Estado y la Santa Sede había aceptado el régimen de Mussolini. Sin necesidad de llegar a la firma de un convenio de cooperación cultural (a lo que Italia nunca estuvo dispuesta a pesar de la insistencia por parte española), Italia ejerció una influencia mucho más estrecha en el campo de la educación; sobre todo porque los dirigentes del ministerio tenían a esta nación amiga como modelo. Esta influencia se puede ver en todos los ámbitos de la política cultural y tuvo su expresión en una serie de medidas concretas: orientación de la enseñanza siguiendo el modelo italiano, inclusión de esta lengua en el plan de estudios de enseñanza media, amplia acogida de profesorado italiano en los centros docentes españoles, intercambio escolar…

Con estas breves notas se ha querido presentar algunos de los aspectos que pueden caracterizar una política cultural en los orígenes del franquismo, protagonizada por el Ministerio de Educación; con un carácter más global y unitario de lo que a priori hubiera sido dado suponer. Sin embargo, deben extremarse las cautelas al emitir un juicio valorativo sobre esta política, para contribuir a la objetividad que debe presidir todo análisis histórico; es preferible plantear hechos y analizar situaciones y que, luego, cada cual elabore su propia y subjetiva conclusión sobre los mismos.

A modo de sugerencias para que futuras investigaciones proporcionen una imagen más perfilada de esa política cultural, resulta necesario profundizar, a partir de documentación primaria, en tres frentes apenas aquí abordados: la gestión de la Comisión de Cultura y Enseñanza, la influencia de Italia en este plano desde la perspectiva de la documentación conservada en archivos italianos, y la actividad de los Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda del Ministerio del Interior.

LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS EN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: EL ARCHIVO DE PEDRO SAINZ RODRÍGUEZ

Como se indicó al principio, la investigación sobre este tema de la política cultural del Ministerio de Educación en los inicios del régimen fue posible gracias a la consulta, entre otros, de los fondos del archivo privado de Pedro Sainz Rodríguez. Estos fondos son tanto más importantes si se comparan con lo conservado (ateniéndonos a lo que se pudo ver en su momento) en el archivo del Ministerio de Educación. No obstante, hay que tener en cuenta sus dos limitaciones básicas: primera, el hecho de que casi toda la documentación se relaciona de una u otra manera con la persona del ministro. La segunda, el marco temporal, ya que se refiere estrictamente a la etapa del ministerio Sainz Rodríguez. De la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica no se conserva nada en él. Dado que lo que se encuentra en archivos públicos sobre ella es también muy escaso[14], habría que intentar rastrear por otros archivos privados para ver la posibilidad de reconstruir documentalmente la actividad cultural de la comisión.

El archivo de Pedro Sainz Rodríguez fue trabajado en varios niveles: documental (documentación primaria escrita), testimonial (historia oral), hemerográfico e historiográfico.

La vertiente documental presenta una doble faceta. Hay una documentación oficial constituida por proyectos de disposiciones legales, informes, memorias, notas reservadas, datos estadísticos, organigramas, de carácter general y relacionada con la actividad ministerial. A partir de ella se pueden estudiar, por ejemplo, las sucesivas fases por las que pasó la redacción de la Ley de Enseñanza Media de 1938, o bien los proyectos oficiales para la reorganización de la enseñanza primaria y de los estudios universitarios.

La segunda faceta de esta documentación primaria la constituye la correspondencia oficial y privada del ministro. Dicha correspondencia, ordenada alfabéticamente en archivadores, la forman aproximadamente nueve mil cartas. Casi todas se acompañan, en su caso, de una copia de la contestación de Pedro Sainz Rodríguez. Su valor, evidentemente, es muy desigual y se impone una cuidadosa selección previa.

A pesar del ambiente de guerra civil en el que fueron escritas, en líneas generales el tono de las mismas es respetuoso, directo y, en ocasiones, confidencial y familiar. En cuanto a la consideración de su contenido desde una perspectiva histórica, si bien Ezra Pound acierta cuando dice que «una carta demuestra lo que el que la escribe desea que el destinatario crea, el día en que fue escrita»[15], no lo es menos que por su carácter de inmediatez y concreción en relación con el acontecimiento histórico, podemos entrever o deducir de ellas claves para respuestas que no encontramos en documentos públicos. Significativa, en este sentido, es, por ejemplo, la contestación del ministro a la carta del conde de Jordana, de 14 de febrero de 1939, en relación con la firma del convenio cultural hispano-alemán. En su carta, el ministro de Asuntos Exteriores comentaba a Sainz Rodríguez los recelos de la Santa Sede ante la firma del convenio. Por su parte, el ministro de Educación le tranquilizó apelando a las instrucciones que el ministerio dictaría a los representantes de la comisión encargada de discutir la puesta en vigor de los diferentes aspectos del convenio: «De esta manera, nosotros haríamos poner en vigor cuanto se refiere a la cultura superior y aplazaríamos, ¡sine die!, como era mi propósito de siempre, lo que se refiere a los muchachos jóvenes. Con esto creo que quedarían colmados los escrúpulos del Vaticano y de los obispos»[16].

Otro ejemplo ilustrador lo constituyen las cartas que Pedro Muguruza, comisario general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dirigió al ministro comentándole la situación en la que se encontraba el patrimonio artístico; en especial, la carta de 29 de noviembre de 1938, en donde le informaba de la visita del técnico del Victoria and Albert Museum de Londres, Michael W. Stewart, constituye un modelo de cómo se pueden manejar hechos y situaciones para dar una impresión contraria a la realidad. «El éxito relativo de esta visita —escribía Muguruza— fue logrado en parte sobre una base de ciudades que no sufrieron de la guerra, y mantenido a través de una mínima conducción por lugares favorables, con cálculos minuciosos de recorridos y tiempos»[17].

Ejemplos de este estilo se encuentran a cada paso en estas cartas profundamente esclarecedoras, sobre todo, en un momento en el que la rígida censura sobre la Prensa y cualquier tipo de documento oficial dificultaba el conocimiento del trasfondo de las medidas que se tomaban. En este sentido, la correspondencia ayuda a penetrar en el aspecto subjetivo de los acontecimientos, en el «ambiente» de los mismos; y es que el análisis y la comprensión de este ambiente «es también una condición de la realización de la historia»[18].

Junto a las cartas, y actuando de forma semejante, el testimonio oral, las charlas mantenidas personalmente con Pedro Sainz Rodríguez sobre el tema y la extensa entrevista grabada en varias sesiones, a lo largo de febrero y marzo de 1981, y en la que hizo un análisis de su actividad ministerial. Dicha entrevista la reproduje íntegramente como apéndice de mi tesis doctoral. Su contenido resulta más espontáneo y esclarecedor que lo que Sainz Rodríguez escribió al respecto en su Testimonio y recuerdos.[19]

Una última parte de los fondos del archivo la constituyen ejemplares de prensa periódica, recortes, originales manuscritos o mecanografiados de discursos del ministro, así como folletos de muy variada índole.

CONCLUSIÓN ACERCA DE LA EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA CULTURAL

Partiendo de los diversos aspectos de política cultural que hemos analizado en una primera parte, y que desarrollamos más ampliamente en la obra citada al principio, cabe concluir sosteniendo que el Ministerio de Educación del gobierno de 1938 desarrolló una política educativa y cultural con características propias, que resultó precursora de posteriores realizaciones.

Si dejamos la palabra al propio ministro de Educación, éste, en la entrevista mencionada, hizo el siguiente balance de su gestión ministerial:

La gestión que dirigí en el ministerio hay que enfocarla en el sentido de que allí se hicieron cosas que no hubo tiempo de desarrollar por la guerra, pero se lanzó un semillero de proyectos que fue como un verdadero programa de lo que puede hacer un Ministerio de Educación y de Cultura. Para darse cuenta de lo que fue mi política ministerial hay que tener presente lo que significó el Alzamiento.

Cuando se terminó la guerra mucha gente pensó que yo había salido peleado del ministerio. Nada más lejos de la realidad. Me separé porque el Alzamiento no había sido concebido para permitir la instalación de una dictadura personal, sino para poner fin a una situación caótica con la creación de un nuevo Estado de otro estilo, monárquico o republicano, pero moderado. En la política posterior a mi gestión predominó más bien la idea de eliminar todo lo que yo había hecho, pensando que esto agradaría al general Franco, pero se equivocaban porque Franco tenía la idea de que las cosas que él había firmado eran suyas, no de sus ministros; por tanto, no se podía perseguir algo que él había aceptado por el hecho de haberlo propuesto yo, esto es lo que explica que perdurasen muchas de las cosas que se hicieron durante el período en el que fui ministro.

Ideología franquista y enseñanza de la historia en España, 1938-1953 (Rafael Valls)

RAFAEL VALLS

IDEOLOGÍA FRANQUISTA Y ENSEÑANZA

DE LA HISTORIA EN ESPAÑA, 1938-1953

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

1. El franquismo ha recibido calificaciones bastante diversas tanto respecto de su connotación política como de sus características ideológicas[1]. La aparente contradicción en muchas de las manifestaciones del franquismo, oscilantes entre unas proclamas «revolucionarias» (pendientes o ya logradas, según las ocasiones) y otras del más puro estilo tradicional reaccionario, hace que resulte difícil encontrar una clave interpretativa de esta complejidad.

La convivencia dentro del círculo interno de poder del franquismo[2] de fuerzas o tendencias políticas e ideológicas diversas (falangistas de distintas orientaciones, monárquicos alfonsinos, tradicionalistas y católicos provenientes básicamente de la extinta CEDA) hace que, a pesar de sus muchos puntos de coincidencia o similitud, aparezca también una soterrada pugna por lograr un mayor protagonismo y, por tanto, de satisfacción de sus intereses políticos, económicos e ideológicos como grupo específico.

Pensamos que, ante esta situación, se hace cada vez más imprescindible realizar estudios concretos que vayan aclarando parcelas del franquismo para, posteriormente, poder obtener una comprensión más adecuada de esta época de la historia de España: habrá que analizar tanto sus presupuestos ideológicos como sus planteamientos y realizaciones económicas, sociales, políticas, sindicales, etcétera, que nos permitirán conocer con mayor exactitud su funcionamiento.

2. En esta comunicación vamos a centrarnos en un aspecto muy concreto: la interpretación de la historia de España realizada por el franquismo en su primera década, tal como aparece formulada en los manuales de historia del primer bachillerato franquista (1938-1953). El valor de estos textos como muestra de la interpretación oficial de la historia de España realizada por el franquismo viene avalado por su condición de textos revisados y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y, por tanto, por su ceñirse al programa y puntos valorativos establecidos por tal ministerio[3].

Al mismo tiempo, estos libros de texto, por su carácter genérico de vehículos de «socialización» del alumnado, esto es, de transmisión de los valores sociales y de la normativa imperante en tal momento histórico, fueron utilizados como un elemento importante de adoctrinamiento ideológico por el nuevo Estado, tal como se indica claramente en el prólogo de la Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza de 1938:

El depósito de la genuina cultura de España, a costa de tanto heroísmo salvado, exige de aquellos que han sido llamados a custodiarlo y a transmitirlo, los cuidados más abnegados y las más hondas preocupaciones, que han de traducirse, sin vacilar, en primer término en aquellas reformas radicales que el porvenir de la enseñanza española imperativamente requiere …

Iniciase con la reforma de la parte más importante de la Enseñanza Media —el Bachillerato Universitario— porque el criterio que en ella se aplique ha de ser norma y módulo de toda la reforma, y porque una modificación profunda de este grado de enseñanza es el instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de una sociedad y en la formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras[4].

3. ¿Qué función o finalidad cumple la asignatura de historia en este bachillerato? La misma Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza la expresa taxativamente:

La revalorización de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo antihispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz leyenda negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de la Historia Universal (acompañada de la Geografía), principalmente en sus relaciones con la de España. Se trata así de poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española; la categoría superior, universalista, de nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, según concepto felicísimo de Ramiro de Maeztu, defensora y misionera de la verdadera civilización, que es la Cristiandad.

Así, pues, la historia aparece como la columna vertebral de este plan de bachillerato, en cuanto que, a través de ella, se pretende conseguir, como se expresa en el prólogo de la ley, una cultura clásica y humanística que posibilite «el ser auténtico de España, de la España formada en los estudios clásicos y humanísticos de nuestro siglo XVI, que produjo aquella pléyade de políticos y guerreros … hacia la que retorna la vocación heroica de nuestra juventud». Esta función —instrumentalización de la historia— se complementa con la hora semanal dedicada a «conferencias para la reformación patriótica» (aún no aparece la asignatura de Formación del Espíritu Nacional, incluida en el plan de 1953 y cuya función, a partir de esta última fecha, fue la de suministrar «el conocimiento de las características de la misión de España en la historia; su servicio a los altos valores de la concepción católica de la vida; la significación que sus hombres y hechos más representativos han tenido en la Historia Universal; la acción de España en América … y las instituciones y principios fundamentales del Movimiento Nacional…»[5]. Es la historia, en 1938, la que ocupa esta función apologética del Nuevo Estado dentro de la educación de los alumnos de bachillerato. Esta exaltación patriótico-imperialista (eso sí, de un imperio fundamentalmente «espiritual», como veremos posteriormente) tiene su colofón en los cursos sexto y séptimo, dedicados exclusivamente a la «Historia del imperio español y el valor de la Hispanidad».

En este sentido, pensamos que la interpretación de la historia realizada en tales años es fundamental para aclarar una parcela importante de la ideología franquista, ya que a través de ella se trata de mostrar el principio organizador de la concepción general de la sociedad, convirtiéndose en el soporte ideológico a partir del cual se van a extraer deducciones sociopolíticas sobre aspectos muy amplios. Cierto que quedan fuera muchos aspectos que matizarían las grandes líneas ideológicas del franquismo, pero también lo es que a través de la asignatura «historia» se intenta introducir en la población juvenil de la posguerra una serie de cuestiones fundamentales para lograr la aceptación de la situación existente: ¿quiénes son los españoles?, ¿qué es España?, ¿cuáles son sus características históricas?, ¿qué significó la guerra civil?, ¿por qué el franquismo?, y muchas más.

LA HISTORIA ENSEÑADA

1. El esquema ideológico subyacente a la historia enseñada en bachillerato, en síntesis, se resume a continuación.

La patria española se constituye a partir del «espíritu» religioso católico y no por la voluntad de sus ciudadanos. La identificación entre español y católico es la esencia de nuestra historia. La negación de lo católico es la negación de lo español, que, a su vez, se identifica con lo que ha sido España en los siglos XV, XVI y XVII: defensora de la catolicidad y creadora de un imperio basado en la fe. Todo aquello que no se identifique con lo católico es antiespañol (tanto provenga del interior de la península ibérica como del extranjero), aunque lo antiespañol es básicamente lo extranjero, que no cuenta con el destino que Dios ha trazado a España y que por intereses materiales se opone a la misión universal-católica de España.

Esta lucha entre el bien (lo católico y español) y el mal (lo francés y, por extensión, lo extranjero, lo materialista, lo liberal, etcétera) cuenta en España con unos cómplices del mal, que, renunciando a su ser españoles, actúan favoreciendo la destrucción de España, aunque digan que su pretensión es mejorar las condiciones culturales, sociales, económicas, políticas, etcétera, de España. Ellos son los anti-España, ya que niegan su esencia, su ser católico.

Las influencias del mal y sus agentes son los causantes de la postergación de España y de la pérdida de su imperio. Desde el siglo XVIII, los gobernantes de España han ido desdibujando su esencia y entregándose a lo extranjero, hasta que la situación ha llegado a ser totalmente catastrófica para el auténtico pueblo español, que ve la necesidad de un cambio, que sólo puede darse en un sentido: volver a las «esencias» de España, a su catolicidad y desde ella recrear el imperio (en sentido católico) y la grandeza cultural de España, tal como en los siglos XV-XVII. Esta labor histórica es la del Nuevo Estado y su líder carismático Francisco Franco que, basándose en lo «tradicional», asume lo nuevo, para crear una nueva España, fiel reflejo de la España eterna.

2. ¿Cuáles son los contenidos y valoraciones más destacados de esta interpretación de la historia de España? ¿De qué fuentes o corrientes ideológicas se nutre esta interpretación de la historia de España?

Para contestar a la segunda de estas preguntas hemos recurrido a las formulaciones realizadas entre 1930 y 1936 por los ideólogos de los grupos anteriormente citados, integrados dentro del círculo interno del poder franquista. Estos autores son[6], en concreto: José Antonio Primo de Rivera, José Monge y Bernal[7], Ramiro de Maeztu y Jorge Vigón.

Somos conscientes de que esta muestra que analizamos no es completa, pero sí la consideramos suficientemente representativa de los grupos que posteriormente colaboraron con el franquismo, excepción hecha de los carlistas, que consideramos pueden ser aunados, sin grave distorsión, en el aspecto concreto que estudiamos, con las formulaciones de los representantes de Acción Española.

Partimos en esta exposición del esquema comprensivo de la interpretación de la historia de España que en estos años es impuesto y que viene caracterizado por la división de nuestra historia en tres grandes períodos (seguimos la división realizada por Jorge Vigón, que no realiza una clasificación siguiendo las pautas académicas establecidas, por edades históricas, sino desde lo que él, siguiendo a Menéndez y Pelayo, considera hechos nucleadores de la historia de España).

El primer período, definido como «hacia la unidad de España», comprende desde los orígenes de la propagación del cristianismo en España hasta mediados del siglo XV, esto es, hasta el reinado de los Reyes Católicos. El segundo período, «cuando no se ponía el sol en las tierras de España», va desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVII inclusive. Es la época de esplendor, del «genuino ser» de España. El tercer período, titulado «en la pendiente de la revolución» y que incluye los siglos XVII, XIX y XX es la época en que España, abandonando su vocación imperial, deja de «ser» la auténtica España para convertirse en la «negación de sí misma».

Pensamos que el seguir estas pautas divisorias nos permitirá, por una parte, poder elucidar más claramente las características de esta interpretación de España y, consecuentemente, desmitificar y desmontar los intereses subyacentes a esta interpretación reaccionaria de la historia de España. Por otra, podremos precisar mejor la época o período más o menos analizado y valorado por cada uno de los grupos ideológico-políticos integrados en el franquismo.

a) Primer período (desde los orígenes prehistóricos a los Reyes Católicos): «Hacia la unidad de España».

Este largo período histórico recibe un tratamiento bastante somero en los manuales analizados[8]. Su caracterización como etapa de preparación, de precedente de la época imperial española, convertida en punto central de toda la historia de España, así lo exige.

La Hispania romanizada aparece ya tratada desde la doble perspectiva que caracterizará la interpretación histórica vigente en el franquismo: el catolicismo, como ideal religioso nucleador del «ser español», y la prefiguración imperial de España ya en esta época.

La aportación hispana al Imperio Romano (Balbo, San Dámaso, Teodosio, Osio, etcétera) es vista, a su vez, como prefiguradora de acciones semejantes en la época esplendorosa de España, en la que la intransigencia y la exclusivista unanimidad serán consideradas un factor positivo: «esta implantación de la unidad espiritual en el imperio, con violenta supresión de los disidentes, tan celebrada por los grandes padres de la iglesia, es actitud política igual a la de los maestros de Carlos V, los Reyes Católicos; éstos y Teodosio tienen que salvar una crisis disolvente, y la salvan buscando por igual procedimiento la absoluta unanimidad estatal, que hoy por otros caminos buscan grandes pueblos para salvar otras crisis»[9].

De la época visigótica son destacados dos aspectos: el logro de la unidad territorial y el de la unidad religiosa católica, que «era la religión de los más y de los mejores»[10]. Fruto de esta conversión religiosa son los concilios de Toledo, «asambleas mixtas, laico-eclesiásticas, que realizaron una labor provechosísima … creando un derecho y una legislación nacional»[11].

La época comprendida entre el siglo VIII y la primera mitad del siglo XV es tratada, en su vertiente musulmana, de forma muy somera en los manuales de bachillerato, que se centran en la evolución de los reinos peninsulares cristianos y en la reconquista. De la «dominación musulmana», se destaca la pervivencia (línea de continuidad de la «España eterna») de la religión católica con los mozárabes, que aportan a ella sus mártires[12] al rebelarse contra los musulmanes.

Otro aspecto destacado es el de la continuidad de la España hispano-visigoda a través de los «reinos cristianos occidentales», cuya monarquía es considerada «heredera y continuadora de la visigoda».

La diferenciación inicial entre los núcleos cristianos occidental y oriental, que podía suponer un camino no común entre los pueblos peninsulares, es superada por «la comunidad de ideales frente al enemigo común, el musulmán, que borró toda diferencia entre hispano-romanos y visigodos en los territorios no sometidos»[13].

Quedan, pues, perfiladas ya desde esta época medieval las características que posteriormente supondrán el auge del «genuino ser español»: la total simbiosis entre lo español y lo católico y, como consecuencia del carácter católico, el ser misionero abierto a lo universal, al imperio.

Respecto de este primer período es difícil el contraste con los autores que hemos considerado representantes de los distintos grupos integrados en el franquismo: sólo Ramiro de Maeztu y Monge y Bernal hacen referencia a él, y muy de pasada, destacando ambos que el origen de España está en la época visigótica, al lograrse en ella la unidad religiosa y territorial. José Antonio Primo de Rivera no da ninguna interpretación sobre este período.

La afirmación de Maeztu es tajante: «España empieza a ser al convertirse Recaredo a la religión católica el año 586»[14]. Monge y Bernal, por su parte, escribe: «la historia de España empieza en el tercer Concilio de Toledo»[15]. Este último destaca, además, la época musulmana como motivo que hizo posible la afirmación de la religiosidad española a través de la reconquista, «la empresa más gigantesca que registran las páginas de la historia universal»[16]. Con ello no hacían sino repetir las ideas expuestas por Menéndez y Pelayo en sus Heterodoxos Españoles[17].

La variante, pues, entre la interpretación histórica conservadora de Menéndez y Pelayo y sus seguidores y la realizada durante el franquismo reside fundamentalmente en los paralelismos que estos últimos establecen entre el imperio romano y el posterior imperio español, ya profundamente caracterizado por su carácter católico, cuando M. Menéndez y Pelayo sólo habla de la rapidez con que fue aceptado el cristianismo en España fruto, según él, de un «evidente milagro»[18].

b) Segundo período (desde los Reyes Católicos al siglo XVII inclusive): «Cuando no se ponía el sol en las tierras de España».

Dos ideas son las que, creemos, hacen posible la total exaltación de que es objeto esta etapa histórica: la «catolicidad» y la idea de «imperio», que incluso pueden ser aunadas bajo el concepto de «Hispanidad». Junto a ellas aparece una serie de ideas derivadas que configuran, desde la interpretación conservadora-reaccionaria, los «nuevos ideales» de la edad moderna, que, salvadas las distancias históricas, se intenta demagógicamente imponer a la sociedad española de los años cuarenta.

La época de los Reyes Católicos es considerada, en los manuales analizados, como la originadora de esta época ensalzada. Son ellos los creadores de la unidad «territorial» (conquista de Granada y anexión de Navarra), «nacional» (unión de las coronas de Castilla y Aragón) y «religiosa» que es la «base de la unidad territorial y de la unidad política»[19]. Esta última se logró a través de la expulsión de los judíos y de la implantación de la Inquisición y de una política religiosa, por parte de los monarcas, centrada en la «instauración de un régimen que velase por la pureza de los dogmas, como instrumento de unidad y reforma y disciplina del clero, para su fortalecimiento»[20].

El logro de esta «España disciplinada, unida, fuerte, audaz, aventurera, hambrienta de gloria y poderío, consciente de sus derechos y de sus deberes y dispuesta a no dejarse arrebatar aquéllos ni a dejar incumplidos éstos», fue posible a partir de la creación de un «pueblo austero, duro, valeroso y unido, con ideales concretos y claros»[21] configurado mediante una política regia basada en la disciplina y la fuerza.

A partir de este momento, en que «todos los territorios peninsulares son ya la unidad de destino que es España»[22], es cuando se inicia propiamente el imperio español, pues «existe la autoridad soberana en manos firmes y decididas; hay un Estado cuajado, fuerte, valeroso, que ha satisfecho sus ideales inmediatos y anhela otros … y porque poseemos una cultura nuestra que tiene una base religiosa profunda, austera, seria, que con un Cisneros al frente no tolera descarríos ni relajamientos de decadente renacentismo, y esa cultura está ansiosa de hacer prosélitos, y eso es imperio»[23].

Éste es, según los manuales de la época, el auténtico imperio hispánico, al que con Carlos I se sumará el imperio germánico «que no buscábamos y que nos llegó por los azares de la muerte y de las nupcias»[24].

A partir de esta implicación entre los conceptos de imperio y de catolicidad, como punto central de los reinados de Carlos V y Felipe II, son abordadas tanto la problemática de la colonización de América, como las guerras europeas (contra los turcos, los luteranos flamencos y alemanes, los hugonotes franceses, los anglicanos, etcétera) y el Concilio de Trento («tan ecuménico como español»[25]).

Así, España, según estos manuales, se constituyó en la nueva Roma, encargada de extender el catolicismo a todo el mundo y de convertirse en «muralla solidísima contra la que se estrellaron las acometidas de la antihistoria»[26] (por antihistoria entienden todo lo opuesto al sentido católico de la existencia humana: «la acometida islámica», «el poderío turco», «la Reforma», etcétera).

Todos los manuales coinciden, también, en mostrar el siglo XVII como el de la decadencia del imperio español. No de decadencia del «espíritu católico-misionero», que permanecerá presente hasta el siglo XVIII, sino de decadencia económica y de pérdida de los valores de autoridad y gobierno que hicieron posible la «grandeza» del siglo XVI. Las causas de tal decadencia se resumen, según los manuales, en la falta de dotes de mando y buen gobierno por parte de los monarcas y la pérdida del espíritu idealista y de las virtudes inculcadas en el pueblo español por los Reyes Católicos[27].

La convergencia de las interpretaciones históricas realizadas por los distintos autores que estudiamos es muy amplia. Todos coinciden en considerarla como la de la «expresión más plena de lo hispánico». La diferencia estriba, fundamentalmente, en el contenido del concepto imperio. Para Maeztu, siguiendo directamente el razonamiento de Menéndez y Pelayo, y como oposición a un patriotismo no católico (tal como él veía en el fascismo italiano o alemán), afirma que: «otros patriotismos podrán desligarse de la fe. En muchos casos viene a ser el patriotismo el sustituto de la religión perdida. El de la Hispanidad no puede serlo. La Hispanidad no es en la historia sino el imperio de la fe»[28].

La postura de José Antonio Primo de Rivera respecto del contenido exacto de imperio es, a mi parecer, bastante ambigua. Parte del concepto de «patria» como «unidad de destino»[29], que es lo que une irrevocablemente[30] a los pueblos de España: «Lo que a los pueblos les convierte en naciones no son tales o cuales características de raza, lengua o clima; lo que a un pueblo le da jerarquía de nación es haber cumplido una empresa universal…»[31].

España es nación y lo es irrevocablemente porque … sí que cumplió un destino en lo universal, y se justificó en un destino con lo universal, y halló una providencia tan diligente para abastecerla de destino universal que, en aquel mismo año de 1492 en que logró España acabar la empresa universal de desislamizarse, encontró la empresa universal de descubrir y conquistar un mundo[32].

Esta frase de «destino en lo universal», repetida hasta la saciedad por Primo de Rivera, no tiene ninguna mayor concreción específica: está claro que aplicándola a la Edad Moderna comporta un expansionismo territorial, cultural, religioso… pero no especifica su significado en los años treinta de nuestro siglo. Sus formulaciones no pasan de afirmar que «este destino en lo universal puede seguir cumpliéndolo España»[33].

Esta indeterminación práctica del concepto de «imperio» es el que dará pie a la interpretación más extendida en los manuales de bachillerato: el espacio y extensión del imperio es secundario, lo que importa es la defensa de la catolicidad.

Por el contrario, Monge y Bernal no se refiere nunca al concepto de hispanidad (eje del razonamiento de Maeztu), ni insiste en el de imperio. Él centra su atención en los problemas planteados por el protestantismo, al que acusa de todos los males modernos: «… de él procede el absolutismo de los reyes, las dictaduras del poder, la influencia de una falsa democracia, el laicismo y el racionalismo, la Enciclopedia y la revolución. El socialismo ha tomado de la Reforma sus elementos dinámicos»[34].

Siguiendo, como los anteriores autores, a Menéndez y Pelayo va a preferir la monarquía de los Reyes Católicos a la de los Austrias, por ser los primeros más españoles y ser en los primeros en quienes culmina la historia de España[35].

c) Tercer período (siglos XVIII, XIX y XX): «En la pendiente de la revolución».

Si tuviéramos que resumir en pocas líneas la interpretación dada por los manuales de bachillerato respecto de estos siglos, podría decirse que son los de la «desespañolización» de España, cuyas características genuinas no serán recuperadas plenamente hasta 1936-1939, en que la destrucción de una de las «dos Españas», «la anti-España», permitió que la «verdadera y eterna» pudiera existir con pleno vigor y reemprender «su destino universal».

El esquema interpretativo maniqueo (amigo-enemigo, España-Antiespaña, fuerzas del bien-fuerzas del mal, etcétera) va a ser mostrado de forma muy burda por los manuales escolares, que siguen, en ocasiones al pie de la letra, los esquemas prefijados por Menéndez y Pelayo, cuya argumentación antiilustrada y antiliberal era perfectamente utilizable por un franquismo que, hasta muy tarde, asumió un carácter marcadamente opuesto a todo planteamiento de raigambre liberal.

¿Quiénes son los causantes de esta situación de desorientación y abandono de los ideales de la España imperial? La contestación dada por estos textos escolares es muy clara: «las generaciones de la Ilustración, la de 1812 y la de 1898». La generación de la Ilustración descristianizó la sociedad; la de 1812, liberalizaría al Estado; el siglo XIX, con la culminación en la generación de 1898, es el reflejo fiel de la desorientación de los principales valores[36].

La culminación de esta situación de «disolución» de España se dio en la segunda República.

Frente a esta «anti-España», que intenta destruir a la «España eterna», existe una continua oposición a ella, representada por el «genuino pueblo español», fiel a los ideales católicos tradicionales españoles y que rechaza el espíritu liberal francés.

Esta España tradicional, eterna o castiza, es la que, según los manuales de bachillerato, ha sido instaurada, en 1936, con el nuevo Estado, que trata de «retornar a los ideales que habían contribuido al engrandecimiento de España durante la época de los Reyes Católicos…»[37]. «Con la guerra de liberación quedó salvada España y el sentido cristiano de la vida frente a la perversión de las fuerzas del mal»[38].

Como hemos visto ya anteriormente, el esquema interpretativo seguido parte fundamentalmente de Menéndez y Pelayo. ¿Qué diferencias se dan entre los distintos autores? Monge y Bernal presenta una visión más europeísta y menos extranjerofoba del siglo XVIII[39]. Igualmente, no establece una división tan tajante entre la «España y la anti-España»[40], al tiempo que no define al carlismo y a los absolutistas como «la parte sana del pueblo», sino que habla de que esta perduración positiva de España es «obra exclusiva de los sentimientos religiosos»[41], que «no son consustanciales con la Monarquía»[42].

Primo de Rivera tiene una valoración más matizada del liberalismo. Valora positivamente su sentido de igualdad ante la ley[43], pero le acusa de provocar la esclavitud económica de los obreros, de haber creado el sistema democrático, que es «el más ruinoso sistema de derroche de energías»[44] y, sobre todo, de estar ya caduco[45].

La misma duplicidad de valoración aparece en sus obras respecto del siglo XIX: en ocasiones, afirma que es, en sus inicios, un período enérgico, alegre e interesante de la historia[46] y, en otras, que este siglo «discurrió bajo el signo de la disgregación; ya no se creía en ninguno de los valores unitarios: la religión, el imperio… hasta los menospreciaban»[47]. Este mismo criterio aplica a la monarquía española, que fue muy positiva en otros momentos, pero que ahora ya «cumplió su ciclo, se quedó sin sustancia y se desprendió como cáscara muerta, el 14 de abril de 1931»[48]. Al mismo tiempo, en Primo de Rivera aparece un rechazo explícito del capitalismo[49], que en otros autores no aparece de forma tan clara.

CONCLUSIONES

¿Qué deducciones podemos extraer de este estudio?

La primera de ellas es el claro predominio de la corriente católica más reaccionaria en la interpretación de la historia de España: tanto los miembros provenientes de Acción Española (el ejemplo de Vigón y el de Maeztu son muy claros), como Monge y Bernal (éste de forma más comedida y respetuosa con el sistema liberal) se proclaman explícitamente, y así lo muestran sus obras, seguidores del Menéndez y Pelayo más reaccionario. Primo de Rivera no lo afirma explícitamente, pero la escasa elaboración teórica de FE y de las JONS, su desconocimiento de los estudios históricos y, sobre todo, su dependencia económica y política de los grupos monárquicos alfonsinos (pactos con Renovación Española en agosto de 1934, marginación de R. Ledesma, etcétera) hizo que también la Falange aceptara como propia esta interpretación basada en la versión más tradicional del catolicismo. Esta característica va a ser cada vez más patente, como demuestran los repetidos estudios que, sobre la figura de Menéndez y Pelayo, realizaron, ya en el franquismo, otros falangistas cultos, como Tovar[50] y Laín[51], o los elogios que éste recibió de camisas viejas como Girón de Velasco[52]. Es una muestra más del contenido abiertamente conservador del falangismo, ya desde sus orígenes. Situación que va a continuar también en la década de los años cincuenta, como demuestra la orientación de los manuales de Formación del Espíritu Nacional (FEN)[53].

La reiterada alusión al concepto de imperio, expuesta también de forma ambigua, en los textos de historia, cabría considerarla como la aportación más clara del falangismo a esta interpretación histórica. Pero la superposición de este concepto a la raigambre menendezpelayana no haría sino darle una posible pretensión de actualidad a un concepto ya utilizado, como referencia histórica a la Edad Moderna española, por Menéndez y Pelayo. Además, el concepto de imperio aparece conectado y complementado con el de hispanidad, que tiene su máximo encomiasta en Ramiro de Maeztu.

El que el franquismo inicial presente una ideología basada en la versión más tradicional del catolicismo creemos que hay que interpretarlo, por una parte, como resultado de la debilidad del falangismo (tanto ideológica, como política y social) y por otra como ideología que permitía una mayor posibilidad de acuerdo dentro del círculo interno de poder franquista.

El falangismo, la profusión en la utilización del concepto de imperio, así como la simbología falangista-fascista, que daba un barniz europeísta (en el sentido expansionista de los fascismos italiano y alemán), permitía a Franco y a las clases dominantes un amplio juego: era un nacido ex novo, pues antes no tuvo fuerza, ni una ideología propia alternativa, pero permitía crear unas simpatías simbólicas con los países fascistas, en alza momentánea a finales de la década de los 30 y principios de los años 40. Al mismo tiempo, permitía también frenar las pretensiones de los alfonsinos y tradicionalistas, sobre todo a los primeros, para evitar su pretensión de controlar más el poder. Igualmente, hacía que los católicos cedistas y la iglesia quedaran en una situación de no preponderancia, que sí habían logrado dentro de la derecha hasta 1936.

Este falangismo fue utilizado, muy conscientemente por su parte, para crear estos equilibrios: a cambio recibió muchas prebendas; para ello tuvo que transigir y venderse, caso de que alguna vez hubiera pensado como tal, hacer algo distinto a lo reaccionario que imperaba en España.

En resumen, pensamos que el falangismo sirvió para enmascarar las divisiones existentes dentro de la derecha entre 1930 y 1936: sirvió para reconstituir el bloque dominante anterior. Franco y los militares, junto con la iglesia, fueron los vigías de este proceso, en el que la derecha sólo tuvo problemas cuando algún grupo o personaje individual quiso arrogarse poderes que pudiesen desequilibrar la nueva estructura creada por el franquismo. Así se explican las desapariciones de escena de falangistas como Hedilla, Salvador Merino, o incluso las de Tovar y Ridruejo, también las de Sainz Rodríguez o el mismo Gil Robles, por citar sólo los casos más conocidos.

Franco y la masonería (José A. Ferrer Benimeli)

JOSÉ A. FERRER BENIMELI

FRANCO Y LA MASONERÍA

En la actitud dialéctica de oposición-represión, tan característica de las dictaduras, hay dentro del franquismo un caso especial que trasciende al propio sistema para tener unas connotaciones mucho más personales, hasta el extremo de convertirse en casi obsesivas. Me refiero a la actitud de Franco frente a la masonería en la que no resulta fácil descubrir íntimas motivaciones ni deslindar las causas personales de las políticas. Pues es de sobra conocido que la masonería no es un partido político, ni un sindicato y ni siquiera es, ni ha sido —al menos en nuestro país— un grupo de presión de mayor cuantía. Sin embargo, Franco la consideró siempre acechando contra su régimen.

La fobia antimasónica de Franco nunca fue un secreto desde los primeros momentos de la sublevación militar de 1936, en que organizó la requisa y secuestro sistemático de todos los archivos, bibliotecas y demás documentos pertenecientes a la masonería española. Fobia que se mantuvo firme e invariable hasta el último mensaje público en la plaza de Oriente, el primero de octubre de 1975 —pocas semanas antes de morir— cuando afirmó que contra España existía «una conspiración masónico-izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social».

Repasando los discursos y mensajes de Franco se observa lo que de forma tan inequívoca recoge su primo, el teniente general Salgado-Araujo, en sus Conversaciones privadas con Franco[1]. A saber, que el tema de la masonería o de la conspiración judeomasónica en unos casos, masónico-comunista en otros, y las más de las veces en su triple versión judeo-masónico-comunista[2], estaba tan arraigada en el ser de Franco, que —como observa Castillo del Pino en su Psicoanálisis de franco— «no eran recursos para el público, sino para sí mismo», pues «él se lo creía y estaba convencido de ello»[3].

Como ha dicho uno de los historiadores del franquismo, «la convicción antimasónica se incorporó a Franco casi como una segunda naturaleza. Franco simplificó en la masonería todas las causas de la decadencia histórica y de la degeneración política de España. La persiguió de forma implacable. Se creyó cercado por ella. Transformó toda su vida en una cruzada antimasónica. No admitía, acerca del tema, ni de la evidente exageración con que interpretaba el tema, disensión alguna … Franco llegó a afirmar públicamente que la cruzada se hizo contra la Enciclopedia»[4].

Tres son los apartados que resumen de forma tan sintética como expresiva el pensamiento y actitud de Franco respecto a la masonería. Dos de orden ideológico y un tercero derivado de los anteriores, de orden práctico:

1.º La masonería, causa de la decadencia histórica y de la degeneración política de España.

2.º Franco y su complejo de persecución por parte de la masonería.

3.º La cruzada antimasónica de Franco como medio de defensa de una supuesta conspiración masónica contra su régimen.

LA MASONERÍA CAUSA DE LA DECADENCIA HISTÓRICA Y DE LA DEGENERACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA

Respecto al primero de los apartados resulta muy elocuente la lectura de una serie de cincuenta artículos sobre la masonería que, a lo largo del año 1946, publicó Franco —al alimón con Carrero Blanco— en el diario Arriba y que posteriormente, en 1952, fueron recopilados en forma de libro con el título de Masonería, bajo el pseudónimo de J. Boor; libro que sorprendentemente ha sido reeditado en 1981[5], figurando como único autor Francisco Franco Bahamonde. En su prólogo se puede leer, no sin cierto rubor histórico por los errores en él contenidos, lo siguiente:

Desde que Felipe Wharton, uno de los hombres más pervertidos de su siglo[6], fundó la primera logia de España hasta nuestros días, la masonería puso su mano en todas las desgracias patrias. Ella fue quien provocó la caída de Ensenada. Ella, quien logró la expulsión de los jesuitas[7], quien forjó los afrancesados, quien minó nuestro imperio, quien atizó nuestras guerras civiles y quien procuró que la impiedad se extendiera. Ya en nuestro siglo, la masonería fue quien derribó a Maura y quien se afanó a la monarquía y, finalmente, quien se debate rabiosa ante nuestro gesto actual de viril independencia. ¿Cómo se nos puede negar el derecho de defendernos de ella? ¿Es que puede alguien escandalizarse porque España la haya puesto fuera de la ley? Los masones en España significan esto: Traición a la patria y la amenaza de la religión; abyectas figuras que, por medrar, son capaces de vender sus hermanos al enemigo[8].

Jakin y las sociedades secretas

A propósito del pseudónimo utilizado por Franco en esta ocasión, Jakin Boor, una vez se permitió uno de los pocos alardes imaginativos que sobre su propia personalidad se le conocen. Practicó el unamuniano desdoblamiento de la personalidad y recibió en audiencia a Jakin Boor. Baón reproduce una audiencia civil encabezada por doña María del Carmen Garrido, viuda de Ricardo León, y cerrada por un escueto Mr. Jakin Boor, que no era otro que el propio Franco[9].

En realidad, Franco, en su libro Masonería, no hizo sino repetir con ligerísimas variantes lo que ya había expuesto en el preámbulo de la Ley del l.º de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y comunismo.

En la pérdida del imperio colonial, en la cruenta guerra de la Independencia, en las guerras civiles que asolaron España durante el pasado siglo, y en las perturbaciones que aceleraron la caída de la monarquía constitucional y minaron la etapa de la dictadura, así como en los numerosos crímenes de Estado, se descubre siempre la acción conjunta de la masonería y de las fuerzas anarquizantes movidas a su vez por ocultos resortes internacionales[10].

Los grandes peligros de la patria

Es precisamente en este mismo decreto-ley, así como en los artículos publicados en Arriba, donde se pone igualmente de manifiesto ese cierto complejo de persecución que en Franco cristalizará de una forma reiterativa, por no decir obsesiva, en los tres grandes peligros que constantemente acechaban España y su régimen: el comunismo, el judaísmo y —sobre todo— la masonería, «la más organizada y poderosa en el mundo occidental y la que mejor aprovecha la susceptibilidad que en la opinión pública las otras provocan», según se puede leer en el libro de Boor, o si se prefiere de Francisco Franco[11].

La España imperial

Además de Boor, Franco utilizó otros pseudónimos, como el de Jaime de Andrade, con el que solicitó ingresar en la Sociedad General de Autores. Fruto de esta afición literaria de Franco fue su novela Raza[12], llevada al cine por Sáenz de Heredia. A lo largo de toda esta novela, el planteamiento maniqueísta es radical: buenos y malos, los unos conectan con la España imperial de los Austrias, y los otros con la masonería, el liberalismo y el marxismo. Esta idea de la masonería como causante y artífice de la pérdida del imperio español —tan querida todavía hoy por ciertos nostálgicos y manipuladores de la historia— fue una de las obsesiones de Franco, manifestada en múltiples ocasiones:

Puede en otras naciones no católicas adoptar la masonería formas patrióticas y aun prestarles servicios en otro orden; pero lo que nadie puede discutir, masones o no masones, es que la masonería para España haya constituido el medio con que el extranjero destruyó el imperio español, y a caballo de la cual se dieron todas las batallas de orden político revolucionario en nuestra patria.[13]

La salvación de la patria

También son altamente elocuentes estas palabras, escritas por Franco en 1946, en las que se sintetizan no pocos de los elementos tópicos que en torno a la masonería esgrimiría en años sucesivos:

El alzamiento español contra todas las vergüenzas que la República encarnaba, para salvar una patria en trance de desmedración, fomentada a través de la masonería por quienes aspiraban a aprovecharse de los «Azerbaijanes» en Cataluña y en Vasconia, tuvo que extirpar de nuestro suelo dos males: el de la masonería, que había sido el arma con que se había destruido el imperio español y fomentado durante siglo y medio sus revoluciones y revueltas, y el comunismo internacional, que en las ultimas décadas venía minando y destruyendo toda la economía y el progreso de la nación española, y que había llegado al momento, por nadie discutido, de implantar por la fuerza el terrorismo del comunismo soviético[14].

La tumba de Wharton

Esta búsqueda de históricas culpabilidades masónicas por parte de Franco le llevó, en algunas ocasiones, a forzar situaciones que hoy día nos parecen cuando menos pintorescas. Así, cuando Franco visitó Poblet, el 4 de junio de 1952, con motivo de la restauración del monasterio, solicitó y exigió al abad general de la Orden Cisterciense, allí presente, don Mateo Quatember, el traslado de la tumba del duque de Wharton enterrado en el atrio de la iglesia. El motivo no fue otro que el tal Wharton había sido el fundador, en el Madrid de 1728, de la primera logia masónica, si bien luego, por una serie de avatares de la vida, murió en Poblet en 1731, «en la fe de la Iglesia Católica Romana», como rezan las crónicas del monasterio, y como consta en la lápida que cubría su enterramiento. Pues bien, el traslado tuvo lugar pocos días después de la visita de Franco, siendo prior de Poblet el padre Gregorio Pordana. En realidad, tan sólo pudo ser trasladada la lápida, pues todas las sepulturas existentes en el monasterio de Poblet habían sido profanadas y se encontraban vacías. En esta ocasión fue colocada no en el cementerio, sino fuera de la muralla y al pie de la misma. Posteriormente, en 1955, aprovechando la circunstancia de haberse rebajado el nivel del cementerio, se volvió a trasladar la lápida al lugar actual, en la parte exterior de la girola de la iglesia.

Si esto se hizo, o mejor dicho, se intentó hacer, con un cadáver del siglo XVIII —contra toda ley civil y canónica— no hace falta excesiva imaginación para suponer lo que pudo ocurrir con los que fueron víctimas de la llamada «cruzada antimasónica» de Franco, que empezó desde el primer día de la guerra, según su propio testimonio[15].

Las malas hierbas

«Por eso desde el primer día de nuestra cruzada, tomamos por norte el destruir en España la planta parásita de la masonería». Palabras que están tomadas del discurso pronunciado el 11 de septiembre de 1945 ante los asesores religiosos de la Sección Femenina, en el que dedicó un interesante capítulo a la calificación del superestado. Allí habla Franco de cómo había tenido que extirpar de nuestras tierras las malas hierbas:

Hemos arrancado el materialismo marxista, hemos desarraigado la masonería, que quizá fuera la hierba más peligrosa de todas las existentes en nuestro solar. Porque la masonería en España no representaba la lucha franca, que incluso el marxismo ha representado muchas veces; era la lucha sorda, la maquinación satánica, el trabajador en la sombra, los centros y los clubs desde los cuales se dictaban consignas; los hombres más perversos de España asociados y vendidos para ejecutar el mal al servicio de la anti-España…

Rafael Abella, al hacer la crónica de la posguerra llama la atención del sentimiento patológico de repudio hacia la masonería como un engendro del Estado del 18 de julio. El concepto de que la masonería era la responsable de nuestras desventuras históricas —dirá Abella— estaba difundidísimo entre ciertas capas de la derecha más reaccionaria. Y lo estaba como expediente cómodamente exculpatorio que la descargaba de toda responsabilidad sobre la tragedia sobrevenida. De ahí ese insistir en la idea de que la masonería estaba presente en toda maquinación antipatriótica, inmoral o disolvente; idea que tan hondamente penetró en la mente del general Franco y algunos de sus biógrafos[16].

El esperpento masónico

En un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional, en julio de 1943, Franco compendió sus preocupaciones sobre la tenebrosa sociedad con estas palabras:

Desde que a fines del siglo XVIII[17] el duque de Wharton, expulsado de su país, introdujo en España la masonería, no ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase a la sombra de las logias masónicas. Y aun liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes marejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados.

El tema de la masonería acabaría siendo para el régimen de Franco un leit-motiv inagotable para cargarle la mayoría de nuestras amenazas exteriores. Todo lo que se hacía provenir de la siniestra secta merecía la atención de los grandes titulares, el destaque sensacionalista de quien airea torvas conjuras, descifradas oportunamente para conocimiento y aviso general.

FRANCO Y SU COMPLEJO DE PERSECUCIÓN POR PARTE DE LA MASONERÍA

Pero si es importante para el historiador actual el reconstruir esta faceta del franquismo, no lo es menos el intentar encontrar una respuesta que explique el porqué de la actitud de Franco hacia la masonería; actitud que resulta tanto más desconcertante cuanto que la lista de personajes más o menos vinculados con la masonería —según el Franco de las Conversaciones— es larga. Va desde su hermano Ramón Franco[18], y los generales Aranda[19], Ovilo, Cabanellas[20], Ungría, Masquelet, Berenguer, Barroso y Bautista Sánchez, pasando por los tenientes coroneles Redondo, Garrido de Oro y el coronel Villanueva, hasta personalidades como don Juan de Borbón, el duque de Alba, el infante Alfonso de Orleans, Jiménez de Asúa[21], Sainz Rodríguez, Presa Alamo, Campúa, etcétera[22].

Campañas contra España

Franco —dirá Víctor Salmador— «acusaba de masón a todo el que tenía cultura, ideas liberales o era ilustrado, viniera o no viniera a cuento». Por supuesto Franco no estaría de acuerdo con este juicio, ya que estaba íntimamente convencido de lo contrario. A raíz del discurso que dirigió a los generales, jefes y oficiales de los tres ejércitos en la recepción tenida en el Pardo con ocasión de la Pascua militar del año 1963, y en la que anunció una campaña de agitación internacional contra España, dirigida por el comunismo y la masonería, comentó con su primo Salgado-Araujo lo siguiente: «Como estoy bien informado de todo cuanto se trama en las logias y en las reuniones comunistas y socialistas, nada me cogerá de sorpresa; hay que estar preparados para la lucha»[23].

¿Persecución o rechazo?

Entre las varias hipótesis que se han formulado con un intento de explicación de la fobia antimasónica de Franco, está, por una parte, su íntimo convencimiento de que la masonería había sido la causante de la, en cierto modo, postergación militar que padeció durante la República. En este sentido no deja de ser sintomático ese complejo de persecución o vigilancia, expresado por el propio Franco, cuando, todavía el 6 de diciembre de 1955, comentó con su primo Franco Salgado-Araujo, lo siguiente: «Cuando la República noté muy bien que casi siempre ponían a mis órdenes jefes de Estado Mayor que eran masones. En Palma tuve primeramente al teniente coronel Redondo, y después al teniente coronel Garrido de Oro. En Canarias me mandaron al coronel Villanueva; es decir, que siempre estuve vigilado por la secta masónica»[24]. Sin embargo, existe también la posibilidad de que en alguna ocasión quisiera entrar en la masonería y fuera rechazado por la misma orden[25].

Pero si fue profunda y arraigada la obsesión antimasónica de Franco, no lo fue menos en algunos de sus más próximos colaboradores, como fue el caso del almirante Carrero Blanco, quien también mantuvo latente su preocupación por la masonería hasta uno de sus últimos discursos, el 7 de diciembre de 1972, en la que volvió a mencionar —con no poca sorpresa nacional— a la masonería como la causante de los males de España[26].

No deja de ser llamativo que el carácter de cruzada antimasónica quedara vinculado de forma indeleble al franquismo y sus seguidores, con la misma convicción y seguridad con que lo fue para Franco.

CRUZADA ANTIMASÓNICA DE FRANCO

Dejando de lado la sugestiva hipótesis del intento de ingreso de Franco en la masonería, que habría que situar en Marruecos allá por los años inmediatos al desembarco de Alhucemas y que todavía plantea no pocas incógnitas y problemas, lo que sí es cierto es que la cruzada antimasónica de Franco se remonta a pocas semanas después de que el 15 de febrero de 1935 fuera presentada en el Congreso de los Diputados una proposición de ley —que fue aprobada por 82 votos contra 26— en la que se pedía que fueran separados de las logias masónicas los jefes y oficiales del ejército en ellas inscritos, de la misma manera que se les tenía prohibido afiliarse a los partidos políticos[27].

Ceses y nombramientos de generales

Entre los meses de mayo y agosto de 1935 fueron cesados seis generales incluidos en la relación de militares masones presentada al Congreso de los Diputados el 15 de febrero de 1935[28] por el señor Cano López. Los cesados fueron: José Riquelme y López Bago, jefe de la 8.ª División Orgánica, cesado el 24 de mayo de 1935; Eduardo López Ochoa, jefe de la 3.ª Inspección del Ejército, el 10 de junio; Toribio Martínez Cabrera, director de la Escuela Superior de Guerra, el 13 de junio; Manuel Romerales Quintero, jefe de la Circunscripción O. de Marruecos, el 1 de agosto; Rafael López Gómez, jefe de la 1.ª Brigada de Artillería, el 1 de agosto; Juan Urbano Palma, jefe de la 8.ª Brigada de Infantería, el 8 de agosto.

Siete días antes del cese del primer general masón, José Riquelme y López Bago, y a propuesta del ministro de la Guerra, Gil Robles[29], era nombrado jefe de Estado Mayor Central del Ejército el general de división Francisco Franco Bahamonde, entonces jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos[30].

Una semana antes de este nombramiento había tenido lugar el del general Fanjul para la Subsecretaría de Guerra. Pocos días después tenían lugar el del general Mola para el puesto de jefe superior de las fuerzas militares en Marruecos y el del general Goded como director general de Aeronáutica, conservando en comisión de funciones la Tercera Inspección del Ejército. El 13 de junio de 1935 el general Espinosa de los Monteros era designado director de la Escuela Superior de Guerra[31].

Curiosamente, todos estos generales serían protagonistas de la sublevación militar del 18 y 19 de julio de 1936, así como de la subsiguiente guerra civil, desde el general Franco, sublevado en África contra el gobierno republicano, al general Espinosa de los Monteros[32].

Por su parte, de los seis generales masones cesados por el equipo Gil Robles-Franco Bahamonde, cinco también fueron protagonistas de la guerra civil, pero en el lado republicano. El general Romerales, que fue apresado por los sublevados en Melilla y fusilado; el general Martínez Cabrera, que llegó a ser jefe de Estado Mayor de la República durante la guerra; el general Urbano, que figuró en el Estado Mayor de la defensa de Madrid a las órdenes del general Miaja; el general López Ochoa, republicano —que había actuado como jefe de las tropas que combatieron la insurrección de octubre de 1934 de los mineros asturianos[33]—, sería muerto violentamente a las puertas del hospital militar madrileño por milicianos anarquistas incontrolados, y el general Riquelme, que llegaría a inspector general del ejército, a las órdenes del ministro de la Guerra, en plena contienda civil[34].

El 18 de julio y la masonería

Con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la historia de la masonería española entra en una época de persecución y sistemática destrucción. Si prescindimos de las medidas de depuración de militares masones, y especialmente de los ceses ordenados contra los seis generales considerados masones, cuando el general Franco Bahamonde era jefe del Estado Mayor Central del Ejército, y que precedieron al «alzamiento nacional», el primer decreto contra la masonería data ya del 15 de septiembre de 1936 y está dado en Santa Cruz de Tenerife por el entonces comandante en jefe de las islas Canarias, general Ángel Dolía[35].

En el primer artículo —de los cinco de que constaba— se decía que «la francmasonería y otras asociaciones clandestinas eran declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permaneciera en ellas tras la publicación del presente edicto sería considerado como crimen de rebelión»[36]. Como consecuencia del decreto, los inmuebles pertenecientes a la masonería fueron confiscados. El templo masónico de Santa Cruz de Tenerife fue cedido a Falange Española, que distribuyó y colocó el anuncio siguiente: «Secretariado de la Falange Española. Visita de la Sala de Reflexiones de la Logia Masónica de Santa Cruz; mañana domingo día 30, de 10 a 1 horas, y de 3 a 6 horas. Entrada 0,50 ptas.».

El 21 de diciembre de 1938, Franco decretaba que todas las inscripciones o símbolos de carácter masónico o que fuesen juzgados ofensivos para la iglesia católica fueran destruidos y quitados de los cementerios de la zona nacional en un plazo de dos meses.

Masonería y judaísmo

Esta última medida contra la masonería fue justificada por uno de los personajes más próximos al régimen de Franco con las siguientes palabras:

Nuestro programa, según el cual el catolicismo debe reinar sobre toda España, exige la lucha contra las sectas anticatólicas, la masonería y el judaísmo … Masonería y judaísmo, insistimos, son los dos grandes y poderosos enemigos del movimiento fascista para la regeneración de Europa y especialmente España … Hitler tiene toda la razón en combatir a los judíos. Mussolini ha hecho quizá más por la grandeza de Italia con la disolución de la francmasonería que con ninguna otra medida.[37]

Efectivamente, Hitler había iniciado la persecución contra los masones en 1933 y Mussolini todavía antes, en 1925[38].

Falange y masonería

Dejando atrás referencias más distantes en el tiempo, en agosto de 1936 la Falange protagonizaba una campaña ideológica de configuración de una imagen popular de la masonería. Una de sus proclamas decía así:

«¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, su propaganda. ¡Camarada! Por Dios y por la patria»[39].

De hecho, el tema de la masonería y el judaísmo aparece en la prensa fascista ya desde sus primeros años. Basta recordar la traducción de los Protocolos de Sión hecha y presentada por Onésimo Redondo en el periódico Libertad de Valladolid[40]. En este mismo semanario la masonería protagonizó no pocos artículos, ya desde 1931. Algunos títulos pueden ser significativos: «Un sucio negocio masónico» (n.º 10, 17 agosto 1931); «Fuerzas secretas: La masonería como hecho actual» (n.º 11, 31 agosto 1931); «La masonería y la enseñanza» (n.º 27, 14 diciembre 1931); «La masonería y la prostitución» (n.º 27, 14 diciembre 1931); «Lerroux en la masonería» (n.º 28, 9 mayo 1932); «La masonería triunfa» (n.º 76, 26 febrero 1934); «La masonería y los cabarets» (n.º 86, 4 junio 1934); «La masonería es la que manda» (n.º 115, 31 diciembre 1934); «La francmasonería y la verdad» (n.º 127, 128 y 130 del 25 marzo, 1 y 5 abril 1935)[41].

Pero fue, sobre todo, nada más empezar la guerra del 36 cuando desde los órganos oficiales de la Falange se creó una auténtica psicosis antimasónica. Así resulta sintomático lo que, con fecha del 19 de septiembre de 1936, publicaba, bajo el título «Los masones», el periódico de Falange Amanecer, de Zaragoza:

Nos parece saludable insistir en el tema de la masonería. Es tal el daño que esta sociedad perniciosa ha causado a España, que no pueden la masonería ni los masones quedar sin un castigo ejemplar. Castigo ejemplar y rápido es lo que piden todos los españoles para los masones, astutos y, sanguinarios … La masonería se opone a España; pues hay que acabar con la masonería y con los masones.

Castigo ejemplar y rápido

Sobre la rapidez del castigo propugnado por la prensa oficial del llamado Movimiento, algunos datos —conservados en el Archivo de la Guerra Civil, Salamanca— correspondientes sólo a 1936 son suficientemente expresivos.

De la logia Helmantia, de Salamanca, fueron fusilados 30 masones, entre ellos un pastor de la iglesia evangélica. De la logia Constancia, de Zaragoza, fueron asesinados 30 masones[42]. Del triángulo Zurbano, de Logroño, fusilaron a 15 hermanos; del triángulo Libertador, de Burgos, a siete, y del Joaquín Costa, de Huesca, a cinco[43]. De la logia Hijos de la Viuda, de Ceuta, a 17. De la logia Trafalgar, de Algeciras, fueron fusilados 24; de la logia Resurrección, de La Línea, fueron asesinados 9, condenados a trabajos forzados 7, y otros 17 lograron refugiarse en Gibraltar. De la logia Fiat Lux, también de La Línea, fusilaron a 3; otro tanto hicieron con Santos Díaz —que ignoraban era masón— en represalia porque su padre se había refugiado en Gibraltar; a un afiliado llamado José Clavijo le fusilaron dos hermanos y le destruyeron la vivienda; el resto se refugió en Gibraltar y Tánger. De la logia Vicus, de Vigo, salvo muy pocos que lograron escapar todos los demás fueron fusilados. En La Coruña, entre otros, fueron fusilados el jefe de Seguridad, comandante del ejército, señor Quesada, y el capitán señor Tejero. Todos los masones de la logia Lucus, de Lugo, fueron fusilados. Todos los masones de Zamora; todos los de las logias de Cádiz, que no pudieron escapar; todos los de las logias de Granada, hasta un total de 54, fueron fusilados, entre ellos el ilustre oftalmólogo doctor don Rafael Duarte, profesor de la Facultad de Medicina, y su hijo, también doctor. Igualmente fueron asesinados todos los masones de varias logias de Sevilla, entre ellos don Fermín Zayas, ilustre militar, miembro del Supremo Consejo, y su hijo. En Valladolid fusilaron a 30 de la logia Constancia, entre ellos al gobernador civil, que era masón. La lista sigue con ciudades como Melilla, Tetuán, Las Palmas, etcétera, donde fueron eliminados todos los masones.

Delito de lesa patria

El mero hecho de ser masón, durante los primeros meses de la guerra civil fue considerado «delito de lesa patria», como recogía el artículo falangista de Amanecer, del 16 de septiembre de 1936. Los masones «no podían quedar sin un castigo ejemplarísimo». Había que «acabar con la masonería y con los masones». El mero hecho de ser masón era suficiente para que cientos de personas fueran sin más pasados por las armas sin juicio previo.

Lo que ocurrió a la masonería aragonesa, y en general a la oscense y zaragozana —por poner un ejemplo ya estudiado—, se puede sintetizar diciendo que fueron exterminados no sólo la casi totalidad de los masones de Aragón, sino incluso muchos otros que fueron acusados de tales, cuando en realidad ni eran, ni nunca habían pertenecido, a la masonería. Más aún, la represión se extendió hasta las mismas sepulturas, con la profanación de algunas de ellas, en especial la de Fermín Galán, en Huesca, lugar de peregrinación anual de los masones españoles[44].

Masonería y fascismo

Ante esta situación, la masonería de Cataluña lanzó un manifiesto al pueblo, a primeros de 1937, que comenzaba con estas palabras:

Ciudadano: por la prensa te habrás enterado de que por donde han pasado los fascistas, nuestros hermanos francmasones han sido ejecutados, muchas veces después de inicuas torturas. En Granada, Sevilla, Córdoba, Las Palmas, en todas partes, para las hordas sanguinarias de los Mola, Queipo, Cabanellas y Franco ser francmasón significa una sentencia de muerte[45].

¿Por qué este odio del fascismo contra la francmasonería? Porque ésta representa, en el orden de las ideas, la antítesis del fascismo. Porque sin ser un partido político, una religión, ni una asociación de clase, la francmasonería ha sido siempre un obstáculo formidable contra toda clase de tiranías, una barrera contra el falso nacionalismo fascista, el cual, bajo la apariencia de un patriotismo exaltado, encubre solamente los viles apetitos de un capitalismo sin entrañas y el afán de dominio de los que quieren mantener por la fuerza su dominio sobre las conciencias y acaparar todas las riquezas, apoyando sus privilegios, unos y otros en un militarismo incivil y despótico…

Después de explicar lo que la masonería entendía por libertad, igualdad y fraternidad, concluía así:

En estas horas de prueba, cuando la sangre generosa de muchos francmasones riega los frentes de batalla; cuando la persecución reaccionaria contra nosotros llega a extremos de crueldad nunca igualados, la francmasonería de Cataluña, haciéndose eco de la autorizada voz del Grande Oriente Español, suprema autoridad de la masonería española, reafirma, una vez más, su fe inquebrantable en el progreso humano y en los principios de libertad y de justicia y su decisión de continuar la obra secular en pro de estos sublimes ideales[46].

Pero sin tener que esperar a la sublevación de Franco, los masones españoles, ya en 1933, se habían manifestado con claridad respecto a lo que el fascismo representaba, en este caso en su versión hitleriana.

El Boletín Oficial del Grande Oriente Español del mes de junio de 1933, bajo el título de El Fascio, decía lo siguiente:

Otro brote del «fascismo» en Europa: Alemania bajo el poder de los «camisas pardas» de Hitler. Rudo golpe a la libertad. Cruel hachazo al progreso humano. Formidable retroceso en el hermoso camino de la solidaridad universal. Opresión, barbarie, odio de razas. Todo esto representan los soldados de Hitler … La masonería española acoge al suceso con verdadero dolor, con profunda pena. Ella, que lucha incesantemente por liberar a sus hombres en deseo fervoroso de ofrecer ejemplo y símbolo a la humanidad; ella, que porta en su lema, en primer término, el ideal de libertad para todos los hermanos; ella, que practica, en afán de universalidad, la fraternidad entre los hombres, sea cual sea su raza, sean cuales sean sus creencias, siente en lo más íntimo de sus pensamientos el trallazo de los «nazis» … Por eso al condenar el hecho acontecido en Alemania, exhorta a sus adeptos a que continúen con entusiasmo su tarea de perfección a sabiendas de que en el cumplimiento estricto del deber masónico está el mejor remedio a los males análogos del fascismo …

Lo curioso es que el propio Franco, en su proclama del 18 de julio de 1936, hecha desde Santa Cruz de Tenerife, justificó la sublevación militar —y por ende sus consecuencias de la guerra civil— con un lema tan masónico y republicano como la trilogía Fraternidad, Libertad e Igualdad, en el que tuvo especial empeño en poner por delante la palabra Fraternidad[47].

Leyes antimasónicas

Un año después, el 18 de julio de 1937, en el discurso pronunciado al entrar «en el segundo año triunfal», Franco aludió a «las logias extranjeras y los comités internacionales» que combatían el sentimiento de la España nacional.

Una vez concluida la guerra civil y constituido el gobierno, la primera ley «fraternal» dictada contra los «hermanos masones» data del 9 de febrero de 1939 (Ley de Responsabilidades Políticas). En ella, entre los partidos y agrupaciones puestos «fuera de la ley» se incluye en ultimo lugar a «todas las logias masónicas». Incurrían en dicha Ley de Responsabilidades Políticas los pertenecientes a la masonería, con excepción de los que se hubieran dado de baja antes del 18 de julio de 1936 o hubieran actuado contra los fines de la masonería.

Poco después intentó el general Franco hacer una ley de persecución de la masonería por la que se podía fusilar, con efecto retroactivo, a cualquiera que hubiera sido masón, como cuenta el entonces ministro de Instrucción Pública, Pedro Sainz Rodríguez en sus Testimonios y recuerdos[48].

Sin embargo, lo que Franco no consiguió en 1939 sí lo obtuvo un año después, cuando el 1 de marzo de 1940, mezclando algo tan antitético como la masonería y el comunismo, dictó la «Ley para la represión de la masonería, comunismo y demás sociedades clandestinas que siembren ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social». Toda propaganda que exaltara los principios o beneficios de la masonería era castigada con incautación de bienes y la pena de reclusión mayor. Por su parte los masones, aparte las sanciones económicas, quedaron definitivamente separados de cualquier cargo del Estado, corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionadas y empresas concesionarias, gerencias y consejos de administración de empresas privadas, así como de cargos de confianza, mando o dirección en las mismas, decretándose, además, su inhabilitación perpetua para los referidos empleos, así como su confinamiento o expulsión[49].

Se establecieron penas de veinte a treinta años de prisión para los grados superiores, y de doce a veinte para los cooperadores. La depuración llegó a tal extremo que imposibilitaba incluso para formar parte de cualquier «tribunal de honor» a quienes tuvieran algún familiar aun de segundo grado que hubiese sido masón[50].

A raíz de esta ley las organizaciones masónicas y comunistas fueron disueltas, prohibidas, declaradas fuera de la ley, y todos sus bienes confiscados. En el artículo 3.º se decía que «toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del comunismo, o siembre ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión mayor para el principal o principales culpables, y de reclusión menor para los cooperadores».

Según esta ley, son considerados masones «todos los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados o no se han dado de baja de la misma o no han roto explícitamente toda relación con ella»[51].

Tribunal de Represión de la Masonería

Constituido el 1 de marzo de 1940 y presidido en sus comienzos por el general Saliquet, empezó a funcionar el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo; tribunal que estaría en vigor hasta la creación del Tribunal de Orden Público, en 1963, al que quedaron sometidos los hechos delictivos de la ley del 1 de marzo de 1940[52]. Esta ley se suprimió —comentaría Franco en 1965— por no haber masones a quienes juzgar[53].

De la actuación del Tribunal de Represión contra la Masonería queda constancia de miles de sentencias, ya que no se libraron de pasar por él ni siquiera los que se encontraban fuera de su alcance, por residir en el extranjero, amparados en el exilio político. Las sentencias que dictaba el tribunal especial eran todo un espectáculo. He aquí una, tal y como apareció en las columnas de los periódicos:

Se condena a Diego Martínez Barrio, alias Verniaud, venerable maestro, soberano, inspector, comendador, gran maestro nacional, a la pena de 30 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta; a Luis Jiménez Asúa, alias Carrara, maestro masón de la logia Danton, a 20 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta; a Santiago Casares Quiroga, alias Saint Just, maestro masón de la logia Suevia, a 20 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta.

A continuación venían todavía las condenas de Ángel Galarza, Álvaro de Albornoz, Julio Álvarez del Vayo, todos ellos con penas menores, debido seguramente a su menor grado en la escala de los venerables.

Respecto a los militares, el criterio de depuración seguido por el Tribunal de Represión de la Masonería —criterio que se aplicó siempre, según las palabras del propio Franco— fue de que «no debían figurar en los cuadros activos de los ejércitos los que hubieran servido a la secta, aunque más tarde se hubieran retractado»[54]. Éste fue el caso del jefe del Ejército del Aire, Manuel Presa Álamo, quien por haber sido masón en el año 1929, en la logia de Tetuán, a pesar de su retractación en 1931 y de haber tomado parte en la guerra al lado de Franco, en la que ganó una medalla militar, fue sancionado con la pérdida de la carrera militar, sanción que todavía en 1963 mantuvo tenazmente Franco.

REFLEXIONES FINALES

Todas las situaciones políticas totalitarias han tenido que recurrir a la utilización de los ingredientes anti del sistema, en especial el anti-judaismo y la anti-masonería, por poner un ejemplo común a toda clase de dictaduras. Los casos de Mussolini, cuando disolvió las logias italianas en 1925 o el de Hitler, que le imitó en 1934, «como defensa contra la conspiración judeomasónica», son suficientemente expresivos y conocidos. Otro tanto habría que decir de los regímenes de Vichy con el mariscal Petain, o de Lisboa con Salazar. En España, los utilizados de un modo más persistente por el régimen de Franco fueron el anti-comunismo y la anti-masonería, que llegaron a constituir componentes muy importantes de la dialéctica del sistema. Sin embargo, y al margen del absurdo y anacronismo histórico, ideológico y político que supuso esa tendencia a identificar masonería con comunismo[55], lo que queda claro, en el caso de Franco, es que su oposición a la masonería, en primer lugar, se remonta a antes de la sublevación militar del 18 de julio, y consiguientemente es anterior a la implantación del totalitarismo fascista español. Y en segundo lugar, que la preocupación antimasónica de Franco se mantuvo con una tenacidad y constancia verdaderamente obsesiva, por no decir patológica, hasta pocos días antes de su muerte, haciendo de la masonería y de los masones españoles un fantasma irreal y ficticio durante el franquismo[56].

Estuviera o no convencido de ello, lo que sí es cierto es que Franco consiguió no sólo desmantelar y aniquilar totalmente la masonería en España con unos métodos de exterminio propios de la más perfecta dictadura, sino —lo que quizá resulta más desconcertante— crear en amigos y enemigos una psicosis de desprestigio y deformación histórica en torno a unos hombres y a una organización que hoy siguen siendo todavía para unos un recurso fácil sobre el que echar la culpa de todo lo malo ocurrido en España y que para otros no pasa de ser una cuestión meramente folklórica y trasnochada, cuando no despreciada.

Frente a esta doble actitud, sin adjudicar a la masonería un protagonismo que no ha tenido, ni una especial relevancia o papel en nuestra historia que, probablemente, tampoco tuvo, ni tiene; sin buscar en la masonería la panacea, ni la explicación de nada, sí hemos de reconocer, en cuanto historiadores, que la masonería, o si se prefiere los masones españoles —una vez rotos lugares comunes y tópicos fáciles— están presentes o simplemente se interfieren —a veces «los» interfieren— en muchos momentos de la historia contemporánea de España. El día que lleguemos a conocer en profundidad el valor de esta presencia, tal vez nos ayude —dentro de un concepto de historia total— a una mejor comprensión de nuestra historia más inmediata. En este sentido, el ejemplo de Franco y la masonería es algo más que una mera anécdota dentro de la historia del franquismo.

Notas

[1] Para la realización de este coloquio las instituciones organizadoras contaron con la colaboración de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat valenciana, la Diputació provincial de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad. <<

[2] Una de las mayores dificultades para llevar a cabo este trabajo es la que nace de la inexistencia de buenas ediciones de los escritos y discursos políticos de los máximos dirigentes del franquismo en los años de la guerra y de la inmediata posguerra. Esto es válido para el propio general Franco, puesto que la compilación póstuma preparada por Agustín del Río Cisneros, Pensamiento político de Franco (antología), Ediciones del Movimiento, Madrid, 1975, 2 vols. (en lo sucesivo se citará simplemente Pensamiento político de Franco), es muy parcial e incompleta. Pero resulta más grave para Mola, cuyas pretendidas Obras completas (Librería Santarén, Valladolid, 1940) sólo contienen un bando y cuatro discursos de la época de la guerra (y nada que se refiera a su preparación), y mucho más, todavía, para el general Queipo de Llano. Se ha prestado, además, insuficiente atención a los libros publicados en los años de la guerra, donde se pueden encontrar análisis y afirmaciones que no se permitiría publicar en años posteriores, cuando había que lavar la cara del régimen para hacerlo aceptable desde el exterior. <<

[3] J. Mata, ¡España! Apuntes histórico-críticos sobre el alzamiento de la patria contra la invasión masónico-bolchevique, Gambón, Zaragoza, 1936, p. 11, n. <<

[4] Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, 1984, 8 vols. Sobre este punto, vol. I, pp. 268-269. Las palabras de la carta de adhesión, escrita en francés, las tomo de la fotografía publicada en Tiempo (21 de enero de 1985), página XII del suplemento «Los archivos secretos de Franco», VI. <<

[5] F. Franco, Palabras del Caudillo, 19 abril 1937-31 diciembre 1938, Fe, Barcelona, 1939 (en lo sucesivo se citará Palabras del Caudillo), pp. 259-260, 18 de agosto de 1938. Un texto muy semejante puede encontrarse en la p. 195 del mismo volumen (noviembre de 1937). Altero, cuando resulta necesario, la confusa puntuación de los originales, pero respeto siempre escrupulosamente el texto. <<

[6] Ricardo de la Cierva, Historia de la guerra civil española, t. 1, Perspectivas y antecedentes, 1898-1936, San Martín, Madrid, 1969, pp. 708-709. Tras de lo cual hace las siguientes afirmaciones, que dejo en su misma precaria sintaxis y en su retorcida lógica: «para los nacionales y sus partidarios estos documentos —que el autor denomina “‘documentos secretos’ para el establecimiento de un soviet en España”— tenían la auténtica consideración de artículos de fe, y en calidad de tales influyeron incluso en documentos muy auténticos, como … la carta colectiva del episcopado». <<

[7] M. Morales, La guerra civil en Guipúzcoa. Julio-agosto 1936, Santarén, Valladolid, 1937, p. 31. <<

[8] Julio Gonzalo Soto, Esbozo de una síntesis del ideario de Mola, Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1937, p. 53. Tras de lo cual añadía que había que «consolidar la unión del pueblo con el ejército, distanciados hasta el 19 de julio —obsérvese cómo fecha Mola el alzamiento— por las absurdas propagandas de un intelectualismo estúpido». <<

[9] Dionisio Ridruejo, «La Falange y el Caudillo», texto publicado en el Calendario-almanaque para 1940 de la Sección Femenina, preparado por Clarita Stauffer, p. 228. <<

[10] Palabras del Caudillo, p. 200 (noviembre de 1937). Por esos mismos días Franco hacía una sorprendente declaración al periódico japonés Asabi: «Lo que me distrae más es jugar con mis hijos (!). Cuando haya concluido mi misión, me retiraré al campo para vivir tranquilamente la vida de familia» (id., p. 214). Resulta sorprendente que en una segunda edición de Palabras del Caudillo, publicada por Falange, se dejase pasar semejante gazapo, a menos que existan otros «hijos» de Franco de los que no tenemos noticia alguna. Franco causaría en otras ocasiones quebraderos de cabeza a sus entrevistadores. El primero de abril de 1969, en unas declaraciones al director de Arriba, afirmaba que «la Ley Orgánica del Estado establece los cauces para la posible alteración de los Principios Fundamentales». Ante la magnitud del desliz, el periódico hubo de apresurarse a aclarar, a posteriori, que se trataba de un «error mecanográfico», puesto que la «Ley de Principios del Movimiento Nacional», de 17 de mayo de 1958, declaraba solemnemente que los Principios Fundamentales eran «permanentes e inalterables». Lo que se había de entender era que permitía la «alteración de las Leyes Fundamentales». Lo cual no deja de ser pintoresco, puesto que, al fin y al cabo, era una ley fundamental la que decía que los principios, no menos fundamentales, eran inalterables. (Discursos y mensajes del Jefe del Estado, 1968-1970, Publicaciones españolas, Madrid, 1971, pp. 72-80). Para percatarse de cuán poco serio era todo esto, véase J. L. de Arrese, Una etapa constituyente, Planeta, Barcelona, 1982. <<

[11] E. Pía y Deniel, Escritos pastorales, II, Acción Católica Española, Madrid, 1949, p. 124 (carta pastoral de 30 de septiembre de 1936). <<

[12] José María Pemán, Arengas y crónicas de guerra, Cerón, Cádiz, 1937, pp. 94-95. <<

[13] Lo peor del caso es que Franco tenía unas concepciones históricas propias. Recuérdese que en 1943 exponía al subsecretario del ministerio de Asuntos Exteriores, Pan de Soraluce, su «prototipo bienal teórico», según el cual la segunda guerra mundial se desenvolvía por períodos bienales. En el primero triunfó Alemania, en el segundo bienio se estaban imponiendo los aliados, y ahora quedaba un tercer y definitivo bienio de victoria germana (José M.ª Gil Robles, La monarquía por la que yo luché, Taurus, Madrid, 1976, p. 70). <<

[14] Pensamiento político de Franco, I, p. 80 (texto de 1950), y I, p. 91 (de 1967). <<

[15] Texto reproducido en Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, ed. de V. Salmador, Planeta, Barcelona, 1981, pp. 41-46. La carta está fechada el 12 de mayo de 1942. Obsérvese la curiosa pareja que Franco forma entre Carlos Quinto y Cisneros, que revela lo precario de los conocimientos históricos del general, pese a sus aficiones de teorizador. También se puede advertir la debilidad de su sintaxis, lo que no impediría que los turiferarios de turno le proclamasen «literato insigne» y «escritor fundamental del siglo XX» (Carlos Fernández, El general Franco, Argos-Vergara, Barcelona, 1983, pp. 311-324). Las fotografías de textos manuscritos de Franco publicadas por la revista Tiempo en la serie «Los archivos secretos de Franco» muestran que la mano de un corrector trataba de poner orden y concierto gramaticales en los originales del Caudillo. <<

[16] Pensamiento político de Franco, I, p. 93. <<

[17] Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, pp. 37-41. Si hay que suponer sentido común en el autor de este texto, lo de «la demografía» debería ser una mala lectura del transcriptor por «la democracia». Si la lectura es correcta, habrá que entenderla a la luz de esta otra afirmación contenida en la propia carta: «liberado yo del prejuicio liberal-democrático de la masa, no creo que la verdad gane en calidad al alcanzar mayoría de sufragios». <<

[18] Sobre los aspectos generales de este tema remito al excelente libro de Alberto Reig Tapia, Ideología e historia. (Sobre la represión franquista y la guerra civil), Akal, Madrid, 1984. <<

[19] Joan Peiró, Perill a la reraguarda, Llibertat, Mataró, 1936, p. XXIII. El libro, que recopila artículos publicados en la prensa durante los primeros meses de la guerra civil, contiene muchas más manifestaciones del mismo signo. La traducción al castellano de este fragmento es mía. <<

[20] Francesc Bonamusa, «L’administració de justicia a Catalunya, setembre-desembre 1936», en Recerques, 4 (1974), pp. 191-222; E. Barriobero, Un tribunal revolucionario, Librería Aviñó, Barcelona, 1937. <<

[21] J. M.B Iribarren, Con el general Mola. Escenas y aspectos inéditos de la guerra civil, Librería General, Zaragoza, 1937, p. 33. Sobre la curiosa historia de este libro, prohibido y retirado a poco de su publicación, véase lo que cuenta Vicente Cacho Viu en «Los escritos de José María Iribarren, secretario de Mola en 1936», en Cuadernos de historia moderna y contemporánea, 5 (1984), pp. 241-250. <<

[22] José del Castillo y Santiago Álvarez, Barcelona, objetivo cubierto, Timón, Barcelona, 1958, pp. 153-154. También este libro fue, al parecer, prohibido y retirado de las librerías. <<

[23] Bandos y órdenes dictados por el Excmo. Señor D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, Imp. Municipal, Sevilla, 1937, pp. 7-9. <<

[24] Id., p. 11. <<

[25] Parece que sí se cumplían, según se deduce de los numerosos testimonios publicados, desde los que aparecieron en los años de la guerra —como Antonio Bahamonde, Un año con Queipo, Ediciones Españolas, Barcelona, 1938, pp. 89-136; Francisco González Ruiz, Jo he cregut en franco, Forja, Barcelona, 1938, o Jean Alloucherie, Noches de Sevilla, Europa-América, s. a., Barcelona— hasta el de José M.ª Varela Rendueles, Rebelión en Sevilla, Ayuntamiento, Sevilla, 1982. <<

[26] C. Martínez, Excitación a la rebelión, Imprenta Lozano, Burgos, 1939, p. 53 (el libro lleva un prólogo laudatorio del auditor de la VI región militar). <<

[27] Documento del archivo privado de J. Milicua, quien me ha facilitado su consulta, así como la del texto complementario que cito. <<

[28] Las estimaciones iban variando, según puede deducirse de las siguientes citas, tomadas de Palabras del Caudillo: en julio de 1937 eran «más de 400 000 personas asesinadas en el campo rojo» (p. 147); en agosto se habían reducido a «350 000 inocentes, asesinados en pueblos y ciudades» (p. 184); en julio de 1938 habían aumentado: «los asesinados en la zona roja hasta hoy se calculan, por los datos recogidos, que pasan de 470 000» (p. 256), y en diciembre del mismo año eran «medio millón de seres inocentes asesinados» (p. 293). <<

[29] «En el campo nacional las defunciones que no son consecuencia de la campaña se registran escrupulosamente con arreglo a los preceptos legales —se le olvidaba decir que los “preceptos legales” ordenaban, como se ha visto, que no se registrasen “escrupulosamente”— y tan sólo se han dictado por los tribunales unas seis mil penas de muerte, mil quinientas de las cuales han sido conmutadas o condonadas». Palabras del Caudillo, pp. 147-148 (texto de julio de 1937). <<

[30] Ramón Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 359-395. Sus pretensiones de «exactitud» quedarían reafirmadas en el título de un libro posterior: Los datos exactos de la guerra civil, Rioduero, Madrid, 1980. <<

[31] Josep M.ª Solé i Sabaté, La repressió franquista a Catalunya, 1938-1933, Edicions 62, Barcelona, 1985, pp. 111-112. <<

[32] Francisco Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, 1936-1939, Alpuerto, Madrid, 1985, p. 707. <<

[33] Antonio Hernández García, La represión en la Rioja durante la guerra civil, edición del autor, Logroño, 1984, 3 vols., p. 16. El propio autor afirma que «en la provincia de Soria, Salas Larrazábal cita 82 ejecuciones, cuando el número de las mismas se aproximó a las trescientas» (ibid., nota). <<

[34] Colectivo Afán, ¡No, general!, fueron más de tres mil los asesinados, Mintzoa, Pamplona, 1984. Las cifras las obtengo de la suma de las dadas en lus pp. 47-50. <<

[35] La lista de los fusilados de Paterna ha aparecido en el suplemento especial que la revista valenciana El temps ha dedicado, el 25 de noviembre de 1985, a este tema, con el título de «Mort a Paterna, 1939-1956». <<

[36] Pedro Castellanos, Policía integral o policía nacional-sindicalista, Imprenta Católica, Valladolid, 1939, p. 30. <<

[37] Luis Suárez, Francisco Franco y su tiempo, III, pp. 55-56. <<

[38] Así se autodenominaba en noviembre de 1938 (Palabras del Caudillo, p. 275). <<

[39] Ramón Soriano, La mano izquierda de Franco, Planeta. Barcelona, 1981, pp. 61-62; Suárez, Francisco Franco y su tiempo, III, pp. 47-48. <<

[40] Esta conversación con Calvo Sotelo tuvo lugar en Gijón. Al ministro de Hacienda de la dictadura, que veía cómo estaban disminuyendo las reservas españolas sin que fuera posible contener la caída de la peseta, había de hacerle poca gracia el ejemplo que le ponía Franco: «Supóngase que ahora llega el gobernador del Banco de España y en un aparte le dice: “Señor ministro, nos hemos dado cuenta de que el oro que tenemos en el Banco de España no es tal oro, sino pedruscos”». La idea venía a ser que eso no tendría importancia alguna, mientras no se enterase nadie: «Al día siguiente verían que no había pasado nada, ni al otro… y pronto se les pasaría el disgusto». Soriano, La mano izquierda de Franco, pp. 154-155. <<

[41] Luis Suárez, Francisco Franco y su tiempo, II, p. 423. <<

[42] Francisco Javier Conde, Contribución a la doctrina del caudillaje, Vicesecretaría de Educación Popular, Madrid, 1942, p. 27. <<

[43] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976, p. 67. <<

[44] Pensamiento político de Franco, T, p. 82 (10 junio 1937). <<

[45] F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas, pp. 203, 228, 338, etc. Lo de los curas, en Soriano, La mano izquierda de Franco, p. 121. <<

[46] Palabras del Caudillo, p. 184. <<

[47] Transcrita en Spes, El porqué del movimiento nacional, Spes, Salamanca, 1937, pp. 95-97. <<

[48] Palabras del Caudillo, p. 263 (18 de agosto de 1938). <<

[49] Palabras del Caudillo, pp. 309-310 (31 diciembre 1938). <<

[50] Universidad de Barcelona, Aspectos y problemas de la nueva organización de España, Barcelona, 1939, pp. 279-320 (las citas concretas de pp. 281 y 320). En el mismo ciclo de conferencias, Luis Bermejo hablaba del problema de los carburantes y, después de una larga exposición técnica, que no acababa de resultar concluyente, solucionaba el problema diciendo que «España, minada por el cáncer político, hasta antes de la guerra no hizo nada absolutamente», y que ahora, sin «cáncer político», lo podría resolver todo (p. 252). <<

[51] Ramón Garriga, Las relaciones secretas entre Franco y Hitler, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1965, p. 25. <<

[52] L. Suárez, Francisco Franco y su tiempo, III, p. 45. <<

[53] «El problema económico fundamental español estriba en regularizar ciertos ríos y regar millón y medio de hectáreas, que hoy son secano apenas productivo. Ello aumentará la renta nacional en varios miles de millones de pesetas por año; dará medios holgados a 150 000 familias más; consentirá el crecimiento demográfico; ofrecerá ancha base de consumo a las industrias periféricas … No hay otro horizonte, ni cabe otra orientación». José Calvo Sotelo, En defensa propia, San Martín, Madrid, 1932, p. 74. <<

[54] L. Suárez, Francisco Franco y su tiempo, III, p. 63. <<

[55] Ibid., p. 54. <<

[56] Manuel Vázquez Montalbán, Los demonios familiares de Franco, Dopesa, Barcelona, 1978, p. 234. <<

[57] Garriga, Las relaciones secretas, p. 27; M. Vázquez Montalbán, El pequeño libro pardo del general, Ruedo Ibérico, París, 1972, pp. 143-144. <<

[58] Heleno Saña, El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Súñer, Grijalbo, Barcelona, 1982, pp. 146-147. Estas líneas necesitan de alguna aclaración. Arrese, casado con una prima de José Antonio, había pasado una breve etapa en la cárcel, por haber conspirado con los hedillistas. Más adelante, Serrano Súñer consiguió que Franco le diese el gobierno civil de Málaga, como un gesto de conciliación hacia los sectores falangistas más intransigentes; pero se volvió a rumorear que conspiraba y Franco estuvo a punto de volver a mandarle a la cárcel, en lo que le contuvo Serrano, que le aconsejó que le llamara, le explicase los cargos que contra él se hacían y le permitiera justificarse. Pasaron unos días y, al preguntar Serrano a su cuñado qué había sucedido con Arrese, el Caudillo le contestó: «Pues mira, verdaderamente hice bien en seguir tu consejo, porque me ha hablado de unas casas baratas que ha hecho en Málaga y de unas ideas que tiene en materia alimentaria: aliviar el problema del hambre con bocadillos de carne de delfín. Total, que como pienso que lleva ya tantos meses vacante la Secretaría General de la Falange, le voy a nombrar a él ministro». Como se ve, la relación entre los bocadillos de delfín y la promoción al ministerio fue directa e inmediata. <<

[59] Discursos y mensajes 1968-1970, p. 131. <<

[60] Pensamiento político de Franco, I, p. 84. <<

[61] Véase, en este mismo volumen, J. L. García Delgado, «Estancamiento industrial e intervencionismo económico durante el primer franquismo». Además, Albert Carreras, «La producción industrial española, 1842-1981: construcción de un índice anual», en Revista de historia económica, II (1984), n.º 1, pp. 127-157. <<

[62] La comparación de unas cifras elementales pueden mostrar que no existe una relación directa entre el volumen de la ayuda americana recibida y las tasas de crecimiento económico alcanzadas:

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[63] Pensamiento político de Franco, II, p. 529 (20 de junio 1950). <<

[64] José Antonio Girón, Escritos y discursos, Vicesecretaría de Educación Popular, Madrid, 1943, p. 109. Girón planteaba una tercera opción que no he tenido en cuenta, porque lo que me interesa es cuanto se refiere a la elevación general del nivel de vida de los trabajadores: promover la diferenciación de los salarios para estimular la productividad. Lo que, dicho en lenguaje gironiano, suena así: «Confección de una reglamentación unitaria de trabajo que, sin embargo, conservara una flexibilidad de categorías conducentes a despertar el viejo estímulo que hoy requiere el elemento humano de trabajo, principal preocupación de Falange». <<

[65] Higinio Paris Eguilaz, Diez años de política económica en España, 1939-1949, s. e., Madrid, 1949, pp. 175-191. El problema a que se enfrentaba Paris Eguilaz era que, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, los salarios reales de 1948 representaban de un 40 a un 50 por 100 de los de 1936. Paris argumentaba que esta diferencia nacía de comparar los salarios base, cuando los de 1948 habían de incrementarse con todas las demás partidas que pagaba el patrono: seguros, subsidios, cuota sindical, pluses, etc. Su preocupación era que, de ser verdad lo que mostraban las cifras oficiales, los salarios habrían descendido desde 1936 más que la renta nacional, «lo cual indicaría una mayor desigualdad en la distribución». Procedía por ello a efectuar una comprobación sobre los de Vizcaya, comparando los salarios totales de 1948 —pese a que contenían partidas que tenían tan poco que ver con el nivel de vida del asalariado como la cuota sindical— con los de 1936, y obtenía como resultado que una categoría, la de los ayudantes de ebanistas, salía bastante favorecida en 1948; otras dos —los ebanistas y los mineros (tipo medio)— venían a quedar por el estilo, mientras que todas las demás —que incluían nada menos que a los metalúrgicos, albañiles, etcétera— cobraban tan sólo de un 64 a un 84 por 100 de los salarios de 1936. Paris afirmaba que desde 1949 las estadísticas salariales españolas serían más exactas. Lo que les sucedió fue que muy pronto dejaron de aparecer en los Anuarios del I. N. E. Un excelente estudio que confirma el empeoramiento en el nivel de vida de los trabajadores es el de Carme Molinero y Pere Ysàs, «Patria, Justicia y Pan». Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya. 1939-1951, La Magrana, Barcelona, 1985. <<

[66] Pensamiento político de Franco, II, p. 573-574. La enumeración comienza: «grandes saltos de agua, multiplicadores de nuestra energía hidroeléctrica; grandiosas centrales térmicas, con producciones ingentes de electricidad, insospechadas en toda nuestra historia eléctrica, energía que representa un río perenne de dio para nuestra economía; regadíos de grandes y pequeñas zonas que, aumentando considerablemente nuestra producción, son base de colonización y de magníficas realizaciones sociales en el área de nuestras sufridas clases campesinas», etc. <<

[67] Elaboración propia sobre las cifras dadas en Manuel Díaz Marta, Las obras hidráulicas en España, Editores Mexicanos Unidos, México, 1969, pp. 45 y 62-64. Díaz Marta había trabajado en las obras para riego y producción hidroeléctrica de la república española; exiliado en 1939, fue catedrático en la facultad de Ingeniería de Veracruz y asesor de obras hidráulicas en México, Argentina, Polonia, Senegal, etc. Su libro aparecía prologado por Manuel Torres Campaña, exdelegado ejecutivo del complejo «Canales del Lozoya». Se trata, por consiguiente, de un libro serio, donde se hace una severa crítica de las obras hidráulicas del franquismo posterior —en el primero, como se ve, no había ni siquiera obras que criticar— y, en especial, del trasvase Tajo-Segura. <<

[68] Pensamiento político de Franco, II, p. 577 (mensaje de fin de año de 1952). Franco insistía en sus tópicos de siempre: «victorias y triunfos que no se hubiera atrevido a intentar siquiera aquella vieja política de componendas electorales, de imprevisiones delictivas y de aliento desmedrado que, con monarquía o república, en las alternativas liberales o absolutistas, con derechas o izquierdas, labraron la pobreza y la postergación de España». Como se ve, Franco ponía en el mismo saco desde la república con gobiernos de izquierdas hasta la vieja monarquía absoluta. Por eso necesitaba retroceder hasta el siglo XVI, y por eso no podía encontrar satisfactoria ni siquiera la instauración del carlismo, demasiado moderno para sus gustos. Lo que sí era cierto es que los protagonistas de la vieja política, de Felipe II para acá, no se hubieran atrevido a proclamar tales «victorias» en una situación como la de la España de 1952. <<

[69] Las cifras de la evolución real han sido tomadas de «Una revisión urgente de la serie de renta nacional española en el siglo XX», por Julio Alcaide, en Datos básicos para la historia financiera de España, 1850-1975, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976, I, pp. 1125-1150. Los de la hipótesis alternativa han sido construidos sobre la base de suponer que para el período 1930-1950 se habrían mantenido las mismas tasas de crecimiento registradas entre 1900 y 1930, y que a partir de 1950, con el estímulo del crecimiento europeo, habría habido las mismas tasas que se dieron efectivamente en España (las mismas de la evolución real). Si esta suposición puede parecer discutible por el hecho de que las tasas de crecimiento reales se obtuvieron a partir de unas cifras iniciales mucho más bajas, hay que tener en cuenta dos consideraciones que permiten argumentar en sentido contrario: 1) que, al fin y al cabo, tasas de crecimiento del 5 por 100 anual eran semejantes a las que se estaban dando, como media, en la Comunidad Económica Europea; 2) que, como se ha señalado antes, una España sin el obstáculo político del franquismo se hubiera beneficiado en mayor medida de su asociación a Europa. <<

[1] Título de una serie de ensayos publicados por el periodista Fernando González en El País entre el 5 de junio y el 3 de julio de 1977. <<

[2] I. Escobar y Kirkpatrick, marqués de Valdeiglesias, Testimonio sobre una gran traición, documento mecanografiado, sin fecha (1978?). <<

[3] Decreto del 25-IX-1936, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28-IX-1936. Las previsiones de este decreto se aplicaban al bando nacional. Prohibiciones similares en cuanto a las organizaciones políticas y sindicales republicanas ya se habían publicado en el Decreto 108, BOE del 16-IX-1936. El día 28 del mismo mes, Franco fue nombrado generalísimo de todos los ejércitos y jefe del gobierno y del Estado nacionales. <<

[4] No se conocen instrucciones concretas en este sentido por parte de la CEDA ni de Renovación Española, pero las indicaciones son que tampoco circuló ninguna prohibición sobre el pase de sus militantes a las filas de la Falange y de la Comunión Tradicionalista. Cf. P. Preston, La destrucción de la democracia en España, Ed. Turner, Madrid, 1978, pp. 301-304. <<

[5] Estaban, naturalmente, censurados por la autoridad castrense competente, pero aun así gozaban de una autonomía grande. <<

[6] Este último punto está ampliamente comprobado en el caso de los falangistas. Un estudio a fondo de la represión bajo el franquismo tal vez revelaría el grado de responsabilidad carlista, cedista, etcétera, en la eliminación de adversarios en la retaguardia nacionalista. <<

[7] Para los detalles de estas maniobras, véase S. Ellwood, Prietas las filas, Crítica, Barcelona, 1984, pp. 99-100, y las referencias bibliográficas allí citadas. <<

[8] M. Hedilla Larrey, Testimonio, Ediciones Acervo, Barcelona, 1972, p. 532. <<

[9] La «conquista del Estado» era la meta final expresada en el último de los veintisiete Puntos Doctrinales del credo falangista, elaborados en 1935. Al pasar los Puntos a ser patrimonio del nuevo partido, el vigesimoséptimo fue excluido. <<

[10] R. Serrano Súñer, Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, p. 186. <<

[11] Los más conocidos de estos grupúsculos eran Falange Autónoma (1937), Falange Española Auténtica (1937), la Junta Política clandestina (1939-1941), Falange Española Auténtica (1939), Ofensiva de Recobro Nacional Sindicalista (1940) y la Alianza Sindicalista (1945). <<

[12] D. Jato, Gibraltar decidió la guerra, Ediciones Acervo, Barcelona, 1978, pp. 163-165, y entrevista personal, 7-VI-1977; J. M. Doussinague, España tenía razón, Espasa-Calpe, Madrid, 1949, passim, especialmente pp. 63-240; Narciso Perales (falangista), entrevistas personales, 31-XII-1976 y 11-IX-1978; L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Noguer, Barcelona, 1972, pp. 503-505. <<

[13] J. M. Gil Robles, La monarquía por la que yo luché, Taurus, Madrid, 1976, pp. 20-24; A. Marquina Barrio, «Conspiración contra Franco», en Historia 16, núm. 72 (abril 1982). <<

[14] D. Jato, op. cit., passim, especialmente pp. 64 y 80-135. <<

[15] Marquina Barrio, loe. cit. Esto ocurrió en 1940. No me ha sido posible establecer si hubo alguna relación entre estas «sacas» y la existencia del grupo falangista Ofensiva de Recobro Nacional Sindicalista fundado en Valencia en 1940 por Eduardo Ezquer y Gabaldón. <<

[16] Ibidem. Paradójicamente, en esta decisión fue clave otro monárquico alfonsino, el almirante Luis Carrero Blanco. <<

[17] Ibidem. <<

[18] Ibidem. Huelga decir que ninguna de las propuestas hechas por Aranda obtuvo el apoyo anglosajón buscado. Aranda fue arrestado en 1946, acusado de estar vinculado a la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, creada clandestinamente en 1944 por representantes de las fuerzas antifranquistas de izquierda. <<

[19] Entrevista con Narciso Perales, amigo personal de Muñoz Grandes y a la sazón confinado en La Línea de la Concepción, 11-IX-1978. <<

[20] D. Jato, op. cit., p. 134, quien cita un informe del almirante Canaris a Franco que implicaba también al falangista Dionisio Ridruejo en el plan. Jato sin duda tenía acceso a información reservada sobre el particular por cuanto era miembro del Servicio de Información de FET y de las JONS. <<

[21] No es posible por el momento citar la procedencia de esta información. No obstante, doy fe de que existe al respecto una documentación detallada y digna de crédito. <<

[22] Entrevista personal con don Ramón Salas Larrazábal, Salamanca, 1-VIII-1984. <<

[23] D. Ridruejo, Casi unas memorias, Planeta, Barcelona, 1976, p. 282; la primera vez fue en 1942. <<

[24] D. Jato, op. cit., p. 140; L. López Rodó, op. cit., pp. 37-38. En 1943, don Juan de Borbón pidió a Franco que abandonara el poder y, en junio del mismo año, un grupo de diputados envió una carta a Franco sugiriendo que cediese su puesto a don Juan. En 1945, don Juan hizo público su célebre «Manifiesto de Lausana» en la creencia de que el resultado de la segunda guerra mundial iba a provocar cambios importantes en España. <<

[25] Conclusión tercera de la Comisión Permanente del I Congreso Nacional de la Falange celebrado en octubre de 1953, reproducida en Congreso Nacional de FET y de las JONS, Madrid, 1953, p. 166. <<

[26] Ibidem, pp. 101 y 175. <<

[27] Sobre la elaboración de la Ley de los Principios Fundamentales véase Ellwood, op. cit., pp. 176-182, y referencias. <<

[28] Discurso pronunciado por Carrero Blanco el 10-XII-1966. <<

[29] Preámbulo al Decreto del 3-IV-1970, en el que se afirma: «este Movimiento Nacional es el mismo Movimiento que fue creado por el Decreto de 19 de abril de 1937». <<

[30] Cf. J. Triguero, «La generación de Fraga y su destino», en Cuadernos de Ruedo Ibérico, núm. 1 (junio-julio 1965), París. <<

[31] En 1970, el movimiento carlista, que desde el final de la guerra civil se había encerrado en sus asuntos dinásticos, se dividió en dos ramas. Una, encabezada por el príncipe Carlos Hugo, se alió con la oposición democrática; la otra, presidida por el hermano de Carlos Hugo, Sixto, se reafirmó en su fidelidad al franquismo. <<

[32] El ejemplo más sonado fue la diatriba emitida por Girón contra ciertos miembros liberales del gobierno en abril de 1974, que en seguida fue refererenciada como «el gironazo». <<

[33] Cf. H. R. Southworth, «La herencia fascista española», en P. Preston, España en crisis, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1978, p. 58. <<

[1] E. H. Carr, ¿Qué es la Historia?, Barcelona, 1965, pp. 29 ss.<<

[2] Para el tema de la naturaleza y etapas del franquismo debe consultarse M. Ramírez, España 1939-1975, régimen político e ideología, Barcelona, 1978. <<

[3] No estará de más recordar que las sugerencias o encargos para actualizar u ocultar las obras de Primo o los discursos comprometedores del general Franco fueron gustosamente cumplimentados por conspicuos falangistas en algunos casos. <<

[4] J. J. Linz, «Political Space and Fascism as a Late-Comer», en Who were the Fascists, Oslo, 1980. <<

[5] Un excelente análisis de las aporías de Falange durante su etapa republicana puede consultarse con provecho en J. Jiménez Campo, El fascismo en la crisis de la segunda República española, Madrid, 1979. <<

[6] Para la CEDA en general y las JAP en particular es imprescindible el libro del profesor J. R. Montero Gibert, La CEDA. El catolicismo social y político en la segunda República, Madrid, 1977, 2 vols. <<

[7] Para el detallado papel, sobre todo en términos ideológicos y políticos, de la iglesia, véase el reciente libro de J. A. Tello Lázaro, Ideología y política. La Iglesia Católica Española (1936-1959), Pórtico, Zaragoza, 1984. <<

[8] «… serán militantes aquellos, que aceptando resueltamente la disciplina de todos los Órganos del Movimiento y diciendo consagrarse al logro de sus fines, se hallen comprendidos en las siguientes condiciones:

a) Los que formaran en una de las dos fuerzas integrantes del Movimiento el día veinte de abril de mil novecientos treinta y siete, o hayan sido admitidos directamente por la Junta Política con anterioridad a la publicación del presente Estatuto.

b) Los generales, jefes, oficiales y clases de los ejércitos nacionales de tierra, mar y aire, en activo o en servicio de guerra.

c) Los que obtengan esta condición por decisión personal del Caudillo…». <<

[9] Un desliz probablemente intencionado fue cortado de raíz por una disposición del jefe del partido recordando que no se podía investigar entre tan altos dignatarios. <<

[10] El caso de Sainz Rodríguez y, en general, de cualquier ministro de Educación (normalmente de la ACNDP) fue siempre paradigmático en este sentido. <<

[11] Para un análisis minucioso puede consultarse R. L. Chueca, El fascismo en los comienzos del régimen de Tranco. Un estudio sobre FET y de las JONS, CIS, Madrid, 1983. <<

[12] A 31 de noviembre de 1944, el partido lanzaba a la calle más de 1 100 000 diarios, 200 000 revistas infantiles semanales y 100 000 ejemplares mensuales de revistas profesionales. El patrimonio era de 50 000 000 de pesetas (1942), con 128 unidades de impresión, 47 cabeceras de diarios y 90 publicaciones no diarias. Empleaba a 6000 personas. Más información en El fascismo…, op. cit. <<

[13] La infiltración, a plena luz por lo demás, de la iglesia en el Frente con la idea de moderar y poner estrechos límites a sus actividades fue una constante. Cf. J. J. Ruiz Rico, El papel político de la iglesia católica en España, 1936-1971, Madrid, 1977. <<

[14] Para el tema de la educación en el franquismo, véase el buen libro de G. Cámara Villar, Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951), Madrid, 1984. <<

[1] El presente trabajo se entrega a la imprenta tal como se confeccionó para ser expuesto en el Congreso de Valencia. Esto explica su tono general y la falta de aparato bibliográfico. No obstante, para el detalle de los datos que en él se aportan y otras referencias documentales del período comentado puede consultarse mi obra El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Ediciones de la Universidad-Eunibar, Barcelona, 1980. <<

[1] Para una descripción de algunos de estos procesos de desaparición o absorción, cf. Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Alianza, Madrid, 1984, pp. 24 ss.; y Juan José Castillo, «El Comité Nacional Circunstancial de la Confederación Española de Sindicatos Obreros (CESO), 1936-1938 (Una aportación documental)», en Revista Española de la Opinión Pública, 38 (1974), pp. 205 ss.<<

[2] Ángel Herrera Oria, Obras Selectas, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1963, p. 846. <<

[3] Fernando Martín-Sánchez Juliá, Ideas claras. Reflexiones de un español actual, Gráficas Nebrija, Madrid, 1959, p. 410. <<

[4] He abordado estos temas con mayor extensión en José R. Montero, «El Boletín de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (1939-1945)», en Manuel Ramírez y otros, Las fuentes ideológicas de un régimen (España 1939-1945), Pórtico, Zaragoza, 1978, pp. 81 ss.<<

[5] Cf., entre muchos otros, además del ya citado de Tusell, Franco y los católicos, los trabajos de Ricardo Chueca, El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET y de las JONS, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1983; Miguel Jerez, Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982; Javier Terrón Montero, La prensa de España durante el régimen de Franco. Un intento de análisis político, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981; Gregorio Cámara Villar, Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951), Hesperia, Madrid, 1984; Miguel Ángel Aparicio, El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Ediciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1980; Manuel Ramírez, España 1939-1975. Régimen político e ideología, Labor, Barcelona, 1978; Ángel Tello, Ideología y política. La iglesia católica española (1936-1959), Pórtico, Zaragoza, 1984; Juan José Ruiz Rico, El papel político de la iglesia católica en España (1936-1971), Tecnos, Madrid, 1977; Guy Hermet, Les catholiques dans l’Espagne franquiste. Les acteurs du jeu politique, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, París, 1980; y Juan J. Linz, «From Falange to Movimiento-Organización. The Spanish single party and the Franco regime, 1936-1968», en Samuel P. Huntington y Clement H. Moore, eds., Authoritarian politics in modern society. The dynamics of established one-party systems, Basic Books, Nueva York, 1970, pp. 143 ss. Como señala el propio Linz (p. 143, nota 46), «el término Gleichschaltung fue usado por los nazis para describir la sincronización de todas las autoridades, organizaciones, asociaciones y grupos de interés, conseguida mediante su subordinación a controles políticos y nombramiento de sus cargos, asegurándose la representación del partido y proporcionándoles orientaciones ideológicas y políticas». <<

[6] Cf. especialmente José R. Montero, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1977; Paul Preston, La destrucción de la democracia en España. Reacción, reforma y revolución en la segunda República, Turner, Madrid, 1978; Martin Blinkhorn, Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, Grijalbo, Barcelona, 1979; Javier Jiménez Campo, El fascismo en la crisis de la segunda República española, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1979; Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino en España. (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942), Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979; y Javier Tusell, Historia de la democracia cristiana en España, vol. I, Antecedentes y CEDA, EDICUSA, Madrid, 1974. <<

[7] Carlos Moya (El poder económico en España [1939-1970]. Un análisis sociológico, Túcar, Madrid, 1975) la ha descrito con términos sumamente expresivos (pp. 115-116): «Por encima de la legitimación de la guerra civil y del Nuevo Estado como triunfo de la revolución Nacional-Sindicalista, está la legitimación específicamente religioso-militar de la victoria como glorioso final de la cruzada. Desde la “Pastoral Colectiva” redactada por el Cardenal Gomá, al “Poema de la Bestia y el Ángel” de José María Pemán (1938), a la construcción del templo y cripta sagrada del Valle de los Caídos, todas las estructuras semióticas que configuran la imago simbólica del Nuevo Estado nacional expresan la esencial subordinación de la ideología falangista al principio tradicional de la legitimación última del poder como “carisma divino”. Su sanción formal se expresa en numerosos textos: desde el comienzo del preámbulo del Fuero del Trabajo (“Renovando la tradición católica…”) al punto 25 de FET y de las JONS»; gran parte de los trabajos mencionados supra, nota 4, contienen numerosas referencias a estos temas. <<

[8] No existen por el momento, como ya se ha dicho, demasiadas monografías sobre la ACNP; algunas de las obras anteriormente citadas contienen capítulos o referencias sistemáticas a ella, pero casi siempre con objetivos de investigación diferentes a los de la propia ACNP. Otros tienen un valor desigual, como el libro de A. Saéz Alba, La otra «Cosa Nostra». La Asociación Nacional de Propagandistas y el caso de «El Correo de Andalucía», Ruedo Ibérico, París, 1974, y, en mayor medida, la historia oficiosa de la ACNP, escrita por Nicolás González Ruiz e Isidoro Martín Martínez, Seglares en la historia de España, Reycar, Madrid, 1968. <<

[9] En Madrid y la mayor parte de los centros fueron los de «El concepto de Estado y sus relaciones con el individuo, la iglesia y otras sociedades», en el curso 1939-1940; «La encíclica sobre el sacerdocio» y «El nuevo orden moral en la sociedad internacional», en el de 1940-1941; «La personalidad humana» y «La caridad», en 1941-1942; «El naturalismo ateo contemporáneo y la doctrina de la iglesia» y «La santificación de las fiestas en industrias de trabajo ininterrumpido», en 1942-1943; «Direcciones pontificias sobre el orden interno de los pueblos» y «Actualidad internacional», en 1943-1944; y en el de 1944-1945, «Los hombres públicos del siglo XIX ante el problema político y religioso español» y «Momentos culminantes en la historia del Pontificado». <<

[10] Como ha escrito Manuel Ramírez (España 1939-1975, op. cit., p. 86), «[el anticomunismo] será la cobertura que se agitará una y otra vez y a la que cabrá atribuir las vicisitudes y desgracias que la política nos depare … El régimen se proclama, por encima de todo, anticomunista. Con un anticomunismo ideológico, visceral y militante que, por otra parte y pensando detenidamente en el tema, se correspondía poco con la fuerza real que el comunismo “vencido” había tenido en nuestro país durante los años republicanos». <<

[11] Intervención de Alfredo López, en Boletín de la ACNP (a partir de ahora, BACNP), 302 (15-1-1943), p. 2. <<

[12] Ibid, nota anterior. Por la misma época el fundador de la ACNP, el sacerdote Ángel Ayala (Formación de selectos, Sociedad de Educación Atenas, Madrid, 1940, pp. 371 y 379) insistía sobre el origen del comunismo en términos parecidos: «Para convencerse de ello basta observar cómo los obreros no se sacian nunca con el aumento de jornales … Esta codicia no es marxista, es humana. Y no tiene, no puede tener más freno que el concepto cristiano de la vida … porque si no hay Dios, ni alma, ni otra vida, es evidente que habrá que gozar en ésta, caiga quien caiga». <<

[13] Jesús Riaño Goiri, «Recursos y medios contra el comunismo», en BACNP, 303 (1-2-1943), pp. 4, 5 y 6. <<

[14] En BACNP, 303 (1-2-1943), p. 8. Martín Martínez, catedrático de Derecho Romano, hablaba motivado por la intervención de Antonio de Luna, catedrático de Derecho Internacional; y es que, en la opinión del último, «los medios espirituales sirven más para evitar el comunismo que los materiales, y esto lo hemos visto en países en donde los obreros, teniendo una posición económica mejor, el comunismo tenía mayor arraigo». <<

[15] José Soler y Díaz Guijarro, «Concepto del Estado», en BACNP, 247 (15-4-1940), p. 3. <<

[16] En BACNP, 294 (1-8-1942), p. 2. Se trata de una de las conclusiones aprobadas en un Círculo de Estudios dedicado a «La personalidad humana», conclusiones que fueron redactadas por Máximo Yurramendi, sacerdote y consiliario nacional de la Asociación que en 1946 sería ordenado obispo. <<

[17] Enrique Giménez Arnáu, «Errores modernos sobre el orden político», en BACNP, 323 (15-1-1944), p. 4. El conferenciante abogaba lógicamente por «un término medio» basado en la familia, el municipio, «que es una entidad política natural», y el sindicato, «organización con sabor político para formar en él valores que son los que pueden acabar con aquella pugna de la Revolución francesa [la lucha de clases] y que puedan poner fin a los hechos condenables en que hemos caído». <<

[18] Florentino Rodero, «El patriotismo sin límites: Formación civil y política», en BACNP, 375 (1-8-1946), p. 3. <<

[19] Alfonso de Hoyos, «La sociedad internacional como sociedad “natural”», en BACNP, 259 (15-12-1940), pp. 8-9. Cabe señalar que, simbolizando la representación clasista y profesional de la ACNP, el conferenciante era hijo del marqués de Hoyos, letrado del Consejo de Estado, abogado del Estado, capitán de aviación y asesor del Ministerio de Gobernación. <<

[20] Juan Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, «El Imperio español del siglo XVI-XVII como ambición ecuménica», en BACNP, 264 (1-3-1941), pp. 2-3; y Ernesto Laorden, «La Sociedad de Naciones a la luz de los principios cristianos», en BACNP, 265 (15-3-1941), pp. 1-4. <<

[21] En BACNP, 281 (1-1-1942), pp. 1-2. <<

[22] En BACNP, 269 (15-5-1941), p. 1. Esta actitud tuvo su reflejo en una de las principales actividades corporativas de la ACNP durante la época, consistente en la edición, propaganda, distribución y venta de ediciones baratas de las más diversas encíclicas. <<

[23] Joaquín Ruiz Jiménez, «Norma suprema del orden jurídico», en BACNP, 317 (15-10-1943), pp. 6 y 7. <<

[24] Sexta conclusión del Círculo de Estudios sobre «El orden interno de los pueblos según la doctrina de los Pontífices», redactada por Enrique Giménez Arnáu; en BACNP, 336 (1-9-1944), p. 6. <<

[25] Alberto Martín Artajo, «El mensaje de Navidad de Su Santidad Pío XII», BACNP, 306 (15-3-1943), p. 5. <<

[26] Alberto Martín Artajo, «El llamamiento del Papa», BACNP, 319 (15-11-1943), pp. 6 y 7. <<

[27] Carta de Fernando Martín-Sánchez Juliá con motivo de la imposición de insignias en el centro de Zaragoza, en BACNP, 253 (15-7-1940), p. 1. <<

[28] Discurso de José Ibáñez Martín en la XXI Asamblea General de la ACNP, en BACNP, 338 (20-10-1944), pp. 12 y 13. Ángel Herrera Oria, mucho más crítico de lo que era habitual entre los propagandistas, tampoco dejaba de reconocerlo así: «Si esas acusaciones de falta de amor al pueblo y de olvido de los derechos de la justicia social van dirigidas al gobierno español, la acusación es completamente calumniosa. El espíritu de nuestro gobierno está en el Fuero del Trabajo. Y es evidente que está haciendo todo lo humanamente posible para mejorar las condiciones de vida de los asalariados» (BACNP, 365 [1-2-1946], p. 4). <<

[29] Jerez Mir, Élites políticas y centros de extracción, op. cit., pp. 339 ss.; y Tusell, Franco y los católicos, op. cit., pp. 36 ss. y especialmente 52 ss., en las que contiene un detallado análisis del contexto, los protagonistas y los resultados de la crisis de 1945; aunque centrado en el catolicismo político (movimiento más amplio que el de la ACNP) y en sus niveles de colaboracionismo (actitud más restringida que la de la legitimación ideológica), el libro de Tusell contiene numerosas referencias de suma importancia sobre los principales protagonistas católicos. <<

[30] Discurso de Fernando Martín-Sánchez Juliá, en BACNP, 338 (20-10-1944), p. 11. <<

[1] Utilizo la sigla PCE-PSUC para designar al conjunto de los comunistas españoles. Pero esto no significa ignorar sus diferencias, como tendré ocasión de exponer más adelante. Cuando me refiera a un problema específico del PCE utilizaré únicamente esta sigla, y el mismo criterio seguiré en el caso del PSUC. <<

[2] En esta fase se sitúa el importante episodio de la crisis de la dirección del PSUC y la expulsión de su secretario general, Joan Comorera. Aunque se ha intentado presentar, a menudo, esta crisis como la expresión de un conflicto entre el «centralismo» del PCE y el «independentismo» orgánico del PSUC, en función de una diferente valoración de la importancia del hecho nacional catalán, creo que las razones de fondo fueron más complejas. Creo, incluso, que Comorera siguió aferrado a una concepción más cerrada del proyecto estratégico revolucionario, frente a la variación táctica que iniciaba la dirección del PCE. Por eso me parecen infundadas o, en todo caso, exageradas, las referencias al «titismo» que a veces se utilizan para analizar el caso Comorera. Esta cuestión ha sido ampliamente tratada por Miquel Caminal, en su exhaustiva biografía Joan Comorera, Editorial Empúries, Barcelona, 1984, 3 vols. <<

[3] Baste recordar el estudio realizado por Tomás García —con el seudónimo de «Juan Gómez»— sobre el desarrollo del capitalismo en el campo español, que constituyó uno de los fundamentos teóricos de la nueva línea política. <<

[4] Para una caracterización del «pacto para la libertad», cf. Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, Editions Sociales, París, 1971, p. 37. <<

[5] Para la definición de los conceptos de «huelga general política» y «huelga nacional», cf. Santiago Carrillo, La lucha por el socialismo hoy, Colección Ebro, París, 1969, p. 33. <<

[6] Así, por ejemplo, el PSUC fue la primera fuerza política catalana que planteó como objetivo político la recuperación del Estatut d’Autonomia de 1932, como paso para conseguir la democracia y la plena autonomía de Cataluña. Este objetivo constituyó, más tarde, uno de los puntos programáticos principales de la Assemblea de Catalunya. <<

[7] Que esa situación no se haya podido mantener con posterioridad y que el PSUC se haya visto inmerso, finalmente, en los mismos problemas y las mismas dificultades que el resto de los comunistas de España —incluso en peores condiciones— es otro importante problema, que no entra en los límites de esta ponencia. Una de las claves es, seguramente, que después de la promulgación de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de Cataluña la cuestión nacional no se puede plantear en los mismos términos que antes. Mientras la derecha y el centro-derecha de Cataluña siguen recurriendo a la referencia constante al «enemigo exterior», la izquierda no ha sabido replantear el problema de acuerdo con la nueva situación, es decir, ligando la conquista de la autonomía de Cataluña con la construcción armónica del Estado de las autonomías en toda España. <<

[1] K. Mehnert, Moskau und die Neue Linke, Stuttgart, 1973. <<

[2] Trata de este tema con mucho más detalle la obra de Guy Hermet, Les Catholiques dans l’Espagne franquiste, 2 vols., Paris, 1980-1981. <<

[3] Ver J. Sanz Oller, Entre el fraude y la esperanza; Comisiones Obreras de Barcelona, París, 1972; A. Salas y E. Duran, Crítica de la izquierda autoritaria en Cataluña, 1967-1974, París, 1975; J. A. Díaz, Luchas internas en Comisiones Obreras; Barcelona, 1964-1970, Barcelona, 1977. <<

[4] Ver T. Tajuelo, El MIL, Puig Antich y los GARI; teoría y práctica, 1969-1976, París, 1977. <<

[1] La comunicación presentada con el título Notas sobre el intervencionismo económico del primer franquismo al Coloquio de Valencia sobre España bajo el franquismo no puede considerarse sino como una versión muy provisional y rudimentaria del texto que contienen estas páginas, que también incorporan sustanciales novedades —de documentación y de análisis— respecto a lo publicado en Revista de Historia Económica, n.º 1, año III (1985), pp. 135-146, bajo aquel mismo título. Añadiré la referencia de otros dos trabajos propios que se fijan como objetivo primordial el análisis del funcionamiento y de las servidumbres del intervencionismo en la economía española durante el primer tercio del siglo XX: «Autoritarismo político y tensiones económicas: un balance crítico de la política económica de la dictadura de Primo de Rivera en España», en El trimestre económico, n.º 198 (1983), pp. 807-828, y «Nacionalismo económico e intervención estatal, 1900-1930», en La modernización económica de España, 1830-1930, compilación de Nicolás Sánchez-Albornoz, Madrid, 1985, pp. 176-195. <<

[2] Ejemplo del primer proceder: Joan Clavera y otros, Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939-1959), Madrid, 1978; y del segundo, distinguiendo una etapa inicial entre 1939 y 1942: Joan M. Esteban, «La política económica del franquismo: una interpretación», en Paul Preston, España en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco, Madrid, 1978, pp. 147-180. <<

[3] Albert Carreras, «La producción industrial española, 1842-1981: construcción de un índice anual», en Revista de historia económica, n.º 1, año II (1984), pp. 127-157. <<

[4] Albert Carreras, «Gasto Nacional Bruto y formación de capital en España, 1849-1958: primer ensayo de estimación», en La nueva historia económica en España, edición de Pablo Martín Aceña y Leandro Prados de la Escosura, Madrid, 1985, pp. 17-51. <<

[5] A. Carreras, La producción industrial…, art. cit., p. 135. <<

[6] Ibid., p. 147. <<

[7] En contra de las burdas exageraciones que durante años se hicieron al respecto, es cada vez mayor la coincidencia en considerar relativamente reducida la destrucción de equipo industrial durante la guerra civil. Para un análisis detallado, véase Joan Clavera, La política económica del nuevo Estado español durante la segunda guerra mundial: una aproximación a sus repercusiones en Cataluña, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 1974. De forma indirecta —sin aludir expresamente al tema— es también lo que se sostiene en el muy reciente trabajo de Josep M. Bricall, «La economía española (1936-1939)», en M. Tuñón de Lara y otros, La guerra civil española 50 años después, Barcelona, 1985, pp. 359-418. <<

[8] A. Carreras, La producción industrial…, art. cit., p. 144. <<

[9] Leandro Prados de la Escosura, «El crecimiento económico moderno en España, 1830-1973: una comparación internacional», en Papeles de economía española, n.º 20 (1984), p. 152. <<

[10] Entre los trabajos más recientes sobre dicho proceso pueden consultarse: José Luis García Delgado, «La industrialización española en el primer tercio del siglo XX», en Los comienzos del siglo XX, t. XXXVII de la Historia de España Menéndez Vidal, dirigida por José María Jover Zamora, Madrid, 1984, pp. 1-171, y Francisco Comín y Pablo Martín Aceña, «La política monetaria y fiscal durante la dictadura y la segunda república», en Papeles de economía española, n.º 20 (1984), pp. 236-266. <<

[11] A. Carreras, La producción industrial…, art. cit., p. 147. <<

[12] Raymond Carr, España 1808-1975, edición española corregida y aumentada por el autor, Barcelona, 1984, p. 706. <<

[13] Juan Pablo Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal, prólogo de Edward Malefakis, Madrid, 1985, p. 128. La declaración textual de Franco que se cita corresponde al 12 de mayo de 1951. <<

[14] R. Carr, op. cit., p. 707. <<

[15] Tan rotunda expresión la ha empleado Juan Pablo Fusi, «La vida de un general», Memoria de una dictadura, en El País, extra, 20 de noviembre de 1985, p. 35. <<

[16] Josep Fontana y Jordi Nadal, «España 1914-1970», en Cario M. Cipolla, ed., Historia económica de Europa (6). Economías contemporáneas, segunda parte, primera edición en español, Barcelona, 1980, especialmente pp. 137-145. <<

[17] Ibid., pp. 146-150. Conviene reparar en que 1950 es un año tanto o más revelador de un cambio de circunstancias y condicionamientos (primeras concesiones de créditos de bancos americanos, incorporación de España a la FAO, fin del bloqueo diplomático, estallido de la guerra de Corea …) que 1951; de hecho, la crisis de gobierno de julio de este último año no puede sino ponerse en relación con el cambio previo de decorado que van a completar los movimientos huelguísticos y de protesta ciudadana de la primavera del propio 1951. He aquí un punto que merece mayor atención de la que se le ha prestado. Véase, como ejemplo del énfasis habitualmente puesto en 1951, Manuel J. González, La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y planificación, Madrid, 1979; y para rastrear los muchos hechos de interés que coinciden en 1950, Ángel Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de soberanía, Barcelona, 1981. <<

[18] Juergen B. Donges, La industrialización en España. Políticas, logros, perspectivas, Barcelona, 1976, en especial pp. 150-157. <<

[19] A. Carreras, La producción industrial…, art. cit., pp. 144 y 145. El propio Carreras cita, como ejemplo reciente de valoración al menos en parte distorsionada de los resultados obtenidos por la política industrial de los años cuarenta, a Mikel Buesa Blanco, El Estado en el proceso de industrialización: contribución al estudio de la política industrial en el período 1939-1963, tesis doctoral, ejemplar facsímil, Universidad Complutense de Madrid, 1983; autor del que pueden también consultarse —se trata de trabajos que reiteran con sólo leves matices distintos lo contenido en aquella obra—: «Restricciones a la libertad de industria en la política industrial española», en Información Comercial Española, n.º 606 (1984), pp. 107 a 122, «El Estado en los procesos de industrialización atrasada: notas acerca del caso español (1939-1977)», en El trimestre económico, n.º 197 (1983), pp. 85-116, y El Estado y el cambio tecnológico en la industrialización tardía. Un análisis del caso español, Madrid, 1984 (los dos últimos en colaboración con Javier Braña y José Molero). <<

[20] Los datos más precisos son también en este caso los ofrecidos por A. Carreras en Gasto Nacional Bruto…, loc. cit., pp. 24 y ss. <<

[21] «La extrema penuria de alimentos obligó a traerlos de fuera, con grave daño para las restantes partidas de importación, tan mermadas en su conjunto», han escrito J. Nadal y J. Fontana (loc. cit., p. 139); y Fabián Estapé habla de industrialización realizada «a expensas de la descapitalización, por falta de reposición» («Los problemas actuales de la economía española», texto de una conferencia pronunciada en 1958, reproducido en J. Ros Hombravella, ed., Trece economistas españoles ante la economía española, Barcelona, 1975, p. 42). <<

[22] No sólo en el Instituto Nacional de Industria el primer franquismo sigue el modelo de la Italia de Mussolini: también, por ejemplo, en la creación del Instituto Nacional de Colonización, por citar tan sólo otro caso al que se refiere asimismo Carr, op. cit., p. 705. <<

[23] Carlos Moya, Señas de Leviatán. Estado nacional y sociedad industrial: España, 1936-1980, Madrid, 1984, p. 81. <<

[24] Un ejemplo tan sólo: E. Témime, A. Broder y G. Chastagnaret, Historia de la España contemporánea. Desde 1808 hasta nuestros días, Barcelona, 1982, p. 299. <<

[25] El propio carácter «tradicionalizante» propuesto debe alertar sobre el riesgo de sobrevalorar los posibles contenidos ideológicos del franquismo; como advirtiera Linz hace más de veinte años, «cuando más tradicional es un régimen autoritario, mayor es en él el papel de los militares y de los funcionarios, más importantes resultan las mentalidades para comprender el sistema y más engañosa puede resultar la excesiva atención a las ideologías, aun aquellas proclamadas ruidosamente por el propio régimen» (Juan J. Linz, «Una teoría del régimen autoritario. El caso de España», trabajo originariamente editado en inglés por E. Allardt e Y. Littunen, Cleavages, Ideologies and Party Systems. Contributions to Comparative Political Sociology, Helsinki, 1964, y del que aquí se ha utilizado la reproducción en castellano contenida en Política y sociedad en la España del siglo XX, prólogo y edición de Stanley G. Payne, Madrid, 1978, pp. 205-263. La cita textual corresponde a la p. 217). <<

[26] Así se ha apuntado unánimemente: véase, por sólo citar el ultimo buen estudio sobre dicho régimen, Shlomo Ben-Ami, La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, traducción del inglés por P. Elías, Barcelona, 1984, pp. 10 y 255, entre otras. <<

[27] Stanley G. Payne, «La derecha en Italia y España (1910-1943)», en Política y sociedad…, op. cit., pp. 185-203, subraya tanto la diversa pluralidad de los movimientos fascistas como el sincretismo de las dictaduras italiana y española. Por su parte, Ángel Viñas destaca la mezcolanza de «las primitivas concepciones autárquicas esgrimidas por la más alta magistratura del Nuevo Estado», subrayando, no obstante, que las doctrinas económicas del fascismo cumplieron, «como ningún otro factor», la función de rellenar la laguna teórica e ideológica de que adolecían, en el campo económico, los dirigentes del «Nuevo Estado» (véase su Guerra, dinero, dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco, Barcelona, 1984, especialmente pp. 209 y 243-244). Incluso, en alguna ocasión, podría añadirse el relleno de las propias lagunas retóricas, como sugiere muy representativamente el antológico preámbulo de la norma fundacional del INI, que no repara en sacar a colación «los nuevos valores raciales» y el irrenunciable «destino histórico». <<

[28] J. P. Fusi, art. cit., p. 34, y, en el mismo sentido, Id., op. cit., p. 146. En términos coloquiales pero muy expresivos Alberto Ullastres apunta cómo «el franquismo no tenía detrás una filosofía sistemática. Nació de una emergencia e iba capeando los tiempos de una u otra manera aunque sobre el denominador común, eso sí, del autoritarismo» (Joaquín Bardavío, «Alberto Ullastres», en La historia del franquismo, Diario 16, Madrid, 1985, 2.a parte, capítulo 30, p. 472). <<

[29] Salvador de Madariaga, España. Ensayo de Historia Contemporánea, Madrid, 1979, p. 277. <<

[30] Raúl Morodo, Los orígenes ideológicos del franquismo: «Acción Española», Madrid, 1985, p. 30. <<

[31] A. Viñas, Guerra, dinero…, op. cit., p. 241. <<

[32] R. Carr, op. cit., p. 557. <<

[33] M. Buesa, El estado en el proceso de industrialización…, op. cit., p. 46. <<

[34] Ibidem. <<

[35] Fabián Estapé, Ensayos sobre la economía española, Barcelona, 1972, p. 317. <<

[36] Mariano Navarro Rubio, «La batalla de la estabilización», en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1976, p. 162. Á. Viñas ha insistido reiteradamente en la conexión entre autarquía y política exterior en el primer franquismo (Guerra, dinero…, op. cit., especialmente capítulos 8 y 9, pp. 205 a 264). Y destaca también la misma doble finalidad de la autarquía (independencia política y económica) J. M. Esteban, loc. cit., p. 158. <<

[37] Emili Farré-Escofet, «Inflación y bloqueo de la inversión (1939-1953)», en Banca Catalana, Revista económica, n.º 57 (1980), p. 6. <<

[38] Ciertamente expresivas a este respecto son las palabras que se contienen en un informe confidencial de Carrero Blanco al jefe del Estado de septiembre de 1945: «La única fórmula para nosotros no puede ser otra que orden, unidad y aguantar…» (citado por Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, 1812-1983, prólogo de E. García de Enterría, Madrid, 1985, p. 409). <<

[39] R. Carr, op. cit., p. 704. <<

[40] Javier Tusell, «La autarquía cuartelera. Las ideas económicas de Franco a partir de un documento inédito», en Franco, diez años después, Historia 16, número especial 115, año X (1985), pp. 41-49. <<

[41] Juan Velarde, epílogo a La España de los años 70, vol. II, La economía, Madrid, 1973, p. 103. Tal vez no sea baladí señalar que no sólo en el ámbito económico se prolonga esa situación: como Manuel Ballbé ha recordado, la permanencia en todo el territorio nacional del estado de guerra propiamente dicho alcanza hasta 1948 (Ballbé, op. cit., p. 406 y ss.). <<

[42] M. Buesa, El Estado en el proceso de industrialización…, op. cit., p. 67. <<

[43] Miguel A. Aparicio, El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Barcelona, 1980, pp. 124 y 125, donde se insiste en el carácter meramente formal y no efectivo del traspaso de competencias de regulación y ordenación económica a la Organización Sindical. <<

[44] E. Fuentes Quintana, «El Plan de Estabilización económica de 1959, veinticinco años después», en Información Comercial Española, n.os 612-613 (1984), pp. 36 y 27, respectivamente. <<

[45] Ibid., p. 26. <<

[46] Jordi Palafox, «La gran depresión de los años treinta y la crisis industrial española», en Investigaciones Económicas, n.º 11 (1980), p. 27. <<

[47] Como ilustra ejemplarmente, durante una buena parte de toda la primera mitad del siglo XX, la industria siderúrgica española, «paradigma del control estatal» y con «el mercado más protegido de toda Europa» (Pedro Fraile, «Crecimiento económico y demanda de acero: España, 1900-1950», en La nueva historia económica en España, op. cit., pp. 71-100, página esta última a la que corresponden las expresiones entrecomilladas). <<

[48] E. Fuentes Quintana, art. cit., p. 27. <<

[49] «Dictamen de la comisión nombrada por Real Orden de 9 de enero de 1929 para el estudio de la implantación del patrón de oro», edición de Información Comercial Española, n.º 318 (1960), p. 65. <<

[50] Juan Velarde Fuertes, Sobre la decadencia económica de España, 2.ª ed. ampliada, Madrid, 1969, p. 133 (también citado por Joan M. Esteban, loc. cit., p. 160). No deja de resultar curioso que muy parecidas circunstancias atenuantes se esgriman también al valorar el intervencionismo del régimen de Primo de Rivera: «la deficientísima base documental y estadística» y «una burocracia no preparada» (J. Velarde Fuertes, Política económica de la dictadura, Madrid, 1973, p. 38). <<

[51] Algunos ejemplos son especialmente llamativos: provisional, como el propio régimen de racionamiento que estaría vigente durante tres lustros, se concibió la Comisaría General de Abastecimiento y Transportes, creada en 1939 (en sustitución del Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, que data de 1938); y lo mismo cabe decir de la Fiscalía de Tasas, establecida en 1940 y que prolonga su existencia más de veinte años (J. Ros Hombravella, Qué es la economía franquista, Barcelona, 1977, p. 33). <<

[52] Carlos Barciela, La agricultura cerealista en la España contemporánea. El mercado triguero y el Servicio Nacional de Trigo (1937-1971), tesis doctoral, ejemplar facsímil, Universidad Complutense de Madrid, 1981; y, también, «El estraperlo de trigo en la posguerra», en Moneda y Crédito, n.º 159 (1981), pp. 17-37, y «La financiación del Servicio Nacional del Trigo, 1937-1971», en Estudios de Historia Económica, Banco de España, Servicio de Estudios, n.º 5 (1981). <<

[53] Joan Clavera, «El estraperlo en los años cuarenta», en Información comercial española, n.º 514 (1976), p. 91. <<

[54] E. Farré-Escofet, art. cit., p. 14. <<

[55] J. Fontana y J. Nadal, loc. cit., p. 144. <<

[56] Joan Clavera, «Industrialització i canvi de conjuntura en la Catalunya de la posguerra», en Recerques, història, economía, cultura, n.º 6 (1976), p. 221. Acaso no haya testimonio más concluyente al respecto que el del propio Franco, que en 1960 reconocía «el predominio de los especuladores que encarecían la vida y hacían, sin tener capital para ello, todo género de negocios» (Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, 1976, p. 294; citado también por Fusi, Franco…, op. cit., p. 146). <<

[57] Como ejemplo de las discrepancias sobre este punto puede citarse, por un lado, a Fontana y Nadal, que hablan de «inflación de beneficios» y de «una fuerte acumulación a costa del ahorro forzoso exigido a la clase obrera» (loc. cit., pp. 143 y 145, respectivamente) y, por otro, a Joan M. Esteban, al concluir que «a pesar del alto nivel de explotación de la clase trabajadora, la tasa de acumulación de capital productivo era muy baja» (loc. cit., p. 166), aunque, como es obvio, al referirse este ultimo estrictamente a «capital productivo» el contraste entre ambas posiciones pierde significación. <<

[58] E. Fuentes Quintana, art. cit., p. 29. <<

[59] E. Farré-Escofet, art. cit., p. 20. <<

[60] J. L. García Delgado, Autoritarismo político…, art. cit., pp. 810 y ss., y La industrialización española…, loc. cit., pp. 74-93. <<

[61] F. Estapé, Los problemas actuales…, loc. cit., p. 48. <<

[62] A. Carreras, La producción industrial…, art. cit., p. 144. <<

[63] Á. Viñas y otros, Política comercial exterior en España (1931-1975), Madrid, 1979, especialmente vol. I, pp. 248 y ss., y vol. II, pp. 453-624. <<

[64] Á. Viñas, Guerra, dinero…, op. cit., p. 210. El desconocimiento —cuando no el desprecio— de criterios propiamente económicos por la política oficial se subraya también, con copiosas referencias bibliográficas, en Carlos Velasco Murviedro, El pensamiento autárquico español como director de la política económica, 1936-1951, tesis doctoral, ejemplar facsímil, Universidad Complutense de Madrid, 1982, y en el resumen que el propio autor ha ofrecido bajo el título de «El ingenierismo como directriz básica de la política económica durante la autarquía (1936-1951)», en Información Comercial Española, n.º 606 (1984), pp. 97 a 106. <<

[65] A. Carreras, La producción industrial…, art. cit., p. 147. <<

[66] Luis Ángel Rojo, Keynes: su tiempo y el nuestro, Madrid, 1984. <<

[67] Barry Supple, «El Estado y la Revolución industrial, 1700-1914», en Cario M. Cipolla, ed., Historia económica de Europa (3). La Revolución industrial, Barcelona, 1979, p. 318. <<

[68] E. Fuentes Quintana, art. cit., p. 26. <<

[69] Javier Tusell, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, 1984, p. 442. <<

[70] E. Fuentes Quintana, art. cit., p. 38. <<

[71] J. P. Fusi, Franco…, op. cit., p. 133. En el mismo sentido, J. Ros Hombravella, Qué es la economía franquista, op. cit., p. 26. Y para la más reciente revisión de las actitudes políticas de Franco durante la segunda guerra mundial, Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Franco y Mussolini, Barcelona, 1985, y Carlos Seco Serrano, «La leyenda franquista, Franco y Mussolini», en El País, Libros (28 de noviembre de 1985), pp. 8-9. <<

[1] Quiero agradecer a José Manuel Naredo sus comentarios y sugerencias. La responsabilidad de los aspectos insatisfactorios del trabajo es exclusivamente mía. <<

[2] Un análisis teórico del mercado negro puede verse en C. Barciela (1983 b). <<

[3] Puede verse un análisis crítico de las revisiones estadísticas agrarias hechas por la Sección Estadística del Ministerio de Agricultura en C. Barciela, «Las estadísticas agrarias en España, 1936-1980» (en prensa). <<

[1] L. López Rodó, La planificación del desarrollo, Aguilar, Madrid, 1970. <<

[2] Ángel Viñas, Política comercial exterior en España, 1939-1975, Banco Exterior de España, Madrid, 1979. <<

[1] Alicia Alted Vigil, Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española, prólogo de Javier Tusell, Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica del Ministerio de Cultura, Madrid, 1984. <<

[2] «Historia e historiografía de la guerra civil española. Algunas reflexiones metodológicas», en Metodología histórica de la guerra y revolución españolas, Fontamara, Barcelona, 1980, p. 70. <<

[3] Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984. <<

[4] En 1938, Pedro Sainz Rodríguez prologó una antología de textos de Menéndez y Pelayo sobre educación; en ella le convertía en el símbolo de la nueva política. Véase Menéndez y Pelayo y la Educación Nacional, MEN, Vitoria. <<

[5] En el discurso pronunciado en Bilbao con motivo de la apertura del curso académico 1938-1939. Atenas, Burgos, noviembre de 1939. <<

[6] ¿Qué es «Lo nuevo»…? Consideraciones sobre el momento español presente, Cultura Española, Santander, 1938. <<

[7] Esta faceta de la educación de la mujer a la que aludo brevemente en el libro mencionado en la Introducción, la he tratado con mayor amplitud, por una parte, en la comunicación que, con el título «La mujer en las coordenadas educativas del régimen franquista», presenté en las IV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer (Universidad Autónoma de Madrid, abril de 1984) y, por la otra, en la conferencia «Educación y promoción social de la mujer bajo el régimen de Franco, 1938-1973», pronunciada en el seminario sobre La Educación de la Mujer en la España Contemporánea, desarrollado en el Centro Ortega y Gasset, Madrid, octubre de 1984 a marzo de 1985. <<

[8] Javier Lasso de la Vega, «La biblioteca infantil y el bibliotecario», en Curso de Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria, vol. 1, Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1939. <<

[9] Acta de la primera sesión de la Junta de Relaciones Culturales, y nota para la Prensa. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 1380/25, Madrid. <<

[10] Orientación Española, Buenos Aires, abril de 1938. <<

[11] Carta de Pedro Sainz Rodríguez a Francisco Mágica, Servicio de Información y Policía Militar, Jefatura, Vitoria, 17 de marzo de 1939, Archivo de Pedro Sainz Rodríguez, Madrid. <<

[12] Entrevista personal mantenida con Pedro Sainz Rodríguez. <<

[13] En Descargo de conciencia (1930-1960), Barral Editores, Barcelona, 1976. <<

[14] Sobre el particular, escribe Ángel Viñas: «… lo que la administración parece haber conservado de la documentación de la Junta Técnica del Estado generada en la guerra civil cabe ya en unos cuantos legajos», «Los archivos como fuente para la historia del franquismo», en Los archivos para la historia del siglo XX, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980, p. 87. <<

[15] En Aquí la voz de Europa. Alocuciones desde Radio Roma, Ediciones de Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1984, p. 67. <<

[16] Archivo de Pedro Sainz Rodríguez. <<

[17] Ibidem. <<

[18] Pierre Vilar, «La guerra de 1936 en la historia contemporánea de España», en Historia Internacional, Madrid, abril de 1976, p. 34. <<

[19] Planeta, Barcelona, 1970. <<

[1] Así, para J. Linz es un régimen autoritario con «pluralismo limitado»; es un «despotismo reaccionario», según E. Sevilla Guzmán; «fascismo frailuno» y «bonapartismo militarista», en la calificación dada por B. Oltra y A. de Miguel; «fascismo con ideología clerical-autoritaria», según J. Ynfante, o «nacional-catolicismo», según J. L. L. Aranguren, etcétera. <<

[2] Expresión tomada de J. J. Ruiz Rico, El papel político de la iglesia católica en la España de Franco, Tecnos, Madrid, 1977. <<

[3] BOE, 14-IV-1939. Se desarrollan en él los programas de historia y sus pautas interpretativas. <<

[4] BOE, 20-IX-1938. Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza: primera ley del Nuevo Estado en materia educativa. Era ministro de Educación Nacional en ese momento P. Sainz Rodríguez. <<

[5] BOE, 12-VI-1953. <<

[6] J. A. Primo de Rivera, Obras completas, Madrid, 1942; J. Monge, Acción Popular (estudios de biología política), Madrid, 1936; R. de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, Madrid, 1934; J. Vigón, Historia de España seleccionada en la obra del maestro Marcelino Menéndez y Pelayo, Madrid, 1933. Damos aquí las fechas de su primera edición. Hemos utilizado para los libros de Vigón y de Maeztu la quinta edición, realizadas ambas en 1946. <<

[7] La de J. Monge es la única obra que conocemos de un miembro cualificado de la CEDA en la que se hace, aunque de forma muy sucinta, una interpretación de la historia de España. <<

[8] Concretamente, el 26 por 100 del total de páginas dedicado a la historia de España en estos manuales. Ver R. Valls Montés: La interpretación de la historia de España, y sus orígenes ideológicos, en el bachillerato franquista (1938-1953), ICE, Valencia, 1984, p. 50. <<

[9] J. R. Castro, Geografía e historia. 5.º Curso, Zaragoza, 1949, p. 83. <<

[10] J. L. Asían Peña, Manual de historia de España, Barcelona, 1942, p. 54. <<

[11] J. R. Castro, op. cit., p. 89. <<

[12] J. R. Castro, op. cit., p. 99. <<

[13] J. R. Castro, op. cit., p. 101. <<

[14] R. Maeztu, op. cit., p. 234. <<

[15] J. Monge y Bernal, op. cit., p. 49. <<

[16] J. Monge y Bernal, op. cit., pp. 53-55. <<

[17] Una comprobación más detallada de esta afirmación puede verse en R. Valls, op. cit., especialmente en las pp. 42-73. <<

[18] J. Vigón, op. cit., p. 7. <<

[19] J. R. Castro, op. cit., p. 153. <<

[20] Demetrio Ramos Pérez, España colonizadora, Valladolid, 1949. p. 10. <<

[21] A. Bermejo de la Rica, La España Imperial, Madrid, 1942, p. 16. <<

[22] A. Bermejo de la Rica, y D. Ramos, Los ideales del imperio español, Madrid, 1946, p. 8. <<

[23] A. Bermejo de la Rica, y D. Ramos, op. cit., p. 8. <<

[24] A. Bermejo de la Rica, y D. Ramos, op. cit., p. 13. <<

[25] J. R. Castro, op. cit., p. 185. <<

[26] A. Bermejo de la Rica, op. cit., p. 133. <<

[27] S. Andrés Zapatero, El imperio español, Barcelona, 1942, p. 106. <<

[28] R. Maeztu, op. cit., p. 291. <<

[29] J. A. Primo de Rivera, op. cit., passim. <<

[30] En un artículo aparecido en FE en julio de 1934 y recogido en las obras completas (pp. 511-513), Primo de Rivera explica el carácter de irrevocable aplicado a las naciones, diciendo que «éstas no son contratos rescindibles por la voluntad de quienes lo otorgan, (sino que) son fundaciones, con sustantividad propia, no dependiente de la voluntad de pocos ni muchos». <<

[31] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 238. <<

[32] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 239. <<

[33] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 91. <<

[34] J. Monge y Bernal, op. cit., p. 58. <<

[35] J. Monge y Bernal, op. cit., p. 49. <<

[36] A. Bermejo de la Rica, y D. Ramos, op. cit., p. 117. <<

[37] A. Santamaría Arández, Chitas. Historia de la civilización española. 5.º Curso, Palma de Mallorca, sin fecha, p. 127. <<

[38] L. Querol Roso, Breve síntesis de historia española. l.er Curso, Madrid, sin fecha, p. 128. <<

[39] J. Monge y Bernal, op. cit., p. 64. <<

[40] Esta expresión fue utilizada por las Juventudes de Acción Popular (JAP), dando motivo a que Primo de Rivera les acusase de plagiarios (J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 746). <<

[41] J. Monge y Bernal, op. cit., p. 67. <<

[42] J. Monge y Bernal, op. cit., p. 81. <<

[43] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 44. <<

[44] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 14. <<

[45] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 756. <<

[46] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 419. <<

[47] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 193. <<

[48] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 73. <<

[49] J. A. Primo de Rivera, op. cit., p. 468. <<

[50] Antonio Tovar, La conciencia española. Antología de Menéndez Pelayo, Madrid, 1948. <<

[51] P. Laín Entralgo, Menéndez y Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales, Madrid, 1944. <<

[52] J. A. Girón de Velasco, Prólogo a las obras completas de Onésimo Redondo, Madrid, 1954, p. X. <<

[53] R. Valls Montés, op. cit., passim. <<

[1] F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976; Francisco Javier Conde, Escritos y fragmentos políticos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974. <<

[2] Sobre esta cuestión, cf. José A. Ferrer Benimeli, El contubernio judeo-masónico-comunista, Istmo, Madrid, 1982. <<

[3] Vicente Verdú, «Psicoanálisis de Franco. Entrevista de Castilla del Pino», Cuadernos para el Diálogo, núm. 186 (20-26 noviembre 1976), Madrid, pp. 32-37; Amando de Miguel, Franco, Franco, Franco, Ed. 99, Madrid, 1976, pp. 47-48. <<

[4] Ricardo de la Cierva, Historia del Franquismo, Planeta, Barcelona, 1975, pp. 102-104. <<

[5] La reedición de 1981 es, a excepción de la portada, una fotocomposición del libro de 1952. Sobre la autoría de Franco, parece ser que los artículos de J. Boor eran guiones elaborados por Ernesto Jiménez Caballero a petición de Franco, quien, después, los desarrollaba a su gusto con la colaboración de Carrero Blanco. <<

[6] Sobre el asunto del duque de Wharton, cf. José A. Ferrer Benimeli, Masonería, Iglesia e Ilustración, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1976, vol. I, pp. 81-98. <<

[7] Sobre esta cuestión, cf. R. Olaechea, y J. A. Ferrer Benimeli, El conde de Aranda. Mito y realidad de un político aragonés, Librería General-Colección Aragón, Zaragoza, 1978, 2 vols. <<

[8] J. Boor, Masonería, Gráficas Valera, Madrid, 1952, p. 10; Francisco Franco Bahamonde (J. Boor), Masonería, Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, 1981, p. 10. <<

[9] Manuel Vázquez Montalbán, Los demonios familiares de Franco, Dopesa, Barcelona, 1978, pp. 46-47; Rogelio Baón, La cara humana de un caudillo, Madrid, 1976. En el texto se utiliza la grafía de Jacking, cuando lo correcto es Jakin. <<

[10] Boletín Oficial del Estado, 2 de marzo de 1940, pp. 1527-1539: Ley de l.º de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y comunismo. <<

[11] Boor, op. cit., pp. 219-220: «Acciones asesinas». Corresponde al artículo publicado en Arriba el 16 de julio de 1950. Algunos otros títulos pueden ser significativos: «Conspiraciones masónicas», «Enemigos eternos», «Crímenes de las logias», «Maquinaciones bélicas», «Conspiraciones antiespañolas», «Las grandes conjuras», «Maniobras masónicas», «Infiltración masónica», «La masonería contra el ejército»… <<

[12] Cf. Luis Ramírez, Franco: Historia de un mesianismo, Ruedo Ibérico, París. <<

[13] Arriba, 14 de diciembre de 1946; Boor, op. cit., p. 13. <<

[14] Boor, op. cit., p. 12. <<

[15] En realidad empezó bastante antes, como tendremos ocasión de constatar. <<

[16] Rafael Abella, Por el imperio hacia Dios. Crónica de una posguerra, Barcelona, 1978, pp. 220-221. <<

[17] Esto es falso, pues fue en 1728. <<

[18] Sobre Ramón Franco y la masonería, cf. J. A. Ferrer Benimeli, Prólogo a La Masonería en Córdoba, Córdoba, 1984. <<

[19] J. A. Ferrer Benimeli, «Lo que no se ha dicho del general Aranda. Un ejemplo de represión masónica», en Tiempo de Historia, V, núm. 53 (abril 1979), Madrid, pp. 33-49. <<

[20] J. A. Ferrer Benimeli, La Masonería en Aragón, Librería General-Colección Aragón, Zaragoza, 1979, 3 vols. <<

[21] J. A. Ferrer Benimeli, «La masonería y la Constitución de 1931», en Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 5 (1981), Madrid, pp. 217-274. <<

[22] Franco Salgado-Araujo, op. cit., passim. <<

[23] Ibidem, p. 239. <<

[24] Ibidem, p. 152. Cf. también J. A. Ferrer Benimeli, «Militares Masones en Canarias», en Actas del VI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas, 1-5 octubre 1984. <<

[25] Sobre esta cuestión, cf. J. A. Ferrer Benimeli, «Franco contra la Masonería», en Historia 16, núm. 15 (julio 1977), Madrid, pp. 37-51; José Catalán Deus, «Franco quiso ser masón», en Reporter, I (31 mayo-6 junio 1977), Madrid, p. 34; José María Huertas Clavería, «¿Quiso entrar Franco en la masonería?», en Opinión, núm. 30 (30 abril-6 mayo 1977), Madrid, pp. 65-72. <<

[26] Carrero Blanco, Discursos y escritos, 1943-1973, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974. <<

[27] Cf. el texto de la proposición en J. A. Ferrer Benimeli, Masonería contemporánea española, Siglo XXI, Madrid, 1980, vol. II, p. 231; V. M. Arbeloa, «La Masonería y la legislación de la II República», en Revista Española de Derecho Canónico, núm. 108 (septiembre-diciembre 1982), Madrid, p. 386. <<

[28] Gil Robles ya se había manifestado claramente sobre la cuestión cuando intervino en el Congreso a raíz de la propuesta de Cano López (15-11-1935) de que ningún miembro de las fuerzas armadas pudiera pertenecer a la masonería. J. M.ª Gil Robles, Discursos parlamentarios, Taurus, Madrid, 1971, p. 415. <<

[29] Guillermo Cabanellas, La guerra de los mil días, Heliasta, Buenos Aires, 1975, vol. I, p. 274. <<

[30] El decreto que lleva las firmas del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y del ministro de la Guerra, José M.ª Gil Robles, está fechado el 17 de mayo de 1933. Cf. Gaceta de Madrid, núm. 139 (19 mayo de 1935). <<

[31] Federico Bravo Morata, La República y el ejército, Fenicia, Madrid, 1978, pp. 102-103. <<

[32] El general Fanjul se sublevó en Madrid, en el cuartel de la Montaña, contra el gobierno republicano el 19 de julio de 1936. El general Mola lo hizo en Pamplona el 18 de julio como director del alzamiento en toda España. Moriría en accidente de aviación el 6 de junio de 1937. El general Goded se sublevó contra el gobierno republicano el 19 de julio en Baleares. Habiendo pasado a Barcelona para hacerse cargo del mando de la división, vencidos los rebeldes, fue juzgado y ejecutado. El general Espinosa de los Monteros, apenas iniciado el alzamiento, se pasó de las líneas gubernamentales a las sublevadas, poniéndose a disposición de Franco. <<

[33] Sobre esta cuestión, cf. Ferrer Benimeli, Masonería contemporánea española, op. cit., vol. II, pp. 137-138. <<

[34] En algunos casos, como en Zaragoza, el capitán general, Cabanellas, que era masón, se puso, sin embargo, al lado de Franco, y no dudó en ordenar la prisión del enviado especial del gobierno republicano, general Nuñez del Prado, también masón, quien poco después trasladado a Navarra era fusilado por orden de Mola. <<

[35] Sobre el general Dolla, cf. Ferrer Benimeli, Militares masones en Canarias, op. cit. <<

[36] En el artículo 2.º se decía: «El cobro y pago de cotizaciones en favor de dichas asociaciones serán considerados como crimen de rebelión, sin perjuicio de la multa de 5000 ptas. que puede ser además impuesta por la Junta de Defensa Nacional». <<

[37] La Chaîne d’Union, IV (abril 1939), París, pp. 354-355. <<

[38] Sobre este tema, cf. Ferrer Benimeli, El contubernio judeo-masónico-comunista, op. cit., pp. 213-272. <<

[39] Ferrer Benimeli, Masonería contemporánea española, op. cit., vol. II, p. 142. <<

[40] Ferrer Benimeli, El contubernio judeo-masónico-comunista, op. cit., pp. 147-150. <<

[41] Ibidem, pp. 282-287. <<

[42] Todos ellos «fallecieron» de «fractura de cráneo y hemorragia interna», según consta en los libros de registro de defunciones del archivo de los juzgados de Zaragoza. Sobre esta cuestión, cf. Ferrer Benimeli, La Masonería en Aragón, op. cit., vol. III, pp. 117-142. <<

[43] En total fueron un centenar los fusilados bajo la acusación de pertenecer a la masonería, cuando en realidad, en 1936, sólo había cinco masones en Huesca. Ibidem. <<

[44] Ibidem, vol. II, pp. 117-194. <<

[45] Sobre la vinculación masónica de Queipo y Cabanellas, cf. Ferrer Benimeli, Prólogo a La Masonería en Córdoba, Córdoba, 1984, y La Masonería en Aragón, op. cit., vol. II, pp. 48-50. <<

[46] Cf. el texto completo en Ferrer Benimeli, Masonería española contemporánea, op. cit., vol. II, p. 237. Un extracto de este manifiesto se publicó en el periódico Nueva España, de Oviedo, el 18 de febrero de 1937, acompañado del siguiente recuadro: «El cliché que publicamos hoy, lector, es la reproducción de un suelto publicado en El Diluvio, de Barcelona, con fecha 8 de enero del corriente año». Y concluía así: «Todos los masones de la tierra prestan su asistencia a las hordas rusas en España. Todos unidos con lazos indisolubles a la causa soviética. La masonería siempre en vanguardia de los movimientos divisionistas». <<

[47] «Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular aquellas conquistas que representan un avance en el mejoramiento político-social y el espíritu de odio y venganza no tiene albergue en nuestro pecho, del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos sabremos salvar cuantos sean compatibles con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo realidad en nuestra patria, por primera vez y por este orden, la trilogía Fraternidad, Libertad e Igualdad». Proclamada desde Santa Cruz de Tenerife, 18 de julio de 1936, citada por Manuel Vázquez Montalbán, Los demonios familiares de Franco, Dopesa, Barcelona, 1978, pp. 80-81. <<

[48] Pedro Sainz Rodríguez, Testimonios y recuerdos, Planeta, Barcelona, 1978, p. 331; D. Sueiro, y B. Díaz Nosty, «La Conjura masónica», en Historia del Franquismo, t. 1, fase. 7, Sedmay, Madrid, 1980, p. 139. <<

[49] Boletín Oficial del Estado, 2 de mayo de 1940, pp. 1537-1539. <<

[50] Aquí, aunque no se explícita, había una sola excepción, la del propio Francisco Franco, quien por lo visto se había olvidado que su hermano Ramón había sido masón desde que ingresó en París, en 1931, en la logia Plus Ultra durante su breve exilio a raíz del fracasado levantamiento de Cuatro Vientos. <<

[51] A los efectos de esta ley se consideraban comunistas «los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares». <<

[52] El 30 de marzo de 1940 se dio una orden dictando normas para la aplicación del artícuo 7.º de la ley de 1 de marzo sobre represión de la masonería. <<

[53] El decreto sobre supresión del Tribunal de Represión de la Masonería y Comunismo está fechado en Madrid el 8 de febrero de 1964. <<

[54] Franco Salgado-Araujo, op. cit., p. 380. <<

[55] Identificación que se planteó, en cierto sentido, incluso en el terreno jurídico, ya que los delitos atribuidos mano a mano a masones y comunistas por la legislación española desde la ley de 1 de marzo de 1940 hasta la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) en 1963 quedaron singularizados «por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional». Sobre la cuestión comunismo y masonería, cf. Ferrer Benimeli, El contubernio judeo-masónico-comunista, op. cit., pp. 212-222. <<

[56] Los masones españoles, en 1936, según las propias estadísticas masónicas, apenas llegaban a los 5000. Sin embargo, son unos 80 000 los expedientes personales sobre masones o presuntos masones existentes en el archivo de Salamanca, fruto de una época en la que la condición de masón era fácilmente atribuible a cualquier persona a quien se quisiera perjudicar o desprestigiar. <<